VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL by bDgM6Y

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									                             VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL
                                    EN MATERIA PENAL


14672-11. IMPUTADO. PERMANECE ESPOSADO DURANTE ALLANAMIENTO A PESAR DE
ORDEN DE JUEZ. Interpone el amparo un juez a favor de un imputado y acusa que en un allanamiento
realizado el diez de agosto del dos mil once, ordenó a los Oficiales del Organismo de Investigación
Judicial quitar las esposas al imputado por considerarlo oportuno; no obstante, los oficiales denegaron su
gestión, situación que lesiono los derechos fundamentales del tutelado. Se cita la sentencia 6361-11, sobre
las condiciones del encartado durante la diligencia de allanamiento y el uso de esposas. En este caso
concreto, señala la Sala que los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial deben de ejecutar
las órdenes emanadas por los Jueces de la República, de conformidad con los artículos 193 del Código
Procesal Penal y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. De ahí que, si
el Juez a cargo del allanamiento dispuso que el tutelado debía de mantenerse sin esposas durante ese acto
procesal, los oficiales a cargo tenían que ejecutar de inmediato esa orden. Nótese que la orden dispuesta
por el Juez accionante se encuentra dentro de las funciones de los recurridos, aunado a que la orden no
figura un acto arbitrario u abusivo. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso por
lesión a los derechos constitucionales del amparable por obligarle a mantenerse esposado durante una
diligencia judicial, a pesar de que el Juez competente ordenó el retiro de los dispositivos de seguridad. Se
pone en conocimiento del Ministerio Público esta causa por desobediencia de parte de los funcionarios
del Organismo de Investigación Judicial a una orden emanada por el Juez competente, se procede a
notificar al Ministerio Público y al Director General y al Jefe de la Oficina de Asuntos Internos, ambos
del Organismo de Investigación Judicial, para que investiguen la posible comisión de alguna falta o
delito, y realicen las diligencias que en derecho corresponde. Se declara con lugar el recurso por lesión al
artículo 40 de la Constitución Política, sin ordenar la libertad del tutelado. CL

14867-11. DETENCIÓN. REVOCATORIA DEL BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL
DE LA PENA. La recurrente manifiesta, que el Tribunal Penal de Puntarenas, encontró al amparado
culpable del delito de incumplimiento de medida de protección y violación de domicilio simple y se le
otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena. No obstante, la autoridad jurisdiccional recurrida
emitió una orden de captura, en función de la cual, fue privado de su libertad personal, por lo que
gestionó ante el Tribunal la entrega de la grabación correspondiente, con el propósito de verificar la orden
dictada por el Juez competente, sin embargo, se le informó que es imposible localizarla. En este caso,
señala la Sala que con base en el informe de la autoridad recurrida –consta que el Tribunal Penal de
Puntarenas actuó correctamente, al ordenar la privación de libertad del amparado, pues lo hizo en aras de
que cumpla con la pena impuesta en su contra, aunado al hecho que en la parte dispositiva del fallo en
cuestión – tal y como se desprende de la minuta levantada al efecto – se hubiera otorgado el beneficio que
reclama, ya que esto no obsta para que la autoridad jurisdiccional competente, luego de examinar el caso
particular del tutelado, determine si puede o no ser acreedor del mismo. Sobre la falta de entrega del disco
reclamado, con el propósito de verificar la orden dictada por el Juez competente, sobre el particular, se
debe aclarar al recurrente que las posibles nulidades que puedan sobrevenir por la inexistencia del
respaldo electrónico de la sentencia emitida, deben ser reclamadas en la sede penal y no en la
constitucional. Sin embargo, esta Sala debe reiterar al Juez Coordinador del Tribunal Penal de Puntarenas,
su obligación de velar para que se tomen las medidas necesarias, en aras de evitar cualquier problema
relacionado con la grabación de las audiencias, el dictado de resoluciones o bien la conservación de los
respaldos electrónicos existentes. Lo anterior, con el propósito de garantizar a toda costa la transparencia
del desarrollo del proceso, así como la calidad del servicio público de administración de justicia y, el
respeto de los derechos de los justiciables. Se declara sin lugar el recurso. SL

14622-11. JURISPRUDENCIA DE LA SALA TERCERA SOBRE LA CONVERSIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL PÚBLICA EN PRIVADA. Acción de Inconstitucionalidad en contra de la
Jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de sobre la interpretación del artículo 20 del
Código Procesal Penal. La jurisprudencia impugnada se cuestiona en cuanto avala la sustitución por parte
de los tribunales penales del procedimiento ordinario por el procedimiento para delitos de acción privada,
sin norma expresa que lo autorice en los casos de conversión de la acción pública en privada. El
accionante la estima contraria a los derechos de defensa, tutela judicial efectiva, contradictorio, debido
proceso y principio de igualdad, previstos en la Constitución Política y en la Convención Americana de
Derechos Humanos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar la acción.
SL
14547-11. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PUEDEN SER TOMADAS COMO PRUEBA
PARA OTRAS CAUSAS DIFERENTES A LA INVESTIGACIÓN PARA LAS QUE SE ORDENA.
En lo medular, acusa el recurrente que los delitos que se atribuyen a los amparados encuentran respaldo
en la diligencia de intervención telefónica que no corresponde a ese proceso sino a otro por homicidio,
por lo que considera que no pueden ser tomadas en cuenta. Asimismo acusan que se les denegó -sin
justificación alguna-, el acceso las escuchas telefónicas, que sirvieron de fundamento para decretar seis
meses de prisión preventiva. En este caso, sobre la atribución de delitos por resultado de intervención
telefónica que corresponde a causa distinta es oportuno aclarar que el hecho de que se esté investigando
una actuación delictiva no es óbice para la persecución de otras distintas relacionadas, y que se descubren
al investigar otra. En este supuesto, el hallazgo no vulnera ningún derecho de los amparados pues, se ha
producido en el marco de una intervención telefónica ordenada por el juez penal, que es la autoridad
judicial competente y por otro lado, de la prueba traída al expediente no se desprende que los indicios
revelados con ocasión de la escucha telefónica no sean objetivos, carezcan de accesibilidad o no cuenten
con entidad suficiente para que sean utilizados en otra causa. En cuanto a la falta de acceso a la
trascripción de las intervenciones telefónicas, las autoridades recurridas niegan tales alegatos y bajo la
gravedad de juramento afirman, que las intervenciones y transcripciones de las escuchas telefónicas
realizadas si bien se llevan en legajo aparte y no están agregadas al expediente principal, siempre
estuvieron disponibles para su estudio o revisión por parte de la representación de los endilgados. SL


13736-11. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA AL SER DECLARADO REBELDE. Alega el
recurrente que se encontraba con medidas cautelares por resolución del Tribunal de Juicio, las cuales
fueron prorrogadas, en una audiencia para la cual fue citado aún cuando ya estaban vencidas las medidas.
En vista de que no fue encontrado en el lugar señalado, se declaró su rebeldía, dictándose la prisión
preventiva en su ausencia. En este caso consta que el Tribunal recurrido impuso al amparado –como
medida cautelar- la obligación de internarse en un centro de restauración ubicado en Cañas, Guanacaste.
Lo anterior por el plazo de un mes, posteriormente, acogió la solicitud de prórroga de medida cautelar del
Ministerio Público, por lo que se dispuso la prórroga de la referida medida de internamiento, por el plazo
de 2 meses contado a partir del vencimiento de la anterior medida cautelar, pero esta vez en otro lugar.
Sin embargo, de previo al vencimiento de tal prórroga, el Ministerio Público formuló solicitud para que se
revocara la medida cautelar y se decretara la rebeldía del amparado, así como que se ordenara su captura,
pues alegó que el amparado se había ausentado del establecimiento Centro Soldados de Jesucristo, que
había sido fijado como su domicilio dentro del proceso, sin causa que lo justificara. Situación que fue
confirmada por el propio Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Nicoya,
mediante llamada telefónica realizada al mencionado establecimiento. De allí, que luego de realizarse
audiencia oral y privada en que se dio participación al Ministerio Público y a la defensa técnica del
amparado, el citado Juzgado dispuso revocar la medida cautelar de internamiento y, en su lugar, se
decretó la rebeldía del amparado, se ordenó su captura y se dispuso su prisión preventiva por el plazo de 2
meses a partir de su detención. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que el incumplimiento de las
obligaciones procesales impuestas en dicho numeral puede justificar, legítimamente, que se disponga la
captura del imputado e, incluso, que se dicte su prisión preventiva, a efectos de someterlo al proceso y
permitir su correcto desarrollo, para asegurar así el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley,
que son fines del proceso que también tienen raigambre constitucional. De allí que no se observa una
infracción a los derechos fundamentales del amparado por el hecho que se haya decretado su prisión
preventiva, con sustento en la mencionada rebeldía y de previo a que se haya ejecutado su captura. Lo
anterior sin perjuicio, claro está, que el amparado puede apersonarse al proceso y pueda justificar su
ausencia del referido centro de internamiento, a efectos que el órgano jurisdiccional competente pueda
valorar si procede revocar la declaratoria de rebeldía y la medida cautelar impuesta. SL


13655-11. EXTRADICIÓN. SE ACUSA QUE EL PROCESO CONTRAVIENE LA NORMATIVA
COSTARRICENSE. El recurrente acude ante esta Jurisdicción Constitucional en tutela de sus derechos
fundamentales, dado que la autoridad jurisdiccional accionada ordenó su extradición a la República
Checa por el delito de complicidad en caso de fraude, estima que la sentencia es arbitraria y vulnera sus
derechos fundamentales. Argumenta que no es factible la extradición en su caso por dos razones: 1)
porque es coautor de un delito y no el autor y; 2) porque la condenatoria se dio en ausencia lo que
contraviene la normativa nacional costarricense e impide que la extradición sea procedente. Sin embargo,
de las pruebas agregadas a los autos así como del informe rendido bajo juramento por parte de la
autoridad jurisdiccional accionada, se desprende que la resolución que acusa el recurrente es arbitraria, se
resolvió de conformidad con la normativa nacional e internacional que rige para tales efectos, incluyendo
los agravios que reclama el recurrente como vicios de nulidad del acto jurisdiccional impugnado.
Concretamente, sobre el juzgamiento en ausencia que acusa el recurrente se dio en su caso, se debe
indicar que este hecho no implica de forma automática que la extradición no sea procedente, en este caso
deberá asegurar el Estado requirente la posibilidad de otro juzgamiento en presencia del extraditado,
juicio en el cual podrá ejercer, de forma amplia, su derecho de defensa. Del análisis del caso, se
desprende que el país requirente –República Checa- regula en el numeral 306 del Código Criminal, donde
se indican cuáles son los derechos del sentenciado juzgado en ausencia y que a petición de éste, y una vez
impuesto del contenido del debate que se realizó sin su presencia, podrá solicitar se anule la sentencia y se
realice un nuevo juicio. Consta en el legajo de promesa del Estado requirente que aún bajo el supuesto de
que el condenado solicite la anulación del juicio que se le hizo en ausencia, y se ordenara repetir
nuevamente el contradictorio, el numeral 306a inciso 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el
principio de no reforma en perjuicio, con lo cual se garantiza que de ninguna forma se desmejorará la
situación actual del amparado respecto a la sentencia que originó la solicitud de extradición. De otra
parte, sobre el agravio reclamado por el recurrente relacionado con su grado de participación –que es
coautor del delito y no autor- se debe indicar que el Código de Bustamante en el artículo 352 indica
expresamente: "La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o
encubridores de delito". Según lo expuesto, el alegato del recurrente respecto a su grado de participación
tampoco es procedente según lo indicado en la normativa nacional e internacional vigente para tales
efectos. Por último, estima este Tribunal Constitucional que, la resolución impugnada cumple con los
elementos fundamentales del proceso de extradición. SL


13472-11. MEDIDA CAUTELAR. INCONFORMIDAD CON INTERNAMIENTO DE
IMPUTADO PARA PRUEBA MENTAL EN HOSPITAL PSIQUIATRICO. Manifiesta el
recurrente que contra el amparado se tramita causa penal, en la cual se dictó una orden de internamiento
en el Hospital Psiquiátrico por un mes, con el fin de realizar una pericia mental. A juicio del accionante
esto le causa un perjuicio irreparable. Esta Sala resolvió, que la resolución en cuestión está debidamente
motivada y lo acordado se encuentra dentro de las atribuciones y potestades que el Código Procesal Penal,
que les otorga a los jueces de lo penal (artículo 86), de modo que el internamiento provisional (un mes)
del amparado en un hospital psiquiátrico, como medida cautelar, no lesiona sus derechos fundamentales y
está arreglado a derecho. Asimismo, ello es parte para que una vez restablecido pueda ser valorado por la
Medicatura Forense para determinar si puede o no hacer frente a un juicio oral y público. Se declara SIN
LUGAR el recurso. SL

13456-11. PRISION PREVENTIVA. SE PUSO EN LIBERTAD A LOS IMPUTADOS, PERO EL
MINISTERIO PUBLICO SOLICITÓ NUEVAMENTE LA MEDIDA. Alegan los recurrentes que se
conoció el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San
José, el cual declaró con lugar el recurso y ordenó la libertad inmediata de los tutelados; sin embargo, sus
representados continúan privados de su libertad sin existir razón alguna. En este caso consta que los
amparados fueron puestos en libertad, por no existir grabación de la audiencia realizada por el Juzgado
Penal; no obstante, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico puso nuevamente a la orden del Juzgado Penal del
Segundo Circuito Judicial de San José a los amparados , que realizó audiencia oral y ordenó la prisión
preventiva de los tutelados por un plazo de 3 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238
del Código Procesal Penal. Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese esta resolución al Consejo del
Poder Judicial para lo de su cargo. SL

13632-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. PRESENCIA DEL DEFENSOR EN LA
AUDIENCIA. La recurrente acusa que el amparado se encuentra privado de liberad en el Centro de
Atención Institucional El Valle de Pérez Zeledón y, el 29 de setiembre del 2011, venció el plazo de la
medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra, por lo que se convocó a audiencia a las
partes para conocer acerca de la posibilidad de prórroga de la misma. Sin embargo, la defensa del
amparado no podía asistir al acto procesal convocado, por lo que solicitó que se trasladara dicha audiencia
para el 30 de setiembre del mismo mes y año. No obstante, al defensor particular se le informó, vía
telefónica, que la audiencia preliminar se había fijado para las 16:00 horas del 29 de setiembre pasado y,
por ende, se prorrogó la medida cautelar dictada en contra del amparado por un mes sin la presentencia de
su defensor. Considera que la actuación descrita va en detrimento de las garantías del debido proceso y
del derecho de defensa del amparado. En este caso, consta que la prórroga de la medida cautelar de
prisión preventiva fue dictada por un período breve con la finalidad de reprogramar un nueva audiencia,
motivo por el cual en cuanto a dicho extremo el recurso debe ser desestimado. Por otra parte, se acredita
que el 30 de setiembre de 2011, al ser las 13:30 horas, se realizó la audiencia de prórroga de prisión de
preventiva en contra del amparado, por medio de la cual se prorrogó la misma por un mes –que vence el
03 de noviembre de 2011- . En dicha audiencia no estuvo presente el amparado por cuanto no quiso ser
trasladado –según orden de remisión 335400- pero si se hizo presente su defensor particular y el
representante del Ministerio Público. Así las cosas, actualmente las medidas cautelares alternativas a la
prisión preventiva que pesan contra el amparado fueron impuestas en una resolución válida en la que
estuvo presente su representante legal, motivo por el cual el recurso debe ser desestimado (véase en
similar sentido la sentencia 2011-9624 de las 11:32 horas del 22 de julio de 2011). Se declara sin lugar el
recurso.- SL


13431-11. PRISION PREVENTIVA. EN LA AUDIENCIA NO ESTUVO PRESENTE EL
ABOGADO DEFENSOR. El recurrente demandó la tutela de su derechos a la libertad personal y al
debido proceso, pues, en su criterio, en la comparecencia oral celebrada para conocer de la prórroga de la
medida impuesta, se le colocó en un estado de indefensión, al no convocar a su defensor público a esa
diligencia. En este caso, se encuentra idónea y fehacientemente demostrado que la comparecencia oral
celebrada -dispuesta para conocer de la prórroga de la prisión preventiva decretada en contra del
recurrente-, se realizó sin estar presente la defensora del tutelado, habida cuenta que el señalamiento a esa
diligencia se notificó ese mismo día, después que se efectuó la diligencia. Como al amparado se le
impidió contar con asistencia letrada para ejercer su defensa técnica, se le colocó en el estado de
indefensión que reclama. Estima la Sala que el tutelado estuvo detenido, ilegítimamente, durante catorce
días. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjeron los agravios reclamados. Se declara con
lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se le advierte a la Jueza del Tribunal de Juicio de
Cartago, abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que sirvieron de fundamento a esta
declaratoria. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

13422-11. PRISIÓN PREVENTIVA. REVOCATORIA DE ARRESTO DOMICILIARIO. Alega el
recurrente que le fue revocada la medida cautelar de arresto domiciliario sin justificación alguna. En este
caso consta que la medida se debió a su incumplimiento, puesto que el acusado no presentó la respectiva
documentación que acudió a una cita medica como se le había prevenido. De manera que la decisión
jurisdiccional esta sustentada en el peligro de fuga, ya que el encartado no dio muestras de someterse a las
órdenes jurisdiccionales. SL

13424-11.         PRISION PREVENTIVA. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS NO SE PUSO EN LIBERTAD AL IMPUTADO A TIEMPO. El
recurrente acude a este Tribunal porque en su criterio ni la Sala Tercera, ni el Tribunal de Juicio de Cartago, tienen potestad para ordenar la prisión preventiva en
su contra; pues lo único que podrían dictar, es una medida cautelar para que se presente a firmar. Sin embargo, consta en este caso, que luego de la anulación de la
sentencia condenatoria, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia amplió la prisión del amparado por dos meses más hasta el 27 de julio de 2011. Ello
sustentado en el 258 del Código Procesal Penal que facultan a la Sala de Casación a dictar la prorroga de la prisión preventiva hasta por seis meses más en aquellos
casos en que se ordene el reenvió a un nuevo juicio. De manera que no lleva razón el recurrente en su alegación. Por otra parte el accionante reclama que operó la
prescripción de la causa, pero esta defensa debe reclamarla en la vía penal y no ante esta jurisdicción constitucional. Ahora bien, el Tribunal de Juicio de Cartago
informó que el 27 de mayo de 2011 se les comunicó la decisión de la Sala Tercera, pero el oficio se traspapeló y no fue puesto en conocimiento de los jueces, es
hasta el 19 de agosto de 2011 que disponen de la libertad del amparado y la fijación de fecha para debate. Así, el amparado permaneció privado de libertad sin una
resolución que lo sustentara, porque la prórroga de la prisión preventiva ordenada por la Sala Tercera venció el 27 de julio de 2011 y es hasta el 19 de agosto que
el Tribunal de Juicio de Cartago ordenó la libertad y fijó fecha para el nuevo debate. En ese sentido los juzgadores olvidaron los principios rectores al tratarse de
personas privadas de libertad, pues no le dieron la celeridad que requirió el caso. Por lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso solo para efectos
indemnizatorios, ya que el amparado en la actualidad goza del derecho de libertad.      Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado porque
en la actualidad goza de ese derecho. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que
se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Póngase el asunto en conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial para lo de su
cargo. CL


13344-11. PRISION PREVENTIVA. IMPUTADO DETENDIO SIN ORDEN JUDICIAL QUE
PRORROGUE MEDIDA. El recurrente considera que su defendido se encuentra privado de libertad,
ilegítimamente, al haber vencido el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva el 9 de septiembre
de 2011, sin que se dictara una nueva decisión judicial que la prorrogara. Señala la Sala que una de las
condiciones medulares de la detención descansa en la necesaria intervención de una autoridad judicial,
que defina las razones y plazo por el cual podría extenderse la privación de libertad. En el presente asunto
ese requisito básico fue obviado el 10 y 11 de septiembre de dos mil once, momento en el cual aún no se
encontraba firme la sentencia condenatoria del amparado, ni estaba ya vigente la resolución que ordenaba
la prisión preventiva, la cual venció el 9 de septiembre pasado. Objetivamente, no hubo en ese lapso
sustento jurisdiccional de la afectación de los derechos fundamentales del amparo. Así las cosas, el
presente recurso debe ser estimado, sin ordenar la libertad del imputado, pues actualmente –y desde el 12
de septiembre de dos mil once– su encarcelamiento está respaldado con la firmeza de la sentencia
condenatoria. CL


13260-11. CONCILIACION. EN MATERIA PENAL JUVENIL. Consulta Judicial referente al
artículo 36 del Código Procesal Penal, que se aplica de forma supletoria en la Justicia Penal Juvenil.
Aplicación de la conciliación en materia penal juvenil, cuando las partes (ofendido e imputado) sean
menores de edad. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que es constitucionalmente válido el
procedimiento de conciliación en la jurisdicción penal juvenil, cuando tanto el ofendido o víctima, como
el imputado, son menores de edad. Se interpreta que la disposición del párrafo siete del artículo 36 del
Código Procesal Penal, de no aprobar la conciliación en los delitos cometidos en perjuicio de las personas
menores de edad, rige para los procesos penales en que los imputados son mayores de edad. Asimismo,
serán aplicables a los procesos de la jurisdicción penal juvenil, las reglas de conciliación que establece el
referido artículo 36, en cuanto sean compatibles con el orden jurídico especial, procesal y sustantivo, que
rige a esa jurisdicción. Esta interpretación regirá hacia el futuro y solo afectará a las causas que se
encuentren pendientes de resolución en la jurisdicción penal juvenil. Publíquese esta sentencia
íntegramente en el Boletín Judicial y reséñesela en el diario oficial La Gaceta.-

13197-11. DEFENSA. LIMITAN A IMPUTADO COMUNICACIÓN CON DEFENSOR DE SU
CONFIANZA. El recurrente alegó que el Juzgado Penal de San Ramón le impuso un defensor, para
celebrar la audiencia de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su contra, toda
vez que, según aseguró, había revocado la designación de su abogado particular. Señala la Sala que en
este caso, no fue debidamente acreditado que, el tutelado hubiera revocado el nombramiento de su
abogado defensor y se omitió realizar el cambio y consta también que al amparado, no se le impuso
defensor. Se acusa también que no se le permitió al accionante comunicarse vía telefónica con su abogado
y no se le permitió por razones de índole administrativo, las cuales no tienen la virtud de enervar la
posibilidad de ejercer ese derecho. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, pero
únicamente para efectos de la condenatoria al pago de los daños y perjuicios ocasionados, así como para
que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial, se abstengan de incurrir, nuevamente, en los
hechos que dieron sustento a la presente estimatoria. Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin
ordenar la libertad del tutelado. Se ordena al Jefe de la Delegación Regional de San Ramón del
Organismo de Investigación Judicial, girar las directrices pertinentes para que sus subalternos se
abstengan de incurrir, nuevamente, en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria. En lo demás
se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

13255-11. PRISION PREVENTIVA. SE ACUSA QUE LAS PRUEBAS FUERON RECIBIDAS SIN
PRESENCIA DE LAS PARTES. Alegan los recurrentes que en causa seguida en su contra, se ordenó
prisión preventiva. Añade que las instancias judiciales recurridas brindaron como única fundamentación
para sostener la medida cautelar, la existencia de prueba suficiente, para determinar la participación
dolosa de los amparados en las actividades ilícitas, entre ellas los reconocimiento fotográficamente y el
señalamiento del ofendidos como sus agresores. No obstante los elementos probatorios fueron realizados
sin presencia de la defensa técnica, infringiendo el debido proceso y en tal sentido la prueba es ilegal. En
este orden de ideas, aseguran que los amparados tienen derecho a controlar la legalidad del procedimiento
probatorio, las pruebas no pueden ser evacuadas sin presencia de las partes, salvo que cuya práctica
requiera condiciones especiales, pero de igual forma los resultados deben ser de conocimiento de todos
los interesados a la mayor brevedad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL

13258-11. DEFENSA. ACUSA QUE SE ORDENÓ AL IMPUTADO NOMBRAR UN
CODEFENSOR. Alega el recurrente que es el abogado defensor en dos los procesos penales seguidos en
el Tribunal de Juicio de Osa, causas en las que hay señalamientos para debate establecidos para el mes de
octubre. Asimismo, indica que el Tribunal de Juicio de Golfito, señaló para debate una de las causas en la
que es defensor, por espacio de dos meses. Añade que el Tribunal de Osa, sin ninguna justificación le
notifico a su defendido en las dos causas referidas, que debía nombrar un codefensor para poder llevara
cabo las audiencias del mes de octubre. Considera el amparado, que lo actuado es abusivo y lesiona su
derecho al trabajo, además del derecho de defensa de su representado, quien no esta dispuesto a incurrir
en mas gastos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
13083-11. MEDIDA CAUTELAR. SE IMPUGNA MEDIDA DE NO ACERCARSE A
PROVINCIA. El recurrente considera vulnerada la libertad personal del amparado porque se le impuso
una medida cautelar que le impide acercarse a Puntarenas y sus alrededores, sin especificación de cuáles
son esos alrededores y, además, que le impide asistir al Hospital Monseñor Sanabria, donde recibe un
tratamiento. En este caso, señala la Sala que no se desprende vulneración alguna de los derechos
fundamentales del imputado, aquí amparado, a quien el Juzgado recurrido impuso medidas cautelares
menos gravosas, en sustitución de la prisión preventiva originalmente decretada, entre ellas, la
prohibición de ingresar a la provincia de Puntarenas. Las medidas cautelares encuentran fundamento en
las circunstancias del proceso y no corresponde a esta Sala, sino al tribunal que las dispuso, aclarar al
imputado la extensión de su prohibición de ingreso a Puntarenas, si fuere menester. SL

12840-11. DEFENSA TECNICA. INCONFORMIDAD POR DENEGATORIA DE DEFENSOR EN
MATERIA DE FALTAS Y CONTRAVENCIONES. El recurrente manifiesta que figura como
imputado en una causa. Indica que en su declaración solicitó la presencia de un Defensor Público, pero
dicha gestión le fue denegada. Alega que pese a que la reiteró por escrito ante el Juzgado recurrido, la
misma no ha sido resuelta. Agrega que también planteó dicha solicitud ante la Defensa Pública de San
José, pero no recibió respuesta alguna.      Esta Sala resolvió, que sobre lo alegado por el recurrente
respecto de la designación de un defensor público que le brindara asistencia legal gratuita, por sentencia
número 2006-008191 de las 11:48 horas del 8 de junio de 2006, resolvió lo siguiente: "(...) la Sala no
aprecia que en el caso concreto se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales del
amparado, toda vez que figura como imputado en un proceso contravencional, en el cual puede
prescindir de la defensa técnica, dada la sumariedad del trámite y la importancia menor de las faltas
atribuidas en estos procesos. No obstante, la Sala considera necesario que el Consejo Superior del Poder
Judicial emita las órdenes que estén dentro del marco de sus atribuciones y de sus competencias, a efecto
de comunicar a todos los funcionarios judiciales que en un proceso contravencional, el imputado puede
renunciar a la defensa técnica, en el entendido de que debe hacérsele la prevención de que puede
abstenerse de declarar, y en el tanto cuente con defensor en la etapa de juicio oral. Asimismo, si el
imputado es reincidente, si debe contar con defensor durante todo el proceso, toda vez que la Ley N°
8250 del 2 de mayo del 2002, establece pena de prisión si se trata de reincidencia, tal y como se explicó
anteriormente. Con fundamento en los motivos ofrecidos anteriormente, y dado que no se tuvo por
acreditada lesión alguna a los derechos fundamentales del amparado, lo procedente es ordenar la
desestimación del recurso, como en efecto se dispone. (...)" Al versar el alegato del recurrente en lo
externado, y no existiendo razones para cambiar el criterio señalado, se declara sin lugar el recurso. Se
declara sin lugar el recurso. SL

12970-11. DEFENSA TECNICA. DENEGATORIA DE DEFENSOR PÚBLICO A DEUDOR
ALIMENTARIA PROVOCA INDEFENSION Y DISCRIMINACIÓN. El recurrente manifiesta, que
por demanda de pensión alimentaria interpuesta en su contra, se presentó ante el Despacho Judicial
recurrido, donde fue detenido ilegítimamente, y sin asistencia letrada, a pesar de que la solicitó, se llevó a
cabo la audiencia. Manifiesta que al tutelado se le fijó la pensión alimentaria en la suma de 165.000
colones, la cual debía ser pagada por mes adelantado, suma que le es imposible pagar, y que -según
indica- fue dispuesta sin valorar la situación económica del amparado, precisamente por la falta de
defensa técnica. Alega que pese a haber presentado recurso de apelación en contra de dicha disposición,
se ordenó su captura, sin existir saldo alguno pendiente, por lo que fue detenido por un error del juzgado
recurrido. Señala la Sala que la detención del amparado no obedece a un error del Despacho Judicial
recurrido, sino a la mora en que encontraba con respecto a un saldo del pago de la cuota alimentaria
correspondiente al mes de setiembre, de ahí que ante su incumplimiento y en tutela de los derechos de los
menores beneficiarios de la pensión alimentaria, se expidió el apremio corporal. Asimismo, se indica que
conforme la jurisprudencia de este Tribunal, debe hacerse notar al amparado que la posibilidad de
intervención de la Defensa Pública en materia de familia, más específicamente en asuntos de carácter
alimentario, está limitada y restringida a la asistencia que pueda y deba prestarse a la parte actora de
dichos procesos, mas no a la parte demandada, es decir, al eventual obligado alimentario. En este sentido,
la ausencia de un defensor público que ejerciera su representación como demandado alimentario durante
el acuerdo conciliatorio, carece del efecto de violentar sus derechos fundamentales, pues en momento
alguno se le está negando el ejercicio de su derecho a la defensa, pues si no está de acuerdo en los
términos convenidos o desea modificarlos, puede hacer uso de todas las herramientas que el principio del
contradictorio pone a su disposición en este tipo de asuntos judiciales. De tal forma, esta definición dista
de ser violatoria del derecho a la defensa, así como tampoco se vulnera el principio de igualdad, pues
debe tomarse en cuenta la posición ventajosa que desde el punto de vista jurídico-material ostenta el
presunto deudor alimentario sobre la parte que precisamente reclama sus alimentos, por lo que bajo
ningún concepto existe a priori una relación de igualdad entre estos sujetos procesales. Se declara SIN
LUGAR el recurso. SL



12546-11. DEFENSA. DERECHO DEL IMPUGADO A REUNIRSE DE MANERA PRIVADA
CON SU ABOGADO DEFENSOR. El recurrente, acude ante esta Jurisdicción Constitucional a favor de
los derechos fundamentales del tutelado, por cuanto acusa que fue detenido por la Fuerza Publica luego
de ser vapuleado y fue llevado, luego de tres horas, al hospital para recibir atención médica, de otra parte
indica que no se le permitió reunirse con su representado para entrevistarse de forma privada, por lo que
estima se han conculcado los derechos fundamentales del tutelado. Se declara PARCIALMENTE CON
LUGAR el recurso, en cuanto a la negativa del Ministerio de Seguridad Pública de permitirle al tutelado
reunirse de manera privada con su abogado defensor durante su detención. En cuanto a los demás
extremos, se declara sin lugar el recurso. CL

12574-11. DEFENSA. SEPARAN A DEFENSORA PARTICULAR. La recurrente reclama violación
al derecho de defensa y libertad personal del tutelado, pues se le separó de su cargo como defensora
particular de éste de forma arbitraria e injustificada. En este caso, señala la Sala que no ha existido
violación alguna a los derechos fundamentales del tutelado. Lo anterior, porque en el informe rendido por
el representante de la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido
debidamente acreditado que, el Tribunal Penal de Desamparados ordenó separar a la recurrente del cargo
de defensora particular del tutelado y se le solicitó a la Oficina de Defensores Públicos de esta Localidad
nombrar a un profesional para que asuma la representación del imputado. Nótese que la autoridad
recurrida señala que la citada profesional ha ocasionado que en prácticamente tres años ese Tribunal no
hubiese logrado resolver en definitiva la situación jurídica de las dos personas acusadas, todo lo anterior
con maniobras, como incapacidades médicas privadas, presentadas en un espacio temporal muy reducido
antes de la celebración del debate, motivo suficiente para separarla del caso en la forma que se resolvió.
Ahora bien, la legitimidad de lo resuelto no puede ser cuestionado en esta sede, pues el agravio apuntado
no tiene relación con la libertad del tutelado –objeto del recurso de habeas corpus–. SL

12593-11. JUEZ. PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS JUECES DE CASACIÓN EN LA
AUDIENCIA ORAL Y EN LA TOMA DE LA DECISIÓN DE FONDO. Reclama el recurrente
violación del principio del juez natural e imparcial pues los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia que intervinieron en el dictado de una sentencia, también intervinieron resolviendo
recurso de casación planteado en una causa primera anterior, relacionada directamente con la primera
causa. En segundo término acusa que se excluyó a uno de los Magistrados, quien intervino en la
audiencia oral y fue sustituido por otro, siendo el primero a quien le correspondía por reglamento,
redactar el proyecto del fallo. En este caso, ha sido debidamente acreditado que los recursos de
casación en que participaron los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
corresponden a dos causas distintas, que tienen en común entre ambas el mismo bien inmueble; aspectos
que no son suficientes para determinar que se trata de un mismo asunto, como erróneamente afirma el
recurrente, pues no hay identidad de hechos, que son distintos y acaecieron con un espacio de cinco años
entre ambos. Sobre la participación de los jueces de casación se cita la sentencia 6681-96 y consta que la
sustitución del Magistrado se dio por motivos de salud y en todo caso, en la audiencia oral celebrada no
se ampliaron los argumentos de casación ya interpuestos, ni se recibió prueba o aportó elemento nuevo, lo
que lleva a descartar la violación al debido proceso o el principio de inmediación. SL

12510-11. TRADUCTOR. NOMBRAMIENTO DEBE SER PLANTEADO ANTE LAS
AUTORIDADES PENALES. Alega el recurrente que fue detenido a su ingreso a Costa Rica por la
frontera de Peñas Blancas, y desde ese momento ha participado en varias diligencias policiales y
judiciales, aun cuando las autoridades tienen conocimiento de su nacionalidad estadounidense y de su
poco manejo del idioma español, a la fecha no se le ha brindado un traductor que pueda explicarle los
hechos por los cuales se le acusa y el proceso que se le está llevando realizando. En este caso, las
autoridades recurridas han sido contundentes al afirmar y ofrecer prueba de que el aquí recurrente no
tiene problemas para entender y expresarse en español. De manera que siendo ese el reparo objeto del
recurso, al alegar el recurrente que por el poco conocimiento del idioma, se le mantiene en indefensión,
habiéndose descartado tal situación no solamente por la comunicación escuchada por las autoridades, sino
además, porque tampoco la Defensa del recurrente solicitó ante estrados la necesidad de que se nombrara
un interprete, lo cual confirma lo innecesario de un traductor, no tiene este Tribunal elementos de
convicción que descarten lo informado. Lo anterior no obsta para que, si el imputado o su defensor
insisten en que necesariamente se debe nombrar un traductor, por considerar que el afectado tiene
problemas en comprender el idioma español, así lo planteen ante las autoridades penales, para que sean
ella, conforme en derecho corresponde, las que resuelvan en definitiva, auxiliándose con las valoraciones
o peritajes que estimen necesarios. Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada Miranda salva
el voto, conforme lo indica en el último considerando de esta sentencia. SL

12322-11 DETENCION. FUE ABSUELTO DE CAUSA PENAL Y SE PUSO A LA
ORDEN DE MIGRACION. El recurrente alegó que, pese a que el Tribunal de Juicio del
Primer Circuito Judicial de San José lo absolvió en una causa penal que se siguió en su contra,
aún lo mantiene en prisión. En este caso consta que el Tribunal accionado aclaró y demostró,
con la copia respectiva, que sí ordenó la libertad del amparado. Ahora bien, dado que el
recurrente, de nacionalidad rumana, no acreditó condición migratoria legal en el país, quedó a
las órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. De su parte, el Director del
Centro de Atención Institucional de San José confirmó que, en efecto, el mismo día que se dictó
la sentencia absolutoria, el recurrente egresó del centro penal, a las órdenes de la Dirección
General de Migración y Extranjería, que, como se acreditó, dictó en su contra detención
administrativa por otras razones. El recurrente objeta que el Tribunal avisara a la Dirección
General de Migración y Extranjería sobre su situación; sin embargo, a juicio de esta Sala, tal
actuación no lesiona la libertad personal del recurrente, como no lo habría hecho ninguna otra
instancia que lo denunciara. Se declara sin lugar el recurso. SL

12363-11 PRISION PREVENTIVA. PRORROGA SIN DAR AUDIENCIA A
DEFENSOR DEL IMPUTADO. La accionante acusa que por resolución del veintisiete de
julio del dos mil once, se prorrogó la prisión preventiva de sus defendidos sin darle audiencia a
la defensa. Alega que presentó recurso de apelación, y se le dio audiencia hasta el veintidós de
agosto del dos mil once, por lo que sus representados estarían veintidós días más privados de
libertad en forma ilegítima. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de
los, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

12365-11 PRISION PREVENTIVA. FUNDAMENTO. ESTUVO REBELDE POR MÁS
DE ONCE AÑOS. La accionante presenta recurso de hábeas corpus contra el Tribunal Penal
del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Acusa que el tutelado se encuentra privado
ilegítimamente de su libertad. Considera que la prisión preventiva dictada carece de
fundamentación pues no valoró la prueba existente. Esta Sala resolvió que, tiene por acreditado
que la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra debidamente motivada. . Por lo que
descarta la lesión al debido proceso y a la libertad del acusado. Nótese que la prisión preventiva
se encuentra motivada en la conducta desplegada por el tutelado, quién a pesar de tener pleno
conocimiento de un proceso penal instaurado en su contra, se fue del país, lo que provoco la
declaratoria de rebeldía - por obstaculización de la Administración de Justicia-. Se verifica que
transcurrieron once años y cuatro días, para que el tutelado fuera capturado y así reestablecerse
los procedimientos. Se declara sin lugar el recurso. SL

11966-11. JUEZ. EL CUESTIONAMIENTO SOBRE LA PARTICIPACION DE UN MISMO
JUEZ EN DIFERENTES INSTANCIAS, SE DEBE PLANTEAR EN LAS INSTANCIAS
PENALES CORRESPONDIENTES. recurrente acusa que a pesar de que uno de los jueces que integró
el Tribunal que lo condenó, participó en el primer debate de la causa, que fue anulado debido a que dos de
los jueces del Tribunal debieron incapacitarse; a pesar de ello, éste juez dispuso no separarse del proceso
penal, por lo que participó en el dictado de la sentencia emitida en su contra, por la que se condenó al
tutelado, situación que a su parecer implica una violación al principio de juez imparcial. Sobre el tema se
cita el voto 11858-11, en donde se señaló que estos alegatos no son susceptibles de valorar por medio del
recurso de hábeas corpus sino por el contrario, son propios de plantear ante las instancias penales
correspondientes, por medio de los remedios legales que la ley establece a fin que se resuelva lo que en
derecho corresponda. Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada y el Magistrado Jinesta
ponen nota. Comuníquese. SL
11967-11. EXTRADICIÓN. CONTINÚA DETENIDO A PESAR DE HABER OBTENIDO
ESTATUS DE REFUGIADO. El recurrente manifiesta que es ciudadano mexicano y fue detenido
en Costa Rica. Señala que se encuentra en prisión preventiva desde el 21 de enero de 2010, a pesar
de que el 02 de junio de este año le fue concedida la condición de refugiado y aún así, se mantiene
detenido. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. La
Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Jinesta Lobo salvan el voto y declaran con lugar el recurso.
SL

12099-11. EJECUCIÓN CONDICIONAL. SE LE NIEGA POR ANTEDECENTE DE PENA
SANCIONADO CON DIAS MULTA. El recurrente acusa su inconformidad con las autoridades penales
recurridas, relacionada con que no se le haya otorgado el beneficio de la ejecución condicional de la
pena, el cual le fue denegado debido al antecedente delictivo sancionado con pena de días multa. Señala
la Sala que el otorgar o no el beneficio de Ejecución Condicional es una facultad que tiene el juez al
dictar sentencia, conforme a lo preceptuado en los artículo 59 y 60 del Código Penal, lo que hace
innecesario entrar en mayores o accesorias valoraciones alegadas en el caso planteado. Además, se ha
reiterado en la jurisprudencia constitucional, que no procede cuestionar en esta sede la validez o
procedencia de la sentencia dictada en esa jurisdicción. Además, lo que reclama el gestionante no es un
derecho constitucional, sino un beneficio que otorga la potestad jurisdiccional del Estado, en forma
discrecional cuando las circunstancias del caso lo ameriten, tal y como lo señala la normativa de citada.
Se cita el voto 9693-00 y se declara sin lugar el recurso. SL


11955-11. DEFENSA TECNICA. INCONFORMIDAD POR ORDEN JUDICIAL DE LLEVAR
DEFENSA DE IMPUTADO POR VIDEO CONFERENCIA. El recurrente manifiesta, que en el
despacho recurrido tramita una causa penal contra el amparado del cual es defensor y, no puede asistir al
debate por razones de distancia; no obstante le indicaron que asumiera la defensa por video conferencia.
Alega que de aceptar defender al amparado estando en el Tribunal Penal de Santa Cruz, le
ocasionaría un grave estado de indefensión. En este caso, para la Sala ha quedado demostrado en autos,
que el debate señalado para el pasado 26 de agosto no se realizó debido a la inasistencia del recurrente en
su condición de defensor particular del amparado. Ello significa que no hizo uso del medio tecnológico
que mediante resolución de las 9:48 hrs del 25 de agosto pasado le dio como opción el Tribunal de Juicio
de Osa. Así, se considera que el presente asunto carece de interés actual, pues el recurrente no hizo uso de
la alternativa que le dio el Tribunal recurrido y que objeta en esta sede. Se declara sin lugar el recurso.
SL

11958-11. DETENCIÓN. SE PROLONGA DETENCIÓN DEL AMPARADO POR FALTA DE
COORDINACIÓN ENTRE DESPACHOS. El recurrente, defensor público, alegó que el Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba dictó prisión, por tres días, contra el tutelado, con base
en una orden de captura por rebeldía, decretada por el Juzgado Penal. Adujó que la orden de captura solo
imponía capturar al tutelado para actualizar su domicilio y dejarlo, de inmediato, en libertad. En este caso
consta, que los oficiales de policía ejecutaron la orden el 27 de agosto de 2011 y, lo pusieron a la orden
del Juez Contravencional, quién, por ser día inhábil, realizaba las funciones de Juez Penal. Según indicó
la Jueza Penal, el Juez Contravencional debió simplemente actualizar el domicilio del tutelado y dejarlo
en libertad. Sin embargo, el Juez Contravencional decidió dejarlo detenido hasta el lunes siguiente,
cuando el Juzgado Penal retomó sus funciones. En este caso, es muy claro que se mantuvo al tutelado
indebidamente detenido. La falta de coordinación entre distintos despachos no justifica, de ninguna
manera, la privación ilegítima de libertad que resulta imputable al Estado. Frente al tutelado, lo cierto es
que se le privó de libertad durante un plazo mayor al estrictamente necesario para cumplir con el objetivo
por el que se dictó la captura. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. CL

11679-11. ALLANAMIENTO. SE OMITIÓ DAR ATENCIÓN MÉDICA AL ACUSADO EN EL
MOMENTO OPORTUNO. La recurrente acusa en este caso tres cosas concretas: a) La detención del
amparado, b) La falta de traducción de la resolución de allanamiento y c) que a pesar de la condición de
salud del amparado, no se le suministraron los medicamentos que necesita y tampoco le brindaron una
alimentación adecuada, durante el proceso de allanamiento. Consta a la Sala que la detención fue
debidamente fundamentada, que tuvo traductor; sin embargo, se demostró que las autoridades del
Organismo de Investigación Judicial no gestionaron lo pertinente para que el tutelado recibiera la
totalidad del tratamiento que necesitaba. Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la lesión de los
derechos a la salud y a la vida del amparado, en su condición de Jefe de Investigación de la
Subdelegación Regional de Nicoya del Organismo de Investigación Judicial, abstenerse de incurrir,
nuevamente, en los hechos que dieron mérito a la presente estimatoria. En lo demás, se declara sin lugar
el recurso. CL

11670-11. APELACIONES. APLICACIÓN DE TRANSITORIOS DE LA LEY 8837. Alega el
recurrente que fue condenado penalmente y que planteó un recurso de casación ante la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, así como también el recurso de apelación. Indica
que en el ínterin de la emisión de la sentencia condenatoria -27 de enero de 2010 y 1 de
agosto de 2011- la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 8837 de 29 de julio de 2010
denominada "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas del Régimen
de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal", misma
que fue publicada en La Gaceta número 111, en donde se estableció la garantía que ostenta
toda persona de poder apelar las sentencias dictadas por un Tribunal Penal, como lo estipula
el artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, al
amparado se le denegó el ejercicio del derecho a una segunda instancia establecido en esa
ley, pues existe –a su criterio- una confusión entre el Transitorio I y III de la normativa citada,
ya que el Transitorio I impide la presentación de cualquier recurso de apelación a aquellas
personas sentenciadas antes de la promulgación de la ley, mientras que el Transitorio III sí
proporciona ese derecho pero a aquellos en donde la sentencia fue emitida 18 meses después
de la promulgación de ese cuerpo normativo. Como se ha señalado en reiterados
antecedentes, el problema jurídico expuesto por el recurrente debe ser resuelto por los
tribunales competentes en su tarea de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y no
por la Jurisdicción Constitucional. Ello se estima así por cuanto la determinación de la vigencia
de la ley es una tarea que debe realizar el juez al resolver cada caso concreto. SL


11697-11. PENA. PROPORCIONALIDAD DE PENA MINIMA PARA VENTA DE CRACK.
Consulta judicial facultativa referente a la resolución de las nueve horas treinta y siete minutos del
dieciséis de junio del dos mil once, dictada dentro de un expediente judicial que es causa por el delito de
venta de drogas, sustancias o productos sin autorización, en daño de la salud pública. Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que el artículo 58 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo, número 7786 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, no resulta contrario al
principio de proporcionalidad. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y declaran que la norma
consultada es inconstitucional. Evacuada


11858-11. JUEZ. PARTICIPACIÓN DE UN JUEZ EN DIFERENTES INSTANCIAS. El recurrente
reclama la violación del principio de independencia del juez, pues alega que dos de los Jueces que
integraron el Tribunal que condenó al tutelado a siete años de prisión por el delito de robo agravado,
habían participado en el dictado de la prórroga de la prisión preventiva en contra de éste, lo que se hizo en
la audiencia celebrada a las 11:20 horas de 5 de mayo de 2011. Considera la Sala que los hechos objeto de
este recurso no son susceptibles de valorar por medio del recurso de hábeas corpus sino por el contrario,
son propios de plantear ante las instancias penales correspondientes, por medio de los remedios legales
que la ley establece a fin que se resuelva lo que en derecho corresponda. En efecto, existiendo una
sentencia condenatoria en contra del tutelado, no corresponde a este Tribunal entrar a determinar el
alegato respecto a la presunta imparcialidad de los jueces, por lo que es en la vía ordinaria en donde debe
discutirse y resolver el punto. Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Calzada y Jinesta salvan el
voto y declaran con lugar el recurso. SL

11310-11. PENA. SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA CONDICIÓN DE INDIGENA DEL
IMPUTADO A LA HORA DE IMPONER UNA SANCION PENAL. Consulta judicial preceptiva de
constitucionalidad, formulada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San
José, en el proceso para la revisión de sentencia. Dentro de la parte admitida del recurso, el Tribunal
consultante solicita el criterio de esta Sala en relación con los siguientes puntos: a) sobre el tema de la
función resocializadora de la pena como función declarada del ius puniendi del Estado; b) respecto del
análisis de la condición de indígena como criterio de valoración del impacto de una pena privativa
libertad de poblaciones vulnerables; c) la posible violación del debido proceso si la ejecución de la
sanción penal se realiza sin fundamento en una Ley de Ejecución Penal de Adultos que garantice los
derechos humanos de los privados y privadas de libertad; d) si la ejecución material de la pena privativa
de libertad puede realizarse sobre personas pertenecientes a pueblos indígenas sin una Ley de Ejecución
de Penas que analice las consecuencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y
particularmente las establecidas en su artículo 10. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que
forma parte del derecho al debido proceso del imputado que cabe proteger mediante el procedimiento
establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, tomar en consideración la condición de
indígena del imputado al momento de la imposición de la sanción penal en los términos expresados en el
considerando cuarto de esta resolución. Debe la autoridad consultante determinar lo que ocurrió en el
caso concreto y declarar lo que corresponda. En relación con los demás aspectos consultados, no ha lugar
a evacuar la consulta formulada. Evacuada

11304-11. PRISION PREVENTIVA. NO SE RESUELVE APELACIÓN POR NO CONTARSE
CON GRABACIÓN DE AUDIENCIA ORAL. Alega el recurrente que la autoridad recurrida no ha
resuelto la apelación que planteó el 30 de junio contra la resolución de las 14:50 horas del 24 de mayo de
2011 del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que le impuso medida cautelar de
prisión preventiva al amparado por el término de seis meses. Señala la Sala que el plazo transcurrido es,
en efecto, excesivo y, por ello, violatorio del derecho a la justicia pronta del tutelado. Pero resulta más
grave aún concluir, de los informes de las autoridades jurisdiccionales accionadas, que ese recurso no se
ha decidido, ni se establece cuándo se resolverá. Lo anterior, por no contarse con la grabación de la
audiencia oral en la que se impuso la medida cautelar en cuestión. El problema que se plantea en casos
como el que aquí se examina es el del control de la fundamentación de la decisión privativa de libertad. Si
no hay un respaldo oral ni escrito de la decisión del a quo no es posible, para el Tribunal de instancia,
determinar si los alegatos de la apelación, referentes a la fundamentación del acto, son procedentes, con lo
cual se afecta el derecho de defensa del tutelado (sentencias #2009-10895 de las 8:48 horas del 10 de julio
del 2009 y #2010-8287 de las 14:35 horas del 5 de mayo del 2010), debido a errores imputables, cuando
menos objetivamente, a la administración de justicia, en claro perjuicio de sus usuarios. Llama la atención
de la Sala que no intentaran los despachos accionados coordinar una solución en el interés de los
administrados, sino que, de sus informes, se denota más bien que el problema continúa latente. Se declara
con lugar el recurso. Se ordena la libertad inmediata del amparado, si otra causa ajena a la examinada en
el sub lite, no lo impide. Se ordena al Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, o a quien
ocupe su cargo, que, en forma inmediata, señale fecha y hora para realizar la audiencia de imposición de
medidas cautelares en contra del encartado. CL

11182-11. PRORROGA DE LA PRISION PREVENTIVA. SE DISPONEN PRORROGAS
CORTAS PARA DAR TIEMPO A QUE ESTÉ PRESENTE EL DEFENSOR. Alega el recurrente
que siete horas antes de vencer su prisión preventiva le fue notificada la audiencia para evaluar la
solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público, la cual, finalmente se celebró sin la presencia
del defensor, quien no se pudo hacer presente por el poco tiempo con el que fue notificado. En este caso
consta que antes de vencer la prisión preventiva del recurrente, el Juzgado recurrido dispuso ordenar la
prórroga de la prisión preventiva del imputado por el plazo de 24 horas, con el fin de tutelar su derecho de
defensa pues no se había notificado al defensor titular de la audiencia. Además, que en dicha audiencia
estaba presente el recurrente. Posteriormente, el Juzgado recurrido dispuso prorrogar por seis días la
prisión preventiva del imputado, que fue el tiempo que consideró necesario para luego decidir bien –con
la presencia del defensor- sobre la solicitud de prórroga de prisión preventiva. Se indica que la ausencia
del defensor no fue responsabilidad del Juzgado recurrido sino del mismo defensor quien, aunque fuera
citado horas antes de la audiencia, debía ser conocedor de la fecha de vencimiento de la prisión
preventiva de su defendido y estar atento y disponible sea para asegurarse de su libertad o para defenderlo
en caso de solicitud de prórroga. Finalmente, el Juzgado recurrido dispuso prorrogar por tres meses y 29
días la prisión preventiva del imputado, en audiencia llevada a cabo con la presencia del imputado, su
defensor y el fiscal. Con lo cual se confirma que el recurrente permanece legítimamente privado de
libertad. SL

11163-11. PRISION PREVENTIVA. FUNDAMENTO Y PLAZO. El recurrente manifiesta que fue
detenido por policías de control de drogas y se estableció una medida cautelar privativa de libertad. Acota
que tiene un año y cuatro meses de estar recluido en el centro penal del lugar. Que el Tribunal de
Casación Penal había dictado una prórroga de cuarenta y cinco días más a partir del año de prisión
preventiva, plazo que venció el 10 de mayo de 2011, y que el juzgado recurrido prorrogó la medida
cautelar nuevamente. Alega que presentó ante el Juzgado recurrido una solicitud de cambio de medida
cautelar, con fundamento en su arraigo domiciliar y laboral, pero en su caso le fue denegada. En este
caso, señala la Sala que los plazos ordinarios fijados por la norma general, a saber, el Código Procesal
Penal, no se aplican al caso concreto, toda vez que ahora la prisión preventiva ordinaria puede ser
dispuesta hasta por el plazo de 24 meses, plazo en el cual aún, se encuentra la tramitación de esta causa
penal. A mayor abundamiento, colige este Tribunal, que en contradicción absoluta con lo alegado por el
recurrente, desde el 13 de junio anterior, fecha incluso anterior a la de interposición de esta acción -21 de
julio de 2011-, el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita ya había realizado la audiencia preliminar,
actuaciones todas, que han sido ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales competentes para ese fin y
dentro de los plazos previstos por ley. De este modo, considera esta Sala que las actuaciones cuestionadas
se encuentran debidamente ajustadas al Derecho de la Constitución. Se declara SIN LUGAR el recurso.
SL


10574-11. PRUEBA. OPOSICION AL ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA. El recurrente
manifiesta que se encuentra en desacuerdo con las actuaciones realizadas por algunos funcionarios
judiciales de los despachos judiciales recurridos, en relación con el anticipo jurisdiccional de prueba
ordenado por el Juzgado Penal de Pavas, acto en el que la defensora pública se opuso y presentó una
actividad procesal defectuosa, ambas solicitudes rechazadas por la autoridad jurisdiccional recurrida.
 Alega violación a su derecho de defensa, así como que dicho ejercicio se le ha visto limitado. Con base
en las consideraciones contenidas en la sentencia esta Sala resolvió, que los alegatos planteados por el
petente en el escrito de interposición de este recurso, los mismos deberán ser presentados ante la
jurisdicción ordinaria correspondiente a través de los mecanismos que la ley dispone para estos efectos, y
no ante esta sede constitucional, que no es la idónea para analizar este caso, ni discutir la procedencia o
no, de lo dispuesto por las autoridades recurridas, pues ello implicaría sustituir a los jueces competentes
en el ejercicio de sus funciones, e incidir en las competencias asignadas a la jurisdicción penal, en abierta
contradicción con el artículo 153 de la Constitución Política, por lo que resultaría improcedente que esta
Sala se pronunciara al respecto. Por otra parte, si el tutelado considera que las autoridades recurridas han
incurrido en algún tipo de falta en sus deberes, durante la tramitación de los casos en mención, dichas
disconformidades deben ser planteadas y resueltas ante los órganos que conocen de tales quejas, que son
la Inspección Judicial, o la Inspección Fiscal -según corresponda. Se rechaza de plano el recurso. RP.

10516-11. QUEJA. INCONFORMIDAD CON TRÁMITE DE DENUNCIAS EN EL MINISTERIO
PÚBLICO. El recurrente manifiesta que en su contra se interpuso una denuncia penal por el supuesto
delito de amenaza contra funcionario público. Indica que se encuentra en desacuerdo con las actuaciones
realizadas por algunos funcionarios judiciales de los despachos judiciales recurridos. Menciona que su
derecho de defensa en otros procesos penales se ha visto limitado. Estima que no existe hecho delictivo
alguno que se le pueda imputar, por cuanto los motivos por los cuales se le acusa no constituyen delito.
Considera violentados sus derechos fundamentales. Con base en las consideraciones contenidas en la
sentencia esta Sala resolvió, que alegatos planteados por el petente deberán ser presentados ante la
jurisdicción ordinaria correspondiente a través de los mecanismos que la ley dispone para estos efectos, y
no ante esta sede constitucional, que no es la idónea para analizar este caso, ni discutir la procedencia o
no, de lo dispuesto por las autoridades recurridas, pues ello implicaría sustituir a los jueces competentes
en el ejercicio de sus funciones, e incidir en las competencias asignadas a la jurisdicción penal, en abierta
contradicción con el artículo 153 de la Constitución Política. Además, si considera que las autoridades
recurridas han incurrido en algún tipo de falta en sus deberes, durante la tramitación de los casos en
mención, dichas disconformidades deben ser planteadas y resueltas ante los órganos que conocen de tales
quejas, que son la Inspección Judicial, o la Inspección Fiscal -según corresponda. Se rechaza de plano el
recurso. RP

10807-11. DENUNCIA. NEGATIVA A ARCHIVAR CAUSA PENAL POR AGRESIÓN QUE
FUE SOLICITADA POR LA OFENDIDA. La recurrente manifiesta que en la Fiscalía de Bribrí, se
tramita una denuncia por agresión que interpuso y afirma que posteriormente, se reconcilió con su
esposo y no la ha vuelto a maltratar, por lo que solicitó por escrito ante la fiscalía recurrida que por ser
la esposa del imputado, declinaba la acción y pidió que se archivara el expediente y se levantara la
orden de captura que había emitido en razón de la denuncia interpuesta, lo cual hasta ahora no se ha
efectuado. Señala la Sala que lo planteado por la accionante no es de recibo, ya que, según lo preceptúa
el artículo 4 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, todos los delitos contemplados en
ese cuerpo normativo son de acción pública, razón por la cual – tal y como lo explicó el Fiscal de Bribrí
en su informe – el Ministerio Público puede intervenir sin necesidad de que se formule una denuncia e,
inclusive, cuando la propia víctima hubiera solicitado el archivo de las diligencias. Bajo este orden de
consideraciones, este Tribunal descarta la existencia de arbitrariedad alguna, en el proceder de la
autoridad recurrida, por lo que se impone desestimar el recurso. Se declara sin lugar el recurso. SL
10835-11, 10836-11. PENA. SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA CONDICIÓN DE INDIGENA
DEL IMPUTADO A LA HORA DE IMPONER UNA SANCION PENAL. Consulta judicial
preceptiva de constitucionalidad, formulada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José, en el proceso para la revisión de sentencia. Dentro de la parte admitida del recurso,
el Tribunal consultante solicita el criterio de esta Sala en relación con los siguientes puntos: a) sobre el
tema de la función resocializadora de la pena como función declarada del ius puniendi del Estado; b)
respecto del análisis de la condición de indígena como critero de valoración del impacto de una pena
privativa libertad de poblaciones vulnerables; c) la posible violación del debido proceso si la ejecución de
la sanción penal se realiza sin fundamento en una Ley de Ejecución Penal de Adultos que garantice los
derechos humanos de los privados y privadas de libertad; d) si la ejecución material de la pena privativa
de libertad puede realizarse sobre personas pertenecientes a pueblos indígenas sin una Ley de Ejecución
de Penas que analice las consecuencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y
particularmente las establecidas en su artículo 10. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia
se indica que no corresponden ser resueltos como parte de este trámite de consulta, los puntos a), c) y d).
Finalmente, en cuanto al punto b) se evacua la consulta formulada en el sentido de que forma parte del
derecho al debido proceso del imputado que cabe proteger mediante el procedimiento establecido en el
artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, el tomar en consideración la condición de indígena del
imputado al momento de la imposición de la sanción penal. Debe la autoridad consultante determinar lo
que ocurrió en el caso concreto y declarar lo que corresponda. En relación con los demás aspectos
consultados, no ha lugar a evacuar la consulta. Evacuada

10902-11. JUEZ. UN MISMO JUEZ CONDENA Y RESUELVE APELACIÓN DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA. La recurrente reclama que el juez que emitió sentencia condenatoria en su contra,
declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto contra la prórroga de la prisión preventiva, lo que
considera que va en detrimento de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Esta Sala no
es un contralor de legalidad ni una instancia más dentro del proceso penal, de modo que no le corresponde
revisar lo resuelto por los tribunales penales en la materia propia de su competencia. Por otra parte, si la
recurrente considera que el juez que conoció el asunto debía inhibirse de su conocimiento por asistirle
alguna de las causales taxativamente establecidas en la legislación procesal al efecto, no es en esta vía
donde debe presentar su reclamo, sino en la propia jurisdicción penal. Lo resuelto al respecto tampoco
puede ser objeto de impugnación en esta vía, conforme lo dicho anteriormente, pues la revisión de una
sentencia penal es competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal de
Casación Penal, según corresponda, mediante el recurso de casación o el procedimiento para la revisión
de la sentencia regulado en los artículos 408 a 421 del Código Procesal Penal. SL

10175-11. PRUEBA. NIEGAN COPIAS DE ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA, POR
PROTEGER IMAGEN DEL DENUNCIANTE. Alega el recurrente que solicitó ante la Fiscalía de
Pavas, copia de los DVD´s de un anticipo jurisdiccional de prueba realizado meses atrás, cuya copia le
fue negada. Señala que las copias requeridas son necesarias y urgentes, a fin de poder preparar
adecuadamente la defensa, la estrategia y los extremos de la declaración que el amparado pretende hacer a
fin de ampliar su indagatoria, lo cual se ha hecho de conocimiento de la fiscalía recurrida, a la cual se
pidió fijar una fecha para tal diligencia. Aduce que también es necesario para la defensa técnica y
material, repasar con el amparado la declaración de la denunciante, su tono de voz, expresiones,
movimientos y corroborar la correcta trascripción escrita. Indica que la principal razón para negarle la
copia es la supuesta protección de un derecho de imagen de la denunciante. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

10327-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. El recurrente Acusa que sin prueba alguna y
sin razón, fue detenido por oficiales del Organismo de Investigación Judicial, quienes procedieron además
a allanar su casa pero no encontraron ninguna situación anómala. Señala que no obstante no tener
antecedentes penales y sin contar con evidencia alguna, fue detenido y sometido a torturas físicas y
psicológicas por parte de los citados oficiales para que, supuestamente, confesara un ilícito. Alega que,
posteriormente, lo remitieron ante el Juzgado Penal de Limón, donde sin contar con un abogado defensor,
debido a que no le permitieron obtener uno de su confianza, le impusieron seis meses de prisión
preventiva con violación absoluta de su derecho de defensa. En este caso consta que la autoridad
recurrida fundamentó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al recurrente, descartándose así
que se encuentra privado, ilegítimamente, de su libertad personal. Una cosa es la falta de motivación,
extremo que debe ser tutelado en esta vía a través del proceso de habeas corpus y, otra muy distinta, que
no se compartan los argumentos vertidos, aspecto este último que deberá ser discutido en la propia sede
penal a través de los recursos que establece la ley. Se declara sin lugar el recurso. SL

10328-11. PRISION PREVENTIVA. FUNDAMENTO. El recurrente manifiesta que está privado de
libertad desde el 6 de junio del 2010, por el delito de estafa, que se encuentra descontando un año de
prisión preventiva. Indica que dicha medida cautelar venció desde el 6 de junio del 2011. Alega que
durante el período de la prisión preventiva debían haberse resuelto los recursos presentados, y, pese
que se le acusó de 4 delitos, ha sido indagado solo en 2 causas. Menciona que el Ministerio Público no
justifica el delito o los elementos de convicción con los cuales se le procesa y en la acusación no se
precisan debidamente los hechos que se le atribuyen. Considera violentados sus derechos fundamentales
por cuanto no conoce el delito que se le imputa, con lo que se le impide ejercer su derecho de defensa,
además estima desproporcionado el plazo de un año de estar en prisión preventiva. Alega que la prisión
preventiva no se justifica pues no existe peligro de fuga o de obstaculización. Indica, finalmente,
que en este caso no existe delito alguno, sino que un mero conflicto mercantil. Señala la Sala que la
medida cautelar contra el recurrente, se ha ido prorrogando por estimar los órganos jurisdiccionales
competentes que han persistido los motivos procesales que había justificado desde un primer momento su
dictado. De allí que no se observa infracción a los derechos fundamentales del amparado. Por lo demás,
si la disconformidad del amparado es propiamente con la valoración de la prueba realizada por dichos
órganos jurisdiccionales, al momento de resolver sobre la necesidad de la medida cautelar, ello hace
referencia –como así lo ha resuelto reiteradamente esta Sala- a un extremo que no procede dilucidar en
esta sede. Además, según se informa, la última prórroga de medida cautelar se dispuso a fin de asegurar
la realización del debate , con lo que se corrobora que está pronto a realizarse el respectivo juicio oral y
público, fase en que ha de recibirse la prueba pertinente, escucharse los alegatos de las partes y, en
definitiva, garantizarle plenamente al amparado el ejercicio de su derecho de defensa, a fin de poder
determinar si se ha configurado o no el delito imputado. Se declara sin lugar el recurso. SL

10411-11. PRISION PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Los recurrentes, en su condición de
defensores públicos de los imputados —contra quienes se siguen una causa penal por los delitos de robo
gravado y homicidio— acusan la falta de fundamentación de la resolución del Juzgado Penal de Siquirres
por medio de la cual se les impuso prisión preventiva por el plazo de seis meses. Reprochan que ese yerro
se reprodujo en la resolución que confirmó esa medida cautelar al declararse sin lugar el recurso de
apelación planteado. Con base en las consideraciones contenidas en la sentencia esta Sala resolvió que, el
Tribunal Penal de Guápiles enmendó el yerro recién señalado al fundamentar por qué en su criterio, a este
momento procesal, existen los elementos necesarios para presumir en grado de probabilidad la
participación de los encartado en los ilícitos, actuación que, valga enfatizar, se realizó desde antes de la
interposición del presente proceso. Una cosa es la falta de motivación, extremo que debe ser tutelado en
esta vía a través del proceso de habeas corpus y, otra muy distinta, que no se compartan los argumentos
vertidos por las autoridades jurisdicciones para imponer, prorrogar o confirmar la prisión preventiva,
aspectos estos últimos que deberán ser discutidos en la propia sede penal a través de los recursos que
establece la ley. No obstante lo dicho, se les recuerda a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Penal
su deber ineludible de fundamentar, en forma adecuada, la imposición o prórroga de la prisión preventiva,
considerando que es una medida de carácter excepcional, cuyo fin esencial es el aseguramiento procesal.
Se declara sin lugar el recurso. SL

10171-11. PENA. SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA CONDICIÓN DE INDIGENA DEL
IMPUTADO A LA HORA DE IMPONER UNA SANCION PENAL. Consulta judicial preceptiva de
constitucionalidad, formulada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San
José, en el proceso para la revisión de sentencia. Dentro de la parte admitida del recurso, el Tribunal
consultante solicita el criterio de esta Sala en relación con los siguientes puntos: a) sobre el tema de la
función resocializadora de la pena como función declarada del ius puniendi del Estado; b) respecto del
análisis de la condición de indígena como critero de valoración del impacto de una pena privativa libertad
de poblaciones vulnerables; c) la posible violación del debido proceso si la ejecución de la sanción penal
se realiza sin fundamento en una Ley de Ejecución Penal de Adultos que garantice los derechos humanos
de los privados y privadas de libertad; d) si la ejecución material de la pena privativa de libertad puede
realizarse sobre personas pertenecientes a pueblos indígenas sin una Ley de Ejecución de Penas que
analice las consecuencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y
particularmente las establecidas en su artículo 10. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia
se indica que no corresponden ser resueltos como parte de este trámite de consulta, los puntos a), c) y d).
Finalmente, en cuanto al punto b) se evacua la consulta formulada en el sentido de que forma parte del
derecho al debido proceso del imputado que cabe proteger mediante el procedimiento establecido en el
artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, el tomar en consideración la condición de indígena del
imputado al momento de la imposición de la sanción penal. Debe la autoridad consultante determinar lo
que ocurrió en el caso concreto y declarar lo que corresponda. En relación con los demás aspectos
consultados, no ha lugar a evacuar la consulta. Evacuada

10172-11. REBELDIA. SE IMPONE PRISION PREVENTIVA SIN LA PRESENCIA DEL
IMPUTADO. Alega el recurrente que se dictó en su contra la rebeldía por no cumplir con una de las
condiciones de la conciliación a la que había llegado con la ofendida y que fue detenido sin que estuviera
presente en la audiencia, en donde se le impuso la prisión preventiva. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

10173-11. PRISION PREVENTIVA. PRORROGADA EN FORMA TARDIA. Alega el accionante
que fue condenado a 25 años de prisión y en ese mismo momento se le impuso prisión preventiva por el
plazo de seis meses. La sentencia y el debate fueron anulados por la Sala Tercera y se prorroga
nuevamente la prisión preventiva por seis meses más, hasta el 14 de julio. Afirma que la prisión venció y
aún se encuentra privado de libertad, pues aún cuando el Ministerio Público solicitó la prórroga, el
Tribunal de Casación se declaró incompetente y remitió el asunto al Tribunal Penal de Limon, ordenando
nuevamente la prisión por seis meses, días después de haberse vencido. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Calzada y Rueda, salvan el voto y
declaran con lugar el recurso, sin ordenar la libertad al amparado. SL


10031-11. DETENCION. NEGLIGENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO. La
recurrente acusa que se ha detenido al amparado de forma indebida e injustificada, en razón de datos
falsos que suministró una tercera persona que fue indagada en el año 2008 por la presunta comisión del
delito de portación ilegal de arma. Indica que los funcionarios del Organismo de Investigación
Judicial de Tres Ríos comprobaron que los datos suministrados por los Tribunales de Justicia de
Puntarenas no coincidían con los datos del amparado; no obstante ello, sin justificación válida alguna,
se procedió a la captura del amparado. Señala la Sala que la severidad de las restricciones a la libertad
exige de los administradores de justicia y funcionarios auxiliares la más cuidadosa y escrupulosa
tramitación, en todos sus aspectos, por lo que resultan inaceptable las negligencias, descuidos, pereza o
incuria de cualquier tipo, en relación con asuntos en que está de por medio la libertad de las personas. Se
declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente respecto a la actuación del Poder Judicial. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo
demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

9763-11. INDIGENAS. PENAS ALTERNAS A LA PRISIÓN. Se consultan dos aspectos
fundamentales: a) la inexistencia, por un lado, de una ley de ejecución de las sanciones penales para
adultos y, por otro, de penas alternas a la prisión para indígenas y b) si al momento de dictar la sentencia
debe tomarse en consideración la condición de indígena del imputado (sentenciado). Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que forma parte del derecho al debido proceso del imputado que cabe
proteger mediante el procedimiento establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, el
tomar en consideración de la condición indígena del imputado al momento de la imposición de la sanción
penal. Debe la autoridad consultante determinar lo que ocurrió en el caso concreto y declarar lo que
corresponda. En relación con los demás aspectos consultados, no ha lugar a evacuar la consulta.
Evacuada


9712-11. MEDIDAS CAUTELARES. SON DICTADAS POR JUEZA QUE ANTES HABÍA
ORDENADO INTERVENCIONES Y ESCUCHAS TELEFÓNICAS. El recurrente impugna la
medida cautelar dictada por la Jueza, aduciendo que no podía intervenir en ese asunto, porque había
ordenado con anterioridad las intervenciones y las escuchas telefónicas. Señala la Sala que la
participación de la jueza accionada en ese asunto solamente tiene por objeto supervisar y salvaguardar el
derecho a la intimidad de las personas que están siendo investigadas, de ahí que no le corresponde
ninguna labor de investigación, a diferencia de lo que alega el recurrente en el memorial de interposición
de este proceso de habeas corpus. En este orden de ideas, la Sala Constitucional no aprecia en el caso
concreto ninguna circunstancia que le impidiera a la Jueza conocer acerca de la solicitud planteada por el
representante del Ministerio Público a fin de imponer la medida cautelar de prisión preventiva al tutelado,
como en efecto se produjo. En todo caso, ha explicado el Juez integrante del Tribunal de Juicio en su
informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Procesal Penal, ha subsanado
el supuesto vicio en que ha incurrido a quo (el cual, por lo dicho, no aprecia la Sala que se haya
producido) y sustentó, por sí mismo, las razones procesales por las cuales el imputado debe permanecer
sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. SL



9131-11 REBELDIA. DICTADA A PESAR DE QUE EL AMPARADO ESTABA ENFERMO.
Alega la recurrente que en un proceso llevado en contra de su representado, informó al Tribunal de Juicio
del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, que el amparado se encontraba en el EBAIS, motivo por el
cual se suspendió la audiencia que se realizaría y aún así, dicho Despacho Judicial decretó la rebeldía,
motivo por el cual el amparado fue detenido y trasladado a las celdas del OIJ de la zona, sin
medicamentos, pese a presentar dolor en su hombro e hipertensión. En este caso, la Sala concluye que la
privación de libertad del amparado tuvo sustento en una resolución del órgano jurisdiccional competente,
con el único propósito de asegurar la continuación del juicio. SL

9190-11. AUDIENCIA. REALIZADA SIN PRESENCIA DE TRADUCTOR PARA EL
IMPUTADO. La recurrente alega que el Juzgado Penal accionado realizó la audiencia para prorrogar la
prisión preventiva de una persona que no habla español, esto sin la presencia de un traductor del idioma
inglés. Se declara CON LUGAR el recurso por lesión del derecho de defensa, sin ordenar la libertad del
imputado. Se anula lo actuado en la audiencia celebrada el 1° de julio del año en curso para conocer sobre
la prórroga de la prisión preventiva del amparado. Asimismo, se ordena a la jueza del Juzgado Penal de
Liberia, celebrar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, una nueva audiencia, en la
que se analice la medida cautelar prorrogada (expediente #11-000086-0396-PE), con participación del
imputado, su defensa técnica y un traductor del idioma inglés. En ella deberá garantizarse la comprensión
integral del acto, por parte del imputado, así como su participación. CL

9423-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE LLEVA A CABO AUDIENCIA SIN PRESENCIA DEL
DEFENSOR. Alega el recurrente que el recurrido le violento su derecho al debido proceso en cuanto la
defensa técnica no fue convocada para conocer la solicitud de prórroga de prisión preventiva. En este
caso constata la Sala la violación del derecho al debido proceso del amparado, dado que la prórroga de la
prisión preventiva por parte de la Jueza del Tribunal de Juicio se dictó sin audiencia a la defensa. Así
entonces, se impone la estimatoria de este recurso, pero únicamente a efectos de condenar en daños y
perjuicios pues, carecería de sentido ordenar la realización de una nueva vista con la presencia de la
defensa ya que esta ya se llevó a cabo. De igual forma, no procede ordenar la puesta en libertad del
amparado pues lo que se discutió y conoció en este recurso no fue el fondo de lo resuelto (prórroga de
prisión preventiva), sino la forma en que se hizo (sin audiencia previa a la defensa). CL

10031-11. DETENCION. NEGLIGENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO. La
recurrente acusa que se ha detenido al amparado de forma indebida e injustificada, en razón de datos
falsos que suministró una tercera persona que fue indagada en el año 2008 por la presunta comisión del
delito de portación ilegal de arma. Indica que los funcionarios del Organismo de Investigación
Judicial de Tres Ríos comprobaron que los datos suministrados por los Tribunales de Justicia de
Puntarenas no coincidían con los datos del amparado; no obstante ello, sin justificación válida alguna,
se procedió a la captura del amparado. Señala la Sala que la severidad de las restricciones a la libertad
exige de los administradores de justicia y funcionarios auxiliares la más cuidadosa y escrupulosa
tramitación, en todos sus aspectos, por lo que resultan inaceptable las negligencias, descuidos, pereza o
incuria de cualquier tipo, en relación con asuntos en que está de por medio la libertad de las personas. Se
declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente respecto a la actuación del Poder Judicial. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo
demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

9763-11. INDIGENAS. PENAS ALTERNAS A LA PRISIÓN. Se consultan dos aspectos
fundamentales: a) la inexistencia, por un lado, de una ley de ejecución de las sanciones penales para
adultos y, por otro, de penas alternas a la prisión para indígenas y b) si al momento de dictar la sentencia
debe tomarse en consideración la condición de indígena del imputado (sentenciado). Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que forma parte del derecho al debido proceso del imputado que cabe
proteger mediante el procedimiento establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, el
tomar en consideración de la condición indígena del imputado al momento de la imposición de la sanción
penal. Debe la autoridad consultante determinar lo que ocurrió en el caso concreto y declarar lo que
corresponda. En relación con los demás aspectos consultados, no ha lugar a evacuar la consulta.
Evacuada


9712-11. MEDIDAS CAUTELARES. SON DICTADAS POR JUEZA QUE ANTES HABÍA
ORDENADO INTERVENCIONES Y ESCUCHAS TELEFÓNICAS. El recurrente impugna la
medida cautelar dictada por la Jueza, aduciendo que no podía intervenir en ese asunto, porque había
ordenado con anterioridad las intervenciones y las escuchas telefónicas. Señala la Sala que la
participación de la jueza accionada en ese asunto solamente tiene por objeto supervisar y salvaguardar el
derecho a la intimidad de las personas que están siendo investigadas, de ahí que no le corresponde
ninguna labor de investigación, a diferencia de lo que alega el recurrente en el memorial de interposición
de este proceso de habeas corpus. En este orden de ideas, la Sala Constitucional no aprecia en el caso
concreto ninguna circunstancia que le impidiera a la Jueza conocer acerca de la solicitud planteada por el
representante del Ministerio Público a fin de imponer la medida cautelar de prisión preventiva al tutelado,
como en efecto se produjo. En todo caso, ha explicado el Juez integrante del Tribunal de Juicio en su
informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Procesal Penal, ha subsanado
el supuesto vicio en que ha incurrido a quo (el cual, por lo dicho, no aprecia la Sala que se haya
producido) y sustentó, por sí mismo, las razones procesales por las cuales el imputado debe permanecer
sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. SL



9131-11 REBELDIA. DICTADA A PESAR DE QUE EL AMPARADO ESTABA ENFERMO.
Alega la recurrente que en un proceso llevado en contra de su representado, informó al Tribunal de Juicio
del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, que el amparado se encontraba en el EBAIS, motivo por el
cual se suspendió la audiencia que se realizaría y aún así, dicho Despacho Judicial decretó la rebeldía,
motivo por el cual el amparado fue detenido y trasladado a las celdas del OIJ de la zona, sin
medicamentos, pese a presentar dolor en su hombro e hipertensión. En este caso, la Sala concluye que la
privación de libertad del amparado tuvo sustento en una resolución del órgano jurisdiccional competente,
con el único propósito de asegurar la continuación del juicio. SL

9190-11. AUDIENCIA. REALIZADA SIN PRESENCIA DE TRADUCTOR PARA EL
IMPUTADO. La recurrente alega que el Juzgado Penal accionado realizó la audiencia para prorrogar la
prisión preventiva de una persona que no habla español, esto sin la presencia de un traductor del idioma
inglés. Se declara CON LUGAR el recurso por lesión del derecho de defensa, sin ordenar la libertad del
imputado. Se anula lo actuado en la audiencia celebrada el 1° de julio del año en curso para conocer sobre
la prórroga de la prisión preventiva del amparado. Asimismo, se ordena a la jueza del Juzgado Penal de
Liberia, celebrar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, una nueva audiencia, en la
que se analice la medida cautelar prorrogada (expediente #11-000086-0396-PE), con participación del
imputado, su defensa técnica y un traductor del idioma inglés. En ella deberá garantizarse la comprensión
integral del acto, por parte del imputado, así como su participación. CL

9423-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE LLEVA A CABO AUDIENCIA SIN PRESENCIA DEL
DEFENSOR. Alega el recurrente que el recurrido le violento su derecho al debido proceso en cuanto la
defensa técnica no fue convocada para conocer la solicitud de prórroga de prisión preventiva. En este
caso constata la Sala la violación del derecho al debido proceso del amparado, dado que la prórroga de la
prisión preventiva por parte de la Jueza del Tribunal de Juicio se dictó sin audiencia a la defensa. Así
entonces, se impone la estimatoria de este recurso, pero únicamente a efectos de condenar en daños y
perjuicios pues, carecería de sentido ordenar la realización de una nueva vista con la presencia de la
defensa ya que esta ya se llevó a cabo. De igual forma, no procede ordenar la puesta en libertad del
amparado pues lo que se discutió y conoció en este recurso no fue el fondo de lo resuelto (prórroga de
prisión preventiva), sino la forma en que se hizo (sin audiencia previa a la defensa). CL




8984-11. REENVÍO. EN CASOS DE UNA NUEVA DETERMINACION DEL HECHO, SE
CONSULTA SI LESIONAL EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. Consulta Judicial referente a los
artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal. Se plantea la consulta en ocasión de un recurso de
revisión, en donde el Tribunal consultante, pide a la Sala Constitucional que determine si los artículos
416 y 417 del Código Procesal Penal, en cuanto permiten ordenar el reenvío para una nueva
determinación de si el hecho se cometió y por quién, en el marco de un procedimiento de revisión,
vulneran el principio nom bis in idem, establecido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Señala la Sala, entre otras cosas, que El procedimiento de revisión implica que el
fallo pierde firmeza, cuando se admite la revisión de una sentencia condenatoria. La garantía no es la
sentencia firme, sino la imposibilidad de juzgar un hecho que se dilucidó con carácter de cosa juzgada,
pero esa condición no impide que bajo hipótesis restringidas, favorable a las garantías del encausado, la
sentencia firme deje de serlo, conforme a un procedimiento específico. El razonamiento de los
consultantes contiene un vicio esencial: se asume que la sentencia condenatoria es inamovible, a pesar de
que sea una condenatoria con vicios esenciales; el supuesto de la norma consultada consiste en la
derogatoria de la sentencia firme por violación de las garantías del acusado. En esta hipótesis, la nulidad
de la sentencia firme hace perder a ésta tal condición y, por este motivo, tampoco se conculcaría el Pacto
de San José. La misma Convención establece como supuesto la firmeza del fallo, y cuando ha sido
reenviado, tal supuesto no existiría, pues justamente se anula el fallo para el dictado de una nueva
sentencia. Se evacua la consulta en el sentido que los artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal no
violan el principio non bis in idem reconocido en los artículos 42 constitucional, 8.4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Evacuada.

8926-11. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega el recurrente que el
juez recurrido, prorrogó de la prisión preventiva sin fundamentación alguna. En este caso concreto, la
prorroga de la prisión preventiva decretada contra el recurrente, se encuentra fundamentada en que se
mantienen los elementos que originalmente se consideran para sostener en grado probabilidad de
participación del imputado en los hechos, ya que todos los acusados fueron detenidos en flagrancia por la
policía judicial, elemento que fue analizado por el juez y lo lleva a concluir la necesidad de dictar la
prisión preventiva, por lo que procede declarar sin lugar el recurso. Se cita el voto 9856-07. SL

8952-11. AUDIENCIA. NIEGAN CELEBRAR LA VISTA ORAL DENTRO DE LOS TRES
PRIMEROS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que el juez recurrido le
lesionó su derecho de defensa y, el principio de oralidad, por haberle negado celebrar la vista oral para
conocer su solicitud del cambio de las medidas cautelares. En este caso la Sala señala, con base las
precedentes jurisprudenciales reseñados, que no se le violentó su derecho a la defensa y que tratándose de
una gestión contextualizada dentro de los tres meses de vigencia de la medida cautelar de prisión
preventiva, resulta válido que el juez al menos pidiera la indicación algún elemento probatorio que
significara un cambio de circunstancias que dieron origen a la adopción de la medida privativa de
libertad. Se citan los votos 2011-8, 2007-3019, 2008-3923, 2008-16562, 2009-1975, 2010-4032, 2010-
16472, 2011-1605, 2010-6300. SL

8865-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO Alega la recurrente que al
amparado se le mantiene privado de libertad, a pesar de que la última prórroga de prisión preventiva
dictada en su contra venció el día 7 de junio y de que el Tribunal de Casación Penal anuló la sentencia
condenatoria y no dictó ninguna prórroga. En este caso consta que el amparado estuvo privado de libertad
sin fundamento en ninguna resolución de juez competente y sin existir sentencia condenatoria firme en su
contra, desde el 7 de junio de 2011, en que venció la última prórroga de prisión preventiva dictada en su
contra, hasta el día 30 del mismo mes, en que fue puesto en libertad por el Tribunal recurrido, lo cual
viola sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política. Es
deber de los Tribunales llevar un registro estricto de los imputados que se encuentran privados de libertad
y las fechas de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En consecuencia, procede
declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de daños y perjuicios, por cuanto el amparado fue
puesto en libertad. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios
ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8842-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACION. Manifiesta la recurrente que a su
representado se le decretó prisión preventiva de forma injustificada. Aduce que el Tribunal de Flagrancia
realizó audiencia de rebeldía, sustentado en la referencia sobre la diligencia fracasada de citación a juicio
a su representado. Indica que en dicha audiencia se discutió sobre la aplicación de la prisión preventiva en
contra del tutelado, sosteniéndose por parte del Ministerio Público que en el presente asunto existía una
presunción de fuga, pues no se tenía conocimiento actual de la situación domiciliar del tutelado. La
defensa del tutelado enfatizó en que nunca tuvo conocimiento de la cita enviada por la autoridad
jurisdiccional y que por ello no se hizo presente. En el presente caso concluye la Sala que la prisión
preventiva fue decretada por el peligro de fuga y debido a que el imputado no pudo ser localizado en el
domicilio que señaló en su declaración indagatoria, por lo que se dudó de su arraigo domiciliar. Se
declara sin lugar el recurso. SL

10031-11. DETENCION. NEGLIGENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO. La
recurrente acusa que se ha detenido al amparado de forma indebida e injustificada, en razón de datos
falsos que suministró una tercera persona que fue indagada en el año 2008 por la presunta comisión del
delito de portación ilegal de arma. Indica que los funcionarios del Organismo de Investigación
Judicial de Tres Ríos comprobaron que los datos suministrados por los Tribunales de Justicia de
Puntarenas no coincidían con los datos del amparado; no obstante ello, sin justificación válida alguna,
se procedió a la captura del amparado. Señala la Sala que la severidad de las restricciones a la libertad
exige de los administradores de justicia y funcionarios auxiliares la más cuidadosa y escrupulosa
tramitación, en todos sus aspectos, por lo que resultan inaceptable las negligencias, descuidos, pereza o
incuria de cualquier tipo, en relación con asuntos en que está de por medio la libertad de las personas. Se
declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente respecto a la actuación del Poder Judicial. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo
demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

9763-11. INDIGENAS. PENAS ALTERNAS A LA PRISIÓN. Se consultan dos aspectos
fundamentales: a) la inexistencia, por un lado, de una ley de ejecución de las sanciones penales para
adultos y, por otro, de penas alternas a la prisión para indígenas y b) si al momento de dictar la sentencia
debe tomarse en consideración la condición de indígena del imputado (sentenciado). Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que forma parte del derecho al debido proceso del imputado que cabe
proteger mediante el procedimiento establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal, el
tomar en consideración de la condición indígena del imputado al momento de la imposición de la sanción
penal. Debe la autoridad consultante determinar lo que ocurrió en el caso concreto y declarar lo que
corresponda. En relación con los demás aspectos consultados, no ha lugar a evacuar la consulta.
Evacuada


9712-11. MEDIDAS CAUTELARES. SON DICTADAS POR JUEZA QUE ANTES HABÍA
ORDENADO INTERVENCIONES Y ESCUCHAS TELEFÓNICAS. El recurrente impugna la
medida cautelar dictada por la Jueza, aduciendo que no podía intervenir en ese asunto, porque había
ordenado con anterioridad las intervenciones y las escuchas telefónicas. Señala la Sala que la
participación de la jueza accionada en ese asunto solamente tiene por objeto supervisar y salvaguardar el
derecho a la intimidad de las personas que están siendo investigadas, de ahí que no le corresponde
ninguna labor de investigación, a diferencia de lo que alega el recurrente en el memorial de interposición
de este proceso de habeas corpus. En este orden de ideas, la Sala Constitucional no aprecia en el caso
concreto ninguna circunstancia que le impidiera a la Jueza conocer acerca de la solicitud planteada por el
representante del Ministerio Público a fin de imponer la medida cautelar de prisión preventiva al tutelado,
como en efecto se produjo. En todo caso, ha explicado el Juez integrante del Tribunal de Juicio en su
informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Procesal Penal, ha subsanado
el supuesto vicio en que ha incurrido a quo (el cual, por lo dicho, no aprecia la Sala que se haya
producido) y sustentó, por sí mismo, las razones procesales por las cuales el imputado debe permanecer
sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. SL



9131-11 REBELDIA. DICTADA A PESAR DE QUE EL AMPARADO ESTABA ENFERMO.
Alega la recurrente que en un proceso llevado en contra de su representado, informó al Tribunal de Juicio
del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, que el amparado se encontraba en el EBAIS, motivo por el
cual se suspendió la audiencia que se realizaría y aún así, dicho Despacho Judicial decretó la rebeldía,
motivo por el cual el amparado fue detenido y trasladado a las celdas del OIJ de la zona, sin
medicamentos, pese a presentar dolor en su hombro e hipertensión. En este caso, la Sala concluye que la
privación de libertad del amparado tuvo sustento en una resolución del órgano jurisdiccional competente,
con el único propósito de asegurar la continuación del juicio. SL
9190-11. AUDIENCIA. REALIZADA SIN PRESENCIA DE TRADUCTOR PARA EL
IMPUTADO. La recurrente alega que el Juzgado Penal accionado realizó la audiencia para prorrogar la
prisión preventiva de una persona que no habla español, esto sin la presencia de un traductor del idioma
inglés. Se declara CON LUGAR el recurso por lesión del derecho de defensa, sin ordenar la libertad del
imputado. Se anula lo actuado en la audiencia celebrada el 1° de julio del año en curso para conocer sobre
la prórroga de la prisión preventiva del amparado. Asimismo, se ordena a la jueza del Juzgado Penal de
Liberia, celebrar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, una nueva audiencia, en la
que se analice la medida cautelar prorrogada (expediente #11-000086-0396-PE), con participación del
imputado, su defensa técnica y un traductor del idioma inglés. En ella deberá garantizarse la comprensión
integral del acto, por parte del imputado, así como su participación. CL

9423-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE LLEVA A CABO AUDIENCIA SIN PRESENCIA DEL
DEFENSOR. Alega el recurrente que el recurrido le violento su derecho al debido proceso en cuanto la
defensa técnica no fue convocada para conocer la solicitud de prórroga de prisión preventiva. En este
caso constata la Sala la violación del derecho al debido proceso del amparado, dado que la prórroga de la
prisión preventiva por parte de la Jueza del Tribunal de Juicio se dictó sin audiencia a la defensa. Así
entonces, se impone la estimatoria de este recurso, pero únicamente a efectos de condenar en daños y
perjuicios pues, carecería de sentido ordenar la realización de una nueva vista con la presencia de la
defensa ya que esta ya se llevó a cabo. De igual forma, no procede ordenar la puesta en libertad del
amparado pues lo que se discutió y conoció en este recurso no fue el fondo de lo resuelto (prórroga de
prisión preventiva), sino la forma en que se hizo (sin audiencia previa a la defensa). CL




8984-11. REENVÍO. EN CASOS DE UNA NUEVA DETERMINACION DEL HECHO, SE
CONSULTA SI LESIONAL EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. Consulta Judicial referente a los
artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal. Se plantea la consulta en ocasión de un recurso de
revisión, en donde el Tribunal consultante, pide a la Sala Constitucional que determine si los artículos
416 y 417 del Código Procesal Penal, en cuanto permiten ordenar el reenvío para una nueva
determinación de si el hecho se cometió y por quién, en el marco de un procedimiento de revisión,
vulneran el principio nom bis in idem, establecido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Señala la Sala, entre otras cosas, que El procedimiento de revisión implica que el
fallo pierde firmeza, cuando se admite la revisión de una sentencia condenatoria. La garantía no es la
sentencia firme, sino la imposibilidad de juzgar un hecho que se dilucidó con carácter de cosa juzgada,
pero esa condición no impide que bajo hipótesis restringidas, favorable a las garantías del encausado, la
sentencia firme deje de serlo, conforme a un procedimiento específico. El razonamiento de los
consultantes contiene un vicio esencial: se asume que la sentencia condenatoria es inamovible, a pesar de
que sea una condenatoria con vicios esenciales; el supuesto de la norma consultada consiste en la
derogatoria de la sentencia firme por violación de las garantías del acusado. En esta hipótesis, la nulidad
de la sentencia firme hace perder a ésta tal condición y, por este motivo, tampoco se conculcaría el Pacto
de San José. La misma Convención establece como supuesto la firmeza del fallo, y cuando ha sido
reenviado, tal supuesto no existiría, pues justamente se anula el fallo para el dictado de una nueva
sentencia. Se evacua la consulta en el sentido que los artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal no
violan el principio non bis in idem reconocido en los artículos 42 constitucional, 8.4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Evacuada.

