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									Taller de ética y probidad en la
        gestión pública

  Presentaciones e introducción
 Nuevo Artículo 8 Constitución Política
1980 (tras la reforma constitucional de la
                ley 20.050)
• “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar
  estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus
  actuaciones.
• Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así
  como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen . Sin
  embargo, sólo una Ley de Quórum calificado podrá establecer la
  reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad
  afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos,
  los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés
  nacional
• El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados
  y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley
  orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y
  patrimonio en forma pública.
     Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas
  autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos
  bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el
  ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras
  medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas,
  disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.”.
 Primer y necesario enfoque: La
Persona Humana como Sujeto del
     Derecho Internacional
• Enfoque desde la perspectiva de los
  Derechos Humanos, vinculado al derecho
  a la información, en cuanto derecho
  fundamental.
 La Persona como sujeto de
  Derecho Internacional.
    Parece necesario que previo al análisis
de las normas internas que rigen la materia,
debamos comprender que ellas no son más
que un reflejo de la preocupación mundial ,
que se produce a su vez como consecuencia
de la Segunda Guerra Mundial y sus
terribles consecuencias para la humanidad
en su conjunto.
     La Persona como sujeto de
       Derecho Internacional
Ello, provoca el nacimiento del Derecho
  Internacional de los Derechos Humanos,
  que obliga paulatinamente a los Estados a la
  adopción de tratados internacionales que
  permiten velar por su observancia.
•       La protección de los derechos humanos
    aparece tratada en la Carta de la ONU. En
    1948 se suscribe la Declaración Universal de
    Derechos      Humanos,     declaración    de
    principios que luego es desarrollada. Esta
    declaración ha sido aceptada en los
    tribunales internos como derecho vigente.
       A esta declaración siguieron 2 pactos,
 que son tratados internacionales y no declaraciones.
              En Chile están en vigor:
1.- Pacto de Derechos Civiles y Políticos (suscrito
  en 1966 y ratificado en 1990 )
2.- Pacto de Derechos Sociales, Económicos y
  Culturales ( suscrito en 1966 y ratificado en
  1990).
  Paralelo a este sistema de protección
  Universal, hay 2 sistemas regionales
:
 1° Americano:
       Convención Americana de Derechos
   Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
   (suscrito en 1969, aunque ratificado por Chile
   en 1990).
 2° Europeo:
  a) Convención Europea de Derechos Humanos
   (1950). Este es el sistema más completo.
 Los sistemas regionales tienen 2 organismos principales:


• Sistema Americano de        • Sistema Europeo de
  DDHH.                         DDHH.
• Comisión Interamericana     • Comisión Europea de
  de Derechos humanos.          Derechos humanos

• Corte Interamericana de     •   Corte Europea de
  Derechos humanos                Derechos humanos.
   Comisión Interamericana:


1. Función general: defensa y promoción de los derechos
  humanos, cuando quien los ha vulnerado es el Estado de
  aquel que presenta la reclamación.
2. Práctica Amplia: se permite a los individuos presentar
  reclamaciones contra UN ESTADO ante la comisión
  con el requisito de haber agotado los recursos internos.
3. Mecanismo de la Declaración Opcional: 1 Estado abre
  la vía para que otro Estado formule una reclamación.
     Corte Interamericana: Establecida en San
     José de Costa Rica. 2 formas:

1-   Los estados parte pueden llevar un caso
  ante la Corte, con el requisito previo de la
  declaración opcional.
2- La comisión puede llevar casos contra 1
  Estado. Los individuos no tienen acceso a
  la Corte, sino sólo por vía indirecta, es la
  comisión la que lo defiende y representa.
  Los Derechos Humanos


La Declaración Universal de los Derechos
               Humanos
               Presentación.
• Análisis Histórico.

• Clasificación de los Derechos Humanos.

• Origen inmediato de la Declaración Universal de
  Derechos Humanos de 1948.

• Validez y legitimidad actual.
        I. Análisis Histórico.
• Declaraciones anteriores.

• Precedentes Históricos.

• Antecedentes inmediatos.
    Declaraciones anteriores.
• Declaración de Derechos del Pueblo de
  Virginia. (Revolución Americana 1776)

• Declaración de Derechos del Hombre y el
  Ciudadano. (Revolución Francesa 1789)
     Precedentes Históricos:
• Las Revoluciones Liberales.

• La lucha obrera.

• Las democracias modernas.
     Antecedentes inmediatos.
• La II Guerra Mundial.

• Los crímenes contra la Humanidad.

• La lucha contra la impunidad.

• La necesidad de legislar sobre nuevos delitos
  contra la Humanidad.
 II. Clasificación de los Derechos Humanos.


• Derechos de 1ª Generación: Derechos Fundamentales
                             Derechos Políticos.

• Derechos de 2ª Generación: Derechos Económicos
• Derechos de 3ª Generación: Derechos sociales y
  culturales.
• .Derechos de 4ª Generación: Representan nuevas
  demandas sociales frente al Estado Post Moderno, ej:
  derecho a disfrutar de un medio ambiente sano.
   Derechos de 1ª Generación.
• Derechos Fundamentales: Derecho a la
  vida, Derecho a la libertad, Derecho a la
  seguridad, Derechos Civiles...
• Derechos Políticos: Libertad de Reunión,
  Libertad de Asociación, Libertad de
  Expresión...
• Tienen como origen las Declaraciones de
  Derechos Humanos del siglo XVIII.
Derechos de 2ª y 3ª Generación.
• Son los derechos económicos y sociales:
  Derecho a la Educación, Derecho al trabajo,
  Derecho a igual salario por igual trabajo,
  Derecho al descanso y al ocio...

