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									                                           N° 27-03

       CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho horas

del veintidós de abril de dos mil tres.

       Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; los licenciados

Juan Diego Rojas Araya, Edgar Amador Madriz, Miriam Anchía Paniagua y el señor

Álvaro Rodríguez Zamora, en plaza vacante. Asiste también el Director Ejecutivo,

licenciado Alfredo Jones León.

CONDOLENCIAS

                                          ARTÍCULO I

       Ante el sensible fallecimiento del señor Rolando Araya Araya, Abuelo paterno del

servidor Rolando Araya Vindas, Auxiliar Administrativo 1 de la Presidencia de la Corte,

se acuerda expresar las condolencias de la Corte y de este Consejo a don Rolando y a

su estimable familia.

                                          ARTÍCULO II

       Con motivo del fallecimiento de la señora Luisa Ureña Granados, madre de la

servidora Ginethe Retana Ureña, Profesional 2 de la Sección de Desarrollo

Organizacional del Departamento de Planificación, se acuerda expresar las

condolencias de la Corte y de este Consejo a doña Ginethe y a su estimable familia.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                          ARTÍCULO III

       Con vista en las proposiciones incluidas en el “Capítulo de Nombramientos en

Propiedad” de la nómina elaborada por el Departamento de Personal, se acordó

aprobar en propiedad los siguientes nombramientos:
A partir del 1° de mayo de 2003:

DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN CARLOS

1.- Henry Arturo Espinoza Barquero, cédula 2-504-778, Técnico Criminalístico 2. Terna

N° 106-2003.

DELEGACIÓN REGIONAL DE POCOCÍ-GUÁCIMO

2.- Danny Arroyo Vargas, cédula N° 1-1101-017, Auxiliar de Servicios Calificados 1.

Terna N° 59-2003.

SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS

3.- María José Alfaro Rojas, cédula N° 1-1099-422, Auxiliar Administrativo 2. Terna N°

105-2003.

4.- Lilia de los Ángeles Uribe López, cédula N° 1-451-697, Médico de Empresa

Especialista. Nómina N° 22-2003.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA

5.- Debora Rivera Romero, cédula N° 1-702-210, Trabajadora Social 2. Nómina N°

26-2003.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA PENA

6.- Dinia Padilla Mora, cédula N° 1-847-530, Auxiliar Judicial 2. Terna N° 109-2003.

7.- Shirley Quirós Blanco, cédula N° 1-1009-851, Auxiliar Judicial 2.        Terna N°

110-2003.

DEFENSA PÚBLICA DE HEREDIA

8.- Lourdes Angulo Jiménez, cédula N° 5-257-944, Auxiliar Administrativo 2. Terna N°

101-2003.
DEFENSA PÚBLICA DE PUNTARENAS

9.-   Ginette Guevara Hernández, cédula N° 6-202-573.          Auxiliar Administrativo 2.

Terna N° 77-2003.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE PUNTARENAS

10.- Wilberth Kidd Alvarado, cédula N° 4-149-623. Administrador Regional 2. Nómina

N° 24-2003.

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA

ZONA ATLÁNTICA (POCOCÍ-GUÁCIMO).

11.- Annia C. Vindas Madrigal, cédula N° 7-135-834, Auxiliar Judicial 2. Terna N°

113-2003.

A partir del 1° de junio de 2003:

TRIBUNAL DE FAMILIA DE SAN JOSÉ

12.- Ana Cecilia Arguedas Molina, cédula N° 2-427-993, Auxiliar Judicial 3. Terna N°

112-2003.

                                          -0-

       Los servidores Espinoza Barquero, Arroyo Vargas, Alfaro Rojas, Uribe López,

Rivera Romero, Padilla Mora, Quirós Blanco, Aguilar Bonilla, Guevara Hernández y

Vindas Madrigal, se presentarán al Servicio Médico para los servidores judiciales, a

efecto de que se les practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la

cita en forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3573.

       El Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo resuelto

para los fines consiguientes.
                                    ARTÍCULO IV

      Se conoce de la proposición de nombramiento incluida en la nómina preparada

por el Departamento de Personal, que hace el licenciado Heriberto Díaz Montero, Juez

Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Nicoya, con base en la terna N° 114-2003 del

señor José Carlos Aguilar Bonilla, cédula N° 5-303-433, como Auxiliar Judicial 3 en ese

Despacho, a partir del 1° de mayo del año en curso.

      En facsímil de 21 de los corrientes, la señora Adela Grijalva Acosta, Auxiliar

Judicial 2 de ese Juzgado, manifiesta su inconformidad con el nombramiento

propuesto, y gestiona reconsideración, toda vez que no se le tomó en cuenta, a pesar

de venir ocupando el primer lugar y tener mayor tiempo de servicio, lo que no permitió,

externar a su Jefe su interés de superación y deseo de ascender.

      De conformidad con los artículos 81, inciso 7) de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y 21 del Estatuto de Servicio Judicial, por unanimidad se acordó: Improbar el

nombramiento del señor Aguilar Bonilla como Auxiliar Judicial 3 en ese Juzgado, toda

vez que las razones dadas para la escogencia no son de recibo, por haber oferentes

con mayor calificación, más tiempo de servicio y por ende experiencia. Además el

hecho de existir una oferente que esté por jubilarse, no es una limitación para estar en

un plano de igualdad con los otros participantes, ya que sus derechos y obligaciones se

mantienen hasta el último día de su relación laboral, por lo anterior, se devuelve la

terna a ese despacho para lo de su cargo.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                     ARTÍCULO V

      Los licenciados Ricardo Cordero Hernández y Francisco Arroyo Meléndez, por
su orden, Jefes de la Sección de Reclutamiento y Selección y del Departamento de

Personal, en oficio N° RS-0490 de 3 de este mes, manifiesta:

             “De conformidad con la petición de traslado que presenta el señor
       Albán Campos Chaves, cédula 02-474-897, Notificador 1 de la Oficina
       Centralizada del Segundo Circuito Judicial de San José, para que se le
       reubique por razones de domicilio en un cargo similar en la zona de
       San Ramón le remitimos el informe usual, para lo que a bien estime
       disponer.
             Al revisar la relación de puestos se ubicó el puesto 44488, de
       Notificador de la Oficina Centralizada de Notificaciones en San Ramón,
       que es ocupada en propiedad por el señor Gerardo Chaves Araya,
       quien a partir del 13 de abril del presente año gozará de su jubilación
               El señor Campos Chaves ingresó en propiedad el 1 de enero del
       2000 en el puesto en mención, y no cuenta con sanciones
       disciplinarias. Cabe aclarar que cuenta con el visto bueno de la
       licenciada Catalina Fernández Badilla, Jefe de la Oficina Centralizada
       del Segundo Circuito Judicial de San José.
               En conversación con la licenciada Carmen Vásquez Mora
       Administradora Regional de la Unidad Administrativa Regional de San
       Ramón manifiesta estar de acuerdo con el traslado
               Si se acogiese la petición rogamos hacerla efectiva a partir del 1
       de mayo del año en curso.”

                                         -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 41 del Estatuto de Servicio

Judicial, se acordó: Aprobar el traslado en propiedad a partir del 1° de mayo del año

en curso, del señor Albán Campos Chaves, Notificador 1 de la Oficina Centralizada del

Segundo Circuito Judicial al puesto N° 44488 de Notificador de la Oficina Centralizada

de Notificaciones en San Ramón.

      El Departamento de Personal y las Oficinas Centralizadas de Notificación del

Segundo Circuito Judicial y de San Ramón, tomarán nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO VI

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00, celebrada el

11 de setiembre de 2000, artículo XXIX, se tienen por designados como Jueces a los
siguientes funcionarios:

8 de abril de 2003:

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SAN RAMON

Lic. Francisco Hernández Quesada

9 de abril de 2003:

JUZGADO DE FAMILIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

Lic. Francisco Hernández Quesada

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SAN RAMON

Lic. Gustavo Jiménez Madrigal

Lic. Iván Tiffer Vargas

Lic. Danaldo Messer Benavides

Licda. Roxana Hernández Araya

10 de abril de 2003:

JUZGADO DE FAMILIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

Lic. Danaldo Messer Benavides

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE DESAMPARADOS

Licda. Roxana Hernández Araya

JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DE SANTA CRUZ

Licda. María Inés Mendoza Morales

JUZGADO DE FAMILIA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

Lic. Iván Tiffer Vargas

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
                                     ARTÍCULO VII

      El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución N° 526 de las 9:15

horas del 10 de junio del 2002, impuso a los servidores Luis Carlos Salazar Cruz y

Wálter Mauricio González Fallas, Auxiliares de Investigación de la Subdelegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial de Aguirre y Parrita, la sanción

disciplinaria de revocatoria de nombramiento.

      En sesión N° 13-03 de 25 de febrero del año en curso, artículo XX, al conocer la

apelación interpuesto por el defensor de los denunciados, acordó por mayoría revocar

la sanción disciplinaria de revocatoria de nombramiento impuesta a los señores Salazar

Cruz y González Fallas y por estimarse que su actuación se califica de falta grave,

impuso la corrección disciplinaria de quince días de suspensión sin goce de salario que

cumplirían a partir de la fecha que dispusiera su superior jerárquico.

      El señor Wálter González Fallas, mediante escrito de 21 de marzo del año en

curso, interpone recurso de revisión contra el citado acuerdo del 25 de febrero anterior

y manifiesta:

        “SOBRE LOS HECHOS DE LA ACUSACIÓN
        Primero. El auto de traslado de cargos a mi persona se realizó el
        pasado 6 de julio del 2001.

        Segundo. La Oficina de Asuntos Internos del Organismo de
        Investigción Judicial instruyó todo el proceso desde el primer momento,
        donde se aprecia que la Dirección General calificó los hechos desde el
        primer momento como graves.

        Tercero. El 15 de julio del 2002 presenté con el otro imputado en
        coadyuvancia en este proceso administrativo, recursos ordinarios del
        caso contra la resolución del Tribunal de Inspección Judicial N° 526 ya
        que fuimos sentenciados con la revocatoria de nombramiento y de lo
        cual nunca estuve en acuerdo.

        Cuarto.   Se establece en el expediente que al existir un presunto
hecho delictivo y por el cual desde el primer día, uno de nosotros tuvo
que estar detenido a la orden del Ministerio Público mientras que a mi
persona no se me impuso en ese momento la prosecusión penal.

Quinto.      Los presuntos hechos delictivos que se acusan
temporo-especialmente fueron cometidos el 2 de julio del 2001 y en el
Barrio Cristo Rey.

Sexto. Como se puede apreciar en el expediente en el folio 115,
nosotros los imputados solicitamos ante Asuntos Internos la suspensión
del procedimiento, pero la Dirección General del OIJ en resolución N°
48-DG-01 no la aceptó.

Sétimo. Aquí estamos entonces ante la presunción de culpabilidad del
Órgano Instructor a prima face y luego ante el Tribunal de la Inspección
Judicial que termina de conocer y sentenciar en el proceso, no resuelve
ni atiende la solicitud hecha ante el órgano inquisidor de primera etapa.

Octavo. Por ello, se debe contemplar el principio en derecho conocido
como la prejudicialidad que no se consideró en la causa.

Noveno. Entonces tenemos que en el tiempo la investigación en mi
contra dura desde el traslado de cargos hasta la sentencia de primera
instancia que se realizó el 10 de junio del 2002 y se me notificó el 9 de
setiembre del 2002, ya han transcurrido catorce meses y la sentencia
de segunda instancia se me notifica el día de hoy, ello me lleva a
retraerme en el tiempo otra vez y se evidencia que esta investigación
duró dos años, ocho meses y quince días.

Décimo. Lo que me lleva a determinar que por el tiempo pasado, la
investigación no se concluyó dentro del año siguiente a la fecha de su
inicio y la sanción a imponerse en otro mes más, conforme a la
normativa de derecho interno público.

MOTIVOS DE LA ACUSACIÓN
Undécimo. Al ser investigadores del OIJ en un lugar de alta incidencia
delictual, las autoridades de la Municipalidad que se presentaron al
hecho del suceso, hicieron afirmaciones fuera de todo precepto de
respeto al debido proceso formal y material, que a la postre con la
anuencia de un Jefe de Servicio bisoño, acepta las alegaciones de los
empleados municipales y nos irrespeta los derechos fundamentales
acogiendo la presunción sin factores de resolución criminal que
demuestra el hecho de que cometí un delito.

Duodécimo. Donde como servidores públicos, aceptamos rendir
cuentas sobre nuestra vida privada y por presuntamente cometerse
delitos de acción pública, nos sometimos a que la autoridad
jurisdiccional penal resolviera el asunto.

Treceavo. En sentencia del Tribunal Penal de San José, se me
ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD del delito que se
acusó.

Catorceavo. Razón por la que al existir certeza en la sentencia y siendo
ello una manera de motivar mi actuación, evidencia que la sentencia de
segunda instancia tiene defectos que menoscaban mis derechos
fundamentales basados en los principios de inocencia y de debido
proceso a analizar seguidamente.
 El Consejo Superior dice un hecho que no es cierto y que en el
    expediente penal y sancionatorio quedó demostrado que cuando
    ocurren los hechos estaba gozando de días libres.
 Por lo que no tiene razón el Consejo Superior al señalar que estaba
    en el desempeño de mis funciones.
 Que ante el Consejo Superior y de la Comisión de Relaciones
    Laborales se dice que existe duda razonable, lo que lleva a concluir
    que se me debe aplicar el principio contenido en el derecho interno
    público de in dubio pro operario.
 Sobre que la actuación es sospechosa, por no poderse demostrar
    que compraba crak o sea cocaína cocinada, en el proceso penal se
    estableció que ese hecho nunca existió, o sea, la presunta compra
    de droga.
 Además que, los exámenes de laboratorio obtuvieron resultados
    negativos, lo que conlleva a que en sede penal no se presume, se
    demuestra. Y la demostración determinó que no existió compra de
    droga, amén de que mi cuerpo y sustancias analizadas no contenía
    ningún rastro de estupefacientes.
 La apreciación del Consejo Superior de que se presentaron en el
    lugar de los hechos sin dar aviso a sus superiores, quedó
    establecido también en sede penal como en el sancionatorio que el
    día que jugó Costa Rica-Honduras y que ganó nuestro país, le dio la
    posibilidad de ir al mundial de Corea; no estaba de servicio y aún
    más se aportó prueba de ello.
 Y al demostrar que estaba de asueto por haber trabajado un rol de
    cinco días por 24 horas de servicio ininterrumpido, conforme se
    visualiza en el expediente al folio 17 en el oficio N° 661-SDRAP-01
    y suscrito por Edgar Monge Leitón, Jefe de la Subdelegación del
    O.I.J., en Aguirre y Parrita, lo que se demuestra técnica y
    documentalmente en que el día de los hecho no podía estar
    realizando ninguna investigación. Además en sede penal se
    determinó que fueron los servidores municipales los que hicieron
    esa aseveración y esto ante las preguntas de mi defensor en ese
    juicio oral y público.
   Del hecho de estar según el Consejo Superior en Estado de
    ebriedad no existe en el expediente prueba fehaciente y
    demostrativa técnicamente de esa ingesta y por ello a la prueba los
    remito.
   Finalmente que sus conductas afectaron la imagen del Poder
    Judicial es una apreciación muy subjetiva del Consejo Superior ya
    que del hecho quien dio relevancia de ello fue el Departamento de
    Relaciones Públicas del Poder Judicial y mi conducta como
    ciudadano quedó plenamente demostrada que no cometí delito
    alguno, ya que los hechos se dieron no al servidor público sino al
    ciudadano común y corriente que soy, por lo cual debe tenerse la
    resolución de sede penal como cosa juzgada.
   Es determinante que, todo lo que respecta a la presunta mala
    imagen, se debe tener por hecho que si existió, pero que esa
    imagen quien la da es la Fiscal que lleva el asunto hasta los
    Tribunales Penales, donde en ningún momento existió delito, así
    como que por la mala administración dirigida pro el Jefe de
    Operaciones que hizo caer en una mala apreciación al Órgano
    Acusador en materia penal.
   Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿A QUIEN SE LE
    AFECTÓ EN LA IMAGEN, A LA INSTITUCIÓN O A MI PERSONA?,
    ya que yo seguí en mis labores habituales en la Subdelegación de
    Quepos, pero aclaro A MI COMPAÑERO Y A MI PERSONA ME
    CAUSARON LAS MANIFESTACIONES EN ESTE ASUNTO UN
    GRAVE DAÑO MORAL Y PERJUICIOS DIRECTOS, cuando el
    público en general, los investigadores y aún autoridades judiciales
    preguntaban en mi trabajo quienes éramos los traficantes de
    drogas.
   Por ello no solo sufrí directamente por esas manifestaciones
    injuriosas, calumniantes y difamatorias, POR CUANTO FUI
    ABSUELTO POR CERTEZA JURÍDICA y mientras se llegó en la
    etapa plenaria a conocerse la verdad real de los hechos, mis
    padres, hermanos, sobrinos y todas las personas a mi allegadas
    sufrieron en carne propia el estigma impuesto, donde aún el
    CONSEJO SUPERIOR lo mantiene.
   Luego, si el Tribunal de Inspección Judicial establece que son faltas
    gravísimas las mismas no se lograron demostrar y si para atropellar
    mis derechos fundamentales se me quiere imponer una sanción a
    una falta grave debe tomarse en cuenta primeramente que la
    sanción está PRESCRITA y por ello el mismo Consejo Superior
    conforme a la Ley General de la Administración Pública debe dictar
    de oficio la caducidad y solicitar el archivo del expediente conforme
    lo señaló la Comisión de Relaciones Laborales.

RAZONES QUE MOTIVAN EL RECURSO DE REVISIÓN
La Ley Orgánica del Poder Judicial en la norma 211, determina el
tiempo para iniciar una causa sancionatoria administrativa y el tiempo
de duración de la misma.
En cuanto a los elementos usados como prueba, se basó en el informe
policial que realiza la Oficina de Asuntos Internos-o sea se convirtieron
en juez y parte.
Sobre la aplicación de la prescripción, se debe tener que el traslado de
cargos y la sentencia de primera instancia dura 14 meses y el juicio aún
no se había realizado por lo que si debe tenerse la aplicación de ese
instituto.
Donde se aprecia que sí ha habido vicios graves en el procedimiento,
por lo que en alzada señala el articulado 210 de nuestra Ley Orgánica
el Consejo Superior podrá anular la resolución final.
A la vez el principio comprendido en el -caso de duda norma 207 no se
me ha respetado.

Los votos N° 6429-99, N° 2001-7492 de la Sala Constitucional han
señalado que a un servidor que se le da una absolutoria en sede penal,
los fundamentos de la jurisprudencia constitucional llegan a concluir
que se debe dejar sin efecto la sanción disciplinaria, -por cuanto se
estaría irrespetando los principios de: nom bis in idem, inocencia,
legalidad y debido proceso formal y material.

La Ley General de la Administración Pública, señala como la piedra
angular de ella que la Administración Pública actuará sometida al
ordenamiento jurídico en forma estricta y que no puede dictar actos
contrarios a reglas unívocas de la ciencia o la técnica o a principios
elementales de justicia, lógica o conveniencia, donde además le da
opción a los destinatarios, usuarios o beneficiarios a recurrir las
resoluciones con recursos ordinarios y el extraordinario de revisión y se
estipula que para la presentación del mismo lo motivan los principios de
legalidad o de oportunidad y bajo circunstancias como las arriba
analizadas y que son:
 El error manifiesto de hecho al dictarse.
 La aparición de documentos de valor esencial para la resolución del
    caso, aquí está la sentencia absolutoria del Tribunal Penal de San
    José en mi favor.
 La influencia esencial de testimonios en sede administrativa y no
    aceptados en la sede penal o sea declarados falsos, por cuanto al
    presunto ofendido en sede administrativa el Tribunal Penal no le dio
    credibilidad a su deposición en forma oral y al momento del juicio
    por las declaraciones de los dos testigos a su favor, las cuales
    fueron declaradas inconsistentes en sede penal por las notables
    contradicciones.
 Y que por los motivos alegados se interpone dentro del término
    referido por norma.
        Amén de las resoluciones supra indicadas de la Sala Constitucional
        que gozan del principio erga onmes.

        PRETENSIONES
        Que se suspenda el acto administrativo que determina la imposición de
        una sanción disciplinaria en mi contra y la del coimputado Luis Carlos
        Salazar Cruz.
        Que conforme a la petición del 21 de marzo del 2003 que se tenga
        como coadyuvante a la Asociación Nacional de Investigadores en
        Criminalística por estar asociado a ella.
        Que se le de admisibilidad al presente recurso y por resolución fundada
        se respeten los principios que me garantizan según la Ley General de
        la Administración Pública a que la Administración respete mi dignidad
        como servidor público en el Poder Judicial y mis derechos
        fundamentales como costarricense.
        Que se aplique conforme al derecho y la justicia el numeral 41
        Constitucional en el sentido del principio de justicia como pilar de la
        democracia.
        Que se tenga por agotada la vía administrativa para recurrir ante los
        Tribunales comunes del país.

        FUNDAMENTO DE DERECHO
        Me base en la Constitución Política numerales 9, 10, 11, 27, 35, 40, 39,
        41, 42, 56, 60, 74, 154, 194. Ley Orgánica del Poder Judicial normas
        66, 67, 69, 81, 84, 184, 186, 190, 192, 193, 195, 197, 199, 207, 209,
        210, 211, 213, 214, 215. Ley General de la Administración Pública
        artículos 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 158, 169, 190, 191, 196, 197, 198,
        199, 201, 211, 214, 308, 342, 353, 356. Ley de la Jurisdicción
        Contenciosa Administrativa apartados 31, 36, 37, 59, 70, 71, 73. Ley de
        la Jurisdicción Constitucional lo referente a la garantía de los derechos
        y libertades fundamentales por la acción y actuación de la
        administración Pública del Poder Judicial. Código de Trabajo artículo
        17.
        NOTIFICACIONES
        Teléfono 255-01-67.”
                                            -0-

      Se acordó: Rechazar de plano el recurso de revisión planteado por el señor

González Fallas, toda vez que el régimen disciplinario tiene un procedimiento especial

establecido, el cual carece de este tipo de recurso.

      A su vez la vía administrativa quedó agotada desde el momento en que se tomó

el acuerdo citado.
                                    ARTÍCULO VIII

      El Tribunal de la Inspección Judicial mediante resolución 36-03, de las diez

horas y quince minutos del trece de febrero del dos mil tres, impuso al        servidor

ÓSCAR MARIO AGUILAR ARAYA, Auxiliar Judicial del Tribunal de Juicio del Primer

Circuito Judicial de San José la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de

salario por dieciséis días,     asimismo, se declara sin lugar la causa disciplinaria

seguida contra la licenciada Maria Emilia Solera Flores, Jueza Integrante de dicho

Tribunal.

      El licenciado Roberto Montero García, Defensor Público del señor          Aguilar

Araya, apela dicha resolución para ante este Consejo Superior.

      Conoce este Consejo Superior la apelación interpuesta y se hacen las siguientes

consideraciones:

      De la prueba evacuada y debidamente analizada por el Tribunal de la Inspección

Judicial, se concluye, que efectivamente, el señor defensor de la causa penal Nº

00-200272-584-PE, presentó recurso de casación el veintiocho de mayo del dos mil

uno, emplazando el Tribunal a las partes el veinticuatro de octubre del dos mil uno, por

lo que fue puesto en libertad el encartado en esta causa, siendo el acusado Aguilar

Araya la persona que le correspondía dicha tramitación. Esta no es la primera ocasión

que le sucede a dicho servidor un atraso injustificado de casi cinco meses para tramitar

un recurso con las consecuencias descritas, en otras oportunidades se le ha indicado al

alegar exceso de trabajo, que debe informar a su superior y dar prioridad a causas

como las que se están estudiando, ya que el atraso es evidente e injustificado, sobre

todo cuando se trata de reo preso, por lo que la sanción guarda proporción con la
actuación del acusado. La conducta del señor Aguilar Araya afecta la imagen del Poder

Judicial, ya que por su experiencia debe obedecer a un procedimiento y no tratar de

justificar su tardanza en la tramitación. De conformidad con los artículos 194, 195, 196

inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se califica de gravísima la falta cometida,

por lo que por mayoría se confirma en todos sus extremos la resolución impugnada.

       Se acordó: Confirma por mayoría la resolución recurrida. Se recibe un voto de la

licenciada Anchía por rebajar la sanción. La falta deberá cumplirla cuando se lo indique

el superior jerárquico.

PERMISOS

                                     ARTÍCULO IX

       Mediante facsímil de 7 de este mes, la licenciada Arlena Abarca Villalobos y los

licenciados Celso Gamboa Sánchez y José Ramón Morales Mora, por su orden,

Fiscales Auxiliares, Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica,

Siquirres y Limón, solicitan permiso con goce de salario para asistir al “Seminario

Internacional de Investigación Criminal y Ciencias Forenses”, a efectuarse el 22 y 23 de

mayo próximo.      Agregan que tienen conocimiento que el Consejo Superior emitió

comunicación en cuanto a que la Corte no iba a cubrir gastos de capacitación, por lo

que ellos cubrirían los costos que son $125.

       Se acordó:     Conceder permiso con goce de salario,        sin sustitución, a los

licenciados Abarca, Gamboa y Morales, para que en las fechas señaladas asistan a la

actividad que se ha mencionado, siempre y cuando no se afecte el servicio público y

sin que se suspendan debates, ni diligencias previamente programadas, lo que implica

que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho.
      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                      ARTÍCULO X

      La licenciada Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID

en nota N° PJ-BID 315-03 de 7 de este mes, solicita autorización para realizar un Taller

de Marco Lógico del Proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública, dirigido a

funcionarios de esa dependencia, a realizarse -tentativamente- el 30 de abril próximo

en el Hotel Amón Plaza, con un costo aproximado de ¢250.000.00 (doscientos

cincuenta mil colones exactos). Asimismo solicita permiso con goce de salario para 32

funcionarios, a fin de que asistan a dicha actividad.

      Al propio tiempo, da cuenta que la Comisión de Seguimiento del Programa

Poder Judicial-BID, en sesión celebrada el 7 de los corrientes, conoció y autorizó la

realización y gastos correspondientes al evento.

      Listas de participantes:

       SERVIDOR                  PUESTO
       Marta Iris Muñoz          Jefa
       Milena Conejo             Subjefa
       William Barquero          Supervisor, San José
       Lilliana García           Supervisora, San José
       Kathia Ballestero         Supervisora, San José
       Orlando Vargas            Supervisor, San José
       Reyseth Peraza            Penal Juvenil, San José
       Roberto Montero           Disciplinario, San José
       Olga Fallas               Pensiones, Desamparados
       Eduardo Chacón            Agrario, San José
       Tatiana Rodríguez         Ejecución de la Pena, San José
       Alexis Hernández          Coordinador, Puntarenas
       Roberto Solano            Coordinador, Cartago
       María de Jesús Medina     Coordinadora, Guadalupe
       Elizabeth Fallas          Coordinadora, Guápiles
       María Nidia Fallas        Coordinadora, Alajuela
       Jesús Quirós              Coordinador, Corredores
       Roberto Madrigal          Asoc. Costar.de la Def.Púb. de Cartago
       Roxana Guzmán            Defensora, San José
       Gustavo Chan             Defensor, San José
       Enriqueta Rojas          Defensora, San José
       Carlos Breedy            Defensor, San José
       José Luis Soto           Unidad Administrativa, San José
       Maribel Blanco           Unidad Administrativa, San José
       Hugo Quesada             Unidad Administrativa, San José
       Sonia Navarro            Director Unidad Ejc.Corte-BID
       Fernando Ruiz            Asesor en Infor.Unidad Ejecutora
       Jorge Araya              Unidad Ejc.Program.P.J.-BID
       Carlos Jiménez           Gerente Proyecto, Minist.Público
       Alejandro Rojas          Gerente Proyect. Defensa Pública
       Milagro Rojas            Secretaria de Género

                                           0-

      Asimismo, el MBA. Wálter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, manifiesta que en el Probrama 800 “Presupuesto Ordinario”, partida 2

“Materiales y Suministros”, subpartida 290 “Artículos y Gastos para Recepciones”,

centro de responsabilidad 99 “San José-Periferia” del presupuesto del año 2003,

aprobado mediante Ley 8341 del 9 de Diciembre de 2002, existen recursos para

hacerle frente al pago de refrigerio durante el taller “Marco Lógico del Proyecto de

Fortalecimiento de la Defensa Pública”, por un monto de ¢240.355.00, los cuales se

comprometieron mediante la reserva de crédito N° 131019-2003.

      Se acordó: 1) Conceder a los integrantes de la lista transcrita permiso con

goce de salario, sin sustitución, para que durante la fecha señalada, asistan al citado

taller siempre y cuando no se afecte el servicio público y sin que se suspendan debates

ni diligencias previamente programados para esa fecha, lo cual implica que deberán

dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho. 2) Al propio tiempo,

se autoriza un gasto de ¢240.355,00 para ese evento.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para los
fines consiguientes.

                                       ARTÍCULO XI

       En sesión N° 26-03 celebrada el 10 de abril en curso, artículo XV, se concedió

permiso con goce de salario en la segunda audiencia del jueves 24 y viernes 25 de los

corrientes, a varios servidores judiciales a solicitud del Consejo de Administración de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores del Poder Judicial (Coopejudicial

R.L.), para que revisen el Plan Estratégico 2002-2004 de esa entidad.

       Mediante oficio N° GGC124/2003 de 8 de este mes, el licenciado Miguel Ángel

Hernández Méndez, Gerente General de esa Cooperativa, gestiona la posibilidad de

incluir dentro de la lista de personas a quienes se les concedió permiso durante las

citadas fechas, al señor José María Ramírez Chavez, Chofer de Transportes

Administrativos, quien se designó como representante del Comité de Vigilancia a

participar de esa actividad.

       Se acordó: Conceder permiso con goce de salario al señor Ramírez Chavez,

para que durante los días 24 y 25 de abril en curso, asista como representante del

Comité de Vigilancia en esa reunión.

       El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XII

       Mediante oficio N° UI-1428-03 celebrada el 3 de este mes, el licenciado

Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, comunica el acuerdo

tomado por el Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el 1° de este mes, artículo

XIII, que literalmente dice:

      “Informa la Unidad Interdisciplinaria que del 05 al 30 de mayo de 2003, se
     estarán efectuando los exámenes académicos para el cargo de Juez 3 en
    materia laboral, correspondiente al concurso CJ-06-2003, en los cuales los
    licenciados Víctor Ardón Acosta, Ana Luisa Messeguer Monge y Sonia
    Rodríguez Rodríguez, son integrantes titulares de este Tribunal Evaluador.
    Como Suplente esta la Licda. María Enilda Alvarado Rodríguez.
    Dada la cantidad de participantes y las fechas de los exámenes, los
    licenciados Víctor Ardón y Ana Luisa Messeguer, solicitan se les autorice el
    permiso con goce de sueldo y sustitución por el período en que se realizan las
    pruebas y en caso de ser necesario, dada la situación que atraviesa el Lic.
    Víctor Ardón, ceder el permiso a la Licda. María Enilda Alvarado. Asimismo,
    la licenciada Sonia Rodríguez Rodríguez, solicita autorización para que se le
    pague el parqueo. A la vez manifiesta que dada la cantidad de participantes,
    así como por la duración de los exámenes, cree que se le hace un poco
    difícil integrar de momento este Tribunal. Por lo anterior es que es
    conveniente, nombrar un suplente en caso de que la Licda. Rodríguez no
    pueda realizar los respectivos exámenes.

    SE ACORDÓ: 1) Designar como suplente del Tribunal Evaluador para el
    cargo de Juez 3 en materia laboral, a la Licda. Mayita Ramón Barquero. 2)
    Solicitar al Consejo Superior autorice el permiso con goce de sueldo y
    sustitución por el período indicado, a la licenciada Ana Luisa Messeguer
    Monge y al Dr. Víctor Ardón Acosta ó en su defecto a la licenciada María
    Enilda Alvarado Rodríguez si Don Víctor no puede asistir a realizar las
    pruebas. De igual forma se solicita se autorice el permiso con goce de
    sueldo a la licenciada Mayita Ramón Barquero siempre y cuando la Licda.
    Sonia Rodríguez tampoco pueda efectuar los correspondientes exámenes. 3)
    Solicitar que se le autorice el pago del parqueo a la licenciada Sonia
    Rodríguez Rodríguez en caso de que sea ella quien junto con los demás
    Integrantes de este Tribunal, efectúen los exámenes. ACUERDO FIRME”.”

                                        -0-

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario a los licenciados Messeguer

Monge, Ardón Acosta, o en su defecto, a las licenciadas Alvarado Rodríguez y Ramón

Barquero, para que del 5 al 30 de mayo próximo participen como integrantes del

Tribunal Evaluador en los exámenes académicos para el cargo de Juez 3 en materia

laboral; asimismo se autoriza el pago de parqueo a la licenciada Rodríguez Rodríguez,

en caso de llegar a formar parte del tribunal evaluador, lo que deberá coordinar esa

Unidad con el Departamento Financiero Contable.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para los
fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XIII

      El licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 316-SEC-03 de 21 de abril en curso, acompaña

gestión del Msc. Pablo González Hernández, Psicólogo Clínico de esa Secretaría

General, en que da cuenta que en esta fecha, en horas de la tarde, estará recibiendo

con su esposa, en adopción directa una niña recién nacida, por lo que solicita los días

de licencia que para tal efecto corresponda.

      Previamente a resolver lo pertinente, se acordó: Solicitar al señor González

Hernández, presente ante este Consejo la documentación necesaria que acredite dicha

situación.

                                    ARTÍCULO XIV

      Mediante nota de 7 de este mes, el licenciado Orlando Castrillo Vargas, Jefe de

la Sección de Telemática con el visto bueno del máster Rafael Ramírez López, Jefe del

Departamento de Tecnología de Información, solicita autorización para impartir el curso

de Redes en los Negocios en la Sede Regional de Limón de la Universidad de Costa

Rica, los sábados de 9;00 a 12;00 md. y de 1;00 a 4;00 p.m. durante los meses de

marzo a junio del año en curso. Asimismo indica que el permiso no lo tramitó en el

momento oportuno, por un olvido de su parte, por lo que ofrece las disculpas del caso.

