AGENDA 02-2010

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                                N° 02-2010

      Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas

treinta minutos del dieciocho de enero del dos mil diez, con la asistencia

inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, González,

Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo,

Pereira, Chinchilla, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz, Castillo y la Suplente

Jenny Quirós Camacho, ocupando la plaza vacante de la Sala Tercera.

                              ARTÍCULO I

      Se acordó externar a la Corte Suprema de Justicia de Haití, el

sentimiento de pesar y la solidaridad de esta Corte, en virtud de la tragedia

que vive ese país, con motivo del terremoto que ocurrió el pasado martes

12 de enero. Hacer de conocimiento del señor Presidente de esa Corte, que

la ayuda de los servidores judiciales de este Poder de la República, se

canalizará a través de la Cruz Rojas Costarricense.

                             ARTÍCULO II

      En la sesión N° 42-09 celebrada el 7 de diciembre de 2009, artículo

III, se tomó nota del informe del Presidente, Magistrado Mora, quien dio

cuenta que de conformidad con lo que establece el párrafo segundo del

artículo 13 de las "Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad

disciplinaria y el funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial", se

remitió a estudio del Magistrado Arroyo, la queja interpuesta por el



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Tribunal de la Inspección Judicial, contra la licenciada Enar Vargas Quirós

y el licenciado José Tulio Rojas Matamoros, por su orden, Jueza Penal y

Fiscal Coordinador de Cañas, cuyo número de expediente es el 09-000432-

031-IJ, por lo que el plazo mensual previsto en el artículo 211 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, para que esta Corte resuelva en definitiva el

procedimiento disciplinario vence el 19 de enero del año en curso.

      El Magistrado Arroyo, en nota de 6 de este mes, recibida por correo

electrónico hoy, 18 de enero, rinde el siguiente informe:

              “En repuesta al oficio número 59-2009 remitido a este
       Despacho por la Secretaría General de la Corte, donde se solicita
       estudiar e informar acerca del presente proceso disciplinario
       seguido por el Tribunal de la Inspección Judicial contra Enar
       Vargas Quirós y José Tulio Rojas Matamoros, Juez Penal y
       Fiscal de Cañas, Guanacaste, respectivamente, me permito
       formular las siguientes consideraciones:

                              ANTECEDENTES

            I. Por auto dictado a las 15:50 horas del 26 de mayo de
       2009, la Inspección Judicial inició la presente causa disciplinaria
       contra los funcionarios judiciales Enar Vargas Quirós y José
       Tulio Rojas Matamoros, por sus actuaciones dentro de la causa
       penal seguida contra Tsz Yin Chan por el delito de secuestro
       extorsivo y robo agravado en perjuicio de Pokin Gun Gen.

            II. Mediante resolución de esa misma dependencia, de las
       10:10 horas de 3 de junio de 2009, se confirió el traslado de
       cargos a los interesados. Se atribuyó a Vargas Quirós error
       grave e injustificado en la Administración de Justicia por haber
       acogido una solicitud del imputado Tez Ying Chan de
       autorización de salida del país con destino a China por el lapso
       de un mes a efecto de visitar a su madre, toda vez que el acusado
       venía soportando como medida cautelar impedimento de salida
       del país, entre otras. Argumentó que su progenitora padecía de
       cáncer terminal y le restaban pocos meses de vida. La juzgadora
       Vargas Quirós accedió a lo peticionado, pese a la negativa del
       Ministerio Público. Por resolución del Juzgado Penal de Pavas,


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de las 10:00 horas de 17 de enero de 2007, dejó sin efecto la
obligación del encartado Yin Chan de presentarse ante la
autoridad judicial cada quince días, así como la prohibición de
salir del país, manteniéndose como única medida cautelar
vigente el depósito de una fianza que había sido rendida, sin
tomar en cuenta el peligro de fuga por la condición de extranjero
del encartado, de nacionalidad china. Asimismo, se atribuyó
incumplimiento de deberes al funcionario Rojas Matamoros
porque, en la condición de fiscal a cargo del caso, no impugnó la
resolución dicha, de ahí que adquirió firmeza sin ser revisada por
el superior.

      III. En memorial de fecha 30 de junio de 2009, José Tulio
Rojas Matamoros contestó el emplazamiento otorgado y
manifestó, en síntesis, que nunca recibió en su escritorio el
contenido de la resolución cuestionada y que, según consta en el
legajo de medida cautelar, la notificación fue recibida por otra
persona. Añade que, de haber recibido dicha comunicación, la
hubiera apelado pues rotundamente se opuso a la concesión que
se pedía. Indica que su posición respecto al imputado era lo más
restrictiva posible y en una ocasión anterior se había opuesto
también a que se le permitiera salir de la localidad de Cañas sin
reportarse ante la policía administrativa. Aduce que su actuación
fue diligente y preocupada y, ante la rebeldía del endilgado,
manifestó la posibilidad de que se coordinara con la Interpol su
captura, lo que demuestra que se manifestó cada vez que recibía
una notificación. Argumenta que, antes del 20 de mayo de 2009,
no existía un control de entrega de notificaciones y documentos a
cada fiscal en la Fiscalía de Cañas; para el momento en que estos
hechos ocurren, en esta fiscalía se destacaban sólo tres fiscales lo
que implicaba un exceso de trabajo que les imposibilitaba el
control detallado de cada proceso; y que, nadie puede asegurar
que de haber apelado el resultado se hubiese evitado. Por
último, solicita se tome en cuenta que ha sido un funcionario
judicial durante veintitrés años y nunca se la ha impuesto sanción
alguna. Ofreció como prueba los testimonios de Rafael Picado
Chaves y Gerardo Ulloa Corrales, Ruth María Quesada Quesada
y Abraham Jirón Calvo, para acreditar la inexistencia del control
de notificaciones aludido, así como copias de los libros de la
Fiscalía de Cañas referidos a la entrega de señalamientos,
notificaciones y documentos varios. Igualmente, ofreció copias
fotostáticas del legajo de medida cautelar de la sumaria penal
número 08-000015-580-TP seguida contre Tsz Ying Chan
conocido como “Cheyen” por el delito de secuestro extorsivo y
robo agravado en perjuicio de Polin Gun Gen, todo lo cual fue
admitido (folios 10 al 22 y 33 al 34 y legajo de copias adjunto al


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principal). Los licenciados Javier Campos Villegas y Juan
Gerardo Quesada Mora, defensores del encausado Rojas
Matamoros, insistieron sobre los mismos argumentos al
momento de contestar la audiencia final (folios 10 al 22 y 110 a
116).

      IV. Mediante escrito de fecha 3 de agosto de 2009, Enar
Vargas Quirós contestó la audiencia conferida e indicó que, en
primer término, le parece sorpresivo el traslado de cargos hecho
por el dictado de una resolución judicial, en el tanto el control de
legalidad de las resoluciones judiciales se hace a través de los
recursos previstos en la normativa. Manifiesta que consideró
innecesario el mantener las medidas impuestas al existir
condiciones claras que indicaban que el imputado no tenía
intención de evadir el proceso, por lo que estimó que la caución
real impuesta, de diez millones de colones, resultaba suficiente
para garantizar los fines del proceso. Añade que, aunque no se
expresó en la resolución mencionada, era de su conocimiento y
del Ministerio Público, que el acusado desde hacía bastantes
años tenía su familia y un negocio en la ciudad de Cañas, que
sigue a cargo de la esposa de este, según tiene entendido. De
acuerdo con su criterio, era su obligación tomar en cuenta esas
circunstancias en atención al principio de objetividad al que está
obligada. Además, se trató de una posición que fue compartida
por el Ministerio Público que no apeló lo dispuesto y no existe
una norma legal que obligue a la autoridad jurisdiccional a
mantener impedimento de salida del país a las personas que
figuren como imputadas en procesos penales, sino que debe
realizarse una valoración en cada caso concreto. Por último,
indica: “[…] Sería absurdo pretender que cada vez que un
imputado, a quien se le han impuesto medidas cautelares
alternas logre evadir el proceso, haya que responsabilizar por
ello al juez, que impuso medidas cautelares alternas y no la
prisión preventiva. El Juez tendría que ser un adivino para
conocer a ciencia cierta quienes tratarán de evadir el proceso y
aplicarles la eventual fuga del un imputado, aplicar la prisión
prevenida indiscriminadamente en todos los casos en que haya
probabilidad de que el imputado cometió un delito, para
asegurarse plenamente que no intentarán evadir la acción de la
justicia, aunque tenga fundadas razones para estimar que la
imposición de medidas cautelares alternas a la prisión, podrían
ser suficientes para garantizar los fines del proceso […] (cfr.
folio 51).” La encausada reiteró esa posición al momento de
contestar la audiencia final y acudió a la enunciación de los
alcances de la resolución cuestionada para defender sus
intereses. Argumenta que debe tomarse en cuenta que, de


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acuerdo con la noticia publicada, en esta misma causa penal, los
otros dos acusados, Félix Antonio Alemán González y José
Manuel Orochena Barba fueron detenidos cuando intentaban
salir ilegalmente del país, en la frontera con Nicaragua, lo que
demuestra que el riesgo de que un imputado se dé a la fuga se
mantiene en todos los procesos en que los acusados se
encuentren en libertad, aun y cuando el riesgo se minimice con la
imposición de fianzas por sumas considerables. Finalmente,
solicita la investigada el señalamiento de audiencia oral frente a
esta Corte para referirse directamente a sus alegatos (cfr. folios
49 al 51 y 124 a 128).

      V. Durante la instrucción de la causa, se recibieron los
testimonios admitidos como prueba de descargo del encausado
Rojas Matamoros, a excepción de Abraham Jirón Calvo, del que
la parte prescindió, todo lo cual consta en con el respaldo digital
elaborado al efecto. Los deponentes se manifestaron sobre la
hipótesis defensiva, según la cual, no existían controles ni
registros para la recepción de documentos por parte de los
fiscales para el momento en que los hechos ocurrieron y había
exceso de trabajo asignado. Gerardo Esteban Ulloa Corrales,
quien era el encargado de servicios generales y recibía las
notificaciones. Profundizó en cuanto a que su escritorio estaba
en una posición cerca del mostrador y del facsímil del despacho
que facilitaba que un documento fuera traspapelado; así como, la
dedicación del encausado en su función y el exceso de trabajo en
el despacho en el que laboran. Igualmente, indicó no recordar
haber entregado la notificación de la resolución que se investiga
al encausado Rojas Matamoros. Igualmente, el testigo Rafael
Picado Chaves, ex fiscal y fiscal, respectivamente, destacados en
el mismo despacho para la fecha de los hechos, coincidieron en
la mayoría de los aspectos con el deponente Ulloa Corrales.

       VI. De conformidad con el oficio número 0339 AP CC
2009 SIC 5589-09, emitido por el Departamento de Personal del
Poder Judicial, se tiene que la funcionaria Enar Vargas Quirós
presenta en su prontuario advertencia de fecha 4 de julio de 2006
y que José Tulio Rojas Matamoros no presenta sanciones
disciplinarias.

             CONSIDERACIONES DE FONDO

      Antes de iniciar con el análisis de fondo de este asunto,
como un aspecto meramente formal, conviene establecer que la
solicitud de audiencia oral ante esta Corte que hace la encausada
Vargas Quirós, no resulta procedente por no encontrarse prevista


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en la normativa que rige la materia, a saber, artículos 197 a 212
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley número 7333 de 5 de
mayo de 1993, publicada en el Alcance número 24, de La Gaceta
número 124 de 1 de julio de 1993.

        Ahora bien, tratándose de la responsabilidad disciplinaria
de Vargas Quirós, una primera precisión que debe realizarse es
que, de acuerdo con el mérito de autos, esta se ha acreditado
fehacientemente, aunque su actuación no puede considerarse una
falta grave, sino, más bien, una infracción de carácter leve. De
acuerdo con el mérito de autos, se demuestra que, en el
procedimiento penal en el que intervino como jueza de garantías,
optó por la modificación de una medida cautelar sin tomar en
cuenta aspectos de evidente relevancia del caso particular, lo que
dio al traste con los fines del proceso. Según consta en el legajo
de medida cautelar del imputado Tsz Ying Chan, conocido como
“Cheyen”, dentro de la sumaria número 08-000015-580-TP,
seguida por el delito de secuestro extorsivo, robo agravado y
asociación ilícita, en perjuicio de Pokin Gun Gen, la funcionaria
Vargas Quirós dictó la resolución de las 10:00 horas del 7 de
enero de 2007, en atención a una petición del sindicado Ying
Chan para viajar a su país natal, China. En esa oportunidad,
estableció en lo que interesa: “[…] Luego de un estudio
cuidadoso de autos, se estima por parte de la suscrita juzgadora,
que la solicitud formulada por el encartado resulta atendible. Si
bien este caso, al dictarse inicialmente la medida cautelar de
prisión preventiva, la probable participación de Tsz Ying Chan,
en los hechos aquí investigados se tuvo por establecida, con
base en la comunicación telefónica detectada entre éste y
algunos de los otros supuestos autores del secuestro, antes,
durante y después de que se dio en (sic) hecho en perjuicio del
señor Pokin Gun Gen. Con el avance de las investigaciones
realizadas por la policía judicial y Ministerio Público, no se
detecta que se hayan allegado al proceso, nuevos elementos de
prueba que vengan a reforzar la tesis de que el endilgado Tsz
Ying Chan, en efecto tuvo participación como autor intelectual
del secuestro. Este en su indagatoria ha rechazado los cargos,
bajo el argumento de que se comunicó con otros de los sujetos
que aquí se mencionan como participantes en el hecho, porque
eran personas conocidas y su intención en todo momento fue
ayudar al señor Pokin y su familia. Ante tales circunstancias, se
estima que si bien la probabilidad de que el imputado Tsz Ying
Chan, haya participado de alguna forma en la comisión del
delito se mantiene, también es probable que sea interés del
propio encartado, el tratar de demostrar su inocencia en un
debate y no darse a la fuga perdiendo la considerable cantidad


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de dinero que fue depositada como fianza, en sustitución de la
prisión preventiva. Se toma en cuenta además, que en la
audiencia oral realizada en el Tribunal de Juicio […] para
resolver sobre el recurso de apelación interpuesto, el
representante del Ministerio Público, estuvo anuente a la
sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares
alternas, entre ellas, el que se fijara al imputado una caución no
menor a los cinco millones de colones. Siendo que Tribunal
(sic) concedió la variación de la prisión preventiva imponiendo
como medidas cautelares alternas al encartado Tsz Ying Chan
cc Cheyen, la prohibición de salir de la ciudad de Cañas,
presentarse ante la autoridad judicial y rendir fianza por diez
millones de colones […] Tomando en consideración que el
imputado ha cumplido fielmente con la obligación de
presentarse cada quince días ante la autoridad judicial, ha
solicitado el permiso correspondiente para salir de la Cañas
(sic) cuando necesitó hacerlo y en lugar de intentar salir de
nuestras      fronteras    evadiendo       controles  migratorios,
formalmente ha solicitado autorización para ausentarse de
Costa Rica por un mes, para visitar a su madre enferma, lo que
constituye manifestaciones claras de que no es su intención
evadir el proceso, se estima que a la fecha la caución real
impuesta al imputado Tsz Ying Chan de diez millones de
colones, resulta suficiente para garantizar los fines del proceso.
En consecuencia, se dejan sin efecto la obligación de Tsz Ying
Chan de presentarse ante la autoridad judicial, cada quince días
así como la prohibición de salir del país. Manteniéndose como
única medida cautelar vigente el depósito de la fianza rendida
[…]” (folios 164 y 165 de legajo adjunto). Nótese que el
pronunciamiento de la jueza pone de manifiesto varias
situaciones. Al inicio, pareciera suponer que la probabilidad de
participación del acusado en los hechos investigados ha devenido
en endeble y, acto seguido, indica que la misma se mantiene.
Sin embargo, a partir de tal premisa concluye que es probable
que el interés del imputado sea comparecer a estrados judiciales
a probar su inocencia. Al respecto, tomando en cuenta la
naturaleza de los ilícitos a los que se había vinculado al
encartado Ying Chan, a partir del contacto telefónico asiduo con
el resto de los captores del ofendido Gun Gen, esa posibilidad de
demostración de inocencia podría no ser una tarea sencilla como
para presuponer tal intención de primera entrada, por lo que se
trata de una afirmación que carece de fundamento, más allá de
una errónea interpretación. Por otro lado, es aun más importante
señalar que la juzgadora omitió por completo referirse a la
oposición fiscal. Si bien hizo mención de la misma, se abstuvo
de profundizar en su contenido. Aunque de forma lacónica, el


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representante fiscal había hecho ver que la condición de
extranjero del encartado supondría su evasión –folio 163. Dicho
argumento debió ser analizado cuidadosamente. De acuerdo con
las reglas de la experiencia, tomando en cuenta que el acusado
enfrentaba una causa penal en la que se investigan delitos
previstos con penas altas de prisión, en la que incluso había
estado privado de su libertad, resultaba previsible que, si se
autorizaba su salida del país, éste no regresaría. Más aun en este
caso, en que Ying Chan requería la autorización para viajar a su
ciudad natal. Esa condición de originario del país al que viajó
supone de forma intrínseca su arraigo a éste, por más que
poseyese un restaurante y familia en Costa Rica, o, que hubiese
mantenido una actitud cumplidora de las obligaciones impuestas
durante la tramitación de la sumaria. Es lo cierto que, el
levantamiento de las condiciones impuestas, flexibilizaban
excesivamente la posibilidad de que el encausado atendiera sus
obligaciones con la justicia. Asimismo, la determinación de que
la fianza que había sido impuesta era suficiente es una
afirmación que se hizo sin mayor fundamento. Constituye una
verdad de Perogrullo que el monto de cualquier cantidad
impuesta será siempre relativo a la condición económica que
tenga el obligado, aspecto que fue soslayado de forma completa
por la operadora jurídica y ese proceder tornó en arbitraria la
decisión adoptada al respecto. Ciertamente, como lo alega la
encausada Vargas Quirós, el control de legalidad de las
resoluciones judiciales descansa en el sistema impugnaticio
previsto en la normativa procesal. Sin embargo, la
responsabilidad del servidor en el ejercicio de sus funciones
constituye una arista diametralmente distinta. Desde esa
perspectiva, el dictado de toda resolución judicial supone esa
doble vertiente, en el tanto, los remedios procesales inciden
únicamente sobre las resultas del proceso y el control
disciplinario que realiza la Administración Pública, a través de
sus entes y sobre sus empleados, tiene que ver con la calidad del
servicio público y la responsabilidad de quien lo brinda. Lo
anterior, no mantiene relación alguna con el principio de
independencia del juzgador, sobre el que nuestro más alto
Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse
en pluralidad de ocasiones y ha establecido, en antecedentes que
por su importancia se transcriben que: “[…] Mediante la
sentencia #1265-95 de las 15:36 horas del 7 de marzo 1995 se
había referido la Sala a la influencia que la labor del Tribunal
de la Inspección Judicial puede tener sobre la independencia del
funcionario que administra justicia: "Por ello, el fin de la
responsabilidad disciplinaria es asegurar la observancia de las
normas de subordinación y, en general, del exacto cumplimiento


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de todos los deberes de la función que se le tiene encomendada.
Así, el derecho disciplinario presupone una relación de
subordinación entre el órgano sometido a la disciplina y el
órgano que la establece o aplica, más para castigar, para
corregir, e incluso educar al infractor de la norma, de ahí el
carácter correctivo de las sanciones disciplinarias. (...) Tal
deber, de ejercer la función jurisdiccional, deriva de la relación
de empleo público que vincula al juez con el Estado, hallándose
regido, como tal, por los principios generales del derecho
administrativo, y del derecho que tienen las partes o
peticionarios en el sentido de que sus reclamos sean resueltos o
proveídos, con prescindencia del contenido de la respectiva
decisión. El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento en
forma irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de
sanciones disciplinarias, pudiendo justificar, inclusive, la
destitución o remoción del juez, y por otra, puede generar las
responsabilidades de orden civil y penal. (…) En razón de lo
anterior es que se confirieron amplias facultades de
investigación y control sobre todos los servidores judiciales al
Tribunal de la Inspección Judicial, para lo cual podrá vigilar, el
buen cumplimiento de los deberes, tramitará las quejas que se
presenten contra ellos, instruirá las informaciones al tener
conocimiento de alguna irregularidad, y resolverá lo que
proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las
atribuciones que tengan en la materia otros órganos y
funcionarios del Poder Judicial, según lo dispuesto en el
artículo 120 de la Ley derogada, funciones que reconoce el
artículo 184 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. (…)
Debe anotarse que la actividad fiscalizadora del Tribunal no
puede interferir sobre la función jurisdiccional, porque estas
sanciones -las disciplinarias- no tienen el efecto de anular o
alterar las resoluciones jurisdiccionales, o de influir
directamente sobre el asunto en cuestión, y los fallos del
Tribunal de la Inspección Judicial nunca producirán cosa
juzgada respecto del caso subjudice, pues son dos cosas
totalmente apartes: el contenido jurídico de la sentencia, y la
actuación del juez como funcionario público. El Tribunal de la
Inspección Judicial, en relación con el régimen disciplinario, lo
que debe valorar del juez es, por una parte, todo lo que produce
el servicio público eficiente, por lo cual debe examinar e
investigar la función normal de las oficinas, la actividad
desempeñada, la tramitación de expedientes, los procedimientos,
la contratación de personal, etc.; y por otra parte, debe valorar
la eficiencia del juez como funcionario público, de manera que
el contenido de sus sentencias lo que demuestra es su capacidad
profesional e idoneidad en el puesto que desempeña, es decir, si


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conoce y aplica correctamente el derecho, por cuanto los
Tribunales Superiores ven limitada esa fiscalización a su propia
competencia, y no pueden imponer sanciones de esta categoría,
únicamente las derivadas de la actividad arbitraria del
expediente.” (v. en el mismo sentido la decisión #1999-08200 de
las 10:30 horas del 28 de octubre de 1999) De manera que lo
que se ha afirmado arriba de los eventuales peligros del régimen
disciplinario sobre la independencia judicial no debe
malinterpretarse en el sentido de excluir de ese tipo de control a
los funcionarios que ejercen actividad jurisdiccional. El régimen
por si mismo es necesario, incluso en aras de proteger a las
partes de eventuales arbitrariedades y abusos del juzgador. Lo
que se quiere poner de manifiesto es la delicadeza con la que
obligatoriamente se tiene que desarrollar la potestad en
cuestión. Adicionalmente importa precisar que tanto la
jurisprudencia como las normas y disposiciones orientadoras
que se han citado aluden a aspectos del régimen disciplinario
como las características del órgano competente o la tipificación
de las faltas, que son, con probabilidad, las causas más comunes
que acarrean perjuicio a la independencia judicial. El presente
caso, sin embargo, se orienta en una dirección diversa aunque
de modo alguno incompatible con las garantías hasta aquí
analizadas. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
resolución 2009-4849, de las 13:17 horas de 20 de marzo de
2009). De ahí que la actuación de Vargas Quirós constituyó una
infracción leve evidenciada por la falta de fundamentación en el
levantamiento de restricciones a la libertad de un acusado de
nacionalidad extranjera que enfrentaba cargos graves y que era
previsible la posibilidad de que procurara evadir la acción de la
justicia. Independientemente de que se determinase cierto
arraigo en el país, lo cierto es que esas vinculaciones familiares y
de negocios son insuficientes y que, en todo caso, no fueron
analizadas en la resolución cuestionada. Tomando en cuenta su
récord laboral, caracterizado por su mística y espíritu de servicio,
durante más de veinte años en la institución, se considera que lo
proporcional y adecuado es imponerle una amonestación por
escrito.
        En lo que atañe a la situación del fiscal encargado de la
causa, José Tulio Rojas Matamoros, igualmente, la prueba
evacuada permite concluir que es responsable de la falta
administrativa que se le atribuye. En ese sentido, aun admitiendo
la tesis de descargo que expone, en cuanto a que no recibió
personalmente la notificación que interesa debido a la falta de
control interno y el exceso de trabajo que se le asignó –sobre lo
que dan cuenta la totalidad de los testigos recibidos-, no puede
soslayarse que las eventuales deficiencias del sistema a las que


                                                                       10
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       alude no justifican de ninguna manera su proceder ni lo relevan
       de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad en
       las causas asignadas, a través de la interposición de los recursos
       correspondientes. No puede dejar de considerarse que se trata de
       una causa penal de envergadura suficiente que implica, por sí
       misma, la atención prioritaria del ente fiscal, que, dentro de la
       dinámica funcional de una fiscalía, puede ser ejercida de diversas
       formas, incluso a través de la delegación de algunas funciones al
       personal subalterno, verbigracia, obtención de fotocopias,
       consultas telefónicas, etcétera. Asimismo, tampoco puede
       soslayarse que Rojas Matamoros se encontraba enterado de que
       existía una situación importante por definir en la causa penal de
       repetida cita, pues él mismo contestó la audiencia conferida y se
       opuso a la gestión planteada. La resolución cuestionada fue
       dictada tan sólo dos días después de esa intervención (folio 164
       del legajo de copias adjunto). En cuanto a que el resultado
       probable de la impugnación no necesariamente hubiese
       garantizado un resultado diverso, debe indicarse que lo que se le
       atribuye al funcionario es la propia omisión en el ejercicio de sus
       funciones y su incidencia concreta en lo ocurrido, sin que pueda
       partirse de un resultado eventualmente diverso. Así las cosas,
       considerando el récord laboral del encausado, lo que corresponde
       es imponerle una amonestación por escrito, sanción que es
       proporcional a la acción desplegada.

