Ciudad Aut�noma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010 by FTgDd7

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									         Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010.-



VISTO:


               La actuación nº 2472/10, iniciada por la señora RCH,
quien denuncia que tanto ella como su marido están sometidos a
permanentes acosos telefónicos y epistolares por parte de la agencia
extrajudicial de cobranza Rohr Collections con motivo de una presunta
deuda que se les atribuye con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.



Y CONSIDERANDO QUE:


                         La presentante señala que recibe, desde
hace más de un año -a la fecha de apertura de la presente actuación-
constantes llamados a su teléfono particular (y también al de su
suegra), en cualquier día y horario, mediante los cuales se dejan
mensajes grabados intimándola tanto a ella como a su marido, a
cancelar una deuda. Refiere que, en muchas ocasiones, esos
mensajes fueron atendidos por sus hijos, causándoles preocupación e
intranquilidad familiar.

                          Manifiesta que se comunicó a los teléfonos
que se indican en los mensajes grabados (pertenecientes a la agencia
denunciada) y que la única respuesta obtenida es que se trata de una
deuda reclamada por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., sin
mayores especificaciones. A este respecto, la presentante señala que
la supuesta deuda obedecería al cierre de una cuenta corriente que
dicha entidad bancaria dispuso, en 2001, como represalia ante el
reclamo que ella interpuso (no debidamente resuelto) por el que
consideró indebido cobro de un seguro de hogar.

                          Agrega, textualmente, haber recibido “...
cartas amenazantes con el posible inicio de causas penales y posible
pena de prisión por falta de cumplimiento...” (fs. 1), a cuyo respecto
acompaña copia de dicha misiva a fs. 3.

                          Concluye solicitando la intervención de esta
Defensoría a los efectos de “... finiquitar con el acoso que vengo
sufriendo, como así también de corresponder obtener el resarcimiento
                                  1
que corresponda, por el daño moral que esta acción produce tanto a
mi persona como a la de mi cónyuge, hijos y familiares por las
amenazas recibidas” (fs. 1).

                            Como primera medida esta Defensoría
dispuso correr traslado de la queja al Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., a los efectos que esta entidad informe el detalle de la deuda
(estado, capital de origen, fecha e intereses aplicados, etc.) solicitando
la remisión de copias de los contratos que hubiera suscripto la
reclamante, y a su vez, instando al cese de toda intimación
extrajudicial hasta tanto se dilucide la real existencia de la deuda (fs.
4).

                           A fs. 5, se presenta la apoderada de la
entidad bancaria y en lo sustancial informa que:

              “... no existiendo a la fecha datos de deuda de la Sra.
Hellman (sic), mi mandante tuvo que indagar en sus archivos,
localizando que la señora Hellman (sic) tenía la cuenta corriente
199374/1 999-1 en la sucursal CM. del Banco Galicia. La misma fue
cerrada con un saldo deudor de $980,11.- el que fue transferido a una
cuenta de mora y cedido a Fideicomiso Renova en agosto de 2004.
              Por lo ut-supra informado, no podemos enviarle la
composición actual de la deuda (desconocemos los intereses
aplicados por la cesionaria). Tampoco podemos cumplir con el pedido
de cesación de reclamos, dado que no es el Banco Galicia quien está
intimando de pago a la denunciante (sic), desconociendo al estudio de
cobranza Rohr que se menciona en la denuncia, no existiendo ninguna
relación del mismo con mi mandante...”.

                           Atento lo informado por el Banco, se cursó
oficio, de similar tenor, a la firma FC Recovery S.A. (Fideicomiso
Financiero Renova), con fecha 16 de julio de 2010. Hasta la fecha no
se ha recibido formal respuesta por escrito, si bien consta en la hoja de
ruta de la presente actuación que el día 31 de agosto de 2010,
abogados de dicho fideicomiso se comunicaron telefónicamente con
esta Defensoría solicitando una prórroga para contestar a lo requerido.

                          Así las cosas, atento lo informado por el
Banco, el silencio guardado por el fideicomiso y lo solicitado por la aquí
denunciante, corresponde que esta Defensoría emita su
pronunciamiento, debiéndose encuadrar el análisis de los hechos
planteados -los que no fueron negados ni rechazados por la agencia
denunciada- a la luz de las actuales prescripciones establecidas en la
Ley de Defensa del Consumidor (LDC) en cuanto se refieren a las
prácticas que utilizan las agencias dedicadas a perseguir el cobro
extrajudicial de deudas.

