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LA DEMOCRACIA Y LOS EJÉRCITOS EN EL SIGLO XXI.
LA EXPERIENCIA CHILENA.
(VERSIÓN NO DEFINITIVA)
Juan Emilio Cheyre E
Director Centro de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Católica de Chile
A. INTRODUCCIÓN.
Agradezco la oportunidad de exponer acerca de un tema relevante en una organización
de la importancia de la OEA. Lo hago como Director del Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad Católica. Percibo que, en el fundamento de esta
invitación, está presente la experiencia que se supone pude obtener durante mi
desempeño como Comandante en Jefe del Ejército de Chile desde Marzo de 2002 a
Marzo de 2006.Con todo deseo advertir que mis opiniones solo me comprometen en lo
personal.
Me han solicitado referirme a lecciones desde la experiencia chilena acerca de la forma
como los Ejércitos, en este siglo XXI, se insertan y por lo tanto contribuyen a los
procesos democráticos. Sería pretencioso dar lecciones de un tema donde cada realidad
es diferente. Sin embargo es posible extraer experiencias y conocer otras realidades.
Abordaré el tema refiriéndome al enfoque, en mi perspectiva, de los conceptos claves
que nos convocan: democracia, rol o función de las FF AA, interacción civil militar,
procesos en que el actuar de los Ejércitos u otras circunstancias conexas debilitan o
quiebran la democracia y lo mas importante, cómo pueden y deben los Ejércitos ser
actores vitales en los procesos de reforzamiento de las democracias y por ende de los
Estados.
B. LA FUNCIÓN DE LOS EJÉRCITOS EN DEMOCRACIA.
Conocemos múltiples definiciones de democracia y del rol de los Ejércitos. Como esta
no es una exposición teórica, estimo vital tomar posición con respecto al tema al menos
en sus aspectos fundamentales. Ello me permitirá referirme a lo que se me ha solicitado.
Deseo rescatar lo principal de estos conceptos dándole un valor explicativo al porqué
estimo en Chile, ambos sufrieron un profundo deterioro en su esencia lo que nos llevó
en 1973 a la pérdida de la democracia y a un actuar de las FF AA alejado de lo que es su
rol en el contexto democrático. Ese período corresponde a lo que denominaré
“excepcionalidad”. Ello ya que es anormal y por lo tanto alejada de su función, que los
Ejércitos cumplan la tarea del ejercicio del poder político. Fue lo que sucedió
formalmente en Chile desde Septiembre de 1973 hasta Marzo de 1990 prolongándose,
en algunos temas, más allá en el tiempo.
He experimentado que una normalización plena no coincide con la entrega del poder
(sucede también lo mismo, después de un período como el vivido, con partidos políticos,
sociedad, instituciones, poder judicial y en general todo actor que se reinserta a una
nueva realidad con otras lógicas y características de ejercicio del poder).
Ese proceso de transición en Chile, tiene diferentes tiempos y características para el
Ejército y para todos los actores que durante 17 años no ejercieron sus verdaderos y
tradicionales roles o los cumplieron de manera anómala dadas diferentes circunstancias
imperantes. Un Ejército que durante ese período se confunde con tareas de gobierno,
seguridad, participación de algunos medios en órganos de represión o inteligencia
política ajenos a la organización institucional no es una Institución que se encuentra en
la normalidad del ejercicio de su función de seguridad y defensa independiente- que
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como efectivamente sucedió- logró esos cometidos a cabalidad. Adicionalmente ese
Ejército es percibido por la ciudadanía como amigo de quienes apoyan al gobierno y
antagónico o enemigo de aquellos que lo rechazan. De allí que reestablecida la
democracia ni el país, ni sus ciudadanos, ni el Ejército pueden transformarse en un día-
por la sola entrega del poder formal- en una institución plenamente ajustada al rol y
función de un Ejército en democracia y como tal respetada y querida por la mayoría de
una sociedad aún dividida y abanderizada con sectores antagónicos. Mas complejo
resulta el cambio cuando quien ejercía el poder como Presidente de la República y lo
entrega mantiene su cargo de Comandante en Jefe hasta ocho años después de esa fecha.
