PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONONOMIA Y LA HACIENDA PUBLICA by HC11112521130

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									                                ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA


Dependencia:   PROCURADURIA DELEGADA PARA LA
               ECONOMIA Y LA HACIENDA PÚBLICA
Radicación     09-13930-98
Investigado    BERNARDO VALDEBLANQUEZ GARCIA
Cargo y
Entidad
Quejoso       Leopoldo Campos Sánchez
Fecha Queja:
Fecha hechos:
Asunto:       Apelación Fallo de Primera Instancia
               RESOLUCIÓN      No. _________DE 2001

Bogotá D. C. 17 enero 2002

 Por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso
                         disciplinario.

           EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMÍA Y
                      LA HACIENDA PÚBLICA

                            CONSIDERANDO:

1.   ANTECEDENTES.

Con fundamento en diligencias preliminares practicadas por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, la Abogada
Asesora del Despacho del Procurador General, doctora ROCIO
AMANDA BRICEÑO MARTINEZ, halló mérito para abrir investigación
disciplinaria mediante autos del 21 de enero de 1999 y 25 de
enero de 2000 (fls.334-359 C.P.2 y 1-38 C.P.3 contra los
siguientes funcionarios del Departamento del Amazonas:

1. FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, Gobernador.
2. LUZ NAYADE SUCHIL SUAREZ URIBE, Gobernadora (E)
3. JUAN CARLOS GUTIERREZ, Secretario de Hacienda
4. ANTONIO JOSE RAMIREZ SANTOS, Secretario de Obras Públicas
5. HERNAN GUTIERREZ BARRIOS, Secretario de Salud
6. JORGE ANTONIO CACHIQUE HERNANDEZ, Secretario de Agricultura
7. MARTHA BOLIVAR REINA, Directora Oficina Jurídica
8. JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ, profesional Universitario de la
Oficina Jurídica
9. HELBER PIMENTEL SERRANO, Director        de la Oficina de
Planeación y Coordinador de la UDECO
10. JUAN JOSE ROBLES JULIO, Secretario de Obras
11. CIRO ALFONSO HERNANDEZ WILCHES, Tesorero
12. JORGE ELIECER NOVA PÉREZ, Jefe Sección de Presupuesto
                                  1
13. WINDER CARAHUASARI RIOS, Jefe de Sección de presupuesto.

2.   CARGOS (Cuaderno sin No.)

Por autos del 2 de marzo de 1999 y luego con el del 24 de mayo
de 2000, se les solicitaron explicaciones por los hechos que a
continuación se enuncian.

2.1. FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, Gobernador.

      “CARGO PRIMERO
      Usted,   en  su condición de Gobernador y ordenador del
      Gasto, suscribió   los    contratos Números 002-del 5 de
      febrero de 1997, 004 del 8 de agosto de 1997, 005 del 8
      de agosto de 1997,   006 del 22 de agosto de 1997 y 007
      del 22 de agosto de 1997, para desarrollar el proyecto de
      reordenamiento ambiental y construcción del malecón
      turístico sin la debida planeación, programación y sin
      los estudios técnicos correspondientes. (Subrayas y
      negrillas fuera de texto)

      Teniendo en cuenta la obra que se pretendía construir era
      necesario efectuar los estudios previos que permitieran
      estructurar la forma como se debía ejecutar el proyecto.
      Es   decir  revisando   el  problema   de  contaminación,
      reubicando la población que habita la ladera del río, los
      correspondientes estudios técnicos y por ende definir la
      programación de la contratación entre otros asuntos.

      Tampoco se      tuvo en cuenta el informe preliminar que
      presento en el mes de febrero, el Ministerio de
      Transporte Fluvial Laboratorios de Ensayos Hidráulicos,
      respecto al diseño del dragado del río Amazonas
      disposición y obras de confinamiento, donde advierte la
      necesidad    de    efectuar     trabajos     batimétricos    y
      topográficos,    previos al dragado por la gran capacidad
      de transporte de sedimento del            río Amazonas, la
      reubicación de los asentamientos humanos          que habitan
      la zona, el vertimiento sobre la orilla izquierda del río
      Amazonas, aguas arriba de la isla de la Fantasía, para
      evitar la contaminación de la zona de los lagos; se
      recomendó   utilizar    un   superplastificante      del  tipo
      Sikament N.S. de Sika o similar, con una dosificación de
      1.5% del peso de cemento que se emplea en la mezcla para
      aumentar la resistencia de los bolsacretos que conforman
      el parámetro    exterior    de   dique    de    confinamiento;
      aprovechar el material del dragado para la recuperación
      del canal de acceso para el mejoramiento de las
      condiciones   ambientales.     (Fls   10-11    Ministerio   de
      Transporte)

      La falta de planeación y programación en el desarrollo
                                 2
del proyecto se advierte igualmente con el requerimiento
que el Fondo Nacional de Regalías le formuló a la
Gobernación en el mes de febrero de 1997, solicitando el
envío de la información para complementar los parámetros
y conclusiones de la interventoría     administrativa   y
financiera, como el     cumplimiento de los requisitos,
cronogramas y normas de manejo de recursos del Fondo y el
estudio    de     las    recomendaciones    para    tomar
decisiones     desde    el     punto de vista técnico
administrativo y de gestión para corregir las situaciones
irregulares encontradas. (Folios 28-30 anexo No.001
soportes)

Ahora bien en la ejecución de las obras se evidencia
falta de planeación por las siguientes razones:

En el contrato de obra No. 002 del 5 de febrero de 1997,
para la construcción de 1800M3 del dique en bolsacreto,
para confinar material proveniente del dragado del Río
Amazonas, se suscribió sin diseños y planos técnicos como
lo advierte el ingeniero comisionado MIGUEL ANGEL SOTO en
su informe de fecha 20 de marzo de 1997:

“...no se conocen diseños y planos técnicos de las obras
a ejecutar. El diseño comprendería el dimensionamiento
de las bolsacretos y tipo de    cimentación si lo tiene.
No se encontró documentos de especificaciones técnicas y
las mismas fueron verificadas con base en             la
descripción    relacionada en los análisis de precios
unitarios   presentados  por     el  contratista...  "la
inspección se hizo con base en las actas de recibo
parcial de obra, hasta la No.3 contractual y adicional
(folio 231 cuaderno principal).

Posteriormente,   se modificó el diseño inicial en el
sentido de “cerrar el dique entre caño, dándole forma de
ranura”

En el contrato 004 del 8 de agosto de 1997, sin estar
ejecutadas en su totalidad las obras y definida la
situación estructural del proyecto, se contrató    con la
firma VELNEC el diseño de anteproyecto piloto del malecón
turístico, zona del puerto entre calles 7ª y        8ª de
Leticia, no obstante solo hasta el 24 de septiembre de
1997, el mismo     contratista presentó la solicitud de
ampliación   del   plazo    para  realizar   el   estudio
socioeconómico para la reubicación de la población y a
pesar de que en el mes de agosto ya estaba construidas
las obras de construcción de los bolsacretos, objeto que
se contrato en el mes de febrero de 1997.

En el de consultoría No. 005 del 8 de agosto de 1997, se
                         3
contrató los estudios técnicos de análisis y diseño
estructural de la zona denominada “Piloto” del Malecón
Turístico y es con base en esta consultoría que se
concluye en el mes de octubre de 1997, una posible falla
técnica "....la banca en la actualidad se encuentra en
estado critico y es de especial importancia iniciar las
medidas correctivas a la mayor brevedad posible.

De donde se colige nuevamente, la inadecuada programación
para contratar los objetos y la falta de estudios
técnicos para desarrollar un proyecto que se venia
ejecutando desde el año 1995.

Se verifica igualmente la falta de planeación con      la
celebración de los contrato No. 06, y 07, pues solo hasta
el 22 de agosto de 1997, se pensó formular un plan de
manejo ambiental y contratar una gerencia para el
proyecto, siendo que el    problema tenía que resolverse
desde el comienzo de su ejecución como estaba previsto en
los estudios del Ministerio de Transporte.

Así mismo, se advirtió que la firma contratista
no   contaba  con   los equipos exigidos en el pliego de
condiciones y tampoco se cumplió con la instalación del
laboratorio requerido para las pruebas de calidad de
materiales y resistencia de la mezcla.

Indica    respecto    a   la   gerencia    del    proyecto
contratada para la preparación y asesoría para el
manejo   de    los   procesos   licitatorios,   no existe
constancia alguna de la presentación de tales documentos.

La Gobernación no encargó a ninguna dependencia o
funcionario para que asumiera el control global del
proyecto    y    el    desarrollo    de   los contratos.
Igualmente analiza la situación de cada oficina que
cumplía alguna función respecto del proyecto. El capitulo
4.1.6. observaciones y conclusiones (Pags 17-26).

Por lo anterior pudo desconocer las siguientes normas:

No. 12 Art 25. Ley 80 de 1993
No. 2º Art 26. Ley 80 de 1993.
No. 1º Art. 30 Ley 80 de 1993...”

                      CARGO SEGUNDO

“Omitió el tramite y obtención de la licencia ambiental
ante Corpoamazonia para poder ejecutar el proyecto de
reordenamiento ambiental y construcción del malecón
turístico en el puerto de Leticia. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)
                         4
Teniendo en cuenta el lugar donde se debían cumplir las
obras y las implicaciones de orden ambiental que se
podían generar, era necesario obtener la autorización por
la entidad respectiva, pues y como quedo consignado en
las diligencias de inspección practicadas por los
funcionarios comisionados se evidenció principalmente la
contaminación del río Amazonas por el vertimiento de
aguas negras y desechos de los comerciantes que habitan
el sector.

En este orden de ideas, se requería la intervención de
la autoridad competente para     emitiera su concepto en
aras de resolver el problema antes de iniciar la
construcción de los bolsacretos.

Por lo anterior pudo infringir las siguientes normas:

No. 5º. Art 26. Ley 80 de 1993.
No. 7º. Art. 25 Ley 80 de 1993...”

                   “CARGO TERCERO

Declaro desierta la licitación No. 001 de 1996       y el
concurso de méritos No. 002 de 1996, sin contar con las
evaluaciones    correspondientes   de    las   propuestas
presentadas desde el punto de vista jurídico, técnico y
financiero, desconociendo el principio de transparencia y
el deber de selección objetiva. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

Mediante la resolución No. 0082 del 22 de enero de 1997,
declaró desierto el concurso de méritos No. 002 de 1996,
a través de la resolución No. 0082 del 22 de enero de
1997, acogiendo la recomendación dada por el comité
conformado por GLORIA OROBIO RODRIGUEZ, Secretaría de
Gobierno, RICAURTE PINEDA BERNAL, Secretario de Obras
Públicas, MARTHA BOLIVAR REINA, Jefe Oficina Jurídica y
PEDRO BARDALES CORDOBA, Director Oficina Contratación y
Gerencia, quienes conceptuaron que ninguna de las cinco
propuestas eran hábiles para contratar, sin embargo, no
se hizo un análisis técnico y financiero de las
propuestas, no se otorgaron las calificaciones de acuerdo
con lo estipulado en los términos de referencia. (Folios
67-76 anexo No. 2 Malecón).

En la licitación pública No. 001 de 1996, se declaró
desierta mediante la resolución No. 00081 del 22 de enero
de 1997, acogiendo el criterio del Comité de evaluación
designado mediante resolución No. 001164 del 6 de
diciembre de 1996, sin embargo al igual que la anterior
no se hizo la evaluación     de las propuestas, desde el
punto de vista financiero y técnico, asignando los
                         5
puntajes de acuerdo con el pliego de condiciones (Folios
107-116 anexo No 2 malecón).

Por lo anterior puede estar incurso en el desconocimiento
de las siguientes normas:

No. 8º. Art 24 Ley 80 de 1993
No. 1º Art 24. Ley 80 de 1993
No 7º Art 24. Ley 80 de 1993
No. 18 Art 25. Ley 80 de 1993
No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993
Art. 29. Ley 80 de 1993..."

                   “CARGO CUARTO

Omitió publicar el aviso a participar en la licitación
No. 010 de 1997 para contratar el relleno hidráulico para
el   mejoramiento   ambiental   del Puerto  de   Leticia,
desconociendo     el     principio    de   transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Mediante la resolución 1247 del 25 de noviembre de 1997,
declaro desierta la licitación No. 010 de 1997, por
cuanto no se presentaron ofertas, no obstante se observa
que no cumplió con el deber de publicar el aviso, por lo
tanto no garantizo la oportunidad de participar en el
proceso de contratación.

Es decir hasta por tres veces con intervalos de dos (2)
y cinco (5) días calendario, en diarios de amplia
circulación, en el territorio jurisdicción de la entidad,
atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

Por lo anterior puede estar incurso en el desconocimiento
de las siguientes normas:

No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 3º Art 30 Ley 80 de 1993...”.

                   “CARGO QUINTO

Omitió el trámite de contratación directa para suscribir
los siguientes contratos:

No. 01 del 7 de febrero de 1997, suscrito con el
Consorcio de Ingenieros y Arquitectos Constructores
"CINARCO LTDA" para ejercer la interventoría del contrato
No. 02, por un valor de $59.795.155

                         6
No. 02 del 5 de febrero de 1997, suscrito con JAIME
HERNANDEZ TORRES, para construir 1800M3 del dique en
bolsacreto y confinar material proveniente del dragado
del río Amazonas, por un valor $498.898.580.

No. 152 del 30 de diciembre de 1997, suscrito con CARLOS
FERNANDO LYONS HOYOS, para ejecutar el relleno hidráulico
para el mejoramiento ambiental del puerto de Leticia.

Además de haber declarado desierto el concurso y las
licitaciones sin el cumplimiento de los requisitos
exigidos y con el fundamento necesario para esta clase de
contratación, omitió la obtención de por lo menos dos
ofertas atendiendo el proceso de contratación directa.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Teniendo en cuenta que la selección debe ser objetiva,
una vez declarada desierta la licitación o concurso
público, se debe surtir el procedimiento de contratación
directa, pues el numeral 1º del artículo 24 de la ley 80
de 1993, pues establece como regla general la licitación
o concurso público y como excepción la contratación
directa que debe surtirse como lo indica el artículo 1º
del decreto 855 de 1994, que como en el caso que nos
ocupa no fue posible contratar mediante el primer
procedimiento se debe cumplir el segundo.

La omisión llegó hasta el punto de contratar sin evaluar
la propuesta presentada, se infiere en consecuencia que
el criterio de selección no fue objetivo ni transparente,
vulnerado el artículo 24 de la ley 80 de 1993.

El Ministerio de Transporte en el informe que rindió
señala    que en     el    contrato   de    interventoría
celebrado   con   la    firma CINARCO LTDA,   no aparece
registrada la propuesta dentro de las evaluadas por el
comité designado, por lo tanto no se definen los
criterios de selección (Pág. 13).

Con su actuar puede estar incurso en la violación de las
siguientes normas:

No. 8º. Art 24. Ley 80 de 1993
No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993
Art. 29. Ley 80 de 1993
Art 3º   Decreto 855 de 1995..."

                    CARGO SEXTO


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Omitió dejar en la Secretaría de la entidad los informes
de evaluación de las propuestas en los procesos de
licitación No. 001/96 y concurso de méritos No.002/96 por
el término de cinco días hábiles, desconociendo el
principio de publicidad, transparencia. (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

De acuerdo con la documentación obrante a      folios 1-94) no
se registra ninguna constancia sobre el       traslado de las
evaluaciones a los participantes en           el proceso de
selección en aras de garantizarles la          oportunidad de
formular las respectivas observaciones.

Por su comportamiento al parecer irregular puede estar
incurso en la violación de las siguientes normas:

No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 8 Art 30. Ley 80 de 1993...”

                   CARGO SEPTIMO

Omitió el tramite de la Licitación Pública consagrado en
el artículo 24 de la ley 80 de 1993, al suscribir
directamente los contratos números 156 del 30 de
diciembre y 160 del 31 de diciembre de 1997, con el señor
CARLOS LYONS HOYOS, para contratar el mismo objeto, por
un valor de $50.500.000 y $48.500.000 respectivamente,
desconociendo    el     principio     de   transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Teniendo en cuenta la certificación de cuantías   (folio
157 cuaderno principal), estaba en     la obligación de
licitar desde la suma de $51.601.500.00. Para este caso
la suma de los precios acordados la supera pues da un
total de $ 103.000.000.

El proceso se adelantó mediante contratación directa el
23 de diciembre de 1997, para ejecutar un mismo objeto
"la prolongación y adecuación del emisario de las aguas
servidas de la calle 7ª y 8ª" y se selecciono al mismo
contratista, siendo que el proceso tenia que adelantarse
por licitación pública al tenor del numeral 1º del
artículo 24 de la ley 80 de 1993.

Por lo anterior   al   parecer   desconoció   las   siguientes
normas:

No. 1º Art. 24. Ley 80 de 1993
No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993
Art. 29. Ley 80 de 1993..."
                          8
                       CARGO OCTAVO

Fijo En los avisos de invitación números 040/97, 042/97,
101/97,   102/97  Y   103/97   un   término  de   difícil
cumplimiento para la recepción de las ofertas en los
procesos de selección por contratación directa, sin tener
en cuenta la importancia, la naturaleza de las obras y el
lugar donde se debían ejecutar para suscribir         los
siguientes contratos: (Subrayas y negrillas fuera de
texto)

Consultoría No. 005 del 8 de agosto de 1997, para
realizar   los estudios técnicos de análisis y diseño
estructural de la zona denominada “Piloto” del Malecón
Turístico, suscrito con CESAR AUGUSTO ESGUERRA  AMAYA,
por un valor de $39.200.000.00.

Consultoría No. 006    el 22 de agosto de 1997, con la
firma Contratistas e Ingenieros Economistas y Arquitectos
Planificadores IEPA LTDA, para la formulación del Plan de
Manejo Ambiental del Malecón Turístico de Leticia, por un
valor de $38.346.000.00.

Contrato de obra No. 156 del 30 de diciembre de 1997,
suscrito   con   FERNANDO  LYONS,  para  ejecutar  la
prolongación de aguas servidas de la calle 8ª, por un
valor de $50.500.000.

Contrato de obra No. 160 del 31 de diciembre de 1997,
suscrito con FERNNADO LYONS (sic), para ejecutar la
prolongación de aguas servidas de la calle 7ª, por un
valor de $50.500.000.

Contrato No 019/97, suscrito con el Consorcio Ingeniero y
Arquitectos Constructores –SINARCO- el   31 de diciembre
de 1997, para ejercer la interventoría de la construcción
de los emisarios finales de la calle 7ª y 8ª y el relleno
hidráulico para el mejoramiento ambiental del Puerto de
Leticia, por un valor de $35.000.000.

Teniendo en cuenta las cuantías contratadas (folio 57
cuaderno principal), era necesario fijar el aviso por un
término no menor de dos días en un lugar visible de la
misma entidad, no obstante:

En el contrato No. 005/97, se fijo el aviso el 24 al 31
de julio de 1997. (Folios 135-139)

En el contrato No. 006/97 se fijo el aviso el día 24 a 29
de julio de 1997. (Folios 196-198)

En   el   contrato   No.   156,   se   fijo   el   aviso   el   23   de
                              9
diciembre de 1997 y se desfijo el 24 de diciembre (folios
416-419).

En el contrato No.    160 el aviso se fijo el 23 de
diciembre de 1997,    y se desfijo el 24 de diciembre
(folios 416-419).

En el contrato No. 19/97, se fijó la invitación pública
el 23 de diciembre, y el 24 de diciembre se levantó el
acta de recepción de la única oferta correspondiente a
la firma "CINARCO". (Folio 319 y          323 cuaderno
principal).

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 5° del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, inciso 4° del artículo
3° del Decreto 855 de 1994.

                   CARGO NOVENO

Suscribió los contratos números 006/97 y 007/97, sin
evaluar las propuestas desde el punto de vista jurídico,
técnico   y   financiero,   violando  el   principio   de
transparencia y el deber de selección objetiva. (Subrayas
y negrillas fuera de texto)

Se hacía necesario evaluar las propuestas seleccionadas
desde el punto de vista técnico y financiero, atendiendo
los objetos que se iban a contratar, por ende no se sabe
cual fue el criterio de selección, independientemente de
que se haya recepcionado una sola propuesta era necesario
revisarlas verificando los requisitos exigidos para toda
contratación.

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, literal d)
articulo 24, numerales 1° y 5º del artículo 26 de la Ley
80 de 1993.

                   CARGO DECIMO

Decreto la urgencia manifiesta mediante la resolución No.
219 del 29 de diciembre de 1997, sin cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de
1993,   para  comprometer   la   suma  de   $407.143.590,
correspondientes a los recursos de la vigencia de 1997 y
poder suscribir, los contratos números 018 y 153 del 30
de diciembre de 1997, aduciendo una situación que estaba
                        10
prevista y contenida en la consultoría No. 005 desde el 6
de octubre de 1997. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

La norma citada exige para decretar la urgencia
manifiesta   la   existencia   de  unas   circunstancias
especiales como una calamidad, fuerza mayor o caso
fortuito o desastre que demande tomar medidas inmediatas
para conjurar la situación.

El señor ACOSTA SOTO, en el acto administrativo que la
declara fundamenta la decisión en        la necesidad de
resolver la falla técnica que advirtió el contratista
CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA en el mes de octubre de
1997, como resultado del estudio realizado, donde
recomienda   la   construcción   de   unos  pilotes  que
permitieran la estabilización del terreno.

Si bien es cierto el servidor estuvo suspendido por orden
de la Procuraduría General de la Nación, por el término
de 60 días contados a partir del 24 de septiembre de
1997, se reintegro al cargo el 24 de noviembre de 1997.
Es decir desde este momento contó con un tiempo para
revisar el problema técnico que al parecer se estaba
presentando y no dejar estando ya finalizando          la
vigencia fiscal para contratar, pues se entiende que la
actuación de la administración debe ser inmediata para
solucionar situaciones excepcionales.

Respecto a los contratos derivados de la urgencia
manifiesta para construir las obras de estabilización del
talud y la interventoría correspondiente no se tiene
claridad sobre las medidas que se debían adoptar pues con
el estudio efectuado por la Universidad Nacional en
febrero de 1999 se establece:

“4.4.3 Análisis de los resultados. Con la condición de
desembalse rápido de 1.5m, entre las cotas 68.5 y 67.0m,
se produce la falla en las superficies Nos 1 y 3, que son
las de la zona media del talud. Las otras dos superficies
de falla, con su extremo superior en el relleno
hidráulico mantienen un factor de seguridad mayor que
1.0. No obstante, la ocurrencia de una superficie de
falla en el talud seguramente inducirá una nueva
superficie de falla detrás de la primera, que incluirá el
muro bolsacretos y el relleno hidráulico, mediante un
proceso de falla denominado “retrogresivo” “.... Por lo
tanto las medidas de control más eficientes tienen que
ver con el drenaje del talud”. (fotocopia cuadernos
informe Universidad Nacional páginas 420 a 431).

Es decir la situación podía ser resuelta adoptando otro
procedimiento es decir que no tenía el carácter      de
                        11
inmediato,   máxime    cuando   existían    otros   punto
prioritarios como la descontaminación de río y la
reubicación de los habitantes de la ladera del río.

En este orden de ideas, al parecer no era        necesario
construir los pilotes como lo consideró el       consultor
CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA.

Se decretó una urgencia manifiesta aduciendo una falla
geológica en el talud, que exigía         la contratación
mencionada, sin embargo las obras nunca se ejecutaron y
hasta la fecha no se ha generado al parecer ninguna
consecuencia. (folio 240 cuaderno principal).

Por lo anterior infringió presuntamente las siguientes
normas:

Art 42. Ley 80 de 1993
No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
“Artículo 112. Decreto 11 (sic) de 1996...”.

                    CARGO ONCE

Omitió el envío del acto administrativo de declaratoria
de urgencia manifiesta y sus antecedentes al ente fiscal
de control para que se pronunciara sobre las medidas
adoptadas el 29 y 30 de diciembre de 1997. (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

De la revisión de las carpetas en la Oficina de proyectos
y Oficina Jurídica del departamento, no se verifica la
remisión de la actuación de declaratoria de urgencia
manifiesta a la Contraloría Departamental. (Acta de
visita del 10 de febrero de 1999)

Así mismo la asesora comisionada dejo la constancia en
ese sentido el 23 de febrero del año 2000. (Folios 104-
105 cuaderno pruebas No.2)

Infringió presuntamente las siguientes normas:

No. 1º. Art 26. Ley 80 de 1993
Art 43. Ley 80 de 1993...”

                    CARGO DOCE

Suscribió el contrato No. 002/97, con un sobre costo
aproximado de $80.780.700.oo, por un     valor mayor de
material en el precio de la arena. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

El informe técnico señala que el precio del material para
                         12
las vigencias 1996 y 1997 es de $22.000.oo el M3 y el
valor unitario efectivamente cobrado fue de $75.000.oo
m3.

Así mismo, encontró que para el mes de octubre, fecha en
la que se suscribió el mismo objeto a través del contrato
No 119 con el ingeniero CARLOS LYONS, el precio del m3
era de $35.000.oo, es decir continua la diferencia en un
valor que supera el 50%. (Folios 232-233 cuaderno
original No. 1, folios 40-42 del anexo No. 01).

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

No. 8º. Art 24. Ley 80 de 1993
No. 1º Art 26. Ley 80 de 1993
No. 5º Art 26. Ley 80 de 1993..."

4. contratos   derivados   del   convenio   celebrado   con   la
 aeronáutica

La Gobernación suscribió con la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica, los convenios números 379,
381, 382 y 383 para construir las pistas de aterrizaje
en los corregimientos el Encanto, La Pedrera, Puerto
Alegría, Tarapacá, por la cual se celebraron los
contratos de obra números 006, 007, 008, 018,031 (folios
1-12, 58-69, 117-128, 179-190 cuaderno No. 5 cuaderno
pistas de aterrizaje 5.1.)

                    CARGO TRECE

Usted en calidad de Gobernador del Departamento del
Amazonas, omitió el proceso de licitación publica
consagrado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993       y
contrato directamente la construcción de la pista de
aterrizaje en el corregimiento El Encanto, mediante los
contratos que a continuación se relacionan, incumpliendo
las cláusulas quinta, sexta literal a), b), e), f), g),
novena del convenio No. 0383 suscrito con la Aeronáutica.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Contrato No. 006 del 13 de marzo de 1997, suscrito con
LUIS MANCILLA por un valor de $42.981.000

Contrato No. 007/97, suscrito con HERNAN DUQUE RUIZ, por
un valor de $42.981.000.

Teniendo en cuenta la certificación de cuantías   (folio
157 cuaderno principal), el implicado estaba en la
obligación de licitar desde la suma de $51.601.500.00.
Para este caso la suma de los precios acordados asciende
                           13
a $ 85.962.000.

Si bien es cierto se contrato por tramos, no es menos
cierto que los contratos se suscribieron el mismo día y
la ejecución del contrato No. 007/97, quedó suspendida
hasta tanto se cumpliera con el objeto del contrato No.
06/97, es decir finalizada la primera etapa, por lo tanto
se tenía que respetar el principio de transparencia
adjudicando mediante un solo proceso de selección como lo
ordena la norma, brindando la oportunidad     a un mayor
numero de participantes, garantizando la elección a la
oferta más conveniente y favorable para el departamento,
con personal más capacitado, idóneo y responsable.

Por lo anterior   al   parecer   desconoció   las   siguientes
normas:

Artículo 6o. de la Constitución Política, Numerales 1º y
8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Numerales 1º y
5° del artículo de la Ley 80 de 1993.

                   CARGO CATORCE

Declaró desierta las licitaciones números. 001-97 y
002/97, mediante la resolución números 000263 del 13 de
marzo de 1997 y      000405 del 17 de abril de 1997,
respectivamente, acogiendo la recomendación dada por el
comité designado, no obstante la evaluación no comprendía
el análisis técnico y financiero. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

Las adjudicaciones se hicieron con base en la evaluación
del comité designado integrado por Antonio José Ramírez
Santos, Jefe de la Sección de Operaciones Martha Bolívar
Reina Jefe de la Oficina Jurídica, Pedro Bardales Córdoba
Jefe del Banco de Proyectos, no obstante el estudio no
corresponde a la importancia de la obra que se estaba
contratando, no se hizo análisis financiero y técnico en
relación con el pliego de condiciones, teniendo en cuenta
que se trataba de una obra civil que requería un estudio
pormenorizado desde el punto de vista técnico, atendiendo
la especificación es señaladas        en el pliego de
condiciones. Tampoco se designaron los puntajes a las
firmas rechazadas, por lo tanto no se verifica un estudio
comparativo de selección que refleje la conveniencia de
contratar con la firma escogida. (Cuaderno pistas de
aterrizaje anexo No.1)

Por lo anterior pudo desconocer las siguientes normas:

Artículo 6o. De la Constitución Política, numeral 8° del
artículo 14, artículo 25, numeral 5o. Del artículo 26,
                         14
artículo 29, numeral 7° del artículo 30 de la Ley 80 de
1993.

                   CARGO QUINCE

Omitió el trámite de contratación directa para suscribir
los siguientes contratos:

Contrato No. 018 de 1997, suscrito con ALSELMO GARCIA
ALVES, para la construcción y el mantenimiento del
aeropuerto en el corregimiento Tarapacá, por un valor de
$288.915.525.

Contrato No. 031 de 12997, suscrito con ALVARO AUGUSTO
VALDES PEÑALOZA, para la pavimentación de la primera
etapa del corregimiento la Pedrera, por un valor de
$399.391.080.oo. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Una vez declarada desierta la licitación era necesario
acudir al tramite de contratación directa que regula el
decreto 855 de 1994, para la obtención de por lo menos
dos ofertas.

Teniendo en cuenta que la selección debe ser objetiva, no
se puede entender por el hecho de declarar desierta una
licitación o concurso público, que se pueda obviar el
procedimiento de contratación directa, pues el numeral 1°
del artículo 24 de la ley 80 de 1993, establece como
regla general la licitación o concurso público y como
excepción la contratación directa que debe surtirse como
lo indica el artículo 1° del Decreto 855 de 1994, que
como en el caso que nos ocupa no fue posible contratar
mediante el procedimiento se debe cumplir con el segundo,
dado el presupuesto consagrado en el literal g) del
artículo 24 de la ley 80 de 1993.

No se hizo un estudio de la propuesta contratada, se
infiere en consecuencia que el criterio de selección no
fue objetivo ni transparente, vulnerado el artículo 24 de
la ley 80 de 1993.

Con su actuar puede estar incurso en la violación de   las
siguientes normas:

Artículo 6o. de la Constitución Política, numeral 8° del
artículo 24, Numerales 1º y 5° del artículo 26, artículo
29 de la Ley 80 de 1993, artículo 3° del Decreto 855 de
1994.

                  CARGO DIECISEIS

Omitió publicar el aviso de invitación en el proceso de
                         15
licitación No. 001-97 como lo ordena    el numeral 3º    del
Art. 30 de la ley 80 de 1993,          para contratar     la
construcción y mantenimiento del        aeropuerto en     el
corregimiento Tarapacá. (Subrayas y    negrillas fuera    de
texto)

Mediante la resolución No. 000283 del 13 de marzo de
1997, declaró desierta la licitación No. 001 de 1997, por
cuanto no se presentaron ofertas, no obstante se observa
que no cumplió con el deber de publicar el aviso, por lo
tanto no garantizo la oportunidad de participación en el
proceso de contratación.

Es decir hasta por tres veces con intervalos de dos (2)
y cinco (5) días calendario, en diarios de amplia
circulación, en el territorio jurisdicción de la entidad,
atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

Por lo anterior puede estar incurso en el desconocimiento
de las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 8º del
artículo 24, numerales 1° y 5° del artículo 26, artículo
29, numeral 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

                 CARGO DIECISIETE

Omitió dejar en la Secretaría de la entidad los informes
de evaluación de las propuestas en los procesos de
licitación No. 001/97 y     No.002/97 por el término de
cinco días hábiles, desconociendo el principio de
publicidad, transparencia. (Subrayas y negrillas fuera de
texto)

De acuerdo con la documentación aportada al proceso, no
se registra ninguna constancia sobre el traslado de las
evaluaciones a los participantes en el proceso de
selección, para brindarles la oportunidad de formular las
respectivas observaciones.

Por su comportamiento al parecer irregular puede estar
incurso en la violación de las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 5° del
artículo 26, numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de
1993.

                  CARGO DIECIOCHO

Adjudicó en los procesos de contratación directa,   sin
evaluar las propuestas desde el punto de vista técnico,
jurídico y financiero, en los siguientes contratos:
                        16
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

1. Contrato No. 006 del 13 de marzo de 1997, suscrito con
LUIS MANCILLA por un valor de $42.981.000.

2. Contrato No. 007/97, suscrito con HERNAN DUQUE RUIZ,
por un valor de $42.981.000.

3. Contrato No. 08/97, suscrito con CRISPIN       ALBERTO
MEDINA ROMERO, por un valor de $42.997.500.00.

En el contrato No. 006 no se verifica un criterio de
selección, solo se registra la devolución que   hizo el
Jefe de la Sección de Operaciones ANTONIO JOSE RAMIREZ,
de la propuesta de LUIS MANCILLA, teniendo en cuenta su
viabilidad, no obstante no se pudo revisar el contenido
de las evaluaciones. (Folio 26 cuaderno No. 5).

Por lo anterior pudo desconocer las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 5° del
artículo 26, numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de
1993.

                 CARGO DIECINUEVE

Invitó a contratar con base en solicitudes de ofertas
incompletas, ambiguas señalando un término reducido para
la presentación de las propuestas en los procesos de
selección correspondiente a los contratos números 06,07 y
08 de 1997. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Atendiendo los recursos que se iban a invertir, la
naturaleza de las obras y los lugares donde se debían
ejecutar (construcción de pistas de aterrizaje (La
Pedrera, Tarapacá, Puerto Santander, El Encanto y Puerto
Alegría), corregimientos     retirados de la ciudad de
Leticia, era necesario dejar en claro      factores tales
como: especificaciones técnicas, los materiales y forma
de suministro, medio de transporte, equipos, experiencia
requerida, requisitos mínimos desde el punto de vista
jurídico y financiero y la tabla de calificación.

La naturaleza de las obras exigían la elaboración de
invitaciones completas en el sentido de definir análisis
de precios unitarios, con las especificaciones técnicas,
señalando el tipo y referencia del material a utilizar;
el programa general de la obra y el programa de
inversión; informe sobre la experiencia del proponente;
relación de equipos disponibles, garantía de seriedad de
la propuesta fueron alguno de los puntos que se omitieron
en la invitación a contratar. (folios 27-29, 91-93, 140-
                         17
142 Cuaderno No. 5)

De igual forma se fijó solo cinco días para presentar las
propuestas, término reducido teniendo en cuenta el lugar
donde se iba a surtir el proceso de contratación.(Folio
159 cuaderno No. 5).

Desconoció al parecer las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 4° del
artículo 24, numerales 1° y 5º del artículo 26, artículo
29 de la Ley 80 de 1993, inciso 2° y 3° del artículo 3°
del Decreto 855 de 1994.

                      CARGO VEINTE

Suscribió el contrato de adición N° 1 del 2 de julio de
1997, por un valor de $4.037.461.00, a pesar de estar
suspendida la ejecución de la obra en el contra No.
006/97. (Folio 40-41 Cuaderno N° 5.

De acuerdo con las actas de interventoría se observa que
para la fecha en que se celebró la adición, la ejecución
de la obra se encontraba suspendida desde el 3 de junio
de 1997 y fue reiniciada solo hasta el mes de agosto.
(Folios 47, 49, 50): (Subrayas y negrillas fuera de
texto)

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Numerales 1° y 5° del artículo 26 de la ley 80 de 1993.

                  CARGO VEINTIUNO

Usted   como   Gobernador    y  Ordenador   del   gasto,
presuntamente trasladó de la cuenta No. 407-02399-3
“recursos de confinanciación” la suma de SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C ($797.9390.667),
omitiendo los términos de convenios suscritos con el
Fondo de Inversión Social FIS, cambiando su destinación,
discriminados de la siguiente manera: (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

- 1º de julio de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
01999-1. Fondos Comunes Departamentales, la suma de
$310.000.000.00.

- El 1º de agosto de 1997, se trasladó a la cuenta No.
407.01999-1. Fondos Comunes Departamentales la suma de
                           18
$331.939.667.00.

El 18 de diciembre de 1997 se trasladó a la cuenta No.
407-02374-6. Recaudo impuesto, la suma de $124.000.000 y
407-01999-1      correspondiente      Fondos      Comunes
Departamentales $32.000.000.00.

Certificación expedida por el Tesorero PASTOR SILVA
VALDERRAMA, el 17 de febrero de 1999. (folio 429 cuaderno
principal No. 2)

Se aclara que los traslados presupuéstales efectuados en
el mes de julio y agosto fueron reintegrados en las
siguientes fechas.

23 de Julio de 1997                 $310.000.000.00
11 de Agosto de 1997           $331.000.000.00
18 de diciembre de 1997        $ 41.300.000.00

Recursos que ingresaban a la cuenta y que eran
trasladados nuevamente, razón por la cual se registra una
cifra mayor de traslados respecto a los dineros que
efectivamente ingresaron.

Por lo anterior, la administración estaba en la
obligación no sólo de abrir una cuenta corriente
especial, con la ejecución de los recursos, sino cumplir
con la ejecución de los proyectos, razón por la cual en
el evento de no utilizarlos devolverlos para su reintegro
a la Tesorería General de la Nación. Así las cosas se
verifica:

Los plazos para la ejecución de recursos, destinados
entre otros asuntos a la cancelación de las deudas,
nómina de empleados.

Normas presuntamente infringidas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 5° del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

6. Otras consideraciones sobre las inconsistencias en el
 manejo de recursos.

3.1. El Secretario de Hacienda LEOPOLDO CAMPOS SANCHEZ,
reportó mediante oficio sh-201 del 6 de marzo de 1997,
como irregular la distribución del empréstito autorizado
por la asamblea Departamental, mediante la ordenanza No.
033 de septiembre de 1997, y por la cual advierte el
traslado de $924.638.693.00, variando el objeto para el
que estaban destinadas (Folio 175 cuaderno principal
No.1).
                          19
Mediante ordenanza No. 033 del 10 de septiembre de 1997,
la Asamblea Departamental, autorizó al Gobernador para
contratar un empréstito, por la suma de DOS MIL MILLONES
DE PESOS ($2.000.000.000), para cancelar    obligaciones
por diferentes conceptos del Departamento.

Los recursos fueron desembolsados por la suma de
$1.440.676.250.00 en la cuenta No. 407-02583-2 del Banco
Bogotá.

Se cancelaron los valores que aparecen relacionados en
los folios 176-182 del cuaderno principal por un total
de $ 1.553.918.406.43.

Igualmente y de   acuerdo con la visita practicada a la
tesorería   del   Departamento  se  revisó  los   libros
auxiliares y se   verificó el traslado de la cuenta No.
407-02583-2 a     las cuentas que a continuación      se
discriminan:

A la cuenta No. 407-02462-9, la suma de $12.000.000, para
cubrir un sobregiro que registraba por valor de
$11.457.615.84.

A las cuentas Números 407-02163-3, 407-02209-4, 4070228-4
y 400702437-1, la suma de $1.688.500, para cubrir
sobregiros.

A la cuenta No. 40702374-6 la suma de $820.000.000, para
cubrir sobregiros en el banco Bogotá.

A la cuenta No. 407-02072-6 la suma de $29.999.665.00,
acueducto y alcantarillado de Puerto Nariño. (Acta de
visita 12 de febrero de 1999).

Para un total de $924.688.693.00 (folio 184 del cuaderno
principal)

Mediante las actas números 079 del 2 de septiembre, 083
del 9 de septiembre y 084 del 10 de septiembre de 1997,
se dejó constancia sobre los debates de los miembros de
la Asamblea respecto a los términos de utilización del
empréstito   por   parte   del   primer   mandatario  del
Departamento. (Folios 430-472 cuaderno pruebas No. 2)

En los debates se    discutió la situación económica del
Departamento y principalmente las obligaciones a cargo y
por ende la necesidad de autorizar al Gobernador del
Amazonas,    para contratar un empréstito de cartera
ordinaria, modalidad sustitución de pasivos con el sector
Bancario por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS
                         20
($2.000.000.000), con la       facultad de pignorar como
garantía del    empréstito     los bienes y rentas del
Departamento.

Es necesario aclarar que el tema del préstamo fue tratado
por la asamblea como proyecto radicado con el     No. 035
correspondiente a la ordenanza numero 033.

Del análisis contable de las cuentas antes descritas, se
observa que los pagos se surtieron para pagar las
obligaciones que tenía el departamento, en su mayoría
sobregiros, que reportaban las cuentas bancarias. Es
decir dentro del concepto “sustitución de pasivos”,
cualquier obligación, no se discriminó de manera concreta
ninguna en especial.

En este orden de ideas, se puede afirmar que el hecho no
existió, por lo tanto no se configura falta disciplinaria
al tenor del artículo 54 de la ley 200 de 1995, por lo
tanto se recomendará su archivo.

3.2. Respecto al traslado de los recursos de la cuenta
No. 407-02430-6 la cuenta No. 407-02431-4, del convenio
No. 0379 de noviembre 12 de 1996, no se encuentra probada
objetivamente la falta.

Las anteriores apreciaciones sirven de fundamento para
recomendar el archivo definitivo de la investigación,
respecto a los numerales 3.1 3.2 del presente capitulo,
de conformidad con lo ordenado en el artículo 151 de la
ley 200 de 1995.

        CARGO VEINTIDOS

Como representante legal del Departamento no ejerció al
parecer el control respecto de las Secretarías de
Hacienda, Salud, Agricultura y Educación, para el cabal
cumplimiento de los términos contenidos en los acuerdos
que suscribió con los Fondos de Cofinanciación DRI y FIS
para la vigencia 1996, razón por la cual se establecen
irregularidades respecto de los convenios         que a
continuación se relacionan: (Subrayas y negrillas fuera
de texto)

Convenios suscritos con el DRI:

Convenio   No.   1706-91-006-0-96:   Asistencia   técnica
agropecuaria. No se expidió certificado de disponibilidad
presupuestal. El proyecto no tiene concepto favorable del
Consejo Seccional de Asistencia técnica. No se adjuntó la
ficha EBI. Se verifica un pago por concepto de suministro
de gasolina con destino a la Secretaría de agricultura,
                          21
participación en seminarios sobre sistemas integrados de
producción y pago de viáticos.

Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997,

No se verifican   actas   de   ejecución   y terminación del
programa.

Convenio 1706-91-010-96: Los recursos se desembolsaron el
17 de febrero de 1997.

No se ha evaluado porque no se fijaron los recursos para
el desplazamiento. El saldo de los recursos en la UDECO
asciende a $4.298.165.oo. Este mismo saldo se refleja en
el saldo bancario a 31-12-97, pero el saldo de
apropiación   a  31-12-97,   según   libro   de  registro
presupuestal es de $1.598.850.oo, lo cual evidencia que
$2.6.315.oo (sic) en gastos no relacionados con el
convenio y que escaparon al control de la UDECO.

Si bien      la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales advirtió posibles inconsistencias       en su
ejecución, no aparece ninguna información adicional a la
obtenida   por  la   mencionada  oficina,   que  permita
establecer con mayor claridad la irregularidad      o las
irregularidades para endilgar en forma concreta la falta
disciplinaria, razón por la cual se recomendará su
archivo con fundamento en el artículo 151 del CUD.

Convenio 1706-91-026-0-96: Objeto. Adecuación de una
planta trilladora de arroz para la junta de acción
comunal de puerto Nariño.

Los recursos se desembolsaron el 21 de agosto de 1997.

Inicialmente con base en la visita que practico la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se
advierte que sin bien el Secretario de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CAHIQUE HERNANDEZ,
dio por recibido el trabajo contratado a JUAN VILDOSA
PEÑA, el 31 de julio de 1997, en la visita efectuada el 5
de febrero de 1998 por el asesor del Fondo DRI, se
establece que la obra contratada no había sido terminada
ni adecuada la instalación para el objeto del proyecto.

Posteriormente y de acuerdo con la visita practicada en
la Unidad de Coordinación de la Inversión Pública     del
Departamento   Administrativo   de   Planeación   de   la
Gobernación del Amazonas el 8 de marzo del año 2000, se
advierte para este convenio     una ejecución del 72.28%
según el seguimiento efectuado por la Subdirección de
Operaciones el 5 de febrero de 1998, no obstante con base
                          22
en una nueva visita el 23 de julio de 1998, se señala una
ejecución física del 56% y financiera del 58%, razón por
la cual se observa una diferencia manifiesta de la
información contenida     en documentos con la real o
física.

En este orden de ideas, se dejó constancia sobre el
incumplimiento por la falta de base para molino, montaje
y puesta en funcionamiento y adecuación de las redes
eléctricas (Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

Convenio   No. 1706-91-027-096:  Objeto. Proyecto  de
instalación y puesta en funcionamiento de 25 unidades
para el procesamiento de fariña en la rivera del río
Putumayo.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento
adicional distinto al que revisó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales. Se registra a 31 de enero de
1998 un saldo de $2.440.600 y una anotación en lápiz que
señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600,
el saldo de apropiación es de $11.132.600.oo, por lo que
se evidencia su falta de ejecución. El 22 de enero se
trasladaron $43.000 a la cuenta No. 407-02473-6.

A esa fecha no apareció ninguna acta sobre la ejecución
del proyecto.

Convenio 1706-91-028-0-96: Objeto. Proyecto de asistencia
técnica específica para núcleos ganaderos indígenas y
pequeños colonos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

No se verifica ningún informe parcial ni final de la
ejecución del proyecto.

El saldo del convenio por registro de la UDECO, es de
$1.014.040.oo, el saldo de apropiación en el libro de
registro presupuestal es de $5.020.000.oo y el saldo
bancario es de $14.040.oo. Por lo tanto al parecer no
existe equilibrio entre los gastos reportados y el manejo
presupuestal y el control de bancos. No se expidieron los
certificados    de  disponibilidad    y   los   registros
presupuéstales.

Convenio    No. 1706-91-031-0-96. Objeto. Proyecto de
construcción de galpones y dotación de equipos para la
                         23
  producción avícola por mujeres indígenas        de   varios
  corregimientos del departamento del Amazonas.

  Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

  Se evidencia de conformidad con el seguimiento hecho por
  la subdirección de Operaciones que el proyecto tiene una
  ejecución física y financiera del 92%.

  No se registra información adicional a la obtenida por la
  Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, es
  decir de acuerdo con el seguimiento efectuado se advierte
  una ejecución del 92%, es decir no se cumplió en su
  totalidad el objeto del proyecto.

  Convenio       No. 1706-91-032-0-96.Objeto. Proyecto de
  capacitación     para   el   fortalecimiento organizativo,
  técnico y      empresarial a mujeres indígenas de las
  comunidades    de Arara, Nazareth y Puerto Nariño en el
  departamento   del Amazonas.

  Los recursos se desembolsaron el 31 de julio de 1996.

  En el informe de seguimiento de fecha 4 de febrero de
  1998, se advierte el incumplimiento en la ejecución por
  la falta de capacitación a las mujeres de las comunidades
  sobre la utilización de las máquinas, materiales y
  repuestos,   no  obstante   se   suscribió  el  acta   de
  liquidación sobre la inversión de aportes y cumplimiento
  del objeto sin la firma del representante del Fondo DRI.
  (Folio 146 cuaderno convenios 2.).

  El saldo que aparece registrado en la UDECO es de
  $1.970.273.oo. El saldo de apropiación asciende a
  $19.034.500.oo y el saldo en la cuenta bancaria es de
  $1.924.349.26. Así fueron pagados con cargo a los
  recursos del   convenio $17.064.227.oo, desconociendo la
  obligación de expedir certificado de disponibilidad
  previo al compromiso y efectuar la reserva pertinente.

1. Convenios suscritos FIS- Educación.

  Convenio   No. 4568, proyecto 7715. Objeto: Construcción
  de aulas escolares y cancha multifuncional en el
  corregimiento de Puerto Alegría, por un valor de
  $2.352.368.oo.

  Respecto a este convenio se cuenta con la información
  recaudada por la Dirección Nacional de Investigaciones
  Especiales, pues en la visita que practico la asesora del
  Despacho del Procurador, FLOR ALBA BARRERA DIAZ,       se
  estableció que el convenio mencionado no fue encontrado
                            24
en la Oficina de Planeación del Departamento. (Folio 283
cuaderno convenios No. 2).

Para su ejecución se suscribió el contrato No. 017 del
11 de abril de 1997, con el señor RAMIRO TORRES CABRERA,
por un valor de $ 42.199.999. Acta de iniciación de obra
No. 043 del 13 de mayo de 1997. Acta de suspensión de
obra No. 021 del 19 de mayo de 1997. Acta de reiniciación
No.015 del 16 de junio de 1997. Acta de avance parcial de
obra de fecha 11 de agosto de 1997, suscrita por el
ingeniero JUAN JOSE ROBLES JULIO. Acta de recibo final de
obra y liquidación del contrato de octubre 17 de 1997.

Por lo tanto y si bien fue relacionado por la Dirección
Nacional, no se evidencia ningún inconsistencia sobre su
ejecución del convenio que nos permita concluir que el
hecho existió o que constituya falta disciplinaria, pues
hasta la fecha de la revisión se verifica el cumplimiento
del objeto acordado a través del convenio.

Así   las  cosas   se  recomendara   el   archivo  de  la
investigación   respecto   del   presente   convenio  por
considerar que      el hecho endilgado no existió, de
conformidad con los artículos 54 y 151 del CDU.

Los recursos se desembolsaron por el FIS, el 12 de marzo
de 1997. Cuenta corriente   No. 407702399-3 del banco de
Bogotá. Recursos sin comprometer $1.695.001.oo. Aparece
en rojo la cuenta, por lo que se advierte el posible
traslado de los recursos. Conducta que ya le fue
endilgada al investigado en capitulo aparte.

3. Convenio No. 1302, proyecto 1953. Objeto. Adquirir
documentos de investigación realizados por universidades
del país y del extranjero para dotar el CEDAM, como
libros,   revistas,   material   audiovisual   y  comprar
archivadores. Valor del proyecto $6.166.000.oo. Aporte
FIS $4.270.100. Aporte Gobernación $1.895.900.oo.

Los recursos fueron desembolsados el 12 de noviembre de
1996.

La asesora comisionada verificó que no existen actas que
reflejen la      ejecución del convenio (folio 147).
Situación que ya había advertido la Dirección Nacional
para la fecha de la primera visita donde dejo la
constancia: "que la cuenta corriente No. 40702399-3 se
encuentra en rojo. La cuenta debería contar con la suma
de $4.270.100.oo por no haberse ejecutado".

Convenio No. 1302, proyecto 1952- Objeto: Dotar        de
elementos que conforman la canasta del Ministerio      de
                        25
Educación Nacional  para desarrollar actividades  en el
área de danzas, cultura, dibujo y música, por un valor
de $1.989.836.oo. Aporte FIS $1.193.902.oo. Gobernación
$795.934.oo.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Igual que el anterior se tiene la información que aportó
la Dirección Nacional respecto a la no ejecución del
objeto acordado, pues y con lo manifestado por el
director de la oficina de Planeación del Departamento del
Amazonas a través del oficio No 209 del 31 de marzo del
año 2000 la carpeta del convenio no apareció. (Folio 283
Cuaderno No. 2).

A pesar de la falta de ejecución que se evidencia,  la
cuenta corriente se encontraba en rojo, es decir no se
sabe que paso con los recursos.

Convenio No. 1302, proyecto No.3437. Objeto. Reparación
general de techos, estructura, paredes y pintura. Valor
$18.800.000.oo. Aporte FIS $ 411.280.000. Gobernación
$7.520.000.00.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Se celebraron dos contratos:

El No. 070, se suscribió, el día 22 de agosto de 1997,
con el señor ISMAEL FAJARDO, Gobernador de la comunidad
indígena Mue, por $9.450.000.oo. Se giró el anticipo el
día 2 de septiembre de 1997, por $4.589.100.oo, mediante
el cheque F6416492, cuenta corriente 2399-3.

El contrato No. 072, se suscribió, el día 22 de agosto de
1997, con el señor USEBIO PIYACHI, Gobernador comunidad
indígena Okainas, por $9.400.000.oo. Se giró el anticipo
el día 12 de septiembre de 1997, por $4.700.000.oo,
mediante el cheque No. F6416492, cuenta corriente 2399-3.

No aparece acta de iniciación de obra, el plazo de
ejecución es de veinte (20) días contados a partir del
acta de iniciación. No existe ninguna prueba sobre su
ejecución, sin embargo la  cuenta corriente se registra
en rojo.

Las obras se encontraban sin ejecutar de acuerdo con la
revisión efectuada por el Secretario de Agricultura
GUILLERMO MARIN TORRES, el 2 de febrero de 1998. (Folio
4. cuaderno FIS educación)



                         26
Convenio 4615, proyecto 7716. Objeto. Construcción,
adecuación y mantenimiento de aulas oficiales del
internado Fray de Barcelona en Araracuara.

Se celebró el contrato No. 130 el día 2 de diciembre de
1997, con el señor LUIS ANTONIO MANCILLA  GONZALEZ, por
un valor de $51.015.320.oo.

No se había suscrito    acta de iniciación en el mes de
febrero del año 1998. No existe ninguna    documentación
que refleje la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito en el mes
de diciembre de 1997, finalizando el periodo de titular
ACOSTA SOTO, no es dable endilgarle el incumplimiento del
convenio, en este orden de ideas se compulsaran copias
para que se investigue a los funcionarios responsables y
se recomendará el archivo a favor del implicado respecto
al presente convenio.

La cuenta corriente del proyecto no cuenta         con   los
recursos, al parecer fueron trasladados.

Convenio No. 7969, proyecto 11314. Objeto. Construcción
del auditorio del centro cultural indígena, corregimiento
de Puerto Santander. Valor. $48.131.578.oo. Aporte FIS
$45.725.000.oo. Gobernación. $2.406.378.oo.

Los recursos se desembolsaron el 21 de julio de 1996.

Se celebró el contrato 089, con JUAN DE JESUS RANGEL el
día 10 de septiembre de 1997, por un valor de
$48.131.578.oo. Se giró el anticipo el día 15 de
septiembre de 1997, mediante el cheque No. F6416493, por
valor de $2.406.378.oo.

Igual que el anterior no se registran actas de ejecución
como lo corroboró tanto la Dirección Nacional como la
asesora comisionada. (Folio 155 cuaderno convenios No. 2
y folio 4 cuaderno FIS Educación).

Cuenta corriente en rojo,     al   parecer   se   ordenaron
traslados presupuéstales.

Convenio No. 4785, proyecto 7687. Objeto. Construcción de
una cancha múltiple en la vereda San José corregimiento
El   Encanto.    Valor.   $23.464.875.oo.    Aporte   FIS
$22.292.000.oo. Gobernación $1.172.875.oo.

Los recursos se desembolsaron el 2 de mayo de 1997.



                         27
Con base en la visita que practico la asesora comisionada
el 8 de marzo del año 2000, se verifica que el objeto del
convenio se cumplió atendiendo el acta final de obra y
liquidación suscrita por el secretario de obras ANTONIO
JOSE RAMIREZ SANTOS y la profesional universitario DEIRA
M.ABARKA y el contratista GERVASIO PALOMARES YATEKE.
(Folio 147 cuaderno convenios No. 2).

Por lo anterior respecto de este convenio se recomendará
el archivo de la investigación pues no existió el hecho
que se endilga, de conformidad con el artículo 151 del
C.U.D.

Convenio No. 5919, proyecto 11037. Objeto. Reparación de
aulas, batería sanitaria y dotación de mobiliario en la
escuela Fray Bartolomé de Igualada, corregimiento de La
Pedrera.     Valor     $25.000.000.oo.    Aporte     FIS
$15.000.000.00.Gobernación $10.000.000.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1997.

Se suscribió el contrato No. 020 el 14 de abril de 1997,
con FABIOLA CALDERON LEGUIZAMON,     por un valor de $
14.432.855. Se giró el anticipo el día 16 de mayo de
1997, mediante el cheque No. F6416483 y el saldo final
mediante cheque No. F6416489 27 de agosto de 1997.

Se verifica el acta de iniciación de obra No. 065 de
fecha 29 de mayo de 1997, acta de recibo final de obra y
liquidación del contrato No. 020 del 30 de julio de 1997.
Se giró el anticipo mediante cheque No. F6416483, sin
embargo en el seguimiento efectuado el 20 de agosto de
1997, se indica que no se realizaron los trabajos para la
batería sanitaria   y   se llevaron a cabo los trabajos
adicionales. (Folio 148 cuaderno convenio No. 2).

Teniendo en cuenta que en el contrato No. 026 de 1996,
suscrito con el señor JERONIMO YACUNA, por un valor de
$7.093.567.oo, se inició la obra mediante el acta No. 043
del 23 de septiembre de 1996 y se recibo (sic) a través
del acta final y de liquidación del 27 de noviembre de
1996, se recomendará el archivo respecto de este
proyecto, con fundamento en el artículo 64 del C.U.D.

Convenio   No.    4803,  proyecto  No.   8193.   Objeto:
Construcción cancha múltiple vereda Villa azul Amazonas.
Valor    $   20.700.000.   Aporte  FIS   $19.665.000.oo.
Gobernación $1.0350.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 2 de mayo de 1997.



                         28
Se celebró el contrato No.041 del 27 de mayo de 1997, con
el señor    EDUARDO PAKI KUMIMARINA, por un      valor de
$20.499.500.oo. Se pago el anticipo el día 30 de mayo de
1997, mediante cheque No. F6429085. Acta de iniciación de
obra No.056 del 3 de junio de 1997 y acta de recibo final
de obra y liquidación del 26 de noviembre de 1997.

Con base en la revisión efectuada por la asesora BARRERA
DIAZ, donde advierte que el objeto convenido se cumplió
atendiendo la actas de recibo final       liquidación que
reposan en la carpeta respectiva se recomendará el
archivo de las diligencias respecto a este convenio al
tenor de lo establecido en el artículo 54 y 151 del CDU.

Convenio 2572, proyecto 247, se renovó el programa de
subsidio para la asistencia y permanencia de alumnos en
educación básica, por un valor de $123.862.240.oo. Aporte
FIS $79.219.300. Gobernación $44.642.940.oo. Vence el 3
de   mayo  de   1998.  Valor  total   de   los  proyectos
$192.430.240.oo.

Los recursos se desembolsaron el 8 de octubre de 1997.

Con base en la información aportada por la Dirección
Nacional, se evidencia la inexistencia de   soportes de
ejecución. Así mismo se registra la cuenta corriente en
rojo.

No se encontró ninguna otra documentación sobre su
ejecución como lo señala el Director de la Oficina de
Planeación, mediante oficio No.209 del 31 de marzo del
año 2000. (Folio 283 cuaderno convenio No. 2).

Convenio No. 7700, proyecto No. 66122. Objeto: Dotación
de textos primaria. Valor $143.956.000.oo.

No se pudo establecer la fecha del desembolso pues no
reposa información en la Tesorería del Departamento sobre
el mismo.

Como   lo    estableció   la   Dirección    Nacional   de
Investigaciones Especiales no se evidencia su ejecución.
Aspecto que queda confirmado con el dato suministrado por
el Director de la oficina de Planeación donde indica que
la carpeta no fue encontrada. (Folio 283 cuaderno
convenios No. 2)

Convenio No. 5, proyecto No. 259. Objeto. Dotación textos
primaria. Valor $8.059.534.oo.




                         29
Igual que el anterior se desconoce su ejecución y no
aparece ninguna otra documentación. (Folio 149 cuaderno
convenios No. 2).

Convenio No. 5919, proyecto 11041. Objeto: Reparación de
las instalaciones de la segunda planta de la escuela
Lozano Torrijos, de atacuarí y dotación de textos
escolares y material didáctico. Valor $30.000.000.oo.
Aporte FIS $18.000.000.00 Gobernación. $12.000.000.00.

No se pudo establecer la fecha del desembolso, pues no
existe el convenio para la Tesorería del Departamento.

Se celebró el contrato No. 132 el 10 de diciembre de
1997, con el señor ROGELIO CAMPUZANO OCAMPO, por un valor
de $ 29.843.989.oo.

Contrato sin ejecutar. Adicional a los señalado por la
Dirección se verifica el acta de seguimiento de fecha 5
de febrero de 1998, donde se dejo constancia sobre la
adecuación   del terreno más no se llevo    a cabo   la
construcción   de las tres aulas. (Folio 148 cuaderno
convenios No. 2).

Convenio No. 5919, proyecto 11040. Objeto: Preparación de
la planta física, batería sanitaria       y dotación de
mobiliario de la escuela vereda el Milagro. Valor
$51.667.000.oo. Aporte FIS $31.000.000.oo. Gobernación
$20.667.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

Se suscribió el contrato No. 102 del 22 de septiembre de
1997,   cuyo  objeto   consistió   en  la   reparación   y
construcción de las aulas escolares en la escuela de la
comunidad de la milagrosa, por un valor de $ 25.929.993.

A pesar de que se suscribió el acta de iniciación de obra
No. 121 del 29 de octubre de 1997 y el     acta de recibo
final y liquidación del contrato del 22 de diciembre de
1997, se estableció a través de la segunda revisión
efectuada por la Procuraduría el 8 de marzo del año 2000,
atendiendo el acta de seguimiento del 2 de febrero de
1998 la existencia de desajustes en la reparación de las
aulas, así como una desproporción en los asignado con lo
ejecutado, razón por la cual se le exigió al contratista
cumplir con los faltantes a pesar de que las obras ya
estaban recibidas por el interventor. (Folio 149 cuaderno
convenios No 2).




                         30
Hay un saldo sin soporte de ejecución de $25.737.007.
Debe existir en la cuenta $38.702.003.o, sin embargo la
cuenta corriente aparece en rojo.

Convenio No. 5929, proyecto No. 11039. Objeto. Dotación y
adecuación de una aula para el laboratorio de idiomas del
colegio   Alvernía.   Valor.   $16.000.000.  Aporte   FIS
$9.600.000.oo. Gobernación. $6.400.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

De   acuerdo   con  la   información  obtenida por la
Procuraduría el convenio se encuentra sin ejecutar.
(Folio 150 cuaderno convenios No. 2).

Fecha de vencimiento 21 de abril de 1998.

Convenio No. 5919, proyecto 11032 (11038). Objeto.
Reparación   de  cuatro   aulas   escolares  y   dotación
mobiliario en el colegio agropecuario José Celestino
Mutis, en el municipio de Puerto Nariño. Valor.
$38.993.000.oo. Aporte FIS $23.396.000.oo. Gobernación. $
15.597.000.oo.

Se suscribió el contrato No. 048 del 11 de septiembre de
1997,    con JOSE CELSO ELIZALDE DEL AGUILA, para el
suministro de cuatro escritorios con sillas, treinta
pupitres bipersonales con sus dos sillas y un archivador,
todo en cedro, terminación en barniz, por un valor de
$4.570.000.oo.

Se canceló el día 20 de septiembre de 1997, mediante el
cheque No. F6416497. Cuenta corriente 2399-3.

Se encontró copia de los comprobantes de egreso No. 2770
y 2919, el primero del 15 de septiembre de 1997,
correspondiente al cheque No. E 6416494 de la cuenta
corriente No. 2399-3 por un valor de $2.796.000.oo a
bodegas el tigre; la    orden de compra No.   429 por el
suministro de 30 pupitres bipersonales con destino a
Puerto Nariño y el segundo del mes de septiembre de 1997,
con el   cheque   No. E 6416497 de la cuenta corriente
2399-3 por un valor de $4.333.000.oo.

No obstante lo anterior no se verifica ningún reporte
sobre   la   ejecución  del   convenio,   es  decir   que
efectivamente se hayan entregado los elementos adquiridos
en beneficio de la comunidad de Puerto Nariño. (Folio 150
cuaderno convenios No. 2).

Saldo sin soportes    de    ejecución   $34.423.000.   Cuenta
corriente en rojo.
                           31
Convenio No. 1588, proyecto No. 1955. Objeto Programa de
asistencia y permanencia de alumnos en educación básica
para poblaciones indígenas del predio Putumayo y río
Caquetá. Objeto. Crear subsidios para los estudiantes de
bajos   recursos.   Valor   $88.480.000.oo. Aporte   FIS
$53.074.644. Gobernación. $35.405.356.00.

No hay soportes de ejecución. Los recursos se giraron el
21 de noviembre de 1996. Vencimiento 21 de noviembre de
1997.

Se renovó mediante convenio No. 1394, proyecto 2300.
Nombre. Subsidio de la permanencia y asistencia en
educación   básica   comunidades    indígenas.       Objeto.
Renovación   al   objeto  1588,    proyecto    1955.   Valor
$104.406.400.   Aporte   FIS    $62.628.080.     Gobernación
$41.778.320.00.

Sin soporte de ejecución.

Valor total de los convenios $192.886.400.oo.

Convenio No. 5919, proyecto 11036. Objeto. Reparación de
las instalaciones de la escuela Simón Bolívar de Ronda.
Valor   $  23.800.000.oo.   Aporte  FIS  $17.000.000.oo.
Gobernación. $6.800.000.oo.

Se celebró el contrato. No. 097 del fecha 22 de
septiembre de 1997, con el señor BENJAMIN SUAREZ DEL
AGUILA, por un valor de $16.895.837.oo. Se pago el
anticipo el día 2 de octubre de 1997, mediante cheque No.
F6416501, por un valor de $7.591.276, de la cuenta
corriente No. 2399-3 Banco Bogotá.

No existe acta de iniciación. El 2 de febrero de 1998,
las obras no se habían iniciado.

El jefe de operaciones Departamental mediante oficio No.
056-JOP del 16 de abril de 1998, informó a la asesora de
la UDECO, sobre el incumplimiento del contrato No.
097/97, razón por la cual se liquido.

Posteriormente se celebró acta de compromiso entre el
contratista y el departamento    de fecha 27 de abril de
1998, para iniciar con la ejecución de la obra.

Convenio No. 7328, proyecto 4000. Nombre. Apoyo técnico y
financiero a la UDECO. Valor $33.936.067.oo. Aporte FIS
$33.936.067.oo.

Los recursos se desembolsaron el 10 de junio de 1996.
                            32
Se celebraron las ordenes que aparecen relacionadas en el
acta de visita de fecha 4 de marzo de 1998. (Folios. 11-
14 cuaderno FIS Educación).

No aparece ningún documento que permita inferir la
ejecución del convenio. (Folio 151 cuaderno convenios No.
2).

Convenio No. 7603, proyecto No. 11109. Objeto. Apoyo a
los   procesos  de   seguimiento  territorial. Valor $
40.000.000. Aporte FIS $ 40.000.000.

Por este convenio se adquirieron los elementos que
aparecen relacionados en el acta de visita de fecha 4 de
marzo. (Folios 14-15 cuaderno FIS Educación).

Valor total de ejecución $31.352.280.

No se había justificado la suma de $8.647.720. La cuenta
corriente No. 2399-3 del Banco Bogotá se encontraba en
rojo. (Folios 152 cuaderno convenios No. 2).

Convenio No. 788, proyecto No, 747. Objeto. Asesoría y
apoyo al departamento del Amazonas, en la aplicación y
desarrollo del sistema nacional de cofinanciación. Valor.
$10.000.000.

Los recursos se desembolsaron el 9 de julio de 1996.

La   asesora  comisionada   encontró  respecto  de   este
convenio: El oficio No. 538 UDC-97 del 22 de septiembre
de 1997 suscrito por la asesora de la UDECO, dirigido al
coordinador HELBERT PIMENTEL SERRANO, a través del cual
le solicita aclarar el estado de las cuentas de este y
otros convenios, porque los libros presentan confusión en
el desembolso de los recursos, sin establecer contratos y
ordenes de servicios.

No se encuentra ninguna otra documentación que establezca
la ejecución del convenio. (Folio 152 cuaderno convenios
No. 2)

             Convenios FIS - Salud.

Convenio No.     1302, proyecto 1543. Objeto. Iniciar
trabajo de escuela de padres en el Departamento del
Amazonas   y  realizar   actividades   de  capacitación,
divulgación y asesoría en educación sexual y ETS. Valor.
$35.182.700. Aporte FIS $21.109.620. Aporte Gobernación.
$14.073.080.


                         33
Los recursos se desembolsaron por el FIS el 23 de octubre
de 1997, cuenta corriente No. 407-02399-3 del banco de
Bogotá.

De acuerdo con la visita que practico la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales, se advierte que
el proyecto     no fue ejecutado. Situación que queda
confirmada con la nueva revisión llevada a cabo por la
asesora comisionada quien dejó constancia sobre la falta
de documentación atinente a este convenio y la respuesta
que dio el director de la Oficina de planeación respecto
a que el convenio no fue encontrado. (Folio 152, 283
cuaderno convenios No. 2).

Convenio 2607, proyectos 2730 y 2732. Objeto. Construir y
dotar   los   laboratorios   de  salud   pública.   Valor
$577.539.555, Aporte FIS $346.523.745. Aporte de la
Gobernación $231.015.810.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

Al parecer no se cancelaron el valor (sic) de los
contratos números 061, 062, 065, 058, 057 derivados de
los convenios No.2730 y 2732. En el contrato No. 100 no
se canceló sino el 50%. El contrato 0030, no aparecen las
actas de ingreso al almacén de los equipos adquiridos y
se reportaron como elementos faltantes un lector de
prueba de Elisa y microelisa por valor de $8.120.000, una
silla ergonómica $220.400 y una pinza entonólogica de
disección $22.040.

Valor sin ejecutar $515.303.983. No se hizo el tercer
desembolso por parte del FIS $103.957.124.

En el proyecto 2730 el FIS desembolsó         la   suma   de
$138.871.250, es decir el 70% de su aporte.

El contrato No. 057 se      suscribió   con reactivos y
equipos médicos por un valor de $46.342.000 y el No. 058
con instrumentos y equipos médicos por un valor de
$19.116.800.

No fueron comprometidos y por lo tanto ejecutados
$73.412.450, teniendo en cuenta que no existen soportes
que justifiquen la inversión.

Igualmente respecto al proyecto No. 2732 no fueron
comprometidos $180.331.050. Información contenida en el
oficio No. 005 S.S.O.P del 22 de enero de 1998. (folio
158 cuaderno convenios No. 2).



                         34
Del proyecto 2370 aparece la copia de la orden de pago
No. 1363 del 19 de diciembre de 1997, sin la firma de la
pagadora. El comprobante de egreso No. 5603 de 19 de
diciembre de 1997, a favor de la firma Internacional
Odontomedica Ltda, correspondiente al contrato No. 065-97
por valor de $40.004.967.

Convenio 5454, proyecto 10645. Objeto. Construcción,
ampliación y dotación del hospital local la Pedrera.
Valor $186.666.664. Aporte del FIS $167.099.997. Aporte
de la Gobernación $19.566.667.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 2 de mayo de
1996.

Proyecto en ejecución. El FIS realizó dos           giros
correspondientes al 70% de su aporte por valor de
$116.969.998. Sin efectuar giro por valor de $50.129.999.

Valor ejecutado    $91.871.566.00.   Valor    por   ejecutar
$44.665.100.00

Porcentaje de ejecución 49.2%.   Saldo    cuenta    corriente
$25.098.433

De la nueva revisión se verifica:

Memorando No. 076 de fecha 09 del 8 de junio de 1998 de
la Oficina de Contratación, dirigido al coordinador de la
UDECO, remitiendo las actas de iniciación, recibo final
de obra No. 062 a nombre de HERNAN DUQUE RUIZ de fecha 5
de febrero de 1998. Se señala como valor ejecutado la
suma de $49.994.617.24 y un saldo a favor del contratista
de $ 24.997.783.00.

Acta suscrita por el interventor         sobre las mayores
cantidades   de obra reconocidas         por  valor de   $
3.919.254.7.

Así mismo y de la diligencia de inspección que cumplió la
suscrita asesora con el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO al
corregimiento la Pedrera, se estableció que solamente se
adecuó el terreno, se han levantado las vigas e instalado
los servicios. No obstante no se a (sic) terminado la
construcción del hospital.

Convenio No. 5721, proyecto 9422. Objeto. Continuar
acciones de investigación, promoción y prevención del
maltrato   infantil.   Valor   $31.525.125.   Aporte FIS
$25.220.100. Aporte de la Gobernación $6.305.025.



                         35
Los recursos se desembolsaron por el FIS, el 2 de mayo de
1996.

Proyecto   en   ejecución.   La Secretaría de   Salud
Departamental no      remitió a la UDECO soportes de
ejecución desconociéndose el nivel de ejecución del
proyecto $57.052.297.

De la revisión efectuada se estableció que al parecer el
proyecto no se ejecutó.

Convenio 2607/96. Objeto. Implementación de dotación del
II nivel para el hospital San Rafael de Leticia del
departamento del Amazonas. Valor $ 908. 185.055.oo.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

No fue posible establecer la ejecución del proyecto pues
no apareció ninguna documentación ni    soporte como lo
indicó el director de la Oficina de Planeación, mediante
oficio No. 209 del 31 de marzo del año 2000. (Folio 283
cuaderno convenios No. 2).

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1º, 5º
del artículo 26 de la ley 80 de 1993, numerales 2º, 3, 22
y 23 del artículo 40 de la ley 200 de 1995.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA LUZ NAYADE SUCHIL
SUAREZ, en calidad de Gobernadora (E) de acuerdo con los
siguientes periodos:

1.   Del   23 al   27 de junio de 1997
2.   Del   12 al   17 de agosto de 1997
3.   Del   18 al   21 de agosto de 1997
4.   Del   5 y 6   de septiembre de 1997
5.   Del   15 al   19 de septiembre de 1997
6.   Del   24 de   septiembre al 24 de noviembre de 1997

Respecto a la ejecución del proyecto de reordenamiento
ambiental se le vincula por las siguientes conductas:

                            CARGO PRIMERO

Suscribió los contratos No. 119 de 1997 y el No. 014 de
1997, con el fin de construir 1450m3 de obras del dique
en bolsamortero, para confinar material proveniente del
dragado del río Amazonas y ejercer la interventoría, sin
revisar la conveniencia de la contratación y sin tener en
cuenta el informe de la consultoría No. 005 del 4 de
                               36
octubre de   1997. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

En el informe final de la consultoría el contratista
advierte una posible falla geológica, que exigía       un
replanteamiento en la ejecución del proyecto, como se le
informo al Fondo Nacional de regalías (folios 234-235),
no   obstante   la   implicada  celebró   los   contratos
mencionados para continuar con el desarrollo, de la
misma, comprometiendo la suma de $437.259.135.oo      sin
asesorarse, ni consultar las consecuencias de la decisión
que adopto.