                             SE RECOMIENDA:

       De conformidad con los artículos 194, 195 y 199 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, se recomienda imponer a la
       encausada Enar Vargas Quirós amonestación escrita, por haber
       incurrido en falta leve. Asimismo, al fiscal José Tulio Rojas
       Matamoros, una amonestación por escrito, por haberse
       demostrado falta de vigilancia en los deberes de su cargo.”

                                  -0-

      Interviene el Magistrado González: “Sin que las señoras Magistradas

y los señores Magistrados de esta Corte me lo tomen como a querer reabrir

otra vez el tema de lo que establece el artículo 199 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, es que volvemos al eterno problema que a mí me sigue

generando ciertas dudas y es que esa norma señala una sanción como


                                                                             11
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efecto ante un presupuesto que es falta grave y si no hay falta grave, pues

no hay sanción y nosotros lo que hemos venido haciendo a través de los

años es estableciendo que no hay falta grave y modulando en consecuencia

una sanción menor. Yo no estoy tan claro si esto es una interpretación

adecuada de la norma, porque la norma nos dice: “en caso de que haya

falta grave operará tal consecuencia”, ergo, si no existe falta grave

nosotros no tenemos poderes o potestades sancionatorias. Esta no es la

primera vez que salta en el seno de esta Corte y ha sido ya planteado por

algunas compañeras y compañeros Magistrados, por eso era que señalaba el

riesgo y con todo gusto lo lanzo otra vez, pero simplemente quería lanzarlo

como una inquietud.”

         Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “El artículo 199 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, hace referencia a errores graves, pero no

falta grave. Lo que entiendo que estima el Magistrado Arroyo es que hay

un error grave y que lo que amerita es una sanción como si fuera una falta

leve.”

         La Magistrada Varela le expresa al Magistrado Arroyo: “En el caso

de la señora jueza, me da la impresión que la situación fáctica encuadra en

lo que hemos valorado y clasificado como un tema de independencia del

juez o jueza ¿o no?”

         Responde el Magistrado Arroyo: “Lo que estoy reconociendo para

no entrar en esas consideraciones es que, efectivamente hay un error de


                                                                        12
                                                                         13


apreciación importante, que en mí criterio se merece una sanción

correspondiente a una falta leve. Yo tomé en cuenta lo que ahora el

Magistrado González plantea y efectivamente nosotros al recalificar lo que

viene del Tribunal de la Inspección Judicial, porque acuérdese que lo que

maneja la Inspección Judicial es una hipótesis, aquí podríamos estar ante

un evento de falta grave, pase a la Corte para que según la norma 199 se

estipule, pero si nosotros aquí al ver el caso consideramos que no es una

falta grave, pues lo que hemos hecho tradicionalmente es recalificarlo y

definirlo aquí mismo. Entendí en alguna discusión pasada que el que puede

lo más puede lo menos y que el asunto se trata en vía disciplinaria de

poderlo cerrar adecuadamente en los tiempos también bastante perentorios

que tenemos para conocer y definir este asunto. De manera que por esa

razón fue que yo me permití recalificar a falta leve y sugerir a ustedes una

sanción correspondiente a las faltas leves.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Voy a tomar el voto.”

      Señala la Magistrada Pereira: “Antes de que emitamos el voto. Es

que no me había quedado muy claro la situación de cómo se habían dado

los hechos. En realidad si a la jueza le solicitan la modificación de la

medida cautelar y ella recibe una respuesta del Ministerio Público

indicando que se opone y pese a ello resuelve variar la medida cautelar, si

dio los razonamientos por los cuales los modificó, es algo que nosotros

tenemos que analizar. Lo que a mí no me parece es que le impongamos una


                                                                         13
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llamada de atención simplemente al Fiscal, porque habiendo notificado la

resolución, venga y nos diga que él no tuvo conocimiento de la misma. Si

ha de ser una sanción de una llamada de atención por escrito, me parece

que debería de ser la misma a ambos funcionarios. No me parece hacer esa

distinción entre uno y otro.”

      Refiere el Magistrado Vargas: “Es una duda y consiste en si nosotros

como Corte tenemos competencia para sancionar a los fiscales, eso no es

una competencia interna del Ministerio Público.”

      Responde el Magistrado Arroyo: “Cuando viene a esta sede en razón

de lo que establece el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí

entramos a conocer, por lo menos aquí lo hemos hecho y se entiende que se

traslada la competencia por los mismos hechos, tanto de fiscales como de

jueces.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa al Magistrado Vargas:

“Don Adrián, en una oportunidad habíamos discutido el tema, creo que en

relación con un asunto ocurrido en la Zona Sur, en que el Fiscal también,

nos pareció, había habido en un error grave en su actuar y en realidad el

artículo 199 de la normativa citada, no dice que sólo sea a jueces, sino: “…

en casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración

de justicia…”, de donde se concluyó que también cabía responsabilidad a

los fiscales en las mismas circunstancias que a los jueces.”

      Interviene el Magistrado Jinesta: “Yo no recuerdo señor Presidente el


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                                                                         15


precedente, pero desde el momento en que se dice administración de

justicia está hablando de Jueces y Juezas. Me parece que los órganos

auxiliares no podrían ser ubicados en la norma. Yo entendería que el

estatuto de independencia del Ministerio Público, es otra razón de más para

que esto decline la competencia la Corte y se lo remita al señor Fiscal

General de la República, con relación al Fiscal involucrado.”

      Manifiesta la Magistrada León: “Sólo para recordar que sí lo hemos

visto, porque en el caso del anterior Fiscal General de la República don

Carlos Arias Núñez, recuerdo que hubo un caso que lo involucraba a él a

también a otros fiscales, a dos fiscales más y lo conoció esta Corte un poco

diciendo que no se podía dividir la continencia de la causa y que había

como una especie de atracción del que tenía la mayor competencia,

entonces al que señalaba el señor Presidente, yo agregaría este otro que sí

lo conocimos en esa oportunidad.”

      Agrega el Magistrado Arroyo: “En razón de estar discutiendo esto

con absoluta amplitud y buena fe. Ciertamente en el antecedente que

menciona la Magistrada León, ahí estaba involucrado el Fiscal General,

como parte de los acusados, la diferencia sería que aquí es un fiscal raso

que viene solo.”

      Añade la Magistrada León: “Para agregar a lo que señala el

Magistrado Arroyo, la Corte sí tiene competencia sobre el Fiscal General

de la República, no la tenía sobre los otros fiscales, pero atrajo un poco,


                                                                         15
                                                                            16


porque los hechos eran los mismos.”

      Señala el Magistrado Solís: “Si la memoria no nos hace

equivocarnos, el tema que llegó a conocimiento de esta Corte Plena fue allá

por el año 2003, que involucraba al anterior Fiscal General y a dos fiscales

específicos de drogas de Puntarenas propiamente. No llegó por lo que

establece el artículo 199, llegó por una denuncia expresa que llegó a Corte

Plena, denunciando al Fiscal General de ese entonces y a raíz de eso se hizo

la investigación y en fin, pero no por lo que establece el artículo 199.”

      Prosigue el Magistrado Jinesta: “Yo diría que independientemente de

si efectivamente existen casos precedentes, donde la Corte ha asumido esta

competencia, nada impediría que bajo una mejor ponderación nos lo

replanteáramos a la luz del texto normativo y si es del caso se decline la

competencia, porque me parece que no administran justicia, sería el caso

típico de la Defensa Pública, del Ministerio Público, del Organismo de

Investigación Judicial. Me parece que la administración de justicia es el

servicio público de la administración de justicia que está muy claro, que se

refiere a conocer y resolver las causas y no a los órganos auxiliares.”

      Agrega el Magistrado Vargas: “Me parece que ese precedente que se

cita, como bien se ha dicho aquí es distinto, porque si la Corte va a

sancionar al Fiscal General con relación a él, sí hay competencia para

hacerlo, atrae la sanción a los subalternos del Fiscal General, pero en este

caso -como se decía- son subalternos del Fiscal General, él tiene la potestad


                                                                            16
                                                                            17


punitiva o sancionatoria en relación con los subalternos, de manera que, si

yo en alguna ocasión voté en el sentido que el señor Presidente apuntaba,

entonces me replantearía el tema y lo dividiría aquí. Sencillamente pondría

en conocimiento del Fiscal General para los efectos correspondientes la

supuesta falta o el resultado de la investigación que se hizo en relación con

el Fiscal, para los efectos que estime pertinentes y sí entraría a conocer aquí

la sanción de la jueza que sí le corresponde a la Corte.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “En las reglas prácticas se

usa el término genérico de funcionario que cubriría a todos, pero como

tenemos que resolver por aparte cada una de las circunstancias, resolvamos

primero el tema de la licenciada Vargas Quirós y de seguido resolveremos

el tema del señor Fiscal, de por sí la votación hay que dividirla como lo

hemos hecho siempre en situaciones similares. Primero preguntándonos si

imponemos o no el régimen disciplinario y en caso de que se vaya a

imponer el régimen disciplinario, entonces fijaríamos la sanción. Vamos a

resolver primero el caso de doña Enar, señalo que en las reglas prácticas no

se refiere ni a juez, ni a fiscales, sino que usa el término genérico de

funcionario.”

      Se procede primeramente a resolver si se impone una sanción a la

licenciada Enar Vargas Quirós, y por catorce votos, se dispuso: Aprobar la

recomendación del Magistrado Arroyo, y en consecuencia tener por

acreditados los hechos atribuidos a la licenciada Vargas e imponerle una


                                                                            17
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corrección disciplinaria. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís,

Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Arroyo, Pereira, Chinchilla,

Vargas, Armijo y Jinesta.

      Los Magistrados León, González, Ramírez, Cruz, Castillo y la

Suplente Quirós Camacho, votaron por no sancionar a la licenciada Vargas

Quirós.

      Seguidamente se somete a votación la sanción a imponer a doña

Enar, y por doce votos se acordó sancionarla con la corrección

disciplinaria de amonestación escrita. En ese sentido votaron los

Magistrados Mora,     Escoto, Varela, Vega, Arroyo, Pereira, Chinchilla,

Vargas, Armijo, Cruz, Castillo y la Suplente Quirós Camacho.

      Los Magistrados Rivas, León, González y Ramírez, votaron por

imponerle una advertencia.

      Los Magistrados Solís, Aguirre, Villanueva y Jinesta, emitieron su

voto por sancionarla con una suspensión sin goce de salario.

                               -0-

      Acto seguido se procede a recibir la votación para determinar si la

Corte tiene o no competencia para resolver en cuanto al fiscal José Tulio

Rojas Matamoros.

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Lo que me preocupa es

que el conocimiento del retardo y los errores graves taxativamente dice la

norma 199 son de Corte Plena. Si lo estamos calificando como un error


                                                                       18
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grave en la administración de justicia, mal haríamos en enviarlo al señor

Fiscal General de la República. Sería un elemento a tomar en cuenta.”

      ENTRA LA MAGISTRADA CAMACHO.

      Interviene el Magistrado Chinchilla: “Podríamos revisar la Ley

Orgánica del Ministerio Público, para determinar cuáles son las sanciones

que ellos tienen, para ver si recoge el régimen correspondiente a retardos o

errores graves en el desempeño de la función.”

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “El artículo 25, inciso f)

de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece entre los deberes y

atribuciones del Fiscal General, ejercer la administración y disciplina del

Ministerio Público, pero no está establecido expresamente el régimen

disciplinario, quedaría al mismo régimen disciplinario del resto de los

servidores judiciales.”

      Agrega el Magistrado Chinchilla: “Desde esa óptica tendríamos que

interpretar que cuando se trata de un error grave pasaría a conocimiento de

esta Corte.”

      Prosigue el Presidente, Magistrado Mora: “Podría ser una

interpretación porque la norma 199 solamente tiene esa competencia para

la Corte.”

      Añade el Magistrado Chinchilla: “De lo contrario quedaría fuera de

regulación cuando en realidad está remitiendo tácitamente a las normas

establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.”


                                                                         19
                                                                             20


      Continúa el Presidente, Magistrado Mora: “En las Reglas Prácticas

se utiliza el término genérico de funcionario y no se hace la diferencia.”

      Indica el Magistrado Vargas: “Sigo teniendo la duda. Me parece que

cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que corresponde al

Fiscal General ejercer la disciplina. Para mí -con todo respeto- tengo muy

claro que al Fiscal General le corresponde sancionar. Eso es lo que yo

entiendo por ejercer la disciplina y no tengo la menor duda que en relación

con los fiscales. Creo que cuando las Reglas Prácticas hablan de

funcionarias y funcionarios me parece que está refiriéndose a éstos, pero

cuando la competencia la tiene la Corte, posiblemente para no hablar de

jueces y juezas, creo yo.”

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a tomar el voto para

determinar si la Corte es competente o no para conocer del caso en relación

con el señor fiscal.”

      Recibida la votación correspondiente, por mayoría de once votos, se

acordó: Declarar que esta Corte tiene competencia para resolver en cuanto

a la situación del señor fiscal. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas,

Solís, León, González, Aguirre, Villanueva, Camacho, Chinchilla, Armijo

y Jinesta.

      Los Magistrados Escoto, Varela, Vega, Ramírez, Arroyo, Pereira,

Vargas, Cruz, Castillo y la Suplente Quirós Camacho, emitieron su voto

por declarar que esta Corte no tiene competencia para conocer del caso del


                                                                             20
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señor fiscal.

                                    -0-

      Con motivo del resultado anterior, se procede primeramente a

resolver si se le impone o no una sanción al licenciado José Tulio Rojas

Matamoros, y por diecisiete votos, se dispuso: Tener por acreditados los

hechos atribuidos al licenciado Rojas Matamoros e imponerle una

corrección disciplinaria. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís,

León, González, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Camacho, Ramírez,

Arroyo, Pereira, Chinchilla, Armijo, Jinesta y Cruz.

      Los Magistrados Escoto, Vargas, Castillo y la Suplente Quirós

Camacho, emitieron su voto por no sancionar al licenciado Rojas

Matamoros.

      Seguidamente se somete a votación la sanción a imponer a don José

Tulio, y por dieciséis votos se acordó sancionarlo con la corrección

disciplinaria de amonestación escrita. En ese sentido votaron los

Magistrados Mora, Rivas, León, González, Escoto, Aguirre, Villanueva,

Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Cruz y

Castillo.

      Los Magistrados Vargas, Armijo y la Suplente Quirós Camacho,

votaron por imponerle una advertencia.

      Los Magistrados Solís y Jinesta emitieron su voto por sancionarlo

con una suspensión sin goce de salario.


                                                                      21
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                             ARTÍCULO III

      ENTRA LA MAGISTRADA CALZADA.

      En sesión N° 42-09 celebrada el 7 de diciembre del año recién

pasado, artículo I, se fijó la sesión de hoy, para resolver la designación del

Vicepresidente o Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, en lugar

del exmagistrado Chaves, quien se jubiló a partir del primero de enero del

año en curso.

      En sesión N° 01-2010 efectuada el 11 de enero en curso, se tomó

nota de las manifestaciones de las Magistradas León y Villanueva, quienes

mostraron su interés en ocupar el cargo indicado.

      Luego de recibida la votación correspondiente, por catorce votos se

eligió a la Magistrada Villanueva como Vicepresidenta de la Corte, para el

período de dos años que inicia a partir del 25 de enero del 2010 y hasta el

24 de enero del 2012.

      La Magistrada León obtuvo ocho votos.

      Expresa el Presidente Magistrado Mora, que la Magistrada

Villanueva le ha solicitado se le reciba el juramento constitucional en la

próxima sesión a realizarse el lunes 25 de este mes. Se declara acuerdo

firme.

                             ARTÍCULO IV

      Documento 40-10

      SALE LA MAGISTRADA VILLANUEVA.

                                                                           22
                                                                        23


      El Consejo Superior en sesión N° 113-09 celebrada el 15 de

diciembre del año recién pasado, artículo XX, aprobó la jubilación del

licenciado Macario Barrantes Ramírez, Presidente del Tribunal de la

Inspección Judicial, a partir del 1° de enero del año en curso.

      En razón de lo anterior, informa el Presidente, Magistrado Mora, que

designó al licenciado Rodrigo Flores Garrido como Presidente interino del

Tribunal, a partir del primero y hasta el 31 de enero en curso, en tanto la

Corte dispone lo pertinente sobre ese cargo.

      Agrega el Presidente, Magistrado Mora: “La Corte debería proceder

hacer el nombramiento de quien ocupe ese cargo hasta que integremos

debidamente el Tribunal, los candidatos son el licenciado Rodrigo Flores

Garrido y la licenciada Leda Méndez Vargas.”

      En la primera votación, el licenciado Flores Garrido recibió catorce

votos y siete la licenciada Méndez Vargas.

      La designación del licenciado Flores Garrido como Presidente

interino del Tribunal de la Inspección Judicial, rige a partir del 1° de

febrero próximo y hasta que esta Corte proceda a designar al Presidente

una vez que se realice el nombramiento en propiedad en el cargo que dejó

vacante el licenciado Barrantes Ramírez. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO V

      ENTRA LA MAGISTRADA VILLANUEVA.

      Documento 515-2010


                                                                        23
                                                                            24


      La servidora Laura Rivera Ballestero, Secretaria Ejecutiva de la

Oficina del Magistrado González, en correo electrónico recibido el 14 de

enero en curso, manifestó:

             “Con instrucciones del Magistrado de la Sala Primera, Dr.
       Óscar González Camacho, me permito transcribirle la siguiente
       solicitud, con el fin de que sea conocida por los miembros
       de Corte Plena.

             Como es de su conocimiento, el Tribunal de Apelaciones
       de lo Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 04
       enero del año en curso, en éste fueron designados 3 Jueces de lo
       Contencioso Administrativo. No obstante, el Tribunal carece de
       suplentes que hagan frente a eventuales inhibitorias,
       incapacidades, vacaciones o cualquier otra ausencia de alguno de
       sus miembros. Sobre todo si tomamos en cuenta que el
       licenciado José Paulino Hernández Gutiérrez fue designado
       recientemente como Magistrado Suplente de la Sala
       Constitucional. En consideración a ello, me permito solicitar a la
       Corte Plena, la designación de al menos 3 suplentes que
       puedan ocupar la vacancia en tales cargos.”

                                 -0-

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Había solicitado si ha

bien lo tiene la Corte, aplicar un criterio diferente, que la Comisión de la

Jurisdicción Contenciosa Administrativa nos propongan los 3 suplentes con

carácter de interino para esos puestos. La propuesta que nos da la Comisión

es que elijamos a la licenciada Ana Isabel Vargas Vargas y a los

licenciados Julio Cordero Mora y Alner Palacios García.”

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Aprobar la propuesta de la Comisión de la

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en consecuencia designar



                                                                            24
                                                                            25


interinamente como Jueces Suplentes del Tribunal de Apelaciones a la

licenciada Ana Isabel Vargas Vargas y a los licenciados Julio Cordero

Mora y Alner Palacios García hasta tanto se realice el concurso

correspondiente para ocupar esos cargos. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO VI

      La máster Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Secretaría

Técnica de Gobierno Digital, en oficio N° 69-418-2009 de 2 de diciembre

de 2009, manifestó:

              “Asunto:      Implementación       del     Modelo       de
       Interoperabilidad en el Estado Costarricense

               La Secretaría Técnica de Gobierno Digital y el ICE, en
       labor conjunta con diversas instituciones del Estado, se
       encuentra en el proceso de diseño, desarrollo e implementación
       del proyecto denominado Modelo de Interoperabilidad del
       Gobierno (e-mig), que tiene como objetivo la construcción de un
       Estado más eficiente, más transparente y participativo, para
       prestar un mejor servicio a los ciudadanos, mediante el mejor
       aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
       Comunicaciones.
               En ese sentido, en conjunto con un equipo de
       instituciones, tales como el Tribunal Supremo de Elecciones,
       Poder Judicial, Registro Nacional, Dirección General de
       Migración y Extranjería, Caja Costarricense del Seguro Social,
       Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de
       Planificación Nacional y Política Económica; por sus
       características de ser instituciones proveedoras de información al
       ciudadano, hemos venido trabajando en el desarrollo de éste
       trascendental proyecto.
               Como parte fundamental del plan de trabajo, se ha
       consensuado la promulgación de un Decreto Ejecutivo, que
       permita coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas del
       Estado costarricense, para implementar efectivamente dicho
       proyecto, así como crear y conformar un Equipo
       Interinstitucional que se constituya como el ente regulador y
       coordinador del proceso.



                                                                            25
                                                                           26


              Dada la importancia de la oficialización de la
       participación del Poder Judicial en proyecto, de la manera más
       respetuosa le solicitamos lo siguiente:

                    Emisión de un oficio, se exprese el consentimiento
       de la Institución, en participar dentro del esquema de
       Interoperabilidad del Estado Costarricense, así como en
       conformar el Equipo Interinstitucional de Interoperabilidad.

                  Nombramiento del representante oficial de la
       institución para su participación en el Equipo Interinstitucional
       de Interoperabilidad, con el entendido que los integrantes del
       Equipo, tendrán poder de decisión exclusivamente para las
       competencias asignadas a éste equipo, serán nombrados por el
       jerarca de cada institución, y se reunirán los días y horas que
       asignen de acuerdo al cronograma de trabajo.”

                                     -0-

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “A estas sesiones ha

estado asistiendo el máster Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento

de Tecnología de Información, por lo que recomendaría que lo

designáramos a él.”

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado

Mora, y en consecuencia designar al máster Ramírez López como

representante del Poder Judicial ante el Equipo Interinstitucional de

Interoperabilidad. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO VII

      En la sesión N° 01-2010 celebrada el 11 de enero en curso, artículo

V, se eligió al Magistrado Ramírez como Vicepresidente interino de la

Corte, hasta que se designe en propiedad al señor Magistrado o a la señora


                                                                           26
                                                                           27


Magistrada que ocupará ese cargo.

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “En razón de la petición

que nos hizo la Magistrada Villanueva para que su juramentación como

Vicepresidenta de la Corte sea la próxima semana, tenemos que prorrogar

por ocho días más el nombramiento del Magistrado Ramírez, en la

Vicepresidencia.”

      Se acordó: Prorrogar la designación del Magistrado Ramírez como

Vicepresidente interino de la Corte, por ocho días más, sea hasta el 24 de

enero en curso. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO VIII

      Documento 194

      El señor Juan Rafael Salas Navarro, Prosecretario del Tribunal

Supremo de Elecciones, en oficio N° STSE-0030-2010 de 5 de enero en

curso, manifestó:

              “ASUNTO: Recordatorio de fechas más relevantes para
       el mes siguiente, según cronograma de la elección de Presidente,
       Vicepresidentes, Diputados y Regidores del año 2010.
              Estimado señor Presidente:
              Esta Secretaría comunica el acuerdo adoptado por el
       Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria n.° 001-
       2010, celebrada el cinco de enero del año en curso, integrado por
       los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González, quien
       preside, las señoras Magistradas Eugenia María Zamora
       Chavarría, Zetty María Bou Valverde y los señores Magistrados
       Max Alberto Esquivel Faerron y Mario Seing Jiménez, que dice:

             “ARTÍCULO CUARTO.
             Se dispone: Hágase del conocimiento de los Poderes de la
       República, de la Contraloría General de la República, de la
       Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los


                                                                           27
                                                                           28


       Habitantes, de los partidos políticos, de los medios de
       comunicación colectiva, de la Direcciones Generales del
       Registro Electoral y Civil y de la Ejecutiva y de la Oficina de
       Comunicación, el siguiente recordatorio de las fechas más
       relevantes para el mes siguiente, según el cronograma de la
       elección de Presidente, Vicepresidentes, Diputados y Regidores
       del año 2010, aprobado por este Tribunal en la sesión ordinaria
       n.° 099-2009, celebrada el 06 de octubre de 2009:

                              “FEBRERO 2010

                                    DÍA2

              A partir de esta fecha, los partidos políticos no podrán
       celebrar reuniones o mítines en zonas públicas (artículo 137,
       inciso d) del Código Electoral)

                                    DÍA3

              Último día para difundir o publicar parcial o totalmente
       encuestas y sondeos de opinión relativas a procesos eleccionarios
       (artículo 138 del Código Electoral).
              Último día en que los partidos políticos pueden hacer
       propaganda (artículo 136 del Código Electoral).

                                    DÍA7

              PRIMER DOMINGO DE FEBRERO: Votación ante
       las juntas receptoras para elegir Presidente y Vicepresidentes de
       la República, diputados a la Asamblea Legislativa y regidores
       (artículos 133 de la Constitución Política y 150 del Código
       Electoral).”. ACUERDO FIRME.”.”

