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                                      N° 59-2000

        CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho horas del

veintisiete de julio del dos mil.

        Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Vicepresidente de la

Corte, quien sustituye para este acto al Presidente, Magistrado Mora; Licda. Magda

Pereira Villalobos, Licdos. Hernán Campos Vargas, Edgar Amador Madriz y el Suplente

Lic. Jorge Rodríguez Rodríguez en sustitución del Lic. Juan Diego Rojas Araya por

vacaciones. Asiste también el Director Ejecutivo, Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                      ARTÍCULO I

        Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 13 de julio en curso, número 55-

2000.

RECONSIDERACIÓN

                                     ARTÍCULO II

        En sesión N° 48-00 celebrada el 22 de junio último, artículo IX, se denegó la

solicitud de la señora Nydia María Piedra Ramírez, servidora del Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito Judicial de San José, para que se le concediera permiso para

recibir el curso de “Derecho Procesal Penal II, los lunes de las 14:30 a las 16:30 horas,

por cuanto no resulta conveniente que se ausentara de sus labores dentro de la

jornada y que no se afecte el normal funcionamiento del despacho donde labora y por

ende la atención al usuario.

        La señora Piedra Ramírez, con el visto bueno del Lic. Franz Korte Núñez y el
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Ing. Jaime Jirón Romero, Juez Coordinador y Administrador del Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito, respectivamente, en facsímil de 27 de junio último, recibido el 24

de este mes, manifestó:

       “En forma muy respetuosa estoy solicitándoles a ustedes en forma
       vehemente, una reconsideración en cuanto a su decisión de
       denegarme el permiso de una hora y media por semana para estudiar
       en la Universidad Santo Thomás de Aquino, ubicada cien metros al
       norte de la esquina noroeste del O.I.J.
            Debo mencionar que mi puesto en el Juzgado de Tránsito del II
       Circuito Judicial de San José es de Auxiliar Judicial 3-B en propiedad,
       tengo más de 10 años de laborar para este Poder y es la primera vez
       que pido autorización para llevar una materia en la tarde, y lo hago por
       cuanto no podía llevarla de noche ya que me chocaba con otra materia
       requisito para llevar dos de las que he llevado y es prácticamente
       imperativo que la llevara que es Derecho Público, por lo que debía
       matricular Derecho Procesal Penal II para los lunes a las 3:00p.m.
             Debo mencionar que el trabajo que realizo se me asigna por tarea
       diaria, y la misma no se ve afectada por cuanto cumplo con ella
       diariamente incluyendo el día en que tengo clases.
           Por otro lado si fuere necesario reponer esta hora diaria durante la
       semana, no tengo inconveniente en hacerlo, de todas manera siempre
       he estado dispuesta a cooperar en todo lo que sea beneficio para el
       despacho y en aras del buen servicio del despacho en el que laboro.
            Por lo anterior y con la fe de que solo en esta oportunidad
       requeriré de este permiso, pues trataré de matricular incluso menos
       materias a fin de no afectar mi horario, solicito muy respetuosamente
       reconsiderar mi solicitud y concederme el permiso para los días lunes
       de 3 a 4:30 tiempo que me comprometo a reponer de alguna forma con
       el Administrador y Juez Coordinador del despacho.”
                                        -0-

      Se acordó: Acoger la anterior reconsideración, en consecuencia, se concede

permiso con goce de salario a la señora Piedra Ramírez, para que asista al curso de

que ha dado cuenta, el día y hora señalada, durante el presente cuatrimestre, en el

entendido de que deberá reponer el tiempo que ocupe en dichas labores, a fin de

mantener el trabajo al día. La Jefatura del despacho supervisará que efectivamente se
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cumpla con lo dispuesto, para lo cual deberá comprobarlo ante este Consejo.

Asimismo, comunicará al Departamento de Personal el resultado final que obtenga del

mencionado curso.

      El Departamento de Personal y el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José tomarán nota para lo que corresponda.

NOMBRAMIENTOS

                                     ARTÍCULO III

      En sesión N° 55-00 celebrada el 13 de este mes, artículo XXVIII, se aprobó el

traslado a la Fiscalía de Nicoya, a partir del 1° de agosto próximo, del señor Luis Javier

Obando Matarrita, cédula de identidad 5-240-795, puesto N° 014955, Conserje 2 del

Consejo Superior, por lo que tres Integrantes propietarios de este Consejo, proponen el

nombramiento del señor José Eduardo Salazar Barrientos, cédula de identidad 1-670-

201, a partir del 1° de agosto al 31 de octubre del año en curso.

      Se acordó: Autorizar el nombramiento del señor Salazar Barrientos, a partir del

1° de agosto al 31 de octubre del año en curso.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                     ARTÍCULO IV

      En sesión N° 47-00 celebrada el 20 de junio del año en curso, artículo LXIII, en

vista de los problemas interpersonales presentados en el Tribunal Penal del Primer

Circuito Judicial de San José, se autorizó a la Unidad de Atención Psicosocial realizar

un estudio en dicho Despacho y en tanto se realiza éste, se permutó a la Licda.

Margarita Baltodano Pazos con la Licda. Kattia Jiménez Fernández, del Juzgado Penal

de Hatillo y la Licda. Roxana Monge Quesada con el Lic. Joe Campos Bonilla del
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Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a partir del 26 de junio

último.

      Informa la Secretaria General de la Corte, que aún no se ha recibido el resultado

del estudio efectuado por la Unidad de Atención Psicosocial en el citado despacho, y

que las permutas de las Licdas. Baltodano Pazos y Monge Quesada vencieron el 25 de

este mes.

      Se acordó: Prorrogar las permutas de la Licda. Baltodano Pazos con la Licda.

Jiménez Fernández por un mes más, y hasta el 31 de los corrientes la permuta de la

Licda. Monge Quesada con el Lic. Campos Bonilla.         Por lo antes dispuesto doña

Roxana deberá reintegrarse a partir del 1° de agosto próximo, a su puesto en propiedad

con motivo de que vence su nombramiento como funcionaria, y el Lic. Campos Bonilla

se incorporará al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a partir de

esta misma fecha.

      El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal, el Juzgado Penal

del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José tomarán nota para lo que a cada

uno corresponda.

PERMISOS

                                     ARTÍCULO V

      Informa el Lic. Amador que el Lic. Rojas solicita permiso con goce de salario el

próximo lunes 31 de julio, para asistir al Proyecto sobre el Código Contravencional que

realiza el Colegio de Abogados, y que éste se ha haga extensivo a la señorita Carolina

Martínez Solano, Secretaria 3 interina del Consejo Superior.

      Se acordó: Acoger la solicitud del Lic. Rojas.
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      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                       ARTÍCULO VI

      La Licda. Yanina Saborío Valverde, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil de

Mayor Cuantía de Alajuela, en nota de 18 de julio en curso recibida el 24, solicita

autorización para sustituir a la señora Julieta Arias Alfaro, del 18 al 21 de este mes, por

incapacidad, y nombrar a la señora Lourdes Castillo Blanco.         Lo    anterior   según

indicó, obedece al volumen de trabajo que maneja este despacho, a raíz de los

cambios sufridos por la unificación.

      Se acordó:       Denegar la anterior solicitud, por encontrarse extemporánea.

Además de que en repetidas ocasiones se le ha indicado a la Licda. Saborío que debe

presentar este tipo de gestiones por el medio más expedito de lo contrario deberá

pagar dichas sustituciones de su propio peculio.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                       ARTÍCULO VII

      En sesión N° 58-00 celebrada el 24 de este mes, artículo XXVII, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

              “El Dr. Paul Rueda Leal, Subdirector de la Escuela Judicial, con el
        visto bueno del Director General, en oficio N° DIR-242-00 de 14 julio
        en curso, comunica lo siguiente:
        “Como se indica en la nota adjunta, fui preseleccionado y becado por el
        Instituto Interamericano de Derechos Humanos para participar en el
        XVIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, que se celebrará
        en la ciudad de San José de Costa Rica del 31 de julio al 11 de agosto
        próximos.

        El proceso de selección se perfecciona con el envío de mi ficha de
        confirmación, cuestión que ya realicé, y la remisión de una serie de
        textos legales y una ponencia, que remitiré el 17 de este mes.
                                   6

La beca otorgada cubre el costo del curso, dos mil dólares, además de
los almuerzos, cafés y bocadillos en los recesos y la participación en
otras actividades fuera de la sede. Los rubros de inscripción y material
didáctico están excluidos de la beca.

El tema de este curso es el acceso a la justicia, derecho humano que
está incorporado en el artículo 41 de nuestro Constitución. Éste
significa una condición indefectible para la protección judicial de los
derechos y garantías que se establecen en un ordenamiento jurídico y,
en el caso de la justicia constitucional, de los derechos y garantías
fundamentales. Sin un acceso a la justicia garantizado, resulta
imposible actualizar el contenido de los demás derechos.

La concreción de este derecho y su estudio tiene una estrecha relación
con mis actuales funciones en la Subdirección de la Escuela Judicial.

En efecto, el derecho al acceso a la justicia no se violenta tan solo
porque los cuerpos legales regulen la materia de manera restrictiva,
sino también en tanto los propios operadores de justicia carecen de la
adecuada preparación técnica y de actitud para actuar en el caso
concreto de manera eficaz y conforme a derecho.

Por tal razón, la Escuela Judicial está propulsando una reestructuración
total de sus programas.

Una pieza de este proceso es la introducción de un curso de formación
inicial de jueces. Esta actividad pretende capacitar a los futuros
operadores de justicia en aspectos de específico interés judicial, que no
son tratados con suficiente profundidad en las universidades.

Ahora bien, un elemento primordial en esta capacitación es la debida
comprensión del derecho al acceso a la justicia, por cuanto es el
principio básico que debe guiar la interpretación de los instrumentos
procesales en las diversas áreas con el objeto de evitar la conocida
costumbre de caer en un excesivo formalismo jurídico, impedir tratos
discriminatorios, prevenir la imposición de otras limitaciones más que
las razonablemente derivadas de la naturaleza de los derechos
involucrados, garantizar la participación de los interesados en la
evacuación de las pruebas que fundamentan el fallo, resguardar el
derecho a recurrir, etc.

Con todo respecto, consiguientemente considero que mi participación
en este curso puede resultar de provecho para la Escuela y, en
consecuencia, el Poder Judicial, habida cuenta del proceso de
discusión tan provechoso que se dará, cuando se intercambien
opiniones y conocimientos con representantes de diversas culturas.
                                           7


        En virtud de lo expuesto, le solicito al Consejo Superior se me otorgue
        permiso con goce de salario del 31 de julio al 11 de agosto del año en
        curso a fin de participar en la actividad de cita. Asimismo,
        respetuosamente le solicito se me otorgue una ayuda económica por
        200 dólares a fin de sufragar los conceptos de inscripción y material
        didáctico, que están excluidos de la beca otorgada por el IIDH. “

                                          -0-

             Se acordó: Previamente a resolver lo que corresponda y de
        conformidad con los lineamientos establecidos para los trámites de
        beca, remitir las presentes diligencias al Consejo de Personal, para que
        a la brevedad procedan a efectuar el concurso correspondiente. EN
        FIRME”

                                          -0-

      El Dr. Paul Rueda Leal, Subdirector interino de la Escuela Judicial, en oficio N°

DIR-257-2000 de 24 de julio en curso, en relación con la solicitud anterior, presenta la

siguiente aclaración:

        “El Instituto Interamericano de Derechos Humanos me otorgó una beca
        en mi carácter personal, luego de realizarse una convocatoria abierta.
        De hecho, según se me informó de los 110 participantes solo 5 fueron
        seleccionados por Costa Rica.
        Por esta razón, la Corte en principio no requiere de mayor gasto, o sea,
        no me tiene que conferir ninguna beca por cuanto es el Instituto
        Interamericano de Derechos Humanos quien me la está otorgando. El
        monto de esta beca es de 2,000 dólares.
        Lo que solicito a este Consejo es: 1) permiso con goce de salario del
        31 de julio al 11 de agosto de este año, 2) ayuda económica por
        doscientos dólares por el rubro de inscripción, único aspecto que no
        está contemplado en la beca que se me otorgó.
        De no ser factible la ayuda económica, entonces limito mi solicitud a
        que se me dé el permiso con goce de salario.
        El tema a tratar es el acceso a la justicia, materia que está
        directamente relacionada con mis funciones en la Escuela Judicial.”
                                         -0-

      Se acordó: Trasladar la presente solicitud al Consejo de Personal, conforme se
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había ordenado en la sesión anterior, para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO VIII

      En sesión N° 45-00 celebrada el 13 de junio del año en curso, artículo XIV, se

tomó el siguiente acuerdo:

       “La Licda. María del Rocío Núñez Soto, Administradora del Complejo
       de Ciencias Forenses, por oficio N° 533-ACF-2000 de 5 de este mes,
       solicita autorización para nombrar al señor Carlos Arnoldo Bermúdez
       Aguilar, cédula 1-915-817, en la plaza de Jefe de Sección
       Administrativo 1, del 23 de junio al 14 de julio próximo, en sustitución
       del Lic. Francisco Gómez Ajoy que pasó a ocupar otro cargo. Agrega
       que el señor Bermúdez, actualmente tiene ganados hasta el tercer nivel
       de los seis que incluye la carrera de Diplomado en Administración de
       Negocios y que el requisito para dicho puesto es el de diplomado.
             Se acordó:        Acoger la solicitud anterior y aprobar el
       nombramiento propuesto por la Licda Núñez Soto. El Departamento de
       Personal tomará nota para lo de su cargo.”

                                         -0-

      En facsímil N° 707-ACF-2000 de 18 de los corrientes, la Licda. Núñez Soto,

solicita autorización para nombrar al señor Bermúdez Aguilar, en la plaza de Jefe de

Sección Administrativo 1, del 1° al 31 de agosto próximo, en sustitución del señor

Francisco Gómez Ajoy quién paso a ocupar otro cargo.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en el entendido, de que queda bajo

responsabilidad del jefe de oficina, por tratarse de un nombramiento menor a un mes.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO IX

      En sesión N° 25-00 celebrada el 28 de marzo del año en curso, artículo L, se

dispuso hacer extensivo a todas las Unidades Administrativas Regionales del país, la

autorización para sustituir por cualquier período de las plazas de chofer, cajero y
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Auxiliar de Comunicaciones, el cual deberán comunicarlo en cada caso concreto.

      La Licda. Carmen María Vásquez Mora, Encargada de la Subunidad

Administrativa Regional de San Ramón, en oficio N° 628-SUARSR-00 de 17 de julio en

curso, de conformidad con el acuerdo anterior solicita autorización para sustituir por

cualquier período y motivo en el puesto de Oficinista, en virtud de que en ese despacho

cuenta con una sola plaza, a diferencia de las demás Unidades Administrativas,

además según indicó no tiene plazas de supernumerarios.

      Se acordó:      Acoger la solicitud anterior, en el entendido de que deberá

comunicarlo oportunamente a este Consejo.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO X

      El Lic. Orlando Castrillo Vargas, Profesional en Tecnología de la Información,

con el visto bueno del Director Ejecutivo, solicita permiso para impartir el curso de

Redes en los Negocios y Sistemas Operativos en la Universidad de Costa Rica, Sede

Regional del Atlántico, los sábados de las 10:00 a las 16:00 horas de agosto a

noviembre

       Se acordó: Autorizar al Lic. Castrillo Vargas para que el día y horas que se han

mencionado, imparta lecciones en el indicado centro de estudios superiores, siempre y

cuando no se afecte el buen servicio público, y en el entendido de que esta decisión

queda sujeta a lo que resuelva la Sala Constitucional, en acción de inconstitucionalidad

interpuesta contra el artículo 9, inciso 3), de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los

acuerdos de Corte Plena y del Consejo Superior que al efecto se han tomado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                            10

                                      ARTÍCULO XI

      El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° DIR

245-2000 de 21 de julio en curso, solicita lo siguiente:

        “Con el fin de continuar con el diseño y producción de los cursos del
        Programa de Formación a Distancia para Auxiliares Judiciales, le
        solicitamos permiso con goce de salario y suplencia para el Lic.
        Gerardo Parajeles Vindas, del Tribunal Superior (sic) Civil, del 21 de
        agosto al 22 de diciembre inclusive, para que se haga cargo de
        “Tramitación en Materia Civil”.
        Ha quedado pendiente la solicitud de permiso para el autor del material
        de Tramitación en Materia Penal, dado que las personas a las que se
        les ha pedido su colaboración, tienen algún tipo de limitación que en
        este momento les impide apoyarnos. Por tal razón, dentro de una
        semana les estaríamos enviando el nombre del profesional
        seleccionando, con el fin de que inicie en la misma fecha que el Lic.
        Parajeles.
        Aprovecho para hacer de su conocimiento, que el próximo 28 de julio
        iniciaremos este programa, en los centros regionales de Heredia, San
        Carlos, Puntarenas y San José (con tres grupos). Nos sentiríamos muy
        complacidos de contar con su compañía ese día y proceder a la
        inauguración del Programa en Puntarenas, dado que, coincidentemente
        es la fecha en que ustedes celebrarán el Consejo Superior Ampliado en
        dicho lugar.
        Por último, deseo aprovecha esta oportunidad para manifestar que es
        digno de reconocer que el apoyo que ustedes nos han brindado, ha
        sido fundamental para lograr el éxito deseado.”

                                           -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al Director de la

Escuela Judicial justificar el tiempo que se requiere para el diseño y producción de los

citados cursos. Asimismo informe a qué obedece que se requiera de un Juez 4 y no un

Juez Tramitador para el desarrollo de estos programas el cual será dirigido a los

Auxiliares Judiciales que laboran en materia civil.

VACACIONES PROPORCIONALES Y OTROS
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                                    ARTICULO XII

      Con vista de los informes remitidos por el Departamento de Personal, y las

constancias que interesan de la Dirección Ejecutiva y del Departamento Financiero

Contable, con relación a las solicitudes de reajuste salarial por diferencias en las

vacaciones, por horas extra y/o ascensos, se autoriza el pago a las siguientes

personas:

      1) Francisco Agüero Chacón, cédula 1-448-146, ¢ 13.986,65 (trece mil

novecientos ochenta y seis colones con sesenta y cinco céntimos).

      2) Bernal Calderón Valverde, cédula 1-442-427, ¢ 3.854,15 (tres mil ochocientos

cincuenta y cuatro colones con quince céntimos).

      Informa la Jefe interina de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva, que ha abierto expediente administrativo al señor Calderón, bajo el N° 155-V-

97, por daños ocasionados al vehículo oficial placas PJ-649, el cual se encuentra en

proceso de recolección de prueba.

      3) Rudecindo Carrillo Villegas, cédula 5-099-275, ¢7.216,80 (siete mil

doscientos dieciséis colones con ochenta céntimos).

      4) Luis Gustavo Chavarría Valverde, cédula 1-650-043, ¢ 12.295,85 (doce mil

doscientos noventa y cinco colones con ochenta y cinco céntimos).

      5) Jaime Chéves Campos, cédula 1-682-152, ¢ 491,75 (cuatrocientos noventa y

un colones con setenta y cinco céntimos).

      6) Luis Chinchilla Ureña, cédula 1-544-046, ¢ 17.421,90 (diecisiete mil

cuatrocientos veintiún colones con noventa céntimos).

      7) Efraín Cordero Cartín, cédula 6-097-1200, ¢ 16.395,75 (dieciséis mil
                                          12

trescientos noventa y cinco colones con setenta y cinco céntimos).

      8) Saddy Cruz Calvo, cédula 1-560-908, ¢ 15.264,90 (quince mil doscientos

sesenta y cuatro colones con noventa céntimos); y ¢ 3.084,90 (tres mil ochenta y cuatro

colones con noventa céntimos).

      Informa la Jefa interina de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva, que se ha abierto expediente administrativo al señor Cruz bajo el N° 33-V-99

por daños al vehículo propiedad del Poder Judicial PLACAS CL-148888, el cual se

encuentra en proceso de recolección de prueba.

      9) Marco Fuentes Barboza, cédula 1-613-905, ¢ 6.420,20 (seis mil cuatrocientos

veinte colones con veinte céntimos).

      10) Omar Gómez Castrillo, cédula 5-140-268, ¢ 6.377,60 (seis mil trescientos

setenta y siete colones con sesenta céntimos); y ¢ 15.599,00 (quince mil quinientos

noventa y nueve colones sin céntimos).

      11) Alfredo González Guevara, cédula 1-586-219, ¢ 26.519,00 (veintiséis mil

quinientos diecinueve colones sin céntimos).

      12) José Hernández Pérez, cédula 5-134-229, ¢2.916,40 (dos mil novecientos

dieciséis colones con cuarenta céntimos); y ¢ 3.707,60 (tres mil setecientos siete

colones con sesenta céntimos).

      13) Gilberto López Corea, cédula 8-061-605, ¢ 849,50 (ochocientos cuarenta y

nueve colones con cincuenta céntimos); y ¢ 27.394,95 (veintisiete mil trescientos

noventa y cuatro colones con noventa y cinco céntimos).

      Informa la Jefa interina de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva que el señor López Corea se le ha abierto expedientes administrativos los
                                          13

cuales se encuentran en los siguientes estados: N° 139-V-98, por daños al vehículo

propiedad del Poder Judicial conocido internamente como la Unidad 023 se encuentra

suspendido en espera de la resolución judicial; N° 17-V-00 por daños a la Unidad 601,

en proceso de recolección de pruebas; N° 95-V-99 por daños a la Unidad 023, en

arreglo de pago; N° 44-V-99 por daños a la Unidad 023, en proceso de recolección de

pruebas; N° 87-R-98, en espera del dictado del acto final y el N° 110-V-97 por daños a

la Unidad 304, en proceso de recolección de prueba.

      14) Alvaro Matarrita Matarrita, cédula 6-164-615, ¢ 17.452,20 (diecisiete

cuatrocientos cincuenta y dos colones con veinte céntimos).

      15) Alberto Molina Bastos, cédula 1-541-925, ¢ 28.663,25 (veintiocho mil

seiscientos setenta y tres colones con veinticinco céntimos); y ¢ 13.857,90 (trece mil

ochocientos cincuenta y siete colones con noventa céntimos).

      Informa el Jefe del Departamento Financiero Contable que el señor Molina no

tiene deudas pendientes; sin embargo, en la cuenta N° 20192-8 Contaduría Judicial de

este Poder, presenta una deuda activa por ¢ 18.000,00 correspondiente a la resolución

de la Dirección Ejecutiva N° 468-98, según expediente administrativo N° 207-V-92.