Sumado a lo anterior para esa época era palpable el
problema de contaminación del río Amazonas y la necesidad
de reubicación de la población que habita la ladera.

Por anterior (sic) pudo desconocer las siguientes normas:

Artículo 6° de   la Constitución Política
No. 12 Art 25.   Ley 80 de 1993
No. 2º Art 26.   Ley 80 de 1993
No. 1º Art. 30   Ley 80 de 1993..."

                        CARGO SEGUNDO

Declaró desierta la licitación No. 006 de 1997, sin
contar con las evaluaciones correspondientes de las
propuestas presentadas desde el punto de vista jurídico,
técnico y financiero, desconociendo el principio de
transparencia y el deber de selección objetiva. (Subrayas
y negrillas fuera de texto)

Mediante la resolución No. 1080 del 15 de octubre de
1997, declaró desierta la    licitación No. 006 de 1997,
descalificando las tres propuestas presentadas, no
obstante no aparecen las evaluaciones desde el punto de
vista técnico, jurídico y financiero (folios (sic).

Por lo anterior puedo haber desconocido las siguientes
normas:

Numerales 1°, 7° y 8º del Artículo 24, numeral 18 del
artículo 25, numerales 1° y 5° del artículo 26, artículo
29 de la Ley 80 de 1993.

                     CARGO TERCERO

Omitió publicar el aviso a participar en la licitación
No. 06 de 1997 para contratar con el fin de construir
1450m3 de obras del dique en bolsamortero, para confinar
material proveniente del dragado del río Amazonas,
desconociendo    el    principio    de    transparencia,
                           37
responsabilidad y el deber de selección         objetiva.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Mediante la resolución No. 1080 del 15 de octubre de 1997
declaró desierta la licitación No. 006, por cuanto
ninguna de las propuestas presentadas resulto hábil para
contratar, no obstante se observa que no cumplió con el
deber de publicar el aviso, por lo tanto no garantizo la
oportunidad de participación en el proceso de selección.

Es decir hasta por tres veces con intervalos de dos (2)
y cinco (5) días calendario, en diarios de amplia
circulación, en el territorio jurisdicción de la entidad,
atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

Por lo anterior puede estar incurso en el desconocimiento
de las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1º y
5° del artículo 26, numeral 3° del artículo 30 de la Ley
80 de 1993.

                      CARGO CUARTO

Omitió el tramite de contratación directa para celebrar
el contrato No. 119 de 1997, construir 1450m3 de obras
del dique en bolsamortero, suscrito con FERNANDO LYONS
HOYOS,   para confinar material proveniente del dragado
del río Amazonas. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Además de haber declarado desierta la licitación sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos y con el
fundamento necesario para esta clase de contratación,
omitió la obtención de por lo menos dos ofertas
atendiendo el proceso de contratación directa.

Teniendo en cuenta que la selección debe ser objetiva, no
se puede entender por el hecho de declarar desierta una
licitación o concurso público,     no se deba surtir el
procedimiento de contratación directa, pues el numeral 1º
del artículo 24 de la ley 80 de 1993, establece como
regla general la licitación o concurso público y como
excepción la contratación directa que debe surtirse como
lo indica el artículo 1º    del decreto 855 de 1994, que
como en el caso que nos ocupa no fue posible contratar
mediante el primer procedimiento se debe cumplir el
segundo.

No se hizo un estudio de la propuesta contratada, se
infiere en consecuencia que el criterio de selección no
fue objetivo ni transparente, vulnerado el artículo 24 de
la ley 80 de 1993.
                        38
        Con su actuar puede estar incurso en la violación de las
        siguientes normas:

        No.8°. 24, numeral 1º y 5° del artículo 26, artículo 29
        de la Ley 80 de 1993, artículo 3° Decreto 855 de 1995
        (sic).

                               CARGO QUINTO

        En el proceso de contratación directa fijo en la
        invitación numero 075/97, correspondiente al contrato N°
        014 de 1997, un término de difícil cumplimiento para la
        recepción de las propuestas. (Subrayas y negrillas fuera
        de texto)

        Se fijó el aviso el día 7 y se desfijo el 8 de octubre de
        1997, sin embargo no el término no garantizaba (sic) la
        presentación de ofertas teniendo en cuenta el objeto que
        se iba a contratar. (Folios 263-268)

        Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
        las siguientes normas:

        Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1º y
        5° del artículo 26 Ley 80 de 1993, inciso 4° Art. 3° del
        Decreto 855 de 1994.

               CARGO SEPTIMO (SIC) (DEBERÍA SER EL SEXTO)

        Al parecer ordenó trasladar y por ende cambió la
        destinación de los recursos que fueron desembolsados por
        el Fondo de Cofinanciación FIS, de la cuenta No 407-
        02399-3 a las cuentas que a continuación se relacionan,
        con las consecuencias de orden económico y social
        derivado del mismo. (Subrayas y negrillas fuera de texto)


Fecha                Cuenta                    Valor
Oct.06/97       407-01999-1 Fondos Comunes    $450.000.000
Oct.O6/97       407-02327-4 Fondo Dptal de    $ 35.065.000
                               Pensiones
Oct.09/97       506-12449-4 Convenio DRI    $224.836.000
Nov.14/97       506-001136-1Contador Pagador$215.000.000

Total:                                        $924.901.000

        Se tomó inicialmente la información que aportó el
        Secretario de Hacienda del Departamento LEOPOLDO CAMPOS
        SANCHEZ, a la Dirección Nacional de Investigaciones
        Especiales de la visita que practicó en el mes de febrero
        de 1998, donde se evidencia el traslado de recursos por
                                 39
  valor de MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
  OCHO MIL SESENTA PESOS ($1.048.188.070). Posteriormente
  se verificó nuevamente la información adjuntando la
  constancia   que  expidió   el   Tesorero   PASTOR SILVA
  VALDERRAMA, quien certificó el traslado por valor de
  $1.721.901.000, con un reintegro equivalente a $907-136-
  000 (sic) y un faltante definitivo de $927.948.403
  (Folios 51 y 431 cuadernos Principal 1 y 2)

  Así mismo se verificaron las cifras señaladas    a través
  de los extractos bancarios de los meses correspondientes.
  (Folios 61-65 cuaderno pruebas No 1).

  Por lo anterior puede estar incursa en la violación de
  las siguientes normas:

  Numerales 1° y 5° del artículo 26 de la ley 80 de 1993,
  artículo 18 del Decreto 111 de 1996.

  EVALUACION DE LA CONDUCTA DE JUAN CARLOS GUTIERREZ
  JARAMILLO, en calidad de Secretario de Hacienda del
  Departamento, del periodo comprendido entre el 6 de
  diciembre de 1996 al 29 de diciembre de 1997

1. El Fondo Nacional de Regalías asignó al Departamento la
   suma de $2.030.000.000, de los cuales se desembolsaron
   aproximadamente   $1.881.760.000 y se han invertido para
   los contratos objeto de investigación la suma de $
   1.369.971.492.80, para la ejecución del proyecto de
   reordenamiento ambiental para el Puerto de Leticia.

                        CARGO PRIMERO

  En su condición de Secretario de Hacienda, de los
  recursos asignados y situados por el Fondo Nacional de
  regalías, permitió el 30 de diciembre de 1997, que se
  comprometiera la suma de $407.143.590 para la celebración
  de los contratos números 018 y 153 derivados de la
  urgencia manifiesta decretada mediante la resolución No.
  219 del 29 de diciembre de 1997, sin estar dados los
  presupuestos exigidos por el artículo 42 de la Ley 80 de
  1993. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

  Mediante certificados de disponibilidad números 369 y 361
  del 30 de diciembre de 1997, comprometió $37.000.000.00
  para   la   interventoría  y      $370.143.590  para   la
  construcción de las obras estabilización del talud sobre
  el cual esta constituido el dique de confinamiento del
  relleno hidráulico. (Folios 294 y 383 del cuaderno
  principal).

  Como Secretario de Hacienda y responsable de la ejecución
                           40
del presupuesto del departamento, tenía la obligación de
verificar si efectivamente se estaban configurados los
hechos que se aducen el acto administrativo o si se trata
solamente de comprometer los recursos habida cuenta de
que estaba por expirar la vigencia fiscal.

Normas presuntamente infringidas:

Art. 112. Decreto 111 de 1996
No.1º Art 26. Ley 80 de 1993
Numeral 3° Artículo 40. Ley 200 de 1995
...”

                     CARGO SEGUNDO:

Expidió los certificados de disponibilidad presupuestal
con posterioridad a la iniciación del proceso de
selección y omitió el registro presupuestal en desarrollo
del proyecto de reordenamiento ambiental y construcción
del malecón turístico en el puerto de Leticia, en los
contratos números 019/97,152/97, 156/97 y 160/97, a pesar
de que se estaba pretermitiendo el tramite ordenado para
la    licitación   pública    y    contratación   directa
respectivamente, comprometiendo los recursos asignados
por el Fondo Nacional de Regalías, en $ 334.000.000.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

En los contratos números 019/97, 156/97 y 160/97 se
inició el tramite contractual el 23 de diciembre, se
cerró el 24 de diciembre, es decir se fijo un día para
recepcionar ofertas, a sabiendas de la complejidad,
importancia   de  obras  y  sitio   de  ejecución.  La
disponibilidad la hizo el 30 de diciembre de 1997, a
través del certificado No. 359 (folio 316 Cuaderno
Malecón No. 2).

La apertura de licitación en el contrato No. 152/97, se
llevó a cabo el 19 de noviembre y se declaró desierta el
25 de noviembre. La disponibilidad la expidió hasta el 26
de diciembre de 1997, mediante el certificado No. 363.
(folio No. 365 cuaderno Malecón No. 2).

En el contrato No. 156 la disponibilidad se expidió hasta
el 26 de diciembre de 1997, con el certificado No. 365.
La actuación se inició el 23 de diciembre, fijando un día
para recepcionar Las propuestas. (Folio 414 del cuaderno
principal).

Normas presuntamente infringidas:

No. 6º. Art 25. Ley 80 de 1993. Art. 71. Decreto 111 de
1996.
                         41
                       CARGO TERCERO:

  Expidió    las   disponibilidades    presupuéstales   con
  posterioridad a la iniciación al proceso de selección y
  omitió el registro presupuestal en los contratos números
  006/97, 007/97, 008/97, 018/97 y 031/97, derivados de los
  convenios números 379, 381, 382, 383, celebrados con la
  Aeronáutica Civil. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

  En el contrato No. 06 inició tramite el 7 de febrero y la
  disponibilidad se expidió hasta el 14 de febrero, de
  acuerdo con el certificado No. 023 (Folio 14 cuaderno No.
  5).

  En el contrato No. 07/97, expidió el 14 de febrero de
  1997, a través del certificado No. 014. (folios 96
  cuaderno No. 5)

  En el contrato No. 08/97 la invitación se formulo el 21
  de febrero y solo hasta el 5 de marzo expidió la
  disponibilidad   presupuestal,   de   acuerdo   con   el
  certificado de disponibilidad No. 033 de 1997 (folio 193
  cuaderno No. 5).

  En el contrato No. 031/97, la apertura se ordenó el 10 de
  mayo y la disponibilidad se expidió hasta el 21 de mayo
  de 1997, de acuerdo con el certificado No. 293 cuaderno
  No. 5.

  Normas presuntamente infringidas

  No. 6º Art. 25. Ley 80 de 1993, No. 1º Art. 26. Ley 80
  de 1993, Art. 71. Decreto 111 de 1996, No. 3º Art. 40 Ley
  200 de 1995.

                        CARGO CUARTO:

  Usted como Secretario de Hacienda del Departamento no
  garantizó la adecuada ejecución del presupuesto y
  permitió el traslado   de recursos por $1.721.901.000.00
  de la cuenta No. 407-02399-3 “recursos de confinación” a
  las siguientes cuentas: (Subrayas y negrillas fuera de
  texto)

- 1 de Julio de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
  01999-1. Fondos comunes departamentales, la suma de $
  310.000.000.00.

- El 1° de agosto de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
  01999-1 Fondos Comunes Departamentales la suma de $
  331.936.667.00.
                           42
   - El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
     01999-1 Fondos comunes la suma $ 450.000.000.00.

   - El 6 de octubre de   1997, trasladó a la cuenta No. 407-
     023227-4    Fondo    Departamental   Pensiones   la   de
     $35.065.000.00.
   -
   - El 9 de octubre de    1997, trasladó a la cuenta No. 506-
     12449-4 Convenio     DRI No. 1706-030 la suma de $
     224.836.000.00.

   - El 14 de noviembre de 1997, trasladó a la cuenta No. 506-
     00136-1 Contador pagador, la suma de $ 215.000.000.00.

   - El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta No. 407-02374-1
     recaudo impuestos y otros $124.000.000.00.

   - El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta No. 407-01999-1
     Fondos comunes $ 32.000.000.00.

     Los recursos fueron desembolsados por el Fondo de
     Inversión Social FIS, en la cuenta corriente No.407-
     02399-3.

     Se reportan varios valores respecto a los traslados así:

     1. El Secretario de Hacienda certificó el 6 de marzo
     $1.048.188.070.

     2. El Tesorero PASTOR SILVA VALDERRAMA, certificó el 17
     de febrero de 1997, $1.721.901.000. (Folio 431 cuaderno
     principal No. 2)

     Al parecer los recursos que ingresaban, nuevamente eran
     traslados, razón por la cual se reporta una cifra menor a
     los dineros que efectivamente ingresaron.

     Las cifras fueron confirmadas       mediante   los   extractos
     bancarios. (Fls. 60-66).

     Los traslados presupuéstales fueron reintegrados en las
     siguientes fechas.

23 de Julio de 1997          $   310.000.000.00
11 de Agosto de 1997         $   331.000.000.00
4 de noviembre de 1997       $   224.836.000.00
18 de diciembre de 1997      $     41.300.000.00
TOTAL.                       $   907.136.000.00

     La diferencia, es decir $ 814.765.000, se reporta como
     faltante pues los recursos no ingresaron a la cuenta
                                 43
mencionada.

Normas presuntamente infringidas:

Art. 18. Decreto 111 de 1996
No. 1º. Art 26. Ley 80 de 1993
Se incumplió los términos al modificar los objetos
acordados en los convenios para el año de 1996 y 1997.

Obligaciones del Departamento:

“ 5. Invertir de conformidad con las normas vigentes,
dentro del plazo estipulado en este convenio, los
recursos transferidos y los de su contrapartida en la
ejecución de (los) Proyecto(s), y en el evento de no
hacerlo dentro de ese plazo, devolverlos al mes siguiente
al FIS, para su reintegro a la Tesorería General de la
Nación y la liquidación respectiva.

“6. Aplicar los recursos de que trata la cláusula segunda
y detallados en el anexo No.1 para cada proyecto,
exclusivamente al cumplimiento del objeto de este
convenio y de (los) proyecto(s)...”

Manual de funciones:

Garantizar    la     adecuada...ejecución   y     control
administrativo del presupuesto."

                       CARGO QUINTO

No superviso ni ejerció el control sobre el destino de
los recursos obtenidos durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre del año 1997, equivalentes a NOVENTA
MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON DOCE
CENTAVOS ($90.048.660.12) por concepto de retención en la
fuente, razón por la cual no fueron consignados     en la
cuenta correspondiente a la DIAN como lo ordenan las
normas de tributarias. (Subrayas y negrillas fuera de
texto)

De acuerdo con la certificación que expidió el Tesorero
del Departamento     se establece que efectivamente el
Departamento recibió la suma mencionada atendiendo el
balance de contabilidad aportado (Folios 189-234 cuaderno
pruebas).

Ahora bien, con base en    la certificación del Tesorero
DEMETRIO ESPAÑA, se evidencia que los recursos no fueron
consignados como lo ordenan las normas del estatuto
tributario, razón por la cual puede estar incurso en la
violación de las siguientes normas:
                         44
Artículo 17 del Decreto 2300 de 1996.

Manual de funciones: "Adoptar las políticas necesarias
para la prevención y represión del fraude y evasión de
las rentas departamentales, de conformidad con las
disposiciones vigentes"

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis fáctico y
probatorio expuesto en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del
pliego correspondiente al señor FELIX FRANCISCO ACOSTA y
que le fueron atribuidos también en el auto de apertura
de la investigación a JUAN CARLOS GUTIERREZ, como
Secretario de Hacienda, se advierte respecto a los hechos
allí contenidos que la conducta no existió o que no
constituyen falta disciplinaria, por lo tanto recomendará
el archivo de la investigación, de conformidad con el
artículo 54 y 151 de la ley 200 de 1995.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE ANTONIO JOSE RAMIREZ, en
calidad de Secretario de Obras Públicas Departamental por
el periodo comprendido entre 25 de marzo de 1997 hasta el
29 de diciembre de 1997.

Se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en
su contra por las posibles irregularidades configuradas
en los contratos de obra del año de 1997, derivados del
proyecto de reordenamiento ambiental del Puerto de
Leticia y los convenios interadministrativos suscritos
con el Departamento Administrativo de la Aeronáutica
Civil.

                     CARGO PRIMERO:

A partir del mes de marzo fecha en la cual se posesionó
como Secretario de Obras del departamento, hasta el mes
de diciembre de 1997, no coordinó ni definió la
programación para la celebración de los contratos de obra
para   la  ejecución   del  proyecto   de  reordenamiento
ambiental en el Puerto de Leticia, ni tuvo en cuenta los
estudios preliminares efectuados por el Ministerio de
Obras y las observaciones del Fondo Nacional de regalías
sobre el desarrollo de las obras. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

Sobre el particular no tuvo en cuenta los estudios
preliminares como el informe de diseño dragado del Río
Amazonas disposición y obras de confinamiento presentado
por el Ministerio de Transporte Fluvial Laboratorio de
Ensayos Hidráulicos, en el mes de febrero de 1995, al
cual nos referimos en el capítulo primero y en donde se
hace un planteamiento sobre la prioridades a seguir para
                         45
el desarrollo del proyecto, como:

1. La necesidad de efectuar trabajos balimétricos y
topográficos, previos al dragado por la gran capacidad de
transporte de sedimento del río Amazonas.

2. La reubicación de los asentamientos humanos que
habitan la zona, el vertimiento sobre la orilla izquierda
del río amazonas, aguas arriba de la isla de la Fantasía,
para evitar la contaminación de la zona de los lagos.

3. Aumentar la resistencia de los       bolsacretos   que
conforman   el parámetro  exterior      del   dique    de
confinamiento.

Aprovechar el material del dragado para la recuperación
del canal de acceso para el mejoramiento de las
condiciones ambientales. (Fls 10-11).

Del informe de interventoría Administrativa y Financiera
del proyecto “reordenamiento ambiental y recuperación
ambiental de la zona portuaria de Leticia (Amazonas)-
construcción obras de confinamiento del dragado (Etapa
Y), presentado por el Fondo Nacional de Regalías en el
año de 1997, se destaca:

1. La solicitud formulada a la Gobernación para que
enviaran la información para complementar los parámetros
y conclusiones de la interventoría administrativa y
financiera,   el    cumplimiento   de   los   requisitos,
cronogramas y normas de manejo de recursos de fondo.

2. El análisis de las recomendaciones para tomar
decisiones desde el punto de vista técnico administrativo
y de gestión para corregir las situaciones irregulares
encontradas.

Igualmente, se contrató el 8 de agosto de 1997, tanto el
diseño del anteproyecto Piloto del Malecón como los
estudios técnicos correspondientes al análisis y diseño
estructural de la zona denominada “piloto del Malecón” y
posteriormente el 22 de agosto la formulación del plan de
manejo   ambiental,    objeto   que   debió   contratarse
inicialmente a su ejecución, teniendo en cuenta la
contaminación del río por las aguas negras que se
vierten. Sin mayor previsión se resuelve construir las
obras del dique en bolsacreto para confinar material del
dragado del río sin estar resuelto el problema ambiental
y social de la zona, y para finalizar alegando una falla
geológica del suelo se contrata en el mes de diciembre la
construcción de pilotes para la estabilización del talud.


                         46
Normas presuntamente infringidas:

No. 1. Artículo 26.Ley 80 de 1993
Del manual de funciones:

“... Coordinar los planes y programas con las entidades
del sector público y privado que incidan en el desarrollo
de las obras publicas departamentales”

“... Contribuir a la identificación y gestión de los
proyectos de obras públicas que deban ejecutarse en el
departamento...”

"...Adelantar en armonía con otras dependencias del
Departamento que se requiera, las gestiones necesarias
para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos adoptados..."

                       CARGO SEGUNDO

No supervisó ni ejerció el control sobre la ejecución
de las obras en los contratos números 006/97, 007/97,
respecto de los cuales no se cumplió el objeto
contratado. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Por    el incumplimiento en al ejecución del objeto
contratado   en el No. 006/97, la nueva administración
mediante resolución No. 412 del 13 de abril de 1998,
declaró la caducidad.

El plazo de ejecución se estipuló en 45 días calendario
contados a partir de la legalización del contrato que se
surtió.... el... es decir que la fecha limite era
el....., no obstante para el mes de abril de 1998 no se
había ejecutado en su totalidad las obras. (sic)

En    el No. 007, se recibió parcialmente el 12 de
diciembre y con base en esa acta se canceló la suma de
$170.600.000, sin embargo por el incumplimiento se
declaró la caducidad mediante la resolución. No .413 del
13 de abril de 1998, el plazo se fijó en 5 meses desde el
22 de agosto de 1997.

Presuntamente infringió las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1° y
4° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

Manual de funciones:

“- Dirigir y responder por la ejecución de los programas
de obras públicas que desarrolle la gobernación buscando
                         47
que se desarrollen con oportunidad y calidad...”

“...Adelantar en armonía con otras dependencias del
departamento que se requieran, las gestiones necesarias
para asegurara el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos adoptados.”

                   CARGO TERCERO

Como Secretario de Obras Públicas y en consecuencia
responsable de la dirección y manejo del proyecto de
reordenamiento ambiental, permitió la celebración de los
contratos números 014 del 20 de octubre y 119 del 17 de
octubre de 1997, 152 y 156 del 30 de diciembre de 1997,
019 y 160 del 31 de diciembre, sin tener en cuenta el
informe final de consultoría No. 005 del 5 de octubre de
1997, donde se advirtió una falla técnica ocasionada
por un problema de estabilización del talud. (Folios 1 a
14, 19 a 30 del cuaderno Malecón No. 2). (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

Con los contratos 014 y 119, se buscaba continuar con la
prolongación del objeto contratado en el mes de febrero
con JAIME HERNÁNDEZ TORRES, es decir la construcción de
1450M3    de obras    del dique en bolsamortero y la
respectiva interventoría, suscritos con el Consorcio de
Ingenieros y Arquitectos Constructores Ltda CINARCO Y
CARLOS LYONS HOYOS, por un valor de $39.55.750.00 y
$397.703.385.00.

Con el 152 del 30 de diciembre de 1997, se pretendía
ejecutar el relleno hidráulico para el mejoramiento
ambiental del puerto de Leticia, suscrito con CARLOS
FERNANDO LYONS, por un valor de $200.000.00, sin embargo
una vez se celebró se suspendió su ejecución hasta tanto
se culminara el objeto del contrato No. 153 que fue
celebrado en virtud a la declaratoria de la urgencia
manifiesta. (Folios 352-382 cuaderno Malecón No. 2)

En el contrato No. 156 y 160 se contrato la prolongación
de aguas servidas de la calle 8ª       y   7ª con CARLOS
FERNANDO LYONS HOYOS, por un valor total de $ 99.000.000.

Infringió presuntamente las siguientes normas:

Numerales 1º y 4° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

Manual de funciones:

“- Dirigir y responder por la ejecución de los programas
de obras públicas que desarrolle la gobernación buscando
que se desarrollen con oportunidad y calidad...”
                         48
“...Adelantar en armonía con otras dependencias del
departamento que se requieran, las gestiones necesarias
para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos adoptados...”

                   CARGO CUARTO

Suscribió las actas de iniciación para ejecutar los
contratos 006 y 007 del 31 de marzo de 1997, a pesar de
que se trataba de una obra para ser desarrollada por
etapas de acuerdo con los términos estipulados en los
contratos, suspendiendo la ejecución del objeto en el
contrato número 007 el 1° de abril de 1997, si estar
dadas las circunstancias previstas en el numeral noveno
del convenio 0383, suscritos con la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

A pesar de que el Gobernador contrató la construcción de
la pista en dos etapas, el implicado inició la ejecución
en la misma fecha (31 de marzo de 1997) reconociendo el
valor del anticipo como quedó establecido en la misma
acta (folio 109), posteriormente ordenó suspender el
contrato No. 007 al día siguiente, es decir el 1° de
abril, mediante el acta N° 23 (folio 110), con fundamento
en los con fundamento en los problemas ocasionados    por
el invierno, sin embargo se verifica que el contratista
fundamento la solicitud aduciendo la imposibilidad de
ejecución   hasta   tanto   se   culminara   la   primera
etapa.(Folio 111 cuaderno No.5 Pistas)

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1º y
4º del artículo 26. Ley 80 de 1993.
Manual de funciones:

“- Dirigir y responder por la ejecución de los programas
de obras públicas que desarrolle la gobernación buscando
que se desarrollen con oportunidad y calidad...”

“...Adelantar en armonía con otras dependencias del
departamento que se requieran, las gestiones necesarias
para asegurara el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos adoptados.”

Numeral noveno del Convenio 0383-CN.
“El plazo de ejecución del objeto del presente convenio
solo podrá ser suspendido por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados ante la
                        49
  Aerocivil.”

                         CARGO QUINTO

  Permitió suscribir el acta de adición No 01   del 2 de
  julio de 1997, por un valor de $4.037.461, a pesar de
  estar suspendida la ejecución de la obra en el contrato
  No. 006/97. (Folio 40-41 cuaderno No. 5). (Subrayas y
  negrillas fuera de texto)

  Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
  las siguientes normas:

  No. 1º No. 4º   artículo 26. Ley 80 de 1993.

  Manual de funciones:

  “- Dirigir y responder por la ejecución de los programas
  de obras públicas que desarrolle la gobernación buscando
  que se desarrollen con oportunidad y calidad...”

                          CARGO SEXTO

  Como interventor del contrato No. 006/97, suscribió el
  acta final de recibo a satisfacción de la obra el 20 de
  agosto de 1997, dejando constancia sobre la ejecución del
  100% de la pista de aterrizaje en el corregimiento El
  Encanto, sin embargo el objeto no se cumplió en su
  totalidad. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

  La obra se inició en el contrato No. 006/97, mediante
  acta No. 049 de fecha 31 de marzo de 1997. El 15 de julio
  de 1997, suscribió el acta parcial de obra por un valor
  de $19.944.779.00. El 20 de agosto recibió la obra y
  liquido el contrato. (Folio 386 cuaderno No. 2).

  A pesar de lo anterior, no se registran        informes   de
  interventoría sobre el estado de las obras.

  Al parecer el interventor no se trasladó al lugar donde
  se   estaba ejecutando la obra, razón por la cual no
  constató directamente la ejecución de la obra no obstante
  suscribió   el  acta   de   recibo  a   satisfacción  del
  cumplimiento de la totalidad de la obra.

  Infringió al parecer el artículo 6o de la Constitución
  Política, numeral 1º del artículo 26 de ley 80 de 1993 y
  lo establecido en el manual de funciones:

- "Organizar y dirigir los trabajos de construcción         de
  obras públicas    y de infraestructura física en          el
  Departamento.
                            50
- Dirigir y responder por la ejecución de los programas de
  obras públicas que desarrolle la Gobernación buscando que
  se desarrollen con oportunidad y calidad."

                         GARGO SEPTIMO

  Como Secretario de Obras e interventor de los contratos
  números 007/97 y 008/97, no rindió los informes sobre
  el estado de las obras y el incumplimiento de los objetos
  contratados con el fin de adelantar ante la    respectiva
  aseguradora   el  tramite   correspondiente  para   hacer
  efectiva la póliza de cumplimiento. (Subrayas y negrillas
  fuera de texto)

  En el contrato No. 007/97, la ejecución se inició el 31
  de marzo de 1997, y cancelo por concepto de anticipo la
  suma de $21.490.469.50. El contrato se suspendió el 1º de
  abril de 1997 y se reinicio el 20 de agosto de 1997. El
  objeto del contratado no se terminó, por lo tanto la obra
  no se entrego. Queda un saldo pendiente de $1.234.867.65,
  es decir que se pago el 90 % del valor del contrato.
  (Folio 387 cuaderno original No. 2).

  No se hizo efectiva la póliza de cumplimiento.

  En el contrato No. 008/97, no se registran informes de
  interventoría sobre el estado de la obra. Se canceló un
  anticipo de $ 21.498.750. La obra se suspendió el 2 de
  mayo de 1997 y se reinició el 27 de junio de 1997. El 6
  de agosto de 1997 se suscribió el acta parcial de obra
  por valor de $11.394.337.50. El objeto del contrato no se
  terminó, no se hizo efectiva la póliza de cumplimiento, a
  pesar de que el plazo acordado se venció desde el 18 de
  diciembre de 1997.       Queda un saldo pendiente de
  $10.106.662.50. (Folio 162 cuaderno No. 5 Folio 388
  cuaderno No. 2).

  Desconoció al parecer las siguientes normas:

  No. 1º, No 4º   artículo 26 de la   Ley 80 de 1993.

  Manual de funciones:

  “- Dirigir y responder por la ejecución de los programas
  de obras públicas que desarrolle la gobernación buscando
  que se desarrollen con oportunidad y calidad...”

  “...Adelantar en armonía con otras dependencias del
  departamento que se requieran, las gestiones necesarias
  para asegurara el oportuno cumplimiento de los planes,
  programas y proyectos adoptados.”

                            51
                   CARGO OCTAVO

Como Secretario de Obras no supervisó ni ejerció el
control sobre la ejecución de las obras en los contratos
números 018 /97 y 031/97, respecto de los cuales no se
cumplió el objeto contratado. (Subrayas y negrillas fuera
de texto)

En el contrato No. 018/97. El objeto consistió en el
mantenimiento    del  aeropuerto  del  corregimiento   de
Tarapacá, por un valor de $288.915.525.00. La obra se
inicio el 17 de abril de 1997, cancelando un anticipo por
valor de $144.457.702.50, se suspendió el 16 de mayo de
1997 y se reinicio el 14 de julio de 1997. El 26 de
septiembre    se   reconoció   un  avance   parcial   por
$83.950.762.20. (Acta de visita del 10 de febrero de
1999).

No aparecen informes de interventoría. El objeto del
contrato no se terminó, no obstante no se hizo efectiva
la póliza de cumplimiento y la obra se encuentra
suspendida desde el 26 de septiembre de 1997. (Folio
389).

En el contrato No. 031, cuyo objeto era la pavimentación
de la primera etapa del aeropuerto en el corregimiento la
Pedrera, por un valor de $339.391.080.00, la ejecución se
inició el 21 de mayo de 1997, cancelando un anticipo por
la suma de $169.695.540. Se suspendió el 16 de mayo de
1997 y reinició el 14 de julio. El 15 de julio se
reconoció un avance parcial por valor de $ 66.227.805.oo
y mediante acta de avance parcial de fecha 9 de octubre
de 1997, reconoció la suma de $103.088.221.68. La obra no
se entregó, no obstante y tampoco aparecen los informes
de interventoría.    No se hizo efectiva la póliza de
cumplimiento. (Folio 383 a 390 cuaderno No. 2, acta de
visita del 10 de febrero de 1999).

Sobre la calidad de la obra ejecutada la topógrafa de la
Secretaría de Obras Públicas del Departamento DEYRA MARIA
ABARKA G, señaló: “...la pista fue asfaltada, pero en
algunas zonas las altas temperaturas del corregimiento,
se dilata y se adhiere a los zapatos” “Un desgaste en
algunas zonas donde al hacer una pequeña incisión se
encuentra gravilla que hace parte de la base de esta” “En
la parte final de la pista se hizo un despliegue de
asfalto ligero como muestra la foto que muestra la
gravilla que hace parte de la base se piensa que fue para
estabilizar el terreno y prepararlo para una futura
continuación en la obra”.

En el   informe técnico el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO
                        52
  señaló:

  “Respecto al contrato de obra No.18-97 “Construcción y
  Mantenimiento   del  Aeropuerto   del  Corregimiento   de
  Tarapacá”, es evidente la falla en la Planeación inicial,
  del proyecto, en razón a la inconveniencia de su
  ejecución, toda vez que se hizo una inversión y la pista
  de aterrizaje, esta invadida por la maleza, sedimentación
  y lodo, que la hacen imposible de usar...” (cuaderno
  informe técnico pistas de aterrizaje).

  En relación a la pista del corregimiento de La Pedrera
  señaló:

  “La obra se recibió hace 20 meses, pero el estado de la
  misma es pésimo, lo cual se sugiere se haga efectiva la
  póliza de estabilidad, que aún debe estar vigente. Se
  hallaron fallas técnicas sobre el pavimento como:
  Descascaramiento,    Depresiones   (Baches),    Fisuras
  transversales y desprendimiento conocido como Ojo de
  Pescado...”

  Desconoció presuntamente las siguientes normas:

  Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 1º del
  artículo 26. Ley 80 de 1993.

  Manual de funciones

- "Organizar y dirigir los trabajos de construcción de
  obras públicas     y de infraestructura física en el
  Departamento.
- Dirigir y responder por la ejecución de los programas de
  obras públicas que desarrolle la Gobernación buscando que
  se desarrollen con oportunidad y calidad."

  EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA DE JUAN JOSE ROBLES JULIO, en
  la calidad de Jefe de Operaciones de la Secretaría     de
  Obras Públicas, desde el 25 de marzo de 1997 a 2 de julio
  de 1997.

                        CARGO PRIMERO

  Usted, en calidad de interventor, designado mediante la
  resolución número 00913 del 22 de agosto de 1997, no
  ejerció la supervisión ni rindió los informes sobre la
  ejecución de las obras,    y tampoco aviso a la oficina
  jurídica del departamento sobre el incumplimiento de los
  objetos contratados para adelantar ante la    respectiva
  aseguradora el tramite correspondiente y hacer efectiva
  la póliza de cumplimiento, en los siguientes contratos:
  (Subrayas y negrillas fuera de texto)
                           53
En el contrato   No. 006/97, suscrito con IEPA LTDA, para
la formulación   del plan de manejo del malecón turístico
de Leticia, la   ejecución se inició el 31 de octubre, se
suspendió el     2 de diciembre y reinició el 19 de
diciembre.

Mediante la resolución No. 412 del 13 de abril de 1998,
el Gobernador ARCESIO MURILLO, declaró la caducidad por
el incumplimiento del objeto contratado.

De la visita practicada a la Unidad de Proyectos y a la
Secretaría de Obras Públicas del departamento, no se
registra ningún informe de interventoría ni tramite para
hacer efectiva la póliza (actas de visita 9 de febrero de
1999, (folio 381).

En el contrato 007 del 22 de agosto de 1997, suscrito con
SERVING   LTDA,   para   la   gerencia  del proyecto   de
mejoramiento   ambiental    del  puerto  de Leticia,   la
ejecución se inició el 22 de agosto, cancelando un
anticipo por valor de $ 22.250.000. Posteriormente
suscribió el acta parcial de fecha 12 de diciembre de
1997, se reconoció la suma de $17.600.000.

Mediante la resolución No. 413 del 13 de abril de 1997,
se declaró la caducidad del contrato por no haber
cumplido con el objeto en los términos acordados.

No se verifican actas de ejecución      de   interventoría.
(Folio 381 cuaderno original No. 2).

En el contrato No. 014 no aparecieron los informes
parciales ni finales de ejecución. (Folio 382 Cuaderno
original No. 2).

Infringió al parecer el numeral 1º del artículo 26 de la
ley 80 de 1993.

                       CARGO SEGUNDO

Suscribió el acta de entrega final y liquidación el 17
de octubre de 1997, en el contrato No. 004, suscrito con
la   firma  VELNEC,     para   elaborar  el   diseño del
anteproyecto piloto del malecón turístico, sin haber
recibido al parecer la totalidad de los diseños
contratados. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Fue designado interventor a través de la resolución No.
00879 del 15 de agosto de 1997.

De acuerdo con las visitas practicadas a la Oficina de
                          54
Proyectos y la Secretaría de Obras Públicas, por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y la
suscrita Asesora, se verificó que no fueron encontrados
los diseños     objeto de la contratación. (folio 840
cuaderno pruebas No.1)

Infringió al parecer las siguientes normas: artículo 6°
de la Constitución Política, numeral 1º del artículo 26
de la Ley 80 de 1993.

Contratos para   la   construcción    de   las   pistas   de
aterrizaje.

                      CARGO TERCERO

Usted, en calidad de interventor no ejerció al parecer la
supervisión ni rindió los informes sobre la ejecución de
las obras y tampoco aviso a la oficina jurídica del
departamento sobre el incumplimiento de los objetos
contratados   para   adelantar   ante   la     respectiva
aseguradora el tramite correspondiente y hacer efectiva
la póliza de cumplimiento, en los contratos 018/97 y
031/97, desconociendo los términos consagrados     en las
cláusulas quinta, sexta literal e) y g), y novena de los
convenios números 0381 y 379 suscritos con la Aeronáutica
Civil: (Subrayas y negrillas fuera de texto)

En el contrato No. 018/97 el objeto consistió en el
mantenimiento    del  aeropuerto  del  corregimiento   de
Tarapacá, por un valor de $288.915.525.00. La obra se
inicio el 17 de abril de 1997, cancelando un anticipo por
valor de $144.457.702.50, se suspendió el 16 de mayo de
1997 y se reinició el 14 de julio de 1997. El 26 de
septiembre    se   reconoció   un  avance   parcial   por
$83.950.762.20. (Acta de visita del 10 de febrero de
1999).

No aparecen informes de interventoría. El objeto del
contrato no se terminó, no obstante no se hizo efectiva
la póliza de cumplimiento y la obra se encuentra
suspendida desde el 26 de septiembre de 1997. (Folio
389).

En el contrato No. 031, cuyo objeto era la pavimentación
de la primera etapa del aeropuerto en el corregimiento la
Pedrera, por un valor de $339.391.080.00, la ejecución se
inició el 21 de mayo de 1997, cancelando un anticipo por
la suma de $169.695.540. Se suspendió el 16 de mayo de
1997 y reinició el 14 de julio. El 15 de julio se
reconoció un avance parcial por valor de $ 66.227.805.oo
y mediante acta de avance parcial de fecha 9 de octubre
de 1997, reconoció la suma de $103.088.221.68. La obra no
                        55
se   entregó,   tampoco    aparecen los   informes  de
interventoría. No se hizo efectiva la póliza de
cumplimiento. (Folio 383 a 390 cuaderno No. 2, acta de
visita del 10 de febrero de 1999).

Sobre la calidad de la obra ejecutada la topógrafa de la
Secretaría de Obras Públicas del Departamento DEYRA MARIA
ABARKA G, señaló: “...la pista fue asfaltada, pero en
algunas zonas las altas temperaturas del corregimiento,
se dilata y se adhiere a los zapatos” “Un desgaste en
algunas zonas donde al hacer una pequeña incisión se
encuentra gravilla que hace parte de la base de esta” “En
la parte final de la pista se hizo un despliegue de
asfalto ligero como muestra la foto que muestra la
gravilla que hace parte de la base se piensa que fue para
estabilizar el terreno y prepararlo para una futura
continuación en la obra”.

En el informe   técnico   el   ingeniero   MIGUEL ANGEL SOTO
señaló:

“Respecto al contrato de obra No. 18-97 “Construcción y
Mantenimiento   del  Aeropuerto   del  Corregimiento   de
Tarapacá”, es evidente la falla en la Planeación inicial,
del proyecto, en razón a la inconveniencia de su
ejecución, toda vez que se hizo una inversión y la pista
de aterrizaje, esta invadida por la maleza, sedimentación
y lodo, que la hacen imposible de usar...” (cuaderno
informe técnico pistas de aterrizaje).

En relación a la pista del corregimiento de La Pedrera
señaló:

“La obra se recibió hace 20 meses, pero el estado de la
misma es pésimo, lo cual se sugiere se haga efectiva la
póliza   de estabilidad, que aun debe estar vigente. Se
hallaron fallas técnicas sobre el pavimento como:
Descascaramientos,    Depresiones   (Baches),   Fisuras
Transversales y desprendimiento conocido como Ojo de
Pescado…”

Desconoció presuntamente las siguientes normas:

Numeral 1º del artículo     26 de la        Ley 80 de 1993,
literales e), g), del convenio.

                      CARGO CUARTO

Usted en calidad de interventor reconoció en los
contratos números 018/97 y 031/97 mayores cantidades de
obra de las realmente ejecutados discriminados en los
siguientes items: (Subrayas y negrillas fuera de texto)
                          56
Corregimiento La Pedrera.

1. Items No. 3 “IMPRIMACION” se cancelaron 2.143.84 m2
equivalente a la suma de $4.362.714.40.

2. Items No. 4 “MEZCLA DENSA EN FRIO” se pagaron 317.75
M3 equivalente a $95.706.300.oo.

Al incluir el      AIU   del     25%   el   valor   total   es   de
$126.086.958.

Corregimiento Tarapacá.

1. Items No.1 “CONFORMACION Y COMPACTACION” se cancelaron
16.000 M2, sin embargo no existen soportes que demuestren
que este ítems efectivamente se ejecutó.

2. Items No.    3 “IMPRIMACION” se cancelaron 6.700 M2 que
corresponde a   la misma mezcla densa en frío equivalente a
4.556.16 M”.     Es decir que no se ejecutaron 2.143.84
equivalente a   $4.362.714.40 sin incluir el AIU del 26%.

3. Items No. 4 “MEZCLA DENSA EN PRECIO” (sic) se
cancelaron    500 M3, sin embargo se establece una
diferencia de 317.75 M3 que no fueron colocados pues el
real   corresponde    a   182.25    m3,    equivalente a
$95.706.300.oo sin incluir el AIU del 26%.

De acuerdo con el informe técnico que rindió el ingeniero
MIGUEL ANGEL SOTO, adscrito a la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales se evidencia el reconocimiento
de mayores cantidades de obra con las consecuencias de
orden económico en detrimento del presupuesto del
Departamento.   (Cuaderno  informe   técnico  pistas   de
aterrizaje).

Desconoció presuntamente las siguientes normas:

Numeral 1º del artículo     26 de la           Ley 80 de 1993,
literales e), g), del convenio.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE JORGE ANTONIO CACHIQUE
HERNANDEZ, en calidad de Secretario de Agricultura del
Departamento, entre el periodo comprendido del 2 de enero
al 2 de mayo de 1997; 5 de mayo al 4 de junio de 1997; 5
de mayo al 4 de octubre de 1997.

Con base en el manual de funciones     le fue asignada la
representación del departamento en lo concerniente con el
sector agropecuario, los recursos naturales y del
ambiente. (Folio 469 cuaderno principal No. 2).
                            57
                       CARGO UNICO

No supervisó la ejecución de los convenios que la
gobernación suscribió con el Fondo de Cofinanción DRI,
razón por la cual no se cumplió con los términos en ellos
contenidos como a continuación se relaciona: (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

Convenio   No.   1706-91-006-0-96:    Asistencia   técnica
agropecuaria.

Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997,

No solicito el concepto favorable del Consejo Seccional
de Asistencia técnica.

Tampoco se verifica la ejecución del objeto acordado con
el Fondo de Cofinanciación DRI.   Se estableció el pago
por concepto de suministro de gasolina con destino a la
Secretaría de Agricultura, participación en seminarios
sobre sistemas integrados de producción y pago de
viáticos.

No se verifica actas de ejecución.

Convenio 1706-91-010-96: No se hizo su evaluación porque
no se fijaron los recursos para el desplazamiento, por lo
tanto no se sabe ni existe constancia en la UDECO, sobre
su ejecución, razón por la cual no se sabe a ciencia
cierta si se cumplió o no el convenio.

Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997

Si   bien  la   Dirección   Nacional   de   Investigaciones
Especiales   advirtió   posibles   inconsistencia   en   su
ejecución, no aparece ninguna información adicional a la
obtenida   por   la   mencionada   oficina,   que   permita
establecer con mayor claridad la irregularidad o las
irregularidades para endilgar en forma concreta la falta
disciplinaria, razón por la cual se recomendará su
archivo con fundamento en el artículo 151 del CUD.

Convenio 1706-91-026-0-96: Objeto. Adecuación de una
planta trilladora de arroz para la junta de acción
comunal de Puerto Nariño.

Los recursos se desembolsaron el 21 de agosto de 1997

Inicialmente con base en la visita que practico la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se
advierte que sin bien el Secretario de Desarrollo
                         58
Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CAHIQUE HERNANDEZ,
dio por recibido el trabajo contratado a JUAN VILDOSA
PEÑA, el 31 de julio de 1997, en la visita efectuada el 5
de febrero de 1998 por el asesor del Fondo DRI, se
establece que la obra contratada no había sido terminada
ni adecuada la instalación de la planta.

Posteriormente y de acuerdo con la visita practicada en
la Unidad de Coordinación de la Inversión Pública     del
Departamento   Administrativo   de   Planeación   de   la
Gobernación del Amazonas el 8 de marzo del año 2000, se
advierte para este convenio     una ejecución del 72.28%
según el seguimiento efectuado por la Subdirección de
Operaciones el 5 de febrero de 1998, no obstante con base
en una nueva vista el 23 de julio de 1998, se señala una
ejecución física del 56% y financiera del 58% , razón por
la cual se observa una diferencia manifiesta de la
información contenida     en documentos con la real o
física.

En este orden de ideas, se dejó constancia sobre el
incumplimiento por la falta de base para molino, montaje
y puesta en funcionamiento y adecuación de las redes
eléctricas. (Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

Convenio   No. 1706-91-027-096:  Objeto. Proyecto  de
instalación y puesta en funcionamiento de 25 unidades
para el procesamiento de fariña en la rivera del río
Putumayo.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento
adicional distinto al que revisó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales. Se registra a 31 de enero de
1998 un saldo de $2.440.600 y una anotación en lápiz que
señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600,
el saldo de apropiación es de $11.132.600.oo. No se
expidieron los certificados de disponibilidad y los
registros presupuéstales pertinentes. El 22 de enero se
trasladaron $43.000 a la cuenta No. 407-02473-6.

A esa fecha no apareció ninguna acta sobre la ejecución
del proyecto.

Convenio 1706-91-028-0-96: Objeto. Proyecto de asistencia
técnica específica para núcleos ganaderos indígenas y
pequeños colonos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997
                         59
No se verifica ningún informe parcial ni final de la
ejecución del proyecto.

El saldo del convenio por registro de la UDECO, es de
$1.014.040.oo, el saldo de apropiación en el libro de
registro presupuestal es de $5.020.000.oo y el saldo
bancario es de $14.040.oo. Por lo tanto al parecer no
existe equilibrio entre los gastos reportados y el manejo
presupuestal y el control de bancos. No se expidieron los
certificados    de  disponibilidad    y   los   registros
presupuéstales.

Convenio    No. 1706-91-031-0-96. Objeto. Proyecto de
construcción de galpones y dotación de equipos para la
producción avícola por mujeres indígenas de varios
corregimientos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 22 de agosto de 1997

Se evidencia de conformidad con el seguimiento hecho por
la subdirección de Operaciones que el proyecto tiene una
ejecución física y financiera del 92%, no obstante se
registra un saldo en rojo de $267.705 y el de apropiación
en libros es de $147.500,oo, el saldo en bancos es de
$68.995.oo.No   se   verifica  ningún   control   en   la
utilización de los recursos.

No se registra información adicional a la obtenida por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, es
decir de acuerdo con el seguimiento efectuado se advierte
una ejecución del 92%, por lo tanto no se ejecutó en su
totalidad.

Convenio       No. 1706-91-032-0-96.Objeto. Proyecto de
capacitación     para   el   fortalecimiento organizativo,
técnico y      empresarial a mujeres indígenas de las
comunidades    de Arara, Nazareth y Puerto Nariño en el
departamento   del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 31 de julio de 1997

En el informe de seguimiento de fecha 4 de febrero de
1998, se advierte el incumplimiento en la ejecución por
la falta de capacitación a las mujeres de las comunidades
sobre la utilización de las máquinas, materiales y
repuestos, sin embargo se firmó el acta de liquidación
sobre la inversión de aportes y cumplimiento del objeto
sin la firma del representante del Fondo DRI. (Folio 146
cuaderno pruebas No. 2.).



                          60
El saldo que aparece registrado en la UDECO es de
$1.970.273.oo. El saldo de apropiación asciende a
$19.034.500.oo y el saldo en la cuenta bancaria es de
$1.924.349.26.

Así fueron pagados con cargo a los recursos del convenio
$17.064.227.oo, desconociendo la obligación de expedir
certificado de disponibilidad previo al compromiso y
efectuar la reserva pertinente.

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Artículo 26 de la Constitución Política (sic), artículo
26 de la ley 80 de 1993.

Manual de funciones: "Adelantar en armonía con otras
dependencias del Departamento que se requiera, las
gestiones    necesarias  para   asegurar   el   oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la
Secretaría, tanto en su etapa de elaboración como en la
evaluación."

En este orden de ideas pudo haber desconocido sus
funciones y los deberes contenidos en el numeral 1º, 2º,
22 y 23 del artículo 40 de la ley 200 de 1995.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE MARTHA BOLIVAR REINA, en
calidad de Directora de la Oficina Jurídica de la
Administración Departamental del Amazonas desde el 23 de
enero de 1995 al 15 de octubre de 1997.

En el auto de apertura de investigación proferido el 25
de enero del año 2000, se le precisan las presuntas
irregularidades con ocasión al proceso de selección y
celebración de los contratos correspondientes a la
vigencia   de  1997,   para   ejecutar  el   proyecto de
reordenamiento ambiental en el puerto de Leticia.

De la revisión a los contratos y el proceso de selección
se verifica que debe rendir explicación de su proceder,
supuestamente irregular, por la celebración de los
números 001, 002, 006 y 007/97.

                  CARGO PRIMERO:

Revisó y dio su visto bueno para la celebración de los
contratos de consultoría No. 001/97 y de obra No. 002/97,
derivados del proyecto de reordenamiento ambiental,
suscritos para ejercer la inventoría y construcción de
las obras de construcción de 1800 M3 del dique en
bolsacreto para confinar material del dragado del río
                        61
Amazonas en el Puerto de Leticia con el Consorcio de
Ingenieros y Arquitectos Constructores (CINARCO LTDA) y
JAIME HERNANDEZ TORRES, por un valor de $ 59.795.155 y $
498.898.580 respectivamente, no obstante se verifica.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

1-Se declaró desierto el concurso de méritos No. 002 de
1996, para ejercer la interventoría a través de la
resolución No. 0082 del 22 de enero de 1997, acogiendo la
recomendación dada por el comité del cual hizo parte, por
considerar ninguna de las propuestas eran hábiles para
contratar, sin embargo, no se hizo el estudio técnico y
financiero, atendiendo la naturaleza de la obra e
importancia.

 2-   Tampoco  se   cumplió  con   el   traslado  de  las
evaluaciones a los proponentes como lo ordena el numeral
8 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Por lo tanto no
se les dio la oportunidad de hacer las observaciones
correspondientes,    contrariando    el    principio   de
transparencia y deber el de selección objetiva, en virtud
de los cuales todo el proceso contractual y las
decisiones que se adopten deben desarrollarse sin ningún
interés, encaminadas a buscar la protesta más conveniente
y favorable para el organismo, buscando los fines de la
contratación.

3. En el contrato de obra No. 002 del 5 de febrero de
1997, para la construcción del dique en bolsacreto, se
declaró desierta la licitación No. 001 el 22 de enero de
1997, acogiendo el criterio del comité de evaluación del
cual hizo parte, sin embargo no existió un estudio
comparativo   de   las   ofertas   se   descartaron   por
encontrarlas inhábiles, sin revisar todos los aspectos de
acuerdo con lo planteado en el pliego de condiciones, y
tampoco se dio traslado a los participantes de su
contenido, como lo ordena el numeral 8º del artículo 30
de 1993.
Igualmente para los dos contratos, se omitió el tramite
de contratación directa consagrado por el numeral 1º del
artículo 1º y 3º del decreto 855 de 1994, porque si bien
se declaro desierta la licitación se tenia el deber legal
de adelantar el procedimiento señalado como lo ordena el
numeral 1 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y tampoco
se hizo el estudio de evaluación de las propuestas
finalmente seleccionadas, es decir, no se sabe los
factores analizados y las razones que se tuvieron para
elegir las propuestas.

Se tramitó el proceso de selección sin haber obtenido la
correspondiente   licencia  ambiental   por   parte   de
Corpoamazonia, a pesar de las obras de construcción que
                        62
se pensaban realizar y los inconvenientes ocasionados por
los asentamientos humanos que rodean la ribera del río.
(Folio 94E cuaderno principal)

Normas presuntamente infringidas:

Artículo 6° de la Constitución Política, literal g) del
numeral 1º del artículo 24, numeral 18. Artículo 25 Ley
80 de 1993, numeral 1º Artículo 26, artículo 29 numeral
8°. Artículo 30 Ley 80 de 1993, artículo 1º Decreto 855
de 1993. artículo 3º del Decreto 855 de 1993.

Manual de funciones:

“... Asistir al gobernador en las diferentes materias que
le conciernen al departamento...”
“... Asesorar y asistir al gobernador en las diferentes
actuaciones relacionadas con temas jurídicos.

                       CARGO SEGUNDO

Revisó y dio su visto bueno para la celebración de los
contratos No. 006/97 y No. 007/97, suscritos con
Ingenieros   Economistas  y   Arquitectos planificadores
I.E.P.A. y Servicios de Ingeniería Ltda- Servio para la
formulación del plan de manejo ambiental del Malecón y
realización de la Gerencia del proyecto de Mejoramiento
Ambiental respectivamente, no obstante se verifica:
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Se fijo en la invitación publica números 035/97 y 036/97,
un término de solo cinco días para recepcionar las
propuestas, sin tener en cuenta la naturaleza de los
objetos que se pretendían contratar y el lugar donde se
debían ejecutar.

Se observa que el término consignado en el aviso de
invitación debe ser        de posible cumplimiento, que
facilite la recepción de las ofertas, no obstante se
contrato con la firma VELNEC el diseño de anteproyecto
piloto del malecón turístico, zona del puerto entre
calles 7a 8ª de Leticia, por un valor de $39.993.030.00 y
la Gerencia del proyecto de Mejoramiento Ambiental del
Puerto de Leticia con la firma Serving Ltda, únicas
propuestas   recepcionadas   como quedo consignado en las
actas de fecha 25 de julio de 1997, sin ningún análisis
de comparación. (Folios 179, 218 cuaderno malecón 2)

No se evaluaron las propuestas desde el punto de vista
jurídico, técnico y financiero, violando el principio de
transparencia y el deber de selección objetiva (folios
179-180, 218-219).
                         63
Es decir    no significa que por tratarse de las únicas
ofertas     recepcionadas   se   deba   necesariamente que
contratar   con ellas, pues deben ser analizadas bajo los
distintos   parámetros establecidos por la Ley.

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Numerales 1º y 5º del      artículo   26, literal d) del
artículo 24, artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

Manual de funciones:
“... Asistir al gobernador en las diferentes materias que
le conciernen al departamento...”

“... Asesorar y asistir al gobernador en las diferentes
actuaciones relacionadas con temas jurídicos.

              JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ

                     CARGO PRIMERO

Usted como profesional universitario de la Oficina
Jurídica, asesoró al gobernador y proyecto el acto
administrativo para declarar la urgencia manifiesta el 29
de diciembre de 1997, sin estar dados los requisitos
exigidos en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, así
mismo revisó y dio el visto bueno en los contratos que se
derivaron de la misma. (Subrayas y negrillas fuera de
texto)

Se decretó la urgencia manifiesta mediante la resolución
No. 219 del 29 de diciembre de 1997, sin cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de
1993,   para  comprometer   la   suma  de   $407.143.590,
correspondientes a los recursos de la vigencia de 1997 y
poder suscribir, los contratos números 018 y 153 del 30
de diciembre de 1997, aduciendo una situación que estaba
prevista y contenida en la consultoría No. 005 desde el 6
de octubre de 1997.

La norma citada exige para decretar la urgencia
manifiesta  la   existencia   de   unas circunstancias
especiales como una calamidad, fuerza mayor o caso
fortuito o desastres que demande        tomar medidas
inmediatas para conjurar la situación.

El señor ACOSTA SOTO, en el acto administrativo que la
declara fundamenta la decisión en     la necesidad de
resolver la falla técnica que advirtió el contratista
CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA en el mes de octubre de
                          64
1997, como resultado del estudio realizado, donde
recomienda   la   construcción   de   unos pilotes que
permitieran la estabilización del terreno.

Si bien es cierto el servidor estuvo suspendido por orden
de la Procuraduría General de la Nación, por el término
de 60 días contados a partir del 24 de septiembre de
1997, se reintegro al cargo el 24 de noviembre de 1997.
Es decir desde este momento contó con un tiempo para
revisar el problema técnico que al parecer se estaba
presentando y no dejar estando ya finalizando          la
vigencia fiscal para contratar, pues se entiende que la
actuación de la administración debe ser inmediata para
solucionar situaciones excepcionales.

Respecto a los contratos derivados de la urgencia
manifiesta para construir las obras de estabilización del
talud y la interventoría correspondiente se tiene de
acuerdo con los estudios y análisis de la Universidad
Nacional entregados en febrero de 1999:

“4.4.3 Análisis de los resultados. Con la condición de
desembalse rápido de 1.5m, entre las cotas 68.5 y 67.0m,
se produce la falla en las superficies Nos 1 y 3, que son
las de la zona media del talud. Las otras dos superficies
de falla, con su extremo superior en el relleno
hidráulico mantienen un factor de seguridad mayor que
1.0. No obstante, la ocurrencia de una superficie de
falla en el talud seguramente inducirá una nueva
superficie de falla detrás de la primera, que incluirá el
muro bolsacretos y el relleno hidráulico, mediante un
proceso de falla denominado “retrogresivo” “.... Por lo
tanto las medidas de control más eficientes tienen que
ver con el drenaje del talud”. (fotocopia cuadernos
informe Universidad Nacional páginas 420 a 431).

En este orden de ideas, al parecer no era        necesario
construir los pilotes como lo consideró el       consultor
CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA.

Incumplió presuntamente las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numeral 1º   del
artículo 26, artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Manual de funciones:

“Prestar asesoría a las diferentes dependencias de la
gobernación  en   los aspectos  relacionados   con su
profesión”

“Emitir conceptos sobre la interpretación de las normas y
                         65
procedimientos para dar fundamento a las decisiones del
departamento o de la oficina."

Tramitar y elaborar los contratos que celebre           el
departamento y que sean de competencia de la oficina"

                      CARGO SEGUNDO

Revisó y dio su visto bueno para la celebración de los
contratos números 014/97, 119,/97, 019/97,156/97 y
160/97,   respectivamente,  no   obstante se  verifica:
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

1. Se suscribieron los contratos    No. 119 de 1997 y el
No. 014 de 1997, con el fin de construir 1450m3 de obras
del dique en bolsamortero, para confinar material
proveniente del dragado del río Amazonas y ejercer la
interventoría, sin      revisar la conveniencia de la
contratación y sin tener en cuenta el informe de la
consultoría No. 005 del 4 de octubre de 1997.

En el informe final de la consultoría el contratista
advierte una posible falla geológica, que exigía       un
replanteamiento en la ejecución del proyecto, como se le
informo al Fondo Nacional de regalías (folios 234-235),
no   obstante   la   implicada  celebró   los   contratos
mencionados para continuar con el desarrollo       de la
misma, comprometiendo la suma de $437.259.135.oo      sin
asesorarse, ni consultar las consecuencias de la decisión
adoptada.

Sumado a lo anterior para esa época era palpable el
problema de contaminación del río Amazonas y la necesidad
de reubicación de la población que habita la ladera.

2. Se omitió publicar el aviso a participar en la
licitación No. 06 de 1997 para contratar con el fin de
construir 1450m3 de obras del dique en bolsamortero, para
confinar material proveniente del dragado del río
Amazonas, desconociendo el principio de transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva.

Mediante la resolución No. 1080 del 15 de octubre de 1997
declaró desierta la licitación No. 006, por cuanto
ninguna de las propuestas presentadas resulto hábil para
contratar, no obstante se observa que no cumplió con el
deber de publicar el aviso, por lo tanto no garantizo la
oportunidad de participación en el proceso de selección.

Es decir hasta por tres veces con intervalos de dos (2)
y cinco (5) días calendario, en diarios de amplia
circulación, en el territorio jurisdicción de la entidad,
                         66
atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

3. Se declaró desierta la licitación No. 006 de 1997,
correspondiente al contrato No. 119/97, sin contar con
las evaluaciones correspondientes de las propuestas
presentadas desde el punto de vista jurídico, técnico y
financiero, desconociendo el principio de transparencia y
el deber de selección objetiva.

Mediante la resolución No. 1080 del 15 de octubre de
1997, declaró desierta la    licitación No. 006 de 1997,
descalificando las tres propuestas presentadas, no
obstante no aparecen las evaluaciones desde el punto de
vista técnico, jurídico y financiero.


4. Se omitió el tramite de contratación directa para
celebrar el contrato No. 119 de 1997, suscrito con
FERNANDO LYONS HOYOS, para confinar material proveniente
del dragado del río Amazonas.

Además de haber declarado desierta la licitación sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos y con el
fundamento necesario para esta clase de contratación, era
necesario la obtención de por lo menos dos ofertas
atendiendo el proceso de contratación directa.

Teniendo en cuenta que la selección debe ser objetiva, no
se puede entender por el hecho de declarar desierta una
licitación o concurso público,     no se deba surtir el
procedimiento de contratación directa, pues de acuerdo
con el literal g) del numeral 1º del artículo 24 de la
ley 80 de 1993, señala como procedimiento la contratación
directa cuando se de establece como regla general la
licitación.

No se hizo un estudio de la propuesta contratada, se
infiere en consecuencia que el criterio de selección no
fue objetivo ni transparente, vulnerado el artículo 24 de
la ley 80 de 1993.

5. Se omitió dejar en la Secretaría de la entidad los
informes de evaluación de las propuestas en los procesos
de licitación No. 001/96 y concurso de méritos No.002/96
por el término de cinco días hábiles, desconociendo el
principio de publicidad, transparencia.

No se registra ninguna constancia sobre el traslado de
las evaluaciones a los participantes en el proceso de
selección en aras de garantizarles la oportunidad de
formular las respectivas observaciones.


                         67
6. Se fijo por el término mínimo consagrado en la Ley, la
invitación números 075/97, en el proceso de selección por
contratación directa, correspondiente al contrato No. 014
de 1997, para ejercer la interventoría del contrato No
119/97, a pesar de la importancia de la obra, su
naturaleza y el lugar donde debía ejecutar la obra.

7. Se omitió publicar el aviso a participar en la
licitación No. 010 de 1997, correspondiente al contrato
No. 152/97, para ejecutar el relleno hidráulico para el
mejoramiento   ambiental    del   puerto    de    Leticia,
desconociendo    el     principio    de    transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva.

Se declaro desierta la licitación No. 010 de 1997, por
cuanto no se presentaron ofertas, no obstante se observa
que no cumplió con el deber de publicar el aviso, por lo
tanto no se garantizo la oportunidad de participar en el
proceso de contratación.

Es decir hasta por tres veces con intervalos de dos (2)
y cinco (5) días calendario, en diarios de amplia
circulación, en el territorio jurisdicción de la entidad,
atendiendo la naturaleza, objeto y cuantía del contrato.

7. Se omitió el tramite de la Licitación Pública
consagrado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, y se
celebró directamente los contratos números 156 del 30 de
diciembre y 160 del 31 de diciembre de 1997, con el señor
CARLOS LYONS HOYOS, para contratar el mismo objeto, por
un valor de $50.500.000 y $48.500.000 respectivamente,
desconociendo    el     principio    de    transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva.

Teniendo en cuenta la certificación de cuantías   (folio
157 cuaderno principal), estaba en     la obligación de
licitar desde la suma de $51.601.500.00. Para este caso
la suma de los precios acordados la supera pues da un
total de $ 103.000.000.

El proceso se adelantó mediante contratación directa el
23 de diciembre de 1997, para ejecutar un mismo objeto "
la prolongación y adecuación del emisario de las aguas
servidas de la calle 7ª y 8ª" y se selecciono al mismo
contratista, siendo que el proceso tenia que adelantarse
por licitación pública al tenor del numeral 1º del
artículo 24 de la ley 80 de 1993.

Así mismo, se fijó el aviso por dos días, respecto del
proceso correspondiente a los contratos números 156, 160
y 19 de 1997, sin embargo atendiendo el objeto, el
término no garantizaba la presentación de ofertas.
                         68
(Folios 219-322, 417-419, 433-434 cuaderno malecón No.
2).

Por lo anterior puede estar incurso en el desconocimiento
de las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, No. 1º    del
artículo 26, artículo 29, No. 3º del artículo 30 de la
Ley 80 de 1993, inciso 3º del artículo 3º del Decreto
855 de 1995.

Manual de funciones:

“Prestar asesoría a las diferentes dependencias de la
gobernación  en   los aspectos  relacionados   con su
profesión”

“Emitir conceptos sobre la interpretación de las normas y
procedimientos para dar fundamento a las decisiones del
departamento o de la oficina."

Tramitar y elaborar los contratos que celebre            el
departamento y que sean de competencia de la oficina"

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE HERNAN RAFAEL GUTIERREZ
BARRIOS, En calidad de Secretario de Salud, desde el 6 de
junio de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997.

EL Fondo de Inversión Social FIS, asignó        recursos al
Departamento para invertir en salud, razón      por la cual
celebró varios convenios con la Gobernación    del Amazonas
para ser ejecutados en las vigencias de 1996   y 1997.

En este orden de ideas por las presuntas irregularidades
atribuidas en el auto de apertura de investigación al
doctor GUTIERREZ BARRIOS, se advierte:

                       CARGO PRIMERO

Usted en calidad de Secretario de Salud, presuntamente
incumplió los términos de los convenios celebrados con el
Fondo de Inversión Social FIS en 1995 y 1996, destinados
atender los programas de salud con base en los proyectos
que fueron estudiados y aprobados y que aparecen entre
otros relacionados en el FIS Salud y en el acta de visita
de fecha 5 de marzo de 1997. (Cuaderno FIS Folios 1 al
19) (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Convenio 5454, proyecto 10645. Objeto. Construcción,
ampliación y dotación del hospital local la Pedrera.
Valor $186.666.664. Aporte del FIS $167.099.997. Aporte
de la Gobernación $19. 566.667.
                         69
Los recursos al parecer se desembolsaron por el FIS el 2
de mayo de 1996 y el 21 de abril de 1997. Cuenta
corriente No. 407-02399-3 del Banco Bogotá. Valor sin
comprometer $94.795.099.

Proyecto en ejecución. El FIS realizó dos giros
correspondientes al 70% de su aporte por valor de
$116.969.998. Sin efectuar giro por valor de $50.129.999.

Valor ejecutado    $91.871.566.00.   Valor   por   ejecutar
$44.665.100.00

Porcentaje de ejecución 49.2%.   Saldo   cuenta    corriente
$25.098.433

De la revisión efectuada por la asesora comisionada se
verifica:

Memorando No. 076 de fecha 09 del 8 de junio de 1998 de
la Oficina de Contratación, dirigido al coordinador de la
UDECO, remitiendo las actas de iniciación, recibo final
de obra No. 062 a nombre de HERNAN DUQUE RUIZ de fecha 5
de febrero de 1998. Se señala como valor ejecutado la
suma de $49.994.617.24 y un saldo a favor del contratista
de $ 24.997.783.00, no obstante se estableció que la obra
no se encuentra concluida solo se ha ejecutado la
infraestructura es decir la adecuación del terreno,
levantado las vigas e instalado los servicios. No se a
(sic) terminado la construcción del hospital como se
evidenció mediante la diligencia de inspección que
cumplió la suscrita asesora con el ingeniero MIGUEL ANGEL
SOTO al corregimiento la Pedrera.

Convenio 2627 del 29 de diciembre de 1995, celebrado con
aportes del FIS y del Departamento para un total de $
83.630.000.00, se derivan los contratos: 0047 del 12 de
agosto de 1996, suscrito entre la Secretaría de Salud y
CARLOS   C.  MARTINEZ   BERNAL,   por  un   valor  de  $
14.000.000.00, no aparece acta de recibo final del
Contrato No. 001 del 5 de febrero de 1997, celebrado
entre el gobernador y el consorcio Peña Construcciones y
ampliación del centro del hospital de la pedrera por
$56.709.426.00, se deduce que se surtió licitación
pública pero la actuación contractual no aparece.

Contrato 001 del 10 de febrero de 1997, celebrado entre
la Secretaría Departamental de Salud y el señor LUIS A.
MANCILLA GONZALEZ, para ejercer la interventoría de la
construcción   del  hospital   de  la  pedrera,  por   $
16.192.500.00,   no  se   encontraron los   antecedentes
contractuales.
                         70
Contrato No. 0039 del 25 de noviembre de 1997, suscrito
con COLFRA LTDA, para la compra de una autoclave y equipo
de anestesia para el hospital de la Pedrera, por $
41.876.000.00, el proceso contractual inició con la
invitación pública de fecha 6 de noviembre de 1997, vía
fax se recibieron las propuestas de COLFRA LTDA y SIMENS,
no existen acta de recibo e ingreso al almacén.
Posteriormente se informa sobre los daños causados al
equipo por el traslado a la ciudad de Leticia. Así mismo
se estableció que el equipo no ha sido utilizado en el
hospital debido a sus características técnicas pues es
muy avanzado respecto a las necesidades de la localidad.
Las pólizas se encuentran vencidas. (Acta de visita del
11 de febrero de 1999).

Se verificó para este caso que el equipo se encuentra en
uno de los corredores de la Secretaría de Salud del
Departamento, sin garantizar su seguridad y conservación.

Convenio 1302, proyecto 1943. Objeto: iniciar trabajo de
escuela de padres en el departamento del Amazonas y
realizar actividades de capacitación divulgación y
asesoría en educación sexual y E.T.S., por un valor de
$35.182.700, con aportes por parte del FIS de $21.109.620
y la Gobernación de $14.073.080.

Los recursos los desembolsó el FIS al parecer el 12 de
noviembre de 1996 y el 23 de octubre de 1997
respectivamente en la cuenta corriente No. 407-02399-3
del Banco de Bogotá, el proyecto nunca se ejecutó. Tenía
un plazo de ejecución de un año a partir del 23 de
octubre de 1996, con vencimiento el día 23 de octubre de
1997. Posteriormente se prorrogó hasta el día 23 de
febrero de 1998.

Convenio No.     1302, proyecto 1543. Objeto. Iniciar
trabajo de escuela de padres en el Dpto del Amazonas y
realizar actividades de capacitación, divulgación y
asesoría en educación sexual y ETS. Valor. $35.182.700.
Aporte FIS $21.109.620. Aporte Gobernación. $14.073.080.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 23 de octubre
de 1997 cuenta corriente No. 407-02399-3 del banco de
Bogotá.

De acuerdo con la visita que practico la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales se advierte que el
proyecto     no fue ejecutado. Situación que queda
confirmada con la nueva revisión llevada a cabo por la
asesora comisionada quien dejó constancia sobre la falta
de documentación atinente a este convenio y la respuesta
                        71
que dio el director de la Oficina de planeación en
relación a que el convenio no fue encontrado. (Folio 152,
283 cuaderno convenios No. 2).

Convenio 2607, proyectos 2730 y 2732. Objeto. Construir y
dotar   los   laboratorios   de  salud   pública.   Valor
$577.539.555, Aporte FIS $346.523.745. Aporte de la
Gobernación $231.015.810.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

Al parecer no se cancelaron el valor de los contratos
números 061, 062, 065, 058, 057 derivados de los
convenios No.2730 y 2732. En el contrato No. 100 no se
canceló sino el 50%. El contrato 0030, no aparecen las
actas de ingreso al almacén de los equipos adquiridos y
se reportaron como elementos faltantes un lector de
prueba de Elisa y microelisa por valor de $8.120.000, una
silla ergonómica $220.400 y una pinza entonólogica de
disección $22.040.

Los recursos fueron desembolsados por el FIS el 25 de
noviembre de 1997.

No se desembolsaron $103.957.124.

En el proyecto 2730 el FIS desembolsó         la    suma   de
$138.871.250, es decir el 70% de su aporte.

Se suscribió el contrato No. 057 se       suscribió   con
reactivos y equipos médicos por un valor de $46.342.000 y
el No. 058 con instrumentos y equipos médicos por un
valor de $19.116.800.

No fueron comprometidos y por lo tanto ejecutados
$73.412.450, teniendo en cuenta que no existen soportes
que justifiquen la inversión.

Igualmente respecto al proyecto No. 2732 no fueron
comprometidos $180.331.050. Información contenida en el
oficio No. 005 S.S.O.P del 22 de enero de 1998. (folio
158 cuaderno convenios No. 2).

Del proyecto 2370 aparece la copia de la orden de pago
No. 1363 del 19 de diciembre de 1997, sin la firma de la
pagadora. El comprobante de egreso No. 5603 de 19 de
diciembre de 1997, a favor de la firma Internacional
Odontomedica Ltda, correspondiente al contrato No. 065-97
por valor de $40.004.967.

Valor giro FIS $242.566.622.oo.
Saldo cuenta corriente Banco Bogotá $204.331.050.
                         72
Convenio No. 5721, proyecto 9422. Objeto. Continuar
acciones de investigación, promoción y prevención del
maltrato   infantil.   Valor   $31.525.125.   Aporte FIS
$25.220.100. Aporte de la Gobernación $6.305.025.

Los recursos se desembolsaron por el FIS, el 21 de abril
de 1997. Cuenta corriente No. 407-02300-3 del banco de
Bogotá. La gobernación transfirió el valor de $25.220.100
a la cuenta corriente 506-05582-1 en junio 19 de 1997
para la ejecución del proyecto.

Proyecto   en   ejecución.   La Secretaría de   Salud
Departamental no      remitió a la UDECO soportes de
ejecución desconociéndose el nivel de ejecución del
proyecto $57.052.297. Aporte FIS $44.522.297. Aporte
Gobernación $12.500.000.

Proyecto sin iniciar ejecución.

Convenio 2607/96. Objeto. Implementación de dotación del
II nivel para el hospital San Rafael de Leticia del
departamento del Amazonas. Valor $ 908. 185.055.oo.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

No fue posible establecer la ejecución del proyecto pues
no apareció ninguna documentación ni    soporte como lo
indicó el director de la Oficina de Planeación, mediante
oficio No. 209 del 31 de marzo del año 2000. (Folio 283
cuaderno convenios No. 2).

