003 1201

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					                                        N° 03-99

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las trece

horas treinta minutos del doce de enero de mil novecientos noventa y nueve.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Cervantes, Presidente;

Licda. Magda Pereira Villalobos, Licdos. Juan Diego Rojas Araya, Francisco

Chamberlain Trejos y el señor Hernán Campos Vargas. Asiste también el Director

Ejecutivo, Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                   ARTÍCULO I

      Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 5 de enero en curso, N° 1-99.

      La Licda. Pereira se abstuvo de votar, por no haber participado en dicha

sesión.

CONDOLENCIAS

                                   ARTÍCULO II

      Con motivo del fallecimiento de la señora Ofelia Méndez Campos, madre

del Lic. Carlos Villegas Méndez, Juez Penal interino de Alajuela, se acuerda

expresar las condolencias de la Corte y de este Consejo, a don Carlos y a su

estimable familia.

                                   ARTÍCULO III

      Ante el fallecimiento del Lic. Eduardo Gutiérrez Chacón, ex Juez Superior

de Trabajo, jubilado judicial, se acuerda expresar las condolencias de la Corte y de

este Consejo, a su estimable familia.

RECONSIDERACIONES
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                                   ARTÍCULO IV

      En la sesión celebrada el 15 de diciembre del año pasado, artículo LXXVII,

se tomó el siguiente acuerdo:

             “En un extenso memorial recibido el 11 de diciembre en
        curso, el señor Orlando Guier Serrano y la señora Lyla Victoria
        Oreamuno Echeverría interponen recurso de apelación por
        inadmisión contra la resolución N° 1051-98 de las 9,10 horas del 9
        de octubre de este año, dictada por el Tribunal de la Inspección
        Judicial, en diligencias de queja establecidas contra la Licda. Gilda
        María Gatgens Gómez, Jueza Quinta Civil de San José.
             Se dispuso: Denegar el recurso interpuesto, por considerar
        este Consejo que la resolución recurrida está apegada a
        derecho.”.
                                         -0-

      El señor Guier y la señora Oreamuno, en memorial de 8 de este mes,

interponen recurso de adición, reposición o reconsideración contra el acuerdo que

se ha transcrito, el cual, por las razones que exponen, solicitan se deje sin efecto

en aras de los mejores intereses de la justicia, ya que lo resuelto constituye un

error de interpretación y de mantenerse sería un pésimo precedente. Agregan los

gestionantes que los autos reflejan que en la tramitación de la queja se violentó el

debido proceso y se les causó indefensión, que vicia de nulidad el procedimiento

seguido ante el Tribunal, en los términos que señala el artículo 210 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, de manera que para el caso de que no se acceda al

recurso que plantean, reclaman subsidiariamente la nulidad “...y apoyados en lo

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 213 ibídem, PEDIMOS AL

CONSEJO abocarse desde ahora al conocimiento de ese asunto, en los términos

previstos en dicha norma, para que se devuelva el expediente al Tribunal y tramite

y resuelva nuevamente la queja como corresponde.”.
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      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud planteada, aclarar y adicionar

el acuerdo en el sentido de que se deniega el recurso interpuesto por considerar

este Consejo que la resolución de las 11,45 horas del 13 de noviembre de 1998,

en la que el Tribunal de la Inspección Judicial rechaza por improcedente la

apelación, está apegada a derecho, por carecer de este recurso dicha resolución,

por lo que no cabe resolver los puntos de fondo que en ella se plantean. En

cuanto a la aplicación del artículo 213, que se da en los casos en que este

Consejo considere que la resolución dictada debe reenviarse al inferior, tampoco

es de aplicación pues no se considera que se haya producido indefensión u otro

vicio grave de procedimiento.

      Para resolver lo anterior es necesario en este caso explicar a los apelantes

que en el procedimiento disciplinario únicamente se consideran parte los

servidores a quienes se les aplica dicho procedimiento. Quienes aparecen como

quejosos o denunciantes no son considerados parte y en consecuencia carecen

de los recursos que da la Ley.

      Por lo demás, en la aparente contradicción que se nota entre los artículos

209 y 211 de la Ley Orgánica, ya la Sala Constitucional se pronunció en el sentido

de que el denunciado podrá ejercer el recurso de apelación únicamente en los

casos en que se le haya impuesto la sanción de suspensión o revocatoria de

nombramiento.

                                  ARTÍCULO V

      En la sesión celebrada el 24 de diciembre del año recién pasado, artículo

IV, se dispuso permutar en sus cargos a contar del 25 de ese mes, a los Licdos.

Mauricio Silva Alvarado y Eloy Olmos Molina, de manera tal que el primero
                                         4

pasaría a desempeñar el puesto de Juez Contravencional y de Menor Cuantía de

Golfito y el segundo el cargo de Juez Penal de ese lugar.

      En la sesión del 5 de enero en curso, artículo IV, se acogió la

reconsideración planteada por el Lic. Silva Alvarado contra el acuerdo de cita, y se

dispuso limitar a esa fecha el referido traslado y que el Tribunal de la Inspección

Judicial, a la brevedad, remitiera el expediente de la queja que se tramita contra

don Mauricio.

      En oficio de 7 de este mes, el Lic. Erick Martínez Trejos, Fiscal Coordinador

de Golfito, solicita en forma vehemente se solucionen de una vez por todas los

problemas y conflictos que se han venido presentado en lo que respecta a la

celeridad y oralidad procesal, con la permanencia del Lic. Silva como Juez Penal

de esa localidad, lo que sí se ha dado cuando han desempeñado el cargo otros

profesionales incluido el Lic. Olmos, por lo que solicita se reconsidere nuevamente

la designación de don Eloy como Juez Penal o cualquier otro funcionario.

      Se dispuso: Comunicar al Lic. Martínez Trejos que la investigación de la

queja contra el Lic. Silva Alvarado se encuentra en trámite en el Tribunal de la

Inspección Judicial, y una vez que éste resuelva, se dispondrá lo que

corresponda.

MAGISTRADOS SUPLENTES

                                  ARTÍCULO VI

      Se tomó nota de que el Presidente, Magistrado Cervantes, de conformidad

con el inciso 11) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizó los
                                        5

sorteos de los Magistrados Suplentes que sustituirán a los titulares de las Salas

que se dirán, en las fechas y en los asuntos que de seguido se indican:

SALA TERCERA

       1.- Lic. Carlos Luis Redondo Gutiérrez, del 11 al 15 y del 18 al 22 de

enero en curso, en sustitución del Magistrado Houed, el primer período por

permiso con goce de salario, por matrimonio, de conformidad con el artículo 44 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el segundo por vacaciones.

SALA CONSTITUCIONAL

       2.- Licda. Susana Castro Alpízar, del 5 al 31 de este mes, en reemplazo

de la Magistrada Calzada, por incapacidad.

       3.- Lic. Hernando Arias Gómez, para conocer el recurso de amparo N°

98-0005840-007-CO interpuesto por Juan Carlos Sánchez Rodríguez contra la

Contraloría General de la República, en sustitución del Magistrado Vargas, quien

se inhibió.

       Esta designación deja sin efecto el nombramiento que en su oportunidad se

le había hecho al Magistrado Suplente Dr. Mauro Murillo Arias, quien no podrá

asistir en la fecha programada a la votación de ese asunto.

       4.- Lic. Hernando Arias Gómez, para que conozca el recurso de amparo N°

98-002143-007-CO que promueve Pablo González Chaverri contra la Mutual

Heredia de Ahorro y Préstamo, en sustitución del Magistrado Vargas, quien se

inhibió.
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      Esta designación deja sin efecto el nombramiento que en su oportunidad se

le había hecho al Magistrado Suplente Dr. Mauro Murillo Arias, quien no podrá

asistir en la fecha programada a la votación de ese asunto.

      5.-   Lic. José Luis Molina Quesada, para que conozca el recurso de

amparo N° 98-004933-007-CO que               promueve   Hoepli Beatrix contra   el

Administrador del Edificio de Tribunales de San Carlos, por inhibitoria del

Magistrado Solano.

      Esta designación deja sin efecto el nombramiento que en su oportunidad se

le había hecho al Magistrado Suplente Dr. Manrique Jiménez Meza, quien no

podrá asistir en la fecha programada a la votación de ese asunto.

      6.- Lic. José Luis Molina Quesada y Dr. Mario E. Granados Moreno, para

que conozcan el recurso de amparo N° 98-003537-007-CO promovido por Ulfrán

Corrales Jiménez y otros contra el Consejo Superior del Poder Judicial, en

sustitución de los Magistrados Solano y Calzada, por inhibitoria.

      Estas designaciones dejan sin efecto los nombramientos que en su

oportunidad se les había hecho a los Magistrados Suplentes Lic. Carlos Manuel

Coto Albán y Dr. Manrique Jiménez Meza, quienes no podrán asistir en la fecha

programada a la votación de ese asunto.

      7.- Lic. José Luis Molina Quesada, Dr. Mario A. Granados Moreno y Licda.

Susana Castro Alpízar, para que conozcan el recurso de amparo N°

98-000805-007-CO que promueve William Barquero Bogantes y otros contra la

Corte Suprema de Justicia, por inhibitoria de los Magistrados Sancho, Arguedas y

Vargas.
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      Estas designaciones dejan sin efecto los nombramientos que en su

oportunidad se les había hecho a los Magistrados Suplentes Dres. Manrique

Jiménez Meza, Mauro Murillo Arias y Alejandro Batalla Bonilla, quienes no podrán

asistir en la fecha programada a la votación de ese asunto.

      8.- Lic. José Luis Molina Quesada, para conocer el recurso de amparo N°

97-005799-CO que promueve Fernando Sáenz Abarca contra el Instituto Nacional

de Vivienda y Urbanismo y otros, en sustitución del Magistrado Vargas, quien se

inhibió de su conocimiento.

      Esta designación deja sin efecto el nombramiento que en su oportunidad se

le había hecho al Magistrado Suplente Lic. Carlos Manuel Coto Albán, quien no

podrá asistir en la fecha programada a la votación de ese asunto.

NOMBRAMIENTOS PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE DE LA CORTE

                                 ARTÍCULO VII

      Se hicieron los siguientes nombramientos, en sustitución de los

titulares de los despachos que se dirá, por vacaciones:

1.-   Licda. Gabriela Campos Ruiz, cédula 1-814-0063, Juez, número de puesto

019691, en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, del 12-1-99 al

22-1-99, en sustitución de la Licda. Siria Carmona Castro, cédula 1-609-809.

      La Licda. Campos labora como Auxiliar Judicial en ese despacho.

2.-   Licda. Silvia Castro Morales, cédula 1-790-605, Juez, número de puesto

024345, en el Juzgado Contravencional de Desamparados, del 11-1-99 al

22-1-99, en lugar del Lic. Marvin Segura Acuña, cédula 4-115-0097.

      La Licda. Castro es Auxiliar Judicial en ese despacho.
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3.-   Lic. Ricardo Chacón Cuadra, cédula 1-681-986, Juez, puesto número

054361, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del

18-1-99 al 29-1-99, en reemplazo del Lic. Henry Mora Arce, cédula 1-545-0278.

4.-   Lic. Luis Diego Ramírez González, cédula 4-169-491, Juez, número de

puesto 043763, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, del 5-1-99 al 18-1-99, en sustitución del Lic. Joaquín Villalobos Soto,

cédula 1-485-562.

5.-   Lic. Edwin Miranda Hernández, cédula 1-822-541, Juez, número de puesto

095453, en el Juzgado Penal de San José, por el 24 y el 25-12-98, en sustitución

de la Licda. Roxana Monge Quesada, cédula 4-139-873.            La         Licda.

Monge en nota de fecha 22-12-98 manifiesta que encontrándose en vacaciones

del 14 al 23-12-98, fue incapacitada por el 17 y el 18-12-98.

      El Lic. Miranda está como Juez en ese despacho.

6.-   Licda. María Elena Fernández Alvarado, cédula 4-105-322, Juez, puesto

número 113637, en el Tribunal de Heredia, del 11-1-99 al 22-1-99, en lugar del

Lic. Luis Gerardo Bolaños González, cédula 4-109-598.

7.-   Licda. Zianny Calderón Torres, cédula 1-755-371, Juez, puesto número

044335, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Sebastián,

del 11-1-99 al 17-1-99, en lugar del Lic. Ananías Rodríguez Paniagua, cédula

2-246-596.

8.-   Lic. Wilbert Herrera Delgado, cédula 1-701-672, Juez, número de puesto

044290, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y
                                           9

León Cortés, del 12-1-99 al 29-1-99, en reemplazo del Lic. Gilbert Gómez Reina,

cédula 2-368-073.

       El Lic. Herrera es Auxiliar Judicial en el Tribunal Agrario.

9.-    Licda. Adriana Sequeira Muñoz, cédula 1-933-978, Juez, número de puesto

020245, en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial,

Goicoechea, del 11-1-99 al 29-1-99, en sustitución del Lic. Gustavo Koutsowris

Canales, cédula 7-0097-321.

       La Licda. Sequeira es Auxiliar Judicial en ese despacho.

10.-   Lic. Carlos Vargas Chavarría, cédula 6-113-538, Juez, número de puesto

044762, en el Juzgado Contravencional de Heredia, del 15-1-99 al 29-1-99, en

sustitución de la Licda. Irene Araya Chaverri, cédula 4-120-0523.

       El Lic. Vargas ha laborado como Juez en el Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Hatillo.

11.-    Sr. Gerardo Solano Vargas, cédula 3-217-311, Juez Supernumerario,

número de puesto 102114, y se le destaca en el Juzgado de Familia del Segundo

Circuito Judicial, Goicoechea, del 13-1-99 al 16-1-99, en sustitución de la Licda.

Yerma Campos Calvo, cédula 1-607-534.

       La Licda. Campos, en facsímil de fecha 6-1-99, manifiesta que

encontrándose en el disfrute de sus vacaciones del 4 al 8-1-99, fue incapacitada

del 5 al 12-1-99.

       El señor Solano es Auxiliar Judicial en ese Despacho.
                                        10

12.-   Licda. Ana Catalina Campos Ramírez, cédula 1-831-491, Juez, número de

puesto 006245, en el Juzgado de Familia de Heredia, del 11-1-99 al 28-1-99, en

sustitución de la Licda. María Esther Brenes Villalobos, cédula 4-132-550.

       La Coordinación la ejercerá     la Licda. Laura Rodríguez Villalobos, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

13.-   Lic. Edwin Alvarado Gamboa, cédula 1-357-227, Juez, puesto número

043863, en el Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, del 15-1-99 al

22-1-99, en reemplazo de la Licda. Kathya María Araya Jácome, cédula

1-633-340.

       El Lic. Alvarado es Auxiliar Judicial en el Juzgado Quinto Civil de Menor

Cuantía de San José.

                                  ARTÍCULO VIII

       Se toma nota de que el Lic. Carlos Luis Redondo Gutiérrez, cédula

3-188-996, Juez, número de puesto 006030, en el Tribunal de Casación Penal,

disfruta vacaciones del 4-1-99 al 15-1-99.

                                  ARTÍCULO IX

       Se nombró a las siguientes personas, en sustitución de los titulares

de los despachos que se dirán, quienes fueron incapacitados para el trabajo:

1.-    Lic. Andrés Hernández Quesada, cédula 1-648-0069, Juez,           número de

puesto 110380, en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario, del 23-12-98 al

3-1-99, en lugar de la Licda. Gabriela Segura Araya, cédula 1-501-498.
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2.-   Licda. Glenda Murillo Pizarro, cédula 5-184-540, Juez, número de puesto

044791, en el Tribunal de Guanacaste, sede Liberia, del 27-12-98 al 25-1-99, en

sustitución del Lic. Danilo Chaverri Barrantes, cédula 4-121-738.

      La Licda. Murillo está como Jueza en ese Tribunal.

3.-   Lic. Eddy Rodríguez Chaves, cédula 5-269-229, Juez, número de puesto

006082, en el Tribunal de Familia, del 4-1-99 al 11-1-99, en reemplazo de la

Licda. Nidya Sánchez Boschini, cédula 1-418-389.

4.-   Licda. Carmen Valverde Valverde, cédula 1-576-724, Juez, número de

puesto 043852, en el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José, del

4-1-99 al 11-1-99, en sustitución de la Licda. Gilda Gatgens Gómez, cédula

1-521-788.

5.-   Egr. José Urías Espinoza Salazar, cédula 6-176-598,           Juez, número de

puesto 044989, en el Juzgado Penal de Puntarenas, del 3-1-99 al 18-1-99, en

lugar de la Licda. Jenny Rodríguez Lobo, cédula 6-0092-722.

6.-   Egr. Ana Lorena Ugalde Rodríguez, cédula 6-235-132, Juez, número de

puesto 045021, en el Juzgado Segundo Contravencional de Puntarenas, del

5-1-99 al 7-1-99, en sustitución de la Licda. Norma Araya Sánchez, cédula

6-207-829.

      La Egr. Ugalde es Auxiliar Judicial en el Juzgado de Tránsito de ese lugar.

7.-   Lic. Elicio Durán Bolaños, cédula 1-581-470, Juez, número de puesto

045108, en el Juzgado Primero Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, Limón, del 4-1-99 al 11-1-99, en sustitución del Lic. Abel Gustavo

Jiménez Obando, cédula 7-0092-405.
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      Por este período se deja sin efecto el nombramiento del Lic. Durán como

Juez Supernumerario, aprobado en la sesión del 9-12-98, artículo XIV.

8.-   Licda. Marcela Brenes Piedra, cédula 1-808-180, Juez 1, Tramitadora,

número de puesto 044427, en el Tribunal de Alajuela, del 1-1-99 al 15-2-99, en

sustitución de la Licda. Mónica Fernández Mayorga, cédula 2-479-980, de

conformidad con el artículo 44, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, por estado de gravidez.

      La Licda. Brenes está como Jueza Tramitadora en ese Tribunal.

                                    ARTÍCULO X

      Se toma nota de que las siguientes personas fueron incapacitadas en

los períodos que se dirán:

1.-   Lic. Guillermo Ballestero Umaña, cédula 3-220-711, Juez Supernumerario,

puesto número 005516, destacado en el Juzgado Primero Civil y de Trabajo de

Puntarenas, del 8-12-98 al 14 -1-99.

2.-   Licda. Marjorie Álvarez Morales, cédula 6-216-576, Jueza Supernumeraria,

puesto número 109760, en el Juzgado Penal de Puntarenas, del 15-12-98 al

17-12-98.

                                    ARTÍCULO XI

      Se nombró a las siguientes personas en sustitución de los titulares

de los despachos que se dirán, por pasar a ocupar otro cargo judicial:

1.-   Lic. Luis Ureña Monge, cédula 1-785-900, Juez 1, Tramitador, número de

puesto 006083, en el Tribunal de Familia, del 5-1-99 al 11-1-99, en sustitución del

Lic. Eddy Rodríguez Chaves, cédula 5-269-229.
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      El Lic. Ureña ha laborado como Juez Tramitador en ese Tribunal.

2.-   Licda. Zianny Calderón Torres, cédula 1-755-371, Juez, número de puesto

112244, en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, del 18-1-99 al

29-1-99, en sustitución del Lic. Ricardo Chacón Cuadra, cédula 1-681-986.

      La Licda. Calderón ha laborado como Jueza en ese Despacho.

3.-   Licda. Liz Mauren Tencio Alfaro, cédula 2-516-625, Juez, número de puesto

097765, en el Juzgado Penal de Heredia, 11-1-99 al 22-1-99, en sustitución de la

Licda. María Elena Fernández Alvarado, cédula 4-105-322.

      La Licda. Tencio está como Jueza en ese Juzgado.

      La Coordinación del Juzgado la ejercerá el Lic. Roy Badilla Rojas, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.-   Licda.   Mónika    Fernández    Mayorga,    cédula   2-479-0980,      Juez   1,

Tramitadora, número de puesto 044427, en el Tribunal de Alajuela, del 1-1-99 al

15-2-99, en sustitución de la Licda. Grace Agüero Alvarado, cédula 2-412-0418.

5.-   Lic. Minor Ortiz Mena, cédula 1-541-0528, Juez, puesto número 111302, en

el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo, del 16-1-99 al

30-6-99, en lugar de la Licda. Guiselle Viales Flores, cédula 2-312-0057.

                                  ARTÍCULO XII

      Se concedió permiso con goce de salario a los siguientes funcionarios

por los motivos que se dirán:

1.    Lic. José Hernán Fernández Morales, cédula 1-500-759, Juez en el

Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, número de

puesto 044160, por el 8-1-99, para que asistiera a cita médica.
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2.-   Lic. Carlos Villegas Méndez, cédula 1-512-0073, Juez , número de puesto

044502, en el Juzgado Penal de Alajuela, del 4-1-99 al 10-1-99, por muerte de

su madre, de conformidad con el artículo 44, párrafo 7, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

                                   ARTÍCULO XIII

      Se nombra al Lic. Jorge Gutiérrez Peña, cédula 6-178-463, Juez, número

de puesto 034550, en el Juzgado Penal de Corredores, del 11-1-99 al 17-1-99, en

sustitución del Lic. Edwin Duartes Delgado, cédula 7-0090-562, de conformidad

con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el nacimiento de un

hijo. Ver sesión del 5-1-99, artículo XXIX.

                                ARTÍCULO XIV

      Se nombró al Lic. Leandro Hernández Guerrero, cédula 6-153-130, Juez,

número de puesto 044327, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Turrubares, del 11-1-99 al 13-1-99, en sustitución de la Licda. Marta Ramírez

Fonseca, cédula 1-307-170, a quien se concedió permiso sin goce de salario,

para atender asuntos personales.