      También la Jefa interina de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva informa que esa Dirección ha abierto expedientes administrativos al señor

Molina bajo los números 83-V-95, 290-V-97 y 122-V-00, por daños ocasionados a las

unidades números 07, 522 y 653 respectivamente, los cuales se encuentran en

proceso de recolección de prueba.

      16) Salvador Montero Alvarado, cédula 2-338-714, ¢ 24.612,75 (veinticuatro mil

seiscientos doce colones con setenta y cinco céntimos).
                                           14

      17) William Quesada Yanicelli, cédula 1-487-490, 189 7.332,25 (siete mil

trescientos treinta y dos colones con veinticinco céntimos); y ¢ 16.018,25 (dieciséis mil

dieciocho colones con veinticinco céntimos).

      18) Antonio Rodríguez Salas, cédula 2-337-415, ¢ 3.619,95 (tres mil seiscientos

diecinueve colones con noventa y cinco céntimos).

      19) Carlos Salazar Solís, cédula 1-712-859, ¢ 12.147,70 (doce mil ciento

cuarenta y siete colones con setenta céntimos); y ¢ 32.028,45 (treinta y dos mil

veintiocho colones con cuarenta y cinco céntimos).

      20) Porfirio Viales Mendoza, cédula 5-209-306, ¢ 2.496,55 (dos mil cuatrocientos

noventa y seis colones con cincuenta y cinco céntimos).

      Informa el Jefe del Departamento Financiero Contable, que el señor Viales

Mendoza no tiene ninguna deuda pendiente; sin embargo, en la cuenta 592-6 Fondo

de Jubilaciones y Pensiones de este Poder, presenta una deuda activa por ¢

354.673,89 saldo al mes de mayo del 2000 se le está rebajando de su jubilación, por

reconocimiento de tiempo servido fuera del Poder Judicial.

                                          -0-

      Se acordó: Autorizar al Departamento Financiero Contable, para que con

presupuesto de la subpartida 814 “Amortización de Cuentas Pendientes de Ejercicios

anteriores”, gire a favor de los interesados los montos correspondientes por diferencias

en el pago de vacaciones proporcionales por concepto de ascensos y horas extra.

VACACIONES

                                    ARTÍCULO XIII

      El Lic. Guido Romero Zúñiga, Inspector General del Tribunal de la Inspección
                                           15

Judicial, en oficio N° 4358 de 21 de julio en curso, solicita permiso para disfrutar nueve

días de vacaciones, del 3 al 11 de agosto próximo.

      Asimismo propone para su sustitución al Lic. Rodrigo Flores Garrido, por el

período indicado.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar el nombramiento del Lic.

Flores Garrido, por el período señalado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XIV

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 794-274-

ACC-2000 de 20 de julio en curso, remite el informe elaborado por la Sección de

Auditoría de Cuentas Corrientes, en relación con la evaluación practicada sobre la

cuenta corriente N° 104999-2 perteneciente al Juzgado Civil y de Trabajo de

Desamparados, cuyos resultados, conclusiones y recomendaciones comparte en todos

sus extremos y que en lo conducente dicen:

        “…De conformidad con la evaluación practicada en el Juzgado Civil, de
        Trabajo y Agrario de Mayor Cuantía de Desamparados, se concluye
        que el control interno es insatisfactorio, en virtud que a la fecha de
        nuestra visita, se incumplen las recomendaciones emitidas en su
        oportunidad por esta Unidad de Control las cuales fueron aprobadas
        por el Consejo Superior, así como algunos lineamientos establecidos
        por Corte Plena y el Consejo Superior, mediante la aplicación del
        Reglamento de Cuentas Corrientes, Manual de Procedimientos y
        algunas Circulares emitidas, para el debido manejo de las Cuentas
        Corrientes Judiciales, relacionados con los siguientes aspectos:
            Las firmas en el recibido conforme de la copia del cheque
             aparecen al carbón, ya que la persona que retira el cheque,
             estampa su firma en el documento original únicamente, no
             dejando en tinta su firma en el documento que permanece en
             poder de la oficina emisora.
                                   16

    No se estampa la palabra o sello cancelado, ni se indica el
     número de cheque y la fecha del mismo, en las boletas de
     depósitos liquidadas.
    A las boletas de depósito activas, no se les anota el tomo, folio y
     asiento.
    No se remite oportunamente al Departamento Financiero Contable
     las copias de los cheques.
    A las boletas de depósito, con más de cuatro años de emitidas, no
     se les ha realizado el estudio pertinente, para verificar su situación
     y correspondiente giro a la cuenta del Fondo de Pensiones y
     Jubilaciones del Poder Judicial.
En relación con el oficio 247-2000, enviado por la Licda. Leyla Lozano
Chang, referente a la inquietud planteda, en cuanto al registro de las
boletas de depósitos y cheques; se realizaron las pruebas necesarias
por medio de la Técnica de Conciliación Cuadrática durante los meses
de diciembre de 1999, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2000 y
los resultados demostraron que la cuenta no refleja inconsistencias que
presuman errores y atrasos en la inclusión de boletas de depósito y
cheques en el Libro de Tesorería.
V RECOMENDACIONES
De conformidad con los resultados y conclusiones obtenidos a través
de la evaluación de control interno llevada a cabo, y con base en la
facultad que otorga al Jefe del Despacho lo dispuesto por el artículo 54
del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales, esta Auditoría se
permite externar las siguientes recomendaciones:
1.   Solicitar al beneficio o autorizado, por parte de la persona
     encargada de entregar el cheque, el recibido conforme en la copia
     del mismo en tinta y no al carbón para que en caso de algún
     problema el despacho pueda demostrar que el citado documento,
     fue debidamente entregado, cumpliéndose lo estipulado en la
     Operación 18, Procedimiento 1.3 del Manual de Procedimientos
     para el Manejo de Cuentas Corrientes del Poder Judicial.
2.   Estampar el sello o la palabra “cancelado” en las boletas de
     depósito liquidadas por el funcionario delegado para llevar el
     control de las boletas, además de indicar el número de cheque
     con que ejecuta las boletas y la fecha del mismo, tal como lo
     establece el Procedimiento 1.2, Operación. N° 9 del Manual de
     Procedimientos indicado anteriormente.
3.   Anotar el tomo, folio y asiento donde se registró la boleta
     ingresada, por medio de la persona designada para registrar en el
     Libro de Tesorería, las boletas de depósito que pertenecen al
                                         17

            Despacho, así como lo instaura el Artículo 18 del Reglamento de
            Cuentas Corrientes en asocio a los Principios Generalmente
            Aceptados de Contabilidad.
       4.   Enviar una periodicidad adecuada, las copias de los cheques al
            Departamento Financiero Contable, cumpliendo con lo estipulado
            en el artículo 6 inciso “h”, del Reglamento de Cuentas Corrientes.
       5.   Estudiar las boletas de depósito de juicios abandonados que
            tienen más de cuatro años de confeccionadas, con el fin de
            establecer si procede o no trasladar esas sumas de dinero a favor
            del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,
            conforme lo establecen los artículos 27 del Reglamento de
            Cuentas Corrientes judiciales y 237 de la Ley Orgánica del Poder
            Judicial
       6.   Implementar en lo sucesivo las recomendaciones que emite la
            Auditoría Judicial las cuales han sido aprobadas por el Consejo
            Superior, para que las inconsistencias reveladas por los estudios
            de Control Interno durante la evaluación, no sean motivo para
            ocasionar acciones irregulares que atenten contra el manejo y uso
            de la Cuenta Corriente del Juzgado; según lo establece la Circular
            N° 63-97 de 12 de agosto de 1997.”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y acoger las recomendaciones,

las que deberán cumplirse a la brevedad por el citado despacho.

ESCUELA JUDICIAL

                                   ARTÍCULO XV

      El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° UJ-

257-2000 de 18 de julio en curso, a solicitud de la Magistrada Villanueva, remite para

su aprobación el plan de trabajo para la capacitación del personal del nuevo Juzgado

de Violencia Doméstica, que en lo conducente dice:

            “…De acuerdo con el cronograma anterior, el curso de
       capacitación se realizará en la primera audiencia de los días Lunes 31
       de julio, martes 1 y jueves 3 de agosto, razón por la cual solicito muy
       respetuosamente se sirvan autorizar permiso con goce de salario a los
                                                  18

       funcionarios de dicho Juzgado, que a continuación se detallan:


             Juzgado de Violencia Doméstica II Circuito Judicial de San José
        Número de    Nombre del puesto              Servidor Propuesto           Número de
          plaza                                                                    cédula
          038599      Auxiliar Judicial 2     Emer Villarrela Jaén (a)           1-818-965
          038600      Auxiliar Judicial 2     Carlos Sánchez Miranda             1-852-351
          038614      Auxiliar Judicial 2     Isabel Calderón Valverde (a)       1-580-913
          038626      Auxiliar Judicial 2     María      Alexandra       Muñoz   1-778-625
                                              Ramírez
          55555       Auxiliar Judicial 2     Juan Pablo Gamboa Amador           1-983-394
          55556       Auxiliar Judicial 2     Miguel Ángel Muñoz Flores          7-072-678
          55557       Auxiliar Judicial 2     Leda Cordero Tenorio               1-610-539
       (a) Plaza en propiedad.
             De igual forma, solicito se sirvan autorizar permiso con goce de
      salario a la Licda. María Ester Brenes Villalobos, Juez del Juzgado de
      Familia de Heredia, durante esos mismos periodos. Dicha funcionaria
      será de la docente encargada de realizar la capacitación en referencia.
             Una vez que sea nombrado el personal profesional de ese
      despacho, se procederá a capacitarlos a través del curso de Violencia
      Doméstica, impartido por esta Escuela, bajo la modalidad tutorial, para
      la cual se requiere de 4 audiencias consecutivas, cuyas fechas se
      confirmarán posteriormente.”

                                                 -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, a cuyos efectos se les concede permiso

con goce de salario, sin sustitución a la Licda. Brenes Villalobos y a los servidores

indicados, durante las fechas señaladas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                            ARTÍCULO XVI

      El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

ADM-356-2000 de 19 de julio en curso, solicita se autorice el gasto para el servicio de

catering que atenderá la inauguración del Programa de Capacitación a Distancia para
                                                19

Auxiliares Judiciales en San José y en los Centros Regionales de Heredia, San Carlos y

Puntarenas, según el siguiente desglose:

                San José:            ¢25.000.00
                Heredia:             ¢20.000,00
                San Carlos:          ¢20.000,00
                Puntarenas:          ¢20.000,00

       Asimismo, adjunta certificación del Departamento Financiero Contable de que

existe contenido presupuestario para atender esa erogación.

       Se acordó: Autorizar el gasto solicitado por el Director de la Escuela Judicial

para cubrir el servicio de catering que         se brindará en la inauguración del citado

programa.

       El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                      ARTÍCULO XVII

       Con oficio N° FAP 57-MAR-2000 del 26 de junio del año en curso, el Lic. Miguel

Ángel Abarca Pérez, Fiscal Coordinador de Aguirre y Parrita, solicitó al Departamento

de Planificación, reubicar en forma definitiva la plaza de Auxiliar Judicial del Juzgado

Penal de esa Zona y que se encuentra en calidad de préstamo en ese despacho.

       La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en oficio

N° 972-PLA-2000 de 19 de julio en curso, remite el informe N° 134-DO-2000 de la

Sección de Desarrollo Organización, sobre la reubicación de la plaza de Auxiliar

Judicial de la Fiscalía de Aguirre y Parrita.

       De acuerdo al análisis realizado por dicha Sección realizan las siguientes
                                         20

conclusiones y recomendaciones:

       1. “Se considera necesario mantener en calidad de préstamo por lo que
          resta del año, la plaza de Auxiliar Judicial que pertenece al Juzgado
          Penal en la Fiscalía de Aguirre y Parrita, dado que se determinó que
          el volumen de trabajo que conoce esta oficina, supera levemente los
          promedios utilizados por este Departamento para la equiparación de
          cargas de trabajo en esa área.

       2. Realizar una evaluación a finales del presente año, a fin de valorar
          las cargas de trabajo que presentan ambos despachos y así
          determinar la conveniencia de crear una plaza extraordinaria en la
          Fiscalía de Aguirre y Parrita, o en su defecto, mantener la propuesta
          que se ha utilizado a la fecha.

       3. Solicitar a los fiscales de Aguirre y Parrita, que elaboren a nivel
          interno de la oficina un rol de capacitación para los auxiliares
          judiciales. Esta capacitación podría consistir en 2 horas semanales
          (ejemplo viernes de 3:30 a 5:30 p.m.) donde se analicen temas
          referidos a la tramitación de causas.

       4. Gestionar ante el Departamento de Servicios Generales, la
          posibilidad de mejorar las condiciones de la planta física de la
          oficina, específicamente en la construcción de las paredes divisorias
          para las oficinas de cada Fiscal.”
                                          -0-

      Se   acordó:     Tener    por   rendido   el   anterior   informe   y   acoger   las

recomendaciones. Hacerlo del conocimiento de la Fiscalía General de la República. El

Departamento de Servicios Generales tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XVIII

      En sesión N° 24-00 de 24 de marzo del año en curso, artículo LII, se dispuso

trasladar la solicitud que realizara el Departamento de Seguridad al Departamento de

Planificación, para que en coordinación con el Departamento de Informática se

confeccionara la fórmula sin código denominada “Reporte de Accidente”.

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en oficio
                                                      21

N° 993-PLA-2000 de 19 de julio en curso, remite el informe N° 143-DO-2000 de la

Sección de Desarrollo Organizacional, en atención al acuerdo anterior, rinde el

siguiente informe:

               “En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión
          N° 24-00, celebrada el 24 de marzo del año en curso, artículo LII (1),
          donde se dispuso trasladar la solicitud que realizara el Departamento
          de Seguridad al Departamento de Planificación, para que en
          coordinación con el Departamento de Informática se confeccione la
          fórmula sin código denominada "Reporte de Accidente", me permito
          presentarle lo siguiente con base en la información recolectada por la
          Licda. Marlene Alpízar López, Técnico en Administración 2 de la
          Sección a mi cargo.
          I. ANTECEDENTES

       En    sesión de Consejo Superior N°3-00 celebrada el 11 de enero del
          año en curso, artículo XLI, se conoció la gestión realizada por el Lic.
          Rafael Ángel Rodríguez Salazar, en ese entonces Jefe del
          Departamento de Seguridad(2), donde solicitaba la aprobación para la
          fórmula sin código denominada "Reporte de Accidente".
          Este Consejo dispuso lo que a continuación se transcribe literalmente:
          "...Por estimarse conveniente contar con la información de referencia,
          se acordó: "Acoger la gestión anterior; pero solicitar al Lic. Rodríguez
          Salazar se analice la posibilidad de aplicar una fórmula más práctica
          para su recopilación".

       En sesión de Consejo Superior N° 24-00, celebrada el 24 de marzo del
          año en curso, artículo LII, se conoció la respuesta al acuerdo
          anterior(3), donde se manifestó que no es factible aplicar una fórmula
          más práctica.
          En virtud de lo anterior este Consejo acordó: "…trasladar la solicitud al
          Departamento de Planificación para que en coordinación con el
          Departamento de Informática se confeccione la fórmula respectiva."
          II. ANÁLISIS
          1.- Objetivo del formulario


(1)
    Presentado en el oficio N°3696 del 6 de abril del 2000, suscrito por la Licenciada Silvia Navarro Romanini,
Secretaria General de la Corte.
(2)
    Mediante oficio N°D.S.054-2000 del 6 de enero de este año.
(3)
    Del Lic. Rafael Ángel Rodríguez Salazar, Jefe del Departamento de Seguridad mediante oficio N°D.S.713-00 del
20 de enero de este año.
                                               22

             El objetivo del formulario sin código denominado "Reporte de
             Accidente" es llevar un control estadístico de los accidentes por riesgo
             del trabajo, por medio de los índices de incidencia y gravedad de los
             hechos reportados.
             Asimismo, esta fórmula servirá para capturar toda la información que
             alimentará en un futuro el Programa Informático "Preventivo
             Empresarial"; instrumento tecnológico que permite administrar la
             prevención en cuanto a los accidentes por riesgos de trabajo, donde se
             presenta información como: perfil del puesto, riesgos, describe el
             accidente, clasifica los accidentes y recomendaciones técnicas, entre
             otros.
             Cabe anotar, que en una primera etapa se pretende aplicar este
             Programa como Plan Piloto a nivel del I Circuito Judicial de San José y
             posteriormente extenderlo a todo el país.
             2.-Usuarios Directos y Suministro de la Fórmula
             Los usuarios de esta fórmula son: Jefes de despachos Judiciales de
             todo el país. A su vez, será suministrado por el Departamento de
             Seguridad y actualmente no se cuenta con existencias.
             3.- Uso del Formulario
             Según se determinó, este formulario fue suministrado en las Unidades
             y Subunidades Administrativas Regionales en una reunión por parte de
             la Jefatura del Departamento de Seguridad para su distribución; sin
             embargo se debe anotar que el formulario no se hizo extensivo a todos
             los despachos de la competencia territorial de cada Unidad o
             Subunidad y a la fecha sólo lo utilizan algunas Unidades
             Administrativas.
             4.-Formato
             En cuanto al formato cabe rescatar que la información que contiene la
             fórmula objeto de estudio, es la misma que se llena en el formulario que
             suministra el Instituto Nacional de Seguros denominado "Aviso de
             Accidente o Enfermedad del Trabajo" para que las instituciones
                                          (4)
             reporten el accidente laboral .
             En virtud de lo anterior, este Departamento considera que se está
             presentando duplicidad en la información y en el uso de las fórmulas,
             dado que el formato que creó la Unidad de Salud Ocupacional,
             consigna la misma información que se rescata al llenar este formulario,
             y lo que ocasiona es que se tengan que llenar más fórmulas, en
             detrimento de la agilización de los trámites.
             5.- Recopilación de información

(4)
      Ver Anexo N° 1 "Formularios".
                                                      23

          Aunado a lo precedente, se determinó que los datos de interés para
          esta Unidad, se pueden recolectar a través de las siguientes fuentes de
          información:
       Del formulario "Aviso de Accidente o Enfermedad del Trabajo" que
        aporta el Instituto Nacional de Seguros para que las Instituciones
        reporten el accidente laboral, tal como se indicó anteriormente, dado
        que esta fórmula es más completa y proporciona mayor información
        que el formulario que se creó para esos efectos.
       Los informes estadísticos de control interno que lleva la Dirección
        Ejecutiva de todas las incapacidades extendidas por el Instituto
        Nacional de Seguros por riesgo laboral de los servidores y funcionarios
        judiciales.
          Sobre el particular, es importante destacar que se conversó con
                                                         (5)
          servidores de la Unidad de Salud Ocupacional , quienes manifestaron
          estar de acuerdo con la duplicidad de las fórmulas y consideran que
          con la información que se recolecte de las fuentes mencionadas
          anteriormente, pueden trabajar los índices de incidencia y gravedad de
          los hechos reportados; además esos datos son suficientes para
          alimentar el programa "Preventico Empresarial", que se espera a corto
          plazo esté implementado.
          6.- Conveniencia de informatizar el formulario
          Tomando en cuenta que no se está aprobando el formulario analizado
          en el presente estudio, sino que se pretende aprovechar el formulario
          que suministra el Instituto Nacional de Seguros para esos efectos, no
          se considera conveniente informatizar el formato.
          Por otra parte, es importante mencionar que se realizan las gestiones
          pertinentes para que en la Unidad de Salud Ocupacional utilicen el
          programa "Preventico Empresarial"( 6 ), por lo que sería innecesario
          informatizar el formulario.
          En este sentido, en la Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
          del Departamento de Informática(7), son del criterio de que ya que existe
          el programa de "Preventico Empresarial", se debe gestionar para que
          se aplique lo antes posible y así aprovechar la información que se va a
          capturar.
          III. RECOMENDACIONES
          De conformidad con lo anterior, el Departamento de Planificación
          recomienda lo siguiente:

(5)
    Srta. Bárbara Polini Jiménez y Sr. Allan León Villalobos, Técnicos en Seguridad e Higiene Ocupacional.
(6)
    Al respecto, mencionó el Sr. Marcos Meza Sandoval, Jefe del Departamento de Seguridad que ya se gestionó ante
la Dirección Ejecutiva para que se apruebe la licencia y considera que a muy corto plazo se podría utilizar.
(7)
    Lic. Fabio Muñoz Jiménez., Jefe.
                                           24

     1. No utilizar el formulario "Reporte de Accidente", que creó la Unidad de
        Salud Ocupacional del Departamento de Seguridad.
     2. Aprovechar el formulario del Instituto Nacional de Seguros denominado
        "Aviso de Accidente o Enfermedad del Trabajo", que deben llenar todos
        los jefes de Despacho para reportar un accidente laboral a esta
        Institución.
     3. Girar instrucciones para que todos los Jefes de despachos, remitan a la
        Unidad de Salud Ocupacional del Departamento de Seguridad, una
        fotocopia del reporte "Aviso de Accidente o Enfermedad del Trabajo",
        que se presenta ante el Instituto Nacional de Seguros; así como de la
        incapacidad en caso de reapertura del caso.
     4. Para dar cumplimiento a la recomendación anterior, la Dirección
        Ejecutiva emitirá una Circular informando la nueva disposición a todos
        los despachos del país.
     5. Asimismo, se recomienda a la Secretaría de la Corte difundir la
        información a través de una Circular en el Boletín Judicial para que esta
        directriz sea de acatamiento de todos los despachos judiciales del país.
     6. La Dirección Ejecutiva enviará a la Unidad de Salud Ocupacional del
        Departamento de Seguridad un reporte de las "Incapacidades
        Extendidas por el Instituto Nacional de Seguros-Riesgo Laboral".
           Es del caso indicar, que las anteriores recomendaciones fueron
           comentadas con el Jefe del Departamento de Seguridad, quien
           manifestó estar de acuerdo.”