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Normas presuntamente infringidas:

Artículo 6° de la Constitución      Política,   numeral   1º
artículo 26 ley 80 de 1993.

Obligaciones   del  Departamento   de   acuerdo    con    lo
estipulado en el texto de los convenios:

“5. Invertir de conformidad con las normas vigentes,
dentro del plazo estipulado en este convenio, los
recursos transferidos y los de su contrapartida en la
ejecución de (los) Proyecto(s), y en el evento de no
hacerlo dentro de ese plazo, devolverlos al mes siguiente
al FIS, para su reintegro a la Tesorería General de la
Nación y la liquidación respectiva.



                         73
“6. Aplicar los recursos de que trata la cláusula segunda
y detallados en el anexo N° 1 para cada proyecto,
exclusivamente al cumplimiento del objeto de este
convenio y de (los) proyecto(s)…”

“...9. Desarrollar todas las gestiones que en los
aspectos   técnicos,   administrativo  y  económico   se
requieran para cumplir el objeto del presente convenio y
del (los) proyecto(s).

                      CARGO SEGUNDO

Contrato la prestación de servicios del Abogado MIGUEL
HUGO MIRANDA NIETO, como asesor del despacho de la
Secretaría de Salud del departamento, a través del
contrato No. 0034 del 3 de julio de 1996 por un valor de
$ 5.400.000 y para el año de 1997, mediante las ordenes
de servicio que a continuación se relacionan sin expedir
la constancia exigida por el ordenamiento jurídico sobre
la   inexistencia   de  personal  de   planta  para   el
cumplimiento de la actividad que se acuerda. (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

Orden No. 01 por un valor de $ 1.400.000 correspondiente
a los meses enero y febrero.
Orden No. 131. por un valor de $1.100.000 correspondiente
al mes de marzo.
Orden No. por un valor de $ 1.100.000 del mes de abril.
Orden No. 103 por un valor de $1.100.000 de los meses
junio julio y agosto por un valor de $ 3.300.000.
Orden No. 109 del mes de septiembre por un valor de $
1.100.000.
Orden No. 148 del mes de octubre por un valor de
$1.100.00.
Orden No. 159 del mes de noviembre       por un valor de
$1.100.000.
Orden No. 204 del mes de diciembre por un valor de $
1.100.000.

El nominador en este caso el secretario de salud estaba
en la obligación antes de suscribir el contrato y las
ordenes de servicio aclarar mediante una certificación
la falta de personal en la planta de la dependencia.

Normas presuntamente infringidas:

Artículo 6° de la Constitución Política, No. 3 del
artículo 32 de la ley 80 de 1993, inciso 2º del artículo
1º del decreto 2209 de 1998.

                CALIFICACION DE LA FALTA

                         74
Se califica como Grave al tenor del los numerales 1º, 4º,
5º y 6º del artículo 27 de la ley 200 de 1995, por ser el
Secretario de Salud y por ende el responsable al parecer
por su falta de diligencia y cuidado en las decisiones
que adoptó con las implicaciones de orden económico
generadas, se considera que obro con culpa, sin que
exista ninguna causal que justifique su comportamiento
ilegal.

Por el proceder anteriormente reseñado, pudo haber
incurrido en violación de las disposiciones citadas en
cada uno de los cargos, los cuales, de no ser
desvirtuados, lo dejan incurso posiblemente en un
incumplimiento manifiesto de sus deberes como servidor
público, señalados en el artículo 40 numerales 1°, 2° 22
y 23 de la Ley 200 de 1995, que establece: (sic)

Ahora bien, se abrió investigación disciplinaria en su
contra por haber ordenado el pago de los viáticos y el
reconocimiento de pasajes al señor HUGO MIRANDA, por
tratarse de un contratista. No obstante y de la visita
que practico la asesora se verificó que el pago se
efectuó por la suma de $330.750, mediante orden No. 1300,
atendiendo la comisión que cumplió a las comunidades de
Miriti, Apaporis, La Pedrera y Leticia por el término de
8 días comprendidos desde el 18 al 25 de octubre de 1996.
Aspecto que estaba contemplado en la cláusula tercera
numeral 3º del contrato No. 034 del 3 de julio de 1996.
(folio 94-117-119 cuaderno Salud ).

En lo atinente al pago de viáticos y gastos de viaje para
la vigencia correspondiente al año 1996, estaba regulado
por el artículo 50 numeral 2006 del decreto de
liquidación del presupuesto general    (Decreto 2350 del
año 1995). Normas a nivel nacional aplicables a nivel
Departamental en ausencia del código fiscal. Así       el
citado artículo señalaba:

 "VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. No se podrán imputar a este
rubro los gastos correspondientes a la movilización
dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y
gastos de viajes a contratistas, salvo que se estipule en
el respectivo contrato"

En el presente caso como ya se dijo el secretario de
Salud acordó con el contratista el pago de viáticos y
transporte para el cumplimiento del objeto contratado, es
decir   la   asesoría   jurídica   en   el   proceso   de
descentralización en el sector salud del departamento del
Amazonas.

En este orden de ideas se recomendará el archivo de la
                        75
investigación respecto al mencionado hecho pues no
constituye falta disciplinaria, por ende se le debe dar
aplicación al artículo 151 de la ley 200 de 1995.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE HELBER PIMENTEL SERRANO,
Director Oficina de Planeación y de la Udeco en el
periodo comprendido del 16 de octubre de 1996 al 31 de
diciembre de 1997.

El Artículo 28 del decreto 21580 de 1995, reguló lo
concerniente a la organización y funcionamiento a nivel
regional de los Fondos de Confinanciación, señalando que
las funciones se cumplan a través de una oficina
especializada al interior de las oficinas de planeación
de la respectiva entidad territorial. Así mismo en los
distintos convenios se fijo la responsabilidad control y
seguimiento de la ejecución de los mismos a la UDECO.

Por lo anterior, en este caso, se lo formulará pliego de
cargos al titular de la dependencia, con base en una
prueba selectiva de los convenios suscritos durante el
periodo de 1996.

El Fondo de Inversión Social FIS, suscribió varios
convenios con el departamento para ejecutar proyectos en
el área de salud y educación respectivamente para las
vigencias 1996 y 1997.

                       CARGO UNICO

No ejerció la supervisión, el seguimiento ni la
evaluación   física  y   financiera   de   los   convenios
celebrados con los fondos de cofinanciación FIS y DRI
suscritos por la gobernación en periodo correspondiente a
la vigencia de 1996, desconociendo con su conducta los
términos en ellos contenidos y que se concretan en lo
siguiente: (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Convenios suscritos con el DRI:

Convenio   No.   1706-91-006-0-96:   Asistencia   técnica
agropecuaria. No se expidió certificado de disponibilidad
presupuestal. El proyecto no tiene concepto favorable del
Consejo Seccional de Asistencia técnica. No se adjuntó la
ficha EBI. Se verifica un pago por concepto de suministro
de gasolina con destino a la Secretaría de agricultura,
participación en seminarios sobre sistemas integrados de
producción y pago de viáticos.

Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997.


                         76
Al parecer el convenio no se ejecutó no aparecen actas
que así lo demuestren, ni actas de seguimiento.

Convenio 1706-91-010-96: No se ha evaluado porque no se
fijaron los recursos para el desplazamiento. El saldo de
los recursos en la UDECO asciende a $4.298.165.oo. Este
mismo saldo se refleja en el saldo bancario a 31-12-97,
pero el saldo de apropiación a 31-12-97, según libro de
registro presupuestal es de $1.598.850.oo, lo cual
evidencia que $2.6.315.oo en gastos no relacionados con
el convenio y que escaparon al control de la UDECO.

Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997.

No se ha evaluado porque no se fijaron los recursos para
el desplazamiento. El saldo de los recursos en la UDECO
asciende a $4.298.165.oo. Este mismo saldo se refleja en
el saldo bancario a 31-12-97, pero el saldo de
apropiación   a  31-12-97,   según   libro   de  registro
presupuestal es de $1.598.850.oo, lo cual evidencia que
$2.6.315.oo (sic) en gastos no relacionados con el
convenio y que escaparon al control de la UDECO.

Si   bien  la   Dirección   Nacional   de   Investigaciones
especiales advirtió posibles inconsistencias en su
ejecución, no aparece ninguna información adicional a la
obtenida   por   la   mencionada   oficina,   que   permita
establecer con mayor claridad la irregularidad o las
irregularidades para endilgar en forma concreta la falta
disciplinaria, razón por la cual se recomendará su
archivo con fundamento en el artículo 151 del CUD.

Convenio 1706-91-026-0-96: Objeto. Adecuación de una
planta trilladora de arroz para la junta de acción
comunal de Puerto Nariño.

Los recursos se desembolsaron el 21 de agosto de 1997.

Inicialmente con base en la visita que practico la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se
advierte que sin bien el Secretario de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CAHIQUE HERNANDEZ,
dio por recibido el trabajo contratado a JUAN VILDOSA
PEÑA, el 31 de julio de 1997, en la visita efectuada el 5
de febrero de 1998 por el asesor del Fondo DRI, se
establece que la obra contratada no había sido terminada
ni adecuada la instalación para el objeto del proyecto.

Posteriormente y de acuerdo con la visita practicada en
la Unidad de Coordinación de la Inversión Pública    del
Departamento   Administrativo   de   Planeación  de   la
Gobernación del Amazonas el 8 de marzo del año 2000, se
                         77
advierte para este convenio     una ejecución del 72.28%
según el seguimiento efectuado por la Subdirección de
Operaciones el 5 de febrero de 1998, no obstante con base
en una nueva vista el 23 de julio de 1998, se señala una
ejecución física del 56% y financiera del 58% , razón por
la cual se observa una diferencia manifiesta de la
información contenida     en documentos con la real o
física.

En este orden de ideas, se dejó constancia sobre el
incumplimiento por la falta de base para molino, montaje
y puesta en funcionamiento y adecuación de las redes
eléctricas.(Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

Se verificó respecto al registro por la UDECO, un saldo
de $7.450.803.oo, un saldo bancario de $7.863.503.oo y un
saldo de apropiación de $2.606.000.oo, siendo evidente el
compromiso de $4.844.803.oo, en gastos que escaparon al
control de la UDECO.

Convenio   No. 1706-91-027-096:  Objeto. Proyecto  de
instalación y puesta en funcionamiento de 25 unidades
para el procesamiento de fariña en la rivera del río
Putumayo.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento
adicional distinto al que revisó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales. Se registra a 31 de enero de
1998 un saldo de $2.440.600 y una anotación en lápiz que
señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600,
el saldo de apropiación es de $11.132.600.oo. No se
expidieron los certificados de disponibilidad y los
registros presupuéstales pertinentes. El 22 de enero se
trasladaron $43.000 a la cuenta No. 407-02473-6.

A esa fecha no apareció ninguna acta sobre la ejecución
del proyecto.

Convenio 1706-91-028-0-96: Objeto. Proyecto de asistencia
técnica específica para núcleos ganaderos indígenas y
pequeños colonos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

No se verifica ningún informe parcial ni final de la
ejecución del proyecto.



                         78
  El saldo del convenio por registro de la UDECO, es de
  $1.014.040.oo, el saldo de apropiación en el libro de
  registro presupuestal es de $5.020.000.oo y el saldo
  bancario es de $14.040.oo. Por lo tanto al parecer no
  existe equilibrio entre los gastos reportados y el manejo
  presupuestal y el control de bancos. No se expidieron los
  certificados    de  disponibilidad    y   los   registros
  presupuéstales.

  Convenio    No. 1706-91-031-0-96. Objeto. Proyecto de
  construcción de galpones y dotación de equipos para la
  producción avícola por mujeres indígenas de varios
  corregimientos del departamento del Amazonas.

  Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

  Se evidencia de conformidad con el seguimiento hecho por
  la subdirección de Operaciones que el proyecto tiene una
  ejecución física y financiera del 92% , es decir no se
  ejecutó en su totalidad el proyecto.

  Se registra un saldo en rojo de $267.705 y el de
  apropiación en libros es de $147.500,oo, el saldo en
  bancos es de $68.995.oo.No se verifica ningún control en
  la utilización de los recursos.

  Convenio       No. 1706-91-032-0-96.Objeto. Proyecto de
  capacitación     para   el   fortalecimiento organizativo,
  técnico y      empresarial a mujeres indígenas de las
  comunidades    de Arara, Nazareth y Puerto Nariño en el
  departamento   del Amazonas.

  Los recursos se desembolsaron el 31 de julio de 1997.

  En el informe de seguimiento de fecha 4 de febrero de
  1998, se advierte el incumplimiento en la ejecución por
  la falta de capacitación a las mujeres de las comunidades
  sobre la utilización de las máquinas, materiales y
  repuestos, no obstante se firmo el acta de liquidación
  sobre la inversión de aportes y cumplimiento del objeto
  sin la firma del representante del Fondo DRI. (Folio 146
  cuaderno convenios 2).

  El saldo que aparece registrado en la UDECO es de
  $1.970.273.oo. El saldo de apropiación asciende a
  $19.034.500.oo y el saldo en la cuenta bancaria es de
  $1.924.349.26. Así fueron pagados con cargo a los
  recursos del   convenio $17.064.227.oo, desconociendo la
  obligación de expedir certificado de disponibilidad
  previo al compromiso y efectuar la reserva pertinente.

4. Convenios suscritos FIS- Educación.
                            79
Convenio   No. 4568, proyecto 7715. Objeto: Construcción
de aulas escolares y cancha multifuncional en el
corregimiento de Puerto Alegría, por un valor de
$2.352.368.oo.

Los recursos se desembolsaron el 1° de abril de 1997.

Respecto a este convenio se cuenta con la información
recaudada por la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, pues en la visita que practico la asesora del
Despacho del Procurador, FLOR ALBA BARRERA DIAZ,       se
constato que el convenio mencionado no fue encontrado en
la Oficina de Planeación del Departamento. ( Folio 283
cuaderno convenios No. 2) .

Para su ejecución se suscribió el contrato No. 017 del
11 de abril de 1997, con el señor RAMIRO TORRES CABRERA,
por un valor de $ 42.199.999. Acta de iniciación de obra
No. 043 del 13 de mayo de 1997. Acta de suspensión de
obra No. 021 del 19 de mayo de 1997. Acta de reiniciación
No.   No.015 del 16 de junio de 1997. Acta de avance
parcial de obra de fecha 11 de agosto de 1997, suscrita
por el ingeniero JUAN JOSE ROBLES JULIO. Acta de recibo
final de obra y liquidación del contrato de octubre 17 de
1997.

Por lo tanto y si bien fue relacionado por la Dirección
Nacional, no se evidencia ningún inconsistencia sobre su
ejecución del convenio que nos permita concluir que el
hecho existió o que constituya falta disciplinaria, pues
hasta la fecha de la revisión se verifica el cumplimiento
del objeto acordado a través del convenio.

Así   las  cosas   se  recomendara  el   archivo  de  la
investigación   respecto   del  presente   convenio  por
considerar que   el hecho endilgado no existió, quedando
pendiente el estudio respecto a la ejecución de los
recursos. Aspecto imputable atendiendo las funciones
asignadas a otros funcionarios de la administración
departamental.

3. Convenio No. 1302, proyecto 1953. Objeto. Adquirir
documentos de investigación realizados por universidades
del país y del extranjero para dotar el CEDAM, como
libros,   revistas,   material   audiovisual   y  comprar
archivadores. Valor del proyecto $6.166.000.oo. Aporte
FIS $4.270.100. Aporte Gobernación $1.895.900.oo.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.



                         80
La asesora comisionada verificó que no existen actas que
reflejen la      ejecución del convenio (folio 147).
Situación que ya había advertido la Dirección Nacional
para la fecha de la primera visita donde dejo la
constancia: "que la cuenta corriente No. 40702399-3 se
encuentra en rojo. La cuenta debería contar con la suma
de $4.270.1000.oo por no haberse ejecutado".

Convenio No. 1302, proyecto 1952- Objeto: Dotar de
elementos que conforman la canasta del Ministerio de
Educación Nacional  para desarrollar actividades   en el
área de danzas, cultura, dibujo y música, por un valor
de $ 1.989.836.oo. Aporte FIS $1.193.902.oo. Gobernación
$795.934.oo.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Igual que el anterior se tiene la información que aportó
la Dirección Nacional respecto a la no ejecución del
objeto acordado, pues y con lo manifestado por el
director de la oficina de Planeación del Departamento del
Amazonas a través del oficio No 209 del 31 de marzo del
año 2000 la carpeta del convenio no apareció. (Folio
283).

Convenio No. 1302, proyecto No.3437. Objeto. Reparación
general de techos, estructura, paredes y pintura. Valor
$18.800.000.oo. Aporte FIS $ 411.280.000. Gobernación
$7.520.000.00.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Se celebraron dos contratos:

El No. 070, se suscribió, el día 22 de agosto de 1997,
con el señor ISMAEL FAJARDO, Gobernador de la comunidad
indígena Mue, por $9.450.000.oo. Se giró el anticipo el
día 2 de septiembre de 1997, por $4.589.100.oo, mediante
el cheque F6416492, cuenta corriente 2399-3.

El contrato No. 072, se suscribió, el día 22 de agosto de
1997, con el señor USEBIO PIYACHI, Gobernador comunidad
indígena Okainas, por $9.400.000.oo. Se giró el anticipo
el día 12 de septiembre de 1997, por $4.700.000.oo,
mediante el cheque No. F6416492, cuenta corriente 2399-3.

No aparece acta de iniciación de obra, el plazo de
ejecución es de veinte (20) días contados a partir del
acta de iniciación. Cuenta corriente en rojo.




                         81
Las obras se encontraban sin ejecutar de acuerdo con la
visita practicada por el Secretario de Agricultura
GUILLERMO MARIN TORRES, el 2 de febrero de 1998.

Convenio 4615, proyecto 7716. Objeto. Construcción,
adecuación y mantenimiento de aulas oficiales del
internado Fray de Barcelona en Araracuara.

Los recursos se desembolsaron el 1o de abril de 1996.

Se celebró el contrato No. 130 el día 2 de diciembre de
1997, con el señor LUIS ANTONIO MANCILLA  GONZALEZ, por
un valor de $51.015.320.oo.

No se había suscrito    acta de iniciación en el mes de
febrero del año 1998. No existe ninguna    documentación
que refleje la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito en el mes
de diciembre de 1997, finalizando el periodo de titular
ACOSTA SOTO, no es dable endilgarle el incumplimiento del
convenio, en este orden de ideas se compulsaran copias
para que se investigue a los funcionarios responsables y
se recomendará el archivo a favor del implicado respecto
al presente convenio.

La cuenta corriente del proyecto no cuenta       con    los
recursos, fueron al parecer trasladados.

Convenio No. 7969, proyecto 11314. Objeto. Construcción
del auditorio del centro cultural indígena, corregimiento
de Puerto Santander. Valor. $48.131.578.oo. Aporte FIS
$45.725.000.oo. Gobernación. $2.406.378.oo.

Los recursos se desembolsaron el 21 de julio de 1996.

Se celebró el contrato 089, con JUAN DE JESUS RANGEL el
día 10 de septiembre de 1997, por un valor de
$48.131.578.oo. Se giró el anticipo el día 15 de
septiembre de 1997, mediante el cheque No. F6416493, por
valor de $2.406.378.oo.

Igual que el anterior no se registra actas de ejecución
como lo corroboró tanto la Dirección Nacional como la
asesora comisionada. (Folio 155 cuaderno convenios No. 2
y folio 4 cuaderno FIS Educación).

Los recursos se desembolsaron el 21 de julio de 1997.

Convenio No. 4785, proyecto 7687. Objeto. Construcción de
una cancha múltiple en la vereda San José corregimiento


                         82
El   Encanto.    Valor.   $23.464.875.oo.       Aporte    FIS
$22.292.000.oo. Gobernación $1.172.875.oo.

Los recursos se desembolsaron el 2 de mayo de 1997.

Con base en la visita que practico la asesora comisionada
el 8 de marzo del año 2000, se verifica que el objeto del
convenio se cumplió atendiendo el acta final de obra y
liquidación suscrita por el secretario de obras ANTONIO
JOSE RAMIREZ SANTOS y la profesional universitario DEIRA
M.ABARKA y el contratista GERVASIO PALOMARES YATEKE.
(Folio 147 cuaderno convenios No. 2).

Por lo anterior respecto de este convenio se recomendará
el archivo de la investigación pues no existió el hecho
que se endilga, de conformidad con los artículos 54 y 151
del C.U.D.

Convenio No. 5919, proyecto 11037. Objeto. Reparación de
aulas, batería sanitaria y dotación de mobiliario en la
escuela Fray Bartolomé de Igualada, corregimiento de La
Pedrera. Valor $25.000.000.oo. Aporte FIS $15.000.000.00
Gobernación $10.000.000.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

Se suscribió el contrato No. 020 el 14 de abril de 1997,
con FABIOLA CALDERON LEGUIZAMON,     por un valor de $
14.432.855. Se giró el anticipo el día 16 de mayo de
1997, mediante el cheque No. F6416483 y el saldo final
mediante cheque No. F6416489 27 de agosto de 1997.

Se verifica el acta de iniciación de obra No. 065 de
fecha 29 de mayo de 1997, acta de recibo final de obra y
liquidación del contrato No. 020 del 30 de julio de 1997.
Se giro el anticipo mediante cheque No. F6416483, sin
embargo en el seguimiento efectuado el 20 de agosto de
1997, se indica que no se realizaron los trabajos para la
batería sanitaria   y   se llevaron a cabo los trabajos
adicionales. (Folio 148 cuaderno convenio No. 2).

Teniendo en cuenta que en el contrato No. 026 de 1996,
suscrito con el señor JERONIMO YACUNA, por un valor de $
7.093.567.oo, se inició la obra mediante el acta No. 043
del 23 de septiembre de 1996 y se recibo a través del
acta final y de liquidación del 27 de noviembre de 1996,
se recomendará el archivo respecto de este proyecto, con
fundamento en el artículo 151 del C.U.D.

Se reporta un saldo en rojo a      pesar   de   que   debería
existir un saldo de $3.473.569.


                         83
Convenio   No.    4803,  proyecto  No.   8193.   Objeto:
Construcción cancha múltiple vereda Villa azul Amazonas.
Valor    $   20.700.000.   Aporte  FIS   $19.665.000.oo.
Gobernación $1.0350.000.oo.

Se desembolsaron recursos el 2 de mayo de 1997.

Se celebró el contrato No.041 del 27 de mayo de 1997, con
el señor    EDUARDO PAKI KUMIMARINA, por un      valor de
$20.499.500.oo. Se pago el anticipo el día 30 de mayo de
1997, mediante cheque No. F6429085. Acta de iniciación de
obra No.056 del 3 de junio de 1997 y acta de recibo final
de obra y liquidación del 26 de noviembre de 1997.

Con base en la revisión efectuada por la asesora BARRERA
DIAZ, donde advierte que el objeto convenido se cumplió
atendiendo la actas de recibo final       liquidación que
reposan en la carpeta respectiva se recomendará el
archivo de las diligencias respecto a este convenio.

Convenio 2572, proyecto 247, se renovó el programa de
subsidio para la asistencia y permanencia de alumnos en
educación básica, por un valor de $123.862.240.oo. Aporte
FIS $79.219.300. Gobernación $44.642.940.oo. Vence el 3
de   mayo  de   1998.  Valor  total   de  los   proyectos
$192.430.240.oo.

Los recursos se desembolsaron el 8 de octubre de 1997.

Se cuenta con la información aportada por la Dirección
Nacional donde dan cuenta sobre la inexistencia de
soportes de ejecución, sin embargo se registra la cuenta
corriente en rojo.

Así mismo no se encontró ninguna otra documentación sobre
su ejecución como lo señala el Director de la Oficina de
Planeación mediante oficio No.209 del 31 de marzo del año
2000. (Folio 283 cuaderno convenios No. 2).

Convenio No. 7700, proyecto No. 66122. Objeto: Dotación
de textos primaria. Valor $143.956.000.oo.

Como   lo    estableció   la   Dirección    Nacional   de
Investigaciones Especiales no se evidencia su ejecución.
Aspecto que queda confirmado con el dato suministrado por
el Director de la oficina de Planeación donde indica que
la carpeta no apareció. (Folio 283 cuaderno convenios No.
2)

Convenio No. 5, proyecto No. 259. Objeto. Dotación textos
primaria. Valor $8.059.534.oo.


                         84
Igual que el anterior se desconoce su ejecución y no
aparece ninguna otra documentación. (Folio 149 cuaderno
convenios No. 2).

Convenio No. 5919, proyecto 11041. Objeto: Reparación de
las instalaciones de la segunda planta de la escuela
Lozano Torrijos, de atacuarí y dotación de textos
escolares y material didáctico. Valor $30.000.000.oo.
Aporte FIS $18.000.000.00 Gobernación. $12.000.000.00.

Se celebró el contrato No. 132 el 10 de diciembre de
1997, con el señor ROGELIO CAMPUZANO OCAMPO, por un valor
de $ 29.843.989.oo.

Contrato sin ejecutar. Adicional a los señalado por la
Dirección se verifica el acta de seguimiento de fecha 5
de febrero de 1998, señalando que se adecuó el terreno
más no se hizo la construcción de las tres aulas. (Folio
148 cuaderno convenios No. 2)

Convenio No. 5919, proyecto 11040. Objeto: Preparación de
la planta física, batería sanitaria       y dotación de
mobiliario de la escuela vereda el Milagro. Valor
$51.667.000.oo. Aporte FIS $31.000.000.oo. Gobernación
$20.667.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

Se suscribió el contrato No. 102 del 22 de septiembre de
1997,   cuyo  objeto   consistió   en  la   reparación   y
construcción de aulas escolares en la escuela de la
comunidad de la milagrosa, por un valor de $ 25.929.993.

A pesar de que se suscribió el acta de iniciación de obra
No. 121 del 29 de octubre de 1997 y el     acta de recibo
final y liquidación del contrato del 22 de diciembre de
1997, se estableció en la segunda revisión efectuada por
la Procuraduría el 8 de marzo del año 2000, con base en
el acta de seguimiento del 2 de febrero de 1998 la
existencia de desajustes en la reparación de las aulas,
así como una desproporción en los asignado con lo
ejecutado, razón por la cual se le exigió al contratista
cumplir con los faltantes a pesar de que las obras ya
estaban ejecutadas por el interventor. (Folio 149
cuaderno convenios No 2).

No se había cancelado el saldo del valor total del
contrato, equivalente a   $12.964.996.oo, pese a que el
contratista ejecutó la obra.




                         85
Hay un saldo sin soporte de ejecución de $25.737.007.
Debe   existir  en la  cuenta  $38.702.003.oo. Cuenta
corriente en rojo.

Convenio No. 5929, proyecto No. 11039. Objeto. Dotación y
adecuación de una aula para el laboratorio de idiomas del
colegio   Alvernía.   Valor.   $16.000.000.  Aporte   FIS
$9.600.000.oo. Gobernación. $6.400.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

De   acuerdo   con  la   información  obtenida por la
Procuraduría el convenio se encuentra sin ejecutar.
(Folio 150 cuaderno convenios No. 2).

Fecha de vencimiento 21 de abril de 1998.

Existe un saldo sin soporte de ejecución por un valor de
$25.737.007.oo. Debe existir en la cuenta $38.702.003.oo.
Cuenta corriente en rojo. Al parecer se trasladaron los
recursos.

Convenio No. 5919, proyecto 11032 (11038). Objeto.
Reparación   de  cuatro   aulas   escolares  y   dotación
mobiliario en el colegio agropecuario José Celestino
Mutis, en el municipio de Puerto Nariño. Valor.
$38.993.000.oo. Aporte FIS $23.396.000.oo. Gobernación. $
15.597.000.oo.

Se suscribió el contrato No. 048 del 11 de septiembre de
1997,    con JOSE CELSO ELIZALDE DEL AGUILA, para el
suministro de cuatro escritorios con sillas, treinta
pupitres bipersonales con sus dos sillas y un archivador,
todo en cedro, terminación en barniz, por un valor de
$4.570.000.oo.

Se cancelo el día 20 de septiembre de 1997, mediante el
cheque No. F6416497. Cuenta corriente 2399-3.

Se encontró copia de los comprobantes de egreso No. 2770
y 2919, el primero del 15 de septiembre de 1997,
correspondiente al cheque No. E 6416494 de la cuenta
corriente No. 2399-3 por un valor de $2.796.000.oo a
bodegas el tigre; la    orden de compra No.   429 por el
suministro de 30 pupitres bipersonales con destino a
Puerto Nariño y el segundo del mes de septiembre de 1997,
con el   cheque   No. E 6416497 de la cuenta corriente
2399-3 por un valor de $4.333.000.oo.

No obstante lo anterior no se verifica ningún reporte
sobre   la  ejecución   del  convenios,   es  decir   que
efectivamente se hayan entregado los elementos adquiridos
                         86
en beneficio de la comunidad de Puerto Nariño.(Folio 150
cuaderno convenios No. 2).

Saldo sin soportes     de    ejecución   $34.423.000.   Cuenta
corriente en rojo.

Convenio No. 1588, proyecto No. 1955. Objeto Programa de
asistencia y permanencia de alumnos en educación básica
para poblaciones indígenas del predio Putumayo y río
Caquetá. Objeto. Crear subsidios para los estudiantes de
bajos   recursos.   Valor   $88.480.000.oo. Aporte   FIS
$53.074.644. Gobernación. $35.405.356.00.

Los recursos se desembolsaron el 28 de noviembre de 1996.

No hay soportes de ejecución. Vencimiento 21 de noviembre
de 1997. Cuenta corriente en rojo.

Se renovó mediante convenio No. 1394, proyecto 2300.
Nombre. Subsidio de la permanencia y asistencia en
educación   básica   comunidades    indígenas.       Objeto.
Renovación   al   objeto  1588,    proyecto    1955.   Valor
$104.406.400.   Aporte   FIS    $62.628.080.     Gobernación
$41.778.320.00.

Sin soporte de ejecución. Cuenta en rojo.

Valor total de los convenios $192.886.400.oo.

Convenio No. 5919, proyecto 11036. Objeto. Reparación de
las instalaciones de la escuela Simón Bolívar de Ronda.
Valor   $  23.800.000.oo.   Aporte  FIS  $17.000.000.oo.
Gobernación. $6.800.000.oo.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

Se celebró el contrato. No. 097 del fecha 22 de
septiembre de 1997, con el señor BENJAMIN SUAREZ DEL
AGUILA, por un valor de $16.895.837.oo. Se pago el
anticipo el día 2 de octubre de 1997, mediante cheque No.
F6416501, por un valor de $7.591.276, de la cuenta
corriente No. 2399-3 Banco Bogotá.

No existe acta de iniciación. El 2 de febrero de 1998,
las obras no se habían iniciado.

El jefe de operaciones Departamental mediante oficio No.
056-JOP del 16 de abril de 1998, informó a la asesora de
la UDECO, sobre el incumplimiento del contrato No.
097/97, razón por la cual se liquido.



                            87
Posteriormente se celebró acta de compromiso entre el
contratista y el departamento    de fecha 27 de abril de
1998, para iniciar con la ejecución de la obra.

Convenio No. 7328, proyecto 4000. Nombre. Apoyo técnico y
financiero a la UDECO. Valor $33.936.067.oo. Aporte FIS
$33.936.067.oo.

Los recursos se desembolsaron el 10 de junio de 1996.

Se celebraron las ordenes que aparecen relacionadas en el
acta de visita de fecha 4 de marzo de 1998. (Folios. 11-
14 cuaderno FIS Educación).

No aparece ningún documento que permita inferir la
ejecución del convenio (Folio 151 cuaderno convenios No.
2).

Convenio No. 7603, proyecto No. 11109. Objeto. Apoyo a
los   procesos  de   seguimiento  territorial. Valor $
40.000.000. Aporte FIS $ 40.000.000.

A través de este convenio se adquirieron los elementos
que aparecen relacionados en el acta de visita de fecha 4
de marzo (folios 14-15 cuaderno FIS Educación).

Valor total de ejecución $31.352.280.

No se había justificado la suma de $8.647.720. La cuenta
corriente No. 2399-3 del Banco Bogotá se encontraba en
rojo. (Folios 152 cuaderno convenios No. 2).

Convenio No. 788, proyecto No, 747. Objeto. Asesoría y
apoyo al departamento del Amazonas, en la aplicación y
desarrollo del sistema nacional de cofinanciación. Valor.
$10.000.000.

La   asesora  comisionada   encontró  respecto  de   este
convenio: El oficio No. 538 UDC-97 del 22 de septiembre
de 1997 suscrito por la asesora del UDECO, dirigido Al
coordinador HELBERT PIMENTEL SERRANO, a través del cual
le solicita aclarar el estado de las cuentas de este y
otros convenios, porque los libros presentan confusión en
el desembolso de los recursos, sin establecer contratos,
ordenes de servicios.

No se encuentra ninguna otra documentación que establezca
la ejecución del convenio. (Folio 152 cuaderno convenios
No. 2)

Convenios FIS - Salud.


                         88
Convenio 2627 del 29 de diciembre de 1995, celebrado con
aportes del FIS y el Departamento para un total de $
83.630.000.00, se derivan los contratos:

0047 de 12 de agosto de 1996, suscrito entre la
Secretaría de Salud y CARLOS C. MARTÍNEZ BERNAL, por un
valor de $ 14.000.000.00, no aparece acta de recibo final
del Contrato No. 001 del 5 de febrero de 1997, celebrado
entre el gobernador y el consorcio Peña Construcciones y
ampliación del centro del hospital de la Pedrera por
$56.709.426.00, al parecer no se surtió la licitación
pública pues la actuación contractual no aparece.

Contrato 001 del 10 de febrero de 1997, celebrado entre
la Secretaría Departamental de Salud y el señor LUIS A.
MANCILLA GONZALEZ, para ejercer la interventoría de la
construcción   del  hospital   de   la  pedrera,   por  $
16.192.500.00,   no  se   encontraron   los  antecedentes
contractuales. Contrato No. 0039 del 25 de noviembre de
1997, suscrito con COLFRA LTDA, para la compra de una
autoclave y equipo de anestesia para el hospital de la
Pedrera, por $ 41.876.000.00, el proceso contractual
inició con la invitación pública de fecha 6 de noviembre
de 1997, via fax se recibieron las propuestas de COLFRA
LTDA y SIMENS, no existen acta de recibo e ingreso al
almacén. Posteriormente se informa sobre los daños
causados al equipo por el traslado a la ciudad de
Leticia. Así mismo se estableció que el equipo no ha sido
utilizado en el hospital debido a sus características
técnicas pues es muy avanzado respecto a las necesidades
de la localidad. Las pólizas se encuentran vencidas.

Convenio 1302, proyecto 1943. Objeto: iniciar trabajo de
escuela de padres en el departamento del Amazonas y
realizar actividades de capacitación divulgación y
asesoría en educación sexual y E.T.S., por un valor de
$35.182.700, con aportes por parte del FIS de $21.109.620
y la Gobernación de $14.073.080.

Los recursos los desembolsó el FIS el 12 de noviembre de
1996 y el 23 de octubre de 1997 en la cuenta corriente
No. 407-02399-3 del Banco de Bogotá, el proyecto nunca se
ejecutó. Tenía un plazo de ejecución de un año a partir
del 23 de octubre de 1996, con vencimiento el día 23 de
octubre de 1997. Posteriormente se prorrogó hasta el día
23 de febrero de 1998.

Convenio 5454, proyecto 10643. Objeto: Construcción,
ampliación y dotación del Hospital Local de Tarapacá, por
un valor de $ 40.000.000. Aportes del FIS    $36.000.000.
Aportes de la Gobernación $4.000.000.00.


                        89
Los recursos fueron desembolsados por el FIS el 21 de
abril de 1997 en la cuenta corriente No. 407-02399-3 del
Banco Bogotá. Solo se ejecutó $39.629.832.80, sin
comprometer $370.167.20.

Convenio No.     1302, proyecto 1543. Objeto. Iniciar
trabajo de escuela de padres en el Dpto del Amazonas y
realizar actividades de capacitación, divulgación y
asesoría en educación sexual y ETS. Valor. $35.182.700.
Aporte FIS $21.109.620. Aporte Gobernación. $14.073.080.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 23 de octubre
de 1997 cuenta corriente No. 407-02399-3 del banco de
Bogotá.

De acuerdo con la visita que practico la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales se advierte que el
proyecto     no fue ejecutado. Situación que queda
confirmada con la nueva revisión llevada a cabo por la
asesora comisionada quien dejó constancia sobre la falta
de documentación atinente a este convenio y la respuesta
que dio el director de la Oficina de planeación en
relación a que el convenio no fue encontrado. (Folio 152,
283 cuaderno convenios No. 2).

Convenio 2607, proyectos 2730 y 2732. Objeto. Construir y
dotar   los   laboratorios   de  salud   pública.   Valor
$577.539.555, Aporte FIS $346.523.745. Aporte de la
Gobernación $231.015.810.

Los recursos fueron desembolsados por el FIS el 3 de
diciembre de 1996 y el 25 de noviembre de 1997.

Al parecer no se cancelaron el valor de los contratos
números 061, 062, 065, 058, 057 derivados de los
convenios No.2730 y 2732. En el contrato No. 100 no se
canceló sino el 50%. El contrato 0030, no aparecen las
actas de ingreso al almacén de los equipos adquiridos y
se reportaron como elementos faltantes un lector de
prueba de Elisa y microelisa por valor de $8.120.000, una
silla ergonómica $220.400 y una pinza entonólogica de
disección $22.040.

Tercer desembolso sin efectuar por valor de $103.957.124.

En el proyecto 2730 el FIS desembolsó         la   suma   de
$138.871.250, es decir el 70% de su aporte.

El contrato No. 057 se      suscribió   con reactivos y
equipos médicos por un valor de $46.342.000 y el No. 058
con instrumentos y equipos médicos por un valor de
$19.116.800.
                         90
No fueron comprometidos y por lo tanto ejecutados
$73.412.450, teniendo en cuenta que no existen soportes
que justifiquen la inversión.

Igualmente respecto al proyecto No. 2732 no fueron
comprometidos $180.331.050. Información contenida en el
oficio No. 005 S.S.O.P del 22 de enero de 1998. (Folio
158 cuaderno convenios No. 2).

Del proyecto 2370 aparece la copia de la orden de pago
No. 1363 del 19 de diciembre de 1997, sin la firma de la
pagadora. El comprobante de egreso No. 5603 de 19 de
diciembre de 1997, a favor de la firma Internacional
Odontomedica Ltda, correspondiente al contrato No. 065-97
por valor de $40.004.967.

Convenio 5454, proyecto 10645. Objeto. Construcción,
ampliación y dotación del hospital local la Pedrera.
Valor $186.666.664. Aporte del FIS $167.099.997. Aporte
de la Gobernación $19. 566.667.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 21 de abril
de 1997. Cuenta corriente No. 407-02399-3 del Banco
Bogotá. Valor sin comprometer $94.795.099.

Proyecto en ejecución. El FIS realizó dos giros
correspondientes al 70% de su aporte por valor de
$116.969.998. Sin efectuar giro por valor de $50.129.999.

Valor ejecutado    $91.871.566.00.   Valor    por   ejecutar
$44.665.100.00

Porcentaje de ejecución 49.2%.   Saldo    cuenta    corriente
$25.098.433

De la nueva revisión se verifica:

Memorando No. 076 de fecha 09 del 8 de junio de 1998 de
la Oficina de Contratación, dirigido al coordinador de la
UDECO, remitiendo las actas de iniciación, recibo final
de obra No. 062 a nombre de HERNAN DUQUE RUIZ de fecha 5
de febrero de 1998. Se señala como valor ejecutado la
suma de $49.994.617.24 y un saldo a favor del contratista
de $ 24.997.783.00.

Acta suscrita por el interventor         sobre las mayores
cantidades   de obra reconocidas         por  valor de   $
3.919.254.7.

Así mismo y de la diligencia de inspección que cumplió la
suscrita asesora con el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO al
                         91
corregimiento la pedrera, se estableció que solamente se
adecuó el terreno, se han levantado las vigas e instalado
los servicios.     No obstante no se a terminado       la
construcción del hospital.

Convenio   No.   5751   (5721),   proyecto   9422.   Objeto.
Continuar    acciones   de   investigación,    promoción   y
prevención del maltrato infantil. Valor $31.525.125.
Aporte   FIS   $25.220.100.   Aporte   de   la   Gobernación
$6.305.025.

Los recursos se desembolsaron por el FIS, el 21 de abril
de 1997. Cuenta corriente No. 407-02300-3 del banco de
Bogotá. La gobernación transfirió el valor de $25.220.100
a la cuenta corriente 506-05582-1 en junio 19 de 1997
para la ejecución del proyecto.

Proyecto   en   ejecución.   La Secretaría de   Salud
Departamental no      remitió a la UDECO soportes de
ejecución desconociéndose el nivel de ejecución del
proyecto $57.052.297. Aporte FIS $44.522.297. Aporte
Gobernación $12.500.000.

Proyecto sin iniciar ejecución.

Convenio 2607/96. Objeto. Implementación de dotación del
II nivel para el hospital San Rafael de Leticia del
departamento del Amazonas. Valor $ 908. 185.055.oo.

No fue posible establecer la ejecución del proyecto pues
no apareció ninguna documentación ni    soporte como lo
indicó el director de la Oficina de Planeación, mediante
oficio No. 209 del 31 de marzo del año 2000. (Folio 283
cuaderno convenios No. 2).

Por lo anterior puede estar incurso en la violación de
las siguientes normas:

Normas presuntamente infringidas:

Numerales 1º, 5º del artículo 26 de la ley 80 de 1993,
numerales 2º, 3, 22 y 23 del artículo 40 de la ley 200 de
1995.

-Obligaciones   del  Departamento   de   acuerdo    con   lo
estipulado en el texto de los convenios:

“ 5. Invertir de conformidad con     las normas vigentes,
dentro del plazo estipulado en        este convenio, los
recursos transferidos y los de su     contrapartida en la
ejecución de (los) Proyecto(s), y     en el evento de no
hacerlo dentro de ese plazo,         devolverlos al mes
                          92
siguientes al FIS, para su reintegro a la Tesorería
General de la Nación y la liquidación respectiva.

“6. Aplicar los recursos de que trata la cláusula segunda
y detallados en el anexo No.1 para cada proyecto,
exclusivamente al cumplimiento del objeto de este
convenio y de (los) proyecto(s)...”

“...9. Desarrollar todas las gestiones que en los
aspectos   técnicos,   administrativo  y  económico   se
requieran para cumplir el objeto del presente convenio y
del (los) proyecto(s).

Art. 26. Ley 80 de 1993, artículo 40 numerales 1º, 2º   22
y 23 de la Ley 200 de1995.

          CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA

Teniendo en cuenta los criterios reseñados en el artículo
27 del Código Disciplinario Único, como fundamento para
la calificación provisional de la falta disciplinaria en
forma como ha quedado determinado, se considera que ha de
tratarse como Grave, con el fundamento en los numerales
1º , 4º, 5º , 6º y literal a) del artículo 27, dado que
con las omisiones reiteradas, generó consecuencias y
perjuicios graves a la comunidad, como jefe de Planeación
y coordinador de la UDECO, lo obligan a desempeñarse con
diligencia y eficacia y lealtad en el ejercicio de sus
funciones.

Por su proceder negligente, descuidado se considera que
obro con culpa.

EVALUACION DE LA CONDUCTA DE CIRO ALFONSO HERNANDEZ
WILCHES, en calidad de Tesorero Pagador, a partir del 18
de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997.

El Fondo de Inversión Social FIS, de los         recursos
asignados desembolsó las siguientes cifras:

De acuerdo con el último reporte suministrado por el
Tesorero PASTOR SILVA VALDERRAMA, el 17 de febrero de
1999, la administración departamental traslado de la
cuenta denominada recursos de confinación FIS a otras
cuentas la suma de $1.721.901.000. (Folio 437 cuaderno
principal).

                      CARGO PRIMERO

Usted como tesorero pagador, trasladó de la cuenta No.
407-02399-3 “recursos de confinanciación” la suma de
$1.721.901.000-00, cambiando su destinación, los valores
                        93
  discriminados en la certificación expedida por la
  Tesorería del Departamento el    2 de marzo de 1999,
  (folios 437 cuaderno principal). (Subrayas y negrillas
  fuera de texto)

- 1º   de Julio de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
  01999-1. Fondos comunes departamentales, la suma de $
  310.000.000.00.

- El 1° de agosto de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
  01999-1 Fondos Comunes Departamentales la suma de $
  331.000.000.00.

- El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
  01999-1 Fondos comunes la suma $ 450.000.000.00.

- El 6 de octubre de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
  02327-4 Fondo Departamental de Pensiones la suma de
  $35.065.000.00.

- El 9 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 506-
  12449-4 Convenio DRI No. 1706-030 la suma de $
  224.836.000.00.

- El 14 de noviembre de 1997, trasladó a la cuenta No. 506-
  00136-1 Contador pagador, la suma de $ 215.000.000.00.

- El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta No. 407-02374-1
  recaudo impuestos y otros, la suma de $124.000.000.00.

- El 18 de diciembre de 1997, se trasladó a las cuentas No.
  407-02374-6 Recaudo impuestos, la suma de $124.000.000 y
  407-01999-1 Fondos comunes $ 32.000.000.00.

  Se aclara que los recursos que ingresaban, nuevamente
  eran traslados, razón por la cual se reporta una cifra
  menor a los dineros que efectivamente ingresaron.

  Los traslados presupuéstales fueron reintegrados en las
  siguientes fechas.

  23 de Julio de 1997                 $ 310.000.000.00
  11 de Agosto de 1997           $ 331.000.000.00
  4 de noviembre de 1997         $ 224.836.000.00
  18 de diciembre de 1997        $   41.300.000.00
  TOTAL.                         $ 907.136.000.00

  La diferencia, es decir $ 814.765.000, se reporta como
  faltante pues los recursos no se devolvieron.

  Normas presuntamente infringidas:

                            94
Artículo 18 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 4º del
Artículo 26 de la ley 80 de 1993.

                        SEGUNDO:

Omitió las funciones propias de su cargo en cuanto al
manejo de los recursos al desviar al parecer los dineros
que fueron asignados   y desembolsados por el Fondo DRI,
teniendo en cuenta   los saldos en rojo    registrados en
las cuentas correspondientes, respecto a los siguientes
convenios: (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Convenio   No. 1706-91-027-096:  Objeto. Proyecto  de
instalación y puesta en funcionamiento de 25 unidades
para el procesamiento de fariña en la rivera del río
Putumayo.

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento
adicional distinto al que revisó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales. Se registra a 31 de enero de
1998 un saldo de $2.440.600 y una anotación en lápiz que
señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600,
el saldo de apropiación es de $11.132.600.oo. El 22 de
enero se trasladaron $43.000 a la cuenta No. 407-02473-6.

Convenio    No. 1706-91-031-0-96. Objeto. Proyecto de
construcción de galpones y dotación de equipos para la
producción avícola por mujeres indígenas de varios
corregimientos del departamento del Amazonas.

Se registra un saldo en rojo de $267.705 y el de
apropiación en libros es de $147.500,oo, el saldo en
bancos es de $68.995.oo.No se verifica ningún control en
la utilización de los recursos.

Convenio DRI No. 1706-032-0-96. El saldo que aparece
registrado en la UDECO es de $1.970.273.oo. El saldo de
apropiación asciende a $19.034.500.oo y el saldo en la
cuenta bancaria es de $1.924.349.26.

Así fueron pagados con cargo a los recursos del   convenio
$17.064.227.oo.

Normas presuntamente infringidas:

Artículo 18 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 4º del
Artículo 26 de la ley 80 de 1993, artículo 40 numerales
1º , 2º , 22 y 23 de la Ley 200 de 1995.

                      CARGO TERCERO
                         95
Omitió la consignación de los recursos obtenidos durante
los meses de septiembre, octubre y    noviembre   del año
1997, equivalentes a NOVENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA CON DOCE CENTAVOS ($90.048.660.12)
por concepto de retención en la fuente en la cuenta
correspondiente al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

De acuerdo con la certificación que expidió el Tesorero
del Departamento     se establece que efectivamente el
Departamento recibió la suma mencionada atendiendo el
balance de contabilidad aportado (Folios 189-234 cuaderno
pruebas ).

Ahora bien, atendiendo la certificación del Tesorero
DEMETRIO ESPAÑA, se evidencia que los recursos no fueron
consignados como lo ordenan las normas del estatuto
tributario, razón por la cual puede estar incurso en la
violación de las siguientes normas:

Artículo 17 del Decreto 2300 de 1996.

Manual de funciones. "Efectuar las retenciones por los
diferentes conceptos y hacer los pagos correspondientes"

Otras consideraciones:

Se le endilgó así mismo el haber pagado en favor al señor
HUGO MIRANDA, las ordenes de servicio número 01 por un
valor de $ 1.400.000 de los meses enero y febrero; Orden
No. 131 por un valor de $1.100.000 del mes de marzo,
Orden correspondiente al mes de abril por un valor de
$1.100.000, Orden 103 por un valor de $1.100.000 de los
meses junio julio y agosto por un valor de $ 3.300.000,
orden No. 109 del mes de septiembre por un valor de $
1.100.000, Orden No. 148 del mes de octubre por un valor
de $1.100.00, orden No. 159 del mes de noviembre por un
valor de $1.100.000, Orden No. 204 del mes de diciembre
por un valor de $ 1.100.000, sin el cumplimiento de los
requisitos legales, no obstante se observa que esta
función estaba asignada directamente a la pagadora de la
Secretaría de Salud, razón por la cual fueron canceladas
por la señora GLADYS ENRIQUEZ, adscrita en tal calidad a
la Secretaria de Salud. (Folio 91 cuaderno Salud).

Es evidente entonces que la conducta le fue imputado
atendiendo su calidad de tesorero del departamento.
Aspecto que no lo compromete por sí solo para que pueda
responder por los hechos enunciados, razón por la cual se
recomendará su archivo al tenor de los artículos 54 y 154
del CUD.
                         96
EVALUACION DE LA CONDUCTA WINDER CARIHUASARI RIOS, es
calidad de Jefe de Sección de Presupuesto, del periodo
comprendido entre el 4 de diciembre de 1995 hasta el 15
de mayo de 1997.

EL Fondo Nacional de Regalías asignó    al Departamento la
suma de $2.280.000.000, de los cuales   se ha invertido la
suma de $ 1.369.971.402.80, para        la ejecución del
proyecto de reordenamiento ambiental    para el Puerto de
Leticia.

                      CARGO PRIMERO

En su condición de Jefe de la Sección de presupuesto del
departamento, revisó y autorizó las solicitudes de
disponibilidad presupuestal formuladas por el gobernador,
con posterioridad al proceso contractual, y omitió el
registro presupuestal en los contratos números 006/97,
007/97, 008/97, 018/97, derivados de los convenios
números 379, 381, 382, 383, celebrados con la Aeronáutica
Civil. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

En el contrato No. 06 la actuación contractual se inició
el 7 de febrero, y la disponibilidad se expidió hasta el
14 de febrero, el mismo día en que se firmó el contrato
de acuerdo con el certificado No. 023, por un valor de
$42.981.000. (Folio 14 cuaderno No. 5).

En el contrato No. 07/97, la actuación se inició el 7 de
febrero y la disponibilidad la expidió el 14 de febrero
de 1997, mediante certificado No. 014 por un valor de
$42.981.539 (folio 96 cuaderno No. 5).

En el contrato No. 08/97 la invitación se formuló el 21
de febrero y solo hasta el 5 de marzo expidió la
disponibilidad   presupuestal,   de   acuerdo   con   el
certificado No. 026 de 1997, por un valor de $42.997.500
(folio No. 160 cuaderno No. 5)

En el contrato No. 018/97 la invitación se surtió el 27
de febrero y la disponibilidad se expidió hasta el 11 de
abril de 1997, de acuerdo con el certificado de
disponibilidad No. 033 de 1997 (folio 193 cuaderno No.
5).

Normas presuntamente infringidas:

No. 6º .Art. 25, Art 26 de la   Ley 80 de 1993, art. 71.
Decreto 111 de 1996
Manual de funciones:

                         97
“...   Revisar   y    autorizar   las  solicitudes   sobre
disponibilidad presupuestal que sobre cualquier concepto
del gasto soliciten las distintas dependencias del
departamento...”
“... Elaborar y registrar las reservas presupuéstales de
conformidad con la ley...”
“...   Autorizar   las   solicitudes  de  las   diferentes
dependencias para la elaboración de los registros
presupuéstales...”

Otras consideraciones:

1. Respecto a la investigación iniciada por         haber
comprometido los recursos al expedir las disponibilidades
presupuéstales para    pagar los viáticos al señor HUGO
MIRANDA, en calidad de contratista. No obstante y de la
visita que practico la asesora se verificó que el pago se
efectuó por la suma de $330.750, mediante orden No. 1300,
atendiendo la comisión que cumplió a las comunidades de
Miriti, Apaporis, La Pedrera y Leticia por el término de
8 días comprendidos desde el 18 al 25 de octubre de 1996.
Aspecto que estaba contemplado en la cláusula tercera
numeral 3º del contrato No. 034 del 3 de julio de 1996.
(Folios 237 cuaderno pruebas).

En lo atinente al pago de viáticos y gastos de viaje para
la vigencia correspondiente al año 1996, estaba regulado
por el artículo 50 numeral 2006 del decreto de
liquidación del presupuesto general    (Decreto 2350 del
año 1995). Normas a nivel nacional aplicables a nivel
Departamental en ausencia del código fiscal. Así       el
citado artículo señalaba:

"VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. No se podrán imputar a este
rubro los gastos correspondientes a la movilización
dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y
gastos de viajes a contratistas, salvo que se estipule en
el respectivo contrato"

En el presente caso como ya se dijo el secretario de
Salud acordó con el contratista el pago de viáticos y
transporte para el cumplimiento del objeto contratado, es
decir   la   asesoría   jurídica   en   el   proceso   de
descentralización en el sector salud del departamento del
Amazonas.

En este orden de ideas se recomendará el archivo de la
investigación respecto al mencionado hecho pues no
constituye falta disciplinaria, por ende se le debe dar
aplicación al artículo 151 de la ley 200 de 1995.



                         98
2. Se le inició investigación como responsable de llevar
el registro y control administrativo de los recursos,
respecto a las inconsistencias desde el punto de vista
presupuestal que la Dirección Nacional de Investigaciones
advirtió sobre los convenios DRI y FIS números 1706-91-
010-96, 1706-91-027-096, 1706-91-031-0-96, 1706-032-0-96,
sin embargo se registran en las cuentas corrientes saldos
en rojo.

De la verificación sin embargo se advierte que los saldos
en rojo, se configuraron por presuntos traslados de
recursos, actividad que se materializa a través de la
Tesorería, razón por la cual se desvirtúa la presunta
falta   disciplinaria   con   el   servidor  público   de
presupuesto, lo que indica que por inexistencia de la
conducta, se recomendará el archivo definitivo de
conformidad con el artículo 54 en concordancia con los
artículos 54 y 151 de la ley 200 de 1995.


EVALUACION DE LA CONDUCTA DE JORGE ELIECER NOVA, en
calidad de Jefe de Presupuesto del periodo comprendido
entre el 6 de agosto al 31 de diciembre de 1997.

                      CARGO PRIMERO

En su condición de Jefe de la Sección de presupuesto del
departamento, revisó y autorizó las disponibilidades
presupuéstales de los recursos asignados y situados por
el Fondo Nacional de regalías en la suma de $407.143.590,
el 30 de diciembre de 1997, para la celebración de los
contratos números 018 y 153 derivados de la urgencia
manifiesta decretada mediante la resolución No. 219 del
29 de diciembre de 1997, sin estar dados los presupuestos
exigidos por el artículo 42 de la ley 80 de 1993.
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

Mediante certificados de disponibilidad números 369 y 361
del 30 de diciembre de 1997, comprometió $37.000.000.00
para   la   interventoría  y   $   370.143.590  para   la
construcción de las obras estabilización del talud sobre
el cual esta construido el dique de confinamiento del
relleno hidráulico. (folios 294 y 383 del cuaderno
principal)

Como encargado tenía la obligación de verificar si
efectivamente se estaban configurados los hechos que se
aducen el acto administrativo o si se trataba solamente
de comprometer los recursos habida cuenta de que se
estaba por expirar la vigencia fiscal.


                        99
                       CARGO SEGUNDO

Revisó y autorizó las disponibilidades números 363/97,
365/97, 364/97 y 019/97, con posterioridad a la
iniciación proceso contractual, en los contratos números
019/97, 152/92, 156/92 y 160/97, comprometiendo los
recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías, en
$334.000.000, a pesar de que estaba pretermitiendo el
trámite   ordenado   para    la   licitación   pública y
contratación   directa    respectivamente.   (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

En los contratos números 019/97, 156/97 y 160/97 se
inició el tramite contractual el 23 de diciembre, se
cerró el 24 de diciembre, es decir se fijo un día para
recepcionar, a sabiendas de la complejidad, importancia
de las obras y el sitio de ejecución. La disponibilidad
la hizo el 30 de diciembre de 1997, a través del
certificado No. 359 (folio 316 Cuaderno principal).

La apertura de licitación en el contrato No. 152/97, se
llevó a cabo el 19 de noviembre y se declaró desierta el
25 de noviembre. La disponibilidad la expidió hasta el 26
de diciembre de 1997, mediante el certificado No. 363.
(folio No. 365 cuaderno principal)

En el contrato No. 156 la disponibilidad se expidió hasta
el 26 de diciembre de 1997, la actuación se inició el 23
de diciembre, fijando un día para recepcionar propuestas.
El certificado es el No. 365 (folio 414 del cuaderno
principal).

Por tratarse de recursos provenientes del Fondo Nacional
de Regalías se requería el certificado de registro
presupuestal, no obstante no se realizó para ninguno de
los contratos relacionados.

Normas presuntamente infringidas, respecto a los cargos
anteriormente formulados:

Artículo 71 del decreto 11 de 1996, numeral 6º, artículo
25, numeral 1º, artículo 26 de la ley 80 de 1993.

Manual de funciones:

“...   Revisar   y  autorizar   las   solicitudes  sobre
disponibilidad presupuestal que sobre cualquier concepto
del gasto soliciten las distintas dependencias del
departamento...”

“... Elaborar y registrar las reservas presupuéstales de
conformidad con la ley...”
                         100
      “...Autorizar   las    solicitudes  de las  diferentes
      dependencias para     la elaboración de los registros
      presupuéstales...”

      Otras consideraciones:

      1. Respecto a las conductas endilgadas al encartado por
      haber   comprometido   los   recursos   al    expedir  las
      disponibilidades presupuéstales para pagar los viáticos
      al señor HUGO MIRANDA, en calidad de       contratista, se
      recomendará su archivo de conformidad con los artículos
      54 y 151 del CUD, atendiendo el análisis efectuado en el
      numeral 2° del pliego formulado al investigado WINDER
      CARAHUASARI, por tratarse de los mismos hechos.

      En lo atinente al registro y control administrativo de
      los recursos, respecto a las inconsistencias que la
      Dirección Nacional de Investigaciones advirtió respecto
      de los convenios DRI números 1706-91-010-96, 1706-91-027-
      096,   1706-91-031-0-96,   1706-032-0-96,  es   igualmente
      valido   para   la  conducta   reprochable  imputable   la
      conclusión efectuada para implicado WINDER CARAHUASARI,
      para la conducta reprochable en el numeral 3° imputable
      al señor Nova en calidad de Jefe de Presupuesto, pues si
      se configuraron    traslados de los recursos se hizo a
      través de la Tesorería es decir que la conducta no pudo
      ser endilgada al Jefe de presupuesto atendiendo sus
      funciones, razón por la cual se recomendará el archivo
      definitivo de conformidad con los artículos 54 y 151 por
      cuanto la conducta no existió

      Convenio 1706-91-028-0-96: Objeto. Proyecto de asistencia
      técnica específica para núcleos ganaderos indígenas y
      pequeños colonos del departamento del Amazonas.

      El saldo del convenio por registro de la UDECO, es de
      $1.014.040.oo, el saldo de apropiación en el libro de
      registro presupuestal es de $5.020.000.oo y el saldo
      bancario es de $14.040.oo. Por lo tanto al parecer no
      existe equilibrio entre los gastos reportados y el manejo
      presupuestal y el control de bancos. Lo que refleja es
      falta de ejecución.”

3.   DESCARGOS

3.1. FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, Gobernador.(fls. 164-254
C.D.2A), por intermedio de apoderado hace un amplio análisis de
los   cargos  rebatiendo   cada  uno.   como   se  extracta   a
continuación:


                               101
Al primero: Argumenta que es conveniente precisar los términos
PLANEACION que es dar forma orgánica a un conjunto de
decisiones integradas y compatibles entre sí, que son la guía
de la actividad de una empresa, gobierno o familia y
PROGRAMACION que es hacer planes, programas y proyectos, fijar
metas cuantitativas a la actividad, destinar recursos humanos y
materiales necesarios, definir métodos de trabajo a emplear,
fijar cantidad y calidad de resultados y determinar la
localización espacial de las obras y actividades.

Que el proyecto de Reordenamiento Ambiental del Puerto de
Leticia, parte de reformar una iniciativa del Ministerio de
Transporte, responsable de la operación y manejo del puerto
fluvial de Leticia, para disponer el material del río Amanzonas
y requerido para mantener las condiciones básicas de operación
del muelle del puerto y por ello la gobernación planeó la
opción de ampliar la perspectiva de este proyecto articulándolo
a la necesidad de un mejoramiento ambiental del puerto de
Leticia, mediante la construcción de un malecón turístico que
aprovechase el relleno hidráulico resultante del dragado
previsto.

Que se parte del proyecto del Ministerio, pero lo concebido por
la gobernación no se redujo a lo planteado ni lo planeado
por el Ministerio, ya que se orientó a construir unas obras en
la rivera del río, para el desarrollo económico      de toda la
región amazónica y estos alcances del proyecto le dan carácter
regional como bien lo avala y apoya el CORPES de la Amazonía.

Al segundo: No es cierto puesto que todo el proyecto contaba
con un plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio del
Medio Ambiente y adoptado por la Gobernación del Amanzonas.

Al tercero: Que sobre la evaluación y la declaratoria de
desierta no se presentó objeción alguna dentro de los términos
de ley por parte de los proponentes ni demanda ante la
jurisdicción contenciosa, por lo que se encuentra en firme y
prescrita la acción contractual.

Al   cuarto:   Que   se   cumplieron  todas   las   exigencias
contractuales, pero no hubo propuestas por lo que se dio
aplicación al estatuto contractual, se declaró desierta la
licitación y se procedió a contratar directamente y no hubo ni
reclamos ni demandas, por lo que se puede colegir que se
cumplieron las exigencias legales.

Al quinto: No es cierto que se omitieran trámites de
contratación directa para suscribir los contratos 01, 02 y 152
de 1997, puesto que al declarar desierto los concursos y
licitaciones no eran necesarios.


                              102
Al sexto: Que no era responsabilidad del Gobernador estar
pendiente de simples trámites mecánicos que son del resorte del
Gerente de la Unidad de Proyectos y del Jefe de la Jurídica,
dada la delegación de funciones que todo gobernante debe
realizar a través de sus diferentes funcionarios.

Al séptimo: Hace claridad al investigador por tratarse de dos
contratos diferentes con el mismo objeto a desarrollar aunque
en diferentes sitios y técnicas.

Al octavo: No es cierto que se fijara un término de difícil
cumplimiento para recibir ofertas en los procesos de selección
por contratación directa, ya que la Ley 80 y el Decreto
Reglamentario 855 lo establecen y además los funcionarios
encargados de la contratación eran los que tenían visión clara
y precisa de los términos y la delegación de funciones se hace
con el fin de poder tener un equipo de gobierno para cumplir
los objetivos trazados.

Que ninguno de los contratos que se firmaron en diciembre de
1997, nacieron a la vida jurídica ni legalizados y por tanto no
hubo falta disciplinaria alguna.

Al noveno: Reitera la responsabilidad de los encargados de la
contratación, por delegación de funciones y les recuerda a los
investigadores como en las visitas realizadas a la Gobernación
en los años 98 y 99 pudieron constatar directamente al analizar
las   carpetas  sobre   contratación,   que  había   documentos
refundidos, extraviados que daba la sensación de obrar de mala
fe pretendiendo esa nueva administración de ARCESIO MURILLO
RUIZ, hacer creer que en la anterior de ACOSTA SOTO se habían
cometido múltiples irregularidades.

Al Décimo: Hace el ejercicio de lo que es la urgencia
manifiesta y concluye que se trató de situaciones excepcionales
que   debieron   ser   conjuradas   inmediatamente  y   no   de
contrataciones que se podían ejecutar en condiciones normales y
hace un recuento de las situaciones acaecidas en julio de 1997
en relación con el desenvolvimiento del proyecto.

Al Once: Que si bien las medidas adoptadas con el acto de
declaratoria de urgencia manifiesta fueron expedidas el 29 y 30
de diciembre de 1997, se debe tener en cuenta que la
administración de su poderdante finalizaba el 31 de diciembre y
ese día no se laboraba normalmente y debía remitir el acto
administrativo a la Contraloría Departamental que correspondía
a la administración entrante, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Al Doce: Que no es cierto que en el contrato 002/97 existiera
sobrecosto, pues de acuerdo con el objeto se puede ver que
cuando se licitó la compra o suministro de materiales de
                              103
construcción, fueron mts3 de bolsacretos y no de arena como
averiguaron los investigadores.

A Trece: Que su mandante tampoco incumplió las cláusulas del
convenio 383 de 1996, haciendo claridad sobre cada una y demás
puntos del cargo.

Al Catorce: Que tampoco es cierto que se hayan incumplido los
requisitos de ley, ya que las recomendaciones del comité
constituido al efecto fueron claras y precisas.

Al Quince: No es cierto el incumplimiento de trámites de
contratación directa para los contratos 018 y 031 de 1997,
puesto que al declarar desiertas las licitaciones no eran
necesarios de acuerdo al artículo 12 del Decreto 855 de 1994.

Al Dieciséis: Reitera que no es responsabilidad del gobernador
estar pendiente de simples trámites mecánicos, sino del Gerente
de la Unidad de Proyectos y contrataciones y del jurídico.

Al Diecisiete: Recalca    que los investigadores tratan de hacer
ver un fraccionamiento    de contratos que no existe pero si de
cargos puesto que antes   de la nulidad eran doce y pasaron a ser
22, por lo que el sexto   y el 16 debieron ser uno solo.

Reitera sus planteamientos a lo largo         de   los   descargos,
respecto a la delegación de funciones.

Al Dieciocho: No es cierta la falta de evaluación de las
diferentes ofertas porque como lo pudieron verificar los
investigadores, los documentos estaban traspapelados, se
ocultaban unos y otros aparecían donde no correspondía.

Que se cumplió con todo lo reglado para la contratación directa
y no hubo fraccionamiento de contratos.

Al Diecinueve: Reitera sus planteamientos del cargo anterior
sobre el no fraccionamiento de contratos pero sí de cargos y
que no hay irregularidad ni violación de normas.

Al Veinte: No lo acepta por no existir norma en el estatuto
contractual   que prohíba que un contrato suspendido en su
ejecución, se pueda adicionar, pues esta es una consecuencia
lógica de la misma solicitud de suspensión, ya que si el
invierno y la dificultad de transporte no permitían la
terminación de la obra en el plazo inicialmente pactado,
procedía lo que se hizo.

Al Veintiuno: Dice que los objetos de los convenios de las
vigencias 1996 y 1997 no fueron cambiados, ya que la razón del
traslado fue netamente financiero y transitorio como lo

                                104
corroboran   los   ingresos    realizados,   sin   afectar   la
disponibilidad presupuestal.

Al Veintidós: No lo acepta en su integridad porque como lo   ha
reiterado no puede haber responsabilidad de su poderdante,   ya
que si las Secretarías de Hacienda, Salud, Agricultura        y
Educación cometieron faltas en el cumplimiento de términos   de
los acuerdos con los Fondos DRI y FIS, es de ellos           la
responsabilidad en razón de la figura de delegación          de
funciones.

3.2. LUZ NAYADE SUCHIL SUAREZ URIBE, Gobernadora (E) (fls. 312-
321 C.D.4), mediante apoderado rinde descargos así:

Al primero: Dice que su defendida en virtud de la suspensión
del Gobernador FELIX ACOSTA, asumió su función, labor
encomendada por el presidente de la república que conocía sus
debilidades en el manejo administrativo, y así en encargo
suscribió los contratos 014 y 119 de 1997, pensando que
contaría con el respaldo del personal de asesores idóneos y con
presupuesto, presumiendo de la buena fe de los funcionarios de
Gerencia y Proyectos, División Jurídica, Tesorería, Secretarias
de Hacienda y de Obras Públicas.

Está de acuerdo con los planteamientos del defensor del
gobernador, en la responsabilidad de quienes ejercieron por
delegación de funciones y las razones por las cuales se
ejecutaron los contratos, puesto que el proceso de licitación y
demás pormenores ya se habían iniciado.

Al Segundo: Pide abolirlo y nuevamente se remite a los
descargos   de  los   demás  disciplinados,   porque  considera
demostrada la delegación de funciones por parte del precedente
gobernador y por tanto la destinación diferente del presupuesto
o traslados redundan contra quienes tenían su manejo.

No hace referencia a los demás cargos.

3.3. JUAN CARLOS GUTIERREZ, Secretario de Hacienda (fls. 255-
271 C.D.3)

Al Primero: Manifiesta que era obligación del Jefe de
Presupuesto verificar si estaban configurados los hechos
aducidos en el acto administrativo de declaratoria de urgencia
manifiesta, además de aclarar que las actuaciones de los
funcionarios públicos se basan en los principios de legalidad y
buena fe y con base en esos requisitos se expidieron los
certificados de disponibilidad presupuestal requeridos para
iniciar la contratación en razón de la naturaleza de la misma y
observando el principio de la ley contenido en el artículo 14
del Decreto 111 de 1996.

                               105
Al Segundo: Aduce que no se infringió el artículo 25 numeral 6
de la Ley 80 de 1993, porque en el presupuesto del Departamento
Ordenanza 015 de junio 6/97, figuran los rubros y partidas
presupuéstales asignadas que ordenan el gasto y son la base
para proceder a la contratación dentro de los términos de ley,
ni tampoco el artículo 26 ibídem, porque dadas las fechas de
contratación, serían desarrollados y ejecutados en la siguiente
administración y por tanto quienes debían cumplir los fines de
la contratación.

Al Tercero: Tampoco se infringió el citado artículo 25 numeral
6, porque con Decreto 009/07 se constituyó la reserva
presupuestal de la vigencia 1996, que en el rubro Código 15-
003-003    y   15-003-001    aparecen    las   disponibilidades
presupuéstales que respaldan los contratos 06, 07, 08 y 18/97.

Al Cuarto: Los objetos de los convenios FIS de la vigencia 1996
y 1997, no fueron cambiados en razón a que el traslado fue
netamente financiero y transitorio como lo corroboran       los
reintegros   realizados,   sin    afectar   la   disponibilidad
presupuestal y no como está escrito en las páginas 35 y 66 de
los cargos.

3.4. ANTONIO JOSE RAMIREZ SANTOS, Secretario de Obras Públicas.
(Fls. 40-112 C.D. 2A)

Al Primero: Dice que posesionado en el cargo encontró que las
únicas obras que se podían ejecutar dentro del marco de
Reordenamiento ambiental del Puerto de Leticia, eran las de
construcción   del   muro   para   confinamiento  de   sólidos
provenientes del dragado del río Amanzonas y la razón que
limitaba la variedad de las obras era de índole exclusivamente
presupuestal puesto que los dineros provenientes del Fondo
Nacional de Regalías tenían ese único marco.

Que estando en plena ejecución el contrato y enterado del macro
proyecto, en compañía de la Gerencia del proyecto y vocería
ante el Fondo Nacional de Regalías, procedieron a pedir
reformulación al proyecto del Ministerio con el aval y
aprobación de la Presidencia a fin de que se cambiara la
destinación específica de los recursos para dedicar los
esfuerzos y dineros en realizar el plan propuesto, en forma
completa, lo que fue aprobado por el Fondo.

Que en diciembre de 1997    llegaron parte de los dineros de las
vigencias 1996 y 1997,       iniciando trámites de contratación
acordados y aprobados por   el FNR, acorde con la autonomía de la
administración y urgencia   de los trabajos.

Al Segundo: Dice que con el contrato 006/97 fueron asaltados en
su buena fe por el contratista y oportunamente el interventor

                                106
dio aviso oportuno a la oficina jurídica para que iniciaran los
trámites pertinentes y delegados a esa oficina.

Del contrato 007/97 argumenta que se cumplieron el objeto y
demás   compromisos  por   el  contratista   y   realizados en
coordinación con la interventoría de la Secretaría de Obras y
que no hubo requerimiento porque se conocían de cerca las
actuaciones que quedaron marcadas en todos los informes
recibidos y que deben estar en la Secretaría de Obras.

Al Tercero: Aduce que el contrato principal y el adicional con
el ingeniero JAIME HERNANDEZ TORRES, se ejecutó completamente
en las calles 7a y 8a (Zona piloto) con dineros de la vigencia
de 1995 y girados en 1996 por el Fondo Nacional de Regalías,
que llegó en febrero de 1997.

Que el contrato con el ingeniero CARLOS FERNANDO LYONS fue
ejecutado en buena medida en la construcción del dique de la
hondonada de la calle 7.

El contrato con el ingeniero JAIME HERNANDEZ TORRES fue
realizado mediante proceso de contratación adelantado con
recursos de la vigencia de 1995, girados en julio/96 y
adicionado con recursos de la vigencia 1996 llegados en febrero
de 1997, o sea que no estaba disponible para ser contratado
junto con la contratación correspondiente a la vigencia de
1995, por lo que debieron adelantar otro contrato para aplicar
los recursos disponibles en la continuación de las obras del
dique de confinamiento.

Que por hechos similares resultó el contrato con CINARCO LTDA,
firma encargada de trabajos de interventoría.

Aclara que nunca fue facultado para adelantar procesos de
contratación y tampoco informado o requerido para gestionar o
colaborar con los mismos, pues su tarea era el desarrollo del
contrato.

Al Cuarto: Aclara que siempre entendió, coordinó y vinculó los
términos “primera y segunda etapa” solo como discriminatorios y
de diferenciación en la redacción       del texto del objeto,
comprobado en los cuadros de los objetos de cada contrato.