8926-11. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega el recurrente que el
juez recurrido, prorrogó de la prisión preventiva sin fundamentación alguna. En este caso concreto, la
prorroga de la prisión preventiva decretada contra el recurrente, se encuentra fundamentada en que se
mantienen los elementos que originalmente se consideran para sostener en grado probabilidad de
participación del imputado en los hechos, ya que todos los acusados fueron detenidos en flagrancia por la
policía judicial, elemento que fue analizado por el juez y lo lleva a concluir la necesidad de dictar la
prisión preventiva, por lo que procede declarar sin lugar el recurso. Se cita el voto 9856-07. SL

8952-11. AUDIENCIA. NIEGAN CELEBRAR LA VISTA ORAL DENTRO DE LOS TRES
PRIMEROS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que el juez recurrido le
lesionó su derecho de defensa y, el principio de oralidad, por haberle negado celebrar la vista oral para
conocer su solicitud del cambio de las medidas cautelares. En este caso la Sala señala, con base las
precedentes jurisprudenciales reseñados, que no se le violentó su derecho a la defensa y que tratándose de
una gestión contextualizada dentro de los tres meses de vigencia de la medida cautelar de prisión
preventiva, resulta válido que el juez al menos pidiera la indicación algún elemento probatorio que
significara un cambio de circunstancias que dieron origen a la adopción de la medida privativa de
libertad. Se citan los votos 2011-8, 2007-3019, 2008-3923, 2008-16562, 2009-1975, 2010-4032, 2010-
16472, 2011-1605, 2010-6300. SL

8865-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO Alega la recurrente que al
amparado se le mantiene privado de libertad, a pesar de que la última prórroga de prisión preventiva
dictada en su contra venció el día 7 de junio y de que el Tribunal de Casación Penal anuló la sentencia
condenatoria y no dictó ninguna prórroga. En este caso consta que el amparado estuvo privado de libertad
sin fundamento en ninguna resolución de juez competente y sin existir sentencia condenatoria firme en su
contra, desde el 7 de junio de 2011, en que venció la última prórroga de prisión preventiva dictada en su
contra, hasta el día 30 del mismo mes, en que fue puesto en libertad por el Tribunal recurrido, lo cual
viola sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política. Es
deber de los Tribunales llevar un registro estricto de los imputados que se encuentran privados de libertad
y las fechas de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En consecuencia, procede
declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de daños y perjuicios, por cuanto el amparado fue
puesto en libertad. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios
ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8842-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACION. Manifiesta la recurrente que a su
representado se le decretó prisión preventiva de forma injustificada. Aduce que el Tribunal de Flagrancia
realizó audiencia de rebeldía, sustentado en la referencia sobre la diligencia fracasada de citación a juicio
a su representado. Indica que en dicha audiencia se discutió sobre la aplicación de la prisión preventiva en
contra del tutelado, sosteniéndose por parte del Ministerio Público que en el presente asunto existía una
presunción de fuga, pues no se tenía conocimiento actual de la situación domiciliar del tutelado. La
defensa del tutelado enfatizó en que nunca tuvo conocimiento de la cita enviada por la autoridad
jurisdiccional y que por ello no se hizo presente. En el presente caso concluye la Sala que la prisión
preventiva fue decretada por el peligro de fuga y debido a que el imputado no pudo ser localizado en el
domicilio que señaló en su declaración indagatoria, por lo que se dudó de su arraigo domiciliar. Se
declara sin lugar el recurso. SL



8984-11. REENVÍO. EN CASOS DE UNA NUEVA DETERMINACION DEL HECHO, SE
CONSULTA SI LESIONAL EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. Consulta Judicial referente a los
artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal. Se plantea la consulta en ocasión de un recurso de
revisión, en donde el Tribunal consultante, pide a la Sala Constitucional que determine si los artículos
416 y 417 del Código Procesal Penal, en cuanto permiten ordenar el reenvío para una nueva
determinación de si el hecho se cometió y por quién, en el marco de un procedimiento de revisión,
vulneran el principio nom bis in idem, establecido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Señala la Sala, entre otras cosas, que El procedimiento de revisión implica que el
fallo pierde firmeza, cuando se admite la revisión de una sentencia condenatoria. La garantía no es la
sentencia firme, sino la imposibilidad de juzgar un hecho que se dilucidó con carácter de cosa juzgada,
pero esa condición no impide que bajo hipótesis restringidas, favorable a las garantías del encausado, la
sentencia firme deje de serlo, conforme a un procedimiento específico. El razonamiento de los
consultantes contiene un vicio esencial: se asume que la sentencia condenatoria es inamovible, a pesar de
que sea una condenatoria con vicios esenciales; el supuesto de la norma consultada consiste en la
derogatoria de la sentencia firme por violación de las garantías del acusado. En esta hipótesis, la nulidad
de la sentencia firme hace perder a ésta tal condición y, por este motivo, tampoco se conculcaría el Pacto
de San José. La misma Convención establece como supuesto la firmeza del fallo, y cuando ha sido
reenviado, tal supuesto no existiría, pues justamente se anula el fallo para el dictado de una nueva
sentencia. Se evacua la consulta en el sentido que los artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal no
violan el principio non bis in idem reconocido en los artículos 42 constitucional, 8.4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Evacuada.
8926-11. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega el recurrente que el
juez recurrido, prorrogó de la prisión preventiva sin fundamentación alguna. En este caso concreto, la
prorroga de la prisión preventiva decretada contra el recurrente, se encuentra fundamentada en que se
mantienen los elementos que originalmente se consideran para sostener en grado probabilidad de
participación del imputado en los hechos, ya que todos los acusados fueron detenidos en flagrancia por la
policía judicial, elemento que fue analizado por el juez y lo lleva a concluir la necesidad de dictar la
prisión preventiva, por lo que procede declarar sin lugar el recurso. Se cita el voto 9856-07. SL

8952-11. AUDIENCIA. NIEGAN CELEBRAR LA VISTA ORAL DENTRO DE LOS TRES
PRIMEROS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que el juez recurrido le
lesionó su derecho de defensa y, el principio de oralidad, por haberle negado celebrar la vista oral para
conocer su solicitud del cambio de las medidas cautelares. En este caso la Sala señala, con base las
precedentes jurisprudenciales reseñados, que no se le violentó su derecho a la defensa y que tratándose de
una gestión contextualizada dentro de los tres meses de vigencia de la medida cautelar de prisión
preventiva, resulta válido que el juez al menos pidiera la indicación algún elemento probatorio que
significara un cambio de circunstancias que dieron origen a la adopción de la medida privativa de
libertad. Se citan los votos 2011-8, 2007-3019, 2008-3923, 2008-16562, 2009-1975, 2010-4032, 2010-
16472, 2011-1605, 2010-6300. SL

8865-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO Alega la recurrente que al
amparado se le mantiene privado de libertad, a pesar de que la última prórroga de prisión preventiva
dictada en su contra venció el día 7 de junio y de que el Tribunal de Casación Penal anuló la sentencia
condenatoria y no dictó ninguna prórroga. En este caso consta que el amparado estuvo privado de libertad
sin fundamento en ninguna resolución de juez competente y sin existir sentencia condenatoria firme en su
contra, desde el 7 de junio de 2011, en que venció la última prórroga de prisión preventiva dictada en su
contra, hasta el día 30 del mismo mes, en que fue puesto en libertad por el Tribunal recurrido, lo cual
viola sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política. Es
deber de los Tribunales llevar un registro estricto de los imputados que se encuentran privados de libertad
y las fechas de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En consecuencia, procede
declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de daños y perjuicios, por cuanto el amparado fue
puesto en libertad. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios
ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8842-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACION. Manifiesta la recurrente que a su
representado se le decretó prisión preventiva de forma injustificada. Aduce que el Tribunal de Flagrancia
realizó audiencia de rebeldía, sustentado en la referencia sobre la diligencia fracasada de citación a juicio
a su representado. Indica que en dicha audiencia se discutió sobre la aplicación de la prisión preventiva en
contra del tutelado, sosteniéndose por parte del Ministerio Público que en el presente asunto existía una
presunción de fuga, pues no se tenía conocimiento actual de la situación domiciliar del tutelado. La
defensa del tutelado enfatizó en que nunca tuvo conocimiento de la cita enviada por la autoridad
jurisdiccional y que por ello no se hizo presente. En el presente caso concluye la Sala que la prisión
preventiva fue decretada por el peligro de fuga y debido a que el imputado no pudo ser localizado en el
domicilio que señaló en su declaración indagatoria, por lo que se dudó de su arraigo domiciliar. Se
declara sin lugar el recurso. SL

8631-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA Alega el recurrente que se dictó prisión
preventiva en contra del amparado sin realizarse audiencia oral ni notificarse a la defensa la resolución
que la ordenó. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado, con base en lo
dispuesto por el articulo 52 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente a los
efectos de condenar al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo.CL

8241-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DE PLAZO. Alega el recurrente que dentro
del proceso penal seguido a sus representados, se ordenó decretar prisión preventiva por el
plazo de veintidós días que vencía el 20 de mayo del 2011. No obstante, las autoridades
recurridas superaron el plazo establecido en el artículo 430 del Código Procesal Penal, por lo
tanto se encuentran detenidos de forma ilegitima. En el presente asunto estima la Sala que el
Tribunal suspendió la audiencia el día en que vencía el plazo máximo de quince días hábiles de
la prisión preventiva, sin que la suspensión y reanudación del debate se justificara mediante
una resolución fundada. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

11858-11 y 11966-11. JUEZ. UN MISMO JUEZ EN DIFERENTES FASES DEL PROCESO. En
estos casos hay sentencia condenatoria.


8411-11. SENTENCIA. OMISIÓN DE EXPEDIR COPIA IMPRESA DE LA SENTENCIA ORAL.
Acusa el recurrente que el Tribunal recurrido omitió la redacción por escrito de la sentencia condenatoria,
y fue sustituida por una resolución emitida en forma oral (entendiendo que su soporte material es el DVD
o cualesquier otro registro de audio y video que se utilice), lo que infringe el derecho a la defensa por
cuanto el amparado es una persona analfabeta y además porque el formato digital brindado por la
autoridad recurrida es incompatible con su sistema operativo, situación por la cual a la fecha no ha tenido
acceso al contenido de la resolución ni en forma escrita ni digital. Sobre las nuevas tecnologías utilizadas
en el Poder Judicial se cita la sentencia 17955-07. Para cumplir con estas exigencias, debe el Poder
Judicial suplir lectores de DVD en sus edificios, obligación que también tiene el Estado en general
cuando deba poner a disposición de los ciudadanos los medios para imponerse de las resoluciones
jurisdiccionales. En el caso de las sentencias, una vez que han sido notificadas y cuando por limitación
cultural o socioeconómicas, el imputado no puede revisarla en una computadora, el Estado está en la
obligación de garantizarle el acceso ya sea proveyéndole un lugar en el despacho para que la revise con su
defensor cuantas veces lo necesite, o bien mediante trascripción, en un plazo razonable. Particularmente
en el caso de los privados de libertad, el Ministerio de Justicia deberá suplir la forma en que ellos puedan
accesar al contenido de lo resuelto en las causas que se tramitan en su contra. (ver sentencia Nº
2009003117 de las quince horas y tres minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve). En este caso
concreto consta que la autoridad recurrida le informó a las partes que la sentencia iba a ser de manera
oral, y en ese momento ni el imputado ni su defensor público solicitaron la transcripción de la sentencia ni
aportaron un dispositivo de almacenamiento masivo. Al día siguiente el Tribunal recurrido le entregó a la
esposa del amparado un DVD que contiene la sentencia oral y copia completa del expediente,
posteriormente el recurrente solicitó una trascripción por escrito de la sentencia, sin justificar el motivo de
dicha gestión y también lo requirió en formato digital. Llama la atención a esta Sala que el recurrente en
este proceso justifica que la solicitud de la copia impresa de la sentencia se debe a que el amparado es
una persona analfabeta y que en el centro penitenciario no hay computadoras disponibles a los privados
de libertad, lo cual determina que su gestión resulta ilógica por cuanto de ninguna de las dos maneras le
sería factible al amparado imponerse del contenido de la sentencia. Ciertamente a veces el registro
audiovisual resulta inaccesible o inmanejable para muchas personas, especialmente para los privados de
libertad, personas discapacitadas o con un nivel bajo de educación y en virtud de ello, el Estado se
encuentra en la obligación de brindar los medios necesarios para que la parte sea notificada del contenido
de la resolución, en el respaldo en que se hubiere dictado, a fin de dar cumplimiento al principio de
acceso a la justicia. En todo caso, si una persona solicita y justifica que la sentencia le debe ser notificada
por escrito, así deberá procederse; sin embargo no es el caso del aquí amparado. Asimismo, el Tribunal
no se encuentra obligado en brindar una copia digitalizada de la sentencia en un formato compatible con
el equipo electrónico del recurrente, es por ello que el recurrente puede acudir al Tribunal en dicha hora y
fecha para tomar nota de la información que requiere para formular el recurso de casación que menciona.
Además, el retraso para obtener copia digital de dicha sentencia no es atribuible a la autoridad recurrida
sino a la propia inercia del recurrente, por cuanto desde el 10 de junio del año en curso se le indicó que
debía aportar un dispositivo de almacenamiento masivo para grabársela. Se declara sin lugar el recurso.
SL

7999-11.      PRISIÓN PREVENTIVA. PROBLEMAS CON EL AUDIO DURANTE LA
AUDIENCIA. Reclama la recurrente que los sistemas de audio de la audiencia oral para resolver la
prisión preventiva de sus defendidos fallaron y la recurrida dijo que si las partes estaban de acuerdo lo
haría por escrito, a lo que se accedió, pero acto seguido se limitó a decir que a los amparados se les
imponía ocho meses de prisión preventiva y ordenó a los custodios que los trasladaran a las celdas
judiciales. Agrega que ese acto lesiona los derechos de defensa de sus clientes, presentado el recurso de
apelación, aunque la jueza accionada niega que se haya limitado a decir solo el tiempo de la medida
cautelar, sino que se realizó una debida fundamentación y se hizo también por escrito. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL.
8000-11. PRISIÓN PREVENTIVA. RETRASO EN ENVIAR APELACIÓN AL TRIBUNAL.
Reclama el recurrente que dentro del proceso penal seguido a su representado se realizó la audiencia oral,
y a petición del fiscal, el juzgado recurrido le impuso al amparado la medida cautelar de prisión
preventiva por dos meses, los cuales vencen el primero de agosto del año en curso. Indica que interpuso
el recurso de apelación por considerar que la resolución carece de fundamentación; no obstante, a la
fecha no se ha enviado el expediente al Tribunal Penal. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la
libertad del imputado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de
lo contencioso administrativo. CL

8001-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VECIMIENTO DEL PLAZO. Menciona la recurrente que la
medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su representado venció, sin que se haya prorrogado
dicha medida. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado y al en lo personal al pago de
los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8088-11. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA AL CONCLUIR EL DEBATE. El recurrente alega
que el Tribunal recurrido revocó de forma automática la libertad de su defendido sin fundamentación
alguna. En este caso, de los hechos se desprende que la medida de prisión preventiva que se impugna, fue
dispuesta por el Tribunal en el acto final y conclusivo del debate, es decir, la sentencia, en la cual se
declaró al amparado responsable del delito de Lesiones Graves y Coacción en Concurso Material y se
impuso al amparado un total de tres años y seis meses de prisión. Tomando en cuenta que el artículo 364
del Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Sala, que indica que el dictado de una sentencia
condenatoria, aun cuando no se encuentre firme, resulta ser una nueva circunstancia a tomar en
consideración a efecto de revocar el beneficio de excarcelación, o bien, de ordenar la detención del
imputado, no observa este Tribunal violación a derecho fundamental alguno. Se declara sin lugar el
recurso. SL

8227-11. PRISIÓN PREVENTIVA. MENOR DE EDAD, SE ALEGA FALTA DE
FUNDAMENTACION. Alega el recurrente que el recurrido ordenó la prorroga de la detención
provisional del amparado, la cual carece de fundamentación. Establece que presentó apelación, pero se
le indicó que el expediente no había ingresado al Tribunal; y que no se h a realizado la audiencia oral. En
este caso, señala la Sala que si bien en materia penal juvenil es excepcional la medida de internamiento de
los menores, en este asunto la misma se encuentra debidamente fundamentada. Se declara sin lugar el
recurso. SL

8230-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Acusa el recurrente que aun cuando el
Ministerio Público no cumplió con la orden dada por el Juez Penal de presentar la acusación
penal, la autoridad recurrida procedió a prorrogar la medida cautelar en contra de los
amparados, sin ni siquiera justificar de forma alguna dicha omisión y además, sin fundamentar
esa prorroga. En este caso concluye la Sala que no se está ante una actuación carente de
fundamentación, ya que una cosa es la falta de motivación, extremo que debe ser tutelado en
esta vía a través del proceso de habeas corpus y, otra muy distinta, que no se compartan los
argumentos vertidos, aspecto este último que deberá ser discutido en la propia sede penal a
través de los recursos que establece la ley. Se declara sin lugar el recurso. SL


7999-11.      PRISIÓN PREVENTIVA. PROBLEMAS CON EL AUDIO DURANTE LA
AUDIENCIA. Reclama la recurrente que los sistemas de audio de la audiencia oral para resolver la
prisión preventiva de sus defendidos fallaron y la recurrida dijo que si las partes estaban de acuerdo lo
haría por escrito, a lo que se accedió, pero acto seguido se limitó a decir que a los amparados se les
imponía ocho meses de prisión preventiva y ordenó a los custodios que los trasladaran a las celdas
judiciales. Agrega que ese acto lesiona los derechos de defensa de sus clientes, presentado el recurso de
apelación, aunque la jueza accionada niega que se haya limitado a decir solo el tiempo de la medida
cautelar, sino que se realizó una debida fundamentación y se hizo también por escrito. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL.

8000-11. PRISIÓN PREVENTIVA. RETRASO EN ENVIAR APELACIÓN AL TRIBUNAL.
Reclama el recurrente que dentro del proceso penal seguido a su representado se realizó la audiencia oral,
y a petición del fiscal, el juzgado recurrido le impuso al amparado la medida cautelar de prisión
preventiva por dos meses, los cuales vencen el primero de agosto del año en curso. Indica que interpuso
el recurso de apelación por considerar que la resolución carece de fundamentación; no obstante, a la
fecha no se ha enviado el expediente al Tribunal Penal. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la
libertad del imputado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de
lo contencioso administrativo. CL

8001-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VECIMIENTO DEL PLAZO. Menciona la recurrente que la
medida cautelar de prisión preventiva impuesta a su representado venció, sin que se haya prorrogado
dicha medida. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado y al en lo personal al pago de
los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8088-11. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA AL CONCLUIR EL DEBATE. El recurrente alega
que el Tribunal recurrido revocó de forma automática la libertad de su defendido sin fundamentación
alguna. En este caso, de los hechos se desprende que la medida de prisión preventiva que se impugna, fue
dispuesta por el Tribunal en el acto final y conclusivo del debate, es decir, la sentencia, en la cual se
declaró al amparado responsable del delito de Lesiones Graves y Coacción en Concurso Material y se
impuso al amparado un total de tres años y seis meses de prisión. Tomando en cuenta que el artículo 364
del Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Sala, que indica que el dictado de una sentencia
condenatoria, aun cuando no se encuentre firme, resulta ser una nueva circunstancia a tomar en
consideración a efecto de revocar el beneficio de excarcelación, o bien, de ordenar la detención del
imputado, no observa este Tribunal violación a derecho fundamental alguno. Se declara sin lugar el
recurso. SL

7987-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Indica el recurrente que su
representado se encuentra privado de libertad ilegítimamente debido a que la medida cautelar de prisión
preventiva venció el cuatro de junio de este año, y fue prorrogada hasta dos días después. Se declara
CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado y al en lo personal al pago de los daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

7967-11. DETENCIÓN. RESEÑA REALIZADA POR EL OIJ. Alega el recurrente que pese a que
cumplió la orden de citación para rendir declaración ante la Fiscalía de Cañas - que le atribuye la falta de
acatamiento de una orden sanitaria impartida por el médico del Centro de Salud de Abangares- fue
trasladada a la Delegación del Organismo de Investigación Judicial, para realizar el diligencia de reseña,
procedimiento que es para las personas ya condenadas, y en su caso particular, aún no se ha dictado
sentencia alguna y además no cuenta con antecedentes penales. Señala la Sala que pese a no haberse
dictado sentencia, la reseña se hace con autorización de lo dispuesto en la Ley Orgánica el Organismo de
Investigación Judicial que en su artículo 40, que faculta a ese Órgano a llevar un archivo criminal que
cuenta con las fichas y documentos, debidamente clasificados, de todas las personas que en alguna
oportunidad han comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos
punibles ya sea de autoridades nacionales o extranjeras, pero a la vez le otorga a esa información, carácter
de confidencialidad, señalando que será para uso exclusivo del organismo y de las demás autoridades
judiciales que así lo requieran (ver en este sentido, la sentencia número 18425-06 de las diez horas con
seis minutos del veintidós de diciembre de dos mil seis.) . SL


7982-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SENTENCIA CONDENATORIA. El recurrente reclama que
se encuentra privado de libertad de forma ilegítima debido a que no se ha prorrogado su prisión
preventiva. En este caso consta que el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial
de Alajuela, estableció que lo procedente era rechazar la solicitud de prórroga de la prisión
preventiva formulada debido a que la sentencia contra el recurrente, ya adquirió firmeza en
cuanto a la condenatoria por el delito de robo agravado. Por consiguiente, se comprueba que la
privación de libertad del recurrente obedece a su condición de sentenciado, y lo que,
actualmente, se debate es sobre recalificación de los hechos calificados como lesiones leves
por el delito de tentativa de homicidio. Por consiguiente, se desprende que la privación de
libertad del recurrente se ajusta a derecho, dado que obedece al cumplimiento de una
sentencia condenatoria dictada por el Tribunal recurrido. Se declara sin lugar el recurso. SL
7985-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DE PLAZO Manifiesta el recurrente que
dentro del proceso penal se le impuso a la tutelada prisión preventiva por tres meses que
vencían el trece de junio del año en curso. Indica que la medida fue confirmada por el
Tribunal Penal, y a la fecha no ha recibido comunicación alguna por parte del Juzgado Penal
que prorrogue la prisión preventiva de la tutelada. Se declara con lugar el recurso, únicamente
en cuanto al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, pues se comprobó que la
recurrente estuvo detenida por dos días sin resolución que justificara la medida. CL

7783-11. COMISO. APLICACIÓN DEL COMISO EN CASOS DE CONDUCCIÓN TEMERARIA.
Consulta Judicial sobre la aplicación del artículo 110 del Código Penal en cuanto al delito de conducción
temeraria contemplado en el artículo 254 bis en el Código Penal. Se consulta si la aplicación del artículo
110 del Código Penal en cuanto al delito de conducción temeraria contemplado en el artículo 254 bis en
el Código Penal, infringe los artículos 39, 40, 45, 50 y 56 de la Constitución Política y los artículos 17 y
21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las normas señalan que el comiso es una
figura sancionatoria de aplicación facultativa por parte del juzgador. Actualmente con la aplicación de las
reformas a la Ley de Tránsito, en los delitos de peligro, se puede utilizar por parte de los juzgadores, el
comiso del vehículo del infractor. Se consulta si la aplicación del comiso puede ser una violación al
derecho de propiedad privada, además se ha convertido en una pena accesoria, que estiman
desproporcionada y violatoria de varias normas constitucionales y de la Convención. Se evacua la
consulta en el sentido que es inconstitucional la aplicación automática del artículo 110 del Código Penal
relativo al comiso, al delito de conducción temeraria establecido en el artículo 254 bis del Código Penal.
Evacuada


7782-11. IMPUTADO. ESPOSADO DE PIES Y MANOS DURANTE EL TRASLADO. Acusa el
accionante que fue llevado a una audiencia en un caso penal que se lleva en su contra y, que fue
encadenado de pies y manos durante el trayecto y una vez que terminó la audiencia, también fue atado, lo
que le pareció sumamente denigrante y violatorio de sus derechos fundamentales. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese a todas las partes.- La
Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Castillo Víquez salvan el voto y declaran con lugar el
recurso. SL

7784-11. AUDIENCIA. LIMITACION DEL EJERCICIO DE LA DEFENSA. El recurrente acusa
que en la audiencia oral, en que se conoció y resolvió el recurso de apelación planteado por la defensa
técnica del amparado en contra del auto de prisión preventiva, no se le otorgó la posibilidad de exponer
sus alegatos, en infracción del derecho de defensa y el debido proceso. Se indica que este Tribunal
Constitucional, ha destacado la trascendencia de las audiencias orales como una forma de protección
ciudadana y como un instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente de los intereses del
acusado, pues, por medio de la oralidad, se pueden hacer efectivos los principios esenciales que rigen el
proceso penal, tales como el acusatorio, el contradictorio y la inmediación de la prueba, y se potencia, en
definitiva, el derecho de defensa. De allí, que ante la eventual imposición o impugnación de una medida
cautelar de prisión preventiva, adquiere indudable importancia la realización de la audiencia oral, a fin de
asegurarle al imputado y a su defensa técnica la posibilidad de argumentar, rebatir, preguntar y
repreguntar -como plena garantía para el ejercicio de su derecho de defensa-, y permitirle, además, tener
contacto con el juez que ha de resolver sobre uno de sus bienes de mayor valía, como lo es la libertad. En
este caso en particular, se tiene por acreditado que el Tribunal recurrido no le otorgó la palabra a la
defensa técnica para que expusiera y desarrollara sus alegatos en cuanto al fondo de su apelación, en su
lugar, lo que hizo fue resolver la impugnación planteada. Con lo que se verifica que, durante la referida
audiencia, se limitó indebidamente el ejercicio efectivo de la defensa técnica en perjuicio del amparado.
Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se anula el Voto No. 155-2011
dictado por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica a las 16:55 horas del 1
de junio del 2011 por violación al derecho de defensa. Se ordena al Juez Coordinador del Tribunal de
Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, que fije una audiencia oral para que el defensor
del amparado exponga los motivos del recurso de apelación interpuesto. CL

7467-11. MENOR DE EDAD. DETENCIÓN PROVISIONAL. Manifiesta el recurrente que el
amparado se encuentra privado de libertad con la medida de detención provisional desde el
dos de julio de dos mil diez. Señala que el Tribunal recurrido rechazó la última solicitud de
prórroga de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público, indicándose que se
encontraba firme la declaratoria de culpabilidad. Indica que en el proceso penal juvenil no
existe fijada ninguna sanción penal en contra del amparado. Se declara sin lugar el recurso por
cuanto existe sentencia en contra del menor. SL

7446-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACIÓN Y CONDICIONES DE DETENCION.
Reclama el recurrente que fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial debido a
una supuesta orden de captura en su contra, fue trasladado a las cárceles de los tribunales de justicia y
allí fue sometido a agresiones y torturas por los funcionarios judiciales. Además, se dictó prisión
preventiva en su contra por el plazo de quince días, en una causa penal que desconoce y se le mantuvo
durante dos días más en los calabozos de los Tribunales, hasta que se ordenó su traslado al Centro de
Atención Institucional. En este caso, la Sala verificó que el en caso concreto, el amparado presentó un
comportamiento agresivo por lo que fue necesario el uso de la fuerza física por parte de los oficiales del
Organismo de Investigación Judicial para reducirlo y lograr su detención. Sobre la detención, se indica
que el acusado fue detenido sin orden judicial, debido a que se trataba de una de flagrancia, tal y como lo
faculta el artículo 235 del Código Procesal Penal y dentro del plazo de veinticuatro horas que determina el
artículo treinta y siete de la Constitución Política, el amparado no sólo fue puesto a la orden del Tribunal
de Flagrancias de Heredia sino que casi en forma inmediata a su aprehensión, el Ministerio Público le
informó al recurrente el motivo de su detención y sus derechos y se ordenó prisión preventiva en contra
del recurrente por el plazo de quince días hábiles. Finalmente en cuanto a que se le mantuvo detenido dos
días en los calabozos de los Tribunales de Heredia, hasta que se ordenó su traslado al Centro de Atención
Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, de conformidad a lo informado bajo juramento, la Sala
justifica que el caso se encuentra debidamente motivado debido a que no se puede trasladar un indiciado
a un centro de prisión en horas de la noche por razones administrativas por cuanto el funcionario de
adaptación social debe buscar un espacio, siendo que la permanencia del amparado fue de cuarenta y ocho
horas aproximadamente, lo cual no resulta desproporcionado y no consta que las condiciones en la que
estuvo privado de libertad en dichas celdas no cumplan con las exigencias mínimas establecidas. Se
declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. SL

7453-11. PRISIÓN PREVENTIVA. IMPUESTA EN SENTENCIA CONDENATORIA. La
recurrente reclama que el Tribunal colegiado recurrido, -que impuso pena de seis años de cárcel y decretó
la prisión preventiva contra el amparado-, estuvo integrado por un miembro suplente. Asimismo acusa
que por resolución unipersonal de ese tribunal, se denegó el cambio de medida, lo que estima lesiona sus
derechos fundamentales. En segundo lugar reclama que la medida cautelar privativa de libertad carece
de la fundamentación necesaria, pues según su dicho, no se tomó en cuenta las garantías ofrecidas. Por
último reclama la violación al principio de igualdad, toda vez que la prisión preventiva fue dictada
solamente contra el amparado, a pesar de que al coimputado se le impuso 3 años de prisión y se le
concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Sobre la integración del tribunal de juicio, es
una disconformidad que debe plantearse ante el Despacho Judicial que tramita la causa, por ser su
competencia resolver si el juez suplente debía o no inhibirse -como parece sugerir la recurrente-. En
cuanto al reparo que hace la recurrente en relación con la constitución de uno solo de sus miembros del
tribunal que resuelve la solicitud de cambio de medida cautelar, ello se hace al tenor de lo establecido en
el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no constituye ningún vicio procesal, lo que lleva
a descartar las violaciones acusadas por la recurrente. Respecto a la falta de fundamentación de la
resolución que deniega solicitud de cambio de medida cautelar, consta que el Tribunal recurrido
fundamentó debidamente los motivos por los cuales impuso la prisión preventiva por seis meses más del
sentenciado. En cuanto a la violación al principio de igualdad, por cuanto la medida cautelar cuestionada,
no se aplicó al otro coimputado, señala la Sala que la situación procesal es individual y personalísima. El
hecho que se tramite en contra de varias personas un mismo proceso penal, no es motivo suficiente para
suponer que deba dictárseles idénticas medidas cautelares, pues su imposición depende de la situación
específica y particular de cada imputado. SL

7457-11. DETENCIÓN. POR ERROR, NO EXISTIA ORDEN VIGENTE. Alega la recurrente que
su representado fue privado de su libertad de forma ilegítima, y a pesar de que se había ordenado su
libertad, el Juez tramitador ordenó su captura. En este caso estima la Sala que el amparado fue detenido
por un error, pues no existía orden vigente de captura en su contra ni resolución judicial que así lo
ordenara, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL
7451-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA. La recurrente alega que las
autoridades del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, además de decretar la rebeldía
del tutelado y ordenar su inmediata detención por no presentarse al debate programado para esa fecha, le
impusieron una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un mes sin que, de previo, se le
otorgara audiencia alguna para ejercer su derecho de defensa. No obstante, este Tribunal Constitucional
no estima que dicha actuación del Tribunal haya vulnerado los derechos fundamentales del interesado. En
primer término, debe de observarse que los juzgadores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 329 del
Código Procesal Penal, cuentan con la potestad - durante la etapa de juicio-, de ordenar la prisión
preventiva del encausado -aún cuando no medie solicitud expresa del Ministerio Público-, a efecto de
asegurar la realización del debate. Por otra parte, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que,
para la imposición de dicha medida cautelar, concretamente, cuando se ha decretado, de previo, la
rebeldía del imputado -tal y como aconteció en el caso concreto, según lo acreditado en autos-, no se
requiere el otorgamiento de audiencia previa. Finalmente se acusa que las autoridades no han resuelto un
recurso de revocatoria que formuló contra la resolución impugnada y un escrito que presentó a efecto de
justificar la inasistencia del interesado al debate. Sin embargo, esta Sala no estima que lleve razón la
recurrente en su alegato. Esto, ya que, de la prueba allegada a los autos se desprende, que para la fecha y
hora en la que la recurrente formuló el presente recurso de hábeas corpus, aún no había transcurrido un
plazo excesivo o irrazonable a efecto que las gestiones referidas hubieran sido conocidas y resueltas por
el Tribunal. SL

7392-11. REENVÍO. JURISPRUDENCIA DE LA SALA TERCERA Y LOS TRIBUNALES DE
CASACIÓN. El accionante acusa que la jurisprudencia emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia, y los Tribunales de Casación Penal, donde establecen el reenvío del proceso para efectos de
determinación de la pena, es inconstitucional, ya que vulnera varios principios constitucionales, entre
ellos, el principio de legalidad, el principio de independencia del juez, el principio del contradictorio e
inmediación de la prueba, entre los más destacados. Cuestiona el accionante que con el criterio vertido
por la Sala Tercera en su jurisprudencia, se obliga a los Jueces de Juicio a fijar ineludiblemente una pena
en contra del imputado, aunque consideren que es inocente y no hayan estado durante el contradictorio.
Además, considera el accionante que dicha jurisprudencia obliga al Juez de Juicio que conoce el reenvío a
circunscribirse exclusivamente a fijar una pena, sin poder las partes debatir otros aspectos relativos a la
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En ese sentido, es preciso indicarle al accionante que ya este
Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre estos mismos alegatos en anteriores casos, se cita
el voto 5507-00, en donde se indica que en estos casos, la discusión está limitada a los aspectos que
tengan que ver con la individualización de la pena, porque el fallo se mantiene incólume en los demás
extremos, lo cual no infringe el principio de independencia del Juez, ya que el órgano superior no le fija al
inferior en qué términos debe determinar la pena, o cuál es la pena que corresponde imponer en el caso
concreto, sino que únicamente le indica que debe pronunciarse nuevamente sobre la misma por carecerse
de la debida fundamentación en un principio. Según se dijo en el precedente citado, existe la posibilidad
de evacuar toda la prueba que el juez y las partes estimen necesaria para la discusión; sin embargo, ello
no significa que se pueda abrir la discusión de nuevo en relación con la tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad ya establecidas con anterioridad, pues es obvio que si el fallo se anuló sólo en lo
concerniente a la individualización de la pena, la discusión no puede versar sobre otros tópicos, ya que de
otra manera se estaría vulnerando el principio del ―non bis in idem‖, pues ya el juicio sobre los demás
puntos se encuentra firme. RF


7407-11. PRISIÓN PREVENTIVA. PRORROGA DE OFICIO. Alega la recurrente que la autoridad
recurrida prorrogó la prisión preventiva en contra del amparado, a pesar, de que el representante del
Ministerio Público no se presentó a la audiencia oral en la cual se iba a conocer la prórroga de la prisión
preventiva. Si bien es cierto que esta Sala ha considerado que las prórrogas de medidas cautelares
dictadas oficiosamente son ilegítimas, lo cierto es que se trata de prórrogas dictadas sin existir una
solicitud al respecto por parte del Ministerio Público, en etapas procesales distintas a la de juicio, en que
la situación es diversa, e incluso, como en este caso, en que se ha señalado fecha para la realización del
debate. Sobre el tema se cita la sentencia 2992-05. Se declara sin lugar el recurso. SL

7427-11. IMPUTADO. SE LE NIEGA COPIA ESCRITA DE LA SENTENCIA. El recurrente
estima lesionado su derecho de defensa, por cuanto indica haber solicitado copia escrita al Tribunal
recurrido de su sentencia condenatoria para presentar recurso de casación, lo cual no ha logrado a la
fecha. En este caso consta que se ofreció al imputado y su defensor, una copia digital de la sentencia oral
aportando un dispositivo de almacenamiento masivo, lo que no atendió ninguno de los dos. Sobre este
tema se cita el voto 3117-09, en dicho pronunciamiento la Sala también indicó que la práctica judicial, de
omitir la redacción de la sentencia documento, sustituyendo éste por una resolución emitida en forma oral
no es contraria al principio de legalidad, ni contraria a ningún derecho constitucional, o convencional,
siempre y cuando se suministre a la parte el registro audiovisual en DVD, o en cualquier otro medio que
permita la reproducción de ese registro y se le provea, en las instalaciones del Poder Judicial, de los
medios necesarios para accederla, en caso de que no cuente con los recursos propios para ello. Como lo
hizo en este caso la autoridad recurrida, que gestionó el traslado del amparado el día 6 de junio pasado al
Tribunal, donde le facilitó una computadora que pudo reproducir la sentencia oral y así, tomar las notas
necesarias. También es cierto que la Sala ha señalado, que en los casos en que la persona solicite y
justifique que la sentencia le debe ser entregada por escrito, o con utilización de otras formas, así deberá
procederse cuando las circunstancias propias así lo exijan para no lesionar el principio de defensa. Sin
embargo, no consta en el presente caso que la autoridad recurrida le haya impedido al amparado ejercer
su derecho de defensa, ni de acceso a dicha sentencia. SL

7406-11. DEFENSOR. CAMBIO DE DEFENSOR. Manifiesta el recurrente que dentro del proceso
penal que se le sigue a su representado, se le concedió la libertad condicional. Acusa que su defensor fue
separado de la defensa, ya que por razones de salud no se podía presentar a una audiencia, esto, pese a la
oposición del amparado, y le otorgó un plazo de tres días para que nombrara otro abogado de su
confianza. Del análisis del caso no se observa que se esté quebrantando el derecho a la libertad del
amparado. En este sentido, si el aquí recurrente, su defensor, no puede asistirlo en la audiencia de control
y seguimiento del beneficio de la libertad condicional, que de acuerdo con su competencia ha dispuesto
realizar el juzgado recurrido, es razonable y válido que éste le prevenga que nombre un nuevo defensor de
su confianza, y en caso de omisión, lo procedente es que le asigne uno de oficio, para que ejerza la
defensa técnica del tutelado. En consecuencia, no es arbitrario el procedimiento seguido por el
accionado, al requerirle al amparado que señale un nuevo abogado, dado que eso cumple el derecho de
defensa y por otra parte, tampoco es ilegítimo que en caso de negativa del sentenciado, el Juzgado le
nombre uno para que vele por ese derecho del amparado. SL


7111-11. DETENCIÓN. POR MAS DE VEINTICUATRO HORAS. Manifiesta el recurrente que
su representado fue detenido en la vía pública y llevado a su casa de habitación, y
seguidamente fue esposado y mantenido incomunicado por funcionarios de la Sección de
Fraudes del Organismo de Investigación Judicial. Alega que fue trasladado esposado a las
celdas del Segundo Circuito Judicial de San José. Reclama que no contaba con la
designación de un defensor público, y sus familiares fueron informados en la Oficina de
Cárceles y por la Defensa Pública, de que no se cuenta con la posibilidad de asignarle un
defensor hasta tanto no fuera puesto a la orden de una autoridad jurisdiccional, con lo cual se
violentó su derecho constitucional a no permanecer detenido por más de veinticuatro horas e
incomunicado por más de cuarenta y ocho. Se declara sin lugar el recurso. En cuanto a las
condiciones del tutelado durante de las diligencias del allanamiento deberá estarse el
recurrente, a lo resuelto por ésta Sala en la resolución número 2011-006361 de las catorce
horas y cuarenta y cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil once. SL

7159-11. DETENCIÓN. POR MENOS DE VEINTICUATRO HORAS Reclama el recurrente que
los amparados se hicieron presentes en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial.
Menciona que cuando los amparados ingresaron al edificio fueron detenidos, y esposados y
luego fueron pasados a unos calabozos. Afirman que el amparado estuvo detenido durante
diecisiete horas, sin ser indagado, y sin que se le hubiese nombrado un defensor y sin que se
le permitiera realizar una llamada telefónica. Agregan que posteriormente, se dictó prisión
preventiva en contra del amparado sin justificación, pues no existen pruebas o indicios en su
contra y tampoco existe peligro alguno. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7052-11. DETENCIÓN. ORDEN DE CAPTURA. Indica el recurrente que fue detenido por oficiales
del Organismo de Investigación Judicial, con fundamento en una orden de captura que ya había sido
dejada sin efecto. En este caso concluye la Sala que la detención del amparado se basó en una orden de
captura que no se encontraba vigente, debido a la omisión por parte del Tribunal Penal de informar al
Archivo Criminal sobre su decisión de dejarla sin efecto, razón por la cual se declara con lugar el recurso.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se advierte
a los recurridos que no deberán incurrir en los actos u omisiones que dieron lugar a esta declaratoria. CL
7067-11. MENOR DE EDAD. PRORROGA DE DETENCIÓN. Establece el recurrente que el
amparado, quien es menor de edad se le impusieron dos meses de detención provisional, por
desobediencia a la autoridad e incumplimiento de medidas cautelares impuestas en su contra y en
resguardo de su madre. Estima que la privación de libertad es ilegítima, pues a pesar de que se alega la
existencia de peligros procesales, no es un peligro procesal que el amparado pueda conciliar con la
víctima; además dado que tiene catorce años, no puede exigir tener un domicilio alternativo. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7102-11. PRISIÓN PREVENTIVA. NO SE ACATA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA POR
TRIBUNAL SUPERIOR. Manifiestan los recurrentes que dentro del proceso penal que se sigue a sus
representados, quienes son extranjeros, el Tribunal Penal recurrido dispuso el arresto domiciliario y para
ello, debían adquirir y señalar un domicilio que estuviera en San José, entre otras medidas cautelares
que fueron fijadas. No obstante, representantes del Ministerio Público, Policía Judicial, de la
Dirección de Inteligencia y Seguridad, del Ministerio de Seguridad Pública, y la prensa, se dieron a la
tarea de intimidar y coaccionar a las arrendantes y a los demás condóminos del lugar que encontraron,
con el fin de que se retractaran del arrendamiento. Alegan que a la fecha ellos han cumplido con todas
las disposiciones de la resolución y acusa que el Juzgado Penal ha hecho caso omiso, de manera que los
amparados siguen injustamente encarcelados en Máxima Seguridad de La Reforma, por cuanto el Juez
Penal de Pavas, desacatando la disposición del Tribunal y atendiendo solicitudes improcedentes del
Ministerio Público y del Ministerio de Seguridad Pública, no ha ordenado el traslado correspondiente.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado
Castillo Víquez salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Armijo pone nota. SL

7078-11. DETENCIÓN. CAPTURA ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Manifiesta el
recurrente que el Ministerio Público giró una orden de captura y presentación en su contra, sin haber
agotado las vías administrativas para su localización. Afirma que lo correcto para impulsar la querella era
que el fiscal agotara los medios para su localización y no que girara la orden de detención. Concluye la
Sala que el Ministerio Público está facultado por ley para hacer comparecer a las personas, con fines
procesales, y para utilizar, de ser necesario, el auxilio de la Fuerza Pública. Además fue necesario
disponer la captura, dado que fue imposible localizar al recurrente. Se declara sin lugar el recurso. SL

7079-11. DETENCIÓN. POR MAS DE VEINTICUATRO HORAS. Alega la recurrente que
dentro de las causas penales que se le siguen a su representado fue declarado rebelde y se
giró orden de captura en su contra. Indica que el amparado fue detenido y puesto a la orden
del Tribunal Penal de Gúapiles, el cual puso en conocimiento a la defensa de dicha causa,
contestando dicha audiencia y solicitando la realización de una vista para extender sus
alegatos. Agrega que hasta las 07:30 horas del 16 de mayo de 2011, el Organismo de
Investigación Judicial puso al detenido a la orden del Tribunal por una de las causas y ese día
se le notificó sobre su detención, es decir, que por esta causa el tutelado estuvo detenido por
más de sesenta y nueve horas sin ser puesto a la orden del despacho correspondiente para
que resolviera su situación jurídica. En este caso concluye la Sala que el amparado ya estaba a
la orden del juez a partir de la resolución que decretó su rebeldía, por lo expuesto procede
declarar sin lugar el recuso. SL

7077-11. PRISION PREVENTIVA. AUDIENCIA NO ES NECESARIA CUANDO SE DECRETA
LA REBELDÍA. Reclama el recurrente que en contra de la tutelada se decretó prisión preventiva por el
plazo de tres meses pues había sido declarada rebelde. No obstante, el día antes del dictado de esa medida
la amparada había actualizado el dato de su domicilio. Acusa que esa medida cautelar se dictó sin que se
realizara una audiencia oral y sin que se convocara a la defensa para ese efecto. No obstante, conforme ha
sostenido este Tribunal, no resulta necesario realizar una audiencia oral para decretar la prisión preventiva
del imputado que ha sido declarado rebelde. Se cita el voto 3399-11. Se declara sin lugar el recurso. SL


6806-11. IMPUTADO. NO LE QUITAN ESPOSAS EN AUDIENCIA. Acusa el recurrente que
antes de que iniciara la audiencia solicitada por el Ministerio Público, funcionarios de las celdas
informaron que carecían de personal para trasladar y custodiar en la audiencia al amparado, de
tal manera que sólo si el tribunal autorizaba hacerlo con esposas en pies y manos se haría,
aunado a que se trataba de una persona que según ellos es bipolar y violenta; gestión que fue
autorizada por el juez recurrido, que no permitió que se removieran los instrumentos de
seguridad al amparado durante la audiencia, sin fundamentar el juzgador sus razones, pese a
que el amparado se encontraba enfermo y pasivo. Con base en las consideraciones dadas en
la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

6618-11. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS. Alega la recurrente que en la causa penal que se le
siguió el Juzgado recurrido, les impuso un impedimento de salida del país por un plazo de seis meses.
Indica que tal medida ya no está vigente; pero se les impidió viajar al exterior porque aún estaba anotado.
En el presente caso concluye la Sala que al haberse omitido enviar los levantamientos de impedimento de
salida del país de las imputadas en el momento oportuno, fue lo que generó que se les impidiera salir del
país; no obstante el Despacho recurrido dispuso que de inmediato se levantara el impedimento. Se
declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con
los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. CL

6758-11. IMPEDIMENTOS DE SALIDA DEL PAÍS. A PESAR DE HABER SIDO INDULTADA
Alega la recurrente que a pesar de que el dieciséis de diciembre del dos mil nueve recibió el beneficio del
indulto y que gestionó ante un Juez Penal, que se eliminaran sus antecedentes del Registro de
Delincuentes y se quitara cualquier impedimento de salida del país, el diecinueve de abril de este año,
oficiales de migración le indicaron que no podía salir del país debido a un impedimento de salida dictado
en su contra. En este caso, se constata que la amparada fue privada de su libertad de tránsito por un error
en la gestión del levantamiento de la medida de impedimento de salida del país, motivo por el cual
procede declarar con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Justicia y Paz, que gire las órdenes
necesarias y tome las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y de sus
competencias para que la Jefatura de Cómputo de Penas, del Instituto Nacional de Criminología,
comunique todos los casos de indulto al despacho judicial que haya dictado la sentencia condenatoria en
cada caso concreto, y a la Dirección General de Migración y Extranjería, con el fin de ponerlos en
conocimiento de la situación legal actual de los beneficiados. CL


6616-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO Alega el recurrente reclama que se ha procedido
a dictar prisión preventiva en contra de su representado, a pesar de que ha presentado prueba que descarta
el peligro de fuga. Esta Sala no puede sustituir al juzgador en la valoración de la prueba ni es una
instancia más en el proceso penal, pues para el juzgador el hecho de que el proceso tenga fecha para
celebración de juicio fue una circunstancia que valoró para estimar que las pruebas aportadas no incidían
en su ánimo para ordenar la libertad. También se tuvo en cuenta que en su pronunciamiento se indicaron
los peligros procesales, tales como que en el caso se trata de un asunto contra menor de edad, quien fue
amenazada por el acusado; que el tener un domicilio no sustituye el peligro de amenazas contra testigos,
ya que le dijo a una de ellas que las iba a matar (obstaculización); que los elementos de probabilidad del
hecho se hacen patentes con la elevación a juicio y en libertad podría evadir la acción de la justicia, en
virtud de que el juicio se celebrará el 22 de julio de 2011. Por ello, determinar si valoró bien o mal
aquellas probanzas no es tarea de este Tribunal, máxime que no se evidencia un craso error en la
apreciación judicial. En todo caso, es a la instancia del Tribunal Superior que le compete esta actividad
mediante los recursos que le otorga el ordenamiento al recurrente. Se declara sin lugar el recurso. SL


6617-11. CASACIÓN. MORA JUDICIAL Y CAMBIO DE JUECES EN LA VISTA Y EN LA
DECISIÓN FINAL. Alega el recurrente, formuló recurso de casación y se le concedió la vista para
marzo de 2011; sin embargo, hasta 2 meses después, se resolvió rechazar la casación interpuesta, lo que
considera dilación del recurso. Asimismo, se resolvió con otro juez distinto al que conoció en la vista
oral, por lo que considera, no se dio inmediación de la prueba. Sobre la violación al principio de justicia
pronta y cumplida se indica que consta que el Tribunal ha actuado de manera garante, célere y oportuna,
además del respeto a los derechos fundamentales del amparado. En cuanto a la intervención de los jueces
en la vista, y en la toma de la decisión final en el caso concreto, se cita el voto 6681-96 y se afirma que
consta que en la audiencia oral no hubo recepción de prueba testimonial o de otra índole que significara,
que la distinta integración del Tribunal lesionara el principio de inmediación o la oralidad. SL


6620-11. EXTRADICIÓN. VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.
Refieren los recurrentes que el plazo de la detención excede los plazos legalmente establecidos. En este
caso la Sala descarta la lesión a los derechos fundamentales de los amparables debido a que los procesos
de extradición son diferentes a los procesos penales nacionales y se rigen por reglas diversas. Se declara
sin lugar el recurso en cuanto a la lesión a la libertad de los amparables. En cuanto a la lesión al artículo
41 de la Constitución Política del tutelado debe estarse a lo resuelto en la resolución 2011-00410 de las
once horas y cuarenta y cinco minutos del catorce de enero del dos mil once. En cuanto a la tutelada se
rechaza de plano el recurso por violación al artículo 41 de la Constitución Política. El Magistrado Castillo
Víquez salva el voto, conforme lo indica en el penúltimo considerando de esta sentencia. SL

6801-11. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN. VENCIMIENTO DE PLAZO. Menciona el recurrente
que a su representado se le prorrogó la prisión preventiva por nueve días, por cuanto el debate
se suspendió hasta el día once de mayo y se le brindó un plazo de ocho días para presentar,
una apelación de un dictamen médico legal. Alega que la prisión preventiva vencía el
veintinueve de abril, día en que también vencían los quince días del procedimiento expedito de
flagrancia, pero el Tribunal, sin sustento legal, prorrogó la privación de libertad. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6800-11. MEDIDAS CAUTELARES. NIEGAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR .Alega el
recurrente que al amparado se le impuso quince años de prisión por considerarlo responsable de tres
delitos de penalidad del corruptor, por lo que se le decretó por primera vez prisión preventiva, por el
término de dieciocho meses. Acota que ante el Tribunal recurrido presentó una solicitud de modificación
de la medida cautelar; sin embargo, el Tribunal rechazó las gestiones de la defensa. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Voto salvado de la Magistrada
Calzada.

6756-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Reclama el recurrente que el amparado
permanece detenido de manera ilegítima desde el doce de mayo del dos mil once, sin una resolución
jurisdiccional que justifique la restricción de su libertad. La Sala Constitucional en la sentencia No. 2009-
16295 de las 15:02 hrs. de 21 de octubre de 2009 se pronunció respecto de un asunto similar al que aquí
ocupa, considerándose que la actuación de la autoridad recurrida no lesiona la libertad personal del tutelado ni
el Derecho de la Constitución, en la medida en que ya existe certeza sobre el juicio de reproche que cabe
atribuir al actor por los delitos aludidos, quedando pendiente únicamente determinar el monto de la pena. Se
declara sin lugar el recurso. SL

6408-11. PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que
los amparados se mantienen ilegítimamente privados de su libertad, por cuanto el Tribunal
recurrido declaró con lugar la apelación interpuesta por la Fiscalía y ordenó la prorroga de la
prisión preventiva de sus representados por espacio de un mes, con vencimiento el 07 de mayo
de 2011.Indica que la resolución carece de la debida fundamentación pues únicamente se
refiere al indicio comprobado y no a los peligros procesales. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6409-11. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Acusa el recurrente falta
de fundamentación de la resolución oral emitida por el Juzgado Penal recurrido que prorrogó
en contra del amparado la medida cautelar de prisión preventiva, por cuanto en su contra solo
existe una simple sospecha y no existe prueba alguna que determine o justifique tal prórroga.
Indica además, que su defensor planteó una recusación, la cual el mismo juez resolvió en la
audiencia oral. Se analiza la oralidad en el proceso penal y con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

6406-11. PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que
dentro del proceso penal que se sigue en su contra se le impuso una medida de prisión preventiva por el
plazo de tres meses. Menciona que durante todo el proceso, ha presentado múltiples elementos
probatorios para acreditar su arraigo laboral, domiciliar y familiar en Costa Rica y, de esta manera,
desvirtuar el peligro de fuga, inicialmente, alegado por la Fiscalía. Asimismo, indicó que ha aportado
información sobre la verdad de los hechos acusados y lo atinente a su no participación en éstos. Acusó,
que a pesar de lo anterior los recurridos han prorrogado su prisión preventiva, sin motivar,
suficientemente, sus resoluciones. Se declara sin lugar el recurso. SL

6410-11. REBELDÍA. SE DECRETA REBELDÍA POR NO ASISTIR AL DEBATE. Manifiesta el
recurrente que el despacho recurrido dicto en contra del amparado resolución decretando su
rebeldía y orden de captura por su inasistencia al debate. Indica que en la audiencia oral se
aportó un documento debidamente extendido por un médico, que acreditaba la incapacidad
física de su representado, estableciéndose su incapacidad física entre esa fecha al diecisiete
de abril. Indica que si bien es cierto dicho documento era de carácter provisional y fue
extendido por el médico tratante, el Tribunal optó por decretar la rebeldía y captura de su
representado, pero indicando que una vez aportado el certificado médico debidamente
timbrado, debía resolverse nuevamente sobre la rebeldía. Alega que una vez concluida la
audiencia oral de ese día, en forma inmediata aportaron el respectivo certificado médico, sin
embargo, sin razón alguna, el Tribunal omitió revocar la rebeldía de inmediato. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6562-11. PRUEBA. NO SE HACE EXAMEN PSIQUIATRICO SOLICITADO. Alega el recurrente
que por orden de la Fiscalía recurrida fue detenido en virtud de una denuncia en su contra por estafa.
Afirma que la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de San José prisión preventiva de tres meses que
iniciaban el veintiséis de febrero de dos mil once. Indica que el día de la indagatoria con la defensa
presente, se solicitó a la Fiscalía un examen mental obligatorio, pues tiene expediente psiquiátrico abierto
en el Hospital Tony Facio de Limón, sin embargo no se ordenó. Alega que el veinticinco de abril pasado
se le hizo un recordatorio a la Fiscalía en relación con dicho examen, pero a la fecha tampoco se ha hecho
nada al respecto. Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada Miranda salva el voto, conforme
lo indica en el último considerando de esta sentencia. SL



6350-11. MEDIDAS ALTERNATIVAS. DIRECTRIZ DE LA PROCURADURÍA EN PROCESOS
PENALES. Acción de Inconstitucionalidad contra de las instrucciones o circulares verbales de la
Procuraduría General de la República que rechazan la aplicación de medidas alternativas en las causas
penales por conducción temeraria, delitos contra la autoridad pública e infracción a la Ley de Armas. Las
directrices se impugnan en cuanto restringen en forma absoluta la posibilidad de aplicar medidas
alternativas, tales como la suspensión del proceso a prueba, la reparación integral del daño y la
conciliación, en los delitos de conducción temeraria, los cometidos contra la autoridad pública e
infracciones a la Ley de Armas. Señalan que la determinación de la política criminal del Estado compete
al Poder Legislativo a través de las leyes, de forma que si dentro de los principios y garantías procesales
se encuentra la solución del conflicto y el restablecimiento de los derechos de la víctima, el rechazo
absoluto a cualquier medida alternativa constituye una interpretación irrazonable, desproporcionada y
restrictiva de la política criminal del Estado que atenta contra la libertad del imputado, el debido proceso,
la tutela judicial efectiva y el principio de justicia pronta y cumplida. Las soluciones alternativas están
orientadas a la restauración y reparación del daño, evitan la persecución y la imposición de la pena
privativa de libertad, así como responden a las tendencias internacionales de reparación a favor de la
víctima, que buscan un equilibrio entre el daño, la capacidad de cumplir con la reparación y el delito.
Además, consideran que se violenta el principio de igualdad, dado que los tribunales de flagrancia han
hecho arreglos en más de 1500 casos sin la intervención de la Procuraduría, en causas por los mismos
delitos. Refieren que las directrices de la Procuraduría no se encuentran fundamentadas, como debe estar
cualquier acto administrativo, no están plasmadas en forma escrita y no han sido publicadas, por lo que se
causa indefensión. Refieren que particularmente, en el delito de conducción temeraria, por ser un delito
contra la seguridad común, la Procuraduría carece de legitimación procesal expresa para actuar como
víctima. Se declaran CON LUGAR las acciones acumuladas. En consecuencia se anulan las instrucciones
giradas por la Procuraduría General de la República, que limitan en forma absoluta la posibilidad de
negociar salidas alternativas en los procesos penales seguidos por los delitos de conducción temeraria,
contra la Autoridad Pública e infracción a la Ley de Armas. Para evitar graves dislocaciones de la
seguridad jurídica, la justicia y la paz social, esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos
prospectivos a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial, de manera que se
aplicará, únicamente, para los procesos en trámite o suspendidos que no hayan sido resueltos,
consecuentemente no será aplicable a las causas penales fenecidas por sentencia firme o que se
encuentren en la fase de impugnación, salvo en los asuntos base de esta acción, todo sin perjuicio de los
derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese a la Procuradora General de la República, el accionante,
las partes del asunto base, al Ministerio Público y a la Defensa Pública. Publíquense los avisos e
íntegramente el voto en el Boletín Judicial y reséñese en el diario oficial La Gaceta. Notifíquese. El
Magistrado Mora declara con lugar la acción únicamente en cuanto se refiere a la falta de legitimación de
la Procuraduría General de la República para actuar como parte en los delitos de conducción temeraria.
Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Castillo Víquez salvan el voto y declaran sin lugar la
acción. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.-
6361-11. DETENCION. IMPUTADO ESTUVO ESPOSADO DURANTE ALLANAMIENTO.
Alega el recurrente que fue allanada su casa de habitación y durante la diligencia no hubo
violencia, ni resistencia al acto judicial; no obstante, acusa que fue esposado con las manos
hacia atrás durante las nueve horas que duró el allanamiento, lo que considera que constituyó
un acto vejatorio, excesivo, humillante, cruel e innecesario, pues los hechos investigados eran
todos por falsedades documentales, no era ninguno de ellos cometido con violencia o
intimidación. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al
Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese a las partes, al Ministerio Público y al Director General y al Jefe de la Oficina de
Asuntos Internos, ambos del Organismo de Investigación Judicial, para que investiguen la
posible comisión de alguna falta o delito, y realicen las diligencias que en derecho corresponde.
CL

6353-11. PRISION PREVENTIVA. SE MANTIENE A PESAR DE QUE LA SENTENCIA FUE
ANULADA Y REENVIADA POR LA SALA TERCERA. Alega el recurrente que la Sala Tercera
resolvió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Penal del Primer
Circuito Judicial de San José, y resolvió a favor del imputado, en donde anuló el fallo respecto
a la fijación de la pena y se dispuso el reenvío de la causa a su oficina de origen, con el fin de
que dicho extremo fuera sustanciado conforme a derecho; no obstante, acusa que no se hizo
referencia a la apelación de la prisión preventiva que vencía el veintisiete de abril, por lo que al
anularse la citada sentencia, también se estaría anulando la pena, y en consecuencia la prisión
preventiva sería ilegal, por lo que el tutelado debería estar en libertad. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6360-11. REBELDIA. DICTADA EN PROCESO CONTRAVENCIONAL POR NO ASISTIR A
LA AUDIENCIA. Alega el recurrente que fue demanda por la contravención de amenazas personales
ante el Despacho Judicial recurrido. Fue citada para audiencia oral, pero por razones de salud y
recomendación médica no pudo asistir. De nuevo se hizo otro señalamiento, pero con justificación médica
demostró que no podía apersonarse, situación que se repitió en otra ocasión. No obstante, se señaló nueva
fecha para la audiencia, pero esta vez fue su abogado el que no podía presentarse por razones de salud, tal
y como se comunicó al Despacho Judicial. Como consecuencia de ello, el Juez decretó rebeldía y giró
orden de captura en su contra. Estima contrario a derecho dicha actuación, pues se pone en riesgo su
libertad ambulatoria por una causa que a la fecha está prescrita y a pesar de que se ha solicitado que así se
declare, el juez lo ha rechazado de plano. Asimismo se le ha pedido dictar sobreseimiento definitivo, por
no constituir falta o contravención, ya que se trata de un delito de acción privada, pero el juzgado insiste
en continuar con el proceso y perjudicarla con la captura y remisión al centro institucional más cercano y
sin señalamiento de audiencia, a pesar de que se han justificado debidamente las no comparecencia. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6272-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega la recurrente que el Tribunal recurrido
confirmó la prisión preventiva en contra de los amparados, no obstante dicha resolución carece de la
debida fundamentación debido a que no se recibió la prueba testimonial ofrecida, además de violación al
principio de oralidad al suspender la audiencia para revisar el expediente. En este caso consta que la
prisión preventiva está debidamente fundamentada y que después de haberse realizado la audiencia oral
ante el Tribunal de Juicio, se pronunció confirmándose esa medida cautelar por el plazo de tres meses.
Por consiguiente, no se acredita violación alguna a los derechos fundamentales de los tutelados durante el
transcurso de la audiencia oral. Sobre la prueba testimonial ofrecida se le recuerda a la recurrente que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el hábeas
corpus es un recurso sumario y preferente por medio del cual se solicita el restablecimiento del derecho
constitucional a la libertad personal, al Tribunal Constitucional no le corresponde verificar, entre otros
aspectos, si las evidencias materiales, los testimonios y declaraciones de testigos, ofendidos o imputados
y todo otro elemento de prueba que hubiera podido existir en autos, demuestran la culpabilidad o
inocencia de las personas encartadas. SL


6087-11. DETENCION. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS NO HABÍA SIDO
LEVANTADO. Alega el recurrente que la policía Especial de Migración le impidió abordar un
vuelo con destino a los Estados Unidos de América, pese a que no existe impedimento de
salida dispuesto en su contra. Se declara con lugar el recurso porque en este caso consta que
contra el amparado existía un impedimento de salida del país desde hacía mucho tiempo, que
por trámites administrativos no había sido levantado. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

6078-11. DETENCIÓN. POR MENOS DE VEINTICUATRO HORAS. Alega el recurrente fue
detenido de manera arbitraria por oficiales de la Fuerza Pública. Señala que estuvo detenido
aproximadamente de dos a seis de la tarde, que fue golpeado y agredido sin justificación alguna. Se
declara parcialmente con lugar por uso irracional y desproporcionado de la fuerza. Se condena al Estado
al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que
se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Comuníquese a todas las partes
y al Ministro de Seguridad Pública. En cuanto a la Fiscalía Adjunta de Pococí se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial

6081-11. DEFENSOR. MISMO DEFENSOR DEL IMPUTADO Y OFENDIDO EN DIFERENTES
PROCESOS. Alega el recurrente que le prorrogó la prisión preventiva en una audiencia en la cual
participó su defensor público, quien figura como abogado defensor del ofendido en otro proceso. En este
caso, del análisis de la audiencia oral consta que en ningún momento el encartado fue puesto en
indefensión por parte de su defensor público quien, por el contrario, acreditó gran suficiencia en el
ejercicio de una defensa profesional a favor del imputado y, a juicio de esta Sala, actuó de acuerdo con los
fines del proceso, pues no tuvo conocimiento, hasta momentos antes de la audiencia, sobre la
coincidencia de que el ofendido en esa causa fuera su defendido en otro proceso. De todas formas, es un
aspecto que debe alegar en vía penal. Se declara sin lugar el recurso. SL

5967-11. PRISIÓN PREVENTIVA. LA PRORROGAN TARDE. En este caso consta que existió un
lapso de 14 horas con 20 minutos, durante el cual el tutelado estuvo privado de su libertad personal sin
que mediara orden judicial en ese sentido. Es importante tomar en cuenta que los Jueces del Tribunal
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, aceptaron lo ocurrido e indicaron que se debió a un
yerro cometido por el Juez Tramitador del Despacho. Así las cosas, el recurso es procedente, sin embargo
– dado que se dictó nueva prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva – solo para efectos de la
condenatoria al pago de los daños y perjuicios ocasionados. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar
la libertad del tutelado. CL


5971-11. PRISION PREVENTIVA. SE ASEGURA QUE NO FUE SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PUBLICO. Señala el recurrente que la autoridad jurisdiccional recurrida dictó prisión
preventiva por diez días, sin que el representante del Ministerio Público hiciera esa petición. Sostiene el
recurrente que la única vez que el Ministerio Público mencionó la palabra prisión preventiva lo hizo en
referencia al artículo 239 del Código Procesal Penal porque el mismo dispone la procedencia de la
prisión preventiva, pero no para pedir una medida represiva sino porque se requiere que los hechos
encuadren en el supuesto del inciso a) u otros. El Juez del Tribunal de Cartago se ha opuesto a las
pretensiones del recurrente y acredita la minuta de audiencia en la que consta que el Ministerio Público
solicitó prisión preventiva y en forma subsidiaria medidas menos gravosas. En el caso enjuiciado en el
presente recurso, no puede esta Sala entrar a debatir la pretensiones del Ministerio Público y la
interpretación que de ellas haya hecho el juez recurrido, pues esto es un asunto que le corresponde a la
instancia recursiva. La prisión preventiva se dio por un plazo de 10 días con suficiente fundamentación.
SL

5974-11. DETENCION. SE LE AMENAZA SI NO SE PRESENTA A COMPARECENCIA
ORDENADA POR JUEZ DE FAMILIA. Alega la recurrente que la Fuerza Pública se hizo presente en
su vivienda para entregarle a la tutelada la orden de citación, seguida de la manifestación de que sino se
presentaba dentro del término otorgado, sería conducida ante el Juzgado Contravencional en cuestión,
por medio de la Fuerza Pública, situación que estima violatoria de los derechos fundamentales, por
cuanto -según indica- no existe normativa alguna que faculte a la autoridad judicial a conducir por medio
de la fuerza a la ofendida, para que ratifique una denuncia por violencia ante el Juzgado de Familia, que
requiere la instancia de parte, ya que debe ser ella quien acuda en forma voluntaria, y de no ser así, el
expediente debería ser archivado, pero nunca amenazar su libertad. Señala la Sala que en este caso, el
fundamento de la autoridad recurrida no solo se encuentra en la aplicación de una ley, sino que el artículo
153 de la Constitución Política. De esta forma, si la tutelada ha sido citada a comparecer, tiene el deber
de presentarse y si mostrara renuencia en asistir, la autoridad recurrida tiene la potestad de hacerla
comparecer con la ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario. Ahora bien, si la tutelada considera que
existen causas justificadas para no asistir a alguna audiencia, deberá gestionar lo pertinente ante la
autoridad jurisdiccional correspondiente, para que se valore su situación particular. De manera que, no se
considera que se haya violentado derecho fundamental alguno con la advertencia que se le hizo a la
tutelada Cadena Cadena, pues resulta claro que la autoridad recurrida tiene potestad para ello.
Igualmente, si considera que la causa debe ser archivada, debe plantear los reparos que estime oportunos,
a través de los mecanismos previstos al efecto, ante las instancias jurisdiccionales competentes. RF

5967-11. PRISIÓN PREVENTIVA. LA PRORROGAN TARDE. En este caso consta que existió un
lapso de 14 horas con 20 minutos, durante el cual el tutelado estuvo privado de su libertad personal sin
que mediara orden judicial en ese sentido. Es importante tomar en cuenta que los Jueces del Tribunal
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, aceptaron lo ocurrido e indicaron que se debió a un
yerro cometido por el Juez Tramitador del Despacho. Así las cosas, el recurso es procedente, sin embargo
– dado que se dictó nueva prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva – solo para efectos de la
condenatoria al pago de los daños y perjuicios ocasionados. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar
la libertad del tutelado. CL


05971-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ASEGURA QUE NO FUE SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PUBLICO. Señala el recurrente que la autoridad jurisdiccional recurrida dictó prisión
preventiva por diez días, sin que el representante del Ministerio Público hiciera esa petición. Sostiene el
recurrente que la única vez que el Ministerio Público mencionó la palabra prisión preventiva lo hizo en
referencia al artículo 239 del Código Procesal Penal porque el mismo dispone la procedencia de la
prisión preventiva, pero no para pedir una medida represiva sino porque se requiere que los hechos
encuadren en el supuesto del inciso a) u otros. El Juez del Tribunal de Cartago se ha opuesto a las
pretensiones del recurrente y acredita la minuta de audiencia en la que consta que el Ministerio Público
solicitó prisión preventiva y en forma subsidiaria medidas menos gravosas. En el caso enjuiciado en el
presente recurso, no puede esta Sala entrar a debatir la pretensiones del Ministerio Público y la
interpretación que de ellas haya hecho el juez recurrido, pues esto es un asunto que le corresponde a la
instancia recursiva. La prisión preventiva se dio por un plazo de 10 días con suficiente fundamentación.
SL

5974-11. DETENCIÓN. SE LE AMENAZA SI NO SE PRESENTA A COMPARECENCIA
ORDENADA POR JUEZ DE FAMILIA. Alega la recurrente que la Fuerza Pública se hizo presente en
su vivienda para entregarle a la tutelada la orden de citación, seguida de la manifestación de que sino se
presentaba dentro del término otorgado, sería conducida ante el Juzgado Contravencional en cuestión,
por medio de la Fuerza Pública, situación que estima violatoria de los derechos fundamentales, por
cuanto -según indica- no existe normativa alguna que faculte a la autoridad judicial a conducir por medio
de la fuerza a la ofendida, para que ratifique una denuncia por violencia ante el Juzgado de Familia, que
requiere la instancia de parte, ya que debe ser ella quien acuda en forma voluntaria, y de no ser así, el
expediente debería ser archivado, pero nunca amenazar su libertad. Señala la Sala que en este caso, el
fundamento de la autoridad recurrida no solo se encuentra en la aplicación de una ley, sino que el artículo
153 de la Constitución Política. De esta forma, si la tutelada ha sido citada a comparecer, tiene el deber
de presentarse y si mostrara renuencia en asistir, la autoridad recurrida tiene la potestad de hacerla
comparecer con la ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario. Ahora bien, si la tutelada considera que
existen causas justificadas para no asistir a alguna audiencia, deberá gestionar lo pertinente ante la
autoridad jurisdiccional correspondiente, para que se valore su situación particular. De manera que, no se
considera que se haya violentado derecho fundamental alguno con la advertencia que se le hizo a la
tutelada Cadena Cadena, pues resulta claro que la autoridad recurrida tiene potestad para ello.
Igualmente, si considera que la causa debe ser archivada, debe plantear los reparos que estime oportunos,
a través de los mecanismos previstos al efecto, ante las instancias jurisdiccionales competentes. RF

5722-11. MENOR DE EDAD. NO SE EJECUTA ORDEN DE LIBERTAD. Alega la recurrente que
el amparado que ha sido detenido en varias ocasiones, a pesar de que ya se dejó sin efecto la orden de
captura que existía en su contra. En este caso concluye la Sala que el Juzgado Penal Juvenil de San José
dejó sin efecto la orden de captura dictada contra el tutelado hasta el veintisiete de abril de ese año, en que
se procedió a incluir dicha decisión en los registros del Archivo Criminal, situación que generó que el
amparado fuera detenido en dos ocasiones pues en esas fechas aún aparecía vigente en el Sistema de
Expediente Único la orden citada, por lo expuesto procede declarar con lugar el recurso. Se declara con
lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL

5725-11. DEFENSOR. AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA DEL DEFENSOR Aduce la recurrente
que la autoridad recurrida llevó a cabo el debate de la causa que se le sigue a su representada, a pesar de
que solicitó su suspensión porque ese día tuvo que ser atendida en el Servicio de Emergencias del
Hospital de Guápiles, ocasionando que la encartada no contara con asistencia técnica durante el debate.
En este caso estima la Sala que no ha habido indefensión por el hecho de haberse llevado a cabo la
audiencia programada sin la presencia de la abogada particular de la amparada, pues el Juzgado recurrido
resolvió su absolutoria, por lo tanto la ausencia de la abogada particular no perjudicó a la amparada, razón
por la cual procede declarar sin lugar el recurso. SL

5715-11. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE RESUELVE SIN PRONUNCIARSE
SOBRE UN INCIDENTE DE RECUSACIÓN. Afirma el recurrente que en una audiencia oral
requerida por el Ministerio Público para solicitar la prórroga de las medidas cautelares
impuestas contra los encartados del proceso, presentó una incidencia de recusación contra el
juzgador. Cuestiona que el juez penal procedió a desestimar la incidencia y entró a resolver la
solicitud de prórroga de la prisión preventiva impuesta contra su representado. Considera
ilegítimo el proceso empleado por el recurrido violentando, en su criterio, las garantías del
debido proceso, así como, los principios de juez natural y de legalidad. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5714-11. ALLANAMIENTO. SIN ORDEN JUDICIAL. Alega el recurrente que en forma arbitraria, se
allanó su casa de habitación y su negocio, decomisándole algunos bienes. Asegura que esa diligencia se
efectuó sin que existiera una orden judicial dirigida en su contra que le sirviera de sustento. En ese caso
consta, que contrario a lo afirmado por el recurrente, la diligencia de allanamiento se encontraba
debidamente fundamentada. Además, según lo informado, para la ejecución del allanamiento se contó con
la presencia de una Jueza Penal como garante de la legitimidad del acto y de los derechos fundamentales
de las partes. Ahora bien, si como lo alega el tutelado, hubo un error a la hora de identificar los lugares
que debían allanarse es una cuestión que no compete ser analizada mediante el recurso de habeas corpus,
sino que deberá plantearse en la vía judicial correspondiente, en donde podría reclamar los eventuales
daños y perjuicios causados una vez que se establezca la responsabilidad por ese yerro judicial.
Asimismo, la pretensión para que se le devuelvan los bienes decomisados, deberá plantearla en la propia
sede penal. SL




5566-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alude el recurrente, después de más de 8 meses,
no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia dispuesta en el artículo 39 constitucional a favor
del amparado. Considera, la resolución carece de fundamentación y no valora en forma efectiva la
existencia de prueba que desvirtúa la decisión tomada en referencia al arraigo. En este caso consta que
existen elementos suficientes para sustentar la prisión preventiva del encartado a fin de garantizar la
realización del juicio oral y público, y minimizar el peligro de obstaculización y peligro para las víctimas.
Señala el recurrido, que sobre la presunción de inocencia, existen abundantes pruebas que determinan la
existencia de un juicio de probabilidad que ha señalado que el justiciable llegue hasta la fase plenaria, y
por ello, hay señalamiento a debate para ser celebrado próximamente. En lo que al arraigo respecta, se
constata que al amparado le fueron impuesta sendas medidas cautelares diversas a la prisión preventiva;
sin embargo, no cumplió ninguna. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso,
como en efecto se ordena. SL

5573-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. En el caso concreto, el
recurrente acusa que a la fecha de interposición del recurso se encontraba privado de libertad
ilegítimamente, pues ya había vencido la prisión preventiva que le fuera impuesta. Ahora bien, luego de
analizar los elementos aportados a los autos, la Sala descarta la alegada violación a los derechos del
amparado, pues se tiene por probado que, el Juzgado Penal de Limón prorrogó la prisión preventiva que
le había impuesto por lo que a la fecha que planteó el presente asunto, dicha medida cautelar se
encontraba todavía vigente. SL
5562-11. PRISIÓN PREVENTIVA. IMPUESTA DURANTE LA ETAPA DE JUICIO. La
recurrente solicita el restablecimiento de la libertad personal de su representado. Acusa que las
autoridades del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela procedieron de oficio y sin
fundamentación a imponer una medida cautelar de prisión preventiva contra el tutelado. Es preciso aclarar
que este Tribunal Constitucional ha establecido una línea jurisprudencial en el sentido que el dictado de
una sentencia condenatoria en un proceso penal puede tomarse como causa suficiente y justificada para
que el Tribunal competente dicte de oficio o prorrogue la prisión preventiva del imputado durante un
período de seis meses. Nótese que la posibilidad que el Tribunal de Juicio ordene una medida cautelar de
prisión preventiva, está prevista en el artículo 364 del Código Procesal Penal. De lo anterior, se deduce
que la propia normativa procesal penal autoriza que el Tribunal de Juicio, ante una sentencia
condenatoria, disponga de oficio la prisión preventiva del condenado. Lo anterior, con el propósito de
garantizar que los fines del proceso penal sean cumplidos a cabalidad. En el caso concreto se acreditó
que, efectivamente, contra el tutelado, se dictó una sentencia condenatoria por habérsele encontrado autor
responsable del delito de lesiones graves, por tales hechos, se le impuso una pena de tres años y seis
meses de prisión. Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada pone nota. SL

5699-11. PRISION PREVENTIVA. ES DEBER DE LOS JUECES SUMINISTRARLES A LAS
PARTES EL REGISTRO DIGITAL DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS ORALMENTE.
DEBEN VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTE FUNCIONANDO DE MANERA CORRECTA. La
accionante reclama que al momento de resolver en apelación la prisión preventiva impuesta a los
amparados por el Juzgado Penal de La Unión, el Tribunal Penal de Cartago hubiera decidido devolver el
asunto al último, dado que no se había grabado la audiencia correspondiente, a efectos de que emitiera
una resolución de prisión preventiva. En este caso, señala la Sala que la prisión preventiva es la medida
cautelar de carácter personal más grave que prevé la ley procesal penal; como todas las medidas
cautelares, tiene que reunir determinados requisitos para que su dictado sea legítimo. Precisamente, en la
celebración de la audiencia en que se examina la procedencia la imposición de una medida cautelar, ―es
deber ineludible del juez asegurarse que el equipo que se utiliza para la grabación de la audiencia esté
funcionando debidamente, de manera que si no es así, proceda a la trascripción de la audiencia oral. Al
respecto, el artículo 238 del Código Procesal Penal determina la obligación del juez de convocar a
audiencia cuando el Ministerio Público estima que procede la prisión preventiva y el deber del juzgador
de resolver lo solicitado una vez terminada la audiencia, para cuyo efecto, si se contare con medios de
grabación, el respaldo mediante ellos es suficiente para acreditar la existencia de la celebración de la
audiencia y de lo resuelto; contrariu sensu, si se carece de tales medios de grabación, resulta ineludible
consignar por escrito la audiencia. En el caso concreto, quedó demostrado que la Jueza Penal
Supernumeraria de La Unión, aseguró que había quedado debidamente grabada la audiencia celebrada ese
día para decidir sobre la prisión preventiva impuesta a los amparados, lo cual no era cierto. En
consecuencia, está claro que la jueza incumplió su deber de verificar que el equipo de grabación estuviese
funcionando de modo correcto, situación que resulta aún más gravosa, porque la bitácora de la audiencia
es del todo omisa respecto de la fundamentación usada por la Juzgadora para resolver la gestión
mencionada. Además, debe recalcarse que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a
suministrarles a las partes el registro digital de las resoluciones dictadas oralmente, toda vez que se trata
de una herramienta imprescindible para hacer efectivo el derecho de defensa, obligación que también se
incumplió en este asunto, comprometiendo así el derecho de comentario en perjuicio de los amparados.
En consecuencia, lo actuado por la Jueza del Juzgado Penal de La Unión, resulta contrario al orden
constitucional. Por otra parte, el Tribunal de Juicio de Cartago, ordenó al Juzgado Penal de La Unión que
en el plazo de veinticuatro horas confeccionase una minuta sobre la resolución impugnada que se estaba
conociendo en alzada, toda vez que el archivo digital correspondiente a dicha diligencia no se podía abrir;
tal minuta no se pudo elaborar porque la Jueza porque estaba incapacitada. Este intento por subsanar el
error cometido resulta, no obstante, contrario al derecho a la defensa efectiva y oportuna de los
amparados. En criterio de esta Sala, la actuación que procedía, a fin de subsanar el defecto apuntado,
debió consistir en devolver el expediente al Juzgado Penal para que a la brevedad celebrara, nuevamente,
la audiencia de imposición de medidas cautelares, toda vez que no se puede hablar de la inexistencia de
una resolución, porque todas las partes procesales estuvieron presentes en el momento en que, oralmente,
la Jueza dispuso imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los amparados. Pese a lo expuesto, el
Tribunal de Juicio de Cartago ordenó la libertad de los amparados por falta de fundamentación con base
en el artículo 142 del Código Procesal Penal. Dado ese elemento y puesto que lo que la accionante
pretende con este proceso de constitucionalidad es precisamente la libertad de sus defendidos, esta Sala
resuelve declarar con lugar el hábeas corpus solo para efectos del pago de eventuales costas, daños y
perjuicios. CL
5698-11. SENTENCIA. ANULACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTARIA EN CASACION NO
LESIONA EL PRINCIPIO DE NO REFORMA EN PERJUICIO. Consulta Judicial Preceptiva de
Constitucionalidad. Tribunal de Casación Penal de San Ramón en lo referente a un de revisión. En la
gestión se alega que contra la sentencia absolutoria 197-2008 se planteó un recurso de Casación por parte
del Ministerio Público, lo que produjo la anulación de dicha sentencia pero el Tribunal de Casación se
fundó en un motivo diferente al reclamado.- Tal actuación produjo que se diera un nuevo debate y en él
se le impusieron ocho años de prisión por el supuesto delito con lo que se lesionó su derecho a la no
reforma en perjuicio. Concluye la Sala que la situación que plantea la recurrente no se habría dado
afectación al principio de no reforma en perjuicio, pues al fundarse la sentencia anulatoria emitida por el
Tribunal de Casación en un recurso planteado exclusivamente por el Ministerio Público, se habría actuado
conforme en la legislación penal vigente (ver artículo 451 del Código Procesal Penal).- Además, y en
segundo lugar, se aprecia que el reclamo planteado por la recurrente no se dirige a reclamar la sentencia
condenatoria, ni un acto que haya sido tomado en cuenta de forma directa para emitir la decisión de
condena, con lo cual procede evacuar la consulta señalando que -en criterio de la Sala- el tema planteado
no está incluido dentro de los cabe analizar mediante el procedimiento de revisión pro debido proceso
contenido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal. Se evacua la consulta formulada en el
sentido de a) la anulación de una sentencia absolutoria como resultado de un recurso de casación
presentado por el Ministerio Público no lesiona el principio de no reforma en perjuicio; b) las posibles
incorrecciones de naturaleza legal de una sentencia anulatoria del tribunal de Casación que retrotrae el
proceso para un nuevo juicio, no forman parte de las faltas al debido proceso que cabe proteger mediante
el procedimiento establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal. Evacuada.


