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									                                       N° 98-03

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del dieciocho de diciembre del dos mil tres.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Vicepresidente de

la Corte, quien sustituye para este acto al Presidente Magistrado Mora; de los

licenciados Edgar Amador Madriz, Miriam Anchía Paniagua, Marvin Martínez

Fernández y del Suplente licenciado Hernán Esquivel Salas, en sustitución del

licenciado Juan Diego Rojas Araya por vacaciones. Asiste también el Director

Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                      ARTÍCULO I

      Se   aprobaron    las   Actas    números     88-03,   90-03,   91-03   y 96-03

correspondientes a las sesiones celebradas el 20 y 27 de noviembre último, el 2

de diciembre en curso y la extraordinaria del 12 de este mes, respectivamente.

      También se aprobaron las separatas de los acuerdos tomados en las Actas

números 78-03 y 81-03 del 16 y 28 de octubre de este año, artículos XXXVI y IV.

      El Magistrado Chaves se abstuvo de votar en lo que al Acta N° 91-03 y las

separatas indicadas se refiere, por cuanto no estuvo presente en esas sesiones.

      El licenciado Esquivel se abstuvo de votar las citadas separatas, por el

motivo anteriormente indicado.

CONDOLENCIAS

                                   ARTÍCULO II

      En virtud del fallecimiento del señor Edmundo Cerdas Álvarez, Jubilado
                                                                                2

Judicial, se acuerda expresar las condolencias de la Corte y de este Consejo a su

estimable familia.

RECONSIDERACIONES

                                  ARTÍCULO III

      En sesión N° 92-03 celebrada el 4 de diciembre en curso, artículo XII, por

mayoría, se confirmó en todos sus extremos la resolución del Tribunal de la

Inspección Judicial, en la que se impuso al servidor Irving Gutiérrez Barquero,

Investigador de la Sección de Delitos contra la Propiedad del Organismo de

Investigación Judicial de Liberia, la sanción disciplinaria de revocatoria de

nombramiento, medida que se hizo efectiva partir del 5 de este mes.

      En esa oportunidad, el licenciado Marvin Martínez Fernández, votó de la

siguiente manera: “…que el Tribunal de la Inspección Judicial profundice en la

investigación de esta causa, considerando los elementos atenuantes que podrían

surgir de ella, en consecuencia con la condición psíquica que estuvo sufriendo el

acusado y por la cual se incapacitó, situación que se pudo extender más allá del

tiempo en que estuvo en ese estado. Lo anterior, de conformidad con los artículos

203 y 204, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Considera a su vez, que por las circunstancias que se han presentado

durante la investigación de esta queja, donde quedó planteado que la incapacidad

que tuvo el imputado se debió a problemas de orden psíquico, que probablemente

influyeron en la omisión que este servidor pudo dar en su defensa, lo procedente

sería aplicar régimen disciplinario, imponiendo a lo sumo la sanción de suspensión

que se establece para las faltas gravísimas la Ley Orgánica del Poder Judicial
                                                                               3

(como lo recomendó el Tribunal de la Inspección Judicial), pero no el extremo

mayor de la revocatoria del nombramiento; por lo que mi voto sería por variar la

sanción impuesta a un mes de suspensión sin goce de salario.”

                                    ________

      El licenciado Sergio Arturo González León, en su condición de Defensor

Público del señor Gutiérrez Barquero, en escrito presentado el 10 de los

corrientes, manifestó:

        “…de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley
        Orgánica del Poder Judicial, y para ante el Consejo Superior del
        Poder Judicial en tiempo y en forma me apersono a interponer
        formal recurso de reconsideración contra el acuerdo tomado en la
        sesión Nº 92-03 en el artículo XII del cuatro de diciembre del dos
        mil tres, en la que se confirma la resolución de revocatoria de
        nombramiento externada por el Tribunal de la Inspección Judicial
        con base a los siguientes argumentos:
              Tal y como fue considerado en el voto salvado por el
        Licenciado Marvin Martínez, solicito a los señores miembros del
        Consejo Superior del Poder Judicial, tomar en cuenta los
        verdaderos elementos que se dieron para los días que se me
        acusa que falté. Pido que se profundice en la investigación de la
        presente causa y se tome en consideración que mi persona, para
        esos días estaba pasando por un grave problema familia, lo que
        hizo que tuviera un descontrol psíquico y/o mental, al punto de
        que nunca estuve en mis cabales, por lo que nunca tuve una clara
        idea de lo que estaba sucediendo en mi entono. De todo corazón
        le pido a los señores del Consejo Superior que se tome en cuenta
        los once años de servicio que he tenido para el Poder Judicial; así
        como que se tome en cuenta mi trayectoria laboral. Véase que la
        ruptura de la relación laboral viene a significar un grave trastorno
        en mi vida, pues de mi esfuerzo laboral depende mi esposa y dos
        hijos, que dicho sea de paso son de edad escolar. Además no le
        podría hacer frente a gastos fijos inmediatos, como lo son el pago
        de la vivienda. Vean señores del Consejo Superior de mi gran
        necesidad de seguir laborando para el Poder Judicial.
              Estoy en la mejor disposición de mientras se realiza la
        investigación que solicito esté mi persona durante un mes sin
        goce de salario. Así de esta forma, los señores miembros del
        Consejo podrán corroborar que mis manifestaciones son
        verdaderas. Por favor tomen en cuenta el presente recurso de
        reconsideración, que no sea que por tres días, todos mis
                                                                                   4

           esfuerzos se vean tirados a la basura.

                                        PETITORIA
                Así por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido
           en los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicito a
           los señores miembros del Consejo Superior del Poder Judicial
           acoger el presente recurso contra el acuerdo tomado en la sesión
           Nº 92-03 en el artículo XII del cuatro de diciembre del dos mil tres.
           NOTIFICACIONES: En la Defensa Pública con mi abogado
           defensor, rotulados a mi nombre.”.

                                           -0-

       Por mayoría, se acordó: Denegar el recurso de reconsideración planteado

y mantener lo resuelto en la sesión del 4 de diciembre en curso, artículo XII, por

las razones ahí expuestas.

       El Lic. Martínez vota por acoger la solicitud de mérito, manteniendo la

decisión de variar la sanción impuesta a un mes de suspensión sin goce de

salario.

                                        ARTÍCULO IV

       En sesión N° 94-03 efectuada el 11 de diciembre en curso, artículo XIX, se

denegó la solicitud del máster Carlos A. Jovel Sánchez, Juez Penal de Turno

Extraordinario de disfrutar vacaciones del 22 de este mes al 9 de enero del 2004,

con base en las siguientes razones:

                 “Comunicar al gestionante que no es posible acceder a su
           solicitud, pues el período en que pretende disfrutar vacaciones se
           encuentra contemplado dentro del plan de cierre general por
           motivo de vacaciones (plan de vacaciones 2003-2004), aprobado
           en la sesión Nº 79-2003 del 21 de octubre de este año, artículo
           XL, por lo que debe estarse a los lineamientos de ese plan; y en
           su caso, al punto 1.4 de las Disposiciones Generales que dice: “A
           los servidores que laboran en turno extraordinario, que estén
           disponibles, o que por otras circunstancias derivadas de la
           naturaleza de sus funciones deban permanecer en servicio
           durante las fechas señaladas en los puntos 1.1 y 1.2, se le
                                                                                5

       reconocerá los días que correspondan en su saldo de vacaciones.
       Para efectuar este reconocimiento se debe comunicar al
       Departamento de Personal, las fechas y las personas que
       prestaron servicio, utilizando para ello el formato que se define en
       el anexo respectivo”. Además el inciso 4 de la parte dispositiva
       del acuerdo en mención, señala que: “Los servidores judiciales
       que deban cumplir con una jornada laboral o disponibilidad
       durante el cierre colectivo de fin y principio de año o Semana
       Santa, no podrán disfrutar de vacaciones en esos períodos. El
       Despacho de la Presidencia tomará nota para lo de su cargo.”.

                                     ---o---

      En nota presentada el 12 de diciembre en curso, el máster Jovel Sánchez,

en su expresado carácter, plantea recurso de reconsideración contra la decisión

adoptada por el Consejo Superior en la sesión anteriormente citada, con sustento

en las siguientes consideraciones:

       “1º.- Las oficinas penales de turno extraordinario, han funcionado
       durante más de trece años en forma interrumpida y lo han hecho
       independientemente de las personas que las han integrado, con
       ello quiero afirmar que mi presencia física no es indispensable
       para la prestación del servicio durante el período del fin y principio
       de año 2003-2004.

       2º.- Actualmente cuanto con más de 50 días hábiles de
       vacaciones, lo que demuestra que mi propensión a disfrutar de
       este beneficio legal es muy baja. Tampoco soy persona que
       acostumbre incapacitarse.

       3º.- Mi intención es disfrutar dichos días festivos con mi familia en
       forma natural y sin estar sometido al horario de trabajo.

       4º.- Además de lo anterior pretendo dedicar algunos días a
       elaborar un avance importante de mi tesis de graduación de la
       Maestría de Derecho Público que curso por mi cuenta desde el
       año 2002, en la Universidad de Costa Rica, en horario diurno,
       programa de dos años de duración que ya ha concluido. La
       misma se está llevando a cabo de manera conjunta con dos
       compañeros y una compañera más y consiste en un diagnosis del
       Poder Judicial, haciéndose una evaluación de los estudios más
       importantes que sobre éste se han presentado durante el último
       quinquenio, lo que se pretende es establecer cuáles son las
       coincidencias    presentadas   en    dichos    análisis,   sus
                                                                              6

        recomendaciones, puntos débiles y establecer, cuáles han sido
        las respuestas del Poder Judicial, qué se ha hecho, quién lo ha
        hecho, qué falta por hacer, etc.

        5º.- Por lo anterior solicito expresamente que se reconsidere la
        decisión de no otorgarme el beneficio de disfrute de un período de
        vacaciones que solicité que iría de los días 22 de diciembre
        próximo entrante hasta el día 9 de enero del 2004, ambos
        inclusive y en su lugar se disponga que yo pueda disfrutar de esos
        días”.
                                        -0-

      Se acordó: Denegar el recurso de reconsideración planteado y mantener

lo resuelto en el acuerdo impugnado, por las razones que dieron lugar a esa

decisión.

                                  ARTÍCULO V

      En sesión Nº 95-03 celebrada el 11 de diciembre en curso, artículo XXXVI,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

        “En oficio Nº 1098-JEF-2003 de 3 de diciembre en curso, las
        licenciadas Marta Iris Muñoz Cascante y Milena Conejo Aguilar,
        Jefa y Subjefa de la Defensa Pública, presentó la siguiente
        gestión:
        “Por este medio les saludo y en atención al contenido de los
        acuerdos del Consejo Superior tomados en sesiones Nº 92-02,
        96-02 y 49-03 de fechas 03 y 17-12-2002 y 08-07-2003,
        correspondientes al traslado de la plaza de Jefe de Sección
        Administrativa 4 de la Defensa Pública al Departamento de
        Proveeduría de la Institución, se solicita respetuosamente y de
        acuerdo a las siguientes justificaciones que dicha Plaza de Jefe
        de Sección Administrativo 4 sea devuelta a la Defensa Pública:
        1) La plaza (Jefe Sección Administrativa 4) forma parte
        presupuestaria y estructuralmente de esta Defensa Pública. La
        plaza fue debidamente justificada para su creación.
        2) El no contar con esta plaza durante el presente año ha
        repercutido en el funcionamiento administrativo de la oficina,
        principalmente se ha tenido que redistribuir las funciones entre la
        Jefatura, Subjefatura, Supervisión, Secretaria y principalmente en
        el puesto de Profesional 2 de esta oficina. Lo anterior alteró el
        funcionamiento y eficiencia de todos los puestos; dejando de
        cumplirse con funciones propias del rol.
                                                                       7

3) El funcionario que ocupa el puesto de Profesional 2 de esta
oficina ha tenido un recargo sustancial en sus funciones, al punto
de ocupar dos puestos al mismo tiempo, desarrollando las
funciones propias de su puesto, asumiendo funciones que
correspondían al puesto de jefe de Sección Administrativa 4 y
como único profesional en Administración de la Oficina le
correspondió asumir nuevas funciones por ejemplo las
relacionadas con la Comisión de Seguimiento del programa
CORTE-BID para el mejoramiento administrativo y funcional de la
Defensa Pública y el control contable de los fondos del Primer
Congreso Interamericano de Defensorías Públicas.
Con el propósito de ejemplificar la cantidad de funciones que se
han recargado en un solo puesto se presentar como anexo el
detalle de las funciones que realiza el Profesional 2 de la Defensa
Pública, detalladas en funciones propias del puesto, nuevas y las
que ha asumido que correspondían al puesto de jefe de Sección
Administrativa 4.
Este recargo repercute en el rendimiento personal, ya que se ha
tenido que laborar en horas no hábiles prácticamente todos los
días, asimismo se le ha tenido que limitar el derecho de disfrute
de vacaciones.
Igual situación ha ocurrido con los puestos de Jefatura,
Supervisión y Secretaria, lo que al final genera un desgaste físico
y mental, que se revierte en contra de la misma Institución.
4) A pesar del esfuerzo de los funcionarios de esta Defensa
Pública para cumplir con los objetivos trazados, el no contar con la
plaza en mención ha provocado que no se haya podido cumplir
con algunos de nuestros objetivos operativos y funciones
estratégicas primordiales, como las que se detallan a
continuación:
- Se ha retrasado la revisión mensual de los informes mensuales y
trimestrales de labores de los 225 Defensores Públicos de todo el
país, por lo que las estadísticas de cargas de trabajo se han
retrasado.
- Se ha dificultado la emisión y control de informes estadísticos
que son muy importantes hoy en día para la toma de decisiones.
No se han realizado estudios técnicos relativos a la distribución de
cargas de trabajo, de personal profesional y administrativo.
- No se pudo realizar las giras de supervisión y seguimiento del
personal administrativo de las oficinas de la defensa pública de
todo el país, que ascienden a un total de 66 auxiliares
administrativos.
- Al no realizar las giras no se puede corroborar y diagnosticar de
la mejor manera las necesidades de las oficinas.
- Se han presentado dificultades en control y seguimiento del
contrato de limpieza privada.
-Se ha dificultado mantener un mejor control en la ejecución del
                                                                                8

       presupuesto.
             Por todo lo anterior, les solicitamos respetuosamente la
       devolución de la plaza de Jefe de Sección Administrativo 4, para
       iniciar labores nuevamente en esta Defensa Pública a partir del
       lunes 12 de enero del próximo año.
             Asimismo en oficio Nº 110-UADP-2003 de 4 de diciembre en
       curso, el máster José Luis Soto Richmond, profesional 2 de la
       Administración de la Defensa Pública, presenta copia del
       documento para conocimiento de este Consejo sobre la reunión
       efectuada por el Magistrado Chaves, Presidente en Ejercicio, y la
       Jefa y Subjefa de la Defensa Pública, que literalmente dice:
             En relación con la reunión realizada en horas de la mañana
       del pasado miércoles 03 de diciembre del año en curso, presentes
       su respetable persona, las licenciadas Marta Iris Muñoz Cascante,
       Milena Conejo Aguilar, en su orden Jefa y Subjefa de la Defensa
       Pública y el suscrito, adjunto se presenta copia del documento
       que ha sido presentado para conocimiento del Consejo Superior,
       en la sesión del próximo jueves 11 de diciembre.”
                                       -0-
       Se acordó: Acoger la gestión planteada por las licenciadas Muñoz
       Cascante y Conejo Aguilar, en consecuencia, aprobar la
       devolución de la citada plaza a la Defensa Pública a partir del
       próximo 9 de enero.
             La Dirección Ejecutiva, la Defensa Pública, los
       Departamentos de Personal y de Proveeduría tomarán nota para
       lo que corresponda.”

                                   -------------

      En nota de 15 de diciembre en curso, la licenciada Lilliana Saborío Saborío,

Jefe Sección Administrativo 4 destacada en la Sección de Ejecución Contractual

del Departamento de Proveeduría, manifestó:

       “Actualmente ocupo en propiedad una plaza de Jefe de Sección
       Administrativa, asignada a la Defensa Pública, para asumir la
       jefatura de la Unidad Administrativa.
       En diciembre del año 2002, el Consejo Superior tomó la decisión
       de trasladar dicha plaza al Departamento de Proveeduría, donde
       fue ubicada en la Sección de Ejecución Contractual.
       En esa oportunidad se tomó la decisión de trasladarla, por cuanto
       dicha plaza estaba siendo subutilizada, tal y como consta en
       acuerdo del Consejo Superior tomado en sesión celebrada el 17
       de diciembre, artículo LXXIII, donde textualmente se anota “... En
       consideración a que la Jefatura de la Defensa Pública está en
       capacidad de asumir las labores administrativas, como lo ha
                                                                      9

hecho, se hace innecesaria la permanencia de la plaza de jefe de
Sección Administrativa 4 en este Despacho, por lo que se
procedió a ordenar su traslado a otra dependencia donde se
aprovechen adecuadamente sus servicios...”
Esta decisión se tomó en estos términos por cuanto con notas
emitidas por la Licda Marta Iris Muñoz Cascante, (los cuales
deben encontrarse en archivo), se logró demostrar al Consejo
Superior, como ella había anulado la razón de ser de la plaza de
jefatura, ya que con dichas notas lo que hacía era comunicar que
ella asumía funciones de la Unidad Administrativa, al punto de que
la Jefatura de la Unidad Administrativa era utilizada solo para que
redactara notas es decir como una Secretaria, lo cual era mi
obligación comunicarlo al Consejo Superior por cuanto mi plaza de
profesional estaba siendo subutilizada.
El ir quitando poco a poco las funciones que le correspondían a la
Unidad Administrativa, lo hacía la licenciada Muñoz, producto de
problemas que se presentaban, dentro de los cuales a manera de
ilustración se presentan algunos:
-Inconformidad por parte del personal administrativo de estar a
cargo de mi persona, por cuanto como le corresponde a un jefe,
debía de consultarles por qué se ausentaban tanto de la oficina,
por qué realizaban otras funciones en horas laborales como
vender y cobrar dineros entre otros y ante los enojos y molestias
del personal era más fácil quitar esa labor a la Unidad
Administrativa y pasarla a la Subjefatura y de esa forma evitar
problemas.
-Disgustos que se ocasionaban al personal de limpieza, el cual es
un servicio contratado, por querer hacer la Unidad Administrativa
cumplir el contrato de limpieza y antes de tener que estar
asumiendo problemas era mejor que esa labor la asumiera la
Jefatura de la Defensa.
-La asignación de los parqueos del edificio, asignación que ya
está dada por acuerdo del Consejo Superior pero que era violada
por algunos servidores, ante quienes antes de tener un problema
y decirles que había un acuerdo del Consejo Superior que
indicaba la forma en que debían asignarse, era mejor que la
jefatura asumiera esa labor.
Como indiqué, estas son solo ilustraciones de funciones que
fueron asumidas por la Jefatura y Subjefatura de la Defensa
Pública, lo cual demostraba que éstas estaban en capacidad de
asumir las funciones administrativas.
Todos estos problemas fueron ocasionando choques entre mi
persona y la Licda Muñoz Cascante, que trascendieron al campo
personal y que empezaron a repercutir en mi salud, como fue que
necesitara de la asistencia de la Unidad de Atención Sicosocial,
quienes como profesionales en Sicología pueden dictaminar el
mal que me causaba esta situación; empezaron a salirme
                                                                      10

enfermedades provocadas por estrés como una alergia muy fuerte
en mi cara y en mis ojos y me declararon Hipertensa crónica.
Todas estas situaciones generadas por conflictos que más que
laborales eran del campo personal por cuanto la Licda Muñoz no
los supo manejar, esto que estoy manifestando pueden ser
verificado en la Unidad de Atención Sicosocial, con un taller que
realizaron a nivel administrativo de la Defensa Pública y con otras
sesiones de trabajo que realizaron con mi persona y la Licda
Muñoz.
Problemas y malestares que gracias a Dios fueron controlados
con mi traslado al Departamento de Proveeduría, ya que la
Unidad de Ejecución Contractual para el año 2003 no tenía quien
la coordinara por cuanto la plaza de profesional 2, que venía
funcionando de forma extraordinaria, se mantuvo hasta el año
2002, por falta de presupuesto, no porque no se necesitara, sino
porque no se tenía presupuesto.
Como lo indicó el Lic. Luis Barahona, Jefe del Departamento de
Proveeduría, en oficio Nº 8911-DP-2002, del 13 de diciembre del
2002, dirigido al Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, “...
desde el año mil novecientos noventa y ocho, por disposición de
la Ley de Contratación Administrativa, en este Departamento ha
venido operando la Unidad de Ejecución Contractual, quien es la
responsable de verificar la correcta ejecución contractual de todos
los contratos y adquisiciones que realiza el Poder Judicial...”
O sea, la Unidad que fue apoyada durante el año 2003 con mi
plaza es una unidad definida en la Ley de Contratación
Administrativa, unidad que tarde o temprano debe ser organizada
formalmente y que requiere de una plaza de Jefatura para que la
dirija y que se ha venido extendiendo e incrementando sus labores
desde la aplicación de dicha ley.
El hecho de quitarle a una unidad una plaza que la ha venido
coordinando desde hace seis años (cinco de forma extraordinaria
y uno con mi plaza) va a impactar negativamente en dicha Unidad,
la cual con el tiempo en que laboré puedo decir que es muy
necesaria por la función que cumple, como es velar por el
cumplimiento de los contratos y que ha hecho posible recuperar
sumas de dinero por incumplimiento que benefician mucho a la
Institución.
Con estas palabras, señores miembros del Consejo Superior, les
quiero pedir que para no ver afectada mi salud por favor no me
devuelvan a la Defensa Pública, porque la indisposición con que
estuve trabajando por casi dos años en esa oficina me hizo
enfermar tanto emocionalmente como físicamente.
Como lo demuestran las solicitudes de la Defensa Pública, al
solicitar una plaza de rango menor a Jefe, y todo un año en que
pasaron sin la plaza, en esa oficina no se necesita una plaza de
Jefatura para la Unidad Administrativa, es suficiente con una plaza
                                                                             11

        de Profesional 1 o 2, de ser devuelta mi plaza lo que harían es
        subutilizarla y se vería afectada una unidad que realmente si
        ocupa una plaza de Jefe como es la Unidad de Ejecución
        Contractual que está definida por Ley de Contratación
        Administrativa.
        Puede ser que mi solicitud les haga creer que es meramente
        personal y que debe estar lo laboral antes, pero señores
        miembros del Consejo Superior, ustedes saben que la motivación
        y el estar a gusto en el trabajo y en la Oficina es muy importante
        para el buen desempeño de una persona, de lo contrario lo que se
        dan son rendimientos negativos, así que le pido por favor que no
        me devuelvan a la Defensa Pública porque he estudiado mucho,
        me he preparado mucho y llevo mucho tiempo en el Poder Judicial
        para ver afectada mi carrera profesional por problemas
        emocionales.
        Además, de hacer un bien a mi persona y de ayudarme
        grandemente, también estarían apoyando a una Unidad del
        Departamento de Proveeduría que sí necesita den una plaza de
        Jefe y en su lugar, crear una plaza en forma extraordinaria de
        profesional 1 o 2, para la Defensa Pública.”

                                       -0-

      Por mayoría, se acordó: Denegar la gestión presentada por la Licda.

Saborío y mantener lo resuelto en el acuerdo recurrido, sin perjuicio de que se

logre encontrar alguna alternativa viable que permita solucionar la situación

expuesta por doña Lilliana.

      El licenciado Martínez vota por acoger la solicitud de mérito.

NOMBRAMIENTOS

                                  ARTÍCULO VI

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00,

celebrada el 11 de setiembre de 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces en los Despachos Judiciales y por las fechas que se dirán, a los

siguientes funcionarios:

    En el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, por el 11 de
                                                                            12

diciembre en curso, a la licenciada Mayela Gómez Pacheco.

    En el Juzgado Civil de Heredia, por el 15 de diciembre, al licenciado Luis

Guillermo Valverde Rivera.

    En el Juzgado Civil de San Ramón, por el 15 de diciembre, al licenciado

Froylán Alvarado Zelada.

    En el Juzgado Contravencional de San Ramón, por el 16 de diciembre, a

los licenciados Mayela Gómez Pacheco, Rosnny Arce Jiménez, Mario Montoya

Murillo, Froylán Alvarado Zelada, Carlos Andrés D’Alolio Jiménez, Francisco

Hernández Quesada, Willy Fernández Muñoz y Ricardo Rodríguez Vega.

    En el Juzgado Civil de Limón, por el 15 de diciembre, al licenciado Norman

Herrera Vargas.

    En el Juzgado de Familia de Heredia, por el 17 de diciembre, al licenciado

Ricardo Rodríguez Vega.

    En el Juzgado Contravencional de Naranjo, por el 17 de diciembre, al

licenciado Rosnny Arce Jiménez.

                                    ARTÍCULO VII

      En sesión Nº 91-03 celebrada el 2 de diciembre en curso, artículo II, con

vista en la nómina elaborada por el Departamento de Personal, se aprobaron los

siguientes nombramientos en propiedad de Asistentes Jurídicos de la Defensa

Pública, en la forma que se dirá:

        “[…] A partir del 16 de diciembre de 2003

        DEFENSA PÚBLICA

             7.- Castellanos Díaz Yenny, cédula 1-960-681, Asistente
                                                                              13

       Jurídico. Nómina Nº 47-2003.

              8.- Ling Jiménez Luis Rolando, cédula 1-1014-764, Asistente

       Jurídico. Nómina Nº 47-2003.

              9.- Reyes Vásquez Julio Ricardo, cédula 1-1088-717,

       Asistente Jurídico. Nómina Nº 47-2003.

              10.- Zamora Acevedo José M. cédula 5-297-659, Asistente

       Jurídico. Nómina 47-2003.

       ...”

                                       -0-

   La licenciada Milena Conejo Aguilar, Subjefa de la Defensa Pública, en oficio

Nº 1124-03 del 11 de diciembre en curso, solicita que esos nombramientos rijan a

partir del 1 de enero del 2004, y no en la fecha que se indicó, pues señala que

desde julio de este año, se realizaron los nombramientos interinos hasta el 31 de

diciembre del 2003 con algunos de los Asistentes nombrados en propiedad.

   Se acordó: Acoger la solicitud de la Licda. Conejo Aguilar en la forma

propuesta, y en ese sentido modificar el acuerdo tomado en la sesión de

referencia. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO VIII

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en su condición de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el Lic. Mauricio Cascante Araya y el MBA. Francisco

Arroyo Meléndez, Coordinador interino de la Unidad Interdisciplinaria y Jefe del

Departamento de Personal, respectivamente, en oficio Nº UI-6175-03 del 12 de

diciembre en curso, recibido el 16 del mismo mes, manifestaron:
                                                                           14

     “En atención a los oficios de fecha; 28/11/2003 suscrito por el
     Mag. Alfonso Chaves Ramírez, Presidente en ejercicio y
     26/11/2003 No. 11722-03 de la Secretaria de la Corte , se remiten
     las ternas para nombrar en forma interina en las plazas de Juez 3
     en materia Penal en los despachos que a continuación se
     detallan:

                                   Códigos
          Despacho                                    Observaciones
                                  de puesto
                                              Plaza interina en sustitución de
                                              Gary Amador Badilla, por
1. Juzgado Penal de San José       044004
                                              permiso sin goce de salario,
                                              hasta el 31/12/2004.
                                              Plaza interina en sustitución de
                                              Barletta Valladares José, por
                                              permiso con goce de salario
                                              hasta el 02/03/2004, plaza que
2. Juzgado Penal de Alajuela       057051
                                              ocupaba interinamente la Licda.
                                              Laura Cerdas Salazar quien fue
                                              nombrada en propiedad en otro
                                              puesto.

     Observaciones Generales:

     Las ternas se integran con tres aspirantes conforme la Ley de
     Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de
     la Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10
     de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión No.63-01,
     Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.

     Estas ternas se conforman con la lista de elegibles de Juez 3 en
     materia Penal.

     Los candidatos que fuesen nombrados, quedan sujetos a que
     regrese el titular ó que la plaza quede vacante.

                               PRIMERA TERNA

     Despacho: Juez 3. Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San
     José
     Plaza interina No. 044004. Hasta el 31/12/2004

    Los aspirantes son:

         NOMBRE                  PROMEDIO     POSICION EN      OBSERVACIONES
                                               LISTA DE
                                                                            15

                                                 ELEGIBLES

1.Coles Calderón Vivian            86.2206            81
2.Serrano Baby William             86.1584            82
3.Ulate Calderón Olman Alberto     85.7624            83

       Observaciones:

       Interino en el puesto: Lic. Ricardo Valverde López
       Vigencia del nombramiento: Hasta el 15/12/03
       Condición laboral: Tiene propiedad como Auxiliar Judicial 3, en el
       Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.

                              SEGUNDA TERNA

       Despacho: Juzgado Penal de I Circuito Judicial de Alajuela
       Plaza vacante. No. 057051. Hasta 02/03/2004

       Los aspirantes son:

           NOMBRE                PROMEDIO       POSICIÓN EN      OBSERVACIONES
                                                  LISTA DE
                                                 ELEGIBLES
1.Blandino Herrera Ana Lucía       86.7929           78
2.Ulate Calderón Olman Alberto     85.7624           83
3. Chinchilla Sánchez Ethel        85.3958           87

       El aspirante No. 2 de esta terna esta participando
       simultáneamente en la anterior por lo que en caso de que fuera
       nombrado, se incluye el siguiente candidato como sustituto.

           NOMBRE                PROMEDIO       POSICIÓN EN      OBSERVACIONES
                                                  LISTA DE
                                                 ELEGIBLES
4. Rojas Fernández Gerardo                           86
                                   85.2895
Arturo

      Observaciones:

       Interino en el puesto. Licda. Ana Lucía Blandino Herrera
       Vigencia del nombramiento: Hasta 15/12/2003
       Condición laboral: Propiedad como Juez 1 en el Tribunal Penal
       del I. Circuito Judicial de San José.
       Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
       interesados”.
                                                                                16

                                        -0-

        Se procede a realizar el nombramiento en la plaza N° 044004 del Juzgado

Penal de San José, la terna queda conformada de la siguiente manera:

        Vivian Coles Calderón

        William Serrano Baby

        Olman Alberto Ulate Calderón

        Por unanimidad resultó electo el Lic. Olman Alberto Ulate Calderón. El

nombramiento interino rige del 20 de diciembre del 2003 al 31 de diciembre del

2004.

        Para el puesto Nº 057051 del Juzgado Penal de Alajuela, la terna queda

integrada de la siguiente forma:

        Ana Lucía Blandino Herrera

        Ethel Chinchilla Sánchez

        Gerardo Arturo Rojas Fernández

        Por unanimidad resultó electa la Licda. Ana Lucía Blandino Herrera. El

nombramiento interino rige del 20 de diciembre de 2003 al 2 de marzo de 2004.

        El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán

nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO IX

        En facsímil de 12 de diciembre en curso, la Licda. María de los Ángeles

Solano Gamboa, Jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San

Rafael de Heredia y el Lic. Juan Carlos Ramírez Brenes, Juez del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Hatillo, plantean lo siguiente:
                                                                               17

               “…la respectiva aprobación para llevar a cabo UNA
        PERMITA A PARTIR DEL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL
        CUATRO, de tal manera que María de los Ángeles Solano
        Gamboa pase a ocupar el puesto 044229 y Juan Carlos Ramírez
        Brenes ocupe el número 044775.
               Hacemos tal solicitud debido a que para ambos
        territorialmente se nos hace más fácil el acceso a los respectivos
        despachos e incluso en el caso de Ramírez Brenes se hace más
        rápido el traslado al despacho de San Rafael de Heredia , a efecto
        de cubrir la respectiva disponibilidad, tomando en cuenta el caos
        vial que afronta nuestro país y que día con día se agrava más.
               Por último, no omitimos manifestar que ambos somos los
         propietarios de las plazas indicadas. (…)”

                                        -0-

      Por su parte, el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, en su condición de

Secretario del Consejo de la Judicatura, en oficio N° UI-6206-03 del 17 de este

mes, transcribe el acuerdo tomado por ese Consejo, en sesión N° CJ-36-03

celebrada el 12 de diciembre en curso, artículo XIII, que literalmente dice:

        “...Con fecha 11 de diciembre de 2003, se recibe oficio suscrito por
        los licenciados María de los Ángeles Solano Gamboa y Juan Carlos
        Ramírez Brenes, quienes solicitaron lo siguiente:
        “... Los suscritos MARÍA DE LOS ÁNGELES SOLANO GAMBOA,
        CÉDULA 1-899-0131, JUEZ CONTRAVENCIONAL Y MENOR
        CUANTÍA DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, PLAZA NÚMERO 44775
        Y JUAN CARLOS RAMÍREZ BRENES, cédula 4-141-116, JUEZ
        CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍOA DE HATILLO SAN
        JOSÉ, PLAZA NÚMERO 044269, de la manera más respetuosa y
        atenta solicitamos a tan distinguidas personas la respectiva
        aprobación para llevar a cabo UNA PERMUTA A PARTIR DEL DOCE
        DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO, de tal manera que María de los
        Ángeles Solano Gamboa pase a ocupar el puesto 044229 y Juan
        Carlos Ramírez Brenes ocupe el número 044775.
        Hacemos tal solicitud debido a que para ambos territorialmente se
        nos hace más fácil el acceso a los respectivos despachos e incluso
        en el caso de Ramírez Brenes se hace más rápido el traslado al
        despacho de San Rafael de Heredia, a efecto de cubrir la respectiva
        disponibilidad, tomando en cuenta el caos vial que afronta nuestro
        país y que día con día se agrava más.
        Por último, no omitimos manifestar que ambos somos los propietarios
        de las plazas indicadas.
        Luego de un intercambio de opiniones SE ACORDO: Comunicar a
                                                                                18

       los licenciados María de los Ángeles Solano Gamboa y Juan Carlos
       Ramírez Brenes que este Consejo no tiene objeción en que se
       efectué la permuta solicitada. No obstante es el Consejo Superior el
       que valorará la conveniencia Institucional, el realizar movimientos de
       personal en períodos tan cortos, pues eventualmente esta situación
       podrá no ser recomendable para el mejor servicio público.
       Comuníquese lo anterior a la Secretaría de la Corte. ACUERDO
       FIRME.”

                                       -0-

      Previa deliberación y por mayoría, se dispuso: Autorizar la permuta

solicitada en la forma propuesta por los interesados a partir del 12 de enero del

2004, por razones de residencia, de tal forma que, la Licda. María de los Ángeles

Solano Gamboa pasará a laborar al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía

de Hatillo y el Lic. Juan Carlos Ramírez Brenes al Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de San Rafael de Heredia.

      Los licenciados Anchía y Esquivel votaron por denegar la gestión.

   El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal, la Unidad

Interdisciplinaria y los Despachos involucrados tomarán nota para lo que a cada

uno corresponda.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                    ARTÍCULO X

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 4961 de 3 de diciembre en curso, comunica que

ese Tribunal al resolver la queja número 1028-03 B, impuso al licenciado Gustavo

Guillén Bermúdez y a la señora Yolanda Venegas Caballero, por su orden, Jueza

y Auxiliar Judicial del Tribunal de Corredores, la corrección disciplinaria de

Advertencia, por no remitir oportunamente a la Sección de Estadística del
                                                                                19

Departamento de Planificación, el informe de labores del segundo trimestre de

este año.

      Se adjunta copia de la respectiva resolución.

      Se dispuso: 1) Tomar nota de la comunicación enviada por el Tribunal de

la Inspección Judicial, lo que también hará el Departamento de Personal para lo

que corresponda. 2) Comunicar al funcionario y servidora mencionados, que este

Consejo Superior estima de suma importancia que los despachos judiciales

remitan los informes estadísticos trimestrales dentro del plazo establecido en el

artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –es decir en los primeros 5 días

hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año-, así como la depuración

periódica de casillas, para que dichos informes permitan establecer la situación

real de una oficina y coadyuven en la toma de las decisiones oportunas que en

cada caso corresponda, con base en datos correctos y de calidad. Asimismo, que

de repetirse el incumplimiento de esta disposición, podría acarrearles una sanción

disciplinaria más drástica.

                                     ARTÍCULO XI

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio 4934 de 3 de diciembre en curso, comunica que ese

Tribunal al resolver la queja N° 509-03-B, impuso a la licenciada Laura Rodríguez

Villalobos y a la señora Blanca Iris Madrigal Solís, Jueza y Auxiliar Judicial del

Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Heredia, la corrección disciplinaria de

Advertencia, por no remitir oportunamente a la Sección de Estadística, el informe

de labores del primer trimestre de este año.
                                                                                20

      Se dispuso: 1) Tomar nota de la comunicación enviada por el Tribunal de

la Inspección Judicial, lo que también hará el Departamento de Personal para lo

que corresponda. 2) Comunicar a la funcionaria y servidora mencionadas, que

este Consejo Superior estima de suma importancia que los despachos judiciales

remitan los informes estadísticos trimestrales dentro del plazo establecido en el

artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –es decir en los primeros 5 días

hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año-, así como la depuración

periódica de casillas, para que dichos informes permitan establecer la situación

real de una oficina y coadyuven en la toma de las decisiones oportunas que en

cada caso corresponda, con base en datos correctos y de calidad. Asimismo, que

de repetirse el incumplimiento de esta disposición, podría acarrearles una sanción

disciplinaria más drástica.

                                  ARTÍCULO XII

      En oficio 4933 de 3 de los corrientes, el señor José Francisco Ching

Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, comunica que ese

Tribunal al resolver la queja N° 440-03-B, impuso a la licenciada Elizabeth Tosi

Vega y a la señora Maritza Gaitán Sandoval, Jueza Coordinadora y Auxiliar

Judicial del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, la

corrección disciplinaria de Advertencia, por no remitir oportunamente a la Sección

de Estadística, el informe de labores del primer trimestre del año en curso.