      Se acordó:       Comunicar al licenciado Castrillo Vargas, que este Consejo no

tiene objeción para que imparta lecciones en el citado centro de estudios superiores,

siempre y cuando no se afecte el servicio público, lo cual implica que deberá dar

prioridad a la atención de sus funciones en el Poder Judicial. Asimismo se le previene,
para que en el futuro comunique lo pertinente con la prontitud debida.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                    ARTÍCULO XV

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en

oficio N° 183-JP-2003 de 4 de este mes, expresa:

     “Hasta la fecha el modelo de administración salarial que ha utilizado el
        Poder Judicial se ha sustentado en la centralización de actividades
        para pago, deducciones de ley y voluntarias, embargos y pensiones
        alimentarias por medio del Ministerio de Hacienda, a través de la
        Dirección General de Informática (DGI) y la Tesorería Nacional.

     Sin embargo, en virtud del cambio en el modelo de administración
        salarial propuesto por la Empresa Consultora Sonda y aprobado en su
        oportunidad por los órganos superiores, las actividades de
        deducciones y la aplicación de embargos y pensiones alimentarias
        sobre los salarios de los servidores judiciales serán tramitadas
        por el Departamento de Personal.

     Este cambio implicará que en los juzgados y tribunales donde se
        tramiten asuntos relacionados con embargos y pensiones alimentarias
        y que recaigan sobre el salario de los servidores judiciales, se deba
        enviar para su trámite al Departamento de Personal del Poder Judicial
        los documentos correspondientes.

     En virtud que aún se está en la fase de paralelo entre el nuevo sistema y
        el sistema tradicional de pagos, se solicita que se emita una circular
        dirigida a los juzgados y tribunales del país, informando del cambio en
        el modelo de pagos.

     En esta circular se deberá dejar claramente establecido que hasta que
        se indique por medio de una nota oficial del Departamento de Personal
        del Poder Judicial,    los documentos sobre embargos y pensiones
        alimentarias que recaigan sobre empleados judiciales, deberán
        tramitarse a través de los canales usuales, es decir las instancias del
        Ministerio de Hacienda (DGI y Tesorería Nacional).

     Se adjuntan los formularios que deberán ser distribuidos en los
        despachos judiciales que tramitan pensiones y embargos los cuales
        deberán ser remitidos a la Unidad de Deducciones una vez que se
        inicie formalmente su trámite.
     En relación con las pensiones alimentarias que recaigan sobre jubilados
        y pensionados del Fondo de Pensiones del Poder Judicial, por el
        momento se tramitarán por los medios usuales.”

                                    -0-

    Se acordó: Emitir una circular dirigida a los despachos judiciales de país, en que

se informe los cambios que se darán en el sistema de pago del Poder Judicial:

    1- Hasta la fecha el modelo de administración salarial que ha utilizado el Poder

       Judicial se ha sustentado en la centralización de actividades para pago,

       deducciones de ley y voluntarias, embargos y pensiones alimentarias por

       medio del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de

       Informática (DGI) y la Tesorería Nacional, sin embargo, por el cambio en el

       modelo de administración salarial, las actividades de deducciones y la

       aplicación de embargos y pensiones alimentarias sobre los salarios de los

       servidores judiciales serán tramitadas por el Departamento de Personal.

    2- Los despachos judiciales enviarán a la Unidad de Deducciones del

       Departamento de Personal para su trámite, los documentos correspondientes a

       la aplicación de deducciones por concepto de embargos y pensiones

       alimentarias, sobre los salarios de los servidores judiciales, pero esa

       disposición entrará a regir una vez que ese Departamento a través de un

       comunicado oficial, informe que se puede proceder conforme, entre tanto,

       deben tramitarse a través de los canales usuales, es decir, las instancias del

       Ministerio de Hacienda (DGI y Tesorería Nacional).

    3- Las pensiones alimentarias que recaigan sobre jubilados y pensionados del

       Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por el momento se
        tramitarán por los medios usuales.

    4- Los formularios a utilizar para los trámites de embargo y pensiones alimentarias

        podrán ser solicitados en el Departamento de Personal.

    La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO XVI

       En sesión N° 13-03 celebrada el 25 de febrero del año en curso, artículo XLVIII,

se trasladó la solicitud de la licenciada Ana Eugenia Rivera Pérez, Jueza

Contravencional y de Menor Cuantía de Bribrí al Consejo de la Judicatura y a la

Comisión de Nombramientos de Jueces, para que se le ubique en otro lugar, por las

razones ahí expuestas, bien sea en propiedad o en forma interina.

       El licenciado Francisco Arroyo Meléndez, en su condición de Secretario del

Consejo de la Judicatura, en oficio N°UI-1424-03 de 3 de este mes, comunica el

acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en la sesión celebrada el 25 de marzo

anterior, artículo IV, que literalmente dice:

        “Con fecha 18 de marzo del 2003 se recibe oficio No. 2424-03 de la
        Secretaría de la Corte, donde se transcribe el artículo XLVIII, de la
        sesión No.13-03 del Consejo Superior, celebrada el 25 de febrero que
        literalmente indica:
                                   “ARTÍCULO XLVIII
               La Licda. Ana Eugenia Rivera Pérez, Jueza del Juzgado
        Contravencional y de Menor Cuantía de Bribrí, en nota del 18 de
        febrero en curso, manifiesta:
        “A partir del 1ro de diciembre del año 2001, fui nombrada como Jueza
        Contravencional y de Menor Cuantía en el Juzgado Contravencional de
        Bribri, Talamanca, en el cual me he venido desempeñando hasta la
        fecha, cumpliendo con gran empeño y dedicación mis funciones.
        Debido a una diligencia de puesta en posesión, en la cual teníamos que
        andar a caballo un trayecto de unos 10 Kms. por montaña y barriales,
        mi salud sufrió un quebranto al caer del caballo y recibir varios golpes
        en mi cuerpo.
        A partir de entonces mi salud ha venido en detrimento pues desde ese
        día sufro constantes dolores lumbares los cuales casi me imposibilitan
a caminar o manejar grandes distancias.
Por recomendaciones de mi médico es que me atrevo a presentar una
solicitud ante ustedes para que se estudie la posibilidad de un traslado
a una zona que no sea tan inhóspita como la de Talamanca. Lo anterior
en virtud que debido a lo rústico de la zona y siendo Jueza en todas las
materias, constantemente tengo que salir del despacho a realizar
diligencias que implican caminatas de hasta tres horas, escalar
desfiladeros y si siempre lo he venido realizando con el enorme gusto
que me provoca el amor que siento por mi profesión es en estos
momentos que mi salud ya casi no me lo permite.
Sirvan encontrar adjunto certificado del médico especialista en
ortopedia que me ha venido tratando y de ser necesario y así lo
solicitaran los honorables miembros estoy dispuesta a presentar copia
del expediente clínico del Hospital Max Peralta de Cartago donde he
venido llevando mi tratamiento.
No omito manifestar que estoy dispuesta en caso de no existir un
traslado en propiedad realizarlo en forma interina.”
                               --- 0 ---
     Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones de la Licda.
Rivera Pérez y remitir su gestión al Consejo de la Judicatura y a la
Comisión de Nombramientos de Jueces, para su atención.”

Informa la Unidad Interdisciplinaria que:

La Licda. Ana Eugenia Rivera Pérez ingresó en propiedad a este Poder
el día 01 de diciembre de 2001 como Juez 1 en el Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de Bribrí.

Se encuentra elegible para el siguiente cargo:

Puesto y materia                     Promedio
Juez 1 genérico                      73.9790%

Las plazas vacantes e interinas existentes para el cargo de Juez 1
posibles en las que podría participar el interesado siempre que su
promedio se lo permita son las siguientes:

Despacho                                     Condición de la plaza
PENAL JUVENIL
Trib.Penal Juvenil II.Circ.Jud.S.J           Vacante

TRANSITO
Juzgado de Tránsito de S.J.                  Vacante
Juzgado de Tránsito de Hatillo               interina
Juzgado de Tránsito de Hatillo               interina
Juzgado de Tránsito de Alajuela              interina
Juzgado de Tránsito de Heredia            interina
Juzgado de Tránsito de Punts.             interina
Presidencia de la Corte                   interina
Presidencia de la Corte                   interina
Presidencia de la Corte                   interina

CIVIL
Juzg.6to.Civil Menor Ctia.S.J.            interina
Jdo.Civ.Men.Ctía II. Circ.Jud.S.J         interina

MENOR CUANTIA
Juzgado Menor Cuantía Limón               Vacante
Juzgado Menor Cuantía San Carlos          Vacante

MIXTOS
Tribunal de Alajuela                      Vacante
Juzgado Contr.y Men. Ctía Upala           interina
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Orotina      Vacante
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Guácimo      Vacante
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Golfito      interina
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Golfito      Vacante
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Bagaces      Vacante
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Grecia       interina
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Corredores   interina
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Liberia      interina
Juzgado Contrav. Y Men. Ctía Liberia      Vacante


SUPERNUMERARIOS

PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   Vacante
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   interina
PRESIDENCIA DE LA CORTE                   interina
        PRESIDENCIA DE LA CORTE                       Vacante

        Las anteriores plazas a excepción de las de la Presidencia de la Corte,
        están próximas a realizar las respectivas ternas.

        SE ACORDÓ: Comunicar a la Secretaría de la Corte que de acuerdo
        a la Ley de Carrera Judicial, este Órgano no está facultado para
        realizar traslados directos. El Sistema de Carrera Judicial está
        fundamentado en un escalafón ordenado de acuerdo al promedio de
        cada uno de los elegibles, el cual debe ser respetado, por lo que la
        gestión de la Licda. Ana Eugenia Rivera Pérez, siempre que su
        promedio de elegibilidad se lo permita; será considerada al momento
        en que se confeccionen las respectivas ternas”.

                                           -0-

       Se acordó: 1)     Tomar nota del informe del Consejo de la Judicatura y hacerlo

del conocimiento de la interesada.    2) Solicitar a la Unidad Interdisciplinaria proceda

a confeccionar las ternas de las plazas que al efecto se indican, previa verificación que

se encuentren en esa condición.

                                     ARTÍCULO XVII

       El Consejo en sesión N° 07-03, celebrada el 4 de febrero del año en curso,

artículo XXIII, limitó el nombramiento de la licenciada Lilliana Cordero Calderón, quien

se desempeñaba como Jueza Coordinadora del Juzgado de Tránsito de Hatillo, hasta

el 3 de febrero último, por cuanto la Presidencia comunicó que no sería sustituida por

incapacidad por encontrarse en plaza extraordinaria de Juez 1, por lo que solicitó al

Departamento de Personal elaborara los cálculos correspondientes, a fin de indemnizar

a doña Lilliana.

       El licenciado Rónald Calvo Coto y el MBA. José Luis Bermúdez Calderón, Jefes

de Administración Salarial y Subjefe del Departamento de Personal, respectivamente,

en oficio N° 783-AS-2003 de 28 de marzo anterior, y de conformidad con el acápite

anterior, manifiestan:
                   “De conformidad con el acuerdo tomado por Corte Plena en
            sesión Nº 07-03, celebrada el cuatro de febrero último, artículo XXIII,
            adjunto nos permitimos informarle muy respetuosamente los montos a
            cancelar de la licenciada Lilliana Cordero Calderón , cédula
            01-0737-0513, por el período del 01-03-2003 al 31-03-2003, lo
            anterior por encontrarse incapacitada.

            Con respecto a la diferencia salarial percibida por el ascenso de la
            licenciada Cordero Calderón en el puesto de juez 1 del período
            comprendido del tres al veintiocho de febrero del presente año,
            podemos informarle que dicha diferencia se tramitó por medio de la
            partida 800 mediante los giros N° 300382852 para la primera quincena
            y N° 300550848 para la segunda quincena.”

  PERIODOS                       COMPONENTES SALARIALES                  TOTALES 1
                                                                                          DEDUCCIONES
                   SALARIO       BONO         AGUINALDO     TOTAL        SUB-TOTAL PARA   IMPUESTO   FONDO         C.C.S.S.   BANCO
                   BASE          ESCOLAR                    DEVENGADO    CALCULAR         S/RENTA    PENSIONES                POPULAR
                                                                         DEDUCCIONES


01/03 al 31/03/2003 628,272.50   51,455.52    56,644.00     736,372.02   679,728.02       87,370.60   61,175.52   37,385.04   6,797.28

Totales            628,272.50    51,455.52    56,644.00     736,372.02   679,728.02       87,370.60   61,175.52   37,385.04   6,797.28
          Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar a favor de la licenciada

Cordero Calderón el pago de la suma indicada por concepto de licencia por maternidad

por el período señalado.

          El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines consiguientes.

ACUERDO FIRME.-

VALORACIONES MÉDICAS

                                                  ARTÍCULO XVIII

          En sesión N°87-02 celebrada el 19 de noviembre de 2002, artículo XLIV, se

remitió a valoración médica por parte del Departamento de Medicina Legal, al señor

Francisco Centeno Vargas, Conserje                        del Juzgado de Tránsito de Puntarenas, para

que determinara su estado actual de salud.

          Las doctoras Claudia Leonardo Gouveia y Leslie Solano Calderón, por su orden,

Médico Residente y Jefa del Departamento de Medicina Legal, mediante dictamen N°
J.DM.L. 2003-0669 de 4 de este mes, concluyen que:        “El servidor Francisco Centeno

Vargas, cédula N° 6-210-680, es portador de patologías nerviosa y articular (muñeca

derecha), que han ameritado incapacidades y requerido tratamiento farmacológico”.

         Se acordó:     1) Tomar nota del informe y hacerlo del conocimiento del

interesado. 2) Solicitar a la licenciada María Marta Ramos Montes de Oca, Jueza

Coordinadora del Juzgado de Tránsito de Puntarenas, rinda un informe en el término

de 3 días contado a partir del día siguiente del recibo del presente acuerdo, si a la

fecha el servidor Centeno Vargas continúa incapacitado.

                                      ARTÍCULO XIX

         En sesión N° 87-02 celebrada el 19 de noviembre de 2002, artículo LX, se

remitió a valoración médica -entre otros- al señor Carlos Sánchez Salazar, Auxiliar

Judicial 2 de la Fiscalía Adjunta de Pococí, para que determinara su estado actual de

salud.

         Las doctoras Claudia Leonardo Gouveia y Leslie Solano Calderón, Médico

Residente y Jefa del Departamento de Medicina Legal, en dictamen N° J.D.M.L.

2003-0667 de 4 de este mes, concluyen:

               “1. El servidor Carlos Sánchez Salazar, cédula 7-078-286, sufrió
          una lesión en el antebrazo y mano derecha lo que lo mantienen
          incapacitado temporalmente para sus labores en el Poder Judicial.
          2. Para rendir el dictamen médico legal en los términos solicitados es
          imprescindible que el paciente aporte una epicrisis de los diagnósticos,
          tratamientos y exámenes complementarios que se le han realizado en
          el CENARE”.

                                       -0-

         Se acordó:     1) Tomar nota del informe y hacerlo del conocimiento del

interesado. 2) El señor Sánchez Salazar aportará al Departamento de Medicina Legal
una epicrisis de los diagnósticos, tratamientos y exámenes complementarios que se le

han practicado en el CENARE, para los efectos señalados.

ESCUELA JUDICIAL

                                      ARTÍCULO XX

       En sesión N° 52-02 celebrada el 18 de julio de 2002, artículo LI, se concedió al

doctor Jorge González Pinto, Psicólogo Clínico Forense, permiso con goce de salario,

sin sustitución, para que a partir del 18 de julio de ese año, los jueves y viernes de cada

semana durante 60 días hábiles, se dedicara en forma exclusiva a desarrollar y concluir

el “Diccionario de Psicología Clínica Forense:     Principales Trastornos, Síndromes y

Metodología Psicotécnica”, en el entendido de que esa obra literaria pertenecerá al

Poder Judicial, por ser un trabajo realizado en horas hábiles, respetando los derechos

del autor.

       Mediante oficio N°056-CD/EJ-03 de 7 de los corrientes, el doctor Alfredo Chirino

Sánchez, Director de la Escuela Judicial, comunica el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N° 5 celebrada el 3 de este mes, artículo

VIII, que literalmente dice:

              “El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial
        en oficio EJ-UJ-091-2003 del 11 de marzo del año en curso dice
        “En conformidad con el acuerdo del Consejo Directivo en Sesión N°08
        de 11 de julio de 2002 y la aprobación del Consejo Superior según
        artículo N°LI Sesión N°52 de 18 de julio de 2002 se concedió
        permiso al Lic. Jorge Alberto González Pinto, Psicólogo Clínico Forense
        de la Unidad Médico Legal de Cartago, para escribir el libro
        denominado: “Diccionario de Psicología Clínica Forense:
        Principales Trastornos, Síndromes y Metodología Psicotécnica”,
        en su jornada laboral durante sesenta (60) días hábiles, designado en
        forma semanal los jueves y viernes, a partir del 18 de julio de 2002. Lo
        anterior, según lo solicitado mediante oficio de 18 de junio de 2002
        por la Dra. Sonia Uribe Medrano, Jefa de la Unidad Médico Legal de
        Cartago y en concordancia con lo indicado en el Oficio N°EJ-UJ-275-02
de 20 de junio de 2002 de la Escuela Judicial y el Oficio N°0761-DG-02
de 24 de junio de 2002, del Lic. Gerardo Lázcares Jiménez, Subdirector
del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.).

      Sin embargo, mediante oficio de 25 de febrero de 2003, el Lic.
González Pinto, solicita se le otorgue una prórroga de otros sesenta
(60) días hábiles, en los mismos términos en los que ha venido
trabajando de acuerdo con el permiso otorgado por el Consejo Superior
y recomendado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, con el
objetivo de concluir el referido libro.

        El Lic. González Pinto, justificando la necesidad de que se le
otorgue la prórroga, señala en su oficio de 25 de febrero de 2003, que
el libro “…se encuentra en etapa avanzada y lo relativo a las
definiciones, conceptos, trastornos y síndromes correspondientes de
la letra A a la letra O, prácticamente está elaborado, con sus
respectivos comentarios psicológicos forenses, faltando únicamente
pulir algunos detalles.
      Lo relativo a la elaboración de lo correspondiente de la letra Q a
la Z, ya está la información recopilada en un alto porcentaje, para su
ordenamiento, redacción, análisis y comentarios.
      Lo mismo sucede con lo relativo a la metodología psicotécnica,
buena parte de la cual se ha trabajado y me encuentro en proceso
de obtener el resto del material que se precisa para su elaboración,
para finalmente ordenar y completar la obra.
      No omito manifestar que cuento con el apoyo y la anuencia de la
Dra. Sonia P. Uribe Medrano, Jefe de la Unidad Médico Legal de
Cartago para el otorgamiento de la prórroga, por lo que adjunto carta
de la misma al respecto.
      Finalmente, me comprometo a concluir la obra en el período a
prorrogar, con la calidad técnica y científica requerida, al servicio de la
Administración de la Justicia.”

      Conforme las razones manifestadas por el Lic. Jorge Alberto
González Pinto y el apoyo y anuencia de la Dra. Sonia P. Uribe
Medrano, Jefe de la Unidad Médico Legal de Cartago, según oficio de
25 de febrero de 2003 y habiendo valorado la importancia, rigurosidad y
calidad de la obra que está llevando a cabo el señor González Pinto,
según la revisión efectuada por el suscrito del borrador de la obra
parcial presentada por él, es que someto a consideración del Consejo
Directivo la solicitud planteada, conforme los oficios antes
mencionados.”
                                   -0-
La Dra. Sonia P. Uribe Medrano, Jefe de la Unidad Médico Legal de
Cartago, en oficio de fecha 25 de febrero dice:
“Después de saludarle respetuosamente me permito expresar mi
       anuencia para que al Lic. Jorge González Pinto, Psicólogo Clínico
       Forense de la Unidad Médico Legal de Cartago, se le extienda el
       permiso a partir del 24 de abril del año en curso, los días jueves y
       viernes de cada semana y durante 60 días hábiles, para que continúe
       dedicándose en forma exclusiva y en el lugar que se considere
       oportuno, a      desarrollar y concluir en forma definitiva el libro
       “DICCIONARIO         DE      PSICOLOGÍA         CLÍNICA      FORENSE:
       PRINCIPALES TRASTORNOS, SÍNDROMES Y METODOLOGÍA
       PSICOTÉCNICA”
             A pesar de que las labores que cumple el Lic. González Pinto en
       esta Unidad son de incuestionable importancia, esta jefatura considera
       que con esta resolución no se verá afectado en forma significativa el
       servicio, más aún tomando en cuenta el espíritu de sacrificio y
       colaboración que siempre ha mostrado dicho funcionario.
             Por otra parte se reitera que el trabajo de investigación que está
       realizando el Lic. González Pinto, es de invaluable relevancia, apoyo
       didáctico e interés, no sólo para futuros profesionales en ciencias
       médicas a laborar en el campo forense, sino principalmente para
       jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, quienes podrán contar
       a corto plazo con el material de consulta necesario para aclarar
       conceptos y obtener una mayor comprensión de los dictámenes
       periciales, con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero y
       fundamentalmente como ayuda para una justicia pronta y cumplida.”
                                          -0-
       SE ACUERDA: Aprobar la solicitud para que se le otorgue una prórroga
       de (60) sesenta días hábiles a partir del 24 de abril de 2003, los días
       jueves y viernes de cada semana al Dr. Jorge González Pinto,
       Psicólogo Clínico Forense de la Unidad Médico Legal de Cartago para
       que concluya el “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales
       trastornos, síndromes y metodología psicotécnica”. Comuníquese al
       Consejo Superior para la autorización correspondiente. ACUERDO
       FIRME.”

                                         -0-

      Se acordó:     Prorrogar   el permiso con goce de salario, al doctor González

Pinto, sin sustitución, los jueves y viernes de cada semana durante 60 días hábiles,

para que se dedique en forma exclusiva a concluir el diccionario que da cuenta, en el

entendido de que esa obra literaria pertenecerá al Poder Judicial, por ser un trabajo

realizado en horas hábiles, respetando los derechos del autor.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.
                                     ARTÍCULO XXI

       El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

057-CD/EJ-03 de 7 de los corrientes, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión N° 5 celebrada el 3 de este mes, artículo IX, que

literalmente dice:

        “La M:A.T.I. Eugenia Arias Quesada, del Programa de Informática y
        Capacitación Virtual de la Escuela Judicial remite el oficio
        EJ-INF-046-2003 del 1 de abril de 2003, que dice:

        “En la Escuela Judicial se ha conformado el equipo de trabajo del
        Programa de Informática y Capacitación virtual, con el objetivo de
        analizar, diseñar, desarrollar (programar), ejecutar y dar mantenimiento
        a los cursos virtuales.

        Actualmente, cuenta con la integración de tres informáticos, que con
        diferentes conocimientos y experiencias, estamos analizando,
        ordenando la información para diseñar el contenido del que va ser el
        primer curso virtual llamado “Pensiones Alimentarias”.

        Por las nuevas funciones y tecnologías (hardware y software)
        fundamentales para el desarrollo de estos cursos, solicitamos
        respetuosamente se nos apruebe permiso y goce salario y la
        capacitación en Macromedia Studio MX (Flash MX, Dreamweaver MX,
        Director MX, Frenad MX, Fireworks MX, Coldfusion) y en ese orden, ya
        que este mismo, es la base para el desarrollo de software virtual,
        además, nos ofrece muchas herramientas que permiten generar
        productos de más alta calidad e integrar los elementos de multimedia.

        Dicha capacitación se impartirá en la Universidad Cybernet S. A., lunes,
        martes y miércoles de 9:00 a 12 md., por el lapso de 22 semanas la
        cual va a ser recibida por 4 informáticos (3 de la escuela judicial y 1 del
        Departamento de Tecnología de Información, éste último, para el
        mantenimiento del servidor y la aplicación), ya que nos ofrecen un
        descuento del 8% (grupos de 4) del costo individual que cuesta $1164
        (Adjunto copia de la cotización).

        Debo mencionar que dentro del contrato existe una opción de que se
        puedan impartir las lecciones en nuestras instalaciones, no afectando
        las labores diarias, sino más bien ayudándonos en los proyectos
        virtuales.
        Esperamos que nos brinden esta oportunidad, ya que es necesaria y
        urgente para cumplir los objetivos propuestos para este año.”
                                           -0-
        SE ACUERDA: Recomendar la capacitación y solicitar al Consejo
        Superior su aprobación para que sea financiada con el presupuesto
        general del Poder Judicial, subpartida 604 Becas, ya que la Escuela
        Judicial no cuenta con presupuesto para financiar cursos superiores a
        un mes ya que la subpartida 603 “Ayuda económica según programas
        de capacitación y aprendizaje” destinada a la Escuela solo comprende
        los casos con una duración inferior a un mes y se encuentran
        comprometidos. ACUERDO FIRME”

                                           -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda,              se acordó: Solicitar al

Departamento de Tecnología de Información, un informe en el término de 3 días a partir

del día siguiente del recibo de esta comunicación, en el que se indique si el personal de

ese Departamento ha recibido esos cursos.

                                    ARTÍCULO XXII

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

059-CD/EJ-03 de 7 de los corrientes, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo en sesión N° 5 celebrada el 3 de este mes, artículo XI, que literalmente dice:

        “El señor Francisco Roldán Bolaños, en oficio N°2714-03, del 20 de
        marzo del año en curso, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la
        sesión N° 16-03, celebrada el 5 de marzo en curso, que literalmente
        dice:
                                   “ARTÍCULO XXXVI
              En oficio N° 039-CD/EJ-03 del 28 de febrero último, el Dr. Alfredo
        Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo
        tomado por el Consejo Directivo de esa Escuela, en sesión N° 3 del 27
        de ese mes, artículo VIII, que literalmente dice:
              “El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial,
        y el señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela
        Judicial, en oficio EJ-ADM- 079-2003 de fecha 26 de febrero 2003 dice:
              “Conforme el Plan de Labores de la Escuela Judicial, aprobado
        por el Consejo Directivo para el presente año 2003, se incluyó dentro
        del Programa de Capacitación de Oficiales de Seguridad, la
        realización de seis cursos, denominados “Programa de defensa
personal y uso y manejo de armas de fuego”, en modalidad presencial
y dirigidos en cada uno de éstos, a una población meta de doce
funcionarios del Departamento de Seguridad y de la Sección de
Cárceles.
      Debido a la inexistencia de contenido presupuestario, no pudo
iniciarse el VI Curso programado entre el 21 de febrero y el 10 de abril
de 2003, por lo cual se tuvo que suspender su impartición.
       De ahí que, con el propósito de lograr la ejecución de los
mismos, nos permitamos sugerir que se traslade la suma de cinco
millones de colones exactos (¢5.000.000,00), de la Subpartida 114
“Impresión, Encuadernación y otros” a la Subpartida 134 “Gastos de
Viajes dentro del país”.
                                  -0-
El Dr. Alfredo Chirino explica que los instructores del Departamento de
Seguridad pasaron a la Escuela Judicial en junio del año pasado y en
esa fecha ya se había enviado el presupuesto para el 2003 por lo que
no quedaron contemplados los recursos económicos para desarrollar
los cursos que se han programado en el Plan de Trabajo de la Escuela
Judicial para el 2003. El gasto asciende a la suma de cinco millones
de colones y no se cuenta con presupuesto, por lo que propone la
transferencia de partidas según lo planteado.
La Mag. Calzada sugiere que se solicite el presupuesto al Consejo
Superior con una modificación al presupuesto.
SE ACUERDA: Hacer una excitativa al Consejo Superior para que se
otorgue el presupuesto necesario para los cursos del Programa de
Capacitación de Oficiales de Seguridad que se impartirán este año, ya
que fueron contemplados dentro del Plan de Trabajo de la Escuela
Judicial para el 2003 y no se previó que no existía contenido
presupuestario para esos cursos debido a que los instructores
pasaron a pertenecer a la Escuela en junio del año pasado. ACUERDO
FIRME”
                                --- 0 ---

     Se dispuso: Comunicar al Consejo Directivo de la Escuela
Judicial que no existen recursos para darle contenido presupuestario a
los cursos de referencia, por lo que se le insta para que se pronuncie
respecto del traslado de ¢5 millones de la subpartida 114 a la 134, que
sugieren el Lic. Román Bresciani Quirós y el señor Vicente Martínez
Oporto, Abogado         y Administrador de la Escuela Judicial,
respectivamente.”
                                  -0-
SE ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior se autorice la
transferencia de ¢5 millones de la subpartida 114 “Impresión,
Encuadernación y otros” a la Subpartida 134 “Gastos de Viajes dentro
        del país” para cubrir los cursos del Programa de Capacitación de
        Oficiales de Seguridad a impartir durante el año 2003. ACUERDO
        FIRME.”
                                        -0-

      Se acordó:         Autorizar el traslado de ¢5 millones de la subpartida 114

“Impresión, encuadernación y otros” a la 134 “Gasto de viaje dentro del país”, a fin de

cubrir los cursos del Programa de Capacitación de Oficiales de Seguridad a impartirse

durante el año 2003.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXIII

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

078-CD/EJ-03 de 8 de abril en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión N° 6, celebrada el 8 de los corrientes, artículo III,

que literalmente dice:

        “El Lic. Jorge Segura Román consulta que si en ocasiones anteriores
        la Escuela Judicial le ha pedido algún tipo de documento, folleto,
        informe, artículo, a los becados del Poder Judicial donde expongan los
        conocimientos adquiridos en el aprendizaje que recibieron.
        El Dr. Chirino y la Mag. Calzada manifiestan que se les ha solicitado y
        el año pasado se llevo acabo una reunión con los becados y se les
        pidió colaboración para que escribieran artículos y publicarlos en la
        revista de la Escuela, pero a la fecha ninguno lo ha hecho.
        La Mag. Calzada considera que sería importante reiterar la petición a
        través del Consejo Superior para que siempre que se otorgue una
        beca se solicite al beneficiario una vez concluido el estudio que
        elabore un artículo sobre el aprendizaje adquirido con la finalidad de
        trasmitirlo a los funcionarios a través de la Revista de la Escuela
        Judicial.
        SE ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior que cuando el Poder
        Judicial otorgue una beca a sus funcionarios, una vez concluido el
        estudio, elabore un artículo sobre el aprendizaje obtenido y lo remita a
        la Escuela Judicial para que sea publicado en la Revista de la Escuela
        Judicial. ACUERDO FIRME.”

                                          -0-
        Se acordó: Acoger la solicitud, en consecuencia, se consignará una cláusula en

los Contratos de Adiestramiento que suscriban los funcionarios a quienes se les

otorgue una beca, en el sentido de que una vez que concluyan el estudio                             de la

materia para el cual fueron beneficiados, deberán elaborar un artículo sobre los

conocimientos obtenidos, a fin de remitirlo a la Escuela Judicial para ser publicado en la

Revista Judicial.

                                          ARTÍCULO XXIV

        El Consejo en sesión N° 15, celebrada el 4 de marzo del año en curso, artículo

LXXXV, aprobó el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial para el año 2003, mediante el

cual está programada la realización del Taller de participación sobre directrices

técnicas denominado “Taller Disciplinario”, el cual tendrá una duración de 8 horas y que

se llevará a cabo el viernes 8 de mayo próximo, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Edificio

del Primer Circuito Judicial de la Defensa Pública.

        El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

EJ-DIR-253-2003 de 8 de este mes, en atención al acápite anterior, solicita se apruebe

la asistencia de los docentes y discentes según la lista que a continuación detalla:

               “En consecuencia, se solicita se apruebe la asistencia de los
         docentes y de los discentes según la lista que a continuación se
         detalla:

Docentes que participarán en el “Taller Disciplinario”                 Viernes 9    de mayo del
año 2003

Nombre Despacho en que labora Número de Cédula de Identidad
 María Felicia Zoch Badilla, Defensa Pública del I Circuito Judicial de San José Cédula 1-776-360
Roberto Montero García, Defensa Pública del I Circuito Judicial de San José. Cédula 1-633-828



Discentes que participarán en el “Taller Disciplinario”                 Viernes 9   de mayo del
año 2003
Nombre Despacho en que labora Número de Cédula de Identidad
Juliana Kikut Croceri, Defensa Pública de Limón 3-262-838 Luis Roy Vargas Salazar, Defensa
Pública de Pérez Zeledón 1-757-805 Gretta Aguilar Jiménez, Defensa Pública de Pérez Zeledón
1-741-254 Alexis Hernández Moreira, Defensa Pública de Puntarenas 6-233-935 Ana Isabel Solís
Zamora, Defensa Pública de Puntarenas 1-846-851 Ericka Quesada Madrigal, Defensa Pública de
Puntarenas 1-891-053 Roxana Guzmán Villalobos, Defensa Pública de San José 4-149-615 Marcos
González Salas, Defensa Pública de Guápiles 4-149-310 Pablo Solano Molina, Defensa Pública de
Guápiles 3-398-536 Edgar Andrés Mora Quirós, Defensa Pública de Quepos 3-347-074 Juan Carlos
Salas Castro, Defensa Pública de Quepos 1-991-975 Yendry Portuguez Pizarro, Defensa Pública de
Nicoya 6-251-831 Ana Vanessa Núñez Acuña, Defensa Pública de Turrialba 3-343-508 Anabelle
Cabalceta Aguilar, Defensa Pública de Santa Cruz 5-153-711 Lena Vanessa Rodríguez Aguirre,
Defensa Pública de Santa Cruz. 5-306-354 Luis Fdo. González Hernández, Defensa Pública de San
Carlos 2-490-941 Fabio Víquez Gómez, Defensa Pública de Heredia 1-675-980 Grace Calvo
Gamboa, Defensa Pública de Cañas 5-190-049 Christy Vargas Sandoval, Defensa Pública de Golfito
1-871-602 Jesús Quirós Obando, Defensa Pública de Corredores 3-287-142 Yamileth Delgado
Valverde, Defensa Pública de Corredores 1-556-982 Fiorella Rodríguez Ball, Defensa Pública de
Siquirres 1-594-901 Aisen Herrera López, Defensa Pública de Puriscal 6-258-901 Stuart Blanco
Lizano, Defensa Pública de Alajuela 1-898-598 Diana Fernández Barrantes, Defensa Pública de
Siquirres 1-879-051 Felicia Acevedo Silesky, Defensa Pública de Osa 1-594-319 Steven Mora
Caravaca, Defensa Pública de Cóbano 1-860-141 José Mario Córdoba Vargas, Defensa Pública de
Alajuela 2-290-1156 Olga Fallas Ulloa, Defensa Pública de Desamparados 1-483-379

                                                   -0-

                La participación de los discentes del curso en mención, según la
         lista anteriormente detallada, es sin sustitución, con goce de salario y
         en el entendido de que los despachos en que laboran tomarán las
         medidas necesarias para que la prestación del buen servicio público no
         se vea afectada y sin que se suspendan debates ni diligencias
         previamente programadas para esas fechas, lo cual implica que
         deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del
         despacho, en caso de ser necesario.