5663-11. SOBRESEIMIENTO. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que el Juzgado de la Etapa
Intermedia dictó sobreseimiento definitivo a favor del amparado; por lo que el Ministerio Público la apeló
y el Tribunal recurrido, declaró la ineficacia total del sobreseimiento definitivo dispuesto por el Juzgado
A quo. Considera que dicha resolución carece de fundamentación, no se valoró la prueba, no existe una
relación congruente entre lo recurrido por el Ministerio Público y la fundamentación de la misma y previo
al dictado, no se realizó la escucha de la grabación de la resolución del sobreseimiento definitivo, lo que
lesiona el derecho a un debido proceso. La Sala concluye que estos aspectos deben plantearse en vía
penal. SL

5425-11. EXPEDIENTE. NIEGAN ACCESO A EXPEDIENTE PENAL. Alega el recurrente que la
Fiscalía Adjunta de San Joaquín de Flores no le ha permitido a su abogado fotocopiar el expediente que
es una causa penal abierta en su contra, pese a que él le extendió una autorización para que lo hiciera. En
este caso consta que el Ministerio Público impidió al abogado del imputado, obtener copias del
expediente, al dudarse de la veracidad de la firma del imputado. A juicio de este Tribunal, no lleva razón
la Fiscalía, no le corresponde examinar si la firma del documento es o no auténtica. De no serlo,
existirían, incluso, consecuencias penales para los abogados autenticantes. Sin embargo, este no es un
punto que sea necesario debatir, previamente, para resolver el amparo. En efecto, de conformidad con las
razones expuestas, al presentarse, personalmente, quien se identificó como abogado del recurrente, la
Fiscalía no debió insistir en impedirle copiar el expediente. El artículo 295 citado no exige que sea el
imputado, directamente, quien debe presentarse a revisarlo; puede hacerlo su representante. De otra parte,
si hay alguna razón para mantener la investigación en secreto, el mismo Código Procesal Penal indica
cómo deberá procederse. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a la Fiscal Auxiliar
de San Joaquín de Flores permitirle al recurrente o a su abogado representante el acceso irrestricto a la
sumaria. CL

5469-11. DETENCIÓN. PARA EXTRADICIÓN DE UNA PERSONA QUE ALEGA SER
COSTARRICENSE.          El recurrente acusa que pese a que el tutelado es ciudadano
costarricense, las autoridades recurridas dispusieron su detención provisional para fines de
extradición, diligencias planteadas por el gobierno de la República de Panamá. Considera
ilegítima la detención del tutelado por lo que solicita su libertad inmediata. Estima este Tribunal
que no le corresponde verificar la identidad del extraditable y su nacionalidad pues ese análisis
excede la competencia ratione materiae atribuida a esta Cámara en materia de habeas corpus,
proceso en el que no corresponde entrar en una compleja actividad probatoria. Es claro que, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política, ningún costarricense puede
ser compelido a abandonar el territorio nacional, de modo que, como lo alega el actor, no
resultaría procedente la extradición de un ciudadano costarricense. Sin embargo, en el sub lite,
queda patente la controversia respecto de la identidad de la persona cuya extradición fue
requerida por el gobierno panameño, discusión que no puede, como se pretende, ser
trasladada a esta Jurisdicción. Se declara sin lugar el recurso. SL

5464-11. DEFENSOR. AUDIENCIA. Alega el recurrente que la Jueza penal que conoció en
una audiencia oral el recurso de apelación contra la resolución que ordenó prisión preventiva
en contra de su representado, al inicio de dicha audiencia, estableció que solo daría quince
minutos para exponer los agravios, lo que le impidió exponer ampliamente sus alegatos lo que
lesiona el derecho de defensa del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5546-11. DETENCIÓN. POR REBELDÍA. Argumenta el recurrente que dentro del proceso
penal seguido contra su representada se decretó la rebeldía de su defendida. Señala que dicha
constancia se expendió a pesar de que no consta en autos que se hubiere intentado localizar o
citar a la imputada al debate por algún medio, ni siquiera vía telefónica, a pesar de que no ha
cambiado su domicilio ni su número telefónico. Señala que en su calidad de defensor, por los
medios procesales correspondientes ha llamado la atención al Tribunal recurrido respecto de
los quebrantos al debido proceso cometidos en perjuicio de la amparada, y ha solicitado que se
sustituya la prisión preventiva decretada en su contra, no obstante, de manera arbitraria e
infundada, el Despacho recurrido ha rechazado las gestiones de la defensa en ese sentido.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5426-11. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR PENA QUE YA CUMPLIÓ. Reclama
la recurrente violación a la libertad personal del tutelado, pues fue detenido de forma ilegítima
con fundamento en una sentencia que ya cumplió. En este caso consta que el amparado
estuvo detenido ilegítimamente debido a la existencia de una orden de captura que no fue
cancelada oportunamente en el archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial. En
consecuencia, la Sala determina la lesión a la libertad personal del tutelado. Por consiguiente,
lo procedente es declarar con lugar el recurso contra el Organismo de Investigación Judicial por
mantener datos desactualizados en el archivo criminal, poniendo en peligro la libertad del
tutelado. Cabe agregar que las autoridades recurridas deben de tomar las medidas necesarias
a fin de que se actualicen las bases de datos del Archivo Criminal, a efectos de evitar
situaciones como las antes descritas. En mérito de lo expuesto, considera esta Sala que el
recurso debe ser estimado aunque únicamente para efectos indemnizatorios, sin emitir órdenes
en concreto, pues de autos se desprende que el tutelado fue puesto en libertad al comprobarse
el error mencionado. CL


5195-11. DETENCIÓN. REGISTRO DE VEHÍCULO. Menciona la recurrente que agentes del
Organismo de Investigación Judicial han actuado de forma arbitraria y desproporcionada al seguirla y
vigilarla constantemente en su casa, siendo el caso extremo cuando fue interceptada por un vehículo del
OIJ . En este caso estima la Sala que la actuación de los agentes del OIJ no fue arbitraria ni
desproporcionada, pues actuaron con fundamento en las características del vehículo, similar a otros que
han estado cometiendo delitos en la zona y la maniobra sospechosa de la recurrente, lo cual le fue
debidamente explicado. Por consiguiente, se verifica que la detención de la recurrente se dio únicamente
durante el tiempo necesario para la toma de datos de identificación, lo cual la recurrente realizó de forma
voluntaria y, en ningún momento, fue privada de libertad, motivo por el cual procede declarar sin lugar el
recurso. SL

5206-11. DETENCION. EN CENTROS DEL PODER JUDICIAL. Alegan los recurrentes que
fueron detenidos, cuando se encontraban en un vehículo propiedad de la empresa Autos
Transportes para socios San Jorge S.A., debido a que los vincularon con tres robos agravados.
Refieren que ante esa situación, se inició en su contra ante el Juzgado de Flagrancia del
Segundo Circuito Judicial de San José, causa penal y se señaló hora y día para realizar el
debate, sin embargo, el debate no se inició a la hora señalada, sino que empezó a las 20:30
horas del mismo día, sin que los amparados tuvieran conocimiento del motivo del retraso.
Señalan que de manera arbitraria, el citado Tribunal ordenó que los tutelados permanecieran
esa noche en las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, pese a que los mismos se
encontraban bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el C.A.I de San Sebastián. Alegan
que su defensor se opuso a la decisión del Tribunal, sin embargo, la autoridad recurrida la
mantuvo y esa noche los amparados permanecieron en las citadas celdas, sin cobijas,
colchones, sin ropa para poder cambiarse al día siguiente y sin los implementos de uso
personal. En este caso estima la Sala que la autoridad recurrida actúo dentro del ejercicio de
sus competencias y respetando los derechos fundamentales de los amparados y, si hubo un
leve retraso al momento de iniciar las audiencias, lo anterior no afecta en nada sus derechos
constitucionales. Además, las condiciones en que se encontraban privados de libertad en las
celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, cumplen con las exigencias mínimas
establecidas, por lo expuesto procede declarar sin lugar el recurso. SL


5027-11. DECOMISO. RETIENEN VEHÍCULO POR PROCESO PENAL. Alega el recurrente que
dentro de las causas penales seguidas en su contra se le decomisó su vehículo y la Fiscalía recurrida se
niega a devolverlo. No obstante, la gestión planteada por el recurrente, consta que fue resuelta y se le
indicó con claridad las razones por las cuales no es posible en este momento, devolver el automotor en
mención. Ahora bien, si el recurrente considera que lo actuado en su caso concreto es ilegítimo, pese a lo
dicho hasta aquí, ello hace referencia a un reparo propio de plantearse y resolverse en la propia sede
penal, en concreto, ante el mismo Juzgado que tramita la causa, ya que determinar en esta Sala, si procede
la devolución temporal o definitiva del vehículo es una situación que excede el ámbito de competencia de
este Tribunal. Por las razones dichas, procede declarar el recurso sin lugar como en efecto se hace. Se
declara sin lugar el recurso. SL

4890-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. El recurrente considera que el amparado
permanece ilegítimamente en prisión preventiva, ya que la resolución que la dictó el día
dieciocho de febrero del dos mil once carece de fundamento. En este caso consta que los
fundamentos dados por los recurridos, unidos a la existencia de indicios razonables de
participación en los delitos que se le endilgan -artículo 37 de la Constitución Política-
encuentran suficiente respaldo en el proceso y en las disposiciones de la legislación procesal
vigente, contrario a lo manifestado por el recurrente, sin que se evidencie en los razonamientos
de los despachos recurridos, ilegitimidad alguna. Se declara sin lugar el recurso. SL

5000-11. EXTRADICIÓN. NOMBRAMIENTO DE INTÉRPRETE. El recurrente acusa que el
Tribunal de Juicio de Pavas acogió las diligencias de extradición promovidas en su contra por el gobierno
de la República Checa pese a que, en ningún momento, se le asignó un intérprete pues no comprende bien
el idioma español. Reclama que aunque presentó un recurso de apelación por este extremo ante el
Tribunal de Casación, esa impugnación fue declarada sin lugar en una resolución no fundamentada.
Considera lesionado su derecho de defensa. Este Tribunal Constitucional, en múltiples oportunidades, ha
reconocido el papel preponderante que juega un intérprete para garantizar el derecho de defensa del
imputado que no comprende adecuadamente el idioma en el cual se le está siguiendo un proceso penal.
No obstante, de la prueba aportada a este proceso constitucional, se desprende una situación distinta, pues
el recurrente manifestó a la Auxiliar Judicial del Tribunal Penal de Pavas que no requería de un intérprete
pues comprendía, en forma adecuada, el idioma español; afirmación que, posteriormente, fue ratificada
por su defensora en la identificación que se le hizo al extraditable en esa misma fecha. Se declara sin
lugar el recurso. Voto salvado de la Magistrada Calzada. SL

4775-11. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE CUESTIONA COMPETENCIA.
Alega el recurrente que contra su representado, se que dictó prórroga de la prisión preventiva por parte
del juez de primera instancia, aún cuando el asunto estaba en el Tribunal de Casación Penal, por lo que
considera que el Juez Penal Juvenil de San José había perdido la competencia al momento de resolver el
fondo del asunto. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso
con el voto salvado de los Magistrados Calzada, Armijo y Ulate. SL

4879-11. LEY DE GANADO BOVINO. SANCIONES POR HURTO Y MOVILIZACIÓN DE
GANADO. Acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 20 y 21 de la Ley de
Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación, número
8799 del diecisiete de abril del dos mil diez. Refiere el accionante que la conducta descrita en
el artículo 20 es totalmente indeterminada o ambigua, al omitirse parámetros objetivos, que
permitan al juzgador determinar en qué casos se encuentra frente a un hecho prohibido por la
norma y en qué casos no lo está. Señala que el legislador prefiere el uso del título o nombre
jurídico, antes que el verbo definitorio ―apoderamiento ilegítimo‖, que configura el tipo base del
delito de hurto simple, previsto y sancionado en el artículo 208 del Código Penal. El legislador
parte de la premisa de que todos los ciudadanos entenderán cuál es la acción humana que
configura el tipo cuestionado, soslayando expresar con precisión y claridad, el verbo definitorio
de la acción o conducta humana, que se pretende reprimir. Al quedar esta imprecisión y
ambigüedad al libre arbitrio o interpretación subjetiva del juzgador, se violenta la función del
tipo penal de garantía, en la medida en que se enerva la posibilidad de limitar al poder estatal
para sancionar las conductas y se frustra la garantía del ciudadano, de saber previamente y
con certeza, cuál es la conducta prohibida y cuáles son las consecuencias de su infracción. En
cuanto al artículo 21, señala que la conducta descrita es indeterminada, ambigua y muy
general, omitiéndose los parámetros objetivos necesarios, que faciliten al juzgador determinar
en qué casos la movilización de ganado se realiza de manera dolosa y en cuáles casos no se
da. En tal sentido, existe total incertidumbre acerca de la naturaleza y contenido del dolo
referido en el tipo cuestionado, es decir, se ignora si el legislador se refiere al concepto de dolo,
correspondiente a la teoría del delito, o al que corresponde o otras teorías dogmáticas del resto
de ramas del derecho, o bien, al que aparece en los diccionarios. El legislador incurre
nuevamente en el yerro, de partir de una premisa falsa, a saber, todos los ciudadanos
entenderán en qué consiste la movilización de ganado de manera dolosa. Por otro lado, surge
la duda de si el dolo, está referido exclusivamente al conocimiento del origen o procedencia
ilícita del ganado, o si está referido al conocimiento y voluntad de movilizar ganado sin contar
con la guía oficial, lo que conduce a un problema adicional de hermenéutica. Además, no se
sabe a ciencia cierta si el destinatario de la norma es cualquier ciudadano, incluido el legítimo
dueño o titular del ganado, o si la misma, está dirigida específicamente a los que participan en
el ciclo o dinámica del hurto o robo del ganado. Por extemporánea se rechaza la coadyuvancia
planteada por la Corporación de Fomento Ganadero. Se declara sin lugar la acción de
inconstitucionalidad interpuesta. SL

4786-11. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA SIN PRESENCIA DEL DEFENSOR. Aduce el
recurrente que el amparado permanece ilegítimamente privado de libertad, por cuanto el Tribunal
recurrido decretó prisión preventiva en su contra con el solo argumento de que, de ser encontrado
culpable, se expondría a la aplicación de altas penas. Refiere que en la vista oral en que se discutió la
medida privativa de libertad, no se le otorgó audiencia a la defensa, por lo que su defendido no estuvo
representado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. Voto
salvado de la Magistrado Calzada. SL

4785-11. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA SIN PREVIA AUDIENCIA .Refiere la recurrente que
el recurrido se extralimitó al ordenar la continuación de la prisión preventiva y violentó el principio de
imparcialidad, dado que no existe solicitud alguna del Ministerio Público para que continúe la prisión
preventiva del tutelado, razón por lo que ocupó prácticamente el rol de la parte acusadora. Expresa que no
se le otorgó una vista, que era prácticamente obligatoria. En este caso, consta que la resolución
impugnada que dictó el accionado corresponde al cumplimiento de lo previsto por el párrafo segundo del
artículo 253 del Código Procesal Penal, que dispone que al vencimiento de los primeros tres meses de
acordada la prisión preventiva, el tribunal examinará de oficio, los presupuestos de la prisión y, según el
caso, ordenará su continuación, modificación o sustitución por otra medida o la libertad del imputado. De
esa forma, no cometió falta el recurrido al actuar de oficio, sin realizar la vista oral que se alega, y ordenar
en su resolución del primero de marzo del año en curso, la continuación de la medida cautelar por el plazo
que ya estaba fijado y que todavía no se ha cumplido. Tampoco se observa la falta de fundamentación que
se alega, dado que el recurrido indica en la resolución cuestionada, que en la decisión que ordenó la
medida originalmente, se consideró que existían los peligros procesales de fuga, obstaculización, además
de detención en flagrancia, y que tomando en cuenta la alta pena a imponer, así como la falta de arraigo
laboral y la violencia con la que se actuó con el fin de obtener bienes ilícitos, puede suponerse que
estando en libertad el tutelado, podría obstaculizar el proceso y atentar en perjuicio del ofendido. En
conclusión, careciendo de fundamento el recurso, procede desestimarlo. Se declara sin lugar el recurso.
SL

4829-11. DETENCIÓN. REVOCAN BENEFICIO DE SERVICIO COMUNAL. Reclama el
recurrente que se encuentra privado de libertad ilegítimamente, pues no existe orden judicial
que ordene dicha medida. En este caso estima la Sala que la pena del amparado había sido
conmutada originalmente por quinientas horas de servicio comunal a favor del COSEVI, y
dicho beneficio fue revocado por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, debido a la
omisión del propio accionante de presentarse a cumplir con su obligación, proceso en el que
se respetó el derecho de defensa del recurrente, por lo antes expuesto se declara sin lugar el
recurso. SL

4787-11. PRISIÓN PREVENTIVA. CASACIÓN ORDENA REENVIÓ DE LA CAUSA. Alega el
recurrente que a pesar de que la Sala Tercera declaró con lugar el recurso de casación interpuesto contra
la sentencia que lo condenó, no se le puso en libertad, sino que se le prorrogó la prisión preventiva por
seis meses más sin fundamentación alguna. En este caso estima la Sala que la sentencia fue anulada por
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, así como la condenatoria se anuló y se ordenó el reenvió
del expediente para que nuevamente se realizara el debate, motivo por el cual la autoridad recurrida
procedió a ampliar el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva por el término de seis meses. SL


4436-11. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR RETEN POLICIAL. Acusa el
recurrente que sin justificación o explicación alguna fue requisado por las autoridades de la
Fuerza Pública de San Rafael de Heredia, de manera irrespetuosa y en plena vía pública.
Alega que además de haber sido privado de su libertad de tránsito, fue interrogado sin haber
estado acompañado de su abogado o bien, de su madre. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

4439-11. DETENCIÓN. RETEN POLICIAL Alega el recurrente que circulaba por la carretera
que va de Horquetas de Sarapiquí hacia San José, en un vehículo que no portaba marchamo.
Manifiesta que había un retén policial, y los oficiales le indicaron que buscaban a los autores de
un robo, por lo cual lo obligaron a bajarse del vehículo, llamaron a un Fiscal, lo detuvieron y lo
llevaron a la Delegación Policial. Refiere que dicha detención se realizó sin orden judicial, que
no le otorgaron sus derechos y se llevaron el vehículo con todos los documentos. Explica que
lo utilizaron para participar en el reconocimiento de un caso en el cual tampoco estaba
involucrado. En este caso concluye la Sala que se tuvo por probado que dicha actuación
obedeció a una alerta por un robo en un supermercado por parte de un grupo de personas que
huyeron en un vehículo con características similares al del recurrente, siendo que cuando se
revisó dicho automotor se encontró la mercadería sustraída, de ahí que la detención del
tutelado no es ilegítima y procede declarar sin lugar el recurso. SL

4526-11. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR ASUNTO DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA. Alega el recurrente que fueron detenidos de manera ilegítima por parte de los
oficiales de la Fuerza Pública de la Delegación de Montes de Oca, lo anterior pese a que no existe
en el caso concreto indicio alguno de haber cometido un delito. En este caso concluye la Sala
que la detención del amparado responde al comportamiento mostrado en un Bar, en donde
insultó y amenazó de muerte a su ex compañera sentimental, motivo por el cual el Juzgado de
Violencia Doméstica dictó varias medidas de protección a su favor, y una vez notificado fue
puesto en libertad, por lo expuesto procede declarar sin lugar el recurso. SL

4570-11. PRISIÓN PREVENTIVA. CASACIÓN ORDENA REENVIÓ DE LA CAUSA. Acusa la
recurrente que pese a que el Tribunal de Casación absolvió al amparado al anular la sentencia dictada por
el Tribunal de Juicio, aún no se ha puesto en libertad al amparado pese a que no hay resolución que
fundamente y justifique la privación de libertad. En este caso concluye la Sala que los presupuestos de la
medida cautelar fueron analizados en resolución que ordenó la prórroga, según la cual persisten las
condiciones que justificaron su imposición y al haberse ordenado por parte del Tribunal de Casación
Penal, el reenvío para un nuevo juicio, motivo por el cual el amparado se encuentra legítimamente
privado de libertad por una resolución dictada por una autoridad competente, por lo expuesto procede
declara sin lugar el recurso. SL

4517-11. APELACION. SERA DE CONOCIMIENTO DE LA SALA O EL TRIBUNAL DE
CASACION PENAL. En este caso, se impugna el acuerdo de la Corte Plena tomado en el artículo XVIII
de la sesión número 19-10 de 28 de junio de 2010, donde se dispuso aceptar como propia de esta Corte la
interpretación de las normas señaladas por parte de la Sala Tercera (donde se interpreta que en los casos
en que alguna de las partes intervinientes en un proceso penal interpongan un recurso de apelación en
contra de la sentencia, la Sala o el Tribunal de Casación Penal, conocerán la gestión conforme a las reglas
que regulan el recurso de casación) por cuanto considera que dicho acuerdo está irrumpiendo en las
competencias de la Asamblea Legislativa ya que no se trata de una interpretación sino de una
modificación de ley número 8837, y además, con dicha interpretación se viola en su perjuicio el derecho a
la tutela judicial efectiva, el artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y la
garantía de legalidad pues le impide que su caso sea conocido, primero por un Tribunal de Apelaciones y
luego eventualmente por el de Casación. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara
sin lugar el recurso. SL


4337-11. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA SE ACUSA FALTA DE NOTIFICACIÓN. La
recurrente acusa de ilegítima la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el amparado,
debido a que en la causa que se tramita en su contra pese haber señalado lugar y correo electrónico para
atender notificaciones, al formular recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva, el Tribunal
realizó la audiencia el diecisiete de marzo anterior, sin que ella fuera notificada de dicha diligencia, por lo
que se dejó a su defendido en completo estado de indefensión, pues no tuvo oportunidad de diligenciar la
prueba testimonial. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso.
Se declara sin lugar el recurso. SL


4020-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Reclama el recurrente que tanto la resolución
del Juzgado Penal de Cañas de las 15:05 horas del 02 de marzo del 2011 como el voto del Tribunal de
Juicio del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Cañas, número 08-2011 de las 15:30 horas del 14
de marzo del 2011 carecen de fundamento para sostener una medida cautelar excepcional como es la
prisión preventiva, ya que se limita a citar los peligros procesales para sostener tan grave limitación a la
libertad del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el
recurso. SL

4009-11. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DE OFICIO. Alega el recurrente que
mediante sentencia número 2010-01406 de las 10:46 horas del 17 de diciembre del 2010, se
declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por el tutelado, ordenando el reenvío al
tribunal de origen y la realización de un nuevo juicio con una nueva integración, además se
ordenó una nueva prórroga de la prisión preventiva, por el plazo de seis meses. En este caso
estima la Sala que de oficio, el Tribunal de Casación puede autorizar una nueva prórroga en el
plazo de la prisión preventiva por seis meses más, cuando ordene el reenvío al tribunal de
origen para un nuevo juicio, como sucede en el caso de que nos ocupa, motivo por el cual
procede declarar sin lugar el recurso. SL

4300-11. MEDIDAS ALTERNATIVAS. APLICACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL
DAÑO. Acción de Inconstitucionalidad en contra del párrafo segundo del artículo 30 inciso j) del Código
Procesal Penal, reformado por ley número 8146 de 30 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta
número 227 de 26 de noviembre de 2001.La norma señala que se extingue la acción penal si se da la
reparación integral a entera satisfacción de la víctima. Esta causal procede siempre que, durante los cinco
años anteriores, el imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del proceso a
prueba o la conciliación. Contrario a las argumentos del accionante se determina que la reparación
integral del daño regulada en nuestro Código Procesal Penal no infringe el Derecho de la Constitución,
por el contrario constituye una forma alterna de resolución de un conflicto penal, regulación que se
origina de la voluntad del legislador, la cual se dirige a controlar que la aplicación de la citada medida se
logre utilizar únicamente una sola vez cada cinco años, sin que ello signifique la promoción de la
impunidad, además el término estipulado es razonable, pues impide que una persona imputada la utilice
de forma discriminada. Por tal razón, la obligación del Tribunal Penal de ordenar el registro en la base de
datos deviene de un mandato emitido por el poder estatal conforme al derecho público. Es decir, la
aplicación del supra citado instituto no configura un agravio irreparable en detrimento de derechos
fundamentales como la dignidad, la libertad individual, la igualdad, la intimidad, el debido proceso, ni
mucho menos se trata de un trato inhumano, cruel o degradante, por el contrario, debe quedar claro, que
en la especie no se trata de una pena, ni mucho menos de una inhabilitación, como de modo equívoco
parece interpretarlo el actor. Por otra parte, del sub examine se infiere que el objeto de la impugnación no
se dirige en sentido estricto contra la literalidad del párrafo segundo del artículo 30 inciso j) del Código
Procesal Penal, sino más bien en contra de su interpretación y aplicación para el caso concreto, lo cual la
acción de inconstitucionalidad interpuesta resulta inadmisible a la luz del numeral 73 de la Ley de
Jurisdicción Constitucional. En ese orden de ideas, para el accionante el tema central se funda en que la
remisión a la base de datos del registro judicial, que exige la disposición normativa impugnada no debería
registrarse en la denominada “hoja” de delincuencia, indica “como que si lo instruido y fallado hubiese
sido producto de una sentencia condenatoria” y de ahí su anotación como “convictos”, asegura que
surge interpretación errónea porque el proceso concluye con la aplicación de un sobreseimiento
definitivo, que lo exonera de toda pena y responsabilidad. En síntesis se logra desprender que la
vicisitud planteada estriba en el medio con que cuentan actualmente las autoridades administrativas
competentes para aplicar la norma en mención, por ello el tema ventilado en el presente caso, podría
interponerse en la vía del recurso de amparo, si el promovente lo tiene a bien, al sustentar la eventual
infracción al derecho fundamental de autodeterminación informativa que pudiese estar precisándose en el
registro de delincuencia.Se rechaza por el fondo la acción. RF

4263-11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. EN PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Alega el
recurrentes se le impuso una medida cautelar desproporcionada e irracional en un proceso de violencia
doméstica seguido en su contra. En el presente asunto concluye la Sala que la mera existencia de un
proceso penal o de violencia doméstica, no puede interpretarse, como una amenaza ilegítima a la libertad
personal del imputado, toda vez que, el propio ordenamiento procesal establece las vías suficientes e
idóneas para asegurar que las diversas causas se tramiten con estricta observancia de las garantías, las
facultades y los derechos previstos para las personas, motivo por el cual procede declarar sin lugar el
recurso. SL

3845-11. PRISIÓN PREVENTIVA. PRORROGA DE OFICIO. Alega el recurrente que se dictó
una medida cautelar en contra de su representado, que supera el plazo máximo establecido en
la normativa legal y vigente. En este caso concluye la Sala que cuando se dicta sentencia
condenatoria, la detención del imputado se debe tener por prorrogada por seis meses más,
razón por la que la fundamentación que reclama el recurrente resulta innecesaria en este
momento procesal, por lo antes expuesto procede declarar sin lugar el recurso. SL

3868-11. EXTRADICIÓN. NO HAN RESUELTO SOLICITUD DE REFUGIO. Alega el recurrente
que pese a que el amparado solicitó refugio tiene más de un mes sin que se resuelva su situación
migratoria y se encuentra detenido por parte de la autoridad accionada sin que exista una resolución
judicial o administrativa por lo que considera que la detención es ilegítima. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

3852-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. ALLANAMIENTO. Reclama el recurrente que
su vivienda fue allanada pese a que no era el domicilio de su hija; que fue golpeado y no se les notificó
de previo, la realización de esa diligencia, ni contaron con asistencia letrada. Argumenta que tanto él
como su esposa permanecieron detenidos por espacio de dos horas, mientras se ejecutó esa diligencia.
Menciona que la Jueza que autorizó la intervención telefónica y ordenó el allanamiento de su vivienda,
fue la misma que resolvió la medida cautelar dispuesta en contra de la tutelada. Aduce que la prisión
preventiva carece de falta de fundamentación, concretamente, en cuanto a la existencia de elementos que
puedan tener a la tutelada como autora del delito y el peligro procesal de fuga. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

3609-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Mencionan los amparados que se les endilgó la
actividad de venta de drogas pese a que nunca se determinó, y menos individualizó, a los posibles
infractores de venta de droga. Además acusa falta de valoración y confrontación de la prueba, pese a lo
cual se dictó prisión preventiva en su contra. Concluye la Sala que en este caso, el operativo y la
detención de los amparados se llevó a cabo a raíz de las investigaciones policiales realizadas, toda vez
que se determinó que los encartados vendían droga a los adictos de la ciudad de San José, motivo por el
cual procede declarar sin lugar el recurso. SL

3404-11. PRISIÓN PREVENTIVA. TARDANZA EN TRAMITACIÓN DE RECURSO DE
APELACIÓN. Indica el recurrente que se programó tardíamente la celebración de una audiencia oral,
requerida para conocer del recurso de apelación formulado, que le impuso al tutelado una medida cautelar
de prisión preventiva por el plazo de un mes. Asimismo, acusa que, de manera, totalmente, injustificada,
la jueza del Tribunal recurrido decidió no realizar la mencionada audiencia oral que se tenía programada
para conocer dicha apelación. Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin ordenarse la libertad del
tutelado, únicamente, por la tardanza en la que incurrieron las autoridades recurridas en la tramitación del
recurso de apelación planteado contra la resolución de 26 de enero de 2011. En lo demás, se declara sin
lugar el recurso. CL Parcial.
3402-11. IMPUTADO. SE LE NIEGA LIBERTAD Y TRASLADO. Alega la recurrente que el
tutelado se mantiene privado de libertad, a pesar de que el Juzgado Penal ordenó su libertad,
luego de que solicitara que se archivara la denuncia que había planteado contra él. Asimismo,
acusa que el amparado se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional de San
José, lo que limita las posibilidades de que pueda ser visitado por sus familiares, razón por la
que solicita se le traslade al Centro de Atención Institucional de Puntarenas. En este caso
constató la Sala que la autoridad judicial, nunca dispuso la libertad del amparado por
considerar el Ministerio Público que existían suficientes elementos para continuar con la causa.
En relación con el traslado solicitado se constata que el amparado tuvo que ser reubicado
luego de que aparentemente participara en una agresión a otro privado de libertad, ya que lejos
de implicar una vulneración a sus derechos fundamentales, tiene como fin tutelar su derecho a
la integridad física, de ahí que resulta procedente desestimar el amparo. Se declara sin lugar el
recurso. SL

3387-11. MEDIDAS CAUTELARES. NIEGAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR Acusa la
recurrente que el Tribunal recurrido no ha acogido la solicitud de sustitución de medida cautelar
planteada a favor del amparado, pues, su actual privación de libertad supone un riesgo para su
estado de salud. En este caso concluye la Sala que el amparado fue sometido a un
procedimiento que no era riesgoso y que no requería de un complejo procedimiento de
recuperación o cuidados especiales. Además había sido trasladado a las respectivas citas
médicas, en una de las cuales había dado de alta, razones suficientes para declarar sin lugar el
recurso. SL

3380-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DE PLAZO. Reclama la recurrente que la
prórroga de la prisión preventiva dictada en contra de su representado venció el ocho de
marzo del presente año, no obstante a pesar de lo anterior aún permanece detenido. Esta Sala
constata que el tutelado fue puesto en libertad inmediatamente después del vencimiento de la
prórroga de la prisión preventiva, motivo por el cual se declara sin lugar el recurso. SL

3397-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Acusa el recurrente que la resolución que
prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de su representado carece de la debida
fundamentación, por cuanto el Tribunal recurrido, al estimar el recurso de casación al existir una actividad
procesal defectuosa, debió declarar la acusación que pesa en su contra nula e ineficaz. En este caso
concluye la Sala que la resolución se encuentra debidamente fundamentada pues el Tribunal recurrido
indicó que existe un peligro de fuga en virtud de que al amparado se le imputa una serie de delitos
sancionados con pena privativa de libertad y es necesario asegurar su presencia en el proceso, en virtud de
que se ordenó el reenvío de la causa para la celebración de un nuevo debate, motivo por el cual procede
declarar sin lugar el recurso. SL

3399-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE DECRETA POR REBELDÍA. Aduce el recurrente
manifiesta que en proceso penal seguido en su contra, fue declarado reo rebelde y desde el
dieciocho de febrero de dos mil once, se encuentra bajo prisión preventiva en el Centro de
Atención Institucional El Roble en Puntarenas. Acusa que la autoridad recurrida no tomó en
consideración que el defensor particular del amparado había fallecido hace más de un año, por
lo que el tutelado no tuvo conocimiento de las diligencias judiciales que se iban a realizar y, en
consecuencia, no pudo apersonarse a éstas y tampoco se le asignó un defensor público que
ejerciera su defensa. En este caso, consta que se declaró la rebeldía contra el amparado, se
ordenó su captura y se suspendió la prescripción de la acción penal. En ese sentido, como
consecuencia de la orden de captura emitida en su contra, el encartado fue detenido seis años
y seis meses después de haberse declarado su rebeldía, y se le impuso la medida cautelar de
prisión preventiva. El accionante reclama que el defensor particular del amparado falleció en el
transcurso del plazo en el que éste se encontraba rebelde, razón por la cual al no nombrar un
nuevo defensor, se lesionó el derecho de defensa del tutelado. Decretada la rebeldía, y no
existiendo objeción sobre ésta, una vez que el imputado es capturado y puesto a la orden de la
autoridad competente, el Juzgador tiene la facultad de dictar la prisión preventiva sin necesidad
de convocar a la audiencia, toda vez que el estado de rebeldía constituye el presupuesto legal
suficiente para dictar la prisión preventiva y, con ello, asegurar que el imputado se someterá al
proceso. Se declara sin lugar el recurso. SL
3290-11. PRISIÓN PREVENTIVA. PRORROGA ORDENADA POR TRIBUNAL DE JUICIO.
Establece la recurrente que al amparado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva
por el plazo de tres meses, motivo por el cual presentó recurso de apelación; no obstante la
resolución fue confirmada de manera arbitraria; además se varió el plazo de la misma y la
aumentó a seis meses. Señala que presentó incidente por defecto absoluto, sin embargo, en
audiencia oral la autoridad jurisdiccional resolvió mantener la prisión preventiva. Se declara
parcialmente con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del imputado. En consecuencia, se
anula el Voto No. 468-2010 de las 16:00 hrs. de 20 de diciembre de 2010, dictado por el
Tribunal de Juicio de Alajuela, únicamente, en cuanto dispuso prorrogar ex officio por tres
meses más la prisión preventiva. CL

3292-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que dentro del proceso
penal que se sigue en contra del amparado, se dictó prisión preventiva por tres meses. Indica
que el Tribunal Penal recurrido conoció en alzada la resolución confirmando parcialmente la
medida en el sentido de que el plazo de la medida cautelar debía ser por un mes. Señala que
ambas resoluciones carecen de una razonable, suficiente y debida fundamentación, debido a la
carencia de un estudio pormenorizado de los autos. Establece que la resolución de alzada en
lo único que se fundamenta es en el peligro de "flagrancia", sin entrar a analizar el tiempo
transcurrido, de esa forma, se tiene que previo a imponerse al amparado dicha medida
privativa de libertad, no se entró a valorar por parte de las autoridades recurridas, otras
medidas cautelares sustitutivas. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

3297-11. DETENCIÓN. DURANTE EL DEBATE POR INGESTA DE LICOR. Manifiesta la
recurrente que en proceso penal seguido a su representado la autoridad recurrida señaló
fecha para celebrar el debate. Refiere que su representado puntualmente se hizo presente en
la segunda audiencia, pero con un poco de ingesta de alcohol, situación que provocó que el
Tribunal recurrido ordenara de manera arbitraria y oficiosa la detención inmediata del mismo
hasta el primero de marzo de este año. Considera que con dicho proceder se ha violentado los
derechos fundamentales al imputado, como es la libertad, toda vez que la autoridad recurrida
no indagó cuál era el estado real de su defendido de previo a ordenar su detención, sea, si éste
tenía o no capacidad de permanecer en el debate, máxime que en ningún momento la defensa
solicitó la suspensión de la diligencia por la situación del imputado, e incluso, ni la propia
Fiscalía requirió que se detuviera, sino que de manera inquisidora, según se indicó
anteriormente, dicha autoridad ordenó detener al amparado para asegurar que el mismo se
encontrara presente el día de la continuación del debate, orden que no fue fundamentada ni
justificada como en derecho corresponde. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

3173-11. DETENCIÓN. POR ASUNTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. Manifiesta el recurrente
que en proceso de Violencia Doméstica se dictó una medida de protección y auxilio policial a
favor de la ofendida. Indica que a ingresar a su casa de habitación con su hija mayor, su
esposa llamó a la policía y llegaron los oficiales de la Delegación Policial quienes ingresaron a
su casa sin mediar orden de allanamiento, lo detuvieron ilegalmente y uno de los oficiales le
amenazó que lo iban a meter al calabozo. Establece que pese a que constataron que no tenía
restricción alguna para estar en su casa de habitación, determinaron que debían llevarlo a la
Delegación Policial, donde fueron interrogados, su esposa e hija, lugar donde lo mantuvieron
por espacio de dos horas, hasta que posteriormente determinaron que no había violentado
ninguna orden de restricción por violencia doméstica. En este caso concluye la Sala que la
actuación de las autoridades recurridas no resultan ilegítimos, toda vez que la autoridad policial
recurrida, de conformidad con el numeral 20 de la Ley contra la Violencia Doméstica, les
impone el deber de intervenir en las situaciones de violencia doméstica, de oficio o cuando
sean requeridas por las víctimas o por terceras personas y de detener a la persona presunta
agresora y remitirla a la autoridad judicial, motivo por el cual procede declarar sin lugar el
recurso. Se declara sin lugar el recurso. SL

3180-11. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega el recurrente, que el Juzgado recurrido
señaló para el cuatro de marzo de este año, una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión
preventiva, la cual vencía ese mismo día; sin embargo ese día no se presentó ni el imputado, ni la
Defensora particular debido a razones médicas y a la fecha continúa en prisión sin que exista una orden
judicial o resolución que así lo disponga. Estima esta Sala que a la fecha el recurrente se encuentra
legítimamente detenido mediante una resolución judicial debidamente fundamentada que así lo ordena.
No obstante lo acontecido es subsanable mediante la realización de una nueva audiencia con la presencia
del defensor respectivo, motivo por el cual procede declarar sin lugar el recurso. SL

3177-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Indica la recurrente que dentro del proceso
penal seguido contra su representado la Fiscalía sólo puso a disposición del tutelado parte de la prueba
que existe en su contra y en la audiencia no presentó todas las pruebas que tiene en su poder, por cuanto,
la misma jueza que dispuso las medidas cautelares, fue la que ordenó la diligencia judicial de
allanamiento y, finalmente, no se fundamentó, debidamente, la orden de prisión preventiva impuesta
contra el tutelado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL

3056-11. DERECHO DE ABSTENCIÓN. JURISPRUDENCIA DE LA SALA TERCERA SOBRE
EL DERECHO DE ABSTENCIÓN. Acción de Inconstitucionalidad en contra de la jurisprudencia de la
Sala Tercera de la Corte, referente a la interpretación del artículo 205 del Código Procesal Penal. La
jurisprudencia que se impugna es con base en las sentencias 2005-00170, 2007-01101 y 2008-00263.
Señala que la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte ha sido conteste en el sentido de que cuando
termina la unión de hecho entre una pareja, se extingue también el derecho de ambos de abstenerse de
declarar en contra del otro en un proceso penal. Estima que ese criterio es contrario a la ―ratio‖ del
artículo 36 de la Constitución Política y a la garantía constitucional del debido proceso. Señala el
accionante que en aras de tutelar la unidad familiar, se debe interpretar el artículo 36 y por ende, el
numeral 205 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el derecho de abstención debe ser aplicable
en los procesos penales, aunque la pareja haya legalmente cesado de serlo, siempre que existan hijos en
común. Que la convivencia formal o de hecho que existía entre la pareja al momento en que uno de ellos
cometió un hecho punible, no desaparece para efectos de la aplicación del artículo 36 constitucional por el
hecho de que cuando se celebre el proceso penal correspondiente ya la pareja se haya separado
legalmente. Estima el recurrente que el vínculo familiar que existía entre la pareja al momento de la
comisión del delito, debe necesariamente subsistir en tutela del núcleo familiar, sobre todo cuando de esa
unión nacieron hijos comunes. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar
el recurso. SL

2950-11. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega el recurrente que el tutelado fue sometido a
un interrogatorio arbitrario, sin un abogado y haciendo uso de la fuerza; que se le nombró un defensor
hasta pasadas veinte horas después de su detención. Menciona que se le impuso una medida cautelar de
prisión preventiva, sin que, a tales efectos, se convocara a una audiencia oral y sin que se haya
fundamentado correctamente. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar
el recurso. SL

3048-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VISTA ORAL. Alega el recurrente que en contra de su
representado que se dictó prisión preventiva pese que no existe una necesidad procesal que
justifique tal medida cautelar, además no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto en
contra de la medida cautelar. Indica que no fue asistido por un traductor o intérprete durante la
diligencia de identificación, intimación y recepción de declaración, pese que no comprende
adecuadamente el idioma español. Manifiesta que actualmente se encuentra recluido en el
Centro de Atención Institucional Calle Real, ha sido ubicado junto con personas que ya están
descontando una sentencia condenatoria. Establece que su representado requiere de atención
médica, pese que éste sufre de problemas de salud. Se declara parcialmente con lugar el
recurso, sin ordenar la libertad del tutelado, por la infracción a su derecho fundamental a una
justicia pronta y cumplida, ante la dilación injustificada y excesiva del Juzgado Penal y del
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José en tramitar y resolver el recurso de
apelación planteado el 14 de febrero del 2011 en contra del auto de prisión preventiva
decretado en contra del amparado. Se ordena al Juzgado Penal y al Tribunal Penal, ambos del
Primer Circuito Judicial de San José, que adopten las medidas necesarias y que ejecuten las
acciones pertinentes para que se pueda celebrar con la mayor celeridad posible la vista oral, a
fin de conocer y resolver el mencionado recurso de apelación. En lo demás, se declara sin
lugar el recurso. CL Parcial

3047-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega la recurrente que a su defendido no
se le removieron los dispositivos de seguridad durante la audiencia ante el Tribunal recurrido, el
cual, además, se encuentra privado de libertad en base a una resolución ayuna de
fundamentación y que es errónea, la que al ser apelada fue confirmada con argumentos que no
fueron expuestos por las partes y que ni siquiera tomó en cuenta la Juzgadora de primera
instancia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. La Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Castillo Víquez salvan el voto. SL

2902-11. SENTENCIA. SE NIEGA COPIA EN DVD DE SENTENCIA. Aduce la recurrente que las
autoridades recurridas se negaron a entregarle una copia de la sentencia que se dictó en contra de la
amparada la cual se encuentra en formato DVD, bajo el argumento que no contaban con los mecanismos
tecnológicos necesarios para tal efecto. Señala la Sala que la denegatoria de información, resulta
totalmente arbitraria e injustificada, no sólo en virtud que las autoridades de dicho despacho judicial
contaban, de antemano, con directrices específicas giradas por el Consejo Superior del Poder Judicial para
solventar dicho problema a nivel interno y proporcionar la información requerida, sino, también, dado
que, el acceso a dicha sentencia se requería con el fin que la Defensa Pública revisara la sentencia dictada
en contra de la privada de libertad Arias Santamaría. Así las cosas, este Tribunal estima que, en la
especie, se han quebrantado los derechos fundamentales de la amparada. No obstante lo anterior y, ya
que, con ocasión del presente proceso de amparo las autoridades del Archivo Judicial, el día 20 de enero
de 2011 le proporcionaron a la recurrente una copia de la sentencia en cuestión, lo procedente es declarar
con lugar el recurso, únicamente, para efectos indemnizatorios. Se declara con lugar el recurso. Se
condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese al Presidente del Consejo Superior del Poder
Judicial. CL

2715-11. PRISIÓN PREVENTIVA. NO SE EJECUTA ORDEN DE LIBERTAD Reclama la
recurrente que el Tribunal Penal recurrido como consecuencia de la vista de apelación resolvió
la ineficacia de la prisión preventiva que se había impuesto a su defendido, razón por la que se
ordenó su inmediata puesta en libertad, sin que se haya hecho efectiva, pues en el Centro de
Atención Institucional, se indica que no han recibido orden de libertad por parte del Juzgado
Penal. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL


2629-11. IMPUTADO. NO LE QUITAN ESPOSAS A PESAR DE QUE SE ENCUENTRA
HOSPITALIZADO. Alega la recurrente que a su representado se le impuso, como medida
cautelar, tres meses de internamiento en el Hospital recurrido, medida que le fue prorrogada
por tres meses más. Aduce que durante el cumplimiento de esa medida cautelar, su defendido
ha permanecido esposado, aún cuando policías penitenciarios se mantienen a su lado en el
Hospital. El centro médico alega que tal condición obedece a una disposición penitenciaria, lo
cual fue confirmado por la policía penitenciaria que se encuentra en el lugar. Se declara con
lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado porque en la actualidad goza de ese
derecho. Se condena a Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social se declara sin
lugar el recurso. CL Parcial.

2460-11. DEPORTACIÓN. ES MADRE DE TRES MENORES COSTARRICENSES. Argumenta el
recurrente que la Dirección General de Migración y Extranjería tiene retenido el pasaporte de su esposa
de nacionalidad nicaragüense, y pretende deportarla. Agrega que él está en prisión, debido a una pensión
alimentaria. Indica que la tutelada es madre de tres hijos, que estudian en escuelas y colegios en este país.
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la protección de las personas
menores de edad se refiere. Se le ordena a la Directora General de Migración y Extranjería, otorgarle un
plazo razonable a la tutelada para que legalice su situación. En todo lo demás, se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial

2477-11. MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN DE MEDIDAS. Indica la recurrente que se encuentra
disconforme con la resolución No. No.1430-2010 de las 13:40 horas de 9 de diciembre de 2010 dictada
por el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, a través de la cual se revocó la libertad
del tutelado, por incumplimiento de las medidas de orientación y supervisión impuesta. Este Tribunal
concluye que en el proceso de habeas corpus, resulta improcedente valorar si, efectivamente, existía
mérito o no, para revocar la sanción alternativa de libertad asistida que le había sido otorgada al menor,
pues eso implicaría sustituir a los Jueces Penales en el ejercicio de funciones que le son propias, por lo
que procede declarar sin lugar el recurso. SL

2482-11. PRISIÓN PREVENTIVA. JUEZ SUPERIOR SUBSANA FUNDAMENTACIÓN.
Manifiesta el recurrente que la resolución de segunda instancia, a pesar de que la Jueza de Apelaciones
reconoce en su resolución la inexistencia de la fundamentación respecto a los elementos de convicción,
no declara con lugar la apelación sino que procede a realizar la fundamentación de los elementos de
convicción y por ende mantener la prisión preventiva contra su defendido. En criterio de la Sala, una
omisión como la alegada, permite al Tribunal de instancia, en la lógica de nuestro sistema procesal,
valorar los motivos en los que se sustenta la medida cautelar y subsanar la ausencia de fundamentación.
Se declara sin lugar el recurso. SL

1988-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Aduce el recurrenteque el Juzgado Penal
recurrido le impuso tres meses de prisión preventiva, medida cautelar que apeló, la cual fue
confirmada por el Tribunal recurrido. Alega que ambas resoluciones carecen de la debida
fundamentación, pues no se logra inferir el grado probabilidad exigido y que lo relacione con los
hechos atribuidos. Aunado a ello, a otro de los imputados que se le imputa similar participación,
se le concedió la libertad al imponerle otras medidas cautelares. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

1986-11. DEFENSOR. CAMBIO CONSTANTE DE DEFENSORES. Manifiesta el recurrente
que durante el trámite de la causa penal que se sigue en su contra se le han nombrado
diversos defensores públicos, quienes, además, no han contado con el tiempo suficiente para
estudiar la causa, a efectos de poder asistirlo debidamente durante las distintas diligencias o
actuaciones procesales. Acredita esta Sala que al amparado no se le ha dejado en un estado
de indefensión, estima que si el recurrente está disconforme con la forma en que se ha venido
tramitando la causa por el defensor público apersonado al proceso y que existe un motivo para
que se le asigne otro defensor público, así lo podrá reclamar ante la propia Defensa Pública o
ante el Tribunal Penal competente. Se declara sin lugar el recurso. SL

1992-11. DETENCIÓN. POR MAS DE 24 HORAS. Manifiesta el recurrente que su representado
permaneció detenido por un período irrazonable, por cuanto, pese a que lo llevaron ante el Tribunal de
Juicio, no se resolvió su situación jurídica, teniendo que pasar todo el fin de semana detenido. Estima que
la privación de libertad es desproporcionada tomando en consideración la baja penalidad del delito que se
le atribuye, que es posible que la causa esté prescrita y que es ilegítimo que no exista un juez en
disponibilidad en el Tribunal recurrido. Concluye esta Sala que el tutelado fue puesto a la orden del
Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica a primera hora del siguiente día hábil en el que fue detenido,
razón por la cual procede declarar sin lugar el recurso. SL

1983-11. REBELDÍA. SE DECRETA REBELDÍA POR NO UBICARSE EN LA DIRECCIÓN
BRINDADA. Alega la recurrente que a pesar de que desde el 22 de junio de dos mil diez, interpuso
dentro del proceso penal que se sigue contra el amparado, una excepción de prescripción, la cual no ha
sido resuelta a la fecha. Además señala que el Juzgado Penal declaró la rebeldía del amparado, actuación
que va en detrimento de su derecho a la libertad personal. Esta Sala descarta que contra el amparado se
haya vulnerado su libertad personal pues la orden de rebeldía fue decretada con fundamento en que no fue
ubicado en la dirección que brindó como su domicilio por no encontrarse en el país, motivo por el cual
procede declarar sin lugar el recurso. SL

1890-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FIRMADA POR JUEZ ESTANDO INCAPACITADA.
Argumenta el recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue a su representado, el día
de la conclusión de la audiencia del debate, se ordenó la prisión preventiva por el plazo de seis
meses. Acusa que la sentencia violenta el debido proceso pues existe una flagrante violación al
principio de Juez Natural, toda vez que la Jueza integrante del Tribunal, quien además presidió
el debate en dos oportunidades, se encontraba incapacitada. Estima que el hecho de que haya
firmado el fallo de cita, encontrándose incapacitada y además haya dictado la medida cautelar
de prisión preventiva en contra de su defendido, sin contar para el momento de esos dos actos,
con la investidura necesaria para ejercer la jurisdicción, pues su nombramiento como Jueza
había cesado al momento de acogerse a la incapacidad hace que el acto se anulo. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Las Magistradas
Calzada y Abdelnour salvan el voto y declaran con lugar el recurso únicamente en cuanto a la
prisión preventiva del tutelado y ordenan ponerlo en libertad. En lo demás, declaran sin lugar el
recurso. SL

1894-11. PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA DEL
DEFENSOR. Aduce la recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue al amparado
se le extendió la medida cautelar de prisión preventiva por el término de once días por orden
del Juzgado Penal, ya que en ese día se le cumplía un año de estar privado de libertad. Indica
que en la misma fecha se citó a vista en la Sala de Casación con el fin de prorrogar la medida
cautelar por más de un año. Alega que debido a que la audiencia se llevó a cabo sin el
defensor del amparado, no era posible prorrogar las medidas por más de un año, por lo que la
detención del tutelado es ilegal. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL


1831-11. RETEN POLICIAL. REQUISA. Argumenta el recurrente acusa que fue bajado de un
autobús dejando desprotegida a una menor que lo acompañaba y se le realizó una requisa tocando
públicamente sus partes íntimas, lo cual es una costumbre reiterada en su contra por haber sido drogadicto
anteriormente. Este Tribunal ha señalado que no resultan arbitrarios los retenes policiales que obedecen al
recibo de una noticia criminis, como ocurrió en este caso. Además. no consta prueba en autos que permita
demostrar que la requisa corporal realizada al recurrente excediera los límites acusados y según la
documentación aportada por la autoridad recurrida, la revisión obedeció a la existencia de una denuncia
anónima, procediendo a declarar sin lugar el recurso. SL

1832-11. IMPUTADO. NOMBRAMIENTO DE TRADUCTOR. Refiere la recurrente que su
representado a la hora de la declaración indagatoria no contó con traductor a su idioma; no obstante, el
Juzgado Penal le impuso seis meses de prisión preventiva. Estima esta Sala que en la audiencia oral la
Jueza Penal sí expuso las razones por las que, a su juicio, se podía considerar que el tutelado sí habla
fluidamente en español. Ante las circunstancias apremiantes, el Juzgado resolvió la situación jurídica del
tutelado y también expuso concisamente las razones por las que la prisión procede, razón por la cual se
declara sin lugar el recurso. SL

1554-10. EXTRADICIÓN. LLEVA UN AÑO DETENIDA Y NO HAN RESUELTO SOLICITUD
DE REFUGIO. Reclama el recurrente que a la amparada se le ha mantenido detenida por más
de un año sin ser condenada y a la fecha no ha concluido el proceso de extradición tramitado
en su contra. Además menciona que se le mantiene en la cárcel de mujeres, junto con otras
privadas de libertad ya condenadas. Finalmente acusa que no ha sido resuelta la solicitud de
refugio planteada desde los primeros meses del 2010. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara con lugar el recurso únicamente en cuanto a la alegada violación al
artículo 41 de la Constitución Política. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese
esta sentencia a quien ocupe el cargo de Ministro de Gobernación y Policía, a efecto de que
tome nota de lo dicho en el penúltimo considerando. CL Parcial

1565-11. PROCESO ABREVIADO. CONDENA PACTADA CON EL ACUSADO SE
CUESTIONA EN ESTA VÍA. El amparado estima violentados sus derechos fundamentales, por
cuanto acusa que en el proceso penal seguido en su contra se produjeron errores procesales,
tales como que en la acusación se indicó que los hechos se produjeron en el período de julio y
agosto del año 2009, que no estaba bien fundamentada y errada la calificación legal. Así
también, acusa que la audiencia preliminar no quedó bien gravada y que en su caso se está
produciendo una aplicación retroactiva de la ley, por la cual se le está condenando a seis años
de prisión. En este caso consta que el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial condenó al
amparado a una pena de 6 años de prisión, de conformidad al artículo 58 de la Ley de
Sustancias Psicotrópicas. Asimismo, informó bajo juramento la autoridad recurrida, que en la
sustanciación del proceso seguido contra el imputado se cumplió con el procedimiento
abreviado de conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Penal, lo que trajo como
consecuencia una condena que incluso fue pactada y por el delito de posesión de droga para la
venta, vigente según Ley No. 8204. Así las cosas, es posible concluir que los reproches
planteados por el recurrente como violaciones conexas que pudieren derivar una lesión al
derecho de libertad, no son susceptibles de ser conocidos vía hábeas corpus por existir otros
mecanismos intra-procesales para su impugnación (N.° 2003-13355 y N.° 2005-02554). En
consecuencia de lo expuesto y atendiendo a los precedentes de la jurisdicción constitucional, el
reparo que se formula es improcedente, y por ende, lo procedente es declarar sin lugar el
recurso. SL


1605-11. AUDIENCIA. SIN PRESENCIA DEL DEFENSOR. Acusa el recurrente que se realizó
audiencia oral a fin de conocer acerca de las medidas cautelares impuestas al encartado, sin la
presencia del defensor, lo que –en su criterio- violenta el derecho de defensa de su defendido.
Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución de las 16:15 horas del 21 de enero del
2011 emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, por medio de la cual se
ordenó imponer medidas cautelares al amparado por el plazo de cuatro meses. Se ordena al
Juez Penal del II Circuito Judicial de San José, disponer lo correspondiente para que de
inmediato se reprograme la audiencia oral para conocer la solicitud de medidas cautelares
planteada por el Ministerio Público dentro de la causa penal N°10-204034-0472-PE. CL

1556-11. DEFENSOR. REALIZAN AUDIENCIA PESE A QUE LOS DEFENSORES TENÍAN
PROGRAMADA OTRA DILIGENCIA JUDICIAL. El recurrente acude a esta Sala en tutela del
derecho fundamental a la defensa del amparado, toda vez que el Tribunal Penal de Liberia programó el
debate para la misma fecha que sus defensores tenían programada una audiencia en el Tribunal de
Casación Penal, por lo que solicitaron cambio de fecha, que les fue denegado. En este caso, consta que les
fue negada el cambio de fecha de la audiencia, por cuanto se estimó que al ser dos defensores
particulares, cada uno podía hacerse cargo de una de las audiencias. Esta Sala considera que lleva razón la
autoridad recurrida al indicar que al tener el amparado dos defensores particulares, cada uno de ellos
puede hacerse cargo de una de las diligencias judiciales, por lo que en ningún momento se dejó sin
representación técnica. Es menester aclarar que el derecho de defensa implica que un profesional en
derecho asesore al imputado en las diferentes diligencias judiciales, no así que sean dos, si el amparado
contrató a dos profesionales, que por su agenda particular no pueden atender una determinada diligencia,
deberán realizar las gestiones necesarias para que alguna persona tome su cargo, no teniendo la
Administración de Justicia que poner la agenda de los despachos al servicio de las posibilidades de los
defensores particulares. Aunado a ello, en este caso, a pesar de que el actuar del Tribunal Penal de Liberia
no lesionó ningún derecho fundamental, éste coordinó con el Tribunal de Casación Penal la variación de
la audiencia programada. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. SL

1637-11. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SIN DAR AUDIENCIA AL DEFENSOR.
El recurrente acude a esta Sala en tutela de su derecho a la libertad de tránsito, toda vez que el Tribunal
Penal de Heredia prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva interpuesta en su contra, ello a pesar
de carecer de competencia, pues actualmente el caso se encuentra en casación ante la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia. Aduce, además, que en dos audiencias señaladas por la Sala Tercera, no se
presentaron los defensores públicos, por lo que éstas fueron canceladas, lo que estima lesiona su derecho
de defensa. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


1376-11. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DURANTE LA ETAPA DE JUICIO. El
recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, en virtud de que el Tribunal de Juicio del
Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Nicoya, prorrogó las medidas cautelares dictadas en su
contra, sin fijarse ni establecerse un plazo determinado de vigencia, solo se indicó que se prorrogaban
hasta el día del dictado de la sentencia. Se cita el voto 18259-07. Con base en esto y en vista que contrario
a lo indicado por el recurrente la resolución impugnada sí establece que la eficacia de las medidas
cautelares de carácter personal impuestas al tutelado deben mantenerse hasta que se agende el proceso
para juicio, lo procedente desestimar este hábeas corpus. SL

1370-11. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR SITUACIÓN MIGRATORIA.
Argumenta el recurrente que el amparado permanece detenido por orden del Tribunal recurrido a
solicitud de la Policía de Migración, pero en las celdas de Adaptación Social por un plazo de ocho días
para lo que correspondiera en relación con su situación migratoria. Considera esta Sala que las
autoridades de migración pueden restringir la libertad de un extranjero que ingresa ilegalmente al país,
durante el tiempo racionalmente indispensable para hacer efectiva su expulsión y deportación. Además el
determinar si el Tribunal aquí accionado tenía potestad o no para acceder a esa petición de la Policía
Migratoria, como en efecto lo hizo, no es competencia de esta Sala al ser un problema de legalidad
ordinaria, por lo que procede declarar sin lugar el recurso. SL
1224-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que el Juez del Tribunal
recurrido declaró sin lugar su gestión recursiva con argumentos contrarios a la sana critica y reprendió a
su patrocinada al emitir verbalmente su decisión. Señala la Sala que si la defensora consideró que la
juzgadora excedió su labor reprendiendo a la acusada verbalmente y esa conducta es reprochable, debe
acudir a las instancias disciplinarias. Por otra parte, en cuanto a la fundamentación de la prisión
preventiva, este Tribunal ha constatado que se encuentra ajustada a las normas constitucionales y legales.
SL

1217-11. PRISIÓN PREVENTIVA. IMPUESTA EN SENTENCIA CONDENATORIA. Reclama el
recurrente que se le dictó prisión preventiva en forma ilegítima, pues la ordenó el Tribunal de Juicio,
cuando lo correcto, al estar remitido para resolverse un recurso de casación, es que la dictara la Sala
Tercera. Asimismo, acusa que, la Sala Tercera al resolver el recurso de casación ordenó el reenvió de la
causa, por lo que el Tribunal de Juicio no debió prorrogar la prisión preventiva. Por último, reclama que
en el ámbito donde se encuentra ubicado, no presenta las condiciones mínimas. Considera la Sala que el
reclamo del recurrente sobre el Tribunal competente para dictar la resolución respectiva es un argumento
que hace referencia a una discusión que deberá plantearse y resolverse en la propia sede penal, y como lo
ha señalado en reiteradas ocasiones este Tribunal, no es una instancia más en el proceso penal, ni le
corresponde sustituir a los jueces penales en ejercicio de sus funciones, por lo que se declara sin lugar el
recurso. SL

1214-11. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Reclama el recurrente que la resolución
mediante la cual el Tribunal Penal revocó la resolución dictada por el Juzgado Penal en cuanto ordena la
libertad de uno de los imputados y que ordena a prisión preventiva del amparado por el término de tres
meses carece de fundamentación. Estima la Sala que la sentencia se encuentra debidamente motivada,
toda vez que el órgano jurisdiccional competente, en forma detallada, determina los elementos que lo
llevan al grado de probabilidad y necesidad requerida para el dictado de la medida cautelar, por lo que
procede a declarar sin lugar el recurso. SL

1219-11. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SIN NOTIFICAR AUDIENCIA Alega la
recurrente que el Juzgado recurrido prorrogó contra su defendido el plazo de la prisión preventiva, sin
notificarle a ella sobre la audiencia que se realizó para tales efectos. Considera la Sala que es necesario
notificar al defensor la resolución que impone la prisión, con mayor razón es necesario notificarle la
celebración de una audiencia para conocer si se debe imponer o prorrogar. El fin de la audiencia es,
precisamente, permitir a la defensa oponerse a la solicitud. No basta, como argumentó el Juez Penal, con
notificarle al imputado, pues es su abogado quien está capacidad de conocer los alcances de la audiencia y
las consecuencias de escoger distintas estrategias de defensa; en esto, precisamente, consiste la defensa
técnica, por lo anterior procede a declarar con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se
ordena al Juez Coordinador del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Puntarenas, programar y
celebrar de inmediato la vista oral correspondiente a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de
prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en contra del amparado únicamente. CL

1223-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO Y RECHAZADO RECURSO
DE CASACION. Argumenta el recurrente que desde el 21 de enero de 2011 se venció la medida
cautelar de prisión preventiva decretada en contra de la tutelada y aún a la fecha se encuentra privada,
ilegítimamente, de su libertad personal, sin que se haya dictado alguna otra resolución judicial que así lo
ordene. Esta Sala establece que si el Tribunal de Casación Penal recurrido no decidió prorrogar la medida
cautelar de prisión fue por considerarlo innecesario, habida cuenta que ya existía una sentencia penal que
quedó en firme al ser rechazado su recurso de casación que disponía formalmente su privación de
libertad, por lo anterior procede declarar sin lugar el recurso. SL

1014-11. IMPUTADO. SE LE NIEGA COMUNICACIÓN CON SU DEFENSOR. Alega por el
recurrente que se hizo presente a la Comandancia de Puntarenas para asumir la defensa técnica del
amparado, no obstante se identificó como abogado, pero se le dijo que no se le podía permitir conversar
con el detenido, ya que estaba a la orden del Fiscal de Turno. Manifiesta que le indicó que de acuerdo
con los derechos que le asisten al amparado, tenía derecho desde su detención a ser asistido por un
abogado, por lo que accedió momentáneamente a que conversara con él; sin embargo, llamó por teléfono
al Fiscal de Turno, y éste le ordenó suspender de inmediato la entrevista y el ejercicio de la defensa
técnica, por lo que volvió a encerrar al amparado indicándole que no podía hablar con él hasta nueva
orden o actuaciones del Fiscal. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

1023-11. DETENCIÓN. POR MAS DE VEINTICUATRO HORAS. Manifiesta la recurrente que la
detención de los tutelados es ilegítima, ya que fueron aprehendidos a las diez horas veinte minutos del
diecinueve de enero de dos mil once, y transcurridas más de veinticuatro horas, los mismos no conocían
el motivo por el cual se encontraban privados de su libertad y sin acceso al expediente. Indica que el
Ministerio Público les comunicó que el veinte de enero de dos mil once, se realizaría un reconocimiento
judicial, diligencia que concluyó después de las dieciséis horas de ese día. Alega que de la relación de
hechos y de los informes de la Fuerza Pública que se encuentran en el expediente, se observa que los
tutelados permanecieron privados de su libertad por un plazo mayor, sin existir disposición jurisdiccional
que fundamentara tal privación. Establece que uno de sus representados lleva detenido más de cuarenta y
ocho horas sin que el Ministerio Público hubiese trasladado la causa ante el juez correspondiente, y sin
existir una justificación sobre el exceso de horas en la detención de los imputados. Se declara
parcialmente con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con
los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

1027-11. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Alega la recurrente que el
amparado fue condenado a una pena de cinco años de prisión, en razón de lo anterior se ordenó la medida
cautelar de prisión preventiva en su contra por un plazo de seis meses. Señala que dicha medida cautelar
venció, sin que a la fecha haya una resolución que fundamente la privación de libertad que sufre el
amparado. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al Estado al
pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL


885-11. EXTRADICIÓN. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE OFICIO. Alega el
accionante que el dictado de la prórroga de la prisión preventiva del extraditable resulta improcedente
por no haber sido requerida por el Ministerio Público. No obstante, lo anterior, la Sala descarta la lesión
a los derechos fundamentales del amparable debido a que el proceso de extradición es un proceso
diferente a los procesos penales nacionales y se rigen por reglas diversas. Asimismo, la Ley de
Extradición vigente, no hace referencia alguna a la participación del Ministerio Público en los procesos
de extradición. De manera que, este Tribunal estima que la prórroga de la prisión preventiva del
extraditable, de oficio, no vulnera los derechos de índole constitucional. Sobre la denegatoria del recurso
de apelación contra la resolución que prorrogó la prisión preventiva, es un punto que ya ha sido
analizado por la Sala, en el sentido que el tratado solo autoriza la libertad del detenido cuando el
gobierno requirente no haga en tiempo la solicitud formal de extradición, u omita el envió de la
documentación que señala el artículo 9 ibídem, lo que en este caso no se dio. Se declara sin lugar el
recurso. SL

884-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE PRORROGO DE OFICIO EN LA ETAPA DE JUICIO. El
recurrente, alega que la autoridad recurrida ha prorrogado en tres ocasiones la prisión preventiva en
contra del amparado, sin otro fundamento que asegurar la presencia de los imputados en el proceso penal.
Señala la Sala que en este caso, no se observa lesión a derecho fundamental alguno por el hecho que el
Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, una vez elevada la causa a juicio,
haya ordenado de oficio la prórroga de la prisión preventiva del imputado, aquí amparado, quien ya se
encontraba privado de libertad, con el propósito de asegurar la celebración del debate. Además se tiene
que el juicio fue reprogramado para la fecha más cercana posible, así como la existencia de peligros
procesales que justifican la prórroga de prisión preventiva, de tal manera que el Tribunal consideró
procedente autorizarla, a fin de asegurar la presencia del acusado en el juicio oral y público. Se declara
sin lugar el recurso. SL

882-11. DEPORTACIÓN. POR CONDICION MIGRATORIA IRREGULAR. Alega el recurrente
que su representada es de origen Guatemalteco y se le detuvo por su condición de ilegal en el país, y
luego fue enviada al Centro de Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito de la Dirección General de
Migración y Extranjería. Señala que la amparada no posee ninguna documentación por cuanto en la
Dirección General de Migración y Extranjería no se le dio la oportunidad de presentar los documentos
para formalizar su status. Señala la Sala que el Estado, en ejercicio de su soberanía, está facultado para
regular el ingreso y la permanencia de los extranjeros en el país, disponiendo los casos en los cuales
procede su deportación o expulsión -según corresponda- pues en todo momento aquéllos deben someterse
a lo que en materia migratoria prescriba la Ley. Claro está que tales medidas deben obedecer a criterios
objetivos plasmados en la ley, de conformidad con el principio de legalidad, y en su aplicación deben
respetarse los derechos fundamentales de los no nacionales. En el caso concreto, consta que la
aprehensión de la amparada se realizó para verificar su situación migratoria, y dar inicio al trámite
correspondiente, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales, toda vez que las autoridades de
migración pueden restringir la libertad de las personas en esa situación, durante el tiempo racionalmente
indispensable para hacer efectiva su expulsión o deportación, o comprobar su estatus migratorio. Se
declara sin lugar el recurso. SL

989-11. MENORES DE EDAD. ABUSOS SEXUALES. Acción de Inconstitucionalidad contra
del artículo 161 inciso 1) del Código Penal. El accionante solicita que se declare la
inconstitucionalidad de la norma, en cuanto el mismo establece la pena de cuatro a diez años
de prisión, por el delito de abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, en
los casos en que la víctima sea menor de trece años, a pesar de que el párrafo primero de la
norma dispone una pena de tres a ocho años. Afirma que el extremo menor de la pena fijada
en la norma impugnada, hace que no pueda aplicársele la suspensión condicional. El hecho de
que la norma impugnada establezca como extremo menor, la pena de cuatro años de prisión y
que eso impida que se le aplique la suspensión condicional de la pena al imputado, no vulnera
el principio de igualdad, ya que es parte de la competencia para diseñar la política criminal y los
distintos procesos jurisdiccionales, el legislador estableció en los artículos 59 a 63 del Código
Penal, la posibilidad de que en determinados casos en los que se dicta una sentencia
condenatoria, pueda otorgarse la suspensión condicional de la pena. Asimismo, se prevé en el
artículo 161 del Código Penal, una figura simple y varias circunstancias de agravación del delito
de abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces. Esa distinción de
penalidad entre la figura simple y las formas agravadas, no implica en modo alguno un trato
desigual, dado que la agravación obedece a la existencia de circunstancias que producen una
lesión aún más significativa al bien jurídico tutelado y por ende, merecen una respuesta
punitiva diversa, que por lo demás no se estima irrazonable ni desproporcionada. Se rechaza
por el fondo la acción. RF


990-11. RECUSACIÓN. PLAZO PARA PRESENTARLA. Acción de Inconstitucionalidad en contra
del párrafo segundo de artículo 58 del Código Procesal Penal. El recurrente acusa que la norma
impugnada resulta inconstitucional, en el entendido que limita la posibilidad del imputado de presentar
una recusación, pues debe hacerlo dentro del plazo de veinticuatro horas siguiente, desde el momento en
el cual se conocen los motivos en los cuales se funda. Alega que dicho término es demasiado corto, por lo
que no salvaguarda el principio de imparcialidad del juez. Asegura que es ilegítimo ya que, si por alguna
circunstancia el imputado no puede formular la recusación respectiva dentro del plazo estipulado y, por su
parte, el Juez decide no excusarse, se podría estar convalidando un vicio sustancial. Esta Sala
Constitucional en múltiples oportunidades ha indicado que el legislador está plenamente facultado para
configurar los distintos procesos tramitados en sede jurisdiccional, lo que lógicamente incluye el
establecimiento de determinados plazos según el tipo de iter procesal. Se citan las sentencias 3782-96,
11923-08. Asimismo, la imposibilidad de recusar un juez dentro del término conferido y la negativa
injustificada de éste de excusarse, perfectamente podría configurar un defecto absoluto, no convalidable,
y susceptible de ser analizado mediante le recurso de casación, luego de cumplir con las formalidades
pertinentes. Resulta claro, entonces, contrario a lo alegado por el accionante, que el ordenamiento jurídico
nacional sí ofrece las herramientas suficientes para salvaguardar el principio de imparcialidad del juez. Se
rechaza por el fondo la acción de inconstitucionalidad. RF

649-11. DETENCION. AGRESIÓN POLICIAL. Alega la recurrente que al amparado fue detenido por
tres oficiales del Organismo de Investigación Judicial, en forma violenta, quienes sin respeto a su
dignidad, por cuanto es minusválido y sin orden judicial alguna, lo agredieron y esposaron. Ante el
sangrado producido por dichas lesiones, los vecinos llamaron a la Cruz Roja, que recomendó atención
médica hospitalaria; la cual fue negada y se le mantuvo por varios minutos sin atención. Considera que
por tratarse de una persona minusválida, y que en el momento se encontraba sumamente ebrio, no
ameritaba en modo alguno tal golpiza, pues era imposible que pretendiera escapar, solicita la inmediata
libertad de su representado, quien fue detenido improcedentemente y de forma violenta. Se declara
parcialmente con lugar el recurso, por la violencia con se realizó la detención del recurrente. Tome nota la
autoridad recurrida del Considerando último de ésta sentencia. En todo lo demás se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial
427-11. MENOR DE EDAD. DEMORA EN RESOLVER SOLICITUD DE CAMBIO DE MEDIDA
CAUTELAR. Reclama la recurrente que su representado menor de edad cumple una pena privativa de
libertad. Aduce que su defensora presentó ante el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales
Juveniles, un incidente de cambio de sanción de internamiento (prisión) a libertad asistida, órdenes de
orientación y supervisión. No obstante, el Juzgado de Ejecución está posponiendo de manera
injustificada, la resolución de un incidente que implica una posible concesión de la libertad del joven. Se
declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado, por violación a los derechos
constitucionales de defensa y justicia pronta y cumplida. Se ordena a la Jueza Coordinadora del Juzgado
de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles del Primer Circuito Judicial de San José, o al juez que en
su lugar tramite el incidente número 28-10-I relativo a la causa penal número 09-000213-0369-PE (70-
09-A), que DE INMEDIATO ponga en conocimiento de las partes la corrección formulada por el
Director del Centro de Atención Especializada Adulto Joven mediante oficio fechado 30 de noviembre de
2010, visible a folios 100 y 101 de la copia del expediente judicial de dicho incidente. CL

429-11. EXTRADICIÓN. CAMBIO DE LEGISLACIÓN EN PAIS REQUIRENTE. El recurrente
cuestiona el proceso de extradición que se tramita en contra de su representado, por cuanto la legislación
española cambió e impuso mayores penas a la conducta delictiva por la que se le acusa. Por lo que estima,
que las condiciones han variado sustancialmente el Tratado de Extradición entre España y Costa Rica.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

440-11. CASACIÓN. TIEMPO PARA QUE LAS PARTES PRESENTEN ALEGATOS. Menciona
el recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue a su representado se presentó recurso de
casación ante la Sala Tercera, la cual ordenó la realización de una vista oral, en la cual, el Presidente de
la Sala indicó a los participantes al inicio de la vista que cada parte contaba con 15 minutos para exponer
sus alegatos, plazo que resultó insuficiente para el ejercicio de una buena defensa técnica. Manifiesta que
no existe dentro de la legislación penal vigente normativa alguna que autorice a la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia a limitar el tiempo en que los imputados y sus abogados puedan exponer
oralmente sus alegatos y ejercer la defensa de los imputados. Indica que durante la audiencia se le
permitió participar como imputado, pero únicamente se le concedió 5 minutos para referirse sobre el tema
y defenderse de los hechos acusados. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL

444-11. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Alega el
recurrente que fue condenado a veinte años de prisión y que la Sala Tercera anuló el debate y prorrogó la
prisión preventiva por seis meses más, sin más fundamentación al respecto. Afirma que han transcurrido
más de veinte días sin conocer las razones por las cuales su representado se encuentra detenido. En este
caso consta que la Sala Tercera declaró con lugar los motivos de casación, dispuso la anulación del fallo,
el reenvío de la causa para una nueva sustanciación y ordenó la prórroga de la prisión preventiva por seis
meses a partir de esa fecha. Asimismo se indica que la Sala Tercera, según el último párrafo del artículo
258 de dicho código, la Sala de Casación Penal está facultada para dictar, de oficio, la prisión preventiva
cuando disponga el reenvío a un nuevo juicio. El fin de esa previsión normativa es hacer posible que se
cumplan los fines del proceso, es decir, la realización del juicio. Por lo tanto, lo actuado tiene fundamento
legal. Se acusa la notificación rápida de la totalidad de la resolución. Lo cual constituye, no un problema
de constitucionalidad sino a lo sumo un problema de organización administrativa de la Sala Tercera, cuyo
reclamo debe llevarse ante esa misma instancia o eventualmente ante la Contraloría de Servicios del
Poder Judicial. Finalmente, no se ha tratado de violación alguna al derecho de defensa por cuanto, una
vez que le haya sido notificada integralmente la sentencia, el defensor podrá hacer uso de los remedios
procesales que prevé el ordenamiento jurídico. Se declara sin lugar el recurso. SL

553-11. PRISIÓN PREVENTIVA. SE PRORROGA VENCIDA. Alega el recurrente que el Juzgado
Penal de San José prorrogó la prisión preventiva un día después de que estuviera vencida. Se declara con
lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

558-11. DEFENSOR. AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA DEL DEFENSOR. Alega el recurrente
que dentro del proceso penal que se le sigue a sus representados, se encuentra pendiente de resolver un
recurso de apelación formulado por el Ministerio Público. Explica que la audiencia oral respectiva no se
ha podido llevar a cabo, por diversos motivos, entre ellos, por problemas de salud que padece, en función
de un accidente de tránsito que le produjo una seria lesión en la columna, motivo por el cual fue
incapacitado para sus labores habituales. Refiere que en se le amenaza con celebrar la audiencia, aunque
no se presente a ella, lo cual atenta contra la libertad y la defensa de sus defendidos. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

565-11. PRISION PREVENTIVA. REVISIÓN DE OFICIO DE LA MEDIDA. Acusa la recurrente
que a los amparados se les está violentando su derecho a la libertad personal por cuanto, el Tribunal Penal
recurrido declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado Penal
que de oficio revisó la medida cautelar y dispuso mantener la prisión preventiva. Señala la Sala que tal
como interpreta el Tribunal de Juicio recurrido, deben haber transcurrido los primeros tres meses desde
que fue decretada la medida. En el caso en concreto no se acredita que el recurrente haya interpuesto
alguna solicitud de modificación o cambio de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por el
Juzgado Penal de Hatillo. Por el contrario, fue el Juzgado Penal de Hatillo quién de oficio revisó la
prisión preventiva que pesaba contra los amparados, en virtud de que habían transcurrido tres meses
desde que fue prorrogada, determinando mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Así las cosas,
la disconformidad del recurrente con lo dispuesto por el Tribunal Penal que declaró inadmisible el recurso
de apelación interpuesto contra lo dispuesto por el Juzgado Penal en donde de oficio revisó la medida
cautelar y dispuso mantener la prisión preventiva que pesa contra los amparados, no vulnera ningún
derecho fundamental. SL

568-11. DETENCIÓN. RETEN POLICIAL EN INMEDIACIONES DEL ESTADIO DE
ALAJUELA. Alega el recurrente que cuando se dirigía a su casa, en las inmediaciones del Estadio de
Alajuela, fue detenido arbitrariamente por orden de la Fuerza Pública de Alajuela, por el supuesto "retén
de seguridad". Indica que fue golpeado, esposado, llevado en una perrera y humillado. Añade que
desconoce las razones de su detención. Señala la Sala que la detención como medida cautelar exige la
concurrencia de un "indicio comprobado de culpabilidad", entendido como información objetiva capaz de
producir un conocimiento probable de una imputación delictiva (vid sentencia 3887-94). Esto implica que
la autoridad policial no podrá ejecutar una detención con la finalidad de iniciar una investigación. En este
caso consta que el petente no atacó a ninguna oficial de policía, simplemente la policía lo consideró una
persona que estaba perturbando la paz por indicar que no tenía entrada para el estadio y que lo dejaran
pasar porque se dirigía a su hogar y aún así, fue agredido injustificadamente. Se declara CON LUGAR el
recurso Se le ordena al Coordinador de la Policía de Alajuela, abstenerse de incurrir en los hechos que
sirvieron de base a esta estimatoria. CL

56-11. DECOMISO. NIEGAN ENTREGA DE VEHÍCULO. Manifiesta el recurrente que en su contra
se siguen dos causas penales, motivo por el cual se le decomisó su vehículo y la Fiscalía recurrida se
niega a devolvérselo. En este caso consta que el automotor en cuestión se encuentra decomisado por ser
precisamente el objeto con el cual, presuntamente, el amparado cometió los delitos de Conducción
Temeraria y de Lesiones Culposas por los cuales se le investiga en la Fiscalía de Pavas, por lo que se
estima que no es más que un conflicto de mera legalidad ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por
lo que debe gestionar lo que corresponda, a la autoridad competente. Se declara sin lugar el recurso. SL


221-11. DETENCIÓN. MAS DE VEINTICUATRO HORAS EN PERIODO DE VACACIONES
COLECTIVAS. Alega el accionante que fue detenido el 24 de diciembre de 2010, fue detenido
y trasladado el amparado a las celdas del II Circuito Judicial de San José. Agrega no es sino
hasta el 28 de diciembre de 2010 que el Tribunal de Juicio de Desamparados realizó una vista
por rebeldía, dentro del proceso seguido en su contra, por lo que estuvo detenido en forma
ilegítima al no haberse resuelto dentro del plazo legal su situación jurídica. Sobre el cierre de
despachos judiciales en vacaciones se cita el voto 04-96. Se analiza el caso de la organización
del Poder Judicial en cuanto a mantener siempre jueces disponibles todos los días del año.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por los hechos que dan lugar
a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL

023-11. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que en
contra de los tutelados se sigue la causa penal por el delito de robo agravado y se les impuso
como medida cautelar, la prisión preventiva. Señala que se ordenó un rastreo de llamadas y
una triangulación de las mismas entrantes y salientes al celular de la ofendida, durante el día
de los hechos y esta prueba no se presentó porque el Organismo de Investigación Judicial la
había extraviado, cuando aparecieron se determinó que ninguno vincula a los acusados y aún
así, se prorrogó la prisión preventiva. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. SL


008-11. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Señala el accionante que por el supuesto delito de
Legitimación de Capitales en perjuicio de la Salud Pública, al efectuar una revisión oficiosa, se ordenó
mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra su defendido sin conferir audiencia oral como
corresponde, provocando una clara indefensión a su defendido y quebrantando los principios integrantes
del Debido Proceso, ya que no pudo realizar los alegatos de defensa y ofrecer la prueba respectiva. Se
declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se anula la resolución de las quince
horas del tres de diciembre de dos mil diez del Juzgado Penal de Primer Circuito Judicial de San José. Se
ordena a la Jueza Penal del I Circuito Judicial de San José, tomar las medidas necesarias para que se
celebre de inmediato la audiencia oral para conocer y resolver lo que corresponda en relación con el
examen de oficio de la prisión preventiva del amparado. CL

014-11. PRISIÓN PREVENTIVA. NIEGAN TESTIMONIO EN AUDIENCIA. La recurrente acude
a esta Sala en tutela del derecho fundamental del recurrente a la defensa, toda vez que el
Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José se negó a escuchar las
declaraciones de una testigo en la audiencia de prórroga de la prisión preventiva. En este caso,
a la luz de las pruebas planteadas y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

21459-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE RECHAZA CAMBIO AD PORTAS, SIN AUDIENCIA.
Alega el accionante que presentó una solicitud de cambio de medida cautelar por cambio de
circunstancias ante el Juzgado Penal de San Ramón. No obstante la solicitud expresa de convocatoria de
audiencia, se rechazó ad portas esa solicitud, aplicando el artículo 253 del Código Procesal Penal. En este
caso, se consta que la Jueza rechaza ad portas, según la potestad otorgada en el artículo 253 del Código
Procesal Penal, al considerar que, aunque lo alegado por la defensora pública sobre la oferta de trabajo
fuera cierto, esta situación no cambiaba los demás elementos que fundamentaban la prisión preventiva
contra el tutelado como la alta penalidad del hecho, magnitud del daño causado y comportamiento
subsiguiente a los hechos, existencia de un peligro para la víctima y de obstaculización del proceso. Por lo
tanto, la Jueza consideró, y así lo consignó en la resolución que rechaza ad portas la solicitud de cambio
de medida cautelar que había una inexistencia de la variación de circunstancias que originaron la prisión
preventiva, por lo que optó por rechazar ad portas esta solicitud. Recordemos que, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 253 en relación con el 254 del Código Procesal Penal, por principio general, no procede la
revisión de la prisión preventiva del acusado antes de que hayan transcurrido tres meses desde que se
acordó, como se dio en este caso. SL

21024-10. REFUGIADO. ATRASO EN RESOLVER SOLICITUD DE REFUGIO DE
CIUDADANO CUBANO. Refiere el recurrente que el amparado en virtud de que es un
ciudadano cubano ingresó a territorio costarricense el once de noviembre del dos mil diez,
procedente de la República de Cuba. Establece que el amparado solicitó a las autoridades
migratorias costarricenses se le otorgara la condición de refugiado en el país, dado que en su
nación de origen es objeto de persecución política y religiosa bajo peligro inminente para su
libertad e integridad física por presidir y dirigir una congregación religioso-cristiana. Indica que
se le mantiene retenido bajo custodia policial en el aeropuerto, sin que le den ningún trámite o
atención alguna su pedido con relación al refugio y pretenden devolverlo por la misma vía a su
país de origen, a pesar del peligro que ello significa para su libertad e integridad física. Se
declara CON LUGAR el recurso. Se le ordena al Jefe del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría, Dirección General de Migración y Extranjería, abstenerse de incurrir, nuevamente,
en los hechos que dieron fundamento a la estimatoria de este recurso de hábeas corpus. CL

21017-10. PRISIÓN PREVENTIVA. IMPUESTA EN SENTENCIA CONDENATORIA. Alega la
recurrente que la prisión preventiva impuesta a su representado es alta, lo anterior debido a que el
amparado tiene su proyecto de vida en nuestro país y su actuar durante el proceso y dentro de éste ha sido
intachable. Asevera que quienes integraron el Tribunal no aplicaron el principio de proporcionalidad, ya
que la aplicación de la prisión preventiva no es necesaria, por cuanto no existe peligro de fuga, debido a
que el proyecto de vida de su representado se desarrolla en nuestro país al lado de su entorno familiar. En
este caso consta que los jueces del órgano recurrido dictaron una sentencia condenatoria de prisión (de
cinco años para el tutelado), y sobre esa base estimaron que la pena impuesta es ―considerable y que la
misma necesariamente tendrá que ser descontada en prisión‖, por lo que a efectos de evitar el peligro de
fuga y asegurar su cumplimiento, dispusieron la medida que aquí se impugna. SL

21022-10. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Reclama el recurrente que
dentro de la causa penal que se le sigue al se le impuso seis meses de prisión preventiva,
plazo que fue reducido a sólo tres meses, por el Tribunal de Juicio, lo cuales vencieron el
quince de noviembre, sin que el Ministerio Público solicitara prórroga de la prisión preventiva.
Alega que pesar de lo anterior, el amparado aún permanece privado de libertad, sin que exista
resolución alguna que así lo ordene. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado y
al en lo personal al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL

21013-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DURANTE LA ETAPA DE JUICIO.
Alega el accionante que el Tribunal de Juicio de Liberia prorrogó la prisión preventiva del
encartado, pese a que no era el órgano competente para tal efecto, pues en su criterio, la
prórroga la debió de decretar el Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz. Asimismo acusa
que se cambió la fecha de debate y aún no se ha reprogramado. No obstante, este Tribunal
Constitucional no estima de recibo el citado agravio, esto, dado que, en reiteradas
oportunidades, esta jurisdicción ha manifestado que la actuación impugnada es procedente, en
el tanto se haya realizado con el propósito de garantizar la continuidad del debate, como en
este caso. Sobre el tema se cita el voto 5236-03. Asimismo, consta que el debate se atrasó
debido a la ausencia del defensor y se señaló para una fecha próxima. Se declara sin lugar el
recurso. SL

20802-10. DETENCIÓN. DE OFICIAL DE TRÁNSITO EN SIQUIRRES. El recurrente solicita el
amparo de las garantías del debido proceso y su derecho de defensa, así como, su derecho a la imagen.
Cuestiona los procedimientos empleados por el Organismo de Investigación Judicial utilizados en su
captura por supuesta corrupción, siendo que, en su criterio, se trató de un montaje y, además, considera
que la denuncia es totalmente irregular. De otra parte, acusa que los investigadores llamaron a televisoras
nacionales para que difundieran el momento de su captura. Señala la Sala que los cuestionamientos
planteados por el recurrente en relación a la manera en que se realizó su detención, la denuncia planteada,
la investigación y la recopilación de las pruebas que sustentan la causa que se instruye en su contra por la
presunta comisión del delito de concusión en perjuicio de la Administración Pública, deben ser planteados
y discutidos ante la jurisdicción penal, por tratarse de diferendos de legalidad que deben ser examinados
por un Juez de Garantías. Sobre la presunta infracción al derecho a la imagen, no se logra constatar que
dichas autoridades hayan dado aviso a la Prensa Nacional a efectos de publicitar la investigación
instaurada contra el recurrente y, mucho menos, que hayan permitido o facilitado grabar videos de la
captura realizada. SL

20819-10. DETENCIÓN. LESIÓN A LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL IMPUTADO. Estima el
actor se lesionó su libertad personal e integridad física con la detención arbitraria de la que fue
objeto y la omisión de brindarle atención médica oportuna en la Delegación Policial de Limón.
En este caso, el Jefe de la Delegación accionada efectúa afirmaciones de carácter general, sin
referirse expresamente al caso que se le consulta. Por otra parte, el Director Médico de la
Clínica de La Reforma, corrobora que el recurrente es portador de los padecimientos que dice y
que el 17 de noviembre debió ser compensado y estabilizado. Con estos elementos de juicio y
en aplicación del criterio interpretativo pro homine debe concluir la Sala en la veracidad de la
afirmación del actor, de no haberse respetado cabalmente su integridad física, al omitir darle un
trato que tuviera en consideración sus padecimientos crónicos. Por este solo extremo, se
estima el recurso, sin impartir orden alguna, en vista que el actor se encuentra ya en libertad.
Se declara parcialmente con lugar el recurso, por lesión de la integridad física del actor. En lo
demás, se declara sin lugar el recurso. CL

20817-10. PRISIÓN PREVENTIVA. CASACIÓN ORDENA REENVIÓ DE LA CAUSA Y
DETENCIÓN. El accionante alega que a pesar de que mediante sentencia del Tribunal Penal
de Heredia, que le había impuesto al amparado una pena de prisión de tres años y diez meses,
la misma fue anulada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San
José y aún así, el amparado fue privado de libertad sin resolución alguna. Asegura que el
amparado, de previo al dictado del voto del Tribunal accionado, estaba en libertad. En este
caso quedó demostrado que si bien el Tribunal de Casación Penal anuló por vicios de
fundamentación la sentencia en contra de los amparados, mediante la cual la Sección de
Flagrancia del Tribunal Penal de Juicio de Heredia impuso al amparado y otros dos imputados
la pena de prisión de tres años y diez meses por el delito de robo agravado, además, se
dispuso prorrogar la prisión preventiva dictada en contra del amparado y los otros imputados,
toda vez que estos fueron detenidos en flagrancia y dado su precario arraigo domiciliar y
laboral. Al respecto, atinente al primer motivo, el inciso a) del artículo 239 bis del Código
Procesal Penal establece, entre otros casos, la procedencia de la prisión preventiva cuando
hay flagrancia en delitos contra la propiedad en que medie violencia sobre las personas. En la
especie, existen suficientes elementos de convicción para sostener, razonablemente, la
comisión de dicho delito en flagrancia e imputarle el mismo, con alto grado de probabilidad, al
amparado. Por lo demás, la audiencia del procedimiento abreviado correspondiente se señaló
prontamente. SL

20806-10. POLICIA. AGRESIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA ADMINISTRATIVA. Alega el
recurrente que frente al establecimiento comercial de comidas rápidas Mc Donald en Liberia,
en donde se había iniciado una pelea callejera, tanto el como su hermano decidieron intervenir
para solucionar el conflicto de una manera pacífica. En ese momento se presentaron tres
oficiales de la policía administrativa, pero en lugar de intervenir y calmar a los causantes de la
pelea, uno de ellos le atacó. Ese oficial en actitud molesta lo golpeó sin ninguna necesidad.
Posteriormente, en la delegación de policía, cuando se apersonó a interponer una denuncia
contra el oficial, también lo agredió y lo amenazó de muerte. Se declara con lugar el recurso
por el uso desproporcionado de la fuerza en perjuicio del recurrente. Se le ordena al de Jefe de
la Delegación Policial de Liberia de Guanacaste, adoptar las medidas que sean necesarias
para evitar que en el futuro se presenten hechos como los que sirvieron de base a esta
estimatoria. CL

20815-10. REBELDÍA. SE OMITIÓ AUDIENCIA AL DICTAR PRISIÓN PREVENTIVA A
IMPUTADA POR REBELDÍA. Alega la recurrente que en su contra se decretó la rebeldía y
posteriormente, se dictó la prisión preventiva sin celebrar audiencia oral. En este caso consta
que contra la amparada se dictó la rebeldía por no haberse presentado a la segunda audiencia
del debate y posteriormente el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, órgano
dictó prisión preventiva contra la imputada por el término de dos meses, sin que para la
determinación e imposición de esta medida hubiese convocado ni celebrado audiencia oral
alguna, sino que la privación preventiva de la libertad se decretó por escrito. Aduce el Tribunal
que era innecesaria la realización de la audiencia oral, toda vez que la imputada se encontraba
en rebeldía y debía garantizarse su presencia para la continuidad del proceso, motivo por el
cual igualmente se declaró sin lugar la impugnación planteada por la defensa técnica de la
imputada. Sin embargo, debe indicarse a la autoridad recurrida, que tal como se indica en la
sentencia, la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, debe ser
acordada, necesariamente, respetando al máximo el derecho de defensa y el principio de
oralidad, pues es así como se garantiza que todos los sujetos procesales conozcan de manera
plena todos los argumentos a favor y en contra de la medida cautelar, se valoren las
circunstancias particulares del caso, y el juzgador decida con inmediatez de la prueba la
situación jurídica de la persona sometida al proceso penal. La Sala no soslaya que en el caso
bajo estudio, la imputada se encontraba en estado de rebeldía, por lo que ciertamente la
autoridad recurrida debía valorar cómo asegurar la continuidad del proceso, pero debe
enfatizarse que ese aseguramiento debe siempre otorgarse con pleno respeto de los derechos
fundamentales. En este sentido, y siendo que la prisión preventiva se dictó contraviniendo el
principio de oralidad, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, sin ordenar la
libertad de la imputada, para que de inmediato se convoque y celebre la audiencia oral y
pública para valorar la imposición de la medida cautelar que corresponda. Se declara con lugar
el recurso, sin ordenar la libertad de la amparada. Se anula la resolución del Tribunal Penal del
Primer Circuito Judicial de Alajuela, de las dieciséis horas treinta y cinco minutos del 22 de
noviembre de 2010. Se ordena al Tribunal celebrar de inmediato la audiencia oral que
corresponde para determinar la imposición de la medida cautelar que proceda a la imputada de
la causa penal número 03-204825-0305-PE. CL
20818-10. ALLANAMIENTO. SE ALEGAN VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO DURANTE
LA DILIGENCIA JUDICIAL. La recurrente considera vulnerada la libertad de los amparados, por
cinco motivos: primero, la falta de fundamentación de la resolución que ordenó el allanamiento de que
fueron objeto; segundo, que el allanamiento fue realizado sin la presencia de defensor; tercero, por el
hecho de que la amparada fue detenida en otra vivienda, en la cual no se había ordenado el allanamiento;
cuarto, por la falta de fundamentación de la resolución que ordenó la prisión preventiva del amparado y el
hecho de que a las coimputadas no se les aplicara esa medida y, quinto, por la presunta agresión de que
fue objeto para obtener billetes marcados que tenía en la boca. Sobre la falta de fundamentación del
allanamiento, se ha indicado (8562-10) que se trata de un asunto de mera legalidad. Sobre el allanamiento
practicado en la vivienda del amparado sin la presencia de un defensor, consta que el mismo Juez asistió
tanto a esa diligencia, como a la previa de venta controlada de droga. La Sala ha considerado, con el voto
salvado del magistrado Armijo Sancho, que la presencia del juez en las diligencias de allanamiento es
garantía suficiente de los derechos fundamentales de los imputados (2114-08). Finalmente, en cuanto al
reclamo de que la amparada fuera detenida en otra vivienda, en la cual no se había ordenado el
allanamiento, se tiene por probado que el Juez Penal de Aguirre y Parrita, fue quien presenció la venta
controlada de droga, allanamiento y detención a que originan el proceso seguido en contra de la acusada
y, de los hechos se desprende que el allanamiento o intervención de la otra vivienda se limitó a la
detención de la amparada, no así a la incursión dentro de la otra vivienda con propósitos de investigación,
lo cual resulta conforme con lo dispuesto en los artículos 23 y 37 constitucionales. Sobre la acusada
agresión, es desmentida totalmente, bajo fe de juramente por el juez. Finalmente, sobre la aplicación de
medidas menos gravosas a otras coimputadas se indica que el hecho de la desigualdad en la aplicación de
las medidas cautelares está fundamentado en la desigual condición procesal de uno y otras (7026-98).
Además consta que la prisión preventiva se encuentra debidamente fundamentada. El Magistrado Armijo
salva el voto y señala que la ausencia del defensor del imputado durante las diligencias de un
allanamiento constituye una violación sustancial del derecho fundamental al proceso debido y de defensa
del amparado, que desde todo punto de vista se debe reparar en esta Jurisdicción. Afirma que la
intervención del Juez de Garantías en estas diligencias del allanamiento, en modo alguno sustituye o suple
el derecho irrenunciable del imputado de contar con su defensor. Se declara sin lugar el recurso. El
Magistrado Armijo salva el voto y declara con lugar el recurso, únicamente por el hecho de que se
practicó un allanamiento en la vivienda del amparado sin la presencia de abogado defensor. SL

20969-10. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS. POR CAUSA PENAL FENECIDA. Alega el
recurrente que se disponía a viajar en Panamá y cuando ya había abordado el avión en el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría, se presentó un Oficial de Policía y le dijo que debía bajarse de la aeronave
porque tenía impedimento de salida del país. Lo hizo acompañarlo hasta la salida del aeropuerto y le
indicó el número de causa y el Despacho Judicial donde estaba el expediente que contenía el
impedimento de salida. A primeras horas del día siguiente se presentó al Juzgado Penal y allí se le indicó
que desconocían porqué el impedimento seguía activo, pues la causa que lo ocasionó ya se había
archivado, en tanto data de dos mil cuatro y en aquel momento la situación obedeció a un error. En ese
mismo momento consiguió el levantamiento del impedimento de salida, pero resulta evidente que por un
error, se le restringió arbitrariamente su libertad de tránsito. Se declara CON lugar el recurso. Se condena
al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