                                     -0-

     Se acordó: Tomar nota de lo resuelto por el Tribunal Supremo de

Elecciones. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO IX

     Documento 117

     El licenciado Alejandro Bermúdez Mora, Secretario del Tribunal



                                                                           28
                                                                          29


Supremo de Elecciones, en oficio N° STSE-4272-2009 de 22 de diciembre

del año recién pasado, expresó:

              “Esta Secretaría comunica el acuerdo adoptado por el
       Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria n.° 129-
       2009, celebrada el veintidós de diciembre del año en curso,
       integrado por el señor Magistrado Luis Antonio Sobrado
       González, quien preside, la señora Magistrada Zetty María Bou
       Valverde, y los señores Magistrados Max Alberto Esquivel
       Faerron, Mario Seing Jiménez y Juan Antonio Casafont Odor
       que dice:
             “ARTÍCULO QUINTO.
              Del señor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte
       Suprema de Justicia, se conoce nota de fecha 18 de diciembre de
       2009, en la cual literalmente manifiesta:
               “En nombre de las señoras y señores Magistrados/as de la
       Corte Suprema de Justicia, reciba nuestra cordial invitación,
       extensiva a los miembros de ese distinguido Tribunal, para
       acompañarnos el próximo 26 de marzo a las 2 p.m. en la sesión
       solemne de Corte Plena, que tradicionalmente celebra
       anualmente en este Poder de la República. Como usted sabe es
       parte de nuestra política institucional, rendirle cuentas a la
       ciudadanía y a los Poderes de Estado sobre el destino que le
       hemos dado a los dineros que los costarricenses invierten en la
       justicia, así como señalar los temas y decisiones de política
       judicial más relevantes que impactan en nuestro estado de
       derecho.
             La presencia de los magistrados y las magistradas de ese
       Poder de la República, es una tradición que confirma las
       excelentes relaciones de cordialidad y cooperación que existen
       entre ambos Poderes, como parte de nuestra vocación
       democrática y visión de un Estado integrado. Esperamos que este
       año venidero nos distingan con su presencia en este acto nuevo.”
              Aprovecho para enviarles un caluroso saludo de Navidad
       y un venturoso año
              Se dispone: Agradecer al señor Presidente de la Corte
       Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, la cordial
       invitación que cursa a los señores y señoras Magistrados de este
       Tribunal. ACUERDO FIRME.”.
                                    -0-

      Se acordó: Tomar nota de la misiva del licenciado Alejandro

                                                                          29
                                                                            30


Bermúdez Mora. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO X

      Documento 165

      La licenciada Hanny Sbravatti Maroto, Jueza Coordinadora del

Tribunal del Primero Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 7 de

diciembre de 2009, expresó:

              “En sesión 03-09 del 26 de enero del año en curso y a raíz
       del conocimiento de la “Propuesta para modificar el
       procedimiento de formulación presupuestaria en el Poder
       Judicial”, se dispuso analizar entre otros, requerimientos de
       plazas e infraestructura del Tribunal del 1 Circuito Judicial de
       Alajuela.
              Producto de tal iniciativa, el Departamento de
       Planificación emitió el Informe 105-PLA-CE-2009, el cual en su
       pág. 13 frente y vuelto y en lo que se refiere a la estructura
       propuesta para este Tribunal en materia penal, propuso habilitar
       una plaza mas de Juez 4, tomando en consideración que el
       Consejo Superior en sesión 44-08 del 12 de junio de 2008,
       artículo LV acordó que el Tribunal Penal de Alajuela debía
       trasladarse a Atenas a realizar debates colegiado y unipersonales.
       Dicha plaza se tomaría de las nueve plazas de Juez 4 Penal que
       fueron creadas a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de
       fortalecimiento integral de la seguridad ciudadana, plazas
       adscritas a este Circuito Judicial.
              Aclaramos que la gestión es para el Tribunal Ordinario y
       no para el Tribunal de Flagrancia que ya cuenta con cuatro
       plazas de Juez 4 Penal.
              Debemos recordar que este Tribunal contaba con ocho
       plazas de Juez 4 Penal, sin embargo a raíz de la creación del
       Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), una
       de esas plazas fue trasladada hacia allá, justificándose dicho
       traslado en que ya el Tribunal de Alajuela no tenía que viajar a
       Grecia. Sin embargo como ahora hay que hacerlo a Atenas, es
       absolutamente necesario contar de nuevo con esa plaza de Juez 4
       Penal.
              El estudio de Planificación, y en lo que respecta a la
       habilitación de esta nueva plaza de Juez 4 Penal para el Tribunal
       Penal de Alajuela, fue aprobado por el Consejo Superior en


                                                                            30
                                                                            31


       sesión número 38 del 22 de abril del año en curso, artículo
       XXVI, acuerdo que se encuentra firme pero sin ejecutar en lo
       que nos interesa. Al respecto es necesario aclarar que en dicho
       acuerdo el Consejo Superior se manifiesta aprobando en
       términos generales dicho informe, exceptuando aspectos
       específicos dentro de los cuales no se incluye el habilitar esa
       plaza de Juez 4 Penal para este Tribunal de Juicio.
              Contando con dicha plaza, hemos reestructurado el
       Tribunal a fin de optimizar el recurso y brindar un mejor servicio
       al usuario. Por ello, urgimos contar con ese Juez a la mayor
       brevedad posible y consecuentemente solicitamos se ejecute en
       ese sentido el acuerdo firme del Consejo Superior y se giren las
       instrucciones pertinentes para el nombramiento ordinario y en
       propiedad de dicho juzgador.”
                                        -0-


      Mediante oficio N° 045-10 de 5 de enero en curso, la Secretaría

General, solicitó al Departamento de Planificación un informe sobre la

gestión formulada por la licenciada Sbravatti Maroto. Como respuesta, la

máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 022-PLA-2010 de 6 de este mes, remitió el informe N° 001-CE-

2010 de la Sección de Control y Evaluación, que literalmente dice:

              “La Secretaría General de la Corte, mediante nota N°
       0045-10 del 05 de enero del 2010, solicitó al Departamento de
       Planificación rendir un informe en el término de 5 días respecto
       de la gestión planteada por la Licda. Hanny Sbravatti Maroto,
       Jueza Coordinadora del Tribunal del Primer Circuito Judicial de
       Alajuela, en la que peticionó girar las instrucciones pertinentes
       para el nombramiento ordinario y en propiedad de un/a Juez/a 4
       Penal más para ese Tribunal.

             Efectivamente, la petición suscrita por la Licda. Sbravatti
       Maroto se ajusta a una de las recomendaciones dadas por el
       Departamento de Planificación, en el informe N° 105-PLA-CE-
       2009 denominado “Propuesta integral moderada para atender el
       proceso penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela y del
       Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica”, la cual fue
       conocida y aprobada por el Consejo Superior en sesión N° 38-09


                                                                            31
                                                                              32


       celebrada el 22 de abril del 2009, artículo XXVI. En
       consecuencia, el Departamento de Planificación reitera su
       recomendación de habilitar una plaza de Juez/a 4, de las nueve
       plazas de esa categoría que se adscribieron al Tribunal petente
       mediante “Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad
       Ciudadana”, para que inicie funciones en el Tribunal del Primer
       Circuito Judicial de Alajuela, con el propósito de que los juicios
       y apelaciones originadas en los cantones de Atenas, San Mateo y
       Orotina sean atendidas en el Edificio de Tribunales de Justicia de
       Atenas.

              La distribución de las plazas provenientes de “Ley de
       Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana”, propuesta
       por el Departamento de Planificación, fue conocida por el
       Consejo Superior en sesión N° 62-09 celebrada el 16 de junio del
       2009, artículo LVII. De acuerdo con el informe rendido, al
       Tribunal solicitante le correspondieron cinco plazas de Juez/a 4,
       cuatro para atender los delitos en flagrancia durante la jornada
       vespertina en Alajuela, y la quinta para mantenerla laborando la
       mayor cantidad de tiempo posible en el Edificio de Tribunales de
       Atenas.

              La necesidad de incorporar al Tribunal la plaza solicitada,
       fue conocida por el Consejo Superior en sesión N° 61-09
       celebrada el 11 de junio del 2009, artículo XL, y se sustenta en la
       política institucional de acercar aún más el servicio justicia a las
       comunidades de Atenas, San Mateo y Orotina, así como el
       volumen mínimo suficiente de trabajo que generan en conjunto
       esas poblaciones en materia Penal; y evitar trastornar la
       programación de los juicios y audiencias penales en Alajuela,
       porque de lo contrario habría que desintegrar una sección
       colegiada regularmente y/o mantener al/a la Juez/a 4 unipersonal
       actual en constante traslado entre Alajuela y Atenas, lo cual
       resulta inconveniente para resolver oralmente las apelaciones
       penales interpuestas, entre otros aspectos considerados en esa
       oportunidad.”

                                      -0-

     Se acordó: Tener por rendido el informe del Departamento de

Planificación y por razones que ahí constan, comunicar a la licenciada

Hanny Sbravatti Maroto, Jueza Coordinadora del Tribunal del Primer



                                                                              32
                                                                           33


Circuito Judicial de Alajuela, que su petición de incorporar a ese Tribunal

la plaza solicitada, fue debidamente atendida y conocida por el Consejo

Superior en la sesión N° 61-09, celebrada el 11 de junio de 2009, artículo

XL. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XI

      En sesión N° 42-09 celebrada el 7 de diciembre de 2009, artículo

XV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “En oficio N° INSSJ-11885-2009 de 2 de noviembre
       último, el licenciado Jorge Corrales Barrantes, en su condición
       de Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, sede
       Central, manifestó:

            “Damos respuesta a su oficio N 10235-09, recibido el 29 de
       octubre de 2009.

             Sobre el particular me permito indicar, que el producto que
       se ofrece para estos casos se denomina “Seguro de Fidelidad”,
       adicionalmente, los montos asegurados que se ofrecen no
       coinciden de manera exacta con los montos solicitados, por lo
       que a continuación se indica el monto asegurado superior más
       próximo a ofrecer y la prima anual correspondiente con el
       impuesto de ventas incluido, según su solicitud.

  MONTO SOLICITADO            MONTO OFRECIDO                 PRIMA
 ¢8.215.200,00               ¢8.500.000,00             ¢55.437,00 I.V.I.
 ¢4.107.600,00               ¢4.200.000,00             ¢27.764,00 I.V.I.
 ¢2.053.800,00               ¢2.100.000,00             ¢20.721,00 I.V.I.
 ¢1.173.600,00               ¢1.200.000,00             ¢14.350,00 I.V.I.
 ¢880.200,00                 ¢900.000,00               ¢12.446,00 I.V.I.

             Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional
       que sobre el particular considere conveniente.”

                                     -0-

             En oficio N° INSSJ-13166-2009 de 2 de diciembre en
       curso, el licenciado Jorge Corrales Barrantes, en su expresado


                                                                           33
                                                                        34


   carácter, indicó:
        “Mediante oficio INSSJ-11885-2009 del 2 de noviembre,
   esta Sede informó a su Despacho sobre las primas vigentes del
   Seguro de Fidelidad.
         No obstante, con fecha 6 de noviembre mediante oficio
   DOP-5038-2009, nuestra Dirección de Operaciones informa a
   todas las Sedes sobre la aprobación por parte de la
   Superintendencia General de Seguros del producto “Seguro de
   Fidelidad” y de los cambios que sufriera el producto en el
   proceso de su inscripción.
         Entre los cambios más importantes figuran modificaciones
   en los montos asegurados ofrecidos y en las primas.
         En virtud de lo anterior, me permito informar los nuevos
   montos asegurados ofrecidos y las primas anuales vigentes para
   cada uno de esos montos:

 MONTO SOLICITADO         MONTO OFRECIDO                 PRIMA
¢8.215.200,00            ¢8.250.000,00             ¢144.605,00 I.V.I.
¢4.107.600,00            ¢4.150.000,00             ¢76.895,00 I.V.I.
¢2.053.800,00            ¢2.100.000,00             ¢46.832,00 I.V.I.
¢1.173.600,00            ¢1.200.000,00             ¢29.030,00 I.V.I.
¢880.200,00              ¢900.000,00               ¢22.166,00 I.V.I.

        Lamentamos los inconvenientes que estas modificaciones
   puedan causar en su proceso administrativo, no obstante, nos
   encontramos en la obligación de acatar de manera irrestricta las
   condiciones en que fue inscrito y aprobado el producto en la
   Superintendencia General de Seguros, ya que en caso contrario
   nos vemos expuestos a importantes sanciones.
         Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional
   que sobre el particular considere conveniente.”

                                 -0-

         Expresa el Magistrado Solís: “Acordémonos que ahora hay
   apertura de mercados. El monopolio del Instituto Nacional de
   Seguros ya desapareció. A mí como ciudadano me gustaría saber
   y conocer los estudios que hizo el Instituto Nacional de Seguros,
   para llegar a determinar la necesidad del aumento de esa póliza.
   No sé si oficialmente se lo podríamos pedir, porque muchas de
   estas decisiones las adopta el INS sin mayor reflexión, sin mayor
   estudio y me gustaría saber qué índices de mercado, qué
   orientaciones de mercado hacen que esa póliza aumente en un
   300%, y la Superintendencia General de Seguros que es otro
   órgano nuevo que existe, intervenga y haga el requerimiento
   también. Sugiero que como órgano colegiado solicitemos eso.

                                                                        34
                                                                            35


       Me gustaría saber el estudio que se hizo para tomar esa
       decisión.”
             Se acordó: Aprobar la propuesta del Magistrado Solís y
       por ende hacer una atenta instancia al licenciado Jorge Corrales
       Barrantes, Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de
       Seguros, sede Central, para que se sirva rendir un informe a esta
       Corte, acerca de los estudios que se hicieron y la legalidad para
       determinar el aumento del “Seguro de Fidelidad”, en la forma
       indicada. Se declara acuerdo firme.
                                        -0-

     Documento 337-2010

     En razón de lo anterior, el licenciado Jorge Corrales Barrantes,

Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, en oficio N°

INSSJ-00284-2010 de 11 de enero en curso, informó:

              “Se da respuesta al oficio indicado en el epígrafe,
       mediante el cual se solicita aclaración acerca del aumento
       aplicado en las primas del seguro de fidelidad, mencionadas en
       nuestro oficio INSSJ-1 3166-2009.
              Sobre el particular es pertinente indicar que de acuerdo
       con la nueva normativa, todos los productos que ofrecen las
       aseguradoras en el país deben estar debidamente inscritos en la
       Superintendencia General de Seguros.
              Dicha inscripción incluye la definición de las primas a
       cobrar por parte de la aseguradora y el respectivo sustento
       técnico de estas; por lo que la inscripción de un producto ante el
       Ente Regulador, incluye la revisión y aprobación o en su defecto
       la desaprobación de los sustentos técnicos que definen dichas
       primas.
              Así las cosas, queda claro que las primas que se
       determinaron en el proceso de inscripción de este producto
       cuentan con el sustento técnico pertinente y además con la
       aprobación de la Superintendencia General de Seguros.
              No obstante lo anterior, y una vez realizadas algunas
       consultas con nuestros superiores, se definió mantener el monto
       de la prima a cobrar para el período 2010, tal y como se indicó
       en nuestro oficio inicial INSSJ-11885-2009 del 2 de noviembre
       do 2009.
              Lo anterior en virtud de que la oferta fue presentada a
       ustedes antes de la inscripción del producto, su aceptación se dio
       en un plazo menor a los treinta días y que ya se han recibido por


                                                                            35
                                                                         36


       parte de algunos Juzgados, depósitos de dinero para el pago de
       las primas por los montos definidos en el oficio mencionado en
       el párrafo anterior.
              Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional
       que sobre el particular considere conveniente.”

                                     -0-

     Hace uso de la palabra el Magistrado Solís, para expresar: “Sobre este

tema ciertamente leyendo la explicación que da el funcionario del INS, eso

no es una explicación, es una nota hasta irrespetuosa siento yo, porque es

una petición del Gobierno Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Por

ejemplo, a mí no me quedó claro por qué la póliza de fidelidad está

aumentando en cien mil colones y la cuota se triplica en un trescientos por

ciento y esa era la explicación que se les solicitaba y no la dieron de

manera satisfactoria y con todo respeto lo digo, así lo asimilé yo como una

especie de “plato de babas”, para que ustedes dejen de estar molestándome

a nosotros el imperio monopólico del INS, entonces les vamos a cobrar lo

mismo del año pasado, cincuenta y cinco mil colones. Me parece que este

país va perdiendo cada día la dignidad de relaciones entre los funcionarios

públicos y yo como ciudadano me quedé con las ganas de que me

explicaran ¿cuál fue el estudio de mercado?, ¿por qué razones lo hicieron?,

¿qué es lo que se está haciendo?, absolutamente nada, entonces la solución

es más ofensiva que la primera gestión, para que se queden callados les

vamos a cobrar lo del año pasado.”

     Indica el Magistrado Castillo: “Nada más un aspecto operativo, es


                                                                         36
                                                                               37


que fui a pagar la póliza y están cobrando el monto de ciento cuarenta y

cuatro mil colones, entonces sería importante que esta Corte le dijese a las

autoridades del INS, que actúen en consecuencia.”

      Se acordó: 1.) Tomar nota del informe rendido por el licenciado

Jorge Corrales Barrantes. 2.) Solicitar al licenciado Corrales Barrantes, se

sirva girar las instrucciones pertinentes para que las Oficinas Centrales y

las respectivas sucursales de esa institución, acaten lo dispuesto en el oficio

INSSJ-11885-2009 del 2 de noviembre de 2009 y procedan a cobrar los

montos de prima indicados en ese documento. 3.) Dejar constancia de las

manifestaciones de los Magistrados Solís y Castillo.

      La Secretaría General hará las comunicaciones correspondientes. Se

declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XII

      La Corte Plena en sesión N° 36-09 celebrada el 19 de octubre de

2009, tomó el siguiente acuerdo:

                              “ARTÍCULO XIV

            El Consejo Superior en la sesión 94-09 celebrada 13 de octubre en
       curso, artículo LVII, dispuso:

             "En oficio N° 7856-DE-2009 de 8 de octubre en curso, el
       licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, comunica lo
       siguiente:

             "En cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión de
       Construcciones en los artículos II y VII de su sesión celebrada el siete de
       mayo y el artículo III de la sesión del diecisiete de setiembre, ambos
       meses del presente año, me permito remitirle las diligencias de lo
       actuado por esta Dirección hasta la fecha en relación a la expropiación


                                                                               37
                                                                        38


de tres propiedades en el cantón central de Limón.

      En lo que se refiere a la propiedad del señor Javier Morejón
Chamberlain, mediante oficio N° 1489-DE-2009, de 18 de febrero del
año en curso, esta Dirección le puso en conocimiento el avalúo
practicado por el perito valuador de la Administración Tributaria de
Cartago al inmueble ubicado al costado sur del Edificio de los
Tribunales de Justicia en la ciudad de Limón, sin que se recibiera
respuesta de su parte. Este inmueble está afectado por un litigio ya
resuelto en los Tribunales de Justicia y lo que resta es la inscripción del
mismo a nombre del señor Chamberlain. (Se adjunta el original del
avalúo y de la sentencia que resuelve a favor el litigio del señor Morejón
Chamberlaim)

      En cuanto a la propiedad de la señora Yolanda Ingianna
Mainieri, mediante oficio N° 7160-DE-2009, de catorce de setiembre
pasado, se le puso en conocimiento el avalúo practicado por la misma
Administración Tributaria de Cartago, sin que hasta ahora la señora
Ingianna se haya referido al mismo. (Se adjunta el avalúo respectivo)

      También, en lo que se refiere al inmueble de las señoras Ana
Cecilia y Eunice Del Barco, mediante oficio N° 7161-DE-2009, de
catorce de setiembre de este año, se les puso en conocimiento el avalúo
practicado por la Administración Tributaria de Cartago, pero hasta
ahora propietarias no han contestado la audiencia conferida. En este
último caso se recibió el oficio de fecha cinco de los corrientes, de la
Administración Tributaria de Cartago en que aclara dos errores que
contiene el avalúo, documentos que se adjuntan.

       Ante esta situación y de conformidad con la Ley de
Expropiaciones, el Consejo Superior, si a bien lo tiene, solicite a la
Corte Plena para que disponga la expropiación de los tres inmuebles
que interesan y de ser así, se ordene la publicación del acuerdo
correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta, remitiendo luego de esto
el expediente respectivo al Consejo Superior para que continúe con los
trámites requeridos hasta su completa finalización."

                                   -0-

    Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: Trasladar
a la Corte Plena para que disponga la expropiación de los tres
inmuebles señalados. Se declara acuerdo firme."

                                   -0-

Los terrenos a expropiar, todos situados en la Provincia de Limón,
Cantón 1°, Distrito 1°, se describen así: 1) Matrícula N° 001973-000,


                                                                        38
                                                                              39


       inscrito a nombre de Sociedad Anónima Los del Barco, cédula jurídica
       3-101-091226; 2) Matrícula 004502-002 (nuda propiedad), inscrito a
       nombre de Yolanda Ingianna Mainieri, cédula 1-0329-0805; y N°
       040499, inscrito a nombre de Ligia Martínez Araya, cédula 7-0038-0212
       (por inscribirse a nombre de Javier Morejón Chamberlain).

       Estos inmuebles, una vez expropiados, se utilizarán para continuar con
       la ampliación del edificio de Tribunales de Justicia de Limón, a efecto de
       contar con instalaciones modernas, cómodas y seguras, con sus
       respectivos parqueos, que permitan brindar un mejor servicio a los
       usuarios y de ofrecer condiciones físicas y ambientales adecuadas a los
       servidores del Poder Judicial que laboran en esa zona.

       Previa deliberación, se acordó: 1) De conformidad con lo dispuesto en
       los artículos 18 y 20 de la Ley de Expropiaciones, N° 7495 de 3 de mayo
       de 1995 y sus reformas, declarar de interés público los inmuebles
       citados. Publíquese esta declaratoria en el Diario Oficial La Gaceta y
       expídase al Registro Nacional un mandamiento provisional de anotación
       sobre ellos. 2) Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del mismo
       cuerpo legal, una vez publicado en el Diario Oficial este acuerdo de
       declaratoria de interés público, la Secretaría General de la Corte
       procederá a notificar personalmente al representante de la Sociedad
       Anónima Los del Barco; a la señora Yolanda Ingiana Mainieri y al
       señor Javier Morejón Chamberlain el presente acuerdo y los avalúos
       realizados a sus propiedades, en su orden N° 001973-000; N° 004502-
       002 y N° 040499, efectuados por la Administración Tributaria de
       Cartago, a efecto de que en el plazo de ocho días hábiles a partir del día
       siguiente al de su notificación, manifiesten su conformidad con el precio
       asignado a los inmuebles de su propiedad y comparezcan ante la
       Notaria del Estado a otorgar la escritura correspondiente. Se declara
       acuerdo firme.

                                 -0-

      El edicto en que se declara de interés público la expropiación de los

citados inmuebles, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°213 del

3 de noviembre último.

      En razón de tal declaratoria, la señora Lilliana Quirós Arce, en

memorial recibido vía facsímil en la Secretaría General de la Corte el 4 de

enero del año en curso, solicita que se le tenga como tercera interesada en


                                                                              39
                                                                            40


el procedimiento, al afirmar que alquila un local comercial y una casa de

habitación en el inmueble a expropiar, inscrito a nombre de Yolanda

Ingianna Mainieri.

      De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de

Expropiaciones 7495 de 3 de mayo de 1995 y sus reformas, se acordó:

Tener como tercera interesada en las diligencias de expropiación del

inmueble de la provincia de Limón, matrícula 004502-002 (nuda

propiedad), inscrito a nombre de Yolanda Ingianna Mainieri, cédula 1-

0329-0805, a la señora Lilliana Quirós Arce, y resolver su gestión una vez

que se formalice la expropiación de ese inmueble. Se declara acuerdo

firme.

                             ARTÍCULO XIII

      Documento 374-2010

      El señor Francisco Gutiérrez Vivas, Presidente de la Asociación

Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), en nota de 11 de enero en

curso, comunicó:

               “Reciba un saludo de parte de la Coordinadora de
         Organizaciones del Poder Judicial y sirva la presente para
         informar a ese Cuerpo Colegiado y a la Comisión de Valores, del
         acuerdo tomado por las Organizaciones del Poder Judicial,
         mediante reunión convocada y realizada por ANEJUD, según
         Sesión del 08 de enero del año en curso que literalmente indica:

                (...) “Informar a Corte Plena y a la Comisión de Valores
         del Poder Judicial que las Organizaciones de este Poder de la
         República acordó nombrar a la Licenciada Lizzeth Cruz Torres*,
         como Representante de las Organizaciones del Poder Judicial
         ante la Comisión de Valores. Votación unánime”.


                                                                            40
                                                                            41



                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación del señor

Gutiérrez Vivas. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XIV

      Documento 561-2010

      ENTRA EL MÁSTER JOSÉ LUIS BERMÚDEZ OBANDO,

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 029-JP-2010 de 15 de enero en curso, transcribe el

acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en la sesión celebrada el 14 de

los corrientes, artículo II, que dice:

             “El Departamento de Personal en Oficio 27-JP-2010
        señala:

        Con la finalidad de que sea conocido por los señores miembros
        de ese Consejo en la sesión del día de hoy, nos permitimos
        indicar los siguientes aspectos en relación con el aumento por
        costo de vida para el primer semestre del año 2010, con el fin de
        tomar el acuerdo sobre el particular:

        1. Artículo publicado el día 14 de enero del 2010, en el
           Periódico La Nación “Empleados públicos recibirán
           aumento salarial de 2,8%.”

        - El día de hoy, el periódico La Nación publicó el siguiente
        artículo:

        “Los empleados públicos recibirán un incremento salarial de
        2,8%, según lo acordó ayer el Consejo Nacional de Salarios.

        Este aumento corresponde al primer semestre del año, por lo que
        es retroactivo al 1° de enero y empezará a pagarse a partir de la
        primera quincena de febrero.

                                                                            41
                                                                      42



Alrededor de 180.000 personas trabajan en el sector público,
pero el alza solo es de aplicación obligatoria para quienes ganan
el salario mínimo. De esa forma, un empleado recibirá ¢2.800
más por cada ¢100.00.