      Se dispuso: 1) Tomar nota de la comunicación enviada por el Tribunal de

la Inspección Judicial, lo que también hará el Departamento de Personal para lo

que corresponda. 2) Comunicar a la funcionaria y servidora mencionadas, que
                                                                                21

este Consejo Superior estima de suma importancia que los despachos judiciales

remitan los informes estadísticos trimestrales dentro del plazo establecido en el

artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –es decir en los primeros 5 días

hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año-, así como la depuración

periódica de casillas, para que dichos informes permitan establecer la situación

real de una oficina y coadyuven en la toma de las decisiones oportunas que en

cada caso corresponda, con base en datos correctos y de calidad. Asimismo, que

de repetirse el incumplimiento de esta disposición, podría acarrearles una sanción

disciplinaria más drástica.

                                 ARTÍCULO XIII

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 4932 de 3 de diciembre en curso, comunica que

ese Tribunal al resolver la queja N° 566-03-B, impuso al licenciado Edwin Duartes

Delgado y a la señora Yolanda Venegas Caballero, Juez y Auxiliar Judicial del

Tribunal de Corredores, la corrección disciplinaria de advertencia, por no remitir

oportunamente a la Sección de Estadística, el informe de labores del primer

trimestre del año en curso.

      Se acordó: 1) Tomar nota de la comunicación enviada por el Tribunal de

la Inspección Judicial, lo que también hará el Departamento de Personal para lo

que corresponda. 2) Comunicar al funcionario y servidora mencionados, que este

Consejo Superior estima de suma importancia que los despachos judiciales

remitan los informes estadísticos trimestrales dentro del plazo establecido en el

artículo 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –es decir en los primeros 5 días
                                                                               22

hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año-, así como la depuración

periódica de casillas, para que dichos informes permitan establecer la situación

real de una oficina y coadyuven en la toma de las decisiones oportunas que en

cada caso corresponda, con base en datos correctos y de calidad. Asimismo, que

de repetirse el incumplimiento de esta disposición, podría acarrearles una sanción

disciplinaria más drástica.

                                   ARTÍCULO XIV

      En oficio N° 4970 del 4 de diciembre en curso, el señor José Francisco

Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 1115-02-F impuso al licenciado Marco Antonio

Cordero Coto, Juez Tramitador del Tribunal Penal de San José, la corrección

disciplinaria de amonestación escrita, por no resolver en tiempo una gestión

presentada dentro de un proceso, relativa a señalamiento de nuevo lugar para oír

notificaciones, lo cual provocó que resoluciones posteriores no le fueran

correctamente notificadas al ofendido.

      Se adjunta copia de la respectiva resolución.

      Se acordó: Tomar nota lo que también hará el Departamento de Personal,

para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XV

      Conoce el Consejo Superior, en alzada el proceso disciplinario seguido

contra el licenciado Gustavo Koutsowris Canales, a la sazón juez civil de menor

cuantía del II Circuito Judicial, ante queja interpuesta por la señorita Yendry

Patricia Rojas Pérez, mediante el cual se le impuso la sanción disciplinaria de
                                                                                  23

revocatoria de nombramiento, en resolución número 133 de 11 horas 30 minutos,

del 28 de marzo del 2003. Este acto administrativo fue recurrido por el acusado,

quien además solicitó la intervención de la Comisión de Relaciones Laborales,

órgano que en resolución número 22-2003, de 14 horas del 18 de setiembre

último, recomendó “que se declare inválida e ineficaz la resolución de la

Inspección Judicial por ser carente de fundamentación; por falta de congruencia

entre acusación, prueba y sentencia; ser además violatoria al debido proceso y del

derecho de defensa.”

      Del estudio pormenorizado del expediente disciplinario, de su tramitación,

análisis de la prueba recibida en primera instancia y la presentada en esta sede,

la resolución del Tribunal de la    Inspección Judicial    así como el recurso de

apelación interpuesto por don Gustavo (folios 178 al 210), se procede a hacer una

valoración de lo naturaleza jurídica del régimen disciplinario y de los aspectos

impugnados:

      I.- En virtud del sesgo penal que a los hechos investigados en la vía

administrativa disciplinaria, le introduce la Comisión de Relaciones Laborales,

resulta conveniente recordar que el derecho disciplinario permite imponer una

sanción, medida o castigo, desprovisto de todo carácter penal, para asegurar el

buen servicio y la jerarquía del empleo público, las relaciones laborales y el normal

funcionamiento de la Administración         Pública.   Sobre el particular, la Sala

Constitucional   ha    expresado:    “II.   EL   RÉGIMEN      DISCIPLINARIO.      La

responsabilidad administrativa o disciplinaria es la que nace de la transgresión de

una obligación administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o

empleado, que se hace efectiva cuando el sujeto comete una falta de servicio o de
                                                                                    24

comportamiento, transgrediendo las reglas de la función pública. La transgresión

de   los   deberes   administrativos   tiene   su   sanción   característica   en   la

responsabilidad administrativa del funcionario, que se hace efectiva por el

procedimiento dirigido a hacer cumplir la obligación debida, o por la sanción

administrativa que se impone. Por ello, el concepto de sanción disciplinaria se

refiere necesariamente al funcionario o empleado, o mejor dicho, a los derechos

del funcionario. Este régimen es una especie de la potestad “sancionadora” del

Estado, de la que dimana, potestad que es inherente y propia de la Administración

Pública, traduciéndose en la facultad de, por lo menos, un “mínimo” de poder para

que ésta aplique sanciones disciplinarias a sus funcionarios o empleados cuando

falten a sus deberes. Sin embargo; el poder disciplinario no es exclusivo del

régimen del derecho público. Así por ejemplo, se da en la familia, ejerciendo ese

poder los padres, no sólo para la corrección de los hijos, sino también para la

preservación de la unidad moral de la familia, y se reprende no por lo que se ha

hecho, sino para que no se vuelva a hacer; en el campo laboral privado –industrial

y comercial-, lo ejerce el patrón en defensa de la regularidad en la esfera de

trabajo; en los colegios profesionales, etc. Se puede concluir que en realidad, el

fin de la responsabilidad disciplinaria es asegurar la observancia de las normas de

subordinación y, en general, del exacto cumplimiento de todos los deberes de la

función. Así, el derecho disciplinario presupone una relación de subordinación

entre el órgano sometido a la disciplina y el órgano que la establece o aplica, más

que para castigar, para corregir, e incluso educar al infractor de la norma, de ahí el

carácter correctivo de las sanciones disciplinarias. Por ello, tales sanciones se

aplican también al que no sería responsable penalmente, por ejemplo, los
                                                                                25

menores, en virtud de la patria potestad, o bien en las instituciones de enseñanza,

que serían las medidas correctivas aplicadas por los maestros a los alumnos...”

(sentencia número 05594-94 de 15 horas 48 minutos de 27 de setiembre de 1994,

en igual sentido las números 05276-99 de 16 horas de 7 de julio de 1999 y 01265-

95 de 15 horas 36 minutos de 7 de marzo de 1995)

II.- En lo referente a las razones señaladas por el licenciado Koutsowris como

motivo para declarar la nulidad del fallo impugnado:

         1.    Incompetencia: Estima que en la resolución de este procedimiento

               la Inspección Judicial se arrogó competencia propia de los

               tribunales penales.   En cuanto a este punto es necesario tener

               presente la esencia misma de su creación.        Este Tribunal, de

               acuerdo con el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

               ejerce control regular y constante sobre todos los servidores de

               este Poder de la República, vigila el buen cumplimiento de los

               deberes; tramita las quejas que se presenten contra esos

               servidores; instruye las informaciones al tener conocimiento de

               alguna irregularidad y resuelve lo que proceda respecto del

               régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan

               en la materia otros órganos y funcionarios del Poder Judicial (jefes

               de oficina y Corte Plena, por ejemplo). Esto en razón de que todo

               funcionario público y en especial el judicial debe tener una

               conducta intachable: ser buen vecino, un ejemplo de dignidad,

               honradez y buenas costumbres, guardar el debido respeto por sus

               compañeros, evitar provocar actuaciones escandalosas dentro de
                                                                                  26

               las oficinas, entre otras cualidades, pues la ciudadanía, a la vez

               descansa y confía, normalmente, en quienes administran justicia y

               acuden a ellos para dirimir sus conflictos. En consonancia con lo

               anterior, el Tribunal de la Inspección Judicial, como ente encargado

               de aplicar el régimen disciplinario por imperativo legal, no puede

               ante un hecho, que podría ser de índole penal ejecutado por un

               funcionario judicial, abstenerse de investigarlo y resolverlo desde el

               punto de vista administrativo disciplinario, pues a él le compete

               determinar la idoneidad del servidor en cuanto a sus principios y

               valores morales.       Ser empleado judicial   obliga a actuar en las

               relaciones privadas y en el tiempo libre en forma acorde con la moral

               y con las buenas costumbres, a conducirse correctamente tanto en

               la vida laboral como privada, de manera respetuosa con los

               derechos de quienes lo rodean. Por esa razón, un hecho irregular

               cometido por un servidor fuera del ámbito laboral, puede tener una

               directa conexidad e incidencia en este. La buena fe presupone la

               imperiosa e ineludible necesidad de observar las normas de

               conducta, que son inherentes a la conciencia leal y honrada de las

               personas; es una exigencia consustancial de las obligaciones de

               hacer, proyectada sobre el comportamiento de las personas.

         2.    Incorrecta imputación alegada y no resuelta por el Tribunal de la

               Inspección Judicial.

      Después de ser notificado del traslado de cargos, el señor Koutsowris,

en memorial que corre a folios 29 a 31, interpuso los recursos de revocatoria con
                                                                                   27

apelación subsidiaria, así como incidentes de nulidad absoluta y prescripción de la

acción, alegó, entre otras cosas, la incorrecta imputación, gestión que fue

debidamente resuelta por el órgano disciplinario en resolución visible a folio 32, de

manera que sus agravios al respecto no son de recibo.

      3.- Cuestionamiento en cuanto a los hechos probados.

1. Sobre el periodo de la relación sentimental entre las partes y la denegación de

la prueba para mejor proveer: En lo referente al tiempo de la relación, es

importante indicar que la determinación de su periodo de duración no es relevante

para esta causa, porque lo que interesa es establecer la responsabilidad del

acusado por la violencia ocurrida específicamente el sábado 20 de abril del 2002.

En relación con la prueba para mejor proveer, pese a que es una facultad el

ordenarla, se dispuso aceptarla en esta instancia, no obstante, salvo las cartas

dirigidas por la señorita Rojas Pérez a don Gustavo, la restante no fue presentada.

En consecuencia, no resultan pertinentes los comentarios del recurrente pues no se

incurrió en quebranto alguno de tipo procesal y por otra parte, las comunicaciones

escritas por la ofendida, no desvirtúan en modo alguno los extremos tenidos por

comprobados.

2. Supuesta agresión sexual: Tal y como se explicó al inicio, corresponde al Tribunal

de la Inspección Judicial, hacer un análisis a partir de la prueba que corre en autos,

a fin de establecer la conducta irregular, reprochable y reñida con la moral y las

buenas costumbres del funcionario judicial sometido al procedimiento disciplinario,

sin que esto signifique de alguna manera invadir la competencia de los tribunales

penales. En cuanto al reclamo del accionado por la negativa del Tribunal a

testimoniar piezas ante el Ministerio Público, se debe recordar que este tipo de
                                                                                28

delitos solamente son perseguibles a solicitud de instancia privada según lo regula

el Código Procesal Penal.

3. Retención de la quejosa: En este punto es necesario hacer referencia a la

relación adulterina sostenida entre las partes, en la cual el señor Gustavo

Koutsowris Canales gozaba de un mayor poder con respecto a la denunciante,

pues debe recordarse que ese romance inicia cuando el acusado es jefe de la

quejosa, al ocupar el cargo de Juez de la República; aspecto importante, porque

se debe considerar el valor simbólico que ello representa, especialmente para una

persona de escasos veinte años de edad y estudiante de derecho, además de

alumna y posteriormente asistente en la universidad donde el licenciado

Koutsowris Canales imparte clases. Estos datos merecen destacarse, porque no

es posible olvidarse que vivimos en un sistema patriarcal y alrededor de los

varones circula un elevado porcentaje de la actividad social y familiar; por el

contrario, las mujeres son socializadas para convertirse de alguna manera en los

satélites que giran alrededor de ellos y aceptan ser sometidas a diferentes tipos

de violencia, física, emocional y patrimonial, a fin de poder cumplir su papel.

Estos son los mecanismos de consenso que se utilizan en esta sociedad

androcéntrica para que las personas asuman y acepten como válidos los

contenidos de ser mujer y ser hombre, que generalmente se acompañan de

formas de coerción para vigilar el cumplimiento de los mandatos. Constituyen

instrumentos de socialización que permiten continuar con la situación existente,

revistiéndose de una aparente neutralidad. Es interesante el caso en particular,

dado que, aún y cuando es una relación extramatrimonial por parte del acusado,

es la mujer la que sufre el reproche de su pareja y por ende el social. Estas
                                                                                29

consideraciones se hacen necesarias para poder entender que a pesar de que la

señorita Rojas se encontraba en una situación difícil, el día de los hechos, 20 de

junio, al estar efectivamente retenida, tal y como quedó demostrado en las

actuaciones, prefiriera minimizar este episodio de abuso ante las autoridades de

la policía administrativa. Sin embargo, es importante agregar que contrario a lo

afirmado por el acusado, el policía administrativo Claudio Segura Serrano, si

indica que la joven Yendry Rojas había sido violentada, situación confirmada por

la denunciante (folio 84), cuando en la prueba testimonial, el señor Segura

Serrano, indica: “La muchacha tenía el cuello rojo.- R. Sí. Me (sic) observó con

rasguños. R. En ese momento no preciso. En algún momento le indicó ella que si

había sido violada, o agredida sexualmente. R. En ningún momento se tocó el

tema de la violación. Le manifestó ella haber sido agredida físicamente. R. Ella

me manifestó que sí y le mostró el cuello, el cuello lo tenía rojo...”

4. Actuación prepotente del acusado: Llama la atención que a pesar de la

abundante prueba sobre el actuar irrespetuoso e intimidatorio del acusado, en

abierta contradicción con el artículo 1 con el Código de Ética Judicial, hacia los

servidores de la policía administrativa que cumplían con su deber, como

abnegados guardianes de la seguridad ciudadana, sin la más mínima

consideración, se atreve a descargar la responsabilidad del acto bochornoso que

propició en la afectada Rojas Pérez, quien le dedicó varios años de su juventud,

exponiéndose incluso a la crítica social y eventuales represalias de tipo familiar.

Lo anterior quedó debidamente evidenciado en los testimonios de Alexander

Venegas Chacón, quien con relación a los hechos indicó: ”...fue cuando ese señor
                                                                                 30

nos empezó a exigir, pero a exigir de que nosotros teníamos que quitarle a ella

ese documento, gritado. Yo le indiqué que no le podía quitar el documento porque

no sabía a quien pertenecía. Fue cuando él nos dijo: ”Yo soy muy amigo de

Francisco Ocampo, quien es el director regional de la Fuerza Pública de

Heredia, y que si nosotros no sabíamos quien era él”, fue cuando mi

compañero Claudio le dijo “ah ... también nos salió abogado...” Él nos dijo “No, yo

no soy abogado, soy juez”, y a mi compañero Claudio le enseñó la billetera, no

sé que exactamente le mostró....” (folio 16-17), por su parte Claudio Segura

Serrano señaló: “...En eso, él se baja del carro y me indica que él conoce al

coronel Francisco Ocampo, a lo cual le indiqué que, de momento me importaba

poco si lo conocía o no lo conocía. Él en su estado de alterado, saca la billetera

y me indica que yo no sabía quien era él, a lo que yo le indiqué “....también me

salió abogado para variar...”, por lo que el me indicó que no, que él era juez,

diciéndole que si era juez debía (sic) los procedimientos que había que hacer, que

era callarse y esperarse...” (folio 18), en otra parte de la declaración de don

Claudio manifestó: “...En torno a la actitud de él, puedo decir que él no me

maltrató de palabra, pero si yo me hubiera dejado, él se me hubiera montado,

como dándome a entender que él era más que yo...” (folio 19).

5. Internamiento de la quejosa: Sobre este particular extraña la lectura que hace el

accionado del hecho probado número seis, pues la sentencia de la Inspección

Judicial, lo que hace es, con base en la epicrisis referida por el Hospital Nacional

Psiquiátrico, visible a folio 117 y el oficio suscrito por la psicóloga Margarita

Murillo, a folios 9 y 10, manifestar que la quejosa fue internada en ese nosocomio,
                                                                                 31

al día siguiente de los hechos que se denunciaron en sede disciplinaria, “con un

diagnóstico depresivo severo, ideación suicida resuelta, sobreviviente de abuso

sexual”, sin que en ningún momento se le impute esa situación a él.

III.- Acorde con lo expresado, al no desvirtuarse la conducta irregular atribuida al

licenciado Koutsowris, no queda más que mantener el acto final emitido por el

Tribunal sancionador por estar ajustado a la normativa que le sirve de

fundamento.

      Se acordó: Confirmar por mayoría la resolución del Tribunal de la

Inspección Judicial, en que impuso al licenciado Gustavo Koutsowris Canales la

sanción de revocatoria de nombramiento, la cual se hará efectiva a partir del 19

de diciembre en curso.

      El licenciado Martínez vota por confirmar la resolución del citado Tribunal,

pero rebajando la sanción a una suspensión de tres meses sin goce de salario,

pues considera que la impuesta por dicho órgano es sumamente severa y de

acuerdo con el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta clase de

faltas (gravísimas) pueden ser sancionadas con el extremo menor que en este

caso estima sería ejemplarizante.

      De conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se ordena sacar a concurso la plaza que dejará vacante el

licenciado Koutsowris Canales en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo

Circuito Judicial de San José, la que se encuentra en calidad de préstamo en el

Juzgado de Pensiones Alimentarias de ese circuito.

      El Despacho de la Presidencia, el Tribunal de la Inspección Judicial y el
                                                                                32

Departamento de Personal tomarán nota para lo que corresponda. Se declara

acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XVI

       Mediante circular N° 17-2003 de 25 de febrero de este año, se hizo del

conocimiento de los despachos judiciales del país que conocen de la materia de

familia y violencia doméstica, el acuerdo tomado por el Consejo Superior en

sesión N° 08-03, celebrada el 6 de febrero del año en curso, artículo LXIII, en que

aprobó la participación de los profesionales en Psicología y Trabajo Social a

unirse conjuntamente a las labores de redes locales que ha implementado el

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), con el fin de combatir la violencia

intrafamiliar.

       La licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo

Social y Psicología, en nota N° Dtsp-532-2003 de 9 de diciembre en curso,

manifestó:

         “Me permito remitir la solicitud planteada por la Licda. Rosario
         Cubero Arroyo y Licda. Kattia Robles Alfaro asignadas a la Oficina
         Regional de Trabajo Social y Psicología de San Carlos para asistir
         a las capacitaciones programadas para el año 2004 por la Red
         contra la Violencia Intra familiar de Ciudad Quesada, estas
         actividades se realizarán en las instalaciones de la Dirección
         Regional del Ministerio de Educación Pública a la 1:00 p.m. en las
         siguientes fechas:

     FEB MAR        ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
     3   2          6   4   1   6   3   7   5   3   7

         Participación aprobada según la Circular 17-03 del Consejo
         Superior, sesión N° 08-03 artículo LXIII, celebrada el 06 de febrero
         de 2003.

         Por la razón antes expuesta, solicito respetuosamente valorar la
         posibilidad de otorgar permiso con goce de salario para participar
                                                                               33

       en tan importante actividad, vinculada estrechamente con el
       quehacer profesional.”
                                    -0-

      Se acordó: Conceder a las licenciadas Cubero Arroyo y Robles Alfaro

permiso con goce de salario, sin sustitución, para que en las fechas indicadas

asistan a las citadas capacitaciones, siempre y cuando no se afecte el buen

servicio público, ni se suspendan diligencias durante esos días, y además deberán

dar prioridad a los asuntos urgentes que se presenten en relación con sus

funciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO XVII

      En sesión N° 89-03 celebrada el 25 de noviembre último, artículo XXVI, se

concedió permiso con goce de salario y sustitución, a varios servidores judiciales

del Departamento Financiero Contable, para que durante las fechas que ahí se

indicaron, participaran en el diseño de casos de prueba del sistema de

información, para llenar tablas de parámetros y realizar otras actividades

relacionadas con la solución informática que desarrolla la empresa consultora

SONDA.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con nota N° 8637-DE-

2003 de 11 de diciembre en curso, remite el oficio N° 431-FC-2003 de 5 de este

mes, suscrito por el MBA. Wálter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento

Financiero Contable, en que expresó lo siguiente:

       “Como es de su estimable conocimiento, la empresa consultora
       SONDA concluirá la entrega del 80 % de los módulos del Sistema
       de información de Financiero Contable el 12 de enero de 2004 e
       irá entregando en forma progresiva a partir de esa fecha el
       restante 20 % según el cronograma establecido, y en forma
                                                                               34

       paralela se estarán realizando      otras actividades importantes
       relacionadas con la solución      informática,    por lo que es
       indispensable una prórroga con    goce de salario y su respectiva
       sustitución, por los períodos y    funcionarios que se detallan a
       continuación:

     Período               Funcionario                        Módulo
                                                 Aplicar casos de prueba
05-01-04 a 31-03-04 Emma López Ramírez           modulares de los parámetros,
                    6-300-418                    funcionalidades, consultas y
                                                 reportes     del    módulo     de
                                                 Ingresos y Egresos Judiciales
                                                 (Submódulos de Parámetros,
                                                 Pago        de      resoluciones
                                                 judiciales, Registro depósitos
                                                 judiciales, Pago de intereses,
                                                 Archivo de documentos )
                                                 Aplicar pruebas de integración
                                                 en FICO
05-01-04 a 31-03-04 Floribel Campos Solano       Aplicar casos de prueba
                    3-325-187                    modulares de funcionalidades,
                                                 consultas y reportes de los
                                                 módulos de Inversiones, Flujo
                                                 de Caja.
                                                 Aplicar pruebas de integración
                                                 FICO
05-01-04 a 31-03-04 Elvin Vargas Salazar        Aplicar casos de prueba
                    6-164-923                   modulares de los parámetros,
                                                funcionalidades, consultas y
                                                reportes de los módulos de
                                                Ingresos        de      Hacienda,
                                                Retenciones       de    Hacienda,
                                                Custodias Judiciales. Concluir
                                                Control de Garantìas
                                                 Aplicar pruebas de integración
                                                 FICO.
                    Luis Guillermo Vásquez       Aplicar casos de pruebas
05-01-04 a 31-03-04 Ureña                        modulares      de    parámetros,
                    1-604-082                    funcionalidades, consultas y
                                                 reportes     del    Módulo     de
                                                 Contabilidad.
                                                 Aplicar casos de prueba del
                                                 submódulo            Conciliación
                                                 Bancaria
                                                 Aplicar pruebas de integración
                                                 FICO
                                                                          35

      Período              Funcionario                  Módulo
05-01-04 a 31-03-04 Ana Yorleny González    Aplicar casos de pruebas
                    Fonseca                 modulares      de   parámetros,
                    1-878-275               funcionalidades, consultas y
                                            reportes de los Módulos de
                                            Activos Fijos, Cuentas por
                                            Cobrar y Cuentas por pagar.
                                            Aplicar pruebas de integración
                                            FICO
                                            Diseñar y aplicar pruebas
                                            integrales entre Departamentos
05-01-04 a 31-03-04 Carlos Alberto Brenes   Aplicar casos de prueba
                    Cerdas                  modulares      de   parámetros,
                    3-175-870               funcionalidades, consultas y
                                            reportes del Sistema de
                                            Información del Fondo de
                                            Jubilaciones y Pensiones del
                                            Poder Judicial ( Gestión de
                                            pagos, Proyecciones, Atención
                                            de clientes, Administración de
                                            cuentas individuales)
                                            Aplicar pruebas de integración
                                            FICO
                                            Diseñar y aplicar pruebas
                                            integrales entre Departamentos
05-01-04 a 31-03-04 María José Chaves       Aplicar casos de pruebas
                    Guzmán                  modulares      de   parámetros,
                    1-988-846               funcionalidades y reportes para
                                            el Fondo de Socorro Mutuo
                                            (Atención               clientes,
                                            Recaudación, Cuentas por
                                            cobrar y Cuentas por Pagar) y
                                            del Fondo de Jubilaciones y
                                            Pensiones ( Reconocimiento
                                            de tiempo de servido, Cuentas
                                            por cobrar)
                                            Concluir y aplicar pruebas de
                                            integración FICO

05-01-04 a 31-03-04 Sonia Fernández Rojas   Concluir aplicación casos de
                    1-759-779               pruebas      modulares      de
                                            parámetros,    funcionalidades,
                                            consultas y reportes        del
                                            Módulo de Bancos.
                                            Aplicar pruebas de integración
                                            FICO
                                                                           36

      Período              Funcionario                     Módulo
05-01-04 a 31-03-04 Tatiana Fernández          Concluir aplicación casos de
                    Delgado                    pruebas      modulares      de
                    1-976-953                  parámetros,    funcionalidades,
                                               consultas y reportes        del
                                               Módulo de Cajas
                                               Aplicar pruebas de integración
                                               FICO

05-01-04 a 31-03-04 Xinia Campos Solís         Concluir aplicación casos de
                    1-722-306                  pruebas      modulares      de
                                               parámetros,    funcionalidades,
                                               consultas y reportes de del
                                               Módulo Gestión de Pagos
                                               Subfondos .
                                               Aplicar pruebas de integración
                                               FICO

05-01-04 a 31-03-04 Nacira Valverde Bermúdez Aplicar casos de pruebas
                    1-869-614                modulares      de   parámetros,
                                             funcionalidades y reportes de
                                             Control de Fondos.
                                             Aplicar pruebas de integración
                                             FICO
                                             Diseñar y aplicar pruebas
                                             integrales entre Departamentos
05-01-04 a 31-03-04 William Solano Jiménez   Aplicar casos de pruebas
                    1-762-995                modulares      de   parámetros,
                                             funcionalidades y reportes de
                                             Pagos Mayores, Acuerdos de
                                             Pago      y     Otros     pagos
                                             administrativos.
                                             Aplicar pruebas de integración
                                             FICO
05-01-04 a 31-03-04 Daniel Fernández         Concluir aplicación casos de
                    Alvarado                 pruebas       modulares      de
                    1-485-514                parámetros, funcionalidades y
                                             reportes    del    Módulo    de
                                             Presupuesto:          Ejecución,
                                             Modificaciones
                                             presupuestarias, Liquidación y
                                             Evaluación.
                                             Aplicar pruebas de integración
                                             FICO
                                             Diseñar y aplicar pruebas
                                             integrales entre Departamentos
                                                                                   37

      Período                 Funcionario                       Módulo




        Asimismo, se requiere extender la prórroga a los servidores Ana Isabel
        Jiménez Salazar y Óscar Bolívar Hidalgo, quienes son la contraparte
        técnica del proyecto con la empresa, por el período comprendido del 05
        de enero al 31 de marzo de 2004 y su respectiva sustitución.

        Por otra parte, se solicita autorización para el reconocimiento de horas
        extra para cada uno de los servidores, por el período del 05 de enero
        al 31 de marzo de 2004, las cuales serán utilizadas de conformidad con
        las necesidades surgidas en la etapa de pruebas en que se encuentra
        el proyecto.

        Asimismo, el reconocimiento de dicho sobresueldo se hace
        indispensable extenderlo al señor Víctor Manuel Sibaja Sibaja, cédula
        No. 1-738-498, únicamente por el período del 12 al 31 de enero del
        2004, quien se encuentra desarrollando actividades de suma
        importancia relacionadas con el registro de información correspondiente
        a la cuenta 20192-8 “Contaduría Judicial ”, la cual debe ser migrada al
        Sistema de SONDA.”
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud en la forma propuesta por el máster Jiménez

Sorio, y otorgar permiso con goce de salario y sustitución a los citados servidores,

por los períodos y para los fines señalados. Asimismo se aprueba el pago de

horas extra en los términos indicados.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO XVIII

      El señor Néstor Rodríguez Bustos, Auxiliar Coordinador del Tribunal Penal

de la Zona Sur, sede Golfito, en oficio N° 284-2003 del 11 de diciembre en curso,

recibido por fax el día siguiente, comunica que ese Tribunal señaló el 23 de enero
                                                                                  38

del 2004 a las 15:00 horas para celebrar una audiencia, que traerá como

consecuencia la fijación de una pena.

      Por tal motivo, solicita se conceda el permiso respectivo al licenciado

Olman Ulate Calderón, quien fungió como Juez del citado Tribunal y actualmente

labora como Juez Penal de Puntarenas, para que asista a ese acto.

      Se acordó: Autorizar al licenciado Ulate Calderón para que integre el

Tribunal Penal de la Zona Sur, sede Golfito, en la fecha y para los fines indicados.

      El Despacho de la Presidencia y el referido Tribunal tomarán nota para lo

que corresponda.

                                     ARTÍCULO XIX

      En oficio N° 003-CAISR-03 de 12 de diciembre en curso, enviado por

correo electrónico, el señor Roberto Varela Obando, Coordinador del Comité de

Acción Inmediata, con el visto bueno de la licenciada Carmen María Vásquez

Mora, Jefa de la Subunidad Administrativa Regional de San Ramón, presenta la

siguiente gestión:

        “Estimados Señores, se ha coordinado por parte del Comité de
        Acción Inmediata de este Circuito, realizar un Curso de Primeros
        Auxilios Básicos (PAB) y se extendió invitación a nuestros
        compañeros Judiciales, para capacitarse en este sentido,
        cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Cruz Roja de
        San Ramón. Se nos aclaró que el curso es gratuito y está
        enfocado en la atención primaria de pacientes.

        Como objetivo de esta capacitación, nos proponemos brindar a los
        y las compañeros (as) judiciales, los conocimientos básicos para
        atender emergencias, enfocado a la atención primaria de
        personas con lesiones y enfermedades, cuyas crisis puedan
        presentarse en los estrados o recintos judiciales.

        Ante Ustedes presentamos la solicitud formal para autorizar la
        realización del curso en este edificio, y les solicitamos su aval para
                                                                  39

 permitir que las personas interesadas, puedan ausentarse de
 sus labores a partir de las 15:00 horas, con el compromiso de
 permanecer en el curso hasta las 18:00 horas. Resultó
 seleccionada por los futuros cursantes, la propuesta de tres
 horas de curso, tres veces a la semana (martes, miércoles y
 jueves), por dos meses de duración. Se programará
 coincidente con el ingreso a clases del año 2004, a partir del
 09 de febrero de 2004.

      A continuación se detalla el nombre de los interesados:

        NOMBRE          CEDULA             DESPACHO
LOBO CERNA OSCAR       800510880 DEFENSA PUBLICA SAN RAMON
                                 DEPARTAMENTO DE
FALLAS SEGURA JORGE    205060673 INFORMATICA SAN RAMON
                                 DEPARTAMENTO DE
GUERRA VARGAS GASTON 106990636 INFORMATICA SAN RAMON
DOTTI DONDI VANESSA    108230373 FISCALIA DE SAN RAMON
ROJAS CORRALES VICTOR
HUGO                   204950250 JUZGADO PENAL SAN RAMON
QUESADA ALVARADO
CARMEN                 203250571 JUZGADO PENAL SAN RAMON
                                 SUBDELEGACION REGIONAL OIJ
VARELA OBANDO ROBERTO 108950358 SAN RAMON
CORRALES RODRIGUEZ               SUBDELEGACION REGIONAL OIJ
OLIVIER                204590740 SAN RAMON
                                 SUBDELEGACION REGIONAL OIJ
ZAMORA MEJIAS IVAN     204860989 SAN RAMON
GAMBOA CHACON JOSE               SUBDELEGACION REGIONAL OIJ
LUIS                   203390078 SAN RAMON
OROZCO RAMIREZ JOSE              SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
MANUEL                 204070694 SAN RAMON
                                 SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
AMORES ARIAS RONALD    203720359 SAN RAMON
                                 SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
VASQUEZ MORA CARMEN    203770354 SAN RAMON
JIMENEZ CESPEDES MARIA           SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
LORENA                 204180906 SAN RAMON
                                 SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
MUÑOZ MONTERO MARIO    203770377 SAN RAMON
QUIROS GAMBOA                    SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
HERIBERTO              202920289 SAN RAMON
CARRANZA RODRÍGUEZ               SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA
KAROL                  602460985 SAN RAMON
RODRIGUEZ GAMBOA LUIS            TRIBUNAL DE JUICIO SAN
EMILIO                 203330054 RAMON
                                                                                 40

     VARGAS RODRIGUEZ                          TRIBUNAL DE JUICIO SAN
     IVONNE                          601010900 RAMON

                                         -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud en la forma propuesta y otorgar permiso con

goce de salario a los citados servidores, por el período y para los fines señalados,

siempre y cuando no se afecte el servicio público. El Departamento de Personal

tomará nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XX

      En sesión N° 89-03 efectuada el 25 de noviembre último, artículo XXI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “En sesión celebrada el 28 de agosto último, artículo XXXVI,
        se concedió permiso con goce de salario y sustitución a la Máster
        Rita Castro Abarca y al Licenciado Erick Mora Leiva,
        Profesionales 2 y 1, respectivamente, de la Sección de Planes y
        Presupuesto del Departamento de Planificación, para que del 1°
        de setiembre al 30 de noviembre en curso, atendieran los
        requerimientos del proyecto que se está desarrollando con la
        empresa consultora SONDA.
             En atención a lo anterior, la licenciada Marta Asch Corrales,
        Jefa del Departamento de Planificación, en oficio N° 1576-PLA-
        2003 de 17 de noviembre en curso, manifiesta que en virtud de
        que las labores que están desarrollando los citados funcionarios
        requieren de más tiempo, solicita que el permiso concedido sea
        extendido hasta el 19 de diciembre próximo.
             Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Asch
        Corrales y otorgar permiso con goce de salario y sustitución a los
        servidores Castro Abarca y Mora Leiva del 1° al 19 de diciembre
        próximo, para los fines señalados.
             El Departamento de Personal tomará nota para lo que
        corresponda.”
                                       -0-

      En oficio N° 1762-PLA-2003 de 12 de diciembre en curso, la licenciadas

Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, solicita se extienda

el permiso concedido a la máster Rita Castro Abarca y al licenciado Erick Mora
                                                                                41

Leiva hasta el 30 de enero del 2004, pues indica que las labores que ellos realizan

requieren de más tiempo.

      Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Asch Corrales y prorrogar el

permiso con goce de salario y sustitución a los servidores Castro Abarca y Mora

Leiva hasta el 30 de enero del 2004, para los fines señalados.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO XXI

      La señora Tarin Oreana Gutiérrez Montero, Auxiliar Judicial 2 en el Juzgado

de Tránsito de Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 4 de diciembre en

curso, con el visto del Lic. Román Rojas Álvarez, Juez Coordinador de ese

Despacho, manifestó:

             “(...) el próximo mes de marzo cumpliré nueve (9) años de
        laborar para esta Institución.
             Me encuentro cursando los últimos cuatro cursos del nivel de
        bachillerato en la Carrera de Psicología en la Universidad
        Centroamericana de Ciencias Sociales, donde con grandes
        esfuerzos económicos y humanos he estudiado durante tres, pero
        ya al final del nivel de Bachillerato, se me presenta el
        inconveniente de que el curso de Psicología de la Familia, lo
        imparten únicamente los días “Martes”, a partir de las 16:00 horas.
              En consecuencia, me veo imposibilitada de asistir a dicho
        curso, por lo que les solicito muy respetuosamente, se sirvan
        concederme permiso para estudiar, conforme lo establece el
        Artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, durante esos
        días martes y de las quince horas treinta minutos en adelante,
        para así poder trasladarme hasta las instalaciones de la
        Universidad.
             Nótese que el periodo del permiso, sería por una hora a la
        semana y a partir del 12 de enero y hasta el 23 de abril del 2004 (I
        Cuatrimestre 2004).
             Al respecto y siempre que el estimable Consejo Superior me
        conceda el referido permiso, cuento con el visto bueno de los
        señores Licenciados Norman Rojas Álvarez y Minor Mendoza
                                                                                  42

          Cascante, Juez Coordinador y Administrador respectivamente del
          Juzgado para el cual laboro.
                No omito manifestarle que caso de ser necesario, el tiempo
          solicitado lo repondré en la forma en que mis superiores así me lo
          indiquen y bajo su estricta supervisión y dirección a conveniencia
          del Despacho.
               Asimismo, he de hacer notar que durante todos mis años de
          estudio, nunca he solicitado permiso alguno y si ahora lo hago es
          porque me veo totalmente imposibilitada para solucionar el
          problema, ya que es por motivos ajenos a mi voluntad.
                 Al efecto adjunto oficio suscrito por la señora Licda. Maribel
          Soto Arguedas, Rectora de la Universidad, en la que se describe
          la situación expuesta.
                Por otra parte y en cumplimiento de lo establecido en el
          artículo 138 de la citada Ley orgánica, también he de
          manifestarles que en la actualidad ningún servidor de la oficina
          para la cual laboro, se encuentra disfrutando del beneficio
          solicitado.”
                                          -0-

         Se acordó: Acoger la solicitud y conceder permiso con goce de salario a la

servidora Gutiérrez Montero para que se ausente del Despacho a partir de las

15:30 horas los martes de cada semana durante el primer cuatrimestre del año en

curso, a fin de que asista a lecciones en la Universidad Centroamericana de

Ciencias Sociales, en el entendido de que repondrá el tiempo que ocupe en esas

labores, lo que deberá coordinar con la Jefatura del Despacho y comprobar ante

el Departamento de Personal el resultado final que obtenga del mencionado

curso.

