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                                     N° 27-98

         CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las trece

horas treinta minutos del catorce de abril de mil novecientos noventa y

ocho.

         Sesión   ordinaria   con   asistencia     del   Magistrado   Cervantes,

Presidente; Licda. Ifigenia Bustamante Guerrero;              Licdos. Francisco

Chamberlain Trejos y Juan Diego Rojas Araya y el Suplente, señor Álvaro

Rodríguez Zamora quien sustituye al señor Hernán Campos Vargas por

vacaciones. Asiste también el Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS
                                    ARTÍCULO I

         Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 30 de marzo último, N°

25-98.

         El Lic. Chamberlain y el señor Rodríguez se abstuvieron de votar por

no haber estado presentes en esa sesión.

CONDOLENCIAS
                                    ARTÍCULO II

         En virtud del fallecimiento de la señora Graciela Solano Cordero,

abuela paterna de la señora Flory Ivette Thames Brenes, Auxiliar Judicial,

de la Secretaría General de la Corte, se acuerda expresar las

condolencias de la Corte y de este Consejo, a doña Flory Ivette y a su

estimable familia.

                                    ARTÍCULO III
                                    2

      Ante el fallecimiento del señor David Meseguer Ulloa, padre de la

Licda Ana Luisa Meseguer Monge y suegro del Lic. Daniel Salazar Villegas,

Jueza en el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,

Goicoechea y Juez en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de

esta ciudad, respectivamente, se acuerda expresar las condolencias de

la Corte y de este Consejo, a doña Ana Luisa, a don Daniel y a su

estimable familia.

RECONSIDERACIONES

                               ARTÍCULO IV

       En sesión del 19 de marzo último, se tomó el acuerdo que
literalmente dice:

           “ARTÍCULO LXXXVIII El señor Jorge Edgar Sáenz
       Ramírez, en escrito de 16 de marzo en curso, manifestó:

             “1) Inicié labores en el Poder Judicial en el mes de
       julio de 1965 hasta el 3 de marzo de 1993 en que fui
       separado del cargo de prosecretario de la entonces
       Alcaldía Civil de Turrialba, contando con 28 años de
       servicio judicial.
             2)   Considerando que mi separación del cargo
       judicial fue para el mejor servicio público y que los
       derechos jubilatorios son irrenunciables e imprescriptibles,
       de acuerdo a los casos precedentes y jurisprudencia de la
       Sala Constitucional que son de conocimiento público, y
       con base en los derechos jubilatorios concedidos por este
       Consejo en sesión N° 11-98 del 10 de febrero de este año,
       según transitorio III de la Ley 7302 de 8 de julio de 1992, y
       por contar el suscrito con 27 años de servicio judicial al 15
       de julio de 1992, solicito se apruebe en mi favor el derecho
       a mi jubilación vitalicia con el pago de las prestaciones
       legales.
                                      -0-
             Se acordó: Comunicar al señor Sáenz Ramírez, que no
       es posible acceder a su solicitud, porque la jubilación con
                                     3

       base en las razones que expone, solo es posible para
       quienes ostentan la condición de empleado judicial.
            Sin embargo, de conformidad con el artículo 240 de
       la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene derecho a que el
       monto de las cuotas con que hubiera contribuido a la
       formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       Judiciales se trasladen a la Caja Costarricense de Seguro
       Social, a fin de que éstas se le computen dentro del
       Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o a la institución
       administradora del régimen en el momento en que se
       vaya a otorgar la jubilación o pensión para el mismo
       propósito”.

                                    -0-

      Contra el anterior acuerdo el señor Jorge Sáenz Ramírez, en oficio

de 9 del presente mes, manifestó lo siguiente:

             “Quien suscribe: Jorge Edgar Sáenz Ramírez, de
       calidades conocidas en autos, en tiempo y forma (término
       previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial), formulo el recurso de reconsideración en contra
       de la resolución aportada por este cuerpo administrativo
       en sesión N° 22-98, del 19 de marzo de 1998.
             El agravio que invoco, consiste sencillamente en que
       la dicha resolución descarta el reconocimiento a la
       jubilación a que tengo derecho, por que en este momento
       no formo parte del plantel de empleados del Poder
       Judicial; el error consiste en haber apreciado ese dato sólo
       para negarme un derecho, que había adquirido incluso
       antes de haberme despedido.
             Es redundante estar citando artículos de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, de la Corte Plena y de la Sala
       Constitucional sobre este tema por el basto conocimiento
       poseído por este Consejo.
             Pero sí, deseo redundar el transitorio III de la Ley 7302
       de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponible en lo que
       nos interesa y reza así: “Aquellas personas, cuya edad
       para pensionarse o jubilarse quede establecida a los
       setenta años y que, a la entrada en vigencia de esta ley,
       sea o hayan sido servidores de los régimenes
       contemplados en esta norma, podrán descontar de la
       edad de retiro en años por cada dos de los años servidos y
                             4

cotizados para la Administración Pública”.        (La frase
subrayada no se encuentra así en dicha ley, tómese para
efectos de la presente).
      Observamos la frase “sean o hayan sido servidores”,
por lo tanto ostento mi derecho a jubilarme tras cumplir
con este requisito.
      Véase en relación sistemática con las resoluciones
emitidas por la Sala Constitucional, que tiene derecho
todo servidor que es separado de su cargo, a una pensión
luego de que cumpla diez años de servicio, incluso se le
acondicionó que tal pensión sería vitalicia proporcional al
tiempo servido y al salario. Pues bien, si al suscrito no se
aplica la misma regla, se está aplicando una absoluta
desigualdad de derechos en semejantes condiciones.
Tenemos casos de personas que han laborado hasta once
o doce años y actualmente no son empleados del Poder
Judicial, y aún así se encuentran con goce de una pensión
vitalicia proporcional. Creo firmemente que esto es parte
de un trato desigual ante la Ley, un desequilibrio de
derechos en circunstancias semejantes y una violación a
nuestra consagrada Constitución.
      Mientras tanto el suscrito trabajó veintiocho años
ininterrumpidos para el mismo patrono, trabajando
sábados y ratos domingos, sin ganar horas extra; en aquel
tiempo salíamos a las cuatro de la madrugada a una
inspección ocular, por usurpación, por daños, etc; salíamos
en consiente (sic) de la familia, pero sin saber si
regresábamos, pues las giras eran de uno o dos días, por
caminos de bestia, pasábamos hambre, con barro hasta
la rodilla, lluvia o sol, pero nunca arrugue la cara,
terminada la diligencia, de inmediato a hacer acta,
nuevamente había que salir por que hubo un accidente
de aviación en el Volcán Turrialba, ir sin ningún equipo
especial, nada de abrigo, en zapatillas, a pie, por que no
había ningún interesado, y que supliera medio de
transporte, cada semana había una salida, siempre
estabamos con golpes, por caídas, estaba al pie del
cañon, por cierto cuantas veces salí rodando por alguna
peña, fui botado por el caballo, pisado alguna serpiente; si
no le salía al paso la gente con machetes diciendo “entre
y le corto la cabeza”, él viene en representación del señor
Alcalde, “que importa, también se la corto” hasta esperar
medio día para convencer al agresor, y lograr hacer la
comisión en busca de ningún perjuicio para las partes,
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 arreglada la cerca en discusión y paz en la comunidad
 resuelto el asunto. Repórtese a la oficina y mostrarse que
 estaba vivo.
       Estimados señores, en veintiocho años es una vida
 entera de lucha en trabajo y peligros para sobrevivir, lo
 cual demanda desgaste físico y mental, trabajos que se
 hacían sin ningún equipo especial que le aliviane o facilite
 el trabajo.        A consecuencia de estas salidas a
 inspecciones el trabajo en la oficina se atrasaba,
 obligando trabajar los sábados y domingos en la mañana,
 incluso, en los meses de enero de cada año, se cerraba el
 Tribunal para disfrutar las vacaciones y para adelantar
 trabajo había que asistir a la última semana de vacaciones
 para poner la oficina al día. Aún así, nunca protesté ni
 arrugué la cara a ningún jefe por el trabajo, ya que todo lo
 hacía con amor y empeño a que el tribunal saliera avante.
       En consecuencia de las penalidades durante los
 veintiocho años antes mencionados, es de considerar que
 “si la cobija se estira para cobijar los que apenas han
 cumplido diez años de estar en el Poder Judicial”, se les
 beneficie con la jubilación, lo cual es ostentar por mi
 período de veintiocho años de trabajar, yo estaría en “el
 centro de la cobija”.
       PETITORIA:      Ruégoles pensar con el corazón,
 considerar mi situación de ser una persona de segunda
 edad, tengo cuatro hijos que estudian en la universidad y
 una escolar y esposa, que tengo que velar por ellos.
       Si antes no los había molestado, era porque estuve de
 gerente administrativo de la Asociación Deportiva de
 Turrialba F.C., al descender a otra categoría inferior quedé
 despedido por no haber medios económicos.                 He
 gestionado trabajos en varias empresas y por mi edad, no
 consigo el empleo. Así las cosas para mí y mi familia, la
 situación es lamentable y de consideración. Por lo tanto
 les ruego reconsiderar y valorar mis derechos con base a lo
 narrado y, transitorio y artículo citado de la Ley Orgánica
 del Poder Judicial, resoluciones de la Corte Plena y de la
 Sala Constitucional y mostrado como empleado y luego
 funcionario del Poder Judicial otorgarme el derecho de
 jubilación”.
                               -0-

Se dispuso: Tener por presentada la anterior reconsideración y
                                     6

pasarla a estudio individual de los Miembros de este Consejo.


MAGISTRADOS SUPLENTES
                                ARTÍCULO V

      Se tomó nota de que el Presidente, Magistrado Cervantes, de

conformidad con el inciso 11) del artículo 60 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, realizó los sorteos de los Magistrados Suplentes que

sustituirán a los titulares de las Salas que se dirán, en las fechas y en los

asuntos que de seguido se indican:

SALA SEGUNDA

      1.- Licdos. Jorge Solano Chacón y Rogelio Ramos Valverde, para

conocer del proceso ordinario laboral de Ervin Jara Solano contra la

Universidad de Costa Rica, en sustitución de los Magistrados Aguirre y van

der Laat, por inhibitoria.

SALA CONSTITUCIONAL

      2.- Lic. José Luis Molina Quesada, del 25 al 27 de marzo último, en

sustitución del Magistrado Sancho por vacaciones.

      3.- Lic. Hernando Arias Gómez, para que conozca el recurso de

amparo N° 2106-98 promovido por la señora Graciela Moreno Ulloa

contra el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes y otros, en reemplazo

del Magistrado Mora, quien se inhibió de conocer dicho asunto.

      4.- Lic. Manuel E. Rodríguez Echeverría, para conocer el recurso de

amparo N° 2143-98 que promueve el señor Pablo González Chaverri y
                                       7

otros, contra Mutual Heredia de Ahorro y Préstamo, en sustitución del

Magistrado Vargas por inhibitoria.

       5.- Lic. José Luis Molina Quesada, para que conozca el recurso de

amparo N° 8432-97 promovido por el señor Jaime Aguilar Espinoza contra

la Junta Directiva de la J.P.S.S., en reemplazo del Magistrado Vargas por

inhibitoria.

       6.- Dr. Alejandro Batalla Bonilla, del 30 de marzo último al 3 de los

corrientes, en sustitución del Magistrado Sancho, quien fue incapacitado

para el trabajo.

NOMBRAMIENTOS PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE

                                 ARTÍCULO VI

       Se hicieron los siguientes nombramientos, en sustitución de los

titulares de los despachos que se dirán, por vacaciones:

1.-    Lic. Jorge Villalobos Araya, cédula 2-289-0024, Juez, puesto número

042984, en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, San José, del 13-4-98 al

24-4-98, en lugar de Lic. Carlos Sánchez Fernández, cédula 1-372-906.

2.-    Lic. Norman Rojas Álvarez, cédula 1-0557-0310, Juez, puesto número

006266, en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Cartago, del 13-4-98

al 20-4-98, en reemplazo de la Licda Patricia Cordero García, cédula 3-

298-617.

       El Lic. Rojas es Investigador en el O.I.J. de San José.

3.-    Licda Ana Emilia Fallas Santana, cédula 1-567-0837, Juez, puesto
                                        8

número 044424, en el Tribunal Penal de Alajuela, del 13-4-98 al 24-4-98, en

sustitución de la Licda Ana Patricia Araya Umaña, cédula 04-0126-

0432.

        La Licda Fallas es la Secretaria interina del Tribunal de Heredia.

4.-     Licda Berenice Picado Alvarado, cédula 5-0230-0970, Juez, puesto

número 044886, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Cañas, del 13-4-98 al 30-4-98, en lugar del Lic. Alberto Solano Cordero,

cédula 2-425-241.

        La Licda Picado labora en el Juzgado Civil del II Circuito Judicial,

Goicoechea.

5.-     Lic. Mario Esquivel Monge, cédula 1-508-857, Juez, puesto número

044286, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santa

Ana, del 13-4-98 al 30-4-98, en lugar del Lic. Carlos Maurilio López Lizano,

cédula 2-0314-0963.

6.-     Lic. Arturo Barrantes Conejo, cédula 2-305-0563, Juez, puesto

número 044510, en el Juzgado Penal de Alajuela, del 13-4-98 al 27-4-98,

en reemplazo de la Licda Gabriela Saborío Montero, cédula 2-472-027.

        El Lic. Barrantes es Investigador en el O.I.J. de Alajuela.

7.-     Lic. Rodrigo Solano Sabatier, cédula 1-455-0223, Juez,          puesto

número 054010, en el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, del 13-4-98

al 28-4-98, en lugar de la Licda Stella Bresciani Quirós, cédula 1-0409-1069.

8.-     Licda Ericka Abarca Alvarado, cédula 1-732-0949, Juez, puesto
                                       9

número 044202, en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito

Judicial, Goicoechea, del 13-4-98 al 20-4-98, en reemplazo de la Licda

Astrid Lara Rivera, cédula 1-525-0927.

       La Licda Abarca labora como Jueza interina en ese despacho.

9.-    Lic. Juan Carlos Ramírez Brenes, cédula 04-0141-0116, Juez, puesto

número 107868, en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial, Goicoechea,

del 13-4-98 al 08-5-98, en sustitución del Lic. Rafael Gullock Vargas,

cédula 1-0671-0218.

       El Lic. Ramírez es Investigador en el O.I.J. de Heredia.

10.-   Lic. Jorge Desanti Henderson, cédula 6-0134-0698, Juez, puesto

número 044426, en el Tribunal Penal de Alajuela, del 13-4-98 al 24-4-98, en

lugar de la Licda Rosario Alvarado Chacón, cédula 2-354-772.

11.-   Lic. Carlos Valerín Chaves, cédula 1-734-0022, Juez, puesto número

043959, en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial, San José, del 13-4-98 al

30-4-98, en reemplazo del Lic. Carlos Montiel Arauz, cédula 6-114-302.

       El Lic. Valerín es Auxiliar Judicial en ese Juzgado.

12.-   Lic. Jorge Camacho Morales, cédula 1-548-0849, Juez, puesto

número     023137, en el Tribunal Penal Juvenil del II Circuito Judicial,

Goicoechea, del 13-4-98 al 20-4-98, en lugar del Dr. Alberto Porras

González, cédula 1-667-0466.

13.-   Lic. Víctor Manuel Mora Bolaños, cédula 2-304-0592, Juez, puesto

número 109733, en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, San José, del
                                       10

13-4-98 al 24-4-98, en reemplazo del Lic. Carlos Francisco Alvarado Soto,

cédula 02-0242-0692.

14.-   Licda Maritza González Gramajo, cédula 8-064-163, Juez, puesto

número 111290, en el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita, del 13-4-98 al

12-5-98, en lugar del Lic. Noldan Carrillo Barrantes, cédula 5-210-0743.

15.-   Lic. Douglas Durán Chavarría, cédula 1-660-0914, Juez, puesto

número 38597, en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, San José, del 13-

4-98 al 29-4-98, en reemplazo de la Licda Patricia Solano Castro, cédula

01-0529-0829.

16.-   Licda Estrellita Orellana Guevara, cédula 01-579-491, Juez, puesto

número 044348, en el Juzgado Contravencional del II Circuito Judicial,

Goicoechea, del 13-4-98 al 30-4-98, en sustitución de la Licda Olga María

Castillo Morales, cédula 1-342-0741.

       La Licda Orellana es Auxiliar Supernumeraria en la Dirección

Ejecutiva.

17.-   Licda Mirna Valverde Vargas, cédula 1-778-332, Juez, puesto

número 006311, en el Juzgado Penal Juvenil y de Familia de Pérez

Zeledón, del 13-4-98 al 24-4-98, en lugar del Lic. Allan Gaitán López,

cédula 09-053-0471.

18.-   Licda Cristina Víquez Cerdas, cédula 1-548-0337, Juez, puesto

número 111511, en el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito

Judicial, Goicoechea, del 13-4-98 al 24-4-98, en reemplazo de la Licda
                                    11

Rose Mary Chambers Rivas, cédula 09-0050-0956.

19.-   Lic. Erick Zamora Chaves, cédula 01-830-208, Juez, puesto número

044871, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Cruz,

del 13-4-98 al 08-05-98, en lugar del Lic. Gerardo Enrique Arroyo Rojas,

cédula 06-133-0775.

       El Lic. Zamora es Auxiliar Judicial en el Juzgado Contravencional de

Heredia.

20.-   Licda Dalia Núñez Alfaro, cédula 01-829-178, Juez Tramitador,

puesto número 092707, en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, San

José, del 13-4-98 al 20-4-98, en reemplazo de la Licda Rose Mary

Escalante Escalante, cédula 01-0609-0535.

       La Licda Núñez es Auxiliar Supernumeraria de la Dirección

Ejecutiva.

21.-   Licda Maritza Azofeifa Meneses, cédula 1-567-0240, Juez, puesto

número 044329, en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito

Judicial, Goicoecha, por el 02 y el 03-4-98, en sustitución de la Licda Alba

Mojica Araya, cédula 06-154-0194.

22.-   Licda Mónica Fernández Mayorga, cédula             02-479-980, Juez

Tramitador, puesto número 044427, en el Tribunal Penal de Alajuela, del

13-4-98 al 20-4-98, en reemplazo de la Licda Grace Agüero Alvarado,

cédula 02-412-418.

       La Licda Fenández ha laborado como Jueza interina en ese
                                     12

Tribunal.

                                ARTÍCULO VII

        Se dispuso nombar a las siguientes personas, en sustitución de los

titulares de los despachos que se dirán, quienes fueron incapacitados

para el trabajo:

1.-     Licda Ana Emilia Fallas Santana, cédula 1-567-0837, Juez, puesto

número 113637, en el Tribunal de Heredia, del 30-3-98 al 01-4-98, en lugar

del Lic. Gerardo Bolaños González, cédula 4-109-598.

2.-     Licda Gabriela Rodríguez Morales, cédula         01-612-0629, Juez,

puesto número 038499, en el Tribunal Penal de San José, del 30-3-98 al 03-

4-98, en reemplazo de la Licda Orfa Mora Drumond, cédula 06-164-0119.

3.-     Licda Marviodal Saavedra Ramírez, cédula 09-093-517, Juez, puesto

número 044967, en el Juzgado Civil y de Trabajo de Golfito, del 31-3-98 al

03-4-98, en sustitución del Lic. Gerardo Madrigal Campos, cédula 01-368-

0508.

        La Licda Saavedra es Auxiliar Judicial del Juzgado Agrario de

Corredores.

4.-     Egr. Joe Campos Bonilla, cédula 1-749-896, Juez, puesto número

095516, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Bribri, del

01-4-98 al 04-4-98, en lugar del Lic. Marco Vega Salazar, cédula 01-0599-

0238.

        El Egr. Campos labora en la Sección de Estupefacientes del O.I.J.
                                     13

5.-   Sra Iria Herrera Hernández, cédula 02-0381-051, Juez, puesto

número 044530, en el Juzgado Penal de San Carlos,           por la segunda

audiencia del 31-3-98, en reemplazo de la Licda Ana Mary Hall Cubero,

cédula 02-368-051.

      La Sra. Herrera Hernández es Auxiliar Judicial en ese Juzgado.

6.-   Licda Lorena Monge Vargas, cédula 02-391-0270, Juez, puesto

número 044530, en el Juzgado Penal de San Carlos, del 01-4-98 a 03-4-

98, en sustitución de la Licda Ana Mary Hall Cubero, cédula 02-368-513.

                                ARTÍCULO VIII

      Se hicieron los siguientes nombramientos, en sustitución de los

titulares de los despachos que se dirán, por pasar a ocupar otro cargo

judicial:

1.-   Lic. Hugo Vargas Quirós, cédula 1-866-349, Juez, puesto número

095454, en el Juzgado Penal de San José, del 13-4-98 al 24-4-98, en

reemplazo del Lic. Jorge Villalobos Araya, cédula 2-289-0024.

2.-   Lic. Mario Araya Villalobos, cédula 5-159-705, Juez, puesto número

045060, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Coto

Brus, del 13-4-98 al 30-4-98,   en lugar del Lic. Mario Esquivel Monge,

cédula 1-508-857.

3.-   Lic. Pedro Bernal Chaves Corrales, cédula 4-130-258, Juez, puesto

número 054013, en el Tribunal Segundo Civil de San José, de la segunda

audiencia del 30-3-98 al 2-4-98, en sustitución del Lic. Luis Guillermo Rivas
                                    14

Lóaiciga, cédula 5-134-0733.

4.-   Lic. Mario Zamora Mata, cédula 3-0198-0323, Juez, puesto número

044772, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Isidro

de Heredia, del 13-4-98 al 24-4-98, en sustitución del Lic. Jorge Desanti

Henderson, cédula 6-0134-0698.

5.-   Lic. Ramón Zamora Montes, cédula 1-829-103, Juez 1, Tramitador,

puesto número 095502, en el Tribunal de Heredia, del 30-3-98 al 1-4-98 y

del 13-4-98 al 24-4-98, en reemplazo de la Licda Ana Emilia Fallas

Santana, cédula 1-567-0837.

      El Lic. Zamora ha laborado como Juez en ese Tribunal.

6.-   Lic. Jorge Cerdas Pérez, cédula 1-800-313, Juez, puesto número

102141, en el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial, Goicoechea, del 01-

4-98 al 03-4-98, en   lugar del Lic. Enrique Ulate Chacón, cédula 2-

0434-0839.

7.-   Lic. Edwin Miranda Hernández, cédula 1-822-541, Juez, puesto

número 044032, en Juzgado Penal del II Circuito Judicial, Goicoechea,

del 13-4-98 al 20-4-98, en reemplazo del Lic. Jorge Camacho Morales,

cédula 1-548-0849.

      El Lic. Miranda ha laborado como Juez en ese despacho.

8.-   Lic. Rolando Morales Valladares, cédula 1-763-0082, Juez, puesto

número 043995, en el Juzgado Penal de San José, del 13-4-98 al 24-4-98,

en sustitución del Lic. Víctor Manuel Mora Bolaños, cédula 2-304-0592.
                                        15

9.-    Lic. Rafael Rodríguez Salazar, cédula 3-271-0045, Juez, puesto

número 048541, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

San Isidro de Peñas Blancas, del 13-4-98 al 29-4-98, en reemplazo del Lic.

Douglas Durán Chavarría, cédula 1-660-0914.

       El Lic. Rodríguez está como Juez interino en esa oficina.

10.-   Lic. Tomás Flores Badilla, cédula 1-600-0703, Juez, puesto número

048529, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Pérez

Zeledón, del 13-4-98 al 24-4-98, en sustitución de la Licda Mirna Valverde

Vargas, cédula 1-778-332.

       El Lic. Flores es Auxiliar Judicial en esa Oficina.

11.-   Licda Isabel Porras Porras, cédula          01-0620-0600, Juez, puesto

número 044306, en el Tribunal Penal el II Circuito Judicial, Goicoechea,

del    13-4-98 al 30-6-98, en reemplazo del Dr. Javier Llobet Rodríguez,

cédula 02-0394-0001.

12.-   Lic. Hans Leandro Carranza, cédula 03-302-0068, Juez, puesto

número 112417, en el Juzgado Penal de Pavas, del 13-4-98 al 30-6-98, en

sustitución de la Licda Isabel Porras Porras, cédula 01-0620-0600.

13.-   Lic. Edwin José Miranda Hernández, cédula             01-822-541, Juez,

puesto número 043977, en el Juzgado Penal de San José, del 31-3-98 al

03-4-98, en lugar de la Licda Gabriela Rodríguez Morales, cédula 01-

612-0629.

       EL Lic. Miranda ha laborado como Juez en el Juzgado Penal de
                                     16

Goicoechea.

14.-   Lic. Douglas Ruiz Gutiérrez, cédula 05-246-0458, Juez, puesto

número 054357, en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, del 13-4-98 al 24-4-98, en reemplazo de la Licda Cristina Víquez

Cerdas, cédula 01-548-0337.

15.-   Licda Marjorie Barquero Argüello, cédula 02-429-197, Juez, puesto

número 034428, en el Juzgado Contravencional de Alajuela,              por la

segunda audiencia del 01-4-98, por el 02-4-98 y el 03-4-98, en lugar de la

Licda. Lorena Monge Vargas, cédula 02-391-0270.

16.-   Lic. Lorena Esquivel Agüero, cédula       07-0074-0368, Juez, puesto

número 113575, en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial,

Goicoechea, del 01-4-98 al 30-4-98, en lugar del Lic. Alexander Godinez

Vargas, cédula 01-618-286.

17.-   Lic. Víctor Soto Córdoba, cédula 01-671-555, Juez, puesto número

044201, en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito Judicial,

Goicoechea, del 01-4-98 al 30-4-98, en reemplazo de la Licda Lorena

Esquivel Agüero, cédula 07-0074-0368.

                                ARTÍCULO IX

       Se nombró a las siguientes personas, en sustitución de los titulares

de los despachos que se dirá, por permiso con goce de salario:

1.-    Lic. Jorge Villalobos Araya, cédula 2-289-0024, Juez, puesto número

109732, en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, San José, del 30-3-98 al
                                       17

01-4-98, en sustitución de la Licda María Elena Gómez Cortés, cédula 6-

108-858, por asistir al curso de Violencia Dómestica, que se impartió en la

Escuela Judicial.

2.-   Lic. Mario Zamora Mata, cédula 3-0198-0323, Juez, puesto número

044178, en el Juzgado Primero de Pensiones Alimentarias del I Circuito

Judicial, San José, del 30-3-98 al 03-4-98, en lugar del Lic. Ricardo Montes

Guevara, cédula 1-453-0908, con el fin de que participe como docente

en Curso de Pensiones Alimentarias para personal de apoyo.

3.-   Licda Magaly Salas Álvarez, cédula 3-3390-737, Juez, puesto

número 043816, en el Juzgado Segundo Civil de San José, por el 01 y el

02-4-98, en reemplazo de la Licda Maribel Seing Murillo, cédula 1-745-892

, por participar como docente          en el “Primer Curso de Educación

Continua en materia Civil para Personal de Apoyo”.

      La Licda Salas ha laborado como Juez en ese Juzgado.

4.-   Egr. Edwin Alvarado Gamboa, cédula 1-357-227, Juez, puesto

número 044120, en el Juzgado Quinto Civil y de Menor Cuantía de San

José, por el 01 y el 02-4-98, en lugar de la Licda María Ibel Rojas Rojas,

cédula 2-0298-0386, quién participó como docente en el        “Primer Curso

de Educación Continua en materia Civil para Personal de Apoyo”.

(Sesión del 24-3-98, artículo LXIII)

5.-   Sr. Jorge Barquero Rojas, cédula 04-0123-0911, Juez, puesto número

015605, en el Juzgado Penal de Sarapiquí, del 29-3-98 al 04-4-98, en lugar
                                      18

de la Licda Patricia Cubero Barquero, cédula                  01-621-780, por

fallecimiento de su madre. (Artículo 44, párrafo 7 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial).

      El Sr. Barquero Rojas es Auxiliar Judicial en ese despacho.

6.-   Sra. Clary Palacios Reyes, cédula 02-0346-0145, Juez, puesto

número 044899, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Los Chiles, por el 02 y el 03-4-98, en reemplazo del Lic. Eloy Araya Paz,

cédula 01-647-0780, por permiso que se le concedió en la sesión del 30-

3-98 para que realice debates en el Tribunal Penal, Sede Santa Cruz.

      La Sra. Palacios es Auxiliar Judicial en ese Juzgado.

7.-   Licda Ana Catalina Campos Ramírez, cédula           01-831-491, Juez,

puesto número 044225, en el Juzgado de Tránsito de San José, del 13-4-98

al 22-4-98, en sustitución del Lic. Rafael Caldera Pérez, cédula 08-023-

0438, con el fin de que asista al curso de Informática “Ambiente Gráfico

Windos y Procesador de Texto de Word 6.00 Básico”, aprobado en la

sesión del 26-3-98, artículo XXVII.

                                  ARTÍCULO X

       Se nombra a la Sra. Angela Solano López, cédula 7-0038-0389,

Juez, puesto número 045147, en el Juzgado de Menor Cuantía del I

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por el 02-4-98, en lugar del Lic.

Jorge Antonio Chacón Cantillano, cédula 01-0548-0194, por permiso sin

goce de salario.
                                     19

       La Sra. Solano López es Auxiliar Judicial de ese Juzgado.

                                ARTÍCULO XI

       En sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso, artículo XV,

se concedió permiso sin goce de salario a la Licda Valerie Arce

Ihabadjen, Jueza del Juzgado de Familia de Cartago, por el día 13 de

ese mes, para atender asuntos personales.

       En facsímil de 9 de marzo anterior, la Licda Arce, expresa que por

error indicó que la licencia sin goce de sueldo era para el día 13, lo

correcto es para el día 20 del citado mes, por lo que solicita se deje sin

efecto el permiso concedido anteriormente y se apruebe su nueva

solicitud.

       Doña Valerie en nota de fecha 27 de marzo último, manifiesta que

tampoco disfrutó el 20 de ese mes, con motivo de que había una serie

de asuntos laborales que necesitaban de su presencia en el despacho;

por lo anterior solicita que se le autorice ese permiso del 1° al 3 de abril

en curso.

       Se acordó: Modificar el acuerdo anterior y conceder a la Licda

Arce permiso sin goce de salario en la forma expuesta. El Departamento

de personal tomará nota para lo de su cargo.

                               ARTÍCULO XII

       Se nombró a las siguientes personas en sustitución de los titulares

de los Despachos que se dirá, por asistir al taller con el fin de validar el
                                      20

perfil   deseado del juez civil, dentro del Proyecto Regional de

Capacitación Judicial, por el 30 y el 31 de marzo en curso.

1.-      Lic. German Valverde Vindas, cédula 6-220-205, Juez, puesto

número 044109, en el Juzgado Cuarto Civil de Menor Cuantía de San

José, en lugar del Lic. Óscar Corrales Valverde, cédula 01-0461-0406.

         El Lic. Valverde Vindas labora interinamente en ese Juzgado.

2.-      Licda Marjorie Barquero Argüello, cédula 2-429-197, Juez, puesto

número 044470, en el Juzgado Tercero Civil y de Trabajo de Alajuela, en

reemplazo del Lic. Álvaro Hernández Aguilar, cédula 2-0410-0511.

         La Licda Barquero es Auxiliar Judicial en el Juzgado de Familia de

Alajuela.

3.-      Lic. Manuel Hernández Casanova, cédula 6-0231-0761, Juez, puesto

número 044729, en el Juzgado Civil de Heredia, en sustitución del Lic.

William Molinari Vílchez, cédula 1-0662-0087.

         El Lic. Hernández ha laborado como Juez en esa oficina.

4.-      Lic. Erick Zamora Chaves, cédula 1-0830-0208, Juez, puesto número

034408, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Heredia,

en sustitución de la Licda Vilma Eduarte Madrigal, cédula 1-440-0938.

         El Lic. Zamora es Auxiliar Judicial en el Juzgado Contravencional de

ese lugar.

5.-      Lic. Norman Rojas Álvarez, cédula 1-0557-0310, Juez, puesto número

034095, en el Juzgado de Familia de Cartago, en reemplazo de la Licda
                                     21

Valerie Arce Ihabadjen, cédula 1-0723-0091.

6.-   Licda Magaly Salas Álvarez, cédula 3-390-0731, Juez, puesto

número 043816, en el Juzgado Segundo Civil de San José, en lugar de la

Licda Maribel Seing Murillo, cédula 1-0745-0892.

      La Licda Salas es Auxiliar Judicial del Juzgado Civil y de Trabajo de

Cartago.

7.-   Licda Gabriela Bustamante Segura, cédula 2-504-784, Juez, puesto

número 033951,    en el Juzgado Civil y de Trabajo, Desamparados, en

reemplazo de la Licda Leyla Lozano Chang, cédula 6-165-771.

                                ARTÍCULO XIII

      Se hacen los siguientes nombramientos:

1.-   Lic. Jorge Rodríguez Bonilla, cédula 1-793-0031, Juez, puesto

número 38547, en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, del 01-4-98 al 30-4-98. Plaza Extraordinaria.

2.-   Licda Kathia Araya Jácome, cédula 1-0633-0340, Juez, puesto

número 034401, en el Juzgado Civil y de Trabajo, Desamparados, del 01-

4-98 al 31-7-98. Plaza Nueva.

      La Coordinación la ejercerá la Licda Leyla Lozano Chang.

3.-   Egr. Edwin Alvarado Gamboa, cédula 1-357-227, Juez, puesto

número 043863, en el Juzgado Sexto Civil de San José, del 03-4-98 al 30-4-

98. Plaza Vacante.

      Se deja sin efecto el nombramiento de la Licda Araya Jácome, como
                                        22

Jueza en el Juzgado Sexto Civil de San José, conocido en sesión del sesión del

16-3-98, artículo XIII, inciso 1), por cuanto pasó a ocupar otro cargo.

4.-   Lic. Luis Ángel Montero Rodríguez, cédula 6-223-0267, Juez

Tramitador, puesto número 034393, en el Tribunal del II Circuito Judicial de

la Zona Atlántica, del 13-4-98 al 30-6-98.

      Se deja sin efecto el nombramiento del Lic. Alonso Vargas Araya, como

Juez 1, en el Tribunal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, aprobado en

sesión de Corte Plena del 22-12-97, artículo X, por pasar a ocupar otro cargo.

5.-   Egr. Giovanni Durán Abarca, cédula 01-559-604, Juez, puesto

número 043863, en el Juzgado Sexto Civil de San José, por el 01 y el 02-4-

98. Plaza Vacante.

      El Egr. Durán Abarca es Auxiliar Judicial del Juzgado Tercero Civil

de Menor Cuantía.

6.-   Dr. Javier Llobet Rodríguez, cédula 02-0394-0001, Juez, puesto

044306, en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial, Goicoechea, del 01-4-

98 al 30-6-98.    Plaza ocupaba anteriormente por el Lic. Jhonny Mejía

Ávila, cédula 09-044-0592, quién fue nombrado en el Tribunal de la

Inspección Judicial.

7.-   Lic. Carlos Alberto Bolaños Céspedes, cédula 01-453-177, Juez

Supernumerario, puesto número 108632, destacado en el Juzgado

Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 13-4-98 al 30-6-98.

                                  ARTÍCULO XIV

      Se hacen las siguientes modificaciones:
                                       23

1.-   Artículo IX, inciso 5), de la sesión del 30-3-98, en que se nombró a la

Licda Marianela Vargas Cousin, cédula 6-178-0798, Juez 1, número de

puesto 044933, en el Tribunal de Puntarenas, del       1-4-98 al 30-6-98, en

sustitución del Lic. Javier Vargas Araya, cédula 1-575-0343, en cuanto

que el período es del 01-4-98 al 3-4-98 por otro cargo y del 13-4-98 al 08-5-

98 por vacaciones.

2.-   Artículo IX,.inciso 6), de la sesión del 30-3-98, en que se nombró al

Lic. Albin Obando Granados, cédula 5-147-0620, Juez, puesto número

045037, Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Montes de

Oro, del 1-4-98 al 30-6-98, en sustitución de la Licda Marianela Vargas

Cousin, cédula 6-178-0798, en razón de que el período correcto es El del

01-4-98 al 3-4-98 y del 13-4-98 al 08-5-98.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                 ARTÍCULO XV

      Con vista en las proposiciones incluidas en el “Capítulo de

Nombramientos en Propiedad” de la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó aprobar -en propiedad-                los

siguientes nombramientos:

A partir del 1° de abril de 1998.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES
SECCIÓN DE ESTUPEFACIENTES

      1.- Abarca Bonilla Jorge Eduardo, cédula N° 1-692-716, Sub-Oficial

de Investigación 2, Terna N° 98-076.
                                          24

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ

      2.- Cordero Solórzano Grace María, cédula N° 1-909-647, Auxiliar

Judicial 2, Terna N° 98-084.

A partir del 1° de mayo de 1998

DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA

      3.- Solís Rodríguez Paul Armando, cédula N° 2-374-286, Oficial de

Investigación 1, Terna N° 98-074.

SUB-DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN RAMÓN

      4.- Mendoza Berrocal Jimmy, cédula N° 6-217-137, Sub-Oficial de

Investigación 2, Terna N° 98-070.

AUDITORÍA JUDICIAL
SECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA

      5.- Martínez Meneses Carlos Manuel, cédula N° 3-192-220, Auditor 1,

Terna N° 98-069.

A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 1998.

SECCIÓN DE CÁRCELES Y TRANSPORTES

      6.- Rojas Chinchilla Manuel, cédula N° 1-754-975, Conserje 1, Terna

N° 98-083.

DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA

      7.-    Irias   Morales   Jeffrey,   cédula   N°   1-941-608,   Auxiliar   de

Investigación 1, Terna N° 98-057.

A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 1998.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS
                                     25


      8.- Ríos Jiménez Luis, cédula N° 6-184-014, Técnico en

Administración 2, Terna N° 98-087.

      Los señores Rojas y    Ríos, se presentarán al Servicio Médico de

Empleados, a efecto de que se les practique el reconocimiento

respectivo, para lo que concertarán la cita en forma personal, o por vía

telefónica en la extensión 3573. El Departamento de Personal y el Servicio

Médico tomarán nota de lo resuelto par lo de sus cargos.

RENUNCIAS

                              ARTÍCULO XVI

      Con vista en la respectiva comunicación del Departamento de

Personal se acepta la renuncia del señor Enrique Ramírez Acuña, al

cargo de Auxiliar de Investigación 1, de la Sección de Delitos Económicos

del Organismo de Investigación Judicial, a partir del 30 de marzo del año

en curso.   Se le dan las gracias por los servicios prestados al Poder

Judicial.

      El Departamento de Personal y la referida Sección tomarán nota

para lo de sus cargos.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                              ARTÍCULO XVII

      El Magistrado Mora, Presidente de la Sala Constitucional, en oficio

de 13 de los corrientes, solicita se prorrogue el nombramiento del Lic.

Hernán Esquivel Salas, a partir de hoy y hasta el 14 del mes entrante,
                                     26

inclusive, en lugar del Lic. Gustavo Cordero Jenkins, Abogado Asistente 3

de esa Sala, quien se encuentra incapacitado para el trabajo.