• Tienen como origen las luchas obreras a lo
  largo del siglo XIX.
     III. Origen inmediato de la
Declaración Universal de los Derechos
              Humanos.
• Necesidad de garantizar los Derechos
  fundamentales después de los crímenes contra la
  Humanidad de la II Guerra Mundial.

• La creación de la ONU.

• La votación de la Asamblea General de la ONU el
  10 de Diciembre de 1948.
IV Validez y legitimidad actual.

• Los Derechos Humanos son Universales e
  inalienables.

• Muestran el ideal de futuro de la Humanidad, y la
  exigencia de un presente más justo.

• Marcan el espíritu utópico de un mundo que es
  mejorable y necesita mejorar.
         Críticas frecuentes.
• Son excesivamente utópicos e irreales.

• Son la muestra de los valores de la sociedad
  Occidental.

• Son insuficientes para crear una sociedad
  plenamente justa.
      Objeciones a las críticas.
• Muestran cómo debe ser la realidad, y por lo
  tanto, es lógico que no sean tal y como el mundo
  es hoy, sino cómo debería ser.

• Son universales y no occidentales, ya que la
  igualdad no es patrimonio de ninguna cultura.

• Son un punto de partida, no el destino final.
       Perspectivas de futuro.
• Intentar su aplicación al máximo nivel posible, y
  luchar hasta conseguirlo con la ayuda de ONG’s
  comprometidas como Amnistía Internacional,
  Médicos sin Fronteras...

• Mejorar aquellos aspectos que sean mejorables.

• No estar nunca del todo satisfechos con los
  resultados obtenidos.
           Derechos Humanos y el derecho a la
                     información.-


    Hace ya más de 50 años atrás se
    inicia la preocupación mundial
    por     reforzar   el    llamado
                                        Derecho a la libertad de expresión
    DERECHO             A         LA
    INFORMACIÓN , bajo el
    presupuesto de que en la             Derecho a la libertad de opinión
    medida       que     este     sea
    garantizado, será posible ejercer          Derecho a la información

    el derecho a la libertad de
    expresión así como la libertad
    de opinión.

      Concepto del Derecho a la
        información pública
• En un sentido amplio, es posible entenderlo
  como:
• “ aquel derecho que tienen TODOS los
  ciudadanos de acceder a la información
  sobre hechos que tengan relevancia o
  interés público, permitiendo así la
  formación de una opinión pública
  razonable y fundamentada “
Permite establecer el siguiente
            ciclo


   FORMACIÓN D ELA OPINIÓN PÚBLICA      INFORMACIÓN




                    HECHOS DE INTERÉS PÚBLICO
            En consecuencia:

• La incorporación del derecho a la información
  supone poner en práctica todos los mecanismos
  básicos de la democracia moderna, esto es:
• La participación ciudadana.
• La transparencia o publicidad.
• La rendición de cuentas o la responsabilidad de
  los agentes públicos.
• Todo ello supone un necesario resguardo frente a
  la corrupción y al abuso o la arbitrariedad de la
  Administración del Estado.
   Adopción tardía de nuestros
   compromisos internacionales
• Si bien Chile suscribe dos Tratados
  Internacionales que regulan el derecho a la
  información en la década de los 60, el
  proceso final de incorporación de dichas
  normas a nuestro Derecho interno no
  ocurrirá sino hasta 1990.
 Pacto Internacional de Derechos
        Civiles y Políticos
• Suscrito en 1966, pero ratificado en 1990,
  señala en su artículo 19:
• “ la necesidad de garantizar el
  establecimiento de la libertad de expresión,
  comprendiendo aquella la libertad de
  buscar, recibir y difundir información e
  ideas”.
  Convención Americana sobre
 Derechos Humanos (Pacto de San
             José de Costa Rica)
• Este Tratado fue suscrito por Chile en 1969,
   pero ratificado en 1990.
• Su artículo 13 señala:
      Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
   pensamiento y de expresión. Este derecho
   comprende la libertad e buscar, recibir y
   difundir información e ideas de toda índole, sin
   consideración de fronteras, ya sea oralmente,
   por escrito o en forma impresa o artística, o por
   cualquier otro procedimiento de su elección.
2.- El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
Puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3.- No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación la circulación de ideas y opiniones.
4.- Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5.- Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de
   la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
   religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
   cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
   persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive
   los de raza, color, religión, idioma u origen nacional
        Legislación chilena.
• Chile ha regulado el derecho a la
  información, a través de una serie de leyes
  que se han venido dictando durante los
  últimos diez años, lo que significa que
  hasta el año 2005 no habíamos dado
  cumplimiento       cabal    a     nuestros
  compromisos internacionales en la
  materia, lo que nos ha valido en ocasiones
  sanciones por parte de algunos
  Tribunales Internacionales.
• A partir de la Reforma constitucional del
  año 2005 vemos nacer el nuevo Artículo 8
  de la Constitución, que eleva a nivel
  Constitucional el deber de los agentes
  públicos de actuar en un marco de probidad
  y transparencia.
• En el año 2010 se agregan 2 nuevos incisos
  al mencionado Artículo completando aún
  más el objetivo propuesto.
         Legislación chilena.
• Así por ejemplo:
• La Corte Interamericana de DDHH, en caso
  Trillium (sentencia año 2006), condena al Estado
  de Chile estableciendo las siguientes sanciones:
• Obligación de adecuar nuestras normas internas;
• Obligación de promover la formación continua de
  funcionarios públicos en materias relativas a la
  probidad y la transparencia en las actuaciones del
  Estado.
        Legislación chilena.
• El derecho a la información se encuentra
  regulado a través de una serie de normas
  que preceden a la norma incorporada en el
  2005 al texto constitucional, en los
  siguientes cuerpos legales:
        Legislación chilena.
• Ley Orgánica Constitucional de Bases
  Generales de Administración del Estado.
  Ley 18.575.
• Ley de Bases de Procedimientos
  Administrativos que rigen los actos de los
  órganos de la Administración del Estado
• Ley 19.880.
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
   de Administración del Estado. Ley 18.575.