      El Lic. Hernández es Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Jicaral.

                                   ARTÍCULO XV

      Se hicieron los siguientes nombramientos:

1.-   Licda. Marjorie Barquero Argüello, cédula 2-429-197, Juez Supernumeraria,

número de puesto 108633, en el Juzgado Primero Civil y de Trabajo de

Puntarenas, del 1-1-99 al 31-1-99. Plaza temporalmente vacante de la Licda.
                                         15

Yazmín Aragón Cambronero. Sin perjuicio de que se le pase a desempeñar otro

cargo cuando las necesidades así lo requieran.

2.-    Lic. Carlos Montiel Arauz, cédula 6-114-302, como Juez Supernumerario,

del 24-12-98 al 31-12-98, en el puesto número 112358, temporalmente vacante

del Lic. Robert Camacho Villalobos.

3.-    Licda. Guiselle Viales Flores, cédula 2-0312-0057, Jueza en el Juzgado

Penal Juvenil y de Familia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica,

Pococí, del 16-1-99 al 30-6-99. Plaza nueva incluida en el Presupuesto de 1999.

Sujeta al sistema de Carrera Judicial.

4.-    Licda. Grace Agüero Alvarado, cédula 2-412-0418, Jueza en el Tribunal

de Alajuela, del 1-1-99 al 30-6-99. Plaza extraordinaria, conocida en sesión del

14-12-98, artículo VIII.

5.-     Licda. Mayela Gómez Pacheco, cédula 1-621-210, Juez, puesto número

054380, en el Juzgado Segundo Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de

la Zona Atlántica, Limón, del 1-2-99 al 31-7-99, en lugar del Lic. Johnny Ramírez

Pérez, cédula 3-254-129, quien realiza estudios superiores en Derecho Civil con

énfasis en Derecho de Familia en el exterior. Permiso concedido en sesión del

6-7-98, artículo VII.

       La Licda. Gómez labora como Jueza en ese despacho.

                                  ARTÍCULO XVI

       Se hacen los siguientes nombramientos de Jueces en plazas

extraordinarias en los despachos que se dirán, conocidas en sesión de
                                         16

Corte Plena del 21-12-98, artículo XXVI.        Sujetos al Sistema de Carrera

Judicial.

1.-   Lic. Carlos Montiel Arauz, cédula 6-114-302, en el Juzgado Penal de

Alajuela, del 1-1-99 al 30-6-99.

2.-   Licda. Edith Núñez Briceño, cédula 6-247-0502, en el Juzgado Penal de

San Carlos, del 12-1-99 al 30-6-99.

                                    ARTÍCULO XVII

      Se modifica el artículo XIV, inciso 3), de la sesión del 15-12-98, en el que

se nombró a la Licda. Gabriela Rodríguez Morales, cédula 1-612-629, en lugar del

Lic. José Daniel Hidalgo Murillo, cédula 1-523-405, en el puesto número 095452.

Lo correcto es en el número 095452, del Juzgado Penal de San José.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                   ARTÍCULO XVIII

      Con    vista   en   las   proposiciones   incluidas   en   el   “Capítulo   de

Nombramientos en Propiedad” de la nómina elaborada por el Departamento de

Personal, se acordó aprobar -en propiedad- los siguientes nombramientos:

A partir del 1° de febrero de 1999:

JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ,
GOICOECHEA.

      1.- Fallas Ureña Jenny, cédula 1-741-148, Auxiliar Judicial 2. Terna N°
98-555.

A partir del 1° de abril de 1999:

PROVINCIA DE ALAJUELA
JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ALAJUELA

      2.- Aguilar Sequeira Gerardo, cédula 2-529-034, Auxiliar Judicial 1. Terna
                                       17

N° 98-564.

A partir del 1° de mayo de 1999:

PROVINCIA DE LIMÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE LIMÓN

      3.- Demmitt Guthrie Shirley, cédula 1-791-410, Auxiliar de Contabilidad 2.
Terna N° 98-562.
                                   ---- o0o ----

       Los servidores Fallas Ureña, Aguilar Sequeira y Demmitt Guthrie se

presentarán al Servicio Médico para los Servidores Judiciales, a efecto de que se

les practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita en

forma personal, o por la vía telefónica en la extensión 3573. El Departamento de

Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo resuelto para lo de sus cargos.

RENUNCIAS

                                 ARTÍCULO XIX

       Con vista en la respectiva comunicación del Departamento de Personal, se

acepta la renuncia del señor Eric Eduardo Arias Solano, cédula de identidad N°

1-700-909, al cargo de Conserje 2 del Departamento de Planificación, a partir del

4 de enero en curso. Se le dan las gracias por los servicios prestados al Poder

Judicial.

       Los Departamentos de Personal y de Planificación tomarán nota para lo de

sus cargos.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                 ARTÍCULO XX
                                           18

      El Magistrado Piza, Presidente interino de la Sala Constitucional, en nota

de 8 de enero en curso, da cuenta de que el Lic. Gustavo Cordero Jenkins,

Abogado Asistente 3 en la Oficina de la Magistrada Calzada, disfrutará de

vacaciones del 11 al 18 de este mes, por lo que propone el nombramiento en su

reemplazo de la Licda. María Teresa Ramírez Prieto.

      Se acordó: Tomar nota de que el Lic. Cordero Jenkins se acogerá al

disfrute de sus vacaciones durante el período que se ha mencionado y aprobar el

nombramiento de la Licda. Ramírez Prieto en su sustitución.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXI

      Los Inspectores Generales Judiciales, Licdos. Johnny Mejía Ávila, Jorge

Rodríguez Rodríguez y Guillermo Morales Montoya, en oficio N° 138 del 8 de

enero en curso, proponen el nombramiento de la Licda. Marcela Alfaro Llaca,

cédula N° 1-739-922, como Inspectora Auxiliar Meritoria, a partir del 8 y hasta el

31 del presente mes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento de Personal

tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXII

      El   señor   Marco   A.      Araya   Coto,   Auxiliar   Judicial   del   Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso, en facsímil recibido el 11 de este

mes, manifiesta:

             “...A nuestro Juzgado le fue asignada una plaza
       extraordinaria de auxiliar judicial 1 a partir del año en curso, en
                                         19

        conversaciones telefónicas con los Departamentos de
        Planificación y Personal, se me indicó que podía nombrar a una
        persona para esa plaza a partir del presente mes de enero e
        incluso en Personal me facilitaron el “número de puesto”, por lo
        cual se procedió a hacer la proposición de nombramiento,
        nombrándose a la señora Ledy Patricia Miranda Matarrita, cédula
        N° 5-0277-0330, a partir del 1° y hasta el 31 de este mes; el día
        de hoy y según llamada del Departamento de Personal, se me
        indicó que el nombramiento tenía que hacerlo a partir del mes de
        febrero próximo, estando ya nombrada una persona por todo el
        presente mes. Así las cosas, les pido autorización a fin de que la
        persona nombrada continúe con su labor por el resto del mes y
        así evitar trastornos para el Despacho, pues ya se había realizado
        una nueva distribución de las diferentes labores para cada auxiliar
        y la conserje, o en caso contrario se indique los pasos a seguir
        para la cancelación de los días laborados por la señora Miranda
        Matarrita.”.

                                        -o0o-

      Manifiesta la Secretaria General que el Despacho a su cargo, mediante

oficio N° 16423-98 de 21 de diciembre pasado, recibido vía fax en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso el 22 de ese mes, se dio cuenta

de la creación de la mencionada plaza por el término de 6 meses, a contar de

febrero próximo.

      Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones de la Secretaria General,

limitar el citado nombramiento de la señora Miranda Matarrita a hoy y autorizar al

Departamento de Personal para que tramite el pago de los días laborados por ella

durante este mes, e indicarle al señor Araya Coto que este tipo de gestiones debe

hacerlas el titular del despacho.

PERMISOS

                                    ARTÍCULO XXIII
                                        20

      El Lic. Yury López Casal, Juez Contravencional y de Menor Cuantía de

Pérez Zeledón, en facsímil de hoy, solicita permiso sin goce de salario por los días

16 y 17 de los corrientes, a fin de poder visitar en Alajuela a su abuelo paterno,

quien se encuentra delicado de salud, y para atender la disponibilidad durante

esos días pide nombrar a la Licda. Lucrecia Valverde Arguedas, cédula N°

1-785-182, quien se manifestó de acuerdo en hacer la sustitución.

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud. El Departamento de Personal

tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXIV

      El Lic. Carlos E. Villegas Méndez, Juez del Juzgado Penal de Alajuela, en

oficio de 7 de enero en curso, informa que en virtud del fallecimiento de su señora

madre, se acogió a la licencia con goce de salario que establece el artículo 44 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 4 al 10 de este mes.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXV

      El Lic. Rodrigo A. Brenes Vargas, Juez Sexto Civil de San José, en nota de

11 de enero en curso, solicita se le autorice a impartir en la ULACIT, el curso de

“Teoría del Proceso”, los días martes de cada semana de las 8,00 a las 10,00

horas durante los meses de enero a abril del presente año. Adjunta el Lic. Brenes

una constancia extendida por la Auxiliar Judicial del Juzgado, en que se da cuenta

de que don Rodrigo tiene al 11 de los corrientes diez expedientes que están
                                        21

dentro del plazo para dictar sentencia, los que le fueron entregados el 4 de este

mes.

       Se dispuso: Autorizar al Lic. Brenes para que los días y horas que se han

mencionado imparta lecciones en el indicado centro de estudios superiores, siempre

y cuando no se afecte el buen servicio público. Así se dispone por hallarse dentro

de los presupuestos señalados en las sesiones de Corte Plena celebradas el 22 de

julio y 4 de noviembre de 1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, y 3 de

noviembre de 1997, artículo IX.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXVI

       En nota de 7 de este mes, los servidores judiciales que luego se dirán,

comunican que del 1° al 5 de febrero entrante, se realizarán en San Carlos, los

próximos Juegos Deportivos Nacionales. En virtud de que ellos colaboran con la

realización de éstos, en diferentes cargos y disciplinas, solicitan se les conceda

permiso con goce de salario durante dicho período. Para esos efectos,

acompañan una carta del Comité Cantonal de Deportes del lugar, que respalda su

gestión. Ellos son:

       Dr. Eladio Tacsan Ruiz           Delegado y Médico del Comité Cantonal
       Médico Forense                   de Deportes de San Carlos
       Nelson Franklin Aguilar Retana   Entrenador de Boxeo
       Auxiliar Judicial 2
       Juzgado Penal de San Carlos
       Limberth Araya Blanco            Entrenador de Atletismo
       Auxiliar Judicial 2
       Juzgado Penal de San Carlos
       Rodolfo Alvarado Rosales         Comisión Técnica de Basquetbol
       Notificador
       Juzgado Penal de San Carlos
                                         22

      De igual forma, en facsímil de 11 de los corrientes, el señor Norman Salas

Corrales, Oficial de Localización, con el visto bueno del Lic. Alexánder Matarrita

Casanova, Administrador de los Tribunales de San Carlos, manifiesta que también

tendrá participación en el evento deportivo que se ha mencionado, pues es

entrenador del equipo de fútbol de mujeres de ese cantón -lo que demuestra con

la nota que adjunta-, por lo que pide se le otorgue el permiso respectivo en los

términos ya indicados por sus otros compañeros.

      Se dispuso: Acoger las anteriores solicitudes y, en consecuencia,

conceder permiso con goce de salario y suplencia a los señores Aguilar Retana,

Araya Blanco, Alvarado Rosales, Salas Corrales y al Dr. Tacsan Ruiz; en el

entendido, en el caso de los tres primeros, que para futuras ocasiones no podrán

participar los tres al mismo tiempo, por pertenecer a igual despacho judicial.

      El Departamento de Personal y los Despachos a que los solicitantes

pertenecen tomarán nota, para lo de sus cargos.

                                 ARTÍCULO XXVII

      En nota de ayer, el Lic. Gustavo A. Castro Miranda, Jefe interino de la

Sección de Salarios del Departamento de Personal, con el visto bueno del Jefe

del Departamento, Lic. Francisco Arroyo Meléndez, solicita autorización para

impartir lecciones de Administración de Recursos Humanos en la Escuela de

Ciencias Empresariales de la Universidad de San José, los días martes del primer

cuatrimestre del año, de las 18:00 a las 21:00 horas, y de Comportamiento

Organizacional los días jueves con igual horario. Señala el Lic. Castro, que las

labores asignadas a la Oficina a su cargo se encuentran debidamente atendidas.
                                        23

      Se acordó: Autorizar al Lic. Castro Miranda para que los días y horas que se

han mencionado imparta lecciones en el indicado centro de estudios superiores,

siempre y cuando no se afecte el buen servicio público. Así se dispone por hallarse

dentro de los presupuestos señalados en las sesiones de Corte Plena celebradas el

22 de julio y 4 de noviembre de 1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, y 3

de noviembre de 1997, artículo IX.

                                     ARTÍCULO XXVIII

      El Magistrado Piza, Presidente interino de la Sala Constitucional, en nota

de ayer, solicita autorizar a la Licda. Ingrid Hess Herrera, funcionaria de su

despacho, para impartir lecciones de Derecho Constitucional I, en la Universidad

de La Salle, los días martes del primer cuatrimestre del año, de las 7:30 a las

10:30 horas.

      Se acordó: Autorizar a la Licda. Hess Herrera para que los días y horas que

se han mencionado imparta lecciones en el indicado centro de estudios superiores,

siempre y cuando no se afecte el buen servicio público. Así se dispone por hallarse

dentro de los presupuestos señalados en las sesiones de Corte Plena celebradas el

22 de julio y 4 de noviembre de 1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, y 3

de noviembre de 1997, artículo IX.

                                ARTÍCULO XXIX

      El Ing. Marco A. Barboza Roldán, Jefe interino del Departamento de

Informática, con el visto bueno del Director Ejecutivo, Dr. Luis Vargas Jiménez, en

nota de ayer, solicita autorización para impartir dos cursos en la Universidad

Latina de Costa Rica: Programación 2 e Introducción a la Informática, los días
                                        24

miércoles y jueves de cada semana, de las 6:00 a las 8:30 p.m., a partir del 13 de

este mes y hasta el 22 de abril del año en curso.

      Se acordó: Autorizar al Lic. Barboza Roldán para que los días y horas que

se han mencionado imparta lecciones en el indicado centro de estudios superiores,

siempre y cuando no se afecte el buen servicio público. Así se dispone por hallarse

dentro de los presupuestos señalados en las sesiones de Corte Plena celebradas el

22 de julio y 4 de noviembre de 1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, y 3

de noviembre de 1997, artículo IX.

                                 ARTÍCULO XXX

      En la sesión del 22 de diciembre último, artículo XXI, se tomó el siguiente

acuerdo:

              “En la sesión celebrada el 17 de diciembre en curso, artículo
        XIII, se concedió permiso con goce de salario por el próximo mes
        de enero, al señor Luis Soto Barrantes, Conserje 2 del
        Departamento de Personal y actualmente Asistente Jurídico
        interino en la Biblioteca Judicial, para que realice la práctica de
        150 horas que exige el Ministerio Público como requisito para
        ingresar a laborar como Fiscal Auxiliar.
              El señor Soto Barrantes, en nota de 18 de los corrientes,
        expresa:

              "... el día de hoy el Licenciado Carlos María Jiménez, Fiscal
        Adjunto, me solicita que inicie la práctica a partir de la próxima
        semana, pues eventualmente si gano un examen el próximo
        martes y la realización de la práctica de esa semana, podría
        aspirar por un puesto de fiscal en el mes de enero.
              Por lo expuesto anteriormente les solicito, una vez más, que
        interpongan sus bueno oficios para que se me otorgue permiso
        con goce de sueldo por la semana entrante, para realizar esa
        práctica y si Dios permite que gane el examen poder estar
        nombrado en enero como fiscal, nombramientos que al mismo
        tiempo me serviría para terminar las 150 horas exigidas; si
        eventualmente pierdo el examen les solicito nuevamente que se
        me otorgue el permiso como lo había solicitado anteriormente...".

                                       -0-
                                       25


              Se acordó: Acoger la anterior solicitud y, en consecuencia,
        conceder permiso con goce de salario al señor Soto Barrantes del
        21 al 24 de este mes, para los fines mencionados. En tal sentido,
        se modifica y amplía el acuerdo tomado en sesión del 17 de los
        corrientes, artículo XIII.
              El Departamento de Personal y la Biblioteca Judicial tomarán
        nota para lo de sus cargos.”.
                                          -- o --

       En nota presentada hoy, el señor Soto Barrantes informa que realizó el

examen de fiscales el día 22 del mes recién pasado, el cual aprobó, y que

únicamente se acogió al permiso con goce de salario por los días 21 al 24 de

diciembre último. Agrega también que actualmente está nombrado como Fiscal

Auxiliar de Alajuela.

       Se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento de

Personal para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XXXI

       El Dr. Gilbert Armijo Sancho, Juez del Tribunal de Juicio del Segundo

Circuito Judicial de San José, Goicoechea, en nota de hoy, informa que el

Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Amapá, Brasil, le ha invitado a

participar como expositor en el primer encuentro “Internacional dos Direitos da

Crianca e do Adolescente”, con el tema “Análise Processual da Lei de Justicia

Penal Juvenil da Costa Rica”, a celebrarse del 25 al 28 de febrero de este año;

razón por la cual solicita permiso con goce de salario del 23 de dicho mes al 2 de

marzo próximo entrante.

       Se acordó: Conceder al Dr. Armijo el permiso con goce de salario en los

términos solicitados.
                                        26

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XXXII

      El Lic. Rojas solicita se le autorice a impartir en la Universidad Autónoma

de Centroamérica, los cursos de Penal Especial y Procesal Penal, con una

duración de seis horas por semana, durante el período comprendido del presente

mes de enero a abril próximo.

      Se acordó: Autorizar al Lic. Rojas Araya para que imparta lecciones en el

indicado centro de estudios superiores, siempre y cuando no se afecte el buen

servicio público. Así se dispone por hallarse dentro de los presupuestos señalados

en las sesiones de Corte Plena celebradas el 22 de julio y 4 de noviembre de 1991,

artículos XXXIX y LVI, respectivamente, y 3 de noviembre de 1997, artículo IX.

VACACIONES

                                ARTÍCULO XXXIII

      En oficio de 4 de enero en curso, la señora Shirley Paniagua Gómez,

Auxiliar Judicial del Juzgado Cuarto Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito

Judicial de San José, con el visto bueno del Jefe respectivo, por los motivos que

expone, solicita se le autorice adelantar una fracción de sus vacaciones del 19 al

30 de este mes, cuyo derecho adquiere en marzo de este año.

      Solicitado informe al Departamento de Personal, en oficio N° 014-DL-99 de

7 de los corrientes, la señora Rosibeth Ugalde Miranda, Jefa interina de la Sección

de Derechos Laborales, y el Jefe del citado Departamento, Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, informan que doña Shirley adquiere el derecho a disfrutar vacaciones

en el mes de febrero de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno por ese
                                          27

concepto y que podrá disfrutar en forma adelantada de 25 días proporcionales,

previa autorización por parte de este Consejo.

      Se dispuso: Autorizar a la señora Paniagua Gómez, para que disfrute

vacaciones en forma adelantada conforme lo solicita, en el entendido de que esta

autorización no modifica para el futuro la fecha en que legalmente adquiere la

gestionante el derecho a ellas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXXIV

      La señora Yesenia Paniagua Gómez, Auxiliar Judicial 3 del Tribunal Penal

del Primero Circuito Judicial de San José, con el visto bueno de la Licda Mayela

Madriz Alfaro, Jueza Tramitadora de ese Despacho, en nota de 5 del presente

mes, por las razones que menciona, solicita se le autorice adelantar una fracción

de sus vacaciones del 25 de este mes al 5 de febrero próximo, cuyo derecho

adquiere en mayo de este año.

      Solicitado informe al Departamento de Personal, en oficio N° 013-DL-99 de

7 de los corrientes, la señora Rosibeth Ugalde Miranda, Jefa interina de la Sección

de Derechos Laborales, y el Jefe del citado Departamento, Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, informan que doña Yesenia adquiere el derecho correspondiente en

el mes de mayo de cada año; que a la fecha tiene un saldo de 7 días del período

97-98 y podrá disfrutar en forma adelantada de 17 días proporcionales, previa

autorización por parte de este Consejo.

      Se dispuso: Autorizar a la señora Paniagua Gómez, para que disfrute

vacaciones conforme lo solicita, en el entendido de que esta autorización no
                                        28

modifica para el futuro la fecha en que legalmente adquiere la gestionante el

derecho a ellas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XXXV

      En facsímil de 5 de enero en curso, el señor Roy Arce González, Auxiliar

Judicial del Juzgado de Familia de Heredia, con el visto bueno de la titular de ese

Despacho, Licda. María Ester Brenes Villalobos, solicita se le autorice adelantar

sus vacaciones del 27 de este mes al 18 de febrero próximo, cuyo derecho

adquiere en marzo de este año.

      Solicitado informe al Departamento de Personal, en oficio N° 012-DL-99 de

7 de los corrientes, la señora Rosibeth Ugalde Miranda, Jefa interina de la Sección

de Derechos Laborales, y el Jefe del citado Departamento, Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, informan que don Roy adquiere ese derecho en el mes de marzo de

cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno por ese concepto, y que podrá

disfrutar en forma adelantada de 20 días proporcionales, previa autorización por

parte de este Consejo.