     Se acordó: Aprobar el nombramiento propuesto. El Departamento

de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XVIII

     La Licda María de los Ángeles Londoño, Subjefa interina de la

Defensa Pública de San José, en oficio de 13 del mes en curso, manifestó:

       “Para los días 13,14 y 15 de abril del año en curso, se
       programó en la Escuela Judicial el curso “El Principio
       Acusatorio y el Derecho de Defensa”, en el que
       participarían 10 defensores.
       Como corresponde, se hicieron con suficiente antelación
       las sustituciones de los profesionales que asistirían al curso.
       El día de hoy, los defensores convocados se hicieron
       presentes a la Escuela Judicial, donde les fue comunicado
       que el curso había sido suspendido. Tal decisión no había
       sido puesta en conocimiento de esta oficina, ni de las
       personas interesadas.
       Los defensores que sustituían a los que asistirían al curso
       llegaron hoy a su lugar de trabajo, y muchos de ellos
       realizaron juicios y otras diligencias antes de ser enterados
       de la situación.
       Por su parte, las personas convocadas se trasladaron de su
       lugar de trabajo a la Escuela Judicial, con el gasto que ello
       les acarreó.
       Es por ello que solicitamos a ustedes se apruebe el
       nombramiento de las personas propuestas en sustitución
       de los titulares, por el día de hoy lunes trece, y que a los
       defensores que iban a recibir el curso se les paguen los
       viáticos correspondientes al día de hoy.
       La queja por la situación indicada se presentó ante la
       Licda Ileana Guillén, Subdirectora de la Escuela, quien
       aseguró que dará las instrucciones pertinentes para que la
       situación no se vuelva a dar.
       La lista de los convocados, y sus sustitutos, es la siguiente:

      NOMBRE                      LUGAR               SUSTITUYE
                                         27

Lic. Luis Fernando Burgos Barboza   San José       Lic. Ramiro Dennis Smith
Lic. Juan Carlos Pérez Murillo      San José       Licda. Jessie Fonseca Fait
Licda. Ana Lorena Chaves Alfaro     Atenas         Lic. Hugo Corella Agüero
Licda. Zullay Segura Amador         Guápiles       Lic. Marvin Carvajal Pérez
Lic. Gustavo Chang Mora             Puntarenas     Lic. Carlos Fernández Morales
Licda. Grettel Azofeifa Herrera     Guadalupe      Licda. Floribeth Vargas Soto
Licda. Luisa Alfaro Alfaro          San José       Licda. Gloriana Valladares Navas
Licda. Enriqueta Rojas Aguilar      San José       Licda. Niriana Muñoz Matamoros
Licda. Alejandra Picado Ortega      Pavas          Licda. Alejandra Vargas Garbanzo
Lic. Tomás Poblador Ramírez         Limón          Lic. Randy Gordon Cruickshank


                                        -0-
       Se acordó: Acoger la anterior solicitud, aprobar los nombramientos

en la forma expuesta, y autorizar los viáticos del 13 de los corrientes en los

casos que corresponda. Los Departamentos de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

PERMISOS

                                    ARTÍCULO XIX

       En oficio de 2 de abril en curso, la Licda. Alexandra Alvarado

Paniagua, Jueza Agraria de Limón, solicita que se le conceda permiso

con goce de salario por el día 7 de mayo próximo, con el propósito de

asistir a un taller para jefes de oficina impartido por el EQUINTER. Agrega

además que para esa fecha no hay señalamientos para juicio.

       Se acordó:       Acoger la anterior solicitud.     El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO XX

       El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 285-DP-98 de 2 de abril en curso, comunica lo
                                     28

siguiente:

             “La Corte Plena en la sesión N° 7-98, celebrada el 2
       de marzo en curso, ante solicitud de los Magistrados Rojas
       y van der Laat, Presidente e integrante en su orden, de la
       Comisión de Asuntos Laborales, autorizó la realización del
       Seminario denominado “Primeras Jornadas de Derecho
       Laboral”, organizado en coordinación con la Escuela
       Judicial, que se efectuará el viernes 24 y sábado 25 de
       abril del año en curso, en el que se contará con la
       asistencia de Juristas Internacionales.
             Con motivo de lo anterior, la Comisión elaboró una
       lista de servidores judiciales, Jueces con conocimientos en
       la materia, para que participen en el evento, para lo cual
       se solicita a los Miembros del Consejo Superior se les
       conceda el permiso correspondiente por el día viernes, en
       el entendido que será sin sustitución, así como se autorice,
       para los casos que amerita, una ayuda económica de
       ¢3.000.00 (tres mil colones) diarios por concepto de gastos
       de viaje.
             Para los efectos correspondientes, me permito
       adjuntar la lista de participantes al seminario, así como
       expresarles el deseo de la Comisión de contar con la
       asistencia de los Señores Miembros del Consejo Superior a
       tan importante acto.

Lista de participantes:

Lic. Mauricio Chacón Jiménez
Juzgado Civil y Trabajo de Hatillo

Licda. Leyla Lozano Chang
Juzgado Civil y Trabajo de Desamparados

II Circuito Judicial de San José

Licda. Julia Varela Araya
Lic. Victor Ardón Acosta
Licda. Sonia Rodríguez Rodríguez
Licda. Ana Luisa Messeguer Monge
Tribunal de Trabajo

Dr. Alexander Godínez Vargas
Licda. Silvia Arce Meneses
                                      29

Licda. Leyla Shadid Gamboa
Dr. Luis Fernando Salazar Alvarado
Lic. Porfirio Sánchez Rodríguez
Lic. Armando Elizondo Almeida
Licda. María Gabriela Bustamante Segura
Licda Mayita Ramon Barquero
Juzgado de Trabajo

Lic. Víctor Soto Córdoba
Licda. Elena KiKut Calvo
Licda. Luz Marina Méndez Mora
Lic. Douglas Durán Chavarría
Tribunal de Trabajo Menor Cuantía

Lic. Andrés Pérez González
Tribunal de Zona Sur, Pérez Zeledón

Lic. José Antonio Madrigal Soto
Juzgado Civil y Trabajo, Pérez Zeledón

Lic. Yuri López Casal
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía, Pérez Zeledón

Lic. Mario Saborío Rocafort
Juzgado Civil y Trabajo de Osa

Lic. Carlos Valverde Granados
Juzgado Civil y Trabajo de Corredores

CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA

Licda. María Alfaro Obando
Tribunal de Alajuela

Licda. Yanina Saborío Valverde
Juzgado Primero Civil y de Trabajo de Alajuela

Lic. Álvaro Hernández Aguilar
Juzgado Tercero Civil y de Trabajo de Alajuela

Licda. Ruth Mayela Morera Barboza
Juzgado Civil y Trabajo de San Ramón

Licda. Silvia Palma Elizondo
                                     30

Juzgado Menor Cuantía de Alajuela

CIRCUITO JUDICIAL SAN CARLOS

Lic. Macario Barrantes Ramírez
Tribunal de San Carlos

Lic. Francisco Bolaños Montero
Juzgado Civil y Trabajo de San Carlos

CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO
Lic. Denis Villalta Canales
Tribunal Superior de Cartago

Licda. María Marta Barrantes Ramírez
Juzgado Segundo Civil y Trabajo de Cartago

CIRCUITO JUDICIAL DE HEREDIA

Lic. Roberto Tánchez Bustamante
Tribunal de Heredia

Licda. Marlene Palacios Alpízar
Juzgado de Trabajo de Heredia

CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE

Lic. Danilo Chaverri Barrantes
TRIBUNAL DE GUANACASTE

Lic José Ángel Salazar Navas
Juzgado Civil y de Trabajo de Nicoya

Lic. Max Baltodano Chamorro
Juzgado Civil y Trabajo de Liberia

Lic. Wilson Chonkan Chan
Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz

Licda. Cristina Fernández Acuña
Juzgado Civil y Trabajo de Cañas

CIRCUITO JUDICIAL PUNTARENAS

Lic. Juan Carlos Mejías Cordero
                                      31

Tribunal de Puntarenas

Lic. Ulfrán Corrales Jiménez
Juzgado Primero Civil y de Trabajo de Puntarenas

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA

Licda. Zayra Sevilla Mora
Tribunal Primero Zona Atlántica

Lic. Javier Francisco Víquez Herrera
Tribunal Segundo Civil y Trabajo Zona Atlántica

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA

Lic. Álvaro Abarca Picado
Tribunal II Circuito Zona Atlántica

Lic. Patricio Gómez Mena
Juzgado Civil y Trabajo II Circuito Zona Atlántica

                                      -0-

      Se acordó: Aprobar la realización y la lista de participantes a la

mencionada actividad, a cuyos efectos se les concede permiso con

goce de salario, sin sustitución y ayuda económica de ¢ 3.000.00, diarios

en los casos que proceda, de conformidad con lo dispuesto en la sesión

del 4 de marzo del año pasado, artículo CII.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán

nota para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO XXI

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 277-DP-98 de 1° de este mes, transcribe el

acuerdo tomado por la Comisión de Modernización en la sesión
                                    32

celebrada el 25 de marzo último, que literalmente dice:

            “Recomendar al Consejo Superior se conceda
       permiso con goce de salario a la Secretaria de la Escuela
       Judicial, hasta por un período de dieciocho meses, para
       que realice labores asistenciales de oficina, del
       componente relacionado con el estudio integral de la
       Escuela Judicial, como parte de la contrapartida del
       Programa CORTE-BID, capacitación judicial”.
                                   -0-

      Se acordó:    Aprobar la anterior solicitud, en consecuencia se

concede permiso con goce de salario a la Secretaria de la Escuela

Judicial, por el período y para los fines dichos.     El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XXII

      El Lic. Carlos Arias Núñez, Fiscal General de la República, en oficio

N° 217-FG-98 de 2 de marzo último, comunica que el señor Bruce Hintz,

Director del Programa de ICITAP en Costa Rica, le ha cursado invitación

para que una delegación costarricense realice una visita de observación

y estudio del sistema judicial criminal en Puerto Rico, que se llevará a

cabo del 26 de abril al 3 de mayo de este año, y por el interés que tiene

esa Jefatura de participar con algunos servidores del Ministerio Público

para complementar la transición en la implementación eficaz del Código

Procesal Penal somete a consideración los siguientes nombres, para que

se otorgue permiso con goce de salario y la suplencia respectiva a esos

funcionarios:

      1.- Lic. Carlos Arias Núñez, Fiscal General de la República
                                       33


      2.- Lic. Walter Alfaro Rodríguez, Fiscal I Adjunto de San José

      3.- Lic. Manuel Zamora Burgos, Fiscal II Adjunto de San José

      4.- Lic. Carlos María Jiménez Vásquez, Fiscal Adjunto de la Unidad

de Capacitación y Supervisión.

      5.- Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal de la Unidad de

Capacitación y Supervisión.

                                    -0-

      Se   acordó:     Aprobar    la    solicitud   del   Fiscal   General,   en

consecuencia se concede permiso con goce de salario y suplencia a los

citados funcionarios por el período y los fines dichos. Se insta al Fiscal

General a que integre las futuras delegaciones también con funcionarias.

El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XXIII

      En las sesiones celebradas el 24 de febrero, 5, 12 y 30 de marzo de

este año, artículos L, XC, XIII y XLVI respectivamente, se autorizó la

participación de seis servidores y se les concedió permiso con goce de

salario para que asistan al “Primer Congreso Latinoamericano de

Derecho Médico” a realizarse del 22 al 24 de este mes.

      En facsímil de 2 de abril en curso, la Licda. Kathya Ma. Campos

Marín, Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de Abangares,

manifiesta su interés de participar en el mencionado Congreso, por lo

que solicita se le conceda permiso con goce de salario los días 22 y 24,
                                   34

en virtud de que el 23 fue concedido de asueto a los servidores de ese

lugar. Agrega doña Kathya de no concederse la licencia con goce de

salario, que esos dos días se le descuente del período de sus vacaciones.

      Se acordó: Denegar la solicitud de la Licda Campos en ambos

casos para asistir a la mencionada actividad, pues es necesaria su

presencia en el despacho a su cargo.

                             ARTÍCULO XXIV

      El Magistrado Mora, Presidente de la Sala Constitucional, en oficio

de 3 de abril en curso, informa que fue invitado a participar en un

Seminario de discusión de los anteproyectos del Código Penal y Procesal

Penal Panameños, a celebrarse en la ciudad de David, por lo que solicita

se le conceda permiso con goce de salario los días 17 y 18 de abril en

curso. Los gastos de transporte y alojamiento corren por cuenta de los

organizadores.

      El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que de conformidad

con el artículo 60, inciso 22), de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

concedió al Magistrado Mora el permiso correspondiente.

      Se acordó: Tomar nota del informe del Magistrado Cervantes. El

Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                             ARTÍCULO XXV

      El Lic. Ricardo Chacón Cerdas, Gerente General de la Caja de

Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder Judicial, en oficio N°
                                    35

C-054-98 de 13 de los corrientes, solicita que se conceda permiso con

goce de salario a los señores Marvin Picado Soto y Sady Jiménez

Quesada, del 20 al 24 de abril en curso, con el fin de que realicen un

plan de giras por todas las oficinas judiciales de país, sobre la situación

económica actual de sus asociados. Acompaña también notas del

Auditor Judicial y del Coordinador del Juzgado Penal de San José, Jefes

de los citados servidores en donde manifiestan su anuencia a tal gestión.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, y conceder permiso con

goce de salario a los citados servidores del 20 al 24 del presente mes, a

fin de que realicen las giras de que se dio cuenta. El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XXVI

      El Lic. Jorge A. Guillén Solano, Juez Contravencional y de Menor

Cuantía de Paraíso, en facsímil de 13 de este mes, solicita permiso para

impartir lecciones en la Universidad Americana con sede en Cartago,

durante este cuatrimestre los lunes y miércoles de las 6 a las 9 de la

noche, sean 6 horas semanales. Acompaña también constancia del

Secretario donde se indica que el Despacho se encuentra al día en el

fallo de los asuntos.

      Se acordó: Autorizar al Lic. Guillén Solano, para que los días y horas

que se han mencionado imparta lecciones en el indicado centro de

estudios superiores, siempre y cuando no se afecte el buen servicio
                                   36

público. Así se dispone por hallarse dentro de los presupuestos señalados

en las sesiones de Corte Plena celebradas el 22 de julio y 4 de noviembre,

ambas del año 1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, así como

también la del 3 de noviembre del año pasado, artículo IX, en que

acordó que el número de horas que pueden laborar como docentes en

las Universidades, no debe exceder de un cuarto de tiempo de labor a la

semana, tomando como base las 24 horas del día, en el entendido que

aún cuando las lecciones se impartan fuera de la jornada judicial, su

procedencia estará sujeta a que el despacho del solicitante esté al día

en sus labores.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XXVII

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 274-DP-98 de 1° de abril, comunica que la

Comisión de Modernización en la sesión celebrada el 25 de marzo en

curso, acordó lo siguiente:

       “Recomendar al Consejo Superior se conceda permiso
       con goce de salario, del 3 al 9 de mayo del año en curso
       a los Licenciados Erick Brais Quirós, del Departamento de
       Informática y a Cristian Hess, de la Sala Constitucional,
       para que asistan al VI Congreso de Derecho e Informática,
       que se realizará en Montevideo-Uruguay, así como se
       autorice el pago de pasajes, viáticos y derechos de
       inscripción al seminario.”
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con
                                     37

goce de salario, viáticos, derechos de inscripción y el pago de los

pasajes aéreos a los Licdos. Brais Quirós y Hess Araya, para que asistan al

referido evento, durante el período indicado.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, Proveeduría

tomarán nota para lo de sus cargos.

                             ARTÍCULO XXVIII

      El Lic. Jorge Enrique Infante Rojas, Juez Tramitador del Tribunal de la

Zona Sur, sede Pérez Zeledón, en oficio de 27 de marzo, último, con el

visto bueno del Lic. Miguel A. Larios Ugalde, Coordinador de ese Tribunal,

manifestó:

            “A partir del próximo 27 de abril, la sede del Instituto
       Nacional de Aprendizaje (INA) en Pérez Zeledón impartirá
       un curso gratuito sobre el manejo del ambiente WINDOWS
       95, así como del OFFICE 97 (WORD, EXCEL, etc). Ello
       durante doce semanas, las mañanas de los días jueves,
       viernes y sábado, a razón de dos horas cada día.
            Considerando la importancia que significa este
       aprendizaje, las facilidades en que se brinda, y con el firme
       compromiso de aplicar los conocimientos a la labor que
       desempeño en el Poder Judicial, con respeto les solicito su
       permiso para ausentarme del Tribunal dos horas quince
       minutos los días jueves y viernes durante las doce semanas
       indicadas.
            No omito manifestar que la Coordinación del Tribunal
       me ha externado su apoyo a esta iniciativa y mi
       compromiso de reponer el tiempo de ausencia esos
       mismos días o en cualquier otro día como regularmente
       ocurre”.

                                    -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud del Lic. Infante Rojas, para que los

días y horas que se han mencionado, asista al curso de que dio cuenta,
                                    38

en el entendido de que deberá reponer el tiempo que ocupe en dicha

labor, a fin de mantener el trabajo al día y sin perjuicio del buen servicio

público.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                               ARTÍCULO XXIX

      La señora Kattia Escalante Barboza, Encargada de la Unidad de

Resolución Alternativa de Conflictos, Escuela Judicial, en oficio N°

E.J./405-98 de 13 del presente mes, solicita se le conceda permiso para

impartir algunos cursos sobre Mecanismos Alternos de Solución de

Conflictos, fuera del horario de trabajo en algunas instituciones públicas o

privadas de manera esporádica, cuatro o cinco cursos en el año y con

una duración aproximada de 7 a 10 horas cada uno.

      Se acordó: Autorizar a la señora Escalante Barboza a impartir los

cursos que indica, en el entendido de que debe limitar las lecciones en

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9, inciso 3°, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial y lo establecido por Corte Plena en la sesión del 3 de

noviembre último, artículo IX, es decir a un máximo de 6 horas por

semana.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

VACACIONES

                               ARTÍCULO XXX

      La   Licda   Jeannette    Ortiz    Mora,   Trabajadora   Social,   del
                                      39

Departamento de Trabajo Social y Psicología, y con el visto bueno del

Jefe de ese Despacho, en oficio de 13 de abril en curso, manifiesta que

encontrándose en el disfrute de sus vacaciones del 16 al 27 de marzo del

año en curso, fue incapacitada para el trabajo del 20 de ese mes al 5 de

los corrientes, por lo que solicita disfrutar de los 12 días restantes, en otra

ocasión.

      Se acordó:      Aprobar la solicitud de la Licda Ortiz Mora, en

consecuencia se le autoriza a que disfrute de los 12 días restantes en su

oportunidad, lo que deberá coordinar con su superior. El Departamento

de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PAGO POR PROHIBICIÓN

                               ARTÍCULO XXXI

      Por habérseles nombrado interinamente en las fechas que se dirán y

por no ejercer la Abogacía ni el Notariado, los profesionales en Derecho

que a continuación se mencionan solicitaron se les reconozca el beneficio

de "prohibición":

      1.- Lic. Óscar Mario Ávila Ulate, cédula N° 2-410-223, Fiscal Auxiliar del

Ministerio Público, del 12 al 20 de este mes.

      2.- Lic. Ricardo Barahona Montero, cédula N° 1-928-914, Defensa

Pública en Sarapiquí, del 1° de abril al 30 de junio de este año.

      3.- Licda. Marjorie Barquero Argüello, cédula N° 2-429-197, Jueza en

el Juzgado Tercero Civil de Alajuela, los días 30 y 31 de marzo último y
                                      40

como Jueza en el Juzgado Contravencional de Alajuela, del 1° al 3 y del

13 al 30 de los corrientes.

       4.- Lic. Marvin Carvajal Pérez, cédula N° 1-753-631, Defensa Pública

del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, del 4 al 6 y

del 16 al 18 de febrero, así como del 13 al 15 del presente mes, Defensa

Pública de Alajuela, los días 12 y 13 de marzo próximo pasado, y Defensa

Pública de Hatillo, del 17 de marzo al 3 de los corrientes.

       5.- Lic. Gonzalo Coronado Villarreal, cédula N° 5-248-956, Alcalde

Primero de Faltas y Contravenciones de Puntarenas, del 1° al 31 de

diciembre de 1997, y como Juez Primero Contravencional de esa

provincia, del 2 de febrero al 31 de julio de este año.

       6.- Lic. Heyner Gómez Ruiz, cédula N° 5-282-981, Defensa Pública en

San José, del 11 al 26 del pasado mes de marzo.

       7.- Lic. Luis Fernando González Hernández, cédula N° 2-490-941,

Defensa Pública en San Carlos, del 13 al 20 del presente mes.

       8.- Licda. Patricia Lobo Marín, Jueza en el Juzgado de Menor

Cuantía de Heredia, del 13 al 24 de los corrientes.

       9.- Lic. Jorge A. Martínez Guevara, cédula N° 1-634-076, Juez en el

Tribunal Segundo Civil de San José, del 1° de marzo al 31 de julio de este

año.

       10.- Lic. Otto Andrés Meneses Guillén, cédula N° 1-793-238, Defensa

Pública de Turrialba, del 1° de este mes al 30 de junio del año en curso.
                                       41

       11.- Licda. Dalia Isela Núñez Alfaro, cédula N° 1-829-178, Jueza en el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alfaro Ruiz, del 27 de

marzo al 3 del presente mes.

       12.- Licda. Berenice Picado Alvarado, cédula N° 5-230-970, Jueza en

el Juzgado Civil y de Trabajo de Cañas, del 13 al 30 de los corrientes.

       13.-   Licda.   Ericka   Quesada     Madrigal,   Defensa   Pública    de

Puntarenas, del 4 al 13 de este mes.

       14.- Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Fiscal Auxiliar del Ministerio

Público, del 30 de marzo al 3 de abril en curso y del 13 al 24 del presente

mes.

       15.- Licda. Annette Margoth Rodríguez Fuentes, cédula N° 1-709-839,

Jueza en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Puntarenas, del 23 al 29

de marzo pasado.

       16.- Lic. Elmer Gerardo Rojas Aguilar, cédula N° 3-268-338, Defensa

Pública de Turrialba, del 13 al 24 de los corrientes.

       17.- Licda. Flor Isabel Segura Chaves, Abogada Asistente 1 en la

Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, del 13 de abril

al 12 de mayo del año en curso.

       18.- Licda. Vilma Stewart Kelly, cédula N° 7-052-1369, Fiscal Auxiliar en

la Fiscalía Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, del 23

al 27 de marzo y del 30 de marzo al 1° de abril, fechas todas del presente

año.
                                    42

      19.- Lic. Erick Zamora Chaves, Juez en el Juzgado Civil y de Trabajo

de Menor Cuantía de Heredia, los días 30 y 31 de marzo último, y como

Juez en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Cruz, del

13 de abril al 8 de mayo de 1998.

      Se acordó: Reconocer a los gestionantes el beneficio que solicitan

conforme a los cargos y por los períodos en que cada uno de ellos fue

nombrado. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

CONTINUACIONES DE DEBATE

                             ARTÍCULO XXXII

      En facsímil de 2 de abril en curso, la Licda. Laura Cerdas Salazar,

Jueza Tramitadora del Tribunal de San Carlos, solicita se autorice al Lic.

Francisco Bolaños Montero, para que el 3 de este mes realice la

continuación de debate señalado en la causa N° 96-001093-304-PE por

abusos deshonestos contra Efraín Varela Bermúdez en perjuicio de Orfilia

Patricia Segura Ruiz.

      Se acordó: Conceder la autorización solicitada.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                             ARTÍCULO XXXIII

      En sesión del 9 de marzo último, se dispuso trasladar al Lic. Ricardo

Bolaños Monge, Abogado Asistente de la Secretaría General de la Corte,

para su estudio e informe, el proyecto de Contrato de Adiestramiento,

para estudio con el propósito de que los funcionarios que resulten
                                       43

becados procedan a suscribirlo con el Poder Judicial y elaborado por el

Departamento de Personal .

        El Lic. Monge Bolaños, en su calidad antes dicha, y con base en lo

antes expuesto, rinde el correspondiente informe, que en lo conducente

dice:

         “Revisado el texto transcrito en el acuerdo del Consejo
         Superior, el proyecto de contrato de adiestramiento se
         ajusta a lo que la normativa y disposiciones de Corte Plena
         establecen al respecto. Solamente deben realizarse las
         siguientes correcciones.
         ENCABEZADO
         La expresión “...y que en los sucesivo...”, debe sustituirse por
         la expresión “...quien en lo sucesivo...”
         PUNTO CUARTO
         Debe eliminarse la “coma” consignada después de la
         palabra “Personal”, y debe eliminarse la expresión “...sobre
         los estudios realizados y un informe final...”. Lo anterior,
         para que la frase se lea correctamente así:
         “...a presentar al Consejo de Personal con copia a la
         Escuela Judicial, un informe final detallado sobre los
         estudios realizados. ...”
         PUNTO QUINTO
         La palabra “anterioridad” debe sustituirse por la palabra
         “posterioridad”.
         Finalmente, debe tenerse cuidado respecto del género de
         quien suscriba el contrato para ajustar el clausulado
         conforme corresponda, es decir, según se trate de “El
         Beneficiario”, “El Fiador” o “La Fiadora”.
         No omito manifestarle que a los contratos recién suscritos,
         de previo a su suscripción, se les efectuó las anteriores
         correcciones.”
                                       -0-

        Se acordó:     Acoger el anterior informe, el que se traslada al

Departamento de Personal, para que en el futuro a la hora de

confeccionar los contratos de adiestramiento se ponga especial
                                    44

atención en las normas que han variado.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                             ARTÍCULO XXXIV

      En sesión del 2 de abril en curso, artículo LVII, se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

        “ARTÍCULO LVII En sesión de 30 de marzo último, artículo
       XXXV, se aprobó el informe del Departamento de
       Planificación, sobre los roles de disponibilidad que
       deberán adoptarse a nivel nacional, a partir del mes de
       mayo próximo, con el fin de atender en horas y días
       inhábiles la materia penal juvenil.
             El Lic. Johnny Rojas Bejarano, Juez Civil y de Trabajo
       de Aguirre y Parrita, en facsímil de 2 de los corrientes,
       manifestó.
             “No estando claro para este Despacho quien asume
       el rol de disponibilidad y turno de Semana Santa, les ruego
       aclarar cuanto antes por le corto tiempo que nos queda.
             Sucede que ante el Juzgado Mixto de Puriscal
       conocía la materia de PENAL JUVENIL, la zona de Aguirre y
       Parrita, pero hoy día al haber cesado este despacho su
       competencia para está jurisdicción, nos queda la duda si
       conocerá en esas fecha no hábiles el Juez de cabecera
       de provincia de San José o de Puntarenas, o bine si es el
       suscrito quien debe cubrir toda la Semana Mayor.”
                                      -0-
             La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento
       de Planificación, en oficio N° 556-PLA-98 de 2 de los
       corrientes, en relación con la política de roles de
       disponibilidad para la atención de la material penal juvenil
       durante los días y horas inhábiles, manifestó:
       “En la propuesta detallada en el informe 531-PLA-98,
       conocido y aprobado por el Consejo Superior el pasado
       lunes 30 de marzo, se detalló para la provincia de
       Puntarenas que el Juez de Familia y Penal Juvenil de
       Puntarenas atenderá por concepto de disponibilidad de
       lunes a viernes en horario extraordinario; y hará rol los
       sábados, domingos, feriados y asuetos con los dos Jueces
       Civiles y de Trabajo de Puntarenas, en el entendido de que
       la jurisdicción por cubrir, será la que atiende Puntarenas en
                                    45

       esa materia.
       Con base en lo anterior, no se expresa claramente quién
       atenderá la zona comprendida por Aguirre y Parrita, en
       vista de que el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de
       Puntarenas no cubre dicha zona, por tanto se hace
       necesario aclarar la situación, para lo cual se proponen las
       siguientes opciones:
       1) Extender la jurisdicción de los despachos que atenderán
       los roles en Puntarenas, con el fin de que conozcan los
       casos que se originen en la zona de Aguirre y Parrita; o
       bien,
       2) Incluir dentro de los roles de disponibilidad al Juzgado
       Civil y de Trabajo de Aguirre y Parrita , con la finalidad de
       que los roles sean cubiertos por el Juez 3 y el Auxiliar 3 de
       dicho despacho, en el entendido de que el Juez atenderá
       la disponibilidad de lunes a viernes en horario
       extraordinario; y hará rol los Sábados, Domingos, Feriados y
       Asuetos, con el Auxiliar Judicial 3 de ese despacho, para lo
       cual se investirá a este último como Juez.
       De acogerse la segunda propuesta deberá reconocérsele
       por concepto de disponibilidad al Juez Civil y de Trabajo
       de Aguirre y Parrita un 8%, y al Auxiliar Judicial 3 un 2%,
       según la política de reconocimiento que se ha indicado
       para estos casos”.
                                     -0-
             Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior.
       2) Aprobar la propuesta número 2 del citado informe, en
       consecuencia; el Juez 3 y el Auxiliar 3 del Juzgado Civil y
       de Trabajo de Aguirre y Parrita atenderán los asuntos en
       materia penal juvenil, de lunes a viernes en horario
       extraordinario; y harán el rol los sábados, domingos,
       feriados y asuetos con el Auxiliar Judicial, para lo cual se
       inviste a este último como Juez. 3) Reconocer al Juez Civil
       y de Trabajo de Aguirre y Parrita un 8% y al Auxiliar Judicial
       3 un 2% por concepto de disponibilidad.
             El Departamento de Personal tomará nota para lo de
       su cargo”.
                                     -0-

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación en oficio N° 557-PLA-98, de 13 de este mes, manifestó lo

siguiente:
                                    46

             “En consideración del acuerdo tomado por el
       Consejo Superior, en sesión celebrada el pasado jueves 2
       de abril, referente a la política de roles de disponibilidad
       para la atención de la materia penal juvenil, durante días
       y horas inhábiles en la zona de Aguirre y Parrita; según se
       detalló en oficio N° 556-PLA-98, me permito recomendar
       que el porcentaje por reconocer al Juez Civil y de Trabajo
       que atenderá los roles en esa zona, sea de un 10%, dada
       la cantidad de horas que éste permanecerá disponible.
       En cuanto al porcentaje de reconocimiento para el
       Auxiliar Judicial 3, que hará roles con el Juez, se reitera lo
       propuesto; es decir, un 2%.
             Por otra parte, es importante indicar que los roles
       propuestos para el despacho de marras se iniciarán en
       mayo próximo, tal y como se dispuso en su momento, para
       los demás despachos que atenderán disponibilidad para
       penal juvenil”.
                                    -0-

     Se acordó: Acoger la anterior solicitud. Reiterar lo dispuesto en la

sesión celebrada el 30 de marzo último, artículo XXXVI, en el sentido de

que los despachos que deben atender la disponibilidad, en Violencia

Doméstica, y Penal Juvenil, se les reconocerá un único rubro, cuando en

determinado período deban estar disponibles en ambas materias.

Asimismo, el Departamento de Planificación deberá rendir un informe

relacionado con los despachos que se da esa situación.

     El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                             ARTÍCULO XXXV

     El Egr. Mauricio Quirós Álvarez y los Licdos. Ronald Calvo Coto y

Francisco Arroyo Meléndez, Jefes por su orden de las Secciones de

Derechos Laborales, Planillas y del Departamento de Personal, en oficio
                                    47

N° 590-DL-98 de 30 de marzo último, rinden el siguiente informe:

       “ASUNTO: Jubilación de la señora Concepción Carrillo
       Obando, cédula N° 5-212-628, a partir del 4-4-98.
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 12 de marzo en
       curso, dispuso separarla de su cargo por incapacidad
       absoluta y permanente a partir del 4-4-94.
       Al 3 de abril próximo, la señora Carrillo Obando habrá
       laborado para este Poder por espacio de 14 años, 1 mes,
       8 días.
       EDAD: 34 años, 3 meses, 26 días
       ULTIMO CARGO SERVIDO: Operadora de Radio 1,
       Delegación Regional de Alajuela.
       ULTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢118.562,70
       SALARIO PROMEDIO: ¢106.574,90
       80% DEL SALARIO PROMEDIO ¢85.259,90
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢40.087,95 (47,02% del 80% del
       salario promedio)
       “Cálculos hechos de conformidad con la Ley Orgánica N°
       7605 reforma publicada en la Gaceta del 26-6-96”

                                    -0-

      Se acordó: Aprobar la jubilación de la señora Concepción Carrillo

Obando, Operadora de Radio 1, en la Delegación Regional del O.I.J., de

Alajuela, cuya asignación mensual será de ¢40.087.95. (cuarenta mil

ochenta y siete colones con 95/100), a partir del 4 de abril en curso. El

Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

      Se le agradecen los servicios prestados al Poder Judicial y de

conformidad con los artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo, se le

otorga un pergamino de Mérito y Reconocimiento, que se le entregará

oportunamente.

                             ARTÍCULO XXXVI

      Por haberse aprobado la jubilación de la señora Concepción
                                      48

Carrillo Obando, cédula N° 5-212-628, según consta en el artículo que

antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento

de Personal, se dispone el pago a su favor de ¢920.264,55. (novecientos

veinte mil doscientos sesenta y cuatro colones con 55/100) por

prestaciones legales, y ¢68.130.25. (sesenta y ocho mil ciento treinta

colones con 25/100) por concepto de vacaciones proporcionales. Al

efecto, se adjuntan constancias del Departamento Financiero Contable y

de la Dirección Ejecutiva, de que la señora Carrillo Obando no tiene

deudas pendientes.

      La interesada firmará en el Departamento Financiero Contable la

factura correspondiente para el pago respectivo.

                              ARTÍCULO XXXVII

      El Departamento de Personal en oficio N° 591-DL-98 de 30 de marzo

último, remite el informe de los cálculos del monto de la jubilación del

señor Jorge García Venegas, Guarda de la Unidad Regional de Alajuela,

otorgada a partir del 1° de abril de los corrientes.

      Se indica en dicho informe que los cálculos fueron hechos con la

actual Ley Orgánica N° 7605, reforma publicada en la Gaceta del 26-6-

96, “por cuanto el señor García no cumplía con al menos 10 años de

servicio al 15-7-92 y el tiempo servido en otras instituciones del Estado lo

reconoció, para efectos jubilatorios hasta el año pasado, momento en

que ingresó al régimen especial del Poder Judicial, incumpliendo de tal
                                      49

forma con la interpretación dada por ese órgano superior en la sesión del

10-2-98, artículo LV.”

      Se acordó:         Devolver al Departamento de Personal el anterior

informe con el fin de que realice los cálculos de la jubilación del señor

García Venegas, con base en la Ley Orgánica anterior, pues el hecho

de que no se tenga reconocido el tiempo laborado en otras instituciones

del Estado para efectos jubilatorios antes del 15 de julio de 1992, no es

motivo para que ese tiempo no se le considere como laborado antes de

esa fecha para efectos únicamente del cálculo de la jubilación.

                                ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión celebrada el 9 de marzo, artículo LXI, se autorizó la

pensión de la señora María del Milagro Mata del Valle, por el monto

propuesto, la cual será efectiva a partir del 21 de enero último. A la vez

se deja sin efecto la pensión que en su oportunidad se otorgó al menor

Roberto Navarro Mata.

      En oficio N° 562-DL-98, de 30 de marzo último, el Egr. Mauricio

Quirós Álvarez, y los Licdos. Ronald Calvo Coto y Francisco Arroyo

Meléndez, Jefes por su orden, de la Sección de Derechos Laborales,

Planillas y del Departamento de Personal, rinden el siguiente informe:

       “Asunto: Reajuste en la pensión de menor Roberto Andrés
       Navarro Mata.
       El Consejo Superior en sesiones celebradas el 6-10-94 y 5-1-
       95 dispuso conceder el beneficio de pensión al menor
       Navarro Mata, como beneficiario del ex servidor judicial
       fallecido Roberto Navarro Tames, cuya asignación
                                    50

       mensual fue de ¢62.827,55 equivalente a las 2/3 partes de
       la jubilación.
       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la
       Ley Orgánica N° 7333, en lo que interesa dice: “Ninguna
       jubilación o pensión podrá ser inferior a tercera parte del
       sueldo que, para el último cargo o empleo servido, señale
       el presupuesto de gastos del Estado...”
       Por lo anterior la pensión de menor Navarro Mata debe
       reajustare de la siguiente manera y a partir del 14-7-94:
       Monto anterior de pensión: ¢62.827,55
       Nuevo monto de pensión ¢73.814,80
       Monto aumento: ¢10.987,25
        A PARTIR DEL 1-1-95
       Se le dio de pensión la suma de: ¢78.027,55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢89.014,80
       A PARTIR DEL 1-7-95
       Se le dio de pensión la suma de: ¢87.627.55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢98.614,80
       A PARTIR DEL 1-1-96
       Se le dio de pensión la suma de: ¢96.427,55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢107.414,80
       A PARTIR DEL 1-7-97
       Se le dio de pensión la suma de: ¢118.827,55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢129.814,80
       A PARTIR DEL 1-7-97
       Se le dio de pensión la suma de: ¢131.227,55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢142.214,80
       A PARTIR DEL 1-1-98
       Se le dio de pensión la suma de: ¢142.027,55
       Siendo lo correcto como se indica: ¢153.014,80”

                                    -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe y autorizar el reajuste en la

pensión al menor Roberto Andrés Navarro Mata, por el monto propuesto,

a partir del 21 de enero del año en curso. Asimismo se deja constancia

que en la sesión del 9 de marzo último, artículo LXI, se dejó sin efecto la

pensión que en su oportunidad se otorgó al menor Navarro Mata y en su

lugar se otorgó a su madre. El Departamento Financiero Contable tomará
                                    51

nota para lo de su cargo.

VALORACIONES MÉDICAS

                             ARTÍCULO XXXIX

      En sesión celebrada el 8 de enero último, artículo LXXXVIII, con

base en las razones que allí se expusieron, se dispuso remitir a valoración

por parte del Departamento de Medicina Legal el caso de la señora

Mayra Villalobos Calvo, Conserje de la Fiscalía de Juicio de Alajuela.

      En cumplimiento del anterior acuerdo, los Dres Mayra Rodríguez

Calvo y Wagner Rodríguez Camacho, por su orden, Médico Psiquiatra

Asistente y Jefe del Departamento de Medicina Legal, en dictamen

médico legal J.D.M.L. N° 98-327 de 3 de este mes, rinden un informe

detallado sobre el reconocimiento médico que se le hizo a la señora

Villalobos Calvo, cuya conclusión dice:

       “CONCLUSIÓN:
            Como resultado del estudio del caso de la servidora
       MAYRA VILLALOBOS CALVO, se encuentra una aparente
       incoordinación de recursos, que han hecho que la misma
       haya tenido un período de incapacidad, sin que
       simultáneamente haya recibido tratamiento ni supervisión
       de un médico psiquiatra.
            En el momento actual la señora Villalobos requiere de
       tratamiento especializado, así como realizar estudios a
       nivel clínico.
            Se recomienda una nueva valoración del caso tres
       meses luego de haber iniciado tratamiento sistemático
       con un médico psiquiatra, quien en su calidad de médico
       tratante decidirá si la señora Villalobos en algún momento
       amerita un período de incapacidad”.

                                    -0-
                                     52

      Se dispuso: Tener por rendido el anterior informe, el cual se pone en

conocimiento de la señora Villalobos Calvo, a la que se le previene que

debe someterse al tratamiento que se indica en el citado dictamen.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                ARTÍCULO XL

      En la sesión del 16 de marzo último, artículo XLI, se autorizó al Lic.

Fernando Sánchez Chacón, Jefe de la Delegación Regional de San

Carlos, para que en compañía del investigador Armando Quesada

Chacón, viajaran a Nicaragua a investigar un homicidio, a cuyos efectos

se les concedió permiso con goce de salario, viáticos, así como la

autorización de la salida del vehículo 271535, a la vez que debían

informar la fecha en que realizarían el viaje.

      La Licda. Lineth Saborío Chaverri, Directora General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 861-DG-98 de 1° de abril en curso,

comunica que gracias a la coordinación que el Lic. Sánchez Chacón ha

mantenido por años con autoridades nicaragüenses, se evitó realizar el

viaje aprobado en la mencionada sesión.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, y por las

razones expuestas, dejar sin efecto el artículo XLI de la sesión celebrada

el 16 de marzo anterior.