Que desafortunadamente por fuerza mayor, ya que para el 97 hubo
una fuerte y larga temporada invernal que motivó la suspensión
de las obras de los contratos 006 y 007 de ese año y posterior
a su firma, lo que descuadró su ejecución aunque permitieron
conocer otros aspectos y detalles que no se habían tenido en
cuenta por la comisión de la Aerocivil en la primera visita.

Al Quinto: Que en ningún momento permitió o suscribió acta de
adición al contrato 006 y menos mientras se encontraba
                              107
suspendido y lo que se firmó el 2 de julio de 1997, fue un
contrato adicional de plazo y de valor que se recibió al final
de la ejecución de las obras y en la liquidación.

Al Sexto: Que sí ejerció supervisión al contrato 06, puesto que
está corroborado en todas las actas firmadas solidariamente por
el ingeniero AUGUSTO BLANCO de la Aerocivil y que todas las
obras derivadas de los contratos con éste, se ejecutaron en la
cantidad y calidad contratadas.

Al Séptimo: Reitera los argumentos del anterior cargo,
agregando que la supervisión de los contratos 07 y 08 se
realizó de la mejor manera y acorde con las pocas herramientas
con que contaba la Secretaría a su cargo.

Al Octavo: Lo mismo en relación con los contratos 018 y 031 de
1997.

3.5. HERNAN GUTIERREZ BARRIOS, Secretario de Salud (fls. 374-
387 C.O.D.3)

Al Primero: Aclara que los convenios celebrados por el
Departamento con el FIS entre 1996 y 1997 no fueron suscritos
por él, en ellos se consignaban las obligaciones y se
determinaba la responsabilidad, pero sin quedar incluido su
desempeño como Secretario de Salud para esa época, aunque sí
estuvo pendiente de la adecuada planeación en el desarrollo de
los convenios por considerar importante y beneficioso para la
población en su campo y con el aporte de recursos para
optimizar las instalaciones y dotaciones hospitalarias y
prevención de enfermedades y por ello, en desarrollo de esa
actividad   de   apoyo   y  coordinación,   fueron  designados
funcionarios de su Secretaría a fin de vigilar la ejecución de
cada uno de los proyectos.

Al Segundo: Dice que la contratación con el doctor HUGO MIRANDA
NIETO obedeció a los requerimientos de la entidad para esa
época con observancia del régimen contractual.

3.6.   JORGE   ANTONIO   CACHIQUE   HERNANDEZ,   Secretario   de
Agricultura (fls.485-490 C.O.D.3)

Considera falsos e infundados los cargos, por desconocer los
procedimientos de seguimiento y liquidación de los convenios
celebrados por los entes territoriales y hace un análisis de lo
sucedido con los convenios motivo de reproche y finaliza
solicitando la exoneración de responsabilidad por carecer de
fundamento probatorio.

3.7. MARTHA BOLIVAR REINA, Directora Oficina Jurídica (fls.
402-429 C.0.D.3)

                              108
Al Primero: Que en la ejecución del proyecto de reordenamiento
ambiental de Leticia, de acuerdo a los recursos aprobados por
el Fondo de Regalías y las cuantías de contratación vigentes en
el departamento para 1996 y 1997, era necesario cumplir con el
trámite de licitación pública, procesos que se adelantaron con
el pleno acatamiento del Estatuto contractual, además que para
el desarrollo del proyecto desde 1996 se contrató a la sociedad
SERVICIO DE INGENIERA LITDA SERVINC, mediante contrato de
consultoría 005-96 del 15 de agosto, encargada de realizar la
gerencia del proyecto de MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL PUERTO DE
LETICIA CONSTRUCCION DEL DIQUE DE CONFINAMIENTO, DRAGADO DEL
RIO AMAZONAS.

Al Segundo: Dice que para los contratos objeto de observación,
cumplió con el tramite legal para la contratación directa y sus
atribuciones y conocimientos de abogada se restringen al campo
legal, no de la naturaleza y alcances técnicos del desarrollo
de consultorías como las contratadas, pues desconoce en su
integridad aspectos técnico o de conveniencia.

3.8. JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ, profesional Universitario de
la Oficina Jurídica. (Fls.155 C.D.2A)

Al cargo Primero: Manifiesta que no existe prueba en el
expediente que permita afirmar que él haya asesorado al
Gobernador para declarar la urgencia manifiesta del 29 de
diciembre de 1997, pues cuando el gobernador la declaró, ya
había consultado con los asesores EMIRO MADERA REYES, Gerente
de Proyectos quien fue el que se la dictó a él, el Gerente de
la Unidad del Banco de Proyectos u Oficina de Contratación y
Gerencia PEDRO BARDALES CORDOBA y un abogado como asesor
externo   con amplia experiencia, quienes eran responsables y
expertos en contratación, puesto que era el proyecto mas
importante y cuantioso que adelantaba la administración
departamental y por ello nunca le solicitó concepto alguno a
él, ya que era la persona menos indicada e idónea para asesorar
al gobernador en un tema tan trascendental y los contratos
derivados de esa declaratoria, contaron con el visto bueno de
la oficina jurídica ya que fueron celebrados al amparo de la
Resolución 219 del 29 de diciembre de 1997, siendo por tanto un
acto administrativo con presunción de legalidad hasta tanto no
se anulara o suspendiera por la jurisdicción contenciosa.

Al Segundo: Reitera los argumentos anteriores y que si bien la
oficina jurídica dio el visto bueno a los contratos, esto era
responsabilidad de los asesores citados y considera absurdo que
se le pretenda abrogar la responsabilidad de recomendar obras a
contratar o ejecutar.

Que tampoco tuvo nada que ver con el proceso licitatorio
declarado   desierto,  pues   ese  trámite   precontractual le
correspondía a la Oficina de Contratación y Gerencia.
                              109
Que es errada la interpretación dada por la Procuraduría al
artículo 3 del Decreto 855 de 1994, pues ese procedimiento se
aplica en la contratación directa de los literales a) y d) del
numeral 1 del artículo 24 se la ley 80 de 1993, o sea contratos
de   menor  cuantía   y   para  la   prestación  de   servicios
profesionales o trabajos artísticos.

3.9. HELBER PIMENTEL SERRANO, Director       de la Oficina    de
Planeación y Coordinador de la UDECO (fls. 362-367 C.O.D.3)

Manifiesta que no es cierto que no haya ejercido sus funciones
de supervisión, seguimiento y evaluación físico financiera de
los convenios suscritos entre el departamento y los fondos DRI
y FIS en el año de 1996, los que tenían una vigencia que regía
un año después del recibo del desembolso de recursos por parte
del Fondo y que en su mayoría fue prorrogada su vigencia hasta
el 98 y en el caso de los convenios DRI 06, 10,26,28,31 y 32
tenían vigencia a 30 de septiembre de 1998 y fueron ejecutados
y liquidados.

Los convenios FIS, en su mayoría se prorrogaron hasta el 98 y
por ello quienes lo reemplazaron debían haber continuado las
labores ya establecidas, puesto que las prorrogas solicitadas
se   hicieron  por   inconvenientes  de   tipo   logístico  y
administrativo de las Secretarias o dependencias a cargo de
ejecutarlos.

3.10. JUAN JOSE ROBLES JULIO, Secretario de Obras. (Fls. 272-
294 CO.D.3)

Al Primero: Aduce que los contratos 06 y 07 de 1997, no son de
obra pública como señala el cargo sino de consultoría y
gerencia de proyectos. Para el 06 fue designado como
interventor, lo que cumplió a cabalidad y prueba de ello fue su
informe oportuno a la Oficina Jurídica y al Secretario de Obras
para que iniciaran las acciones pertinentes que se vio
reflejado en la resolución 412 del 13 de abril de 1998,
declarando la caducidad del contrato por incumplimiento del
objeto contratado.

Del contrato 07 dice que nunca tuvo problemas en su desarrollo
y por el contrario se gestionaron recursos que se inyectaron al
proyecto, no presentando problemas en su ejecución y fue base
de la cosecha de todos los frutos de las gestiones propias del
mismo en su momento. Que ya para el 98 su incumplimiento fue
responsabilidad de la administración Murillo por no haber hecho
cumplir lo pactado en el contrato para ese año.

Que en el 014/97 no aparecieron informes parciales ni finales
de ejecución, simplemente porque el contrato no fue ejecutado.

                              110
Al Segundo: Que en el contrato 004/97 suscrito con la firma
VELNEC, ésta elaboró el diseño del anteproyecto piloto del
malecón turístico en su totalidad y para ello anexa parte de su
actuación y que la administración Murillo ocultó la información
con la intención clara de perjudicarlo.

Al Tercero: Que no es cierto que no hubiera ejercido la
supervisión en la ejecución de los contratos de obra 018 y
031/97 derivados de los convenios firmados con la Aerocivil, ya
que esta firmó todas las actas corroborando el desarrollo de
los convenios, pues las obras se ejecutaron en la cantidad y
calidad contratadas.

Que es cierto que el objeto del contrato no se había cumplido
para el 2 de julio de 1998 cuando se retiró, ya que el
contratista continuaba con el desarrollo de las obras y le
faltaba un 30% para terminar las tareas referidas al objeto del
mismo.

Al Cuarto: Aduce que no es cierto que como interventor haya
reconocido mayores cantidades de obra en los contratos 018 y
031/97 de las que supuestamente dicen los investigadores ya que
son las realmente ejecutadas y reitera parte de lo expuesto en
el cargo anterior.

3.11. CIRO   ALFONSO HERNANDEZ WILCHES, Tesorero (fls. 339-345
C.Desc.3)

Al Primero: Que en cuanto a los traslados de la cuenta de
recursos de cofinanciación cambiando su destinación, aclara que
si bien sus funciones eran bancarias, nunca tuvo delegación del
gobernador para el manejo económico y pago del presupuesto del
Departamento, ya que lo que debía era acatar las órdenes de
pago determinadas por la Secretaría de Hacienda que tenía el
poder    absoluto de la política económica departamental en
cabeza de JUAN CARLOS GUTIERREZ JARAMILLO, quien estampaba su
firma en todos los actos de tesorería.

Que los traslados bancarios efectuados hicieron parte de la
política de gobierno frente a la grave crisis económica del
departamento en lo que no tuvo él ninguna injerencia, puesto
que sus funciones eran solo ejecutorias.

Al Segundo: Reitera sus planteamientos del cargo anterior.

Al Tercero: Concluye que siempre cumplió con sus funciones y
que si cometió algún error, lo hizo en cumplimiento de ordenes
del Secretario de Hacienda.




                              111
3.12. JORGE ELIECER NOVA PÉREZ, Jefe de la Sección de
Presupuesto (fls. 464-469 C.O.D.3). Su defensor de oficio hace
los siguientes planteamientos:

Que no corresponde al Jefe de la Sección de Presupuesto
responder    disciplinariamente     por    inconsistencias   o
irregularidades en la celebración de los contratos 018 y 153
derivados de la urgencia manifiesta, ya que es decisión del
ordenador del gasto pues su función se limita a certificar que
existen los recursos y efectuar los registros pertinentes.

Que igual se observa para la expedición de los certificados de
disponibilidad 369 y 361 de diciembre 30 de 1997 y no le
corresponde entrar a verificar si están o no configurados los
hechos que se aducen dentro del acto administrativo y lo mismo
sucede con las disponibilidades enunciadas en el auto de
cargos.

3.13. WILDER CARAHUASARI RIOS,      Jefe      de   la   Sección   de
presupuesto. (fls. 35-38 C.D.2A)

Define los términos: Disponibilidad Presupuestal y Registro y/o
Reserva Presupuestal, argumentando que en ningún momento omitió
estos requisitos en los contratos cuestionados, como se prueba
con   las   fechas   de   los   memorandos,   certificados   de
disponibilidad y registro presupuestal.

Que además, el Gobernador FELIX ACOSTA SOTO, mediante
memorandos solicitaba las respectivas disponibilidades para
iniciar el proceso de contratación, sin tener en cuenta que la
Oficina de Contratación y Gerencia de Proyectos, ya había
iniciado con anterioridad el proceso sin respaldo que lo
amparara.

4. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO.

4.1. COMPETENCIA.

En razón de la naturaleza del asunto y calidad de los
funcionarios investigados, es competente esta Delegada para
fallar la investigación en primera instancia conforme a lo
dispuesto en el artículo 25 numeral 1 literal c) del Decreto
262 de 2000.

4.2. ANALISIS DE LAS CAUSALES DE INVALIDEZ.

No se observa dentro del trámite del proceso irregularidad
constitutiva de causal de nulidad que impida el pronunciamiento
sobre el fondo del asunto.

4.3. ESTUDIO DE LA PRESCRIPCION.

                              112
Como los hechos motivo de las diferentes glosas endilgadas a
los varios funcionarios del Departamento del Amazonas, fueron
cometidos para el año de 1997, se tiene que a la fecha, no han
transcurrido los CINCO (5) años de que trata el artículo 34 de
la Ley 200 de 1995, por lo cual se encuentran vigentes y se
hace necesario proferir el fallo que corresponde.

4.4   ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO.

4.4.1. Para la comprensión del asunto dada la complejidad de
temas, es pertinente resumir los hechos que dieron origen a la
presente investigación disciplinaria, los cuales se concretan
en:

4.4.1.1. Irregularidades en la ejecución del proyecto de
reordenamiento ambiental y construcción del malecón turístico
en el puerto de Leticia.

El   Fondo   Nacional   de   Regalías   asignó   la   suma   de
$2.030’000.000.00 para las vigencias fiscales de 1995 y 1996, y
desembolsó $1.881.760.000 en los años 1996 y 1997 para la
ejecución del proyecto. (Folios 432, 436 C. Principal).

Con la celebración   de   los  contratos que a continuación se
relacionan, se comprometieron aproximadamente $1.261’876.355.00
y las obras se suspendieron desde 1997,    con  un   porcentaje
mínimo de ejecución, dejando problemas de impacto social
generados por la contaminación del río Amazonas por el
vertimiento de aguas negras:

1.1. Contrato 001 del 7 de febrero de 1997, suscrito con el
Consorcio de Ingenieros y Arquitectos Constructores (CINARCO
LTDA), para ejercer la interventoría en la construcción de
1800 m3 del dique de bolsacreto para confinar material del
dragado del río Amazonas, por $59’795.155.

1.2. Contrato de obra 002 del 5 de febrero de    1997, firmado
con JAIME HERNANDEZ TORRES, para la construcción de    1800 m3
del dique de bolsacreto para confinar material del dragado del
río Amazonas, por $498’898.580.

1.3. Contrato 004 del 8 de agosto de 1997, suscrito con VELNEC
LTDA., para elaborar el diseño del anteproyecto piloto del
malecón turístico, zona del puerto entre las calles 7ª y 8ª,
por $30’993.030.

1.4. Contrato de consultoría 005 del 8 de agosto de 1997,
firmado con CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA, para realizar los
estudios técnicos correspondientes al análisis y diseño
estructural de la zona denominada piloto del malecón turístico,
por $39’200.000.

                               113
1.5. Contrato de consultoría 006 del 22 de agosto de 1997,
celebrado    con   Ingenieros    economistas    y   Arquitectos
planificadores IEPA LTDA, para la formulación del plan de
manejo del malecón turístico de Leticia, por $38’346.000.

1.6. Contrato 007-de agosto 22 de 1997, suscrito con la firma
Servicio de ingeniería Serving Ltda, para la gerencia del
proyecto de mejoramiento ambiental del puerto de Leticia por
$48’500.000.

1.7. Contrato 014 del 20 de octubre de 1997, suscrito con el
consorcio de Ingenieros y Arquitectos Constructores Ltda
"CINARCO", para ejercer la interventoría técnica sobre las
obras de construcción de 1450 m3 de obras del dique de
bolsamortero para confinar material del dragado del río
Amazonas en el puerto de Leticia.

1.8. Contrato 119 del 17 de octubre de 1997, suscrito con
CARLOS FERNANDO LYONS HOYOS, para la construcción de 1450 m3 de
obras del dique en bolsamortero para confinar material
proveniente del dragado del río Amazonas en el puerto de
Leticia, por $397’703.385.

1.9. Contrato 019 del 31 de diciembre de 1997, suscrito con el
Consorcio de ingenieros y Arquitectos Constructores Ltda.
Cinarco, para ejercer la interventoría de la construcción de
los emisarios finales de la calle 7ª y 8ª y relleno hidráulico
para el mejoramiento ambiental del puerto de Leticia,      por
$35’000.000.

1.10. Contrato 152 del 30 de diciembre de 1997, firmado con
CARLOS FERNANDO LYONS HOYOS, para ejecutar el relleno
hidráulico para el mejoramiento ambiental del puerto de
Leticia, por una valor de $200’000.000.

1.11. Contrato 156 del 30 de diciembre de 1997, celebrado con
CARLOS FERNANDO LYONS HOYOS, para ejecutar la prolongación de
aguas servidas de la calle 8ª de la ciudad de Leticia, por
$50’500.000.

1.12. Contrato 160 del 31 de diciembre de 1997, suscrito con
CARLOS FERNANDO LYONS HOYOS, para ejecutar la prolongación y
adecuación del emisario de aguas servidas de la calle 7ª de
Leticia, por $48’500.000.

2. El 29 de diciembre de 1997, el gobernador FELIX FRANCISCO
ACOSTA   SOTO,  decretó   una   urgencia   manifiesta  mediante
resolución 219, suscribiendo los siguientes contratos:

2.1. Contrato 018 del 30 de diciembre 1997, con CINARCO, para
ejercer la interventoría de la construcción de obras de
                              114
estabilización del talud sobre el cual está construido el dique
de confinamiento del relleno hidráulico para el mejoramiento
ambiental del puerto Leticia, por $37’000.000.

2.2. Contrato 153 del 30 de diciembre de 1997, suscrito con
JUAN CARLOS ROMAN & INVERSIONISTAS LTDA, para la construcción
de obras de estabilización del talud sobre el cual esta
construido el dique de confinamiento del relleno hidráulica
por $370’143.590.

3. Incumplimiento de los convenios 379, 381, 382 y 383, por
irregularidades cometidas en la celebración y ejecución de los
siguientes contratos:

3.1. Contrato 06 de 1997, celebrado con LUIS MANCILLA, derivado
del Convenio 0383, para la construcción de la primera etapa de
la pista de aterrizaje en el corregimiento El Encanto, por
$42’981.000.

3.2. Contrato 007 del 13 de marzo de 1997, suscrito con HERNAN
DUQUE RUIZ, derivado del convenio 0383, para construir la
segunda etapa de la pista de aterrizaje en el corregimiento El
Encanto, por $42’981.539.

3.3. Contrato 008 del 13 de marzo de 1997, celebrado con
CRISPIN ALBERTO MEDINA, derivado del Convenio 0382, para la
construcción de la primera etapa del aeropuerto de Puerto
Alegría, por $42’997.500.

3.4. Contrato 18 del 11 de abril de 1997, suscrito con ANSELMO
GARCIA ALVES, derivado del convenio 0381-CN., para la
construcción y mantenimiento del aeropuerto en el corregimiento
Tarapacá, por $288’915.525.

3.5. Contrato 031 del 5 de mayo de 1997, suscrito con ALVARO
AUGUSTO VALDES PEÑALOZA, derivado del convenio 0379, para
pavimentar la primera etapa de la pista en el corregimiento La
Pedrera, por $339’391.080.

4.   Traslado de recursos asignados por el Fondo de Inversión
Social FIS a otras cuentas.

5.   Incumplimiento de los convenios celebrados con el Fondo de
Inversión Social y el Fondo DRI.

Durante la averiguación se recaudaron las siguientes pruebas:

6.   DOCUMENTALES:

6.1. Antecedentes del proceso de selección de los contratos
números: No. 001 del 7 de febrero 1997, contrato de obra No.
                              115
002 del 5 de febrero de     1997,   contrato No. 004 del 8 de
agosto de 1997, contrato de consultoría No. 005 del 8 de agosto
de 1997, contrato de consultoría No. 006 del 22 de agosto de
1997, contrato No. 007-de agosto 22 de 1997, contrato No. 014
del 20 de octubre de 1997, contrato No. 119 del 17 de octubre
de 1997, contrato No. 019 del 31 de diciembre de 1997, contrato
No. 152-del 30 de diciembre de 1997, contrato No. 156 del 30 de
diciembre de 1997, contrato 160 del 31 de diciembre de 1997,
contrato No 018 del 30 de diciembre 1997, contrato No. 153 del
30 de diciembre de 1997, (cuadernos 1, 2 y 3 Malecón).

6.2. Resolución No. 219 del 29 de diciembre de 1997, por la
cual   el gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, decretó la
urgencia manifiesta.

6.3. Fotocopia de los convenios números 379, 381, 382 y 383,
suscritos con la Aeronáutica Civil.

6.4. Antecedentes del proceso de selección de los contratos
números 06, 07, 08, 018 y 031 de 1997, para la construcción de
las pistas de aterrizaje de los corregimientos La Pedrera,
Tarapacá, El Encanto y Puerto Santander.

6.5. Evaluación técnica rendida por el ingeniero MIGUEL ANGEL
SOTO (Folios 229-242 cuaderno principal).

6.6. Informe de la experta de la Comisión Nacional de regalías,
doctora CLARA LOPEZ OBREGON, donde recomienda replantear la
ejecución del proyecto por los problemas de estabilidad
presentados en el desarrollo de las obras, por lo que se
solicita la supervisión por parte del Ministerio de Obras. (Fl.
28-30 anexo No. 001 soportes):

6.7. Los antecedentes técnicos, administrativos y financieros
previos a la ejecución del proyecto. Documentos recuperados por
la Procuraduría General de la Nación hasta el mes de febrero de
1999 y que no fueron tenidos en cuenta al parecer por los
responsables del manejo de los recursos, de la contratación y
los encargados de la parte técnica, como:

6.8. Informe de diseño dragado del río Amazonas disposición y
obras de confinamiento presentado por el Ministerio de
Transporte Fluvial Laboratorio de ensayos hidráulicos, en el
mes de febrero de 1995. (Fls 10-11).

6.9. Informe de Interventoría Administrativa y Financiera al
proyecto “Reordenamiento ambiental y recuperación ambiental de
la zona portuaria de Leticia (Amazonas)- construcción obras de
confinamiento del dragado (Etapa I), presentado por el Fondo
Nacional de Regalías en el año de 1997.

6.10. Informe   presentado por la Universidad Nacional en el mes
                               116
de febrero de 1999.

6.11. La revisión de los convenios celebrados (cuadernos FIS
salud y educación)

6.12. Certificación expedida por el Tesorero        Pastor   Silva
Valderrama. (Fls 437 cuaderno principal).

6.13. Reporte presentado por el Secretario de Hacienda LEOPOLDO
CAMPOS SANCHEZ el 6 de Marzo de 1998. (Folios 175-184)

6.14. Revisión al proceso de selección de los contratos
derivados de los convenios que aparecen en las actas de fecha
11 y 12 de febrero de 1999.

6.15. Revisión de los convenios (Cuaderno DRI)

4.4.2. Dada la cantidad de implicados (13) y cargos formulados
(52) es preciso analizar en este capítulo, cada acusado y cada
cargo por separado como sigue para tomar la decisión que en
derecho corresponda:

4.4.2.1. FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, Gobernador.

4.4.2.1.1. Al CARGO PRIMERO: Por haber suscrito los contratos
002 del 5 de febrero, 004 y 005 del 8 de agosto, 006 y 007 del
22 de agosto todos de 1997, cuyo objeto era desarrollar el
proyecto de reordenamiento ambiental y construcción del malecón
turístico, sin la debida planeación, programación y sin los
estudios técnicos correspondientes.

Aduce su defensor, que el proyecto cuestionado, parte de
reformar una iniciativa existente del Ministerio de Transporte,
responsable de la operación y manejo del puerto fluvial de
Leticia, para disponer el material del río Amazonas requerido
para mantener las condiciones básicas de operación del muelle
del puerto y para complementarlas. La gobernación planteó la
opción de ampliar este proyecto articulándolo a la necesidad
del mejoramiento ambiental, mediante la construcción de un
malecón turístico que aprovechase el relleno hidráulico
resultante del dragado previo. (Proyecto contemplado no solo en
el programa de gobierno de su defendido, sino como Plan de
Desarrollo para 1995-1997)

Que lo concebido por la gobernación no se redujo a lo planteado
y planeado por el Ministerio, sino que se orientó a la
construcción de unas obras en la rivera del río con el fin de
mejorar los aspectos ambientales del puerto y las condiciones
de disfrute turístico del río.

Estas diferencias explican por qué en los recursos del proyecto
se encuentran dos destinaciones: Una de inversión orientada a
                              117
la construcción del Dique para confinamiento del dragado y
otra, de preinversión para el diseño integral del proyecto
orientado a la construcción del Malecón Turístico de Leticia y
para éste último, la gobernación inicia la gestión de recursos
ante   FINDETER  suscribiendo   el   contrato  de  consultoría
C.VP.040/94 para: “Conocer el Proyecto del Malecón Turistico a
realizarse a orillas del río Amazonas, para el cual la
Gobernación del Departamento ha solicitado apoyo a FINDETER
para su financiación”. Esto se acometió desde 1995, haciendo
por etapas el proyecto dado lo costoso.

Para ello se hicieron gestiones ante la Presidencia de la
República,    Consejería   Presidencial    para   los    nuevos
departamentos y Ministerio de Transporte, las que fueron
acogidas por la Consejería que se apersonó del asunto ante las
distintas instancias a nivel nacional, presentándose la
iniciativa ante el Fondo Nacional de Regalías el 27 y 28 de
septiembre de 1995 y como resultado se produce la comunicación
No. 95279 del 9 de agosto de 1995, suscrita por la doctora
CLARA LOPEZ OBREGON, relacionando los requisitos a cumplir,
comunicación muy importante y básica a la hora de valorar “la
debida planeación, coordinación y programación del proyecto”,
motivo de este cargo, ya que esos requisitos corresponden a las
exigencias que en esta materia determina el ordenamiento
jurídico vigente y que fueron oportunamente cumplidos por el
Departamento, pues de otra manera no hubiera sido aprobado el
proyecto por el FNR.

Dice que en su cumplimiento, la Gobernación elabora en la
Metodología del Banco de Proyectos de Proyección e Inversión
Nacional, BPIN, el proyecto “Obras de Confinamiento del Dragado
del Río Amazonas”, junto con la ficha de Estadística Básica de
Información (EBI), proyecto aprobado por el FNR y con
fundamento en él, se destinaron los recursos correspondientes.

Para el caso de los recursos de preinversión, las definiciones
y descripciones de las fases, estimaciones de valores y
tiempos, fueron concertados y convenidas en reuniones con la
Consejería, la Gobernación y el Fondo Nacional de Regalías,
documentos y elementos que demuestran lo ligero del cargo
primero, puesto que efectivamente existió no solo planeación y
programación en las actuaciones administrativas citadas, sino
también coordinación y concertación      entre los diferentes
entidades enunciadas y comprometidas con la gestión y ejecución
del proyecto en su conjunto.

Que tampoco es cierto que en la celebración de los contratos
glosados se haya omitido darle aplicación a los principios de
la contratación como son la transparencia, economía y
responsabilidad, ya que se trataba de contratos de menor
cuantía de conformidad con el presupuesto de la entidad para la
vigencia fiscal de 1997 y en los contratos que superaban el 50%
                              118
del valor fijo permitido por la ley para la contratación
directa, se hizo la convocatoria pública, fijándola en
cartelera por término superior a dos días, se evaluaron las
propuestas en los aspectos técnicos, financieros y jurídicos,
seleccionando la mejor propuesta.

Aclara respecto al contrato de obra 002 del 5 de febrero de
1997 para la construcción de 1800M3 del dique en bolsacreto,
para confinar material proveniente del dragado del Río Amazonas
y sobre la afirmación de: “la necesidad de efectuar trabajos
batimétricos y topográficos previos al dragado...”, que estos
trabajos no corresponden a las actividades de construcción del
dique de confinamiento, que es a lo que se refiere la
aplicación de los recursos en cuestión y que la utilización de
plastificante   para   efectos  de   la   resistencia   de   los
bolsamorteros, ella está por encima de los requerimientos
exigidos y por eso se atienen a los diseños modificados y
adoptados por el Ministerio de Transporte como aparece en los
anexos 18 y 45 y considera temeraria tal afirmación porque
demuestra una lectura ligera y descuidada del estudio de la
U.N. en 1993 (anexo 6) pues el producto indicado prevé en
cuanto a lograr una resistencia máxima de los bolsamorteros:

     “...utilizando depósitos de arenas localizados en el
     extremo norte de la Isla de la Fantasía, pero se hace
     caso omiso y se pasan por alto los hechos que de una
     parte,   los   análisis   de  la   resistencia   de   los
     bolsamorteros, colocados y certificados por documentos
     que fueron allegados al investigador, señalan una
     resistencia por encima de los números 2000 PSI, y de otra
     simple y llanamente no se utilizó la arena (de baja
     calidad) de la isla de la Fantasía puesto que en ninguna
     parte del estudio señala la obligatoriedad alguna de
     utilizarla”.

Que sobre la modificación en el trazado inicial del dique fue
una decisión consultada y aprobada en forma unánime por el FNR,
la   Consejería   de   la   Presidencia   y   la   Gobernación,
fundamentándose en problemas erosivos graves en extremo de la
calle 7 y a la altura de la 8 y también ante la necesidad de
construir una etapa parcial del malecón turístico de acuerdo
con la fase 2 que se había previsto y lo demuestra en el anexo.

Que el costo real de la obra civil existente y comprendido el
dique de la hondonada de la calle 7, fue de $910’000.000 que
con los costos de consultoría asciende a algo más de mil
millones de pesos.

Acepta como cierto que antes de estar ejecutado en su totalidad
el objeto del contrato 002, se contrató con la firma VELNEC,
(004 del 8 de agosto de 1997) el diseño del anteproyecto piloto
del malecón turístico, zona del puerto entre calles 7 y 8 de
                              119
Leticia, pero ello estaba previsto desde el comienzo de la
gestión de los recursos para el proyecto y expresamente
acordado con la Consejería el PNR y la Gobernación, lo que
explica que paralelamente con los recursos de inversión se
hayan asignado recursos de preinversión, como consta en el
anexo 7, y su razón técnica obedece a que:

     “...al estar diseñada la obra correspondiente al dique,
     se contaba con la información básica para proceder a
     adelantar tanto los estudios básicos como los prediseños
     correspondientes al Malecón turístico. Ahora bien, la
     situación estructural del malecón correspondía definirla
     en el capítulo correspondiente a preinversión en cuanto a
     ello se refiere a los fundamentos mismos del diseño y así
     previsto en las correspondientes fases definidas para el
     proyecto y que aparecen en el anexo 16..”

La doctora CLARA LOPEZ OBREGON, cuyo cargo para la época de los
hechos era de Experta de la Región Amazónica y de Bogotá, de
la Comisión Nacional de Regalías adscrita al Ministerio de
Minas y Energía, en declaración rendida bajo juramento expresa
sobre el Proyecto de Reordenamiento Ambiental del Puerto de
Leticia (fls 204 ss C.P.No.7):

     “... Este fue uno de los primeros proyectos que yo
     estudié. Se trataba de la presentación hecha por el
     Gobernador del Amazonas de un proyecto elaborado por
     expertos de la Universidad Nacional y que se hallaba de
     tiempo atrás dentro de los proyectos a ejecutar por el
     Ministerio del Transporte. La Consejería Presidencial
     para los Territorios Nacionales, colaboró con el grupo de
     trabajo nuestro, porque era uno de los proyectos
     prioritarios para los nuevos departamentos. El estudio
     consistió en verificar que se cumplían los requisitos de
     carácter legal y formal (que se trataba de un proyecto de
     inversión, que estuviera contemplado en el plan de
     desarrollo del departamento) y se procedió a verificar la
     idoneidad técnica de los estudios que lo respaldaban,
     encontrando que el estudio de la Universidad Nacional
     cumplía con todos los requisitos de carácter técnico.
     Primero eran dos etapas: Una era la del dragado y relleno
     y la segunda era el malecón como tal. En el primer
     concepto que yo emití recomendaba otorgar viabilidad
     técnica a la construcción de la 1a. Etapa,...porque eso
     era muy grande... dentro de los recursos se contemplaba
     la   posibilidad    de   financiar   los    recursos   de
     preinversión... Posteriormente el gobernador solicitó
     unas modificaciones o adiciones, sobre las cuales tuvimos
     muchas dificultades sobre los estudios y mientras se
     estaban haciendo esos estudios de las modificaciones y
     adiciones a instancias mías se realizó una reunión de
     coordinación y seguimiento en la consejería presidencial
                              120
     de los nuevos departamentos a la cual se invitó a todas
     personas (sic) que tenían que ver con el proyecto. Estaba
     la Consejería porque yo había recomendado que la
     selección de dicho proyecto que se hiciera con concepto
     de la Consejería Presidencial, las autoridades del
     Departamento, los interventores de la Comisión Nacional
     de Regalías y los contratistas y en esa reunión... los
     contratistas hablaron de unos peligros en la realización
     de la obra por inestabilidad de los suelos, fallas
     geológicas y presentaron unos estudios de una firma, que
     eso implicaba que tocaba hacer unos pilares, para que no
     se fuera a derrumbar lo que estaba hecho. Había premura
     de tiempo para estudiar sobre la posible adición, por lo
     tanto no teníamos tiempo para hacer las consultas
     correspondientes, ya se venía la época de invierno y era
     hacia el fin de la época fiscal y solo restaba una
     sección de la Comisión de Regalías... optamos por una
     solución salomónica que consistía en llevar         a la
     Comisión de Regalías una solicitud de la modificación del
     proyecto, que tenía que ser avalada técnicamente por el
     Ministerio de Transporte, es decir que la solución de los
     pilares para sostener la obra requería 1° de la
     verificación de los estudios geológicos porque sorprendía
     mucho que los estudios del laboratorio de la Universidad
     Nacional fueran deficientes y porque el diseño de la
     solución   debería   ser   verificado  por   la   entidad
     responsable del diseño del proyecto inicial (Ministerio
     del Transporte)...”

     Agrega más adelante: “Debo aclarar que la Comisión
     Nacional de Regalías, no tenía dentro de sus funciones
     avalar a contratista alguno..., lo que decía el concepto
     técnico, preparado por mí, avalado por el comité técnico
     y aprobado por la Comisión de Regalías, es que en la
     ejecución de las modificaciones autorizadas en el
     proyecto inicial, debería contar con el visto bueno del
     Ministerio del Transporte frente al diseño de las
     modificaciones y la idóneidad técnica del contratista que
     seleccionara el departamento. En el mes de enero me
     enteré creo que fue por conducto del nuevo gobernador del
     departamento   que  ese   procedimiento  no   había  sido
     respetado y hasta donde recuerdo puse ese hecho irregular
     en conocimiento del interventor de petróleos de la
     Comisión Nacional de Regalías, quien a su vez creo hizo
     las denuncias del caso...” (subrayas y negrillas fuera de
     texto)

Como bien se señala en el auto de cargos, no se tuvo en cuenta
el informe preliminar que presentó el Ministerio de Transporte,
respecto al diseño del dragado del río Amazonas disposición y
obras de confinamiento, donde advierte la necesidad de efectuar
                              121
trabajos batimétricos y topográficos,   previos al dragado por
la gran capacidad de transporte de sedimento del río Amazonas,
la reubicación de los asentamientos humanos    que habitan la
zona, el vertimiento sobre la orilla izquierda del río
Amazonas, aguas arriba de la Isla de la Fantasía, para evitar
la contaminación de la zona de los lagos; se recomendó utilizar
un superplastificante del tipo Sikament N.S. de Sika o similar,
con una dosificación de 1.5% del peso de cemento que se emplea
en la mezcla para aumentar la resistencia de los bolsacretos
que conforman el parámetro       exterior     de    dique    de
confinamiento;   aprovechar el material del dragado para     la
recuperación del canal de acceso para el mejoramiento de las
condiciones ambientales (Fls 10-11 Ministerio de Transporte),
nada de lo cual se hizo.

Tan cierta es la falta de planeación y programación en el
desarrollo del proyecto, que el Fondo Nacional de Regalías le
formuló un requerimiento a la Gobernación en febrero de 1997,
solicitando el envío de información para complementar los
parámetros y conclusiones de la interventoría    administrativa
y    financiera, como el      cumplimiento de los requisitos,
cronogramas y normas de manejo de recursos del Fondo y el
estudio   de   las   recomendaciones   para  tomar   decisiones
desde el punto de vista técnico administrativo y de gestión
para corregir las situaciones irregulares encontradas. (Folios
28-30 anexo No.001 soportes)

Evidentemente esta falta de planeación en la ejecución de las
obras se manifiesta en el contrato de obra       002 del 5 de
febrero de 1997, que se suscribió sin diseños y planos técnicos
como lo advierte el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO en su informe
del 20 de marzo de 1997:

     “...no se conocen diseños y planos técnicos de las obras
     a ejecutar. El diseño comprendería el dimensionamiento
     de las bolsacretos y tipo de    cimentación si lo tiene.
     No se encontró documentos de especificaciones técnicas y
     las mismas fueron verificadas con base en             la
     descripción    relacionada en los análisis de precios
     unitarios   presentados  por     el  contratista..."  la
     inspección se hizo con base en las actas de recibo
     parcial de obra, hasta la No.3 contractual y adicional
     (folio 231 cuaderno principal).

Y luego se modificó el diseño inicial en el sentido de “cerrar
el dique entre caño, dándole forma de ranura”

Ahora que en el contrato 004 del 8 de agosto de 1997, sin estar
ejecutadas las obras y definida la situación estructural del
proyecto, se contrató     con la firma VELNEC el diseño del
anteproyecto piloto del malecón turístico, zona del puerto
entre calles 7ª y    8ª de Leticia y solo hasta      el 24   de
                              122
septiembre de 1997, el mismo contratista presentó la solicitud
de ampliación del plazo para realizar el estudio socioeconómico
para la reubicación de la población y a pesar de que en el mes
de agosto ya estaba construidas las obras de los bolsacretos,
objeto que se había contratado desde febrero de 1997.

Además, en el de consultoría 005 del 8 de agosto de 1997, se
contrataron los estudios técnicos de análisis y diseño
estructural de la zona denominada “Piloto” del Malecón
Turístico, en que se concluye para octubre de 1997, que existe
una posible falla técnica, pues: "... la banca en la actualidad
se encuentra en estado critico y es de especial importancia
iniciar las medidas correctivas a la mayor brevedad posible...”

Tampoco hubo planeación en la celebración de los contrato 06 y
07, puesto que hasta el 22 de agosto de 1997, se pensó formular
un plan de manejo ambiental y contratar una gerencia para el
proyecto (se tenía entendido que ya había una para la
contratación de los años 1996 y 1997), cuando el       problema
tenía que resolverse desde el comienzo de su ejecución como
estaba previsto en los estudios del Ministerio de Transporte.

Igualmente se   advirtió   que   la   firma   contratista   no
contaba con los equipos exigidos en el pliego de condiciones
y tampoco cumplió con la instalación del laboratorio requerido
para las pruebas de calidad de materiales y resistencia de la
mezcla.

Es importante allegar a este punto lo manifestado por el Asesor
del Ministerio del Transporte JORGE HURTADO G., en informe
enviado a la doctora CLARA LOPEZ OBREGON Experta de la Comisión
Nacional de Regalías, fechado el 15 de julio de 1998 (fls. 241-
245 C.Ppal.7), respecto a la reformulación del proyecto de
reordenamiento ambiental del Puerto de Leticia, luego de haber
realizado visita técnica al Malecón, autorizando al Gobernador
para que tomara medidas inmediatas así:

     “- Solicitud a la Gerencia del Proyecto para que presente
     un informe detallado sobre el Estado actual del Proyecto,
     dado que el contrato con la firma que gerencia este
     proyecto, se encuentra próximo a su vencimiento.

     - Solicitar a la firma que presentó el Estudio de Suelos
     de la zona del proyecto, que amplíen sus criterios acerca
     de las recomendaciones para la estabilización del talud,
     y presentar otras alternativas.

     - Se hizo la observación por parte del Ministerio de
     Transporte, de que la estructura propuesta para el
     Malecón, no es recomendable debido a que la cimentación
     sugerida por la firma consultora, resulta muy costosa por
     la necesidad de construir pilotes de 20 metros de largo,
                              123
     reforzados en toda su       longitud los cuales deben ir
     entrelazados en su parte    superior por dados unidos a las
     vigas de la losa aérea     que conforma la estructura del
     malecón; es decir que el   relleno hidráulico previsto para
     conformar   el  malecón     del   Puerto  de   Leticia,  no
     funcionaría en absoluto.   (negrillas fuera de texto)

     - La construcción de los Emisarios de las Calles 7 y 8,
     solicitados por la Gerencia del Proyecto, se encuentran
     aún sin el diseño correspondiente, la Administración
     anterior, contrató la construcción de los mismos, bajo la
     figura de URGENCIA MANIFIESTA, por lo tanto se sugiere a
     la nueva administración, tratar de llegar a un acuerdo
     con los contratistas con respecto a los precios pactados
     en el contrato y suspender el contrato, previendo un
     tiempo prudente para la realización de los diseños, o
     como ultima opción, rescindir de dichos contratos.”

Dice que se observaron en la visita, errores al momento de la
construcción tales como:

     “La conformación del dique en bolsacretos, no se realizó
     por etapas. No se tuvieron en cuenta las recomendaciones
     dadas por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la
     Universidad Nacional (L.E.H.) y por la Unidad de Estudios
     Fluviales (UEF), quienes veían la necesidad de que la
     elevación de la protección o dique, progresara de acuerdo
     con el avance del relleno y disponer además, de un
     adecuado sistema de drenaje.

     - Lo anterior, ha creado un foco de contaminación e
     infección, debido al estancamiento de las aguas del río y
     lluvias en el sitio destinado para el relleno.

     - No conformaron las rampas de acceso que permitan el
     atraque de embarcaciones y la movilización de pasajeros y
     carga en aguas bajas a medias.”    (Subrayas y negrillas
     fuera de texto

Y es bien sabido que la contratación estatal constituye uno de
los instrumentos más importantes con que cuenta el Estado
Colombiano y sus entidades territoriales para el cumplimiento
de los fines para los cuales se encuentra instituido y en
especial, para la satisfacción de las necesidades locales o
regionales y de las demandas sociales de las comunidades.

Para el cumplimiento de esos objetivos, el proceso de
contratación exige el cumplimiento de unos pasos previos y
esenciales, para determinar el por qué, el cómo, el para qué y
el cuándo contratar. La respuesta a estos interrogantes se
comienza a elaborar a partir de la realización de los estudios

                                124
técnicos necesarios para determinar el problema, su complejidad
y las medidas que se deben adoptar para solucionarlo. Esto a su
vez, demanda planear la forma en que se puede resolver el
problema,   en  términos   de  tiempo   (cronogramas  para   la
contratación, la ejecución de las obras, interventorías,
entrega y verificación de resultados), de utilización de
recursos humanos y presupuéstales.

En definitiva, todo el proceso precontractual debe estar
diseñado para satisfacer los requisitos sustanciales de lo que
concluirá en la etapa contractual.

Es claro que la iniciativa del proyecto surgió en la
administración del aquí investigado, es decir, desde el primer
momento tuvo la oportunidad y posibilidad de ejecutarlo con un
orden lógico, estableciendo prioridades de acuerdo con las
necesidades para su desarrollo y no en la forma como decidió
contratar los objetos, esto es, decidió primero construir los
bolsacretos y luego llevó a cabo los estudios como el “análisis
y diseño estructural de la zona denominada piloto del malecón
turístico”. Y la gerencia para el mejoramiento ambiental sólo
se contrató el 22 de agosto de 1997, luego insistió en el mes
de diciembre en continuar con el relleno hidráulico y la
prolongación de aguas servidas, a pesar de que en el mes de
octubre se detectó una falla técnica.

Por lo tanto, es palpable de ese simple análisis la falta total
de programación, pues la contratación fue desordenada y sin
ningún   sustento   técnico   y  objetivo,   con   las   claras
implicaciones de orden económico y social que se generaron, lo
que hace más evidente que, la ausencia de estudios técnicos, de
planeación y de la programación de las obras a ejecutar, no
solo cuestiona hasta dónde se requiere el objeto contratado,
sino la existencia misma del contrato, así exista la necesidad
insatisfecha, por la elemental razón que solamente los procesos
cabalmente estructurados, diseñados, planeados y dirigidos a
satisfacer el hecho generador de la relación contractual,
pueden conducir a resolver la problemática insita al proceso
contractual.

La falta de esos pasos y requisitos sustanciales al proceso
precontractual, aunque exista la necesidad insatisfecha, indica
con claridad que lo que se busca no es el interés social y
público que debe satisfacer la contratación estatal, sino el
interés particular de los que realmente resultan beneficiarios
de los contratos, que no son otros que las partes contratantes,
que colocan sus intereses por encima de los de la comunidad,
generando graves consecuencias en las expectativas que se crean
en la comunidad y el desvío de recursos oficiales, agravando
los problemas que viven las entidades territoriales por la
escasez de recursos para el cumplimiento de los fines y de los
deberes sociales.
                              125
Esa clase particular de conductas sancionadas por las normas
disciplinarias que rigen la función pública, se encuentran
acreditadas en la presente investigación y serán sancionadas
conforme a la gravedad de las mismas.

No pueden por tanto, ser de recibo las explicaciones del
apoderado del implicado respecto de este cargo, porque de
acuerdo al material probatorio allegado por el mismo y lo
consignado y verificado, realmente la planeación, programación
y los estudios técnicos se hicieron en 1993 en el estudio
global que hizo la UN y distinto es lo que ocurrió
posteriormente con el desarrollo de las obras, denotando con
esta improvisación sólo el interés de contratar sin fundamento
alguno a fin de comprometer los recursos girados por el Fondo
Nacional de Regalías, atentando con su proceder contra los
intereses de los habitantes de Leticia, puesto que se generó
como bien lo indica la asesora instructora, desorden ambiental,
estructural, social y económico, debiendo suspender las obras
para contratar un nuevo estudio por parte de la Universidad
Nacional para solucionar los problemas ocasionados.

Así tenemos que con su conducta evidentemente desconoció las
normas que le fueron citadas como infringidas en la comisión de
estos hechos, entre ellas los artículos 25 numeral 12 de la Ley
80 de 1993:

     "Con la debida antelación a la apertura del procedimiento
     de selección.... deberán elaborarse los estudios ,
     diseños y proyectos requeridos..."; 26 Numeral 2: "...Los
     servidores públicos responderán cuando hubieren abierto
     licitaciones, concursos sin haber elaborado previamente
     los correspondientes....diseños, estudios planos que
     fueren necesarios..." y 30 numeral 1o., de la Ley 80 de
     1993: " La licitación o concurso se efectuará conforme a
     las siguientes reglas: 1. El Jefe o representante de la
     entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
     administrativo motivado... la resolución de apertura debe
     estar precedida de un estudio realizado por la entidad
     respectiva    en el cual se analice la conveniencia y
     oportunidad del contrato y su adecuación a planes de
     inversión..."

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Teniendo en cuenta que en el auto de cargos se califica la
falta como GRAVE, así habrá de mantenerse en este fallo, ya que
es   claro  que   el     comportamiento   del  implicado   como
representante legal, ordenador del gasto y responsable de la
contratación, encuadra dentro del ámbito de la culpa, por
omitir principios básicos de la contratación, como la
planeación, programación, economía etc., ya que como gobernador
                              126
del departamento sabía que las obras debían cumplirse con
diligencia y cuidado, al estar comprometiendo altísimos
recursos que le exigían adoptar todas las medidas necesarias
para que no se perdieran ni malgastaran, atendiendo un
cronograma, una programación y principalmente con base en
estudios técnicos, que permitieran su realización y sin embargo
no lo hizo y puso en riesgo la ejecución de un proyecto de tal
importancia y magnitud, denotando desorden administrativo,
técnico y operacional al contratar indiscriminadamente una
serie de objetos sin un sentido lógico, ni atender las
observaciones formuladas en el informe del Ministerio de
Transporte que permitiera la realización de una obra de
ingeniería sería   y   principalmente pensando en obtener los
resultados a los que se comprometió ante la comunidad y ante el
Fondo Nacional de Regalías para la obtención de los recursos.
(numerales 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, literal a) del artículo 27 de la
ley 200 de 1995)

4.4.2.1.2. AL CARGO SEGUNDO: Por haber omitido el trámite y
obtención de la licencia ambiental ante Corpoamazonia para
poder ejecutar el proyecto de reordenamiento ambiental y
construcción del malecón turístico en el puerto de Leticia.

Sobre lo cual el apoderado manifiesta que sí se solicitó, pero
éste ente manifestó que correspondía dirigirse al Ministerio
del Medio Ambiente, por lo que se adoptó el plan de manejo
ambiental que le había aprobado al Ministerio de Transporte
dicho Ministerio y por lo tanto, todo el proyecto contaba con
un plan de manejo ambiental aprobado y adoptado por la
Gobernación, documentos que evidentemente reposan en la carpeta
como pruebas de los descargos en los anexos 31 y 32,
correspondientes el primero a la solicitud de trámite de
licencia del Gobernador a CORPOAMAZONIA y el segundo a la
Resolución 323 del 4 de abril de 1995, por medio de la cual la
Ministra del Medio Ambiente resuelve establecer al Ministerio
del Transporte el Plan de Manejo Ambiental, contenido en el
proyecto para las obras de dragado del río Amazonas a la altura
del Municipio de Leticia.

Igualmente y como anexo 23 se encuentra la comunicación del
Coordinador del CORPES del Amazonas del 27 de febrero de 1996,
al director Seccional Ambiental del Ministerio del Medio
Ambiente, consultando los alcances de la resolución 323, que
estableció Un Plan de Manejo Ambiental al Ministerio del
Transporte para el Dragado del Río Amazonas, en que señala:

     “...El Ministerio del Transporte en convenio con el
     Departamento   ha  iniciado   las   primeras   etapas  de
     construcción del Dique usando bolsas de mortero de
     acuerdo a lo previsto en el diseño de las obras de
     confinamiento previstas en el estudio que para tal efecto
     realizó   la  Universidad   Nacional,  por   encargo  del
                              127
     Ministerio del Transporte.

     “(...).A la fecha se ha logrado la financiación
     solicitada y se adelanta el proceso de aplicación de los
     mismos. Para estos efectos se hace necesario precisar si
     se requiere hacer ajustes o complementaciones a la
     resolución antes mencionada, habida cuenta que no se
     harán variaciones de ningún tipo al proyecto reseñado en
     lo que se refiere a cantidades de obra y diseños, por lo
     cual estamos solicitando a su dependencia nos comunique
     cualquier acción que en tal sentido sea necesario
     efectuar, previa la reiniciación de los trabajos...”

Se obtuvo respuesta del funcionario de dicho Ministerio CARLOS
MANUEL HERRERA SANTOS, recibida el 3 de mayo de 1996, que en su
parte pertinente indica:

     “...Para la continuación de las actividades previstas en
     el proyecto Dragado Río Amazonas en Leticia, las cuales
     se piensan llevar a cabo con los recursos obtenidos por
     parte del departamento del Amazonas ante el Fondo
     Nacional de Regalías, estas se deben desarrollar conforme
     a lo establecido en el plan de manejo Ambiental impuesto
     por el Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución
     No. 323 del 04 de abril de 1995.

     Si la continuación de las obras previstas en el proyecto
     de la referencia las va a ejecutar el Ministerio del
     Transporte, a quien se le otorgó la Licencia Ambiental
     para el desarrollo de dichas actividades, y por otra
     parte no se van a realizar modificaciones de ningún tipo
     al proyecto en lo referente a diseños y cantidades de
     obra, no se requiere hacer ajustes ni modificaciones a la
     Resolución antes mencionada, pero el Ministerio del
     Transporte informará al Ministerio del Medio Ambiente
     sobre la reiniciación de las obras con el fin de que el
     Ministerio del Medio Ambiente o la entidad ambiental
     competente que éste designe, realice el seguimiento
     respectivo.”

Quedan así probados los argumentos esgrimidos en defensa del
Gobernador implicado, en cuanto a que no se omitió el trámite y
obtención de la licencia ambiental ante Corpoamazonia para
poder ejecutar el proyecto de reordenamiento ambiental y
construcción del malecón turístico en el puerto de Leticia,
los que dejan sin piso este cargo y por lo tanto se absuelve al
acusado del mismo.


4.4.2.1.3. AL CARGO TERCERO: Por haber declarado desierta la
licitación 001 de 1996 y el concurso de méritos 002 de 1996,
sin contar con las evaluaciones de las propuestas presentadas
                              128
desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, con
desconocimiento del principio de transparencia y el deber de
selección objetiva.

Acepta el apoderado que con resolución 0081 del 22 de enero de
1997, se declaró desierta la licitación 001, lo que se hizo
acogiendo el criterio del Comité de evaluación designado por
resolución 001164 del 6 de diciembre de 1996, sin que se
presentara objeción alguna dentro de los términos de ley por
parte de los proponentes la que tampoco ha sido demandada y por
tanto se encuentra en firme y prescrita la acción contractual.

Que igual sucedió con el concurso de méritos 002 de 1996, que
como se indica en el cargo, mediante resolución 0082 del 22 de
enero de 1997, fue acogida la recomendación del comité
conformado por GLORIA OROBIO RODRIGUEZ, Secretaría de Gobierno,
RICAURTE PINEDA BERNAL, Secretario de Obras Públicas, MARTHA
BOLIVAR REINA, Jefe Oficina Jurídica y PEDRO BARDALES CORDOBA,
Director Oficina Contratación y Gerencia, quienes conceptuaron
que ninguna de las cinco propuestas eran hábiles para
contratar.

Las reglas de la contratación estatal contienen la claridad
suficiente para exigir de los servidores públicos que los
procesos    contractuales,   garanticen    el    principio  de
transparencia en todo el desarrollo del mismo, con el objetivo
cierto de hacer una selección objetiva del contratista y para
el efecto, se requiere que previamente la entidad haga las
evaluaciones jurídica, técnica y financiera, como mecanismos
idóneos para establecer si las propuestas cumplen a cabalidad
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones o en
los términos de referencia y de esa manera otorgar las
calificaciones predeterminadas, a la vez que permite a los
oferentes, a los órganos de control y a la ciudadanía conocer
si el proceso se hizo con la objetividad necesaria.

Este   Despacho   encuentra   que el   Gobernador   si   tiene
responsabilidad disciplinaria por este hecho, ya que si bien
fue conformado un Comité, él no podía simplemente acoger sus
recomendaciones dada la magnitud de las obras y recursos que
estaban en juego, además que no aparecieron los estudios
técnicos y jurídicos de la revisión de los antecedentes de los
contratos y se advierte que desconoció los procesos de
selección tanto en el tramite de licitación, como en el
concurso de méritos, con la intención de adjudicarlos sin
ningún análisis de comparación.

Con lo cual se tiene     que   hubo   evidente   violación   de   los
siguientes artículos:

     24 de la Ley 80 de 1993 numerales 1, “La escogencia del
     contratista se efectuará siempre a través de licitación o
                               129
     concursos    públicos...”;    Numeral   7    "Los    actos
     administrativos   que   se   expidan   en   la   actividad
     contractual o con ocasión de ella,...se motivaran en
     forma detallada y precisa e igualmente lo serán los
     informes de evaluación...y    la declaratoria de desierto
     del proceso.”; numeral 8, "Las autoridades no actuarán
     con desviación o abuso de poder... Igualmente, les será
     prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva
     y los demás requisitos del presente estatuto."; Art 25
     Numeral 18 “La declaratoria de desierta de la licitación
     o concurso únicamente procederá por motivos o causas que
     impidan la escogencia objetiva...”. Art 26 numeral 5 " La
     responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
     contractual y la de los procesos de selección será del
     jefe o representante de la entidad estatal..." Art. 29
     "La selección del contratista será objetiva. Es objetiva
     la selección en la cual la escogencia          se hace al
     ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que
     ella busca... Si se trata de contratación directa,
     resulta ser el más ventajoso para la entidad..."

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Con fundamento en el numeral 4º del artículo 25 de la ley 200
de 1995, la falta fue calificada inicialmente como GRAVISIMA,
la que comparte este Despacho, pues se evidencia por parte del
gobernador la intención de favorecer a los contratistas
seleccionados en aras de beneficiarlos económicamente, con
claro   desconocimiento   de   los   parámetros  de   selección
consagrados en la ley, como son los principios de transparencia
y selección objetiva en la celebración de los contratos
relacionados en el presente cargo, con lo cual se tiene que el
señor FELIX FRANCISCO SOTO ACOSTA, actuó con dolo ya que tenia
el conocimiento de que con su actuar estaba vulnerando unas
normas que debía cumplir y respetar.


4.4.2.1.4. CARGO CUARTO: Se le glosa haber omitido publicar el
aviso a participar en la licitación 010 de 1997 para contratar
el relleno hidráulico para el mejoramiento ambiental del Puerto
de Leticia, con desconocimiento del principio de transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva, sobre lo cual
alega el apoderado que si bien se presentó todo el proceso de
licitación pública tendiente a seleccionar de manera objetiva
al contratista para celebrar el contrato de obra pública, cuyo
objeto era el relleno hidráulico para el mejoramiento ambiental
del puerto de Leticia por $200’000.000 y se cumplieron a
cabalidad las exigencias de la ley 80 y se hicieron las
publicaciones en el diario El Siglo, no hubo propuestas en la
licitación por lo que en aplicación del artículo 3o del
Estatuto Contractual se cumplió con los fines estatales y por
ello la administración se vio obligada a declarar desierta la
                              130
licitación y procedió a contratar directamente.

Aunque el apoderado hace un largo análisis de los pormenores
referentes a la contratación que se hizo y la declaratoria de
desierta de la licitación, es claro que la glosa se dirige
únicamente a que no se publicó el aviso, aceptando que tampoco
se presentaron ofertas, pero sin sustentarlo con la prueba
pertinente, este Despacho encuentra para este cargo, que no es
responsabilidad del gobernador atender estos simples trámites,
los que competen a otros funcionarios que para el caso son el
Gerente de la Unidad de Proyectos y Contrataciones y el Jefe de
la Oficina Jurídica, dada la delegación de funciones que es
necesario realizar para conformar el equipo de gobierno y
cumplir los objetivos trazados y que precisamente al primero de
los citados se le contrató para que estuviera al frente de
todos y cada uno de los contratos realizados por la Gobernación
para los años 1996 y 1997, en coordinación con la oficina
jurídica, por lo que no puede señalarse que haya violado las
normas citadas como infringidas y por ende lo absuelve por este
hecho.


4.4.2.1.5. CARGO QUINTO Por haber omitido el tramite de
contratación directa para suscribir los contratos 01 del 7 de
febrero de 1997, con el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos
Constructores "CINARCO LTDA" para ejercer la interventoría del
contrato 01 por $59.795.155; 02 del 5 de febrero de 1997, con
JAIME HERNANDEZ TORRES para construir 1800M3 del dique en
bolsacreto y confinar material proveniente del dragado del río
Amazonas por $498.898.580; y 152 del 30 de diciembre de 1997,
con   CARLOS FERNANDO LYONS HOYOS, para ejecutar el relleno
hidráulico para el mejoramiento ambiental del puerto de
Leticia.

Alega el apoderado que no es cierta la afirmación del cargo, en
razón que para los actos administrativos declarando desiertos
los concursos y las licitaciones no era necesario obtener las
ofertas a que alude el investigador, ya que en este caso entra
a operar el artículo 12 del Decreto 855 de 1994 que
textualmente señala:

     “En los casos de declaratoria de desierta de la
     licitación o concurso, cuando no se presente propuesta
     alguna,    ninguna propuesta se ajuste al pliego de
     condiciones o términos     de referencia o, en general,
     cuando falte voluntad de participación, la entidad
     estatal podrá contratar directamente, sin necesidad de
     obtener previamente ofertas, teniendo en cuenta los
     precios del mercado, y si es del caso, los estudios y
     evaluaciones que para el efecto se hayan realizado
     directamente o a través de organismos consultores o
     asesores designados para ello.”
                              131
Teniendo en cuenta el artículo anterior, este Despacho
encuentra de recibo las explicaciones del profesional del
derecho y de consiguiente queda claro que no se violaron las
normas citadas como infringidas, por lo que se absolverá de
responsabilidad disciplinaria en relación con este cargo.


4.4.1.6. CARGO SEXTO: Se le reprocha no haber dejado en la
Secretaría de la entidad los informes de evaluación de las
propuestas en los procesos de licitación 001/96 y concurso de
méritos 002/96 por el término de cinco días hábiles con
desconocimiento   de   los   principios   de   publicidad   y
transparencia.

A esto responde el apoderado que no es responsabilidad del
gobernador atender estos simples trámites, ya que le compete al
funcionario del caso como es el Gerente de la Unidad de
Proyectos y Contrataciones y al Jefe de la Oficina Jurídica,
dada la delegación de funciones indispensables en todo gobierno
para poder cumplir con los objetivos trazados y que al primero
de los citados se le contrató para que estuviera al frente de
cada uno de los contratos celebrados por la Gobernación para
los años 1996 y 1997, en coordinación con la oficina jurídica.

Encuentra este Despacho que las razones aducidas se hallan
ajustadas a la realidad, puesto que si bien el gobernador es el
ordenador del gasto y responsable directo del departamento,
existen funcionarios y empleados encargados de efectuar los
trámites inherentes a cada cargo, máxime en este evento que son
actuaciones de trámite menor como es el de fijar avisos, dejar
constancias, allegar recibos, que sería imposible exigirle el
cumplimiento al aquí acusado, lo que nos lleva a exonerarlo de
responsabilidad disciplinaria por este cargo.


4.4.1.7. CARGO SEPTIMO: Se le reprocha la omisión en el trámite
de la Licitación Pública consagrado en el artículo 24 de la ley
80 de 1993, al suscribir directamente los contratos 156 del 30
de diciembre y 160 del 31 de diciembre de 1997, con CARLOS
LYONS HOYOS, para contratar el mismo objeto, por $50.500.000 y
$48.500.000 respectivamente, desconociendo el principio de
transparencia,  responsabilidad   y   el  deber   de  selección
objetiva.

Teniendo en cuenta la certificación de cuantías      (folio 157
cuaderno principal), estaba en la obligación de licitar desde
la suma de $51.601.500.00. Para este caso la suma de los
precios acordados la supera pues da un total de $103.000.000.

Este proceder   se adelantó mediante contratación directa el 23
de diciembre    de 1997, para ejecutar un mismo objeto "la
                               132
prolongación y adecuación del emisario de las aguas servidas de
la calle 7ª y 8ª" y seleccionó al mismo contratista, a pesar de
que tenia que adelantarse por licitación pública al tenor del
numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993.

La defensa aclara que se trata de dos contratos diferentes y en
sitios distintos, puesto que en el primero de la calle 7, se
trataba de prolongar la tubería del alcantarillado hasta el
brazo del río siguiendo la pendiente existente, construyendo
líneas provisionales de conducción y en el otro de la calle 8,
debía construir una línea de alcantarillado que implicaba la
conexión domiciliaria de la totalidad de viviendas de la zona
de la obra.

Que teniendo en cuenta los objetos de los contratos, no se
podría como se hace en el cargo, sumarlos para enmarcarlos en
la norma citada como infringida, numeral 1º del artículo 24 de
la ley 80 de 1993 que dice: "...La escogencia del contratista
se efectuara siempre a través de licitación o concurso
públicos..." , ni tampoco porque a pesar de la invitación
pública efectuada, solo hubo una propuesta y la ejecución de
las obras era necesaria y urgente en razón al problema
presentado con la época invernal y de fin de año, por cuanto la
mayoría de contratistas, clasificados y calificados en el
R.U.P. se encontraban en período de vacaciones y además, con
residencia en el interior del país y las obras eran de suma
urgencia.

Que en cuanto al presunto hecho irregular de haber expedido en
forma   extemporánea    el   certificado    de   disponibilidad
presupuestal el defensor aclara eso sí que tanto la reserva y
el registro se expidieron con varios días de anticipación de la
elaboración y firma de los contratos, que de todas maneras es
un requisito para la ejecución de los contratos, pero no para
el perfeccionamiento que es el acuerdo de voluntades y elevarlo
a escrito cuando así se requiere. La partida de disponibilidad
presupuestal (que figure en el presupuesto de la vigencia
fiscal) y que en definitiva el certificado puede ser presentado
como oficio, sello, asiento en libros, etc.

Tenemos que las cuantías mínimas fijadas para que se haga
licitación pública, están directamente relacionadas con la
prohibición de fraccionar los contratos a fin de garantizar la
selección objetiva de los contratistas, lo que igualmente
supone que la obra a ejecutar responda a la satisfacción de
necesidades públicas o sociales.

Sin embargo en el presente caso, es indudable que los pasos
previos a la contratación en cuestión, se hicieron con el único
propósito de eludir la exigencia de la licitación pública,
violar    el   principio    de   transparencia    y   favorecer
patrimonialmente al contratista, todo en grave perjuicio a la
                              133
comunidad que   no   recibió   beneficio   alguno   con   las   obras
contratadas.

Para este Despacho las razones esgrimidas por la defensa no nos
llevan a la claridad necesaria para aceptar las explicaciones
dadas y por el contrario, de acuerdo con el informe rendido por
el Asesor del Ministerio del Transporte, JORGE HURTADO G.,
enviado a la doctora CLARA LOPEZ OBREGON Experta de la Comisión
Nacional de Regalías, fechado el 15 de julio de 1998 (fls. 241-
245 C.Ppal.7), respecto a la reformulación del proyecto de
reordenamiento ambiental del Puerto de Leticia y luego de haber
realizado visita técnica al Malecón, autorizando al Gobernador
a fin de que tomara medidas inmediatas y trascrito en cargo
anterior en sus apartes pertinentes, nos llevan a la convicción
que el cargo se mantiene y por ende el acusado se hace acreedor
a una sanción disciplinaria.

                     CALIFICACION DE LA FALTA

Vemos que en el auto de cargos se califica esta falta como
GRAVISIMA con fundamento en el numeral 4º del artículo 25 de la
ley 200 de 1994, pues permitió un incremento patrimonial a
favor de un tercero, a quien      escogió sin cumplir con los
requisitos de los procesos de contratación, ejecutado unas
obras inconvenientes que hasta la fecha no le han reportado
ningún beneficio a la comunidad y por el contrario generándoles
un problema ambiental, social y económico, calificación que se
mantiene por esta Delegada.

Igualmente se puede concluir que actuó con dolo dentro de los
términos de la culpabilidad, pues suscribió los contratos
mencionados sin cumplir ningún proceso de selección, a
sabiendas de que estaba en la obligación de garantizar el
principio de transparencia y el deber de selección objetiva.


4.4.1.8. CARGO OCTAVO Se le reprochó fijar en los avisos de
invitación 040/97, 042/97, 101/97, 102/97 Y 103/97 un término
de difícil cumplimiento para la recepción de las ofertas en los
procesos de selección por contratación directa, sin tener en
cuenta la importancia, la naturaleza de las obras y el lugar
donde se debían ejecutar para suscribir       los contratos de
Consultoría 005 del 8 de agosto de 1997, a fin de realizar los
estudios técnicos de análisis y diseño estructural de la zona
denominada “Piloto” del Malecón Turístico, suscrito con CESAR
AUGUSTO ESGUERRA AMAYA, por $39.200.000.00, se fijó aviso del
24 al 31 de julio de 1997. (Folios 135-139)

Consultoría 006    el 22 de agosto de 1997, con la firma
Contratistas   e   Ingenieros  Economistas  y   Arquitectos
Planificadores IEPA LTDA, para la formulación del Plan de
Manejo Ambiental del Malecón Turístico de Leticia, por
                                134
$38.346.000.00, se fijó aviso del 24 al 29 de julio de 1997.
(Folios 196-198)

Contrato de obra 156 del 30 de diciembre de 1997, suscrito con
FERNANDO LYONS, para ejecutar la prolongación de aguas servidas
de la calle 8ª, por $50.500.000, se fijó aviso el 23 de
diciembre de 1997 y se desfijo el 24 de diciembre (folios 416-
419).(ojo cargo 7)

Contrato de obra 160 del 31 de diciembre de 1997, suscrito con
FERNNADO LYONS (sic), para ejecutar la prolongación de aguas
servidas de la calle 7ª, por $50.500.000, el aviso se fijó el
23 de diciembre de 1997     y se desfijo el 24 de diciembre
(folios 416-419).

Contrato 019/97, suscrito con el Consorcio Ingeniero y
Arquitectos Constructores –SINARCO- el     31 de diciembre de
1997, para ejercer la interventoría de la construcción de los
emisarios finales de las calles 7ª y 8ª y el relleno hidráulico
para el mejoramiento ambiental del Puerto de Leticia, por
$35.000.000, se fijó la invitación pública el 23 de diciembre y
el 24 de diciembre se levantó el acta de recepción de la única
oferta correspondiente a la firma "CINARCO". (Folio 319 y 323
cuaderno principal).

Alega el defensor que no es cierto que se haya fijado un
término de difícil cumplimiento ya que la Ley 80 y el Decreto
Reglamentario 855 establecen un término no inferior a dos días
sin señalar cuál es el máximo y sin embargo en los contratos 05
y 06 los avisos fueron fijados por 7 y 5 días y en los
contratos 156, 160 y 019 por 2 días, que es el mínimo exigido
por la ley. Además para estos actos estaban encargados por
delegación suya los funcionarios tantas veces citados, que
junto con los demás conforman el equipo de gobierno necesario
para cumplir los objetivos ya que no puede haber concentración
de funciones en el gobernador.

Es pertinente tener en cuenta tal y como llama la atención el
apoderado, que el contrato de obra 160 con FERNANDO LYONS para
ejecutar la prolongación de aguas servidas de la calle 7a es
por $45’500.000 y no de 55 millones como se señala en el cargo.

Si nos atenemos a lo señalado en el inciso 4° del artículo 3°
del Decreto 855 de 1994, es claro que se refiere a los
contratos   de  menor   cuantía  y   prestación  de  servicios
profesionales, ya que nos remite al artículo 24 literales a) y
d) de la Ley 80 de 1993 y que de su texto podemos colegir que
le asiste razón al apoderado, puesto que se está hablando de
los términos de la invitación pública a presentar ofertas en
esta clase de contratos, al señalar:

     “...a través de un aviso colocado en un lugar visible de
                              135
     la misma entidad por un término no menor de dos días. No
     obstante la entidad podrá prescindir de la publicación de
     dicho aviso cuando la necesidad inminente del bien o
     servicio objeto del contrato no lo permita, de lo cual
     dejará constancia escrita.” (Subrayas y negrillas fuera
     de texto)

Con lo cual estamos significando el deber de absolver al
acusado también por este cargo, sumado a que como bien lo
señala el abogado, no es función del gobernador el trámite de
fijar avisos.


4.4.1.8.    CARGO NOVENO: Se le reprocha por suscribir los
contratos   006/97 y 007/97, sin evaluar las propuestas desde el
punto de    vista jurídico, técnico y financiero, violando el
principio   de transparencia y el deber de selección objetiva.

Alega la defensa que en las visitas realizadas a la Gobernación
del Amazonas para los años 98 y 99, se pudo verificar en forma
directa   que   analizadas   las   diferentes  carpetas   sobre
contratación, había documentos refundidos o extraviados,
apareciendo en sitios diferentes al que debían estar,
dificultando la revisión de los documentos donde constaba que
si se habían cumplido los fines de la contratación y de
consiguiente no hay violación de norma alguna.

Pero como vemos en el auto de cargos que fue formulado el 24 de
mayo de 2000, se le dice que era necesario evaluar las
propuestas seleccionadas desde el punto de vista técnico y
financiero, teniendo en cuenta los objetos que se iban a
contratar y que por lo tanto no se supo cual fue el criterio de
selección, independientemente de que se hubiera recepcionado
una sola propuesta la que era necesario revisar y verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto
Contractual.

Sin embargo encuentra este Despacho que no se sabe de cuales
contratos se trata puesto que en el auto de cargos no se
específica, pues debemos tener en cuenta que hubo dos contratos
06 y dos contratos 07 todos del mismo año 1997 y que los
primeros, fueron parte del primer cargo ya analizado y los
otros dos en relación con las pistas de aterrizaje que también
son objeto de otras glosas que se analizaran más adelante,
sumado a que como lo alega el acusado los documentos que
prueban que si se hizo el estudio y análisis no aparecieron,
por lo que en este caso se debe aplicar el principio de la
resolución de la duda contemplado en el artículo 6° de la Ley
200 de 1995, que señala expresamente:

     “En el proceso disciplinario toda duda razonable se
     resolverá en favor del disciplinado, cuando no haya modo
                                136
     de eliminarla.”

Por lo tanto, se absuelve al acusado       de   este   cargo,   en
aplicación del anterior principio.


4.4.10. CARGO DECIMO:      Por expedir el Decreto de urgencia
manifiesta con resolución 219 del 29 de diciembre de 1997, sin
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 42 de la
Ley 80 de 1993, para comprometer la suma de $407.143.590,
correspondientes a los recursos de la vigencia de 1997 y poder
suscribir, los contratos números 018 y 153 del 30 de diciembre
de 1997, aduciendo una situación que estaba prevista y
contenida en el de consultoría No. 005 desde el 6 de octubre de
1997.

El apoderado es consciente que la urgencia manifiesta es otra
manera   de   contratación  directa,   pero   por  situaciones
excepcionales y procedimientos reglados de selección objetiva,
frente a situaciones o circunstancias extraordinarias que
reclaman soluciones inmediatas y que la utilización de este
mecanismo por su patrocinado se debió a situaciones acaecidas
desde julio de 1997 en el desenvolvimiento del proyecto y hace
un recuento de los pormenores ocurridos y que culminaron con
la declaración de la misma.

Que la razón por la cual no se declaró la urgencia manifiesta
sino hasta el 29 de diciembre dice:

     “...Ello obedeció de una parte, a que no se contaba con
     los recursos para atender esta situación, pues sea la
     ocasión de reiterar, los recursos existentes solo se
     podían utilizar en ese momento para la construcción del
     dique de confinamiento pues los mismos tenían destinación
     específica, y no había forma de modificarla, si no se
     contaba con la expresa autorización del Fondo Nacional de
     Regalías, el cual se había mostrado renuente a realizar
     cambios de destinación, a pesar de las reiteradas
     solicitudes realizadas desde el 18 de julio y el 17 de
     agosto según quedo antes descrito.