20959-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Manifiesta la recurrente que dentro del
proceso penal que se sigue a su representado se ordenó la prisión preventiva, pese a que se entregó
voluntariamente a la Fiscalía, el veintiuno de octubre de dos mil diez. Explica que el tutelado por error
creyó que había dado muerte al ofendido en la balacera que enfrentó; sin embargo no hay fundamento
para mantenerlo privado de libertad. Comenta que en la vista se ofrecieron varios testigos, con el fin de
ejercer la defensa del tutelado, pero el Juzgado Penal rechazó sin fundamento alguno la prueba ofrecida,
y atendió únicamente la prueba del arraigo familiar y laboral, la cual no fue valorada objetivamente,
situación que lo dejó en estado de indefensión. Alega que se presentó recurso de apelación en el que se
solicitó vista, no obstante, dicho recurso no fue resuelto sino, casi un mes después, y se realizó la vista en
conjunto con otro imputado que gozaba de libertad. Indica que se le impidió hacer uso de las pruebas
existentes en el proceso, las cuales son el fundamento utilizado por el Ministerio Público y el juez penal
para imponer la medida cautelar. Menciona que el Tribunal Penal declaró inadmisibles los recursos
presentados. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

20962-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTO. Manifiesta la recurrente que el
Juzgado Penal de Puntarenas le prorrogó al amparado la prisión preventiva por seis meses y dieciocho
días ello, por medio de una resolución poco clara y omisa en muchos aspectos. Indica que la declaratoria
de delincuencia organizada que existe en la causa se utilizó por parte del juzgado para sustentar los
peligros procesales de fuga y reiteración, sin realizar mayor explicación, situación por la que se apeló la
citada resolución. Indica que la resolución fue apelada y el Tribunal de Juicio al conocer sobre el recurso
confirmó la ilegítima prórroga de la prisión preventiva, aceptando que el A quo prorrogó dicha medida
cautelar por el mero hecho de tratarse de criminalidad organizada, pero sin explicar las razones, como el
mismo tribunal indica. Reclama también que el tribunal accionado incurre en una errónea
fundamentación, pues las circunstancias por las cuales se había decretado la prisión preventiva habían
variado y además no existía peligro de fuga en tanto el imputado cuenta con familia y domicilio estables y
una oferta laboral seria, sin embargo, el juez emitió una fundamentación errónea al indicar que las ofertas
laborales con una simple expectativa, y no se puede considerar por ello que tenga arraigo. Se declara sin
lugar el recurso. SL

20971-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE PRORROGA SIN LA PRESENCIA DEL DEFENSOR. El
recurrente considera vulnerado su derecho de defensa de su defendido, por parte del Tribunal de Juicio de
Cartago, que prorrogó su prisión preventiva sin que estuviera presente su defensor en la audiencia
celebrada al efecto. En reiterados pronunciamientos esta Sala ha señalado que la presencia del defensor
resulta indispensable en las audiencias en las que se imponga o prorrogue una medida cautelar dentro un
proceso penal, pues ello permite garantizar el ejercicio de la defensa técnica del imputado. En este caso
consta que el defensor particular del imputado se presentó al Despacho media hora antes de la audiencia y
al ser requerido respecto de ésta, expresó que no se presentaría porque no tenía la notificación, lo cual
denota un abandono puro y simple del ejercicio del cargo, en daño del amparado. Ante tales
circunstancias, la autoridad recurrida debió adoptar las medidas transitorias, adecuadas y necesarias, para
proveer la defensa del amparado, reprogramando la audiencia si era indispensable. Con todo, la Sala
estima que lo acontecido es subsanable mediante la realización de una nueva audiencia con la presencia
del defensor respectivo. La Magistrada Calzada discrepa del voto de mayoría, porque considera que en
este caso se da una vulneración grosera y absoluta del principio de inviolabilidad de la defensa, con la
consecuente privación ilegítima de libertad del imputado. Estima que la Jurisdicción Constitucional debe
ser celosa y vigilante del cumplimiento de las garantías y derechos del imputado en el proceso penal,
máxime tratándose del derecho de defensa, que es el que hace operativos a su vez, los demás derechos y
garantías, inherentes a un proceso penal propio de un Estado democrático de derecho, donde la libertad
constituye uno de los más sagrados valores. Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Tribunal de
Juicio de Cartago de lo dicho en el III Considerando. La Magistrada Calzada Miranda salva el voto,
conforme lo indica en el último considerando de esta sentencia. SL

20967-10. DEFENSOR. SE LE SEPARA DE LA DEFENSA POR NO PODER ASISTIR AL
DEBATE, DEBIDO A OTROS SEÑALAMIENTOS. Alega la recurrente que el amparado se
encuentra recluido en el centro institucional La Marina en San Carlos, a la orden del Tribunal recurrido.
Menciona que se señaló para debate los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010,
señalamiento que se fijó con tan solo seis días hábiles de antelación pues la notificación la recibió por fax
y dentro del plazo establecido comunicó al tribunal recurrido que previo a ese señalamiento tenía cuatro
señalamientos realizados con anterioridad por otros despachos judiciales, situación que le imposibilitaba
comparecer al debate en esas fechas, para lo cual aportó las copias de los indicados señalamientos.
Afirma que se le separó de la defensa y se le previno al amparado que en el término de tres días debía
nombrar otro defensor o de lo contrario se le nombraría un defensor público, con lo que el amparado no
estuvo de acuerdo y desde el centro penal envió una nota al tribunal accionado, donde manifestó que su
defensor de confianza era la recurrente y que no iba a nombrar otro abogado ni aceptar la defensa pública.
Expone que se señaló nuevamente para el debate los días ocho, nueve y trece de diciembre, lo que hace
llamar la atención del porqué para ese señalamiento no se tomó en cuenta el vencimiento de la prisión
preventiva como se lo habían indicado con anterioridad. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la
libertad del amparado. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria. CL

20448-10. IMPUTADO. CUESTIONA NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR. Alega el recurrente que
en el proceso penal que se lleva en su contra, se violó su derecho de defensa por cuanto, la autoridad
jurisdiccional recurrida resolvió rechazar la solicitud de suspensión del debate y el 23 de noviembre de
2010 se llevó a cabo el inicio del debate, con su ausencia, pues el Tribunal obligó a un defensor, con el
que no estaba de acuerdo, a representarlo. En este caso, no se constata la violación acusada, por cuanto la
decisión del Tribunal de Juicio recurrido estuvo debidamente fundamentada, y sus consideraciones
encuentran suficiente respaldo en el proceso y en las disposiciones de la legislación procesal vigente,
contrario a lo manifestado por el recurrente. Nótese que, no fue que el debate se realizó sin tener el
amparado defensa técnica, sino que el Tribunal condiciona el nombramiento del nuevo defensor a su
presentación al debate, estableciendo que, en caso de no presentarse, permanecería como defensor quien
había ejercido la representación del imputado desde el inicio del proceso hace seis años. Se indica
además, que no es esta la vía para impugnar una resolución judicial, por lo que se impone declarar sin
lugar el recurso. SL


20450-10. PRISION PREVENTIVA. SENTENCIA FIRME. Alega el recurrente que la prisión
preventiva impuesta en su contra se encuentra vencida, razón por la cual está privado de su libertad de
manera ilegítima. En este caso, observa la Sala que no lleva razón el accionante, toda vez que la sentencia
condenatoria de las 15:00 horas del 18 de mayo de 2010 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito
Judicial condenó al recurrente a 35 años de prisión por el delito de robo agravado y prorrogó por seis
meses la medida de prisión preventiva, a vencer el 22 de noviembre de 2010. Asimismo, la sentencia que
declaró sin lugar el recurso de casación planteado contra aquella sentencia condenatoria fue dictada con
anterioridad al vencimiento de la medida cautelar y, en consecuencia, la privación del libertad del
amparado obedece a su condición de sentenciado, por sentencia firme. De esa forma se desprende que la
privación de libertad del amparado se ajusta a derecho, dado que obedece al cumplimiento de una
sentencia condenatoria dictada por el Tribunal recurrido. SL

20457-10. ORDEN DE APREMIO. EMITIDA CONTRA LA ABUELA DEL MENOR. Alega la
recurrente que en un proceso de pensión se le obligó a pagar la suma se sesenta y dos mil quinientos
colones, por concepto de pensión alimentaria a favor de su nieto, suma que por su condición económica le
ese imposible cancelar. Menciona que como consecuencia de dicho proceso, se han emitido reiteradas
órdenes de apremio corporal que atentan contra su libertad personal y de tránsito. Aduce que de
conformidad con la normativa vigente, los principales obligados al pago de la pensión alimentaria a favor
de los hijos, son los padres, y solo en casos excepcionales dicha obligación se traslada a los abuelos.
Afirma que la madre del menor es una persona joven y sana, a la cual nada le impide conseguir trabajo,
para que en forma conjunta con la pensión que debe recibir del padre del menor, y no de ella, pueda
hacerse cargo de la responsabilidad alimentaria con su hijo. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

20312-10 PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACIÓN. El recurrente aduce que en razón de la
sentencia emitida por el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, se
impuso 6 meses de prisión preventiva al amparado, únicamente basado en el peligro de fuga. No obstante,
el amparado es un hombre con arraigo familiar y laboral. Agrega que el amparado ha estado anuente a
someterse al proceso, no ha obstaculizado el proceso ni amenazado a testigos, por lo que solicita la
liberación inmediata del amparado hasta que se resuelva el recurso de casación. En este caso, se reitera
que la Sala ha considerado que una sentencia condenatoria puede constituir base suficiente para revocar
una excarcelación concedida o acordar una prisión no dispuesta previamente durante la tramitación del
procedimiento, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se encontraba el sometido a juicio
antes de que se diera y en algunos casos ser la causa de una evasión a la acción de la justicia. Se rechaza
por el fondo el recurso. La Magistrada Calzada Miranda salva el voto y ordena darle curso al hábeas
corpus. RF

20322-10 DETENCIÓN. DETENIDO SIN VERIFICAR VERDADERA IDENTIDAD. Aduce la
recurrente la detención ilegítima del tutelado, dado que se le mantuvo privado de libertad durante 4 días,
sin tener causa penal en su contra, todo mientras se verificaba la identidad. En este caso, se acredita que
el Tribunal dejó pasar más de diez años entre la expedición de la orden de captura contra el imputado y la
detención del tutelado, para verificar la verdadera identidad de la persona que debía privarse de libertad,
causando así un perjuicio grave a la libertad ambulatoria del amparado, pues se le detuvo sin tener
vinculación alguna con el proceso. Esta vulneración se acrecienta cuando se comprueba, que si bien fue
puesto a la orden del Tribunal desde el mismo día de su detención, lo cierto es que se mantuvo durante
cuatro días privado de libertad –de viernes a lunes- sin que existiera en su contra causa judicial alguna. De
tal forma, tomando en consideración la dilación mostrada por el Tribunal para verificar la identidad de la
persona contra quien ordenó la captura, y que la persona detenida se mantuvo privada de libertad durante
cuatro días sin haber en su contra proceso penal alguno, se verifica la violación a la libertad personal del
amparado, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, como en efecto se dispone. Asimismo,
siendo que ya el tutelado se encuentra en libertad, esta declaratoria lo es únicamente a efectos de los
daños y perjuicios que pudieren haberse ocasionado con la detención de la que fue objeto. CL
20320-10. DETENCIÓN. DETENIDA A PESAR DE HABERSE DEJADO SIN EFECTO ORDEN
DE CAPTURA. La recurrente asegura que a la amparada se le sigue causa penal y el Tribunal de Juicio
de San Ramón decidió dejarla en libertad y le impuso la medida cautelar de presentarse a firmar cada
semana durante seis meses. No obstante, se omitió hacer el oficio de dejar sin efecto la orden de captura,
dejando así vigente la orden de privación de libertad, razón por la que fue detenida por la Fuerza Pública
con fundamento en la omisión señalada. Alega que permaneció privada de libertad ilegalmente en las
celdas del O.I.J. en San Ramón todo le fin de semana. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara con lugar el recurso por violación al artículo 37 de la Constitución Política. CL

20295-10. DEFENSOR. SE IMPIDE INGRESO DE ABOGADO EN FISCALÍA POR ESTAR
INHABILITADO. El recurrente reclama que al apersonarse a representar a su cliente en una
investigación penal, se le impidió el ingreso a la Fiscalía de Turno Extraordinario, porque se encontraba
inhabilitado por el Colegio de Abogados. Alega que a pesar de que mostró su carné e indicó que se
encontraba habilitado, no se le permitió representar a su cliente. Se declara con lugar el recurso, contra la
Fiscalía de Turno Extraordinario y el Colegio de Abogados de Costa Rica. Se condena a la Fiscalía de
Turno Extraordinario y al Colegio de Abogados de Costa Rica al pago de las costas, daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Asimismo, con base en el artículo 50 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional se advierte a las recurridas que deberán en el futuro abstenerse de incurrir en
los actos que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el
delito previsto y penado en el artículo 71 de la misma Ley. CL

19817-10. DECOMISO. RETENCIÓN DE VEHÍCULO POR INVESTIGACIÓN. Manifiesta el
recurrente que en una causa penal en su contra, se investiga un atropello con un vehículo que
se dio a la fuga. El 1 de octubre de 2010, los inspectores del Organismo de Investigación
Judicial de Nicoya, se apersonaron a su negocio "Supermercado Valle Verde y le secuestraron
su vehículo y no se lo han devuelto, por lo que considera que el OIJ se ha extralimitado en sus
potestades, secuestrando un vehículo propiedad privada y manteniéndolo retenido, sin contar
con una orden judicial que así lo ordene. Señala la Sala que en este caso, no lleva razón el
recurrente, pues consta que la facultad de decomisar bienes se encuentra recogida en el
artículo 198 del Código Procesal Penal, en concordancia con los artículos 199 y 190, de donde
se desprende la facultad de las autoridades judiciales de ordenar el secuestro del vehículo, sin
perjuicio que el perjudicado pueda acudir ante el Juez de garantía a impugnar lo actuado o
solicitar la devolución del mismo (artículo 200 del Código Procesal Penal). Obviamente, el
secuestro sería temporal hasta que desaparezca la causa del mismo, finalice la investigación o
una autoridad jurisdiccional resuelva sobre el destino definitivo del mismo. De esta manera, no
lleva razón el recurrente por cuanto la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades y
apegado al Ordenamiento Jurídico al secuestrar un vehículo cuestionado y relacionado con un
delito. Ahora bien, si el recurrente considera que lo actuado en su caso concreto es ilegítimo,
pese a lo dicho hasta aquí, ello hace referencia a un reparo propio de plantearse y resolver en
la sede penal, en concreto, ante la Fiscalía que tramita la causa, o bien, en su defecto, ante el
Tribunal del Procedimiento Preparatorio, como autoridad jurisdiccional a la que le compete
justamente controlar -en el caso de un proceso penal, en su fase preparatoria- el respeto por
las garantías, facultades y los derechos previstos para las partes, conforme lo dispuesto por los
artículos 1, 4, 6 y 277 del Código Procesal Penal. Además, determinar si procede la devolución
temporal o definitiva del vehículo también deberá resolverse en la sede penal, tal y como lo
prevé el artículo 200 de la citada normativa. SL

19962-10. MENOR DE EDAD. PRORROGA DE PRISIÓN POR MAS DE CUATRO MESES. Se
acusa que la detención del amparado, quien es menor de edad, es ilegítima porque se dictó ampliación de
la prisión preventiva a pesar de haber excedido los cuatro meses. En este caso, observa la Sala que fue
con el fin de asegurar la realización de la audiencia de juicio y con autorización del artículo 258 del
Código Procesal Penal, que la autoridad jurisdiccional recurrida mantuvo la medida de detención
provisional hasta la culminación del debate y a la fecha. El motivo que sustenta la orden de dos meses de
medida cautelar privativa de libertad es porque ya existe sentencia condenatoria, la que no ha adquirido
firmeza, y en consecuencia, tanto la prórroga de la prisión preventiva del amparado dictada con el fin de
asegurar la realización del debate cuestionada en este recurso; así como la prórroga dictada en la
sentencia condenatoria que impone quince años de prisión al joven amparado por el delito de homicidio
calificado, resultan constitucionalmente legítimas, siendo actualmente tal medida el único medio posible
para asegurar la culminación del proceso hasta la firmeza del fallo y su fase de ejecución. Se declara sin
lugar el recurso. SL

19964-10. PRISION PREVENTIVA. AUDENCIA. Alega el recurrente que el Tribunal accionado
omitió celebrar la audiencia oral que solicitó en el recurso de casación que presentó contra la sentencia
que condenó al tutelado a cuatro años de prisión por haber sido encontrado autor responsable del delito de
abusos deshonestos. Sin embargo, de conformidad con lo dicho supra, se observa que tal omisión, no ha
tenido la virtud de incidir de manera directa o propiciar una amenaza al menos, en el derecho a la libertad
del tutelado. Efectivamente, como se constata de autos, si bien es cierto que el Tribunal de Casación
Penal accionado confirmó la sentencia que condenó al tutelado sin haber realizado previamente la
audiencia oral solicitada, también es lo cierto que tan pronto como el recurrente presentó la gestión de
actividad procesal defectuosa en la que puso en evidencia tal omisión, el Tribunal accionado procedió
inmediatamente a reconocer el error que había cometido, declaró con lugar la gestión de actividad
procesal defectuosa y por ende dispuso que la sentencia dictada era ineficaz, comunicando posteriormente
la integración del nuevo Tribunal que conocería del recurso y señalando fecha para realizar la audiencia.
Asimismo, no puede dejarse de lado el hecho de que, según se ha afirmado bajo juramento a esta Sala, el
recurrente presentó la gestión de actividad procesal defectuosa más de un mes después de que se notificó
la resolución del Tribunal de Casación Penal que confirmó la sentencia impugnada, así como también la
importante circunstancia de que el tutelado ha estado en libertad desde que se dictó la sentencia
condenatoria, ello por cuanto, ni el Tribunal que dictó sentencia condenatoria ni el Tribunal de Casación,
dictaron alguna medida restrictiva de su libertad personal. SL

20281-10 PRISIÓN PREVENTIVA. VECIMIENTO DEL PLAZO. Alega el recurrente que se
encuentra privado de su libertad en el Centro de Atención Institucional San José y que el Tribunal Penal
del II Circuito Judicial de San José, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa y
confirmó la prisión preventiva ordenada en contra del tutelado, estipulando en dicha resolución que el
imputado "fue detenido el veinte de julio de dos mil diez, por lo que la misma vence el veinte de octubre
de dos mil diez". Indica que al día veintiuno de octubre de dos mil diez, el tutelado continuaba detenido,
sin que se le hubiere notificado vista alguna para conocer de la prórroga de prisión preventiva. En este
caso, constata la Sala que el Juzgado resolvió la solicitud formulada por el Ministerio Público para
prorrogar la prisión preventiva del amparado, el día posterior al vencimiento de esa medida cautelar,
según el plazo que fue fijado por el Tribunal de juicio. CL

20282 -10 PRISIÓN PREVENTIVA. PRORROGA. El recurrente aduce que el Tribunal decidió
suspender en la causa que se le sigue al tutelado, el debate en la fecha programada, por solicitud del
abogado defensor del otro coimputado y señaló una nueva fecha, con el agravante de que se le prorrogó el
plazo de detención a su representado, siendo lo factible haber hecho una desacumulación de causas para
que se resolviera la situación del tutelado. Señala la Sala que no resulta atendible por la vía del hábeas
corpus la pretensión del recurrente, pues este Tribunal únicamente puede conocer aquellas actuaciones de
los Tribunales comunes que guardan una estricta relación e incidencia sobre la libertad personal, y en el
caso concreto, la libertad del tutelado está siendo restringida por una decisión de un Juez de la República,
dentro del ejercicio de sus competencias y debidamente fundamentada, por ello no se considera que dicha
medida sea arbitraria. Además del informe rendido bajo juramento, se desprenden razones suficientes
para validar el accionar del Tribunal recurrido. SL

19737-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. El recurrente acusa la falta de
fundamentación de la prisión preventiva emitida por el Juzgado Penal recurrido que prorrogó en
contra del amparado medida cautelar de prisión preventiva, por cuanto en su contra solo existe
una simple sospecha y no existe prueba alguna de que desee fugarse. Señala la Sala que
contrario a lo que indica el recurrente, la autoridad jurisdiccional determinó que del estudio del
expediente se denota la presunción de culpabilidad del amparado y demás imputados en virtud
de que estamos en presencia de un caso de criminalidad organizada en coautoría en muchos
de los actos, en virtud de que tenían un plan previamente organizado donde cada uno de ellos
realizaba funciones bien definidas. En el caso del accionante se dispuso prorrogar la prisión en
virtud de los peligros procesales, presunción de culpabilidad y la magnitud del año causado se
encuentran latentes, así como por la alta penalidad del delito que se le atribuye. Por lo
expuesto, considera este Tribunal que no existe violación al derecho fundamental a la libertad
personal del amparado, pues la resolución en cuestión se encuentra debidamente
fundamentada estableciendo los peligros procesales existentes para justificar el decreto de la
prisión preventiva en contra del amparado dentro de lo que se destaca su participación en los
hechos acusados de criminalidad organizada, así como por la alta penalidad del delito por el
cual es investigado, motivo por el cual el recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto
se ordena. SL

19739-10. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. La recurrente alega que el
amparado se encuentra ilegítimamente detenido, ya que la prisión preventiva dictada en su
contra venció el pasado 15 de noviembre, sin que se haya prorrogado dicha medida. Señala la
Sala que en este caso, consta que el plazo en que el amparado estuvo detenido sin que
hubiere resolución jurisdiccional de autoridad competente que así lo dispusiere, constituye una
privación ilegítima a su libertad, lo que obliga a la Sala a estimar recurso. Nótese que la prisión
preventiva venció el 15 de noviembre y fue hasta por resolución de las quince horas treinta
minutos del 16 de noviembre que se dispuso en libertad, con lo cual el amparado permaneció
un día detenido ilegítimamente. CL



19539-10. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega la recurrente que dentro de la causa
penal que se sigue al amparado, fueron convocados a la vista para conocer las medidas
cautelares y en la misma se le impusieron al amparado medidas sustitutivas a la prisión
preventiva, rechazando la petición del fiscal. No obstante, se le notificó que se acogió el
recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y se ordenó la prisión preventiva de
su representado, por el plazo de tres meses. Considera que se violentó el principio de oralidad,
al no señalar la vista para conocer sobre la apelación y el derecho a la defensa técnica y
material del imputado. Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución del Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial de San José, número 210-2010, de las quince horas del 3 de
noviembre de 2010. Se ordena al Tribunal celebrar de inmediato la audiencia oral que
corresponde para conocer y resolver el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público
contra la resolución del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, de las
diecisiete horas del 4 de octubre de 2010.CL

19703-10. VICTIMA. PARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL. Acción de
Inconstitucionalidad en contra los artículos 70, 71 y 358 del Código Procesal Penal. Considera el
accionante que las normas impugnadas limitan el papel de la víctima en el proceso penal y le otorgan un
trato discriminatorio en relación con el imputado, en virtud de que no se le concede el derecho de
impugnación, tiene derechos subsidiarios en cuanto al ofrecimiento de pruebas y en cuanto a la
participación en la búsqueda de la verdad, posee escasa intervención en el tema de la imposición de
medidas cautelares, no puede estar presente en los anticipos jurisdiccionales, no se le permite recurrir en
apelación y casación, no puede interponer protesta por actividad procesal defectuosa ni participar
activamente en la fase de juicio, a menos que se constituya en querellante o actor civil. Estima la Sala que
los aspectos que el accionante considera omitidos por la norma no lo están. Véase que el artículo 71
cuestionado otorga a la víctima los derechos de información, de ser escuchada en juicio, de plantear
peticiones, de participar en los actos procesales, incluyendo las audiencias donde se solicite la aplicación
de medidas cautelares que tengan que ver con la defensa de su vida e integridad, la audiencia preliminar,
a apelar el sobreseimiento definitivo y la desestimación, así como a recurrir cuando el Ministerio Público
le comunique su decisión de no impugnar la sentencia condenatoria o el cese o modificación de medidas
cautelares. Además de ello, la víctima, si así lo desea puede constituirse en querellante. Se cita el voto
1193-95. En razón de lo anterior, se rechaza por el fondo la acción. RF

19690-10. MENOR DE EDAD. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. En el presente
asunto, el recurrente cuestiona la decisión de los recurridos de no aceptar la actividad procesal defectuosa
que planteara contra la ampliación de la prisión preventiva de sus representados, a pesar de que ésta fue
dictada por una jueza que se había excusado con anterioridad. Asimismo, alega que el Tribunal Penal
Juvenil del II Circuito Judicial de San José, al analizar un recurso de apelación que planteara, procedió a
conocer y rechazar de oficio la excusa planteada por la Jueza Penal Juvenil de Pérez Zeledón, lo que
estima contrario a derecho. Con vista en lo anterior, debe indicarse que a criterio de esta Sala los alegatos
planteados por el accionante constituyen un asunto de mera legalidad que no corresponde ventilar en esta
vía, toda vez que este Tribunal no puede entrar a analizar si debía acogerse la gestión de actividad
procesal defectuosa presentada por el recurrente, o si el Tribunal Penal Juvenil accionado se extralimitó o
no al resolver la excusa planteada por la Jueza. SL
19689-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE PRORROGA DESPUÉS DE
VENCIDA. El recurrente acusa que el Tribunal prorrogó la prisión preventiva un día después de
vencida. Alegó que la prórroga se venció el 8 de noviembre y no el 11 como, por equivocación
se consignó en el acta de la audiencia oral. Esta Sala considera que lleva razón, en efecto, es
claro que hay un error material en el acta de la audiencia oral, puesto que si el plazo de dos
meses de prisión preventiva se iniciaba el 8 de septiembre, debía vencer el 8 de noviembre. En
todo caso, así consta en la grabación de dicha audiencia, según lo acepta el Juez del Tribunal
Penal. Así las cosas el hábeas corpus se debe declarar con lugar. El recurrido deberá tomar en
consideración que, ante la duda que generaba el acta, debió revisar la grabación de la
audiencia con el fin de evitar que el plazo de prisión se venciera. A juicio de esta Sala sí había
motivos para dudar del acta, pues, como se indicó, presentaba una inconsistencia. Ahora bien,
al momento de interponerse este recurso de hábeas corpus, ya la situación del tutelado estaba
definida, pues ya se había dictado la prórroga. Por consiguiente, no procede ordenar su
libertad. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al
Estado al pago de los daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. CL

19692-10. PRISIÓN PREVENTIVA. PROBLEMAS CON GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA.
Alega la recurrente que contra la resolución del Juzgado que impuso la medida de prisión preventiva al
tutelado, se interpuso recurso de apelación alegando falta de fundamentación. Afirma que en el trámite de
alzada la Juez Penal reconoció que no existía registro de la resolución oral mediante la cual ordenó esa
privación de libertad y que con el objeto de reemplazar la resolución, presentó ante el órgano superior un
resumen escrito de lo que según ella había resuelto en la audiencia oral, lo cual, según la aquí accionante,
nunca puede surtir los efectos de la resolución que impugna. Con base en lo anterior, agrega que el
amparado se encuentra ilegítimamente detenido, no existiendo resolución judicial alguna que justifique su
privación de libertad. En este caso, señala la Sala que sí se produjo una resolución del Juzgado que
ordenó la prisión preventiva, sino que además, consta en el legajo de medidas cautelares. Ahora bien, el
que hubiera fallado la grabación de ese acto jurisdiccional no desvirtúa el hecho de que el Juzgado, en
presencia del imputado, de su defensora y del Ministerio Público, conoció la solicitud de la Fiscalía y se
pronunció imponiendo esa medida cautelar por el plazo de tres meses. Por otra parte, el alegato sobre el
intento de subsanar esa falla u omisión a través de un informe escrito del a quo, también carece de
fundamento, porque el Tribunal de alzada resolvió ordenarle al Juzgado que realizara una nueva audiencia
para conocer la solicitud de imposición de medidas cautelares. SL

19706-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DE PLAZO. La
recurrente alega que el amparado se encuentra ilegítimamente detenido, ya que la prisión preventiva
dictada en su contra venció el pasado 15 de noviembre, sin que se haya prorrogado dicha medida. En este
caso, se compraba la omisión del Órgano Jurisdiccional accionado de resolver acerca de la prorroga o no
de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al amparado con anterioridad a su vencimiento. Lo
cierto es que un Estado Constitucional, si algún tipo de justicia necesita estar revestida de garantías
extremas para asegurar que no haya arbitrariedad judicial o ilegalidad es la justicia penal. En este ámbito,
como en ninguno otro, el juez, que es juez de garantías, no debe propiciar vulneraciones a los derechos
fundamentales. El juzgador penal debe ser especialmente cauteloso, a fin de no desconocer los principios
en que se funda esta forma de administración de justicia, dispuesta en los artículos 41 de la Constitución
Política y 4 del Código Procesal Penal. Para efectos del resguardo de un derecho fundamental tan
importante como lo es la libertad, este Tribunal no puede aceptar que se diga que otra Jueza del Despacho
tenía la responsabilidad de disponer sobre la continuidad o no de la detención temporal del acusado, pues
en reiterada jurisprudencia, la Sala ha advertido sobre la diligencia que deben observar los jueces penales
en las causas que exista reo preso. En virtud de lo anterior la Sala estima que el plazo en que el amparado
estuvo detenido sin que hubiere resolución jurisdiccional de autoridad competente que así lo dispusiere,
constituye una privación ilegítima a su libertad que obliga a la Sala a estimar recurso. CL
19220-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SIN RESOLUCIÓN QUE LA FUNDAMENTE. La recurrente
estimó transgredida la libertad personal de su defendido, pues, en su criterio, el tutelado permaneció
privado de libertad varios días sin una resolución jurisdiccional que así lo ordenara. En este caso, se
demostró que, efectivamente el tutelado permaneció privado de libertad, sin una resolución jurisdiccional
que así lo ordenara. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que, durante ese plazo, el amparado estuvo
detenido ilegítimamente. De otra parte, se demostró que con ocasión del dictado de la sentencia
condenatoria, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del justiciable por seis meses, lo que resulta
ajustado a derecho. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se condena al
Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

19224-10. PRISIÓN PREVENTIVA. PRORROGA ORDENADA POR TRIBUNAL DE JUICIO. El
recurrente reclama que al tutelado se le dictó prisión preventiva en forma ilegítima pues la ordenó el
Tribunal de Juicio de Puntarenas, cuando lo correcto, al ser un trámite de tramitación compleja, es que la
dictara el Tribunal de Casación Penal. Sobre el tema, la Sala señaló que si el Tribunal de Juicio se declaró
competente para dictar la resolución respectiva, es un argumento que hace referencia a una discusión que
deberá plantearse y resolverse en la propia sede penal. Esto porque, como ha señalado en reiteradas
ocasiones este Tribunal, que la Sala no es una instancia más en el proceso penal, ni le corresponde
sustituir a los jueces penales en ejercicio de sus funciones. SL

19229-10. MINISTERIO PÚBLICO. POSIBILIDAD QUE DA EL JUEZ AL MINISTERIO
PÚBLICO DE ENMENDAR LA ACUSACIÓN. Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad en
lo referente al proceso para la revisión de la resolución número 456-2007 de las catorce horas del once de
setiembre de dos mil siete, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Se
consultan tres aspectos: a) La violación al debido proceso por la posibilidad concedida al Ministerio
Público por el juez en la audiencia preliminar, para enmendar la acusación. b) La necesidad de haber
hecho tal prevención según el artículo 15 del Código Procesal Penal, cuyo plazo conferido debe ser
interpretado como perentorio, de manera que su irrespeto conduciría indefectiblemente a la
inadmisibilidad de la gestión y la lesión al principio de imparcialidad del juez por haber señalado tal
posibilidad al Ministerio Público y c) En cuanto protesta el incumplimiento de la garantía de intimación al
haber permitido que se formulara una nueva imputación sin trasladar los cargos a los imputados, previo a
la celebración de la audiencia preliminar. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que la
presentación fuera del plazo legalmente establecido de un saneamiento de la acusación por parte de la
Fiscalía, no forma parte del derecho al debido proceso del imputado que cabe proteger mediante el
procedimiento establecido en el artículo 408 inciso g) del Código Procesal Penal. Evacuada

18720-10. INDAGATORIA. SE LLEVA CABO SIN TRADUCTOR. Manifiesta la recurrente que
dentro del proceso penal que se sigue a su representado quien es indígena Cabécar, se rechazó el recurso
de apelación presentado contra la resolución, en la cual se prorrogó la prisión preventiva por tres meses
más. Estima que tal valoración limita el derecho de defensa técnica del imputado al aplicar y valorar
erróneamente la normativa indicada. Aduce que el tutelado tiene seis meses de estar privado de libertad, y
fue indagado sin la presencia de un traductor, lo cual le causa perjuicio. Se declara con lugar el recurso
sin ordenar la libertad del imputado y, en consecuencia, se ordena la repetición de la declaración
indagatoria, con la presencia de un traductor de la lengua cabécar, así como la celebración de una nueva
audiencia por parte del Tribunal de Juicio de Siquirres para conocer sobre la apelación de la prórroga de
la prisión preventiva, para que sea resuelta conforme a derecho. CL

18728-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega la recurrente que
dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se prorrogó la prisión preventiva; no obstante
para prorrogar esa medida se pactó una audiencia que no le fue notificada. Asegura que sabía de la citada
audiencia, pero no pudo apersonarse por encontrarse enferma, todo lo cual acreditó ante el despacho
accionado. Añade que el despacho accionado tomó la determinación de suspender la vista y realizar una
audiencia especial para conocer de la solicitud del Ministerio Público, pero al momento de la vista el
imputado no fue remitido a la sala de audiencias, por lo que no pudo estar presente. Reclama que la
última prorroga de la prisión preventiva carece de una debida fundamentación. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18730-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega la recurrente que en la causa penal
seguida en contra de su representado se dictó prisión preventiva por dos meses, no obstante, pese a que la
ofendida se presentó a manifestar su deseo de no continuar con esa causa penal, al recurrido se le
mantuvo dicha medida sin fundamento alguno. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

18698-10. TESTIGOS. RESERVA DE IDENTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE TESTIGOS EN
EL PROCESO PENAL. Acción de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 11 de la Ley de
Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al
Código Procesal Penal y Código Penal y 334, 351 y 204 bis del Código Procesal Penal y sus reformas.
Considera el accionante que dichas normas son contrarias a los principios de igualdad procesal, igualdad
de armas, contradicción, legalidad de prueba, derecho de defensa, derecho de ofrecer prueba de descargo,
acceso irrestricto a la prueba de cargo e imparcialidad del juez. Aduce que en el asunto base se condenó a
su defendido con base en declaraciones de testigos con identidad y características físicas individualizantes
protegidas (declaración rendida con ―pasamontañas‖) aspecto que es alegado como motivo del recurso de
casación interpuesto. Sobre el tema de la identidad y características físicas invidualizantes del testigo, se
cita la sentencia 17907-10, en donde se indicó que las medidas de protección procesales acordadas a favor
de las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes, que consisten en la reserva de la identidad y/o de
las características físicas individualizantes, no resultan inconstitucionales, dado que se encuentran
sustentadas en el contenido de diversos instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, que
comprometen al Estado a otorgar una efectiva protección a las personas que se enfrentan a un grave
peligro para su vida o integridad física, en razón de su intervención en un proceso penal, así como a sus
familiares. La regulación prevista es rigurosa, pues las medidas sólo se aplican en determinados supuestos
y fases procesales, se exige una adecuada fundamentación por parte del juez, con la posibilidad de ser
impugnada por las partes y previa realización de una vista oral, donde se otorga la posibilidad de discutir
ampliamente sobre la conveniencia y legalidad de éstas. Sobre el artículo 334 del Código Procesal Penal,
que establece la posibilidad de incorporar al juicio la prueba anticipada que se hubiere recibido en virtud
de la existencia de un riesgo para la vida o la integridad física de la víctima o del testigo y el 204 bis del
Código Procesal Penal refiere, que si además de la reserva de la identidad del testigo, se acuerda la
reserva de las características físicas individualizantes, ha de realizarse un anticipo jurisdiccional, estima la
Sala que no resulta inconstitucional, pues se trata de una medida excepcional, cuya oportunidad y
conveniencia deberá ser valorada en forma razonable por el tribunal en cada caso concreto, a fin de no
menoscabar los derechos de las partes, cumpliendo con todas las exigencias descritas. Asimismo, deberá
ser valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica en forma conjunta con el resto de los
elementos probatorios. Finalmente, sobre la declaración de testigos protegidos en el debate, afirma la
Sala, al tenor de lo dispuesto en la sentencia 2010-17907, la norma no es inconstitucional, siempre y
cuando se garanticen los principios de inmediación y contradicción en la recepción de la prueba y no se
lesione el derecho de defensa que debe prevalecer en todo proceso penal. En este sentido, pueden
válidamente utilizarse mecanismos tales como la teleconferencia, pero de ningún modo podrían ocultarse
las características físicas individualizantes, porque estaríamos ante la figura del testigo ―sin rostro‖,
rechazada sistemáticamente por la doctrina y jurisprudencia de los derechos humanos y por esta Sala. RF

18637-10. APELACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEY DE APELACIONES A LOS CASOS QUE
YA TIENEN SENTENCIA. Señala el recurrente que la Ley de Creación del Recurso de
Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de
Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, no toma en cuenta la condición de quienes
fueron sentenciados con anterioridad al dictado de esa norma, contrario a lo dispuesto por el
artículo 8.2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, pese a lo
argumentado por el recurrente, observa esta Sala Constitucional que la situación de quienes
tienen sentencia firme al momento de entrar en vigencia la Ley referida, está regulada por su
Transitorio III, el cual preceptúa lo siguiente: "(…) En todos los asuntos que tengan sentencia
firme al momento de entrar en vigencia la presente Ley, y que se haya alegado con
anterioridad la vulneración del artículo 8.2 h de la Convención Americana de Derechos
Humanos, el condenado tendrá derecho a interponer, por única vez, durante los primeros seis
meses, procedimiento de revisión que se conocerá conforme a las competencias establecidas
en esta Ley, por los antiguos Tribunales de Casación o la Sala Tercera Penal (…)". RF

18629-10. MENOR DE EDAD. NO SE EJECUTA ORDEN DE LIBERTAD. Refiere la recurrente
que en contra de su representado se dictó auto de prisión provisional por un plazo de dos
meses, medida cautelar que fue prorrogada por espacio de dos meses más, con vencimiento el
once de octubre. Señala que esa misma fecha, la defensa técnica se apersonó a dicha
Juzgado, y pudo corroborar que se había confeccionado la solicitud de libertad del amparado, y
que seguidamente, se procedería a realizar las gestiones pertinentes para enviar dicha solicitud
al lugar en donde se encontraba su representado privado de libertad; pero no obstante, la
Directora de dicho centro carcelario, le informó que no se había puesto en libertad al amparado
ese día porque la orden de libertad había ingresado hasta el doce de octubre. Indica que de
esa forma se evidencia que el amparado estuvo privado de su libertad de forma ilegítima ese
día, puesto que aún cuando se ordenó su libertad, no fue sino hasta el día siguiente que se
procedió. Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Juzgado Penal Juvenil de
Limón. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que
dan base a esta sentencia, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía
contencioso administrativa. En cuanto al Centro de Formación Juvenil Zurquí, se declara sin
lugar el recurso. CL Parcial

18568-10. DEFENSOR. NIEGAN ACCESO A AUDIO DE SENTENCIA. Argumenta el
recurrente que en el tribunal recurrido llevó a cabo un debate en donde su representado
resultó condenado, motivo por el cual fue contratado para interponer el correspondiente recurso
de Casación. Indica que acudió al Tribunal a solicitar copia del audio que según la sentencia
contiene el debate llevado a cabo, sin embargo le informaron que no cuentan con dichos
registros por lo que no le pueden facilitar la copia, situación que genera una lesión a los
principios fundamentales de su defendido en el tanto no puede ejercer una defensa técnica
adecuada. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

18691-10. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE EXTRANJEROS. Menciona el
recurrente que los amparados fueron detenidos por autoridades nacionales en abril del año en
curso, determinándose en aquel momento que los mismos fueron víctimas del delito de trata de
blancas por parte de algunos ciudadanos orientales y costarricenses, motivo por el cual, fueron
a la Dirección General de Migración y Extranjería recurrida, a efectos de iniciar los trámites
correspondientes para la repatriación. No obstante, los amparados fueron trasladados al
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en virtud de que para ese momento eran menores de
edad, una vez instalados en el Albergue los mismos interpusieron una denuncia por el delito de
abuso sexual en perjuicio de personas menores de edad. Indica que en dicha sumaria no se
ha solicitado por parte del Ministerio Público la imposición de ningún tipo de medida cautelar en
contra de sus representados, ni el Juzgado Penal Juvenil ha impuesto ningún tipo de limitación
en contra de los mismos; sin embargo se había acordado la repatriación de los amparados a su
país, excluyendo de este trámite a los amparados, por parte de autoridades migratorias y del
PANI, esto en virtud de que existe en contra de los mismos, una denuncia penal. Alega que
uno de los amparados cumplió la mayoría de edad, motivo por el cual, fue egresado del
Albergue del PANI e ingresado al Centro de Detención para Emigrantes a cargo de la Dirección
General de Migración y Extranjería, lugar en donde permanece hasta la fecha, sin que se haya
definido su situación migratoria, sufriendo de una detención infundada, ilegal, indeterminada y
violatoria de todos los derechos fundamentales que le asisten, ya que aunque tiene más de un
mes de encontrarse recluso en un centro de detención donde se encuentran de paso las
personas extranjeras con algún problema migratorio, la Dirección recurrida no ha iniciado
siquiera el trámite del proceso de repatriación correspondiente. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18427-10. IMPUTADO. NOMBRAMIENTO DE TRADUCTOR. Refiere el recurrente que es de
nacionalidad jamaiquina y su idioma oficial es el inglés y dentro de la causa penal que se sigue en su
contra, en las indagatorias que se le hicieron, no se le nombró traductor oficial, con lo cual se le dejó en
total estado de indefensión. Sobre la necesidad de un traductor para los imputados, se cita la sentencia
12669-10. En este caso concreto, consta que las instancias de control jurisdiccional ordinario analizaron,
con amplitud, si con la ausencia de un intérprete del idioma inglés se había causado indefensión al
recurrente, concluyendo, a partir de varios elementos de juicio del expediente, que no había motivo para
considerar que se hubiera causado lesión de su derecho de defensa, pues había comprendido cabalmente
lo actuado y, oportunamente --durante la indagatoria--, se le había ofrecido ese apoyo, el cual declinó. SL

18428-10. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR PORTACIÓN DE ARMA. Indica el
recurrente que fue detenido en su lugar de trabajo por supuesta portación ilegal de arma. Considera que en
su caso, lo procedente era decomisarle el arma, identificarlo y cuando mucho, emitir una citación para que
se presentara a la fiscalía a declarar, no detenerlo toda la noche y llevarlo a la fiscalía a declarar hasta el
día siguiente y ponerlo en libertad. En este caso consta que el tutelado fue detenido por la policía
administrativa al existir indicios que señalaban, que podría haber tenido algún tipo de participación en un
delito, pues fue sorprendido en flagrancia. Una vez que fue detenido, se remitió al Ministerio Público en
donde, previa realización de las diligencias pertinentes, fue puesto en libertad, lo que ocurrió antes de que
transcurrieran veinticuatro horas desde su detención, según se afirma bajo juramento. SL

18429-10. MEDIDAS CAUTELARES. AUDIENCIA. Alega el recurrente que dentro del proceso
penal que se sigue a su representado Indican que se ordenaron una serie de medidas cautelares por el
plazo de dos meses. Indica que el Ministerio Público presentó una solicitud de prórroga de esas medidas
cautelares bajo el argumento que los presupuestos fácticos que las originaron se mantenían incólumes.
Asegura que sin conceder audiencia al amparado y a su defensa técnica, el juzgador recurrido prorrogó las
medidas. Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución de las diez horas del trece de octubre del
dos mil diez, del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Nicoya. Se le ordena al
Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, que en el plazo de 48 horas, contado a
partir de la comunicación de esta sentencia, convocar y realizar la audiencia oral que fue omitida al
conocer la prórroga de las medidas cautelares en el proceso #09-003440-414-PE . CL

18430-10. DETENCIÓN. PARA LLEVAR A CABO INDAGATORIA. Manifiesta el recurrente la
Fiscalía Adjunta solicitó al Juzgado Penal la declaratoria de rebeldía en su contra aduciendo que no se
hizo presente a una indagatoria sin justificación. En su contra se decretó orden de captura y remisión a
celdas del Organismo de Investigación judicial a la orden de ese despacho. En este caso, consta que el
amparado fue citado en varias ocasiones para ser indagado y, no fue posible encontrarlo, por lo que se
declaró su rebeldía, la cual fue revocada cuando se presentó voluntariamente en el Juzgado Penal; no
obstante, el amparado se marchó antes de ser atendido, por lo que se ordenó su detención y una vez
efectuada la intimación al amparado, quien decidió abstenerse de declarar, fue puesto en libertad. SL

18431-10 PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Alega el recurrente que fue
detenido como consecuencia de un reten policial en la carretera entre Siquirres y Turrialba. Asegura que
en ese operativo no existió la presencia de un juez de garantía, de un fiscal y menos aún de un defensor
público. Acusa que debió permanecer más de veinte horas detenido sin ser trasladado ante la Fiscalía
respectiva. Sostiene que en el acta de decomiso y registro de sus pertenencias, se constató que se le había
decomisado quinientos kilogramos de base de Crack. Agrega que el Juzgado Penal le impuso seis meses
de prisión preventiva, los cuales finalmente fueron rebajados a cuatro meses debido a un recurso de
apelación interpuesto que fue acogido. Refiere que cumplió el período de prisión preventiva; sin embargo,
debió permanecer cuatro días de más privado de su libertad, sin que existiera una resolución judicial que
así lo dispusiera. Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños
y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. CL
Parcial

18333-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Menciona la recurrente que dentro del
proceso penal que se le sigue a su representado se dio inicio al debate. Señala que al finalizar
la primera audiencia, su representado se mostraba en muy mal estado físico y emocional, por
lo que finalmente no pudo presentarse a la audiencia. Indica que la esposa del amparado le
comunicó que su compañero no podría asistir a la continuación debate debido a su delicado
estado de salud, y, que inclusive debió ser incapacitado. Pese a lo expuesto, se le impuso al
amparado la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos meses. Considera que
la autoridad judicial recurrida violentó el derecho a la defensa del amparado, pues le impuso la
medida en disputa sin señalar la respectiva vista para conocer de tal imposición. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18339-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SIN DAR AUDIENCIA AL DEFENSOR. Alega el recurrente
que el juzgado recurrido dictó medidas cautelares en contra de su representado, pero no se le
impuso la prisión preventiva. Manifiesta que el Ministerio Público interpuso recurso de
apelación contra lo resuelto, por lo que se envió el expediente ante el Tribunal Penal, el cual
señaló audiencia la cual no se llevó a cabo por razones propias del despacho. Aduce que el
tutelado le indicó posteriormente, que la audiencia había sido llevada a cabo, y que se le
impuso prisión preventiva por el término de tres meses, pese a que había apersonamiento del
defensor. Acusa que la Juez le indicó que en el expediente no constaba dicho apersonamiento
y procedió con el proceso. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. SL

18341-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Indica el recurrente que dentro del
proceso penal que se sigue en su contra se dictó prisión preventiva por cuatro meses, bajo el
dicho de que mintió al indicar su lugar de domicilio, aunque nunca se le indicó que estaba
obligado a decir la verdad al momento en que fue indagado. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
18342-10. PRISIÓN PREVENTIVA. APELACIÓN Manifiesta la recurrente que dentro del
proceso penal que se sigue a los amparados, y mediante resolución oral de la Jueza de la
etapa preparatoria, se ordenaron medidas cautelares alternativas a la prisión en contra de los
de los amparados, y declinó imponerles prisión preventiva. Manifiesta que en ese mismo acto
el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por la
jueza de la etapa preparatoria, y se convocó a una audiencia oral para conocer del recurso de
apelación. Alega que la resolución fue modificada, imponiendo la prisión preventiva, resolución
contra la cual se interpuso recurso de apelación. Reclama que la jueza de alzada rechazó de
plano el recurso de apelación, aduciendo que no había otra autoridad judicial con competencia
para resolver el recurso, y sin dar oportunidad a la defensa de expresarse adecuadamente,
rechazó de plano y de manera contundente y arbitraria el recurso, declarándolo inadmisible y
violando los derechos de defensa y debido proceso en perjuicio de los amparados. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18343-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. NO SE LE OTORGAN BENEFICIOS.
Indica el recurrente que tras ser detenido su representado en flagrancia, se llevó a cabo
audiencia a solicitud de las partes para aplicar un Procedimiento Especial Abreviado.
Manifiesta que además solicitó, rebajar aún más la pena, y que se le otorgue el Beneficio de
Ejecución Condicional de la Pena, no obstante el Tribunal decide no rebajar pena ni que
tampoco otorga el beneficio, debido a que los hechos son muy graves y procede a imponer la
prisión preventiva por seis meses. Establece que el Ministerio Público no solicitó la prisión
preventiva, sin embargo, el Juez de Flagrancia la impone de oficio, sin fundamentar la medida
cautelar de prisión preventiva. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

18337-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. PLAZOS VENCIDOS. Refiere el
recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue a su representado se le impuso la
medida cautelar de prisión preventiva por el término de un año. Indica que se llevó a cabo
audiencia oral a fin de revisar la necesidad de mantener la aplicación de la medida cautelar, el
Juzgado recurrido decidió disminuir el plazo de la prisión preventiva y otorgar únicamente dos
meses más, con la finalidad de que el Ministerio Público pudiera plantear un requerimiento que
pusiera fin a la etapa de investigación. Señala que la medida cautelar venció, sin que a la
fecha exista resolución fundamentada que prorrogue la prisión. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18338-10. MENORES. DETENCION SIN DEBIDO PROCESO. Argumentan las recurrentes que
los menores aquí amparados fueron interceptados por una patrulla quienes procedieron a
detenerlos, los revisaron sin encontrarles nada, los esposaron manos atrás y los metieron en la
cajuela de la unidad policial. Los llevaron a las celdas y los obligaron a desnudarse y además
fueron amenazados. Indica que luego los dejaron en libertad y en ningún momento les
solicitaron documentos de identificación de menor. Añade que la afectación moral y psicológica
que sufrieron los menores, les causó vergüenza y miedo de contar lo sucedido, aún cuando
sabían que se habían lesionados sus derechos constitucionales. Se declara parcialmente con
lugar el recurso en cuanto a la detención de los amparados. En lo demás se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial

18392-10. PORTACIÓN DE ARMAS. PERMISOS. Consulta Judicial de Constitucionalidad en lo
referente a la resolución de las once horas del once de octubre de dos mil diez, dictada dentro del
expediente que es causa penal por el delito de portación ilícita de arma permitida. La norma señala que no
se concederá permiso para portar en poblado armas cortantes, punzantes o contundentes. La portación de
las que excedan de 9 cm. Se considerará portación de arma prohibida y así se castigará. Se exceptúan las
herramientas de trabajo, cuando se demuestre que ese es su fin. En el caso base, no se acepta proceso
abreviado por tratarse de portación de arma no permitida, delito que va de 2 a 5 años de prisión y, el
Tribunal considera que no se desprende de la norma la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la
norma y sobre todo de la pena a imponer. Se evacua la consulta formulada en el siguiente sentido: a) en
lo que se refiere al artículo 48 de la Ley de Armas y Explosivos, debe estarse el consultante a lo resuelto
por esta Sala en sentencia número 2002-8852 de las catorce horas cuarenta minutos del once de setiembre
de dos mil dos.- b) respecto de los demás aspectos consultados, no ha lugar a evacuar la consulta
planteada.-Evacuada
18382-10. DETENCIÓN. FALTA DE FUNDAMENTO Y SE LE NIEGA COMPROBANTE.
Aduce el recurrente que fue detenido en su casa de habitación y llevado esposado a una celda
sin información alguna de qué se le acusaba. Refiere que fue presentado a la Unidad
Especializada de Fraudes del Ministerio Público, y le fue tomada declaración indagatoria y le
permitieron salir al mediodía. Explica que tenía una reunión en la Embajada Americana por lo
que solicitó en Cárceles un comprobante de entrada y salida, pero le denegaron el documento.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18393-10. MEDIDA CAUTELAR. IMPEDIMENTO DE SALIDA. Alega el recurrente que figura
como imputado dentro de un proceso penal donde se le prorrogó la medida cautelar de
impedimento de salida del país. Refiere que apeló la resolución, no obstante, por haberse
señalado la audiencia de apelación, con menos de seis horas de antelación, se imposibilitó la
presencia de la defensa técnica. Explica que la medida de impedimento de salida del país
persiste, pese a que venció el día cinco de octubre del año dos mil nueve. Se declara con lugar
el recurso. Se le advierte al Juez Penal de Pavas, abstenerse de incurrir, nuevamente, en los
hechos que dieron mérito para acoger el recurso. CL

18391-10. JUEZ. MAGISTRADOS EN AUDIENCIA ORAL FUERON DIFERENTES A LOS
QUE DICTARON LA SENTENCIA. Refiere el recurrente que dentro del proceso penal que se
sigue en su contra se le impuso una pena privativa de libertad de doce años. Dentro de dicho
proceso, el entonces abogado defensor de su representado, interpuso un recurso de casación
en contra de la sentencia condenatoria, la cual recién fue confirmada por parte de la Sala
recurrida. No obstante, se dio la situación de que los Magistrados que participaron en la
audiencia oral no son los mismos que dictaron la sentencia que confirmó precisamente la
sentencia de primera instancia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

17921-10. PRISIÓN PREVENTIVA. NO SE PONE EN LIBERTAD POR ATRASO EN
TRAMITES ADMINISTRATIVOS. Reclama el recurrente que su representado permaneció
ilegítimamente privado de su libertad, porque el Tribunal de Casación resolvió denegar la
solicitud de prórroga de prisión preventiva y ordenar la libertad. Argumenta que fue puesto en
libertad por el Director del Centro de Atención Institucional de San Rafael hasta el seis de
setiembre del presente año, a pesar de que desde el veintiocho de agosto había vencido la
prisión preventiva. Se declara CON lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se ordena testimoniar
piezas para que la Inspección Judicial investigue la posible comisión de una falta en la
tramitación de esta causa. CL

17918-10. PRISIÓN PREVENTIVA. NO SE EJECUTA ORDEN DE LIBERTAD. Manifiesta el
recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su contra, se celebró la respectiva audiencia oral
para resolver la solicitud de prisión preventiva y medidas cautelares alternas. Indica que en dicho acto el
Juzgado Penal, ordenó la devolución de los pasaportes y la inmediata libertad; no obstante la Fiscalía
Penal, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, por lo que se rechazó la revocatoria y se
elevó la apelación para ante el superior. Acusa que al solicitar a la fiscalía recurrida la devolución de los
pasaportes, le fue denegado por cuanto la referida resolución no se encuentra en firme e, incluso, la
apelación presentada versa sobre el propio pasaporte. Se declara con lugar el recurso y, por ende, se anula
la resolución de las 15:45 horas del 1º de octubre de 2010 emitida por la Fiscalía de Pavas. No obstante,
se aclara que en virtud del voto del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José número 372-
2010 de las 15:44 horas del 13 de octubre de 2010, la retención del pasaporte del amparado es válida
hasta tanto el Juzgado Penal de Pavas no se pronuncie al respecto de manera fundamentada, lo que deberá
proceder a resolver de inmediato. CL

17930-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA.
Señala el recurrente que la petición de prórroga de la prisión preventiva fue solicitada por el
Ministerio Público en forma extemporánea. Acusa que se le notificó con demasiada premura la
resolución que ordenó la realización de una audiencia oral, motivo por el cual no pudo asistir y
se produjo la indefensión del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
18277-10. DEFENSOR. NIEGAN ACCESO A EVIDENCIA DECOMISADA EN
ALLANAMIENTO.           Indica el recurrente que solicitó ante la Fiscalía recurrida poner de
inmediato a disposición de la Defensa toda la evidencia decomisada en los allanamientos, la
remitida a estudios financieros, los expedientes hospitalarios decomisados y la prueba
existente en el Departamento de Psicología Forense, para analizarla y ejercer la defensa. No
obstante, su gestión que fue rechazada., pese a que la misma debió acogerse para hacer de su
conocimiento todas las evidencias, fotocopiarlas y estudiarlas, pues de lo contrario se le
impide ejercer su derecho de defensa. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. SL

18284-10. MEDIDAS CAUTELARES. NIEGAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR Y
AUDIENCIA Reclama la recurrente que dentro de la causa penal que se sigue a su
representado se fijó prisión preventiva. Indica que solicitó cambio de medidas cautelares y
audiencia para exponer los alegatos correspondientes, pero ambas pretensiones fueron
denegadas, basándose únicamente en el peligro de la víctima. Estima que dicha actuación
resulta lesiva de sus derechos fundamentales, pues lo deja en estado de indefensión y lo
mantiene privado de libertad a través de un acto ilegítimo, arbitrario e infundado. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18274-10. SENTENCIA. OMISIÓN DE EXPEDIR AUTO DE LIQUIDACIÓN DE PENA. El
recurrente acude a esta Sala en tutela de su derecho fundamental a la libertad de tránsito, toda vez que a
pesar de que mediante resolución de las nueve horas cincuenta minutos del cinco de agosto de dos mil
diez, el Tribunal Penal de Heredia determinó que su condena terminaba el dieciséis de octubre de dos mil
diez, no se le ha dejado en libertad. Sobre el cómputo de pena, se indica que no le compete a esta Sala
realizar el cálculo y determinar cuando se cumple ésta. Lo anterior es competencia exclusiva del Juez de
Ejecución de la Pena. No obstante, esta Sala no puede ignorar que el Tribunal de Juicio de Heredia indicó
que la pena vencía el pasado dieciséis de octubre de dos mil diez, razón por la cual, el Juez de Ejecución
de la Pena deberá de forma inmediata realizar el cómputo respectivo a efecto de determinar cuando
concluye la condena del accionante. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y
ordenarle al Juez de Ejecución de la Pena de Alajuela realizar el cómputo de la pena del recurrente de
forma inmediata. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se ordena al Juez
Coordinador de Ejecución de la Pena de Alajuela, que realice de forma inmediata el cómputo de la pena
del amparado. CL

18279-10 PROCESO PENAL. APELACIÓN DE SOBRESEIMIENTO SIN EMPLAZAMIENTO.
Alega el recurrente que en proceso penal que se sigue a su representado se ordenó el
sobreseimiento definitivo. Señala que ante esta situación el querellante indicó en la audiencia
preliminar su intención de reservarse el plazo para presentar un recurso de apelación, sin que
en ese momento lo presentara en forma oral. Posteriormente, la resolución del sobreseimiento
definitivo se revocó y se ordenó la devolución del expediente al Juzgado Penal, sin que se
haya emplazado a la defensa, por lo que se presentó protesta de actividad procesal
defectuosa, por violación al debido proceso, sin embargo, la Jueza concluyó que no existía
ninguna norma penal que le permitiera entrar en conocimiento del tema planteado por la
defensa. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

17723-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Manifiesta el recurrente que dentro de la
causa penal que se sigue en su contra se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva
bajo el único argumento de que poseía antecedentes penales; sin embargo, las penas
impuestas las cumplió tiempo atrás. Considera que el juzgado no valoró debidamente su caso,
pues no cumplió con la totalidad de las exigencias que se deben analizar. Señala que
actualmente se encuentra delicado de salud debido a que padece de leptospirosis y hepatitis.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17907-10. TESTIGOS. PROTECCION DE TESTIGOS EN VÍA PENAL JUVENIL Y DE
ADULTOS. La Jueza Penal Juvenil consultante, refiere que las normas podrían lesionar el derecho de
defensa del imputado por mantenerse en reserva la identidad y características físicas individualizantes de
los testigos, y además estima que podrían vulnerar el derecho a la vida de la víctima o testigo. Así
entendido el problema, se estaría entonces ante la confluencia de derechos fundamentales claramente
identificables: por un lado, el derecho a la integridad personal y eventualmente, la vida de los testigos,
víctimas y demás intervinientes dentro del proceso penal, y por otro, el derecho de defensa del imputado,
específicamente el de conocer e interrogar a los testigos que declaren en su contra, aspectos que se
encuentran indisolublemente ligados a la libertad personal y al carácter excepcional de su restricción. En
este caso, luego de analizar, entre otros temas, el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el
proceso penal; la protección de víctimas y testigos los principios esenciales y clases de protección en la
legislación; los instrumentos de derecho internacional relativos a la protección de víctimas y testigos
dentro del proceso penal; el contenido del principio de inviolabilidad de la defensa; el derecho de conocer
y examinar a los testigos como parte del principio de defensa. Se estimó que el artículo 204 bis, al
establecer la protección procesal y extraprocesal de éstos, no es inconstitucional, dado que el Estado se
encuentra en la obligación de garantizar a toda persona el derecho a la integridad personal, a la vida y a la
seguridad; sobre todo, en el caso del testigo, en la medida en que exista un peligro objetivo y fundado
sobre su vida o integridad, derivado de la participación en el proceso. En cuanto al artículo 304, la Sala
consideró que no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete que a partir de la fase del debate
únicamente procede la protección extraprocesal de la víctima o testigo, a fin de no lesionar el derecho de
defensa y que dicha protección debe mantenerse, aún después de la firmeza del fallo, mientras resulte
necesaria para la seguridad del testigo, perito, deponente o sus familiares. Se evacua la consulta
formulada en el sentido de que el artículo 204 bis del Código Procesal Penal no es inconstitucional.
Asimismo, se estima que el artículo 304 del Código Procesal Penal no resulta inconstitucional, siempre y
cuando se interprete que a partir de la fase del debate únicamente procede la protección extraprocesal de
la víctima o testigo, a fin de no lesionar el derecho de defensa y que dicha protección debe mantenerse,
aún después de la firmeza del fallo, mientras resulte necesaria para la seguridad del testigo, perito,
deponente o sus familiares. Evacuada.

17577-10. MENOR DE EDAD. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEBATE. Alega el recurrente que
al menor amparado en los días en que se desarrolló el debate oral, se adoptaron medidas de seguridad
sumamente extremas sin justificación alguna, que coartaron y transgredieron de manera grosera e
ilegítima la libertad física, y con ello consecuentemente se vulneró el derecho de defensa y la libre
declaración del menor. Aduce que de esa forma, indigna, degradante el menor se encontraba custodiado
en la sala de juicio, todos los días, por cuatro oficiales de cárceles y dos oficiales del "SPII", todos
portando armas de reglamento y de grueso calibre, chalecos antibalas y radios de comunicación. Indica
que se desplegó un gran operativo de seguridad, por lo que la sujeción corporal del amparado era
innecesaria. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17560-10. DETENCIÓN. FISCAL ORDENA DETENCIÓN POR BRINDAR INFOR MACIÓN
FALSA DE DOMICILIO. Alega el recurrente que se presentó junto con el amparado ante la
Unidad Especializada de Fraudes del Ministerio Público, a efecto de que fuera indagado.
Menciona que en ese acto se señaló su domicilio actual, no obstante el fiscal en forma
arbitraria y sin fundamento alguno, ordenó la detención del amparado, para lo cual utilizó más
de seis agentes judiciales para esposarlo y trasladarlo a las celdas. Indica que se le informó
que la detención se debía por haber mentido en la indagatoria, al suministrar un domicilio falso.
Señala que en el acto se opuso e indicó que el domicilio señalado es el actual. Considera que
las actuaciones del fiscal son arbitrarias, ilegales. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

17496-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO.
Manifiesta el recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su contra y que es de
tramitación compleja han transcurrido treinta y seis meses y veintiséis días desde que se
encuentra privado de libertad y, aún no existe una sentencia condenatoria. Considera que
dicha norma se aplica sólo a privados de libertad indiciados, debido a que la Sala Tercera
anuló la sentencia condenatoria originalmente dictada en su contra, y ordenó el juicio de
reenvío, cambiando su condición de condenado a indiciado, hasta tanto la nueva sentencia no
adquiera firmeza. Además, no existe solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión
preventiva dictada en su contra, por lo que considera que su privación de libertad. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

17494-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Manifiesta el recurrente
que los amparados se encuentran descontando prórroga extraordinaria de la prisión preventiva.
Indica que el Tribunal de Casación Penal amplió la prisión preventiva contra los amparados
para que en el lapso correspondiente se dicte la resolución de la audiencia preliminar y de ser
pertinente proceder al señalamiento a juicio. No obstante, hasta el momento no existe en el
expediente la resolución que corresponda a los planteamientos de la audiencia preliminar. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

17561-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que fue detenido por
la Fuerza Pública, aparentemente por el delito de homicidio y dos días después se ordenó su
prisión preventiva. A criterio del defensor, la misma no se encuentra debidamente
fundamentada, por cuanto el juez adujo que no encontró prueba que descartara que no
cometió el delito, lo que considera lesivo del derecho de inocencia, donde le corresponde a las
autoridades la comprobación de los hechos y no a los imputados demostrar su inocencia, entre
otros hechos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el
recurso. SL

17558-10. MENOR DE EDAD. PRORROGA DE DETENCION. Alega el recurrente que contra el
menor amparado se sigue una causa en el Juzgado Penal Juvenil Primer Circuito Judicial de San José, por
el delito de robo agravado. Señala que en dicho expediente se ordenó la detención provisional del menor,
contra la cual se solicitó un cambio de medida cautelar, que fue acogida por el Juzgado Penal Juvenil del
Primer Circuito Judicial de San José. No obstante, fue recurrido en apelación por el Ministerio Público y
encontrándose en vista ante el Tribunal Penal Juvenil de Goicoechea del Segundo Circuito Judicial de San
José y haciéndoles saber que ya se había cumplido el plazo de la detención, el Tribunal dispuso la
inmediata detención del amparado y ordenó al Juzgado Penal Juvenil Primer Circuito Judicial de San José
realizar una nueva audiencia para conocer con un juez distinto la solicitud de cambio de medida cautelar
hecha por la defensa, la cual debía, además, ser fundamentada en forma suficiente. Sostiene que el
Tribunal Penal Juvenil recurrido excedió sus facultades para decidir en segunda instancia sobre las
medidas cautelares, pues revocó una resolución que ya había cumplido su eficacia y le dio vida a otra que
no tenía eficacia en el proceso, pues fue sustituida por otra (la que ordenó el cambio de medida cautelar)
y, sin ninguna validez jurídica ni fundamento legal alguno, ordenó la detención provisional, nuevamente,
de su representado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL

17182-10. IMPUTADO. FALTA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES. Alega el recurrente
que dentro del proceso penal que se tramita en su contra se dictó prisión preventiva. Aduce
que el motivo de su detención se debió a que hace un año fue notificado de una audiencia, a la
cual no acudió porque no le fue notificado en el lugar o domicilio señalado en el expediente.
Alega que un año antes de la fecha señalada para la audiencia, estaba privado de libertad en el
Centro de Atención Institucional San Rafael, y desde hace cinco años tiene como domicilio la
casa de su hermana en Cachí de Paraíso de Cartago. Estima que la prisión preventiva que
sufre   resulta ilegítima y lesiva de sus derechos fundamentales. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17186-10. DETENCIÓN. ORDEN DE DETENCIÓN INTERNACIONAL. Reclama el recurrente
que contra el amparado se dictó una orden de captura internacional de forma ilegítima, debido
a que ya el Juzgado de Pérez Zeledón había rechazado esa solicitud y, además el Ministerio
Público había solicitado una desestimación de la causa. Sobre la emisión de órdenes de
captura internacional, se cita el voto 5968-95 y con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17190-10. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR PARTE DE LA POLICÍA
ADMINISTRATIVA. Indican los recurrentes que la Policía Municipal y de la Fuerza Pública de
Heredia procedieron a detenerlos sin existir un indicio comprobado de haber cometido delito, sin ningún
fundamento, y los mantuvieron encarcelados en las celdas de la comandancia por casi dos horas. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16972-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO DEL ACTA DE VISTA ORAL. Alega la
recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue a su representado se le impuso la
medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses. Indica que esa resolución
está carente de fundamentación. Manifiesta que nunca se analiza por parte del Juzgado el
arraigo laboral, familiar, ni domiciliario de su defendido. Por su parte, señala que el Tribunal
recurrido en el acta de vista, realiza una minuta en la cual no se analiza ninguno de los
peligros procesales, obviando la valoración de la prueba –pues ni siquiera la describe en la
minuta. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL

16929-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE ACCESO AL
EXPEDIENTE. Refiere el recurrente que dentro del proceso penal que se sigue a su
representada se prorrogaron las medidas cautelares de la amparada, motivo por el cual se
interpuso un recurso de apelación; sin embargo el Tribunal Penal no resolvió el recurso de
apelación a tiempo. Alega que el Juzgado Penal, prorrogó, nuevamente, las medidas
cautelares de la tutelada y que luego de la audiencia del Tribunal, en la que se resolvió de
apelación, el Juzgado Penal, citó para audiencia a las partes, en un plazo de dos horas, para
resolver sobre la prórroga de las medidas cautelares, plazo en el cual no se pudo tener acceso
al expediente para examinar la solicitud de prórroga realizada por el Ministerio Público. Se
declara con lugar el recurso. En consecuencia se anula la resolución de las quince horas trece
minutos del veintiséis de agosto del dos mil diez. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

16970-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. PLAZOS VENCIDOS. Alega el
recurrente que en su contra se sigue proceso penal donde se le impuso las medidas
cautelares de prisión preventiva por más de diecinueve meses. Argumenta que con el
transcurso de los años, las condiciones que motivaron la declaratoria del proceso como
complejo variaron, por lo que no procede la última prórroga de prisión que el Tribunal de Juicio
de Alajuela ordenó en su contra, además el Tribunal de Juicio, carece de competencia para
prorrogar la prisión preventiva en su contra, ya que esto le correspondía al Tribunal de
Casación, dado que dicha prórroga fue dictada fuera del período extraordinario máximo para
este Tribunal. Indica que la juez que presidió el juicio en el cual fue condenado ordenó el
reenvío, participó, nuevamente, para prorrogar la medida de prisión preventiva, cuando lo
correcto, hubiese sido, que se excusara de conocer el asunto. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16974-10. PRUEBA. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Indica el recurrente que
en la causa que se sigue en su contra, se ordenó el impedimento de salida del país, la
congelación de sus cuentas y las de su bufete, se levantó su secreto bancario y se allanó su
vivienda y su oficina. Considera que la información obtenida indebidamente del banco, que
sirvió de base para la denuncia en su contra, es ilegal, y no puede ser admitida como prueba
en el proceso. Solicita se obligue a la Fiscalía investigar antes de ordenar medidas tan graves
como las que ha dispuesto y se anule lo actuado con base en prueba ilegítima, cual es la
información errónea que el denunciante ha invocado y confesado en su propia denuncia
temeraria, por haberla obtenido por medios ilegales. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16942-10. MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega la recurrente
que fue citada en la fiscalía de Heredia y detenida en ese momento. Acusa que se le
impusieron medidas cautelares, pero no le permitieron estar en la audiencia, dado que cuando
le llevaron, ésta ya se había realizado sin su presencia, por lo que no tuvo oportunidad de
defenderse. Posteriormente, al apelar, se enteró que no hubo grabación de la audiencia,
situación que justificó el despacho accionado con una indicación de que fue consecuencia de
un problema de audio. Posteriormente el Tribunal Penal revocó el impedimento de salida del
país, pero solicitó una fianza de un millón y medio de colones, lo que no puede solventar. Se
declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Penal de Alajuela. Se anula por
falta de fundamentación el voto No. 328-2010 de las ocho horas cuarenta minutos del 18 de
agosto del 2010 y se ordena dictar una nueva resolución debidamente fundamentada. En
cuanto al Juzgado Penal de Alajuela, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

16938-10. REBELDÍA. NO LE COMUNICAN IMPEDIMIENTO DE SALIDA DEL PAÍS. Alega
el recurrente que sin que le fuera notificada la medida cautelar de impedimento de salida del
país, fue declarado rebelde, en virtud de que fue a Estados Unidos para hacerse un tratamiento
médico, situación que cuando lo citaron a una audiencia, fue comunicada por su abogado
defensor al Tribunal y a pesar de ello, se ordena su captura, sin tomar en cuenta que no le
habían comunicado el impedimento de salida del país. Se declara con lugar el recurso. En
consecuencia, se anula la resolución de las 11:20 hrs. de 30 de septiembre de 2010 dictada
por el Tribunal de Juicio de Puntarenas -sede Aguirre y Parrita-, a través de la cual se declara
rebelde al tutelado y se ordenaba su inmediata captura. CL

16966-10. DETENCION. SE ORDENA CAPTURA POR NO COMPARECER AL JUICIO. Alega
el recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se señaló hora y
fecha para el juicio; no obstante por problemas de salud el imputado no pudo presentarse a
juicio, y remitió con anticipación un certificado médico como prueba de su imposibilidad de
comparecer al debate. Sin embargo, el Juez encargado del caso ordenó ese mismo día la
captura del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL

16954-10. MENOR DE EDAD. SOLICITUD DE CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR. Indica la
recurrente que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional para
Menores. Refiere que tiene miedo y que no puede salir, ni ir a la escuela del centro de atención
porque entre tres personas lo golpean. Manifiesta que está a pronto a cumplir los dieciocho
años y será enviado a otro centro de atención, por lo que solicita cambiarle la medida cautelar.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16511-10. MENOR DE EDAD. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SUPERANDO EL
PLAZO ESTABLECIDO POR LEY. Alega el accionante que el menor amparado figura como
encartado en una causa penal, que concluyó en una condena de 10 años por el delito de homicidio simple.
Manifiesta que el amparado afrontó dicho debate estando detenido provisionalmente, cumpliendo los 4
meses que puede estar detenido en materia penal juvenil un menor de edad, según el numeral 59 de la Ley
de Justicia Penal Juvenil. No obstante, acusa que se le prorrogó extraordinariamente por dos meses más la
detención provisional, aplicando supletoriamente el artículo 258 del Código Procesal Penal, lo cual apeló,
pero no le fue aceptada su gestión. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin
lugar el recurso. Voto salvado de la Magistrado Calzada. SL

16513-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE HACE DE OFICIO Y SE ALEGA
FALTA DE NOTIFICACIÓN. Alega la recurrente que a su representado se le impuso prisión
preventiva por un plazo de tres meses y pese a que en el momento en que vencía la medida
cautelar indicada no se requirió su ampliación. Indica que la juez recurrida ordenó de oficio
prorrogar la prisión preventiva por un mes más, resolución que aún no ha sido notificada. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16517-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DURANTE LA ETAPA DE JUICIO.
Alega la recurrente que el Tribunal de Juicio accionado suspendió la realización del debate oral
que se realizaba en la causa seguida contra el amparado, sin que existiera motivo justificado
para no continuar con el juicio e injustificadamente, se prorrogó la prisión preventiva por tres
días más, mientras se culminaba el debate. . Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16522-10. MINISTERIO PÚBLICO. NIEGAN ACCESO A LEGAJO PARALELO. Alega el
accionante que en la Fiscalía de Bribrí se tramita una causa penal en contra del amparado, por el delito de
Infracción a la Ley de Migración y Extranjería. Señala que se le niega el acceso al legajo paralelo que
lleva el Ministerio Público, en donde consta la declaración de ocho testigos. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


16474-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA Y DETENCION POR PARTE DEL
OIJ. Alegan los recurrentes que fueron detenidos por funcionarios de la Fuerza Pública y del
Organismo de Investigación Judicial y en el momento de la detención fueron expuestos al
público, se les tomaron fotografías y videos por parte de la prensa nacional, sin que las
autoridades recurridas les permitieran al menos cubrir sus rostros. Indican que fueron objeto de
un trato degradante y, afirman que estuvieron detenidos por el Organismo de Investigación
Judicial mucho tiempo, pues fueron pasados poco antes de vencer el plazo de las 24 horas.
Finalmente señalan que se les impuso la prisión preventiva por tres meses, sin previa
audiencia. Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin disponer la libertad de los
amparados. En consecuencia, se ordena a la Jueza Penal de Turno Extraordinario del
Segundo Circuito Judicial de San José, que en forma inmediata convoque legalmente a una
audiencia oral a las partes del proceso penal que se sigue contra los amparados, con el objeto
de resolver la solicitud de prisión preventiva que contra éstos formuló el Ministerio Público.
Además, se le ordena al Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial,
abstenerse de realizar acciones como las que dieron lugar a la estimatoria del presente
recurso. En lo demás se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

16473-10. PRISIÓN PREVENTIVA. RETARDO EN RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN
DE MEDIDA CAUTELAR. Indica el recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue al
amparado se dictó prisión preventiva por tres meses. Establece que para efectos de conocer la
nueva solicitud de continuación de la misma se señaló vista oral, donde el juez declinó
resolver de forma inmediata. Manifiesta que la resolución fue apelada por la defensa; no
obstante, el expediente aún se mantiene en el juzgado recurrido, sin haberse puesto en
conocimiento del superior, ni emplazado a las partes. Se declara con lugar el recurso por
retardo en tramitar y resolver la gestión recursiva que ocasiona este asunto, sin ordenarse la
libertad del amparado. CL

16472-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA. Alega la recurrente que en la
causa penal que se sigue a su representado se le impuso prisión preventiva por seis meses
Agrega que a finales de agosto gestionó el cambio de la prisión preventiva; gestión que fue
rechazada de plano, alegando que no habían transcurrido los tres meses para que proceda.
Indica que solicitó la realización de una vista oral para evacuar la prueba correspondiente, pero
la juzgadora no señaló vista oral, sino que revisó el caso sin siquiera tomar en cuenta la prueba
ofrecida por la recurrente. Se declara CON LUGAR el recurso, sin ordenar la libertad del
amparado. Se anula la resolución de las 13:10 horas del 17 de setiembre de 2010, dictada por
el Juzgado Penal de Desamparados. Se ordena fijar fecha, a la mayor brevedad posible, para
la vista oral solicitada por la defensa del tutelado. CL

16471-10. MORA JUDICIAL. OMISIÓN DE EXPEDIR CANCELACIÓN DE JUZGAMIENTOS.
Alega el recurrente que el Tribunal recurrido absolvió al amparado de toda pena y responsabilidad del
delito de violación, y se ordenó la cancelación de los juzgamientos inscritos por estos hechos; no
obstante, el tribunal sentenciador no ha comunicado al Instituto Nacional de Criminología la cancelación
de los referidos juzgamientos. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas,
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

16384-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ALEGA FALTA DE NOTIFICACIÓN. Alega el recurrente
que el amparado es una persona con discapacidad el cual depende de una silla de ruedas y se encuentra
detenido en las celdas del Organismo de Investigación Judicial. Indica que en la audiencia oral de
solicitud de medidas cautelares de prisión preventiva, se decidió diferir la resolución e indicó a las partes
que se les notificaría por el medio correspondiente, no obstante, al día de hoy, dicha resolución no ha
sido notificada. Se declara CON LUGAR el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se condena al
Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria,
los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

16391-10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. VIOLENCIA DOMÉSTICA. FALTA DE
FUNDAMENTACIÓN. Indica el recurrente que contra su persona se interpuso una denuncia por
violencia doméstica; en donde se solicitó al juzgado recurrido medidas de protección; sin tener ningún
parentesco que lo vincule. Indica que por el contrario lo que existe es un problema entre vecinos, lo cual
de ninguna forma justifica las medidas de protección que el juzgado dictó en su contra. Señala que la
resolución dictada carece de fundamento para la imposición de una medida tan desproporcionada e
irracional. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

16048-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. El recurrente impugna la
fundamentación de la prisión preventiva, aduciendo que no cumplió con las formalidades de lo dispuesto
en el artículo 239 del Código Procesal Penal, en tanto el juez simplemente repitió formulas legales y no
apreció la prueba. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL
16052-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Reclama el recurrente que
el Juzgado Penal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra el tutelado, la cual fue
debidamente apelada, pero el Tribunal recurrido confirmó la resolución basado en la alta penalidad del
delito investigado sin tomar en consideración ninguna otra circunstancia. Considera que las resoluciones
carecen de la debida fundamentación. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. SL

16055-10. PRISION PREVENTIVA. ORDENADA CONTRA UN INDIGENA. Reclama el
recurrente que el amparado es indígena y en su contra se sigue un proceso penal donde se realizó una
audiencia para cambiar las medidas cautelares. Explica que durante esa audiencia no se incorporó ningún
elemento que hiciera presumir que existiera peligro de fuga, sin embargo, la Jueza ordenó el cambio de
medidas cautelares y ordenó la detención provisional del imputado por seis meses, pese a que se le indicó
que para ordenar la prisión preventiva debía tomar en cuenta las costumbres del pueblo indígenas, sus
características económicas, sociales y culturales y debía dar preferencia a cualquier sanción distinta al
encarcelamiento. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL

16337-10. EXTRADICIÓN. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER SOLICITUD DE
REFUGIO. Alega el recurrente que fue ordenada su extradición a territorio checo, y que se hará efectiva,
a pesar de que el Juez tuvo conocimiento de que presentó solicitud formal de refugio ante las autoridades
de Migración y Extranjería. Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del
recurrente. Se ordena a la Jueza de Juicio del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, o
en su lugar que esté a cargo de la tramitación del proceso seguido contra el recurrente, que suspenda la
ejecución de la extradición hasta que se resuelva el recurso de apelación en la solicitud para el
reconocimiento de la condición de refugiado. En cuanto a la Dirección General de Migración y
Extranjería, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial


15753-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTO. Alegan los recurrentes que
dentro del proceso penal que se sigue en su contra, el Ministerio Público solicitó el
allanamiento, registro y secuestro de sus viviendas y lugares de trabajo. No obstante aseguran
que la evidencia buscada por la autoridad recurrida no se encontró por lo que estiman que la
resolución en mención carece de pruebas. Solicitan que se deje sin efecto las órdenes de
allanamiento, requisa y secuestro dictadas en el proceso seguido en contra de ellos y, por
ende, que se deje sin efecto la orden de prisión preventiva emitida por la autoridad recurrida.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15760-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. EL ASUNTO SE REENVIÓ PARA
EFECTOS DE PENA Y SE VENCIÓ EL PLAZO. Alega el recurrente que al amparado se le impuso
doce años de prisión y el plazo de seis meses de prisión preventiva. Refiere que en virtud de que dicha
resolución tenía vicios de forma, presentó recurso de casación donde se declaró parcialmente con lugar el
recurso, anulando el fallo recurrido en lo que se refiere a la imposición de la pena, y dispuso el reenvío de
la causa para su debida sustanciación en ese único aspecto, debiendo fijarse la pena según la nueva
calificación del hecho. Afirma que el Tribunal recurrido realizó de nuevo la audiencia. Acusa que en
ningún momento de la audiencia, el Tribunal accionado se pronunció sobre la ampliación de la prisión
preventiva, y es por ello que actualmente el tutelado se encuentra privado de su libertad de manera
ilegítima. Se declara sin lugar el recurso. SL

15757-10. MEDIDAS CAUTELARES. SE CONFIRMAN AÚN SIN RESPALDO INFORMÁTICO.
Alega la recurrente que se le impuso como medida cautelar, el no poderse acercar a los ofendidos a un
kilómetro a la distancia, hasta que el proceso finalice, esta medida fue apelada y a pesar de que no existe
respaldo informático claro de la audiencia oral llevada a cabo ante el Tribunal de Juicio de Heredia, la
medida se confirmó por parte del Tribunal. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

15495-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega la recurrente que
el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José prorrogó la prisión preventiva
impuesta al amparado, por el plazo de tres meses, sin que de previo se realizara la respectiva
audiencia oral. También cuestiona el que se haya decretado dicha prórroga, pues, para la
fecha en que ésta se dispuso, aún no se había resuelto el recurso de apelación interpuesto, en
la que se acordó la prórroga inmediatamente anterior. Se declara parcialmente con lugar el
recurso, pero sin ordenar la libertad del tutelado, por la omisión del órgano jurisdiccional
recurrido de celebrar audiencia oral, de previo a disponer la prórroga de la prisión preventiva
en contra del amparado por medio de resolución de las diecisiete horas y veinte minutos del
tres de septiembre del dos mil diez, y se ordena al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial
de San José que adopte las medidas necesarias y que ejecute las acciones pertinentes para
celebrar con la mayor celeridad posible vista oral, a fin de resolver nuevamente sobre la
medida cautelar de prisión preventiva conforme a derecho corresponda

15491-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. NO RESUELVEN TERMINADA LA
AUDIENCIA, NI DIAS DESPUÉS. Manifiesta el recurrente que dentro del proceso penal que
se le sigue a su representado se dictó prisión preventiva la prorrogada por tres meses más.
Manifiesta que para efectos de conocer la nueva solicitud de prórroga de prisión preventiva se
señaló vista oral, en donde se declinó en resolver en forma inmediata y hasta ahora no ha sido
resuelta. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

15502-10. MENOR DE EDAD. DETENIDO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DONDE
ESTUDIABA. Indica la recurrente que el amparado fue detenido dentro de las instalaciones
del Colegio Técnico Profesional de Limón en horas lectivas, bajo la acusación de que le había
arrebatado el teléfono celular a otro alumno de la institución. Su queja fundamental es que fue
expuesto ante todos los alumnos durante la detención. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL


15228-10. IMPUTADO. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR DURANTE EL ALLANAMIENTO Y
ACCESO A PRUEBA. Alegan las recurrentes que las autoridades de la Fiscalía y del Juzgado
Penal de Puntarenas realizaron allanamientos a los amparados, motivo por el cual les
debieron designar un defensor. Indican además que no contaron con representación legal
hasta el día siguiente y no se confeccionó ninguna acta de detención. Agregan que no se ha
puesto en conocimiento los resultados de las intervenciones telefónicas y no conocen los
hechos que se les atribuye, su calificación jurídica y un resumen de la prueba. De igual manera
alegan que las autoridades del Juzgado recurrido decretaron una medida de prisión preventiva
en contra de los tutelados, vencido el término perentorio de veinticuatro horas. Se declara sin
lugar el recurso. SL

15242-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega el recurrente que
su representado es sordomudo, no sabe leer ni escribir y tampoco sabe el lenguaje LESCO.
Aún así, acusa que el Juzgado Penal de Osa le impuso tres meses de prisión preventiva,
indicando la existencia de los peligros procesales, a pesar de que como defensor expuso en su
argumentación que para efectos de considerar los presupuestos procesales, se requería hacer
algún análisis sobre la capacidad de comprensión del demandado, pues es imposible pensar
que un sujeto que no sabe leer ni escribir, ni comunicarse por LESCO, pueda tener una
capacidad de comprensión de todos y cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva.
Indica que apeló tal decisión, pero el Tribunal recurrido no resolvió ni hizo algún análisis, sino
que simplemente se enfrascó en el mismo tema de que no hay elementos para pensar que el
amparado no entienda y confirmó la resolución. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15239-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DECRETADA POR MÁS DE UN
AÑO. Indica el recurrente que dentro de los procesos penales que se siguen en su contra la
Fiscalía solicitó prisión preventiva por espacio de seis meses, luego dicha medida se prorrogó
hasta el 16 de julio de 2010 y luego, hasta el 31 de agosto; momento para el que aduce,
llevaba once meses y 15 días detenido, lo que sumado a la medida inicial, se elevaba a un
tanto de once meses con veintiocho días. Pese a lo anterior, el Juzgado recurrido ordenó
prorrogar la prisión de nuevo por cinco días más, lo que sobrepasó el plazo máximo de un año
de prisión preventiva. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del recurrente. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL

15240-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega el recurrente que
a efecto de conocer la nueva solicitud de prórroga de la prisión preventiva contra su
representado, el Ministerio Público señaló vista oral, pero el Juez Penal declinó resolver de
forma inmediata el asunto. Manifiesta que la defensa desconocía la resolución judicial que dictó
el Juzgado, la cual fue prorrogada, pero bien podría haberse ordenado una medida cautelar
menos gravosa, la cual no se ha podido cumplir hasta ahora, dada la ignorancia en que se
mantiene a la parte afectada. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del
tutelado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. CL



14781-10. EXTRADICIÓN. DETENCION DURANTE EL PROCESO. Manifiesta el recurrente
que en su contra se tramita proceso de extradición, que ya han pasado dos meses y
permanece aún recluido sin que se le haya comunicado nada respecto de su situación. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

14821-10. DETENCIÓN. RETEN POLICIAL. Alega el recurrente lesión a su libertad de tránsito, al
debido proceso y al principio de dignidad humana, en razón de que el día nueve de agosto de este año,
cuando viajaba en su vehículo en compañía de una hija menor de edad, fue detenido por parte de las
autoridades de policía del Ministerio de Seguridad Pública, en un retén policial de rutina realizado en San
Antonio de Escazú, sin que existiera orden de captura expedida por una autoridad judicial y sin que se
estuviera investigando la comisión de un delito; siendo coaccionado para mostrar el interior de su
vehículo. En este caso, señala la Sala que optar por un régimen democrático de derecho y no por un
régimen autoritario, conforme lo hizo el Constituyente en el artículo 1 de la Constitución Política, impone
a las autoridades públicas límites infranqueables en el ejercicio de sus potestades y deberes. En el caso
concreto, los oficiales realizaban un ―retén policial‖ donde coaccionaron al recurrente para inspeccionar
el interior de su vehículo, sin que existiera una noticia criminis o un indicio comprobado de que se
hubiere cometido un delito, hecho que no es negado por el Ministro en su informe al aceptar la realización
del operativo sin un fin específico. Si bien es cierto, de conformidad con la ley, la policía puede realizar
controles para identificación de las personas, averiguación de la condición migratoria, control fiscal,
trasiego de especies vegetales o animales, entre otros, conforme lo ha señalado esta Sala (sentencia 2002-
10309 de las doce horas nueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil dos) no es posible que estos
operativos se realicen de una forma indiscriminada y mucho menos que se coaccione u obligue a las
personas para que permitan el acceso al interior de su vehículo, sin que exista noticia criminis o indicios
comprobados de la comisión de un delito. Para proceder a la revisión del interior de un vehículo en este
tipo de controles policiales, se requiere necesariamente del consentimiento libre y expreso del conductor,
lo que implica que no puede ser coaccionado de forma alguna. El artículo 190 del Código Procesal Penal
es claro al señalar que el juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya
motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito. Sobre
el tema se cita la sentencia 5415-01. Se indica que la policía debe actuar conforme a protocolos
específicos, donde se establezcan las condiciones, forma, presupuestos, etc. en que pueden realizarse
controles como el que motivó este recurso. La vigilancia en carretera no constituye una actuación
ilegítima o arbitraria en sí misma, pero debe estar necesariamente relacionada con la investigación de un
hecho delictivo y realizarse con criterios de razonabilidad, lo que implica que se ejecute tomando en
consideración las circunstancias de cada caso en particular. Ello no implica en modo alguno desconocer
las competencias otorgadas al Poder Ejecutivo, en el artículo 140 incisos 6 y 16 de la Constitución
Política, para mantener el orden, seguridad, tranquilidad y paz social en el territorio nacional. Por el
contrario, cuando las normas, el orden público o los valores básicos de la convivencia social son
vulnerados, es obligación del Estado activar los protocolos de seguridad establecidos para restablecer el
orden, la paz social y la armonía, con las limitaciones que imponen el respeto a la dignidad humana y a
los demás principios, derechos y garantías fundamentales. La práctica indiscriminada de retenes
policiales, sin razones objetivas concretas, culminan convirtiendo a la persona humana individualmente
considerada, en mero instrumento de satisfacción de intereses colectivos, lo cual es inadmisible en un
Estado democrático de derecho. En virtud de lo anterior procede declarar con lugar el recurso de hábeas
corpus formulado con sus consecuencias. Se citan sentencias sobre ―retenes policiales‖ en la
jurisprudencia extranjera. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Seguridad Pública,
lo siguiente: a) realizar retenes solo cuando exista indicio comprobado de un delito o noticia criminis, de
acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política; y b) abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos
que dieron fundamento a la estimatoria de este recurso de habeas corpus. CL