                                          -0-

       Se     acordó:     Tener por rendido el anterior informe y acoger las

recomendaciones citadas. La Secretaría General de la Corte y la Dirección Ejecutiva

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                    ARTÍCULO XIX

       En sesión N° 50-00 celebrada el 29 de junio último, artículo LXXI, se trasladó al

Departamento de Planificación la gestión presentada por el Lic. Luis Roberto Vargas

Villalobos, Fiscal Coordinador de Grecia, relacionado con el rol de disponibilidad de esa

oficina.
                                           25

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en oficio

N° 1002-PLA-2000 de 20 de julio en curso, remite el informe N° 043-PI-2000 de la

Sección de Desarrollo Organizacional, referente al rol de disponibilidad de la Fiscalía de

Grecia, que literalmente dice:

        “…1. En primera instancia y con base en la consulta reiterativa del Lic.
        Vargas Villalobos, debe indicarse que en cuanto a la política de turno
        establecida en el informe 145-PLA-98, el aspecto que se mantuvo
        invariable en el informe 493-PLA-2000, fue el relacionado con el horario
        de atención de los turnos, siendo claro el párrafo que textualmente
        indica:

        “En relación con la política de turnos, para el resto del país, se
        considera oportuno mantenerla invariable de forma que se mantenga y
        ajuste (el destacado no pertenece al original) lo establecido en el
        informe 145-PLA-98, de manera que el horario (el destacado no
        pertenece al original) de atención durante fines de semana, feriados,
        días de asueto, Semana Santa y período de fin de año, obedezca a lo
        siguiente, según el tipo de oficina:

             Juzgado       De 11:00 a.m. a 12 m.d.
             Fiscalía      De 10:00 a.m. a 12 m.d.
             Defensa       De 10:00 a.m. a 12 m.d.”

        De lo anterior se colige que lo invariable con respecto al informe 145-
        PLA-98, es lo relacionado con el horario, no así en lo referente a las
        localidades que atenderán turno, siendo precisamente este aspecto el
        que se relaciona con la palabra ajuste indicada en el párrafo transcrito
        anteriormente, donde el ajuste para el caso de la zona de Grecia, se
        basó en incluir dentro de la atención de turno a las Zonas de San
        Ramón y Grecia, que anteriormente eran atendidas por la Fiscalía de
        Alajuela.

        A este respecto, es importante mencionar, que tal modificación
        consideró el criterio que en su momento emitió la Comisión de
        Magistrados conformada para conocer de los asuntos relacionados con
        disponibilidad y turno, en el sentido de hacer las jurisdicciones de
        atención más pequeñas y donde la establecida para el cantón de
        Alajuela era una de las más extensas, lo anterior sin dejar de lado la
        importancia de la agilidad en el servicio que la carta magna le atribuye
        al Poder Judicial de administrar justicia en forma pronta y cumplida, lo
        cual en alguna medida se apoya ofreciendo el servicio a los habitantes
        de las zonas de Grecia, Alfaro Ruiz y Valverde Vega en un lugar más
                                   26

accesible, desde el punto de vista distancia como lo es Grecia en lugar
de Alajuela.

2. Con respecto a lo indicado en el punto 2 del informe 032-PI-2000,
debe señalarse que tiene como base lo establecido en el informe 1717-
PLA-97, que al respecto menciona textualmente:

“ Los fiscales de Grecia y San Ramón, establecerán un rol para que por
turno            (el destacado no pertenece al original), atiendan las
jurisdicciones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Alfaro Ruiz, San
Ramón y Palmares”.

Entendiendo en ese momento como turno, turno de disponibilidad, en
vista de que no fue hasta que por medio de acuerdo de Corte Plena
tomado en sesión Nº 7-98, celebrada el dos de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, artículo XV, que se vino a definir más
claramente lo relativo a turno y disponibilidad.

En este sentido, lo indicado en el informe 032-PI-2000, se refiere al
turno de disponibilidad como se entendía en el informe 1717-PLA-97, el
cual tal y como se indica en el punto 2, del informe 032-PI-2000, se
vino a modificar por medio del informe 493-PLA-2000, eliminando la
atención de los asuntos de turno de las zonas de San Ramón y Grecia
de la Fiscalía de Alajuela, indicado en el informe N°145-PLA-98 y a la
vez el rol que se establecía entre los Fiscales de San Ramón y Grecia,
a que se refiere el informe N°1717-PLA-97 para hacer la jurisdicción de
cada uno de éstos más pequeña, concentrándose cada uno en su
cantón y cantones más aledaños.

3. En relación con la competencia territorial que le corresponde atender,
no se omite manifestar que la indicada para la Fiscalía de Grecia
(alrededor de 797,72 Km2) es la más pequeña con respecto a las otras
Fiscalías de la Provincia de Alajuela (Alajuela: alrededor de 857,60
Km2, San Ramón: alrededor de 1.028,69 Km 2, San Carlos: alrededor de
4.729,84 Km2) y en cuanto a las Fiscalías que atienden turno en el
ámbito nacional es la segunda más pequeña, únicamente superando a
Heredia que atiende alrededor de 516,12 Km 2 y donde la de mayor
competencia es la de San Carlos como ya se indicó.

Con respecto a los otros puntos indicados por el Lic. Vargas Villalobos,
en cuanto a aspectos familiares y laborales, debe manifestarse que
fueron asuntos que se consideraron en la elaboración de los roles de
disponibilidad y que en igual situación, o tal vez en condiciones menos
adecuadas se encuentran otros fiscales en el ámbito nacional, sin que
por ello se esté justificando la situación, pero que en aras del servicio
que le corresponde ofrecer responsablemente a este Poder de la
                                     27

 República y por el tipo de casos que debe atender el puesto de Fiscal,
 no pueden eliminarse o modificarse sin considerar el fin de servicio
 oportuno, lo cual ha sido criterio fundamental por parte de la Corte
 Plena, al establecer la política de disponibilidad y turno.

 Al respecto, también se atiende la preocupación del Lic. Vargas
 Villalobos en cuanto al dolor humano que involucra la probabilidad de
 no atender el levantamiento de un cuerpo con la celeridad del caso,
 pero también, no debe obviarse la importancia que tiene el no pecar de
 injustos y exponerse con ello al ingreso de un habeas corpus, por no
 solventar la situación jurídica de un reo preso oportunamente, para lo
 cual en alguna medida se creó la política de turno, siendo también en
 este caso importante considerar el dolor humano de tener a una
 persona inocente privada de libertad.

 También se comprende la preocupación manifestada por el Lic. Vargas
 Villalobos en el sentido de la seguridad de su despacho; sin embargo,
 este aspecto no necesariamente se le puede atribuir a la política de
 turno, en el sentido que tal situación también se presenta en horas
 hábiles, con la atención normal de los asuntos. Al respecto, sería
 importante, que por medio de la Unidad Administrativa de Alajuela se
 analice la situación y se determine de ser necesario realizar las
 modificaciones del caso.

 Finalmente, debe apreciarse la actitud de los señores Fiscales de
 Grecia incluido el Lic. Vargas Villalobos, en el sentido de acatar de
 inmediato lo dispuesto en la circular 03-2000, a pesar de algunos
 inconvenientes que se describen en el oficio que origina este informe, lo
 cual ha sido la práctica común de otros fiscales en el ámbito nacional
 en igual situación; sin dejar de lado que los puestos de administración
 de justicia y de auxilio a ésta, involucran por su naturaleza, este tipo de
 sacrificio, en favor del servicio a la sociedad y el fortalecimiento de la
 democracia que implica una correcta y oportuna administración de
 justicia, lo cual ha sido reiterado por la Corte Plena al solicitar
 candidatos para ocupar puestos de Juez, Defensor y Fiscal.

 Con base en los argumentos anteriores, se insta al Lic. Vargas
 Villalobos a continuar con la atención de los roles de disponibilidad y
 turno tal y como él mismo lo expresa en su oficio y de esta forma
 mantener en la zona de Grecia este servicio a la sociedad en horas y
 días inhábiles, en la forma dispuesta en el informe N°493-PLA-2000.”

                                    -0-

Se acordó:     Aprobar el informe anterior y hacerlo del conocimiento del Lic.
                                            28

Vargas Villalobos.

                                     ARTÍCULO XX

      En sesión celebrada el 30 de mayo del año en curso, artículo LXXIX, se dispuso

que el Departamento de Planificación realizara a la brevedad, un estudio e informe

sobre la posibilidad de destacar uno de los notificadores del Tribunal Penal de San

José, en el Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, a fin de que colaborara con el juicio de

administración por Intervención Judicial de Lachner y Sáenz S.A.

      En sesión N° 50-00 del 29 de junio del año en curso, artículo XIV, se conoció el

informe N° 039-CE-2000 de la Sección de Control y Evaluación del Departamento de

Planificación, que en lo conducente dice:

        “…Con relación al oficio N° 6100-00 del 9 de junio pasado, donde la
        Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General del Consejo
        Superior, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en
        sesión celebrada el 30 de mayo último, artículo LXXIX, en el que se
        acordó que a la brevedad este Departamento analizara la posibilidad de
        destacar uno de los notificadores del Tribunal Penal, en el Juzgado
        Quinto Civil ambos del I Circuito Judicial de San José, para que
        colabore en el juicio de administración de Lachner y Sáenz S.A. Sobre
        el particular, me permito presentarle el informe preparado por el Lic.
        Juan Carlos Brenes Azofeifa, Asistente en Administración 2 a.i., de esta
        Sección.

        Al respecto, se conversó con la Licda. Gilda M. Gatgens Gómez, Juez 3
        del Juzgado Quinto Civil del Primer Circuito Judicial de San José y
        designada para el citado juicio, quien manifestó que una vez que inicie
        éste será necesario dar apoyo a los dos notificadores de este
        despacho. Sin embargo, previo a iniciarlo deben resolverse algunos
        recursos interpuestos, por lo que considera que aquel estaría iniciando
        en agosto próximo, siendo que de momento no es necesario el
        recurso adicional.

        Por otra parte; si bien, se tienen antecedentes como el acuerdo de
        Consejo Superior en sesión N° 48-99 del 17 de junio de 1999, artículo
        XXVII, de que los notificadores del Tribunal Penal del I Circuito Judicial
        de San José, enfrentan cargas de trabajo por debajo del parámetro
                                                          29

             establecido, esta Sección compartiendo el criterio de la Licda. Gatgens
             Gómez se permite recomendar que se dé tiempo a que todo esté listo
             para iniciar el juicio para establecer en su oportunidad la mejor opción
             para atender la necesidad del Notificador adicional si es que se
             requiere, ante lo cual, el Departamento de Planificación estará
             pendiente”.
                                             -0-
           Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.”

                                                         -0-

           La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 1070-PLA-2000 de 27 de julio en curso, remite el informe N° 055-CE-2000, de

la Sección de Control y Evaluación, que literalmente dice:

             “Con relación a los acuerdos de Consejo Superior del 30 de mayo,
             artículo LXXXIX y del 29 de junio, artículo XIV, ambos del presente
             año. En los que se solicita y se conoce una primer respuesta de este
             Departamento con relación a la posibilidad de que uno de los
             notificadores del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José,
             preste colaboración en el Juzgado Quinto Civil del mismo circuito
             judicial, con motivo del juicio de administración de Lachner y Sáenz,
             que involucra a 1.238 personas; sobre esta situación me permito
             informarle lo siguiente, según el seguimiento dado al respecto por el
             Lic. Juan Carlos Brenes Azofeifa, Asistente en Administración 2 de esta
             Sección,

             Manifestó la Licda. Gilda M. Gatgens Gómez, Juez 3 y designada para
             el citado juicio, que a la fecha, está lista para iniciar este proceso, para
             lo cual es fundamental proceder a notificar a todos los involucrados,
             por tal razón solicita proceder a establecer la mejor opción para atender
             la necesidad del Notificador adicional.

             De ser asumida esta labor, por los dos notificadores del despacho
             implicaría que cada uno debería notificar a 619 de las personas
             involucradas; sumada esta cantidad a la carga de trabajo ordinaria del
             despacho, que de enero a junio del presente año, fue de 7182 ( 8 )
             notificaciones, que se traduce en 599 notificaciones por mes cada
             servidor, da que cada servidor tendría que realizar un total de 1.218
             notificaciones, carga de trabajo muy por arriba del parámetro, que se
             tiene para medir la carga de trabajo de un Notificador (750 expedientes

8
    Información Suministrada por la Sección de Estadística.
                                    30

 por mes).

 Ante esta situación se revisó la posibilidad de que sea uno de los
 notificadores del Tribunal Penal del I Circuito Judicial el que preste
 colaboración en este caso, se tiene que de enero a mayo de este año,
 los 4 ( 9 ) notificadores de este Tribunal, según los registros de la
 Sección de Estadística, realizaron 4090; , cifra que traducido por mes y
 Notificador implica 256 notificaciones.

 Según se aprecia, la carga de trabajo para los notificadores del Tribunal
 Penal del I Circuito de San José, es holgada e incluso manejable con
 dos servidores, razón por la cual se concluye que el Notificador
 adicional para el Juzgado Quinto Civil del I Circuito Judicial de San
 José, puede ser tomado de este Tribunal; no obstante, se conversó con
 la Licda. Marta Leiva Zúñiga, Jefe Administrativa a.i. del Tribunal Penal
 del I Circuito Judicial de San José, quien manifestó que recientemente
 tuvieron la experiencia de facilitar una de las plazas de Notificador a
 otro despacho, lo que generó un importante atraso en este Tribunal, por
 lo que no consideran conveniente que esta situación se repita
 nuevamente.

 Sin pretender menoscabar la labor del Tribunal Penal y buscando un
 uso óptimo de los recursos, según se solicita en el Código de Ética
 Judicial, artículo 2°, inciso 9, aprobado por Corte Plena en sesión N°
 16-99, artículo III del 12 de abril de 1999 y sesión N° 9-2000, artículo
 XXXIV del 28 de febrero último y en vista de las limitaciones
 presupuestarias del Poder Judicial para crear plazas extraordinarias
 como la solicitada, se recomienda al Consejo Superior, trasladar por
 espacio de un mes a uno de los servidores que ocupa una de las
 plazas de Notificador del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San
 José, para que colabore en el Juzgado Quinto Civil del I Circuito
 Judicial de San José.

 De ser acogida la recomendación anterior, el Notificador adicional
 compartirá la carga de trabajo en partes iguales con los dos servidores
 ordinarios del Juzgado de marras, dando prioridad a las notificaciones
 relacionadas con el Juicio de administración de Lachner y Sáenz S.A.;
 además, al final del período propuesto es necesario realizar una
 evaluación para determinar si es necesario prorrogar este préstamo.”
                                   -0-

Se acordó:     Acoger el informe anterior.     Autorizar la publicación para el
                                                         31

apersonamiento de los interesados, a efecto de aligerar los trámites de notificación en

los diarios La Nación y La Extra.

           La Secretaría General de la Corte y el Departamento de Proveeduría tomará

nota para lo que corresponda.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                                ARTÍCULO XXI

           En oficios números 784-JP-2000, 785-JP-2000, 787-JP-2000Y 788-JP-2000 de 21

de julio en curso, el Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

transcribe los acuerdos tomados por el Consejo de Personal en la sesión del 13 de este

mes, artículos XII, XIII, XV y XVI, respectivamente, en que con base en las razones allí

expuestas, se acordó recomendar a este Consejo el reconocimiento a los servidores que

se dirán, los porcentajes que ahí se indican sobre el salario base de las clases

correspondientes, durante las              fechas que se citan,             por concepto de "dedicación

exclusiva", y durante los períodos en que se les designe en dichos puestos, a saber:


            NOMBRE                                   CARGO                   %                     FECHA
    Egr. Ivonne Astúa Gómez                  Trabajadora Social             60%     Rige a partir del 3 de julio en curso

    Egr. Ginette Solano Ibarra               Jefe, Sección Adm. 4 de        60%     Rige a partir del 3 de julio en curso
                                             la Unidad Regional de
                                             Heredia
    Lic. Ronald Quirós Salazar               Técnico en Adm. 2, Sala        65%     Rige a partir del 3 de julio en curso
                                             Constitucional
    Lic. Daniel Fernández Alvarado           Asistente de Jefatura,         65%     Rige a partir del 5 de julio en curso.
                                             Sección de Presupuesto,
                                             Dpto. Financiero Contable

                                                    --- o0o ---


9
  En la Relación de Puestos del Poder Judicial para el 2000, se incluyen 5 plazas de Notificador; sin embargo, según
informó la señora Patricia Castro Mora, Secretaria 1, de la Unidad Administrativa del Tribunal Penal de San José, a
la fecha sólo cuentan con cuatro.
                                          32

      Se acordó: Acoger las anteriores recomendaciones del Consejo de Personal e

informar a los interesados que para el trámite correspondiente deberán firmar el

documento de contrato respectivo.

      El Departamento de Personal tomará nota de lo resuelto para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO XXII

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal con oficio

Nº 786-JP-2000 de 21 de este mes, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de

Personal en sesión celebrada el 13 de este mes, artículo XIV, en que con base en las

razones expuestas, acordó recomendar a este Consejo el reconocimiento a la Bachiller

Haydee Castro Chavarría, Trabajadora Social un 65% sobre el salario base, a partir del

1º de los corrientes y durante los períodos en que se le designe en dicho puesto, por

concepto de dedicación exclusiva.

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al Consejo de

Personal aclaración respecto al porcentaje que le corresponde a la Bach. Castro

Chavarría, por concepto de “dedicación exclusiva”.

                                    ARTÍCULO XXIII

      En sesión N° 41-00 celebrada el 30 de mayo del año en curso, artículo LI,

previamente a resolver lo que correspondiera, se solicitó al Departamento de Personal,

informara si a los Fiscales de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, se les paga o no algún monto por disponibilidad.

      En sesión N° 50-00 celebrada el 29 de junio último, artículo XXXIII, se tuvo por

rendido el informe del Departamento de Personal sobre el rol de disponibilidad a nivel

nacional de los diferentes despachos que atienden materia penal, dentro de los cuales
                                            33

se encuentra la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Asimismo autorizó el pago de horas extra a los funcionarios de ese despacho, durante

el tiempo requerido en un allanamiento de que dieron cuenta.

      El Lic. Ronald Calvo Coto, Subjefe interino del Departamento de Personal, en

oficio N° 778-JP-2000 de 21 de julio en curso, se refiere al pago de horas extra a

funcionarios de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica,

que literalmente dice:

        “La Corte Plena en sesión No. 15-2000 del 03-04-00, artículo XII,
        aprobó la propuesta elaborada por la Sección de Proyección
        Institucional, presentada por el Departamento de Planificación en oficio
        493-PLA-2000 del 31-03-00, para atender los roles de disponibilidad a
        nivel nacional, por los funcionarios jurisdiccionales competentes en
        materia penal, penal juvenil, violencia doméstica, fiscales y defensores
        públicos.

        Dicho estudio en lo que se refiere a disponibilidad, literalmente dice:

        “Disponibilidad Laboral:

        La figura denominada “disponibilidad laboral”, no encuentra ningún
        sustento en nuestro ordenamiento jurídico, se trata de un instituto “sui
        generis”, incorporado en algunas instituciones públicas con el devenir
        del tiempo.     Por disponibilidad laboral se entiende la necesaria
        prestación de un servicio fuera de la jornada ordinaria de trabajo o en
        días inhábiles (como el descanso semanal o los feriados) por parte de
        un servidor, ante la necesidad de la Institución. La prestación del
        servicio en esas condiciones es excepcional, depende exclusivamente
        del cargo o puesto desempeñado, y no es equiparable a la jornada
        extraordinaria, debido a que esta última, únicamente se remunera si se
        labora efectivamente, mientras que el pago de la llamada
        compensación por la disponibilidad, se recibe independientemente de
        que se haya laborado o no en el período correspondiente (Procuraduría
        General de la República C-077-90 de 23 de mayo de 1990).

        La Procuraduría General de la República ha definido en reiteradas
        ocasiones la disponibilidad de la siguiente manera:

        “El régimen de disponibilidad es una situación jurídica particular que
                                    34

crea una condición especial en el sujeto que es incluido en él, y es que
debe permanecer expectante, durante toda la relación de servicio, a fin
de atender, obviamente en jornadas fuera de la ordinaria
(extraordinarias) un evento o emergencia que requiere de su
participación” (Dictamen N° C-171-92 de 27 de octubre de 1992 y la
opinión jurídica OJ-071-99 de 10 de junio de 1999).

La disponibilidad laboral es un sobresueldo compensatorio que viene a
convertirse en una suerte de indemnización al trabajador que se
encuentra permanentemente vinculado a la Administración en lo que se
refiere a la función pública, de modo que incluso en su tiempo de
descanso deba ser convocado y acudir prontamente a la atención de
una necesidad o evento impostergable. Se utiliza en instituciones que
dan un servicio público (como ICAA), que en el marco de la Ley
General de la Administración Pública, debe ser permanente, continuo,
eficiente (artículo 4). La compensación económica se otorga a un tipo
característico de servidor o funcionario, que en su actividad de
prestación del servicio, debe acudir a atender una emergencia, por
ejemplo: ingenieros, electricistas, etc. (Procuraduría General de la
República C-173-92 de 27 de octubre de 1992).

La compensación económica de la disponibilidad es aquella suma de
dinero que percibe el servidor de la Institución como contraprestación
del servicio prestado en las condiciones establecidas por el respectivo
Reglamento, se establece porcentualmente sobre el respectivo salario
base del puesto de que se trate, es una suma adicional a aquel, por lo
que ha de incluirse como un sobresueldo o “plus” salarial
compensatorio. Esa compensación es aquella contraprestación que
tiende a equiparar, igualar, las cosas cuando las partes (Administración
y servidor), ligadas por el régimen de disponibilidad, una –la Institución-
obtiene un beneficio o una ventaja teniendo a su constante disposición
al empleado, y la otra –el servidor- debe hacer un sacrificio que amerita
la contraprestación económica compensatoria.           La compensación
económica por disponibilidad laboral es un sobresueldo (adicional al
salario base), de ahí que sí es susceptible de los rebajos que
legalmente proceden por concepto de las llamadas cargas sociales
(artículo 3 Ley Constitutiva de la C.C.S.S.), y demás rebajos
establecidos por ley deducibles del salario global (Procuraduría General
de la República C-077-90 de 23 de mayo de 1990).

La disponibilidad es de naturaleza convencional entre el trabajador y el
patrono.     La Administración debe contratar con el servidor su
disponibilidad. El trabajador puede renunciar la disponibilidad cuando
sea incompatible con su horario de trabajo normal o discriminatorio por
contraponerse a la dignidad, a la salud, la subsistencia, la seguridad y
                                    35

la vida, amén de una remuneración acorde con el sacrificio que la
disponibilidad lleva consigo (Sala Constitucional N° 810-91 de las 14:06
horas del 30 de abril de 1991).

Al jerarca de la Institución le corresponde suscribir los contratos por la
prestación de la disponibilidad laboral de los funcionarios. En ese
contrato, el servidor asume la responsabilidad de trabajar bajo dicha
modalidad.