                         Bien se ha dicho que “... existen empresas
de cobranza, que diariamente envían comunicaciones e intimaciones
vinculadas con deudas que le son derivadas para su cobro

                                    2
extrajudicial. Incluso, por los montos involucrados, muchas veces no
se justifica el inicio de acciones judiciales tendientes a su cobro. El
objetivo de las empresas es que los deudores morosos paguen (aun
las obligaciones prescriptas) y la comunicación debe ser
suficientemente convictiva (o intimidatoria) para generar inquietud en el
consumidor para la cancelación de la deuda” (Carlos Molina Sandoval,
“Reformas Sustanciales”, en la obra Reforma a la Ley de Defensa del
Consumidor”, suplemento especial de La Ley, Abril 2008, doctrina -
pág. 94).

                           A este respecto, la última reforma a la LDC
-instaurada por Ley 26.361- incorporó el art. 8º bis, el que en sus
partes pertinentes establece:

             “Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores
deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y
equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de
desplegar conductas que coloquen a los consumidores en
situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias (...).
             En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán
abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la
apariencia de reclamo judicial.
             Tales conductas, además de las sanciones previstas
en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil
establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin
perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al
consumidor,       siendo    ambas      penalidades        extensivas
solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor” (lo
resaltado nos pertenece).

                              Esta disposición normativa vino a concretar
ciertas pautas operativas que procuran asegurar las “... condiciones de
trato equitativo y digno...” en las relaciones de consumo, de la que nos
habla expresamente el art. 42 de la Constitución Nacional (art. 42 CN),
y que se conectan directamente con el respeto a la dignidad humana,
principio sobre el cual se erige todo el edificio de los derechos
humanos.

                             La doctrina especializada sostiene que el
nuevo art. 8º bis de la LDC pretende garantizar el trato digno al
consumidor, evitando las prácticas comerciales que limiten, nieguen o
cercenen sus derechos; señalando que esta norma, si bien inspirada
en el Código brasileño, adoptó un sistema menos casuístico y más
conceptual a fin de poder encuadrar situaciones futuras difíciles de
prever, de modo tal que la prohibición de “... desplegar conductas que
coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o
intimidatorias...”, incluye una gran cantidad de casos más allá de los
dos supuestos allí ejemplificados (vgr. Ricardo Lorenzetti, en
“Consumidores”, 2da. edición actualizada, Rubinzal Culzoni editores,
2009, p. 166; así también, Jorge Mosset Iturraspe y Javier Wajntraub,


                                    3
en “Ley de Defensa del Consumidor”, Rubinzal Culzoni, 2008, pág.
107).

                             Al comentar la norma, Tambussi dice con
particular vehemencia que:

               “Se introduce un art. 8 bis, de gran significación para la
relación consumidor-derechos humanos y que importa la formulación
del concepto de prácticas abusivas (sin enumerarlas, como lo hacía el
proyecto original, a efectos de no excluir las que no estén
expresamente contempladas) y la categoría de trato digno
(recogiendo, al fin, la terminología constitucional). Estas prácticas
quizá sean la forma más perversa de actuación de las empresas, pues
no necesitaban escribirlas en su contratos, era una cuestión invisible y
lacerante para el ser humano, aspecto éste que nos remite una vez
más a la protección de derechos humanos elementales y resulta más
evidente en los casos de los llamados “subconsumidores”(...) Párrafo
aparte merece la vergüenza nacional que significa que un texto
legislativo deba referirse al supuesto especial de los reclamos
extrajudiciales de deudas, a los que se les impone abstenerse de
utilizar apariencias de reclamos judiciales. No se sonroja la ley sino la
cultura argentina, plagada de pseudo agencias de recupero que
adoptan formatos de cédulas judiciales o de formularios de carta
documento para sus “intimaciones”, a las que agregan -con
independencia de su justicia- impresos destacados en colores vivos
con denominaciones eufemísticas como “cédula extrajudicial”, “carta
documentada” (por carta documento), y muchas tan ingeniosas como
maliciosas variantes” (Tambussi, Carlos E., “El consumo como
derecho humano”, Buenos Aires, Ed. Universidad, 2009, pp. 177-178).