                               ARTÍCULO XLI

      En oficio N° 893-DG-98 de 2 de abril en curso, el Lic. Jorge Rojas
                                    53

Vargas, Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial

manifiesta lo siguiente:

             “Esta Dirección General ha venido impulsando una
       serie de proyectos dirigidos a mejorar la prestación del
       servicio durante las horas no hábiles, días feriados y fines
       de semana, con el objeto de incrementar los parámetros
       de eficiencia, tanto en lo que se refiere a la investigación
       de los casos, como a la atención que se le debe brindar al
       público.
             En este sentido, resulta necesario reforzar el personal
       de investigación que labora durante esos turnos, pues el
       Organismo de Investigación Judicial, en su función
       represiva del delito, debe estar en capacidad de brindar
       una respuesta oportuna ante los hechos delictivos
       cometidos, sea cual sea la hora en la que éstos se lleguen
       a producir. En la actualidad, existe, una fuerte presencia
       policial dentro de la jornada ordinaria de trabajo, pero
       fuera de ese horario el personal de investigación disminuye
       significativamente, de tal manera que solo permanece en
       servicio el personal estrictamente necesario para atender
       las novedades que se presentan.
             Durante esas horas, todos los casos deben ser
       atendidos por el personal de guardia, que la mayoría de
       las veces resulta insuficiente, a tal punto que muchas de
       las investigaciones que se ven paralizadas hasta el día
       hábil siguiente, además de que la capacidad de reacción
       ante acciones ilícitas podrían no ser la adecuada en
       determinados momentos.
             Debido a lo anterior, consideramos que la solución de
       estos inconvenientes resulta una prioridad en la
       visualización de las metas que a corte plazo debe
       alcanzar la Institución, con el objeto de lograr los niveles
       de productividad y eficiencia que en la actualidad
       resultan necesarios para enfrentar el fenómeno
       delincuencia por el que atraviesa nuestro país. A tales
       efectos, y teniendo en cuenta las limitaciones de índole
       presupuestario a que se encuentra sujeto el Organismo de
       Investigación Judicial, se ha considerado la posibilidad de
       reforzar el personal que labora durante estos turnos, pero
       con los mismos recursos con que contamos en la
       actualidad, lo cual se lograría readecuando la jornada
       laboral del sector policial, de acuerdo con las siguientes
                                   54

       opciones:
             1- Variar los horarios de trabajo del personal de
       Investigación, manteniendo siempre un grupo que labore
       normalmente durante la jornada ordinaria, sea de las 7:30
       a.m. a las 4:30 p.m., y otro grupo que labore con un horario
       de las 2:00 p.m. a las 10:00 p.m.; y,
             2- Variar los días que labora el personal de
       Investigación durante la semana, de tal manera que un
       grupo trabaje normalmente de lunes a viernes, mientras
       otro podría trabajar de miércoles a domingo. En estos
       casos se contemplaría además la alternativa indicada en
       el punto anterior.
             Estas alternativas producirían dos efectos de
       importancia: a) Habría mayor cantidad de personal
       durante cada uno de los turnos, por lo que la capacidad
       de respuesta mejoraría notablemente; y, b) Se podría
       obtener un mayor provecho de los vehículos de la
       Institución, solucionándose los problemas que en
       ocasiones enfrentan los Investigadores por la escasez de
       éstos, ya que durante el día podrían ser utilizados por dos
       grupos.
             Con base en las razones expuestas, de la manera más
       respetuosamente me permito solicitar la autorización de
       ese estimable Consejo, a fin de poder realizar a nivel
       nacional la readecuación de horarios del personal de
       Investigación, en aquellos casos en que así se requiera
       para el buen servicio público.”
                                     -0-

     Se acordó: Trasladar la anterior gestión a la Comisión de Enlace

Corte-O.I.J., con atento ruego de que se conozca a la brevedad.

                              ARTÍCULO XLII

     En la sesión celebrada el 19 de marzo último, artículo L, se acogió

la solicitud de la Jefatura del Departamento de Investigaciones

Criminales, con el visto bueno de la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial y se aprobó el traslado del señor Edgar Zúñiga

Jiménez a la plaza de Encargado de Unidad en la Sección de Capturas,
                                        55

puesto 006589 a partir del 1° de este mes.

      En oficio N° DICR-0414-98 de 2 de los corrientes, el Lic. Francisco

Segura Montero, Jefe interino del Departamento de Investigaciones

Criminales se refiere al citado acuerdo para indicar que el número

correcto de puesto al que se traslada al señor Zúñiga Jiménez es el N°

006583, y no como se indicó.

      Se acordó: Tomar nota del anterior oficio y modificar en lo

conducente el acuerdo de la sesión del 19 de marzo anterior, artículo L.

                               ARTÍCULO XLIII

      La   Licda.   Linneth   Saborío    Chaverri,   Directora   General   del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio fechado el 2 de abril en

curso, solicita autorización para entregar a la Licda. Guiselle Lutz Cruz,

Jefa de la Sección de Balística, aproximadamente 15 cartuchos calibre

45, de fabricación militar, antiguos, los cuales se encuentran en el

Depósito de Objetos sin que dicha munición esté a la orden de autoridad

alguna. Lo anterior por cuanto ese material, actualmente muy escaso, es

requerido para realizar estudios relacionados con el caso denominado

como del “sicópata”.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud.

                               ARTÍCULO XLIV

      En sesión del 19 de marzo último, artículo CXXV, con base en el

oficio N° 1083-CA-98 de esa fecha, suscrito por el Lic. Luis A. Barahona
                                   56

Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, se acordó, autorizar la

entrega del vehículo el cual ya se había designado como parte de pago

a la Empresa Purdy Motor S.A., y poner los hechos antes indicados en

conocimiento de la Dirección General del Organismo de Investigación

Judicial, para que levantara la información correspondiente en virtud de

las circunstancias en que fue reparado el vehículo placas N° 191967,

conocido internamente con el N° 174.

      La Licda Lineth Saborío Chaverri, Directora General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 923-98-DG de 13 del mes en curso,

manifestó lo siguiente:

             “En atención al acuerdo tomado por sus estimables
       personas en la sesión N° 22-98 celebrada el pasado 19 de
       marzo en curso, artículo CXXV, me permito informarles lo
       siguiente:
             La Secretaría General de este Organismo el 14 de
       agosto de 1997, ordenó la apertura del expediente
       administrativo disciplinario N° A.I. 390-97(7) con el fin de
       investigar todo lo relacionado con la aparente
       irregularidad cometida en cuanto a la reparación, en el
       Taller Isauro Murillo ubicado en Tilarán, provincia de
       Guanacaste, el vehículo oficial N° 174 asignado a la
       Delegación Regional de Limón.
             Cabe destacar que dicho expediente en la
       actualidad se encuentra a cargo de esta Dirección
       General, habiéndose individualizado como encausado, el
       25 de setiembre de 1997, al Lic. Juan Carlos Benavides
       Moraga. Sin embargo, como dicho servidor se encuentra
       disfrutando de una beca fuera del país, la tramitación del
       expediente se encuentra suspendida hasta que se
       reintegre a sus labores, esto es con el fin de no causarle
       indefensión al cuestionado y por ende, no violar el
       principio constitucional del debido proceso”.
                                    -0-
                                    57

      Se acordó: Tomar nota.

                              ARTÍCULO XLV

      En sesión del 24 de marzo último, artículo CVII, previamente a

resolver lo que corresponda, se dispuso trasladar copia de las diligencias

al Jefe de la Sección de Cárceles y Transportes del Organismo de

Investigación Judicial, para que rindiera el correspondiente informe sobre

las manifestaciones que hizo el señor Raúl Porras Ramos, servidor de ese

Despacho, quien da cuenta que los empleados de esa oficina deben

realizar giras sin los viáticos respectivos, los que son sufragados por sus

propios medios, les son reconocidos muchos días después al solicitar su

pago, son atendidos en forma altanera por la señora Guiselle Toruño

Gómez, encargada de esa labor.

      El Lic. Luis Enrique Arias Muñoz, Jefe interino de la Sección de

Cárceles y Transportes del Organismo de Investigación Judicial, en oficio

N° 305-CT1-98 de 13 de los corrientes, manifestó:

       “En relación con acuerdo tomado en sesión celebrada el
       24 de marzo último, artículo CVII, por ese honorable
       Consejo Superior.

       Me refiero de la siguiente forma:
       A) Es cierto que en algunas ocasiones, los servidores de
       esta Sección realizan giras a diferentes lugares del país, sin
       el adelanto de los viáticos, pero esta situación no se debe
       a disposiciones antojadizas de la Jefatura ni mucho menos
       de la persona encargada de la caja chica, sino que
       obedecen al elevado número de giras que en esta
       Sección se realizan a diario lo cual aunado al gran número
       de servidores con que cuenta la misma hacen imposible
       el poder pagar en forma adelantada los viáticos a cada
                             58

uno de ellos, en virtud de giras que deban realizar. Sin
embargo en no pocas ocasiones se ha adelantado el
dinero correspondiente principalmente en aquellos casos
en los que la gira consume varios días, tal es el ejemplo de
dos giras recientes a Puerto Limón en las que participó el
recurrente y en las que según boleta No. 335333 se le
adelantan ¢13.800.00, de igual manera el mismo mes de
marzo en boleta de adelanto de viáticos se le adelantan
¢6.300.00, también según boleta No. 34101 se le adelantan
¢1.900.00 por concepto de gira a Pérez Zeledón, de esta
manera demuestro que no es cierta su aseveración de
que al solicitar el pago oportuno éste no se dá, pues reitero
se procede conforme a las posibilidades de dinero que se
tengan en el momento.

B) No es cierto que se paguen viáticos muchos días
después de realizadas las giras pues lo normal es que sean
cancelados el mismo día que se presenta la liquidación y
en algunos casos dos días después en razón de algún
atraso que se pudiera originar en el Departamento de
Financiero Contable, (recordar que este departamento
gira los cheques, los días martes y jueves de cada
semana). Lo que no comprenden algunos servidores de
esta Sección es que el dinero de los viáticos se obtiene de
fondos Públicos y es por ello que debemos ser sumamente
celosos de los mismos, no es cierto que la señora Guiselle
Toruño Gómez se moleste por el cobro de los viáticos, lo
que sucede es que ella solicitó a esta Jefatura que se
presente el borrador de liquidación en la mañana y será
cancelada en la tarde, en tanto halla dinero, con esta
medida se obtiene tiempo para la debida revisión del
borrador que nos es presentado a fin de constatar que los
datos que en el mismo se indican sean veraces, puesto
que en la última Auditoría que se le hizo a la Caja Chica
según oficio 1216-314-AF-97, suscrito por el Licenciado
Rodolfo Fonseca Rojas, Jefe de la Sección de la Auditoría
Financiera, señala entre otras cosas lo siguiente: “ que en
algunas liquidaciones el pago no procedía, porque los
datos brindados por algunos funcionarios eran divergentes
entre la información que presentaba la liquidación de
gastos de viaje con el control de entrada y salida de
vehículos que mantienen los guardas, es por esto que
desde el momento en que se nombra la señora Toruño
Gómez, a partir de marzo de este año, se procede a
                             59

cumplir con las recomendaciones del citado estudio de
Auditoría, que dice textualmente “ La jefatura de Sección y
el encargado de la Subcaja Chica en mención deben ser
más cuidadosos al momento de autorizar y cancelar las
liquidaciones de Gastos de Viaje, de manera que se
examine y verifique detalladamente, al momento de
ejecutar alguna erogación, que el mismo se ajuste
estrictamente a lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viaje y de Transporte para funcionarios Públicos. Ello en
vista de que hubo casos en que se realizó la autorización
y pago correspondiente de algunos beneficios por pago
de viáticos los cuales no eran procedentes. Verificar, que
las liquidaciones de Gastos de Viaje que se presentan
para su trámite y pago correspondiente contengan
detalladamente los distintos lugares que visitó el
funcionario que realizó la gira. Lo expuesto, con el
propósito de que se cumpla estrictamente con lo que
estipula el artículo 9 del Reglamento de Gastos de Viaje,
especialmente en su inciso g)”

Estas recomendaciones y otras más que se citan en el
referido informe han sido puestas en práctica por la citada
funcionaria, en aras de cumplir con las indicaciones de la
Auditoría Judicial y lo establecido en el Reglamento de
Cajas Chicas, a fin de no incurrir nuevamente en los errores
que habían sido detectados en el citado estudio de
Auditoría, errores que se producían por las exigencias de
algunos funcionarios al pretender que le fueran
cancelados sus viáticos sin la respectiva revisión e incluso
en borrador, sin tomar en cuenta las consecuencias que
esto acarrearía al Jefe de Oficina como al encargado de
la Caja Chica.

C) En relación con su denuncia de que a la fecha (24 de
marzo del año en curso, se le adeuda los viáticos por una
gira a San Carlos, debo indicar lo siguiente, obsérvese que
el día en que realizó dicha gira fue jueves 12, el día viernes
13, el señor Porras y su compañero de viaje Alexander
Bolaños Córdoba presentan la Liquidación, el señor
Bolaños procede al cobro respectivo el mismo día en la
tarde no así el señor Porras Ramos, (se adjuntan fotocopias
de las liquidaciones enviadas a Financiero Contable para
el respectivo reintegro, donde        consta que al señor
Alexander Bolaños, cobró el mismo día, por lo que se
procedió a enviar a financiero contable, mientras que la
                             60

liquidación del señor Raúl Porras se envía en la posterior
liquidación que es enviada a Financiero Contable para el
reintegro correspondiente, ya que el no se presentó a
cobrar, sino que lo hace días después, es importante
aclarar que los días 16, 17 y 18 el citado servidor laboró en
el Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, en
vista de que la ambulancia de esa Delegación se
encontraba averiada. El horario del recurrente iniciaba
antes y concluía después de las horas hábiles de esta
oficina, lo que le imposibilitaba presentarse a la misma a
fin de realizar el cobro de las liquidaciones respectivas. El
día en que el recurrente se presenta en esta oficina y se
dirige a la señora Toruño, lo hace gesticulando con sus
dedos en señal de dinero y expresando la siguiente frase
“Hay, como me diga que no hay plata”, a lo que la
señora Toruño le responde “si tengo que decirle cuanto
hay en efectivo, o si no hay dinero se lo digo” . Acto
seguido la señora Toruño procede a revisar lo que había
pendiente de pago y observa que a su favor esta la
liquidación de la Gira a San Carlos de fecha 12 y dos que
él presenta en ese momento, por lo cual la encargada de
la Caja Chica le consulta al señor Porras que cuál quiere
que le cancele, si la que esta pendiente de pago o las
que esta presentando ya que no alcanzaba para
cancelarle todas las liquidaciones, ante la pregunta el
señor     Porras manifestó su conformidad con que se le
cancelara la de mayor monto que corresponde a
¢3.100.00 no sin antes manifestar su negativa a realizar giras
en tanto no se le cancelara la totalidad de lo que se le
adeudaba. De este diálogo fue testigo la compañera de
oficina Gladys Piedra.

D) Tal y como lo acepta en su nota el recurrente, el día 19
de marzo le fue programada una gira a Puntarenas y éste
se niega a realizarla por no podérsele adelantar los viáticos
correspondientes, además acevera que me molesté y lo
amenacé con acusarlo. Dicha afirmación me extraña
sobremanera ya que el señor Porras, después que la
señora Toruño Gómez, le cancelara la liquidación, se dirige
a mi oficina y en forma cortés me manifiesta que sin
viáticos no hará ninguna gira, el diálogo que el suscrito
mantuvo con el señor Porras fue en todo momento
educado, ambos expusimos nuestros puntos de vista y de
manera alguna pretendí obligar mediante amenaza al
                             61

señor recurrente a que realizara la gira que por rol le
correspondía, sí le manifesté en forma personal y
posteriormente a nivel general en una reunión que
celebramos pocos días después, las razones por las que no
era posible en todos los casos, proceder al pago
adelantado de viáticos y en virtud de que la mayoría del
personal comprende la situación y entiende además que
se hacen esfuerzos de índole administrativo para no
atrasar más allá de lo necesario el pago de las citadas
liquidaciones, manifesté y consta en actas del libro de
reuniones que cada vez que un servidor se niegue a
realizar una gira por el motivo que sea me lo haga saber
por escrito, para luego de varias negativas estudiar si éstas
se deben a: 1) la falta de pago de los viáticos por
adelantado. 2) Giras a lugares poco agradables. 3) Si en
ciertos lugares como por ejemplo la Zona Sur no importa
que no haya pago adelantado de viáticos u otras
ventajas. Para de esta manera poder determinar la
constante negativa y así establecer si procede la exclusión
del rol de giras de algunos servidores que constantemente
están cuestionando por una u otra razón las personas que
van a las giras, así como la hora de salida, el adelanto de
viáticos, si es procedente o no el regreso el mismo día, sin
tomar en cuenta las necesidades que tenga la Sección en
materia de vehículos para traslado de personas privadas
de libertad etc. (en fin para poder programar una gira
existen funcionarios que pretenden que la Jefatura les
consulte el visto bueno para la realización de la misma). Es
posible que me haya molestado por cuanto soy una
persona responsable de mis actos y he llegado a esta
Sección con el propósito de sacarla del estado de
conformismo en que se ha mantenido por mucho tiempo y
la mejor manera de lograrlo es cumpliendo a cabalidad
con el cometido que a esta Sección le ha sido señalado,
así entonces el que un subalterno que tiene años de
trabajar para esta Sección y que conoce perfectamente
las implicaciones que origina la no presentación en forma
puntual de un privado de libertad a debate, se niegue a
realizar sus funciones sin importar las implicaciones que su
negativa ocasione, máxime entratándose de juicios que
han sido programados con suficiente antelación para que
los Defensores, Fiscales, Jueces, Imputados y Testigos
participen del mismo, esto pudo haber originado mi
molestia misma que reflejé no con malacrianza ni altanería
                             62

sino más bien como una profunda decepción de algunas
personas como es el caso de la persona que nos ocupa
quien me ha manifestado en varias ocasiones su profundo
aprecio por la Sección de Cárceles y Transportes.

C) Desde que fui nombrado en esta jefatura observé el
problema de marras y fue por ello que solicite el aumento
del monto de la caja chica el que en la actualidad es de
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL COLONES, (el aumento
aprobado fue de ochenta y cinco mil colones), sin
embargo el incremento en cuanto a traslados de
cadáveres es notable, así como la presentación de
personas privadas de libertad al Complejo de Ciencias
Forenses ubicado en San Joaquín de Flores, lo que
ocasiona el pago constante y diario de viáticos.

Con lo anterior doy respuesta dentro del tiempo señalado
lo que se me ha solicitado por parte de ese Honarable
Consejo, y en forma respetuosa solicito que sea retomado
la recomendación señalada en el estudio de Auditoría
supracitado en el que se recomienda que los choferes de
“ambulancias morgueras”, dependan funcional y
administrativamente de la Subadministración del Complejo
de Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, con lo cual
se daría una mejor programación en lo que respecta al
traslado de cadáveres pero principalmente la devolución
de los mismos por cuanto los patólogos se podrían
programar de la mejor manera con sus autopsias de
manera tal que se aprovechen los viajes a zonas alejadas
del país trasladando la mayor cantidad de cadáveres en
cada viaje, debo agregar que en su momento el traslado
de este personal no funcionó adecuadamente por cuanto
el Dr. Del Valle Carazo debía supervisar los roles de servicio
y otros menesteres propios del área de Administración sin
embargo existiendo en la actualidad un Subadministrador
como indiqué arriba éste podría hacerse cargo del
personal ya citado, el cual origina la mayor cantidad de
pago de viáticos con esto lograríamos que el dinero de
caja chica mantenga liquidez en el saldo a favor, y en la
mayoría de los casos se podría proceder al pago
adelantado de viáticos para el personal encargado de
traslado de personas privadas de libertad.

Finalmente me preocupa en demasía la consulta final que
                                    63

       hace el recurrente a ese Honarable Consejo donde solicita
       que en forma expresa se le responda si están obligados a
       realizar las giras sin viáticos, pues según sea la respuesta
       que le sea dada y con los recursos económicos con que
       cuenta esta Sección en la actualidad no sería posible
       brindar el servicio al que estamos obligados, en forma
       eficiente.

       Nota: Se adjuntan copias fotóstaticas de dos liquidación
       de fecha 19 de marzo del año en curso, y dos del 13 del
       mismo mes, así como adelantos de viáticos Números 33533
       por un monto de ¢13.800 por concepto de gira a Limón,
       33538 por monto de ¢6.300 por concepto de otra gira a
       Limón así como la número 34101 por un monto de ¢1900
       con concepto de gira a Pérez Zeledón. (las anteriores
       anticipos a manera de ejemplo, pero existen muchos más).

       Además se adjunta copia de la circular Número 09-98,
       enviada por esta Jefatura a todo el personal que cobra
       viáticos en esta Sección”.
                                  -0-

      Se acordó: Trasladar el anterior informe a la Dirección Ejecutiva,

para que proceda a realizar un estudio para que se incremente el monto

de la caja chica de ese Despacho, y         que busque una solución al

problema que se da con la persona encargada del pago de los viáticos,

específicamente    para que en horas inhábiles pueda entregar esos

anticipos.

ESCUELA JUDICIAL
                              ARTÍCULO XLVI

      En sesión del 13 de noviembre del año pasado, artículo XXIV, se

dispuso aprobar el plan de trabajo de la Escuela Judicial, para el

presente año.

      En oficio N° 406-EJ-98 de 14 del mes en curso, el Lic. Wilberth Arroyo
                                     64

Álvarez, Director de la Escuela Judicial, manifestó lo siguiente:

       “Solicitamos respetuosamente se realicen los siguientes
       cambios en los cursos que se dirán por razones de
       conveniencia y oportunidad.
       Excluir del Curso de Locución 1 y 2, del 16 de abril al 27 de
       agosto a Javier Quesada Quesada, cédula N° 1-739-219.
       Excluir del Curso Primero de Escopeta, del 13 al 17 de abril
       a Fernando Lens Molina, cédula N° 6-160-109.
       Incluir en el Curso Primero de Escopeta, del 13 al 17 de
       abril a Emilia Damazzio Solano, cédula N° 1-557-419.
       Dichos cursos son parte del Plan de Trabajo de la Escuela
       Judicial para 1998, aprobado por el Consejo Superior en la
       sesión N° 90-97 del 13 de noviembre de 1997, artículo XXIV.
       Solicitamos aprobar los cambios de las personas arriba
       mencionadas bajo las mismas condiciones del resto de los
       participantes”.
                                   -0-

      Se acordó:     Acoger la anterior solicitud y aprobar los cambios

citados en igual condición que el resto de los participantes.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán

nota para lo de sus cargos.

                              ARTÍCULO XLVII

      En sesión del 2 de abril en curso, artículo XLIII, se aprobó el curso de

Locución 1 y 2 auspiciado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, a

realizarse en las instalaciones de la Cámara Nacional de Radio, dirigido a

personal de radio y otro de tipo administrativo que por su labor deben

manejar una buena expresión y tono de voz.

      El Lic. Wilberth Arroyo Álvarez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° 399-EJ-98 de 13 del presente mes, manifestó:

       “Solicitamos respetuosamente inclusión de los señores
                                     65

       Miguel Rodríguez Pagani, cédula N° 4-119-201 y Juan
       Quirós Madrigal, cédula N° 7-056-802, en el Curso de
       Locución 1 y 2 auspiciado por el INA (Instituto Nacional de
       Aprendizaje), el cual se impartirá del 16 de abril al 27 de
       agosto, los días jueves únicamente en la segunda
       audiencia. Según el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial
       para 1998, aprobado por el Consejo Superior en la sesión
       N° 90-97 del 13 de noviembre de 1997, artículo XXIV.
             Específicamente este curso fue aprobado en la sesión
       del Consejo Superior del 2 de abril del corriente, artículo
       pendiente. (Oficio de la Escuela Judicial N° 371-EJ-98, del
       1° de abril de 1998).
       Solicitamos la inclusión de las personas arriba
       mencionadas bajo las mismas condiciones del resto de
       participantes”.
                                   -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud e incluir las personas citadas

en el mencionado curso, en iguales condiciones que el resto de los

participantes.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán

nota para lo de sus cargos.

                              ARTÍCULO XLVIII

      La Licda Ileana Guillén Rodríguez, Subdirectora de la Escuela

Judicial, en oficio N° EJ-401-98 de 13 de los corrientes, en cumplimiento

del Plan de Trabajo para 1998, somete para su respectiva aprobación, el

programa del Curso sobre el Taller de Perspectiva de Género, Escuela

Judicial-ILANUD, a realizarse 27, 28 y 29 de abril y del 18 al 20 de mayo del

presente año, a saber:

                       “TALLER DE PERSPECTIVA DE GENERO
                            ESCUELA JUDICIAL-ILANUD
                    27, 28 y 29 de abril y 18, 19 y 20 de mayo.
                             66


I-INTRODUCCIÓN
      Este curso será dirigido al personal del Poder Judicial,
tanto de órganos administrativos, jurisdiccionales y órganos
auxiliares de la administración de justicia, de las provincias
de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Se considera
importante capacitar a un grupo de profesionales en
distintas áreas de la administración de justicia, en la
interpretación y aplicación de las leyes con una perspectiva
de género, para generar dentro de la institución para la
cual trabajan, una conciencia individual y colectiva
sensible a los derechos de las mujeres.
      Con este curso se pretende llevar a cabo una tarea
primordial, consistente en permear con la perspectiva de
género, precisamente a quienes se les ha entregado la
misión de velar porque los principios y valores de la
demogracia, la paz y los derechos humanos se cumplan y
respeten, entre ellos los jueces y juezas y en general el
personal profesional de la administración de justicia. De ahí
la importancia de que los funcionarios judiciales estén
capacitados para lograr la correcta aplicación de la
legislación con una verdadera perspectiva de género.
II- OBJETIVOS
1- Sensibilizarse acerca de la discriminación que sufren las
mujeres.
2- Descubrir el alcance que tienen los procesos de
generalización en los distintos componentes del fenómeno
jurídico.
3- Introducir la perspectiva de género en la interpretación y
aplicación de la ley.
4- Crear conciencia sobre el rol activo que les corresponde
a las personas que administran justicia en la eliminación de
toda forma de discriminazación.
5- Contar con una guía para facilitar procesos de
capacitación a través de talleres sobre derecho y violencia.
6- Contribuir a la denuncia y erradicación de la violencia
que se ejerce contra las mujeres.
III- COORDINACIÓN
Lic. Otto González Vílchez
Abogado Escuela judicial
IV- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
El curso se realizará en dos fases, en las siguientes fechas;
I- Fase: 27, 28 y 29 de abril
II- Fase: 18, 19 y 20 de mayo.
                                  67

      El curso se realizará en las instalaciones de la Escuela
      Judicial, aula 4.
      V- CRONOGRAMA

      VI- PARTICIPANTES

Ricardo González Mora.       Tribunal Superior de Familia
Ana Mª Trejos Zamora.        Tribunal Superior de Familia
Eva Mª Camacho Vargas.       Juzgado I de Familia
Sandra Aguilar Piedra.       Juzgado II de Familia
Aracelly Solís Marín.        Juzgado de Familia de Alajuela
Valeria Arce Ihabajaen.      Juzgado de Familia de Cartago
María E. Brenes Villalobos.  Juzgado de familia de Heredia
Lilliam Gómez Mora.          Fiscalía de Violencia Doméstica
Mayela Pérez Delgado.        Fiscalía de Violencia Doméstica
Aisha Rodríguez León.        Juzgado Civil y de Trabajo Heredia
Reynaldo Vosman Roldán.      Juzgado de Trabajo Goicoechea
Alexander Godínez Vargas     Juzgado de Trabajo Goicoechea
Ricardo Montes Guevara.      Juzgado I de Pensiones Alimentarias
Xiomara Sequeira Quirós      Administradora Juz. de Transito S.J
Magda Días                   Letrada Sala Primera
Luis Hector Amoretti Orozco  Letrado Sala Segunda
Helena Ulloa Ramírez         Letrada Sala Tercera
Nancy Hernández López        Letrada Sala Constitucional
Roxana Ulate Zamora          Tribunal de Juicio de Alajuela
Eva María Alvarado Rodríguez Trabajadora Social San Ramón
Digna L. Aguilar B.          Traba. Social Juz.I de Familia
Francisco Bolaños Montero    Juez Civil y de Trabajo San Carlos
Ronald Lin Ching Céspedes    Departamento de Trabajo Social
Rosaura Chinchilla Calderón Tribunal de Turrialba.
Allan Gaitan López           Juez de Familia y P. J. Perez Zeledón
Mercedes Paniagua Hidalgo Trabajo Social de Alajuela
Rocío Ramírez Leitón         Trabajo Social II Circuito Judicial.
Kattia Ballestero Pernudi    Defensa Pública
Orlando Vargas Chacón        Defensa Pública
Ileana Guillén Rodríguez     Subdirectora Escuela Judicial
Ricardo Chacón Cuadra        Juzgado Civil de Hacda de Asuntos
Sumarios

VII- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

      Se solicita a este Consejo, si a bien lo tienen, otorgar a los
funcionarios que participarán en el curso, permiso con goce de salario,
ayuda económica, y el nombramiento de suplentes, en los casos que
                                     68

corresponden.
       Adjunto certificación emitida por el Departamento de Financiero
Contable, donde avala que existe contenido presupuestario para la
realización del curso”.

                                    -0-

      Se acordó: Aprobar la lista de participantes, para que asistan a la

actividad que se ha dado cuenta, en las fechas indicadas, a cuyos

efectos se les concede permiso con goce de salario, suplencia y ayuda

económica de ¢3.000.00. diarios en los casos necesarios, de conformidad

con lo dispuesto en la sesión del 4 de marzo de 1997, artículo CII.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán

nota para lo de sus cargos.

AUDITORÍA JUDICIAL

                              ARTÍCULO XLIX

      Por oficio N° 252-67-AF-98 de 3 de los corrientes, el Lic. Hugo

Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, remite el estudio realizado por

la Sección Auditoría Financiera de ese Despacho, en relación con la

evaluación de los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones de los

empleados del Poder Judicial, concernientes a los años 1995 y 1996, así

como algunos aspectos generales del año 1997, y que avala en todos sus

extremos los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio en

mención.

      Se acordó:    Tener por rendido el estudio anterior y trasladarlo a

conocimiento del Magistrado Aguirre, Presidente de la Comisión
                                    69

encargada de los asuntos del Fondo de Jubilaciones de los empleados

del Poder Judicial.

INSPECCIÓN JUDICIAL

                               ARTÍCULO L

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario de la Inspección

Judicial, con oficio N° 1677 de 31 de marzo último, remite fotocopia del

Acta de Visita levantada en el Juzgado Agrario del Segundo Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, a las 13:00 horas del 17 de ese mes,

por los Licdos. Rodrigo Flores Garrido y Javier Vargas Araya, Inspectores

Judiciales Auxiliares.

      Se acordó: Tomar nota.

                               ARTÍCULO LI

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario de la Inspección

Judicial, con oficio N° 1676 de 31 de marzo último, remite fotocopia del

Acta de Visita levantada en el Juzgado de Tránsito del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, a las 8:00 horas del 18 de ese mes, por los

Licdos. Rodrigo Flores Garrido y Javier Vargas Araya, Inspectores

Judiciales Auxiliares.

      Se acordó: Tomar nota.

                               ARTÍCULO LII

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario de la Inspección

Judicial, con oficio N° 1692 de 31 de marzo último, remite fotocopia del
                                     70

Acta de Visita levantada en el Juzgado Civil de Heredia, a las 13:00 horas

del 18 de ese mes, por el Lic. Dennis Ubilla Arce, Inspector Judicial

Auxiliar.

       Se acordó: Tomar nota.

                                ARTÍCULO LIII

       En oficio N° 1675 del 31 de marzo pasado, los Licdos. Jorge

Rodríguez Rodríguez, Guillermo Morales Montoya y Guido Romero Zúñiga,

Inspectores Generales Judiciales, remiten oficio de la Defensoría de los

Habitantes N°DHR-9801391-98 de fecha 11 de febrero último, el que

literalmente dice:

        “El 24 de diciembre de 1997 se le notificaron mediante el
        oficio N° DHR-15357-97 las consideraciones de esta
        Defensoría en relación con las denuncias por
        hostigamiento sexual tramitadas ante las distintas
        dependencias del Sector Público. En particular, hicimos
        referencia al proceso administrativo incoado por la Sra.
        Lina Mabel Cordero Trejos contra el funcionario Carlos
        Campos Campos, Jefe de la Sección de Comunicaciones
        del Departamento de Servicios Generales del Poder
        Judicial.
              En dicha ocasión anotábamos que de acuerdo con
        lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley contra el Hostigamiento
        Sexual en el Empleo y la Docencia, las instituciones deben
        remitir el resultado del procedimiento administrativo. El
        sentido de esta disposición es que exista un órgano externo
        que brinde control y seguimiento al trámite de la
        denuncia. Precisamente, la Defensoría de los Habitantes
        de la República, a través de la Dirección de la Defensoría
        de la Mujer se encarga de velar porque no exista
        discriminación en contra de las mujeres, y ofrece apoyo y
        asesoría a las personas denunciantes.
              Sin embargo, hemos constatado que en forma
        reiterada el Poder Judicial remite el informe final de los
        procedimientos administrativos que emprende en este tipo
                                    71

       de denuncias, lo que obviamente impide a este
       Defensoría valorar el trámite desde el momento en que se
       presenta la denuncia, es por esta razón que le hemos
       solicitado ajustarse a lo dispuesto en la Ley contra el
       Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
             Dado que hasta el momento no consta en los registros
       de nuestra institución respuesta alguna en la que se
       informa de las medidas a emprender para resolver esta
       situación, y en razón de que la presentación de dicho
       informe es una obligación establecida por el Art. 32 del
       Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes
       de la República. (Decreto Ejecutivo N° 22266-J del 15 de
       junio de 1993), se le solicita atentamente que dentro de los
       cinco días hábiles siguientes al recibo de             esta
       comunicación se sirva remitir su respuesta sobre el
       particular”.

                                   -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Tener por

presentada la anterior gestión y pasarla a estudio individual de los

Miembros de este Consejo, y comunicarle a la señora Defensora de los

Habitantes, que conforme se le ha reiterado en diferentes acuerdos debe

estarse a lo resuelto por la Corte Plena en la sesiones celebradas el 8 de

noviembre de 1993, artículo XLIII y 9 de junio de 1997, artículo XVII,

respectivamente, de los cuales se le remitirá copia.

                              ARTÍCULO LIV

      Se tomó nota de la resolución dictada por el Tribunal de la

Inspección Judicial, en aplicación del régimen disciplinario, comunicada

mediante oficio N° 1735 de 13 de los corrientes, en que se le impuso la

corrección disciplinaria de Advertencia a la señora Vilma Chaves

Huertas, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional y de Menor
                                     72

Cuantía de Santo Domingo de Heredia, porque remitió tardíamente el

informe de labores de ese Despacho, correspondiente al tercer trimestre

del año pasado.

                               ARTÍCULO LV

      Se tomó nota de los oficios N°s 1727 y 1740 de 13 de los corrientes,

referente a las actas de visita levantas en el Juzgado Civil, Trabajo, Famiia

y Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y del

Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Limón, respectivamente.

ASUNTOS VARIOS

                               ARTÍCULO LVI

      En facsímil de 2 de este mes, los Licdos. Gilbert Bonilla M. y Walter

Salazar Ch., funcionarios del Registro Nacional, debido a la creación del

nuevo sistema de informática en el Registro de Bienes Muebles, solicitan

para actualizar la base de datos, la nueva nomenclatura de los

despachos judiciales en virtud de la reciente Ley de Reorganización

Judicial.

      Se acordó: Tomar nota y proceder como se solicita por lo que la

Secretaría General deberá remitir la lista con la nueva nomenclatura de

los despachos judiciales, al Registro Nacional.

                               ARTÍCULO LVII

      En la sesión celebrada el 16 de diciembre de 1997, artículo LXII, se

tomó nota de lo resuelto por la Junta Administrativa del Registro
                                    73

Nacional, en que dispuso que los diferentes Registros que conforman la

Institución no tramitarían a partir del 1° de febrero de este año las

solicitudes de certificación y los mandamientos enviados por correo

emitidos por los diferentes Despachos Judiciales en los procesos a

instancia de parte, exceptuados los de la materia penal, cuyo impulso es

de oficio, y se dispuso también que debían incluirse los de las materias

laboral, de familia a agraria; en lo que respecta a la materia civil se

devolverían a los despachos respectivos para su trámite.

      En facsímil de 31 de marzo último, recibido el 2 de los corrientes, la

Licda. Sonia Álvarez González y el Lic. Luis Fernando Saúrez Jiménez,

Jueza Segunda Civil y de Trabajo y Juez de Menor Cuantía de

Puntarenas, respectivamente, manifiestan lo siguiente:

        “... en cuanto a los Mandamientos Judiciales , se dispuso
      devolver éstos a los despachos de origen cuando se trata de
      asuntos de materia civil. No obstante, en la Titulaciones de
      Vivienda Campesina, que es materia civil, se establece en la
      Ley que regula éstas, número 176154 del veinticinco de
      noviembre de 1977, reformada por la Ley Número 6244 del
      dos de mayo de 1978, en su numeral 17: Todas las
      actuaciones judiciales o administrativas que hayan de
      practicarse con arreglo a esta ley, se harán en papel común
      y con exención total, para el titulante, de honorarios,
      derechos, tasas y timbres de cualquier especie; por lo que
      respetuosamente solicitamos se nos aclare este punto, en el
      sentido de si en este caso también, en las Diligencias de
      Titulación de Vivienda Campesina los despachos deben de
      abstenerse de enviar de oficio, por correo las solicitudes de
      las certificaciones necesarias para dar el trámite
      correspondiente a estos asuntos.”
                                   -0-

      Se acordó: Comunicar a los funcionarios interesados que al estar
                                       74

las diligencias de titulación de vivienda campesina exentas de impuestos

y tasas pueden ser enviadas por correo, para que se de el trámite que

corresponda a este asunto. Comuníquese al Registro Nacional.

                                  ARTÍCULO LVIII

      En nota de 24 de marzo anterior recibida el 2 de este mes, un grupo

de Guardas del Departamento de Vigilancia y Seguridad solicitan que se

haga un estudio a ese Despacho, ya que han sido sometidos a mucha

presión por parte del nuevo Jefe del Departamento, han solicitado

ayuda en el EQUINTER y a la fecha no tienen ningún cambio. También

indican que existe mucho desorden en la parte administrativa.

      Manifiesta el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que la

Licda.   Ana   Luisa   Esquivel    Monge,   Psicóloga   Clínica del   Equipo

Interdisciplinario de Atención en Salud Mental y Ocupacional (Equinter),

en nota N° 082-EQ-98 de 25 de marzo último, le informó que en virtud de

la reunión efectuada con personal del Departamento de Vigilancia y

Seguridad y de la Dirección Ejecutiva, ante los resultados obtenidos,

considera técnicamente procedente profundizar en el estudio de la

dinámica interna de ese Departamento, mediante la realización de

entrevistas individuales a la totalidad del personal, para cuyos efectos la

Dirección Ejecutiva tomó nota de la labor a realizar por el EQUINTER en el

mencionado despacho, quedando a la espera de los resultados del

estudio diagnóstico.
                                     75

      Se acordó: Tomar nota de las anteriores manifestaciones y solicitar

al Equipo Interdisciplinario de Atención en Salud Mental y Ocupacional

(Equinter), realice las sesiones de entrevista individuales a todo el personal

del citado Departamento y una vez realizado el estudio se pondrá en

conocimiento de los interesados, para resolver oportunamente lo que

corresponda.

                                ARTÍCULO LIX

      En nota de 1° de abril en curso, el señor Jesús Leal Ruiz, Conductor

de Detenidos de la Sección de Cárceles y Transportes del Organismo de

Investigación Judicial, solicita aprobación para llevar a cabo           una

colecta a nivel judicial con el fin de sufragar los gastos que en vendas

especiales debe hacer el compañero Otoniel Orias Chavarría, para su

hijo de dos años que sufrió quemaduras con agua hirviendo en todo su

cuerpo.

      Se acordó:     Acoger la anterior solicitud, la que se pondrá en

conocimiento del Departamento de Información y Relaciones Públicas

para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO LX

      El señor Carlos Fernández Castro, en un amplio memorial recibido

el 2 del presente mes, por las razones que indica, establece proceso para

el cobro de daños y perjuicios por error grave en el desempeño de sus

funciones de un empleado judicial.
                                    76

      Se acordó: Denegar la petición de pago que solicita don Carlos,

con base en el criterio emitido por la Sección de Asesoría Legal de la

Dirección Ejecutiva en la sesión del 24 octubre de 1996, artículo LI, que en

lo conducente dice:

       “...Para que el Poder Judicial (Estado) sea responsable
       solidario por los daños causados por un servidor con
       ocasión del ejercicio de la actividad jurisdiccional, se
       requiere que exista una ley previa que establezca dicha
       responsabilidad. Como se dijo, en nuestro ordenamiento
       jurídico únicamente existe la responsabilidad solidaria del
       Estado con ocasión del ejercicio de la función
       administrativa. Aceptar que el Estado es responsable
       solidario por los daños reclamados -originados en la
       actividad jurisdiccional- sería violar el principio de
       legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General
       de la Administración Pública”.