         Debe entenderse, además, que el consentimiento de la jefatura del

Juzgado de Tránsito de Primer Circuito Judicial de San José, se da porque esa

oficina judicial cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la ausencia

temporal de la citada servidora y no requiere de recurso humano adicional.
                                                                                   43

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO XXII

      La Bach. Viria Fernández Morales, Jefa interina del Archivo Criminal del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 5812-JEF-03 de 9 de diciembre

de 2003, expresó:

             “Por medio de la presente le solicito se autorice el permiso
        sin goce de salario solicitado por el señor Mario Mena Ayales,.
        Cédula 1-525-362, Técnico Criminalista 2 del Archivo Criminal,
        para el mes de enero del próximo año del 1 al 31 inclusive y para
        atender asuntos personales.
             Esta petición se hace habida cuenta que el señor Mena
        Ayales, ha gozado en los últimos años de permisos de esta índole
        consecutivamente y con la anuencia del Consejo Superior. (ver
        anexo).
              Esta Jefatura no tiene inconveniente en que se le otorgue
        dicho permiso al señor Mena Ayales, en tanto su autorización por
        el Consejo Superior pueda efectuarse a tiempo para la debida
        sustitución, por tanto en esta Oficina se presta servicio las
        veinticuatro horas.”
                                        -0-

      Se acordó: Conceder permiso sin goce de salario al señor Mena Ayales del

1 al 31 de enero del 2004, para los fines que se dio cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XXIII

      En sesión N° 78-03 celebrada el 16 de octubre último, artículo XIX, se

autorizó, entre otros, al licenciado Marvin Argüello Jirón, Auditor Investigador de la

Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación

Judicial, para que asistiera al “Programa Integral de Nivelación y Especialización

Académica en Derecho Tributario y Aduanero”, el cual sería impartido por el

Ministerio de Hacienda, con una duración de aproximadamente 14 meses, días
                                                                                 44

entre semana a convenir de 5:30 a 8:30 p.m. El inicio de la primera lección estaba

programada para el 23 de octubre citado.

      En oficio de 9 de diciembre en curso, el licenciado Argüello Jirón manifestó:

             “A raíz de un problema de salud, que me obligaba a
       realizarme varios exámenes médicos, que a la postre interferían
       con mi asistencia al curso antes mencionado, le comuniqué al Lic.
       Eliécer Leiva Quesada, Jefe de la Sección de Delitos Económicos
       y Financieros la problemática presentada.
             En virtud de mi problema de salud y de que el Lic. Juan José
       Obregón Vega, Auditor Supervisor de la Sección de Delitos
       Económicos y Financieros, encargado del grupo de trabajo que
       atiende los estudios relacionados con el Sector Público, entre
       ellos los de Delito Tributario, deseaba asistir y era la persona más
       indicada para asistir a ese curso, el Lic. Eliécer Leiva Quesada,
       Jefe de la Sección, dialogó con los funcionarios del Ministerio de
       Hacienda y se le propuso el cambio, lo cual estuvieron de acuerdo
       ya que les interesaba que en él participaran aquellas personas
       que realizarán funciones o trabajos directamente relacionadas con
       la materia impartida.
             El cambio se efectuó a partir del 23 de octubre, fecha de la
       segunda lección”.
                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y con base en lo

expuesto, se autoriza al licenciado Juan José Obregón Vega, Auditor Supervisor

de la Sección de Delitos Económicos y Financieros para que asista al citado

Programa, en sustitución del licenciado Marvin Gerardo Argüello Jirón. En tal

sentido se modifica el acuerdo tomado en la sesión de referencia.

                                ARTÍCULO XXIV

      El doctor Juan Carlos Segura Solís, Profesional en Derecho 3 de la Sala

Segunda, en nota de 17 de diciembre en curso, solicita autorización para impartir

lecciones el próximo cuatrimestre a iniciarse en el mes de enero del 2004 en las

siguientes Universidades:

      -Universidad Interamericana de Costa Rica, curso de Derecho Laboral
                                                                              45

Administrativo en la Maestría de Derecho Laboral, los días jueves de 6.00 p.m. a

10.00 p.m., a partir del 15 de enero.

      -Universidad Estatal a Distancia, el mismo curso, un sábado al mes,

durante el primer cuatrimestre del 2004.

      Se acordó: Comunicar al doctor Segura Solís, que este Consejo no tiene

objeción para que imparta lecciones en los citados centros de estudios superiores

durante los días y horario indicados, siempre y cuando no se afecte el buen

servicio público, lo que implica que deberá dar prioridad a la atención de sus

funciones en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO XXV

      Los MBA. Francisco Arroyo Meléndez y José Luis Bermúdez Obando, Jefe

y Subjefe respectivamente del Departamento de Personal, en oficio 863-JP-2003

de 16 de diciembre en curso, dirigido al licenciado Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, manifiestan lo siguiente:

              “De conformidad con lo coordinado previamente, me permiso
        solicitarle su intervención, en calidad de responsable del
        componente de Gestión Administrativa del Proyecto Corte-BID,
        para que el Consejo Superior autorice algunas medidas que
        permitan cumplir con el proceso de verificación del Sistema de
        Pagos, ya que es necesario llevar un control estricto de los
        procesos que genera el sistema SIGA, a nivel de la generación de
        la planilla y los procesos con las entidades externas como son la
        Tesorería Nacional, el Banco Central, las entidades deductoras y
        los despachos judiciales.
             Con base en los anterior se solicita que se otorgue permiso
        con goce de salario y sustitución para las siguientes personas de
        Administración Salarial:
          Nombre                         Inicio                 Fin
  Roxana Arrieta Meléndez              01/01/2004           30/03/2004
                                                                               46

 Maureen Siles Mata                 08/12/2003              30/03/2004


              Para coadyuvar con el éxito de este plan de trabajo es
        necesario solicitar al Consejo Superior que prorrogue las medidas
        acordadas en sesiones anteriores en relación con el pago de hora
        extra, por el mes de diciembre en curso ya que ante los problemas
        sufridos en la red informática y los atrasos generados por
        problemas en SIGA ha habido necesidad de trabajar en horarios
        alternos y horas extraordinarias para cumplir con el pago de la
        primera y segunda quince de diciembre.”
                                         -0-

      Vía telefónica, la señora Maritza Moya Bravo, Asistente Administrativa 2 del

Departamento de Personal, hizo saber a la Secretaría General de la Corte que los

permisos que hace referencia la gestión que antecede son hasta el 31 de marzo

del 2004 y no como por error se consignó.

      Se acordó: Acoger la solicitud de mérito y conceder a las servidoras Arrieta

Meléndez y Siles Mata permiso con goce de salario y sustitución en las fechas y

para los fines indicados. Debe entenderse que la vigencia de ambos permisos es

hasta el 31 de marzo del 2004.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XXVI

      El MBA. Marco Barboza Roldán, Jefe interino del Departamento de

Tecnología de Información, en oficio No. 537-I-2003 de 17 de diciembre en curso,

dirigido al Lic. Alfredo Jones León, manifestó:

             “Le solicito que por su medio sea gestionado ante los
        señores integrantes del Consejo Superior el respectivo permiso
        con goce de salario a los funcionarios que se detallan a
        continuación para el año 2004; esto con el fin de fortalecer el
        equipo que realiza la contraparte técnica y administrativa del
        Proyecto que desarrolla la empresa SONDA.
                                                                                  47

Nombre del Funcionario          Nª de cédula        Nº de Puesto Puesto

Helberth Marín Hernández        1-749-061           111515         Prof. Inf. 2

Ricardo González Jiménez        1-668-466           095443         Prof. Inf. 2

Raimundo Corrales Jiménez       1-540-985           043179         Prof. Inf. 1

Ezequiel Álvarez Cabezas        1-1046-548          057212         Aux. Inform.

Jorge Iván Castillo Marín       1-973-967           038484         Aux. Inform.

Vanesa Buendía Ureña            1-944-214           057183         Aux. Adm. 1”


      Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que el permiso

requerido es hasta el 31 de marzo del 2004, plazo que estableció la empresa

SONDA para culminar el proyecto.

      Se acordó: Tomar nota de las manifestaciones del señor Director Ejecutivo

y conceder permiso con goce de salario y sustitución a los servidores que se

detallan en la lista anteriormente transcrita, del 12 de enero al 31 de marzo del

2004, para que continúen con las labores encomendadas.

      Los Departamentos de Tecnología de Información y de Personal tomarán

nota para lo que corresponda.

VACACIONES PROPORCIONALES

                                ARTÍCULO XXVII

      En oficio N° 2412-AP-2003 de 10 de diciembre en curso, los licenciados

Manuel Sequeira Sequeira y José Luis Bermúdez Obando, por su orden Jefes de

la Sección de Derechos Laborales y Subjefe del Departamento de Personal,

rinden el siguiente informe:

             “De conformidad con el sistema para el pago de vacaciones
                                                                             48

        proporcionales, aprobado por el Consejo Superior en la sesión
        celebrada el 7 de diciembre del 2000, artículo LXIX y que rige a
        partir del 1 de mayo del 2002, adjunto le remitimos informes de
        vacaciones proporcionales detallados de la siguiente forma:

        a) Informe Nº 2410-AP-2003 que indica el pago de vacaciones
        proporcionales de exfuncionarios que no adeudan dineros al
        Tesoro Público.
        b) Informe Nº 2411-AP-2003 reúne los casos de exservidores que
        adeudan dinero al Tesoro Público y que el pago de vacaciones
        proporcionales cubre el monto de la deuda”.

                                      -0-

      Los informes a que se refiere la comunicación anterior están suscritos por

los señores Sequeira Sequeira y Bermúdez Obando, en su expresada condición y

el Lic. Rónald Calvo Coto, Jefe de Administración Salarial, y a continuación se

transcriben:
                                                                                                                                        49




San José, Martes 9 de diciembre del 2003                                                                                            410- AP-2003

                                                       MOTIVO
    CEDULA      NOMBRE         FECHA DE CONDICION         DE          PERIODO   TIEMPO             SALARIO MONTO POR OBSERVACIONES
                               SOLICITUD                PAGO        COMPRENDIDO SERVIDO           PROMEDIO VACACIONES
                                                      Ruptura de
             Arguedas                                 la relación   07-07-03 al 05-   1 mes 13
   2-452-203 Sibaja Guiselle   10-Nov-03   Interina     laboral         11-03           días      ¢215.256,80    ¢18.536,00
                                                      Ruptura de
              Astua Jiménez                           la relación   16-09-02 al 28- 4 meses 21                              Regresa a laborar
   1-1039-174 Maribel          21-Abr-03   Interino     laboral         02-03          días       ¢219.143,70    ¢73.047,90 01-03-03
              Cabezas                                 Ruptura de
              Zeledón                                 la relación   06-03-02 al 27- 5 meses 20                              Regresa a laborar
   1-1057-312 Giovanni         18-Nov-03   Interino     laboral         09-02          días       ¢190.896,00    ¢74.237,30 13-01-03
                                                      Ruptura de
              Calvo Calvo                             la relación   19-11-02 al 15- 7 meses 15
   1-1122-428 José             04-Nov-03   Interino     laboral         10-03          días       ¢206.732,70   ¢124.613,90
                                                      Ruptura de
             Orozco Solano                            la relación   21-12-00 al 13- 2 meses 21                              Regresa a laborar
   3-354-725 Víctor            10-Nov-03   Interino     laboral         08-01          días       ¢183.547,10    ¢31.610,90 11-09-01
             Segura                                   Ruptura de
             Bolaños                                  la relación   27-01-03 al 18-   4 meses 7                             Regresa a laborar
   2-425-478 Elizabeth         05-Nov-03   Interina     laboral         07-03            días     ¢220.905,10    ¢76.089,50 01-07-03
                                                      Ruptura de
             Soto Guzmán                              la relación   14-03-03 al 07-                                         Regresa a laborar
   2-602-269 Franklin          10-Nov-03   Interino     laboral         11-03         2 meses     ¢215.017,50    ¢37.030,80 01-07-03
                                                                                                                                            50




San José, Martes 9 de                                                                                                                2411-AP-2003
diciembre del 2003


                                                                                                                             ADEUDA EXPLICACI
                          FECHA DE CONDICIO MOTIVO DE                    PERIODO        TIEMPO      SALARIO MONTO POR          AL      ON
 CEDULA NOMBRE
                                         N                             COMPRENDID                   PROMEDI VACACIONE
                          SOLICITUD                 PAGO                      O         SERVIDO        O           S         TESORO       DEUDA
 05-0309- Camareno Castro                       Ruptura de la          04-02-02 al 18- 7 meses 4    ¢176.231,2
   0916 Juan Franc         07-Nov-03  Interino relación laboral             07-03         días               0 ¢106.228,30   ¢35.221,02 Nota I
 01-0885- González Alfaro                       Ruptura de la           28-6-03 al 13- 3 meses 21   ¢222.452,5
   0249 Cinthia            03-Nov-03 Renuncia relación laboral              11-03         días               0 ¢57.466,90    ¢13.419,64 Nota II
 01-0729- Rodríguez                             Ruptura de la          02-02-98 al 13-              ¢116.104,4
   0100 Jiménez Héctor     28-Oct-03  Interino relación laboral             09-99       11 meses             0 ¢119.974,50   ¢13.572,57 Nota III
 01-0729- Rodríguez                             Ruptura de la          14-09-99 al 24-              ¢132.998,7
   0100 Jiménez Héctor     28-Oct-03  Interino relación laboral             11-00       11 meses             0 ¢124.132,10   ¢13.572,57 Nota III
 01-0729- Rodríguez                             Ruptura de la          19-12-00 al 30-              ¢184.135,0
   0100 Jiménez Héctor     28-Oct-03  Interino relación laboral             01-02       11 meses             0 ¢122.756,70   ¢13.572,57 Nota III

    Nota I:
           Adeuda al Tesoro Público por cese de la acción No.30619, se cobra el período del 22 al 27-08-2003
    Nota II:
            Adeuda al Tesoro Público por cese de la acción No.38754, se cobra el período del 14 al 15-11-03
   Nota III:Permiso sin goce de sueldo del 20-10-03 y cese de la acción No.10767
                                                                              51




       Se acordó: Con vista en los informes elaborados por el Departamento de

Personal, y las constancias que interesan de la Dirección Ejecutiva y del

Departamento Financiero Contable, con relación a las solicitudes de pago de

vacaciones proporcionales, se autoriza girar los montos indicados a las personas

incluidas en las listas anteriores.

       El Departamento Financiero Contable, en los casos que corresponda, de

conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo, de las

sumas a girar a los interesados, deducirá o abonará los montos adeudados al

Tesoro Público. Se pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro

Administrativo de la Dirección Ejecutiva para los fines consiguientes.

       Los interesados se presentarán al Departamento Financiero Contable para

los fines consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

VACACIONES

                                  ARTÍCULO XXVIII

       El licenciado Luis Alfonso González Vargas, Juez interino en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Liberia (en propiedad como Juez del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Cruz), en nota de 11 de

diciembre en curso, solicita:

              “...por este medio les solicito me concedan vacaciones, los
        días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre del año dos mil tres.
        Lo anterior por cuanto me encuentro nombrado como Juez
        Vespertino del Juzgado Contravencional de Liberia hasta el
        diecinueve de diciembre del presente año, y para las semanas
        siguientes tendría que trasladarme hasta el Juzgado
        Contravencional y de Menor Cuantía de La Cruz, a cumplir con el
        turno de disponibilidad por ser actualmente el Juez propietario de
                                                                               52

        ese Despacho.
        No omito manifestar que he hablado con el Licenciado Gonzalo
        Coronado Villarreal quien se encuentra nombrado en el Juzgado
        Contravencional de la Cruz hasta esa fecha, y manifiesta su
        conformidad para mantenerse en mi lugar en ese período.
        Durante esta semana me encuentro participando en el proyecto
        de audiencias masivas en conciliación en el Juzgado de Trabajo
        de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, y se
        me ha informado que me estaría incorporando a la Unidad de
        Jueces Conciliadores en el circuito primero de San José a partir
        del primero de enero del año dos mil cuatro.
        A raíz del nombramiento pendiente, he debido coordinar el
        traslado de mis pertenencias hasta San José, aprovechando que
        me encuentro en esta ciudad, y me gustaría contar con esos días
        de vacaciones para finiquitar el traslado definitivo.”
                                       -0-

      Se acordó: Autorizar al licenciado González Vargas para que disfrute

vacaciones conforme lo solicita.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán

nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XXIX

      El licenciado Luis Alberto Rodríguez Garro, Defensor Público de San

Ramón, en facsímil recibido el 15 de diciembre en curso, manifestó:

        “Por este medio les informo que por motivo del reciente
        fallecimiento de mi madre, se me concedió permiso con goce de
        salario del 28 de noviembre al 4 de diciembre, sin embargo, por
        estarse realizando durante ese plazo un debate en el Tribunal de
        Juicio de Alajuela, por los delitos de homicidio calificado y otros,
        en contra de varios imputados, entre ellos 4 agentes del OIJ, en el
        cual yo figuro como Defensor Público de 2 de los imputados, el
        Tribunal decidió continuar el debate durante los días lunes 1 y
        jueves 4 de diciembre, por lo que para no causar contratiempos a
        la agenda del Tribunal y no dilatar más el trámite del debate, con
        el consecuente perjuicio para mis representados, no me quedó
        más remedio que comparecer durante esos días a la celebración
        del debate. Por haber quedado muy afectado emocionalmente
        por la pérdida de mi madre, me vi en la necesidad de tomar de
        seguido los 7 días que me quedaban de las vacaciones del
        período 2002-2003, las que concluyen el 16 de diciembre. Ante
                                                                                  53

        esa situación, les solicito que me concedan los 2 días faltantes del
        permiso con goce de salario, para los días 17 y 18 de diciembre.
        No omito manifestar que ya hice esta solicitud ante el Consejo
        Superior, pero se me indicó que debía remitirla ante esa
        Secretaría.
             Para probar que efectivamente estuve presente en el debate
        los días 1 y 4 de diciembre, remito mediante fax la respectiva
        Constancia del Tribunal de Juicio de Alajuela.”

                                         -0-

       Se acordó: Comunicar al Lic. Rodríguez Garro que no es posible acceder

a su solicitud, por cuanto la razón para otorgar la licencia a que se refiere el

artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo sétimo, radica en la

necesidad de permanecer junto a la familia, para recuperarse afectivamente y

aplacar el dolor producido por la pérdida de un familiar cercano, lo cual debe

darse desde el propio día en que ocurre el hecho, y en su caso el permiso de 7

días venció el 4 del mes en curso, sin embargo este Consejo le agradece su

disposición y disciplina al trabajo.

VALORACIONES MÉDICAS

                                       ARTÍCULO XXX

       Por resolución N° 2062-2003 de las 15:40 horas del 8 de octubre de este

año, de conformidad con lo resuelto por el Consejo Superior en la sesión del 13

de febrero del 2003, artículo LXI, la Dirección Ejecutiva remitió a la licenciada Ana

Gabriela Gómez Montoya, Jueza del Juzgado Penal Juvenil de Heredia, a

valoración por parte del Departamento de Medicina Legal, a fin de que

determinara su estado de salud, en virtud de haber permanecido incapacitada por

más de 90 días.

       Con oficio N° 8645-DE-2003 del 11 de diciembre en curso, el Lic. Alfredo
                                                                               54

Jones León, Director Ejecutivo, remite el dictamen médico legal N° J.D.M.L. 2003-

1598 del 4 de este mes, suscrito por las doctoras Claudia Leonardo Gouveia y

Leslie Solano Calderón, Médico Forense y Jefa del Departamento de Medicina

legal, respectivamente, cuya conclusión es que doña Ana Gabriela “es portadora

de enfermedades crónicas que ameritarán controles médicos e incapacidades

periódicas en momentos de crisis y/o exacerbaciones sintomáticas, sin embargo

se encuentra en condiciones de continuar sus labores habituales en el Poder

Judicial, desde el punto de vista médico legal.”

      Según se indica, el último período de incapacidad tramitado a nombre de la

citada funcionaria corresponde al que va del 17 de noviembre al 16 de diciembre

de este año.

      Se acordó: Tomar nota y archivar las diligencias.

                                    ARTÍCULO XXXI

      En oficio N° J.D.M.L. 2003-1568 de 25 de noviembre último, recibido el 15

de diciembre en curso, las doctoras Claudia Leonardo Gouveia y Leslie Solano

Calderón, Médico Forense y Jefa del Departamento de Medicina Legal, a solicitud

del Departamento de Personal, emiten el resultado sobre la valoración realizada al

señor Abad Castillo González, Auditor Investigador de la Sección de Delitos

Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial, en el que

concluyeron que se encuentra incapacitado en forma absoluta y permanente para

sus labores en el Poder Judicial, desde el punto de vista médico legal.

      Por su parte el Consejo Médico Forense, integrado por los doctores Mario

Masís Figueroa, Jorge Mario Roldán Retana y Mayra Rodríguez Calvo, en oficio
                                                                                  55

N° DML 1292-2003 de 4 de este mes, con base en el resultado de la valoración

concluyen que efectivamente el señor Castillo González "se encuentra

incapacitado en forma absoluta y permanente para laborar dentro del Poder

Judicial".

       A tenor de lo que establece el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Separar al señor Abad Castillo González, Auditor

Investigador de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de

Investigación Judicial, de su cargo por incapacidad absoluta y permanente para

sus labores habituales dentro del Poder Judicial, a partir del 19 de diciembre en

curso, con derecho al pago de los extremos legales que le correspondan.

       A don Abad se le dan las gracias por los servicios prestados al Poder

judicial.

       El Departamento de Personal elaborará los cálculos respectivos y rendirá el

informe correspondiente. Se declara acuerdo firme.

                                       ARTÍCULO XXXII

       En sesión N° 82-03 celebrada el 30 de octubre de este año, artículo LVII,

se dispuso lo siguiente:

                  “El Consejo Superior, en sesión N° 44-03 del 19 de junio del
            presente año, artículo LIII, tomó el acuerdo que literalmente dice:
                  “En sesión N° 32-03 celebrada el 8 de mayo último, artículo
            XLII, se tomó el acuerdo que, en lo que interesa literalmente dice:
                   “En sesión celebrada el 10 de octubre del 2002, artículo
            LXVI, con vista en el reporte de incapacidades que remitió la
            Dirección Ejecutiva, de aquellos servidores judiciales que han
            permanecido incapacitados por más de 90 días en forma
            consecutiva, se dispuso remitir nuevamente a valoración del
            Consejo Médico Forense, para que determine su estado actual de
            salud, al señor Luis Gerardo Montero Loría, Técnico Criminalístico
            del Archivo Criminal. No obstante, se dejó constancia de que el
                                                                     56

señor Montero Loría, fue valorado médicamente por el
Departamento de Medicina Legal el 29 de mayo del 2002 y según
el dictamen N° J.D.M.L. 2002-664 del 25 de junio siguiente, que
consta en su expediente personal confidencial, no se encuentra
incapacitado total y permanentemente para laborar en el Poder
Judicial, y se recomienda su traslado a otro puesto en que no
requiera ejecutar labores bimanuales, por ejemplo docencia y/o
investigación.
     En atención a la recomendación contenida en el dictamen
médico legal N° J.D.M.L. 2002-664 del Departamento de Medicina
Legal, relativa al traslado del servidor Montero Loría, el Consejo
Superior en sesión N° 83-02 efectuada el 5 de noviembre del
2002, artículo XXXVIII, conoció el informe N° RS-1332-2002 de 29
de octubre de ese año, elaborado por el Departamento de
Personal, en el que se indicó que no existe en la actualidad un
cargo que se ajuste a lo señalado en la referida recomendación; y
que en la entrevista que se tuvo con don Luis Gerardo, él expresó
su interés en que se le jubile para mejor servicio público con
derecho al pago de los extremos legales que le correspondan.
     En esa oportunidad, se tuvo por rendido el citado informe y
se dispuso esperar el dictamen sobre la valoración médica
ordenado en la sesión del 10 de octubre del 2002, artículo LXVI,
para resolver lo que correspondiera.
      En sesión N° 06-03 del 30 de enero del 2003, artículo XXV,
se conoció el informe sobre la valoración practicada por el
Consejo Médico Forense al señor Montero Loría, cuya conclusión
fue que dicho servidor no se encuentra incapacitado absoluta y
permanentemente para laborar en el Poder Judicial; el cual se
tuvo por rendido y se dispuso hacerlo del conocimiento del
interesado.
      […]
       En oficio N° D.M.L. 198-2003 de 22 de abril último, el
Consejo Médico Forense integrado por los doctores Mario Masís
Figueroa, Jorge Mario Roldán Retana y Mayra Rodríguez Calvo,
rindieron al Departamento de Personal el respectivo dictamen
médico legal acerca de la valoración efectuada al señor Luis
Gerardo Montero Loría, en el que se concluye que dicho servidor
“…NO se encuentra incapacitado en forma absoluta y permanente
para laborar en el Poder Judicial. El servidor presenta limitación
funcional en sus manos, por lo cual es recomendable realizar un
estudio de tarea que permita establecer si puede continuar
laborando en sus labores habituales en el Archivo Criminal.”
     Con vista en la recomendación vertida por el Consejo Médico
Forense, se dispuso: Devolver las diligencias al Departamento de
                                                                    57

Medicina Legal para que la Sección de Medicina del Trabajo
realice una valoración y dictamine el grado de incapacidad que
presenta don Luis Gerardo, dada la imposibilidad de reubicarlo en
un puesto que no requiera ejecutar labores bimanuales. Al propio
tiempo se dispone que en adelante el Consejo Médico Forense
realice a los servidores que han sido remitidos a valoración, un
examen integral en el que determine si puede o no continuar
laborando en el Poder Judicial y que sus recomendaciones sean
concordantes con el puesto de la persona que se está valorando.”
                           --- o0o ---
       Con ocasión de lo dispuesto anteriormente, la doctora
Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina
Legal, en oficio J.D.M.L. 2003-931 de 9 de junio en curso, aclara
lo siguiente:
     “En el dictamen médico legal N° 198-2003 del 22 de abril de
2003 el Consejo Médico Forense recomienda realizar un estudio
de tarea, que permita al Consejo Médico Forense establecer
posteriormente, si en esas condiciones el servidor puede
continuar laborando en el Archivo Criminal.
     Los estudio de tarea constituyen una labor de la Unidad de
Salud Ocupacional del Poder Judicial y no de la Sección de
Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina Legal.
     Ruégole a su persona elevar la solicitud al Honorable
Consejo Superior y al contar con dicho estudio de tarea
procederíamos a conocer en forma definitiva la situación laboral
del servidor Montero Loría desde el punto de vista médico legal.”
                               -0-
     Se acordó: Trasladar copia de las diligencias respectivas a
la Unidad de Salud Ocupacional para que realice un estudio de
tarea que permita establecer si puede continuar laborando en sus
labores habituales en el Archivo Criminal o qué labores podría
desempeñar el señor Montero Loría, a fin de que el Consejo
Médico Forense conozca en definitiva la situación laboral de don
Gerardo y emita pronunciamiento al respecto.”
                               -0-
     En concordancia con lo anterior, el Lic. German Rojas
Monge, Jefe del Departamento de Seguridad, remite oficio N°
1798-DS-2003 de 22 de setiembre recién pasado, recibido en la
Secretaría General de la Corte el 23 de octubre en curso, con el
que traslada copia del Estudio de Tarea realizado a don Luis
Gerardo por la Sra. Bárbara Polini Jiménez, Técnica en Salud
Ocupacional, cuya parte que resulta de interés indica:
“ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES
                                                                             58

       De lo anterior se concluye lo siguiente:

          Las labores en el Archivo Criminal implican, aproximadamente,
           en un 90% trabajo bimanual, por lo que mantenerle en un
           puesto ahí afectaría las labores normales de la Sección con el
           consiguiente recargo de funciones a los compañeros, entre
           otras consecuencias.
          Según dictamen N° J.D.M.L. 2002-664 del 25 de junio de 2002
           expedido por el Departamento de Medicina Legal, se
           recomiendan labores de docencia y/o investigación. No
           obstante, para realizar trabajo de investigación en la rama de
           la lofoscopía se requiere llevar a cabo labores bimanuales.
          Para labores de docencia, requiere ejemplificar lo que enseña
           a sus alumnos, por lo que el trabajo bimanual es ineludible.
           Además, los instructores deben mantenerse actualizados, por
           lo que es importante que sean servidores activos.
          Por la poca cantidad de horas al año que se requieren de
           docencia en esta rama, es imposible pensar en una plaza sOlo
           para ello, y en caso de ubicarlo en la Unidad de Capacitación
           del OIJ, por lo menos 90% del tiempo requeriría realizar otro
           tipo de actividades.
          El 29 de octubre de 2002, en oficio RS-1332-2002 de la
           Sección de Reclutamiento y Selección del Departamento de
           Personal, los licenciados Javier Sánchez Medrano y Francisco
           Arroyo Meléndez informaron que no existe un cargo que se
           ajuste a lo indicado por las Doctoras Solano Calderón y
           Méndez Rivera.
       RECOMENDACIÓN
       Por todo lo anteriormente expuesto, esta Unidad recomienda que
       el Consejo Superior evalúe la posibilidad de conceder la jubilación
       para mejor servicio al señor Luis Gerardo Montero Loría, evitando
       así mayores pérdidas para la institución y molestias adicionales al
       servidor.”
            Se dispuso: Tomar nota del informe rendido por la Unidad
       de Salud Ocupacional y, en atención a lo resuelto en la sesión N°
       44-03 del 19 de julio último, trasladar las diligencias al Consejo
       Médico Forense, para que éste conozca en definitiva la situación
       laboral del señor Montero Loría y emita pronunciamiento al
       respecto.
                                   _________

      El Consejo Médico Forense, integrado por los doctores Mario Masís

Figueroa, Jorge Mario Roldán Retana y Mayra Rodríguez Calvo, en oficio N° DML
                                                                               59

1294-2003 de 4 de diciembre en curso, con base en el informe rendido por la

Unidad de Salud Ocupacional, estima que el señor Montero Loría "se encuentra

incapacitado en forma absoluta y permanente para laborar dentro del Poder

Judicial".

       A tenor de lo que establece el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Separar al señor Luis Gerardo Montero Loría, Técnico

Criminalístico del Archivo Criminal del Organismo de Investigación Judicial, de su

cargo por incapacidad absoluta y permanente para sus labores habituales dentro

del Poder Judicial, a partir del 19 de diciembre en curso, con derecho al pago de

los extremos legales que le correspondan.

       A don Luis Gerardo se le dan las gracias por los servicios prestados al

Poder judicial.

       El Departamento de Personal elaborará los cálculos respectivos y rendirá el

informe correspondiente. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XXXIII

       En oficio N° DML 1296-2003 de 5 de diciembre en curso, recibido el 16, el

Consejo Médico Forense, integrado por los doctores Carlos Luis Abarca

Barrantes, Miguel Ángel Arguedas Piedra y Max Paguaga López, a solicitud del

Departamento de Personal, emiten el resultado sobre la valoración realizada al

licenciado Jorge Jaime Hernández Granillo, Juez Coordinador del Tribunal de la

Zona Sur, en el que concluyeron que don Jorge “SÍ está incapacitado absoluta y

permanentemente para sus labores habituales dentro del Poder Judicial.”

       Sobre el particular, se tiene conocimiento que el Tribunal de la Inspección
                                                                                  60

Judicial se encuentra tramitando asunto en contra del licenciado Hernández

Granillo.

       A tenor de lo que establece el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Separar al licenciado Jorge Jaime Hernández Granillo, Juez

Coordinador del Tribunal de la Zona Sur, de su cargo por incapacidad absoluta y

permanente para sus labores habituales dentro del Poder Judicial, a partir del 19

de diciembre en curso, con derecho al pago de los extremos legales que le

correspondan, sin perjuicio de lo que se resuelva en la vía disciplinaria en la causa

seguida en su contra en el Tribunal de la Inspección Judicial.

       A don Jaime se le dan las gracias por los servicios prestados al Poder

judicial.

       De conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se ordena sacar a concurso la plaza de Juez 4 que dejará vacante

el licenciado Hernández Granillo en el Tribunal de la Zona Sur.

       El Departamento de Personal elaborará los cálculos respectivos y rendirá el

informe correspondiente. Se declara acuerdo firme.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                ARTÍCULO XXXIV

       En sesión Nº 82-03 del 30 de octubre de este año, artículo XXVIII, a

solicitud de la interesada, se autorizó la jubilación de la licenciada Tatiana Calvo

Arias a partir del 27 de noviembre último y se ordenó al Departamento de

Personal que elaborara los estudios respectivos, para determinar el monto de la

asignación mensual y demás extremos laborales que le correspondan a la
                                                                                61

licenciada Calvo.

      En cumplimiento de lo anterior, los licenciados Manuel Sequeira Sequeira y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales

y de Salarios con el refrendo del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, en oficio N° 2432-AP-03 de 12 de diciembre en curso,

rinden el siguiente informe:

“ASUNTO:      Solicitud de jubilación que formula la licenciada Tatiana
              Calvo Arias, cédula N° 01-415-977 a partir del 27 de
              noviembre del 2003.

Al 26 de noviembre recién pasado, la señora Calvo Arias, habrá laborado
para este Poder por espacio de 30 años, 1 mes, 1 día.

TOTAL TIEMPO SERVIDO:            30 años, 1 mes, 1 día

EDAD: 50 años, 4 meses

ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO:               Auxiliar Judicial 3, Juzgado 2° Civil
                                        de San José. Asimismo ha
                                        laborado     interinamente,    como
                                        Inspectora Asistente del 9 al 20-12-
                                        02, 13-1 al 30-06-03, 1 al 24-7-03 y
                                        del 28-7 al 26-11-03.

ULTIMO SALARIO DEVENGADO:              ¢1.053.897.20 (puesto ascendida)

SALARIO PROMEDIO:              ¢975.054.25

MONTO DE JUBILACIÓN:              ¢891.780.65 (91.46% del salario promedio)

NORMA LEGAL:
“Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto por Corte Plena en
sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y ratificado por el Consejo
Superior en sesión celebrada el 15/03/2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica
de 1937 y sus reformas”.

FÓRMULA APLICADA:
Salario promedio * edad = monto de jubilación
            55 años.”
                                  -0-
                                                                                62

         Se acordó: Aprobar el informe de jubilación de la licenciada Tatiana Calvo

Arias, cédula 1-415-977, cuya asignación mensual será de ¢891.780.65

(ochocientos noventa y un mil setecientos ochenta colones con sesenta y cinco

céntimos), a partir del 27 de noviembre del presente año, con las reservas de ley.

El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme .

                                 ARTÍCULO XXXV

         Por haberse aprobado el informe de jubilación de la licenciada Tatiana

Calvo Arias, cédula N° 01-0415-0977, según consta en el artículo que antecede,

cuyo beneficio rige a partir del 27 de noviembre de este año, y con base en los

informes números 2428, 2429, 2430, 2431, y 2433-AP-2003 de 12 de diciembre

en curso, elaborados por el Departamento de Personal, se dispone el pago a su

favor de ¢7.382.462.70 (siete millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos

sesenta y dos colones con setenta céntimos) por concepto de auxilio de cesantía;

¢32.480.70 (treinta y dos mil cuatrocientos ochenta colones con setenta

céntimos), ¢216.012.40 (doscientos dieciséis mil doce colones con cuarenta

céntimos), ¢115.740.30 (ciento quince mil setecientos cuarenta colones con

treinta céntimos), y    ¢402.674.40 (cuatrocientos dos mil seiscientos setenta y

cuatro     colones   con   cuarenta   céntimos)   de   vacaciones   proporcionales

correspondiente a los períodos comprendidos entre el 1-11-99 al 30-9-00, del 1-

11-00 al 30-9-01, 1-11-01 al 30-9-02, 1-11-02 al 26-11-03; La Dirección Ejecutiva y

el Departamento Financiero Contable, adjuntan constancias de que la licenciada

Calvo Arias no tiene deudas ni causas administrativas por deudas pendientes.
                                                                               63

      Por informar el Departamento de Personal que doña Tatiana adeuda al

Tesoro Público la suma de ¢109.017,14 (ciento nueve mil diecisiete colones con

catorce céntimos) por pago de revaloración del II semestre del 2003, no

correspondiéndole, se le cobra del 28-7 al 15-10-03, se autoriza al Departamento

Financiero Contable a deducir dicha cantidad del monto a girar, de conformidad

con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en

conocimiento de la Sección de Cobro de la Dirección Ejecutiva para lo que

corresponda.

      La interesada firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente. Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXVI

      En       nota   presentada    en    el    Departamento      de    Personal,

el 29 de agosto de este año, el señor Rolando Chavarría Orozco, Notificador 1 del

Juzgado de Menor Cuantía de Cartago, solicitó a ese Despacho el trámite de su

jubilación, y expresó su deseo de que este beneficio le sea otorgado a partir del

16 de enero del 2004.

      En atención a la gestión, los licenciados Manuel Sequeira Sequeira y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales

y de Salarios con el refrendo del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, en oficio N° 2437-AP-03 de 12 de diciembre en curso,

rinden el siguiente informe:

“ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula el señor Rolando
         Chavarría Orozco, cédula N° 03-224-001, a partir del 16 de
         enero del 2004.
                                                                             64

Al 15 de enero próximo, el señor Chavarría Orozco, habrá laborado para
este Poder por espacio de 26 años, 3 meses, 26 días.

TOTAL TIEMPO SERVIDO:            26 años, 3 meses, 26 días

EDAD: 56 años, 8 días

ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Notificador 1, Juzgado                  Menor
                          Cuantía Cartago

ULTIMO SALARIO DEVENGADO:            ¢323.317.05

SALARIO PROMEDIO: ¢314.860.20

MONTO DE JUBILACIÓN: ¢276.260.65 (87.75% del salario promedio)

NORMA LEGAL:
“Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto por Corte Plena en
sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y ratificado por el Consejo
Superior en sesión celebrada el 15/03/2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica
de 1937 y sus reformas”.