14802-10. DETENCIÓN. POR CAUSAS QUE SE ENCONTRABAN FENECIDAS. Alega el
recurrente que durante el mes de agosto anterior, fue detenido por lo menos en dos ocasiones durante más
de veinticuatro horas, por causas en las que ya se había ordenado su libertad y se encontraban fenecidas.
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. CL

14810-10. DETENCIÓN. POR MENOS DE 24 HORAS. Manifiesta el recurrente que fue detenido y
llevado a las celdas del Segundo Circuito supuestamente por circulación de moneda falsa. Menciona que
la vendedora de lotería le había cambiado el billete original por uno falso, y a ella no se le investigó, lo
que le generó una situación humillante y de ultraje, además lo mantuvieron esposado por más de ocho
horas, sin recibir ningún alimento durante todo el tiempo que estuvo detenido. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


5973-05 y 14812-10. DETENCION. IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA PRESENTAR AL
IMPUTADO EN EL PLAZO DE 24 HORAS. Como primer reparo en este recurso, los
recurrentes cuestionan la detención de sus defendidos, ya que superó el plazo de veinticuatro
horas dispuesto en la norma 37 de la Constitución Política. Cabe señalar que este argumento
ya fue analizado en la sentencia número 2005-05595 de las 16:29 horas del 10 de mayo de
2005, en el recurso de hábeas corpus número 05-04769-0007-CO interpuesto por Alejandra
Salazar, en relación con los mismos hechos. En esa oportunidad se discutió en esta Sala que
el artículo en cuestión determina que toda persona que es detenida por existir indicio
comprobado de haber cometido delito, debe ser puesta a disposición de juez competente
dentro del término de veinticuatro horas. En igual sentido, el artículo 7 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos señala que nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios y que debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales; asimismo, que la persona detenida tiene
derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora
sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales. En este caso, aunque quedó plenamente demostrado y aceptado, del informe
rendido por los representantes de las autoridad recurridas -que se tienen por dados bajo fe de
juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige
esta Jurisdicción-, que el plazo de 24 horas discurrió, también se demuestra que ello no
obedeció a la negligencia o excesiva tardanza de los recurridos, sino que por la naturaleza del
operativo y la distancia a la que se encontraba la vivienda allanada, existió verdaderamente
una imposibilidad material de respetar a cabalidad ese plazo. Nótese que por demás, la
diligencia no terminó sino hasta casi doce horas después de detenidos los amparados, es
decir, se les detuvo a las 5 horas 30 minutos del 23 de abril del 2005, pero fue hasta que se
concluyó la diligencia judicial, a las 17 horas de ese mismo día, que los amparados fueron
trasladados del lugar (Laguna Samai en Barra del Tortuguero) a Limón donde se concluyen las
diligencias y posteriormente a la ciudad de Guápiles, recorriendo 70 millas y 101 kilómetros
respectivamente en todo este trayecto (informe al folio 011). De modo que fue materialmente
imposible para las autoridades recurridas cumplir literalmente con el plazo de las 24 horas,
pues se tuvo que ubicar la droga, realizar un inventario de ella, coordinar el traslado y custodia,
realizar un allanamiento, requisas, detener a los encartados, requisas personales y decomisar,
levantar la información correspondiente, confeccionar el informe policial, todo ello agravado por
la distancia geográfica del lugar donde ocurrieron los hechos y porque los amparados tuvieron
que ser trasladados vía terrestre. Siendo que desde momentos es que se pudo (a las 14 horas
del 24 de abril del 2005), habiendo pasado solamente unas horas desde el vencimiento,
ordenar la prisión preventiva de los amparados. Por todo lo dicho, en vista de la constatación
de la imposibilidad material y de que no medió negligencia de parte de los recurridos, en cuanto
a este aspecto el recurso resulta improcedente. SL
14812-10. DETENCION. POR MAS DE 24 HORAS. Reclama el recurrente que fueron detenidos por
más veinticuatro horas, sin recibir las declaraciones indagatorias, ni ponerlos ante autoridad competente
en el plazo de ley. Con base en las consideraciones dadas en las sentencias, se declara sin lugar el recurso.
SL

14808-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUE DECLARADO REBELDE Y NO SE LE DIO
AUDIENCIA. Establece el recurrente que el Tribunal recurrido dictó rebeldía del amparado y orden de
captura. Alega que sin convocar a audiencia oral, el Tribunal le impuso a su representado, dos meses de
prisión preventiva Se declara sin lugar el recurso. SL

14811-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE CUESTIONA FUNDAMENTO. Indica el recurrente que
dentro de la causa penal que se sigue en su contra se dictó medida cautelar que tiene como única
fundamentación, la existencia de una grabación de escuchas telefónicas ordenadas de manera regular por
la autoridad judicial, las cuales no lo relacionan directamente con los hechos que motivaron la causa
penal. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15062-10. PRISIÓN PREVENTIVA. JUEZ DISPONE RESOLVER 48 HORAS DESPUÉS DE LA
AUDIENCIA ORAL. Manifiesta la recurrente que el Ministerio Público solicitó que se realizara la
audiencia de ley para determinar la procedencia o no de la prisión preventiva en contra de su
representado. Señala que la audiencia transcurrió de manera usual, no obstante, al momento de resolver la
situación jurídica de los encargados, el juzgador de manera ajena al procedimiento, indicó que iba a
resolver por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores como lo facultaba la ley. Por lo
anterior, considera que con dicho proceder, se está lesionando en perjuicio del amparado su derecho a que
se le resolviera su situación jurídica de forma célere, a pesar de que se encuentre detenido sin que exista
una resolución judicial que así lo ordene. . Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

15061-10. PRISION PREVENTIVA. SE FUNDAMENTA EN DECLARACIONES
CONFIDENCIALES. La recurrente reclama que la resolución de la autoridad recurrida del 26 de agosto
de dos mil diez, que prorrogó por tres meses más la prisión preventiva contra el amparado y se
fundamenta en la declaración de tres colaboradores, cuyas manifestaciones no tuvo acceso, por ser
declaradas confidenciales. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. Los Magistrados Calzada y Jinesta ponen nota. SL

15185-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA. Alega el
recurrente que la autoridad recurrida procedió a prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva contra
el amparado; sin embargo, omitió dar audiencia a la parte defensora y tampoco le notificó dicha
resolución, a pesar de que ya había vencido el plazo de prisión preventiva inicial. Se declara parcialmente
con lugar el recurso, sin disponer la libertad del amparado. Se ordena al Juzgado Penal del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Guápiles, aquí accionado, en la persona de la Jueza o de
quien ocupe ese cargo, que en forma inmediata convoque legalmente a una audiencia oral a las partes del
proceso penal que se sigue contra el amparado, con el objeto de resolver la solicitud de prisión preventiva
que contra éste formuló el Ministerio Público. CL Parcial

14946-10. DEPORTACIÓN. SE ALEGA FALTA DEL DEBIDO PROCESO. Indica la recurrente
que su esposo se presentó a la autoridad recurrida a fin de ser notificado sobre el procedimiento de
retención de pasaporte, no obstante se le notificó una orden de deportación de ejecución inmediata, sin
respetar el debido proceso, sin previa audiencia, ni posibilidad de defensa y sin siquiera permitirle llamar
a su abogado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15063-10. CASACIÓN. LIMITACIONES PARA CASACIÓN EN JUICIO DE REENVIÓ. Acción
de Inconstitucionalidad en contra del Artículo 451 Bis, párrafo segundo, del Código Procesal Penal. La
norma señala que el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de casación contra la
sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución del imputado dispuesta en el
primer juicio, pero si podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución y las costas. Considera
que existe una violación al principio de igualdad respecto del Ministerio Público y el querellante para
proseguir la acción penal. Sobre el tema se cita la sentencia 7605-09 y con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. Los Magistrados Calzada y Jinesta salvan el voto
y declaran con lugar la acción con sus consecuencias. RF
15189-10. JUEZ. PARTICIPACIÓN DE UN MISMO JUEZ EN ALLANAMIENTO Y
DETENCIÓN Reclama el recurrente que la jueza recurrida incumplió su deber de imparcialidad, por
cuanto resolvió una medida cautelar de detención provisional en contra de los amparados, a pesar de que
con anterioridad había aprobado un allanamiento del domicilio de estos y había prevenido al Ministerio
Público realizar ciertas correcciones o aclaraciones de previo a la aprobación de tal diligencia. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL (ver también votos 2660-
10 y 17737-06)

13092-10.DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR PENA QUE YA CUMPLIÓ. Alega el
recurrente que fue condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión, pena que
cumplió y fue puesto en libertad. Indica que para su sorpresa fue detenido por existir orden de
captura en su contra, debido a que tiene que empezar a descontar una pena de cuatro años y
seis meses de prisión, privándosele de libertad por una pena que ya cumplió. Se declara con
lugar el recurso. CL

13438-10. DETENCION. SE LIMITA LIBERTAD DE DEFENSORA PÚBLICA POR ORDEN
DEL MINISTERIO PÚBLICO. Alega el recurrente que en razón de los constantes enfrentamientos
laborales entre la Defensa Pública y el Ministerio Público, ambos de Siquirres, una defensora pública fue
detenida por orden de la fiscalía recurrida, aduciendo que había presentado un testigo falso, hecho que no
fue probado en el juicio. Añade que la amparada fue esposada en ese mismo momento, y sometida a
tratos crueles y degradantes, a pesar de que estaba en ejerciendo labores propias de su cargo. En este caso,
la Sala declaró con lugar el recurso por violación a la libertad personal de la amparada y por violación al
principio de proporcionalidad, debido proceso y de recibir un trato denigrante en el momento de la
detención. Se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 37, 39 y 41 de la Constitución
Política. CL

13454-10. DETENCION. ESTABA EN LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES Y SE LE
DETIENE POR NUEVA CAUSA PENAL. Alega el recurrente que a su defendido se le sigue un
proceso penal, en donde se dictó formal auto de prisión preventiva, por el plazo de 3 meses, la cual apeló
y se ordeno su revocatoria, imponiéndole medidas cautelares. No obstante, la Fiscalía de Golfito ordenó
de nuevo la detención del amparado, al argumentar que presentaría una nueva solicitud de prisión
preventiva con base en una nueva causa penal contra el amparado. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

13956-10. DETENCIÓN. ABUSO DE AUTORIDAD. Refiere el recurrente que fue detenido por
Agentes del Organismo de Investigación Judicial en un operativo en Florencia de San Carlos,
por una causa en su contra que se encontraba sobreseída. Se declara CON lugar el recurso.
Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Comuníquese a todas las partes, y al Consejo Superior del Poder Judicial para
que ponga en conocimiento de las autoridades judiciales esta sentencia, y además dicte las
directrices pertinentes a efectos de que no se comentan más errores como los que motivan la
estimación de este recurso. CL

14763-10. DEBATE. SE ORDENA REPROGRAMAR FECHA DEL DEBATE. Indica el
recurrente que su representado fue declarado rebelde y se ordenó la captura, además se le
impuso la medida cautelar de prisión preventiva por espacio de un mes, sea, hasta el doce de
agosto de este año. Manifiesta que el cinco de agosto de los corrientes, se le notificó el
señalamiento para debate para el treinta y uno de agosto, posteriormente solicitó el cambio de
señalamiento, debido a una coincidencia de fechas en debates, por lo que el Tribunal
accionado prorrogó la prisión preventiva del amparado, ello por espacio de cuatro meses y
varió la fecha del debate, hasta diciembre. Argumenta que si bien la defensa y el imputado son
conscientes del estado de rebeldía, lo cierto es que consideran exagerado y desproporcionada
que se señale para debate para el doce de diciembre próximo, es decir, cinco meses después
de su detención. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se
ordena a la Jueza del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Suroeste, o
a quién en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de 15 días, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, reprograme la fecha en la que se llevará a cabo el debate oral
en la causa penal que se sigue contra el amparado, el cual se deberá de llevar a cabo dentro
de un plazo razonable. CL

13457-10. PRISION PREVENTIVA. CON BASE EN INTERVENCIONES TELEFONICAS QUE
NO SE PUSIERON EN CONOCIMIENTO DE LA DEFENSA. Alega el recurrente que a sus
defendidos se les sigue una causa penal, producto de una investigación en donde se decomiso de casi una
tonelada de droga en la comunidad de Miramar de Puntarenas, en donde se dictó en su contra prisión
preventiva, con base en intervenciones telefónicas, las cuales no han sido puestas en conocimiento de los
defensores y los imputados. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

13729-10. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. El recurrente cuestiona la
prisión preventiva dictada en contra del amparado, aduciendo que no se encuentra debidamente
fundamentada, que la única justificación que da el juez es que existen elementos probatorios que
incriminan a los sospechosos, con lo cual incluso adelantó criterio en perjuicio de los acusados y se limita
a fundamentar la medida en que se trata de un grupo de crimen organizado. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

13966-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Indica el recurrente que
se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, a través de una resolución carente de la
debida fundamentación Señala que dicha resolución fue impugnada ante el Tribunal Penal de
Pavas, autoridad que, confirmó la resolución impugnada, también carente de la debida
fundamentación. Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Juzgado Penal de Turno
Extraordinario de San José de lo indicado en el considerando IV. SL

13952-10. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Manifiesta el recurrente que
contra su defendido se dictó prisión preventiva, que venció el trece de agosto del presente año,
y al catorce de agosto se le mantiene privado de libertad, sin respaldo en decisión jurisdicción
alguna. Se declara parcialmente con lugar el recurso, por violación del derecho de defensa y
sin ordenar la libertad del imputado. Se ordena al Juez Penal de Pococí, disponer lo necesario
para señalar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, una audiencia oral
para que las partes, en especial la defensa, puedan referirse verbalmente a la procedencia de
mantener la medida cautelar, debiendo tomarse en consideración el acto, a efectos de
establecer si se justifica preservar lo decidido. CL

14205-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE CUESTIONA FUNDAMENTACIÓN. Refiere la recurrente
que dentro de la causa penal que se sigue a su representado se dictó dos meses de prisión preventiva,
resolución que no sólo basó en prueba que considera espuria, sino además, porque estima que el Juez que
conoció el caso tomó en cuenta que el tutelado ya había sido condenado por otra causa relacionada. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14206-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE CUESTIONA FUNDAMENTACIÓN. Alega el accionante
que se le imputan varias causas penales, las cuales se encuentran dentro de un expediente único, en el que
figuran otros imputados y ofendidos. Indican que la defensa del amparado, en la audiencia de medidas
cautelares impugnó dicha situación, sin que dicho aspecto fuera de recibo. Afirma que a pesar de que ese
expediente se encuentra con archivo fiscal, la prisión preventiva en su contra fue dictada por seis meses y
fue fundamentada en esa causa anterior. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. SL

14198-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SE CUESTIONA FUNDAMENTACION. El recurrente alega
que el Juzgador recurrido, considera que la “y” del inciso a) del artículo 239 bis del Código Procesal
Penal, entre las frases “delitos sexuales” y “delitos contra la propiedad‖ es disyuntiva y por lo tanto,
separa como causal de prisión preventiva el solo hecho de acusarse un delito contra la propiedad en donde
haya violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas y por ello prorrogó la prisión preventiva del
amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se consideró ilegítima la privación de
libertad del amparado y se declara con lugar el recurso. CL

14731-10. PRISION PREVENTIVA. NO SE EJECUTA ORDEN DE LIBERTAD. Alega el
recurrente que en causa penal que se sigue contra su representado, se ordenó prisión
preventiva, sobre la que el Ministerio Público solicitó un cambio, en virtud de nuevas
circunstancia, por lo que el Juzgado recurrido, ordenó la inmediata libertad de su defendido; sin
embargo, su defendido sigue privado de libertad. Se declara con lugar el recurso. Se condena
al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
CL

14722-10. PENA. NIEGAN BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA. Indica
el recurrente que ha solicitado el beneficio de ejecución condicional de la pena, motivo por el
cual considera tener todos los requisitos; no obstante, la gestión le ha sido denegada por no
encontrarse firme la sentencia, debido a que otro imputado presentó un recurso de casación en
contra de dicha resolución. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. SL

13739-10. PRUEBA. SE CUESTIONAN LAS INTERVENCIONES TELEFONICAS EN CASO
CONCRETO. Los recurrentes solicitan que se revisen las grabaciones de las intervenciones telefónicas
que fueron ordenadas dentro del proceso penal que se les sigue en su contra, pues en los casettes en los
que constan las conversaciones, la autoridad recurrida señaló apreciaciones personales sobre las
intervenciones. Por otra parte, acusan que la misma jueza que ordenó las intervenciones fue quién ordenó
en su contra medida cautelar de prisión preventiva, lo que resulta improcedente. Por última acusan que la
jueza procedió a escuchar las grabaciones de las intervenciones telefónicas sin haber llevado a cabo la
audiencia respectiva para la apertura de la prueba, actuaciones que vulneran las garantías del debido
proceso, derecho de defensa y su derecho a la intimidad. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada pone nota. SL

13093-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA SIN LA PRESENCIA
DEL IMPUTADO. Indica la recurrente que dentro del proceso penal que se le sigue a su
representado se prorrogó la prisión preventiva por dos meses. Manifiesta que el juzgado
recurrido convocó a audiencia preliminar, y fue informada que no había sido posible traer al
encartado, pues le habían trasladado de centro penal y el despacho lo desconocía, motivo por
el cual y de previo a que se iniciara formalmente la audiencia, la defensa solicitó la suspensión
del acto. Indica que la fiscal solicitó que se realizara la audiencia de prórroga de medida
cautelar y se realizó audiencia de ampliación de medida cautelar sin la presencia del imputado,
acogiéndose la solicitud del Ministerio. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad
del amparado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

14701-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. PLAZOS VENCIDOS. Alega el
accionante que en su contra se dispuso medida cautelar de prisión preventiva, desde mayo de
2008, causa cuyos plazos ya están vencidos; no obstante, el Tribunal de Casación Penal del
Segundo Circuito Judicial de San José, ha a autorizado en varias oportunidades la prórroga de
la prisión preventiva. Acusa que dicho Tribunal ha convocado a audiencias no solicitadas por
parte de la defensa, justo antes del vencimiento de la prisión preventiva, todo para justificar la
prórroga de la prisión preventiva, práctica que considera viciada y lesiva en contra de los
derechos del tutelado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. Voto salvado de la Magistrada Calzada. SL

13458-10. EXTRADICIÓN. SE ACUSA INCUMPLIMIENTO DE REQUISTOS POR PARTE
DEL ESTADO REQUIRENTE. Alega el recurrente que contra su representado se autorizó la
extradición; no obstante, el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste,
dispuso condicionar la entrega del extraditable a que el Estado requirente se comprometiera formalmente
a que en caso de que fuese condenado, no se le impondría pena superior a cincuenta años de prisión.
Como muestra de lo anterior, el Estado requirente debía entregar una nota en que constara dicho
compromiso. No obstante lo anterior, sin haberse entregado dicha nota y verificado dicho compromiso, se
señaló la entrega del extraditable en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sin haber cumplido con
los requisitos establecidos por nuestra legislación para dicho acto, sobre todo, el respeto a la vida del
imputado y además, al límite máximo a la pena de prisión a imponer. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

13077-10. DEFENSOR. FUE SEPARADO DE LA DEFENSA DE UN CASO, AL NO ACEPTAR
INCAPACIDAD PARA AUDIENCIA. Alega el recurrente que en una causa que se lleva en su contra y
de otra persona, figura como defensor y, que sufrió un accidente que le provocó un esguince colateral
interno en la rodilla izquierda, por lo cual el médico tratante le recomendó reposo absoluto por el plazo de
10 días naturales. Refieren que por tal motivo se solicitó ante el Juzgado recurrido la suspensión de la
audiencia señalada, para lo que se aportó un certificado médico; no obstante, no aceptaron su excusa, al
considerar que no existe ninguna incapacitad que lo imposibilite para trabajar y presentarse a la audiencia
preliminar. En ese mismo acto, fue separado como defensor de ambos amparados en el proceso penal, lo
que lesiona el derecho de libre elección de un defensor de su confianza. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14396-10. DEFENSOR. NIEGAN CAMBIO DE DEFENSOR. Alega el recurrente que dentro de
la causa penal que se le sigue, se le asignó una defensora pública quien a su vez representa
a otro de los coimputados con quien tiene serias diferencias. Alega que a pesar de que solicitó
a los recurridos que se le realizara cambio de defensor por existir incompatibilidad, se le
denegó. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

14445-10. DECOMISO. NIEGAN ENTREGA DE FOLIOS DE PROTOCOLO A NOTARIO.
Reclama el recurrente que dentro del proceso penal que se sigue en su contra se ordenó el decomiso y
secuestro de su protocolo, debido a lo anterior en varias ocasiones ha solicitado la devolución de los
folios del protocolo que no se han utilizado, ello a fin de continuar con el ejercicio profesional del
notariado; sin embargo se le indicó que la causa estaba en etapa de investigación, a fin de determinar la
presunta falsedad de varias escrituras contenidas en el protocolo. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

13391-10. LIBERTAD CONDICIONAL. SE ORDENA REALIZAR AUDIENCIA. Alega el
recurrente que su representado se encuentra privado de libertad en virtud de que cumplió la
mitad de la pena, razón por la cual, presentó ante el Juzgado de Ejecución de la Pena una
solicitud de libertad condicional; sin embargo, le fue denegada, pues el Juzgado consideró que
no cumplía con los requisitos de ley. Indica que presentó recurso de apelación y solicitó una
vista oral, no obstante, el Tribunal recurrido, confirma la resolución impugnada, sin dar
oportunidad a la defensa de interrogar al testigo ya que no señaló fecha para la vista oral y
tampoco indicó las razones por las cuales rechazó la prueba ofrecida. Se declara con lugar el
recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se anula el voto número 309-2010 dictado por el
Tribunal de Juicio de Alajuela a las catorce horas treinta minutos el veintiocho de julio de dos
mil diez. Deberá el Tribunal convocar a una audiencia para conocer la apelación interpuesta
por el recurrente y resolver de conformidad. CL

13566-10. MENOR DE EDAD. MEDIDA DE AISLAMIENTO SIN FUNDAMENTACIÓN
ALGUNA. Alega el recurrente que el Juzgado Penal Juvenil, sin poseer la competencia
jurisdiccional para su dictado, aprobó la aplicación de una medida extraordinaria de seguridad
en contra del menor amparado, aislándolo del resto del grupo. Indica que se condenó al
tutelado y dicha resolución se encontraba firme. Afirma que el juez no justificó el motivo por el
cual aprobaba en forma desproporcionada la medida de aislamiento, y no se garantizaron las
condiciones de estadía del privado de libertad en un recinto de ese tipo. Se declara CON
LUGAR el recurso. Con base en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se
advierte a la Juez del Juzgado Penal Juvenil de San José, que deberá abstenerse, en el futuro,
de incurrir nuevamente en actos similares a los que dieron lugar a esta estimatoria. CL

14178-10. MENOR DE EDAD. PRÓRROGA DE INTERNAMIENTO AÚN CUANDO SE
SUPERÓ EL PLAZO MÁXIMO. El recurrente acusa que el amparado ha permanecido más de
4 meses detenido, tiempo supera el plazo máximo de internamiento que al efecto dispone el
artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sin que las autoridades recurridas resuelvan su
situación jurídica, actuación que va en detrimento de su libertad personal. Sobre la prórroga de
la prisión preventiva cuando exista sentencia condenatoria y ésta no haya adquirido firmeza, se
cita el voto 4266-02. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. Salvan el voto los Magistrados Calzada y Cruz. SL

14188-10. APLICACIÓN DE LA LEY. LEY DE CREACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL. Consulta Judicial de Constitucionalidad en lo referente
a la Ley Número 8837. La presente consulta fue planteada por varias razones; no obstante, por resolución
de las 10:15 horas del 26 de julio del 2010, fue admitida únicamente en relación con la alegada violación
a los procedimientos legislativos. Se evacua la consulta formulada en el sentido que en los
procedimientos legislativos relativos a Ley número 8837 no se violentó ni el artículo 96 inciso a) de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional ni el principio democrático. Se aclara que en virtud del criterio de
especialidad, la causal de procedimiento de revisión por violación a los principios del debido proceso y
defensa en el proceso penal se encuentra vigente con base en lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción constitucional. Evacuada

14203-10. IMPUTADO. NOMBRAMIENTO DE TRADUCTOR. Indica el recurrente que dentro
de la causa penal que se sigue a su representados se señaló fecha para la realización de la
audiencia preliminar, la cual fue suspendida debido a que los amparados -quienes son
rumanos- carecían de traductor y su abogada era la obligada a tratar de hacerles comprender
lo dicho, no obstante el Juzgado Penal de Heredia ordenó la apertura a juicio, sin que el juez
de garantías se cerciorara de que los amparados entendieran un cien por cierto lo acusado en
su contra y sin que se les nombrara un traductor oficial para ese fin. Reclama que se han
llevado a cabo diferentes audiencias, todas sin traductor al idioma rumano, lo anterior con el
argumento de que lo amparados entienden el español, sólo porque recibieron un curso de dos
días en el Centro de Atención Institucional, en el que se encuentran recluidos. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14695-10. MEDIDAS CAUTELARES. SE PROHIBE VISITAR ZONA DONDE EL AMPARADO
EJERCE SU ACTIVIDAD ECONOMICA. Aduce el recurrente que en proceso penal que se
sigue al amparado, se ordenó la prórroga de las medidas cautelares dictadas en su contra y
sin que fuera solicitado por el Ministerio Público, se dispuso ampliar por el mismo plazo la
medida cautelar de prohibir al amparado visitar la zona de Sámara. Indica que dicha medida
perjudica los intereses del amparado, puesto que ejerce el comercio en esa zona. Agrega que
el tribunal recurrido dispuso confirmar y ampliar las medidas cautelares dictadas en contra del
amparado por medio de una resolución que carece de fundamento. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL



10774-10. REGISTRO JUDICIAL. INSCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES PENALES. Aduce el
recurrente que fue condenado a ocho años de prisión, y estuvo detenido por cuatro años, el resto de la
pena la cumplió en régimen de confianza. Aduce continúa la inscripción de la sentencia en los registros
de la autoridad recurrida, cuando considera que debería eliminarse por completo. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL.

10735-10. DECOMISO. RETENCIÓN DE                            PROTOCOLO DE NOTARIO POR
INVESTIGACIÓN. Alega el recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su contra se ordenó
el secuestro de su protocolo, por cuanto en el mismo se encuentran algunas piezas otorgadas en escritura
pública y que son objeto de investigación. Reclama que después de un tiempo prudencial solicitó a la
Fiscalía recurrida la devolución del protocolo para ejercer su profesión, que es la única fuente de ingresos,
así como la devolución de los folios no usados; sin embargo, se rechazaron sus gestiones sin ningún
fundamento. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

10731-10. DECOMISO. SE NIEGA DEVOLUCION DE COMPUTADORAS. Manifiesta el
recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su contra, se ordenó la celebración de la audiencia
de apertura, registro y examen donde se procedió a la apertura de la evidencia, consistente en dos
computadoras decomisadas. Señala que a pesar de solicitar acceso a la prueba decomisada, la Sección de
Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial le ha impedido el mismo. Acusa que el
Juzgado recurrido incurrió en una violación a los derechos del imputado, al violentar la norma consagrada
en el numeral 200 del Código Procesal Penal, que conmina a la autoridad que conoce del asunto a
devolver los objetos que no estén sometidos a comiso, restitución o embargo, inmediatamente después de
realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

11190-10. DEFENSOR. REALIZAN AUDIENCIA PESE A QUE EL DEFENSOR ACREDITÓ
INCAPACIDAD. Alega el recurrente que dentro del proceso penal que se sigue a su
representada se señaló vista, para llevarse a cabo un día inhábil; no obstante, al encontrarse
incapacitado, según lo acreditó por medio de certificado médico, solicitó que se reprogramara
la audiencia para efectos de no causar indefensión a su defendida. Menciona que el Juez, pese
a la presentación en tiempo y forma del documento procedió a realizar la audiencia oral y
prorrogó las medidas cautelares por espacio de seis meses. Se declara con lugar el recurso.
Se anula la audiencia de las catorce horas cincuenta minutos del 11 de junio del 2010 del
Juzgado Penal de Pavas, por la que se prorrogó las medidas cautelares de la amparada por el
plazo de seis meses. Se ordena al Juez Penal de Pavas, disponer lo correspondiente para que
de inmediato se reprograme la audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de medida
cautelar planteada por el Ministerio Público dentro de la causa penal 09-005867-0283-PE. CL

12671-10. DEFENSOR. NIEGAN ACCESO A EXPEDIENTE JUDICIAL. Alega el recurrente que se
presentó al despacho judicial, con el fin de revisar el expediente de la causa penal que se sigue contra su
representado, lo anterior para ejercer la debida defensa técnica; no obstante, le fue imposible debido a
que, según le informaron dicho expediente judicial se encontraba en estudio por parte de la jueza, quien
tiene por política no prestar el expediente. Se declara con lugar el recurso y se ordena a la jueza que
permita el acceso al expediente al recurrente o a quien legítimamente lo requiera y se abstenga de impedir
su acceso. Testimóniense piezas al Tribunal de Inspección Judicial para lo de su cargo. CL

12839-10. PROCESO PENAL. ETAPA DE INVESTIGACIÓN LLEVA NUEVE AÑOS. Alegan los
recurrentes que están sometidos a una causa penal por el delito de peculado en perjuicio del Instituto
Nacional de Seguros, la cual inició desde el año 2001 y a la fecha no se ha elevado a juicio ni dictado
sentencia final. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. La
Magistrada Calzada salva el voto y declara con lugar el recurso con sus consecuencias. SL

12616-10. ACCESO A EXPEDIENTE. NIEGAN AL PANI REVISAR EXPEDIENTE PENAL.
Alega el recurrente que el representante legal del PANI de Golfito se presentó ante la Fiscalía a
efecto de revisar el expediente, pero le fue denegado bajo el argumento de que no se
encontraba apersonado en dicho proceso. Considera que la fiscalía recurrida ignora que el
PANI no necesita estar apersonado en el proceso para poder examinar un expediente en
donde figure un menor ofendido. Acusa que esa autoridad incumplió notificar y tener como
parte al PANI en esa causa; además, sin ninguna justificación ordenó el secuestro del
expediente administrativo de la menor con oficiales del Organismo de Investigación Judicial.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
Notifíquese esta sentencia y envíese una copia del legajo del amparo a la Presidencia
Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia para lo que corresponda. SL

12257-10. DEBATE. ATRASO EN REALIZACIÓN DE DEBATE PARA DETERMINACIÓN DE
LA PENA. Alega la recurrente que los amparados se encuentran recluidos, sin que tengan una ficha de
cómputo que establezca el monto de la pena que deben descontar, porque se reenvío su caso por parte de
la Sala Tercera, para efectos de determinación de la pena. En virtud de lo anterior, solicitaron al Tribunal
de Juicio señalar fecha para debate y dos meses después no ha recibido respuesta alguna. Se declara con
lugar el recurso sin ordenar la libertad de los amparados. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL


10645-10. MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE AUDIENCIA. El recurrente, oficial de la Fuerza
Pública del Ministerio de Seguridad Pública destacado en Limón, fue denunciado por abuso de autoridad
y en su contra se dictaron medidas cautelares de firmar, las cuales vencieron y ese mismo día y a pesar de
que no le han comunicado la prórroga de la medida cautelar, ni hay audiencia prevista, el jefe policial le
comunicó que el juzgado accionado había prorrogado las medidas cautelares, por lo que tuvo que entregar
su arma y demás artículos de servicio. Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución del Juzgado
Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José de las 16:00 horas
del 3 de junio de 2010. Se ordena al Juez Penal a.i. del Segundo Circuito Judicial de San José, en el plazo
de 48 horas, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, convocar y realizar la audiencia oral
que fue omitida al conocer la prórroga de las medidas cautelares en el proceso #08-002136-063-PE. CL

10126-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA AL RESOLVER APELACIÓN
DEL MINISTERIO PUBLICO. Alega el recurrente que el Juez rechazó la solicitud del
Ministerio Público de imponerle al amparado prisión preventiva; no obstante, al resolver la
apelación planteada por la parte fiscal, el juez de juicio acogió el recurso y en su lugar impuso
la prisión preventiva por tres meses, sin señalar vista oral para que la Defensa conociera los
alegatos del Ministerio Público. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del
tutelado. Se anula el voto número 156-2010 de las 11:40 horas del 7 de mayo del 2010 el
Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José. Se le ordena al Tribunal Penal del III
Circuito Judicial de San José que programe de forma inmediata una audiencia oral para
conocer el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público. CL

9940-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Refiere el recurrente que contra del
amparado se dictó sentencia condenatoria y en la misma resolución se decretó prisión
preventiva por seis meses. Afirma que contra la misma se interpusieron dos recursos de
casación. Acusa que solicitó una modificación de la medida cautelar, pero fue rechazada, sin
otorgar al amparado una audiencia oral previa. Manifiesta que no se ha analizado la delicada
condición de salud del amparado, a pesar de tener setenta y tres años. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9937-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Manifiesta el recurrente que en la causa
penal que se sigue contra su representado se le impuso dos meses de prisión preventiva, los
cuales vencían el veinticuatro de mayo de este año, situación que fue confirmada por el
Tribunal recurrido. Alega que a la fecha, ni la Fiscalía ni el Juzgado Penal recurrido, han
dispuesto nada en relación con la situación jurídica del amparado, por lo que a partir de esa
fecha se encuentra privado de su libertad sin que exista resolución alguna que la ordene o
motive. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Juez Penal del Primer Circuito Judicial
de la Zona Atlántica, abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que sirven de mérito a
la presente estimatoria. En cuanto al Ministerio Público se desestima el recurso. CL Parcial

9787-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Alega el recurrente que el juzgado
recurrido prorrogó la prisión preventiva y medidas alternas, en contra de los amparados por el
término de tres meses, sin que ello conste en la resolución. Acusa que la prórroga de prisión se
hizo en clara violación del derecho de defensa material y técnica, ya que no se convocó a la
respectiva vista para conocer de la solicitud de la Fiscalía, además la resolución carece de la
fundamentación. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar
el recurso. SL

9865-10. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA SIN PRESENCIA DE IMPUTADOS.
Manifiestan los recurrentes que los amparados guardan prisión preventiva Aducen que cuando
se fijó hora y fecha para realizar una audiencia de ampliación de la medida cautelar, lo hizo sin
la presencia de los imputados, pese a que los encartados tenían derecho a participar en todas
las audiencias que se tuvieran que efectuar, o al menos en las que se solicitara la imposición
de una medida que les perjudicara. Acusan que a los amparados se les dejó en indefensión
porque no pudieron estar presentes en la audiencia, pero ambas autoridades indicaron que
para eso estaban presentes sus abogados. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la
libertad de los imputados. CL

9862-10. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA SIN PREVIA AUDIENCIA. Alega la recurrente
que a su representado se le impuso tres meses de prisión preventiva. Acusa que dicha
resolución violenta los derechos del imputado, toda vez que resuelve la petición formulada por
el Ministerio, sin haber previamente tenido la posibilidad de hacer valer sus alegatos mediante
la audiencia oral. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se le
ordena al Coordinador del Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, en el plazo de 48
horas, convocar y realizar la audiencia oral que fue omitida al conocer y resolver el recurso de
apelación contra la resolución oral de las 16:50 horas de 5 de mayo de 2010 del Juzgado Penal
de Pavas. CL

10987-10. PRISIÓN PREVENTIVA. NIEGAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR POR NO
SER EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. Manifiesta la recurrente                        que a su
representado se le ordenó prisión preventiva durante el juicio y se alegó que no podía gozar
del beneficio de ejecución condicional de la pena, en razón de la pena impuesta. Señala que
solicitó el cambio de la medida cautelar por una menos gravosa, pero fue rechazada, alegando
que la autoridad jurisdiccional recurrida rechazó el cambio de medida cautelar por que era
improcedente, que la sentencia integral es la que contiene la fundamentación de las razones
por las cuales se impone ésta y además que no era que no era el momento procesal para
solicitar el cambio de medida cautelar. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia
se declara sin lugar el recurso. SL

10976-10. PRISIÓN PREVENTIVA. NO SE INDICA PLAZO DE LA MEDIDA CAUTELAR.
Alega el recurrente que dentro de la causa penal que se sigue contra su representado, se le
impuso al amparado la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo en la minuta de la
audiencia no se indicó el plazo de dicha medida, ni tampoco existe grabación de la misma.
Refiere que no conoce cuál fue el argumento que utilizó el Juzgado para decretar la prisión
preventiva, y debido a lo anterior no puede impugnarla. Se desvirtuó lo dicho por el recurrente
en el recurso y con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar. SL

11975-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN ASUNTO DE
FLAGRANCIA. Alega el recurrente que el Tribunal de Juicio de Apelación de Hechos en Flagrancia
ordenó imponer prisión preventiva por quince días hábiles a sus defendidos y considera que la resolución
carece de fundamentación, pues sólo se fundamentó en los supuestos de peligro de fuga y obstaculización.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

12287-10. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y ALLANAMIENTO
REALIZADO POR LA MISMA JUEZ QUE LA DICTO. Alega el accionante que se le impuso la
medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses, la cual se fundamentó en únicamente en
los peligros procesales y dos nuevas denuncias planteadas por el Ministerio Público, de las cuales no tiene
conocimiento. Acusa además que la misma juez que le impuso la prisión preventiva, ordenó un
allanamiento y secuestro en la casa de habitación del imputado, lo que a su juicio lesiona el principio de
imparcialidad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

12558-10. PRISIÓN PREVENTIVA. VENCIMIENTO DEL PLAZO. Indica el recurrente que a su
representado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se dispuso
prorrogar, después de vencido el plazo ordinario de la prisión preventiva y sin que el Tribunal
del Primer Circuito Judicial Zona Atlántica ordenara su prórroga, pese a que la gestión fue
presentada por la Fiscalía de Limón dos semanas antes. Se declara con lugar el recurso, sin
ordenar la libertad del tutelado por violación en su perjuicio de la libertad personal, debido
proceso, derecho de defensa y acceso a la justicia. CL

10130-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE AUDIENCIA. Alega el
recurrente que tiene más de un año de estar en prisión preventiva, lo cual considera supera el plazo
establecido por ley. Acusa que el Tribunal de Apelaciones recurrido le manifestó, que no procede la
apelación, porque era un caso de tramitación compleja. Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin
disponer la libertad de los amparados. Se ordena al Juzgado Penal de Grecia, aquí accionado, en la
persona de la Jueza, o del Juez que tramita la causa penal a que se refiere este hábeas, que en forma
inmediata convoque legalmente a una audiencia oral a las partes del proceso que se sigue contra los
amparados, con el objeto de resolver la solicitud de prórroga de prisión preventiva que contra éstos
formuló el Ministerio Público. En lo demás se desestima el recurso. CL Parcial.

10460-10. PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE
LA APELACIÓN. Alegan los recurrentes que producto de un proceso abreviado fueron
condenados a una pena de siete de años de prisión y se acordó prorrogarles la prisión
preventiva por seis meses más, la cual venció y hasta la fecha, no se les ha notificado el
resultado de la apelación que interpuso el Ministerio Público ante el Tribunal de Casación, ni
tampoco se les ha notificado la prórroga de la prisión preventiva. Estiman que se encuentran
privados de libertad de manera ilegítima. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

10463-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. DE OFICIO DURANTE EL DEBATE
Y SE CUESTIONA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE RESUELVE. Alega el recurrente que
la prisión preventiva en su contra fue prorrogada y antes de que venciera nuevamente el Tribunal
recurrido, sin mediar solicitud de la fiscalía, procedió de oficio a prorrogar la prisión preventiva, bajo el
argumento de que los motivos que sustentaron la medida cautelar en disputa no habían cambiado.
Interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa por violación al debido proceso, pues considera
que el órgano competente para conocer es el Tribunal de Casación Penal, en virtud del vencimiento del
término ordinario de la prisión preventiva; no obstante, le fue rechazado, por lo que interpuso un recurso
de revocatoria, que también le fue rechazado, señalando que el plazo había caducado, pese a que habían
transcurrido tan sólo unos minutos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL

12664-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SIN DAR AUDIENCIA AL
DEFENSOR. Indica el recurrente que el recurrido prorrogó la prisión preventiva contra su representado
sin que se otorgara audiencia a la defensa, bastándole únicamente en el pedido del Ministerio Público. Se
declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta estimatoria, los cuales se liquidarán
en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

10469-10. IMPUTADO. FALTA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES. Argumenta la
recurrente que contra su representado se tramita proceso penal en donde la autoridad recurrida
ha omitido notificar dos audiencias y la apertura del juicio, al acusado, dejándolo en estado de
indefensión, lesionando el debido proceso y derecho de defensa. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL


10147-10. IMPUTADO. NO LE QUITAN ESPOSAS EN LA INDAGATORIA POR FALTA DE
PERSONAL DE SEGURIDAD. Alega la recurrente que su representado fue trasladado a la
indagatoria, en donde la defensa solicitó que le quitaran las esposas; no obstante, el custodio
manifestó que no se podía por cuanto no había otro custodio presente. Establece que debido a
lo anterior, llamaron a las celdas a fin de solicitar otro custodio, pero le manifestaron que no
había personal disponible, siendo imposible que le quitaran las esposas durante toda la
diligencia. Se declara con lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta, Castillo y Guerrero salvan
el voto y declaran sin lugar el recurso.-CL

10986-10. IMPUTADO. NO LE QUITAN ESPOSAS PARA HABLAR CON DEFENSOR.
Manifiesta el recurrente que los amparados que fueron trasladados a la Fiscalía de Flagrancia
del II Circuito Judicial de San José, por causar daños y lanzar piedras a una unidad policial,
donde se dio apertura a un proceso en su contra y se designó un defensor público para
conocer del caso. Alega que luego de una comparecencia ante la Fiscalía, solicitó a los
oficiales de Cárceles, quitar las esposas a los encartados para poder conversar con ellos sobre
la estrategia de la defensa; sin embargo se negaron aduciendo que el reglamento no lo
permitía. Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese. Calzada pone nota. SL

11339-10. IMPUTADO. NO LE QUITAN ESPOSAS EN AUDIENCIA. Alega el recurrente que
dentro de la causa penal que se tramita en contra de su representado, se realizó una audiencia
para determinar la procedencia de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio y que en
dicho acto, la jueza rechazó su solicitud de quitarle las esposas al imputado con el argumento
de que la Sala en que se realizaba la audiencia, no reunía las condiciones mínimas de
seguridad. Con base en las resoluciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
Voto salvado de los Magistrados Calzada y Armijo. SL

12669-10. IMPUTADO. DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ASIGNARLE
UN TRADUCTOR. Alega la recurrente que a su representado se le impuso prisión preventiva por el
plazo de dos meses y vencido el plazo, la Fiscalía solicitó una prórroga de dos meses de la medida
cautelar la cual fue acogida por el Juez Penal. Señala que el amparado es costarricense de la etnia
Cabécar y conoce poco el idioma español; no obstante dicha circunstancia, no se le asignó un traductor
oficial. Se declara parcialmente con lugar el recurso, por lesión del derecho de defensa. Se ordena a la
Jueza Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica celebrar, en las 48 horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, una nueva audiencia, en la que se analice la medida cautelar prorrogada,
con participación del imputado, su defensa técnica y un traductor del idioma cabécar. En ella deberá
garantizarse la comprensión integral del acto, por parte del imputado, así como su participación, y si en la
audiencia se obtienen elementos de juicio suficientes para variar las medidas cautelares decretadas,
deberá procederse en consecuencia. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial
10156-10. JUEZ. PARTICIPACIÓN DE UN MISMO JUEZ EN DIVERSAS INSTANCIAS. Alega
el recurrente que interpuso un procedimiento de revisión en contra de la sentencia dictada en su contra por
el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José. Refiere que el recurso fue conocido por
el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que lo declaró parcialmente
admisible. No obstante lo anterior, acusa que uno de los jueces integrantes del Tribunal de Casación, ya
había conocido la causa en otra fase del proceso penal, en la que emitió un criterio por el fondo y dispuso
en aquella oportunidad, su prisión preventiva al resolver la apelación y aún así, intervino como juez de
casación penal, y emitió la resolución citada en la que se admite solamente un motivo de los tres por los
que se interpuso la revisión. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. La Magistrada Calzada y el Magistrado Jinesta, salvan el voto y declaran con lugar el recuso con
sus consecuencias. SL

12007-10. JUEZ. PARTICIPACIÓN DE UN MISMO JUEZ EN DIVERSAS INSTANCIAS.
Manifiesta la recurrente que dentro de la causa penal que se sigue a su representado se decretó la rebeldía
de su representado argumentado que no había sido localizado en su domicilio. Alega que el Tribunal de
juicio emitió orden de captura y prisión preventiva por el plazo de un mes, firmando la resolución un juez
que había participado en el primer debate y quien ya había emitido criterio de culpabilidad con uno de los
imputados de este proceso. Alega que interpuso recurso de apelación, pero dicho recurso nunca fue
elevado a conocimiento del superior y tampoco ha sido resuelto aún, todo lo cual, estima que vulnera sus
derechos de defensa y debido proceso. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. Los Magistrados Calzada y Piza salvan el voto y declaran con lugar el recurso con
sus consecuencias. SL

12300-10. JUEZ. EL MISMO TRIBUNAL SENTENCIADOR CONOCE APELACIÓN DE
LIBERTAD CONDICIONAL. Consulta Judicial de Constitucionalidad. Tribunal de Juicio del Segundo
Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz en lo referente al Artículo 469 del Código Procesal
Penal. Se consulta la constitucionalidad del artículo 469 del Código Procesal penal, en los casos en donde
el Ministerio Público apela la solicitud de libertad condicional y devuelve el caso al Tribunal sentenciador
para resolver, de manera que es el mismo tribunal sentenciador conocería la apelación. Se consulta si es
contrario a los principios de imparcialidad, objetividad y principio de juez natural.Se evacua la consulta
en el sentido de que el artículo 469 del Código Procesal Penal no lesiona los principios de juez imparcial
y juez natural. Evacuada


9942-10. DETENCIÓN. ACOSO POLICIAL. Alega el recurrente que descontó una pena de
prisión hace dos meses y regresó a donde siempre ha vivido. Afirma que los policías pasan
cada cinco minutos frente al lugar donde vive y si sale lo arrestan. Expresa que últimamente no
lo llevan a la Delegación, sino a un lugar lejano y solitario donde lo golpean. Manifiesta que los
policías lo culpan de todo, y ya no soporta esta situación pues vive como preso en su casa.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9788-10. DETENCIÓN. EN MANIFESTACIÓN DEL TRASPASO DE PODERES. Alega el
recurrente que miembros de la Policía de Proximidad de Goicoechea, arremetieron contra su representado
mientras manifestaba su opinión, con ocasión del traspaso de poderes, cerca del Parque Metropolitano La
Sabana y, lo privaron de su libertad, sin ningún tipo de argumento, sino con el uso de la violencia. Se
declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por el uso desproporcionado de la fuerza. Se le
ordena al Jefe de Puesto de la Policía de Proximidad de Goicoechea, abstenerse de incurrir en los hechos
que sirvieron de base a esta estimatoria. En lo demás, se desestima el recurso planteado. CL

11036-10. DETENCIÓN. PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MENOR DE EDAD POR MÁS DE
VEINTICUATRO HORAS. Aduce la recurrente que en la causa penal que se sigue contra un
menor de edad los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial con sede en Limón
ingresaron al joven a celdas, en calidad de detenido a la orden del Fiscal de Turno del
Ministerio Público de Limón. Sin embargo el menor fue puesto en libertad sin que se hubiera
realizado la indagatoria respectiva ni se hubiera resuelto sobre su situación jurídica. Esto
significa que el amparado estuvo detenido por más de veinticuatro horas sin que se le definiera
su situación jurídica. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio
Público. CL
12286-10. DETENCIÓN. FISCAL ORDENA DETENCIÓN Y REGISTRO DE VEHÍCULO.
Manifiesta el recurrente que su representado se encontraba en el parqueo del Depósito Libre de Golfito,
donde se hizo presente una Fiscal y le indicó que dentro de su vehículo se encontraban unas cajas de licor
las cuales fueron introducidas al país omitiendo el pago de los respectivos impuestos, por lo que
seguidamente le solicitó las llaves, y sin ninguna orden judicial procedió a solicitarle las llaves del
vehículo, a lo cual se negó, por lo que procedió a esposarlo y a detenerlo, así como abrir su vehículo, bajo
el pretexto de que lo podía detener hasta por veinticuatro horas. Con base en las consideraciones dadas en
la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

12301-10. PENA. NO SE TOMÓ EN CUENTA EL ARRESTO DOMICILIARIO PARA EL
CÓMPUTO DE LA PENA. Refiere el recurrente que fue condenado a cumplir doce años de prisión.
Indica que el Tribunal Penal realizó el cómputo de la pena sólo considerando el plazo que permaneció en
prisión preventiva; sin embargo, dicho cómputo no tomó en cuenta que, también como medida cautelar,
se había dictado un arresto domiciliario parcial, el cual fue mantenido por espacio de un año y siete
meses, lo cual evidentemente restringió su libertad ambulatoria. Afirma que se rechazó su solicitud, con
el argumento de que solamente la prisión preventiva puede ser tomada en cuenta para el descuento de la
pena, pero no así el arresto domiciliario. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara
sin lugar el recurso. SL



9794-10. CONTRAVENCIONES. PRISIÓN POR NO PAGAR MULTA. Alega el recurrente que
la amparada fue condenada por amenazas, y le impuso una multa que no pagó. Indica que
debido a lo anterior la autoridad recurrida procedió a ordenar la privación de libertad. Manifiesta
que no se puede enviar a prisión por no pagar una multa. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL


9863-10. REBELDÍA. POR ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA. Aduce el recurrente que dentro
de la causa penal que se tramita en contra de su representado se interpuso acción civil, y para
efecto de notificarla se ha insistido en localizar a por vía telefónica. Alega que se le ha indicado
que debe presentarse al despacho para ser debidamente notificada, y que si no se presentaba
sería declarada rebelde. Refiere que debe declarar como querellada y codemandada civil, y no
como imputada, debido a que únicamente se ha interpuesto una demanda de carácter civil.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

11016-10. SENTENCIA. OMISIÓN DE EXPEDIR AUTO DE LIQUIDACIÓN DE PENA.
Manifiesta el recurrente que se le impuso una sentencia condenatoria de once años de prisión,
sin embargo, a la fecha, esa autoridad ha omitido expedir el auto de liquidación de sentencia a
efecto de que el Departamento de Cómputo del Instituto Nacional de Criminología pueda emitir
la respectiva ficha de información, sobre el cómputo de pena que debe descontar. Se declara
con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso
de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

11974-10. ORDEN DE LIBERTAD. NO SE CUMPLE EN PLAZO RAZONABLE. Acusa el
recurrente que la autoridad judicial competente ordenó la libertad de su defendido, la cual fue ejecutada
quince horas después de que fuera emitida, sin que se diera ninguna justificación del atraso. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

9940-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTO. Refiere el recurrente que contra del
amparado se dictó sentencia condenatoria y en la misma resolución se decretó prisión
preventiva por seis meses. Afirma que contra la misma se interpusieron dos recursos de
casación. Acusa que solicitó una modificación de la medida cautelar, pero fue rechazada, sin
otorgar al amparado una audiencia oral previa. Manifiesta que no se ha analizado la delicada
condición de salud del amparado, a pesar de tener setenta y tres años. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9937-10. PRISIÓN PREVENTIVA SIN RESOLUCIÓN QUE LA FUNDAMENTE. Manifiesta el
recurrente que en la causa penal que se sigue contra su representado se le impuso dos
meses de prisión preventiva, los cuales vencían el veinticuatro de mayo de este año, situación
que fue confirmada por el Tribunal recurrido. Alega que a la fecha, ni la Fiscalía ni el Juzgado
Penal recurrido, han dispuesto nada en relación con la situación jurídica del amparado, por lo
que a partir de esa fecha se encuentra privado de su libertad sin que exista resolución alguna
que la ordene o motive. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Juez Penal del Primer
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que
sirven de mérito a la presente estimatoria. En cuanto al Ministerio Público se desestima el
recurso. CL Parcial

9942-10. ACOSO POLICIAL. Alega el recurrente que descontó una pena de prisión hace dos
meses y regresó a donde siempre ha vivido. Afirma que los policías pasan cada cinco minutos
frente al lugar donde vive y si sale lo arrestan. Expresa que últimamente no lo llevan a la
Delegación, sino a un lugar lejano y solitario donde lo golpean. Manifiesta que los policías lo
culpan de todo, y ya no soporta esta situación pues vive como preso en su casa. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9787-10. PRISIÓN PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Alega el recurrente que el
juzgado recurrido prorrogó la prisión preventiva y medidas alternas, en contra de los
amparados por el término de tres meses, sin que ello conste en la resolución. Acusa que la
prórroga de prisión se hizo en clara violación del derecho de defensa material y técnica, ya que
no se convocó a la respectiva vista para conocer de la solicitud de la Fiscalía, además la
resolución carece de la fundamentación. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9788-10. DETENCIÓN DE MANIFESTANTE EN EL TRASPASO DE PODERES. Alega el
recurrente que miembros de la Policía de Proximidad de Goicoechea, arremetieron contra su
representado mientras manifestaba su opinión, con ocasión del traspaso de poderes, cerca del
Parque Metropolitano La Sabana y, lo privaron de su libertad, sin ningún tipo de argumento,
sino con el uso de la violencia. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por el
uso desproporcionado de la fuerza. Se le ordena al Jefe de Puesto de la Policía de Proximidad
de Goicoechea, abstenerse de incurrir en los hechos que sirvieron de base a esta estimatoria.
En lo demás, se desestima el recurso planteado. CL

9794-10. PRISIÓN POR NO PAGAR MULTA. Alega el recurrente que la amparada fue
condenada por amenazas, y le impuso una multa que no pagó. Indica que debido a lo anterior
la autoridad recurrida procedió a ordenar la privación de libertad. Manifiesta que no se puede
enviar a prisión por no pagar una multa. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

9865-10. AUDIENCIA SIN PRESENCIA DE IMPUTADOS. Manifiestan los recurrentes que los
amparados guardan prisión preventiva Aducen que cuando se fijó hora y fecha para realizar
una audiencia de ampliación de la medida cautelar, lo hizo sin la presencia de los imputados,
pese a que los encartados tenían derecho a participar en todas las audiencias que se tuvieran
que efectuar, o al menos en las que se solicitara la imposición de una medida que les
perjudicara. Acusan que a los amparados se les dejó en indefensión porque no pudieron estar
presentes en la audiencia, pero ambas autoridades indicaron que para eso estaban presentes
sus abogados. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad de los imputados. CL

9863-10. REBELDÍA POR ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA. Aduce el recurrente que dentro de
la causa penal que se tramita en contra de su representado se interpuso acción civil, y para
efecto de notificarla se ha insistido en localizar a por vía telefónica. Alega que se le ha indicado
que debe presentarse al despacho para ser debidamente notificada, y que si no se presentaba
sería declarada rebelde. Refiere que debe declarar como querellada y codemandada civil, y no
como imputada, debido a que únicamente se ha interpuesto una demanda de carácter civil.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

9862-10. APELACIÓN PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega la recurrente que a su
representado se le impuso tres meses de prisión preventiva. Acusa que dicha resolución
violenta los derechos del imputado, toda vez que resuelve la petición formulada por el
Ministerio, sin haber previamente tenido la posibilidad de hacer valer sus alegatos mediante la
audiencia oral. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se le ordena
al Coordinador del Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, en el plazo de 48 horas,
convocar y realizar la audiencia oral que fue omitida al conocer y resolver el recurso de
apelación contra la resolución oral de las 16:50 horas de 5 de mayo de 2010 del Juzgado Penal
de Pavas. CL

9459-10. DETENCIÓN DE MANIFESTANTE EN TRASPASO DE PODERES. Aduce el
recurrente que encontrándose en el Parque La Sabana, en las cercanías del acto de traspaso
de poderes de la Presidencia de la República, miembros de la Fuerza Pública, concretamente
el escuadrón de antimotines que estaba atendiendo la seguridad del evento, arremetió contra el
amparado y lo arrestó. Sostiene que, lo anterior, sin ningún tipo de argumento o acto
justificado. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por el uso
desproporcionado de la fuerza. Se le ordena al Jefe de Puesto de la Policía de Proximidad de
Goicoechea, abstenerse de incurrir en los hechos que sirvieron de base a esta estimatoria. En
lo demás, se desestima el recurso planteado. CL

9339-10. DETENCIÓN DE MANIFESTANTES POR DISTURBIOS EN LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA. Alega el recurrente que su representado se encuentra detenido y fue llevado a
la Delegación de la Fuerza Pública de Barrio Pinto en San Pedro de Montes de Oca, con
ocasión a los actos arbitrarios que tuvieron lugar dentro de las instalaciones de la Universidad
de Costa Rica. Explica que el tutelado fue detenido ilegalmente, ya que contra él no existe un
indicio comprobado sobre la comisión de delito alguno, no hay mandato ni orden judicial al
respecto, sino que ello aconteció por el simple hecho de haber reclamado a las autoridades el
haber incurrido efectivos armados al Campus Universitario. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Calzada y Cruz declaran
con lugar el recurso únicamente en cuanto a las detenciones de dos recurrentes y en lo demás
declaran sin lugar el recurso. El Magistrado Armijo declara con lugar el recurso por violación a
la autonomía universitaria. SL

9332-10 y 9333-10. DETENCIÓN DE MANIFESTANTES EN EL TRASPASO DE PODERES.
Alega el recurrente que se encontraba en el parque La Sabana, en las cercanías del acto de
traspaso de poderes de la Presidencia de la República y miembros de la Fuerza Pública,
concretamente el escuadrón de antimotines que estaba atendiendo la seguridad del evento,
arremetió contra él y lo arrestó. Sostiene que, lo anterior, sin ningún tipo de argumento o acto
justificado, sino, de manera impositiva y con el uso desproporcionado de la fuerza. Se declara
parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por el uso desproporcionado de la fuerza. Se le
ordena al Jefe de Puesto de la Policía de Proximidad de Goicoechea, abstenerse de incurrir en
los hechos que sirvieron de base a esta estimatoria. Los Magistrados Castillo, Pacheco y
Guerrero salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. CL Parcial

9348-10.EXTRADICIÓN. Alega el recurrente que en su contra se tramitó un proceso de
extradición a solicitud del gobierno de Canadá. Reclama que el delito por el cual se solicita su
extradición en Canadá, tiene como sanción mínima la cadena perpetua, lo que en Costa Rica
no existe, y más bien está prohibido y aún así, se aprobó su extradición. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


9359-10. DETENCIÓN. Refiere el recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su
contra se le impuso una pena de seis meses de prisión, producto de un accidente de tránsito
en el que falleció una persona. Indica que se acordó el reconocimiento del artículo 55 del
Código Procesal Penal, por lo que el juzgado recurrido declaró cumplida su pena. Alega que
en diciembre del año pasado, fue detenido y puesto a las órdenes de los tribunales, pero se
explicó que ya había descontado la pena, y horas después fue dejado en libertad. Se declara
con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado pues se encuentra disfrutando de ese
beneficio. CL

9352-10. DETENCION. Alega la recurrente que a su representado se le impuso tres meses de
prisión preventiva, medida que fue debidamente apelada. Acusa que la Fiscalía no efectuó
ninguna diligencia adicional para fundamentar de una manera más adecuada su gestión de
prisión, sino que sólo se limitó a dejar al amparado detenido por casi veinticuatro horas, hasta
que decidió indagarlo minutos antes de que venciera ese término. Refiere que tan sólo media
hora antes de que vencieran las veinticuatro horas fue puesto a la orden del Juzgado Penal.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8995-10. MEDIDAS CAUTELARES. Alega el recurrente que dentro del proceso penal seguido
en contra de su representado, se ordenó la libertad sin imposición de medida cautelar alguna.
Aduce que contra esa determinación, la Fiscalía interpuso recurso de apelación razón por la
cual se llevó a cabo una audiencia oral. Refiere que el Tribunal, estimó, sin fijar plazo
procedente, la imposición de medidas cautelares, pese a que consideró que no había
elementos de juicio suficientes para sostener con probabilidad su participación, y además
descartó la existencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización. Considera que la
imposición de las medidas por este medio no es procedente. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8983-10. DETENCIÓN POR MAS DE VEINTICUATRO HORAS SIN PONER A LA ORDEN DE
AUTORIDAD COMPETENTE. Alega el recurrente que fue detenido por efectivos policiales y
trasladado a las celdas ubicadas en el Segundo Circuito Judicial de San José. Afirma que sólo
se le se le indicó que había incumplido una medida cautelar impuesta por el Juzgado
accionado y asegura que pasaron más de 24 horas sin que se le haya puesto a la orden de
alguna autoridad competente. CL

8986-10. REBELDÍA DICTADA POR JUEZ INCOMPETENTE. Alega el recurrente que en
contra de los amparados se tramita una causa penal en donde el juez se declaró incompetente
para celebrar el juicio, por cuanto el Tribunal competente era colegiado y él estaba actuando
como Tribunal Unipersonal para conocer la misma. No obstante lo anterior, asegura que el juez
que se había declarado incompetente giró orden de captura y prisión contra el amparado, quien
estaba con incapacidad emitida por el Hospital San Vito, alegando presunta rebeldía. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8988-10. PRISIÓN PREVENTIVA A PESAR DE QUE LA SENTENCIA FUE REENVIADA
PARA EFECTOS DE DEFINIR LA PENA A IMPONER. Argumenta la recurrente que a la
amparada se le siguió causa penal en la cual recayó sentencia condenatoria, contra la cual se
interpuso un recurso de casación. Agrega que la Sala Tercera, ordenó el reenvío para definir la
pena a imponer, pero nada se indica sobre la prisión preventiva de la amparada y, considera la
parte recurrente que al perder firmeza la sentencia en lo que respecta a la pena, procede su
libertad y, a pesar de que la solicitó, se le indicó que no procede la solicitud porque la sentencia
ya adquirió firmeza, y únicamente está pendiente la pena a imponer. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8774-10. MEDIDAS CAUTELARES. Argumenta la recurrente que el Juzgado recurrido
rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer medidas cautelares al amparado y
dispuso dejarlo en inmediata libertad. No obstante lo anterior, la medida fue apelada por
carecer de la debida fundamentación y, a pesar de aceptar que hay debilidad de la prueba, le
fueron impuestas medidas cautelares sustitutivas. Con base en las consideraciones dadas en
la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8768-10. DETENCIÓN PARA EXTRADICIÓN AÚN CUANDO ESTÁ PENDIENTE SOLICITUD
DE REFUGIO. Alega el recurrente que ingresó a Costa Rica en el mes de diciembre del 2005 y
solicitó refugio ante la persecución política y económica de la que es objeto por parte personas
privadas y oficiales de la Región de Vladimir, en la Federación Rusa, la cual fue declarada sin
lugar en varias ocasiones. Señala que interpuso una demanda contenciosa administrativa en
contra del Estado Costarricense, por los rechazos de las solicitudes de refugio, la cual se
declaró parcialmente con lugar y se ordenó la anulación de las resoluciones emitidas por la
Dirección General de Migración y Extranjería. Añade que la Procuraduría General de la
República interpuso recurso de casación, el cual se encuentra pendiente de resolver ante la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. No obstante lo anterior, fue detenido en virtud
de una solicitud de extradición por parte de la Embajada de la Federación Rusa y los
argumentos de su requerimiento por el gobierno Ruso, son los mismos hechos por los cuales
solicitó el refugio en Costa Rica. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Juez
Coordinador del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José disponer la inmediata
libertad del tutelado, si otra causa ajena no lo impide. El Magistrado Cruz y la Magistrada
Pacheco salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Comuníquese. CL

8772-10. EXTRADICIÓN. CONDENADO EN AUSENCIA. Alega el recurrente que es privado
de libertad en el Ámbito de Máxima Seguridad del Centro de Atención La Reforma e varias
resoluciones dictadas pro el Tribunal de Juicio de San Ramón, en donde se ordena su
extradición de una condena dictada en su contra en Colombia, después de 10 años de haber
sido condenado en ausencia. Afirma que en Costa Rica no existe la figura para condenar en
ausencia y además, la causa se encuentra prescrita y que el Tribunal omitió la promesa formal
de que no se le podrá imponer pena de muerte y tampoco advirtió la no estipulación de pena
mayor a la contemplada en la legislación costarricense a la época de la acusación de los
hechos. Dicha sentencia condiciona la extradición a que se someta al imputado a un nuevo
proceso en virtud de haber sido juzgado en ausencia, ante lo cual el gobierno de Colombia,
dispuso que el acusado puede presentar un Recurso de Revisión y con eso se legitima la
extradición, y que en Colombia es legal condenar en ausencia. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


8563-10. DETENCIÓN. Alega la recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su
representado amparado y sin señalar la respectiva audiencia y sin resolver la situación jurídica
del encartado. Señala que diecinueve horas después de ser detenido, se puso al amparado en
libertad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

8557-10. SE ORDENÓ LA LIBERTAD DEL IMPUTADO Y AÚN CONTINUA DETENIDO.
Refiere el recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se dictó
formal auto de prisión preventiva por el plazo de un mes, resolución en contra de la cual se
interpuso recurso de apelación. Señala que se llevó a cabo la vista de apelación, en la que el
Tribunal Penal recurrido acogió el recurso de apelación, revocó la resolución impugnada y
ordenó la inmediata libertad del amparado, no obstante, se mantiene privado de libertad en
forma ilegítima. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8567-10. PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA HASTA LA
REALIZACIÓN DEL DEBATE. Aduce el recurrente que a su representado se ordenó de oficio
prorrogar la prisión preventiva hasta la efectiva realización del juicio. Agrega que en el
expediente no consta solicitud de prórroga de la medida cautelar por parte del Ministerio
Público, por lo que considera que dicha resolución es ilegal y violatoria del derecho de libertad
del amparado, ya que ordena la prorroga de oficio, ocho días antes de su vencimiento y sin
conocer si las circunstancias han cambiado pues no dieron audiencia a las partes. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8556-10. DEMORA EN EXPEDIR ORDEN DE LIBERTAD. Indica la recurrente que dentro de la
causa penal que se le sigue a su representado se celebró el juicio oral y público y fue
absuelto de toda pena y responsabilidad en los hechos que se le estaban atribuyendo, por lo
que el juez ordenó su liberación inmediata, sin embargo, como parte del proceso el amparado
fue trasladado al Centro de Atención Institucional La Reforma, proveniente del Centro de
Atención Institucional de San Rafael, con el fin de que se realizaran los trámites de su libertad.
No obstante, no fue posible lograr su salida del centro penal recurrido al final del día, lo
anterior, debido a la falta de personal en el lugar para realizar materialmente le excarcelación
Sentencia. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

8582-10. SE ORDENA CONVOCAR AUDIENCIA PARA CONOCER APELACIÓN. Indica el
recurrente que dentro de la causa penal que se sigue en su contra se le concedió el beneficio
de la libertad condicional, por haber cumplido el término de su pena. Reclama que el 24 de
marzo del año en curso se realizó la vista oral, en la que el Ministerio Público apeló el beneficio
que le fue otorgado, por lo que le fue revocado. Agrega que la integración del Tribunal que
revocó el beneficio de ejecución condicional es distinto al que llevó a cabo la vista oral. Se
declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del recurrente. Se anula el voto No. 77-2010
dictado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José a las 8:00 hrs. de 15 de
abril de 2010. Deberá el Tribunal convocar a una nueva audiencia para conocer la apelación
interpuesta por el Ministerio Público y resolver de conformidad. CL


8587-10. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que se le
sigue causa penal en el Ministerio Público por el delito de incumplimiento de una medida de
protección. Dice que el Juzgado Contravencional recurrido, ordenó la prisión preventiva del
amparado por el plazo de un mes que vence el diecisiete de mayo entrante, audiencia que no
quedó grabada, aunque se dejó constancia de lo resuelto en una minuta. Indica que presentó
recurso de apelación en contra de dicha resolución por falta de fundamentación y el Tribunal
Penal de Cartago señaló vista oral con el fin de conocer sobre el recurso de apelación y,
declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando en su totalidad la resolución
recurrida. Alega que en este caso, la audiencia oral que originó el dictado de la prisión
preventiva, no quedó grabada en medio audible, y en el legajo de medidas cautelares se
encuentra una minuta de dicha audiencia que no cumple la debida fundamentación, pues
según se puede observar, el Juez resuelve el por qué imponía la medida más gravosa de todas
en diez líneas en las cuales lo que hace es básicamente enumerar los peligros procesales que
considera existen; sin embargo, no explica el por qué se encuentran presentes en el caso
particular, lo que vacía de contenido o fundamento la decisión, y lesiona el derecho de defensa
y debido proceso al amparado, toda vez que no se conocen los motivos por los cuales se le
priva de libertad, y se le impide con dicha falta de fundamentación, ejercer una debida defensa
en su caso. En este caso concreto, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL


8296-10. DIRECTRIZ DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE DONACIÓN DE VEHÍCULOS.
SUSPENCIÓN DEL PROCESO A PRUEBA. Consulta Judicial de Constitucionalidad referente
a la Directriz de la Fiscalía Adjunta de Alajuela de las catorce horas treinta minutos del trece de
enero del dos mil nueve, según la cual, en los procesos por conducción temeraria, como plan
reparador se debe requerir la donación del vehículo al Estado. Se evacua la consulta
formulada en el sentido de que la directriz dictada por la Fiscalía Adjunta de Alajuela, a las
catorce horas treinta minutos del trece de enero del dos mil nueve, en cuanto exige la donación
del vehículo al Estado, como plan reparador para acordar la suspensión del proceso a prueba,
en los delitos de conducción temeraria, resulta contraria al Derecho de la Constitución,
particularmente a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El Magistrado Cruz Castro
consigna nota. Evacuada

8298-10. PENA POR PELIGRO DE ACCIDENTE CULPOSO. Consulta Judicial de
Constitucionalidad referente al Artículo 255 del Código Penal. El órgano consultante indica que
el artículo consultado tipifica la conducta de peligro de accidente culposo, sancionando con
prisión de 1 a 5 años, al que por culpa hubiere expuesto a otros al peligro de accidente en
caminos y carreteras. Considera que la pena es desproporcionada, si se compara con el resto
de delitos culposos que se tipifican en el Código Penal, como en el caso de lesiones culposas
o aborto culposo, en donde la pena es de días multa. Se evacua la consulta formulada en el
sentido de que el artículo 255 del Código Penal (Peligro de accidente culposo) resulta violatorio
del Derecho de la Constitución, en los términos señalados en este fallo, por lo que se anula por
inconstitucional. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia
de las normas anuladas, sin perjuicio de los asuntos resueltos con autoridad de cosa juzgada
material o situaciones jurídicas consolidadas. Reséñese este pronunciamiento en el Diario
Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Evacuada.

8287-10. SE ORDENA REPETIR AUDIENCIA POR FALTA DE GRABACIÓN DE LA MISMA.
Alega la recurrente que en su contra se sigue una causa penal, dentro de la cual se dictó una
medida cautelar, sobre la cual no se cumplió con la debida grabación de esa audiencia, lo cual
la deja en un estado de indefensión, pues en el acta de dicha audiencia sólo indica el plazo y
las medidas impuestas, sin señalar lo dicho por los testigos, las alegaciones presentadas, la
fundamentación del pronunciamiento y la decisión sobre lo planteado. Considera violentados
sus derechos fundamentales. Se declara con lugar el recurso. Se anula la constancia emitida
por el Juez Penal de Pavas respecto de la audiencia efectuada el 24 de noviembre de 2009
para la imposición de medidas cautelares solicitadas en contra de la imputada. Se ordena al
Juez Penal de Pavas, que en forma inmediata, señale fecha y hora para realizar la audiencia
de imposición de medidas cautelares en contra de la encartada. CL

8288-10. DETENCION EN MANIFESTACION PÚBLICA. Alega el recurrente que mientras se
encontraba en el acto cívico y manifestaba su opinión en la ciudad de Limón, frente a la Planta
Geotérmica del ICE, en las cercanías de RECOPE, miembros de la fuerza pública de esa
localidad arremetieron contra su humanidad y lo detuvieron sin ningún tipo de argumento y
justificación, para lo que hicieron uso innecesario de la fuerza y la violencia. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8169-10. NO SE PRORROGA PRISIÓN PREVENTIVA EN CASO DE REENVÍO. Indica el
recurrente que en sentencia emitida en su contra por el Tribunal Penal del Segundo Circuito
Judicial de Alajuela, Sede San Carlos se le impuso una condena de veintidós años y tres
meses de prisión y, en la misma sentencia que ordeno ampliar prisión preventiva por un
espacio de seis meses. Se interpone casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia y por resolución 2010-177dispuso declara parcialmente con lugar la casación anulando
la calificación jurídica dada a los hechos que le imputaron al amparado, recalificándolos y
ordenando el reenvío de la causa a su oficina de origen, esta última resolución no prorrogó la
prisión preventiva de su defendido por estimarlo innecesario por parte de la Sala Tercera y a la
fecha no existe resolución que ordene la prisión preventiva del amparado y tampoco existe una
sentencia condenatoria o calificación jurídica de los hechos, por lo que el amparado se
encuentra prisión en la Unidad de Admisión de Pococí. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

8159-10, 4453-10. PRISIÓN PREVENTIVA. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR
LA DETENCIÓN DE SOLO UNO DE LOS IMPUTADOS EN CAUSA PENAL. Señala el
recurrente que aún cuando se halló a los dos imputados en la causa culpable del delito de
estafa, únicamente, se dispuso la detención inmediata de uno de ellos, sin que se hiciera una
adecuada motivación. En este caso, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

8164-10. DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL QUE LA FUNDAMENTE. Señala el recurrente
que contra el amparado se siguió la causa penal número por el delito de agresión, expediente
que se encuentra archivado con sentencia absolutoria en firme. Indica que el 17 de mayo de
2002, hace más de nueve años, se dictó una orden de captura en su contra, la cual por
razones que se desconoce nunca se dejó sin efecto. Alega que el día de ayer el amparado fue
detenido por la Guardia Rural en Talamanca y trasladado a los Tribunales del Segundo Circuito
Judicial de la Zona Atlántica, con la única explicación de tener una orden que cumplir. Acusa
que, actualmente, el amparado se encuentra detenido sin que exista una orden judicial que así
lo ordene. CL

8167-10. SE ORDENA REALIZAR AUDIENCIA. Alega el recurrente que por resolución de las
diecisiete horas cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil diez, el Juzgado recurrido dictó
prisión preventiva contra su defendido por tres meses. Dicha resolución fue apelada por
violación al debido proceso y el derecho de defensa, pues a la Defensa no se le entregó copia
de la solicitud de la prisión preventiva que hizo el Ministerio Público. No obstante lo anterior,
por resolución de las dieciséis horas del dieciséis de abril de dos mil diez, el Tribunal de Juicio
recurrido confirmó lo resuelto, omitiendo resolver el punto alegado. Se declara con lugar el
recurso, sin disponer la libertad del amparado. Se ordena al Juzgado Penal del Segundo
Circuito Judicial de Alajuela, aquí accionado, en la persona de la Jueza, que en forma
inmediata convoque legalmente a una audiencia oral a las partes del proceso penal que se
sigue contra el amparado, con el objeto de resolver la solicitud de prisión preventiva que contra
éste formuló el Ministerio Público. CL

8171-10. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que se
encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián, porque
se ordenó la prisión preventiva por seis meses en su contra, sobre la cual se denegó el recurso
de apelación. Señala que a través del recurso de apelación, se alegó la errónea valoración de
la prueba, ya que en el proceso se ofreció el testimonio de su esposa, a efecto de acreditar los
arraigos familiares, domiciliarios y demostrar que de su trabajo como abogado dependen su
esposa e hijos por lo cual no existe peligro de fuga, pero de esta prueba se hizo caso omiso.
Afirma que en el expediente está acreditado que la participación del recurrente, lo fue,
únicamente como profesional en derecho y que nunca recibió suma alguna de dinero, fuera de
sus honorarios, por lo cuanto no existen indicios de culpabilidad, solo meras suposiciones,
situación que violenta en su contra el principio de inocencia. Concluye que se le quebrantó
además su derecho de defensa ya que el día de la audiencia o vista de apelación, se le
mantuvo por 6 horas en un calabozo, sin comunicación, tras lo cual fue presentado, esposado,
ante la jueza quien concedió, únicamente, 10 minutos a su abogado defensor para demostrar
que no existía presunción razonable de culpabilidad, lo cual fue materialmente imposible. En
este caso, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

7853-10. SE PRORROGA PRISIÓN PREVENTIVA SIN LA PRESENCIA DEL IMPUTADO, NI
SU DEFENSOR. Alega el recurrente que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José
efectuó una audiencia en la que se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva, a pesar
de que éste ni su defensora se encontraban presentes. Sobre el tema se citan las sentencias
742-10 y 18769-09. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se
anula la resolución de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril de
dos mil diez del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, por la que se prorrogó la
prisión preventiva del amparado por el plazo de un mes. Se ordena a la Jueza del Tribunal
Penal del II Circuito Judicial de San José disponer lo correspondiente para que de inmediato se
reprograme la audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de medida cautelar
planteada por el Ministerio Público el veinte de abril de dos mil nueve, dentro de la causa penal
09-000536-0994-PE. CL

7844-10. MEDIDAS CAUTELARES. SE ORDENA CAMBIO DE DOMICILIO. Alega el
recurrente que contra su defendido se tramita una querella privada, en el Tribunal de Juicio del
Segundo Circuito Judicial de San José por el delito de injurias. En dicho proceso se señaló una
audiencia con el objeto de analizar un posible cambio de medidas cautelares impuestas al
imputado y en la misma, se ordenó a su defendido cambiarse de domicilio hasta el 7 agosto de
2010, fecha señalada para efectuar el debate. Aduce el recurrente que no existe
proporcionalidad entre la pena a imponerse por un delito de injurias y un cambio de domicilio.
Además, el imputado no tiene recursos económicos para mudarse. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7845-10. AUMENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que los recurridos le
decretaron prisión preventiva en su contra, resolución que fue apelada y se solicito la libertad
del acusado o cambio de medida cautelar a una menos gravosa. Acusa que el día que vencía
la medida cautelar se logro constatar que no existía un requerimiento previo para la prorroga
de la prisión ya que la solicitud se realizó el mismo día de la audiencia oral; no obstante, se
resuelve ampliar el plazo de la prisión por el termino de 2 meses por una resolución que carece
de motivación y fundamento legal, la cual fue apelada, en su lugar, el Tribunal recurrido revoco
la resolución y aumento el plazo a cuatro meses la prisión preventiva, sin llevar a cabo un
análisis pormenorizado de los elementos jurídicos que sustentaban tal actuación. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7847-10. REMOCIÓN DE DEFENSOR. Alega el recurrente figura como imputado por el delito
de abusos sexuales, en donde nombró un defensor particular, quien goza de toda de su
confianza; no obstante, le fue removido y el que fue nombrado no es de su confianza. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7852-10. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS. Alega el recurrente que ante la Fiscalía
Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica se inició causa penal en su contra en
el año 2004, la cual ya se encontraba archivada; no obstante, no se ordenó el levantamiento
del impedimento de salida del país, por lo que no le permitieron salir, aún cuando sus deudas
con la justicia se encontraban a derecho. Se declara con lugar el recurso. CL
7590-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que se le impuso prisión preventiva por
seis meses. Explica que posteriormente, se cambió la citada medida y, en su lugar, les impuso
firmar cada quince días, no cometer delito, impedimento de salida del país, mantenerse
laborando en los lugares indicados en las ofertas de trabajo, mantener domicilio fijo, prohibición
de tener contacto con los otros imputados, prohibición de tener contacto con personas que se
dedican a la actividad ilícita de droga y consumidores, no visitar lugares donde se expenda
droga y el depósito de una fianza de dos millones de colones. Sostiene que los otros tres
imputados pudieron cumplir con la rendición de la fianza y demás condiciones, por lo que se
encuentran en libertad desde la misma semana en que se dictó la resolución que modificó las
medidas cautelares, mientras que el amparado puede cumplir con todas las condiciones fijadas
menos el pago de la fianza, pero que, a pesar de los esfuerzos realizados por familia y amigos,
a la fecha de interposición de este asunto, no ha sido posible recaudar el monto fijado. Señala
que, por lo anterior, solicitó rebajar el monto de la fianza y se resolvió sin justificación alguna.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7591-10. PRISION PREVENTIVA. RECUSACIÓN. Alega el recurrente que interpusieron
incidente de recusación ante el Juez Penal de Liberia, en virtud de que iba a entrar a conocer
una prórroga de prisión preventiva de los amparados y, a su juicio, no habría imparcialidad y
objetividad, toda vez que éste se ya se había pronunciado en relación con el grado de
probabilidad, la participación de los amparados y los peligros procesales correspondientes.
Agregan, que a pesar de lo anterior, el Juez Penal rechazó de plano la recusación, sin seguir el
debido proceso y en violación de lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal.
Contra lo resuelto, presentaron recurso de apelación y se declaró de oficio la "…actividad
procesal defectuosa de carácter absoluto e ineficacia de la resolución de las trece horas treinta
minutos del 26 de febrero del 2010…", la cual había prorrogado por cuatro meses más la
prisión preventiva de los amparados, lo anterior con fundamento en que no se había dado el
debido proceso establecido en el artículo 59 del Código Procesal Penal; sin embargo, no se
ordenó la libertad de los amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

7621-10. PRISION PREVENTIVA. FUNDAMENTACIÓN. Alega la recurrente que la Sala
Tercera prorrogó la prisión preventiva del amparado y considera que la resolución se encuentra
ayuna de fundamentación, pues lo único en que se basa, es en el reenvío del expediente, para
la celebración del juicio, motivo que a juicio de la recurrente, es insuficiente para mantener al
amparado privado de su libertad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

7764-10. ANULAN SOBRESEIMIENTO SIN CONCEDER AUDIENCIA PREVIA. Alega el
recurrente que el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José ordenó
sobreseimiento definitivo a favor del amparado y contra dicha resolución, el Ministerio Público
interpuso recurso de apelación. Señala que esa representación solicitó que se mantuviera la
resolución impugnada y que se concediera vista para exponer los argumentos de manera oral;
no obstante, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, anuló el sobreseimiento
definitivo dictado a favor del amparado, sin conceder la vista oral solicitada por la defensa para
explicar los motivos por los que se debía mantener la resolución citada. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7772-10. DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL. Alega el recurrente que la Sala Tercera
lesiona lo dispuesto en los artículos 8.2 y 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos
Humanos, por cuanto no le concede a los sentenciados en un proceso penal, los medios
adecuados para impugnar en segunda instancia los fallos dictados en su contra. Agrega que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de la resolución del dos de julio del
2004, ordenó al Estado costarricense el cumplimiento de lo dispuesto los artículos
mencionados, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido lo señalado. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo el recurso. RF


7132-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Argumenta el recurrente que dentro de la causa penal que
se sigue a su representado se presentó formal solicitud de cambio y revisión de la prisión
preventiva, pues se consideró que era posible imponer una medida menos gravosa que la
prisión. Señala que el Tribunal recurrido en audiencia oral se declaró incompetente para
conocer el cambio de medida solicitado y ordenó remitir las actuaciones ante el Tribunal de
Juicio; no obstante, dicho Tribunal sin conceder la audiencia solicitada, resolvió rechazar el
cambio el la medida cautelar. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

7023-10. APELACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Aduce el recurrente que
dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se ordenó prisión preventiva por
un término de tres meses. Manifiesta que indicó verbalmente apelar tal medida de prisión
preventiva; sin embargo, la Jueza sin querer escuchar los argumentos fácticos y jurídicos que
sustentarían su apelación, rechazó de plano su gestión. Se declara parcialmente con lugar el
recurso, sin disponer la libertad del amparado, únicamente contra el Tribunal de Juicio de
Cartago. Se ordena a ese órgano jurisdiccional, en la persona de la Jueza, que dentro del
término de veinticuatro horas, que se contará a partir de la notificación de esta sentencia,
convoque a las partes del proceso penal que se sigue contra el aquí tutelado, con el objeto de
conocer y resolver dentro de ese mismo plazo, el recurso de apelación que se formuló contra la
medida cautelar de prisión preventiva. CL

7404-10. NIEGAN ELIMINAR ESPOSAS A DETENIDOS EN AUDIENCIA PRELIMINAR.
Manifiesta la recurrente que en la audiencia preliminar a que fue convocada, sus
representados se encontraban esposados, por lo que procedió a decirle a los custodios que
les retiraran dichos dispositivos durante el desarrollo de la audiencia, no obstante, le informaron
que debía hacer la gestión ante la jueza. Señala que la recurrida denegó su petición alegando
razones de seguridad y falta suficiente de personal de cárceles. En vista de lo anterior le
comunicó a la jueza que no permanecería en la audiencia hasta que a los imputados se les
removieran las esposas y se les permitiera el ejercicio pleno de sus derechos. Se declara con
lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. CL



6522-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que los amparados fueron detenidos y
puestos a la orden del Juzgado Penal de Puntarenas, por el delito de tráfico internacional de
drogas y en la causa abierta en su contra, se les impuso nueve meses de prisión preventiva,
decisión que fue impugnada y se declaró ineficaz por parte del Tribunal, bajo el argumento bajo
el argumento de que el audio con la grabación de la audiencia no se escuchaba bien y, por ello,
no tenía conocimiento de los argumentos esgrimidos para dictar esa medida y fueron devueltos
al juzgado para que se definiera nuevamente sobre la solicitud de prisión preventiva que
planteó el Ministerio Público. Señala que durante todo ese tiempo han estado detenidos, pues
la resolución dictada el siete de abril de dos mil diez no toma en cuenta ese periodo de prisión
y computa los seis meses a partir de ese mismo día. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6526-10. PRISION PREVENTIVA. Alega el recurrente que se le sigue una causa en el Juzgado
Penal de Liberia, en donde se dictó en su contra prisión preventiva por tres meses, decisión
confirmada por el Tribunal y que los jueces sustentaron la medida en el peligro de continuidad
de la actividad delictiva y en la falta de arraigo laboral, domiciliar y familiar, únicamente. Afirma
que no aceptaron prueba testimonial para desvirtuar la medida. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6300-10. PRISIÓN PREVENTIVA-AUDIENCIA. Alega la recurrente que a los amparados se les
impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el término de tres meses, a vencer el
treinta de abril de este año. Indica que se presentó cambio de medida cautelar y se convocó a
audiencia oral para conocer la solicitud mencionada; no obstante a la hora y fecha señalada
para la audiencia y teniendo conocimiento el recurrido de que los encartados habían sido
trasladados desde el Centro Penal de Limón y que se encontraban a la espera de la diligencia,
la misma no se realizó y se rechaza por inadmisible la solicitud de revisión de prisión preventiva
y cambio de la medida cautelar. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad de los
tutelados. Se anula la resolución del Juzgado Penal de Limón de las 7:00 horas del 03 de
marzo de 2010, en que la autoridad recurrida resolvió la solicitud de cambio de medidas
cautelares, y, en consecuencia, se ordena al Juez Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona
Atlántica, que de inmediato convoque y realice una audiencia oral a efectos de conocer y
resolver la solicitud de cambio de medida cautelar de la prisión preventiva presentada por el
defensor público de los imputados, el 15 de febrero de 2010, dentro de la causa penal número
09-002501-063-PE. CL

6301-10. SE SUSPENDE EXTRADICIÓN HASTA QUE SE RESUELVA SOLICITUD DE
REFUGIO. Menciona el recurrente que la amparada está detenida en el Centro de Atención
Institucional El Buen Pastor, luego de que la Embajada de los Estados Unidos solicitara su
extradición, a pesar de que la misma no ha sido condenada en el país requirente por los
hechos que motivan la solicitud de extradición. Aduce que aunque su defendida ha presentado
solicitud de refugio y que ello ha sido comunicado en reiteradas ocasiones al tribunal recurrido,
dicha autoridad dictó resolución, ordenando la entrega material de su defendida. Estima que
lo anterior revela un trato discriminatorio y arbitrario en contra de la amparada, pues se
encuentra pendiente ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de
refugio a su favor. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad de la amparada,
únicamente en contra del Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Sede Osa. Se ordena a ese órgano
jurisdiccional, en la persona de la Jueza o del Juez encargado de la tramitación del proceso
seguido contra la amparada, que suspenda la ejecución de la extradición hasta que el
procedimiento correspondiente de solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado
haya sido completado, mediante resolución firme. En lo demás se desestima el recurso. El
Director General de Migración y Extranjería, tomará nota de lo dicho en el último Considerando,
para efectos de resolver la solicitud de refugio. CL

6299-10. EJECUCIÓN DE ORDEN DE CAPTURA SIN PONER EN CONOCIMIENTO AL
TRIBUNAL. Alega el recurrente que fue detenido en virtud de una orden de captura girada en
su contra por parte del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; no obstante,
el encargado de celdas el Segundo Circuito Judicial no al Tribunal en conocimiento de su
detención, por lo que pasó casi cuatro días detenido sin ser puesto a la orden del Tribunal. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

6293-10. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA - APELACIÓN- .Aduce el recurrente
que no le fue aceptada su solicitud de apelación de la prisión preventiva, porque no dijo
expresamente la palabra "apelo". Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del
tutelado. Se anula el voto No. 46-2009 dictado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial
de San José de las 15:00 horas del 9 de marzo del 2010 por violación al derecho de defensa.
Se ordena a la Jueza del Tribunal citado, fijar una nueva audiencia oral para que el defensor
del tutelado exponga los motivos del recurso de apelación interpuesto. CL

6190-10.PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA. Indica la recurrente que el amparado fue
indagado el 25 de febrero del presente año, y sometido a prisión preventiva un día después por
medio de una audiencia oral de medidas cautelares. Señala que una vez escuchadas las
partes, el señor Juez dictó prisión preventiva por seis meses, por lo que presentó recurso de
apelación fundamentado en forma oral en el mismo acto. Señala que el 18 de marzo del 2010,
se convocó a vista oral con el fin de conocer las apelaciones de las prisiones preventivas que
se habían dictado oportunamente. Aduce que una vez apersonada se declaró inexistente e
ineficaz la audiencia oral que decretó la prisión preventiva, y se ordenó remitir el expediente al
Juzgado Penal para lo que a bien tuviera por resolver, y en lugar de ordenar la libertad de los
presos, por no haber resolución ni oral ni escrita que ampare la prisión preventiva, ordenó dejar
presos a todos los imputados, con el supuesto fin de que el Juez Penal reconstruya la
audiencia oral de prisión preventiva. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad de
los tutelados. Se anula la resolución de las 13:33 horas del 19 de marzo del 2010 del Juzgado
Penal de Alajuela. Se le ordena al Juzgado Penal de Alajuela que programe de inmediato una
nueva audiencia oral para conocer la solicitud de las 13:15 horas del 19 de marzo del 2010 del
Ministerio Público. CL

6180-10. PRISIÓN PREVENTIVA- APELACIÓN. Manifiesta el recurrente que dentro de la
causa penal que se le sigue a sus representados se ordenó la prisión preventiva, por tres
meses, los cuales vencieron el día 2 de marzo de 2010. Agrega que solicitó al Juzgado Penal
que señalara audiencia oral a efectos de discutir la sustitución de la prisión preventiva por otra
medida cautelar menos gravosa; no obstante fue prorrogada y no le resolvieron el recurso de
apelación. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad de los imputados. Se anulan
el Voto No. 043-2010 de las 11:50 horas de 08 de marzo de 2010 y la resolución de las 16:30
horas de 23 de marzo de 2010, ambos del Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial
de San José. Se le ordena a la Jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
José, inmediatamente, resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de
la prórroga de la prisión preventiva, para lo cual, deberá realizar la audiencia oral
correspondiente. CL

6185-10. DETENCIÓN POR MÁS DE 24 HORAS. Indica la recurrente que el amparado fue
detenido el día 17 de marzo al 19 de marzo de este año, y no fue sino hasta las nueve horas
del día 19, que se puso en conocimiento la detención, momento en el cual se realizó audiencia
de solicitud de medidas cautelares, donde la recurrente solicitó a favor del amparado la
inmediata libertad, en el tanto habían transcurrido más de veinticuatro horas desde que fue
detenido, superando el plazo para poderlo a la orden del Juez. No obstante, la petición fue
rechazada y se ordenó la prisión preventiva. Se declara parcialmente con lugar el recurso, en
cuanto se dirige contra la Fiscalía y la Subdelegación del Organismo de Investigación Judicial,
ambas de Nicoya, sin ordenar la libertad del amparado. Se declara sin lugar el habeas corpus
en cuanto se dirige contra el Juzgado Penal de Nicoya. Se ordena el testimonio de piezas ante
el Tribunal de la Inspección Judicial, a efectos de que determine las responsabilidades que
puedan caber por los hechos que dieron origen a la estimatoria de este recurso. Se condena al
Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a
esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL Parcial

5890-10. INTERPRETACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS
PROCESALES. Acción de Inconstitucionalidad en contra de la aplicación retroactiva de la
causal de interrupción de la prescripción prevista en el artículo 33 inciso d) del Código Procesal
Penal. Se acusa que los jueces han interpretado que tratándose de normas procesales, el
tratamiento es distinto que con las normas de derecho sustantivo, y que la norma aplicable es
la vigente al momento de ocurrir el acto que ella regula y no opera la retroactividad de la ley.
Consideran los accionantes que ese criterio infringe lo dispuesto en los artículos 34 y 39 de la
Constitución Política; 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 51 inciso 4) del Estatuto de Roma, dado que
estiman que el principio de aplicación de la ley penal más favorable, debería utilizarse también
para las normas de carácter procesal. Solicitan que se declare inconstitucional la línea
jurisprudencial expuesta y además que se establezca que la causal del inciso d) del artículo 33
del Código Procesal Penal, sólo es aplicable a los procesos iniciados con posterioridad a la
incorporación de esa norma, sea, a partir del treinta de agosto del dos mil siete. Sobre el tema,
se citan las sentencias 4397-99 y la Sala indica que en materia procesal se aplican las normas
procesales vigentes al momento de que se encuentra la causa en juicio. RF

905-11. LEY DE PENALIZACION. LEY DE PENALIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES. Consulta Legislativa en lo referente al Proyecto de Reforma y adición de los artículos 22 y
25 de la Ley 8589 Penalización de la Violencia contra las mujeres. Expediente legislativo número 17499.
Se evacua la consulta en el sentido de que el artículo 25 del proyecto de ley proyecto de ley "Reforma y
adición de los artículos 22 y 25 de la Ley número 8589, penalización de la violencia contra las mujeres",
expediente legislativo número 17.499, no presenta los vicios de fondo señalados por los consultantes. El
Magistrado Castillo Víquez salva el voto y rechazada de plano la consulta. Asimismo, salva el voto por
estimar que el artículo consultado sí vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Evacuada.