                               ARTÍCULO LXI

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 281-DP-98, comunica que la Comisión de

Modernización en la sesión celebrada el 25 de marzo en curso, acordó:

       “Recomendar al Consejo Superior se publique una circular
       para los servidores judiciales, en la que se les haga ver que
       toda solicitud, oficio o informe que se elabore debe ser
       tramitado o canalizado primero ante su superior jerárquico;
       cumpliendo ese orden jerárquico, si el caso lo amerita, lo
       remitirá al Presidente de la Corte, quien lo evaluará y le
       dará el trámite correspondiente.”
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, asimismo que la Secretaría

General emita una circular poniendo en conocimiento de los servidores

judiciales, en la que se les haga ver que toda solicitud, oficio o informe
                                    77

que se elabore debe ser tramitado o canalizado primero ante su superior

jerárquico.

                              ARTÍCULO LXII

      El Lic. Roberto Vargas Villalobos, Fiscal de Grecia, en facsímil de 2

de abril en curso, en virtud del exceso de trabajo que tiene esa Oficina,

solicita que se autorice el traslado en calidad de préstamo de al menos

un servidor del Juzgado Penal de esa ciudad por espacio de tres meses o

más, en razón que con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal

ese Juzgado mantiene un bajo volumen de trabajo, y personal ocioso.

      Se acordó: Acoger la solicitud del Lic. Villalobos, en consecuencia

se autoriza el traslado en calidad de préstamo de un servidor del

Juzgado Penal de ese lugar, por el plazo de tres meses a fin de que

colabore en ese Despacho, por el motivo arriba mencionado.

                              ARTÍCULO LXIII

      El Lic. Róger León Zárate, Juez Contravencional y de Menor Cuantía

de Palmares, en facsímil de 3 del presente mes, solicita que se suspenda

el disfrute de vacaciones de la señora Milagro Vargas Segura, Auxiliar

Judicial 1 de ese Despacho, del 13 de los corrientes al 5 de mayo

próximo, debido a que actualmente doña Milagro sustituye a la señora

María Cecilia Abarca González, Auxiliar Judicial 3, quien se encuentra

incapacitada.

      Se acordó:    Acoger la anterior solicitud.   El Departamento de
                                    78

Personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO LXIV

      En oficio N° 015 de 30 de marzo último, el Lic. Mauricio Silva

Alvarado, Juez Penal de Golfito manifiesta lo siguiente:

              “De acuerdo con el informe N° 1717-PLA-997 del
       Departamento de Planificación, aprobado en sesión de
       Corte Plena N° 42-97 del 15 de diciembre último, y
       ratificado en sesión N° 3-98 del 2 de febrero (circular 05-97
       de 23 de diciembre de la Secretaría General de la Corte),
       “El Juez Penal de Golfito junto con el Juez Penal de
       Corredores, establecerán un rol para que por turno
       atiendan las jurisdicciones de Golfito, Corredores y Coto
       Brus. ...”
              De acuerdo con el imperativo dicho, me permito
       consultar, de manera atenta, si, a su vez, las Agencias
       Fiscales y Oficinas de Defensores Públicos pueden
       establecer su propio turno “con independencia del de los
       juzgados penales”, puesto que no parece conveniente
       que de no haber coincidencia entre los turnos respectivos
       de las oficinas pertenecientes a una misma jurisdicción, el
       Juzgado Penal de ésta preste la disponibilidad, y abra su
       oficina, al paso que la Agencia Fiscal y la Oficina de
       Defensores Públicos de esa jurisdicción no lo hacen
       porque, de acuerdo con sus turnos internos corresponde la
       disponibilidad a sus similares de la otra jurisdicción.
              Ello, como es de ver, implicaría inconvenientes tales
       como que una denuncia con reo preso se reciba y tramite
       en la Agencia Fiscal de una jurisdicción, según el turno
       entre Agencias, pero, una vez indagados los reos, y
       recepcionada la prueba, o solicitadas las medidas, deban
       pasar luego las actuaciones y trasladarse a los detenidos a
       la otra jurisdicción, porque es de ésta y no de aquella, el
       Juzgado Penal disponible, según el turno entre los
       juzgados. La misma situación cabría esperar respecto de
       los defensores.
              En el caso concreto de los Juzgados Penales de
       Corredores y Golfito, ambos despachos se encuentran en
       jurisdicciones distintas y distantes entre sí, por lo que, lo
       deseable es que cada juzgado, cada Agencia Fiscal y
       cada Oficina de Defensores Públicos de una misma
                                     79

       jurisdicción, presten la disponibilidad de modo conjunto,
       en equipo, debiendo entonces prevalecer uno de los
       turnos de esas dependencias a efecto de que el resto las
       adapte al mismo. Como sobre el particular nada se
       dispone en el informe aprobado, y cada dependencia
       (Juzgados, Agencias o Defensores Públicos) pretende
       regirse por su propio turno (interno e independiente), se
       hace necesario definir si el turno establecido por los
       Juzgados Penales debe prevalecer y servir como
       parámetro al turno del resto de las dependencias a efecto
       de que éstas tomen las providencias y adapten su rol al de
       los Juzgados, en cuyo caso, se entiende, los juzgados
       vendría obligados a poner en conocimiento de esas
       oficinas el turno convenido y definitivo para 1998.”

                                    -0-

      El Lic. Erick J. Martínez Trejos, Fiscal Coordinador de Golfito, en

facsímil de 1° de los corrientes expone lo siguiente:


            “En relación al oficio N° 015 de fecha 30 de marzo de
       1998, suscrito por el Lic. Mauricio Silva A. Juez Penal de
       Golfito, debo de indicar que el referido rol de
       disponibilidad presentado a su conocimiento fue
       confeccionado en una forma UNILATERAL, sin contar con
       la aprobación del resto de funcionarios judiciales
       involucrados, entiéndase Fiscalía de Corredores, Fiscalía
       de Golfito, Defensores de Golfito y Corredores y Juez Penal
       de Corredores, siendo que el referido funcionario se tomó
       atribuciones que no le correspondía para elaborar el rol
       presentado.
            No omito manifestar que el rol de disponibilidad y
       turnos entre la Fiscalía de Golfito y Corredores para la
       semana santa se encuentra debidamente establecido y
       coordinado entre los dos fiscales coordinadores, siendo
       que la Fiscalía de Corredores va a compensar cuatro días
       en Semana Santa por cuatro días consecutivos que estuvo
       de turno este despacho (los días 1, 2, 3 y 4 de enero de
       1998).
            Así mismo el suscrito respeta pero no comparte la
       idea o proposición del señor Juez Penal en el sentido de
       que exista la posibilidad de que el rol o turno acordado
                                       80

       entre los jueces penales deba eventualmente prevalecer
       sobre Defensores y Fiscalías; pudiendo cada dependencia
       tener su propio rol y turno sin que se afecte la buena
       marcha de las funciones como a la fecha se ha hecho y
       no se ha presentado inconveniente alguno.
            Por las razones expuestas considero improcedente
       aprobar el rol presentado por el señor Silva, toda vez que
       no ha existido acuerdo alguno y el mismo fue
       confeccionado unilateralmente.”

                                      - 0 -

      Las anteriores comunicaciones se pasaron a estudio e informe del

Lic. Ricardo Monge Bolaños, Abogado Asistente de la Secretaría de la

Corte, quien lo rinde en los siguientes términos:

            Respecto de la consulta planteada por el señor Juez
      Penal de Golfito y la objeción del señor Fiscal, los roles de
      disponibilidad y turnos para los fines de semana, feriados y
      asuetos, fueron claramente definidos por la Corte Plena, lo
      que debe ser de cumplimiento de las dependencias
      judiciales.

                Al respecto tenemos lo siguiente:

      1.    La Corte Plena en sesión N° 42-97 celebrada el 15 de
           diciembre de 1997, artículo XII, en lo que interesa dispuso:

                                  “...ZONA SUR
      1. ÁMBITO JURISDICCIONAL
      1.1. De lunes a viernes, los jueces Penales de Pérez Zeledón,
      Golfito, Corredores y Osa; así como los Contravencionales
      de Buenos Aires y Coto Brus, deberán atender su jurisdicción
      con un horario que irá de las 00:00 a las 07:30 y de las 16:30 a
      las 24:00.
      1.2. Para el caso de los días Sábado, Domingo, Feriados y
      Asueto, el sistema variará de la siguiente forma:
      - [...]
      - El Juez Penal de Golfito junto con el Juez Penal de
      Corredores, establecerán un rol para que por turno,
                               81

atiendan las jurisdicciones de Golfito, Corredores y Coto Brus.
La atención la brindarán de las 00:00 horas del día sábado
hasta las 07:30 horas del día lunes, y en caso de un día
feriado o asueto, de las 00:00 horas de ese día hasta las 07:30
horas del día hábil siguiente.
- El Juez Penal de Osa junto con el Juez Contravencional de
Osa, establecerán un rol para que por turno atiendan su
jurisdicción. La atención la brindarán de las 00:00 horas del
día sábado hasta las 07:30 horas del día lunes, y en caso de
un día feriado o asueto, de las 00:00 horas de ese día hasta
las 07:30 horas del día hábil siguiente.
2. ÁMBITO AUXILIAR - MINISTERIO PUBLICO
2.1. De lunes a viernes, los fiscales asignados a la Fiscalías de
Pérez Zeledón, Golfito, Corredores y Osa, deberán atender su
jurisdicción con un horario que irá de las 00:00 a las 07:30 y
de las 16:30 a las 24:00.
2.2. Para el caso de los días Sábado, Domingo, Feriados y
Asueto, el sistema variará de la siguiente forma:
- [...]
- Los fiscales de Golfito junto con los de Corredores,
establecerán un rol para que por turno, atiendan las
jurisdicciones de Golfito, Corredores y Coto Brus. La atención
la brindarán de las 00:00 horas del día sábado hasta las 07:30
horas del día lunes, y en caso de un día feriado o asueto, de
las 00:00 horas de ese día hasta las 07:30 horas del día hábil
siguiente.
- Los fiscales de Osa, establecerán un rol para que por turno
atiendan su jurisdicción. La atención la brindarán de las 00:00
horas del día sábado hasta las 07:30 horas del día lunes, y en
caso de un día feriado o asueto, de las 00:00 horas de ese
día hasta las 07:30 horas del día hábil siguiente.
3. ÁMBITO AUXILIAR - DEFENSA PUBLICA
2.1. De lunes a viernes, los defensores asignados a las oficinas
de Pérez Zeledón, Golfito, Corredores y Osa, deberán
atender su jurisdicción con un horario que irá de las 00:00 a
las 07:30 y de las 16:30 a las 24:00.
2.2. Para el caso de los días Sábado, Domingo, Feriados y
Asueto, el sistema variará de la siguiente forma:
- [...]
                               82

- Los defensores de Golfito junto con los de Corredores,
establecerán un rol para que por turno, atiendan las
jurisdicciones de Golfito, Corredores y Coto Brus. La atención
la brindarán de las 00:00 horas del día sábado hasta las 07:30
horas del día lunes, y en caso de un día feriado o asueto, de
las 00:00 horas de ese día hasta las 07:30 horas del día hábil
siguiente.
- El defensor de Osa, junto con uno de los defensores de
Golfito, establecerán un rol para que por turno atiendan la
jurisdicción de Osa. La atención la brindarán de las 00:00
horas del día sábado hasta las 07:30 horas del día lunes, y en
caso de un día feriado o asueto, de las 00:00 horas de ese
día hasta las 07:30 horas del día hábil siguiente.
Se ha de indicar que los roles deberán conformarse de
forma que cuando el Juez que esté de turno pertenezca a
una determinada localidad, deberán ser los fiscales y
defensores de esa misma localidad los que se encuentren
de turno.
De esta forma, cuando le corresponda turno al Juez Penal
de Golfito, al mismo tiempo deberá estar de turno un fiscal y
un defensor perteneciente a Golfito, cuando le corresponda
turno al Juez de Corredores, al mismo tiempo deberá estar
de turno un fiscal y un defensor de Corredores.”

2. La Corte Plena en sesión del 19 de enero de 1998, artículo
    XXI, acogió la propuesta de la Comisión de Asuntos
    Penales, en el sentido de que “...a todos los funcionarios
    que se les asigne la disponibilidad se les remunere en
    forma proporcional, según el tiempo que permanezcan
    disponibles.
       Asimismo, se autorice el pago de horas extraordinarias
    a aquellos funcionarios de la materia penal que hubieren
    terminado su jornada o su tiempo de disponibilidad y
    deban continuar atendiendo un asunto que no puede
    ser asumido por los funcionarios que le sustituyen en el rol,
    siempre que el funcionario tenga derecho a ese pago.”

3. En la sesión del 2 de febrero, artículo VIII, la Corte Plena
   aprobó un nuevo informe del Departamento de
   Planificación, como complemento del aprobado en la
   sesión del 15 de diciembre de 1997, artículo XII.
                                 83

En lo que interesa dispuso:

  “...2. RESTO DEL PAÍS

  2.1. En cuanto a la disponibilidad se concluye mantener los
  aspectos aprobados por la Corte Plena en sesión celebrada
  el 15 de diciembre pasado, artículo XII; de forma tal que se
  reconozca un porcentaje proporcional a la cantidad de
  horas disponible para cada uno de los profesionales, que se
  calculará sobre el salario base más la prohibición. ...”

  El detalle respectivo para los casos de comentario es el siguiente:

                      CUADRO Nº 1
 PORCENTAJE A RECONOCER POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD
                 ÁMBITO JURISDICCIONAL

      Juez Penal Golfito                       11.00%
      Juez Penal Corredores                    11.00%
      Juez Cont. Coto Brus                      8.00%
      Juez Penal Osa                           11.00%
      Juez Cont. Osa                            3.00%
      Juez Cont. Buenos Aires                   8.00%

              ÁMBITO AUXILIAR - MINISTERIO PUBLICO

      Fiscal Golfito                            6.00%
      Fiscal Auxiliar 1 Golfito                 6.00%
      Fiscal Osa                                6.00%
      Fiscal Auxiliar 1 Osa                     6.00%
      Fiscal Corredores                         5.00%
      Fiscales Auxiliares 1 Corredores          5.00%

               ÁMBITO AUXILIAR - DEFENSA PUBLICA

                  PROFESIONAL               PORCENTAJE A
                                             RECONOCER
      Defensor Público 1 Osa                   10.00%
      Defensor Público 2 Golfito                8.00%
      Defensor Público 1 Golfito                7.00%
      Defensor Público 2 Corredores             4.00%
      Defensores Públicos 1 Corredores          4.00%
                               84

                               -0-

Asimismo, se estableció que:

  “Para el caso de los Jueces, Fiscales y Defensores que les
  corresponda atender turno, se ha de indicar que el
  porcentaje estipulado incluye el reconocimiento por
  disponibilidad y turno.”

         También, la Corte dispuso que en relación con los
  turnos (apertura de despachos), durante fines de semana,
  feriados y asuetos, se mantienen los turnos en Juzgados,
  Fiscalías y Defensa Pública, que para el caso concreto,
  estableció que en Corredores se atenderá turno con
  competencia en Corredores, Golfito, Osa y San Vito.

  Asimismo, estableció que el horario de apertura será:

   “...Juzgado Penal o Contravencional (conforme al rol), de
   las 11:00 a.m. a las 12:00 m.d.
   Fiscalías de las 10:00 a.m. a las 12 m.d.
   Defensa Pública de las 10:00 a.m. a las 12 m.d.

   El servidor que atenderá el turno, será el mismo que esté
   disponible en esa fecha conforme a la política de roles de
   disponibilidad aprobada por la Corte Plena. El detalle se
   presenta en el Anexo 1 del presente informe.

   Cabe indicar que la política de mantener los turnos, no
   exime la posibilidad de que el equipo de trabajo (Juez,
   Fiscal y Defensor Público) se tenga que reunir en un horario
   diferente al indicado anteriormente para solventar la
   situación de un reo preso y que el término de las 24 horas
   esté por finalizar. Es decir, que los turnos serán para
   aquellos asuntos de reo preso principalmente, que se
   presenten y que estén dentro del término de las 24 horas
   respectivas.

   En línea con lo anterior, es importante señalar que será
   decisión del Fiscal disponible en cada localidad que no
   atienda turno, trasladar al reo preso para solventar su
   situación al lugar que abre el turno, con el fin de que el
   término de 24 horas no se agote; o por el contrario, dado
   el momento de la detención, sea más factible
                                   85

       permanecer en el lugar a espera de que los despachos
       ordinarios inicien su función.

       En este mismo sentido se acordó disponer recurso humano
       de apoyo a cada una de las Fiscalías que atenderán
       turno, a razón de un servidor por despacho, para que
       durante el horario estipulado apoye al titular que atienda
       el turno. A esos servidores se les reconocerá este tiempo
       como horas extraordinarias. El rol para este turno será
       conformado al interno de cada Fiscalía.

      3. OTROS ASPECTOS

      3.1. Conforme a la normativa vigente, se podrá pagar horas
      extra a los servidores judiciales que no sean Jefes de
      Despacho, y que cuando estén realizando una diligencia se
      pasen de su horario de disponibilidad, siempre y cuando el
      caso no se pueda delegar a quien sigue según el rol de
      disponibilidad. ...”

            Es importante señalar que el acuerdo de referencia (2-
        2-98) se puso en conocimiento de los despachos que
        tramitan la materia penal mediante nota circular N° 04-98
        de 5 de marzo de 1998, la que se remitió a las Unidades y
        Subunidades Administrativas para que estas las hagan
        llegar a cada una de las oficinas que atienden.”

     Se acordó: Acoger el anterior informe rendido por el Lic. Monge

Bolaños, y hacerlo del conocimiento de los interesados para su atención.

                             ARTÍCULO LXV

     La Licda. Damaris Soto Pérez, integrante del Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, en facsímil de 3 del

mes en curso, informa que ha puesto al servicio del Tribunal su

computadora personal y la impresora marca cannon a colores, por lo

que solicita que se tome nota de ello, y que se le retribuya cualquier

reparación o pérdida de este equipo en caso de que algo le ocurra. Las
                                     86

características del equipo son las siguientes: 1) CPU Compaq, serie

F803BP720205, número 292602-564; 2) Monitor V 410 color, marca

Compaq,     3862A082,   modelo     304V;   3)   Impresora   Canon   número

EHV92573.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que

también harán los Departamentos de Proveeduría e Informática para lo

de sus cargos, e informar a la Licda. Soto Pérez que este Consejo en la

sesión N° 96-97 celebrada el 4 de diciembre de 1997, artículo LVI, con

base en la recomendación de la Comisión de Modernización, dispuso

que el Poder Judicial sólo suministrará materiales y no cubrirá la

reparación del equipo de cómputo.

                               ARTÍCULO LXVI

      La Licda. Marisol Rodríguez Marín, Abogada Asistente de la Escuela

Judicial, en nota de 2 de abril en curso informa lo siguiente:

             “Por razones familiares próximamente me trasladaré a
       vivir en otro país. En virtud de ello he presentado mi
       renuncia como Abogada Asistente de la Escuela Judicial a
       partir del día 1 de mayo de 1998.
             Aprovecho la oportunidad para agradecer la
       colaboración que se me brindara, así como la confianza
       en mi depositada durante el tiempo en el cual me he
       desempeñado como funcionaria del Poder Judicial.
             Por otra parte, consciente de mis obligaciones frente
       al Poder Judicial por haber disfrutado de una beca que
       me permitió estudiar en el extranjero, solicito que se inicien
       los procedimientos correspondientes para determinar el
       monto que me corresponder pagar, así como para llegar
       a un arreglo de pago a fin de cancelar el monto
       adeudado.
             Para lo que respecta a la determinación del saldo,
                                     87

       confío en la aplicación del respectivo Contrato de
       Adiestramiento, del Reglamente de Becas y Permisos de
       Estudios para el personal del Poder Judicial y además de
       la Ley de Adiestramiento de Servidores Públicos Número
       1810 de 15 de octubre de 1954, reformada por Ley Número
       3009 del 18 de julio de 1962, en la cual éstos se respaldan
       que en su artículo 7 señala:
             El beneficiario deberá obligarse a seguir prestando sus
       servicios al Estado en el ramo de su especialidad, una vez
       completado su adiestramiento, como sigue:
             a)...
             b)...
             c)...
             No obstante, dicha obligación no será por más de tres
       años.
             Así mismo y para que sea tomado en consideración
       al definirse la suma debida, me permito informar que luego
       de finalizados mis estudios y disfrutado de las vacaciones
       correspondientes, me incorporé de nuevo a mi trabajo
       como Abogada Asistente de la Escuela Judicial, habiendo
       prestado mis servicios ininterrumpidamente del 1° de marzo
       de 1996 hasta el día 31 de octubre de 1997, durante un
       total de 1 año y 8 meses, dado que a partir de esa fecha
       he disfrutado de una licencia sin goce de salario.
             Para finalizar debo indicar que como me encontraré
       viviendo en el extranjero, he nombrado como Apoderado
       Generalísimo sin límite de suma al Lic. José Bernal
       Rodríguez Marín, quien representará todos mis intereses en
       el país y atenderá notificaciones en la siguiente dirección:
       Corpus Iuris y Asociados, 300 metros al este y 125 norte de
       la Iglesia Santa Teresita, Edificio Cariari, número 4, Teléfono
       225-6609, fax 2832-7406.”

      Se acordó: 1) Aceptar la renuncia presentada por la Licda.

Rodríguez Marín, Abogada Asistente de la Escuela Judicial y darle las

gracias por los servicios prestados. 2) Trasladar las presentes diligencias a

la Dirección Ejecutiva para que establezca los montos a reintegrar por

doña Marisol, a raíz del contrato de adiestramiento que suscribió con el

Poder Judicial, y formalice el correspondiente arreglo de pago. 3) El
                                    88

Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo de

sus cargos.

                              ARTÍCULO LXVII

      En escrito de 27 de marzo último, el señor Henri Jefri Gómez

Cordonero presenta queja contra el Juzgado Civil de Pococí y Guácimo,

ya que según afirma, desde julio de 1996 que presentó una información

posesoria y a la fecha no se le ha dado el curso.

      Se acordó: Solicitar al señor Juez Civil de Pococí y Guácimo, que

en el término de tres días contados a partir del siguiente al del recibo de

la presente comunicación, rinda el correspondiente informe.

                             ARTÍCULO LXVIII

      Este Consejo en sesión del 3 de marzo anterior, artículo XXXV,

dispuso lo siguiente:

             “En oficio N° 456-98-DG de 26 de febrero último, el Lic.
       Jorge Rojas Vargas, Director General interino del
       Organismo de Investigación Judicial, expresa:
       “Desde el año de 1994 se comenzaron a efectuar
       gestiones para desconcentrar los servicios médicos legales
       que tiene a su cargo el Departamento de Medicina Legal,
       esto con el fin de poder brindarlos en otras zonas del país.
             Al respecto, ese estimable Consejo tomó dos
       acuerdos: el primero de ellos en la sesión celebrada el 10
       de noviembre de 1994, artículo LXXXII, donde comisionó al
       Lic. Chamberlain Trejos y al Dr. Wagner Rodríguez
       Camacho para que efectuaran el proyecto que permitiera
       instalar una Morgue Judicial en el sector de Puntarenas; y
       el segundo de ellos, en la sesión del 09 de mayo de 1995,
       artículo LXIII, donde ordenaron trasladar a conocimiento
       de la Comisión de Enlace Corte - O.I.J. la gestión
       efectuada por el Consejo Municipal de San Carlos con el
       fin de que se instalara una Morgue Judicial en ese lugar
                                     89

       que atendiera la Zona Norte, Alfaro Ruiz, Sarapiquí y Río
       Cuarto.
             Por su parte la Corte Plena, se sesión del pasado 01
       de julio de 1996, artículo XXVI, dispuso iniciar gestiones ante
       la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de que
       se pudieran realizar autopsias en sus centros médicos, de lo
       cual todavía está pendiente la firma del addendum al
       contrato existente entre el Poder Judicial y esa entidad,
       celebrado el 19 de junio de 1975.
             Es precisamente por lo anterior que, para su estimable
       conocimiento y lo que a bien estimen resolver, les remito el
       oficio N° J.D.M.L. 98-043, enviado a esta representación por
       el    Dr.   Wagner     Rodríguez     Camacho,        Jefe   del
       Departamento de Medicina Legal, donde solicita que se
       retome la idea en cuanto a la desconcentración de los
       servicios médicos citados, proyecto que sin lugar a dudas
       sería beneficioso tanto para la Institución como para la
       comunidad nacional.”
                                     -0-

            Se acordó: Tomar nota de las manifestaciones del Lic.
       Rojas, y por las razones expuestas hacer atenta instancia al
       Dr. Álvaro Salas Chaves, Presidente Ejecutivo de la Caja
       Costarricense de Seguro Social, para que proceda a firmar
       el addendum al Convenio celebrado entre el Poder
       Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social”.

                                    - 0 -

      En la sesión celebrada el 5 de marzo último se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

            “ARTÍCULO XLIX Por oficio de fecha 24 de febrero
       último, la señora Anayansi Hernández Carvajal, Secretaria
       Municipal de Pérez Zeledón, expresó:
       “Para lo que estimen conveniente, me permito
       transcribirles el artículo 4), inciso 7), de la sesión ordinaria
       número 390, celebrada el día 17 de febrero de 1998, por el
       Concejo Municipal de Pérez Zeledón, y que dice así:
       7. El regidor Fonseca Balmaceda solicita se retome la
       inquietud que presentara el síndico Rodrigo Agüero
       Valverde, con respecto a la implementación de la morgue
       judicial en este cantón.
                                    90

       SE ACUERDA: Retomar la moción que sobre el particular
       había presentado el regidor Ángel Mora Flores y se eleve a
       la Corte Suprema de Justicia.”
                                   -0-

           Se acordó: Comunicar al señor Rodrigo Agüero
       Valverde, que se encuentra en estudio un convenio con la
       Caja Costarricense del Seguro Social para utilizar las
       morgues de los Hospitales de todo el país.

                                   -0-

      La señora Anayansi Hernández Carvajal, Secretaria Municipal de

Pérez Zeledón, en oficio de 25 de marzo último, hace del conocimiento el

artículo 3) inciso 14), de la sesión ordinaria N° 400-98, celebrada por el

Concejo Municipal de Pérez Zeledón el 24 de ese mes que dice lo

siguiente:

            “14. Nota de la Corte Suprema de Justicia, mediante
       la cual se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo
       Superior en sesión N° 18-98 del 5 de marzo de 1998, en
       donde se da respuesta a oficio de esta Secretaría
       Municipal de fecha 24 de febrero de 1998, sobre
       planteamiento para la implementación de una morgue
       judicial, al respecto se indica que se encuentra en estudio
       un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social
       para utilizar las morgues de los hospitales de todo el país.
       SE ACUERDA: Solicitarle a la Corte Suprema de Justicia,
       una copia del mencionado convenio con el fin de darle
       seguimiento a las gestiones.”

      Se acordó: Comunicar a la señora Hernández Carvajal que no es

posible remitirle copia del convenio que solicita, por cuanto a la fecha el

Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social no ha

procedido a la firma de un addendum.

                              ARTÍCULO LXIX
                                      91

      En la sesión celebrada el 26 de febrero de este año, artículo XLVII,

ante una comunicación de los jueces de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa en que informaban que los “Alcances” a “La Gaceta” que

se publican en forma de folleto nunca llegan a ese Despacho, se dispuso

instar a la Dirección General de la Imprenta Nacional para que remitiera

al Poder Judicial los referidos Alcances.

      El oficio N° 98-049 de 2 de abril en curso, el Lic. Isaías Castro Vargas,

Director General de la Imprenta Nacional, se refiere al anterior acuerdo

para informar que de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 13178G- del 21 de

diciembre de 1981 “Reglamento de la Gaceta” los Alcances a la Gaceta

que por su extensión se elaboren en forma de folleto, deben ser retirados

en esa Imprenta, por lo que solicita que se indiquen los funcionarios de la

Corte Suprema de Justicia que están autorizados para esta gestión.

      Se acordó:      Comunicar al Director General de la Imprenta

Nacional que los funcionarios de la Sección de Comunicaciones son los

encargados de retirar de esa Institución los ejemplares de la Gaceta y sus

Alcances; y reiterarle que el acuerdo de la sesión antes mencionada, se

refiere también al envío, por parte de esa Imprenta, de los ejemplares de

los Alcances, en igual cantidad que de las Gacetas enviadas.

                               ARTÍCULO LXX

      En la sesión celebrada el 21 de octubre de 1997 se tomó el

acuerdo que literalmente dice:
                             92

ARTÍCULO CXXIV.- En la sesión celebrada el 13 de
setiembre pasado, artículo XCIX, se tomó el siguiente
acuerdo:
      “El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con
oficio N°5415-DE-97 de 8 de los corrientes, remite la nota
N°7544-1706-C-97 suscrita por el Lic. Leonardo Argüello
Delgado, Jefe del Departamento Financiero Contable,
respecto al cobro que pretende hacer el Consejo de
Seguridad Vial y del informe N°1134-DE/AL-97 que sobre el
particular rinde el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe
de la Sección de Asesoría Legal.

    El informe de don Carlos Toscano literalmente dice:

      “En atención al oficio #7544-1706-C-97 de 25 de
setiembre último, suscrito por el Licenciado Leonardo
Argüello Delgado, Jefe a.i. del Departamento Financiero
Contable, en la relación a las sumas que pretende rebajar
el Consejo de seguridad Vial de las trasferencias al Poder
Judicial; me permito referirle lo siguiente:
      Sobre el particular, el Consejo Superior en sesión
celebrada el 3 de agosto de 1995, artículo LXV, resolvió
reintegrar al Consejo de Seguridad Vial las sumas
adeudadas mediante la suscripción de un convenio que
regulara dicha situación.
      Sin embargo, sobre este mismo tema, en sesión del 21
de setiembre de 1995, artículo LXXXV, dispuso dejar sin
efecto el acuerdo supracitado al considerar que es el
Ministerio de Hacienda el que debe cubrir las diferencias
que se generen por concepto de las transferencias de
fondos.
      En este orden de ideas, estima el suscrito que no es
correcta la interpretación del Consejo de Seguridad Vial al
pretender que se rebajen al Poder Judicial la suma de
¢38.616.416.10, como diferencia del adelanto para el
funcionamiento de las Alcaldías de Tránsito y la nueva
Sección del Organismo de Investigación Judicial por
¢50.000.000.00, al fundamentar esta disposición en los
artículos 210 y 217 de la Ley de Tránsito vigente por cuanto
el porcentaje del adelanto no se adecuó a lo finalmente
recaudado, una vez que transcurrió un año después de la
entrada en vigencia de dicha ley.
      Sin embargo, no es en esta norma sino en el Transitorio
II de la misma Ley de Tránsito donde se define el asunto de
                              93

comentario. De este último debe entenderse que a falta
de fondos suficientes para conformar los citados
despachos judiciales -aún no se podía otorgar el 10% de
las sumas recaudadas por concepto de multas- el Consejo
de Seguridad Vial se encontraba facultado para realizar
aquellos gastos necesarios para agilizar la implantación de
la nuevas disposiciones del citado cuerpo normativo.
      Así las cosas, es posible concluir que no corresponde
actualmente al Poder Judicial reintegrar dichas sumas
pues ha quedado establecido que éstas no fueron giradas
para cumplir con el porcentaje mencionado, sino como
una erogación que necesariamente le correspondía hacer
al Consejo de Seguridad Vial para dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley.”

                          -0-
    Se acordó: Acoger el anterior informe y ponerlo en
conocimiento del Consejo de Seguridad Vial”.

                           ----------

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, somete a
consideración, el oficio N° 8404-1942-C-97 de 20 de este
mes, suscrito por la Licda Ana I. Jiménez Salazar, Subjefa
interina del Departamento Financiero Contable, que dice:
      “En adición al oficio N° 7544-1706-C-97, del 25 de
setiembre del presente año, me permito informar que del
total de los ingresos correspondientes a esta institución, sea
¢96,395,661.13, el Consejo de Seguridad Vial rebajó la
suma de ¢5,792,465,40, tal como la había manifestado la
Licda Ana Leandro León, encargada del proceso
financiero, en su oficio N° 600-97.
      El monto recibido ¢90.603,195.73 fue enterado al
Presupuesto Nacional mediante entero de gobierno N°
714485-D”.
                              -0-

      Se acordó: Tomar nota del oficio suscrito por la Licda
Jiménez Salazar, y solicitar al Consejo de Seguridad Vial,
que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del siguiente al del recibo de la respectiva
comunicación, indique el fundamento legal en que se
basó para el rebajo de la mencionada suma, dado que
como reiteradamente lo ha resuelto este Consejo Superior
                                    94

       la suma de ¢38.616.416.10, como diferencia del adelanto
       para el funcionamiento de las Alcaldías de Tránsito y la
       nueva Sección del Organismo de Investigación Judicial
       por ¢50.000.000.00, tiene fundamento en el Transitorio II de
       la Ley de Tránsito. De este debe entenderse que a falta de
       fondos suficientes para conformar los citados despachos
       judiciales -aún no se podía otorgar el 10% de las sumas
       recaudadas por concepto de multas- el Consejo de
       Seguridad Vial se encontraba facultado para realizar
       aquellos gastos necesarios para agilizar la implantación de
       la nuevas disposiciones del citado cuerpo normativo, ya
       que de haber conocido el Poder Judicial que el Consejo
       de Seguridad Vial ajustaría el monto adelantado a la suma
       que correspondía según la recaudación de las multas, no
       hubiera creado a las oficinas desde esa misma fecha.
            Así las cosas, es posible concluir que no corresponde
       actualmente al Poder Judicial reintegrar dichas sumas
       pues ha quedado establecido que éstas no fueron giradas
       para cumplir con el porcentaje mencionado, sino como
       una erogación que necesariamente le correspondía hacer
       al Consejo de Seguridad Vial.”

                                    -0-

      En la sesión celebrada el 23 de diciembre último, artículo CXXXI, el

Ing. Mario Chavarría Gutiérrez, Director Ejecutivo del Consejo de

Seguridad Vial, se refirió al anterior acuerdo para manifestar:

       “1. Esta Dirección Ejecutiva solicitó el criterio de nuestra
       Asesoría Legal, el cual adjunto, sobre el particular y de
       cuyo análisis se concluye lo que textualmente transcribo a
       continuación:

           “Por lo anterior resulta que la Administración del
       Consejo de Seguridad Vial tiene la obligación de
       recuperar el dinero girado de más al Poder Judicial, por
       cuanto no estaba autorizado a girar un monto mayor a lo
       expresamente permitido”.

       2. Dada la divergencia de criterios vertidos por el
       Departamento Financiero Contable de ese Poder Judicial
       y la Asesoría Legal de este Consejo, acogemos la
                                   95

       recomendación de esta última y elevaremos de inmediato
       la consulta pertinente ante la Contraloría General de la
       República como ente fiscalizador del manejo de los
       Fondos Públicos y hasta tanto se emita el criterio de ese
       Despacho mantendremos nuestra posición inicial con
       respecto a las sumas adeudadas por ese Poder Judicial a
       este Consejo por concepto de sumas giradas de más.

           Le solicito hacer del conocimiento del Consejo
       Superior lo anterior, comprometiéndonos a que en el
       momento en que la Contraloría General de la República
       emita su dictamen lo haremos de su conocimiento.”

                                    -0-
            Y Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones del
       Ing. Chavarría Gutiérrez, a quien se recuerda que el
       Consejo de Seguridad Vial, también adeuda al Poder
       Judicial sumas por concepto de multas, según consta,
       entre otros, en la sesión de ese Consejo Superior del 21 de
       noviembre de 1997, Artículo CXXIV .

                                  -0-

      En la sesión celebrada el 26 de marzo último, se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

       ARTÍCULO LXXVI.-        Por oficio N° DAJ-0546 de 18 de este
       mes, con copia a este Consejo, el Lic. Jorge Arturo Aguilar
       Castillo, Abogado de la Dirección General de Asuntos
       Jurídicos de la Contraloría General de la República, da
       respuesta al Ing. Mario Chavarría Gutiérrez, Director
       Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, sobre la solicitud
       de que ese Órgano Contralor, se pronuncie en punto a las
       discrepancias surgidas con la transferencia de recursos por
       parte de esa entidad y el Poder Judicial, al amparo de la
       Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres.

            Por las razones que exponen, concluyen:

       “...se impone concluir que no existe sustento legal válido
       para que la entidad beneficiada con una suma pagada
       de más por otro ente y órgano público, pueda
       prevalecerse de un error en el cálculo de la transferencia y
                                     96

       negarse a reintegrar o restituir las sumas giradas en exceso,
       aunque nada obsta para que ambos órganos establezcan
       un arreglo de pago mediante el cual, sin descuidar las
       funciones legalmente asignadas, el Poder Judicial pueda
       satisfacerse la obligación de restituir la sumas transferidas
       en exceso al Consejo de Seguridad Vial”.

                                     -0-

            Se acordó:       Trasladar el asunto anteriormente
       transcrito a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva para su estudio e informe.”

                                    - 0 -

      La Licda. Ana Leandro Léon, Encargada del Área Administrativa

Financiera del Consejo de Seguridad Vial, en oficio N° PF 205-98 de 2 de

marzo último y recibida el 3 de abril en curso manifiesta lo siguiente:

             “ Con respecto a la divergencia de criterios surgida,
       con relación a la gestión de esta Institución, por la
       recuperación de los fondos que les fueron girados de más
       en el año de 1993, por concepto de las transferencias que
       establece la Ley de Tránsito, debo comunicarle que con
       instrucciones del señor Director Ejecutivo Ing. Mario
       Chavarría Gutiérrez, que mediante nota 2094 de fecha 18
       de marzo de 98 de la Dirección General de Asuntos
       Jurídicos de la Contraloría General de la República,
       suscrita por el Lic. Jorge A. Aguilar Castillo, ese Despacho
       Contralor se pronuncia, al respecto, concluyendo lo
       siguiente:
       “Con base en lo expuesto, se impone concluir que no
       existe sustento legal válido para que la entidad
       beneficiada con una suma pagada de más por otro ente
       y órgano público, pueda prevalecerse de un error en el
       cálculo de la transferencia y negarse a reintegrar o restituir
       las sumas giradas en exceso, aunque nada obsta para
       que ambos órganos establezcan un arreglo de pago
       mediante el cual, sin descuidar las funciones legalmente
       asignadas, el Poder Judicial pueda satisfacerse la
       obligación de restituir la sumas transferidas en exceso al
       Consejo de Seguridad Vial”.
                                      97

             Por tal razón la Administración mediante nota del
       Proceso Financiero PF600-97, de la cual adjunto fotocopia,
       les comunicó su voluntad de proceder a la recuperación
       de la suma girada de más, en forma semestral, aplicando
       en cada suma a transferir un 15% de la deuda total, con lo
       cual en un plazo de tres año y medio se haría efectiva la
       recuperación total de dicha suma. Consideramos que
       puede tenerse como un plazo razonable para no
       afectarlos en las funciones que le son asignadas.
             De esta forma se han realizado dos deducciones por
       parte de la Institución, las cuales se hicieron con la
       transferencia del primer y segundo semestre de 1997, por
       lo que el saldo a la fecha, de esa deuda, es la suma de
       ¢27.031.505.30, y de acuerdo a nuestro planteamiento, será
       recuperado en un plazo de dos años y medio.
             Finalmente le informo que esta Institución está
       realizando los giros de estos recursos en una forma más
       oportuna con respecto a los años anteriores, ya que para
       esta última transferencia se realizó dos meses después de
       concluido el semestre. En este aspecto es deber de esta
       Administración realizarlo en un plazo menor, tal y como lo
       establece la ley, un mes después de finalizado el semestre,
       pero lamentablemente en este aspecto estamos sujetos a
       que el Sistema Bancario Nacional nos suministre la
       información vital para los registros de los ingresos, situación
       que origina el atraso.”

