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									                                    N° 36-99

      Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta

minutos del treinta de agosto de novecientos noventa y nueve, con la

asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Montenegro, Zeledón,

Picado, Rivas, Aguirre, Rojas, González, Ramírez, Castro, Solano, Sancho,

Vargas, Calzada y de los Suplentes Rogelio Ramos Valverde y Juan Carlos

Brenes Vargas quienes sustituyen, por su orden a los Magistrados Villanueva

y van der Laat, por incapacidad para el trabajo de la primera y vacaciones en

lo que respecta al segundo.

                                  ARTÍCULO I

      Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 16 de agosto en curso, N° 33-

99.

      Los Magistrados Calzada, Picado y Zeledón se abstuvieron de votar, por

no haber asistido a esa sesión.

                              ARTÍCULO II

      El Presidente, Magistrado Mora, informa que el viernes último, una vez

concluida la sesión de Corte Plena, procedió a reunirse con la Comisión de

Presupuesto para el año 2.000, a fin de enviar al Ministerio de Hacienda el

presupuesto propuesto por el Poder Judicial, tal y como lo aprobó la Corte
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Plena. Que el señor Ministro de Hacienda le señaló, que le parecía que las

rebajas efectuadas por la Corte en relación con los dineros que adeudará al

Instituto Mixto de Ayuda Social y la Caja Costarricense de Seguro Social,

afectarán la manera en que el Poder Ejecutivo estaba tratando el presupuesto

nacional, por lo que expresó el señor Presidente de esta Corte al citado

representante del Poder Ejecutivo, que la Corte había dispuesto disminuir esas

partidas y que el reintegro de esos montos se diera, conforme la promesa que

el señor Presidente de la República y el propio Ministro acordaran en la

reunión sostenida oportunamente con la Comisión de Presupuesto y los

Magistrados Piza y Montenegro. Que también le señaló al señor Ministro, que

no existía ningún otro rubro presupuestario del que se pudiera eliminar tal

cantidad de dinero, conforme lo presupuestado.

      Manifiesta, que desconoce si el señor Ministro aceptó o no las razones

que expuso; sin embargo, le aclaró que esa situación conlleva que la Corte

dejara sin cantidad alguna la suma que habría que cancelar al Instituto Mixto

de Ayuda Social y que solamente se había dejado en el presupuesto, tres

millones de colones (3.000.000,oo) relacionados con el pago de la suma que

se aporta, a efecto de financiar los Consultorios Jurídicos de la Universidad de

Costa Rica.
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      Que el señor Ministro le expresó, que aún faltaba poco más de

trescientos millones (300.000.000,oo) de colones que habría que disminuir del

presupuesto y que pensaba hacerlo de la partida correspondiente al pago de los

200 Jueces, a lo que le expresó que esa era una partida muy sensible para los

intereses de la Corte, que ya se había reducido sustancialmente y que causaba

grave daño al presupuesto del Poder Judicial, a lo que el Ministro indicó, que

entonces se podría disminuir de la suma destinada al pago de las partidas

correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social, a lo que le

manifestó que ahí causaría menos problema, aunque eso no conllevaba

autorización alguna de su parte, por lo que hace del conocimiento de esta

Corte lo anterior, en razón de que sería ésta únicamente, la que podría

determinar lo procedente.

      Agrega el Magistrado Mora, que el señor Ministro le indicó que de

todas formas, el presupuesto tendría que cerrarse por parte del Ministerio de

Hacienda ese mismo día viernes y que al día siguiente se entregaría a una

imprenta para publicarlo y hacer la entrega correspondiente a la señora

Viceministra en estos días, por lo que ya no había mayor tiempo y además, la

otra posibilidad, de los ciento cincuenta millones (150.000.000,oo) de colones

para disminuir en el rubro correspondiente a la Caja Costarricense de Seguro
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Social, se haría en lo que respecta a construcciones y que esta Corte podría, al

igual que se había hecho con las demás en el primer presupuesto, incluir los

dineros correspondientes al Edificio de Tribunales de Hatillo y también esos

ciento cincuenta millones (150.000.000,oo) de colones de más, que de esa

manera irían a proceder, a lo que le expresó que eso sería con determinación

del Ministerio y el señor Ministro le explicó, que él daría cuenta de la

situación, ya que estimaba que en esta oportunidad había existido un mayor

respeto de relación de ellos para con el Poder Judicial y que pretendía que las

partidas afectadas fueran las que menos perjuicio causaran y las más

fácilmente reintegrables en un presupuesto extraordinario, a lo que le dijo que

si la Corte disponía lo contrario, pues ahora estaría en posibilidad de

plantearlo al señor Presidente de la República y si fuera del caso, ir a la

Asamblea Legislativa para conocer del tema en la Comisión de Asuntos

Hacendarios.

      Agrega el Presidente, Magistrado Mora, que una vez que conversó con

el señor Ministro, trató de hablar con el Magistrado Ramírez; sin embargo, no

lo localizó sino hasta el día siguiente en horas de la mañana; también conversó

con los Magistrados Fernández y Solano y no pudo hacer lo propio con el

Magistrado Zeledón.
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      El Magistrado Solano manifiesta, que la verdad es que no participó ni

en las actividades del jueves, ni en la propia sesión de Corte del viernes, ya

que se sentía bastante afectado de gripe, pero esta situación sobre todo por la

forma en que el Ministro de Hacienda al final dijo que ya no había tiempo, es

decir, él acortó los plazos incluso, porque la impresión del proyecto de

presupuesto, restó como cuatro días de los que se podrían disponer para

cualquier gestión. Que lo único de lo que quisiera dejar constancia, es de que

en su opinión la Corte debió haber utilizado el recurso de insistencia que prevé

la Constitución Política. Que en la votación de la sesión anterior, donde se

conoció este asunto, preguntó si lo que se iba a ejercer era ese recurso y se le

dijo que no, que se trataba de una conversación informal, protocolaria, con el

señor Presidente de la República, para ver hasta donde era posible zanjar el

diferendo, pero observa del encuentro, que la posición del Poder Ejecutivo y

particularmente la del Ministro, fue inflexible al máximo, es decir, no permitió

que el Poder Judicial se excediera un solo centavo del seis por ciento (6%) y

exigió los recortes a ese porcentaje. Que desde su punto de vista y para su

gusto, se debió haber utilizado el recurso de insistencia, porque de esa manera,

por escrito, el señor Presidente de la República hubiera quedado

comprometido en la forma que fuere y esto se hubiera contrastado muy
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fácilmente, con la posición que en su momento tuvo el Expresidente Calderón

Fournier, cuyo texto no ha tenido a la vista en estos días, pero recuerda que las

órdenes que impartió el Presidente en aquel momento, fue “... a la Corte hay

que darle lo que la Corte necesite...” y punto, no se discute.

      Que en esta ocasión la situación es a la inversa y claro que se

comprende, por una parte según se dice, porque el rendimiento de los tributos

ha venido a menos, la recaudación ha bajado, eso es lo que el Ministro viene

diciendo y por otra, esto lo agrega, con la justicia no se puede hacer política, la

justicia no rinde dividendos políticos y entonces, el dinero que niegan al Poder

Judicial, se pueden utilizar en obras de esa naturaleza.

      Agrega, que esto le deja una insatisfacción y por lo menos quisiera dejar

constando su opinión sobre el particular. Que entiende que ya es acto

cumplido, irreversible, pero en su momento, se imagina que la Presidencia va

a tomar la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, camino mucho más difícil

que el que se tenía en ese momento.

      Se acordó: Tomar nota del informe del Magistrado Mora y de las

manifestaciones del Magistrado Solano.

                               ARTÍCULO III

      ENTRA EL MAGISTRADO HOUED.
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      Mediante nota fechada 24 de agosto en curso, el Magistrado Piza,

Presidente interino de la Sala Constitucional, adjunta copia de la sentencia N°

04.845-99, dictada en la Acción de Inconstitucionalidad que se tramitó bajo el

expediente N° 97-000480-007-CO, en que se declaró inconstitucional el

artículo 11 de la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del Tribunal Supremo

de Elecciones y del Registro Civil, artículo 13 de la Ley N° 2.422 del 11 de

agosto de 1.959 (Ley de Salarios del Poder Judicial) y artículo 13 de la Ley N°

2.166 del 9 de octubre de 1.957 (Ley de Salarios de la Administración

Pública).

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación.

                             ARTÍCULO IV

      Se dispuso trasladar al Departamento de Planificación para su estudio e

informe, la procedencia de la solicitud del Licenciado Ricardo Montes

Guevara, Juez de Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de San

José, para que se devuelvan a ese Despacho dos plazas de auxiliares judiciales

1, una de notificador y una de conserje, que les fueron suprimidas.

Fundamenta su petición, en que a partir del 1° de setiembre de este año, el

circulante y el trabajo de ese Despacho aumentará, en virtud de que pasará a
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conocer los asuntos que se originen en los distritos de San Francisco de Dos

Ríos, Zapote y La Uruca.

                              ARTÍCULO V

      A través de nota fechada el 13 de agosto del presente año, la Doctora

Ana María Conde, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de

Buenos Aires, Argentina, comunica que en sesión N° 15/99 del 11 de agosto

recién pasado, se decidió aprobar el texto y la firma del “Convenio de

Cooperación entre la Corte Suprema de Costa Rica y el Tribunal Superior de

Justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina”.

      Se acordó: Autorizar al Presidente, Magistrado Mora, para que firme el

convenio de cooperación que se cita.

                             ARTÍCULO VI

      Mediante oficio N° 187-99-GS-jv de 10 de agosto del presente año

dirigido al Magistrado Zeledón, el señor Günther Spaett, funcionario de la

Fundación Konrad Adenauer, manifiesta que se traerá a Costa Rica al Doctor

Stefan Leible, Profesor de la Universidad de Bayreuth (Baviera) y autor del

libro “Proceso Civil Alemán”; al respecto, expresó lo siguiente:

      “Con gran admiración observamos la “Revolución Judicial” como
      ayer la tituló “La Nación” en sus páginas de Opinión. La reforma
      judicial como pretende realizarla la Corte Suprema después de los
      cambios de sus autoridades, es realmente una tarea de fundamental
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importancia para aumentar la credibilidad de los ciudadanos en el
sistema democrático, lamentablemente en los últimos años tan
decaído, ya en forma preocupante en Costa Rica. La seguridad de
poder obtener una justicia pronta y cumplida es por esto uno de los
pilares más importantes de una democracia y un estado de derecho.
Por esto nuestra Fundación con suma agrado está ofreciendo sus
modestas posibilidades para un apoyo de estas reformas.
Como ya hemos conversado telefónicamente pensamos en este
contexto traer a Costa Rica para varias actividades al autor del libro
“Proceso Civil Alemán”, el Dr. Stefan Leible, Profesor de la
Universidad de Bayreuth (Baviera). La Fundación asumiría el pasaje
aéreo y los honorarios profesionales de este experto. Nos ayudaría
mucho, si a Corte podría contribuir en este esfuerzo asumiendo los
gastos locales, es decir, alojamiento y alimentación del Dr. Leible y
los gastos para las distintas actividades. Estas podrían ser:
Lunes 4 de Octubre                 (tarde) Presentación del libro
                                   “Proceso Civil Alemán” en un acto
                                   público en la Corte Suprema
                                   (La Fundación facilitaría 50
                                   ejemplares para la distribución
                                   gratuita y negociaría con la
                                   Editorial Colombiana que deje la
                                   misma cantidad para la venta)
Martes 5 y Jueves 7 de Octubre     Sesiones de trabajo (tipo taller)
                                   con la Comisión para la
                                   elaboración de un Código General
                                   Procesal
Miércoles 6 de Octubre             Conferencia (s) académica (s) en
                                   Universidad (es) (temas por
                                   determinar)

Los detalles quedan por determinar en una reunión/almuerzo con el
Director del Programa Continental para el Estado de Derecho, el Dr.
Stefan Jost de nuestra Fundación que desarrolla nuestro Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano
(CIEDLA) en Buenos Aires. A este esfuerzo mi colega invita a su
delegación, aprovechando su estadía en Buenos Aires, a un almuerzo
el día Viernes 10 de Setiembre a las 2:00 p.m., en el cual participará
también el traductor del libro, el Dr. Rudolfo Witthaus, Juez Nacional
de Argentina en lo Civil.
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      Para poder coordinar a su llegada a Buenos Aires el lugar de la
      reunión/almuerzo aquí los datos:
      Fundación Konrad Adenauer/CIEDLA, Av. L.N. Além 690. Piso 20
      Teléfono: (0054 11) 4-313-3522
      Fax (0054 11) 4-313-2902
      Dr. Stefan Jost, Teléfono particular 474 317 91
      En cuanto a sus tres distintas reuniones previstas en la Corte
      Argentina el mismo día 10 de Setiembre en la mañana, mi colega
      intenta concertarlas pero adelanta que sería mucho más fácil y
      efectivo, si Don Luis Paulino Mora envía un fax a su colega argentino,
      con quien se encontró recientemente en una actividad de nuestra
      Fundación en Buenos Aires, pidiéndole que él les organice las
      reuniones con los respectivos Magistrados.”



      Manifiesta el Presidente, Mgistrado Mora, que el Doctor Leible,

trabajaría con la Comisión los días martes, miércoles y jueves, podría dar una

conferencia el miércoles y hacer una presentación de su libro en español,

haciendo una donación de 50 ejemplares, solicitando que la Corte asumiera los

gastos locales que corresponden a alojamiento y alimentación. Que el

representante de la Fundación Konrad Adenauer, al tener conocimiento que

una delegación de Magistrados de esta Corte estará el viernes 10 de setiembre

en Buenos Aires, estaría en disposición de invitar a esta comisión a un

almuerzo, para que participen en una reunión con el traductor de ese libro,

Rodolfo Withouse, que es Juez Nacional Argentino en lo Civil y que podría

celebrar esa reunión en la misma Fundación Konrad Adenauer.
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      Que también se le señala, que para lo anterior, lo propuesto es, si la

Corte tuviera a bien, analizar si se acepta o no el ofrecimiento de la Fundación

Konrad Adenauer.

      El Magistrado Vargas expresa, que le hubiera gustado escuchar a los

integrantes de la Comisión, para ver si recomiendan la visita de este señor, ya

que sería orientador su criterio.

      El Magistrado Montenegro manifiesta al respecto, que conversó con el

Magistrado Zeledón y a los integrantes de la Comisión que se integró para el

estudio del anteproyecto del Código Procesal General, les pareció muy

importante que un Profesor de este nivel pudiera venir e impartir algunas

charlas, sobre todo para transmitir la experiencia alemana que tiene un proceso

oral en materia civil, de manera que el hecho de que venga un profesor de ese

nivel en un momento en que se está terminando de redactar un proyecto de

proceso por audiencias orales, sería muy enriquecedor para el trabajo que se

está haciendo, sobre todo porque permitiría contrastar las propuestas que se

está haciendo con las soluciones que tiene Alemania en el proceso civil.

      Que por lo expuesto, considera la Comisión muy importante que el

mencionado profesor pueda visitar Costa Rica y les parece sobre todo, que si

puede venir y lo único que se le va a pagar es el alojamiento, alimentación y
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los gastos de estadía en Costa Rica, éste sería un inmejorable recurso humano

a un precio muy cómodo, ya que de lo contrario sería muy difícil traer este

Profesor con todos los gastos pagos por cuenta del Poder Judicial, incluso

sería hasta difícil conseguir que viniera si no hubiera sido por la intervención

de la Fundación Konrad Adenauer.

      El Magistrado Zeledón expresa, que se trata de un libro escrito por un

autor muy conocido en Alemania, que se publicó cree en el año 1.997 y fue

traducido al español este año. Se trata de una primicia y tratándose de una

experiencia tan importante como ésta, de un autor que habla además español,

como indicó el Magistrado Montenegro, sería una oportunidad inmejorable.

      El Presidente, Magistrado Mora, propone que se acepte el ofrecimiento

que hace la Fundación Konrad Adenauer, agradecer a ésta su deferencia y al

propio tiempo autorizar los gastos correspondientes al alojamiento y

alimentación del Doctor Leible y encargar a la Comisión que redacta el

proyecto del Código Procesal, para que brinde las atenciones correspondientes

al visitante y organice las actividades a desarrollar en Costa Rica. Además, en

lo que respecta a la solicitud para que los Magistrados que viajarán a

Montevideo, también lo hagan a Buenos Aires, que entiende que será el día 10

de setiembre que ellos pasan por ahí, que es el regreso que tienen planteado
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para que se queden ese día en Buenos Aires, visiten los despachos de Tránsito,

Familia y Trabajo de la Corte de Buenos Aires y las instalaciones de la

Fundación Konrad Adenauer y en esto no habría gasto alguno.

      El Magistrado Vargas, consulta que existe una comisión de Magistrados

que va para Montevideo y de regreso se quedan durante un día para almorzar

con los representantes de la Fundación Konrad Adenauer y regresar al día

siguiente, que si esa es la idea.

