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									                                      N° 49-02

        CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del nueve de julio del dos mil dos.

        Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; Licdos.

Magda Pereira Villalobos, Juan Diego Rojas Araya, Hernán Campos Vargas y

Edgar Amador Madriz. Asiste también el Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones

León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                     ARTÍCULO I

        Se aprobaron las actas números 38, 41 y 43-02 correspondientes a las

sesiones celebradas el 30 de mayo, 11 y 18 de junio del presente año.

respectivamente.

        También se aprobó la separata del artículo XCI del acta N° 47-02

correspondiente a la sesión del 2 de julio en curso.

ASUNTOS URGENTES

                                     ARTÍCULO II

        En la sesión del 2 de julio en curso, artículo LXXIII, se dispuso recibir a las

8:30 horas de hoy a los Dres. Leslie Solano Calderón y Juan Gerardo Ugalde

Lobo, por su orden Jefes del Departamento de Medicina Legal y de la Clínica

Médico Forense, para que se refirieran a los resultados del informe diagnóstico de

revaloración de ambiente laboral realizado por la Unidad de Atención Psicosocial

en la citada Sección.
                                          2

      Primero se hace pasar a la Dra. Solano Calderón, a quien el señor

Presidente, Magistrado Mora, le da la bienvenida y le hace saber que este

Consejo estimó prudente concederle una audiencia con el propósito de escuchar

las diferencias de criterio respecto a los problemas que se están dando y a la vez

le agradece su presencia.

      La Dra. Solano manifiesta que cuando analizó el referido documento

detectó una serie de situaciones que le dieron interrogantes al estudio, por lo que

consultó a las funcionarias encargadas de realizarlo, sobre las manifestaciones

individuales del personal entrevistado así como también sobre la manera en que

midieron los niveles de stress, además siente que el estudio pecó de omiso en el

sentido de que el Dr. Ugalde desde el punto de vista académico cuenta con un

curriculum bastante amplio por lo que le exige calidad al personal a su cargo.

      El Magistrado Mora le pregunta a doña Leslie sobre la calidad y cantidad de

trabajo y si el problema de relación es con el cuerpo médico o con todo el

personal, a lo cual contesta doña Leslie, que la Sección está al día y el trabajo es

bastante productivo, y estima que siente mayor dificultad con el personal médico

que con el administrativo.

      La Licda. Pereira se refiere a la última reunión que sostuvo con el personal

del Complejo Médico Forense, y manifiesta que lo que pudo percibir en esa

oportunidad fue que la molestia del cuerpo médico es precisamente el tener que

apegarse a ciertas directrices.

       El Director Ejecutivo le solicita a la Dra. Solano, que se refiera a las causas

que influyeron para que el estudio realizado fuera abortado la primera vez, así

como a las recomendaciones que se están dando en el informe actual. La Dra.
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Solano explica que en aquella oportunidad, cuando se abortó el estudio, fue en

parte porque las entrevistas las hacían en forma individual, obligando a los

entrevistados a desplazarse hasta San José, en algunos casos no querían asistir y

en otros pedían permisos, incluso se llegaron a incapacitar para no atender la cita.

En ese momento no se le consultó ni se le solicitó su intervención como jefa del

Departamento, todas esas situaciones le fueron dando largas al asunto al punto

de que llegó a abortarse el estudio. En cuanto a las recomendaciones, manifiesta

que no queda otra alternativa que aplicar lo que dice el estudio, sin embargo

considera que otra opción, además de la separación del Dr. Ugalde, sería que la

Jefatura del Departamento de Medicina Legal retome la atención de la Clínica

Médico Forense. También expresa que conversó con las profesionales

encargadas del estudio, a quienes les señaló que para salvar los sesgos del

estudio, se debería tomar en cuenta todas las opiniones y no solamente una parte

para lograr así una mejor claridad.

      Por su parte, el Lic. Campos le pregunta sobre el trato hostil y si es

evidente la falta de respeto del Jefe de la Clínica Médico Forense para con el

personal que tiene a su cargo, ante lo cual reconoce que el Dr. Ugalde tiene su

carácter pero que personalmente no puede asegurarlo. Con lo anterior finaliza su

exposición y se retira de la sala de sesiones.

      Ingresa el Dr. Ugalde Lobo, a quien también se le explica la razón de su

presencia en esta sesión. Se refiere a la problemática que se ha dado en el

Departamento de Medicina Legal y que cuando él asumió la jefatura de la Clínica

Médico Forense sabía que no era una tarea fácil, encontró que varios médicos no

tenían los atestados académicos que los acreditara para el puesto, a pesar de que
                                         4

tenían tiempo de desempeñar sus labores, situación que se hizo del conocimiento

tanto de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial como de la

Jefatura del Departamento de Medicina Legal. Asimismo, en esa oportunidad se

constató que había varios galenos que no hacían uso de las computadoras, lo que

causaba atraso en la elaboración de las pericias, en algunos casos por su

ilegibilidad, situación de la cual la Dra. Solano Calderón estuvo siempre al tanto.

Expresa que se tomaron medidas para establecer mejores sistemas de control y

supervisión de trabajo, lo que en algunas ocasiones generó malestar entre el

grupo de médicos, pues el Departamento de Medicina Legal no puede claudicar

ante la responsabilidad que le ha otorgado el Poder Judicial.

      El Dr. Ugalde deja presentado el oficio N° 738-2002, donde se resume su

intervención de hoy, y otro escrito donde trata el tema con más detalle.

      El Lic. Campos le pregunta si ante la problemática que se indica en el

informe, coincide en que el conflicto se da con el personal médico y qué

alternativas daría para solucionarlo. Ante eso, contesta don Juan Gerardo que con

el personal administrativo se han dado algunos cambios, se ha renovado

bastante, que el problema es relativo con los médicos y que para solventarlo

habría que establecer mejores canales de comunicación entre ellos.

      El Presidente, Magistrado Mora, le pregunta si en virtud del informe

elaborado por la Unidad de Atención Psicosocial siente que su autoridad haya

sido socavada? Al respecto, contesta que es bueno este tipo de estudios, pero

que deben ser imparciales, objetivos, por lo que en ese sentido no considera que

su autoridad haya desmejorado, sobre todo si no existe nada sólido, toda vez que

tomaron cosas que dijeron los médicos y los trajeron a un documento.
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      Finalizada su participación, el Dr. Ugalde se retira del salón de sesiones.

      De previo a resolver lo que corresponda, se dispuso: 1) Tener por hechas

las manifestaciones de los Dres. Solano Calderón y Ugalde Lobo y por

presentados los documentos por parte de este último. 2) Conceder audiencia por

el término de ocho días contados a partir del día siguiente al de la comunicación

de este acuerdo, a las Licdas. Jeannette Barboza Cascante y Yahaira Piedra

Solano, de la Unidad de Atención Psicosocial, para que se refieran a las

manifestaciones y documentos hoy recibidos, así como acerca de los oficios

números 772-01.oa del 4 de julio del 2001, suscrito por los Dres. Grettchen Flores

Sandí y Juan Gerardo Ugalde Lobo, y J.D.M.L. 2002-798 del 24 de junio recién

pasado, de la Dra. Solano Calderón, de todo lo cual se les remitirá copia.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                      ARTÍCULO III

      En la sesión N° 41-02 del 11 de junio último, artículo LXIX, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

            “El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°
        3858-DE-2002 de 4 de junio en curso, remite el informe N° 712-P-
        2002, suscrito por el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del
        Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:
        “En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 03-
        2002, mediante la cual se incorporan y trasladan recursos en los
        siguientes programas:
         Incorporación del nuevo Programa 821-02 “ Superávit Dirección
          Nacional de Notariado ” por ¢51.754.166.26 en las subpartidas
          030, 080, 260, 310, 340, 350, 510, 604, 660, 662, 667, 668 y
          733.
         Reforzamiento de la subpartida 102 por un monto de
          ¢1.122.842.00, correspondiente al programa 823 “ Dirección
          Nacional de Notariado ”.
        Cabe señalar que la incorporación de los recursos que en la
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       actualidad mantiene el Ministerio de Hacienda en una cuenta
       patrimonial a nombre de la Dirección Nacional de Notariado,
       deberá efectuarse mediante Presupuesto Extraordinario a través de
       la Asamblea Legislativa, trámite que desarrollará la Sección de
       Planes y Presupuesto del Departamento de Planificación,
       conjuntamente con la Dirección Nacional de Notariado, una vez
       certificado los ingresos del caso. Lo anterior según conversación
       con la Licda. Vianney Castro López, Jefe de esa Sección.
       Por último indicar que esta Modificación de recursos se envía
       nuevamente, tomando en cuenta las observaciones planteadas por
       la Licda. Marta Asch Corrales, Jefe del Departamento de
       Planificación mediante oficio No. 637-PLA-2002.
                                      -0-
                     “MODIFICACIÓN EXTERNA No. 03-2002
                              CONSIDERANDO
       Que las Disposiciones Varias, inciso D, de la Ley No. 8180 del 28
       de diciembre del 2001, Ley de Presupuesto Ordinario y
       Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2002,
       publicada en el Alcance No. 89, a la Gaceta 249 del 28-12-01,
       establece que:
             “Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Poder
       Judicial podrá mediante modificación interna, crear subpartidas y
       realizar traspasos entre los gastos de cada programa autorizados
       en la presente ley, sin que exceda el monto total de los recursos
       asignados y del superávit acumulado. Dada la naturaleza especial
       del gasto, los recursos asignados en las subpartidas para cubrir
       sueldos o servicios personales, podrán ser aumentados cuando las
       necesidades así lo requieran y estas subpartidas sólo podrán
       rebajarse cuando se trate de sumas acumuladas o no gastadas. “
         SE PRESENTA PARA SU APROBACION LA MODIFICACION DE
                        PARTIDAS No. 03-2002