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, y resolver lo

que corresponda una vez que se reciba el informe solicitado a la Sección

de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva.

                              ARTÍCULO LXXI

      En facsímil de 2 de este mes, la Licda. Leda Méndez Vargas, Fiscal

Adjunta de Heredia, solicita se autorice al personal subalterno a laborar

horas extra de la siguiente manera:

Milena Rodríguez Villalobos         13 al 24 abril       16:30 a 20 horas
Odily Morales Rodríguez             13 al 24 abril       16:30 a 20 horas
Aurea Vargas González               13 a 24 abril        16:30 a 20 horas
                                     98


      Se acordó:     Acoger la anterior solicitud. El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

      Al propio tiempo se dispuso solicitar al Departamento Financiero

Contable, un estudio del estado en que encuentra la subpartida para el

pago de horas extra.

                              ARTÍCULO LXXII

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 287-DP-98, de 3 de los corrientes, manifestó:

             “Como parte de los actos de inauguración del Año
       Judicial, la Licda Luz Marina Fernández Alfaro, Jueza
       Contravencional de Tarrazú, Dota y León Cortés, remite el
       fax que se adjunta, en donde informa que la actividad se
       realizará el próximo 15 de abril a partir de las tres de la
       tarde.
             De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar como
       Coordinadora de la Comisión de Año Judicial 1998, se le
       dé trámite a la gestión que se presenta, se autorice el
       presupuesto de ¢30.000.00. y se permita el cierre del
       despacho a partir de las tres de la tarde de ese día”.

                                    -0-

      El Lic. Calderón Flores en oficio N° 293-DP-98 de 13 de este mes,

aclara que la actividad a realizarse en la Jurisdicción de Dota y Tarrazú

fue reprogramada para el 16 de abril en curso.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud. En cuanto al presupuesto

que se solicita se aprueba sujeto a la liquidación correspondiente. El

Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO LXXIII
                                  99

     Los Licdos. Carlos Arias Núñez y Lineth Saborío Chaverri, Fiscal

General y Directora General del Organismo de Investigación Judicial,

respectivamente, en nota de 31 de marzo pasado, manifestaron:

      “Dentro de la priorización de tareas para la adecuada
      implementación del Código Procesal Penal, resulta
      urgente el establecimiento de las políticas interorgánicas y
      la definición de un marco general de trabajo que permita
      orientar el proceso de ajuste para la aplicación efectiva
      de las potestades de dirección de la investigación judicial
      atribuidas al Ministerio Público.
            En ese sentido, la Unidad de Capacitación y
      Supervisión del Ministerio Público ha diseñado una
      Conferencia a cumplirse en cinco meses, que permitan no
      sólo la definición de las políticas y el marco general que
      regirá la relación OIJ-M.P., sino también las relaciones de
      éste último con las demás policías dependientes del Poder
      Ejecutivo y de los Municipios. Para la realización de tal
      actividad es necesario propiciar un ambiente que facilite
      la comunicación y el proceso creativo, razón por la cual
      hemos sugerido la desinstitucionalización de la actividad y
      para tal efecto, con la ayuda del Lic. Fabián Barrantes de
      la Oficina de Relaciones Públicas del Poder Judicial, se ha
      solicitado una cotización, obteniéndose hasta ahora la
      hecha por el Centro de Formación La Posada, que
      presupuestó la actividad por las cinco fechas para un
      promedio de treinta personas, sujeto a reducción según el
      número de asistentes, por un monto de TRESCIENTOS
      CUARENTA MIL COLONES.
      Sometemos a su consideración el proyecto, del cual
      adjuntamos copia, así como el fax recibido del Centro de
      Formación      La     Posada,     solicitando  a    ustedes,
      respetuosamente, la autorización de la erogación
      mencionada para su concretización oportuna.
      Participantes
      Primera y Segunda Jornada
      -Fiscales Generales y Adjuntos de San José
      -Directores Generales del Organismo de Investigación
      Judicial.
      -Jefe y Sub-Jefe del Departamento de Investigaciones
      Criminales del O.I.J.
      -Dos Fiscales de la Unidad de Capacitación del Organismo
                             100

de Investigación Judicial.

Tercera Jornada
-Fiscales Coordinadores.
-Jefes y Sub-jefes de las unidades del Organismo de
Investigación Judicial.
-Dos Fiscales de la Unidad de Capacitación y Supervisión
del Ministerio Público.
-El asesor legal y un supervisor del Organismo de
Investigación Judicial.

Cuarta Jornada
-Fiscales Generales.
-Fiscales Adjuntos de San José.
-Dos Fiscales de la Unidad de Capacitación.
-Director y Sub-Director de la Policía de Control de Drogas.
-Director y Sub-Director de la Dirección de Seguridad
Nacional.
-Director y Sub-Director de la Policía de Control Fiscal.
-El asesor legal y 1 supervisor del Organismo de
Investigación Judicial.

Quinta Jornada
-Fiscales Generales.
-Fiscales Adjuntos de San José.
-Fiscales de la Unidad de Capacitación.
-Director del Organismo de Investigación Judicial.
-Director y Sub-Director de la Guardia Civil.
-Director y Sub-Director de la Guardia de Asistencia Rural.
-Director y Sub-Director de la Policía de Tránsito.
-Director y Sub-Director de la Dirección Forestal.
-Director y Sub-Director de la Policía de Migración y
Extranjería.
-Director y Sub-Director de la Policía Municipal de San
José.
-El asesor Legal y 1 supervisor del Organismo de
Investigación Judicial.

Calendarización de la actividad
1 er. Jornada, 14 de mayo
2da. Jornada, 28 de mayo
3ra. Jornada, 11 de junio
4ta. Jornada, 25 de junio
5ta. Jornada, 09 de junio.”
                                    101


      Se acordó: Previamente a resolver lo que corresponda, trasladar la

anterior solicitud para su pronunciamiento por parte de la Escuela

Judicial, la que deberá tomar muy en cuenta el aspecto financiero,

dados los limitados recursos con que se cuenta para todo el año.

      Se reitera nuevamente al Lic. Arias Núñez y a la Licda. Saborío

Chaverri, que este tipo de solicitudes siempre deben canalizarse a través

de la Escuela Judicial.

                               ARTÍCULO LXXIV

      La Licda Vivian Chacón Madrigal, Jefa de la Oficina Administrativa

de Tribunales de San José, y los Licdos. Óscar Mario Vargas Quesada y

Álvaro Jiménez Acuña, por su orden, Coordinadores del Tribunal y

Juzgado Penal de San José, en oficio N° 350-DAT-98 de 3 del presente

mes, manifestó lo siguiente:

             “Me permito informarles sobre la inquietud que tienen
       los Licdos Óscar Mario Vargas Quesada y el Lic. Álvaro
       Jiménez Acuña, en su orden, Coordinadores del Tribunal
       Penal y el Juzgado Penal, acerca de la existencia de áreas
       de acceso mutuo en la planta definitiva que se va a
       destinar para estos despachos en el tercer piso del edificio
       de Tribunales, ya que se corre el peligro de que pierdan
       expedientes y no sea posible definir la responsabilidad, en
       virtud del tráfico del personal de un despacho a otro”.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, y trasladarla a

conocimiento de la Comisión de Construcciones con el ruego de su

atención.

                               ARTÍCULO LXXV
                                   102

     En sesión del 13 de noviembre del año pasado, artículo XXXV, se

dispuso tomar nota del informe rendido por el Consejo Médico Forense y

ponerlo en conocimiento del señor José Alberto Brenes López, Secretario

del Juzgado Sexto Civil de Menor Cuantía de San José, y trasladar copia

de ese informe al Departamento de Personal, para que se tomara en

cuenta la recomendación de reubicar al señor Brenes López en un cargo

donde la exigencia manual motora fuera menor a la actual.

     El señor José Alberto Brenes López, Secretario del Juzgado Sexto

Civil de Menor Cuantía de San José, en oficio de 3 de este mes,

manifestó:

             “El Honorable Consejo en sesión N° 90-97, celebrada
       el día 13 de noviembre del año pasado, artículo XXXV,
       toma nota de la recomendación del Consejo Médico
       Forense, en que recomienda una reubicación: “donde la
       exigencia manual motora sea menos a la actual”.
             Han transcurrido casi seis meses, y mi situación es de
       incertidumbre, pues no tengo certeza, de lo que puede
       ocurrir, respecto de mi situación laboral. Se une también
       mi estado de ánimo, por cuanto tengo que someterme a
       una cirugía de la columna cervical. Adjunto fotocopia de
       solicitud de hospitalización.     A pesar de que estoy
       atravesando una crisis severa de salud, asisto
       puntualmente a mis labores y hasta donde me permiten
       mis fuerzas, trato de cumplir con mis obligaciones, y
       aunque me siento mal de salud, no voy a implorar a los
       médicos que me tratan, que me ayuden.
             En el mes de mayo en curso, me corresponden mis
       vacaciones, y en ese mes me tengo que hospitalizar por
       esta razón es que solicito, que de conformidad con los
       artículos 226 y 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       se me conceda la jubilación y amparado a la razón dada
       por el Consejo Médico Forense”.

                                   -0-
                                      103


      Se acordó: De previo a resolver lo que corresponda, que el Consejo

Médico Forense valore a la brevedad de nuevo al señor Brenes López,

para que determine si está incapacitado de aquí a la fecha en que será

sometido a la intervención quirúrgica.

                                 ARTÍCULO LXXVI

      En sesión del 12 de febrero último, artículo XXVIII, con base en el

oficio N° 311-PLA-98 de 10 de ese mes del Departamento de

Planificación, se acordó la utilización de una plaza vacante de Auxiliar

de Investigación 1 para que la persona que la ocupara realizara labores

de Conserje 2, por tres meses a partir del 1° de marzo último, para lo que

la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial indicaría el

número de la plaza a utilizar.

      La Licda. María del Rocío Núñez Soto, Administradora del Complejo

Forense de San Joaquín de Flores, en facsímil N° 158-ACF-98 de 2 de abril

en curso, dice:

              “1.- En sesión N° 12-98, celebrada el 12 de febrero de
       1998, artículo XXVIII, se dispuso entre otras cosas aprobar la
       utilización de una plaza de Auxiliar de Investigación para
       quien lo ocupe realice labores de Conserje 2, a partir del
       1° de marzo y por el plazo de tres meses, lo anterior, a fin
       de solventar los problemas de limpieza que se venían
       presentando en la Sección de Patología.
              2.- Dada la necesidad de contar con estos recursos
       humanos de apoyo a la mayor brevedad posible, consulté
       mediante vía telefónica tanto al Departamento de
       Planificación como a la Secretaría General de la Corte,
       información sobre la aprobación de dichas plazas. En el
       Departamento de Planificación se me informó que se
                                    104

       había recomendado su creación desde el 1° de febrero y
       posteriormente en la Secretaría General de la Corte se me
       indicó que su aprobación había sido afirmativa, por lo que
       de inmediato se comunicó a la Unidad Administrativa
       Regional de Heredia para que se realizara la proposición
       de nombramiento, sea a partir del 17 de febrero de los
       corrientes.
             3.- El acuerdo del Consejo Superior donde se dispuso
       lo primeramente externado llegó a esta Administración el
       10 de marzo de 1998, según consta en fotocopia que se
       adjunta.
             4.- No obstante, no es sino hasta el día de hoy, en
       que, en razón de que aún no se le ha tramitado el pago a
       la servidora que ocupa este puesto, me percato de que su
       nombramiento se aprobó a partir del 1° de marzo y no
       desde el 17 de febrero, como se hizo, según se me informó.
             Por lo anterior, respetuosamente les solicito la
       aprobación de esta plaza desde el 17-02-98, ya que si no
       se hubiera hecho desde esa fecha, el problema de
       limpieza de pasillos, baños públicos, aceras y otros, hubiera
       sido insoportable”.

                                    -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, en consecuencia se amplía

el plazo para utilizar los recursos de la referida plaza de Auxiliar de

Investigación 1, del 17 al 28 de febrero de este año.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                             ARTÍCULO LXXVII

      La Licda Vivian Chacón Madrigal, y el Lic. Óscar Mario Vargas

Quesada, por su orden, Jefa de la Oficina Administrativa de Tribunales de

San José, y Coordinador del Tribunal Penal, con el visto bueno del Lic.

Álvaro Jiménez, Coordinador del Juzgado Penal de San José, en oficio N°

345-OAT-98, de 31 de marzo último, manifestaron:
                                           105

    “Con el fin de utilizar racionalmente el recurso humano, nos
    permitimos solicitarle muy respetuosamente la autorización
    para utilizar temporalmente plazas ordinarias del Juzgado
    Penal en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San
    José.
    La anterior petición se fundamenta en los siguientes
    aspectos:
    1- Por el tamaño del nuevo Tribunal, se ha hecho necesario
    establecer diversos controles, que requieren de recurso
    humano que se utilizaba en otros procesos, como se puede
    observar en el siguiente cuadro:

                        PROCESOS                   No. PERSONAS

Atención al público                                     07

Conserjes                                               09

Ejecución de la sentencia                               04

Agregando escritos                                      07

Tramitación                                             09

Notificación                                            06

Control informático ubicación del expediente.           01

Clasific. y distrib. asuntos notificados                01

Control de turnos de servicio en introducción de        02
expediente. Entrada al sist. informático

Control de archivo                                      02

Auxiliares de juicio                                    16

Guardas de Juicio                                       08

Evidencias                                              02

Total de personal                                       74


    2-      La unificación de los antiguos despachos que
    conforman el Tribunal, implicó a su vez el aporte de la
    carga de trabajo que al finalizar diciembre del 97 estaba
    pendiente de esos despachos. Esta situación ha requerido
    de un gran esfuerzo del Tribunal, ya que además de
    enfrentar la nueva organización ha tenido que arrastrar con
    un volumen de trabajo significativo.
    3-   En lo que respeta al Juzgado Penal, es importante
    señalar que la entrada en vigencia del nuevo Código
                                 106

Procesal Penal coloca al nuevo Juzgado en una etapa
transitoria, en la que inicia labores en enero del presente
año con los expedientes pasivos que están en rebeldía, los
de prorroga extraordinaria y los desestimados, ya que la
totalidad de los expedientes activos fueron trasladados al
Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte estadístico, la entrada de
asuntos para el mes de enero fue de 146 en la etapa
intermedia, 72 apelaciones de tránsito, 207 asuntos de la
etapa preparatoria y 622 asuntos para notificar. En el mes
de febrero entraron 187 asuntos de la etapa intermedia, 36
apelaciones de tránsito, 217 asuntos de la etapa
preparatoria y 696 asuntos para notificar.
Como puede intuirse, al nuevo Juzgado, conformado por
los antiguos seis Juzgados de Instrucción, ha ingresado
mensualmente menos de la cantidad de asuntos que
entraron anteriormente en promedio de tres Juzgados de
Instrucción juntos. El volumen de trabajo del Juzgado Penal
es de un 40% de la totalidad que ingresaba a los seis
Juzgados de Instrucción simultáneamente.
Es dable destacar, como se cita anteriormente, que esta
situación es transitoria y que se espera que el volumen de
trabajo aumente significativamente.
4- Para establecer la cantidad óptima de plazas que
podrían colaborar en el Tribunal, se le consultó a los
antiguos secretarios de los Juzgados de Instrucción,
actualmente coordinadores de procesos del Juzgado
Penal, sobre el personal que este despacho requería para
enfrentar el volumen de trabajo mensual, sin contar con dos
de las plazas de supernumerarios que la Dirección Ejecutiva
les había asignado hasta febrero del presente año, cuya
información se resume en el siguiente cuadro:

                       PROCESO         N° PERSONAS

           Atención al público              6

           Conserjes                        4

           Trámite                          7

           Notificadores                    2

           Depuración de evidencias         4


5- De lo anterior se concluye que el Juzgado Penal, podría
proporcionar al Tribunal Penal en calidad de préstamo
                                       107

       nueve plazas : dos conserjes, tres notificadores y cuatro
       auxiliares de juicio, sin que este préstamo vaya en
       detrimento de sus funciones, hasta tanto el volumen de
       trabajo del Juzgado aumente y se requiera la totalidad de
       las plazas.
       6- Es importante citar que la escogencia del personal que
       será enviado al Tribunal, en caso de que sea aprobada esta
       gestión, lo hará el Coordinador del Juzgado Penal y la
       Comisión de Jueces que lo forman, de la manera más
       democrática posible”.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, y disponer el traslado del

personal del Juzgado Penal al Tribunal Penal por lo que resta del año, sin

perjuicio de reubicarlo de nuevo antes de concluir ese período, si fuera

necesaria su presencia en el Juzgado o se requiera para otro tipo de

necesidades.

                              ARTÍCULO LXXVIII

      En sesión del 19 de marzo último, artículo LXXXVI, con base en las

manifestaciones    que     hizo   el   señor   Mainor   Valverde   Chacón,

Radioperador 2 de la Central de Radio del Organismo de Investigación

Judicial, se dispuso solicitar a la Licda. Eva María Camacho Vargas, Jueza

Primera de Familia de San José que en el término de tres días rindiera el

informe correspondiente.

      La Licda. Camacho Vargas en su condición dicha, en oficio de 2

del presente mes, manifiesta lo siguiente:

           “Me permito cumplir la solicitud formulada por el
       Consejo Superior, según el acuerdo ARTÍCULO LXXXVI,
       tomado en la sesión celebrada el 19 de marzo en curso,
       con respecto a la inquietud expuesta por el señor Mainor
       Valverde Chacón, no obstante que no he intervenido en la
                            108

tramitación de ese proceso, ya que he ha correspondido a
los otros jueces de este Despacho.
      Como bien lo indica el señor Valverde Chacón, en
este Juzgado se tramita el proceso abreviado de divorcio y
subsidiaria separación judicial N° 97-401984-186-FA,
interpuesto por la señora GRACE CORDERO SOLÓRZANO
contra dicho señor. Además, existe en curso un incidente
de fijación de régimen de visitas establecido por el
accionado y un incidente de pensión alimentaria
formulado por la señora actora.
      El trámite del proceso principal y el incidente de
pensión alimentaria, fueron iniciados desde el 29 de
octubre del año anterior y el incidente de visitas el 26 de
noviembre de ese año.
      Durante el curso de dichos procesos y, hasta la fecha,
la suscrita no ha intervenido en la sustanciación de estos
asuntos, aspectos que puede comprobarse con el estudio
de los expedientes respectivos.         Mi intervención se
verificará cuando el proceso principal se encuentre listo
para el dictado del fallo.
      Actualmente el proceso principal acaba de cumplir
la etapa de conciliación, y, en él, la única resolución que
ha sido dictada con respecto a la recusación ha sido el
auto que literalmente dice: “JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA. San José, a las ocho horas del doce de enero de
mil novecientos noventa y ocho. Se corrige el error
material que contiene la resolución de las catorce horas
del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete,
en el sentido de que fue dictada a las catorce horas del
veintitrés de diciembre de mil noventa y siete, y no como
por error se consignó. Se tienen por hechas las anteriores
manifestaciones del demandado Valverde Chacón. Se
rechaza la gestión del accionado enumerada en el punto
3), por cuanto los motivos de impedimento y de excusa
deben invocarse en el respectivo incidente de
impedimento y recusación. En cuanto a lo solicitado en
los extremos 4) y 5) por el demandado en su memorial
fechado 18 de diciembre de 1997, estése a lo resuelto en
el auto de las ocho horas del tres de diciembre de mil
novecientos noventa y siete se tiene por señalado el lugar
que indica para atender notificaciones. Lic. Sonia Ruiz C.
Jueza a.i.
      En incidente de visitas se ha dado audiencia a las
partes de un Peritaje Social. En el incidente de pensión
                                    109

       alimentaria ya ha sido dictado el fallo, pero aún se
       encuentra pendiente de proveer dos memoriales
       presentados por el incidentado, uno de ellos es un recurso
       de apelación.
            Por otra parte, debo manifestar que los demás
       funcionarios y el personal de apoyo de este Juzgado,
       conocen a la actora pero no son amigos de ella, según
       me lo han hecho saber. Además, en la atención a las
       partes se ha brindado el mismo trato que se acostumbra a
       cualquier usuario”.

      Se dispuso:   Tener por rendido el anterior informe y ponerlo en

conocimiento del señor Valverde Chacón.

                              ARTÍCULO LXXIX

      El señor Víctor H. Madrigal Borloz, Director interino del Área Legal de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en facsímil CDH-S/408 de

3 del presente mes, comunica que en razón de una reciente

reestructuración del trabajo en la Secretaría de esa Corte, a partir del 1°

de abril en curso, todos los asuntos relativos al Proyecto de Cooperación

entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, serán atendidos directamente por el Secretario

Adjunto interino de la Corte, Lic. Víctor M. Rodríguez Rescia.

      Se acordó: Tomar nota.

                              ARTÍCULO LXXX

      Un grupo de servidores encabezado por el Lic. José Hernán

Fernández Morales, Juez Tercero Contravencional de San José, en oficio

de 1° de este mes, y por las razones que ahí exponen, solicitan permiso

para que un auxiliar de ese despacho realice una colecta voluntaria
                                   110

para solventar los problemas que acarreó el accidente automovilístico

sufrido por el señor Hernán Armando Castro Masís, actualmente

hospitalizado, y quien se ha desempeñado interinamente en ese

Despacho como Conserje, agregan los petentes que don Hernán iba a

ocupar ese puesto del 13 al 24 de los corrientes, en razón de lo sucedido

se tuvo que prescindir de sus servicios y en un acto de solidaridad con él

hacen esa petición.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento de

Información y Relaciones Públicas coordinará lo pertinente.

                             ARTÍCULO LXXXI

      A solicitud de las personas que se dirán, y con base en la facultad

que otorga el inciso 17) del artículo 13 de la Ley de Creación del Registro

y Archivo Judiciales, se autorizó al Jefe del Registro Judicial, para que

extienda las siguientes certificaciones de antecedentes penales:

      1- María de Lourdes Blanco Vargas, cédula 9-078-146, a su nombre

para efectos laborales en la Isla de Gran Cayman.

      2- Jorge Arturo Castro Serrano, cédula 1-809-575, para efectos de

trabajo en el Principado de Andorra. Así mismo se autoriza al Sr. Hugo

Castro Abarca, cédula 3-194-601, padre del gestionante para que retire

dicho documento.

      3- Roy Zúñiga Díaz, cédula 1-937-086, a su nombre para trámites de

migratorios requeridos por la Embajada de Australia.
                                    111

      4- Tatiana Azofeifa Retana, cédula 1-981-951, a su nombre para

trámites de residencia en Belice.

                             ARTÍCULO LXXXII

      En la sesión celebrada el 30 de marzo último, artículo LXIX, se

dispuso trasladar a la Inspección Judicial para que levantara la

información y resolviera lo correspondiente, el escrito de 27 de ese mes,

en el que el Lic. Gerardo Fernández Durán, Abogado Notario, presentó

queja contra el Juzgado Contencioso Administrativo, por el trámite que

se sigue en un proceso de ejecución de sentencia del Estado contra la

Compañía Sertra S.A., del cual es su apoderado especial judicial.

      En escritos de 13 de los corrientes el Lic. Fernández Durán reitera su

queja contra el mencionado Despacho.

      Se dispuso: Trasladar al Tribunal de la Inspección Judicial los

anteriores oficios para que los agregue a las diligencias respectivas, las

que deberá tramitar y resolver a la brevedad.

                             ARTÍCULO LXXXIII

      En sesión   del 24 de febrero último, artículo CV, se dispuso lo

siguiente:

             En la sesión del 18 de diciembre de l997, artículo LXVI,
       por las razones que allí constan, se autorizó la creación de
       una plaza extraordinaria de notificador para el Jugado de
       Tránsito de San José, por los meses de enero y febrero del
       presente año.
             En oficio N° 132 de 23 de este mes, la Licda Xiomara
       Sequeira Quirós, Administradora del mencionado Juzgado,
       solicita se prorrogue la creación de la referida plaza, en
                                  112

       razón de que resulta indispensable para poder mantener
       las notificaciones al día, tomando en consideración que el
       artículo 160 de la Ley de Tránsito genera gran cantidad de
       trabajo y que a partir de este año se incrementa la
       cantidad de notificaciones, por las audiencias de
       conciliación señaladas.
            Se dispuso: Prorrogar por el mes de marzo próximo, la
       creación de la plaza extraordinaria de notificador para el
       Juzgado de Tránsito de San José, y que el Departamento
       de Planificación realice el correspondiente estudio e
       informe a fin de que determine si se considera necesario
       dicho puesto por más tiempo.”

                                 - 0 -
     En oficio N° 245-98 de esta fecha, la Licda. Xiomara Sequeira

Quirós, Administradora del Juzgado de Tránsito de San José, por las

razones que indica solicita aprobar por el mes de abril en curso la plaza

extraordinaria de notificador, hasta tanto la recomendación del

Departamento    Planificación   sea   conocida   por   la   Comisión   de

Presupuesto.

     Se dispuso: Acoger la anterior solicitud, y prorrogar por el mes de

abril en curso, la plaza extraordinaria de notificador para el Juzgado de

Tránsito de San José, mientras el Departamento de Planificación rinde el

informe solicitado, y sin perjuicio de que lo haga del conocimiento de la

Comisión de Presupuesto.

                           ARTÍCULO LXXXIV

     En la sesión del 23 de diciembre de 1997, artículo LXVIII, se dispuso

trasladar a la Comisión de Asuntos Penales para estudio e informe la

solicitud del Prof. Rafael Guido Brenes Acuña, Jefe del Archivo Criminal,
                                    113

contenida en oficio N° 675-AC-97 que literalmente dice:

            “Como es de su conocimiento el Archivo Criminal
       tramita tanto las capturas y remisiones a la cárcel, como
       presentaciones al despacho, que remiten los despachos
       judiciales de todo el país. Estas órdenes de presentación y
       remisión a la cárcel permanecen activas en este Archivo,
       mientras no sea cancelada por el despacho judicial que
       emitió la orden, aunque la persona haya sido detenida o
       presentada a la Autoridad Judicial, pero mientras no
       llegue el oficio de dejar sin efecto la orden continua
       vigente.
            Ante el “olvido” que cometen muchos funcionarios
       de Despachos Judiciales de todo el país, de enviar a
       cancelar asuntos que ya han quedado sin efecto por
       sobreseimientos, celebraciones de juicio, prescripciones,
       etc., la Corte Plena y el Consejo Superior han emitido
       diversos acuerdos instando a las Autoridades Judiciales a
       enviar el oficio de dejar sin efecto.
            Recientemente la Corte Plena y el Consejo Superior
       acordaron solicitarles a las “Autoridades Judiciales que
       tramitan la materia penal”, el REACTIVAR EN FORMA
       MENSUAL las órdenes de capturas, (ver Boletines Judiciales
       adjunto, con acuerdo de Corte Plena y de la Comisión de
       Enlace Corte-O.I.J).
            Como el Archivo Criminal tiene restringidas miles de
       asuntos pendientes entre presentaciones o remisiones a la
       cárcel, incluso algunos datan desde 1980 o antes, donde
       en la mayoría de estos casos los expedientes judiciales han
       sido archivados, pero no se tiene la facultad para que el
       personal de este Archivo proceda a cancelarlos y por la
       proximidad a la entrada en vigencia del nuevo Código
       Procesal Penal, es que le solicito que gestione ante quien
       corresponda para que autorice al Archivo Criminal a
       cancelar todas aquellas presentaciones o remisiones a la
       cárcel, que no hayan sido reactivadas mensualmente”.

                                    -0-

      El Magistrado González, Presidente de la Comisión de Asuntos

Penales, en oficio N° 034-98 de 13 de este mes, rinde el siguiente informe:

            “En relación con su atenta nota de fecha 12 de
                                   114

       enero del año en curso, N°447-98, por medio de la
       cual traslada a la Comisión de Asuntos Penales, para
       su estudio e informe, la consulta externada por el
       Profesor Rafael Guido Brenes Acuña, Jefe del Archivo
       Criminal, en el sentido de que se autorice a su
       despacho a cancelar, de oficio, todas las órdenes de
       presentación o remisión al centro penitenciario, que
       no hayan sido reactivadas mensualmente; me permito
       comunicarle que esta Comisión estima que no es
       posible acceder, por el momento, a la solicitud que
       formula el señor Jefe del Archivo Criminal, dada la
       reciente entrada en vigencia del Código Procesal
       Penal y la necesidad de dedicar todos los esfuerzos
       posibles en su correcta implantación. Es oportuno, sin
       embargo, que se reitere a las autoridades judiciales su
       deber de ratificar las órdenes de captura en forma
       periódica; y que, por su parte, el Archivo Criminal
       examine la posibilidad de que tal medida puedan
       cumplirla los tribunales mediante el envío de listados,
       sin necesidad de confeccionar órdenes separadas
       para cada imputado, a menos de que se trate de la
       orden de captura inicial.”
                                ---o0o---

     Se acordó: Acoger el anterior informe, y reiterar a las autoridades

judiciales por medio de aviso que se publicará en el Boletín Judicial, su

obligación de ratificar las órdenes de captura en forma periódica al

Archivo Criminal. La Secretaría General tomará nota para lo de su cargo.

                            ARTÍCULO LXXXV

     Se dispuso publicar una circular en el Boletín Judicial para reiterar a

las autoridades judiciales de la materia penal su deber de reportar ante

la Oficina correspondiente del Organismo de Investigación Judicial, la

dirección del lugar donde pueden ser localizados, especialmente

durante los fines de semana, feriados y asuetos, así como Semana Santa,
                                   115

fin y principio de año, para su rápida ubicación, así como número de

teléfono y radiolocalizador, con el propósito de tramitar órdenes de

excarcelación y de captura, o cualquier otro asunto urgente que llegue

a presentarse.

                            ARTÍCULO LXXXVI

      La Licda. Miriam Sandí Murcia, Jueza de Juicio del Tribunal Penal

de San José, en nota de 3 de abril recibida en esta fecha, hace del

conocimiento una anomalía que se suscitó el 25 de marzo último, luego

de concluida la audiencia en la causa contra Gerardo Villalobos

Miranda por el delito de abusos deshonestos en perjuicio de Cinthia

Agüero Córdoba, en donde figura como defensor particular el Lic.

Freddy Jiménez Peña, que indica la Fiscal de Juicio Licda. Andrea Murillo

Fallas que el citado profesional se acercó donde la testigo y profesora

Mariana Almengor Bermúdez y la ofendió en su carácter personal y

profesional por lo que debió intervenir, y éste le indicó que no se

entrometiera porque a ella no le interesaba, y que de todas maneras no

estaba presente el Tribunal. Que tales hechos estima el Tribunal deben ser

conocidos por este Consejo Superior con el propósito de que se tomen

las medidas necesarias y evitar que en el futuro se presenten.

      Se acordó: Comunicar a la Licda. Sandí Murcia, que en el caso

que indica es el Tribunal el que deber levantar una información si así lo

estima dada la gravedad de la falta, y resolver lo correspondiente
                                    116

conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, reformada por la Ley de Reorganización Judicial.

                            ARTÍCULO LXXXVII

      Se dispuso trasladar a la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial para su atención, el facsímil fechado el 13 de abril

en curso, en el que la señora Olga Lisbeth Solís Alvarado, Auxiliar Judicial

de Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Heredia, indica que la

Subdelegación Regional de esa ciudad, no les prestó la colaboración

requerida de transporte durante la recién pasada la Semana Santa en

que estuvieron atendiendo los turnos de disponibilidad acordada por

este Consejo en la sesión del 30 de marzo anterior, en asuntos de

violencia doméstica.

                            ARTÍCULO LXXXVIII

      En sesión del 12 de marzo último, artículo XC, se dispuso tener por

rendido y poner en conocimiento del quejoso, el informe en el que el Lic.

Jorge Solano Herrera, Juez de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de

San José contestó la queja interpuesta por el Lic. Erasmo Rojas Madrigal,

relacionada con una notificación que se le hizo.

      Al anterior acuerdo e informe se refiere el Lic. Rojas Madrigal en

escrito de 31 de marzo último, recibido el 3 de los corrientes, en el que

concluye que su interés no es buscar culpables ni que se aplique sanción

disciplinaria a nadie, sino simplemente evitar irregularidades que pueden
                                     117

poner en indefensión a las partes.

      Se acordó: Tener por hechas las anteriores manifestaciones.

                             ARTÍCULO LXXXIX

      Se dispuso trasladar a la Comisión de Construcciones con el atento

ruego de que se pronuncie a la brevedad posible, y en tanto se defina

la política a seguir, el oficio de 3 de abril en curso, en el que la Licda.

Cynthia Dumani Stradtmann, Jueza, y los señores Carlos Manuel Pizarro

Gómez y Luis Minor Castillo Contreras, Auxiliares Judiciales, todos del

Tribunal de Guanacaste, sede Santa Cruz, se refieren a los serios

problemas que afrontan, por haber dispuesto la Unidad Administrativa

Regional de Guanacaste el traslado del aire acondicionado que estaba

en ese Despacho a la Fiscalía de Juicio del lugar, por lo que solicitan se le

provea de ese equipo.

                               ARTÍCULO XC

      En la sesión celebrada el 12 de febrero último, se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

            “ARTÍCULO XXXIX.- En sesión celebrada el 20 de enero
      último, artículo C, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

       “En memorial de 19 de enero en curso, el señor William
       Soto Solano, Presidente de la Asociación Nacional de
       Investigadores en Criminalística, manifiesta:
       “...me presento a solicitar a nombre de mi representada, la
       intervención de este Consejo Superior a fin de que se
       solucione una situación que está generando gran alarma y
       descontento entre nuestros agremiados.
       En oficio DICR- 042- 98 de 12 de enero del corriente la
       Jefatura Departamental de Investigaciones Criminales
                            118

propone a la Dirección del O.I.J. la creación de una nueva
oficina para la atención inmediata de los requerimientos y
actuaciones que los señores Fiscales del Ministerio Público
vayan a requerir en cumplimiento de las funciones que les
asigna el nuevo Código Procesal Penal.
El día de hoy ya fue puesta en ejecución la propuesta, sin
considerarse que la misma roza con varias disposiciones de
Corte Plena y contra los derechos adquiridos de varios
servidores perjudicados.
Básicamente la nueva oficina funcionará con 24 servidores
distribuidos en cuatro grupos de 6 investigadores, bajo un
rol de servicio de dos días de trabajo de 12 horas cada
uno por dos días de descanso. En la propuesta que,
entendemos ya fue aprobada por la Dirección del O.I.J.,
se indicaban los servidores que, extraídos de otras
secciones pasarían a formar parte de la nueva oficina.
La     Asociación    Nacional   de     Investigaciones     en
Criminalística (Anic), se opone a lo anterior, no en cuanto
a la idea de que exista una oficina dedicada a la
atención de los señores Fiscales del Ministerio Público, sino
en la forma en que se está implementando.
Por lo siguiente:
-     Los servidores que van a formar parte de la nueva
dependencia fueron extraídos de otras oficinas del O.I.J.
ya de por sí escasas de personal.
En efecto, continuamente se expresa que las diversas
dependencias del O.I.J; no cumplen a cabalidad ni rinden
con el trabajo que de ellas se demanda, sin embargo, en
lugar de crear plazas nuevas y seleccionar al personal más
idóneo para ocuparlas, se debilita al ya exiguo personal
de otras dependencias, con lo que en vez de solucionar
un problema, se crean varios nuevos.
-     El nivel de desmotivación que crean los traslados
involuntarios se ha comprobado en múltiples ocasiones
que tiene como consecuencia un menor rendimiento
laboral, con lo que una vez más, la medida implementada
no resulta propicia ni apropiada para la solución de los
problemas que pretende solventar.
-     En 1992 la Corte Plena aprobó los horarios del
Departamento de Investigaciones Criminales (véanse:
Artículo XXXI de sesión de 5 de octubre de 1992, artículo
VIII de sesión de 13 de octubre de 1992 y artículo XXX de
sesión de 19 de octubre de 1992).
En dichos acuerdos quedó claramente establecido que la
                              119

 jornada de los servidores del O.I.J. es de 8 horas y que
 existen 4 horas prepagadas a través de un rubro salarial a
 la base (20%) que tiene como objetivo solventar los casos
 en que el servidor deba permanecer en su oficina después
 de las 8 horas de trabajo.
 En vista de lo anterior, las 4 horas adicionales, no pueden
 ser consideradas para establecer el horario de ninguna
 sección del O.I.J., pues tienen un sentido y finalidad muy
 distinto.
                            Petición
 Con base en lo expuesto se solicita al Consejo se sirva
 corregir la situación ocasionada, a fin de que se trasladen
 a dicha oficina aquellos servidores que voluntariamente
 acepten el traslado, pues de lo contrario se estarían
 violentando los derechos de nuestros agremiados”.

                            -0-
      Se dispuso: Previamente a resolver lo que
 corresponda, trasladar la anterior solicitud a la Licda Lineth
 Saborío Chaverri, Directora General del Organismo de
 Investigación Judicial, a fin de que rinda el
 correspondiente informe dentro del término de tres días,
 contados a partir del siguiente al del recibo de la
 respectiva comunicación.”