     Complementariamente era necesario analizar detallada y
     conjuntamente, la situación planteada por los estudios de
     la firma consultora Espinoza y Restrepo, lo cual se hizo
     tanto en Leticia como en Bogotá, confluyendo todo ello en
     la   gran  reunión   del   25  de   noviembre,  que   fue
     detalladamente descrita y cuya ayuda de memoria aparece
     en el anexo 13.

     La provisión de recursos para atender la situación
     planteada, la cual estaba completamente sujeta a la
     obligatoria y previa autorización del Fondo Nacional de
                              137
     Regalías, constituye la causa esencial del retraso en la
     ejecución de las obras de estabilización demandadas; la
     lentitud de estos procesos se hace evidente, cuando a
     pesar de la perentoriedad con que se atienden a la
     solicitud de reformulación del proyecto planteado en la
     reunión del 25 de noviembre y presentada el 1° de
     diciembre, solo hasta la segunda semana de diciembre
     (unos quince días después aproximadamente) es formalizada
     la decisión...”

Pero tenemos que el    Artículo     42   de   la   Ley   80   de   1993
expresamente señala:

     "Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del
     servicio exige el suministro de bienes, o la presentación
     de servicios   o la ejecución de obras en el inmediato
     futuro... (...) cuando se trate de conjurar situaciones
     excepcionales con hechos de calamidad o constitutivos de
     fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones
     inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones
     similares que imposibiliten acudir a los procedimientos
     de selección o concursos públicos”

Es claro que la urgencia manifiesta es una medida de excepción
que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración para
contratar directamente, omitiendo la licitación pública, lo
cual no significa que se lleve de plano el cumplimiento de unos
requisitos básicos y sin los cuales se vulnera el ordenamiento
jurídico aplicable en la materia. Por lo mismo, no puede
obedecer a un capricho de la Administración, como se observa en
el presente disciplinario, al aparecer demostrado que no se
dieron las causales legales para decretar la urgencia, a lo que
se suman hechos como el no contar con los recursos
presupuéstales para contratar.

Así   mismo,   resulta  claro   que   la   mora  para  obtener
autorizaciones y recursos, no es excusa válida para violar el
Estatuto Contractual, procediendo al recurso de la urgencia,
por la elemental razón que solamente la necesidad imperiosa e
inmediata de una solución para resolver un problema grave, que
no da espera, permite acudir a ese recurso.

Como vemos, esta norma es clara en sus exigencias para decretar
la   urgencia   manifiesta,   como  la   existencia   de   unas
circunstancias especiales de una calamidad, fuerza mayor o caso
fortuito o desastres que demanden tomar medidas inmediatas
para conjurar la situación. Y el Gobernador ACOSTA SOTO, en el
acto administrativo que la declara, fundamenta su decisión en
la necesidad de resolver la falla técnica que advirtió el
contratista CESAR AUGUSTO ESGUERRA AMAYA en el mes de octubre
de 1997, como resultado del estudio realizado, en que
recomienda la construcción de unos pilotes que permitieran la
                              138
estabilización del terreno.

Sin embargo, aunque para esa época el gobernador estuvo
suspendido por solicitud de la Procuraduría, por el término de
60 días a partir del 24 de septiembre de 1997 y se reintegró al
cargo el 24 de noviembre de 1997, no tomó las medidas
pertinentes dada la aparente urgencia presentada y se vino a
manifestar dos meses después de presentada, ya finalizando la
vigencia fiscal para      contratar y su mandato, cuando la
actuación de la administración debió ser inmediata para
solucionar las situaciones excepcionales que supuestamente se
presentaban.

Además, de los contratos derivados de la urgencia manifiesta
para construir las obras de estabilización del talud y la
interventoría correspondiente, no se establece claridad sobre
las medidas que en realidad era necesario adoptar, teniendo en
cuenta el estudio efectuado por la Universidad Nacional en
febrero de 1999 en que señala:

     “Análisis de los resultados. Con la condición de
     desembalse rápido de 1.5m, entre las cotas 68.5 y 67.0m,
     se produce la falla en las superficies Nos 1 y 3, que son
     las de la zona media del talud. Las otras dos superficies
     de falla, con su extremo superior en el relleno
     hidráulico mantienen un factor de seguridad mayor que
     1.0. No obstante, la ocurrencia de una superficie de
     falla en el talud seguramente inducirá una nueva
     superficie de falla detrás de la primera, que incluirá el
     muro bolsacretos y el relleno hidráulico, mediante un
     proceso de falla denominado “retrogresivo” “...Por lo
     tanto las medidas de control más eficientes tienen que
     ver con el drenaje del talud”. (Informe Universidad
     Nacional páginas 420 a 431).

O sea que como bien se señala en el auto de cargos, la
situación podía ser resuelta adoptando otro procedimiento que
no tenía el carácter de inmediato, máxime cuando existían otros
puntos prioritarios como la descontaminación del río y la
reubicación de los habitantes de la ladera y por tanto, no era
necesario construir los pilotes recomendados por el consultor
CESAR   AUGUSTO   ESGUERRA  AMAYA,   decretando   una  urgencia
manifiesta basado en una falla geológica en el talud, que
exigiera    la contratación mencionada, y que como se pudo
verificar hasta la fecha de los cargos, dos años y medio
después,   no   se   habían  ejecutado   ni   generado  ninguna
consecuencia. (folio 240 cuaderno principal).

Por lo anterior, no son de recibo las amplias explicaciones del
apoderado del implicado, pues es claro que con su conducta
infringió las normas citadas entre ellas el numeral 1º del
Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a que:“ Los
                              139
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de
los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad
...”

Y el Artículo 112 del Decreto 111 de 1996: "Además de la
responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente
responsables: d) El ordenador del gasto que solicite la
constitución de reservas para el pago de obligaciones
contraídas contra expresa prohibición legal”.

                   CALIFICACION DE LA FALTA

En el auto de cargos, con fundamento en los numerales 1º, 4º y
6º del artículo 27 de la ley 200 de 1995, se calificó la falta
como GRAVE la que se mantiene por esta Delegada, teniendo en
cuenta el grado de culpabilidad, la falta de consideración con
los administrados y su calidad de Gobernador, ya que desplegó
una conducta culposa, puesto que la intención era contratar
para comprometer el presupuesto, al estar terminando la
vigencia fiscal, es decir a sabiendas de que no estaban dados
los requisitos del artículo 42 de la ley 80 de 1993, pues como
se advierte la situación no exigía al parecer la ejecución de
obras de inmediato cumplimiento.


4.4.1.11. CARGO ONCE: Por omitir el envío del anterior acto
administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta y sus
antecedentes al ente fiscal de control, para que se pronunciara
sobre las medidas adoptadas el 29 y 30 de diciembre de 1997,
puesto que ni en la Oficina de proyectos y Oficina Jurídica del
departamento, se pudo verificar la remisión de la actuación de
declaratoria   de   urgencia   manifiesta   a  la   Contraloría
Departamental. (Acta de visita del 10 de febrero de 1999)

Si bien el apoderado alega en defensa de su patrocinado que las
medidas adoptadas con el acto administrativo de declaratoria de
urgencia manifiesta fueron expedidas los días 29 y 30 de
diciembre de 1997 y su mandante culminaba su gestión el 31, día
en que no se laboraba en horario normal, el 1° de enero era
feriado y concluye que la obligación de remitir en forma
inmediata dicho acto a la Contraloría Departamental, era de la
siguiente administración presidida por el Gobernador ARCESIO
MURILLO RUIZ, tenemos que el Artículo 43 de la Ley 80 de 1993
señala expresamente:

     "Inmediatamente   después de celebrados los contratos
     originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto
     administrativo que la declaró, junto con el expediente
     contentivo de los antecedentes administrativos, de la
     actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al
     funcionario u organismo que ejerza el control fiscal...”
                              140
     (Subrayas y negrillas fuera de texto)

Con lo cual se tiene que no es en uno dos o tres días, sino
inmediatamente y además la investigadora comisionada dejó
constancia el 23 de febrero del año 2000 en tal sentido (Folios
104-105 cuaderno pruebas No.2).

Y en declaración rendida bajo juramento el señor RAMON ESTEBAN
LABORDE, quien se posesionó el 1o de enero de 1998 como jefe de
la Oficina Jurídica del Departamento del Amazonas, sobre estos
contratos dice (fls. 129-132 C.Ppal 7):

     “... Esto en relación con los contratos que se
     encontraban en ejecución y que se habían celebrado por la
     Gobernación, no incluía los contratos que se habían
     firmado con base en una urgencia manifiesta que se
     celebraron en diciembre de 1997, los cuales fueron
     entregados por los mismos contratistas en una reunión que
     se celebró el 20 de enero de 1998...” Al ser preguntado
     si entonces los originales de los contratos no figuraban
     en la Oficina Jurídica o de Proyectos, contestó: ... Así
     es los tenían los contratistas específicamente un señor
     ARMANDO   CABRALES,  quien   decía   representar  a   los
     contratistas y el señor EMIRO MADERO REYES, el que tenía
     un contrato para gerenciar el proyecto... formalmente
     nunca recibí los contratos...” (negrillas y subrayas
     fuera de texto)

Deber de ineludible cumplimiento lo constituye la obligación
legal de remitir “inmediatamente” (art. 43 Ley 80/93) los
contratos celebrados previa la declatatoria de urgencia
manifiesta,   el  acto   de  declaratoria,   los  antecedentes,
actuación y las pruebas correspondientes al órgano de control
fiscal, con el objetivo de que este verifique la situación
presentada,   por   involucrar   decisiones   que  afectan   la
disponibilidad de los recursos del presupuesto de la entidad
territorial y deben corresponder a la gestión financiera
dirigida a solucionar problemas urgentes y que por lo mismo, se
salen de la orbita normal de la contratación del departamento.

El Estatuto Contractual no prevé plazos para el cumplimiento de
dicho deber, dado que impone el cumplimiento de una obligación
en forma “inmediata” para que a su vez el órgano de control
fiscal, asuma de la misma manera el cumplimiento de los deberes
inherentes a la gestión fiscal departamental. No existe
discrecionalidad ni facultad para que la máxima autoridad
departamental utilice un máximo (1,2 o más días), el deber es
imperativo: Inmediatamente.

Con lo anterior queda claro que a los contratos no se les dio
el trámite glosado y por tanto es evidente que hubo por parte
del  implicado   transgresión  a  las   normas  citadas  como
                              141
infringidas   en   el  pliego   de  cargos,   entre  ellas   el
anteriormente trascrito y el numeral 1° del artículo 26 ibídem,
encontrando su conducta por esta omisión en el campo de la
culpa, por la falta de cuidado y diligencia que como ordenador
del gasto y jefe de la administración departamental debía
cumplir dentro de la contratación que realizó y que era de
obligatorio cumplimiento su envío al control fiscal y que sin
embargo no lo ordenó, como quedó consignado con la prueba
anterior, además del agravante de que los contratistas eran
quienes tenían los contratos, actuación abiertamente irregular
que evidencia aún más, que efectivamente se trasgredió       la
norma pluricitada.

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada atendiendo los numerales 1º y 6º del artículo 27
de la ley 200 de 1995, que aunque no se dijo expresamente está
contemplada en la norma como GRAVE, atendiendo su grado de
culpabilidad y su calidad de máxima autoridad del departamento
y la omisión en que incurrió, denotando falta de cuidado y
diligencia de una obligación que le correspondía no solo de la
contratación sino de la obligación que adoptó y que requería
del control fiscal, calificación que se mantiene por este
Despacho.


4.4.1.12. CARGO DOCE: Se le reprocha el haber suscrito el
contrato 002/97 con sobrecosto de $80.780.700.oo, como mayor
valor de material en el precio de la arena, ya que el informe
técnico señala que el precio del material para las vigencias
1996 y 1997 era de     $22.000.oo el M3 y   el valor unitario
efectivamente cobrado fue de $75.000.oo m3.

Al respecto aduce el apoderado que no es cierta esta afirmación
porque si se analiza el objeto del contrato, no se licitó la
compra o suministro de materiales de construcción, sino mts3 de
bolsacreto que tiene un mayor valor que la arena que es parte
de su materia prima y que en ningún momento se analizó el valor
del material, el valor del saco o bolsa, transporte,
almacenamiento y transformación del material, mano de obra ni
A.I.U del contratista, puesto que solo se averiguó el valor de
la arena por mt.3.

Pero se encontró según el auto de cargos, que para el mes de
octubre, fecha en la que se suscribió el mismo objeto a través
del contrato 119 con el ingeniero CARLOS LYONS, el precio del
m3 era de $35.000.oo, es decir continúa la diferencia en un
valor que supera el 50%, lo que figura a Folios 232-233
cuaderno original No. 1, folios 40-42 del anexo No. 01.

Y de acuerdo a la Asesoría técnica del Ingeniero MIGUEL ANGEL
SOTO adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones
                              142
Especiales de la Procuraduría, en informe presentado en julio 9
de 1999 (fls. 15 ss. Cuaderno Malecón) se tiene que:

     “4.1. Del contrato de obra N° 002-97, suscrito entre la
     Gobernación y el In.JAIME HERNANDEZ TORRES, se mantiene
     el sobrecosto por valor de $80’780.700,oo sin incluir
     reajustes, sobrecosto generado por hallarse alto el valor
     del metro cúbico de arena, utilizada para la fabricación
     de los bolsacretos. La evolución de los análisis de
     precios unitarios presentados por el contratista se hizo
     con el informe anterior y la cotizaciones fueron
     conseguidas para la época del contrato. El promedio del
     valor de la arena era de $22.000,oo: el valor de la arena
     considerado para el contrato N° 119-97 (CARLOS LYONS
     HOYOS) fue de ($35.000,oo) y el valor incluido en la
     propuesta de JAIME HERNANDEZ TORRES fue de $75.000,oo.
     Como se observa el último valor es desproporcionado lo
     cual genera sobrecosto. El cálculo se hizo revaluando el
     precio unitario con el valor de $35.000,oo el metro
     cúbico   de  arena,   encontrándose   el  sobrecosto   ya
     mencionado.”

Resulta indiscutible que los valores por los que una entidad
territorial contrata la compra de materiales, no pueden ser
onerosos para la entidad contratante, porque no solo se afecta
negativamente el presupuesto sino porque la contratación no
puede convertirse en un mecanismo de favorecimiento económico
para los contratistas, es decir, que los precios de adquisición
no pueden arrojar como resultado mayores valores a favor del
contratista, particulares para el caso en estudio.

La Procuraduría encontró que este contrato presenta un mayor
valor que supera el 50% del objeto contratado, lo que
necesariamente se traduce en una mayor erogación presupuestal
para el departamento y por tanto, el pago de ese porcentaje al
contratista por materiales no suministrados, generaron un
incremento injustificado a su patrimonio y lesionaron las
finanzas de la entidad territorial.

Por lo cual, es claro que el implicado está incurso en la
violación de las normas que le fueron citadas como infringidas,
entre ellas, el numeral 8º del Art 24 de la Ley 80 de 1993: "La
autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines
previstos en la ley...."; numeral      5º Art 26 ibídem: "La
responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o
representante de la entidad estatal...."


                   CALIFICACION DE LA FALTA


                              143
Se mantiene la efectuada en el auto de cargos, al enmarcarla en
el numeral 4º del artículo 25 de la ley 200 de 1995 y
calificarla como GRAVISIMA, puesto que facilitó el incremento
patrimonial a favor de un tercero, ya que como responsable de
la contratación y en cumplimiento de las normas que la rigen
tenia que saber los precios del mercado para poder celebrar un
contrato de obra de estas características.


4.4.1.14. CARGO TRECE: Omisión del proceso de licitación
pública consagrado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 ya
que contrató directamente la construcción de la pista de
aterrizaje en el corregimiento El Encanto, mediante los
contratos 006 del 13 de marzo de 1997, con LUIS MANCILLA por
$42.981.000 y 007/97, con HERNAN DUQUE RUIZ, por $42.981.000,
incumpliendo las cláusulas quinta, sexta literal a), b), e),
f), g), novena del convenio No. 0383 suscrito con la
Aeronáutica.

Y tampoco tuvo en cuenta la certificación de cuantías (folio
157 cuaderno principal), ya que estaba en la obligación de
licitar desde la suma de $51.601.500.00.2 pues para este caso
la suma de los precios acordados asciende a $ 85.962.000.

- Esto teniendo en cuenta que la Gobernación suscribió con la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, los
convenios números 379, 381, 382 y 383 para construir      las
pistas de aterrizaje en los corregimientos el Encanto, La
Pedrera, Puerto Alegría, Tarapacá, por la cual se celebraron
los contratos de obra 006, 007, 008, 018 y 031 (folios 1-12,
58-69, 117-128, 179-190 cuaderno No. 5 cuaderno pistas de
aterrizaje 5.1.)-

Los argumentos del defensor se dirigen a aclarar que su cliente
no incumplió las cláusulas de los convenios y contratos y que
es cierto que los contratos de obra 06 y 07 se suscribieron el
mismo día y por el mismo valor de $42.981.539 cada uno,
considerando que el término de invitación para entregar
propuestas era suficiente dado el objeto de los contratos y
eran tareas primarias que no requerían de mayor especialización
técnica, existiendo en la localidad muchas personas con
preparación y requisitos para presentar estas propuestas y la
selección si fue objetiva como lo ordena la norma, se brindó la
oportunidad    a todos los participantes y contó con las
aprobación de los interventores de la AEROCIVIL.

Este Despacho considera que es evidente que los procesos
contractuales adelantados por el Departamento del Amazonas, no
se hicieron acatando las normas contenidas en el Estatuto, pues
en el asunto materia del auto de cargos, los contratos para la
construcción de pistas de aterrizaje, se celebraron sin
realizar las licitaciones a que hubiere lugar, según lo
                              144
previsto en aquella codificación legal, teniendo en cuenta la
cuantía de los contratos y según lo previsto en el Convenio que
se suscribiera con la Aeronáutica, todo lo cual indica que el
Convenio fue utilizado violando las normas contractuales que
obligaban a la licitación para seleccionar objetivamente a los
contratistas y garantizar la transparencia en estos procesos.

Además que como bien se indicó en el auto de cargos, estaba en
la obligación de licitar desde la suma de $51.601.500,02,
puesto que para este caso la suma de los precios acordados
ascendió a $ 85.962.000 y no fraccionar los contratos como lo
hizo, ya que contaba con los recursos asegurados por la
Aerocivil, es decir, tenía la disponibilidad para realizar un
solo proceso licitatorio.

Con lo anterior es claro que no son de recibo las explicaciones
de la defensa y que el implicado desconoció las normas que le
fueron citadas como infringidas: Artículo 6o de la Constitución
Política; numerales 1 y 8° del artículo 24; 1° y 5° del
artículo 26 y artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada como grave al tenor de los numerales 1º, 4º, 5º
y 6º y literal a) del numeral 7º del artículo 27 de la ley 200
de 1995, atendiendo su jerarquía, su grado de culpabilidad, la
reiteración de la conducta, la falta de consideración con los
administrados y el perjuicio ocasionado, la que se mantiene por
parte de este Despacho y con lo que puede concluir que el
implicado actuó con dolo dentro de los términos de la
culpabilidad, pues suscribió los contratos mencionados, sin
cumplir con el proceso de licitación.


4.4.1.14.   CARGO  CATORCE:   Porque   declaró  desiertas  las
licitaciones 001 y 002 de 1997, mediante las resoluciones
000263 del 13 de marzo de 1997 y     000405 del 17 de abril de
1997, respectivamente, acogiendo la recomendación dada por el
comité designado, no obstante que la evaluación no comprendía
el análisis técnico y financiero.

Aduce el apoderado que se atendieron las recomendaciones claras
y precisas del comité legalmente constituido, como consta en el
acta que estaba    integrado por: ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ SANTOS,
Jefe de la Sección de Operaciones MARTHA BOLIVAR REINA Jefe de
la Oficina Jurídica, PEDRO BARDALES CÓRDOBA Jefe del Banco de
Proyectos, que se hacía el estudio de las diferentes propuestas
y con las que no reunían los requisitos, pues lo lógico era que
no se realizaban las evaluaciones y demás.

Que en el momento en que el Comité entraba a hacer el estudio
de las diferentes propuestas y observaba que ellas no reunían
                              145
los requisitos de ley, era lógico que no requería evaluar,
calificar o analizarlas técnica o financieramente y el primer
análisis que se hacía era el jurídico y por tanto, no hubo
violación de norma alguna, puesto que no se calificó la falta y
por tanto el cargo es inexistente.

Tal como se adujo en el cargo tercero de este capítulo de
consideraciones referido al Gobernador, debemos atenernos a que
las reglas de la contratación estatal contienen la claridad
suficiente para exigir de los servidores públicos que los
procesos    contractuales,   garanticen    el    principio   de
transparencia en todo el desarrollo del mismo, con el objetivo
cierto de hacer una selección objetiva del contratista y para
el efecto, se requiere que previamente la entidad haga las
evaluaciones jurídica, técnica y financiera, como mecanismos
idóneos para establecer si las propuestas cumplen a cabalidad
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones o en
los términos de referencia y de esa manera otorgar las
calificaciones predeterminadas, a la vez que permite a los
oferentes, a los órganos de control y a la ciudadanía conocer
si el proceso se hizo con la objetividad necesaria.

Por lo tanto, el Despacho encuentra que el Gobernador si tiene
responsabilidad disciplinaria por esta glosa, ya que si bien
fue conformado un Comité, él no podía simplemente acoger sus
recomendaciones dada la magnitud de las obras y recursos que
estaban en juego, además que no aparecieron los estudios
técnicos y jurídicos de la revisión de los antecedentes de los
contratos y se advierte, que desconoció los procesos de
selección en el trámite de licitación, con la intención de
adjudicarlos sin ningún análisis de comparación.

Con lo cual se tiene     que   hubo   evidente   violación   de   los
siguientes artículos:

     24 de la Ley 80 de 1993 numeral 8, "Las autoridades no
     actuarán con desviación o abuso de poder... Igualmente,
     les será prohibido eludir los procedimientos de selección
     objetiva y los demás requisitos del presente estatuto.";
     Art 25 Numeral 18 “La declaratoria     de desierta de la
     licitación o concurso únicamente procederá por motivos o
     causas que impidan la escogencia objetiva...”. Art 26
     numeral 5 " La responsabilidad de la dirección y manejo
     de la actividad contractual y la de los procesos de
     selección será del jefe o representante de la entidad
     estatal..." Art. 29 "La selección del contratista será
     objetiva. Es objetiva la selección en la cual la
     escogencia   se hace al ofrecimiento más favorable a la
     entidad y a los fines que ella busca... Si se trata de
     contratación directa, resulta ser el más ventajoso para
     la entidad..."


                               146
                   CALIFICACION DE LA FALTA

Si bien dentro del auto de cargos no se calificó expresamente
este cargo, el mismo se ha de tener como grave teniendo en
cuenta los numerales 1°, 5° y 6º del artículo 27 de la ley 200
de 1995, atendiendo su jerarquía, su grado de culpabilidad y la
reiteración de su conducta, pudiendo concluir que actuó a
título de culpa, pues desconoció los parámetros de selección
consagrados en la ley.


4.4.1.15. CARGO QUINCE: Se le reprocha haber omitido el trámite
de contratación directa para suscribir los contratos: 018 de
1997, con ALSELMO GARCIA ALVES, para la construcción y el
mantenimiento del aeropuerto en el corregimiento Tarapacá, por
$288.915.525, 031 de 1997, con ALVARO AUGUSTO VALDES PEÑALOZA,
para la pavimentación de la primera etapa del corregimiento La
Pedrera por $399.391.080.

Una vez declarada desierta la licitación era necesario acudir
al trámite de contratación directa que regula el decreto 855 de
1994, para la obtención de por lo menos dos ofertas.

El defensor manifiesta que no se omitieron los trámites de
contratación directa, puesto que al declararse desierto los
concursos y licitaciones no eran necesarias, puesto que
entraría a operar el artículo 12 del Decreto 855 de 1994
corroborado con el 20 ibídem.

Sin embargo, así como la Ley 80 de 1993 prevé la posibilidad de
que una licitación se declare desierta, así mismo exige que se
proceda a la contratación directa como mecanismo de selección
objetiva del contratista, pero no da la facultad de que se
contrate sin cumplir con requisitos legales mínimos, tales como
la obtención de ofertas. Esto es, que dicha declaratoria no se
traduce en la inexistencia de requisitos para seleccionar a los
contratistas, teniendo en cuenta que es obligatorio obtener
ofertas que permitan comparar precios, servicios, etc.

La no obtención de las ofertas, implica que el contratista se
selecciona atendiendo al querer unilateral y no reglado del
titular de la entidad y para favorecer intereses particulares
que no consultan el interés público departamental.

Pero como bien se indica en el pliego acusatorio, se debe tener
en cuenta que la selección debe ser objetiva y no se puede
entender que por el hecho de declarar desierta una licitación o
concurso   público,  se   deba  obviar   el  procedimiento   de
contratación directa, pues el numeral 1° del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993, establece como regla general la licitación o
concurso público y como excepción la contratación directa que
debe surtirse como lo indica el artículo 1° del Decreto 855 de
                              147
1994.

Tenemos entonces que, como no se hizo el estudio de la
propuesta contratada, se infiere que el criterio de selección
no fue objetivo ni transparente y se vulneró por tanto entre
otros el artículo 24 numeral 8°; 26 numerales 1° y 6°; artículo
29 de la ley 80 de 1993; artículos 1° y 3° del Decreto 855 de
1994.


                   CALIFICACION DE LA FALTA

Este Despacho comparte la calificación de GRAVISIMA contenida
en el auto de cargos, con fundamento en el numeral 4º del
artículo 25 de la Ley 200 de 1995, pues facilitó el incremento
patrimonial en favor de un tercero, a quien escogió sin cumplir
con los requisitos de los procesos de contratación, sumado al
incumplimiento de la ejecución de las obras y atentando contra
los intereses de la comunidad, actuando con dolo dentro de los
términos de la culpabilidad, pues suscribió los contratos
mencionados, sin cumplir con el proceso de selección, a
sabiendas de que estaba en la obligación de garantizar el
principio de transparencia y el deber de selección objetiva.


4.4.1.16. CARGO DIECISEIS: Por Omitir publicar el aviso de
invitación en el proceso de licitación 001-97 como lo ordena
el numeral 3º    del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, para
contratar la construcción y mantenimiento del aeropuerto en el
corregimiento Tarapacá.

Es claro y como bien lo señala el apoderado, que no se le puede
endilgar esta glosa al gobernador, puesto que se trata de actos
de trámite cuya responsabilidad está en funcionarios de otras
dependencias, como sería en el Gerente de la Unidad de
Proyectos y Contrataciones cuya finalidad era estar al frente
de todos los contratos que estaba realizando la gobernación del
Amazonas para los años 1996 y 1997.

Encuentra este Despacho que las razones aducidas se hallan
ajustadas a la realidad, puesto que si bien el gobernador es el
ordenador del gasto y responsable directo del departamento,
existen funcionarios y empleados encargados de efectuar los
trámites inherentes a cada cargo, máxime en este evento que son
actuaciones de trámite menor como es el de fijar avisos, dejar
constancias, allegar recibos, que sería imposible exigirle el
cumplimiento al aquí acusado, lo que nos lleva a exonerarlo de
responsabilidad disciplinaria de este cargo.


4.4.1.17. CARGO DIECISIETE: Se le imputa la omisión de haber
dejado en la Secretaría de la entidad los informes de
                              148
evaluación de las propuestas en los procesos de licitación No.
001/97 y    No.002/97 por el término de cinco días hábiles,
desconociendo el principio de publicidad, transparencia, cargo
que se sustentara para absolverlo    en términos similares al
anterior.

De acuerdo con la documentación aportada al proceso, no se
registra   ninguna constancia   sobre el   traslado de   las
evaluaciones a los participantes en el proceso de selección,
para brindarles la oportunidad de formular las respectivas
observaciones.

Alega el apoderado que este cargo debió formularse junto con el
sexto y que no es cierto que el gobernador sea el responsable y
deba estar pendientes de simples trámites mecánicos de si se
fija o no los avisos, si dejan constancias y se allegan recibos
a   un   expediente,  porque   es   responsabilidad  de   otros
funcionarios, que para este caso son el Gerente de la Unidad de
Proyectos y el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento,
dada la delegación de funciones requerida para conformar el
equipo de gobierno y cumplir los objetivos trazados y que
precisamente al primero de los citados se le contrató para que
estuviera al frente de todos los contratos realizados por la
Gobernación para los años 1996 y 1997, en coordinación con la
oficina jurídica.

Este Despacho encuentra válidas las razones aducidas por el
apoderado y de consiguiente que el hecho es igual al del cargo
sexto y que como se indicó en éste, sería imposible exigirle el
cumplimiento al aquí acusado, lo que nos lleva a absolverlo de
responsabilidad disciplinaria de este cargo.


4.4.1.18. CARGO DIECIOCHO: Por haber adjudicado en los procesos
de contratación directa,   sin evaluar las propuestas desde el
punto de vista técnico, jurídico y financiero, los contratos:

1. 006 del 13 de marzo de 1997, suscrito con LUIS MANCILLA por
$42.981.000, no se verifica un criterio de selección, solo se
registra la devolución que le hizo el Jefe de la Sección de
Operaciones ANTONIO JOSE RAMIREZ de la propuesta. (Folio 26
cuaderno No. 5).

2. 007/97, suscrito con HERNAN DUQUE RUIZ, por $42.981.000.

3. 08/97, suscrito   con   CRISPIN   ALBERTO   MEDINA   ROMERO,   por
$42.997.500.00.


Este cargo se analizará conjuntamente con el 19 que sigue.


                               149
4.4.1.19. CARGO DIECINUEVE: Por haber invitado a     contratar
con base en solicitudes de oferta incompletas, ambiguas y con
término reducido para la presentación de las propuestas en los
procesos de selección correspondiente a los contratos números
06, 07 y 08 de 1997.

Se argumenta en el texto del cargo, que tendiendo en cuenta los
recursos a invertir, la naturaleza de las obras y los lugares
donde se debían ejecutar (construcción de pistas de aterrizaje
La Pedrera, Tarapacá, Puerto Santander, El Encanto y Puerto
Alegría), corregimientos    retirados de la ciudad de Leticia,
era   necesario  dejar   en   claro     factores  tales   como:
especificaciones técnicas, materiales y forma de suministro,
medio de transporte, equipos, experiencia, requisitos mínimos
desde el punto de vista jurídico y financiero y la tabla de
calificación.

La naturaleza de las obras exigían la elaboración de
invitaciones completas en el sentido de definir análisis de
precios unitarios, con las especificaciones técnicas, señalando
el tipo y referencia del material a utilizar; el programa
general de la obra y el programa de inversión; informe sobre la
experiencia   del proponente; relación de equipos disponibles,
garantía de seriedad de la propuesta fueron alguno de los
puntos que se omitieron en la invitación a contratar. (folios
27-29, 91-93, 140-142 Cuaderno No. 5)

De igual forma se fijó solo cinco días para presentar las
propuestas, término reducido teniendo en cuenta el lugar donde
se iba a surtir el proceso de contratación. (Folio 159 cuaderno
No. 5).

Manifiesta el apoderado que sí se hicieron las evaluaciones a
las diferentes propuestas desde el punto de vista técnico,
jurídico y financiero y que ello consta en las visitas
efectuadas por los investigadores en la Gobernación a los
contratos donde se verificó que había documentos traspapelados,
otros los ocultaron y otros en sitios que no correspondía,
demostrando mala fé por parte de la administración del
gobernador ARCESIO MURILLO RUIZ.

Que si se hace un análisis detenido al proceso de selección o
de invitación que reguló los contratos, se puede concluir que
están ajustados a la Ley y no es culpa de su poderdante que a
los investigadores les parezca reducido el término para
presentar propuestas, ya que le ley exige un mínimo que fue
cumplido y las personas de la región son amplias conocedoras de
las pistas de aterrizaje.

Para estos dos cargos es pertinente traer lo consignado en el
cargo 13, en que se tuvo en cuenta lo manifestado por el
Ingeniero EDGAR AUGUSTO BLANCO ALZATE, funcionario de la
                              150
AERONAUTICA CIVIL y designado para la supervisión de los
Convenios 379, 381, 382 y 383 que tenían por objeto la
construcción de las pistas de aterrizaje en los corregimientos
El Encanto, La Pedrera, Tarapacá y Puerto Alegría, quien en
declaración rendida bajo juramento (fls. 733 y ss.C. Pruebas
Descargos 1) manifiesta que sus funciones en relación con los
Convenios eran globales para cualquier cosa que se presentara,
estar pendiente de los plazos y vigilar el plan de inversión,
cómo se hace un plan mensual o sea controlar las actas de pago,
items, conforme al presupuesto del contrato y manejo en cuenta
conjunta con la Gobernación de los recursos del Convenio.
Respecto a las obras realizadas manifiesta:

     “En el Aeropuerto El Encanto, se hizo desyerbe y limpieza
     terreplanes y rellenos; en Puerto Alegria desyerbe,
     limpieza,   terraplenes   y   rellenos,  conformación   y
     compactación de sub-rasante y construcción de canales de
     drenaje;   en   La  Pedrera   se   hizo  conformación   y
     compactación de base existente, refuerzo con adición de
     material, imprimación y mezcla densa y fría; en Tarapacá
     se esta haciendo desyerbe y limpieza, excavación de
     cortes, terraplenes y rellenos, construcción canales de
     drenaje y base arena-cemento...”

Al ser preguntado del porqué se contrató con HERNAN DUQUE RUIZ
la segunda etapa de la pista en El Encanto y a pesar de que se
encontraba suspendida la primera para el 3 de junio de 1997,
fecha de celebración de dicho contrato, manifiesta;

     “Con respecto a esto lo único que puedo decir es que la
     Oficina Jurídica de la Gobernación llevo a cabo esa
     contratación   sin   ninguna  consulta   previa...   Tuve
     conocimiento en el momento en que ya estaba suscrito y
     legalizado, quiero dejar en claro que todas estas
     contrataciones las hizo la gobernación sin ninguna
     consulta previa a la Aeronáutica Civil, más aún se debe
     tener en cuenta que mi sitio de trabajo es la ciudad de
     Bogotá y ocasionalmente me desplazaba a la ciudad de
     Leticia en cumplimiento de comisión aprobada... Si me
     gustaría dejar muy en claro que en cada uno de los
     contratos hubo un interventor cumpliendo todas las
     funciones propias de esta actividad mi labor se concentro
     en hacer una coordinación y cumplir exclusivamente las
     funciones que me asignaba el convenio....” (Negrillas
     fuera de texto)

Al igual que el cargo trece, por tratarse de hechos similares,
considera este Despacho que estos procesos contractuales
adelantados por el Departamento del Amazonas, no se hicieron
acatando las normas contenidas en el Estatuto, pues en el
asunto materia del auto de cargos, los contratos para la
construcción de pistas de aterrizaje, se celebraron sin
                              151
realizar las licitaciones a que hubiere lugar, según lo
previsto en aquella codificación legal, dada la cuantía      y
según lo previsto en el Convenio suscrito con la Aeronáutica,
lo cual indica que los Convenios fueron utilizados con
violación de las normas contractuales, que obligaban a la
licitación para seleccionar objetivamente a los contratistas y
garantizar la transparencia de estos procesos.

Por lo tanto, no se aceptan las explicaciones dadas por el
apoderado del implicado ya que con su conducta el acusado
desconoció las normas que le fueron citadas como infringidas:
Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 4° y 8° del
artículo 24, 1° y 5° del artículo 26, artículo 29 y numeral 8°
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, incisos 2° y 3° del
artículo 3° del Decreto 855 de 1994, la que además en el auto
de cargos y para las dos glosas (18 y 19), fue calificada como
GRAVE, al tenor de los numerales 1º, 4º, 5° y 6º y literal a)
del numeral 7º del Artículo 27 de la ley 200 de 1995,
atendiendo su grado de culpabilidad, su jerarquía, la falta de
consideración con los administrados, la reiteración de la
conducta y los perjuicios ocasionados a la comunidad, se le
imputó a título de dolo, calificación que se mantiene en este
fallo.


4.4.1.20. CARGO VEINTE: Por haber Suscrito el contrato de
adición No. 1 del 2 de julio de 1997, por $4.037.461 a pesar de
estar suspendida la ejecución de la obra en el contrato 006/97,
desde el 3 de junio de 1997 y reiniciada en el mes de agosto.
(Folios 47, 49, 50)

Manifiesta el apoderado que no acepta el cargo porque no existe
norma contractual que prohíba que un contrato que se encuentra
suspendido pueda ser adicionado que como en este caso se debió
a causas del invierno y dificultad de transporte, y además los
investigadores no tuvieron en cuenta que el contrato se refería
no sólo a obras adicionales sino al plazo del contrato inicial
y cita el artículo 26 numeral 1o de la ley 80 que establece que
los   servidores   públicos  están   obligados   a   buscar  el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto y a proteger los derechos de la
entidad, contratista y terceros, que puedan verse afectados.

Que si hubo solicitud de suspensión por causas consideradas de
fuerza mayor (invierno y dificultad de transporte) y fue
aprobada, era lógico y consecuente que su defendido estaba
obligado a cumplir la norma y acceder a la ampliación del
plazo.

Este Despacho no encuentra válidos los argumentos de la
defensa, porque estando suspendida la obra no tenía ningún
sentido ni conveniencia, hacer una adición comprometiendo más
                              152
recursos sin tener un informe de interventoría que justificara
la decisión de adicionar el contrato, lo cual demuestra la
falta de control y vigilancia en la ejecución de los mismos,
máxime si tenemos en cuenta que el objeto del contrato no se
cumplió y hubo de ser declarada la caducidad mediante
resolución 412 del 13 de abril de 1998, por la nueva
administración departamental.

Por lo anterior, es claro que el implicado desconoció con su
proceder, el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 de 1993.

                   CALIFICACION DE LA FALTA

En el auto de cargos, con fundamento en los numerales 1º, 4º y
6º del artículo 27 de la ley 200 de 1995, le fue calificada la
falta como GRAVE, calificación que mantiene este Despacho, si
se considera que actuó con dolo pues a sabiendas de que las
obra se encontraban suspendidas, tanto la primera como la
segunda etapa adicionó su valor.


4.4.1.21. CARGO VEINTIUNO: Se le reprocha que como Gobernador y
Ordenador del gasto, presuntamente trasladó de la cuenta No.
407-02399-3   “recursos    de   confinanciación”   la   suma  de
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE   MIL    SEISCIENTOS    SESENTA    Y   SIETE    PESOS  M/C
($797.9390.667), omitiendo los términos de convenios suscritos
con el Fondo de Inversión Social FIS,              cambiando su
destinación, discriminados de la siguiente manera:

- 1º de julio de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-01999-1.
Fondos Comunes Departamentales, la suma de $310.000.000.00.

- El 1º de agosto de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
01999-1.   Fondos  Comunes  Departamentales  la   suma   de
$331.939.667.00.

El 18 de diciembre de 1997 se trasladó a la cuenta No. 407-
02374-6. Recaudo impuesto, la suma de $124.000.000   y 407-
01999-1   correspondiente  Fondos  Comunes   Departamentales
$32.000.000.00.

Certificación expedida por el Tesorero PASTOR SILVA VALDERRAMA,
el 17 de febrero de 1999. (folio 429 cuaderno principal No. 2)

Los traslados presupuéstales efectuados en el mes de julio y
agosto fueron reintegrados en las siguientes fechas.

23 de Julio de 1997           $310.000.000.00
11 de Agosto de 1997          $331.000.000.00
18 de diciembre de 1997      $ 41.300.000.00

                              153
Aduce el apoderado que los objetos de los convenios de las
vigencias de 1996 y 1997 no fueron cambiados y lo que se hizo
fue netamente financiero y transitorio como lo corroboran los
reintegros realizados de cuenta corriente a cuenta corriente
sin afectar la disponibilidad presupuestal y se abrió una
cuenta corriente para cada convenio de la vigencia 1996 y para
la de 1997 se abrió una sola denominada CONVENIOS FIS VIGENCIA
1997, acordado entre el FIS y el departamento.

Que los recursos objeto de traslado y relacionados en el cargo
se entregaron así: el 23 de julio $310’000.000 y el 11 de
agosto $331’000.000 y el movimiento bancario efectuado en
diciembre no se alcanzó a reintegrar por no haber llegado los
recursos del Ministerio de Hacienda, interior, fondos cuenta y
coltabacos. Recursos estos cuyos movimientos bancarios se
hicieron respaldados en la figura de UNIDAD DE CAJA contemplado
en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996.

El acusado JUAN CARLOS GUTIERREZ JARAMILLO como Secretario de
Hacienda de la época, manifiesta en relación con estos
traslados, que los objetos de los convenios FIS de las
vigencias de 1996 y 1997 no fueron cambiados y lo que se hizo
fue netamente financiero y transitorio, como lo corroboran los
reintegros realizados de cuenta corriente a cuenta corriente
sin afectar la disponibilidad presupuestal y que la desviación
de recursos se presenta si la partida presupuestal (rubro
presupuestal) es afectada mediante traslado presupuestal
(crédito, contracrédito) de estos recursos a otros rubros que
impediría la ejecución de gastos respecto del convenio y que
esto no ocurrió porque, los traslados fueron netamente
financieros.

Que se abrió una cuenta corriente para cada convenio de la
vigencia 1996, y para la de 1997 se abrió una sola cuenta
denominada CONVENIOS FIS VIGENCIA 1997, acordada entre el FIS y
el departamento y que: (fls. 255-271 C.D.No.3)

     “...Es de anotar que estos traslados temporales fueron
     realizados con base en el principio de UNIDAD DE CAJA
     ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO 359, EN
     LA LEY 38/89 Y EL ARTICULO 16, DECRETO 111/96 EL CUAL
     ESTABLECE: “UNIDA (sic) DE CAJA: CON EL RECAUDO DE TODAS
     LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL SE ATENDERA EL PAGO
     OPORTUNO   DE  LAS   APROPIACIONES   AUTORIZADAS  EN   EL
     PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION”

     Este principio establece que el presupuesto es único, con
     lo cual se busca que los ingresos se destinen a la
     satisfacción de las necesidades existentes, sin que las
     rentas   se  hallen   previamente   asignadas  a   gastos
     específicos, es decir, la unidad hace referencia directa
     a que el conjunto de rentas e ingresos formen un acervo
                              154
     común, el cual   atiende    los   gastos   que el presupuesto
     autoriza.”

Y cita la Sentencias C-478 de agosto 6 de 1992 y C-337 de
agosto   19   de  1993  de   la  Corte   Constitucional,  sobre
pronunciamientos del artículo 12 de la Ley 38 de 1989, que
consagra el principio de Unidad de Caja y que: “...Según dicha
norma, los dineros que entran al tesoro público, cualquiera que
sea su procedencia, se funden en una caja común, y de ella se
podrán destinar a los cometidos que se determinen en el
presupuesto.”

Y las excepciones de los artículos 336, incisos 4 y 5; 356
inciso 2° y 361 de la Constitución.

Y que respecto a los $814.765 no reintegrados a la cuenta 407-
02399-3 del banco de Bogotá, obedeció a la demora en los giros
de MINHACIENDA de $375.638.890 (6° bimestre/97 y 10% de
reaforo); Mininterior $296.512.716 de oct-nov-dic.) Fondo
Cuenta ($192.000.000 saldo agosto y dic/97), Coltabacos
($20’000.000 aproximadamente) impuestos de licores nacionales
pendientes de pago por parte de HENRY NEI ($87.393.330.84),
para un total de $971.544.936.84 como consta en el acta de
entrega de la Secretaría y que luego de recibidos estos
recursos debían reintegrarse a la citada cuenta y así continuar
con la ejecución de convenios y contratos, traslados que se
hicieron con base en el principio de Unidad de Caja artículo
16 Decreto 111 de 1996.

Sin embargo tenemos que los recursos que ingresaban a la cuenta
corriente, eran trasladados nuevamente, por lo que se registra
una cifra mayor de traslados respecto a los dineros que
efectivamente ingresaron, estando la administración obligada no
sólo a abrir una cuenta corriente especial con los recursos,
sino a cumplir con la ejecución de los proyectos, razón por la
cual en el evento de no utilizarlos debía devolverlos para su
reintegro a la Tesorería General de la Nación, pero estos
recursos fueron destinados entre otros asuntos a cancelación de
la deuda y pago de la     nómina de empleados y pensiones, sin
tener en cuenta que por tratarse de recursos de destinación
específica, no se debían consignar en otras cuentas y que
aunque se hayan reintegrado como en su mayoría se hizo, la
falta se configura y de consiguiente no se aceptan los
descargos presentados por su apoderado, puesto que el
Gobernador faltó a las obligaciones que como representante
legal del mismo le señalaban los Convenios así:

     “Obligaciones del Departamento:

     “5. Invertir de conformidad con las normas vigentes,
     dentro del plazo estipulado en este convenio, los
     recursos transferidos y los de su contrapartida en la
                                155
     ejecución de (los) Proyecto (s), y en el evento de no
     hacerlo dentro de este plazo, devolverlos al mes
     siguiente al FIS, para su reintegro a la Tesorería
     General de la Nación y la liquidación respectiva”.

     “6. Aplicar los     recursos de que trata la cláusula
     segunda y detallados en el anexo No. 1 para cada
     proyectos, exclusivamente al cumplimiento del objeto de
     este convenio y de (los) proyectos (s)...” (subrayas y
     negrillas fuera de texto)

     También desconoció con su proceder el Artículo 18 del
     Decreto   111  de  1996, que   trae  el  principio de
     Especialización:

     “Las operaciones deben referirse en cada órgano de la
     administración a su objeto y funciones, y se ejecutaran
     estrictamente conforme al fin para el cual fueron
     programadas.”


                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada como GRAVE en el auto de cargos, al tenor de los
numerales 1º, 5º y 6º y literal a) del artículo 27 de la Ley
200 de 1995, dada la jerarquía, el grado de culpabilidad y la
reiteración de la conducta, calificación que se mantiene por
este Despacho.

También en el pliego acusatorio se estimó que la actuación del
burgomaestre estaba dada a título de dolo, puesto que hasta el
momento todas las irregularidades configuradas reflejaron la
intención de desconocer los términos de los convenios, ya que
al suscribirlos sabia las obligaciones que adquiría y que por
lo tanto, no podía utilizar los recursos asignados a objetos
distintos.

En cuanto a las otras consideraciones sobre las inconsistencias
en el manejo de recursos, reportadas por el Secretario de
Hacienda LEOPOLDO CAMPOS SANCHEZ, mediante oficio SH-201 del 6
de marzo de 1997, como irregular la distribución del empréstito
autorizado por la Asamblea Departamental, mediante la ordenanza
No. 033 de septiembre de 1997, y por la cual advierte el
traslado de $924.638.693.00, variando el objeto para el que
estaban destinadas y enumerado como 3.1. y 3.2. relacionado con
el traslado de recursos de la cuenta N° 407-02431-4, del
Convenio No. 0379 de noviembre 12 de 1996 (Folio 175 cuaderno
principal No.1), es pertinente tener en cuenta el auto de
cargos, en donde se trataron estos dos puntos y se decidió:

     “...Del análisis contable de las cuentas antes descritas,
     se observa que los pagos se surtieron para pagar las
                              156
     obligaciones que tenía el departamento, en su mayoría
     sobregiros, que reportaban las cuentas bancarias. Es
     decir dentro del concepto “sustitución de pasivos”,
     cualquier obligación, no se discriminó de manera concreta
     ninguna en especial.

     Las anteriores apreciaciones sirven de fundamento para
     recomendar el archivo definitivo de la investigación,
     respecto a los numerales 3.1 3.2 del presente capitulo,
     de conformidad con lo ordenado en el artículo 151 de la
     ley 200 de 1995.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)


4.4.1.22. CARGO VEINTIDOS: Porque como representante legal del
Departamento no ejerció al parecer el control respecto de las
Secretarías de Hacienda, Salud, Agricultura y Educación, para
el cabal cumplimiento de los términos contenidos en los
acuerdos que suscribió con los Fondos de Cofinanciación DRI y
FIS para la vigencia de 1996, razón por la cual se establecen
irregularidades respecto de los convenios   que a continuación
se relacionan:

Es importante señalar que los siguientes Convenios fueron
objeto de análisis y decisión de archivo en el mismo auto de
cargos con fundamento en los artículos 54 y 151 del CUD, razón
por la cual no se entrarán a analizar sino que se estará a lo
resuelto en dicha providencia:

- Convenio 1706-91-010-96.

- Convenio 4568 proyecto 7715

- Convenio 4615 proyecto 7716

- Convenio 4785 proyecto 7687

- Convenio No. 4803, proyecto No. 8193.

-Convenio No. 5919 proyecto 11037.


De los Convenios suscritos con el DRI se tiene lo siguiente:

1- No. 1706-91-006-0-96: Asistencia técnica agropecuaria. No se
expidió certificado de disponibilidad presupuestal. El proyecto
no tiene concepto favorable del Consejo Seccional de Asistencia
técnica. No se adjuntó la ficha EBI. Se verifica un pago por
concepto de suministro de gasolina con destino a la Secretaría
de agricultura, participación en seminarios sobre sistemas
integrados de producción y pago de viáticos.


                                157
Los recursos se desembolsaron el 17 de febrero de 1997 y no se
verificaron actas de ejecución y terminación del programa.

2- Convenio 1706-91-026-0-96: Objeto. Adecuación de una planta
trilladora de arroz para la junta de acción comunal de puerto
Nariño.

Los recursos se desembolsaron el 21 de agosto de 1997.

Inicialmente con base en la visita que practico la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales, se advierte que si bien
el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente JORGE
CACHIQUE HERNANDEZ, dio por recibido el trabajo contratado a
JUAN VILDOSA PEÑA, el 31 de julio de 1997, en la visita
efectuada el 5 de febrero de 1998 por el asesor del Fondo DRI,
se estableció que la obra contratada no había sido terminada ni
adecuada la instalación para el objeto del proyecto.

Posteriormente, en la visita      practicada a la Unidad de
Coordinación   de  la   Inversión  Pública   del  Departamento
Administrativo de Planeación de la Gobernación del Amazonas el
8 de marzo del año 2000, se advirtió para este convenio    una
ejecución del 72.28%    según el seguimiento efectuado por la
Subdirección de Operaciones el 5 de febrero de 1998, no
obstante con base en una nueva visita el 23 de julio de 1998,
se señala una ejecución física del 56% y financiera del 58%,
razón por la cual se observa una diferencia manifiesta de la
información contenida en documentos con la real o física.

Se dejó constancia sobre el incumplimiento por la falta de base
para molino, montaje y puesta en funcionamiento y adecuación de
las redes eléctricas (Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

3- Convenio 1706-91-027-096: Objeto. Proyecto de instalación y
puesta en funcionamiento de 25 unidades para el procesamiento
de fariña en la rivera del río Putumayo.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento adicional
distinto al que revisó la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales. Se registra a 31 de enero de 1998 un saldo de
$2.440.600 y una anotación en lápiz que señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600, el
saldo de apropiación es de $11.132.600.oo, por lo que se
evidencia su falta de ejecución. El 22 de enero se trasladaron
$43.000 a la cuenta No. 407-02473-6 y a esa fecha no apareció
ninguna acta sobre la ejecución del proyecto.




                              158
4- Convenio 1706-91-028-0-96: Objeto. Proyecto de asistencia
técnica específica para núcleos ganaderos indígenas y pequeños
colonos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

No se encontró ningún informe parcial ni final de la ejecución
del proyecto. El saldo del convenio por registro de la UDECO,
es de $1.014.040, el saldo de apropiación en el libro de
registro presupuestal es de $5.020.000 y el saldo bancario es
de $14.040. Por lo tanto al parecer no existe equilibrio entre
los gastos reportados y el manejo presupuestal y el control de
bancos. No se expidieron los certificados de disponibilidad y
los registros presupuéstales.

5- Convenio      No. 1706-91-031-0-96. Objeto. Proyecto de
construcción de galpones y dotación de equipos para la
producción   avícola   por    mujeres   indígenas de varios
corregimientos del departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 11 de febrero de 1997.

Se evidenció con el seguimiento hecho por la subdirección de
Operaciones que el proyecto tiene una ejecución física y
financiera del 92%.

No se registra información adicional a la obtenida por la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, es decir de
acuerdo con el seguimiento efectuado se advierte una ejecución
del 92%, o sea que no se cumplió en su totalidad el objeto del
proyecto.

6- Convenio 1706-91-032-0-96. Objeto. Proyecto de capacitación
para el fortalecimiento organizativo, técnico y empresarial a
mujeres indígenas de las comunidades de Arara, Nazareth y
Puerto Nariño en el departamento del Amazonas.

Los recursos se desembolsaron el 31 de julio de 1996.

En el informe de seguimiento de fecha 4 de febrero de 1998, se
advierte el incumplimiento en la ejecución por la falta de
capacitación a las mujeres de las comunidades sobre la
utilización de las máquinas, materiales y repuestos, no
obstante se suscribió el acta de liquidación sobre la inversión
de aportes y cumplimiento del objeto sin la firma del
representante del Fondo DRI. (Folio 146 cuaderno convenios 2.).

El saldo que aparece registrado en la UDECO es de $1.970.273.
El saldo de apropiación asciende a $19.034.500 y el saldo en la
cuenta bancaria es de $1.924.349.26. Así fueron pagados con
cargo a los recursos del    convenio $17.064.227, desconociendo


                              159
la obligación de expedir certificado de disponibilidad previo
al compromiso y efectuar la reserva pertinente.

Convenios suscritos FIS- Educación.

1- No. 1302, proyecto 1953. Objeto. Adquirir documentos de
investigación realizados por universidades del país y del
extranjero para dotar el CEDAM, como libros, revistas, material
audiovisual   y   comprar   archivadores.  Valor   del   proyecto
$6.166.000.    Aporte   FIS    $4.270.100.  Aporte    Gobernación
$1.895.900.

Los recursos fueron desembolsados el 12 de noviembre de 1996.

La asesora comisionada verificó que no existen actas que
reflejen la ejecución del convenio (folio 147). Situación que
ya había advertido la Dirección Nacional para la fecha de la
primera visita donde dejó la constancia: "que la cuenta
corriente No. 40702399-3 se encuentra en rojo. La cuenta
debería contar con la suma de $4.270.100 por no haberse
ejecutado".

2- Convenio No. 1302, proyecto 1952- Objeto: Dotar de elementos
que conforman la canasta del Ministerio de Educación Nacional
para desarrollar actividades    en el área de danzas, cultura,
dibujo   y música, por un valor de $ 1.989.836. Aporte FIS
$1.193.902. Gobernación $795.934.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Igual que el anterior se tiene la información que aportó la
Dirección Nacional respecto a la no ejecución del objeto
acordado, pues con lo manifestado por el director de la Oficina
de Planeación del Departamento del Amazonas a través del oficio
No 209 del 31 de marzo del año 2000 la carpeta del convenio no
apareció. (Folio 283 Cuaderno No. 2).

A pesar de la falta de ejecución que se evidencia, la cuenta
corriente se encontraba en rojo, es decir no se sabe que paso
con los recursos.

3- Convenio No. 1302, proyecto No.3437. Objeto. Reparación
general de techos, estructura, paredes y pintura. Valor
$18.800.000. Aporte FIS $411.280.000. Gobernación $7.520.000.

Los recursos se desembolsaron el 12 de noviembre de 1996.

Se celebraron dos contratos:

El No. 070, se suscribió, el día 22 de agosto de 1997, con el
señor ISMAEL FAJARDO, Gobernador de la comunidad indígena Mue,
por $9.450.000. Se giró el anticipo el día 2 de septiembre de
                               160
1997, por $4.589.100,     mediante    el   cheque   F6416492,   cuenta
corriente 2399-3.

El contrato No. 072, se suscribió, el día 22 de agosto de 1997,
con el señor USEBIO PIYACHI, Gobernador comunidad indígena
Okainas, por $9.400.000. Se giró el anticipo el día 12 de
septiembre de 1997, por $4.700.000, mediante el cheque No.
F6416492, cuenta corriente 2399-3.

No aparece acta de iniciación de obra, el plazo de ejecución es
de veinte (20) días contados a partir del acta de iniciación.
No existe ninguna prueba sobre su ejecución, sin embargo la
cuenta corriente se registra en rojo.

Las obras se encontraban sin ejecutar de acuerdo con la
revisión efectuada por el Secretario de Agricultura GUILLERMO
MARIN TORRES, el 2 de febrero de 1998. (Folio 4. cuaderno FIS
educación)

4- Convenio No. 7969, proyecto 11314. Objeto. Construcción del
auditorio del centro cultural indígena, corregimiento de Puerto
Santander.   Valor.   $48.131.578.  Aporte   FIS   $45.725.000.
Gobernación. $2.406.378.

Los recursos se desembolsaron el 21 de julio de 1996.

Se celebró el contrato 089, con JUAN DE JESUS RANGEL el día 10
de septiembre de 1997, por $48.131.578. Se giró el anticipo el
día 15 de septiembre de 1997, mediante el cheque No. F6416493,
por $2.406.378.

Igual que el    anterior no se registran actas de ejecución como
lo corroboró     tanto la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales,     como la asesora comisionada. (Folio 155 cuaderno
convenios No.   2 y folio 4 cuaderno FIS Educación).

Cuenta corriente en rojo, al parecer se ordenaron traslados
presupuéstales.

5- Convenio 2572, proyecto 247, se renovó el programa               de
subsidio para la asistencia y permanencia de alumnos                en
educación básica, por un valor de $123.862.240. Aporte             FIS
$79.219.300. Gobernación $44.642.940. Vence el 3 de mayo            de
1998. Valor total de los proyectos $192.430.240.

Los recursos se desembolsaron el 8 de octubre de 1997.

Con base en la información aportada por la Dirección Nacional,
se evidencia la inexistencia de     soportes de ejecución. Así
mismo se registra la cuenta corriente en rojo.



                                161
No se encontró ninguna otra documentación sobre su ejecución
como lo señala el Director de la Oficina de Planeación,
mediante oficio No.209 del 31 de marzo del año 2000. (Folio 283
cuaderno convenio No. 2).

6- Convenio No. 7700, proyecto No. 66122. Objeto: Dotación de
textos primaria. Valor $143.956.000.

No se pudo establecer la fecha del desembolso pues no reposa
información en la Tesorería del Departamento sobre el mismo.

Conforme a lo estableció por la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales no se evidencia su ejecución.
Aspecto que queda confirmado con el informe suministrado por el
Director de la oficina de Planeación donde indica que la
carpeta no fue encontrada. (Folio 283 cuaderno convenios No. 2)

7- Convenio No. 5, proyecto No. 259. Objeto. Dotación textos
primaria. Valor $8.059.534.

Igual que el anterior, se desconoce su ejecución y no aparece
ninguna otra documentación. (Folio 149 cuaderno convenios No.
2)

8- Convenio No. 5919, proyecto 11041. Objeto: Reparación de las
instalaciones de la segunda planta de la escuela Lozano
Torrijos, de Atacuarí y dotación de textos escolares y material
didáctico.   Valor   $30.000.000.   Aporte   FIS   $18.000.000.
Gobernación. $12.000.000.

No se pudo establecer la fecha del desembolso, pues no existe
el convenio para la Tesorería del Departamento.

Se celebró el contrato No. 132 el 10 de diciembre de 1997, con
el señor ROGELIO CAMPUZANO OCAMPO, por un valor de $29.843.989.

Contrato sin ejecutar. Adicional a los señalado por la
Dirección se verifica el acta de seguimiento de fecha 5 de
febrero de 1998, donde se dejó constancia sobre la adecuación
del terreno más no se llevó a cabo la construcción de las
tres aulas. (Folio 148 cuaderno convenios No. 2).

9- Convenio No. 5919, proyecto 11040. Objeto: Preparación de la
planta física, batería sanitaria   y dotación de mobiliario de
la escuela vereda el Milagro. Valor $51.667.000. Aporte FIS
$31.000.000. Gobernación $20.667.000.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

Se suscribió el contrato No. 102 del 22 de septiembre de 1997,
cuyo objeto consistió en la reparación y construcción de las


                              162
aulas escolares en la escuela de la comunidad de la milagrosa,
por un valor de $ 25.929.993.

A pesar de que se suscribió el acta de iniciación de obra No.
121 del 29 de octubre de 1997 y el      acta de recibo final y
liquidación del contrato del 22 de diciembre de 1997, se
estableció a través de la segunda revisión efectuada por la
Procuraduría el 8 de marzo del año 2000, atendiendo el acta de
seguimiento del 2 de febrero de 1998 la existencia de
desajustes en la reparación de las aulas, así como una
desproporción en los asignado con lo ejecutado, razón por la
cual se le exigió al contratista cumplir con los faltantes a
pesar de que las obras ya estaban recibidas por el interventor.
(Folio 149 cuaderno convenios No 2).

Hay un saldo sin soporte de ejecución de $25.737.007. Debe
existir en la cuenta $38.702.003, sin embargo la cuenta
corriente aparece en rojo.

10- Convenio No. 5929, proyecto No. 11039. Objeto. Dotación y
adecuación de una aula para el laboratorio de idiomas del
colegio Alvernía. Valor. $16.000.000. Aporte FIS $9.600.000.
Gobernación. $6.400.000.

Los recursos se desembolsaron el 19 de junio de 1996.

De acuerdo con la información obtenida por la Procuraduría el
convenio se encuentra sin ejecutar. (Folio 150 cuaderno
convenios No. 2).

Fecha de vencimiento 21 de abril de 1998.

11- Convenio No. 5919, proyecto 11032 (11038). Objeto.
Reparación de cuatro aulas escolares y dotación mobiliario en
el colegio agropecuario José Celestino Mutis, en el municipio
de Puerto Nariño. Valor. $38.993.000. Aporte FIS $23.396.000.
Gobernación. $ 15.597.000.

Se suscribió el contrato No. 048 del 11 de septiembre de 1997,
con JOSE CELSO ELIZALDE DEL AGUILA, para el suministro de
cuatro escritorios con sillas, treinta pupitres bipersonales
con sus dos sillas y un archivador, todo en cedro, terminación
en barniz, por un valor de $4.570.000.

Se canceló el día 20 de septiembre de 1997, mediante el cheque
No. F6416497. Cuenta corriente 2399-3.

Se encontró copia de los comprobantes de egreso No. 2770 y
2919, el primero del 15 de septiembre de 1997, correspondiente
al cheque No. E 6416494 de la cuenta corriente No. 2399-3 por
un valor de $2.796.000 a bodegas el tigre; la orden de compra
No.   429 por el suministro de 30 pupitres bipersonales con
                              163
destino a Puerto Nariño y el segundo del mes de septiembre de
1997, con el    cheque   No. E 6416497 de la cuenta corriente
2399-3 por un valor de $4.333.000.

No obstante lo anterior, no se encontró ningún reporte sobre la
ejecución de los convenios, es decir que efectivamente se hayan
entregado los elementos adquiridos en beneficio de la comunidad
de Puerto Nariño. (Folio 150 cuaderno convenios No. 2).

Saldo sin soportes de ejecución $34.423.000. Cuenta corriente
en rojo.

12- Convenio No. 1588, proyecto No. 1955. Objeto Programa de
asistencia y permanencia de alumnos en educación básica para
poblaciones indígenas del predio Putumayo y río Caquetá.
Objeto: Crear subsidios para los estudiantes de bajos recursos.
Valor $88.480.000.oo. Aporte FIS $53.074.644. Gobernación.
$35.405.356.00.

No hay soportes de ejecución. Los recursos se giraron el 21 de
noviembre de 1996. Vencimiento 21 de noviembre de 1997.

Se renovó mediante convenio No. 1394, proyecto 2300. Nombre.
Subsidio de la permanencia y asistencia en educación básica
comunidades indígenas.    Objeto. Renovación al objeto 1588,
proyecto 1955. Valor $104.406.400. Aporte FIS $62.628.080.
Gobernación $41.778.320.00.

Sin soporte de ejecución.

Valor total de los convenios $192.886.400.oo.

13- Convenio No. 5919, proyecto 11036. Objeto. Reparación de
las instalaciones de la escuela Simón Bolívar de Ronda. Valor $
23.800.000.oo.   Aporte    FIS   $17.000.000.oo.   Gobernación.
$6.800.000.oo.

Se celebró el contrato. No. 097 del fecha 22 de septiembre de
1997, con el señor BENJAMIN SUAREZ DEL AGUILA, por un valor de
$16.895.837.oo. Se pago el anticipo el día 2 de octubre de
1997, mediante cheque No. F6416501, por un valor de $7.591.276,
de la cuenta corriente No. 2399-3 Banco Bogotá.

No existe acta de iniciación. El 2 de febrero de 1998, las
obras no se habían iniciado.

El jefe de operaciones Departamental mediante oficio No. 056-
JOP del 16 de abril de 1998, informó a la asesora de la UDECO,
sobre el incumplimiento del contrato No. 097/97, razón por la
cual se liquidó.



                              164
Posteriormente se celebró acta de compromiso entre el
contratista y el departamento    de fecha 27 de abril de 1998,
para iniciar la ejecución de la obra.

14- Convenio No. 7328, proyecto 4000. Nombre. Apoyo técnico y
financiero a la UDECO. Valor $33.936.067.oo. Aporte FIS
$33.936.067.oo.

Los recursos se desembolsaron el 10 de junio de 1996.

Se celebraron las ordenes que aparecen relacionadas en el acta
de visita de fecha 4 de marzo de 1998. (Folios. 11-14 cuaderno
FIS Educación).

No aparece ningún documento que permita inferir la ejecución
del convenio. (Folio 151 cuaderno convenios No. 2).

15- Convenio No. 7603, proyecto No. 11109. Objeto. Apoyo a los
procesos de seguimiento territorial. Valor $ 40.000.000. Aporte
FIS $ 40.000.000.

Por este convenio se adquirieron los elementos que aparecen
relacionados en el acta de visita de fecha 4 de marzo. (Folios
14-15 cuaderno FIS Educación).

Valor total de ejecución $31.352.280.

No se había justificado la suma de $8.647.720. La cuenta
corriente No. 2399-3 del Banco Bogotá se encontraba en rojo.
(Folios 152 cuaderno convenios No. 2).

16- Convenio No. 788, proyecto No, 747. Objeto. Asesoría y
apoyo al departamento del Amazonas, en la aplicación y
desarrollo del sistema nacional de cofinanciación. Valor.
$10.000.000.

Los recursos se desembolsaron el 9 de julio de 1996.

La asesora comisionada encontró respecto de este convenio: El
oficio No. 538 UDC-97 del 22 de septiembre de 1997 suscrito por
la asesora de la UDECO, dirigido al coordinador HELBERT
PIMENTEL SERRANO, a través del cual le solicita aclarar el
estado de las cuentas de este y otros convenios, porque los
libros presentan confusión en el desembolso de los recursos,
sin establecer contratos y ordenes de servicios.

No se encuentra ninguna otra documentación que establezca la
ejecución del convenio. (Folio 152 cuaderno convenios No. 2)

Convenios FIS - Salud.



                              165
1- Convenio No.   1302, proyecto 1543. Objeto. Iniciar trabajo
de la escuela de padres en el Departamento del Amazonas y
realizar actividades de capacitación, divulgación y asesoría en
educación sexual y ETS. Valor. $35.182.700. Aporte FIS
$21.109.620. Aporte Gobernación. $14.073.080.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 23 de octubre de
1997, cuenta corriente No. 407-02399-3 del banco de Bogotá.

De acuerdo con la visita que practicó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales, se advierte que el proyecto no fue
ejecutado. Situación que queda confirmada con la nueva revisión
llevada a cabo por la asesora comisionada quien dejó constancia
sobre la falta de documentación atinente a este convenio y la
respuesta que dio el director de la Oficina de planeación
respecto a que el convenio no fue encontrado. (Folio 152, 283
cuaderno convenios No. 2).

2- Convenio 2607, proyectos 2730 y 2732. Objeto. Construir y
dotar los laboratorios de salud pública. Valor $577.539.555,
Aporte FIS $346.523.745. Aporte de la Gobernación $231.015.810.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

Al parecer no se canceló el valor de los contratos números
061,062,065,058,057 derivados de los convenios No.2730 y 2732.
En el contrato No. 100 no se canceló sino el 50%. El contrato
0030, no aparecen las actas de ingreso al almacén de los
equipos adquiridos y se reportaron como elementos faltantes un
lector de prueba de Elisa y microelisa por valor de $8.120.000,
una silla ergonómica $220.400 y una pinza entonólogica de
disección $22.040.

Valor sin ejecutar $515.303.983. No se        hizo   el    tercer
desembolso por parte del FIS $103.957.124.

En el proyecto 2730 el FIS desembolsó la suma de $138.871.250,
es decir el 70% de su aporte.

El contrato No. 057 se     suscribió   con reactivos y equipos
médicos por un valor de $46.342.000 y el No. 058 con
instrumentos y equipos médicos por un valor de $19.116.800.

No fueron comprometidos y por lo tanto ejecutados $73.412.450,
teniendo en cuenta que no existen soportes que justifiquen la
inversión.

Igualmente   respecto   al  proyecto   No.   2732   no  fueron
comprometidos $180.331.050. Información contenida en el oficio
No. 005 S.S.O.P del 22 de enero de 1998. (folio 158 cuaderno
convenios No. 2).


                              166
Del proyecto 2370 aparece la copia de la orden de pago No. 1363
del 19 de diciembre de 1997, sin la firma de la pagadora. El
comprobante de egreso No. 5603 de 19 de diciembre de 1997, a
favor   de   la    firma   Internacional   Odontomedica   Ltda,
correspondiente   al   contrato  No.   065-97   por  valor   de
$40.004.967.

3- Convenio 5454, proyecto 10645. Objeto. Construcción,
ampliación y dotación del hospital local la Pedrera. Valor
$186.666.664. Aporte del FIS $167.099.997. Aporte de la
Gobernación $19.566.667.

Los recursos se desembolsaron por el FIS el 2 de mayo de 1996.

Proyecto   en    ejecución.   El   FIS    realizó   dos   giros
correspondientes al 70% de su aporte por valor de $116.969.998.
Sin efectuar giro por valor de $50.129.999.

Valor    ejecutado   $91.871.566.00.           Valor   por   ejecutar
$44.665.100.00

Porcentaje de ejecución 49.2%.         Saldo       cuenta    corriente
$25.098.433

De la nueva revisión se verifica:

Memorando No. 076 de fecha 09 del 8 de junio de 1998 de la
Oficina de Contratación, dirigido al coordinador de la UDECO,
remitiendo las actas de iniciación, recibo final de obra No.
062 a nombre de HERNAN DUQUE RUIZ de fecha 5 de febrero de
1998. Se señala como valor ejecutado la suma de $49.994.617.24
y un saldo a favor del contratista de $ 24.997.783.00.

Acta suscrita por el interventor sobre las mayores cantidades
de obra reconocidas por valor de $ 3.919.254.7.

Así mismo y de la diligencia de inspección que cumplió la
asesora con el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO al corregimiento La
Pedrera, se estableció que solamente se adecuó el terreno, se
levantaron vigas e instalado los servicios y no se ha terminado
la construcción del hospital.

4- Convenio No. 5721, proyecto 9422. Objeto. Continuar acciones
de investigación, promoción y prevención del maltrato infantil.
Valor $31.525.125. Aporte FIS $25.220.100. Aporte de la
Gobernación $6.305.025.

Los recursos se desembolsaron por el FIS, el 2 de mayo de 1996.

Proyecto en ejecución. La Secretaría de Salud Departamental no
remitió a la UDECO soportes de ejecución desconociéndose el
nivel de ejecución del proyecto $57.052.297.
                                 167
De la revisión efectuada    se     estableció   que   al   parecer   el
proyecto no se ejecutó.

5- Convenio 2607/96. Objeto. Implementación de dotación del II
nivel para el hospital San Rafael de Leticia del departamento
del Amazonas. Valor $ 908. 185.055.

Los recursos se desembolsaron el 3 de diciembre de 1996.

No   fue posible establecer la ejecución del proyecto pues no
apareció ninguna documentación ni    soporte como lo indicó el
director de la Oficina de Planeación, mediante oficio No. 209
del 31 de marzo del año 2000. (Folio 283 cuaderno convenios No.
2).

La defensa del gobernador aduce que éste sí ejerció vigilancia
y control a todos los convenios y contratos a través de los
Consejos de Gobierno realizados semanalmente lunes o viernes,
en los que los Secretarios de Despacho rendían un informe
detallado de las actividades de acuerdo al manual de funciones
y delegación de funciones y en los comités de obra que se
efectuaban los martes y también a través de informes de la
UDECO respecto al estado general de cada convenio.

Por eso la apertura de cuentas corrientes, giro de cheques y
todo el manejo presupuestal estaba asignado al Secretario de
Hacienda o Tesorero y cada secretario rendía su informe que
debía ser creíble por el gobernador porque era imposible que
pudiera ir a verificar personalmente punto por punto de lo
narrado por cada uno de los secretarios, porque de ser así era
innecesaria la presencia de dichos funcionarios en el gabinete
y el gobernador sería absoluto.

Considera extraña la glosa por convenios suscritos en diciembre
de 1997 en que finaliza el período del gobernador ACOSTA SOTO y
que el Convenio 2572 en que se dice que los recursos se
desembolsaron el 8 de octubre de 1997, recuerda que para esa
fecha su poderdante no estaba en ejercicio de sus funciones, lo
que no se tuvo en cuenta para este y otros casos, puesto que
fue suspendido del 26 de septiembre al 25 de noviembre de 1997.

Encuentra este Despacho que la relación de los Convenios y la
verificación que realizó la Procuraduría en cuanto al estado en
que se encontraba la ejecución de los mismos, está demostrando
que el Gobernador no ejerció control alguno, puesto que si lo
hubiera hecho no solamente podría probar que se dieron los
seguimientos a que hubiere lugar así como la evolución de las
obras y las pruebas demuestras que la ejecución fue parcial y
que no hubo ningún control a pesar del impacto social y
económico que debían generar en la comunidad.


                                 168
Por tanto la ausencia total de ejecución de unos o la parcial
de otros, en asuntos sensible para la población como era la
producción de fariña, capacitación de las mujeres indígenas,
reparación de aulas escolares, entre algunos casos, demuestran
la forman en que se afectó negativamente a la comunidad en sus
demandas social, por falta del control sobre la ejecución de
los Convenios.

Así demostrados los hechos materia del auto de cargos, queda
acreditado que si se sucedió la conducta disciplinaria
investigada y por tanto se violaron las siguientes normas:

Artículo 6° de la Constitución Política, numerales 1º, 5º del
artículo 26 de la ley 80 de 1993, numerales 2º, 3, 22 y 23 del
artículo 40 de la ley 200 de 1995.