                           Debemos señalar, por otra parte, que esta
Defensoría del Pueblo -de conformidad con la facultad de iniciativa
parlamentaria que la Constitución y la ley le confieren (arts. 137
CCABA y art. 13 inc. i) de la Ley 3 de la CABA) -presentó un proyecto
de Ley ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo objeto está dirigido a regular la actividad que desarrollan las
llamadas agencias de cobranza extrajudicial de deudores morosos. En
los fundamentos de dicho proyecto se analiza -entre otras cosas- el
alcance y contenido del art. 8º bis de la LDC, en los siguientes
términos:

              “... Se desprende del análisis de la norma que el
legislador intenta con ímpetu garantizar el trato digno del
consumidor y así evitar las prácticas comerciales que pudieran
limitar o cercenar sus derechos. En esta línea se entiende “por
“vergonzante” todo aquello que puede resultar deshonroso o
humillante; lo “vejatorio” alude a conductas del acreedor
representativas de maltratos, persecuciones, perjuicios o
padecimientos para el consumidor; en tanto que lo “intimidatorio”
refiere comportamientos que le infundan temor...”. Es así que se
trata de un trato indigno las prácticas realizadas por las empresas

                                    4
de cobranza, que utilizan como método para la realización de sus
fines, hostigar con llamadas al deudor que se encuentra en mora
a su domicilio particular en horarios y días inconvenientes, y en
igual sentido a su teléfono laboral. Así también y en relación a
este tema intiman al deudor informándole las consecuencias que
el no pago de la deuda le puede acarrear, como la posibilidad de
iniciarle una causa penal, como así también muchas otras
prácticas que se califican como “vergonzantes”, “vejatorias” o
“intimidatorias” por parte de esas empresas de cobranzas. Es
dable destacar que el acreedor para reclamar su deuda cuenta
con las herramientas que le brinda la normativa vigente...”
(Proyecto de Ley nº 1238-F-2009, del 3 de junio de 2009, cuyo texto
integro puede ser consultado en el sitio web de la Defensoría del
Pueblo http://www.defensoria.org.ar/institucional/doc/proyecto080.doc).

                           De conformidad con lo expuesto, es dable
colegir que las modalidades -aquí denunciadas- utilizadas por la
agencia de cobranza ROHR Collections (por FC Recovery S.A.-
Fideicomiso Financiero Renova) para el reclamo y/o recupero
extrajudicial de deudas, quedan comprendidas dentro de las prácticas
abusivas expresamente vedadas por el art. 8º bis de la actual LDC.

                          En efecto, las comunicaciones telefónicas al
domicilio de la denunciante y al de un pariente, dejando mensajes
grabados en días y horarios incomodantes e inapropiados, con el fin
de reclamar el pago de una deuda de la cual ni siquiera existen
constancias detalladas y precisas, constituye una práctica
descomedida (y por ende, abusiva) que vulnera la dignidad de la
persona, perturba la tranquilidad familiar, e invade el ámbito de su
privacidad.

                            Del mismo modo, el envío de cartas de
intimación extrajudicial -como la que se adjunta a fs. 3- revelan un
comportamiento manifiestamente abusivo, en tanto no preservan
mínimos recaudos de privacidad en la comunicación, tampoco
informan con precisión el origen de la deuda que se reclama y,
además, contienen intimaciones desorbitadas (por ejemplo amenaza
de denuncia penal).

                            En efecto, en el encabezamiento de la
misiva cursada por Rohr Collections a la presentante se observa que
ésta se dirige al “Sr./a Familiar / conocido” y a renglón seguido se dice
“Por favor, sea tan amable de entregar sin compromiso la carta a:
(Esta documentación es confidencial y tiene vencimiento, solo debe
ser abierta por) Sr/a ROXANA CLAUDIA HELMAN Y O MARCELO
RAMIREZ”.

                       En el cuerpo de la nota se destaca en
mayúsculas sobre fondo negro “ACUERDO EXTRAJUDICIAL -
COMIENCE 2010 SIN DEUDAS”, y más abajo se dice en letras más
pequeñas “Invitamos abone definitivamente la deuda que mantiene

                                    5
con Banco Galicia (FF Renova) ahora con cuotas a su medida, en
pesos, sin interés. Esta será la última oferta con quitas espectaculares.
Plan: comience 2010 sin deudas”.

                           Luego se informa en destacado el monto de
la “DEUDA ACTUALIZADA”, empero no se hace ninguna referencia al
origen de la misma, ni al monto nominal, ni a los intereses aplicados
para llegar a esa actualización. Al lado, se informa un número
telefónico de contacto identificado como “Línea GALICIA”, y el
siguiente e-mail “galicia@rohrcollections.com “.