• Esta Ley fue modificada en 1999, contiene
  normas sobre la publicidad y también respecto de
  la probidad de los funcionarios públicos.
• Su artículo 13 señala:
• “son públicos los actos administrativos de los
  órganos de la Administración del Estado y los
  documentos que les sirvan de sustento o
  complemento directo y esencial”.
• Su artículo 14 señala el procedimiento a seguir
  para requerir la información a las autoridades.
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
   de Administración del Estado. Ley 18.575.

• En su título III, señala una serie de
  autoridades, entre ellas:
• el Presidente de la República, Ministros,
  Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores
• Contralor General de la República
• Secretarios Regionales Ministeriales.
• Jefes superiores de Servicio.
• Embajadores.
• Consejeros Consejo Defensa del Estado.
•
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
   de Administración del Estado. Ley 18.575.

• Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las FFAA.
• Niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas den Orden
  y Seguridad Públicas.
• Alcaldes.
• Concejales y Consejeros Regionales.
• Secretario del Consejo Regional.
• Autoridades y funcionarios directivos, profesionales,
  técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado
  que se desempeñan hasta el nivel de jefe de Departamento
  o equivalente.
• Todos ellos están obligados a realizar una
  declaración de intereses, dentro de los 30
  días siguientes a la asunción del cargo.
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
   de Administración del Estado. Ley 18.575.