FÓRMULA APLICADA:
Salario promedio * tiempo = monto de jubilación
            30 años.”
                                  -0-

      Por mayoría, se acordó: 1) Aprobar la jubilación del señor Rolando

Chavarría Orozco, cédula 3-224-001, cuya asignación mensual será de

¢276.260.65 (doscientos setenta y seis mil doscientos sesenta colones con

sesenta y cinco céntimos) a partir del 16 de enero del 2004, con las reservas de

ley. El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

2) Agradecer a don Rolando los servicios prestados al Poder Judicial y de

conformidad con los artículos 1° y 2° del Reglamento respectivo, se le otorga un

pergamino de Mérito y Reconocimiento, que se le entregará oportunamente.

      La licenciada Anchía vota conforme al acuerdo tomado por la Corte Plena

en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en el sentido de que para
                                                                                65

acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que se reformó a partir

del 1° de enero de 1994; al 15 de julio de 1992 se debía contar con 10 años de

servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de servicio y 55

años de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar cumpliendo con alguno

de los dos requisitos pero con las reglas de la ley actual. Se declara acuerdo

firme.

                                ARTÍCULO XXXVII

         Por haberse aprobado la jubilación del señor Rolando Chavarría Orozco,

cédula 03-0224-001, a partir del 16 de enero del 2004, según consta en el artículo

que antecede, y con base en los informes números 2438, 2434, 2435, y 2436-AP-

2003 de 12 de diciembre en curso, elaborados por el Departamento de Personal,

se dispone el pago a su favor de ¢2.267.644.10 (dos millones doscientos sesenta

y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro colones con diez céntimos) por auxilio de

cesantía; ¢112.006.80 (ciento doce mil seis colones con ochenta céntimos),

¢73.331.10 (setenta y tres mil trescientos treinta y un colones con diez céntimos),

y ¢37.720.30 (treinta y siete mil setecientos veinte colones con treinta céntimos)

de vacaciones proporcionales correspondiente a los períodos comprendidos entre

el 01-10-02 al 31-08-03, 01-10-01 al 31-08-02, 01-10-03 al 15-01-04.

         La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable, adjuntan

constancias de que el señor Chavarría Orozco no tiene deudas ni causas

administrativas por deudas pendientes.

         El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente. Acuerdo firme.
                                                                                  66

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

                                  ARTÍCULO XXXVIII

      En oficios números 838-840-842-843-846-847 y 848-JP-2003 de 5 de

diciembre en curso, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento

de Personal, transcribe los acuerdos tomados por el Consejo de Personal en la

sesión N° 23-2003 de 2 de diciembre en curso, artículos VIII, X, XII, XIII, XVI, XVII

y XVIII, respectivamente, en que, con base en las razones ahí expuestas, se

acordó recomendar a este Consejo el reconocimiento a los servidores que se

dirán, los porcentajes que ahí se indican sobre el salario base de las clases

correspondientes, durante las fechas que se citan, por concepto de "dedicación

exclusiva", y por los períodos que se les designe en dichos puestos o de similar

naturaleza, a saber:

      NOMBRE                 CARGO                        %             FECHA
Lic. Jaime Carrera Asesor Operativo Oficina de           65%    Rige del 9 de octubre
Hidalgo            Planes y Operaciones O.I.J                   al 15 de noviembre
                                                                del 2003.
Licda Patricia Ugalde Profesional 2 Sección         de   65%    Rige del 4 de junio del
Romero                Desarrollo Organizacional                 2003 y se recomienda
                                                                la elaboración de un
                                                                contrato abierto.
Lic. Guillermo Obando Administrador      Regional 2      65%    Rige del 3 al 16 de
Araya                 Juzgado de         Trabajo de             noviembre del 2003 y
                      Goicoechea                                se    recomienda     la
                                                                elaboración de un
                                                                contrato abierto.
Licda Emma      López Profesional 1 Departamento         20%    Rige del 25 al 30 de
Ramírez               Financiero Contable                       noviembre del 2003, y
                                                                se    recomienda     la
                                                                elaboración de un
                                                                contrato abierto.
Lic. Marvin Carmona Profesional      2   Sección    de   65%    Rige del 7 al 28 de
Jiménez             Tesorería                                   noviembre del 2003 y
                                                                se    recomienda     la
                                                                               67


                                                              elaboración de un
                                                              contrato abierto.,
Licda María Isabel Jefe Administrativo 4 Oficina       65%    Rige del 19 al 23 de
Villegas Núñez     Administrativa de Tribunales I             noviembre del 2003 y
                   Circuito Judicial                          se    recomienda    la
                                                              elaboración de un
                                                              contrato abierto.
Bach. Martín    Pérez Oficial  de    Investigación,    20%    Rige    del 26     de
Rodríguez             Delegación Regional O.I.J. de           noviembre al 31 de
                      San Carlos                              diciembre del 2003 y
                                                              se    recomienda    la
                                                              elaboración de un
                                                              contrato abierto.

                                       -0-

       Se acordó: Acoger las recomendaciones del Consejo de Personal y

autorizar el pago de los porcentajes indicados por concepto de "dedicación

exclusiva" a los citados servidores, a quienes se informa que para el trámite

correspondiente deberán firmar el documento de contrato respectivo.

       El Departamento de Personal tomará nota de lo resuelto para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

ESCUELA JUDICIAL

                                  ARTÍCULO XXXIX

       El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-623-2003 de 5 de diciembre en curso, recibido el 10, informa

lo siguiente:

        “Conforme el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial para el año
        2004, está programada la realización del curso de
        aprovechamiento denominado “Programa de Defensa Personal
        Policial, Uso y Manejo de Armas de Fuego”, el cual tendrá una
        duración de doscientas diez (210) horas, distribuidas en el
        transcurso de treinta y cinco (35) días hábiles de capacitación,
        para un promedio de seis (6) horas por día y que se llevará a cabo
        durante el período comprendido entre viernes 23 de enero y el
                                                                           68

viernes 12 de marzo de 2004, en el horario de 7:30 a.m. a 4:30
p.m., en edificios del I° Circuito Judicial de San José y en el
Polígono de Tiro de Quebradillas de Cartago.

      Debido a la necesidad de que ésta actividad académica se
imparta conforme la calendarización indicada, respetuosamente
se solicita a los miembros del Consejo Superior su previa
autorización, debido a que el Plan de Trabajo del 2004 se
encuentra en trámite de aprobación por parte del Consejo
Directivo de la Escuela Judicial y de dicho Consejo. Asimismo, se
les solicita a los miembros del Consejo Superior la aprobación de
la asistencia de los instructores policiales, docentes y
participantes, según la lista que a continuación se detalla:

                    Instructores Policiales del
           “Programa de Defensa Personal Policial, Uso
                   y Manejo de Armas de Fuego”

          Nombre               Número de        Puesto y Despacho
                               Cédula de        en que labora
                               Identidad
Cruz Oviedo, Edgar             7-061-655        Instructor Policial
                                                Escuela Judicial
Mata Vargas, Guillermo         1-558-841        Instructor Policial
                                                Escuela Judicial


                         Docentes del
           “Programa de Defensa Personal Policial, Uso
                   y Manejo de Armas de Fuego”

          Nombre               Número de        Puesto y Despacho
                               Cédula de        en que labora
                               Identidad

Rodríguez Pagani Miguel        4-119-201        Oficial de Investigación
                                                Inspecciones Oculares
Participará como docente los días
Lunes 26 y martes 27 de enero de 2004, en el horario de 13:30 a 16:30

Matamoros Mora, Martín         1-453-863        Abogado
                                                Escuela Judicial
Participará como docente los días
Miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2003, en el horario de 13:30 a 16:30.

Monge Rojas, Germán            1-526-127        Jefe
                                                                         69

                                                 Departamento de
                                                 Seguridad
Participará como docente los días viernes 23 de enero de 2004,
en el horario de 7:30 a.m. a 11:30 m.d. y Viernes 27 de febrero de 2003, en
el horario de 13:30 a 16:30.

Quesada Monestel, Alejandro 1-587-227           Subcontralor
                                                Contraloría de Servicios
                                                de Heredia
Participará como docente el día viernes 23 de enero de 2003, en el horario
de 13:30 a 16:30.


                            Participantes del
              “Programa de Defensa Personal Policial, Uso
                      y Manejo de Armas de Fuego”

Nombre                           Número de     Despacho en que labora
                                 Cédula de
                                 Identidad
Arce Chavarría William          1-637-603     Sección de Cárceles y Transportes
Álvarez Fallas, Omar            1-726-620     1º Circuito Judicial de San José
Álvarez Gutiérrez, Álvaro       5-234-995     Liberia
Bonilla Picado, Pedro           6-160-6-38    Corredores
Céspedes Beltrán Verny          1-588-043     Sección de Cárceles y Transportes
Chavarría Vargas Enoc           1-719-899     Sección de Cárceles y Transportes
                                              Contraloría     General     de   la
Fallas Padilla, Álvaro          1-738-702     República
Piedra Chavarría Ramón E.       2-318-287     Sección de Cárceles y Transportes
Rodríguez Salas, Antonio        2-367-415     1º Circuito Judicial de San José
                                              Contraloría General de la
Rojas Castillo, Ronald      1-583-997         República
Salazar Céspedes, Jorge     7-077-586         Heredia
Valverde González, Giovanny 1-660-770         1º Circuito Judicial de San José

        La participación de los instructores policiales y docentes del
 curso en mención, según las listas arriba detalladas, es sin
 sustitución, con goce de salario y en el entendido de que los
 despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para
 que la prestación del buen servicio público no se vea afectada y
 sin que se suspendan diligencias previamente programadas para
 esas fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la
 atención de los asuntos urgentes del despacho, en caso de ser
 necesario.
                                                                                 70

                Se solicita viáticos para los instructores policiales y
        docentes, en los casos que así lo requieran.
                Para los funcionarios judiciales participantes se requiere el
        otorgamiento de permisos con goce de salario y suplencia,
        durante el período comprendido entre el viernes 23 de enero y el
        viernes 12 de marzo de 2004, así como los días sábado 13 y
        domingo 14 de marzo de 2004, conforme a los roles y
        requerimientos laborales del Departamento de Seguridad.
        Además se solicita ayuda económica para los funcionarios
        judiciales participantes, en los casos extremamente necesarios.
                Por último, se requiere de permisos con goce de salario y
        suplencia, así como ayuda económica, para los brigadistas
        voluntarios que colaboren con la Escuela Judicial en la realización
        de la referida actividad académica. Los nombres de los brigadistas
        serán remitidos al Consejo Superior oportunamente, en el
        momento en que la Unidad de Salud Ocupacional defina los
        mismos.”
                                        --- o ---

      Se acordó: 1) Acoger la solicitud del licenciado Ivankovich Fonseca y

conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los instructores policiales

y docentes mencionados, así como el pago de viáticos en los casos estrictamente

necesarios, para que en las fechas indicadas colaboren en la realización del curso

"Programa de Defensa Personal Policial y Uso y Manejo de Armas de Fuego", que

se llevará a cabo del 23 de enero al 12 de marzo del 2004, en el entendido de que

en los despachos donde laboran tomarán las medidas necesarias para que la

prestación del buen servicio público no se afecte y sin que se suspendan

diligencias previamente programadas para esos días, lo cual implica que deberán

dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes que se presenten. 2) Otorgar a

los funcionarios judiciales que se citan en la lista transcrita, permiso con goce de

salario y sustitución, durante el período comprendido entre el 23 de enero y el 14

de marzo del 2004, conforme a los roles y requerimientos laborales del

Departamento de Seguridad y ayuda económica en los casos estrictamente
                                                                                71

necesarios. 3) Conceder permiso con goce de salario y sustitución, así como

ayuda económica a los brigadistas, cuyos nombres oportunamente se darán a

conocer a este Consejo Superior. 4) Los Departamentos de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XL

      En sesión N° 33-03 celebrada el 13 de mayo de este año, artículo XXXIII,

se aprobó la solicitud de la Escuela Judicial contenida en oficio No. EJ-DIR- 298-

2003 y se le concedió permiso con goce de salario al licenciado Jorge Olaso

Álvarez, Juez del Tribunal de San Carlos, para que se dedicara al diseño y

ejecución de los cursos “La prueba en materia Civil” y “La prueba en materia

laboral”, del 19 de mayo de 2003 al 19 de enero de 2004, sujeto a que el

Departamento de Personal, informara si existía contenido presupuestario para

hacerle frente a la sustitución del mencionado profesional; informe que se tuvo a

la vista en la sesión del 20 de mayo del presente año, artículo XXIX, por lo que se

otorgó el permiso requerido, así como la sustitución respectiva, a partir del 1° de

junio de este año.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio EJ-DIR-631-2003 de 12 de diciembre en curso, manifiesta:

              “En sesión Nº 33-03 del 13 de mayo del este año, se
        describió un detalle y la justificación de las etapas y tareas que
        debió desarrollar el Lic. Jorge Olaso para la virtualización de los
        cursos “La Prueba en materia Civil” y “La Prueba en materia
        Laboral”.
              En el marco de la capacitación virtual, guardando la
        coherencia y unidad en el desarrollo temático de cada curso y de
        acuerdo con el cronograma elaborado, importante es destacar que
        el trabajo ha sido arduo y de alta dificultad todo con el propósito
        de dar cumplimiento fiel a la planificación curricular estipulada.
                                                                        72

Sin embargo, dado lo difícil del proceso, dificultad que se amplía
con la introducción del tema de la oralidad en los procesos civiles,
el Lic. Olaso debió utilizar un mayor tiempo del contemplado en la
etapa Nº 3 (Planificación y diseño curricular), la cual se refiere al
diseño curricular y la elaboración de los materiales didácticos,
todos dentro de un esquema interactivo.
      Para la etapa Nº 3 se estipula inicialmente dos meses, pero
realmente ese tiempo alcanzó apenas para que especialista
elaborase los aspectos metodológicos antes referidos para el
curso de “La prueba en materia civil”, cuyos objetivos como
podrán observar obligan a un desarrollo amplio pero minuciosos
acerca del ofrecimiento, admisión, valoración de la prueba en el
campo civil, con la introducción del tema de la oralidad en los
procesos civiles:
OBJETIVOS: LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL:
1. Tener el conocimiento para valorar el significado e importancia
de la prueba en materia civil.
2. Aplicar correctamente el principio de dirección del juez en
cuanto a la admisión y rechazo de la prueba. Cuales son los
parámetros a seguir para admitir y denegar pruebas y la aplicación
del principio de dirección del proceso.
3. Saber a cual de las partes le corresponde la carga de la prueba.
4. Comprender la diferencia entre medio y elemento probatorio.
5. Saber cual es la oportunidad procesal para ofrecer la prueba,
de acuerdo a la naturaleza de los procesos.
6. Conocer el concepto de cada uno de los medios de prueba y la
diferencia entre unos y otros.
6.a. Comprender el concepto de declaración de parte y señalar las
diferencias entre interrogatorio de parte y confesión.
6.b. Saber qué es la prueba testimonial y cuando resulta admisible
o no para acreditar un determinado hecho.
6.c. Saber cuál es el concepto de prueba documental, los distintos
tipos de documentos y el trámite de impugnación de los mismos,
así como la aplicación correcta del principio de prueba por escrito.
6.d. Conocer en qué casos resulta admisible la prueba pericial y el
procedimiento para que la misma sea incorporada al proceso.
6.e. Entender el concepto del reconocimiento judicial como un
medio de prueba.
6.f. Definir lo que se entiende por “medios científicos de prueba” y
su diferencia con la prueba documental.
6.g. Saber qué es una presunción y las diferentes clasificaciones
entre éstas.
7. Comprender y aplicar correctamente el procedimiento para la
recepción y evaluación de cada uno de los medios de prueba.
8. La aplicación efectiva del principio de oficiosidad en materia de
prueba.
9. Determinar la importancia y el procedimiento para admitir
                                                                         73

 prueba para mejor proveer.
 10. Conocer cuales resoluciones dictadas con ocasión de la
 admisión y evaluación de la prueba resultan recurribles.
 11. Comprender y aplicar correctamente los diversos sistemas de
 apreciación de la prueba.
 12. Valorar la prueba, de acuerdo al medio probatorio que se haya
 empleado para producirla.
 13. Saber cuales son las formalidades que debe contener una
 sentencia, en relación a las pruebas introducidas al proceso.
 14. Saber como elaborar correctamente los hechos probados y no
 demostrados en un fallo.
 15. Conocer cual prueba resulta admisible en segunda instancia.
 16. Conocer los principios procesales establecidos en el proyecto
 del código general del proceso.
 17. Saber las diferencias y similitudes entre los medios de prueba
 regulados en el código procesal civil y en el código general del
 proceso.
 18. Saber como debe realizar y se dirigir un tribunal las audiencias
 de recepción de prueba en el código general del proceso.
 19. Determinar cual es la etapa procesal para ofrecer pruebas en
 los distintos procesos que regula el código general del proceso.
 20. Saber cuales son las formalidades que debe contener una
 sentencia, en relación al análisis de la prueba, en el código
 general del proceso.
       Resta aún avanzar en la planificación y diseño curricular del
 curso de “La prueba en materia laboral”. Sumado a lo anterior, el
 Lic. Olaso, mediante acuerdo No. XXXIII de la sesión 61-03 del
 Consejo Superior, estuvo quince días en el Tribunal Segundo Civil
 de San José en sustitución del Lic. Juan Carlos Brenes Vargas,
 por lo cual se separó de las tareas que debía realizar en la
 Escuela. Ello motivó la suspensión de varias etapas, entre ellas
 de la Nº 5 a la Nº 8, sea las correspondientes a la programación y
 elaboración de la guía para el estudiante, la experimentación
 prototipo del curso, los ajustes y validación de expertos.
       Por los razones indicadas, y dada la importancia que reviste
 la elaboración de estos cursos tanto para la formación
 complementaria de jueces, como para el “Proyecto de Formación
 Inicial de Jueces”, es que me sirvo solicitar a este Consejo tanto la
 reposición de los quince días que fueron suspendidos, como,
 además, una prórroga adicional del permiso con goce de salario y
 derecho de sustitución para el Lic. Jorge Olaso Álvarez, y que
 correría a partir del día 12 de enero hasta el 2 de abril del 2004,
 para que concluya con las labores antes mencionadas”.

                                 -0-

Se acordó: Acoger la petición del Subdirector de la Escuela Judicial en los
                                                                               74

términos planteados.

      El Despacho de la Presidencia, la Escuela Judicial y el Departamento de

Personal tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XLI

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio EJ-DIR-630-2003 de 12 de diciembre en curso, manifestó:

             “Mediante oficio EJ-DIR-355-2002 de fecha 09 de junio de
       2003, esta Escuela Judicial solicitó permiso con goce de salario y
       derecho a sustitución para el Lic. Luis Héctor Amoretti Orozco,
       abogado asistente de la Sala II, del 30 de junio al 12 de setiembre
       y del 16 de octubre al 19 de diciembre, todas fechas del presente
       año, a efectos de diseñar el curso “Conflictos Colectivos de
       Carácter Económico y Social”.
             Dicha solicitud fue conocida y aprobada, por este Consejo
       Superior, en la sesión 45-03, celebrada el 24 de junio último,
       propiamente en su artículo XXXVII.
             Como parte del diseño de dicho curso, se le asignó al Lic.
       Amoretti la elaboración de un texto como apoyo didáctico a la
       actividad, mismo que contempla los siguientes temas:

        Los conflictos colectivos de carácter económico y social: un
        enfoque de derechos.
        I.1. La dicotomía básica: conflictos colectivos de carácter jurídico
       y conflictos colectivos de carácter económico y social. Especial
       referencia al concepto de intereses económicos y sociales.
        I.2. Los derechos públicos colectivos o sociales
        I.2.1.     El derecho de sindicación
        I.2.1.1.   Titularidad
        I.2.1.2.   Contenido
        I.2.2.     El derecho de negociación colectiva
        I.2.2.1.   Titularidad
        I.2.2.2.   Contenido
        I.2.3.     El derecho de huelga
        I.2.3.1.   Titularidad
        I.2.3.2.   Contenido
        I.2.3.3.   Condiciones para su ejercicio legítimo
        I.2.3.3.1. El número
        I.2.3.3.2. Carácter pacífico
        I.2.3.3.3. El agotamiento del procedimiento de conciliación y el
       aviso previo
                                                                      75

I.2.3.3.4. Propósito
I.2.3.3.5. La ausencia de cláusula de paz
I.2.4.      El derecho al paro
I.2.4.1.    Titularidad
I.2.4.2.    Contenido
I.2.4.3.    Modalidades
I.2.4.4.    Condiciones para su ejercicio legítimo
I.2.4.4.1. El número
I.2.4.4.2. Carácter pacífico
I.2.4.4.3. El agotamiento del procedimiento de conciliación y el
aviso previo
I.2.4.4.4. Propósito
I.2.4.4.5. La ausencia de cláusula de paz
I.3. Las limitaciones a los derechos públicos colectivos o sociales
I.3.1.      El derecho de negociación colectiva y la función
pública
I.3.2.      Los derechos de huelga y al paro y los servicios
públicos. La noción de servicios esenciales.

 El control jurisdiccional de los conflictos colectivos de carácter
económico y social
 II.1. El procedimiento de conciliación
 II.1.1.      Las partes: capacidad, legitimación y postulación
 II.1.2.      El objeto: el pliego de peticiones
 II.1.3.      Las medidas provisionales: la autorización para la
terminación de los contratos de trabajo.
 II.1.4.      La constitución del Tribunal de Conciliación
 II.1.5.      La fase de conciliación
 II.1.6.      La finalización del procedimiento
 II.1.6.1.    El arreglo directo
 II.1.6.2.    El compromiso arbitral
 II.1.6.3.    El informe
 II.1.7. La fase impugnativa: el contenido de la “consulta” al
Superior
 II.2. El procedimiento de arbitraje
 II.2.1.      El presupuesto: la reanudación de los trabajos.
 II.2.2.      Las partes: capacidad, legitimación y postulación
 II.2.3.      El objeto: las divergencias
 II.2.4.      La constitución del Tribunal de Conciliación
 II.2.5.      La fase de saneamiento del escrito
 II.2.6.      La comparecencia
 II.2.7.      La finalización del procedimiento: el laudo
 II.2.8.    La fase impugnativa: el contenido de la “consulta” al
Superior

II.3. El procedimiento de calificación de una huelga o un paro
                                                                       76

III.3.1.    Reglas sobre competencia
III.3.2.    La vía y el trámite procedimentales
III.3.3.    Los plazos
III.3.4.    Las partes: capacidad, legitimación y postulación
III.3.5.    El objeto
III.3.6.    Naturaleza y efectos de la calificación: su carácter
provisional
III.3.6.1. Efectos de la declaratoria de licitud
III.3.6.2. Efectos de la declaratoria de ilicitud
III.3.6.3. Otros efectos: la declaratoria de culpabilidad de la
parte patronal y la condena al pago de los salarios
III.3.7. Vigencia de la calificación: la recalificación
III.3.8. Terminación de la huelga y el paro legales
III.3.8.1. Necesidad de declararla
III.3.8.2. Causas
III.3.8.3. El reinicio de las actividades

      Como se puede apreciar, tanto por el tema como por la
extención del mismo, éste es uno de los proyectos académicos
más ambiciosos, en los que se ha involucrado la Escuela Judicial
en los últimos años, es por ello que la investigación del mismo, se
inició con la recolección y lectura de las fuentes, no solamente
bibliográficas, sino también jurisprudenciales, por parte del
referido especialista.

      A la fecha y en estricta concordancia con el diseño del curso
arriba mencionado, la investigación se ha dividido en dos partes,
una parte general y una especifica. La parte general supone un
desarrollo de diversos conceptos acerca de los Conflictos
Colectivos de carácter económico y social, analizando de manera
clara y profunda todos los aspectos que esto encierra

      La segunda parte del trabajo trata en particular del control
jurisdiccional de este tipo de conflicto, se realiza un exhaustivo
análisis de todo el proceso, estipulado por nuestra legislación para
la calificación de una huelga o un paro.

     Actualmente se encuentra finalizada la primera parte del
trabajo y sumamente avanzada la segunda parte del mismo.

      Como se puede observar la investigación aludida es
abundantemente rica en cuanto a doctrina y jurisprudencia se
refiere, realizándose de manera magistral, una incorporación de
dichos elementos a la realidad costarricense.

     Uno de los motivos que originó el interés de esta Escuela en
                                                                              77

        el tema que nos ocupa, es el vacío que en nuestro medio jurídico
        hay al respecto. A partir de diagnósticos realizados en años
        anteriores, hemos llegado a la conclusión que nuestros jueces
        laborales, poseen una profunda necesidad de perfeccionar sus
        conocimientos en este tema tan importante. De ahí la importancia
        fundamental de poder abarcar, casi en su totalidad, los tópicos
        referentes a este tipo de conflicto.

              Consideramos que la obra que se encuentra elaborando Don
        Luis Héctor, contribuirá no sólo como material didáctico del curso
        aludido, sinó que propiciará el inicio de una interesante y
        provechosa discusión académica acerca del tema. Situación que
        al final de cuentas repercutirá en una mejor administración de
        justicia en el área laboral.

              A esta altura, resulta necesario señalar que la segunda parte
        del texto, a la cuál hacíamos referencia párrafos atrás, envuelve
        una gran cantidad de temas, por lo que a la fecha consideramos
        imperioso solicitar una prórroga de la licencia con goce de salario
        y derecho a sustitución, concedida al Lic. Luis Héctor Amoretti
        Orozco, a partir del día 12 de enero hasta el día 2 de abril, ambas
        fechas del 2004.

              Nuestro interés principal es no dejar de lado ninguno de los
        temas indicados, de allí que respetuosamente estimo como
        indispensable la prórroga solicitada. Además, dentro de ese
        periodo el Lic. Amoretti Orozco, elaborará todo los instrumentos
        de evaluación requeridos para la ejecución de este curso, así
        como incorporará al texto elaborado aquellas correcciones y/u
        observaciones tanto de forma como de fondo que en el proceso
        de validación surjan.”
                                    - 0-

      Se acordó: Acoger la petición del Subdirector de la Escuela Judicial y

conceder al Lic. Amoretti Orozco permiso con goce de salario y sustitución del 12

de enero al 2 de abril de 2004, para los fines que se dio cuenta.

      La Sala Segunda, la Escuela Judicial y el Departamento de Personal,

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                 ARTÍCULO XLII
                                                                              78

      Con oficio N° 1760-PLA-2003 de 11 de diciembre en curso, la licenciada

Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N°

232-EST-2003 elaborado por la Sección de Estadística de ese Departamento,

relacionado con las personas sentenciadas por los Tribunales penales durante el

año 2002, con énfasis en las que fueron condenadas.

      Se acordó: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO XLIII

      En sesión N° 23-03 celebrada el 1° de abril de este año, artículo XLV, se

acogió la recomendación del Departamento de Planificación, de trasladar una de

las dos plazas de auxiliar judicial 3 pertenecientes al Tribunal de Juicio de San

José, ubicadas en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal, al Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de ese lugar, por lo que restaba del año y a

partir del 1° de mayo de 2003, supeditada la reubicación a una evaluación que

debía practicarse antes de que concluyera el período indicado.

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio N° 1742-PLA-2003 de 11 de diciembre en curso, remite el informe N°

162-DO-2003, suscrito por el M.Sc. Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de

Desarrollo Organizacional de ese Departamento, que literalmente dice:

             “En la sesión de Consejo Superior N° 23-2003 celebrada el
       1° de abril del 2003, artículo XLV, se acogió el informe N° 040-
       DO-2003 elaborado por esta Sección, y se dispuso trasladar a
       partir del 1° de mayo de este año una de las dos plazas de
       Auxiliar Judicial 3 originalmente asignadas al Juzgado Civil,
       Trabajo y Familia de Puriscal (producto del traslado de
       competencia del Tribunal de Juicio, Sede Puriscal) al Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía de esa zona.
             Dentro del referido informe se mencionó que la posibilidad de
       prorrogar la permanencia de ese recurso en el Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía, quedaba supeditada a una
                                                                               79

       evaluación por practicarse antes de concluir el presente año.
             Dado que en la actualidad este Departamento analiza los
       requerimientos de personal ordinario para el 2005, donde se
       valoran los niveles de trabajo de los referidos despachos
       judiciales, se estima que la evaluación mencionada quedará
       debidamente atendida con esa labor.

       No obstante, y con el fin de darle continuidad al apoyo
       suministrado al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
       de Puriscal, se recomienda mantener la permanencia del
       Auxiliar Judicial 3 durante el 2004, al menos mientras este
       Departamento no se pronuncie en sentido contrario dentro de
       los análisis de plazas ordinarias para el 2005.

             Al respecto cabe apuntar que se conversó sobre este tema
       con el Lic. Mario Esquivel Monge, Juez 1 del Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía de Puriscal, quien mostró su
       anuencia.
             En cuanto a la Licda. Ana Fallas Aguilar, Jueza 3 quien
       funge como Coordinadora del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de
       Puriscal, este Departamento recibió el 21 de noviembre del año en
       curso un oficio sin número del 6 de ese mes, donde manifestó que
       el rendimiento de este despacho no se ha visto afectado con el
       préstamo del recurso aludido, y que bien puede mantenerse la
       colaboración que se ha brindado hasta el presente.
             Incluso la citada funcionaria externó que la condición
       apuntada del despacho a su cargo, fue avalada por el Tribunal de
       la Inspección Judicial en el acta de visita realizada el 18 de agosto
       pasado.”
                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe elaborado por el Departamento de

Planificación y acoger la recomendación de mantener la permanencia de la plaza

de Auxiliar Judicial 3 cedida en calidad de préstamo al Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de Puriscal, durante el año 2004, en tanto ese Departamento

no se pronuncie en sentido contrario dentro del análisis de plazas ordinarias para

el 2005.

      El Departamento de Personal y los Despachos involucrados tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda.
                                                                                 80

                                      ARTÍCULO XLIV

       En oficio N° 1841-PLA-2003 de 18 de diciembre en curso, la licenciada

Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, transcribe el

informe N° 095-CE-2003, suscrito por el licenciado Hugo Hernández Alfaro, Jefe

interino de la Sección de Control y Evaluación de ese Departamento, que

literalmente dice:

        “En relación con la solicitud del Lic. Alfredo Jones León, Director
        Ejecutivo en el sentido que se le informe sobre la adscripción de
        plazas extraordinarias y la necesidad de prorrogarlas durante el
        2004, en los juzgados Civil y Trabajo, así como el Contravencional
        y de Menor Cuantía, ambos de Santa Cruz, me permito informarle,
        lo siguiente:
                      Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz

        El Consejo Superior en sesión celebrada el 1° de octubre último,
        artículo XXXV, acogió el informe N°1376-PLA-2002 del 25 de
        setiembre del 2002, donde este Departamento ante la carga de
        trabajo del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Santa Cruz,
        propuso la instauración de una jornada vespertina. La cual estuvo
        integrada por uno de los tres jueces ordinarios del despacho y dos
        plazas extraordinarias de Auxiliar Judicial 2, así como una de
        Auxiliar Notificador.

        Cuando este Departamento realizó el estudio de plazas nuevas
        para el 2004 (N°09-PLA-DO-2003 del 3 de febrero del 2003), con
        respecto al Juzgado de marras, propuso su especialización a
        partir de enero del 2004, de forma que un primer despacho
        conociera de civil y laboral, mientras un segundo conociera de
        familia, penal juvenil y violencia doméstica.

        A partir de las proyección que se dio en ese momento, la carga de
        trabajo que debería atender cada uno de estos juzgados,
        requerían de la siguiente estructura de factor humano.

         Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz     Juzgado de Familia de Santa
                                                                 Cruz
         1 Juez 3                                2 Juez 3
         1 Auxiliar Judicial 3                   1 Auxiliar Judicial 3
         2 Auxiliar Judicial 2                   2 Auxiliar Judicial 2
         1 Auxiliar de Servicios Generales 2
                                                                        81

No obstante, a partir de la composición ordinaria de personal del
Juzgado Civil, Trabajo y Familia, para completar ambas
estructuras especializadas, se requirió adicionar una plaza de
Auxiliar Judicial 3 y una de Auxiliar Judicial 2, las que fueron
creadas de forma ordinaria a partir de enero próximo.
Ante la construcción del nuevo Edificio de Tribunales de Santa
Cruz, por iniciativa del equipo de trabajo que coordinó el traslado a
éste y con el propósito de minimizar los inconvenientes del
cambio, se adelantó la especialización de este despacho, a
agosto del 2003.

En virtud que para completar ambas estructuras, se requería
adicionalmente dos plazas de auxiliar Judicial, antes
mencionadas, el Consejo Superior en sesión del 13 de agosto del
2003, artículo XVIII, aprobó el informe N° 57-CE-2003, que entre
otros aspectos recomendó el traslado de las dos plazas
extraordinarias de Auxiliar Judicial 2, que se desempeñaban en la
Jornada vespertina a los nuevos juzgados a partir de octubre del
2003. De esta forma los nuevos despachos quedaron integrados
de la forma prevista.

Según consta en el oficio N° 1738-PLA-2003 del 5 de diciembre
del 2003, al momento de realizarse la separación, en procura que
el personal de apoyo se desempeñara en las materias que mejor
conociera, se les permitió escoger el despacho en el que
continuarían, lo que completó la estructura propuesta para el
Juzgado Civil y Trabajo con el personal ordinario, de forma que
las dos plazas extraordinarias fueron ubicadas en el Juzgado de
Familia.

Posteriormente, en sesión del Consejo Superior del 11 de
setiembre del 2003, artículo XXXI, donde se conoció el informe N°
65-CE-2003 del 4 de setiembre del 2003, en el que se describió el
proceso de cambio que se gestó en el Juzgado Civil, Trabajo y
Familia de Santa Cruz, que motivaron el cierre de la jornada
vespertina descrita al inicio del informe, se acordó crear dos
plazas de Auxiliar Judicial 2, para el Juzgado Civil y Trabajo de
Santa Cruz, del 16 de setiembre al último día laboral del 2003.

Si bien, de momento el traslado al nuevo edificio, la reciente
especialización del Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz y la
poca información estadística disponible, no permiten ofrecer un
criterio técnico sobre la necesidad de estas plazas durante el
2004; según externó el Lic. Ronald Cruz Álvarez, Juez Civil y
Trabajo de Santa Cruz, ambas plazas extraordinarias fueron
incluidas dentro de la distribución de la carga de trabajo, de forma
que si no son prorrogadas implicarían un grave trastorno para el
                                                                              82

        despacho.
        Ante lo expuesto se recomienda prorrogar las dos plazas
        extraordinarias del Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz, del 12
        de enero al 31 de marzo del 2004, con cargo al Programa 927
        “Servicio Jurisdiccional”, sujetas de evaluación.

          Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santa Cruz

        En lo que respecta al Juzgado Contravencional y Menor Cuantía
        de Santa Cruz, según el informe N° 029-PLA-DO-2003, realizado
        por este Departamento, la situación de ese Juzgado es de las más
        favorables dentro del grupo de despachos que conocen las
        materias civil, laboral, contravencional, tránsito y pensiones
        alimentarias; no obstante el Consejo Superior en sesión del 28 de
        octubre último, acordó crearle una plaza de Juez 1 por noviembre
        y diciembre del 2003.

        En consulta al despacho, el Lic. Modesto Mendoza Moraga, Juez
        Coordinador de esa oficina, indicó que en lugar de contar con la
        plaza extraordinaria de Juez, es necesario contar con una de
        Auxiliar Judicial 1; razón por la que inicialmente se recomienda
        crearla por tres meses, momento en el cual se deberá evaluar la
        situación para determinar si es preciso su permanencia por más
        tiempo.”
                                       -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe elaborado por el Departamento de

Planificación y acoger las recomendaciones que en él se proponen, en

consecuencia, se dispone: 1) Prorrogar las dos plazas extraordinarias de Auxiliar

Judicial 2 asignadas al Juzgado Civil y de Trabajo de Santa Cruz, del 12 de enero

al 31 de marzo del año 2004, con cargo al Programa 927 “Servicio Jurisdiccional”,

sujetas a posterior evaluación. 2) Crear en forma extraordinaria una plaza de

Auxiliar Judicial 1 para el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de esa

jurisdicción, por tres meses contados a partir del 12 de enero de 2004.

      El Departamento de Personal y los Despachos involucrados tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda.
                                                                                 83

                                     ARTÍCULO XLV

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1837-PLA-2003 de 18 de diciembre en curso, transcribe el informe N°

094-CE-2003 suscrito por el licenciado Hugo Hernández Alfaro, Jefe interino de la

Sección de Control y Evaluación de ese Departamento, que literalmente dice:

        “Según consta en el acuerdo tomado por el Consejo Superior en
        sesión celebrada el 26 de agosto del 2003, artículo XXIII,
        conforme lo recomendado por la Sección de Desarrollo
        Organizacional, fue creada de forma extraordinaria a partir del 1°
        de setiembre al último día laboral del 2003, una plaza de Auxiliar
        Judicial 1, en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
        Matina, para atender su carga de trabajo, acordando además que
        este Departamento tomara las previsiones necesarias para que
        ésta se mantuviera bajo la misma condición en el 2004.

        No obstante, la plaza no fue incluida en el informe N° 1575-PLA-
        2003, del 17 de noviembre último, donde este Departamento
        analizó las plazas extraordinarias a crear durante el 2004; ante
        esta situación y en procura de dar continuidad a lo acordado por el
        Consejo Superior, es preciso prorrogar la plaza extraordinaria de
        Auxiliar Judicial 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor
        Cuantía de Matina, durante todo el 2004; con cargo al Programa
        927 “Servicio Jurisdiccional”.