El Consejo resolvió lo anterior, luego de escuchar las propuestas
del Gobierno, representado por el Ministro de Trabajo, y de
grupos sindicales, que hablaron en nombre de los trabajadores.

La cifra acordada fue la que planteó el Gobierno, mientras que la
Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) propuso
un aumento del 7%.

Álvaro González, ministro de Trabajo, explicó que el 2.8%
equivale al índice de precios al consumidor (IPC) registrado en
el segundo semestre del año pasado.

Además de dicho incremento, también se aprobó un alza
adicional del 2.44% para los trabajadores técnicos y no
profesionales.

El Gobierno se había comprometido a aplicar dicho aumento
desde el año pasado.

De igual forma se aprobó la aplicación del percentil 50 para los
trabajadores profesionales.

Los percentiles son categorías salariales que se utilizan en el
sector público. El porcentaje de ajuste salarial que recibirá cada
trabajador variará de acuerdo con lo que devengue, y podría
oscilar entre un 4,44% y un 9.8%.

Anualidades. Los sindicatos solicitaron, además del incremento
salarial, un alza en el porcentaje de las anualidades.

La anualidad es el pago, de un porcentaje del salario base por
cada año servido en la función pública. En algunos casos, el
porcentaje es de 2% sobre el salario base y en otros llega hasta el
4%.

Según el Ministro González, se acordó discutir este tema en una
reunión pactada para la próxima semana…”.

Con respecto a la anterior, se procedió a consultar vía telefónica
a la señora Erika Alpízar Jiménez, funcionaria del Área de


                                                                      42
                                                                                     43


        Salarios e Incentivos de la Dirección General del Servicio Civil,
        quien nos indicó que actualmente se encuentran elaborando la
        resolución correspondiente sobre el acuerdo tomado, sin
        embargo extraoficialmente nos aclaró que el aumento salarial
        correspondiente al 2.8% se debe al aumento del costo de la vida
        que presentó el país en el segundo semestre del 2009 con
        respecto al Índice de Precios al Consumidor I.P.C.

        Sobre el porcentaje del 2.44% otorgado a los puestos técnicos y
        no profesionales del sector público, nos indicó que este
        corresponde a un compromiso previo que tenía la administración
        con los trabajadores, por cuanto en el año 2009 se acordó otorgar
        un aumento del 4.88% a esta población, el cual se dividió en dos
        tractos un 2.44% que se empezó a pagar a partir del mes de julio
        del año 2009 según resolución DG-240-2009 y otro 2.44% que
        se empezará a pagar a partir del presente año, sin embargo es
        necesario calcular primeramente el aumento por el costo de la
        vida para aplicar posteriormente este incentivo salarial.

        De igual forma se consultó sobre la aplicación del percentil 50
        para los puestos profesionales, a lo cual nos aclaró que este se
        refiere a un compromiso que el gobierno había convenido
        otorgar a este sector de los trabajadores, así mismo nos indicó
        que este es el último ajuste salarial que se hará a esta población,
        sin embargo al igual que el plus anterior es necesario calcular
        primeramente el aumento por el costo de la vida para realizar el
        ajuste correspondiente.

        Al sector profesional de trabajadores se le ha venido ajustando el
        salario a diferentes percentiles, a continuación se presentan los
        ajustes realizados desde el año 2008.

     Percentil al que ajustó el salario         Periodo en que se aplico el ajuste
  Percentil 30                             Primer semestres del 2008
  Percentil 35                             Segundo semestre del 2008
  Percentil 40                             Primer semestres del 2009
  Percentil 45                             Segundo semestre del 2009
  Percentil 50                             Primer semestres del 2010*
* Se está pendiente de realizar este ajuste.

        En relación con lo antes expuesto, se debe manifestar que,
        conforme a la consulta efectuada a inicios del segundo semestre
        del 2009 también a la Dirección General del Servicio Civil,
        encontramos que los aumentos propiciados por ese régimen a los
        puestos no profesionales y profesionales, obedecieron a un
        estudio realizado por esa dependencia, en donde compararon los


                                                                                     43
                                                                        44


   salarios que se perciben en ese Régimen con los estipendios que
   ofrecen 18 instituciones públicas (incluyendo el Poder Judicial).

   Ese estudio lo que reflejó fue que los salarios del Régimen del
   Servicio Civil, estaban muy por debajo de los percibidos por
   otras instituciones (incluyendo la nuestra), situación que sirvió
   como fundamento para aumentar los salarios de los no
   profesionales con un ajuste extraordinario del 4.88% y en el caso
   de los profesionales ubicarlos en el percentil 45 según la
   comparación efectuada.

   2. ICS (Índice de Competitividad Salarial)

   La Corte Plena, en sesión N° 11-08, celebrada el 07 de abril del
   2008, artículo XX, dispuso reconocer un porcentaje del salario
   base para toda la población judicial denominado ICS (Índice de
   Competitividad Salarial).

   Este plus salarial tiene entre sus objetivos mantener las
   remuneraciones del servidor judicial en un nivel acorde a sus
   responsabilidades, retener personal competente, disminuir los
   índices de rotación interna, así como las afectaciones que se
   puedan generar en el clima laboral de la institución y compensar
   la pérdida en el poder adquisitivo de los últimos años.


   El I.C.S se calcula siguiendo estrictamente estos lineamientos:

 Aplicación General. Todos los puestos de la estructura son
   afectados por dicho índice.

 Ajuste automático. El I.C.S esta únicamente referenciado como
   un porcentaje del salario base. El I.C.S se ajusta en el mismo
   porcentaje en que se incrementa el Costo de Vida, lo que impide
   su desvalorización en el tiempo, pero no incrementa el salario
   base de las clases de puestos.

 Afectación de la clase salarial. Se aplica a cada una de las clases
   de la estructura de puestos – clase ancha - con el propósito de
   lograr uniformidad. Por tanto, el I.C.S no se relaciona o
   referencia con las particularidades de cada puesto, ni con las
   condiciones de sus ocupantes, sino con las que son propias de la
   generalidad de la clase.

 Afectación de componentes comunes. Dado que el I.C.S se aplica
   sobre las clases “anchas” y no sobre los puestos, se precisa


                                                                        44
                                                                                   45


             cuáles son los componentes que actualmente son afectados por
             él: a) Salario Base, b) Responsabilidad por el Ejercicio de la
             Función Judicial ( REFJ ) y c)Prohibición o Dedicación
             Exclusiva 1

             Como es bien sabido y debido a las limitaciones presupuestarias
             el pago de este plus se planteó en hacerlo efectivo en cuatro
             tractos. El primero de ellos se concedió desde el 01 de julio del
             2008 y hasta el 30 de junio del 2009. A partir del 01 de julio del
             2009 se reconoció el segundo tracto. El tercer trato será
             cancelado a partir del 01 de enero del 2010 y la concesión total
             de este beneficio será realizada a partir del 01 de julio del 2010.

             A la luz de lo expuesto podemos indicar que es claro que la
             Institución ha venido promoviendo un adecuado nivel de
             ingresos por parte de todos y todas las servidoras judiciales, con
             el fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo y lo
             relacionado con el costo de la vida, para no crear otra situación
             de desbalance como la que motivó la aprobación de ICS, donde
             también nos comprometimos, como política de la Institución, a
             una revisión de los salarios cada dos años.

             Es así que en aras de procurar políticas de gestión humana
             adecuadas, es necesario tomar medidas que logren fortalecer y
             mantener las remuneraciones del servidor judicial en un nivel
             acorde a sus responsabilidades y que a su vez sea atractivo para
             quienes desean incorporarse a la organización. Por demás está
             señalar el impacto que una política salarial adecuada por parte
             del patrono tiene sobre la motivación de sus servidores.

             3. Sobre el crecimiento de la inflación durante el año 2009

              El día sábado 09 de enero del 2009, el Periódico La Nación
             publicó un artículo referente al nuevo instrumento de
             “estimación de medias truncadas” que utilizará el Banco Central
             como un indicador más para la evaluación de la inflación, con el
             fin de ser utilizado para el establecimiento del ajuste salarial
             referente al primer semestre del año 2010.

             Estos son los alcances obtenidos de la realizada.

             Inflación

             Primeramente se debe indicar que la inflación es el aumento
             generalizado y sostenido en el nivel de precios de una economía.
1
    El porcentaje correspondiente a la clase ancha de puesto.


                                                                                   45
                                                                      46


Ahora bien el cambio en los precios es la variación en el precio
de algún producto o una muestra de ellos tal y como sucede con
el Índice de Precios al Consumidor I.P.C. elaborado por el
Instituto Costarricense de Estadística y Censos I.N.E.C.

Ahora bien por su naturaleza, los aumentos generalizados y
sostenidos en el nivel de precios están asociados a fenómenos
monetarios. Por lo tanto, lo que interesa y puede controlar el
Banco Central como ente rector de la política monetaria y
económica del país es la inflación y no los cambios en precios.

Con respecto al I.P.C., se debe indicar que este es un excelente
indicador de cambios en el costo de vida (para esto fue diseñado)
y permite captar cambios en precios. Sin embargo, algunos
economistas consideran que este indicador no necesariamente un
buen indicador de inflación. Por lo tanto los economistas
recurren a indicadores de inflación subyacente.

Aspectos relevantes del Índice de Precios al Consumidor I.P.C.

El I.P.C. es un indicador estadístico que mide la variación media
o evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y
servicios representativos del gasto o hábito de consumo de los
hogares, y tiene como objetivo medir la evolución de los precios
de una canasta determinada de bienes y servicios entre dos
momentos distintos en el tiempo, del área de cobertura
geográfica definida. Para realizar el cálculo del IPC
mensualmente se investiga el precio al grupo de 292 bienes y
servicios que conforman la Canasta de Consumo.

El I.P.C. constituye un indicador fundamental en el sector
económico para estimar la inflación, evaluar los resultados de la
política monetaria y fiscal del país, como deflactor en el Sistema
de Cuentas Nacionales; entre otros usos importantes en la
economía nacional. Su aplicación se extiende a otros ámbitos,
como en el campo social en los reajustes y negociaciones
salariales, y en la fijación de las pensiones alimenticias; y en el
campo jurídico se emplea sobre las contrataciones privadas para
el reajuste de contratos de viviendas en alquiler.

La canasta representa el patrón de consumo de los hogares del
área geográfica del I.P.C, así mismo esta permanece fija hasta
una nueva actualización y los pesos de la canasta se van
moviendo en el tiempo vía variaciones en los precios.

La cobertura Geográfica está conformada por 114 distritos


                                                                      46
                                                                      47


urbanos del Gran Área Metropolitana de estos, 57 se ubican en la
provincia de San José, 11 en Alajuela, 19 en Cartago y 27 en
Heredia.

Esta cobertura geográfica representa:

                                   Representación de la cobertura
           Rubro
                                 geográfica del IPC Base Julio 2006
Población urbana del país                       71,7%
Población total país                            45,8%
Gasto de los hogares del
                                               59,0%
país
Gasto     de los hogares
                                               78,0%
urbanos

En lo referente a los criterios de selección de los bienes y
servicios que conforman la canasta de consumo, se emplean los
siguientes criterios:

1) Que el gasto en el artículo represente al menos el 0,05 % del
gasto total de consumo de los hogares.

2) Que el artículo sea consumido por al menos el 5 % de los
hogares.

Con base en la estructura del gasto de los hogares se establecen
las ponderaciones para promediar las variaciones de los precios
de cada artículo componente de esa canasta.

La nueva canasta quedó conformada por 292 bienes y servicios,
que representan el 89% del gasto de los hogares dentro del área
de cobertura del I.P.C. Del total de artículos, 226 son bienes que
abarcan el 53,2% del total de la ponderación de la canasta y 66
artículos de servicios que representan el 46,8%.

La clasificación de los bienes y servicios se agrupan en doce
grupos según la Clasificación del Consumo Individual por
Finalidad (CCIF).

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas
02 Bebidas alcohólicas y cigarrillos
03 Comidas y bebidas fuera del hogar
04 Prendas de vestir y calzado
05 Alquiler y servicios de la vivienda
06 Artículos para la vivienda y servicio doméstico
07 Salud


                                                                      47
                                                                                  48


           08   Transporte
           09   Comunicaciones
           10   Entretenimiento y cultura
           11   Educación

           La composición de los grupos es la siguiente:

        1) Alquiler y servicios de la vivienda: alquiler de vivienda,
           materiales y servicios para el mantenimiento de la vivienda,
           servicios de agua, electricidad y municipales y gas.

        2) Artículos para la vivienda y servicio doméstico: Muebles, textiles
           (cortina, sábanas, años), electrodomésticos, herramientas,
           productos para la limpieza de la vivienda, servicio doméstico.

        3) Salud: medicinas, consultas médicas, exámenes de laboratorio,
           radiografía y ultrasonido.

        4) Transporte: Adquisición de vehículo, repuestos y mantenimientopara vehículos, combustib

        5) Comunicaciones: Servicio de teléfono residencial y celular,
           servicio de Internet y aparatos telefónicos

        6) Bienes y servicios diversos: Servicios de cuidado personal,
           artículos de cuidado personal, accesorios (anillo, reloj, salveque),
           servicio de fiesta, honorarios a abogados y servicios fúnebres.


       Lista de artículos que componen la Canasta de Consumo para elaborar el I.P.C
                                                           Exámenes
                                                           de           Servicios
Pan salado      Naranja        Whisky        Juego de sala
                                                           laboratori   veterinarios
                                                           o
                                                                        Alimento para
Pan                                          Juego de      Ultrasonid
                Piña           Guaro                                    animales
cuadrado                                     comedor       o
                                                                        domésticos
                                                           Radiografí Educación
Pan dulce       Sandía         Cigarrillos   Cama
                                                           a            preescolar
                                                           Adquisició
Galletas                                    Mueble de                    Educación
                 Uva            Casado                     n de
dulces                                      cocina                       primaria
                                                           vehículo
                                                           Llantas
Galletas                        Combo       Mueble para                  Educación
                 Banano                                    para
saladas                         con pollo   computadora                  secundaria
                                                           vehículo
                 Limón          Combo       Reparación de Cera para      Educación
Repostería
                 ácido          con         muebles        vehículo      superior


                                                                                  48
                                                                                49


       Lista de artículos que componen la Canasta de Consumo para elaborar el I.P.C
                                hamburgu
                                esa
                                                           Juego de      Curso de
Arroz            Tomate         Pizza       Colchón
                                                           clutch        idioma
                                                           Batería
                                Gallo                                    Curso de
Cereal           Cebolla                    Aplanchador    para
                                pinto                                    computación
                                                           vehículo
                                Bebidas
Pastas           Chile dulce frías          Cortina        Gasolina      Diccionario
                                servidas
                                Bebidas
Tortillas de                                                             Texto de
                 Chayote        calientes   Edredones      Diesel
maíz                                                                     primaria
                                servidas
Harina de                                                  Cambio de Texto de
                 Culantro       Sandwich    Sábanas
maíz                                                       aceite        secundaria
Harina de                       Pollo                      Pintado de Texto
                 Zanahoria                  Paños
trigo                           asado                      vehículo      universitario
                                                           Afi
Bistec de res Lechuga           Empanada Refrigeradora namiento          Cuaderno
                                                           de motor
Carne
                                Cerveza     Lavadora de    Ajuste de
molida de        Repollo                                                 Hojas blancas
                                servida     ropa           frenos
res
                                Pantalón
                                                           Lavado de
Posta de res     Vainica        para        Cocina                       Lapicero
                                                           vehículo
                                hombre
                                Pantalonet                 Revisión
Costilla de                                 Horno de
                 Elote          a para                     técnica de    Lápiz
res                                         microondas
                                hombre                     vehículo
                                Camisa
Chuleta de                                                 Parqueo
                 Pepino         para        Olla arrocera                Fotocopia
cerdo                                                      público
                                hombre
                                Camiseta                   Licencia
Posta de                                                                 Corte de
                 Ajo            para        Plancha        de
cerdo                                                                    cabello
                                hombre                     conducir
                                Calzoncill                 Pasaje en
Costilla de
                 Frijoles       o para      Coffee Maker autobús         Manicure
cerdo
                                hombre                     urbano
                                                           Pasaje en
                                Medias
Pechuga de                                                 autobús
                 Papa           para        Olla                         Pedicure
pollo                                                      interurban
                                hombre
                                                           o
Muslo de                        Pantalón    Olla de        Transporte
                 Yuca                                                    Perfume
pollo                           para mujer presión         escolar


                                                                                49
                                                                                     50


        Lista de artículos que componen la Canasta de Consumo para elaborar el I.P.C
                                 Blusa para                    Transporte Pañal
 Pollo entero     Maíz dulce                  Vaso
                                 mujer                         en taxi      desechable
                                                               Boleto
 Alas de pollo Hongos            Brassier     Destornillador                Papel higiénico
                                                               aéreo
                                                             Servicio de
Pollo                           Bloomer
                Petit pois                  Martillo         teléfono      Champú
empanizado                      para mujer
                                                             celular
                Frijoles        Medias para                  Servicio de
Mortadela                                   Alicate                        Crema dental
                molidos         mujer                        teléfono fijo
                                Pantalón                     Equipo        Cepillo para
Salchichón      Azúcar                      Detergente
                                para niña                    telefónico    dientes
                                Pantalón                     Servicio de Crema para
Jamón           Confites                    Cloro
                                para niño                    Internet      manos
                                Blusa para
Chorizo         Chocolates                  Desinfectante Televisor        Crema facial
                                niña
                                Camiseta    Jabón para
Salchichas      Chicles                                      DVD           Jabón de baño
                                para niña   platos
                                Camiseta    Suavizante para Equipo de Tinte para
Paté            Consomé
                                para niño   ropa             sonido        cabello
                                                             Disco
Filete de                       Pijama para Toallas de
                Sal                                          compacto      Toalla sanitaria
pescado                         bebé        papel
                                                             grabado
Pescado                         Medias para Bolsas para      Cámara
                Mayonesa                                                   Desodorante
entero                          niño o niña basura           fotográfica
                                Limpieza de
Atún en                                                      Computador Maquina de
                Salsa inglesa prendas de Abrillantador
conserva                                                     a             afeitar
                                vestir
                                Zapatos
                Salsas                      Desodorante
Leche líquida                   para                         Impresora     Lápiz labial
                preparadas                  ambiental
                                hombre
                                                             Cartuchos
Leche en        Salsa de        Zapatos                                    Esmalte para
                                            Insecticida      de tinta para
polvo           tomate          para mujer                                 uñas
                                                             impresora
                                Zapatos                      Unidad de
Leche           Tostados de                 Servicio
                                para niño o                  respaldo      Anillo
condensada      maíz                        doméstico
                                niña                         magnético
                                            Analgésico-
                                Tenis para
Queso blanco Jalea                          antinfl          Bicicleta     Reloj de pulsera
                                hombre
                                            amatorio
                Papas           Tenis para Antihipertensiv Juguete
Queso crema                                                                Salveque
                tostadas        mujer       o                para niña
                                Tenis para                   Juguete
Helados         Gelatina                    Vitaminas                      Sombrilla
                                niño o niña                  para niño
Natilla         Sopas en        Alquiler de Antigripal       Juego de      Servicio de fiesta


                                                                                     50
                                                                                                                                         51


        Lista de artículos que componen la Canasta de Consumo para elaborar el I.P.C
                polvo           vivienda                    video
                Colados de Pintura para                     Televisión Honorarios a
Yogurt                                       Antibiótico
                frutas          la vivienda                 por cable   abogado
                                                            Paquetes    Servicios
Mantequilla     Café            Cemento      Antialérgico
                                                            turísticos  fúnebres
Huevos          Té              Vidrios      Antitusivo     Hospedaje
                Jugos de        Servicio de                 Pago por
Aceite                                       Antiasmático
                fruta           albañilería                 gimnasio
                                Servicio de
                Mezcla para                  Anteojos       Clases
Margarina                       pintura para
                bebidas                      graduados      recreativas
                                vivienda
                Bebidas de Servicio de Servicio             Alquiler de
Manteca
                fruta           agua         odontológico   película
                                Limpieza de Consulta con    Entrada al
Plátano         Sirope
                                vías         médico general cine
                Bebidas         Recolección Consulta con
Papaya                                                      Libro
                gaseosas        de basura    ginecólogo
                Bebidas         Servicio de Consulta con
Manzana                                                     Periódicos
                hidratantes electricidad pediatra
                Cerveza                      Consulta con
Aguacate                        Gas licuado                 Revistas
                envasada                     oftalmólogo


     Otro dato importante es que el tipo de precio que se toma para los diferentes
     bienes y servicios para el cálculo del I.P.C. es el precio de contado, incluyendo
     dentro de este rubro:

        Impuesto de venta
        Impuesto de servicio
        Impuesto único
        Cualquier otro que se aplique


     La importancia de cada bien o servicio que conforman la canasta de consumo
     esta dada por la ponderación, que se calcula como el gasto que destinan los
     hogares     a cada Grupos de gasto                       artículo entre el gasto
     total         Alimentos y bebidas no alcohólicas                         27,22

     reportado por los                      Transporte            18,19 hogares     de
     referencia.    Alquiler y servicios de la vivienda 10,64

             Artículos para la vivienda y servicio doméstico                                8,65

                                  Entretenimiento y cultura                            7,25
                                                                                                   Ponderaciones de la canasta de
     consumo del IPC            Bienes y servicios diversos                          6,35

                                                 Educación                          5,89

                                Prendas de vestir y calzado                         5,86

                                                      Salud                    4,81

                                           Comunicaciones                     4,45

                           Bebidas alcohólicas y cigarrillos          0,69
                                                                                                                                         51
                                                               0,00          5,00           10,00     15,00      20,00   25,00   30,00

                                                                                                   Ponderación
                                                                                  52



      Aspecto a considerar                                 Descripción
                                          Las personas que forman parte de todos los
Población de referencia                   hogares individuales ubicados dentro del
                                          área de cobertura geográfica definida.
Fórmula de cálculo de los Para obtener el relativo del artículo se utiliza
relativos de precios del artículo la media geométrica de relativos de precios.
                                          Se aplican métodos implícitos como el
Cambios de calidad                        método de solapamiento y el de calidad
                                          equivalente.
                                          Se utilizan métodos de imputación para los
Precios faltantes
                                          precios faltantes.
                                          Se toman precios en oferta, excepto:
                                             Rebajas finales
Precios en oferta
                                             Carácter discriminatorio
                                             Por defectos del producto

                                          Bienes         227
Canasta de consumo                        Servicios       65
                                          Total         292

        La fórmula de cálculo del I.P.C. es el índice de precios de
        Laspeyres:

        Media ponderada de los índices de precios:

                                      n

                                     I
                                     g 1
                                            t
                                            g   * wg
                               I 
                                 t
                                 G
                                            wG
 t
IG     = índice general del mes en estudio
 t
Ig     = índice del grupo en el mes en estudio con respecto al período base
wg
       = ponderación del grupo
wG
       = 100




        Si bien es cierto el IPC es un excelente indicador de cambios en
        el costo de vida que permite captar cambios en precios, esto no

                                                                                  52
                                                                                                                    53


                          significa que sea un buen indicador de inflación, por lo tanto los
                          economistas recurren a indicadores de inflación subyacente.

                          Sobre el nuevo instrumento “estimación con medias truncadas”
                          que utilizará el Banco Central como un indicador más sobre el
                          nivel de inflación.

                          Las medidas de inflación subyacente como la “Estimación de
                          medias truncadas” son una alternativa para abstraer volatilidades
                          del I.P.C.

                          ¿Que es un I.P.C con medias truncadas?

                          Consiste en excluir los componentes del IPC que presenten, en el
                          periodo de interés, las variaciones más extremas. Por ejemplo,
                          excluir el 10% de los productos con las variaciones más altas y
                          más bajas de la distribución resulta en la tasa de inflación media
                          truncada al 20%. Si se continúa truncando hasta el 49,5% se
                          obtiene la mediana del IPC.

                                                          IPC sin truncar
número de productos




                                                                                     100% de productos (292)




                      -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
                                                              Variaciones del periodo




                                                        IPC truncado al 10%
número de productos




                                                                                  90% de productos (262)




                        5%                                                                                     5%


                      -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
                                                              Variaciones del periodo




                                                                                                                    53
                                                                     54


Un aspecto importante es que la estimación de medias truncadas
es mucho menos volátil que el I.P.C. o el tradicional I.P.C.
subyacente (sin agrícolas ni regulados) también conocido como
el Índice subyacente de inflación I.S.I. Por tanto es una mejor
guía para evaluar la tendencia de la inflación y permitirá tener
una idea más certera de los resultados del ente emisor en materia
de política monetaria.

Bryan y Cecchetti (1993) muestran que medias truncadas del
IPC, en especial el truncamiento del 16% y la mediana producen
pronósticos superiores de la futura tendencia de la inflación (en
comparación con IPC o IPC sin alimentos ni energéticos).

Bryan (2007) argumenta que tales estadísticos ayudan a
identificar tempranamente pequeños cambios en la tendencia
inflacionaria.

Con el nuevo instrumento, los “expertos” del Banco Central
esperan tener una idea más clara de la tasa de inflación en
relación con los elementos que la entidad controla a través de la
política monetaria.

Sin embargo, en términos realistas se considera que no tiene
ningún sentido práctico para la población, porque parte de una
premisa que no se ajusta a la vivencia de nadie. Más bien, solo
supone una gran distorsión de las cosas para obtener números
más bonitos.