                                 TITULO 120
                               PODER JUDICIAL
                               PROGRAMA 821
                      DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

RECURSOS

C. G. S. P. SP. R.                CONCEPTO                                 MONTO
SR.
 2 0 0 0 0      00      Ingresos de capital                            51,754,166.26
00
                                                 7


 2 6 0        0    0    00   Recursos de vigencias anteriores                   51,754,166.26
00

 2 6 1        0    0    00    Libre disponible                                  51,754,166.26
00

 2 6 1        0    0    00    Superávit acumulado del                           51,754,166.26
11                           Programa de Dirección Nacional
                             de Notariado


TOTAL DE RECURSOS PROGRAMA 821-2002
                                                                                51,754,166.26

                                        TITULO 120
                                     PODER JUDUCIAL
                                      PROGRAMA 821
                                        SUPERAVIT
                        PROGRAMA DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

INCISO B)
AUMENTAR


G O.    FF.       CE.   CF   CONCEPTO                                            MONTO

0     01 111 13              SERVICIOS PERSONALES                               11,083,333.33

030                          Sueldo Adicional                                     583,333.33
                             ( 99 Gastos Comunes )                583,333.33

80                           Servicios Especiales                               10,500,000.00
                             ( 99 Gastos Comunes )              10,500,000.00


2      01 112 13             MATERIALES Y SUMINISTROS                              40,000.00

260                          Instrumentos, herramientas y                          40,000.00
                             otros
                             ( 99 Gastos Comunes )                 40,000.00

3      01 221 13             MAQUINARIA Y EQUIPO                                 9,127,000.00

310                          Equipo y Mobiliario de Oficina                      7,087,000.00
                             ( 99 Gastos Comunes )               7,087,000.00

340                          Equipo para comunicaciones                           500,000.00
                             ( 99 Gastos Comunes )                500,000.00
                                       8


350                    Equipo Educacional                                 1,540,000.00
                       ( 99 Gastos Comunes )              1,540,000.00

5     01   211 13      CONSTRUCCIONES,                                   25,852,582.93
                       ADICIONES Y MEJORAS

510                    Edificios                                         25,852,582.93
                       ( 99 Gastos Comunes )             25,852,582.93

6     01 131 13        TRANSFERENCIAS                                     5,598,750.00
                       CORRIENTES

604                    Becas                                              3,000,000.00
                       ( 99 Gastos Comunes )              3,000,000.00

660 01 132 13 202      Contribución Patronal a la                          971,250.00
                       C.C.S.S.
                       ( 99 Gastos Comunes )               971,250.00

662 01 132 13          Cuota Fondo Pens. Jubilaciones                     1,260,000.00
                       ( 99 Gastos Comunes )              1,260,000.00

667                    Aport. Patron. Regim Oblig
                       Pens Comp.
667 01 132 13 200      C.C.S.S. Aport Patron Reg Oblig                     157,500.00
                       Pens C
                       ( 99 Gastos Comunes )               157,500.00

668                    Aporte Patron. Fondo. Capit.
                       Laboral.
668 01 132 13 200      C.C.S.S. Aport Patron Fond                          210,000.00
                       Capit Lab.
                       ( 99 Gastos Comunes )               210,000.00

7     01 242 13 204    Transferencias de capital                            52,500.00

733                    Aportes a Organismos                                 52,500.00
                       Financieros
      01 242 13 204    Banco Popular y de Desarrollo
                       Comunal
                       ( 99 Gastos Comunes )                52,500.00

TOTAL AUMENTO PROGRAMA 821-2002                                          51,754,166.26

                                 TITULO 120
                               PODER JUDICIAL
                             PROGRAMA 823-2002
                      DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
                                          9


INCISO A)

REBAJAR:

G-O FF C-E CF                       CONCEPTO                                 MONTO


1     01 112 13          SERVICIOS NO PERSONALES                             1,122,842.00

162                      Consultorías                                        1,122,842.00
                         ( 99 Gastos Comunes )              1,122,842.00


TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 823-2002
                                                                             1,122,842.00



                                   TITULO 120
                                 PODER JUDiCIAL
                               PROGRAMA 823-2002
                        DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

INCISO B)

AUMENTAR:

G-O FF C-E CF                       CONCEPTO                                 MONTO


1     01 112 13          SERVICIOS NO PERSONALES                             1,122,842.00

102                      Alquiler de edificios y terrenos                    1,122,842.00
                         ( 99 Gastos Comunes )              1,122,842.00

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 823                                                1,122,842.00

                                JUSTIFICACIÓN
                                PROGRAMA 821
                  SUPERAVIT DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

030                         Sueldo Adicional                                  583,333.33
                            ( 99 Gastos Comunes )              583,333.33
Para responder al pago de sueldo adicional, con motivo de la creación de
plazas extraordinarias por el período de julio a octubre 2002.

080                      Servicios Especiales                               10,500,000.00
                                            10

                            ( 99 Gastos Comunes )            10,500,000.00
Para el pago de dos plazas extraordinarias de Profesional en
Derecho 3 durante 6 meses, quienes intervendrán como parte
de los procesos disciplinarios que se tramitan en el Juzgado
Notarial. De conformidad con oficio No. 637-PLA-2002.

260                         Instrumentos, herramientas y                            40,000.00
                            otros
                            ( 99 Gastos Comunes )                  40,000.00
Para la adquisición de dos carretillas de mano (perra), para el
traslado de expedientes judiciales.
Precio unitario ¢20.000.00.

310                       Equipo y Mobiliario de Oficina                          7,087,000.00
                          ( 99 Gastos Comunes )                  7,087,000.00
Para la adquisición de mobiliario y equipo, según el siguiente
detalle:
         Cantidad                        Detalle               Precio Unitario   Costo Total
            1             Archivo móvil 111.60 mtrs lineales 3,200,000.00         3,200,000.00
            2             Microcomputadoras portátiles             850,000.00     1,700,000.00
            2             Máquinas de escribir eléctricas          100,000.00       200,000.00
            1             Impresora láser                          550,000.00       550,000.00
            2             Impresoras Epson FX-1170                 140,000.00       280,000.00
            8             U.P.S.                                    80,000.00       640,000.00
            6             Ventiladores                              15,000.00        90,000.00
            2             Relojes fechadores y marcador            100,000.00       200,000.00
            2             Léptores ópticos                          91,000.00       182,000.00
            1             Scanner                                   45,000.00        45,000.00

340                        Equipo para comunicaciones                              500,000.00
                           ( 99 Gastos Comunes )                500,000.00
Adquisición de una central telefónica de ocho troncales y un
fax.
         Cantidad                        Detalle             Precio Unitario     Costo Total
            1              Central telefónica                   250,000.00         250,000.00
            1              Fax                                  250,000.00         250,000.00


350                        Equipo Educacional                                     1,540,000.00
                           ( 99 Gastos Comunes )            1,540,000.00
Para la compra de un video beam y una pizarra acrílica de
acuerdo al Plan de Trabajo.
         Cantidad                         Detalle         Precio Unitario        Costo Total
1                          Video Beam                       1,525,000.00          1,525,000.00
1                          Pizarra Acrílica                    15,000.00             15,000.00

510                       Edificios                                              25,852,582.93
                          ( 99 Gastos Comunes )              25,852,582.93
Para la construcción del edificio que albergará la Dirección
                                          11

Nacional de Notariado.

604                        Becas                                               3,000,000.00
                           ( 99 Gastos Comunes )               3,000,000.00
Para el pago de la maestría en Derecho Notarial y Registral
de la Universidad de Costa Rica para cuatro servidores de la
Dirección Nacional de Notariado.


660 01 132 13 202          C.C.S.S. Cuot Patron Enferm y                        971,250.00
                           Matern
                           ( 99 Gastos Comunes )                971,250.00
Para responder al pago de cargas sociales a la C.C.S.S. del
9.25% de acuerdo a los montos para el reforzamiento de la
subpartida de plazas extraordinarias.

662                       Cuota Fondo Pens. Jubilaciones                       1,260,000.00
                          ( 99 Gastos Comunes )                1,260,000.00
Para responder al pago de cargas sociales al Fondo de
Pensiones y Jub. del P.J. del 12% de acuerdo a los montos
para el reforzamiento de la subpartida de plazas
extraordinarias.

667                        Aport. Patron. Regim Oblig Pens
                           Comp.
667 01 132 13 200          C.C.S.S. Aport Patron Reg Oblig                      157,500.00
                           Pens C
                           ( 99 Gastos Comunes )                157,500.00
Para responder al pago al Régimen Obligatorio Pensiones
Complem. Del 1.5%, de acuerdo a los montos para el
reforzamiento de la subpartida de plazas extraordinarias.

668                        Aporte Patron. Fondo. Capit.
                           Laboral.
668 01 132 13 200          C.C.S.S. Aport Patron Fond                           210,000.00
                           Capit Lab.
                           ( 99 Gastos Comunes )                210,000.00
Para responder al pago al Fondo de Cap. Laboral del 2%, de
acuerdo a los montos para el reforzamiento de la subpartida
de plazas extraordinarias.

733                         Aportes a Organismos                                 52,500.00
                            Financieros
                            ( 99 Gastos Comunes )                52,500.00
Para responder al pago de la cuota patronal al Banco Popular
del 0.5%, de acuerdo a los montos para el reforzamiento de
la subpartida de plazas extraordinarias.

TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGAMA 821-2002
                                                                              51,754,166.26
                                         12



                                  JUSTIFICACIÓN
                                  PROGRAMA 823
                         DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

102                       Alquiler de edificios y terrenos                    1,122,842.00
                          ( 99 Gastos Comunes )               1,122,842.00
Para hacerle frente al pago del incremento de alquileres del año 2002, de
acuerdo al oficio DNN-004-02.

TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGAMA 823-2002
                                                                              1,122,842.00


                     MSC. WALTER JIMENEZ SORIO
               JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
                           DEL PODER JUDICIAL
                             HACE CONSTAR:
        Que el rebajo de las partida 162 “consultorías” del Programa 823-02
        por la suma de ¢1.122.842.00, no desfinancia la subpartida
        propuesto en la Modificación Externa 03-2002, cuenta con
        contenido económico.
        Dada en la ciudad de San José a los veintinueve días del mes de
        mayo del año dos mil dos.


                      LIC. WALTER JIMÉNEZ SORIO
            JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
                          DEL PODER JUDICIAL
                               CERTIFICA
        Que según los registros contables al 31-12-2001 el saldo del
        Superávit del Programa 823 “Dirección Nacional de Notariado” del
        Poder Judicial, asciende a la suma de ¢51.754.166.00.
        Por lo tanto, el aumento de las subpartidas propuesto en la
        Modificación Externa N° 03-2002 Programa 821-02 “Superávit de
        la Dirección Nacional de Notariado”, cuenta con contenido
        económico.
        Dada en la ciudad de San José a los veintinueve días del mes de
        mayo del año 2002.”
                                        -0-
             Se acordó: Aprobar parcialmente la transferencia anterior,
        e improbar de la Subpartida 310 “Equipo y Mobiliario de Oficina”
        la compra de 2 Microcomputadoras portátiles y 2 máquinas de
        escribir eléctricas, de la Subpartida 350 “Equipo Educacional” 1
                                         13

       Video Beam.
             El Departamento Financiero Contable realizará las
       modificaciones que correspondan y remitirá a la Secretaría
       General de la Corte el documento respectivo, con el fin de que
       ésta lo envíe a la Contraloría General de la República para que se
       sirvan darle su aprobación a la Modificación Externa N° 03-2002.
       Acuerdo firme.”
                                       --- o ---

      Mediante oficio N° DNN-0434-02 del 10 de mayo último, presentado el 3 de

julio en curso, la Licda. Alicia Bogarín Parra, Directora Nacional de Notariado,

solicita reconsideración del acuerdo anterior con base en los siguientes

argumentos:

              “En virtud de los procedimientos establecidos y en apego a
       los mismos, me permito solicitar respetuosamente sea
       reconsiderado el acuerdo tomado en la sesión N° 41-02 del
       pasado 11 de junio del año en curso, Artículo LXIX, referente a la
       Modificación Externa N° 03-2002, en los que se incorporan
       recursos del superávit de la Dirección Nacional de Notariado, lo
       anterior motivado en que la misma fue aprobada parcialmente, al
       improbarse las siguientes subpartidas:
          NO APROBADO                          JUSTIFICACIÓN
         SUBPARTIDA 310
        Equipo y Mobiliario
            de Oficina
        Dos                   Este equipo está motivado y en función de
        microcomputadoras     nuestra labor sustantiva de fiscalizar y controlar
        portátiles            la función notarial en todo el territorio
                              costarricense, para lo cual se emitió la resolución
                              N° 945-00 del Fiscal Notarial y la Directriz N° 01-
                              2001 Reglamento de Fiscalización, en las que se
                              estructuró respectivamente, las funciones y perfil
                              del fiscal notarial y las acciones propias a
                              fiscalizar en las distintas notarias. Para estos
                              efectos, desde finales del año pasado e inicios
                              del presente, se cuenta con tres Profesionales
                              en Derecho, que en forma polifuncional con los
                              otros tres que se disponía, están realizando
                              fiscalizaciones desde el mes de marzo del
                              presente año, en las distintas notarias
                              reportadas en el Registro Nacional de Notarios,
                              razón por la cual con la colaboración del
                                 14

                     Departamento de Planificación se diseñó un
                     formulario que permitiera uniformar las distintas
                     fiscalizaciones, mismo que actualmente se
                     completa a mano,         generando esto que
                     posteriormente, tengan los profesionales que
                     digitar la información para los informes
                     respectivos.
                     Es por lo anterior, que se diseñó un formulario
                     informatizado que con la ayuda del equipo
                     portátil, se evitaría duplicar esfuerzos al incluir la
                     información en forma directa en el campo
                     propiamente y sin tener que acudir a equipo de
                     los señores (as ) notarios públicos del país.
Dos máquinas de Con respecto a este punto estamos de acuerdo,
escribir eléctricas en consideración que desde el año pasado nos
                    quedamos sin estos equipos, ya que los mismos
                    habían sido trasladados de la Secretaría General
                    de la Corte y por su antigüedad agotaron su vida
                    útil, por lo que con la colaboración del
                    Departamento de Proveeduría se adquirieron en
                    el mes de junio, con el Presupuesto Ordinario de
                    este despacho, motivo por el cual las mismas ya
                    no se requieren incorporar en esta modificación,
                    en este sentido el monto podría ser destinado a
                    incrementar la partida 510 de Edificios
SUBPARTIDA 350
Equipo Educacional
Un Video Beam        Con respecto a este equipo, se solicitó en
                     función de la visión que tiene establecida este
                     despacho dentro del Plan Estratégico al año
                     2003, la cual consiste en :
                     Promover una educación continua notarial que
                     permita determinar, divulgar y rescatar el rango
                     de la función notarial y su ejercicio, en relación
                     con la naturaleza jurídica de la función pública
                     ejercida privadamente.
                     Así como en el Plan de Trabajo del presente
                     año, donde se definió como meta realizar al
                     menos cinco cursos de derecho notarial y cinco
                     seminarios a nivel interinstitucional, para los
                     cuales se utilizan presentaciones en Power Point
                     que permite trabajar los temas con ilustraciones
                     y síntesis, de donde se ha tenido que acudir a
                     enlaces estratégicos con la Contraloría General
                     de la República, al permitirnos realizar
                     actividades en su centro de capacitación.
                                        15

               Por todo lo anterior, solicito respetuosamente sea aprobada
        la modificación presupuestaria N° 03-2002, con la única variación
        de destinar doscientos mil colones a la partida 510 Edificios y el
        resto sea aprobada en todos sus extremos.”
                                      --- o ---

      Se dispuso: 1) Denegar la reconsideración planteada por la Directora

Nacional de Notariado y mantener lo resuelto en la sesión del 11 de junio último,

artículo LXIX, ya que de momento no es política del Poder Judicial el suministro

de microcomputadoras portátiles como las que solicita. 2) Comunicar a la Licda.

Bogarín Parra que la Escuela Judicial tiene en trámite la adquisición de tres

sistemas de video conferencia, que incluyen tres proyectores multimedia tipo

video beam, con la cual debe coordinar su utilización, a fin de maximizar el uso de

los recursos existentes.

                                    ARTÍCULO IV

      En la sesión N° 43-02 del 18 de junio recién pasado, artículo XLII, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

              “El Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de
        Reclutamiento y Selección, con el visto bueno del Jefe del
        Departamento de Personal, en oficio N° RS-0513-2002 de 10 de
        junio en curso, expresó:
              “Con respecto al Oficio N° 6590-02, suscrito por el señor Luis
        Guillermo Gutiérrez Rodríguez, Prosecretario de la Corte,
        respetuosamente le remitimos el informe sobre la petición de
        traslado de la señora Jacqueline Varela Chaves, cédula N° 1-747-
        716, Auxiliar Judicial 3 en el Juzgado Contravencional de Cóbano.
             La servidora solicita la reubicación por motivo de estudios al
        Juzgado de Trabajo de Puntarenas, plaza N° 44941, Auxiliar
        Judicial 2 de inferior categoría que ostenta la servidora.
             Se le consultó a la Licenciada Sonia María Álvarez González,
        Juez 3, sobre el asunto que nos ocupa, indicando que tiene
        mucho interés en el traslado, por lo que sí estaría de acuerdo con
        el movimiento.
                                         16

              La señora Varela solicita que se le mantenga la categoría
        salarial, sin embargo en dicho Juzgado ya existe otro servidor
        Auxiliar Judicial 3-D. Si el Consejo no tuviese reparo en esa
        circunstancia, se ruega autorizar el traslado de la servidora con su
        número de puesto para lo cual debería realizarse el respectivo
        decreto a efecto de modificar la relación de puestos. El puesto N°
        44941 quedará adscrito al Juzgado Contravencional de Cóbano
        como Auxiliar Judicial 2 con lo cual no se da un perjuicio
        económico para la institución.
             La petente ingresó en propiedad el 01 de noviembre de
        1994, a partir del 01 de diciembre de 1995 ascendió a secretario
        G-1 y a partir del 01 de enero de 1998 paso a ser Auxiliar Judicial
        3, no cuenta con sanciones disciplinarias y su última calificación
        de servicios es 100.00%.
             Si el Consejo acordase reubicar a la servidora, se ruega
        darle vigencia a partir del 01 de agosto próximo.”
                                      --- o ---
             Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior y
        denegar el traslado de la señora Varela Chaves al Juzgado de
        Trabajo de Puntarenas, en la forma en ese estudio recomendada.
        2) Comunicar a doña Jacqueline, que este Consejo no tiene
        objeción a que ella pase a ese Juzgado pero en la citada plaza
        que éste tiene disponible, para lo cual ella debe manifestar su
        conformidad.”
                                       -o0o-

      La señora Varela Chaves, en nota presentada el primero de julio en curso,

solicitó reconsideración del acuerdo anterior y al efecto expresó:

              “Muy atentamente, me permito exponerle lo siguiente: Tengo
        interés en trasladarme a la plaza de auxiliar judicial en el Juzgado
        Laboral de Mayor Cuantía de Puntarenas, debido a la situación de
        estudios, ya que por la distancia y los medios de transporte entre
        Cóbano y Puntarenas se me está dificultando cumplir con mis
        metas de superación en lo académico.
              Si bien es cierto la plaza que yo pretendo es de inferior
        categoría y salario mi intención de solicitar que se mantenga la
        categoría y el salario de la plaza que actualmente ocupo no
        perjudica en nada a la Institución (Juzgado Contravencional de
        Cóbano), por lo que al trasladarme de todas maneras
        automáticamente dicha plaza se estaría rebajando a auxiliar
        judicial 2. El trasladarme con la misma categoría y salario no
        representa un gasto adicional para la Institución.
                                         17

              Por lo anterior mucho estimaré se reconsidere esa
        posibilidad y si así no se acuerda de todas maneras acepto el
        traslado aunque eso represente para mí un perjuicio económico,
        ya que todas las gestiones que he planteado para poder estudiar
        han sido rechazadas, lo cual me cerraría las puertas para lograr
        mis objetivos, que no solo me van a beneficiar a mí, sino también
        a la Institución. Siempre he puesto en mi trabajo el máximo
        empeño, esfuerzo y dedicación. Es por eso que considero muy
        importante continuar mis estudios y seguir sirviendo al país desde
        otros puestos.”
                                       --- o ---

      Se dispuso: 1) Denegar la reconsideración planteada por la señora Varela

Chaves y mantener lo resuelto en la sesión del 18 de junio último, artículo XLVII.

2) Aprobar el traslado de doña Jacqueline de la plaza de Auxiliar Judicial 3 que

ocupa en el Juzgado Contravencional de Cóbano a la de Auxiliar Judicial 2,

puesto N° 44941, del Juzgado de Trabajo de Puntarenas, en propiedad y en

descenso a partir del 1° de agosto del presente año.

      El Departamento de Personal y los referidos Juzgados tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda.

                                     ARTÍCULO V

      En la sesión N° 47-02 del 2 de julio en curso, artículo XII, se dictó el

acuerdo que en forma literal dice:

              “En nota recibida en el Departamento de Personal el 11 de
        junio último, el señor Leslie Roberto Morales González, Auxiliar
        Judicial 3 en el Tribunal Disciplinario Notarial, solicita traslado o
        permuta hacia los Tribunales de Pérez Zeledón, por razones
        familiares y de residencia.
             Por su parte, el Lic. Jaime Hernández Granillo, Juez
        Coordinador del Tribunal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, en
        facsímil de 25 de junio recién pasado, manifestó:
              “…respetuosamente le indico y conforme a la consulta
        telefónica que me hizo la funcionaria Geovanna Castro, sobre lo
        que opinaba de llenar con un traslado la plaza de Francisco
                                 18

Suárez Reyes, quien se acaba de pensionar, me permito hacerle
ver que no estoy de acuerdo con que se resuelva de esa forma la
sustitución del citado servidor, pues, la señora Edith Jiménez
Godínez, tiene de laborar diecinueve años en el Poder Judicial,
con plaza en propiedad en la Fiscalía de este cantón y con tres
años de estar interina en este Tribunal, por lo que puedo opinar
sin temor a equivocarme, que es lo más eficiente que hay en este
Despacho, por lo que mucho estimaré, se le dé la oportunidad de
quedarse en propiedad, considero que eso sería lo justo, correcto
y conveniente, con mayor razón, que se encuentra elegible para el
puesto vacante, en el primer lugar.”
                               - o0o -
       En atención a la solicitud de mérito, el Lic. Javier Sánchez
Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección, con el
refrendo del Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° RS-
0602-2002 de 26 de junio recién pasado, comunicó lo siguiente:
      “Con respeto le remitimos el informe sobre la petición de
traslado del señor Leslie Roberto Morales González, cédula No. 1-
938-230, Auxiliar Judicial 3 en el Tribunal Disciplinario Notarial.
      El servidor solicita la reubicación por motivo de residencia al
Tribunal de la Zona Sur en Pérez Zeledón, plaza No. 43923 de
igual categoría de la que ostenta en la actualidad.
     Se le consultó al Licenciado Jaime Hernández Granillo, Juez
4, del Tribunal, sobre el asunto que nos ocupa, indicando que no
se encuentra de acuerdo por las razones que expone en el
documento adjunto.
      Se revisó el expediente de Edith Jiménez Godínez a quien
Don Jaime menciona como la candidata ideal para ocupar el
cargo, encontrándose que esta servidora sí está elegible para
Auxiliar Judicial 3 de Tribunal; la Señora Jiménez ingresó en
propiedad el 01 de octubre de 1985 y en la actualidad es Auxiliar
Judicial 2 en la Fiscalía Adjunta de la Zona Sur.
      La plaza viene siendo ocupada por Ericka Durán Sáenz,
quien no se encuentra elegible, debido a que esta Sección no ha
aplicado pruebas por la reciente vacancia de la plaza.
        El petente ingresó en propiedad el 01 de febrero del 2001,
a partir del 01 de julio del mismo año ascendió a Auxiliar Judicial 3
en el Tribunal Disciplinario Notarial, no cuenta con sanciones
disciplinarias y su última calificación de servicios es 94.38%.
      Si el Consejo acordase reubicar al servidor, se ruega darle
vigencia a partir del 01 de setiembre próximo.”
                                -0-
                                          19

             Con base en lo expuesto en el informe rendido por el
        Departamento de Personal, se acordó: Denegar el traslado
        propuesto, pues según se indica, la servidora Jiménez Godínez,
        quien actualmente se desempeña en forma interina en el referido
        Tribunal, está elegible para ocupar el puesto en mención, por lo
        tanto, lo que procede es que el Departamento de Personal remita
        a ese despacho la terna correspondiente para ocupar la vacante
        respectiva, en la que los servidores interesados podrán participar
        en igual de condiciones que otros oferentes.”
                                       --- o ---

      En escrito recibido el 3 de este mes, el señor Morales González plantea

recurso de reconsideración del acuerdo anterior, por la urgente necesidad de

reunirse con su esposa embarazada que vive en Pérez Zeledón. Expone en

detalle la situación familiar por la que atraviesa, la cual solicita se tome en cuenta

para revocar lo dispuesto y se autorice su traslado al puesto citado en el Tribunal

de Juicio de ese lugar sin necesidad de pedir terna, procedimiento por el cual no

tendría posibilidades de ser elegido por la preferencia que el jefe del despacho

siempre le da a la persona que interinamente esté ocupando el puesto. Pide que

se vuelva al criterio de dar prioridad a los traslados, como recientemente se hizo

en el caso de la compañera María del Rocío Quesada, quien fue trasladada de

Pérez Zeledón al Juzgado Notarial, existiendo otras personas elegibles y con el

interés en el puesto al que ella se trasladó.

       En nota del 4 de julio siguiente, dirigida al señor Presidente, don Leslie

Gerardo expone nuevamente su situación familiar y su petición de que se revise o

reconsidere el acuerdo de referencia. En caso de mantenerse la decisión de la

terna, pide se le permita integrarla y se le nombre en dicho puesto. Deja planteada

subsidiariamente la solicitud para que se le ayuda de alguna otra manera a

trasladarse hacia los Tribunales de Pérez Zeledón con urgencia.
                                        20

      Se dispuso: Denegar la reconsideración planteada por el señor Morales

González, quien debe estarse a lo resuelto en la sesión del 2 de julio del año en

curso, artículo XII, y remitir la gestión de don Leslie Gerardo al Departamento de

Personal para que lo tome en cuenta en un futuro traslado.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                    ARTÍCULO VI

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

A partir del 16 de julio del 2002

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

      1.- Quesada Quesada Marlen Elena, cédula N° 1-620-077, Profesional 1.

Nómina N° 35-2002.

JUZGADO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

      2.- Quesada Vargas Christian, cédula N° 1-1070-680, Auxiliar Judicial 2.

Terna N° 303-2002.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
ALAJUELA

      3.-   Araya Herrera Roberto, cédula N° 2-301-932, Auxiliar de Servicios

Generales 3. Terna N° 299-2002.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE HEREDIA

      4.-    Bastos Prendas José Gerardo, cédula N° 5-251-608, Auxiliar

Administrativo 2. Terna N° 337-2002.
                                       21

TRIBUNAL DE PUNTARENAS

      5.- Méndez Leal Ana Isabel, cédula N° 6-163-019, Auxiliar Judicial 3. Terna

N° 280-2002.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

      6.- Castro Henry Róger, cédula N° 6-176-152, Auxiliar Judicial 2. Terna N°

308-2002.

      7.- León Solís Karen, cédula N° 1-1017-733, Auxiliar Judicial 2. Terna N°

307-2002.

      8.- Vega Aguilar Guillermo, cédula N° 1-1080-271, Auxiliar Judicial 2. Terna

N° 309-2002.

A partir del 1° de agosto del 2002

ESCUELA JUDICIAL

      9.- Monge Arias Alejandra, cédula N° 1-484-785, Profesional en Derecho 2.

Nómina N° 28-2002.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

      10.-    Vega Castro Hugo, cédula N° 6-253-636, Auxiliar Administrativo 1.

Terna N° 342-2002.

TRIBUNAL DE TRABAJO DE MENOR CUANTÍA DEL SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ

      11.- Campos Coto Sindy , cédula N° 1-982-176, Auxiliar Judicial 1. Terna

N° 314-2002

                                       -0-

      Los servidores Monge Arias, Vega Castro, Quesada Vargas, Campos Coto,

Araya Herrera, Bastos Prendas, León Solís y Vega Aguilar se presentarán al
                                        22

Servicio Médico para los servidores judiciales, a efecto de que se les practique el

reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita en forma personal, o

por vía telefónica en la extensión 3572. El Departamento de Personal y el Servicio

Médico tomarán nota de lo resuelto para lo de sus cargos.