        No omito manifestar que el costo estimado de esta plaza por el
        período indicado es de ¢2.630.000.00 y existe contenido
        presupuestario.”.
                                     -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe elaborado por el Departamento de

Planificación y prorrogar la plaza extraordinaria de Auxiliar Judicial 1 asignada al

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Matina, por 6 meses a partir del

12 de enero de 2004.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
                                                                              84

                                ARTÍCULO XLVI

      En sesión N° 80-03 celebrada el 23 de octubre de este año, artículo LVI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “El señor Mario Alberto Mena Ayales, Presidente de la
       Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), en oficio
       N° ANEJUD-0364-2003 de 15 de octubre en curso, presentó el
       siguiente asunto:
               ”Con fecha 26 de mayo del presente año, el licenciado
       Gerardo Lázcares Jiménez, Subdirector General del Organismo
       de Investigación Judicial, en nota N° 0396-DG-03, dirigido a los
       Jefes de Oficinas Regionales de Puriscal, Grecia, Garabito y Osa,
       les indica que: “… hemos decidido aplicar la variación de jornada
       para hacerla extensiva sábados y domingos inclusive”.
               A pesar de que es una medida que va en bien de la
       sociedad, ha traído una serie de problemas a nivel laboral,
       conocidos por este Sindicato directamente de notas recibidas en
       nuestra sede.
               En la Oficina Regional de Grecia, a los compañeros que
       trabajan el sábado y domingo, se les está compensando el tiempo
       con tiempo, lo cual se ha dicho en reiteradas oportunidades que
       es una práctica ilegal.
               En la Oficina Regional de Puriscal, a los compañeros que
       trabajan estos días se les está pagando las horas extra, pero no
       así a los de Grecia que no se les quiere autorizar dicho pago.
               Estamos de acuerdo Señor Presidente en respaldar toda
       actividad que esté dirigida a brindar un mejor servicio, pero
       respaldadas con la compensación salarial debida. También es
       importante valorar que el trabajar todos los fines de semana,
       debido a que en algunas Oficinas Regionales del O.I.J. no se
       cuenta con suficiente personal, puede llegar a ser una bomba de
       tiempo, por agotamiento y por falta de descanso de los oficiales.
             Me permito concluir que, según el Artículo 59, inciso 20 de la
       Ley Orgánica del Poder Judicial que nos rige, indica que es a la
       Corte Suprema de Justicia a la que corresponde fijar los días y las
       horas de servicio de las Oficinas Judiciales y publicar el aviso
       respectivo en el Boletín Judicial.”
                                       -- 0 --
               Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso:
       Solicitar al Subdirector General del Organismo de Investigación
       Judicial, un informe respecto a la jornada laboral de las Oficinas
       Regionales de ese Organismo que dio cuenta el señor Mena
       Ayales.”
                                    --- o0o ---
                                                                             85

      En oficio N° 864-DG-03 de 10 de diciembre en curso, el licenciado Gerardo

Lázcares Jiménez, Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial,

manifestó:

             “En relación con el acuerdo del Consejo Superior adoptado
       en la sesión N°80-03 celebrada el 23 de octubre último, artículo
       LVI, en que se solicita a este servidor informe respecto a la
       jornada laboral que se dispuso establecer en las oficinas
       regionales de este Organismo, me permito realizar el siguiente
       comentario.
               Efectivamente, el 26 de mayo del 2.003, según oficio
       N°0396-DG-03, esta Dirección General decidió que las oficinas
       regionales de este Organismo debían trabajar igual que lo hacen
       las demás oficinas de investigación, ya que ellos también reciben
       un sobresueldo de 40% por “variación de jornada, disponibilidad y
       peligrosidad” así como un 15% por concepto del Beneficio de
       Exclusividad Policial (BEP). Por tanto, el suscrito no alcanza a
       comprender porque ellos quieren ser desiguales, laboralmente
       hablando, en condiciones iguales a todos los demás oficiales de
       este Organismo; y si bien es cierto que ellos venía laborando con
       otro tipo de jornada, entonces no se les debió haber pagado los
       rubros correspondientes a la variación de jornada y disponibilidad,
       ya que desde hace 30 años este Organismo aplica la variación de
       jornada en virtud de que el trabajo policial lleva implícito esa
       temática, al igual que en los hospitales, cuerpos de bomberos y
       otros.
             Me explico; si un agente de estas oficinas regionales, pasara
       a laborar a la Sección de Recolección de Indicios del
       Departamento de Investigaciones Criminales, como así lo podría
       establecer el Director General de acuerdo al artículo N°18 de la
       Ley Orgánica de este Organismo, entonces este agente
       inmediatamente entraría en roles de servicio que irían
       sucediéndose día con día, para cumplir horarios tanto entre
       semana laboral como fines de semana, a como lo hace el 90% de
       las oficinas de este Organismo, incluso la parte técnica y
       científica, así como algún sector administrativo. Lo que ha pasado
       es que estos investigadores se mal acostumbraron a que por
       escasez de personal, esas oficinas únicamente laboraban horario
       administrativo, pero creo que tenemos que ser conscientes todos
       de que el problema delincuencial del país está desbordado a todo
       nivel, y no podemos seguir teniendo policías que laboren de 7:30
       de la mañana a 4:30 de la tarde, si para esos efectos ya se había
       tomado en cuenta que se debía pagar un sobresueldo, el cual
       están recibiendo (40%), para que se solventaran situaciones de
       esta naturaleza.
                                                                                86

                 A mi juicio, considero totalmente inoportuna, improcedente,
          falta de consideración e identificación para con este Organismo, y
          por supuesto que para el país, que agentes de esta Policía
          piensen de esta forma, aunque sea un minúsculo grupo, por que
          precisamente por este tipo de pensamiento personal es que
          muchas de las instituciones públicas de este país son fuertemente
          criticables y muy lejas de la misión para la cual el legislador las
          creó.
                 Además de eso, debo de mencionar que el pago de tiempo
          por tiempo no es cierto, ya que lo que ocurre es que se corre el
          horario, pero el tiempo extra cuando se da en días no hábiles
          siempre a sido reportado por la Institución al Departamento de
          Gestión del Factor Humano, y ellos son los encargados de ese
          tipo de trámites.”
                                           -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe rendido por el Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial y hacerlo del conocimiento del señor Mena

Ayales.

ASUNTOS VARIOS

                                  ARTÍCULO XLVII

      El licenciado Octavio Villegas Rojas, Juez interino del Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 12 de diciembre en

curso, rinde el informe con relación a la labor realizada por él, durante el mes de

noviembre del presente año, de la siguiente manera:

      Resoluciones con multa fija: 2072
      Conciliaciones señaladas: 34
      Conciliaciones realizadas: 34
      Sentencias dictadas de escritorio: 78
      Juicios señalados: 46.”
                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe rendido por el licenciado Villegas
                                                                               87

Rojas.

                                    ARTÍCULO XLVIII

         En sesión N° 76-03 celebrada el 9 de octubre de este año, artículo XXXV,

se conoció el informe N° 157-EST-2003 de la Sección de Estadística del

Departamento de Planificación, sobre el número de personas detenidas sin estar

sentenciadas al 30 de junio del presente año, así como de aquellas que ya lo

están pero a esa fecha aún no han sido puestas a la orden del Instituto Nacional

de Criminología, por lo que se dispuso solicitar a los Tribunales que ahí se

indicaron, informar las razones por las cuáles las personas detenidas con

sentencia, aún no han sido puestas a la orden del Instituto de Criminología.

         En cumplimiento de lo ordenado, el licenciado Orlando Rojas Sáenz, Juez

del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados,

en nota de 10 de diciembre en curso, rinde el informe solicitado, del cual se

desprende que la mayoría de los casos fueron puestos a la orden del Instituto

Nacional de Criminología.

         Se acordó: Tener por rendido el informe del licenciado Rojas Sáenz.

                                    ARTÍCULO XLIX

         La señora Flor Céspedes Rojas, Secretaria de la Asociación Solidarista de

Servidores Judiciales (ASOSEJUD), en oficio N° ASSJ159-2003 de 3 de diciembre

en curso, comunica que esa Asociación en Asamblea General celebrada el 22 de

noviembre último, acordó integrar la Junta Directiva para el período 2003-2005, de

la siguiente manera:

         Lic. Horacio González Quiroga          Presidente
         MBA. José Bravo Bonilla                Vicepresidente
                                                                              88

       Licda. Hannia Pérez Cedeño              Tesorera
       Bach. Flor Céspedes Rojas               Secretaria
       Reynaldo Velásquez Carrillo             Vocal 1
       Lic. Juan Carlos Díaz Chaves            Vocal 2
       Lic. Rubén Guevara Monge                Vocal 3
       Lic. Luis Fernando González Rojas       Fiscal
       Licda. Lorena Valverde Vega             Fiscal Suplente

                                       -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y desear a la nueva

Junta Directiva de esa Asociación éxito en sus funciones.

                                     ARTÍCULO L

      En sesión N° 73-03 efectuada el 30 de setiembre de este año, artículo XXII,

se concedió permiso con goce de salario a los funcionarios judiciales que ahí se

indicaron, para que en representación de la Asociación Costarricense de la

Judicatura (ACOJUD), asistieran a la Asamblea Anual de la Unión Internacional de

Jueces, que se realizó en Viena, Austria, del 9 al 13 de noviembre último.

      Mediante correo electrónico de 11 de diciembre en curso, el licenciado Abel

Jiménez Obando, en su condición de Primer Vicepresidente de la ACOJUD,

presenta el siguiente informe:

        “Por este medio, y para el estimable conocimiento del Consejo
        Superior del Poder Judicial y en nombre de la Asociación
        Costarricense de la Judicatura(ACOJUD) me permito presentar
        informe de la Reunión del Grupo Iberoamericano y de la
        Asamblea Anual de la Unión Internacional de Jueces que se
        realizo en Viena del 9 al 13 de noviembre del año en curso:

        REUNION DEL GRUPO IBEROAMERICANO: Inició el domingo 9
        de noviembre con la presencia de los siguientes países miembros:
        Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Paraguay,
        Portugal y Puerto Rico. La señora Presidenta de ACOJUD informó
        a las delegaciones sobre los avances de nuestro país sobre el
        tema de transparencia en el acceso a la información en el Poder
        Judicial costarricense, tanto en el acceso a los expedientes
                                                                               89

       judiciales, información sobre el presupuesto del Poder Judicial y
       su ejecución en nuestra pagina web, así como la transparencia en
       el proceso de selección de Jueces. Asimismo presentamos las
       Conclusiones del III Congreso Nacional de la Judicatura “Carrera
       Judicial y Sistema de Elección de Magistrados” que como es del
       estimable conocimiento de ustedes están en su totalidad en CD.
       Se presentaron las reformas procesales de reciente aprobación en
       España y los logros que se han alcanzado para el cumplimiento
       del principio de celeridad procesal (se adjunta copia). Asimismo el
       Juez Alejandro López, Presidente de la Comisión de
       Independencia Judicial, rindió informe sobre los países
       iberoamericanos que han presentado posibles afrentas a la
       independencia del Juez, y se le encomendó dar seguimiento a lo
       anterior como el caso de Salvador en conjunto con la Asociación
       Costarricense de la Judicatura que presentó el caso salvadoreño.
       Se adjuntan informes del Juez Alejandro López como la denuncia
       de los colegas salvadoreños.

       ASAMBLEA ANUAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE
       JUECES(UIM): Estuvieron presentes 58 países miembros de los
       63 que forman parte de la UIM, el señor Juez Ernst Markel,
       Presidente de la UIM, presentó informe anual de labores
       resaltando la labor de los Grupos Regionales y de las Comisiones
       de Estudio en busca del respeto a la independencia de las y los
       jueces, la democratización de las estructuras de Gobierno del
       Poder Judicial, con representación de los jueces, y la labor
       destacada de esta organización como ente consultivo de las
       Naciones Unidas(se adjunta informe del Juez Markel y lista de
       delegados). En esta Asamblea se aceptó como nuevos miembros
       de la UIM a Panamá y Burkina Faso.”
                                      -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe del licenciado Jiménez Obando.

                                     ARTÍCULO LI

      En nota recibida el 10 de diciembre en curso, el licenciado Marino Sagot

Somarribas, Juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, rinde informe de la visita

carcelaria efectuada el 24 de noviembre último, al Ámbito C del Centro de

Atención Institucional La Reforma.

      Se acordó: Tomar nota del informe, el que se hará del conocimiento de la
                                                                                   90

señora Ministra de Justicia y del Director de Adaptación Social, para lo que a cada

uno corresponda.

      El Lic. Amador se abstuvo de votar.

                                      ARTÍCULO LII

      Los licenciados Norman Rojas Álvarez y Juan Carlos Leal Vega, Juez

Coordinador y Administrador del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José, en oficio N° 1227-2003 del 9 de diciembre en curso, rinden

informe estadístico de noviembre de este año, correspondiente a la actividad

desarrollada por los jueces de ese despacho.

      Se acordó: Tomar nota.

                                     ARTÍCULO LIII

      En sesión N° 82-03 celebrada el 30 de octubre de este año, artículo XLIII,

se dispuso solicitar a la Oficina Centralizada de Notificaciones del Segundo

Circuito Judicial de San José, un informe acerca del atraso en las notificaciones

que reportaron los licenciados Silvia Badilla Chang, Rocío Pérez Montenegro y

Álvaro Burgos Mata, Jueces del Tribunal Penal Juvenil de ese circuito, dados los

problemas que esa situación conlleva.

      En oficio N° 101-OCN-2003 de 10 de diciembre en curso, la licenciada

Ericka Alfaro Chinchilla, Jefa de la citada Oficina, rinde el informe solicitado de la

siguiente manera:

        “A fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada por el Consejo
        Superior, en sesión N° 82-03, celebrada el 30 de octubre del año
        en curso, artículo XLIII, en relación con la gestión presentada por
        los jueces del Tribunal Penal Juvenil, me permito manifestar las
        siguientes consideraciones:
      1. Desde el mes de junio del presente año esta jefatura
                                                                                                               91

             implementó un control de medición de tiempos de respuesta, a
             través de un muestreo al azar de los diferentes medios
             utilizados para notificar, con el fin de determinar la duración de
             las notificaciones enviadas por los despachos judiciales de este
             circuito. Dicho control contabiliza desde el ingreso electrónico de
             la resolución a notificar hasta su finalización electrónica1.
         2. En las mediciones realizadas durante los meses de octubre y
            noviembre se evidencia que el tiempo máximo de duración en él
            envió de las actas de notificación 2 a los despachos judiciales
            que tramitan la materia penal es de 9 días3. (ver anexo 1)
         3. Durante el mes de agosto el Departamento de Auditoria realizó
            un estudio es esta oficina, para evaluar el cumplimiento de los
            tiempos establecidos para realizar las notificaciones enviadas
            por los despachos judiciales, concluyéndose que el 65% de las
            notificaciones ingresadas son notificadas en el tiempo
            establecido por las directrices emanadas por la Inspección
            Judicial, así como, el 67% de las notificaciones son devueltas al
            despacho de origen en un tiempo satisfactorio. Dichos datos
            resaltan el gran esfuerzo que se ha realizado durante este año
            para diligenciar en forma expedita las notificaciones que
            ingresan a nuestra oficina, con el objeto de coadyuvar con los
            trámites judiciales de los despachos.
         4. Es importante acotar que con el propósito de mantener una
            comunicación directa con los despachos judiciales, para
            escuchar tanto sugerencias como inquietudes, esta jefatura
            convocó en el mes de setiembre a los jueces tramitadores,
            Administradores y auxiliares judiciales encargados del envió y
            agregado de actas de notificación, de todos los despachos
            judiciales, y los únicos que no pudieron asistir fueron los jueces
            penales, razón por la cual nuevamente en el mes de noviembre
            se les convocó a una reunión, a los jueces tramitadores del
            Juzgado Penal, Tribunal Penal y Tribunal de Casación, en
            donde no indicaron tener problemas con la devolución de las
            actas de notificación.
         5. Por parte de esta jefatura se les instó sobre la importancia de
            utilizar el medio oficial para enviar notificaciones por medio del
            servidor de fax, en vista de que se estaban enviando a través de
            fax internos ubicados en los despachos antes mencionados,
            ante lo cual los jueces tramitadores manifestaron su anuencia a
            utilizar adecuadamente el Sistema de Notificaciones siempre y

1
  Una vez realizada la cancelación electrónica el acta ya se encuentra lista para ser retirada físicamente por el
despacho.
2
  Dicha información es recopilada del Sistema de Notificaciones
3
  Las notificaciones que tuvieron duración de nueve días fueron las practicadas en forma personal.
                                                                               92

          cuando se prestara colaboración por parte de esta oficina en los
          casos urgentes que se tiene que notificar por medio de fax,
          hasta las 6:30 p.m, con el fin de que las mismas no se
          trasladaran a la cola del servidor de fax, sin tener un resultado
          inmediato. Por lo que, mediante correo electrónico( ver anexo
          2), el 5 de diciembre de los corrientes se les informó a los
          jueces penales que se habilitará la recepción de notificaciones
          hasta las 6:30 p.m, si se presentare una situación urgente en
          donde se tenga que transmitir una notificación por medio del fax.
             Por las razones expuestas, considero que esta jefatura ha
        mantenido una comunicación directa con los jueces penales, en
        donde hasta la fecha no se han tenido ninguna situación que
        perjudique los procesos judiciales, por el contrario, se han
        analizado las situaciones existentes y por parte de esta oficina se
        han buscado alternativas para contribuir a ejercer una justicia
        pronta y cumplida.”
                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe de la licenciada Alfaro Chinchilla y

hacerlo del conocimiento de los Jueces del Tribunal Penal Juvenil del Segundo

Circuito Judicial de San José.

                                    ARTÍCULO LIV

      En nota de 11 de diciembre en curso, el señor David Corzo Hernández,

Coordinador de la Misión Bíblica Católica, expresó:

             “Reciban un respetuoso y cordial saludo del GRUPO
        APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO. Actualmente estamos
        desarrollando un programa a lo largo y ancho del país sobre la
        prevención del VIH/SIDA, en solidaridad con el Hogar de la
        Esperanza que alberga hombres, mujeres y niños viviendo con
        esta enfermedad, llevamos un mensaje de paz a través de la
        Sagrada Biblia Católica y con algunos recursos obtenidos
        brindamos ayuda incondicional.
             La presente tiene como fin solicitarle nos conceda permiso
        para ingresar a sus diferentes departamentos para difundir de una
        manera exitosa nuestra campaña.
             A las personas que asistan a nuestra charla se les
        obsequiará un hermoso afiche de la ORACIÓN POR LA PAZ
        como recuerdo de nuestra visita.
             Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, y en
        espera de poder contribuir a la sociedad costarricense…”
                                                                            93



                                       -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud y comunicar al señor Corzo Hernández que

deberá coordinar lo pertinente con el Departamento de Información y Relaciones

Públicas, en el entendido de que no se permite el ingreso a las oficinas y

despachos judiciales, para no alterar el normal funcionamiento de estos.

                                    ARTÍCULO LV

      En sesión N° 70-03 celebrada el 17 de setiembre de este año, artículo

XXVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            “La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, con oficio N° 1237-PLA-03 de 1° de setiembre en
       curso, remite el informe N° 135-EST-2003 elaborado por la
       Sección de Estadística, que literalmente dice:
             “Hago de su estimable conocimiento los resultados de la
       revisión preliminar de las estadísticas concernientes al segundo
       trimestre de 2003 elaborados por los licenciados Víctor Gutiérrez
       Montero y Gustavo Chen Quesada, Profesionales 2 de esta
       Sección. Para esta labor se contó con la colaboración de
       personal técnico tanto adscrito permanentemente en la Sección
       de Estadística como de personal Supernumerario de la Dirección
       Ejecutiva.
            Se incluyeron todos los reportes estadísticos recibidos en el
       Departamento de Planificación al 5 de agosto del presente año, un
       mes después del cierre del plazo para remitir esta información por
       parte de los despachos judiciales.
             En este informe se puede apreciar una mejoría en la
       respuesta de los despachos judiciales luego de que el Consejo
       Superior recordara el cumplimiento del artículo 179 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial bajo pena de iniciarse una acción
       disciplinaria por no entrega a tiempo de los informes.
             Debe tenerse presente que por el carácter de preliminar que
       contiene este informe, los datos no deben tomarse de referencia
       para la toma de decisiones, sino meramente como informativo del
       movimiento de trabajo de las oficinas judiciales, ya que resta
       efectuar las labores de confrontación y consolidación de estas
       cifras.
                                                                        94

     Adicionalmente, debe citarse que en relación con el
requerimiento del Señor Presidente de la Corte, en cuanto a incluir
otras variables de interés, como por ejemplo: usuarios atendidos,
cédulas de notificación, circulante por tipo de proceso, terminados
según asunto, escritos ingresados, expedientes proveídos,
sentencias por Juez en cada despacho, entre otras de similar
naturaleza, según lo manifestado por la Licda. Kattia Morales, del
Departamento de Tecnología de la Información, muchas de esas
variables pueden obtenerse por medio del sistema de gestión,
siempre que se alimente en forma correcta y la organización del
despacho lo permita; sí hizo la excepción en cuanto a la variable
“usuarios atendidos”, ya que ese dato no se puede rescatar del
citado sistema informatizado.
      En vista de lo anterior, es necesario que si el Consejo
Superior así lo dispone, se emita una circular dirigida a todos los
despachos del país, a fin de que en forma manual se obtenga la
información correspondiente a la cantidad de usuarios atendidos;
y que por medio del sistema de gestión, en aquellos circuitos
donde se ha instalado; además, de las variables que
tradicionalmente se incluyen en los informes estadísticos, se envía
a esta Sección, lo concerniente a las variables arriba citadas, en el
entendido de que esas cifras no podrán ser verificadas por esta
Sección, por cuanto no se dispone de los elementos que
garanticen un control cruzado de la mayoría de ellas.
     Salvo mejor criterio, esta disposición podría aplicarse a partir
del mes en curso.”
                               --- o ---
      Informa el Presidente, Magistrado Mora, que estudiado el
asunto, se aprecia que algunos despachos aumentaron el
circulante, a pesar de habérseles dado todos los recursos que
solicitaron, por lo que deberá remitirse a cada despacho la parte
del informe que corresponda por materia, para que con un espíritu
constructivo analicen la información y planteen soluciones en caso
de tener problemas y así lograr que el circulante disminuya.
Asimismo, mostrar la complacencia de este Consejo a los
despachos que lograron bajar el circulante, por el esfuerzo
desplegado en la tramitación de los asuntos a su cargo.
      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe del
Departamento de Planificación. 2) Acoger la propuesta del señor
Presidente. En consecuencia, remítase a todos los Tribunales
copia de la parte respectiva del informe, para que los que han
mantenido un aumento en el circulante, en el término de un mes
contado a partir de la comunicación de este acuerdo, procedan a
plantear soluciones tendentes a reducirlo; y expresar a los
Tribunales que han disminuido el circulante, la satisfacción de
                                                                               95

        este Consejo por la labor y el esfuerzo realizados en procura de
        mejorar el servicio público. 3) Dejar en suspenso la inclusión de
        otras variables en los informes, para referirse a ellas una vez que
        en todos los despachos judiciales esté implantado el sistema de
        gestión.”
                                       --- o ---

      Con ocasión de lo resuelto anteriormente, la licenciada Norma Araya

Sánchez, Jueza en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Esparza,

en facsímil recibido el 10 de diciembre en curso, manifestó:

        “De conformidad con el acuerdo del Consejo Superior en sesión
        N° 70-03 del 17 de setiembre de los corrientes, procedo a plantear
        soluciones tendientes a reducir el circulante en pensiones
        alimentarias y violencia doméstica.
        1.- En materia de Violencia Doméstica para efectos de palear el
        incremento en el circulante se procurará incluir más
        señalamientos a comparecencias en agenda, de forma tal que se
        reduzca el término de duración de los procesos, ello claro está sin
        detrimento de las otras cuatro materias que conoce el Despacho y
        en las cuales también debe señalarse hora y fecha para realizar
        diligencias.
        2.- En relación con pensiones alimentarias es necesario indicar
        que el mayor volumen de expedientes que maneja el Despacho es
        en esta materia y, el citado aumento en el circulante se debe en
        gran parte a que el equipo de cómputo ha estado dañado al
        menos unas cuatro veces en este año, e incluso desde hace tres
        meses estamos a la espera de que una de las máquinas sea
        reparada. En todo caso, además de que en la medida de lo
        posible se repare o cambie el equipo dañado, a efecto de
        solucionar la situación que se plantea se procederá a hacer en el
        período de cierre por vacaciones colectivas revisión de escritorios,
        para proveer lo que corresponda y a realizar la depuración de
        casillas de cuatro trimestre. Por otra parte se remitirá instancia a
        los citadores y notificadores externos al Despacho para que
        diligencien y devuelvan las comisiones que se les remiten en
        forma oportuna y a la mayor brevedad posible para evitar atrasos
        en los expedientes y se citará a las actoras de los procesos
        suspendidos a petición de parte, efecto de verificar si mantienen
        interés en el proceso para reactivar éste u ordenar su archivo”.

                                     --- o0o ---
                                                                              96

      Por su parte, la licenciada Emi Lorena Guevara Guevara, Jueza en el

Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia, en facsímil recibido el 11 de este mes,

expresó:

       “Para los fines del acuerdo tomado en sesión No. 70-03,
       celebrada el 17 de setiembre último, y en virtud de que este
       despacho sufrió un aumento en el circulante en materia civil de
       cuarenta y cinco expediente, durante el período comprendido
       entre el primero de abril al treinta de junio, ambas fechas del dos
       mil tres (pasó de 1038 a 1083 expedientes activos), procedo a
       plantear lo siguiente: En primer lugar hay que tomar en
       consideración que de los 1083 expedientes que se reportan en el
       último período analizado sólo 584 se encuentran en trámite, es
       decir casi la mitad del circulante ya superó la etapa de sentencia y
       se encuentra en ejecución. Por otra parte, este es un despacho
       que ha venido sufriendo un atraso significativo desde abril del
       presente año, fecha en que se nos eliminó la plaza extraordinaria
       que había venido operando desde octubre del año pasado. La
       eliminación de esa plaza agravó la situación ya que el personal se
       hizo insuficiente para hacer frente a la carga laboral del despacho
       (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO expedientes activos
       en total y un personal de: un Juez tres, un auxiliar coordinador,
       dos auxiliares judiciales dos, un conserje medio tiempo
       (compartido con el Juzgado de Familia) y un notificador. Ahora
       luego de varias gestiones, se autorizó nuevamente la plaza
       extraordinaria de Auxiliar Judicial 2, la cual comenzó a operar a
       partir del mes de octubre y según comunicación recientemente
       recibidas se mantiene por todo el año dos mil cuatro. Además, se
       nos asignó un Juez Supernumerario destacado hasta el último día
       laborable del mes de diciembre del presente. Así las cosas,
       considero que ya con la asignación del auxiliar judicial 2, en parte
       se nos brindó una solución para bajar el circulante. Por ello
       propongo como complemento que se mantenga la plaza de Juez
       Supernumerario por todo el año dos mil cuatro y que se nos
       asigne en forma exclusiva el auxiliar de servicios generales, o en
       su defecto se nos autorice para que ese funcionario se destaque
       en las dos audiencias en este despacho y que sólo se desplace al
       Juzgado de Familia a efectuar las labores de limpieza del
       despacho. La asignación en forma exclusiva del auxiliar de
       servicios generales sería de gran ayuda, ya que podría contribuir
       inclusive con la atención al público.”

                                      -0-
                                                                                  97

      Se acordó: 1) Tener por rendidos los informes que anteceden. 2) Trasladar

a la Dirección Ejecutiva para su atención, la situación expuesta por la licenciada

Araya Sánchez, en cuanto a los problemas que se han presentado con el equipo

de cómputo asignado al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Esparza. 3) Solicitar al Departamento de Planificación un informe acerca de la

petición que hace la licenciada Emi Lorena Guevara Guevara, Jueza Civil y de

Trabajo de Grecia, para que se les asigne en forma exclusiva “…el auxiliar de

servicios generales, o en su defecto se nos autorice para que ese funcionario se

destaque en las dos audiencias en este despacho y que sólo se desplace al

Juzgado de Familia a efectuar las labores de limpieza del despacho…”.

                                     ARTÍCULO LVI

      En sesión N° 75-03 celebrada el 8 de octubre de este año, artículo LI, en

virtud de la gestión presentada por los Jueces del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Corredores, se acordó prorrogar a partir del 19 de ese mes y

hasta el último día laboral de diciembre de 2003, la plaza extraordinaria de Auxiliar

Judicial 1 asignada a ese despacho.

      En la N° 92-03 efectuada el 4 de diciembre en curso, artículo XI, se conoció

la petición de los jueces del citado juzgado, en que solicitaban se ampliara a partir

de enero próximo el nombramiento de la plaza extraordinaria de auxiliar judicial,

con el fin de mantener ese despacho al día, de manera que no se afecte la

atención a los usuarios y los tiempos de espera a la resolución de expedientes,

por lo que de previo a resolver lo correspondiente, se dispuso trasladar al

Departamento de Planificación dicha gestión, para que una vez finalizado el
                                                                               98

período de la prórroga de la plaza en mención, verificara si resulta necesaria la

permanencia de ésta en el citado despacho.

      En oficio N° 440-2003 recibido por fax el 11 de este mes, los licenciados

Fernando Flores Fernández y Elicio Durán Bolaños, Jueces del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores, manifestaron lo siguiente:

              “Nuestro Despacho Judicial mediante oficio 420-2003, les
        solicitó que se ampliara una plaza extraordinaria de auxiliar 1, que
        nos fue asignada a esta oficina. Por tal razón ese estimable
        Consejo Superior sujetó la aprobación de dicha ampliación al
        resultado del estudio que para tales efectos hiciera planificación.
              Sin embargo, nos dimos a la tarea de conversar con los
        compañeros de Planificación y nos manifestaron que aún a esta
        fecha no les ha llegado la solicitud de dicho estudio, razón por la
        cual nuevamente y del modo más respetuoso les solicitamos de
        que en vista de que los meses de enero y febrero de cada año
        suelen tener una gran carga de trabajo en nuestro Despacho y en
        vista de la valiosa colaboración que nos está brindando la auxiliar
        1 asignada en plaza extraordinaria, es que ahora les solicitamos
        que por la premura del asunto se nos amplíe en al menos un mes
        dicha plaza, de modo que se cuente con un período prudencial de
        tiempo mientras el Departamento de Planificación hace el estudio
        respectivo y de este modo no perjudicar la buena marcha de
        nuestro Despacho.
              Desde ya nos ponemos a sus órdenes para enviarles
        cualquier otra información necesaria en procura de solucionar
        nuestra petición.”
                                        -0-

      Se acordó: Denegar la gestión, pues se está a la espera del informe que

sobre el particular debe rendir el Departamento de Planificación.

                                    ARTÍCULO LVII

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho de la

Presidencia, en oficio N° DP 1206-03 de 12 de diciembre en curso, expresó:

             “Con motivo del cronograma que se elaboró como parte del
        Plan Piloto de Audiencias Masivas de Conciliación, me permito
        hacer del conocimiento del Consejo Superior que el día 17 de
        diciembre, se realizará en los Tribunales de Santa Cruz una
                                                                             99

       convocatoria con tales fines, por lo que los jueces conciliadores
       que a continuación se detallan, permanecerán en los Tribunales
       de San Cruz, los días 16, 17 y 18 de diciembre:

             Licda. Carmen Cerdas Cisneros
             Licda. Julieta Barboza Cordero
             Lic. Alfonso González Vargas
             Licda. Hazel Delgado Zeledón
             Lic. Alberto Solano Cordero

           Lo anterior, con el fin de que lo eleve a consideración del
       Consejo Superior, para los efectos pertinentes.”

                                      -0-

      Se acordó: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO LVIII

      En oficio N° JCHAS-113-2003 de 15 de diciembre en curso, recibido por

fax, los licenciados Eugenia Vives Luque y José Antonio Cordero Román, Jueza

Coordinadora y Administrador del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos

Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, plantean lo siguiente:

       “En virtud de que este Juzgado debe realizar la depuración de
       expedientes correspondiente al cuarto trimestre del presente año,
       en la primera semana de labores del 2004 y además en la
       actualidad los datos estadísticos reportados por la Unidad de
       Informática presentan inconsistencias que no permiten la
       realización del Informe Trimestral de labores que exponga la
       realidad de este despacho, respetuosamente nos permitimos
       solicitarles su autorización para que durante la semana del 05 al
       09 de enero del 2004 se realice dicha depuración, la misma se
       ejecutará con un total de 20 auxiliares judiciales, bajo la
       supervisión de los señores jueces Lic. Francisco Molina Salas, Lic.
       Alfonso Rodríguez Caicedo y la Licda. Gabriela Campos Ruiz, en
       horario de las 7:30 a las 4:30 p.m., esta posibilidad permite
       desarrollar la depuración física y electrónica en el Sistema de
       Gestión de manera más eficiente, ya que los expediente no se van
       trasladar constantemente de un lugar a otro como sucede en los
       períodos de labores normales del Juzgado.”

                                      -0-
                                                                              100

         Se acordó: Acoger la solicitud en los términos planteados, siempre y

cuando los auxiliares judiciales estén de acuerdo en realizar esa labor durante el

período señalado y en el entendido de que posteriormente disfrutarán de esos

días de vacaciones. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su

cargo.

                                     ARTÍCULO LIX

         El licenciado Juan Carlos Ramírez Brenes, Juez en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Hatillo, en nota de 9 de diciembre en

curso, se refiere a la situación ocurrida en torno a los libros contables de ese

despacho y al respecto indicó:

          “El primero de julio de dos mil dos, el suscrito toma a cargo la
          dirección de este juzgado contravencional y aproximadamente en
          el mes de octubre de ese mismo año, se me informa de parte de
          la auxiliar judicial dos Grettel Ramírez Jiménez que los libros
          contables se encontraban con varios meses de atraso, razón por
          lo que para el mes de octubre de ese mismo año, se solicitó la
          colaboración del departamento de financiero contable, donde los
          señores Gerardo Ramírez y Mario Bonilla de dicho departamento
          cerraron los meses de marzo a setiembre del dos mil dos, y en
          dicho departamento se le explicó el procedimiento a la señora
          Ramírez Jiménez en torno de como llevar debidamente los libros
          contables.
                Para el veinte de diciembre del dos mil dos, a raíz de una
          situación familiar que en ese momento tenía y que en la
          actualidad tengo, en el sentido de tener enfermos a dos
          personales que siempre han vivido conmigo, a saber una tía de
          sesenta y dos años que está inválida en una cama y mi abuelo
          materno que tiene una enfermedad terminal (cáncer), tuve que
          incapacitarme a través de la Clínica del Dolor hasta el once de
          abril del dos mil tres, quedando pendiente dicha situación y a la
          vez una remesa que se inició aproximadamente en noviembre del
          dos mil dos, lapso en el cual el despacho quedó a cargo de la
          Licenciada Tatiana Rodríguez Castro y durante ese tiempo (casi
          cuatro meses) no se trabajó en poner dichos libros contables al
          día, ni tampoco en la remesa, razón por la que al regresar
          nuevamente a mis labores en Semana Santa del presente año,
          me encuentro nuevamente con esta situación y es precisamente
                                                                       101

cuando verbalmente se ordeno a la Auxiliar Ramírez Jiménez que
los mismos se tienen que poner al día y a su vez se coordina con
el departamento financiero contable quienes en el mes de
noviembre del presente año cierran el mes de febrero del dos mil
tres, sin embargo, siempre se presenta un atraso de ocho meses,
amén de que ante la solicitud de colaboración de parte de este
despacho, tanto ese departamento como auditoría manifiesta que
no tienen personal para que colaboren con esta oficina, motivo por
el cual ante tal problemática y al no poder contar con la ayuda de
estos departamentos, se solicita la colaboración a la Dirección
Ejecutiva con un supernumerario a partir del dieciocho de
noviembre y hasta el diecinueve de diciembre del dos mil tres, con
el objetivo de realizar una reorganización provisional interna,
mediante la cual la señora Grettel Ramírez Jiménez encargada
directa de los libros se dedicara exclusivamente a trabajar con la
contabilidad para acelerar las conciliaciones de los meses
atrasados, a su vez mi persona contrata los servicios de la
contadora señora ROXINIA ARGUEDAS SALAS, cédula número
dos-cuatrocientos cuarenta y ocho- seiscientos noventa y nueve,
quien se apersona a este despacho y en este lugar coadyuva con
las funciones de la señora Ramírez Jiménez poniendo al día la
contabilidad de este oficina al mes de noviembre del dos mil tres,
cuyas copias de la documentación se adjunta.
      Considero menester indicar que con base en el informe que
me remite la contadora Arguedas Salas, en el mismo se palpa que
la conciliación arrastra partidas con fechas muy viejas, desde
agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el caso de cheques
en circulación y desde mayo de mil novecientos noventa y nueve
en depósitos registrados en el libro y no en bancos, y no obstante
ello, dichos errores nunca fueron detectados por él o la encargada
en ese tiempo de los libros de esta oficina ni mucho menos por
Auditoría del Poder Judicial antes de julio del dos mil dos, fecha
en que asumí como dije la dirección de esta oficina, ni tampoco a
la fecha en que dicha contadora lo detecta.
      Quiero manifestar, que colaboración solicitada a la contadora
en mención obedeció nunca y exclusivamente a una necesidad de
poner pronta solución a un problema que se origina muchos años
atrás donde ninguno de los anteriores jueces por una u otra razón
no solucionan, además quiero dejar en claro que dicha contadora
realizó su trabajo en esta oficina conjuntamente con la auxiliar dos
Grettel Ramírez Jiménez, quien en todo momento la acompañó y
el pago de dicho servicio salió de mi propio peculio, como lo
indiqué únicamente con el afán de solucionar de la manera más
expedita el problema de marras.
      Se adjuntan copias de la conciliación al mes de noviembre
del dos mil tres, y informe rendido por la contadora en mención”.
                                                                                102

                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y hacer del

conocimiento de la Auditoría Judicial la situación expuesta.