         En los casos necesarios, se requiere para los discentes participantes el
         pago de viáticos con cargo al presupuesto de la Defensa Pública, así
         como ayuda económica y transporte con cargo al presupuesto de la
         Escuela Judicial.”

                                               -0-

       Se acordó: Aprobar la lista de participantes y docentes, a cuyos efectos se les

concede permiso con goce de salario, sin sustitución, para que en las fechas señaladas

asistan en el taller de referencia, siempre y cuando no se afecte el servicio público y sin
que se suspendan debates, ni diligencias previamente programadas para esa fecha, lo

cual implica que deberán dar prioridad a los asuntos urgentes del despacho.

Asimismo se concede a los participantes ayuda económica en los casos estrictamente

necesarios y transporte con cargo al presupuesto de la Escuela Judicial.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable, Escuela Judicial y la

Defensa Pública tomarán nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXV

      En sesión N° 21-03, celebrada el 25 de marzo del año en curso, artículo LIV, se

concedió a 25 servidores una beca para que participen en la “Conferencia Política

Criminal en América Latina”, a efectuarse el próximo 24 de este mes en las

instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, la que incluye permiso con goce

de salario y el pago de $100 de los $200 ofrecidos por la Universidad, los restantes

$100 deben ser cubiertos por los participantes; asimismo se concedió permiso a

cualquier otro funcionario que muestre interés, pagando el monto total de $200

ofrecidos al Poder Judicial y que la videoconferencia se transmitirá a través del sistema

de multipunto a las sedes Regionales que tengan dispuesta esta herramienta, fuera de

Cartago, Heredia, Alajuela y Corredores.

      El doctor Alfredo Jones, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

EJ-DIR-270-03 de 21 de abril en curso, manifiesta:

              “Pese a los esfuerzos realizados para lograr una matrícula
        significativa en el Seminario sobre Política criminal en América Latina
        Pocal, la respuesta fue moderada, de tal manera que únicamente se
        recibieron 24 solicitudes (ver lista adjunta), las cuales incluyen un juez
        de Violencia Doméstica, una jueza de pensiones alimentarias y una del
        Juzgado Civil de Hacienda, aun cuando se había especificado que era
        solo para funcionarios que laboran en materia penal.
                Sumado a lo anterior hay varias solicitudes de funcionarios (as)
           ubicados fuera del área metropolitana, a quienes en caso de que se les
           otorgue la beca, habría que darles también el permiso de traslado, lo
           que valdría la pena considerar ya que es únicamente una vez al mes.

                 De acuerdo con lo anterior, estamos intentando confirmar con la
           Universidad Latina, si nos mantienen el precio ofrecido y si siempre
           existe la posibilidad de que nos permitan realizar la transmisión en
           circuito cerrado. Como aun no tenemos esa respuesta y considerando
           la cercanía de la próxima conferencia (jueves 24 de abril), someto esta
           información a su consideración para que si lo estima pertinente la eleve
           a conocimiento de Consejo Superior para el trámite de aprobación de
           participantes, la concesión de la beca a cada uno de ellos (as) y el
           permiso de traslado en caso de que se estime oportuno becar a alguno
           (a) de áreas alejadas de San José, de acuerdo con el calendario de
           fechas que se adjunta, lo que nos permitiría adelantarnos a una
           eventual respuesta afirmativa de la Universidad, por lo menos en
           cuanto a que acepten mantenernos el precio ofrecido inicialmente.
       - 0 -LAS VÍDEO CONFERENCIAS SE CELEBRARÁN EN LAS SIGUIENTES
                               FECHAS, TODAS A LAS 5 P.M.

TEMA                                         SUBTEMAS                                                          CONFERENCIASTAS
Política criminal y Constitución             Límites constitucionales al Derecho Penal. Orden Público y        Carlos Gaviria Díaz Iván O
                                             estados de excepción
Estado actual de la política criminal en     La violencia del sistema penal Solución alternativa de            Carlos Elbert Look Houlm
Latinoamérica                                conflictos Derecho penal y la criminología moderna.
Política criminal y penitenciaria            La crisis de la prisión y la ideología resocializadora La         Iñaqui Rivera Beiras Massi
                                             abolición de la cárcel y medidas alternativas. Cárceles de
                                             máxima seguridad
Política antidrogas                          Idoneidad del sistema penal en la lucha antidrogas. Efectos del   Sebastián Sheerer Rodrigo
                                             prohibicionismo en la economía, la política y la justicia. La
                                             propuesta antiprohibicionista
Garantismo penal y democracia política       Relación entre estado de derecho y oder punitivo. Los             Duncan Kenedy (T) Mauri
                                             derechos fundamentales como objeto de estudio de la ciencia       Fritz Sacks(T)
                                             contemporánea
Política judicial                            Autonomía judicial El papel de la jurisdicción en los estados     Eligio Resta Franco Ippolit
                                             constitucionales Carrera Judicial y Consejos de la Judicatura     Bergalli
Política penal de menores                    La Convención Internacional del Niño Infancia, exclusión y        Emilio García Méndez Elía
                                             democracia La crisis del tratamiento rehabilitador
Política penal y dogmática penal             Crisis de la dogmática clásica Teoría del delito y política       Raúl Zaffaroni Asist. Lula
                                             criminal Teoría de la imputación objetiva
Corte Penal Internacional, D.I.H. y Delito   La Corte Penal Internacional La globalización de los Derechos     Kai Ambos Alejandro Apo
político                                     Humanos Delito político, rebelión y terrorismo.
Terrorismo, guerra y nuevo orden             Terrorismo de estado e intervencionismo El terrorismo de las      Damián Zaitch Carlos Mal
mundial                                      guerras La autodeterminación de los pueblos en la lucha
                                             antiterrorista.



                Nombre                                      Despacho                                              Fecha de solicitud
                 Jueces (zas)
                Roy Murillo Rodríguez                        Juzgado Ejecución de la Pena Alajuela                 03 de abril / 14:20
              Douglas Durán Chavarría             Juez Penal                             03 de abril / 14:32
              Guiselle Hidalgo Ureña              Jueza Pensiones Alimentarias Cartago   04 de abril / 15:07
              Hanny Sbravatti Maroto              Jueza Tribunal Alajuela                04 de abril
              Jorge Luis Morales García           Tribunal de Juicio I Circuito          07 de abril /8:47
              Edith Núñez Briceño                 Jueza Civil de Hacienda                08 de abril / 11:44
              Alejandro Hidalgo Xirinachs         Juez Violencia Doméstica Cartago       08 de abril / 12:29
              Edwin Duartes Delgado               Juzgado Penal Corredores               08 de abril / 15:45
               Fiscales
              Fernando Vargas Zeledón             Fiscalía Heredia                       03 de abril / 17:04
              Rodrigo Monge Umaña                 Fiscalía Penal Juvenil                 04 de abril / 8:25
              Eddie Alvarado Vargas               Fiscalía de Grecia                     07 de abril / 9:47
              Natalia Gamboa Sánchez              Fiscalía Penal Juvenil                 08 de abril / 11:31
              Christian FernÄndez Mora            Fiscalía Penal Juvenil                 08 de abril / 13:37
              Berenice Smith Bonilla              Fiscalía Robos                         08 de abril / 13:45
              Carlos Paredes Rodríguez            Fiscalía Robos                         08 de abril / 14:17
              Evelyn Díaz Araya                   Fiscalía de Robos                      08 de abril / 16:06
              Maríanella Salas Castro             Fiscal Delitos contra la propiedad     09 de abril / 11:32
              Celso Gamboa Sánchez                Fiscal de Siquirres                    21 de abril / 7:55
              Ariana Abarca Villalobos            Fiscal de Limón                        21 de abril / 7:55
               Defensores (as)
              Diana Villalta Bonilla              Defensa Pública de Turrialba           07 de abril / 14:20
              Ana Vanessa Núñez Acuña             Defensa Pública de Turrialba           08 de abril / 10:50
              Federico Campos Calderón            Defensa Pública San José               08 de abril
              Víctor Francisco Cruz López         Defensa Pública Atenas                 10 de abril / 12:09
              Kathia Ballestero Pernudi           Defensa Pública San José               10 de abril / 13:52




      Se acordó: 1) Aprobar parcialmente la lista de participantes para que asistan a

la mencionada conferencia, bajo las condiciones que se indican en el acuerdo de

referencia.      2) En el caso del licenciado Edwin Duartes Delgado recibirá esa

conferencia a través del sistema de multipunto, si eventualmente así se lograra

efectuar.     3)     La Escuela Judicial se encargará de reclutar los restantes dos

asistentes, para completar el cupo de becas otorgadas y posteriormente informará a

este Consejo sus nombres.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                            ARTÍCULO XXVI

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

EJ-DIR-251-2003 de 7 de los corrientes, informa:
             “En relación con el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la
        Escuela Judicial, en sesión N° 5, celebrada el 3 de abril del año en
        curso, y a solicitud de la magistrada MSc. Julia Varela Araya,
        Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Violencia
        Doméstica y Menores del Poder Judicial, se aprueba la realización de
        una videoconferencia en los centros regionales de Liberia, San Ramón,
        Heredia, Pérez Zeledón y Corredores que consiste en un foro de
        discusión sobre el problema de la "explotación sexual comercial de
        personas menores de edad", por realizarse el 6 de mayo del año en
        curso, a las catorce horas en el Auditorio Plaza de la Justicia y en las
        zonas anteriormente señaladas.
               Conforme lo anterior, solicitamos su autorización para que
        aquellos funcionarios judiciales que deseen asistir a esta actividad lo
        puedan hacer sin sustitución, con goce de salario y en el entendido de
        que en cada despacho se tomarán las medidas necesarias para que la
        prestación del servicio público no se vea afectado y sin que se
        suspendan debates ni diligencias previamente programados para esas
        fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los
        asuntos urgentes del despacho, en caso de ser necesario”.

                                          -0-

       Se acordó:    Acoger la solicitud del doctor Chirino Sánchez, en los términos

expuestos.

                                  ARTÍCULO XXVII

       El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

058-CD/EJ-03 de 7 de abril en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el 3 de los corrientes, artículo X, que

literalmente dice:

        “El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial en
        oficio EJ-UJ-095-2003 del 14 de marzo del año en curso dice
        Conforme el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial del año 2003, está
        programada la realización del curso aprovechamiento de medicina legal
        para fiscales (en diseño), el cual ha sido denominado “Fundamentos de
        Patología Forense”, el cual tendrá una duración de dieciséis (16) horas
        y se llevará a cabo los días miércoles 30 de abril y 7 de mayo de 2003
        de 7:30 a.m. a 12:00 y de 13:00 a 4:30 p.m., en el Complejo Médico
        Forense de San Joaquín de Flores, Heredia
      Conforme lo indicado en la solicitud realizada mediante Oficio
N°34-UCS-2003-M de 11 de marzo de 2003, suscrito por el Lic. Jorge
Chavarría Guzmán, Fiscal Adjunto de la Unidad de Capacitación y
Supervisión del Ministerio Público, someto a su consideración la
aprobación del diseño curricular con el visto bueno de la Licda. Ana
Isabel Tristán Sánchez, Asesora Curricular de la Escuela Judicial con
indicación del docente y la lista de participantes que seguidamente
señalo:
                 “FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE”
                   Miércoles 30 de abril y 7 de mayo de 2003

NOMBRE                        OFICINA                           NÚMERO DE
                                                                CÉDULA DE
                                                                IDENTIDAD
Aguilar Molinari Karín        Fiscalía de Golfito               9-106-967
Arce González Alejandra       Unidad de Trámite Rápido del I 1-811-542
                              Circuito Judicial de San José
Arguedas Salazar José María   Fiscalía de Puntarenas            1-688-178
Brenes González Alba          Fiscalía de San Carlos            2-392-111
Castillo Orozco Geovanny      Inspección Fiscal                 1-497-692
Chaves Lavagni Tatiana        Unidad especializada de           1-749-386
                              Delitos contra la propiedad.
Chinchilla Fernández Max      Oficina de Defensa Civil de la    1-679-048
                              Víctima,
                              I Circuito Judicial de San José
Esquivel Soto Yara            Fiscalía de Delito Económico      1-965-806
Fonseca Ramos Francisco       Fiscalía General de la            1-786-935
                              República
Godínez Segura Yadira         Fiscalía de Heredia               1-678-385
González Deliens Seidy        Fiscalía de Cartago               1-799-086
González Zamora Erna          Fiscalía de Pococí                1-660-431
Hines Jackson Danilo          Fiscalía de Delito Tributario     7-073-261
Jiménez Alvarado Minor        Fiscalía de Cartago               1-652-917
Montenegro Sanabria Carlos    Fiscalía de Ejecución de la       3-251-679
                              Pena
Mora García Alexander         Fiscalía de Siquirres             1-706-010
Moraga Torres Shirley         Fiscalía del II Circuito Judicial 1-789-683
                              de San José
Morales Quesada Alexandra     Unidad Especializada de           1-574-953
                              Delitos contra la Vida
Navas Aparicio Emilia         Fiscalía de San Joaquín de        1-644-598
                              Flores
Pérez García Rafael           Fiscalía de Liberia               5-146-065
Quesada Garita Randall        Fiscalía de Pérez Zeledón         9-056-340
Quintana Ujueta Sonia         Fiscalía de Aguirre y Parrita     1-720-200
Quirós Arias Doris            Fiscalía de Limón                 7-048-071
Robinson Molina Amelia        Fiscalía de Delito Económico      7-085-669
Rodríguez Murillo Edgar       Unidad especializada de           1-663-507
                              Fraudes
Rodríguez Cruz Luis           Unidad de Delitos Varios, I       7-090-234
                              Circuito Judicial de San José
Rojas Sánchez Zulay           Unidad de Trámite Rápido, I       1-949-174
                            Circuito Judicial de San José
Salas Fuentes Joffrey       Unidad Especializada de         1-863-870
                            sustracción de Vehículos
Wong Alvarez Fabricio       Fiscalía de Puntarenas          6-266-003
Kattia Ballestero Pernudi   Defensa Pública                 1-705-444
Roxana Guzmán Villalobos    Defensa Pública                 4-149-615

NOMBRE                      OFICINA                      NÚMERO DE
                                                         CÉDULA DE
                                                         IDENTIDAD
1. Del Valle Carazo Luis    Sección de Patología Forense 1-417-1457

NOMBRE                      OFICINA                         NÚMERO DE
                                                            CÉDULA DE
                                                            IDENTIDAD
1. Abarca Serrano Kathy     Unidad de Capacitación y        6-261-635
                            Supervisión
              La participación del docente y de los participantes del curso
       citado, según la lista anteriormente detallada, es sin sustitución, con
       goce de salario y en el entendido de que los despachos en que laboran
       tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen
       servicio público no se vea afectada y sin que se suspendan debates ni
       diligencias previamente programadas para esas fechas, lo cual implica
       que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgente del
       despacho, en caso de ser necesario.

              Se solicita ayuda económica para los participantes que vienen
       fuera del área metropolitana, en los casos que así lo requieran.
                                          -0-


Unidad de Capacitación y Supervisión

Ministerio Público-Escuela Judicial

 PROGRAMA DEL CURSO
 Fecha de ofrecimiento del curso:          Nombre del curso Fundamentos de             Horario: 7:30
 30 de abril y 07 de mayo del 2003         Patología Forense                           13:00 a 16:30
 Lugar: Complejo Médico Forense,                                                       horas: 16 hora
 San Joaquín de Flores, Heredia
 Propósito General : Brindar conocimientos sobre la función del médico forense,         Facilitador: D
 así como de las técnicas que aplica en la búsqueda y análisis de indicios para        Carazo    Coo
 determinar la causa o posible manera de muerte, que permitan concordar                Kathy Abarca S
 eficazmente la labor entre fiscales y el perito forense y la interpretación de los    Curricular: Lic
 dictámenes médicos legales, en aras de una efectiva investigación de los casos.



       SE ACUERDA: Aprobar el curso “Fundamentos de Patología Forense”,
       con una duración de 16 horas a realizar los días miércoles 30 de abril y
       7 de mayo de 2003 de 7:30 a.m. a 12:00 y 13:00 a 4:30 p.m.
       Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con
       goce de salario sin sustitución para los participantes y docentes
       siempre y cuando no afecte el buen servicio público y ayuda económica
       para los participantes que vienen fuera del área metropolitana en los
       casos que así lo requieran. ACUERDO FIRME.”

                                         -0-

      Se acordó:   1)   Aprobar la lista de participantes y docentes, a cuyos efectos se

les concede permiso con goce de salario, sin sustitución, y ayuda económica en los
casos estrictamente necesarios, para que asistan al mencionado curso, siempre y

cuando no se afecte el servicio público y sin que se suspendan debates ni diligencias

previamente programadas para esas fechas, lo que implica que deberán dar prioridad a

la atención de los asuntos urgentes del despacho.      2) Solicitar a la Escuela Judicial

que para el futuro cuando un curso requiera de varios días para ser impartido, se

analice la posibilidad de efectuarlos en forma consecutiva.      3) Llama la atención de

este Consejo que en un curso tan bien estructurado, se haya tomado en cuenta, por la

naturaleza del tema -levantamiento de cadáveres-             a personal de oficinas como

Unidad de Trámite Rápido del Primer Circuito Judicial de San José, Unidad

especializada de Delitos contra la Propiedad, Unidad especializada de Fraudes, Unidad

de Delitos Varios del Primer Circuito Judicial de San José y Unidad Especializada de

sustracción de Vehículos, en vez de incluir mayor cantidad de fiscales, para el

aprovechamiento de este.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para los

fines consiguientes.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                     ARTÍCULO XXVIII

      El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial en oficio N°

228-024-CID-2003       de   4   de   este   mes,   externa    observaciones   al   informe

N°042-PLA-DO-2003 del Departamento de Planificación, referente a las plazas

solicitadas por esa Auditoría para el Presupuesto del 2004, que literalmente dice:

        “El Departamento de Planificación, remitió mediante informe Nº
        042-PLA-DO-2003 el estudio referente a las plazas solicitadas por esta
        Auditoría Interna para el Presupuesto del 2004, sin embargo este
        Despacho no comparte las conclusiones que en él se presentan, por lo
       que a continuación se externan las siguientes observaciones:

 1. Solicitud de plazas de Profesional 2 para las Secciones de Auditoría de
      Estudios Especiales, Auditoría Operativa, Auditoría de Estudios
      Económicos, Auditoría Financiera y Auditoría de Tecnología de
      Información.

1.1. Análisis de la carga de trabajo

       De la lectura y análisis del informe que realizó el Departamento de
       Planificación, el cual toma como base el Informe Integral que esa
       misma instancia realizó en el año 2001, sobre la estructura
       organizativa, la carga de trabajo y el recurso humano con que contaba
       esta Auditoría, considero que pese a la indicación que realizan sobre la
       actualización de la información, no queda muy clara la documentación
       que se utilizó como sustento para fundamentar el análisis actual, sobre
       las recomendaciones dadas en cuanto a la no dotación de personal
       para este Despacho.

       Ante esta situación, me permito detallar los siguientes comentarios:

     aspecto que llama la atención es que no todos los Jefes de Sección
     Un
      involucrados fueron entrevistados, a efecto de determinar las
      verdaderas razones que justifican la petición de una plaza más de
      profesional para cada Sección.

     realiza una comparación de carga de trabajo entre secciones sin
     Se
      considerar la naturaleza, la complejidad y con ello la duración de los
      estudios. El mismo Departamento de Planificación señala en la nota
      del cuadro Nº 1 que “es por esta razón que dicha variable no es
      determinante al momento de asignar la cantidad de recursos”,
      refiriéndose a la cantidad de informes por sección; por lo tanto, no es
      válido el análisis que se presenta.

    
     Menciona el informe del Departamento de Planificación, que el aparente
      menor promedio lo presenta la Sección de Estudios Especiales, e
      indica como única razón para que se presente esta situación, un
      problema de menor rendimiento a nivel de Jefatura, en cuanto a la
      duración en la presentación de los informes. No obstante, existen
      otros factores que han incidido en la cantidad de estudios terminados y
      enviados, los cuales se detallan a continuación:

    1) El tiempo destinado para asesorar a la Administración del Poder
       Judicial en el desarrollo del proyecto de la Consultora SONDA en el
       Proceso de Mejoramiento del Departamento de Proveeduría.
2) Participación de un servidor de la Sección en la Comisión de
   Investigación y Desarrollo del Departamento a partir del mes de octubre
   último.

3) La rotación del recurso humano, pues se ha contado con varios
   funcionarios interinos.

 informe menciona que con las cinco secciones que integran el
 El
  Departamento de Auditoría “se audita en forma global la totalidad de las
  unidades existentes en el Poder Judicial (se cubren todos los campos
  de operación)”, y por otra parte, se indica que dependiendo del recurso
  que tenga el Departamento, el tiempo que se durará en auditar una
  unidad nuevamente será menor, en ello citan a manera de ejemplo el
  caso de la Sección de Estudios Económicos en la cual se indicó que el
  tiempo que dura la sección para auditar nuevamente la oficina es de 3
  años. No obstante, hay áreas que deben ser evaluadas por las otras
  secciones, las cuales en algunos casos nunca han sido auditadas o su
  ciclo de auditoraje difiere de los 3 años utilizados como referencia.

  Tampoco se analiza el riesgo que existe al dejarse de lado la
  evaluación de áreas sensibles, dada las limitaciones de los recursos.
  Si bien la Auditoría selecciona los estudios que realizará, con base en
  el riesgo de cada actividad, este riesgo se incrementa en la medida en
  que el objeto de estudio no puede ser analizado oportunamente por la
  Auditoría, dejándose desprotegida a la Administración del papel
  fiscalizador y asesor que corresponde a la Auditoría Interna, sobre
  aquellas áreas no auditadas.

  De esa manera, con el recurso humano disponible, existirán áreas que
  serán auditadas cada 10 ó más años, y otras que nunca serán objeto
  de una evaluación de parte nuestra, a menos que se presente una
  irregularidad que lo amerite. Así, con los recursos limitados, la
  Auditoría no podrá ejercer una labor preventiva sobre muchas de las
  actividades relevantes que se desarrollan en la Institución.


 Según la nueva tendencia de la Planificación de la Auditoría basada en
  riesgos, las auditorías deben determinar todas las posibles áreas de
  riesgo sujetas a evaluación, lo cual se denomina su “universo
  auditable”. Debido a la limitación del recurso humano, no es posible
  auditar la totalidad de estas áreas, por lo que se procede a clasificarlas
  según sea su prioridad alta, media o baja con respecto a los criterios de
  riesgo definidos previamente.
  Por esta razón, la Auditoría Judicial hizo la programación para el año
  2003 con base en riesgos, determinándose que con el personal actual,
  es posible cubrir solamente una parte de las áreas de prioridad alta,
  quedando al descubierto las otras evaluaciones de alto riesgo más las
de media y baja prioridad, lo que no significa que sean menos
importantes.

Como ejemplo de lo anterior, se mencionan los casos particulares de
las siguientes Secciones de este Departamento de Auditoría:

a. Auditoría Operativa

Para el año 2003, a la Sección de Auditoría Operativa, de acuerdo con
el universo auditable del Poder Judicial, le corresponde hacer frente a
un total de 52 grandes áreas, las cuales se subdividen en 514
oficinas (algunas a su vez tienen diferentes actividades, como por
ejemplo el Departamento Financiero Contable, Departamento de
Personal, Departamento de Proveeduría, Unidades y Subunidades
Administrativas Regionales, etc); no obstante, por la limitante de
recurso humano, dentro del Plan Anual de Trabajo para el presente
año, únicamente se incorporaron 6 estudios operativos de las áreas
mencionadas, las cuales a su vez se subdividen en 37 oficinas,
cubriendo con ello solamente un 7,20% del universo auditable, lo cual
significa que se deja al descubierto el 92.80% de éste, es decir cada
unidad auditable con los recursos de que se dispone la citada Sección,
se auditaría en promedio cada 13 años.

a. Auditoría Financiera

A través del tiempo se ha venido incrementando considerablemente el
campo de acción de esta Sección, ya que día a día se han asignado
mayores recursos al Poder Judicial, no sólo provenientes del
presupuesto nacional, sino que también a través de otras actividades
que se le vienen asignando a la Institución, a través de fondos como
producto de préstamos con organismos internacionales, convenios con
otras entidades o bien, provenientes de leyes especiales en las cuales
se le asignan a este Poder ciertas responsabilidades. Asimismo, el
número de actividades de fiscalización es sumamente cuantioso, por lo
cual la cobertura anual es mínima en relación con la totalidad de las
actividades del Poder Judicial, de tal forma que algunos estudios de
interés que se realicen en este momento, no podrán volverse a efectuar
en el corto plazo dada las limitaciones de recursos, sobre todo si se
quiere que haya una diversidad razonable en los estudios a efectuar.

Otro aspecto a considerar, es el hecho de que actualmente una parte
del ámbito administrativo, comprendido por el Departamento de
Proveeduría, el Departamento Financiero Contable y el de Personal
están siendo objeto de una reestructuración administrativa y operativa
por parte de la empresa SONDA, lo cual evidentemente implicará una
readaptación del personal hacia los nuevos procesos. Aunado a lo
anterior, en los últimos años, la administración ha venido
desconcentrando una serie de procedimientos, de tal forma que la
responsabilidad y custodia de los documentos originales está quedando
en las diferentes Unidades y Subunidades Administrativas, pues
mientras que anteriormente, todos los documentos soporte quedaban
en el Departamento Financiero Contable, ahora gran cantidad de esa
documentación queda en esos despachos, lo cual implica una mayor
complejidad y limitación en cuanto a la obtención de la información, y
por ende, esta Auditoría debe tener una mayor presencia en estas
oficinas, con lo cual se debe desplazar hacia esas zonas, con el
evidente perjuicio que ello implica en cuanto a horas hombre laboradas.

a. Auditoría de Tecnología de Información

Esta Sección tiene como campo de acción un ámbito muy específico, el
que ha experimentado una expansión acelerada en los últimos años; el
informe de Planificación no entra en detalle en el diagnóstico de estas
actividades, su importancia para el Poder Judicial y su desarrollo en el
futuro próximo. Se ha presentado un aumento desproporcionado en la
carga de trabajo que debe asumir esta Sección, ya que, con el mismo
personal, se debe asesorar y fiscalizar una cada vez mayor cantidad de
actividades producto del Proceso de Modernización que impulsa el
Poder Judicial, crecimiento del Área de Tecnología de Información,
Proyecto de Fortalecimiento Administrativo Solución Informática para
los Departamentos de Personal, Proveeduría y Financiero Contable,
Proyecto Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales y
segunda etapa del Programa de Administración de Justicia, Sistema
Computadorizado de Depósitos Judiciales; y en general, todo lo
relacionado con las tecnologías de información de la Institución
(hardware, software y telemática).

Esta situación ha incidido negativamente en las labores
encomendadas, pues, como ya se ha venido apreciando por parte de
las áreas afectadas, con el desarrollo de nuevos sistemas de
información, la participación de esta Auditoría no es la deseada, como
consecuencia de la carencia de personal; debiéndose discriminar
actividades relevantes, dada la imposibilidad de intervenir en ellas.

Como un aspecto general que afecta a todo el Departamento, se debe
considerar el Préstamo con recursos del BID que recientemente se
aprobó para la segunda etapa, el cual es aproximadamente tres veces
mayor en recursos que el convenio anterior y evidentemente requerirá
una fiscalización más amplia por parte de esta Auditoría.

a. Sección Estudios Especiales
  Asimismo, en el caso de la Sección de Estudios Especiales, esta
  oficina, al igual que el caso de las otras Secciones, deberá atender
  cualquier estudio no programado que, durante el año, se solicite a nivel
  interno o externo para ejecutar estudios operativos, financieros,
  administrativos y de cualquier índole, los cuales deberán también ser
  calificados desde el punto de vista del riesgo, pudiendo dar una
  valoración con un riesgo alto; sin embargo podría ser que algunos de
  esos no puedan llevarse a cabo con la prontitud requerida por la
  limitación de recurso humano con el que cuenta esa Sección, tal como
  sucede con las otras Secciones mencionadas anteriormente.

  a. Sección Estudios Económicos

  Esta Sección por su especialidad tiene a su cargo la fiscalización de las
  cuentas corrientes judiciales, sobre las cuales en razón de las
  limitaciones de recursos humanos realiza auditorías cada 3 ó 4 años
  sobre cada despacho, lo que no guarda relación alguna con lo
  establecido en el artículo N°22, inciso a) de la Ley General de Control
  Interno, el cual en lo que interesa establece como competencias de la
  auditoría interna:

            “Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:

   a)      Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente,
  en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia
  institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de
  naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o
  estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de
  acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la
  Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen
  en transferencias efectuadas por componentes de su competencia
  institucional..”

 informe del Departamento de Planificación centra su análisis en la
 El
  comparación del número de oficinas que puede tener una Institución y
  el número de auditores, sin considerar que esta Auditoría no sólo
  evalúa “despachos”, sino que debe participar en Proyectos de diversa
  índole, evaluar el comportamiento de las cuentas bancarias, analizar
  procesos      y    procedimientos     en    materias     jurisdiccionales,
  administrativas, presupuestarias, financieras, informáticas, entre otras;
  lo cual conlleva a precisar un universo auditable mucho más amplio, el
  cual en el caso del Poder Judicial, en parte está conformado por el
  ámbito jurisdiccional, actividad que no desarrolla ningún otro ente u
  organización en el país. A la vez, en este Poder de la República, hay
  oficinas tan complejas como los Departamentos Administrativos,
  divididos en “oficinas” a cargo de procesos específicos y muchas veces
  independientes. Por esta razón, se debería hacer una relación con las
  variables de universo auditable y el número de auditores, considerando
  la complejidad y naturaleza propia de cada Institución. Por lo anterior
  resulta totalmente erróneo, hacer cuestionamientos que se originan de
  comparaciones con otras auditorías internas de instituciones públicas y
  privadas.

 cuanto al comentario sobre el crecimiento de plazas en el
 En
  Departamento de Auditoría de 1998 al 2003, donde se ha incrementado
  el personal a 3 plazas más mientras que, según lo indicado por el
  Departamento de Planificación, el crecimiento de oficinas de 1999 al
  2003 fue tan sólo de 64 oficinas más, es necesario aclarar lo siguiente:

  El crecimiento de plazas no puede estar sustentado únicamente en un
  aumento de oficinas, pues como menciono anteriormente, se deben
  considerar diversas variables tales como: el total del universo auditable,
  el crecimiento en el presupuesto asignado a la Institución, los saldos
  millonarios de las cuentas corrientes judiciales, la gran cantidad de
  sistemas de información desarrollados y por implementarse, el
  incremento en la creación de leyes que repercute en mayores áreas de
  atención conformadas por          una variedad de procesos, todos
  susceptibles de evaluar por parte de esta Auditoría Interna.

  Cabe indicar que las Secciones de Auditoría Operativa, Auditoría de
  Estudios Especiales y de Estudios Económicos, desde el año 1990 en
  que se les asignó una plaza, no han sufrido cambio alguno en el
  personal asignado a cada una. Como puede concluirse, durante trece
  años estas Secciones han mantenido constante la cantidad de recurso
  humano, contrario a los movimientos radicales que ha tenido la
  Institución.

  1.2.   Ley de Control Interno para las Instituciones Públicas

  Son totalmente salidas de contexto las comparaciones del
  Departamento de Planificación cuando se refiere a la aplicación de la
  Ley General de Control Interno, en el sentido de que por apreciaciones
  de algunos funcionarios auditores de instituciones públicas, no se hace
  necesario incrementar el recurso humano, sino capacitarlo para hacer
  cumplir esta Ley. Cabe aclararle al Departamento de Planificación,
  que esta Auditoría, desde que se publicó la citada Ley, ha estado en un
  constante proceso de capacitación, de hecho la Comisión de
  Investigación y Desarrollo de la Auditoría, se centró durante el último
  cuatrimestre del año pasado, en la investigación de los cambios que
  esta ley produce en las funciones que competen a nuestra oficina.

  Además, la citada Ley en su artículo Nº 23 indica:          “La auditoría
interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales
serán de acatamiento obligatorio”, por lo que cada Auditoría Interna del
Sector Público tiene la facultad de organizarse de la manera que más le
convenga a los intereses de la Institución que representa, debiendo
valorar su propio entorno laboral el cual lógicamente diferirá entre cada
Auditoría.

Aunado a lo anterior, considero oportuno traer a colación que la
mencionada Ley sí establece explícitamente cambios que hacen
necesario que se dote de más recursos a este Despacho, ya que por
ejemplo, tal y como se indicó en la página anterior, el artículo 22 de
dicha Ley en lo que interesa reza así:

         “Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:

 a)      Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en
relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional,
incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar.
Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales
sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el
tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes
de su competencia institucional...”

No obstante lo anterior, considero pertinente hacer la observación que
con los recursos humanos disponibles de esta Auditoría, incluso si
éstos se duplicaran, sería difícil cumplir con los alcances de dicha
normativa, ya que el universo auditable del Poder Judicial es muy
grande y complejo, empero si bien el suscrito es consciente de las
limitaciones presupuestarias que en la actualidad enfrenta la Institución,
se solicitó un mínimo de plazas con el propósito de tratar de reducir a
través de los años, la brecha entre lo que dice el artículo citado y
nuestra realidad, así como fortalecer nuestras labores y por
consiguiente brindar un mejor servicio a la Institución.

Cabe destacar que la normativa que rige a las auditorias internas, las
obliga a recopilar evidencia suficiente y competente en los estudios que
se realicen, lo cual significa que cada hallazgo de auditoría deberá
estar debidamente documentado, no solamente por ejemplo con
simples entrevistas, sino también con el examen de la correspondiente
documentación que da sustento a lo que se dice, lo cual implica
necesariamente la revisión de grandes volúmenes de información,
como por ejemplo: archivos, registros, expedientes, informes,
inspecciones si se trata de bienes materiales etc., todo lo cual incide
 en que un estudio de auditoría, dependiendo de la complejidad, no se
 pueda desarrollar en un corto tiempo.