      Aclara el Presidente, Magistrado Mora, que la Comisión visitará los

Juzgados de Tránsito, Familia y Trabajo en Buenos Aires, hablará con el

traductor de la obra del profesor alemán, que es Rodolfo Withouse, quien es

Juez Nacional Argentino en lo Civil.

      El Magistrado Vargas expone, que con todo respeto, considera que eso

no sería atinente, ya que le parece que es innecesario, por lo que votaría

negativamente y así solicita que conste en el acta, en lo que respecta al

almuerzo y la visita a Buenos Aires.

      El Magistrado Montenegro expresa, que pese que a que no va asistir a la

gira por otras razones, la verdad es que lo que se hizo es reducir el programa

de Montevideo de lunes a jueves, es decir, salir el jueves de ahí para estar el

viernes en Argentina, visitar esos tribunales para conocer cómo han
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solucionado los asuntos de tránsito, laborales, etcétera en ese país. Entonces

aprovechar ese viernes, para que en lugar de ir a unas actividades que tenían

previstas en Montevideo, estarían en Buenos Aires para observar esas oficinas,

situación que no generará ningún gasto adicional.

         El Magistrado Vargas manifiesta, que dado que no hay ninguna

incidencia en el costo y más bien es un acortamiento en la visita a

Montevideo, no tiene ninguna objeción en que se consigne su voto favorable

dadas las explicaciones en ambas hipótesis del señor Vicepresidente de la

Corte.

         Se acordó: 1.) Aprobar el gasto correspondiente por concepto de

estadía y alimentación del Doctor Stefan Leible, durante su permanencia en el

país del 4 al 7 de octubre próximo. 2.) Agradecer a la Fundación Konrad

Adenauer por la valiosa colaboración que ha prestado, para la visita del Doctor

Leible a Costa Rica. 3.) Autorizar el cambio en el itinerario de viaje de los

Magistrados que asistirán a Montevideo, Uruguay, en el sentido de que el 10

de octubre estarán en Buenos Aires, Argentina.

         El Departamento Financiero-Contable tomará nota de lo anterior, para

lo de su cargo.

                               ARTÍCULO VII
                                                                           15


      De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencia

de las 17:57 horas del 22 de diciembre de 1.998, al conocer el recurso de

amparo N° 98-001251-007 CO-A y a tenor de lo que establece el inciso 17)

del artículo 13 de la Ley de Creación del Registro y Archivo Judiciales, se

autorizó al Jefe de ese Registro, para que extienda las siguientes

certificaciones de antecedentes penales:

      1.- Iván Darío Bolívar Restrepo, cédula de residente N° 420165087-

003168, a su nombre, para efectos de residencia en Australia.

      2.- Jorge Alberto García Travieso, cédula de residencia N° 315-148192-

003407, a su nombre, para trámites de ingreso a Cuba.

      3.- Reynaldo Bryan Viales, cédula N° 7-089-859, a su nombre, para

fines laborales en Grand Cayman.

                            ARTÍCULO VIII

      En sesión del 5 de agosto del presente año, artículo XXIII, esta Corte

acordó solicitar a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la

Asamblea Legislativa, una prórroga no menor de 30 días hábiles para rendir el

informe solicitado en la consulta relacionada con el proyecto de “Reforma a la

Ley de Jurisdicción Constitucional”, expediente N° 13.002 y “Reforma al
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Párrafo Tercer del artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, N°

7.135 del 11 de octubre de 1.989”, expediente N° 13.285.

      Mediante oficio del 26 de agosto en curso, el Diputado Jorge Luis

Villanueva Badilla, Presidente de la mencionada Comisión, informa que ésta

concedió la prórroga de 30 días hábiles, a partir de esa fecha.

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación.

                              ARTÍCULO IX

     Mediante nota del 23 de este mes, la Licenciada Ana Luisa Messeguer

Monge, Jueza integrante del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José, Goicoechea, solicita se le amplíe, por razones de

traslado, el permiso con goce de salario que se le concedió en sesión celebrada

el pasado 3 de mayo de este año, artículo VI, a efecto de participar en el curso

“Jurisdicción Social y el Nuevo Derecho Especializado”, que se celebrará en

España, del 4 al 22 de octubre del presente año, en el marco del Programa de

Capacitación     para    Jueces     y    Magistrados      Iberoamericanos-Aula

Iberoamericana 1.999, de tal manera que la licencia rija del 1° al 25 del citado

mes de octubre. Lo anterior, con el fin de poder trasladarse a Madrid y de ahí a

La Coruña y posteriormente a Pazo Marpignán, que es donde se llevará a cabo

el evento.
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      Se acordó: Aprobar la solicitud de la Licenciada Messeguer Monge; en

consecuencia, el permiso que se le concedió para que asista a la actividad a

que se ha hecho referencia, rige del 1° al 25 de octubre próximo entrante.

                               ARTÍCULO X

      En sesión celebrada el 16 de agosto en curso, artículo XXII, esta Corte

aprobó realizar el Congreso Nacional de Derecho Agrario y la respectiva lista

de participantes, que se llevará a cabo del 1 al 3 de setiembre próximos.

      El Doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial,

mediante oficio N° DIR-294-99 del 23 de este mes, expresa que por error se

indicó que el mencionado Congreso se celebrará entre el 1° y el 3 de setiembre

próximos, siendo lo correcto del 1° al 4.

      También el Doctor Chirino Sánchez, a través de oficio N° DIR-295-99

del 25 del presente mes, expresa que el Licenciado Alberto Solano Cordero,

Juez Conciliador de la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos de la

Escuela Judicial, fue invitado como expositor al Congreso indicado, por lo que

solicita se le conceda permiso con goce de salario y los viáticos anticipados.

Asimismo, agrega don Alfredo que debido a una redistribución interna de

funciones, ha sido designado para velar por la buena marcha de la actividad el

Licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla, funcionario de la Escuela, para
                                                                           18


quien pide que se otorgue permiso con goce de salario y viáticos anticipados

del 1° al 4 de setiembre y mediante oficio N° DIR-293-99 de 23 de los

corrientes, el Doctor Chirino Sánchez manifiesta, que para velar por la buena

marcha del Congreso, asistirán en representación de la Dirección de la Escuela

Judicial y con el objeto de brindar el apoyo necesario, el Doctor Paúl Rueda

Leal y la Licenciada Alejandra Monge Arias.

      Igualmente, en nota de 23 de agosto en curso, la señora Virgita Molina

Sánchez, Auxiliar Judicial del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de

la Zona Atlántica, solicita se le otorgue permiso con goce de salario para

poder asistir a la mencionada actividad. Y también mediante facsímil de igual

fecha, el Licenciado Enrique Ulate Chacón, Juez del Tribunal Agrario, señala

que es indispensable que también asistan los Jueces Maribel Seing Murillo,

Rolando Villalobos Romero, Ana Isabel Fallas Aguilar, Ricky Rodríguez

Vega, Ignacio Rodríguez Sancho y Wilberth Herrera Delgado, así como del

Departamento de Planificación, las Licenciadas Marta Asch Corrales y

Bernardita Madrigal Córdoba y por parte del Consejo Superior, los

Licenciados Francisco Chamberlain Trejos y Juan Diego Rojas Araya.

      Por último, en nota de 26 del presente mes de agosto, los Licenciados

Luis Fernando Fernández Hidalgo y Jorge Martínez Guevara, por su orden,
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Jueces de los Juzgados Primero y Tercero Civiles del Primer Circuito Judicial

de San José, hacen solicitud para que se les permita asistir al evento de cita.

      El Presidente, Magistrado Mora, informa que el Magistrado Zeledón,

revisó las correspondientes solicitudes y propone lo siguiente:

      1- Conceder únicamente permiso con goce de salario y los viáticos

correspondientes, a las Licenciadas Alejandra Monge Arias, Maribel Seing

Murillo y Ana Isabel Fallas Aguilar, así como a los Licenciados Rolando

Villalobos Romero y Alberto Solano Cordero.

      2.- Denegar las solicitudes de los Licenciados Fernández Hidalgo,

Martínez Guevara y de la señora Molina Sánchez.

      3.- Denegar la solicitud de ampliación al 4 de setiembre entrante del

permiso y los viáticos que solicita la Escuela Judicial.

      El Magistrado Zeledón manifiesta, que ya se había aprobado por parte

de esta Corte una primera lista de participantes y posteriormente, se han

presentado varias solicitudes de servidores que desean participar en el

congreso. Que salvo el caso de tres Jueces Mixtos que conocen esa materia, se

les autorizaría y después a doña Marta Asch Corrales que iría a expresar más o

menos el resultado del estudio que se le pidió en la sesión última que hubo,
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que fue un estudio a efecto de combatir la morosidad judicial, en que

estuvieron presentes los Magistrados Mora y Rivas.

      El Magistrado Fernández manifiesta, que cuando se votó la realización

de ese seminario, en el artículo XII del acta que se aprobó hoy, siete

Magistrados votaron negativamente y once votaron favorablemente, pero hay

un requisito esencial que dispuso la mayoría y es el que se tendría que analizar

ahora, a efecto de ampliar o no aquí y es que se dijo “... que dicho permiso es

siempre y cuando no se afecte el buen servicio público, de tal manera que si

existieran    diligencias     programadas,      estas    deberán      atenderse

prioritariamente...”, por lo que para dar esta aprobación a los que se proponen

incluir, habría que establecer si entran dentro de los supuestos de que no se

afecte el buen servicio público.

      El Presidente, Magistrado Mora, agrega que desde luego habría que

plantearlo de esa misma manera, si ya los otros permisos se habían otorgado

con esa restricción.

      El Magistrado Solano indica, que coincide en ese sentido con lo que el

propio Magistrado Zeledón ha expresado, porque la solicitud de estos dos

jueces, que son jueces civiles de San José, no es atinente desde todo punto de

vista, pero como han mencionado otros funcionarios, u otros jueces, estaría de
                                                                           21


acuerdo en autorizarlos, siempre y cuando la materia agraria forme parte de

sus competencias, de lo contrario, rechazaría también la solicitud. Le parece

que es excesivo también, que la propia Jefa del Departamento de Planificación

tenga que desplazarse a un congreso de jueces para informar de un estudio que

seguramente ha estado a cargo de algún funcionario subalterno de ella, de

manera que estima, que la presencia de la Licenciada Asch Corrales aquí en

San José, es importantísima y por lo menos él se resiste a que ella vaya a ese

Congreso de jueces a informarles de un estudio que ya se conoce desde hace

mucho, que ha circulado y para decirles en qué consiste el estudio, por lo que

en ese aspecto se separa de la solicitud.

      ENTRA EL MAGISTRADO ZAMORA.

      El Magistrado Zeledón agrega, que le parece bien lo que dice don Luis

Fernando, pero la verdad es que el estudio no es que existe, si no que estando

en la reunión que se llevó a cabo el viernes hizo una semana, en realidad la

actividad se orienta a tratar de combatir el tema de la morosidad y que la

Licenciada Asch Corrales no estaría los tres días, ya que cree que iría ida y

vuelta el mismo día, porque es una exposición que haría el último día y es de

una serie de correctivos de carácter organizativo, sobre todo interno, que se

planteó pudiera hacerse. Que si la Corte no estuviera de acuerdo con que ella
                                                                                22


fuera, pues lo pertinente sería distribuir el trabajo de ella ahí, pero sí sabe que

la Licenciada Asch Corrales trabajó junto con la Licenciada Madrigal

Córdoba, sobre ese tema.

      Se procede a recibir la votación correspondiente y se resolvió: Improbar

la participación de las Licenciadas Asch Corrales y Madrigal Córdoba en el

Congreso de Derecho Agrario. Así votaron los Magistrados Aguirre,

Fernández, Rojas, González, Ramírez, Houed, Castro, Piza, Solano, Sancho,

Vargas y los Suplentes Brenes Vargas y Ramos Valverde.

      Los Magistrados Mora, Picado, Montenegro, Zeledón, Rivas y Calzada.

se pronunciaron por aprobar la participación de dichas funcionarias.

      El Magistrado Zamora, se abstuvo de votar.

      En consecuencia, se acuerda: 1.- Conceder – únicamente - permiso

con goce de salario y los viáticos correspondientes, a las Licenciadas

Alejandra Monge Arias, Maribel Seing Murillo y Ana Isabel Fallas Aguilar y

a los Licenciados Rolando Villalobos Romero y Alberto Solano Cordero. 2.-

Denegar las solicitudes de los Licenciados Fernández Hidalgo, Martínez

Guevara y de la señora Molina Sánchez. 3.- Denegar la solicitud de

ampliación del permiso al 4 de setiembre entrante y los viáticos que solicita la

Escuela Judicial. 4.- Los Departamentos de Personal y Financiero-Contable,
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así como la Escuela Judicial, tomarán nota de lo anterior, para lo de sus

cargos.

                               ARTÍCULO XI

      SALE EL MAGISTRADO PICADO

      Informa el Presidente, Magistrado Mora, que el Magistrado Chaves le

comunicó que se le excusara de asistir a la presente sesión, en virtud de que en

horas de la tarde, debe asistir al funeral de una tía de su señora esposa.

      Se dispuso: Tomar nota del anterior informe.

                              ARTÍCULO XII

     En sesión del 10 de mayo del presente año, artículo VI, se dispuso, por

recomendación del Consejo de Personal, prorrogar por 6 meses más el

permiso concedido goce de salario y la ayuda económica respectiva al

Licenciado Arnoldo Álvarez Desanti, para que concluyera su tesis doctoral en

la Universidad Complutense de Madrid, España.

     Mediante nota de 23 de marzo del presente año, de la que surgió el

acuerdo del Consejo de Personal, la Licenciada Ligia Álvarez Desanti,

apoderada generalísima sin límite de suma de don Arnoldo, manifestó que el

permiso solicitado sería disfrutado por dicho profesional en Costa Rica, de tal

manera que la ayuda económica de rigor, sería innecesaria.
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     En oficio N° 4808-DP-CA-99 de 11 de agosto en curso, el Licenciado

Leonardo Argüello Delgado, Jefe del Departamento de Proveeduría, expresa:

             “De conformidad con el acuerdo tomado por la Corte Plena en
       la sesión N° 21-99, celebrada el diez de mayo del presente año,
       artículo VI, referente al permiso concedido al Lic. Arnoldo Alvarez
       Desanti, quien realiza estudios de Doctorado en la Universidad
       Complutense de Madrid, España, para prorrogar su beca por 6
       meses más, nos permitimos solicitarle aclaración ya que según lo
       señalado en copia de nota a que tuvo acceso esta Proveeduría,
       suscrita por la Licda Ligia Alvarez Desanti, hermana del
       funcionario (se adjunta fotocopia), el permiso solicitado, en el caso
       de ser concedido, sería disfrutado en Costa Rica, pero no obstante el
       acuerdo señalado fue omiso a referirse a este asunto.
             Lo anterior se requiere para tramitar la compra de los tiquetes
       aéreos para el traslado del Lic. Alvarez Desanti a Costa Rica, ya
       que, según se nos informó por parte de la Organización
       Internacional de las Migraciones, empresa proveedora de pasaje,
       este funcionario realizó la reservación de su regreso para el mes de
       agosto, y se requiere confirma la compra de pasaje.
             No obstante, cabe aclarar que siguiendo instrucciones
       emanadas de funcionarios de esa Secretaría General, mediante nota
       NN° 4809-DP/CA-99, de esta misma fecha, se le está aclarando a la
       citada Organización que, salvo orden superior en contrario, esta
       Proveeduría únicamente está autorizada para tramitar la compra del
       tiquete aéreo una vez que haya concluido la prórroga de 6 meses
       que se le aprobara.”

                                      - 0-

      El Magistrado Houed consulta, si cuando se habla de ayuda económica

se refiere al permiso con goce de sueldo.

      El Presidente, Magistrado Mora, aclara que se refiere al resto de las

ayudas económicas que se han concedido al becario. Que el Licenciado
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Álvarez Desanti vendría a Costa Rica, estaría con permiso con goce de sueldo

haciendo su tesis y no se le brindarían las restantes ayudas.

        El Magistrado Houed indica, que se opone a eso, porque a la Licenciada

Sandra Zúñiga Morales se le denegó igual gestión, diciendo que se le daba el

permiso con goce de sueldo por seis meses, pero que tendría que permanecer

en España, por lo que si es en las mismas condiciones, estaría en desacuerdo

en aprobarlo, porque se estaría dando al Licenciado Alvarez Desanti, un trato

diferente.

        El Magistrado Zeledón manifiesta, que a don Arnoldo se le autorizó por

parte de la Corte hace como 5 o 4 meses, la prórroga de los dos años hasta los

dos años y medio para que viniera a hacer la investigación en Costa Rica. Que

el acuerdo es de fecha 10 de mayo, por lo que don Arnoldo sencillamente lo

está comunicando, pues ya se encuentra en el país y que desde luego, no va a

recibir los mil (1.000) dólares adicionales, pero ya fue aprobado y él ya está

aquí.