Según la propuesta del Banco Central, de lo que se trata es de
eliminar de la Canasta de Consumo, utilizada para medir el IPC,
el 5% de productos con los pecios más altos, y el 5% de los
productos con los precios más bajos. El argumento para ello, es
que el Banco Central no controla los precios de los productos y,
en ocasiones, estos suben o baja mucho de manera estacional.

Finalmente luego de la consulta telefónica realizada al señor
Manfred Esquivel del Banco Central de Costa Rica, se concluye
que tanto el Índice subyacente de inflación I.S.I como el nuevo
instrumento de “estimación con medias truncadas” son
instrumentos que tienen como objetivo fundamental eliminar la
volatilidad en la variación de los precios de la canasta básica.
Sin embargo, la diferencia entre uno y otro instrumento radica en
que en el caso del I.S.I. se excluyen siempre del cálculo
tradicional del I.P.C. la mayoría de los productos agrícolas y los
regulados como el combustible y el arroz y en el caso del nuevo
instrumento de “estimación con medias truncadas” los productos


                                                                     54
                                                                   55


que se excluyen son variables de acuerdo a su variación
particular en sus precios para el periodo de tiempo determinado.

A continuación se presentan los indicadores del Banco Central
con respecto al I.P.C. y el I.S.I. para el año 2009


              Índice de Precios al Consumidor
                 IPC: Variación acumulada
                   Base: Julio 2006 = 100
                         Porcentajes
                  Mes                   2009
        Enero                           0,38
        Febrero                         0,82
        Marzo                           0,83
        Abril                           1,17
        Mayo                            1,04
        Junio                           1,21
        Julio                           2,14
        Agosto                          2,81
        Septiembre                      2,92
        Octubre                         3,16
        Noviembre                       3,00
        Diciembre                       4,05
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y
        Censos (INEC).
                Índice subyacente de inflación (ISI)
                     ISI: Variación acumulada
                      Base: Julio 2006 = 100
                            Porcentajes
                     Mes                    2009
           Enero                            0,51
           Febrero                          1,00
           Marzo                            1,19
           Abril                            1,46
           Mayo                             1,62
           Junio                            2,01
           Julio                            2,65
           Agosto                           2,87
           Septiembre                       3,18
           Octubre                          3,56
           Noviembre                        3,50
           Diciembre                        4,01
            Fuente: Elaboración del Banco Central de
           Costa Rica con base en datos del Instituto
           Nacional de Estadística y Censos (INEC).




                                                                   55
                                                                            56




       Del análisis anterior se refleja que producto de la negociación
       salarial entre los sindicatos y la Consejo Nacional de Salarios se
       logra establecer que el aumento salarial que rige a partir del
       primer semestre del 2010 se compone de dos tipos de elementos,
       uno que se refiere al pago de la inflación acumulada del semestre
       anterior según el incremento en el Índice de Precios al
       Consumidor que es del 2.80% y dos tipos de ajustes técnicos
       adicionales dirigidos a dos tipos de poblaciones,, a saber de una
       alza adicional del 2.44% para los trabajadores técnicos y no
       profesionales y la aplicación del percentil 50 para los
       trabajadores profesionales. Ante esa situación es claro que la
       disminución de brechas entre los salarios de los servidores
       cubiertos por el régimen de Servicio Civil y los servidores
       judiciales tiende a disminuir producto de políticas agresivas de
       mejoramiento en los niveles salariales del Poder Ejecutivo de
       ciertos grupos ocupacionales. Esta realidad requiere que el Poder
       Judicial     disponga de medidas que mantengan salarios
       competitivos en el mercado, que provean salarios atractivos que
       eviten la fuga de personal valioso en aras de ser consecuentes
       con políticas motivadoras dentro del escaso y rígido presupuesto
       que rige la materia presupuestaria. Es importante traer a colación
       que para el año 2010 se definieron dentro de la formulación en
       materia de remuneraciones incremento de costo de vida de un
       4% por semestre en acatamiento a las medidas de contención del
       gasto ante la crisis económica definida por el Ministerio de
       Hacienda.

       Ante la situación fáctica descrita este Consejo acuerda:
       Recomendar un incremento para los servidores judiciales para el
       primer semestre del 2010 de un 4% en los salarios incluido el
       rubro de Carrera Profesional, porcentaje que se ajusta a lo
       dispuesto para incrementos por costo de vida del presupuesto de
       salarios del Poder Judicial. Se declara acuerdo firme.”

                                 -0-

      Documento 559-2010
      En nota de 15 de este mes, el licenciado Víctor Castro Méndez, en su

condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales y Técnicos

en Ciencias Contables, Financieras y afines del Poder Judicial


                                                                            56
                                                                           57


(ASPROTECOFI), manifestó:


      “Respetuosamente nos dirigimos a Ustedes, para solicitarles se
      considere como aumento de costo de vida del segundo semestre
      de 2009, el 4% que esta presupuestado para estos efectos,
      basados en los siguientes razonamientos:

      1-Recientemente se aprobó para todos los empleados judiciales
      un plus para reconocer las diferencias reales en el costo de vida,
      creando con este acuerdo un antecedente donde se compensaba
      el índice real de costo de vida a esa fecha.

      Como es sabido el aumento de costo de vida decretado por el
      gobierno en día de ayer, pretende reconocer en forma retrasada
      el aumento de julio a diciembre de 2009, pero el aumento se
      aplicará hasta febrero de 2010, por lo cual debería al menos
      reconocerse la proyección del Banco Central para el 2010 de un
      10% anual, de enero y febrero de 2010 de al menos un 2%, para
      aprobarse en conjunto con el aumento decretado de 2.88%, al
      menos el 4% presupuestado.

      2-Desde hace 20 años no se realiza un estudio integral que
      considere todos los puestos del Poder Judicial, sin embargo, se
      han realizado una serie de estudios para la Clase Gerencial y
      recientemente para los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos,
      que vienen creando brechas salariales importantes (lo cual crea
      desigualdad) entre los mismos sectores profesionales, y entre
      éstos y los denominado “no profesionales” que son los que ganan
      menos en la Institución.
      El gobierno en cambio viene realizando estudios
      reconociendo en este decreto de costo de vida para el
      segundo semestre de 2009, un 2.44% adicional para los
      sectores que menos ganan, y un aumento mayor para los
      profesionales del sector público

      3. Es conocido por todos en el índice inflacionario o por costo de
      vida, es reconocido por el Ministerio de Economía basado en una
      canasta básica que no contiene todos los servicios y artículos
      necesarios para compensar la realidad de los trabajadores, baste
      con mencionar que este paquete de artículos no es revisado
      periódicamente. Esta situación es conocida por los técnicos del
      Departamento de Personal, quienes deberían ahondar y ampliar
      estos temas en los informes de costo de vida que realizan a esa
      Corte Plena.



                                                                           57
                                                                             58


       4. Conocemos además, de los recortes presupuestarios que el
       Ministerio de Hacienda ha solicitado realizar al Poder Judicial,
       sin embargo; consideramos que al igual que otras Instituciones
       Públicas, como el Tribunal Electoral han respetado su
       presupuesto para el reconocimiento de costo de vida, y han
       hecho más esfuerzos para reconocer más de un 4% de costo
       de vida a sus trabajadores, desde el año pasado; no se vale
       tomar de la partida de salarios recursos para cubrir los recortes
       presupuestarios mencionados.

       5. Los empleados judiciales hemos confiado en la sabiduría de
       las señoras Magistradas y Magistrados de Corte Plena para llevar
       un control de la actualización salarial, sin que las Organizaciones
       laborales tengan mayor influencia en estas decisiones y para que
       la crisis económica no lleve nuestros salarios a una vida de
       necesidad, y se pueda vivir dignamente.

       A los empleados judiciales siempre se les requiere un poco más
       que al resto del sector público, lo cual esta bien, pero no se
       puede exigir mantener nuestras vestimentas, alimentación,
       decoro en nuestras actividades labores y personales, cuando los
       salarios no alcanzan, sólo para lo más básico.

       6. Consideramos justo y necesario que estos aspectos sean
       analizados y se reconsidere al menos un reconocimiento de
       aumento de costo de vida, con conforme se había presupuestado
       de un 4% sobre el salario base. Además que conforme a los
       últimos estudios realizados a diferentes profesionales del Poder
       Judicial, se solicite un estudio integral de puestos para que la
       brecha salarial que se creó se pueda cerrar un poco a favor de lo
       que menos ganan.”
                                  -0-

Documento 570

      En oficio N° ANEJUD-0004-2010 de 14 de este mes, el señor

Francisco Gutiérrez Vivas, en su condición de Presidente de la Asociación

Nacional de Empleados Judicial (ANEJUD), manifestó:

              “Reciba del Sindicado de Empleados Judiciales,
       ANEJUD, un saludo cordial y sirva la presente para solicitarle,
       respetuosamente:

                A la Honorable Corte Plena, que en materia de alza


                                                                             58
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        salarial por costo de vida, debe aprobarse para el sector judicial
        el 4% presupuestado, dado que dicho monto está contemplado
        dentro del presupuesto del Poder Judicial para el primer semestre
        del 2010 y apoyándome además en lo siguiente:

        a-. Que el Poder Ejecutivo, aprobó un incremento salarial por
        concepto de costo de vida, del 2,8%, que representó una
        propuesta de alza que combina dos factores, a saber, la
        actualización del percentil para los empleados públicos del
        Ejecutivo, que se ubica en el 50 y la fijación por costo de vida.
        b.- Además de las variables anteriores, el Ministerio de Hacienda
        también deberá honrar el pago del restante 2,44% adeudado a la
        clase no profesional, situación que no contempla una igualdad de
        condiciones para los servidores judiciales.
        c.- El planteamiento que se hizo por parte del Gobierno, fue por
        concepto de ajuste por costo de vida y sobre la tesis de los
        percentiles, y que tras una negociación con el sector laboral, se
        había acordado que los trabajadores del sector público, -llámese
        Poder Ejecutivo- estarían ubicados en el percentil 50.
        Adicionalmente el gobierno validó aplicación del percentil 50%
        para la clase profesional y el alza de 2,44% para los no
        profesionales.
            Es por lo anteriormente comentado, que en realidad, un
        importante sector de trabajadores del Ejecutivo, recibirían entre
        4.44% y 9.98% correspondiente al percentil 50, además del 2,8%
        aprobado de aumento salarial. En razón de lo anterior, considero
        justo que si para los servidores y servidoras judiciales, se tiene
        presupuestado un 4%, se apruebe dicho porcentaje para el primer
        semestre del 2010 y así de esa forma, no se vea menoscabado en
        demasía el poder adquisitivo salarial de las y los trabajadores del
        Poder Judicial.”
                                      -0-

       Expresa la Magistrada Pereira: “Don Luis Paulino, le he pedido al

máster José Luis Bermúdez Obando, Jefe interino del Departamento de

Personal en sustitución del máster Francisco Arroyo Meléndez, que se

hiciera presente a la Corte para que nos comente el estudio que hizo ese

Departamento y podamos entender las razones por las cuales se propone el

4%.”



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      Se concede el uso de la palabra al máster José Luis Bermúdez

Obando, Jefe interino del Departamento de Personal, quien manifiesta:

“El incremento de costo de vida que definió el Poder Ejecutivo se divide en

dos aspectos. En primer lugar se pagó la inflación acumulada del semestre

anterior que es de un 2,80% esta inflación es la que comúnmente la Corte

ha venido aumentando en períodos anteriores, pero en esta ocasión el

aumento del Ejecutivo se divide en dos aspectos más, al sector profesional

se le otorga un ajuste al percentil 50 y al sector no profesional se le da un

ajuste adicional de un 2,44%. Entonces el aumento en realidad lo que se

escucha en la prensa es de un 2,80% pero en la práctica el aumento no es

así. Cuando esto se analizó en el Consejo de Personal se estableció la

necesidad de mantener salarios competitivos en el Poder Judicial, dado que

el sector profesional del Poder Ejecutivo y otros entes adscritos al Servicio

Civil han venido en una política agresiva en donde han pasado del percentil

30 al percentil 50. Ustedes recordarán en una sesión anterior en donde se

mostró el comportamiento del mercado salarial, pues al Poder Judicial se le

han venido acercando los otros entes, por ende se propone hacer un

aumento mayor a la inflación con el fin de mantener estos salarios

competitivos del mercado.

      Dentro de la formulación presupuestaria para el año 2010 siguiendo

las políticas del Ministerio de Hacienda, se definió un incremento por costo

de vida de un 4% por cada semestre, por ende, ese 4% que disponemos es


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el máximo con el que se tendría presupuestariamente para afrontar el

incremento salarial.”

      Consulta la Magistrada Pereira: “Don José Luis, hay una observación

también en el punto costo de vida en cuanto a la canasta básica que me

gustaría que lo aclare.”

      El máster Bermúdez Obando responde: “Ese fue un análisis

importante porque es común que uno acuda al supermercado y sienta que

los productos día con día se incrementan y uno se pregunta pero si en las

noticias o en los indicadores macro económicos el nivel de inflación tiende

a ser muy bajo, porque en el segundo semestre fue sólo de un 2,80%

inclusive tuvimos meses como noviembre con deflación. El tema es que

nos pusimos a investigar de qué estaba compuesta la canasta básica de

productos al consumidor con el fin de tener una idea del por qué de esta

situación. El asunto es básicamente que la canasta básica está compuesta

por cerca de 280 productos de los cuales hay algunos que no

necesariamente se ajustan al consumo tradicional o normal de la familia de

bajos ingresos, entonces ¿qué sucede?, al ser el índice de precios al

consumidor un promedio de los promedios, sucede que el aumento de los

productos de la canasta básica que tienden a incrementarse más, es

absorbido por el promedio de los otros artículos, por ejemplo los alimentos

tuvieron el mayor incremento del período con un 27,22% en promedio, sin

embargo, el transporte un 18,19% etcétera, pero hay otros que tuvieron un


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incremento mucho menor. Entonces el promedio de los promedios hace que

al final tengamos un crecimiento de la inflación bastante pequeño de un 2,

80% y de ahí la propuesta de que alguna manera se compense. De hecho el

Ejecutivo cuando negocia el tema con los sindicatos, por eso va un poquito

más allá buscando lo del percentil 50 que es un tema que no es de ahora,

sino que es una propuesta que ha venido en los últimos cuatro años,

pasaron del 30 al 50 y al nivel de los puestos no profesionales,

establecieron un aumento de un 4,88% dividido en dos aumentos de un

2,44%. Yendo más allá también utilizamos otras medidas de posición que

son nuevas tendencias que es la de estimación de medidas truncadas, que

también aísla los valores extremos de los incrementos o artículos que han

subido mucho, es una medida nueva que el Banco Central está utilizando

con el fin de tener una idea más clara de la inflación y de la toma de

decisiones y esto nos da durante el período una inflación del 4%, eso

aparece en el informe. Ante todos esos análisis y en virtud de que se cuenta

con contenido presupuestario, pues el Consejo de Personal recomienda el

4%.”

       Consulta el Magistrado Ramírez: “Ese 4% está presupuestado para el

primer semestre y el segundo semestre.”

       El máster Bermúdez Obando, responde: “Sí señor, un 4% en cada

semestre, así está definido.”

       Prosigue el Magistrado Ramírez: “¿Y hay contenido para eso?”


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      Indica el máster Bermúdez Obando: “Sí señor, en la ley de

presupuesto aprobada por la Asamblea, fue aceptado un 4% para cada

semestre.”

      El Magistrado Ramírez, continúa: “Don Luis Paulino, para hacer de

su conocimiento que el representante del Sindicato está anuente a que se dé

el 4%, parece que mandó una nota en ese sentido.”

      Expresa el Magistrado Armijo: “En el caso concreto parece que hay

suficientes elementos desde el punto de vista técnico para sustentar que sea

el 4%. En todo caso es una partida que ya está presupuestada, de hecho el

nivel de inflación todos lo estamos padeciendo de una forma u otra y

fundamentalmente la gente que gana menos. Creo que aún dando el 4% ni

siquiera llegaría a los mínimos que requieren los trabajadores para poder

tener una calidad más o menos media de vida o recuperar lo perdido por el

valor del dinero en los últimos tiempos, así que yo me inclinaría también

porque sea el 4%.”

      La Magistrada Pereira señala: “Yo siempre he creído que en vano

nosotros trabajaríamos por una institución si no motivamos e incentivamos

al personal de servicio. Cuando el Ministerio de Hacienda ha hecho

también sus movimientos para que nos comprometamos a aumentar lo que

el sector público aumenta, a efecto de no tener alguna consecuencia de que

los demás servidores públicos puedan también hacer valer sus derechos,

talvez lo hemos tomado muy a la ligera y no nos hemos dado cuenta de


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todos estos aspectos técnicos que hoy don José Luis Bermúdez nos está

informando. No es posible que para fijar la canasta básica en un país se

tome en cuenta o se eliminen los combustibles como si todas las otras cosas

de movimiento del país y que generan la economía de este país no

dependieran de eso, argumentando que no todo mundo tiene vehículos y

sube el medio de transportes y sube absolutamente todo lo que depende de

los combustibles y que sí nos incluyan en una canasta básica los cables de

televisión que se utilizan en la casa de los que pueden medianamente

pagarlos, como si los pobres de este país les interesa tener el cable de

televisión para incluirlo dentro de la canasta básica. Me ha molestado

mucho eso porque yo pienso que en materia de recurso humano nosotros

debemos además de ponernos la mano en el corazón, ser conscientes como

decía el Magistrado Armijo de los más necesitados. Quizás que cuando

conocimos del incentivo salarial que se hizo con ocasión de la distribución

o clasificación de la clase     gerencial, nos quedamos un poco atrás,

precisamente considerando que no deberíamos llegar ni siquiera al percentil

30, establecimos la mínima posibilidad que teníamos que era elevar la

clase profesional del Poder Judicial, que clasificó dentro de los puestos de

gerencia a un percentil del 25% y nos encontramos ahora que para

acercarse a todos los puestos del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo

aumenta un 50% en el percentil. Todos estos aspectos nosotros no podemos

dejar de considerarlos, creo sinceramente y yo les digo, hay muchos


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aspectos en los que podemos restringir los gastos, pero entratándose del

material humano, señores, tenemos que tomar la línea correcta y si nosotros

dejamos presupuestado el 4%, porque estimamos que eso era dentro de las

expectativas que teníamos, lo que nosotros podíamos dar, nosotros no

tenemos, me parece una razón en este momento para decir que vamos a

conceder menos de lo que el año pasado consideramos que era lo correcto.

      Con mucho respeto a lo que el Poder Ejecutivo dijo y razonó para

poder establecer el 2.80%, esa no es la realidad que vive el pueblo

costarricense y no es la realidad que tiene que vivir el Poder Judicial. De

manera que yo los insto a que aprobemos la propuesta del Consejo de

Personal.”

      Agrega la Magistrada León: “Todos somos conscientes que el 4%

tampoco lo soluciona y que de alguna forma es lo que la institución

presupuesta y puede dentro de sus posibilidades, porque ciertamente hay

una diferencia importante entre el 2.8% y el 4% que ahora se nos plantea

como posible, pero que seguimos estando por debajo de la realidad de la

inflación y de las necesidades que tiene la clase trabajadora y en particular

los salarios de los funcionarios judiciales. Creo que en todo caso siempre

hemos tenido alguna diferencia hacía arriba con la propuesta que hace el

ejecutivo y que también en algunos momentos existieron compromisos para

no separarnos de ella, pero si en este momento se puede hacer en buena

hora, pero yo sí quisiera manifestar mi sentir de que al margen de que sea


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una suma superior al 2.8% sigue siendo insuficiente para esos mismos

efectos.”

      Manifiesta la Magistrada Calzada: “Nada más tengo una duda. Estoy

de acuerdo en el 4% en este semestre, pero escucho que lo están fijando

para los dos aumentos, ¿qué pasaría si se produce algún tipo de crisis

financiera mucho más alta, hay posibilidades de que el Poder Judicial

pueda reacomodar esa cifra del 4%?”

      El Presidente, Magistrado Mora, aclara a la Magistrada Calzada: “El

compromiso que teníamos con el Poder Ejecutivo, era que si en el segundo

semestre se diera un aumento superior al 8%, lo que fuera necesario ellos

nos lo darían.”

      Prosigue la Magistrada Calzada: “Entonces, yo le pediría que en el

acuerdo quede muy claro esas condiciones. Si la inflación en el segundo

semestre es más alta que la que estamos presupuestando ahora, que esta

cuota del 4% no va a ser para todo el año, sino que podemos modificarla,

incluso si el ejecutivo no arregla las cosas. No creo que la Corte deba estar

sujeta a las políticas económicas del Ejecutivo, por todo lo que se ha dicho

aquí, sino que nos dejen en libertad de poder hacer un ajuste en caso de

algún problema que se presente en el segundo semestre.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Actualmente en el

presupuesto tenemos un 4% para este semestre y tenemos también un 4%

para el segundo semestre, sobre el segundo semestre no estamos tomando


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ahora ninguna determinación y lo que en su oportunidad habíamos pactado

con el Poder Ejecutivo cuando se daba el trámite del presupuesto, era que si

en el segundo semestre se necesitaba una mayor cantidad más allá del 8%,

ellos lo iban a cubrir.”

      La Magistrada Calzada le consulta al máster Bermúdez Obando: “¿El

estudio que estaba usted señalando hablaba del segundo semestre?”

      Aclara, el máster Bermúdez Obando: “Cuando me refería al segundo

semestre es del año 2009, porque el 2.80% es la inflación del semestre

anterior, corresponde al segundo semestre del 2009, la inflación que se

pagaría a partir de julio, sería la del primer semestre del 2010, porque se

paga el semestre anterior.”

      Continúa la Magistrada Calzada: “Para que quede claro mí posición,

yo aceptaría aumentar el 4% en este semestre, en el entendido que el 4% es

la base para la fijación del segundo semestre, o sea que de aquí no bajamos,

podría subir, pero nunca bajar.”

      El Presidente, Magistrado Mora, señala: “El segundo semestre lo

fijaríamos en el mes de julio.”

      Manifiesta el Magistrado Cruz: “Las razones por las que sea un 4%,

4.2% o un 2.8% y con las explicaciones que se puedan dar, la verdad es que

con la experiencia que he tenido sobre estos temas, a mí siempre me

consuela que la economía ha estado siempre cerca del Derecho, siempre

dicen que cuando hay un conflicto hay varias opiniones y al final las


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opiniones son diversas y hasta uno que no fue invitado da una opinión más.

La economía está lejos de ser ciencia en el sentido vulgar de la palabra.

      Me parece que en política económica hay algunos funcionarios

economistas que son como sastres, siempre hacen trajes a la medida,

entonces juegan con los contenidos, como cuando aquello de los

promedios, que dicen que el índice de redistribución del ingreso o el

ingreso promedio es de un 20% a un 25% y claro si uno está en una mesa

dice quién se habrá comido la parte mía, porque todo eso es jugar entre

micro y macro. Así como que a mí me quite el sueño porque un técnico

dice tal cosa y tal otra, pues eso la verdad es que después de lo que pasó en

Wall Street tenemos algún consuelo los abogados con relación a los

economistas. Estimo que siempre al final de cuentas no podemos dar los

aumentos en función de limitaciones presupuestarias, pero siempre habrá

trajes a la medida y la forma de hacerlo es justificarlo con algo que parece

muy científico, pero de científico tiene muy poco, así es que creo que en

este momento estamos en posibilidades de cambiar de traje, los criterios

para el traje son un poco diferentes. De todas maneras cuando son para

repartir otro tipo de cosas los trajes se hacen muy grandes y muy

generosos, pero si no es para los asalariados, generalmente se encojen, así

que yo creo que podemos en este momento hacer eso, en otro momento

creo que talvez tendríamos la limitación de que no nos van a dar el dinero

que en justicia lo señale, pero sí creo que de aquí se deriva algo y es que los


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criterios para determinar el costo de vida, no los podemos seguir nosotros,

porque son bastante acomodaticios y de científico muy poco.”

      El Presidente, Magistrado Mora, expone: “Previo a tomar el voto, en

razón de que yo me separo un poco de la propuesta, voy a señalar lo que

pienso. En el decreto del Poder Ejecutivo, se dio un trato preferencial a las

clases menores, señalando que iba a haber un aumento hasta el 4.44% y yo

en el caso, mi separación está para que a esas mismas clases en el Poder

Judicial se le reconozca ese porcentaje, como no tenemos más dinero que el

4%, pues entonces se lo disminuyo a las clases superiores, esa ese la forma

en que yo voto.”

      Señala el Magistrado Solís: “Me parece, señor Presidente, muy

ajustado a un Estado Social de Derecho esta moción que usted está

ofreciendo y desde ya mi criterio es apoyarla, no había tenido esta otra

versión. Sí le preguntaría a don José Luis Bermúdez si es técnicamente

posible hacer esos reacomodos para los sectores de niveles más bajos de la

escala funcionarial del Poder Judicial, los sectores administrativos

fundamentalmente.”

      El máster Bermúdez Obando, señala: “Según entiendo, sería para los

no profesionales un 4.44% y para los profesionales un 2.80%.”

      Aclara el Presidente, Magistrado Mora: “No, para el resto habría que

rebajarle la cantidad para que a esos se les pueda pagar el resto.”

      El Magistrado González añade: “Deberíamos de entender que no


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necesariamente llevaríamos a los profesionales al 2.80%, sino llevaríamos a

los profesionales en el porcentaje que permita llevar, luego de restar la

suma necesaria para los no profesionales.”

      Agrega el Presidente Magistrado Mora: “El cálculo que yo hago es

que muy probablemente al sector profesional habría que rebajarle diez

puntos para reconocer los cuarenta puntos al otro sector, en razón de que

los salarios nuestros son mucho superiores a los salarios de ellos.”