      Se dispuso: Autorizar al señor Arce González, para que disfrute

vacaciones conforme lo solicita, en el entendido de que esta autorización no

modifica para el futuro la fecha en que legalmente adquiere el gestionante el

derecho a ellas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XXXVI
                                       29

      En facsímil de 8 de enero en curso, el Lic. Rodrigo Zúñiga Soto, Juez

Tramitador del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José,

Goicoechea, expresó lo siguiente:

              “En este Despacho se tramita causa 98-202015-275-PE c.
        José Víquez Segura y otros por Robo Agravado (Apertura a
        Juicio), en la cual se fijó Debate el 22-12-98 (todo el día), se
        continuó el 24-12-98 a las 9:00 hrs y se terminó de concluir el
        7-1-99. En dicho juicio asistió la Licda. SILVIA BADILLA CHANG,
        como Juez Integrante, la cual actualmente está disfrutando de sus
        vacaciones reintegrándose el 18-1-99. Por lo antes expuesto, me
        permito atendiendo solicitud expresa de la referida Juez, que se
        sirva autorizar la prórroga de sus vacaciones por un día más, sea
        hasta el 19-1-99, atendiendo a la razón antes mencionada, de la
        circunstancia de haber tenido que comparecer a debate estando
        disfrutando de sus vacaciones.”.

                                      -o-

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud, en la forma que ha quedado

expuesta. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                               ARTÍCULO XXXVII

      La señora Yendry Gutiérrez Bermúdez, Conserje del Juzgado Civil de

Puriscal, con el visto bueno del titular del Despacho, Lic. Francisco Bustamante

Barboza, en nota del 6 de enero en curso, solicitó al Departamento de Personal

autorización para disfrutar en forma adelantada de sus vacaciones durante el mes

de febrero entrante, dado que afronta problemas familiares que merecen su

atención y pronta solución.

      Con oficio N° 29-DL-99 de ayer, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y el

Lic. Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes interinos de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, remiten la referida solicitud

e informan que la señora Gutiérrez adquiere el derecho correspondiente en el mes
                                        30

de marzo de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno y que podrá disfrutar

en forma adelantada de 20 días proporcionales, previa autorización por parte de

este Consejo.

      Se dispuso: Autorizar a la señora Gutiérrez Bermúdez para que a partir del

1° de febrero próximo entrante, disfrute en forma adelantada de una fracción de

20 días de vacaciones, en el entendido de que esta autorización no modifica para

el futuro la fecha en que legalmente adquiere la gestionante el derecho a ellas.

      El Departamento de Personal y el Juzgado dicho tomarán nota para lo de

sus cargos.

                               ARTÍCULO XXXVIII

      El señor Michael Soto Rojas, Investigador de la Sección de Delitos Varios

del Departamento de Investigaciones Criminales, con el visto bueno del Jefe de la

Sección, señor Marcial Torres Esquivel, en nota del 7 de enero en curso, solicitó

autorización para disfrutar en forma adelantada de sus vacaciones, a partir del 18

de este mes, por cuanto en el mes de febrero presentará pruebas de grado para

optar al título de licenciado en Derecho y necesita tiempo para prepararse

adecuadamente.

      Con oficio N° 30-DL-99 de ayer, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y el

Lic. Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes interinos de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, remiten la referida solicitud

e informan que el señor Soto Rojas adquiere el derecho correspondiente en el

mes de abril de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno y que podrá

disfrutar en forma adelantada de 18 días proporcionales, previa autorización por

parte de este Consejo.
                                        31

      Se dispuso: Autorizar al señor Soto Rojas para que a partir del 18 del

presente mes de enero, disfrute en forma adelantada de una fracción de 18 días

de vacaciones, en el entendido de que esta autorización no modifica para el futuro

la fecha en que legalmente adquiere el gestionante el derecho a ellas.

      El Departamento de Personal y la Sección de Delitos Varios tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO XXXIX

      El señor Roberto Bonilla Cruz, Auxiliar Judicial del Juzgado Civil de

Hacienda de Asuntos Sumarios, con el visto bueno del Jefe del Despacho, Lic.

Francisco Molina Salas, en nota del 5 de enero en curso, solicitó al Departamento

de Personal autorización para disfrutar en forma adelantada de una fracción de 12

días de sus vacaciones durante el mes de abril entrante, “...a partir del primer día

hábil posterior a la finalización de la licencia con goce de salario que nuestra

institución nos brinda...”, dado que para ese mes de abril su esposa dará a luz y

desea estar a su lado para asumir su responsabilidad de padre y esposo.

      Con oficio N° 31-DL-99 de ayer, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y el

Lic. Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes interinos de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, remiten la referida solicitud

e informan que el señor Bonilla Cruz adquiere el derecho correspondiente en el

mes de julio de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno y que podrá

disfrutar en forma adelantada de 19 días proporcionales, previa autorización por

parte de este Consejo.
                                         32

         Se dispuso: Autorizar a don Roberto para que disfrute en forma

adelantada de una fracción de 12 días de vacaciones, a partir de la fecha que

posteriormente indicará, en el entendido de que esta autorización no modifica

para el futuro la fecha en que legalmente adquiere el gestionante el derecho a

ellas.

         El Departamento de Personal y el Juzgado dicho tomarán nota para lo de

sus cargos.

                                   ARTÍCULO XL

         La señora Ana Lorena Gutiérrez González, Auxiliar Judicial del Juzgado de

Menor Cuantía de Cartago, con el visto bueno de la Jefa del Despacho, Licda.

Patricia Meza Meza, por los motivos que expone en nota del 4 de enero en curso,

solicitó al Departamento de Personal autorización para disfrutar en forma

adelantada de una fracción de 8 días de vacaciones durante el presente mes.

         Con oficio N° 32-DL-99 de ayer, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y el

Lic. Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes interinos de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, remiten la referida solicitud

e informan que la señora Gutiérrez adquiere el derecho correspondiente en el mes

de mayo de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno y que podrá disfrutar

en forma adelantada de 16 días proporcionales, previa autorización por parte de

este Consejo.

         La Secretaría General da cuenta de que vía telefónica la gestionante se

manifestó de acuerdo en que, de aprobarse su solicitud, le fueran aprobadas las

vacaciones a partir de mañana.
                                        33

      Se dispuso: Autorizar a la señora Gutiérrez González para que a partir del

13 de este mes, disfrute en forma adelantada de una fracción de ocho días de

vacaciones, en el entendido de que esta autorización no modifica para el futuro la

fecha en que legalmente adquiere la gestionante el derecho a ellas.

      El Departamento de Personal y el Juzgado dicho tomarán nota para lo de

sus cargos.

                                 ARTÍCULO XLI

      La señora Rosa A. Durán Tames, Oficinista 2 del Departamento de

Planificación, con el visto bueno de la Jefa del Despacho, Licda. Marta Asch

Corrales, en nota de ayer, solicitó autorización para disfrutar en forma adelantada

de sus vacaciones durante el mes de febrero entrante, a fin de poder acompañar

a su hijo a unos exámenes en el Hospital Nacional de Niños.

      Con oficio N° 36-DL-99 de ayer, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y el

Lic. Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes interinos de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, remiten la referida solicitud

e informan que la señora Durán adquiere el derecho correspondiente en el mes de

abril de cada año; que a la fecha no tiene saldo alguno y que podrá disfrutar en

forma adelantada de 22 días proporcionales, previa autorización por parte de este

Consejo.

      Se dispuso: Autorizar a la señora Durán Tames para que a partir del 1° de

febrero próximo entrante, disfrute en forma adelantada de una fracción de 22 días

de vacaciones, en el entendido de que esta autorización no modifica para el futuro

la fecha en que legalmente adquiere la gestionante el derecho a ellas.
                                           34

      Los Departamentos de Personal y de Planificación tomarán nota para lo de

sus cargos.

                                    ARTÍCULO XLII

      Los Licdos. María Marta Barrantes Ramírez y Jorge Solano Herrera, Jueces

de la Sección Tercera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de

San José, Goicoechea, manifiestan:

                 “Acorde con las disposiciones legales y administrativas que
           gobiernan la materia, solicitamos se nos autorice a gozar un
           período de vacaciones de ocho (8) días para cada uno,
           comprendido -para la primera- del dieciocho al veinticinco de
           enero y -para el segundo- del veintiséis de enero al dos de marzo
           (sic) en curso.
                 Somos conscientes de que no es posible que se nos nombre
           substituto por tratarse de plazas extraordinarias, de manera que la
           ausencia de un miembro incide sobre el normal funcionamiento de
           la Sección; sin embargo, como usted comprenderá la necesidad y
           oportunidad que tenemos de estar en compañía de nuestros hijos
           (quienes disfrutan de sus vacaciones escolares), nos conduce a
           hacer esta gestión.
                 Para que el impacto negativo en la Oficina sea mínimo, de
           común acuerdo hemos tomado las medidas internas adecuadas,
           de suerte que los asuntos asignados serán resueltos en la forma
           esperada.”.
                                           -o0o-

      Se acordó: Aprobar la gestión anterior y, en consecuencia, autorizar a la

Licda. Barrantes Ramírez para que disfrute de vacaciones del 18 al 25 de enero

en curso y al Lic. Solano Herrera para que lo haga del 26 de este mes al 2 de

febrero próximo entrante; sin sustitución y sin que se afecte el buen servicio

público.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

CONTINUACIONES DE DEBATE

                                    ARTÍCULO XLIII
                                        35

      El Lic. Paul Hernández Balmaceda, Juez Tramitador del Tribunal del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, en facsímil de 11 de enero

en curso, solicita se autorice al Lic. Luis Ángel Montero Rodríguez, para que

integre el Tribunal de ese Circuito, sede Siquirres, en la continuación del debate

programada para las 13:00 horas del 12 de este mes, en la sumaria N° 63-M-98

por el delito de corrupción agravada seguida contra Freddy Flores Ruiz.

      Se acordó: Conceder la autorización solicitada.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                 ARTÍCULO XLIV

      Se tomó nota de las actas 16 y 17 del Consejo de la Judicatura, remitidas

por el Lic. Ricardo Cordero Hernández, servidor del Área Administrativa de la

Unidad Interdisciplinaria del Departamento de Personal, junto con oficio N°

UI-001-99 de 7 de diciembre recién pasado.

                                 ARTÍCULO XLV

      En nota del 4 de los corrientes, el Lic. Javier Vargas Araya, Inspector

Judicial Auxiliar, expone:

             “...durante el mes de octubre del año 98, en forma interina
        me desempeñé de fechas 5 al 30 de ese mes como Inspector
        General Judicial, en substitución del Lic. Johnny Ávila Mejía (sic),
        quien disfrutó de vacaciones durante ese período. Durante el mes
        de noviembre de ese año, se me señaló en la oficina de Personal
        que las sumas que se me adeudaban con relación a mi puesto
        -por ser el de Inspector General un ascenso- se me cancelarían
        durante el mes de diciembre, ello no ocurrió ni en la primera ni en
        la segunda de las quincenas de ese mes pese a como manifesté,
        así se me indicó. El día de hoy ante consulta efectuada por el
        suscrito a ese departamento, se me informa que no será posible
        cancelar esos dineros dado que por el tipo de nombramientos que
        tuvo por el suscrito, el mismo entró en una categoría en la cual se
        requiere que la Tesorería Nacional autorice un llamado “pago A de
                                       36

       dobles”, lo que a la fecha no se ha efectuado. Lo anterior debe ser
       tomado muy en cuenta por el honorable Consejo, pues según se
       le comentó al suscrito, existen muchas personas en esta situación
       y los montos a pagar ascienden ya a unos 9 millones de colones
       entre todas, remontándose incluso los adeudos al mes de junio
       del año 98.
             Someto respetuosamente a su conocimiento lo anterior con
       el fin de que se le dé alguna solución al problema, pues de no
       pagarse pronto, se requerirá de una partida específica del
       presupuesto, lo que demoraría más el pago.”.

                                     --- o ---

      Al respecto fue solicitado informe al Departamento de Personal, y en oficio

N° 3-P-99 del 8 del corriente mes de enero, el Lic. Rónald Calvo Coto, Jefe de la

Sección de Planillas, con el visto bueno del Jefe del citado Departamento, Lic.

Francisco Arroyo Meléndez, rinde el siguiente:

       “En atención al Oficio N° 155-99 de fecha 05 de enero en curso,
       mediante el cual remite fotocopia de la nota suscrita por el Lic.
       Javier Vargas Araya, Inspector Judicial Auxiliar, en la que solicita
       el pago correspondiente a un ascenso interino del 05 al 30 de
       octubre como Inspector General Judicial, me permito indicar que
       el salario a que hace alusión en la nota el Lic. Vargas fue
       tramitado por esta Dependencia en su oportunidad ante la
       Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, con
       el inconveniente que los movimientos vinieron devueltos con la
       indicación de que ya existía un traspaso de partida en el Sistema
       de Pagos, razón por la cual las diferencias no se aplicaron
       aduciendo un error tipo 3.

       La problemática antes mencionada se presenta no sólo con el
       caso del Lic. Vargas, pues a lo interno de la Institución existen
       servidores que se encuentran en la misma situación, ya que no se
       les ha podido cancelar diferencias por ascenso, lo cual ya se
       informó al honorable Consejo mediante Oficio N° 211-P-98 de
       fecha 01 de diciembre de 1998, el cual fue conocido en la sesión
       N° 97-98 celebrada el 09 de diciembre, en el artículo XXXVI,
       cuando se informó de una situación similar a la de marras, para el
       caso del Lic. Gilbert Bonilla Monge, sobre el cual se dispuso hacer
       una atenta excitativa al señor Tesorero Nacional, a fin de que se
       apruebe el procedimiento propuesto por el Departamento de
       Personal para cancelar los salarios y/o diferencias que se le
                                      37

       adeudan a un buen número de empleados judiciales cuyo monto
       asciende a más de nueve millones.

       En virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior, la Sra. Ana
       María López Acón, Subtesorera Nacional, en memorial de fecha
       15 de diciembre del año anterior, informa que se ha estado
       analizando el procedimiento pero dado que se está en un proceso
       de reorganización interna en la Dirección General de Informática,
       merced a la adaptación de los sistemas computarizados ante el
       cambio de siglo, lamentablemente se ha atrasado la respuesta a
       la solicitud, sin embargo, la      tenemos muy presente,        y
       esperamos satisfacer sus expectativas una vez solventada la
       problemática señalada.

       En adición a lo expuesto en el párrafo anterior, mediante nota de
       fecha 04 de enero en curso, la señora Subtesorera Nacional, da
       respuesta a la solicitud planteada por la Licda. Sonia Ruiz
       Carballo, tendente a que se le reconozcan las diferencias
       salariales producto del ascenso sobre ascenso que fue objeto por
       parte del Poder Judicial. En la misiva entre algunos puntos
       señala que la autorización no puede darse en forma antojadiza,
       sino que requiere la evaluación y el estudio exhaustivo de las
       distintas áreas involucradas en dicha concesión, estudios cuyos
       resultados serán informados al Departamento de Recursos
       Humanos del Poder Judicial en el presente mes, dando así una
       respuesta, no sólo a su caso, sino también al de todos los
       compañeros, que se encuentran en la situación que usted
       reclama.

       Al amparo de lo expuesto en los párrafos anteriores, queda claro
       que la situación de este Departamento en el trámite para el
       reconocimiento de las diferencias salariales cuando se trata de
       servidores que por algún motivo ascienden a otro puesto cuando
       ya estaban ascendidos (ascenso sobre ascenso), ha sido
       apegada a las políticas, normas y procedimientos recomendados
       por la Dirección General de Informática del Ministerio de
       Hacienda.      Sin embargo, como ya se ha mencionado
       corresponde a la Tesorería Nacional conceder la autorización
       correspondiente, con lo cual este Despacho está a la espera de la
       misma para proceder a reconocer las sumas pendientes de
       cancelación.”.

                                    --- o ---

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe y ponerlo en conocimiento del

Lic. Vargas Araya.
                                         38

                                 ARTÍCULO XLVI

      En sesión del 23 de noviembre de 1998, artículo LXV, se dispuso lo

siguiente:

              “En sesión celebrada el 2 de setiembre de 1997, artículo
        LXXVIII, se dispuso enviar al Departamento de Personal, para su
        atención, la solicitud de la señora Mayra Montiel Espinoza,
        Conserje del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San
        José, quien reside en Alajuelita, para que se le designara en algún
        despacho de la zona sur de San José, que facilite el traslado de
        su casa al trabajo y viceversa.
              En nota del 20 de noviembre en curso, la señora Montiel
        Espinoza reitera su solicitud, que fundamenta en el hecho de que
        tiene una niña con retardo mental, lo que le causa preocupación el
        estar lejos de ella. Dice doña Mayra, que “...hace
        aproximadamente año y medio estoy esperando sea resuelta su
        petición y estoy en lista de espera en Personal, ... me he dado
        cuenta que en el sur de la capital propiamente en la Alcaldía de
        Escazú hay gente por pensionarse y mi deseo es irme cerca de mi
        lugar de residencia...”.
              Se acordó: Reiterar el envío al Departamento de Personal
        de la solicitud de la señora Montiel Espinoza, de la cual se le
        remitirá copia, para su atención.”.

                                      --- o ---

      La señora Montiel Espinoza, en nota del 7 de enero en curso, reitera su

solicitud de traslado, el cual está esperando desde hace casi año y medio, dado

que el Departamento de Personal, según su dicho, por error omitió incluir su

nombre en la terna N° 536-98 del 30 de noviembre último, para el cargo de

conserje, y resultó electa en propiedad otra persona.

      En oficio N° RS-008-99 del 8 del presente mes, el Lic. Javier Sánchez

Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección, con el visto bueno del

Jefe del Departamento de Personal, Lic. Francisco Arroyo Meléndez, expone:

              “... La señora Montiel Espinoza indicó telefónicamente que
        estaría anuente a un descenso al puesto de Conserje ya sea en
        Hatillo o Alajuelita, por lo que se le dijo que la única plaza de esa
                                         39

        categoría que se encontraba vacante en diciembre era la de
        Conserje 2 en el Juzgado Civil y Trabajo de Hatillo, y que sin
        embargo ya se había confeccionado y remitido la terna N° 536-98 el
        30 de noviembre anterior, cuya proposición de nombramiento fue
        aprobada en la sesión del 05 de enero de 1999 por parte del
        Consejo Superior, la cual entró en vigencia a partir del 01 de enero
        de 1999; por esta razón la servidora solicita que se le brinde la
        ayuda necesaria para ocupar esa plaza, pues considera que “se le
        debería dar prioridad por ser una empleada en propiedad con más
        tiempo de laborar para el Poder Judicial y además porque tiene
        aproximadamente año y medio esperando que se le resuelva su
        petición.” Asimismo en este despacho existen dos plazas nuevas de
        Auxiliar Judicial 2 para este año, en las cuales también podría
        considerarse a la señora Montiel, lo que representaría un ascenso
        de categoría y una diferencia salarial de ¢ 12.400,oo a favor de la
        interesada.
              Por otra parte, se podría considerar la posibilidad de
        nombramiento en una plaza extraordinaria para 1999 como Auxiliar
        Judicial 1, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
        Alajuelita, que rige por un período de 11 meses a partir del primero
        de febrero del año en curso, mientras se logre reubicar
        definitivamente en una plaza ordinaria.
              La señora Montiel Espinoza ingresó en propiedad el 01-03-96
        como Escribiente 1 en el Juzgado de Instrucción de Goicoechea y
        de acuerdo con la nueva reestructuración se reasignó su cargo al
        de Oficinista 2 en la Oficina Administrativa del Segundo Circuito
        Judicial de San José. Ha laborado para este Poder por espacio de 6
        años, 5 meses y 7 días en labores judiciales y administrativas;
        posee una calificación de servicios de 95 % de acuerdo con la
        última evaluación practicada y en el aspecto disciplinario no constan
        amonestaciones ni suspensiones que afecten su historial laboral.”.

                                       -o0o-

       Se dispuso: Devolver las diligencias al Departamento de Personal, a

efecto de que consulte al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Alajuelita, sobre el posible traslado a ese Despacho de la interesada, al propio

tiempo que indique si la gestionanente se halla elegible para el puesto de Auxiliar

Judicial 1.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
                                       40

                               ARTÍCULO XLVII

      En la sesión celebrada el 17 de noviembre del año pasado, artículo C, se

dispuso trasladar al Departamento de Planificación, para su estudio e informe, la

solicitud de la Licda. Priscila Prado Malé, Jueza de Ejecución de la Pena de

Cartago, tendiente a que se le brinde alguna orientación en el campo

administrativo, o bien determinar la necesidad de dotar de más personal a ese

Despacho.

      Con oficio N° 027-PLA-99 de 7 del presente mes de enero, la Licda. Marta

Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe

elaborado al afecto por la Sección de Desarrollo Organizacional, cuyas

recomendaciones literalmente dicen:

             “No crear plazas extraordinarias de Auxiliar Judicial a este
        despacho.
             Realizar una evaluación de la carga de trabajo de este tipo
        de despachos en el mes de junio del próximo año.
             Por otra parte, se recomienda a la Dirección Ejecutiva
        suministrar a los Juzgados de Ejecución de la Pena del equipo
        tecnológico necesario, tomando en cuenta la naturaleza de la
        función que estos despachos realizan. Dentro del equipo a asignar
        destaca, computadoras y facsímiles.”.

                                      -0-

      Se acordó: Tener por rendido el referido informe y aprobar las

recomendaciones que se han transcrito. La Dirección Ejecutiva tomará nota para

lo de su cargo.