Un mismo individuo no puede devengar el monto compensatorio
de la disponibilidad, y a la vez, en forma transitoria o excepcional,
devengar sumas salariales por jornadas extraordinarias. Ya la
Contraloría General de la República se pronunció sobre la
improcedencia de ese doble reconocimiento (Procuraduría General
de la República C-247-95 de 29 de noviembre de 1995). Las horas
extras las disfruta únicamente quien no tiene régimen de
disponibilidad, es decir, son figuras excluyentes. (el resaltado no
pertenece al original) Resulta ilógico e inadmisible suponer que quien
está vinculado permanentemente a dar su servicio de disponibilidad,
pueda a la vez, devengar sueldo extraordinario por jornada
extraordinaria. Pagar horas extra a quien está disponible es un
contrasentido, pues hay un doble gasto por una misma causa. La
disponibilidad supone una actitud expectante, permanente, una
disposición total absoluta para acudir a un evento de prestación de
servicio fuera de la jornada ordinaria de trabajo. En orden a la
gravedad y excepcionalidad de la disponibilidad y la jornada
extraordinaria, puede decirse que la disponibilidad es el nivel superior y
máximo –continuo, permanente, irrestricto, pagado anticipadamente, de
servicio fuera de la jornada ordinaria laboral, y la jornada extraordinaria
laboral –regulada en el artículo 139 del Código de Trabajo- es la
gradación menor, pues su excepcionalidad discontinua, irregular,
transitoria y ciertamente limitada (Procuraduría General de la República
C-173-92 de 27 de octubre de 1992).

En caso de que se llegue a determinar que se han estado realizando
pagos improcedentes relacionados con la disponibilidad, su supresión
debe estar precedida del debido proceso administrativo, en el cual se
garantice la notificación previa y expresa al afectado y se respete su
derecho de defensa (Sala Constitucional N° 1671-92 de las 10:33 horas
del 19 de junio de 1992).

La compensación económica por disponibilidad laboral no crea
derechos adquiridos, la Administración contrata la disponibilidad de sus
servidores solo en aquellos casos en que necesite de sus servicios.
Además, la Administración puede reajustar los porcentajes establecidos
                                          36

       en los respectivos reglamentos, así como eliminar dicho pago en
       aquellos casos en que ya no se den las condiciones que originalmente
       motivaron la compensación económica por disponibilidad laboral. Por
       otra parte, si existieran servidores o funcionarios, cuyas tareas no están
       en la práctica siendo desempeñadas dentro de las condiciones del
       régimen de disponibilidad, y continúan percibiendo el pago
       acostumbrado, se trata entonces de un pago obviamente ilegítimo, con
       las consecuencias y responsabilidades que de tal irregularidad se
       derivan (Procuraduría General de la República C-077-90 de 23 de
       mayo de 1990).

       El régimen de la disponibilidad laboral resulta incompatible con las
       funciones de los altos empleados, habida cuenta que éstos tienen una
       modalidad de prestación del servicio muy diferente – de más tiempo -,
       pero a la vez con una gran flexibilidad. Según la doctrina los altos
       empleados son “quienes ocupan puestos de vigilancia superior y se
       encuentran investidos de funciones directivas, con amplia libertad en su
       gestión dentro de la empresa, por fiscalizar la actividad de los
       empleados inferiores y tener además potestad disciplinaria, causa por
       la cual su propia condición los releva del cumplimiento de horarios
       estrictos y si bien muchas veces las necesidades de la empresa hacen
       que deban superar la jornada máxima, en general pueden organizar su
       actividad y disponen de su tiempo con la mayor latitud” (Procuraduría
       General de la República C-281-98 de 22 de diciembre de 1998).”

       De acuerdo con el informe del Departamento de Planificación y dado
       que un funcionario no puede devengar ambos rubros (disponibilidad y
       en forma transitoria o excepcional sumas por jornadas extraordinarias),
       solicitamos revisión del acuerdo en mención, ya que su aprobación
       contraviene el dictamen de la Procuraduría General de la República C-
       247-95 del 29 de noviembre de 1995.”

                                         -0-

      Se acordó: Comunicar al Departamento de Personal que en el caso concreto lo

que procedió fue el pago de horas extra en razón de que los Fiscales de Grecia no se

encontraban disponibles a la hora de realizar el allanamiento de que dieron cuenta, por

lo que procede cancelarles ese rubro.

      Lo anterior se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República

para lo que corresponda.
                                         37

                                  ARTÍCULO XXIV

      En sesión celebrada el 19 de octubre de 1999, artículo XXXII, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

            “En oficio N° 113-CD/EJ-99 de 6 del presente mes, el Dr. Paul
       Rueda Leal, Subdirector interino de la Escuela Judicial, transcribe el
       acuerdo tomado por el Consejo Directivo de esa Escuela en la sesión
       N° 11-99 del 5 de los corrientes, artículo X, que literalmente dice:
           El señor Luis E. Vega Avendaño, en oficio del 1 de setiembre de
       1999 que remitió al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director a.i. de la
       Escuela Judicial dice:
               “La presente es para saludarlo cordialmente y además solicitarle
       con el debido respeto se gestione de conformidad con el artículo 6 del
       reglamento para el incremento de sueldos por los cursos de
       capacitación judicial, con antecedentes S8-96 del 11/5/96 artículo X, y
       la S9-96, del 29/5/96, donde se aprobó en dichas sesiones, reconocer
       una anualidad sin distinción del puesto ocupado por el empleado
       judicial que haya recibido el curso de Preparación Básica en los niveles
       I y II.
            Por tanto siendo yo uno de los egresados de dicho curso en el
       año 1993, por lo que adjunto certificación de la Escuela Judicial en
       donde aprobé dichos cursos, solicito se me apruebe dicho
       reconocimiento salarial al que tengo derecho en forma retroactiva a
       partir del año 1995. Debido a que en la sesión 1-94 del 12/1/94 art. 8
       fue conocida la aprobación de la anualidad a todos los que participaron
       en el curso 92-93, exceptuando los que no estamos en propiedad en
       las materias respectivas, sin embargo el suscrito está laborando
       desde junio de 1993 en materia penal y quedando en propiedad en
       setiembre de 1995 en el Tribunal 2 Penal.
             Esperando que interponga sus buenos oficios a la presente
       solicitud, se despide su seguro colaborador”.


          Previa deliberación, SE ACUERDA: 1) Aprobar el reconocimiento
       salarial de un paso por el Curso de Preparación Básica en materia
       Penal, Nivel I y II de 1993 al señor Luis E. Vega Avendaño, a partir de
       la fecha de la solicitud, comuníquese al Departamento de Personal.
             2) El señor Vega solicita se le apruebe el reconocimiento del paso
       retroactivo a partir del año 1995 y por ser un pronunciamiento que le
       corresponde al Consejo Superior, se traslada para lo que corresponda”.
                                           38



             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar
       al Departamento de Personal las presentes diligencias para su estudio
       e informe.”
                                         -0-

      En oficio N° 465-S-2000 de 20 de julio en curso, los Licdos. Mauricio Quirós

Álvarez y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de la Sección de Salarios y

del Departamento de Personal, en atención al acuerdo anterior, rinden el siguiente

informe:

       “…me permito manifestarle que este Departamento de conformidad con
       lo acordado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en el
       artículo X de la sesión celebrada por ese órgano el 05 de octubre de
       1999 y comunicado mediante el oficio N° 114-CD/EJ-99, ha tramitado a
       partir del 01 de setiembre de 1999 los reajustes necesarios para
       cancelarle al señor Luis E. Vega Avendaño con cédula de identidad
       número 01-0693-0271, una anualidad más por la aprobación del curso
       de Preparación Básica en materia penal, nivel I y II realizado en el año
       1993. Dichos reajustes se han realizado en los puestos donde se
       ha ascendido como Auxiliar Judicial, por cuanto en su cargo en
       propiedad de Guarda no le corresponde; en virtud de que no hay
       afinidad del curso realizado y las labores desempeñadas, según lo
       normado para esos efectos.

       Las diferencias correspondientes al período comprendido entre el 01 de
       setiembre de 1999 al 31 de diciembre de 1999 le serán canceladas
       mediante la partida de compromisos pendientes a cargo del
       Departamento Financiero Contable, trámite que actualmente se
       encuentra en proceso.

       El ajuste correspondiente a partir del 01 de enero del 2000 se
       encuentra en proceso de aplicación para la primera quincena de agosto
       del 2000.

       Referente al pago retroactivo que solicita el petente durante el período
       comprendido entre enero de 1995 al 30 de agosto de 1999, a
       continuación se muestra un detalle de los puestos ocupados por el
       señor Vega Avendaño durante dicho lapso:

           Período                Puesto            Despacho
           01-01-95 al 08-01-95   Guarda            Tribunal Superior 2° Penal
                                                39

          24-01-95 al 28-02-95        Guarda                  Tribunal Superior 2° Penal
          01-03-95 al 16-07-95        Guarda                  Tribunal Superior 2° Penal
          29-07-95 al 14-04-96        Guarda                  Tribunal Superior 2° Penal
          15-04-96 al 14-07-96        Escribiente 2 G-5       Tribunal Superior 2° Penal
          15-07-96 al 27-09-98        Guarda                  Tribunal Penal San José
          28-09-98 al 02-10-98        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          03-10-98 al 12-10-98        Guarda                  Tribunal Penal San José
          13-10-98 al 20-11-98        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          21-11-98 al 29-11-98        Guarda                  Tribunal Penal San José
          30-11-98 al 11-12-98        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          12-12-98 al 13-12-98        Guarda                  Tribunal Penal San José
          14-12-98 al 24-12-98        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          25-12-98 al 03-01-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          04-01-99 al 28-02-99        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          01-03-99 al 01-03-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          02-03-99 al 12-03-99        Auxiliar Judicial 3-C   Tribunal Penal San José
          13-03-99 al 18-03-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          19-03-99 al 26-03-99        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          27-03-99 al 04-04-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          05-04-99 al 04-06-99        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          05-06-99 al 06-06-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          07-06-99 al 11-07-99        Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          12-07-99 al 27-07-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          28-07-99 al 29-11-99 (1)    Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José
          30-11-99 al 30-11-99        Guarda                  Tribunal Penal San José
          01-12-99 al 31-08-00(1)     Auxiliar Judicial 3     Tribunal Penal San José



          (1)   Como se ha indicado a partir del 01-09-99 este Departamento ha procedido a
          reajustar una anualidad más en el puesto ascendido de Auxiliar Judicial.

          Según el detalle de los cargos ocupados como Auxiliar Judicial los
          cuales se resaltan en la tabla anterior, deberá ese órgano superior
          determinar la correspondencia o no del incremento por curso en la
          Escuela Judicial en forma retroactiva, o bien ratificar el acuerdo tomado
          por el Consejo Directivo de la Escuela judicial en la sesión indicada
          párrafos atrás, donde se acordó otorgarle el beneficio a partir del 01 de
          setiembre de 1999 (según la fecha de solicitud).”

                                               -0-

      Se acordó: Devolver las presentes diligencias al Departamento de Personal para

estudio e informe del Asesor Legal de ese despacho, sobre la procedencia o no de lo

gestionado, tomando en cuenta que la capacitación es para la persona y no para el

puesto.
                                          40

                                   ARTÍCULO XXV

      La Corte Plena en sesión celebrada el 19 de junio último, artículo XXXII, remitió

a la Ministra de Justicia para su aprobación el proyecto de reforma al artículo 42 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 7.333 del 5 de mayo de 1993, por medio del cual

se pretende que la responsabilidad del trámite de las incapacidades, recaiga en el

Departamento de Personal y no en la Dirección Ejecutiva.

      En oficio N° 773-JP-2000 de 20 de julio en curso, el Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en relación con el acuerdo anterior,

manifestó:

       “…No consta en dicho acuerdo, que la Dirección Ejecutiva mencionara
       que para efectuar dicho trámite se destina una plaza de Oficinista 2 y
       que par ese efecto, tiene designado un equipo de cómputo, razón por la
       cual se hace imprescindible que para asumir esta labor, nos sean
       trasladados estos recursos en forma permanente, para lo cual puede
       aprovecharse la coyuntura e incluirlo así en el presupuesto del 2001.
            Esta dependencia, como siempre, hará frente a la carga de
       trabajo adicional, con un buen espíritu de servicio, pero como
       comprenderán los señores Integrantes del Consejo, no es posible
       delegar responsabilidades sin dotar de los recursos necesarios, y
       menos en una oficina como la nuestra, en donde lo que siempre
       abunda es el trabajo.”

                                          -0-

      El Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, expresa que no tiene

inconveniente en que se traslade la plaza y el recurso humano de ese despacho

encargado del trámite de las incapacidades al Departamento de Personal.

      Se acordó:     Tener por hechas las manifestaciones del Dr. Vargas Jiménez.

Autorizar el traslado del servidor de la Dirección Ejecutiva al Departamento de Personal

en el momento en que apruebe la reforma a dicho proyecto.
                                            41

       La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal tomarán nota para lo que

corresponda.

                                       ARTÍCULO XXVI

       En sesión Nº47-00 celebrada el 20 de junio último, artículo LVI se trasladó al

Departamento de Personal, la solicitud de la señora Jéssica Céspedes Argüello, para

que se le cancele el monto correspondiente a la incapacidad emitida por el Instituto

Nacional de Seguros, del 1 de mayo al 5 de junio del año en curso.

       En atención al acuerdo anterior, el Lic. Gonzalo Arana Oronó, Abogado Asistente

del Departamento de Personal, en oficio AL. DP. Nº 122-00 de 11 de julio en curso,

emite el siguiente criterio.

        “1. El Prontuario del Servidor, muestra que la interesada ha laborado
        en forma      interina haciendo sustituciones por vacaciones e
        incapacidades de titulares en la Juzgado Civil Menor Cuantía del
        Segundo Circuito Judicial de San José.

        2.     Los períodos de nombramientos más recientes son los siguientes:

               Del   24-04-2000   al   01-05-2000
               Del   03-04-2000   al   14-04-2000
               Del   15-03-2000   al   22-03-2000
               Del   01-02-2000   al   27-02-2000
               Del   10-01-2000   al   26-01-2000

        3.    Se tuvo a la vista documentación comprobante de la incapacidad
        por riesgo del Instituto Nacional de Seguros a nombra de CÉSPEDES
        ARGÜELLO JÉSSICA V., la cual se inició el 01-05-2000 y se prorroga
        hasta el 05-06-2000.

        4.    De la normativa aplicable al caso concreto, interesa resaltar lo
        siguiente:

        Artículo 195 del Código de Trabajo

              Constituyen riesgos de trabajo los accidentes y las
        enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por
                                         42

       consecuencias del trabajo que desempeñen en forma subordinada y
       remunerada, así como agravación o reagrupación que resulte como
       consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y
       enfermedades.

       Artículo 196 del Código de Trabajo

              Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le
       suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como
       consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la
       dirección y dependencia del patrono o sus representantes y que pueda
       producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente. De
       la capacidad para el trabajo.

       Artículo 206 del Reglamento de Riesgos del Trabajo.
              En lo conducente dice:
              Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, el ente
       asegurador, responderá ante el trabajador por el suministro y pago de
       todas las prestaciones médico- sanitarias, de rehabilitación y en dinero
       que se establezcan en este Código, subrogando al patrono en los
       derechos y obligaciones que le corresponde.

               De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que sí
       corresponde el derecho al pago por incapacidad por riesgo a
       JÉSSICA CÉSPEDES ARGÜELLO, en virtud de encontrarse vigente la
       relación obrero patronal y por estar al momento de su incapacidad,
       cubierta la Póliza número 76756 suscrita entre el Poder Judicial y el
       Instituto Nacional de Seguros en el año 1996.

             Los respectivos cálculos, serán llevados a cabo por la Sección
       de Salarios según corresponda.”

                                         -0-

      Por su parte la Egr. Adriana Steller Hernández y los Licdos. Mauricio Quirós

Alvarez, Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de las Secciones de Planillas,

Salarios y del Departamento de Personal, en oficio N° 460-S-2000 de 18 de julio en

curso, informan sobre los montos que le corresponden a la señora Céspedes Argüello,

por incapacidad por enfermedad.

     SALARIO                                   DEDUCCIONES
                                             43

Salario                       ¢155.334.80      Fondo de Pensiones              ¢15.125.10
Bono Escolar                    12.721.90      Seguro Social                     9.243.10
Aguinaldo                       14.004.75      Banco Popular                     1.680.55


          Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable, para que de la subpartida presupuestaria correspondiente gire a

favor de la señora Céspedes Argüello, los montos antes indicados, previas deducciones

de ley.

                                      ARTÍCULO XXVII

          La señora Zaida Quesada Aguilar, en nota de 27 de junio del año en curso,

solicitóo al Departamento de Personal se le cancelaran las diferencias de salario como

Instructora Policial que se le omitieron en la incapacidad extendida del 12 de mayo al

23 de setiembre del año en curso.

          El Lic. Gonzalo Arana Oronó, Abogado Asistente del Departamento de Personal,

en oficio AL. DP Nº 119-00 de 6 de julio último, en atención a la solicitud de la señora

Quesada Aguilar rinde las siguientes observaciones:

           “1. El Sistema Integrado de Personal muestra que QUESADA
           AGUILAR inició sus labores en forma interina desde el 1-11-98, en la
           Unidad de Adiestramiento, como Instructor puesto que desempeñó
           hasta el 30 de abril de este año, y concluyó en el último nombramiento
           como del 2 al 18 de mayo del 2000 como Oficinista 3, en la misma
           Oficina. Asimismo que esta servidora anteriormente fue incapacitada
           del 12 -05-2000 al 23-09-2000.

           2.    De la normativa aplicable al caso concreto, interesa resaltar lo
           siguiente:

           2.1. Definición de Asegurado Activo, según Capítulo II, Del
           Reglamento del seguro de salud.

           “Persona, hombre o mujer, que se encuentra trabajando y cubriendo la
           cotización respectiva, cualquiera que sea el tipo de trabajo que origina
                                         44

       su actividad. Incluye el trabajo asalariado subordinado y el trabajo
       independiente o por cuenta propia.”

       2.2. Capítulo III SOBRE COBERTURA Y PRESTACIONES del citado
       reglamento:

           Artículo 34. De los plazos de calificación para el pago de
       subsidios.

       "Tendrá el derecho al pago de subsidios por incapacidad el asegurado
       que haya cotizado con 6 cuotas mensuales dentro de los 12 meses
       anteriores a la fecha de inicio de la incapacidad, siempre que los
       últimos 3 meses sean continuos e inmediatamente anteriores a la fecha
       de inicio de la incapacidad. Los subsidios por incapacidad se pagarán
       hasta por un máximo de 52 semanas.
       No obstante, si el asegurado ha cotizado con 9 cuotas mensuales
       dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la incapacidad, se
       podrá prorrogar el pago de subsidios de acuerdo con el procedimiento
       que establecerá la Gerencia de División Médica para cubrir hasta 26
       semanas adicionales.”

       3.- La interesada en este caso, cotizó para la Caja Costarricense de
       Seguro Social devengando un salario de INSTRUCTOR POLICIAL,
       mientras estuvo nombrada en la Unidad de Adiestramiento, o sea antes
       de ser incapacitada, por un espacio de tiempo superior al año.

       4.- Se concluye de lo antes expuesto, la procedencia del pago de las
       diferencias de licencia por incapacidad, a ZAIDA QUESADA AGUILAR
       en el puesto, Instructor Policial, en virtud de mantenerse vigente, al
       inicio de su incapacidad, la relación obrero patronal, y por estar la
       misma enmarcada por los numerales antes citados.

             Los cálculos para efecto del pago de las diferencias
       correspondientes son llevados a cabo por la Sección de Salarios y
       Planillas según corresponda, tomando como fecha de inicio el 12 de
       mayo para finalizar el 23 de setiembre del 2000.”

                                         -0-

      Por su parte la Egr. Adriana Steller Hernández y los Licdos. Mauricio Quirós

Alvarez, Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de las Secciones de Planillas,

Salarios y del Departamento de Personal, en oficio N° 459-S-2000 de 18 de julio en
                                                45

curso, informan sobre los montos que le corresponden a la señora Quesada Aguilar,

con motivo de la incapacidad por maternidad.

          Del 19 de mayo al 30 de junio, 2000

      SALARIO                                      DEDUCCIONES
Salario                      ¢221.560.00         Fondo de Pensiones                ¢21.573.50
Bono Escolar                   18.145.75         Seguro Social                      13.183.80
Aguinaldo                      19.975.50         Banco Popular                       2.397.05


          Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable, para que de la subpartida presupuestaria correspondiente gire a

favor de la señora Quesada Aguilar, los montos antes indicados, previas deducciones

de ley.

                                      ARTÍCULO XXVIII

          Los Licdos. Javier Sánchez Medrano y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la

Sección      de   Reclutamiento   y   Selección      y   del   Departamento   de    Personal,

respectivamente, en oficio N° RS-404-2000 de 18 de julio en curso, informa lo

siguiente:

                 “En atención a la petición que nos presenta la señorita Issydhe
           Méndez Salazar, cédula número 4-140-771, Auxiliar Judicial 2, en
           propiedad en la Unidad Administrativa Regional de Cartago, para ser
           reubicada en el despacho en el cual se encuentra asignada, le
           remitimos el siguiente informe:
                 La servidora ingresó en propiedad el 15-04-1989 y a partir del
           01/01/1998 se desempeña en el puesto ya mencionado, sin embargo
           por la naturaleza del cargo ha sido destacada en la Fiscalía Adjunta de
           Cartago, oficina en la cual existen tres plazas vacantes y es la número
           14949 de Auxiliar Judicial 2 en donde se halla interina la persona que
           tiene menos antigüedad y que a la vez poseé propiedad como Auxiliar
           Supernumeraria 2 en la Unidad Administrativa de Cartago. La señora
           Roxana Acuña Valerín, quien viene en ese puesto número 14949 inició
           el 08 de mayo recién pasado y su designación vence el 31 de agosto
           próximo. La señora Méndez Salazar desea su reubicación en la
                                          46

        Fiscalía Adjunta por cuanto desea estabilidad ya que aunque su cargo
        pertenece a la Unidad Administrativa, desde 1998 ha sido asignada a
        ese despacho. Su calificación de servicio es de 94.75% y su registro
        disciplinario esta exento de sanciones. Se consultó al licenciado José
        Luis Cambronero Delgado, Fiscal Adjunto de Cartago, sobre la
        pretensión de la señorita Méndez Salazar a la cual contestó que está
        absolutamente de acuerdo.
             De ejecutarse la propuesta, rogamos darle efecto a partir del 1° de
        setiembre del 2000”.