4723-00, 1267-01, 523-98, 16290-00, 12396-10, 17570-10, 3395-11, 2344-98, 3306-98.
REQUISAS A PERSONAS.

5676-10. PRISIÓN PREVENTIVA DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES. Indica la
recurrente que dentro de la causa penal que se tramita en contra de su representado se
ordenó prisión preventiva. Señala que el 18 de febrero de 2010, se presentó ante el juzgado
recurrido solicitud de variación de medida cautelar, misma que resultó en la confirmación de la
prisión preventiva, resolución que fue apelada, solicitándose también vista oral ante el
superior. Refiere que por voto 50-2010 de las 14 horas del 04 de marzo de 2010, resolvió
declarar inadmisible el recurso de apelación y señaló el juez, que no era necesario
pronunciarse sobre la prisión preventiva en tanto no han transcurrido los primeros tres meses
desde que se decretó por primera vez, dicha medida cautelar.               Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5878-10. PRESENCIA DEL ACUSADO EN AUDIENCIA. Acusa el recurrente que dentro de la
causa penal que se sigue contra su representado se llevó a cabo una vista oral para conocer
de la solicitud de prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio
Público. Acusa que el amparado no fue trasladado a dicha audiencia dado que por error de la
autoridad recurrida, la remisión se envió al Centro de Atención Institucional San Sebastián y no
al Centro de Atención Institucional La Leticia, en donde éste se encuentra recluido. Alega que
por resolución del Juzgado recurrido dictada a las 10:30 horas del 11 de marzo del presente
año, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva por plazo de un mes en contra del
amparado, sin contar con su presencia, por lo que se le dejó en indefensión. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5879-10. DEFENSOR. SEPARADO DEL CARGO, A PERSAR DE LA IMPOSIBILIDAD DE
ASISTIR AL DEBATE POR TENER OTRA AUDIENCIA PROGRAMADA EN UN DESPACHO
JUDICIAL. Alega el recurrente que ha figurado como defensor privado del amparado, en donde
el Tribunal recurrido señaló como fecha para la realización del juicio oral y público del primero
al 11 de marzo de 2010; por lo que, dentro del plazo de ley, presentó la justificación
correspondiente debido a que tenía otro juicio señalado de previo. No obstante lo anterior,
acusa que el órgano recurrido resolvió mantener el señalamiento cuestionado por este medio,
con fundamento en que los abogados están en la obligación de ajustarse a la agenda que
implementen los despachos penales, en atención a las resoluciones del Tribunal de Casación
Penal en los votos números 2009-0777 y 2009-0742. Afirma que en contra de la voluntad del
amparado, el Tribunal tomó la determinación ilegal de separarlo de su cargo y nombrar un
defensor público para que se hiciera cargo del juicio. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Los
magistrados Armijo, Barahona y Arias salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. CL

5275-10. PRÓRROGA PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Aduce la recurrente que el
Juzgado recurrido prorrogó la prisión preventiva del amparado y asegura que el Tribunal Penal
recurrido accedió a la solicitud de prórroga de prisión planteada por la Fiscalía de Trámite
Rápido, sin brindar audiencia a las partes, resolución en la cual estimó que la medida regiría
hasta el 18 de marzo siguiente, fecha en la cual se llevará a cabo el juicio oral y público contra
el amparado. Considera que la determinación dictada por el Tribunal recurrido, dejó en estado
de indefensión al tutelado, con lo cual, fueron lesionados derechos fundamentales. Se declara
con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del tutelado. Se anula la resolución del Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial de San José, de las trece horas del 18 de febrero de 2010, y,
en consecuencia, se ordena a la Jueza integrante del Tribunal Penal del Primer Circuito
Judicial de San José, que de inmediato convoque y realice una audiencia oral a efectos de
conocer y resolver la solicitud de prórroga de la prisión preventiva presentada por la Unidad de
Trámite Rápido del Ministerio Público el 18 de febrero de 2010, dentro de la causa penal
número 09-013190-0648-PE. CL

4996-10. PRISIÓN PREVENTIVA. SEPARACIÓN DE DEFENSOR. Refiere el recurrente que
se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional El Valle. Señala que su
caso se encuentra elevado a juicio y el debate respectivo inició el 15 de febrero pasado. Que
el 16 de febrero del año en curso, el Tribunal recurrido decidió separar a su defensora de
manera ilegal y arbitraria, y a él se le indicó que, posteriormente, en una nueva fecha se le
continuaría el juicio. Acusa que a la fecha se encuentra sin abogado defensor, y no saber
cuándo se continuará el juicio, además que el plazo de la medida cautelar de prisión
preventiva venció sin que a la fecha se haya dictado una nueva resolución. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

4987-10. PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Aduce la recurrente
que el Juzgado recurrido prorrogó la prisión preventiva del amparado, por el término de tres
meses, los cuales vencían el 03 de marzo del 2010. Alega que el recurrido señaló como fecha
para debate el día 11 de marzo de 2010 y dictó prórroga de forma automática y sin dar
audiencia a las partes, de la prisión preventiva. Considera que la medida dictada por el Tribunal
recurrido deja en indefensión al amparado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

4998-10. NIEGAN LIBERTAD A PESAR DE QUE EL FISCAL LA SOLICITÓ. Alega la
recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se le impuso prisión
preventiva por dos meses. Indica que la Fiscal solicitó el 26 de febrero de 2010, el
sobreseimiento definitivo a favor del amparado y su libertad; sin embargo, la Jueza sin mayor
fundamento se opuso a la solicitud y omitió pronunciarse respecto a la solicitud de libertad del
amparado. Posteriormente, la Jueza de oficio convoca a las partes a una audiencia oral, en
donde la fiscal solicitó nuevamente la libertad del amparado, no obstante rechazó la gestión y
lo mantuvo en prisión. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL

4804-10. DOBLE SANCIÓN A DEUDORES ALIMENTARIOS. Acción de Inconstitucionalidad
en contra del Artículo 185 del Código Penal. Se acusa que se impone una doble sanción a la
persona que no paga pensión alimentaria, pues por no pagar se le detiene y por faltar a sus
deberes alimentarios también. Sobre el tema se cita el voto 8124-99 y con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. RF

4805-10. IMPUTADO COMO OBJETO DE PRUEBA. Acción de Inconstitucionalidad contra
del Artículo 88 del Código Procesal Penal. La norma señala que se podrá ordenar la
investigación corporal del imputado para constatar circunstancias importantes para descubrir la
verdad. Con esta finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles intervenciones corporales,
las cuales se efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del
imputado, siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se
contrapongan seriamente a sus creencias. El recurrente la objeta, por cuanto se hace sin su
consentimiento. La jurisprudencia de esta Sala ha distinguido los casos donde el imputado es
considerado sujeto de prueba de aquellos donde se le tiene como objeto de prueba. Sobre el
tema se cita la sentencia 1428-96, 6936-05, entre otras y, con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. RF

4685-10. MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA A TESTIGO DE LA CORONA SIN PLAZO. Alega
el recurrente que la Fiscalía de Grecia le requirió como testigo de la corona. Aduce que
originalmente fue imputado, pero su situación cambió a la de testigo al llegar a un acuerdo con
esa fiscalía, que le ofreció la aplicación de un criterio de oportunidad si indicaba dónde se
encontraba el dinero, así como el lugar en que los imputados habían botado las cajas de
seguridad, y además le daba a los fiscales la llave de la caja respectiva e incriminaba a su
hermano y a un primo, todo lo cual cumplió a cabalidad. Añade que durante la comprobación
de su testimonio se le impuso, como medida cautelar, la obligación de firmar cada quince días
en el despacho respectivo. Sin embargo, su hermano ya salió de la cárcel, junto con otro
imputado, y el petente todavía tiene que ir a firmar, pese a que todos ellos ya están libres.
Alega que la situación se ha prolongado por dos años y que las medidas, que tienen un plazo
indeterminado, le impiden desplazarse libremente y acceder a nuevas oportunidades de
trabajo. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a quien ocupe su cargo como Fiscal
Coordinadora de la Fiscalía de Grecia, y a quien ocupe el cargo como Jueza Penal de Grecia,
que de inmediato resuelvan la situación del amparado en lo que respecta a las medidas
cautelares que pesan sobre él, dictadas dentro del proceso 07-000615-075-PE. CL

4676-10. DEPORTACIÓN. Alega el recurrente que uno de los amparados padece de retardo
mental significativo. Menciona que en su país de origen China, no se les permite practicar su
credo religioso, por lo que son perseguidos por las autoridades políticas y policiales. Alega que
los amparados son primos hermanos y cuentan con familia en segundo grado de
consanguinidad en Costa Rica. Refiere que por la situación de persecución de la que son
objeto, se acogieron a la legislación internacional sobre refugiados. Sostiene que los
amparados corren el riesgo de ser deportados a. Solicita se declare con lugar el recurso y se
ordene en forma interlocutoria la no deportación de los amparados y su traslado al Centro de
Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


4697-10. SE NOMBRA DEFENSOR PÚBLICO POR AUSENCIA DE DEFENSOR PRIVADO.
Aduce la recurrente que fue nombrada por el amparado como su defensora apersonándose al
proceso el 10 de febrero del 2010. Indica que para el día 20 de febrero del 2010, se había
programado el debate en dicha causa; no obstante, ese mismo día sufrió un accidente
automovilístico en la mañana, que le impidió asistir al amparado en el juicio. Alega que en clara
violación al derecho de defensa y de forma arbitraria, se le nombró a un defensor público, sin
tomar en cuenta que el amparado ya tenía quien lo representara en el proceso. Acusa que en
su ausencia el juez recurrido llevó a cabo el debate y decretó prisión preventiva en contra del
amparado sin la debida fundamentación. Considera que el juez recurrido dictó una medida
contraria a los derechos del amparado, de defensa y debido proceso. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

4567-10. SE ORDENA REALIZAR AUDIENCIA. Alega el recurrente que el amparado soporta
medidas cautelares a las que se ha sometido voluntariamente, pues ha cumplido al pie de la
letra todas sus obligaciones. Explica que sin embargo, el Juzgado recurrido, prorrogó las
medidas cautelares del amparado por seis meses sin que se citara a la parte afectada a una
audiencia previa oral o escrita -aún cuando la Fiscal había pedido con suficiente antelación la
medida- con lo que se le impidió al imputado ejercitar su derecho de defensa. Además reclama
que cuando se ordenó ampliar las medidas no se les notificó de tal disposición, con lo que se
dejó al imputado en absoluta indefensión. Se declara parcialmente con lugar el recurso por la
omisión de la autoridad recurrida de realizar la audiencia para conocer la prórroga de las
medidas cautelares. En los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

4382-10. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Aduce el recurrente que dentro de la
causa penal que se sigue contra sus representados se decretó prisión preventiva desde el 8 de
septiembre de 2009. Indica que la medida cuestionada fue prorrogada a fin de cubrir la
continuación del juicio, que se fijó para el día 22 de febrero. Acusa que como uno de los
miembros del Tribunal no asistió al debate, y éste fue suspendido, la medida cautelar contra los
amparados se prorrogó de nuevo hasta la celebración de un nuevo juicio, lo que estima atenta
contra sus derechos fundamentales, debido al retardo en la aplicación de la justicia. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

4037-10. MENOR DE EDAD. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA DETENCIÓN
PROVISIONAL DE MENOR. ORALIDAD. Alega el recurrente que el juzgado recurrido ordenó
el internamiento provisional del amparado en el centro especializado de menores. Señala que
la resolución fue recurrida y el veintiuno de diciembre de ese mismo año fue revocada y se
ordenó la inmediata libertad. Explica que el ofendido en el proceso que se tramita contra su
representado, adujo que estaba siendo amenazado, razón por la que el fiscal solicitó que se
procediera a señalar fecha y hora para exponer una nueva solicitud de aplicación de orden de
internamiento. Menciona que el diez de febrero de dos mil diez, a las trece horas y treinta
minutos, se señaló una audiencia oral y privada, ocasión en la que se escuchó la
representación del Ministerio Público, quien solicitó la detención provisional del amparado.
Añade que al inicio de la audiencia manifestó que tenía prueba testimonial y documental, la
cual fue admitida por la autoridad accionada. Aduce que, en forma abrupta, el ofendido empezó
a sentirse mal mientras escuchaba sus alegatos, al punto que se desmayó y se requirió la
presencia de la Cruz Roja Costarricense. Refiere que, por lo anterior, la audiencia se suspendió
por un lapso de una hora y la jueza tuvo que ser auxiliada por el personal del despacho. Afirma
que, al iniciarse la audiencia nuevamente, interpuso la excepción de recusación, pero la
autoridad accionada, sin escuchar más peticiones, sin valorar los votos, sin haber finalizado de
exponer sus argumentos, sin haber recibido la prueba testimonial y sin haber observado la
prueba documental que inclusive hizo insertar en el acta, resolvió dictar dos meses de
detención provisional en contra del amparado. Se declara parcialmente con lugar el recurso por
no haberse fundamentado la detención provisional del tutelado en la audiencia oral celebrada.
No se ordena la libertad del tutelado por existir razones procesales justificadas para la
detención. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. En todos los demás extremos alegados se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial


3941-10. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA.
Consulta Judicial de Constitucionalidad del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José Se consulta se consulta sobre la ampliación del plazo de la suspensión
del proceso a prueba, que fue dictada después del vencimiento del año establecido
originalmente. Considera la defensa que existe una violación al debido proceso, porque el
Juzgado Penal Juvenil de Grecia continúo después de haber vencido el período establecido por
la autoridad judicial para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, considera que lo
procedente era dictar el sobreseimiento definitivo a favor del justiciable, no ampliar el período.
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que las posibles incorrecciones en la
tramitación de una suspensión de proceso a prueba, que resulten en la continuación del tramite
del expediente y su culminación mediante debate y sentencia regularmente emitida, no
lesionan el derecho al debido proceso que tiene el acusado.- Corresponde a la autoridad
consultante analizar los hechos del caso de conformidad con lo aquí expuesto y resolver lo
pertinente. Evacuada

3733-10. DETENCIÓN SIN FUNDAMENTO. Aduce la recurrente que su representado está
detenido en las celdas de la Fuerza Pública de El Cairo de Siquirres, las cuales miden un metro
cincuenta y dos centímetros, y cuya estructura está en pésimas condiciones, pues se utilizan
como celdas transitorias, ya que la Delegación Cantonal de Siquirres no cuenta con celdas
para tener reos. Narra que el amparado está detenido por una orden de captura emitida el
catorce de febrero, y llama mucho la atención que hace seis meses se llevó a cabo la audiencia
preliminar en el Juzgado recurrido, y la citación del imputado fue dirigida al domicilio que está
reportado en el expediente principal, y por ende la orden de captura no tiene fundamento
alguno pues el amparado se presentó oportunamente a la audiencia a la que se le citó. De ahí
que el amparado se encuentra privado de libertad de forma ilegítima y sin que exista motivo
alguno para ello, simplemente por un error del despacho. Se declara parcialmente con lugar el
recurso, en cuanto a la actuación del Juzgado Penal de Hatillo y del Consejo Superior del
Poder Judicial. En consecuencia, se le ordena al Presidente del Consejo Superior del Poder
Judicial, tomar las medidas pertinentes -distintas a las ya establecidas-, para garantizar que se
brinde un servicio público de administración de justicia continúo en la materia penal. En cuanto
al Juzgado Penal de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José, a la
Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Siquirres y a la Policía de
Proximidad de Siquirres, se declara sin lugar el recurso. CL

3281-10. DETENCIÓN. PLAZO PARA RESOLVER. El recurrente acusa que el Juez Penal
recurrido, una vez terminada la audiencia, se reserva para dictar resolución de medida cautelar
las cuarenta y ocho horas, fundamentándose en el artículo 238 del Código Procesal Penal;
pese a que ese plazo es para realizar audiencia, no para resolver. En este caso concreto, con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, por no constatarse en la especie la
existencia de quebrantos constitucionales susceptibles de tutela en esta vía se declara sin
lugar el recuso. SL (*)


3347-10. DETENCIÓN. Alegan los recurrentes que en causa seguida contra funcionarios de la
Guardia Civil de Limón por delitos propios de su función, el día dos de diciembre de dos mil
nueve se solicitó una orden de allanamiento para la Comandancia de Limón, que fue acogida
por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Sin embargo, durante el dos de
diciembre, sin motivo aparente y sin orden judicial, a diferentes horas se detuvo a los
amparados y se les llevó a las Celdas del Organismo de Investigación Judicial de Limón.
Reclaman los recurrentes que estuvieron privados de su libertad hasta cerca de las dieciséis
horas del tres de diciembre de dos mil nueve, momento para el cual la Fiscal ordenó que se les
dejara en libertad. No obstante, alegan que no se les explicó el motivo de la detención, ni hubo
solicitud o imposición de medidas cautelares, y ni siquiera se les vinculó a la causa investigada,
ya que no hubo investigación previa, sino que ésta empezó con la detención. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
3281-10. DETENCIÓN. PLAZO PARA RESOLVER. El recurrente acusa que el Juez Penal
recurrido, una vez terminada la audiencia, se reserva para dictar resolución de medida cautelar
las cuarenta y ocho horas, fundamentándose en el artículo 238 del Código Procesal Penal;
pese a que ese plazo es para realizar audiencia, no para resolver. En este caso concreto, con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, por no constatarse en la especie la
existencia de quebrantos constitucionales susceptibles de tutela en esta vía se declara sin
lugar el recuso. SL


3286-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Refiere el recurrente que inicialmente el amparado fue
detenido por parte de funcionarios de la Policía de Proximidad de Sarchí de Valverde Vega, en
atención a una orden de captura expedida en su contra por parte del Juzgado Penal esto el 13
de enero del año en curso. Señala que conforme al libro de novedades que mantiene el
Ministerio de Seguridad Pública, se constata que su patrocinado fue detenido al ser las 14:40
horas de la tarde de ese día. Que a causa de dicha detención el amparado fue puesto a la
orden del Ministerio Público aproximadamente a las cinco de la tarde de ese día, con el
entendido de que como su persona en calidad de defensor particular del amparado reside en
San José, se le citó para indagatoria a las once de la mañana del 14 de enero de este mismo
año, aspecto éste que se cumplió a cabalidad. Manifiesta que a pesar de haberse realizado la
indagatoria a la hora y fecha referida anteriormente, el amparado fue puesto a la orden del
Juzgado Penal hasta las quince horas tal y como se desprende del documento de recibido que
consta en su expediente judicial, instancia que procedió a dictar prisión preventiva por espacio
de tres meses en su contra. Considera que su representado fue mantenido por más de
veinticuatro horas por parte del Ministerio Público sin haberlo puesto en tiempo a la orden del
Juzgado Penal competente, no obstante el Tribunal de Juicio recurrido, confirmó el auto de
prisión preventiva decretado en contra del amparado. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

3285-10. DETENCIÓN. Alega el recurrente que los amparados fueron detenidos a las 22:40
horas del 6 de enero de 2010 por oficiales de la Delegación de Policía de Shiroles, en
Talamanca, como sospechosos de haber participado un supuesto robo en el comedor de la
Escuela de Shiroles. Los oficiales le consultaron al Fiscal de Turno de la Fiscalía de Bribrí qué
hacer, y éste les indicó que los dejaran detenidos a su orden para que fueran presentados ante
la Fiscalía al día siguiente. De esta forma, en horas de la madrugada los menores fueron
trasladados -mientras se les mantenía esposados- de la Delegación de Shiroles a la
Delegación de Bribrí, de manera que pasaron toda la noche en una celda de dicha Delegación.
Posteriormente, los detenidos comparecieron ante el Ministerio Público a las 09:55 horas del 7
de enero. Alega que el período de la detención fue desproporcionado e innecesario, puesto que
los amparados pudieron haber sido atendidos en forma inmediata, en vez de permanecer toda
la noche detenidos, o bien dejados en libertad en el entendido de diligenciar su presentación
posterior. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. Se declara sin lugar el recurso. SL

3168-10. NIEGAN AUDIENCIA PARA VISTA ORAL. Afirma la recurrente que por resolución
de las dieciséis horas del día tres de setiembre del dos mil tres el Juzgado Penal del Primer
Circuito Judicial de San José, dictó sentencia de sobreseimiento definitivo a su favor. Que el
Ministerio Público no conforme con lo resuelto, interpone recurso de apelación contra la citada
sentencia, motivo por el cual, la Juez que resuelve el asunto, le otorga un plazo a su persona y
defensa para referirse al mismo. Que en el escrito en el cual se responde la audiencia, se
solicita señalamiento para vista oral. No obstante, la juez omite realizar el señalamiento a vista
oral gestionado por su parte. Se declara con lugar el recurso. Se anula el voto No. 250-2009,
dictado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José a las 8:15 hrs. de 1° de
octubre de 2009. Se ordena fijar fecha, a la mayor brevedad posible, para la audiencia oral
solicitada por la defensa de la recurrente. CL

3172-10. PRISIÓN PREVENTIVA SIN RESOLUCIÓN QUE LA FUNDAMENTE. Indica la
recurrente que el 22 de enero del año en curso se procedió a dictar por parte del Tribunal
Penal recurrido, diez días de prisión preventiva en contra de sus representados. Señala que
como esos diez días debían contarse como naturales, el vencimiento de dicha prisión
preventiva corresponde al 31 de enero de este mismo año. Que dicho vencimiento fue
entendido igualmente por parte del Ministerio Público, motivo por el cual, el 28 de enero
pasado, el Fiscal solicitó prórroga de la misma con carácter de urgencia, en vista de que la
solicitud urgía al considerar que el plazo ordenado por 10 días a partir del 22 de enero de 2010,
vencía el 31 de enero del año en curso. Que dicho Tribunal por resolución de las veintiuna
horas y cuarenta y un minutos del 28 de enero de 2010, hizo caso omiso a la solicitud de
prórroga en grado de urgencia realizada por el Ministerio Público, y ordenó que la misma se
concedería en fecha señalada para debate, sea el 02 de febrero de este año, fecha para la
cual, el plazo de la medida cautelar se encontraría vencida. Por lo anterior, considera que los
amparados se encuentran ilegítimamente privados de su libertad. Se declara con lugar el
recurso sin ordenar la libertad de los tutelados. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

2894-10. JURISPRUDENCIA DE CASACIÓN EN CASO DE CONCURSO MATERIAL DE
DELITOS EN MATERIA PENAL JUVENIL. Acción de Inconstitucionalidad en contra de la
Jurisprudencia de Casación en caso de Concursos en Materia Penal Juvenil. Se cuestiona la
jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José,
reiterarla en las sentencias número 2009-0977 de las diez horas cincuenta minutos del cuatro
de setiembre del dos mil nueve, 2009-0906 de las ocho horas cuarenta minutos del veinte de
agosto del dos mil nueve, 2009-1227 de las nueve horas veinticinco minutos del nueve de
noviembre del dos mil nueve y 2009-1102 de las once horas veinticinco minutos del dos de
octubre del dos mil nueve; donde se establece que en el proceso penal juvenil, no existe
ninguna disposición similar al artículo 51 del Código Penal, que disponga el monto máximo de
la pena en caso de concurso material de delitos, resultando de aplicación únicamente lo
dispuesto en los artículos 22 y 76 del Código Penal, en cuanto a que la suma de las sanciones
no puede exceder del triple de la mayor. Considera la accionante que esa interpretación
vulnera los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica, derivados de los
artículos 39 y 40 de la Constitución Política, dado que a su juicio deben aplicarse como montos
máximos de la sanción, los previstos en los artículos 125 y 128 de la Ley de Justicia Penal
Juvenil. Asimismo considera que se lesiona el contenido de los artículos 11 inciso 2) de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, 15 apartado 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 40 inciso 2)
de la Convención de los Derechos del Niño y 56 de las Directrices para la prevención de la
delincuencia juvenil (Reglas de RIAD). En este caso, con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se rechaza por el fondo el recurso. RF

2665-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que dentro de la causa penal seguida
contra su representado, quien es una persona incapaz, se ordenó la prisión preventiva, se le
internó en el Hospital Psiquiátrico y se señaló fecha para juicio. Acusa que se señaló audiencia
y vista, pero se omitió notificar a la defensa, pese a que el recurrente había señalado medio
para recibir notificaciones, por lo que el cambio de medida cautelar que reclama, fue dictado sin
contarse con la presencia del recurrente y del amparado. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

2888-10. DETENCIÓN. Alega la recurrente que su representado fue detenido por oficiales de
la GAO Región Uno de San Miguel de Desamparados y puesto a la orden de la Fiscalía de
Trámite Rápido, fue indagado a las 24 horas de permanecer detenido y acusa que dos días
después fue resuelta la situación jurídica del encartado, lo que a juicio del recurrente, resulta
violatoria de los derechos de su representado. Con base en lasa consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


2654-10. DIRECTRIZ DEL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN
DEL INSTITUTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA. Alega la recurrente que
al amparado se le sigue causa penal, por el delito de Conducción Temeraria y el delito del que
se le acusa, se encuentra sancionado por el artículo 254 Bis del Código Penal, con una pena
de uno a tres años de prisión, de manera tal, que perfectamente se le puede dar solución a
esta causa penal, aplicándose el Instituto de la suspensión del proceso a prueba. Su defendido
compareció a la Audiencia Preliminar en el Juzgado Penal de Alajuela, oportunidad en que la
Defensa propuso que se le permitiera sujetarse a la Suspensión del Proceso a Prueba, pues
reunía requisitos para ello. No obstante la representante del Ministerio Público, argumentó que
por órdenes de la Jefatura del Ministerio Público, solamente se podía acceder a esa
proposición, si se donaba el vehículo del amparado al Estado. Aduce que el Código Procesal
Penal, en su artículo 25, no establece semejante condición como requisito sine qua non para
aplicar el instituto, de manera que el Ministerio Público y su Jefatura, atenta contra los
derechos de las partes y el derecho de libertad que establece el numeral 20 de la Constitución
Política. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza de plano el
recurso. RP

2576-10. NIEGAN LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS. Argumenta
el recurrente que desde hace dos años y medio dejó de figurar como demandado por concepto
de pensión alimentaria, lo anterior, en razón de que se le entregó la custodia de su hijo. Sin
embargo, la autoridad judicial competente no ha realizado los trámites pertinentes para ordenar
el levantamiento del impedimento de salida del país remitido en su oportunidad en su perjuicio.
Señala que ha solicitado ante la autoridad que tramitada el proceso alimentario que se
disponga el levantamiento de dicho impedimento, pero lo único que se le ha informado es que
el Juez que tramita la causa concede o no dicha solicitud, sea que queda a discreción de ese
Juzgador ordenar o no el levantamiento del impedimento. Manifiesta que al momento en que
requirió permiso de salida del país en Limón se le indicó que no se le autorizaba por la
existencia de dicho impedimento, no obstante, cuando acudió a San José a fin de que le
certificaran dicho impedimento, se le informó que no existía, lo que implica que en caso de que
requiera salir del país, debe necesariamente trasladarse desde Limón hasta San José a efecto
de que le certifiquen que no tiene impedimento alguno por concepto de pensión alimentarias.
Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación al principio de seguridad jurídica. Se
ordena a la Jueza de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica,
o a quien en su lugar tramite el expediente judicial número 98-700176-0474-PA, que de
inmediato, mediante nueva resolución, corrija la inconsistencia entre la resolución de las 11:05
horas del 6 de enero de 2010 y la comunicación al Registro Judicial del 7 de enero de 2010
(folios 341 y 343 de la copia certificada del expediente judicial número 98-700176-0474-PA
aportada por la autoridad recurrida). CL


2531-10. AUDIENCIA PARA CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR. Aduce el recurrente que el
20 de noviembre de 2009 el Juzgado Penal de Puntarenas decretó dos meses de prisión
preventiva contra los amparados. El 20 de enero del 2010, se realizó una audiencia de prórroga
de medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público, en la cual prorrogó la prisión por un
mes más. Pero por considerar que las circunstancias han variado el 21 de enero de 2010
gestionó un cambio de medidas, para lo cual pidió una audiencia oral, la cual fue señalada para
el 16 de febrero de 2010, cuatro días antes del vencimiento del plazo impugnado. Estima que
esto violenta los derechos de los amparados puesto que las autoridades deben escuchar en
forma pronta los alegatos de las partes, principalmente cuando está en juego la libertad
personal. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

1666-10. SANCIONES EN LA LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE. Acción de
Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 8689 del 04-12-2008, denominada Modificación de
la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317. Se cuestionan las sanciones existentes en
la ley impugnada, pues considera que no son proporcionales, pues son penas hasta de 3 años,
cancelación del permiso de caza y la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. La
Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Jinesta Lobo salvan el voto y ordenan darle curso
a la acción interpuesta contra los incisos a) y c) y el párrafo final del artículo 93; el inciso b) del
artículo 95 y el párrafo cuarto del artículo 89, todos de la Ley de Conservación de Vida Silvestre
No. 7317. En lo demás se rechaza de plano la acción. RF

1163-10. PLAZO CONVERSIÓN DE ACCIÓN PÚBLICA EN PRIVADA. Acción de
Inconstitucionalidad en contra del Artículo 20 del Código Procesal Penal. Considera el
accionante que la norma excluye la actuación del Ministerio Público, elimina la etapa
preparatoria, no hay control jurisdiccional de la conversión, el imputado no puede oponerse a la
conversión ni ofrecer o producir prueba, se limita el acceso a las medidas alternativas, la
víctima no está sometida al principio de objetividad y se le otorgan poderes decisorios, no
responde al principio de razonabilidad por el irrespeto al derecho de defensa en beneficio de
los derechos de la víctima, de carácter estrictamente privado, se irrespeta el principio de
proporcionalidad porque con la conversión se pretende beneficiar a la víctima en resguardo de
sus intereses patrimoniales y no en beneficio de la colectividad, la conversión incide en el
núcleo de derechos básicos que la Constitución Política establece como los mínimos
necesarios para otorgarle validez constitucional a un proceso sancionatorio dado y se omite
establecer un plazo para formular la solicitud de conversión de la acción pública en privada. En
este caso, se cita la sentencia 2326-02 y con base en las consideraciones dadas en el fallo, se
rechaza por el fondo la acción. RF

1165-10. APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL. Acción de
Inconstitucionalidad en contra del Transitorio I de la Ley 7594, artículo 3 de la Ley 5712 del
Código de Procedimientos Penales del 11 de julio de 1975, en relación a los artículos 31, 32 y
33 de la Ley 7594. El accionante considera que dichas normas son contrarias a los principios
de igualdad y aplicación de la ley más favorable, porque a las causas que se tramitan de
acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de 1973, se les aplican reglas de
prescripción distintas a las previstas en el Código Procesal Penal de 1998, que resultan más
favorables. Sobre el tema se citan las sentencias 5821-98, 5884-00, 11517-00 y con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo el recurso. RF


821-10. PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA ORAL. Indica la recurrente que en la causa
penal que se le sigue a su representado, el 26 de mayo del 2009, se llevó a cabo el
allanamiento, registro y secuestro en la casa de habitación y oficina y se dictó formal auto de
prisión preventiva por el término de 3 meses. Posteriormente, la prisión preventiva fue
prorrogada sin haber llevado a cabo la audiencia correspondiente. Se declara parcialmente
con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se anula el voto número 341-2009 de
las 13:30 horas del 10 de diciembre de 2009 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de
San José. Se le ordena al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José que
programe una audiencia oral para conocer el recurso de apelación planteado por el defensor
del tutelado, el 01 de diciembre de 2009. En los demás se declara sin lugar el recurso. CL
Parcial.

917-10. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Aduce el recurrente que el amparado
soporta medidas cautelares desde el 18 de diciembre de 2008, a las que se ha sometido
voluntariamente, pues ha cumplido al pie de la letra todas sus obligaciones. Explica que sin
embargo, el Juzgado Penal de Goicoechea, el 16 de diciembre de 2009, prorrogó la prisión
preventiva del amparado por seis meses sin que se citara a la parte afectada a una audiencia
previa oral o escrita -aún cuando la Fiscal había pedido con suficiente antelación la medida-,
con lo que se le impidió al imputado ejercitar su derecho de defensa. Además, la resolución se
limitó a copiar lo dispuesto en la solicitud formulada por la Fiscal, por lo que en ella no se
fundamentó adecuadamente la privación de libertad. Se declara parcialmente con lugar el
recurso, únicamente, por violación al derecho de defensa del tutelado. Se anula la resolución
de las 07:35 hrs del 16 de diciembre del 2009 del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San
José. Proceda de inmediato el Juzgado Penal recurrido que conoce la causa penal número 08-
003887-412- PE, a realizar la audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de las
medidas cautelares dictadas en contra del tutelado En lo demás, se declara sin lugar el
recurso. CL Parcial

811-10. ACTUACIONES DE JUEZ. RECUSACIÓN. Alega el recurrente que en una audiencia
de prórroga de la prisión preventiva, interpuso en forma oral la recusación contra la jueza
penal, con fundamento en el artículo 55 inciso f) del Código Procesal Penal, por haber
interpuesto la hermana del amparado una queja relacionada con esa funcionaria ante la
Inspección Judicial y se negó a referirse al asunto en la audiencia, bajo el argumento de que se
había pronunciado al respecto por escrito y que ello había sido notificado a las partes.
Considera que se quebrantó el principio de lealtad entre las partes y el principio de oralidad,
pues el recurso fue interpuesto de manera oral, con la prueba respectiva, y se resolvió por
escrito sin que la defensa tuviese conocimiento oportuno de lo dispuesto sobre el extremo,
dado que la juzgadora se negó a informarle sobre lo resuelto, y en su lugar continuó
resolviendo la prórroga de prisión preventiva señalada para ese día. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

691-10. NO TRASLADAN A PRIVADOS DE LIBERTAD A CENTROS PENITENCIARIOS
POR FALTA DE ESPACIO. Manifiestan los recurrentes que se encuentran detenidos en
celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, sin contar con las medidas básicas
necesarias, ya que son 62 privados de libertad hacinados y en condiciones insalubres. Señalan
que cuando consultan acerca del momento en que serán trasladados, se les indica que no hay
campo en los centros penitenciarios. Explican que no tienen colchones, cobijas, que tiene que
dormir en el cemento, no tiene atención médica a sus enfermedades, entre las cuales se
encuentran personas con gripe y con heridas. Indican que no tienen visitas de sus familiares y
que mucho menos ven el sol en ningún momento del día. Consideran que estar en las
condiciones dichas es un trato cruel y degradante, ya que inclusive los alimentos los han
llegado a recibir en mal estado. Refieren que algunas celdas tiene baño y otras no y que
inclusive hasta consumir agua se les dificulta, por cuanto los tubos se encuentran fuera de las
celdas y algunos permanecen cerrados y no se los quieren abrir. Se declara con lugar el
recurso en cuanto se dirige contra la Jefatura del Departamento de Cárceles del Segundo
Circuito Judicial de San José. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

728-10. PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA ORAL SIN PRESENCIA DEL DEFENSOR.
Aduce la recurrente que su defendido se encuentra privado de libertad en el Centro de
Atención Institucional La Leticia, en Guápiles. Señala que para el día diecisiete de diciembre
del año en curso, se programó vista oral, a fin de conocer sobre la prórroga de prisión
preventiva del encartado. Manifiesta que por un retraso que hubo, la misma se reprogramó
para la segunda audiencia, con el inconveniente que la co defensora del amparado se
encontraba en otra audiencia; no obstante, la Juez encargada decidió iniciar la vista sin su
presencia, dejando a los imputados en absoluto estado de indefensión. A pesar de lo descrito
se prorrogó la prisión del acusado por dos meses más, hasta el próximo 26-02-2010. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


742-10. PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA ORAL SIN PRESENCIA DEL DEFENSOR.
Refiere la recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se
programó vista oral a fin de presentar los alegatos de apelación de la prórroga de prisión
preventiva que se dictó. No obstante, a la hora señalada, y estando presentes el Juez, un
abogado particular, la fiscal y su persona, se apersonó una auxiliar judicial, quién informó que
la audiencia no se llevaría a cabo debido a que se había programado otra audiencia a la misma
hora. En virtud de lo descrito, se dirigió a la Sala 12 para atender otra vista oral que tenía la
cual inició en forma puntual. Acusa que en ese momento, recibió un mensaje de la Auxiliar
Judicial de la Defensa Pública, por medio del cual le informó que la estaban esperando en la
Sala donde se llevaría a cabo la vista del amparado, razón por la cual indicó que estaba en otra
diligencia y que por favor le dieran tiempo, en virtud de que la audiencia se había retrasado.
Manifiesta que a las diez horas y quince minutos se presentó a la Sala 4 y le informaron que la
audiencia se había realizado a las diez de la mañana, lo anterior en presencia del imputado y
en ausencia de su defensora pública. Considera que la actuación impugnada vulnera el
derecho de defensa del afectado, máxime que en la vista celebrada se prorrogó la medida
cautelar que se había impuesto. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del
amparado. Se anula el voto 852-2009 de las 10:10 horas del 21 de diciembre de 2009 del
Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Se ordena a la Jueza del Tribunal
Penal citado, tomar las medidas necesarias para que se programe de inmediato la audiencia
oral para conocer la apelación planteada contra la resolución que prorrogó la prisión preventiva
del amparado. CL

531-10. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS POR ANOTACIÓN DE DEMANDA JUDICIAL
Aduce el recurrente que en varias ocasiones en las que ha requerido salir del país se le ha
presentado una serie de inconvenientes, retrasos y dificultades, debido a que en el "Sistema de
Impedimento de Ingreso y Egreso de Costa Rica", que mantiene la Dirección recurrida, se
registra una anotación por mandato de la Alcaldía de Faltas y Contravenciones de Guadalupe.
Manifiesta que a pesar de la antigüedad y lo escueto del documento en cuestión, en la
Dirección accionada se le ha indicado que no se puede de oficio, ni a solicitud de parte,
levantar el impedimento de salida interpuesto por la autoridad judicial, lo cual únicamente lo
podría ordenar ese despacho. Indica que así las cosas y con la finalidad de colaborar con la
resolución de este problema, y para recuperar su tranquilidad y seguridad, y debido a que
según se le ha informado a la fecha no existe la Alcaldía de Faltas y Contravenciones de
Guadalupe, se ha presentado ante los Juzgado de Menor y Mayor Cuantía, así como a los
Juzgados de Cobros tanto del Primer como del Segundo Circuito Judicial de San José, a
investigar al respecto, y en cada uno de ellos se le ha dado la misma respuesta, sea, que al no
existir en esos despachos ningún asunto pendiente a                su nombre, se encuentran
imposibilitados para emitir alguna orden de levantamiento del impedimento de salida
reclamado; lo que implica que en todo el Poder Judicial no existe ninguna instancia que se
responsabilice por este asunto, a pesar de que resulta evidente que tal registro es el resultado
de la gestión de alguna de sus dependencias. Agrega que en igual sentido y
consecuentemente con lo dicho, al efectuar la consulta en el Sistema Informático General del
Poder Judicial, tanto por su número de cédula como por su nombre, se puede apreciar que
únicamente se registran varios expedientes relacionados con el Juzgado de Tránsito y también
se puede establecer con certeza que, todos y cada uno de ellos se encuentran en estado
"terminado. Señala que la anterior situación le ha ubicado en un estado de total indefensión
que no le permite poner fin a este obstáculo que limita y amenaza constantemente el disfrute
pleno de su libertad de tránsito. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director General
de Migración y Extranjería, que proceda de inmediato a eliminar de los registros de la
institución que dirige, la anotación que aparece con el número de cédula del amparado, que
fue ordenada originalmente por la Alcaldía de Faltas y Contravenciones de Guadalupe y que ha
sido objeto de este recurso. CL

501-10. DETENCIÓN. Alega la recurrente que por resolución del tribunal recurrido, a finales del
mes de noviembre de 2009 se decretó la rebeldía de su representado y se giró en su contra
una orden de captura y remisión a la cárcel. El día 25 de diciembre de este año, se hizo
efectiva esa orden con la detención del amparado en la localidad de Alajuelita. Posteriormente,
su defendido fue recluido en las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José,
aproximadamente a las diez treinta de la noche. No obstante, alrededor de las cuatro de la
tarde del 29 diciembre, cuando la recurrente se presentó a realizar una visita carcelaria en esas
celdas, en su condición de defensora de Turno Extraordinario, se percató que el amparado se
encontraba aún detenido sin que se le hubiera comunicado al Tribunal de Hatillo, Pavas, sobre
su detención. Refiere que se le comunicó que no se había recibido ninguna orden superior de
parte de la Jefe de Guardia que instruyera qué hacer sobre dicha captura, y además se le
informó de que el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial, Sede Suroeste, Hatillo, no
tendría personal disponible durante los días veinticinco, veintiséis, veintisiete ni veintiocho de
diciembre, por tratarse de días feriados, fin de semana y de asueto. De esta forma, para el 29
de diciembre, la detención del imputado todavía no se había comunicado al Tribunal
correspondiente por las razones antes apuntadas.Se declara CON LUGAR el recurso. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado
lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL.

635-10. COMISO DE INMUEBLES EN DONDE HABITAN MENORES DE EDAD. . Consulta
Judicial de Constitucionalidad en lo referente a los Artículos 83 y 87 de la Ley sobre
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas,
legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Las normas regulan lo relativo al
comiso de bienes y valores provenientes de acciones de narcotráfico, los cuales serán
trasladados al Instituto Costarricense sobre Drogas. Se consulta si el caso de que en un bien
inmueble que se comisa, en donde viven menores de edad, si no implica extender de manera
desproporcionada la sanción a terceras personas especialmente protegidas. . Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que los artículos 83 y 87 de la Ley sobre estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamiento del terrorismo, número 7786 del treinta de abril de mil novecientos
noventa y ocho y sus reformas no son inconstitucionales. Magistrado pone nota. Evacuada
134-10. RESEÑA POLICIAL. Alega el recurrente que el Organismo de Investigación Judicial cuenta
con un registro o tarjeta de identificación en el Archivo Criminal, en el que se encuentra reseñado el
amparado por haber sido investigado en una causa penal. La Sala ha analizado el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, considerando que no presenta roces con la
Constitución Política. Esta disposición normativa faculta al Organismo de Investigación Judicial a llevar
un archivo criminal que cuenta con las fichas y documentos, debidamente clasificados, de todas las
personas que en alguna oportunidad han comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos
responsables de hechos punibles ya sea de autoridades nacionales o extranjeras, pero a la vez le otorga a
esa información carácter confidencial, señalando que será para uso exclusivo del Organismo y de las
demás autoridades, de conformidad con lo dispuesto en numeral 41 de ese mismo cuerpo normativo.
Sobre el tema, se citan las sentencias 2805-98. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
rechaza por el fondo el recurso. RF

216-10. PRISIÓN PREVENTIVA. Manifiesta la recurrente que en contra del amparado se
tramita proceso penal con el entendido de que una vez vencido el plazo dispuesto como
medida cautelar de prisión preventiva, se dispuso su libertad, no obstante, un día después se
fijó hora y fecha para vista, ordenándose ampliar el plazo de dicha prisión preventiva, lo cual,
evidencia un gravamen irreparable en perjuicio de su representado, quién a la fecha
permanece privado de su libertad sin que exista fundamento para tal efecto. Señala que con
posterioridad se declaró ineficaz el auto por medio del cual se ordenó la libertad del amparado,
lo cual, no debe aplicarse en su perjuicio como se procedió. Se declara con lugar el recurso, sin
ordenar la libertad del tutelado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios
causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

74-10. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CASACION SOBRE LEY FORESTAL.
INVASIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN. Acción de Inconstitucionalidad en contra del
Artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal No. 7575. El accionante cuestiona la jurisprudencia del
Tribunal de Casación Penal, que interpreta el tipo penal previsto en el artículo 58 inciso a) de la
Ley Forestal, porque considera que es contraria a lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la
Constitución Política. Ello por cuanto, según señala, el Tribunal sostiene que la invasión a las
áreas de protección previstas en el artículo 33 de la misma Ley está contemplada en la
conducta tipificada. El accionante argumenta que la interpretación gramatical y literal de la
norma no es la que debería hacerse, sino que debe interpretarse de una forma histórica y
teleológica, en el sentido de que lo que se prohíbe es la invasión a áreas silvestres protegidas y
no a las áreas de protección. Indica que aunque el artículo 58 inciso a) se refiere a “área de
protección”, es evidente que el legislador utilizó ese término para referirse única y
exclusivamente a las áreas silvestres protegidas, pues son las únicas que se someten a una
categoría de manejo. La norma dispone que se impondrá prisión de tres meses a tres años a
quien: “Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de
manejo…”. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se estima que la
jurisprudencia cuestionada no infringe lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la
Constitución Política. RF

41-10. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que dentro de
la causa penal seguida contra su representado se decretó prisión preventiva por el plazo de 6
meses. Acusa que el dictado de esa medida cautelar se funda en el resultado que se obtuvo
con ocasión de la intervención telefónica efectuada en el celular del tutelado, prueba que
aparentemente lo ubicaba en el lugar de los hechos y lo ligan con la organización del robo.
Explica que tanto él como la Fiscalía apelaron la resolución de primera instancia, dada su falta
de fundamentación; no obstante, el Tribunal recurrido mantuvo la medida decretada, y lo que
hace es fundar un poco más dicha determinación. Refiere que aunque el Tribunal recurrido
reconoce que la prueba proviene de otra causa diferente a la que se sigue contra el tutelado
por robo agravado, sólo dice que se trata de prueba válida para incorporar a ese proceso.
Indica que en el presente caso, no existe razonamiento fundado que permita el uso del
resultado de esa intervención en la fundamentación de las resoluciones de prisión preventiva
impugnadas. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se condena
al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Voto salvado de la Magistrada Calzada. CL
37-10. PRISIÓN PREVENTIVA-AUDIENCIA. Acusa la recurrente que a sus representados se
les impuso medida cautelar de prisión preventiva. En resolución de las ocho horas treinta
minutos del veintisiete de noviembre del año en curso, el Juzgado Penal accionado a solicitud
del Ministerio Público revisó y dispuso mantener la medida cautelar impuesta a los amparados,
sin que se le otorgara una nueva audiencia a la defensa, eliminando la posibilidad de oponerse
a los argumentos que la Fiscalía adujo en su momento, y de esa forma, desvirtuar los mismos
por medio del ofrecimiento de prueba. La prisión preventiva se mantiene con el fundamento
jurídico de que el cuadro fáctico, los presupuestos y los peligros procesales no han variado y
que lejos de debilitarse al día de hoy se encuentran reforzados. Agrega que dicha resolución
carece de fundamentación, pues según su dicho no se han allegado al expediente medios
probatorios que demuestren la necesidad procesal de mantener a los amparados privados de
su libertad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el
recurso. Voto salvado de la Magistrada Calzada. SL

25-10. PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA ORAL. Manifiesta la recurrente que el seis de
noviembre de dos mil nueve presentó recurso de apelación contra la resolución que prorrogó la
prisión preventiva de su representado por dos meses más, hasta el tres de enero próximo.
Durante el emplazamiento del recurso de apelación otorgado, la defensa solicitó audiencia oral
para ampliar los alegatos de la apelación y presentar la prueba documental y testimonial que se
ofreció en dicho acto. Sin embargo, el Despacho Judicial recurrido ignoró dicha solicitud y
resolvió declarar sin lugar su gestión. Con dicho accionar se violentó en perjuicio de su
representado el derecho de defensa tanto técnica como material, a quien se le cercenó su
derecho a presentar pruebas útiles y pertinentes, y argumentar en favor del cambio de medida
cautelar de prisión preventiva, y la revocatoria de la resolución apelada, así como la posibilidad
de discutir sobre los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público. Se
declara con lugar el recurso. Se ordena a la Jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito
Judicial de San José tomar las medidas necesarias para que se programe lo antes posible la
comparecencia oral solicitada por el recurrente. CL

45-10. PRISIÓN PREVENTIVA. PROBLEMAS                    TÉCNICOS CON GRABACIÓN DE
AUDIENCIA. Señala el recurrente que por medio de resolución de las once horas con
veinticinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, se citó a audiencia oral para el
ocho de diciembre de dos mil nueve, con el fin de conocer solicitud de prórroga de prisión
preventiva por vencer el nueve de diciembre de dos mil nueve. Indica que la audiencia de cita
se llevó a cabo con normalidad, y mientras transcurría nunca fueron advertidos de problemas
técnicos en lo atinente a la grabación de la audiencia oral. Refiere que durante el desarrollo de
estas actuaciones, planteó una serie de argumentos de peso y situaciones importantes a favor
de la situación jurídica de la tutelada, pero pese a ello el Juzgado acogió la petición de la
Fiscalía, y procedió a prorrogar la medida por espacio de 2 meses, resolución que se dictó de
manera verbal y que supuestamente había quedado consignada en el sistema de audio.
Manifiesta que el 8 de diciembre, recibió un fax en el que se le comunicó la resolución de las
14:25 horas del 8 de diciembre, en la cual se consignó la necesidad de llevar a cabo un nuevo
señalamiento, en virtud que la primera audiencia no se había grabado, razón por la cual la
amparada quedó a la orden del Juzgado Penal. Acusa que de manera irregular y sin que
existiera una nueva comunicación al respecto, la nueva convocatoria fue suspendida, y en su
lugar la jueza recurrida dictó una determinación titulada Constancia de Realización de
Audiencia de Medida Cautelar, en la cual el Juzgado recurrido insertó un resumen lacónico,
omiso e impreciso de lo que aconteció en la audiencia, ya que ni siquiera se consignan los
alegatos y ofrecimientos que como defensor efectuó o la declaración de la imputada, por lo que
no quedó constancia fidedigna de lo que en realidad aconteció en ese acto. Apunta que al no
haber registro de la solicitud cuestionada, no tiene posibilidad de apelar el contenido de la
resolución que decretó la prórroga de la medida cautelar en mención. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

19113-09. HACINAMIENTO EN CELDAS DEL OIJ EN SIQUIRRES. Alega el recurrente que se
encuentra privado de libertad desde el veintitrés de noviembre del dos mil nueve en las celdas
del Organismo de Investigación Judicial en Siquirres. En atención de ello, el veinticinco de
noviembre pasado, personal de la Sección de Cárceles el Organismo de Investigación Judicial
de Guápiles le trasladaron al Centro de Atención Institucional La Leticia, donde no permitieron
su ingreso, pues la Directora no lo autorizó, argumentando que no había espacio en el centro,
pues el lugar estaba saturado y además que por orden judicial no podía ingresar más reos en
ese lugar. Señala que el personal de la Sección de Cárceles le mantiene desde ese día en las
celdas de esa institución en Guápiles. Aclara que le consta que han tratado todos los días de
ingresarle a algún centro penal, pero no le reciben, argumentan falta de espacio. Acusa que en
el lugar en que encuentra detenido no cuenta con los servicios mínimos necesarios para
satisfacer sus necesidades personales, si bien le dan alimentación, no ha podido bañarse, por
lo que su aseo personal está sumamente restringido, no cuenta con ropa limpia, colchonetas ni
cobijas para protegerse del frío por las noches, ni artículos de aseo personal, amén de que no
tiene contacto con su familia. Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra la Directora
del Centro de Atención Institucional Pococí, el Ministro de Justicia y el Director General de
Adaptación Social. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Jefe de la Sub-Delegación Regional
del Organismo de Investigación Judicial de Siquirres y el Jefe de la Delegación del Organismo
de Investigación Judicial de Pococí Guácimo, se declara sin lugar el recurso. CL


19013-09. DETENCIÓN. Señala la recurrente que el amparado fue detenido el 10 de
noviembre de 2009 y que se le obligó a rendir declaración indagatoria esposado. Asegura la
recurrente que él no es violento ni tampoco intentó fugarse, o causar daños a alguno de los
oficiales o a los bienes estatales a cargo y custodio de la policía. Argumenta que el oficial
custodió debió apegarse a lo estipulado en el artículo 61 del Manual de Procedimientos para la
Contención, Conducción e Intervenciones Corporales de Detenidos, el cual establece que en el
momento en que un privado de libertad deba rendir declaración en un despacho judicial,
someterse a algún tipo de examen médico, psiquiátrico, psicológico, o ser objeto de algún
peritaje u otra diligencia judicial, deben retirársele las esposas, salvo que las circunstancias
exijan lo contrario. Alega que a pesar de que su representado al inicio de la indagatoria estaba
a la orden de la Fiscalía, luego fue puesto en libertad y de todas maneras fue trasladado desde
Quepos hasta Parrita en calidad de detenido, para que firmara un libro que Seguridad Pública
tiene implementado y hasta después de eso fue dejado en libertad, de modo que fue privado de
su libertad de tránsito sin causa justa, pues su libertad siempre estuvo sujeta a la firma de
dicho libro. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

18764-09. NO EXPIDEN ORDEN DE LIBERTAD. Señala el recurrente que el amparado se
encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional San José. Aduce que el 13 de
noviembre del año en curso, se trasladó al amparado ante el Juzgado Penal de Heredia, en
razón de celebrarse una audiencia preliminar. Afirma que al momento de llevarse a cabo dicha
audiencia, el Ministerio Público solicitó la prórroga de la prisión preventiva y la defensa del
amparado pidió el cambio de medida, de manera que la Jueza Penal acogió la solicitud de la
defensa y ordenó la libertad del amparado y estableció la medida de firmar cada 15 días en ese
despacho judicial, así como la presentación de una certificación del domicilio y una constancia
patronal, las cuales debía presentar en un término de 24 a 48 horas. No obstante, alega que la
orden de libertad no fue enviada al Centro Penal aludido y a la fecha el amparado se encuentra
ilegítimamente privado de libertad, pues no existe ninguna causa pendiente en su contra.
Agrega que al comunicarse con la autoridad respectiva del Juzgado Penal de Heredia, le
informaron a su asistente que la orden no se había emitido, dado que a la fecha no se había
realizado depósito alguno, lo cual le preocupó, pues en la audiencia oral no se fijó una caución
real. Se declara CON LUGAR el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

18818-09. PRÓRROGA DE IMPEDIMIENTO DE SALIDA DEL PAIS. Indica la recurrente que
aún cuando el Tribunal de Juicio de Heredia, durante el período comprendido entre el 05 de
octubre al 06 de noviembre del año en curso, no dispuso prorrogar la medida cautelar de cita
en contra del amparado, sea que en apariencia no tenía restricción alguna en ese sentido -
impedimento de salida del país-, una vez vencida la anterior, simple y llanamente acordó
prorrogar la misma, cuando no era posible prorrogar una medida cautelar ya vencida. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

18769-09. AUDIENCIA PARA PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SIN LA
PRESENCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. Indica la recurrente que dentro de la causa penal
seguida a su representado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Indica que el
Ministerio Público solicitó la ampliación de dicha medida cautelar, aduciendo que se mantenían
incólumes los presupuestos fácticos que las originaron. A consecuencia de lo expuesto, el
Juzgado Penal recurrido por medio de resolución dictada el veinte de noviembre de dos mil
nueve prorrogó la medida cautelar impuesta por espacio de un mes. Sostiene que si bien la
ampliación de la medida fue solicitada con antelación al Juzgado Penal, dicha solicitud no fue
notificada a la defensora del amparado, a efecto de que pudiera pronunciarse sobre dicha
ampliación de la medida cautelar. Se declara CON LUGAR el recurso sin ordenar la libertad del
amparado. Se ordena al Juez Penal de Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José,
anular todo lo actuado a partir del señalamiento para discutir la prórroga de la prisión
preventiva del encartado, con el fin de volver a celebrar la misma nuevamente en presencia del
defensor público que representa al amparado. CL

18767-09. PRISIÓN PREVENTIVA- AUDIENCIA ORAL. Aduce el recurrente que por
resolución de las doce horas del dieciocho de octubre anterior, el Juzgado Penal recurrido le
impuso al recurrente dos meses de prisión preventiva, sin haber concedido la audiencia oral
obligatoria que contempla el Artículo 238 del Código Procesal Pena. Dicha decisión fue
impugnada por la defensa, pero por resolución de las seis horas del doce de noviembre
anterior, el Tribunal Penal recurrido confirmó la resolución de primera instancia. A su juicio
dicha decisión no le permite ejercer la debida defensa, por lo que su detención resulta
arbitraria. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se condena al
Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
CL

18803-09. PRISIÓN PREVENTIVA-AUDIENCIA ORAL. Refiere el recurrente que al amparado
se le impuso prisión preventiva, por lo que el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el
Juzgado Penal fijó audiencia para la revisión de la prisión preventiva de su representado. En
dicha audiencia, la Jueza que conoció del caso acordó imponerle dos meses más de prisión
preventiva a su representado, por lo cual la medida vencería el veinticuatro de enero de dos mil
diez. La resolución fue debidamente notificada en el momento y el accionante pretendía
apelarla al día siguiente, pero cuando se presentó ante el Juzgado Penal para que le gravaran
la audiencia del día anterior ya que tenía un término de tres días para impugnar la medida, se
enteró de que la Jueza Penal se incapacitó y que la audiencia dicha no había sido gravada,
todo lo cual le causa un gran perjuicio a su defendido, que quedó en una situación de
incertidumbre jurídica por cuanto no existe una resolución que ordene la prisión preventiva que
guarda. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del imputado. Se anula el acta
emitida por la Jueza Penal de Limón respecto de la audiencia efectuada el 24 de noviembre de
2009. Se ordena a la Jueza del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica,
que, en forma inmediata, señale la fecha y hora a fin que se realice la audiencia para conocer
la solicitud de cambio de medidas cautelares. CL

18804-09. HACINAMIENTO EN CELDAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN
JOSE POR EXCESO DE POBLACIÓN. Indica el recurrente que labora para el Poder Judicial,
destacado en las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José. Refiere que desde hace
varios años el Centro de Atención Institucional de San Sebastián recibía diariamente a los
privados de libertad; no obstante, por disposición del Ministerio de Justicia y Gracia,
únicamente, se aceptan pocos detenidos, lo que ha ocasionado el hacinamiento de privados de
libertad en las celdas de ese circuito judicial, causando un detrimento en la salud física y
psicológica, tanto de los privados de libertad, como del personal administrativo y de seguridad.
Se declara con lugar el recurso. Se les ordena al Ministro de Justicia, al Director General de la
Dirección General de Adaptación Social y al Subdirector General del Organismo de
Investigación Judicial, que coordinen y dispongan lo necesario -cada uno dentro del ámbito de
su competencia- para solucionar el problema de exceso de población en las celdas del
Segundo Circuito Judicial de San José a fin que se respeten los derechos de los privados de
libertad y del personal que labora en ese lugar. Se les advierte a los funcionarios abstenerse de
incurrir, nuevamente, en las conductas que sirven de mérito a la presente estimatoria. CL

18938-09. MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN LEGAL EN CASACIÓN. Aduce la
recurrente que a su representado se le impuso la pena de tres años con ejecución condicional,
por el delito de Infracción de la Ley de Psicotrópicos. Señala que el Ministerio Público interpuso
recurso de casación, el cual fue declarado con lugar. Añade que a raíz de la acogida de dicho
recurso, el Tribunal de Casación, modificó la calificación legal, para en su lugar tenerle como
coautor del delito y ordenó el reenvío únicamente para la fundamentación de la pena. Indica
que por resolución del Tribunal de Juicio de Heredia de las 10:45 horas del 05 de octubre del
presente año, señaló las ocho horas y trece horas con treinta minutos del día 17 de diciembre
del 2009, para la celebración de la fundamentación de la pena. Estima que la actuación del
Tribunal de Casación violenta el debido proceso y el derecho de defensa del amparado, ya que
la calificación se da en su contra, sin permitirle ejercer su defensa y lo coloca en peor situación
que la que tenía con la sentencia anterior, ya que no puede conocer ni defenderse sobre su
participación criminal en el delito acusado, lesionándose el principio de imputación. Con base
en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados
Calzada, Mora y Vargas ponen nota. SL


18939-09. PRÓRROGA DE MEDIDAS CAUTELARES- AUDIENCIA ORAL. Refiere la
recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su representado se le impusieron
medidas cautelares por un plazo de dos meses, mismo que venció el veinticuatro de noviembre
del presente año. No obstante, por medio de la resolución de las doce horas veinticuatro
minutos del veintitrés de noviembre anterior se prorrogaron dichas medidas, bajo el argumento
que se mantienen incólumes los presupuestos fácticos que las originaron. Acusa que a pesar
de que la prórroga de medidas fue solicitada con anterioridad, el Juzgado Penal no convocó a
la respectiva audiencia oral a fin de presentar los alegatos correspondientes. Estima que se ha
violentado el derecho de defensa del amparado, ya que no consta en el expediente que se
haya renunciado a la audiencia para conocer de dicha prórroga de medidas cautelares. Se
declara con lugar el recurso. En consecuencia, se anula la resolución de las 12:24 horas del 23
de noviembre de 2009 emitida por el Juzgado Penal de Nicoya y se ordena a ese órgano
jurisdiccional que de inmediato señale fecha de audiencia para resolver sobre la prórroga de
las medidas cautelares dictadas en contra del amparado. CL

18341-09. PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESO DE EXTRADICIÓN. Aduce el recurrente
que el amparado está detenido en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez
Echeverría, por un proceso de extradición en su contra. Señala que el Tribunal recurrido
mantiene ilegalmente privado de libertad al amparado, al haber expirado el plazo de dos meses
por el cual fue decretada la prisión preventiva. Considera que la situación jurídica del
encarcelado debió ser revisada por el Tribunal antes de la fecha del vencimiento del plazo de
los dos meses, pero eso no ocurrió y a la fecha, no se ha dictado ninguna resolución que
prorrogue la prisión preventiva. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago
de las costas daños y perjuicios que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

18335-09. PRISIÓN PREVENTIVA. NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA AL DEFENSOR. Acusa
el recurrente que el Juzgado recurrido impuso en contra de su defendido un año de prisión
preventiva que vence el 28 de octubre de 2009. Indica que la Defensora Pública, apeló dicha
resolución por escrito del 30 de octubre de 2009. Refiere que el imputado por escrito
presentado en el Juzgado recurrido el 03 de noviembre de 2008, le designó como defensor
particular, no obstante lo anterior, el Juzgado recurrido, por auto del 03 de noviembre de
2009, admitió el recurso de apelación pero no le notificó a su persona dicho memorial pues el
escrito en el que se le nombró como defensor particular no fue agregado en autos. Ante tales
circunstancias, no se apersonó a la audiencia realizada en el Tribunal recurrido y se confirmó
la prisión preventiva del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

18337-09. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Alega la recurrente
que en audiencia oral del 20 de octubre de 2009, el Juzgado recurrido dictó un mes de prisión
preventiva contra el amparado. Asegura que el 3 de noviembre de 2009, presentó un escrito en
el que solicitó una audiencia oral para cambio de medida cautelar por cambio de
circunstancias, misma que asegura no fue recibida por ese despacho por no encontrarse allí el
expediente. Asimismo, asegura que presentó en el mismo sentido un documento en la Fiscalía
de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, el mismo 3 de noviembre de 2009, que fue
agregado al expediente sin que se remitieran las actuaciones al Juzgado Penal para que
resolviera lo correspondiente. Asegura que verbalmente se le indicó que no podían dar traslado
al escrito por cuanto tenía que ser acusado y todavía no estaba firmada la acusación por el
Fiscal coordinador. Indica que el 16 de noviembre de 2009 presentó en el Juzgado recurrido un
nuevo escrito en el que solicitó cambio de medida cautelar, así como, la intervención urgente
del Juez de Garantías con el fin de que se ordenara al Ministerio Público la remisión del
expediente; sin embargo el 20 de noviembre , con la sola solicitud de la representante del
Ministerio Público, sin la realización de la audiencia oral solicitada y sin garantizar el debido
proceso, se prorrogó la prisión preventiva del amparado por un plazo de un mes. Se declara
con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se ordena al Juez Penal del Primer
Circuito Judicial de San José que conoce la causa penal número 09-014848-042-PE, a realizar
la audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de la prisión preventiva del tutelado
formulada por el Ministerio Público. CL


18340-09. PRISIÓN PREVENTIVA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Alega el recurrente
que al amparado lo detuvieron con otras dos personas en Pérez Zeledón el día 12 de junio de
2009, al involucrársele con una banda de crimen organizado. A consecuencia de lo expuesto,
el Juzgado Penal de Golfito le impuso seis meses de prisión preventiva al amparado, los cuales
fueron solicitados por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado del Primer Circuito
Judicial de San José. Dicha medida cautelar fue dictada careciendo de la debida
fundamentación, a pesar de lo cual fue confirmada posteriormente por el Tribunal de Juicio de
Golfito. Aclara que el día 13 de junio de 2009 se procedió a indagar a su representado, sin
embargo, no le pusieron en conocimiento las intervenciones telefónicas llevadas a cabo.
Menciona que el día 14 de junio de 2009 se llevó a cabo la audiencia para conocer de las
medidas cautelares solicitadas por el ente acusador y ese mismo día se le impusieron los
citados seis meses de prisión preventiva, resolución que es desproporcional y arbitraria.
Considera que con la intervención de las telecomunicaciones denunciada se irrumpió el
derecho a la intimidad del amparado. Acusa que detuvieron a su representado imputándosele
el encargo de transportar, comercializar y distribuir droga. Reitera que la resolución del 14 de
junio de 2009 es ayuna en cuanto a su fundamentación, pues no se cumple con los parámetros
establecidos en el artículo 142 del Código Procesal Penal. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. Se ordena el testimonio de piezas ante
el Tribunal de la Inspección Judicial para lo de su cargo, según lo consignado en el
considerando III de esta sentencia. SL


18525-09. TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD A CENTROS PENITENCIARIOS.
Aduce el recurrente que fue detenido por oficiales del Organismo de Investigación Judicial por
una orden de captura internacional emitida por los Estados Unidos de América, sin indicación
del delito por el cual se le perseguía, ni mostrarle documento legal alguno. Señala que fue
trasladado de los Tribunales de Santa Cruz a las celdas del Segundo Circuito Judicial de San
José, y desde el 2 al 13 de octubre de 2009, se le mantuvo detenido en las celdas del
Segundo Circuito Judicial de San José en condiciones infrahumanas, expuesto a humo de
fumadores, sin tener acceso al aire fresco, ni a la luz del sol. Agrega que desde el 7 de octubre
sufre de problemas respiratorios, alergia y asma, producto de la exposición a humo de cigarro,
por lo que ha solicitado ser visto por un médico, atención que no se le ha brindado. Indica que
fue hasta el trece de octubre del presente año que fue trasladado al Centro de Atención
Institucional de San José, donde permanece a la fecha. Se declara con lugar el recurso. Se le
ordena al Director General de Adaptación Social, abstenerse de incurrir, nuevamente, en los
hechos que dieron fundamento a la estimatoria de este recurso. Se condena al Estado al pago
de los daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
18520-09. PRÓRROGA DE MEDIDAS CAUTELARES- AUDIENCIA. Alega la recurrente que
en contra de su representado se tramita proceso penal, y que por medio de resolución de las
18:10 horas del 25 de agosto de 2009, el Juzgado recurrido ordenó una serie de medidas
cautelares en contra de su defendido. Aclara que dichas medidas fueron impuestas por el plazo
de tres meses, por lo que las mismas vencieron el día 25 de noviembre del 2009. Indica que el
día 20 de noviembre del año en curso el Ministerio Público solicitó la ampliación de las
medidas, aduciendo que se mantenían incólumes los presupuestos fácticos que las originaron.
A consecuencia de lo expuesto, el Juzgado Penal recurrido por medio de resolución de las 7:40
horas del 23 de noviembre de 2009 prorrogó las medidas cautelares impuestas. Sostiene que
la ampliación de las medidas fue solicitada con tiempo al Juzgado Penal y pese a ello no se
convocó a la respectiva audiencia oral, en la cual la defensa pudiera pronunciarse sobre la
ampliación de las medidas solicitadas. Se declara con lugar el recurso. Proceda el Juez del
Juzgado Penal de Nicoya que conoce la causa penal número 09-001903-414-PE a realizar la
audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de medidas cautelares del tutelado
formulada por el Ministerio Público. CL



18277-09. AUDIENCIA PARA CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR SIN PRESENCIA DEL
IMPUTADO. Manifiesta la recurrente que su defendido descuenta prisión preventiva desde el
siete de agosto de dos mil nueve en el Centro de Atención Institucional de Liberia, pese a que
su arraigo familiar es de San José. Indica que el dos de noviembre de este año esa
representación solicitó al Juzgado Penal recurrido la modificación de la medida cautelar y, para
tales efectos, se otorgó audiencia para el seis de noviembre de dos mil nueve. Sin embargo,
asegura que el día de la audiencia no se trasladó al amparado pues, según lo indicado por la
Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José, no tenían posibilidades de
traerlo. Menciona que pese a que presentó su inconformidad con la ausencia del amparado en
dicho acto procesal, el juzgador realizó el mismo, por lo que el amparado no pudo aportar
prueba de descargo a su favor y, por ende, se prorrogó el plazo de prisión preventiva por dos
meses más. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Juez Penal del Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, tomar las previsiones necesarias para que en el plazo de
tres días a partir de la comunicación de esta sentencia se celebre nuevamente la audiencia con
la presencia del amparado. Se ordena al Jefe de la Sección de Cárceles del Organismo de
Investigación Judicial, coordinar y dar las órdenes necesarias para hacer el traslado del
amparado para que atienda la audiencia al lugar y en la fecha que fije la autoridad penal. CL

18285-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Refiere el recurrente que por medio de resolución del 22
de mayo del año en curso, el Juzgado recurrido ordenó que el amparado guardara prisión
preventiva por un plazo de seis meses, contados a partir del 22 de mayo y hasta el 22 de
noviembre del presente año. De conformidad con lo anterior, el plazo de la prisión preventiva
venció el domingo 22 de noviembre, pero el imputado todavía continúa privado de su libertad
sin que se le haya notificado la existencia de una solicitud de prórroga de prisión preventiva
formulada por parte del Ministerio Público, o de una orden de libertad remitida por el Juzgado
Penal de Hatillo. De esta forma, es claro que el encarcelamiento que sufre su representado al
día de hoy es ilícito, por haberse vencido el término de la prisión preventiva y no existir orden
judicial que lo mantenga privado de su libertad. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


18286-09. PRISION PREVENTIVA EN CASO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. Alega el
recurrente que contra el amparado se sigue causa por infracción a la Ley de Penalización de
Violencia contra las Mujeres. Por resolución de las quince horas dieciséis minutos del diecisiete
de octubre de dos mil nueve, el Juzgado Penal de Heredia ordenó prisión preventiva por cuatro
meses. Para conocer el recurso de apelación contra esa resolución, se señaló vista oral el 6
de noviembre de 2009. El Tribunal Penal de Heredia confirmó la resolución por voto 452-2009
de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del seis de noviembre de dos mil nueve, la cual
indica que hay peligro para la víctima, pero no hizo referencia a los peligros contemplados en el
artículo 239 inciso d) del Código Procesal Penal. Señala que hay absoluta falta de
fundamentación, situación que incide en la libertad de tránsito del amparado, pues no se
cumplen todos los supuestos contemplados. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17960-09. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL MEDIANTE
ACTOS DE TRÁMITE. Acción de Inconstitucionalidad contra de la Aplicación de la Ley No.
6726. Considera la accionante que la norma cuestionada, en cuanto establece que la
prescripción de la acción penal se interrumpe con todos los actos procesales que se realicen
con posterioridad a la citación a juicio, vulnera los principios de proporcionalidad, seguridad
jurídica y derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Ello por cuanto, el plazo de extinción
de la acción se vuelve inexistente y los procesos imprescriptibles, siendo que todo proceso
penal debe tener un límite temporal. Asimismo, sostiene que se produce una vulneración al
principio de igualdad, porque los imputados a quienes se juzga con base en el Código Procesal
Penal vigente, sí tienen certeza en cuanto a los plazos de prescripción. El tema planteado por
la accionante, ya fue resuelto por esta Sala, en el sentido de que la norma no es
inconstitucional, en tanto, el hecho de que disponga que la prescripción se interrumpe con
todos los actos que se realicen con posterioridad a la elevación a juicio, no implica una
prolongación infinita del proceso, pues es claro que no se puede tratar de cualquier acto o
resolución, sino solo de aquellos que tiendan a la efectiva prosecución de la causa. Se citan las
sentencias 5821-98 y 11517-00 y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
rechaza por el fondo el recurso. RF

17174-09. DECOMISO DE PRUEBA Y DETENCIÓN. Alegan los recurrentes que son los
defensores particulares de los amparados y que solicitaron la recepción de unas entrevistas al
fiscal, el cual no accedido, por lo que ésta procedió a atender la diligencia que realizaría el
notario, con el fin de realizar preguntas concretas que le interesaba a la defensa. Establecen
que en forma arbitraria y violatoria de los derechos fundamentales del tutelado, dos oficiales del
Organismo de Investigación Judicial de Nicoya decomisaron la declaración jurada o entrevista
notarial que había tomado el notario, sin que estuvieran esos funcionarios presentes en el
momento de recibirla. Mencionan que ese mismo día, se apersonaron tres oficiales del
Ministerio de Seguridad Pública y los detuvieron, no se les permitió realizar llamada telefónica
alguna, mucho menos contratar abogado para que se apersonara ante la Delegación de
Nosara, lo cual fue aprobado por los funcionarios del O.I.J. y por el juez penal, quien conocía
la actuación arbitraria del Fiscal y estuvieron detenidos hasta que el juez resolvió las medidas
solicitadas. Asegura que fueron maltratados y no se hizo nada por ayudarles. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


17963-09. DEPORTACIÓN. DEBIDO PROCESO. Señala el recurrente que la recurrida ordenó
la deportación del tutelado y el respectivo impedimento de ingreso al país, resolución contra la
cual se presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y a pesar de ello, se envió al
amparado en el Centro de Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito de Hatillo para ser
deportado ese mismo día en la tarde, motivo por el cual increpó al encargado de ese centro, ya
que se procedió de esa manera a pesar de los recursos interpuestos, quien le indicó que no
existía ningún recurso presentado a favor del extranjero. Acusa que finalmente, resolvieron el
recurso de apelación que presentó sin concluir el plazo que le fue dado para escuchar sus
alegatos y sin tener a la vista los documentos referentes al caso. Se declara con lugar el
recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se anula la resolución número 2010-2009-DMG
del doce de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Ministra de Gobernación, Policía y
Seguridad Pública. Se ordena a la Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, dictar
la respectiva resolución del recurso de apelación con apego a las garantías integrantes del
derecho de defensa y debido proceso. CL


17927-09. DETENCIÓN. Alega el recurrente que el amparado es Oficial de Policía de la Fuerza
Pública de Heredia. Menciona que acudieron al llamado del servicio de emergencias 911, pues
habían algunos individuos que portaban chalecos antibalas, radios de comunicación y armas
de fuego, en las cercanías del Banco de Costa Rica de Heredia, por lo que al llegar al lugar se
comprobó la existencia de un vehículo que no estaba rotulado. Añade que uno de ellos se
identificó como agente del Organismo de Investigación Judicial y en tono agresivo les indicó
que se fueran del sitio. Sostiene que se comunicó con la central de comunicaciones a fin de
investigar si dicho automotor pertenecía a ese cuerpo policial, pero mientras esperaban la
respuesta, uno de éstos funcionarios le dijo al amparado que "moviera" la patrulla; en ese
mismo instante, lo empujó y procedió a golpearlo, decomisándose el arma de reglamento al
amparado. Aduce que también a él lo agredieron físicamente en repetidas ocasiones y se
llevaron al amparado en un vehículo sin identificación. Argumenta que el amparado estuvo
privado de su libertad por varias horas, pero por intervención de la Fiscal Adjunta de Heredia,
fue liberado. Se declara con lugar el recurso, únicamente en lo que respecta a la detención del
amparado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. CL


17930-09. SE DICTO AUTO DE APERTURA A JUICIO, A PESAR DE QUE EL DEFENSOR
ESTABA ENFERMO. Alega el recurrente que en su contra se dictó un Auto de Apertura a
Juicio, como producto de una audiencia preliminar que se celebró sin contar con la asistencia o
patrocino de un abogado defensor. Señala que debido a un quebranto en la salud, su abogado
defensor, no pudo atender la audiencia. Indica que se dejó una constancia médica en el
expediente, pues su abogado sufrió una crisis de Hipertensión Arterial. Aduce que al no contar
con un abogado, no pudo ofrecer prueba, presentar incidentes excepciones y elegir someterse
a un proceso abreviado si fuese el caso. Considera que en tales condiciones se vulneró su
derecho de defensa y debido proceso constitucional. Con base en las consideraciones dadas
en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


17931-09. EXTRADICIÓN. En este caso, se acusa la violación, en perjuicio del amparado, de
lo dispuesto en los artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política, ya que estima que la
prisión preventiva que sufre el amparado con fundamento en el proceso de extradición que se
tramita en su contra en el despacho recurrido, resulta ilegítima, toda vez que el amparado fue
juzgado y condenado en ausencia por el Tribunal Municipal de Praga, y el Tribunal Penal
recurrido no pidió al Estado requirente, al admitir el proceso de extradición y tramitarlo,
promesa formal de que el tutelado sería juzgado nuevamente en un proceso en que se le
garantizaran sus derechos fundamentales, como bien lo ha expuesto la Sala Constitucional que
debe ser (sentencia 1011-91 de este Tribunal), por respeto al sistema de garantías procesales
acogido por el procedimiento penal costarricense, amén de que la pena impuesta por el
Tribunal del país requirente permite la conmutación de la pena de multa a prisión, situación que
tampoco se pide a ese Estado que garantice al Tribunal en la solicitud formal de requisitos que
hizo el recurrido al Estado requirente. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. SL


17932-09. PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR CAMBIO DE FECHA DEL
JUICIO. Señala el amparado se le sigue la causa penal por el delito de robo agravado, en el
Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de San José, en la que se le se le impuso al amparado
la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses, misma que vence el día 27
de noviembre del año en curso. Lo anterior, en razón de que el amparado se encontraba en
estado de rebeldía. Aclara que en la misma resolución se fijó el debate para las 14:00 horas del
11 de noviembre de 2009. Alega que previo al debate la fiscal a cargo indicó que un testigo no
había podido asistir oportunamente y que era importante recibirlo, todo lo cual puso en
conocimiento del Tribunal recurrido y de la Defensa Pública. Sostiene que el Tribunal
accionado señaló que le era imposible fijar fecha de continuación, por lo que señaló el mes de
enero del 2010 como fecha de inicio del juicio. Lo anterior, pese a que se había apersonado un
testigo para iniciar el debate. Señala que presentó un recurso de revocatoria contra esta
imposición del Tribunal accionado. Alega que el traslado de la fecha del juicio no es por una
causa atribuible al imputado o la defensa. Sostiene que al amparado se le debió dejar en
libertad, o en su defecto, el juez competente debió señalar una fecha cercana para el inicio del
debate. Estima que el hecho de prorrogar la prisión preventiva en esas condiciones es
totalmente ilegítimo. Sostiene que en su criterio, el Tribunal de Juicio de San José está
privando ilegítimamente al amparado de su libertad, pues como ha quedado demostrado no
solo el debate fue suspendido por causas ajenas al mismo, sino que se prorrogó la prisión
preventiva de manera excesiva. Acusa que se debió resolver el asunto con prontitud, pues es
arbitrario dejar a una persona en prisión preventiva bajo el pretexto de la "saturación de
agendas", hasta el mes de enero del 2010. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

 17942-09. PRISION PREVENTIVA. Alega la recurrente que en su contra se ha dispuesto
prisión preventiva sin fundamentación alguna. Además, acusa que en apelación el Tribunal no
fue imparcial, al haber hecho diferencia con una de las imputadas a la que ordenó se podía
aplicar medidas alternas, no obstante el recurrente considera que su cliente está en la misma
situación jurídica que el resto de los imputados. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


17962-09. CONDENA EN TRIBUNAL DE FLAGRANCIA. El recurrente alega que se encuentra
disconforme, dado que el Tribunal de Flagrancia de forma errónea calificó el delito de
flagrancia, sin tomar en cuenta que el amparado no fue sorprendido por ninguna autoridad en
el lugar de los hechos, además, el amparado no aceptó de forma expresa la aplicación de un
procedimiento de flagrancia, pues el defensor público no le brindó la defensa adecuada.
Además, el Juzgado recurrido fundamentó la prisión preventiva, en razón de que el amparado
fue condenado a una pena de prisión, sin que la sentencia estuviera firme. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo el recurso. La Magistrada
Calzada salva el voto y ordena dar curso al Hábeas corpus. RF

17552-09. NO TRASLADAN A PRIVADO DE LIBERTAD A CENTRO PENAL POR FALTA DE
ESPACIO. Alega la recurrente que desde el 28 de octubre de 2009 se dictó en contra de su
defendido una orden de prisión preventiva por un lapso de tres meses. Afirma que desde su
detención se encuentra recluido en la sección de cárceles del Segundo Circuito Judicial de San
José, pues no le ha trasladado al centro penal correspondiente. Señala que le indicaron que
obedece a que la Dirección de Adaptación Social no les ha indicado lugar para trasladarlo.
Considera que las condiciones en la que se encuentra el amparado son inferiores a las que
podría tener en un centro penitenciario, pues en dicho lugar no se le permiten visitas, y se le
restringen sus artículos personales. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se
ordena al Director General de Adaptación Social, que disponga lo necesario para que los
detenidos en las celdas del Organismo de Investigación Judicial sean ubicados en el plazo de
un día en los centros de Adaptación Social. Se ordena al Jefe de la Sección de Cárceles del
Segundo Circuito Judicial de San José, que, DE MANERA INMEDIATA, gire las órdenes
necesarias y adopte las medidas pertinentes a efecto de suministrar cobijas y colchonetas que
se encuentren en adecuadas condiciones a los privados de libertad que permanecen en las
celdas de la Sección de Cárceles del Segundo Circuito Judicial de San José. CL

17546-09. DETENCIÓN. NO LE FUERON NOTIFICADAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Aduce el recurrente que a su representado se le siguió un proceso de violencia doméstica ante
el Juzgado Contravencional de Buenos Aires, y sin embargo, tanto esa resolución de adopción
de las medidas de protección, como la sentencia de primera instancia, no le fueron notificadas,
de manera que el amparado nunca llegó a enterarse que se habían ordenado tales medidas en
su contra. Acusa que el 27 de octubre de 2009, según consta en informe policial 36427-09 de
la Fuerza Pública de Buenos Aires de Puntarenas, recibió una denuncia telefónica en su
contra, según la cual se incumplía dichas medidas de protección. A raíz de tal denuncia, el
amparado fue detenido y permaneció privado de su libertad injustificadamente, toda vez que su
conducta fue atípica. No obstante, no fue sino hasta las 14:40 horas que fue indagado y
dejado en libertad. Con todo, acusa el recurrente que el amparado ya había permanecido
injustificadamente detenido 19 horas. Se declara parcialmente con lugar el recurso por
violación del artículo 37 de la Constitución Política. Se condena al Estado al pago de las
costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de
lo contencioso administrativo. CL

17530-09. PRISIÓN PREVENTIVA - AUDIENCIA ORAL. Acusa la recurrente que por
resolución del 02 de noviembre del 2009, el Tribunal recurrido rechazó el recurso de apelación
interpuesto contra la resolución del Juzgado Penal de Turrialba, que ordenó tres meses de
prisión preventiva en contra de su representado, alegando la inadmisibilidad de la impugnación.
Señala que el Tribunal recurrido, entró a conocer el recurso de apelación, analizando su
procedencia, sin conceder la audiencia oral expresamente solicitada por la defensa. Indica que
ese Tribunal estableció que el recurso de apelación carece de una debida fundamentación,
pues la defensora pública se limitó a indicar que "recurría la anterior resolución, por considerar
que había fundamentación indebida, lesionando los intereses de su representado. Estima que
el Tribunal de Juicio de Cartago violentó el derecho de defensa del amparado al impedir la
celebración de la vista oral que fue expresamente solicitada y en la cual se pretendía exponer
de forma detallada sus argumentos. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del
amparado. Se anula la resolución No. 2009-0868 de las nueve horas del dos de noviembre de
dos mil nueve del Tribunal Penal de Juicio de Cartago y se ordena a dicho Tribunal, que
proceda a programar y a celebrar de inmediato la vista oral respectiva, de tal forma que se
valore de nuevo la impugnación planteada por la recurrente, a favor del amparado, en contra
de la resolución de las catorce horas cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil
nueve del Juzgado Penal de Turrialba. CL

17526-09. DETENCIÓN. por los recurrentes en resumen: que a las 12:00 horas del 30 de
octubre del 2009, los amparados fueron detenidos bajo los cargos de violación, violación de
domicilio y otro, por parte de los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial y
trasladados a las celdas de ese Organismo ubicado en Puntarenas. Pese a que los encartados
fueron indagados por la Fiscalía Adjunta de esa localidad el 31 de octubre del presente año, su
situación jurídica no ha sido definida por el Juzgado Penal de ese circuito judicial, conforme lo
dispuesto en el numeral 237 del Código Procesal Penal, dado que, a las 19:19 horas del 31 de
octubre del año en curso, los amparados continuaban recluidos en dichas celdas, sin que
constatara en el expediente judicial una prórroga o disposición alguna que justificara la
privación de libertad de los amparados por un plazo mayor de 24 horas. Añade que se les
informó vía telefónica que la vista estaba programada para las 8:00 horas del 1 de noviembre
del presente año, lo que estima violatorio a los derechos fundamentales de los amparados. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


17527-09. PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA- VISTA ORAL. Alegan los recurrentes
que el Tribunal recurrido por voto número 858-09 de las ocho horas y treinta minutos del
veintiocho de octubre de dos mil nueve, rechazó los recursos de apelación interpuestos contra
la resolución del Juzgado Penal de Turrialba que ordena la prórroga de la prisión preventiva en
contra de sus representados. El Tribunal argumenta que los recursos de apelación carecen de
una debida fundamentación, pues a su juicio, ninguno de los Defensores señaló en qué
consistía la ausencia de fundamentación. Estiman que con dicha decisión se violentó
severamente el derecho de defensa de sus defendidos, pues se impidió la celebración de una
vista oral, en la cual las partes expondrían de forma detallada sus argumentos. Afirman que
resulta contrario a los lineamientos que promueven la oralidad dentro del proceso penal. Se
declara CON LUGAR el recurso sin ordenar la libertad de los amparados por violación al
derecho de defensa. Se anula el voto No. No. 858-09 de las 08:30 horas del 28 de octubre de
2009 del Tribunal Penal de Cartago debido a la omisión de resolver la solicitud de vista oral
presentada por los recurrentes. Se ordena a la Jueza del Tribunal de Juicio de Cartago o al
Juez de Juicio correspondiente a la causa 09-000238-067-PE, que se pronuncie sobre la
solicitud de vista oral presentada por los defensores de los amparados y posterior a ello
resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Juzgado
Penal de Turrialba de las 09:00 horas del 20 de octubre del 2009.CL

17538-09. PRISIÓN PREVENTIVA. PRUEBA. Alega el recurrente que la Jueza Penal de Santa
Cruz ordenó la prisión preventiva del imputado, posteriormente, se prorrogó la prisión
preventiva dictada, por el plazo de tres meses más, a vencer en fecha 20 de noviembre del año
en curso. Agrega que dicha resolución fue confirmada por el Tribunal de Juicio de Santa Cruz.
Acusa que las resoluciones que acordaron la prisión preventiva y la prórroga de la misma, han
sido fundamentadas en prueba obtenida en grave violación a principios y derechos
fundamentales y constitucionales de su representado. En criterio del gestionante con las
acciones tomadas se ha violentado el derecho fundamental a la defensa del amparado. Alega
que las resoluciones citadas se dictaron con fundamento en "un rastreo de llamadas y
reconocimiento fotográfico", realizados por oficiales del Organismo de Investigación Judicial,
que en su criterio resultó prueba ilegitima. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
17481-09. DETENCIÓN. Señalan los recurrentes que el veintiuno de setiembre pasado, al
recibir el servicio a las dieciocho horas, les indicaron que todos los oficiales que habían
participado en una detención de sospechosos de robo la noche anterior y que fueron indagados
ese mismo día en la mañana y puestos en libertad, tenían que presentarse ante la Fiscal
supuestamente para ampliar los hechos ocurridos durante la detención. Indican que no
obstante, al presentarse en la Fiscalía, se les indicó que estaban detenidos porque se habían
robado una computadora portátil. Alega que los mantuvieron detenidos por más de veinticuatro
horas sin que existiera denuncia alguna en su contra, y aún a la fecha no existe, por lo que
estiman que dicha privación de libertad resulta ilegítima y lesiva de sus derechos
fundamentales. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