        Que lo que sucedió con la Licenciada Zúñiga Morales, fue que ella

había venido en cuatro oportunidades a Costa Rica sin permiso alguno,

durante 4 meses en forma separada y entonces cuando ella, con una carta de su

Directora de Tesis, Profesora de la Universidad de Alcalá de Henares solicitó
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venir acá, la Corte por mayoría y con base en el hecho de que ya había venido

varias veces a Costa Rica sin permiso, acordó que si quería ese permiso

adicional, tenía que quedarse en España y no regresar al país.

      El Magistrado Houed agrega, que le parece extraño que se den permisos

en situaciones iguales, de dos maneras diferentes, ya que a la Licenciada

Zúñiga Morales se le dijo que si quería terminar su tesis en la forma que lo

planteaba, tenía que quedarse en España, como estima que es lo correcto.

Reitera que no le parece, o se le da el mismo tratamiento a la Licenciada

Zúñiga Morales, o se imprueba este permiso aquí, pese a que la Corte lo

hubiese autorizado anteriormente.

      El Magistrado Vargas expresa, que lo que le preocupa es, que no

recuerda a partir de cuando es que se inicia la prórroga de los seis meses para

el Licenciado Alvarez Desanti, porque observa que efectivamente se le aprobó

el 10 de mayo último, pero la nota en que la apoderada comunica que no va a

hacer uso de las sumas adicionales, es del 23 de marzo, por lo que solicita más

información en ese sentido.

      La Secretaria General expresa, que la nota es del 23 de marzo

efectivamente, la cual se trasladó al Consejo de Personal y la recomendación
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de ese Consejo únicamente se refirió al permiso con goce de salario de don

Arnoldo, pero no consideró si el disfrute sería aquí en Costa Rica o en España.

      Fue que después llamaron a la Secretaría del Departamento de

Proveeduría para preguntar si le podían pagar los pasajes y ahí es que se da

esa situación, razón por la cual se trae aquí la solicitud nuevamente, para que

se analice y como lo indicó el Magistrado Zeledón, ya don Arnoldo está

incluso aquí en Costa Rica.

      El Magistrado González expresa, que por la información que ha dado la

Secretaria General, es que la Corte no ha autorizado que el Licenciado Álvarez

Desanti esté en Costa Rica disfrutando de la beca, ya que el acuerdo se refiere

solamente a la prórroga de la beca. Pero en todo caso, le parece, nuevamente

que con este tema de las becas, a falta de reglamentación, se procede de una

manera frente a una funcionaria a quien no se le concede permiso, lo que no

tiene nada que ver con el asunto a que se refiere el Magistrado Zeledón, si

estuvo o no estuvo cuatro meses en Costa Rica, porque para la prórroga, eso

no tenía nada que ver y frente a otro funcionario, ni siquiera se actúa, está aquí

en el país y ni siquiera se levanta una información, mientras que a la

Licenciada Zúñiga Morales casi se le revoca la prórroga definitiva de su beca,

al extremo de que hubiera tenido que abortar todos sus planes de doctorado y
                                                                             28


además se le pide al Tribunal de la Inspección que levante una información, y

frente a otro funcionario, no solo no se hace nada, sino que hasta simplemente

se da por autorizado.

      Que considera que existe una irregularidad de tratamiento, por lo que

pediría más bien que se investigue cuál es la situación de ambos, para tomar

una decisión y que sea igual para los dos, es decir que si están en idéntica

situación que se resuelvan de igual manera, por lo que solicitaría más bien,

que se indague en qué circunstancias está y cómo fue que está aquí y porqué

en el otro caso, no se le concedió para hacer el mismo tipo de estudio. Es más,

en relación con ella eran cuatro meses para terminar el curso de posgrado y la

Corte expresamente dijo: “no” y además, le levantó una información por haber

venido sin permiso.

      Reitera que le parece que se debió haber acordado en ambos casos y así

votó la vez pasada, que sí se debió haberle dado el permiso a la Licenciada

Zúñiga Morales, pero considera que cómo es posible no se le dé a ella y a

otros funcionarios sí y ni siquiera se levante una información, sin que la Corte

haya autorizado que el funcionario esté en el país.

      El Magistrado Castro, dice que se pronuncia en el mismo sentido del

Magistrado González y recuerda que cuando la Licenciada Zúñiga Morales,
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junto con otro compañero o compañera solicitaron la prórroga para terminar

sus estudios, pero viniéndose acá y viajando nuevamente a España con todos

los gastos corriendo de su cuenta, esta Corte estableció que no, que

precisamente el interés que había era que ellos se mantuvieran en el país en

que estaban realizando sus estudios, de manera que pudieran allá, mantener el

contacto con los profesores que fueran necesarios, con las bibliotecas a las que

allá tienen acceso ellos, de manera tal que concluyeran allá sus estudios,

hicieran su trabajo doctoral y además de eso, aún cuando habían solicitando

no se les pagara la ayuda extra que se les paga, estando ellos aquí, la Corte

dijo que no, que se mantuvieran allá y que se les pagara lo que hubiera que

pagarles, de manera tal que ellos concluyeran favorablemente los estudios que

habían tomado. Por eso, en ese sentido considera se debe tomar una decisión

también, que sea congruente con lo que ya se decidió en relación con la

Licenciada Zúñiga Morales.

      El Magistrado Montenegro manifiesta, que efectivamente, no hay

congruencia en una cosa y la otra. Que no le quedó muy claro el caso de la

Licenciada Sandra Zúñiga y que si es que ella había venido sin decir

absolutamente nada al país varias veces y se le seguían girando sumas como si

ella estuviera en España. Que también le parece irregular el caso del
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Licenciado Álvarez Desanti, de que se haya venido también sin haber tenido la

autorización de la Corte para regresar a Costa Rica, o sea que de alguna

manera habría incurrido en algo parecido a lo de doña Sandra.

      Que pese a que está de acuerdo con lo que dice el Magistrado González,

no ve obstáculo ninguno para que vengan a hacer aquí el trabajo, porque al

Poder Judicial, incluso desde el punto de vista económico, le es más favorable

que estén aquí, a estarles pagando en España un montón de dinero; la verdad

es que el único vicio que observa en todo esto, es que se vengan sin la previa

autorización de la Corte, porque desconoce en que momento, si se vienen un

poco antes o no se sabe que día y a que horas llegan, puede ser que se les esté

girando un mes como si estuvieran en España. Que considera que por ahí vino

el problema con la Licenciada Zúñiga y que por lo menos votó que sí podía

hacer la tesis aquí y es más, entiende que hay un programa que se está

elaborando para que trabajen lo máximo posible aquí y a España no vayan

sino a presentar la tesis, lo que ahorraría mucho dinero, pero lo cierto es que

como lo dicen los Magistrados Castro y González, le parece que hay dos

situaciones muy similares a las que se quiere darles soluciones diferentes.

      Que estima que el Licenciado Álvarez cometió un error, porque se vino

para Costa Rica sin esperar si le iba a dar o no autorización para estar en Costa
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Rica, de manera que habría que ver si se resuelve igual lo de doña Sandra y

echar atrás, ya que de lo contrario se estaría haciendo algo un poco extraño.

      Indica el Presidente, Magistrado Mora, que existe un elemento de juicio

que debería tomar en consideración y seguramente fue por error de su parte

que no lo puso en conocimiento anterior y es que debe aceptar que no había

leído esa nota. Que con nota de 23 de marzo, la hermana de don Arnoldo

envió a la Corte la solicitud de los seis meses con permiso con goce de sueldo

y en el párrafo último de la carta señala: “... El permiso solicitado en caso de

ser concedido será disfrutado en Costa Rica, de tal suerte que la Corte no

tendrá que disponer de la ayuda económica de rigor que se acostumbra a los

becarios en España...”; que al resolver la Corte en sesión N° 21 del 10 de

mayo de este año, lo que dispuso fue lo siguiente:              “... Acoger la

recomendación del Consejo de Personal y prorrogar por seis meses más el

permiso al Licenciado Alvarez Desanti para los efectos mencionados; en

virtud de lo acordado deberá suscribirse un addéndum al documento de

contrato de adiestramiento firmado en su oportunidad por el beneficiario...”.

Que hasta había leído, pero aparece una nota además, de don Leonardo

Argüello Delgado, que es el Jefe de Proveeduría, en donde el 12 de agosto

dice que la Corte resolvió eso, pero se requiere para tramitar la compra de
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tiquetes aéreos para el traslado del Licenciado Alvarez Desanti a Costa Rica,

ya que según se les informó por parte de la Organización Internacional de las

Migraciones, empresa proveedora del pasaje, este funcionario realizó la

reservación de su regreso para el mes de agosto y requiere comprar el pasaje y

que además de eso, se debe aclarar si se debe comprar ese tiquete, para

tramitar la compra del tiquete una vez que haya concluido la prórroga de los

seis meses y después, para el pago del permiso concedido estando aquí en

Costa Rica.

      Que considera que probablemente el Licenciado Alvarez Desanti se

motivó en error, dado que la Corte en su oportunidad no resolvió si él podía

estar en Costa Rica o no, porque en cuanto a ese extremo, la Corte en sesión

del 10 de mayo último no resolvió nada y por eso es que ahora se le causa el

problema que se expuso al Departamento de Proveeduría.

      Expresa el Magistrado Aguirre, que efectivamente el Licenciado

Alvarez Desanti a través de su apoderada, pidió un permiso en las condiciones

en que lo ha descrito el señor Presidente, pero no lo hizo directamente a través

del Consejo de Personal como se ha hecho en estos casos, directamente, sino

que lo hizo a través de la Secretaría de la Corte y la Secretaría de la Corte

remitió al Consejo de Personal la nota en que dice que hay una solicitud de
                                                                               33


prórroga de la beca del Licenciado Alvarez Desanti por el término de seis

meses y que se necesita el pronunciamiento del Tribunal, esa fue una nota en

esos términos de la que tuvo conocimiento el Consejo de Personal y ahí se

supuso desde luego, que se trataba como siempre de una ampliación en los

términos en que venía funcionando la beca para este señor.

      Que aquí en la Corte también se conoció la solicitud y tampoco se dijo

nunca que era en esas condiciones, ya que no recuerda haber oído nada por el

estilo y no es sino mucho tiempo después, ahora a principios de este mes, que

lo visitó un funcionario de la Secretaría para explicarle la situación y que si

efectivamente había que comprar los pasajes a este señor, a lo que le

respondió, que para él era la primera noticia que tenía de que el Licenciado

Álvarez Desanti hubiera solicitado una beca en esas condiciones y el servidor

de la Secretaría le dijo: “... sí, sí, yo tengo el acuerdo del Consejo, el acuerdo

del Consejo hace una transcripción del oficio de la Secretaría de la Corte y

dice que no tiene ningún inconveniente en que se le amplíe la beca como se ha

venido haciendo con todos los otros becarios...”.

      Reitera que ni en el Consejo, ni aquí tampoco con la Corte, se tuvo

información respecto de esa parte de la solicitud.
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      Manifiesta el Magistrado Vargas, que en este asunto desde el principio,

dentro de la solicitud de prórroga que hace la apoderada, se hizo caso omiso

de un párrafo que leyéndolo ahora por los documentos que le facilitó la

señorita Secretaria, es absolutamente claro, la apoderada de don Arnoldo dice

que pide prórroga del permiso con goce de salario por seis meses más para

cumplir los estudios de doctorado y que la investigación que resta por hacer al

señor Alvarez Desanti, la va a hacer aquí en Costa Rica.

      Que esa nota se la envía la señorita Secretaria al Consejo de Personal y

éste le recomienda a la Corte la ampliación del permiso, nadie se percató, ni

esta Corte, ni el Consejo aparentemente, que se estaba comunicando que la

investigación se iba a hacer aquí en Costa Rica.

      Agrega, que pese a que comparte las preocupaciones del Magistrado

Houed, estima que esta Corte debe tomar cartas en el asunto para ordenar un

poco la situación de los permisos, porque han sido absolutamente pendulares,

una vez se dice una cosa y otra vez otra y de ahí las protestas tan justificadas

como la del Magistrado don Mario Houed, por lo que debiera establecerse un

mecanismo para tener con claridad toda la información y una política, vía

reglamento, para que tanto Magistrados, como Consejo de Personal, como los

funcionarios que aspiren a becas, sepan exactamente cuáles son las reglas que
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rigen la materia. Que por ahora, no obstante la injusticia que ya se comentó, se

cometió con la anterior interesada, considera que no hay más remedio que

reconocer que estaba advertida la Corte de que esa investigación se iba a hacer

en Costa Rica.

      El Magistrado Sancho manifiesta, que en un principio pensó que no

hablaría sobre este tema, porque está de Dios que cada vez que un tema de

becas viene a la Corte, consume por lo menos una hora, hora y media,

discutiendo casos concretos por la falta precisamente de una adecuada

reglamentación. Que este caso cabe dentro del período cuando junto con otros

Magistrados, como el caso de la Magistrada Calzada, adoptaron la decisión de

no volver a resolver asuntos de becas hasta tanto no se haga una revisión

integral de la reglamentación y por eso en lo que a él respecta, pareciera que

no tiene problema en este asunto, ya que simplemente votaría que no - como

lo hizo en su oportunidad - la solicitud de prórroga, pero le parece que una vez

más la Corte debe reparar en este asunto, lo que se está haciendo es

resolviendo los casos individuales sin una reglamentación adecuada y esto es

inconveniente para la institucionalidad de la Corte.

      El Presidente, Magistrado Mora manifiesta, que en este caso,

efectivamente, en su oportunidad fue pedido que el disfrute del permiso fuera
                                                                                36


aquí en Costa Rica, ese tema no fue resuelto por la Corte, el beneficiario

interpretó que sí y se vino a Costa Rica, ahora lo que no encuentra en ninguna

parte es que hay una solicitud oportuna para que los tiquetes de este viaje a

Costa Rica los cubra la Corte, en este caso le parece que lo procedente es,

dado que la Corte fue quien llevó a error al estudiante, nuestro Juez, Arnoldo

Alvarez Desanti, que se pronuncie sobre si él puede continuar acá el estudio,

pero le parece que el pago de los tiquetes de avión resulta ser improcedente.

      El Magistrado Solano expresa, que coincide con el resumen y la

propuesta que formula el Magistrado Mora, pero le agregaría un inciso y es

que como la Corte tendría la responsabilidad de darle un traslado acá, ahora

para la sustentación de la tesis él tendría que cubrir de su propio peculio ese

gasto y entonces se salvaría esa inadvertencia en que esta Corte incurrió, pero

esto no obsta para repetir aquí la insatisfacción que todos los Magistrados han

manifestado reiteradamente, de que esto está fallando por todo lado, cada vez

que hay un solo caso concreto aquí pendiente, en la Corte se hace una

confusión tremenda por que no hay reglas de ningún tipo o las reglas son

violadas ad hoc en diferentes situaciones. Que desconoce si la Comisión

creada para ese efecto tiene un plazo, porque habría que reiterarle el plazo a la

Comisión para que proponga una reglamentación. Y sugeriría, aprovechando
                                                                            37


estas circunstancia, someter a la Corte una petición en el sentido de que se

envíe una circular a todos los becarios para que tomen nota de que no hagan

modificaciones a los planes, sin previamente consultar directamente con el

Consejo de Personal, que es el único órgano autorizado para tramitar este tipo

de casos y esto lo dice, porque en el caso de Arnoldo se recurrió directamente

a la Secretaría y a lo mejor por ahí empezó la confusión que se ha dado en este

caso.

        Indica el Magistrado Houed, que ignoraba que había una gestión donde

se contenía el permiso de esa forma y que no tiene ningún interés en

perjudicar al Licenciado Álvarez Desanti, menos que se le dice que él ya está

aquí. Además, consulta si esa Comisión ya oficialmente se ha reunido y quien

es el que la coordina.

        Al efecto el Presidente, Magistrado Mora manifiesta, que las Salas

Primera y Tercera, ya propusieron por su orden, a los Magistrados Picado y

Houed y se podría completar con los Magistrados van der Laat y Vargas y que

sea coordinada por el Magistrado Houed.

        El Magistrado Houed manifiesta, que el Magistrado Solano expresó

algo cierto y es que algunas directrices importantes deben salir de esta Corte.

Además, que en lo personal discrepa del criterio de que los becarios se vengan
                                                                             38


a terminar las tesis a Costa Rica, en la forma en que aquí se está planteando,

seis meses, un año. Estima que o la Corte da becas para estudiar en el exterior,

incluyendo o exigiendo de los doctorandos que obtengan su diploma allá, o

esto va a seguir siendo un caos, pero de todas formas, expresa que ignorando

que la nota contenía la solicitud en la forma en que aquí se hizo, no tiene

ningún inconveniente en que ahora, remediando el problema, la Corte lo

autorice y que siga acá, pero solicita también, que se autorice exactamente

igual para la Licenciada Sandra Zúñiga, pese a que su tesis es diferente en ese

sentido.