Permítanme tomar posición de cómo veo los conceptos fundamentales reseñados como
claves para la temática que nos convoca. La democracia se vincula con elementos como
la libertad; el funcionamiento y estructura del Estado basado en organismos e
instituciones con ámbitos claros de competencia, donde destacan el poder ejecutivo
radicado en el Presidente de la República electo en votación libre, informada, secreta y
con participación de toda la población sin limitaciones, el poder legislativo generado de
la misma manera con la conformación en el caso chileno de un sistema bicameral y el
poder Judicial que actúa con prescindencia política en la aplicación de la ley y el
ejercicio del derecho a través de las Cortes y organismos asesores de una justicia que no
obedece a mas control y dependencia que la cautela del imperio de la norma jurídica
promulgada legítimamente. Asimismo un conjunto de derechos de las personas que les
son absolutamente exigibles e inalienables. También deberes de los cuales nadie esta
excluido exigiendo un cumplimiento sin distingos de ninguna naturaleza sometiéndose
todos los ciudadanos a los efectos que la ley contempla ante su incumplimiento o
trasgresión.
El otro concepto que nos interesa, el rol de los Ejércitos en democracia, se vincula a
instituciones con funciones específicas encargadas de dar seguridad y defensa al país
con un quehacer, organización y características que la Constitución tipifica. También
existen diversas Instituciones básicas para el buen funcionamiento del Estado. Allí
encontramos los órganos contralores, las encargadas de la administración de los
recursos financieros, los servicios indelegables del Estado como seguridad ciudadana y
otros que no podríamos enunciar a plenitud. Sin embargo estimo existe algo vital que no
puedo omitir en mi visión de esta presentación: una democracia además de lo descrito,
tiene ciertos intangibles de la mayor importancia.
En efecto en lo formal muchos Estados pueden cumplir las características generales
antes descritas y otras más de una completa enumeración de aquello que sería
consustancial a ella. Pero un análisis acerca de si es una democracia verdadera a veces
lleva a concluir que en el fondo algunas no lo son, ya que solo formalmente aparecen
como tal.
A mi juicio es por la carencia de variables que sin estar definidas hacen imperfecta a la
democracia. Lo anterior al existir situaciones que atentan contra sus elementos centrales
la libertad; la plena participación, el respeto a la ley y el orden; la capacidad real de
disentir; el ejercicio legítimo del poder; la no apropiación por el Estado de facultades
que le son exclusivas a los ciudadanos u otras organizaciones; la administración de
violencia innecesaria o amedrentamiento en cualquiera de sus formas para obtener los
objetivos del poder de turno; el manejo de medios y recursos en forma discrecional; la
existencia de grupos de poder representados por quienes presionan desde posiciones de
privilegio o desde sectores desposeídos dispuestos a ejercer demandas vía
amedrentamiento o amenaza. Se agregan el control de la prensa u otros medios de
expresión; el uso del dinero fiscal con fines de mantención del poder político; la
manipulación de la población a través de campañas de diferente índole para perpetuar
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en el poder o mantenerlo a quien lo ejerce; los modelos refundacionales que justifican
cambios a las normas existentes por las cuales se accedió al gobierno. En fin la lista
puede alargarse. En el fondo estimo que no son democracias plenas aquellas que llevan
a quienes gobiernan a hacerlo en beneficio de su proyecto transformándolo en un fin en
si mismo o en beneficio de los sectores que consideran sus representados donde quedan
excluidos quienes no forman parte de los adherentes o seguidores de la causa mesiánica
asumida como sinónimo falso del poder otorgado, aunque sea legítimamente, para
gobernar lo que debería orientarse al bien común de toda la sociedad y no a las
desviaciones reseñadas.
Lo que deseo enfatizar es que, hoy en nuestro siglo XXI y en nuestra América Latina,
tan importante como las características formales de una democracia es el firme respeto
de ciertos intangibles que de ser vulnerados generan una democracia imperfecta o
terminan por vivir anti democráticamente incluso a Estados que aparecen con el titulo
de tal.
En síntesis a mi juicio podemos asegurar en la actualidad que una democracia es aquella
que cumple en lo formal y en lo intangible las características descritas y por tanto no cae
en las desviaciones señaladas. Adicionalmente un Ejército en democracia es una
Institución permanente del Estado encargado de la seguridad y defensa de acuerdo a la
norma y formas que la Constitución y la ley establecen.
C. EL CASO CHILENO EN CUANTO A LA PÉRDIDA DE LA DEMOCRACIA Y
AL ALEJAMIENTO DEL EJÉRCITO DE SU ROL Y FUNCIÓN.