                                          -0-

       Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y autorizar el traslado en

propiedad a la señora Méndez Salazar, Auxiliar Judicial 2 de la Unidad Administrativa

Regional de Cartago, a la plaza vacante Nº14949 de la Fiscalía Adjunta de ese Circuito,

a partir del 1º de setiembre del año en curso. Al propio tiempo se recomienda a la Jefa

de la Unidad Administrativa Regional de Cartago, mantener interinamente a la señora

Roxana Acuña Valerín en la plaza que deja vacante la señora Méndez Salazar, en

tanto el Departamento de Personal remite la terna respectiva.

       El Departamento de Personal, la Fiscalía Adjunta de Cartago y la Unidad

Administrativa Regional de Cartago tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                   ARTÍCULO XXIX

       El señor Jaime Amador Huezo, Abogado, en nota de 14 de marzo del año en

curso, solicitó lo siguiente:

             “…se me conceda la correspondiente jubilación al estimar que he
        adquirido derecho a ella en razón de haber laborado para ese PODER
        JUDICIAL por espacio de veinte años, once meses y veintiún días,
        durante el período comprendido entre el 1° de marzo de 1963 y el 7 de
        agosto de 1987, fecha a partir de la cual renuncié al cargo de Juez
        Superior Penal de San José, para dedicarme al libre ejercicio de mi
        profesión de abogado.
              Fundamento ese pedimento en los artículo 244 y siguientes de la
                                          47

       Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en las reglas que al respecto
       se establecieron en el Informe rendido a la Corte Plena por la
       “Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, al
       realizar un estudio del Acuerdo tomado por ese Consejo Superior
       mediante el Artículo LV de la sesión celebrada el día 10 de Enero de
       1998, y particularmente de la recomendación Tercera del informe de
       marras, que reconoce el derecho de jubilación a quienes, como en mi
       caso particular, antes del día 1° de Enero de 1994, cumplimos más de
       veinte años de servicio a la orden del Poder Judicial, amén de que al
       momento de la presente solicitud, ya tengo 60 años de edad cumplidos.
            Por otra parte, no omito manifestar que en el actualidad,
       periódicamente, me desempeño como Magistrado Suplente en la Sala
       Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia.
            Solicítese, pues, a la oficina de personal de ese PODER
       JUDICIAL, hacer llegar a esta gestión las constancias y demás
       atestados necesarios para su resolución pertinente.”

                                         -0-

      Previamente a someterlo a conocimiento de este Consejo, la Secretaria General

de la Corte, mediante oficio N° 2650-00 de 15 de marzo del presente año, remitió copia

de la gestión anterior al Departamento de Personal para el informe respectivo.

      Por oficio N° 739-DL-2000 de 21 de marzo del año en curso, los Licdos. Mauricio

Quirós Álvarez y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de Derechos

Laborales y del Departamento de Personal, respectivamente, rinden el siguiente

informe:

        “…de conformidad con la revisión efectuada al expediente personal del
       señor Jaime Amador Huezo con cédula de identidad número 09-0017-
       0337, se tiene la siguiente información:

       Tiempo total servido: 20 años, 11 meses y 29 días.
       Desglosado de la siguiente manera:
       20 años, 11 meses laborados en el período comprendido entre el 01-
       03-1963 y el 28-02-1984, fecha en la cual renunció a su puesto en
       propiedad.
       29 días laborados en forma interina en el período comprendido entre el
       20-06-1985 y el 23-12-1999, ocupando los siguientes cargos de Juez y
                                           48

        Magistrado.

        Al momento de renuncia 01-03-1984, el señor Amador Huezo no
        cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la Ley del Poder
        Judicial N° 8 y sus reformas (30 años de servicio o 55 años de edad)
        según lo estableció el artículo 231 del citado cuerpo legal, y poder optar
        así por una jubilación judicial. En la actualidad no se encuentra
        nombrado y tampoco cumple con los requisitos exigidos en la
        legislación actual (30 años de servicio o 62 años de edad) según reza
        el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 7333 del 05 de
        mayo de 1993.

        Asimismo me permito manifestarle que oficialmente este Departamento
        no tiene conocimiento sobre el informe rendido por la Corte Plena en
        días pasados, con relación a la interpretación establecida por el
        Consejo Superior en la sesión celebrada por ese Órgano el 10 de enero
        de 1998, para otorgar derechos adquiridos al resguardo de la Ley
        Orgánica del Poder Judicial N° 8 y sus reformas; por lo cual tampoco
        podemos emitir un criterio sobre la correspondencia o no de una
        jubilación al señor Amador Huezo sobre la reglamentación que al efecto
        menciona el petente en su misiva.”
                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y denegar la solicitud del señor

Amador Huezo por cuanto no cumple con los requisitos que establece la Ley para el

ortorgamiento de su jubilación.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XXX

      En oficio N° 1324-DG-00 de 18 de julio en curso, la Licda. Lineth Saborío

Chaverri, Directora General del Organismo de Investigación Judicial, manifestó:

        “Como es del conocimiento de este Consejo, la Oficina de Planes y
        Operaciones del Organismo de Investigación Judicial ha desarrollado la
        definición del perfil funcional del puesto correspondiente al analista
        Criminal, cuyo estudio se encuentra pendiente de aprobación por el
        Consejo de Personal.

        Entre los requisitos que se debe cumplir para aspirar al puesto de
        Técnico Criminalístico 2 está el hecho de tener experiencia en la
                                          49

       investigación de campo, debido a que este personal en muchas
       oportunidades va a tener que aportar su experiencia en la investigación,
       va a tener que brindar apoyo en determinadas situaciones y tomar
       decisiones. Siendo este uno de los motivos que nos ha llevado a
       nombrar personal idóneo, con suma experiencia en el campo de la
       investigación.

       El analista criminal a nivel internacional es definido como un
       investigador especializado en este campo, que tiene como tarea no
       solo el análisis de un caso sino que debe asistir periódicamente a los
       escenarios de sucesos para reconstruir la mecánica de los eventos.
       Posteriormente lo puede llevar a prestar su asistencia a los Fiscales del
       Ministerio Público, rindiendo informes y manifestaciones en un Juicio
       que le puede representar al funcionario que quieran tomar represalias
       contra su persona o miembros de su familia.

       Por lo expuesto, consideramos que el analista criminal debe de
       mantener su identidad, no solo para el desempeño de sus funciones,
       sino de sentirse parte del grupo y poder rendir frutos. Como lo ha
       recomendado los especialistas de los Estados Unidos, Alemania,
       España y Puerto Rico, que han brindado asesoramiento en este
       campo, países donde el analista criminal sigue siendo un Policía con
       todas sus atribuciones (arma, carné, esposas).

       Nuestra posición es que si bien nuestra Policía en este momento se
       encuentra en camino a la profesionalización, no cuenta con los
       recursos ni el personal suficiente como para tener un analista Criminal,
       que tiene entrenamiento en materia policial dedicado únicamente a esta
       tarea, sino que en el momento eventual que se requiera, se le pueda
       solicitar su colaboración para lo cual debe de contar con su arma,
       identificación y esposas. Por estas razones, es interés de esta
       Dirección General solicitar respetuosamente a este Consejo, se
       considere la posibilidad de autorizar a estos servidores continuar
       portando dicho equipo.”

                                         -0-

      Se acordó: Trasladar la gestión anterior al Consejo y Departamento de Personal

para estudio e informe.

INSPECCIÓN JUDICIAL

                                  ARTÍCULO XXXI
                                           50

      En sesión celebrada el 30 de mayo del año en curso, artículo LXXXVIII, se

conoció el informe de la visita realizada por la Licda. Magda Pereira Villalobos y el Lic.

Juan Diego Rojas Araya, los despachos judiciales de Cóbano y Jicaral entre otros.

      El señor Alvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 4325 de 19 de julio en curso, remite copia del informe rendido por

el Lic. Armando Fuentes Quesada, Fiscal Auxiliar de Cóbano y Jicaral, sobre los

motivos por los cuales el circulante de ese Despacho se incrementó durante el primer

trimestre del año.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                   ARTÍCULO XXXII

      El señor Alvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 4323 de 19 de julio en curso, remite copia del acta de visita

realizada al Juzgado de Trabajo de Puntarenas, por la Licda. Ethel Pérez Vargas,

Inspectora Judicial Auxiliar, cuyas recomendaciones literalmente dicen:

        “1. Ordenar la búsqueda inmediata de los expedientes no localizados
        al momento de la presente visita.
        2.   Actualizar el listado de causas activas del despacho, ya que como
        se mencionó algunas de ellas ya han fenecido sin que ello conste en
        dicho control, por el control, por el contrario se mantienen en trámite.
        3.    Se recomienda anotar en la agenda, mediante razón lacónica el
        resultado de las diligencias.
        4.   Se recuerda la importancia de la puntualidad en cada una de las
        audiencias, para no afectar el servicio al usuario y a fin de evitar la
        imposición de sanciones disciplinarias.”

                                           -0-

      Se acordó: Tener por rendida el acta anterior y acoger la recomendaciones las
                                           51

que deberán cumplir a la brevedad el citado despacho.

                                   ARTÍCULO XXXIII

      Se recibió copia del informe mensual de labores del Tribunal de la Inspección

Judicial, durante el mes de junio recién pasado.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior

                                  ARTÍCULO XXXIV

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 4353 de 20 de julio en curso, informa que de conformidad con el

artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ese Tribunal prorrogó por un mes

más, a partir del 1° de agosto próximo, la suspensión con goce de salario impuesta al

Lic. Franklin Fernández Torrentes, Fiscal Auxiliar de Pavas, mientras se concluye la

tramitación de la queja N° 605-2000 M seguida en su contra.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                   ARTÍCULO XXXV

      En sesión N° 50-00 celebrada el 29 de junio último, artículo XLVIII, se tomó nota

de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Mora, de

conformidad con el artículo 182, párrafo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

suspendió en el ejercicio de su cargo con goce de salario, por el término de un mes, a

partir del 27 de ese mes, al señor Eddy Ulloa Núñez, servidor de la Sección de

lnspecciones Oculares y Recolección de Indicios, en tanto la Oficina de Asuntos

Internos del Organismo de Investigación Judicial tramita la queja administrativa que se

sigue en su contra.

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección
                                            52

Judicial, en oficio N° 4481 de 24 de julio en curso, informa que ese Tribunal prorrogó

por un mes más, a partir del 27 de este mes, la suspensión con goce de salario del

señor Ulloa Núñez, mientras se concluye la tramitación de la queja N° 819-00 seguida

en su contra.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

ASUNTOS VARIOS

                                   ARTÍCULO XXXVI

      El Lic. Adán Campos Fallas y la señora Sary Rodríguez R., por su orden, Fiscal

Coordinador y Auxiliar Judicial de la Fiscalía de San Ramón, rinden un informe sobre

los asuntos tramitados y pendientes en ese despacho.

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe.

                                   ARTÍCULO XXXVII

      El Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable, en

oficio N° 714-SC-2000 de 19 de julio en curso, solicita lo siguiente:

        “…autorización para el pago de 80 horas extra al señor Manrique
        Martínez Durán.
        Es importante señalar que este trabajo no puede ser realizado por el
        Departamento de Informática, por cuanto los sistemas fueron
        elaborados por el señor Martínez Durán, y no están debidamente
        documentados. Estas horas servirán para que los sistemas sean
        adoptados al nuevo Manual Contable, y documentados para que a
        futuro puedan ser manipulados por el Departamento de Informática.
        El señor Manrique Martínez D. Labora actualmente en el Departamento
        de Proveeduría, por lo que estaría en disposición de trabajar de 4:30
        p.m. a las 7:30 p.m., durante 5 semanas y media, pagadas a tiempo
        sencillo, o sea, a ¢543.89 la hora con un costo total de ¢43.511.20.
        Se adjunta certificación de contenido presupuestario en la subpartida
        060, expedida por la Sección de Presupuesto.
        Valga indicar que esta solicitud fue expuesta a la Licda. Martha Asc
                                             53

        Corrales, Jefa del Departamento. de Planificación, quién estuvo de
        acuerdo en el trámite dada la urgencia del caso.”

                                             -0-

      Se acordó: Autorizar el pago de 80 horas extra al señor Martínez Durán para

que realice la labor de que se ha dado cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión celebrada el 6 de agosto de 1998, artículo CIII, de conformidad con el

artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se suspendió con goce de salario a

partir del 7 de ese mes, entre otros, al señor Jaime Carrera Hidalgo, servidor de la

Sección de Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones

Criminales del Organismo de Investigación Judicial, por haberse dictado en su contra

auto de elevación a juicio en la causa N° 94-2062-203-PE por los delitos de supresión

de documento, falsedad ideológica y otros en perjuicio de Salvador Calderón Alvarado.

      En sesión celebrada el 1° de junio del año en curso, artículo XLIV, se solicitó al

Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, informará en que estado se

encontraba la causa que se tramita en ese despacho, en que se dictó auto de elevación

a juicio. Asimismo se instó al Tribunal para que a la brevedad señalara la fecha para la

realización del debate en la citada causa.

      En sesión N° 49-00 celebrada el 27 de junio último, artículo XLIV, se conoció la

comunicación del Lic. Rodrigo Zúñiga Soto, Juez Tramitador del Tribunal de Juicio del

Segundo Circuito Judicial San José, en que informó que ese despacho tiene señalado

para debate el 31 de agosto próximo, que no obstante y a solicitud del Actor Civil para
                                           54

el 30 de junio último, realizarán una audiencia para conciliación y que de no resultar

efectiva quedaría firme el juicio oral.

       Por lo anterior, se dispuso, solicitar al citado Tribunal informar el resultado de

dicho juicio.

       El Lic. Zúñiga Soto, en nota de 20 de julio en curso, informa que en la causa 94-

2062-203-PE contra Jaime Carrera Hidalgo y otros por supresión de documento,

Falsedad ideológica y otros en daño de Salvador Calderón Alvarado, se dictó según

Voto 282-00 de las 16:00 horas del 30 de junio último, “Sobresimiento Definitivo a favor

de los acusados”, el cual, está actualmente notificándose.

       Conforme se resolvió en la sesión anterior, se dispuso: Solicitar al Juez

Tramitador enviar copia certificada del acta de conciliación realizada el 30 de junio

último, en la citada causa.

                                     ARTÍCULO XXXIX

       El Lic. Marvin Gerardo Arce Castro, Auxiliar Judicial del Juzgado Civil y de

Trabajo de Pococí, en facsímil de 19 de julio en curso, expresó lo siguiente:

        “…El día dieciocho de julio del presente año, recibí llamada telefónica
        por parte de la Secretaría de la Presidencia de la Corte, concretamente
        de la señorita Marta Soto, solicitándome prestara mis servicios como
        profesional en el Juzgado Penal de Sarapiquí en el cargo de Juez por
        dos días.
              Sin pensarlo dos veces mostré mi anuencia y agradecimiento,
        procediendo acto seguido a comunicarlo a mi superior el Licenciado
        Patricio Gómez Mena, titular del Juzgado Civil y de Trabajo donde
        presto mis servicios como Auxiliar, específicamente en la materia
        laboral actualmente.
             En virtud de lo anterior, mi superior inmediato, mediante nota,
        cuya copia adjunto, denegó tal designación, no quedándome alternativa
        que devolver llamada a la señorita antes mencionada, explicándole tan
        lamentable decisión de parte del Licenciado Gómez Mena.
                                          55

             Como es de suponer, respeto la decisión adoptada, pero desde
       luego, no puedo compartirla, toda vez que lesiona y quebranta mis
       derechos constitucionales, me produce un estado de desigualdad en
       relación a otros compañeros que no tienen obstáculo de sus jefes de
       oficina, y desde luego coarta la posibilidad a superarme desde el punto
       de vista laboral, económico y profesional; amen de la mala atmósfera
       que genera ante la presidencia, la negativa a servir cuando requieren
       de mis servicios. Aunado a ello, debe tomarse en consideración la alta
       competencia y la desventaja en la que me encuentro ante tal
       indisposición.
            Por lo expuesto, con el mayor respeto, solicito contar con la
       autorización por parte de tan Honorable Consejo; para ausentarme de
       mi oficina; cuando sean requeridos mis servicios profesionales, en
       cualquier parte de los Despachos Judiciales a lo largo del país.
             No está demás indicar que cumplo con todos los requisitos
       exigidos pro el Poder Judicial, aparte de mis doce años de servicio con
       honradez, moralidad incuestionable, decencia y dignidad, valores a
       rescatar en estos tiempos, y falta en algunos servidores.”

                                          -0-

      Se acordó: Comunicar a los Licdos. Arce Castro y Gómez Mena, que le asiste el

derecho a ser ascendido cuando las posibilidades del despacho lo permitan y no se

afecte el servicio público.    Asimismo que la Jefatura del despacho debe justificar

razonablemente su oposición para que el Lic. Arce Castro ascendiera a otro cargo.

      El Lic. Campos votó por conceder la autorización conforme lo solicitó don Marvin.

                                     ARTÍCULO XL

      En sesión celebrada el 14 de diciembre de 1999, artículo LXXII, se conoció el

informe del Lic. Rojas, sobre las causas que afectan la realización de debates en los

Tribunales Penales del país.

      En virtud de lo anterior, se dispuso hacerlo del conocimiento de los Despachos

involucrados, a fin de que remitan trimestralmente a este Consejo un informe del nivel

de avance en la realización de debates.
                                            56

      El Lic. Alexis Hernández Morera, Coordinador interino de la Defensa Pública de

Puntarenas, en nota de 12 de julio en curso, en atención al acuerdo anterior remite un

informe sobre las causas que afectan la realización de debates en el Tribunal de Juicio

de Puntarenas.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                     ARTÍCULO XLI

      En facsímil N° 231-00FO de 19 de junio recibido el 18 de julio en curso, el Lic.

Carlos Guillermo Sáenz Quesada, Fiscal Coordinador de Osa, solicita lo siguiente:

       “…aclaración de la circular 03-2000 (04), relativa a “Política de
       disponibilidad a nivel nacional para la atención de la materia penal y
       …” del 10 de abril del año en curso.
             La circular antes referida está dirigida a los diferentes despachos
       judiciales del Circuito Judicial de Osa, que atienden disponibilidad,
       siendo que es necesario que se me aclare, con relación al MINISTERIO
       PÚBLICO- FISCALÍA DE OSA, si al estar disponible, en este caso los
       FISCALES DE OSA, conlleva a establece “un turno” para abrir la
       fiscalía de 10:00 Am a 12:oo P;, (sábado, domingo o bien día feriado).
             La anterior aclaración es necesaria, toda vez que la citada circular
       generó criterios diferentes entre las diferentes jefaturas de los
       despachos de Osa, esto en el punto relativo a la atención de turno,
       pues algunas jefaturas han interpretado que además de la
       disponibilidad, la circular crea “el turno” en el circuito judicial de Osa, al
       menos cuando está disponible el fiscal auxiliar de 10:00 Am a 12:00
       MD, lo cual conlleva a abrir la fiscalía y donde permanece por ese lapso
       de tiempo el fiscal y al menos un auxiliar judicial; por lo que se ha
       entrado en discusión en cuanto a si esas dos horas del personal
       auxiliar, conlleva a que la Corte tenga que pagarle horas extra por
       ejemplo.
             Igualmente otro punto ha aclararme es el siguiente: si en el punto
       referente a “reconocimiento de vacaciones” sólo se reconocen a los
       funcionarios de los lugares en donde se atiende disponibilidad y turno,
       a la vez – casa de Corredores y Pérez Zeledón, o bien se puede aplicar
       a que se reconozcan como vacaciones los días feriado en donde sólo
       hay disponibilidad, caso de Osa, por ejemplo, 11 de abril, 1° de mayo,
       25 de julio, 2 y 15 de agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre, 25 de
       diciembre, 1° de enero.
                                           57

              Por último es necesario se me aclare, indique, si debo de
        interpretar la citada circular en el sentido que implícitamente la misma
        está creando en Osa, “el turno”; si es así, hacérmelo saber por escrito,
        caso contrario, me interesa saber si existe algún estudio del
        Departamento de Planificación, por ejemplo, que avale la necesidad de
        establecer dicho turno en este circuito judicial, como lo existe en la
        actualidad en los Circuitos Judiciales de Pérez Zeledón y Corredores.
        Igualmente si para establecer un turno en una oficina en donde nunca
        lo ha habido, es facultad del Consejo Superior, de Corte Plena, Etc.”

                                          -0-

      Se acordó: Comunicar al Lic. Sáenz Quesada, que deben establecer un rol de

turno de igual forma para la atención de la materia penal y de los asuntos de tránsito

que lo ameriten.

                                    ARTÍCULO XLII

      En sesión celebrada el 11 de los corrientes, artículo LXXIII, se autorizó el pago

de transporte      para los servidores del Juzgado de Familia de Desamparados, que

cubren los roles de disponibilidad por violencia doméstica fuera de días y horas hábiles,

entre ellos, al señor Óscar Quirós Soto, Auxiliar Judicial 2, vecino de El Alto de

Guadalupe.

      En nota de 14 de julio en curso, el señor Quirós Soto, manifestó:

             “El suscrito Auxiliar Judicial II, del Juzgado de Familia y Violencia
        Doméstica de Desamparados, con el mayor de los respetos deseo
        manifestarles lo siguiente: Desde hace aproximadamente tres meses
        se nos asignó lo correspondiente a la atención en asuntos de Violencia
        Doméstica, en       jornada extraordinaria, en lo correspondiente al
        personal de apoyo, se nos autorizó a el cobro de horas extras. Por lo
        anterior, es claro que una solicitud de medidas, se pueda tramitar más
        o menos en una hora, la cual es la que se nos va a remunerar, esa
        “HORA” solamente, pero si este servidor es vecino del sector de
        Guadalupe de Goicoechea, creo que se me debería de pagar desde el
        momento en que ingresa la llamada a mi casa, ya que desde ese
        momento debo de trasladarme a la oficina. Debo de aclarar que el
        sábado último 8-07-2000, fui llamado a las siete de la mañana, y
                                           58

        regresé a mi casa a las diez horas treinta minutos, fui llamado
        nuevamente a las dieciséis horas, y regresé a mi casa hasta las
        diecinueve horas cuarenta minutos, presto a una nueva llamada, sin
        poder gozar de un sábado o domingo normal como lo gozan todos los
        demás trabajadores, muchos menos salir a pasear con mi familia
        puesto estaba de turno, se deben de considerar los gastos de taxi que
        representa el trasladarme desde mi casa hasta la oficina, y viceversa,
        por la premura con que me llaman, y además con los riegos que esto
        representa.
             Por lo anterior, muy atentamente solicito se considere la
        posibilidad de que se me paguen las horas extras, desde el momento
        en que me llamen hasta que finaliza la diligencia, toda vez que así las
        reporte, y la respuesta de la Licda Rosa Cristina Arguedas, ha sido que
        mejor formule la consulta respectiva a fin de obtener la autorización
        como corresponde a ustedes.
            Adjunto copias de los oficios, tanto el que yo le remití a la Jueza
        Coordinadora, como la respuesta que recibí.”