 • Toda Declaración de intereses contendrá:
 • Individualización de las actividades
   profesionales y económicas en que participe
   el funcionario.
 • Será PÚBLICA.
 • Deberá actualizarse cada cuatro años.
 • Deberá actualizarse cada vez que ocurra un
   hecho relevante.
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
     que rigen los actos de los órganos de la
           Administración del Estado
                   Ley 19.880.
• Esta también es una ley Orgánica Constitucional, y
  fue dictada en mayo de 2003.
• Su artículo 4º señala:
• “son principios del procedimiento administrativo
  los siguientes: escrituración, gratuidad, celeridad,
  conclusivo, economía procedimental;
  contradictoriedad, imparcialidad, inexcusabilidad,
  impugnabilidad, TRANSPARENCIA Y
  PUBLICIDAD”.
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
     que rigen los actos de los órganos de la
           Administración del Estado
                   Ley 19.880.
• Artículo                                17:
  “Son públicos los actos administrativos de
  los órganos de la Administración del estado
  y los documentos que le sirvan de sustento
  o complemento directo o esencial, salvo
  excepciones establecidas por la Ley o el
  Reglamento”.
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
     que rigen los actos de los órganos de la
           Administración del Estado
                   Ley 19.880.
•   Artículo 17:
•   Las personas en su relación con la Administración
    tendrán derecho a:
1.- Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación
    de los procedimientos en los que tengan la condición de
    interesados y obtener copia autorizada de los documentos
    y devolución de originales.
2.- Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya
    responsabilidad se tramiten los procedimientos.
3.- No presentar documentación que no corresponda o que ya
    se encuentre en poder de la Administración.
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
     que rigen los actos de los órganos de la
           Administración del Estado
                   Ley 19.880.
4.- Acceder a los actos administrativos y sus documentos.
5.- Ser tratados con respeto y deferencia por funcionarios y
    autoridades.
6.- Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o
    técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los
    proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan
    realizar.
7.- Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y
    las leyes.
  Casos en que la Administración
   puede denegar la información
 (reserva legal) Art. 13 Ley 18575
• Las únicas causales en virtud de las cuales la autoridad
  podría negar la entrega de antecedentes o documentos
  requeridos serían las siguientes:
• 1.-Cuando ello se establezca por medio de una ley o un
  reglamento.
• 2.-Cuando su publicidad impida o entorpezca el debido
  cumplimiento de las funciones del órgano requerido.
• 3.-Cuando se opongan terceros a quienes la información
  les afecte en sus derechos, según resolución fundada del
  Jefe Superior del órgano requerido.
• 4.-Cuando la publicidad afecte la seguridad de la nación o
  el interés nacional.
Algunas reflexiones en relación al
        actual art. 8º de
     nuestraConstitución
• “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus
  titulares a dar estricto cumplimiento al principio de
  probidad en todas sus actuaciones.
• Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del
  Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos
  que utilicen . Sin embargo, sólo una Ley de Quórum
  calificado podrá establecer la reserva o secreto de
  aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el
  debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos,
  los derechos de las personas, la seguridad de la nación o
  el interés nacional”.
• El Presidente de la República, los Ministros de Estado,
  los diputados y senadores, y las demás autoridades y
  funcionarios que una ley orgánica constitucional señale,
  deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
  pública.
     Dicha ley determinará los casos y las condiciones en
  que esas autoridades delegarán a terceros la
  administración de aquellos bienes y obligaciones que
  supongan conflicto de interés en el ejercicio de su
  función pública. Asimismo, podrá considerar otras
  medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones
  calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de
  esos bienes.”.
        La ley de probidad y el
              reglamento
• El 11 de agosto de 2008 la Presidenta de la República
  Michelle Bachelet Jeria promulgó la Ley N°20.285 sobre
  Acceso a
• la Información Pública, un hito histórico para el sistema
  administrativo y uno de los pasos más importantes dados
  por Chile para profundizar su democracia y garantizar el
  ejercicio transparente de la acción gubernamental.
• Consecuente con esto también mediante el D.S Nº 13 de la
  Presidencia de la República se aprobó el reglamento que
  complementa esta ley.
  Principales aspectos de la ley
             20.285
• Uno de los principales objetivos de la Ley sobre
  Acceso a la Información Pública es abrir la
  información relativa a los actos del Estado a toda
  la ciudadanía, promoviendo de este modo un
• sistema estatal más cercano, creando nuevos
  espacios para la participación ciudadana
  constructiva y mejorando las exigencias de
  rendición de cuentas de la gestión pública.
• En lo particular, la Ley N°20.285 define la información
  que los órganos y servicios públicos obligados deben
  mantener publicada de manera permanente en sus sitios
  web (transparencia activa), establece el procedimiento para
  ejercer el derecho a solicitar y acceder a información
  pública y su amparo, y crea el Consejo para
• la Transparencia.
• El artículo 3 de la Ley N°20.285 señala que la función
  pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y
  promueva el conocimiento de los procedimientos,
  contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
• QUÉ ES INFORMACIÓN PÚBLICA
• Se entiende por información pública, en virtud del
  principio de transparencia de la función pública, los actos
  y resoluciones de los órganos de la Administración del
  Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de
  sustento o complemento directo y esencial, y los
  procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las
  excepciones que establece esta Ley y las previstas en otras
  leyes de quórum calificado.
• Asimismo, es pública la información elaborada con
  presupuesto público y toda otra información que obre en
  poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea
  su formato, soporte, fecha de creación, origen,
  clasificación o procesamiento, a menos que esté
• sujeta a las excepciones señaladas.
• Documento        es    todo     escrito,  correspondencia,
  memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento,
  gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video,
  dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización
  de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y,
  en general, todo soporte material que contenga
  información, cualquiera sea su forma física o
  características, así como las copias de éstos (artículo 3,
  letra c) del Reglamento de la Ley).
 Ámbito de aplicación de la ley
• La Ley obliga tanto a ministerios, intendencias, las
  gobernaciones,     los   gobiernos      regionales,    las
  municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y de
  Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos
  creados para el cumplimento de la función administrativa.
• Respecto de la Contraloría General de la República y el
  Banco Central, le son aplicables las normas que
  expresamente les señale la misma Ley N°20.285 y las
  disposiciones de sus propias leyes orgánicas sobre la
  materia.
• En lo referente a las empresas públicas creadas por ley y
  aquellas empresas del Estado y sociedades en que éste
  tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría
  en el directorio, se les aplica las disposiciones que la Ley
  N°20.285 expresamente les señale.
• Así el artículo 10 de la Ley de Transparencia señala que
  tales entidades deben mantener a disposición permanente
  del público, a través de sus sitios electrónicos, los
  siguientes antecedentes, debidamente actualizados y
  completos y de un modo que permita su fácil identificación
  y un acceso expedito:
• a.- el marco normativo que les sea aplicable;
• b.- su estructura orgánica u organización interna;
• c.- las funciones y competencias de cada una de sus
  unidades u órganos internos;
• d.- sus estados financieros y memorias anuales;
• e.- sus filiales o coligadas y todas las entidades en que
  tengan participación, representación e intervención,
  cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo
  que la justifica;
• f.- la composición de sus directorios y la individualización
  de los responsables de la gestión y administración de la
  empresa;
• g.- información consolidada del personal ; y,
• h.- toda remuneración percibida en el año por cada
  Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo
  y Gerentes responsables de la dirección y administración
  superior de la empresa, incluso aquellas que provengan de
  funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo que
  le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de
  gastos de representación, viáticos, regalías y, en general,
  todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma
  global y consolidada, la remuneración total percibida por el
  personal de la empresa.
• También las empresas o sociedades señaladas estarán
  obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y
  Seguros o a la Superintendencia a la cual se encuentren
  sometidas, la misma información a que están obligadas las
  sociedades anónimas abiertas regidas por la Ley N°18.046.
• En lo que respecta a los Tribunales que forman parte del
  Poder Judicial, deben publicar las obligaciones de
  transparencia activa debidamente actualizada, según lo
  dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°20.285, y las
  sentencias definitivas que dicten sobre cierta cantidad, en
  sus propios sitios electrónicos o en los sitios de los órganos
  de los cuales dependan o formen parte, de conformidad a
• los disposiciones del artículo 8 de la Ley de Transparencia.
• En lo referente al Ministerio Público, Tribunal
  Constitucional y Justicia Electoral, se aplican las normas
  generales sobre transparencia de la función pública y de
  transparencia activa, según lo dispuesto en el artículo 9 de
  la Ley N°20.285.
• Para recordar
• Las disposiciones del Reglamento de la Ley
  N°20.285 no son aplicables a la Contraloría
  General de la República, al Banco Central, a
  la empresas públicas, a los tribunales que
  integran el Poder Judicial, a los tribunales
  especiales y órganos que ejercen
  jurisdicción, al Ministerio Público, al
  Tribunal Constitucional, a la Justicia