Nuestro caso donde la democracia deja de ser tal y el Ejército abandona su función
tradicional normalmente se vincula a una fecha y una acción. El 11 de Septiembre de
1973 el derrocamiento del gobierno presidido por el Doctor Salvador Allende , el
advenimiento al mismo de un gobierno militar encabezado por el General Augusto
Pinochet e integrado por las FF AA y Carabineros y el ejercicio del mismo hasta el 11
de Marzo de 1990.
Esa fecha se considera la “ recuperación de la democracia” y se vincula a la entrega por
quien ejerciera el poder al presidente electo Patricio Aylwin apoyado por fuerzas
agrupadas en la Concertación para la democracia que triunfan por la vía de legitimar su
opción.
Es imposible en breve tiempo analizar un proceso complejo y largo. Sin embargo es
básico enfrentarlo para el tema que nos convoca: democracia y rol de los Ejércitos.
Para resumir permítanme contestar una pregunta que formula Ricardo Israel en su
reciente libro “La Democracia que perdimos entre todos”. A mi juicio ella sintetiza la
decisión militar de actuar el 11 de Septiembre de 1973, es decir el abandono del rol de
los Ejércitos en democracia. Asimismo permite encontrar las claves que ayudan a
entender – que no es lo mismo que concordar- la decisión por todos conocida. La
pregunta es: ¿Había llegado el momento de cortar el nudo gordiano con la espada o
todavía se podía evitar la salida violenta?
Mi reflexión lleva a que nos preguntemos ¿porque llegó ese día, a esa hora, con esas
características y con ese desenlace?
A mi juicio el minuto en que la espada corta el nudo fue armándose por largo tiempo y
haciéndose cada día más denso. Todo ese proceso no coincidió con la lógica del tiempo
medido por fracciones de segundo, tampoco con la decisión voluntarista o abrupta de
quienes desquiciados optaron por desenvainar la espada contra el pueblo y matar la
democracia además de todas las otras muertes que dicho proceso conllevaría. Por otra
parte no es achacable al gobierno de turno o a fuerzas exógenas. El tema es más largo y
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complejo. Busquemos las claves que podríamos deducir. Dos advertencias previas y
muy claras:
No estoy aquí para justificar la acción militar del 11 de Septiembre de 1973
desde el punto de vista o lógica militar. Sólo la historia dará señales para la
respuesta. Cada persona tiene el derecho a formarse su propio juicio. Estoy para
buscar dar valor explicativo al actuar normal o anormal de los Ejércitos en
democracia a través de la experiencia chilena. Ello exige conocer esta
anormalidad. Sin embargo ello debe considerar un contexto para que la
excepcionalidad- que un Ejército se transforme en parte de un Gobierno y ejerza
el poder político- no vuelva a ocurrir.
Menos pretendo culpar a otros del proceso posterior, a la acción militar, donde
siempre he establecido con claridad que quien responde es aquel que a partir de
ese momento asume el control del Estado, ejerce el gobierno y como tal la
autoridad. De allí mi posición establecida, con respecto a ese período, acerca de
la responsabilidad institucional que hiciera pública en el documento “El fin de
una visión” el 5 de Noviembre de 2004 donde a manera de síntesis establecía:
“El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las
responsabilidades que como Institución le cabe en todos los hechos punibles y
moralmente inaceptables del pasado”. Por tanto el resumen que haré, de aquello
que permite entender que el nudo se cortó con la espada, sin duda describe un
escenario global que no excusa las violaciones a los derechos humanos ocurridas
en Chile pero si muestra que no es sólo el Ejército quien abandona su rol o
función en democracia, sino un conjunto de actores. Lo que deseo enfatizar es
que democracia y Ejércitos que cumplan su función no son atributos o
responsabilidades de sectores aislados, tampoco de unos u otros. Son
responsabilidades compartidas. Para que los Ejércitos actúen en un contexto
democrático se necesita que dicho sistema político impere. A su vez para que
halla democracia se requiere que todas las Instituciones, incluidas los Ejércitos,
se atengan a su función y cumplan las normas que rigen su actuar.
Paso ahora a un recuento- de cuyos detalles podrán encontrar innumerables testimonios
en la historia de Chile- que llamo a analizar sin pasiones de las bases que llevan a un
actuar anti democrático de la clase política y a la politización de las FF AA. Son las
siguientes:
- El proyecto político que se buscó imponer se basó en una lógica de fuerza para
hacerla prevalecer sobre la razón. Joan Garcés lo dice: “Sólo se puede garantizar el
respeto por la autoridad legal cuando uno tiene la fuerza suficiente a su disposición
para imponerla”.