                               ARTÍCULO XLVIII

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 025-PLA-99 del 7 de enero en curso, remite el informe N° 006-EST-99
                                          41

del día anterior, elaborado por el Bach. Randall Zúñiga Palacios, con el visto

bueno del Lic. Emilio Solana Río, por su orden Asistente y Jefe de la Sección de

Estadística, sobre la labor desarrollada por la Delegación Regional del Organismo

de Investigación Judicial de Heredia, durante el primer semestre de 1998.

        En lo concerniente, se informa lo siguiente:

         “7.- De los 1408 casos recibidos por delito, lograron resolverse
         212 (incluyendo 31 que habían quedado pendientes al concluir
         1997), lo cual en términos porcentuales representa un 15.1% de
         resolución, 2 puntos menos con respecto al mismo período de
         1997, convirtiéndose en el porcentaje más bajo de los últimos
         cinco años.”.
                                      -o0o-

        Se acordó:       Tener por rendido el anterior informe y mostrar la

preocupación de este Consejo por el descenso en el número de casos resueltos

por esa Delegación.

                                  ARTÍCULO XLIX

        La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 026-PLA-99 del 7 de los corrientes, remite el informe N° 004-EST-99 del

5 de este mes, elaborado por el Bach. Mario Solano Fernández, con el visto

bueno del Lic. Emilio Solana Río, por su orden Asistente y Jefe de la Sección de

Estadística, acerca de la labor desarrollada por la Delegación Regional del

Organismo de Investigación Judicial de Grecia, durante el primer semestre de

1998.

        Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y que el Departamento

de Planificación tome nota de que la cita de los números a que se refiere el aparte

4.2 está incorrecta.
                                       42

                                 ARTÍCULO L

      En la sesión del 20 de octubre de 1998, artículo LXXX, se dispuso trasladar

al Departamento de Planificación, para su estudio e informe, la gestión formulada

por varios servidores de la Sección de Cárceles y Transportes, a efecto de que se

les reconociera el 20% como exceso complementario correspondiente a la tarifa

previamente designada para el taxi o transporte nocturno, durante el período

setiembre de 1997 a setiembre de 1998.

      En atención a dicho acuerdo, con oficio N° 38-PLA-99 del 8 de enero en

curso, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

remite el informe N° 4-CE-99 de misma fecha, suscrito por el Lic. Franklin

González Morales, Jefe interino de la Sección de Control y Evaluación, el cual en

lo conducente dice:

       “A- Con el propósito de determinar la viabilidad del
       reconocimiento del 20% adicional que rige en la tarifa nocturna,
       devengado por los servidores de la Sección de Cárceles y
       Transportes, durante el período comprendido entre setiembre de
       1997, a setiembre de 1998; en principio se hizo la consulta legal a
       la Sección de Análisis Jurídico, en donde el licenciado Jorge
       Kepfer Chinchilla mediante oficio N°049-AJ-98 de fecha 18 de
       diciembre del año recién pasado, indica literalmente:

       “Concretamente, en cuanto a la interrogante sujeta a estudio,
       debe concluirse que no procede el reclamo planteado de
       conformidad con las normas antes citadas, ya que, el plazo de los
       siete días hábiles de sobra transcurrió; siendo que los
       gestionantes al llenar la respectiva fórmula de liquidación, lo
       hicieron bajo la fe de juramento, haciendo constar que los datos
       consignados son una relación cierta de los gastos incurridos en
       asuntos oficiales. De manera que, no puede posteriormente,
       pretenderse la “corrección” de dichos montos, luego de haber
       firmado una declaración jurada (...). La administración en su
       momento, les reconoció a los gestionantes los gastos de taxi, con
       fundamento en la suma que ellos mismos declararon. Si los
       gestionantes no cobraron la totalidad del monto, el período para
       liquidar (7 días hábiles ) ya venció. De ahí, la importancia de
                                                     43

            llenar correctamente ese formulario, y de comprender el valor y
            trascendencia legal de la información consignada en el mismo.”

                  El fundamento jurídico de la resolución citada, que se
            comparte en todos sus extremos, se sustenta en el Reglamento
            de Gastos de Viajes y de Transportes para Funcionarios Públicos,
            emitido por la Contraloría General de la República, (Publicado en
            la Gaceta N° 213, de tres de noviembre de 1998 ) según se indica
            en el oficio suscrito por el Lic. Kepfer.

            B- Por otra parte, y como resultado del estudio, se identificó,
            que los servidores de la Sección de Cárceles y Transportes
            utilizan como base de cálculo, a efectos de realizar las
            liquidaciones por concepto de transporte de taxi, una tabla( 1 )que
            contempla costos fijos de transporte por ruta, misma que carece
            de asidero tanto legal como administrativo. Asimismo, esta
            Sección considera, que los costos establecidos en esta tabla
            están sobrestimados, ya que, si se toma como ejemplo la ruta
            comprendida entre el edificio de los Tribunales del Primer Circuito
            Judicial al Parque Central, existe una distancia no superior al
            kilómetro cuatrocientos metros, por lo tanto, el costo de transporte
            será aproximadamente de ¢195,00 (de conformidad con las tarifas
            publicadas en el Diario Oficial la Gaceta Nº 59 del 25 de marzo de
            1997, según resolución RRG-053-97 de la Autoridad Reguladora
            de los Servicio Públicos, donde se resuelve, aprobar las tarifas
            fijadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes) y no de
            ¢ 300,00 como está consignado en dicha tabla. Ante lo expuesto,
            se recomienda que las liquidaciones por concepto de transporte
            de taxi, se realicen tomando como base de cálculo las tarifas
            publicadas en el Diario Oficial la Gaceta N°59 del 25 de marzo de
            1997, de conformidad con la resolución RRG-053-97 de la
            Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tarifas que
            actualmente son las que rigen el cobro del servicio de transporte
            mediante la modalidad de taxi.

                 En la tarifa del ejemplo anteriormente citado, no se
            contempla el 20% de recargo por servicio de taxi nocturno, por
            cuanto esta Sección comparte el criterio emitido por el licenciado
            Jorge Kepfer Chinchilla, mediante oficio indicado en párrafos
            anteriores, donde señala textualmente:

            “Primeramente debe mencionarse que el reclamo que da origen a
            la presente gestión consiste en el reconocimiento del 20% de
            recargo por servicio de taxi nocturno. Al respecto ha de indicarse
            que de conformidad con la Resolución N° 1.798 de la Dirección

1
    Confeccionada por servidores de Sección de Cárceles y Transportes
                                                    44

            General de Transportes Automotor del Ministerio de Obras
            Públicas y Transportes, del día 18 de julio de 1998, publicada en
            la Gaceta N° 144 del 29 de julio de 1988, en el artículo 3 se
            dispone que “ De las 23:00 horas y hasta las 4:00 horas regirá la
            tarifa nocturna que será de 20% adicional sobre las tarifas antes
            enumeradas.” De manera que, este es el fundamento jurídico
            que sustenta dicho recargo dentro del horario establecido.”

            C- En el proceso de investigación, se revisaron los Documentos
            de Liquidación de Gastos de Transporte y Otros Gastos en el
            Interior del País (2), con el propósito de cuantificar la proporción
            del 20% del recargo por servicio de taxi nocturno y se detectó, que
            en algunas liquidaciones la cantidad de días a liquidar no coincide
            con la sumatoria de éstos, lo que produce una discordancia con el
            monto total a liquidar. Con el propósito de verificar si las
            liquidaciones que presentaban la característica antes señalada se
            habían tramitado, se determinó mediante entrevista realizada al
            Subjefe a.i. del Departamento Financiero Contable Lic. Rodolfo
            Fonseca Rojas, que carecen de un mecanismo especifico de
            control que permita consultar cuáles liquidaciones se han
            tramitado. Por lo anterior, se recomienda que ese Departamento
            incluya en el control automatizado algún mecanismo que facilite,
            tanto al Departamento Financiero Contable como al Departamento
            de Auditoría detectar la duplicidad de liquidaciones o bien, verificar
            si una liquidación se tramitó de manera que se puedan identificar
            anomalías en esta área.”.

                                                  -o0o-

          Se dispuso: Acoger el anterior informe y ponerlo en conocimiento de los

gestionantes.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                            ARTÍCULO LI

          En oficio N° 24-DL-99 del 24 de diciembre del año próximo pasado, recibido

el 11 de enero en curso, la señora Rosibeth Ugalde Miranda y los Licdos. Rónald

Calvo Coto y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Jefes de las Secciones de

Derechos Laborales, Planillas y del Departamento de Personal, informan:

2
    Tomado del control de liquidaciones utilizado por la Sección de Cárceles y Transportes.
                                        45

       “ASUNTO: Solicitud de pensión que formula la señora Alba Fallas
       Ramírez, cédula N° 3-079-221, en su condición de cónyuge
       supérstite del ex servidor judicial fallecido Enrique Molina Mc.
       Adam.

       Para tal efecto la señora Fallas Ramírez presenta la siguiente
       documentación:

       1) Solicitud del beneficio pretendido.

       2) De defunción del señor Enrique Molina Mc. Adam, quien falleció
       el 14 de diciembre de 1998.

       3) Del Registro Civil donde consta su matrimonio con el señor
       Molina Mc. Adam.

       4) Del Registro Público de la Propiedad en que consta que sí
       aparecen bienes inscritos a su nombre, y también a nombre de
       don Enrique.

       5) De la Caja Costarricense de Seguro Social haciendo constar
       que no devenga salario y tampoco disfruta de pensión.

       6) Del Departamento Nacional de Pensiones en que consta que
       no recibe pensión.

       A la fecha de su fallecimiento el señor Molina Mc. Adam disfrutaba
       de una jubilación mensual de ¢221.616,90 equivalente al 93.96%
       del salario promedio.

       MONTO DE PENSIÓN: ¢221.616,90 (100% de la jubilación).”.

                                        -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe y autorizar la pensión para la señora

Alba Fallas Ramírez por el monto propuesto, la cual será efectiva a partir del 15

de diciembre de 1998. El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo

de su cargo.

VALORACIONES MÉDICAS

                                  ARTÍCULO LII
                                        46

      En la sesión celebrada el 6 de agosto del año pasado, artículo LXXXVII, se

tomó el siguiente acuerdo:

              “La Licda Rita María Calvo Sánchez y los Licdos Didier Mora
        Calvo, Rafael Ángel Sanabria Rojas y Gerardo Bolaños González,
        integrantes del Tribunal de Juicio de Heredia, en facsímil de 1° de
        julio último y recibido el 6 de agosto último, ponen de manifiesto
        los problemas que se suscitan en el seno del Tribunal de Juicio de
        la Provincia de Heredia a raíz de las reiteradas incapacidades a
        que se somete la Licda Magaly Calderón Cerdas, Fiscal de Juicio
        de esa provincia. Las referidas incapacidades dan lugar, desde
        hace mucho tiempo, a la suspensión y pérdida de debates orales,
        los cuales se inician con la participación de la Licda Calderón
        Cerdas, pero al presentarse la suspensión del debate para hacer
        llegar a un testigo o para la práctica de una determinada
        diligencia, sucede que esa continuación no es posible llevarla a
        cabo puesto que para ese entonces ya la Licda Calderón se ha
        incapacitado.
              Se acordó: 1) Remitir a valoración por parte del
        Departamento de Medicina Legal a la Licda. Magaly Calderón
        Cerdas, para que determine su estado actual de salud. 2) Al
        propio tiempo, se pone el asunto en conocimiento del Fiscal
        General, Lic. Carlos Arias Núñez, para lo de su cargo”.

                                       -0-

      En oficio N° J.D.M.L. 99-002 de 6 de los corrientes, la Dra. Mayra Rodríguez

Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno de la Dra. Leslie Solano

Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, se refiere a la valoración que

se practicó a la Licda Calderón Cerdas, cuya conclusión dice:

             “Como resultado global del estudio del caso de la Licenciada
        Magaly Calderón Cerdas, el presente informe concluye que a raíz
        de un accidente de tránsito que se presentó en octubre de l996, la
        misma sufrió de una lesión cervical que ha dejado secuela de
        dolor y contractura muscular, por lo que amerita continuar
        tratamiento médico farmacológico.
             No se encuentra imposibilitada de manera absoluta y
        permanente para laborar”.
                                      -------
                                           47

        Se dispuso: Tomar nota del informe anterior y ponerlo en conocimiento de

la Licda. Calderón Cerdas, del Tribunal de Heredia y del Fiscal General.

                                    ARTÍCULO LIII

        En la sesión del 17 de noviembre del año pasado, artículo XCVII, se dispuso

remitir a valoración por parte del Departamento de Medicina Legal, al señor Carlos

Alvarado Salgado, Auxiliar Judicial del Juzgado Civil y de Trabajo de Cartago.

        En oficio N° J.D.M.L. 99-008 de 7 del presente mes de enero, la Dra. Mayra

Rodríguez Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno de la Dra. Leslie

Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, se refiere a la

valoración médica que se practicó al señor Alvarado Salgado, cuya conclusión

dice:

              “Como resultado global del estudio del caso del señor
         CARLOS ALVARADO SALGADO se encuentra que el mismo es
         portador de Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial de pésimo
         control, que ha incidido en una evolución tórpida y que han
         producido daño en órganos internos.
              Se considera imposibilitado de manera absoluta y
         permanente para sus labores habituales en el Poder Judicial”.

                                          -0-

        Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y, previamente resolver lo

que corresponda, someter el caso del señor Alvarado al Consejo Médico Forense.

                                    ARTÍCULO LIV

        En la sesión del 8 de octubre de 1998, artículo LII, se remitió a valoración por

parte del Departamento de Medicina Legal, al señor Jorge Omar Rodríguez Araya,

Técnico Criminalístico de la Sección de Pericias Físicas, del Departamento de
                                          48

Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, para que

se determinara su estado actual de salud.

      En oficio N° JDML 99-003 del 6 de enero en curso, la Dra. Mayra Rodríguez

Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno de la Dra. Leslie Solano

Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, se refiere al citado acuerdo,

por lo que al respecto rinde el informe, cuya conclusión dice:

              “Como resultado global del estudio del caso del señor JORGE
        OMAR RODRÍGUEZ ARAYA se encuentra que el mismo sufrió
        accidente en 1966 con trauma craneal severo. En la información del
        expediente clínico médico del Hospital San Juan de Dios
        (información confidencial), se indica que desde hace 6 años
        presenta salida de líquido cefalorraquídeo a través de su nariz (el
        servidor indicó que este problema se le inició alrededor de un año).
              Considero que se pueden tomar medidas higiénicas laborales
        (uso de cubrebocas) y debe continuar el control médico, y que si
        bien es cierto esta situación le produce al servidor alguna limitación
        en su desempeño la misma NO imposibilita de manera absoluta y
        permanente para laborar.”.

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y ponerlo en conocimiento del

señor Rodríguez Araya, para lo que a bien tenga manifestar.

                                  ARTÍCULO LV

      En la sesión del 13 de octubre de 1998, artículo L, se remitió a valoración por

parte del Departamento de Medicina Legal, a la señora Nuria Figueroa Torres,

Oficinista 1 del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo

de Investigación Judicial, para que se determinara su estado actual de salud.

      En oficio N° JDML.99-007 del 7 de enero en curso, la Dra. Mayra Rodríguez

Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno de la Dra. Leslie Solano
                                          49

Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, se refiere al citado acuerdo,

por lo que al respecto rinde el informe, cuya conclusión dice:

              “Como resultado global del estudio del caso de la servidora
        NURIA FIGUEROA TORRES, se encuentra que la misma presentó
        reacción alérgica al uso de lentes de contacto, al respecto de lo cual
        indicó el especialista en Oftalmología:

               “Ni en este NI EN NINGÚN caso EXISTE reacción alérgica al
        uso de computadoras, sino más bien se trata de un cuadro alérgico
        al uso prolongado de los lentes de contacto, que se agravó al
        presentar resequedad ocular como un efecto secundario al
        mantener los párpados más tiempo abiertos al usar las
        computadoras. Por lo que la recomendación VÁLIDA en este
        paciente es eliminar los lentes de contacto por su cuadro de
        rechazo alérgico, y utilizar anteojos y lubricantes (lágrimas
        artificiales) cuando esté usando computadoras, y para el cuadro
        alérgico, aplicarse gotas antialérgicas oculares y control. Se
        recomienda NO trabajar en computadoras mientras todavía use los
        lentes de contacto y sobre todo durante la fase actual aguda, (todo
        el mes de diciembre de 1998) en este tiempo debe cambiar a usar
        solo anteojos con la nueva prescripción, luego de este tiempo y
        seguir las indicaciones, no encuentro razón oftalmológica para no
        continuar usando computadoras.
               No se considera imposibilitada de manera absoluta y
        permanente para trabajar.”.
                                        -0-

      Se dispuso:      Tomar nota del informe anterior y ponerlo en conocimiento de

la señora Figueroa Torres, para lo que a bien tenga manifestar.

                                   ARTÍCULO LVI

      En la sesión del 10 de diciembre recién pasado, artículo XX, se remitió a

valoración por parte del Departamento de Medicina Legal, a la señora Irene Pereira

Barrantes, Operadora de la Central de Radio del Organismo de Investigación

Judicial, para que se determinara su estado actual de salud.

      En oficio N° JDML.99-004 del 6 de enero en curso, la Dra. Mayra Rodríguez

Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno de la Dra. Leslie Solano
                                          50

Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, se refiere al citado acuerdo,

por lo que al respecto rinde el informe, cuya conclusión dice:

              “Como resultado global del estudio del caso de la señora
        IRENE PEREIRA BARRANTES, se encuentra que a la misma le
        fue detectada en 1995 una afección neurológica por lo que ha
        estado en tratamiento.
              Desde hace seis meses aproximadamente la servidora
        manifiesta tener empeoramiento de su cuadro lo que ha asociado a
        cambio de tratamiento.
              El padecimiento de la señora Pereira Barrantes NO la
        imposibilita de manera absoluta y permanente para laborar, debe
        realizarse ajuste en la dosis del fármaco que está recibiendo y se
        mantienen las recomendaciones indicadas en los informes previos
        en el sentido de que no debe laborar en puestos de seguridad (con
        uso de armas de fuego), ni en conducción de automotores.”.

                                         -0-

      Se dispuso: Tomar nota del informe anterior y ponerlo en conocimiento de la

señora Pereira Barrantes, para lo que a bien tenga manifestar.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                  ARTÍCULO LVII

      La Licda Lineth Saborío Chaverri, Directora General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 89-99-DG- de 11 de enero en curso, le expresó

al Presidente, Magistrado Cervantes, lo siguiente:

              “... en virtud de los hechos sucedidos el pasado 08 de los
        corrientes en horas de la noche, donde la investigadora Sandra
        Aguilar Fernández, miembro de la Sección de Capturas, disparó e
        hirió a dos personas en las afueras del Bar La Bamba ubicado en
        Sabanilla de Montes de Oca; de conformidad con lo que establece
        el numera 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dada la
        gravedad de los hechos citados, ruégole se sirva suspender
        preventivamente a esa servidora por un período inicial de dos
        meses con goce de salario a partir del día de hoy, mientras se
        realiza     la     correspondiente  investigación   administrativa
        disciplinaria”.
                                       51

                                       -0-

      El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que de conformidad con las

facultades que le otorga el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

suspendió por el término de un mes, a partir del 11 de enero curso a la señora

Aguilar Fernández. La suspensión será sin goce de salario en tanto se halle

detenida y una vez puesta en libertad lo será con goce de salario, de acuerdo a la

jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, para lo cual el Departamento

de Personal tomará nota para lo de su cargo.

      Se dispuso: Tomar nota del anterior informe del Presidente, Magistrado

Cervantes.

                                ARTÍCULO LVIII

      En sesión celebrada el 12 de febrero de 1998, artículo VIII, se tomó el

siguiente acuerdo:

              “En oficio N° 0294-DG-98 de 10 de este mes, el Lic. Jorge
       Rojas Vargas, Director General interino del Organismo de
       Investigación Judicial, comunica que el Director Ejecutivo del
       Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Lic. Carlos Thomas
       Rodríguez, mediante oficio N°DE-028-98 de fecha 26 de enero
       último, solicita que se le conceda permiso sin goce de sueldo por
       un año, a partir del 1° de marzo próximo, al señor Edwin Obando
       Granados, Suboficial 2 de la Sección de Delitos Varios y quien en
       este momento labora en la Delegación del Organismo de
       Investigación Judicial en Pérez Zeledón, pues ese Centro requiere
       analistas para desarrollar diferentes proyectos que serán de gran
       utilidad a las agencias policiales en los que se ha ido innovando la
       parte de análisis del CICAD, para lo cual dicha institución cuenta
       con plazas para el nombramiento del señor Obando.
              Se acordó: Acoger la solicitud anterior, y conforme lo
       establece el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial, conceder permiso sin goce de sueldo al señor
       Obando Granados, por un año a partir del 1° de marzo próximo.
               El Departamento de Personal tomará nota para lo de su
       cargo.”.
                                        -o0o-
                                          52

       Con oficio N° 71-DG-99 del 8 de enero en curso, la Licda. Lineth Saborío

Chaverri, Directora General del Organismo de Investigación Judicial, traslada la

nota N° DE-6-99 del 7 de los corrientes, suscrita por el Lic. Carlos Thomas

Rodríguez, Director Ejecutivo del CICAD, en la que se solicita ampliar por seis

meses más el permiso sin goce de sueldo al señor Edwin Obando Granados, a fin

de que continúe como analista en ese Centro, para desarrollar proyectos que

sigan innovando la parte analítica de tal Institución.

       Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y conceder permiso sin goce de

salario al señor Obando Granados, por el término de seis meses a contar del 1°

de marzo de este año, para los fines dichos.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO LIX

       En oficio N° 15-DCF-99 del 11 de enero en curso, el Dr. Carlos Matías

González Lizano, Jefe del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses,

expresa:

              “Adjunto copia de la nota enviada a esta Jefatura por el
        señor Fernando Alberto Vélez Carballo, Técnico Criminalístico, en
        la cual expone las razones para solicitar que se le conceda un
        traslado.

        Verbalmente ha expresado su deseo al menos de tener traslados
        interinos. Sin embargo, esto no ha sido posible porque el Jefe de
        la Sección para la cual él trabaja, no ha dado su visto bueno.

        Creo como Jefe de Oficina que soy, yo soy el Jefe inmediato del
        señor Vélez Carballo, por lo que a esta Jefatura le correspondería
        aprobar o no su traslado a otro puesto dentro del mismo
        Departamento por razones de conveniencia y tranquilidad
        emocional de sus subalternos.
                                         53

        Por ello, solicito se me indique si este criterio está de acuerdo con
        los lineamientos y directrices que haya emitido el Consejo
        Superior.”.
                                        -o0o-

      Se acordó: Comunicar al Dr. González Lizano, que en su condición de Jefe

del Departamento debe resolver lo que estime conveniente.

                                  ARTÍCULO LX

      El señor Daniel Campos Marín, Jefe de la Sección de Fraudes, con el visto

bueno del Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, Lic. Gerardo

Láscarez Jiménez, y de la Directora General del Organismo de Investigación

Judicial, Licda. Lineth Saborío Chaverri, en nota N° 23-F-99 del 11 del presente

mes, solicita autorización para el nombramiento de un oficinista 2 en dicha

Sección, utilizando los recursos de una plaza vacante de auxiliar de investigación

1, número de puesto 107792, a partir del 16 de enero en curso. Lo anterior, por

cuanto el trabajo administrativo que se maneja día con día es demasiado para los

tres oficinistas que hay en la Sección (incluyendo la Secretaria), lo que ocasiona

atrasos y desmejora en la atención al público.

      Agrega el señor Campos Marín, que el Departamento de Planificación

realizó un estudio al respecto, estableció la necesidad de una plaza más de

oficinista 2 y recomendó su creación, lo cual fue aprobado, pero por falta de

presupuesto no ha sido posible contar con ella.

      Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y autorizar la utilización de los

recursos de la mencionada plaza vacante de Auxiliar de Investigación, para que la

persona que se designe en ella realice labores de Oficinista 2 en la Sección de
                                         54

Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales, por el término de tres

meses a contar del 16 del presente mes de enero.

      Es entendido de que el salario que se pagará al nombrado será el que se

tiene asignado para el puesto de Oficinista 2.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.


                                 ARTÍCULO LXI

      En la sesión del 15 de diciembre de 1998, artículo XVIII, al conocerse de la

nómina de nombramientos en propiedad elaborada por el Departamento de

Personal, se aprobó, entre otros, el del señor Manuel Chavarría Solís, cédula N°

4-148-907, como Conductor de detenidos de la Delegación Regional del

Organismo de Investigación Judicial de Heredia, en propiedad a partir del 1° de

enero en curso.

      Con oficio N° 62-OIJ-99 del 8 de los corrientes, recibido ayer, el Lic.

Francisco Vargas Chacón, Jefe de la mencionada Delegación Regional, remite

copia de la nota que le dirigió el señor Chavarría Solís, a efecto de que se deje sin

efecto su nombramiento en propiedad, por motivos personales y familiares. Por

esa razón, dice el Lic. Vargas Chacón, solicita se apruebe lo que pide don Manuel

y se le devuelva al puesto de origen como Conserje, y que se comunique lo que

se resuelva al Departamento de Personal, a fin de que “...se traslade en propiedad

al servidor Harry Soto Moreira, miembro de la Sección de Cárceles de San José,

quien reside en Santa Bárbara de Heredia y así me lo ha solicitado.”.

      Se acordó: 1.- Tomar nota de la anterior comunicación y limitar al 31 de

enero en curso, el nombramiento del señor Chavarría Solís, como Conductor de
                                             55

Detenidos en la Delegación Regional de Heredia; en consecuencia a partir del 1°

de febrero próximo regresará al cargo de Conserje. 2.- Trasladar en propiedad a

contar del 1° de febrero entrante al señor Harry Soto Moreira, al puesto de

Conductor de Detenidos de la mencionada Delegación. 3.- El Departamento de

Personal, la Sección de Cárceles y Transportes y la Delegación Regional de

Heredia, tomarán nota para lo de sus cargos.

                                     ARTÍCULO LXII

       En oficio N° 76-DG-99 del 11 de este mes, la Directora General del

Organismo de Investigación Judicial, Licda. Lineth Saborío Chaverri, manifiesta

que el señor James McAnulty, Primer Secretario para Asuntos Políticos y

Funcionario de Control de Drogas de la Embajada de los Estados Unidos de

América, cursó invitación para que 10 funcionarios de ese Organismo, asistan al

curso “Avanzado de Drogas e Investigaciones Financieras”, que se llevará a

cabo en el Hotel Corobicí, del 25 de enero al 5 de febrero del presente año, para

lo que estima conveniente designar a las siguientes personas:

          Nombre               No. Cédula      Puesto                           Oficina
Martín Tencio Mejía            3-288-879  Suboficial Invest.II      Subdelegación
                                                                    Regional Turrialba
Ronald Francisco Lobo Lobo     2-344-426    Oficial de Invest.III   Subdelegación Regional San
                                                                    Ramón
Carlos Darío Alvarez Arrieta   2-463-645    Auxiliar Invest. III    Delegación Regional San Carlos
Ernesto Ramírez Porras         1-622-763    Auxiliar Inves. II      Sección Estupefacientes
Tai Hing Chang Morales         1-832-154    Auxiliar Invest.1       Sección
                                                                    Estupefacientes
Henry Sossa Brenes             4-143-809    Suboficial Invest.1     Delegación
                                                                    Regional en Limón
Roelis Reyes Pichardo          5-273-355    Suboficial Invest.II    Delegación Regional en Limón
Moisés Alonso Murillo Torres   6-222-763    Auxiliar Invest.1       Delegación Regional en Ciudad
                                                                    Neilly
Bernardo Gerardo Casanova      6-192-852    Suboficial Invest.      Delegación Regional en Liberia
Arrieta
Luis Aguilar Alvarado          3-269-187    Suboficial Invest.1     Delegación Regional en Pérez
                                                                    Zeledón
                                        56

      Indica la Licda. Saborío que, las personas antes mencionadas están

destacadas específicamente en el área de drogas y han realizado excelentes

trabajos de investigación, razón por la cual considera de suma importancia la

capacitación ofrecida.

      Por lo expuesto, solicita se otorgue a los citados servidores permiso con

goce de salario y viáticos para los investigadores de las Delegaciones Regionales

del Organismo en Limón, Ciudad Neily, Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón.

      Para esos efectos adjunta una copia de la referida invitación.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder licencia con goce de

salario y ayuda económica, en los casos que corresponda, a los servidores de que

dio cuenta doña Lineth, por las fechas y para los fines dichos.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

lo de sus cargos.

ESCUELA JUDICIAL

                                 ARTÍCULO LXIII

      En la sesión celebrada el 12 de noviembre del año pasado, artículo XXX, a

solicitud de la Escuela Judicial, se aprobó la lista de participantes y docentes al

“XXXIX Curso Básico de Investigación Criminal”, que se llevará a cabo del 11 de

este mes al 18 de junio del presente año, a cuyos efectos se les concedió permiso

con goce de salario y una ayuda económica de ¢3.000,00 en los casos que

corresponda.

      Dentro de la menciona lista se incluyó al señor Juan de Jesús Cruz López,

servidor de la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial.
                                       57

      La Licda Ileana Guillén Rodríguez, Directora interina de la Escuela Judicial,

en oficio CAP-10-99 de 7 de enero en curso, solicita se excluya al señor Cruz

López de participar en dicha actividad, en razón de que éste en facsímil de 6 de

los corrientes, justifica su inasistencia, en virtud de que se halla incapacitado

hasta el 14 de los corrientes, fecha en que será sometido a una intervención

quirúrgica.

      Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y dejar sin efecto el permiso que se

concedió al señor Cruz. Los Departamentos de Personal y Financiero Contable

tomarán nota para lo de sus cargos.

INSPECCIÓN JUDICIAL

                                ARTÍCULO LXIV

      El Lic. Jorge Rodríguez Rodríguez, Inspector General Judicial, con oficio N°

123 de 6 de enero en curso, remite copia de la lista de los 123 asuntos pendientes

de fallo en el Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia. Agrega el Lic. Rodríguez que

como en realidad se trata de un atraso considerable, es conveniente que se

analice la posibilidad de designar transitoriamente a un Juez más en dicho

Juzgado, para que se dedique al dictado de sentencias.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación la que se traslada al

Presidente, para que dentro de la medida de las posibilidades asigne un Juez

Supernumerario en el Despacho de referencia.

                                ARTÍCULO LXV

      Con oficio N° 161 de 11 de este mes, el Lic. Jorge Rodríguez Rodríguez,

Inspector General Judicial, traslada copia de la nota de 5 de los corrientes,
                                       58

suscrita por la Licda Ruth Mayela Morera Barboza, Juez Civil y de Trabajo de San

Ramón, en la que destaca que en el despacho a su cargo existen 122

expedientes listos para sentencia, con un atraso considerable, sobre todo en

materia laboral. Agrega el Lic. Rodríguez, que lo expuesto por la Licda Morera es

una situación similar a la que ocurre en otros juzgados homólogos del país,

conforme a lo indicado en otras comunicaciones, por lo que resulta de importancia

que se atienda esa situación con la ubicación de un Juez más.

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación la que se traslada al

Presidente, para que dentro de la medida de las posibilidades asigne un Juez

Supernumerario en el Despacho de referencia.

ASUNTOS VARIOS

                                ARTÍCULO LXVI

      La Corte Plena, en la sesión celebrada el 9 de enero de 1989, artículo XX,

por las razones que ahí constan, confirmó la resolución de las 14,40 horas del 21

de noviembre de ese año, del Tribunal de la Inspección Judicial, y revocó el

nombramiento del señor Hugo Matamoros Robles, entonces Guarda de los

Tribunales de Justicia de Limón, medida que se hizo efectiva a partir del 10 de

dicho mes y año.

      El señor Matamoros Robles, en memorial de 4 de enero en curso, en lo

conducente expresa:

             “... para trámite de pensión de invalidez ante la Caja
       Costarricense de Seguro Social, iniciada ante la Junta Nacional de
       Pensiones del Ministerio de Trabajo, y por tratarse de un derecho
       universal, solicito el traslado de cuotas de jubilación que he
       cotizado y que se encuentran en el Fondo de Pensiones del Poder
       Judicial, con sus intereses, por el tiempo laborado para el Poder
                                           59

          Judicial en el cargo último de guarda del Juzgado Penal de Limón
          desde el 1° de junio de 1973, por espacio de 23 año 11 meses y 1
          día o en su lugar acordarse mi jubilación judicial por tratarse de un
          caso de separación para el mejor servicio público.
               Adjunto fotocopia de constancia 1400-C-97, expedida por la
          Jefatura de la Sección de Derechos Laborales”.

                                          -0-

      En la fotocopia de la constancia N° 1400-C-97 extendida el 19 de agosto de

l997, se da cuenta que el señor Matamoros Robles, “ha laborado para este Poder

por espacio de veintitrés años once meses y un día, en el período comprendido

entre el primero de junio de mil novecientos setenta y tres a la fecha. Actualmente

se desempeña en propiedad en el cargo de Guarda en el Juzgado Penal de

Limón”.

      Manifiesta la Secretaria General que vía teléfono se consultó al

Departamento de Personal, acerca del contenido de la constancia a que se ha

hecho referencia, en razón de que no coincide en cuanto al tiempo servido por el

señor Matamoros, ya que conforme consta en el acuerdo de cita, a éste se le

revocó el nombramiento el 9 de enero de 1989.

      En oficio N° 03-JP-99 de 11 del presente mes de enero, el señor Mauricio

Quirós Álvarez, Subjefe del Departamento de Personal, con el visto bueno del

titular de ese Despacho, Lic. Francisco Arroyo Meléndez, en lo conducente

expresa:

          “... me permito manifestarle que los datos indicados en la
          constancia N° 1400-C-97 de fecha 19 de agosto de 1997 son
          incorrectos debido a un error involuntario por parte de este
          Departamento.
                De conformidad con la documentación que obra en el
          expedientes personal, el señor Matamoros Robles laboró para el
          Poder Judicial por espacio de 15 años, 02 meses y 07 días, ...”
                                        60

                                       -0-

      Se dispuso: 1.- Tomar nota del informe de la Secretaria General y del

oficio que se ha transcrito del Departamento de Personal. 2.- Comunicar al señor

Matamoros Robles, que el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

establece que las cuotas que aportó pueden ser trasladadas a la Caja Costarricense

de Seguro Social, a solicitud de ésta, a fin de que se le computen dentro del

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o a la institución administradora del régimen

en el que se vaya a otorgar la jubilación o pensión para el mismo propósito de

cómputo de cuotas, en el momento en que se le vaya a otorgar la pensión.

                                ARTÍCULO LXVII

      La Corte Plena en la sesión celebrada el 27 de abril de l998, artículo XVII,

aprobó la estructura formal u Organización para la Defensa Pública.

      También la Corte Plena, en la sesión del 14 de diciembre último, tomó el

siguiente acuerdo:

              “En la sesión del 2 de febrero de este año, artículo X, en
        virtud de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y las
        transformaciones que con su promulgación se efectuaron en el
        Poder Judicial, se acordó suspender el nombramiento             en
        propiedad de servidores de la materia penal.
              El Magistrado González, Presidente de la Comisión de
        Asuntos Penales, en oficio N° 178-98 de 20 de octubre último,
        expresó lo siguiente:
              “El artículo 20 de la Ley de reorganización Judicial dispone
        que
        "La Corte podrá disponer que se suspenda el nombramiento en
        propiedad de todo o algunos de los puestos de los servidores en
        la materia penal, al menos durante los tres años siguientes a la
        vigencia del nuevo Código Procesal Penal, con el fin de facilitar la
        reorganización de los despachos judiciales durante ese período,
        siempre que ello sea indispensable para un mejor servicio
        público...”
                                         61

             Mediante acuerdo tomado por Corte Plena número X en
        sesión del día 2 de febrero del año en curso, se dispuso
        suspender el nombramiento en propiedad de los servidores de la
        materia penal, con el fin de facilitar la entrada en vigencia del
        nuevo Código Procesal Penal.
             Sin embargo estima la Comisión de Asuntos Penales que ya
        no resulta indispensable para un mejor servicio publico mantener
        la suspensión de los nombramientos en propiedad de los
        funcionarios de la materia penal de todo el país, con la excepción
        que se indica al final en la materia penal pues esto más bien ha
        ocasionado la asignación de personas que no han sido
        previamente examinadas y calificadas para ocupar dichas plazas
        por los órganos correspondientes (Departamento de Personal,
        Consejo de Personal, Consejo de la Judicatura, Consejo Superior,
        Corte Plena).
              Por lo anterior esta Comisión se permite solicitarle a la Corte
        Plena que revoque el anterior acuerdo y disponga realizar todos
        los trámites necesarios para que las plazas vacantes de la materia
        penal sean llenadas en propiedad, con el fin de contribuir a un
        mejor servicio público. De esta medida deben excepcionarse los
        funcionarios de la materia penal del primero y el segundo circuito
        judicial de San José, lugares donde debe mantenerse la
        suspensión ya que en ellos se encuentran ubicados varios
        despachos reunificados que todavía son examinados para
        determinar el tipo de organización, el número de funcionarios que
        debe contener y la distribución de sus funciones, con el fin de
        mejorar la prestación del servicio.”

            Se dispuso: Acoger la solicitud de la Comisión de Asuntos
        Penales transcrita en el párrafo que antecede”.

                                        -0-

      La Licda Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, en oficio

N° 004-99 de 5 de enero en curso, con motivo de lo resuelto por la Corte Plena en

las sesiones que se ha hecho referencia, solicita se permita realizar

nombramientos en propiedad de las plazas vacantes del Despacho a su cargo del

Primer Circuito Judicial de San José, tomando en cuenta que la excepción

realizada a dicha medida no afecta a esa Oficina, ya que en ella no se reunificaron

despachos.
                                         62

      Se acordó: Tener por presentada la anterior solicitud y previamente a

resolver lo que corresponda, solicitar muy respetuosamente a la Corte Plena que

adicione el acuerdo de la sesión del 14 de diciembre del año pasado, en lo que

respecta a la situación de los nombramientos de los Defensores Públicos en el

Primer Circuito Judicial de San José.

                                ARTÍCULO LXVIII

      Se tomó nota del oficio de 5 de este mes, en que la Licda Olga Marta

Álvarez Calderón, Jueza Segunda Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito

Judicial de San José, informa el movimiento de asuntos civiles registrados en el

Despacho a su cargo, durante el año l998.

                                 ARTÍCULO LXIX

      El Lic. Ramón Rodríguez Vindas, Juez Contravencional de San Carlos, en

facsímil de 8 de enero en curso, expresa:

              “A raíz del nombramiento de un cojuez en el Juzgado Penal
        de este Circuito Judicial, y a efecto de evitar posibles nulidades en
        las actuaciones del Despacho en que soy titular, solicito se me
        aclare:
              Si con el nombramiento del cojuez en el Juzgado Penal
        Local el Despacho en que trabajo se ve relevado de la obligación
        de realizar turnos como Juzgado Penal los fines de semana y días
        feriados.
              Sobre este particular, me permito manifestar que la razón por
        la cual el Despacho en que soy titular ha tenido que realizar los
        turnos durante fines de semana era precisamente el hecho de que
        existía un solo Juez Penal en este Circuito Judicial.
              Al existir dos Jueces penales en este circuito, desaparece el
        supuesto fáctico que permite la habilitación legal para el
        Despacho en que soy titular funja como Juzgado Penal los fines
        de semana y días feriados. En consecuencia podrían tacharse de
        nulas las actuaciones que el suscrito pueda realizar en funciones
        de Juzgado Penal los días que, hasta hoy, le han correspondido.
              En caso de no ser así, solicito también se aclare si los tunos
        serán de Despacho a Despacho (un fin de semana un despacho y
                                        63

        el segundo el otro) o de titulares a titulares (los titulares de los
        diferentes despachos en roles según número de profesionales de
        cada Despacho)”.
                                       -0-

      También la Licda Laura Cerdas Salazar, Jueza Penal de San Carlos,

solicita en facsímil de esta fecha, que se le aclare cual va a ser la situación del

Despacho a su cargo, en lo que respecta a la atención de los turnos, en razón de

que a contar de hoy y por el término de seis meses se ha asignado al Juzgado

una plaza más de Juez.

      Se dispuso: Que en tanto existan dos Jueces en el Juzgado Penal de San

Carlos, los turnos durante los fines de semana y días feriados sean atendidos por

dichos profesionales, por lo que en tanto persista esa situación el Juez

Contravencional del lugar no formará parte de esa función.

                                 ARTÍCULO LXX

      El Lic. Luis Diego Araya González, en oficio de 24 de diciembre del año

pasado, recibido el 8 de enero en curso, rinde el informe sobre la labor realizada

como Juez Supernumerario destacado en el Juzgado Primero Civil y de Trabajo

de Cartago, del 11 al 28 de noviembre y del 1° al 24 de diciembre fechas todas de

l998, al propio tiempo que agradece la confianza en él depositada.

      Se acordó: Tomar nota.

                                 ARTÍCULO LXXI

      En facsímil N° 09-F-99 de 8 de enero en curso, el señor Adolfo Hernández

Masís, Auxiliar Judicial 3-D del Juzgado Agrario de la Zona Sur, expresa que en

ese Despacho laboran los servidores Marbiodal Saavedra Ramírez y Luis Jorge

Gutiérrez Peña, ambos profesionales en Derecho, y quienes son llamados, en el
                                            64

ejercicio de la profesión, a realizar funciones en otras oficinas. Que por esa razón

el Juzgado se ve afectado en la tramitación, por cuanto no se avisa con la debida

antelación con el propósito de localizar a un sustituto idóneo. Agrega el señor

Hernández Masís, que en “ningún momento nos oponemos que se ocupen a los

compañeros Saavedra Ramírez y Gutiérrez Peña, pero también es nuestra

responsabilidad que la oficina no se afecte en su tramitación cotidiana, en aras de

realizar una justicia pronta y cumplida”.

      Por su parte el Lic. Gutiérrez Peña, en facsímil de esta fecha, expresa que

no se opone a la gestión anteriormente expuesta, sin embargo aclara que en la

zona se cuenta con servidores meritorios, escribientes, conserjes y notificadores,

que pueden ser nombrados en el momento que a él se le asigne en otro cargo.

      Se dispuso: Tomar nota de las anteriores comunicaciones, las que se

trasladan a conocimiento del Presidente, y comunicar al señor Hernández Masís,

que este tipo de gestiones deben ser hechas por el titular del Despacho.