      Recibida la votación correspondiente, se acordó: 1.- Autorizar al

Licenciado Arnoldo Alvarez Desanti, para que realice en Costa Rica la

investigación necesaria a fin de presentar oportunamente en España su tesis

doctoral, durante los seis meses adicionales autorizados como prórroga del

permiso que esta Corte le concedió originalmente por dos años con goce de

salario, haciéndole ver también, que el Poder Judicial solamente sufragará a su

favor, el gasto de un tiquete de avión en viaje de retorno de Madrid a Costa

Rica, corriendo los restantes gastos y traslados de su propio peculio y desde

luego, que durante los meses que se encuentre en Costa Rica gozando de esa

prórroga, no se le otorgará ninguna ayuda económica adicional. Así votaron
                                                                         39


los Magistrados Mora, Zamora, Montenegro, Zeledón, Rivas, Aguirre,

Fernández, González, Ramírez, Houed, Castro, Piza, Solano, Vargas y los

Suplentes Brenes Vargas y Ramos Valverde.

      El Magistrado Solano razonó su voto, en el sentido de que como es

adición a lo resuelto en sesión del 10 de mayo último, el plazo le está

corriendo al becario.

      El Magistrado Houed adicionó su votó, en el sentido de que se dé igual

trato a la Licenciada Zúñiga Morales.

      Los Magistrados Rojas, Sancho y Calzada se pronunciaron porque el

Licenciado Álvarez Desanti durante la extensión del permiso, se mantenga en

España.

      2.- También se acuerda, integrar la Comisión de referencia con los

Magistrados, Picado, van der Laat, Houed y Vargas, con la coordinación del

Magistrado Houed.

      3.- Acoger la propuesta del Magistrado Solano tendente a enviar una

circular a los becarios, para que se abstengan de hacer modificaciones a sus

planes, hasta tanto no consulten previamente y reciban comunicación de lo

resuelto, por parte del Consejo de Personal.

                             ARTÍCULO XIII
                                                                               40


      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora, que en el artículo que

antecede, el Magistrado Houed plantea también, se otorgue igual tratamiento a

la Licenciada Sandra Zúñiga Morales, de manera tal que la prórroga de cuatro

meses que se le concedió para concluir su tesis, durante ese lapso se mantenga

en Costa Rica y no en España.

      El Magistrado Zeledón manifiesta, que existe una diferencia en este

caso, pero el plantearlo así tan a la carrera, va a significar que la regla es que

toda la gente se venga para acá. Que recuerda muy bien y no quisiera ahondar

más en el tema, porque ya hay suficiente en los acuerdos de Corte; en el caso

de la Licenciada Sandra Zúñiga, está demostrado que doña Sandra estuvo en

cuatro períodos distintos, un mes cada uno de ellos en Costa Rica, sin permiso,

que apenas por ejemplo, terminaban los exámenes en España, se venía para

acá. Y que además se conversó, si mal no recuerda, que si una persona se

venía para acá y además de que estaba con permiso con goce de salario,

recibía un plus de más de mil dólares o mil dólares aproximadamente, eso

inclusive podría constituir una investigación que puede generar un despido sin

responsabilidad y que ella estaba siendo becada para estar en España y no para

estar en Costa Rica.
                                                                             41


      Agrega, que no quisiera recordar muchas cosas de doña Sandra, porque

inclusive estima que la solución que se logró fue bastante justa en las

condiciones que ella estaba y que por una ocasión así eminentemente casuista

tratar de transformarlo, si ya el tema de las becas está mal, con esta regla

estaría peor todavía. Que en el caso concreto de los becarios, coincide con don

Mario en que ellos han sido becados para estar en España, no para estar en

Costa Rica, pues inclusive la Corte debería buscar un sistema más simple de

becas, las mismas especialidades que se otorgan aquí o las mismas maestrías,

pueden ser idóneas.

      Que con todo respeto para el Licenciado Álvarez Desanti, a quien le

tiene mucho aprecio, el nivel cultural que puede vivir en Europa y el que

puede vivir aquí, es abismal la diferencia y que el sacrificio tan grande que

está haciendo el Poder Judicial para que ellos vayan a estudiar a Europa, no es

para que se vengan con mentalidad provinciana para Costa Rica. Y en lo que

respecta al tema también de doña Sandra, ha tenido muchos problemas de

orden familiar aquí en Costa Rica y en España, incluso ella vino a contraer

matrimonio aquí a Costa Rica, producto de un problema que hubo también de

carácter judicial acá y hacer así como a la carrera una cuestión de esas, quizás

vale la pena si es que si quiere establecer esta norma, reflexionar un poco más,
                                                                              42


porque significaría en realidad abrir un portillo sobre el cual después no podría

hacerse absolutamente nada.

      Que no conoce cuáles fueron las motivaciones para que don Arnoldo

viniera aquí a Costa Rica, pero entiende que fue el mismo Director de Tesis

quien le recomendó venir acá, porque está realizando una tesis de esas que

abarcan el ordenamiento jurídico costarricense, que así debería ser y que él

tenía cumplida la etapa de la investigación española, pero por lo menos puede

que se dejara este tema para otra oportunidad, a fin de ver el caso del

antecedente y después los efectos que pudiera causar en los demás casos y si

no, por lo menos votaría por estarse a lo que ya resolvió la Corte.

      Expresa el Magistrado Piza que tiene un problema y no sabe si es por su

culpa o de quien y es que cada vez entiende menos. Que si doña Sandra

cometió faltas, hay que sancionarlas, pero el sistema de que vengan a preparar

tesis aquí, es incluso más barato y más sencillo para la Corte, en muchos

casos, la tesis incluso comprende una gran etapa de investigación en el país.

Que lo que habría que establecer es bien clara la regla de que cuando estén

aquí no están recibiendo la ayuda adicional, pero si tienen la posibilidad de

terminar su tesis aquí y después irse a Europa a presentarla nada más, no ve

que eso tenga nada de malo y además, es más económico para la propia Corte,
                                                                             43


porque incluso hoy se tienen algunas posibilidades que son favorables para la

Corte, como la de hacer una buena parte del doctorado aquí. Que tiene razón

el Magistrado Zeledón, el ambiente cultural que se vive en Europa, etcétera, es

incomparable con el de aquí, pero también es cierto que el costo es

incomparable, o sea que lo que cuesta sostenerse en Europa es cada día más

difícil, por ejemplo, para un costarricense y precisamente eso justificó que

hubieran posibilidades de doctorado aquí, que no son totales, o sea que no

implican el realizar el doctorado de Europa aquí, pero sí por ejemplo el que

existe con la Carlos III de Madrid, es todo menos un cuatrimestre, tienen que

pasar un cuatrimestre en España y además ir a defender la tesis allá, pero

pueden incluso tener un director de tesis en el país, etcétera.

      Que si esta Corte aprovechara eso, podría tener mucho más becarios y

gente mucho más preparada con el mismo costo, lo que expone como una

sugerencia a la Comisión que se integró, pues para que estudien esas

alternativas y claro que si hay una persona que incumple hay que sancionarla,

pero no necesariamente sancionarse la Corte, a sí misma por lo que esa

persona hizo.

      El Magistrado Zamora expresa, que iba a decir lo mismo que manifestó

el Magistrado Piza. Que si parte de la investigación se refiere a la legislación
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costarricense y se trata también de la fase ya última de la tesis, pues sale más

económico que venga a Costa Rica y aquí no hay motivo para que se le siga

pagando la ayuda, simplemente el permiso con goce de salario.

      Expresa el Magistrado Houed, que no quiere constituirse en defensor de

doña Sandra, ni mucho menos. Que entiende, como decía el Magistrado

Zeledón, que ella vino acá debido a algunos problemas de orden familiar, una

hija se le enfermó y vino a contraer matrimonio, entre otros asuntos.

      Cree que no estuvo en esas tres o cuatro ocasiones en que vino el mes

completo, pero de todas maneras, también opina que ese asunto es

independiente de que pueda terminar su tesis en Costa Rica y que al igual que

el Magistrado Zeledón, considera que es abrir un portillo, esto de darles

prórroga para que vengan a terminar acá, incluso se les da la prórroga por seis

meses y no se dice cuando van a presentar la tesis, es probable que después

pidan otro mes o dos meses, porque tienen que ir a Europa a presentar la tesis

doctoral, dado que no está incluido en ese permiso que solicitan si es que

durante esos seis meses solo se van a dedicar a concluir su tesis y luego

tendrán que irla a presentar a Europa y entiendo que tienen que cumplir con

plazos que están muy bien definidos ahora en el nuevo Decreto Real Español.
                                                                             45


      Agrega, que lo que estudiaron en el exterior saben las dificultades que

hay allá en Europa, muchas veces para obtener información de nuestro propio

país, pero para eso también el becario se va preparado y lleva más o menos

definido lo que va a investigar. Por esa razón considera y esa es la posición

que va a mantener en la Comisión, que la Corte tiene que uniformar todo lo

que es en materia de becas al exterior, los plazos de duración, las eventuales

prórrogas, etcétera, etcétera.

      Reitera que es abrir un portillo, pero la Corte es absolutamente irregular

en estas aprobaciones. Que está observando ahora que al Licenciado Daniel

Soley Gutiérrez se le denegó la beca porque estaba interino y sin embargo, se

ha mandado en el pasado a otras personas interinas a que hagan estudios

doctorales a España. Que estas irregularidades de criterio, es lo que lo dejan

un poco titubeante, incluso recientemente leyó un documento de los becarios

en España, que son como 10 u 11, esta Corte ha seguido mandando todos los

años gente a estudiar a España, que es donde más están, sin ningún previo

aviso o advertencia de lo que pueden o no pueden hacer, ellos mismos en esa

nota hacen algunas sugerencias y le piden a la Corte que defina criterios. Que

vuelve a insistir que el hecho de hacer la investigación en Costa Rica y luego

presentar, a su juicio no es lo más conveniente aunque fuese lo más
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económico, porque la obligación de ellos es concluir sus estudios doctorales

como lo hicieron los que ya estuvieron afuera y presentar su tesis en el

exterior, pero sí hay que darle un tratamiento igual a doña Sandra, porque ella

está en una situación difícil familiar, cree que se debería entonces, aunque

haya que hacer una investigación previa que es lo que pide el Magistrado

Zeledón, también otorgársela a ella.

      El Magistrado Montenegro manifiesta, que en principio, si los hechos

en el caso de doña Sandra fueran idénticos a los del señor Alvarez, es obvio

que la solución debería ser la misma para los dos; sin embargo, luego de la

exposición del Magistrado Zeledón, le entraron dudas sobre que hay

diferencias y muy importantes. Que el Magistrado Zeledón señala que la

Licenciada Zúñiga primero vino al país sin haber pedido ni siquiera permiso

previo y no lo hizo una vez, sino lo hizo varias y las dudas mayores que le

saltan, es si en esas oportunidades estuvo recibiendo la ayuda que estaba

concebida para si estaba en España, consecuentemente habría sacado un

provecho indebido, porque estaría en Costa Rica recibiendo un auxilio que se

le dio en consideración al costo de vida en un país Europeo, de manera que le

parece que antes de resolver lo del caso de doña Sandra, es mejor aclarar de

nuevo bien los hechos, porque cree que lo que molestó a la Corte en su
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momento, fue precisamente, primero, que se viniera sin permiso alguno y no

una sino varias veces y en segundo lugar, que estando en Costa Rica

percibiera una suma que se le estaba girando, bajo la inteligencia de que se

encontraba en España, de manera que una vez que se aclare esto, diría que

entonces sí podría la Corte resolver el caso de la Licenciada Sandra Zúñiga,

pero si ésta estuvo recibiendo dinero en Costa Rica como si estuviera en

España, ahí hay una irregularidad y no podría cobijarla ahora, eso sin perjuicio

de que considera, que si la Corte así lo autoriza, pues no habría nada malo de

que vinieran a hacer la tesis, siempre y cuando hubiere aquí la bibliografía que

les permitiera realizar un trabajo de esa naturaleza, porque tal vez si también

hay alguna duda de si estando en Costa Rica posiblemente dependiendo del

trabajo que tengan que hacer, les vaya a faltar material bibliográfico, pero en

el caso de doña Sandra, preferiría abstenerme por ahora - equiparándolo al del

Licenciado Álvarez - porque existen hechos que efectivamente no son

idénticos.

      El Magistrado Rojas indica, que está demostrado que las estadías en

Europa son difíciles y a cada caso se le van a encontrar muchas explicaciones

para resolver en una u otra forma, pero lo que sí quisiera dejar planteado, es

que le parece del todo inconveniente que se den becas pensando en que se va a
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estar todo el plazo de estudios allá y después resulte que se haga la solicitud

para trabajar en este país. Que en realidad, si esta Corte otorga becas, es para

que la gente haga los estudios allá, por eso es que independientemente si en

este caso no se vio bien, se cometió una injusticia, mantiene el criterio de que

deben permanecer los becarios en el lugar donde se les autorizó al inicio.

      El Magistrado Fernández manifiesta, que el último mes ha podido leer

algunas intervenciones de algunos señores Magistrados, sobre la gravísima y

reiterada preocupación sobre las becas, es decir, hay un acta que tiene 40

páginas sobre el tema, porque es de verdad una situación preocupante. Que se

tienen cuarenta millones de colones (¢40.000.000,oo) para becas el año

entrante que en este momento, las cuales entiende eventualmente congeladas

porque se debe tomar una determinación de qué es lo que sirve al Poder

Judicial y al país. Que precisamente en la nota que todos recibieron el 20 de

agosto, proveniente de 9 becarios de Alcalá de Henares, ellos plantean toda la

problemática que significa engañarlos con un permiso de 2 años, cuando el

mínimo son 3, es lo primero que dicen de acuerdo con la nueva normativa

española.

      Que junto a reflexionar lo manifestado por el Magistrado Piza, si no

convendría más buscar medios alternativos de preparación en donde se
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preparen primero aquí con excelencia y después hagan el mínimo en un país

que cuesta de 5 a 7 veces más el mantenimiento normal de una persona y

mucho más de una familia, porque algunos viajan con toda la familia y tienen

que matricular hijos a Escuelas y Colegios, etcétera, etcétera. Entonces avisan

que de ahora en adelante debiera pensarse en un plazo mínimo de 3 años,

después hablan de volver a revivir de ser posible, convenios con

Universidades de gran calidad, como lo es desde luego, la Complutense,

hablan de la Autónoma de Madrid, de la que tiene poca información y Alcalá

de Henares. Que también se sabe que algunos hacen los cursos de Derechos

Fundamentales, Derecho Constitucional a nivel del senado español y se los

cuentan dentro de las materias aprobadas, a otros no se les cuenta, pero todos

debieran hacerlo.

      Que dicen que se les da una ayuda económica semestralmente que se

gira en forma muy tardía, entonces podría ser que doña Sandra no lo haya ni

recibido, porque dicen que sí hay una ayuda, pero que ellos tienen que vivir

sostenidos con sus tarjetas de crédito, por que se gira atrasadamente y por

último piden, que se les señale, porque no está en los contratos, el

procedimiento idóneo para poder venir a Costa Rica a hacer estudios, tomar
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esa determinación, quién la paga, cómo la pagan y manifiestan su apoyo a la

compañera Sandra Zúñiga, por sus circunstancias especiales.

      Agrega el Magistrado Fernández, que como se puede observar, todo el

cuadro está comprendido en la necesidad de una rápida decisión de las nuevas

reglas en materia de becas, el saber a qué atenerse, porque es sumamente caro,

cuarenta millones de colones (¢40.000.000,oo) al año y con esto que están

avisando, puede ser mucho más para mantener la posibilidad de que las becas

sean de interés del Poder Judicial y no como ha sucedido en algunos casos, en

interés personal de tener un doctorado y a lo mejor no hacer uso de él, más

que para ponerlo en la pared.

      Que la carta de referencia también es suscrita por el Licenciado Alvarez

Desanti, todavía el 30 de junio en Alcalá, de manera que hace poco debe haber

llegado y no desde muy atrás, porque la está firmando como si estuviera en

Alcalá.

      Expresa el Magistrado González, que para señalar a lo que ya se ha

indicado, primero, coincide con todos los demás Magistrados de que sí hay

que hacer reglas generales, en razón de que aquí se trata a unas personas de

una manera y se acuerdan ciertas posibilidades y no sucede lo mismo con

otros funcionarios y eso es lo que no le parece que sea exacto. Que
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independientemente de si la Licenciada Sandra Zúñiga incurrió o no en una

falta por haber venido sin permiso, eso no tiene absolutamente nada que ver

con el hecho de si se le prorroga o no la posibilidad de que su beca la disfrute

en España o en Costa Rica. Que para determinar si doña Sandra realiza la

última parte de sus estudios en Costa Rica, habría que determinar si esto es

posible, qué tipo de tesis es la que ella está realizando, qué trascendencia tiene

el que esté ella aquí buscando los datos para hacer su tesis y no si ella tenía o

no tenía permiso cuando vino a Costa Rica por razones familiares, ya que para

eso existe una investigación en curso en la Inspección Judicial y será la

investigación la que determine si debe o no sancionársele disciplinariamente y

además, si debe o no reintegrar el dinero, pero eso es un problema aparte que

no se está resolviendo, porque el hecho de que a ella se le autorice disfrutar la

beca en Costa Rica, no la exime de ninguna responsabilidad de cualquier falta

en que haya incurrido con anterioridad en el disfrute de la beca, es

simplemente un hecho puro y simple del que ya se acordó en favor de otro

becario, lo que no se está autorizando en relación con ella.