  Electoral ni al Congreso Nacional.
          Transparencia activa
• De acuerdo a la nueva ley los órganos de la
  Administración del Estado obligados al
• cumplimiento de la Ley deberán mantener a disposición
  permanente del público, a través de sus sitios electrónicos,
  los siguientes antecedentes, los que deben ser actualizados,
  al menos, dentro de los diez primeros días de cada mes:
• a) su estructura orgánica;
• b) las facultades, funciones y atribuciones de cada una de
  sus unidades u órganos internos;
• c) el marco normativo que les sea aplicable;
• d) la planta del personal y el personal a contrata, a
  honorarios y aquellos que se desempeñen en virtud de un
  contrato de trabajo, con las correspondientes
  remuneraciones brutas mensualizadas;
• e) las reproducciones fieles de los contratos y sus
  modificaciones suscritos para el suministro de bienes
  muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución
  de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las
  contrataciones de estudios, asesorías y consultorías
  relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de
  los contratistas e identificación de los socios y accionistas
  principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su
  caso;
• f) las transferencias de fondos públicos que efectúen,
  incluyendo todo aporte económico entregado a personas
  jurídicas o naturales, directamente o mediante
  procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas
  realicen una contraprestación recíproca en bienes o
  servicios;
• g) los actos y resoluciones que tengan efectos sobre
  terceros;
• h) los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado
  para tener acceso a los servicios que preste el respectivo
  órgano;
• i) el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los
• programas de subsidios y otros beneficios que entregue el
• respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios
• de los programas sociales en ejecución (excluyendo los
  datos sensibles);
• j) los mecanismos de participación ciudadana, en su caso,
  lo que comprende las audiencias, consultas e informaciones
  públicas, la participación directa y otras similares que
  contemplen los procedimientos de toma de decisiones;
• k) la información sobre el presupuesto asignado, así como los
  informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la
  respectiva Ley de Presupuestos de cada año;
• l) los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del
  respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan.
  Par tal efecto, se deberán publicar los resultados contenidos en
  el informe final de la auditoría efectuada por la Contraloría
  General de la República o de la empresa externa a la cual se le
  encomiende dicha labor.;
• m) todas las entidades en que tengan participación,
  representaciónes intervención, cualquiera sea su naturaleza y el
  fundamento normativo que la justifica.
       Derecho de información
• De acuerdo a la Ley, toda persona tiene derecho a solicitar
  y recibir información de cualquier órgano de la
  Administración del Estado.
• La autoridad debe dar respuesta a todas las solicitudes
  dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la
  información solicitada o negándose a ello, señalando la
  causal legal invocada.
• El plazo sólo puede ser prorrogado una sola vez por otros
  10 días hábiles cuando sea difícil reunir la información.
• Para que una solicitud sea declarada admisible y acogida a
• trámite, debe cumplir con los siguientes requisitos:
• a) el nombre y apellidos del solicitante y de su apoderado,
  en su caso;
• b) dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso;
• c) la identificación clara de la información que se requiere;
• d) l a firma del solicitante estampada por cualquier medio
  habilitado, y
• e) el órgano administrativo al que se dirige.
  Adicionalmente, el solicitante podrá expresar en la
  solicitud la voluntad de ser notificado mediante correo
  electrónico para todas las actuaciones y resoluciones del
  procedimiento administrativo, indicando para ello una
  dirección habilitada.
• Si la solicitud de acceso a información no reúne los
  requisitos antes señalados se le notificará al requirente para
  que dentro de cinco días corrija la falta. Si no lo hace, se
  dará por entendido que desiste de su solicitud.
• Si bien la Ley establece el principio de gratuidad para la
  entrega de la información, el requirente deberá pagar los
  costos directos de reproducción y los demás valores que
  una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la
  información solicitada. Para tal efecto, se entiende por
  costos directos de reproducción, según lo señalado en el
  Reglamento, todos aquellos que sean necesarios para
  obtener la información en el soporte que el requirente haya
• solicitado, (costo directo de la fotocopia o del CD, por
  ejemplo), excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o
  los funcionarios para realizar la reproducción.
• Si el interesado solicita la información y, posteriormente,
  no paga los costos y demás valores autorizados, ni retira la
  información solicitada dentro de los treinta días siguientes
  después de haber sido puesta a su disposición, los
  organismos públicos podrán ejercer las acciones legales
  correspondientes en su contra.
• En la posibilidad de que la información requerida afecte a
  terceras personas, el artículo 20 de la Ley establece un
  procedimiento de notificación a éstos por carta certificada,
  informándoles la posibilidad que tienen de oponerse a la
  entrega de dicha información. La oposición del tercero
  debe ser escrita y requiere expresar el motivo de su
  oposición. Si no presenta oposición se entenderá que el
  tercero accede, pero si se presenta, el órgano requerido
  quedará impedido de proporcionar la documentación o
  antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del
  Consejo para la Transparencia.
 Duración del Secreto o reserva
• Tal como lo señalamos anteriormente, a pesar del extenso
  desarrollo de este derecho, el legislador prevé ciertos casos
  en que el órgano puede guardar reserva de la información.
• La declaración de secreto o reservado efectuada por el
  órgano
• o servicio requerido, de conformidad a la Ley y el
  Reglamento durará cinco años, pudiendo ser prorrogada de
  oficio o a petición de cualquier persona por cinco años
  más, evaluando el peligro de daño que causaría su
  terminación.
• El carácter secreto o reservado será indefinido tratándose
  de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa
  nacional, establezcan la planificación militar o estratégica,
  y aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar la
  integridad territorial de Chile, la interpretación o el
  cumplimiento de un tratado internacional suscrito por
  Chile en materia de límites, la defensa internacional de los
  derechos de Chile y la política exterior del país de manera
  grave.
             El consejo para la
              Transparencia
• En el marco de la dictación de la ley, crea también. el
  Consejo para la Transparencia es una corporación de
  derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
  propio. Está conformado por un Consejo Directivo
  integrado por cuatro personas designadas por el Presidente
  de la República, previo acuerdo de los dos tercios del
  Senado. Estos consejeros duran seis años renovándose por
  parcialidades de tres años. La presidencia es rotativa y dura
  dieciocho meses.
• Los consejeros pueden ser removidos por la Corte
  Suprema, a requerimiento del Presidente de la República,
  de la Cámara de Diputados, mediante acuerdo adoptado
  por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por
  incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta
  en el ejercicio de sus funciones. Además de lo anterior,
  cesan en sus cargos por la expiración del periodo, renuncia
  ante el Presidente de la República, postulación a un cargo
  de elección popular y alguna incompatibilidad que será
  calificada por la mayoría de los consejeros.
• El Consejo es un organismo autónomo que tiene por objeto
  promover la transparencia de la función pública, fiscalizar
  el cumplimiento de las normas sobre transparencia y
  publicidad de la información de los órganos de la
  Administración del Estado y garantizar el derecho de
  acceso a la información.
       Infracciones y sanciones
• La Ley regula las infracciones y sanciones a que puede
  estar sujeto la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano
  o servicio de la Administración del Estado. Las sanciones
  se podrán aplicar en los siguientes casos:
• a) cuando ocurra una denegación infundada de acceso a la
• información,
• b) cuando no se entregue oportunamente la información en
  la forma decretada, una vez que así haya sido ordenado por
  el mismo Consejo o por la Corte de Apelaciones, o
• c) cuando se incumplan injustificadamente las normas
  sobre transparencia activa.
• Las infracciones se sancionarán con una multa del 20% al
  50% de las remuneraciones de la autoridad, jefatura o jefe
  superior del órgano o servicio, previa instrucción de la
  correspondiente investigación sumaria o sumario
  administrativo.
• En el caso de la no entrega oportuna de la información, si
  la autoridad, jefatura, o jefe superior del órgano o servicio
  de la Administración persistiere en su actitud, se le aplicará
  el doble de la sanción indicada y la suspensión en el cargo
  por el lapso de cinco días.
• Las Sanciones serán aplicadas por el Consejo de
  Transparencia en las siguientes circunstáncias:
• a) Previa instrucción de una investigación sumaria o
  sumario administrativo, efectuado por el mismo Consejo,
  ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo, o
• b) Previa instrucción de un sumario iniciado por la
  Contraloría General de la República, de conformidad a su
  ley orgánica ,y a solicitud del mismo Consejo.
• Las sanciones aplicadas deberán ser publicadas en los
  sitios electrónicos del Consejo y del respectivo órgano o
  servicio, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde
  que la respectiva resolución sea publicada.
      LA PROBIDAD DEL
   FUNCIONARIO PÚBLICO :
    PRINCIPIO O DEBER ??
• Art. 8º Constitución: “El ejercicio de las
  funciones públicas obliga a sus titulares a dar
  estricto cumplimiento al principio de probidad en
  todas sus actuaciones.”
 Consecuencias de elevar a rango
  constitucional el principio de
            probidad
• Permite su ampliación a todo aquel que ejerza una
  función pública en general, sin perjuicio de que no
  sea en estricto rigor un funcionario público
  (Estatuto Administrativo).
• Se promueve la necesidad de instaurar una
  “ÉTICA      DEL     ESTADO         DE      CHILE”,
  comprometiendo en esto a todos quienes
  conforman en un sentido amplio el aparato estatal.
• Se asume de manera sistémica la tarea de
  modernización del Estado.
    Normas complementarias en
       nuestra legislación:

• Estatuto Administrativo, ley 18834.
• Ley 19653, denominada Ley de probidad
  Administrativa (1999).
• Ley 19645, que modifica el Código Penal en lo
  relativo a los delitos de corrupción.
• Todas estas leyes se orientan hacia la redefinición
  de lo que debe entenderse por probidad, más allá
  del contenido típicamente patrimonial.
     Frase para recordar……
• “la Ética es más que la simple censura de
  conductas corruptas, toda vez que exige un
  trabajo bien hecho y sobre todo una
  constante referencia al público y a los
  ciudadanos en la tarea administrativa”
• (Elaine Todres, “La dimensión ética en el servicio
  público”, Revista Canadiense de Administración Pública
  nº34, 1996, pág 150)
          Viaje virtual:
 Deber de probidad en el Derecho
           comparado
• FRANCIA: El Código penal francés de
  1992, distingue entre corrupción pasiva y
  corrupción activa, distinguiendo así
  cuando quien da lugar a la corrupción es
  un particular o un funcionario público.
• De esta forma se incluye una modalidad
  más contemporánea de la corrupción: el
  tráfico de influencias.
                Francia
• En 2004 se crea el Servicio Central de
  Prevención de la Corrupción, que si bien no
  tiene facultades fiscalizadoras si puede
  formular opiniones y recomendaciones.
               Estados Unidos
• Desde Febrero de 2003 existe un Reglamento para
  controlar la conducta ética de los funcionarios de la
  Administración Pública.
• Las infracciones a la probidad administrativa puede
  acarrear sanciones, administrativas (sanción, remoción,
  etc…) como civiles y/o penales.
• La Oficina de ética Gubernamental fue creada en 1989 y
  debe entregar un informe de gestión cada dos años al
  Congreso.
• Entre sus principales logros se encuentra una especie de
  decálogo de los principios o criterios centrales que
  conforman las obligaciones de los funcionarios del Estado.
                 España
• La Constitución española de 1978, señala en
  su artículo 149 Nº1 numeral 18:
• “El Estado tiene competencia exclusiva
  entre otras materias, respecto de las bases
  del      régimen     jurídico    de     las
  administraciones públicas, del régimen de
  sus funcionarios y las responsabilidades
  pertinentes”.
                   España
• Art. 103, señala:
• La ley será la encargada de regular el estatuto
  de los funcionarios públicos, el acceso a la
  función      pública,     el     régimen      de
  incompatibilidades y garantías para la
  imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
• El Código penal español (arts. 385 a 106) por
  su parte, sanciona los delitos de cohecho,
  malversación de caudales públicos, fraude y
  negociación prohibida a los funcionarios.
  LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA
      EL PRINCIPIO DE PROBIDAD
           ADMINISTRATIVA