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada en el auto de cargos como GRAVE, atendiendo lo
contenido en los numerales 1º, 4º, 5º, 6º, literal a) del
artículo 27 de la ley 200 de 1995 y teniendo en cuenta que su
deber no solo se limitaba     a celebrar los convenios sino a
ejercer un control sobre su ejecución, pues al suscribirlos
comprometió al departamento con el único fin de beneficiar a la
comunidad, por lo tanto era necesario cumplir con los términos
y las obligaciones estipuladas con los diferentes Fondos de
Cofinanciación, con lo que su proceder fue negligente y
descuidado, razón por la cual se considera que obro con culpa.

Es importante tener en cuenta el estado de las obras realizadas
en los años 1996 y 1997 por la administración del Gobernador
ACOSTA SOTO, en las que se invirtieron las millonarias sumas
cuestionadas en todos y cada uno de los cargos formulados a él
y a sus colaboradores y que fueran objeto de visita e informes
presentados por el Ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO adscrito a la
Dirección   Nacional  de   Investigaciones  Especiales  de   la
Procuraduría, junto con los cuadernos de fotos del estado
deplorable en que se encontraron a menos de un año de su
supuesta culminación, que se resumen como sigue:

En Junio 23 de 1999, rinde informe luego de practicar
inspección y verificación de las obras de Mejoramiento y
Construcción de Pistas de Aterrizaje en el Departamento del
Amazonas, ejecutadas mediante contratos de obra pública 006,
007, 008, 018 y 031 de 1999, en donde realiza la información
básica, desarrollo de cada contrato y concluye (Fls. 5-11 Álbum
fotográfico malecón):

     “...   Respecto   al contrato   de   obra    No.   018-97.
     “Construcción     y   Mantenimiento     Aeropuerto     del
     Corregimiento de Tarapacá”, es evidente la falla en la
     Planeación   inicial del   Proyecto,   en   razón   a   la
                              169
     inconveniencia de su ejecución, toda vez que se hizo una
     inversión y la pista de aterrizaje está invadida por
     maleza, sedimentación y lodo, que la hacen imposible de
     usar. La obra no se ha recibido, falta por terminar el
     50% del ítem No.4 “Construcción Canales de Drenaje” y el
     100% del ítem No. 5 “Base en Arena-Cemento”.

     Todo indica que no se proyecto un manejo adecuado de
     aguas y control de erosión, como se observó sobre el
     terreno hay gran sedimentación en la pista ocasionada por
     las escorrentías y erosión proveniente de los taludes de
     corte que no quedaron bien definidos. (Falla en la
     Planeación Técnica). El continuar con los trabajos
     requiere de la adecuación nuevamente de la misma (otro
     contrato).

     El plazo contractual está vencido, así como el concedido
     en el contrato adicional y no existe información cuando
     se continuará la ejecución de las obras.

     En relación con el contrato de obra No. 031 - 97
     “Pavimentación   Primera   Etapa   del   Aeropuerto  del
     Corregimiento de LA PEDRERA Departamento del Amazonas”,
     se halló que en los items No. 3 “IMPRIMACION” y No. 4
     “MEZCLA DENSA EN FRIO”, se pagó mayor cantidad de la
     realmente ejecutada. En el ítem No. 3 se cancelaron
     2.134.84 M2 que equivalen a la suma de $95?706.300,oo
     (sin incluir A.I.U.16%, para un total de $100.069.014.40
     y que al incluir el A.I.U. que es del 26% la cantidad
     asciende a la suma de $126’086.958.10. Lo anterior sería
     SOBRECOSTO, por obra pagada y no ejecutada.

     La obra se recibió hace 20 meses, pero el estado de la
     misma es pésimo; lo cual se sugiere se haga efectiva la
     póliza de estabilidad que aún debe estar vigente. Se
     hallaron fallas técnicas sobre el pavimento como:
     Descascaramientos,    Depresiones   (Baches),   Fisuras
     Transversales y desprendimiento conocido como Ojo de
     Pescado. Las fotos No. 2, 3, 6, 7, 8, 10 y 11 del albún
     anexo, muestra las fallas.”

En julio 9 de 1999 (fls. 15 ss.)

     “4.1. Del contrato de obra N° 002-97, suscrito entre la
     Gobernación y el In. JAIME HERNANDEZ TORRES, se mantiene
     el sobrecosto por valor de $80’780.700,oo sin incluir
     reajustes, sobrecosto generado por hallarse alto el valor
     del metro cúbico de arena, utilizada para la fabricación
     de las bolsacretos. La evolución de los análisis de
     precios unitarios presentados por el contratista se hizo
     con el informe anterior y la cotizaciones fueron
     conseguidas para la época del contrato. El promedio del
                              170
valor de la arena era de $22.000,oo: el valor de la arena
considerado para el contrato N° 119-97 (CARLOS LYONS
HOYOS) fue de ($35.000,oo) y el valor incluido en la
propuesta de JAIME HERNANDEZ Torres fue de $75.000,oo.
Como se observa el último valor es desproporcionado lo
cual genera sobrecosto- El cálculo se hizo revaluando el
precio unitario con el valor de $35.000,oo el metro
cúbico   de  arena,   encontrándose   el  sobrecosto   ya
mencionado.

4.2 Esta pendiente por verificar 1.429.5 metros cúbicos
de Bolsacreto del contrato N° 002-97 y su adicional, en
razón a que esta cantidad es la que debe estar por debajo
del lecho del río y que no se pudo medir por estar
cubierta de agua. Es de anotar que esta cantidad es mayor
que la cantidad medida por encima del lecho del río, lo
cual crea incertidumbre sobre su total ejecución.

4.3. Una de las graves fallas en la Planeación Técnica
del proyecto Reordenamiento Ambiental y Plan Piloto
Malecón Turístico, radica en la ausencia total de haberse
ejecutado oportunamente un plan adecuado de INDEMNIZACION
Y DESALOJO DE TERRENOS ASI COMO LA REUBICACION DE LOS
HABITANTES (Barrios Marginales) AFECTADOS, como son los
barrios EL AGUILA Y VICTORIA REGIA, para posteriormente
continuar con el proyecto (Ver numeral 3.0 del presente
informe)

4.4. Otra de las fallas en la PLANEACION Y PROGRAMACION
del proyecto se detectó en la forma como la Gobernación
pretendía   ejecutar   simultáneamente    las   obras   de:
Construcción Obras de estabilización del Talud, sobre la
cual   está   construído   el   Dique   de   Confinamiento;
construcción   del   relleno    hidráulico;   ejecutar   la
prolongación y adecuación de aguas servidas de las calles
7 y 8a y la interventoría para estas obras, lo cual no es
lógico dentro del desarrollo normal del proyecto, toda
vez que cada obra requiere de su tiempo de ejecución y
tiempo de definición en que momento se harían los
empalmes. Así mismo, se iban a ejecutar sin haber
definido lo relacionado con la indemnización y desalojo
de terrenos y la reubicación de los habitantes y sin
conocer   los   resultados    del   contrato   No.   006-97
“Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Malecón
Turístico...”, dada su conexidad, resultados que nunca se
presentaron. (Numeral 3.0 del presente informe).

4.5. Las obras del contrato No. 119-97 “Construcción de
1.450 metros cúbicos (M3) de Dique en Bolsamortero...”,
quedaron inconclusas, afectando la programación del
proyecto y del contrato No. 007-97 “Realización de la
Gerencia del proyecto de mejoramiento ambiental del
                         171
     Puerto de Leticia.”, no se conocen informes ni parcial ni
     final de esta consultoría, incidiendo en el normal
     desarrollo del proyecto, de haberse llevado a cabo.

     4.6. En inspección realizada a las obras del proyecto de
     Reordenamiento Ambiental y Plan Piloto del Malecón, el
     día 28 de mayo de 1999, se hallo que el nivel del río se
     encontraba en la cota 71.198 msnm y la UNIDAD DE ESTUDIOS
     FLUVIALES del Ministerio del Transporte en su estudio de
     Abril de 1997, estableció como cota corona de las
     Bosacretos en 71.000, lo cual el río supero esa cota y
     parte del proyecto a realizarse     quedaría inundado. La
     situación encontrada el 28 de mayo de 1999, obliga a que
     el proyecto se debe Revaluar en su totalidad, toda vez
     que el mismo debe subirse en sus cotas de diseño,
     implicando   mayores  costos   y  tiempo   de  ejecución.
     Igualmente VELNEC S.A., en su informe de consultoría del
     contrato No. 0004-97, establece que el proyecto del
     Malecónse desarrollará en dos niveles: Uno a la cota
     70.25 m.s.n.m. correspondiente al eje de una nueva vía
     urbana (carrera 12) y un segundo nivel a la cota 71.50
     m.s.n.m. correspondiente a la placa que configura la
     terraza del Malecón (folio 977 cuaderno de pruebas). Como
     se observa la cota de la vía quedaría inundada y la cota
     de la terraza del Malecón solo supera en 30.20
     centímetros la cota del río registrada el 28 de mayo; lo
     cual ratifica que el proyecto debe ser revaluado...(sic)”

Septiembre 13 de 1999 (fls. 62-66 Cuaderno anexo Contrato 119),
en cuanto a la calidad de la obra llevada a cabo con el
contrato 119/97, el mismo Ingeniero señala:

     “Se observó que en el tramo de 28,40 metros lineales
     ubicados al frente de la calle 7, hay problemas en la
     estructura del dique hacia el costado norte (ver fotos
     No. 10, 11, 12, 13 y 15del albún anexo), por encontrarse
     escurrida al parecer por asentamiento del terreno de
     fundación. Es de anotar que por debajo pasan tuberías que
     conducen aguas negras que terminan contaminando las aguas
     del río Amazonas. En estas condiciones la estructura del
     dique es inestable y en una próxima creciente del río
     Amazonas puede COLAPSAR por ese sector. Se recomienda
     hacer efectiva la póliza de estabilidad que debió haber
     presentado el contratista, a fin de que se realice la
     reparación de la zona afectada. La interventoría de esta
     obra la hizo la firma CINARCO LTDA., según contrato No.
     014-97, y solo se conoce informe de diciembre 10 de 1997
     (folios 40 a 40 del cuaderno anexo), pero no relaciona
     cantidad de obra ejecutada por cada uno de los ítems; lo
     que da es información básica del contrato, estado de las
     pólizas y relación de cuentas y pagos efectuados para
     cada uno de los contratos (119-97 y 014-97). De otro
                              172
     lado, en la hoja de comentarios al desarrollo de los
     contratos, en ningún momento menciona que se haya
     colocado Bolsacreto al norte de la calle 8a, solo hace
     mención a que la continuidad a los trabajos de la
     construcción del dique se centraron en la desembocadura
     de la calle 7, donde ya se había iniciado el cierre...”

También se debe tener en cuenta lo manifestado por el Asesor
del Ministerio del Transporte, JORGE HURTADO G., en informe
enviado a la doctora CLARA LOPEZ OBREGON Experta de la Comisión
Nacional de Regalías, fechado el 15 de julio de 1998 (fls. 241-
245 C.Ppal.7), respecto a la reformulación del proyecto de
reordenamiento ambiental del Puerto de Leticia y luego de haber
realizado visita técnica al Malecón, autorizando al Gobernador
a fin de que tomara medidas inmediatas como:

     “- Solicitud a la Gerencia del Proyecto para que presente
     un informe detallado sobre el Estado actual del Proyecto,
     dado que el contrato con la firma que gerencia este
     proyecto, se encuentra próximo a su vencimiento.

     - Solicitar a la firma que presentó el Estudio de Suelos
     de la zona del proyecto, que amplíen sus criterios acerca
     de las recomendaciones para la estabilización del talud,
     y presentar otras alternativas.

     - Se hizo la observación por parte del Ministerio de
     Transporte, de que la estructura propuesta para el
     Malecón, no es recomendable debido a que la cimentación
     sugerida por la firma consultora, resulta muy costosa por
     la necesidad de construir pilotes de 20 metros de largo,
     reforzados en toda su longitud los cuales deben ir
     entrelazados en su parte superior por dados unidos a las
     vigas de la losa aérea que conforma la estructura del
     malecón; es decir que el relleno hidráulico previsto para
     conformar   el  malecón   del  Puerto   de  Leticia,   no
     funcionaría en absoluto.

     - La construcción de los Emisarios de las Calles 7 y 8,
     solicitados por la Gerencia del Proyecto, se encuentran
     aún sin el diseño correspondiente, la Administración
     anterior, contrató la construcción de los mismos, bajo la
     figura de URGENCIA MANIFIESTA, por lo tanto se sugiere a
     la nueva administración, tratar de llegar a un acuerdo
     con los contratistas con respecto a los precios pactados
     en el contrato y suspender el contrato, previendo un
     tiempo prudente para la realización de los diseños, o
     como ultima opción, rescindir de dichos contratos.”

Y se observaron en la      visita,   errores   al   momento   de   la
construcción tales como:

                              173
       “La conformación del dique en bolsacretos, no se realizó
       por etapas. No se tuvieron en cuenta las recomendaciones
       dadas por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la
       Universidad Nacional (L.E.H.) y por la Unidad de Estudios
       Fluviales (UEF), quienes veían la necesidad de que la
       elevación de la protección o dique, progresara de acuerdo
       con el avance del relleno y disponer además, de un
       adecuado sistema de drenaje.

       - Lo anterior, ha creado un foco de contaminación e
       infección, debido al estancamiento de las aguas del río y
       lluvias en el sitio destinado para el relleno.

       - No conformaron las rampas de acceso que permitan el
       atraque de embarcaciones y la movilización de pasajeros y
       carga en aguas bajas a medias.”


4.4.2. Cargos a LUZ NAYADE SUCHIL SUAREZ, Gobernadora (E) en
los siguientes periodos:

1.   23 al   27 de junio de 1997 (4 días)
2.   12 al   17 de agosto de 1997 (5 días)
3.   18 al   21 de agosto de 1997 (3 días)
4.   5 y 6   de septiembre de 1997 (2 días)
5.   15 al   19 de septiembre de 1997 (4 días)
6.   24 de   septiembre al 24 de noviembre de 1997 (2 meses)

Respecto a la ejecución del proyecto de reordenamiento
ambiental se le vinculó por las siguientes conductas:


4.4.2.1. CARGO PRIMERO: Haber suscrito los contratos 119 del 17
de octubre de 1997 y 014 del 20 de octubre de 1997, para
construir 1450m3 de obras del dique en bolsamortero, para
confinar material proveniente del dragado del río Amazonas el
primero y ejercer la interventoría del mismo el segundo, sin
haber revisado la conveniencia de la contratación ni tener en
cuenta el informe de la consultoría 005 del 4 de octubre de
1997, que advertía una posible falla geológica y exigía      un
replanteamiento en la ejecución del proyecto, como se le
informó al Fondo Nacional de Regalías (folios 234-235), no
obstante la implicada celebró los contratos mencionados para
continuar con el desarrollo de la obra, comprometiendo
$437.259.135   sin  asesorarse, ni consultar las consecuencias
de la decisión que adoptaba.

Manifiesta su apoderado que la investigación se soportó en un
concepto técnico que señala lo improcedente de la construcción
de los 1.450 m3 de obras del Dique de Balsamortero, cuya
afirmación no nace de la observación directa en cuanto a que
para su desarrollo y según su lugar de ubicación no incidía la
                                  174
falla geológica, desestimando la terminación de la “herradura
del dique”, elemento necesario para la realización del relleno
hidráulico requerido para la construcción de la etapa piloto
del malecón turístico.

Dice que su defendida dada la suspensión del Gobernador Acosta,
asumió esta función y en su cargo suscribió los contratos
cuestionados, a pesar de sus debilidades en el manejo
administrativo pero alimentada y respaldada en lo informado por
personal idóneo como eran los asesores y actuando con el pleno
convencimiento que sus actos de ejecución eran lícitos y
estaban soportados por los requisitos de ley y en desarrollo de
la gestión de su antecesor, firmó los contratos respaldada en
un presupuesto y supuesto de previa supervisión técnica y
aprobación del Fondo Nacional de Regalías.

Sin embargo, se tiene que estos dos contratos debieron ser
liquidados de mutuo acuerdo y en forma anticipada, el de
consultoría como consecuencia del de obra, cuya motivación fue:

     “Atendiendo a las nuevas condiciones relacionadas con la
     obra objeto del contrato, referentes a la precaria
     estabilidad del talud sobre el cual se ha construido
     parcialmente la estructura de confinamiento para relleno
     hidráulico del proyecto de mejoramiento ambiental del
     Puerto de Leticia, de acuerdo a los resultados       del
     estudio geotécnico realizado por la empresa Espinosa y
     Restrepo Ltda., donde se recomienda la realización de
     obras civiles complementarias en forma inmediata y
     perentoria, las partes procediendo con sindéresis y buen
     juicio acuerdan mediante el acta presente dar por
     terminada en forma anticipada el objeto del contrato No.
     119 suscrito entre las partes con fecha 17 de octubre de
     1997...” (Anexos 41-44 Carpeta AZ azul)

Con lo cual queda claro que el cargo se mantiene, ya que está
probado que no hubo la previsión y estudio que se le glosa a la
acusada y por tanto, no son de recibo las explicaciones de su
apoderado acerca del desconocimiento del manejo administrativo,
puesto que al aceptar el cargo de gobernadora ella sabía el
compromiso que asumía y por lo tanto, estaba en la obligación
de cerciorarse sobre los procesos de contratación, ya que el
desconocimiento de las normas que regulan la materia no son
excusa para excluir su responsabilidad, denotando su falta de
diligencia, cuidado y previsión para cumplir con el desempeño
del cargo, por lo que habrá de sancionarse, puesto que con su
conducta permitió que se pagaran millones de pesos por obras
que nunca se ejecutaron, encontrándose incursa en la violación
de las normas que le fueron citadas como infringidas, como el
Artículo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993 y el 26 numeral 2
ibídem.


                              175
                   CALIFICACION DE LA FALTA

Dentro del auto de cargos y conforme a los numerales 1º, 2º, 4º
y 6º literal a) del artículo 27 de la ley 200 de 1995, la falta
fue calificada como GRAVE y así se mantiene en este fallo. En
cuanto al análisis de culpabilidad de la implicada, es claro
que su comportamiento como representante legal, ordenadora del
gasto y responsable de la contratación encuadra dentro del
ámbito de la culpa, por omitir los principios básicos para
contratar como los de planeación y economía, pues le era
previsible que las obras debían cumplirse con diligencia y
cuidado, ya que estaba comprometiendo unos recursos que exigían
de su parte adoptar las medidas      que junto con los demás
servidores participantes del proceso garantizaran los fines de
la contratación.


4.4.2.2. CARGO SEGUNDO: Por haber declarado desierta la
licitación 006 de 1997, mediante resolución 1080 del 15 de
octubre de 1997,     sin contar con las evaluaciones de las
propuestas presentadas desde el punto de vista jurídico,
técnico   y   financiero,   desconociendo  el   principio   de
transparencia y el deber de selección objetiva, descalificando
las tres propuestas presentadas.

El defensor sobre este cargo pide sea abolido teniendo en
cuenta los descargos de los demás disciplinados, en que se
demostró que la delegación de funciones se efectuó por
comunicaciones realizadas por el gobernador y la destinación
diferente    del presupuesto o traslados si realmente se
efectuaron redundan en quienes se les confió el presupuesto.

Revisada la actuación se encuentra a folios 1138 a 1197 del
cuaderno de pruebas de descargos N°1, copia del pliego de
condiciones de la Licitación Pública 006 de 1997 para la
construcción del dique en bolsacretos para confinar material
dragado del río Amazonas en el Puerto de Leticia, de agosto de
1997 y a folios 1277 a 1291, el acta del Comité Técnico de
Evaluación de la licitación integrado por el Ingeniero ANTONIO
JOSE RAMIREZ SANTOS Secretario de Obras Públicas; PEDRO
BARDALES CORDOBA de la Unidad de Proyectos; Ingeniero JUAN JOSE
ROBLES JULIO Jefe de Operaciones de la S.O.P. y MARTHA BOLIVAR
REINA Jefe de la Oficina Jurídica, cuyo concepto final es en
relación con las propuestas:

     “Una vez analizadas todas y cada una de las propuestas
     presentadas en forma detallada el comité conceptúa que
     ninguna de ellas cumple con los requisitos mínimos
     consignados en los pliegos de condiciones, siendo
     imposible realizar la escogencia más favorable para la
     entidad, por lo tanto es procedente dar aplicación al
     num. 4.5. de los pliegos y Declarar desierta la
                              176
     Licitación Pública No. 006-97”.

Entendido por este Despacho, que fue la razón para su
declaración de desierta y que en realidad si se contó con las
evaluaciones de las propuestas presentadas desde el punto de
vista jurídico, técnico y financiero, teniendo en cuenta la
calidad de quienes integraban el comité como eran los dos
ingenieros y la jefe de la oficina jurídica, por lo que no se
encuentra mérito para mantener el cargo y se absuelve del mismo
a la implicada, quien además no hizo parte de dicho Comité.


4.4.2.3. CARGO TERCERO: Por haber omitido publicar el aviso a
participar en la licitación 06 de 1997 para contratar con el
fin de construir 1450m3 de obras del dique en bolsamortero,
para confinar material proveniente del dragado del río
Amazonas,   desconociendo   el   principio   de transparencia,
responsabilidad y el deber de selección objetiva, por cuanto
ninguna de las propuestas presentadas resultó hábil para
contratar, no obstante se observa que no cumplió con el deber
de publicar el aviso, por lo tanto no garantizó la oportunidad
de participación en el proceso de selección.

Este Despacho tiene claro que no es responsabilidad del
gobernador atender los trámites de publicación de avisos, ya
que esto compete al funcionario pertinente que en este caso era
el Gerente de la Unidad de Proyectos y Contrataciones, dada la
delegación de funciones que es necesario realizar para
conformar el equipo de gobierno y cumplir los objetivos
trazados y que precisamente a dicho Gerente se le contrató para
que estuviera al frente de todos los contratos realizados por
la Gobernación para los años 1996 y 1997, en coordinación con
la oficina jurídica.

También encuentra y como se consignó en cuanto al anterior
gobernador implicado, que si bien es el ordenador del gasto y
responsable   de  la   administración   departamental, existen
funcionarios y empleados encargados de efectuar los trámites
inherentes a cada cargo, máxime en este evento que son
actuaciones de trámite menor como es el de fijar avisos, dejar
constancias, allegar recibos, que sería imposible exigirle el
cumplimiento a la aquí acusada, por lo que se concluye en la
necesidad de exonerarla de responsabilidad disciplinaria por
este cargo al no encontrarla incursa en la violación de las
normas que le fueron citadas como infringidas.


4.4.2.4. CARGO CUARTO: Por omitir el trámite de contratación
directa para celebrar el contrato 119 de 1997, para construir
1450m3 de obras del dique en bolsamortero, suscrito con
FERNANDO LYONS HOYOS,  para confinar material proveniente del
dragado del río Amazonas, ya que además de haber declarado
                              177
desierta la licitación sin el cumplimiento de los requisitos
exigidos y con el fundamento necesario para esta clase de
contratación, omitió la obtención de por lo menos dos ofertas
atendiendo el proceso de contratación directa.

Su apoderado no se pronuncia sobre este cargo.

Sin embargo y como ya se trató en otro cargo contra el
Gobernador, tenemos que así como la Ley 80 de 1993 prevé la
posibilidad de que una licitación se declare desierta, así
mismo exige que se proceda a la contratación directa como
mecanismo de selección objetiva del contratista, pero no da la
facultad de que se contrate sin cumplir con requisitos legales
mínimos, tales como la obtención de ofertas. Esto es, que dicha
declaratoria no se traduce en la inexistencia de requisitos
para seleccionar a los contratistas, teniendo en cuenta que es
obligatorio obtener ofertas que permitan comparar precios,
servicios, etc.

La no obtención de las ofertas, implica que el contratista se
selecciona atendiendo al querer unilateral y no reglado del
titular de la entidad y para favorecer intereses particulares
que no consultan el interés público departamental.

Pero como bien se indica en el pliego acusatorio, se debe tener
en cuenta que la selección debe ser objetiva y no se puede
entender que por el hecho de declarar desierta una licitación o
concurso   público,  se   deba  obviar   el  procedimiento   de
contratación directa, pues el numeral 1° del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993, establece como regla general la licitación o
concurso público y como excepción la contratación directa que
debe surtirse como lo indica el artículo 1° del Decreto 855 de
1994.

Encuentra este Despacho que la irregularidad en la declaratoria
de desierta de la licitación y aún en la hipótesis de que se
hubiera realizado en acatamiento a las normas contractuales, no
se traduce en la posibilidad de que la administración
territorial pueda obviar el procedimiento de la contratación
directa como lo hizo la inculpada, lo cual muestra que la
irregularidad fue utilizada adicionalmente para generar otras
violaciones al Estatuto Contractual.

El acudir a la contratación directa, igualmente debe garantizar
el principio de transparencia y el deber de selección objetiva
del contratista, sin embargo, en el cargo en estudio existe
evidencia que la administración vulneró tales mandatos.

Tenemos entonces que, como no se hizo el estudio de la
propuesta contratada, se infiere que el criterio de selección
no fue objetivo ni transparente y se vulneró por tanto entre
otros el artículo 24 numeral 8°; 26 numerales 1° y 6°; artículo
                              178
29 de la ley 80 de 1993; artículo 3° del Decreto 855 de 1994.


                   CALIFICACION DE LA FALTA

Este Despacho comparte la calificación de GRAVE contenida en el
auto de cargos, con fundamento en los numerales 1°, 4º y 6° del
artículo 27 de la Ley 200 de 1995, pues contrató sin cumplir
con los requisitos de los procesos de contratación, sumado al
incumplimiento de la ejecución de las obras y atentando contra
los intereses de la comunidad, actuando con dolo dentro de los
términos de la culpabilidad, pues suscribió el contrato
mencionado, sin cumplir con el proceso de selección, a
sabiendas de que estaba en la obligación de garantizar el
principio de transparencia y el deber de selección objetiva.


4.4.2.5. CARGO QUINTO: En el proceso de contratación directa
fijó en la invitación 075/97, correspondiente al contrato 014
de 1997, un término de difícil cumplimiento para la recepción
de las propuestas, puesto que se fijó el aviso el día 7 y se
desfijo el 8 de octubre de 1997. (Folios 263-268)

Igual que con el cargo tercero este Despacho tiene claro que no
es responsabilidad del gobernador atender los trámites y
términos de la publicación de avisos, ya que esto compete al
funcionario pertinente que como ya se dijo era el Gerente de la
Unidad de Proyectos y Contrataciones, dada la delegación de
funciones necesaria para conformar el equipo de gobierno y
cumplir los objetivos trazados y que precisamente a dicho
Gerente se le contrató para que estuviera al frente de todos
los contratos realizados por la Gobernación para los años 1996
y 1997, en coordinación con la oficina jurídica.

Por lo que si bien el gobernador es el ordenador del gasto y
responsable   de  la   administración  departamental,   existen
funcionarios y empleados encargados de efectuar los trámites
inherentes a cada cargo, máxime en este evento que son
actuaciones de trámite menor como es el de fijar y desfijar
avisos, dejar constancias, allegar recibos, que sería imposible
exigirle el cumplimiento a la aquí acusada, por lo que se
concluye en la necesidad de exonerarla de responsabilidad
disciplinaria también por este cargo al no encontrarla incursa
en la violación de las normas que le fueron citadas como
infringidas.


4.4.2.6. CARGO SEPTIMO (DEBERÍA SER EL SEXTO): Porque al
parecer ordenó trasladar y por ende cambió la destinación de
los recursos que fueron desembolsados por el Fondo de
Cofinanciación FIS, de la cuenta 407-02399-3 a las cuentas que
a continuación   se relacionan, con las consecuencias de orden
                              179
económico y social derivado del mismo.

Fecha                Cuenta                   Valor
Oct.06/97       407-01999-1 Fondos Comunes   $450.000.000
Oct.O6/97       407-02327-4 Fondo Dptal de   $ 35.065.000
                               Pensiones
Oct.09/97       506-12449-4 Convenio DRI    $224.836.000
Nov.14/97       506-001136-1Contador Pagador$215.000.000

Total:                                       $924.901.000

Se tomó inicialmente la información que aportó el Secretario de
Hacienda del Departamento LEOPOLDO CAMPOS SANCHEZ, a la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la visita
que practicó en el mes de febrero de 1998, donde se evidencia
el traslado de recursos por valor de MIL CUARENTA Y OCHO
MILLONES   CIENTO   OCHENTA    Y   OCHO   MIL   SESENTA   PESOS
($1.048.188.070). Posteriormente se verificó nuevamente la
información adjuntando la constancia que expidió el Tesorero
PASTOR SILVA VALDERRAMA, quien certificó el traslado por valor
de $1.721.901.000, con un reintegro equivalente a $907.136.000
y un faltante definitivo de $927.948.403 (Folios 51 y 431
cuadernos Principal 1 y 2) y también se verificaron las cifras
señaladas   a través de los extractos bancarios de los meses
correspondientes. (Folios 61-65 cuaderno pruebas No 1).

Su apoderado nada dice en relación con este cargo.

Sin embargo para este Despacho es claro y como se consignó en
cargo similar contra el acusado ACOSTA SOTO, los recursos que
ingresaban a la cuenta corriente, eran trasladados nuevamente,
por lo que se registra una cifra mayor de traslados respecto a
los   dineros   que   efectivamente  ingresaron,   estando   la
administración obligada no sólo a abrir una cuenta corriente
especial con los recursos, sino a cumplir con la ejecución de
los proyectos, razón por la cual en el evento de no utilizarlos
debía devolverlos para su reintegro a la Tesorería General de
la Nación, lo que no se hizo así en este evento, sin tener en
cuenta que por tratarse de recursos de destinación específica,
no se debían consignar en otras cuentas y que aunque se hayan
reintegrado como en su mayoría se hizo, la falta se configura y
de consiguiente se mantiene el cargo, puesto que la Gobernadora
faltó a las obligaciones que como representante legal del mismo
le señalaban los Convenios así:

        “Obligaciones del Departamento:

        “5. Invertir de conformidad con las normas vigentes,
        dentro del plazo estipulado en este convenio, los
        recursos transferidos y los de su contrapartida en la
        ejecución de (los) Proyecto (s), y en el evento de no
        hacerlo dentro de este plazo, devolverlos al mes
                                 180
     siguiente al FIS, para su reintegro a la Tesorería
     General de la Nación y la liquidación respectiva”.

     “6. Aplicar los     recursos de que trata la cláusula
     segunda y detallados en el anexo No. 1 para cada
     proyectos, exclusivamente al cumplimiento del objeto de
     este convenio y de (los) proyectos (s)...” (subrayas y
     negrillas fuera de texto)

     También desconoció con su proceder el Artículo 18 del
     Decreto   111  de  1996, que   trae  el  principio de
     Especialización:

     “Las operaciones deben referirse en cada órgano de la
     administración a su objeto y funciones, y se ejecutaran
     estrictamente conforme al fin para el cual fueron
     programadas.”


                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada como GRAVE en el auto de cargos, al tenor de los
numerales 1º, 5º y 6º del artículo 27 de la Ley 200 de 1995,
dada la jerarquía, el grado de culpabilidad y la reiteración de
la conducta, calificación que se mantiene por este Despacho.

También en el pliego acusatorio se estimó que la actuación de
la acusada, teniendo en cuenta la naturaleza de los recursos y
las implicaciones que se generaron, no podía cambiar la
finalidad para la que estaban destinados, sin embargo y
atendiendo su profesión (bacterióloga) y el encargo que estaba
cumpliendo en reemplazo del señor FELIX FRANCISCO ACOSTA, por
la suspensión que le fue decretada por la Procuraduría, aceptó
ejercer un cargo como representante legal y ordenadora del
gasto, siendo su actuar negligente y descuidado es decir que
se ubica dentro del campo de la culpa.


4.4.3. EVALUACION DE LA      CONDUCTA DE JUAN CARLOS GUTIERREZ
JARAMILLO,   en   calidad    de   Secretario  de   Hacienda  del
Departamento, del periodo    comprendido entre el 6 de diciembre
de 1996 al 29 de diciembre   de 1997.


4.4.3.1. CARGO PRIMERO: Porque en su condición de Secretario de
Hacienda, de los recursos asignados y situados por el Fondo
Nacional de Regalías, permitió el 30 de diciembre de 1997 que
se comprometiera la suma de $407.143.590 para la celebración de
los contratos números 018 y 153 derivados de la urgencia
manifiesta decretada mediante la resolución No. 219 del 29 de
diciembre de 1997, sin estar dados los presupuestos exigidos

                                181
por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Mediante certificados de disponibilidad números 369 y 361 del
30 de diciembre de 1997 comprometió $37.000.000 para la
interventoría y $370.143.590 para la construcción de las obras
de estabilización del talud sobre el cual está constituido el
dique de confinamiento del relleno hidráulico. (Folios 294 y
383 del cuaderno principal).

Como Secretario de Hacienda y responsable de la ejecución del
presupuesto del departamento, tenía la obligación de verificar
si efectivamente estaban configurados los hechos que se aducen
en el acto administrativo o si se trataba solamente de
comprometer los recursos habida cuenta de que estaba por
expirar la vigencia fiscal.

Argumenta el disciplinado (fls. 255-271 C.D.3B) que los
contratos cuestionados derivados de la urgencia manifiesta
estaban respaldados con las partidas presupuéstales requeridas
para ello con cargo al rubro presupuestal de inversión código
09020202 REORDENAMIENTO Y RECUPERACION AMBIENTAL ZONA PORTUARIA
DE LETICIA ETAPA 1, con una asignación presupuestal de
$750.000.000 según Ordenanza 0015 de junio 6 de 1997(ni la
allegó ni aparece en el expediente)

Respecto a la obligación de verificar si se configuraron     los
hechos aducidos en la urgencia manifiesta, aclara que        las
actuaciones de los funcionarios públicos se basan en         los
principios de legalidad y buena fe y luego de declarada       la
urgencia, se expidieron los certificados de disponibilidad   con
fundamento en el artículo 14 del Decreto 111/96.

Encuentra este Despacho que la defensa del ex-secretario no
tiene fundamento ya que en la investigación está acreditado que
la urgencia manifiesta no tenía soporte, porque como ya se
advirtió, es una medida de excepción que el ordenamiento
jurídico   otorga   a    la   administración   para   contratar
directamente, omitiendo la licitación pública, lo que no
significa que se lleve de plano el cumplimiento de unos
requisitos básicos y sin los cuales se vulnera el ordenamiento
jurídico aplicable en la materia.

Por lo mismo, no puede obedecer a un capricho de la
administración, como se observa en el presente disciplinario,
que no se dieron las causales legales para decretar la
urgencia, a lo que se suman hechos como el de no contar con los
recursos presupuéstales para contratar.

Así mismo resulta claro que la mora para obtener autorizaciones
y recursos, no es excusa válida para violar el Estatuto
Contractual, procediendo al mecanismo de la urgencia, por la
elemental razón que solamente la necesidad imperiosa e
                              182
inmediata de una solución para resolver un problema grave, que
no da espera, permite acudir a ese recurso. Esto fue
precisamente lo que no ocurrió aquí, pues la urgencia
manifiesta fue utilizada para escoger al contratista violando
el   deber   de    selección   objetiva   y   así   favorecerlo
económicamente, en contra del interés público que debe inspirar
la contratación.

Como vemos esta norma es clara en sus exigencias para declarar
la urgencia manifiesta, como las circunstancias especiales de
una calamidad, fuerza mayor o caso fortuito o desastres que
demanden tomar medidas inmediatas para conjurar la situación.

El disciplinado debía verificar la existencia de tales
circunstancias, las que en efecto no se dieron, en particular
porque el departamento no tenía los recursos suficientes para
atender la supuesta urgencia.

Con su conducta evidentemente infringió las normas que le
fueron citadas como son: El art. 112 del Decreto 111 de 1996:

      "Además de la responsabilidad penal a que haya lugar,
     serán fiscalmente responsables:

     “a)   Los  ordenadores   del   gasto  y   cualquier   otro
     funcionario que contraiga a nombre de los órganos
     oficiales obligaciones no autorizadas en la ley.....”

     No.1º Art 26. Ley 80 de 1993." Los servidores públicos
     están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de
     la contratación, a vigilar la correcta ejecución del
     objeto contratado y a proteger los derechos de la
     entidad....”

     Numeral 3° Artículo 40. Ley 200 de 1995

     “....Formular, coordinar o ejecutar los planes, programas
     y presupuestos correspondientes y cumplir las leyes y
     normas que regulen el manejo de los recursos económicos
     públicos o afectos al servicio público...”

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Su conducta fue calificada en el auto de cargos, al tenor de
los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, del artículo 27 de la ley 200 de
1995 como GRAVE, calificación que mantiene este Despacho,
atendiendo el grado de culpabilidad, su nivel jerárquico, como
jefe de la Secretaría de Hacienda y por ende responsable de
toda la actividad presupuestal y manejo de recursos del
departamento, su reiteración y la falta de consideración con
los administrados.

                              183
4.4.3.2. CARGO SEGUNDO: Porque expidió los certificados de
disponibilidad presupuestal con posterioridad a la iniciación
del proceso de selección y omitió el registro presupuestal en
desarrollo   del  proyecto   de  reordenamiento   ambiental  y
construcción del malecón turístico en el Puerto de Leticia, en
los contratos números 019/97, 152/97, 156/97 y 160/97, a pesar
de que se estaba pretermitiendo el tramite ordenado para la
licitación pública y contratación directa respectivamente,
comprometiendo los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías, en $ 334.000.000.

En los contratos números 019/97, 156/97 y 160/97 se inició el
tramite contractual el 23 de diciembre, se cerró el 24 de
diciembre, es decir se fijó un día para recepcionar ofertas, a
sabiendas de la complejidad, importancia de obras y sitio de
ejecución. La disponibilidad la hizo el 30 de diciembre de
1997, a través del certificado No. 359 (folio 316 Cuaderno
Malecón No. 2).

La apertura de licitación en el contrato No. 152/97,   se llevó a
cabo el 19 de noviembre y se declaró desierta           el 25 de
noviembre. La disponibilidad la expidió hasta          el 26 de
diciembre de 1997, mediante el certificado No. 363.    (folio No.
365 cuaderno Malecón No. 2).

En el contrato No. 156 la disponibilidad se expidió hasta el 26
de diciembre de 1997, con el certificado No. 365. La actuación
se inició el 23 de diciembre, fijando un día para recepcionar
Las propuestas. (Folio 414 del cuaderno principal).

Alega el acusado, no haber violado las normas citadas como
infringidas, pues el numeral 6° del Artículo 25 de la Ley 80
de 1993, queda desvirtuado con la Ordenanza 015 de junio 6 de
1996 que contiene los rubros y partidas asignadas que ordenaban
el gasto y por ello se contrató, fundamentándose además en el
numeral 13 del artículo 25 y 41 inciso 2 ibídem.

Del Artículo 71 del Decreto 111 de 1996, dice que si bien es
cierto que la comisión investigadora no encontró en la actual
administración los certificados de disponibilidad presupuestal,
estos siempre fueron expedidos mediante sello o por escrito y
anexada   al  respectivo   contrato,   existiendo  además   las
apropiaciones definitivas, todo lo cual se puede verificar en
el libro de ejecución presupuestal de 1997.

Hace claridad que en el proceso de contratación en lo que
respecta a los manejos presupuéstales se inicia a través de la
oficina de proyectos y contratación que se encargaba de los
procedimientos previos (fijación de avisos, publicación,
recepción de propuestas, etc.) y:

                              184
     “...para la expedición del certificado y registro
     presupuestal nos llegaba la orden respectiva mediante
     memorando firmado por el señor Gobernador a lo cual el
     Jefe   de  Presupuesto   procedía   a   verificar  saldos
     disponibles y expedir lo solicitado en el memorando
     (algunas veces sólo certificado de disponibilidad y otras
     certificado de disponibilidad y registro simultáneamente
     lo cual es legal y perfectamente válido), manejados así
     los procedimientos era imposible que se presentase el
     echo (sic) de que los contratos se formalizarán sin el
     lleno de los requisitos respecto a lo estipulado en la
     ley de presupuesto (disponibilidad y registro...”

Que los certificados de disponibilidad que respaldaban los
contratos se expedían anticipadamente a la fecha de firma del
contrato en cumplimiento al artículo 71 del Decreto 111/96,
igual que los registros que garantizaban la no desviación de
los recursos y finalmente la ejecución de los programas y
presupuestos que afectaban esos contratos, se desarrollaron en
los términos del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 literales a,
b,c y d.

Las consideraciones del Despacho,   tipicidad de la conducta y
calificación de la falta se hará conjuntamente en el siguiente
cargo, por tratarse de hechos similares.


4.4.3.3. CARGO TERCERO: Por haber expedido las disponibilidades
presupuéstales con posterioridad a la iniciación del proceso de
selección y haber omitido el registro presupuestal en los
contratos 006/97, 007/97, 008/97, 018/97 y 031/97, derivados de
los convenios 379, 381, 382, 383, celebrados con la Aeronáutica
Civil.

En el contrato 06 inició tramite el 7 de febrero y la
disponibilidad se expidió hasta el 14 de febrero, de acuerdo
con el certificado 023 (Folio 14 cuaderno No. 5).

En el contrato No. 07/97, expidió el 14 de febrero de 1997, a
través del certificado No. 014. (folios 96 cuaderno No. 5)

En el contrato No. 08/97 la invitación se formuló el 21 de
febrero y solo hasta el 5 de marzo expidió la disponibilidad
presupuestal, de acuerdo con el certificado de disponibilidad
No. 033 de 1997 (folio 193 cuaderno No. 5).

En el contrato No. 031/97, la apertura se ordenó el 10 de mayo
y la disponibilidad se expidió hasta el 21 de mayo de 1997, de
acuerdo con el certificado No. 293 cuaderno No. 5.

Sobre estos puntos argumenta el implicado no haber infringido
el numeral 6 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque en el
                              185
presupuesto del departamento (Decreto 009/97),   se constituyó la
reserva presupuestal de la vigencia 1996, en      el rubro Código
15-003-003   y   15-003-001   aparecen   las     disponibilidades
presupuéstales que respaldan los contratos 06,   07, 08 y 18/97

Respecto al Artículo 26 ibídem, es claro que dentro del proceso
de contratación compete a la Secretaría de Hacienda expedir los
CDP   para   garantizar   la   existencia   de   las   partidas
presupuéstales necesarias para los compromisos que se pretende
asumir, por eso una vez perfeccionados los contratos, se
realizan los registros presupuéstales en los libros y por
último se procede al pago de anticipos y/o valores totales del
contrato.

Que la Ley 80 de 1993 en ninguno de sus artículos plantea el
expedir los CDP al inicio de un proceso de licitación o
concurso, ya que estipula es la existencia de disponibilidad
presupuestal para dar inicio al proceso licitatorio y esas
disponibilidades existían respaldadas con el decreto 009/97,
con todo lo cual queda desvirtuado la violación de todas las
normas citadas como vulneradas.

Para este Despacho, carecen de base probatoria los argumentos
del implicado, puesto que en la investigación aparece
acreditado que las certificados de disponibilidad presupuestal
no fueron expedidos con antelación a los procesos contractuales
enumerados, como lo exigen las normas presupuéstales y de
contratación y como se consignó en los cargos, con el objetivo
de que la administración del ente territorial determine a
priori si tiene recursos, con qué monto de recursos cuenta para
contratar y afectar provisionalmente los que se destinarán al
objeto que se va a contratar. De tal forma que, tales recursos
materia del certificado de disponibilidad presupuestal no
podrán ser afectados para otros gastos del departamento.

Así, una vez se suscribe el contrato se obtiene el registro
presupuestal que indica que los recursos quedan definitivamente
afectados al contrato y no existe posibilidad alguna de
utilizarlos para otros fines. La omisión a expedir previamente
los certificados de disponibilidad presupuestal implica que los
recursos que deberían estar separados para la celebración de un
contrato, se puedan utilizar para otro gasto, generando ilegal
y anticipadamente obligaciones económicas al departamento.

Tenemos entonces que con la conducta endilgada en estas dos
glosas, el implicado infringió efectivamente las normas que le
fueron citadas en el pliego acusatorio, principalmente el
artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el numeral 3° del
artículo 40 de la Ley 200 de 1995.

                   CALIFICACION DE LA FALTA


                              186
En el auto de cargos fue calificada para los cargos segundo y
tercero teniendo en cuenta que se trata de la misma conducta,
como GRAVE con base en los numerales 1º, 5º y 6º del artículo
27 de la ley 200 de 1995, calificación que se mantiene por este
Despacho.

También se dijo que se evidenciaba el incumplimiento de sus
deberes, ya que con la omisión señalada se configura un
comportamiento negligente pues como Secretario de Hacienda no
solo debía conocer los requisitos exigidos para el manejo del
presupuesto   Departamental  sino  que   debía  dar  estricto
cumplimiento a los mismos.


4.4.3.4. CARGO CUARTO: No garantizó la adecuada ejecución del
presupuesto   y  permitió   el  traslado      de recursos  por
$1.721.901.000   de   la   cuenta   407-02399-3  “recursos  de
confinanciación” a las siguientes cuentas:

   - 1 de Julio de 1997, se trasladó a la cuenta No. 407-
     01999-1. Fondos comunes departamentales, la suma de $
     310.000.000.

   - El 1° de agosto de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
     01999-1 Fondos Comunes Departamentales la suma de $
     331.936.667.

   - El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
     01999-1 Fondos comunes la suma $ 450.000.000.

   - El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 407-
     023227-4 Fondo Departamental Pensiones la de $35.065.000.
   -
   - El 9 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta No. 506-
     12449-4 Convenio DRI No. 1706-030 la suma de $
     224.836.000.

   - El 14 de noviembre de 1997, trasladó a la cuenta No. 506-
     00136-1 Contador pagador, la suma de $ 215.000.000.

   - El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta No. 407-02374-1
     recaudo impuestos y otros $124.000.000.

   - El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta No. 407-01999-1
     Fondos comunes $ 32.000.000.

     Los recursos fueron desembolsados por el Fondo de
     Inversión Social FIS, en la cuenta corriente No.407-
     02399-3.

     Se reportan varios valores respecto a los traslados así:

                              187
     1. El Secretario de Hacienda certificó el 6 de marzo
     $1.048.188.070.

     2. El Tesorero PASTOR SILVA VALDERRAMA, certificó el 17
     de febrero de 1997, $1.721.901.000. (Folio 431 cuaderno
     principal No. 2)

     Al parecer los recursos que ingresaban, nuevamente eran
     traslados, razón por la cual se reporta una cifra menor a
     los dineros que efectivamente ingresaron.

     Las cifras fueron confirmadas       mediante   los   extractos
     bancarios. (Fls. 60-66).

     Los traslados presupuéstales fueron reintegrados en las
     siguientes fechas.

23 de Julio de 1997          $    310.000.000.00
11 de Agosto de 1997         $    331.000.000.00
4 de noviembre de 1997       $    224.836.000.00
18 de diciembre de 1997      $     41.300.000.00
TOTAL.                       $    907.136.000.00

La diferencia de $814.765.000, se reportó como faltante pues
los recursos no ingresaron a la cuenta mencionada.

Aduce el implicado que los objetos de los Convenios FIS de 1996
y 1997, no fueron cambiados ya que el traslado fue netamente
financiero y transitorio como se comprueba con los reintegros
realizados de cuenta corriente a cuenta corriente sin afectar
la disponibilidad presupuestal y no como se indica en el cargo
en las páginas 35 y 66 que habla de traslados, lo que no es
válido el supuesto cambio de destinación de los recursos del
FIS, aclarando que la desviación de recursos se presenta si la
partida presupuestal (rubro presupuestal) es afectada mediante
traslado   presupuestal  (crédito,   contracrédito)  de   estos
recursos a otros rubros lo cual impediría la ejecución de
gastos respecto de él y que para el caso presente no ocurrió ya
que los traslados fueron netamente financieros sin afectación
presupuestal, lo que se comprueba observando el libro de
ejecución pasiva del presupuesto y los informes mensuales que
se presentaban a los órganos de control, o sea que siempre
estuvo allí la disponibilidad presupuestal para dar inicio a
los procesos contractuales que se requerían en la ejecución de
los proyectos de inversión de estos rubros.

Que la obligación del departamento se cumplió con la apertura
de las cuentas corrientes, pues para los convenios de la
vigencia 96 se abrió una cuenta para cada uno y para la del 97
una sola denominada “CONVENIOS FIS VIGENCIA 1997, previo
acuerdo entre el FIS y el Departamento       y respecto a las
contrapartidas dice que no todos los proyectos tenían
                                 188
cofinanciación ya que se podía dar con bienes y/o servicios
suministrados por la gobernación para la ejecución de los
proyectos. Y la liquidación se inicia una vez ejecutados los
convenios y/o vencidos los plazos, complementando con que las
obras y contratos      adelantados con estos recursos fueron
cancelados en su tiempo a excepción del último trimestre.

Que respecto a los $814.765 no reintegrados a la cuenta 407-
02399-3 del banco de Bogotá se debió a la demora en los giros
de MINHACIENDA de $375.638.890 (6° bimestre/97 y 10% de
reaforo); Mininterior $296.512.716 de oct-nov-dic.) Fondo
Cuenta ($192.000.000 saldo agosto y dic/97), Coltabacos
($20’000.000 aproximadamente) impuestos de licores nacionales
pendientes de pago por parte de HENRY NEI ($87.393.330.84),
para un total de $971.544.936.84 como consta en el acta de
entrega de la Secretaría y que luego de recibidos estos
recursos debían reintegrarse la inicialmente citada cuenta y
así continuar con la ejecución de convenios y contratos,
traslados que se hicieron con base en el principio de Unidad
de Caja artículo 16 Decreto 111 de 1996. Agrega que:

     “...Es de anotar que estos traslados temporales fueron
     realizados con base en el principio de UNIDAD DE CAJA
     ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO 359, EN
     LA LEY 38/89 Y EL ARTICULO 16, DECRETO 111/96 EL CUAL
     ESTABLECE: “UNIDA DE CAJA: CON EL RECAUDO DE TODAS LAS
     RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL SE ATENDERA EL PAGO OPORTUNO
     DE LAS APROPIACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO
     GENERAL DE LA NACION”

Este principio establece que el presupuesto es único, con lo
cual se busca que los ingresos se destinen a la satisfacción de
las necesidades existentes, sin que las rentas se hallen
previamente asignadas a gastos específicos, es decir, la unidad
hace referencia directa a que el conjunto de rentas e ingresos
formen un acervo común, el cual atiende los gastos que el
presupuesto autoriza.

Cita las Sentencias C-478 de agosto 6 de 1992 y C-337 de agosto
19 de 1993 de la Corte Constitucional, sobre pronunciamientos
del artículo 12 de la Ley 38 de 1989, que consagra el principio
de Unidad de Caja y que: “...Según dicha norma, los dineros que
entran al tesoro público, cualquiera que sea su procedencia, se
funden en una caja común, y de ella se podrán destinar a los
cometidos que se determinen en el presupuesto.”

Y cita las excepciones de los artículos 336, incisos 4 y 5; 356
inciso 2o. Y 361 de la Constitución.

De la segunda sentencia trae el siguiente aparte:

     “...Consiste en que la totalidad de los ingresos públicos
                              189
     debe recibirse sin previa destinación a un fondo común
     desde donde se asignan a la financiación del gasto
     público. Sin este principio hay una desorientación del
     gasto público y entonces se hace poco viable destinar el
     gasto hacia las áreas prioritarias. Se necesita pues, una
     libertada para destinar el gasto a lo más conveniente,
     según las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se
     busca que la actividad presupuestal pueda ejercer con
     amplitud su función de orientar el gasto público hacia
     las áreas que estime prioritarias, sin que encuentre los
     ingresos   reorientados   hacia    la   financiación   de
     determinados gastos...”

Es pertinente en este punto, estar a lo resuelto por este
Despacho en relación con los cargos que por los mismos hechos
contra los acusados ACOSTA SOTO y SUAREZ URIBE Gobernadores,
dentro de este fallos, en que se consideró:

     “... los recursos que ingresaban a la cuenta corriente,
     eran trasladados nuevamente, por lo que se registra una
     cifra mayor de traslados respecto a los dineros que
     efectivamente   ingresaron,   estando  la  administración
     obligada no sólo a abrir una cuenta corriente especial
     con los recursos, sino a cumplir con la ejecución de los
     proyectos, razón por la cual en el evento de no
     utilizarlos debía devolverlos para su reintegro a la
     Tesorería General de la Nación, lo que no se hizo así en
     este evento, sin tener en cuenta que por tratarse de
     recursos   de  destinación   específica,  no   se  debían
     consignar en otras cuentas y que aunque se hayan
     reintegrado como en su mayoría se hizo, la falta se
     configura y de consiguiente se mantiene el cargo...”

Lo anterior por cuanto que tanto los Gobernadores como el
Secretario de Hacienda aquí implicado, faltaron a las
obligaciones que señalaban los Convenios así:

     “Obligaciones del Departamento:

     “5. Invertir de conformidad con las normas vigentes,
     dentro del plazo estipulado en este convenio, los
     recursos transferidos y los de su contrapartida en la
     ejecución de (los) Proyecto (s), y en el evento de no
     hacerlo dentro de este plazo, devolverlos al mes
     siguiente al FIS, para su reintegro a la Tesorería
     General de la Nación y la liquidación respectiva”.

     “6. Aplicar los     recursos de que trata la cláusula
     segunda y detallados en el anexo No. 1 para cada
     proyectos, exclusivamente al cumplimiento del objeto de
     este convenio y de (los) proyectos (s)...” (subrayas y
     negrillas fuera de texto)
                             190
Por lo tanto, desconoció con su proceder entre las normas que
le fueron citadas como infringidas, el numeral 1° del artículo
26 de la Ley 80 de 1993, por incumplir los términos de los
Convenios de 1996 y 1997; el Manual de Funciones en cuanto a su
función y deber de garantizar la adecuada ejecución y control
administrativo del presupuesto y el Artículo 18 del Decreto 111
de 1996, que trae el principio de Especialización: “Las
operaciones deben referirse en cada órgano de la administración
a su objeto y funciones, y se ejecutaran estrictamente conforme
al fin para el cual fueron programadas.”

                   CALIFICACION DE LA FALTA

Fue calificada como GRAVE en el auto de cargos, al tenor de los
numerales 1º, 4° 5º y 6º del artículo 27 de la Ley 200 de 1995,
dado que con las omisiones y actuaciones irregulares, derivadas
del manejo dado a los recursos, comprometió valores en sumas
considerables sin el lleno de los requisitos legales y efectuó
los traslados presupuéstales, teniendo la responsabilidad como
titular de la Secretaría de Hacienda, que lo obligaban a obrar
con diligencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de sus
funciones, calificación que se mantiene por este Despacho.


4.4.3.5. CARGO QUINTO; No supervisó ni ejerció el control sobre
el destino de los recursos obtenidos durante los meses de
septiembre, octubre y     noviembre de 1997, equivalentes a
NOVENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON
DOCE CENTAVOS ($90.048.660.12) por concepto de retención en la
fuente, razón por la cual no fueron consignados en la cuenta
correspondiente a la DIAN como lo ordenan las normas de
tributarias.

Si bien el implicado no dice nada de este cargo ni pide pruebas
sino que se analice toda la información existente en el
expediente en especial la ordenanza 015 y el decreto 09 que
establece la reserva presupuestal (no los allegó), debemos
atenernos a lo resuelto dentro del mismo auto de cargos en
cuanto que:

     “Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis fáctico y
     probatorio expuesto en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del
     pliego correspondiente al señor FELIX FRANCISCO ACOSTA y
     que le fueron atribuidos también en el auto de apertura
     de la investigación a JUAN CARLOS GUTIERREZ, como
     Secretario de Hacienda, se advierte respecto a los hechos
     allí contenidos que la conducta no existió o que no
     constituyen falta disciplinaria, por lo tanto recomendará
     el archivo de la investigación, de conformidad con el
     artículo 54 y 151 de la ley 200 de 1995.”

                              191
4.4.5. EVALUACION DE LA CONDUCTA DE ANTONIO JOSE RAMIREZ, en
calidad de Secretario de Obras Públicas del Departamento por el
periodo comprendido entre 25 de marzo de 1997 y el 29 de
diciembre de 1997.


4.4.5.1. CARGO PRIMERO: A partir de marzo en que se posesionó
como Secretario de Obras del departamento y hasta diciembre de
1997, no coordinó ni definió la programación en la celebración
de los contratos de obra para la ejecución del proyecto de
reordenamiento ambiental en el Puerto de Leticia, ni tuvo en
cuenta los estudios preliminares efectuados por el Ministerio
de Obras y las observaciones del Fondo Nacional de Regalías
sobre el desarrollo de las obras.

Aduce el implicado que al posesionarse encontró que las únicas
obras que se podían ejecutar en el marco de “REORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL PUERTO DE LETICIA”, son las referentes a
construcción   del   muro   para   confinamiento  de   sólidos
provenientes del dragado del río Amazonas y que la razón
limitante de la variedad de obras era de índole exclusivamente
de presupuesto, ya que los dineros del FNR así estaban
destinados.

Que bajo la administración de su antecesor, señor RICAURTE
PINEDA BERNAL, se celebró el contrato 001/07 con el Ingeniero
JAIME HERNANDEZ por $498.709.426 con recursos girados de la
vigencia de 1995, el que estando en ejecución y enterado del
macro proyecto procedió junto con la gerencia del proyecto y su
vocería ante el FNR, a solicitar reformulación al proyecto
inicial elaborado por el Ministerio del Transporte con el aval
de la Presidencia de la República a fin de que se cambiara la
destinación específica   de los recursos, dedicar esfuerzos y
dineros a la realización completa del plan piloto propuesto en
la primera reformulación que fue aprobada sin problema por el
FNR.

Fue así como se logró para el segundo semestre de 1997, ya que
no se había podido contratar obras diferentes a las de
construcción   del   dique   (muro)   para   confinar   sólidos
provenientes del dragado del río Amanzonas, por no contar con
presupuesto específico y preciso en razón a que los desembolsos
de la vigencia de 1996, se comenzaron a girar en noviembre de
1997 y ya a mediados de ese año, en el momento en que bajan las
aguas del río y queda al descubierto en su totalidad, libre de
aguas el muro construido,     se observa la aparición de una
fisura externa al dique que corre desde la calle 7 aguas arriba
del amazonas en longitud tal que sale del perímetro urbano, la
que se convierte en una grital que llega a tener un promedio de
abertura de 1.20 ml., con profundidad media de 2,0 ml (a la
altura de la calle 8), por lo que hubo de proceder a realizar
                              192
estudios especializados para determinar el alcance de la falla,
por lo que aprovecharon la presencia del Ingeniero ESGUERRA con
sus equipos en la zona y con los resultados de esos estudios se
reunieron todos los involucrados en el proyecto como eran: el
Ingeniero Jefe de Operaciones, -Gerente de Proyectos, Jefe de
la Jurídica, Gerencia del Proyecto, Interventor de las obras,
contratantes, consultores, el gobernador y él como Secretario
de Obras, analizando y comprendiendo los pormenores del estado
físico del talud y los problemas de estabilidad que calificados
como críticos se procede a elaborar la segunda reformulación
al proyecto para presentar al FNR, para que aprobara tomar
recursos del proyecto de reordenamiento, en la solución de
estabilidad de las obras y prolongación de los emisarios de las
calles 7 y 8, cuya entrega de aguas era vertida sobre y en el
muro acrecentando los problemas de estabilidad.

Que solo se logró concertar una reunión el 25 de noviembre de
1997, en que se exponen y aprueban todas las modificaciones
requeridas así como la presentación corregida de los proyectos
de reformulación, lo que culmina apenas en la segunda semana de
diciembre y para este mismo mes de 1997 llega parte de los
dineros correspondientes a la vigencia de 1996 y 1997,
procediendo conforme a lo acordado y aprobado en el comité
técnico del FNR, se inician los trámites de contratación
respectivos acordes con la autonomía de la administración y
urgencia de los trabajos.

Que sí se tuvo en cuenta los estudios preliminares como el
informe del diseño y dragado del Río Amazonas, disposición y
obras de confinamiento presentado por el Ministerio de
Transporte Fluvial Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, en el
mes de febrero de 1995, ya que los trabajos baltimétricos y
topográficos, corresponden al dragado que se efectuó en los
alrededores y zonas aledañas al muelle flotante y su depresión
natural existente entre la base que se apoya en tierra firma y
la caja flotante, pero con la falla natural imprevista y
calculada fue que la firma ESPINOSA Y RESTREPO ejecutó los
mismos con las recomendaciones y conclusiones anotada en la
reformulación segunda.

Recuerda que en ningún momento se efectuaron operaciones de
dragado en el río amazonas o caño Leticia en las inmediaciones
del puerto y menos en respuesta a un proyecto de reordenamiento
ambiental manejado por la gobernación durante el año 1997.

Este Despacho encuentra de recibo los argumentos expuestos por
el implicado en cuanto a este cargo ya que además de su corta
estadía en la Secretaría (9 meses), tiene sustento probatorio
en los documentos allegados como son: Oficio FTF 018913 del 26
de agosto de 1997 suscrito por JAIME FIERRO MORALES Subdirector
de Tráfico Fluvial y con el V°B° del Director MARCIAL ENRIQUE
QUIÑONEZ QUIÑONEZ, en donde expresamente le señalan al aquí
                              193
acusado en respuesta a su solicitud, entre otros aspectos que:
(fls. 128-132 C.D 2A)

     “1) La Dirección General de Transporte Fluvial del
     Ministerio de Transporte, con el Laboratorio de Ensayos
     Hidráulicos de la Universidad Nacional, realizó los
     diseños para obras de Adecuación y Dragado para
     rehabilitación margen izquierda del Caño Leticia en
     Diciembre de 1994.

     “2) La Dirección General de Transporte Fluvial viene
     realizando el dragado en el Río Amazonas desde el año de
     1995, contrato que se encuentra en ejecución a la
     fecha..”.

Igualmente, el Viceministro de Transporte en oficio de 1997
(fl. 136 C.D.2A) le informa al Gobernador del Amazonas sobre el
Dragado del Río:

     “1. Las obras contratadas vienen ejecutándose desde el 1o
     de marzo de 1995, y al plazo del contrato, que
     originalmente había sido establecido en nueve (9) meses,
     ya se le han efectuado varias ampliaciones por medio de
     Contratos Adicionales sucesivos. La última fecha de
     vencimiento quedó determinada para el 24 de septiembre,
     obteniéndose así un plazo acumulado de treinta y un (31)
     meses aproximadamente.

     2. El valor total del Contrato incluyendo una adición del
     50% de su valor inicial, asciende a la suma de DOS MIL
     TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
     OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 81/100($2.3090.970.813,81),
     incluido iva, del cual se ha cancelado en obra ejecutada
     la suma de $1959.823.107,oo a febrero 28 de 1997, y en
     ajustes el valor de $191.270.509.50 a 31 de diciembre de
     1996.

     3. Para este Contrato, el Ministerio no tiene asignada
     una partida presupuestal que contemple el pago de ajustes
     causados, lo que ha conllevado al descuento de dichos
     costos de los mismos rubros asignados para los pagos de
     obra.   Esta  situación   ha   producido  una   reducción
     considerable del saldo presupuestal del Contrato que a la
     fecha    27  de   junio   del   presente   año   era   de
     $124.877.198.13, incluido IVA, lo cual hace prever la
     generación de un déficit presupuestal a la fecha de
     hoy....”

     Señala   el  acusado:   “Nótese  la  diferencia   en  la
     programación   del   dragado   y  en   el   proyecto  de
     reordenamiento ambiental del puerto de Leticia para
     utilizar los sólidos provenientes del mismo; es decir el
                              194
     dragado comienza el 1 de marzo de 1995 mientras que la
     construcción de muro para confinar se inicia en febrero
     de 1997, dos (02) años despues. Recuerdo a los
     investigadores que ambos proyectos y sus programaciones
     fueron realizados por el ministerio de transporte según
     se lee de los documentos anexos al presente documento;
     luego el departamento del amazonas tan solo fue un
     intermediario ejecutor...”

Sobre la reubicación de los asentamientos humanos que habitan
la zona, el vertimiento sobre la orilla izquierda del río
Amazonas, aguas arriba de la isla de la Fantasía, para evitar
la contaminación de la zona de los lagos, argumenta el
implicado que no tuvo tiempo de alcanzarla ya que era una tarea
conjunta de la gobernación y el municipio, además quedó
excluida luego de reformulado por segunda vez el proyecto
inicial, en el momento que se decide realizar solamente una
etapa piloto en forma de herradura y la reubicación se
realizaría iniciado el proyecto del malecón turístico y no
durante el reordenamiento ambiental, aunque se reubicaron los
mercaderes informales de la calle 8 para dar cabida a los
proyectos.

Afirma que fue artífice y gestor del cambio de diseño de los
bolsamorteros ya que como pudo demostrar a los investigadores y
al Ingeniero Soto el día de la visita, los bolsamorteros tienen
diferente    composición,     forma,    resistencia,    tamaño,
organización, estado y deterioro, llamando la atención de la
investigadora en cuanto a su falta de conocimiento de la parte
técnica de las obras ejecutadas, ya que uno de los aspectos
tratados con detenimiento en el último estudio y consultoría de
la Universidad Nacional, fue precisamente el cambio de diseño
del muro para mejorar su resistencia sin importar su forma, ya
que solo debía tener una buena estabilidad al corte y al
volcamiento, lo que es corroborado con el documento anexo en
donde se observa que la resistencia promedio es superior a los
2000 PSI y que la resistencia exigida en el proyecto inicial
era de 1100 PSI, lo que también es contemplado en el último
estudio de la Universidad Nacional.

Aduce también, que no dependía de la Administración del
Gobernador Acosta aprovechar los sólidos del dragado del río
Amazonas realizados desde 1995, ya que cuando se inició la
construcción del muro en 1997, las obras de dragado ya estaban
concluyendo, o sea que tenían dos años de diferencia.

Que lo realizado en 1995 fueron los estudios preliminares del
gran macro proyecto y era susceptible de modificar y mejorar ya
que consistía en construir un muro para confinamiento de
sedimentos provenientes del dragado del río en 1.6000 metros de
longitud y a nivel superior en 40 cms que de haberse realizado
así no estaría prestando ningún beneficio tangible sino
                              195
incomodidades y problemas a los permanentes usuarios del río.

Concluye que si en la actualidad no existe plan piloto real
ejecutado y construido, se debió a la falta de gestión de la
administración Murillo que deliberadamente interrumpió las
obras y la ejecución de varios contratos listos para continuar,
el que dejó abandonado y sin ningún tipo de mantenimiento y por
tanto, la obra que existe no es la misma que se entregó y se
evidencia el deterioro “de las bolsas, del geotextil, de las
fisuras presentadas entre bolsacretos...”.

Que el proyecto de dragado y obras de confinamiento para
sólidos provenientes del dragado del río Amanzonas nacido del
Ministerio de Transporte, por urgente necesidad del muelle
fluvial y el proyecto Malecón Turístico de Leticia, son los
conceptos a manejar y diferenciar de acuerdo con su aplicación
y desarrollo.

Que evidentemente se contrató el 22 de agosto la formulación
del plan de manejo ambiental pero de la zona denominada
“piloto” del Malecón turístico ya que es la parte del macro
proyecto que se decide terminar con el fin de mostrar como
podría ser dicho malecón y que estaba en la agenda presidencial
para inaugurar. Y efectivamente se contrató antes de la
ejecución de las obras que menciona el investigador, que es lo
que debe obedecer a cualquier programa de planeación, pero que
actualmente no existen obras referidas al proyecto malecón
turístico ni contratos firmados y menos en ejecución.

Resalta que para la construcción de confinamiento que fue para
lo primero que llegó dinero del FNR de las vigencias 95, 96 y
97, no era necesario obtener licencia de manejo ambiental y
social de la zona y tan solo se exigió y aprobó por parte del
Ministerio del Medio Ambiente la planeación y ejecución de un
plan de majo como ordena la resolución 323 del 4 de abril de
1995 del Ministerio del Medio Ambiente y por eso pidió a
CORPOAMAZONIA les aprobará la ejecución del proyecto y las
obras necesarias tal como consta en anexos 31 y 32 allegados.

Que todas las obras de construcción para la elaboración de muro
aguas   arriba   de   la   calle   8  en extensión   de  98  ml
aproximadamente,    fueron    realizadas directamente   por  el
Ministerio de Transporte en convenio Interadministrativo 326/96
con COINCO LTADA, que efectivamente aparece en los anexos a
folios 121 a 126 C.D.2A., junto con los planos.

Además, el señor PEDRO BARDALES CORDOBA, quien fuera Gerente de
Proyectos para 1996 y 1997 de la Gobernación del Amazonas, en
declaración rendida bajo juramento (fls. 14 y ss. C.Ppal 6),
manifiesta sobre su función en relación con el trámite dado a
los contratos de esa época:


                              196
“...como gerente del cargo de proyectos colaboraba con la
oficina jurídica en la elaboración de las minutas de los
diferentes   contratos   de   obras   que   realizaba   la
gobernación del Amazonas, con base a resultados de
licitaciones o de propuestas que presentaba en la oficina
los posibles contratistas. Llevar un archivo clasificado
de todos los anexos y documentos que exigía la ley de
contratación. Este archivo se realizaba para cada
contrato en ejecución una vez recibidas las propuestas se
procedía a elaborar la minuta del contrato para ser
sometido a revisión y aprobación por parte de la oficina
jurídica. Una vez aprobada se procedía a recoger firmas
tanto del señor gobernador como del contratista...Una vez
perfeccionado se distribuían las copias con todos sus
anexos a la tesorería departamental, oficina jurídica,
Departamento   de  Planeación   y   Secretaría  de   obras
Públicas. Como dije anteriormente todos los contratos
tenían un expediente donde se archivaba la documentación
que hacía parte de la contratación...”.

Al ser preguntado por el procedimiento seguido para la
contratación, informa: “El proceso se iniciaba en la
Unidad de Proyectos de acuerdo a los convenios aprobados
que se realizaban en la Oficina de Planeación y con base
en ellos se procedía a efectuar la invitación pública
para que los interesados presentaran las correspondientes
propuestas. Una vez cumplidos estos requisitos se
procedía a clasificar las propuestas para adjudicarlas a
la mejor propuesta. Luego se hacía la minuta y se enviaba
a la Oficina Jurídica para la revisión y aprobación. Si
la encontraba bien la devolvía aprobada de lo contrario
lo devolvía con observaciones para realizar los ajustes
recomendados por la oficina jurídica. Si eran aprobados
se sometían a la firma del señor Gobernador y el
respectivo contratista y se continuaba con el proceso de
perfeccionamiento, como era la exigencia de póliza única,
pagos de impuestos. Publicación en el diario oficial y
demás requisitos exigidos en la ley de contratación. De
este procedimiento estaba encargada CARMENZA BERMEO, una
vez se cumplían todos los requisitos exigidos por la Ley
se procedía a enviar copia con todos los anexos
respectivos a la Tesorería Departamental para el pago del
anticipo. También se enviaba copia de estos documentos a
la oficina jurídica, Departamento de Planeación y
Secretaría de Obras Públicas. Esta última era la
encargada de vigilar o controlar que se realizaran o
ejecutaran las obras...Si trabajé con Félix Acosta. El
original del pliego de condiciones correspondientes a la
licitación 001 de 1996, sobre la construcción del dique
de contención para el malecón de LETICIA, si lo conocí,
hacia parte del expediente, se encontraba en una
AZ...Mientras estuve al frente de la gerencia no se
                        197
     perdió ningún documento porque precisamente yo revisaba
     cada carpeta de los contratos y los anexos que hacían
     parte de la contratación y me consta que toda la
     documentación estaba rigurosamente archivada. De esta
     afirmación son testigos   las secretarias que trabajaron
     conmigo, como son la señora ILSE RODRIGUEZ, YAZMIN ARIZA
     y CARMENZA BERMEO...”

     Cuando se le pregunta qué funcionario de la gobernación
     participó en la elaboración del anterior documento, dice:
     “No participó ningún funcionario, porque de la ejecución
     de esta obra o proyecto la gobernación contrató una firma
     que fue la encargada de realizar el pliego de la
     licitación. El gerente de esta firma se llama EMIRO
     MADERA...”

En consecuencia este Despacho encuentra de recibo las amplias
explicaciones de este acusado en cuanto al cargo que nos ocupa,
que como bien lo indica no pudo infringir el Artículo 26 de la
Ley 80 de 1993, ya que no fue delegado ni autorizado para
contratar a ningún nivel y su gestión se redujo a calificar
propuestas y dar conceptos y ningún contrato aparece firmado
por él, pero si cumplió con sus funciones entre ellas el
Manual, pues estuvo pendiente de la ejecución de los objetos de
los contratos como consta en el texto y pruebas citadas,
razones que nos llevan a absolverlo del mismo.


4.4.6.2. CARGO SEGUNDO: Se le imputa no haber supervisado ni
ejercido el    control en la ejecución de las obras en los
contratos 006/97, 007/97, respecto de los cuales no se cumplió
el objeto contratado. Es importante aclarar como lo señala el
acusado, que no son de obra pública sino de consultoría
(I.E.P.A.) y de gerencia de proyectos (SERVIC LTDA).

Acepta el implicado el incumplimiento en la ejecución del
objeto del contrato 006/97, cuya interventoría estuvo a cargo
del Ingeniero JUAN JOSE ROBLES JULIO, Jefe de Operaciones de la
Secretaría de Obras, quien informó oportunamente de este impase
como consta a folios 143 a 146 C.C.2A, en oficio del 16 de
diciembre de 1997 dirigido al Jefe de la Oficina Jurídica y el
de marzo 3 de 1998, así como copia del acta de liquidación de
consultoría por incumplimiento de la misma.

En cuanto al contrato 007, en que también fue interventor el
Ingeniero ROBLES JULIO, aclara el implicado que fue modificado
en dos oportunidades su proyecto inicial y sus frutos se
muestran en el informe de recibo parcial en diciembre de 1997,
en que se venía ejecutando sin problemas y que fue la base de
todas las gestiones inherentes y propias del proyecto. Como
última gestión del coordinador de gerencia del proyecto, fue la
reunión de enero de 1998 con el gabinete del Gobernador
                              198
Murillo, para informarle del proyecto y obras de confinamiento
dragado río Amazonas y Malecón Turístico, su avance y
condiciones del momento y por eso que del incumplimiento
cuestionado, se debe responsabilizar a la administración
Murillo por no haber hecho cumplir lo pactado y correspondiente
al año 1998 y que de todas maneras no es responsabilidad del
Secretario de Obras.