      Indica el Magistrado Sancho, que en el mismo sentido del Magistrado

González, si no se trata de que se va a abrir un portillo, es que ya se abrió, es

decir, con qué autoridad la Corte le diría que no a un becario que está en
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igualdad de condiciones que los demás, la única diferencia es que podría haber

incumplido su contrato y que eso pueda tener una sanción disciplinaria, pero

eso es distinto, su comportamiento durante los estudios al sistema de becas y

aquí ya se creo un sistema de becas que permite que el becario se venga para

Costa Rica seis meses a terminar la tesis, por lo que cualquiera que esté en

igualdad de condiciones y que se halle en esa etapa de sus estudios, tiene

derecho a que esta Corte le permita concluir su tesis en el país.

      Que le parece que desde su perspectiva no ofrece tampoco dificultad, ya

que seguirá votando que no a todos los asuntos de becas, hasta que no se haga

una reglamentación seria que resuelva generalmente todos estos temas, pero le

preocupa que se hagan injusticias, simplemente porque alguien se portó mal

en un momento dado, o porque incumplió los términos del contrato sin saber

esta Corte si las necesidades o las condiciones personales que obligaron a esa

funcionaria, fueron en protección de su familia y a la larga tiene una razón que

exculpe su comportamiento, eso se verá en el procedimiento. Por lo anterior,

le parece que es irregular crear en una misma sesión la excepción e

inmediatamente después cerrarla.
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     SALE EL MAGISTRADO ZAMORA.

      El Magistrado Solano indica, que en principio y contrario a lo que

expresaba el Magistrado Zeledón, cree que es posible, conveniente, ventajoso,

incluso desde el punto de vista económico para el Poder Judicial como lo

reseñaba el Magistrado Piza, que parte de la investigación para la tesis

doctoral se realice en Costa Rica, lo único que exigiría de ahora en adelante y

en esto reconozco que tal vez en el pasado como parte de este problema

general de convulsión que se ha vivido no lo había exigido, es que el propio

profesor director de tesis, encuentre que es necesario que el estudiante se deba

desplazar a Costa Rica para hacer una investigación de campo, o con la

bibliografía especializada, o jurisprudencia de diferentes tipos de tribunales,

etcétera, pero que sea algo convenido con la dirección de tesis, para que no sea

también un mecanismo al cual se recurra simplemente como un pretexto para

venir a radicar al país, lo que le parecería grave para los propósito serios que

tendría la concesión de la beca. Pero si se dieren esas circunstancias, no

tendría inconveniente en revisar su posición en el caso de la Licenciada

Sandra Zúñiga.

      El Presidente, Magistrado Mora expresa, que la propuesta sería para que

se aplique a la Licenciada Zúñiga Morales igual trato que el concedido al
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Licenciado Arnoldo Álvarez Desanti, es decir, que pueda venirse para Costa

Rica a concluir su trabajo de tesis, en el entendido de que ella así lo solicite.

      Se somete a votación el asunto, con el siguiente resultado: Los

Magistrados Zeledón, Rivas, Aguirre, Fernández, Sancho, Calzada, Vargas y

el Suplente Ramos Valverde, se pronunciaron por denegar la propuesta.

      El Magistrado Fernández indica, que primero vota que no, porque no se

puede revisar dos o tres meses después, un acto administrativo de esta Corte

que ya produjo todos sus efectos y se le informa que la Licenciada Zúñiga

volvió a España, entonces qué se le va devolver, se le van a dar los pasajes y

“... los vamos a pagar aquí los que estamos aquí, los que le dijimos que no,

mal informados o no debidamente informados...”.            Que ese es su primer

motivo para decir que no y su segundo es, que no quisiera hacerlo casuístico

otra vez, al caso concreto de la normativa general. Que los becados de Alcalá

de Henares preguntan que cómo se van a comportar a futuro para los viajes de

becarios a Costa Rica, por lo que se debiera dar una respuesta general,

reglamentaria, cuidadosa, porque ellos mismos lo dicen: “No sabemos a qué

atenernos” y que precisamente se acaba de acordar hace un momento, a

gestión del Magistrado Solano, que se les envíe por lo menos, un recordatorio

de que las gestiones las hagan a tiempo y las hagan por los canales
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correspondientes del órgano desconcentrado con competencia exclusiva, que

es el Consejo de Personal, que preside don Orlando Aguirre Gómez. Que

como se ve, el tema es muy delicado para votar que si, por lo que en

consecuencia, vota que no.

      La Magistrada Calzada indica, que ha venido votando negativamente,

cree que desde marzo o febrero todos los asuntos de becas. Que le parece que

efectivamente, esta Corte podría estar incurriendo en irregularidades y

beneficiando a una persona y a otra no, pero independientemente de este caso,

expresó que no volvía a votar nada a las becas y por eso mi voto es negativo.

No por el caso en particular, sino porque no voto ninguna beca.

      Indica el Magistrado Vargas, que su voto es negativo, ya que le parece

que poco falta para que la Corte llame a esta Licenciada y le diga que pida el

permiso porque se le va a decir que sí, pero sí estaría dispuesto a tomar una

decisión en su momento, si la interesada lo solicita; lamentablemente ella no

ha hecho ninguna gestión, pese a que se ha cometido una injusticia, ya que

estima una barbaridad, que la Corte hoy diga sí a unos y mañana no a los

otros. Que si doña Sandra presentara una especie de reconsideración, aunque

no va a hablar aquí de recursos en cuanto a plazos, sí estaría dispuesto a

atenderla debidamente, pero así no.
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      El Magistrado Ramos agrega, que por las razones que dio el Magistrado

Vargas, complementadas ampliamente por el Magistrado Fernández, vota que

no, ya que le parece que en este caso, la Corte debe asumir una

responsabilidad de tomar normas generales y no casuísticas, para resolver el

problema de las becas.

      Los Magistrados Mora, González, Ramírez, Houed, Castro, Piza y el

Suplente Brenes Vargas, votaron por acoger la propuesta.

      El Magistrado Piza vota que sí, porque en realidad lo que se está es

revisando un acuerdo mal tomado, de manera que no cree que sea necesario

que ella lo pida. Y si no vota que sí, tendría de igual manera que pronunciarse

en el caso del Licenciado Alvarez Desanti, por lo que vota que sí. En igual

sentido se pronunció el Magistrado Castro.

      El Magistrado González expone, que su voto es en igual sentido del

Magistrado Piza, porque no es que no haya una solicitud, sí la hubo y esta

Corte la rechazó hace como 15 o 22 días. Que lo que se estaría haciendo, es

revisando el acuerdo de oficio a raíz de que acaba de producirse una votación

en la que se dijo todo lo contrario, es decir, que sí se podía terminar las becas

en Costa Rica. Porque en el caso de la solicitud de ella, se dijo que no, por lo
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que se pronuncia en el sentido de que se revoque el acuerdo y se le autorice lo

que ella solicitó ya por escrito.

      Los Magistrados Montenegro, Picado y Solano, se pronunciaron en el

sentido de que como no existe una solicitud de la Licenciada Zúñiga Morales,

votarían afirmativamente siempre y cuando cumpla desde sus perspectivas,

con los requisitos que hizo en una de sus exposiciones el Magistrado Solano.

      Además agrega el Magistrado Montenegro, que está de acuerdo en la

parte de derecho administrativo que menciona el Magistrado Fernández, pues

cree que es un asunto que está ya precluido, pero de todas maneras si doña

Sandra volviera a solicitarlo y justifica su permanencia en Costa Rica para la

tesis, estaría de acuerdo ahora en dárselo, porque efectivamente parece

contradictorio que se haya aceptado una gestión, hecha oportunamente por

Alvarez Desanti y que ahora se negara el derecho que es igual al de la

Licenciada Zúñiga Morales, siempre y cuando lo justificara debidamente e

hiciera la gestión para dar la oportunidad a esta Corte de pronunciarse.

      De acuerdo con el resultado de la anterior votación y por no haber

alcanzado mayoría de votos, se mantiene lo resuelto en la sesión celebrada el 5

de julio de este año, artículo XIII, en que se denegó la solicitud de la
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Licenciada Sandra Zúñiga Morales, para que realizara su trabajo de

investigación en Costa Rica.

                               ARTÍCULO XIV

      El Presidente, Magistrado Mora, indica que esta Corte tiene firmado con

la Corte de El Salvador un convenio de relación, dentro del cual, una comisión

de la Corte de El Salvador visitó Costa Rica, en la que vino un Magistrado y

funcionarios de diferentes departamentos de la Corte de Justicia de ese País.

      Que la Comisión de Modernización vio el tema y resulta de su interés

de que ahora un grupo de funcionarios, Magistrados, de la Unidad Ejecutora

del Proyecto Corte-BID, de la Dirección Ejecutiva, del Departamento de

Planificación, Personal e Informática y del Ministerio Público, viajen a El

Salvador para que observen los proyectos que se están realizando allá con

ocasión de la modernización judicial y sobre todo, un proyecto de mora

judicial, todo de conformidad con el convenio firmado en su oportunidad entre

las Cortes de Costa Rica y El Salvador.

      Se dispuso: Aprobar la propuesta de la Comisión de Modernización.

                               ARTÍCULO XV

      SALEN LOS MAGISTRADOS ZELEDON, GONZÁLEZ Y

HOUED.
                                                                             59


      El Consejo Superior en sesiones del 26 de julio de 1.994, 10 de

noviembre del mismo año, 9 de mayo de 1.995, 7 de diciembre de 1.995, 14

de marzo de 1.996, 16 de agosto de 1.996, 21 de agosto de 1.997 y 24 de

agosto de 1.998, artículos XXXIII, XXIV, XIX, XIX, IX, XVI, IX y XXI, ha

concedido permiso sin goce de salario al Licenciado Oscar Cascante

Chavarría, conserje de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de

Indicios, del Departamento de Investigaciones Criminales, del Organismo de

Investigación Judicial, para que labore en la Dirección de Adaptación Social,

específicamente, como profesional destacado en el Centro de Atención

Institucional La Reforma, permiso que vence el 1° de octubre del año en curso

y que ha disfrutado desde el 15 de junio de 1.994.

      El señor Guillermo Arroyo Muñoz, Director General del Ministerio de

Justicia, en oficio N° DG-774099 del 13 de agosto en curso, solicita que se

prorrogue el permiso sin goce de salario del Licenciado Cascante Chavarría, a

partir del 1° de octubre de 1.999 y hasta el 30 de setiembre del 2.000, para que

continúe prestando sus servicios en ese Ministerio.

      El Presidente, Magistrado Mora expresa, que este tema, no obstante que

es de conocimiento del Consejo Superior, se trae a la Corte porque a este

momento son seis los años de permiso sin goce de salario que se le han
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otorgado al Licenciado Cascante Chavarría para desempeñarse fuera del Poder

Judicial manteniendo la relación laboral vigente, por lo que resulta

conveniente que la Corte disponga al efecto, si permisos por esa cantidad de

tiempo son aceptados o no.

      Agrega, que en el Consejo se analizó el tema y se pensó que un permiso

tan largo, desvinculaba sobradamente a una persona de sus labores y pareciera

que no hay razón alguna para mantenerlo y por eso es que se trae todo a la

Corte, a efecto de que señale una política a seguir en este caso.

     El Magistrado Montenegro expresa, que precisamente en el Consejo

Superior se dijo que había aquí en la Corte algunos Magistrados que tenían

alguna posición contraria a estar dando permisos por tan largo plazo, porque

efectivamente se desvinculaban totalmente del Poder Judicial y se les estaba

prorrogando el permiso y había gente que tenía hasta dos años de estar por

allá. Y que realmente, se tiene en el Poder Judicial un interinazgo absurdo y

tienen una persona que está en algún Ministerio sirviendo y lo que hacen es

protegerse para tener: “ ...como hace el perico, una rama agarrada y no soltar

la otra”. Pero mientras tanto, institucionalmente es perjudicial esa situación,

por lo que se consideró que eso era un asunto que tenía que ver con la política

del Poder Judicial y como ésta compete a la Corte, se prefirió que fuera ella la
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que conociera esto y que al mismo tiempo estableciera alguna política, porque

si no sería muy casuístico, en cada caso se va a tener que estar resolviendo si

se otorga o no ampliación de esos permisos.

      El Magistrado Fernández expresa, que el artículo 44 de la Ley Orgánica,

tiene la regulación, general o normal y dice: “Las licencias con goce de sueldo

o sin él no pueden exceder de seis meses, tampoco pueden exceder de ese

término las que sumadas en un mismo año se concedan a un empleado o

funcionario”. Que después pone ciertos supuestos y se llega al que entiende

que se tiene al desvinculadísimo servidor judicial que ya tiene seis años de

estar afuera y al efecto se regula: “En casos muy calificados y para asuntos

que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de

sueldo o sin él a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores, hasta

por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores

judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o

bien cuando se les encarguen labores o estudios especiales”. Que es una

decisión anual de la Corte, ya el servidor tiene seis años de estar afuera y

pareciera que es suficiente tiempo.

      El Magistrado Castro indica, que este es un tema que se ha tocado aquí

repetidamente desde hace años. No es la primer vez que se habla acerca de los
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préstamos de funcionarios que han solicitado otras instituciones, inclusive en

otros Poderes del Estado. Que en muchas de ellas se ha dicho, que lo primero

es que al Poder Judicial ninguna ventaja le traen esos préstamos. En algunos

de los casos, las personas al final de cuentas, ven como se quedan en el lugar

al que fueron a hacer el permiso. Las instituciones éstas, cree que tienen las

posibilidades suficientes como para conseguir los funcionarios que necesitan

para cumplir con estas tareas, sin necesidad de que el Poder Judicial les preste

funcionarios.

     Agrega, que no conoce al Licenciado Cascante Chavarría, pero supone

que debe ser un buen funcionario porque por algo lo pidieron y si fuera malo,

no lo pedirían. Que se está en una situación muy rara y no recuerda que en esta

Corte se haya conocido la situación particular de este funcionario, ya que

supone que fue el Consejo Superior el que autorizó inicialmente, que él fuera a

trabajar al Ministerio de Justicia y posteriormente, vino concediéndosele

prórrogas hasta esta fecha, sin que esta Corte sepa una palabra. Entonces,

considera que más bien, o se debe de pedir una explicación al Consejo de por

qué prolongó tanto este permiso o que se emita pronunciamiento de una vez.

     Que en su caso particular y lo ha conversado con el Magistrado Chaves,

en los últimos permisos que se ha solicitado para que funcionarios del Poder
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Judicial vayan a servir a otras instituciones, han venido votando de manera

constante negativamente, en razón de que han llegado a la conclusión, de que

realmente a nada bueno conduce al Poder Judicial el estar prestando

funcionarios.

      El Magistrado Piza indica, que lo que acaba de decir el Magistrado

Castro es muy importante, la verdad es que todos han sufrido de alguna

manera el problema de los interinazgos debidos a las licencias que se otorgan

a los funcionarios titulares, la angustia, el desorden, la incertidumbre en que se

encuentran los funcionarios que tienen que mantenerse en el interinato,

simplemente porque la plaza está reservada a una persona que no está en el

Poder Judicial.

     Que estima que lo que la Ley Orgánica quiso y lo que la buena

administración exige, es que esos permisos no pasen de seis meses en ningún

caso. Los casos calificadísimos de excepción, a los que la Ley se refiere, a su

criterio son, por ejemplo, un proyecto de la propia Corte que requiriera más de

los seis meses que fuera, que durara un año, ahí estaría casi el funcionario

sirviéndole a la propia Corte, aunque está con permiso en un puesto, pero está

sirviendo en otro. Que fuera de eso, cree que los permisos sin goce de sueldo

se justifican en el sentido de que al funcionario hay que conservarle el derecho
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a su cargo en propiedad, mientras no le es posible normalmente obtener su

nombramiento en propiedad en el otro lugar para el que se le dio permiso,

pero eso nunca debe ser más de seis meses, ya que su tesis es, que no se den

permisos por más de seis meses, ya que de otra manera lo que se estaría

haciendo simplemente es ayudándole al Poder Ejecutivo a resolver sus

problemas, que los puede resolver mejor que la Corte, porque tienen más

medios para hacerlo.

      El Magistrado Sancho expresa, que siguiendo la intervención del

Magistrado Fernández, lo que le parece primero, es que este es un asunto que

corresponde al Consejo Superior y hasta donde entiende, no hay una decisión

de la Corte de entrar a conocer este asunto.