 1.3.   Comisión Interna

 En la página 956 del informe de Planificación, se menciona lo siguiente:

 “...este Departamento no considera prudente que se cuente
 internamente con una Comisión que asuma asuntos especiales de
 forma permanente, puesto que tal como se indicara, existe una Sección
 que asume asuntos de tal naturaleza en cuyo caso se está reduciendo
 la carga de trabajo de la misma... ”.

 Al respecto, se procede a aclarar lo siguiente:

 Creación de la Comisión de Investigación y Desarrollo:
 En la actualidad las funciones sustantivas de las auditorias internas de
 las Instituciones Públicas deben sustentarse en un enfoque basado en
 la administración del riesgo, lo cual conlleva a un cambio significativo
 del trabajo que tradicionalmente se venía ejecutando.
 Al ser la Auditoría un órgano asesor, encargado de evaluar y
 recomendar las mejoras que se requieren para contar con un Poder
 Judicial más eficiente, es indispensable que este Despacho esté a la
 vanguardia en cuanto a nuevos métodos, tecnologías, prácticas,
 desarrollos recientes, como medio para prestar ese servicio requerido
 para el logro de los objetivos institucionales.
 Por las razones citadas anteriormente, se creó la Comisión de
 Investigación y Desarrollo, con la cual se pretende realizar las
 siguientes funciones:

Evaluación y posible aplicación de las tendencias sobre el accionar de
  las Auditorías Internas a nivel nacional e internacional.


 Análisis y modificación del proceso de auditoría (metodología).


 Atender los cambios que se producen por la entrada en vigencia de la
 nueva normativa, en forma particular la Ley General de Control Interno,
 a saber: establecer la metodología para realizar la planificación con
 base en riesgos, elaboración del plan anual de trabajo con el nuevo
 enfoque basado en riesgos, actualización del reglamento interno de la
 Auditoría, entre otras).


 Formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del
 Departamento de Auditoría.


 Apoyo al Auditor Judicial en diversas labores de investigación
 relacionadas con la profesión.


 Diseño, implementación y seguimiento del plan estratégico y los planes
 de trabajo operativos de la Auditoría Judicial.


 Implementación y seguimiento del plan de capacitación del personal de
 este Despacho en los temas actuales relacionados con las funciones
 propias de auditoría.


 Evaluar el cumplimiento por parte de la administración sobre la Ley
 General y las Normas Generales de Control Interno.


 Colaborar con la Comisión creada por el Consejo Superior, que se
 encargará de diseñar el sistema específico de valoración del riesgo de
 la Institución, así como de la divulgación de la Ley General de Control
 Interno.

 Dicha comisión está integrada por un representante de cada una de las
 cinco secciones de la Auditoría, bajo la dependencia directa del Auditor
 Judicial. Cabe indicar que esta comisión elaboró un plan de trabajo
 para el período 2003, y dependiendo de las necesidades existentes
 para el siguiente año, se verá la conveniencia de que el grupo se
 mantenga para el 2004 o se disminuya el número de sus integrantes,
 por lo que se deja claro que esta Comisión no se ha creado de forma
 permanente.       Creemos que más bien, el Departamento de
 Planificación tergiversa los comentarios expresados por mi persona, al
 argumentar el fundamento de su existencia, dando la impresión de que
 más bien en la Auditoría Interna sobra personal profesional.

 Cabe señalar que la Comisión de Investigación y Desarrollo realiza
 investigaciones que por su naturaleza se pueden llamar “Especiales”,
 sin embargo, éstas se orientan a fortalecer las labores internas del
 Departamento. Por su parte, la Sección de Estudios Especiales tiene
 el encargo por su naturaleza de la ejecución de auditorías de tipo
 especial de índole administrativo, operativo, financiero, tecnológico o
 cualquiera otra que se requiera en el cumplimiento de las labores de
 auditoría propiamente dichas; el trabajo de esta Sección es hacia
 afuera de la oficina. La comparación de la carga de trabajo de estos
 dos grupos no es válida, pues tanto la Comisión citada como cada una
 de las Secciones que conforman la Auditoría Interna cuentan con un
 plan de trabajo para el período 2003, razón por la que no existirá
 duplicidad de funciones entre la Comisión y la Sección de Auditoría de
 Estudios Especiales.

 2.    Recalificación de una plaza de Auxiliar Administrativo 1 de la
       Auditoría Judicial a Profesional 2.
En lo que respecta a la recomendación que emite el Departamento de
Planificación de recalificar una de las plazas de Auxiliar Administrativo
1 con que cuenta este Despacho, a Profesional 2, avalo dicha
propuesta, en razón de que ello coadyuvaría a fortalecer el trabajo de
esta Auditoría.

Es importante aclarar que en la página 957 del informe de Planificación,
último párrafo se indica que un Auxiliar Administrativo está destacado
de forma exclusiva en la Sección de Auditoría de Estudios Especiales,
siendo lo correcto que dicho servidor está dedicado exclusivamente a la
atención de ese tipo de labores en la Sección de Auditoría de Estudios
Económicos.

Por otra parte, en la página 958 en el aparte de Auxiliar Administrativo
encargado del archivo, segundo párrafo, en lo que respecta a la
documentación que se ingresa al Sistema de Información de la
Auditoría Judicial (SIAJ) se indica que “En ese momento, ese sistema
se encuentra actualizado hasta 1998, ....”, siendo lo correcto hasta el
2002.

3.   Solicitud de una plaza de Asesor Jurídico

En primer lugar, extraña al suscrito que el Profesional del
Departamento de Planificación encargado de realizar este informe
destaque el hecho de que la existencia de una sola plaza de Abogado
limite “la celeridad con la que deben salir los informes, además, que
en su ausencia no existe otra persona facultada para analizarlos y se
dejan desprovistas de la consulta legal a las secciones internas del
Departamento”. Lo anterior denota que se tomó en consideración el
punto indicado, para efectos de señalarlo en el informe, pero que no
coincide en nada con la recomendación final, originando ello una
evidente contradicción, ya que pareciera que sí tiene claro que el hecho
de que haya sólo una plaza de Abogado limita la rapidez y oportunidad
con que deben salir los informes, por las múltiples funciones a realizar
en dicha Unidad.

En el informe se indican cuáles son las funciones que realiza
actualmente la plaza de Asesor Jurídico dentro de la Auditoría, sin
embargo de una forma subjetiva se trata de minimizar las mismas, ello
se extrae de las apreciaciones de la licenciada Nora Carvajal Quirós,
Jefe a.í de la Sección de Clasificación y Valoración de Puestos del
Departamento de Personal quien, desde que esta plaza fue creada
(1997) no se ha apersonado nunca al Departamento de Auditoría a
efectuar alguna entrevista a la Licda. Ana Lía Umaña, quien ha sido la
única titular de la misma, por lo que resulta un tanto difícil entender sus
manifestaciones, ya que en razón de lo anterior, ella solamente conoce
lo que eventualmente pueda decir el Manual de Funciones para el
Asesor Jurídico 1, que de paso establece lo mismo para todos los
Asesores Jurídicos del Sector Administrativo, sin distinguir entre los de
Planificación, Personal, Auditoría o cualquier otro existente.
Debiéndose tomar en consideración que el Departamento de Auditoría
es una Oficina que tiene una función totalmente distinta al resto de las
Oficinas Administrativas. La realidad, es que el Manual de Funciones
es obsoleto y está desactualizado, y no refleja siquiera en un 30% las
funciones reales que se desempeñan en ese puesto.

En cuanto a lo indicado por la licenciada Carvajal Quirós, de “que
muchas de las funciones descritas en el informe no corresponden a las
que debe desempeñar una plaza de Asesor Jurídico dentro del
Departamento de Auditoría, ya sea por ser funciones que se realizan
esporádicamente (formar parte de una Comisión) o que corresponden a
otras dependencias llevarlas a cabo” y que además “la función básica
de la Asesora Legal del Departamento de Auditoría se centra en
asesorar a la Jefatura Departamental, a los Jefes de Sección, y en
general a los servidores de las secciones de esa dependencia. Por lo
que la asesoría que efectúa a los órganos superiores (Corte Plena y
Consejo Superior), se realiza de forma esporádica, como una función
propia de su cargo a la que no se puede negar”, debo reiterar que la
función a que hace referencia es sumamente importante, tanto que un
dictamen rendido, en caso de ser una asesoría incorrecta que cause
daños a la Administración o a terceros, a la Abogada le cabría
responsabilidad según lo dispuesto por la Ley General de la
Administración Pública, punto que nunca ha sido tomado en cuenta por
los Administradores que valoran y hacen estudios sobre los puestos de
los Abogados Asesores.

Aunado a lo anterior, se debe indicar que efectivamente la Asesora
Jurídica no puede negarse a brindar los informes que solicite el
Consejo o la Corte, sin embargo se incurre en un error al afirmar que
esta labor se realiza en forma esporádica, porque en la práctica es la
función primordial y cotidiana de dicha funcionaria, ya que por ser
esta Auditoría un órgano asesor, dependiente orgánicamente del
máximo jerarca, la mayor parte de los informes que se emiten van
dirigidos a dichos órganos, muchos de los cuales contemplan la
interpretación de aspectos legales, que precisamente corresponde
analizar a la Licda. Umaña Salazar.

Según lo manifestado por la funcionaria indicada en cuanto a ciertas
funciones que realizan los Abogados de otros departamentos y que
esporádicamente la Asesora de este Despacho participa en ellas, debo
apuntar que pareciera, a la luz de lo señalado, que todas las funciones
que realiza la Abogada de este Departamento son esporádicas, esta
afirmación es falsa y carece de fundamento, por lo cual, preocupa que
se haga sin tener elementos de hecho que la sustenten. Por lo
anterior, cabe destacar, que no sólo se participa cuando se trata de
aspectos que atañen a la Auditoría, sino que participa en muchísimos
aspectos de índole administrativa y hasta jurisdiccional, que muchas
veces las mismas Jefaturas remiten a este Despacho para ser
analizadas, o bien colabora directamente con los Abogados que
también participan en ellas.          Y si bien, habrá funciones que
correspondan a los Abogados de otros Departamentos, al igual que en
estos, hay funciones propias del Abogado de la Auditoría que solo se
realizan en esta Oficina, ya que aquí la función es de asesoría y
fiscalización de toda la Institución y por lo tanto estamos en igualdad de
condiciones.

Cabe resaltar que parece desconocerse en alguna medida, la función
de la Auditoría, que no sólo es la de fiscalizar Fondos Públicos, también
atañe a este Despacho, la fiscalización de los controles en todo el
ámbito Institucional y la prevención de factores que puedan provocar
daños o pérdidas en todos los niveles, de ahí que se desconoce que
este Despacho a través de la Sección de Auditoría Operativa, realiza
permanentemente estudios en el ámbito jurisdiccional y en los cuales la
Licda. Umaña participa activamente con los compañeros Auditores,
incluso saliendo de gira con ellos revisando expedientes judiciales en
los Despachos auditados, por eso decimos que la función que
supuestamente sólo atañe a Planificación, se realiza también en este
Departamento obviamente que con otro alcance. Igual situación pasa
con los Estudios de Auditoría de Estudios Especiales en los que deben
revisarse expedientes judiciales cuando se evalúa, por poner un
ejemplo, el Depósito de Vehículos, y ni qué decir de los expedientes de
contratación administrativa, cuando se evalúan los procedimientos de
esta actividad.

Aunado a lo anterior, también corresponde a este Departamento
realizar informes en los cuales se trata de determinar posibles
responsabilidades pecuniarias, disciplinarias, etc de servidores y
terceros, y mal funcionamiento de Despachos judiciales, normalmente
atendiendo solicitudes de Corte Plena, Consejo Superior, Contraloría
de Servicios y del Tribunal de la Inspección Judicial, lo cual conlleva
necesariamente el estudio de expedientes judiciales, en los que por
razones obvias participa la Abogada de este Despacho.

Debe destacarse que estos estudios no son esporádicos, es la función
cotidiana de esta Auditoría, compuesta por 33 profesionales todos de
igual categoría, aunado a las Jefaturas de Sección y Departamental (6
profesionales), cuya Asesoría Legal recae no sólo desde el punto de
vista laboral, sino también de responsabilidad, única y exclusivamente
en la Abogada de este Despacho.

Por otro lado, asesorar al Consejo Superior o a la Corte sobre aspectos
de reclamos económicos que haga la Institución a servidores o a
terceros o viceversa, no sólo es un aspecto que corresponda a la
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, sino también a este
Despacho, el que por su carácter de fiscalizador, tiene constantemente
que recurrir acuerdos que versan sobre ese punto en particular y dichos
recursos o informes tienen como fundamento el informe legal
respectivo suscrito por la Asesora legal, e igualmente, en muchas
ocasiones es de este Departamento de donde salen informes que
determinan la obligación de recuperar sumas pagadas de más o bien,
la obligación de resarcir a la Institución o viceversa, de ahí que deba
observarse que por la naturaleza de las funciones de la Auditoría,
corresponde a dicha funcionaria realizar necesariamente labores,
como dice Doña Nora, que corresponden a los Abogados de los otros
Departamentos y precisamente por este motivo, absorbe
constantemente más funciones de las que puede efectuar, porque en
una sola persona, recaen actividades que realizan otros servidores en
la Institución pero distribuidas entre ellos.

En cuanto a las funciones que según el informe, puede realizar un
servidor no profesional de la parte administrativa, para descargar el
trabajo de la Abogada, como las de revisar actas de Corte Plena y
Consejo Superior, así como Gacetas, Boletín Judicial, circulares,
directrices tanto del Poder Judicial como de otras Instituciones Públicas
etc, extrañamente, parece ignorarse que esas funciones están en el
Manual de Funciones y que además no se trata únicamente de leer
de manera superficial esos documentos, sino que se trata de una labor
seria que requiere tiempo porque la idea es tener actualizada la
normativa a utilizarse en el desempeño de las labores jurídicas, función
que es de un Abogado, y además conocer los acuerdos de Consejo y
Corte, sus implicaciones legales, y si es necesario extraer aquellos
acuerdos que la Auditoría por su condición de órgano
asesor-fiscalizador, deba analizar, por eso es que obviamente esa
función no la puede llevar a cabo un Auxiliar.

Por lo antes expuesto, debo indicar que si el informe se fundamentó
sólo en las manifestaciones de la Licda. Carvajal Quirós, no es posible
hacer recomendación alguna, ya que como se dijo, la misma
desconoce las funciones reales del Abogado Asistente de este
Departamento, y también hace caso omiso de las implicaciones del
principio “Contrato Realidad” que rige en materia laboral, el cual
consiste en que lo que debe tomarse en consideración para una justa
remuneración y distribución de funciones es el trabajo real que efectúa
el trabajador, ya que, los Manuales no describen todas la funciones
       que se realizan y menos cuando están desactualizados y no abarcan ni
       se adaptan a la realidad de muchos servidores, que por su especial
       naturaleza deben contar con un Manual que sea propio de ellos y que
       defina real, justa y equitativamente las funciones que les corresponden.

       En cuanto a la creación del Departamento Legal debemos indicar que
       en virtud de que la Auditoría goza de una independencia funcional y de
       criterio, conferida por Ley, su Asesor Legal no puede jamás formar
       parte de un Departamento Legal que asesora a la Administración
       Activa, por cuanto la Auditoría no forma parte de ésta. Debe
       recordarse que los servidores que componen las Auditorías Internas,
       de conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno,
       tienen una regulación especial, y para removerlos, permutarlos,
       suspenderlos o concederles licencias, etc., requieren de la autorización
       del Auditor General, de ahí que no sería posible estimar que el Asesor
       Legal de este Despacho deba formar parte de dicha Oficina.

       Aunado a lo anterior, aprovecho la oportunidad para traer a colación el
       contenido del artículo 27 de la Ley General de Control Interno, el cual
       establece que:

       “El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los
       recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros
       necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su
       gestión.
         Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una
       categoría programática; para la asignación y disposición de sus
       recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las
       instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la
       República.
       La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen
       sus necesidades para cumplir su plan de trabajo..”.


       Para concluir, considero que el Departamento de Planificación debe
       efectuar un estudio técnico que tome en cuenta los elementos citados,
       los riesgos asociados a las diversas áreas que se dejan de auditar y el
       crecimiento real de las actividades que componen las áreas sujetas a
       evaluación por parte de nuestro Despacho.”

                                         -0-

      Se acordó:     Mantener lo dispuesto por este Consejo en la sesión de

presupuesto para el 2004, por lo que se remiten las diligencias a la Comisión de
Presupuesto 2004, para lo que a bien estime resolver.

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                   ARTÍCULO XXIX

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 1131 de 8 de abril en curso, comunica que ese Tribunal al resolver

la queja N° 42-2003-M, impuso a Alejandra Escalante Marsicano, Notificadora del

Juzgado Contravencional del Primer Circuito Judicial de San José, la corrección

disciplinaria de revocatoria de nombramiento, por presentar a la Sección de

Reclutamiento y Selección del Departamento de Personal, un título falso de Bachiller

en Educación Media.

      Se acordó:      Tomar nota de la comunicación del Tribunal de la Inspección

Judicial, lo que también hará el Departamento de Personal para que se adjunte al

expediente correspondiente.

ASUNTOS VARIOS

                                    ARTÍCULO XXX

      Mediante circular No. 02-2003 se comunicó el acuerdo tomado por este Consejo

en la sesión N°96-02 celebrada el 17 de diciembre de 2002, artículo XXV, en que se

comunica a los despachos judiciales la obligación de remitir al Consejo los informes

detallados sobre asuntos ingresados durante el trimestre, conforme al plazo establecido

en el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea en los primeros cinco días

de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, los que pueden ser enviados

por medios electrónicos.

      En facsímil N° 096-2003-TT de 3 de este mes, la licenciada Ana Luisa Meseguer
Monge y el licenciado Julio Franceschi Castillo, por su orden, Jueza Coordinadora y

Juez Tramitador del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,

manifiestan:

       “...El Honorable Consejo Superior del Poder Judicial, mediante circular
       N°21-2003, hace del conocimiento de todos los Jefes de Despacho
       Judiciales del país, que en sesión N°16-03, celebrada el cinco de
       marzo del dos mil tres, artículo XXXIII, dispuso reiterar la obligación en
       la que se encuentran de enviar los informes trimestrales dentro de los
       primeros cinco días de enero, abril, julio y octubre, así como la
       obligación de realizar depuraciones periódicas de casillas, con el fin de
       que los datos brindados en el respectivo informe sean correctos y de
       calidad, esto conforme lo solicitado por el Departamento de
       Planificación, el que a su vez queda autorizado para que en caso de
       incumplimiento de lo dispuesto, lo comunique al Tribunal de la
       Inspección Judicial para la aplicación del régimen disciplinario que
       corresponde ante el incumplimiento del plazo establecido en el artículo
       179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En vista de que este
       Tribunal mantiene un alto circulante, además de ello se está
       atravesando por un momento coyuntural, ya que a partir del mes de
       febrero del año en curso, por recomendación de los Magistrados
       integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, la Sección
       Segunda está dedicada por el término de seis meses, a la tramitación
       de todos los asuntos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
       Magisterio Nacional, con la finalidad de tratar de bajar el alto circulante
       y que de manera más expedita queden resueltos estos procesos; se
       procede gestionar ante ustedes, que el plazo de cinco días citados en
       la Circular N° 21-2003 y en el numeral 179 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial, sea ampliado este plazo, por esta sola ocasión, en diez
       días más de los ya establecidos, ya que la última votación fue el día
       treinta y uno de marzo del año en curso, y los Jueces de este Tribunal
       se rigen por el término de quince días prescrito en el artículo 167 del
       Código Procesal Civil para la redacción de los votos.
              En virtud de las razones antes vertidas, solicitamos a tan
       Honorable Consejo, que nuestra gestión sea aprobada y se nos
       conceda el plazo indicado”.

                                      -0-

      Se acordó: Conforme lo solicitan los licenciados Meseguer Monge y Franceschi

Castillo y prorrogar por esta ocasión a diez días el plazo señalado en la circular N°

21-2003, de conformidad con lo que establece el numeral 179 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, a fin de que remitan el informe trimestral al Departamento de

Planificación.

                                ARTÍCULO XXXI

       Mediante circular N° 21-2003 de fecha 20 de marzo último, se comunicó a los

jefes de los despachos judiciales, el acuerdo tomado por este Consejo en sesión N°

16-03 celebrada el 5 de marzo, artículo XXXIII, en que se reiteró la obligación en que

se encuentran de enviar los informes trimestrales dentro de los primeros cinco días de

enero, abril, julio y octubre, así como la necesidad de realizar depuraciones periódicas

de casillas, con el fin de que los datos brindados en el respectivo informe sean

correctos y de calidad, esto conforme lo solicitado por el Departamento de

Planificación, el que a su vez quedó autorizado para que en caso de incumplimiento de

lo acordado, lo comunique al Tribunal de la Inspección Judicial, para la aplicación del

régimen disciplinario que corresponda, ante el incumplimiento del plazo establecido en

el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

       Los licenciados Roy Gerardo Díaz Chavarría y José Francisco Molina Salas,

Administrador y Juez Coordinador del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios

del Segundo Circuito Judicial de San José, en facsímil N° 014-JCHAS-2003 de 3 de

este mes, manifiestan:

             “Desde la entrada en vigencia del Sistema de Gestión, las
        obligaciones en torno a la cantidad de información que se debe incluir
        en los expedientes se ha incrementado, por ejemplo, se debe actualizar
        la fase, estado de cada carpeta, intervinientes, situación que se
        aprovecha en las depuraciones para repasar lo efectuado durante la
        tramitación normal de los procesos.
             Con un circulante superior a los 30.000 expedientes, donde cada
        trimestre se catalogan como “abandonados”, cifras que oscilan entre
        3000 a 8000 proceso, el lapso de tiempo establecido para este
        despacho es poco, por ejemplo, se adelantó el proceso de depuración
        una semana, con la finalidad de cumplir con el plazo, empero, no se
        logró, faltando un 25% de ubicaciones por depurar al día de hoy.
              Por lo anterior, se solicita una prórroga razonable para terminar el
        proceso de depuración y gestionar posteriormente ante el
        Departamento de Tecnología de Información con sede en este Circuito,
        la generación de los listados, debido a que es imprescindible contar con
        el circulante actualizado, aspecto que sólo se logra terminada la
        depuración”.

                                      -0-

      Se acordó:     Acoger la solicitud y prorrogar por un mes el plazo señalado en la

circular N° 21-2003, de conformidad con lo indicado en el artículo 179 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, a fin de que remitan el informe trimestral al Departamento

de Planificación.

                               ARTÍCULO XXXII

      El licenciado Javier Cascante Elizondo, Superintendente de Pensiones, en oficio

N° SP-785 de fecha 4 de este mes, expresa:

               “La superintendencia de Pensiones creada por artículo 1 de la Ley
        7523, ampliándose sus facultades de supervisión por Ley 7983 ante la
        creación del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
        supervisa al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o los regímenes
        sustitutos de este.
               Consciente de que la supervisión de los regímenes de pensión
        público resulta un ejercicio novedoso para la superintendencias de
        pensión tradicionales, así como para los administradores de pensión de
        este tipo de regímenes, me permito transmitirle algunos puntos de vista
        que delimitan el quehacer y mandato legal de administradores y
        supervisores de fondos de pensión.
        El artículo 33 de la Ley 7523 establece en su párrafo segundo:
           La superintendencia de Pensiones autorizará, regulará,
           supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes
           contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean
           encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las
           operadoras de pensiones, de los entes autorizados para
           administrar los fondo de capitalización laboral y de las personas
           físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en
           los actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta
           ley.
       Es decir, el mandato legal de la SUPEN no implica desde ningún
 punto de vista coadministrar los fondos de pensión existentes. La
 intención del legislador al establecer un alcance de supervisión para
 estos regímenes de pensión descansa en una legítima preocupación
 por el interés de los afiliados a los distintos regímenes. Debe
 recordarse que los afiliados cotizan obligatoriamente a estos fondos
 con la promesa de recibir en el futuro ingresos durante su vejez.
       En relación con las potestades explícitas de supervisión de los
 regímenes básicos y sustitutos, el artículo 36 señala:
 Artículo 36.- Supervisión de los otros regímenes de carácter público
 En materia de supervisión y resguardo de la solidez financiera de los
 regímenes de pensiones creados por ley o convenciones colectivas, la
 Superintendencia tendrá las siguientes facultades:
a) Velar por el equilibrio actuarial de los regímenes administrados y
    dictar las resoluciones correspondiente.
b) Supervisar la inversión de los recursos administrados y dictar
    políticas respecto de la composición y valoración de cartera de
    inversiones.
c) Comprobar la correcta y oportuna imputación de los aportes en
    las cuentas de los afiliados.
d) Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la información
    por suministrar a la superintendencia sobre la situación financiera
    de los sistemas, las características y los costos de los servicios en
    materia de pensiones, todo con el fin de que exista información
    oportuna y confiable en cuanto a la situación de dicho sistemas.
e) Velar por la oportuna y correcta concesión de los beneficios a los
    que tienen derecho los afiliados y la calidad del servicio.
f) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados.
g) Rendir anualmente un informe sobre la situación financiera de
    cada régimen de pensiones.
h) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez de los
    distintos regímenes.
    En cuanto al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, las
    atribuciones de la Superintendencia serán las determinadas en la
    Ley No. 7531 y sus reformas.
    Asimismo, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará y
    supervisará la labor realizada por la Dirección General de
    Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el
    otorgamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional,
    en relación con la legalidad y oportunidad de las resoluciones.
    También, fiscalizará lo relativo a las modificaciones y
    revaloraciones de las pensiones que son competencia de la
    mencionada Dirección.

     Como puede usted observar, las potestades de supervisión se
 pueden resumir en varios temas críticos:          sostenibilidad
       actuarial-financiera, inversión de los recursos del fondo, e imputación
       de aportes y beneficios del sistema. Para llevar a cabo esta tarea de
       forma eficiente, la SUPEN requiere información periódica por parte de
       los regímenes bajo su ámbito de supervisión.
             Adicionalmente, para prevenir situaciones anómalas o debilidades
       importantes en la administración de los sistemas de pensión públicos,
       se han identificado un conjunto de variables cualitativas que permiten
       mejorar el desempeño de los fondos de pensiones.                A saber:
       variables de gestión administrativa, existencia y suficiencia de órganos
       de control, gestión de inversiones y monitoreo de la sostenibilidad
       actuarial. Debilidades en alguno de estos aspectos incorpora riesgos
       potenciales para los regímenes. Aún en ausencia de vulnerabilidad
       política, podrían existir problemas de gestión que se reflejan en la
       rentabilidad y desempeño del fondo tales como la ejecución de malas
       decisiones, fraude interno y externo, reforma tardía del perfil de
       beneficio/ contribución u otros.
       Desde esta perspectiva, respetuosamente consideramos que la
       supervisión permite a los gestores del fondo de pensión mejorar el
       desempeño que realizan, reducir los riesgos financieros y
       operacionales, en procura de entregar mayor seguridad a los afiliados
       del fondo que son en última instancia los propietarios de los recursos.
       No compete a esta Superintendencia administrar el régimen, sino
       asegurar que los gestores cuenten con estándares mínimos contables,
       de toma de decisiones de inversión, y por supuesto de seguimiento en
       torno a la sostenibilidad del sistema. Por su lado, corresponde a los
       administradores de fondos realizar la mejor gestión posible del fondo
       asumiendo el mínimo riesgo. Somos respetuosos además de las
       leyes que regulan los diferentes fondos que están bajo nuestra
       supervisión y nuestro afán siempre será el “prevenir” y “alertar” de
       forma técnica a los respectivos administradores sobre situaciones de
       riesgo que puedan afectar el patrimonio de sus afiliados.
             Quedamos en la mejor disposición para ampliar estos criterios no
       sin antes reiterarle nuestra disposición y apertura a fin de mantener una
       relación diáfana y transparente en la ejecución de nuestras
       responsabilidades”.

                                     -0-

      Con base en lo expuesto y consciente este Consejo al igual que la

Superintendencia, que el fin de ésta no es administrar el Fondo, sino       “prevenir” y

“alertar” a los responsables de su administración, con el propósito de mejorar el

desempeño, reducir los riesgos financieros y operativos, se acordó:      Tomar nota y
hacer del conocimiento de la Dirección Ejecutiva y de los   Departamentos de Auditoría

y Financiero Contable lo expuesto, para que coordinadamente faciliten a la

Superintendencia de Pensiones la información requerida.

                              ARTÍCULO XXXIII

      El licenciado Javier Cascante Elizondo, Superintendente de Pensiones, en oficio

N° SP-869 de 16 de abril del año en curso, manifiesta:

             “De conformidad con el artículo 20 de la Ley de Protección al
       Trabajador, los beneficios el Régimen Obligatorio de Pensiones
       Complementarias se obtendrán una vez que el beneficiario presente a
       la operadora una certificación de que ha cumplido con los requisitos del
       Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja
       Costarricense de Seguro Social o el régimen público sustituto al que
       haya pertenecido (el resaltado no corresponde al original).
       En ese sentido, se solicita de la forma más respetuosa, indicarnos los
       funcionarios autorizados por el Consejo Superior del Poder Judicial
       para expedir las certificaciones antes citadas para el Fondo de
       Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. De igual forma, favor
       remitir nombre, puesto, número de cédula y firma de las personas
       designadas.     Lo anterior, con la finalidad de suministrar esa
       información a las operadoras de pensión complementaria para que se
       hagan efectivos los beneficios del afiliado.
       De otra parte, consideramos pertinente señalar que en el caso de
       beneficiarios por pensión por sobrevivencia, se requiere, además de las
       calidades de los beneficiarios, el parentesco y el porcentaje que cada
       uno disfruta. Sobre este último punto, es necesario indicar que la
       sumatoria de los derechos derivados debe corresponder al 100% del
       total de los beneficios concedidos a partir del causante.
       Se agradece la atención brindada al presente oficio, no sin antes poner
       a su disposición a los funcionarios de nuestro Departamento de Control
       de Beneficios para cualquier aclaración, a quienes puede contactar a
       los teléfonos 243-4425 y 243-4431.”

                                     -0-

      Se tiene a la vista el oficio N° 0763-AP-2003 de 22 de abril del año en curso del

Departamento de Personal, como muestra de las certificaciones que se emiten, en que

consta los nombres y firmas del licenciado Manuel Sequeira Sequeira, Jefe de
Administración de Personal, cédula 01-510-394 y de los máster José Luis Bermúdez

Obando y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Subjefe y Jefe del Departamento

de Personal, cédulas Nos. 1-617-146 y 1-612-253, respectivamente, y que por ende

son las personas autorizadas para extender la certificación de que hace referencia al

artículo 20 de la Ley de Protección al trabajador.

      Se acordó:     1) Tomar nota de la comunicación del Departamento de Personal

y remitir a la Superintendencia de Pensiones el original de la nota enviada por ese

Departamento, para los fines indicados.       2) El Departamento Personal remitirá a    la

SUPEN, el listado de pensionados del Poder Judicial, debe contener las calidades

(nombre y número de cédula) de los beneficiarios, el parentesco con el causante y el

porcentaje que cada uno disfruta.

                              ARTÍCULO XXXIV

      Se tienen a la vista los informes remitidos por la Defensa Pública, sobre los

resultados   económicos-financieros     del     Primer   Congreso   Interamericano      de

Defensorías Públicas, que se celebró del 23 al 26 de octubre de 2002, en el Hotel

Herradura, el que contó con la participación de representantes de 26 países,

específicamente 86 participantes nacionales y 11 extranjeros, a quienes se les cobró

una cuota de inscripción en el caso de los nacionales de $200 y a los extranjeros $284

cada uno, lo que originó los principales ingresos que se obtuvieron en esa actividad.

      Además se indica que computaron con donaciones en efectivo que ingresaron

directamente a una cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, denominada ILANUD

Congreso Defensa Pública.

      Se desglosan las donaciones dirigidas a cubrir gastos específicos que no
ingresaron a la cuenta corriente del congreso, así como un cuadro de presupuesto de

la donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

      Al propio tiempo, se detallan los dineros utilizados en la caja chica para cubrir

los gastos menores, así como el Estado de Resultados y el Estado de Movimientos de

la Cuenta Corriente al 11 de noviembre de 2002.

      Sobre el particular, informa el señor Presidente, Magistrado Mora, que la

Defensa Pública solicitó se realizara un auditoraje a dichas cuentas.

      Se acordó:      Tomar nota del informe y solicitar a la Auditoría Judicial se

practique un auditoraje a dichas cuentas.

                                   ARTÍCULO XXXV

      La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N°1307-03 de 19 de febrero

del año en curso, remitió al Departamento de Planificación la nota suscrita por la

Magistrada Zarela Villanueva Monge, en que realizaba varias solicitudes de

previsiones presupuestarias, con el fin de que se hiciera del conocimiento en la reunión

de la Comisión de Presupuesto.

      En oficio N° 321-PLA-2003 de 12 de marzo último, la licenciada Marta Asch

Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, manifiesta:

        “Para su conocimiento, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo
        Superior, en reunión de trabajo de presupuesto 2004, acta N° 5, sesión
        del pasado 5 de marzo, artículo IV:

        “Se conoce oficio N° 1307-03, 03 del 19 de febrero del 2003, en el que
        la Licda. Silvia Navarro Romanini traslada nota de la Mag. Zarela
        Villanueva (...)  que dice:

        “En relación con los planes para el próximo año y detectando las
        necesidades institucionales, me permito por su medio, hacer las
        siguientes solicitudes de previsiones presupuestarias al Consejo
        Superior.
    1. El estudio económico correspondiente para la creación de Fiscalías
        especializadas en Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, en todas las
        jurisdicciones del país.

    2. La creación de equipos interdisciplinarios para la atención de los y las
        menores víctimas de delitos sexuales en todas las jurisdicciones.

    3. La creación de Oficinas de Atención a la Víctima, en todas las
        jurisdicciones.

    4. La previsión puede comprender la posibilidad de unificar los esfuerzos
        de Contralorías de Servicio Regionales con Oficinas de Atención a la
        Víctima, diseñando plataformas de información.