PERMISOS

                                  ARTÍCULO VII

      En oficio N° 2002-223-FOT del 27 de junio último, el señor Rafael Vargas

Fonseca, Jefe interino de la Sección de Fotografía y Audiovisuales, con el visto

bueno de la jefatura del Departamento de Ciencias Forenses y de la Dirección

General del Organismo de Investigación Judicial, plantea la siguiente petición:

        “Les solicito respetuosamente su aprobación y correspondiente
        trámite, para que el señor Marco Herrera Charraun, Técnico en
        Producción Audiovisual, participe en el curso complementario de
        cámara en el Centro Nacional de Imagen del I.N.A. Este permiso
        comprende el período entre el 15-07-2002 al 2-08-2002 y sería
        únicamente para la sesión de las tardes (horario de 1:00 p.m. a
        las 9:00).
        Como ya es de su conocimiento esta solicitud responde al plan de
        capacitación que venimos articulando desde 1998 y la
        capacitación en cuestión está debidamente planificada en el plan
        de trabajo de este año, constituyéndose en una importante meta a
        cumplir, con miras a la profesionalización de nuestra Sección.
        La participación de nuestro personal en los cursos del I.N.A. ha
        demostrado ser una importante inversión de la que siempre
        hemos obtenido grandes beneficios para nuestra institución, ya
        que por su excelente calidad estos cursos siempre mejoran los
        servicios que prestamos.
        Es importante mencionar, que la premura con la que se está
        tramitando este permiso se debe a causas internas en la
        programación de cursos en el Centro de Imagen del I.N.A. (ver
        oficio adjunto), se decide darle tramite ya que el curso de cámara
        se abre una vez al año, por lo que se pretende aprovechar esta
        oportunidad para cumplir con los objetivos referentes al plan de
        capacitación.
                                       23

       Esta jefatura ha tomado las medidas correspondientes para que
       esta capacitación no afecte el servicio durante su realización.”
                                     --- o ---

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y conceder al señor Herrera

Charraum permiso con goce de salario, sin sustitución, para que durante la

segunda audiencia de los días anteriormente indicados asista al curso de que se

dio cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO VIII

      El señor Cristian Gómez Quirós, Auxiliar de Servicios Generales 3 de la

Unidad Administrativa Regional de Pérez Zeledón, en nota presentada el 3 de julio

de este año, manifiesta:

       “Muy respetuosamente me permito saludarles y a la vez
       solicitarles el permiso con goce de salario, para separarme de mis
       labores habituales, sin ausentarme de mi lugar de trabajo, en la
       audiencia de la tarde (14:00 a las 16:30), esto se presentará los
       días miércoles desde el 17 de julio hasta el 28 de agosto del 2002.
             Lo anterior se debe a que el suscrito es estudiante de
       Psicología del nivel de licenciatura, por lo cual aplicará, bajo la
       coordinación de la Licda. Emilia Gamboa, Trabajadora Social del
       Juzgado de Familia de Pérez Zeledón, un proyecto que consiste
       en una serie de 10 talleres con víctimas sobrevivientes de
       violencia doméstica que llevan como título “INICIANDO UN
       CAMBIO”.
            Cabe resaltar que dichos talleres forman parte del trabajo
       comunal que la Universidad exige a cada estudiante para poder
       graduarse.
             Es importante resaltar que mi participación en dichas
       actividades cuenta con la venia de la Licda. Gamboa, el Lic.
       Manuel Rodríguez, Juez de Familia de dichos Tribunales, y con la
       de mi superior inmediato M.B.A. Luis Fernando Vargas Mora.
           Como parte del acuerdo que establecí con este último, para
       recompensar el tiempo cedido, laboraré de lunes a viernes hasta
                                         24

        las 17:00 horas durante el tiempo que requieren los talleres,
        exceptuando los días que se ejecutarán las actividades.
             No omito manifestar que este taller es uno de varios talleres
        que se realizarán para colaborar con dicha problemática social.”
                                      --- o ---

      Se dispuso: Acoger en todos sus extremos la anterior solicitud.

      El Departamento de Personal y la Unidad Administrativa Regional de Pérez

Zeledón tomarán nota para lo de sus cargos.

                                   ARTÍCULO IX

      El Lic. José Francisco Barth Jiménez, Abogado Asistente de la Sala

Constitucional, con el visto bueno del Magistrado Arguedas, en nota presentada el

2 de julio en curso, solicita autorización para impartir en la Facultad de Derecho de

la Universidad de Costa Rica, el curso de Módulo de Investigación e Integración,

los lunes y viernes de las 9,00 a las 11,00 horas.

      Por mayoría, se acordó: Denegar el permiso solicitado por el Lic. Barth

Jiménez para impartir lecciones en horas laborables, por desempeñarse en un

despacho con mucho trabajo, que requiere de su presencia constante y no se

estima conveniente que se ausente durante la jornada laboral.

      El Presidente, Magistrado Mora, vota por otorgar el permiso solicitado, y el

Lic. Campos también pero que sea sin goce de sueldo.

                                   ARTÍCULO X

      En sesión celebrada el 30 de mayo último, artículo XXI, se autorizó al señor

Róger Gerardo Aguilar Cedeño, Auxiliar de Servicios Generales 3 de la Sección

de Transportes, para que como estudiante de la carrera de Investigación Criminal

y Seguridad Organizacional del Colegio Universitario de Cartago, realizara su
                                       25

práctica final de graduación en la Sección de Inspecciones Oculares             y

Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial.

      El señor Aguilar Cedeño, en nota presentada el 27 de junio recién pasado,

manifiesta que debido a los roles de trabajo que tienen en la Sección de

Inspecciones Oculares, cuales son de las 7:30 a las 19:30 horas y otro turno hasta

las 7:30 horas, se le dificulta cumplir con las 320 horas que se le exigen como

trabajo comunal, por lo que solicita se le conceda permiso las dos audiencias de

los lunes y martes de julio y agosto del presente año, con lo cual haría 24 horas

semanales. Así, de autorizársele ese permiso, finalizaría el total de horas

requerido por cuanto adicionalmente laboraría todos los sábados de esos meses

hasta completar la práctica correspondiente.

      No omite manifestar que la licencia no solo lo beneficiaría a él, sino que

también indirectamente a la Institución, toda vez que estará laborando para la

Sección indicada, por lo que de gran manera vendrá a contribuir con sus

funciones propias. Al mismo tiempo, expresa su agradecimiento por las ocasiones

anteriores en que comprensivamente se le ha otorgado permiso para cursar

algunas materias en horas laborales.

      Por mayoría, se acordó: Acoger la gestión de mérito y conceder al señor

Aguilar Cedeño permiso con goce de salario, sin sustitución, para que los lunes y

martes de julio y agosto del presente año, realice su práctica final de graduación

en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo

de Investigación Judicial.

      El Departamento de Personal y la Sección de Transportes tomarán nota

para lo de sus cargos.
                                        26

      La Licda. Pereira votó por denegar el permiso solicitado.

                                  ARTÍCULO XI

      El Lic. Gerardo Lázcares Jiménez, Subdirector General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 0800-DG-02 del 2 de julio en curso, remite

copia de la nota suscrita por el Lic. Mario Fernández Fernández, Jefe interino de

la Delegación Regional de ese Organismo en Cartago, en que hace del

conocimiento el permiso sin goce de salario por 4 meses a partir del 2 de este

mes solicitado por el Dr. Víctor Alfredo Navarrete Acosta, Médico de la Unidad de

Medicina Legal de esa provincia, en virtud de que sería nombrado como

Subgerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social. De la anterior

gestión, tanto la jefatura inmediata como esa Dirección no tienen objeción que

hacer al permiso pedido.

      Se acordó: A tenor de lo que establece el artículo 44, párrafo 1°, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, otorgar licencia sin goce de salario al Dr. Navarrete

Acosta, por un período de cuatro meses contados a partir del 2 de julio en curso.

      El Departamento de Personal y la Unidad de Medicina Legal de Cartago

tomarán nota para lo de sus cargos.

                                  ARTÍCULO XII

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, en su carácter de Secretario del

Consejo de la Judicatura, en oficio N° UI-2482-02 del 3 de julio del presente año,

transcribe el acuerdo tomado por ese Consejo en la sesión CJ-19-02, artículo XI,

que literalmente dice:

        “Informa la Unidad Interdisciplinaria que el Tribunal Examinador
        para el cargo de Juez 1 en materia Civil solicita se les gestione
                                       27

       permiso con sueldo y sustitución, a efecto de atender la
       programación de exámenes del 22 de julio al 09 de agosto del
       presente año.
       Luego de un intercambio de opiniones y SE ACORDÓ: gestionar
       ante el Consejo Superior, a efecto de que se otorgue permiso con
       sueldo y sustitución a los licenciados Alejandro Araya Rojas, Gilda
       Gatgens Gómez y Laura León Orozco, Integrantes del Tribunal
       examinador para Juez 1 en materia Civil a efecto de que evalúen
       a 189 oferentes, del 22 de julio al 09 de agosto del presente año.
       ACUERDO FIRME.”
                                       -0-

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y conceder a los Licdos. Araya

Rojas, Gatgens Gómez y León Orozco, permiso con goce de salario y sustitución,

para que del 22 de julio al 9 de agosto próximo brinden la colaboración de que se

dio cuenta.

      El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán

nota para lo de sus cargos.

                                 ARTÍCULO XIII

      En sesión celebrada el 16 de mayo último, artículo LXXXIX, se concedió

permiso con goce de salario –entre otros- al señor Juan Salazar Jaen, Auxiliar

Supernumerario de la Unidad Administrativa Regional de Heredia, para que

participara en el curso de Salud Ocupacional Básico.