- Toda negociación entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana acerca de los
conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo fracasaron. La alianza PN y DC
propiciaron que las Fuerzas Armadas fueran las garantes de la vida pública y
quienes dirimieran los conflictos que la política no solucionaba o mas bien
provocaba. Por su parte el gobierno del Presidente Allende lejos de aislar a las
instituciones facilitó su inclusión en la coyuntura política a través de diferentes
caminos. Ello llevó a que ambos sectores jugaron a la polarización e hicieron
desaparecer el concepto de prescindencia de las Fuerzas Armadas.
- La acción del gobierno y del Presidente en nada se vio apoyada por visiones
maximalistas de sus propios adherentes.
- La Unidad Popular nunca tuvo un poder militar en todo el sentido del concepto. Sin
embargo sus líderes irresponsablemente lo propagaron como tal.
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- Las Fuerzas Armadas mantuvieron unidad en un principio de apoyo al gobierno
constitucional. Sin embargo a partir de un momento estimaron que constituía una
obligación, dado su carácter de instituciones responsables de recuperar la legalidad,
actuar contra aquellos que estimaron la habían socavado.
- Llegaron a esa convicción más que por su propio análisis por la explícita llamada a
ser guardianes de la constitución que le hicieran el Congreso, la Corte Suprema y la
Contraloría además de las innumerables acciones individuales de personeros y
organizaciones de variado orden y representatividad.
- Todos los sectores políticos privilegiaron el conflicto institucional y presionaron a
las Fuerzas Armadas a tomar partido. Una prueba, durante el Tanquetazo, una
demostración fallida de insurrección, la Cámara de Diputados no solo no rechazó la
acción sino que condenó a las organizaciones del Poder Popular por considerarlos
“Ejércitos paralelos”; junto a ellos estuvieron el Contralor General de la República,
la Corte Suprema, el presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de
Diputados. En síntesis todos rehusaron condenar la sublevación militar olvidando su
rol constitucional de defensores de la legalidad.
- La espada se desenvainó definitivamente el 22 de Agosto cuando el sistema
constitucional aprobó la resolución del PIR y la DC que introdujo modificaciones a
un texto del PN donde se exigía la pronta destitución del Presidente Allende. El
acuerdo contó con el apoyo de la DC que hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a
poner “inmediato fin a situaciones que eran calificadas como repetidas violaciones a
la ley”.
- La visión de todos los sectores políticos acerca de las FF AA fue simplista. En el
caso de la izquierda no evaluó la gravedad de su declaración de Chillán y Linares
donde expresó que la lucha armada era la vía para conquistar el poder.
- No existió en las Fuerzas Armadas a partir de un momento la voluntad de defender
el orden institucional y la Unidad Popular no contó con sectores que se
comprometieran con sus propósitos quedando huérfana del apoyo del aparato militar.
- El desenlace es de todos conocido. También las responsabilidades del mundo
castrense en la acción y su desarrollo futuro. La operación en palabras de un autor
chileno “tuvo casi el carácter de guerra, organizada a escala masiva y diseñada para
aplastar en su totalidad a quien había sido escogido como el enemigo”. No hubo,
como tampoco lo había habido en el nivel político, la intención de negociar. Vuelvo
a repetir la enumeración que he hecho no es culpatoria a algún sector ni menos
exculpatoria de los militares.
La única forma de ver este período, es como la culminación de una ofensiva política. No
se puede entender lo que paso responsabilizando únicamente a los uniformados, sin
apuntar el papel que le correspondió a los civiles. El desenlace del 73 fue siempre de
carácter civil-militar. Ello a mi juicio, como he dejado múltiples testimonios, obliga a
las Fuerzas Armadas a generar doctrinas que aseguren no se repitan situaciones de
anormalidad impropias de instituciones de sus características.
En definitiva la síntesis hecha marca lo impropio, “la expecionalidad”, aquello que no
debe repetirse. Es decir se perdió la democracia y el Ejército sobrepaso la función para
la cual existe en toda sociedad. Veamos ahora la normalidad aquello que hemos buscado
construir en Chile: una democracia verdadera y un Ejército que además de su función la
fortalezca en el contexto del siglo XXI.
D. EL CASO CHILENO, LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y EL
FORTALECIMIENTO DE UNA MODERNA FUNCIÓN DE LOS EJÉRCITOS EN
EL SIGLO XXI.