     Que lo que dice la norma que se aplicó precisamente, en el caso de

Siemens hace ocho días, es una cosa distinta, porque lo que corresponde a la

Corte Suprema de Justicia es avocar el conocimiento y la decisión de los

asuntos de competencia del Consejo Superior del Poder Judicial cuando así se

disponga, en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o de su

Presidente y esta sesión no está convocada para conocer un avocamiento de

nada, es una sesión ordinaria o extraordinaria común y corriente. Que de

todas maneras, si se va a entrar a conocer por el fondo, su voto va a ser
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negativo, pero no le parece que sea una práctica correcta la de traer asuntos

administrativos para que los resuelva la Corte Plena.

      El Magistrado Mora manifiesta, que la Corte frecuentemente ha

conocido asuntos que el Consejo ha estimado que resulta pertinente que sea la

Corte quien haga pronunciamiento, en razón de eso fue que se introdujo, el

asunto en la convocatoria de la sesión de hoy, pero de todas formas, si la Corte

dispusiera lo contrario, procuraría que el Consejo no volviera a actuar de la

forma en que lo ha venido haciendo hasta este momento.

      El Magistrado Solano expresa, que tiene razón el Magistrado Sancho,

en eso en el pasado se ha tenido mucha queja en relación con lo actuado por el

Consejo, porque según los casos, éste resuelve y en otros prefieren que sea la

Corte, incluso que resuelva asuntos que son propios de ella. Que

aparentemente, este es un asunto propio del Consejo y como decía el

Magistrado Castro, lo primero que debería indicar el Consejo, es con qué

criterio ha venido prorrogando por tantos años el permiso de este funcionario,

para saber si esta Corte se sumaría a ese criterio o discreparía. Que considera

que se tienen muy pocos elementos para resolverlo, pero es que relacionado

con este tema por ejemplo, se encuentra en la página 10 de la convocatoria,

que el Consejo Superior comunica que dispuso conceder permiso con goce de
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salario al Presidente, Magistrado Mora, para que finiquite varios asuntos, o

sea, comunica el Consejo que por sí mismo le concedió y desconoce para qué

se trae, ya que lo más que se haría será tomar nota, porque quién va a revocar

a estas alturas un permiso que le concedió el Consejo al Presidente ?

     Que estima que un permiso al Presidente debe concederlo la Corte, no el

Consejo, pero que se observen las cosas que pasan, por tener una indefinición

en esta como en tantas otras materias y que por lo pronto, para ya no discutir

si se tiene que avocar o no, votaría negativamente por prorrogar el permiso

que solicita el señor Arroyo, Director General del Ministerio de Justicia.

      Se procede a recibir la votación y se acordó: Denegar la solicitud del

Director General de Adaptación Social; así votaron los Magistrados Mora,

Picado, Montenegro, Rivas, Aguirre, Fernández, Rojas, Ramírez, Castro, Piza,

Solano, Vargas y el Suplente Ramos Valverde.

      El Magistrado Castro adiciona su voto, en el sentido de que también se

solicite al Consejo Superior, informar las razones que tuvo para prorrogar

durante tantos años el permiso concedido al funcionario.

      El Magistrado Vargas agregó, que debe tomar nota el Consejo Superior,

en proponerse ejercer correctamente sus competencias.
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         La Magistrada Calzada y los Magistrados González, Sancho y el

Suplente Brenes Vargas, emitieron su voto porque el asunto es de

conocimiento del Consejo Superior.

         Con motivo de lo resuelto, el Licenciado Cascante Chavarría deberá

reintegrarse a su cargo, a partir del 1° de octubre próximo entrante.

         El Departamento de Personal tomará nota de lo dispuesto, para lo de su

cargo.

                              ARTÍCULO XVI

     El Presidente, Magistrado Mora, manifiesta que desde que asumió la

Presidencia de la Corte, se encontró con que todos los jueces supernumerarios

que se nombraron para que el Presidente los ubicara para hacer permisos y

llenar vacantes y demás, se hallan ubicados en despachos por largos períodos

y algunos casos desde mucho tiempo y en realidad, ya ha perdido ese

programa toda su filosofía. Que en razón de eso, se ha dado a la tarea de ir

sacando de las oficinas en que no se causa un grave perjuicio, disminuir la

cantidad de jueces que ahí se encuentran y a este momento, estima que para el

15 del próximo mes, se podría obtener un grupo de 15 jueces supernumerarios,

que podrían empezar a utilizarse conforme fue el criterio original para el que

fueron nombrados, a cuyos efectos le ha parecido procedente, que la
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Presidencia de la Corte en unión de la Dirección Administrativa y de la

Comisión de Asuntos Laborales, puedan iniciar un programa en el Juzgado de

Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, en donde se

trasladen esos jueces con 10 auxiliares judiciales supernumerarios y se le de

asistencia a ese Juzgado.

     Agrega, que recibió este fin de semana un informe del mencionado

Juzgado en donde hace un año tenía dieciseis mil (16.000) y tantos

expedientes y a este momento había hecho un rebajo de más de mil (1.000) del

número, teniendo catorce mil novecientos (14.900) y tantos, por lo que se ve

que el esfuerzo ha sido bastante grande; todos los meses han venido a

disminuir más de la cantidad de asuntos que han ingresado y si funcionara

como se pretende con estos jueces y auxiliares judiciales supernumerarios, se

estima que bien se podría rebajar unos trescientos (300) expedientes

mensuales de la cantidad de asuntos que tiene este Juzgado, lo que haría que

en el promedio de un año, la disminución podría ser de unos tres (3) a cuatro

mil (4.000) mil expedientes.

     Que lo anterior lo pone en conocimiento de la Corte, por si no hubiese

ninguna oposición de parte de los señores Magistrados, para iniciar este

programa, el cual forma parte de lo que vió junto con el Magistrado Solano, a
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raíz de la visita que hicieron a San Salvador, en donde fueron a ver la oficina

relacionada con la mora judicial y la depuración de expedientes que tienen en

ese país, que es algo similar y que si luego se pudiera hacer lo mismo en otras

materias, la experiencia que ahora se logrará, serviría de base.

      El Magistrado Sancho expresa que está de acuerdo, ya que le parecen

bien esos esfuerzos por ayudar los despachos que están más congestionados y

consulta por cuanto tiempo sería y si se cuentan con las facilidades de planta

física y equipo para que puedan funcionar normalmente, ya que de lo

contrario, se tendría que crear una unidad especial en equipo e infraestructura

para poder darles el soporte, por ejemplo, el caso del Civil de Hacienda, ahí

hay un problema que no cabe la gente, por lo que la solución fue crear una

Sección vespertina y a él le pareció que el futuro de ese juzgado era duplicar el

despacho para que funcionara 18 o 20 horas al día con dos turnos.

      El Presidente, Magistrado Mora indica, que se había pensado que esto

debería ser por lo menos por un año y las condiciones físicas para el lugar se

pretende utilizar el quinto (5°) piso de ese Edificio que se encuentra

desocupado en el costado este y que las computadoras se están ya

consiguiéndolas y según le informó el Director Administrativo, es muy

probable que se podrán tener para el quince (15) de setiembre, lo único es que
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no trabajarían en una red, lo cual estaría para unos cuatro o seis meses después

y ahí se pretendería irle dando las facilidades y creando alguna experiencia.

     Que si la Corte estima que se podría seguir adelante, se solicitaría a la

Comisión de Asuntos Laborales traer un plan un poco más avanzado para una

próxima sesión.

      Manifiesta el Magistrado Sancho, que para redondear la idea, lo que la

Corte también debiera hacer, salvo criterio contrario de los demás señores

Magistrados, es pedirle a la Administración que haga un estudio económico,

para tener una especie de bolsa disponible de cualquier gasto que sea

necesario, para poder echar a andar una solución de este tipo, es decir, que si

fuera necesario gastar un poco de dinero para adecuar las cosas, habría que

hacerlo. Que considera que no habrá mucha disponibilidad presupuestaria a

estas alturas del año, pero se debería hacer cualquier esfuerzo por transferir

fondos de un lugar a otro para lograrlo.

      El Presidente, Magistrado Mora indica, que algunas de esas ideas son

las que se han tenido en mente, pero desdichadamente, el contenido

presupuestario en este momento no da para más y los restantes jueces

supernumerarios que aparecen en el presupuesto actual, pareciera que si se

sacan de las oficinas en donde se encuentran, se causaría un grave problema,
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pero se estima de que la experiencia que pueda lograrse con este trabajo,

eventualmente con los nuevos jueces que contienen ya presupuesto el próximo

año, podría continuarse con el proyecto.

      El Magistrado Fernández expresa, que le llama la atención que se haya

decidido ese programa en lo laboral, ya que considera que es necesario, pero

tiene un documento que ha mandado a traer a su oficina, de que la situación de

crisis mucho más fuerte, es la de del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos

Sumarios, porque lo laboral tiene dieciseis (16) jueces, lo Civil de Hacienda

de Asuntos Sumarios, tiene catorce (14), mientras el Juzgado de Trabajo tiene

diecisiete mil (17.000) asuntos, el Civil de Hacienda tiene treinta y seis mil

(36.000). Entonces, le preocupa mucho la primera decisión que sea para lo

laboral, cuando el incendio mayor, de conformidad con los cuadros

comparativos que tiene de los dos juzgados con vespertino, va y por mucho,

del lado de lo Civil de Hacienda y se habla de un grupo de supernumerarios

que van a trabajar un año en el 5° piso y qué se va a hacer con lo Civil de

Hacienda, que está en el doble de peores circunstancias, a no ser que halla un

plan especial para esa materia.

      El Presidente, Magistrado Mora expone, que fue escogida la

jurisdicción laboral en virtud de que desde hace mucho tiempo se venía
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hablando con la Comisión de Asuntos Laborales sobre este tema; además,

resultaba más fácil buscar personas que se desempeñen en lo laboral, dentro

del grupo de jueces supernumerarios, que lo hagan en lo civil de hacienda y

contencioso administrativo. También se tomó en consideración que el

problema del Juzgado Contencioso Administrativo es mucho más grande y

que hay que resolver con muchos otros recursos.

     Que en su oportunidad, trajo un plan para hacer una redistribución de los

empleados de ese Juzgado; sin embargo, esta Corte dispuso que de previo no

se oyera ni se conociera el informe de los megadespachos, no se hiciera nada

en ese Juzgado, por lo que en razón de eso, se ha estimado que se puede dirigir

la ayuda a resolver problemas de otros tribunales donde hay menos problemas;

sin embargo, si esta Corte dispone que se hiciera en lo Contencioso

Administrativo, pues también podría hacerse; empero, como solo se cuenta

con diez jueces y se podrían distribuir cinco y cinco y a su criterio no se

resolvería mayor cosa en una parte u otra, por lo que se analizaría una

propuesta en relación con ese juzgado, lo que se haría entonces con la

Comisión de lo Contencioso Administrativo.

      El Magistrado Solano manifiesta, que con la advertencia que está de

acuerdo con la propuesta que hace la Presidencia, el único tema que a su
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criterio se debiera también precisar, o que faltaría por precisar, es el de la meta

que se le va a asignar a este grupo, es decir, crear 10 jueces más para que

dentro de 6 meses no se tengan resultados, le parece que sería un trabajo que

va a resultar fallido y que va a hacer muy negativo para lo que después se

intente hacer, de manera que el tema de cuotas aunque está cuestionado por la

ACOJUD, piensa que hay que manejarlo, por lo que habría que decirles que se

les va a nombrar, pero se espera tal resultado y al cabo de 6 meses, tienen que

estar produciendo tanta sentencias por día o sacando tantas resoluciones, ya

que de lo contrario no se avanzaría mucho.

      El Presidente, Magistrado Mora, expresa al Magistrado Solano que en

razón de lo solicitado también por el Magistrado Sancho, plantear dentro de

un mes a esta Corte cuáles serían los objetivos de ese grupo, cuál es el

compromiso adquirido y eventualmente qué requerimientos se podrían tener

para el próximo presupuesto, porque indudablemente, si se tiene una buena

experiencia, se podría conforme señala el Magistrado Fernández, extenderlo a

otras jurisdicciones.

      El Magistrado Sancho agrega, que le parece que lo correcto es eso, de

fijar una meta; sin embargo, la forma de fijar esa meta es a la que no estaría

muy de acuerdo por lo planteado por el Magistrado Solano, ya que estima que
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no se debiera fijarles cuotas a los jueces de cuántas sentencias tienen que

dictar, ya que estima que eso debería de salir de una conversación con ellos,

para motivarlos y promover que de ellos mismos salga una propuesta que

puedan cumplir, porque como ya se sabe, existe una insatisfacción en algunos

funcionarios por la fijación de cuotas y las asociaciones de jueces se han

quejado contra esta forma de planificar un trabajo.

     Que lo más conveniente sería, que la Comisión Laboral se reúna con

ellos, converse, les haga una motivación y que de ellos salga un plan de

trabajo que la Corte revisaría y sin perjuicio de hacer una contrapropuesta, al

fin y al cabo sería la misma manera de llegar al mismo fin.

      El Magistrado Rojas manifiesta, que efectivamente en la Comisión de

Asuntos Laborales se han sentido las reacciones de los jueces por las cuotas,

por eso se hizo un estudio de Planificación del que resultó que según ese

Departamento, la cuota debe ser más alta de la que había dicho la Comisión,

pero además, de todo esto se realizaron bastantes reuniones con los jueces, a

veces con algunos jueces el resultado es bueno, con otros ha sido casi

negativo, pero cuando surgió la idea de llevar este grupo de jueces, se ha

estado ya pensando en algunas cosas, tomar por ejemplo que uno de los jueces

que ya están ahí para que pase a trabajar con los que llegan, establecer metas
                                                                          75


que le permitan evacuar casi constantemente el trabajo y una meta también

que resuelva el asunto.

     Que sobre todo con estos jueces que llegan ahí, el diálogo es muy

importante, particularmente le parece que no se puede eliminar del todo lo de

las cuotas, pero se puede sesgar un poco el camino y llegar a lo mismo y tal

vez superar la situación.

      El Magistrado Montenegro pregunta, si la solución que se propone

significa ampliar la jornada vespertina, es decir, ampliar el número de

personas que va a estar en la vespertina o va a hacer todo para la primera

jornada.

      El Presidente, Magistrado Mora, aclara que va a ser primero en la

jornada ordinaria, ya que son jueces que han venido trabajando en esa jornada

y que van a continuar así.

      Agrega el Magistrado Montenegro, que además de los Jueces

Supernumerarios, pareciera lógico que va a necesitar más personal de apoyo.

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa que van a tener diez

auxiliares judiciales supernumerarios.

     Dice el Magistrado Montenegro, que también quería señalar, a propósito

de la intervención del Magistrado Fernández, es que como éste lo mencionó,
                                                                              76


el problema del Civil de Hacienda es un problema crítico que se está

sufriendo, porque no se puede hacer más grande el despacho, el espacio físico

ya es insuficiente para la gente que está trabajando ahí, pero sí podría esta

Corte, por lo menos lograr unos dos o tres supernumerarios que administren

justicia para la vespertina, de esta manera algo se desahogaría, sin perjuicio de

un programa ya integral que se pudiera poner en funcionamiento el año

entrante, cuando sí sea posible nombrar personal extraordinario, ya que por

ahora no es factible. Que sabe lo que son los jueces supernumerarios

asignados a la Presidencia y realmente todos están ubicados aquí y allá y más

bien liberar 15 personas, debe haber sido una tarea no muy pacífica, porque

me imagino los pleitos con los jueces donde estaban asignados, pero de toda

suerte, si existiera la posibilidad de ampliar por lo menos unos dos más

supernumerarios en lo Civil de Hacienda y mientras tanto que se les pasen a la

vespertina, ayudaría mucho.

     Agrega, que en estos momentos la verdad es que la producción de la

vespertina, tal vez no sea la optima, pero por lo menos está desahogando un

poco los del diurno.

      El Presidente, Magistrado Mora expone, que si la Corte está de acuerdo,

se podría someter a votación el aprobar el plan que se ha planteado con la
                                                                           77


necesidad de que la Comisión de Asuntos Laborales y la Presidencia, traigan

un mes después de iniciado el proyecto ya debidamente documentado, lo que

se va a desarrollar en los compromisos adquiridos, así como una instancia a la

Presidencia, lo que de todas maneras tomaría en este momento, acerca de la

necesidad de librar otras plazas de supernumerarios de oficinas en donde no

sean indispensables para trasladarlas a lo Civil de Hacienda. Que sería

importante que sea la Corte la que lo disponga así, a fin de que no se vaya a

estimar, que en su carácter de Presidente, esté actuando en contra de lo dicho

por la Corte en su oportunidad, de que no se haga ninguna modificación a los

Juzgados en donde pueden ser calificados de megadespachos.

      Se dispuso: Por unanimidad acoger la propuesta del Presidente,

Magistrado Mora, conforme consta en el párrafo que antecede.

                           ARTÍCULO XVII

      El Magistrado Ramírez, en su carácter de Coordinador de la Comisión

que se integró para solucionar el problema de los Jueces interinos, manifiesta

que el informe que esa Comisión debe rendir a esta Corte, ya fue elaborado y

en una sesión anterior se había dispuesto, que junto con el Magistrado Aguirre

se separaran a fin de dar las audiencias respectivas a los jueces y a la

Asociación de ellos mismos; además, solicita que en razón de que el asunto es
                                                                              78


de especial importancia, se conozca en la próxima sesión en la forma que se

considere conveniente.

      Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones del Magistrado Ramírez

y conceder permiso con goce de salario a los Magistrados Ramírez y Aguirre,

para que se separen de su cargo del 31 de este mes, al 3 de setiembre próximo

entrante, para los fines dichos. En el caso del segundo, el permiso rige a contar

de la segunda audiencia del día de mañana.

      Al propio tiempo, se autoriza al Magistrado Ramírez para que integre la

Sala Tercera, durante la primera audiencia del 3 de dicho mes de setiembre, a

fin de que participe en la votación de la causa N° 97-001832-274-PE que se

sigue contra Humberto Brenes Jenkins y otro.

                            ARTÍCULO XVIII

      El Magistrado Ramírez solicita, que se altere el orden de la agenda y si

el Magistrado Sancho lo tiene a bien, se conozca del informe relacionado con

la nota de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados para que se

aplique a los Jubilados y Pensionados el porcentaje recomendado por el

Departamento de Personal y aprobado por la Corte para todos los servidores

activos profesionales y no profesionales.
                                                                             79


      El Magistrado Solano expresa, que está de acuerdo en lo propuesto,

pero llama la atención a los señores Magistrados, pues si piden que se altere el

orden de la agenda, hay asuntos tan importantes que él ha señalado, como sólo

los informes pendientes sobre proyectos de Ley que la Asamblea Legislativa

ha solicitado informe y que no se han dado, porque no ha habido tiempo para

llegar a esos puntos, por lo que se debe hacer un esfuerzo por racionalizar el

manejo de la agenda de Corte.

      El Presidente, Magistrado Mora indica, que se tiene por alterado el

orden de la agenda y a tal efecto, se entra a conocer la solicitud a que se ha

hecho referencia.

      El Magistrado Sancho, rinde el siguiente informe:

             “Para que sea puesto en conocimiento de la Corte Plena, me
       permito rendir el informe solicitado en el traslado de documento N°
       58-99 del 3 de marzo del año en curso, relacionado con la gestión
       que formula el señor Rodrigo Núñez Cedeño, Presidente de la
       Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial,
       para que se aplique a todos los beneficiarios del régimen, el plus
       salarial conocido como “Reconocimiento por el Ejercicio de la
       Función Judicial” (REFJ).
             Para formar criterio, me reuní en al menos dos ocasiones con
       los representantes de la Asociación, quienes ampliaron sus
       argumentos en documentos que se adjuntan y pedí, verbalmente, la
       opinión del Departamento Legal, la que también se anexa a este
       informe.
             Advierto que una gestión similar a la que conoce Corte Plena,
       fue presentada ante el Consejo Superior, que en Sesión celebrada el
       4 de febrero de este año, la denegó pro considerar que el REFJ se
       paga como un porcentaje del salario base y no forma parte de éste,
                                                                           80


acuerdo que fue dejado en suspenso hasta que se pronuncie la Corte
Plena.
      En primer término expongo cuales son las posiciones que se
encuentran enfrentadas:
a).- La Asociación afirma que los jubilados y pensionados antes de
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en
vigencia el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro,
tienen el derecho a que se les aplique el antiguo artículo 234 de esa
Ley y se alega que esa pretensión, es conforme con los antecedentes
establecidos pro el Consejo Superior, el que se sustenta, a su vez, en
el pronunciamiento de la Corte Plena del 14 de diciembre de 1994 y
en el voto número 5817-93 de la Sala Constitucional.
      Es decir, se pide interpretar que al disponer el anterior artículo
234 que “Cuando en el Presupuesto fuere aumentado el sueldo que
sirvió de base para fijar una jubilación o pensión, la Corte deberá
mejorara en esa proporción el beneficio acordado”, significa que
todos aumento que reciba un servidor en ejercicio, por igual debe
aumentar la jubilación o pensión.
b).- El Departamento de Personal y la Administración en general,
tienen un criterio distinto. El índice comparativo que se toma en
cuenta para incrementar las jubilaciones y pensiones judiciales,
tanto con la anterior Ley como con la vigente, es única y
exclusivamente el salario base. Esta opinión se fundamenta, entre
otras coas, en el informe que rindió el Magistrado Ricardo Vargas
Hidalgo a Corte Plena, que lo aprobó en sesión del 7 de diciembre
de 1989.
c).- En la sesión del Consejo Superior del 20 de enero de 1994,
artículo LXIV, resolviendo una petición de la misma Asociación, se
acordó:
“Acceder a la solicitud del señor Carlos Luis Alvarez Vega, en
consecuencia, en aplicación del principio laboral de la norma más
favorable, se dispone que todos aquellos jubilados o pensionados
judiciales, a quienes se les otorgó el beneficio antes del 31 de
diciembre del año recién pasado, mantienen su derecho para que se
les reajuste su beneficio, en los términos del artículo 234, párrafo
primero de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial, pues como
lo consideró la Sala Constitucional de la Corte en el voto N° 5817-
93 de las 16:09 horas del 10 de noviembre del año recién
pasado”,… como derecho adquirido que es, resulta intangible para
la ley posterior, que en consecuencia, no puede válidamente
suprimirlo…”
                                                                         81


      Pero si como ha quedado dicho, ya sea por la aplicación del
artículo 24 o del actual 229, los resultados siempre son los mismos,
no se advierte, en estricto sentido, en dónde radica la diferencia. En
realidad, lo que debe decidir la solicitud formulada es si todo
aumento en el salario del servidor activo, implica un aumento igual
y automático en las jubilaciones y pensiones o si por el contrario,
existe una diferencia sustancial entre el aumento a la base salarial y
los pluses que incrementan el devengado del servidor.
      No obstante lo que he señalado debo, ahora, referirme a la
normativa aplicable al reclamo de la Asociación. Desconozco las
razones pro las que este asunto ha sido puesto en conocimiento de la
Corte Plena, la que a mi juicio carece de competencia para
pronunciarse sobre la misma. El inciso 12 del artículo 81 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial dispone:
   “Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial:
   12).- Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del
   Poder Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión de
   ese Fondo, establecidas por la Corte”,
y por otro lado, el artículo 25 ídem señala:
“Corresponde al Consejo, de oficio o a solicitud de interesado,
conceder las jubilaciones o pensiones, vigilar el correcto
aprovechamiento de las mismas y modificar o cancelar, en su caso,
las otorgadas, para lo cual se le confieren todas las facultades
necesarias, sin perjuicio de la fiscalización que corresponda a la
jurisdicción común.”
      En consecuencia, es mi opinión que la gestión presentada por
la Asociación, ya fue resuelta por el Consejo Superior mediante
acuerdo que adoptó en la sesión del 4 de febrero anterior y la Corte
Plena, no puede entrar a conocer de la misma, por carecer de
competencia para ello. Es la decisión del Consejo Superior, la que
agota la vía administrativa en esta materia. Tampoco podría la
Corte Plena, a juicio, avocar el conocimiento del asunto, porque tal
procedimiento solo es posible cuando el caso concreto esté
pendiente de resolver, lo que no ocurre en este caso.
      De todas maneras, si la Corte Plena estima que debe entrar a
conocer el asunto, deberá pronunciarse sobre una de las dos
alternativas siguientes:
      1.- Si todo aumento de salario al servidor en ejercicio,
incrementa, automáticamente, la jubilación o pensión otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigencia del texto actual de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
                                                                              82


            2.- Si por el contrario, solo tienen esos efectos, los aumentos
       que modifican la base del salario.
       Dejo de esta manera rendido el informe solicitado y le adjunto los
       documentos que han servido de base al estudio del tema.”

                                      -0-

      El Presidente, Magistrado Mora manifiesta, que primero se debe

resolver el problema procesal, en el sentido de que si esta Corte tendría

competencia para hacer pronunciamiento en relación con lo pedido, o señalar

que corresponde al Consejo y que ya éste resolvió.

      El Magistrado Ramírez consulta al Magistrado Sancho, que si la sesión

del 14 de diciembre de 1.994 conoció un caso similar al que ahora se pretende

resolver o fue sobre otro punto.

      Indica el Magistrado Sancho, que era una gestión de algunos

Magistrados jubilados, en que se resuelve el punto de si los gastos de

representación debían incluirse en la pensión; en esa ocasión, la resolución fue

favorable por razones obvias, lo que fue resuelto por una Corte Plena de

suplentes, donde el Magistrado Carlos Manuel Coto Albán rindió un informe y

señaló un asunto que sería interesante tener en cuenta, ya que lo que dijo en

ese informe a la Corte Plena, era que si lo que se estaba pidiendo es que se

avocara el conocimiento de este asunto a Corte Plena, porque de acuerdo con

la Ley le corresponde al Consejo y la Corte podría entrar a avocar un asunto
                                                                           83


cuando no ha habido pronunciamiento sobre el fondo; en ese caso, como ya

existía un pronunciamiento, entonces el Licenciado Coto Albán lo que

recomienda es: “… no puede la Corte entrar a avocar cuando ya el inferior ha

hecho pronunciamiento..”, pero que este es otro tema que tendría que decidir

la Corte.

      También consulta el Magistrado Ramírez, que si la solicitud de la

Asociación fuera favorable, si entrara a cuestionarse si es el Consejo o es la

Corte, si los señores Magistrados en vista de que pueden ser jubilados en el

futuro, si corresponde a la Corte Plena titular o si eso debe ser conocido por

una Corte Suplente.

      El Magistrado Sancho al respecto expresa, que ese sería otro problema,

porque no sólo en cuanto a que los Magistrados eventualmente podrían llegar

a ser titulares de jubilaciones y se verían beneficiados con un

pronunciamiento, considera que quizás esto tendría que resolverlo una Corte

de Suplentes.

      Que lo que quiere decir, es que esto no es automático desde el punto de

vista de que si la Corte decide que el asunto tiene que ir al Consejo, que de

una vez se diga que ya está resuelto, porque sobre esta gestión no hay

pronunciamiento expreso, es sobre otra gestión, habría que entrar a conocer en
                                                                            84


el Consejo ésta. Que le parece que la disposición de la Ley Orgánica de

señalar que es el Consejo el que administra el Fondo de Pensiones y le deja a

la Corte únicamente fijar la política de inversión, esto implica que si la

resolución fuera favorable a favor de los jubilados y pensionados, entonces es

el Fondo de Pensiones el que deberá pagar los reajustes y como todo lo que se

resuelve en relación con el Fondo de Pensiones corresponde al Consejo, de

acuerdo con el 235 inclusive el agotamiento de la vía administrativa, su

opinión es que este asunto debiera pasarse al Consejo y que sea éste el que

haga el pronunciamiento utilizando los antecedentes que existen y la opinión

que puedan suministrarle el Departamento de Personal, que tiene todos los

precedentes recopilados y entonces hacer un pronunciamiento. Que para él, es

muy difícil pronunciar o recomendar si es sí o no, en el caso concreto, porque

primero habría que resolver el tema procesal de si corresponde a la Corte o no,

para poder entrar al fondo a ver los alegatos y si en realidad tendrían razón o

no.

      Que le parece que en una discusión parecida sobre este tema, sobre los

porcentajes que tiene que ver con el aumento de costo de vida, que

aparentemente la Corte los estuvo calculando mal por algún tiempo están en
                                                                            85


juicio que se conoce en los Tribunales Laborales, pero el expediente no lo ha

visto todavía.

      Se procede a resolver si el asunto es de conocimiento del Consejo o de

la Corte, en relación con lo pedido y se dispuso: que el caso es competencia

del Consejo. Así votaron los Magistrados Mora, Picado, Montenegro, Rivas,

Rojas, González, Castro, Piza, Solano, Calzada, Vargas y los Suplentes Brenes

Vargas y Ramos Valverde.

      El Magistrado Vargas agregó, que en una intervención anterior expresó

que el Consejo debería tomar nota y ejercer sus competencias.

      El Magistrado Solano adicionó su voto, en el sentido de que como el

Magistrado Sancho indicó que existían precedentes, entonces que el Consejo

resuelva con base en ello.

      Los Magistrados Aguirre y Fernández se abstuvieron de votar, en razón

de que un cuñado del primero y el padre del segundo, son jubilados judiciales.

      El Magistrado Ramírez emitió su voto, en el sentido de que el asunto es

de conocimiento de la Corte.

      La Magistrada Calzada aclara, que al inicio de la discusión señaló que

su señora madre era jubilada, por lo que quiere dejar constancia de que incluso

se le dijo que podía votar.
                                                                             86


      El Magistrado González expone, que nadie le dijo que podía votar, pero

si considera que podía hacerlo, por lo que quiere dejarlo por lo menos patente,

porque este es un asunto de procedimiento, es decir, muchos de los señores

Magistrados tienen parientes que están jubilados y no se está resolviendo el

fondo ni a favor ni en contra de nadie, por lo que reitera que es un aspecto de

procedimiento como muchos otros del Fondo de Pensiones que ha resuelto

esta Corte, o sea las interpretaciones sobre el fondo que no están afectando ni

favoreciendo a ningún funcionario.

      Agrega el Magistrado Vargas, que él tiene un tío que es jubilado y

comparte el criterio del Magistrado González, que aquí no se está resolviendo

el fondo, lo que se está diciendo es que pase al órgano competente para que

resuelva de acuerdo con su leal saber y entender, ni siquiera se está insinuando

cómo se va a votar.

      Con motivo de lo resuelto, se devuelven las diligencias al Consejo

Superior, para lo que corresponda.

                              ARTÍCULO XIX

      SALE EL MAGISTRDO CASTRO.
                                                                                  87


      En oficio N° D.G.A.C.-027-99 de 22 de febrero de este año, el señor

Guillermo Arroyo Muñoz, Director General de Adaptación Social, manifestó

lo siguiente:

        “Como es de su conocimiento, Costa Rica ha suscrito y ratificado
        dos tratados multilaterales y una bilateral, en materia de repatriación
        de personas sentenciadas, a saber: A) “Convención sobre la
        Transferencia de Personas Sentenciadas Estrasburgo, 21 de marzo
        de 1983”, ratificada por la Ley 7749 de 9 de febrero de 1998,
        publicada en la Gaceta 54 de 18 de marzo de 1998, cuyo
        Reglamento se promulgó mediante el Decreto Ejecutivo 27259-J de
        7 de julio de 1998. B) “Convención Interamericana para el
        Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero”, ratificada por
        la Ley 7569 de 25 de enero de 1996, publicada en la Gaceta 36 de
        20 de febrero de 1996, cuyo Reglamento se promulgó mediante el
        Decreto Ejecutivo 27123-J de 10 de junio de 1998, publicado en la
        Gaceta 134 de 1 de julio de 1998. C) “Tratado sobre Traslado de
        Personas Condenadas para Ejecución de Sentencias Penales entre el
        Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la
        República de Colombia”, ratificado por la Ley 7745 de 9 de febrero
        de 1998, publicada en la Gaceta 53 de 17 de marzo de 1998, no
        reglamentada a la fecha.
        En virtud de que la Dirección General de Adaptación Social ha sido
        designada como Autoridad Central Ejecutora de las repatriaciones,
        el suscrito, en tal carácter, solicita por su medio al Consejo Superior
        del Poder Judicial, se pronuncie respecto al trámite de
        “cumplimiento continuo” o de “conversión de sentencia” (Artículos
        10 y 11 de la Convención de Estrasburgo), (Artículo VII inciso 2 de
        la Convención Interamericana), (Artículo V inciso 33 del Tratado
        Bilateral con Colombia), en el sentido de determinar cuál es la
        autoridad judicial o administrativa que debe avocarse a realizar el
        procedimiento correspondiente.
        En razón de que muy pronto estarán ingresando al territorio
        nacional, las primeras personas privadas de libertad, de nacionalidad
        costarricense, que serán transferidas, solicito con todo respeto que le
        pronunciamiento requerido se emita y comunique con la mayor
        brevedad posible.
                                                                                 88


       Se anexan copias de las Convenciones, los Reglamentos y el
       Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República,
       número C-056-97 de 16 de abril de 1997.”