17284-09. FALTA DE CONDICIONES EN CELDAS DE OIJ DE LIMÓN Y DE LA FUERZA
PÚBLICA DE BRIBRI. Refiere la recurrente que el amparado fue detenido el 22 de octubre del
año en curso. Indica que el 23 de octubre de 2009, el Juzgado Penal de Bribrí dictó la medida
cautelar de prisión preventiva en contra del amparado, por lo que desde el 22 al 27 de octubre,
ambas fechas del presente año, al amparado se le mantuvo en las celdas de la Fuerza Pública
de Bribrí, y desde el 27 de octubre anterior hasta la actualidad se le ha recluido en las celdas
del Organismo de Investigación Judicial de Limón. Acusa que ambos lugares carecen de las
condiciones mínimas necesarias para que un ser humano pueda permanecer privado de
libertad. Alega que dichas celdas son sumamente pequeñas, pese a lo cual a veces había más
privados de libertad en éstas. Además, ha dormido en el piso, no siempre se le ha permitido
bañarse, se le restringieron las visitas de sus familiares. Se declara con lugar el recurso. Se
condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

17509-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Manifiesta la recurrente que en contra de su representado
se dictó prisión preventiva por 3 meses. En ese sentido, indica que presentó recurso de
apelación en contra de la referida resolución y el Tribunal Penal de Limón, por resolución del 4
de diciembre del año 2007, concedió la libertad de su defendido y le impuso otras medidas
cautelares desde diciembre de 2007 a marzo de 2009- Asegura que el 25 de marzo del 2008
se fijó la fecha para la celebración del debate y el amparado acudió en forma puntual; sin
embargo, el mismo se extendió y se estableció su continuación para el día 13 de abril de 2008.
Indica que ese mismo día el Tribunal Penal de Limón declaró a su defendido autor del delito de
Venta de Drogas, le impuso una pena de 10 años de prisión, revocó su libertad y ordenó se le
impusiera una medida de prisión preventiva por seis meses, que vencía el 13 de octubre del
2009. Lo anterior, por cuanto dicho Tribunal consideró que al haberse dictado una sentencia
condenatoria se había quebrantado el Principio de Inocencia y se estimó que con la pena
impuesta el peligro de fuga se acrecentaba. Asegura que inconforme con dicha sentencia
interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito de San
José, y dicho Tribunal declaró con lugar el recurso de casación y anuló la sentencia y el
debate que la precedió. Alega que dicho Tribunal omitió manifestarse respecto a la prisión
preventiva, por lo que solicitó la adición y aclaración de la sentencia en mención. Indica que por
resolución de las 15:23 horas del 05 de octubre de 2009, el Tribunal de Casación Penal, acogió
la solicitud de aclaración formulada y dispuso prorrogar la prisión preventiva de su defendido
por cuatro meses sea del 13 de octubre del 2009 al 13 de febrero del 2010. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

17514-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Acusa el recurrente que el amparado sufre prisión
preventiva que vencía el 30 de octubre anterior. Señala que para efectos de conocer la
prórroga de la prisión preventiva el Juzgado Penal de Heredia, señaló las 17:30 horas del 29 de
octubre de 2009, una vista oral y privada, donde se conocería expresamente la solicitud
planteada por el Ministerio Público de Heredia Indica que realizada la audiencia, se señalaron
las 21:00 horas del 30 de octubre pasado, para efectos de dictar la resolución respectiva,
siendo que la Jueza de Turno decidió prorrogar la prisión de su representado, a lo que
inmediatamente planteó recurso de apelación y solicitud de declaratoria de ineficacia de la
resolución oral dictada por la Jueza de Turno, por falta de fundamentación de la misma y
solicitó una vista ante el Tribunal de Juicio de Heredia. Manifiesta que el Tribunal de Juicio de
Heredia señaló las 15:00 horas del 06 de noviembre anterior, para efectos de conocer los
recursos planteados, siendo que en virtud de haberse alegado ineficacia de la resolución por
falta de fundamentación, el Juez del Tribunal determinó la necesidad de escuchar la resolución
recurrida y dirimió para el lunes 09 de noviembre en curso, a efectos de notificar de manera
escrita la resolución a los recursos planteados. Alude que por medio de voto número 455-2009,
el Tribunal Penal de Heredia, declaró ineficaz la resolución recurrida y ordenó que en el plazo
de 24 horas se debía realizar nuevamente la audiencia indicando los yerros de la anterior, para
efectos de ser resueltos, pero mantuvo la prisión preventiva contra el tutelado sin que exista a
la fecha de hoy, resolución judicial vigente que sustente tal decisión. Se declara con lugar el
recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. CL

17199-09. SE ORDENA UBICACIÓN DE DETENIDOS EN CELDAS DEL SEGUNDO
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, EN LOS CENTROS PENALES CORRESPONDIENTES.
Acusa la recurrente que el amparado fue detenido el quince de octubre pasado por Oficiales
del Organismo de Investigación Judicial y el dieciséis de octubre en horas de la madrugada,
aproximadamente al ser la una, se le ordenó prisión preventiva por el término de un mes. Indica
que desde ese momento ha permanecido detenido, sea por espacio de diez días, en las celdas
de la Sección de Cárceles del Segundo Circuito Judicial de San José sin que se haya hecho lo
propio para ser remitido a un centro penal donde cuente con el acceso a todos los derechos
que aún como imputado y detenido deben reconocérsele, situación que está poniendo en grave
peligro su salud mental y física. Manifiesta que las autoridades de la Sección de Cárceles
recurrida se han limitado a indicar que no existen espacios disponibles en los centros penales
del país para que el amparado sea trasladado, mientras tanto se limitan sus derechos. Alega
que a la fecha el amparado tiene puesta la misma ropa interior y de vestir que llevaba al
momento de su detención, pues es un lugar que no tiene acceso para poder mantener ropa
consigo, pues para empezar es una restricción que impone la autoridad de ese lugar, y si bien
se le ha permitido ducharse en condiciones absolutamente mínimas de higiene, no ha podido
cambiarse de ropa, únicamente se le permitió el ingreso de una sábana, lo que evidentemente
no es suficiente para enfrentar las condiciones de humedad que se vive en dicho lugar, lo que
ha provocado que se enferme sin tener acceso a medicamento alguno que pueda impedir que
se agrave su enfermedad. Agrega que no tiene acceso a medios de comunicación, y sólo en
una ocasión ha podido llamar a sus familiares, amén de que no ha tenido comunicación física
con sus familiares, por lo que no ha podido recibir el apoyo necesario en su situación. De igual
forma deberán informar sobre la capacidad de espacios que existen diariamente para los
privados de libertad, así como la coordinación que se genera con la Sección de Cárceles del
Segundo Circuito al momento de dictar prisión preventiva en contra de los detenidos y el
traslado a Adaptación Social. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena
al Ministro de Justicia, y al Director General de Adaptación Social, que dispongan lo necesario
para que los detenidos en las celdas del Organismo de Investigación Judicial sean ubicados en
el plazo de un día en los centros de Adaptación Social. Se ordena al Jefe de la Sección de
Cárceles del Segundo Circuito Judicial de San José, que, DE MANERA INMEDIATA, gire las
órdenes necesarias y adopte las medidas pertinentes a efecto de suministrar cobijas y
colchonetas que se encuentren en adecuadas condiciones a los privados de libertad que
permanecen en las celdas de la Sección de Cárceles del Segundo Circuito Judicial de San
José. CL


17170-09. MEDIDAS CAUTELARES. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS. Manifiesta el
recurrente que el Juzgado recurrido le impuso las medidas cautelares de impedimento de
salida del país, por el plazo que dure la investigación hasta que se resuelva de manera
definitiva, dentro del plazo razonable para su tramitación. Indica que ha transcurrido más de un
año y aún la investigación no se ha realizado. Señala que se ha presentado dos veces por
semana ante el Ministerio Público y al Juzgado recurrido durante más de tres meses, sin
resultado alguno. Alega que hasta la fecha no se ha resuelto su situación, dejándole privado
de su libertad de movimiento sin justificación razonable. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. Voto salvado de la Magistrado Calzada
Miranda. SL
16867-09. SE ORDENA A CENTROS PENITENCIARIOS ESTABLECER PROCEDIMIENTOS
INTERNOS ADECUADOS, PARA EVITAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS QUE RETARDAN
PONER EN LIBERTAD A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Indica el recurrente
que el viernes dos de octubre el Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago le otorgó la
Libertad Condicional, acto que fue debidamente notificado ese mismo día al centro penal
accionado, sin embargo fue puesto en libertad hasta el cinco de octubre siguiente, de manera
que estuvo detenido ilegalmente durante tres días. Se declara con lugar el recurso. Se ordena
al Ministro de Justicia, que establezca en el plazo improrrogable de UN MES, contado a partir
de la notificación de la presente resolución, un procedimiento interno, para que los Centros de
Atención Institucional eviten la dilación en la puesta efectiva en libertad de los privados de
libertad que así lo requieran por orden judicial. CL

16870-09. PRISIÓN PREVENTIVA. DICTADA EN FORMA TARDÍA. Aduce la recurrente que
a su representado se impuso la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses, los
cuales vencían el 25 de octubre del año en curso. Ante dicha situación, el Ministerio Público
solicitó la prórroga de dicha medida ante el Tribunal de Puntarenas. Dicha autoridad
jurisdiccional, el 19 de octubre del año en curso, convocó vía telefónica a la celebración de una
audiencia oral, con el fin de resolver dicha petición, a realizarse el 20 de octubre siguiente.
Acusa que más de una semana después de haberse realizado la audiencia, el Tribunal
recurrido no ha dictado una resolución, oral o escrita que haga válida la detención del
amparado, por lo que éste se encuentra detenido de forma ilegal. Se declara con lugar el
recurso SIN ORDENAR LA LIBERTAD DEL AMPARADO. Se condena al Estado al pago de los
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

16869-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega la recurrente que dentro del proceso penal que
enfrenta su representado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por espacio de
tres meses, no obstante, el Juzgado Penal recurrido no ha prorrogado la prisión preventiva que
le fue impuesta y que vencía el dieciocho de octubre pasado, pese a lo anterior el amparado
permanece detenido. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

16499-09. NO TRASLADAN A PRIVADO DE LIBERTAD A CENTRO PENAL POR FALTA DE
ESPACIO. Alega la recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a los amparados,
se dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el término de tres meses y desde el
momento en que se dictó la privación de libertad, los encartados fueron trasladados a la
Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial, en espera de su ubicación en el
centro penal correspondiente. Sin embargo, hasta el día de hoy, se encuentran todavía en esa
sección, ya que no ha sido posible su traslado a centro penal alguno, porque las autoridades de
Adaptación Social aducen que no cuentan con espacio en centro alguno para su ubicación.
Manifiesta que específicamente en el Centro de Atención Institucional Sandoval, que resulta
ser el más cercano a ese Circuito, refirió su Director que no se admiten nuevos ingresos debido
a que por orden expresa del Juez de Ejecución de Limón y luego de que se realizara una
inspección, se determinó que dicho centro está sobre poblado en todos sus pabellones. Se
declara con lugar el recurso, y se ordena al Director General de Adaptación Social, tomar las
medidas necesarias para abstenerse de incurrir, nuevamente, en los hechos que dieron
fundamento a la estimatoria de este recurso. CL

16211-09. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Aduce el recurrente que contra su
representado se sigue causa penal y por esa razón fue detenido el 04 de agosto anterior.
Señala que el tutelado fue indagado ese mismo día al ser las 17:40 horas y al ser las 21:00
horas se llevó a cabo la audiencia solicitada por el Ministerio Público a fin de imponer medidas
cautelares. Indica que por medio de resolución dictada el 05 de agosto siguiente, el Juzgado
recurrido impuso al encartado la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un mes,
a vencer el 04 de setiembre siguiente, fecha en la que, al ser las 14:30 horas, se llevó a cabo
vista oral y que culminó con la prórroga de la prisión preventiva por un mes más, a vencer el 04
de octubre. Manifiesta que por medio de resolución de las 07:30 horas del primero de octubre
anterior, el Juzgado recurrido señaló a vista oral para las 09:00 horas del 05 de octubre del año
en curso, con la finalidad de conocer solicitud de prórroga de la prisión preventiva que hace el
Ministerio Público pero tal y como ya se indicó, la prisión preventiva del investigado venció
desde el 04 de octubre de 2009 y no fue prorrogada, motivo por el cual se encuentra
ilegalmente privado de su libertad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

16307-09. DELITOS DE TIPO ADUANERO. Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo
220 bis inciso c) de la Ley General de Aduanas. La norma se impugna en cuanto se considera
que viola los principios de proporcionalidad y culpabilidad. El primero pues contiene una
sanción penal elevada por una conducta que puede ser, en muchos casos, insignificante. La
norma no establece el monto a partir del cual se hace la gradación de la sanción. El artículo
211 de la misma Ley que regula una situación de hecho muy similar, dispone que la diferencia
entre multa e infracción penal es una suma de dinero determinada, mientras la norma
impugnada no establece el valor de la mercadería a partir de la cual la conducta se considera
delito. También estima el recurrente que viola el principio de culpabilidad pues la sanción es
igual a la de otras infracciones contenidas en la Ley General de Aduanas. Señala que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la pena debe guardar proporción con el bien
jurídico tutelado y el grado de culpabilidad con que actuó el sujeto, principios con los que esta
norma no cumple. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar
la acción. SL

16295-09. SOLICITA LIBERTAD PORQUE SU CASO FUE REENVIADO PARA
FUNDAMENTAR LA PENA. Alega el recurrente que a pesar de que su patrocinado cumplió
sentencia el veintiocho de septiembre del dos mil nueve por el delito de robo simple y en la
sentencia posterior, que se le condenó a dieciocho años de prisión por los delitos de tentativa
de homicidio calificado y robo agravado no se dictó prisión preventiva, se le mantiene privado
de su libertad, lo que considera ilegítimo y lesivo de sus derechos por lo que pide que se
declare con lugar el recurso y se ordene su inmediata libertad. Afirma que el caso fue
reenviado para efectos de fundamentar adecuadamente la pena impuesta. Sobre el particular,
se citan las sentencias 15646-05 y 11240-08 y con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15871-09. SE ORDENA EJECUTAR DEPORTACIÓN. Indica el recurrente que es de
nacionalidad colombiana y se encuentra recluido, desde el 08 de setiembre de 2009, a las
órdenes de la policía de migración en Hatillo, lo anterior, pese a que su deportación se
encuentra firmada y tiene los tiquetes para retornar a su país. Se declara con lugar el recurso.
Se ordena al Director General de Migración y Extranjería, que de inmediato interponga las
actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias para que dentro del plazo
de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación de esta sentencia, se ejecute la
deportación acordada en la resolución de dicha Dirección número 135-2009-1215-DPI-
PME/ebb. CL


15874-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Refiere el recurrente que dentro de
la causa penal que se sigue en su contra y en la audiencia celebrada el 12 de setiembre del
2009, el Juzgado recurrido le impuso su detención provisional en virtud de que consideró que
existe probabilidad de los hechos que se le investigan, y el peligro de fuga. Indica que el
Ministerio Público ni siquiera alegó que existía ese peligro procesal, pues consideró que el
peligro procesal existente era el de reiteración delictiva. Afirma que el Juez Penal rechazó
dicha petición. Agrega que su defensora recurrió esa resolución por considerar que existía una
flagrante violación al sistema acusatorio y a la imparcialidad que debe privar en ese tipo de
audiencias, elevándose al superior. Afirma que la vista en alzada se efectuó el 18 de setiembre
del 2009, donde se apersonaron las partes litigantes. Indica que en tales supuestos, las reglas
de la oralidad dictan la obligación ineludible de resolver inmediatamente la situación jurídica del
acusado, ello con el fin de proveer seguridad jurídica. No obstante, el Tribunal de alzada, pese
a que se ha vertido en innumerables ocasiones el deber de resolución oral inmediata, omitió
pronunciarse, dimitiendo su resultado para exponerlo por escrito. Señala que el Tribunal
recurrido dictó resolución de las 08:35 horas del 21 de setiembre del 2009, en el cual ordenó
su detención innecesaria por el plazo de tres meses. Se declara con lugar el recurso sin
ordenar la libertad del tutelado. Se anula el voto No. 304-P-09 de las 08:35 hrs. de 21 de
setiembre de 2009 del Tribunal del Primer Circuito Judicial de Puntarenas. Se le ordena al
Tribunal de Juicio de Puntarenas que programe una nueva audiencia oral para conocer el
recurso de apelación planteado por la defensora del tutelado. CL

15577-09.       SE     MANTIENE         PRIVACIÓN         DE   LIBERTAD      POR     PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS. Refiere el recurrente que dentro de la causa penal que se le sigue a su
representado se dictó resolución en la cual se le imponen una serie de medidas cautelares que
consisten en un mes de prisión preventiva o el pago de una caución por un monto de un millón
de colones. Agrega que como es de conocimiento general el depósito se debe realizar en la
cuenta del Banco de Costa Rica que se debe habilitar para dichos efectos, no obstante, al
apersonarse a cancelar el monto dicho en la entidad bancaria citada se le indicó que la cuenta
para ese expediente no se había abierto aún, razón por la cual no se podía realizar el depósito.
A consecuencia de esta situación procedió a llamar al Juzgado Penal recurrido, pero se le
indicó que el mismo ya se encontraba cerrado y que el órgano competente para conocer en
ese momento era el Juzgado Penal de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial. En virtud de
lo expuesto, procedió a llamar por teléfono al Juzgado de Turno Extraordinario accionado para
que le indicaran a qué cuenta debía hacer el depósito, sin embargo, el auxiliar respectivo le
indicó que ellos no eran los competentes, por lo que aunque depositara el dinero, no iban a
resolver sobre la libertad de su representado. Aclara que de manera inmediata solicitó hablar
con la Juzgadora respectiva, no obstante, dicha funcionaria se negó a atenderle y simplemente
el auxiliar judicial se limitó a reiterarle lo indicado. Asegura que a consecuencia de lo expuesto,
al momento de interposición de este recurso su representado sigue privado de su libertad, al no
existir un juez que se arrogue la competencia para abrir la cuenta necesaria para depositar el
monto solicitado. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños
y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción
contencioso administrativa.

15573-09. PRISIÓN PREVENTIVA CON BASE EN ESCUCHAS TELEFÓNICAS. Acusa el
recurrente que en contra de sus defendidos se sigue causa penal, y el Juzgado recurrido le
impuso a sus representados cuatro meses de prisión preventiva, utilizando como prueba los
fragmentos de escuchas telefónicas. En virtud de lo descrito, en fecha catorce de setiembre
pasado solicitó copia de dichas grabaciones ante dicho juzgado a fin de plantear en tiempo y
en forma el recurso de apelación correspondiente; no obstante, el dieciséis de setiembre del
presente año rechazó su petición, bajo el argumento que dicha prueba permanece en custodia
del Juez y de violarse la confidencialidad incurrirían en delito, sujeto a sanciones penales.
Considera que dicha actuación impide la defensa técnica de los imputados, toda vez que
niegan el acceso a la prueba que se utilizó para privarlos de libertad. Sostiene que sin la
prueba solicitada es imposible ejercer la defensa técnica de los encartados; y la medida
cautelar impuesta carece de razonamiento procesal y jurídico. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

15556-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Aduce la recurrente que se sigue causa penal en su contra
y que actualmente se encuentra recluida en el Centro Penitenciario El Buen Pastor cumpliendo
la medida cautelar de prisión preventiva de dos meses, la cual venció el 23 de setiembre del
2009. No obstante, a la fecha de interposición del recurso no se ha prorrogado la prisión
preventiva que le fue impuesta. Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago
de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los
que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo CL

15605-09. HACINAMIENTO EN CELDAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL. Indican los
recurrentes que están privados de su libertad en las celdas del Segundo Circuito Judicial de
San José, y que la sección referida superó la capacidad de las celdas, y se encuentran en
hacinamiento. Aseguran que la mayoría de los privados de libertad tienen más de siete días
desde que se estableció la prisión preventiva, y a la fecha no se les ha efectuado el traslado al
Centro Penal correspondiente. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se condena
al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a
esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. Nota Calzada y Vargas. CL

15653-09. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACIÓN. Refiere la recurrente que el Tribunal
de Juicio de Puntarenas, al actuar en alzada para resolver un recurso de apelación presentado
por el recurrente en contra de una resolución del Juzgado Penal de Puntarenas, no fundamentó
adecuadamente su decisión. Aduce la recurrente que, en primer lugar, la defensa técnica
discutió en la vista inicial, llevada a cabo ante el Juzgado Penal, que los elementos probatorios
existentes en ese proceso no eran suficientes para dictar una medida tan gravosa como lo era
una prisión preventiva. Incluso, se reclamó en esa audiencia que, de acuerdo a esos mismos
elementos de prueba, existían circunstancias que ponían en duda la versión de los
denunciantes. Sin embargo, a pesar de dichas argumentaciones, sin dar mayores razones
sobre su pronunciamiento, el Juzgado Penal ordenó la prisión preventiva de sus defendidos por
un lapso de tres meses, la cual fue recurrida por carecer esa resolución de una adecuada
motivación, al considerar que sufría vicios en cuanto a su debida fundamentación. Se declara
con lugar el recurso por falta de fundamentación de la resolución de las trece horas cuarenta
minutos del 21 de agosto del 2009 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de
Puntarenas, sin ordenar la libertad de los encartados. CL

15658-09. PRISIÓN PREVENTIVA. VISTA ORAL. Indica el recurrente que en contra de su
defendido se tramita proceso penal, a quien se le impuso una medida cautelar de prisión
preventiva de tres meses, los cuales vencieron el diecinueve de setiembre de dos mil nueve.
Refiere que el diecisiete de setiembre de dos mil nueve, se realizó audiencia oral ante el
Juzgado Penal, solicitada por el fiscal, a fin de que tal medida cautelar de prisión preventiva
fuera prorrogada, lo cual fue acogido y se prorrogó por el término de tres meses más, bajo la
tesitura de la falta de arraigo laboral. Señala que en la misma audiencia de medidas cautelares,
interpuso recurso de apelación en forma oral contra lo resuelto por el Juzgado Penal, y sería
ante la audiencia del Tribunal de Juicio accionado que se procedería a ampliar los argumentos.
Acusa que el Juez de Juicio fijó la audiencia y una vez iniciada la audiencia, procedió a
proponer prueba testimonial, la cual fue rechazada, argumentando que el testimonio se debía
proponer desde el momento de presentación del recurso, lesionando con ello el derecho de
defensa del tutelado. Explica que la fundamentación del Juez de Juicio vulnera el derecho de
defensa del amparado, por cuanto no conoció los motivos de la impugnación. Alega que si el
Juez de Juicio hubiera escuchado la audiencia de medidas cautelares, podría denotar que se
procedió a solicitar un cambio de medida cautelar por una medida sustitutiva a la prisión
preventiva, por lo que sí existiría la taxatividad objetiva que extraña el juzgador. Se declara con
lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se anula la resolución No. 306-P-09 de
las 11:05 hrs. de 21 de setiembre de 2009 del Tribunal de Juicio de Puntarenas y se ordena a
dicho Tribunal, que proceda a programar y a celebrar de inmediato la vista oral respectiva, de
tal forma que se valore de nuevo la impugnación planteada por recurrente, a favor del aquí
amparado, en contra de la resolución de las 10:00 hrs. de 17 de setiembre de 2009 del
Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Puntarenas, así como la prueba testimonial
ofrecida. CL

15659-09.PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que el 27 de octubre del 2008 el
Juzgado de Turno Extraordinario de San José ordenó, como medida cautelar, la prisión
preventiva en contra de los amparados, por el plazo de cinco meses que vencieron el 27 de
marzo del 2009.Seguidamente el 27 de marzo del 2009, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial
de San José prorrogó la prisión preventiva por seis meses más, a vencer el 27 de setiembre de
2009. En el mismo expediente que se tramita la causa, figuran dos imputados más, a quienes
se les venció el plazo de prisión preventiva desde el miércoles 23 de setiembre de 2009.
Acusa el recurrente que a la fecha, no existe solicitud del Ministerio Público, ni resolución del
Juzgado Penal, que prorrogue la prisión preventiva en contra de los amparados, quienes están
privados de su libertad sin que medie orden de un juez o autoridad competente. Se declara
parcialmente con lugar el recurso. Se anula la resolución dictada por el Juzgado Penal del I
Circuito Judicial de San José a las 16:15 hrs. de 29 de setiembre de 2009. Si otro motivo no lo
impide. En consecuencia, se ordena la libertad de los amparados, en todo lo demás, se
declara sin lugar el recurso. CL Parcial

15681-09. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Aduce el recurrente que contra su
representado se sigue causa penal, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión
preventiva desde el 30 de marzo del 2008 por parte del Juzgado Penal de Turno Extraordinario.
Aduce que a pesar que el Tribunal de Casación Penal ordenó mediante resolución de las once
horas treinta minutos del veinticinco de marzo del dos mil nueve, la prórroga extraordinaria de
la prisión preventiva por cuatro meses más, que vencieron el pasado 30 de julio del 2009.
Acusa que actualmente no existe resolución ulterior alguna dictada por parte del despacho
recurrido en relación con la prórroga de la prisión preventiva del tutelado. Se declara con lugar
el recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se ordena al Juez Coordinador del Tribunal de
Casación Penal, notifique de inmediato al amparado y a su defensor la resolución de las quince
horas treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil nueve, del Tribunal de Casación Penal
del Segundo Circuito Judicial de San José que autorizó la prórroga extraordinaria de la prisión
preventiva del imputado por el plazo de tres meses más y que vencen el 30 de octubre del
2009. CL

15340-09. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SIN ESTAR PRESENTE DEFENSOR
EN LA AUDIENCIA. Indica el recurrente            que el órgano jurisdiccional recurrido ordenó
prorrogar la medida cautelar impuesta en su contra sin estar presente en la audiencia su
abogado defensor, lo que estima un detrimento a su derecho de defensa. Se declara con lugar
el recurso. Se anula la resolución de las dieciséis horas treinta minutos del cuatro de setiembre
del dos mil nueve. CL

15120-09. DETENCIÓN. Alega el recurrente que el ocho de abril del dos mil nueve, se
encontraba ayudando a los bomberos en un incendio que hubo en Barrio Luján, y un policía lo
empujó, por lo que él le explicó lo que estaba haciendo, sin embargo lo tomaron del cuello, lo
arrojaron al piso, le pusieron las esposas y lo trasladaron a la caseta policial, donde lo
vapulearon y luego lo llevaron al II Circuito Judicial. Explica que el lunes siguiente, se presentó
en la Medicatura Forense para que lo valoraran, y quince días después recibió una llamada
para indicarle que se presentara en el centro hospitalario que le correspondía, por cuanto tenía
un hombro fracturado, situación por la cual acudió y le manifestaron que tenía una rotación de
ochenta grados y lo normal eran ciento ochenta, que si en noviembre no los había recuperado,
tenían que operarlo. Comenta que debido a esto no puede trabajar en cualquier cosa y que le
es difícil afrontar sus obligaciones económicas. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14940-09. PRISIÓN PREVENTIVA. FUNDAMENTACIÓN. Aduce la recurrente                      que al
amparado se le impuso una medida cautelar de prisión. Dicha resolución fue impugnada por la
defensa, al considerar que no se establecieron de forma clara y comprensible los motivos de la
prisión preventiva, sin embargo, el Tribunal Penal de Cañas confirmó la resolución dictada, al
considerar que existe peligro de Reiteración Delictiva. Acusa la recurrente que se están
vulnerando los derechos del amparado pues no se expusieron adecuadamente los hechos por
los cuales se dictó la medida cautelar. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. SL

14959-09. ATRASO EN LA TRAMITACIÓN DE LIBERTAD. Indica alegados por el recurrente
que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Que la imposición de tal medida fue
impugnada ante el Tribunal de Juicio de Pavas, quien señaló vista para conocer del recurso en
fecha 30 de julio de 2009. Agrega que durante la citada vista se recabó prueba determinante y
contundente a su favor, la cual le excluía de manera inexorable de la comisión de los hechos.
Sostiene que de tal magnitud fueron las probanzas evacuadas a su favor, que el propio
representante del Ministerio Público en una forma objetiva, procedió a manifestarse anuente a
que se le otorgara un cambio en la medida cautelar impuesta. Señala que el Tribunal de Juicio
de Pavas consideró que no existía causal alguna para mantenerle en prisión preventiva, por lo
que decidieron otorgarle su libertad sin imponerle otra medida. Acusa que inmediatamente
después de resuelta su libertad, el Tribunal citado procedió de manera diligente a remitir al
Juzgado Penal de Pavas la resolución que ordenó su libertad. No obstante lo anterior, sin
ninguna justificación válida y de manera arbitraria e ilegal, el Juzgado recurrido se negó de
forma negligente a remitir la orden de libertad al Centro de Atención Institucional de San José
de manera inmediata, por lo que aún y cuando el Tribunal de Juicio de Pavas le había
concedido la libertad, de forma ilegítima el Juzgado accionado le mantuvo en prisión preventiva
desde las 16:00 horas del día 30 de julio y hasta las 10:00 horas del día 31 del mismo mes y
año, sin que mediara para ello ningún motivo, únicamente la negligencia judicial. Se declara
con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los
hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia
de lo contencioso administrativo. CL
14966-09. DETENCIÓN DE MENOR DE EDAD. Alega el recurrente contra el menor amparado
se sigue proceso penal, y se encuentra detenido por orden de la Fiscalía Penal Juvenil del II
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, desde el 9 de setiembre de 2009, asimismo se
realizó la respectiva identificación al menor en la Fiscalía Penal Juvenil. Alega que
considerando la corta edad del menor, y que pasar una noche en las celdas resulta sumamente
traumático e incluso contrario a los principios y al espíritu de la Ley Penal Juvenil, realizó una
llamada telefónica a la Fiscalía que llevaba el caso, para informarle que hablaría con la Jueza
Penal Juvenil disponible para que les diera audiencia y se resolviera la situación jurídica del
menor de forma inmediata, por lo que llamó a la Jueza Penal Juvenil de Pococí disponible, y le
expuso la situación, ante lo cual indicó que si le presentaban la acusación ella efectuaría la
audiencia. Aduce que por lo anterior llamó nuevamente a la Fiscal Penal Juvenil, y no fue
atendido en ninguna llamada, Manifiesta a que el menor privado de libertad tiene apenas 13
años, y mantenerlo detenido para efectuar una audiencia otro día, cuando existen jueces,
fiscales y defensores públicos que pueden atender la diligencia es vulnerar los derechos
fundamentales de la persona menor de edad, en especial el interés superior del menor y el
derecho a recibir una respuesta en un plazo oportuno y expedito. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14384-09. ARRESTO POR DELITOS DE CALUMNIA O INJURIA POR MEDIO DE LA
PRENSA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Imprenta. Se impugna
el artículo 7 de la Ley de Imprenta, por considerar que infringe libertad de expresión y de
prensa, el derecho de información, el derecho de acceso a la justicia y los principios de non bis
in idem, razonabilidad y proporcionalidad, así como lo dispuesto en los artículos 8 incisos 1) y
2) y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el tema se citan las
sentencias, 2006-05977, 2008-016969, 1992-2996, 2006-05977, 2000-08191 y con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se concluye que no es inconstitucional la norma
impugnada y por ende, procede rechazar por el fondo la acción. Los Magistrados Calzada y
Vargas salvan el voto e interlocutoriamente declaran con lugar la acción. RF

14351-09. DETENCIÓN. Aducen los recurrentes que son oficiales de la Fuerza Pública, activos
y en servicio y que se les citó a la base, en donde se les indicó que quedaban aprehendidos
por orden del Asesor Legal y de los oficiales de la Inspectoría de la Fuerza Pública. Considera
que la aprehensión de las que son objeto es ilegítima y vulnera sus derechos fundamentales ya
que no están a la orden de autoridad judicial competente. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

14378-09. APREMIO CORPORAL POR ERROR. Indica el recurrente que le notificaron una
orden de apremio corporal en su contra por la falta de pago de pensión alimentaria
correspondiente al mes comprendido entre el 19 de julio de 2009 al 18 de agosto de 2009; sin
embargo, tal monto se encontraba cancelado. En ese sentido, indica que el 24 de agosto se
apersonó ante la autoridad recurrida con los recibos correspondientes con el fin de revisar su
expediente y se percató de que la solicitud de apremio corporal gestionada era en contra de
otra persona quien figura como demandado en otro expediente. Afirma que la autoridad
recurrida al percatarse del error cometido dejó sin efecto su orden de captura. Se declara con
lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con
los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. CL

14358-09. DETENCIÓN POR ATRASO EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Alega el
recurrente que en la Fiscalía de Bribrí se tramita causa penal en contra de su representado, en
la que apeló la prórroga de la prisión preventiva, la cual fue acogida y se declaró la libertad del
tutelado. No obstante, acusa el amparado estuvo privado de libertad ilegítimamente por
espacio de 3 días, porque no llegaba la orden de libertad. Se declara con lugar el recurso. Se
condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. CL

14356-09. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADA POR UN JUEZ QUE SE
HABÍA INHIBIDO. Aduce el recurrente que en la causa penal seguida contra el amparado se
inició en el Juzgado Penal de Grecia, el cual se inhibió para seguir el conocimiento del asunto
declinando la competencia en el Juzgado Contravencional del Grecia, despacho que realizó
varias actuaciones en la causa, sin embargo, este despacho también se declaró la
incompetencia por medio de resolución del 25 de mayo de 2009, enviando el asunto
nuevamente al Juez Penal de Grecia. En esta oportunidad el Ministerio Público solicitó al
Juzgado de Grecia la prórroga de la prisión preventiva y este despacho acogió la solicitud.
Considera que este hecho es contrario a lo dispuesto en la normativa que rige para tales
efectos, pues los actos judiciales posteriores a la excusa o recusación no son eficaces, razón
por la cual considera vulnerada la libertad personal del amparado. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


14350-09. DETENCIÓN. Manifiesta la recurrente que su defendido fue detenido, a fin de
practicarle un reconocimiento con dos testigos dentro de la causa penal; no obstante el
resultado fue negativo. Considera que a su defendido se le debió de poner en libertad, toda vez
que en el expediente no existe ninguna prueba que lo involucre en los hechos que se le acusan
y las huellas recolectadas también resultaron negativas. Sostiene que la Fiscalía Penal Juvenil
insiste en mantener al encartado privado de libertad bajo el argumento de ―por si aparece
prueba que lo involucre‖. Estima que la actuación impugnada lesiona el derecho de libertad del
amparado, por cuanto no existe elemento objetivo alguno que lo involucre. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

14379-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Manifiesta el recurrente que a él y a
otros imputados se les impuso prisión preventiva por el término de 4 meses, posterior al
vencimiento, se les ha venido prorrogando; no obstante, la última vez que se prorrogó no
fueron convocados a la audiencia, supuestamente, porque no fue posible localizarla. Aduce
que se le mantiene privado de su libertad sin respetarse el debido proceso, al haberse
realizado una vista secreta, únicamente, con la presencia de la fiscal y el juez. Se declara con
lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Proceda el Juzgado Penal recurrido que
conoce la causa penal número 09-200795-456 PE, a realizar la audiencia oral para conocer la
solicitud de prórroga de la prisión preventiva del tutelado, formulada por el Ministerio Público.
CL

14282-09. PRISIÓN PREVENTIVA. REBELDÍA. Manifiesta el recurrente que en proceso que
se tramita contra su representado, se declaró la rebeldía y se ordenó la captura del amparado,
con ocasión de lo cual éste fue detenido. Indica que a través de la resolución del 19 de agosto
de 2009 se ordenó la prisión preventiva por tres meses, determinación que fue notificada a la
defensa hasta el 31 de agosto, es decir, doce días después de emitida. Acusa que con la
actuación del despacho recurrido se retrasó en forma injustificada el ejercicio oportuno del
derecho de defensa del amparado, con lo que sus derechos fundamentales fueron
conculcados. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

14223-09. NOTIFICACION A IMPUTADOS DE RENUNCIA DEL DEFENSOR. Aduce la
recurrente que el Juzgado Penal de Garabito, conoció solicitud de prisión preventiva en contra
de los donde se dictó prisión preventiva por dos meses en contra de los tutelados, quienes
contaban con la asistencia de la defensora privada. Señala que dentro del término
correspondiente para apelar la prisión preventiva dictada, la defensora privada presentó ante el
juzgado recurrido la correspondiente apelación de la medida cautelar.               Indica que
posteriormente la defensora privada presentó formal renuncia ante el juzgado recurrido, y no
fue sino hasta el cuatro de agosto del dos mil nueve que se tuvo por admitida la renuncia de la
defensora y dentro de dicha resolución previno a los tutelados que debían nombrar otro
defensor de su confianza dentro del plazo de veinticuatro horas, misma que fue enviada a la
antigua defensa particular, a la Fiscalía de Garabito y a la Defensa Pública. Explica que dicha
prevención nunca fue puesta en conocimiento de los amparados, ya que no fueron llevados
ante el Juzgado Penal de Garabito para ser notificados ni se les notificó por medio de
personeros del Centro de Atención Institucional del Roble de Puntarenas, lugar donde se
encontraban estos recluidos. Con base en las consideraciones dadas en al sentencia, se
declara sin lugar el recurso. CL
14220-09. PRISIÓN PREVENTIVA SUPERA LA EVENTUAL PENAL. Alega el recurrente que
a su defendido se le prorrogó la prisión preventiva, situación que considera lesiona su derecho
a la libertad. Considera que de conformidad al artículo 257 inciso b) del Código Procesal Penal
el juez debe de poner término a la prisión preventiva, en todos los casos, cuando "…su
duración supere o equivalga el monto de la posible pena a imponer". Manifiesta que para
aplicar esa norma es necesario realizar un debate oral y público; sin embargo, la misma
responde a una necesidad jurídica, a saber, que se debe ponderar el estado procesal de
inocencia que favorece al imputado Agrega que la resolución del juez resulta irracional, toda
vez que ese plazo supera la pena privativa de libertad que podría ser impuesta en juicio al
imputado, ya que -en su criterio- la pena más alta que eventualmente se le podría imponer a su
defendido es de un mes. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara
sin lugar el recurso. SL

14222-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Señala el recurrente que los amparados se encuentran
privados de libertad por la medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Liberia por un
plazo de tres meses que venció el 27 de mayo de 2009. Que la Defensora Pública se
encuentra incapacitada, y se desconoce si existió una prórroga de la medida impuesta. Acusa
que tampoco se realizó una audiencia para la ampliación de la medida cautelar, por lo que
considera que los amparados se encuentran detenidos de forma ilegítima sin que medie orden
judicial. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL


14015-09. DESCUIDO DE ANIMALES. Consulta Judicial, relacionada con el artículo 130 bis
del Código Penal, en cuanto a la segunda frase de la norma dice ―para quien azuzare o soltare
un animal peligroso, con evidente descuido‖. En este caso se indica que la forma en que se
encuentra conformado el tipo penal, parece no cumplir con las exigencias del tipo de garantía
que es necesario e imperativo en un Estado de Derecho. Se evacua la consulta formulada en
el sentido de que el artículo 130 bis del Código Penal no resulta contrario a los principios de
lesividad y tipicidad. Los Magistrados Calzada y Armijo salvan el voto y declaran la
inconstitucionalidad de la norma consultada. Vargas Consigna nota. EVACUADA

14020-09. INSCRIPCIÓN DE ARMAS. Acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 62 de
la Ley 7530. Ley de Armas y Explosivos del 10-07-1995. La norma señala que toda persona
física podrá inscribir más de tres armas destinadas a la cacería, al tiro al blanco o al plato,
aunque sean del mismo calibre. Considera el accionante que la norma es contraria a los
principios de igualdad, Estado de Derecho y legalidad, por establecer el derecho de las
personas físicas para inscribir armas destinadas a la cacería, al tiro al blanco o al plato y no
establecerlo para las personas jurídicas. Se rechaza por el fondo la acción. RF

14028-09. ABANDONO DE LA DEFENSA Y SUS SANCIONES. Acción de inconstitucionalidad
contra los artículos 104 Y 105 del Código Procesal Penal. Las normas impugnadas regulan lo
referente a la renuncia y abandono de la defensa del imputado y las sanciones. Se estima que
el legislador omitió indicar las sanciones al defensor que ejerce la representación del imputado
en cuanto a la acción civil resarcitoria, el Tribunal dicta el abandono de la defensa sin tomar en
cuanta el criterio del imputado, se sanciona al defensor sin debido proceso, no se permite al
imputado escoger un defensor de su confianza. Sobre el tema, se citan las sentencias 10843-
01 y 11148-07. Se rechaza por el fondo la acción. En cuanto a la interpretación y aplicación de
lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal se rechaza de plano. La
Magistrada Abdelnour y Armijo salvan el voto y ordenan dar curso a la acción. RF

14019-09. SOLICITUD DE PLAZO PARA FINALIZAR INVESTIGACIÓN SÓLO SE PERMITE
AL IMPUTADO. Acción de Inconstitucionalidad, contra el artículo 171 del Código Procesal
Penal. La norma señala que cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado
indebidamente, le solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio que le fije término para
que finalice la investigación. Se acusa que sólo el imputado puede solicitar esta fijación del
término y no del representante de la víctima. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se rechaza por el fondo la acción. Los Magistrados Vargas y Jinesta salvan el voto y
ordenan darle curso. RF
14129-09. PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA NO ES NECESARIO HACER
AUDIENCIA. Indica la recurrente que a sus representados se les prorrogó la prisión
preventiva, decisión que fue tomada prácticamente en forma secreta entre la Fiscal y el Juez,
sin que los defensores pudieran manifestarse, sin una convocatoria previa de la defensa a una
audiencia, y sin la presencia de los imputados. Considera que de esa forma se les negó a los
imputados el derecho de ser escuchados los argumentos de la defensa y con ello, su defensa
material. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. Se establece que las prorrogas de medidas cautelares cuando pesan sobre los
mismos motivos por los cuales fue impuesta originalmente, no requiere la celebración de una
vista oral para discutir la necesidad de prorrogar la medida cautelar. SL Este criterio se varió
mediante sentencia 14380-09. PARA PRORROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SE
DEBE HACER AUDIENCIA. Aduce la recurrente, en su condición de defensora pública de los
tutelados, que se ha prorrogado la prisión preventiva de aquéllos sin que previamente se
convocara una audiencia oral para conocer de los motivos por los cuales el Ministerio Público
solicitaba tal prórroga, estimando que al no haberse realizado esa audiencia, se vulneraron
derechos fundamentales de sus defendidos, pues no se les permite ejercer debidamente el
derecho de defensa. En reiteradas ocasiones esta Sala ha indicado que la oralidad es una
forma de protección ciudadana y un instrumento básico para el ejercicio de una defensa
eficiente de los intereses del acusado, congruente con los principios esenciales que rigen el
procedimiento penal tales como el acusatorio, la contradicción, la inmediación de la prueba y,
en definitiva, la potenciación del derecho de defensa, la eficiencia y la celeridad del proceso,
razón por la que debe convocarse a una audiencia oral siempre que se trate de discutir temas
de trascendencia en una instrucción, dentro de los que, indudablemente, se encuentra el
resolver sobre la detención de los encausados. Así las cosas, es criterio de esta Sala que
resulta indispensable celebrar una audiencia, a menos que la defensa renuncie a ella
expresamente, cuando se requiera establecer si las razones que motivaron la detención
provisional inicialmente dispuesta, debe mantenerse por un mayor plazo, a efecto de conocer la
situación real del momento respecto de los motivos que fundamentaron el dictado de la
medida, en lo que las discusiones de las partes y la aportación de nueva prueba tiene radical
importancia. Así las cosas, al no aceptarse los motivos que aduce el juez ad quo para negar la
realización de la audiencia, ni comparte el hecho de que se hubiera dictado la prórroga de la
prisión preventiva de los tutelados sin escuchar previamente a la defensa o a los imputados, al
considerar que lleva razón la recurrente, al señalar que con esa omisión se lesionó el derecho
de defensa de los tutelados, lo procedente es declarar con lugar el recurso por violación al
derecho de defensa, debiendo en consecuencia ordenarse al Juez del Juzgado Penal de
Corredores que conoce la causa penal número 09-200795-456-PE, que proceda de manera
inmediata a realizar la audiencia oral para conocer la solicitud de prórroga de la prisión
preventiva de los tutelados formulada por el Ministerio Público y luego resolver lo que
corresponda, de acuerdo al mérito de los autos. CL


13862-09. APELACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que contra los
amparados se tramita una causa penal por el delito de Robo Agravado en el Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de Alajuela. Señala que el Juzgado recurrido dictó prisión preventiva
en contra de los encartados por el plazo de dos meses y procedió a apelar la resolución oral,
en forma también oral ante ese Juzgado, momento en el que expuso sus argumentos y en el
que solicitó la realización de una vista para ampliar sus argumentos, no obstante a la fecha, es
decir, mes y medio más tarde, no se le ha resuelto su gestión, denegándole con ello el derecho
de audiencia y doble instancia al que tienen sus representados. Se declara CON LUGAR el
recurso. Se ordena al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela remitir de forma
inmediata al Tribunal de Juicio de Alajuela el recurso de apelación interpuesto por el recurrente
el seis de julio de dos mil nueve en contra de la resolución de las dieciocho horas treinta
minutos del seis de julio de dos mil nueve, que ordenó como medida cautelar la prisión
preventiva de los amparados a efecto de que el recurso sea resuelto como en Derecho
corresponda. CL

13591-09. TIPICIDAD EN NORMA DE LEY DE ESTUPEFACIENTES. Consulta Judicial de
Constitucionalidad referente al Artículo 62 de la Ley número 7786 del treinta de abril de mil
novecientos noventa y ocho y sus reformas, ―Ley sobre estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y
financiamiento del terrorismo. Considera la Jueza Consultante que la norma es contraria a los
principios de legalidad y tipicidad, dado que no contiene una adecuada descripción de la
conducta típica, lo cual considera que es inusual en los delitos culposos, que según refiere, se
encuentran descritos de una forma específica en el Código Penal. Considera que la imprecisión
de la conducta proviene del hecho de que el tipo no indique la forma en que debe procurarse la
impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la
comisión de alguno de los delitos tipificados en esa Ley. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 62 de la
Ley número 7786 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho y sus reformas, "Ley
sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades
conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo", no es contrario a los
principios de legalidad y tipicidad. Evacuada


13244-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Alega el recurrente que en contra del
amparado se tramita causa penal y que el Tribunal de Juicio, en forma intempestiva y arbitraria
fijó la vista para resolver lo concerniente a la prórroga de la prisión preventiva, la cual se
celebró a pesar de que él, como su abogado defensor particular, no podía asistir a la misma en
virtud de tener otra diligencia que realizar a la misma hora, y que no obstante que solicitó el
atraso de la audiencia para poder representar al amparado en esa vista, no cedieron,
realizando la misma en ausencia de su defensor, dejando al amparado en total estado de
indefensión y fijando una prórroga de su detención por tres meses más que vencen el tres de
octubre de entrante. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del amparado, a
efecto que, DE INMEDIATO, el Tribunal Penal de Juicio de Heredia programe y celebre la
audiencia oral correspondiente a efecto de resolver, como en Derecho corresponda, la solicitud
de prórroga de prisión preventiva del amparado -en la que se deberán observar todas las
garantías del derecho al debido proceso-. CL

13206-09. DETENCIÓN EN CASO DE EXTRADICIÓN. Acusa el recurrente que el Tribunal
accionado dictó contra el amparado resolución número 98-2009 del 23 de marzo de 2009 por
medio de la cual ordenó la extradición del agraviado, otorgando dos meses al Estado
requirente para que realizara las gestiones pertinentes. Esta sentencia fue impugnada ante el
Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, el cual confirmó la
sentencia. Señala que el amparado se encuentra a las órdenes del Centro de Atención
Institucional de San José pero internado en la Clínica Católica por su estado de salud, además
ya venció el plazo que dictó el Tribunal recurrido para que el Gobierno requirente realizara las
gestiones pertinentes para que realizara la extradición, sin embargo a la fecha no se ha
realizado, por lo que considera que el amparado se encuentra detenido ilegítimamente. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

13081-09. CONCILIACIÓN EN DELITOS COMETIDOS EN PERJUICIO DE MENORES DE
EDAD. Consulta Judicial de Constitucionalidad referente al Artículo 36 párrafo 7) del Código
Procesal Penal. La norma consultada señala:“El tribunal no aprobará la conciliación… en los
delitos cometidos en perjuicio de las personas menores de edad.”. Considera la Jueza
Consultante que tal disposición infringe el principio de igualdad porque se restringe a la víctima
menor de edad, la posibilidad de decidir si desea aceptar una conciliación o no. Además, afirma
que se lesiona el principio de intervención mínima regulado en el artículo 40.3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, porque se obliga a someter al imputado a un proceso
penal que resulta más gravoso. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el
artículo 36 párrafo 7) del Código Procesal Penal no es contrario a los principios de igualdad e
intervención mínima. La Magistrada Abdelnour pone nota. Evacuada


12226-09. REVOCATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES. Señala el recurrente, que por
resolución de las tres horas quince minutos del veintiuno de mayo del año en curso, el Juzgado
Penal de Turno Extraordinario de San José le impuso a su representado medidas cautelares,
dentro de las cuales se encontraba no cometer más delitos. Por resolución de las catorce horas
del doce de junio de este año, a solicitud del Ministerio Público, se revocaron de forma
automática y sin dar audiencia a las partes, las medidas cautelares sustitutivas dictadas en
contra del amparado y en su lugar se impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el
plazo de tres meses. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. SL


12258-09. PRISION PREVENTIVA. DELITO DE FLAGRANCIA. Alega la recurrente, que a los
amparados se les impuso medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un mes por
parte del despacho accionado, que dicha medida fue impuesta de forma ordenatoria y
automática bajo el argumento de que es un delito en flagrancia. Además señala que a los
amparados se les ha quebrantado el derecho fundamental a la libertad, sin una debida
fundamentación y basado en un argumento que no es de aplicación en este proceso, como es
el establecer que por la existencia del artículo 239 bis del Código de rito, se debe aplicar la
medida de prisión preventiva, toda vez que puede ser aplicado únicamente en los
procedimientos especiales de flagrancia y no en uno ordinario.             Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


12260-09. PRISION POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Señala la
recurrente, que en contra del amparado se dictó una medida cautelar de privación de libertad
por un plazo de tres meses por el supuesto incumplimiento de una medida de protección.
Acusa la recurrente que el amparado no conocía de la medida impuesta y de la cual se le
atribuye el supuesto incumplimiento, por lo que considera que el despacho accionado resolvió
en su perjuicio, sin conocer en la audiencia celebrada si el imputado había sido notificado o no
de la medida de protección impuesta. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. SL

12194-09. OMISIÓN DE RESOLVER LA SOLICITUD DE AUDIENCIA ORAL SOLICITADA
POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO. Alega el recurrente, que ante el Juzgado Penal de
Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de San José se tramita causa penal por el delito de
robo agravado en contra del amparado, en donde se solicitó la realización de la vista oral; sin
embargo, se dictó formal auto de prisión preventiva en contra del amparado, por el término de 3
meses sin realizar la audiencia o vista oral solicitada, lo que limitó la posibilidad del ejercicio de
la defensa del encartado. Se declara con lugar el recurso por violación al derecho de defensa.
Se anula la resolución de las dieciocho horas del catorce de julio de dos mil nueve dictada por
el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José dentro del proceso penal seguido contra
el amparado, y se ordena la libertad, si otra causa legal no lo impide así como programar la
realización de la audiencia oral para conocer de la solicitud de imposición de medidas
cautelares efectuada por el Ministerio Público. Los Magistrados Vargas y Cruz salvan el voto y
declaran con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado. CL

12180-09. PRISION PREVENTIVA. AUDIENCIA. La Defensora acusa violación al derecho de
defensa de su representado toda vez que, a pesar de que el defensor público titular del
tutelado se encontraba incapacitado, a última hora se le llamó para asistir a una audiencia de
prórroga de prisión preventiva, sin tener la oportunidad de conocer el expediente, audiencia en
la que ni siquiera se había gestionado el traslado del recurrente, quien como encontraba preso,
no estuvo presente. También acusa que en el dictamen pericial solicitado por la defensa, no se
tomaron en cuenta los expedientes clínicos del recurrente de los deferentes Centros Penales,
sino únicamente el del Hospital Psiquiátrico. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

12200-09. RECHAZO DE RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN.
Alega la recurrente, que el amparado enfrenta un proceso penal por el delito de robo, causa
tramitada ante el Tribunal accionado. Señala que a finales de mayo de este año, se realizó la
vista oral con el objeto de conocer la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaba el
Ministerio Público en contra de su defendido, la cual fue dictada por el Juzgado Penal de San
José por el lapso de dos meses. Inconforme con dicha resolución, la petente apeló de la misma
para ante el Tribunal, oportunidad en que se renunció al término del emplazamiento con el
objeto de hacer más expedito el trámite. Posteriormente el Tribunal Penal convocó a vista oral
con el objeto de conocer los argumentos de la apelación; sin embargo indicó que declaraba
inadmisible la apelación por considerar que la misma no estaba fundamentada. Asegura que lo
anterior le causó un grave perjuicio a su representado, debido a que no solamente no se
escucharon los argumentos tanto de la defensa técnica como de la material, sino que además
no se escuchó la prueba testimonial que se citó para dicha audiencia, y ello incidió en su
libertad. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el
recurso. CL

12090-098. CRITERIO DE OPORTUNIDAD. Acción de Inconstitucionalidad contra de los
Artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal y por conexión los artículos 24, 297 inciso d) y
artículo 299 párrafo segundo del mismo cuerpo legal. Las normas impugnadas señalan que el
Ministerio Público o querellante también podrán solicitar criterios de oportunidad, lo que el
recurrente considera arbitrario y violatorio de los derechos fundamentales de los involucrados
en el proceso penal. Argumenta que la aplicación de los criterios de oportunidad, se da al
arbitrio del Ministerio Público y a la impotencia del juez, lo que estima, vulnera el principio de
reserva de ley. Asimismo, se aducen violados los derechos a la jurisdicción y a la justicia penal,
garantizados en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, el principio de igualdad
constitucional; los principios de justicia y equidad, el principio de independencia judicial y el
principio de reserva de ley. En la sentencia se analizan los aspectos generales sobre la
aplicación de criterios de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, entre otros temas y con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción. Los
Magistrados Calzada y Jinesta salvan el voto y ordenan dar curso a la acción. RF

11705-09. PLAZO DE AUDIENCIA. Acusa el recurrente que el Juez encargado de tramitar la
causa penal en contra del amparado, señaló para audiencia preliminar un plazo que no está
garantizando en el artículo 316 del Código Procesal Penal, pues sólo se le está concediendo
ocho días, cuando la ley dispone un plazo no menor a diez días y no mayor a veinte. Indica que
en el caso en concreto se afecta el derecho de defensa del amparado, ya que éste se
encuentra en prisión preventiva en Guápiles, y resulta casi imposible visitar al privado de
libertad para preparar la defensa en ese corto plazo. Aclara que solicitó al Juez accionado la
suspensión del señalamiento; sin embargo, fue informado de que se mantenía la fecha para la
celebración de la audiencia. Solicita que en virtud de lo anterior se declare con lugar el recurso,
y se ordene a la autoridad recurrida señalar la audiencia preliminar respetando el plazo
establecido en ley. En este caso, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recuso. SL

13076-09. MENOR DE EDAD. DETENCION DE MENOR. Alega el accionante que el
menor de edad amparado, estuvo detenido durante cinco horas sin estar a la
orden ni del Juzgado Penal Juvenil ni de la Fiscalía Penal, situación que no le
permitió ejercer su derecho de defensa. Asimismo acusa que el menor fue
detenido sin que se realizara trámite alguno en su contra. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
11697-09. PRISION PREVENTIVA. Alega el recurrente que se encuentra privado de su libertad
por el delito de Estafa y otros, en el cual se fijó fecha para el debate; sin embargo, para ese día
el amparado salió del país y aún cuando se le comunicó a la autoridad judicial, se declaró la
rebeldía y se ordenó su detención, dictándosele una prisión preventiva por el término de 3
meses, la cual vence el 23 de setiembre del presente año. Argumenta que presentó recurso de
revocatoria, el cual le fue declarado sin lugar y asegura que la misma es sin fundamentación
alguna y que la fecha del debate se señaló para el 13 y 14 de octubre del presente año. Ante
tal situación, afirma que ha solicitado otras medidas alternas distintas a la privativa de libertad,
pero éstas no han sido consideradas por dicho Tribunal. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia se declara parcialmente con lugar el recurso sin ordenar la libertad del
tutelado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

11710-09. NEGATIVA A PERMITIR INGRESO DE DISCOS (CD) NO PERMITE ACCESO A
SENTENCIA. Alega el recurrente que es un privado de libertad ubicado en el Centro de
Atención Institucional La Reforma que está inconforme con el voto N° 614-2009 de las 09:30
horas del 2 de julio de 2009, que lo condenó a 5 años de prisión por los delitos de Estafa y
otros. Dictada la sentencia y leída en su totalidad, el Tribunal le indicó que si deseaba una
copia debía enviar a alguien por el CD o bien acceder el sistema de datos del Poder Judicial.
Sin embargo, el 14 de julio de 2009, el recurrente no pudo ver el video para casar técnicamente
la sentencia porque en el centro penal indicado no dejan entrar un CD. Alega que se coarta su
acceso a la justicia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin
lugar el recurso. La Magistrada Abdelnour pone nota. SL

11592-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Manifiesta el recurrente que el Tribunal de
Juicio de Liberia condenó a su defendida por el delito de venta de drogas, a ocho años de
prisión, sentencia contra la cual el recurrente presentó un recurso de casación, y desde
entonces, el recurso de casación no ha sido resuelto. Por resolución del Tribunal de Juicio de
Liberia se le prorrogó la prisión domiciliaria a la amparada hasta por seis meses más, que
vencían el 21 de julio de 2009, pero el Fiscal solicitó al Tribunal de Juicio que se revocara el
arresto domiciliario y se le impusiera a la amparada prisión preventiva. Alegó que ella había
salido de su domicilio el diez de junio de dos mil nueve, en horas de la noche y fue detenida por
oficiales del Organismo de Investigación Judicial de Liberia. Al respecto, se realizó la audiencia
oral en el Tribunal de Liberia donde rindió declaración testimonial la madre de la amparada,
quien explicó que en el Hospital de Liberia le dan tratamiento por hernia hiatal y gastritis
crónica, pero no le habían sido entregados los medicamentos correspondientes, entonces,
aquella noche sintió un malestar muy grande, no podía caminar y le pidió a la amparada que
fuera a la farmacia a comprarle el medicamento denominado buscapina, que aplacaría su
dolor, pero al momento de ir a realizar la compra, la amparada fue detenida. Indica el
recurrente que el Juez no le dio crédito a la situación de urgencia argumentada y por resolución
196-09 de las doce horas cinco minutos del once de junio de dos mil nueve, revocó la medida
cautelar de arresto domiciliario e impuso prisión preventiva por tres meses que vencen el 10 de
septiembre de 2009. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad de la acusada. Se
ordena al Tribunal Penal de Liberia la reposición de la audiencia que conoce la solicitud de
cambio de medida cautelar del amparado incoado por la Fiscalía de Liberia, y la acreditación
de la misma mediante los medios técnicos pertinentes. CL

11598-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega la recurrente que al amparado se le sigue causa por
el delito de Estafa de Seguros y otros. Que por esa razón, desde el veintitrés de octubre de dos
mil ocho, se encuentra en prisión preventiva. En razón de que ese tipo de delito es de índole
patrimonial, la Defensa ha procurado un arreglo conciliatorio o reparación integral del daño,
pero hasta la fecha no ha sido posible, pues el Ministerio Público argumenta que el proceso
está en investigación, y además, la Auditoría del Instituto Nacional de Seguros, no concluye la
investigación que les corresponde, aunado a ello, argumentan que podrían aparecer otros
expedientes administrativos. Estima que mantener privado de libertad al amparado mientras se
realiza la investigación en su contra y por si acaso aparecen más hechos, resulta contraria a
sus derechos fundamentales. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL


11403-09. DETENCIÓN DE EXTRANJERO POR ORDEN DE MIGRACION. Manifiesta el
recurrente que el amparado, quien es ciudadano estadounidense y de quien desconoce las
demás calidades, permanece injusta e inhumanamente cautivo en el Centro de Aseguramiento
recurrido que la Dirección General de Migración y Extranjería tiene ubicado en Hatillo. Indica
que la Embajada Americana, al querer renovar su pasaporte se lo retuvo a consecuencia de
una confusión sobre el nombre de pila de su representado. En virtud de la situación expuesta,
el amparado tiene más de ciento veinte días privado de su libertad ambulatoria y a la orden del
Poder Ejecutivo, lo que considera contrario a lo establecido en los artículos 48 de la
Constitución Política y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se declara con
lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios, los que se liquidarán
en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL

11400-09. EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN. Indica la recurrente que se encuentra detenida
en la cárcel del Buen Pastor, esperando se ejecute una orden de deportación hacia su país de
origen, España, dictada en su contra. Su hija, recién nacida, se encuentra a su lado. Aún
cuando la orden de deportación fue girada, la misma no ha sido ejecutada, lo cual le causa un
grave perjuicio, pues no puede alimentar correctamente a su hija, como si lo podría hacer en su
país de origen, donde cuenta con su familia. Dado que la orden de deportación ya fue girada,
debería ejecutarse; de lo contrario, debe ser puesta en libertad. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL
11099-09. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE FLAGRANCIAS. Consulta Judicial en lo
referente a los artículos 426, 428 y 430 del Código Procesal Penal. El Tribunal consultante
señala que al decretar el estado de flagrancia, se aplica únicamente el procedimiento especial
de flagrancias, el cual no ofrece las mismas garantías procesales del proceso ordinario, pues
genera una violación al debido proceso, por no tener dicha resolución recurso de apelación, lo
mismo sucede con la prisión preventiva que es una medida gravosa que implica la privación
de libertad, además considera que viola el principio de privacidad de las actuaciones e
inocencia y el principio de imparcialidad del juez. Se evacua la consulta en el sentido de que
los artículos 426, 428 y 430 del Código Procesal Penal no infringen los principios de debido
proceso, imparcialidad y objetividad del juzgador. Evacuada.


10895-09. DEFENSA NO PUDE APELAR PRISION PREVENTIVA PORQUE AUDIENCIA NO
FUE GRABADA EN FORMA COMPLETA. Manifiesta la recurrente que dentro de la causa que
se le sigue a su representado el Ministerio Público pidió vista ante el Juzgado Penal accionado
a fin de solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia fue
celebrada el dieciocho de junio de los corrientes, oportunidad en que el recurrido le impuso dos
meses de prisión preventiva al amparado, la cual impugnó al estimar que la misma contenía
vicios en la fundamentación. Acusa que el Juzgado accionado fijó a las diez horas del
diecinueve de junio de dos mil nueve, para realizar la audiencia para conocer del cambio de
medidas cautelares. Dicha audiencia se realizó con la participación de todas las partes, y sin
embargo, se les indicó que ―de la vista de la prisión sólo existen seis minutos de grabación‖, los
cuales corresponden a una parte de la intervención de la fiscal, y que por ende no existe más
alegato de la Fiscalía que los seis minutos de la grabación, por lo que no existe registro de la
oposición de la defensa, ni mucho menos existe la resolución del Juez que ordenó la a prisión
preventiva del amparado. Indica que la situación generó que no fuera posible realizar la
apelación de la prisión preventiva, lo que implica que su representado se encuentre preso en
estos momentos de una forma ilegítima ya que no existe formalmente ni legalmente una
resolución que lo pueda mantener detenido. Reitera que en este caso no se encuentra
registrada la audiencia de forma completa en el registro oficial de grabación del Juzgado Penal
de Corredores. A pesar de la existencia de una minuta en el legajo de medida de dicha vista,
lo cierto es que, esta no suple la resolución, ya que una minuta no tiene las características de
una resolución ni contiene la información que pueda contener una resolución, y es por ello que
en este caso el Juez que realizó la vista con este error generó la inexistencia de la resolución,
lo que se agrava por el hecho de que el amparado está detenido sin resolución y no existe la
posibilidad de recurrir esa detención en apelación. Se declara con lugar el recurso. Se anula la
resolución dictada en forma oral por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona
Sur, Sede Corredores en la audiencia realizada a las 18:45 horas de 23 de junio de 2009, por
la cual confirmó la prisión preventiva decretada en contra del amparado. Asimismo, se anula la
constancia emitida por el Juez Penal de Corredores respecto de la audiencia efectuada el 18
de junio de 2009 para la imposición de medidas cautelares solicitadas en contra del imputado.
En consecuencia, se ordena la libertad inmediata del amparado, si otra causa ajena a la
examinada en el sub lite, no lo impide. Se ordena al Juez Penal de Corredores, que, en forma
inmediata, señale fecha y hora para realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares
en contra del encartado. CL

10936-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Manifiesta el recurrente que a solicitud del
Ministerio Público, el Juzgado Penal del Primer Circuito de San José prorrogó la medida
cautelar de prisión preventiva decretada en contra del amparado. El recurrente impugnó la
medida por motivos que posteriormente expuso en la audiencia de vista oral, ante el Tribunal
Penal de San José. Por medio de resolución de las catorce horas del tres de junio del año en
curso, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial se rehusó a conocer dicha apelación, bajo
el argumento de que existía "una imposibilidad técnica", con lo que contravino los principios de
justicia pronta y cumplida, debido proceso y derecho a una doble instancia. En su lugar, ese
Tribunal remitió el asunto al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial para que resolviera la
solicitud de prórroga de prisión preventiva. El Juzgado Penal notificó a las partes las partes
fecha y hora de la realización de la audiencia preliminar, pero sin embargo, pese a que ambas
partes se presentaron a la audiencia preliminar, ésta no se llevó a cabo porque el Tribunal
Penal no había devuelto el expediente de la causa, lo que hacía imposible al juzgador conocer
del caso y resolver al respecto. Se declara parcialmente con lugar el recurso sin ordenar la
libertad del amparado. En consecuencia, se anula el voto número 137-2009 de las 15:00 horas
del 8 de junio de 2009 emitido por el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de
San José y se ordena a este órgano jurisdiccional que de inmediato señale fecha de audiencia
para resolver el recurso de apelación planteado por el accionante contra lo resuelto por el
Juzgado Penal de ese mismo circuito a las 9:45 horas del 8 de mayo de 2009. CL Parcial

11097-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Alega el recurrente que en la sumaria seguida en contra
del amparado se aplicó el beneficio de casa por cárcel. No obstante en fecha cinco de junio del
presente año se revocó dicha medida y se dictó prisión preventiva en su contra, la cual a juicio
del recurrente es infundada toda vez que no se apegó a las reglas del correcto entendimiento
humano, no se respetaron los principios de necesidad e idoneidad de la medida. Acusa que el
Juez de Juicio consideró que al dictar la medida de casa por cárcel, se le cercenaba el derecho
a trabajar, y con ello estarían en presencia de falta de arraigo laboral y en lugar de dictar
medidas menos gravosas que le permitieran al ofendido trabajar le dictó la prisión preventiva.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

10934-09. PRISIÓN PREVENTIVA. APELACIÓN. Aduce el recurrente que contra el amparado
se tramita causa penal por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, y que el Juzgado
Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela ordenó la libertad del amparado, al estimar que
durante el operativo que culminó con su detención, la participación del agente encubierto
estuvo viciada. El Ministerio Público apeló la decisión, la cual se declaró declarar con lugar, sin
fijar el plazo de la prisión, pues hizo la delegación de esa labor en el juez penal con la única
finalidad de que la defensa pudiera apelar sólo contra ese extremo, y seguidamente el Juez
Penal impuso al amparado el tanto de dos meses de prisión preventiva, a través de una
decisión carente de fundamento. Apeló lo resuelto y le señalaron vista, a la que no puedo
asistir, por esa razón no resolvieron su apelación. Se declara parcialmente con lugar el recurso
sin ordenar la libertad del tutelado. Se anula el voto No. 248-2009 de las 16:15 hrs. de 26 de
junio de 2009 del Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela y, en consecuencia, se le
ordena al juez competente de dicho Tribunal que se resuelva, como en derecho corresponda,
el recurso de apelación interpuesto por el defensor el 11 de junio de 2009. En lo demás, se
declara sin lugar el recurso. CL Parcial

10734-09. PRISIÓN PREVENTIVA. EXTRADICIÓN. Alega la recurrente que se han presentado
en contra de la amparada diligencias de extradición, y ante tal situación se interpuso un recurso
de apelación, el cual está en conocimiento del Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito
Judicial de Alajuela. Señala sobrepasa los 12 meses de prisión preventiva, sin que a la fecha
las autoridades judiciales recurridas definan su situación jurídica. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

10727-09. DETENCION POR MAS DE VEINTICUATRO HORAS. Aduce el recurrente que en
el Juzgado recurrido se tramita la causa penal en la cual figuran como imputados los
amparados. Indica que fueron detenidos el 10 de mayo del 2009 a las 15:50 horas y que fue
hasta el 11 de mayo a las 19:30 horas que les fue resuelta su situación jurídica, es decir 28
horas después de su detención. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto se
dirige contra la Fiscalía de Bribrí, por la violación del derecho protegido en el artículo 37 de la
Constitución Política. En lo demás se declara sin lugar el habeas corpus. Se condena al Estado
al pago de daños y perjuicios, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo
contencioso administrativo. CL

10541-09. APLICACIÓN DE CONDUCTA QUE NO ESTA DENTRO DEL TIPO PENAL.
Acción de Inconstitucionalidad en contra del Artículo 158 Inciso A de la Ley Orgánica del
Banco Central de Costa Rica No. 7558. A juicio del accionante, el texto referido infringe los
principios de legalidad y tipicidad criminal, establecidos en el artículo 39 de la Constitución
Política, dado que en la descripción de las conductas se utilizan términos abiertos que dejan al
juzgador la competencia de establecer el tipo penal, función que corresponde al legislador.
Afirma que no se precisan vocablos tales como “registros”, “composición de activos
contingentes”. Además, argumenta que el segundo párrafo es indeterminado al señalar que si
los hechos se realizaren por “culpa grave inexcusable”, la pena se reducirá a la mitad. Aduce
que el elemento ―culpa grave inexcusable” no se explica dentro de los elementos del tipo y la
teoría del delito, dejando oscuro para los administrados, cuál es realmente la conducta
penalizada. Sobre el tema se citan los votos 1877-90, 1877-90, 3184-93, 13159-07. Con base
en las consideraciones expuestas en la sentencia, se rechaza por el fondo la acción al considerar
que la norma impugnada no es contraria a los principios de legalidad y tipicidad criminal. RF

10548-09. SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Acción de
Inconstitucionalidad en contra del Artículo 259 inciso a) del Código Procesal Penal.
Considera el accionante que la norma es violatoria del principio de libertad previsto en el
artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el 48 de la
Constitución Política, al no computarse dentro del plazo de la prisión preventiva el tiempo en
que el procedimiento esté suspendido a causa de la interposición de un recurso o acción ante
la Sala Constitucional. Sobre el tema se cita la sentencia 3901-04 y con base en esto y otras
consideraciones, se rechaza por el fondo el recurso. RF

10547-09. IMPOSIBILIDAD DE APELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA ETAPA DE
JUICIO. Acción de Inconstitucionalidad en contra de los Artículos 256 y 452 del Código
Procesal Penal. Alega el recurrente que las normas impugnadas no prevén la posibilidad de
apelar la prisión preventiva dictada en la fase de juicio. Esta Sala se ha pronunciado en
relación con el tema planteado, al señalar que no existe un derecho a la doble instancia en
relación con todas las resoluciones que se dictan en el proceso penal, y que por ello, no resulta
inconstitucional que en algunas fases del proceso no se otorgue el derecho de apelar la prisión
preventiva, se citan las sentencias 10040-04, 4925-03, 8259-08 y con base en esto y otras
consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo el recuso. RF

10536-09. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Indica la recurrente que el 4
de mayo del 2009 se realizó audiencia oral en la causa penal tramitada en la Fiscalía de
Trámite Rápido del Primer Circuito Judicial de San José, en la que el Ministerio Público solicitó
prisión preventiva contra el imputado. Señala que en dicha audiencia y por resolución oral se
decretó prisión preventiva del imputado por el término de dos meses, a vencer el 4 de julio
próximo. De dicha audiencia oral se confeccionó una minuta de audiencia que consta en el
expediente, en la que se consignó como solicitud de la defensa sólo la oposición a la solicitud
de prisión preventiva y de inmediata libertad del imputado, no así el recurso de apelación
interpuesto de manera oral por el defensor del imputado en dicha audiencia, lo cual está
consignado en la grabación de la audiencia. Dicha apelación tuvo fundamento en el principio
de excepcionalidad de la prisión preventiva, cuando se pueden aplicar otras medidas y como
agravio pues se le afecta directamente la libertad ambulatoria al amparado y su posibilidad de
ubicarse nuevamente en el mercado laboral. Además, se especificó que los demás
argumentos serán expuestos en la vista que solicitó y no le fue otorgada. Se declara con lugar
el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se anula el Voto No. 136-2009 dictado por el
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José a las 9:37 horas del 10 de junio del
2009 por violación al derecho de defensa. Se ordena a la Jueza del Tribunal Penal del Primer
Circuito Judicial de San José que fije una audiencia oral para que el defensor del amparado
exponga los motivos del recurso de apelación interpuesto. CL

10363-09, 10368-09. SANCIONES POR CONDUCCIÓN TEMERARIA Consulta Judicial en lo
referente a los Artículos 254 bis del Código Penal y 199 (200) de la Ley de Tránsito,
introducidos por Ley número 8696 del diecisiete de diciembre del dos mil ocho. Como primer
aspecto, el juez consulta si el artículo 254 bis del Código Penal, introducido por la Ley número
8696 del diecisiete de diciembre del dos mil ocho, es contrario a los principios de legalidad,
tipicidad y seguridad jurídica, dado que la técnica legislativa utilizada hace que la numeración
no sea clara y precisa. Señala que la remisión que hace el párrafo segundo del artículo 254 bis
del Código Penal al artículo 107 de la Ley de Tránsito, genera una confusión, dado que no
permite tener una relación lógica en el articulado. El segundo tema planteado es que según el
Consultante, de la relación de los artículos 254 bis del Código Penal y 71 de la Ley de Tránsito,
se infiere que si bien es el juez quien establece la sanción alternativa de prestación de servicio
de utilidad pública y la cantidad de horas que debe cumplir, lo cierto es que quien determina el
lugar y forma del cumplimiento de la sanción es el Consejo de Seguridad Vial, lo cual infringe
los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica, pues se asigna esa función a un
órgano administrativo, cuando se trata de una función que es típica del legislador. Como tercer
aspecto, refiere que el artículo 199 (200) de la Ley de Tránsito, regula la forma en que se debe
aplicar la prueba de aire aspirado o alcohosensor, de forma que violenta los principios de
defensa material e inocencia, los cuales integran el debido proceso. Señala que de
conformidad con lo establecido en esa norma, en el caso de los delitos de homicidio culposo,
lesiones culposas o conducción temeraria, estipulados en los artículos 117, 129 y 254 bis del
Código Penal, debe procederse conforme establece el Código Procesal Penal. Se le quita la
facultad al conductor de poder presentar una prueba de descargo al cabo de treinta minutos,
como sí se prevé para las infracciones que no son delitos. Con base en las consideraciones
dadas en la sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que los artículos 254
bis, último párrafo del Código Penal y 199 (200) de la Ley de Tránsito, introducidos por la Ley
número 8696 del diecisiete de diciembre del dos mil ocho, no son contrarios a los principios de
legalidad, tipicidad, seguridad jurídica, defensa e inocencia. En cuanto al artículo 254 bis,
párrafos primero y segundo, se declara inevacuable la consulta planteada. Evacuada

10367-09. PRUEBA DE AIRE ASPIRADO O ALCOHOSENSOR. Consulta Judicial de
Constitucionalidad en lo referente al artículo 199 (200) de la Ley de Tránsito número 7331 del
trece de abril de mil novecientos noventa y tres, reformada por la Ley número 8696 del
diecisiete de diciembre del dos mil ocho. El Juez consulta sobre la forma en que se debe
aplicar la prueba de aire aspirado o alcohosensor, que estima, violenta los principios de
defensa material e inocencia, los cuales integran el debido proceso. Señala que de
conformidad con lo establecido en esa norma, en el caso de los delitos de homicidio culposo,
lesiones culposas o conducción temeraria, estipulados en los artículos 117, 129 y 254 bis del
Código Penal, debe procederse conforme establece el Código Procesal Penal. Se le quita la
facultad al conductor de poder presentar una prueba de descargo al cabo de treinta minutos,
como sí se prevé para las infracciones que no son delitos. Con base en las consideraciones
dadas en al sentencia, se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 199
(200) de la Ley de Tránsito, introducido por la Ley número 8696 del diecisiete de diciembre del
dos mil ocho, no resulta contrario al principio de defensa. En lo demás, no ha lugar a evacuar la
consulta.-Evacuada.

9959-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA Y ACCESO AL EXPEDIENTE. Aduce el
recurrente que las resoluciones por medio de las cuales los órganos jurisdiccionales recurridos
ordenaron y confirmaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en contra del
amparado, carecen de la fundamentación necesaria, pues no se han allegado al expediente
medios probatorios que demuestren la necesidad procesal de mantenerlo privado de su
libertad. Agrega queno se le permitió ver el expediente que se lleva contra su defendido, con el
argumento de que ―lo estaba revisando una funcionaria para distribuirlo‖, razón por la que
debía volver el primero de junio para obtener fotocopia, ello en lesión del derecho de defensa
del amparado. No obstante, al momento en que se apersonó nuevamente al Tribunal
accionado, se le indicó que el recurso de apelación había sido resuelto por resolución de las
quince horas cincuenta minutos del veintinueve de mayo pasado, ello sin que al efecto
transcurriera el plazo del emplazamiento para alegar agravios a favor de la defensa. Se declara
con lugar el recurso sin ordenar la libertad del tutelado. Se anula el voto 123-09 de las 15:55
horas del 29 de mayo de dos mil nueve del Tribunal Penal del tercer Circuito Judicial de San
José, sede Desamparados y en su lugar se ordena al Juez Penal Coordinador a.i. de
Desamparados, tomar las previsiones necesarias para que el Juzgado Penal de
Desamparados conceda nuevamente y de inmediato el plazo que corresponda para que las
partes concurran ante el Tribunal Penal de Desamparados a hacer valer sus derechos en
relación con el recurso de apelación presentado a favor del amparado contra la resolución de
12:30 horas del 27 de mayo de 2009 del Juzgado Penal de Desamparados. Asimismo deberá
el Juez Penal Coordinador a.i. de Desamparados, así como los integrantes del Tribunal de
Desamparados, garantizar al amparado y a su defensor, el libre acceso al expediente en que
se tramita la causa número 09-000268-0622-TP por el delito de posesión de droga para la
venta en perjuicio de la salud pública. CL

9973-09. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA. Señala el recurrente que el Tribunal de
Juicio de Heredia dictó prisión preventiva en contra de su defendido, por lo que solicitó se
señalara hora y fecha para la audiencia oral, para exponer los alegatos correspondientes, sin
que el Tribunal recurrido se pronunciara al respecto, y por ello, dejándole en estado de
indefensión. Indica que posteriormente, el Tribunal prorrogó la prisión preventiva, resolución
que no se encuentra debidamente fundamentada. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar
la libertad del tutelado, por violación al debido proceso y derecho de defensa. En los demás
extremos se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

9969-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Manifiesta el recurrente que contra su representado se
sigue causa penal, y que con ocasión de ello, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva
por parte del Juzgado Penal recurrido, la cual fue impugnada. Que el Tribunal de Juicio del
Primer Circuito Judicial de Guanacaste declaró sin lugar la apelación, a pesar de que en la
audiencia oral que conoció del recurso, no se apersonó el defensor público del imputado y que
la resolución cuestionada también carece de una debida fundamentación. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

9346-09. PRISION PREVENTIVA DICTADA POR TRIBUNAL DE FLAGRANCIA EN DELITO
DE NARCOTRÁFICO. Reclama la recurrente que el Tribunal recurrido confirmó la resolución
que impuso a la amparada la medida cautelar de prisión preventiva, considerando
erróneamente que se está ante un delito en flagrancia relacionado con estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y, además, sin analizar la existencia de
peligro procesal que la justificada, ni tampoco la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de
dictar esa medida cautelar, lo que implica que dicha resolución carece del fundamento legal
requerido al efecto. El artículo 239 bis del Código Procesal Penal, así adicionado por el artículo
17 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N°
8720 de 4 de marzo de 2009), adiciona algunas causales que hacen procedente el dictado de
la medida cautelar de prisión preventiva, las cuales no son de aplicación automática sino que
para ese efecto el juzgador tiene la potestad de hacerlo previa valoración y resolución fundada
que, en el caso que nos ocupa, implicaba –entre otros- el análisis de la existencia de flagrancia,
como se dio en este caso. Se indica que no corresponde a la Sala indicar si se está ante un
delito en flagrancia o no y con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara
sin lugar el recurso. SL

9313-09. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Aduce la recurrente la
recurrente que contra el amparado, se ordenó la prisión preventiva por un plazo de dos meses,
por lo que se formuló recurso de apelación oral en la misma audiencia, según lo transcribe la
resolución de las trece horas del dos de junio de dos mil nueve, notificada ese mismo día a la
defensa. Indica que en dicha audiencia se solicitó vista ante el Tribunal de Apelaciones para
ahondar en las argumentaciones. Manifiesta que por resolución de las trece horas del dos de
junio de dos mil nueve, la juez del Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José revocó la
resolución de las ocho horas once minutos del veintinueve de mayo anterior, dejó sin efecto la
audiencia oral señalada y declaró inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por la
defensa, considerando que dichos recursos se encontraban sin fundamento y sin expresión de
agravios. Se declara con lugar el recurso. Se anula la resolución del Tribunal de Juicio del
Primer Circuito Judicial de San José, número 119-2009, de las trece horas del dos de junio de
dos mil nueve. Se ordena al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José señalar
la audiencia oral que corresponda a efecto de resolver el recurso de apelación formulado por la
defensa del amparado contra la resolución del mismo despacho de las quince horas cinco
minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve. CL

9314-09. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Alega la recurrente que la
Fiscalía de Trámite Rápido del Primer Circuito Judicial de San José, investiga un posible delito
de tentativa de robo simple en perjuicio de su representado, en donde el Ministerio Público
solicitó la prisión preventiva y la Juez resolvió imponer tanto al tutelado como al otro imputado,
dos meses; razón por la cual en el mismo momento se interpuso el correspondiente recurso de
apelación y solicitó la vista oral para ante el Tribunal de Apelación, la cual se señaló para las
nueve horas del cinco de junio del dos mil nueve. Explica que en razón de que tal vista
coincidía con un juicio de reo preso señalado de manera previa por ese mismo Tribunal, solicitó
que de conformidad con la agenda del despacho se modificara la fecha para el día anterior o
bien para la segunda audiencia del mismo cinco de junio. Aduce que en lugar de variar la hora
o fecha de la vista, se le notificó el voto 119-2009 de las trece horas del dos de junio del dos
mil nueve, por medio del cual se revocó la resolución que ordenaba la vista y en su lugar se
declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, por cuanto según se indicó carecía de
motivación y de una descripción de los agravios que causaba la resolución recurrida. Se
declara con lugar el recurso SIN ORDENARSE LA LIBERTAD DEL AMPARADO y, en
consecuencia, se anula el voto número 119-2009 de 13:00 hrs. de 2 de junio de 2009, en lo
que afecta al amparado y se ordena al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San
José que celebre la audiencia oral correspondiente, a efecto de resolver el recurso de
apelación formulado por la defensa del amparado, conforme corresponda. CL

9315-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Manifiesta el recurrente que el recurrido
declaró inadmisible -pese a haber sido presentado en tiempo y forma- el recurso de apelación
presentado por la defensa técnica del amparado contra la resolución del juez penal que ordenó
la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de dos meses. Afirma que
la resolución del Tribunal de Juicio de San José que declaró inadmisible el recurso de
apelación interpuesto por esa representación causa al tutelado un gravamen irreparable, en la
medida en que se le negó en forma arbitraria y sin sustento jurídico legal alguno, la posibilidad
de ser oído ante un juez independiente, objetivo e imparcial distinto de aquél que ordenó la
prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva que ha venido sufriendo. Se declara con
lugar el recurso. Se anula la resolución del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
José No. 123-2009 de las 10:42 hrs. de 4 de junio de 2009 por infringir el principio y el derecho
a la oralidad. CL


9142-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA ORAL. Indica el recurrente que contra su
representado se ordenó prisión preventiva por tres meses y en la misma audiencia, la Defensa
Pública interpuso en forma oral, recurso de apelación por falta de fundamentación de la
resolución y solicitó la realización de la audiencia oral, sin embargo el Tribunal recurrido
declaró inadmisible los recursos interpuestos. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la
libertad del amparado por violación al derecho de defensa. Se anula el voto No. 87-2009 del
Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José de las trece horas del veintiocho de
abril de dos mil nueve debido a la omisión de resolver la solicitud de vista oral presentada por
el recurrente. Se ordena al Coordinador del Tribunal Penal de San José proceder a ordenar al
Juez de Juicio correspondiente que se pronuncie sobre la solicitud de vista oral presentada por
el Defensor del amparado y posterior a ello resolver el recurso de apelación interpuesto en
contra de la resolución dictada por el Juzgado Penal de Primer Circuito Judicial de San José de
las diecisiete horas veinte minutos del veintidós de abril del dos mil nueve. CL

9109-09.PRISIÓN PREVENTIVA. NOTIFICACION A DEFENSORA. Aduce la recurrente que
como defensora pública del amparado atendió su declaración indagatoria, no obstante la
Fiscal encargada del caso le dijo que iba a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva
contra su defendido. Que al momento de interpuesto este recurso no había sido notificada
acerca de la situación jurídica de su defendido. Se ordena a la Jueza Penal de Turno
Extraordinario de de San José, con sede en el Segundo Circuito Judicial notificar la resolución
de las veintidós horas del cinco de mayo de dos mil nueve a la defensora pública del
amparado, en forma inmediata. CL

9108-09. PRISIÓN PREVENTIVA PRORROGADA SIN CELEBRAR AUDIENCIA ORAL.
Aducen los recurrentes que en causa seguida en contra del amparado se le impuso la medida
cautelar de prisión preventiva por un plazo de tres meses. Señala que, posteriormente, se
realizó una vista sobre la apelación de dicha prisión preventiva, a la cual el amparado no pudo
acudir por encontrarse hospitalizado producto de su reclusión en un centro penal. Dicha
audiencia fue suspendida, sin embargo, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San
José ratificó la medida cautelar por los tres meses señalados. Se declara parcialmente con
lugar el recurso, únicamente en contra del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de
San José. Se deja sin efecto el voto número 372-09 de 15:00 hrs. de 13 de mayo de 2009 de
ese Tribunal y se ordena la celebración de la audiencia oral conforme lo solicitara la defensa, a
fin de que se resuelva nuevamente la apelación formulada contra la resolución de 19:20 hrs. de
5 de mayo de 2009 del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. CL Parcial

9107-09. PRISIÓN PREVENTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Indica el recurrente que en contra de su representado se sigue causa penal, en donde el
recurrido dictó prisión preventiva en su contra, por un lapso de cuatro meses, por el
incumplimiento de medidas de protección. Afirma que la prisión venció y aún así se le mantuvo
detenido. Asimismo, se solicitó nuevamente prisión preventiva sin aportar nuevos elementos
probatorios, a pesar de que la ofendida indicó que no desea continuar con el proceso y quiere
un acuerdo conciliatorio. Se declara parcialmente con lugar el recurso planteado, únicamente,
por haberse mantenido al tutelado privado ilegítimamente de su libertad por un plazo de
veintinueve días. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial


9043-09.LE NIEGAN ENTREGAR DE SU HIJO EN HOSPITAL. Manifiesta la recurrente que
en contra de la amparada se planteó una denuncia, por una persona de la que desconoce su
nombre, ante el Organismo de Investigación Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia por
agresión física a su hijo. Señala que el niño fue internado en el Hospital y le indicaron que sólo
con una orden judicial le darían la salida al niño, lo que significa que se le ha está privado de
libertad, retenido por más de una semana, apartado de sus padres y de su entorno afectivo.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

9102-09. EXTRADICIÓN. Alegan los recurrentes que los amparados se encuentran a las
órdenes del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados, por
proceso de extradición solicitado por Nicaragua. En razón de lo anterior, se encuentran
recluidos en el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor y el Centro de Atención
Institucional de San José. Que el Tribunal de Juicio no permitió a los amparados manifestarse
y, por lo tanto, ejercer el derecho de audiencia, de previo a resolver en forma definitiva su
extradición. Aseguran que Nicaragua no cumplir con los requisitos y pruebas necesarias en
estos casos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el
recurso. SL

9011-09. PRISION PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. Manifiesta el recurrente
que en contra de su representado se tramita causa penal, en la cual el Ministerio Público
solicitó al Juzgado Penal, una vista para solicitar prisión preventiva contra el amparado. Que
mediante resolución de las 11:00 horas del 26 de abril pasado, al encartado se le impuso la
medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de dos meses, los cuales vencen el 25 de
junio próximo y afirma que la resolución fue confirmada por el Tribunal de Juicio de Pérez
Zeledón. Considera el recurrente que se vulneran los derechos fundamentales del investigado
por cuanto las resoluciones dictadas en su contra se encuentran ayunas de fundamentación.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL

8697-09. DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE VEHÍCULO POR CONDUCIR EN ESTADO DE
EBRIEDAD. Aduce el recurrente que su representado fue detenido por oficiales de la Fuerza
Pública de San Vito de Coto Brus, bajo la acusación de que conducía en estado de ebriedad.
Señala que el amparado, el día de los hechos, dormía en el vehículo y no lo conducía, hecho
que fue confirmado por testigos y acusa que la autoridad judicial se niega devolverle la licencia
de conducir, el vehículo y las placas de éste, impidiendo que labore por más de una semana, lo
cual viola la libertad personal del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


8763-09. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Aduce el recurrente que el
amparado fue detenido como sospechoso de robo, precisamente al momento en que cumplía
su jornada laboral en Heredia, motivo por el cual, se le impuso una medida cautelar de prisión
preventiva por tres meses por parte del Juzgado Penal recurrido. Que para la imposición de
esa medida no se tomaron en consideración elementos que debidamente analizados habrían
dado como resultado la imposición de medidas menos gravosas. Se declara parcialmente con
lugar el recurso por vulneración del derecho de defensa, sin ordenar la libertad del amparado.
Se anula parcialmente la resolución número 168-2009 de las 10 horas 50 minutos del 5 de
mayo del 2009 dictada por el Tribunal Penal del Heredia, únicamente en cuanto a lo resuelto
respecto a la medida cautelar impuesta al amparado y se ordena a dicho Tribunal proceder a
programar y celebrar de inmediato la vista oral solicitada por el recurrente de previo a resolver
el recurso de apelación incoado por el recurrente contra la resolución de las 16 horas 45
minutos del 23 de abril del 2009 del Juzgado Penal de San Joaquín de Flores. CL Parcial

8900-09. DETENCIÓN PARA ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR. Indica el
recurrente que su representado fue detenido el 14 de mayo del año en curso, y remitido a la
Fiscalía de Goicoechea e indagado. Posteriormente el Fiscal encargado de la causa solicitó
que se efectuara una vista para determinar las posibles medidas cautelares que se le
impondrían al amparado, sin efectuar la solicitud expresa de ninguna medida en ese momento.
Afirma que pasó más de 27 horas detenido, previo a que se resolviera la medida cautelar que
finalmente le sería impuesta. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. SL

8903-09. SE IMPUGNA CONDENATORIA EN PROCESO ABREVIADO. Aduce el recurrente
que fue detenido el 23 de mayo de 2006 y puesto a las órdenes de las autoridades penales de
Liberia, Guanacaste. El Tribunal lo condenó por tráfico internacional de drogas, siendo que el
imputado no había salido del país y no sabía lo que portaba, ya que lo que sabía era que
remolcaba una carreta que contenía varilla de hierro. En aquel momento, la defensa y la
fiscalía le aconsejaron aceptar un juicio abreviado para proteger la integridad física de su
familia, aún así fue condenado, además afirma que ha sido juzgado más de una vez, por los
mismos hechos. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar
el recurso. SL

8285-09. SANCIONES PENALES EN LA LEY DE JUEGOS. Acción de Inconstitucionalidad
contra los Artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Juegos. No.3 del 30 de agosto de 1922. Publicada el
02 de setiembre de 1922. Se acusa que la ley impugnada fue dictada antes de la actual
Constitución Política. Alega la accionante que tales disposiciones violan los principios de
legalidad y tipicidad pues contienen tipos muy ambiguos. En relación con el artículo 4° aduce
que establece dos sanciones concomitantes, multa y pena de prisión y en cuanto al artículo 5°
contiene una sanción más gravosa para el infractor que las normalmente previstas para otras
contravenciones. Sobre el tema se citan las sentencias 4157-96 y 4167-96 y con base en
consideraciones expuestas en al sentencia se rechaza por el fondo la acción. Se rechaza por el
fondo la acción. RF

8201-09. REVOCATORIA DE PRISIÓN PREVENTIVA. Acusa la recurrente que a sus
representados se les prórroga de la prisión preventiva por el término de dos meses,
"sustitutiva" con una fianza de ¢ 150.000 colones para cada uno, realizándose la cancelación
de trescientos mil colones al día siguiente del dictado de dicha resolución, presentado la Fiscal
de apelación contra la citada resolución, dado que, consideraba que el monto de la fianza no
era proporcional con el daño causado; por consiguiente, el Tribunal de Juicio, revocó la fianza y
aumentó a tres meses la prisión preventiva, ello, en su criterio, sin valorar elementos que no
fueron expuestos a las partes en apelación ni en la primera audiencia dictada por el Juez
Penal. Se declara sin lugar el recurso. SL


8187-09. PRISION PREVENTIVA. Aduce la recurrente que en causa seguida contra sus
representados la autoridad recurrida le convocó a una audiencia para conocer de la solicitud
de prórroga de la prisión preventiva, la cual se impuso por el término de dos meses más. Que
al estar inconforme con tal decisión, procedió a interponer formal recurso de apelación, en la
que se solicitó además, el señalamiento de audiencia para exponer con amplitud los
argumentos de la apelación, y pidió expresamente que estuvieran presentes los imputados. Sin
embargo, el Tribunal Penal de Hatillo, resolvió declarar la incompetencia para conocer de los
hechos denunciados y ordenó la devolución del expediente para que el Tribunal de
Desamparados conozca de éstos, quedando la situación jurídica de los imputados sin resolver
hasta la fecha. Se declara con lugar el recurso por retardo en tramitar y resolver la gestión
recursiva que ocasiona este asunto, sin ordenarse la libertad de los amparados. CL

8204-09. DETENCIÓN. Aduce el recurrente que en visita carcelaria, el amparado fue detenido,
con fundamento en un recordatorio de Orden de Captura del Tribunal recurrido, explicando el
amparado que enfrentó causa por venta de drogas hace doce años, se le condenó y se le
otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, la cual cumplió con ir a firmar y quedó
en libertad, pero se le indicó que dejara de presentarse a firmar. Aparentemente todo se debe a
un error, pues no se canceló en su oportunidad la Orden de Captura. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia se declara sin lugar el recurso. SL
8279-09. DETENCION. Indica el recurrente que su representado fue detenido el doce de marzo
del dos mil nueve, por haberse decretado rebeldía en su contra, la cual se registraba en el
archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial. Manifiesta que dicha detención se
llevó a cabo por cuanto nunca se presentó a la audiencia señalada dentro del expediente
penal. Acusa que al defensor público del amparado nunca se le notificó la audiencia, mucho
menos al tutelado, además agrega que estuvo detenido durante cinco días y que el juez indicó
que todo había sido un error administrativo, y se puso de inmediato en libertad. CL

8278-09. FUE SOBRESEÍDO EN PROCESO PENAL Y NO LE DEVUELVEN PASAPORTE.
Manifiesta el recurrente que a favor de su representada se dictó auto de sobreseimiento
definitivo, por lo que solicitó se le devuelva su pasaporte, pero el Juzgado Penal manifestó su
inconformidad, alegando que el documento contiene una visa otorgada a otra persona. El 10 de
febrero de 2009 la amparada reiteró su solicitud de devolución de su pasaporte, y apeló la
resolución la que fue confirmada por el superior, quien indicó que habiendo sido la Dirección
General de Migración y Extranjería la que decomisó el pasaporte, debe ser esa autoridad la
que de acuerdo con la ley resuelva lo solicitado . Explica el recurrente que el pasaporte
actualmente está en custodia del Poder Judicial, Oficina de Depósito de Objetos y Museo
Criminal. Considera que las autoridades judiciales están evadiendo dictaminar la devolución del
pasaporte, delegando la competencia en la Dirección General de Migración y Extranjería.
Argumenta el recurrente que a raíz del sobreseimiento definitivo, su representada debe poder
volver a transitar libremente y poder volver a la República Dominicana con su familia, pero su
pasaporte está vencido por estar decomisado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

7605-09. LIMITACIONES IMPUESTAS ALGUNAS DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE
REENVIO. Acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 451 bis del
Código Procesal Penal. La norma se impugna en cuanto por ley publicada en la Gaceta del 06-
06-06, se dispuso modificar los artículos 15, 410, 411, 414, 447 y 449, la adición del inciso j)
del 369 y 449 bis y 451 bis todos del Código Procesal Penal, en la llamada ―apertura de la
casación penal‖ pretendiendo con ello dar respuesta a la resuelto por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en su sentencia del 02 de julio de 2004. En concreto, indica que el
artículo 451 bis en su párrafo segundo expresa que el Ministerio Público, el querellante y el
actor civil no podrán formular recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el
juicio de reenvío que reitere la absolución del imputado, pero que si podrán hacerlo en lo
relativo a la acción civil, a la restitución y a las costas. Ante ello, el recurso de casación por ella
presentado como querellante contra la sentencia número 89-06, corre el peligro de ser
declarado inadmisible. Así, considera que la norma impugnada atenta contra el artículo 41 de
la Constitución que consagra el derecho de toda víctima de acudir a las leyes para encontrar
reparación de las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses
morales, debiéndose hacer justicia pronta y cumplida. Además, violenta el artículo 33 de la
Constitución Política, en cuanto al principio de igualdad, ligado con los principios de igualdad
procesal y de inviolabilidad de la defensa, contenidos en los artículos 6 párrafo último y 12 del
Código Procesal Penal. Alega que el artículo impugnado es contrario a la Convención
Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 inciso 1). También considera violado con la
normativa impugnada el artículo 51 de la Constitución Política, en el tanto el derecho del menor
a la protección especial por parte del Estado, se ve menguado al impedirle la representación
legal correspondiente, para formular o mantener un recurso de casación contra una sentencia
de reenvío por un delito que se acusa cometido en su perjuicio. Finalmente, se violenta el
interés superior del niño contenido en el artículo 3 inciso 1 de la Convención sobre los Derecho
del Niño. Se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Calzada y Jinesta salvan el voto y
declaran con lugar la acción con sus consecuencias. SL


9665-02. DETENCION. RETEN POLICIAL. El recurrente reclama que mientras se encontraba
el tutelado en ejercicio de su actividad de taxista, fue interceptado por un retén policial y los
oficiales lo obligaron a descender del vehículo, ya que se estaba realizando un registro
indiscriminado de vehículos. Considera violatorio de los derechos consagrados en los artículos
22 y 37 constitucionales. Esta Sala se ha pronunciado en oportunidades anteriores sobre la
potestad de realizar registros de vehículos y sobre la constitucionalidad del artículo citado
anteriormente, siendo un caso de especial relevancia la sentencia número 2001-05415 de las
15:11 hrs. del 20 de junio de 2002. En dicha sentencia, esta Sala, a la luz de lo dispuesto en el
numeral 28 constitucional, ha reconocido la potestad de la fiscalía de realizar registros de
vehículos sin la existencia de orden judicial siempre que se pretenda impedir la comisión o
impunidad de delitos. El Poder de Policía, en sentido estricto, del Estado puede ser ejercido de
forma preventiva o represiva. En cuanto a la primera manifestación, la policía administrativa
puede motivar o justificar el registro de un vehículo en varios supuestos: a) una circunstancia
excepcional como podría ser la comisión de un delito, del cual tiene conocimiento la policía, en
los términos del artículo 190 Código Procesal Penal al mediar motivos suficientes para
presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito y, b) una situación
normal y rutinaria que esté respaldada en las específicas y particulares condiciones de una
zona determinada. Este Tribunal estima que en el presente asunto, la actuación de la policía
se enmarca en la hipótesis b), dadas las singulares condiciones de la zona fronteriza en la que
es usual y normal el contrabando de mercadería y la evasión de los controles migratorios para
el ingreso de personas ilegales. Se declara sin lugar el recurso con el voto salvado de los
magistrados Arguedas, Calzada y Sosto salvan el voto y declaran con lugar el recurso
con sus consecuencias. SL


9119-04. DETENCIÓN. RETEN POLICIAL. El recurrente interpone recurso de habeas corpus
contra el Jefe Operacional de la Dirección Policial de Corredores y manifiesta que en la zona
sur se hacen retenes ubicados a lo largo de la Carretera Interamericana, oficiales que -sin tener
causa probable en los términos del artículo 190 del Código Procesal Penal- revisaron
detenidamente su vehículo, amenazándole éstos que en caso de no atender sus intenciones
―llamarían a narcóticos y al Fiscal y le iban a hacer esperar horas‖. Que la policía estila realizar
abruptamente operativos en carreteras para la detención de personas, sin contar con indicio
alguno de delito, siendo que dichas revisiones que se hacen de manera coactiva afectan la
reputación de las personas. Sobre el tema se cita el voto 6357-93, que declaró sin lugar un
recurso similar, porque el recurrente nunca estuvo detenido ni se le restringió o amenazó su
libertad personal o de tránsito en tanto todos por igual deben detenerse ante las autoridades
aduaneras. Las autoridades recurridas se encuentran facultadas para disponer la revisión de
un vehículo, cuando estimen que se está en presencia de un delito, o bien, para asegurar -
como se indicó supra- que no se ingresen mercaderías importadas de forma fraudulenta. Se
rechaza por el fondo el recurso con el voto salvado del Magistrado Armijo, que ordena dar
curso.