                                          -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud anterior, pues solo corresponde el pago de las

horas efectivamente trabajadas.

                                   ARTÍCULO XLIII

      La señora Alba María Pasos A. Auxiliar Judicial del Juzgado Civil y de Trabajo de

Liberia, en oficio N° 368-2000 de 17 de julio en curso, informa sobre los procesos

ingresados, pendientes y resueltos, así como sentencias definitivas e interlocutorias, al

concluir el segundo trimestre del presente año.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                   ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 55 celebrada el 13 de julio en curso, artículo XXI, se tomó el

siguiente acuerdo:

             “El Lic. José Luis Bermúdez Obando, en su condición de
        Secretario interino del Consejo de la Judicatura, en oficio N° UI-2516-
                                           59

       00 de 7 de julio en curso, manifestó lo siguiente:
       “Con relación a Oficio N° 6961-00 en donde se solicita las ternas para
       llenar las plazas vacantes de Juez 3 en el Juzgado de Violencia
       Doméstica del II Circuito Judicial me permito informar que estamos
       efectuando las consultas a los elegibles.
       Cabe mencionar que hay dos oferentes que a pesar de tener la opción
       de ser incluidos en las ternas de acuerdo a su promedio numérico,
       tienen pendiente la etapa de evaluación por parte de esta Oficina.
       Misma que se efectuará la próxima semana, por lo que se estarían
       remitiendo las ternas en la semana que inicia el día 17 de julio próximo.
       Lo anterior sin perjuicio que si se terminan los análisis antes de la fecha
       indicada, se estarían remitiendo las ternas la próxima semana.”
                                          -0-
            La Sala Constitucional, en resolución de las 17 horas treinta y
       nueve minutos del siete de julio del año en curso, dio curso al recurso
       de amparo interpuesto por Eugenio Boulanger González, Mauren
       Roxana Solís Madrigal y Sonia Ruiz Carballo, contra el Consejo de la
       Judicatura y el Consejo Superior del Poder Judicial, con indicación de
       que la interposición del recurso suspende de pleno derecho los efectos
       los actos impugnados, y dispuso no elaborar las ternas para la
       designación de Jueces en propiedad dentro del concurso número CJ
       06-99 o, en su caso que no se realice el nombramiento correspondiente
       por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, hasta tanto esa Sala
       no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.
            Se acordó: Tomar nota de la anterior resolución de la Sala
       Constitucional, y de conformidad con lo ahí indicado, no realizar la
       designación para llenar las plazas vacantes de Juez 3 en el Juzgado de
       Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José.”
                                         -0-

      En nota de 18 de julio en curso, los Licdos. Eugenio Boulanger González, Sonia

Ruíz Carballo y Maureen Roxana Solís Madrigal, manifestaron lo siguiente:

       “…hacemos de su conocimiento que nuestro único propósito con la
       interposición del recurso de amparo, siempre ha sido obtener a la
       mayor brevedad la programación de la cita para la prueba psicológica y
       social. En ningún momento hemos tenido la idea de detener –de mala
       fe- el nombramiento en propiedad de jueces de familia, penal juvenil y
       violencia doméstica. En este sentido, ya hemos visto satisfechos
       nuestros intereses, de forma que, no tiene ningún sentido la suspensión
       del acto administrativo y tampoco continuar con la tramitación del
       recurso de amparo.
                                          60

            Por el razonamiento expuesto, ya hemos expresado ante la Sala
       Constitucional, nuestro formal desistimiento del Recurso de Amparo.
       Además, hemos solicitado que el mismo sea resuelto lo más pronto
       posible, con el ánimo de no perjudicar a ningún compañero
       concursante.”
                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                   ARTÍCULO XLV

      La Corte Plena en sesión celebrada el 19 de junio último, artículo XXII, autorizó

al Presidente, Magistrado Mora, para que determine el monto de la ayuda para la

decoración y acondicionamiento del auditorio, con motivo del Jubileo para

Administradores de Justicia y Abogados, el próximo 1° de agosto.

      En oficio N° DP 1399-00 de 21 de julio en curso, el Lic. José Luis Calderón

Flores, Director del Despacho de la Presidencia, manifestó:

             “De conformidad con el acuerdo de Corte Plena del 19 de junio,
       art. XXII, relacionado con la celebración de jubileo para
       Administradores de Justicia y Abogados, a llevarse a cabo en el
       Auditorio a la Plaza de la Justicia el día 1 de agosto del 2000,
       respetuosamente, en razón de que la Curia Metropolitana envió afiches
       y desplegables para distribuir en las diferentes oficinas judiciales e
       invitar a los administradores de justicia y abogados a participar en la
       actividad y ante consultas que se han realizado, solicito interponer sus
       buenos oficios a efecto de que el Consejo Superior autorice la
       participación de funcionarios judiciales en esa celebración, siempre y
       cuando no se afecte el servicio público.
            De aprobarse esta gestión, el Departamento de Información y
       Relaciones Públicas enviará la invitación respectiva mediante afiches y
       desplegables a los diferentes despachos judiciales del país.”
                                        -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior.

                                   ARTÍCULO XLVI

      En sesión celebrada el 13 de julio en curso, artículo V, se concedió permiso
                                            61

entre otros a un funcionario de la Fiscalía General, Defensa Pública y la Escuela

Judicial para que asistan al curso práctico denominado “Destrezas en Juicio Oral”, que

se impartirá en el Colegio de Abogados del 7 al 12 de agosto próximo.

      El Lic. Carlos Arias Núñez, Fiscal General de la República, en oficio N° 777-FG-

2000 de 20 de julio en curso, informa que los Licdos. Adrián Bonilla Juncos, Randall

Araya Robles y la Licda. Maruxinia Marín Mata, asistirán al curso de referencia.

      Por su parte el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° DIR-250-00 de 20 de este mes, comunica que el Lic. Gustavo Céspedes

Chinchilla, fue designado para que asista al denominado curso.

      Por su parte la Licda. Milena Conejo Aguilar, Jefe interina de la Defensa Pública,

en oficio N° 476-2000 de 21 de julio en curso, recomienda a los Licdos. Sergio

González León, Seila Meza Pérez y María de Jesús Medina Molina, Defensor Público

de San José los dos primeros y Defensora Pública del Segundo Circuito Judicial de San

José, la última para que asistan a la citada actividad.

      Se acordó: Autorizar a los funcionarios de que se han dado cuenta para que

asistan al curso de Destrezas en Juicio Oral del 7 al 12 de agosto próximo.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO XLVII

      En sesión celebrada el 20 de julio en curso, artículos XII y XIII, se concedió

permiso con goce de salario a los funcionarios judiciales que ahí se indicaron para que

unos inicien el proceso de pruebas de funcionalidad de la aplicación de Gestión de

Despachos Judiciales, por 10 días a partir del 21 de este mes y otros asistan a la

capacitación que imparte la firma Consultora Seintex de España, como parte del
                                              62

proyecto “Mejoramiento de la Gestión de Despachos Judiciales”, del 24 de julio al 31 de

agosto del año en curso.

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio

N° 780-JP-2000 de 21 de julio en curso, informa que el órgano competente para brindar

la certificación del contenido presupuestario, con cargo a la Partida 000 “Salarios” es el

“…Departamento de Financiero Contable a través de la Sección respectiva”.

      Mediante oficio N° 7667-00 de 21 de este mes la Secretaria General solicito al

Departamento Financiero Contable certificación de contenido presupuestario, con cargo

a la partida 000 “salarios” a fin de conceder las sustituciones correspondientes.

      En oficio N° 1396-P-2000 de 21 de julio en curso, el Lic. Walter Jiménez Sorio,

Jefe interino del Departamento Financiero Contable, expresó:

        “Me refiero a su oficio 7667-00 del día de hoy, mediante el cual solicita
        a este Despacho certificar el contenido económico, para hacerle frente
        a los costos de sustitución de cargos para las actividades siguientes:


           Cantidad de            Actividad                       Duración
           funcionarios
            8              Proceso de pruebas de funcionalidad 10 días a partir del 21 de
                           de la aplicación de Gestión de julio de 2000.
                           Despachos Judiciales
           12              Capacitación ofrecida por la firma
                           Consultora SEINTEX de España


        Al respecto me permito informarle, que en el programa 800, en la
        subpartida 000 “Sueldos para cargos fijos”, centro de responsabilidad
        99 “Gastos Comunes” existe actualmente un saldo presupuestario de
        ¢11-022.066.770.02, según consulta realizada al Sistema de
        Presupuesto, que se adjunta. Por otra parte en la coletilla de
        sustituciones se presupuestaron para estos efectos aproximadamente
        mil millones de colones, suma que de hecho no llega al doceavo del
        salario total necesario para hacer frente a las sustituciones del período.
        Cabe señalar que institucionalmente corresponde al Departamento de
                                            63

        Personal la ejecución del gasto como tal, y a este Departamento el
        registro presupuestario contable de cada una de las subpartidas que
        componen la partida de Servicios Personales. Sin embargo, en la
        actualidad el Departamento de Personal no mantiene el detalle de la
        ejecución de la coletilla de sustituciones, motivo por el cual resulta
        materialmente imposible determinar el importe de lo gastado y por
        consiguiente, establecer su disponibilidad para el resto del período.
        Por lo anterior, y al no contarse en estos momentos con información
        confiable sobre el comportamiento esperado del gasto, nos vemos
        imposibilitados a certificar la existencia de contenido presupuestario
        que se solicitó.”
                                           -0-

      Se acordó: Solicitar al Departamento de Planificación informe a la brevedad de

qué subpartida presupuestaria se tomarán los recursos para las sustituciones de los

funcionarios que asistirán a la capacitación que imparte la firma consultora SEINTEX de

España.

                                    ARTÍCULO XLVIII

      Mediante oficio N° 15-896-98 de 11 de diciembre de 1998, la Secretaria General,

remitió al Departamento de Informática, los objetivos específicos para el mejoramiento

de la calidad del servicio a través de los sistemas informáticos, para facilitar el acceso a

los usuarios de la información del despacho.

      Por oficio N° 147-ST-2000 de 19 de julio en curso, el Ing. Marco Barboza Roldán,

Jefe de la Sección de Soporte Técnico del Departamento de Informática, informa que la

empresa Tecapro recientemente anunció un producto llamado “Hermes” que se ajusta

a los requerimientos solicitados en aquella oportunidad.

      Asimismo informa que la citada empresa esta dispuesta a realizar una

demostración al Poder Judicial con información propia de la institución, por lo que

solicitan una copia de los archivos que contenga los datos a consultar.
                                          64

      Por lo anterior, solicita se analice si la petición anterior es factible y bajo qué

condiciones.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en el entendido de que queda bajo

responsabilidad de la empresa Tecapro el uso de la información que llegue a su

conocimiento y que dicha demostración lo será sin ningún compromiso por parte del

Poder Judicial.

      La Secretaría de la Corte tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XLIX

      El Lic. Johnny Gerardo Mora Hamblin, Juez interino del Juzgado Segundo Civil y

de Trabajo de Limón, en notas de 29 de junio y 10 de julio del año en curso, manifiesta

que inicialmente se habían designado a los Licdos. Ana Ruth Fallas Gómez, Ricardo

Vargas Valverde y Juan Luis Vargas Vargas, para que conocieran los procesos

presentados por servidores judiciales, en que solicitan el reconocimiento de las

diferencias salariales por concepto de cálculo a anualidades o sobresueldos, pero que

por no haberse podido comunicar con ellos se informó nuevamente a la Presidencia de

la Corte y designó al Lic. Guillermo Angulo Álvarez, Abogado litigante de esa ciudad,

quién se ha visto imposibilitado para cumplir con dicho compromiso.

      Por lo anterior don Johnny Gerardo, solicita se nombre suplente para que

conozca el presente proceso.

      Se acordó:     Designar al Lic. Vinicio Castillo Serrano, como Suplente para el

Juzgado Segundo Civil y de Trabajo de Limón, para que conozca dicho proceso.

                                     ARTÍCULO L

      Los Licdos. Mario Alberto Ramírez Aguilar, María Aracelly Solís Marín, Shirley
                                            65

González Quirós y las señoras Irene Sofía Solano Jiménez, Rebecca Castro García y

Lastenia Hernández Cuadra, funcionarios y servidores del Juzgado de Familia de

Alajuela, en nota de 11 de julio en curso, recibido el 24, manifestaron:

              “De acuerdo con el oficio de Planificación (Oficio 030 PLA PJ
        2000 del 21 de mayo del 2000 de la Comisión de respuesta), para el
        próximo año se abrirá un Juzgado especializado en materia de
        Violencia Doméstica, el cual requerirá del personal capacitado y con la
        experiencia para la labor que ha dicho despacho le corresponderá.
             Las abajo firmantes por espacio de año y medio aproximadamente
        hemos estado laborando en la materia indicada, en el Juzgado de
        Familia y Penal Juvenil de Alajuela, contando con una amplia
        experiencia en el área de Violencia Doméstica.
             Además como parte de nuestra capacitación, hemos participado
        en el “Taller de interaprendizaje para sentir, pensar y enfrentar la
        Violencia Intrafamiliar a nivel legal”, por espacio de setenta y dos horas,
        a excepción de la servidora Lastenia Hernández C.
            Por lo expuesto, remitimos el presente oficio para que se nos
        tome en consideración para ocupar plazas de escribiente o conserje”.

                                          -0-

      Se acordó:      Tomar nota de la comunicación anterior y trasladar copia al

Departamento de Personal para lo que corresponda.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                      ARTÍCULO LI

      El Lic. Gilbert Alfaro Zúñiga, Encargado de la Subunidad Administrativa Regional

del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con oficio N° 611-SUARP-00 de 26

de junio del año en curso, remitió a la Dirección Ejecutiva, copia de la nota suscita por

el Lic. Freddy Vargas Zumbado, Fiscal Adjunto de ese Circuito, en que solicitó el

reintegro de las facturas que adjuntó, con motivo de la pérdida de sus lentes, a fin que

se le reintegre su costo.
                                          66

      El Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Subdirector Ejecutivo, con oficio N°3724-

DE-2000 de 19 de julio del año en curso, remite el informe N° 942-DE/AL-00 de 5 de

los corrientes, suscrito por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección

de Asesoría Legal, sobre la procedencia del pago de las facturas por extravío de lentes

del Lic. Vargas Zumbado, que literalmente dice:

             “La responsabilidad administrativa del Poder Judicial, como parte
       integrante de la Administración Pública, se encuentra regulada por la
       Ley General de la Administración Pública. Específicamente, el artículo
       190 en el inciso1) de dicha ley dispone:
             “La Administración responderá por todos los daños que cause su
       funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal , salvo fuerza
       mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.” (lo resaltado no es
       del original).
             Desde este punto de vista, con relación al caso concreto del
       extravío de los lentes del Lic. Freddy Vargas Zumbado en el ejercicio
       de sus funciones como Fiscal Adjunto, encuadra en la eximente de
       responsabilidad por “fuerza mayor”, la cual debes entenderse como
       “Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha
       podido resitierse.” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario
       Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1993, p.
       174). Es decir, no ha habido una actuación del Poder Judicial –
       legítima, ilegítima, normal o anormal – que directamente provocara la
       situación de comentario y que lo obligue por ello a resarcir el daño
       alegado.
             Con relación al cobro de las facturas mediante Riesgo Profesional
       o Riesgo Laboral, del artículo sólo comprende dentro de los riesgos del
       trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los
       trabajadores, y evidentemente el extravío de los lentes no constituye ni
       accidente, ni enfermedad. En este sentido, el supracitado artículo 195
       indica:
            “Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las
       enfermedades que ocurran a los trabajadores , con ocasión o por
       consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y
       remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como
       consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidenes y
       enfermedades.”
            En ese orden de ideas, estima el suscrito que estudiadas
       debidamente las normas legales involugradas en el presente caso, no
                                           67

        es procedente acoger el reclamo económico relativo al pago de las
        facturas por extravío de lentes planteado por el Lic. Freddy Vargas
        Zumbado, Fiscal Adjunto del Segundo Circuito Judicial de Limón.”
                                        -0-

       Se acordó: Acoger el informe anterior y denegar el reclamo formulado por el

Lic.    Vargas Zumbado.

                                     ARTÍCULO LII

       En sesión N° 62-99 celebrada el 6 de agosto de 1999, artículo LX, se comisionó

a la Dirección Ejecutiva para que en coordinación con el Departamento de Personal,

propongan un medio que garantice la recuperación de los dineros de pagos a personal

sustituto mediante el Fondo Rotatorio.

       Los Licdos. Rafael Ángel Morales Monge y José Luis Bermúdez Obando,

Director Ejecutivo y Jefe interino del Departamento de Personal, respectivamente, en

oficio N° 3880-DE-00 de 14 de julio en curso, en atención al acuerdo anterior, rinden el

siguiente informe:

        “Para que por su digno medio se haga de conocimiento y aprobación de
        los integrantes del Consejo Superior le remito el informe sobre el
        acuerdo tomado en sesión N° 62-99, celebrada el 6 de agosto de 1999,
        artículo IX, donde se comisiona a la Dirección Ejecutiva para que en
        coordinación con el Departamento de Personal, proponga un medio
        que garantice la recuperación de los dineros de pagos a personal
        sustituto mediante el Fondo Rotatorio.
        En virtud de lo anterior, el 30 de marzo del año en curso, se conformó
        un equipo de trabajo, integrado por los siguientes servidores judiciales:
        Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Subdirector Ejecutivo.
        Lic. José L. Bermúdez Obando, Departamento de Personal
        Lic. Rónald Calvo Coto, Sección de Planillas Departamento de Personal
        Msc Wálter Jiménez Sorio, Departamento Financiero Contable
        Lic. Alberto Serrano Urbina, Sección de Tesorería Departamento
        Financiero Contable
        Licda. Rebeca García Pandolfi, Cobro Administrativo de la Dirección
                                  68

Ejecutiva
Licda. María de los Ángeles Gamboa Conejo, Análisis y ejecución de la
Dirección Ejecutiva.

Se han tomado una serie de medidas que se describen sucintamente:

1. Depuración de la información de los dineros pagados mediante
Fondo Rotatorio entre el Departamento Financiero Contable y
Personal para determinar el monto real adeudado.

Al respecto, la Sección de Tesorería del Departamento Financiero
Contable, está analizando las incongruencias, para determinar donde
están los fondos. Además la Sección de Contabilidad va trasladar los
fondos de la Cuenta N° 20-192-8 para poder concluir la depuración.

Se implantó una serie de procedimientos de operación al interior del
Departamento de Personal y Financiero Contable tales como:

    Los listados de depósitos realizados por los deudores al
    Departamento de Personal, se remitirán debidamente identificados
    por el tipo de depósito y el nombre de la persona que lo realizó,
    aquellos que no cumplan esos requisitos serán devueltos al
    Departamento de Personal, por parte de la Sección de Tesorería del
    Departamento de Financiero Contable.
    Además en los listados de cheques nulos, la Sección de Tesorería
    remitirá copia al Departamento de Personal, para que
    constantemente verifique éstos contra los deudores pendientes.
    Por otra parte, en forma temporal está designado un servidor del
    Departamento de Personal para la ubicación de interinos para el
    respectivo cobro.

Lo anterior, permite un control efectivo de los montos pagados a
servidores sustitutos mediante el Fondo Rotatorio.

2. Visita de funcionarios de los Departamentos de Personal,
Financiero Contable y Dirección Ejecutiva a la Pagaduría Nacional
para establecer la apertura de una autoridad de rebajo.

El 26 de abril del año en curso, se llevó a cabo la reunión licenciado
Víctor Sequeira Castillo, Jefe Área Gestión de Pagos Tesorería
Nacional del Ministerio de Hacienda, el cual manifestó que el
Departamento de Personal cuando requiera realizar una retención lo
indique así y posteriormente solicite el traslado de fondos a la cuenta
respectiva, es importante aclarar que el licenciado Sequeira indicó que
no se requiere ninguna justificación del tramite solicitado.
                                 69


En virtud de lo anterior, para la segunda quincena de mayo el
Departamento de Personal implantó el sistema anterior, logrando que a
través de la cuenta Fondo Rotatorio (cuenta cliente número
15201001007011653) se depositan los dineros adeudados por los
servidores interinos y no en la cuenta personal del servidor.

Este procedimiento a resultado todo un éxito en la medida que en las
quincenas del mes de mayo a junio se recuperó el 100% de lo pagado
por esta vía.

3. Revisión por parte del Departamento de Personal del
procedimiento de pago mediante el Fondo Rotatorio y su ajuste
respectivo.

La Licenciada Rebeca García, realizó una revisión del documento que
se firma cuando se paga mediante Fondo Rotatorio, con el fin de
elaborar un modelo de contrato de pago más efectivo dirigido al
Departamento de Personal y servidor judicial.

Se presentó una propuesta para el contrato de adelanto de salarios
mediante el Fondo Rotatorio y la letra de cambio, solicitando al
Departamento de Informática su confección electrónica (véase anexo)
para ponerla a disposición de las Unidades y Subunidades
Administrativas Regionales.

Además se elaboró el procedimiento correspondiente (véase anexo)
para el pago mediante el Fondo Rotatorio.

Mismos que solicitamos al Consejo Superior su aprobación, para
posteriormente instalar dicha plantilla y procedimiento en los
departamentos involucrados, para que en aquellos casos calificados
por el Departamento de Personal se proceda al pago por esa vía.

4. Denuncia ante el Consejo Superior de aquellos funcionarios que
se nieguen a pagar las sumas de más mediante el Fondo
Rotatorio.

Se propone que el Departamento de Personal pueda contar con este
medio cuando se requiera, demás dentro del contrato de adelanto de
salario mediante Fondo Rotatorio, se prevé la denuncia ante el Consejo
Superior por el incumplimiento de pago.

5. Elaboración de un plan agresivo para la recuperación de dineros
en coordinación con la Sección de Cobro Administrativo.
                                         70


       Como una etapa inicial se realizó una primera reunión entre el
       Departamento de Personal y la Unidad de Cobro Administrativo con el
       fin de revisar los expedientes con los que cuenta la Unidad de Cobro
       Administrativo, para valorar si están dentro de los plazos que establece
       la Ley y proceder a la recuperación en cuatro tractos.