      El Magistrado Castillo indica: “Simplemente para apoyar la

propuesta del señor Presidente.”

      Expresa el Magistrado González: “Yo también votaría en igual

sentido que su propuesta, fortaleciendo el salario de los auxiliares y

cerrando en lo posible la brecha abismal que se ha venido forjando durante

los últimos años entre la clase profesional y no profesional, que al hacerse

o al haberse realizado sobre porcentajes rígidos o fijos de manera

indiscriminada, es obvio que ha venido -según entiendo y por lógica-

aumentando la brecha. Me parece muy bien su propuesta y la apoyo.”

      Manifiesta la Magistrada Calzada: “Me parece, señor Presidente,

muy bien su propuesta, pero yo quisiera verla en términos reales. Porque

pudiera ser que lo que se le vaya a aumentar más a los auxiliares, no

signifique nada y tenemos problemas con la judicatura, pues se sienten que

están mal pagados y el aumento que se les hizo no fue el que ellos

esperaban. Si nosotros vamos a decir, bueno está bien, que nos hagan un


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3.5%, resulta que la clase que vamos a limitar con ese aumento en la

mayoría del Poder Judicial no va a ser nada, van a ser cuarenta colones.

Estimo que esto ya sería un poco más como para quedar bien con un grupo,

pero en términos reales no va a significar nada. Yo quisiera ver en términos

reales qué podría significar ese aumento.”

      El Magistrado Arroyo refiere: “Simplemente para mostrar mí apoyo

a la propuesta del señor Presidente.”

      Expone la Magistrada Pereira: “Es para pedirle al máster Bermúdez

Obando que nos hiciera una estimación de las comparaciones salariales que

se han hecho y por qué es que se propone un 4% de aumento salarial y las

consideraciones que se tomaron para aumentar ese porcentaje.”

      El máster Bermúdez Obando indica: “Primero, el aumento del Poder

Ejecutivo es 2.80%, más un 2.44%, pero este último en realidad es un

4.88%, porque el Poder Ejecutivo en la negociación salarial anterior,

establece que a los no profesionales les va a hacer un aumento de un

4.88%, dividido en dos 2.44%, uno en el semestre anterior y otro en este

semestre. Entonces ¿cuánto es el aumento? un 2.80% más un 2.44%, eso

suman 5.24%, inclusive cuando conversamos con la gente de Servicio Civil

nos indican, se aumenta un 2.80% y sobre eso se aumenta el 2.44%, para

que quede claro ese punto, porque cuando se habla en realidad el Poder

Ejecutivo a los no profesionales, les está haciendo un aumento de la

inflación más un 4.88%, dividido en dos aumentos de 2.44% por semestre.


                                                                         71
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      Sobre el tema del mercado, hace unos meses el máster Francisco

Arroyo Meléndez y yo vinimos por acá a comentarles cómo estaba el

mercado salarial en relación con los diversos sectores, con el fin de definir

la política salarial. En ese momento veníamos con todas las curvas, datos

de la encuesta que el Poder Judicial contrata con la Empresa Consultora

PriceWaterhouseCoopers. El asunto se debe dividir en dos partes, el sector

no profesional a nivel de mercado salarial, tanto público como privado, en

realidad se encuentra muy bien pagado, o sea esa es una realidad de la

encuesta, no es nuevo, un conserje del Poder Judicial gana pues bastante

más que uno del Servicio Civil, obviamente las brechas se han ido

acortando porque ellos han tomado políticas agresivas para aumentar y eso

ha acercado las brechas. En cuanto al sector profesional se han tomado una

serie de medidas, por ejemplo, como el aumento a la base de los jueces,

fiscales y defensores de noventa y dos mil colones a la base, que se pagó

ahora en la primera quincena de enero, o sea el tema es que cuando el

Consejo analiza todas estas situaciones es que estima que el aumento debe

ser parejo de un 4% porque es un forma de compensar el aumento del

Poder Ejecutivo, porque éste está compuesto de dos factores. Uno el

aumento de la inflación del semestre anterior de un 2,80% más la

negociación política que es, llega a los profesionales al percentil 50 y

auméntele un 2,44% a los no profesionales producto de una negociación

anterior. Son varios factores conjugados en un aumento salarial, que no es


                                                                          72
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el típico en donde se dice, aumentemos la inflación acumulada el semestre

anterior que ha sido lo normal los últimos años, por ejemplo, el semestre

anterior se definió un aumento de 1,21% y eso fue lo que se aumentó y era

lo que se disponía de recursos, pero este semestre tiene un factor extra

además del costo de vida que son los que les acabo de decir.”

      Interviene el Presidente, Magistrado Mora: “No obstante esta

explicación yo siempre mantengo mí propuesta porque la realidad es que

hay una gran diferencia entre los ingresos del sector profesional de nuestro

Poder Judicial, aunque tengamos bien pago el otro sector. Me parece que el

aumento que se ha dado del costo de vida, el sacrificio que hay que hacer

ahora para poder suplir las necesidades básicas, requiere de mayores

recursos en ese grupo que en el que yo me encuentro. Estimo que es

conveniente ya que el Poder Ejecutivo ha actuado de esa manera, no dejar

que nuestros servidores de esa otra categoría vayan perdiendo el poder

adquisitivo de la moneda. En razón de eso yo mantengo mí posición.”

      La Magistrada Camacho dice: “Quería retomar un poco la

intervención de la Magistrada Calzada, que me parece importante y ver en

términos reales qué significa en un salario promedio de los más bajos del

Poder Judicial el incremento que vamos a otorgar de acuerdo a la propuesta

del Magistrado Mora, que me parece bastante justa si en términos reales así

se refleja.”

      Continúa el Magistrado González: “Dos perspectivas, una es


                                                                         73
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respecto de los auxiliares y nada más lejos de mí que palabras de corte

populista o simplemente de agradar a grupos. Sí tengamos presente una

cosa, que nuestros auxiliares o no profesionales ciertamente tienen un

mayor nivel salarial que el resto de la función pública, pero es que nuestro

no profesional es particular, yo siempre he creído que es un técnico medio,

no es un auxiliar común. Ahora lo que también me cuestiono es, si es por

esta vía de un aumento semestral que nosotros debiéramos reconocerle ese

plus a los auxiliares nuestros que más bien debería en un estudio general

elevarse a técnicos medios en condición adecuada, este es otro

cuestionamiento que quiero dejar sobre la mesa. En segundo lugar señor

Presidente, dado que me expresé tan mal en mi primera intervención sobre

este tema, quisiera aclararla, porque de acuerdo con su propuesta y yo me

permitiría afinarla, independientemente del resultado, pero por si prospera

sería: a los profesionales el 2,80% fijo en primera instancia, luego a los no

profesionales el 4,44% ahora, puede ser que de ese monto presupuestario

sobre dinero y entonces sería aumentar el porcentaje equitativamente de los

profesionales hasta donde dé el presupuesto, así le estoy entendiendo su

propuesta.”

      El Magistrado Jinesta, le expresa al Presidente, Magistrado Mora:

“Ante la propuesta suya, habida cuenta que en un momento determinado

hubo alguna oposición al aumento a la clase gerencial y luego pues se dijo

que se les iba a aumentar también a los profesionales y algunos se han


                                                                          74
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quejado de que no fue relevante ni significativo, si usted mantiene su

propuesta a mí me gustaría darle audiencia a la Asociación de la Judicatura,

a la Asociación de Profesionales del Poder Judicial y a la Asociación de

Jubilados para ver que opinan de su propuesta.”

      Prosigue la Magistrada Pereira: “Yo solamente quiero intervenir para

recordar lo que hemos estado aprobando. Está pendiente por parte del

Departamento de Personal hacer todo el estudio del sector no profesional

que es la prioridad para el presupuesto del 2011. Esto lo trajimos a Corte y

nosotros dijimos que sería prioridad para entrar a analizar en concreto todas

las clases no profesionales. Creo que cuando estamos analizando costo de

vida, no estamos analizando la clasificación que de todas formas el estudio

pendiente está en el Departamento de Personal.”

      La Magistrada Escoto indica: “Solamente quería participar para

hacer mías las inquietudes del Magistrado Jinesta. Me parece que en este

caso la Corte tiene que si varía en algo por lo que fuere, es importante

escucharles y también hacerles saber la motivación de variantes que se

tengan que dar.”

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Entonces de previo

tendríamos que resolver si le damos audiencia a las Asociaciones en

relación con el tema que he planteado.”

      Añade el Magistrado Solís: “Creo que estamos en dos tesis que son

excluyentes, porque todavía no sabemos cuál será la voluntad de este


                                                                          75
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órgano colegiado, si apoyar el informe presentado por el Consejo de

Personal y el Jefe del Departamento de Personal, no se hace necesario dar

las audiencias y por lo que puedo ver en éste órgano colegiado, pocos

estaríamos apoyando la moción suya don Luis Paulino. Que se tome la

votación y con ello ya se resuelve de una vez por todas. Lo que me

preocupa de las audiencias es que en un tema de aumento salarial que es

tan sensible para todas las organizaciones y personas, empezar a

retrotraerlo en la toma de la decisión, así que sugiero que mejor tomemos el

voto y depende de la orientación del voto, pues después discutiríamos lo

correspondiente.”

      El Magistrado Jinesta agrega: “Reformulo la propuesta. Me parece

que lo que se podría hacer primero es votar o no la recomendación que

hace el Consejo de Personal y si no se acoge por este órgano colegiado,

habida cuenta que nos separamos de un criterio técnico, ahí sí estimo que

habría que hacer las consultas a las Asociaciones de la Judicatura,

Profesionales y los Jubilados Profesionales también para ver qué opinan de

este rebajo.”

      Manifiesta el máster Bermúdez Obando: “Ante la consulta efectuada

respecto a cuánto representaba el 4% para el salario más bajo que es el de

un jardinero, cuyo monto es de ¢297.000,00, el 4% representa ¢11.880,00 y

un 4.44% unos ¢13.600,00. La diferencia sería de ¢1.720,00 entre los dos

aumentos.”


                                                                         76
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      El Magistrado González refiere: “Solo para ser consecuente en este

tema. Yo voy a rectificar mi voto, porque si públicamente acabo de decir

que iba a estar con su propuesta, ahora replanteándolo voy a estar con la del

Consejo de Personal y que sea mi voto consecuente con lo dicho.”

      Recibida la correspondiente votación, por mayoría de diecisiete

votos, se dispuso: 1.) Tomar nota de las comunicaciones del licenciado

Víctor Castro Méndez y del señor Francisco Gutiérrez Vivas. 2.) Aprobar

la recomendación del Consejo de Personal, y por ende decretar un 4 % de

aumento por costo de vida para el primer semestre del presente año, en el

salario base de todos servidores judiciales. En el mismo porcentaje se

incrementará el valor del punto de carrera profesional. Así votaron los

Magistrados Rivas, González, Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega,

Camacho, Ramírez, Pereira, Chinchilla, Calzada, Vargas, Armijo, Jinesta,

Cruz y la Suplente Quirós Camacho.

      Los Magistrados Mora, Solís, León, Arroyo y Castillo emitieron su

voto por disponer que el aumento por costo de vida para los puestos no

profesionales del Poder Judicial sea de un 4.44% y a las clases superiores el

porcentaje que permita lo presupuestado, luego de restar la suma necesaria

para los primeros.

      SALE EL MÁSTER JOSÉ LUIS BERMÚDEZ OBANDO.

                            ARTÍCULO XV

      Los licenciados Patricia Cordero Vargas, José Pablo Alvarado

                                                                          77
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Cascante, Ileana Mora Muñoz, Christian Fernández Mora, Criss González

Ugalde, Greysa Barrientos Núñez, Melissa Román Quesada, José Pablo

Martínez Granados, Raymond Porter Aguilar, Jessica Hernández Elizondo,

Randall Moya Valverde, Marcela Muñoz Ramírez, Olger Calvo Calderón y

Andrea Rodríguez Sandí, Fiscales de la Fiscalía Adjunta de Delitos

Económicos, Corrupción y Tributarios, en oficio N° Fadect 1423-2009 de

7 de diciembre de 2009, manifestaron:

              “Con la finalidad de que sea conocido en Corte Plena,
       sirva la presente para saludarlo, y aprovechar esta oportunidad
       para externar nuestra preocupación sobre los alcances dados al
       artículo 8 del nuevo Reglamento para el uso, control y
       mantenimiento de los vehículos del Poder Judicial, mediante
       Circular N° 140-09 de Corte Plena, que dispone:

             Artículo 8.- Vehículos de uso discrecional

              Serán de uso discrecional los vehículos asignados a las
       señoras Magistradas y señores Magistrados de la Corte Suprema
       de Justicia.
              Tales vehículos no tendrán restricción alguna en cuanto a
       horarios de operación, distancia o kilometraje y recorridos.
       Podrán ser utilizados, también, para satisfacer necesidades
       personales y familiares del funcionario para el mejor
       desempeño del puesto y el cumplimiento de sus deberes.
       Deberán portar placa particular y no se les pondrán marcas
       visibles que los distingan como vehículos propiedad del Poder
       Judicial. Cuando no estuvieren en uso y a solicitud de la
       Magistrada o Magistrado, serán custodiados por la Unidad de
       Transportes de Magistrados de la Sección de Transporte
       Administrativo (...)

              El funcionario a quien se le asigne un vehículo de uso
       discrecional, estará facultado para designar, fuera de la jornada
       laboral ordinaria, la persona que conduzca el vehículo,
       pudiendo serlo, incluso, alguno de los miembros de su círculo
       familiar inmediato, tales como padres, cónyuge, hijos o
       hermanos”. (Los resaltados no son del original).



                                                                           78
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       La primera preocupación que existe en relación con dicha
regulación, es que por vía reglamentaria se está legitimando lo
que en el resto de la Administración Pública sería constitutivo de
un Peculado de bienes, sancionado en el párrafo primero in fine,
del artículo 354 del Código Penal, pues lejos de responder al
ámbito de la discrecionalidad de los bienes públicos (concebidos
para garantizar el buen desempeño de la función pública); se
permite la utilización de vehículos institucionales, pagados con
los impuestos de todos los costarricenses, para satisfacer
necesidades personales y familiares del funcionario. Este aspecto
se contrapone de manera clara a lo establecido por la Contraloría
General de la República en el oficio DAGJ 2877de1 21 de
diciembre del 2000, que con fundamento en el Manual sobre
normas técnicas de control interno relativas al uso, control y
mantenimiento de vehículos”, publicado en el Alcance 7 de La
Gaceta N° 24 del 2 de febrero de 1996, señaló:
       “(...) No se le podrá dar un uso arbitrario en provecho de
él ni de su familia. Cada vehículo únicamente podrá ser utilizado
por el funcionario que tiene derecho a éste en razón del cargo
que ostenta, en estricto cumplimiento de las funciones propias
del mismo y en ningún caso por otra persona (.) No podrán
usarse para fines contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres o para usos en lugares que no contribuyan al objeto
del ministerio o institución al que pertenecen.”

       Asimismo, en el citado oficio el órgano contralor
estableció:

        “Así de lo expuesto, se puede concluir que “aún en los
actos típicamente discrecionales se descubre siempre un residuo
de elementos que quedan sometidos al principio de legalidad y es
por ello, que se asevera que “lo discrecional no es una
manifestación de pura libertad; se encuentra, como toda
actividad estatal, vinculada al orden jurídico...”.
        Con lo expresado hasta aquí, y para volver al fondo de su
consulta, debemos señalar que el vehículo asignado a un
funcionario y calificado como de “uso discrecional”, debe
utilizarse siguiendo los criterios arriba expresados (...)

       En ese sentido, los aspectos de razonabilidad del uso,
agregados a la oportunidad y conveniencia del mismo, nos
permiten arribar a la conclusión de que a esos vehículos no se
les puede dar un uso arbitrario, bajo un criterio de
aprovechamiento personal de los recursos públicos, (en
beneficio propio del funcionario), por el contrario, como lo
exigen las normas de buena administración, el funcionario o


                                                                     79
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debe darle el uso autorizado por el ordenamiento jurídico, en este
caso, por medio de los principios que rigen la actividad no
reglada, con miras siempre, y en esto radica la importancia, a
perseguir el fin que le dio origen a la asignación del vehículo,
es decir el mejor cumplimiento de las funciones propias del
cargo (.. .) Así, al funcionario, por su rango, se le asigna un
vehículo de uso discrecional, pero para que tenga mayor
facilidad a la hora de llevar a cabo sus funciones, cuyo
cumplimiento satisfactorio dependerá a la vez, de que él pueda
contar con los instrumentos necesarios para ese ejercicio. Es por
ello que debemos reafirmar que dichos vehículos deben ser
utilizados única y exclusivamente para aquellas tareas que
tengan relación con el cumplimiento de las funciones propias
del cargo, siendo por lo tanto, contrario a derecho, el uso en
otras actividades de índole personal o totalmente ajenas al
desempeño de la función para la que fue nombrado el servidor.”

       Finalmente, y en consideración a los límites de la
discrecionalidad administrativa la Contraloría General establece
que el no someterse a ellos “...implicaría una abierta violación al
principio constitucional de legalidad en la actuación
administrativa.” Y agrega “… para esta Contraloría General el
uso del vehículo discrecional debe ser exclusivamente para
funciones propias del cargo y no para cuestiones de índole
personal, las cuales escapan al fin público que encierra la
asignación de este tipo de bienes. No existen elementos que nos
lleven a cambiar el criterio ampliamente reiterado por este
Órgano Contralor según la trascripción supra, en el entendido de
que aún la discrecionalidad tiene un límite fundamental que en el
presente caso, lo delimita el fin público que se persigue con la
asignación del vehículo.”

        Igualmente, la reglamentación aprobada por la Corte
Plena, permite que terceros ajenos al Poder Judicial, puedan
utilizar los vehículos, destinados precisamente para cumplir una
función pública tan importante, como lo es la Administración de
Justicia.

      No dudamos de las buenas intenciones de esta
reglamentación, y sabemos lo importante que es para el buen
desempeño de las funciones de los Magistrados, el disponer de
medios de transporte en forma oportuna; sin embargo, lo
dispuesto en la Circular N° 140-09 de Corte Plena, excede lo
pretendido, hasta llegar a rayar con los límites de la legalidad.

      Sobre todo, como funcionarios del Poder Judicial, nos


                                                                      80
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       preocupa la reacción que este tipo de regulación pueda generar
       en la opinión pública, en donde el Ministerio Público se
       encuentra investigando y hasta ha solicitado la apertura a juicio
       de causas penales, por conductas de funcionarios públicos que
       han utilizado bienes del Estado en actividades personales, en
       donde también han transportado familiares de esos funcionarios,
       y se ha sostenido en estrados judiciales que esas conductas son
       constitutivas de acciones delictivas, por disponerlo así el
       legislador en el artículo 354 del Código Penal.

              En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos que
       se reconsidere lo aprobado en la sesión N° 39-09, celebrada el 09
       de noviembre del año en curso, y se hagan los ajustes necesarios
       para que no existan problemas de legalidad en lo dispuesto, en el
       seno del mismo órgano, establecido por la Constitución Política
       para aplicar la ley.”
                                     -0-

      Se concede el uso de la palabra al Magistrado Solís, quien

manifiesta: “Me llamó mucho la atención la nota que envían las señoras y

los señores de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y

Tributarios del Ministerio Público y a esa nota hay que darle toda la

importancia de rigor que requiere, porque lo que ellos manifiestan ahí es al

100% una valoración objetiva de cómo está siendo tratado y analizado por

los Órganos Contralores el tema del uso de los vehículos discrecionales.

      En algún momento sin mayores profundizaciones yo había hecho

mención de que eventualmente se podría dar algún tipo de discusión en

torno a esto y ahora los señores fiscales conocedores del Derecho Penal y

de lo que ha dicho la Contraloría General de la República y la Procuraduría

General de la República, en el tema del uso de vehículos discrecionales,

pues ponen muy claro el tema, por lo que mociono para revocar el acuerdo



                                                                           81
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respectivo y entrar de nuevo al análisis correspondiente en cuanto al

artículo que mencionan del reglamento indicado, pues la redacción que

después se incorporó quedó en exceso en los términos que ellos lo señalan,

casi pasible de estar cometiendo hasta un tipo de delito. Para mí eso es muy

preocupante para todas y todos los que integramos esta Corte y creo que lo

más sano es suspender la eficacia en lo correspondiente a la regulación de

los vehículos de uso discrecional, para ajustarse una redacción lo más

simple y normal como estaba, no sé porqué empezamos a reglamentar el

tema que no requería de mayor regulaciones y volver a la regulación previa

que era en los términos que establece la Ley de Tránsito como tal, pero

empezamos a entrar con mucho detalle que abarca más allá de lo que

corresponde en los términos del concepto de lo que es un vehículo de uso

discrecional.”

      Interviene el Magistrado González: “Yo antes que revocar lo

dispuesto preferiría adoptemos una medida talvez más tenue, sin afectar el

tema, no sé si el Magistrado Solís lo aceptaría, al menos suspender la

eficacia del reglamento por decisión nuestra, en tanto hacemos un estudio

de esto.”

      Consulta el Magistrado Chinchilla: “Cuál es la esencia de este tema.”

      Responde el Magistrado Solís: “Lo que dice la nota firmada por las

señoras y los señores Fiscales es que tal y como ha sido interpretado el

delito de peculado de bienes de dominio público o una figura similar y tal


                                                                         82
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como la misma Contraloría General de la República ha determinado los

alcances de la discrecional de un vehículo de uso discrecional asignado a

los jerarcas del Estado, el uso para efectos estrictamente personales, para

transportar familiares y efectos que van más allá del ejercicio del cargo,

podría ser pasible de la comisión de un delito. Eso lo que nos hacen saber y

sobre eso hay algunos datos jurisprudenciales, me acuerdo que en un caso

siendo yo Procurador General de la República, el chofer de un Ministro

salió condenado en razón de que utilizaba el vehículo con la aquiescencia

del titular de ese Ministerio para hacerle mandados personales y eso fue

discutido en un tribunal y se condenó a ambos por ese tipo de conductas.

Ese tipo de observaciones es la que nos hacen los fiscales para que

reflexionemos y adoptemos las decisiones correspondientes.”

      Expresa el Magistrado Jinesta: “Esos fueron unos agregados que se

hicieron a raíz de las propuestas de varios señores Magistrados y señoras

Magistradas en esta Corte. El tema que plantea el Magistrado Solís, tengo

profundas dudas, porque por ejemplo en ocasiones uno tiene que utilizar el

vehículo discrecional para realizar diversas gestiones y esto repercute en el

mejor y adecuado funcionamiento del servicio público, porque no es el

funcionario el que está invirtiendo esas horas haciendo esas diligencias,

pudiendo dedicar ese tiempo al estudio de los expedientes. Yo tengo

profundas dudas y considero que podrán haber criterios administrativos

muy respetables, pero habrá que ver qué dice un Juez de la República en


                                                                          83
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último término, pero si el Magistrado Solís propone suspender el articulado

completo, yo lo que propondría es suspender nada más la aplicación de esas

frases que están ahí, pero dejar el resto del articulado en funcionamiento y

rever esas frases que están ahí contenidas con profundas dudas, porque

según esa interpretación de la Contraloría General de la República, yo

tendría que ir al Banco en el vehículo discrecional y dejarlo en el parqueo,

porque tampoco el chofer prácticamente me podría llevar y hacer los pagos

del banco, en fin todas las gestiones que normalmente tenemos que hacer,

ir a recoger correspondencia a una dependencia del estado, a una ONG,

etcétera, en fin, todo esto tendríamos que ir a hacerlo personalmente, según

estas interpretaciones de la Contraloría General de la República, contrarias

al   concepto   esencial   de   la   discrecionalidad   administrativa,   que

precisamente es dejar márgenes amplios de regulación siempre y cuando no

violente las reglas unívocas de la lógica, de la técnica y de la ciencia. Creo

que esto no atenta contra reglas unívocas de la ciencia, de la técnica, ni de

la lógica, todo lo contrario, pretende que el funcionario en este caso un

miembro de un Supremo Poder, se pueda dedicar enteramente a sus labores

para atender adecuadamente los deberes constitucionales. Yo pediría que

reflexionemos sobre el punto y el tema de la discrecionalidad y

eventualmente suspender esas frases que están ahí, que a alguien no le

podrían sonar bien, pero yo entendería que la Corte tendría que reverlas

nuevamente y repensarlas si es del caso.”


                                                                           84
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      Agrega el Magistrado Solís: “Yo creo que talvez el error que

cometimos fue empezar a reglamentar un tema que no requería ser

reglamentado, porque durante muchos años existe la categoría jurídica en la

Ley de Tránsito de los vehículos de uso discrecional. Es la responsabilidad

de cada jerarca el establecer qué uso le da al vehículo discrecional. Ese

dictamen de la Contraloría General de la República del año 2000, se

originó en un tema que yo conocí cuando era Procurador General de la

República, propiamente de un Presidente Ejecutivo, que un sábado en horas

de la noche viniendo del matrimonio de un pariente se vuelca y destruye el

vehículo y entonces se le abre el trámite para que pagara el valor completo

del vehículo y la Contraloría lo sanciona en razón de que estaba siendo

utilizado el vehículo en un tema que no es propio del ejercicio del cargo, ir

a un matrimonio un sábado en la noche pues no era propio del desempeño

suyo como Presidente Ejecutivo de una institución descentralizada. Es ese

el dictamen que la Contraloría elaboró y en el cual los fiscales hacen una

interpretación -si ustedes quieren ampliativa- pero la están haciendo porque

nosotros de manera ingenua -perdonen el término- reglamentamos un tema

que era pacífico y por exceso caímos en esa tentación de reglamentación, la

cual en mi forma de entender debemos valorarla ciertamente al respecto.