    5. Se toman las previsiones necesarias para que se mantengan o se
        asignen nuevas plazas de notificador en Juzgados de Familia, de
        Violencia Doméstica y de Pensiones Alimentarias, donde han sido
        eliminadas y se mantengan las existentes. La idea es contar con un
        sistema de notificación especializado en esas materias.”
                                           -0-
        Toma la palabra la Licda. Asch e indica que para realizar un estudio en
        esos términos, se requiere de mucho tiempo, que si esta solicitud se
        hubiera hecho mucho antes, posiblemente se hubiera realizado un
        análisis, pero el Departamento de Planificación no está en capacidad
        de realizar un estudio de esa magnitud en 15 días.

             Después de analizar la solicitud realizada por la Mag. Zarela
         Villanueva, se acuerda:

        Que el Departamento de Planificación realice un estudio somero del
         costo que podría tener el llevar a cabo esta petición, sin pensar en
         cargas de trabajo, y que luego -con tiempo- realice el análisis
         correspondiente, sino considerando equipos básicos.

        En lo que se refiere al punto 4, solicitar opinión a la Contraloría de
         Servicios, e informe cómo se atiende ese tema actualmente.

        En cuanto al punto 5, se traslada la gestión a la Comisión de
         Notificaciones para lo que corresponda.”

                                        -0-

    Sobre el particular, la licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios, en

oficio N° C113-03 de 7 de este mes, expresa:
             “...Para dar respuesta a lo solicitado, informamos que no
       advertimos problema alguno en que los esfuerzos de esta Contraloría
       de Servicios y los de la Oficina de Atención a la Víctima se unifiquen
       para el diseño de plataformas de información a los usuarios.
             Consideramos que la existencia de dichas plataformas permitiría
       brindar una mayor y mejor información y orientación a las personas
       usuarias del Poder Judicial, con el fin no sólo de brindarles asistencia,
       sino también de remitirlas a las oficinas judiciales que brindan los
       servicios que éstas requieran.
             Es importante mencionar que, a pesar de que en la actualidad las
       oficinas de la Contraloría y la de Atención de la Víctima tienen una
       ubicación distante, se ha promovido una adecuada coordinación entre
       ambas, con el objetivo de dar el mejor servicio posible a las personas
       usuarias. Si un usuario o usuaria se presenta a la Contraloría y de la
       conversación se puede deducir que la Oficina de Atención a la Víctima
       es la indicada para brindarle la ayuda que requiere, se procede a
       coordinar para que ahí la atiendan, e igualmente esto se hace en
       sentido contrario.
             Nos parece importante señalar que consideramos que la
       ubicación actual de la Oficina de la Orientación de la Víctima en el
       sexto piso del Edificio de la Plaza de la Justicia no es la adecuada para
       las usuarias y usuarios, no sólo por su poca visibilidad, los problemas
       de funcionamiento de los ascensores y la insuficiente rotulación de las
       oficinas, sino también por los inconvenientes que pueden presentarse a
       personas mayores o con discapacidad para subir a ese nivel.
             Finalmente, deseamos manifestar nuestro apoyo a la iniciativa
       para la descentralización, regionalización y promoción de los servicios
       que brinda la Oficina de Atención a la Víctima, por considerar la
       importancia ampliar su acceso y cobertura, de manera que pueda dar
       asistencia a un número mayor de personas usuarias del Poder
       Judicial”.

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe de la licenciada White Curling y hacerlo

del conocimiento de la Magistrada Villanueva y del Departamento de Planificación,

para su atención.

                                  ARTÍCULO XXXVI

      En sesión N°16-03 celebrada el 5 de marzo del año en curso, artículo XLII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:
      “En la sesión del 10 de diciembre del 2002, artículo LIX, se tomó
el siguiente acuerdo:
      “Mediante facsímil de 18 de noviembre de 2002, el licenciado
Edwin Duartes Delgado, Juez del Tribunal de Juicio de Corredores,
manifiesta:

     “...le expongo brevemente el objeto de esta misiva. El Tribunal
de Corredores enfrenta una carga muy elevada de casos y es la
intención de su servidor y mis compañeros reducirla.
     Sin embargo, hay cuestiones a considerar. El hecho de que yo
paso poco tiempo en mi oficina, debido a los constantes traslados al
Tribunal de Pérez Zeledón o Golfito, lo que me impide ejercer un
control efectivo como jefe de oficina sobre mis subalternos y dar
seguimiento a los planes trazados al inicio del año.
     El Tribunal ha crecido, en cuanto a volumen de casos, pero, es
tema periclitado, tanto por el Consejo Superior y la Corte Plena, en
sentido negativo de crear un tribunal colegiado y permanente,
constituido en una sola sede.
     Pido, por lo tanto, otra opción, cual sería facilitarnos una plaza,
aunque sea temporal de juez tramitador, que sea el encargado de dar
seguimiento y brindar apoyo de una política reductora de circulante”.
      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar
al licenciado Duartes Delgado, un informe en el término de 3 días
contados a partir del inmediato siguiente al de la notificación de este
acuerdo, en que exponga las razones de su constantes trasladados a
los Tribunales de Pérez Zeledón o Golfito.”
                                 --- o ---

      En atención a ese acuerdo, el Lic. Duartes Delgado en nota
recibida el 3 de marzo en curso, informa que los jueves asiste al
Tribunal de Golfito para la celebración de juicios colegiados, casi todos
los viernes parte a San Vito a realizar juicios unipersonales; hoy día, no
con la misma frecuencia pero sí en un pasado reciente, acude en
diversas ocasiones al Tribunal de Pérez Zeledón a realizar juicios
colegiados en asuntos en que había uno o dos jueces inhibidos; pasa
un promedio de dos días a la semana fuera del Tribunal de Corredores,
sin que alguna persona quede a cargo orientando al personal y
tomando las decisiones urgentes. Finaliza su informe indicando que
Golfito está a una distancia de 35 minutos de Corredores, Pérez
Zeledón a 2,30 horas y Osa a 45 minutos.
      Se dispuso: 1) Tener por rendido el anterior informe y remitir la
gestión del Lic. Duartes Delgado al Departamento de Planificación,
para su estudio e informe. 2) El Tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede
de Pérez Zeledón, en los casos necesarios, sustituirá a sus jueces
       utilizando los servicios de los jueces suplentes designados para ese
       lugar.”

                                         -0-

      En facsímil de 2 de este mes, las licenciadas Mylene Acosta Chavarría, Eugenia

Allen Flores y el licenciado Jaime Hernández Granillo, Jueces del Tribunal de Juicio de

la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, manifiestan:

              “A través de la presente nos permitimos saludarles cordialmente y
       a la vez exponer la siguiente situación: Mediante el artículo XLII
       tomado en sesión No. 16-03 de fecha 5 de marzo del año en curso, ese
       honorable Consejo acordó que el Tribunal de Juicio de la Zona Sur,
       Sede Pérez Zeledón, en los casos necesarios sustituirá a sus jueces
       utilizando los servicios de los jueces suplente designados para ese
       lugar. Ante tal disposición debemos aclarar que la situación expuesta
       por el licenciado Edwin Duartes Delgado y analizada por el
       Departamento de Planificación, NO es exclusiva, ya que los jueces
       integrantes de este despacho debemos desplazarnos una vez por
       semana ya sea a la Sede en Corredores o a la Sede en Golfito para la
       realización de juicios colegiados, siendo que en ocasiones viajan dos o
       tres de los jueces aquí asignados. Así las cosas, ante la disposición
       de que el licenciado Duartes no debe desplazarse a Pérez Zeledón, es
       nuestra inquietud que se nos aclare si la misma disposición se aplica a
       los jueces de este Tribunal tal y como en justicia correspondería, y se
       elimina igualmente la obligación de los aquí firmantes de desplazarnos
       hasta Corredores o Golfito, lo cual implica para nosotros las mismas
       dificultades que para el licenciado Duartes. Así mismo, ante tal
       acuerdo resulta indispensable para este Despacho conocer la lista de
       Jueces Suplentes asignados a este Tribunal, lista que en este acto
       solicitamos nos sea enviada a fin de cumplir con lo dispuesto, lo
       anterior por cuanto desde que se aprobó la carrera judicial los
       abogados litigantes no pueden suplir a ningún juez del Tribunal como lo
       hacían en el pasado no teniendo en la actualidad información alguna
       sobre la lista de suplentes referida”.

                                         -0-

      Sobre el particular, informa la Secretaria General de la Corte, que para el

Tribunal de Juicio de la Zona Sur y sus Sedes Corredores, Golfito y Osa, no se han

nombrado suplentes.
      Se acordó:        1)      Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria

General.       2)    Solicitar al Departamento de Personal saque a concurso el

nombramiento de suplentes en el Tribunal de Juicio de la Zona Sur y sus Sedes

Corredores, Golfito y Osa, así como en aquellos lugares en que no se haya aplicado un

concurso para esos fines.      3) El Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Pérez Zeledón y

sus Sedes, entre tanto se resuelve la situación expuesta, está en la obligación de

continuar efectuando los juicios colegiados y unipersonales, como hasta la fecha.      Una

vez que se cuente con la lista de suplentes para ese Tribunal, las suplencias se

realizarán en forma restrictiva, a efecto de que el servicio público se afecte lo menos

posible.

      Los Departamentos de Personal y Planificación tomarán nota para los fines

consiguientes.

                                ARTÍCULO XXXVII

      La licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Delitos

Sexuales del Ministerio Público, en oficio No. 26-VDDS-03 de 8 de los corrientes,

expresa:

                “...desde inicios del año dos mil tres, la Fiscalía Especializada
           contra la Violencia Intra familiar y los Delitos Sexuales, cuenta con una
           Fiscal más.
                En vista de que internamente se agotaron las posibilidades de
           contar con el recurso material (computadora e impresora) para que
           dicha profesional realizara sus funciones, se contó con el ofrecimiento
           por parte de la Embajada Británica a instancias de Casa Alianza, para
           entregar en forma inmediata el equipo que constaba de un computador
           Pentium IV 2.4 Ghz 80GB 256 Ram, y una impresora Marca Hewlett
           Packard Modelo 3420.
                Este equipo se recibió tal y como consta en oficio que se adjunta,
           por intermedio de CONAMAJ. No obstante, la Fiscalía en razón de
           que la Coordinadora se encontraba fuera del país, no realizó las
           gestiones previas ante el Consejo Superior, para que aprobara la
        donación; por lo que les pedimos nuestra disculpas, y solicitamos por la
        necesidad que representa contar con dicho equipo, se sirvan conocer
        de la anterior donación a efecto de que se apruebe y asimismo, se
        apruebe el uso del software Windows XP, Home Edition, versión 2002,
        Product Key CJ7B4-77RDB-KJQX2-TVT4B-VQFGD, certificado de
        autenticidad, 00043-454-556-049.
               No omitimos indicar, que también se recibió una computadora
        personal, marca IBM, la cual tiene como fin, facilitar la realización de
        los juicios de explotación sexual (proxenetismo, producción de
        pornografía, trata de personas, etc.), los cuales por tratarse de
        delincuencia organizada, requieren del apoyo audiovisual; a la vez que
        facilita la labor de capacitación que realiza la Fiscalía a nivel nacional”.

                                       -0-

      Se acordó:      Aceptar la donación del equipo descrito, a cuyos efectos el

Departamento de Proveeduría procederá al plaqueo correspondiente para la

incorporación al patrimonio del Poder Judicial.

                               ARTÍCULO XXXVIII

      Mediante circular No. 02-2003 de 6 de febrero último, se comunicó el acuerdo

tomado por este Consejo en la sesión N°96-02 celebrada el 17 de diciembre de 2002,

artículo XXV, en que se comunica a los despachos judiciales la obligación de remitir al

Consejo los informes detallados sobre asuntos ingresados durante el trimestre,

conforme al plazo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

sea en los primeros cinco días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada

año, los que pueden ser enviados por medios electrónicos.

      El licenciado Gerardo Rojas Schmit, Juez Coordinar del Tribunal Superior del

Primer Circuito Judicial de San José, en oficio No. 143-03 de 7 de este mes, informa

que en el mes de marzo de 2003 han ingresado a ese despacho la cantidad de ciento

treinta asuntos nuevos y veinte reentrados. Contando actualmente con un circulante

de quinientos sesenta y dos procesos.
      Se acordó:      Tomar nota del informe y solicitar al licenciado Rojas Schimit, se

sirva ampliar el citado informe, con los asuntos pendientes y resueltos, así como las

sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en el señalado lapso, la justificación por

los atrasos, si los hubiere, y cualquier otro dato que resulte de interés, de conformidad

con lo que establece el numeral 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial..

                                    ARTÍCULO XXXIX

      El señor José Luis Ureña Rojas, Auxiliar Administrativo 1 de la Sección de

Fotografía y Audiovisuales del Departamento de Ciencias Forenses, mediante correo

electrónico de fecha 2 de este mes, manifiesta:

              “...Trabajo para el Poder Judicial, propiamente en los Laboratorios
        de Ciencias Forenses desde hace 8 años. Cuando ingresé a este
        Departamento, yo no era Bachiller de secundaria, pero haciendo mi
        mayor esfuerzo logré obtenerlo, en espera de mejores oportunidades
        laborales.
              Fue así que logré ser nombrado en algunas ocasiones en la
        Sección de Documentos Dudosos de este Departamento logré
        mediante los exámenes de rigor que realiza el Departamento de
        Personal del Poder Judicial, estar elegible para el puesto de Técnico
        Criminalístico 1 en Documentos Dudosos.
              Ahora bien; el señor Mauricio Oliva Torres, Jefe de la Sección de
        Documentos Dudosos me propuso llenar una vacante por seis meses
        en dicha Sección y con gusto acepté, tanto porque voy a servir en un
        puesto superior (para el cual estoy elegible), asimismo porque me
        remunera un salario mejor, del cual coadyuva aún mejor mis ingresos.
              La Jefatura del Departamento de Ciencias Forenses al enterarse
        de tal situación comunicó a la mayoría de las Secciones de este
        Departamento, que esa plaza es temporal. Lo cual me extraño
        muchísimo, que lo generalizara a las Secciones del Departamento.
              El caso es que se dio el nombramiento de un compañero que no
        está elegible, subordinado directo de quien ejerce el cargo de Jefe
        interino del Departamento, y tratándose de una vacante por un lapso
        considerable; se debió hacer el nombramiento para dicha plaza, de una
        de las personas que gocen de elegibilidad, experiencia y/o el examen
        ganado.
              Asimismo, me permito externar mi inconformidad de tal situación,
        ya que a mí entender, un nombramiento por un plazo considerable de 6
        meses como el presente, debe ser analizado por el Departamento de
       Personal, con la selección de los elegibles; el cual existe y es el
       llamado para ello y para realizar la clasificación, valoración y
       elegibilidad. Sea que no debe ser Consejo Consultivo ni la Jefatura
       del Departamento de Ciencias Forenses que deba analizarlo, como en
       el presente caso sucedió. Sea que se eligió a una persona en
       detrimento a mi persona según la circular 01-2001 en el punto 2,
       párrafo 2.2 y 2.3.
       Cabe señalar que como esta situación narrada y que lesiona mis
       intereses; se han presentado otras en este Departamento; con un
       Sesgo evidente de favorecer a determinadas personas.
             Al párrafo anterior, me podría referir con todo lujo de detalles,
       pero como sería una situación ó aspecto muy prolijo me limito a
       enterarles solamente.
             Por todo lo anterior expuesto, ruego a ese honorable Consejo
       resolver la presente situación como corresponde y de acuerdo a las
       normas de elegibilidad, que para los fines legales a mi juicio son de
       interés”.

                                         -0-

      Con ocasión del escrito anterior, la Secretaría General de la Corte, con oficios

Nos. 3311-03 y 3312-03 de 4 de este mes, solicitó al licenciado Mauricio Oliva Torres,

Jefe de la Sección de Documentos Dudosos del Departamento de Ciencias Forenses y

al máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe de ese Departamento, un informe en el término de

24 horas.

      Sobre el particular, en facsímil No. 2003-123-SAED de 7 de los corrientes el

licenciado Oliva Torres, por las razones que expone, considera que:     “...en lo más

mínimo no se ha violentado el derecho de ascenso del señor Luis Ureña, quien

eventualmente podría ser considerado para el cargo de Técnico 1, cuando se saque a

concurso dicha plaza, si por alguna circunstancia futura queda vacante, que no es el

caso, se estaría convocando por parte del Departamento de Personal; sin embargo,

para este cargo temporal, se está considerando en igualdad de condiciones al señor

Carlos Bermúdez, quien tiene más de ocho años de estar nombrado en propiedad, no
se encuentra elegible al igual que todos los candidatos, contando con el señor Luis

Ureña, que tampoco tiene una experiencia que lo ponga por delante y que el examen

ganado por el señor Ureña, es un examen específico, dentro de los requisitos que llenó

en otra oportunidad, cuando se sacó a concurso las plazas vacantes de esta Sección y

que por el momento, está en otras circunstancias muy diferentes, ya que el examen

ganado, no es equivalente a estar elegible y que la experiencia mínima que pudo

haber experimentado, no califica para considerarla superior a ninguno de los demás 22

elegibles.   Aparte, de que el señor Ureña también se le dio la oportunidad de

presentar sus atestados, al igual que los demás servidores en propiedad de este

Departamento.    Por ello, con todo el respeto, solicito se le aclare una vez más al

señor Luis Ureña, sobre el particular, y principalmente se deje sin efecto la queja, por

ser improcedente en cuanto a los puntos que él indica en su nota, en lo que se refieren

a esta Sección, pero, sobre los demás cuestionamientos que hace directamente hacia

la Jefatura del Departamento, solicito se le consulte también a dicha Jefatura, para que

pueda hacer las aclaraciones del caso.”.

      Asimismo, la licenciada Patricia Fallas Meléndez, Jefa interina del Departamento

de Ciencias Forenses, en nota N° 189-DCP-2003 de 8 de los corrientes, estima que no

se lesionaron los derechos del señor Ureña Rojas, toda vez que fue tomado en cuenta

al igual que los demás funcionarios que participaron, al ser estudiado su currículo en

igualdad de condiciones.    Agrega que de todos los aspirantes, el licenciado Oliva

Torres, consideró que la persona más idónea es el bachiller Carlos Bermúdez Aguilar y

por lo tanto debe mantenerse en la plaza, criterio que comparte ampliamente el

Consejo Consultivo y esa Jefatura.
      Se acordó:      Tomar nota de los informes y hacerlos del conocimiento del

servidor Ureña Rojas.

                                 ARTÍCULO XL

      Mediante oficio N° 03349-2003-DHR (expediente N° 12252-22-2002-QJ) de 3 de

este mes, el licenciado José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la

República, rinde informe final en cuanto a la queja planteada ante esa Defensoría por

la señora Flor de María Gutiérrez Anchía, en la que se refería a la dilación de justicia

por parte del Poder Judicial, concretamente se indicó que la persona interesada

manifestó “...que desde el año 1998 interpuso ante el Organismo de Investigación

Judicial y la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, una denuncia por

el delito de lesiones culposas ocasionadas por mala praxis en contra del Dr. Gonzalo

Mena Rojas (expediente N° 98-8439-042-PE).          Mediante escrito de fecha 4 de julio

de 2000, la interesada presentó ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público, solicitud

para constituirse en querellante del presente asunto...”.

      Sobre el particular, se concluye en el informe que “...Con fundamento en lo

expuesto y, después de la revisión detallada de los documentos que constan en el

expediente, la Defensoría de los Habitantes considera que sí se presentó una dilación

injustificada entre el momento en que fue recibida la causa en el Juzgado Penal

(28-07-00) y, el momento en que se realizó la audiencia preliminar (26-06-01), esto, en

virtud de que transcurrieron once meses de inactividad sin que se acreditara algún

motivo para esta incercia.   Por lo anterior, a pesar de que el expediente que dio origen

a la presente investigación se encuentra archivado, esta Defensoría insta al Poder

Judicial, a continuar los esfuerzos que a la fecha se están realizando a lo interno del
Segundo Circuito Judicial, tendientes a reducir los tiempos de espera para la

celebración de diligencias.

      Por otra parte, respecto del plazo transcurrido desde la celebración de la última

audiencia preliminar (30-08-01) y, el dictado del Sobreseimiento Definitivo (08-02-02),

es claro que este plazo obedeció al cuestionamiento de constitucionalidad ante la Sala

Constitucional, del ordinal 33 del Código Procesal Penal, situación que por mandato

legal, obligó al Juzgado Penal a suspender la resolución final del expediente

98-8439-042-PE...”.

      Se acordó:       Tomar nota del informe y hacerlo del conocimiento de la Fiscalía

de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público y del Juzgado Penal, ambos del

Segundo Circuito Judicial de San José.

                                      ARTÍCULO XLI

      El licenciado Max Alberto Esquivel Faerron, en funciones de Defensor de los

Habitantes de la República, con oficio N° 03609-2003-DHR (expediente N°

10626-22-2001-QJ) rinde informe final, sobre la denuncia planteada ante esa

Defensora por la señora Leda Gómez Porras, en que manifestó disconformidad con la

Fiscalía de Abangares porque interpuso una denuncia por mal praxis contra el Hospital

Calderón Guardia desde el 7 de marzo del 2000 y no se le había dado ningún trámite,

ni siquiera se le había nombrado un investigador del Organismo de Investigación

Judicial, a cuyos efectos realiza la siguiente recomendación:     “...Emitir una circular en

la que se recuerde a todos los funcionarios que de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 215 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe acordar con los

peritos   designados     el   plazo   dentro   del   cual   presentarán   los   dictámenes
correspondientes.    Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de

la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la

Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de

amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento

reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.        En virtud de lo anterior, y

con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los

Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de quince días hábiles a partir del

día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los

Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual

deberá incluirse la siguiente información:

                 Medidas      que    se    adoptarán   para      hacer    efectiva   las

                    recomendaciones

                 Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas

                 Funcionario encargado de su ejecución...”.

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:         Solicitar al Ministerio

Público un informe en el término de 8 días a partir del día siguiente del recibo del

presente acuerdo, con el fin de que se indiquen las medidas adoptadas por ese

Órgano, ante las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes.

                                ARTÍCULO XLII

      En sesión N° 19-03 celebrada el 18 de marzo último, artículo XXVIII, se trasladó

previamente el informe N° CV-270-2002 elaborado por el Departamento de Personal y

conocido por el Consejo de Personal en la sesión del 4 de marzo último, artículo II,

referente a varias peticiones efectuadas por la Asociación Nacional de Empleados
Judiciales (ANEJUD), relacionado con el estudio de Clases Anchas, a la Comisión de

Enlace Corte-Asociaciones, para que emitiera criterio al respecto.

      Mediante oficio N° ANEJUD-0140-2003 de 7 de este mes, el señor Mario Mena

Ayales, Presidente de esa Asociación, expresa:

              “...El M.B.A. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento
        de Personal, en oficio N° 093-JP-03 del 18 de febrero último, transcribe
        el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión N° 03-03 del
        4 de febrero, artículo II, en donde se le había solicitado realizar una
        exposición del informe CV-270-2002, con respecto a los estudios
        solicitados, producto de las negociaciones en la Comisión Bipartita,
        Corte-ANEJUD, en reuniones del 13, 14 y 22 de noviembre del 2001.
              Al respecto ese Honorable cuerpo Colegiado, acordó; “...de previo
        a resolver lo que corresponda. Trasladar el informe a la Comisión de
        Enlace Corte-Asociaciones, para que se sirva emitir criterio al
        respecto”.
              Con base en lo anterior, solicito corregir el acuerdo de ese
        Consejo, ya que en estas negociaciones no participaron, ninguna otra
        Organización y Asociación del Poder Judicial, solo ANEJUD, por lo que
        con todo respeto indicamos, debe trasladarse a la Comisión
        Negociadora Corte-ANEJUD. De lo anterior, existe acuerdo de Corte
        Plena”.

                                      -0-

      Se acordó:     Acoger la solicitud y modificar el acuerdo de referencia, en el

sentido de que el informe N° CV-270-2002 se traslada a conocimiento de la Comisión

Negociadora Corte-ANEJUD, para los fines señalados.

                               ARTÍCULO XLIII

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente
para los distintos despachos judiciales del país.

       El Departamento de Personal efectuó el concurso y envió las lista

correspondientes.

       Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Ejecución de la Pena de San José,

proponer cinco oferentes de la lista que se les adjuntó, expedida en su oportunidad por

el Departamento de Personal, con el fin de que se les nombrara suplentes de ese

despacho.

       La licenciada Leda María Corrales Barboza, Jueza de Ejecución de la Pena del

Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 8 de este mes, remite la lista de

funcionarios que considera podrían ser suplentes en el Juzgado a su cargo, a saber:

       -   Edgar Leal Gómez

       -   Yamileth Valverde Granados

       -   Frania Rojas Vindas

       -   Miguel Porras Cascante

       -   Luis Alberto Rodríguez Garro

       Agrega que los anteriores oferentes fueron seleccionados de acuerdo a la lista

de elegibles que consta en la Unidad Interdisciplinaria del Poder Judicial, pudiéndose

consultar los teléfonos respectivos en dicha oficina.   La lista que se le remitió para

proponer a los suplentes no corresponden a las personas que se encuentran elegibles,

inclusive algunos de ellos ni siquiera han efectuado el examen específico, de ahí que

se tomó la tarea de verificar la lista de elegibles.

       Se acordó:     Aprobar parcialmente los nombramientos propuestos. Designar a
la licenciada Frania Rojas Vindas, para que realice labores de suplencia de Juez 2 en

el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, toda vez

que es la única participante seleccionada por ese Juzgado de la lista enviada por la

Presidencia de la Corte, por lo tanto, se solicita a la licenciada Corrales Barboza, que

proponga los restantes cuatro suplentes de esa lista y no la de elegibles que consta en

la Unidad Interdisciplinaria, pues la primera es producto, de un concurso solicitado por

la Corte y efectuado legalmente.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                   ARTÍCULO XLIV

      El licenciado Gerardo Calero Miranda, Juez de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José, en nota de 4 de abril en curso, manifiesta:

              “…cumpliendo con instrucciones sobre el informe trimestral de
        labores,    para    quienes    estamos     en     plaza   extraordinaria,
        respetuosamente les remito el mismo por medio de la presente.
              El suscrito en su condición de Juez de Tránsito del Segundo
        Circuito Judicial de San José, desde el 18 de Noviembre de 2002, se
        encuentra en el cargo de Juez Decisor, por lo que se encuentra dentro
        de mis funciones, realizar las audiencias orales y públicas y las
        audiencias de conciliaciones, cuando no hay prueba testimonial que
        recabar, según la Ley del RAC, para permitir que las partes tengan un
        espacio para dirimir sus diferencias con la aplicación de alguna medida
        alterna de solución al conflicto. Las audiencias orales y públicas se
        relacionan tanto a los procesos de Colisiones como a los de
        Infracciones. Por último, me correspondieron los fallos de escritorios
        que se me asignen, los cuales para los efectos de estadísticas se
        asignan como fallos sin juicios. Y además todo lo concerniente al fallo
        de multas fijas, según el número que se me asignen.

        DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2003
              En el espacio de quince días hábiles que tuvo este mes, bajo mi
        letra fallé CIENTO TREINTA Y SEIS SENTENCIAS, de las cuales
        cuarenta y dos correspondieron a juicios orales y Noventa y cuatro
        sentencias sin juicio.
        DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2003
             En el espacio de veinte días hábiles, se fallaron doscientos nueve
        asuntos, de los cuales veintiuno correspondieron a fallos de juicios
        orales y ochenta y ocho a fallos sin juicios.

        DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2003
               En el espacio de veintiún días, de los cuales dos -el doce de
        marzo de los corrientes, segunda audiencia y el veintiuno de marzo de
        los corrientes todo el día- participé de dos talleres antístrees
        debidamente autorizado por el Consejo Superior, y se fallaron ciento
        noventa y seis asuntos, de los cuales veintiséis corresponden a fallos
        con juicios y ciento setenta a fallos sin juicio oral.
               No poseo los datos exactos sobre el fallo de sentencias de multa
        fija, los cuales se encuentran en conteo del sistema para lo cual remito
        a la estadística que al efecto entregue la administración del Despacho.”

                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe del licenciado Calero Miranda.

                                   ARTÍCULO XLV

      En circular N° 02-2003 se comunicó el acuerdo tomado por este Consejo en la

sesión N° 96-02 celebrada el 17 de diciembre de 2002, artículo XXV, en que se

comunica a los despachos judiciales la obligación de remitir al Consejo los informes

detallados sobre asuntos ingresados durante el trimestre, conforme al plazo establecido

en el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea en los primeros cinco días

de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, los que pueden ser enviados

por medios electrónicos.

      El señor Sixto Solera Chaves, Auxiliar Judicial 3 del Juzgado de Tránsito del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en facsímil de 4 de abril en curso,

informa que durante el primer trimestre del dos mil tres, a ese despacho ingresaron un

total de 6252 asuntos:

           Expedientes…………………………….. 449
           Infracciones…………………………….. 5803
           Asuntos resueltos……………………… 5786
                                  -0-

       Se acordó:     Tomar nota del informe del Juzgado de Tránsito del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

                                     ARTÍCULO XLVI

       El licenciado Luis Alberto Arce Jiménez, Juez de Tránsito de Guácimo, en

facsímil de 8 de los corrientes, se refiere a las labores desarrolladas durante el mes de

marzo del año en curso en el citado despacho, además de las labores adicionales de

diferente naturaleza que se deben desarrollar diariamente y que son propias de todo

despacho judicial.

           Sentencias con juicio…………………..           54
           Resoluciones de escritorio…………….         84
           Resoluciones de multa fija…………….         1625
           Conciliaciones…………………………..               15
                                       -0-

       Se acordó: Tomar nota del informe del licenciado Arce Jiménez.

                                    ARTÍCULO XLVII

       La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

       El Departamento de Personal efectuó el concurso y envió los listados

correspondientes.
       Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Ejecución de la Pena de Cartago, proponer

cinco oferentes de la lista que se les adjuntó, remitido en su oportunidad por el

Departamento de Personal, con el fin de que se les nombrara suplentes de ese

despacho.

       En facsímil de 8 de los corrientes, suscrito por la licenciada Priscilla Prado Malé,

Jueza de Ejecución de la Pena de Cartago, somete a conocimiento la lista de personas

que a su criterio, propone como posibles candidatos para hacer suplencias efectivas en

ese Juzgado, a saber

       Lic. Miguel Porras Cascante

       Licda.   Frania Rojas Vindas

       Licda.   Yamileth Valverde Granados

       Lic. Edgar Leal Gómez

       Lic. Luis Alberto Rodríguez Garro

       Agrega que la lista enviada se indican jueces penales, por lo que se confeccionó

la lista, según información de la oficinas Interdisciplinaria.

       Se acordó:     Aprobar parcialmente los nombramientos propuestos. Designar a

la licenciada Frania Rojas Vindas, para que realice labores de suplencia de Juez 2 en

el Juzgado de Ejecución de Cartago, toda vez que es la única participante seleccionada

por ese Juzgado de la lista enviada por la Presidencia de la Corte, por lo tanto, se

solicita a la licenciada Prado Malé, que proponga los restantes cuatro suplentes de esa

lista y no la de elegibles que consta en la Unidad Interdisciplinaria, pues la primera es

producto de un concurso solicitado por la Corte y efectuado legalmente.
      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                   ARTÍCULO XLVIII

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

      El Departamento de Personal efectuó el concurso y envió los listados

correspondientes.

      Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Penal Juvenil y Familia del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, proponer cinco oferentes de la lista que se les

adjuntó, remitido en su oportunidad por el Departamento de Personal, con el fin de que

se les nombrara suplentes en ese despacho.

      En facsímil de 8 de este mes, la licenciado Giselle Viales Flores, Jueza del

citado Juzgado, adjunta la lista de los cinco oferentes, para ser nombrados suplentes

en ese Juzgado, a saber:

      Licda.   Yorleny Serrano Quintero

      Licda.   Frania Rojas Vindas

      Lic. Leandro Carranza Hans

      Lic. Raúl Madrigal Lizano
       Licda.   María Mora Ramírez

       Se acordó:       Designar a los citados profesionales para que realicen labores de

suplencia de juez 3 en el Juzgado Penal Juvenil y Familia del Segundo Circuito Judicial

de la Zona Atlántica.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                      ARTÍCULO XLIX

       La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

       Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Penal Juvenil y Familia del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, proponer cinco oferentes de la lista que se les

adjuntó, para nombrarlos suplentes de ese despacho.

       En facsímil de 8 de este mes, el licenciado Luis Romero Ramos, Juez del citado

Juzgado, remite la lista solicitada, a saber:

       Lic. Omar Gordon Spence

       Licda. Celia Jácamo Rojas

       Lic. Ricardo Valverde López

       Se acordó:       Designar a los citados profesionales para que realicen labores de
suplencia de juez 2 en el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial

de Limón.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                      ARTÍCULO L

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

      Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Penal de Cartago, proponer cinco oferentes

de la lista que se les adjuntó, para nombrarlos suplentes de ese despacho.

      La licenciada Lidia Fallas Monge, Jueza de ese Juzgado, en correo electrónico

de fecha recibido el 21 de este mes, remite la designación de suplentes para ese

despacho, a saber:

      Lic. Gustavo Cedeño Monge

      Licda.   Maureen Iong Ureña

      Lic.   Luis Carlos Quesada Arias

      Licda. Liz Maureen Tencio Alfaro

      Lic. Julián Martínez Madriz

      Agrega la licenciada Fallas que la “...actual escogencia se realiza a solicitud de
ustedes y con un número cerrado de oferentes, pero proponemos además de estas

personas a las licenciadas Emma González Brenes y Floribeth Fallas Siles que han

venido realizando en forma excelente la suplencias que se han presentado en este

Juzgado”.

      Se acordó:     1)   Designar a los citados profesionales para que realicen labores

de suplencia de juez 3 en el Juzgado Penal de Cartago.            2)   En cuanto a las

licenciadas González Brenes y Fallas Siles, lamentablemente no podrán ser incluidas

en la lista de suplentes para ese Juzgado, en razón de no haber participado para el

presente concurso.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                      ARTÍCULO LI

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

      Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Juez del Juzgado de Familia de Cartago, proponer cinco

oferentes de la lista que se les adjuntó, para nombrarlos suplentes de ese despacho.