                              -0-

       En oficio N° 257-DG-98 de 5 de este mes, la Licda Lineth
Saborío Chaverri, Directora General del Organismo de
Investigación Judicial, remite el informe solicitado, que
literalmente dice:

 “...me permito rendir informe relacionado con acuerdo
 tomado por los estimables Miembros del Consejo Superior
 sobre la “Oficina Técnica de Atención Inmediata”. Uso las
 comillas, en tanto la Jefatura del Departamento de
 Investigaciones Criminales, para una mayor comodidad en
 cuanto a comunicaciones radiales se refiere etcétera le
 dio tal nomenclatura. No obstante en oficio DICR-0109-98
 que la suscrita dirige a aquellos Jerarcas y que se adjunta
 a la presente fue clara en señalarles que no se ha creado
 una nueva Oficina, ya que ello había conllevado la
 inclusión en Anteproyecto de Presupuesto y valorado por
 las instancias correspondientes.
                            120

      Aclarado este punto, paso a referirme al fondo del
asunto.
Como conoce el Consejo Superior, el año recién pasado
se estableció una Comisión de Enlace entre el Organismo
de Investigación Judicial y el Ministerio Público, en aras de
proyectarnos al ingreso del nuevo Código de
Procedimientos Penales y con la suficiente antelación,
procurar la debida coordinación y puesta en marcha de
proyectos varios que facilitaran la dirección funcional.
      En virtud de lo anterior se creó la Oficina única de
Recepción de Denuncias, en la que laboran según turnos
dos fiscales y al observar; que ya ahora en la práctica se
hace necesario el tamizado de casos para investigación,
se sumó a tal proceso el Jefe de Operaciones. Ante la
cantidad y variedad de casos de atención inmediata que
se presentaban, y que se hacía necesario efectuar
algunas diligencias de investigación policial, previo a que
el Fiscal optara por alguna de las alternativas que ofrece
el nuevo cuerpo normativo; esta Dirección comenzó a
sentir la necesidad de un mayor soporte para el Jefe de
Operaciones y que además permitirá una mayor agilidad
en su funcionamiento.
      Ahora bien, el Departamento de Investigaciones
Criminales, -sus diferentes secciones - siempre han tenido
roles de guardia o disponibilidad según corresponda.
La diferencia estaba en que cada sección tenía su
personal de guardia dentro del recinto que correspondía a
cada una de ellos, tanto en horas hábiles como no hábiles,
además de lo señalado cuando una pareja se encontraba
de guardia por ejemplo la noche de un lunes, entonces
por razones de ley, tenía libre ese lunes en el día y martes
por la noche, provocándose con ello que en ocasiones
ofendidos, testigos y usuarios en general, toparan con el
inconveniente de no encontrar a aquel investigador que
tenía asignado su caso, amen de eso se interrumpía la
continuidad de las investigaciones y por ende se afectaba
el buen servicio público. Situación que ahora aquejaría a
los Fiscales de las diferentes unidades del Ministerio
Público.
      Como resultado del análisis de los extremos anteriores,
se optó porque equitativamente, -según el número de
servidores con que cuenta cada unidad policial del
Departamento de Investigaciones Criminales- cada Jefe
de Sección indicara el nombre de servidoras y servidores
                           121

para conformar este grupo de investigadores que junto al
Jefe de Operaciones y Fiscales, atendieran los -llamados
desde siempre- casos de guardia. Así las investigaciones
que ameritan mayor profundidad y seguimiento son
trasladadas a las respectivas secciones según delito, esto
nos está permitiendo además; que según se requiera para
mejor aprovechamiento de recurso tanto humanos como
materiales, cuando es necesario se fraccionan horarios
(dentro del marco de ley) y con ello se ve beneficiado el
buen servicio público.
      En otro orden de ideas, se ve incrementada la
supervisión y control de ejercer al Jefe de Operaciones, ya
que en una misma planta física se encuentra ubicado el
personal que se encuentra de guardia, así en todo
momento ese Jerarca conoce las diligencias sobre las
cuales se encuentran trabajando, el rendimiento del
personal se acrecienta y se evita lo que anteriormente
sucedía: la pareja de guardia de x sección atendiendo un
caso y otros dos en espera, mientras que otra pareja -por
considerarse ajena a aquel tipo de delito- no estaba
atendiendo ninguna otra denuncia.
      No podemos dejar de recordar casos lamentables, en
que mucho intervino la ubicación del personal y el sitio en
que se encontraba el jefe de Operaciones, desde donde
se le dificultaba hacer efectiva una verdadera supervisión;
con personal disgregado en diferentes Oficinas y pisos del
edificio.
      Además no dejo de mencionar que el horario que se
estableció, es el mismo que opera para los grupos de
servidores que componen la Sección de Inspecciones
Oculares y Recolección de Indicios, mismo turno que
cubren también los cuatro Jefes de Operaciones.
      Con todo lo expuesto deseo dejar establecido que
todo se ha hecho en estricto apego a la normativa que
nos rige, a lo que me permito agregar, que la Ley
Orgánica de la Institución posibilita a esta Dirección a
realizar traslados del personal de investigación, y que
como consecuencia; en cualquier momento en procura
de un mejor servicio público, podrá trasladarse algún
servidor hacia la Sección de Inspecciones Oculares,
ejemplo dado renglones atrás y no por ello podrá alegarse
un perjuicio, como tampoco un derecho adquirido el no
hacer guardias, si en la Sección en que se encuentran
asignados al menos en aquel momento no efectúa tales
                                     122

       turnos.
             Por otra parte existe un importante porcentaje veinte
       por ciento que se paga a los agentes y los agentes de
       investigación, por : variación de jornada, riesgo y
       disponibilidad.
             En definitiva la determinación se fundamenta, como
       reitero, en procura de aumentar el buen servicio público al
       que nos debemos, al amparo de la normativa que nos
       rige, y procurando mayor su previsión y control, razones
       que dan sustento a la existencia del Jefe de Operaciones.
             Sobre el tema que nos ocupa fue informada la
       Comisión de Enlace Corte suprema de Justicia - Organismo
       de Investigación Judicial y lamento no haberlo hecho ante
       ese Órgano Superior, ya que por error involuntario
       interpretamos, que el concentrar personal de guardia en
       un mismo recinto no ameritaba trámite formal ante el
       Consejo Superior.
             Rindo el presente informe y quedo a las gratas
       órdenes de Ustedes para cualquier aclaración o
       ampliación que se requiera por parte de esta Dirección
       General.”

            Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y
      ponerlo en conocimiento de la Asociación Nacional de
      Investigadores en Criminalística, para su atención.”

                                    - 0 -

      El señor William Odio Alfaro, Presidente de la Asociación Nacional

de Investigadores en Criminalística, en un amplio escrito fechado el 31 de

marzo último y recibido el 13 de los corrientes, se refiere detalladamente

al anterior acuerdo.

      Se acordó: Trasladar a la Comisión de Enlace Corte-O.I.J., el

anterior escrito, con el ruego atento de su pronto estudio e informe.

                               ARTÍCULO XCI

      En la sesión del 2 de abril en curso, artículo LXXI, se acordó trasladar
                                     123

al Departamento de Planificación para estudio e informe la solicitud de

Lic. Juan Carlos Meoño Nimo, Juez Contravencional y de Menor Cuantía

interino de Garabito, para que se mantuviera por tiempo indefinido o al

menos hasta diciembre de este año, la plaza extraordinaria N° 031401 de

Auxiliar Judicial 1, que la Corte Plena en la sesión del 15 de diciembre de

1997, artículo X, aprobó por los cuatro primeros meses de 1998.

      El Lic. Meoño Nimo, en facsímil de esta fecha y por los motivos que

indica, en tanto el Departamento de Planificación rinde el informe que se

le solicitó en la sesión del 2 de los corrientes, pide se le autorice a contar

con los recursos de dicha plaza.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, y prorrogar por el mes de

mayo próximo la plaza de Auxiliar Judicial 1 para el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito. Los Departamentos

de Personal y Planificación tomarán nota para lo de sus cargos.

                               ARTÍCULO XCII

      En la sesión celebrada el 28 de octubre de 1997, artículo XLIX, se

tuvo por rendido el informe N° 275-EST-97 de la Sección de Estadística del

Departamento de Planificación, sobre el movimiento de trabajo habido

en materia penal juvenil en el período comprendido de julio de 1996 al 30

de junio de 1997, y se dispuso también trasladarlo a la Comisión de

Asuntos Penales con el ruego de que analizara los resultados, pues se

evidenciaba un elevado número de menores infractores en relación con
                                   124

las sanciones impuestas.

      En oficio N° 032-98 de 13 de abril en curso, el Magistrado González,

en su carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Penales rinde el

siguiente informe:

            “En relación con su atenta nota de fecha 6 de
       noviembre de 1997, N°13418-97, por medio de la cual
       traslada a esta Comisión el estudio N° 275-EST-97 de la
       Sección de Estadística del Departamento de
       Planificación sobre el movimiento de trabajo habido
       en materia penal juvenil entre el 1 de julio de 1996 y el
       30 de junio de 1997, me permito comunicarle que la
       Comisión de Asuntos Penales en sesión del día viernes
       27 de marzo del año en curso acordó rendir el
       siguiente informe:

            “El estudio destaca que, del total de menores que
       figuraron como infractores en las diversas causas
       tramitadas en los Juzgados competentes, (8902), solo
       el cinco por ciento (471) recibieron sentencia
       absolutoria o condenatoria y, de ellos, únicamente al
       2.7% (239), se les impuso alguna sanción.

            Es preciso hacer notar que la Ley de Justicia Penal
       Juvenil no ve a la sanción como la única medida a
       imponer, pues ella debe aplicarse sólo en casos muy
       calificados, cuando sea imprescindible para asegurar
       la readaptación del infractor, tomando en cuenta,
       también, la naturaleza y gravedad del hecho punible
       cometido y todo ello enmarcado dentro del principio
       de lesividad que establece el artículo 14 de dicha Ley,
       que se traduce en la necesaria demostración de que
       su conducta dañó o puso en peligro un bien jurídico
       tutelado.

            Asimismo, la normativa introdujo criterios de
       oportunidad para prescindir de la persecución penal,
       mediante el instituto de las medidas alternativas como
       la suspensión del proceso a prueba (que autoriza a
       imponer cualquiera de las medidas de supervisión y
       orientación establecidas en la misma ley como
                           125

“sanciones”) y la conciliación; procedimientos que, en
caso de que las condiciones que se fijen sean
cumplidas a cabalidad por el infractor, conllevan la
extinción de la acción penal, mientras que, en el
supuesto contrario, sería preciso continuar el proceso y
culminar   con     una     sentencia    absolutoria    o
condenatoria.

     En esta tesitura, se aprecia del informe que, si
bien el número de infractores que recibieron una
sanción mediante sentencia, es porcentualmente
bajo, fue mayor la cantidad a los que se aplicó la
suspensión del proceso a prueba (5.3%); es decir, un
porcentaje igual al del grupo que se le dictó
sentencia condenatoria o absolutoria; lo que revela la
importancia del instituto y el uso que se ha hecho de
él. Cabe aquí señalar que, en virtud de que es éste el
primer informe estadístico con que se cuenta y dado
lo novedoso de la Ley de Justicia Penal Juvenil que
recién había entrado en vigencia, no se dispone aún
de datos concretos sobre si los menores a los que se
aplicó esta medida (cuya duración máxima es de tres
años), han cumplido o no con las condiciones
impuestas. Este dato se iría reflejando en los próximos
años y podría dar lugar a un aumento en el número
de sentencias condenatorias, respecto de aquellos
menores que incumpliesen con la medida y se les
demostrase la comisión de un hecho punible.

     Sin embargo, según informa la Licenciada Rocío
Pérez Montenegro, Juez Penal Juvenil de San José, en
la categoría “Otra”, que cita el informe como tipo de
resolución que se emitió, se incluyen, distintos
supuestos, entre ellos, el archivo fiscal, por la falta de
individualización del imputado o por la atipicidad del
hecho; el archivo de causas remitidas contra personas
menores de doce años, que se comunican al
Patronato Nacional de la Infancia y los casos en que
los menores cumplieron con lo que se les fijó al
suspenderse el proceso a prueba. Esta categoría es
importante, pues corresponde al 11.5% del total de
menores encausados. No obstante, se reitera, aún se
carece de datos concretos para deslindar las
diferentes situaciones que se comprenden en ese
                         126

apartado (“Otra”) y establecer así de modo
fehaciente el nivel de éxito que haya tenido ese
procedimiento de suspensión.

     En cuanto a la “conciliación”, debe recordarse
que los Juzgados Penales Juveniles no han
comenzado a señalarla sino a partir de este año, con
la entrada en vigencia del Código Procesal Penal,
que regula aspectos básicos de ese instituto, el cual
resultará de gran trascendencia como medida
alternativa y de mayor impacto social y formativo en
los menores.

     Llama la atención el elevado número de
desestimaciones en las que no se aplicaron los
criterios de oportunidad, es decir, las que podrían
llamarse “tradicionales”, referidas a que la conducta
acusada no constituye un hecho punible o no se
puede proceder. A ellas corresponde el 25.1% del
total de menores encausados y una de sus
explicaciones podría radicar en que, por ser ese grupo
poblacional el más vulnerable a las actuaciones de la
policía, se les detenga con base en simples
“sospechas”, o en circunstancias que no evidencien
que estaban ejecutando algún hecho punible.

     Igualmente elevado es el número de menores a
los que se aplicó un criterio de oportunidad para
desestimar la acusación (21.3%); instituto novedoso
que permite no perseguir una conducta en ciertas
circunstancias (artículo 56 de la Ley de Justicia Penal
Juvenil) y que conduce, precisamente, a que no se
imponga una sanción, a pesar de existir pruebas de
que el menor participó en un delito. Se colige de ello,
entonces, la probabilidad de que el número de
sentencias condenatorias habría resultado mayor con
el procedimiento antiguo, sin que tal cosa redundara
en un beneficio para la sociedad ni para los menores
involucrados; aspecto que tomó en cuenta el
legislador al promulgar la nueva ley, cuyos principios
son por completo distintos a los que informaban la
anterior.

    En síntesis, estima la Comisión que, dado lo
                                    127

        reciente de la Ley de Justicia Penal Juvenil que se ha
        comenzado a aplicar; los criterios y principios que la
        inspiran -que imponen analizar sus resultados
        prescindiendo de aquellos criterios en los que se
        basaba la anterior normativa- y que su propia
        aplicación práctica fue parcial -respecto del
        mecanismo de la “conciliación”, al que recién se
        empezará a darle uso-, será preciso esperar un tiempo
        prudencial para contar con mayores elementos de
        juicio que permitan obtener una visión más clara y
        detallada del funcionamiento del sistema; sin que ello
        signifique, en modo alguno, que los resultados que
        ahora se aprecian sean insatisfactorios, pues se
        evidencia un uso razonable de las medidas
        alternativas (suspensión del proceso a prueba) y la
        aplicación de los criterios de oportunidad para
        desestimar las acusaciones, que deberá confrontarse
        con los datos que en el futuro se obtengan, ya que en
        la actualidad no se cuenta con parámetros de
        comparación en ese sentido.”
                                ---o0o---

       Se acordó: Tener por rendido el anterior informe.

                              ARTÍCULO XCIII

       El Dr. Alejandro Daniel Perotti, en nota recibida en esta fecha,

solicita información sobre la Corte Centroamericana de Justicia.

       Se acordó: Comunicar al Dr. Perotti que la Corte Centroamericana

de Justicia tiene su sede en la ciudad de Managua, Nicaragua, por lo

que se le sugiere que se dirija a ella para obtener la información que

solicita.

                              ARTÍCULO XCIV

       Se acordó tomar nota del oficio fechado el 13 de los corrientes, en

el que la Licda. Ana Emilia Fallas Santana, ofrece sus servicios para
                                   128

ocupar una de las plazas extraordinarias de Juez de Juicio en el Tribunal

Penal de Heredia.

                             ARTÍCULO XCV

      En la sesión celebrada el 6 de noviembre de 1997, artículo XCIX, se

dispuso lo siguiente:

             “Comunica la Licda Bustamante que existe malestar
       de parte de los jueces de instrucción y de la patóloga
       forense de la provincia de Puntarenas, por el trato
       degradante que les dan en los barcos, especialmente en
       los cruceros, cuando se apersonan a levantar un cadáver,
       que como en ellos viajan personas de edad avanzada,
       usualmente fallecen por muerte natural, en alta mar y los
       traen a Costa Rica porque es el país que da mayores
       facilidades y colaboración.
             Desean que se les exima de esa obligación, salvo los
       casos en que el fallecimiento sea producto de la comisión
       de un delito.
             Se acuerda: Trasladar el asunto a la Comisión de
       Asuntos Penales para estudio e informe.”

                                  - 0 -

      El Magistrado González, en su carácter de Presidente de la

Comisión de Asuntos Penales rinde el siguiente informe:

             “En relación con su atenta nota de fecha 17 de
       noviembre de 1997, N°13856, por medio de la cual
       traslada a esta Comisión la solicitud de los jueces de
       instrucción y de la patóloga forense de la provincia de
       Puntarenas en el sentido de que se les exima de
       atender los levantamientos de cadáveres de personas
       que fallecen en los barcos, especialmente los
       cruceros, por causas naturales, salvo en los casos en
       que el fallecimiento sea producto de la comisión de
       un delito, me permito comunicarle que la Comisión de
       Asuntos Penales, en sesión del día viernes 27 de marzo
       del año en curso, acordó rendir el siguiente informe:
             “Al respecto, debe señalarse que el artículo 205
                          129

del Código de Procedimientos Penales de 1973,
dispone: “Si la instrucción se realizara por causa de
muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el
extinto fuera desconocido, antes de procederse al
entierro del cadáver o después de su exhumación,
hecha     la  descripción   correspondiente    se   le
identificará por medio de testigos, y se tomarán sus
impresiones digitales...”.

     Por su parte, el artículo 191 del nuevo Código
Procesal Penal, expresa: “En los casos de muerte
violenta o cuando se sospeche que una persona
falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá
practicar una inspección en el lugar de los hechos,
disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje
correspondiente para establecer la causa y la manera
de muerte...”.

     De las normas transcritas se colige que el
levantamiento del cadáver previa inspección por
parte del juez, procede en los casos de “muerte
violenta” o si existen sospechas de que el deceso fue
consecuencia de un hecho punible. Por ello, no es
atendible la petición formulada, en tanto se dirige a
obtener     autorización   para    no   asistir  a   los
levantamientos, a menos de que la muerte “sea
producto de la comisión de un delito”, pues también
están obligados los jueces a intervenir en esas
diligencias, cuando solo concurran “sospechas” de
que pudo darse esa situación. Desde luego si se trata
de personas fallecidas por causas naturales, y de ello
se tiene constancia, los jueces no están en la
obligación de constituirse, salvo que existan sospechas
de que se ha alterado la verdad, situación que deben
valorar en cada caso concreto.

     Asimismo, para entender cuándo se está ante una
“muerte sospechosa”, ha de recurrirse a lo
establecido por la Corte Plena en distintas circulares
relativas a este tema, en virtud de los evidentes
efectos    perjudiciales  que   tendría     para    la
investigación, el suponer que un fallecimiento
obedeció a causas naturales, accidentales o suicidas,
cuando en realidad medió algún delito.
                          130


     Conviene, entonces, transcribir aquí la circular No.
34, ordenada por Corte Plena y publicada en el
Boletín Judicial No. 232 de 2 de diciembre de 1992,
referente a la “Obligación de los jueces de instrucción
y alcaldes que actúan como tales de constituirse en
las diligencias de levantamiento de cadáveres". En
ella se hizo saber:

     “Que la Corte Plena en sesión celebrada el 7 de
setiembre anterior, artículo LXIX, dispuso reiterarles el
cumplimiento de la circular N° 18-88 de 4 de octubre
de 1988, sobre la obligación en que están de
constituirse en las diligencias de levantamiento de
cadáveres.

          El texto de esa circular es el siguiente:

           „Que la Corte Plena en la sesión celebrada
el diecinueve de setiembre próximo pasado, artículo
LXVI, a solicitud del señor Director de Desarrollo
Técnico de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
acordó reiterarles el cumplimiento de lo dispuesto por
la Corte Plena en la sesión celebrada el 26 de julio de
1982, artículo XXXIX, de modo que ordenen a tiempo
las autopsias en los casos que a su juicio proceda ese
examen, evitando así atrasos en la entrega de
cadáveres a los interesados, y que con el propósito de
reducir, en lo posible, las autopsias innecesarias,
solamente por orden judicial (Juez de Instrucción,
Alcaldes Penales, etcétera) se lleven a cabo las
autopsias en los siguientes casos:

1) Muertes violentas: Homicidios, suicidios, lesiones
accidentales, sea cuando un agente externo haya
contribuido a producir la muerte. El término violencia
se refiere a todo traumatismo mecánico, químico,
térmico, radial, eléctrico, etc.; así como toda la lesión
cualquiera sea su índole, que haya coadyuvado a
producir la muerte, siempre y cuando por la
inspección externa del cadáver no resulte evidente
cuál fue la causa que la produjo, conforme lo dispone
el artículo 239 del Código de Procedimientos Penales.
2) Muertes ocurridas bajo circunstancias extrañas o
                         131

sospechosas: Se refiere a aquellos casos en los cuales
exista la sospecha de un envenenamiento o cualquier
otra causa desconocida que produjo la muerte.
3) Muertes repentinas y muertes naturales inesperadas:
Concierne     a   las  muertes    que se producen
inesperadamente sin haber existido tratamiento
médico o aquellas otras en las cuales se ignore en
absoluto las causas que las produjeron.
4) Toda muerte que ocurra sin atención médica:
Abarca los casos en los cuales el paciente no recibió
tratamiento médico alguno en los últimos días previo
a la fecha del deceso. Atención médica significa en
estos casos que el médico de cabecera u otro
extraño, hubiera tenido a su cargo la atención
respectiva, recetando y visitando al paciente que le
permita     haber   detectado     el  origen   de   su
fallecimiento. No se considera tratamiento médico la
circunstancia de que un médico haya observado al
paciente moribundo.
5) Muertes ocurridas a personas que sufran privación
de libertad en los centros de detención:         Están
comprendidas todas las muertes que tengan lugar en
los centros de detención sin excepción y que no se
trate de individuos que hayan fallecido con
tratamiento médico conforme se expuso en el anterior
punto.
6) Muertes ocurridas con motivo de un tratamiento o
procedimiento anestésico: Concierne a las muertes
que ocurran como resultado de un tratamiento de
anestesia o con motivo del procedimiento anestésico.
Ejemplo: Muerte a causa de alguna inmunización
(vacunas), o bien durante el procedimiento de su
anestesia previa a una intervención quirúrgica, o por
la puesta de cualquier tipo de inyección.
7) Muertes asociadas con aborto: Se trata de aquellas
mujeres que fallecen a consecuencia de un aborto o
en los casos en que se sospeche que lo hubo. Incluye
las tentativas de aborto aunque no hubiere estado
embarazada la mujer.

8) Muertes que han sido causadas por lesiones o
enfermedades de carácter industrial: Se incluyen en
este grupo todas las enfermedades o lesiones
contraídas durante un empleo que puede haber
                          132

producido o contribuido a determinar la muerte, sin
importar si la persona hubiere recibido tratamiento
para esa enfermedad.         Se incluye los casos de
enfermedades profesionales.
9) Para efectos de identificar la persona fallecida: Es
conveniente disponer que cuando los patólogos al
efectuar autopsias de rutina en los centros
hospitalarios del país, descubran algún caso
sospechoso de criminalidad de inmediato lo hagan
del conocimiento de las autoridades del Ministerio
Público, del Organismo de Investigación Judicial o de
las autoridades judiciales correspondientes para que
dispongan lo que proceda.
           Igualmente es recomendable que las
autoridades antes citadas se hagan asesorar por los
médicos forenses de su jurisdicción, cuando se les
presente casos que ofrezcan sospechas para que
decidan lo que más convenga al respecto.
           Como en lo sucesivo, sólo por orden judicial
se procederá a realizar una autopsia, es conveniente
hacer del conocimiento tanto de los jueces de
Instrucción como de los Alcaldes Pénales del País, que
cuando laboren en horas fuera de oficina (de turno en
horas de la noche y días feriados) deberán estar
atentos a todo llamado de las autoridades para
atender los mencionados casos, a fin de que tomen
las medidas que sean necesarias con el objeto de
asegurar una administración de justicia pronta y
eficiente, en colaboración con las autoridades
llamadas a prestarle auxilio”.

     La circular anterior no amerita sufrir modificación
alguna y de los supuestos que, a modo de ejemplo,
enuncia, resulta claro que los numerados del “2” al
“8”, así como los suicidios y los accidentes, que se
contemplan en el número “1”, pueden calificarse
como “muertes sospechosas”, aunque en última
instancia se descarte que medió un hecho punible y,
en    consecuencia,     es   necesario     practicar   el
levantamiento del cadáver, previa inspección por
parte del Juez Instructor o del Juez del procedimiento
preparatorio, con la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal.
                                   133

            Tomando en cuenta las características peculiares
      de los fallecimientos en medios de transporte como
      aeronaves o barcos, pero, en especial, en estos
      últimos, los cuales normalmente realizan travesías
      prolongadas que impiden, por lo general, conocer el
      sitio preciso en que ocurrió el deceso (aguas
      territoriales o internacionales), así como el historial
      médico del occiso o el tratamiento que se le hubiere
      dispensado en la nave por parte de los profesionales
      en medicina que, eventualmente, formen parte de la
      tripulación, resulta claro que, en la mayoría de los
      casos, tales muertes han de clasificarse como
      inesperadas o repentinas, de causas ignoradas o sin
      haber sido precedidas de asistencia médica. En estos
      supuestos, es obligatoria la presencia de la autoridad
      judicial y, por las mismas razones, no es posible eximir
      a los jueces, mediante un acuerdo de carácter
      general, de participar en las diligencias que, por ley,
      tienen encomendadas, ya que cada caso debe
      analizarse en forma singular.

      Menos aún puede extenderse una autorización de esa
      naturaleza al médico forense, por ser éste el
      profesional más idóneo para establecer, prima facie,
      si se está en presencia de una muerte natural,
      accidental o suicida o de otro tipo.

           En   consecuencia,       deben    las  autoridades
      judiciales ajustar sus actuaciones a lo que se ha
      dispuesto en la circular antes citada, entendiendo que
      solo en las hipótesis no contempladas en ese
      documento o en otros casos en que la muerte no
      amerite calificarse como “sospechosa”, están exentos
      de practicar el levantamiento del cadáver.”
                               ---o0o---

     Se   dispuso:   Acoger   el   anterior   informe   y   ponerlo   en

conocimiento de los interesados para su atención.

                          ARTÍCULO XCVI

     La Corte Plena en la sesión celebrada el 23 de marzo último,
                                      134

artículo XVII, acordó lo siguiente:

           En la sesión del 2 de marzo en curso, artículo VI, se
       tomó el siguiente acuerdo:

                   “El Magistrado Solano en nota de hoy expresó
       al Presidente, Magistrado Cervantes, lo siguiente:
            “El Dr. José de la Mata me informó telefónicamente
       que el Consejo General de Poder Judicial de España
       abrirá       formalmente      el      Programa     “AULA
       IBEROAMERICANA”, ofreciendo la oportunidad de
       participar en la Escuela Judicial situada en Barcelona, a
       jueces de un reducido número de países.
       Costa Rica está dentro de ese primer grupo y se
       participaría bajo estas reglas:
       1. PROGRAMA DE UN AÑO DE “FORMACIÓN INICIAL”.
       El proyecto tiene como objetivo que los jueces
       iberoamericanos pasen por el mismo proceso de
       “formación inicial” a que se someten los aspirantes a la
       judicatura española.
       2. PARTICIPAN JUECES DE RECIENTE INGRESO A LA
       CARRERA JUDICIAL.
       Como el proyecto consiste en participar de cursos
       tendientes a otorgar esa formación que se requiere para
       ser un juez o jueza, evidentemente hay un requisito natural:
       que los aspirantes latinoamericanos sean personas de
       reciente ingreso a la judicatura y que se encuentren en
       carrera judicial, para que los Poderes Judiciales tengan
       expectativas de derivar ventajas duraderas de la
       participación de sus miembros en el programa.
       3. NIVEL ACADÉMICO ALTO.
       Asimismo, se requiere que los aspirantes tengan un nivel
       académico alto, para que el mismo programa se
       enriquezca de la diversidad y la calidad de los
       participantes.    Para esos efectos, hay que enviar el
       curriculum vitae.
       4. LA FINANCIACIÓN.
       Nuestro Poder Judicial únicamente tendría que cubrir los
       tiquetes aéreos quien participe en el programa.       La
       contraparte   española,    por  medio     del  Instituto
                             135

Iberoamericano de Cooperación, cubre:
a) estancia;
b) bolsa de estudio, consistente en una ayuda de 200.000
Pesetas mensuales.
5. PROCEDIMIENTO.
Se está solicitando que a través del procedimiento más
idóneo para permitir la participación de los mejores, el
Poder Judicial abra un concurso interno que conduzca a
la selección de una terna que deberá ser sometida al
Consejo General del Poder Judicial. De esa terna, un
grupo de trabajo compuesto por representantes del
Consejo y del ICT, harán la escogencia final.
Por eso resulta importante el curriculum.
En los próximos días llegarán los documentos respectivos,
pero me han pedido que si pudiéramos ir trabajando en el
concurso, sería muy conveniente.”
                              -0-
      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe,
acogerlo y trasladarlo al Consejo de Personal para que
inicie los trámites necesarios con el fin de abrir el concurso
interno indicado para seleccionar la terna que deberá ser
sometida a conocimiento de Consejo General del Poder
Judicial en España.”

                              -0-
     El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del
Departamento de Personal, en oficio N° 230-JP-98 de 20 de
este mes, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de
Personal, en la sesión celebrada el 19 de los corrientes,
artículo II, que literalmente dice:
“La Corte Plena en la sesión celebrada el 03 de marzo de
1998 acordó lo siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Plena en
sesión celebrada el 2 de este mes, me permito remitirle
para que a la brevedad se haga el concurso
correspondiente, copia de la nota de 2 de los corrientes,
suscrita por el Magistrado Solano, en la que da cuenta que
el Consejo General del Poder Judicial de España abrirá
formalmente el Programa “Aula Iberoamericana”
ofreciendo la oportunidad de participar en la Escuela
Judicial situada en Barcelona, a jueces de un reducido
                                                       136

            número de países.
            Oportunamente se le remitirá transcripción del acuerdo
            respectivo”.
            En cumplimiento de dicha disposición el mismo día 12 de
            marzo el Departamento de Personal procedió a publicar la
            Circular N° 03-CIR-98, recibiéndose solicitudes hasta el día
            18 de marzo de 1998.
            De conformidad con la información que el Magistrado Luis
            Fernando Solano Carrera hizo llegar al Magistrado Edgar
            Cervantes Villalta Presidente de la Corte, las personas que
            concursaban deberían tener los siguientes requisitos:
            1. Reciente ingreso a la Judicatura.
            2. Formar parte de la Carrera Judicial.
            3. Un alto nivel académico.
            El Departamento de Personal recibió                                      las     siguientes
            solicitudes:

                                         NÓMINA
                                BECA AULA IBEROAMERICANA
                                     VENCE EL 18-03-98

DENTRO DE CARRERA JUDICIAL

  #     CÉDULA          NOMBRE              INGRESO          PUESTO ACTUAL Y                   PUESTO          TOTAL
                                                             OFICINA TITULAR                  INTERINO         TIEMPO
                                                                                               ACTUAL
                                           PROPIEDAD                                                          LABORADO
      1 1-727-564 Camacho Villalobos            1/10/93 Juez Supernumerario 1,             Juez 3, Jdo. de    4 a. 6 m. 14 d.
                  Robert                                Presidencia de la Corte            Familia de Heredia
      2 4-138-934 Hernández                        1/10/92 Juez Supernumerario 1,          Juez 4, Trib. II Cir. 6 a. 1 m. 10 d.
                  Balmaceda Paul                           Presidencia de la Corte         Jud. Z Atlántica
      3 1-523-405 Hidalgo Murillo José             1/07/89 Juez 3, Juzgado Penal de        Juez 3, Juzgado       9 a. 8 m. 6 d.
                  Daniel                                   San José                        Penal de Alajuela
      4 1-580-490 Sancho Madrigal                  1/10/81 Juez 3, Jdo. Civil y de         Juez 3, Jdo. Civil y 16 a. 8 m. 22 d.
                  Manuel F. (1)                            Trabajo Turrialba               Trab. Heredia
      5 2-312-890 Soto Morice Zoila                1/06/91 Juez 3, Juzgado Penal de        Juez 3, Juzgado       6 a. 9 m. 16 d.
                  Rosa                                     Grecia                          Penal de Grecia
(1) El señor Sancho Madrigal disfrutó de una beca del 04-03-96 al 28-02-97 para estudiar en la U.C.R.



       CÉDULA             NOMBRE                INGRESO         PUESTO ACTUAL                PUESTO          TOTAL
                                                                  Y OFICINA                 INTERINO         TIEMPO
                                                                   TITULAR                   ACTUAL          LABORADO
                                               PROPIEDAD
 1     1-465-430   Bolaños Vargas Jorge Luis        1/12/77 Auxiliar Judicial 3-B, Juez 3, Jdo.              19 a. 9 m. 11 d.
                                                            Jdo. Penal I Circ. Jud. Penal de San
                                                            S. J.                   José
                                                     137

2   1-472-963   Castillo Mesén Jeannette            16/12/77 Defensor Público 2,           Juez 4, Trib.        19 a. 2 m. 11 d.
                (1)                                          Depto. Defensores             Penal I Cic. Jud.
                                                             Públicos                      S. J.
3   1-573-170   Dobles Ovares Víctor Alf.           16/08/90 Fiscal Auxiliar 1,            Juez 4, Trib. II     7 a. 10 m. 19 d.
                (2)                                          Ministerio Público de         Cir. Jud. Z
                                                             San José                      Atlántica
4   1-800-284   Mora Retana Patsy (3)       -------------      -------------------------   Juez 3, Juzgado      3 a. 0 m. 6 d.
                                                             --------------------------    Penal de
                                                             --------                      Siquirres
5   1-802-611   Murillo Rodríguez Roy A.             1/01/92 Juez Supernumerario           Juez 2, Jdo. Ejec.   6 a. 8 m. 29 d.
                (4)                                          2, Presid. de la Corte        Pena Alajuela
6   1-596-858   Rodríguez Arroyo Manuel             1/04/84 Oficial de                     Juez 1, Jdo.         13 a. 5 m. 6 d.
                (5)                                         Investigación 1,               Contrav.
                                                            Asuntos Internos               M.C.B.Aires
7   9-072-460   Sandí Zúñiga Freddy                16/04/91 Auxiliar Judicial 2,           Juez 2, Jdo.          8 a. 4 m. 12 d.
                Alberto(2)                                  Jdo. 2° Civil y                Ejecuc. de la
                                                            M.C.San José                   Pena S. J.
8   1-644-490   Vargas Durán Jimmy (5)              1/06/79 Auxiliar                       Juez 3, Jdo. 1°      18 a. 9 m. 0 d.
                                                            Administrativo,                Civ.y
                                                            Dirección Ejecutiva            Trab.Cartago




                     (1) La señora Castillo Mesén aprobó la etapa
                    interdisciplinaria y se encuentra elegible para Juez
                    Superior Penal
                    (2) Los señores Dobles Ovares y Sandí Zúñiga
                    participan en el concurso CJ-01-97 (Juez 1) del cual
                    no se ha conocido el resultado de la etapa
                    interdisciplinaria.
                    Además, el primero disfrutó de una beca del 06-03-95
                    al 05-03-96 para estudiar en la U.C.R.

                    (3) La señorita Mora Retana
                    labora en forma interina para el
                    Poder Judicial
                    (4) El señor Murillo Rodríguez ganó los exámenes
                    respectivos para el concurso CJ-01-94 para el cargo
                    de Alcalde.

                    (5) Los señores Rodríguez Arroyo y Vargas Durán
                    aprobaron los exámenes respectivos para el
                    concurso CJ-02-96 para el cargo de Actuario.


        Este Consejo procede a analizar las ofertas presentadas de
        aquellos funcionarios incorporados a la Carrera Judicial.
                                   138

       Luego de un amplio intercambio de criterios SE ACORDÓ:
       Remitir a la Corte Plena la siguiente terna, con la
       observación de que el orden de aparición señala el
       criterio de preferencia de este Consejo.

       1. Camacho Villalobos Robert

       2. Hernández Balmaceda Paul

       3. Hidalgo Murillo José Daniel

       Se declara acuerdo firme”.
                                   ______
            Se acordó: Aprobar la terna que envía el Consejo de
       Personal y remitirla, conforme se indicó, al Consejo General
       del   Poder     Judicial    Español,   para    los   efectos
       correspondientes.
            La Magistrada Calzada votó por no acoger la terna
       porque no se incluye en ella a una funcionaria judicial, aún
       y cuando en la nómina hay varias que podrían integrarla.”

                                   - 0-

     En facsímil de 13 de abril en curso, el Dr. José de la Mata Amaya,

Director del Área de Formación del Consejo General del Poder Judicial

de España, comunica que la Comisión de Evaluación del Aula

Iberoamericana de la Escuela Judicial acordó seleccionar para

participar en el Curso de Formación Inicial del Aula al Juez Robert

Camacho Villalobos, que el curso comenzará el 15 de abril próximo y se

prolongará durante 11 meses.

     Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y conceder al

Lic. Robert Camacho Villalobos, Juez del Juzgado de Familia y Penal

Juvenil de Heredia, permiso con goce de salario por 11 meses a partir de

mañana, 14 de abril, así como el pago de los tiquetes áereos, con el fin
                                    139

de que participe en el curso que se ha indicado. Es entendido que el Lic.

Camacho deberá firmar el respectivo contrato de adiestramiento.

      Los Departamentos de Personal, de Proveeduría y Financiero

Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                              ARTÍCULO XCVII

      En la sesión del 3 de marzo último, se tomó el acuerdo que

literalmente dice:

       “ARTÍCULO CX Manifiesta la Licda Bustamante que hoy
       estuvieron a visitarla nuevamente las señoras María Garita
       Rodríguez y Shirley Cantillo Chaves, quienes le indicaron
       que el Lic. Álvaro Baudrit Barquero, Jefe del Archivo y
       Registro    Judiciales,      procedió   a   realizar  cinco
       nombramientos interinos, los cuales recayeron todos en
       personal masculino, dejando por fuera a las señoras Garita
       Rodríguez y Cantillo Chaves, quienes tienen la primera 3
       años de laborar en el Archivo y la segunda más de un año.
       Agrega doña Ifigenia que los aludidos nombramientos se
       hicieron en virtud del acuerdo de este Consejo de la sesión
       celebrada el 24 de febrero pasado, artículo CXIII, en que
       se dispuso conceder permiso a cinco servidores del
       Archivo Judicial, a fin de que se separen del cargo, para
       los fines que allí se citan.
             Se acordó: Previamente a resolver lo que
       corresponda, solicitar al Lic. Baudrit Barquero, que dentro
       de término de cuarenta y ocho horas rinda el
       correspondiente informe.”

                                    - 0-

      En la sesión del 9 de ese mes, artículo LXXXIX se dispuso lo siguiente:

            “En la sesión celebrada el 3 de marzo en curso,
       artículo CX, se dispuso solicitarle al Lic. Álvaro Baudrit
       Barquero, Jefe del Archivo y Registro Judiciales, que
       informara sobre las razones por las que recientemente
       efectuó cinco nombramientos de personal subalterno para
       el Archivo Judicial, sin tomar en cuenta a las señoras María
                                    140

       Garita Rodríguez y Shirley Cantillo Chaves, quienes han
       laborado en forma interina, por bastante tiempo en ese
       despacho.
             En cumplimiento del acuerdo a que se ha hecho
       referencia, el Lic. Baudrit Barquero, en oficio N° 21-AB-98 de
       9 de marzo en curso, rinde el respectivo informe, del que
       se desprende, entre otros aspectos, que para la realización
       de los mencionados nombramientos se tomó como primer
       elemento para elección, a aquellas personas que tienen
       mayor tiempo de laborar en el Despacho a su cargo.
             Se acordó: Previamente       a     resolver    lo   que
       corresponda, solicitar al Departamento de Personal, que
       informe dentro del término de tres días, contados a partir
       del siguiente al del recibo de la respectiva comunicación,
       el tiempo que tienen de laborar para el Archivo y Registro
       Judiciales, tanto las señoras Garita Rodríguez y Cantillo
       Chaves, cuanto         los cinco servidores que fueron
       nombrados en los puestos que se han citado.”

                             _______________

      En la sesión del 24 de marzo último, se tomó el acuerdo que

literalmente dice:

             “ARTÍCULO XXXIII.- En sesión del 9 de los corrientes,
       artículo LXXXIX, previamente a resolver lo que corresponda
       se dispuso solicitar al Departamento de Personal, un
       informe del tiempo que tienen de laborar para el Archivo y
       Registro Judicial las señoras María Garita Rodríguez y
       Shirley Cantillo Chaves, así como los servidores que fueron
       nombrados en los puestos que ahí se citan.
             El Egr. Mauricio Quirós Álvarez y el Lic. Francisco
       Arroyo Meléndez, Jefe de la Sección de Derechos
       Laborales y del Departamento de Personal, en su orden,
       en oficio N° 551-DL-98 de 20 de este mes, manifestaron lo
       siguiente:
       “En atención a su oficio N° 3895-98 de fecha 17 de los
       corrientes, me permito a continuación suministrarle el
       tiempo servido de los servidores que detalla en su nota.
       1.- Marvin León Salazar, cédula N° 1-913-275
       Tiempo total servido: 1 año, 5 meses y 13 días
       En el período comprendido entre el 15-8-96 y el 28-2-98.
       2.- María Garita Rodríguez, cédula N° 5-141-042
                                    141

       Tiempo total servido: 1 año, 1 mes y 6 días.
       En el período comprendido entre el 15-8-96 y el 28-2-98.
       3.- Shirley Cantillo Chaves, cédula N° 1-384-585
       Tiempo total servido: 9 meses y 19 días.
       En el período comprendido entre el 2-1-97 y el 28-2-97.
       4.- José Antonio Paniagua Salas, cédula N° 2-396-790
       Tiempo total servido: 5 meses y 25 días
       En el período comprendido entre el 27-8-97 y el 28-2-98.
       5.- Londy Madrigal Muñoz, cédula N° 9-098-925
       Tiempo total servido: 5 meses y 21 días
       En el período comprendido entre el 7-8-97 y el 28-2-98.
       6.- Álvaro Palma Vargas, cédula N° 1-654-058
       Tiempo total servido: 5 meses y 8 días
       En el período comprendido entre el 22-9-97 y el 28-2-98.
       7.- Andrés Madrigal Saborío, cédula N° 1-732-278
       Tiempo total servido: 3 meses y 16 días
       En el período comprendido entre el 3-11-97 y el 28-2-98”.