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En lo formal la democracia se reestablece en Chile en Marzo de 1990. El Ejército deja
su quehacer en el período de la “excepcionalidad” para asumir las funciones que las
leyes imponían. También he afirmado que es un proceso gradual. Lo primero que debo
resaltar es que para que un Ejército en el siglo XXI, sea concordante con la democracia
y la fortalezca requiere que la función, organización, estructura del mando, dependencia
y tareas estén debidamente protocolizadas en la Constitución y las leyes. Si no es así el
marco orientador de su quehacer sufrirá distorsiones que lo alejaran de su función.
En Chile se tuvo buen cuidado de cumplir lo anterior. La Constitución consideró
cambios importantes con respecto al texto que provenía desde 1980 y que nos rigió
hasta 2005. Aquí hay una primera característica de nuestro proceso marcado por la
búsqueda de un consenso en la definición de una misión y características de FF AA
concordantes con una democracia moderna.
Se llegó a establecer, con pleno acuerdo de la sociedad y los actores políticos como
asimismo de las instituciones castrenses, que las Fuerzas Armadas “existen para la
defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional” Agrega que para
cumplir su cometido “son profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”. Una referencia
especial y poco común en América Latina es la norma que dispone “Que los
comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea serán designados por el
Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad…
y que ellos duraran cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un
nuevo período pudiendo el Presidente de la República, mediante decreto fundado e
informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, llamarlos a retiro antes
de completar su respectivo período”.
Estas normas rigen desde el 26 de Agosto de 2005 cuando se protocolizó la
Constitución vigente. A mi juicio es el momento en que la misión del Ejército pasó a ser
plenamente concordante con una democracia y como tal su rol fue aceptado y valorado
por toda la sociedad. Hubo cambios con respecto a la Constitución de 1980 promulgada
durante el gobierno militar. En lo esencial fueron:
- En el período 1973-2005, las Fuerzas Armadas eran garantes de la seguridad
nacional y como tal sus mandos formaban parte mayoritaria del Consejo de
Seguridad Nacional (del cual siguen siendo miembros pero ahora no constituyendo
mayoría). Asimismo podían convocar a esa instancia y ella tenía atribuciones
amplias las que en la actualidad se limitan a asesorar al Presidente en las materias
vinculadas al tema. El Consejo hoy no adopta acuerdos pero expresa su opinión.
- Se incluyó una fórmula para que el Presidente de la República llame a retiro a
alguno de los Comandantes en Jefe. El antiguo ordenamiento lo consideraba pero
necesitaba los votos del ya mencionado Consejo lo que indudablemente limitaba la
facultad presidencial.
- En síntesis se mantuvo lo mejor de la norma existente desde 1980 en el sentido que
la función del Ejército es la seguridad y defensa. A su vez no se le excluyó de una
responsabilidad esencial en la seguridad nacional pero ahora compartida con otros
sectores. Mantuvieron los mandos en jefe presencia en el Consejo de Seguridad y
por lo tanto brindan opinión sobre materias trascendentes (como de hecho sucede en
los países desarrollados y democráticos como EE UU y Europa en general).
También se aseguró la no discrecionalidad política al limitar la elección a los cinco
generales mas antiguos lo que es altamente conveniente en una Institución donde
debe primar la experiencia, la continuidad de los mandos y la elección presidencial
que privilegie el mérito. En nuestra América Latina esta norma es poco común y por
eso somos testigos de alta rotación o nombramientos, que a veces, descabeza los
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altos mandos al designar a alguien de graduaciones menores. Adicionalmente se
restableció la facultad presidencial para llamar a retiro a un Comandante en Jefe,
con debido conocimiento por las Cámaras de las causas, recuperándose la potestad
del Jefe del Estado en un tema relevante. Si es ilógica la discrecionalidad política en
su nombramiento no es propio de la democracia, que quien ejerce el gobierno ante
razones fundadas, se encuentre inhibido de remover a un mando que no cuenta con
su confianza. Democracia implica subordinación militar al poder político. Ella se
basa en normas , entendiendo subordinación sin confundirla con sumisión o un
actuar obsecuente con el poder de turno. Ambas desviaciones son impropias y
fatales para la democracia y el actuar de los Ejércitos en el siglo XXI.
- Resumiendo se transitó desde una función muy amplia y en cierta forma autónoma
existente hasta 2005- no propia de las democracias- hacia aquella perfectamente
acotada en la forma descrita. Creo que es un ejemplo de hacer compatibles la
autoridad política con criterios de profesionalismo y participación de los Ejércitos
modernos. Asimismo muestra un perfeccionamiento progresivo desde 1990 que
dura 15 años e indica que consensos en estas materias son complejos y requieren
asumirse a cabalidad por diferentes actores. Es el caso de Chile donde la tarea tiene
el mérito de todas las partes involucradas en los cambios reseñados.