       A modo de síntesis, según el acuerdo tomado por el Consejo Superior
       en sesión N° 62-99, celebrada el 6 de agosto de 1999, artículo IX, se
       presenta el Arqueo practicado al Fondo Rotatorio con corte al 30 de
       junio de 1999, los pagos por reintegrar por personal sustituto ascendía
       a ¢7.589.461.98, al 14 de julio del 2000 dicho monto se redujo en un
       51.43% (¢3.685.970.00), situación que muestra el resultado de las
       medidas que se han logrado ejecutar en conjunto.”

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe .

                                   ARTÍCULO LIII

      En sesión celebrada el 29 de febrero del año en curso, artículo XXIX, se tomó el

siguiente acuerdo:

       “El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N°
       190-018-AUS-2000 del 14 de este febrero, remite el informe final que
       resume los resultados obtenidos durante la evaluación del diseño de la
       página Web del Poder Judicial y la aplicación para consulta de los
       sistemas informáticos, en el que se detallan situaciones relevantes
       relacionadas con los siguientes aspectos:
       “Conclusiones
     La Institución no ha desarrollado una página Web sobre la información
       del Poder Judicial y una aplicación de consulta a sus sistemas
       informáticos, que puedan ser accesadas en Internet; lo cual no ha
       permitido a los despachos judiciales disponer de un medio
       informatizado a través del cual se tenga a disposición de usuarios
       internos y externos la información de los expedientes judiciales y las
       labores de los despachos.
            Cabe destacar que, la Dirección Ejecutiva conformó un grupo de
       trabajo encargado de formular el proyecto de implantación de Internet
       en el Poder Judicial, el cual retomó entre sus proyectos la elaboración
       de la página Web, sin embargo a febrero de 2000, no se ha concluido
       su diseño debido a que la Administración se encuentra afinando la
       propuesta relativa a los servicios que podrían obtenerse por Internet y
                                      71

   los recursos necesarios.
        La carencia de una página en Internet del Poder Judicial, obedece
   en parte a que no fue efectiva la relación contractual con InfoWeb,
   empresa adjudicada para el desarrollo del proyecto en mención, por
   cuanto no se llegó a un acuerdo respecto a la estructura y “arte” de la
   página Web que el Poder Judicial requería.
 Además, el Poder Judicial carece de lineamientos o políticas
   relacionadas con el diseño y mantenimiento de la página Web y
   aplicación de consulta a los sistemas informáticos de la Institución, lo
   cual dificultó la ejecución efectiva del contrato con InfoWeb, ya que a
   criterio de esta Auditoría debieron ser definidos previamente por la
   Administración del Poder Judicial.
        Lo anterior evidencia la necesidad de planificar el desarrollo
   informático de la Institución, sobre todo en proyectos tan novedosos,
   que permitan prever los requerimientos necesarios y procurar un
   proceso uniforme acorde con los objetivos y metas propuestas por el
   Poder Judicial.
 Desde febrero de 1999, la Administración esperaba contar con el diseño
   e implantación de la página Web y la aplicación de consulta a los
   sistemas informáticos en un período de desarrollo estimado en 25 días
   naturales, según lo establecido en la oferta presentada por InfoWeb; no
   obstante, el Poder Judicial debió conceder una serie de prórrogas que
   originan un atraso de 68 días, lo cual representó más del doble del
   tiempo propuesto, finalizando en la rescisión del contrato.
         Cabe señalar que, dichas prórrogas obedecieron al tiempo
   requerido por InfoWeb para realizar las modificaciones solicitadas por
   diferentes funcionarios del Poder Judicial, lo cual a juicio de esta
   Auditoría, evidencia debilidades en la ejecución del objeto contractual y
   del cumplimiento del plazo de entrega.
 La responsabilidad de la supervisión del estado del proyecto por parte
   del Departamento de Informática estuvo a cargo de la Sección de
   Control y Aseguramiento de la Calidad y no de la Sección de Soporte
   Técnico, tal y como se había establecido en el pliego de condiciones de
   la licitación en referencia, a quien le correspondería el mantenimiento
   de los productos del contrato. Lo anterior obedeció según lo indicado, a
   la carga de trabajo de la Sección de Soporte Técnico.
        Por otra parte, la Administración no ha establecido formalmente el
   personal responsable de definir y aprobar la estructura de la página
   Web de la Institución. Cabe mencionar que, en la contratación con
   InfoWeb participaron varios funcionarios de diferentes departamentos,
   sin embargo, no se asignó clara y formalmente el responsable de
   aprobar los diseños propuestos, por lo cual se dificultó uniformar los
                                      72

   distintos criterios y no se pudo llegar a un acuerdo con la empresa.
         A pesar de los esfuerzos en fomentar el proceso de
   modernización en el área informática, la Institución aún no cuenta con
   una serie de aspectos necesarios para disponer de una página Web en
   Internet, que permita informar a nivel nacional e internacional sobre la
   labor del Poder Judicial.
   Recomendaciones
   A la Dirección Ejecutiva
1. Definir, en conjunto con el Departamento de Informática y el personal
    que se asigne como responsable del arte y diseño de la página Web
    del Poder Judicial, las políticas, lineamientos y estándares requeridos
    para el adecuado desarrollo y mantenimiento de los servicios de
    Internet e Intranet. Lo anterior, se deberá remitir al Consejo Superior
    para su aprobación formal.
2. Planificar, en conjunto con el Departamento de Informática y demás
    instancias pertinentes, el desarrollo interno y contratación de los
    proyectos tecnológicos para el Poder Judicial, tomando en cuenta los
    requerimientos necesarios para su ejecución, tales como: políticas,
    lineamientos, estándares, personal, capacitación, hardware y software;
    procurando aprovechar adecuadamente los recursos disponibles de la
    Institución.
        En caso de contrataciones futuras, designar con anticipación el
   personal a cargo de la supervisión y aprobación del objeto contractual,
   estableciendo formalmente sus funciones y responsabilidades, en
   procura de que se cumplan los objetivos propuestos por la Institución.
3. Asignar formalmente, en coordinación con el Departamento de
    Informática, el personal responsable de definir y aprobar el arte y
    diseño de la página Web del Poder Judicial que se pretende
    desarrollar, con el fin de evitar que se repitan los problemas
    presentados con la empresa InfoWeb y procurar el adecuado
    mantenimiento de la misma.
   Al Departamento de Informática
4. Desarrollar la página Web y las aplicaciones de consulta a los sistemas
    informáticos de la Institución a instalar en Internet, de conformidad con
    las políticas, lineamientos y estándares que se establezcan para
    proyectos de esta naturaleza.         Lo anterior, debe ejecutarse en
    concordancia con una planificación del desarrollo informático del Poder
    Judicial, que fortalezca el Proceso de Modernización de la
    Administración de Justicia de Costa Rica.
5. Velar por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y estándares que
    se establezcan para los servicios que se brinden en la Internet e
                                           73

        Intranet del Poder Judicial, a fin de que sean respetados por los
        funcionarios que asumirán el mantenimiento de la página Web del
        despacho judicial donde laboran y procurar uniformidad en la estructura
        del diseño básico para las páginas que conforman el sitio Web de la
        Institución.
    6. Fortalecer la supervisión de las contrataciones a cargo de ese
        Departamento, a fin de procurar la ejecución exitosa de los proyectos
        en materia informática, y coadyuvar en el proceso de modernización
        que impulsa el Poder Judicial.
    7. En lo sucesivo, acatar las disposiciones establecidas en el pliego de
        condiciones, en particular sobre los responsables de la verificación de
        la ejecución del contrato y el cumplimiento del plazo de entrega
        establecido, así como cualquier otra responsabilidad que les sea
        asignada en el pliego de condiciones. Para lo anterior, es necesario
        planificar el recurso necesario para la ejecución del objeto contractual,
        de tal manera que se cumplan los términos acordados.”
                                            --- o ---
               El Director Ejecutivo, Dr. Luis Vargas Jiménez, informa que ya
        existen dos páginas web dentro del Poder Judicial y que le extraña que
        el citado informe no se refiera a ellas.
               Se acordó: Previamente a resolver lo que corresponda, conceder
        audiencia al Departamento de Informática, para que se refiera al
        contenido del informe de mérito y a las manifestaciones del Director
        Ejecutivo.”
                                              -0-

        En atención al acuerdo anterior, la señora Sigrid Morales Carrasco, el Dr.

Alfredo Chirrino Sánchez, Lic. Carlos Breddy Jiménez y otros servidores, por su orden,

Directora interina de la Revista de Jurisprudencia Constitucional, Director interino de la

Escuela Judicial y Defensores Públicos, en notas y oficios recibidos el 4, 10, 12 y 17 de

julio en curso, informan que aún no han iniciado la confección de la página Web.

      Por su parte la Licda. Giannina Aronne Laurito, Jefa de la Biblioteca Judicial, en

oficio Nº1068-2000 de 12 de julio en curso, informa que la confección de la página Web

de ese despacho ya está terminada, y que únicamente falta la realización de los links

de las fotos de la página principal.
                                           74

      Se acordó: Tener por rendidos los informes anteriores y comunicar a los citados

despachos que en coordinación con el Departamento de Informática a la brevedad

procedan a confeccionar la página Web.

      El Departamento de Informática tomará nota para su atención.

                                    ARTÍCULO LIV

      En sesión N° 76-99 celebrada el 23 de setiembre de 1999, artículo LXIX, se tomó

el siguiente acuerdo:

              “En sesión celebrada el 29 de junio del año en curso, artículo LIII,
        se dispuso hacer del conocimiento del Departamento Financiero
        Contable, que la Dirección General de Tributación Directa, en
        resolución N° DE-01-R-0890-9 de las 13,02 horas del 19 de julio en
        curso, notificada a la 9,20 horas del 26 de este mes, declaró
        parcialmente con lugar las gestiones presentadas por la Secretaría
        General de la Corte, para que se le devolviera al Poder Judicial, las
        sumas retenidas por el Banco Central de Costa Rica en los períodos
        fiscales 1997 y 1998, por concepto del 8% de impuesto sobre la renta,
        sobre el pago de intereses de los cupones Nos. 1 y 2, sobre los bonos
        de Estabilización Monetaria, según detalle anexos. En consecuencia,
        procedió la devolución de ¢98.068.56 (noventa y ocho mil sesenta y
        ocho colones con cincuenta y seis céntimos) del período fiscal 1997 y
        ¢45.923.834.47 (cuarenta y cinco millones novecientos veintitrés mil
        ochocientos treinta y cuatro colones con cuarenta y siete colones),
        correspondiente al año 1998. Al propio tiempo, rechazó las solicitudes
        de devolución relacionados con las Notas Nos. 178-SP-99 y 39-SP-99
        por las sumas de ¢190.552.42 (ciento noventa mil quinientos cincuenta
        y dos colones con cuarenta y dos céntimos) y ¢893.727.02
        (ochocientos noventa y tres mil setecientos veintisiete colones con dos
        céntimos), respectivamente.
               Nuevamente la Dirección General de Tributación Directa, remite
        copia del oficio N° ATSJ-AL-764/99 de 7 de este mes, suscrito por la
        Licda Leyla Hernández Mejías, Coordinadora del Área Legal, dirigido al
        Director General, en que le informó que mediante la resolución citada
        anteriormente, declararon parcialmente con lugar las gestiones de
        devolución presentadas por el Poder Judicial, por falta de prueba
        documental fechaciente, según indicó no se aportó certificación
        extendida por el Banco Central de Costa Rica, a efecto de demostrar
        las retenciones del 8% por concepto del impuesto sobre la renta, y sin
        ese requisito se ven limitados para conceder crédito alguno.
                                           75

             Se acordó: Trasladar las presentes diligencias a la Dirección
        Ejecutiva para su atención.”

                                          -0-

      El Lic. Luis Barahona Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, con oficio N° 3960-

DE-2000 de 19 de julio en curso, remite el informe N° 578SC-00 de 22 de junio último,

suscrito por el Lic. Walter Jiménez Sorio y la Licda. Ana Jiménez Salazar, Jefes del

Departamento Financiero Contable y de la Sección de Contabilidad, mediante el cual se

refieren a la resolución extendida por la Dirección General de Tributación Directa, con

respecto al 8% de Impuesto sobre la renta deducido por el Banco de Costa Rica

durante los períodos comprendidos de setiembre de 1996 a setiembre de 1997, sobre

los intereses generados en el Sistema de Inversiones Overnight y que por las

limitaciones que indicó el Banco de Costa Rica, resulta difícil a ese despacho recuperar

los dineros retenidos sobre esas inversiones.

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Devolver las presentes

diligencias a la Dirección Ejecutiva para que se aclare el contenido del informe anterior,

por cuanto el mismo resulta ambiguo.

                                     ARTÍCULO LV

      En la sesión del 8 de febrero del año en curso, artículo XXXIX, se tomó el

siguiente acuerdo:

              “En la sesión del 14 de setiembre de 1999, artículo L, se dispuso
        que la Auditoría Judicial realizara un estudio y propusiera una
        alternativa para el traslado de los servidores judiciales al Complejo de
        Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, a raíz de los problemas
        presentados con la Empresa que brinda ese servicio, y a las horas
        menos que labora ese personal, que afecta el buen servicio público en
        ese Complejo.
                                          - 0 -
                                            76

             En atención al acuerdo citado, el Lic. Hugo Esteban Ramos
       Gutiérrez, Auditor Judicial, con oficio N° 038-15-AF-2000 de 14 de
       enero en curso, remite el estudio efectuado por la Sección de Auditoría
       Financiera de ese Despacho, referente a la “Evaluación del Transporte
       para Servidores Judiciales y Horario en el Complejo Forense de San
       Joaquín de Flores”.
                                          - o0o -
             Manifiesta la Secretaria General, que en la Agenda de la sesión
       del 26 de octubre de 1999, que se realizó en el Complejo de Ciencias
       Forenses de San Joaquín de Flores, se incluyó una nota del personal
       del Departamento de Publicaciones e Impresos, en la que solicitaban
       evacuar algunas inquietudes con respecto del traslado de ese
       Departamento al citado Complejo. Que como a esa fecha no se tenía
       certeza del mencionado traslado, se excluyó el asunto de agenda y sin
       que quedara acuerdo se pasó a estudio del Lic. Chamberlain. Como a
       la fecha no se ha resuelto sobre la citada petición, pone el asunto en
       conocimiento para lo que a bien se tenga disponer, -aprovechando el
       estudio presentado por la Auditoría Judicial sobre el tema-, en virtud de
       este Consejo en la sesión celebrada el 2 de noviembre de 1999,
       artículo XLVI, aprobó lo dispuesto por la Comisión de Construcciones,
       en el sentido de que la Imprenta sería ubicada en San Joaquín de
       Flores.
             Se acordó: 1) Tener por presentado el anterior informe y resolver
       lo que corresponda en una próxima sesión. 2) Solicitar a la Comisión de
       Construcciones indique la fecha en que se tendrán concluidas las
       instalaciones donde se ubicará el Departamento de Publicaciones e
       Impresos. 3) Comunicar a los servidores del citado Departamento que
       en su oportunidad se resolverá sobre las inquietudes que plantearon. 4)
       Solicitar al Auditor Judicial, que en el futuro, de los informes que realice,
       remita copia a la Dirección Ejecutiva de los que tengan relación con el
       accionar de la Dirección.”
                                                -0-

      El Lic. Luis Barahona Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, con oficio N° 3929-

DE-2000 de 18 de julio en curso, remite la nota de 22 de junio último, suscrito por los

servidores judiciales del Departamento de Publicaciones e Impresos, manifestaron:

           “Con ocasión del pronto traslado de la Imprenta Judicial a San
       Joaquín de Flores, Heredia, con todo respeto solicitamos se nos
       mantengan los derechos que actualmente tenemos y nos concedan los
       mimos que poseen los actuales servidores que fueron traslados al
       Complejo Florense; tales como transporte, horarios, servicios, etc.
             Lo anterior con el fin lógico de vernos lo menos perjudicados con
                                            77

        dicho traslado; vale recordar que actualmente disfrutamos un status
        laboral y familiar que obviamente con ese cambio tendrá incidencia en
        nuestra vida laboral, familiar y particular, los cuales deben analizarse de
        tal manera que no vayan a menos, sino, más bien mantenerse o bien
        mejorarse.     También es muy importante mencionar que con la
        construcción del edificio para nuestro departamento, entendemos que
        se nos proporcionará un ambiente laboral adecuado para trabajar, en
        cuanto a condiciones de espacio físico, infraestructura, salud
        ocupacional, entre otros; pues como bien se sabe siempre hemos
        laborado en sótanos que reúnen las condiciones óptimas, y que la ley
        no permite, para el desempeño idóneo de labores, con respecto a los
        aspectos antes mencionados.”
                                           -0-

      Se acordó:      1.- Tener por presentada la gestión anterior y resolver lo que

corresponda en una próxima sesión. 2.- Hacer una atenta instancia a la Comisión de

Construcciones para que a la brevedad informe la fecha en que se tendrán concluidas

las instalaciones donde se ubicará el Departamento de Publicaciones e Impresos. 3.-

Trasladar copia de las diligencias a la Comisión de la Jurisdicción Laboral para su

estudio e informe, respecto al traslado de los servidores del citado Departamento.

                                     ARTÍCULO LVI

      En sesión Nº 48-00 celebrada el 22 de junio del año en curso, artículo LII, se

dispuso reiterar a la Dirección Ejecutiva rendir el informe mensual en que se detalle el

nombre de los servidores judiciales con un tiempo de incapacidad de 6 meses o más

      En atención al acuerdo anterior el Lic. Luis A. Barahona Cortés, Subdirector

Ejecutivo interino, en oficio N° 3874-DE-00 de 13 de julio en curso, informa sobre los

servidores judiciales que han permanecido incapacitados por más de 180 días, según

el reporte al 13 de este mes y que de seguido se dirán:

   CEDULA                      NOMBRE                                    DIAS INCAP.
01-058-0478       ALVARADO PETTERSON JEANNETT                                223
06-011-0805       ALVAREZ GONZALEZ SONIA MARIA                               181
                                          78

02-030-0569      ARAYA ROJAS ANA CECILIA                                  191
07-006-0365      ARIAS WILLIAMS ROSA                                      221
02-030-0624      AVILA BARRIENTOS AILLEN                                  193
06-012-0568      CARMONA CORDERO DORY MAYELA                              219
06-009-0212      CASTRO GONZALEZ RONNY ALBERTO                            212
01-043-0262      CHACON MORALES WAGNER                                    181
01-104-0008      DELGADO RAMIREZ ANA MARCELA                              204
04-011-0059      DIAZ CAMACHO HECTOR                                      193
06-023-0790      DIAZ NAVAS MARLENE                                       217
05-017-0170      DIAZ VASQUEZ EDWIN                                       209
01-060-0535      ESCALANTE ESCALANTE ROSE MARY                            181
05-014-0042      GARITA RODRIGUEZ MARIA                                   182
02-050-0670      GONZALEZ SOTO GINETTE MARIA                              221
05-026-0219      HERNANDEZ MENA EVELYN                                    216
02-0026-0064     HERRERA QUESAD GERMAN                                    212
01-083-0109      JIMENEZ AVILES ESTHER                                    182
03-032-0196      MARTINEZ ZUÑIGA ELIZABETH                                203
01-055-0239      MELENDEZ HERRERA HERBERT                                 223
04-014-0442      MENDEZ ALVAREZ MARIA NORA                                207
01-053-0239      MENDEZ RODRIGUEZ GUILLERMO                               228
09-008-0288      MIRANDA UGALDE JUAN CARLOS                               269
06-015-0226      QUESADA BEITA MARIA EUGENIA                              219
01-082-0455      QUESADA CHAVES MARIA                                     201
01-068-0193      REID VARGAS VIOLETA                                      223
07-004-0427      RODRIGUEZ MAYORGA MARIA T.                               199
06-011-0538      VARGAS CHAVARRIA CARLOS ALBERTO                          198
01-072-0173      VASQUEZ AGUILAR JACQUELINE                               220


      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior. Solicitar al Departamento de

Personal informe el tiempo laborado por los citados servidores, excepto aquellos que se

han separado por incapacidad absoluta y permanente o separados para mejor servicio

público.

                                   ARTÍCULO LVII

      El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, con oficio N°

3759-DE-00 de 18 de los corrientes, remite las diligencias relacionadas con la

celebración de la II Semana de Salud, organizada por el Servicio de Salud para los
                                           79

Empleados Judicial, a efectuarse del 13 al 16 de noviembre            del año en curso.

Asimismo adjunta certificación de contenido presupuestario por la suma de

¢691.700.00 (seiscientos noventa y un mil setecientos colones exactos), extendida por

el Departamento Financiero Contable de que existe contenido presupuestario para

dicha actividad.

      Se acordó: Autorizar la suma de ¢691.700.00 (seiscientos noventa y un mil

setecientos colones exactos) para la celebración de la Segunda Semana de Salud.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LVIII

      En oficio N° 3971-DE-00 de 19 del mes en curso, el Lic. Luis A. Barahona

Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, informa con base en lo dispuesto por el artículo 9

del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los beneficiarios

del Seguro de Salud, esa Institución devolvió sin efectuar el reintegro del subsidio

correspondiente, a la incapacidad de la señora Dulce Barrantes Conejo, cédula N° 2-

272-855 es, del 26 de febrero al 27 de marzo del año en curso, por cuanto fueron

agotados los 547 días de incapacidad (un año, seis meses).