                                    -0-

             Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y
       comunicarle al Lic. Álvaro Baudrit Barquero, Jefe del
       Archivo y Registro Judicial, que de acuerdo a la
       jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, deberá
       incluir dentro de los nombramientos que se han indicado a
       las señoras María Garita Rodríguez y Shirley Cantillo
       Chaves, en razón de que conforme consta en el informe
       que se ha transcrito del Departamento de Personal,
       ostentan mayor tiempo de servicio que alguno de los
       servidores que actualmente desempeñan el puesto.
             El Departamento de Personal tomará nota para lo de
       su cargo.”
                                   -0-

      El Lic. Álvaro Baudrit Barquero, Jefe del Archivo y Registro Judicial,

en oficio N° 36-AB-98 de 13 de este mes, manifiesta lo siguiente:

            “El día 29 de enero del año en curso, ese Consejo
       conoció un informe verbal suministrado por la señora
       integrante licenciada Ifigenia Bustamante Guerrero,
       trataba de una queja, también verbal, de las señoras
       María Garita Rodríguez y Shirley Cantillo Chaves.
            Hoy día me he dado cuenta que la simple queja
                                  142

      inicial, la cual concluyó en su oportunidad con el archivo
      de las diligencias, ha deparado en un ardid de mentiras
      esgrimidas injustamente por las señoras quejosas.
            No objeto que se sientan frustradas o dolidas por el
      vencimiento del nombramiento, es usual y normal en estos
      casos, a menudo ocurre con todo el personal
      extraordinario al que se le cumple el período de
      nombramiento. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se
      les indicó que serían tomadas en cuenta en otros
      nombramientos que se presentaran, como ya se les había
      hecho en otras ocasiones.
            Estoy al frente de un Despacho y como tal, tengo la
      obligación de anteponer los intereses institucionales a
      cualquier tipo de intereses meramente personales, propios
      o de terceras personas. Así se me ha enseñado durante
      más de 25 años de servicio.
            Como mi único pecado ha sido tan solo tender la
      mano a ambas señoras, ruego a los señores Miembros del
      Consejo Superior, con el respeto que me merecen, se
      sirvan ordenar la investigación correspondiente, ante el
      Tribunal de la Inspección Judicial, para llegar al
      esclarecimiento total de la verdad. Permítaseme hacer
      mío el famoso y certero refrán que dice: “El que nada
      debe nada teme”.
            En acato a lo ordenado por ese Consejo en sesión
      celebrada el 24 de marzo recién pasado, se encuentra
      laborando solamente la señora María Garita Rodríguez -
      hasta el 30 de los corrientes, inclusive-. La señora Shirley
      Cantillo Chaves, a pesar que se le dejaron reiterados
      mensajes en su casa y de manera personal, no ha querido
      comunicarse con el Despacho.
            En caso que se acoja la petitoria del suscrito, también
      ruego al Consejo Superior evaluar la conveniencia,
      pensando tan solo en los intereses de la Oficina y el no
      entorpecimiento de la investigación, que doña María
      permanezca nombrada durante el trámite del proceso.”
                                   -0-

     Se acordó: Trasladar las anteriores diligencias al Tribunal de la

Inspección Judicial para que levante la información y resuelva lo que

corresponda.
                                   143

                            ARTÍCULO XCVIII

      Se tomó nota del oficio fechado el 13 de abril en curso, con el que

el Lic. Luis Diego Araya González, acompaña certificación sobre la labor

que realizó en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Osa

del 23 de marzo último al 8 del presente mes.

                             ARTÍCULO XCIX

      En un amplio escrito de esta fecha el señor Miguel A. Porras

Cascante, estudiante del último cuatrimestre de la carrera de Derecho

de la Universidad Santa Lucía y Auxiliar Judicial interino en el Juzgado

Tercero Contravencional de San José, ofrece sus servicios para laborar en

el Poder Judicial.

      Se acordó: Tomar nota.

                               ARTÍCULO C

      El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° 289-DP-98 de 13 de abril en curso manifiesta lo

siguiente:

             “El Consejo Superior en la sesión N° 16-98, celebrada
       el veintiséis de febrero en curso, conoció la solicitud que
       planteó la Dra. Blanca Nélida Colan Maguiño, Fiscal
       Supremo y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del
       Ministerio Público del Perú, y acordó que el Director del
       Despacho del Presidente coordine lo pertinente y elabore
       un programa para atender a los funcionarios del Perú que
       visitarán nuestro país.
             La visita, según información que recibí el pasado
       miércoles 8 de los corrientes, se tiene programada para el
       16 y 17 de abril, y como parte del programa, además de
       reunirse con diferentes funcionarios del Poder Judicial y
                                   144

       otras entidades, incluye la firma de un convenio, para lo
       cual han remitido un ejemplar que incluye las cláusulas, el
       cual ha sido revisado por este Despacho, y mediante
       diferentes conversaciones con funcionarios del Ministerio
       Público del Perú, se ha llegado a un consenso del mismo.
            Por lo anterior, me permito remitir copia del
       documento para que por su digno medio se realicen las
       gestiones correspondientes para que el documento se
       revise, se apruebe y se pueda firmar el próximo jueves 16
       de los corrientes.”

      En facsímil fechado el 13 de los corrientes, la Dra. Blanca Nélida

Colán Maguiño, en su carácter dicho, informa que por haberse

formulado en su contra una acusación constitucional ante el Congreso

de la República por el Fiscal de la Nación, lamentablente se ve

imposibilitada de viajar por el momento a este país tal como lo hubiera

deseado, porque resulta necesaria su permanencia en el Perú, por cuyo

motivo no podrá concurrir a la firma del Convenio.

      Se acordó: Tomar nota de las anteriores comunicaciones.

                              ARTÍCULO CI

      En la sesión celebrada el 19 de agosto de 1997, artículo LXXII, se

aprobó la solicitud del Presidente de la Asociación Nacional de

Empleados Judiciales, y de conformidad con el artículo 81, inciso 8°, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le otorgaba esa atribución al

Consejo Superior, se declaró de asueto el 8 de diciembre, día del Servidor

Judicial, el que así se ha celebrado desde la constitución de dicha

Asociación.

      El Magistrado van der Laat, en nota de 25 de marzo último, al
                                   145

respecto manifesta:

       “ Con ocasión de la celebración, el pasado 8 de
       diciembre, del día del empleado judicial, fue evidente el
       malestar de los usuarios de los servicios de la corte
       Suprema de Justicia, por el cierre de ésta durante ese día.
       Dicho malestar se agravo para los usuarios del II Circuito
       Judicial de San José (Goicoechea), por la cercanía con el
       asueto de las fiestas patronales locales.
       La ciudadanía, con razón, esta cada vez más sensible al
       tema de todo lo que pueda significar algún beneficio o
       privilegio para quienes estamos en la función pública
       especialmente cuando este va en demérito del servicio
       que se espera. Por tal motivo me permito plantear la
       siguiente propuesta:
             1.-   Dado que, como se pudo apreciar el pasado
       día 8 de diciembre, el día del empleado judicial se
       convirtió en un asueto más toda vez que no se celebró,
       hasta donde yo se, ninguna actividad específica, se
       elimine tal día, y se pague a los funcionarios la
       compensación correspondiente.
             2.-   Alternativamente se considere, ya que como se
       dijo anteriormente, no es más que otro asueto, trasladarlo
       para los últimos días del año adicionándolo a los días que
       tradicionalmente cierra la Corte con lo que se
       economizarán los funcionarios uno de los días de
       vacaciones que siempre es necesario usar para el cierre
       colectivo que se hace a final de año.”

     Se acordó: Trasladar la gestión del Magistrado van der Laat a la

Corte Plena, ya que el inciso 8° del artículo 81, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, fue derogado por la Ley de Reorganización Judicial, N°

7728 de 15 de diciembre de 1997, artículo 23, que rige a partir del 1° de

enero de 1998.

                              ARTÍCULO CII

     En la sesión celebrada el 5 de marzo último, artículo XLII, se dispuso

tener por rendido y poner en conocimiento del interesado, el dictamen
                                   146

médico legal N° J.D.M.L. 98-0163 del Consejo Médico Forense sobre el

reconocimiento que se le hizo al señor José Walter Álvarez Peña,

Prosecretario del Juzgado Tercero Civil de San José, en que se concluía

que no está incapacitado absoluta y permanentemente para sus labores

habituales dentro del Poder Judicial.

      La señora María Cristina Morera Quesada, en nota de 2 de abril en

curso, en su condición de esposa del señor Álvarez Peña comunica que

don José Walter se encuentra internado en el Hospital Nacional

Psiquiátrico, lo anterior para los efectos de la audiencia concedida en la

sesión que se ha citado.

      Se acordó: Tomar nota.

                               ARTÍCULO CIII

      En la sesión celebrada el 20 de marzo último, artículo LXX, con base

en la resolución de la Sala Constitucional N° 881-98 de las 16:27 horas del

11 de febrero anterior, en el recurso de amparo presentado por el señor

William Carranza Jiménez, Investigador de la Subdelegación Regional del

Organismo de Investigación Judicial de Siquirres, que dispuso “Se declara

con lugar el recurso. Se ordena al Poder Judicial devolver al recurrente

las sumas que fueron rebajadas por concepto del pago de horas extra a

partir de la primera quincena de octubre de 1996 hasta julio de 1997. Se

condena al Estado al pago de las costas, los daños y perjuicios

ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
                                   147

que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso

administrativo.”, se ordenó devolver al recurrente las sumas que fueron

rebajadas por concepto del pago de horas extras, y dispuso que lo ahí

resuelto rige para los demás servidores de aquella Delegación que se

encontraran en idénticas condiciones, ya fuera que hubieran presentado

o no recursos de amparo ante la Sala Constitucional.

                                   -0-

        La Sala por voto N° 2388-98 de las 17:30 horas del 1° de abril en

curso, declaró con lugar el recurso de amparo presentado por el señor

Luis Fernández Gómez en contra del Consejo Superior del Poder Judicial,

y ordenó devolver al recurrente las sumas que haya tenido que reintegrar

por concepto de horas extra laboradas durante el primer semestre de

1996.

        Se acordó: 1) De conformidad con lo resuelto por la Sala

Constitucional se ordena devolver al recurrente las sumas que fueron

rebajadas por concepto del pago de horas extra laboradas durante el

primer semestre de 1996 y solicitar al Departamento de Personal se

suspendan los rebajos que por ese concepto se realizan al señor

Fernández Gómez.      2) Al propio tiempo solicitar al Departamento de

Personal que remita los cálculos correspondientes al monto que se le

adeuda al señor Fernández. 3) La Dirección Ejecutiva, los Departamentos

Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo de sus cargos.
                                    148

                               ARTÍCULO CIV

      En la sesión celebrada el 11 de setiembre de 1997, artículo XXXIX, se

autorizó al Presidente, Magistrado Cervantes, para que suscribiera el

documento de contrato con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal,

para la instalación de los dos cajeros automáticos de esa Entidad

Bancaria que se encuentran, uno en el Edificio del O.I.J., y el otro en el

Edificio del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea.

      En facsímil de 27 de marzo último, el Lic. Rodolfo Brenes Flores, Jefe

de la División de Servicios Bancarios del Banco Popular, se refiere al

citado convenio para indicar que ya fue revisado por la Asesoría Jurídica

con las siguientes observaciones:

      En la cláusula SEGUNDA establece el máximo; no el mínimo.

      En la cláusula DECIMAPRIMERA eliminar “gratuito, y por tanto” ,

para quedar: “Este convenio es de cuantía inestimable”.

      El asunto se pasó a estudio del Lic. Ricardo Monge Bolaños,

Abogado Asistente de la Secretaría General de la Corte, quien rinde el

siguiente informe:

“PRIMERA OBSERVACIÓN.

     No hay comentarios que realizar. La cláusula es clara en cuanto al
máximo del área a utilizar, que es en lo que ambas partes coinciden.

SEGUNDA OBSERVACIÓN.

      No encuentro razón para eliminar la expresión “gratuito, y por
tanto”, por lo que, salvo mejor criterio, debe mantenerse la redacción
propuesta por el Poder Judicial.”
                                    149


      Se acordó: Acoger el anterior informe.

                               ARTÍCULO CV

      En la sesión celebrada el 19 de marzo último, artículo LXXIV, se

prorrogó la suspensión con goce de salario del señor Juan Fernando

Lizano Córdoba, Chófer 3 de la Sección de Transportes Administrativos,

por un mes más a partir del 20 de ese mes, en tanto se resuelven en

definitiva las diligencias de queja que se tramitan en su contra.

      Manifiesta la Secretaria General, que para lo que a bien se estime

disponer, la suspensión de don Juan Fernando vence el próximo 19 de

abril en curso.

      Se acordó: Tener por hechas las anteriores manifestaciones y a

tenor de lo que establece el inciso 6° del artículo 81 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, prorrogar la suspensión con goce de salario del señor

Lizano Córdoba, del 19 al 30 de abril en curso, en tanto se resuelven en

definitiva las diligencias de queja que se tramitan en su contra.

                               ARTÍCULO CVI

      La Corte Plena en la sesión celebrada el 20 de octubre de 1997,

artículo XX, acordó comunicar a los Jueces de lo Contencioso

Administrativo, que en los casos estrictamente de expropiaciones en lo

referente a la designación de peritos para la valoración de los bienes,

debería aplicarse lo que establece el artículo 31 de la Ley de

Expropiaciones, en los demás, el artículo 160 de la Ley Orgánica del
                                      150

Poder Judicial, y dispuso solicitar a los Colegios Profesionales que en lugar

de enviar una terna para el nombramiento de peritos oficiales, remitieran

al Poder Judicial una lista de los profesionales calificados para que

desempeñen esas labores, conforme a la especialidad de cada uno.

        El Ing. Luis Fdo. Ramírez Ramírez, Fiscal Ejecutivo del Colegio de

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, con oficio N° EP/024-98 de 3 de

abril en curso, acompaña la lista de profesionales inscritos al 23 de marzo

de 1998, en el registro de peritos y tasadores que para tal efecto lleva ese

Colegio, y que están a derecho para efectuar labores según la Ley N°

7221.

        Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y publicar un

aviso en el Boletín Judicial dando cuenta de la lista de peritos remitida

por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. La Secretaría

General tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO CVII

        Se dispuso trasladar a la Biblioteca Judicial el libro “Investigaciones

3 (1997) que la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de

la Corte Suprema de Justicia de Argentina hizo llegar a este Consejo. Al

propio tiempo se acordó agradecer el envío de dicha publicación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

                                ARTÍCULO CVIII

        El Lic. Elías Delgado Aiza, Subdirector General del Área de
                                     151

Contratos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría

General de la República, con oficio N° 3236 de 30 de marzo último,

remite debidamente refrendado el documento de contrato N° 27-AR-97

para alojar la Defensa Pública de Corredores, celebrado entre el Poder

Judicial y la señora Flora Isabel Sandoval Wong.

      Se acordó: Tomar nota, lo que también harán la Dirección

Ejecutiva, su Sección de Asesoría Legal, la Auditoría Judicial y el

Departamento Financiero Contable, para lo de sus cargos, a cuyos

efectos se les remitirá copia del mencionado documento.

                                 ARTÍCULO CIX

      El Lic. Elías Delgado Aiza, Subdirector General del Área de

Contratos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría

General de la República, con oficio N° 3508 de 7 de abril en curso, remite

debidamente refrendado el documento de contrato N° 18-CG-98

“Compra de Microcomputadoras”, celebrado entre el Poder Judicial y

las Empresas Computadores Profesionales de San José S.A. y Suplidora

Internacional de San José S.A.

      Se acordó: Tomar nota, lo que también harán la Dirección

Ejecutiva, su Sección de Asesoría Legal, la Auditoría Judicial y los

Departamentos de Informática, de Proveeduría y Financiero Contable,

para lo de sus cargos, a cuyos efectos se les remitirá copia del

mencionado documento.
                                        152

                                    ARTÍCULO CX

         El Lic. Elías Delgado Aiza, Subdirector General del Área de

Contratos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría

General de la República, con oficio N° 3520 de 6 de abril en curso, remite

debidamente refrendado el documento de contrato N° 29-AR-97 para

alojar    la   Fiscalía   y   la   Unidad   de   Localizaciones,   Citaciones   y

Presentaciones de Santa Cruz,          celebrado entre el Poder Judicial y el

señor Sergio Somarribas Vallejo.

         Se acordó: Tomar nota, lo que también harán la Dirección

Ejecutiva, su Sección de Asesoría Legal, la Auditoría Judicial y el

Departamento Financiero Contable, para lo de sus cargos, a cuyos

efectos se les remitirá copia del mencionado documento.

                                    ARTÍCULO CXI

         El Lic. Elías Delgado Aiza, Subdirector General del Área de

Contratos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría

General de la República, con oficio N° 3392 de 3 de abril en curso, remite

debidamente refrendado los documentos de contrato N° 04-CG-98 y 05-

CG-98, “Servicios de Limpieza y Jardinería para el Edificio de los Tribunales

de Justicia de Heredia y los Edificios de la Unidad de Medicina Forense y

de Laboratorios de Ciencias Forense ubicados en San Joaquín de Flores,

Heredia, celebrados entre el Poder Judicial y el señor Fernando Madrigal

Cerdas, en su carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma de
                                       153

la empresa Multinegocios Internacionales América S.A. (MUTIASA S.A.).

         No obstante, respecto a la fórmula matemática de reajuste de

precios incluida en ambos documentos, a de tomarse en cuenta la

observación de los oficios N° 3082 y 3085 de 26 y 27 de marzo, emitidos

por la Dirección General de Estudios Económicos.

         Se acordó: Tomar nota, lo que también harán la Dirección

Ejecutiva, su Sección de Asesoría Legal, la Auditoría Judicial y el

Departamento Financiero Contable, para lo de sus cargos, a cuyos

efectos se les remitirá copia del mencionado documento.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                 ARTÍCULO CXII

         El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2282-DE-

98 de 3 de abril en curso, remite el oficio N° 853-98-DG suscrito por el Lic.

Jorge Rojas Vargas, Subdirector del Organismo de Investigación Judicial,

para que no se construyan las dos celdas y reparación del garaje en la

Subdelegación de ese Organismo en Nicoya, mientras consiguen otro

local.

         Se acordó: Acoger la anterior solicitud. Al propio tiempo se dispuso

que se inicien los procedimientos respectivos para la contratación de un

nuevo local donde ubicar la citada Subdelegación. La Dirección

Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota para lo de sus

cargos.
                                    154

                              ARTÍCULO CXIII

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 2278-DE-98

de 3 de abril en curso, informa sobre los servidores judiciales que han

permanecido incapacitados por más de 180 días, según reporte de

incapacidades con corte al 31 de marzo último.

      Silvia Elena Calvo Serrano
      Róger Cervantes de la Rocha
      Gabriela Chacón Quesada
      Zaida Flores Flores
      Betty Martínez Rosales
      Javier Matarrita Brenes
      Margarita Moraga Araya
      Aida Judith Pérez Campos
      Edemir Pizarro Villarreal
      Nancy Portuguez Méndez
      Carlos Fco. Roldán Bolaños

      Se acordó: Trasladar la anterior comunicación al Departamento de

Medicina Legal para que realice el reconocimiento médico respectivo y

al Tribunal de la Inspección Judicial para que levante la correspondiente

información según lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

                              ARTÍCULO CXIV

      En la sesión celebrada el 10 de febrero último, se tomó el siguiente

acuerdo:

             “ARTÍCULO CXXVII.- En la sesión del 16 de diciembre
       del año pasado, artículo XCV, se conoció del informe de
       asistencia     diagnóstica,  realizada  por   el   Equipo
       Interdisciplinario de Atención en Salud Mental y
       Ocupacional, en el Juzgado de Trabajo del Segundo
       Circuito Judicial de San José, Goicoechea.
                                               155

      En  esa    oportunidad    se    dispuso  que     las
recomendaciones que el mencionado informe contenía,
se cumplieran a la brevedad por parte de los respectivos
despachos, dentro de las cuales, en las que interesan se
establecieron:
“a. Valorar la opción de reubicar el Juzgado de Trabajo a
un espacio de menor congestión de público, ya que a las
oficinas que colindan con esta asiste también gran
cantidad de usuarios.

b. Solicitar al Departamento de Servicios Generales,
específicamente en el área de Arquitectura en conjunto
con el área de Salud Ocupacional del EQUINTER, realizar
un estudio de la adecuada distribución física del mobiliario
del despacho y comprobar si este reúne las condiciones
espaciales para ubicar a 32 empleados, asimismo, los
problemas de hacinamiento y contaminación sónica que
reporta”.

      En relación al acuerdo a que se ha hecho referencia,
el señor Rafael Angel Morales Monge, Director Ejecutivo
interino, con oficio N° 920-DE-98 de 5 de los corrientes,
remite el informe N° 250-SG-98 de 3 de este mes, suscrito
por el Lic. Carlos Montenegro Mora, Jefe interino del
Departamento de Servicios Generales, que en lo que
interesa dice:

“... nos permitimos transcribirle informe del Arq. Luis Umaña,
el cual es avalado en todos sus extremos por esta Jefatura.

1. El área de despacho es de 277.5 m2. distribuidos de la
siguiente manera:

A. Archivo...........................................................         19.5 m2
 B. Despacho, Espera y Atención del Público......                             45 m2
C. Atención de Abogados....................................                   27.5 m2
 D. Estantería........................................................ 33.5 m2 .
E. Circulación y acceso.......................................                31.5 m2 . 185.5 m2.
 F. Area trabajo (despacho)................................                   120.5 m2 .

    2. Los requisitos antropométricos mínimos requeridos
que cada empleado necesita para        trabajar son    5
metros cuadrados.

        En dicho espacio es posible ubicar un escritorio o una
                                              156

estación de cómputo, una silla de trabajo, una mesa de
impresora o de máquina de escribir de apoyo. Para la
atención de Público se requerirá disponer de 1.5 m2.
adicional para ubicar dos sillas de atención al público.

    Dichas condiciones son necesarias con el uso del
mobiliario tradicional que dispone el despacho. Para el
área que dispone el despacho se recomienda un máximo
de 24 funcionarios ubicados en el sitio.

    3. Los cálculos de los requisitos espaciales de un
despacho con 32 funcionarios, en condiciones mínimas son:

  Área de trabajo (despacho).............................................        160 m2.
  Circulación y acceso........................................................    41.5 m2.
  Archivo y estantería para 17.000 expedientes..................                  70 m2 aprox.
  Atención Abogados (mismas condiciones)......................                    27.5 m2.
  Despacho y Atención Pública (150 personas diarias)......                        67 m2.
             Total..................................                             366 m2.

 Bajo tales condiciones el Juzgado de Trabajo del II Circuito
Judicial presenta un déficit de 88.5 m2 de espacio para
presentar     condiciones      antropométricas      mínimas
aceptables.

     Dicho faltante de espacio es indudablemente una
circunstancia relevante que influye en las condiciones
sociales que se produzcan en el sitio.

    4.     El área laboral debe propiciar el adecuado
desempeño de labores de concentración mediante un
ambiente y en área que permita la delimitación del
“espacio privado” de cada funcionario.     Cuando dicho
espacio no es adecuado en área, calidad y condiciones,
los factores de pérdida de concentración, bajo
rendimiento, estrés y desorganización grupal, son
fenómenos constantes. La necesidad de delimitación de
un espacio propio, que no sea invadido y transgredido por
compañeros laborales, es una necesidad mental que debe
otorgarse a cada individuo, para poder solicitar de él un
adecuado desempeño en sus funciones.

     Como bien lo indica EQUINTER, el alto grado de
hacinamiento nunca permitirá lograr una identificación y
sentido de pertenencia del individuo para lograr una,
                             157

logrando con ello la integración grupal y el ordenamiento
administrativo del despacho.

     5. Sumado a las condiciones de área espacial, el
problema se magnifica debido a la falta de previstas
eléctricas, telefónicas y red de cómputo que provocan una
“maraña” de cables que dificultan el paso y traslado de los
funcionarios, dentro de su área de trabajo condiciones que
magnifican el descontento del personal.

    6. Aunado a tal situación, la ubicación del despacho
dentro del Edificio es otro problema. Ello ocasiona que el
Juzgado de Tránsito, Juzgado de Pensiones Alimenticias y
Juzgado de Trabajo se ubiquen y organicen su área de
espera en una sola zona. Estos tres despachos, que son los
que mayor cantidad de público atienden, entremezclan el
área de espera en el pasillo exterior, lo cual provoca una
gran conmoción y acumulación de personas.

    Ante tales circunstancias las posibilidades de solución
podrían ser:

      A. Dotar al Juzgado de Trabajo de un espacio de labor
cuya superficie disponga de un área mínima de 366 m2.,
adecuadamente dotado de las previstas eléctricas,
telefónicas y de cómputo necesarias. Dado que dichas
condiciones no son posibles de tener en el 1° piso del
Edificio, en la actualidad se haría imprescindible su traslado
a otro piso (5to. piso como ejemplo).

      B. Hacer el intercambio de espacio con el Juzgado
Contravencional ubicado en el ala Este del 2° piso y anexar
el área disponible aledaña. Bajo tales condiciones el
Juzgado Contravencional se ubicaría en el 1er. piso en un
espacio de área mayor al que ocupan en la actualidad.
      El Juzgado de Trabajo se trasladaría al 2° piso y se le
anexaría el área correspondiente al despacho contiguo, la
cual se encuentra disponible. Para ello se recomendaría
mantener solo un área de atención al público y otra de
Abogados y desarmar las del despacho anexado. En tales
condiciones, se dispondría de un área total de 406 m2.
suficiente para las necesidades del Juzgado de Trabajo. Los
trabajos necesarios a realizar serían mínimos.
                            158

    C. Construcción de 32 estaciones de trabajo del tipo
modular (gráfico 2) cuyo costo se estima en
aproximadamente 10 millones de colones.

     Con dicha solución se utilizaría la misma área con que
se cuenta en la actualidad, sin la necesidad de requerir
mayor espacio. Las estaciones modulares garantizarían un
área     individual    del     trabajo,     adecuadamente
acondicionada en donde cada funcionario dispondría de
condiciones físicas muy funcionales y la organización grupal
del espacio se mejoraría sustancialmente. El acomodo del
equipo de trabajo, expedientes en trámite y atención
adecuada al público, sería más cómodo, agradable y
funcional.

     D. Los problemas de contaminación sónica reportados
podrían empezar a solucionarse, en un buen porcentaje,
con el uso de equipos de impresión silenciosos y no los
sistemas ruidosos que en la actualidad disponen. Otro gran
porcentaje se solucionaría con un espacio físico de área
propicia (366 m2. como mínimo) en donde no se produzcan
las constantes interrupciones entre funcionarios, las que
producen un barullo constante.

     Otra posible solución para los problemas de
reverberación sónica, es la construcción de pantallas o
paredes que sectoricen el despacho en zonas
organizacionales. Con ello se garantiza una distribución
espacial clara por funciones de trabajo, pero se requeriría
mayor área espacial (aproximadamente 480 m2. como
mínimo). En cada uno de dichos sectores se ubicaría el
mobiliario tradicional adecuadamente ubicado en un
espacio básico de trabajo (5 m2. c/u).

       E. Otro grave problema existente es el despacho del
Juzgado de Trabajo y que se repite en todos los demás
despachos del Edificio, es la falta de salidas de evacuación
de emergencia.        La gran cantidad de funcionarios y
público ubicado dentro del despacho debe brincar,
sortear cables y escritorios, en caso de intentar salir todos
por una sola puerta de 80 cm de ancho que no dispone de
ninguna condición de seguridad. Así, la salida se convierte
en un embudo que provocará que el personal no pueda
salir adecuadamente.
                                    159


           Por ello, se recomienda tomar las medidas necesarias
       para la construcción de salidas de evacuación en cada
       despacho, que permitan el desalojo de los despachos de
       manera propicia.

            Las puertas deberán abatir de manera correcta en
       sentido del desalojo. Deberá de disponer de los dispositivos
       antipánico y ubicarse en sitios de fácil y adecuado
       acceso”.

                                 -0-
            Se dispuso: Tomar nota del anterior informe el que se
       remite a la Comisión de Construcciones, para lo de su
       cargo.”

                                   - 0 -

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2286-DE-

98 de 3 de abril en curso, remite el informe rendido por el señor Allan

León Villalobos, Técnico en Salud Ocupacional, respecto de las

condiciones físicas en que se encuentra el Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José, el que literalmente dice:

       “Para su conocimiento y fines consiguientes, aprovecho la
       oportunidad para dar trámite al oficio 2435-98, suscrito por la
       Licda. Silvia Navarro Romanini; donde el Consejo Superior en
       la sesión 11-98, celebrada el 10 de Febrero en curso, remite
       a la Comisión de Construcciones, el informe elaborado por
       el Arq. Luis Umaña del Departamento de Servicios
       Generales; el cual indica varios inconveniente relacionados
       al aspecto físico del Juzgado Segundo de Trabajo, ubicado
       en el Segundo Circuito Judicial de San José.
       Por lo anterior, se procedió a realizar una visita al despacho
       en mención, con el fin de conocer directamente los
       inconvenientes y apoyar las recomendaciones realizadas
       por el Arq. Umaña.
         A continuación encontrará el resultado de la visita a dicho
       despacho:
       a- FACTORES DE RIESGO EVALUADOS:
                             160


 Aseo y Limpieza: El despacho se encontró bastante limpio,
 ya que el personal encargado, realiza las labores de
 recolección de basura y aseo todos los días (el piso es
 lavado una vez por semana).          Se observaron bastantes
 basureros, los cuales se encontraban vacíos.
 Orden: Este aspecto representa un alto riesgo ya que se
 encuentran grupos de expedientes distribuidos por todas las
 áreas (estantes, escritorios, piso y otros). Los expedientes
 que se encuentran en los estantes de metal pueden
 generar problemas de lesión en caso de emergencia ya
 que están ubicados a una altura peligrosa y además los
 almacenan en gran cantidad (acumulación de
 expedientes).
 Condiciones físicas : El despacho se encuentra en la
 primera planta, contiguo a varios despachos como el
 Juzgado de Tránsito y el Juzgado de Pensiones Alimentarias.
 Existen tres vías de contaminación sónica que afecta
 directamente a los servidores:
a- La aglomeración de público de los tres despachos
 judiciales ubicados en un mismo sector (área de atención al
 público).
b- Ubicación al frente de una avenida principal (costado
 norte), lo que aumenta el ruido externo hacia el despacho
 por la gran cantidad de vehículos que transitar por este
 lugar.
c- El ruido que generan las impresoras dentro del despacho.
 Cabe resaltar que la unidad administrativa ya entregó una
 impresora láser a este despacho con el fin de disminuir el
 ruido existente.
 - Otro factor que se debe tomar en cuenta es la
 contaminación por humos producto de la combustión de
 los vehículos que transitan por la avenida antes
 mencionada, ya que las celosías se deben mantener
 cerradas, lo que genera poca ventilación y niveles de
 temperatura altos. Los ventanales de este despacho están
 compuestos por 12 paneles de 16 celosías cada uno, que
 están ubicados frente a dicha avenida.
 Condiciones eléctricas: Por ser este edificio de reciente
 construcción, las condiciones eléctricas en general son
 bastante adecuadas. El problema que se presenta es la
 gran cantidad de computadoras, las cuales se deben
 conectar a enchufes de las paredes y/o grupos de
 enchufes (tortugas) distribuidos por el local, lo que genera
                             161

gran cantidad de cables y extensiones entre los escritorios y
los servidores.
Estos cables en caso de emergencia favorecen el riesgo de
caídas y lesiones a los servidores, al tener que saltarse los
mismos.      Además al existir dichos cables los servidores se
pueden tropezar y botar el equipo al que están conectados
(ventiladores, computadoras, impresoras y otros).
A pesar de que colocaron varios puentes de hule sobre los
cables o extensiones que pasan por el centro del despacho
(pasillo principal), aún es necesario el recubrimiento de los
cables ubicados en el área de mayor número de personal y
equipos de cómputo.
Iluminación: Esta área de trabajo posee 27 campanas con
04 fluorescentes cada una, lo que genera gran cantidad de
luz dentro del despacho.          Según la ubicación de los
escritorios, algunos de éstos fluorescentes provocan reflexión
de la luz sobre los equipos de cómputo.
Hacinamiento: Este es el mayor problema que se evidencia
en este local ya que la ubicación de 32 personas, escritorios
y los equipos de cómputo en un área no adecuada,
genera gran hacinamiento, aunado al ruido (interno y
externo) y al calor propio del despacho. Según el Arq. Luis
Umaña la ubicación actual de este despacho no es la más
adecuada para el desarrollo de las labores de los servidores
(según área por persona).
Salidas de emergencia: Solo cuenta con una puerta de
salida hacia el pasillo, lo que provoca que en caso de
emergencia, el ancho de la puerta forme un efecto de
embudo y los servidores puedan lesionarse.
b- SISTEMAS DE PROTECCIÓN:
      Equipo de extinción contra incendio: Existe un extintor
de Dióxido de Carbono de 15 Libras, ubicado en una de las
columnas, detrás del área de atención del público.
c- RECOMENDACIONES GENERALES:
1- El área de Salud Ocupacional apoya en todos sus
términos el informe emitido por el Arquitecto Luis Umaña,
donde se expone los inconveniente encontrados y las
recomendaciones sobre el aspecto físico del despacho en
mención.
2- Asimismo se comparte y apoya las gestiones realizadas
por la Unidad Administrativa con el fin de trasladar a una
nueva área con mayor espacio físico el despacho en
mención.
3- Además se debe instalar en todos los monitores de
                                    162

       computadoras las pantallas antirreflejo, con el fin de
       disminuir el cansancio provocado por la reflexión y la luz
       tanto interna como externa.”


      Se acordó: Trasladar el anterior informe a conocimiento de la

Comisión de Asuntos Laborales con el ruego atento de su estudio e

informe. Se deja constancia que ya se dispuso el traslado de dicho

Despacho a otro lugar, el cual se efectuará en los próximos días.

                                ARTÍCULO CXV

      En la sesión del 24 de marzo último, artículo CXXXI, se dispuso

trasladar a la Dirección Ejecutiva para su atención, la solicitud que

formuló el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Pérez

Zeledón para que se dotara a ese Despacho de más equipo de

cómputo.

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 2296-DE-98

de 13 del mes en curso, en atención al acuerdo que se ha mencionado,

comunica que en virtud de que el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Pérez Zeledón atiende la materia de tránsito, estudian la

posibilidad de tramitar una modificación presupuestaria del Fondo de

esa Jurisdicción, a efecto de adquirir equipo de cómputo.

      Se dispuso: Tomar nota.

                              ARTÍCULO CXVI

      La señora Shirley Azofeifa Jiménez, en facsímil de 20 de marzo

último expone lo siguiente:
                                    163

         “Desde finales del año 1995 he laborado de manera
       interina y/0 como meritoria para el Poder Judicial en la
       Delegación Regional del Organismo de Investigación
       Judicial de Pérez Zeledón y últimamente en la Fiscalía de
       Pérez Zeledón.
             b- El último nombramiento que se me ha tramitado ha
       sido como “Meritoria” del 01 al 31-03-98 en la Fiscalía de
       Pérez Zeledón.
             c-El día miércoles 18 de marzo, a las 16:00 horas me
       trasladé, con el respectivo permiso de la Jefatura, al lugar
       conocido         como     “Plaza     de     Auto-Mundial”,
       aproximadamente a cuatro Kilómetros de los Tribunales de
       Justicia de Pérez Zeledón, para participar en un partido de
       fútbol de mujeres, como parte de las actividades
       deportivas programadas con motivo de la Inauguración
       del Año Judicial 1998.
             d- Al ser aproximadamente las 16:30 horas, jugando el
       partido indicado, tuve un resbalón y al caer y apoyar mi
       mano izquierda contra el suelo, se originó una fractura de
       coles provocando la inmovilización (yeso) por un lapso de
       dos meses.
             e- En virtud de todo lo anterior, solicito se me
       reconozca alguna indemnización ya que por mi condición
       de “Meritoria” no me cubre ningún tipo de seguro.
       Importante resaltar que durante el tiempo que esté con mi
       brazo enyesado puede haber disfrutado de algún
       nombramiento remunerado lo cual no podrá ser posible
       por la razón indicada. No omito manifestar que desde que
       inicié a laborar para el Poder Judicial lo he hecho
       ininterrumpidamente”.

                          ______________________

      Manifiesta la Secretaria General que la anterior solicitud se trasladó

con oficio N° 4056-98 de 23 de marzo anterior para estudio e informe por

parte de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva.

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2297-DE-

98 de 13 de este mes, remite el informe N° 490-DE/AL-98 suscrito por el Lic.

Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe interino de la Sección de Asesoría Legal,
                                    164

respecto de la gestión presentada por la señora Azofeifa Jiménez, el que

en lo que interesa literalmente dice:

            “... I) Revisado el prontuario de nombramientos del
       Departamento de Personal aparece que la señora Shirley
       Azofeifa Jiménez, fue nombrada como Meritoria en el
       período del 01 al 31 de marzo de 1998.

             II) Según oficio de fecha 20 de marzo suscrito por la
       interesada, indica que sufrió un accidente el día 18 de
       marzo de los corrientes, participando en un partido de
       fútbol como parte de las actividades deportivas
       programadas con motivo de la inauguración del año
       judicial 1998.

             III) De la normativa aplicable interesan recalcar los
       siguientes preceptos:

            El artículo 195 del Código de Trabajo dispone que:

       " Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las
       enfermedades que ocurren a los trabajadores, con ocasión
       o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma
       subordinada y remunerada así como la agravación que
       resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable
       de esos accidentes y enfermedades."

            El artículo 200 del Código de Trabajo, dispone que:

       " Para los efectos de este Título, se consideran trabajadores
       los aprendices y otras personas semejantes aunque, en
       razón de su falta de pericia, no reciban salario.
          Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se
       calcularán sobre la base del salario mínimo de la
       ocupación que aprenden. Los patrones incluirán tales
       cantidades en las planillas que deben reportar al Instituto.
       Los trabajadores extranjeros, y sus derechohabientes,
       gozarán de los beneficios que prevé este Código".

            De lo antes expuesto es posible concluir que SI
       corresponde el derecho a la indemnización, por riesgos de
       trabajo pretendido por la señora Shirley Azofeifa Jiménez,
       Meritoria de la Delegación Regional del Organismo de
                                    165

        Investigación Judicial de Perez Zeledón, por el accidente
        sufrido el día 18 de marzo del año en curso.”

      Se acordó: Acoger el anterior informe. Los Departamento de

Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                               ARTÍCULO CXVII

      En la sesión celebrada el 24 de marzo último, artículo CIX, se

dispuso trasladar a la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo, la solicitud

que un grupo de servidores judiciales de Nicoya formuló en escrito de 19

de ese mes.

      En oficio N° 2299-DE-98 de 13 de los corrientes, el Lic. Alfredo Jones

León, Director Ejecutivo se refiere al mencionado acuerdo para informar

lo siguiente:

      “a) Se ordenó a la Subadministración Regional la limpieza de los

equipos y muebles, lo mismo que del tanque de agua y cerrarlo bien, lo

que se hará una vez remodelado el Edificio.

      b) Se están suministrando ventiladores

      c) Se sustituirá el mobiliario dañado

      d) Se ordenó la instalación del segundo equipo de fax para uso

exclusivo de notificaciones.

      e) Conforme lo informé ya se instaló una línea telefónica en el local

actualmente arrendado.

      f) El Juzgado Penal, la Fiscalía y la Defensa Pública cuentan con

equipo de radiolocalización para atender los turnos.
                                    166

      g) Lamentablemente no contamos con equipo de cómputo

disponible, por lo que se reservará la gestión para analizarla en el

momento en que se cuente.”

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, y ponerla en

conocimiento de los interesados.