Me he referido a la función de los Ejércitos en democracia, cité los cambios al respecto
en nuestra Constitución, reseñé la particularidad chilena de enfrentar una transición
política que en la práctica coincidió con el nuevo siglo y el cambio del sistema
internacional. Ahora deseo enunciar aquello que orientó los cambios en referencia al
quehacer y organización del Ejército.
Al respecto al asumir el mando en Marzo de 2002 ya se había iniciado este proceso. La
orientación del Presidente Lagos fue consolidar la transformación del Ejército para
asegurar que su organización, equipamiento y doctrina tuviera plena concordancia con
la política exterior chilena, su vocación de paz e integración regional como asimismo a
la voluntad de asumir un rol en los aspectos donde los organismos multilaterales
requirieran apoyo en los que Chile concordara participar. Por otra parte cerrar la brecha
que aún dividía a la sociedad chilena y hacía aparecer al Ejército por una parte como
vinculado a un sector de ella (la que había apoyado al gobierno militar) y por otra, en
una actitud de no haber asumido el tema de los Derechos Humanos sino como
responsabilidad de algunos de sus miembros donde a la Institución no le cabía
responsabilidad alguna. En otras palabras era asegurar que el Ejército fuera plenamente
concordante, en todos sus aspectos, con una democracia en forma.
Al efecto nuestro actuar se caracterizó por lo siguiente:
- Dar continuidad al gran esfuerzo de mi antecesor, el General Ricardo Izurieta C,
quien separó el quehacer del Ejército al del gobierno militar. Es verdad que fuimos
parte del mismo pero ya hace doce años había concluido. Asimismo, la gestión
1998-2002 buscó contribuir con los antecedentes que tuviéramos a los tribunales de
Justicia para enfrentar el tema de más de 2000 víctimas de las cuales más de 800 se
encontraban desaparecidas.
- En ese sentido el concepto que ya imperaba era la verdad como elemento central de
nuestro actuar. Con ella ganaríamos la confianza y credibilidad de nuestros
conciudadanos. Eso es vital para un Ejército que encuentra en el apoyo de la
sociedad la fórmula que legitima su actuar y garantiza la adhesión a un objetivo que
es de todos y no solamente de algunos. Esa sensación vale más que cualquier
sofisticado armamento. Un Ejército que no llegue al corazón de cada ciudadano no
es capaz de asegurar el cumplimiento de su misión.
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- Redactamos un Concepto de mando para los cuatro años que fue producto del
trabajo de todo el alto mando. Temas de la relevancia descrita no pueden ser
visiones personales de quien temporalmente es cabeza de una institución.
Adicionalmente desarrollamos una doctrina y un proceso educativo para que toda la
fuerza tuviera clara noción que era necesario dar los pasos que se tendrían que
abordar.
- En cuanto a DD HH se entregaron todos los antecedentes en un sistema que envió
miles de informes a todo requerimiento del poder judicial. No se dejó de contestar
ninguna solicitud aportando lo que pudiéramos tener en archivos que siempre se
supusieron más detallados de los que realmente existían. Toda persona requerida por
los tribunales, fuera en servicio o en retiro, concurrió cuando fue citado. Ello
alcanzó desde el Comandante en Jefe hasta el último Soldado. Nadie se sustrajo a la
acción de la justicia. Se rechazó el sistema de defensa corporativa y se brindó
asistencia judicial a quienes eran citados en todo lo debido y en nada de lo indebido.