Originariamente la discrecionalidad del uso del vehículo discrecional

quedaba como tiene que quedar, total y absolutamente al discernimiento y

al ámbito de responsabilidad y de ética funcionarial de cada jerarca.


                                                                          85
                                                                           86


      Ese es el tema que originó esta nota, lo que me preocupa es que son

los fiscales quienes nos están diciendo que estamos cometiendo o

podríamos cometer un delito y son temas muy sensibles.

      La Magistrada León señala: “La Ley de Tránsito, en el artículo 225,

específicamente en cuanto al uso discrecional de los vehículos, en lo que

interesa establece: “[…] estos vehículos no cuentan con restricciones en

cuanto a combustible, horario de operación, ni recorrido, características

que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la

unidad. Estos vehículos pueden portar placas particulares, […].” Creo que

si la propuesta de reforma reglamentaria se origina en un estudio o

planteamiento que hace un compañero o grupo de compañeros, por qué no

pensamos en la posibilidad de dejar sin efecto o suspender la vigencia de

las reformas, pero que de alguna forma este grupo le replantea a la Corte

una solución conjugando la disposición de la Ley de Tránsito y viendo más

allá, porque yo ahora agrego algo más, nosotros hemos autorizado

vehículos de uso discrecional por encima de los que ahí están y eso también

estaría mal y obligaría a que lo replanteáramos, y si fuera del caso, pedir la

reforma legal o el cambio de criterio de la Contraloría General de la

República, o lo que corresponda, a efectos de evitar que por esta vía

efectivamente estemos no solo en una eventual crítica pública, sino sobre

todo en riesgo de los delitos que nos están advirtiendo que podríamos

cometer. La propuesta podría ser que se replantee la consulta a la


                                                                           86
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Contraloría General de la República, sobre ese dictamen del año 2000 en

función de la disposición normativa.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada León:

“En cuanto a esto último, yo lo que había pensado era que si disponíamos

la suspensión de lo dispuesto con anterioridad, devolver al Magistrado

Jinesta este reglamento para que él analice la situación y nos haga una

nueva propuesta. Podría ser también con consultas a quienes él estime

necesario.”

      Interviene el Magistrado Jinesta: “Tengo que aclarar varias cosas. La

audiencia me la da la Secretaría General de la Corte en mí condición de

Coordinador de la Comisión de Vehículos y concretamente las frases yo no

las propuse, las propusieron otros compañeros y compañeras y se acogieron

en esta Corte. La propuesta original mía no traía esas dos frases. Ahora si

consideran que son frases inapropiadas se podrían suprimir, ya que el

respaldo está en la Ley de Tránsito y podría continuar vigente la norma.

Aunque me alarma mucho las preocupaciones y las suspicacias externas

que esto puede generar, habiendo normas que nos habilitan y nos

empoderan para estos efectos. Precisamente la discrecionalidad es lo

contrario de la legalidad, en el sentido de que hay una regulación normativa

más laxa, no hay un entrabado normativo tan intenso y entra el prudente

arbitrio del funcionario y su ética. Se supone que el vehículo de uso

discrecional se va a usar para facilitarle el ejercicio del cargo. Hay otro


                                                                         87
                                                                            88


detalle importante, aquí muchas magistradas y magistrados no han

comprado vehículo, sino que usan el vehículo del Poder Judicial y bajo una

interpretación gramatical y literal como la de la Contraloría General de la

República, sencillamente un magistrado o magistrada no podría utilizar el

vehículo de uso discrecional un fin de semana, cuando la Ley de Tránsito

dice todo lo contrario, no tiene restricciones de horario, de recorrido, de tal

forma yo sí pienso que hay que tener mucho cuidado a las interpretaciones

que haga la Contraloría General de la República, claro es un órgano de

control y demás, pero no por eso que sea un criterio determinante, sino más

bien los criterios que establece la Ley de Tránsito y la Ley General de la

Administración Pública, en cuanto a la responsabilidad administrativa.”

       Manifiesta el Magistrado Vargas: “Yo tengo la impresión que resulta

al   fin   de   cuentas   inapropiado    haber   dictado   este   reglamento,

particularmente porque la Corte tenía un sistema derivado directamente del

artículo 225 de la Ley de Tránsito y que nunca nadie cuestionó, es

suficientemente flexible y regulaba el uso de los vehículos de uso

discrecional y nunca había sucedido nada. A mí me da la impresión de que

nosotros debiéramos eliminar este reglamento y seguir como veníamos

antes.”

       Señala el Presidente, Magistrado Mora: “La propuesta que

tendríamos es para suspender la aplicación de estas normas que se refieren

al tema planteado por las y los señores fiscales y devolverlo a la Comisión


                                                                            88
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de Vehículos para que lo revise y haga una propuesta a la Corte, dado que

el tema no fue propuesto por el Magistrado Jinesta.”

      Agrega la Magistrada Camacho: “Me parece que también podría ser

otra propuesta decidir si es necesario o no reglamentar o sostener el criterio

con fundamento en la Ley de Tránsito y seguir como se venía hasta el

momento en que se requirió el reglamento.”

      El Magistrado Jinesta aclara: “En la propuesta que hice

originalmente sí venían cuestiones como por ejemplo, que se revisara cada

año el valor del mercado para la adquisición de un vehículo de esta

naturaleza para brindar las condiciones de seguridad y demás. De tal forma

que si se vuelve a la normativa anterior pues todas estas normas

desaparecerían.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le manifiesta al Magistrado Jinesta:

“Con la propuesta que nos hace el Magistrado Solís, lo que estaríamos

suspendiendo son esas normas.”

      Prosigue el Magistrado Jinesta: “Me parece que lo más adecuado

sería eliminar las frases señaladas.”

      Indica el Magistrado Solís: “Lo que propone el Magistrado Vargas y

lo que yo propongo es exactamente lo mismo, mi sugerencia es que la

redacción actual no debe seguir, la derogamos y volvemos a la redacción

anterior.”

      Interviene la Magistrada Varela: “Propongo que ordenemos que pase


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este asunto a la Comisión de Vehículos para que analice esta advertencia o

llamada de atención que hacen las y los fiscales, y que luego remitan una

recomendación a esta Corte. Me parece que es el órgano competente al que

deberíamos escuchar primero y posteriormente tomar una decisión al

respecto.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada Varela:

“Doña Julia, yo no la acompañaría en esa propuesta, porque lo que parece

es que la propuesta del Magistrado Solís es la correcta. Lo que deberíamos

de hacer ahora es tener por no puesto esa norma y enviárselo a la comisión

para que la comisión nos dé un informe en relación con el tema y de

momento suspendemos su aplicación.”

      Agrega el Magistrado Jinesta: “Yo diría derogarlo.”

      El Magistrado Solís señala: “Yo diría derogarlo al igual que lo está

sugiriendo el Magistrado Jinesta, habida cuenta que también se nos ha dado

la noticia de manera informal de que ya la Contraloría General de la

República tiene conocimiento de este reglamento. Mientras más rápido

adoptemos la medicina radical de derogar una normativa a toda luces

improcedente e impertinente mejor.”

      Prosigue el Magistrado Jinesta: “Igual que el Magistrado Solís, yo

creo que esas frases que contiene el artículo 8 del reglamento se podrían

derogar y dejar el resto del articulado, adoptando un acuerdo hoy mismo y

declarándolo firme.”


                                                                       90
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       Indica el Magistrado Chinchilla: “En el mismo sentido del

Magistrado Jinesta respecto a eliminar las frases indicadas del artículo 8 del

citado reglamento.”

       Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a tomar el voto. Lo

que haríamos sería, si la moción del Magistrado Solís es aprobada,

eliminaríamos esos párrafos que aparecen en negrita y subrayados y remitir

el tema a conocimiento de la Comisión de Vehículos, para que rinda un

informe a esta Corte al respecto.”

       Adiciona el Magistrado Jinesta: “Y que se declare acuerdo firme esta

derogación o reforma parcial.”

       Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se acordó: 1.)

Acoger la propuesta del Magistrado Solís y por ende derogar parcialmente

en la forma que se indica el artículo 8 del Reglamento para el uso, control y

mantenimiento de los vehículos del Poder Judicial, de tal forma que se

leerá así:

       “Artículo 8.- Vehículos de uso discrecional

               Serán de uso discrecional los vehículos asignados a las
        señoras Magistradas y señores Magistrados de la Corte Suprema
        de Justicia.
               Tales vehículos no tendrán restricción alguna en cuanto a
        horarios de operación, distancia o kilometraje y recorridos.
        Deberán portar placa particular y no se les pondrán marcas
        visibles que los distingan como vehículos propiedad del Poder
        Judicial. Cuando no estuvieren en uso y a solicitud de la
        Magistrada o Magistrado, serán custodiados por la Unidad de
        Transportes de Magistrados de la Sección de Transporte
        Administrativo.



                                                                           91
                                                                              92


               La Corte Plena fijará el límite máximo de consumo de
       combustible de los vehículos discrecionales, a cargo del Poder
       Judicial, el exceso en ese parámetro debe asumirlo la Magistrada
       o Magistrado de su propio peculio. De conformidad con lo
       dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 29-03 del 4 de agosto
       del 2003, artículo XXIV, en la cuota fijada no se computarán las
       salidas oficiales y las reuniones derivadas de las distintas
       comisiones de las que forman parte las señoras y señores
       magistrados.
               Los vehículos de uso discrecional deben reunir las
       condiciones mecánicas, de diseño, carrocería, motor y cilindrada
       necesarias para brindar los niveles de seguridad suficientes, en
       caso de amenaza o peligro a la vida e integridad física de los
       funcionarios a los que se les asigna.
               Para establecer el límite máximo de adquisición de los
       vehículos de uso discrecional en cada ejercicio presupuestario, la
       Dirección Ejecutiva estará obligada a efectuar una revisión anual
       del costo de adquisición en el mercado de un vehículo con las
       condiciones apuntadas en el párrafo precedente, lo anterior según
       criterios objetivos tales como –entre otros- el Índice de Precios al
       Consumidor (IPC), para evitar que se desmejoren los niveles de
       seguridad suficiente que deben brindar esos automotores. La
       renovación de los vehículos de uso discrecional deberá
       producirse, como mínimo, cada cuatro años a partir de su
       adquisición, para no comprometer las mencionadas condiciones
       de seguridad suficiente.
               La Dirección Ejecutiva velará por mantener un grupo,
       razonable y suficiente de vehículos "comodines" de los vehículos
       de uso discrecional –en caso de revisión, reparación o cualquier
       otra contingencia-, los que, necesariamente, deben reunir las
       condiciones apuntadas para brindar niveles de seguridad
       suficiente, así como el uso de placas particulares y la ausencia de
       cualquier distintivo del Poder Judicial.
               La normativa sobre el resto de los vehículos del Poder
       Judicial, será aplicable, únicamente, a los de uso discrecional en
       cuanto resulte compatible y conducente con sus fines.”

                                         -0-

      2.) Encargar a la Comisión de Vehículos a efecto de que analice esta

reforma parcial al artículo 8 del citado reglamento y en su momento rinda

el correspondiente informe a esta Corte. Se declara acuerdo firme.




                                                                              92
                                                                           93


                             ARTÍCULO XVI

      SALE EL MAGISTRADO VARGAS.

      En sesión N° 42-09 celebrada el 7 de diciembre del año recién

pasado, artículo XVI, por mayoría de nueve votos, se aprobó la aplicación

de la modalidad del Teletrabajo en el Poder Judicial, para lo cual el

proyecto de reglamento se aprobaría en una próxima sesión.

      La servidora Priscilla Ortiz Richmond, Secretaria Ejecutiva de la

Oficina de la Magistrada León, en correo electrónico recibido el 13 de

enero en curso, manifestó:

            “Con instrucciones superiores de la Magistrada Anabelle
       León Feoli, me permito remitir el REGLAMENTO PARA LA
       APLICACIÓN         DE        LA     MODALIDAD          DEL
       TELETRABAJO EN EL PODER JUDICIAL para el
       estimable conocimiento de los señores y señoras Magistrados,
       en la próxima sesión de Corte en virtud de la relevancia del
       tema

            No omito manifestar que dicho correo fue enviado desde el
       mes de diciembre a cada uno de los y las señores magistrados.


       Según lo acordado en la sesión de Corte Plena del día de ayer, en
       torno a la propuesta de Reglamento de Teletrabajo, adjunto:

       1.- Texto de la propuesta original en negro.

       2.- Observaciones de la Magistrada Varela en rojo, en los mismo
       términos en que ella nos lo hizo llegar en su oportunidad. La
       recomendación del Magistrado Chinchilla al Plan Piloto, se
       destaca en azul cursiva.

       3.- Sugerencias acogidas, algunas de ellas, reiterando las
       planteadas por el Magistrado Fernando Bolaños y aprobadas por
       la Corte, en MAYÚSCULA con fondo gris

       4.- Con letra morada, se destacan las razones por las que la

                                                                           93
                                                                       94


Comisión no comparte la sugerencia y la posición de la
Comisión,

Aprovecho para recordar que, la Comisión estuvo integrada por
los Magistrados Carlos Chinchilla, Zarela Villanueva, los jefes
de Personal, Informática y Planificación, así como la Licda. en
sicología Flory Campos y el Lic. Andrés Méndez, Personal y de
Planificación respectivamente, así como el M.Sc. Mauricio
Guido, letrado de la Sala Primera y el Dr. Armando Elizondo,
juez laboral. Yo tuve a cargo la coordinación.

La Secretaría de Género y la Escuela Judicial, se encargaron del
lenguaje inclusivo y de la revisión de un filólogo. Unido a ello,
se consultaron los Reglamentos vigentes en la Procuraduría
General de la República y en la Contraloría General de la
República, además de la experiencia del Instituto Costarricense
de Electricidad.

     REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA
    MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL PODER
                  JUDICIAL

                            CAPÍTULO I

    ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES.

     Para los efectos de este reglamento, se tendrán las siguientes
definiciones:

     a)      Teletrabajo: Forma flexible de organización laboral
que consiste en el desempeño de la actividad profesional o
técnica sin la presencia física del servidor o servidora judicial en
su cotidiano lugar de trabajo. El teletrabajo puede ejecutarse a
tiempo completo o parcial. Implica, además, el uso de métodos
de procesamiento electrónico de información y el empleo
permanente de algún medio telemático que permita la
comunicación entre el servidor o servidora judicial y quien
ejerce el puesto de superior jerárquico.

    b)       Patrono (corregir: EMPLEADOR): el patrono
            (corregir:    EMPLEADOR)        de     la  persona
            teletrabajadora a quien alude este reglamento es el
            Poder       Judicial.  SÍ, CORREGIDO POR
            MAGISTRADO BOLAÑOS.

    c)       Superiora jerárquica o superior jerárquico: Jefa


                                                                       94
                                                                     95


inmediata o jefe inmediato de la persona teletrabajadora.

    d)      Persona teletrabajadora: la que desempeña su labor
de acuerdo con la modalidad del teletrabajo.

     e) Addendum del convenio (corregir: QUITAR LA
PALABRA ADDENDUM): Acuerdo firmado entre la persona
servidora judicial y su patrono (agregar: EL PODER JUDICIAL
O EMPLEADOR), en donde se especificarán detalladamente las
condiciones de la relación de servicio (agregar: MEDIANTE EL
SISTEMA DE TELETRABAJO) del teletrabajo. SÍ,
CORREGIDO POR MAGISTRADO BOLAÑOS

     f) Jornada flexible: Jornada laboral del teletrabajador o
teletrabajadora donde no existe hora fija de inicio ni de final de
la jornada y que le permite al servidor o servidora judicial
cumplir con las obligaciones o tareas asignadas, por su superiora
o superior jerárquico, dentro del plazo estipulado en el
addendum (corregir: QUITAR LA PALABRA ADDENDUM Y
DEJAR       CONVENIO        QUE       SE     ADICIONA          AL
NOMBRAMIENTO) del convenio o en la forma en que en éste
se indique. SÍ, CORREGIDO POR MAGISTRADO
BOLAÑOS


                        GENERALIDADES

     ARTÍCULO 2.- OBJETIVO.
     Por medio de este reglamento, se pretende regular las
relaciones de servicio bajo la modalidad de teletrabajo y de
conformidad con las nuevas tecnologías desarrolladas o que
lleguen a serlo dentro del Poder Judicial, para dar continuidad al
cumplimiento de los objetivos contemplados en los planes
institucionales, de manera que las actividades se realicen de
forma eficaz y eficiente. Lo anterior con el fin de aprovechar los
cambios y desarrollos tecnológicos, con los cuales se pretende
potenciar la productividad y mejorar la calidad de vida de los
servidores y las servidoras judiciales, en beneficio de la
Institución.

   ARTÍCULO 3.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
DEL TELETRABAJO.

    Para los efectos de este Reglamento, son características
esenciales del teletrabajo las siguientes:



                                                                     95
                                                                      96


    a) Se ejecuta fuera del centro habitual de trabajo.

     b) Se utilizan recursos tecnológicos para la prestación de los
servicios y la comunicación.

     c) Está sujeto al cumplimiento de metas, objetivos y entrega
de ciertos productos previamente indicados por el superior
jerárquico o superiora jerárquica.

     d) La persona teletrabajadora debe estar disponible, en lo
referente a tiempo y desplazamiento, de acuerdo con lo que se
establece en este Reglamento o en el addendum (corregir:
QUITAR LA PALABRA ADDENDUM PORQUE ES UN
CONVENIDO TEMPORAL QUE MODIFICA EL LUGAR DE
PRESTACIÓN         DEL      SERVICIO)del      convenio.     SÍ,
CORREGIDO POR MAGISTRADO BOLAÑOS

     e) Es voluntario para ambas partes, salvo por razones
institucionales previamente declaradas por el Consejo Superior.
ME PARECE QUE NO DEBE DEJARSE ESA POSIBILIDAD
DE EXIGIRLO PORQUE SERÍA UNA MODIFICACIÓN DE
LA RELACIÓN LABORAL NO ACEPTADA POR EL O LA
SERVIDORA.
     Es importante conservar la propuesta porque se pueden
dar casos que por excepción permitirían adoptar esa
decisión. Por ejemplo trabajos de remodelación,
 reforzamientos de edificios o epidemias, entre otros. Su
fundamento, como dice el inciso, son razones institucionales.

   VARELA AGREGAR SALVO POR RAZONES
INSTITUCIONALES  MUY   CALIFICADAS  Y
PREVIAMENTE DECLARADAS POR EL CONSEJO
SUPERIOR

    f) El puesto que ocupe la persona trabajadora debe estar
autorizado para ejercer esta forma de trabajo, según los estudios
del Departamento de Gestión Humana. (agregar: Y NO
IMPLICAR UN INCUMPLIMIENTO DE NORMAS
LEGALES SOBRE PROHICICIONES DE SALIDA DE
EXPEDIENTES O DOCUMENTOS.)
    La autorización supone el cumplimiento de todo el
ordenamiento jurídico. El tema de los expedientes está
expresamente prohibido en cualquier circunstancia, por
diversas circulares del Consejo Superior: 54-2003, 76-2006,
entre otras.



                                                                      96
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    g) No genera, a favor de la persona servidora judicial, un
derecho adquirido a continuar desarrollando su trabajo bajo esta
modalidad.

     h) La persona trabajadora tiene los mismos derechos y
obligaciones que el resto del personal judicial, más los que se
deriven de su condición particular como teletrabajadora.

    i) No requiere de supervisión presencial para su ejecución.


                        CAPÍTULO II
                     SOBRE LOS PERFILES

   ARTÍCULO 4.- PERFIL DE LA SUPERIORA O DEL
SUPERIOR JERÁRQUICO.

     El Consejo Superior determinará, en caso necesario, a
quiénes corresponde definir las habilidades y competencias que
debe reunir la superiora o el superior jerárquico para dirigir,
correctamente, esta modalidad de trabajo.

   ARTÍCULO 5.- PERFIL                 DE    LA     PERSONA
TELETRABAJADORA.

     Corresponde al Departamento de Gestión Humana definir el
perfil de la persona teletrabajadora y al Consejo Superior,
establecer el proceso de evaluación y estudio.

    ARTÍCULO 6.- PERFIL DEL PUESTO.

    El perfil del puesto será elaborado por el Departamento de
Gestión Humana del Poder Judicial, en coordinación con los
órganos técnicos correspondientes.


                        CAPÍTULO III
                   DEL CONSEJO SUPERIOR

    ARTÍCULO 7.- FUNCIONES DEL CONSEJO
SUPERIOR.
    Le corresponde a este Consejo:
    a)       Definir, cuando sea necesario, las personas
responsables de confirmar o desarrollar las habilidades y
competencias de la superiora o del superior jerárquico.



                                                                   97
                                                                    98


    b)       Establecer un proceso de evaluación y estudio para
confirmar el perfil y la idoneidad de la persona teletrabajadora.

     c)      Autorizar el addendum (QUITAR LA PALABRA
ADDENDUM Y PONER CONVENIO PORQUE SE TRATA
DE UN CONVENIO TEMPORAL QUE MODIFICA LA
FORMA           DE       PRESTACIÓN           CONTRATADA
ORIGINALMENTE) respectivo que debe firmar la persona
teletrabajadora, de conformidad con el artículo 22 de este
Reglamento. Caso contrario, justificar la negativa del permiso.
SÍ, CORREGIDO POR MAGISTRADO BOLAÑOS

    d)     Definir los criterios y procedimientos con los que se
evaluará el rendimiento de las personas (agregar E
INFORMARLO A LAS PERSONAS QUE DESEEN
SOMETERSE A ESE SISTEMA, DE PREVIO A LA FIRMA
DEL ADENDUM AL NOMBRAMIENTO).
    Para la Comisión, se sobre entiende que al ser aspectos
de carácter general, serán de conocimiento de todos los
funcionarios y funcionarias, en particular de quienes puedan
optar por esta modalidad. AGREGAR QUE LO QUE
INDICÓ LA MAGISTRADA LEÓN.

     e) Verificar el cumplimiento, por parte de las personas
teletrabajadoras, de los requerimientos mínimos en cuanto al
espacio     físico   donde    desarrollan   OK    (modificar:
DESARROLLARÁ EN LUGAR DE DESARROLLAN
PORQUE PARECE INDICAR QUE PRIMERO LES
AUTORIZA Y LUEGO LES INVESTIGA ESTO PODRÍA
GENERAR ACUSACIONES SOBRE INCUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS          QUE      PREVIAMENTE         NO       SE
ACREDITARON) sus tareas. (ESTO DEBE HACERSE DE
PREVIO A LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO) SE ACOGE PERO NO PARA
SUSTITUIR, SINO PARA COMPLEMENTAR, DE MANERA
QUE LA VERIFICACIÓN SEA ANTES Y DURANTE EL
PERÍODO DE TELETRABAJO.

     f)      Promocionar, apoyar e impulsar el teletrabajo dentro
del Poder Judicial, para lo cual podrá contar con el apoyo de los
diferentes órganos que lo integran.


                     CAPÍTULO IV
              PERSONAS TELETRABAJADORAS



                                                                    98
                                                                     99


    ARTÍCULO 8.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL.

     Para participar en esta modalidad laboral, tanto la persona
servidora, como el puesto que desempeña, deben cumplir con el
perfil que se defina.

    ARTÍCULO 9.- VISTO BUENO DE LA JEFATURA.

     El servidor o servidora judicial que desee laborar conforme
a esta nueva modalidad de trabajo debe contar con el visto bueno
de su superiora o superior jerárquico. En el caso de jueces,
juezas, servidores y servidoras judiciales, estas personas deberán
contar previamente con el aval de quien coordine o presida el
despacho. ME PARECE QUE LOS INTEGRANTES DE
JUDICATURA NO PODRÁN SER AUTORIZADOS PORQUE
IMPLICARÍA SACAR EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE
LOS DESPACHOS, SALVO QUE SE DEJE PARA CUANDO
SE HAYA MODIFICADO LA LEY ORGÁNICA QUE LO
PROHIBE) LA MAGISTRADA VARELA ESTÁ DE
ACUERDO CON LA REDACCIÓN.
     La Comisión estima que, no corresponde al Reglamento
decidir cuales puestos no son teletrabajables, porque ello,
según el propio Proyecto, corresponde a instancias
administrativas. En el Proyecto, como puede verse, hay dos
definiciones fundamentales, el perfil del puesto y el perfil de
la persona teletrabajadora, de ahí que hasta que se defina el
primero, será posible identificar categorías de puestos que no
se adaptan a esta modalidad.
     La salida de expedientes, ya fue comentada en el artículo
3, inciso f). Baste decir que, hay medios alternos como el
escaneo, la llave maya y a futuro cercano, el expediente
electrónico e escritorio virtual, en lo que ya se está
trabajando.


   ARTÍCULO 10.- JORNADA LABORAL Y HORARIO
DENTRO DEL TELETRABAJO.