      La licenciado Patricia Cordero García, Jueza de ese despacho, mediante correo

electrónico de fecha recibido el 21 de este mes, remite la designación de suplentes
para ese Juzgado, a saber:

      Lic. Alejandro Hidalgo Xirinach

      Lic. Hans Leandro Carranza

      Lic. Carlos Eduardo Leandro Solano

      Lic. Raúl Madrigal Lizano

      Licda.   Frania Rojas Vindas

      Se acordó:     Designar a los citados profesionales para que realicen labores de

suplencia de juez 3 en el Juzgado de Familia de Cartago.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                       ARTÍCULO LII

      Mediante circular N° 02-2003 se comunicó el acuerdo tomado por este Consejo

en la sesión N° 96-02 celebrada el 17 de diciembre de 2002, artículo XXV, en que se

comunica a los despachos judiciales la obligación de remitir al Consejo los informes

detallados sobre asuntos ingresados durante el trimestre, conforme al plazo establecido

en el artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea en los primeros cinco días

de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, los que pueden ser enviados

por medios electrónicos.

      El licenciado Juan Manuel Soto Sequeira, Jefe interino de la Sección de

Cárceles y Transportes del Organismo de Investigación Judicial, con oficio N°

191-CT1-03 de 2 de abril en curso, envía el detalle de las diligencias ingresadas

durante el último trimestre de 2002.

      Se acordó: Tomar nota del informe.
                                   ARTÍCULO LIII

      El señor Fernando Madrigal V, en su condición Apoderado Generalísimo sin

límite de suma dela empresa Multinegocios Internacionales América S.A. (Mutiasa),

mediante nota de 8 de este mes, presenta reclamo administrativo del pago de

diferencial cambiario y cancelación de facturas pendientes, con base en los siguientes

argumentos:

            “El suscrito, Fernando Madrigal Valerio, en mi condición de
       Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa
       Multinegocios Internacionales América S.A., conocida como MUTIASA,
       como consta en la certificación adjunta, con el debido respeto presento
       reclamo formal en sede administrativa:

       Hechos
       La empresa que represento, Multinegocios Internacionales América
       S.A., en la actualidad le brinda servicios de limpieza y de jardinería,
       este último en algunos casos, a ese Poder Judicial, los cuales son a
       saber:
       a. Servicio de limpieza y jardinería en el Segundo Circuito Judicial de
          San José, contrato 51-CG-02, Licitación Pública 01-97-02.
       b. Servicio de limpieza en el Edificio de Defensa Pública, contrato
          106-CG-01, Licitación Pública 01-91-01.
       c. Servicio de limpieza en los Tribunales de Justicia y la Defensa
          Pública de Cartago, contrato 29-CG-02, Licitación Pública 3-179-02.

       Los servicios señalados supra, fueron cotizados y consecuentemente
       adjudicados en dólares de los Estados Unidos de América. Sin
       embargo, los pagos por concepto de los servicios prestados se han
       cancelado al tipo de cambio del mes correspondiente en que se brindó
       el servicio y no al tipo de cambio de la fecha efectiva de pago.
       En razón de lo anterior, por los contratos señalados ese Poder es en
       deberle a mi representada, por concepto de diferencial cambiario a la
       fecha efectiva de pago, un monto acumulado a Diciembre de 2002 por
       la suma total de ¢323.587.07 (trescientos veintitrés mil quinientos
       ochenta y siete colones).
       Mediante el Anexo 1 de este documento se desglosan los montos por
       cada un de las facturas de los respectivos contratos, tanto los que
       fueron efectivamente pagados como los montos pendientes de pago en
       razón del diferencial cambiario:
       Como se puede comprobar con las dependencias respectivas, hasta el
día de hoy nuestra empresa ha cumplido a cabalidad con los servicios
contratados en las instalaciones señaladas. Lo anterior, en razón de
nuestro serio compromiso de brindar nuestros servicios a entera
satisfacción de ese Poder de la República y por ende para la
satisfacción del interés público.

Fundamento de derecho.
El artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa claramente
establece:
“La Administración está obligada a cumplir con todos los compromisos
adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y prestar
colaboración para que el contratista, ejecute en forma idónea el objeto
pactado”.
Asimismo, el artículo 17 del Reglamento General de Contratación
Administrativa, establece lo siguiente:
“17.1 La obligación de cumplimiento de la Administración derivada del
contrato se contrae a dos aspectos:
17.1.1 Atender debidamente los compromisos válidamente asumidos
en la contratación, en forma completa y oportuna.
17.1.2 Prestar adecuada colaboración al contratista para que este a su
vez pueda ejecutar sin obstáculos y en forma idónea el objeto de
la contratación.” (el destacado no es del original)

Es clara la normativa transcrita en establecer a la Administración
licitante el deber de cumplir con los compromisos adquiridos en las
contrataciones que realice con sus contratistas. Estas obligaciones se
deben de cumplir de forma completa y oportuna, que en el caso que
nos ocupa significa que las contraprestaciones adeudadas se debieron
cancelar por la totalidad de los montos correspondientes, tipo de
cambio vigente al día del pago efectivo y en el plazo estipulado en el
contrato.

Por su parte la Ley Orgánica del Banco Central, N° 7558, en su artículo
48 claramente establece:

“Los actos, contratos y obligaciones en moneda extranjera serán
válidos, eficaces y exigibles; pero podrán ser pagados a opción del
deudor, en colones computados según el valor comercial efectivo
que, a la fecha del pago, tuviera la moneda extranjera adeudada
(…)” (el destacado no es del original).

Como se desprende la norma transcrita, los contratos y las
obligaciones se pueden pactar en moneda extranjera, sin embargo, se
le otorga al deudor (en este caso la Administración licitante), la
posibilidad de efectuar el pago en colones pero al tipo de cambio
vigente de la fecha efectiva del pago.
Asimismo, la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha señalado
que los oferentes pueden cotizar en moneda extranjera y que la
Administración tienen el derecho de pagar en la moneda nacional, pero
al tipo de cambio del momento efectivo del pago. En este sentido ver
el Voto No. 3495-92 del 19 de noviembre de 1992, adicionado por el
voto N° 989-93 del 22 de febrero de 1993; así como los votos N°
998-98 del 16 de febrero de 1998 y 6432-98 del 4 de setiembre de
1998.

En oficio 99-DE/AL-03 del 23 de enero del año en curso, la Sección de
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva de ese Poder, le indica
acertadamente a la Jefatura del Departamento Financiero lo siguiente:

“En reiterados criterios esta Sección ha señalado que conforme a los
votos de la Sala Constitucional, N°s (sic) 3495-92 (libertad para
contratar la forma de pago y el tipo de monedas), 998-98 (desarrollo de
los principios generales que integran la contratación administrativa) y
6432 (análisis específico del equilibrio económico del contrato y de
intangibilidad patrimonial); el tipo de cambio del colón con respecto
al dólar que debe utilizarse para el pago a los contratistas del
Poder Judicial que lo pactaron en moneda extranjera, es aquel que
se encuentre vigente al momento efectivo de dicho pago. Si por
los procedimientos propios de la Administración no pueda
cumplirse con ello, a los contratistas les asiste el derecho de
cobrar el diferencial cambiario correspondiente.” (el destacado no
es del original)

Como se desprende del principio de equilibrio financiero e intangibilidad
patrimonial; de los demás principios y normas que rigen la contratación
administrativa; de los votos de cita de la Sala Constitucional; del oficio
de cita emitido por la Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y del
ordenamiento jurídico en general, mi representada se encuentra en
pleno derecho de solicitar el pago del diferencial cambiario adeudado
por ese Poder Judicial.

Petitoria
Con el fin de evitar que se le continúe causando daños y perjuicios a mi
representada en razón del desequilibrio económico causado en los
contratos objeto de este reclamo, para que el Poder Judicial corrija su
actuación conforme a derecho y para que se nos permita continuar
colaborando con ese Poder de la República en la satisfacción del
interés público, solicito de manera respetuosa mediante este
RECLAMO EN SEDE ADMINISTRATIVA que:

Se proceda a cancelar a la mayor brevedad a MUTIASA las sumas de
        ¢323.587.07 (trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y siete
        colones) por concepto de diferencial cambiario acumulado al mes de
        Diciembre de 2002, de conformidad con el desglose indicado
        anteriormente.

        Notificaciones:
        Para oír notificaciones cito en las oficinas del abogado autenticante en
        Oller Abogados al fax 222-54-94.”

                                           -0-

      Se acordó:     Trasladar la solicitud del señor Madrigal Valerio a estudio e informe

de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva.

                                     ARTÍCULO LIV

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

      Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó al Juez del Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, proponer cinco oferentes de la lista que se les adjuntó, para nombrarlos

suplentes de ese despacho.

      En nota de 21 de este mes el licenciado Allan Chaves Campos, Juez de ese

Juzgado, remite la lista de suplentes para ese despacho, a saber:

      Lic. Mario Murillo Chaves

      Lic. Raúl Madrigal Lizano

      Licda. Elena Espinoza Jonathan
       Lic. Eladio Guerrero Sánchez

       Licda. Ana Cecilia Zambrana Castro

       Se acordó:     Designar a los citados profesionales para que realicen labores de

suplencia de juez 3 en el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona

Atlántica.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                      ARTÍCULO LV

       En sesión N° 37-02 celebrada el 28 de mayo de 2002, artículo LXXXIV, se

acogió el informe N° AL.DP N° 181-01 elaborado por el licenciado Gonzalo Arana

Oronó, Asesor Legal del Departamento de Personal, en que se refirió a la solicitud del

jubilado judicial Óscar Soto Soto, sobre ajustes en los cálculos efectuados para

aumento del monto de su jubilación, así como la interpretación de los artículos 229 y

234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

       Sobre la interpretación efectuada por el licenciado Arana Oronó, del citado

informe se infiere lo siguiente:

        “....2.- ARTÍCULOS 229 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
        PODER JUDICIAL
             Tal como demanda el Consejo Superior, se procede a una análisis
        de la normativa referida a la forma de aplicar los cálculos y ajustes del
        monto de la jubilación de los ex servidores judiciales que se han
        acogido al retiro.
        2.1 Artículo No. 229.
              Este numeral objeto de análisis, corresponde a la normativa
        contemplada en La Ley Orgánica vigente que contiene las reformas
        de Ley 7333 del 5/5/1993 y reformas establecidas por Ley 7728 del
        15/12/1997, el cual en lo que interesa textualmente establece:
               “Ninguna jubilación o pensión podrá ser inferior a la tercera
        parte del sueldo que, para el último cargo o empleo servido, señale el
presupuesto de gastos del Estado, vigente en el año en que se hiciere
el pago. El monto de las pensiones y jubilaciones se reajustará
cuando el Poder Judicial decrete incrementos para los servidores
judiciales por variaciones en el costo de la vida y en igual
porcentaje que los decretados para estos.”(El resaltado no es del
original).
       La redacción de este artículo no admite ninguna interpretación,
su texto es claro, concreto y conciso, “el monto de la jubilación debe
reajustarse en el mismo porcentaje en que se incremente el costo de
vida, decretado para los empleados activos, por consiguiente, no
contempla incrementos en el salario base, o en el sueldo total tomado
como punto de partida para el cálculo del monto de jubilación, tampoco
se refiere a ajustes en el monto de las anualidades, prohibición, o
cualesquiera otros beneficios salariales incluidos en el estipendio del
servidor al momento de acogerse al retiro.
      Es simple y llanamente la aplicación, por imperio de ley, de un
aumento por costo vida, tal y como se decrete, incremento por adición
al monto de jubilación sea porcentual o suma específica acordada por
disposición del órgano superior.
2.2. Artículo No. 234
      Este artículo también relacionado con el cálculo y ajuste al
monto de jubilación o de pensión, corresponde a la Ley No.8 del 29 de
noviembre de 1937, el mismo reza de la siguiente forma:
       “Ninguna jubilación podrá ser inferior a la tercera parte del
sueldo que para el último cargo o empleo servido señale el presupuesto
de gastos del Estado, vigente en el año en que se hiciere el pago.
Cuando en el presupuesto fuere aumentado el sueldo que sirvió
de base para fijar una jubilación o pensión, la Corte deberá
mejorar en esa proporción el beneficio acordado. ”(El resaltado no
es del original).
       En el caso de este numeral, la situación no se presenta en forma
tan diáfana, como sucedía con el artículo 229 ya analizado.
       La forma en que está redactada la norma y conforme a los
conceptos manejados cuando fue elaborada, permite establecer
interpretaciones de su contenido. Aquí se habla del sueldo que
sirvió de base para fijar una jubilación o pensión, lo cual entendido
al pie de la letra, equivale a decir, el sueldo que sirvió de base para
esos efectos, el cual es el resultado de la suma de todos los rubros que
constituyen el sueldo total, o sea la suma devengada por el trabajador
bajo dicho concepto.
      En el sueldo total se incluyen los rubros o sumas porcentuales
derivadas del salario base, toda vez que son elementos constitutivos
del sueldo total que sirvió de base para establecer el monto de la
jubilación.
       Desde la perspectiva de sueldo total, equivalente a sueldo que
sirvió de base... puede deducirse el fundamento para realizar los
ajustes también sobre cada uno de sus elementos conformantes,
cuales son: Salario Base, Anualidad, REFJ, Carrera Profesional,
Prohibición y cualesquiera otros sobresueldos incluidos en el sueldo,
porque obsérvese que habla de sueldo en forma integral y lo hace en
referencia al salario base, por consiguiente en la medida que varíe el
principal lo hará lo accesorio, en este caso los elementos integrantes
de ese sueldo.
        La norma habla del sueldo que sirvió de base que fuere
aumentado en el presupuesto. De hecho en el presupuesto del Poder
Judicial, se refleja el incremento no sólo del salario base, sino de cada
una de las partidas correspondientes a cada elemento constitutivo de
sueldo, por lo que puede afirmarse también que no existe excusa para
no reconocer el ajuste al monto de la jubilación en la forma que lo
establece la norma, o sea identificando el incremento de cada uno de
sus componentes. Queda claro, que en esta normativa no existe
limitación de ninguna clase (expresa o tácita) hacia el costo de vida,
sino que comprende un concepto más abierto, permite los ajustes por
cualquier otro motivo, sean reasignaciones, reestructuraciones etc. al
referirse concretamente al sueldo del último cargo o empleo servido.
       No obstante, debe tenerse presente que este tipo de cálculo y
reajustes que en alguna oportunidad operó con gran aceptación en el
Poder Judicial, para el régimen de jubilados y pensionados, fue
modificado a raíz de las disposiciones emitidas por Corte Plena, en
sesiones del 7 de diciembre 1989 y 31 de mayo 1990, artículos XXVIII y
L respectivamente, al extremo que en la actualidad, los incrementos por
costo de vida, sólo se ajustan en caso de jubilados, sobre el salario
base.
2.2   SIMILITUDES EN LA NORMATIVA
       En los numerales involucrados, se dispone que:
“ninguna jubilación o pensión, podrá ser inferior a la tercera parte del
sueldo que para el último cargo o empleo servido que señale el
Presupuesto de gastos del Estado, vigente en el año en que se hiciere
el pago.”
     El hecho de que ninguna jubilación pueda ser inferior a un tercio
del salario, es otra situación que merece atención en este tipo de
pagos, porque conforme en la economía nacional se incrementa el
costo de vida aunado ello al sistema de ajustes practicado en el Poder
Judicial, es muy posible que ya se cuente con la presencia de casos en
que jubilados estén por debajo de esa tercera parte del sueldo,
correspondiente al último cargo desempeñado.
             En atención a ese mandato de Ley para las jubilaciones,
        disposición, que establece el monto mínimo de las mismas en un tercio
        del salario, lo cual no es limitado en el tiempo por la normativa vigente,
        se ha procedido a verificar en las planillas de jubilados del Poder
        Judicial, obteniéndose como resultado que si existen muchos casos
        bajo dichas condiciones, violando con ello lo establecido por la Ley.
         .....

        4.         CONCLUSIONES GENERALES
        4.1. Actualmente en el Poder Judicial, no se aplica ninguna de las dos
        normas analizadas (Art. 229 y 234 LOPJ.), toda vez que el incremento
        al monto de las jubilaciones se está realizando sobre el salario base,
        contraviniendo desde todo punto de vista, la normativa existente.
       .....

              4.5. Debe definirse como política del Consejo Superior, que
        dependiendo de la ley bajo la cual se jubile el empleado judicial, se
        aplicará el artículo 234 de la ley No.8 del 29 de noviembre de 1937,
        conforme allí se establece, o el artículo 229 de la Ley 7333 en vigencia,
        aplicando en un caso los ajustes al sueldo total como reza la primera, lo
        cual lleva consigo el reajuste a todos los rubros derivados del salario
        base, o efectuando los ajustes por costo de vida sobre el monto total
        de la jubilación como lo tutela la segunda norma. Todo ello
        dependiendo de la ley que corresponda al trabajador en el momento de
        su jubilación.
         .....

      Con ocasión de lo resuelto anteriormente, en sesión N° 95-02 celebrada el 12 de

diciembre de 2002, artículo XXVIII, se acogió el informe del Departamento de Personal,

y se denegó lo pretendido por el licenciado Jorge González Fallas y un grupo de

jubilados judiciales, en que solicitaban “...Que se ordene al Departamento de Personal

efectuar los cálculos respectivos a efecto de que se nos restituya desde nuestra

jubilación los incrementos que nos corresponden al habérsenos otorgado o calculado

en forma incorrecta los aumentos por costo de vida, los que se han venido haciendo

desde siempre en forma incorrecta, como bien lo afirma el Lic. Araya, y se ratifica en el

Decreto N° 7155 antes citado...”, toda vez que ese Departamento indicó:
          “...que todas y cada una de las jubilaciones fueron calculadas de
        acuerdo al salario promedio del último año de servicio de cada uno de
        los beneficiarios.
        Por otro lado, la interpretación que se ha hecho de los numerales 229 y
        234 de la actual y anterior Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a
        los reajustes de las jubilaciones y pensiones, ha sido consistente en la
        aplicación del reajuste respectivo, partiendo de la diferencia resultante
        de la comparación del salario base actual de un puesto contra el salario
        base anterior de ese mismo puesto. En otras palabras, la dotación
        económica asignada a un puesto una vez aplicado el Costo de Vida del
        semestre, versus la asignación monetaria que tenía ese mismo puesto
        antes de aplicarse el aumento por Costo de Vida.
         .....
        se procedió a realizar un exhaustivo análisis individual de todos los
        expedientes de los firmantes de la gestión, con el fin de determinar si
        algunos de ellos se encontraba en el supuesto de tener una asignación
        mensual de jubilación menor a la tercera parte del salario que hoy día
        estaría devengando, considerando para ello el salario base, los anuales
        y los demás pluses salariales que devengó el beneficiario durante el
        último año de servicios...”
                                       -0-
      En otro orden de ideas, en la sesión N° 79-02 celebrada el 22 de octubre de

2002, artículo LV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              En la sesión N° 91-01 del 13 de noviembre del año recién pasado,
        artículo LXI, se dispuso trasladar a la Comisión del Fondo de
        Jubilaciones y Pensiones, con el ruego atento de su estudio e informe,
        la gestión presentada por varios jubilados judiciales para que se les
        restituyera el derecho a disfrutar del plus de prohibición que se les
        eliminó a partir de enero de 1990, estudio que la Comisión debía rendir
        ante la Corte Plena por ser dicho asunto de su competencia.
              El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho de la
        Presidencia, en oficio N° DP 2378-02 del 14 de octubre del año en
        curso, informa lo siguiente:
        “La Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
        Judicial, en sesión celebrada el 13 de agosto último, cuya acta fue
        aprobada en la reunión celebrada el 7 de octubre, en relación con la
        solicitud que plantearon un grupo de Jubilados y Pensionados del
        Poder Judicial, respecto de que se les restituya el plus de la prohibición
        en el pago de sus jubilaciones, acordó:
        “Hacer del conocimiento del Consejo Superior que la petición que
        formulan un grupo de jubilados para el estudio de la Comisión para que
        se les restituya el plus de la “Prohibición”, que en razón de existir
        procesos judiciales la Comisión considera inconveniente pronunciarse
        sobre el tema, hasta tanto no se resuelvan en vía judicial las demandas
        que han presentado los Jubilados Judiciales.”
             Se acordó: Tomar nota del informe anterior.”

                                      -0-

      En virtud de lo resuelto en los acuerdos citados, el licenciado Jorge González

Fallas y un grupo de jubilados y pensionados judiciales, en memorial de 13 de marzo

último, manifiestan:

              “Los que suscribimos, jubilados y pensionados del Poder Judicial
        que usted tan dignamente preside, con el mayor respeto exponemos lo
        siguiente:
              Hemos considerado sumamente importante dirigirnos a usted a
        efecto de manifestarle nuestra total inconformidad por la enorme
        tardanza en resolver los diferentes reclamos que presentamos, y hasta
        hemos llegado a creer que existe una “consigna”, una “conjura” de
        parte de los jerarcas del Poder Judicial para darle las más largas
        posibles, bien para denegarlos o para rechazarlos de plano.
              A continuación le señalamos los siguientes casos:
              1).- En 1990, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de
        Jubilados y Pensionados contrató los servicios de la Empresa de
        Auditores “APESTEGUI SALAZAR & ASOCIADOS”, quien después de
        un minucioso trabajo que le llevó aproximadamente un año y medio,
        determinó que a la gran mayoría de compañeros jubilados y
        pensionados, por errores de cálculo cometidos por el Departamento de
        Personal, se nos estaba quitando sumas diversas en sus emolumentos.
              Ante el rechazo de la gestión administrativa se planteó la
        demanda ordinaria laboral. (Exp. No. 93-2380-213-LA), firmada por 858
        actores, de los cuales han fallecido alrededor de 210.
              Las dos primeras sentencias fueron anuladas por el Tribunal de
        Trabajo, y no fue sino hasta en los últimos días del año pasado que
        llegó el asunto a la Sala Segunda.
              El 9 de mayo del 2000 le hicimos llegar a usted un memorial en el
        que reiteremos nuestra inconformidad por el “tortuguismo” con que se
        ha tramitado este juicio. (Ver documento marcado con el No. 1).
              El Lic. Ricardo Vargas Hidalgo, apoderado especial judicial de los
        actores, en escrito presentado el 30 de junio del 2000, también hizo
        saber su inconformidad. (Ver documento marcado con el No. 2).
              En oficio de fecha 10 de diciembre de 1999, que usted dirige a los
        compañeros Carlos L. Álvarez Vega, Claudette Beeche Lizano,
        Francisco Roldán Poblador, Filadelfo Álvarez Chavarría y Kenneth
        Cubero Vindas, hace referencia no sólo a la demanda que nos ocupa
        sino también a otros puntos reclamados. (Ver documento marcado con
el No. 3).
      2): El 5 de noviembre de 2001 se le presentó un memorial firmado
por compañeros profesionales jubilados reclamando el plus de la
“PROHIBICIÓN”, el que fue trasladado a la Comisión del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones que preside el Magistrado Luis Guillermo
Rivas Loáiciga, para su estudio e informe.
      Hace alrededor de 4 meses que nos concedió audiencia el Lic.
Rivas, quien nos manifestó que no tenía el menor conocimiento de lo
que lo conversamos, remitiéndonos al Lic. José Luis Calderón Flores,
Secretario de la Comisión.
      Efectivamente el Lic. Calderón Flores nos atendió muy
amablemente, como es su característica, explicándonos que el
documento se había extraviado y que por lo tanto la Comisión no lo
había conocido.
      Le facilitamos al Lic. Calderón la copia que tenemos en nuestro
poder, procediendo a sacarle otra copia, prometiéndonos que en la
siguientes sesión llevaría el caso a los señores Magistrados.
      Cuando sucedió lo anterior expuesto había transcurrido
aproximadamente 8 meses desde su presentación el 5 de noviembre
del 2001.
      Hace algunos días nos apersonamos ante la Secretaría de la
Corte y se nos entregó copia del acuerdo tomado por el Consejo
Superior en la sesión 79 del 22 de octubre de 2002 -Artículo LV- en el
que se acordó: “Tomar nota del informe anterior”. (Ver documento No.
3-B).
      El supracitado informe, que es el que rindió la Comisión del Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, indica que: “…en
razón de no existir procesos judiciales la Comisión considera
inconveniente pronunciarse sobre el tema hasta tanto no se resuelvan
en vía judicial las demandas que han presentado los Jubilados
Judiciales”.
      Pero señor Presidente: hasta el momento no se ha notificado
como corresponde el acuerdo tomado por el Consejo Superior, para lo
cual señalamos en su oportunidad el FAX 225-2412.
      3): El 28 de setiembre de 2001, el Lic. Gonzalo Arana Oronó,
Abogado Asistente del Departamento de Personal del Poder Judicial,
ante reclamo que formuló el compañero jubilado, Sr. Óscar Soto Soto,
rindió a su Superior el Informe No. 181-01 en el que, luego de un
amplio análisis de los Artículos 229 y 234 de la LOPJ, determinó dos
aspectos sumamente importantes:
      a): “Actualmente en el Poder Judicial no se aplica ninguna de las
dos analizadas (Art. 229 y 234 LOPJ), toda vez que el incremento al
monto de las jubilaciones se está realizando sobre el salario base,
contraviniendo desde todo punto de vista, la normativa existente. (El
subrayado no es del original).
      b): Que sí existen muchos casos (el subrayado es nuestro) de
jubilados y pensionados que no tienen ni siquiera el monto mínimo,
corroborando lo anterior al hacer una revisión de las planillas”.
      Con Consejo Superior, en la sesión 37-2002 celebrada el 28 de
mayo del 2002 -Artículo LXXXIV, acogió en su totalidad el informe del
Lic. Arana. (Ver documentos marcados con los Nos. 4 y 5).
      Con base en lo anterior, presentamos en fecha 14 de agosto de
2002 ante el Consejo Superior el respectivo reclamo para que se nos
restituya las diferencias dejadas de pagar desde nuestra jubilación, o
pensión, según sea el caso. (Ver documentado marcado con el No. 6).
      El Consejo Superior, haciendo realidad la “conjura” de que
hablamos anteriormente, remite el reclamo al Departamento de
Personal para que “rinda un informe”.
      ¡Válganos Dios! ¿Qué informe -nos preguntamos- va a rendir el
Departamento de Personal si su mismo Abogado Asistente está
afirmando categóricamente lo que reclamamos, y para remachar el
propio Consejo Superior lo acogió?
      Y resulta, señor Presidente, que el informe que rindieron los
Licdos. Manuel Sequeira Sequeira y Francisco Arroyo Meléndez, Jefe
de la Sección de Derechos Laborales y del Departamento de Personal,
respectivamente, mediante el oficio No. 2380-DL-2002 del 29 de
noviembre del citado año, NO TIENE NADA QUE VER CON EL
RECLAMO QUE PRESENTAMOS EN FECHA 14 DE AGOSTO DE
2002. (Ver documento No. 6-B).
      Le adjuntamos copia del escrito de fecha 17 de febrero anterior
que procederemos a presentar al Consejo Superior en los próximos
días, en el que hacemos saber nuestra inconformidad por haber
acogido el mismo sin determinar el craso error cometido. (Ver
documento marcado con el No. 7).
      Tampoco dijo nada el Consejo Superior respecto a la afirmación
que hizo el Lic. Arana Oronó, en el sentido de que muchos compañeros
tienen un monto de jubilación, o pensión, inferior a la tercera parte del
sueldo que para el último cargo o empleo servido que señale el
Presupuesto de gastos del Estados, vigente en el año en que se hiciera
el pago.
      Consideramos que el Consejo Superior debió ordenar al Lic.
Arana que indicara los nombres de los compañeros que se encuentran
en esa angustiosa situación, ya que como lo indica el Lic. Arana,
efectuó una revisión de las planillas obteniendo como resultado que “sí
existen muchos casos bajo dichas condiciones, violando con ello lo
establecido por la Ley. (Ver documento marcado con el No. 4).
      4): en 1994, otro grupo de compañeros encabezados por el Lic.
Edgar Amador Madriz, en aquel entonces jubilado, y hoy en día
miembro del Consejo Superior, planteó una demanda laboral (Exp. No.
94-1570-213-LA) contra el Poder Judicial (El Estado), y ni siquiera se
ha dictado la sentencia de primera instancia.
      5): En agosto del año 2002, la compañeros jubilada, Licda.
Claudette Beeche Lizano, interpuso demanda laboral contra El Estado
(Poder Judicial) (Exp. No. 00-4269-166 LA), reclamando:
      a): El aumento decretado por la Corte Plena en 1999, denominado
con las siglas “REFJ”; y ,
      b): El plus de la “prohibición”.
      La sentencia de primera instancia fue un verdadero “adefesio
jurídico”, escogiéndose el camino más fácil: “Se declara sin lugar la
demanda…”. Ni siquiera se hace mención de la gran cantidad de
documentos y certificaciones que aportó la actora.
      Actualmente el asunto se encuentra en el Tribunal de Trabajo, por
apelación interpuesta por la Licda. Beeche.
      6: En fecha 12 de abril del 2000 los exmagistrados Miguel Blanco
Quirós, German Fernández Herrera, Juan Luis Arias Arias, Antonio
Arroyo Alfaro, Dora María Guzmán Zanetti y José Alberto Gamboa
Salazar, presentaron un Recurso de Amparo contra el Consejo
Superior del Poder Judicial, en el que reclamaron el “REFJ” y el plus de
la “prohibición”.
      Dos días después, sea el 14 de abril, la Sala integrada por 3
propietarios y 4 suplentes, rechazó el recurso.
      Creemos que los Magistrados, olvidándose que el día de mañana
llegarán a jubilarse, ni siquiera vieron la carátula.
      7: En marzo del año 2001, los mismos exmagistrados citados
anteriormente, plantearon demanda ordinaria laboral contra El Estado
(Poder Judicial) (Exp. No. 01-001251-166 LA) y hasta el momento
tampoco se ha dictado la sentencia de primera instancia.
      8: Hace aproximadamente 3 ó 4 meses, el Lic. Edgar Amador
Madriz, muy amablemente nos concedió audiencia, en la que
planteamos la difícil situación económica en que nos encontramos la
mayoría de jubilados y pensionados, lo que para él no es desconocido,
ya que durante 15 años que estuvo de nuestro lado se dio perfecta
cuenta de lo que afirmamos.
      En esa oportunidad el Lic. Amador nos dio la agradable noticia de
que el Consejo Superior estaba estudiando varias alternativas para
hacer una revaloración general a todos los jubilados y pensionados,
agregándonos que se había ordenado al Departamento de Personal
efectuar estudios del caso.
      Lamentablemente han transcurrido varios meses y no se hace
realidad tan ansiado incremento…
      Señor Presidente: todo lo anterior expuesto nos hace pensar que
efectivamente hay una “directriz”, “conjura”, “consigna”, de los altos
jerarcas del Poder Judicial en contra nuestra para tenernos en
condiciones deprimentes, para darle largas y largas a los reclamos que
presentamos.
      Elevamos plegarias al Señor Todopoderoso para que usted
vuelva sus ojos hacia abajo, se apiade de nosotros los que otrora
dimos lo mejor al Poder Judicial, y ordene efectuar en un lapso breve
       los estudios respectivos para solucionar los males que nos aquejan, y
       que con el mayor respeto y mucha vehemencia hemos querido poner
       en su digno conocimiento, esperanzados en que se haga justicia en la
       “Casa de la Justicia”.
            Una vez que usted haya tenido la oportunidad de estudiar nuestro
       planteamiento, le agradecemos concedernos audiencia con el fin de
       poder dialogar más ampliamente, para lo cual señalamos el FAX
       258-2845 (Bufete González-Hernández).”

      Se acordó: Trasladar las diligencias a los Integrantes Anchía y Rodríguez,

para su estudio e informe.

                                    ARTÍCULO LVI

      Mediante copia de oficio N° 192-JP-2003 de 8 de este mes, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira y los máster José Luis Bermúdez Obando, Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes Administración de Personal, Subjefe y Jefe del

Departamento de Personal, hacen del conocimiento del señor Presidente, Magistrado

Luis Paulino Mora Mora, lo siguiente:

            “En atención de su mandamiento fechado 29 de enero del año en
       curso, y recibido en esta Oficina el 5 de febrero, en donde se ordena a
       este despacho a) certificar los nombramientos, b) fecha de ingreso, c)
       tiempo laborado y d) tiempo indefinido del nombramiento, e) o el plazo
       de vencimiento del contrato laboral y f) los salarios respectivos, g) así
       como la certificación de la forma de pago con la Corte, para los
       aproximadamente mil doscientos gestionantes que promueven el
       Ordinario Laboral de referencia, me permito externarle lo siguiente:

    1- Este Departamento está en la mejor disposición de cumplir con los
       mandatos de las autoridades judiciales, no sólo por imperativo legal,
       sino también por el sentido de responsabilidad propio que nos compete
       como funcionarios públicos.

    2- No obstante, existen condiciones materiales que impiden cumplir con
       su solicitud en los términos expuestos. En primera instancia, deberá
       conocer la señora Juez, que el Sistema de Pagos del Poder Judicial
       guarda como máximo un histórico laboral de dieciocho meses. Los
       datos solicitados llevan a remontarse a la historia laboral de más de mil
       doscientos empleados, lo que implica que la información debería
       obtenerse de cintas magnéticas donde se guarda parte de la
   información, y adicionalmente solicitar información a la Contabilidad
   Nacional del Ministerio de Hacienda,        además de revisar cada
   expediente para reconstruir dicha historia.

3- Proceder como se ha indicado no resulta posible, dado que implicaría
   detener el Sistema de Pagos del Poder Judicial y el Computador
   Central del Poder Judicial para poder procesar cada cinta quincenal,
   desde el año 1990 a la fecha. Esto tendría como consecuencia
   inmediata que no podrían tramitarse los pagos ordinarios al personal de
   este Poder de la República, creándose un problema social de
   inimaginables proporciones, que podría extenderse hasta por cinco o
   seis meses. De esta forma, nos veríamos en la imposibilidad material
   de cancelar salarios, lo que conlleva a la violación de principios
   constitucionales elementales, como el derecho a una pronta retribución
   por servicios prestados.

4- Adicionalmente, tendrían que solicitarse los recursos extraordinarios
   ante la Corte Plena o el Consejo Superior para hacer este trabajo, ya
   que de no ser así, no tendríamos personal para cumplir con los
   servicios ordinarios que brindamos y cumplir a su vez, con su solicitud.