Se entendió como lo debido el aspecto humano de la debida defensa. Lo indebido se
tipificó como inmiscuirse en estrategias de defensa o dilatar aspectos que fuesen
requeridos para favorecer a quien se viera afectado por la entrega de los mismos si
ellos existían. Se agregó un explícito llamado a la obligación de colaborar con la
justicia levantando todo supuesto pacto que obligara a guardar silencio para proteger
a la Institución. A quienes se procesó por la justicia se les relevó del servicio activo
al considerar que había presunción fundada de estar comprometidos. Sin embargo
siempre se insistió que solamente el fallo final de los tribunales sería el que pudiera
establecer la verdadera responsabilidad. En síntesis se buscó cumplir a cabalidad
con la decisión que fueran los tribunales los encargados de desentrampar tan
complejo tema, a treinta años de su origen
- A ello se agregó un llamado a que nunca mas se produjeran los hechos que llevaron
a la división de los chilenos y a la comisión de delitos que significaron las muertes
de aquellos que fueron identificados como víctimas de ese período. En ese sentido
se hizo mención al contexto donde todos los sectores políticos, de una u otra forma,
en los convulsos años 60 y 70 inmiscuyeron a las FF AA en política pero se dejó
expresa constancia que ello no era causal para un actuar de la Institución o sus
integrantes alejadas de la ética, el respeto a los DD HH y tampoco el hecho de haber
asumido un rol de carácter político. Quedó claro que para el Ejército de la
normalidad nada justificaba esos excesos o crímenes. En definitiva se asumió una
responsabilidad institucional por los hechos del pasado, la cual sin duda no es de
tipo criminal ante los tribunales donde son las personas las que responden. Lo
importante es haber reconocido que en el actuar de esas personas no pudo estar
ajeno el Ejército en alguna medida ya que al menos fue incapaz de detener esos
actos contrarios a su doctrina y como tal repudiables. Se reorganizaron los sistemas
de inteligencia y se inició un programa de educación en DD HH a todo nivel.
- Las causas que se llevaban en tribunales militares se buscó fueran derivadas a
tribunales civiles y se puso especial celo por no interferir en la Justicia, ni ordinaria
ni militar, con presiones de cualquier índole y menos con participación en sus
debates o fallos.
- Con respecto al gobierno militar se tomó una decisión de no asumir su defensa ni
comentar su actuar político. Se dejó expresa constancia que ese gobierno constituyó
una excepcionalidad de la cual el Ejército no era heredero ya que el quehacer
político no le compete a una Institución en democracia.
- Se consideró como principio básico que era tiempo de curar heridas por la vía del
compromiso fiel a la verdad, a la transición hacia una democracia donde todos los
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sectores debían ser respetados, y a una sincera comprensión de quienes habían sido
víctimas de muerte, prisión, o tortura todos identificados por comisiones a las cuales
siempre se cooperó. Asimismo condoliéndose de quienes habían cometido delitos se
les apoyó enmarcándose en lo permitido por las leyes.
- Fue vital aclarar que el Ejército era parte de la sociedad y como tal no era custodio
de ella ni de sus valores. Al respecto se enfatizó que estábamos en la sociedad, ni
sobre ella o bajo ella. Así quedó despejado el tema del tutelaje militar impropio en
democracia.
- Se desarrolló el concepto de profesionalismo militar participativo el cual buscó
definir el rol en la defensa y seguridad. Esta visión innovadora agrega la
participación del Ejército en misiones de paz que se le dispongan. Adicionalmente
considera que la Institución indirectamente puede contribuir al desarrollo en áreas
donde, con sus medios y sin desnaturalizar su misión, puede apoyar en tareas como
educación, mejoramiento de caminos, situaciones de catástrofes, desarrollo
científico, asesoría de alto nivel en temas de Estado y otros. También el concepto
incluye la búsqueda de una nación unitaria donde se fomente la cohesión social. En
síntesis se propició un justo equilibrio entre aquellos que ven a las FF AA en forma
reduccionista confinadas a cumplir órdenes sin tener opinión en materias en que
legítimamente pueden aportar y aquellos que quisieran a las instituciones armadas
como actores políticos o en roles que les son ajenos a su competencia. Ambas
desviaciones son peligrosas para los procesos democráticos. El concepto aplicado
pareciera ser el adecuado para aprovechar sus potencialidades sin cambiar la esencia
de su quehacer.
- En lo militar se reestructuró la fuerza en cuatro grandes funciones pasando de una
orgánica territorial a una funcional con menos medios y unidades. Se concentraron
dichas tareas en la planificación de la fuerza; el entrenamiento y adoctrinamiento de
la fuerza; el apoyo de la misma en todos los aspectos y la acción de la fuerza que en
el fondo son las unidades que cumplen la misión. Una organización de ese tipo es
absolutamente plana y moderna. Va acompañada de sistemas de gestión que hacen
todo cuantificable. Adicionalmente se recuperó un nivel del material a los estándares
que exigen las normas OTAN. Las Unidades se organizaron con una planta ahora ya
no dependiente solamente del servicio militar, sino que crecientemente integrada por
soldados profesionales.