                                        -0-
      Las diligencias se pasaron a estudio del Magistrado González,

Presidente de la Comisión de Asuntos Penales, quien en nota de 8 de junio

recién pasado, rinde el siguiente informe:

             “En relación a la Solicitud de Informe o Traslado de
       Documentos N° 36-99, me permito manifestarle que la Comisión de
       Asuntos Penales rinde el informe que se le solicita sobre: a)
       Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas
       Estrasburgo, 21 de marzo de 1983, ratificada por Ley 7749 de 9 de
       febrero de 1998.        B)     Convención Interamericana para el
       Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, ratificada por
       Ley 7745 de 9 de febrero de 1998, en los siguientes términos:
             La autoridad competente para conocer de dicho procedimiento
       lo es el Juzgado de la Ejecución de la Pena, pues este órgano ha sido
       establecido como la instancia competente en todo lo relativo al
       proceso de la ejecución o cumplimiento de las penas, siendo que
       ello se deriva no sólo de la legislación vigente sobre la materia, sino
       también de la propia Constitución Política. En este sentido véase
       que:
             En primer lugar, la normativa internacional consultada, es
       decir, la “Convención de Estrasburgo” (Artículo 9 inciso 3°), la
       “Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas en
       el Extranjero” (Artículo VII inciso 2°) y el “Tratado sobre Traslado
       de Personas para Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno
       de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de
       Colombia” (Artículo V inciso 33°), coincide en que el cumplimiento
       de la sentencia condenatoria se realizará conforme lo disponen las
       leyes y procedimientos del “Estado Administrante o Receptador”.
             En segundo lugar, la normativa procesal penal,
       específicamente el Código Procesal Penal de 1996, es la legislación
       vigente en nuestro país que regula el proceso de ejecución de
       sentencias en materia penal. Esta normativa viene a establecer de
       manera específica no sólo cuál es la autoridad competente para
       conocer de la ejecución de las sentencias, sino también cuál es el
                                                                        89


procedimiento que debe seguirse para tal efecto, señalándose
consecuentemente al Juzgado de la Ejecución de la Pena como la
autoridad judicial encargada para ello.
      Se dice así, en este cuerpo legal, que: “Las resoluciones
judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario por el
tribunal que las dictó en primera o en única instancia. El tribunal
de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la
pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de
cumplimiento. Lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción,
sustitución o modificación de aquellas será competencia del
tribunal de ejecución de la pena” (art. 45 CPP 96).
      Debiendo entenderse en este caso como “Tribunal de
Sentencia” e que dictó la resolución condenatoria en primera o
única instancia en el “Estado Sentenciador, Sentenciante o
Trasladante”, siendo el tribunal o juzgado de ejecución de la pena el
encargado de continuar con su cumplimiento en nuestro país, en
tanto viene a ser la autoridad competente del “Estado Receptador o
Administrante”, toda vez que le corresponde, en lo que interesa:
   “a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las
   medidas de seguridad, así como las condiciones de su
   cumplimiento…
   c)          Resolver, con aplicación del procedimiento
   previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o
   quejas que los internos formulen en relación con el régimen y
   tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.
   d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que
   formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.” (art.
   458 ibídem)
En tercer lugar, nuestra Constitución Política en su artículo 153
dispone que será el Poder Judicial el encargado de conocer
exclusivamente de la ejecución de todas las sentencias por él
dictadas en las distintas materias, en el tanto se señala que:
“Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta
Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales,
comerciales, de trabajo y contencioso-administrativo, así como de
las otras que establezca la ley, cualquier que sea su naturaleza y la
calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente
sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la
ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”.
      Así las cosas, aún cuando se indique en la normativa que se
consulta que cada Estado designará una Autoridad Central,
                                                                                90


       observándose que en nuestro país se estableció a la Dirección
       General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia,
       debe entenderse que su competencia será únicamente respecto al
       trámite fijado para la transferencia de las personas sentenciadas,
       siendo ante esta instancia administrativa en donde se debe gestionar
       todo lo pertinente a las solicitudes y requisitos que sean requeridos;
       correspondiendo en consecuencia al juzgado de la ejecución de la
       pena el conocimiento de las diligencias sobre la ejecución,
       modificación o conversión de las penas, ya que así lo vino a regular
       el ordenamiento jurídico de nuestro país.
                                       -0-

      El Magistrado Piza consulta, si la situación expuesta no abarca también

a las personas que no han sido condenadas en el extranjero y que se

intercambian en virtud de los tratados que hay.

      Al respecto, aclara el Magistrado González que los convenios que hay,

son en relación con personas condenadas y lo que se hace es para que vengan

a cumplir la pena y a eso es a lo que se hace referencia en el informe.

      Expresa el Magistrado Solano, que se va a decir que es el Juez de la

Ejecución de la Pena, pero estos tratados generalmente persiguen que sea una

autoridad y el Poder Judicial tiene varios jueces de Ejecución de la Pena, por

lo que tendría que escoger a uno y centralizar todo este manejo en un solo

Juez de esa materia.

      El Magistrado González refiere, que ese tema la Comisión está

señalando que debe ser uno de los Jueces de San José, pero aquí existe una

situación y es que sea sin perjuicio de que intervenga el Juez de Ejecución de
                                                                             91


la Pena por jurisdicción, por ejemplo, si la persona va a cumplir la pena en el

Centro de La Reforma, los Jueces que tienen jurisdicción para resolver los

problemas relacionados con los internos que están ahí, son los de Alajuela, si

la van a ejecutar en el Centro de Sandoval, sería el de Limón, ya hay una

definición más o menos de jurisdicciones.

      Que también se había establecido, que en materia de extradición, a falta

de una indicación, debían ser los de San José, pero en relación con estos sería

el competente de acuerdo con las reglas de competencia que ha definido la

propia Corte y la Ley.

      Indica el Magistrado Sancho, que a su criterio se dan las dos cosas, que

a lo que se refiere el Magistrado Solano, posiblemente esté resuelto con la

Dirección General de Adaptación Social, que es el órgano encargado de

tramitar todo lo que se refiere a traslado, ese sería el único órgano con el que

hay que comunicarse a los efectos de proveer el traslado de los condenados,

las transferencia de los sentenciados. Que ya en el país, le parece entender que

el pronunciamiento lo que está diciendo es a través del Juez de Ejecución de la

Pena y eso es genérico, sería el que sea competente de acuerdo con la

jurisdicción donde se encuentre el sentenciado.
                                                                              92


      Que estima que el Magistrado Solano tiene razón en el sentido de que

ellos buscarían que haya un único canal, una persona encargada de tramitar

todo y eso es la Dirección General de Adaptación Social, que la parte que le

interesa es el valor que tendrá este acuerdo, esto sería a manera de una

directriz para ejecutar los acuerdos que hay o los convenios, o si será

necesario que en razón de la existencia de esos convenios de la Convención de

Estrasburgo y la de Colombia, si es necesario más bien esto adoptarlo a

manera de un reglamento de la Corte, pues para mayor seguridad de las

personas involucradas que quedara todo en un documento, o si simplemente

como una directriz, es suficiente para los efectos de la ejecución del convenio.

      El Magistrado González manifiesta, atendiendo las dos inquietudes,

piensa que pueden existir algunos aspectos anticipados que sean

indispensables resolver por parte del Juez antes de proceder al traslado, que

sería conveniente tal vez adicionar el informe con la sugerencia que hace el

Magistrado Solano, indicando que la competencia la tendrá el Juez de

Ejecución de la Pena del lugar donde se encuentre ubicado el interno en el

caso costarricense y que a falta de una indicación expresa que lo sean los de

San José, es decir, tenerlo por adicionado en esos términos, por ejemplo, si

están haciendo una consulta anticipada sobre algún aspecto jurisdiccional, que
                                                                             93


a falta de una indicación expresa sobre cuál es el Juez de Ejecución de la Pena

competente, se indique que es el de San José, eso para resolver el primer

aspecto y en relación con lo segundo, estima que no hace falta, ya que esto

sería una especie de regla práctica interna del Estado costarricense, poniendo

en comunicación al Ministerio de Justicia y a los Jueces de Ejecución de la

Pena, porque si bien es cierto el Código Procesal Penal se está refiriendo a la

ejecución   de    sentencias    dictadas   por   autoridades    jurisdiccionales

costarricenses, al existir estos convenios en donde la persona va a ejecutarse,

va a venir a sufrir la pena de prisión aquí en Costa Rica y se va a ejecutar una

sentencia fijada en el extranjero, en ese caso cree que no sería necesario un

addendum, porque ya el Código Procesal Penal establece que las autoridades

competentes, incluso les señala cuáles son sus competencias, para resolver

cualquier diferendo o problema jurisdiccional en la fase de ejecución, es el

Juez de Ejecución de la Pena.

      Que quedan a salvo aspectos relacionados con la revisión de las

sentencias y una serie de aspectos que tienen que ser consultados con el Juez

de sentencia, pero esto ya es un problema sustantivo que debe ser resuelto

conforme al tratado, es decir, que es para resolver problemas, por ejemplo, si

hay un incidente en relación con la visita conyugal, un permiso de salida,
                                                                               94


¿quién lo autoriza?, o si hay la aplicación de una medida disciplinaria en

relación con estos internos, ¿ante qué Juez recurre el sistema penitenciario si

no se está ejecutando una sentencia fijada por una autoridad costarricense?.

      Agrega el Magistrado Solano, que sobre el punto que planteaba el

Magistrado Sancho, cree que ya se tiene precedente, en la Convención de

Viena para la represión del tráfico de drogas, la del 88, obligó a esta Corte a

definir cual es la autoridad nacional para efectos de la entrega vigilada y se

dijo que era el Ministerio Público, por eso considera que para su gusto hubiera

sido preferible decir un determinado Juez de Ejecución de la Pena, para que no

se preste a diferentes interpretaciones si se tienen seis o cincuenta jueces,

además, como el Juez de Ejecución de la Pena es un Juez atípico, ya que no lo

considera Juez en el sentido estricto, pero al fin y al cabo es un funcionario

calificado, que con criterio jurídico establece reglas para la ejecución o la

mejor ejecución, o la más garantista ejecución de la pena, etcétera, hubiera

preferido decir uno de San José, pero no le causa demasiado desvelo que se

diga lo contrario.

      El Magistrado Piza indica, que él lo que quería era sugerir una fórmula

de tipo general, ya que le parece que lo que los demás estados y los tratados

quieren, es un saber a qué atenerse y le parece que aquí se tienen reglas
                                                                               95


suficientes de competencia, por ejemplo, para delitos cometidos en el exterior,

y entonces contestar en general, sería competente los jueces a quienes

corresponden intervenir en los delitos cometidos en el exterior. Para juzgarlos,

los Jueces de San José. Para Ejecución de la Pena, donde se ubique el

detenido, etcétera, pero dar una respuesta de carácter general, es decir darles el

tratamiento a estos señores, igual que se le da a un delincuente que ha

cometido un delito en el exterior y que es juzgado en Costa Rica, porque

estima que es lo más parecido y con eso se resolverían de una vez todos los

problemas con una sola definición.

      El Presidente, Magistrado Mora, manifiesta que la propuesta sería

acoger el informe que rinde la Comisión de Asuntos Penales firmada por don

Daniel González, con las observaciones que hizo don Rodolfo, es decir,

aprobarlo señalando que es el Juzgado que corresponde a la jurisdicción donde

se encuentre detenida la persona, a lo que el Magistrado Solano aceptaba que

fuera de esta manera.

      Agrega el Magistrado González, que a lo que se refiere el Magistrado

Piza, haría más allá de lo que se está rindiendo el informe, ya que éste se

refiere específicamente al tema de la ejecución de sentencias de personas que

han sido intercambiadas, sea de alguien que ha venido al país a que se ejecute
                                                                           96


una pena privativa de libertad impuesta por un Estado extranjero, no para

efectos de juzgamiento, ni nada, ni se está definiendo la competencia de las

autoridades que conocen de delitos cometidos en el extranjero cuando son

costarricenses o hay un fuero de atracción de la jurisdicción.

      El Magistrado Piza indica, que lo que entiende es que están pidiendo

una cosa concreta, pero también piden otras y el Magistrado González se

refirió a determinadas hipótesis en que todavía no hay un lugar asignado, por

ejemplo, a la persona, que hay que resolver algunas cosas jurisdiccionales de

un individuo que va a ser enviado o que está llegando, entonces lo que cree es

que por economía de la propia Corte, se debería tomar una resolución de tipo

general, porque la resolución que está proponiendo, no difiere de la suya, es

simplemente decir, que se van a aplicar las reglas internas, las que en Costa

Rica se aplican al juzgamiento de delitos cometidos en el extranjero y con eso

se dejan resueltos todos los problemas, no se puede siquiera explicar a cada

caso, cuál es. Que es lo que sugiere.

      Se acordó: Aprobar el informe elaborado por la Comisión de Asuntos

Penales, con las observaciones de los Magistrados Piza y Solano. El presente

acuerdo se pondrá en conocimiento del señor Director de Adaptación Social y
                                                                               97


de los Juzgados de Ejecución de la Pena del país, para los efectos

correspondientes.

                              ARTÍCULO XX

      El Consejo Superior, en sesión celebrada el 31 de agosto de 1.998,

dispuso trasladar a la Comisión de Asuntos Penales para su estudio e informe,

el oficio N° 652-98-DJ de 12 de ese mes, junto con el que la Licenciada

Marcela Matamoros Ramírez, Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, remitió la Nota Verbal N° 73 de la Embajada de los

Estados Unidos de América, referente al artículo 16 del Tratado de

Extradición entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de

América.

      El Magistrado González, en su carácter de Presidente de la Comisión de

Asuntos Penales, rinde el siguiente informe:

              “La Embajada de Estados Unidos de América señala que en
       los procesos de extradición que se siguen en nuestro país, los jueces
       solicitan en cada caso, aseguraciones o promesas formales
       adicionales a lo estipulado por el Tratado de Extradición entre
       ambos países, como si debiera aplicarse para estos casos la Ley de
       Extradición de Costa Rica, lo cual hace que esas aseguraciones
       resulten redundantes.
              Las extradiciones entre la República de Costa Rica y los
       Estados Unidos de América, se rigen por el Tratado suscrito en San
       José el 4 de diciembre de 1982, número 95 del 21 de mayo de 1990
       y puesto en vigencia con el canje de los instrumentos de
       ratificación, del 11 de octubre de 1991. Dicho instrumento, dentro
       de la jerarquía de las normas, es superior a la legislación ordinaria
                                                                               98


       que rige la materia de extradición, y es por esa razón que tiene una
       fuerza superior la Ley de Extradición vigente y aplicable en nuestro
       país. El artículo 10 del Tratado en mención se refiere a la
       posibilidad de que el Estado Requerido solicite al Requirente las
       pruebas adicionales que considere necesarias para apoyar la
       solicitud de extradición, pero eso se da únicamente cuando
       considere que las pruebas aportadas son insuficientes para satisfacer
       los requisitos que establece el Tratado. No obstante, a falta de una
       disposición expresa del Tratado es obvio que la Ley de Extradición
       puede ser aplicada, ya que constituye una fuente legal supletoria,
       que regula algunos aspectos no previstos en el Tratado. Por lo
       anterior estimamos que si la actuación de los jueces tiene sustento
       en la ley, a falta de disposición expresa del Tratado, no constituye
       ninguna irregularidad susceptible de ser examinada.”
                                       -0-

      El Magistrado Solano expresa, que coincide con el informe de la

Comisión, pero sí sugeriría agregarle, para efectos de informar a la Embajada,

que la jurisprudencia de la Sala Constitucional se orienta o se inscribe en esa

misma tesis, de que sí está vigente el Tratado de Extradición, pero que esta

Corte no puede dar instrucciones a los Jueces, sobre cómo aplicar o qué

aplicar, pues eso es una cuestión de la independencia de ellos.

      El Magistrado Piza manifiesta, que simplemente para no discutir el

tema, salva el voto, porque no está de acuerdo con que se haya restablecido la

vigencia del Tratado, de la forma en que se está haciendo.

      Se dispuso: Aprobar el informe de la Comisión de Asuntos Penales,

con el voto salvado del Magistrado Piza y trasladarlo a conocimiento de la

Embajada de los Estados Unidos de América.
                                                                                 99


                             ARTÍCULO XXI

      La Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en oficio

N° 768-99-DJ de 6 de agosto en curso, manifestó lo siguiente:

       “Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer de su
       conocimiento la situación que en la actualidad se está presentando
       con la notificación de los exhortos en Tokio, Japón.
            Existe en la Cancillería Japonesa una oficina encargada de la
       recepción de las comisiones al exterior que se hace llamar “División
       de la Protección de Residentes Nacionales en extranjeros del
       MOFA”, la cual establece el siguiente procedimiento para la
       recepción y diligencia de los mismos.
                   EMBAJADA DE COSTA RICA EN TOKIO

                                         Presentar      Nota       verbal    (anexar
                                         documentos y su traducción en japonés
                                         con el fin de solicitar el exhorto)

                  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
       (División para la protección de Residentes Nacionales en extranjero)

                                         Entregar documentos presentados

                 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE JAPÓN
                         (Registro de la petición)

                                         Entregar documentos presentados

                            EMPRESA JAPONESA

                                         Presentación de la respuesta

                   EMBAJADA DE COSTA RICA EN TOKIO
       Le comunico lo anterior con el propósito de hacerles conciencia a
       los despachos judiciales respectivos sobre el trámite tan lento y
       costoso que representan para la parte interesada en nuestro país el
       notificador a una Empresa de Japón.”
                                                                    100


                                   -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y hacerla del

conocimiento de todas las Autoridades Judiciales del país, por medio de

circular que la Secretaría General de esta Corte publicará en el Boletín

Judicial.

                                   -0-

      A las 16:40 horas terminó la sesión.

								
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