      El Lic. Martín Salazar Loaiza y la señora Jacqueline Chaves Mejías, Jefe de

la Unidad Administrativa Regional de Heredia y Coordinadora del Área de

Informática, respectivamente, en oficio N° 466-UARH-02 del 2 de este mes,

informa que el señor Salazar Jaen no podrá asistir al mencionado curso, en razón

de que se encuentra asignado en los informes estadísticos que se llevan en los
                                       28

diferentes despachos de los Tribunales de Heredia, que deberán ser entregados

en corto de tiempo, lo que hace imposible prescindir de su colaboración.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y dejar sin efecto el

permiso concedido al señor Salazar Jaen en la sesión de referencia.

      Los Departamentos Financiero Contable y Personal tomarán nota para lo

de sus cargos.

                                 ARTÍCULO XIV

      Mediante oficio N° UARZS 0855-02 de 4 de julio del año en curso, el M.B.A.

Luis Fernando Vargas Mora, Jefe de la Unidad Administrativa Regional de la Zona

Sur, expresó:

       “Con el fin de que por su digno medio se ponga en conocimiento
       del Consejo Superior, se informa que se ha programado la
       realización de la siguiente charla:
          Inducción al Poder Judicial, dirigido a personal de reciente
           ingreso, a fin de dar a conocer la historia, estructura y
           funcionamiento del Poder Judicial; derechos y deberes del
           servidor, Código de Ética y Régimen Disciplinario. Fecha:
           miércoles 17 de julio, horario: 1:30 p.m. – 4:00 p.m.
       Se adjuntan la lista de las personas interesadas en participar.
       Se requiere:
       a) El permiso del Consejo Superior para que los servidores
          judiciales interesados puedan participar en la charla;
       b) Autorización para el pago de viáticos en el caso de los
          servidores judiciales de Osa y Buenos Aires.
       c) Aprobar la suma de ¢5.000,00 a fin de brindar un refrigerio a
          los participantes (la Unidad Administrativa Regional de la Zona
          Sur cuenta con saldo disponible en las subpartidas 240 –
          Productos alimenticios- y 286 –Otros útiles y materiales
          específicos-).”
                                       -0-
                                         29

      Se acordó: Autorizar la realización de la charla de “Inducción al Poder

Judicial” durante el día y horas indicados, a cuyos efectos se concede permiso

con goce de salario a los servidores que asistan, así como el pago de ¢5.000,00

(cinco mil colones) del costo de refrigerio y ayuda económica a los servidores de

Osa y Buenos Aires.

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda.

SUSTITUCIONES

                                   ARTÍCULO XV

      En la sesión N° 45-02 del 25 de junio          recién pasado, se autorizó la

sustitución de la señorita Adriana Murillo Chaves, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Poás, del 11 al 17 de julio en curso, quien

contraería matrimonio el día 11.

      La Licda. Marjorie Rodríguez Rojas, Juez del citado Despacho, en facsímil

recibido el 3 de este mes, solicita se deje sin efecto el acuerdo de referencia, dado

que la señorita Murillo Chaves canceló su compromiso matrimonial por asuntos

personales.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y dejar sin efecto lo

resuelto en la sesión del 25 de junio último, artículo XX.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                         30

                                  ARTÍCULO XVI

      La Licda. Victoria Miranda Mora, Jueza del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Naranjo, en facsímil recibido el 1° de julio del presente año,

manifiesta:

             “En fecha 22 de marzo del año en curso, se hizo una
        proposición de nombramiento de la señorita Brenda Garita Rivera,
        cédula 7-145-890, para que sustituyera a la servidora Damaris
        Corrales Chinchilla –Auxiliar Judicial 2-, cédula 2-339-257, por el
        período del 01 al 19-4-02, por concepto de vacaciones, en su
        momento se obvió esta nota, sin embargo, les solicito con todo
        respeto se sirvan aceptar este nombramiento, toda vez que en
        este despacho se cuenta con dos servidores, para que atiendan
        público y reciban denuncias y declaraciones así como para que
        se saquen fotocopias, por lo que la falta de uno de ellos, causaría
        un grave problema al despacho, debido a que la afluencia de
        público es bastante considerable, y una persona es quien debe
        dedicarse solo a dicha labor, quedando la otra para lo ya indicado.
        En cuanto al resto del personal lo constituyen la auxiliar judicial 3,
        que es quien atiende juicios y pruebas, y otras funciones propias
        de su cargo, así como la notificadora. Por lo anterior, solicito la
        aprobación de dicho nombramiento.”
                                       --- o ---

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y aprobar por esta única vez el

nombramiento de la señora Garita Rivera, conforme lo propuso la Licda. Miranda

Mora, a quien se previene que en adelante deberá hacer este tipo de gestiones

con la debida antelación y remitirlas vía fax, y en caso de repetirse esta situación,

de acuerdo a los lineamientos establecidos por este Consejo, se le aplicará el

régimen disciplinario y deberá pagar de su propio peculio el salario de los

servidores que nombre.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                         31

                                 ARTÍCULO XVII

      Con nota N° 4702-DE-02 del 2 de este mes, la Dirección Ejecutiva remite

para lo que a bien se tenga resolver, la gestión que hace la Licda. Matilde

González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en oficio

N° DTSP-256-2002 del día anterior, en el sentido de que se autorice la sustitución

del Lic. Ronald Lin Ching C., Psicólogo del Programa Penal Juvenil en la oficina

central de ese Departamento, con motivo de sus vacaciones del 29 de julio en

curso al 14 de agosto próximo, ya que solo cuentan con dos psicólogos en ese

Programa, con una alta referencia de 20 o más casos por mes, lo que supera el

índice establecido por el Departamento de Planificación, que es de 13 casos.

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución del Lic. Lin

Ching C., durante los días y motivo anteriormente indicados.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XVIII

      En oficio N° 102-2002-JCT del 5 de julio en curso, la Licda. Hilda María

Aguilar Araya, Jueza Coordinadora del Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Turrialba, expresa:

             “El motivo que en esta ocasión me impulsa a solicitarles su
       colaboración es el siguiente: en este Despacho Judicial donde
       actualmente en forma interna me encuentro ocupando el puesto
       de Juez Coordinador, se extendió durante el segundo semestre de
       este año la plaza extraordinaria de Juez, la cual es ocupada por el
       licenciado Luis Alberto Arce Jiménez, quien durante esta semana
       ha estado trabajando esforzadamente. Este nombramiento viene a
       satisfacer la necesidad de otro administrador de justicia, en un
       órgano jurisdiccional que ha crecido con los años, y que
       actualmente tiene una carga de trabajo suficiente para tener a dos
       jueces laborando a tiempo completo.
                                         32

              Sin embargo el licenciado Arce Jiménez solicitó vacaciones a
        partir del 08 de julio al 24 de julio del 2002, lo cual constituye un
        período de tres semanas, tiempo que para el volumen de trabajo
        que se provee en este Juzgado durante este tiempo, vendría a dar
        contraste a la finalidad por la cual se otorgó durante el resto del
        año la plaza extraordinaria de Juez, además que crearía un
        problema con relación a los procesos en etapa de conciliación y
        recepción de pruebas con audiencias ya previamente señaladas,
        porque fueron hechas previendo que habrían dos jueces
        laborando, y esto motivó a que se manejaran dos agendas;
        debiendo ahora ante esta situación dejar sin efecto algunos de los
        señalamientos ya hechos y debidamente notificados, creándose
        un mayor atraso en la tramitación de estos procesos.
              Por ello, teniendo pleno conocimiento los estimables
        miembros de ese Consejo acerca de la situación de este
        Despacho Judicial, y de las necesidades que enfrenta y que han
        sido transmitidas reiteradamente a través de nuestras misivas, les
        solicito valorar la situación y disponer la sustitución del licenciado
        Arce Jiménez durante su período de vacaciones; con lo cual se
        fortalece la excelente labor que durante este año ha venido
        desempeñando ese Consejo de dar solución a las necesidades de
        este Juzgado, y así poder dar un servicio de calidad a nuestros
        usuarios.”
                                       --- o ---

      Se acordó: Denegar la gestión anterior, ya que lamentablemente por

razones de orden presupuestario se ha establecido que no se pueden realizar

nombramientos para sustituir funcionarios que se hallan nombrados en plazas

extraordinarias.

                                  ARTÍCULO XIX

      La Licda. Rose Mary Lawrence Mora, Jueza del Juzgado Tercero Civil de

Menor Cuantía de San José, en nota del 3 de julio en curso, en razón de que el

señor Alexánder Fonseca Prado, Auxiliar Judicial 1, solicitó se le concedieran

vacaciones del 22 de julio al 2 de agosto próximo, y siendo que dicho servidor

ocupa el puesto de auxiliar coordinador, con el fin de no entorpecer las labores del

despacho, solicita se autorice su sustitución.
                                         33

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar la sustitución del señor

Fonseca Prado, por el período y motivos indicados, por encontrarse dentro de los

casos de excepción contemplados en las disposiciones contenidas en el Plan de

Vacaciones del período 2001-2002, aprobado por este Consejo en la sesión

celebrada el 12 de octubre del 2001, artículo III.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XX

      En nota de 1° de julio del presente año, la Lida. Ennia Álvarez Umaña,

Jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí, solicita se

autorice la sustitución del señor Christian Zamora Ruiz, Auxiliar Judicial 1, por

vacaciones del 22 al 31 de este mes. Lo anterior, a efecto de garantizar la

continuidad en el servicio que brinda ese juzgado, ya que dicho servidor es el

encargado de la tramitación de asuntos de Violencia Doméstica y Pensiones

Alimentarias, además de que ese despacho cuenta con muy escaso personal.