- Por último en ese sentido se reorganizaron unidades pero ahora como completos
orgánicos con todos los medios; se reformó la educación y la doctrina; se enfatizó el
entrenamiento y la instrucción; se redesplegaron las Unidades; se enfatizó un apoyo
logístico a los medios y su mantenimiento; se redujo la fuerza ; se crearon unidades
especiales de despliegue rápido; se incorporó la ciencia y tecnología, se optimizaron
los procesos; se enfatizó el liderazgo con una disciplina consciente y razonada y se
redactó un código de comportamiento militar denominado ordenanza que define con
claridad el recto actuar de los militares en el contexto de la sociedad de hoy.
E. EL EFECTO EN LA SOCIEDAD DEL ACTUAR DESCRITO.
He buscado cumplir lo solicitado es decir mostrar la experiencia chilena de un Ejército
que vivió un proceso de transformación producto del tránsito de nuestro país desde un
régimen político de excepcionalidad (el gobierno militar) a una democracia que se
restablece en Marzo de 1990 pero que tarda en adquirir su total expresión como
producto que toda transición requiere tiempo para finiquitar el proceso.
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Deseo concluir dejando constancia de aquello que a mi juicio mas objetivamente
muestra si el proceso vivido por el Ejército logró sus objetivos y contribuyó a la
consolidación de nuestra democracia. Daré datos ya que no soy autoridad para expresar
mi evaluación de hechos en los cuales fui parte involucrada.
El primero se refiere a la adhesión de la sociedad hacia el Ejército es decir si cada
chileno se siente representado por la Institución, o dicho de otra manera percibe que la
Institución le pertenece a el y a todos; es decir no es patrimonio de grupos o sectores.
Allí la evaluación es clara los sectores políticos y los actores relevantes reconocen una
completa unión entre el Ejército y los chilenos sin exclusiones. Avala la afirmación el
que en toda encuesta la Institución se encuentra entre las tres primeras que consitan el
mayor apoyo y credibilidad. En lo personal estimo esta variable es la vara que mide la
legitimidad del Ejército dentro de una democracia.
En otro aspecto entre el 85 y el 80% de la población califica con nota 6 o 7 (en Chile la
nota mínima es y la máxima 7) al Ejército en la defensa de la soberanía, preservación de
la paz y ayuda ante catástrofes. Un 70% apoya su participación en misiones de paz.
Estimo estos indicadores demuestran plena coincidencia con la función que asigna la
Constitución al Ejército. Es decir la sociedad ve al Ejército cumpliendo y a cabalidad la
tarea que tiene que cumplir y no otra. De allí el apoyo, seguridad y confianza que le
brinda.
Un dato relevante es que el 72% de los padres apoyarían a un hijo que quisiera
incorporarse al Ejército solo un 9% se opondría. Creo es un indicador que habla por si
solo.Finalmente en 2006 por primera vez, luego de un crecimiento progresivo, la cuota
de Soldados para el servicio militar se completo con un 100% de voluntarios. Esta cifra
pocos países pueden exhibirla en el mundo. Para lograrla se requiere creer en la función
del Ejército pero sobretodo sentir a la Institución como cercana, segura y confiable. Es
un indicador de cohesión social vital para la democracia.
Termino mis palabras agradeciendo vuestra atención y reiterando la idea matriz de mi
presentación. Los Ejércitos en democracia tienen que asumir su función tradicional, ser
respetuosos de sus características de profesionales, disciplinados y jerarquizados, estar
alejados de la política, cercanos a cada ciudadano, al servicio de toda la comunidad y
respetados por quienes ejercen el poder. A su vez los representantes de los poderes del
Estado requieren otorgarles el necesario espacio para su quehacer profesional
enmarcado en la subordinación al poder político entendida en su sentido amplio que
excluye el uso indebido de las FF AA para cualquier fin.
A mi juicio estos aspectos fueron los que posibilitaron la transición exitosa del Ejército
de Chile, y su redefinición como un actor respetado y moderno dentro de nuestra
democracia. A su logro contribuyeron todos los chilenos. Mantenerlos y acrecentarlos
permitirá a la Institución cumplir su misión y adicionalmente fortalecerá una
democracia que genere cohesión social y como tal será factor de desarrollo para Chile.
Nuestro país requiere un desarrollo mayor, aprovechar sus oportunidades y anhela la
integración con América Latina a la cual se siente unido por nuestro pasado pero muy
especialmente a un futuro, donde si todos fortalecemos estos y otros conceptos sin duda
podemos aspirar a un mejor destino para nuestros pueblos aquí representados en esta
Organización Internacional de alto nivel.