     La jornada debe ser flexible y la persona trabajadora debe
cumplir con las metas o el trabajo que su superiora o superior
jerárquico le solicite y en el plazo asignado para tal efecto. Sin
embargo, cuando así lo requiera el tipo de funciones que
desempeña, deberá acatar los horarios definidos con la
modalidad ordinaria, todo lo cual ha de incorporarse en el
addendum del convenio respectivo. (recomiendo modificar la
redacción, DEBE SER LA MISMA QUE SE UTILIZA PARA


                                                                     99
                                                                    100


EL TRABAJO PRESENCIAL, porque así se logra disciplina y
mejor control de las jefaturas de los resultados enviados por
medios telemáticos, de lo contrario se podría caer en una gestión
que pide mayores esfuerzos y explotación de las y los servidores
que no son de confianza, los cuales sí pueden estar disponibles
hasta por 12 horas)
      EL HORARIO DEBE SER EL MISMO QUE EL
PREVISTO PORQUE DE LO CONTRARIO SI LE
ACONTECE UN ACCIDENTE LABORAL FUERA DE ESE
HORARIO PUEDEN PRESENTARSE PROBLEMAS CON EL
SEGURO CONTRA RIESGOS LABORALES, PORQUE NO
SE PROTEGE CUANDO SE ESTÁ FUERA DE LA
JORNADA LABORAL
     SEGÚN SUGERENCIA DEL MAGISTRADO BOLAÑOS,
LO QUE ES FLEXIBLE ES EL HORARIO, NO LA
JORNADA QUE SIEMPRE VA A SER DE OCHO HORAS Y
ASÍ SE ACORDÓ, JUNTO CON EL CAMBIO DEL
ADENDUM.
     Este es un artículo medular. La regla en el teletrabajo es
la flexibilidad horaria y el trabajo por objetivos o resultados.
En razón de ello, se prevé la posibilidad de respetar los
horarios ordinarios, solo en caso de que sea necesario. Se
parte de que el rendimiento no es diferente al que se tendría
en la modalidad presencial, por eso, debe excluirse cualquier
insinuación a un riesgo de explotación o a un enfoque de
control directo de la jefatura que, se reitera, evalúa por
resultados. Ver al respecto los artículos 1 y 3. Como se verá,
esta disposición se complementa con la siguiente.
     La observación sobre pólizas de riesgos se responde en el
artículo 17

    ARTÍCULO 11.- DISPONIBILIDAD.

     Dentro de la jornada ordinaria, la persona teletrabajadora
estará localizable (agregar: DENTRO DEL MISMO HORARIO
QUE LO ESTARÍA EN LA JORNADA PRESENCIAL) para su
superiora o superior jerárquico, con el fin de permitir un
adecuado intercambio de información, su supervisión, recibir las
instrucciones correspondientes o ejecutar tareas urgentes. (Lo
anterior, no implica ninguna remuneración ordinaria ni
extraordinaria por parte del patrono.) YO QUITARÍA LO QUE
ENCERRÉ ENTRE ( ) PORQUE ME PARECE ABUSIVO
     El agregado que se sugiere (mismo horario que jornada
presencial), repite la idea de jornada ordinaria que recoge el
texto propuesto. La disponibilidad se complementa con el
numeral siguiente.


                                                                    100
                                                                        101


          SE COMPARTE LA NECESIDAD DE ACLARAR LO
       DE LA NO REMUNERACIÓN

                                     - 0-

      Se concede el uso de la palabra a la Magistrada León, quien

manifiesta: “Este tema de teletrabajo lo habíamos un poco como declarado

prioritario y por motivos distintos yo no voy a estar ninguno de los otros

dos lunes siguientes. Entonces, como teníamos pendientes algunas cosas

por definir, yo les había mandado un proyecto donde se indicaba que se ha

acogido de lo que se había presentado en la Corte, dejaba en rojo las

propuestas de la Magistrada Varela y en azul la propuesta que al transitorio

había hecho el Magistrado Chinchilla, finalmente que en mayúscula y con

fondo gris las del Magistrado Suplente Bolaños que esta Corte ya había

aprobado y con letra morada la posición de la Comisión sobre esas

propuestas. En realidad son puntos muy específicos los que esta Corte

tendría que pronunciarse, hay algunos que son meramente de redacción

pero sí hay otros que tocan puntos medulares del teletrabajo que de alguna

forma harían que casi toda la propuesta tuviera que ser reformulada porque

cambian algunas cosas fundamentales. Yo no sé si la idea sería leer los

artículos indicando en los casos donde ya se hizo la corrección o en

aquellos otros donde la Corte tenga que tomar alguna definición. También

la Magistrada Villanueva y el Magistrado Chinchilla como miembros de la

Comisión tuvieron la oportunidad de verlo y podrían colaborar en la



                                                                        101
                                                                           102


propuesta de los planteamientos que aquí se vendrían haciendo.

      En el primero la propuesta del Magistrado Suplente Bolaños, fue

acogida para sustituir en todo el texto en lugar de patrono empleador, luego

la Magistrada Varela reitera esa solicitud y también quitar la palabra

addendum que ya se había corregido por solicitud del Magistrado Suplente

Bolaños, en el sentido de que si estábamos en régimen estatutario y no

había un contrato específico para cada cual, pues mal haríamos en llamarlo

addendum, de manera que estaríamos hablando más bien un convencio en

que se estarían estableciendo las reglas específicas para cada una de las

relaciones y eso permea todo el texto. En el artículo 3, donde se dan las

características esenciales del teletrabajo, en el inciso e), dice la propuesta:

“Es voluntario para ambas partes salvo por razones institucionales

previamente declaradas por el Consejo Superior”. La Magistrada Varela

decía que no convenía dejar esa posibilidad de exigirlo porque sería una

modificación de la relación laboral no aceptada por la servidora, nosotros

en la Comisión creemos que es importante conservar la opción porque se

pueden dar casos de excepción que pueden obligar como la propuesta lo

dice por razones institucionales previamente declaradas.         Señalábamos

como ejemplo posibles remodelaciones, necesidad de reforzamiento de

edificios o epidemias y en realidad esto surge con ocasión de la crisis que

se presentó con la gripe AH1N1 que se dio una directriz general de que las

mujeres embarazadas porque existían razones superiores pudieran o se


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                                                                       103


sometieran a este sistema, entonces pareciera que mantenerlo y es la

propuesta que yo planteo en nombre de la Comisión es que cuando hay

razones institucionales previamente señaladas por el Consejo Superior,

serán, obviamente para grupos, sectores o poblaciones específicas que se

mantenga esa propuesta, entonces no sé si esto lo vamos votando.”

    MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA

MAGISTRADA LEÓN SALIÓ LA MAGISTRADA PEREIRA.

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “¿Les parece que tengamos

que votar?. A mí me parece que la propuesta en la forma señalada por la

Magistrada León es la que resulta ser correcta, ¿no sé Magistrada Varela si

a usted le parece?”

      Responde la Magistrada Varela: “Sí, con las explicaciones que da la

Magistrada León y que en otra oportunidad había señalado, yo no tendría

objeción que se quite eso, le agregaría nada más, “salvo razones

institucionales muy calificadas”, porque si bien es cierto la Magistrada

León está explicando que serían cuestiones relacionadas con la salud, entre

otras, estimo que el Consejo Superior tiene que tener parámetros claros

para definir en qué casos es que lo exigiría.”

      Añade la Magistrada León: “Bueno, yo me lo atribuyo en nombre de

la Comisión, estaría anuente a agregarle de forma tal que se lea: “Es

voluntario para ambas partes salvo por razones institucionales muy

calificadas y previamente declaradas por el Consejo Superior.”


                                                                       103
                                                                        104


      Consulta el Presidente, Magistrado Mora: “¿No es necesario tomar

voto?, no, bien.”

      Prosigue la Magistrada León: “El inciso f) dice: “El puesto que

ocupe la persona teletrabajadora debe estar autorizado para ejercer esta

forma de trabajo según los estudios del Departamento de Gestión”. La

Magistrada Varela, indica: “… y no implicar un incumplimiento de normas

legales sobre prohibiciones de salida de expedientes o documentos. Un

poco la Comisión responde: La autorización supone el cumplimiento de

todo el ordenamiento jurídico, el tema de los expedientes está

expresamente prohibido en cualquier circunstancia por diversas circulares

del Consejo Superior, ahí se citan entre otras una del 2003 y otra del 2006.

Entonces al decir que debe estar autorizado, se supone que el Departamento

de Personal para esa categoría de puestos hizo un estudio que dice que ese

puesto, cualquiera que lo ocupe es el puesto o la categoría en sí, es

teletrabajable.

      En el artículo 7, inciso c) dice funciones del Consejo Superior,

entonces dice: Autorizar el addendum y entendemos que esa palabra hay

que modificarla en los términos ya convenidos y aprobados por la Corte.

Luego en el d) indica: Definir los criterios y procedimientos con los que se

evaluará el rendimiento de las personas. La Magistrada Varela dice: “e

informarlo a las personas que deseen someterse a este sistema de previo a

la firma del addendum”. Para la Comisión se sobreentiende que al ser


                                                                        104
                                                                         105


aspectos de carácter general serán de conocimiento de todos los

funcionarios y funcionarias en particular de quienes van a optar por esta

modalidad, o sea la idea de la Comisión fue dejar más bien como abierto a

que el Consejo Superior defina los procedimientos, pero obviamente en el

momento en que una persona se va a someter a esa modalidad va a conocer

las reglas del juego tanto institucionales como aquellas que tiene que

respetar.”

      Interviene la Magistrada Varela: “Me parece que es conveniente

agregar lo que sugiero porque fija claramente las reglas del juego y a

cualquier persona que se someta al teletrabajo le queda garantizado el

derecho a ser informada de previo para que se dé una decisión bien

informada. Cierto que el Reglamento una vez que se apruebe tiene que

publicarse, pero todos sabemos que las publicaciones genéricas no siempre

dan el resultado esperado, y no afecta que cuando un funcionario (a) se

quiera someter al sistema de teletrabajo se le informe de previo y así conste

en el documento que firme, por esa razón es mejor aclararlo.”

      La Magistrada León, expone: “Podríamos en esa línea agregar y

decir que serán avalados o suscritos por la persona en las condiciones que

los conoce.”

      Adiciona la Magistrada Varela: “Eso es, en los mismos términos que

acontece cuando una persona entra a laborar. Esto lo hacen mucho en el

sector privado; así cuando contratan personal ponen al trabajador (a) a


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                                                                        106


firmar un documento donde da fe que conoce las reglas vigentes en cuanto

a las obligaciones, las prohibiciones y demás.”

      La Magistrada León, añade: “Entonces agregaríamos eso que los

conocerá previo a su decisión y que serán incorporados en el contrato que

firme. Luego en el inciso s, dice verificar el cumplimiento como una de las

tareas del Consejo por parte de las personas teletrabajadoras de los

requerimientos mínimos en cuanto al espacio físico. Esto ya se había

discutido en la Corte porque el Magistrado Bolaños había planteado

diciendo: “Y agreguemos que deberá de ser también, respetando los

derechos y la dignidad del trabajador y de la familia”. Entonces también le

explicamos que esto no pretendía exigir a que en la casa o el lugar donde se

llevara a cabo el teletrabajo tuviera mejores condiciones que la propia

institución no ha tenido capacidad de ofrecer y que podría ser un poco

discriminatorio en el sentido de que solos ciertos estatus con ciertas

condiciones podrían acogerse al sistema. La Magistrada Varela lo que

planteaba es “desarrollará” en lugar de “desarrollan”, porque parece indicar

que primero los autoriza y luego los investiga y esto podría general

acusaciones sobre incumplimiento de requisitos que previamente no se

acreditaron sus tareas, esto debe hacerse de previo a la modificación de la

forma de la prestación del servicio, se había acogido no para sustituir sino

para complementar de manera que la verificación sea antes y durante el

período del teletrabajo o sea le estamos dando más.”


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                                                                         107


      Aclara la Magistrada Varela: “La idea es que las reglas queden bien

claras para evitar sorpresas institucionales, y que se cumpla el objetivo de

la institución y, con respecto las personas que se sometan a este sistema, es

necesario que tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones.”

      La Magistrada León, indica: “En realidad aquí la propuesta va

aceptando lo de ustedes pero conservando lo de nosotros, entonces como

una evaluación previa, pero también una verificación en cualquier

momento, o sea las dos cosas a la vez. Luego en el artículo 9, se dice “visto

bueno de la jefatura”, la propuesta de la Comisión es el servidor que desee

laborar conforme a esta nueva modalidad debe contar con el visto bueno de

su superior o superiora jerárquico, en el caso de jueces estas personas

deberán previamente contar con el aval de quien coordine o presida el

despacho. La Magistrada Varela dice me parece que los integrantes de la

judicatura no podrán ser autorizados porque implicaría sacar expedientes o

documentos de los despachos, salvo que se deje para cuando se haya

modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Comisión estimó

siempre que no correspondía al reglamento decir cuáles puestos o

categorías eran teletrabajables, porque para eso se está pidiendo en cada

caso un informe técnico en cuanto a la categoría del puesto, pero también

un perfil de la persona o sea que aún estando en una categoría

teletrabajable, si la persona no cumple con los requisitos que en su

momento establecerán las personas que conozcan de esto y que están en el


                                                                         107
                                                                         108


Departamento de Personal, serán quienes vengan a decidir. Sí rogaríamos

que la norma se mantenga tal cual, en el sentido de que no cerremos en un

reglamento sin informes técnicos las posibilidad de que un juez pueda o no

teletrabajar. El tema de los expedientes también ya fue respondido en el

sentido de que hay prohibición expresa para su salida pero que se supone

que van a existir avances tecnológicos que van a permitir el expediente

electrónico, el escaneo, las fotocopias y otros medios que desde luego el

reglamento no entra el detalle que permitirían sustituir el expediente por

esta otra alternativa. En concreto, el reglamento deja la previsión de que un

juez pueda teletrabajar, a lo mejor no un juez de trámite, pero sí un juez de

fondo o a lo mejor no toda la semana, pero sí unos días, por un período

determinado ante una determinada circunstancia, pero que sean los

informes técnicos que nos digan no solo el puesto, sino si la persona se

puede adaptar o no.”

      Agrega la Magistrada Varela: “El obstáculo de tipo legal que

encontré fue el de salida de expedientes, escollo que podríamos salvar

aprovechando la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

que está pendiente, donde se regule los casos en que no es prohibido la

salida de expedientes o documentos, para que no sea tan rígido como

ocurre en la actualidad; debemos contar con normas más flexibles que

permitan teletrabajar en el campo de la administración de justicia.”

      La Magistrada León consulta a la Magistrada Varela: “Entendería


                                                                         108
                                                                         109


que usted está de acuerdo en que dejemos la redacción original. Pero que

además en este momento la prohibición no la contempla el reglamento

porque ya está dispuesta por la ley y por el Consejo Superior.

      Prosigue la Magistrada León: “ Jornada laboral y horario. Este es un

punto importante, la propuesta del reglamento es que la jornada sea flexible

y que la persona teletrabajadora cumpla con las metas o el trabajo que le

indique el superior y en el plazo asignado. Sin embargo cuando así lo

requiera el tipo de funciones que desempeña, deberá acatar horarios

definidos con la modalidad ordinaria, todo lo cual a de incorporarse en el

convenio.    La Magistrada Varela dice que recomienda modificar la

redacción en el sentido de que debe ser la jornada la misma que se utiliza

para el trabajo presencial, porque así se logra disciplina y mejor control de

jefaturas de los resultados enviados por medios telemáticos. De lo contrario

se podría caer en una gestión que pide mayores esfuerzos y explotación de

las y los servidores que no son de confianza, los cuales sí pueden estar

disponibles hasta por doce horas, el horario debe ser el mismo que el

previsto porque de lo contrario si le acontece un accidente laboral fuera de

ese horario, pueden presentarse problemas con el seguro contra riesgos

porque no se protege cuando se está afuera.          Según sugerencia del

Magistrado Bolaños, lo que es flexible es el horario y no la jornada que

siempre va a ser de ocho horas y así ya lo había dispuesto la Corte, junto

con el cambio de la palabra addendum. La Comisión estima que este es un


                                                                         109
                                                                          110


artículo medular porque la regla en el teletrabajo es justamente la

flexibilidad horaria, es trabajar por objetivos o resultados, en razón de ello

es que se prevé la posibilidad de respetar horarios ordinarios solo en los

casos en que sea necesario, se parte de que el rendimiento no va a ser

diferente al que tendrían en una modalidad presencial, por eso debe

excluirse cualquier insinuación a un riesgo de explotación o a un enfoque

de control directo de la jefatura que se reitera, va a evaluar por resultados.

Esta disposición en todo caso se complementa con otras que ahí se citan y

luego la observación sobre pólizas de riesgos, también se responde más

adelante en el sentido de que el tema de riesgos en las instituciones

públicas que ya implementaron el teletrabajo, sigue teniendo algunas

dudas, también siguen existiendo en este momento y un poco la respuesta

que se nos da es que en materia de riesgos laborales aún en trabajo

presencial, lo cierto es que está muy sujeto a prueba, ejemplo, a medio día

o a las once de la mañana está en el Mas x Menos se quebró una pierna, es

o no riesgo laboral, entonces el tema es muy casuístico y está sujeto a

factores de prueba. La idea de amarrar al teletrabajador a una misma

jornada, sí quiebra un principio medular, porque es mantenerlo disponible

en una jornada ordinaria que por esencia no debe cumplir porque es

justamente lo que el teletrabajo procura, trabaje cuando quiera y como

pueda, pero déme un resultado, entonces este artículo sí es fundamental que

la Corte pues tome una decisión en el sentido de que si lo vamos a amarrar


                                                                          110
                                                                             111


al horario, no es teletrabajo, yo no sé como se llamaría la modalidad pero

es algo distinto, porque la esencia teletrabajo a la tica seguro o a lo judicial.

No es cierto que en un teletrabajo la persona tenga que estar disponible

para efectos nuestros de siete y media a cuatro y medio, porque se supone

que se acogió a esa modalidad entre otras razones, para tener esa

flexibilidad horaria.”

      Señala la Magistrada Varela: “Es cierto que teóricamente el concepto

de teletrabajo es el que indica la Magistrada León. Sin embargo, debemos

adaptarlo a los requerimientos institucionales y a los controles necesarios

que tiene que ejercer la Institución, por el servicio público de justicia que

imparte, por eso me parece conveniente conceptualizarlo con matices

diferentes al teórico por la especialidad del servicio de administración de

justicia, o sea que debe ajustarse a las necesidades del servicio donde se va

a implementar. Se ha promocionado, y me parece bien, el tema de que el

teletrabajo, hablando de las ventajas, entre ellas, que la persona no tiene

que trasladarse, no gasta en transporte, en vestuario y otras cosas necesarias

para estar presentable en una oficina; eso es bueno, pero es necesario que

quede claro que las exigencias sobre resultados siempre serán las mismas, o

sea, que no se espera que un teletrabajador o una teletrabajadora presente

un rendimiento menor al que tenía cuando estaba laborando en el sistema

presencial.”

      Interviene la Magistrada León: “Las mediciones son distintas,


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tenemos que romper un poco el esquema del jefe que está diciendo, ¿qué

está haciendo?, ¿a qué horas vino?, ¿por qué se va antes?, no simplemente

es una nueva figura de jefe que le va a decir, este es su trabajo y lo quiero

dentro de una semana nada más, ¿a qué hora? y ¿cómo?, usted es la

persona responsable, no me dio el resultado, entonces no quiero que siga

teletrabajando porque usted no tiene la disciplina. Pero no podría yo dentro

del teletrabajo, decir, eso sí de siete a cuatro, tiene que estar, porque si yo

lo llamo, si yo lo necesito, porque lo estamos amarrando a un horario que

es una de las cosas que se rompen en la modalidad de teletrabajo, ahí es la

observación donde yo sí quisiera insistir, porque no es parte digamos de lo

que se busca, se busca estimular el teletrabajo por los beneficios que en su

momento fueron expuestos aquí y hacerlo atractivo, no que la gente diga, sí

estoy pero entonces estoy en la casa, allá por lo menos me iba a tomar café

y no me vigilaban, pero aquí si salgo al frente entonces no estoy, la idea es

quitar un poco esos temores, sin por eso dejar de establecer controles sobre

calidad y rendimiento, ni restarle la potestad al empleador de decir esta

persona no me sirve y no sigo con el teletrabajo.”

      Continúa la Magistrada Varela: “Teóricamente se ha dicho que el

teletrabajo implica lo que dice la Magistrada León. Sin embargo, para

adaptarlo a la administración de justicia, al servicio público de este tipo,

estimo que hay que hacerle algunos ajustes y no sujetarnos a la rigidez del

concepto doctrinal. No estamos obligados a ajustarnos a él por la naturaleza


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del servicio de justicia. Perfectamente podemos, como lo indiqué antes, en

aras del interés institucional ajustar el concepto. Véase que en el proyecto

el control del trabajador será “ remoto”, por decirlo de alguna forma,

porque permite a la jefatura, llamar al trabajador (a) y convocarle a su

oficina en cualquier momento, por eso tiene que quedar claro que esa

convocatoria debe ser dentro del horario previsto para el servicio

presencial, porque de lo contrario podría caerse en excesos. Estimo que las

reglas respecto del control y rendición de cuentas deben ser claras y decir

que la exigencia tiene que coincidir con el horario de la jornada que

corresponde al sistema presencial.”

      Aclara la Magistrada León: “Eso se maneja más adelante, vea que en

este artículo el teletrabajo o la propuesta, respeta el principio del

teletrabajo, no hay horario pero luego agrega, sin embargo cuando así lo

requiera el tipo de funciones que desempeña, deberá acatar los horarios

definidos con la modalidad ordinaria, todo lo cual se incorporará en el

convenio respectivo. Entonces sí está previsto pero no como regla sino

como excepción, porque además en artículos siguientes se manejan

también esos respetos del derecho al trabajador, que no es que lo van a

llamar a las doce de la noche porque como no está sujeto a horario, lo

puedo llamar a cualquier hora. Creo importante manejarlo como principio,

me va a trabajar por resultados y salvo casos especiales tendrá además un

horario para responder, no creo que esto afecte la prestación del servicio,


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porque si se requiriera la presencia de la persona el puesto no sería

teletrabajable.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Estimo que en este tema es

mejor tomar el voto para tomar una determinación, ya las dos posiciones

las tenemos claras.”

      Indica la Magistrada León: “Es el artículo 10, es simplemente si

invertir la regla en el sentido de poner un horario al teletrabajador de

jornada igual a la ordinaria o solo por vía de excepción. En el segundo

párrafo, se dice sin embargo cuando así lo requiera el tipo de funciones que

desempeña, deberá de acatar los horarios definidos con la modalidad

ordinaria.”

      La Magistrada Varela expresa: “Está bien, retiro la observación.”

      Prosigue la Magistrada León: “El artículo 11 indica “disponibilidad”,

el texto, dice: “Dentro de la jornada ordinaria la persona teletrabajadora

estará localizable”. La Magistrada Varela señala dentro del mismo horario

que lo estaría en la jornada presencial y luego dice “para su superior o

superiora jerárquica con el fin de permitir un adecuado intercambio de

información su supervisión, recibir instrucciones correspondientes o

ejecutar tareas”. La Magistrada Varela dice, lo anterior no implica ninguna

remuneración ordinaria ni extraordinaria por parte del patrono.           El

agregado que se sugiere, mismo horario que una jornada presencial, -repite-

la idea de la jornada ordinaria que ya recogía el texto propuesto en el


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artículo anterior y luego lo de la disponibilidad se complementa con el

numeral siguiente, sí creemos que es importante aclarar de que no

representa ninguna remuneración adicional, los otros dos están cubiertos en

artículos distintos.”

    SALEN LOS MAGISTRADOS JINESTA Y CASTILLO.

      Indica la Magistrada Varela: “No obstante que en el anterior artículo

retiré la observación. Me parece que en el artículo 11 el tema de la

disponibilidad sí tiene que quedar bien claro, porque el trabajador (a) debe

saber dentro de qué horario debe estar localizable por la jefatura. De

manera que, si la proyección es evaluar el trabajo por resultados, como

mínima regulación debe quedar claro que la jefatura no podrá exigir que el

funcionario (a) esté localizable a cualquier hora del día o de la noche. Debe

respetarse el derecho a disponer de su tiempo libre a partir de la misma

hora que lo hacía en el sistema presencial, sin posibilidad de ser sancionado

si no atiende gestiones de la jefatura después de esa hora, pudiendo

aprovechar el tiempo libre para asuntos personales como pasear, ir al cine o

donde le parezca sin que la jefatura pueda, en ese tiempo llamarle para

pedirle informe sobre el trabajo encomendado, requerimientos que deben

hacerse dentro de un horario preestablecido, para armonizar el interés

institucional con el del servidor (a). Estimo que en ese sentido hay que

limitar las potestades de las jefaturas, porque está de por medio el derecho

a la disponibilidad del tiempo libre para descansar diariamente.”


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      La Magistrada León le indica a la Magistrada Varela: “Estamos

hablando de lo mismo, es simplemente la forma de llamarlo, porque el

texto lo llama diciendo, dentro de la jornada ordinaria la persona estará

localizable y usted dice que digamos dentro del mismo horario que lo

estaría en la jornada presencial y es que la jornada presencial se supone que

es la ordinaria. Talvez yo no me expliqué bien pero estamos repitiendo la

idea, jornada ordinaria es lo mismo que jornada presencial entonces está

recogido ahí. Luego sí estaríamos de acuerdo en aclarar el tema de que

esto no genera una remuneración adicional.”

      SALE EL MAGISTRADO VEGA.

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora, que en virtud de que se

ha roto el quórum, no es posible continuar con el análisis, lo que se hará en

una próxima sesión.

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      A las 16,45 horas finalizó la sesión.




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