                                 ARTÍCULO LX

      En facsímil recibido el 15 de diciembre en curso, los licenciados Marjorie

Barquero Argüello, Shirley González Quirós y José Fernando Araya Chaverri,

Jueces del Juzgado contra la Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de

Alajuela y los licenciados María Aracelly Solís Marín, Mario Ramírez Aguilar y

Franz Paniagua Mejía, Jueces del Juzgado de Familia y Penal Juvenil de ese

lugar, por las razones que exponen, solicitan se les autorice laborar jornada

continua durante el período de vacaciones de fin y principio de año, es decir,

iniciar labores a las ocho de la mañana y cerrar el despacho a las quince horas.

      Se acordó: Denegar la gestión, en razón de que ya fue aprobado y

publicado el plan de atención de las Oficinas del Poder Judicial, durante el período

de cierre general de fin y principio de año (2003-2004).

                                    ARTÍCULO LXI

      En sesión N° 86-03 celebrada el 13 de noviembre último, artículo XX, se

concedió permiso con goce de salario del 12 al 29 de enero próximo, entre otros,

al licenciado Joaquín Bernardo Calvo Soto, Juez de Tránsito de Heredia, para que

participe en los cursos de postgrado en Derecho para Iberoamericanos en la

Universidad de Castilla – La Mancha, España.

      En facsímil recibido el 12 de diciembre en curso, los licenciados Kennia

Alvarado Villalobos y Joaquín Bernardo Calvo Soto, Jueces en el Juzgado de
                                                                             103

Tránsito de Heredia, solicitan se analice la posibilidad de nombrar un juez

suplente en ese despacho, durante la participación del licenciado Calvo Soto, en

los cursos de posgrado en España, que se impartirán del 12 al 29 de enero de

2004 y se incorpora a sus labores el día 9 de febrero, debido a que solicitó

disfrutar 6 días de vacaciones.

      Se acordó: Autorizar la sustitución del licenciado Calvo Coto en las fechas

y por el motivo señalados. El Despacho de la Presidencia y el Departamento de

Personal tomarán nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 80-03 celebrada el 23 de octubre de este año, artículo LXX,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión N° 71-03, celebrada el 23 de setiembre último,
        artículo LXVI, se dispuso que el Departamento de Planificación
        realizara un estudio en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de
        Santa Cruz, tomando en consideración la carga de trabajo que
        mantiene ese despacho.
              La licenciada Berta Lidieth Araya Porras, Jueza
        Coordinadora del referido despacho, en facsímil de 16 de octubre
        en curso, en razón de la carga de trabajo que mantiene ese
        despacho, solicitó la creación de una plaza extraordinaria por lo
        que resta del año o hasta que se cuente con el resultado del
        estudio que al efecto realizará el Departamento de Planificación,
        conforme lo dispuesto en la sesión de referencia.
              Se acordó: Trasladar la solicitud de la licenciada Araya
        Porras al Departamento de Planificación para su atención.”

                                       --- o0o ---

      En facsímil de fecha 10 de diciembre en curso, la licenciada Berta Lidieth

Araya Porras, Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia y Penal Juvenil de

Santa Cruz, manifestó:

        “...hacer de su conocimiento que a partir del primero de noviembre
                                                                              104

       y hasta el diecinueve de diciembre del año en curso, se me dio
       una plaza de auxiliar judicial 1, esto según lo acordado en la
       sesión celebrada el 23 de octubre del año en curso, la cual ha
       venido a solventar gran parte de las necesidades que estábamos
       pasando en este despacho, especialmente y como en reiteradas
       ocasiones lo indica el envió y recibido de correo, fotocopias,
       búsqueda de expedientes en el archivo, limpieza de la oficina,
       atención al público, coadyuva a la recepción de denuncias de
       Violencia Doméstica, revisión de gacetas sea en todo sea en todo
       lo que puede cuando el despacho así lo amerita, toda vez que no
       contamos con conserje alguno, no omito manifestarles que este
       Despacho cuenta únicamente con tres auxiliares judiciales, los
       cuales tramitan la tres materias, otorgándosenos únicamente dos
       plazas de auxiliares judiciales, toda vez que la tercera plaza venía
       del Juzgado Civil y de Mayor Cuantía.
             Considera la suscrita que por las múltiples ocupaciones que
       tiene el despacho y con un fin especial como lo es dar el mejor
       servicio y atención a los usuarios que acuden en busca de ayuda
       al mismo, especialmente en lo que respecta a las Denuncias de
       Violencia Doméstica a la cual se le da toda la prioridad necesaria
       la cual ha aumentado en gran medida. No omito indicarles que al
       haberse dado la especialización del Juzgado de Familia el
       circulante a aumentado en gran cantidad, en las tres materias sea
       Familia, Penal Juvenil y especialmente Violencia Doméstica.
       Cabe indicar que en muchas ocasiones se deben llevar a cabo
       diligencias fuera del despacho, por lo que en ocasiones se tienen
       que llevar a uno de los auxiliares, lo que viene a distorsionar el
       buen funcionamiento del mismo, por todo lo antes expuesto, es
       que solicito se me mantenga la plaza otorgada como auxiliar 1,
       para el período 2004, toda vez que de lo contrario, nos veríamos
       grandemente afectados en la buena marcha des despacho, esto
       hasta tanto se realice el estudio respectivo por parte del
       Departamento de Planificación, toda vez que hasta la fecha el
       mismo no se ha realizado”.
                                       -0-

      Se acordó: Comunicar a la licenciada Araya Porras que cuando se

conozca el informe que al efecto debe rendir el Departamento de Planificación, se

resolverá lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO LXIII

      El licenciado Agenor Acevedo Altamirano, Juez Contravencional de
                                                                                105

Jiménez, Juan Viñas, en oficio N° 492-2003 de 10 de diciembre en curso,

manifestó:

              “…Quien suscribe en mi calidad de titular del Juzgado
       Contravencional de Jiménez, Juan Viñas, con el debido respeto
       elevo a consulta de sus autoridades la siguiente inquietud: Por
       espacio de dos años he venido cubriendo un rol que se me asigna
       en esas materias a partir de las dieciséis horas treinta minutos del
       día lunes hasta las siete horas del día siguiente, así hasta el día
       jueves porque a partir del día viernes el rol rige desde las dieciséis
       y treinta horas hasta las siete horas del lunes de la semana
       siguiente en la semana que me corresponde cubrir ese rol que
       considero no esta bien establecido porque de acuerdo a la circular
       número 54-2002, girada por sus autoridades, dispuso que los
       roles de disponibilidad para todos lo jueces del país durante los
       fines de semana serían de las 16:30 horas del viernes a las 7:30
       horas del lunes siguientes, no obstante he venido cubriendo el
       supraindicado rol como al inicio lo expuso porque no ha sido mi
       intención en contraponerme con los señores Jueces de Familia de
       Turrialba ni lo es evadir responsabilidades laborales si así me
       corresponden.- El problema que se presenta en este momento es
       que con motivo de vacaciones de la mayoría de despachos del
       Poder Judicial, el señor juez coordinador del Juzgado de Familia
       de Turrialba, me presenta un rol a cubrir por espacio de ocho días
       de las 7 horas a las 7 horas de la fecha en que se cumplan los
       ocho días, situación que considero anormal toda vez que el
       Juzgado Contravencional de Jiménez a mi cargo es uno de los
       despachos que trabajará normalmente de acuerdo a las
       disposiciones del Consejo Superior y por lo tanto tendría que
       atender al mismo tiempo dos Juzgados el que está a mi cargo y el
       Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Turrialba, contando este
       último con dos señores jueces que bien se podrían turnar por lo
       menos mientras se da el término de vacaciones generales
       acordado.- Acorde a lo anterior y en vista de que es difícil
       ponerse de acuerdo con los señores Jueces del Juzgado de
       Familia y Penal Juvenil de Turrialba, elevo a sus honorables
       autoridades la consulta y al mismo tiempo nos indiquen las pautas
       a seguir que en mi caso acatare en la forma que se me indique.”

                                           -0-

      Asimismo, en oficio de fecha 11 de diciembre del presente año, los

licenciados, Elmer Rojas Aguilar y Frania E. Rojas Vindas, Jueces del Juzgado de

Familia y Penal Juvenil de Turrialba, exponen la forma como ha quedado
                                                                                106

dispuesta la disponibilidad que atenderán los jueces y auxiliares de dicho juzgado,

para el periodo de vacaciones de diciembre 2003 y enero del 2004, además

indican que el licenciado Agenor Acevedo Altamirano, Juez Contravencional de

Jiménez, coadyudará en el rol.

                                            -0-

      Se acordó: Excluir al Juez del Juzgado Contravencional de Jiménez, Juan

Viñas, de la atención de los roles de disponibilidad en las materias de penal

juvenil y violencia doméstica que comparte con los Jueces del Juzgado de

Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Turrialba, dado que los dos

jueces de este último despacho, bien pueden asumir esa labor.

                                     ARTÍCULO LXIV

      En facsímil recibido el 10 de diciembre en curso, el licenciado Gerardo

Calero Miranda, Juez en el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de

San José, manifestó:

        “Seré breve con la presente misiva. El día 02 de Diciembre del
        2003, recibí la noticia del Tribunal de la Inspección Judicial, quien
        acoge un recurso de revocatoria presentado por el suscrito contra
        la sentencia de dicha oficina el Dieciséis de Mayo del año en
        curso, en la que se me sanciona con una AMONESTACIÓN, al
        acoger uno de los más de OCHO cargos presentados por la quien
        fuera Juez Coordinadora del Juzgado de Tránsito del Primer
        Circuito Judicial de San José, Licda Mireya Gallardo Arboleda,
        ante el Consejo Superior Judicial. Ahora , con la nueva resolución
        dictada el Primero de Diciembre del Dos mil tres, el Tribunal acoge
        el recurso interpuesto y declara sin lugar en su totalidad el
        proceso disciplinario incoado en mi contra. No sé cuando el
        tribunal de la Inspección les comunicará esta información, pero
        me adelanto para que conste lo que en su oportunidad ante tres
        de los miembros del Consejo Superior de ese entonces, los
        licenciados Juan Diego Rojas Araya, Hernán Campos Vargas y
        Edgar Amador Madriz, mantuve mi tesis de que la queja era
        infundada, pero no me creyeron. Un año después, tarde pero
        seguro se demostró que así era. Como muestra un botón, una de
                                                                      107

las quejas, que no es mi invención sino que se encuentra en el
expediente del Tribunal fue:

c) reportar en notas del once y quince de marzo y nueve de
abril de este año, dirigidas al Consejo Superior, que usted
resolvió, al finalizar el mes de marzo último, una cantidad
aproximada de 24000 boletas, siendo lo correcto, conforme a
la estadística del Despacho, un total del 31, 769 sentencias de
multa fija sin oposición...”

Me acusaban de trabajar más de la cuenta. Se quejaron de que
no reporté que en la realidad había fallado más de veinticuatro mil
sentencias, porque ustedes debían saber que cada boleta era una
sentencia, sino que realmente lo fallado en menos de un mes y
medio fue la suma de TREINTA Y UN MIL SETENCIENTOS
SESENTA Y NUEVE SENTENCIAS, sin contar que es el doble de
esa suma, ya que a cada sentencia original que quedaba en el
archivo del Despacho, el suscrito firmaba una copia que se dirigía
al Consejo de Seguridad Vial.              Yo no esperaba un
AGRADECIMIENTO ni una palmada en la espalda, pues para eso
se me paga, para trabajar, pero tampoco esperaba un
cuestionamiento gratuito a mi trabajo.

      Ahora bien, y en forma respetuosa, si el actual Consejo
Superior, lo considera de equidad y justicia, en la misma forma en
que en ese entonces se comunicó vía Intranet en forma pública
como una notificación, y no como las actas del Consejo, este
problema ante la Inspección Judicial, que considero era de interés
personal sólo del suscrito, me favorezcan ahora para que la
presente carta sea publicada en la misma forma. Si se considera
que no es posible o necesario, gracias de todos modos, porque
como lo repetí varias veces, lo bueno que salió de esa situación,
es conocer grande amigos en el Segundo Circuito Judicial, y
sinceramente agradezco públicamente a quienes confiaron y se
percibió que fui lo que considere, víctima de una vendeta personal
de la exJuez Coordinadora, en el Juzgado de Tránsito del primer
Circuito Judicial de San José, ellos son los jueces: Licda Eugenia
Bonilla Restrepo, La Licda Laura Cerdas, La Licda Kattia Campos
Marín, Lic. Eduardo Fonseca Alvarado, y al Licenciado Modesto
Mendoza Moraga, así como a los auxiliares José Villalobos, Rafa
Boletas, Róger, Gina, Paola y muchos otros cuyo apoyo moral
estuvieron siempre conmigo. Ahora quien no esta entre nosotros,
la Licda Magda Pereira, exmiembro del Consejo de Jueces, quien
sin conocerme apoyó mi causa”.

                               -0-
                                                                               108

      Se acordó: Tomar nota.

                                      ARTÍCULO LXV

      En sesión N° 21-01 celebrada el 13 de marzo del 2001, artículo LVI, se

acordó comunicar a todos los empleados y funcionarios judiciales que poseen

correo electrónico, que con el fin de dar una mayor utilidad, por economía en

tiempo y recursos, se utilice este sistema, para comunicar aquellos asuntos que

no requieran de una tramitación especial.

      En la efectuada el 9 de agosto del 2001, artículo LI, se dispuso hacer del

conocimiento el “Manual de Procedimientos de las Comunicaciones por medios

electrónicos de las Oficinas Judiciales”, incluyendo su modificación en el artículo

3, que en lo que interesa se transcribe el siguiente artículo:

        “Artículo 1.- De acuerdo la sesión N° 19-2000 celebrada el 15 de
        mayo del 2000, artículo XV, las oficinas administrativas y
        despachos jurisdiccionales, quedan facultadas para comunicar por
        medios electrónicos, los acuerdos y decisiones adoptadas por
        Corte Plena y el Consejo Superior, así como cualquier otra
        comunicación oficial. A esos efectos, deberán tomas las medidas
        necesarias para utilizar este mecanismo como su principal medio
        de comunicación.
                                       -0-

      En virtud de los pronunciamientos emitidos por el Consejo Superior con

respeto a las comunicaciones por medios electrónicos y a propuesta de la

Secretaria General, se dispone emitir una circular dirigida a todos los despachos

judiciales del país que cuentan con correo electrónico, para que todas las

comunicaciones que envíen a la Secretaría General de la Corte y deban ser

sometidas al conocimiento de la Corte Plena y el Consejo Superior, lo hagan única

y exclusivamente por este medio, es decir que no remitan el documento original,
                                                                              109

para evitar la duplicidad de funciones, el gasto excesivo de papel, gasto por

servicio telefónico (uso del fax), y el tiempo que se tarda en enviar las

comunicaciones por este último medio, así como la utilización del correo interno

en casos que no amerita y en los cuales se puede realizar en forma electrónica,

con la salvedad de los asuntos en que con los oficios originales se deben

acompañar expedientes o diligencias que interesan.

      A esos efectos cabe destacar que la cuenta electrónica oficial de la

Secretaría General de la Corte es la siguiente: secre_corte@poder-judicial.go.cr

mailto:secre_corte@poder-judicial.go.cr.

                                   ARTÍCULO LXVI

      A propuesta de la Secretaria General, se dispuso autorizar a un

Prosecretario General y a dos Auxiliares Judiciales del Despacho, para que

laboren del 5 al 9 de enero de 2004 (período contemplado dentro del cierre

general de Oficinas Judiciales) y coadyuven en el proceso de redacción de las

actas de Corte Plena que se encuentran pendientes, a fin de que la aprobación y

ejecución de los acuerdos no sufran atrasos, quienes posteriormente disfrutarán

de esos días de vacaciones. El Departamento de Personal tomará nota para lo de

su cargo.

                                   ARTÍCULO LXVII

      El Consejo Superior en sesión celebrada el 22 de marzo del 2001, artículo

XXXIII, dispuso que en los casos en que el Departamento de Medicina Legal

hubiese valorado servidores judiciales, cuyo dictamen indica que estos "se

encuentran incapacitados absoluta y permanentemente para sus labores

habituales dentro del Poder Judicial…", ese Departamento remitiera las diligencias
                                                                             110

respectivas al Consejo Médico Forense, para que éste determine el estado actual

de salud de los servidores que se encuentren en esa situación y someta a este

Consejo Superior la valoración correspondiente.

      A propuesta del Magistrado Chaves se dispone autorizar a la Secretaría

General de la Corte, para que en los casos en que el Consejo Médico Forense

haya valorado servidores judiciales, cuyo dictamen indica que “se encuentran

incapacitados absoluta y permanentemente para sus labores habituales dentro del

Poder Judicial…”, remita las diligencias respectivas al Departamento de Personal,

a fin de que a la brevedad rinda el informe y cálculos correspondientes, para

proceder con el pago de los extremos laborales a que tenga derecho el servidor y

de este modo agilizar los procedimientos administrativos.

      Igual procedimiento seguirá la Dirección Ejecutiva y el Departamento de

Personal respecto a las valoraciones médicas que hayan sido solicitadas por esos

despachos.

                                   ARTÍCULO LXVIII

      En sesión N° 97-03 celebrada el 16 de diciembre en curso, artículo LIII,

entre otros asuntos, se dispuso remitir a la licenciada María Nidia Rodríguez

González, Defensora Pública de Alajuela, a valoración médica por parte del

Consejo Médico Forense, para que determine su estado actual de salud.

      Doña María Nidia en nota recibida hoy, 18 de diciembre, manifestó:

            “Mediante nota suscrita el 4 diciembre del presente año
       informé que me reincorporaría a mis labores a partir del 8 de
       diciembre; pese a lo anterior en virtud de que mi estado de salud
       se encuentra sumamente quebrantado y que por recomendación
       médica se me ha incapacitado del 18 de diciembre del presente
       año hasta el 15 de febrero del 2004, solicito a su autoridad que se
       me conceda la posibilidad de acogerme a la incapacidad otorgada
                                                                             111

       por el médico especialista en neurología Dr. Douglas Dormond
       Herrera, hasta tanto no se resuelva esta petición me mantendré
       ocupando mi puesto de defensora pública de Alajuela.
            Adjunto copia de la incapacidad citada. (…)”

                                      -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación enviada por la licenciada

Rodríguez González.

                                   ARTÍCULO LXIX

      En nota recibida por fax el 15 de diciembre en curso, el señor Manuel

Castro Rivera, Auxiliar de Servicios Generales 3 en la Subunidad Administrativa

Regional de Corredores, expresó:

              “Adjunto le remito oficio que me envió vía fax el
       Departamento de Personal, Sección de Reclutamiento y
       Selección, en el cual indican los señores Lic. Ricardo Cordero
       Hernández y el Lic. Francisco Arroyo Meléndez, que mi traslado
       como Chofer a la Unidad Administrativa de Pérez Zeledón no es
       posible tramitarla por ser cuñado de la Licenciada Hilda Calvo,
       quien labora en esa misma dependencia.
              En múltiples ocasiones he insistido a la Oficina de Personal
       y al Consejo Superior mi petición de ser trasladado a Pérez
       Zeledón, ya que a raíz de estar viajando desde Corredores a
       Pérez Zeledón y viceversa he venido presentando dolores
       lumbares fuertes, lo cuales se intensifican por las labores de
       manejo que realizo, incluso he demostrado con los dictámenes
       médicos que aporté a ese Consejo que los médicos tratantes de
       mi persona han recomendado mi reubicación. Es importante
       recalcar que el lugar donde toda mi vida he vivido es San Isidro
       del General, Pérez Zeledón, y es donde vivo con mi esposa y mis
       hijos, con los cuales no puedo compartir, en vista de que tengo
       que recorrer muchos kilómetros a la semana para trasladarme a
       Ciudad Neyli, situación que agrava mi estado de salud.
              Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior en
       sesión número 56-03, celebrada el 31 de julio del año en curso, se
       me informa que los Licenciados Ricardo Cordero Hernández y
       José Luis Bermúdez Obando, Jefes del Departamento de
       Personal, mediante oficio número RS-1375-03 del 24 de
       setiembre de este año indican que mi solicitud de traslado no
       procede por cuanto no hay una plaza vacante de la misma
       categoría en la Zona Sur, y que sin embargo indicaron que lo
                                                                             112

       tendrán presente para un futuro. Con relación a ese informe hace
       aproximadamente dos meses remití una nota al Departamento de
       Selección y Reclutamiento de Personal y con copia al señor José
       Luis Bermúdez Obando, indicándoles que en la Unidad
       Administrativa de Pérez Zeledón el compañero Róger Fallas
       Valverde propietario de una de las plazas de chofer de la misma
       categoría mía como lo manifestaron dichos señores, fue
       nombrado en propiedad en la Unidad de Localización, Citación y
       Presentación, quedando vacante la plaza de chofer que ocupaba
       el señor Fallas Valverde, la cual solicité y de nuevo se me ha
       negado por los motivos indicados antes.
              Por otra parte quiero manifestar a los Honorables miembros
       de ese Consejo Superior que en la Unidad Administrativa de
       Pérez Zeledón se encuentran laborando desde hace varios años
       personas con la misma situación mía, como por ejemplo la señora
       Yohana Méndez Barrientos y Daniel Rodríguez Castro, Marvin
       Castro Villalobos y Rónald Gamboa Granados, los cuales se
       encuentran todos en propiedad. Esto lo indico no con el afán de
       perjudicar a nadie, como sí lo he sido yo. Tampoco quiero que se
       tomen represalias hacia ellos, pues no tengo interés alguno de
       que esas personas se vean perjudicadas, ya que mi solicitud de
       traslado a Pérez Zeledón es como lo indiqué antes para compartir
       con mi familia y que mi estado de salud no sea agravado cada día
       más.”
                                       -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la

gestión anterior al Departamento de Personal, para que en el término de 15 días

contados a partir de la comunicación de este acuerdo, rinda un informe al

respecto.

                                    ARTÍCULO LXX

      En sesión N° 67-03 celebrada el 9 de setiembre de este año, artículo

LXXXVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “Para lo que a bien se estime resolver, el Lic. Alfredo Jones
       León, Director Ejecutivo, con oficio N° 4994-DE-2003 del 24 de
       julio de este año, remite el informe de labores del Juzgado de
       Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,
       correspondiente a junio recién pasado, elaborado por el Lic.
       Guillermo Obando Araya, Administrador interino de ese
       Despacho.
                                                                              113

             Se desprende del citado documento que un alto porcentaje
       de las sentencias dictadas son devueltas por el superior con
       revocatoria o anulación del fallo y que no se hace un desglose por
       juez del número y tipo de sentencias dictadas.
             Se acordó: 1) Tener por rendido el informe. 2) Solicitar
       ampliación en la que se indique: a) el número de sentencias y tipo
       de fallo dictado por cada Juez y las razones del bajo rendimiento
       de los que menos fallaron, y b) Quiénes fueron los Jueces que
       resolvieron los asuntos revocados o anulados y las razones por
       las que el Tribunal no confirmó la sentencia. Dicha ampliación
       debe ser rendida en el término de ocho días contado a partir del
       día siguiente al de la comunicación de este acuerdo.”
                                    -------------

      Mediante oficio N° 171-JTRAB-03 de 6 de noviembre último, el Lic. Randall

Vargas Ramírez y la señora Dannia Arias Sandoval, por su orden Juez

Coordinador y Administradora interina del Juzgado de Trabajo del Segundo

Circuito Judicial de San José, remiten la ampliación del informe de labores

correspondiente a junio del presente año, con la información requerida en la

sesión de referencia.

      Se acordó: Tener por rendido el informe.

                                   ARTÍCULO LXXI

      En oficio N° 1083-2003 de 2 de diciembre en curso, recibido por fax el 15,

la licenciada Rosa Rodríguez Abarca, Jueza en el Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de San Mateo, manifestó:

              “En vista que a este Despacho se le asignó desde Julio del
       año dos mil dos, la competencia en cuanto a la materia de
       tránsito, con crecimiento de procesos de colisiones y más en
       multas fijas, y como puede comprobarse en el mismo año que se
       adquirió la competencia en la materia de tránsito, el incremento de
       hasta un cien por ciento (100%) en los asuntos de este Despacho,
       debido a que nuestra jurisdicción territorial también se amplió,
       abarcando gran parte del sector turístico y comercial de la zona, la
       cual aumenta el volumen de trabajo para este Juzgado, la
       proximidad al período de vacaciones y al fin y principio de año,
                                                                              114

        donde el circulante crece más en cuanto a esta materia, es por
        ello que con el respeto debido les solicito de la manera más atenta
        se prorrogue por el término de seis meses la plaza extraordinaria
        aprobada en la sesión N° 63 del 27 de agosto del año dos mil dos
        del informe N° 071-CE-2002 del Departamento de Planificación, la
        que asignó la subpartida N° 080 “Servicios Especiales”, “Programa
        824 Jurisdicción de Tránsito, reforzada mediante transferencias”,
        la cual se le otorgó con el número de puesto 108075 al auxiliar
        ALEXIS ORTIZ LUMBI cédula dos quinientos quince – seiscientos
        cincuenta, quien se ha venido desempeñando en plaza
        extraordinaria desde el mes de setiembre del año dos mil dos, con
        ocasión puede verse cuadro estadístico del crecimiento en dicha
        materia en comparación de los últimos once meses del año en
        curso con relación a los meses del año anterior.”

                                       -0-

       Se acordó: Trasladar la gestión anterior al Departamento de Planificación,

para su estudio e informe.

                                   ARTÍCULO LXXII

       Se toma nota del rol de disponibilidad para la atención de la materia de

violencia doméstica en el Primer y Segundo Circuitos Judiciales de San José,

cuya sede será el Juzgado contra la Violencia Doméstica de este último Circuito

Judicial.

                                   ARTÍCULO LXXIII

       El licenciado José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Área de la División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en

oficio N° FOE-GU-598 (Ref. 13994) de 1° de diciembre en curso, dirigido al señor

Presidente, Magistrado Mora, le manifestó:

        “Asunto: Presentación, para el ejercicio económico de 2004, del
                 presupuesto correspondiente al fideicomiso celebrado
                 entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco de Costa
                 Rica para satisfacer necesidades urgentes o
                 imprevistas, originadas en fenómenos naturales,
                                                                                115

                   conmoción interna o calamidad pública, que afecten la
                   administración de la justicia, sus instalaciones o
                   servicios.
             Esta Contraloría General, amparada en sus competencias
       constitucionales y legales, (artículos 183 y 184 de la Constitución
       Política y 18 y 19 de su Ley Orgánica N° 7428), examina y
       aprueba, total o parcialmente, todos aquellos presupuestos que
       por ley deban ser sometidos a su conocimiento a más tardar el 30
       de setiembre de cada año; entre tales presupuestos se
       encuentran los correspondientes a fideicomisos, según la
       disposición del artículo 14 de la Ley 8131, Ley de la
       administración financiera de la República y de presupuestos
       públicos.
             Ahora bien, como consecuencia del estudio realizado para
       efectos de determinar si procedía el visado de una factura por un
       monto de ¢20.000.000,00, cargada a la subpartida 940 –Gastos
       de emergencias nacionales, esta Área de Fiscalización fue
       informada sobre la existencia de un contrato de fideicomiso, entre
       el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica, suscrito entre las
       partes el 28 de mayo de 2003 y refrendado por este Órgano
       Contralor el 1 de agosto pasado. No obstante, se ha determinado
       que el presupuesto para el período 2004 de ese fideicomiso no ha
       sido presentado para su estudio.
             Por lo tanto, sírvase girar las instrucciones pertinentes con el
       propósito de que tal presupuesto se remita para estudio de esta
       Contraloría General, a la brevedad posible, observando los
       requisitos legales y técnicos establecidos, especialmente los
       contenidos en la resolución sobre directrices generales para la
       presentación de los documentos presupuestarios de los
       fideicomisos, publicada en La Gaceta N° 173 de 10 de setiembre
       de 2002."
                                         -0-

      Para lo que a bien estime resolver el Consejo Superior, el licenciado Alfredo

Jones León, Director Ejecutivo, expone el contenido del oficio N° 900-P-2003 de

16 de diciembre en curso, suscrito por el máster Wálter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

            “En atención a su oficio No. 8526-DE-2003, me permito
       adjuntar el Plan Anual Operativo 2004 del Fideicomiso de
       Contingencia del Poder Judicial.

           Cabe señalar que el objetivo de este fideicomiso es servir
       como mecanismo de financiamiento que será utilizado para
                                                                      116

satisfacer necesidades urgentes e imprevistas, originadas en
fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública,
que afecten la administración de justicia, sus instalaciones y
servicios y declaración del Estado de Necesidad del Poder
Ejecutivo, conforme lo establece el artículo 250 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

      Este Fideicomiso se complementa con el Reglamento del
Poder Judicial en Materia de Riesgos y Emergencias, aprobado
por la Corte Plena en sesión No. 28-03 del 28 de julio del 2003,
por medio del cual se emiten directrices en la materia.”
                           0–
                                                                                                                           117



                                               FIDEICOMISO “ FONDO DE EMERGENCIA ”
                                                      PLAN ANUAL OPERATIVO
                                                               2004
                                                         PODER JUDICIAL

     Objetivo General                 Objetivos              Metas         Unidades de Respons             Recursos
                                     Específicos                             Medida     ables
1.Contar            con    un    1.1     Disponer  de Los recursos para Horas           de   Consejo      Fondo       de
mecanismo                  de    manera expedita de la atención de respuesta                 Superior,    Emergencia
financiamiento que será          recursos para hacerle emergencias                           Director     del      Poder
utilizado para satisfacer las    frente       a     la deberán       estar                   Ejecutivo,   Judicial
necesidades urgentes o           declaratoria de una disponibles                             Jefe
imprevistas, originadas en       emergencia       que tratándose        de                   Departam
fenómenos           naturales,   afecte             la fondos     líquidos                   ento
conmoción        interna    o    Administración    de en un plazo de                         Financier
calamidad pública, que           Justicia.             cinco horas a                         o
afecten la administración                              partir    de      la                  Contable;
de        justicia,       sus                          autorización del                      Banco
instalaciones y servicios y                            Consejo Superior,                     Nacional
declaración de Estado de                               y en el caso de                       de Costa
Necesidad       del     Poder                          fondos invertidos                     Rica
Ejecutivo, conforme lo                                 en títulos valores,
establece el artículo 250                              en un plazo no
de la Ley Orgánica del                                 superior a las
Poder Judicial                                         cuarenta y ocho
                                                       horas posteriores
                                                       a la autorización
                                                       del                  Informes                    Presupuesto
                                                                            trimestrales y    Jefe Dep. Ordinario
                                 1.2 Controlar los 1.2.1 Elaboración semestrales             Financier Poder
                                 recursos              de informes trim.                     o          Judicial
                                                        118



administrados por el   y     semestrales     Contable
Fideicomiso       de   sobre            la
emergencia del Poder   administración
Judicial.              del Fideicomiso.
                                                             119

               Fideicomiso Fondo de Emergencia
                         Poder Judicial
                    Presupuesto del año 2004
                      (en miles de colones )


               INGRESOS

               INGRESOS               MONTO          %

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos no tributarios

  Renta de factores productivos y                  12.50%
financieros                           121,387.83


Transferencias Corrientes                           2.59%
                                       25,000.00

INGRESOS DE CAPITAL

  Transferencia de Capital

   Superávit                                       84.82%
                                      817,888.34

TOTAL INGRESOS                                     100.00%
                                      964,276.17

               Fideicomiso Fondo de Emergencia
                         Poder Judicial
                    Presupuesto del año 2004
                      (en miles de colones )


               EGRESOS

PARTIDAS Y SUBP. DEL OBJETO            TOTAL         %
DEL GASTO

1 SERVICIOS NO PERSONALES
160 Administración de Rentas                        0.60%
                                                                               120

                                            5,806.57

9 ASIGNACIONES GLOBALES
940 Gastos Emergencias Nacionales                       99.40%
                                          958,469.60
TOTAL GASTOS                                           100.00%
                                          964,276.17


                          Msc. WALTER JIMENEZ SORIO


               JEFE A.I. DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE


                              DEL PORDER JUDICIAL


                                    CERTIFICA


   Que con base en el “ Fideicomiso de Administración e Inversión
   celebrado entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco Nacional de
   Costa Rica mediante Contrato No. 20-CG-03 ”, se proyectan en el período
   2004, los siguientes ingresos y gastos en miles de colones:

                        INGRESOS                         MONTO
         Ingresos por Intereses                           ¢121.387.83
         Aporte de Presupuesto Poder Judicial                25.000.00
         Superávit                                        ¢817.888.34
            TOTAL INGRESOS                                ¢964.276.17
                         GASTOS                          MONTO
          Pago de comisiones por administración             ¢5.806.57
         y
          Comisiones de bolsa
          Gastos para emergencias nacionales               ¢958.469.60
            TOTAL GASTOS                                   ¢964.276.17

Dada en la cuidad de San José, a los 16 día del mes de diciembre del dos mil
tres.”
                                       - o0o -

         Se acordó: Aprobar el Plan Anual Operativo para el 2004 y trasladarlo a la
                                                                               121

Contraloría General de la República para su atención. Se declara acuerdo firme.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                               ARTÍCULO LXXIV

      El licenciado Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 7544-DP/22-03 de 3 de diciembre en curso, recibido el

11, expresó:

       “…le remito y expongo los hechos y diligencias llevadas a cabo
       por este Departamento en el procedimiento de Licitación
       Restringida N° 3-266-03, promovido para el mejoramiento físico
       del edificio de los Tribunales de Justicia en Osa. En los términos
       siguientes:

       1.   Al concurso licitatorio se presentó una oferta:Oferta N° 1
       Olman Sandino González, quien presenta oferta con un precio de
       ¢12.880.000.ºº (Doce millones ochocientos ochenta mil colones
       exactos).

       2.    Luego de analizar la oferta presentada al concurso licitatorio,
       a la luz de la normativa aplicable, el Departamento de Proveeduría
       de acuerdo con las circunstancias concurrentes concluye que es
       dable declarar desierta la presente licitación, por cuanto
       legalmente no puede ser considerada a una eventual
       adjudicación, toda vez que el precio total ofertado
       (¢12,880.000,00) supera en más de un 10% el límite para la
       aplicación del procedimiento utilizado, dado que en el Poder
       Judicial la licitación restringida se aplica en contrataciones de
       hasta ¢11,000.000.

               Al superar ese 10% la única oferta recibida en el referido
       procedimiento, nos encontramos imposibilitados a continuar con el
       procedimiento en mención, conforme lo señala expresamente el
       artículo 28.4 del Reglamento de Contratación Administrativa. Por
       lo expuesto, se recomienda declarar desierta la presente
       licitación.”
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría y

declarar desierta la Licitación Restringida N° 3-266-03 promovida para el
                                                                              122

mejoramiento físico del edificio de los Tribunales de Justicia en Osa.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO LXXV

      En oficio N° 7658-DP/02-2003 de 5 de diciembre en curso, recibido el 11, el

licenciado Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría,

manifestó:

        “En relación con la Licitación Por Registro Nº 2-225-03 “Compra
        de microcomputadoras y un servidor para el proyecto de
        capacitación virtual”, se remite la documentación adjunta, con el
        ruego de que sea sometida a conocimiento de los miembros del
        Consejo Superior para lo que consideren conveniente resolver.

        Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno
        de Compras, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa 56 y
        57 del Reglamento General de Contratación Administrativa, se
        determina que:

        PARTICIPANTES:

        Para este concurso se recibieron las ofertas siguientes:

        1.- Productos Avanzados de Computación S.A., cédula jurídica Nº
            3-101-125141-07,
        2.- Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica Nº 3-101-111502-
            18,
        3.- GBM de Costa Rica S.A., cédula jurídica Nº 3-101-003252-18, y
        4.- Computadores Profesionales de San José S.A., cédula jurídica
            Nº 3-101-108954-28.

        ANÁLISIS LEGAL:

        La apertura de esta licitación se programó inicialmente para el día
        14 de noviembre de 2003, la cual fue traslada para el día 21 de
        noviembre, a raíz de un recurso de objeción planteado en su
        oportunidad por la empresa Telemática Internacional Corporación,
        S.A., en contra del parámetro del sistema de evaluación del cartel,
        referido a la calificación de la norma denominada Canadian
        Standard Asociation (CSA). Si bien, se hizo la debida defensa, al
                                                                          123

amparo tanto de la reiterada jurisprudencia sobre casos iguales,
como de la razonabilidad de la cuestionada cláusula, la
Contraloría General de la República, mediante resolución R-
DAGJ-520-2003 de las diez horas con treinta minutos del
diecinueve de noviembre de dos mil tres, dispuso declarar (el
recurso) parcialmente con lugar. Lo anterior implica que no se
elimina del sistema de evaluación el certificado CSA, sino que se
admite ese y el de otros laboratorios similares.

La citada resolución se recibió el 24 de noviembre, sea un día
hábil posterior a la apertura de las ofertas, lo cual inhibió modificar
el cartel y en consecuencia se produjo un vicio de nulidad, cuya
incidencia en el concurso se consultó a la Sección de Asesoría
Legal, a través de nuestro oficio Nº 7325-DP/02-2003, de 25 de
este mes, en el cual se manifestó:

“Con motivo de la objeción interpuesta por la empresa Telemática
Internacional Corporation S.A., en contra del cartel de la licitación
por     registro     2-225-03,      denominada      “Compra        de
microcomputadoras y un servidor para el proyecto de
capacitación virtual”, se recibió, el día de ayer lunes 21 de este
mes, la resolución Nº DAGJ-520-2003 de las diez horas con
treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil tres,
emitida por la Contraloría General de la República, en la cual se
resolvió declarar parcialmente con lugar, y por lo tanto, se solicita
emitir criterio en cuanto a la legalidad del concurso que se efectúa
conforme lo siguiente:

a.- La apertura inicial de este proceso se programó para las 10:00
    horas del día 14 de noviembre de 2003.

b.- El día 06 de noviembre, la Contraloría le da curso a un recurso
    de objeción interpuesto por la empresa Telemática
    Internacional S.A.

c.- Recibido el recurso, se procedió a solicitar a la Imprenta
    Nacional la publicación del traslado de la apertura de la
    licitación para el día 21 de noviembre de 2003, a las 08:00. La
    modificación salió publicada el propio día 14 de noviembre.

d.- De acuerdo con el numeral 88.3 del Reglamento General de
    Contratación Administrativa, en el cual se otorga un plazo de
    diez días hábiles para resolver el recurso, se esperaba contar
    con la resolución para el día 19 de noviembre.

e.- El día 21 de noviembre, sin haberse recibido la notificación de
    la resolución de cita, se procedió con el acto de apertura
                                                                         124

   programado, al cual se presentaron cuatro participantes.

f. Vía fax, el día 24 de este mes, se recibió la resolución de
   referencia.”