5- La información que no fuera posible de conseguir por las vías
   señaladas, debería reconstruirse mediante la revisión del expediente y
   registros diversos que se encuentran en papel, lo que ya se imaginará,
   resulta difícil, lento y necesariamente manual.

6- La información sobre la cual si tenemos posibilidades materiales de
   suministrar es la siguiente:

   - Forma de pago vigente en el Poder Judicial. Esta información es igual
   para todos los empleados.

   - Si la persona labora actualmente con el Poder Judicial o es
   exempleado.

   -   Fecha de ingreso y egreso ( para quienes ya no laboran)
   -   Fecha de nombramiento en propiedad

 7- Por las razones expuestas, me presento ante esa autoridad a solicitarle
   respetuosamente que se valoren las condiciones materiales que hacen
   materialmente imposible cumplir con su mandamiento, sin afectar
   radicalmente el servicio público y el pago oportuno de salarios a los
   servidores judiciales. En caso de que se estime que la información
   solicitada es imprescindible para sus efectos, le rogaría indicarlo así,
   para proceder a elevar estas consideraciones ante la Corte Plena o el
   Consejo Superior del Poder Judicial, quienes como superiores
          jerárquicos deberán dar una respuesta a esta gestión.

              Por otro lado si la información que podemos recabar en forma
          expedita es de recibo para resolver, ésta puede ser enviada a ese
          Despacho a más tardar el viernes 25 de abril del 2003.

    8-      No omito indicar que estas observaciones fueron expuestas
          verbalmente tanto a su estimable persona, como a la Licda. Adriana
          Chacón Catalán”.

         De conformidad con lo expuesto y con el fin de evitar atrasos en la justicia y que

los órganos administrativos puedan facilitar la información necesaria, se acordó:

Solicitar a la licenciada Lilliana Azofeifa Azofeifa, Jueza del Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José, se sirva informar al Departamento de Personal,

cuáles datos de los gestionados en dicho mandamiento son indispensables dentro del

proceso laboral citado, para que ese Departamento pueda darlos a la brevedad. Lo

anterior a efecto de no atrasar la tramitación del expediente en que se pide dicho

informe y al propio tiempo no incurrir en gastos para lograr información no necesaria.

                                      ARTÍCULO LVII

         Mediante oficio N° 202-DNN-2003 de 8 de este mes, la licenciada Alicia Bogarín

Parra, Directora Nacional de Notariado, manifiesta:

                 “Me dirijo a su estimable persona, en condición de superior
          jerárquico de la suscrita, a efecto de hacer de su conocimiento la
          siguiente situación:

               A esta Dirección de conformidad con lo establecido en el artículo
          22 del Código Notarial, le compete la vigilancia y control de la actividad
          notarial, lo cual incluye la planificación de la labor de fiscalización de
          todos los notarios del país, a efecto de verificar en apego a lo
          señalado también en el artículo 24 inciso g) de dicho cuerpo normativo,
          que los notarios tengan oficina abierta al público y cumplan con la ley y
          demás disposiciones, directrices o lineamientos de acatamiento
          obligatorio.

               El desarrollo de la función de fiscalización notarial, asignada a
esta Dirección, motivo a considerar en el presupuesto del año 2002 la
compra de un vehículo, considerando que en este proceso se requiere
realizar visitas a todo el país, lo mismo que a zonas en donde por
motivos de seguridad y conveniencia, los fiscales notariales requieren
de dicho medio de transporte. A pesar de que se disponía de los
recursos económicos respectivos, la gestión aludida no prosperó y
entonces se dispuso que cuando se requiriera de vehículo se solicitara
a la Unidad de Transportes Administrativos, con el fin de que se
facilitara dicho servicio.

      A primera vista parecía que la solución aludida sería una buena
alternativa para solventar el requerimiento en cuestión, sin embargo, en
la practica la dependencia de disponibilidad de vehículo para poder
desarrollar el proceso de fiscalización, es un obstáculo que debe
superarse lo más pronto posible, debido a que aunque existe una
buena disposición por parte del encargado de la Unidad de Transportes
Administrativos, para suministrar los vehículos cuando así se requiere,
lo cierto es que muchas veces, la demanda de servicios, hace que las
gestiones de esta Dirección queden en espera o del todo se rechacen
por no disponer de ese bien, o que se tenga que solicitar el medio de
transporte con mucha antelación, para ver si es posible que se facilite.

      Es evidente que bajo esas condiciones el proceso de fiscalización
se lleva a cabo en forma restringida al carecer los fiscales notariales,
de medio de transporte, teniendo que ingresar a zonas consideradas de
alto riesgo, por la incidencia delictiva que afecta a nuestro país, lo cual
se minimizaría si se dispone del medio adecuado para llevar a cabo las
tareas encomendadas.

       Soy consciente de las limitaciones que en cuanto a recursos
afronta nuestra institución y es por ello que las gestiones de vehículo se
realizan en forma racionalizada, inclusive para el mes de abril no se
nos facilitó vehículo porque no había posibilidad, para mayo y junio del
presente año, en un afán de colaborar con la administración y
utilización de los vehículos, únicamente solicitamos uno, a pesar de
que para lograr las metas que el Plan Estratégico nos exige, se
requiere de por lo menos dos vehículos para poder fiscalizar la cantidad
de notarios proyectada para ese período.

      Ahora bien, teniendo conocimiento de que algunos de los nuevos
Magistrados que han sido nombrados, han renunciado al uso de
vehículo y chofer, con lo cual se ha generado un excedente pasivo de
este tipo de bienes y servicios, en donde tanto el chofer como el
vehículo no utilizado por el Magistrado respectivo, están eventualmente
siendo subutilizados, con el subsecuente costo que ello representa a la
Institución, respetuosamente planteó lo siguiente:
              Considerando que el escenario planteado presenta dos problemas
        que requieren solución, el primero la necesidad de un medio de
        transporte para que esta Dirección pueda llevar a cabo el proceso de
        fiscalización notarial que la ley le asigna y el segundo, la posible
        subutilización de vehículos y choferes, resultantes de la renuncia a su
        uso por parte de señores Magistrados nombrados recientemente; los
        cuales estima esta Dirección, podrían eliminarse entre ellos mismos,
        solicito a su estimable persona estudie la posibilidad de que uno de
        esos vehículos y su chofer, sea          asignado a prestar servicio
        permanente a esta Dirección, sin perjuicio de que si por alguna
        situación de urgencia que así lo exija, o cuando no esté en uso por
        parte de esta Dirección, sea utilizado en otros servicios institucionales,
        previa coordinación con esta Dirección, con lo cual se solventarían los
        dos problemas que afectan a la institución, referidos anteriormente.

              No omito externar mi agradecimiento por la ayuda que pueda
        brindar a esta Dirección para solucionar la situación planteada, ya que
        con ello se impulsaría la fiscalización notarial y consecuentemente se
        contribuiría al mejoramiento del ejercicio de la función notarial en
        nuestro país.”

      Se acordó:       1)   Solicitar al Encargado de la Sección de Transportes

Administrativos, que cuando se solicite un vehículo por parte de la Dirección Nacional

de Notariado para efectos de Fiscalizar oficinas de Notarios, se dé la prioridad que el

caso amerite.   2)   La Directora Nacional de Notariado coordinará con el Director

Ejecutivo, en caso de que esa Sección se vea imposibilitada de brindar ese servicio.

3)   Denegar la gestión de destacar un vehículo con su respectivo chofer en esa

Dirección, resultante de la renuncia a su uso por parte de los Magistrados nombrados

recientemente, por cuanto a la fecha no se puede disponer de estos.

                                    ARTÍCULO LVIII

      El licenciado Horacio González Quiroga, Juez del Tribunal Contencioso

Administrativo, en facsímil de 21 de este mes, informa que ha aceptado       participar en

el curso de campo:    “Principios Ecológicos para el Desarrollo Sostenible en América
Latina”, dentro del Programa de Política y Ciencias Ambientales de la Organización

para Estudios Tropicales, que será impartido en distintas regiones del país entre el 27

de abril y el 8 de mayo, ambas fechas inclusive del año en curso.      Asimismo indica

que tiene un costo de $3000 por asistente e inicialmente se le concedió una beca de

$500 de la cual pidió reconsideración y verbalmente tiene noticias que le harán un

aumento.

      Por lo anterior, solicita se le conceda permiso con goce de salario y sustitución

para participar y una ayuda económica para cubrir en parte su costo.

      Se acordó:    Acoger parcialmente la solicitud del licenciado González Quiroga,

a quien se le concede permiso con goce de sueldo y una ayuda económica de $250

dólares, para que en esas fechas asista a la actividad, que se menciona.

      El Despacho de la Presidencia y los Departamentos de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO LIX

      Se deja constancia que en sesión celebrada el 21 de febrero último, se llamó al

Suplente, licenciado Hernán Esquivel Salas, para que por el 21 de febrero último

integrara el Consejo Superior, en sustitución del licenciado Juan Diego Rojas Araya, a

quien se le concedió permiso para que realizara una visita a los despachos judiciales

de Santa Cruz y Nicoya.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO LX

      En sesión N° 25-03 celebrada el 8 de este mes, artículo LXIX, se solicitó al

licenciado Didier Mora Calvo, Juez Coordinador del Tribunal de Juicio de Heredia, un
informe en el término de 24 horas, para que se refiriera a una gran cantidad de

asuntos, sobre todos unipersonales, que están por prescribir, indicando cual es el

estado procesal en que se encuentran, lo hecho por el Tribunal para evitar la

prescripción y las razones por las cuáles no se informó, oportunamente, a este Consejo

de la situación.

       Sobre lo anterior, en amplia nota de 21 de los corrientes, el licenciado Mora

Calvo, rinde el informe pedido.   Dentro de su planteamiento indica las repercusiones

en esas causas por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, donde el artículo

33 señala que los plazos de prescripción se reducirán a la mitad para computarlos a

efecto de suspender o interrumpir la prescripción, y el pronunciamiento que sobre el

particular hizo la Sala Tercera, ocasionando que asuntos con audiencia preliminar

realizada, se acerca su fecha de prescripción.   Asimismo da cuenta de las actuaciones

de ese Despacho para atender esa situación.

       Se acordó: Tener por rendido el informe y hacerlo del conocimiento del

Programa contra el Retraso Judicial, con el fin de que se preste colaboración en esos

asuntos a ese Tribunal.

                                    ARTÍCULO LXI

       La licenciada Lilliana Azofeifa Azofeifa, Juez de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José, en nota de 4 de abril en curso, informa de su estado de gravidez

y que cuenta con nueve semanas de gestación.

       Se acordó: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO LXII

       El licenciado Rafael Segura Bonilla, Defensor Público de San Joaquín de Flores,
envía el informe Trimestral sobre causas ingresadas en ese Despacho durante el

primer trimestre del año en curso.

      Se acordó: Tomar nota y remitir al Departamento de Planificación para su

atención.

                                     ARTÍCULO LXIII

      La Corte Plena en sesión celebrada el 5 de marzo del 2001, artículo XV, acogió

la propuesta del Presidente, Magistrado Mora, para que el Departamento de Personal

procediera a elaborar una convocatoria complementaria -dado que la primera no fue lo

suficientemente clara- en la que se invitara tanto a funcionarios judiciales como a

abogados litigantes en proponer sus nombres para ocupar el cargo de juez suplente

para los distintos despachos judiciales del país.

      Mediante nota de 28 de marzo último, el señor Presidente, Doctor Luis Paulino

Mora Mora, solicitó a la Jueza del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, proponer cinco oferentes de la lista que se les adjuntó, para nombrarlos

suplentes de ese despacho.

      La licenciada Loyree J. Muñoz Vargas, Jueza del Juzgado Penal de Pococí y

Guácimo en nota de 8 de este mes, remite la lista de personas designadas por ese

despacho para futuras suplencias:

      Licda. María Mora Ramírez

      Licda. Vivian Paredes Bravo

      Lic. Ricardo Valverde López

      Licda. Nuria Villalobos Solano

      Licda. Cincy Williams Víquez
       Se acordó:    Designar a los citados profesionales para que realicen labores de

suplencia de juez 3 en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona

Atlántica.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota de

lo resuelto para lo que a cada uno corresponda.

                                     ARTÍCULO LXIV

       Expresa el señor Presidente Magistrado Mora, que sería conveniente realizar

una especie de brochures informativos, en que se den a conocer a los usuarios los

avances logrados por el Poder Judicial en los diferentes campos.

       Agrega que en días pasados visitó la Corte Suprema de Justicia de Panamá y le

facilitaron una serie de brochures -los que muestra- sobre diferentes temáticas y

considera que el Poder Judicial cuenta con suficiente material para realizar este tipo de

publicaciones. Estima pertinente que el Área de Relaciones Públicas en coordinación

con la Dirección Ejecutiva, el Programa Corte-Bid, analicen la posibilidad de efectuar

algunas publicaciones, que no representen un costo muy elevado.

       Se acordó:      Acoger la propuesta del señor Presidente y hacerla del

conocimiento de la Dirección Ejecutiva, el Programa Corte-Bid y el Área de Relaciones

Públicas para los fines indicados.

                                     ARTÍCULO LXV

       El señor Presidente Magistrado Mora, estima conveniente se adicione a la

circular N° 02-2003, mediante la cual se comunica el acuerdo tomado en la sesión N°

96-02, artículo XXV, en el sentido, de solicitar a los despachos judiciales del país,

informe además de los asuntos ingresados durante el trimestre, conforme lo establece
el numeral 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicarán los pendientes y

resueltos, así como las sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en el señalado

lapso, la justificación por los atrasos, si los hubiere, y cualquier otro dato que resulte de

interés.

       Se acordó: Acoger la propuesta del señor Presidente Magistrado Mora, en los

términos expuestos y emitir una circular sobre ese particular.

       La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO LXVI

       Manifiesta el señor Presidente Magistrado Mora, que en virtud de los

nombramientos de suplentes que se han estado realizando en los diferentes despachos

judiciales, es conveniente establecer el procedimiento para llamarlos.          Propone se

emita una circular dirigida a los despachos judiciales del país, en el sentido de que

todas aquellas oficinas en que se designaron suplentes, elaboren un rol, para mantener

la rotación entre estos y cuando ocurra una inhibitoria o haya necesidad de sustituir al

titular, se llame al suplente conforme al rol y posteriormente se envíe al Departamento

de Personal la comunicación del nombramiento para el trámite de pago respectivo.

       En caso de incumplimiento o imposibilidad injustificada por parte de los

suplentes en sus designaciones, el despacho lo hará del conocimiento del Consejo

para el levantamiento de la información correspondiente.

       Asimismo para llevar el control de las designación deberán levantar un acta en

que se consigne el nombramiento y las razones por las que el llamado no aceptó la

suplencia.

       Se acordó:    Acoger la propuesta del señor Presidente Magistrado Mora y emitir
una circular sobre ese particular.

       La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                     ARTÍCULO LXVII

       Con oficio N° 2106-DP-02-2003 del 21 de abril del año en curso, el licenciado

Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, adjunta ejemplar

del proyecto del pliego de condiciones para la licitación pública denominada “Compra

de Automotores de Varios Tipos”, dictaminado por la Sección de Asesoría Legal,

conforme oficio N° 447-DE/AL-03 de 10 de este mes, para su respectiva aprobación y

orden de inicio.

       Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso 10),

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10       y 11 del Reglamento General de la

Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos de

contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de condiciones

para la licitación pública indicada, documento que también se aprueba. Lo anterior, con

fundamento en las necesidades institucionales previstas en el programa de actividades

y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

Finalidad pública:

     Continuar con el proceso de renovación de la flotilla de los vehículos del Poder

Judicial.   Tratándose también de las unidades asignadas al Organismo de

Investigación Judicial se requiere contar con unidades actualizadas que permitan

mantener a ese cuerpo policial en posición menos vulnerable en cuanto a la

movilización de los funcionarios involucrados directamente con la represión de los
delitos penales en confrontación con los recursos que disponen quienes delinquen.

Estudios Previos:

     En el presupuesto ordinario de este año 2003, se incluyeron los vehículos

susceptibles   de   sustitución   y   se   incorporaron   los   fondos   complementarios

correspondientes.   El anteproyecto de este cartel se sometió a la consideración de la

Dirección Ejecutiva y de la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial.

Disponibilidad presupuestaria:

     A través de la Solicitud de Mercancías o Servicios Nº 230199, con cargo al

programa 800, sub partida 330, se están separando ¢160.961.373,00, más

¢128.138.748,00 con cargo a la incorporación de recursos en la Sub partida 330

mediante Presupuesto Extraordinario, pendiente de aprobación ante la Asamblea

Legislativa y ¢288.850.000,00 en avalúos por los vehículos a entregar como parte de

pago, suman un total de ¢577.950.121,00, para hacer frente a esta licitación.

Inclusión del renglón en el Programa de Adquisiciones:

     En el Programa de Adquisiciones publicado en el diario oficial “La Gaceta”, Nº

250, el día 27 de diciembre de 2002, bajo el ítem número 38, se prevé el concepto de

“Equipo de Transporte”, donde se enmarca este proyecto.

Unidad administrativa a cargo del procedimiento y capacidad operativa:

Conforme lo establecido en los artículos 105 y 106 de la ley de Contratación

Administrativa, 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial,

corresponde al Departamento de Proveeduría tramitar el procedimiento, a través de la

Sección de Contratación Administrativa, efectuar los actos de comunicación que

correspondan    y a su vez custodiar el expediente de rigor.        Esta última Sección
cuenta con operadores en la materia de contratación administrativa para llevar a cabo

el procedimiento, que incluye el proporcionar o coordinar la obtención de la información

que resulte necesaria.

Recursos humanos y materiales para verificar la correcta ejecución del contrato:

     El Departamento de Proveeduría, a través de la Unidad de Control junto con las

Secciones de Suministros y Cárceles, ésta última subordinada a la Secretaría del

Organismo de Investigación Judicial y que cuenta con mecánicos capacitados en materia

automotriz, adoptarán oportunamente las providencias necesarias para que el

contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y

plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas.

     Cabe agregar que este anteproyecto de cartel cuenta con dictamen legal emitido

por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, conforme oficio Nº

447-DE/AL-03 de 10 de este mes.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes.

ACUERDO FIRME.

                                  ARTÍCULO LXVIII

      Mediante oficio N° 2070-DP/02-2003 de 10 de este mes, el licenciado Luis

Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, remite las diligencias

llevadas a cabo por ese Departamento en el procedimiento de Licitación por Registro

Nº 02-149-03 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PARA MICROCOMPUTADORAS E IMPRESORAS”, que literalmente dice:

               “...se remite la documentación adjunta, con el ruego de que sea
        sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior para lo
        que consideren conveniente resolver.
Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa 56 y 57 del
Reglamento General de Contratación Administrativa, se determina que:

PARTICIPANTES:

Para este concurso se recibieron las ofertas siguientes:

1.-   IPL Sistemas S.A., cédula jurídica Nº 3-101-090056,
2.-   Computecnología J.A.C. S.A., cédula jurídica Nº 3-101-128086,
3.-   Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica Nº 3-101-111502,
4.-   Central de Servicios P.C. S.A., cédula jurídica Nº 1-101-096527,
y
5.-   Francisco Garro Solano, cédula de identidad Nº 1-723-718.

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

A la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, este
Departamento le solicitó el análisis legal de las ofertas mediante el
oficio Nº 474-DP/02-2003 de 06 de febrero último, en el cual, en lo
conducente se indicó:

“Oferta Nº 1: IPL Sistemas S.A.

1.- No cotizó los precios conforme lo estipula la cláusula 3.2 del
cartel, lo cual, por una parte, impide la determinación de los precios por
cada línea y por otra parte, al remitirse a un canon periódico (que no se
determina) se aleja del concepto del pago solo sobre equipos
reparados.

      En la cejilla de “Recomendación” del expediente de contratación
se muestra nota enviada por la empresa IPL Sistemas S.A., en donde
se pretende aclarar el concepto de los precios; sin embargo, no es de
recibo por ser posterior a la apertura de las ofertas y además indica que
sus precios son por periodos trimestrales, lo cual contrasta con el
cartel.

Oferta Nº 2: Computecnología J.A.C. S.A.:

1.- No aportó fotocopia de la cédula jurídica; sin embargo, en el
expediente de Registro de Proveedores se observa este documento.

2.- En cuanto a las declaraciones a que alude la cláusula 9.2.218 del
cartel, se limita a indicar: “Lo aceptamos y cumplimos”. Las que obran
en el expediente de Registro de Proveedores datan de enero de 2001.
3.- No aporta certificación de naturaleza y propiedad del capital
social. Las que obran en el expediente de Registro de Proveedores
datan de enero de 2001.

4.-   No presenta fórmula para el reajuste de los precios.

Oferta Nº 3: Componentes El Orbe S.A.

1.-   No presenta defectos u omisiones.

Oferta Nº 4: Central de Servicios P.C. S.A.,

1.- Presenta una alternativa de precios para zonas donde no tiene
sucursales, para lo cual los equipos tienen que ser entregados en sus
instalaciones; esto encarga a la Administración el traslado de los bienes
hasta San José; situación no prevista ni conteste con el cartel; por
tanto, las alternativas se tienen por no aceptadas al concurso.

2.- Propone fórmula para el reajuste de los precios para una sola de
las líneas cotizadas y sin indicar los índices aplicables.

3.- Formalmente no se encuentra la firma en la oferta. A folios 137 y
138 se observan gráficos sin identificación que podrían corresponder a
la firma de la apoderada generalísima de la empresa.

4.- Presenta certificación vencida de la Caja Costarricense del
Seguro Social, respecto del cumplimiento de las obligaciones del
artículo 74 de la Ley constitutiva de esa entidad. En el sistema al
efecto instalado no se encontró el registro de la oferente.

Oferta Nº 5: Francisco Garro Solano

1.- No presenta fórmula para el reajuste de los precios para ninguna
de las líneas cotizadas.”

Por su parte, el licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la
Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, con el oficio Nº
224-DE/AL-02 de 19 de febrero, en lo atinente indicó:

OFERTA #1. IPL Sistemas, S.A.:

      La cláusula 3.2 del pliego de condiciones establece que la
cotización de los servicios se efectuará por mano de obra, tipo de
equipo y línea a cotizar según el anexo número 1. Es esencial que la
Administración conozca al momento de la apertura de las ofertas los
precios por línea para determinar en una Segunda Etapa cual es la de
menor precio, ya que finalmente este aspecto va a definir la
adjudicación. En ese sentido, no es posible aceptar la aclaración que
pretende la oferente, pues obtendría clara ventaja al poder manejar el
costo de cada una de las líneas, lo cual atentaría contra el principio de
igualdad de trato y oportunidades ya que de antemano conoce el
desglose de las propuestas de los demás oferentes.

      Así las cosas, en virtud de que el precio que ofrece la oferente es
incierto pues no permite adjudicar por líneas como lo requiere el cartel
y que como se dijo, no es posible aclarar este punto posteriormente; la
propuesta no puede ser considerada eventual adjudicataria.

      OFERTA #2.- Computecnología J.A.C, S.A.:

      Sobre la observación que se hace en el punto número uno de su
oficio, cabe aclarar que la fotocopia de la cédula jurídica de esta
empresa, se encuentra incorporada en su plica visible a folio 413. Sin
embargo, falta la cédula de identidad del apoderado de la empresa, lo
cual es subsanable por la vía de la prevención.

     Conforme al artículo 56.1.1.1 y 56.1.1.3 del Reglamento General
de Contratación Administrativa, la certificación de naturaleza y
propiedad del capital social y las declaraciones juradas son
subsanables por la vía de la prevención.

     En cuanto a que la oferente no presenta la fórmula para el
reajuste de los precios, es este un aspecto formal subsanable.

OFERTA #3.- Componentes El Orbe, S.A.:

      No se encuentran vicios u omisiones graves que la inhiban de
participar al concurso por lo que legalmente califica como eventual
adjudicataria.

OFERTA #4.- Central de Servicios P.C., S.A.:

     En la oferta alternativa se cotizan precios para zonas donde la
empresa oferente no tiene sucursales, lo que implica que el Poder
Judicial tenga que asumir el traslado del equipo, situación que no está
autorizada o permitida en el cartel; lo que se traduce en un serio
condicionamiento a las condiciones del concurso que excluyen esta
propuesta para una eventual adjudicación.

      En la oferta principal, la fórmula de precios es subsanable por
tratarse de un aspecto formal.
      La firma que aparece en la oferta económica corresponde a la de
la cédula de identidad de la apoderada de la empresa, por lo tanto, es
válida para los efectos del concurso.

     La certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social está
vencida a la fecha de apertura de las ofertas, sin embargo, puede
subsanarse previniéndole al oferente.

OFERTA #5.-Francisco Garro Solano:

      En idéntica situación que las anteriores plicas, pues no presentan
la fórmula para el reajuste de los precios. Por tratarse de un aspecto
formal puede prevenirse al oferente.

De acuerdo con el informe de la Sección de Asesoría Legal, se
efectuaron las prevenciones de rigor, las que fueron atendidas algunas
de manera incompleta, por lo cual fue necesario reiterarlas, sobre todo
en lo concerniente al aporte de los elementos, sus porcentajes, los
índices y sus fuentes, en relación con la fórmula matemática para el
reajuste de los precios.

Por nota de 12 de marzo, el señor José Francisco Garro Solano, para
responder la prevención reiterada, solicita que la Institución les
garantizara por escrito una cantidad de máquinas que recibirían el
servicio de mantenimiento correctivo por mes, o al menos les brindara
la información del promedio de equipos que han recibido servicio en
el último año.

Este Departamento de Proveeduría, con oficio Nº 1615-DP-02-2003 de
21 de marzo, le indica al señor Garro que la formulación de su oferta
debe corresponder al escenario propuesto en el cartel y por
consiguiente, con base en los criterios tomados por él al momento de
definir su oferta y a su vez, se le remitió un promedio de reparaciones
por provincia para el periodo marzo 2001 a junio 2002, advirtiéndose
a su vez que de no contarse con la información, la oferta no podría ser
adecuadamente valorada y no se podría formalizar en debida forma un
instrumento que permitiera la revisión de los precios cotizados y por
ambos aspectos se tendría que excluir la oferta del concurso. El señor
Garro Solano, con nota de 25 de marzo, manifiesta que todo lo
solicitado ha sido aclarado en su debido momento, no contando en
ocasiones con la información necesaria para atender nuestras
inquietudes.

Así las cosas, se tiene por no aportada la información prevenida al
señor Garro, entendida ésta como la falta de los elementos, sus
porcentajes, los índices y sus fuentes, en relación con la fórmula
matemática para el reajuste de los precios, lo cual inhibe a esta
Administración de efectuar el análisis correspondiente para determinar
la razonabilidad de lo cotizado y por otra parte, en el caso de que
resultase adjudicatario de alguna de las líneas licitadas, no se podría
implementar la fórmula matemática para el reajuste de los precios en el
correspondiente contrato, toda vez que se denota con facilidad que la
información requerida está siendo motivo de conflicto y no hay garantía
de que éste se supere en otra fase procesal; de esta manera, es lo
propio, conforme lo regla el numeral 56.1.3, descalificar a este oferente,
por cuanto se ha dejado constancia que la naturaleza del defecto lo
amerita.

ESTUDIO DE LAS OFERTAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN:

El ingeniero Marzo Barboza Roldán, Jefe de la Sección de Soporte
Técnico, mediante oficio Nº 023-ST-2003 de 02 de este mes, con el
visto bueno de la Jefatura del Departamento de Tecnología de
Información, se refiere a las ofertas presentadas, en los términos
siguientes:

“En relación con el oficio 487-DP-02-2003 en el cual se solicita análisis
técnico sobre las ofertas recibidas para la licitación que pretende la
Contratación de Servicios de Mantenimiento Correctivo para
Microcomputadoras e Impresoras, me permito informar las
conclusiones obtenidas al respecto:

    Algunas de las ofertas recibidas indican un monto que resulta ser
muy inferior al adjudicado en el proceso licitatorio anterior y como es
sabido, ese contrato se ha tenido que rescindir, formalmente por el
servicio deficitario, pero que en el fondo, de acuerdo con la experiencia
obtenida, podría suponer que la rentabilidad no fue la esperada.
    Otras ofertas muestran precios superiores que se consideran
excesivos , puesto que se salen de la capacidad de pago de la
Institución.

Por antes (sic) expuesto, se considera que algunas de las propuestas
dadas para este proceso son de carácter ruinoso para los proveedores
y otras muestran precios no susceptibles de adjudicación, por lo que se
recomienda desestimar todas las ofertas de esta licitación”.

                      RECOMENDACIÓN

Según se observa en el informe técnico rendido por el Departamento
de Tecnología de Información, es lo propio recomendar se declare
desierto el concurso.
De entre las ofertas elegibles, se pueden apreciar dos tipos de precios,
los superiores y los inferiores, no hay una media. En el cuadro
siguiente se muestran los precios superiores:

     CUADRO PRECIOS SUPERIORES
     Licitación Por Registro 02-149-03

     Línea    Comp. El Orbe S.A.         Central Serv. P.C.
     1        ¢15.267                    ¢19.500
     2        ¢9.542                     ¢18.000
     3        No cotizó                  ¢22.000
     4        No cotizó                  ¢19.000
     5        No cotizó                  ¢19.500
     6        No cotizó                  ¢18.000
     7        No cotizó                  ¢22.000
     8        No cotizó                  ¢19.000
     9        No cotizó                  ¢25.000
     10       No cotizó                  ¢22.000

Ya en la licitación pública 63-2000, tramitada para estos mismos efectos
y con una cuadro fáctico muy similar, se dijo:

Para ambas líneas, la empresa ganadora del concurso, sea
Componentes El Orbe S.A., resulta más cara en relación con los
promedios, en el primer caso en un 111.45% y en el segundo, un
32.24%. Así las cosas es claro que para la primea línea, donde el
precio de la ganadora es un 111.45% más elevado que el promedio de
los precios, no es posible establecer concordancia o motivación
suficiente que amerite el pagar ese costo, aunado a que este es un
284% mayor que el costo menor cotizado, recomendándose declarar
infructuosa esta línea.

Si bien en el caso que nos ocupa no es posible establecer un promedio,
dado que hubo polarización en los precios, si se rescata el hecho de que
no se tiene suficiente motivación u información como para tener por
razonables los precios superiores, los que en todo caso, de aceptarse
los inferiores, no tendrían posibilidad material de resultar seleccionados.

De adjudicarse los precios superiores, se podría exceder la capacidad
financiera de la Institución de hacerle frente a los pagos, tal y como lo ha
expresado el Departamento de Tecnología de Información.

Los precios inferiores provienen de dos ofertas de las cuales la del señor
Francisco Garro Solano se tiene por excluida al no haber aportado la
información requerida luego de tres prevenciones; no obstante, para
efectos ilustrativos se considerará en el cuadro de precios siguiente:

               CUADRO PRECIOS INFERIORES
               Licitación Por Registro 02-149-03

               Línea           Comp. J.A.C. S.A. Francisco Garro
               1               2.000
               2               1.500               2.000
               3               2.500
               4               2.000               2.000
               5               2.500
               6               2.000               2.000
               7               2.500
               8               2.000               2.000
               9               4.000
               10              2.500               2.000
               11              7.000
               12              5.000               2.000
               13              6.000
               14              4.000               2.000
               15              12.000
               16              10.000              2.000
               17              15.000
               18              12.000              2.000
               19              10.000
               20              8.000               2.000
               21              7.000
               22              5.000               2.000
               23              7.000
               24              5.000               2.000
               25              15.000
               26              12.000

Las cotizaciones por ¢2000 ó ¢1500, para impresoras o
microcomputadoras, en lo respectivo a mano de obra se presumen como
precios muy sensibles a los cambios en sus estructuras de costos, lo
cual puede afectar el correcto desenvolvimiento del contrato en el
tiempo. A modo de ejemplo, la empresa J.A.C.S.A., indica que los
costos en mano de obra representan el 40% de su estructura y que el
tiempo promedio de reparación de un equipo es de 0,5 horas (treinta
minutos); esto implica que frente a un incremento nada anormal en el
tiempo promedio de reparación de un equipo de media hora a una hora,
ya sus costos de mano obra ascenderían al 80% y si sube a una hora y
media, entonces el contrato se vuelve ruinoso. Por la generalidad de la
fórmula matemática presentada por esa casa comercial, es de esperar
que este patrón aplique para todos los lugares; sin embargo, esta
        empresa toma algún cuidado y revisa sus precios conforme cada línea,
        siendo evidente y palpable el cambio en la línea 11 y siguientes. En
        estas líneas es probable que sus costos por mano de obra ya no
        respondan al 40% del precio de acuerdo con el incremento sustancial en
        el precio, aunque resulta obvio que esa actitud puede estar asociada a la
        distancia por recorrer para recoger los equipos. También es lo cierto
        que los tiempos de atención máximos permitidos en el cartel para la
        recolección de los equipos estarían siendo puntos de conflicto puesto
        que es difícil mantener una infraestructura particular para el Poder
        Judicial, donde se pueda llegar con regularidad a sitios como San Carlos
        y otros más lejanos en menos de cuatro horas.

        Otro ejemplo sintetiza el riesgo económico que enfrentan las ofertas en
        el caso de que fueran aceptadas en los términos propuestos y este se
        refleja fundamentalmente para zonas fuera del centro de San José.
        Para viajar a Pérez Zeledón utilizando el autobús, como modelo de
        transporte más económico, se tienen que invertir ¢1.140,00 de ida, más
        la vuelta suman ¢2.280,00, es decir, solo en transporte, ya la oferta del
        señor Francisco Garro Solano que cotizó a razón de ¢2.000,00 la mano
        de obra, es evidentemente ruinosa para zonas alejadas como Pérez
        Zeledón.

        Por todo lo anterior, se recomienda declarar desierto el presente
        concurso y ordenar el inicio de un nuevo procedimiento, previo análisis
        del cartel, de las necesidades existentes y de los medios de posible
        utilización en cuanto al traslado de los equipos de cómputo.”
                                             -0-

      Se acordó:      Acoger la recomendación y declarar desierta la Licitación por

Registro N° 02-149-03 “Contratación de Servicios de Mantenimiento Correctivo para

Microcomputadoras e Impresoras”, por lo tanto,          autorizar al Departamento de

Proveeduría para que inicie un nuevo procedimiento licitatorio.   ACUERDO FIRME.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                   ARTÍCULO LXIX

      Informa la licenciada Anchía, que mediante solicitud N° 66-2003 de 26 de marzo

último, se le trasladó para estudio e informe documentación correspondiente al oficio N°

40-UAP-2003 de 26 de febrero pasado, emitido por la licenciada Emma Madrigal
Bustamante, Trabajadora Social de la Unidad de Atención Psicocosial, referente al

diagnóstico y tratamiento en la Fiscalía de Grecia, y en lo que interesa dice:

        “...Que la jefatura de esta Fiscalía acate lo dispuesto por el Consejo
        Superior con respecto a la custodia de evidencias, refiriendo esta al
        depósito judicial...”