                             ARTÍCULO CXVIII

      En la sesión del 24 de marzo anterior, artículo CXXVII, se dispuso lo

siguiente:

            En la sesión celebrada el 19 de marzo en curso,
       artículo LXIX, se conoció del informe elaborado por la
       Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
       relacionado con la solicitud de la señora Susana Campos
       Narváez, tendiente a que le se le reconociera el pago por
       concepto de licencia con goce de salario, por
       maternidad.
            En dicho informe se dio cuenta que la mencionado
       Sección se ve imposibilitada de pronunciarse al respecto,
       en razón de que la constancia de incapacidad no había
       sido aportada por la señora Campos, por lo que se dispuso
       prevenir a doña Susana que aporte el documento
       respectivo.
            Informa la Secretaria General que ayer se recibió en
       el Despacho a su cargo, una constancia extendida por la
       señora Leyla María Elizondo Ureña, Secretaria de la
       Dirección Ejecutiva, de la boleta de incapacidad
       extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, a la
       señora Campos Narváez.
            Se dispuso: Devolver las diligencias a la Sección de
       Asesoría Legal, para su estudio e informe.”

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2316-DE-

98 de 13 de abril en curso, remite el informe N° 496-DE/AL-98 suscrito por

el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría
                                   167

Legal, que literalmente dice:

             En atención al oficio de 1 de abril del año en curso,
       suscrito por el señor Gilbert Elizondo Delgado, Secretario
       General a.i. de la Corte, referente a la solicitud de pago de
       subsidio por maternidad planteada por la señora Susana
       Campos Narváez, quien se ha desempeñado como
       servidora interina en Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía
       del II Circuito Judicial; me permito referirle lo siguiente:

            I) Consta en el prontuario del Departamento de
       Personal que el último nombramiento de la señora Campos
       Narváez corresponde al período del 25 al 28 de febrero de
       1998, en plaza de Auxiliar Judicial 1.

            II)También consta en el sistema de incapacidades del
       Departamento de Personal que la gestionante fue
       incapacitada por maternidad del 25 de febrero al 24 de
       junio de 1998.

             III) De la normativa aplicable interesan recalcar los
       siguientes preceptos:

            El artículo 40 del Reglamento del Seguro de Salud
       dispone que:

       " Con motivo de la maternidad, a toda asegurada directa
       asalariada, se le extenderá una licencia por cuatro meses,
       período que incluye el pre y post parto..."

             Asimismo, el citado reglamento en su capítulo II define
       como asegurado activo a toda persona, hombre o mujer,
       que se encuentra trabajando y cubriendo la cotización
       respectiva, cualquiera que sea el tipo de trabajo que
       origine su actividad.       Incluye el trabajo asalariado
       subordinado y el trabajo independiente o por cuenta
       propia.

           A su vez, el artículo 44, párrafo décimo de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial dispone:

       " ...toda servidora en estado de gravidez, tendrá derecho a
       licencia por cuatro meses, con derecho a su salario
       completo, distribuidos un mes antes y tres después del
                                    168

        parto"

             De lo expuesto es posible concluir que procede
        otorgar el pago de licencia por maternidad a la señora
        Susana Campos Narváez, pues al momento en que se
        incapacitó por maternidad se encontraba vigente la
        relación obrero-patronal, o lo que es igual al 25 de febrero
        del año en curso ostentaba de la calidad de servidora
        judicial activa.”

      Se acordó: Acoger el anterior informe. El Departamento de

Personal realizará los cálculos correspondientes.

                              ARTÍCULO CXIX

      Visto el oficio N° 1143-CA-98 de 14 de los corrientes, suscrito por el

Lic. Luis A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría y de

conformidad con los artículos 81, inciso 10) de la Ley Orgánica del Poder

Judicial; 9, 10, y 11 del Reglamento General de Contratación

Administrativa, se acuerda:

      Ordenar el inicio de los procedimientos de contratación según la

modalidad y requerimientos fijados en el pliego de condiciones para la

licitación pública para la compra de un Espectrómetro de emisión de

plasma de argón acoplado inductivamente, para uso exclusivo del

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de

Investigación Judicial, documento que también se aprueba.

      Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales

prevista en el programa de actividades y en estricta observancia de los

siguientes requisitos:
                                     169

a)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      De acuerdo con la información suministrada por la Sección de

Química Analítica del Organismo de Investigación Judicial mediante oficio

98-053-QUI con fecha 11 de marzo de 1998, se considera que la finalidad

pública que se persigue con la contratación del indicado equipo es dotar

a las diferentes Secciones del Departamento de Ciencias Forenses de un

instrumento de uso exclusivo para comprobar diferentes muestras que a

continuación se detallan:

-     Sección de Toxicología:

      Se aplicará en la detección y cuantificación de metales pesados y

otros elementos que podrían encontrarse en muestras orgánicas, como

fluídos biológicos, con el fin de esclarecer casos de probables

intoxicaciones agudas y crónicas, por el uso accidental, incidental o

suicida de ellos. Además el contacto crónico con algunos elementos

químicos, podrían estar implicados en la aparición de calcinomas o

neoplasias y de malformaciones congénitas, por lo que éste constituye un

punto de interés.

-     Sección de Química Analítica:

      Aquí se aplicará para el análisis de pinturas, vidrios y metales.

      -     Análisis de pintura:

            Se requiere para el análisis químico de pinturas líquidas,

      fragmentos, fricciones, pintura en vehículos y pintura en ropas
                                 170

(accidentes de tránsito). Esta nueva técnica permitiría reportar

resultados concluyentes que contribuyan a la resolución de casos,

será posible la caracterización de la pintura de acuerdo con el

contenido de los metales presentes en mayor cantidad: cromo,

plomo y cadmio, así como la comparación entre varias muestras

de pintura de acuerdo al contenido de metales en mayor

concentración y de elementos contaminantes presentes en menor

concentración.

-     Análisis de vidrio:

      Permitiría a la sección apoyar la investigación de casos

relacionados con robos y accidentes de tránsito. Como principal

metodología es analizar la determinación (identificación) de

elementos químicos presentes en el vidrio.

-     Análisis de metales:

      Este corresponde a la determinación de elementos metálicos

en materiales, tales análisis permiten resolver casos en los que es

imprescindible conocer los metales presentes en la muestra con el

fin de caracterizar o realizar comparaciones para efectos de

indicar variables tales como pureza, origen, kilataje (piezas de oro),

actualmente      se   utilizan   técnicas   de   química   líquida   y

electrografías, sin embargo se presentan los inconvenientes de ser

metodologías que consumen demasiado tiempo y se ven limitadas
                                   171

      a un número reducido de elementos metálicos.

      Sección de Bioquímica:

      Los elementos de interés clínico para esta sección son el cobre, el

plomo, el potasio, el sodio, el fósforo, el calcio y el magnesio, éstos

elementos se ven afectados en su concentración sanguínea en diversas

patologías, por lo que su determinación es de importancia para su

diagnóstico. El análisis sanguíneo de los electrolitos es frecuentemente

solicitado por el Departamento de Medicina Legal.

      Para cumplir con una serie de lineamientos relativos al Programa

de Aseguramiento de Calidad y las Buenas Prácticas de Laboratorio, se

pretende que el mismo esté bajo la responsabilidad de la Sección de

Química Analítica y el personal con el que dispone.

b)    Partida presupuestaria:

      En el ítem 37 del Plan Anual de Adquisiciones del Poder Judicial;

publicado en la Gaceta Nº 38 del día lunes 24 de febrero de 1997, se

contempla esta contratación producto de su inclusión en el presupuesto

ordinario del Poder Judicial, con cargo a la subpartida 320 “Equipo

médico y de laboratorio”. Con base en         ello, el Departamento de

Proveeduría; mediante Solicitud de Mercancías No. 200310 de fecha 27 de

marzo, gestionó la apropiación de recursos presupuestarios por la suma de

¢20.000.000,00 a efecto de atender las obligaciones que se deriven de esta

contratación.
                                           172

c)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Como se indica en el encabezado del presente oficio, la Secretaría

General del Organismo de Investigación Judicial, solicita la preparación

del cartel de la licitación correspondiente para la contratación que

interesa.   Conforme a lo anterior, se requirieron las características, y

especificaciones del objeto a contratar, para lo cual la Sección de

Química     Analítica,        suple   la   información   requerida,   misma      que

necesariamente resulta de los estudios previos llevados a cabo por el

personal especializado de ese Despacho.

d)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de

Contratación Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno

de Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del

procedimiento     a      la    Sección     de    Contratación   Administrativa   del

Departamento de Proveeduría, dada la competencia exclusiva en

materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto que así

se establece en el encabezado del cartel.                Por lo tanto, el indicado

Despacho deberá mantenerse vigilante y coordinar lo pertinente, con el

propósito de atender todos los aspectos propios de la contratación que

durante la existencia y vigencia de la relación contractual surjan o resulten

necesarios, conforme a los derechos y obligaciones de las partes

regulados en el Capítulo IV del Reglamento General de la Contratación
                                    173

Administrativa.

e)    Recursos humanos y materiales que se dispone para verificar la

correcta ejecución del objeto de la contratación y valoración de la

capacidad operativa:

      Finalmente, la Sección de Química Analítica del Departamento de

Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación

Judicial dispone del personal profesional para verificar la correcta

ejecución del objeto contractual. Este personal se dispondrá a verificar el

ajuste sustancial a las especificaciones técnicas del objeto a contratar;

tanto en la etapa de estudio de las ofertas como en la de ejecución del

contrato, contenidas en el presente cartel; en tanto que la Secretaría

General   del     Organismo   de   Investigación   Judicial   velará   por el

cumplimiento del plazo de entrega a que se obligue el adjudicatario.

      Asimismo, el Departamento de Proveeduría a través de la Sección

de   Contratación     Administrativa,   dependencia     que    cuenta    con

operadores que se encargan de todos los procedimientos ordinarios de

contratación, no sólo se ocupará de tramitar el procedimiento de

contratación y de proporcionar o coordinar la obtención de la

información que resulte necesaria, sino que también           se mantendrá

vigilante y coordinará lo pertinente con el personal del Organismo de

Investigación Judicial, con el propósito de atender los aspectos propios

de la contratación que durante la existencia y vigencia de la relación
                                     174

contractual surjan o resulten necesarios, conforme los derechos y

obligaciones de las partes regulados en el Capítulo IV del Reglamento

General de la Contratación Administrativa.

                               ARTÍCULO CXX

      En la sesión del 26 de febrero último, artículo LXXXI, se concedió

permiso con goce de salario por el mes de mazo último, al señor David

Orlando Gómez Rey, Asistente de Proveeduría 2 de la Sección de

Contratación Administrativa del Departamento de Proveeduría, para que

preparara el proyecto de actualización del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial.

      El   Lic.   Alfredo   Jones   Léon   Director   Ejecutivo,   somete   a

consideración el oficio N° 1374-CA-98 de esta fecha, en el que el Lic. Luis

A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría comunica

que el mencionado proyecto se encuentra bastante avanzado pero se

hace necesario prorrogar la licencia por 15 días más, tiempo que se

estima podría estar concluido, por lo que solicita que se conceda el

permiso con goce de salario del 15 al 30 de abril al señor Gómez Rey.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud, y conceder permiso con

goce de salario al señor David Orlando Gómez Rey del 15 al 30 del mes

en curso. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                               ARTÍCULO CXXI

      Se tomó nota del informe rendido por el Lic. Alfredo Jones León,
                                    175

Director Ejecutivo, en el que dio cuenta que el próximo viernes 17 se hará

el traslado de la Defensa Pública y de la Unidad Ejecutora Poder Judicial

BID al antiguo Edifico Ofomeco, de tal forma que el lunes 20 a las 7:30

horas inician labores en la nueva edificación.

      Asimismo,   da   cuenta    del    próximo   traslado   a   sus   nuevas

instalaciones del Ministerio Público, Tribunal y Juzgado Penal, Juzgados

Contravencionales, Juzgado Penal Juvenil y Juzgado de Ejecución de la

Pena, todos de San José.

                              ARTÍCULO CXXII

      En la sesión celebrada el 24 de marzo último, artículo CXXXIII, se

acordó trasladar a la Dirección Ejecutiva para su atención, la solicitud del

Lic. Daniel Vargas Rodríguez, Coordinador de la Oficina de la Defensa

Pública en Siquirres, para que se dotara a esa Oficina de “beeper”, éste

con motivo de la disponibilidad que atiende el Despacho, lo que haría

más fácil y práctica su localización.

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, se refiere al anterior

acuerdo para informar que en la zona de Siquirres no funciona ningún

sistema de radiolocalización, que esté interesado contratar con el Poder

Judicial.

      Se acordó: Tomar nota de las anteriores manifestaciones.

PROPOSICIONES E INFORMES

                              ARTÍCULO CXXIII
                                    176

      Mediante oficio N° 1434 del 23 de marzo de 1998, el Secretario del

Tribunal de la Inspección Judicial pone en conocimiento de este Consejo

Superior la resolución N° 132 de las 14 horas y 15 minutos del 16 de febrero

de 1998, en la que se impuso al Lic. JOHNNY VARGAS PORRAS, Agente

Primero Fiscal de Puntarenas, la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN

ESCRITA, al resolver las diligencias de queja por acoso sexual, tramitadas

a instancia de la señora Evelyn Milanés Obando, quien se desempeña

como conserje en la misma oficina.

      La investigación la inició la Unidad de Inspección Fiscal de la

Fiscalía General del Ministerio Público, ante la denuncia presentada por

la señora    Evelyn Milanés Obando el día 31 de marzo de 1997, no

obstante la citada Fiscalía General el 16 de junio del mismo año, se

declaró     incompetente   para   seguir   conociendo    del   asunto,   de

conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 7476 de 3 de febrero

de 1995 (Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia)

incompetencia que fue admitida por el Tribunal de la Inspección Judicial

el 1° de julio del mismo año, por lo que se arrogó las diligencias hasta su

fenecimiento.

      Al señor Vargas Porras se le atribuye afectar a la señora Milanés

Obando con palabras, acciones y gestos contrarios a la moral y buenas

costumbres, entre los que se citan: Sujetarla por la cintura para
                                      177

comprobar     personalmente     esa     parte   de   su   cuerpo,   hacerle

interrogaciones e insinuaciones sobre su aspecto físico y su belleza,

además que delante de otros servidores judiciales se refirió a ella

resaltando sus atributos físicos, que en otra oportunidad le acarició la

espalda introduciendo su mano por la parte alta del vestido.

      En respuesta a esos cargos, el señor Vargas Porras los rechazó

tajantemente, argumentando que las acusaciones de acoso a que

alude la señora Milanés Obando, se presentan en áreas de la oficina

donde había más personas y no en la intimidad de su oficina, como sería

lo lógico de pensar en personas que actúan con conductas de acoso

sexual, y ofreció prueba testimonial como descargo de los hechos que se

le atribuyeron.

      En la investigación realizada, el Tribunal de la Inspección Judicial

tuvo por demostrado que la relación de la ofendida con el aquí

denunciado fue de carácter eminentemente laboral (Jefe y subalterna),

no obstante el señor Vargas Porras acosó sexualmente varias veces a la

señora Milanés Obando al decirle frases con contenido sexual, tales

como: “que bien que estaba”, “que cada día estaba mejor”, “machita

quítese la ropa y se va conmigo”, o utilizando tratos abusivos y de suma

confianza.

Esta situación hizo que a la ofendida le diera miedo de entrar a la oficina

del señor Vargas Porras, o quedarse sola después de la hora de salida
                                      178

haciendo la limpieza de la oficina.

      No tuvo por probado el Tribunal de la Inspección Judicial que se

dieran los tocamientos que denuncia la ofendida.

      Pero con las pruebas recopiladas quedó evidenciada la intención

del acusado de provocar efectos en la conducta de la ofendida y en su

bienestar personal (artículo 3 de la Ley contra el hostigamiento sexual en

el empleo y la docencia) este comportamiento no fue aislado, sino que

fue reiterado y cesó hasta el momento en que la ofendida interpuso la

denuncia, concluyendo el Tribunal de la Inspección Judicial que los

hechos aquí denunciados por la señora Milanés Obando en contra del

señor Vargas Porras encuadran en la conducta de hostigamiento sexual

y por ello constituye una falta grave por lo que le impone el correctivo

disciplinario de Amonestación Escrita, fundamentado en los númerales

1.4. inciso 2). 7. 18 siguientes y concordantes de la Ley contra el

hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, artículos 1 inciso

1).8.12.21.23 y 24 del Reglamento y los artículos 174. 176. 185 194 y 197

siguientes y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      También resolvió el citado Tribunal, poner estas diligencias en

conocimiento del Consejo Superior y del Fiscal General del Ministerio

Público, con la recomendación de que el servidor Johnny Vargas Porras

sea trasladado a laborar a otra jurisdicción, en consideración al deterioro

existente en las relaciones laborales entre el servidor sancionado y otros
                                    179

del mismo despacho. Finalmente y de conformidad con el artículo 7 de

la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y los

artículos 8 y 23 del reglamento que al efecto dictó la Corte Plena,

comunicar la resolución a la Defensoría de los Habitantes.

      Se acordó: Tomar nota de la resolución N° 132 de las 14 horas y 15

minutos del 16 de febrero de 1998, en la que el Tribunal de la Inspección

Judicial impuso al Lic. JOHNNY VARGAS PORRAS, Agente Primero Fiscal

de Puntarenas, la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN ESCRITA, al

resolver las diligencias de queja de la señora Evelyn Milanés Obando por

acoso sexual. El Fiscal General y el Departamento de Personal tomarán

nota para el traslado a otro lugar del Lic. Vargas Porras.

                             ARTÍCULO CXXIV

      El Tribunal de la Inspección Judicial mediante resolución número

94-98 de las 14,25 horas del 2 de febrero de 1998, declaró con lugar la

queja interpuesta contra la señora BETTY TORRES MANZANARES, Conserje

del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito Judicial de San

José, y decretó la revocatoria de su nombramiento.-

      Destacan entre      los hechos y      probanzas del Tribunal de la

Inspección Judicial para imponer la sanción disciplinaria los siguientes:

1.- Que la servidora Betty Torres Manzanares, el 27de octubre de 1997,

solicitó una constancia de sueldo al Departamento de Personal, la que se

le consignó que tenía un salario mensual de noventa mil ciento noventa
                                    180

colones y que el salario líquido era de quince mil quinientos setenta y tres

colones. De igual modo, retiró el 30 del citado mes, otra constancia de

sueldo del Departamento de Personal, a través del Administrador

Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, con

similar información. Fecha en que también, retiró sendas constancias de

sueldo a nombre de Gerardo Alvarado Cordero, Conserje 2 interino del

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de dicho Circuito Judicial, en la

que se estableció un salario mensual de ochenta mil seiscientos colones,

con un salario líquido mensual de sesenta y ocho mil ciento siete colones

y que el último nombramiento era por el citado mes de octubre ( ver

notas del Departamento de Personal a folios 1, 2 y 17, constancias de

salario de folios 8 y 9, informe de Oficial de Inspección de este Tribunal,

Víctor Hernández Cruz a folios 20 y 21, testimonios de Ana Yanci Zúñiga

Fernández a folio 22, Cristina Rojas Espinoza a folio 23 y Mauricio Quirós

Alvarez a folio 24 ).- 2.- Que la denunciada, al retirar la constancia de

sueldo a su nombre, en el Departamento de Personal, intentó que la

servidora de esa dependencia, Cristina Rojas Espinoza, le introdujera un

monto más elevado que el devengado, por concepto de salario líquido (

ver nota del Departamento de Personal a folios 1 y 2, declaraciones de

Ana Yancy Zúñiga Fernández a folio 22, Cristina Rojas Espinoza a folio 23 y

Mauricio Quirós Alvarez a folio 24).- 3.- Que las citadas constancias de

salario, el 30 de octubre del año pasado, a efecto de solicitar un
                                    181

préstamo de dinero la denunciada Torres Manzanares, las presentó a la

empresa “ Servicios de Crédito Asociados de Costa Rica S. A. “, ubicada

en esta ciudad,     con las siguientes alteraciones o datos falsos: a.- La

constancia a nombre de Betty Torres Manzanares, fechada el 27 de

octubre del año pasado, se le sustituyó el salario líquido mensual de

quince mil quinientos setenta y tres colones, por setenta y ocho mil

quinientos setenta y tres colones.- b.- Constancia a nombre de Betty

Torres Manzanares, del 30 de octubre del año anterior, el salario líquido

mensual de quince mil quinientos setenta y tres colones, le fue cambiado

por setenta y cinco mil quinientos setenta y tres colones.- c.- Constancia

de salario a nombre de Gerardo Alvarado Cordero, fechada el 27 de

octubre del año pasado, en el espacio asignado para observaciones, se

le agregó la frase “ A PARTIR DE ENERO DE 1998 OBTIENE - sic - EL

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD. “. d.- Constancia de salario a nombre

de Gerardo Alvarado Cordero, del 30 de octubre del año pasado, sobre

el espacio asignado, para la firma autorizada, se le agregó la frase “

NOTA A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO QUEDA NOMBRADO EN PROPIEDAD.

“.- ( ver constancias alteradas en sobre aparte y copias a folios 4 a 7,

copia de la nota de la empresa “ Servicios de Crédito Asociados de

Costa Rica S. A. “ a folio 3, constancias de salario a folios 8 y 9 y prueba

testimonial citada ).-

      La servidora Torres Manzanares y el Licenciado Roberto Montero
                                      182

García Defensor Público de la denunciada, interponen recurso de

apelación contra la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial, y

alegan fundamentalmente : 1.- Que la acción la realizo sin mala fe. 2.-

No le causo un perjuicio a persona alguna.- 3.-         Que se trata de un

estado de necesidad.

      La Comisión de Relaciones Laborales en sesión celebrada el 6 de

marzo del año en curso, artículo VI, recomienda               “Al tener por

comprobada la alteración de las constancias salariales, el Tribunal de la

Inspección Judicial declaró con lugar la queja contra la servidora y

dispuso la revocatoria de su nombramiento. Esta decisión la comparte la

Comisión de Relaciones Laborales, en razón de que los hechos

cometidos    califican   de   falta   gravísima   y   como   tal   deben   ser

sancionados.      Entiende esta Junta que la servidora atravesaba

momentos difíciles, pero esas circunstancias no justifican en modo alguno

la conducta denunciada. Las actuaciones de los servidores judiciales,

por lo delicado de la labor que realizan, deben ser apegadas al

ordenamiento jurídico, y actos como los investigados conllevan la

pérdida de confianza del patrono y desmejoran la imagen del Poder

Judicial.” Se inclina por mantener la medida disciplinaria acordada por

el Tribunal de la Inspección Judicial”.-

      Conoce este Consejo el recurso de apelación interpuesto.

Conforme se desprende de los hechos enunciados, los cuales se acogen
                                    183

en su totalidad y el Consejo los hace suyos, la servidora TORRES

MANZANARES se hizo merecedora a              la sanción disciplinaria de

revocatoria de su nombramiento que le impuso el Tribunal de la

Inspección Judicial. En efecto, las alteraciones que presentan las

constancias de sueldo son obvias y el uso que les dio la servidora para

obtener un crédito, están plenamente demostrados           con la prueba

evacuada y analizada , incluso la misma servidora acepta esta situación

en su recurso. A pesar de indicar de que la acción la realizo sin mala fe,

lo cierto es, que desde un principio tenía esa intención; al manifestarle a

la testigo Rojas Espinoza de que si le podía cambiar el monto del salario

liquido que aparecía en ese momento en la pantalla por uno más alto.

En cuando a que no causo un perjuicio directo, no es cierto, pues la

imagen del Poder Judicial se vio afectada con su conducta             y el

perjuicio no necesariamente debe ser patrimonial. El estado de

necesidad alegado, también debe ser rechazado, ya que no estaba en

una situación de peligro actual o inminente, pudiendo encaminar su

actuar de otra forma, además fue un acto voluntario, por lo que no se

está en presencia de una conducta permisiva. Este comportamiento

genera responsabilidad disciplinaria de la servidora Torres Manzanares,

por lo que su falta es gravísima de conformidad con los artículos 28 inciso

2, 184, 190, 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

      SE ACUERDA: Confirmar lo resuelto por el Tribunal de la Inspección
                                    184

Judicial que revoca el nombramiento de la servidora Torres Manzanares a

partir del 15 de abril de año en curso.-

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.-

PRESIDENCIA DE LA CORTE

                              ARTÍCULO CXXV

      Se tomó nota de las siguientes resoluciones:

                                  N° 99-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas del trece de abril de mil novecientos noventa y ocho.
       Con base en las solicitudes de los interesados, y de conformidad con
lo dispuesto por el transitorio VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
inscriben como Notarios Públicos, a los Licenciados Gabriel Alvarez
Hernández, Ricardo Barahona Montero, Marianella Barrantes Zamora, Ana
Fonseca Umaña, Patricia Lobo Marín, Adrián Rodríguez Arnesto, Miguel
Angel Soto Mora, Liz Maureen Tencio Alfaro y Erick Zamora Chaves.

                                     N° 100-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas diez minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y ocho.
       Con base en las solicitudes de los interesados, y de conformidad con
lo dispuesto por el transitorio VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
autoriza a los Licenciados Guillermo Arce Arias, Gilbert Bonilla Meléndez,
Marvin Cerdas Cerdas, Federico Chacón Loaiza, Ligia Jiménez Espinoza,
Julián Martínez Madriz, Ruth Rodríguez Obando, Máryuri Tobón Usme y
Gustavo Zamora Córdoba, para ejercer funciones de Notarios Públicos.
       También se autoriza al Licenciado Edgardo Vargas Rodríguez, para
ejercer de nuevo el Notariado.
       Es entendido que esta autorización no surte efectos mientras el
Notario no retire el tomo correspondiente de su protocolo, y tenga abierta
Oficina al público, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 3, 17, 30, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Notariado.-

                                 N° 101-98
      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
trece horas veinte minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y
ocho.
      Se toma nota que los Notarios Públicos Licenciados Gerardo Murillo
Saborío y Luis Guillén Downing, regresaron al país el 24 y el 30 de marzo
                                     185

último, respectivamente, y la Licenciada Laura Castro Coto el 1° de abril
en curso, y de inmediato reanudaron sus funciones.

                                  N° 102-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
trece horas treinta minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y
ocho.
       Se toma nota que los Notarios Públicos que se dirán, se ausentaron o
ausentarán del país en las siguientes fechas:
       1.- Licenciado Roberto Bolaños Fonseca, del 3 al 17 de abril en curso.
       2.- Licenciado David Arturo Campos Brenes, del 13 al 16 de los
corrientes.
       3.- Licenciada Marta Eugenia Cascante Alvarado, del 13 de abril al
13 de mayo, meses ambos de este año.
       4.- Licenciado Ciro Casas Zamora, del 3 al 11 del corriente mes de
abril.
       5.- Licenciado Luis Manuel Castro Ventura, del 28 de marzo al 13 de
abril de 1998.
       6.- Licenciado Ernesto Fernández Monge, del 5 al 12 del presente
mes.
       7.- Licenciado Mario Granados Moreno, del 4 al 11 de los corrientes.
       8.- Licenciado Gonzalo Gutiérrez Acevedo, del 30 de marzo al 7 de
abril del año que corre.
       9.- Licenciada Vilma Mesén Madrigal, del 3 al 13 de abril en curso.
       10.- Licenciada Rosita Pérez Matamoros, del 5 al 12 de abril de 1998.
       11.- Licenciada María Amalia Prada Valverde, del 3 al 17 del
corriente mes de abril.
       12.- Licenciada Olga Rivera Monge, del 31 de marzo al 9 de abril,
meses ambos de este año.
       13.- Licenciado Ovelio Rodríguez Chaverri, del 5 al 12 del mes en
curso.
       14.- Licenciada Kathya Rojas Venegas, del 3 de abril al 4 de mayo
de 1998.
       15.- Dra. Roxana Sánchez Boza, del 27 de marzo al 5 de abril del
corriente año.
       16.- Licenciado Mario Alberto Sandoval Pineda, del 4 al 11 de abril
en curso.
       17.- Licenciado Randall Tamayo Oconitrillo, del 7 al 14 de los
corrientes.
       18.- Licenciado Carlos Alberto Zamora Guardia, del 4 al 12 de abril
de este año.
       19.- Licenciado Sergio Alvarado Muñoz, del 2 al 9 de abril de 1998.
       20.- Licenciado Ricardo Díaz Anchía, del 6 al 9 de abril en curso.
       21.- LicenciadoFreddy Fachler Grinstein, del 3 al 10 de los corrientes.
                                    186

       22.- Licenciado Alfredo Fournier Beéche, del 2 al 17 de abril de este
año.
       23.- Licenciada Marlene Hidalgo Salas, del 3 al 12 de abril del
presente año.
       24.- Licenciado Elías Enoc Marquez Ayala, por el mismo período del
inciso anterior.
       25.- Licenciado Jorge Montero Bejarano, del 26 de marzo al 5 de
abril del corriente año.
       26.- Licenciado Mario Morales Villalobos, del 29 al 12 de este mes.
       27.- Licenciado Giovanni Muñoz Jiménez, del 2 al 14 de abril en
curso.
       28.- Licenciado Giovanni Peraza Rodríguez, del 1° al 15 de los
corrientes.
       29.-Licenciado Uri Rudelman Wohlstein, del 5 al 8 de marzo anterior.
       30.- Licenciado Máximo Sequeira Alemán, del 3 al 6 de abril de 1998.
       31.- Licenciado Kenneth Vargas Cárdenas, del 1° al 14 del presente
mes de abril.
       32.- Licenciado Marco Vinicio Barrantes Rodríguez, del 3 al 9 de abril
en curso.
       33.- Doctor Jaime Daremblum Rosenstein, del 5 al 14 del corriente
mes de abril.
       34.- Licenciado Juan Carlos Gamboa Góngora, del 2 al 7 de abril de
1998.
       35.- Licenciado Claudio Hernández Guerrero, del 2 al 10 del presente
mes.
       36.- Licenciada Maritza Muñoz Delgado, del 1° al 6 de los corrientes.
       37.- Licenciada Dinia Rojas Montero, del 2 al 17 de este mes.
       38.- Licenciado Uri Rudelman Wohlstein, del 25 al 29 de marzo
anterior.
       39.- Licenciado Randolph Ortiz Alvarez, del 3 al 12 de abril en curso.
       40.- Licenciada Georgina Sánchez Alvarado, del 7 al 30 del presente
mes de abril.
                                       - 0 -
       Los Licenciados Bolaños, Campos, Cascante, Casas, Castro,
Fernández, Granados, Gutiérrez, Mesén, Pérez, Prada, Rivera, Rodríguez,
Rojas, Sánchez Boza, Sandoval, Tamayo y Zamora, dejaron depositados sus
protocolos en las notarías de los Licenciados Franklin Matamoros Calderón,
Marianella Sáenz Alfaro, Ileana María Chaves López, Carlos Isidro
Echeverría Perera, Sergio García Mejía, Dan Alberto Hidalgo Hidalgo,
Enrique Granados Moreno, Eduardo Araya Vega, Omar Luis Zúñiga
Sánchez, Silvia Morales Salas, Franklin Matamoros Calderón, Victoria
Campos Vargas, Ovelio Rodríguez León, Máximo Sequeira Alemán,
Carmen Martínez Ramírez, José Gerardo Pacheco Guerrero, Freddy Salazar
Ardón y Jorge Guardia Quirós, respectivamente. Los Licenciados Alvarado,
                                     187

Díaz, Fachler, Fournier, Hidalgo, Marquez, Montero, Morales, Muñoz
Jiménez, Peraza, Rudelman, Sequeira y Vargas, lo llevan consigo. Los
Licenciados Barrantes, Daremblum, Gamboa, Hernández, Muñoz Delgado,
Rojas y Rudelman, lo dejaron en sus respectivas oficinas. El Licenciado
Ortiz lo dejó en su casa de habitación. El Licenciado Sánchez Alvarado lo
depositó en el Juzgado Primero Civil de Alajuela para su custodia
definitiva.

                                  N° 103-98
      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
trece horas cuarenta minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
      Esta Presidencia en resolución N° 95-98 de las 13:10 horas del 30 de
marzo último, inciso 22), tomó nota de la comunicación del Licenciado
Jorge Enrique Valverde Segura en la que dio cuenta que se ausentaría
del país del 2 al 9 de abril en curso portando el tomo de su protocolo.
      El Licenciado Segura en nota fechada 2 de los corrientes,
comunica que canceló el viaje del que se ha hecho mención, por lo
que solicita se deje sin efecto dicha comunicación.
      En consecuencia se deja sin efecto el inciso 22) de la resolución N°
95-98 de las 13:10 horas del 30 de marzo de 1998.-

                                  N° 104-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
trece horas cincuenta minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
       En notas recibidas el 30 y el 31 de marzo último y el 2 y 3 de abril en
curso, los Notarios Públicos Licenciados Mariani Cisneros Arce, Gloriana
Rojas Sáenz, Miriam Lezama López, Laura María Reyunolds Westover y
Minor Francisco Rojas Bolaños, comunican que cesan en el ejercicio del
Notariado, por ocupar cargos públicos incompatibles con el desempeño
de esas funciones los dos primeros, y por ausentarse indefinidamente del
país los demás, por lo que, depositaron el tomo de sus protocolos en el
Archivo Nacional para su custodia definitiva, lo cual comprueban con la
copia del recibo que acompañan.
       En consecuencia, se toma nota de las comunicaciones anteriores y
se declara que los Licenciados Cisneros, Rojas Sáenz, Lezama, Reynolds y
Rojas Bolaños, cesaron en el ejercicio del Notariado. De lo anterior se
dará cuenta por medio de aviso que se publicará en el Boletín Judicial.-

                                 N° 105-98
      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas del trece de abril de mil novecientos noventa y ocho.
      Esta Presidencia por resolución de las 13:45 horas del 9 de febrero de
                                    188

1998, tuvo por suspendido en el ejercicio del Notariado al Licenciado José
Francisco Benavides Robles, hasta tanto no comprobara haber renovado
la póliza de fidelidad que garantiza el desempeño de esas funciones.-
       Sin embargo, al haber comprobado el Licenciado Benavides que
presentó el 5 de de noviembre del año pasado, el recibo de la póliza de
fidelidad debidamente cancelado con anterioridad a que se dispusiera
la suspensión y que por error no se anotó en el correspondiente registro
que al efecto lleva la Secretaría de la Corte, lo procedente es modificar
la resolución de las 13:45 horas del 9 de febrero de 1998, en el sentido de
que en lo que respecta al Licenciado José Francisco Benavides Robles,
se revoca la resolución antes citada y se deja sin efecto la suspensión de
la que fue objeto.-

                                   N° 106-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas diez minutos del trece de abril de mil novecientos noventa
y ocho.
       Esta presidencia por resolución de las 14:00 horas del 7 de octubre
de 1996, tuvo por suspendido en el ejercicio del Notariado a la
Licenciada María Gabriela Rodríguez Méndez; por las de las 14:20 horas
horas del 21 de abril de año pasado, al Licenciado Leonidas Vargas
Fallas; por la de las 14:40 horas del 12 de mayo de 1997, a los Licenciados
Rafael De la Peña Rojas y Lissy Dorado Vargas; por la de las 14:20 horas
del 9 de junio de 1997, a la Licenciada Cristina Alfaro Serdio; por la de las
14:20 horas del 21 de julio de 1997, a la Licenciada Melva Johanning
Grimaldo; por la de las 14:40 horas del 22 de setiembre del año anterior,
al Licenciado Luis Campos Cantero; por la de las 14:30 horas del 3 de
noviembre de 1997, al Licenciado Rafael Faerron Ramírez; por la de las
14:10 horas del 24 de noviembre del año anterior, a la Licenciada
Marianela Baltodano Pazos, y por la de las 14:20 horas del 23 de marzo en
curso, a los Licenciados Rodrigo Aguilar Sandoval, Marianela Angulo Tam,
Alonso Arley Alvarado, José Rafael Echeverría Zeledón, Juan José Lao
Obando y Sergio Rodríguez Garita, a todos ellos, hasta tanto no
comprobaran haber renovado la póliza de fidelidad que garantiza el
desempeño de esas funciones. Con la presentación del recibo oficial de
prima extendido por el Instituto Nacional de Seguros, dichos profesionales
comprueban que renovaron su póliza de fidelidad, y que se encuentran
al día con aquella obligación .
       En consecuencia, se revocan las resoluciones antes citadas en lo
que respecta a los Licenciados Rodríguez Méndez, Vargas, De la Peña,
Dorado, Alfaro, Johanning, Campos, Faerron, Baltodano, Aguilar, Angulo,
Arley, Echeverría, Lao y Rodríguez Garita, y se deja sin efecto la
suspensión que en el ejercicio del Notariado se les había impuesto por
ese motivo.-
                                   189


                                 N° 107-98
      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas veinte minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
      Esta Presidencia por resolución de las 14:20 horas del 14 de abril de
1997, tuvo por suspendido en el ejercicio del Notariado al Licenciado
Jorge Federico Campos Calderón, hasta tanto no comprobara haber
renovado la póliza de fidelidad que garantiza el desempeño de esas
funciones.
      El Licenciado Campos en escrito de fecha 30 de marzo último
manifestó:
            “En el Boletín Judicial N° 56 publicado el pasado
       viernes 20 de marzo, se hace mención de los Notarios
       Públicos que han sido suspendidos temporalmente en el
       ejercicio de dicha actividad. Dentro de esa lista aparece
       mi persona y es por ello que me permito enviar la presente
       nota.

            Sin bien es cierto en una oportunidad solicité la
       autorización para el ejercicio del Notariado, nunca me he
       dedicado a esa actividad y jamás he tenido libro de
       Protocolo. Lo anterior, por cuanto desde que me gradué
       como Abogado en diciembre de 1995, presto mis servicios
       como profesional para el Poder Judicial dentro de la
       Defensa Pública.

            En razón de lo anterior, solicito que se suspenda
       temporal e indefinidamente la autorización otorgada a mi
       personal para el ejercicio del notariado por carecer de
       interés momentáneo para ello, así como tamibién que se
       me exima de presentación de las pólizas de fidelidad que
       para esos efectos deben cancelarse obligatoriamente.
       Agradezco de antemano la anteción a la presente.”

                                   - 0-
      En consecuencia, se toma nota de la comunicación anterior, se
revoca la resolución de las 14:20 horas del 14 de abril de 1997, en lo que
respecta al Licenciado Campos Calderón y se deja sin efecto la
suspensión de la que fue objeto, además se tiene por cesado en el
ejercicio de la funcion Notarial. De lo anterior se dará cuenta por medio
de aviso que se publicará en el Boletín Judicial.-

                                N° 108-98
                                   190

      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas treinta minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
      El Licenciado Edwin Li Lao, en escrito de fecha 3 de abril en curso
comunicó lo que a continuación se transcribe:
       “Yo Edwin Li Lao, abogado y notario público de esta
       ciudad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
       diecisiete de la Ley Orgánica de Notariado, con el debido
       respeto comunico que estaré ausente del país a partir del
       cuatro de abril del corriente año para dirigirme a Hong
       Kong y a la república Popular China, por un plazo de seis
       meses y medio, llevando consigo mi protocolo.”

                                   -0 -

      En consecuencia, se toma nota de la anterior comunicación, la
que se traslada a la Sala Segunda para lo que corresponda.

                                 N° 109-98.-
      PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas cuarenta minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
      Se toma nota de la comunicación recibida el 30 de marzo último,
en la que el Licenciado Luis A. Guillén Downing, Secretario de la Junta
Directiva del Colegio de Abogados, da cuenta que por no existir
impedimento alguno se autorizó la reincorporación del Licenciado Arturo
Terán París a partir del mes de marzo de 1998.

                             N° 110-98.-
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas cincuenta minutos del trece de abril de mil novecientos
noventa y ocho.
       Se toma nota de la comunicación recibida el 2 de abril en curso,
en la que la Licenciada Jacqueline Piedra Vargas, Asistente de la
Dirección Ejecutiva del Colegio de Abogados, da cuenta del
fallecimiento del Notario Público Licenciado Julio Caballero Aguilar.
Comuníquese al Departamento de Archivo Notarial del Archivo Nacional.

                                   -0-

     A las 16:54 horas terminó la sesión.

								
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