    Por su parte, el Licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez,
en calidad de Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, mediante el
oficio Nº 1697-DE/AL-03, indicó lo siguiente:

“En atención a su oficio #7325-DP/02-2003 de 25 de noviembre
del año en curso, solicitando emitir criterio en cuanto a la legalidad
del procedimiento de la Licitación por Registro No. 2-225-03, cuyo
objeto es la “Compra de microcomputadoras y un servidor para el
proyecto de capacitación virtual”; me permito referirle lo siguiente:

La resolución de la Contraloría General de la República R-DAGJ-
520-2003 de las 10:30 horas del 19 de noviembre en curso,
notificada vía fax a ese departamento el día 24 de ese mismo
mes, declara parcialmente con lugar el recurso de objeción al
cartel de dicho procedimiento licitatorio, interpuesto por la
empresa Telemática Internacional Corporación S. A., en el que
cuestiona la falta de fundamento técnico para solicitar las
certificaciones UL y CSA. El Órgano Contralor en dicha resolución
afirma que “teniendo en cuenta que existen más laboratorios de
los que extienden las certificaciones UL y CSA es conveniente no
restringir los certificados a esos dos laboratorios, sino que si se
desea contar con un par de certificados, se permita aportar los
emitidos por algún otro laboratorio similar. Nos explicamos, si la
Administración ha decidido conceder diez puntos a este tipo de
verificaciones, lo prudente es que acepte certificado UL o de otro
laboratorio internacionalmente conocido, que mida aspectos
similares.” (lo subrayado y en negrita no está en el original).

   En atención a este razonamiento y a lo que disponen los
artículos 3, 5, 6, 42 de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 5
y 45.3 de su Reglamento General y 158 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, estima el suscrito que al
realizarse el acto de apertura del citado concurso sin que se
hubiese modificado el cartel para permitir a los eventuales
oferentes presentar las certificaciones requeridas emitidas por
otros laboratorios que miden aspectos similares, hay una
restricción a la participación de aquellas personas físicas o
jurídicas que bien pudieron hacerlo al presentar sus propuestas
cumpliendo con este requerimiento. Además, el artículo 89.3.2 del
citado cuerpo reglamentario expresamente dispone que cuando
un recurso de objeción es declarado con lugar, la Administración
                                                                        125

deberá proceder, dentro de los tres días hábiles siguientes, a
efectuar las modificaciones que correspondan y a comunicarlos a
los interesados por el mismo medio empleado para la invitación a
participar

   Así la cosas, el procedimiento contiene un vicio de nulidad que
afecta uno de sus elementos esenciales y roza con los principios
que regulan la materia de contratación administrativa, lo cual
incide directamente sobre su legalidad y eficacia, al constituirse en
un serio impedimento para la realización del fin propuesto por el
Poder Judicial al iniciar la licitación por registro de cita.

   Por otra parte, es preciso referir que la firma objetante del
pliego de condiciones, Telemática Internacional Corporación S. A.,
finalmente no participó en el concurso, y si bien las cuatro
empresas participantes (Productos Avanzados de Computación S.
A., Componentes El Orbe S. A., GBM de Costa Rica S. A. y
Computadores Profesionales de San José S. A.) afirman contar
con las certificaciones UL y CSA, algunas no aportan los
certificados correspondientes.

Todo lo expuesto permite concluir que lo más conveniente es no
continuar con el referido procedimiento licitatorio, pues contiene
un vicio grosero e insubsanable que incide sobre su legalidad y
pureza y que lo deja a expensas, en caso de seguir con su
tramitación, de un recurso que finalmente provoque la anulación
del acto de adjudicación y eventualmente de todo lo actuado a
partir del acto de apertura.”

Según lo acota el licenciado Mora Rodríguez, lo más conveniente
es no continuar con el referido procedimiento licitatorio; criterio,
que si bien viene dado a nivel de recomendación, al adicionársele
la carencia de tiempo, provocada en parte por el traslado de la
apertura, se imposibilita ejecutar el presupuesto actual de tal
suerte que cualquier adjudicación que pudiera derivar de este
concurso sería además ineficaz; en consecuencia lo procedente
es declarar desierto este concurso.

En cuanto a las necesidades de la Escuela Judicial, en
coordinación con ésta y de prevalecer el interés en los equipos
licitados, se evaluará la manera de incorporar contenido
presupuestario para el año próximo.

Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda declarar
desierta esta licitación.”
                           -0-
                                                                                   126

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría y

declarar   desierta   la   Licitación   por   Registro   N°   2-225-03   “Compra   de

microcomputadoras y un servidor para el proyecto de capacitación virtual”.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO LXXVI

      El licenciado Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 7705-DP/09-03 de 10 de diciembre en curso, expresó:

       “…le remito y expongo los hechos y diligencias llevadas a cabo
       por este Departamento en el procedimiento de Licitación Pública
       N° 1-126-03, promovido para el alquiler de un local o casa de
       habitación para ubicar el Juzgado Contravencional de Pavas. En
       los términos siguientes:

           Al concurso licitatorio se presentaron ofertas de:
       Oferta N° 1 presentada por Jorge Ml. Madrigal Valerio quien
       ofrece un inmueble ubicado en Pavas, por una renta mensual de
       $2000,00.

       Oferta N° 2 presentada por Grupo de Asesores Barzuna de
       Costa Rica S.A., quien ofrece un inmueble ubicado en Pavas, por
       una renta mensual de ¢748.000,00.

       Oferta N° 3 presentada por Sócrates Aguilar Cordero, quien
       ofrece un inmueble ubicado en Pavas, por una renta mensual de
       $2500,00.
       1. Mediante el oficio No. 1322-DE/AL-03 fechado 25 de setiembre
       último, el Licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de
       la Dirección Ejecutiva, al referirse a la procedencia legal de las
       ofertas, en lo que interesa expresó:
       En atención al oficio #5640-DP/09-03 de 22 de setiembre en
       curso, suscrito por la licenciada Ana Iris Olivares Leitón,
       Encargada de la Unidad de Licitaciones de ese departamento,
       requiriendo el análisis legal de las ofertas recibidas en la
       Licitación Pública N°1-126-03, denominada “Alquiler de local o
       casa de habitación para ubicar el Juzgado Contravencional de
       Pavas”; me permito referirle lo siguiente:
                                                                      127

OFERTA #1. JORGE MANUEL MADRIGAL VALERIO:

     En principio, el incumplimiento del área mínima útil requerida
en el cartel, como uno de los requisitos del objeto contractual,
provoca la desestimación de la oferta al concurso, no obstante, es
un aspecto que puede ser valorado técnicamente por el
Departamento de Servicios Generales.

OFERTA #2.- GRUPO ASESORES BARZUNA DE COSTA RICA
S.A.:

      El comprobante de la garantía de participación no indica
que avala a la empresa oferente, situación que no permite a la
administración licitante considerarla a una eventual adjudicación,
ya que ello constituye un vicio grave e insubsanable que afecta
uno de los elementos esenciales de la contratación administrativa.

OFERTA #3.- SÓCRATES AGUILAR CORDERO:

     Legalmente califica al concurso.”

Análisis técnico:

Con oficio 2020-SG/AI-2003, del 14 de octubre en curso, el Ing.
Tobías Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios
Generales, transcribe y avala el informe realizado por el Arq. Luis
Umaña Ugalde, Supervisor de Construcciones de ese
departamento, para lo cual expresó:

“OFERTA # 1

Propietario:
Jorge M. Madrigal Valerio.

Ubicación:
150 metros norte de supermercado Super Boulevar, casa # 30,
Rohomoser.
Teléfono 232 7128, 3939595

Área:

El local dispone del área suficiente para las actuales necesidades
del despacho. En el cartel se solicita un área mínima de 275 metros
cuadrados, ante lo cual el local no cumple con los requisitos en el
cartel.
                                                                        128

OFERTA # 3

Propietario:
Sócrates Aguilar Cordero.

Ubicación:

100 metros norte, 100 metros este y 25 metros norte de la esquina
sur-este de la Embajada de Estados Unidos, en Pavas. Teléfono
226-4332, 256-7238.

Área:

  El local dispone de un área total de 315 mts². En dicho espacio
existe un área de terraza y patio techado que ocupa un área de 100
mts², y una cochera para 1 vehículo que ocupa un espacio de
aproximadamente 15mts².

Los acabados y condiciones de sector de terraza techada son
apenas aceptables para el uso como parte del despacho judicial.
Debido a los trabajos de techado que se realizaron en el sitio existe
una inadecuada ventilación natural para la zona y para el resto del
despacho.

Dicha condición constituye un verdadero inconveniente para el
adecuado desempeño del local como despacho judicial. No es
conveniente que se estime la oferta presentada como una
alternativa para ubicar el Juzgado Contravencional, dado que
presentaría problemas de comodidad y confort para los
funcionarios.”

Luego de analizar el estudio legal y técnico precedente y las
ofertas presentadas al concurso licitatorio, a la luz de la normativa
aplicable, el Departamento de Proveeduría de acuerdo con las
circunstancias concurrentes concluye que es dable declarar
desierta la presente licitación, por cuanto las ofertas N° 1 y 3 no
cumplen técnicamente y la oferta N° 2 no cumple legalmente.Por
lo anterior, se recomienda declarar desierta la presente licitación y
autorizar un nuevo procedimiento de contratación directa para el
alquiler de un inmueble que reúna las condiciones técnicas y
espaciales requeridas para albergar la oficina que interesa, para el
desarrollo eficiente de sus actividades, ya que este concurso se
ha realizado en dos ocasiones y es conocida la problemática que
existe en la zona de Pavas para ubicar locales.”

                                -0-
                                                                              129

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría;

declarar desierta la Licitación Pública N° 1-126-03, y autorizar el inicio de una

nueva contratación directa para el alquiler de un local o casa de habitación donde

alojar el Juzgado Contravencional de Pavas.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXXVII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 8662-DE-

2003 de 11 de diciembre en curso, remite nota N° 896-SALEM-2003 de 9 de este

mes, suscrita por el doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud para

Empleados, a la que adjunta informe de ambiente laboral realizado en la Sección

de Mantenimiento y Construcción del Departamento de Servicios Generales, por

la licenciada Ana Luisa Esquivel Monge, Psicóloga Clínica de la Unidad de

Atención Psicosocial, cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

             “Se encuentra un grupo de personas que ha enfrentado
       múltiples cambios, algunos por ensayo y error, sin responder a un
       modelo de desarrollo planificado para la sección. Esto tiene un
       costo para el recurso humano que recibe los cambios y del que se
       espera los asimile y se ajuste, sin contención ni dirección a las
       diversas reacciones, esperables, de las personas.
             Si se agrega, que no han variado significativamente las
       condiciones físicas, a pesar de los estudios que señalan su
       inadecuación, el malestar grupal es mayor.
             En este contexto, se da el encargo a una jefatura con
       insuficientes herramientas técnicas para que dirija un proceso de
       reordenamiento de la sección, con un estilo de mando asociado a
       un patrón de conducta predominantemente autocrático, apoyado
       en el poder que le confiere el puesto.
             Son inherentes a la prestación de servicios de toda oficina la
       instauración de mecanismos de planeamiento, organización,
       liderazgo y control (en tanto medición del rendimiento y promoción
       de su calidad). Deben existir para alcanzar las metas que se han
                                                                                                          130

          propuesto.
                El liderazgo, como función básica de los administradores,
          debe dirigirse a motivar a los empleados para lograr esas metas.
          Del líder se esperan diversas habilidades: conceptuales (visualizar
          el papel de la propia oficina en el contexto institucional), técnicas
          (conocimiento y experiencia en el campo de trabajo) y para las
          relaciones humanas, las cuales incluyen la sensibilidad ante la
          condición de personas de los colaboradores, la capacidad para
          comunicarse bien y motivar para alcanzar los objetivos. Es
          necesaria la corrección de aquellos comportamientos del personal
          contrarios a la consecución efectiva del trabajo.
                 El estilo de mando que caracteriza a la actual Jefatura de la
          Sección de Mantenimiento ha carecido de la consideración a la
          experiencia acumulada de los colaboradores, lo que ha conducido
          a un ambiente laboral de conflictos -ya personalizados- de
          división interna y de tensión. Florecen la desconfianza, la rigidez y
          la estigmatización, terreno propicio para que se instaure el acoso
          laboral.4 El aumento de las incapacidades por riesgos de trabajo
          en esta sección se asocia con esta situación. El costo humano es
          alto para todas las personas que pertenecen a esta sección.
                 Se requiere la aplicación urgente de medidas
          administrativas tendientes a recuperar la estabilidad grupal y el
          desarrollo técnico de la sección en aras de la prestación de sus
          servicios a la administración de justicia.

                   A partir de las consideraciones anteriores se recomienda:

          1.     Que se reubique laboralmente a la actual Jefa de la Sección.

          2.    Que se considere la conveniencia de que el Departamento
          de Planificación realice un estudio de la organización de esta
          oficina tendiente a asesorar en aquellos aspectos de su
          competencia que brinden un norte a esta sección.

          3.   Que      se    brinde  seguimiento     exhaustivo    a    las
          recomendaciones técnicas emitidas sobre la necesidad de mejorar
          las condiciones físicas, en especial lo referido a la ventilación,
          reducido espacio y mobiliario propio para las diferentes áreas de
          trabajo de la sección.

                 Como parte de la metodología de los estudios de ambiente
          laboral, el 10 de diciembre de 2003, se realizará devolución de

4
 Según Heinz Leymann (1990) el acoso en el ámbito laboral consiste en la comunicación hostil y sin ética
dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro y que son percibidas por el destinatario
como expresiones humillantes u ofensivas de discriminación. Incluye amenazas, intimidación, insultos,
bromas sarcásticas, desvalorización de la tarea realizada, traslados compulsivos, entre otros.
                                                                             131

       este informe al personal.”
                                    --- o0o ---

      Por su parte, la Licda. María Gamboa Aguilar, Jefa de la Sección de

Mantenimiento y Construcción del Departamento de Servicios Generales, en nota

de 17 de diciembre, manifestó:

       “Es mi interés presentar a Ustedes una respuesta al informe
       rendido por la Unidad de Atención Psicosocial, referente a la
       Sección de Mantenimiento y Construcción, misma que represento
       en calidad de jefa:

       En primera instancia, deseo aclarar que el estudio no sólo nace de
       una solicitud de la Dirección Ejecutiva, a raíz de un anónimo, pero
       además fue solicitado por mi persona a este mismo ente
       previamente, con el anhelo de encontrar medios y estrategias
       adicionales a las usadas; que pudieran ayudar tanto al personal
       de la Sección como a esta servidora a lograr una simbiosis que
       permitiera el buen desempeño, con eficiencia, eficacia,
       compromiso, lealtad y la mística que considero cada uno de los
       que tenemos el privilegio de trabajar en una Institución como la
       nuestra debe tener.

       Debo manifestar que el estudio se realizó en condiciones que,
       creo yo, no son las ideales por lo siguiente:

       En el proceso se presentaron varias irregularidades en las que se
       desautorizó totalmente a mi persona como coordinadora de la
       Sección, así mismo a mis superiores. Tales fueron:

       Con el fin de cumplir con la indicación de que cada compañero
       debía presentarse a una entrevista individual con la señora
       psicóloga, se preparó un listado, con fecha y hora, mismo que fue
       enviado el mismo día en que esto se me informó. Lo anterior con
       el objetivo de coordinar el trabajo para no interrumpir el buen
       desempeño del servicio que prestamos, en la medida de lo
       posible. Sin embargo, las fechas y horas fueron variadas sin aviso
       a esta jefatura o a mis superiores. Lo que provocó en reiteradas
       ocasiones que no tuviera conocimiento de con qué funcionario se
       podía contar para atender alguna avería que se presentara.

       Así mismo, recibí llamadas de atención por parte de la Licda
       Esquivel, por procesos que fueron meramente de índole
       administrativo.
                                                                      132



Resultó difícil convencer a la Licda Esquivel para que se
considerara para la entrevista al señor Francisco Murillo Zúñiga,
aún cuando le expresó que el interés se basaba en que, a pesar
que hacía un mes se encontraba ubicado en Heredia (después de
haber laborado durante 4 años en la Sección), se procedería en
poco tiempo a gestionar su regreso. Pero fue dedicado
ampliamente, tiempo a la señora María Luisa Rojas, quien fuera
asignada al Departamento de Seguridad desde el 14 de octubre
del 2002. Me pregunto cuál será el criterio técnico que la Licda
Esquivel utilizó para elegir a quien entrevistar.

El resultado del estudio fue presentado, tanto a mi persona como
a mi superior, el Ing. Tobías Mena Aguilar, minutos antes de la
reunión con el personal de la Sección, misma que convocara la
Licda Esquivel, en forma directa y sin notificación a mi persona o
mis superiores. Al enterarme que todo el personal estaba reunido
en el quinto piso del edificio O.I.J., me presenté interesada en
conocer el resultado y las opiniones que allí pudieran
exteriorizarse, sin embargo, recibí una negativa absoluta, por
parte de la Licda. Esquivel, a mi petición de estar allí; no
permitiéndome entrar. ¿Es esto procedente, sobre todo, en una
Institución de derecho como el Poder Judicial?.
Referente al estudio como tal, considero, no se realizó con la
parcialidad que se requiere, juzgo, no representa en sí mismo un
análisis, tendiente a mejorar el ambiente laboral de la Sección,
pero en su defecto, una encuesta selectiva, dirigida a determinar
la idoneidad de la jefatura, en forma tajante. Sin tomar en
consideración un aspecto tan importante como lo es el pasado
histórico, pleno de conflictos de la Sección.
Se puede observar en este, la carencia absoluta de
recomendaciones para mejorar los aspectos de relaciones
interpersonales, rescate de valores y motivación, entre otros. Se
encuentra un énfasis total, en la desaprobación a las gestiones de
la jefatura y un sinnúmero de manifestaciones de acusación,
mismas que en ocasiones se manifiestan mediante frases sin
esencia ni trascendencia. Puntualizando siempre en lo negativo,
dándose además como hechos reales, cada una de las
acusaciones, sin análisis psicológico, como se esperaba, del
porqué pudo haber sido expresado aún no siendo cierto, o bien al
menos, dándome el beneficio de la duda y la oportunidad de
demostrar la verdad.
El resultado de esta investigación se presenta con una continua
emisión de juicios, una generalización total de datos y ausencia de
orden y secuencia lógica en la forma de presentar la información.
Así las cosas, se encuentran en algunos apartes datos
                                                                        133

presentados con números, en otros porcentajes (no congruentes)
y en la mayoría datos inciertos.

Ejemplos de lo anterior:

El estudio dice “Por otra parte, 15 entrevistados – la mayoría los
de más antigüedad en la institución- opinaron muy negativamente
acerca de la forma de ejercer el mando de la jefa actual. Aún
cuando se mostraron totalmente a favor de ordenar y dirigir la
sección, expresando su malestar a ante las múltiples situaciones
que consideran lesivas a su dignidad. Estas se iniciaron a partir
de una reunión a la que la Jefa de la Sección convocó y en la que
el grupo creyó que sería la oportunidad de sincerarse para
expresar sus inquietudes. No obstante, percibieron consecuencias
negativas en forma de represalias que se describen
posteriormente en este informe.”

La Licda Esquivel indica “...opinaron muy negativamente”, aquí
externa un juicio y generaliza cuando hace creer que los 15
dijeron lo mismo. Indica” Estas se iniciaron...”, me pregunto si es
conveniente y justo que la Licenciada manifiesta esto como un
hecho.
Enfatiza sobre los de más antigüedad. ¿Es esto relevante, qué
relación existe entre las variables analizadas y los años
laborados?. No además sabido que a mayor antigüedad en
cualquier proceso, más difícil resulta aceptar el cambio?.

Puntualmente presento las siguientes objeciones a los aspectos,
que considero, tienen mayor relevancia:

En el aparte “Entrevista a la Licenciada María Lia Gamboa...”,
Deseo aclarar que mi nombre es María Gamboa Aguilar.

En lo que refiere a la afirmación “Indicó que asumió este puesto
como un reto interesante ante un grupo sin guía y límites”. No
realicé tal manifestación. Diría que el personal carecía de
lineamientos y controles pero a su vez de apoyo en forma
sostenida.
La Licda. Esquivel, apunta que manifesté algo contrario a lo que el
señor Director Ejecutivo indicara, no es cierto, no lo indiqué de esa
manera y no veo la trascendencia de esta cita “...comentó que el
Director Ejecutivo le indicó, textualmente: sáquela de ahí” que fue
confrontada con el señor Jones.
Se indica que manifesté “haber dejado la dulzura de las mujeres
para poner límites”, No lo diría, ya que no considero sea
necesario dejar la “dulzura” que todo ser humano debe tener, para
                                                                     134

liderar, al contrario.

En el aparte “Percepción del estilo de mando de la jefa de la
sección:

Se indica: “no obstante, debe considerarse que de estos 9
empleados, 06 señalaron también aspectos inadecuados...”.
Presento documento redactado y firmado por compañeros de la
Sección que indican su total desaprobación a este manifiesto.

Menciona el estudio “15 entrevistados,- la mayoría los de más
antigüedad      en    la    institución...........y que generaron
desmoralización en la mayoría”.
No es cierto que en forma alguna se haya realizado actos en
contra de los compañeros, tales como gritos o mensajes
indirectos, menos aún descalificaciones como personas o lanzar
un documento a alguien. Nunca he golpeado un escritorio para
imponerme, estas son actitudes totalmente ajenas a mi conducta.
Considero de valor exponer el criterio respecto a lo que la señora
Psicóloga recalca en varios apartes: “los funcionarios de mayor
antigüedad han sido los más afectados”. Esto no debe sorprender
cuando es conocido que a mayor antigüedad en un proceso de
cualquier índole, mayor resistencia al cambio se presentará.
Valga mencionar que el Ing. Tobías Mena, en varias ocasiones
reunió al personal, solicitando expresaran las quejas oportunas
que tuvieran sobre mi persona, y enfatizando que de haber yo
incurrido en alguna irregularidad o falta a algún compañero, se me
amonestaría o según procediera, sin embargo no se presentaron
tales quejas, por no haberse dado realmente.
Sí acepto haber indicado que remitiría a Inspección Judicial los
actos ilegales que pudiera detectar y que no los dejaría pasar por
alto. Esto no como una amenaza, pero como una manifestación
que consideré necesario para hacer saber que cumpliría con lo
que se me demanda en mi puesto de jefatura.
Valga mencionar que una ocasión de los compañeros me acusó
frente al Ing. Mena de haberle lastimado expresando lo que la
Licda Anota que yo indiqué “..limitarse a desatorar inodoros” y
puse por testigo a otro que una vez se le preguntó negó
rotundamente lo indicado.
Lamentablemente, este compañero en particular, es uno de los
afectados por el cambio de políticas en cuanto a que el obrero
especializado 3, no debe solamente coordinar, pero también
realizar trabajos como sus compañeros, anteriormente esto o era
así.    De allí considero que he nacido su descontento y
contrariedad con esta jefatura, situación que se repite con otro
obrero 3.
Se cita también que se han realizado traslados o intentos de
                                                                       135

traslados de personal. Tal cosa no se ha dado más que en el
caso de la señora María Luisa Rojas, proceso que se coordinó
entre mi superior y la Dirección Ejecutiva por considerarse
necesario.
Se menciona como una de represalias de las que se me acusa
realizar en contra del personal, el no- ascenso a personal de
antigüedad. No es cierto en lo absoluto, por el contrario, fe de
esto podría dar las proposiciones de nombramiento que se han
realizado durante todo el período de mi gestión.
Sí acepto haber girado la directriz de realizar algunos trabajos sin
acabado, (estantería, por ejemplo), pero esto obedece a una
instrucción emanada de, mi superior, a partir de un análisis de las
posibilidades con que se cuenta en cuanto a espacio y
condiciones.
Se indica además, que he enfrentado a los empleados para
generar conflicto entre ellos. La política que sí he aplicado es
confrontar a las partes involucradas en un conflicto para tratar de
subsanarlo. Así mismo, he tratado de que al momento en que
algún compañero refiera algún asunto de otra persona, se
presente también el implicado para cotejarlo y discutirlo. Me
parece esto una política sana, en la búsqueda de la sinceridad y la
eliminación del comentario y chisme malsano.
Respecto a los hechos que se me acusa de haber realizado a
compañeros manifestaciones ofensivas como si tienen testículos
bien puestos, es un falso inmenso. Esto no es parte de mi
vocabulario y nunca usaría ese tipo de ofensas contra alguien,
menor aún contra un colaborador.
Así mismo se indica que limito el tiempo de los empleados pero yo
tomo hasta una hora para el café. De esto es testigo fiel el Ing.
Mena, puesto que mi café por la mañana lo tomo en la cocineta
de Servicios Generales donde siempre aprovecho, además para
comentarle sobre los trabajos pendientes o realizar las consultas
necesarias de índole laboral.
Referente al disgusto que ha provocado el hecho de solicitar a
algún colaborador dejar un trabajo inconcluso, acepto que
reiteradas ocasiones he debido solicitarlo, con el fin de atender
otro asunto de mayor urgencia, esto lo expliqué ampliamente a la
señora Psicóloga, porque estoy consciente de que es un aspecto
que ha sido de difícil aceptación. Aún así valga mencionar que no
se trata de algo antojadizo o un tipo de represalia, he tratado de
hacerlo al mínimo, pero sí cuando ha sido eminentemente
necesario.
Debo indicar que mi intención es tratar de llevar la Sección avante,
con técnicas de motivación que he copiado, inventado y
aprendido.
Desde el principio de mi gestión busqué métodos y estrategias
que pudieran reforzar las conductas positivas y eliminar las
                                                                      136

negativas. He buscado asesoría en gran número de veces por
medio de la Escuela Judicial, películas de la Dirección Ejecutiva y
charlas de diferentes profesionales.
No niego que he sido estricta en el cumplimiento de las normas y
que, he tratado, sin descanso de lograr que vicios de afloraban en
la Sección y que son conocidos, tales como uso de los vehículos
en asuntos personales, incumplimiento de los horarios, uso de
materiales y tiempo del Poder Judicial en asuntos personales,
desaparezcan. Todo esto sin menoscabar la integridad física y
emocional de los compañeros. Igualmente reconozco haber
implementado normas de control, tales como instalar un portón
con llave de acceso a los talleres, esto ha eliminado en un 100%
la pérdida de herramientas y maquinaria que anteriormente era un
problema grave en la Sección. El requerimiento de firma de mi
persona en las boletas de retiro de materiales y el control de
bienes y materiales usados, que ha permitido un costo menor en
la realización de los trabajos y un mayor y mejor uso de los
recursos.
En mi condición de mujer, he encontrado cierta resistencia de
unos pocos compañeros, pero igualmente no omito mencionar
que también he recibido consideración y apoyo; que las ventajas
de ser mujer y madre de familia me han permitido ofrecer a este
grupo de compañeros; interés genuino, no sólo por buen
desempeño pero además por su condición de ser humano.
He manifestado constantemente mi orgullo de formar parte de
esta Sección, en reiteradas ocasiones, he afirmado que contamos
con personal altamente calificado y en su gran mayoría con
compromiso y dedicación. Que no dudo, han incidido factores
múltiples, en los problemas que ha arrastrado la Sección, pero
que igualmente, tengo confianza plena, se pueden ir superando
con dedicación y perseverancia.

Por lo anteriormente mencionado, estoy en total desacuerdo con
la manifestación de la Licda Esquive que reza “El estilo de mando
que caracteriza a la actual jefatura de la Sección de
Mantenimiento ha carecido de la consideración a la experiencia
acumulada de los colaboradores, lo que ha conducido a un
ambiente laboral de conflictos – ya personalizados- de división
interna y de tensión. Florecen la desconfianza, la rigidez y la
estigmatización, terreno propicio para que se instaure el acoso
laboral. El aumento de las incapacidades por riegos de trabajo en
esta sección se asocia con esta situación. El costo humano es
alto para todas las personas que pertenecen a esta sección”.
Considero pertinente aclarar que el número de incapacidades no
ha aumentado durante mi gestión. Debería contemplarse un
análisis comparativo con los años anteriores para esta afirmación,
ya que esto ha sido recurrente a través de los años en la Sección
                                                                              137

       que represento. Además debo aclarar que no han ocurrido más
       de tres accidentes laborales ( dos de éstos menores), en casi dos
       años y que en tales casos nunca fue causa que estuviera uno de
       los compañeros realizando el trabajo solo. Que sería prudente
       también, informar que las remisiones de compañeros al área de
       Psicología, se dieron dentro del período de este estudio. Hecho
       que debería analizarse.
       Por último me permito mencionar que si bien es cierto, carezco de
       conocimientos técnicos en las áreas que se trabajan, tales como
       albañilería, cerrajería y otros, así mismo considero este
       conocimiento no es indispensable puesto que el personal, como
       ya mencioné es altamente calificado. Valga mencionar que el
       anterior titular del puesto no tenía tampoco dichos conocimiento y
       que de igual manera estuvieron en la Jefatura de la Sección un
       arquitecto y un ingeniero con el conocimiento necesario en cada
       área, sin embargo, tampoco esto logró la disminución de
       conflictos.
       En virtud del interés que como funcionaria, costarricense y
       profesional poseo, deseo finalmente someter a su consideración,
       la necesidad de realizar un estudio más profundo que pueda
       realmente aportar mejoras para la Sección y por consiguiente al
       buen funcionamiento del Poder Judicial.”

                                      -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder

audiencia a la Unidad de Atención Psicosocial, para lo que a bien estime

manifestar en el término de ocho días después de recibido el presente acuerdo,

con respecto a lo indicado por la Licda. María Gamboa Aguilar, Jefa de la Sección

de Mantenimiento y Construcción del Departamento de Servicios Generales.

                                 ARTÍCULO LXXVIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 8661-DE-

2003 de 11 de diciembre en curso, remite nota N° 895-SALEM-2003 de 9 de este

mes, suscrita por el doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud para

Empleados, a la que adjunta informe de ambiente laboral realizado en el Juzgado

de Pensiones de Cartago, por las licenciadas Yahaira Piedra Solano y Emma
                                                                              138

Madrigal Bustamante, Trabajadoras Sociales, cuya conclusión y recomendaciones

literalmente dicen:

        “CONCLUSIÓN

        Con la puesta en vigencia de la especialización de despachos, el
        actual Juzgado de Pensiones sufrió modificaciones sustanciales
        en su dinámica general que súbitamente enfrentan al personal a
        una nueva realidad laboral para la cual no estaban preparados,
        dificultándose la asimilación del proceso con la velocidad que este
        demanda.

        A solo dos meses de iniciado este proceso encontramos como
        resultado a un personal agotado, con deficiencias en la claridad
        de funciones, obligados sobre la marcha a modificar la forma de
        trámite que estaban acostumbrados y enfrentándose a dificultades
        de organización que no facilitan el mejor logro de resultados y
        cumplimiento de objetivos.

        A pesar de esta realidad, el personal tiene la expectativa de que
        con la especialización se van a tener logros importantes que den
        estabilidad al despacho y por ello, pese al agotamiento que
        presentan, están esforzándose por facilitar la asimilación al
        cambio y desde este punto de vista muestran autoconfianza y
        disposición ante las nuevas exigencias que están viviendo; con la
        salvedad de que requieren tiempo y orientación para el logro de
        los objetivos propuestos, según manifestaron.

        Tanto la jefatura como el personal de apoyo, perciben
        indispensable la redefinición de contenidos y funciones, así como
        el establecimiento de adecuados controles que redunden en el
        mejoramiento institucional. Asimismo, se evidencia un nuevo estilo
        de liderazgo que vislumbra efectos positivos en la motivación y el
        bienestar integral de estos servidores.

        RECOMENDACIONES

        Al Departamento de Planificación:
             Que a la brevedad se realice en estudio que contribuya a la
        adecuada clarificación y distribución de funciones, así como en el
        nivel de la organización de este despacho. Esta gestión se efectuó
        ante el Departamento de Planificación mediante oficio 142-UAP-
        2003 del 07 de julio.
             Que valore la posibilidad de destinar al menos una plaza
        más para dedicarla exclusivamente a la manifestación, lo que
                                                                      139

permitiría el mejor aprovechamiento del recurso humano con que
se cuenta para la tramitación.

A la Unidad Administrativa:
     Que acondicione la oficina del licenciado González Jemirson,
de manera que cumpla a su vez con los requerimientos exigidos
para los procesos de conciliación.
     Que se reconsidere la urgencia de eliminar la pared interna
que está dividiendo el espacio destinado al personal de apoyo,
con lo que se dará no solo mayor amplitud y orden a la estancia,
sino que además facilitará la mayor integración de todo el
personal.
     Que se valore la posibilidad de instalar un mostrador para
atención personalizada, donde usuario y auxiliar judicial
permanezcan sentados, permitiendo además la consulta
individualizada.

Estas gestiones se efectuaron ante la Unidad Administrativa de
Cartago mediante oficio 143-UAP-2003 del 07 de julio.

A la Escuela Judicial:
    Que a la brevedad se incluya a este personal dentro de las
opciones de capacitación acorde a la especialización que hoy
requieren.

A la jefatura:
     Que normalice la celebración de reuniones semanales
para el análisis y aclaración de dudas, permitiendo la
uniformidad de directrices y el establecimiento de canales
adecuados de comunicación como puntos medulares para la
buena marcha del despacho.

PROPUESTA DE TRATAMIENTO

1. Tema: Trabajo en equipo y Relaciones Interpersonales

Objetivos: * Contribuir a mejorar los canales de comunicación y los
niveles de comprensión de las diferentes personalidades que
conforman un grupo.
integración de la oficina y les permita realizar el trabajo en un
ambiente más cordial y eficiente.

* Ofrecerles estrategias que coadyuven en el mejoramiento del
despacho en aspectos como organización, cooperación y
compromiso, entre otros.
                                                                       140

Número de sesiones: una.
Tiempo: dos audiencias.
Participantes: Todo el personal de apoyo
Fecha: 03 de setiembre

2. Tema: Manejo del Estrés

Objetivos: * Identificar los estresores a nivel personal y las áreas
de alto y mediano riesgo en su salud que requieran ser atendidos.
   * Promover estrategias de enfrentamiento para el adecuado
manejo del estrés.

Número de sesiones: una.
Tiempo: dos audiencias.
Participantes: todo el personal del juzgado
Fecha: 15 de octubre

ALCANCES

Durante el proceso de tratamiento con el personal de este
juzgado es importante destacar la actitud de compromiso e
identificación que mostraron en todas las sesiones de
trabajo, en las cuales manifestaron su interés en la búsqueda
de soluciones reales a las dificultades que han estado
enfrentando. Asimismo, se propició un ambiente donde fue
posible clarificar algunos aspectos que de ser manejados
adecuadamente por todo el grupo podrían propiciarles un
ambiente laboral más favorable

En conclusión, si bien el abordaje social efectuado contribuye en
alguna medida a que el personal logre sobrellevar algunas
situaciones, consideramos fundamental que se analice y atienda
de acuerdo a las posibilidades institucionales, la necesidad de
conservar el auxiliar supernumerario destacado en este juzgado
por un periodo de seis meses más, con el objeto de que continúe
colaborando con la meta de lograr poner al día el acumulado de
capturas existente actualmente. Asimismo, la urgencia de cumplir
con los puntos indicados en el apartado de recomendaciones.

Las profesionales de la Unidad realizarán una sesión de
seguimiento tres meses después de conocido el informe en el
Consejo Superior, con el objetivo de fortalecer aspectos positivos
del grupo y rescatar debilidades que continúen presentándose,
para asumirlas con fines preventivos.”

                               -0-
                                                                               141

      Se acordó: Acoger el informe elaborado por la Unidad de Atención

Psicosocial, así como las recomendaciones que en él se proponen, las que

deberán ser puestas en práctica a la brevedad por los despachos respectivos.

                                  ARTÍCULO LXXIX

      Para lo que a bien estime resolver el Consejo Superior, el licenciado Alfredo

Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 8604-DE-2003 de 10 de diciembre

en curso, remite nota N° DTSP 527-2003 de 5 de este mes, suscrita por la

licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social, en

que expresó lo siguiente:

       “Para el año 2004 se crearon para el Departamento de Trabajo
       Social y Psicología 14 plazas de profesional 2, para ser ubicadas
       en las siguientes jurisdicciones: Pérez Zeledón, Limón, Heredia,
       Cartago, Puntarenas y Liberia.

       El estudio de esta plazas y el informe respectivo se realizó en
       mayo del presente año y fue aprobado por las respectivas
       autoridades de la institución: Corte Plena, Consejo Superior, y
       posteriormente la Asamblea Legislativa.

       El 20 de octubre del 2003, se comunicó que en sesión 64-03 del
       28 de agosto, el Consejo Superior aprobó la creación “ Clase
       Ancha de profesional 3”, y clasificar los puestos de Trabajador
       Social 2 y Psicólogo 2 en la clase de profesional 3, debido a que
       cuentan con características profesionales similares y dentro de la
       directriz de un sistema de clase ancha.