                                  ARTÍCULO LXXII

      En la sesión celebrada el 9 de diciembre del año próximo pasado, artículo

LXXIII, se tomó el siguiente acuerdo:

               “El Lic. Alfredo Jones León, en su condición de Coordinador
        de Desarrollo Institucional de la Comisión del III Circuito Judicial
        de San José, en nota N° CDI-007-98 del 4 de diciembre en curso,
        expresa:
               “Muy atentamente, me permito hacer de su estimable
        conocimiento que la Comisión del III Circuito Judicial de San
        José, dispuso en la sesión celebrada el 23 de noviembre último,
        sugerir a la Corte Plena y al Consejo Superior que en los
        nombramientos en propiedad que se lleguen a aprobar en plazas
        ubicadas en las oficinas (Aserrí, Desamparados, San Sebastián,
        Alajuelita, Pavas, Escazú y Santa Ana) que pueden conformar el
        III Circuito Judicial de San José, se haga la observación de que el
                                        65

        nombrado podrá ser trasladado al edificio del III Circuito Judicial
        de San José que se construirá en Hatillo.”.
                                      --- o ---
             Se dispuso: Por ahora, tomar nota, en espera de que la
        Corte Plena se pronuncie al respecto”.

                                      - o0o -

      Informa la Secretaria General que la Corte Plena, en la sesión celebrada el

14 de diciembre de l998, acogió la propuesta de la Comisión del Tercer Circuito

Judicial de San José, Hatillo.

      Se acordó: Tomar nota lo resuelto por la Corte Plena; en consecuencia los

nombramientos en propiedad que se lleguen a aprobar en los mencionados

despachos se hará la observación de que los nombrados, si así se dispusiere, en

su oportunidad serán traslados al mencionado circuito.

                                 ARTÍCULO LXXIII

      El Lic. Mayid Torres González, Juez Tramitador del Tribunal de San Carlos,

en facsímil de 8 de enero en curso, informa de los tres casos de imputados que

fueron detenidos en el período comprendidos del 24 de diciembre de l998 al 3 de

enero. Lo anterior en cumplimiento de la disponibilidad que debió atender el

Tribunal durante el mencionado período.

      Se dispuso: Tomar nota del mencionado informe.

                                 ARTÍCULO LXXIV

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del Presidente, en

oficio N° 034 DP 99 del 6 de enero en curso, manifiesta:

             “La Comisión de Modernización en la sesión celebrada el 16
        de diciembre conoció la comunicación del Dr. René Hernández
        Valiente, Vicepresidente y Primer Magistrado de la Corte Suprema
        de Justicia de El Salvador, quien presidirá la visita de una
                                           66

          delegación del Poder Judicial de ese país, con el deseo de
          intercambiar experiencias con homólogos costarricenses, y
          acordó:

               “Recomendar al Consejo Superior se autorice el gasto para
          ofrecer un almuerzo a la delegación de El Salvador que visitará
          nuestro país y se autorice el servicio de transporte a los diferentes
          lugares que visitará la delegación.”.

               Por lo anterior, mucho le agradeceré hacer del conocimiento
          de los miembros del Consejo el anterior acuerdo.”.

                                         -o0o-

      Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud, a cuyos efectos la Dirección

Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                  ARTÍCULO LXXV

      En la sesión del 15 de diciembre de 1998, artículo LXX, se tomó el

siguiente acuerdo:

                “En la sesión celebrada el 14 de setiembre de este año,
          artículo LXV, se dispuso trasladar a los Departamentos de
          Personal y Planificación, para su estudio e informe, la solicitud de
          las Licdas. Guadalupe Velásquez Chaves, Susana Biolley
          Aymerich y los Licdos. Juan José González López y Rafael
          Caldera Pérez, todos Jueces del Juzgado de Tránsito del Primer
          Circuito Judicial de San José, tendiente a que se le reconozca en
          forma retroactiva, el rubro más los intereses de ley por concepto
          de disponibilidad que no se les ha aplicado desde el año l981,
          caso contrario se dé por agotada la vía administrativa.
                En la sesión del 23 de noviembre pasado, artículo XL, se
          tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

               "En atención a dicho acuerdo, los Licdos. Gustavo A. Castro
          Miranda y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de
          Salarios y del Departamento de Personal, respectivamente,
          informan que "...revisados los registros correspondientes, no se
          tiene ningún estudio o informe que autorice algún porcentaje o
          monto por concepto de disponibilidad, para los anteriormente
          llamados Alcaldes de Tránsito ni para los actuales Jueces de
                                 67

Tránsito de todo el país.".
     Con oficio N° 1838-PLA-98 del 19 de noviembre del presente
año, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
Planificación, remite el informe N° 043-AJ-98 del día anterior,
suscrito por el Lic. Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección de
Análisis Jurídico, el cual contiene la conclusión siguiente:

“Conclusión:

       En el presente reclamo administrativo, de conformidad con
los preceptos legales, lo procedente es abrir el procedimiento
ordinario establecido en el artículo 308 de la Ley General de la
Administración Pública, en vista de que el reclamo económico
planteado por los gestionantes supone el eventual reconocimiento
o denegación de un derecho subjetivo al pago del rubro por
disponibilidad, con motivo de la relación estatutaria existente entre
el Poder Judicial y los gestionantes.
       En dicho procedimiento ordinario deberá evacuarse toda la
prueba que sea necesaria para acreditar la verdad real que
permita motivar el acto final (artículos 214.2 y 221.1 de la Ley
General de la Administración Pública); específicamente, aquella
que permita demostrar que los planes de turno de disponibilidad
efectivamente se pusieron en práctica y fueron realizados por los
gestionantes, a fin de establecer la procedencia legal de cancelar
los aspectos reclamados por los gestionantes, a saber: “...rubros
que se nos dejaron de pagar, junto a sus intereses y se haga el
cálculo para que se ingrese ese incremento, en nuestro salario
actual.” (nota de 10 de setiembre de 1998).
       El procedimiento ordinario que ha de incoarse, será dirigido
por el órgano director que al efecto designe la Administración
(Consejo Superior); que bien podría ser el Jefe de la Sección de
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, o el Jefe del
Departamento de Personal, o el Jefe de la Sección de Cobro
Administrativo de la Dirección Ejecutiva.
       Finalmente, debe recordarse que, de previo a dictarse la
resolución que agota la vía administrativa, debe solicitarse el
criterio del Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, según dispone
el artículo 356.1 de la Ley General de la Administración Pública.”.
                                -o0o-
       Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
Poner los anteriores informes en conocimiento de los Jueces del
Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, para
que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al
del recibo de la comunicación de este acuerdo, manifiesten lo que
a bien tengan".
                                 -0-
                                         68

              Los mencionados profesionales, en memorial de 9 de
        diciembre en curso, se refieren en forma amplia a los informes de
        los Departamentos de Personal y Planificación, y en lo
        conducente expresan:
        “... Lo más acertado sería, que habiéndose demostrado ya, ante
        ese Consejo según el informe del Departamento de Personal, que
        no se nos ha cancelado desde que ingresamos a nuestros
        puestos, ningún rubro por disponibilidad y que aún hoy día no se
        nos reconoce y teniendo en cuenta los turnos que hemos ejercido,
        según así lo ha comunicado la Inspección Judicial, que ese
        Consejo de instrucciones al Departamento correspondiente o que
        designe un actuario matemático de lo que probablemente deba
        tener el Poder Judicial, para que efectúe los cálculos
        correspondientes y se nos haga efectivo pago de lo dejado de
        percibir por nosotros y por otro lado, mientras se resuelve lo
        anterior, que ese Consejo de instrucciones precisas ya, para que
        el Departamento de Personal incluya en nuestro salario ese rubro,
        porque no vemos porqué no se puede resolver ese extremo, sin
        haberse resuelto lo anterior a efectos de no hacer más costoso
        para el Estado el procedimiento, pues de no ser así tendríamos
        que acudir a otra instancia judicial, pagando servicios de un
        profesional con experiencia en ese campo, con la irremediable
        condena en costas al Estado, cuando podríamos llegar a un
        arreglo, el cual manifestamos estamos anuentes a realizar, si ese
        Consejo así lo dispusiese”.
                                          -0-
              Se dispuso: 1.- Que el Departamento de Personal proceda
        a incluir a partir de esta fecha, en el salario que les corresponda a
        los petentes, el rubro por disponibilidad. 2.- En lo que respecta a
        que ese derecho se haga en forma retroactiva, se traslada la
        gestión al Departamento de Personal, a fin de que realice un
        estudio detallado acerca del reclamo y los montos a reconocer.”.

                                       -o0o-

       El Lic. José Barletta Valladares, en escrito del 7 de enero en curso, plantea

la siguiente solicitud:

              “...Conociendo el acuerdo tomado en la sesión 99-98
        celebrada el 15 de diciembre del año recién pasado, en su artículo
        LXX, en donde se le reconoce a cuatro de mis compañeros
        Jueces de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, la
        inclusión del rubro por disponibilidad en el salario a partir de la
        fecha de este acuerdo, así como el reconocimiento de dicho rubro
        en forma retroactiva, y siendo además que al igual que mis
        compañeros, me hago merecedor del mismo en vista de que
                                        69

        también laboro como Juez desde el cinco de enero de 1998,
        cumpliendo con el rol de disponibilidad establecido y del que
        ustedes tienen conocimiento según se desprende del acuerdo
        arriba indicado, les solicito se dicten las directrices al
        Departamento de Personal para que también se me incluya dentro
        del estudio que se dispuso.”.

                                       -o0o-

       Se dispuso: Trasladar la anterior solicitud al Departamento de Personal,

para que la agregue al estudio que este Consejo le ordenó en el acuerdo que se

ha transcrito.

                                ARTÍCULO LXXVI

       En la sesión del 15 de diciembre de 1998, artículo CIV, se adjudicó en la

forma que ahí se indica, la licitación pública 043-98 “Compra de Vehículos de

diferentes tipos”.

       Los Licdos. Álvaro Pinto Pinto, Vicepresidente de “Disexport Internacional,

S.A., Guido Palacino Castillo y Alejandro Zúñiga Delgado, Abogados Directores

de esa compañía, con nota de 6 de enero en curso, remiten una copia del recurso

de apelación que interpusieron ante la Contraloría General de la República, contra

el acuerdo a que se ha hecho referencia.

       Se dispuso: Tomar nota.

                                ARTÍCULO LXXVII

       En la sesión del 10 de diciembre recién pasado, artículo XXIII, se tomó el

siguiente acuerdo:

              “El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal
        de la Inspección Judicial, con oficio N° 6635 de 4 de los
        corrientes, remite copia del Acta de Visita realizada en la Fiscalía
        de Grecia, por el Lic. Octavio Castiglioni Vásquez, Inspector
        Judicial Auxiliar, el 10 de noviembre anterior, con las siguientes
                                70

recomendaciones:

       “1.- Que la persona encargada del control en el libro de
comisiones anote en forma oportuna la salida de las comisiones
que se devuelven a la oficina de origen. 2.- Que debido al atraso
que presentan las comisiones Nos. 17-98 y 51-98, se le de
prioridad a las mismas a efecto de que dentro del más breve
tiempo posible se proceda a su diligenciamiento y devolución a la
oficina de origen. Con respecto a la primera, al cerrar la presente
acta me informó la Auxiliar Coordinadora o Administrativa María
Aurelia Acuña Orozco que en el día de ayer se diligenció dicha
comisión N° 17-98 y que en esta fecha se está remitiendo a la
oficina de origen. 3.- También dentro del más breve plazo
imprimir y enviar el informe que corresponde al del III Trimestre.
4.- Anotar en el libro general de entradas en forma oportuna la
causa y fecha por la cual el expediente deja de pertenecer al
circulante. Sobre el informe trimestral de causas contra adultos
me informa la misma Auxiliar Coordinadora que en esta fecha se
está imprimiendo ese informe para enviarlo de inmediato. 5.- Por
las razones dichas en la anterior conclusión, por las
recomendaciones del Consejo Superior en su oficio N° 10.431 de
fecha 20-08-98 y recomendación del Departamento de
Planificación en su Oficio 1244-PLA-98 de fecha 05-08-98 y lo
indicado en el punto 1 del capítulo II de la presente acta
conviene girar una respetuosa instancia a la Jefatura del Ministerio
Público a fin de que haga efectiva la asignación de una plaza más
de Fiscal Auxiliar y otra de Auxiliar Judicial 2 para esta Fiscalía.
6.- Por las razones que invocan los Licenciados Vargas Villalobos
y Alvarado Vargas en el aparte 2 del anterior capítulo II, se gire
una respetuosa instancia al Tribunal de Juicio de Alajuela, a fin de
que en todas aquellas causas correspondientes a la competencia
territorial de Alfaro Ruiz, Naranjo, Sarchí y Grecia y que deban ser
conocidas por un Tribunal Colegiado con integrantes de aquella
Sede, se trasladen a celebrar la audiencia del juicio oral y público
en la Sede de Grecia, en virtud de que este último lugar cuenta
con una sala debidamente equipada y de esa forma tanto los
Fiscales como los Defensores y testigos de la Sede, últimamente
citada, no se tengan que trasladar hasta Alajuela, para los fines
señalados.        7.- Igualmente por las razones que ambos
funcionarios señalan en el punto 4 del mismo capítulo II anterior y
por ser razonable la petición, se encargue al respectivo
Departamento el estudio a fin de que se dote a esta Fiscalía de
Grecia de una segunda línea telefónica, pues el caso lo amerita.
8.- Finalmente se solicite al Departamento de Planificación un
estudio sobre el comportamiento de la carga de trabajo en Penal
Juvenil para determinar si amerita que a esta Fiscalía se le asigne
                                         71

        otra plaza más de Fiscal para que atienda esa materia.”
                                         -0-
              Se dispuso: 1) Tomar nota del informe anterior cuyas
        recomendaciones N°s. 1, 2, 3, 4 y 5 deben ser cumplidas por la
        Fiscalía de Grecia 2) Para el cumplimiento de la recomendación
        N°6 se designa a San Ramón con el fin de que atienda la
        competencia territorial de Alfaro Ruiz, Naranjo, Sarchí y Grecia. 3)
        Trasladar a la Dirección Ejecutiva la solicitud de instalación de una
        línea telefónica, según se indica en la recomendación N° 7.
              4) El Departamento de Planificación tomará nota de la
        recomendación N° 8.”.

                                       -o0o-

      Los Licdos. Luis Roberto Vargas Villalobos y Eddie Alvarado Vargas, Fiscal

y Fiscal Auxiliar en Grecia, respectivamente, en facsímil del 8 de enero en curso,

exponen:

              “...Solicitamos aclaración del acuerdo tomado por el
        Honorable Consejo Superior, según sesión N° 98-98 del 10 de
        diciembre de 1998 en cuanto a lo que resuelve atinente al punto 6
        del acta de visita del Inspector Judicial Lic. Castiglioni.
              En este sentido, si los Fiscales de Grecia debemos acudir a
        San Ramón a la celebración de los juicios de Tribunal Colegiado o
        en su defecto son los de San Ramón los que asumen estos casos
        siendo que el acuerdo del Honorable Consejo Superior sin hacer
        distinción alguna establece que San Ramón atenderá la
        competencia territorial de la jurisdicción de Grecia (Alfaro Ruiz,
        Valverde Vega, Naranjo, Grecia). En segundo lugar se nos
        aclare con todo respeto el porque si la petición original nuestra y
        del Inspector Judicial era que los juicios de Tribunal Colegiado se
        realizaran en Grecia, se eligió para ello a San Ramón con los
        inconvenientes narrados desde un inicio por fiscales y defensores
        y que continuarían suscitándose en San Ramón (véase acta de
        visita del Inspector aludido y petición de los defensores y fiscales
        de Grecia).”.
                                         -o0o-

      Se acordó: Previamente a resolver lo que corresponda, trasladar las

diligencias al Departamento de Planificación, para su estudio e informe.

                                ARTÍCULO LXXVIII
                                       72

      En la sesión del 15 de octubre de 1998, artículo LVI, se tomó el siguiente

acuerdo:

            “La Licda. Marlene Gómez Calderón, Presidenta Ejecutiva
       del Patronato Nacional de la Infancia, en oficio N° P.E.650-98 de 6
       de octubre en curso, manifestó:

              “Posterior a la promulgación de la Convención de los
       Derechos del Niño, nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de
       la Infancia y Código de la Niñez y Adolescencia, se inician las
       pautas operativas para hacer frente a la Defensa y Garantía de los
       Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
              Cuando se han violentado derechos de la infancia y de la
       adolescencia, o cuando existan situaciones que eventualmente
       puedan atentar contra la integridad física y emocional de las
       personas menores de edad, dentro del contexto familiar, comunal,
       nacional o internacional, el Patronato Nacional de la Infancia
       deberá emprender acciones dirigidas a la Defensa y Garantía de
       esos Derechos.
              Los niños y adolescentes, por su edad y por la socialización
       de los adultos, se encuentran en la realidad en una situación de
       vulnerabilidad, a pesar de ser sujetos sociales plenos de
       derechos, se ven expuestos a constantes violaciones de sus
       derechos y a situaciones que eventualmente pueden afectar su
       integridad física y emocional por lo que se requiere que se
       adopten mecanismos idóneos y oportunos para la defensa de los
       derechos de las personas menores de edad.
              De acuerdo a lo señalado, es preocupación de nuestra
       institución la aplicación del artículo 36 del Código Procesal Penal,
       en procesos donde la parte ofendida o víctima es una persona
       menor de edad, lo cual es altamente perjudicial, máxime en
       aquellos delitos de índole sexual, donde se permite que el
       imputado o agresor sexual a cambio de una excusa e
       indemnización económica quede en libertad, constituyéndose así
       en un caso grave de impunidad.
              A raíz de esta preocupación es que le solicitamos o instamos
       a que se gire una directriz a los Jueces, Fiscales y Defensores
       Públicos, en el sentido de que el artículo 36 del Código Procesal
       Penal, es inaplicable a partir de la vigencia del Código de la Niñez
       y Adolescencia. Ya que toda norma que se contraponga a las
       disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del
       Niño y el Código de la Niñez, debe considerarse tácitamente
       derogada e inaplicable.
              Lo anterior en razón de que las normas del Código de la
       Niñez y Adolescencia son de carácter general y con pretensión de
       aplicación en todo asunto en que una persona menor de edad sea
                                         73

        parte, por que la finalidad es crear un marco jurídico general y
        excluyente en protección de los niños, niñas y adolescentes, en
        cumplimiento de las obligaciones nacidas por efecto de la
        Convención de los Derechos del Niño.
              El artículo 155 del Código de la Niñez y Adolescencia dice
        “No podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en
        los que existan derechos irrenunciables de las partes, los
        relacionados con la violencia doméstica, los de suspensión o
        pérdida de la autoridad parental ni los que puedan constituir
        delitos.” Este artículo es aplicable a todo proceso judicial en que
        este involucrado un niño, niña o adolescente, la norma forma
        parte del Título dedicado a las garantías procesales que se
        otorgan para la protección de esa población.
              No cabe tratándose de derechos irrenunciables y mucho
        menos puede caber en asuntos de índole penal cuando está de
        por medio el interés superior de una persona menor de edad.
              La figura de la Conciliación pone en peligro a la víctima
        abusada y a todas las personas menores de edad, ya que un
        ofensor sexual no sometido a un serio tratamiento, lo cual no está
        disponible en nuestro país, podemos afirmar que volverá a incurrir
        en su conducta sexual aberrante. Además incluso un abusador
        reincidente puede conciliar, ya que no existe norma alguna que lo
        impida.
              Por nuestra parte haremos todo lo humanamente posible y
        daremos la lucha para que la figura de la conciliación no se dé en
        procesos donde la parte ofendida sea una persona menor de
        edad.”
                                        -0-

            Se acordó: Trasladar la comunicación que antecede a la
        Comisión de Asuntos Penales para estudio e informe.”.

                                       -o0o-

      En atención a dicho acuerdo, el Magistrado González, en su condición de

Presidente de la Comisión de Asuntos Penales, remite la nota N° 215-98 del 22 de

diciembre último, recibida el 8 de enero en curso, que literalmente dice:

              “En relación con su nota 12994-98 del 23 de octubre del año
        en curso, en la que nos ponen en conocimiento la nota suscrita
        por la Licda. Marlene Gómez Calderón quien se pronuncia por la
        inaplicabilidad de la conciliación en asuntos penales en los cuales
        hayan menores involucrados, esta Comisión estima que debemos
        limitarnos a tomar nota, pues se trata de un tema polémico que
        debe ser resuelto en sede jurisdiccional. Existen al respecto
                                       74

        diversos criterios jurídicos, recientemente la Sala Constitucional
        mediante el voto 7115-98 se pronuncia en forma parcial sobre el
        tema, y estimamos que lo propio es que se formule otra consulta
        facultativa a ese alto Tribunal para que determine los alcances de
        la constitucionalidad del artículo 155 del Código de la Niñez y
        Adolescencia.
              Se adjuntan los informes rendidos por el Ministerio Público,
        Defensa Pública y el voto 7115-98 de la Sala Constitucional.”.

                                      -o0o-

      Se dispuso: Tener por rendido el anterior informe, el cual se pone en

conocimiento de la Licda Gómez Calderón.