Argumentos que para este Despacho tienen la suficiente
consistencia para aceptarlos y por lo que habrá de absolverse
también por este cargo.

4.4.1.6.3. CARGO TERCERO: Porque como Secretario de Obras
Públicas y responsable de la dirección y manejo del proyecto de
reordenamiento ambiental, permitió la celebración de los
contratos 014 del 20 de octubre y 119 del 17 de octubre de
1997, 152 y 156 del 30 de diciembre de 1997, 019 y 160 del 31
de diciembre, sin tener en cuenta el informe final de
consultoría 005 del 5 de octubre de 1997, donde se advirtió una
falla técnica ocasionada    por un problema de estabilización
del talud. (Folios 1 a 14, 19 a 30 del cuaderno Malecón No. 2).

Afirma el disciplinado, que el contrato suscrito con el
Ingeniero JAIME HERNANDEZ TORRES fue realizado mediante un
proceso de contratación adelantado con recursos de la vigencia
1995, girados en julio de 1996, adicionado en lo que la Ley lo
permite con recursos de 1996 llegados en febrero de 1997, o sea
que no estaba disponible para ser contratado junto lo de la
vigencia de 1995, por lo que debieron adelantar otro proceso de
contratación a fin de aplicar los recursos disponibles para
continuar las obras de construcción del dique de confinamiento.

De este segundo proceso de contratación resultó el contrato con
el ingeniero CARLOS LYONS HOYOS, al igual que con el Consorcio
de Ingenieros y Arquitectos Constructores Ltda CINARCO, firma
encargada de adelantar los trabajos de interventoría a las
obras correspondientes a los casos anteriores.

Nuevamente aclara que nunca fue facultado para adelantar
proceso de contratación alguno, ni informado o requerido para
gestionar o colaborar en dichos proceso, pero eso cuando los
conoció procedió a verificar el desarrollo de los mismos y la
falla aparecida en el puerto nació entre las calles 7 y 8,
corriendo aguas arriba del río Amazonas con rumbo norte a salir
al perímetro urbano, cuya magnitud llevaba a suponer una
pérdida inmediata del talud y por consiguiente del muro recién
construido, lo que fue bien entendido por la doctora CLARA
LOPEZ del FNR, cuando se le expusieron los pormenores que
motivaron la aparición de la falla y cómo se podría controlar a
fin de salvaguardar la inversión realizada, por lo que el valor
extra a ejecutar fue considerado menor ya que se protegía un
proyecto de tal envergadura y por ello fue aprobada por el
                              199
Comité Técnico del Fondo Nacional de Regalías la contratación
de todas las obras civiles que mejoraran el factor de seguridad
y estabilidad del talud, comprendidas las prolongaciones de los
emisarios finales del alcantarillado del municipio, lo que
explica la razón de la celebración de los contratos 019, 156 y
160 de 1997.

Por eso para lograr realizar la continuidad del emisario de la
calle 7 era preciso observar y comprender, como lo pudieron
verificar los funcionarios investigadores de este asunto en la
visita realizada, que la proyección de la tubería (manteniendo
la pendiente e inclinación pertinentes del tramo existente)
quedara sin sostén ni soporte físico gracias al gran vació
generado por la erosión realizada en la calle 7 por las aguas
del emisario en tal magnitud que era imposible rellenarlo sin
sacar la tierra del lecho del río mediante el respectivo
dragado, que ni en Leticia ni sus alrededores existían reservas
de tierra disponibles para este u otro fin, además por el
limitado acceso vehicular al sitio de los rellenos del emisario
de la calle 7.

Respecto al contrato 153 manifiesta el implicado que fue
considerado el más importante, puesto que en el reposaría toda
la responsabilidad de estabilidad del muro y su lejano
volcamiento por la falla y que de haberse seguido el desarrollo
de los contratos celebrados en diciembre de 1997, desde
mediados del 98 se podía estar disfrutando de los beneficios
del plan piloto.

Son satisfactorias para este Despacho las explicaciones dadas
por el implicado al encontrar sustento probatorio y jurídico,
pues en manera alguna se le pueden endilgar la responsabilidad
contenida en la glosa, puesto que cumplió con sus funciones en
el corto tiempo que duró su cargo, sin que exista hecho que
pruebe lo contrato de lo aquí afirmado, pues es claro que
respondió por la ejecución de los programas de obras públicas
que le debió atender y en armonía con las dependencias del
departamento que se requerían, e hizo las gestiones necesarias
para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas
y proyectos adoptados, que si bien no tuvieron feliz término
esta responsabilidad está en cabeza de los gobernadores que
actuaron en la contratación de las obras, razones que ameritan
la absolución por este cargo.

4.4.1.6.4. CARGO CUARTO: Por haber suscrito las actas de
iniciación para ejecutar los    contratos 006 y 007 del 31 de
marzo de 1997, a pesar de que se trataba de una obra para ser
desarrollada por etapas de acuerdo con los términos estipulados
en los contratos, suspendiendo la ejecución del objeto en el
contrato 007 el 1° de abril de 1997, sin estar dadas las
circunstancias previstas en el numeral noveno del convenio
0383, suscritos con la Unidad Administrativa Especial de la
                              200
Aeronáutica Civil.

El implicado explica que siempre entendió, coordinó y vinculó
los términos “primera y segunda etapa”, como de diferenciación
en la redacción del texto del objeto de los contratos, ya que
muestran actividades completamente distintas y los términos
primera y segunda etapa   fue entendido y así se manejó, como
obras independientes, ademas que no era necesario terminar un
contrato para iniciar con otro, ya que las actividades
descritas en los cuadros eran diferentes y no se presentaba
dualidad de contratación.

El contrato 07 debió ser suspendido no por petición del
contratista sino por el fuerte invierno que azotó en el año
1997 al departamento del Amazonas, que interfería para la
ejecución del Item 2 -terraplenes y rellenos de la descripción
del objeto contratado-, además que directamente suspendió la
ejecución de estas obra con conocimiento y consentimiento pleno
del gobernador, quien lo autorizó y delegó para firmar el acta
de suspensión de obras con el contratista, lo que no ocurrió
con el 06, porque las tareas en el contratadas no se veían
afectadas por la humedad de las aguas lluvias como era la
limpieza y deshierbe o los rellenos de los terraplenes, pero si
al presentarse el tránsito sobre las zonas de relleno que
dañaban la terminación y presentación de los trabajos sobre los
cuales se realizaría la compactación.

Además informa que por costumbre en la Gobernación siempre se
cancelaba primero el anticipó que oscilaba entre el 40 y 50%
del contrato, como lo ordenan las cláusulas de pago y plazo y
el acta de iniciación se realiza 5 y 10 días despues del pago
del anticipo, por lo que considera temeraria y falsa la
afirmación de la investigadora de que reconoció el anticipo con
la firma del acta de iniciación, ya que en realidad fue
cancelado con anterioridad y sin su consentimiento y menos aún,
en beneficio del contratista, lo que puden corroborar los
tesoreros del departamento, ya que no se necesita el acta de
iniciación para cancelar el anticipo.

Para este Despacho son también de recibo las explicaciones del
acusado, las que no ameritan más argumentos por lo que se
absuelve del cargo que le fuera formulado.

4.4.1.6.5. CARGO QUINTO: Permitió suscribir el acta de adición
01   del 2 de julio de 1997 por $4.037.461, a pesar de estar
suspendida la ejecución de la obra en el contrato 006/97.
(Folio 40-41 cuaderno No. 5)

Reitera el acusado su no participación en la contratación del
departamento por no tener ni haber recibido facultades para
ello y por tanto no suscribió el acta de adición que se le
cuestiona, además que el 2 de julio de 1997, lo que se firmó
                              201
fue:

       “...fue un contrato adicional de plazo y de valor el que
       se recibió al final de la ejecución de las obras y en la
       liquidación final del contrato, nunca mientras se
       encontraba suspendido el contrato principal...”

En consecuencia este Despacho encuentra de recibo las
explicaciones de este acusado en cuanto al cargo que nos ocupa,
que como bien lo indica no pudo infringir el Artículo 26 de la
Ley 80 de 1993, ya que no fue delegado ni autorizado para
contratar a ningún nivel y su gestión se redujo a calificar
propuestas y dar conceptos y ningún contrato aparece firmado
por él, puesto que además, por la firma de este contrato fue
sancionado el Gobernador y acusado señor ACOSTA SOTO dentro de
esta misma providencia, razones que nos llevan a absolverlo del
mismo.

4.4.1.6.6. CARGO SEXTO: Porque como interventor del contrato
006/97, suscribió el acta final de recibo a satisfacción de la
obra el 20 de agosto de 1997, dejando constancia sobre la
ejecución del 100% de la pista de aterrizaje en el
corregimiento El Encanto, sin embargo el objeto no se cumplió
en su totalidad, situación que no encaja con la realidad
probatoria puesto que se cita como prueba el folio 386 cuaderno
No. 2, lo que apenas es una constancia consignada en acta de
visita realizada a la Oficina de Contratación y     Gerencia de
Proyectos, en breves renglones, pero cuyas actas si aparecen en
el   Anexo 1 de PISTAS DE ATERRIZAJE, en que efectivamente se
suscribe el acta de recibo final de la obra consistente en:
ITEM 1. DESYERBE Y LIMPIEZA ITEM 2. TERRAPLENES Y RELLENOS y
cuyo objeto está claramente señalado como: “CONSTRUCCION PISTA
DE ATERRIZAJE, PRIMERA ETAPA EN EL CORREGIMIENTO DEL ENCANTO,
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”.

Con lo que queda claro que no era la totalidad de construcción
del aeropuerto, sino una parte la cual se cumplió, además que
no se cita en el cargo prueba en contrario, sino que se hace
una afirmación que como se indicó no tiene sustento probatorio
real, puesto que todos son suposiciones como:

       “... no se registran informes de interventoría sobre el
       estado de las obras... Al parecer el interventor no se
       trasladó al lugar donde se    estaba ejecutando la obra,
       razón por la cual no constató directamente la ejecución
       de la obra no obstante suscribió el acta de recibo a
       satisfacción del cumplimiento de la totalidad de la
       obra...”

Además, en declaración rendida bajo juramento el señor HERNAN
DUQUE RUIZ (fls. 139- C.P.), contratista para la construcción
de la pista de aterrizaje en el Corregimiento El Encanto,
                               202
manifiesta que la obra se terminó totalmente y se cumplió con
las especificaciones, pero que la obra no fue recibida por el
cambio de administración (gobernador). Al ser preguntado de la
razón por la se afirma que la pista de aterrizaje no está
habilitada para prestar servicio dice que:

     “La obra fue construída en el año de 1997 entre los meses
     de julio y septiembre, lo que me correspondió a mi fue
     elaborar la pista en su primera etapa, consistente en
     destronques y rellenos, luego vino otra segunda etapa con
     otro contratista y la pista quedó terminada y perfilada
     en tierra, resulta que si no se le hace mantenimiento
     crece la grama, la compactación se pierde y queda
     inhabilitada para el aterrizaje de aviones. Por otra
     parte la pista no fue construída con ningún tipo de
     materiales, quedo en pavimento flexible ni rígido. A la
     fecha del año 2000 pues lógico que no esté la pista
     habilitada para su funcionamiento si no hay un buen
     mantenimiento (...) Claro en varias ocasiones estuve en
     la obra, antes de empezar la obra estuve haciendo un
     reconocimiento del terreno junto con el Ingeniero HARLEY
     CARRILLO, profesional universitario de la Secretaría de
     Salud Departamental, aprovechando que él fue a ver otras
     obras estuvo conmigo viendo la pista. Posteriormente hice
     otras visitas a la obra hasta cuando solicité por escrito
     el recibo final de la obra con el fin de desplazarme
     nuevamente con el funcionario de la gobernación, pero
     esto   no   fue  posible   por   los  motivos   expuestos
     anteriormente (...) El contratista de la segunda etapa
     fue el Ingeniero LUIS MANCILLA y se celebró en 1997
     (...). No en la actualidad no se puede aterrizar, por los
     motivos ya expuestos, es decir ya la pista se ha
     enmontado en grama, la compactación del suelo se a (sic)
     perdido por el saturamiento de agua en el suelo y no es
     posible el aterrizaje de aeronaves. Se llega al sitio por
     vía fluvial o mediante un hidroavión...” Que no le fueron
     cancelados $3’000.000 por falta de los recibos de la
     obra, ya que nunca se la recibieron.

Por lo anterior, es imposible mantener el cargo y de
consiguiente habrá de absolverse del mismo, puesto que no
aparece probado que haya violado las normas citadas como
infringidas como son el numeral 1º del artículo 26 de ley 80
de 1993 y lo establecido en el manual de funciones: "Organizar
y dirigir los trabajos de construcción de obras públicas y de
infraestructura física en el Departamento. Dirigir y responder
por la ejecución de los programas de obras públicas que
desarrolle la Gobernación buscando que se desarrollen con
oportunidad y calidad."

4.4.1.6.7. GARGO SEPTIMO: Porque como Secretario de Obras e
interventor de los contratos 007/97 y 008/97, no rindió  los
                             203
informes sobre el estado de las obras y el incumplimiento de
los objetos contratados con el fin de adelantar ante la
respectiva aseguradora el tramite correspondiente para hacer
efectiva la póliza de cumplimiento.

Tenemos que el contrato 007/97, se suscribió para construir la
segunda etapa de la pista, cuyos ITEMS SON: 1. TERRAPLENES Y
RELLENOS 720,25 M3. 2. CONFORMACION Y COMPAC SUB-RASANTE 10.000
M2. 3. CONSTRUCCION CANALES DE DRENAJE, que si bien su
ejecución se debía iniciar el 31 de marzo de 1997, se suspendió
el 1º de abril de 1997, reiniciándose el 20 de agosto de 1997,
según aparece consignado por “el fuerte invierno que imperó en
la región y los diferentes problemas en el transporte”, aunque
el contratista señala que “...Por tratarse del contrato....de
una segunda etapa, es necesario esperar que se terminen las
obras del contrato de la primera etapa...”.

El implicado es claro en afirmar que todas las obras derivadas
de los convenios celebrados con la Aerocivil se ejecutaron en
la calidad y cantidad contratadas y que ésta fue la que impuso
las tareas a ejecutar, como consta con la firma del supervisor
de la Aerocivil como garantía de seriedad y constancia en todas
las actas levantadas en el desarollo de los contratos y que
previo al inicio de las obras, fueron aprobadas por la Unidad
de Gerencia y Contratación, las pólizas de garantía de
cumplimiento y calidad.

Dice también que la supervisión de los contratos 007 y 008 se
realizó de la mejor manera y conforme con las pocas
herramientas que tenía la Secretaría de Obras para ejercerla
teniendo en cuenta la falta de medios de transporte, de
personal   profesional    y   especializado,    dificultad   de
comunicación con los corregimientos, las grandes distancias
entre cada obra y saturación de designaciones de interventoría
al jefe de operaciones y secretario de obras, debilidades estas
por la deficiencia presupuestal.

Que los objetos contratados si se cumplieron, pero no se
levantaron actas de liquidación final y de recibo de obra en
estos dos contratos por la falta de avioneta disponible durante
los meses de noviembre y diciembre debido a averías, mal tiempo
o mantenimiento programado, lo que se soporta con las
respuestas   del   gobernador   a   sus   solicitudes   y   las
comunicaciones de los contratistas, certificaciones de los
corregidores informando del estado y avance de las mismas que
corresponden al 100%.

Se sustenta el cargo con lo consignado a Folio 387 cuaderno
original No. 2, que es el acta de visita practicada a la
Oficina de Contratación y Gerencia de Proyectos, a los
antecedentes de estos contratos, el 9 de febrero de 1999, que
señala el acusado se hizo casi 20 meses después de la
                              204
terminación de los contratos, que no se encontraron como habían
quedado al finalizar las obras y que por el transcurso del
tiempo en el tema de construcción y/o mantenimiento de pistas
para aviones, es normal que el pasto y la hierba crezcan o los
efectos erosivos de las aguas lluvias afectan la tierra donde
caen y corren y que toda obra requiere de mantenimiento
adecuado y oportuno, con mayor razón en una zona tan especial
como la amazonía dada su humedad relativa y niveles de
pluviosidad.

Que   el  abandono   de  las   obras   recae  sobre  la   nueva
administración que no permitieron el mantenimiento adecuado y
oportuno y que si no se hizo efectiva la póliza de cumplimiento
y estabilidad de los contratos, se debió a que las obras se
ejecutaron dentro de los términos y el hecho de no haber
levantado el acta de liquidación y recibo no quiere decir que
no se ejecutó pues hay que tener en cuenta las zonas de las
obras, que son distantes y de difícil acceso vía terrestre y
vía fluvial, ya que el desplazamiento dura más de un mes,
además que se terminaron de ejecutar al final del mandato y no
fue posible utilizar la avioneta de la gobernación.

Además, el señor RAMIRO ALFEREZ, Secretario      de   Obras,   en
declaración rendida bajo juramento manifiesta:

     “En la administración de ARCESIO MURILLO, me vinculé como
     Secretario de Obras Pública, cargo que desempeñé desde
     enero de 1998 hasta el 12 de abril de 1999 y a raíz de la
     destitución de don Arcesio fui elegido por el señor
     presidente de la república como Gobernador...”

Respecto a la ejecución del contrato No. 018, suscrito con
ANSELMO GARCIA, para la construcción de la pista de aterrizaje
en el corregimiento Tarapacá, dice:

     “Como desafortunadamente no se hizo un empalme en el
     cambio de administración, mediante el cual el secretario
     anterior me diera a conocer toda la actividad contractual
     que se estaba desarrollando en el departamento, pues uno
     viene a tener conocimiento más tarde por el mismo
     contratista. El doctor ANSELMO GARCIA ALVES, quien me
     comentó la situación del desarrollo del contrato en
     mención   y  entre   las   dificultades...que  le   había
     entorpecido ejecutar el contrato, era el permanente
     invierno y la imposibilidad de llevar maquinaria,
     motoniveladoras y buldoseres, por la presencia de la
     guerrilla en el río Putumayo y la dificultad que tenía de
     obtener pólizas de seguros para este tipo de maquinaria.
     Con el Ingeniero ROBLES, quien se desempeñaba como jefe
     de operaciones de la Secretaría de Obras Públicas, me
     puso al tanto de las visitas que se hicieron a la obra
     que básicamente era movimiento de tierras, ... Se debe
                              205
     anotar que el Ingeniero ROBLES, como interventor de dicho
     contrato tenía la asistencia de un ingeniero de la
     Aeronáutica Civil. La obra no fue terminada por la
     dificultad en llevar una motoniveladora... Personalmente
     estuve en Tarapacá inspeccionando la obra y la encontré
     derrumbada los taludes laterales y obviamente los
     desagues tapados...Yo le manifesté al contratista porque
     razón no había perfilado el talud para evitar que se
     derrumbara y se taparan las zanjas. Me manifestó que por
     la falta de maquinaria...”

Con esta declaración tenemos que la nueva administración de la
que este testigo fue no solo Secretario de Obras sino
Gobernador del Departamento, queda clara que también hubo
responsabilidad por no exigir al contratista el cumplimiento
del contrato y las garantías del mismo, de lo cual no puede
responsabilizarse a este implicado, ya que la contratación
corrió por cuenta del anterior Gobernador y acusado ACOSTA
SOTO, además que como ya se dijo el tiempo de este acusado fue
corto en la Secretaría de Obras y quien estuvo encargado de la
Supervisoría fue el ingeniero JULIO ROBLES, razones que nos
llevan a absolverlo también de esta glosa.

4.4.1.6.8. CARGO OCTAVO: Porque como Secretario de Obras no
supervisó ni ejerció el    control sobre   la ejecución de las
obras en los contratos 018 /97 y 031/97, respecto de los cuales
no se cumplió el objeto contratado.

Aduce el implicado haber cumplido todas las obras derivadas de
los   convenios  con   la   Aerocivil  como  lo   manifestó  en
explicaciones a los cargos anteriores y que en el contrato
018/97 el objeto consistente en el mantenimiento del aeropuerto
del corregimiento de Tarapaca, se pudieron programar y ejecutar
varias visitas por parte de la interventoría incluso con la
presencia de la Aerocivil, pero que debido al invierno ocurrido
en ese año de 1997, se trastornó la ejecución de las
actividades de construcción en movimiento de tierras para el
corregimiento de Tarapacá, sin embargo participó la Aerocivil y
firmó las actas de recibo parcial además de rendir informes el
Ingeniero Augusto Blanco en garantía de la calidad y cantidad
de las obras y desestima el concepto de la topógrafa Deyra
María Abarca, a quien no considera idónea para emitir conceptos
con apreciaciones visuales.

Que el contrato 031, cuyo objeto era la pavimentación de la
primera etapa del aeropuerto en el corregimiento La Pedrera,
si se ejecutó, aunque como en los anteriores no fue posible
levantar acta de liquidación final y entrega por la falta de
avioneta disponible para los meses de noviembre y diciembre en
que terminó su cargo.

Respecto   a   los   comentarios    del   INGENIERO   SOTO   sobre   el
                                   206
pavimento parcial de la pista de la Pedrera, luego de la visita
realizada 20 días después de terminada la obra y de quien dice
extrañamente y a diferencia de la investigadora si acepta que
la obra se recibió, concluye que:

     “... se puede decir que si se encontraron todas esas
     imperfecciones y mal estado se requiere hacer efectiva la
     póliza de estabilidad exigida para tal fin y cuyo
     original esta en poder de la gobernación del amazonas.,
     Si ese tipo de situaciones no sucedieran, ni se
     presentaran, no existirían en el país el uso y exigencia
     de respaldos a garantías de posibles y eventuales fallos
     en las obras de cualquier tipo...”

Conforme a la revisión de los Convenios suscritos por la
Gobernación del Amazonas con la AERONAUTICA CIVIL números 0381,
0382, 0383 visibles en fotococopias a folios 305 y ss. ANEXO 1
PISTAS DE ATERRIZAJE, para la construcción y mantenimiento de
los Aeropuertos de Tarapacá, Puerto Alegría y El Encanto del
anexo 1 PISTAS DE ATERRIZAJE, encontramos que en todos existe
el PARAGRAFO. SUPERVISORIA, en donde se señala:

     “De acuerdo con el literal b.-) del presente artículo, la
     AEROCIVIL vigilará el presente Convenio por intermedio
     del   funcionario   de   Infraestructura   Aeroportuaria,
     Ingeniero AUGUSTO BLANCO ALZATE, identificado con la
     cédula de ciudadanía número 19.173.513, quien ejercerá
     funciones como Supervisor conforme a lo dispuesto por la
     Ley 80 de 1993. Si dicho Interventor no pudiese ejercer
     este Supervisoría LA AEROCIVIL a través de un acto
     debidamente motivado nombrará un nuevo Supervisor. Además
     de las obligaciones enunciadas en este artículo, el
     Supervisor tendrá entre otras las siguientes a.-)
     Resolver por escrito las consultas que formule LA
     GOBERNACION; b.-) Entenderse con las autoridades o
     personas cuando LA GOBERNACION así lo solicite para
     resolver los problemas que puedan afectar las obras
     objeto de es (sic) Convenio; c.-) Informar a la Dirección
     Administrativa cuando presuma que de acuerdo con el
     adelantamiento de los trabajos estos no se cumplirán en
     el plazo previsto; d.-) Vigilar el cumplimiento del Plan
     de Inversión. Tanto el Supervisor como el Contratista
     seleccionado por LA GOBERNACIÓN deben prestarse mutua
     ayuda en el desempeño de sus funciones y suministrarse
     recíprocamente los datos e informes que se soliciten...”

Con lo anterior, son entendibles las explicaciones del aquí
acusado y de consiguiente se absuelve también por este cargo.

4.4.1.6. JUAN JOSE ROBLES JULIO, Jefe de Operaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, del 25 de marzo de 1997 al 2 de
julio de 1997.
                              207
4.4.1.6.1. CARGO PRIMERO: Porque como interventor, designado
por resolución 00913 del 22 de agosto de 1997, no ejerció la
supervisión ni rindió los informes sobre la ejecución de las
obras y tampoco avisó a la oficina jurídica del departamento
sobre el incumplimiento de los objetos contratados para
adelantar ante la respectiva aseguradora el trámite para hacer
efectiva la póliza de cumplimiento, en los siguientes
contratos:

- 006/97, suscrito con IEPA LTDA, para la formulación del plan
de manejo del malecón turístico de Leticia, la ejecución se
inició el 31 de octubre, se suspendió el 2 de diciembre y
reinició el 19 de diciembre.

Mediante la resolución No. 412 del 13 de abril de 1998, el
Gobernador ARCESIO MURILLO, declaró la caducidad por el
incumplimiento del objeto contratado.

De la visita practicada a la Unidad de Proyectos y a la
Secretaría de Obras Públicas del departamento, no se registra
ningún informe de interventoría ni tramite para hacer efectiva
la póliza (actas de visita 9 de febrero de 1999, (folio 381
C.P. No.2).

Contrato 07 del 22 de agosto de 1997, suscrito con SERVING
LTDA, para la gerencia del proyecto de mejoramiento ambiental
del puerto de Leticia, la ejecución se inició el 22 de agosto,
cancelando un anticipo de $22.250.000. Posteriormente suscribió
el acta parcial     de fecha    12 de diciembre de 1997 y se
reconoció la suma de $17.600.000.

Mediante la resolución No. 413 del 13 de abril de 1997, se
declaró la caducidad del contrato por no haber cumplido con el
objeto en los términos acordados.

No se verifican actas de ejecución de interventoría. (Folio 381
cuaderno original No. 2).

Sobre estos dos contratos aduce   el implicado que no son de obra
pública sino de consultoría       (I.E.P.A.) y de gerencia de
proyectos (SERVINC LTDA.) y       que para el primero informó
oportunamente su desarrollo       inicial e incumplimiento del
contratista.

Para el 006 fue designado para la interventoría especifica e
informó oportunamente todos los pormenores de su desarrollo y
el incumplimiento por parte del contratista a la oficina
jurídica de la gobernación para que iniciara los trámites
pertinentes, al igual que para el 16 de diciembre de 1997 en
que informó la falta de comunicación con el contratista y supo
que para el 29 de ese mismo mes, el supuesto informe final fue
recibido por el Ingeniero ANTONIO JOSE RAMIREZ.
                              208
Que en los primeros días de enero encontró sobre su escritorio
el informe final de la consultoría, que procedió a evaluar y
encontró en su interior unos documentos totalmente diferentes
al objeto contratado, anormalidad que informó telefónicamente
al contratista quien dijo que había cometido un error en la
encuadernación del estudio y que procedía entonces a enviar los
estudios corregidos. También mantuvo informado al Secretario de
Obras de ese momento RAMIRO ALFEREZ y al Jefe de Jurídica RAMON
E. LABORDE y que como el contratista no mandó los documentos
corregidos ni se llegaba a ningún acuerdo con los mencionados,
procedió a oficiar a la Jurídica y elaboró el acta de
incumplimiento y también la envió allí y gracias a ello
mediante resolución 412 del 13 de abril de 1998, el gobernador
ARCESIO MURILLO declaró la caducidad por el incumplimiento del
objeto contratado.

Todo lo cual evidentemente aparece comprobado con los anexos
allegados y que figuran de folios 296 a 303 Cuaderno de
Descargos 3B.

Que con el contrato 007/97 nunca hubo problemas en su
desarrollo y se gestionaron recursos que se inyectaron al
proyecto y en su ejecución se realizaron innumerables reuniones
en la Secretaría de Obras Públicas y las gestiones y frutos de
la gerencia del proyecto se muestran claramente en el informe
recibido en diciembre de 1997 y sus ejemplares reposan en la
Secretaría de Obras y Gerencia de Proyectos.

Que como última gestión el coordinador de la gerencia del
proyecto lideró en enero de 1998, reunión con el Gobernador
Murillo y todo su gabinete para informar sobre el proyecto y
las obras de confinamiento dragado río Amazonas y Malecón
Turístico, su avance y condiciones especiales del momento y del
incumplimiento   ya   es   responsabilidad     propia   de   la
administración Murillo no haber hecho cumplir lo pactado
durante el año de 1998. Lo que figura en anexos 7 a 9 folios
303 a 306 C.D.3B.

Del contrato No. 014 dice que no aparecieron los informes
parciales   ni  finales   de  ejecución   solicitadas  por   la
Procuraduría, simplemente porque el contrato no fue ejecutado y
constancia de ello reposa en las oficinas de Tesorería y
contabilidad de la gobernación, de que el anticipo no fue
pagado y por ello no hubo interventoría ni supervisión. (Folio
382 Cuaderno original No. 2).

Es pertinente tener en cuenta lo consignado en el cargo segundo
formulado al Secretario de Obras Públicas, en que acepta el
incumplimiento en la ejecución del objeto del contrato 006/97
y:


                              209
     “... cuya interventoría estuvo a cargo del Ingeniero JUAN
     JOSE ROBLES JULIO, Jefe de Operaciones de la Secretaría
     de Obras, quien informó oportunamente de este impase como
     consta a folios 143 a 146 C.C.2A, en oficio del 16 de
     diciembre de 1997 dirigido al Jefe de la Oficina Jurídica
     y el de marzo 3 de 1998, así como copia del acta de
     liquidación de consultoría por incumplimiento de la
     misma.

     En cuanto al contrato 007, en que también fue interventor
     el Ingeniero ROBLES JULIO, aclara el implicado que fue
     modificado en dos oportunidades su proyecto inicial y sus
     frutos se muestran en el informe de recibo parcial en
     diciembre de 1997, en que se venía ejecutando sin
     problemas y que fue la base de todas las gestiones
     inherentes y propias del proyecto. Como última gestión
     del coordinador de gerencia del proyecto, fue la reunión
     de enero de 1998 con el gabinete del Gobernador Murillo,
     para informarle del proyecto y obras de confinamiento
     dragado río Amazonas y Malecón Turístico, su avance y
     condiciones del momento y por eso que del incumplimiento
     cuestionado, se debe responsabilizar a la administración
     Murillo por no haber hecho cumplir lo pactado y
     correspondiente al año 1998 y que de todas maneras no es
     responsabilidad del Secretario de Obras...”

Argumentos que para este Despacho fueron suficientes para
aceptarlos y por lo que también a este acusado habrá de
absolverse de esta glosa.

4.4.1.6.2. CARGO SEGUNDO: Porque Suscribió el acta de entrega
final y liquidación el 17 de octubre de 1997, en el contrato
No. 004, suscrito con la firma VELNEC, para elaborar el diseño
del anteproyecto piloto del malecón turístico, sin haber
recibido al parecer la totalidad de los diseños contratados.

Fue designado interventor a través de la resolución No. 00879
del 15 de agosto de 1997.

De acuerdo con las visitas practicadas a la Oficina de
Proyectos y la Secretaría de Obras Públicas, por la Dirección
Nacional   de   Investigaciones   Especiales   y   la   Asesora
instructora, se verificó que no fueron encontrados los diseños
objeto de la contratación. (folio 840 cuaderno pruebas No.1)

Manifiesta el acusado, que se recibieron todos los diseños
contratados y que ellos reposan en su totalidad en las oficinas
de Obras Públicas y Jurídica y prueba de ello lo podemos
constatar dentro del plenario, en los anexos allegados por este
implicado, del 10 al 16 folios 307 a 317 del mismo cuaderno ya
citado, fundamentos que para este Despacho no admiten discusión
y por los cuales se puede absolver de este cargo.
                              210
Contratos para la construcción de las pistas de aterrizaje.

4.4.1.7.3. CARGO TERCERO: Porque en calidad de interventor no
ejerció al parecer la supervisión ni rindió los informes sobre
la ejecución de las obras y tampoco avisó a la Oficina Jurídica
del Departamento sobre el incumplimiento de los objetos
contratados para adelantar ante la    respectiva aseguradora el
tramite correspondiente y hacer efectiva la póliza de
cumplimiento, en los contratos 018/97 y 031/97, desconociendo
los términos consagrados      en las cláusulas quinta, sexta
literal e) y g), y novena de los convenios números 0381 y 379
suscritos con la Aeronáutica Civil:

En el contrato No. 018/97 el objeto consistió en el
mantenimiento del aeropuerto del corregimiento de Tarapaca, por
un valor de $288.915.525.00. La obra se inicio el 17 de abril
de 1997, se canceló un anticipo de $144.457.702.50, se
suspendió el 16 de mayo de 1997 y se reinició el 14 de julio de
1997. El 26 de septiembre se reconoció un avance parcial por
$83.950.762.20. (Acta de visita del 10 de febrero de 1999).

No aparecen informes de interventoría y el objeto del contrato
no se terminó, ni se hizo efectiva la póliza de cumplimiento y
la obra se encuentra suspendida desde el 26 de septiembre de
1997. (Folio 389).

Afirma el implicado haber visitado el corregimiento de Tarapacá
en dos oportunidades para verificar el avance y forma de las
obras en compañía    del Secretario de Obras del Departamento,
del Supervisor de la Aerocivil Ingeniero Augusto Blanco, del
Ingeniero Contratista y el piloto de la gobernación, con lo
cual se comprueba que si ejerció la supervisión de este
contrato y lo ratifica la firma del ingeniero de la Aerocivil
designado para la supervisión del desarrollo de los convenios
celebrados con dicha Entidad que fueron cumplidos en calidad y
cantidad y dentro de los plazos estipulados, sin faltar tampoco
al cumplimiento de las cláusulas como explica ampliamente en
sus descargos, aunque es claro que para la fecha de su retiro
el 2 de julio de 1998 el contrato continuaba en desarrollo pues
le faltaba el 30% para terminar las tareas inherentes a el.

Del contrato 031, cuyo objeto era la pavimentación de la
primera etapa del aeropuerto en el corregimiento La Pedrera,
aduce que lo visitó antes de ser designado como interventor,
verificando que la pista presentaba grandes huecos por falta de
compactación del material granular que era la base y regresa ya
como   interventor    cuando  se   estaban   transportando   la
motoniveladora   y   equipos  a   utilizar   en   dicha  tarea.
Posteriormente vá con el Secretario de Obras, Supervisor de la
Aerocivil, contratista y piloto de la gobernación, fecha en que
se había ejecutado en su totalidad el objeto contratado.

                              211
Sobre la calidad de esta obra la topógrafa de la Secretaría de
Obras Públicas del Departamento DEYRA MARIA ABARKA G, señaló:

     “...la pista fue asfaltada, pero en algunas zonas las
     altas temperaturas del corregimiento, se dilata y se
     adhiere a los zapatos” “Un desgaste en algunas zonas
     donde al hacer una pequeña incisión se encuentra gravilla
     que hace parte de la base de esta” “En la parte final de
     la pista se hizo un despliegue de asfalto ligero como
     muestra la foto que muestra la gravilla que hace parte de
     la base se piensa que fue para estabilizar el terreno y
     prepararlo para una futura continuación en la obra”.

También declara bajo juramento MAX BAUTISTA PISMA (fls. 34-36
C.Ppal 6), quien se desempeñó como topógrafo del año 1996 a
1999 y respecto al contrato 031 manifiesta:

     “Nunca vi ese contrato, en una ocasión estuve en una
     comisión oficial con el ingeniero JUAN JOSE ROBLES en los
     corregimientos   Tarapacá  y   La   Pedrera.   La  misión
     específica mía era verificar los niveles de terreno para
     la construcción de un alcantarillado. Desconozco la
     misión del ingeniero JUAN JOSE ROBLES, pero aún así
     observamos la pista sobre la cual aterrizamos y nos dimos
     cuenta de que se había regado una capa de asfalto sobre
     ella (...) Sobre la calidad desconozco si estaba
     técnicamente si estaba bien regado o tendido...”Al ser
     preguntado sobre la fecha de esa visita dice: “La fecha
     no la tengo presente..., eso fue mas o menos en el año
     1997...Robles llevaba como un mes en la Secretaría,
     estaba recién entrado cuando hicimos ese viaje...”

En el informe técnico el ingeniero MIGUEL ANGEL SOTO señaló
sobre este contrato:

     “Respecto al contrato de obra No. 18-97 “Construcción y
     Mantenimiento   del  Aeropuerto   del  Corregimiento   de
     Tarapaca”, es evidente la falla en la Planeación inicial,
     del proyecto, en razón a la inconveniencia de su
     ejecución, toda vez que se hizo una inversión y la pista
     de aterrizaje, esta invadida por la maleza, sedimentación
     y lodo, que la hacen imposible de usar...” (cuaderno
     informe técnico pistas de aterrizaje).

Y del contrato 031 de la pista del corregimiento de La Pedrera
manifestó:

     “La obra se recibió hace 20 meses, pero el estado de la
     misma es pésimo, lo cual se sugiere se haga efectiva la
     póliza   de estabilidad, que aún debe estar vigente. Se
     hallaron fallas técnicas sobre el pavimento como:
     Descascaramientos,    Depresiones   (Baches),   Fisuras
                             212
     Transversales   y   desprendimiento   conocido   como   Ojo   de
     Pescado…”

A su vez el señor RAMIRO ALFEREZ, en declaración rendida bajo
juramento afirma haber trabajado en la administración de
ARCESIO MURILLO, como Secretario de Obras Públicas, de enero de
1998 hasta el 12 de abril de 1999 y respecto a la ejecución del
contrato   018,  suscrito   con     ANSELMO  GARCIA,   para  la
construcción de la pista de aterrizaje en el corregimiento
Tarapacá, dice:

     “Como desafortunadamente no se hizo un empalme en el
     cambio de administración, mediante el cual el secretario
     anterior me diera a conocer toda la actividad contractual
     que se estaba desarrollando en el departamento, pues uno
     viene a tener conocimiento más tarde por el mismo
     contratista. El doctor ANSELMO GARCIA ALVES, quien me
     comentó la situación del desarrollo del contrato en
     mención y entre las dificultades que el manifestaba le
     habían   entorpecido   ejecutar   el   contrato,    era   el
     permanente   invierno   y  la   imposibilidad    de   llevar
     maquinaria,   motoniveladoras   y    buldózeres,    por   la
     presencia de la guerrilla en el río Putumayo y la
     dificultad que tenía de obtener pólizas de seguros para
     este tipo de maquinaria. Con el Ingeniero ROBLES, quien
     se desempeñaba como jefe de operaciones de la Secretaría
     de Obras Públicas, me puso al tanto de las visitas que se
     hicieron a la obra que básicamente era movimiento de
     tierras, me corroboró la dificultad que había tenido el
     contratista por situación de invierno y la falta de
     maquinaria (...) Se debe anotar que el Ingeniero ROBLES,
     como interventor de dicho contrato tenía la asistencia de
     un ingeniero de la Aeronáutica Civil. La obra no fue
     terminada por la dificultad en llevar una motoniveladora
     (...) Personalmente estuve en Tarapacá inspeccionando la
     obra y la encontré derrumbada los taludes laterales y
     obviamente los desagües tapados, (...) Yo le manifesté al
     contratista porque razón no había perfilado el talud para
     evitar que se derrumbara y se taparan las zanjas. Me
     manifestó que por la falta de maquinaria...”

Para este Despacho no son de recibo las explicaciones dadas
porque es claro que el implicado con su proceder desconoció
entre las normas que le fueron citadas como infringidas, el
numeral 1º del artículo   26 de la Ley 80 de 1993, literales
e), g), del convenio en cuanto le señalaban el deber de:

     “e) Ejercer la interventoría y/o Supervisión del objeto
     del presente Convenio de conformidad con lo establecido
     para estos efectos por la Ley 80 de 1993 y sus Decretos
     Reglamentarios.”


                               213
     “G) Exigir al contratista que se le adjudiquen las obras
     objeto de este Convenio garantice la buena calidad y
     estabilidad de las obras realizadas”

                   CALIFICACIÓN     DE LA FALTA

En el auto de cargos fue califica como GRAVE, pues de acuerdo a
los numerales 1º, 4º, 5º y literal a) del artículo 27 de la ley
200 de 1995, dada la reiteración de su conducta, la falta de
consideración   con   los   administrados   y  los   perjuicios
ocasionados a la comunidad, calificación que este Despacho
mantiene ya que su comportamiento se enmarca dentro del ámbito
de la culpa, pues actuó con negligencia en el cumplimiento de
sus funciones hasta el punto que en todos los contratos
analizados por la funcionaria instructora y como lo consignó en
el auto de cargos, no se ejecutaron la totalidad de las obras y
sin embargo se reconoció más del 70% de los valores acordados.

Con su conducta incurrió en incumplimiento manifiesto de sus
deberes como servidor público, señalados en el artículo 40
numerales 1, 2 22 y 23 de la Ley 200 de 1995.


4.4.1.7.4. CARGO CUARTO: En calidad de interventor reconoció en
los contratos 018/97 y 031/97 mayores cantidades de obra de las
realmente ejecutados discriminados en los siguientes items:

Corregimiento La Pedrera.

1. Item 3 “IMPRIMACION” se cancelaron 2.143.84 m2 equivalente a
la suma de $4.362.714.40.

2. Item 4 “MEZCLA DENSA EN          FRIO”   se    pagaron   317.75   M3
equivalente a $95.706.300.oo.

Al incluir el AIU del 25% el valor total es de $126.086.958.

Corregimiento Tarapaca.

1. Item 1 “CONFORMACION Y COMPACTACION” se cancelaron 16.000
M2, sin embargo no existen soportes que demuestren que este
ítem efectivamente se ejecutó.

2. Item 3 “IMPRIMACION” se cancelaron 6.700 M2 que corresponde
a la misma mezcla densa en frío equivalente a 4.556.16 M”, o
sea que no se ejecutaron 2.143.84 equivalente a $4.362.714.40
sin incluir el AIU del 26%.

3. Item 4 “MEZCLA DENSA EN PRECIO” (sic) se     cancelaron 500
M3, sin embargo se estableció una diferencia de 317.75 M3 que
no fueron colocados pues el real corresponde a 182.25 m3,
equivalente a $95.706.300.oo sin incluir el AIU del 26%.
                              214
Y de acuerdo al informe técnico rendido por el ingeniero MIGUEL
ANGEL SOTO, adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales se evidencia el reconocimiento de mayores cantidades
de obra con las consecuencias de orden económico en detrimento
del presupuesto del Departamento. (Cuaderno informe técnico
pistas de aterrizaje).

Alega el implicado que no es cierto que haya reconocido mayores
cantidades de obras en los contratos (que ya fueron analizadas
en el cargo anterior) 018 y 031 /97, ya que todo lo firmado en
las actas fue corroborado solidariamente con el ingeniero
AUGUSTO BLANCO.

Sin embargo el Ingeniero EDGAR AUGUSTO BLANCO ALZATE,
funcionario   de  la   AERONAUTICA  CIVIL,   encargado  de   la
Supervisión de los convenios 379, 381, 382 y 383 que tenían por
objeto la construcción de las pistas de aterrizaje en       los
corregimientos El Encanto, La Pedrera, Tarapacá y Puerto
Alegría, en declaración rendida bajo juramento (fls. 733 y
ss.C. Pruebas Descargos 1), manifiesta que las funciones en
relación con los Convenios eran globales para cualquier cosa
que se presentara, estar pendiente de los plazos y vigilar el
plan de inversión como se hace un plan mensual o sea controlar
las actas de pago, items conforme al presupuesto del contrato y
manejo en cuenta conjunta con la Gobernación, los recursos del
Convenio. Respecto a las obras realizadas manifiesta:

     “En el Aeropuerto El Encanto, se hizo desyerbe y limpieza
     terreplanes y rellenos; en Puerto Alegria desyerbe,
     limpieza,   terraplenes   y   rellenos,  conformación   y
     compactación de sub-rasante y construcción de canales de
     drenaje;   en   La  Pedrera   se   hizo  conformación   y
     compactación de base existente, refuerzo con adición de
     material, imprimación y mezcla densa y fría; en Tarapacá
     se esta haciendo desyerbe y limpieza, excavación de
     cortes, terraplenes y rellenos, construcción canales de
     drenaje y base arena-cemento...”

Al preguntársele porqué se contrató con HERNAN DUQUE RUIZ, la
segunda etapa de la pista en El Encanto, a pesar de que se
encontraba suspendida la primera para el 3 de junio de 1997,
fecha de celebración de dicho contrato, manifiesta;

     “Con respecto a esto lo único que puedo decir es que la
     Oficina Jurídica de la Gobernación llevo a cabo esa
     contratación   sin   ninguna    consulta   previa...Tuve
     conocimiento en el momento en que ya estaba suscrito y
     legalizado, quiero dejar en claro que todas estas
     contrataciones las hizo la gobernación sin ninguna
     consulta previa a la Aeronáutica Civil, más aún se debe
     tener en cuenta que mi sitio de trabajo es la ciudad de
                              215
     Bogotá y ocasionalmente me desplazaba a la ciudad de
     Leticia en cumplimiento de comisión aprobada... Si me
     gustaría dejar muy en claro que en cada uno de los
     contratos hubo un interventor cumpliendo todas las
     funciones propias de esta actividad mi labor se concentro
     en hacer una coordinación y cumplir exclusivamente las
     funciones que me asignaba el convenio....” (Negrillas
     fuera de texto)

Con lo anterior tenemos que desconoció entre las normas que le
fueron citadas como infringidas: Los literales e) y g) del
Convenio en cuanto le señalaban el deber de:

     “e) Ejercer la interventoría y/o Supervisión del objeto
     del presente Convenio de conformidad con lo establecido
     para estos efectos por la Ley 80 de 1993 y sus Decretos
     Reglamentarios.”

     G) Exigir al contratista que se le adjudiquen las obras
     objeto de este Convenio, garantice la buena calidad y
     estabilidad de las obras realizadas.”

La realidad probatoria indica con claridad que el inculpado, en
efecto reconoció mayores cantidades de obra a las que se
realizaron en los contratos arriba señalados, lo que constituye
una irregularidad disciplinaria, por afectar negativamente el
presupuesto   departamental,   a   la   vez   que   genera   un
favorecimiento económico injustificado a favor del contratista,
por labores no cumplidas, por lo que deberá imponérsele sanción
disciplinaria como se ordenará en la parte resolutiva de este
fallo.

                   CALIFICACIÓN     DE LA FALTA

Fue calificada como GRAVISIMA en el auto de cargos la que se
mantiene para este fallo, al tenor del numeral 4º del artículo
25 de la ley 200 de 1995, teniendo en cuenta que      permitió
beneficiar al contratista con el reconocimiento que se hizo de
las cantidades de obra no ejecutadas.


4.4.1.8. JORGE ANTONIO CACHIQUE HERNANDEZ, Secretario de
Agricultura del Departamento del 2 de enero al 2 de mayo de
1997; 5 de mayo al 4 de junio de 1997; 5 de junio al 4 de
octubre de 1997.

CARGO UNICO: No supervisó la ejecución de los convenios que la
gobernación suscribió con el Fondo de Cofinanción DRI, razón
por la cual no se cumplió con los términos en ellos contenidos
como a continuación se relaciona:


                              216
Sobre el Convenio 1706-91-006-0-96 para Asistencia técnica
agropecuaria, en que se le reprocha al aquí acusado no haber
solicitado el    concepto favorable del Consejo Seccional de
Asistencia técnica, argumenta que se anexó a este y Convenios
relacionados las fotocopias de las actas de liquidación sobre
inversión de los aportes y cumplimiento del objeto, con lo cual
carecen de veracidad los cargos puesto que para llegar a la
firma de los Convenios se tenía que haber cumplido con todos
los requisitos, resaltando:

     “... de la página No. 4 numeral 6 CUMPLIMIENTO DEL
     OBJETO, lo siguiente “De acuerdo con las metas previstas
     en el proyecto, la documentación encontrada en la
     coordinación del SINTAP y las indagaciones hechas en la
     comunidad y las Umatas de Puerto Nariño y Leticia, se
     llevó a cabo el seguimiento y la evaluación de 2 Umatas,
     se realizaron 10 eventos acerca de diversas áreas del
     sector agropecuario y se atendió las comunidades de los
     corregimientos a través de UATI”..

Manifiesta que además, la oficina del SINTAP (Sistema Nacional
de Transferencia de Tecnología) en la Secretaría de Agricultura
era la encargada de hacer el continuo seguimiento de los
Convenios en ejecución con el DRI y que el único problema
presentado en el manejo de los Convenios de 1996, fue que la
Secretaría de Hacienda cometió varios errores en la recepción y
movimientos bancarios de las cuentas corrientes de los
Convenios y por ello el DRI en la página 5 del acta de
liquidación solicitó:

     “Este convenio al igual que los demás de la vigencia 1996
     liquidados, fue requerido por escrito a la Secretaria de
     Hacienda del Departamento a efectos de cruzar los
     movimientos bancarios y de presupuesto, para luego saldar
     la cuenta corriente.”

Argumentos que son válidos para este Despacho ya que tienen
sustento probatorio en los anexos allegados por el implicado
junto con el memorial de descargos y pueden verse a folios 491
y siguientes del Cuaderno de descargos No. 3B, y por ello se
absolverá en lo referente a este Convenio.

Sobre el Convenio 1706-91-010-96, dentro del mismo auto de
cargos, se señala lo siguiente:

     “No se hizo su     evaluación porque no se fijaron los
     recursos para el desplazamiento, por lo tanto no se sabe
     ni existe constancia en la UDECO, sobre su ejecución,
     razón por la cual no se sabe a ciencia cierta si se
     cumplió o no el convenio.
     (...)

                              217
     Si   bien  la   Dirección   Nacional   de   Investigaciones
     Especiales   advirtió   posibles   inconsistencia   en   su
     ejecución, no aparece ninguna información adicional a la
     obtenida   por   la   mencionada   oficina,   que   permita
     establecer con mayor claridad la irregularidad o las
     irregularidades para endilgar en forma concreta la falta
     disciplinaria, razón por la cual se recomendará su
     archivo con fundamento en el artículo 151 del CUD.”

Fundamentación que se acoge por parte de este Despacho y en
consecuencia no encuentra motivo para no absolverlo respecto de
este Convenio, al igual que del Convenio 1706-91-031-0-96 cuyo
objeto era la construcción de galpones y dotación de equipos
para la producción avícola por mujeres indígenas de varios
corregimientos del departamento del Amazonas, puesto que en la
parte resolutiva del auto de cargos, artículo sexto, se ordena:

     “Se recomendará el archivo de la investigación a favor de
     JORGE ANTONIO CAHIQUE (sic) HERNANDEZ respecto de los
     convenios números 1706-010-96, 1706-028-96, 1706-91-031-
     96 por lo anotado en la parte motiva del presente auto.”

Respecto del Convenio 1706-91-026-0-96 cuyo Objeto era la
Adecuación de una planta trilladora de arroz para la junta de
acción comunal de Puerto Nariño y que con base en la visita que
practicó la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales,
se   advirtió  que   si  bien   el  Secretario   de  Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CACHIQUE HERNANDEZ, dio por
recibido el trabajo contratado a JUAN VILDOSA PEÑA el 31 de
julio de 1997, en la visita efectuada el 5 de febrero de 1998
por el asesor del Fondo DRI, se estableció que la obra
contratada no había sido terminada ni adecuada la instalación
de la planta y posteriormente de acuerdo con visita practicada
en la Unidad de Coordinación de la Inversión Pública        del
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del
Amazonas el 8 de marzo del año 2000, se advirtió una ejecución
del 72.28% según el seguimiento efectuado por la Subdirección
de Operaciones el 5 de febrero de 1998 y en nueva visita del 23
de julio de 1998, se señala una ejecución física del 56% y
financiera del 58%, observando una diferencia manifiesta de la
información contenida en documentos con la real o física y se
dejó constancia del incumplimiento por la falta de base para
molino, montaje y puesta en funcionamiento y adecuación de las
redes eléctricas. (Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

Sobre esto adjunta el acusado acta de liquidación del Convenio
resaltando en la página 4 el numeral sobre cumplimiento del
objeto que:

     “Al momento de la liquidación del convenio y de acuerdo
     con la última visita de seguimiento, el proyecto se
     encuentra en ejecución con un avance físico aproximado
                              218
     del 40% bodega en cambio de paredes en su frente,
     reubicación de las oficinas de atención, ventanas,
     anjeos, pintura interior y exterior.

     El convenio se liquida con un mayor valor aportado por el
     Departamento y con un compromiso para su terminación de
     acuerdo con los términos establecidos en el Acta anexa”.

Aclarando el implicado que en parte alguna del acta se observa
anotación sobre trabajos contratados no acabados o no
terminados durante la ejecución del Convenio y que se tenga en
cuenta el acta de compromiso allegada como prueba de que no se
cometieron actos de negligencia en la ejecución de los
convenios, en que consta en relación con todos que expiran el
15 de diciembre de 1998 y respecto al presente (fl.496 C.D.
3B):

     “Con un mayor valor en dinero efectivo aportado por el
     Departamento, se contrató con fecha diciembre 14 de 1998
     al Ingeniero Omar Agudelo Arango por valor de $15.000.000
     para la Terminación de la Adecuación y Montaje de la
     Planta Trilladora de Arroz. De esta suma, $8.452.950 en
     combustible. Resta por aportar la suma de $8.126.050.

     (...)
     En un término no mayor a 60 días, el Departamento del
     Amazonas a través de su Secretaría de Desarrollo
     Agropecuario deberá enviar a la División de Evaluación y
     Seguimiento de la Entidad las Actas de Entrega y recibo
     final por las obras de terminación con el Ingeniero
     Agudelo; el Acta de Aporte en Bienes y Servicios del
     Departamento por el valor restantes antes referido; un
     informe cualitativo y cuantitativo de las metas logradas
     en desarrollo de la terminación de la Planta y, el Acta
     de entrega y recibo de las obras a la Junta de Acción
     Comunal de Puerto Nariño.”

Argumentos válidos para este Despacho     y   como   consecuencia
absolverlo también al respecto.

Del Convenio 1706-91-027-096 cuyo objeto era el Proyecto de
instalación y puesta en funcionamiento de 25 unidades para el
procesamiento de fariña en la rivera del río Putumayo, adjunta
el implicado copia del acta de liquidación sobre inversión de
aportes y cumplimiento del objeto y que en la página 3, numeral
5 metas físicas se construyeron 31 unidades de las 25
comprometidas y que el funcionario del SINTAP siempre llevaba
el saldo al día de los convenios y por eso nunca se presentaron
problemas por falta de recursos para la ejecución de los
convenios y constantemente se requería a la Secretaría de
Hacienda para hacer los correctivos sobre el movimiento


                              219
bancario de las diferentes cuentas corrientes      y   que   en   la
página 4 numeral 6 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO trae:

     “Como constancia de la entrega de los equipos, se
     encontraron actas de entrega y radiogramas enviados por
     el Secretario de Agricultura a los corregimientos de
     Tarapaca, Puerto Alegria, Arica y El Encanto”

Se resolverá igual en cuanto a la absolución y comentarios
finales se encuentran al término de este capítulo.

Del Convenio 1706-91-032-0-96 cuyo objeto era el Proyecto de
capacitación para el fortalecimiento organizativo, técnico y
empresarial a mujeres indígenas de las comunidades de Arara,
Nazareth y Puerto Nariño en el departamento del Amazonas,
aclara el acusado que por delegación del Gobernador fue
asignado a la Oficina de Desarrollo Comunitario de la
Secretaría de Gobierno para su ejecución y a quien el fondo DRI
debía realizarle la liquidación, por lo que se sale de su
responsabilidad.

Es claro que estos convenios fueron celebrados en el año de
1996 y su vida jurídica culminaba el 15 de diciembre de 1998
tenemos claro que este implicado llegó cuando ya estaban en
ejecución y salió antes de su terminación, puesto que su
estadía en el cargo fue del 2 de enero al 4 de octubre de 1997,
con intervalos como quedó consignado al inicio de este capítulo
y que durante este tiempo cumplió con la obligación de ejercer
la supervisión y el control de los convenios para su cabal
cumplimiento, pues estuvo atento y pendiente del desarrollo de
los mismos como bien lo explica en su memorial exculpatorio y
aunque no lo hubiese alegado en su defensa el acusado, para
este Despacho no queda ninguna duda que su proceder no fue
negligente ni descuidado y por tanto no puede endilgársele
responsabilidad disciplinaria y por ende se absolverá de los
hechos cuestionados.

4.4.1.9. MARTHA BOLIVAR REINA, Directora de la Oficina Jurídica
Departamental del Amazonas del 23 de enero de 1995 al 15 de
octubre de 1997.

4.4.1.9.1. CARGO PRIMERO: Revisó y dio visto bueno para la
celebración de los contratos de consultoría 001/97 y de obra
002/97, derivados del proyecto de reordenamiento ambiental,
suscritos para ejercer la interventoría y construcción de las
obras de construcción de 1800 M3 del dique en bolsacreto para
confinar material del dragado del río Amazonas en el Puerto de
Leticia   con  el   Consorcio  de   Ingenieros   y  Arquitectos
Constructores (CINARCO LTDA) y JAIME HERNANDEZ TORRES, por un
valor de $ 59.795.155 y $ 498.898.580 respectivamente.

Alega la acusada que se declaró desierto el concurso de méritos
                              220
002 de 1996, para ejercer la interventoría a través de la
resolución    0082 del 22 de enero de 1997, acogiendo la
recomendación dada por el comité del cual hizo parte, por
considerar que ninguna de las propuestas eran hábiles para
contratar, porque no cumplieron con unos requisitos mínimos y
la verificación y análisis que cumplió el comité se ciñó a lo
estipulado previamente en los términos de referencia, cuyos
pormenores se consignaron en un acta de evaluación sobre las
propuestas indicando el porque de las observaciones y por tanto
si no cumplían con los requisitos mínimos no podían ser
calificadas y le parece desconcertante la afirmación del cargo,
puesto que sí se cumplieron los trámites de Ley y los
documentos respectivos debían reposar en los archivos de cada
contrato que se hallaban a la fecha de su retiro en la Gerencia
de Proyectos y que es posible que las constancias de
publicación se hubieran extraviado, lo que se evidencia frente
a la limitada documentación que sobre este punto obra en la
investigación y sobre la cual no pudo tener acceso a la fecha
de sus descargos, recordando que el señor PEDRO BARDALES
encargado de la Gerencia de Proyectos, cumplió su labor con
detalle, dejando las constancias del caso y remitiendo a los
proponentes vía fax la información respectiva.

Que en cuanto a los principios de responsabilidad y deber de
selección objetiva, son aspectos que están fuera del marco de
su responsabilidad legal, lo mismo que las deficiencias en el
certificado de disponibilidad cuya elaboración correspondía a
la Secretaría de Hacienda.

Que si se cumplió con el traslado de las evaluaciones a los
proponentes como lo ordena el numeral 8 del artículo 30 de la
ley 80 de 1993, cuyas constancias deben aparecer en las
carpetas de los contratos en la Gerencia de Proyectos.

Iguales argumentos reseña respecto al contrato de obra 002 del
5 de febrero de 1997, para la construcción del dique en
bolsacreto y que se declaró desierta la licitación 001 el 22 de
enero de 1997, acogiendo el criterio del comité de evaluación
del cual hizo parte, y la evaluación de la propuesta obedeció
a aspectos meramente técnicos ajenos a sus conocimientos, pero
se atendió la experiencia de la firma en obras similares y la
técnica de la construcción, de acuerdo al criterio de los
expertos que ofrecía mayores garantías a la entidad.

En cuanto a la licencia ambiental dice no ser cierta la
apreciación de la Procuraduría, porque desde el inicio de los
trabajos en 1995 se informó que el Ministerio del Transporte
tenía la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente.

Aduce que su función era la de revisar o examinar el borrador
de minuta y de los anexos de los contratos y formular las
observaciones del caso, aclarando que para 1997 operaba la
                              221
oficina de Gerencia de proyectos donde se surtía en gran parte
el trámite de los mismos.

Que dentro del proceso de contratación no es aplicable ningún
tipo de autorización a los funcionarios competentes sobre el
acto de adjudicación y por tanto legal y facticamente no tuvo
potestad ninguna de autorizar a su jefe para que suscribiera
contratos puesto que la ley le da la autonomía, con lo que se
evidencia la ausencia de tipicidad en su conducta conforme al
artículo 4 de la ley 200 de 1995.

Que su labor consistió en apoyar a la entidad desde el punto de
vista legal cuando se requería y por ello participó en el
Comité Evaluador de propuestas por designación del Gobernador
cumpliendo su función con    plena sujeción a la Ley 80 y los
requerimientos previstos en los pliegos de condiciones para el
contrato de obra y en los términos de referencia para el
contrato de consultoría, documentos que se constituyeron con
base en la ley del proceso contractual y culminados los
trámites de rigor revisó la minuta, que cumplía con los
requerimientos de ley para la época.

Cita la sentencia de la Corte Constitucional del 18 de marzo de
1998 con Ponencia del Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA, que
señala:

     “Las faltas disciplinarias son definidas anticipadamente
     y por vía general en la legislación y corresponden a
     descripciones abstractas de comportamiento... Con arreglo
     al principio plasmado en el Art. 6o. De la Constitución,
     al paso que los particulares únicamente son responsables
     ante las autoridades por infringir la Constitución y las
     leyes, los servidores públicos lo son por las mismas
     causas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de
     sus funciones ... La aludida responsabilidad guarda
     relación con la existencia de límites a toda función
     pública, los cuales están orientados por el postulado de
     su previa determinación y son propios de Estado de
     Derecho, toda vez que él implica el sometimiento de los
     particulares y de los servidores públicos a unas reglas
     generales y abstractas que impidan su comportamiento
     arbitrario. De allí que no haya empleo público que no
     tenga funciones detalladas en la Constitución, la ley o
     el reglamento (artículo 122 de la Carta Política)...”

Y la del Consejo de Estado de octubre 16 de 1997, Magistrado
Ponente CESAR HOYOS SALAZAR en cuanto a que:

     “El Código Disciplinario (ley 200 de 1995) establece unos
     principios rectores que al igual que los consignados en
     la Constitución Política y las normas del Código Penal y
     Contencioso    Administrativo,    prevalecen     en    la
                              222
     interpretación y aplicación del régimen disciplinario;
     dentro de dicho conjunto de principios están el de
     legalidad y el debido proceso. Conforme al primero. “Los
     servidores públicos y particulares que transitoriamente
     ejerzan   funciones     públicas   sólo    serán    juzgados   y
     sancionados cuando por acción u omisión de sus funciones
     incurran en faltas establecidas en la ley” art. 4o) y, al
     segundo, el procesado disciplinariamente deberá serlo
     conforme    a     las   leyes    sustantivas     y    procesales
     preexistentes a la falta disciplinaria que se le
     atribuya,     ante    funcionario     competente     previamente
     establecido y observando la plenitud el procedimiento
     regulado ... Sólo constituye falta disciplinaria y da
     lugar   a   la     acción   e   imposición    de    la   sanción
     correspondiente “el incumplimiento de los deberes, el
     abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la
     incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y
     conflictos de intereses (art. 38 C.D.U.)... El principio
     de legalidad, consignado en los artículos 6 de la
     Constitución Política y 4° del Código Disciplinario
     Único, estatuye que los servidores públicos y los
     particulares     que   transitoriamente     ejerzan    funciones
     públicas serán juzgados y sancionados disciplinariamente
     cuando por acción u omisión de sus funciones incurran en
     las faltas establecidas en la ley. No se trata, entonces,
     únicamente de faltas establecidas en la ley, sino que
     sean, además, cometidas por acción u omisión de
     funciones...En consecuencia, el deber especial del
     servidor público de cumplir y hacer que se cumpla la
     Constitución     Política     y   las    demás     disposiciones
     consignadas en el numeral 1 del artículo 40 del Código
     Disciplinario Único se refiere a observar en el ejercicio
     de sus correspondientes funciones dichos ordenamientos,
     esto es a no quebrantarlos por acción u omisión de
     funciones...”

Con lo cual la conducta a ella atribuida no se adecua a ningún
tipo   de  falta   disciplinaria  ya   que  las   funciones  de
“tramitación de contrato” como lo manifiesta, no se encontraban
asignadas al cargo que desempeñó en la oficina jurídica para el
año de 1997, además que desde 1996 comenzó a operar la Oficina
de Gerencia de Proyectos, encargada de realizar los trámites
contractuales que se cumplieran en el Departamento y se
canalizaban los aspectos técnicos, presupuéstales y jurídicos
para dar inicio a los procesos de contratación, documentos que
según la implicada debían encontrarse en los archivos de la
gobernación y que concretamente para el desarrollo del
Mejoramiento Ambiental del Puerto de Leticia, Construcción
Dique de Confinamiento, Dragado del Río Amazonas, el 12 de
agosto de 1996 se adelantó con la firma SERVICIO DE INGENIERA
LTDA, el contrato de consultoría 005/96 con el objeto de
realizar la gerencia del proyecto que debía adelantar el
                                223
proceso de contratación y atender tanto la ejecución como la
interventoría de conformidad con la Ley 80.

El señor PEDRO BARDALES CORDOBA, quien fuera Gerente de
Proyectos para 1996 y 1997 de la Gobernación del Amazonas, en
declaración rendida bajo juramento (fls. 14 y ss. C.Ppal 6),
manifiesta sobre su función en relación con el trámite dado a
los contratos de esa época:

     “...como gerente del cargo de proyectos colaboraba con la
     oficina jurídica en la elaboración de las minutas de los
     diferentes   contratos   de   obras   que   realizaba   la
     gobernación del Amazonas, con base a resultados de
     licitaciones o de propuestas que presentaba en la oficina
     los posibles contratistas. Llevar un archivo clasificado
     de todos los anexos y documentos que exigía la ley de
     contratación. Este archivo se realizaba para cada
     contrato en ejecución una vez recibidas las propuestas se
     procedía a elaborar la minuta del contrato para ser
     sometido a revisión y aprobación por parte de la oficina
     jurídica. Una vez aprobada se procedía a recoger firmas
     tanto del señor gobernador como del contratista...Una vez
     perfeccionado se distribuían las copias con todos sus
     anexos a la tesorería departamental, oficina jurídica,
     Departamento   de  Planeación   y   Secretaría  de   obras
     Públicas. Como dije anteriormente todos los contratos
     tenían un expediente donde se archivaba la documentación
     que hacía parte de la contratación...De este archivo
     estaba encargada la señora CARMENZA BERMEO...”.

     Al ser preguntado por el procedimiento seguido para la
     contratación, informa: “El proceso se iniciaba en la
     Unidad de Proyectos de acuerdo a los convenios aprobados
     que se realizaban en la Oficina de Planeación y con base
     en ellos se procedía a efectuar la invitación pública
     para que los interesados presentaran las correspondientes
     propuestas. Una vez cumplidos estos requisitos se
     procedía a clasificar las propuestas para adjudicarlas a
     la mejor propuesta. Luego se hacía la minuta y se enviaba
     a la Oficina Jurídica para la revisión y aprobación. Si
     la encontraba bien la devolvía aprobada de lo contrario
     lo devolvía con observaciones para realizar los ajustes
     recomendados por la oficina jurídica. Si eran aprobados
     se sometían a la firma del señor Gobernador y el
     respectivo contratista y se continuaba con el proceso de
     perfeccionamiento, como era la exigencia de póliza única,
     pagos de impuestos. Publicación en el diario oficial y
     demás requisitos exigidos en la ley de contratación. De
     este procedimiento estaba encargada CARMENZA BERMEO, una
     vez se cumplían todos los requisitos exigidos por la Ley
     se procedía a enviar copia con todos los anexos
     respectivos a la Tesorería Departamental para el pago del
                             224
     anticipo. También se enviaba copia de estos documentos a
     la oficina jurídica, Departamento de Planeación y
     Secretaría de Obras Públicas. Esta última era la
     encargada de vigilar o controlar que se realizaran o
     ejecutaran las obras...Si trabajé con Félix Acosta. El
     original del pliego de condiciones correspondientes a la
     licitación 001 de 1996, sobre la construcción del dique
     de contención para el malecón de LETICIA, si lo conocí,
     hacia parte del expediente, se encontraba en una
     AZ...Mientras estuve al frente de la gerencia no se
     perdió ningún documento porque precisamente yo revisaba
     cada carpeta de los contratos y los anexos que hacían
     parte de la contratación y me consta que toda la
     documentación estaba rigurosamente archivada. De esta
     afirmación son testigos   las secretarias que trabajaron
     conmigo, como son la señora ILSE RODRIGUEZ, YAZMIN ARIZA
     y CARMENZA BERMEO...”

     Cuando se le pregunta respecto a la prueba pedida por
     esta acusada sobre el trámite del contrato 01 de 1997
     suscrito con JAIME HERNANDEZ. Manifiesta: “Como la
     licitación inicial fue declarada desierta la gobernación
     procedió a efectuar la contratación directa con el señor
     JAIME HERNANDEZ, para la construcción del dique de
     contención y los mism (sic) sucedió con la interventoría.
     Respecto a la licitación se tramitó como decir ajustado a
     los requisitos de contratación, como es el aviso a la
     cámara, publicación en la prensa nacional, venta de los
     pliegos de condiciones, apertura de la licitación, cierre
     de la licitación, constitución de evaluación de la
     licitación, quienes emitieron los conceptos de que se
     debería declarar desierta la licitación y el concurso
     porque no se ajustaba a los requisitos de los respectivos
     pliegos de condiciones... Los participantes radicados
     fuera de la ciudad de Leticia se les envió vía fax la
     comunicación sobre las evaluaciones, algunos presentaron
     recursos y la oficina jurídica les respondió dentro del
     término legal...”

     Respecto al trámite dado a los contratos de consultoría
     01, de obra 023, de consultoría 06 y 07 de 1997, informa:
     “El trámite que se le dio a los dos primeros contratos,
     fue que ellos presentaron la propuesta y la oficina
     jurídica   procedió   a   realizarles   el   contrato   y
     posteriormente se envío copia a la oficina de gerencia
     para el proceso de perfeccionamiento... De los contratos
     01 y 02 las minutas las elaboró la oficina jurídica...,
     estos dos contratos (06 y 07) fueron elaborados     en la
     oficina que estaba bajo mi responsabilidad. La jurídica
     lo que hizo fue revisarlos...”

Razón le asiste a la implicada en sus argumentos, puesto que la
                              225
conducta endilgada de acuerdo con el cargo que desempeñaba no
se adecua a las normas que le fueron citadas como infringidas,
pues debemos tener en cuenta el Manual de Funciones que le
atribuía:

     “... Asistir al gobernador en las diferentes materias que
     le conciernen al departamento...”
     “... Asesorar y asistir al gobernador en las diferentes
     actuaciones relacionadas con temas jurídicos.

Y por tanto no pudo infringir la Ley 80 de 1993 ni su Decreto
Reglamentario 855 de 1994, ya que su labor era asesorar y
prestar apoyo al gobernador y las determinaciones que se
adoptaran dentro del Comité para el cual fue nombrada y la
ejecución de los contratos correspondió a la firma CINARCO.
Además, entre sus atribuciones no estaba la de contratar ni
realizar el trámite precontractual ni de ejecución, para lo
cual existían otras dependencias entre ellas la de Gerencia de
Proyectos   como   bien  quedó   consignado  en   los  apartes
anteriormente transcritos de la declaración rendida por el
Gerente PEDRO BARDALES CORDOBA, además y según lo afirma la
acusada, contaban con el aval del Fondo Nacional de Regalías,
consideraciones que nos llevan a absolverla de este cargo.

4.4.1.9.2. CARGO SEGUNDO: En cuanto a que revisó y dio su visto
bueno para la celebración de los contratos 006/97 y 007/97,
suscritos    con   Ingenieros    Economistas    y   Arquitectos
planificadores I.E.P.A. y Servicios de Ingeniería Ltda- Servic
para la formulación del plan de manejo ambiental del Malecón y
realización de la Gerencia del proyecto de Mejoramiento
Ambiental respectivamente, aduce la implicada la atipicidad de
su conducta al igual que con el cargo anterior, ya que el
trámite de contratación correspondía a otra dependencia, lo que
es corroborado por el Gerente de Proyectos a que se alude en el
numeral y cargo anteriores, con trascripción de los principales
apartes de la declaración rendida bajo juramento.

También argumenta la implicada que las observaciones formuladas
al proceso de selección no poseen respaldo adecuado, pues
cuando se dice que en la invitación publica se fija un término
de solo cinco días para recepcionar las propuestas, sin tener
en cuenta la naturaleza de los objetos       que se pretendían
contratar y el lugar donde se debían ejecutar, es necesario
remitirse a lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 855 de
1994, que señala para la contratación directa un término no
inferior a dos días, plazo que fue ampliamente superado y
además tener en cuenta, que solo hubo una propuesta, pues las
condiciones de la región en donde se encuentra hay muy poco
personal   idóneo  e   interesado   en   participar  en   estas
contrataciones y que esto quedó consignado en el acta del 29 de
julio de 1997, en que se dejó constancia expresa sobre la única
propuesta de IEPA LTDA, la que evidentemente figura a folio 179
                              226
del cuaderno Malecón 2.

En cuanto a que el término consignado en el aviso de invitación
debía ser     de posible cumplimiento y que facilitara la
recepción de las ofertas, manifiesta la implicada que se dio
estricto cumplimiento al Decreto 855 de 1994, articulo 3o, como
quedó consignado en el cargo anterior, unido a que ella no
tenía la función de expedir certificados de disponibilidad lo
que correspondía a la Secretaría de Hacienda y sobre las normas
de contratación tampoco era de su resorte ya que su labor era
la de prestar apoyo y asesorar las determinaciones adoptadas
para la adecuada ejecución de los proyectos y la vigilancia de
los mismos correspondía a la firma CINARCO LTDA.

Que su actuación en materia contractual se orientó en los
diferentes proyectos a apoyar la Oficina de Gerencia de
Proyectos, a la Secretaría de Obras y demás dependencias,
estableciendo en forma conjunta un equipo que permitiera mayor
agilidad y efectividad en estos procesos, no incumpliendo sus
deberes ni tampoco el desempeño de sus funciones, ni ocasionó
la suspensión o perturbación de los servicios que prestaba a la
entidad y que si después de su retiro se presentaron algunas
diferencias de orden técnico que influyeron en la ejecución de
los trabajos, fueron situaciones que son normales ya que es
imposible para un funcionario prever las múltiples situaciones
que nacen en el desarrollo de una obra pública, además de otros
factores externos que afectaron la adecuada continuación del
proyecto como fue el cambio de administración que ha limitado
su accionar en este caso perjudicando a todas las partes
implicadas en el proyecto.