      Asimismo indica que con facsímil de fecha 17 de marzo de este año, el

licenciado Eddie Alvarado Vargas, Fiscal Coordinador de Grecia, realiza              algunas

aclaraciones con respecto al dictamen, en los siguientes términos:

               “…El reciente informe del Equinter dirigido ante ustedes da
        cuenta de la necesidad de remisión de evidencias al Depósito Judicial.
               Ante ello, así nos pronunciamos:
               Con base a los Memorandums que adjunto a esta nota, doy
        cuenta de las directrices que como Fiscal Coordinador de esta Fiscalía
        he tomado al respecto, y en todas ellas me he basado en las circulares
        de la Jefatura del Ministerio Público, así como en lo dispuesto por la ley
        procesal penal y en aras de obtener el menor servicio público.
               He ingresado a esta Fiscalía el día 13 de enero del 2003
        habiendo estado incapacitado desde el día 30 de agosto del 2002 y
        como pueden observar de los memorandums adjuntos, recién llegado
        de nuevo a esta Fiscalía he dispuesto otra vez, lo correspondiente con
        respecto a evidencias.
                Y la situación actual, es que todo el personal está abocado a
        devolver, entregar, enviar al depósito o bien a investigar titularidad de
        las mismas y formas de que no estén en esta Fiscalía creando
        hacinamiento.
               El problema radica en que las evidencias son como un río,
        entran y salen y la presencia momentánea de ellas en un espacio tan
        pequeño como el que ostentamos ya es un problema, y por el tiempo
        que se ocupa en ubicar dónde deben estar, sea que no se trata sólo de
        un problema de envío o entrega sino también ciertamente de espacio,
        tal y como el mismo Equinter lo reconoce, y sobre todo porque el
        lugar donde están es el mismo donde el personal auxiliar tiene su sitio
        de recreo y comedor y no hay otro sitio posible.
               Dejo hechas estas aclaraciones para que se tenga presente que
        como Fiscal Coordinador he dispuesto lo correspondiente sobre las
        evidencias.”.

      Expresa que      efectivamente de la documentación que adjunta el licenciado

Alvarado, se constatan las medidas que ha tomado para evitar la acumulación de
evidencias en su despacho.

        Se acordó: Tomar nota del informe y reiterar al licenciado Alvarado Vargas, la

conveniencia de aunar esfuerzos para entregar la mayor cantidad de evidencias,

conforme a los procedimientos establecidos.

                                ARTÍCULO LXX

        Informa la licenciada Anchía que mediante solicitud de informe N° 69-2003 de 28

de marzo del año en curso, se le remitió para estudio e informe la documentación sobre

el pago de 19 horas, a ¢8.000.00 cada una para un total de ¢152.000.00, a efecto de

cancelar a la licenciada Ana Isabel Cascante Casasola, la consultoría técnica en el

servicio de psicología que solicitó la Defensa Pública al Juzgado Penal Juvenil de San

José, dentro de la causa N° 00010289-042-PE (1373-2-00).

        En la sesión N° 51-01 celebrada el 28 de junio, artículo LXII, se solicitó al

licenciado Rodrigo Picado Picado, Juez Coordinador de ese Juzgado, un informe en

que expusiera las razones del por qué, gestionó en esa sumaria la cancelación de

honorarios para un consultor técnico, existiendo psicólogos en el Organismo de

Investigación Judicial, incumpliendo así con la circular N° 67-98 de 8 de setiembre de

1998.

        El informe del licenciado Picado Picado, es conocido en la verificada del 11 de

febrero del 2003, artículo XXXVIII, en el indicó que la tramitación de ese expediente,

era resorte exclusivo de la licenciada Rocío Pérez Montenegro, por lo cual como

Coordinador no podía tener injerencia en ese momento. Por lo anterior, se dispuso

pedir a la licenciada Pérez, sobre el particular, información en el término de 3 días.

        La Secretaría General de la Corte, con oficio N° 2020-03 de 25 de marzo del año
en curso, reitera a la licenciada Pérez el envío de lo requerido.

      Mediante facsímil de 26 de ese mes, la licenciada Pérez Montenegro, brinda las

siguientes razones:

        “…Efectivamente cuando laboraba en el Juzgado Penal Juvenil de San
        José, me correspondió empezar a tramitar el expediente número
        00010289-042-PJ contra Sugey Agustina por el delito de Homicidio
        Calificado y Robo Simple en perjuicio de Carlos Manuel Sánchez
        Chinchilla, concretamente lo relacionado a la medida cautelar y alguna
        diligencia de investigación, no obstante, yo no fui la Jueza que realizó
        el debate pues cuando esto sucede creo que ya no estaba trabajando
        en ese despacho. Estoy completamente segura de que no fui yo
        quien autorizó el nombramiento de consultor técnico en el servicio de
        psicología sin solicitar previamente la autorización del gasto, pues ese
        tipo de diligencias lo solicitan las partes casi siempre cuando se va
        acercando el momento del juicio, por otra parte yo conocía
        perfectamente desde ese momento cual era el trámite que debía
        seguirse en lo relativo al nombramiento de consultores y no era factible
        hacerlo sin contar con la autorización previa de la Dirección
        Administrativa.     Como puede documentarse fácilmente, cuando
        empieza a regir el Código Procesal Penal aparece la figura del
        Consultor técnico que era algo novedoso, de manera que la primera
        vez en que tuve que hacer un nombramiento de consultor en el campo
        de la psicología y a petición de la Defensa Pública, fue en el año
        noventa y nueve, y a partir de este momento lo hice varias veces más.
        Empece por informarme con antelación en la Dirección Administrativa
        (sic) del procedimiento siendo que el trámite consistía en solicitar de
        previo al nombramiento el permiso y una vez que ellos autorizaban el
        gasto juramentar al profesional quien debía inclusive indicar cuales
        eran sus honorarios para que la Dirección Administrativa (sic) estudiara
        si aprobaba el consultor o no, en algunos casos no nos autorizaron
        nombramientos y no se pudo contar con el asesoramiento que se
        solicitaba, lo que se le hizo ver a las partes, cabe mencionar que si bien
        nosotros los jueces firmábamos las notas haciendo las solicitudes quien
        le daba seguimiento a esto era el escribiente que tramitabas el
        expediente por razones obvias. En este caso concreto no recuerdo
        haber solicitado el consultor, coincide la llegada de este expediente con
        el momento en que me traslado a laborar al Tribunal de Juicio de
        Goicoechea, por lo anterior rechazo la sugerencia que se hace en el
        sentido de que yo fui la responsable en virtud de que para ese
        momento tramitaba el expediente, cuando dejé de laborar en ese
        juzgado otra persona vino a tomar mis casos y no puedo hacerme
        responsable de lo que otro haya resuelto. En todo caso, como lo dije
        anteriormente el Juez que resuelve en juicio es el que generalmente
        debe tramitar la solicitud de nombramiento de consultor técnico, pues la
        parte hace la solicitud de nombramiento precisamente para que le de
        asesoría en juicio, no se que es lo que sucede en este caso concreto.
        Ofrezco disculpas por el atraso del Informe, pero en realidad hasta el
        día de ayer se me hizo llegar el acuerdo del Consejo y aún cuando me
        fue enviado por correo, tenía días de no leerlo por tener demasiado
        trabajo.”.

      Posteriormente con facsímil de 27 de marzo, la licenciada Pérez, rinde una

ampliación del informe anterior:

        “…cierto del caso es que me comuniqué telefónicamente con los
        funcionarios del Juzgado Penal Juvenil, concretamente con la
        escribiente que tramitaba esta causa, señora Ana Sancho y con el Juez
        Rodrigo Picado, ellos me informan que no consta ningún auto firmado
        por mi persona en el que se acepte el nombramiento de consultor, está
        la solicitud de que se nombre consultor, hecha por la licenciada Leda
        Méndez defensora pública y a folio 222 del Legajo de investigación hay
        un auto que resuelve aceptar el nombramiento de consultor, el cual
        tiene mi nombre inscrito pero se encuentra firmado por mi compañero
        Rodrigo Picado Picado, cabe mencionar que no fue redactado por mi
        persona, ni di la oren para ello, el mismo fue confeccionado por la
        escribiente Lea Vásquez. Los siguientes autos siguen su trámite
        normal, no tienen relación con el consultor técnico y es mi persona
        quien continua firmando. Como puede verse, a pesar de que yo soy la
        persona que tramita el expediente, propiamente en el nombramiento de
        consultor no tuve ninguna injerencia sino que al parecer por tratarse de
        un asunto administrativo quien resuelve en ese momento es el
        licenciado Rodrigo Picado, ofrezco como prueba los mismo autos, el
        expediente se encuentra en el Juzgado Penal Juvenil pues la menor
        acusada fue declarada rebelde. No omito manifestarles que aún
        cuando en teoría es resorte del Juez el nombramiento de consultores,
        lo cierto del caso es que el trámite administrativo lo llevan a cabo los
        auxiliares, de manera que en este caso concreto cuando me llega
        nuevamente el expediente probablemente no hice ninguna pregunta
        sobre el nombramiento de consultor porque había sido hecho y se
        presume que de forma correcta, máxime que había sido firmada la
        aceptación de consultor por otro Juez, que era mi compañero.”.

      Sobre el particular, indica la licenciada Anchía que solicitó al Juzgado el

expediente respectivo y efectivamente se emitió un auto en donde se acepta el

nombramiento de la licenciada Ana Isabel Cascante Casasola como consultora, allí
consta el nombre de la Juzgadora Pérez Montenegro, no obstante, se encuentra

firmado por el licenciado Picado Picado; en consecuencia, lo procedente es decidir

sobre el pago de la pericia, una vez valorada la labor efectuada por la experta.

       Analizado lo expuesto, se acordó:        1)   Tener por rendido el informe.        2)

Autorizar el pago de 12 horas a ¢8.000 cada una, para un total de ¢96.000.00 a favor

de la licenciada Ana Isabel Cascante Casasola, a cuyos efectos la Dirección Ejecutiva

realizará los trámites pertinentes.   3) Trasladar al Tribunal de la Inspección Judicial

las diligencias, para que levante la información correspondiente, a fin de determinar si

se incumplió con el procedimiento establecido para la contratación de los servicios de

un perito.

                                      ARTÍCULO LXXI

       En sesión N° 27-02 celebrada el 23 de abril de 2002, artículo XXIX, al conocer

un informe de la Auditoría Judicial, en virtud de un estudio que se encontraba

realizando sobre los Estados Financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial, para el año 2000, se logró determinar tres casos en los cuales el Fondo

de Jubilaciones y Pensiones aplicó incorrectamente los reajustes producto de una

reasignación de plazas, según Decreto N° 23627-H de 20 de setiembre de 1994, entre

los que se encontraba el licenciado Santiago Plá Falcó, por lo que se dispuso en esa

oportunidad -entre otros asuntos- “...comunicar la presente situación a los señores (...)

Plá, para que en el plazo de tres días, contados a partir del inmediato siguiente al de la

notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a bien estimen sobre el particular...”

       En la verificada del 27 de junio de 2002, artículo V, se acogió parcialmente la

solicitud del licenciado Plá Falcó y se modificó el acuerdo citado, en el sentido de que
el ajuste en su jubilación se haría a partir del momento en que este Consejo tuvo

conocimiento de la situación y no de manera retroactiva conforme lo solicitó la Auditoría

Judicial, toda vez que las cantidades giradas de más fueron recibidas de buena fe por

parte del recurrente.

      Posteriormente en la efectuada el 11 febrero del año en curso, artículo XXXIV,

ante gestión presentada por un jubilado, a quien también se le giró sumas de más,

alegaba a su favor que en todo momento había sido tercero de buena fe y que los

dineros que se le cobraban, los había recibido bajo esa condición. Por tal motivo, se

indicó en el acuerdo como precedente administrativo el caso del licenciado Santiago

Plá Falcó, resolviéndose que:

                “...Al respecto expresa la licenciada Anchía que la
        Administración no puede condonar deudas, aun cuando considere que
        pueda existir buena fe por parte del administrado; de manera que, lo
        conveniente es, en los casos en que se ha dispuesto en ese sentido,
        con violación al principio de legalidad, como en el del licenciado Plá
        Falcó, proceder conforme a los términos establecidos en el numeral
        173 de la Ley General de la Administración Pública, en especial en su
        inciso 3º, y antes de anular los actos viciados, se realice el
        procedimiento administrativo ordinario en el cual se observen los
        principios y garantías del debido proceso con audiencia a la parte
        involucrada y el respectivo dictamen de la Procuraduría General de la
        República. Por otra parte, no es aplicable el numeral 607 del Código
        de Trabajo que invoca el señor Marín, en razón de tratarse de una
        acción para la recuperación de una suma de dinero pagada
        indebidamente, y no del supuesto contemplado en esa norma.
              Con base en lo expuesto anteriormente, se acordó: 1.- Denegar
        la solicitud del señor Marín Chaves y mantener lo resuelto en la sesión
        celebrada el 19 de marzo de 2002, artículo XLII, por las razones antes
        expuestas. 2.- En relación con la decisión tomada en el asunto del
        licenciado Santiago Plá Falcó designar como Órgano Director del
        Procedimiento a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva
        de conformidad con lo estipulado en el numeral 173 de la Ley Orgánica
        del Poder Judicial.”

      Con ocasión de lo resuelto, el licenciado Plá Falcó, en amplio memorial de 21 de
marzo último, manifiesta:

       “ACLARACIÓN PREVIA:
       Siente un servidor de Uds. La obligación de aclarar que la presente
       gestión -así como cualquier otra que le hubiere antecedido- las ha
       hecho y hace a título enteramente personal y en defensa de su
       exclusivo y legítimo derecho a intereses. Esto es, que no actuo, ni
       personal ni profesionalmente a nombre de Asociación ni de terceras
       personas, a las que les cabe el derecho de contratar los servicios de
       otros muy distinguidos colegas del foro nacional, bien sea como
       asesores o rectores de proceso.
       Dicho lo anterior, debo solicitar -siempre muy respetuosamente- que se
       individualice material y documentalmente cada caso, habida cuenta de
       que si bien en apariencia pueden aparentar similares, las
       circunstancias de estudio, enfoque, sustentación, pruebas, evaluación
       de las mismas, etc. SON ABSOLUTAMENTE PROPIAS Y
       CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS CASOS, CON UN
       TRATAMIENTO LEGAL PARTICULAR PARA CADA UNO DE LOS
       INTERESADOS.
       Estimo que el vicio arranca a partir del hecho de que los informes
       iniciales que envía la Administración al Consejo se remiten mediante
       “paquetes” de situaciones, lo que se traduce en que el seguimiento y
       tramite posterior se haga de igual manera.
       Lo dejo muy respetuosamente señalado.

       FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA RECONSIDERACIÓN

       PRIMERO.-
       Existe en este asunto resolución del Consejo (sesión N° 46-02 de 27 de
       junio de 2002, art. V, pág. 5), resolución NOTIFICADA AL SUSCRITO
       EL 26 DE AGOSTO DE 2002, o sea, SOBRADAMENTE FIRME
       PARA AMBAS PARTES: SIETE MESES DE FIRMEZA.
       En esta resolución el Honorable Consejo acogió “parcialmente” mi
       defensa: ESTO ES FIRME TANTO INTER PARTES como ERGA
       HOMNES . Esta resolución no puede ser ahora ni modificada PARA
       BENEFICIO, NI PARA PERJUICIO NI PARA NINGUNO OTRO FIN, YA
       QUE ELLO SERÍA TOTALMENTE CONTRARIO A DERECHO Y AL
       PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA que garantiza y recoge la
       firmeza de una resolución.

       SEGUNDO.-
       Reitero -y sobre todo enfatizo- todos y cada uno de los fundamentos de
       derecho y razones expuestas al Honorable Consejo en mi memorial del
       18 de junio de 2002, FUNDAMENTOS YA ESTUDIADOS Y
       ACOGIDOS EN FORMA PARCIAL POR EL CONSEJO DE ESE
 ENTONCES, repito, YA FIRME.

 TERCERO.-
   Reitero igualmente:
 NO tengo participación personal, tampoco, ni protagonismo directo ni
 indirecto, en los antecedentes ni tejes ni manejes de carácter contable
 o financiero de la Institución, ni en los estudios, revaloraciones,
 recomendaciones que se hacen en sede administrativa, los cuales son
 de su única factura y RESPONSABILIDAD.
 El servidor judicial activo o los jubilados DAMPOS POR BUENO, MES
 TRAS MES, LO QUE LA ADMINISTRCIÓN LE PAGA, SIENDO ASÍ Y
 CORRECTAMENTE ENTENDIDO EN SU OPORTUNIDAD POR EL
 HONORABLE CONSEJO.
 SI ALGUN “ACTO VICIADO” EXISTE O HA EXISTIDO, NI ES CULPA
 DEL CONSEJO NI, MUCHOMENOS, DE UN JUBILADO. Y MAS
 BIEN LO QUE PROCEDE EN ESTE CLARÍSIMO CASO ES:

 PASAR EL ASUNTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SI, PERO NO
 PARA ORDINARIAR NINGÚN PROCESO, SINO MÁS BIEN PARA
 INICIAR DE UNA VEZ TODA UNA INVESTIGACIÓN INTERNA, Y
 ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES INTERNAMENTE, DE
 UNA BUENA VEZ POR TODAS.

 Lo anterior sea dicho, por supuesto, con el mayor respeto.

 CUARTO.-
 En refuerzo de lo anterior, baste solo transcribir lo acordado por el
 propio Consejo, sesión 46-02 de 27 de junio de 2002, en referencia a
 este asunto, cito página 4:

   “LLAMA LA ATENCIÓN DE ESTE CONSEJO SUPERIOR QUE
 ERRORES COMO LOS AQUÍ DESCRITOS DESDE EL AÑO 1994 NO
    HAYAN SIDO DETECTADOS POR LA AUDITORÍA CON LA
                  PRONTITUD DEBIDA”

 Estimo, señores miembros del Consejo, que sobran comentarios, tanto
 para Uds. Como para mi.
 Como para cualquiera.

QUINTO.-
 ACERCA DE LA OPINIÓN DE LA LICDA. MIRIAM ANCHÍA, A QUIEN
 ME DIRIJO CON EL MAYOR DE LOS RESPETOS, TANTO
 PROFESIONALES COMO PERSONALES.
1 Se me transcribe como una opinión de carácter personal, la que
   respeto, PERO NO COMPARTO.
Aquí no se está en presencia de ninguna condonación de deudas: se
está en presencia de un ERROR DE LA ADMINISTRACIÓN. ERROR
QUE SE DEBE SEGUIR HASTA SU ORIGEN DENTRO DE LA
PARTE DEL SISTEMA QUE LO HA OCASIONADO (LEY GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULOS 190 AL 213).
El error NO ES DEL CONSEJO, NI TAMPOCO DEL SUSCRITO, NI
TAMPOCO UN IMPROBABLE JUICIO CONTENCIOSO DE
LESIVIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACCIÓN SERÍA NI
PRESENTABLE NI PROCEDENTE NI CONTRA EL CONSEJO NI
CONTRA EL SERVIDOR, TANTO MAS CUANTO ES EVIDENTE
     QUE LA LESIVIDAD TIENE SUS PROPIOS RESPONSABLES
DE CARÁCTER INTERNO, TAL Y COMO LO EVIDENCIARÍA UNA
SIMPLE INVESTIGACIÓN DE LOS ANTECEDENTES (CÁLCULOS Y
CIFRAS) POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Eso, señores miembros, es todo, y así de sencillo y procedente en
derecho

2 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO DEL
  ARTÍCULO 173, INCISO TERCERO QUE SEÑALA LA
  LICENCIADA ANCHÍA:
Tampoco lo puedo compartir:   NO ES ACASO EL CONSEJO
SUPERIOR UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE HA CONDUCIDO
COMO TAL UN PROCESO ADMINISTRATIVO COMPLETO HASTA
PRODUCIR UNA RESOLUCIÓN YA FIRME…?
ENTONCES, A QUE OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
NOS   VAMOS    A   IR…?     A   OTRA  OFICINA TAMBIÉN
ADMINISTRATIVA…?
LE REITERO A DOÑA MIRIAM QUE EL CONSEJO NO HA
PRODUCIDO ACTO VICIADO ALGUNO.

AUN MÁS, TAMPOCO LA HONORABLE PROCURADURÍA TIENE
VELA EN ESTE ASUNTO: ELLA LO MENCIONA, PERO NO ES LO
ACORDADO. RESPETO SU OPINIÓN.

PARA QUE MENCIONAR A LA PROCURADURÍA, PARA QUE
VINIERA A DECIRLE AL HONORABLE CONSEJO QUE POR QUÉ
RAZÓN NO SE SENTARON LAS RESPONSABILIDADES INTERNAS
HASTAS LA FECHA…?

Eso sí, doña Miriam sería una acto viciado; sería -y está siendo- una
acto de GRAVE OMISIÓN AÚN MÁS, VICIO POR OMISIÓN, POR NO
UBICAR A LOS RESPONSABLES Y COBRARLE A ELLOS
CUALQUIER LESIVIDAD ACAECIDA.
 Y ya que se ha hablado de “acto viciado” resulta oportuno recordar el
 axioma jurídico conforme al cual:

                  “EL QUE ES CULPA DE LA CULPA,
                   ES CULPA DEL MAL CAUSADO”

 Reitero señores miembros del Honorable Consejo que este asunto no
 lo originaron ni ustedes, ni mucho menos yo.
 Dicho siempre con el mayor de los respetos, pero en estricto apego a la
 única verdad.

SEXTO.-
 POSIBLE CONTRAVENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.
 Más que fundada, la resolución que aquí impugna violentaría
 abiertamente EL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
 toda vez que el ciudadano tiene derechos que le son irrenunciables,
 como lo son los derivados de la acción administrativa ya firme, según
 se ha explicado supra. Esto en entero encadenamiento legal con la
 muy particular circunstancia de que dicho acuerdo puede
 eventualmente depararme:

            “…daño o perjuicio de imposible o difícil reparación”
  (textual in fine del art. 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus
                                    reformas)

 En razón de todo lo anteriormente expuesto,

                   PIDO MUY RESPETUOSAMENTE:

 I-
 Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del
 Poder Judicial y sus reformas, se RECONSIDERE el acuerdo tomado,
 en lo que el suscrito respecta, en sesión número 09-03 del once de
 febrero de 2003, revocándolo y dejándolo firme y valedero -como en
 realidad lo es- al tomado precedente en sesión número 46-02 de 27 de
 junio de 2002, resolución que lo es para ambas partes desde “ilo
 tempore”, de pleno derecho.

 II.
 Se orden, tal y como lo solicitó el interesado en su memorial de 18 de
 junio del 2002, página 19, punto tres, el cual obra en este expediente:

 “UN ESTUDIO VERAZ E INTEGRAL, CUIDADOSO Y COMPLETO,
 DEL MONTO DE MI JUBILACIÓN, CONTODOS LOS BENEFICIOS
 LABORALES QUE A LA MISMA LE SEAN ASIGNADOS POR LEY, A
 LA LUZ DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY
        ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL,                 PÁRRAFO PRIMERO, Y
        NORMATIVA CONEXA VIGENTE”.

        Lo dejo, de nuevo, solicitado.

        III-
        Que toda vez que no resulta de recibo la aplicación al caso del artículo
        173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a tenor de las razones
        expuestas en QUINTO supra (de órgano administrativo a OTRO órgano
        administrativo), se declare improcedente la remisión a esa oficina por la
        igualmente improcedente aplicación de esta norma en el caso.
        Ruego resolver de conformidad. NOTIFICACIONES: Reitero lugar
        señalado.”


                                           -0-

      Se acordó:     Denegar la gestión del licenciado Plá y mantener lo resuelto en la

sesión celebrada el 11 de febrero del año en curso, artículo XXXIV, por las razones ahí

expuestas.

                                   ARTÍCULO LXXII

      Informa el licenciado Amador que en sesión celebrada el 13 de junio de 2002,

artículo LXXIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión celebrada el 28 de mayo del año en curso, artículo
        XXXII, se conoció el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en
        sesión del 7 de mayo último, artículo V, referente al puesto ocupado por
        el Lic. Luis Jiménez Fallas, quien funge como coordinador de la réplica
        informática en el Circuito Judicial de Heredia, disponiéndose confirmar
        lo resuelto por el Consejo de Personal, donde se recomendaba -entre
        otras- “de igual forma como se procede en casos similares con aquellos
        servidores nombrados en propiedad que pasan a servir al proyecto de
        CORTE-BID, se sugiere el pago del porcentaje correspondiente por
        concepto de desarraigo, es decir, 20%”.
              Con base en lo resuelto en la sesión de referencia, los servidores
        Roxana Arrieta Meléndez, Roy Castro Campos, Patricia Vargas Badilla,
        Rosibel Brenes Alvarado, Dayana Novoa Muñoz, todos Asistentes
        Administrativo 3 y los Licdos. Ronald Calvo Coto y Mauricio Quirós
        Álvarez, Jefes de la Sección de Planillas y Salarios, respectivamente,
        todos del Departamento de Personal, en nota de 6 de junio del año en
        curso, solicitan:
       “De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder
       Judicial, en sesión 99-2000, artículo XVII, celebrada el 14 de diciembre
       del año 2000 y recientemente, en la sesión 37-2002, artículo XXXII,
       celebrada el 28 de mayo de 2002, donde se confiere un sobresueldo a
       los servidores que sean empleados ordinarios del Poder Judicial y que
       por motivo de conveniencia institucional, se les otorgue permiso con
       goce de salario para ser trasladados a trabajar en la realización de
       algún proyecto y desempeñen una labor de equipo contraparte, resulta
       conveniente solicitar al Honorable Consejo se conceda a quienes
       suscriben la presente misiva dicho rubro, tomando en consideración
       que el mismo se crea como una forma de compensar las nuevas
       funciones y la responsabilidad que demanda el trabajo en el proyecto;
       así como las desventajas relativas del desarraigo del puesto ordinario
       de trabajo.
       En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior y en cumplimiento de los
       principios generales de derecho laboral que sustenta nuestra gestión, el
       reconocimiento de este sobresueldo será de manera retroactiva al inicio
       de nuestras labores.”

                                         -0-

             Se acordó: Denegar la solicitud anterior, toda vez que la
       jurisprudencia que sobre el particular citan los mencionados servidores,
       no es de aplicación a su caso, en razón de que el porcentaje de
       “desarraigo”, que se aplicó -en el caso de referencia- se dio porque
       implicaba para el funcionario una mayor responsabilidad, el tener a
       cargo como coordinador el desarrollo de un proyecto y la complejidad
       en su ejecución, siendo mayores los retos que habitualmente
       efectuaba, situación que no se presenta en los casos que nos ocupa,
       pues lo que al efecto se realiza es la ejecución de un plan de pruebas
       del nuevo sistema de pagos del Poder Judicial, que en conjunto están
       realizando con la empresa SONDA, por lo que las cargas laborales y
       responsabilidades son totalmente diferentes.
                                      -0-

      Las servidoras Brenes Alvarado, Arrieta Meléndez y Novoa Muñoz, en memorial

de 31 de marzo, presentan las siguientes consideraciones:

       “En sesión de Consejo Superior N° 17-2002 del 12 de marzo, se
       aprobó conceder permiso con goce de sueldo a Rosibel Brenes y
       Dayan Novoa a partir de ese mismo día para dedicarse a la ejecución
       de la delicada labor que implica el desarrollo plan de pruebas del nuevo
       sistema de pagos del Poder Judicial. ASÍ MISMO EN SESIÓN DE
       Consejo Superior N° 15-2002 del 5 de marzo, se concedió permiso con
       goce de sueldo a Roxana Arrieta Meléndez para dedicarse a la
 ejecución de la delicada labor que implica la migración y depuración de
 los datos salariales del Poder Judicial hacia el nuevo sistema de pagos.
       En nota de 6 de junio del año recién pasado, solicitamos ante este
 Honorable Consejo el reconocimiento del sobresueldo que se confiere
 a servidores empleados ordinarios del Poder Judicial y que por motivo
 de conveniencia institucional, se les otorgue permiso con goce de
 salario para ser trasladados a trabajar en la realización de algún
 proyecto y desempeñen una labor de equipo contraparte, de
 conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder
 Judicial, en sesión 99-2000, artículo XVII, celebrada el 14 de diciembre
 del año 2000 y recientemente en la sesión 37-2002, artículo XXXII,
 celebrada el 28 de mayo de 2002.
       El Consejo Superior en sesión 42-02, celebrada el 13 de julio de
 2002, artículo LXXIV acordó: Denegar la solicitud anterior, toda vez
 que la jurisprudencia que sobre el particular citan los mencionados
 servidores, no es de aplicación a su caso...”
       No obstante solicitamos reconsiderar lo aprobado y reconocer
 dicho sobresueldo de manera retroactiva al inicio de nuestras labores,
 según las siguientes consideraciones:
- Con la aprobación del Plan de Transición del Proyecto para el
   Mejoramiento de la Gestión de Despachos Judiciales de la Unidad
   Ejecutora Corte Bid han surgido diversos reconocimientos de
   sobresueldos adicionales citados a continuación:
   1. Mediante sesión del Consejo Superior N° 74-01, del 18 de
        setiembre del 2001 se aprobó reasignar temporalmente a la
        licenciada Kattia Morales Navarro por su condición de Jefe
        responsable por el correcto funcionamiento del aspecto
        informático en el Segundo Circuito Judicial, aunado a ello se
        autorizó para los demás funcionarios del Proyecto, el
        reconocimiento de un plus salarial denominado “Por servicio en la
        Unidad Ejecutora (S.U.E.)” bajo los siguientes lineamientos:
- El sobresueldo (S.U.E.) nace para compensar las nuevas funciones y
   responsabilidad que demanda el trabajo en el proyecto.
- La aplicación de dicho sobresueldo se reconocerá en el tanto:
   a. Los servidores sean empleados ordinarios del Poder Judicial, que
       por motivo de conveniencia institucional hayan sido trasladados a
       trabajar en la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-BID y
       desempeñen una labor de “equipo de contraparte”.
   b. Los servidores dediquen el 100% de su tiempo a su labor de
       “equipo de contraparte.”
   2. En sesión del Consejo Superior N° 80-02 del 24 de octubre del
        2002, artículo VII, se acordó:
       “1-) Acoger la reconsideración planteada y modificar lo dispuesto
       en la sesión celebrada el ocho de octubre del dos mil dos, artículo
       XXXVII, en lo concerniente a los servidores Luis Alberto Campos
       Molina, José Pacheco Gamboa, Hermes Zamora Atencio y María
        Auxiliadora Madrigal León, Profesionales en Informática 2, a
        quienes se les aprueba el Plus Salarial denominado S.U.E., en
        razón de que los gestionantes están en condiciones similares a
        otros servidores a quienes sí se les otorgó el beneficio. 2-) En
        cuanto a los Auxiliares Judiciales Norman Vargas Barrantes y
        Elizandro Trejos Chaves, se le otorga el beneficio por cumplir con
        los requisitos establecidos al momento de crear el incentivo
        salarial...”
    3. En sesión del Consejo Superior N° 97-02, del 19 de diciembre del
         2002, artículo LXXXI, se acordó conceder el derecho al
         incremento salarial al señor Víctor Julio Conejo Sanabria, de
         manera retroactiva y mientras se encuentre en las mismas
         condiciones. Dado la gestión presentada por el interesado, de
         la cual se desprende lo siguiente:
- A partir de marzo del 2002 se le asignaron funciones y
    responsabilidades adicionales como administrador de la Base de
    Datos del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de los
    Departamentos Recursos Humanos, Financiero Contable y
    Proveeduría” cumpliendo adicionalmente como contraparte de este
    nuevo proyecto, contratando a la empresa SONDA S.A. por la Unidad
    Ejecutora del Proyecto Corte-BID.
- Dicho servido ocupaba un puesto en propiedad en la Institución, pero
    ha debido variar sustancialmente sus funciones, al ser trasladado a
    realizar otras muy diferentes y con altos niveles de exigencia.
Siendo funcionarias en propiedad desde hace más de cinco años debido
a la necesidad de iniciar con el proceso de Pruebas del Sistema de
Gestión del Factor Humano y al no contar con plazas temporales
creadas para tal fin, se nos concedió permiso con goce de salario desde
marzo del año recién pasado, para ejecutar nuevas funciones con
responsabilidades adicionales en el “Proyecto de Fortalecimiento de la
Gestión de los Recursos Humanos” conformando parte del equipo de
especialistas en el área funcional y cumpliendo adicionalmente como
contraparte en dicho proyecto, propiamente el Módulo de Recursos
Humanos.
A causa de ello debimos variar sustancialmente nuestras funciones,
realizando otras muy diferentes y con altos niveles de exigencia,
coordinando con la empresa SONDA, el departamento de Tecnología de
la Información y el resto de área del Departamento de Gestión del Factor
Humano, así como la depuración de datos y migraciones al nuevo
Sistema Informático.
Adicionalmente hemos brindado inducción del Sistema de Gestión de
Factor Humano al resto de los compañeros del Departamento, y en
diversas ocasiones incluso nuestras labores ordinarias. Lo anterior ha
implicado una carga excesiva de trabajo, aunado a ello, la imperiosa
necesidad de cumplir a tiempo dichas actividades, ha requerido laborar
jornada extraordinaria, tanto entre semana como sábados.
      Así las cosas, consideramos debemos ser participes de los mismos
      incentivos y beneficios que les fueran reconocidos y otorgados a otros
      funcionarios judiciales, en pleno respeto del principio de igualdad,
      reconocido en el artículo 33 de la Constitución Política”.

      Se acordó:    Denegar la solicitud de las servidoras Brenes, Arrieta y Novoa y

mantener lo resuelto en la sesión de referencia, por las razones ahí expuestas.

                                         -o0o-

      A las 11:25   horas terminó la sesión.

								
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