                            Seguidamente se describen en caracteres
destacados los planes de pago ofrecidos como excepcionales
(anticipos, descuentos, cuotas, etc.) para señalar en los párrafos
finales lo siguiente: “Vencido el plazo intimado (22-01-2010), y dado
los reiterados intentos de recuperar el saldo por la vía
extrajudicial, nuestro mandante podrá disponer si correspondiere
el inicio de acciones judiciales en su contra, y/o de sus
adicionales, y/o garantes si correspondiere, procediendo al
embargo de bienes/haberes si correspondiere, haciendo expresa
reserva de concurrir ante la justicia penal si correspondiere por
frustración maliciosa de pago, o en la infracción del Código Penal
Art. 172 estafa, apariencia de crédito, abuso de confianza, Art. 173
desbaratamiento de los derechos acordados, en caso de
corresponder” (sic) (fs. 3, lo resaltado nos pertenece).

                            Pareciera claro entonces que el objetivo
principal de este tipo de notificaciones se dirige más bien a intimidar al
(presunto) deudor, al exponerlo por un lado a una situación
vergonzante frente a familiares, vecinos u otros terceros y, por otro
lado, infundiéndole temor al amenazarlo con persecuciones penales
que son absolutamente improcedentes.

                           Téngase presente que en el marco del
derecho internacional de los derechos humanos la persecución penal
por deudas ha quedado abolida, desde hace largos años. En tal
sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece
como un derecho a la libertad personal que “Nadie será detenido por
deudas” (art. 7 punto 7) y, del mismo modo, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dispone que “Nadie será encarcelado por
el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual” (art. 11).
Huelga señalar que en nuestro país ambos instrumentos
internacionales gozan de jerarquía constitucional y resultan
plenamente aplicables y jurídicamente exigibles (conf. art. 75 inc. 22
CN).

                           Ahora bien, sumado a todo lo dicho, no
resulta un dato menor que, según la escueta información
proporcionada por el banco involucrado (y no desmentida por la
agencia), la única deuda localizada en el archivo respecto de la señora
Helman data de un cierre de cuenta corriente que “fue transferido a

                                    6
una cuenta de mora cedido al Fideicomiso Renova en agosto de
2004”, no existiendo ninguna constancia que se hubiera iniciado la
acción judicial de cobro. En tal sentido, independientemente de la
versión aportada por la reclamante respecto de la causa que motivó el
cierre de la cuenta, resulta evidente que se trata de una deuda
formalmente prescripta, toda vez que resulta aplicable al caso lo
dispuesto en el art. 50 de la LDC “... Las acciones judiciales, las
administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley
prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras
leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción
distintos del establecido precedentemente se estará al más
favorable al consumidor o usuario...” (lo resaltado nos pertenece).

                             El instituto de la prescripción es un medio
por el cual se pueden adquirir derechos (prescripción adquisitiva) o
liberarse de ciertas obligaciones (prescripción liberatoria o extintiva)
por el mero transcurso del tiempo preestablecido por la ley, según
cada caso. El fundamento de la llamada prescripción liberatoria está
dado en la necesidad social de impedir que una determinada deuda se
extienda in eternum cuando es evidente la desidia o inacción del
acreedor en ejercer su derecho a reclamarla dentro de un razonable
lapso. Así se ha dicho que: “El fundamento de la prescripción reside en
la conveniencia general de liquidar situaciones inestables y de
mantener la paz de las familias, que no debe ser alterada por la
repercusión de hechos ocurridos con mucha antelación. Si durante un
largo tiempo el posible titular de la acción se ha abstenido de ejercerla,
la ley no admite que lo haga cuando ya se han borrado de la memoria
de los interesados las circunstancias del acto, y hasta es factible la
destrucción de los documentos probatorios de la extinción del derecho.
Impidiendo la utilización de la acción prescripta, se da seguridad y
fijeza a los derechos, y se aclara la situación de los patrimonios, que
se ven descargados de las obligaciones prescriptas. Por último, otro
motivo a favor de la prescripción consiste en el probable abandono del
derecho que la inacción del titular hace presumir” (Jorge Joaquín
Llambías, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, pág. 672).

                           De modo tal que las deudas ya prescriptas,
si bien no se extinguen, quedan convertidas en meras obligaciones
naturales, es decir, que su cancelación dependen de la voluntad del
deudor pues el acreedor pierde su exigibilidad jurídica. En
consecuencia, la simple manifestación negativa y/o rechazo expresado
por el (presunto) deudor moroso de una obligación ya prescripta,
debería ser suficiente para que una agencia extrajudicial de cobranza
se abstenga de continuar con el reclamo de la misma y así evitar
incurrir en algunas de las prácticas abusivas caracterizadas en el art.
8º bis LDC.