      Lo anterior según información suministrada por el Departamento Financiero

Contable en oficio N° 694-SC-2000, de fecha 14 de los corrientes, y récord de los

períodos de incapacidades de cada servidor.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y de conformidad con el

artículo 42 de la Ley Orgánica, que el Poder Judicial asuma el 100% del salario de la

señora Barrantes Conejo, durante el período indicado, en virtud de que en la sesión del

29 de junio último, artículo XXVIII, se separó para mejor servicio público a doña Dulce a
                                           80

partir del 26 de julio en curso.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LIX

       El Lic. Luis Barahona Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, en oficio N° 3970-

DE-00 de 19 de julio en curso, informa lo siguiente:

              “…con base en lo que dispone el artículo 34° del Reglamento del
        Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, esa
        Institución devolvió, sin efectuar el reintegro del subsidio
        correspondiente, las boletas de incapacidad extendidas a favor y por
        los períodos que se indican, debido a que el servidor no devengó
        salario en el mes anterior a la incapacidad, por cuanto se encontraba
        con un permiso sin goce de salario.
             Lo anterior, según información suministrada en oficio N° 1765-DL-
        2000, de fecha 07 de julio último, suscrito por el Lic. Manuel Sequeira, y
        el Lic. Ronald Calvo Coto, Jefes a.i. de la Sección de Derechos
        Laborales y del Departamento de Personal, respectivamente, y oficio N°
        673-SC-2000, de fecha 14 de julio en curso, suscrito por la Licda. Ana
        Jiménez Salazar, Jefe de la Sección de Contabilidad del Departamento
        Financiero Contable.
              NOMBRE                    CEDULA         PERIODO DE INCAPACIDAD
         María Madrigal Barboza      1-402-279            15/12/99 al 17/12/99
                                                          18/12/99 al 21/12/99


                                          -0-

       Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y de conformidad con el

artículo 42 de la Ley Orgánica, que el Poder Judicial asuma el 100% del salario de la

señora Madrigal Barboza, durante el período indicado.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO LX

       El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, con oficio N°

3968-DE-2000 de 19 de julio en curso, traslada el informe N° 3903-D/CA-171-R-98 de
                                             81

la Sección de Cobro Administrativo, que literalmente dice:

              “Como consecuencia del incumplimiento contractual de la señorita
        Tatiana Zeledón Castro, cédula de identidad número 1-1024-922 con el
        Poder Judicial, la Sección de Cobro Administrativo tramita la causa de
        responsabilidad civil número 171-R-98. En la sesión celebrada a las
        ocho horas del trece de enero del año dos mil número 04-200, el Consejo
        Superior dispuso comunicar a la señorita Zeledón Castro que el monto a
        reintegrar a la Institución sería el establecido por el Departamento de
        Personal en informe número 599-JP-99 del 28 de mayo de 1999, monto
        que asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
        QUINIENTOS SESENTA Y DOS COLONES CON CUARENTA Y CINCO
        CENTIMOS (¢446.562.45). No obstante, esta Dirección ha advertido que
        en el monto establecido por el Departamento de Personal, y
        posteriormente conocido por el Consejo Superior, no fueron
        contemplados los intereses que a dicho monto corresponden de
        conformidad con lo establecido en el contrato suscrito por la citada
        señorita con el Poder Judicial.
               Establece la cláusula octava del contrato número 173-AD-97:
        "OCTAVA: En caso de incumplimiento por parte de "El Beneficiario"
        a cualesquiera de las obligaciones aquí contraídas, queda obligado
        a devolver todos los salarios y demás sumas percibidas durante el
        tiempo que participó en el curso o la suma proporcional que resulte
        si se hubiere reintegrado al servicio una vez concluido el
        adiestramiento, entre el período que laboró y el que estaba obligado
        a trabajar conforme a los términos de este contrato; así como los
        intereses al tipo más bajo que rija para las operaciones de
        préstamos personales en el sistema Bancario Nacional, sobre esas
        sumas a partir del momento en que se produjo el incumplimiento y
        hasta su efectivo pago, calculados sobre los saldos, (el subrayado
        no corresponde al original). Si no devolviere el monto de lo
        adeudado dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
        en que se le comunique el monto debido, "La Corte" expedirá una
        certificación que contendrá la fijación del capital y sus intereses,
        que a tenor de lo estipulado en los artículos 210, 228 de la Ley
        General de la Administración Pública, 76 de la Ley Reguladora de la
        Jurisdicción Contencioso Administrativa, 438 y siguientes del
        Código Procesal Civil, y 702, 704 y 706 del Código Civil, constituirá
        título ejecutivo u orden incondicional de pago del beneficiario y del
        fiador a favor de la Corte, pagadero en el domicilio de ésta. Dicha
        certificación lleva aparejada ejecución en la vía simple". En razón
        de lo dispuesto, el suscrito solicita a la Sección de Análisis y Ejecución de
        la Dirección Ejecutiva definir el cálculo de los intereses correspondientes
        al monto establecido por el Departamento de Personal, y en respuesta a
                                           82

       lo solicitado mediante oficio número 3873-DE-00 del 13 de julio del año
       dos mil, se establece por parte de esa Sección, como monto total a
       reintegrar por la señorita Zeledón Castro la suma de SETECIENTOS
       TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
       COLONES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (¢734,565.95), suma
       que incluye el principal y los intereses generados según la tasa de interés
       vigente, (diligencias de las cuales se remite la copia respectiva).
            Por otra parte, esta Dirección recibe copia del oficio número 7293-
       00 del 12 de julio del año en curso suscrito por la Licenciada Silvia
       Navarro Romanini, Secretaria del Consejo Superior mediante el cual
       dispuso el Honorable Consejo comunicar al Departamento Financiero
       Contable "... que el pago de ¢87.941,60 por concepto de vacaciones
       proporcionales de la señorita Tatiana Zeledón Castro no es procedente,
       pues debe abonarse ese monto a la deuda que ella mantiene con el
       Poder Judicial (446.562,45)..."
              De lo anterior se colige que el monto definitivo que adeuda la
       señorita Zeledón Castro por incumplimiento contractual con el Poder
       Judicial asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
       MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES CON NOVENTA Y
       CINCO CENTIMOS ¢734,565.95, al cual se le debe aplicar la deducción
       de ¢87,941.45 por vacaciones proporcionales que aplica el
       Departamento Financiero Contable a ese efecto, quedando un saldo total
       definitivo de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
       VEINTICUATRO          COLONES        CON      CINCUENTA        CENTIMOS
       (¢646,624.50), suma sobre la que esta Sección continuará, salvo mejor
       criterio del Consejo Superior, el procedimiento de cobro iniciado.”

                                          -0-

      Se acordó: Acoger el informe anterior. La Dirección Ejecutiva tomará nota para

lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LXI

      Con oficio N° 3965-DE-2000 de 20 de julio en curso, el Lic. Luis A. Barahona

Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, remite copia del informe Nº 4991-DP/UC-2000 de

12 de este mes, suscrito por Lic. Leonardo Argüello Delgado, Jefe interino del

Departameno de Proveeduría, respecto al reclamo de intereses moratorios presentado

por la empresa Perkin Elmer de Centro América S.A. por atraso en el pago de la orden
                                           83

de compra de un espectofotómetro de plasma, que literalmente dice:

       “I.    Mediante oficio N° 727-ACF-98, de fecha 30 de octubre de 1998,
              se comunica del recibo de los equipos; sin embargo, no fue
              posible realizar la instalación ni las pruebas correspondientes
              debido a que el área destinada para el equipo tenía que ser
              remodelada, debido a que no contaba con las condiciones
              adecuadas.
       II.     En nota de fecha 14 de junio de 1999, suscrita por el señor
               Javier Vargas Gerente General de la casa comercial Perkin
               Elmer y dirigida al Licenciado Rodrigo Montenegro, se solicita el
               reajuste de precios en virtud de que no se le han pagado los
               equipos porque la Administración se niega a confeccionar la
               entrada de mercadería hasta que el equipo esté debidamente
               instalado, lo cual depende de la remodelación de las
               instalaciones.
       III.    La Dirección Ejecutiva solicita a este Departamento se refiera al
               asunto (oficio 816-DE/AL-99, a lo cual este Departamento
               responde con oficio N° 3912-DP/UC-99, informando que se debe
               determinar si los atrasos son atribuibles a la Administración y en
               tal caso el contratista debe aportar la fórmula matemática que se
               debe utilizar para el cálculo del reajuste. Además se indica que
               no cabe pago de diferencial cambiario debido a que la oferta fue
               presentada en colones.
       IV.     La casa comercial Perkin Elmer envía nota con fecha 1 de julio
               de 1999, al señor Director Ejecutivo comunicado que aún no
               puede tramitar las facturas, además solicita se informe cómo se
               debe proceder.
       V.      Con oficio n° 491-ACF-99, de fecha 1 de julio de 1999, suscrito
               por el Licenciado Juan Rodríguez, Administrador a.i. del
               Complejo Forense, informa que aún no se ha dado el recibido a
               satisfacción del equipo de marras, en virtud de que no se había
               realizada la remodelación requerida y que no existía contenido
               presupuestario para las mismas.
       VI.     Mediante oficio n° 4830-DE-99, la Dirección Ejecutiva solicita a
               este Departamento informe acerca de la situación del ICPy los
               motivos por los cuales aún no ha sido cancelado a la casa
               comercial. Esta Proveeduría responde con oficio n° 4403-
               DP/UC-99, informando que ya se ha elaborado la
               correspondiente entrada de mercadería por el equipo, quedando
               pendiente la instalación y capacitación, las cuales están sujetas
               a la remodelación del área destinada para ello. Además, se
               aclara que es responsabilidad del área destinada para ello.
                                     84

        Además, se aclara que es responsabilidad de la Administración
        del Complejo Forense informar en el momento en que se recibe
        a satisfacción la instalación y capacitación del equipo, por lo que
        no es competencia de este Departamento que no se hayan
        cancelado las facturas.
VII.    En sesión n° 55-99, celebrada el 13 de julio de 1999, el Consejo
        Superior analiza la nota enviada pro Perkin Elmer al Licenciado
        Rodrigo Montenegro al14 de junio de 1999 y un informe enviado
        por el Licenciado Carlos Toscano Mora, Asesor Legal, en el cual
        indica que debe ser la unidad especializada del Departamento
        de Proveeduría la que debe estudiar el reajuste solicitado y
        recomendar los parámetros de la fórmula matemática que
        deberá aportar la casa comercial. Se acuerda acoger el informe
        y traslado al Departamento de Proveeduría para su atención.
VIII.   En virtud de la responsabilidad asignada a este Departamento,
        se envía el oficio n° 4695-DP-CA-99, a la Dirección General de
        Estudios Económicos de la Contraloría General de la República
        para que externara su opinión acerca del caso y recomendar lo
        procedente en relación con la solicitud del contratista del pago
        del diferencial cambiario con la finalidad de mantener el equilibrio
        económico, el cual no se puede realizar porque la oferta fue
        presentada en colones; o bien si cabe el reajuste de precios aún
        cuando no existe una fórmula matemática para los efectos en la
        oferta. Este oficio es respondido con la nota n° 241/DEE-99, en
        el mismo se indica que el reajuste de preciso tiene como
        requisito la continuidad del contrato por lo que no se puede
        restituir realizando una revisión de precios, y se deben buscar
        otros mecanismos para mantener el equilibrio económico.
IX.     Por lo anteriormente expuesto mediante oficio n° 6564-DP/UC-
        99, se comunica a la empresa Perkin Elmer que lo que procede
        es el cobro de intereses a partir de la fecha en que se dio el
        atraso.
X.      Con la finalidad de que se realce el pago respectivo, la casa
        comercial remite la factura n° 1040 a esta Proveeduría, por lo
        que se procede a la revisión de los montos establecidos en la
        misma, los cuales se ha determinado son exactos de acuerdo
        con los índices de la tasa pasiva del Banco Central de Costa
        Rica y el atraso dado.
Ha quedado evidenciado que los atrasos producidos en la instalación
verificación y capacitación de los equipos adquiridos mediante
Licitación Pública 13-98, son imputables únicamente a la
Administración, en virtud de que ésta no previó la existencia de
instalaciones físicas adecuadas para los equipos, por lo que esta
                                          85

        Proveeduría considera que en aras de mantener el equilibrio económico
        del contrato se paguen los intereses correspondientes.”

                                         -0-

      Asimismo remite el informe Nº 1079-DE/AL-2000 de 18 de los corrientes,

suscrito por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría

Legal, que literalmente dice:

             “El Consejo Superior en sesión # 55-99 celebrada el 13 de julio de
        1999, artículo CVIII, conoció y aprobó el informe de esta Sección de
        Asesoría Legal (oficio 899-DE/AL-99 de 5 de julio de ese mismo año)
        en el que se indicaba que de conformidad con los artículos 18 y 20 de
        la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento General,
        respectivamente, y el voto 6432-98 de la Sala Constitucional, se
        recomendó remitir el asunto al Departamento de Proveeduría para que
        estudiara la posibilidad de reajustar el contrato.

              Sin embargo, ante consulta realizada por el citado departamento a
        la Dirección de Estudios Económicos de la Contraloría General de la
        República (ver punto VIII) del oficio 4991-DP/UC-2000 de 12 de julio en
        curso, suscrito por el Licenciado Leonardo Argüello), se llegó a
        determinar que lo procedente era el reconocimiento de intereses, lo
        cuál al tenor de lo que expresó la Sala Constitucional también es
        procedente por cuanto la administración licitante debe pagar este
        extremo cuando incurra en mora en el pago de sus obligaciones desde
        el día inmediato siguiente al vencimiento del plazo definido para tal
        efecto.

              Según concluye el Licenciado Argüello Delgado en el supracitado
        oficio los atrasos son imputables única y exclusivamente al Poder
        Judicial, por lo que debe pagarse a la empresa Perkin Elmer de Centro
        América S.A. los intereses por atraso en el pago, es decir, está de
        acuerdo con la liquidación que presente esta firma comercial en la
        factura que se adjunta a la diligencias.”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendidos los informes anteriores y autorizar el pago de las

sumas que por concepto de intereses moratorios se le adeudan a la empresa Perkin

Elmer de Costa Rica. La Dirección Ejecutiva procederá a realizar la investigación que
                                               86

corresponda para determinar la responsabilidad del funcionario o funcionarios que

hicieron incurrir en mora al Poder Judicial.

       El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO LXII

       Con oficio N° 3963-DE-2000 de 20 de julio en curso, el Lic. Luis A. Barahona

Cortés, Subdirector Ejecutivo interino, traslada el oficio N° 1636-SG/UCO-2000, suscrito

por el Ing. Tobías Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios Generales, que

literalmente dice:

        “...se tiene inconvenientes con el traslado del Juzgado y Tribunal de
        Notariado al local recién alquilado ubicado 200 mts. Oeste del Edificio
        de Tribunales.
        Los problemas se dan al momento en que el I.C.E. no les es posible
        concedernos las cinco líneas que se solicitaron, aproximadamente hace
        tres meses, la semana anterior nos avisaron de la instalación de
        únicamente dos líneas por lo que se coordinó con el Tribunal, sin
        embargo, se nos indicó que era imposible reubicarse con dos líneas
        (los dos despachos), por lo que hasta el tanto no se tenga las cinco
        líneas resulta inconveniente trasladarlos.
        Se sugirió movilizar únicamente el Juzgado Notariado, sin embargo, se
        nos indicó que la coordinación entre los dos despachos es continúa y
        no puede estar tan distante uno de otro.
        Asimismo, se me indicó que también era totalmente necesario contar
        con la comunicación en red para tener acceso a internet, lo cual tengo
        entendido que el Departamento de Informática en este momento no
        tiene solución.
        Por lo anterior, solicitamos si así lo considera esa Dirección trasladar al
        Consejo Superior este asunto para que se disponga el traslado de un
        despacho, mientras el I.C.E. nos brinda las tres restantes.”
                                           -0-

       Se acordó:      Acoger la solicitud del Departamento de Servicios Generales y

autorizar el traslado a partir del 15 de agosto próximo.

                                     ARTÍCULO LXIII
                                          87

      En sesión N° 21-00 celebrada el 14 de marzo del año en curso, artículo LVI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “En la sesión del 22 de febrero último, artículo LXXV, en lo que
       interesa se dispuso lo siguiente:
              “SOBRE EL FONDO: Si este Consejo Superior reconoció a la
       servidora Julia Martínez Martínez, en la sesión N° 36-99 del 11 de mayo
       de 1999, en su artículo XXXVII, el tiempo que laboró en la Liga Agrícola
       Industrial de la Caña de Azúcar, para efecto de su jubilación. Tal ACTO
       resulta ABSOLUTAMENTE NULO, dado que dicho ente no es
       ESTATAL, y al hacerlo, violentó el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dado
       que extendió los efectos del precepto, que limita tal facultad, a Entes
       Estatales únicamente, haciéndolo extensivo a entes no Estatales.
       Consecuentemente, al existirse una NULIDAD ABSOLUTA en dicho
       acto, debe declararse el mismo LESIVO, a efecto de ANULARLO.
       Nuestro régimen jurídico, permite hacerlo en VIA ADMINISTRATIVA
       por este mismo Consejo Superior, sin necesidad de recurrirse al
       Proceso de Lesividad. Pero para ello, se requiere de PREVIO: 1)
       Requerir un INFORME FAVORABLE de la Procuraduría General de la
       República, y 2) Una vez adquirido el mismo, proceder a implementar el
       PROCEDIMIENTO ORDINARIO en contra de la señora Julia Martínez
       Martínez, para que después de darle audiencia, y demás, concluir con
       la viabilidad referida, y dictarse hasta entonces el Acto Lesivo referido.
       En consecuencia, SE ACUERDA: Poner en conocimiento de todos
       estos antecedentes, a la Procuraduría General de la República, para
       efectos del artículo 173.1 de la Ley General de la Administración
       Pública”.
                                         - 0 -
             En atención al acuerdo citado, el Lic. Román Solís Zelaya,
       Procurador General de la República, en oficio N° PGR 215-2000 de 7
       del presente mes, manifiesta lo siguiente:
              “…de previo a que la Procuraduría General de la República rinda
       el dictamen obligatorio y vinculante que exige el artículo 173 de la Ley
       General de la Administración Pública, debe la administración activa
       iniciar el procedimiento administrativo con la participación necesaria del
       titular del derecho subjetivo que va a resultar afectado con la anulación
       del acto. En dicho procedimiento y antes de dictar el acto final por parte
       del Jerarca es que se debe solicitar nuestra participación
       dictaminadora.
             En el presente asunto dicho procedimiento aún no se ha realizado
       por lo que nos vemos imposibilitados de rendir el dictamen solicitado”.
                                             88

                                           --- o ---
                Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, y ordenar el
          inicio del procedimiento administrativo de que se ha dado cuenta, para
          lo cual se designa como Órgano Director al Lic. Carlos Toscano Mora
          Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
          Ejecutiva.”

                                            -0-

         En atención al acuerdo anterior, el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de

la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, en oficio N° 874-DE/AL-2000 de

3 de julio recibido el 21 de este mes, informa que se inició el expediente número 03-

2000 y se dicto la resolución denominada “Se Contesta Escrito y se Fija

Comparecencia” de las nueve horas treinta minutos del catorce de junio del año en

curso, mediante la cual rechazan la Excepción de Prescripción interpuesta por la

señora Julia Martínez Martínez, y para el tramite del expediente de marras convocaron

a la citada servidora a comparecencia oral y privada el próximo 31 de agosto a las 9:30

horas.

         Se acordó: Tener por rendido el anterior informe.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                      ARTICULO LXIV

         Se dispuso modificar el acuerdo de la sesión celebrada el 21 de marzo del año

en curso, artículo XLIV, para la recepción de documentos que conoce este Consejo, de

la siguiente manera:

         1.- Lo que se reciba hasta las 16:30 horas del día lunes, se incluirá en la agenda

para conocer por el Consejo Superior en la sesión a realizarse el jueves, y

         2.- La documentación que se reciba hasta las 16:30 horas del jueves, se incluirá
                                           89

en la agenda para conocimiento de la sesión del Consejo Superior del día martes.

      Los documentos que se reciban fuera de ese horario se conocerán en la sesión

siguiente que corresponda.

      De lo anterior la Secretaría General publicará una circular en el Boletín Judicial.

                                      ARTÍCULO LXV

      En sesión N° 35-00 celebrada el 9 de mayo del año en curso, artículo III, se

remitió a la Lic. Aillen Ávila Barrientos, Jueza de Tránsito de Alajuela a valoración por

parte del Departamento de Medicina Legal, para determinar su estado actual de salud,

en virtud de las reiteradas incapacidades que presenta.

      En atención al acuerdo anterior, la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del

Departamento de Medicina Legal, en oficio N° J.D.M.L. 2000-321 de 14 de junio del

año en curso, informa que a la Licda. Ávila Barrientos, le concedieron cita para el 21 de

junio del año en curso, sin embargo del Juzgado de Tránsito de Alajuela le indicaron

que no ha sido posible localizarla.

      Se acordó:      Poner el presente asunto en conocimiento del Tribunal de la

Inspección Judicial, a fin de que levante la información, y establezca si en estos casos

se da la situación prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y

resuelva lo que corresponda.

                                      ARTÍCULO LXVI

      Este Consejo Superior conoce del recurso de reposición de la señora Lidia

Contreras Villarreal a quien se le denegó la pensión que solicitara por ser viuda del

jubilado fallecido Licenciado Rodolfo Piña Piña, para que se le otorgue la misma en el

tanto de una tercera parte. Ahora bien, sin entrar a valorar si procede o no el recurso
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interpuesto, se debe indicar que la ley da la posibilidad al Consejo Superior de otorgar o

no la pensión, debiendo para ello establecerse si los ingresos que tiene la solicitante

son suficientes para su manutención. Así las cosas, analizada que fuera la situación

económica de la petente se concluyó que se encontraba dentro del parámetro pues los

bienes que posee aparte de pertenecer a sus hijos no le producen renta alguna por lo

que entonces su petición es acogida, no obstante que ella devenga una Pensión de

Hacienda, en el tanto de trescientos cuarenta y siete mil novecientos veintiséis colones

con noventa céntimos, considerándose que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no

existe norma en contrario sobre el hecho de que una persona pueda disfrutar de dos

pensiones en forma simultánea, así lo ha resuelto la Sala Segunda de la Corte

Suprema de Justicia, en las resoluciones de las nueve horas del veinticinco de agosto

de mil novecientos noventa y nueve, dentro del proceso de Eloisa Soto Araya, contra El

Estado y de las nueve horas treinta minutos del cuatro de noviembre de mil novecientos

noventa y cuatro, juicio de Clara Acuña Talavera contra El Estado, donde se consideró

entre otras cosas que el tener una pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social

o de Hacienda no son obstáculo para otorgarle la pensión de su padre o cónyuge

fallecido. En consecuencia, estando demostrado que la solicitante a) era la esposa del

jubilado Licenciado Rodolfo Piña Piña, b) que tiene bienes que debe compartir con sus

hijos y que no le producen renta, y c) que goza de una Pensión de Hacienda, de

conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Se acordó: Acoger la solicitud planteada por la señora Lidia Contreras Villarreal

y concederle la pensión, la que se fija en un tercio de lo que recibía su esposo por

concepto de jubilación, la que deberá serle pagada a partir de la presentación de la
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presente solicitud.

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          A las 12:00 horas terminó la sesión.

Usuarios/juan/fili/acta59

								
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