6418-05. DETENCION. RETEN POLICIAL. Este proceso pretende la tutela de la libertad
ambulatoria de los amparado presuntamente, vulnerada por los miembros de la Fuerza Pública
de Dominical y Pérez Zeledón al detenerlos de forma injustificada mientras viajaban en su
vehículo. Se indica que de conformidad con la Constitución y el Código Procesal Penal, la
autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la
orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión
preventiva. Por su parte, los artículos 12 y 140 de la Constitución Política, establecen tanto el
carácter civilista del Estado costarricense como su potestad de mantener el orden público y la
tranquilidad de la Nación a través de los órganos y autoridades debidamente autorizados por la
Carta Fundamental y las leyes, lo que debe ser justificado y proporcional al fin que se persigue.
En el caso concreto, se indica que la Fuerza Pública puede actuar para determinar si, en
realidad, el hecho acusado se cometió y el grado de participación que se les atribuye a los
supuestos responsables del ilícito, para lo cual se encuentran facultados para aprehender a
quien se encuentre bajo indicio comprobado de haber incurrido en un hecho punible, y por el
tiempo necesario para verificarlo, el cual, en todo caso, no puede exceder de las veinticuatro
horas. SL

9457-07. DETENCION. RETEN POLICIAL. El recurrente reclama que, sin justificación alguna,
fue detenido por la Fuerza Pública de Dominical, por negarse a permitir que revisaran la parte
interna de su vehículo, se le mantuvo detenido hasta las 02:45 hrs. del día siguiente. Considera
que se vulneró su libertad de tránsito por no consentir el abuso policial y reclama, además, el
derecho a la intimidad de su esposa, quien fue requisada delante de los conductores que
pasaron por el lugar y de los oficiales presentes. En este caso se acredita que ante la evidente
existencia de indicios de contrabando de licor, que se observaban a través de los cristales del
vehículo y la negativa de sus ocupantes para que se revisara la parte interna, los oficiales de la
Fuerza Pública informaron a la Fiscalía, que dispuso la participación de la policía de Control
Fiscal y, una vez decomisado el vehículo, cerrado, se procedió al día siguiente a revisarlo, por
orden de la Fiscalía, lo que dio por resultado la verificación de que transportaban más de un
centenar de litros de whiskey y otros licores, ocultos dentro de los asientos y carrocería. De lo
anterior se desprende que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a los amparados,
por causa de la detención del vehículo y su espera a las demás autoridades. Esta clase de
actuaciones no resulta contraria a los derechos fundamentales, en la medida en que se
realicen dentro del estricto marco previsto en la ley, tal y como la Sala ha considerado en
múltiples ocasiones. Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Sosto salva el voto y declara
con lugar el recurso con sus consecuencias. SL


15964-07. DETENCION. RETEN POLICIAL. Considera el recurrente que la detención de que
fue objeto por parte de los oficiales de policía de proximidad de Corredores, ha sido arbitraria e
ilegítima pues no había indicio comprobado de delito, no existió orden judicial ni se le puso a la
orden de autoridad judicial competente, solicitando por ello la estimación del recurso. La Sala
señala que el artículo 37 de la Constitución establece que "...Nadie podrá ser detenido sin un
indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad
encargada del orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o delincuente infraganti;
pero en todo caso deberá ser puesto a disposición del juez competente dentro del término
perentorio de veinticuatro horas...". Asimismo, el artículo 235 del Código Procesal Penal, indica
que "...Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial,
cuando:(...) c) Existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se trate
de un caso en que procede la prisión preventiva(...).La autoridad policial que haya aprehendido
a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que
este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá
formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las
veinticuatro horas contadas a partir de la captura (...)‖ . En este caso concreto, se señala que la
Fuerza Pública puede actuar para determinar si, en realidad, se cometió un delito y el grado de
participación que se le podría atribuir al supuesto responsable del ilícito, para lo cual se
encuentran facultados para aprehender a quien se encuentre bajo indicio comprobado de haber
incurrido en un hecho punible, y por el tiempo necesario para verificarlo, el cual, en todo caso,
no puede exceder de las veinticuatro horas. En este sentido, en el caso concreto, se observa
que al ser aproximadamente las cinco horas del siete de septiembre del dos mil siete, varios
policías de proximidad de Corredores, se encontraban realizando un retén policial con la
intención de detectar tránsito de personas ilegales procedentes de la frontera con Panamá,
contrabandos e interdicción de narcóticos, el recurrente trató de atropellarlos, por lo que fue
detenido y puesto a la orden de las autoridades competentes. Se declara sin lugar el recurso.
SL


295-09. DETENCION. RETEN POLICIAL. Alega el recurrente que transitaba en su vehículo por
el sector de Concepción de Alajuelita, siendo detenido por "retén policial" por oficiales de la
Fuerza Pública y sin consentimiento alguno procedieron a revisarlo de lado a lado, ubicando
dentro del mismo un arma de fuego. Indica que lo privaron de su libertad a la vista y paciencia
de todas las personas que transitaban por dicha vía, causando una notoria afectación a su
imagen y persona como tal. Indica que en su caso la policía no contaba con ningún indicio o
motivo suficiente para considerar que en su vehículo hubiese un arma de fuego y en tal caso si
lo hubo debieron haberle advertido de la sospecha, por lo que es clara que la actuación policial
y todo su procedimiento es ilegítimo. Afirma que fue detenido y pasado al Ministerio Público y
luego, de doce horas privado de su libertad lo liberen sin mayor trámite. Sí el recurrente
considera que la actuación policial y todo su procedimiento resulta ilegítimo, toda vez que sin
contar con un indicio en su contra o alguna sospecha razonable de que había cometido algún
tipo de delito, procedieron a bajarlo de su vehículo y sin su consentimiento lo revisaron de lado
a lado, ubicando dentro del mismo un arma de fuego, ello implica una eventual actividad
procesal defectuosa, que deberá alegarse y resolverse en la sede penal correspondiente , para
a lo que en derecho corresponda, pero no ante este Tribunal especializado, por ser materia
ajena al ámbito de su competencia. Por otra parte estima este Tribunal que en el caso concreto
no existe la alegada violación al derecho de libertad, pues del mismo escrito de interposición
del recurso se desprende que el plazo de detención del amparado no excedió las veinticuatro
horas. SL

 14821-10. DETENCION. RETEN POLICIAL. Alega el recurrente que el nueve de agosto de
dos mil diez, a eso de las veinte horas cuarenta y cinco minutos, transitaba en su vehículo por
el sector conocido como ―El Descanso‖ en San Antonio de Escazú, donde se realizaba un
operativo policial y fue obligado a detenerse para revisar su vehículo, aduciendo que se trataba
de un operativo de rutina, para buscar armas o drogas. En este caso, se declara con lugar el
recurso al considerar la Sala en pleno, que procedimientos tales como retenes, solo se pueden
ordenar si existe un indicio comprobado de haberse cometido un delito o noticia criminis,
 según lo establece el artículo 37 constitucional. También ordenó que debían abstenerse de
incurrir nuevamente en esos hechos y deben crearse los protocolos correspondientes por parte
el ministerio recurrido, si es que no los hay. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al
Ministro de Seguridad Pública, no realizar retenes en tanto no exista indicio comprobado de un
delito o noticia criminis, de acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política. CL

16051-10. RETEN POLICIAL. RESTRICCIÓN POR RETEN DE SEGURIDAD EN LAS
INMEDIACIONES DEL ESTADIO DE ALAJUELA. El recurrente alega que el 5 de setiembre del
año en curso, por la realización de un supuesto "retén de seguridad", ya que se estaba realizando un
partido de football, no se le permitió el ingreso a su vivienda, la cual se encuentra ubicada entre el Estadio
de la Liga Deportiva Alajuelense y los semáforos. Sobre el tema se citan las sentencias 5155-08 y 15208-
09 y con base en las consideraciones dadas en el fallo, se declara sin lugar el recurso. SL


6113-93. DETENCION. REDADA POLICIAL. Señalan los recurrentes que son propietarios de
cuatro bares ubicados en calle 8, avenidas 5 y 7 en San José, zona que reconocen es
problemática. Agregan que aproximadamente desde agosto del año en curso, opera fuertemente
el organismo conocido como "Operativos Especiales" del Ministerio de Seguridad Pública, cuyos
miembros arbitrariamente ingresan a sus negocios, solicitan cédula a sus clientes, los interrogan y
en la mayoría de los casos los detienen para requisarlos para detectar si portan la droga conocida
como "piedra", acción que les perjudica la imagen del negocio y ahuyenta la clientela. Señala la
sala que las potestades otorgadas a la autoridad de policía administrativa recurrida tanto a nivel
constitucional, como en la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad y la Ley de Licores y su
Reglamento, tienen como finalidad preservar el orden y la seguridad pública, razón por la cual se
le permiten ciertas ingerencias en los derechos de los particulares, -no la absoluta preeminencia
sobre esos derechos y garantías como señala el recurrido- que en razón de la existencia de un
evidente interés público deben ser soportadas. Si eventualmente, en el ejercicio de esas
funciones, la policía administrativa incurriera en actos contrarios a los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución, como lo sería el caso en el cual, en vez de hacer el operativo que
describen en su informe, practicaran redadas -operativos que ya este Tribunal Constitucional ha
declarado inconstitucionales-, deben tener esas autoridades en cuenta que, evidentemente
deberían tutelarse en esta Jurisdicción, tales violaciones. Sin embargo, para este caso en
concreto, debe tenerse en cuenta que en lo que se refiere a las supuestas detenciones a personas
en los establecimientos de los recurrentes, para su registro, ello no afecta los derechos
fundamentales de los aquí recurrentes, de modo directo, pues ni siquiera se alega o prueba la
existencia de un acto concreto, en relación con una persona determinada a la cual le haya sido
violentado su derecho a la libertad personal o de tránsito, caso en el cual debería indicarse de
quien se trata y en qué consiste la transgresión a sus derechos, de manera que lo procedente es
declarar sin lugar el recurso.



4617-97. DETENCION. REDADAS POLICIALES. de las quince horas cuarenta y cinco minutos
del doce de agosto de mil novecientos noventa y siete, que en un caso similar al de estudio,
resolvió:

              "Ante el informe suscrito por el Jefe de Puesto de la Quinta Comisaría y la
       Ministra de Seguridad, la Sala encuentra imprescindible hacer algunas
       consideraciones. Los recurridos afirman que
             "dada la naturaleza sospechosa de un sujeto frente a la actuación policial,
      puedan (sic) ser aprehendidos momentáneamente para efectuar la investigación
      correspondiente para labores de prevención e investigación del delito. Ya la Sala
      ha resuelto que no constituye violación a la libertad de tránsito consagrada en el
      artículo 37 de la Constitución, la simple detención para efectos de investigación,
      siempre que ésta se lleve a cabo dentro de un término prudencial y necesario para
      la investigación sin que sea superior al máximo de 24 horas que podría
      eventualmente necesitarse para la aportación de prueba y ser pasado a la vía
      judicial".

             Ninguna duda cabe a la Sala de que las autoridades policiales están
      facultades para investigar y perseguir el delito; sin embargo, ello debe hacerse
      dentro del más absoluto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
      Conforme lo establece el artículo 37 de la Constitución "nadie puede ser detenido
      sin indicio comprobado de haber cometido delito...", por lo que se ha dicho que la
      simple denuncia, sin ningún otro elemento que le sirva de sustento, no constituye
      motivo suficiente para restringir la libertad personal. Tampoco resulta legítima la
      detención de "sospechosos", para posteriormente recabar prueba en su contra, y
      menos aún para la prevención de delitos, aún si ello es dentro del plazo de 24
      horas que señala la Constitución Política. Ese término es el máximo que puede
      tomarse la autoridad policial para poner a una persona a la orden de Juez, pero no
      legitima la detención más allá del tiempo indispensable para documentar el
      informe policial, de manera tal que si antes de transcurrir dicho término se tiene
      listo el parte policial y la autoridad judicial está a disposición, la obligación del
      investigador o policía es llevar al detenido ante ella, lo contrario quebranta la
      garantía constitucional en comentario. "


523-98. DETENCION. ORDENADA POR POLICIA ADMINISTRATIVA. Alega el recurrente que
el amparado ha sufrido hostigamiento de parte de las autoridades de policía, pues ha sido
detenido en varias ocasiones por no entregar a los oficiales cédula de identidad y no estar de
acuerdo en que los requisaran. En este caso, quedó acreditado que el recurrente fue detenido
por las autoridades administrativas en dos ocasiones, en ambas oportunidades, con ocasión de
que él se encontraba cerca del lugar donde aparentemente se había perpetrado un delito, de
forma que las autoridades de la policía administrativa encargadas de velar por el orden y la
seguridad de los ciudadanos, sospechando de la posible participación del señor en ilícitos. En
lo que atañe a la detención provisional realizada por la policía administrativa en casos
similares, esta Sala tiene múltiples pronunciamientos, en los que en general se ha determinado
lo siguiente :

La Sala ha expresado en reiteradas ocasiones que con base en el principio por (sic) libertatis
enunciado en el artículo 37 de la Constitución Política, no se puede restringir la libertad de una
persona sin un indicio comprobado de haber cometido un delito, en el cual tuvo participación
culpable, y en el caso de marras la señora (...) se encontraba transitando por San José,
acompañada de dos personas más, sin que, a juicio de esta Sala, esto pueda considerarse un
comportamiento sospechoso o un indicio de haber cometido algún delito, máxime que, como en
otras ocasiones se ha indicado, el citado artículo 37 de la Constitución, debe interpretarse
restrictivamente referido a "delitos" excluyéndose así las contravenciones. (Sentencia 2084-93).
En relación con la actuación de Ministerio de Seguridad Pública, como ente rector de los
distintos cuerpos policiales encargados de velar por el orden público, ha de indicar la Sala que
su responsabilidad por omisión en la debida dirección de los órganos bajo su cargo resulta
evidente y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. En efecto, consta en
los autos que no han sido tomadas las previsiones necesarias, ni se han girado las
instrucciones precisas, para que los cuerpos policiales de la República, respondan a los valores
morales, civiles y jurídicos propios de un Estado Moderno y Democrático de Derecho, como es
el Estado costarricense. Son frecuentes las violaciones a la libertad ambulatoria de los
ciudadanos producidas por autoridades policiales, en contravención a lo estipulado por el
artículo 37 de la Constitución Política, ejemplo de ello constituyen los hechos que sirven de
base al presente recurso de Hábeas Corpus, que refleja la sistemática y constante violación de
los derechos constitucionales de un ciudadano, que como muchos se ha visto en la obligación
de acudir a esta jurisdicción para buscar una tutela efectiva de su libertad. Es obligación del
Ministerio de Seguridad, tomar las medidas necesarias con el fin de que los distintos cuerpos
policiales de la República, respondan a los principios democráticos de la sociedad
costarricense y se constituyan en garantes de la democracia y la libertad, más no en
transgresores de tan sagrados valores. Desde luego, que para lograr tales cometidos es
indispensable capacitar e informar adecuadamente a la policía sobre su función y facultades,
así como sentar las responsabilidades del caso en el supuesto de que funcionarios encargados
de velar por el orden público se conviertan en conculcadores de aquellos valores que están
obligados a salvaguardar. Por tales razones y con el propósito de garantizar el cumplimiento de
ese cometido debe ordenarse al Ministro de Seguridad Pública, tomar las previsiones del caso
y realizar la adecuada capacitación de los Cuerpos de Policía, con el propósito de que se les
forme e informe sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, específicamente en relación
con la facultad de la policía para la detención de particulares, y el contenido de la facultad que
al efecto concede el artículo 37 de la Constitución Política tal y como lo ha entendido la Sala
Constitucional, de manera que situaciones como las que han dado base al presente recurso no
se repitan el en futuro. Igual prevención en relación con lo de su cargo, se le hace la Primer
Comandante de la Segunda Comisaría del Ministerio de Seguridad Pública. Para tales efectos,
se concede a los órganos recurridos el improrrogable plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación de este fallo. De igual forma, deberán el Ministro de Seguridad Pública y el
Primer Comandante de la Segunda Comisaría de San José, informar cada dos meses a esta
Sala, dentro del término conferido, acerca de sus gestiones en el cumplimiento de la orden
emitida." (Sentencia N°3530 de las 9 :03 horas del 12 de julio de 1996). Como se puede
apreciar, en forma reiterada se ha conculcado el derecho fundamental del amparado a la
libertad ambulatoria, ocasionado por actuaciones totalmente arbitrarias de diferentes miembros
de la fuerza de policía del Ministerio de Seguridad Pública. Eso indica a este Tribunal que
continúa el desconocimiento de los funcionarios encargados del orden y la seguridad en
nuestro país, en lo que se refiere a los derechos fundamentales de los habitantes, aspecto de
medular importancia en un Estado de Derecho como el nuestro, por lo que en tal virtud se
exhorta a la señora Ministra de Justicia, a quien deberá notificarse este fallo, a que tome las
medidas que estime necesarias para que estos hechos no se repitan, ni en perjuicio del
amparado ni de ningún otro habitante del país ; asimismo al no existir motivo para variar los
criterios antes emitidos y que constituyen jurisprudencia vinculante de este Tribunal, procede
acoger el recurso con sus consecuencias, toda vez que en la especie no se observa un motivo
razonable para haber privado de la libertad al amparado -aunque fuera por poco tiempo- por
parte de las autoridades recurridas. Se declara CON LUGAR el recurso. CL

3835-97. DETENCION. ORDENADA POR POLICIA ADMINISTRATIVA. "...Está claro, que el
recurrente fue perturbado ilegítimamente de su libertad de tránsito y privado de ésta por una
hora y cincuenta minutos, así como la de su amigo, Flores Cascante por dos horas veinte
minutos, únicamente con el propósito de establecer si tenía causas pendientes o no. La Sala
reitera que este tipo de detenciones es inconstitucional, y en mayor grado cuando la persona
es trasladada desde el lugar de su detención, soportando la angustia de ser detenido, y llevado
de un lugar a otro, siendo con este acto minimizado en su persona -y en sus derechos
fundamentales-. En no pocas ocasiones, se utilizan estos procedimientos como una forma de
someter a control de la policía administrativa a las personas, con el pretexto de verificar su
"inocencia". Es evidente que éste tipo de detenciones, prolongadas o no, son claramente
ilegítimas en tratándose de personas que no cuentan con historial delictivo alguno -como se
trata del recurrente y el amparado- e implica una real carga emocional que reconoce la Sala
sufren las personas que no tienen cuentas que rendir ante la justicia y son trasladados a las
respectivas comisarías en calidad de detenidos, por una mera decisión policial, es decir, sin
base justificada alguna. En este sentido, no es atendible el intento que hace la autoridad
recurrida por desvirtuar que el señor Moraga Campos y Flores Cascante estaban en calidad de
detenidos, pues es claro que su libertad de tránsito y de movimiento había sido suspendida
indefinidamente hasta que se concluyera los respectivos estudios. Ciertamente, la situación
sería diferente si la detención se hiciera contra personas con una orden dictada por un Tribunal
o Juez (a) de la República..."
7601-09. PRISION PREVENTIVA. Manifiesta el recurrente que el Juzgado recurrido le impuso
al amparado una medida de prisión preventiva por el plazo de 1 mes, por lo que se apersonó a
dicho juzgado para revisar el expediente, pero se le informó que el mismo había sido remitido
al Juzgado Penal de La Unión por motivo de competencia territorial, que cuando tuvo acceso al
expediente procedió a realizar la apelación correspondiente contra la resolución que le impuso
la prisión preventiva al amparado, la cual le fue rechazada por extemporánea, sin conocer el
fondo del asunto en donde se explicó la imposibilidad de presentar una apelación sin tener
físicamente el expediente para su estudio. Alega que al amparado se le ha lesionado su
derecho de defensa ya que no tuvo oportunamente acceso al expediente en ninguno de los
despachos recurridos. Igualmente no tuvo acceso a un reproductor de video para observar lo
que sucedió durante la audiencia. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se
declara sin lugar el recurso. SL

7477-09. PRISION PREVENTIVA. OFENDIDA QUITO LA DENUNCIA.                           Manifiesta el
recurrente que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el término de dos meses en
contra de su defendido, por lo que interpuso recurso de apelación solicitando vista oral para
hacer la defensa técnica respectiva. Durante la celebración de dicha vista, la propia ofendida
compareció en forma personal ante el Tribunal y de viva voz manifestó su deseo de quitar la
denuncia, que la Jueza ignoró las manifestaciones de la ofendida, anteponiendo a su entender
sus propias consideraciones personales, no técnicas, para confirmar la prisión preventiva en
contra del amparado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia se declara sin
lugar el recurso. SL

7473-09. PRISION PREVENTIVA. ERROR MATERIAL. Indica la recurrente que el Juzgado
recurrido dictó en contra del amparado prisión preventiva por tres meses, con vencimiento al
20 de mayo de este mismo año. Que en contra de dicha resolución, la defensa técnica del
amparado presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, motivo por el cual se
varió la medida cautelar en el sentido de que la prisión preventiva era por el término de dos
meses. Que no obstante, en su calidad de abogada defensora del amparado, solicitó el 20 de
abril pasado, audiencia al Juzgado Penal a fin de exponer los motivos por los cuales debía
dejarse en libertad a su representado, sin embargo, dicha gestión fue declarada sin lugar,
señalando que se trataba de un error el haber dispuesto que la prisión preventiva era por el
término de dos meses y no por tres. Que no obstante, bajo el supuesto de que se estaba frente
a un error material, el Juzgado Penal decidió que el plazo de la prisión preventiva debía
entenderse por espacio de tres meses con vencimiento al 20 de mayo y no de dos meses con
vencimiento al 20 de abril, a pesar de que la Fiscalía ni siquiera solicitó la prórroga de la
prisión. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso.
SL

7388-09. CORRELACION ENTRE ACUSACION Y SENTENCIA.                                    Acción de
Inconstitucionalidad contra del Artículo 365 Párrafo Final del Código Procesal Penal. Se
impugna la norma por considerar que infringe los principios de imparcialidad del juez, debido
proceso y legalidad, en cuanto permite que el tribunal imponga una pena más grave o distinta
de la solicitada. Señala que como puede extraerse del artículo 357 del Código Procesal Penal,
cuando se requiera condena, el fiscal y el querellante deberán solicitar la pena que estimen
procedente, petición que es relevante porque constituye un límite a las pretensiones del actor
penal y a su vez, permite ejercer el derecho de defensa, de contradecir las pretensiones del
acusador, entre ellas, el monto de la pena. Si la solicitud del acusador no limita las
pretensiones, la sanción resultaría sorpresiva, al ser solo conocida al momento de la condena,
sin previa oportunidad de defensa. También refiere que el artículo 365 del Código Procesal
Penal es un tipo penal abierto, abstracto e impreciso, que como tal, atenta contra el principio de
legalidad consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, porque no establece ningún
límite al juzgador. Sobre el principio de imparcialidad del juez, se cita la sentencia 11920-07.
Finalmente, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo la
acción. RF

7387-09. DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL EN RESOLUCIONES DE
PRESCRIPCION Y REBELDIA. Acción de Inconstitucionalidad contra los Artículos 422 a 442
del Código Procesal Penal. Ley No.7594. Alega el accionante que las normas impugnadas son
omisas, al no establecer el derecho de apelación en relación con las resoluciones
interlocutorias, concretamente la que deniega una excepción de prescripción y la que decreta la
rebeldía. Sobre el tema, se cita el voto número 1550-99 y con base en las consideraciones
dadas en la sentencia considera la Sala que las normas impugnadas, no infringen el derecho a
recurrir del fallo o sentencia condenatoria, razón por la cual, debe rechazarse por el fondo la
acción. RF

7378-09. PLAZO PARA CONCILIACION. Consulta Judicial de Constitucionalidad sobre el
artículo 36 del Código Procesal Penal. Lo que se somete a conocimiento de esta Sala es la
constitucionalidad de la norma, en tanto establece un límite temporal para que la conciliación
entre el imputado y la víctima pueda ser acordada como medida alterna al juicio oral y público.
Duda el Juez de la razonabilidad de dicho límite y si es contrario al numeral 41 de la
Constitución Política. Sobre la conciliación se cita el voto 7115-98 y sobre la legitimidad
constitucional de los límites temporales a la aplicación de formas alternativas de resolver el
conflicto penal, se cita el voto 2989-00. Finalmente, con base en las consideraciones dadas en
la sentencia, se evacua la consulta en el sentido de que el límite temporal establecido en el
artículo 36 del Código Procesal Penal para conciliar en el proceso penal, no resulta contrario a
las normas y principios constitucionales. La Magistrada Abdelnour pone nota. Evacuada

6824-09. ALLANAMIENTO ILEGAL. Consulta Judicial de Constitucionalidad. Tribunal Penal de
Heredia, Sede en Sarapiqui en cuanto al Artículo 205 párrafo 2) del Código Penal. La norma
impugnada señala: ―Se impondrá prisión de seis meses a tres años e inhabilitación para el
ejercicio de cargos y oficios públicos, de uno a cuatro años al agente de la autoridad o al
funcionario público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera
de los casos que ella determine. Si la formalidad faltante fuere la orden judicial, las penas
anteriores se aumentarán a juicio del Juez‖. Considera el juez consultante,              que la
criminalización de conductas y su penalización, corresponden al legislador y no la juzgador.. Se
evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 205 párrafo segundo del Código
Penal es inconstitucional. En consecuencia, se anula dicha norma del ordenamiento jurídico.
Esta declaratoria tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma
anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento
en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Evacuada

6595-09. PRISION PREVENTIVA. Indica el recurrente que durante ese fin de semana el
tutelado se apersonó a su finca ubicada en Upala, donde sufrió un cuadro de vértigo muy
severo, en donde luego del examen físico efectuado, se recomendó reposo absoluto. Pese a lo
anterior, y ante la imposibilidad de establecer comunicación para reportar su estado de salud,
contra la recomendación médica, el amparado se trasladó desde Upala, propiamente de su
finca localizada a 15 kilómetros de la frontera con Nicaragua, en zona montañosa, hasta los
Tribunales de Justicia de Turrialba, donde incluso, debió ser atendido por un personero de la
brigada de salud. No obstante lo dicho, en la audiencia llevada a cabo ante el Tribunal
recurrido, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por espacio de 3 meses, bajo el
alegato que el certificado médico aportado no era de la Caja Costarricense del Seguro Social, y
además, que los timbres no estaban matados, ello aunado a que debió haber comunicado su
situación. A lo dicho, alega que la autoridad recurrida no tomó en cuenta que el lugar donde se
encontraba el tutelado no tenía acceso a telecomunicaciones, su estado, ni al principio de in
dubio pro reo. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el
recurso. SL

6583-09. FALTA DE NOTIFICACION AL DEFENSOR. Alega el recurrente que el amparado ha
sufrido prisión preventiva desde 2008. Aduce que se ha violado el derecho de defensa porque
su anterior defensor, renunció a ejercer su defensa y en su lugar, se nombró a otro. No
obstante, ni la Fiscalía ni el Juzgado se percataron de ello, por lo que prescindieron notificar al
nuevo defensor actos trascendentales para ejercer la defensa técnica, concretamente, en las
audiencias convocadas para conocer de los recursos presentados por el defensor original y en
las que se decretó la prisión preventiva del amparado. Todo esto vicia la declaratoria de prisión
y su posterior prórroga. Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado.
Se ordena a la Juez del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, proceder a
programar y celebrar de inmediato la vista oral correspondiente a la solicitud de prórroga de la
medida cautelar de prisión preventiva que fue solicitada en contra del amparado por el Fiscal el
veinte de febrero de dos mil nueve. Por su parte, se le ordena a la Juez del Tribunal de Juicio
del Segundo Circuito Judicial de San José notificar en forma inmediata al defensor del
recurrente el voto No. 115-2009 de las quince horas quince minutos del veintiséis de febrero de
dos mil nueve. CL

5581-09. DETENCION. Acusa el amparado que está detenido a la orden del Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, privado de libertad en virtud de una orden de captura no
cancelada del sistema informático, por error. Explica que enfrentó causa por privación de
libertad, en la cual se realizó una conciliación y se llegó a un compromiso que está en
cumplimiento, por lo que no hay motivo para privarlo de su libertad. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

6000-09. DETENCIÓN. Manifiesta el recurrente que sus representados permanecieron
detenidos por orden de la Fiscalía en las Celdas del Organismo de Investigación Judicial, con
el propósito de que se realizaran inspecciones oculares y se recolectara prueba que sería
utilizada en su contra, sin que al efecto se les asignara un defensor público. Con base en las
consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

6005-09. PRISIÓN PREVENTIVA PRORROGADA POR EL TRIBUNAL DE OFICIO. Alega la
recurrente que en la causa penal que se le sigue al amparado tenía fecha para la celebración
del debate, el cual no se llevó a cabo en razón de que el imputado no fue trasladado del Centro
de Atención Institucional de San José al Tribunal, lo anterior, por un error de la propia autoridad
recurrida que giró la orden de traslado al Centro de Atención Institucional Sandoval, pese a que
el amparado se encuentra descontando prisión preventiva en San José. Menciona que el
Tribunal Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica ordenó la prórroga de la prisión
preventiva del amparado por el término de 2 meses y que el Ministerio Público no solicitó a las
autoridades recurridas la prórroga de la prisión preventiva, por lo que el dictado de la resolución
en cuestión se dictó de oficio, lo cual resulta contrario a derecho y lesiona los derechos
fundamentales del amparado. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente a fin
de que la privación preventiva del imputado no se prolongue más de lo estrictamente necesario
para celebrar el debate y, en consecuencia, se ordena al Tribunal Penal del Primer Circuito
Judicial de la Zona Atlántica que celebre el juicio a la mayor brevedad posible y adecue su
agenda o reasigne el caso a la sección que tenga disponibilidad de agenda más pronto. CL
Parcial.

5971-09. IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS, REGISTRADO HACE MÁS DE 20 AÑOS.
Indica el recurrente que el trece de marzo del presente año, en las oficinas de Migración en la
frontera de Peñas Blancas, le impidieron la salida del país, aduciendo que tenía impedimento
de salida, pero en realidad no existe ninguna causal, con lo que se violenta su libre derecho de
tránsito, el cual fue emitido en 1987. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le
ordena al Director General de Migración y Extranjería y al Juez Coordinador a.i. del Juzgado
Penal de Heredia coordinar cada uno en el ámbito de sus competencias, para que de forma
inmediata se proceda al levantamiento del impedimento de salida del país existente contra el
amparado, de nacionalidad de nicaragüense, y emitir, en caso de que así proceda, la
resolución pertinente que respalde el impedimento en contra del recurrente. CL

5951-09. PRISIÓN PREVENTIVA.Manifiesta la recurrente que su representado descuenta
prisión preventiva, y que se realizó una vista oral, en razón de que las circunstancias variaron
y en ella se ofreció arraigo familiar y trabajo estable del ofendido, no obstante el Juez que
resolvió no valoró correctamente la prueba y dejó en libertad al imputado principal; no así, a su
representado al cual le mantuvo la medida de prisión. Estima que la resolución que dictó la
prisión preventiva en contra del encartado está plegada de mal razonamiento, falta de
fundamentación y un despliegue de poder por parte del Juez que la ordenó. Analizado el caso y
con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

5897-09. PRISIÓN PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Manifiesta la recurrente que
dentro del proceso penal que se les sigue a sus representados se programó una vista oral para
efectos de solicitar un cambio de medidas cautelares, ya que los imputados se encuentran
privados de libertad. Indica que ese día se presentó al despacho recurrido, y le manifestaron
que la llamarían a efectos de indicarle el número de Sala para realizar la vista. Que en varias
oportunidades consultó por lo anterior y siempre le manifestaron que esperara a que la
llamaran. Seguidamente después de varias consultas, preguntó nuevamente por la vista y fue
en ese momento cuando se le indicó que la vista se había realizado sin su presencia, y que
habían confeccionado una constancia de que no se encontraba en el lugar. Se declara
parcialmente con lugar el recurso sin ordenar la libertad de los tutelados, y se le ordena al Juez
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, fijar inmediatamente una nueva audiencia
oral en la fecha más próxima para que la defensora de los tutelados exponga los motivos de su
petición de cambio de medida cautelar y, de ser necesario, se reciba el testimonio de los
testigos ofrecidos por la defensa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. CL Parcial

5437-09. DICTAN PRISION PREVENTIVA SIN CONVOCAR AUDIENCIA SOLICIADA POR
LA DEFENSA. Alega el recurrente recurrente que en contra de su representado se tramita
causa penal y que mediante resolución se ordenó medidas cautelares contra su representado
distintas de la prisión preventiva. Indica que el Ministerio Público al encontrarse inconforme con
lo resuelto, interpuso recurso de apelación, contra la citada resolución. Señala que sobre el
mencionado recurso la defensa fue emplazada por el Juzgado recurrido, por lo que se solicitó
al Juzgado Penal accionado, señalar la audiencia oral a los efectos de explicar de viva voz las
razones por las cuales el estado de libertad del amparado debe mantenerse. Agrega que el
Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, por voto número 374-2008 de las
10:45 horas del 11 de diciembre de 2008, sin conceder la audiencia solicitada y sin explicar el
por qué la denegó, revocó las medidas cautelares dictadas contra el amparado y ordenó su
prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara con lugar el recurso. CL

4957-09. SANCIONES POR SUSTRACCION DE MENOR. Acción de Inconstitucionalidad
contra del Artículo 184, 184 ter y 215 del Código Penal. En este caso, la accionante aduce
violación a los principios de legalidad y tipicidad. En relación con este aspecto, señala que los
artículos 215 bis y 184 contienen la misma acción típica, que es la sustracción de un menor o
incapaz del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas, sin
determinar cuándo se le cuida en forma legítima y cuando no. Las diferencias en estas normas
están constituidas porque en el 215 bis se señala como víctima a la persona menor de doce
años y además el quantum de las penas de prisión previstas en ambas normas es diverso.
Afirma que si se persigue a una persona por ambas conductas, esto provoca una duplicidad
inconveniente. Refiere que el hecho de que en el mismo ordenamiento represivo existan dos
normas que pretenden castigar la misma conducta, provoca una inseguridad jurídica
inaceptable, dado que las normas penales deben permitir al destinatario conocer en forma clara
y certera, no sólo la conducta ilícita, sino además, la sanción que eventualmente le
correspondería. Además indica que el secuestro de menores ya está tipificado en el artículo
215 del Código Penal y constituye un supuesto de agravación, de conformidad con lo que
indica el inciso 4). Con base en las consideraciones expuestas en la sentencia, se rechaza por
el fondo la acción. RF

4499-09. PRISIÓN PREVENTIVA DEBE SER PRORROGADA POR EL TRIBUNAL DE
CASACION CUANDO LOS PLAZOS VENCEN. Señala recurrente que contra la amparada se
dictó prisión preventiva por primera. Indica que por medio de sentencia número 798-2008, el
Tribunal Penal de Juicio de San José condenó a su patrocinada al tanto de 12 años de prisión
prorrogando la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 18 de diciembre del 2008.
Menciona que por resolución de las 13:40 horas del 17 de diciembre del 2008, se prorrogó de
nuevo la prisión preventiva en contra la amparada por parte del Tribunal recurrido hasta el
próximo 18 de junio del 2009. Asegura que actualmente, el expediente está en espera que se
resuelva un recurso de casación ante la Sala Tercera. Considera que esta última prórroga de la
prisión preventiva es ilegal, ya que el Tribunal de Juicio recurrido prorrogó la prisión preventiva
más allá del término que la Ley le faculta. Aclara que lo anterior significa que el competente
para conocer de esta prórroga de seis meses era el Tribunal de Casación Penal, de ahí que el
Tribunal accionado a lo sumo pudo haber prorrogado la misma hasta el 27 de enero del
presente año, pues luego de este término lo procedente era que el Tribunal de Casación el
competente para conocerla. Se declara CON LUGAR el recurso sin ordenar la libertad. Se
ordena al Tribunal de Casación Penal que resuelva la prórroga de prisión preventiva solicitada
por la Fiscal Auxiliar el 16 de diciembre de 2008. Se condena al Estado al pago de los daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. CL
4969-09. MINISTERIO PÚBLICO NIEGA ACCESO A LEGAJO DE INVESTIGACION. Alega el
recurrente que se le negó el acceso al legajo y que se le notifican las resoluciones que se
dicten en esa causa, bajo el argumento de que "...el hecho de que se haya practicado un
allanamiento en dichas dependencias, así como (...) en la vivienda de …, no les da la condición
de parte...", lo cual resulta paradójico, por ser contrario al debido proceso y por implicar una
denegatoria de acceso a la justicia en favor de los amparados, ya que no puede sostenerse
que el hecho de que una persona no sea imputado o sospechoso no puede tener acceso al
expediente para ejercer los derechos de acción y defensa necesarios para la protección de los
intereses legítimos de las personas a quienes afectó la diligencia practicada. Que en ese
sentido, resulta también contrario a derecho, que no se les permita estar presente en la
apertura de la documentación y en la revisión de los archivos informáticos de las computadoras
que fueron decomisadas, pues ello resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Constitución Política, ya que nosería propio de un proceso penal acusatorio, que se le asigne al
Juez o al Ministerio Público el control que le corresponde ejercer a la parte interesadaSe
declara con lugar el recurso únicamente por violación del artículo 30 de la Constitución Política.
En consecuencia se ordena a los de Fiscales de la Unidad de Delitos Tributarios del II Circuito
Judicial de San José permitirle al recurrente el acceso irrestricto al expediente. CL


4760-09 POSICION DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE COMISO DE VEHICULOS EN
PROCESOS DE FLAGRANCIA. APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNAS. Indica el recurrente
que su representado es investigado por la Fiscalía de Flagrancias por la supuesta comisión de
un delito de conducción temeraria. Que se realizó la audiencia preliminar ante el Juzgado
Penal de Flagrancias y la Defensa Pública aprovechó para ofrecer la aplicación de una
Suspensión del Proceso a Prueba. Que al dársele audiencia al Ministerio, adujo que no la
podía aceptar por cuanto "por directrices jerárquicas" uno de los requisitos indispensables para
aplicar alguna solución alterna en casos como el de marras, es que el imputado consintiese
expresamente desde ese momento, el comiso del vehículo de su propiedad. Que ante la actitud
de la Fiscalía no se logró acceder a ninguna medida alterna y el expediente fue elevado a
juicio. Estima que la posición del Ministerio Público sobre el comiso de vehículos en procesos
como el que motiva este amparo, se transgrede el principio constitucional del debido proceso,
específicamente en lo que respecta al principio de legalidad, al derecho de defensa y al
principio de inocencia. Que si bien es cierto los imputados no tienen un derecho constitucional
para acceder a la suspensión del proceso a prueba, sí tienen derecho a que se respete el
debido proceso, aunado a ello si se propone un plan reparador, debe analizarse objetivamente
por la Fiscalía y no desecharse prima fascie. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Vargas y Abdelnour salvan el voto y
declaran con lugar el recurso. SL

4522-09. LIMITE MAXIMO DE UNA PENA DE PRISION. 50 años. Acción de
Inconstitucionalidad contra de la Ley 7389 publicada en La Gaceta No.83 del 02-05-1994, que
reformó los artículos 51 y 76 del Código Penal. Las normas se impugnan en cuanto a dos
motivos principales: 1).- infracciones esenciales en el procedimiento legislativo de reforma de
los citados preceptos legales; y, 2).- desproporción en el monto de la pena máxima por lo
efectos que con su aplicación, sufren los privados de libertad. Al respecto, y en forma
específica, increpa: a).- Que fueron violados los procedimientos preceptuados para el trámite
de formación de leyes, por cuanto, de conformidad con la norma 163 apartado b) del
Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, se estatuye que las mociones sólo serán de
recibo, cuando se presenten a la Secretaría de la Comisión Legislativa Plena, durante las tres
primeras sesiones de discusión en primer debate; no obstante, la moción de folio 228 – folio 5
-, presenta dos sellos de recibido con fechas del 9 de noviembre de 1993 y 7 de abril de 1995,
datas que no corresponden al plazo establecido para la presentación de mociones; b).- Arguye
que se prescindió de un trámite sustancial, pues se omitió el acta de la sesión donde se aprobó
en segundo debate el proyecto de ley, con lo cual ―se rompió la articulación de una de las
etapas más importante hacia la emanación del acto jurídico final‖ – ver folio 8 -, ya que fue
quebrantado el procedimiento legislativo preceptuado, situación que provocó un serio vicio más
allá de la simple irregularidad, lo que contraviene a la Constitución Política en lo tocante al
proceso de formación de la ley. Asimismo, denuncia anomalías en la foliatura del expediente;
c).- La Corte Suprema de Justicia rindió un informe del Proyecto de Ley en mención e indicó
que ―En ese asunto se pasó a estudio del Magistrado González, presidente de la sala tercera
de la Corte Suprema de Justicia, quien rinde informe desfavorable acerca del proyecto
consultado‖ – folio 13 -, es decir, el proyecto de ley era subsumible dentro del supuesto del
artículo 167 de la Constitución Política, por lo que, debió hacerse la consulta para recabar el
criterio de la Sala Constitucional de si mantenía o no los criterios de la Corte Plena, en relación
con los alcances de la consulta en la legislación codificada - actuación que constituye un vicio
del procedimiento y que sustenta la inconstitucionalidad alegada -; d).- La exposición de
motivos del proyecto de ley constituye su parte preliminar, donde se razonan en forma doctrinal
y técnica los fundamentos del texto legal que se promulga y la necesidad de la innovación o de
la reforma; señala que dichos motivos, se basan en postulados de las Naciones Unidas, que
versan sobre la tutela que se brinda a las personas contra la tortura y otros tratos degradantes,
así como las exigencias rehabilitadoras del ordenamiento jurídico, siempre que se enmarquen
dentro del precepto constitucional que prohíbe todo tipo de pena indeterminada, cruel o
degradante. Sin embargo, el informe del Departamento de Servicios Técnicos indica que
doctrinariamente, lo que se busca con ese proyecto de ley es una sanción retributiva, hecho
que no es congruente con los motivos del proyecto de ley y de la legislación penal, toda vez
que, no contiene un carácter rehabilitador. Así las cosas, se contradicen los principios
fundamentales de la política criminal y de prevención social del Estado, pues con la
normalización de una pena de ese tipo, queda latente que la prisión, lejos de lograr la
reducción de la delincuencia, más bien estigmatiza y pervierte física y psicológicamente al
individuo, ya que no se logra el cometido de readaptación, actuación que violenta el artículo 40
de la Constitución Política; e).- Que las personas que sufren una sentencia tan prolongada,
aunque logren una preparación académica universitaria, no tienen derecho de ejercer su
profesión, lo que contraviene el artículo XII de la Declaración Americana y el 56 de la
Constitución Política. Solicita se acoja en todos sus extremos la acción de inconstitucionalidad
contra el expediente legislativo No. 10.938, y la reforma a los artículos 51 y 76 del Código
Penal, por violación a la seguridad jurídica y los postulados de un Estado Social de Derecho, al
aprobarse el aumento del límite máximo de la pena o prisión por la ley No. 7.389 del 2 de mayo
de 1994, por medio de procedimientos contrarios al orden constitucional y por ser la reforma
opuesta a la Convención Americana de Derechos Humanos, así como al derecho a la libertad e
igualdad consagrados en la Constitución Política. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Mora salva el voto y declara con lugar
la acción.- El Magistrado Cruz consigna nota. SL


4499-09. PRÓRROGAS DE LA PRISION PREVENTIVA CON PLAZOS VENCIDOS DEBE
SER ORDENADA POR EL TRIBUNAL DE CASACION O LA SALA TERCERA. Que se dictó
prisión preventiva contra la amparada y fue sentenciada por el Tribunal Penal de Juicio de
San José, al condenarla a 12 años de prisión prorrogando la medida cautelar de prisión
preventiva hasta el 18 de diciembre del 2008. Menciona que, se prorrogó de nuevo la prisión
preventiva en contra la amparada por parte del Tribunal recurrido hasta el próximo 18 de junio
del 2009. Que actualmente, el expediente está en espera que se resuelva un recurso de
casación ante la Sala Tercera. Señala que la última prórroga de la prisión preventiva es ilegal,
ya que el Tribunal de Juicio recurrido prorrogó la prisión preventiva más allá del término que la
Ley le faculta. Señala que si bien desde el momento en que se dictó por primera vez la
medida cautelar de cita, a la fecha de la sentencia no había transcurrido un año y a ese
momento el plazo de los seis meses aún no estaba vencido. Que al hacer el cómputo de los
dieciocho meses de prisión, vencieron el pasado 27 de enero del 2009. Presentó un recurso
de revocatoria en contra de la resolución de las 13:40 horas, pues la misma ordenó una
prórroga de seis meses de más, lo que en su criterio había excedido el término ordinario de los
dieciocho meses. Considera que de acuerdo a lo anterior el competente para conocer de esta
prórroga de seis meses era y sigue siendo el Tribunal de Casación Penal. Se declara con lugar
el recurso sin ordenar la libertad. Se ordena al Tribunal de Casación Penal que resuelva la
prórroga de prisión preventiva solicitada por la Fiscal Auxiliar el 16 de diciembre de 2008. CL

4502-09. SE DICTA MEDIDA CAUTELAR DE SIETE DÍAS A FIN DE ELEVAR LA
RECUSACIÓN ENTABLADA DURANTE LA AUDIENCIA. Que al amparado se le investiga por
el delito de posesión de drogas y el Juzgado Penal de Heredia dictó un allanamiento el 4 de
marzo del año en curso, oportunidad en la que estuvo presente el Juez respectivo. Indica que
esa misma autoridad señaló este una audiencia oral para la imposición de medidas cautelares,
acto jurisdiccional que fue precedida por el mismo juez que realizó el allanamiento. Que en
vista de lo anterior , presentó un incidente de recusación por violación al debido proceso y al
derecho de defensa, al verse comprometida la imparcialidad, el cual fue rechazado, por lo cual
presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, con lo que procedía enviar las
diligencias al Tribunal de Juicio para que se pronunciara sobre la recusación. El juez acogió
la actividad procesal defectuosa, que enviaría el expediente al Tribunal, pero previo a ello
conoció de la solicitud de prisión preventiva interpuesta por la Fiscalía, y dictó dicha medida
cautelar por siete días, a fin de elevar la recusación entablada durante la audiencia. Considera
que el Juez recurrido no podía dictar la prisión preventiva en contra del amparado antes de que
el Tribunal no se pronunciara sobre el incidente de recusación, y al hacerlo violentó los
derechos fundamentales de su representado. Con base en las consideraciones dadas en la
sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL


3902-09. SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ALIMENTARIO. Acción de
Inconstitucionalidad en contra del artículo 185 del Código Penal. Alega el recurrente que el
artículo 39 de la Constitución Política solo autoriza la privación de libertad en los casos de
apremio corporal en materia civil o de trabajo, o en los casos de insolvencias, quiebras o
concurso de acreedores, resultando inconstitucional el tipo penal de incumplimiento de deber
alimentario, que establece pena de prisión a los obligados a dar una suma de dinero a título de
alimentos en caso de incumplimiento. Si bien, la Sala Constitucional ha conceptuado la
obligación de alimentos como una obligación social y no patrimonial, nacida en la relación de
vínculo matrimonial o filial, lo cierto es que la Constitución la tiene como una obligación
monetaria, pues al derecho constitucional de no ser privado de la libertad por deudas, exceptúa
la posibilidad de ser recluido en prisión cuando se trate de casos de apremio corporal en
materia civil o de trabajo. De no tener la obligación de alimentos un carácter dinerario, la
Constitución no habría consignado la excepción por innecesaria. La Sala ya se pronunció en
cuanto a la constitucionalidad de la norma cuestionada en la sentencia 8124-99 y con base en
ello, se rechaza por el fondo la acción. RF

3685-09. NO SE PRONUNCIAN SOBRE PRISION PREVENTIVA, POR ACCION DE
INCONSTITUCIONALDIAD PENDIENTE. Alega el recurrente que contra el amparado se sigue
causa penal, por lo que se encuentra recluido en el Centro de Atención Institucional de San
José a la orden del Tribunal Penal de Desamparados, y la fecha de vencimiento de su prisión
preventiva lo fue el día 23 de febrero de 2009. Señala que la citada causa se encuentra
suspendida en virtud de la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el número de
expediente 08-013240-007-CO ante esta Sala. Indica que con motivo de una solicitud expresa
del Ministerio Público, se ha dictado por parte del Tribunal de Casación Penal la resolución de
las 15:30 horas del 18 de febrero del año en curso, que señala: "Por tal razón, al existir la
suspensión del debate por la acción de inconstitucionalidad planteada, el artículo 259 inciso 1°
del Código Procesal Penal dispone que los plazos de prisión preventiva se suspenderán, por tal
razón, por disposición legal ha operado la suspensión de la prisión preventiva del dos al
veintitrés de febrero de 2009, hasta tanto la Sala Constitucional resuelva sobre la acción
planteada. Se declara con lugar el recurso, pero sin ordenar la libertad del tutelado Juan Carlos
Flores Altamirano, en razón de la omisión del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José de resolver, por el fondo, sobre la solicitud de prórroga de prisión
preventiva solicitada por el Ministerio Público el dieciséis de febrero del dos mil nueve, y se le
ordena que en el plazo de tres días, contado a partir de la comunicación de esta sentencia,
resuelva sobre el fondo del asunto conforme a derecho corresponda. CL

3136-09. ORDEN DE CAPTURA. Señala el recurrente que el Tribunal de Juicio de Heredia giró
una orden de captura dentro del proceso penal en contra del amparado, la cual nunca se hizo
efectiva ni se renovó. Señala que desde abril de mil novecientos noventa y ocho y hasta
setiembre del dos mil ocho, el amparado descontó una pena impuesta en el sistema
penitenciario, la cual cumplió en el centro penitenciario La Reforma por un período de doce
años, donde nunca fue requerido por ninguna autoridad judicial en relación con la causa antes
citada. Agrega que los despachos recurridos nunca cancelaron la orden girada, pese a que el
amparado enfrento un juicio oral y público en este mismo tribunal de Heredia, estando preso
por otra causa y donde resulto absuelto. Añade que la Sección de Capturas del Organismo de
Investigación Judicial capturó al tutelado con una orden que data de 1995, por lo que el
amparado estuvo detenido por más de catorce horas de forma ilegitima. Se declara con lugar el
recurso. Se ordena a la JUEZA DE TRAMITE DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE HEREDIA, al
JEFE DE LA SECCION DE CAPTURAS DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL Y
AL JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL, verificar, en los ocho días siguientes a la comunicación de
esta sentencia, que en relación con el tutelado, no quede pendiente de cancelación ninguna
orden de captura que no deba estar vigente. CL

3117-09. SUSTITUCION DE SENTENCIA ESCRITA POR RESOLUCIONES EMITIDAS EN
FORMATO ORAL. SENTENCIA ORAL. ORALIDAD. Consulta Judicial planteada por el
Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial. Se consulta si la práctica judicial en
materia penal de omitir la redacción de la sentencia, sustituyendo el documento escrito por una
resolución emitida en forma oral (entendiendo que su soporte material es el DVD o cualquier
otro registro de audio y video que se utilice), infringe el estricto principio de legalidad que para
la materia procesal penal prescribe la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley.
Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, la Sala evacua la consulta formulada
en el sentido que la práctica judicial, de omitir la redacción de la sentencia documento,
sustituyendo éste por una resolución emitida en forma oral, no es contraria al principio de
legalidad, siempre y cuando se suministre a la parte el registro que le permita en ejercicio del
principio de autonomía del ser humano, conocer de lo resuelto y se le provea en las
instalaciones del Poder Judicial de los medios necesarios para accederla, en caso de que no
cuente con los recursos propios para ello. Deben los jueces que utilicen esta práctica, tomar las
previsiones del caso para asegurar que el registro del fallo se produzca efectivamente.
Evacuada

3104-09. PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA SIN AUDIENCIA. Alega la recurrente que
el Tribunal Penal de Limón prorrogó por dos meses más, la prisión preventiva en contra de su
defendido ante la solicitud escrita del Ministerio Público, sin dar audiencia previa a la defensa.
En el presente caso ya se dispuso la apertura a juicio, se señaló fecha para la celebración del
debate, las resoluciones se han dictado con una adecuada fundamentación fáctica y jurídica,
sin circunstancias que puedan causar indefensión a las partes y se han notificado
adecuadamente. Finalmente, a la defensa le asiste el derecho de acudir ante el Juzgador con
elementos probatorios y de juicio necesarios para sustentar nuevas circunstancias que
pudieran modificar la medida impuesta. Se citan los votos 3019-07, 9233-07, 2031-06, 9361-08,
9379-06, 2643-07. SL

3081-09. DETENCION DE MENOR DE EDAD. Indica la recurrente que la autoridad recurrida
tramita causa en su contra y mediante resolución de las 16:00 horas del 22 de noviembre del
2008, el Juzgado de Violencia Doméstica de Limón, actuando en disponibilidad como Juzgado
Penal Juvenil, dispuso en contra del menor medidas de orientación y supervisión por el plazo
de 2 meses a vencer el 22 de enero del 2009. Manifiesta que durante el período de orientación
el Ministerio Público no solicitó la revocatoria de las medidas impuestas, ante un eventual
incumplimiento del imputado. Considero que la resolución que carece de toda fundamentación
en virtud de que se pretende resolver la situación jurídica del imputado respecto a elementos
de otra causa seguida en su contra. En vista de que en este caso, se revocó la resolución
impugnada, se declara con lugar para efectos de daños y perjuicios. CL

3079-09. CAMBIAN FECHA DE DEBATE SIN DEBIDO PROCESO. Alega el recurrente que el
Tribunal recurrido señaló para juicio los días que van desde el 16 de febrero al 3 de marzo de
2009. Pero el Fiscal de la Unidad de Narcotráfico gestionó un cambio y el Tribunal, sin dar
audiencia a la Defensa, señaló como nueva fecha para el contradictorio el 20 de julio de 2009.
El recurrente reclama que al no ser puesta en su conocimiento la gestión, no pudo objetarla,
con lo que estima violentado el debido proceso y el derecho de defensa. Reclama que esa
resolución no está fundamentada, no sabe por qué razón el Tribunal accedió a la gestión del
Fiscal, por lo que considera violentado el artículo 142 del Código Procesal Penal, además
considera que atenta contra el principio procesal de Justicia pronta y cumplida. Agrega que el
Tribunal no entró a valorar que el imputado está privado de libertad. Se declara con lugar el
recurso sin ordenar la libertad del tutelado al estimarse que el señalamiento del juicio hasta el
20 de julio del 2009, vulnera su derecho a la libertad. En consecuencia, se ordena al Tribunal
de Juicio de Heredia que celebre el juicio a la mayor brevedad posible y adecue su agenda o
reasigne el caso a la sección que tenga disponibilidad de agenda más pronto. CL
3089-09. SE ORDENA PROGRAMA AUDIENCIA. Alega el recurrente que el día que se llevó
a cabo la declaración indagatoria del amparado, se ordenó su prisión preventiva.
Posteriormente, al considerar la Defensa Pública que la resolución oral se encontraba sin una
adecuada fundamentación, apeló de manera escrita la medida cautelar ordenada, y solicitó en
dicho escrito el señalamiento de una vista oral con la finalidad que se recibieran los testimonios
de dos personas, esto con la finalidad de acreditar el arraigo familiar, domiciliar y laboral del
encartado; máxime que durante la audiencia oral de imposición de dicha medida cautelar el
Juez Penal rechazó la recepción de esos testimonios, gestión sobre la que no se pronunciaron.
Se declara con lugar el recurso sin ordenar la libertad del amparado. Se anula el voto 41-09 de
las catorce horas cuarenta y cinco minutos horas del cuatro de febrero del dos mil nueve, del
Tribunal Penal de Heredia. Se ordena a dicho Tribunal proceder a programar y celebrar de
inmediato la vista oral solicitada por la defensora pública, de previo a resolver el recurso de
apelación incoado por ella contra la resolución tomada en audiencia oral de las diecisiete horas
del 7 de enero del 2008 por el Juzgado Penal de Heredia. CL

2634-O9 SE PRÓRROGA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR NO DEPOSITAR EL MONTO DE
LA CAUCIÓN IMPUESTA. Alega el recurrente que el Tribunal Penal del 3° Circuito Judicial de
San José, a solicitud de la Defensa Técnica, dispuso sustituir la medida de prisión preventiva
ordenada en contra de la amparada, por una caución real y la obligación de firmar una vez por
semana, mantener un domicilio fijo y no comunicarse con los otros dos imputados en esa
causa y se decretó impedimento de salida del país. La amparada no pudo depositar el monto
de la caución impuesta y la prisión preventiva se prorrogó por dos meses más. Se solicitó
una modificación de la medida, pero ya han transcurrido más de 2 meses sin que la Fiscalía de
Crimen organizado logre recabar prueba que la vincule con los ilícitos. Acusa que la caución
impuesta es imposible de pagar. Menciona la sentencia de la S.C N° 2007-017960 de las 14:40
del 12 de diciembre del 2007. Agrega que el juez no fundamentó porqué se debía imponer
ese monto, ni ordenó la realización de un estudio socioeconómico que permitiera determinar
objetivamente las posibilidades reales de su representada. Se declara con lugar el recurso sin
ordenar la libertad de la amparada. Se ordena al Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de
San José, Sede Suroeste, Pavas disponer que se realice el estudio socioeconómico de la
amparada a fin de determinar fundadamente el monto de la caución fijada. CL


2637-09 PLAZO DE PRISIÓN PREVENTIVA SUPERA EL MÁXIMO LEGALMENTE
ESTABLECIDO. Manifiesta la amparada ya cumplió el período de la prisión preventiva con el
máximo de la pena a imponer. Manifiesta que la amparada aún sin haber estado en juicio,
sobrepasó preventivamente un lapso mayor que el de la condena podría derivarse, por rebasar
el máximo establecido legalmente. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente
en cuanto que el señalamiento del juicio hasta el 16 de abril de 2009 vulnera la libertad de la
amparada. En consecuencia, se ordena al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
José que celebre el juicio de la amparada a la mayor brevedad posible y adecue su agenda o
reasigne el caso a la sección que tenga disponibilidad de agenda más pronto. CL Parcial.

2327-09. PRISIÓN PREVENTIVA. Manifiesta el recurrente que el Tribunal de Juicio del II
Circuito Judicial de Alajuela, señaló juicio oral y público en el día 3 de febrero del 2009. Indica
que una vez iniciado el debate, puso en conocimiento de los señores jueces que el tutelado se
encontraba en estado de ebriedad, pues en una conversación previa con su persona, el
encartado le había manifestado que había ingerido media botella de licor. Menciona que los
recurridos procedieron a efectuar un interrogatorio al imputado, comprobando que no se
encontraba en sus capacidades cognoscitivas y volitivas, por lo que luego de la deliberación
pertinente, ordenaron la suspensión del debate y ordenaron la prisión preventiva de su
defendido. Estima que la detención del amparado es a todas luces violatoria a su derecho a la
libertad y defensa, pues es notorio que la medida impuesta es extrema e innecesaria,
existiendo formas alternas que de igual manera asegurarían la realización del debate. Con
base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

1969-09. PRISION PREVENTIVA. Indica la recurrente que el Juzgado Penal Juvenil dictó
detención provisional en contra del menor amparado. Que el menor amparado fue detenido el
día 27 de enero, al ser 3:30 horas, fue identificado en el transcurso de la tarde del mismo día y
en horas de la noche se realizó una Audiencia Oral, para conocer en torno a la solicitud de
detención provisional que presentó el Ministerio Público. Señala que presentó un recurso de
apelación contra la medida impuesta, toda vez que la prisión preventiva ordenada contra el
menor amparado fue dictada sin la debida fundamentación, pues el mismo se encuentra
privado de libertad, sin tener conocimiento de los motivos por los cuales permanece detenido.
Indica que la indagatoria debió de haberse efectuado previó a la audiencia oral de medidas
cautelares, y no un día después de realizarse la audiencia oral, por lo que considera violatorio
del derecho a la libertad del tutelado por cuanto se le privó la libertad sin habérsele indagado.
Con base en las consideraciones dadas Se declara sin lugar el recurso.SL

1975-09. PRISION PREVENTIVA. SE ORDENA VISTA ORAL. Alega el recurrente que el
Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José, dictó resolución ordenando la prisión
preventiva en contra de su defendido por seis meses; que dicha resolución fue recurrida vía
apelación por parte de la abogada defensora, siendo que el Tribunal Penal del Primer Circuito
Judicial de San José, confirmó sin mayor fundamento la resolución impugnada. Acusa que en
el presente caso se dieron dos violaciones directas al derecho a la libertad del amparado, en
primer plano se realizó la audiencia de prisión preventiva sin la presencia de la abogada
defensora y en segundo lugar se dio una improcedencia objetiva y subjetiva de la medida
cautelar impuesta, pues la misma carece en todo sentido de fundamentación. Se declara con
lugar el recurso, sin ordenar la libertad del imputado, por violación al debido proceso. Se anula
la resolución número 15-2008 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de
diciembre del dos mil ocho del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y se
ordena a dicho Tribunal proceder a programar y celebrar de inmediato la vista oral solicitada
por la defensa particular del acusado para resolver el recurso de apelación incoado contra la
resolución de la una hora con cinco minutos del veinte de diciembre del dos mil ocho del
Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José. CL

2004-09. LEY DE TRANSITO. CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD. Acción de
Inconstitucionalidad en contra del artículo 254 bis del Código Penal; Ley número 4573,
adicionado por Ley 7331 y normas conexas. El accionante cuestiona la norma basado en que
una persona que conduce en estado de ebriedad desde su lugar de partida a su lugar de
llegada, sin entrabar relación con nadie, no lesiona bienes jurídicos concretos, y en este
sentido, el tipo penal impugnado es de peligro abstracto, dado que no existe un bien jurídico
denominado ―seguridad común.‖ Que la prohibición no es necesaria porque no tutela ningún
bien jurídico concreto. Asimismo indica que la cárcel no es el mejor medio de protección, pues
se trata de un medio infrahumano para solucionar problemas, que crea más violencia y
desocializa, bastando simplemente con restringir el uso del vehículo. En cuanto a la pena a
imponer debe ser proporcional al daño causado, ya que en los hechos tipificados como
conducción temeraria, no se tiene bien jurídico que tutelar, resultando desproporcionado
imponer una pena, cuando con una sanción disciplinaria se podría evitar que se cause daño a
terceros. La Sala analiza en esta sentencia varios temas: El principio de ofensividad o lesividad
como límite del poder punitivo del Estado y la importancia del bien jurídico y cita las sentencias
6410-96 y 7034-96. Se analiza la formulación legislativa de delitos de peligro abstracto y se
citan las sentencias 2805-96, 1792-99, 4673-03 y 218-06. Sobre el bien jurídico protegido en la
norma impugnada, cita la sentencia 1603-04. Finalmente se hace un análisis sobre la
razonabilidad de la norma y se con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
concluye la norma cuestionada no infringe los principios de lesividad y razonabilidad, por lo que
se rechaza por el fondo el recurso. RF


2009-09. REALIZACIÓN DE PRUEBAS POR CONDUCCIÓN TEMERARIA Y APLICACIÓN
DE LA REFORMA A LA LEY DE TRANSITO. Consulta Judicial de Constitucionalidad en lo
referente a los artículos 254 bis del Código Penal; 1 y 199 de la Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres, introducidos por Ley número 8696 del 17 de diciembre de 2008. El juez
consultante se refiere a los siguientes temas: Sobre el roce constitucional del artículo 199 de la
Ley de Tránsito con el artículo 39 de la Constitución Política, porque se estima que produce
confusión ya que se reconoce que la prueba por excelencia es el alcohosensor, que es el que
indicaría si se está en presencia de un delito o de una infracción administrativa; pero luego le
quita la facultad al conductor de presentar prueba de descargo y termina diciendo que en caso
de delitos, se aplica el Código Procesal Penal; el cual no tiene regulación específica para este
tipo de pruebas, por lo que cualquier prueba, en estos casos, es irreproductible, de manera que
un acusado detenido no puede solicitar hacerse otra prueba, debido a su detención. Sobre el
artículo 254 bis del Código Penal, denominado ―conducción temeraria‖ y el artículo 1 de la Ley
de Tránsito, No. 8696, pues no logra describir la norma completamente la acción que se
pretende sancionar, y finalmente se indica que el artículo 1 de la reforma a la Ley de Tránsito,
en tanto señala que se aplicará la ley a los vehículos, personas y semovientes que estén al
servicio y uso del público en general; debe entenderse que no puede aplicarse a los que no
estén al servicio y uso público. No ha lugar a evacuar la consulta en cuanto a lo dispuesto en
los artículos 254 bis párrafos 1) y 4) del Código Penal y 1 de la Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres introducidos mediante Ley número 8696 del 17-12-08. En relación con el
artículo 199 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, désele curso a la consulta en
cuanto a la frase "...que haya sido tomada dentro de los treinta minutos posteriores a la hora
indicada en la boleta de citación respectiva.". Rechazo Parcial

2003-09. PRISIÓN PREVENTIVA. AUDIENCIA. Alega el recurrente que contra su
representado se dictó prisión preventiva, considera que se ha violentado el debido proceso por
cuanto se emitió la resolución sin haber otorgado previa audiencia a la Defensa Técnica. Que
la prisión preventiva venció el 11 de enero, que había suficiente tiempo para realizar la
audiencia oral a la que se pudo haber convocado urgentemente; por lo que presentó un recurso
de apelación el cual fue declarado sin lugar, calificándolo de medida dilatoria e innecesaria
porque la Defensa no ofreció prueba y dispuso que al vencerse la prórroga el caso debe
resolverse de forma urgente sin conceder audiencia oral a las partes. Se declara con lugar el
recurso, sin ordenar la libertad del amparado. Se anula el voto número 013-09 de las catorce
horas con quince minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve del Tribunal de Juicio de
Heredia, y se ordena a dicha autoridad a programar y celebrar de inmediato la vista oral
solicitada por la recurrente, de previo a resolver el recurso de apelación planteado por ésta
contra la resolución de las once horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil nueve
del Juzgado Penal de Heredia. CL

1689-09. ORDEN DE CAPTURA. Alega el recurrente que fue condenado a quince años de
prisión por el Tribunal de Juicio de Heredia en julio de 1999, en el mes de diciembre del 2008
se le otorgó libertad condicional. Desde la fecha en que se inició la investigación en contra del
amparado, el 21 de enero de 1997 se giró una orden de captura en su contra, dicha orden
nunca fue cancelada pese a que el amparado descontó la pena impuesta en el sistema
penitenciario. Los despachos recurridos nunca liquidaron la orden girada pesa a que
confeccionaron la liquidación de la pena y ordenaron el archivo del expediente. La Sección de
Capturas del Organismo de Investigación Judicial capturó al tutelado con una orden que data
de 1997, por lo que el amparado estuvo detenido por más de trece horas de forma ilegítima. Se
declara con lugar el recurso. Se ordena al Juez Penal de San Joaquín de Flores de Heredia, al
Juez Integrante del Tribunal Penal de Heredia, y al Jefe de la Sección de Capturas del
Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, verificar,
en los ocho días siguientes a la comunicación de esta sentencia, que en relación con el
tutelado, no quede pendiente de cancelación ninguna orden de captura que no deba estar
vigente emanada de los despachos accionados. CL

1239-09. NIEGAN ENTREGA DE VEHICULOS DECOMISADOS EN CAUSA PENAL. Alega el
recurrente que se tramitó proceso penal en su contra y dentro del mismo se ordenó el
decomiso de dos vehículos a favor del Consejo Nacional de Drogas. Que fueron absueltas de
toda pena y responsabilidad, razón por la cual, según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
que regula la materia, en su condición de propietarias registrales de dichos vehículos
solicitarón a dicho Tribunal la devolución de los mismos, no obstante, dicha gestión les fue
denegada por parte de esa autoridad, sin considerar el hecho de que esos vehículos fueron
adquiridos con su propio dinero, amén de que constituyen su medio de trabajo. Con base en
las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL

1019-09. NO PROGRAMAN VISTA ORAL. Indica la recurrente que en la Fiscalía Adjunta de
Heredia se tramita en contra del amparado una causa penal, por el delito de Infracción a la Ley
de Psicotrópicos en perjuicio de la Salud Pública. Señala que el cinco de diciembre del dos mil
ocho, por medio de la audiencia oral y pública el Juzgado Penal de Heredia le impuso tres
meses de prisión preventiva al amparado; por ello, en el mismo acto se interpuso un recurso de
apelación contra dicha resolución y se solicitó que se remitiera de alzada al Tribunal Penal de
Heredia, a fin de que se señale audiencia oral para ampliar los argumentos expuestos y ofrecer
prueba para desacreditar los peligros procesales alegados. No obstante, el Tribunal Penal de
Heredia, declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución emitida por el
Juzgado citado, sin hacer referencia de la solicitud de audiencia oral gestionada por la defensa
técnica y sin indicar las razones que estimó para no convocarla, violentando los derechos
fundamentales del amparado. Se declara con lugar el recurso, sin ordenar la libertad del
amparado. Se anula parcialmente la resolución número 371-2008 de las quince horas cuarenta
y cinco minutos del diecinueve de diciembre del dos mil ocho dictada por el Tribunal Penal del
Heredia, únicamente en cuanto a lo resuelto respecto a la medida cautelar impuesta al
amparado y se ordena a dicho Tribunal proceder a programar y celebrar de inmediato la vista
oral solicitada por el recurrente de previo a resolver el recurso de apelación incoado por el
recurrente contra la resolución de las 9 horas del 5 de diciembre del 2008 del Juzgado Penal
de Heredia. CL

1052-09. SANCION POR RECIBIR HABITUALMENTE COSAS PROVENIENTES DE UN
DELITO. Consulta Judicial de Constitucionalidad. Tribunal de Juicio Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José en lo referente al artículo 324 del Código Penal. La norma señala que
―será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, sin promesa anterior al delito,
recibiere cosas o bienes de acuerdo con las circunstancias debía presumir provenientes de un
delito. Si el autor hiciere de ello un tráfico habitual se le impondrá la respectiva medida de
seguridad‖. Se indica que la inconstitucionalidad del artículo cuestionado deviene de la base de
ser un delito de sospecha, donde hay una presunción de dolo, contraria a los principios de
culpabilidad e inocencia. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el párrafo 1) del
artículo 324 del Código Penal no es contrario a los principios de culpabilidad e inocencia. En
cuanto al párrafo 2) de esa misma norma, el mismo es inconstitucional y por ende se
anula del ordenamiento jurídico. Evacuada

842-09. SE EXCLUYE AL MINISTERIO PUBLICO DE PROCESO DE EXTRADICION. Alega el
recurrente que Tribunal de Casación Penal revocó la resolución dictada por el Tribunal de
Juicio de Puntarenas y acogió las diligencias de extradición, declarando con lugar la extradición
solicitada de la recurrente, la cual no tiene recurso ulterior. En dicho proceso, el Ministerio
Público fue parte actora. Estima que el Tribunal de Casación Penal recurrido ha violado los
derechos fundamentales de la extraditada, al resolver en única instancia la extradición en su
contra y ordenar su entrega a los Estados Unidos de América. El artículo 8.2.h de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de todo inculpado de delito,
como lo es la extraditada a recurrir o impugnar el fallo dictado en su contra ante un tribunal de
superior jerarquía, derecho desarrollado en el artículo 9.g de la Ley de Extradición. Se declara
parcialmente con lugar el recurso sin ordenar la libertad de la amparada. Se anula la resolución
número 2008-00586 de las 9:45 horas del 16 de diciembre de 2008, dictada por el recurrido
Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, por la exclusión del
Ministerio Público como parte del proceso de extradición. En consecuencia se le ordena al
Tribunal de Juicio de Puntarenas que de nuevo emplace a las partes para que acudan a la
segunda instancia a hacer valer sus derechos. Las Magistradas Calzada Miranda y Abdelnour
Granados ordenan la inmediata libertad de la amparada.- La Magistrada Calzada da razones
diferentes. CL Parcial

599-09. DETENCIÓN POR MAS DE 24 HORAS. Indica el recurrente que la policía detuvo a los
amparados y desde su detención permanecen privados de su libertad y se encuentran en las
celdas del Segundo Circuito Judicial de San José. Agrega que los detenidos fueron puestos a
la orden de la Fiscalía de Hatillo. Menciona que los amparados fueron intimados de los cargos
en su contra y rindieron declaración indagatoria en la Fiscalía de Hatillo, que uno de ellos
prestó declaración en la Fiscalía de Turno Extraordinario, pero a pesar de haber transcurrido
más de cincuenta horas, los amparados siguen detenidos sin que exista una orden de un Juez
que así lo ordene, CL.

555-09. PRISION PREVENTIVA EN CASOS DE EXTRADICION. VENCIMIENTO DEL PLAZO.
Alega el recurrente que se ordenó la detención de su defendido por un proceso de extradición
pendiente. Afirma que dicha actuación se dictó aún y cuando había transcurrido el plazo de 60
días al que hacen alusión los artículos 10 inciso 4 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y
el Reino de España y 9 de la Ley de Extradición, sin que se formalizara la solicitud de
extradición por parte del Gobierno requirente. Se rechazó la solicitud de libertad del amparado,
argumentando que la solicitud de extradición fue formalizada por el Gobierno Español. Sostiene
que el Gobierno Español no ha cumplido con lo pedido sobre la formalización de la solicitud de
extradición, y el plazo para tal efecto venció el 21 de diciembre del 2008, por lo que la privación
del amparado resulta ilegítima. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se
declara sin lugar el recurso. La Magistradas Calzada y Abdelnour ponen nota. El Magistrado
Vargas pone nota. SL

564-09. DETENCION POR MAS DE 24 HORAS. Manifiesta el recurrente que en causa seguida
en su contra ante la Fiscalía de Bribrí contra el amparado, se dictó prisión por incumplimiento
de una medida de protección. El amparado fue detenido el treinta y uno de diciembre de dos
mil ocho; sin embargo hasta el dos de enero de dos mil nueve que fue indagado por el
Ministerio Público y a las once horas treinta y un minutos se ordena su libertad, manteniéndolo
detenido por treinta y ocho horas y diecinueve minutos. CL


563-09. NO SE NOTIFICA AL DEFENSOR LA MEDIDA CAUTELAR. El ofendido es un menor
de edad y se encuentra sometido a proceso en una causa por el delito de robo simple en
grado de tentativa y fue detenido el veinte de diciembre del dos mil ocho. Que el mismo día de
su aprehensión se identificó e indagó al imputado y el Ministerio Público formuló la acusación
correspondiente en su contra. El Juez del Despacho recurrido dictó resolución que ordenó la
detención provisional en contra del ofendido por un plazo de dos meses en el Centro de
atención para menores Zurquí, bajo el alegato de que el menor no cuenta con domicilio fijo y
es un extranjero indocumentado, lo cual eventualmente podría provocar que se obstaculice el
proceso penal que se sigue en su contra. Se indica que la Defensa no fue notificada de las
actuaciones del Juzgado recurrido; sino que se hizo una constancia de la resolución
supracitada y se le notificó personalmente al imputado; pero no a la defensa. Que lo anterior
dejó en estado de indefensión al menor involucrado y vulnerándose el derecho a una debida
representación. CL


308-09. CORRUPCION AGRAVADA. Acción de Inconstitucionalidad contra del Artículo 342 del
Código Penal. El accionante impugna la norma que regula la figura penal de “Corrupción
Agravada”, por cuanto considera que infringe el principio de legalidad penal, en virtud de que al
establecer la pena aplicable, remite en la primera parte, a los dos artículos anteriores (cohecho
propio –artículo 341- y cohecho impropio –artículo 340-) y en los incisos 1) y 2) hace referencia
a los artículos 338 y 339 del mismo Código, que se refieren más bien a los delitos de “Violación
de Fueros” y “Divulgación de Secretos”. Esto hace que exista una incoherencia entre el párrafo
primero y los incisos 1) y 2) del artículo 342. Estima el accionante que esa incoherencia que se
produce en la estructura y configuración de la norma penal, ha de ser calificada, a los fines de
la validez constitucional, desde la perspectiva y rigor del principio de legalidad penal. Sobre el
principio de legalidad penal se cita el voto 1738-99 y sobre la Estructuración de tipos penales,
se cita el voto 102-98. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia, la Sala
concluye que la norma no infringe el principio de legalidad penal y por ende, se rechaza por el
fondo la acción interpuesta. RF

319-09. SUSPENSION DE DEBATE Y ADMISIÓN DE PRUEBA. Consulta Judicial de
Constitucionalidad. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en lo referente al Recurso de
Revisión en relación con el inciso G) del artículo 408 del Código Procesal Penal. Se evacua la
consulta formulada en el sentido de que a) la desatención de las reglas legales establecidas
para la continuidad del debate, resultan a su vez lesivas del principio de concentración así
como el de inmediación, los cuales forman parte del debido proceso; b) no existe lesión al
debido proceso si dentro de un proceso el Tribunal de juicio decide continuar tramitando el
asunto como uno de tramitación compleja, cuando ya han pasado los momentos procesales
legalmente fijados para esta decisión; c) el rechazo motivado y justificado de pruebas ofrecidas
como parte del recurso de casación, por parte del Tribunal competente, no constituye una
infracción al debido proceso. Corresponde a la autoridad consultante determinar lo ocurrido en
el caso concreto y declarar la existencia o no de las infracciones al debido proceso que se
reclaman, todo ello según lo que aquí se ha expuesto.-Evacuada
276-09. PRORROGA DE LA PRISION PREVENTIVA EN PROCESO DE EXTRADICION.
Aduce el recurrente que los amparados se encuentran a las órdenes del Tribunal accionado
por haberse incoado en su contra un proceso de extradición solicitado por Nicaragua.
Actualmente, están recluidos en el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor y la Cárcel
de San Sebastián. Explica el recurrente que sus defendidos fueron detenidos y puestos a las
órdenes del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados,
desde el día 13 de junio de 2008. En esa misma fecha, el Tribunal Penal ordenó que
guardaran dos meses de prisión preventiva, los cuales vencieron el 13 de agosto de 2008. Al
cumplirse el término, el Tribunal Penal de Desamparados prorrogó dos meses más la prisión
preventiva, los cuales vencieron el pasado 13 de octubre de 2008. En esa oportunidad, como
fundamento para la prórroga de la medida cautelar, el Tribunal Penal adujo que el despacho
todavía no contaba con la documentación oficial remitida por el Gobierno de Nicaragua, de lo
que se estaba a la espera, para tener una explicación detallada de los hechos investigados, así
como de las pruebas con que se contaba, el texto que definiría el tipo de delito y la sanción a
imponer, y la promesa formal que los requeridos no serán juzgados por otros hechos distintos a
los consignados en los documentos ya aportados. Objeta el recurrente que el plazo del
encierro fue prorrogado en perjuicio de sus representados sin que existiera la documentación
suficiente, pese a haber transcurrido más de cuatro meses desde el momento en que fueron
detenidos. Que pese a haber recibido un escrito de la Embajada de Nicaragua en el que se
indica al Tribunal de Desamparados que no puede aportar la documentación requerida,
cualquiera que sea la razón, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede
Desamparados ,el 13 de octubre de 2008, ordenó la prórroga de la prisión preventiva de sus
representados por dos meses más, hasta el 13 de diciembre de 2008, razonando que no se
había logrado recopilar la documentación oficial remitida por el Gobierno de Nicaragua, de lo
que se estaba a la espera Aduce que es reiterativo el Tribunal de Desamparados en indicar
una y otra vez, desde la primera prórroga de prisión, hace más de seis meses, que el Gobierno
de Nicaragua no cumple lo solicitado. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia,
se declara sin lugar el recurso. Calzada y Vargas ponen nota. SL

263-09. SE ORDENA EXTRADICIÓN DE EXTRANJERA QUE SOLICITO REFUGIO. Aduce el
recurrente que el 29 de julio del 2008, la amparada presentó ante la Dirección General de
Migración y Extranjería solicitud de status de refugiada en Costa Rica en razón de la violencia
intrafamiliar, persecución y abusos a las que han sido objeto la amparada así como su hija
menor de edad, por parte de su ex cónyuge y padre de su hija. Indica que el expediente se
encuentra en estudio en el Despacho de la Ministra de Gobernación y Policía y Seguridad
Pública pendiente de resolver en alzada lo respectivo. Que por resolución del 16 de diciembre
del 2008, el Tribunal de Casación Penal del III Circuito Judicial de Ala