                         Por último, y en atención a que la señora
Helman solicita, expresamente, algún tipo de resarcimiento por las
afectaciones padecidas, es oportuno hacerle saber que a partir de la
última reforma a la LDC (mediante Ley 26.361) se introdujo la figura

                                    7
del daño directo, admitiéndose que los consumidores puedan solicitar
en sede administrativa una suerte de reparación económica -aunque
limitada-, en la medida que éstos hallan sufrido algún perjuicio o
menoscabo en sus derechos. Dice textualmente el nuevo art. 40 bis de
la LDC:

             “Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación
pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o
sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del
proveedor de bienes o del prestador de servicios.
             La autoridad de aplicación podrá determinar la
existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de
la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a
éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas
Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)...” (lo
resaltado nos pertenece).

                          En tal sentido es necesario advertir que
conforme surge del citado art. 8º bis in fine LDC, las conductas que allí
se describen como abusivas son pasibles de las sanciones
previstas en la presente ley (entre ellas el daño punitivo -en sede
judicial- y, por supuesto, el mencionado daño directo -en sede
administrativa-) siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a
quien actuare en nombre del proveedor. Motivo por el cual, en el
presente caso, la responsabilidad por los efectos perjudiciales que el
accionar abusivo del estudio Rohr Collections pudo haber causado
sobre la señora Helman y su familia, se extiende solidariamente tanto
a FC Recovery S.A.-Fideicomiso Financiero Renova como al Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A.

                           Atento todo lo precedentemente expuesto,
corresponde que esta Defensoría del Pueblo emita las
recomendaciones pertinentes, debiéndose poner en conocimiento de
los hechos denunciados en esta actuación a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -conf. lo establecido en el art. 2º1 de la Ley
757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos
del Consumidor y del Usuario, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- a los efectos de instar las acciones administrativas, y en su
caso, aplicar las sanciones que por ley correspondan.



POR TODO ELLO:
1
  Art. 2º, Ley 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia
de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de los
demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta ley.
A los efectos de garantizar la defensa y protección de los derechos de los consumidores, la autoridad de aplicación tendrá
facultades para firmar convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o privados a fin de hacer eficaz y
efectiva la implementación de los objetivos de la presente ley”.
                                                            8
                LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
         DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
                      RESUELVE:


1) Recomendar al titular del estudio Rohr Collections:

       a) se abstenga de continuar practicando intimaciones
telefónicas y epistolares, bajo formas y modalidades expresamente
prohibidas por el art. 8º bis de la Ley 24.240 (y sus modificatorias) y
por una deuda prescripta;

       b) que en lo sucesivo, las comunicaciones y/o notas de
reclamos extrajudiciales que efectúen con motivo de la cobranza de
deudas se ajusten cabalmente a lo dispuesto en el art. 8º bis de la Ley
24.240 (y sus modificatorias), debiéndose evitar cualquier tipo de
práctica o modalidad que coloque a los usuarios o consumidores
morosos en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.


2) Recomendar al Presidente de FC Recovery S.A. (Fideicomiso
Financiero Renova), arbitre los medios necesarios a efectos de evitar
que sus agentes de cobranza utilicen medios de intimación contrarios
a lo estipulado en la normativa legal vigente.


3) Recomendar al Presidente del Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., arbitre los medios necesarios a efectos de evitar que sus agentes
de cobranza utilicen medios de intimación contrarios a lo estipulado en
la normativa legal vigente.
4) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Director
General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Juan Manuel Gallo, con
copia íntegra y fiel de la actuación, a los efectos de instar su
intervención conforme lo prescripto por la Ley 757 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el art. 41 de la Ley 24.240.


5) Hacer saber a los denunciantes que a partir del día 1º de octubre de
2008, por decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la toma de denuncias y celebración de audiencias de
conciliación en el marco del procedimiento de la Ley 757 se efectúan
exclusivamente en los Centros de Gestión y Participación Comunal
(CGPC), motivo por el cual deberán presentarse ante uno de ellos a fin
de ratificar su denuncia, acompañados de toda la documentación en
original y copia, incluyendo la presente Resolución. A tal efecto,
sugerimos que previamente se comunique con la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor al teléfono nº 4382-0291 a fin de
determinar el CGPC al que será derivada su denuncia.

                                   9
6) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2


7) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y
oportunamente, archivar.

Código 443
ND
DC
cd/D/LDS




RESOLUCION Nº 3607/10




2
  Ley 3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias,
recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas.
Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce
una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo
puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los
antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura,
con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
                                                           10

								
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