Finaliza diciendo que hay prejuzgamiento al indicar la
presencia de una falta disciplinaria de su parte, con lo que se
violan abiertamente los principios y garantías constitucionales
y legales, pues ha debido adelantarse una investigación
disciplinaria orientada a la verdad de los hechos tanto en lo
desfavorable como en lo favorable, ya que se la está señalando
como responsable de unas consecuencias y perjuicios graves a la
comunidad, que de una parte no se encuentran demostradas y de
otra, no se investigaron ni establecieron todos los aspectos
que ha acompañado el desarrollo del proyecto de Reordenamiento
Ambiental del Puerto de Leticia, ya que las fallas no se
encuentran en el proceso de selección de los contratistas sino
en su desarrollo frente a diversos aspectos técnicos y
operativos que frenaron los trabajos, presentando dos años
después una imagen negativa.

Entre las pruebas pedidas para reafirmar sus argumentos tenemos
fotocopias de los pormenores de los contratos de obra 01 e
Interventoría 02 de 1997, como son las convocatorias con los
términos de referencia; actas de visita a la zona de las obras
objeto de los concursos de mérito; actas de cierre de los
                              227
concursos en que se consignan las fechas de apertura;
resoluciones ampliando los términos para la evaluación y
aclaración de las propuestas; resoluciones constituyendo
Comités Técnicos para la evaluación de las propuestas de los
concursos, conformados con la Secretaria de Gobierno, el de
Obras Públicas, la Jefe de la Oficina Jurídica (implicada
BOLIVAR REINA) y el Gerente de la Unidad Banco de Proyectos
PEDRO BARDALES CORDOBA; resoluciones ordenando la apertura de
los concursos; actas de cierre de las urnas; actas de
avaluación de enero de 1997, en donde el resultado es: ”Ninguna
evaluación fue encontrada hábil para su calificación. De cuerdo
con ello, esta Junta de Evaluaciones recomienda a la
Gobernación   del  Amazonas   declarar  desierta   la  presente
licitación”, y en cada propuesta se dejó consignado el motivo
que era por no cumplir con todos los requisitos exigidos;
resoluciones declarando desiertos los concursos. (Cuaderno de
pruebas de descargos #1), documentos estos que prueban que si
se evaluaron las propuestas desde el punto de vista jurídico,
técnico y financiero bajo los distintos parámetros establecidos
por la Ley y de consiguiente esta acusada no incumplió las
normas que le fueron citadas como infringidas ya que su actuar
estuvo acorde con las funciones que le correspondían como Jefe
de la Oficina Jurídica y contenidas en el Manual de Funciones y
las fijadas como integrante del Comité Técnico conformado por
el Gobernador del Departamento, debiendo también absolverse por
este cargo.

4.4.1.10. JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ

4.4.1.10.1. CARGO PRIMERO: Como profesional universitario de la
Oficina Jurídica, asesoró al gobernador y proyectó el acto
administrativo para declarar la urgencia manifiesta el 29 de
diciembre de 1997 sin estar dados los requisitos exigidos en el
artículo 42 de la ley 80 de 1993 y también revisó y dio el
visto bueno en los contratos que se derivaron de la misma.

Alega este implicado (fls. 155-160 C.D.2A.) que no existe
prueba en el expediente que permita hacer esta afirmación y que
no es una simple coincidencia que la resolución No. 219 del 29
de diciembre de 1997, no tenga plasmado en su texto original o
en alguna de sus copias el visto bueno de la oficina jurídica,
como si lo tienen otros actos administrativos de naturaleza
contractual y postcontractual de esa misma época, sino que
obedece tal como lo manifestó en su versión libre se negó a dar
el visto bueno por las razones allí expuestas y que cosa
diferente es que el gobernador asesorado por el gerente del
proyecto Malecón EMIRO MADERA REYES, hubiese elaborado la
Resolución 219, con los argumentos técnicos, jurídicos y de
conveniencia que le fueron dictados por el citado MADERA, quien
como gerente tenía la mayor responsabilidad en el manejo del
macroproyecto y era el puente de comunicación y coordinación
con el Fondo Nacional de Regalías y el Ministerio del
                              228
Transporte y fue quien asesoró al Gobernador para la toma de
decisión contenida en la Resolución, pues era ampliamente
conocedor del tema y para ello fue contratado como consta en
las órdenes de de servicio 0898a97 y 1039B97 que obran junto
con su escrito de descargos.

Que nunca fue consultado ni le fue solicitado concepto previo
por el señor Gobernador para tomar la decisión que nos ocupa,
pues se supone que ya había consultado a sus asesores amplios
conocedores del tema puesto que se trataba del proyecto más
importante y cuantioso que adelantaba la administración
departamental y por eso pide se investigue quiénes asesoraron
jurídica y técnica mental Gobernador para tomar la decisión de
declarar la urgencia manifiesta y a él se le exonere de
responsababilidad.

Aduce que los contratos derivados de la declaratoria de
urgencia manifiesta, contaron con el visto bueno de la oficina
jurídica ya que fueron celebrados al amparo de la resolución
219 que gozaba de la presunción de legalidad.

Este Despacho entiende que todo lo relacionado con este punto
evidentemente fue irregular, pero también que no puede
endilgarse tal responsabilidad a este implicado ya que son
otros los responsables como es el Gobernador y quienes
realmente lo asesoraron, puesto que como bien se indica en el
auto de cargos, se adujo una situación que estaba prevista y
contenida en el contrato de consultoría 005, desde el 6 de
octubre de 1997, como era la necesidad de resolver la falla
técnica que advirtió el contratista CESAR AUGUSTO ESGUERRA
AMAYA, como resultado del estudio realizado en que recomendaba
la   construcción   de   unos  pilotes   que   permitieran   la
estabilización del terreno y la norma contractual exige, para
decretar la urgencia manifiesta, la existencia de unas
circunstancias especiales como una calamidad, fuerza mayor o
caso fortuito o desastres que demanden tomar medidas inmediatas
para conjurar la situación y no como en el presente caso, más
de dos meses después.

Además, como lo alega el implicado, si bien entre sus funciones
de acuerdo al Manual, estaba la de prestar asesoría a las
diferentes dependencias de la gobernación en los aspectos
relacionados con su profesión, emitir conceptos sobre la
interpretación de las normas y procedimientos para dar
fundamento a las decisiones del departamento o de la oficina,
no figura prueba ni se citan como soporte en el cargo, que lo
involucren en la determinación de declarar la urgencia
manifiesta y redacción de la Resolución 219 de diciembre 27 de
1997, razones por las que se le exonerará de responsabilidad
disciplinaria por este cargo.

4.4.1.10.2. CARGO SEGUNDO: Se le reprocha que revisó y dio su
                              229
visto bueno para la celebración de los contratos 014/97 para la
construcción de 1450m3 de obras del dique en bolsamortero, para
confinar material proveniente del dragado del río Amazonas y
119/97 para ejercer la interventoría, así como los 019/97,
156/97 y 160/97sin que se hubiera revisado la conveniencia de
la contratación ni tenido en cuenta el informe de Consultoría
005 del 4 de octubre de     1997 en que el contratista advierte
una posible falla geológica, que exigía un replanteamiento en
la ejecución del proyecto, como se le informó al Fondo Nacional
de regalías (folios 234-235); sin publicar el aviso a
participar en la licitación No. 06 de 1997, en el primer
contrato y porque se omitió el tramite de contratación directa
para celebrar el contrato 119 de 1997, suscrito con FERNANDO
LYONS HOYOS y otra serie de requisitos que aparentemente no se
tuvieron en cuenta en ellos, situación sobre la cual acepta el
implicado que si fueron revisados por la Oficina Jurídica, pero
que los responsables de la contratación de las obras del
Malecón en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas,
era el Gerente de ese Proyecto EMIRO MADERA REYES y el Gerente
de la Unidad Banco de Proyectos (Oficina de Contratación y
Gerencia) PEDRO BARDALES CORDOBA, quien elaboraba los procesos
licitatorios, minutas de contratos, procedimiento contractual y
su función no era conceptuar sobre la “Conveniencia de la
contratación”,   pues   por   tratarse  de   obras   civiles  y
consultorías de dicho macroproyecto era del resorte de los dos
gerentes en asocio con ingenieros de las Secretarías de Obras
Públicas y Planeación Departamental.

Considera absurdo pretender que el profesional universitario de
la oficina jurídica tuviera bajo su responsabilidad recomendar
obras a contratar o ejecutar, el replanteamiento de un
macroproyecto   como  el   Malecón  de   Leticia,  prever   las
consecuencias de la contratación o palpar el problema de
contaminación del río Amazonas y la necesidad de reubicación de
la población, ya que es abiertamente contradictorio con sus
funciones.

Reitera la responsabilidad total en cabeza del Gerente de
Proyectos   PREDRO   BARDALES,  encargado   del   procedimiento
contractual, publicar avisos etc., además que la resolución
1080 del 15 de octubre de 1997 tampoco tiene el visto bueno de
la oficina jurídica ni pasó por esa dependencia ni hay prueba
alguna que comprometa su responsabilidad, ni tampoco en el
proceso licitatorio, ni hacer estudio técnico de propuesta,
puesto que su función correspondía únicamente a la revisión
jurídica de las minutas de los contratos que ya iban con
constancias de fijación y desfijación del aviso, argumentos que
son corroborados por PEDRO BARDALES CORDOBA, quien fuera
Gerente de Proyectos para 1996 y 1997 de la Gobernación del
Amazonas, quien en declaración rendida bajo juramento, que fue
transcrita en sus partes pertinentes y tenida en cuenta
respecto de la jefe de la Oficina Jurídica y también implicada
                              230
en este asunto (fls. 14 y ss. C.Ppal 6), reconoció que esa
Gerencia era la encargada del trámite contractual de esa época
(1996-1997).

Este Despacho acoge los argumentos del implicado, teniendo en
cuenta sus funciones de acuerdo con el Manual, cuales eran las
de prestar asesoría a las diferentes dependencias de la
gobernación en los aspectos relacionados con su profesión,
emitir conceptos sobre la interpretación de las normas y
procedimientos para dar fundamento a las decisiones del
departamento   o de la oficina, no encuentra viable que pueda
estar incurso en el desconocimiento de las normas que le fueron
citadas como infringidas, como es la Ley 80 de 1993 y el
Decreto 855 de 1995 y en consecuencia, lo absuelve de
responsabilidad disciplinaria también por este cargo.

4.4.1.11. HERNAN RAFAEL GUTIERREZ BARRIOS, Secretario de Salud
del 6 de junio de 1995 al 31 de diciembre de 1997.

EL Fondo de Inversión Social FIS, asignó recursos al
Departamento para invertir en salud, razón por la cual celebró
varios convenios con la Gobernación del Amazonas para ser
ejecutados en las vigencias de 1996 y 1997.

4.4.1.11.1. CARGO PRIMERO: En calidad de Secretario de Salud,
presuntamente   incumplió  los   términos   de   los  convenios
celebrados con el Fondo de Inversión Social FIS en 1995 y 1996,
destinados a atender los programas de salud con base en los
proyectos que fueron estudiados y aprobados y que aparecen
entre otros relacionados en el FIS Salud y en el acta de visita
de fecha 5 de marzo de 1997. (Cuaderno FIS Folios 1 al 19)

El implicado aclara que no corresponde a sus atribuciones la
imputación que se le hace, ya que los convenios celebrados con
el FIS por el Departamento para 1996 y 1997 no fueron suscritos
por él y en ellos se consignaban las obligaciones y se
determinaba la responsabilidad y no quedó incluido en ninguno
su desempeño como Secretario de Salud, pero sin embargo en
ejercicio de su actividad, se permitió apoyar y coordinar el
desarrollo de los convenios con el FIS, considerándolos de
especial importancia por los beneficios para la población en el
campo de la salud y que con lo aportado se podían optimizar las
instalaciones y dotaciones hospitalarias y adelantar programas
de prevención de enfermedades, por lo que para ello se
designaron funcionarios de esa Secretaría, siendo asignada la
doctora SONIA M. NEIRA asesora de la Secretaría de Salud, para
que hiciera el seguimiento directo de los proyectos, quien le
informaba de los plazos, convenios, estado de ejecución,
dificultades, constituyéndose en un puente entre la UDECO-
Planeación Departamental y Secretaría de Salud.

Que la ordenación del gasto a su cargo fue reducida por el
                              231
Gobernador en cuanto al monto de contratación y por ello
algunos pagos se hacían directamente por la Tesorería del
Departamento  y  como  consecuencia, los  recursos no  se
trasladaban a las cuentas de la Secretaría de Salud en su
totalidad.

No comparte las apreciaciones de la investigadora, porque
generaliza   todos   los   convenios   y   no  especifica  qué
representante legal firma los convenios ni el concepto de cada
uno, ni quienes intervinieron en su legalización.

Sin embargo, en cuanto al Convenio 5454, proyecto 10645, cuyo
objeto era la construcción, ampliación y dotación del hospital
local la Pedrera, del Memorando 076 del 8 de junio de 1998 de
la Oficina de Contratación, dirigido al coordinador de la
UDECO, remitiendo las actas de iniciación, recibo final de obra
No. 062 a nombre de HERNAN DUQUE RUIZ de fecha 5 de febrero de
1998, se puede ver que para esa fecha él ya no era el
Secretario de Salud y además, el contrato no fue firmado por él
sino por el Gobernador y el Área de Construcción de la
Secretaría de Salud aportó la parte técnica y por ello era la
encargada del seguimiento de la obra y recibo final y aunque él
estuvo pendiente del desarrollo, para el 31 de diciembre de
1997, fecha en que dejó el cargo, la obra no se había recibido
y le correspondía continuar a la nueva administración a partir
del 1o de enero de 1998.

Manifiesta el implicado respecto al Convenio 2627 del 29 de
diciembre de 1995, celebrado con aportes del FIS y del
Departamento por $83.630.000, que derivaron los contratos: 0047
del 12 de agosto de 1996, suscrito entre la Secretaría de Salud
y CARLOS C. MARTINEZ BERNAL, por $ 14.000.000, para elaborar
los estudios de ingeniera y diseños de cálculos estructurales,
planos arquitectónicos de construcción de ampliación del centro
de Salud de la Pedrera, el que se cumplió y prueba de ello
reposa en los archivos de la Secretaría, cuya interventoría fue
cumplida por el arquitecto LUIS GUILLERMO LLANO y con el aval
del arquitecto del Ministerio de Salud AMADEO VITA.

Respecto al Contrato 001 del 5 de febrero de 1997, celebrado
entre el gobernador y el consorcio Peña Construcciones para
ampliación del centro del hospital de La Pedrera por
$56.709.426, en que el cargo señala que se surtió licitación
pública pero que la actuación contractual no aparece, dice que
es necesario precisar que dada la cuantía la licitación se
surtía en la Oficina de Construcciones y Jurídica de la
Secretaría de Salud, en coordinación con la Gerencia de
proyectos   de  la   Gobernación   donde   deben  reposar   los
antecedentes, pues sus atribuciones como Secretario de Salud se
encontraban limitadas a los casos de contratación de menor
cuantía y de acuerdo a delegación expresa del Gobernador y que
para la época eran hasta 100 salarios mínimos vigentes y por
                              232
ello no intervino en el contrato licitatorio.

Del Contrato 001 del 10 de febrero de 1997, celebrado entre la
Secretaría Departamental de Salud y el señor LUIS A. MANCILLA
GONZALEZ, para ejercer la interventoría de la construcción del
Hospital de La Pedrera, por $16.192.500, manifiesta que si bien
se dice en el cargo que no se encontraron los antecedentes
contractuales, si se cumplieron en su integridad los trámites
de contratación directa de ley y recibieron dos ofertas,
considerando más favorable la del ingeniero LUIS MANCILLA y los
documentos pertinentes deben reposar en la oficina de
Construcciones a cargo de HERLEY CARRILLO.

Del contrato 0039 del 25 de noviembre de 1997, suscrito con
COLFRA LTDA, para la compra de una autoclave y equipo de
anestesia para el hospital de la Pedrera por $ 41.876.000, dice
que el proceso contractual se inició con la invitación pública
del 6 de noviembre de 1997 y vía fax se recibieron las
propuestas de COLFRA LTDA y SIMENS. Que en cuanto a que no
existen actas de recibo e ingreso al almacén, aclara que se
pactó en la cláusula segunda el pago de un anticipo del 55% y
por eso, suscrito y perfeccionado el contrato con el proveedor
se canceló el anticipo y comenzó a correr el plazo del contrato
desde el 11 de diciembre de 1997 por 30 días calendario
conforme a la cláusula tercera, quedando pendiente la entrega
de los equipos y el pago restante del precio pactado, debiendo
entregarse el 11 de enero de 1998, por eso para el día de su
retiro, 31 de diciembre de 1997, al no haberse entregado el
equipo no podía realizarse ninguna acta de recibo e ingreso al
almacén. Además, entre sus funciones no estaba la de recibir
elementos   ni  levantar   actas  de   almacén,  ya   que  esto
correspondía al almacenista.

Que no le consta en que condiciones llegó el equipo y resulta
extraño que se hubiese recibido en mal estado, puesto que se
contrató para recibirlo funcionando y con inducción sobre su
completo funcionamiento y manejo, además existían las pólizas
de garantía, cumplimiento y calidad vigentes a diciembre de
1997 cuando se retiró, y por tanto la responsabilidad era de
quien lo reemplazó en el cargo y quien debió hacer las
reclamaciones pertinentes.

Del Convenio 1302, proyecto 1943. Objeto: iniciar trabajo de
escuela de padres en el departamento del Amazonas y realizar
actividades de capacitación divulgación y asesoría en educación
sexual y E.T.S. por $35.182.700, con aportes del FIS por
$21.109.620 y de la Gobernación por $14.073.080, argumenta el
acusado que se presentaron dificultades en su ejecución por
tratarse de actividades más compatibles con la Secretaría de
Educación, que no asumió las obligaciones correspondientes a
pesar de haberse comprometido a desarrollarlas, aduciendo las
vacaciones de diciembre de 1997, por lo que no se ejecutó.
                              233
Que prueba de lo anterior, es el oficio SH-131 del 18 de junio
de 1997 suscrito por el Secretario de Hacienda JUAN CARLOS
GUTIERREZ en que establece que la ejecución correspondía a la
Secretaría de Educación, oficio que evidentemente obra a folio
388 del C.D.3B.

Del Convenio 2607, proyectos 2730 y 2732. Objeto. Construir y
dotar los laboratorios de salud pública. Valor $577.539.555,
Aporte FIS $346.523.745, aporte de la Gobernación $231.015.810,
manifiesta el implicado que en cuanto a la construcción, se
hizo la licitación por parte de la Gerencia de Proyectos de la
Gobernación con el apoyo de la Oficina Jurídica y el Área de
Construcción de la Secretaría de Salud como apoyo técnico y que
él no era el ordenador del gasto y por tanto, no tuvo
responsabilidad en la celebración del contrato pero estuvo
pendiente y pudo apreciar que llegó a fase de adjudicación en
el momento de su retiro de la administración, quedando
pendiente la firma del contrato por la nueva administración,
que es en quien recae la responsabilidad en todo lo
concerniente a esta obra.

Sobre los contratos 061, 062, 065, 058 y 057 derivados de los
convenios 2730 y 2732, dice que corresponde a un consecutivo
que llevaba la Gerencia de Proyectos del Departamento, pues
quien firmaba los contratos era el gobernador y la Gerencia de
Proyectos la encargada de sus trámites contractuales para la
debida celebración, por lo que desconoce los trámites surtidos,
pero que supo por el Gerente PEDRO BARDALES que esos contratos
para la fecha de su retiro, se estaban perfeccionando y la
administración entrante debía informar al respecto.

Del contrato 100, dice que tampoco fue firmado por él, ya se
había cancelado el 50% y quedaba pendiente el otro 50% que
debía ser cancelado cuando el contratista entregara los
estudios, los que para el 31 de diciembre de 1997, en que se
retiró del cargo, no se habían recibido en su totalidad y por
tanto la constancia de recibo estaba al cargo de su reemplazo,
señor HERLEY CARRILLO.

Del contrato 0030, dice que se había pactado en la cláusula
segunda, el pago del 50% y el resto una vez el contratista
hubiera entregado el total de equipos adquiridos, lo que a 31
de diciembre de 1997 no había hecho, por lo que la
responsabilidad era de la administración entrante y el
almacenista debió informar de dicho faltante.

En cuanto a los contratos 57 y 58, no se especifica en el cargo
el año, presume que son del 97 por el consecutivo que llevaba
el departamento bajo responsabilidad de la Gerencia de
Proyectos y que es ésta Oficina la que debe dar informe de los


                              234
trámites contractuales puesto que era la encargada      por   el
Gobernador y éste quien firmaba los contratos.

De la orden de pago 1363 del 19 de diciembre de 1997, sin la
firma de la pagadora, recomienda preguntarle directamente a
ésta, que era la última en firmarla.

Del Convenio 5721, proyecto 9422. Objeto. Continuar acciones de
investigación, promoción y prevención del maltrato infantil,
considera que se debe indagar con la doctora MARIA EUGENIA
BLANDON, funcionaria que estuvo a cargo de la ejecución del
proyecto y la documentación solicitarla a la División Técnico
Administrativa, Sección Financiera, Pagaduría y Planeación de
la Secretaría de Salud.

Del Convenio 2607/96. Objeto. Implementación de dotación del II
nivel para el hospital San Rafael de Leticia, dice que el
proyecto fue presentado directamente por el Hospital, que es
una Empresa Social del Estado y de consiguiente, correspondía
al Gerente de la época, dar las explicaciones concernientes a
la celebración, ejecución y liquidación del convenio.

En cuanto a las obligaciones adquiridas por el Departamento y
que se le citaron como presuntamente infringidas por él,
manifiesta no haber existido incumplimiento de estas puesto que
los proyectos y convenios suscritos con el FIS, se ejecutaron y
cumplieron en su debida oportunidad acorde con lo pactado en
cada uno, se hicieron reajustes en algunos casos que
permitieran su ejecución, los recursos se aplicaron conforme a
lo acordado y también la adquisición de elementos, destacando
que en el Convenio 1302 se presentaron circunstancias ajenas a
la órbita de sus funciones que determinaron       demora en su
ejecución y sobre las cuales no tiene responsabilidad.

Además, para atenderlos se conformó un equipo con funcionarios
de su dependencia, de Planeación, UDECO, Gerencia de Proyectos
y Secretaría de Hacienda, etc., los que tienen sustento
probatorio en las pruebas citadas y en declaraciones de WILSON
ELIZALDE MOOR, jefe de la división Administrativa de la
Secretaría de Salud para la época de los hechos (fl.1 C Ppal 6)
en que afirma:

     “...Recuerdo que hay varios proyectos del FIS, los cuales
     unos se ejecutaron por la Gobernación y otros por la
     Secretaría (Salud). Cada proyecto tenía un coordinador
     que era el encargado de dirigir estar pendiente del
     desarrollo del proyecto. Hasta la fecha que estuve
     vinculado se manejaba a través de la oficina de
     participación comunitaria, pero en cuanto a la ejecución
     como tal la coordinadora del proyecto debe tener sus
     informes,   porque   son   ellos  los   que   pasan   las
     programaciones, diseñan los lineamientos que desarrolla
                              235
     el proyecto... los proyectos de salud si se manejaban por
     la Secretaría de Salud, cada coordinador funcionarios de
     la Secretaría manejaban sus proyectos y según entiendo
     algunos tienen reporte de ejecución y de acciones
     ejecutadas. El coordinador miraba lo que contemplaba el
     proyecto y para dar cumplimiento el le solicitaba al
     Secretario daba la viabilidad y ordenaba del gasto. El
     Secretario lo aprueba y se procede a darle cumplimiento
     de contratación ya sea a través de la oficina de
     suministros que presenta las cotizaciones, se hace el
     cuadro comparativo y se solicita conceptos para la
     selección.   Una   vez   seleccionado  el   proveedor   o
     contratista imparte la orden o la realiza o si es un
     contrato el área jurídica. En la administración se
     recepciona los soportes, las pólizas de garantía de
     cumplimiento (sic)...”

Por su parte el señor PEDRO BARDALES CORDOBA, quien fuera
Gerente de Proyectos para 1996 y 1997 de la Gobernación del
Amazonas, en declaración rendida bajo juramento (fls. 14 y ss.
C.Ppal 6), manifiesta sobre su función en relación con el
trámite dado a los contratos de esa época:

     “...como gerente del cargo de proyectos colaboraba con la
     oficina jurídica en la elaboración de las minutas de los
     diferentes   contratos   de   obras   que   realizaba   la
     gobernación del Amazonas, con base a resultados de
     licitaciones o de propuestas que presentaba en la oficina
     los posibles contratistas. Llevar un archivo clasificado
     de todos los anexos y documentos que exigía la ley de
     contratación. Este archivo se realizaba para cada
     contrato en ejecución una vez recibidas las propuestas se
     procedía a elaborar la minuta del contrato para ser
     sometido a revisión y aprobación por parte de la oficina
     jurídica. Una vez aprobada se procedía a recoger firmas
     tanto del señor gobernador como del contratista...Una vez
     perfeccionado se distribuían las copias con todos sus
     anexos a la tesorería departamental, oficina jurídica,
     Departamento   de  Planeación   y   Secretaría  de   obras
     Públicas. Como dije anteriormente todos los contratos
     tenían un expediente donde se archivaba la documentación
     que hacía parte de la contratación...De este archivo
     estaba encargada la señora CARMENZA BERMEO...”.

     Al ser preguntado por el procedimiento seguido para la
     contratación, informa: “El proceso se iniciaba en la
     Unidad de Proyectos de acuerdo a los convenios aprobados
     que se realizaban en la Oficina de Planeación y con base
     en ellos se procedía a efectuar la invitación pública
     para que los interesados presentaran las correspondientes
     propuestas. Una vez cumplidos estos requisitos se
     procedía a clasificar las propuestas para adjudicarlas a
                             236
     la mejor propuesta. Luego se hacía la minuta y se enviaba
     a la Oficina Jurídica para la revisión y aprobación. Si
     la encontraba bien la devolvía aprobada de lo contrario
     lo devolvía con observaciones para realizar los ajustes
     recomendados por la oficina jurídica. Si eran aprobados
     se sometían a la firma del señor Gobernador y el
     respectivo contratista y se continuaba con el proceso de
     perfeccionamiento, como era la exigencia de póliza única,
     pagos de impuestos. Publicación en el diario oficial y
     demás requisitos exigidos en la ley de contratación. De
     este procedimiento estaba encargada CARMENZA BERMEO, una
     vez se cumplían todos los requisitos exigidos por la Ley
     se procedía a enviar copia con todos los anexos
     respectivos a la Tesorería Departamental para el pago del
     anticipo. También se enviaba copia de estos documentos a
     la oficina jurídica, Departamento de Planeación y
     Secretaría de Obras Públicas...Mientras estuve al frente
     de la gerencia no se perdió ningún documento porque
     precisamente yo revisaba cada carpeta de los contratos y
     los anexos que hacían parte de la contratación y me
     consta que toda la documentación estaba rigurosamente
     archivada. De esta afirmación son testigos            las
     secretarias que trabajaron conmigo, como son la señora
     ILSE RODRIGUEZ, YAZMIN ARIZA y CARMENZA BERMEO...”

El Despacho encuentra válidos los argumentos del implicado,
puesto que como bien lo indica, los Convenios no fueron
suscritos por él sino por el Gobernador y su función estuvo
dirigida a cumplir sus obligaciones vigilando la ejecución de
los mismos y suscribiendo los contratos que le correspondieron
con el lleno de los requisitos pre contractuales, convenios y
contratos que finalizaron después de su retiro de la Secretaría
y de la Administración ante la llegada del nuevo gobierno
departamental a partir del primero de enero de 1998, razones
por las cuales se absuelve de responsabilidad disciplinaria por
este cargo.

4.4.1.11.2. CARGO SEGUNDO: Contrató la prestación de servicios
del Abogado MIGUEL HUGO MIRANDA NIETO, como asesor del despacho
de la Secretaría de Salud del departamento, a través del
contrato No. 0034   del 3 de julio de 1996 por un valor de $
5.400.000 y para el año de 1997, mediante las ordenes de
servicio   que a continuación se relacionan sin expedir la
constancia exigida por el ordenamiento jurídico sobre la
inexistencia de personal de planta para el cumplimiento de la
actividad que se acuerda. (Subrayas fuera de texto)

El implicado alega que se dio cumplimiento al artículo 32
numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y la vinculación contractual
obedeció   a   la   necesidad   de   apoyar   el   proceso   de
descentralización adelantado por el departamento del Amazonas y
que respecto a la acreditación por el jefe del organismo de que
                              237
trata el inciso 2 del artículo 1o del Decreto 2209 de 1998, no
era necesaria para la fecha de celebración del contrato,
argumento que tiene plena acogida por este Despacho, ya que la
norma fue posterior a la época de posible comisión del hecho
irregular (fls. 391-392 C. descargos 3B) y de consiguiente no
puede mantenerse la glosa, pues se estaría violando el
principio contenido en el artículo 5o de la Ley 200 de 1995,
del debido proceso en cuanto que:

     “Todo   servidor   público   o   particular   que   ejerza
     transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado
     conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a
     la falta disciplinaria que se le atribuya, ante
     funcionario competente...”(Subrayas fuera de texto)

Razones más que suficientes para absolverlo de este parte del
cargo, complementado con la parte reprochada y atinente al pago
de viáticos y gastos de viaje para la vigencia correspondiente
al año 1996, que como bien lo señala la funcionaria
instructora, estaba regulado por el artículo 50 numeral 2006
del decreto de liquidación del presupuesto general     (Decreto
2350 del año 1995), norma nacional aplicable a nivel
Departamental en ausencia del código fiscal, ya que para el
presente caso, el secretario de Salud acordó con el contratista
el pago de viáticos y transporte para el cumplimiento del
objeto contratado y por lo que la asesora consignó en el auto
de cargos:

     “En este orden de ideas se recomendará el archivo de la
     investigación respecto al mencionado hecho pues no
     constituye falta disciplinaria, por ende se le debe dar
     aplicación al artículo 151 de la ley 200 de 1995.”

4.4.1.12.   HELBER PIMENTEL  SERRANO,  Director Oficina  de
Planeación y de la Udeco del 16 de octubre de 1996 al 31 de
diciembre de 1997.

El Fondo de Inversión Social FIS, suscribió varios convenios
con el departamento para ejecutar proyectos en el área de salud
y educación respectivamente para las vigencias 1996 y 1997.

CARGO UNICO: No ejerció la supervisión, el seguimiento ni la
evaluación física y financiera de los convenios celebrados con
los fondos de cofinanciación FIS y DRI suscritos por la
gobernación en el período correspondiente a la vigencia de
1996, desconociendo con su conducta los términos en ellos
contenidos y que se concretan en lo siguiente:

Convenios suscritos con el DRI:

El Convenio 1706-91-006-0-96: Asistencia técnica agropecuaria.
Como este Convenio definitivamente no se le reprochó al
                              238
implicado, debemos estar a lo consignado y decidido en el auto
de cargos como sigue:

     “Si bien la Dirección Nacional de Investigaciones
     especiales advirtió posibles inconsistencias en su
     ejecución, no aparece ninguna información adicional a la
     obtenida   por  la   mencionada   oficina,   que  permita
     establecer con mayor claridad la irregularidad o las
     irregularidades para endilgar en forma concreta la falta
     disciplinaria, razón por la cual se recomendará su
     archivo con fundamento en el artículo 151 del CUD.”

Lo mismo ocurre con los convenios que en la parte resolutiva
del auto de cargos en su artículo cuarto ordena:

     “Se recomendará el archivo de los hechos endilgados al
     doctor HELBERT PIMENTEL SERRANO, respecto de los hechos
     endilgados (sic) por los convenios suscritos con los
     Fondos de Confinaciación DRI y FIS, números 1706-010-96,
     1706-028-96, 1706-91-031-96, 4568, proyecto 7715, 4615,
     proyecto 7716, 4785, proyecto 7687, 5919, proyecto 11037
     sobre el contrato No. 026 de 1996, 4803, proyecto 8193 de
     conformidad con lo analizado en la parte motiva del
     presente auto.” (Negrillas fuera de texto)

Decisión que debe ser aceptada por parte de este Despacho y en
consecuencia   procede   a    absolverlo  de    responsabilidad
disciplinaria  por   los   Convenios  y  contratos   enumerados
anteriormente.

Respecto de los demás Convenios, como es el 1706-91-026-0-96
cuyo Objeto era la     Adecuación de una planta trilladora de
arroz para la junta de acción comunal de Puerto Nariño y que
con base en la visita que practicó la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales, advirtió que el Secretario de
Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CACHIQUE
HERNANDEZ, dio por recibido el trabajo contratado a JUAN
VILDOSA PEÑA el 31 de julio de 1997, en la visita efectuada el
5 de febrero de 1998 por el asesor del Fondo DRI, se estableció
que la obra contratada no había sido terminada ni adecuada la
instalación de la planta y que posteriormente, en visita
practicada por la Unidad de Coordinación de la Inversión
Pública   del Departamento Administrativo de Planeación de la
Gobernación del Amazonas el 8 de marzo del año 2000, se
advirtió una ejecución del 72.28%        según el seguimiento
efectuado por la Subdirección de Operaciones el 5 de febrero de
1998 y en nueva visita del 23 de julio de 1998, se señala una
ejecución física del 56% y financiera del 58%, observando una
diferencia manifiesta de la información contenida            en
documentos con la real o física, dejando constancia del
incumplimiento por la falta de base para molino, montaje y

                              239
puesta en funcionamiento y adecuación de las redes eléctricas.
(Folio 140 cuaderno convenios No. 2).

El también acusado por estos convenios Secretario de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente JORGE CACHIQUE HERNANDEZ, allegó
acta de liquidación del Convenio, resaltando en la página 4 en
el numeral sobre cumplimiento del objeto que:

     “Al momento de la liquidación del convenio y de acuerdo
     con la última visita de seguimiento, el proyecto se
     encuentra en ejecución con un avance físico aproximado
     del 40% bodega en cambio de paredes en su frente,
     reubicación de las oficinas de atención, ventanas,
     anjeos, pintura interior y exterior.

     El convenio se liquida con un mayor valor aportado por el
     Departamento y con un compromiso para su terminación de
     acuerdo con los términos establecidos en el Acta anexa”.

Y aclara el mismo implicado, que en parte alguna del acta se
observa anotación sobre trabajos contratados no acabados o no
terminados durante la ejecución del Convenio y que se tenga en
cuenta el acta de compromiso allegada como prueba de que no se
cometieron actos de negligencia en la ejecución de los
convenios, en que consta en relación con todos que expiran el
15 de diciembre de 1998 y a este: (fl.496 C.D. 3B)

     “Con un mayor valor en dinero efectivo aportado por el
     Departamento, se contrató con fecha diciembre 14 de 1998
     al Ingeniero Omar Agudelo Arango por valor de $15.000.000
     para la Terminación de la Adecuación y Montaje de la
     Planta Trilladora de Arroz. De esta suma, $8.452.950 en
     combustible. Resta por aportar la suma de $8.126.050.

     (...)
     En un término no mayor a 60 días, el Departamento del
     Amazonas a través de su Secretaría de Desarrollo
     Agropecuario deberá enviar a la División de Evaluación y
     Seguimiento de la Entidad las Actas de Entrega y recibo
     final por las obras de terminación con el Ingeniero
     Agudelo; el Acta de Aporte en Bienes y Servicios del
     Departamento por el valor restantes antes referido; un
     informe cualitativo y cuantitativo de kas metas logradas
     en desarrollo de la terminación de la Planta y, el Acta
     de entrega y recibo de las obras a la Junta de Acción
     Comunal de Puerto Nariño.”

También del Convenio 1706-91-027-096 cuyo objeto era el
Proyecto de instalación y puesta en funcionamiento de 25
unidades para el procesamiento de fariña en la rivera del río
Putumayo, adjuntó el implicado CACHIQUE copia del acta de
liquidación sobre inversión de aportes y cumplimiento del
                              240
objeto y en la página 3, numeral 5 metas físicas se
construyeron 31 unidades de las 25 comprometidas y que el
funcionario del SINTAP, siempre llevaba el saldo al día de los
convenios y por eso nunca se presentaron problemas por falta de
recursos para la ejecución de los convenios y constantemente se
requería a la Secretaría de Hacienda para hacer los correctivos
sobre el movimiento bancario de las diferentes cuentas
corrientes. Y en la página 4 numeral 6 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
señala:

     “Como constancia de la entrega de los equipos, se
     encontraron actas de entrega y radiogramas enviados por
     el Secretario de Agricultura a los corregimientos de
     Tarapaca, Puerto Alegria, Arica y El Encanto”

Del Convenio 1706-91-032-0-96 cuyo objeto era el Proyecto de
capacitación para el fortalecimiento organizativo, técnico y
empresarial a mujeres indígenas de las comunidades de Arara,
Nazareth y Puerto Nariño en el departamento del Amazonas,
afirma el mismo acusado CACHIQUE HERNANDEZ, que por delegación
del Gobernador fue asignado a la Oficina de Desarrollo
Comunitario de la Secretaría de Gobierno para su ejecución y a
que el fondo DRI debía realizar la liquidación, por lo que era
de su responsabilidad.

Consideró este Despacho    entonces,   en   cuanto   al   implicado
CACHIQUE HERNANDEZ:

     “Estos convenios fueron celebrados en el año de 1996 y su
     vida jurídica culminaba el 15 de diciembre de 1998, por
     lo que tenemos claro que este implicado llegó cuando ya
     estaban en ejecución y salió antes de su terminación,
     puesto que su estadía en el cargo fue del 2 de enero al 4
     de octubre de 1997, con intervalos como quedó consignado
     al inicio de este capítulo y que durante este tiempo
     cumplió con la obligación de ejercer la supervisión y el
     control de los convenios para su cabal cumplimiento, pues
     estuvo atento y pendiente del desarrollo de los mismos
     como bien lo explica en su memorial exculpatorio y aunque
     no lo hubiese alegado en su defensa el acusado, para este
     Despacho no queda ninguna duda que su proceder no fue
     negligente   ni   descuidado  y   por   tanto  no   puede
     endilgársele responsabilidad disciplinaria y por ende se
     absolverá de los hechos cuestionados.”

Situación que favorece y se hace extensible al acusado
PIMENTEL, quien argumenta en sus descargos con toda razón que
el sustento normativo del auto de cargos, artículo 28 del
Decreto 2150 de 1995, no tiene relación con los hechos
investigados, porque: (fl.s 37 C.4D.)



                              241
     “...dicha norma se refiere a la supresión, reforma y
     regulaciones, procedimientos, o tramites innecesarios
     existentes en la Administración pública si nos remitimos
     al artículo 28 hace referencia a la posesión de
     particulares ante organismos de control. Por lo tanto nos
     debemos remitir al Decreto 2132 del 29 de diciembre de
     1992, Por medio de la cual se reestructuran y fusionan
     entidades y dependencias de la administración nacional se
     organiza el funcionamiento del sistema nacional de
     cofinaciación, en su artículo 28 dice: Organización
     Regional: Para el ejercicio de las funciones                 de
     cofinanciación, los fondos de cofinanciación no tendrán
     dependencias     regionales    ni    locales,    pero    podrán
     contribuir    financieramente      a    la   organización     y
     funcionamiento en cada uno de los departamentos y
     distritos, de una Unidad Especializada en las oficinas de
     Planeación    de    la   respectiva    entidad    territorial,
     encargada de las funciones de: promoción, coordinación,
     apoyo, asesoría y evaluación previa de los programas y
     proyectos    que     presenten    tanto    dichas     entidades
     territoriales     como   los   municipios     del   respectivo
     departamento...”

También le asiste razón en cuanto a que los Convenios motivo de
glosa, corresponden a 1995 y 1996, o sea antes de su entrada al
gobierno departamental el 16 de octubre de 1996 y además que
para el funcionamiento de la UDECO, se habían contratado
profesionales en distintas disciplinas como asesores a cargo
del manejo de los distintos convenios con los Fondos DRI,
FINDETER, FIS salud y FIS Educación ya que la UDECO no
participa en los procesos contractuales y por tanto la
responsabilidad es de la entidad territorial que suscribe el
convenio, en este caso la gobernación.

Aduce que sí cumplió con su gestión de seguimiento a la
ejecución de los contratos como lo demuestra con los documentos
allegados y visibles como anexos 1 a 11, folios 43 a 51 C.D.4),
como son los oficios 0259 del 27 de mayo en que hace referencia
a la necesidad de que los convenios se ejecuten de manera
eficiente; el 079U-97 de marzo solicitando al FIS apoyo en
capacitación, para desarrollar con mas eficiencia los procesos
de formulación y seguimiento de los procesos de inversión;
oficio circular Udeco del 10 de febrero de 1997 enviado a todos
los Secretarios de Despacho y otras dependencias, cuadros con
información de los diferentes convenios que se estaban
ejecutando por la Gobernación, a fin de que cada dependencia
colaborara en el seguimiento, ejecución y suministro oportuno
de los soportes de su actividad.

Al igual que dentro del cuaderno principal 6, aparecen del
folio 39 al 214, los informes de los diferentes asesores de la
UDECO vigencias 1996 y 1997 presentados al Director de
                                242
  Planeación y coordinador de la UDECO, por lo que el Despacho
  considera de recibo las explicaciones de descargos y por lo
  tanto, lo absuelve de responsabilidad disciplinaria, también en
  lo referente a todos los demás          convenios cuestionados
  suscritos con el FIS- Educación y FIS-Salud.

  4.4.1.12. CIRO ALFONSO HERNANDEZ WILCHES, Tesorero Pagador, del
  18 de abril de 1997 al 31 de diciembre de 1997.

  El Fondo de Inversión Social FIS, de los recursos asignados
  desembolsó las siguientes cifras:

  De acuerdo con el último reporte suministrado por el Tesorero
  PASTOR SILVA VALDERRAMA, el 17 de febrero de 1999, la
  administración departamental traslado de la cuenta denominada
  recursos de confinación FIS a otras cuentas la suma de
  $1.721.901.000. (Folio 437 cuaderno principal).

  4.4.1.12.1. CARGO PRIMERO: Porque como tesorero pagador,
  trasladó   de   la   cuenta   No.   407-02399-3 “recursos  de
  confinanciación” la suma de $1.721.901.000, cambiando de
  destinación los valores discriminados en la certificación
  expedida por la Tesorería del Departamento el   2 de marzo de
  1999 (folios 437 cuaderno principal).

- 1º de Julio de 1997, trasladó a la cuenta 407-01999-1 Fondos
  comunes departamentales $ 310.000.000.

- El 1° de agosto de 1997, trasladó a la cuenta 407-01999-1
  Fondos Comunes Departamentales $ 331.000.000.

- El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta 407-01999-1
  Fondos comunes $ 450.000.000.00.

  El 6 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta 407-02327-4 Fondo
  Departamental de Pensiones $35.065.000.
- El 9 de octubre de 1997, trasladó a la cuenta 506-12449-4
  Convenio DRI No. 1706-030 $ 224.836.000.

- El 14 de noviembre de 1997, trasladó a la cuenta 506-00136-1
  Contador pagador $ 215.000.000.00.

- El 18 de diciembre de 1997, a la cuenta 407-02374-1 recaudo
  impuestos y otros $124.000.000.00.

- El 18 de diciembre de 1997, se trasladó a las cuentas 407-
  02374-6 Recaudo impuestos $124.000.000 y 407-01999-1 Fondos
  comunes $ 32.000.000.00.

  Se aclara que los recursos que ingresaban nuevamente eran
  traslados, razón por la que se reporta una cifra menor a los
  dineros que efectivamente ingresaron.
                                243
Los traslados presupuéstales          fueron   reintegrados   en   las
siguientes fechas.

23 de Julio de 1997         $    310.000.000.00
11 de Agosto de 1997        $    331.000.000.00
4 de noviembre de 1997      $    224.836.000.00
18 de diciembre de 1997     $      41.300.000.00
TOTAL.                      $    907.136.000.00

La diferencia, $814.765.000, se reporta como faltante pues los
recursos no se devolvieron.

Aduce el implicado en sus descargos que (C.D. 3B folios 339-
345)

     “Como le he comentado a la doctora AMANDA ROCIO BRICEÑO
     MARTINEZ, Asesora del Despacho del señor Procurador... en
     diferentes oportunidades que me han interrogado acerca de
     estos traslados de la cuenta Nro. 407-02399-3 “Recursos
     de   cofinanciación”   la   suma   de   $1.721,.901.000.oo
     cambiando su destinación, debo aclarar que si bien mis
     funciones mas que todo eran bancarias (aunque de hecho
     jamás fui autónomo para hacer este tipo de operación
     bancaria, como lo demuestra el oficio de respuesta Nro.
     557/TD. De fecha junio 21 de 1999, enviado a la doctora
     AMANDA ROCIO... donde el señor tesorero pagador PASTOR
     SILVA VALDERRAMA; manifiesta que después de revisar los
     archivos de oficios recibidos en esa dependencia y en el
     archivo general de la entidad, no se encontró documento
     alguno con respecto a las delegaciones de funciones
     hechas al tesorero para el manejo económico y pago de
     presupuesto del Departamento emitida por el señor
     exgobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO) solicito muy
     respetuosamente como prueba documental que se llame y se
     escuche en versión libre y espontánea al señor JUAN
     CARLOS GUTIERREZ JARAMILLO GUTIERREZ, exsecretario de
     Hacienda y preguntarle si el suscrito tuvo algo que ver
     todo este proceso económico del manejo de las políticas
     de la administración; y antes por el contrario si no
     simplemente acatar las órdenes de pago que determinaba la
     Secretaría de Hacienda en cuya dependencia tenían el
     poder   absoluto   de   la   política   economía   pública
     departamental, bajo estricto órdenes del Secretario de
     Hacienda respectivo en cabeza del señor JUAN CARLOS
     GUTIERREZ JARAMILLO, quien incluso estampaba su firma en
     todos los actos referentes a la tesorería, por lo tanto
     no pude haber violado la norma.
     ... Además siempre tuve el convencimiento de que los
     traslados   bancarios,  tal   como   lo  pudo   claramente
     constatar e interpretar ese Despacho Asesor... de acuerdo
     a las pruebas recaudas, simplemente hicieron parte de una
                                244
     política de gobierno (según el Secretario de Hacienda),
     frente a la grave crisis del departamento, en cuya
     adopción no tuve jamás ninguna injerencia, pues mis
     funciones eran simplemente ejecutorias; las decisiones
     eran tomadas por los directivos encargados del manejo y
     desarrollo   de  la   política  económica   del  Gobierno
     Departamental, frente a las existencias de compromisos
     que   consideraban    inaplazables   y    sorteando   las
     posibilidades de recaudo de las rentas y giros estatales
     en corto tiempo para colocar de nuevo los recursos en las
     cuentas de donde fueron trasladados, para aplicarlos al
     estricto (sic) cumplimiento de las obligaciones a que
     estaban destinados...”.

Que como bien se indica en el mismo pliego de cargos en que se
consignan las fechas de los dineros reintegrados nuevamente y
que nunca tuvo conocimiento que se pretendiera desviarlos
definitivamente o ejecutarlos a fines distintos de los
programados y por eso las operaciones bancarias de traslado de
recursos se hicieron previendo reponerlos con las rentas
propias del departamento como efectivamente se hizo en varias
ocasiones y lo corrobora el informe de entrega de la Secretaría
de Hacienda y de lo cual anexa la copia que prueba su
afirmación y figura a folios 347 a 359 Cuaderno Descargos 3B.

Argumenta también el implicado en su defensa en los descargos
inicialmente presentados y corroborados en este que nos ocupa,
(fls. 1 y ss. C.D.4) que el artículo 18 del Decreto 111 de 1996
no se refiere a las operaciones bancarias sino a las
apropiaciones presupuéstales y por tanto su alcance es distinto
al dado en el cargo formulado y que como tesorero, puede
responder por las bancarias aunque no era autónomo para decidir
sobre ellas, pero no por las apropiaciones ya que no era
responsable del manejo ni ejecución del presupuesto y solo
acataba órdenes como ya lo dijo, del Secretario de Hacienda
quien estampaba su firma en todos los actos de la Tesorería.

Que igual ocurre con la Ley 80 de 1993 norma aplicable a los
funcionarios e intervinientes en los procesos de contratación,
calidad que él nunca tuvo, aunque el pago de las obligaciones
emanadas de los contratos se hacía como cualquier otra, o sea
verificando los soportes de cada una.

Considera este Despacho que no corresponde al Tesorero-Pagador
definir ni modificar o trasladar los recursos de las cuentas
para variar su destinación como se planteó en el cargo bajo
examen, dado que son asuntos del resorte de la Secretaría de
Hacienda y por lo tanto, procede exonerar de responsabilidad
disciplinaria al inculpado por este cargo.

4.4.1.12.1. CARGO SEGUNDO: Se le dice que omitió las funciones
propias de su cargo en cuanto al manejo de los recursos al
                              245
desviar al parecer los dineros que fueron asignados         y
desembolsados por el Fondo DRI, teniendo en cuenta los saldos
en rojo registrados en las cuentas correspondientes, respecto
a los siguientes convenios:

Convenio No. 1706-91-027-096: Objeto. Proyecto de instalación y
puesta en funcionamiento de 25 unidades para el procesamiento
de fariña en la rivera del río Putumayo.

En las carpetas revisadas no aparece ningún documento adicional
distinto al que revisó la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales. Se registra a 31 de enero de 1998 un saldo de
$2.440.600 y una anotación en lápiz que señala $2.300.000.

El saldo de este convenio en la UDECO es de $2.483.600, el
saldo de apropiación es de $11.132.600. El 22 de enero se
trasladaron $43.000 a la cuenta No. 407-02473-6.

Convenio      No.   1706-91-031-0-96.   Objeto.   Proyecto   de
construcción de galpones y dotación de equipos para la
producción   avícola   por    mujeres   indígenas   de   varios
corregimientos del departamento del Amazonas.

Se registra un saldo en rojo de $267.705 y el de apropiación en
libros es de $147.500, el saldo en bancos es de $68.995. No se
verifica ningún control en la utilización de los recursos.

Convenio DRI No. 1706-032-0-96. El saldo que aparece registrado
en la UDECO es de $1.970.273. El saldo de apropiación asciende
a $19.034.500.oo y el saldo en la cuenta bancaria es de
$1.924.349.26.

Así fueron pagados con cargo a los recursos del        convenio
$17.064.227.

Reitera el implicado sus argumentos del primer cargo, en cuanto
a la no delegación de funciones y que respecto a los traslados
bancarios se hicieron porque era una “política de gobierno”
frente a la crisis del departamento en la que tampoco tuvo
ninguna injerencia dado que sus funciones eran simplemente
ejecutoras de las decisiones tomadas por los directivos y que:

     “...frente   a   la    existencia    de   compromisos   que
     consideraban inaplazables, y sorteando las posibilidades
     de recaudo de las rentas en el corto plazo para colocar
     los recursos en las cuentas de donde fueron trasladados
     para aplicarlos al cumplimiento de las obligaciones a que
     estaban destinados. En ningún caso tuve conocimiento de
     que   se   pretendiera    desviarlos    definitivamente   o
     ejecutarlos a fines distintos de los programados..., las
     operaciones bancarios de traslado de recursos se hicieron
     previendo   reponerlos   con   las    rentas  propias   del
                              246
     Departamento, como efectivamente se hizo en varias
     ocasiones, lo cual se corrobora con el “INFORME DE
     ENTREGA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL”,
     hecho por el señor JUAN CARLOS GUTIERREZ JARAMILLO al
     entregar su cargo (anexo copia), en cual (sic) señala las
     rentas pendientes por recibir de recursos propios, las
     cuales eran suficientes para reintegrar las sumas
     trasladadas y no devueltas por la demora en el recaudo de
     las citadas rentas...”

Y finalmente como lo resalta el implicado, dentro del Manual de
Funciones, Decreto 194 del 1o de marzo de 1995, es al
Secretario de Hacienda al que le corresponde dirigir, orientar
y coordinar las políticas y acciones fiscales, financieras y
contables del Departamento y dirigir de acuerdo con el
gobernador la política financiera. Y entre las funciones del
Tesorero (fl.5-6 CD.4) no se encuentran las mismas ni similares
ya que la naturaleza del trabajo está en:
“Organizar, dirigir y controlar la recepción de fondos y el
pago de compromisos adquiridos por la Entidad, rindiendo los
informes respectivos.” Y entre la descripción de funciones
evidentemente no hay ninguna relacionada con el cargo que se le
formula y además, solamente laboró del 18 de abril de 1997 al
31 de diciembre de 1997, o sea por espacio de 8 meses.

Todo lo cual nos lleva a la conclusión de absolverlo de
responsabilidad disciplinaria por este cargo, al no encontrarlo
incurso en violación de las normas que le fueron citadas como
infringidas.

4.4.1.12.3. CARGO TERCERO: Omitió la consignación de los
recursos obtenidos durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre    del año 1997, equivalentes a NOVENTA MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON DOCE CENTAVOS
($90.048.660.12) por concepto de retención en la fuente en la
cuenta correspondiente al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

De acuerdo con la certificación que expidió     el Tesorero del
Departamento   se establece que efectivamente el Departamento
recibió   la   suma  mencionada   atendiendo   el   balance  de
contabilidad aportado (Folios 189-234 cuaderno pruebas).

Manifiesta el implicado su deseo de dejar en claro, que todas
las órdenes de pago se determinaban en la Secretaria de
Hacienda donde tenían el poder absoluto de la política
económica como ya lo dijo en las anteriores explicaciones y que
en el acta de entrega de los Fondos de Tesorería de la
Gobernación que hizo al entrante PASTOR SILVA VALDERRAMA el 2
de enero de 1998, con presencia de testigos y como consta en el
acta que anexa de folios 346 a 359 cuaderno de descargos 3B y
en donde deja constancia de la entrega de cheques por consignar
                              247
el 2 de enero de 1998, de lo cual debió darse inmediata cuenta
el entrante tesorero que debió consignar esos recaudos y no lo
hizo, por lo que ya no era su responsabilidad.

Pero además, se debe tener en cuenta lo consignado en el auto
de cargos página 67 del cargo quinto en donde textualmente se
ordena:

     “...ahora bien, teniendo en cuenta el análisis fáctico y
     probatorio expuesto en los numerales 3.1. y 3.2 del
     pliego correspondiente al señor FELIX FRANCISCO SOTO
     ACOSTA y que fueron atribuidos también en el auto de
     apertura de la investigación a JUAN CARLOS GUTIERREZ,
     como Secretario de Hacienda, se advierte respecto a los
     hechos allí contenidos que la conducta no existió o que
     no   constituyen  falta   disciplinaria,   por  lo   tanto
     recomendará   el   archivo   de   la   investigación,   de
     conformidad con el Artículo 54° y 151 de la Ley 3200 de
     1995”.

Razón le asiste al implicado y por tanto se hace extensible a
él la aplicación de los citados artículos del CDU y por
consiguiente se le absuelve del cargo.

Y como se decidió en el mismo auto de cargos en que se le
endilgó haber pagado al señor HUGO MIRANDA, las ordenes de
servicio enumeradas en el mismo texto con fechas y cantidades,
sin el cumplimiento de los requisitos legales, se aclaró que
esto le correspondía directamente a la pagadora de la
Secretaría de Salud, las que efectivamente fueron canceladas
por la señora GLADYS ENRIQUEZ, adscrita en tal calidad a la
Secretaria de Salud (Folio 91 cuaderno Salud), aspecto que no
lo comprometía por sí solo para que respondiera por estos
hechos, razón por la que se recomendó su archivo al tenor de
los artículos 54 y 154 del CUD, aspecto que también es acogido
por este despacho.

4.4.1.13. WINDER CARIHUASARI RIOS, Jefe de Sección de
Presupuesto, del 4 de diciembre de 1995 hasta el 15 de mayo de
1997.

CARGO PRIMERO Y UNICO: En su condición de Jefe de la Sección de
presupuesto del departamento, revisó y autorizó las solicitudes
de disponibilidad presupuestal formuladas por el gobernador,
con posterioridad al proceso contractual, y omitió el registro
presupuestal en los contratos números 006/97, 007/97, 008/97,
018/97, derivados de los convenios números 379, 381, 382, 383,
celebrados con la Aeronáutica Civil.

En el contrato 06 la actuación contractual se inició el 7 de
febrero, y la disponibilidad se expidió el 14 de febrero, el
mismo día en que se firmó el contrato de acuerdo con el
                              248
certificado No. 023, por un valor de $42.981.000. (Folio 14
cuaderno No. 5).

En el contrato 07/97, la actuación se inició el 7 de febrero y
la disponibilidad la expidió el 14 de febrero de 1997, mediante
certificado No. 014 por un valor de $42.981.539 (folio 96
cuaderno No. 5).

En el contrato 08/97 la invitación se formuló el 21 de febrero
y solo hasta el 5 de marzo expidió la disponibilidad
presupuestal, de acuerdo con el certificado No. 026 de 1997,
por un valor de $42.997.500 (folio No. 160 cuaderno No. 5)

En el contrato 018/97 la invitación se surtió el 27 de febrero
y la disponibilidad se expidió hasta el 11 de abril de 1997, de
acuerdo con el certificado de disponibilidad No. 033 de 1997
(folio 193 cuaderno No. 5).

El acusado en sus descargos,        presenta la definición de
DISPONIBILIDAD   PRESUPUESTAL y     DEL  REGISTRO Y/O  RESERVA
PRESUPUESTAL como:

     “...existencia de asignación o saldo no ejecutado ni
     comprometido en el presupuesto, suficiente para atender
     un nuevo gasto que se proyecte hacia el futuro. Para el
     efecto se expide por la dependencia responsable de la
     contabilidad presupuestal; así mismo cualquier compromiso
     que se adquiera por encima de la Disponibilidad
     Presupuestal    genera    responsabilidad   personal    y
     pecuniaria. Por lo tanto las entidades y Ordenadores del
     Gasto sólo podrán abrir licitación o concurso e iniciar
     el trámite de celebración de contrato, cuando exista la
     apropiación correspondiente, la que se protegerá mediante
     un Certificado de Disponibilidad Presupuestal.” (Ley 179
     Art. 49, Ley 80 Art. 25 Num.6 y Ordenanza N°031-96
     art.75)

     “Se define como una operación contable de anotación del
     gasto una vez se cause por medio de Contrato u Orden, con
     el fin de que se garantice en el Presupuesto la atención
     del compromiso y que con otros gastos no se afecte el
     rubro correspondiente por más de lo apropiado.”

Aduce también que en consecuencia, los Certificados de
Disponibilidad  Presupuestal   se   expiden  para   amparar  un
compromiso que se pretende asumir, y, los Certificados de
Registro y/o Reserva Presupuestal se expiden cuando ya hay
compromiso y que con otros gastos no se afecte el rubro
correspondiente por mas de lo apropiado y por ello solicitó a
la Oficina de Presupuesto Departamental, con oficio de marzo 8-
99 fotocopias de los Memorandos de Disponibilidad Presupuestal,
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Certificados de
                              249
Registro   y/o  Reserva   Presupuestal,   para   los   contratos
cuestionados de donde se aclara:

Para el contrato 06, el Gobernador solicita disponibilidad
mediante memorando de febrero 17/97, la Oficina de presupuesto
expide el certificado de disponibilidad presupuestal 015 de
febrero 14 y expide el certificado de registro y o reserva
presupuestal 023 el 13 de marzo de 1997.

Para el contrato 07, el Gobernador solicita disponibilidad
mediante memorando de febrero 11/97, la Oficina de presupuesto
expide el certificado de disponibilidad presupuestal 014 de
febrero 14 y expide el certificado de registro y o reserva
presupuestal 021 el 13 de marzo de 1997.

Para el contrato 08, el Gobernador solicita disponibilidad
mediante memorando de febrero 28/97, la Oficina de presupuesto
expide el certificado de disponibilidad presupuestal 026 de
marzo 5 y expide el certificado de registro y o reserva
presupuestal 016 el 13 de marzo de 1997.

Para el contrato 016, no existe memorando de solicitud del
Gobernador, pero se expide por la Oficina de presupuesto el
certificado de disponibilidad presupuestal 162 de diciembre 30
de 1996 y expide el certificado de registro y o reserva
presupuestal 033 el 11 de abril de 1997.

Con lo anterior, este Despacho encuentra válidos los argumentos
del implicado en su defensa por encontrarlos ajustados a las
normas   transcritas   y  de   consiguiente   lo   absuelve  de
responsabilidad disciplinaria por los hechos analizados.

4.4.1.13. JORGE ELIECER NOVA, Jefe de Presupuesto del 6 de
agosto al 31 de diciembre de 1997.

4.4.1.13.1. CARGO PRIMERO: En su condición de Jefe de la
Sección de presupuesto del departamento, revisó y autorizó las
disponibilidades presupuéstales de los recursos asignados y
situados por el Fondo Nacional de regalías en la suma de
$407.143.590 el 30 de diciembre de 1997, para la celebración de
los contratos números 018 y 153 derivados de la urgencia
manifiesta decretada mediante la resolución No. 219 del 29 de
diciembre de 1997, sin estar dados los presupuestos exigidos
por el artículo 42 de la ley 80 de 1993.(folios 294 y 383 del
cuaderno principal)

Como   encargado   tenía   la  obligación   de   verificar   si
efectivamente estaban configurados los hechos que se aducen en
el acto administrativo o si se trataba solamente de comprometer
los recursos habida cuenta de que se estaba por expirar la
vigencia fiscal.

                              250
Argumenta el implicado en su memorial de explicaciones
presentado en marzo de 1999 (fls. 24- C.D.4) que obró de
conformidad con los procedimientos legales acatando la orden
impartida por el Gobernador mediante memorandos de solicitud de
disponibilidad presupuestal de diciembre 29 de 1997, como era
su deber y por cuanto a esa fecha existían las partidas
suficientes para adquirir dichos compromisos.

El Despacho encuentra válida la defensa presentada por        el
implicado y lo absuelve de responsabilidad por este hecho.

4.4.1.13.2.    CARGO   SEGUNDO:   Revisó   y    autorizó    las
disponibilidades números 363/97, 365/97, 364/97 y 019/97, con
posterioridad a la iniciación del proceso contractual en los
contratos   números   019/97,   152/92,   156/92   y    160/97,
comprometiendo los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías en $334.000.000 a pesar de que estaba pretermitiendo
el trámite ordenado para la licitación pública y contratación
directa respectivamente.

Manifiesta el implicado que el proceso contractual estaba en
cabeza del Gobernador de acuerdo con la Ordenanza 025 de 1996,
artículo 45, considerando no era de su competencia y por eso
actuó bajo el principio de la buena fe y ante las órdenes
impartidas por el Gobernador para la expedición de los
certificados, lo que comprueba con fotocopia tanto de los
memorandos como de los certificados allegados de folios 25 a
36, con lo cual el despacho acepta las explicaciones y
encuentra que se cae el cargo en cuanto a que a pesar de
requerirse del certificado de registro presupuestal no      se
realizó para ninguno de los contratos relacionados, ya que
existen los documentos que demuestran lo contrario de lo
afirmado en el auto de cargos, por lo que también se absuelve
de esta glosa.


4.5. ANALISIS DE CULPABILIDAD

Conforme al derecho sancionatorio, las faltas disciplinarias
son sancionables a título de Dolo o Culpa.

En su obra Derecho Penal Fundamental,      el   tratadista   JUAN
FERNANDEZ CARRASQUILLA dice que:

     “... el Dolo es la más importante forma de culpabilidad,
     la que por cierto es objeto de un tratamiento punitivo
     más severo...    Dolo es, en general, la consciente y
     voluntaria realización de un injusto típico, esto es de
     la parte objetiva de un tipo de prohibición.     Hay por
     tanto en el dolo un conocer y querer de todos y cada uno
     de los elementos del tipo objetivo del injusto, a saber:
     la acción u omisión, el resultado y el nexo causal, los
                                251
     sujetos y sus calificaciones, los accidentes típicos de
     la   conducta     (medios,   modos,   oportunidades),  la
     antijuridicidad,   etc.      El   dolo   es   a   la  vez
     “representación y consentimiento” de la objetividad del
     hecho punible, es decir, no es puro conocimiento ni mera
     voluntad, sino precisamente violación de lo conocido y de
     lo conocido precisamente como ilícito. Como la voluntad
     no es solo poder interno de elección y decisión, sino
     también de dirección y control de la acción externa, al
     dolo se atribuye con propiedad, con ingrediente, el poder
     de dirección o configuración de los hechos”.

Así las cosas la conducta es Dolosa cuando el sujeto agente
conoce la ilicitud de la falta y quiere su realización, lo
mismo cuando la acepta al menos como posible. Es Culposa,
cuando la persona que realiza el hecho lo ejecuta por falta de
previsión del resultado previsible, o cuando habiéndolo
previsto confió imprudentemente en poder evitarlo.

La   culpa puede ser inconsciente cuando el autor, habiéndolo
podido hacer, no previó la consecuencia de su conducta y es
consciente cuando el agente prevé esa consecuencia, pero puso
una confianza indebida en que el resultado no se produciría.

Ahora bien, otra de las modalidades del hecho culposo se
refiere al incumplimiento de normas legales y reglamentarias,
entendiéndose el concepto de ley en sentido amplio de tal
manera que dentro de él se comprenden no sólo las leyes en
sentido formal o sea      las expedidas por   el Congreso, sino
también    los decretos, las ordenanzas, los acuerdos y demás
actos que se ofrecen como Ley en sentido material, debiéndose
tener   en   cuenta   que   la  sola   inobservancia  de  estas
disposiciones no constituye culpa sino que es necesario que tal
violación conduzca a la comisión de hechos previstos en la ley
como falta.

El Procurador Delegado concluye que el Gobernador del Amazonas
FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO actuó Dolosa y culposamente en la
comisión de las faltas disciplinarias y que le fueron
calificadas como graves: 1°, 10, 11, 13, 14, 18-19, 20, 21, 22)
y gravísimas, lo mismo que los implicados LUZ NAYADE SUCHIL
SUAREZ URIBE Gobernadora (E)(Graves: 1°, 4°, 7°); JUAN CARLOS
GUTIERREZ Secretario de Hacienda (Graves: 1°,2-3 y 4°); JUAN
JOSE ROBLES JULIO Jefe de Operaciones e interventor de la
Secretaría de Obras (Grave: 3° y Gravísima 4°).


4.6. CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y DOSIMETRIA DE LA SANCIÓN

Analizada la naturaleza y efectos de la falta, las modalidades
y circunstancias del hecho y los motivos determinantes teniendo
en cuenta los criterios previstos en los artículos 25 y 27
                              252
de la ley 200, se concluye:

4.6.1. Que el Gobernador del Amazonas FELIX FRANCISCO ACOSTA
SOTO actuó Dolosa y culposamente en la comisión de las faltas
disciplinarias y que le fueron calificadas como graves: 1°, 10,
11, 13, 14, 18-19, 20, 21, 22) y gravísimas: 3°,7°, 12, 15, en
los cargos citados que se mantienen y que no pudieron ser
desvirtuados, pues con previo y pleno conocimiento de las
normas contractuales (Ley 80 de 1993)entre otras, procedió a
contratar omitiendo los principios básicos de planeación,
economía y transparencia,       ya que dada la calidad de
representante legal y ordenador del gasto debía tener la
diligencia y el cuidado debidos, puesto que se estaban
comprometiendo millonarios recursos que le exigían junto con
los demás servidores, tomar las medidas necesarias para que no
se perdieran ni malgastaran como se hizo, y atendiendo un
cronograma, una programación y principalmente con base en
estudios técnicos, que permitieran su realización y sin embargo
puso en riesgo la ejecución de un proyecto de tal importancia
y magnitud, denotando desorden administrativo, técnico y
operacional al contratar indiscriminadamente una serie de
objetos sin un sentido lógico, ni atender las observaciones
formuladas en el informe del Ministerio de Transporte que
permitiera la realización de una obra de ingeniería sería     y
principalmente pensando en obtener los resultados a los que se
comprometió ante la comunidad y ante el Fondo Nacional de
Regalías para la obtención de los recursos. (numerales 1º, 2º,
4º, 5º, 6º, literal a) del artículo 27 de la ley 200 de 1995) y
4° del artículo 25 ibídem, al haber actuado desconociendo
prohibiciones legales, toda vez que con la misma se obtuvo
incremento patrimonial de terceros.

Los anteriores planteamientos también se aplican a las
conductas señaladas a los implicados, pero principalmente
conforme se consignó y se calificaron en el capítulo 4.4. de
consideraciones y análisis para cada implicado y cada cargo
como   son:  LUZ   NAYADE  SUCHIL  SUAREZ   URIBE  Gobernadora
(E)(Graves: 1°, 4°, 7°); JUAN CARLOS GUTIERREZ Secretario de
Hacienda (Graves: 1°,2-3 y 4°); JUAN JOSE ROBLES JULIO Jefe de
Operaciones e interventor de la Secretaría de Obras (Grave: 3°
y Gravísima 4°):

4.6.2. Que no existen circunstancias eximentes o atenuantes de
responsabilidad disciplinaria aplicable a los disciplinados,
por el contrario, existen circunstancias de agravación como es
la calidad de los cargos que ostentaban para la época de los
hechos cuestionados, el mal ejemplo dado a la comunidad y la
imprudencia como manejaron los dineros del erario público.
Prueba de ello es el lamentable estado de las obras si es que
se les puede así llamar, ya que tanto los informes técnicos
como las fotos tomadas en los sitios donde supuestamente se
realizaron, dejan ver la desidia y el abandono en que quedaron
                              253
los lugares en donde se invirtieron las millonarias sumas
producto de los aportes del Fondo Nacional de Regalías y
Convenios con el FIS y el DRI, mediante los numerosos contratos
aquí cuestionados.

En consecuencia, este Despacho estima     que se presentó un
incremento patrimonial de dichos contratistas a costa del
empobrecimiento del Departamento del Amazonas, lo cual permite
ratificar la calificación de las varias faltas cometidas por
el Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO, como GRAVES y
GRAVISIMAS (Artículos 25, numeral 4 y 27 numerales 1º, 2º, 4º,
5º, 6º, literal a) del artículo 27 del CDU), circunstancia que
lo hace merecedor de la sanción principal de    destitución  y
como sanción     accesoria inhabilidad para ejercer cargos
públicos por cinco (5) años.

El Despacho considera procedente señalar que en el presente caso
hay concurso de faltas, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 22 de la Ley 200 de 1995, por tanto, la sanción que se
debe imponer a éste disciplinado, es la que corresponde a la más
grave.

4.6.3. La conducta imputada a los acusados LUZ NAYADE SUCHIL
SUAREZ URIBE Gobernadora (E)(Graves: 1°, 4°, 7°); JUAN CARLOS
GUTIERREZ Secretario de Hacienda (Graves: 1°,2-3 y 4°); JUAN
JOSE ROBLES JULIO Secretario de Obras (Grave: 3° y Gravísima
4°), se consideró en el auto de cargos     provisionalmente como
graves y gravísimas como se consignó anteriormente, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 27 del C.D.U., numerales 1, 2, 4, 6 y
7 literal a), calificación que se mantiene y por lo tanto se les
impondrá multas en su orden de sesenta (60) para los dos
primeros y de noventa (90) DÍAS para el último.

En virtud de lo anteriormente expuesto, previamente demostrada
la calidad de servidores públicos de los implicados, el
Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, en
ejercicio de sus atribuciones legales,

                        R E S U E L V E

PRIMERO: No aceptar los descargos presentados por: FELIX
FRANCISCO ACOSTA SOTO, identificado con la C.C. N° 15’020.083
en su calidad de Gobernador del departamento del Amazonas; LUZ
NAYADE SUCHIL SUAREZ URIBE con C.cc. N°51.591.636 como
Gobernadora (E); JUAN CARLOS GUTIERREZ con C.c. N°79’329.383
como Secretario de Hacienda;     JUAN JOSE ROBLES JULIO en su
calidad de Interventor de la Secretaria de Obras Públicas,
todos   del  mismo   Departamento   y  por  tanto  declararlos
responsables disciplinariamente de los cargos que se les
atribuye en la presente investigación.


                              254
SEGUNDO: En consecuencia, sancionarlos en los Cargos que
ostentaban en el Departamento del Amazonas así: Destitución
para el Gobernador FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO; multa de
sesenta (60) días para LUZ NAYADE SUCHIL SUAREZ URIBE con como
Gobernadora (E) y JUAN CARLOS GUTIERREZ como Secretario de
Hacienda; multa de noventa (90) días para JUAN JOSE ROBLES
JULIO en su calidad de Jefe de Operaciones e Interventor de la
Secretaria de Obras Públicas, de los sueldos que devengaban
para la época de los hechos e imponerles como sanción accesoria
inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de
cinco (5) años para el Gobernador ACOSTA SOTO y de dos (2) años
para los otros tres acusados, conforme las razones aducidas en
la parte motiva de este acto. Las multas impuestas se
destinarán conforme a lo señalado en el Decreto 2170 de 1992.

TERCERO: Aceptar los descargos presentado por los acusados como
sigue   y  en   consecuencia  absolverlos   de  responsabilidad
disciplinaria:

1. FELIX FRANCISCO ACOSTA SOTO de los cargos 2°, 4°, 5°, 6°,
8°, 9°, 16, 17 y 22.
2. LUZ NAYADE SUCHIL SUAREZ URIBE de los cargos 2°, 3°y 5°.
3. JUAN CARLOS GUTIERREZ del cargo 5°.
4. JUAN JOSE ROBLES JULIO de los cargos 1° y 2°.
5. ANTONIO JOSE RAMIREZ SANTOS de todos los cargos.
6. HERNAN GUTIERREZ BARRIOS, de todos los cargos.
7. JORGE ANTONIO CACHIQUE HERNANDEZ, del único cargo formulado
8. MARTHA BOLIVAR REINA, de los cargos formulados
9. JORGE IVAN VILLAMIZAR LOPEZ, de los cargos formulados
10. HELBER PIMENTEL SERRANO, del cargo único formulado.
11. CIRO ALFONSO HERNANDEZ WILCHES, de los cargos formulados.
12. JORGE ELIECER NOVA PÉREZ, de los cargos formulados.
13. WILDER CARAHUASARI RIOS, del cargo formulado

CUARTO: Notificar esta providencia a los acusados en los
términos previstos en los artículos 83 y siguientes del Código
Disciplinario   Único,  haciéndoles   saber que   contra  esta
providencia procede el recurso de apelación en el efecto
suspensivo, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General, que deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los
cinco días siguientes a la notificación.

QUINTO: Si no fuere apelada, quedará en firme esta decisión y
se procederá a dar los avisos de ley y a realizar las gestiones
necesaria para proceder a su ejecución

SEXTO: Remítase copia de esta providencia a la División de
Registro y Control.

                      NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

                              255
                    ROBERTO HINESTROSA REY
                     Procurador Delegado

EXP. 09-13930/98.
AA-45.




                             256

								
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