       En virtud de existir ya el anterior acuerdo, se solicita que las
       nuevas plazas creadas para los equipos interdisciplinarios,
       adscritos al Departamento de Trabajo Social y Psicología, sean
       también clasificados como profesional 3, a partir del enero del
       2004, para lo cual se debe solicitar al Departamento de Personal
       efectuar el Decreto respectivo.”

                                       -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la
                                                                            142

gestión anterior al Departamento de Personal, para que en el término de ocho

días después de recibido el presente acuerdo, rinda un informe al respecto. Se

declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO LXXX

      En oficio N° 7968-DP/05-03 de 15 de diciembre en curso, el licenciado Luis

Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, expresa:

              "En relación con la Licitación Pública Nº 1-127-03
       “Suministro, instalación y puesta en operación de cuatro
       máquinas de rayos “x” para revisión de los artículos que porta
       el público usuario que ingresa a edificios del Poder Judicial.”,
       remitimos a usted la documentación adjunta, con el ruego de que
       sea sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior
       para lo que consideren conveniente resolver.

       Cabe aclarar que la fecha para el vencimiento de esta licitación,
       está prevista para el próximo 20 de enero del año 2004.

       Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno
       de Compras, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa 56 y
       57 del Reglamento General de Contratación Administrativa, se
       determina lo siguiente:

       PARTICIPANTES:
       Para este concurso, se recibieron las siguientes ofertas:

       Nº1 G.M.G, S.A., cédula jurídica Nº 3-101-027969-15.


       Nº2 Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica,
       S.A., cédula jurídica Nº 3-101-287019.

       ANÁLISIS LEGAL DE LAS OFERTAS:

            Mediante oficio N°7406-DP/05-03 de fecha 27 de noviembre
       del año 2003, se solicitó el criterio legal correspondiente en los
       siguientes términos:

             “Con el ruego atento de que se proceda al estudio legal de
       las ofertas recibidas, adjunto expediente administrativo de la
       Licitación Pública N°01-127-03 “Suministro, instalación y
                                                                      143

puesta en operación de cuatro máquinas de rayos “x” para
revisión de los artículos que porta el público usuario que
ingresa a edificios del Poder Judicial.”

      Asimismo, sin perjuicio del estudio que se realice por
parte de ese Despacho, para determinar tanto la admisibilidad
de las ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables,
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se
han advertido por esta Proveeduría, producto de la revisión
inicial de los documentos aportados en las ofertas, respecto
de los cuales se solicita confirmar la validez de nuestra
actuación     y/o  apreciación;    o   bien,    el   especial
pronunciamiento de la Sección a su cargo según corresponda
a cada situación.

OFERTA Nº 1. G.M.G., S.A.

    Faltan los timbres requeridos en el cartel.
     Presenta certificación de la C.C.S.S. vencida, sin embargo,
     se consultó el sistema que para esos efectos mantiene la
     Proveeduría y se encuentra al día.

      No describe las instalaciones físicas con las que cuenta
      para prestar el mantenimiento, aquí dentro del país.

     Dentro de las modificaciones al cartel se estableció que el
     oferente debe presentar manuales de instalación y
     mantenimiento. Así mismo, los manuales de operación
     deben presentarse en español y no los aportan de ninguna
     forma, no obstante, en folio 213 del aparte ofertas indica que
     lo hará si resulta adjudicatario.

     Dentro de las modificaciones al cartel se estipuló: “El
     oferente debe demostrar que actualmente presta servicio
     técnico en Costa Rica, para lo que deberá aportar: el
     nombre, dirección física, dirección electrónica, número de
     teléfono y número de fax de al menos tres empresas o
     instituciones que cuenten con equipos cuyo contenedor,
     presente las características requeridas en el presente
     cartel.” Este oferente presenta varias empresas en las que
     dice prestar servicio técnico en Costa Rica, no obstante no
     indica cuáles son las características de los equipos a los que
     presta dichos servicios y en cuál es la similitud que tienen
     con el contenedor, que se pretende contratar, se realizaron
     algunas llamadas al azar y en su mayoría confirman que
     cuentan con equipo similar, se cuestiona esta Proveeduría si
                                                                      144

     se hace necesaria la descripción específica de los equipos.

No indica la fecha de lanzamiento al mercado.

Se requiere que el oferente presente certificaciones autenticadas
     del fabricante, de que sus técnicos son entrenados en
     fábrica y certificación de que cuenta con al menos un año de
     antigüedad como representante del mismo, no obstante lo
     que presenta con simple fotocopias.

     Menciona que cuenta con certificación ISO 1600, pero no
     aporta la documentación que lo demuestre.

     El oferente debe demostrar mediante certificaciones que
     cuenta con capacidad de radioprotección en los que oferta y
     que están debidamente autorizados por la autoridad local
     correspondiente, no lo aporta.

OFERTA Nº 2. Productos y Procesos Industriales Propinsa
Costa Rica, S.A.:

Dentro de las modificaciones al cartel se estipuló: “El oferente
debe demostrar que actualmente presta servicio técnico en Costa
Rica, para lo que deberá aportar: el nombre, dirección física,
dirección electrónica, número de teléfono y número de fax de al
menos tres empresas o instituciones que cuenten con equipos
cuyo contenedor, presente las características requeridas en
el presente cartel.” Este oferente presenta varias empresas en
las que dice prestar servicio técnico en Costa Rica, no obstante no
indica cuáles son las características de los equipos a los que
presta dichos servicios y en cuál es la similitud que tienen con el
contenedor, que se pretende contratar, se realizaron algunas
llamadas al azar y en su mayoría confirman que cuentan con
equipo similar, se cuestiona esta Proveeduría si se hace necesaria
la descripción específica de los equipos.

Respecto al ítem 2.1.16 que requiere que el oferente indique
cuánto es el tiempo máximo a que se obligará para suplir
repuestos y suministros, tanto para el caso de los que disponga
en plaza como para aquellos que deba importar, el cual no debe
ser superior a 15 días naturales, este oferente indica en folio 98
del aparte ofertas, que el tiempo máximo a que se obligará a suplir
repuestos y suministros es de 10 años, situación que obviamente,
refleja que hubo una mala interpretación ya que esta ofreciendo
servicio técnico y es lógico que si la administración le solicita
repuestos o suministros no va a tardar 10 años en suplirlos, por
                                                                            145

otra parte en folio 96 y 92 indica que el tiempo de respuesta será
de 72 horas, lo que contradice lo indicado en folio 98, a pesar de
ello no indica si esas 72 horas aplican igual para el caso de
repuestos en plaza y repuestos de importación.

A folio 98 de su oferta indica que “la oferta es entrega en plaza,
con lo cual se acoge a punto 2.1.7 del pliego de condiciones”, el
cual refiere: “La oferta por mercancías nacionales o nacionalizadas (en
plaza) deberá confeccionarse sin los impuestos de ventas y consumo,
ya que el Poder Judicial está exento del pago de ellos por principio de
inmunidad fiscal, en cuyo caso el Poder Judicial no gestionará exención
alguna, pues corresponde al oferente que resulte adjudicatario
conservar copia tanto de la orden de compra como de la factura para la
gestión correspondiente ante el Ministerio de Hacienda”. se presenta
contradicción, ya que en folio 97 en el punto 5.1 en cuanto a la “Entrega
del Objeto Contractual”, indica que la oferta es aplicable al punto b)
entendiéndose que la entrega se hará en cada uno de los lugares
indicados en este cartel, el cual indica que se trata de: “ofertas por
mercancías existentes en el país, no nacionalizadas y cotizadas libres
de todo tributo, asumiendo el oferente los gastos por desalmacenaje y
flete, para lo cual el Poder Judicial suministrará únicamente la nota de
exoneración de impuestos respectiva, previa recepción oportuna de los
documentos de embarque...”         Así las cosas se solicita especial
pronunciamiento al respecto.

En este orden de ideas este oferente en folio 94 cotiza su precio
CIF, no obstante, dentro de este mismo folio, indica que no se
cobran impuestos de venta y consumo, ya que el Poder Judicial
está exento de pago de impuestos y suministrará la exoneración
respectiva, asimismo, aclara dentro de este mismo folio que los
precios cotizados incluyen la instalación de los equipos y la
capacitación. Se cuestiona esta Proveeduría si a pesar de que
este oferente cotizó precio CIF y en el plazo de entrega indica que
es CIF Aeropuerto Juan Santamaría, se debe interpretar, como se
hizo en RSL 105-99 de las 10:99 horas del 23 de marzo de
1999, de la Contraloría General de la República, que reza: “...si
bien es cierto, que en la oferta de la firma recurrente se cotizó
precios CIF, véase que también se señaló que el lugar de entrega
de los vehículos es el Almacén Central del Consejo de Seguridad
Vial, con lo cual, si bien esa forma de ofrecer no es, en sentido
estricto, propia de la forma de cotización CIF que, como vimos,
alude a entregar en un puerto de destino previamente definido, es
lo cierto que con el compromiso adoptado por la recurrente de
entregar los vehículos en las instalaciones del Consejo, no
encuentra este Despacho que exista alguna diferencia sustantiva
para la Administración, ya que tanto la empresa recurrente, como
las otras que resultaron adjudicadas, se comprometen en sus
ofertas a entregar los vehículos en el mismo sitio, sin más costos,
                                                                           146

de modo que, en el criterio de este Despacho, se trata de un
incumplimiento meramente formal, irrelevante”

CERTIFICACIÓN ISO no se sabe si tiene o no el mínimo de un
año requerido para poder considerarla en dentro del sistema de
evaluación.

Menciona que cuenta con constancia de cumplimiento ISO 1600,
pero no aporta la documentación que lo demuestre y lo que se
solicita es certificación.

En folio 95 indica que cuenta con certificación ISO 9001 desde
1994, pero el certificado que aporta fue emitido el 3-7-2003.

Dice que los equipos se entregarán debidamente instalados y
funcionando, pero cita otros lugares que no son los que se indican
en el cartel.”

Con oficio Nº 1736-DE/AL-03 de 03 de diciembre del año 2003, el
licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva con el visto bueno del Lic. Alfredo Jones
León, se refiere a las ofertas presentadas:
  “En atención al oficio #7406-DP/05-03 de 27 de noviembre en curso,
suscrito por la licenciada Ana Iris Olivares Leitón, Coordinadora de la
Unidad de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el análisis
legal de las dos ofertas recibidas en la Licitación Pública N°1-127-03,
cuyo objeto es el “Suministro, instalación y puesta en operación de
cuatro máquinas de rayos “x” para revisión de los artículos que
porta el público usuario que ingresa a edificios del Poder Judicial”;
me permito referirle que las propuestas de G.M.G., S.A. y PRODUCTOS
Y PROCESOS INDUSTRIALES PROPINSA COSTA RICA S.A.,
legalmente califican a una eventual adjudicación.
  En cuanto a lo señalado por ese departamento para la primera oferta,
estimo que lo (SIC) puntos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 son subsanables mediante
la vía de la prevención, conforme lo dispone el artículo 56 del
Reglamento General de Contratación Administrativa.
 En este mismo sentido, los aspectos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 señalados para la
oferta No. 2 pueden subsanarse o aclararse por medio de una
prevención a la oferente. Coincido con esa Proveeduría en que esta
oferta presenta una contradicción según lo manifestado a folios 97 y 98,
aparte de “ofertas” del expediente administrativo de contratación, pues
no queda claro si el precio es con o sin impuestos y si se necesita o no
exoneración; no obstante, esto es un aspecto formal que también puede
ser aclarado.
  Por último, estimo que la cotización precio CIF con instalación de los
equipos no afecta en nada los elementos esenciales del concurso,
siempre y cuando, como bien lo indica la Contraloría General de la
                                                                           147

República en la resolución 105-99, no se trasladen costos adicionales a
la administración licitante.”

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS OFERTAS:

   Mediante oficio N°1947-DS-2003, de fecha 20 de noviembre
del año en curso, el Lic. German Rojas Monge, Jefe del
Departamento de Seguridad, en lo que interesa indica:
“Con base al oficio No. 7221-DP/05-03, en donde solicita el informe por
el cual se verifique el ajuste de las propuestas a los requerimientos
cartelarios por parte de dos casas comerciales para la compra de cuatro
máquina de rayos X, me permito informarle lo siguiente:
GMG S.A. (Representaciones)
1.- Cumplen con el periodo de la garantía.
2.- Cumplen con el plazo de la entrega.
3.- Cumplen con la fabricación y la calidad del producto.
4.- Cumplen con los precios cotizados, se encuentran muy similares al
resto del mercado.
 5.- Cumplen con todas las características exigidas, ya que se ajustan a
los requerimientos cartelarios y a nuestras necesidades de trabajo.
Productos y Procesos Industriales (PROPINSA S.A.)
1.- Cumplen con el periodo de la garantía.
2.- Cumplen con el plazo de la entrega.
3.- Cumplen con la fabricación y la calidad del producto.
 4.- Cumplen con los precios cotizados, se encuentran muy similares al
resto del mercado.
5.- Cumplen con todas las características exigidas, ya que se ajustan a
los requerimientos cartelarios y a nuestras necesidades de trabajo.
En cuanto a las prevenciones que habría que indicarles a los
oferentes le comunico:

1.- La empresa G.M.G. S.A. aporta el certificado emitido por la Caja
    Costarricense del Seguro Social, en donde consta que se encuentra
    al día con las cuotas obreras y patronales y otros, vencido.

2.- La empresa G.M.G. S.A. no aporta los manuales de operación en
    idioma español.

3.- Hacemos caso omiso a la gran lista de referencias que la empresa
    G.M.G. S.A. aporta a nivel mundial, ya que no son de nuestro
    interés. Si tomamos en cuenta las que aportan a nivel nacional.
                                                                                148


4.-    La empresa G.M.G. S.A. indica las empresas a nivel nacional, a
      quienes les a prestado servicios técnicos, pero no adjunta las tres
      cartas de recomendación solicitadas por nuestro departamento.

5.- La empresa G.M.G. S.A. solamente menciona que sus equipos no
    producen ningún tipo de efectos secundarios a personas que se
    exponen a algún tipo de radiación, pero no aportan el certificado
    correspondiente emitido por el Ministerio de Salud.
Después del análisis anterior, me permito recomendar la
adjudicación de los equipos, a la empresa PROPINSA S.A.,
básicamente porque:
Fueron los que cumplieron con todos los requerimientos establecidos.
Son los que cotizaron más cómodo y ofrecen un tiempo de entrega más
pronto.”

    De conformidad tanto con el dictamen legal, como del técnico
y en virtud de que se determinó que la mayoría de las
observaciones formuladas por el Departamento de Seguridad
corresponden a aspectos susceptibles de subsanar y por haber
indicado además que ambos oferentes cumplen con los aspectos
técnicos, se previno a las empresas, según lo regula la Ley
General de Contratación Administrativa y su Reglamento.

   En vista de que las prevenciones fueron respondidas en tiempo
y forma por parte de la empresa Productos y Procesos
Industriales Propinsa Costa Rica, S.A., no así por parte de la
empresa Representaciones G.M.G., S.A., ya que no aporta la
documentación emitida por la Dirección de Protección al Ambiente
Humano, Programa de Control de Radiaciones del Ministerio de
Salud, que es la entidad local que autoriza, a las empresas para
importar y vender equipos de rayos “x” para inspección de bultos,
requerimiento estipulado en las modificaciones al pliego de
condiciones, que se distribuyeron en este departamento desde el
día 7 de octubre del año en curso, fecha en que se realizó la
publicación respectiva. Así las cosas, se procedió a verificar los
aspectos técnicos requeridos en el cartel, con lo que se obtuvo lo
siguiente:

Licitación Pública 1-127-03
            Compra de 4 máquinas de Rayos “x”.
                                                            Requisitos Técnicos
                                   G.M.G, S.A. G.M.G.,S.A.      Productos y
 Requerimiento                       Oferta        Oferta          Procesos
                                    Principal  Alternativa de    Industriales
                                                   Sinter.        PROPINSA
                                                                COSTA RICA,
                                                                                    149

                                                                      S.A. S.A.
Igual o Similar al Heiman, modelo   Cumple,          Cumple,       Cumple, marca
   PS5030-s.                         marca          marca Line       Heimann, Hi
                                    Linescan        Scan 215       Scan PS-5030-S
                                   modelo 222
Con su respectivo monitor, teclado    cumple          cumple          cumple
  y llave.

3.El monitor deberá ser a color con     cumple        cumple          cumple
un mínimo de 15” y un máximo de
17”
4. Penetración no menor a los 5         cumple        cumple          cumple
mm de acero.

Sin riesgo de radiación, de manera      cumple        cumple          cumple
   tal que cumpla con todas las
   normas      sanitarias   y   de
   radiación aplicables a estos
   dispositivos     emisores    de
   radiaciones.
No tener impacto sobre comidas,         cumple        cumple          cumple
   cintas magnéticas u objetos
   similares, de uso personal.


El tamaño aproximado del túnel          cumple     No cumple          cumple
   debe ser de 55 cm de ancho x                    con el rango
   35 cm de alto, con un rango de                  establecido
   +/-10 cm., en cada dimensión.                   para el alto
                                                   ya que está
                                                   en 25 a 45
                                                   como
                                                   máximo y el
                                                   que ofrece
                                                   es de 46,8
                                                   cm.
Preferiblemente           aportar       cumple        cumple          cumple
   certificación ISO 1600 de la
   seguridad fotográfica.

                  Licitación Pública 1-127-03
              Compra de 4 máquinas de Rayos “x”.
                                                                 Requisitos Técnicos
                                      G.M.G, S.A. G.M.G.,S.A.      Productos y
Requerimiento                           Oferta        Oferta          Procesos
                                       Principal  Alternativa de    Industriales
                                                      Sinter.        PROPINSA
                                                                   COSTA RICA,
                                                                      S.A. S.A.
Preferiblemente que cumpla con        No cuenta   No cuenta con        cumple
   las     normas   EN50081-1,        con ellos   ellos
   EN50082-2 y EN501078.

El generador de rayos “x” debe          cumple        cumple          cumple
                                                                                   150

   tener tensión anódica con un
   mínimo de 70 KV y             la
   orientación del haz que sea
   diagonal.
En su sistema de formación de           cumple        cumple          cumple
   Imágenes, el transformador de
   rayos “x” debe tener línea
   detectora angular.
Debe tener niveles de gris en           cumple        cumple          cumple
   memoria con un con un
   intervalo mínimo de 2 niveles y
   un máximo de 5 niveles.
Presentación de imagen a color.         cumple        cumple          cumple
Funciones para análisis de imagen       cumple        cumple          cumple
   HI-CAT, HD flashing, zoom,
   electrónico, ampliación de 2 a 4
   veces.
Notificador de alta densidad ADF.       cumple        cumple          cumple
Funciones para evaluar sobres,          cumple        cumple          cumple
   armas explosivos
La alineación de la corriente debe      cumple        cumple          cumple
   ser     estandar      de    110
   VAC/60Hz+3Hz.
                  Licitación Pública 1-127-03
              Compra de 4 máquinas de Rayos “x”.
                                                               Requisitos Técnicos
                                      G.M.G, S.A. G.M.G.,S.A.      Productos y
Requerimiento                           Oferta        Oferta          Procesos
                                       Principal  Alternativa de    Industriales
                                                      Sinter.        PROPINSA
                                                                   COSTA RICA,
                                                                      S.A. S.A.
Garantía de fábrica mínima: 2           cumple        cumple           cumple
  años                                  3 años        3 años           3 años

                               INFORMACIÓN TÉCNICA.
El   oferente deberá suministrar     cumple      cumple               cumple
    manuales de instalación y
    mantenimiento preferiblemente
    en idioma español, en lo que
    respecta a los manuales de
    operación                 estos
    necesariamente           deben
    presentarse en español. Los
    manuales deberán detallar el
    funcionamiento de todos los
    componentes y deberán incluir
    todos los diagramas eléctricos
    de instalación.
El oferente debe demostrar que       cumple      cumple               cumple
    actualmente presta servicio
    técnico en Costa Rica, para lo
    que deberá aportar: el nombre,
    dirección     física, dirección
    electrónica, número de teléfono
                                                                                  151

  y número de fax de la menos
  tres empresas o instituciones
  que cuenten con equipos cuyo
  contenedor,      presente    las
  características requeridas en el
  presente cartel.
El oferente debe presentar             cumple        cumple          cumple
  certificaciones autenticadas
  del fabricante, de que sus
  técnicos son entrenados en
  fábrica.
El oferente debe presentar             cumple        cumple          cumple
  certificación del fabricante,
  en la cual haga constar que
  cuenta con al menos un año de
  antigüedad como representante
  del mismo.

                 Licitación Pública 1-127-03
             Compra de 4 máquinas de Rayos “x”.
                                                               Requisitos Técnicos
                                     G.M.G, S.A. G.M.G.,S.A.      Productos y
Requerimiento                          Oferta        Oferta          Procesos
                                      Principal  Alternativa de    Industriales
                                                     Sinter.        PROPINSA
                                                                  COSTA RICA,
                                                                     S.A. S.A.
El    oferente debe presentar          cumple        cumple           cumple
    certificación del fabricante,
    en la que conste que cuenta
    con al menos 1 año de
    cumplir con las norma ISO
    9001.
El oferente debe demostrar            No cumple    No cumple         cumple
    mediante certificaciones que
    cuenta con capacidad de
    radioprotección en los que
    oferta y que están debidamente
    autorizado por la autoridad local
    correspondiente.
          CONDICIONES GENERALES
2.1.14 Lo ofertado deberá tener        cumple        cumple          cumple
soporte local, entendiéndose por
soporte,      los    servicios    de
mantenimiento y de reparación, así
como         el     correspondiente
aprovisionamiento de suministros y
repuestos durante la vida útil del
equipo.
2.1.16 El oferente debe indicar        cumple        cumple          cumple
cuánto es el tiempo máximo a que
se obligará para suplir repuestos y
suministros, tanto para el caso de
los que disponga en plaza como
para aquellos que deba importar,
                                                                                      152

  el cual no debe ser superior a 15
  días naturales.
  2.1.17 c) Se debe describir el tipo      cumple        cumple          cumple
  de instalaciones físicas con que
  cuenta el oferente para prestar el
  servicio      de      mantenimiento
  correctivo y adjuntar el currículum
  vitae de los técnicos que darán
  estos servicios, indicando a su vez,
  si cuentan con entrenamiento del
  fabricante y aportando copia de
  los certificados respectivos.




                    Licitación Pública 1-127-03
                Compra de 4 máquinas de Rayos “x”.
                                                                  Requisitos Técnicos
                                         G.M.G, S.A. G.M.G.,S.A.      Productos y
 Requerimiento                             Oferta        Oferta          Procesos
                                          Principal  Alternativa de    Industriales
                                                         Sinter.        PROPINSA
                                                                      COSTA RICA,
                                                                         S.A. S.A.
  2.1.17 d) Se deberán efectuar,           cumple        cumple           cumple
  durante el período de garantía; al
  menos una vez c/6 meses, visitas
  para mantenimiento preventivo, sin
  costo alguno para el Poder
  Judicial.
  2.1.18      No se autoriza ni se         cumple        cumple          cumple
  admitirán ofertas, de proveedores
  que no cuenten con taller de
  servicios en el país o que procuren
  brindar los servicios de soporte
  mediante        subcontratación   a
  terceros de este concepto.
  5. Entrega del Objeto Contractual:       cumple        cumple          cumple
  **El sitio de la instalación.
  5.2 El plazo de entrega máximo           cumple        cumple          cumple
  admisible será de 45 días                  30            30              15
  naturales.
  6.6.      Aportar certificados o         cumple        cumple          cumple
  copias          fotostáticas     de
  certificaciones de calidad que
  sustentan a los equipos y a los
  fabricantes.


Del cuadro anterior, se desprenden a las siguientes conclusiones:


De la empresa GMG, S.A.:
                                                                         153



  En cuanto al servicio técnico en Costa Rica, a máquinas que
  cuenten con equipos cuyo contenedor, presente las características
  requeridas en el presente cartel, además de la respuesta de la
  prevención realizada al respecto, se verificó mediante llamadas
  telefónicas que los equipos a los que se presta servicio técnico
  cumplen con el objetivo de esta licitación.
No obstante, tanto la oferta principal como la alternativa, quedan
  desestimadas del concurso, debido a que la empresa
  Representaciones G.M.G., S.A, no presenta la autorización
  emitida por el Ministerio de Salud, para la importación y venta del
  equipo que cotiza, e indica en respuesta a la prevención realizada,
  que el trámite se encuentra en proceso y siendo que dicho
  requisito se estableció en las modificaciones que se distribuyeron
  desde el 7 de octubre del año en curso, (mismo día de la
  publicación) y que además, conforme a la Ley de Contratación
  Administrativa, contó con cinco días hábiles después del
  comunicado de las prevenciones para tal gestión y considerando
  además, que el otro oferente sí aportó dicho documento, es
  criterio de esta Proveeduría que este oferente cuenta con un
  incumplimiento en una de las cláusulas invariables del pliego de
  condiciones, situación que lo deja fuera de concurso, además, su
  oferta alternativa presenta un incumplimiento en el rango
  específico establecido en el pliego de condiciones para el alto en
  el tamaño del túnel, por lo que no cumple con una de las
  características técnicas.

     De la empresa Productos y Procesos Industriales, PROPINSA
     COSTA RICA, S.A.:

1.      En cuanto al servicio técnico en Costa Rica a máquinas que
     cuenten con equipos cuyo contenedor, presente las características
     requeridas en el presente cartel, además de la respuesta de la
     prevención realizada al respecto, se verificó mediante llamadas
     telefónicas que los equipos a los que se presta servicio técnico
     cumplen con el objetivo de esta licitación.

     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIÓN:

     De todo lo anterior se colige que la única oferta susceptible de
     adjudicación es la de la empresa Productos y Procesos
     Industriales, Propinsa Costa Rica, S.A., ya que cumple con los
     requerimientos cartelarios, por lo que carece de sentido la
     aplicación del sistema de evaluación.
        Así las cosas, verificado el contenido presupuestario según
     solicitud de mercancías N°2003-230202, por un monto de
                                                                                  154

       ¢65.152.000,°° es menester recomendar la adjudicación de la
       presente licitación de la manera siguiente:

       A:  Productos y Procesos Industriales, PROPINSA COSTA
       RICA, S.A., cédula jurídica Nº 3-101-287019.

     Línea   Cantida               Descripción                 Precio Unitario    Precio Total
      N°       da
             comprar
                                                                          $             $
     Única      4       Equipo de Inspección por Rayos “x”, marca     16.500,°°     66.000,°°
                        HEIMAN, modelo Hi Scan PS-5030-S.
                        TOTAL                                                       66.000,°°
                        Al tipo de cambio promedio del día 15-12-03,
                        de ¢417,06 por 1$USA equivale a un total en
                        colones de:                                               ¢27.525.960,°°
        *Los precios cotizados son libres de impuesto de ventas y consumo,
       incluyen la instalación de los equipos, puesta en marcha y capacitación.

        Garantía: 3 años.
        Forma de pago: la usual de la institución.
        Plazo de entrega: 15 días naturales, 10 días para la entrega de
       los documentos de exoneración y 5 días para la instalación y puesta
       en marcha de los equipos.
        Demás términos y condiciones de conformidad con el cartel y la
       oferta.

           GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR: $66.000,°°
          (equivale a ¢27.525.960,°° al tipo de cambio del día 15-12-03,
       de ¢417,06 por 1$USA).”
                                      -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del

Poder Judicial, 106 de la Ley de Contratación Administrativa y 56 y 57 del

Reglamento de Contratación Administrativa, y la recomendación formulada por el

Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso:

Adjudicar la Licitación Pública Nº1-127-03 “Suministro, intalación y puesta en

operación de cuatro máquinas de rayos “x” para revisión de los artículos que

porta el público usuario que ingresa a edificios del Poder Judicial”, a:
                                                                                         155

Productos y Procesos Industriales, PROPINSA COSTA RICA, S.A., cédula

jurídica Nº 3-101-287019.

     Línea   Cantida                Descripción                 Precio Unitario   Precio Total
      N°       da
             comprar
                                                                       $                $
     Única      4      Equipo de Inspección por Rayos “x”,         16.500,°°        66.000,°°
                       marca HEIMAN, modelo Hi Scan PS-
                       5030-S.
                       TOTAL                                                        66.000,°°
                       Al tipo de cambio promedio del día 15-
                       12-03, de ¢417,06 por 1$USA equivale a
                       un total en colones de:                                    ¢27.525.960,°°

       *Los precios cotizados son libres de impuesto de ventas y consumo,
       incluyen la instalación de los equipos, puesta en marcha y
       capacitación.

     Garantía: 3 años.

     Forma de pago: la usual de la institución.

     Plazo de entrega:        15 días naturales, 10 días para la entrega de los

documentos de exoneración y 5 días para la instalación y puesta en marcha de los

equipos.

     Demás términos y condiciones de conformidad con el cartel y la oferta.

     GRAN TOTAL ADJUDICADO: $66.000,°° (equivale a ¢27.525.960,°° al tipo

de cambio del día 15-12-03, de ¢417,06 por 1$USA).”

     El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara firme este acuerdo.

                                   ARTÍCULO LXXXI

      Se toma nota de la resolución N° 2656-2003 dictada por el Lic. Alfredo

Jones León, Director Ejecutivo, a las ocho horas con veinte minutos del 17 de

diciembre en curso, en la que se resuelve gestión presentada por el Departamento
                                                                                  156

Financiero Contable, para tramitar con cargo a la subpartida 814 “Amortización

de Cuentas Pendientes de Períodos Anteriores”, la planilla de pago N°

PLA4603, por concepto de Diferencias salariales, prohibición, anualidades y

disponibilidad, a los servidores judiciales que ahí se indican, de conformidad con

lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión celebrada el 2 de este mes,

artículo XXII, acuerdo que fue omiso en el reconocimiento del aguinaldo a los

interesados, cuyo pago se incluyó en la citada resolución.

       El licenciado Martínez se abstuvo de votar.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                  ARTÍCULO LXXXII

       En oficio número 202-CD/EJ-03 de 6 de noviembre último, el doctor Alfredo

Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por

el Consejo Directivo de esa Escuela, en la sesión número 18 celebrada el 5 de

ese mes, artículo II, en el cual se analizan aspectos teórico-conceptuales con

respecto a la educación, los conceptos y principios básicos de evaluación y se

proponen políticas educativas para la Escuela judicial en relación con la

modalidad de capacitación y el diseño curricular, la evaluación de los cursos,

rendimiento y certificación; también se presenta la tabla para el cálculo total de las

horas a reconocer a los participantes, al facilitador y al tutor.

       La parte dispositiva del referido acuerdo literalmente dice:

               “1) Aprobar el informe anterior en cuanto al sistema de
        certificación de cursos el cual se aplicará a partir del 1 de enero
        de 2004 y será: Certificado de Asistencia: solamente se otorgarán
        en caso de los ciclos de conferencias o de charlas con una
        duración mínima de ocho horas. Se debe asistir al 100% de las
        charlas o conferencias.
                                                                             157

        Certificado de Participación: se otorgarán para cursos con una
        duración mínima de 16 horas. No incluyen evaluación de los
        aprendizajes. Se requiere la asistencia al 100% de las sesiones.
        Certificado de Aprovechamiento: el tiempo mínimo para su
        otorgamiento es de 32 horas y además, el sistema de evaluación
        propuesto deberá tener el visto bueno de la especialista en
        Educación asignada. De lo contrario, se emitirá certificado de
        participación.
        Certificado Académico: se extenderá solamente a los docentes; el
        número mínimo de horas requerido para otorgarlo es de 8 horas,
        (el docente o expositor acumulará horas y una vez que tenga 8
        horas se le confeccionará el certificado).
        2) Respecto a la nota mínima de aprobación de cursos se
        comisiona al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela
        Judicial, para que elabore un proyecto de ley para someterlo a
        Corte Plena e incluya todo lo referente al tema evaluativo,
        académico, revalidación, certificación y la posibilidad de que la
        Escuela Judicial dé seguimiento a los jueces nombrados con el fin
        de detectar problemas en el desempeño de sus funciones y se
        establezca una especie de validación mientras se da la reforma de
        la ley.
        3) Poner el informe anterior a conocimiento del Consejo Superior,
        Departamento de Personal, Ministerio Público, Defensa Pública,
        Dirección General del O.I.J., Dirección Ejecutiva, Coordinadores
        de curso de la Escuela Judicial. ACUERDO FIRME.”

                                         -0-

      Previo análisis de las diligencias y luego de la exposición por parte de la

licenciada Anchía, se acordó: Tomar nota del acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de la Escuela Judicial.

                                   ARTÍCULO LXXXIII

      En escrito presentado el 28 de noviembre último, la señora Jenny Ortega

Rivas, servidora de la Delegación Regional del Organismo de Investigación

Judicial de Alajuela, manifestó:

              “…me presento para formular reclamo directo contra las
        directrices que dañan y perjudican no solo a mi persona sino a las
        personas que son investigadas por la Oficina de Asuntos Internos
        del OIJ y las aseveraciones realizadas por documentos por parte
        de la Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales, lo
                                                                        158

anterior con base a los siguientes hechos.

       Primero. Constitucionalmente se dice que “… El Poder
Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley…” y la
norma segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial igualmente
ratifica lo señalado en la Constitución pero además la Ley General
de la Administración Pública está establecido por reserva de ley
en “…La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento
jurídico y solo podrá realizar aquellos actos … que autorice dicho
ordenamiento…”.

      Segundo. En la actualidad se me sigue un proceso
sancionatorio administrativo, donde se me han irrespetado
derechos subjetivos en base a los vicios procesales que los
investigadores y jerarcas del OIJ han realizado, para demostración
de esos actos que son irreproductibles los remito al expediente
administrativo N° 293-2003-B, donde se demostró que los actos
realizados por la Oficina de Asuntos Internos del OIJ se realizan
con vicios que perjudican directamente a los servidores y
servidoras en esta institución.

      Tercero. Pero para que prevalezca la verdad, el Ministerio de
Defensa es uno ya sea llevado por un defensor público o uno
privado, razón en la que, hoy se demostró que por medio de
actuaciones que no cumplen los requisitos formales de ley, son
tomados como válidos aún por la jerarquía institucional. Por lo que
se irrespeta la ley y la Constitución.

      Cuarto. El Lic. Carlos Alpízar Alfaro, Jefe Departamento del
OIJ, en oficio dirigido al Director General sin que prevaleciera la
justicia o el derecho, y a contrario censu del principio de inocencia
establece con una investigación administrativa que – soy culpable
de un hecho que a la postre, apenas se investiga.-

     Lo que me lleva a rescatar lo que señala la norma 39
constitucional que es irrespetado en todo momento por las
aseveraciones contenidas en el oficio N° DIRC-185-2003 del 14
de marzo del 2003 y firmado por el Lic. Alpízar Alfaro.

      Quinto. Lo que me interesa a favor de mis derechos
subjetivos es que la máxima autoridad administrativa en el Poder
Judicial, le ordene al Jefe Departamental del OIJ a dejar de
realizar tales actos por ir contrario a las normas de derecho
interno público y que por ello este servidor público irrespeta el
juramento que hizo como funcionario público ante el Director del
Organismo de Investigación Judicial
                                                                                159

                                 PRETENSIONES
             - Que se le ordene al Director General del OIJ a que el Jefe
        Departamental deje de irrespetar la Constitución y la Ley.
             - Que por este reclamo no se me apliquen actos en mi
        contra.
             - Que se tenga a la Asociación como coadyuvante en este
        proceso.
             - Que se le dé el curso legal del caso al reclamo.

                                NOTIFICACIONES
             Señalo el teléfono facsímil 255-0167.”

                                        -0-

      Se acordó: Trasladar el escrito anterior al Director General del Organismo

de Investigación Judicial y al Jefe del Departamento de Investigaciones

Criminales, para lo que a bien tengan manifestar al respecto.

                                ARTÍCULO LXXXIV

      Mediante nota de 20 de noviembre último, la Licda. Rose Mary Lawrence

Mora, Jueza Tramitadora del Juzgado Tercero Civil de Menor Cuantía de San

José, envía copia de la queja que tramita el Tribunal de la Inspección Judicial en

su contra, así como la contestación que a ésta realizó, con el fin de que –si

procede- sea analizado el procedimiento que para constituirla siguió ese Tribunal.

      Se acordó: Tomar nota y estarse a la espera de lo que en definitiva

resuelva el Tribunal de la Inspección en la referida queja.

                                ARTÍCULO LXXXV

      En sesión N° 45-03 celebrada el 24 de junio de este año, artículo XLI, se

conoció el informe N° 408-19-AUO-2003 de 13 de ese mes, elaborado por la

Sección Auditoría Operativa de la Auditoría Judicial, referente a las causas por las

cuales los Juicios Penales efectuados en el Tribunal de Juicio del Primer Circuito
                                                                                160

Judicial de San José, se inician tarde, o bien son suspendidos regularmente.

      En esa oportunidad, entre otros asuntos, se dispuso solicitar a los Jueces

del citado Tribunal, que indicaran los motivos que inciden en el bajo rendimiento

observado.

      La licenciada Elizabeth Tosi Vega, Jueza Coordinadora del Tribunal de

Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, en amplio escrito de 25 de agosto

de este año, rinde el informe solicitado en la sesión de referencia, en el cual hace

una serie de observaciones a algunos aspectos en particular del estudio realizado

por la Auditoría Judicial y especialmente señala que “…estimamos que la

productividad y eficiencia del trabajo de los jueces integrantes de este Tribunal

resulta altamente satisfactorio y refutamos que el mismo sea bajo como lo señalan

los señores auditores…”.

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe. 2) Trasladar copia de este a la

Auditoría Judicial para que analice los argumentos que ahí se exponen y rinda un

informe al respecto.

                                        -0-

      A las 11:30 horas terminó la sesión.

								
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