     ES   LA  OBSERVANCIA    DE   UNA
CONDUCTA FUNCIONARIA INTACHABLE, Y UN
DESEMPEÑO HONESTO Y LEAL DE LA
FUNCIÓN O CARGO, CON PREEMINENCIA DEL
INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR.
INHABILIDADES
LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

INHABILIDADES :
     1.- POR RAZON DE CONTRATOS O
     CAUCIONES.
     2.- POR RAZON DE LITIGIO.
     3.- POR PARENTESCO.
     4.- POR CONDENA POR CRIMEN O SIMPLE
     DELITO.
     LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA



1.   PARENTESCO:
     NO PODRAN INGRESAR A CARGOS EN LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO LAS PERSONAS
QUE TENGAN VINCULO DE PARENTESCO
RESPECTO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL
ORGANISMO DEL ESTADO AL QUE POSTULAN
HASTA EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O
SU EQUIVALENTE, INCLUSIVE.
  LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA


CONYUGE     (Casado bajo el régimen civil)

HIJOS (Incluye a los adoptados)

PARIENTES HASTA TERCER GRADO DE
CONSANGUINIDAD (padres, abuelos, hijos,
nietos, hermanos, tíos, sobrinos)

PARIENTES HASTA SEGUNDO GRADO DE
AFINIDAD (cuñados, nueras, yernos,
suegros)
    LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA
2. LITIGIOS

  NO PODRÁN INGRESAR A UN CARGO EN
  UN DETERMINADO ORGANISMO DE LA
  ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO QUIENES
  TENGAN LITIGIOS PENDIENTES CON LA
  INSTITUCIÓN DE QUE SE TRATA.
     LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

       3.  CONTRATOS O CAUCIONES:
3.1 NO PODRAN INGRESAR A UN CARGO EN UN
DETERMINADO      ORGANISMO     DE     LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO LAS PERSONAS
QUE TENGAN VIGENTE O SUSCRIBAN, POR SÍ O
POR TERCEROS, CONTRATOS O CAUCIONES
ASCENDENTES A 200 UTM O MAS, CON EL
RESPECTIVO ORGANISMO.