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito y autorizar la sustitución del señor

Zamora Ruiz, por los días y motivo anteriormente indicados.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXI

      La Licda. Luz Marina Fernández Alfaro, Jueza del Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía de Pérez Zeledón, en facsímil recibido el 3 de julio en curso,

expresó:

        “Con todo respeto, les comunico que la servidora NORMA
        GUZMÁN HIDALGO, Auxiliar Judicial 3 de este Despacho,
        encontrándose disfrutando el día de vacaciones 01-07-02 fue
        incapacitada desde el 01-07-02 hasta el 10-07-02.
                                         34

        Conocemos por las circulares que nos han enviado, el problema
        con el presupuesto; sin embargo cada día que pasa nos preocupa
        más el alto volumen de circulante que mantiene este Despacho y
        es imposible dejar un escritorio sin su auxiliar, por cuanto son
        cinco las materias que aquí se tramitan y todos los servidores
        están recargados, máxime en el caso de la servidora Guzmán
        Hidalgo quien es la encargada de la autorizaciones del Sistema de
        Depósitos Judiciales que lleva este Despacho. Con la ausencia de
        un servidor quien más se afecta es el servicio a los usuarios,
        quienes sufren el atraso.
             Por tal razón, y a fin de no afectar a los usuarios que acuden
        a este Despacho ni a los demás servidores es que solicitamos nos
        autoricen la sustitución de la servidora GUZMÁN HIDALGO.”
                                         -0-

      Se acordó: Autorizar la sustitución de la señora Guzmán Hidalgo, del 1° al

10 de julio del presente año y por el motivo que se indica.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXII

      El Máster Martín Salazar Loaiza, Jefe de la Unidad Administrativa Regional

de Heredia, en oficio N° 469-UARH-02 de 3 de julio en curso, manifestó:

        “La licenciada Yolanda Martínez Martínez, auxiliar supernumeraria
        2 de esta Administración Regional, fue ascendida por la
        Presidencia a Juez Contravencional en San José.
        Debido a ello, solicito autorización a ese Consejo Superior para
        poder sustituir a la licenciada Martínez Martínez del 01 de julio al
        12 de julio del 2002, con el propósito de que colabore con la
        Fiscalía Adjunta de Heredia en el envío de evidencias al depósito
        de objetos, para lo cual, dada la cantidad, la licenciada Leda
        Martínez Vargas, Fiscal Adjunta de Heredia, me está solicitando
        apoyo supernumerario, con el fin de que llene debidamente los
        formularios F- 23 de acuerdo a la causa.
        Son alrededor de 250 evidencias y el recurso humano de esa
        Fiscalía está sumamente saturado de trabajo, por lo que la
        solicitud de la licenciada Méndez Vargas. Es justificable, sin
        embargo, esta Administración requiere la autorización de ese
        Consejo Superior para poder sustituir y brindarle el apoyo
        requerido a la Fiscalía.”
                                          35

                                          -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la Licda.

Martínez Martínez, por los días y motivo anteriormente señalado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXIII

      La Licda. Miriam Anchía Paniagua, Presidenta interina del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 2864 del 8 de julio en curso, solicita se autorice la

sustitución del Lic. Javier Vargas Araya, Inspector Judicial Auxiliar, por vacaciones

del 8 al 24 de este mes. Basa su gestión en la necesidad de no entorpecer las

labores asignadas en ese despacho

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito y autorizar la sustitución del Lic.

Vargas Araya, a partir de la segunda audiencia de hoy y hasta el 24 de este mes,

por vacaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXIV

      En oficio N° 415-2002 de 8 de julio en curso, la Licda. Mayela Campos

Sánchez, Administradora del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de

San José, manifiesta que por las necesidades de personal, solicita autorización

para nombrar a la señorita Paula Rodríguez Gutiérrez, en sustitución del señor

Orlando Campos Zamora, Auxiliar Judicial 2, del 8 al 19 de los corrientes, en

virtud de que don Orlando fue nombrado como Juez durante esos días.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución del señor

Campos Zamora, por los días y motivo anteriormente señalado.
                                       36

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

VACACIONES

                                ARTÍCULO XXV

      Se dispuso autorizar a la Licda. Magda Pereira Villalobos para que disfrute

de vacaciones del 5 al 9 de agosto del presente año y para sustituirla se llama al

Suplente Lic. Alejandro López Mc Adam.

      La Licda. Pereira se abstuvo de votar.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                ARTÍCULO XXVI

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 2702 del 2 de julio en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 43-2002-R, le impuso a Karla Fonseca Villalobos,

ex Asistente Administrativa de la Sección de Planillas del Departamento de

Personal, la corrección disciplinaria de Revocatoria de nombramiento, por simular

nombramientos interinos para obtener un beneficio patrimonial, hechos por los

cuales se le sigue una causa penal por peculado. Asimismo remite copia de la

citada resolución, la cual quedó firme a partir del 29 de junio recién pasado.

También informa que la señorita Fonseca Villalobos no labora actualmente para

este Poder.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior lo que también hará el

Departamento de Personal para lo de su cargo.
                                         37

                                 ARTÍCULO XXVII

      El 4 de julio en curso, se recibió copia de la nota del 28 de junio último,

mediante la cual el Lic. Joe Campos Bonilla, Juez del Juzgado Penal de Cañas,

Guanacaste, le comunica al Tribunal de la Inspección Judicial, de conformidad

con el artículo 27 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con referencia a

las quejas disciplinarias que se tramitan bajo los números 1280-2001-F y 1372-

2001-R, que se ha ordenado auto de apertura a juicio para ante el Tribunal de

Juicio de Liberia en los siguientes casos:

      Contra el señor Alberto Javier Blanco Zamora, Oficial de Investigación 3 de

la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Cañas, en

la causa N° 01-200300-413-PE en la que es imputado por dos delitos de peculado

en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública.

      Contra Eduardo Francisco Quesada Méndez, Roberto Silva Castro, Jorge

Luis Matamoros Cubillo, Ángel Alfaro López y Món Rodríguez Jiménez, por su

orden Jefe, Auxiliar de Investigación 1, Suboficial de Investigación 2, Auxiliar de

Investigación 1 y servidor interino de la citada Subdelegación, en la causa N° 01-

200237-413-PE, en la que son imputados por los delitos de abuso de autoridad,

privación de libertad, allanamiento ilegal, coacción, provocación a duelo y tentativa

de homicidio en daño de Hans Schlager Peláez y los Deberes de la Función

Pública.

      Se acompaña copia de las resoluciones correspondientes.

      De previo a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al señor

Director General del Organismo de Investigación Judicial, que en el término de 24

horas, se pronuncie sobre la conveniencia de que los citados servidores se
                                       38

mantengan o no en el ejercicio de sus cargos, y dé las recomendaciones que

correspondan. Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXVIII

      La Licda. Leyla Lozano Chang, Jueza Coordinadora del Juzgado Civil y de

Trabajo de Desamparados, en nota del 5 de julio de este año, manifiesta:

            “…hago de su estimable conocimiento los hechos anómalos
       que se han presentado en este Juzgado, los cuales fueron
       denunciados penalmente y en la Inspección Judicial, cuya
       investigación se está llevando a cabo.
             Se investiga la presunta participación del Auxiliar Judicial
       Juan José Barrantes Rodríguez en la creación de un expediente
       burlando todos los registros con la finalidad de obtener la
       extracción de una cantidad de madera de tres fincas situadas en
       Guápiles (ni partes, ni representantes, ni materia –agraria-, ni
       fincas corresponden conocer a este Juzgado). Existe una medida
       cautelar acordada en ese sentido y falsificando la firma del cojuez
       Lic. Alberto Solano Cordero y falsificación de notificaciones
       practicadas. Existen tan sólo fotocopias aportadas por una
       abogada representante de los dueños de las fincas afectadas. El
       expediente fue desaparecido y subsiste una medida cautelar.
            Se ha utilizado el aparato jurisdiccional para cometer
       fechorías y por ello prontamente se han acusado para que se
       investiguen.
            Cumplo con hacer de su estimable conocimiento estos
       hechos. Hago notar que estos hechos se presentaron en forma
       subrepticia, ni siquiera registrándose, manejándose a la sombra
       un expediente y haciéndose las falsificaciones. A pesar de que la
       Suscrita es tan estricta en todos los controles y tan constante, era
       imposible detectar una situación tal, pero enterada de la situación,
       investigué por mi parte y activé todos los mecanismos legales
       (Fiscalía, Inspección Judicial y agrupamiento de toda la
       información posible dentro de la oficina).”
                                     --- o ---

      La Licda. Lozano Chang acompaña fotocopia de la nota del 4 de este mes,

remitida por ella al Tribunal de la Inspección Judicial y de tres constancias

emitidas por el señor Edgar Francisco Mora Calderón, Auxiliar Judicial 3 del
                                         39

referido Juzgado, con respecto a la búsqueda infructuosa dentro de los controles

que lleva el Despacho, de la sumaria mencionada.

      Informa la Secretaria General que actualmente el señor Barrantes

Rodríguez se desempeña como Auxiliar Judicial 2 del Juzgado Cuarto Civil de San

José, cargo al cual fue trasladado en propiedad a partir del 1° de julio de este año.