                               ARTÍCULO LXXIX

      En la sesión del 22 de diciembre de 1998, artículo LVIII, se dispuso lo

siguiente:

              “En sesión celebrada el 3 de noviembre del presente año,
        artículo LXIII, se tomó el siguiente acuerdo:

             “En la sesión del 6 de octubre pasado, artículo CXXVIII, se
        autorizó al Departamento Financiero Contable, para que girara a
        favor del señor Manuel Ángel Salazar Trejos, la suma de
        ¢59.500,00, a efecto de reconocer el costo de la reposición del
        arma de su propiedad que aparentemente se extravió en el
        Depósito de Objetos y Museo Criminal del O.I.J.
             A dicho acuerdo se refiere el Lic. Hugo Esteban Ramos
        Gutiérrez, Auditor Judicial, y en oficio N° 931-115-AEE-98 de 29
        del pasado mes de octubre, manifiesta lo siguiente:

        "Esta Auditoría a través de la Sección de Estudios Especiales se
        encuentra finalizando una evaluación sobre la recepción, custodia
        y entrega de armas que se encuentran en el Depósito de Objetos
        y Museo Criminal del O.I.J. Por lo tanto, habiéndose recibido
        copia del acuerdo precitado y cotejando la información sobre el
        bien reclamado con el listado de armas no localizadas en el
        Depósito, se determinó que en el inventario general de armas no
        se encontró ese bien.

        Por otra parte, esta Auditoría analizó el expediente judicial
        N°1382-A-96 de la causa en la que se decomisó esa arma,
        tramitado por el entonces Juzgado Quinto de Instrucción de San
                                75

José y en el que figura como parte el señor Salazar Trejos. De
dicha revisión se detectó en el folio 34 una Acta con fecha del 23
de mayo de 1997 en la que aparentemente se procede a hacer
entrega del bien citado al interesado; sin embargo, también se
encontró en el expediente citado (folio 35) un oficio de esa misma
fecha suscrito por la Licda. Vera Vargas Roldán, quien fungía
como Jefe en ese Despacho, ordenando al Depósito de Objetos la
entrega de la pistola citada a su propietario.

Asimismo, en el estudio del expediente judicial respectivo, se
detectó una resolución del 9 de noviembre de 1996 firmada por el
Lic. Jorge Villalobos Araya, quien fungía como Actuario, en la que
indicaba que "de previo a hacer entrega del arma procédase a
realizar un análisis físico químico de la citada arma".

En vista de lo anterior y considerando los documentos
encontrados en el expediente antes citado, se realizaron consultas
a diferentes oficinas judiciales relacionadas, localizándose el día
27 de los corrientes en la Sección de Pericias Físicas del
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del O.I.J.,
una pistola marca Lorcin, modelo L380, calibre .380 AUTO, serie
412817, niquelada y con la empuñadura de color negro, con su
respectivo cargador. Cabe agregar, que el arma fue vista por los
Auditores encargados de dicha evaluación, en visita realizada a la
oficina aludida.

Es oportuno indicar, que los documentos que amparan la remisión
de este bien a la Sección aludida, indican que el arma fue
decomisada en el expediente Nº1021-2-97 en que figura como
imputado el señor Ronald Guzmán Garita por el delito de
receptación y otros en perjuicio de Ana Elena Casafont Seco,
mediante acta de decomiso Nº 197377 del 3 de julio de 1997.

Debemos agregar que en el informe policial Nº1128-DCLP-97 del
4 de julio de 1997 de la Sección de Delitos Contra la Propiedad
del O.I.J., se indica lo siguiente sobre el señor Guzmán Garita:

      "...cuenta en la Sección de Archivo Criminal con el
expediente número 18954, conocido con el alias de "VARON" con
un amplio record delictivo de Tráfico de Drogas, Robo, Tenencia y
fabricación de ganzúas para violentar llavines de automotores y
Receptación."(Sic)

De conformidad con lo externado por la Licda. Giselle Lutz Cruz,
Jefa de la Sección de Pericias Físicas, el arma citada coincide
plenamente con la descripción que se incluye en la Hoja de
Inventario de Objetos Decomisados correspondiente al número de
                               76

objeto 13242, identificación que corresponde al arma que
aparentemente se extravió del Depósito y que le pertenece al
señor Salazar Trejos.

Tomando en cuenta todos los aspectos indicados en este oficio,
esta Auditoría considera que existen suficientes elementos para
solicitar al Departamento Financiero Contable que suspenda los
trámites de pago respectivos, más aún si se considera que de
acuerdo con lo expresado el día 26 de los corrientes por el Lic.
Carlos Hidalgo Vargas, Jefe de la Sección de Presupuesto del
Departamento Financiero Contable, a esa fecha ya se encontraba
confeccionada la Factura de Gobierno a nombre del señor Salazar
Trejos, el que aún no se había presentado a firmarla. Agregó ese
servidor que una vez firmada por el interesado, se tarda
aproximadamente un mes para hacer efectivo el pago
correspondiente.

No omito indicar que pese a la coincidencia de la información en
cuanto al arma en cuestión, esta Auditoría no puede aseverar que
se trate del mismo bien; sin embargo, tomando como base la
información suministrada por la Licda. Lutz Cruz, se considera
importante que adicionalmente, se solicite al Organismo de
Investigación Judicial que realice las indagaciones pertinentes,
entre otros, con el señor Rónald Guzmán García, sobre la
procedencia del arma que portaba y que se le decomisó, con el
propósito de establecer si se trata de la misma arma, así como
determinar si han existido en este caso algunas actuaciones
irregulares en el manejo de ese bien.
                                 -0-
      Se acordó: 1.- Aprobar el anterior informe; en consecuencia,
se autoriza al Departamento Financiero Contable que proceda a
suspender los trámites de pago respectivos. 2.- Solicitar a la
Directora General del Organismo de Investigación Judicial que
gire las instrucciones pertinentes, a fin de realizar las
indagaciones del caso, con el propósito de determinar la
procedencia del arma que portaba el señor Guzmán García, así
como si han existido en este caso actuaciones irregulares en el
manejo de dicho bien.”.
                                -o0o-
      En atención a dicho acuerdo, la Licda. Lineth Saborío
Chaverri, Directora General del Organismo de Investigación
Judicial, con oficio N° 3509-DG-98 del 17 de diciembre en curso,
remite el oficio N° 3285-DCLP-98 del 9 del citado mes, en el que
el señor Óscar Protti Gutiérrez, Jefe interino de la Sección de
Delitos contra la Propiedad, informa:
                                        77

              “... me permito informarle que en varias ocasiones se ha
        tratado de localizar a la persona que se le decomisó el arma de
        fuego de autos, conocido con el alias de “Varón”, no obstante
        hasta el momento esta diligencia no ha sido positiva, inclusive el
        Oficial Carlos Agüero de la Unidad de Robo de Vehículos está
        haciendo la diligencia.
              Cabe mencionar que para poder determinar la procedencia
        de la misma se tiene que iniciar de esta forma la investigación de
        interés, por lo que en el momento que se esclarezca lo que
        interesa se lo haremos saber.
              Por otro lado realizaremos las consultas necesarias al Fiscal
        respectivo, ya que ellos también deben tener conocimiento de
        esta situación, por cuanto con fecha 4 de julio de 1997 hubo un
        primer informe al Ministerio Público, donde el imputado que
        portaba el arma era el señor “Varón”, basándonos desde luego en
        los nuevos procedimientos del nuevo Código Procesal Penal.”.

      Se dispuso: Tomar nota del anterior informe.”.

                                       -o0o-

      En escrito de 8 de enero último, el señor Salazar Trejos solicita le sea

solucionado “...de una vez por todas y a la mayor brevedad posible...” el problema

de la devolución de su arma de fuego, y que se le pague su valor actual para

adquirir una nueva, ya que no desea que le sea devuelta la que originalmente le

fue decomisada, tanto por el deterioro que ha sufrido, cuanto porque ignora si se

habrán cometido o no otros delitos con ella.

      Se acordó: Aprobar la anterior solicitud; en consecuencia por tratarse de

un caso de excepción, autorizar que se le pague al señor Salazar Trejos el monto

correspondiente al arma que le fue decomisada.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO LXXX
                                         78

      El Lic. Juan Carlos Sánchez Benavides, Juez Coordinador interino del

Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José,

Goicoechea, en oficio N° JCV 002-99 del 11 de los corrientes, manifiesta:

            “En virtud de que he venido desempeñando el puesto de
       Juez 3, en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito
       Judicial, ocupando a partir de enero 1999 la plaza vacante N°
       038573 como Juez 3; solicito de la manera más respetuosa
       posible a los miembros del Consejo Superior que consideren la
       posibilidad de permutar mi plaza en propiedad ubicada en Pérez
       Zeledón por la que actualmente ocupo en el Segundo Circuito
       Judicial de San José.
            Gracias a la posibilidad que le brindaron a este Juzgado,
       concediéndole tres plazas extraordinarias de auxiliar judicial,
       deseo permanecer junto a este grupo de trabajo como Juez, para
       lograr sacar avante los asuntos que se presenten en este
       despacho. Humildemente hago de su conocimiento que conozco
       la materia en la que nos desempeñamos en el Juzgado Civil de
       Mayor Cuantía, por lo que la agilización de los asuntos se van a
       dar gracias a la oportunidad que nos dieron y al mejor desempeño
       posible de todo el grupo de trabajo.”.

                                        -o0o-

      Se acordó: Trasladar la anterior solicitud al Consejo de la Judicatura, para

su estudio e informe.

                               ARTÍCULO LXXXI

      Se toma del oficio N° 8-99 del 7 de este mes, suscrito por el Lic. Gerardo

Parajeles Vindas, Coordinador del Tribunal Primero Civil de San José, en que da

cuenta que en el año 1998, se votaron en ese Despacho la cantidad de 1943

asuntos, suma que corresponde a 137 asuntos interlocutorios y 1806 entre

sentencias, autos y autos sentencias. Al tiempo que remite una lista de los

asuntos que se encuentran en trámite.

                               ARTÍCULO LXXXII
                                        79

      A solicitud del señor Carlos Espinoza Torres, cédula de identidad N°

6-237-756, y con base en la facultad que otorga el inciso 17) del artículo 13 de la

Ley de Creación Registro y Archivo Judiciales, se autoriza al Jefe del Registro

Judicial, para que extienda la certificación de antecedentes penales que

aparezcan a su nombre, para trámites laborales en Gran Caimán.

                               ARTÍCULO LXXXIII

      En oficio de 8 del presente mes de enero, los señores Jueces del Juzgado

Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios manifiestan que con gran complacencia

recibieron los acuerdos tomados por la Corte Plena en las sesiones celebradas el

14 y 21 de diciembre del año pasados, que aprueban el inicio de la jornada

vespertina para el Despacho a su cargo, lo que contribuirá en la buena marcha del

trabajo que les ha sido encomendado. Que en reunión que sostuvieron la

“Comisión de Jueces del Despacho”, se discutió el plan para obtener el máximo

provecho, en aras de cumplir con su deber, para lo cual se cuenta con un buen

grupo de auxiliares judiciales proveedores. También, por los motivos que invocan,

solicitan que se realice el nombramientos de al menos dos de las cuatro plazas de

jueces que fueron creadas para tales fines, a cuyos efectos proponen a la Licda

Gabriela Campos Ruiz y al Lic. Wilfredo Rodríguez Araya, servidores de ese

Juzgado que ya alcanzaron el grado de profesionales en Derecho.

      Se acordó: Trasladar la anterior solicitud a la Presidencia, para lo que a

bien tenga disponer, y aclarar a los gestionantes que la Corte Plena aún no ha

establecido la jornada vespertina para ese Juzgado.

                               ARTÍCULO LXXXIV
                                          80

      La Licda. Leda Méndez Vargas, Fiscal interina de Heredia, en oficio N°

FAH-4-99 del 11 de enero en curso, expone:

              “En este Despacho hasta el día de hoy se han recibido 180
        denuncias nuevas en lo que va del año y venimos arrastrando un
        circulante bastante alto del año pasado.
              Los Asistentes Judiciales han tenido que dedicarse a la toma
        de denuncias, a falta de una oficina de recepción única de
        denuncias, y a tramitar en la medida que el tiempo lo permita sus
        expedientes.
              Sin embargo dentro de las ocho horas laborales se les hace
        imposible mantener al día su escritorio, tomando en cuenta que
        además de recibir las denuncias se requiere gestionar prueba y
        comunicar a la víctima y diligenciar lo ordenado por el Fiscal, se
        han tenido que quedar hasta altas horas de la noche, como
        prueba, si el honorable Consejo lo solicita estaría el Libro de los
        Guardas del edificio.
              Nuestro deseo es servir, y hacerlo de la mejor manera,
        conociendo las limitantes de personal, una de las soluciones que
        se ha encontrado es proceder a solicitar al Consejo Superior se
        nos autorice el pago de horas extra para venir a laborar por 8
        horas el sábado 23 de enero, bajo la supervisión de la suscrita.
              Las personas que están dispuestas a realizar dicha labor
        son:
              Milena Rodríguez Villalobos      Cédula N° 6-242-393
              Heiner Alberto Jiménez Arana Cédula N° 1-861-726
              Alfredo Valdivia Obando          Cédula N° 9-078-423
              Dinia López Oliviero             Cédula N° 5-628-691
              Keneth Fonseca Ocono             Cédula N° 5-257-601
              Ancelly Angulo Rodríguez         Cédula N° 6-216-531
              Inés Reyes Roa                   Cédula N° 5-280-896.”.

                                        --- o ---


      Se   dispuso:    Trasladar   la    anterior   solicitud   al   Departamento   de

Planificación, para su estudio e informe a la brevedad.

                                ARTÍCULO LXXXV

      La Licda Floryzul Porras López, Jueza interina del Tribunal Segundo Civil el

Primer Circuito Judicial de San José, en oficio N° 9-99 de 12 de enero en curso,

comunica que en vista de que el Dr. José Rodolfo León Díaz, Coordinador de la
                                        81

Sección Segunda de ese Tribunal, disfruta de vacaciones del 4 al 15 de este mes,

la coordinación de la citada Sección la asumió el Lic. Juan Ramón Coronado

Huertas.

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará

el Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO LXXXVI

      En la sesión celebrada el 1° de diciembre del año pasado, artículo LXXXIII,

se tomó el siguiente acuerdo:

              “El señor José Humberto Quirós Solano, en facsímil del 26
        de noviembre último, hace referencia en forma muy amplia y
        detallada sobre las anomalías cometidas en el trámite de una
        demanda incoada por su esposa contra él, por pensión
        alimentaria, la cual se encuentra actualmente en el Juzgado de
        Pensiones Alimentarias de Grecia. Da cuenta además, que a la
        fecha no se ha resuelto por parte de ese Despacho, un incidente
        de rebajo de pensión alimentaria por él presentado, causándole
        un estado de indefensión e inseguridad jurídica. En virtud de ello,
        pide se solicite a la titular del citado Juzgado, una explicación
        sobre su actuación en este caso.
              Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
        Solicitar a la Licda. Roxana Álvarez González, Jueza
        Contravencional y de Menor Cuantía de Grecia, que dentro del
        plazo de tres días, contados a partir del siguiente al del recibo de
        la comunicación de este acuerdo, rinda el correspondiente informe
        acerca de las manifestaciones del señor Quirós Solano, para
        cuyos efectos se le remitirá copia del referido documento”.

                                       -0-

      En cumplimiento del anterior acuerdo, la Licda Roxana Álvarez González,

Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de Grecia, en un amplio oficio fechado

6 de enero en curso, rinde el correspondiente informe, y en síntesis expresa:

        “... a pesar de que este Despacho cuenta con una carga
        considerable de trabajo, ya que en Civil el tercer trimestre cerró
        con un circulante de expedientes en Civil de 148, pensión 1036,
                                         82

        contravención 185, tránsito 1729 y laboral 58. Y que solamente la
        suscrita se desempeña como Juez del mismo. Al presente
        proceso de Rebajo de la Cuota Alimentaria se la ha dado el
        debido proceso y un trámite ágil. Y el motivo por el cual en el
        mismo no se ha dictado la resolución de fondo, es porque se han
        presentado dentro del mismo varias solicitudes de revocatoria con
        apelación, por ambas partes, las cuales también han sido
        resueltas en forma pronta, además es muy abundante la prueba
        documental tanto aportada a los autos como la solicitada la que se
        tiene que poner en conocimiento de las partes, y otra solicitarse ya
        sea vía fax o correo”.

                                -0-
      Se acordó: Tener por rendido el mencionado informe, ponerlo en

conocimiento del señor Quirós Solano y archivar las diligencias.

                                ARTÍCULO LXXXVII

      El siguiente acuerdo se tomó en la sesión del 26 de noviembre del año

pasado, artículo LI:

              “La Licda Lineth Saborío Chaverri y el Lic. Jorge Rojas
        Vargas, por su orden Directora y Subdirector General del
        Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 3316-DG-98 de
        19 de este mes, manifestaron:
              “En el Diario Oficial La Gaceta N° 139 del 20 de julio del año
        en curso, se publica un proyecto de ley tendente a que se le
        brinde la aprobación legislativa al “ACTA DE FUNDACIÓN DE LA
        ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD
        (O.I.J.)”, que se creó como organismo internacional con capacidad
        jurídica propia y asociado a la Organización de Estados
        Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
              Dado que la sigla que se han utilizado para identificar la
        citada organización internacional (O.I.J.) son coincidentes con las
        que utiliza el Organismo de Investigación Judicial desde que fue
        creado en el año de 1973 (mediante ley N° 5229 del 12 de
        diciembre de 1973), con funciones de policía represiva dentro de
        la República de Costa Rica, de la manera más atenta nos
        permitimos someter el asunto al estimable conocimiento de ese
        Honorable Consejo, con la finalidad de que se informe sobre esta
        circunstancia a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de
        la Asamblea Legislativa, donde se remitió el proyecto de
        referencia para su respectivo estudio.
              El lugar que ocupa la Policía Judicial en el sistema de justicia
        penal costarricense y la forma en que las siglas de referencia la
                                        83

       han identificado durante años, justifican la importancia de que en
       nuestro país dichas letras sean utilizadas de manera exclusiva por
       este órgano del estado, razón por la cual consideramos necesario
       que ante una eventual suscripción de dicha acta, se haga la
       reserva en ese sentido”

                                     -0-
            Se dispuso: Trasladar la solicitud anterior a la Comisión de
       Enlace Corte-OIJ, para su estudio e informe”.

                                      -------

      En cumplimiento del anterior acuerdo, la señora Yesenia Chaves Arguedas,

Secretaria interina de la Comisión de Enlace Corte-0.I.J., en oficio N° 01-CE-99 de

esta fecha, transcribe el acuerdo de la sesión del 4 de este mes, que en lo

conducente dice:

       “... El Organismo de Investigación Judicial, desde su creación
       mediante la Ley N° 5229 del 12 de diciembre de 1973, ha utilizado
       la siglas O.I.J., dándose a conocer dentro y fuera del país como
       una policía investigativa auxiliar de los Tribunales Penales y del
       Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de
       los delitos y de sus presuntos responsables.
       Precisamente las siglas supracitadas le ha dado una identificación
       especial durante años a nuestra policía judicial, en virtud de lo
       cual es totalmente inconveniente que otra organización nacional o
       internacional, indistintamente de los fines que tenga, haga uso de
       las mismas siglas toda vez que lo anterior se puede prestar para
       una serie de confusiones que por Ley se le han asignado al
       Organismo de Investigación Judicial.
       SE ACUERDA: Comunicar al Consejo Superior que esta
       Comisión, considera conveniente que por parte de las máximas
       autoridades del Poder Judicial se envíe a la Comisión Permanente
       de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa un escrito de
       oposición en cuanto al uso de las siglas O.I.J., con las que se
       identificaría la Organización Iberoamericana de la Juventud y que
       en su lugar se estudie la posibilidad de hacer uso de otra
       nomenclatura. Aunado a lo antes expuesto, se le debe solicitar a
       la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial que, a la mayor brevedad
       posible, realice las gestiones del caso para que se inscriba en el
       Registro Nacional el nombre de “Organismo de Investigación
       Judicial”, sus siglas “O.I.J.”, su escudo y su emblema, esto con el
       fin de evitar cualquier tipo inconveniente en el futuro”.
                                         84

                                        -0-

      Se acordó: 1.- Tener por rendido el anterior informe; aprobar la

recomendación de la Comisión de Enlace Corte-O.I.J. y trasladarla a la Comisión

Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 2.- La Dirección

Ejecutiva, a la brevedad, realizará las diligencias respectivas ante el Registro

Nacional, a fin de que se inscriban las siglas “O.I.J.”, el emblema y escudo

pertenecientes al Organismo de Investigación Judicial, así como en lo que atañe

al Ministerio Público y la Defensa Pública.

                               ARTÍCULO LXXXVIII

      En sesión celebrada el 10 de diciembre en curso, artículo VII, se concedió

permiso con goce de salario a la Licda Sonia Navarro Solano, Directora de la

Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID, para que participara en la reunión de

Unidades Ejecutoras de Programas de Modernización de Justicia en la ciudad de

Panamá, los días 15, 16 y 17 de ese mes.

      En la sesión del 17 de diciembre del año próximo pasado, artículo LIX, se

tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

              “... La señora Kattya Salas Abarca, Directora interina de la
        Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID, en oficio N°
        PJ-BID-756-98 de 17 de este mes, en relación al acuerdo anterior,
        manifiesta que se omitió por error solicitar el pago de los pasajes
        aéreos para que la Licda Navarro Solano participe en la actividad
        indicada.
              Se acordó: Autorizar el pago de los pasajes aéreos y la
        diferencia de viáticos que le corresponden a la Licda Sonia
        Navarro Solano, quien participó en la actividad indicada, cuyo
        pago se autoriza con dineros del programa Corte -BID.
              Los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría
        tomarán nota para lo de sus cargos”.
                                        85

                                       -0-

      La Licda Navarro Solano, en oficio N° PJ-BID 18-99 de 11 de enero en

curso, solicita se amplíe lo dispuesto en las sesiones a que se han hecho

referencia, ya que por razones administrativas debe aclararse la fuente mediante

la cual se cancelan los viáticos y pasajes del viaje por ella realizado, los cuales

corresponden al presupuesto de contrapartida local del Programa PJ-BID.

      Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y adicionar los acuerdos de cita

en el sentido de que los viáticos y los pasajes del viaje que realizó la Licda

Navarro Solano, son a cargo al presupuesto de contrapartida local del Programa

PJ-BID.

      Los Departamentos de Proveeduría y Financiero Contable tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO LXXXIX

      En facsímil N° 15-99 de 7 del presente mes de enero, el Lic. Carlos E.

Valverde Granados, Juez Civil y de Trabajo de Corredores, solicita se comisione a

algunos de los Jueces de Ciudad Neilly, a efecto de que le reciba el juramento en

el cargo que desempeña.

      Se acuerda: Comisionar al Tribunal de la Zona Sur, Sede Corredores, para

que reciba el juramento al Lic. Valverde Granados, por el período de su

nombramiento.

                                 ARTÍCULO XC

      En la sesión celebrada el 15 de diciembre del año pasado, artículo CXVIII,

se tomó el siguiente acuerdo:
                                          86

              “Se toma nota de las comunicaciones suscritas por el
        Licenciado Raúl Gigena Álvarez, Director Ejecutivo del Colegio de
        Abogados, en las que informa de la suspensión voluntaria en el
        ejercicio de la profesión a partir de noviembre último, de los
        Licenciados Gina María Acuña Solórzano, Libia Canales Castro,
        Jorge Alberto López González, Rogelio Montenegro Herrera,
        María Salas Chacón, Minor Enrique Salas Solís, Francisco E.
        Villalobos González y de las Licenciadas Magdalena Angulo
        Moore y Liseth Araya Vargas a partir de diciembre en curso.
              Para ejercer la profesión de abogado se requiere estar inscrito
        en el Colegio, y las funciones públicas para las cuales la ley exige la
        calidad de abogado sólo podrán ser desempeñadas por los
        miembros del Colegio, entre ellas las de Juez de cualquier
        categoría (Artículo 2, 6, 7, de la Ley Orgánica del Colegio de
        Abogados, y 20 del Estatuto de Servicio Judicial).
              Como el Licenciado Jorge Alberto López González, ocupa el
        cargo de Juez en el Juzgado Tercero Civil de San José, y
        actualmente se encuentra realizando estudios de posgrado en
        España, su retiro voluntario del Colegio le impide mantener el
        puesto y ejercer esas funciones, lo cual se pone en su conocimiento
        para que corrija esa situación dentro de 15 días”.

                                         -0-

      La Licda Maribel Seing Murillo, en su carácter de apoderada generalísima

sin límite de suma del Lic. López González, en oficio de esta fecha, manifiesta que

de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo que se ha transcrito, procedió a

presentar la solicitud correspondiente ante el Colegio de Abogados, a fin de que

se restablezca a su mandante en el ejercicio de la profesión, además que canceló

en dicha entidad el monto respectivo a las cuotas de diciembre y enero, de lo que

presentará copia en su oportunidad.

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación y tener por corregida

la situación del Lic. López González.

                                   ARTÍCULO XCI

      El Lic. Franklin Cortés Araya, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía de Montes de Oro, en oficio de 8 de este mes, expresa que ya
                                         87

concluyó sus estudios que lo acreditan como profesional en Derecho. Al propio

tiempo adjunta su curriculum vitae y ofrece sus servicios para sustituir al titular de

dicho Despacho, quien disfrutará de vacaciones del 18 de enero en curso al 9 de

febrero próximo.

      Se acordó: Tomar nota de la gestión del Lic. Cortés Araya, y trasladarla al

Presidente, para lo que a bien estime disponer.

                                  ARTÍCULO XCII

      Los señores Jueces del Tribunal de Heredia, en oficio de 22 de diciembre

pasado, por las razones que invocan, solicitan se estudie la posibilidad de

conceder a la señora Mardy Santamaría Chacón, Auxiliar Judicial de ese

Despacho, la jubilación en aras del mejor servicio público, o en su defecto sea

trasladada a otro despacho judicial.

      Se dispuso: Previamente a resolver lo que corresponda, remitir a la señora

Santamaría Chacón, a valoración por parte del Departamento de Medicina Legal,

a fin de que se determine su estado actual de salud.

                                  ARTÍCULO XCIII

      En la sesión celebrada el 24 de agosto del año pasado, se prorrogó entre

otros, el nombramiento como Jueza Supernumeraria de la Licda Magally Salas

Álvarez, en el Juzgado Segundo Civil y de Trabajo de Cartago, del 1° de

setiembre al 31 de diciembre de l998.

      El señor Walter Ardón Acosta, en nota de 7 de los corrientes expresa:

             “CON EL DEBIDO RESPETO, con base en el artículo 27 de
        nuestra Constitución Política, le solicito la siguiente información.
        PRIMERO:          QUE MOTIVOS LEGALES SE TOMARON EN
        CUENTA PARA REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE LA LICDA.
                                      88

       MAGALLY SALAS ÁLVAREZ, JUEZA SEGUNDA CIVIL DE
       CARTAGO.
       SEGUNDO: QUE ARGUMENTOS LEGALES SE TOMARON EN
       CUENTA, PARA DEGRADARLA DE JUEZA CIVIL AL GRADO DE
       ESCRIBIENTE EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE
       CARTAGO.
       TERCERO: SE ME INFORME SI ES COSTUMBRE DEL PODER
       JUDICIAL ESTE TIPO DE VIOLACIONES A LA CONDICIÓN
       HUMANA. LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
       ESTÁN PLENAMENTE VIOLADOS.
       ÚLTIMO: Se me informe si se le está pagando el salario de Jueza
       Segunda Civil o se le paga como escribiente, lo que sería otra
       violación.
             Me permito manifestar a usted, que si no se me brinda la
       información, estaré recurriendo ante la Sala Constitucional, y
       talvez esta violación a la condición humana, llegue al escándalo
       publicitario.
             VALE LA PENA INVESTIGAR CON EL PERSONAL DEL
       JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CARTAGO. LAS ACTITUDES
       DE LA JUEZA TITULAR, VALE LA PENA INVESTIGAR CON
       OTROS ABOGADOS DE CARTAGO. QUE ESTA PASANDO EN
       ESE DESPACHO. ¿DÓNDE ESTÁ LA INSPECCIÓN JUDICIAL?”.

                                      -0-

      Se acordó: Dejar constancia de que conforme consta en el acuerdo a que

se ha hecho referencia, a la Licda Salas Álvarez se le designó en el mencionado

despacho hasta el 31 de diciembre del año pasado, en funciones de Jueza

Supernumeraria, y que a partir del lunes 18 de enero en curso, laborará en esa

condición en el Juzgado Civil y de Trabajo de Desamparados, en plaza vacante.

                               ARTÍCULO XCIV

      El Lic. Edwin Duartes Delgado, Juez interino del Tribunal de la Zona Sur,

Sede Corredores, en oficio 529-98 de 11 de diciembre del año pasado, recibido el

8 de los corrientes, para los fines del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, da cuenta que mediante resolución de las 7,35 horas del 2 de diciembre

de l998, el titular del Despacho, Lic. Ronny José Durán Umaña, se inhibió de
                                        89

conocer de la causa seguida contra Rodrigo Jiménez Salas por el delito de tráfico

internacional de cocaína, en daño de la Salud Pública.

      Informa el Presidente, Magistrado Cervantes, que de conformidad con

inciso 1° del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso que sea un

Juez del Tribunal de Pérez Zeledón, el que conozca de la referida causa.

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe.

                                 ARTÍCULO XCV

      En oficio N° 539-98-T de 15 de diciembre pasado, recibido el 8 de este

mes, el Lic. Edwin Duartes Delgado, Juez interino del Tribunal de la Zona Sur,

Sede Corredores, informa para los fines del artículo 29 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, que se inhibió de conocer de la causa seguida contra Evelio

Campos Chavarría por el delito de receptación, en perjuicio de Fabio Hernán

Picado Godínez y otro, cuya fecha del debate se señaló para el 7 de los

corrientes.

      Informa la Secretaria General que vía teléfono se consultó al mencionado

Despacho, y se le informó que el debate lo hizo el titular del Tribunal, Lic. Ronny

Durán Umaña, quien no tenía motivo de impedimento.

      Se dispuso: Tomar nota del anterior informe.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                ARTÍCULO XCVI

      El Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, con nota N°

213-DE-99 de 8 de enero en curso, remite el oficio        de 6 de los corrientes,

suscrito por el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero
                                         90

Contable, relacionado con el informe sobre el proyecto para desconcentración del

refrendo de cheques y la custodia de los depósitos judiciales en la Unidad

Administrativa Regional de Heredia.

      Se dispuso: Aprobar el mencionado proyecto, para lo cual la Unidad

Administrativa Regional de Heredia, tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XCVII

      En sesión del 1° de diciembre de 1998, artículo LXII, entre otros aspectos,

se dispuso trasladar a la Dirección Ejecutiva, para su atención, la solicitud de

reparación de dos computadoras del Juzgado Primero Civil y de Trabajo de

Puntarenas, formulada por la Inspección Judicial con motivo de la evaluación

realizada en los Juzgados Civiles y de Trabajo de ese lugar.

      Mediante oficio N° 37-DE-99 del 5 de enero en curso, el señor Rafael Ángel

Morales Monge, Subdirector Ejecutivo, da cuenta de que tales computadoras

fueron reparadas el día 2 de diciembre citado, según lo hizo saber en su informe

N° 1766-Urp-98 del 22 del referido mes, el Lic. Fernando Retana Bejarano, Jefe

de la Unidad Administrativa Regional de Puntarenas.

      Se acordó: Tomar nota.

                                ARTÍCULO XCVIII

      El Lic. Carlos Alberto Brenes Cerdas, Jefe de la Sección del Fondo de

Jubilaciones, con el visto bueno del Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, en oficio N° 1364-FJP-98 de 20 de diciembre

del año pasado, recibido hoy, expresa:

              “Nos permitimos informarle que de acuerdo con la
       certificación extendida por la señora Matilde Gómez Chaves,
                                        91

        Coordinadora de archivo y certificaciones del Ministerio de
        Hacienda, la señora ADA SABORÍO GONZÁLEZ, cédula de
        identidad N° 6-190-614, cotizó para el FONDO DE
        JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, durante
        su relación laboral con la Corte las sumas que a continuación se
        detallan:
                    Cuota obrera               ¢304.809.22.
                    Cuota patronal             ¢534.698.46.

        Lo anterior de acuerdo con la solicitud de la señora Eithel Corea
        Baltodano, Jefe del Depto. Trámite de Pensiones de la Caja
        Costarricense del Seguro Social, mediante nota de fecha 24 de
        noviembre del presente año, recibida por nosotros el 7 de los
        corrientes, en la que se indica que el monto por el traslado de las
        cuotas asciende a la suma de ¢300.091.15.”.

                                       -0-

      Se acordó: De conformidad con el artículo 240 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, autorizar el traslado de cuotas que se han indicado, por la suma de

¢300.091,15, con que contribuyó la señora Saborío González, a la formación del

Fondo de Jubilaciones y Pensiones Judiciales.        El Departamento Financiero

Contable tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XCIX

      En la sesión celebrada el 15 de diciembre del año pasado, artículo XCIII, se

tomó nota del oficio N° 14143 de 10 de ese mes, en que el Lic. Óscar Calderón

Fallas, Director General del Departamento de Gobierno Central de la Contraloría

General de la República, dio cuenta que el Despacho a su cargo aprobó la

transferencia de partidas N° 11-98.

      El Director Ejecutivo, Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez, con oficio N°

125-DE-99 de 7 de enero en curso, remite la nota N° 7-P-99 de 4 de los

corrientes, suscrita por el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento

Financiero Contable, en la que comunica que la diferencia entre las sumas por
                                       92

disminuir y por incrementar en la aludida transferencia, correspondiente a la

fuente de financiamiento 27, fue corregida el pasado mes de diciembre.

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                  ARTÍCULO C

      El Lic. Rojas informa que en sesión de este Consejo N° 100-98 del 17 de

diciembre pasado, artículo L, fue comisionado para realizar un estudio sobre el

pago de la ayuda económica a los servidores judiciales que realizan cursos de

capacitación en la Escuela Judicial. Para     tal efecto convocó a reunión      el

pasado 11 de enero, a servidores de la Escuela y del Departamento Financiero

Contable. Se hace la siguiente propuesta:

      1.- Mantener    el monto   de tres mil colones diarios ( establecidos en

acuerdo de la Sesión del 18 de febrero de 1997, artículo CII ) para los servidores

judiciales de San José y lugares señalados en el punto b, y de cuatro mil

quinientos colones diarios para el resto del país, como ayuda económica para

los que participen este año en cursos de capacitación en la Escuela Judicial.

Ello con el fin de que no se vea afectada la economía familiar, considerando que

se hace necesaria la diferenciación porque el impacto presupuestario en el hogar

es mayor cuando se viene de zonas alejadas, por los gastos de hospedaje, para lo

cual se deben establecer las siguientes normas:

     a.- Se considera que este acuerdo debe ser aplicado para los participantes

que proceden de lugares alejados de la sede central de la Escuela Judicial.
                                        93

      b.- A los participantes del Área Metropolitana y lugares circunvecinos, así

como los cantones cercanos a la cabecera de las provincias de Alajuela, Heredia

y Cartago, se les aplicará lo estipulado en la Tabla de Viáticos, siempre y cuando

el monto establecido no sobrepase los tres mil colones, en cuyo caso se les

asigna el monto fijo establecido. Para los servidores de lugares alejados rige el

mismo principio; estableciendo el monto en cuatro mil quinientos colones.

    c.- En los casos en que el servidor deba trasladarse de su lugar de trabajo un

día antes del inicio del curso, se le cubrirán los gastos que correspondan con base

en la Tabla de Viáticos, siempre manteniendo como límite el tope de los cuatro mil

quinientos colones. De igual forma, se procederá el último día del curso o si el

servidor llega a su lugar de destino un día después.

      2.- El monto fijo de tres mil colones se cancelará a todos los servidores

judiciales, aún en los casos en que se les pague zonaje, porque este “plus”

responde a la retribución económica adicional al salario base, cuando son

nombrados para desempeñar el cargo en un lugar diferente a su residencia

habitual, debiendo en consecuencia incurrir en gastos adicionales.

      3.- Los gastos de transporte deben ser reconocidos por separado.

      4.- La Escuela Judicial velará por el cumplimiento de las condiciones

expuestas.

      5.- Cualquier otro aspecto no contemplado en el presente informe, se regirá

por el “ Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos”

(Gaceta N° 213, 3 de noviembre 1998)
                                          94

      6.- Esta medida se aplicará a los participantes a cursos de la Escuela

Judicial a partir del 1 de febrero de 1999.

      Se dispuso: Tener por rendido el anterior informe del Lic. Rojas y aprobar

la propuesta en él contenida. El Departamento Financiero Contable y la Escuela

Judicial tomarán nota para lo de sus cargos.

                                   ARTÍCULO CI

      El Lic. Rojas, somete a consideración el oficio de 10 de los corrientes,

suscrito por la Licda Damaris Soto Pérez y el Lic. Enrique Ramírez Acuña, Jueces

del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Pococí,

quienes expresan:

        “... por parte de la Proveeduría Judicial se nos dotó de lo
        necesario para el desarrollo de dicha función, sin embargo algo
        tan importante e indispensable como es el equipo de cómputo,
        refieren que no hay en existencia para enviar a ninguna oficina y
        que además la licitación con que se está tramitando la compra de
        más equipo, se encuentra apelada y que por lo tanto va a durar
        mucho el obtener nuevo equipo.
              Por tal motivo, desde nuestros primeros días de
        nombramiento, decidimos traernos a la oficina nuestro equipo
        personal de cómputo (en el caso del Lic. Ramírez) 1- Pentium
        Intel de 150 con monitor Spectrum 4Vn, de 14” (35.5 cm), 28 mm
        DP a color, Viewable Image Size: 13” (33 cm), Diagonal, VESA
        75/85 Hz Fefresh Rate Pre-set, Digital Control, UP To 1024 x 768
        Resolution, Non-Interlaced). (En el caso de la Licda. Soto) 2-
        CPU Compaq Presario 2200 serie f803B720205, SKU 292602-564
        monitor compaq presario V410 s-N742 AG 1/9 w 1270, 3862 082,
        mod. 304 V, teclado compaq 286241-165, 122740-014, PT2 156
        TWLA, mouse compaq 285796-003. Esto por cuanto es de suma
        importancia para el buen funcionamiento del cargo; sin embargo,
        debido a un reciente “robo” que se ha dado en nuestra oficina por
        parte de sujetos desconocidos durante los días de asueto de fin
        de año, nos preocupa mucho que por tener nuestro equipo a
        disposición del Poder Judicial, nos lo vayan a robar o a sufrir
        cualquier daño de funcionamiento.
              Es por este motivo que acudimos a Ustedes a fin de solicitar
        si es posible en caso de robo o desperfecto, se nos reponga el
                                         95

        mismo o se nos repare por cuanto considero que sería justo, si
        consideran oportuna la solicitud, creemos conveniente autorizar al
        encargado de cómputo de la zona, hacerle un chequeo a mi
        equipo para ver el estado del mismo y así poder dar los datos
        exactos por cualquier situación que pueda suceder.
             Nota: Sobre esta solicitud, ya se ha conversado previamente
        con el Lic. Juan Diego Rojas”.
                                        -0-

      Informa el Lic. Rojas, que en casos como el presente se debe dar la

garantía que solicitan los servidores, ya que ponen a disposición del Poder

Judicial, équipo de cómputo personal y el “Reglamento para la utilización de los

equipos de cómputo y programas informáticos del Poder Judicial” no regula estas

situaciones, además, son casos excepcionales que deben ser valorados cada vez

que se hace este tipo de gestión.

      Se acordó: Autorizar el uso del equipo indicado. La Dirección Ejecutiva

tomará nota para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO CII

      La Licda Pereira, somete a consideración el oficio de 5 de los corrientes,

suscrito por la Licda Maribelle Bustillo Piedra, Fiscal de la Unidad de Investigación

de Sustracción de Vehículos, quien con el visto bueno del Lic. Carlos Arias Núñez,

Fiscal General, expresa:

              “... Ante ustedes me presento a fin de solicitar la
        interposición de sus buenos oficios, a efecto de lograr la
        aprobación de una plaza extraordinaria de Auxiliar Judicial para
        nuestra oficina o en forma subsidiaria, se autorice a la Dirección
        Administrativa, para que por un período no menor a un año, nos
        asigne una plaza de Supernumerario.
              Nuestra oficina en virtud del Convenio Corte Suprema de
        Justicia-Instituto Nacional de Seguros, recibió desde hace más de
        un año, un moderno equipo de computación, donde se pretende
        almacenar y clasificar toda la información sobre las bandas de
        roba-carros, información que será de gran utilidad no solo para las
        Fiscalías de todo el país, sino y lo más importante, para combatir
                                         96

        en forma vehemente y responsable el delito de sustracción de
        vehículos en Costa Rica. No obstante que contamos con este
        equipo y un oficina para su funcionamiento, la Unidad
        Administrativa del Ministerio Público nos indica que no cuenta con
        plazas disponibles al efecto, siendo que ante tal circunstancia la
        Oficina de Auditoría del Instituto Nacional de Seguros, nos ha
        hecho la advertencia de que si el equipo no se pone a funcionar,
        necesariamente tendrán que quitárnoslo.
              En virtud de la necesidad de contar con este recurso, se
        acudió a la Dirección Ejecutiva para la asignación de un
        Supernumerario y efectivamente, luego de que se analizó y
        concluyó su necesidad, se nos ofreció la ayuda al menos por un
        mes, plaza que está funcionando a partir del presente mes de
        enero en la persona de la señorita Yancy Arias Valverde, cédula
        de identidad 1-914-151. Ahora, debemos tomar muy en cuenta
        que la información que manejaría esa persona es sumamente
        delicada y confidencial y por ello consideramos que no es
        recomendable estar cambiando cada mes al funcionario, por lo
        que de no existir la posibilidad de aprobar una plaza
        extraordinaria, ruego se recomiende a la Dirección Ejecutiva la
        designación de un Supernumerario por el tiempo referido, a efecto
        de lograr mayor efectividad en el desarrollo de nuestro trabajo y
        solicitamos que este nombramiento recaiga ojalá en la persona
        referida, pues ya tiene tiempo de laborar en esta oficina y se ha
        destacado por su buena función y discreción.
        Recordemos que con la entrada en vigencia del Código Procesal
        Penal, se le exige al Ministerio Público ser el director de la
        investigación y el que debe definir la política criminal, sin embargo,
        esta labor no puede llevarse a cabo cuando se trabaja frente al
        crimen organizado y no se puede clasificar la información por falta
        de base de datos que nos permita observar y estudiar el
        comportamiento de esa criminalidad y que sirva además de fuente
        de consulta a las demás Fiscalías cuando requieran aplicar en su
        caso, alguna medida alternativa de las establecidas en la ley
        procesal penal.
              Presentamos esta nota con el visto bueno del señor Fiscal
        General de la República, según resolución tomada por su
        autoridad en sesión del 17 de diciembre de 1998”.

                                        -0-

      Se acordó: Aprobar la anterior solicitud, la que traslada a la Dirección

Ejecutiva, para su atención.

                                        -0-
                               97

A las 16:00 horas terminó la sesión.

				
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