         * Vigentes
         * 200 U.T.M ($ 5.739.000) (AL 15.07.2002)
         * Con el respectivo organismo
         * Personalmente o como socio
    LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

3.2  IGUAL PROHIBICIÓN REGIRÁ RESPECTO
DE LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES,
REPRESENTANTES Y SOCIOS TITULARES DEL
10% O MÁS DE LOS DERECHOS DE CUALQUIER
CLASE DE SOCIEDAD, CUANDO ÉSTA TENGA
CONTRATOS    O    CAUCIONES   VIGENTES
ASCENDENTES A 200 UTM O MÁS, O LITIGIOS
PENDIENTES, CON EL ORGANISMO DE LA
ADMINISTRACIÓN A CUYO INGRESO SE
POSTULE.
     LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

4.     CRIMEN O SIMPLE DELITO

     SENTENCIA CONDENATORIA

     CRIMEN O SIMPLE DELITO
   INCOMPATIBILIDADES EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA
  LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

INCOMPATIBILIDADES:

1.  DEL EJERCICIO PARTICULAR DE LA
PROFESION,   OFICIO,  INDUSTRIA  O
COMERCIO, EN RAZON DE LA JORNADA

2.   DEL EJERCICIO PARTICULAR DE LA
PROFESION,   OFICIO,  INDUSTRIA   O
COMERCIO, EN RAZON DE LA MATERIA O
ASUNTO
     LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

3.   (POST-EMPLEO) SON INCOMPATIBLES LAS
     ACTIVIDADES DE LAS EX AUTORIDADES O
     EX   FUNCIONARIOS DE UNA INSTITUCIÓN
     FISCALIZADORA QUE IMPLIQUEN UNA
     RELACIÓN LABORAL CON ENTIDADES DEL
     SECTOR    PRIVADO    SUJETAS  A   LA
     FISCALIZACIÓN DE ESE ORGANISMO. ESTA
     INCOMPATIBILIDAD SE MANTENDRÁ HASTA
     6 MESES DESPUÉS DE HABER EXPIRADO EN
     FUNCIONES
CONDUCTAS CONTRARIAS
    A LA PROBIDAD
   LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA

 1. USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

USAR EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS
LA     INFORMACION      RESERVADA    O
PRIVILEGIADA A QUE SE TUVIERE ACCESO
EN RAZON DE LA FUNCION     PUBLICA QUE
SE DESEMPEÑA.
    LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA


     2.   INFLUENCIA INDEBIDA

HACER VALER INDEBIDAMENTE LA POSICION
FUNCIONARIA PARA INFLUIR SOBRE UNA
PERSONA CON EL OBJETO DE CONSEGUIR UN
BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO PARA SI O
PARA UN TERCERO.
   LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA




3. EMPLEAR DINERO O BIENES
  EMPLEAR, BAJO CUALQUIER FORMA,
  DINERO O BIENES DE LA INSTITUCION
  EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS.
   LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA




4. JORNADA, PERSONAL Y RECURSOS

  EJECUTAR ACTIVIDADES, OCUPAR TIEMPO
  DE LA JORNADA DE TRABAJO O UTILIZAR
  PERSONAL O RECURSOS DEL ORGANISMO
  EN BENEFICIO PROPIO O PARA FINES
  AJENOS A LOS INSTITUCIONALES.
     LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA



5. REGALOS O DADIVAS

  SOLICITAR, HACERSE PROMETER O ACEPTAR,
  EN RAZON DEL CARGO O FUNCION, PARA SÍ O
  PARA TERCEROS, DONATIVOS, VENTAJAS O
  PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA.

  EXCEPTUANSE DE ESTA PROHIBICION LOS
  DONATIVOS OFICIALES Y PROTOCOLARES, Y
  AQUELLOS QUE AUTORIZA LA COSTUMBRE
  COMO MANIFESTACIONES DE CORTESÍA Y
  BUENA EDUCACIÓN.
    LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA


         (CONTINUACIÓN DEL Nº5)


EL MILLAJE U OTRO BENEFICIO SIMILAR QUE
OTORGUEN LAS LÍNEAS AÉREAS POR VUELOS
NACIONALES O INTERNACIONALES A LOS QUE
VIAJEN COMO AUTORIDADES O FUNCIONARIOS,
Y QUE SEAN FINANCIADOS CON RECURSOS
PÚBLICOS, NO PODRÁN SER UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES O VIAJES PARTICULARES.
        LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA



6.   INTERVENIR EN ASUNTOS QUE SE TENGA
     INTERES PERSONAL

     INTERVENIR,   EN   RAZÓN    DE   LAS   FUNCIONES,   EN
     ASUNTOS EN QUE SE TENGA INTERÉS PERSONAL O EN
     QUE LO TENGAN EL CÓNYUGE, HIJOS, ADOPTADOS O
     PARIENTES     HASTA    EL    TERCER      GRADO      DE
     CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD INCLUSIVE.
ASIMISMO, PARTICIPAR EN DECISIONES EN QUE EXISTA
CUALQUIER     CIRCUNSTANCIA   QUE    LE   RESTE
IMPARCIALIDAD. LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

DEBERÁN A B S T E N E R S E    DE PARTICIPAR EN
ESTOS ASUNTOS, DEBIENDO PONER EN CONOCIMIENTO
DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO LA IMPLICANCIA QUE
LES AFECTA.
      LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA


7.    OMITIR O ELUDIR LA PROPUESTA
      PÚBLICA
      OMITIR O ELUDIR LA PROPUESTA PUBLICA EN
      LOS CASOS QUE LA LEY LO DISPONGA


8.   CONTRAVENIR LOS DEBERES
        CONTRAVENIR LOS DEBERES DE EFICIENCIA,
EFICACIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL DESEMPEÑO DE
LOS CARGOS PUBLICOS, CON GRAVE ENTORPECIMIENTO
DEL SERVICIO O DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS ANTE LA ADMINISTRACION.

								
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