      Con conocimiento de que el Juzgado Penal de Desamparados, en

resolución de las 16:45 horas del 8 de julio del año en curso, de conformidad con

el artículo 244 del Código Procesal Penal, le impuso al señor Barrantes Rodríguez

las siguientes medidas cautelares: “1- Se ordena el impedimento de salida del

país del imputado. 2- El imputado deberá presentarse periódicamente al tribunal o

a la autoridad donde se ventile la causa, UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS,

empezando el día de hoy ocho de julio del año dos mil dos. 3- Se ordena a partir

del día de hoy, la suspensión del imputado en el ejercicio de su cargo como

funcionario del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 244 inciso i. 4.-

Asimismo se le prohíbe acercarse al Juzgado Civil y de Trabajo de

Desamparados, como tener contacto con las personas que ahí laboran. Las

medidas aquí impuestas se fijan por espacio de SEIS MESES, pudiendo

prorrogarse a pedido de la Fiscalía. En cuanto a la medida tercera, esta se podrá

mantener posterior a esa fecha de vencimiento, de manera independientemente

por los órganos disciplinarios del Poder Judicial, quienes se encargarán de dar el

trámite debido una vez firme la presente resolución.

      Se dispuso: De conformidad con lo que establece el artículo 81, inciso 6,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tener por suspendido sin goce de salario al

señor Barrantes Rodríguez por un período de seis meses a partir del 8 de julio en
                                        40

curso, en tanto se resuelve la causa penal que se tramita en su contra.

      El Departamento de Personal y el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía

de San José tomarán nota para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO XXIX

      El Tribunal de la Inspección Judicial, por resolución de las 10:30 horas del

30 de noviembre del 2001, impuso al servidor Mario Bustamante Arce, Auxiliar de

Investigación de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial de

Sarapiquí, la sanción disciplinaria de un mes de suspensión sin goce de salario.

      El servidor Bustamante Arce interpone recurso de apelación contra la citada

resolución y solicita de previo el conocimiento del asunto por parte de la Comisión

de Relaciones Laborales.

      La Comisión de Relaciones Laborales, en sesión número 77-2002, artículo

IV, de las 16:30 horas del 20 de junio del 2002, no encontró nuevos elementos de

juicio que le permitiera variar la sanción impuesta, por lo que no tienen

observación que hacer.

      Conoce este Consejo la apelación y hace las siguientes recomendaciones:

      Del análisis de la prueba y de la fundamentación que hace el Tribunal de la

Inspección Judicial a la hora de resolver la queja, no existe ninguna duda de que

la acción que se le imputa al denunciado, de amenazar de muerte a su

compañera, poniéndole en la cabeza el arma de reglamento que portaba, quedó

plenamente demostrado pues con la llamada telefónica que ella hizo a la oficina

del Organismo, los investigadores de inmediato se presentaron a la casa de

habitación del acusado, donde le decomisaron dicha arma y trasladaron a la mujer

a casa de sus padres. Así las cosas, debe confirmarse la resolución del Tribunal
                                        41

de la Inspección Judicial pues no existe duda de que los hechos denunciados se

dieron, calificándose estos de grave de conformidad con lo establecido por los

artículos 194, 195,197 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Se acuerda: Confirmar la resolución recurrida. El mes de suspensión sin

goce de salario impuesto al servidor Mario Bustamante Arce, lo descontará a partir

de la fecha que indique la jefatura del Despacho en que labora.

                                 ARTÍCULO XXX

      En sesión celebrada el 27 de junio recién pasado, artículo LX, se tomó nota

del oficio suscrito por el Secretario del Tribunal de la Inspección en que remitió

copia de la resolución N° 485-02 de las 14:00 horas del 27 de mayo último,

dictada por ese Tribunal, dentro de la queja incoada por los señores Francisco

Hernández Villegas y Bolívar Jiménez Castro, Encargado de la Unidad y Jefe de la

Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial, respectivamente,

contra el Lic. Orlando Rojas Sáenz, Juez Coordinador del Tribunal del Primer

Circuito Judicial de San José, que en lo que interesa dice:

        “ (…) No obstante se dispone transcribir esta resolución al
        Consejo Superior, así como a la Comisión de la Jurisdicción Penal
        y de Tránsito, pues se hace necesario reforzar tal debilidad que se
        presenta en largos períodos de disponibilidad, porque resulta
        válido el reclamo que aquí se formula, referente a las dificultades
        que se deben enfrentar para la ubicación y captura de los
        imputados y es claro que ese tipo de actuaciones afectan la
        imagen del Poder Judicial.
                                   POR TANTO:
             De conformidad con lo expuesto, artículos 197 y siguientes
        de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se declara sin lugar la
        queja. Transcríbase esta resolución al Consejo Superior y a la
        Comisión de la Jurisdicción Penal y de Tránsito.”
                                        -0-
                                        42

      Se hizo traer el expediente en que se dictó la resolución de mérito, para

analizar las razones que justificaron el que los jueces no localizaran en su

oportunidad los asuntos con orden de captura, lo que los obligó a dejar en libertad

a las personas detenidas, y se pasó a estudio del Lic. Amador, quien recomienda

que con el fin de evitar futuras situaciones como la aquí estudiada, se hace

necesario que los despachos judiciales, no solamente en períodos largos de

disponibilidad sino durante todo el tiempo, ubiquen los expedientes con reo preso

y aquellos que tengan orden de captura, en un lugar especial que pueda facilitar

su ubicación en cualquier momento, y publicar una circular en ese sentido.

      Se acordó: Acoger la recomendación del Lic. Amador. La Secretaría

General de la Corte tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXXI

      El Tribunal de la Inspección Judicial, por resolución Nº 1660 de las 8:05

horas del 21 de diciembre de 2001, declaró con lugar las diligencias de queja

seguidas contra la Licda. Rita Calvo Sánchez y los señores Juan Carlos Paniagua

Villanueva y Roberto Bonilla Cruz, por su orden, Jueza, Notificador y Auxiliar

Judicial del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia, imponiendo a los tres

servidores la sanción disciplinaria de REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO.

      El Tribunal de la Inspección Judicial tuvo por demostrado que los

encausados se interesaron indebidamente y favorecieron a algunas partes en la

tramitación de varios expedientes en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de

Heredia; esas actuaciones están debidamente acreditadas en el elenco de hechos

tenidos por probados por el Tribunal disciplinario, concluyendo en que la sanción

impuesta sólo debe anotarse en los respectivos expedientes del Depto. de
                                            43

Personal en lo que respecta a la Licda. Rita Calvo Sánchez, por haber sido

separada de su puesto por incapacidad absoluta y permanente para el

desempeño del cargo, igual proponen proceder en lo que toca a Roberto Bonilla

Cruz, porque le fue aceptada la renuncia que presentó para continuar en el puesto

que ocupaba en la Institución, pero en cuanto al servidor Juan Carlos Paniagua

Villanueva, solicitan se haga efectivo su despido una vez que la resolución

adquiera firmeza.

                                           --0--


      El Tribunal de la Inspección Judicial, por resolución de las 8:45 horas del 13

de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, admitió para ante este Consejo Superior las

apelaciones que contra lo resuelto interpusieron los servidores sancionados, y por

haberse solicitado expresamente, remitió de previo las diligencias a la Comisión

de Relaciones Laborales, para su pronunciamiento.

                                           --0--



La citada Comisión, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2002, acordó

recomendar a este Consejo Superior mantener la sanción impuesta, porque no

existe mérito para resolver en forma distinta de la que lo hizo el Tribunal de la

Inspección Judicial.

                                           --0--

      Se    entra      a   conocer   las    apelaciones   planteadas   haciendo   las

consideraciones siguientes:
                                        44

El ex servidor ROBERTO BONILLA CRUZ (se le aceptó la renuncia al cargo) a
pesar de haberlo anunciado no expresó agravios, y conforme se demuestra con
los hechos acreditados en su contra y dada la gravedad de las faltas, debe
mantenerse la sanción impuesta.
En cuanto al también ex servidor (se le revocó el nombramiento por acuerdo del
Consejo Superior del 12 de marzo del año en curso, artículo XIV, cuando se
confirmó la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial Nº 1236 de las 14:40
horas del 27 de setiembre de 2001) JUAN CARLOS PANIAGUA VILLANUEVA,
del elenco probatorio traído a los autos por el Tribunal de la Inspección Judicial,
se infiere que no hay motivo para pensar que las declaraciones por él brindadas a
la Fiscalía de Heredia, hayan sido dadas bajo presión o violencia en su contra;
tampoco es creíble su dicho en cuanto a la imposibilidad de notificar al Lic. Ovidio
Pacheco Castro; hay suficiente prueba en los autos que demuestran que los
facsímiles por él señalados para notificación, están dedicados exclusivamente a
ese fin; por ello también debe mantenerse la sanción impuesta.
Finalmente, en lo que toca a la ex funcionaria judicial (fue separada por
incapacidad absoluta y permanente para el desempeño del cargo) Licda. RITA
CALVO SÁNCHEZ, su apelación versa específicamente sobre una excepción de
prescripción, la cual fue rechazada con suficiente fundamento por el Tribunal de la
Inspección Judicial, criterio que comparte en un todo este Consejo Superior y por
ello no resulta de recibo, y conforme a los gravísimos hechos acreditados en su
contra, también debe confirmarse la sanción impuesta.


      Se acordó:    Confirmar en todos sus extremos la resolución Nº 1660 de las

8:05 horas del 21 de diciembre de 2001, venida en apelación, que declaró con

lugar las diligencias de queja seguidas contra la Licda. Rita Calvo Sánchez y los

señores Juan Carlos Paniagua Villanueva y Roberto Bonilla Cruz, a la sazón

Jueza, Notificador y Auxiliar Judicial, respectivamente, del Juzgado Civil de Mayor

Cuantía de Heredia, imponiendo a los tres servidores la sanción disciplinaria de

REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO.

      En razón de que ninguno de los encausados figura ya como servidor

judicial, se ponen los autos en conocimiento del Departamento de Personal y el

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia.
                                        45

                                ARTÍCULO XXXII

      El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución N° 170 de las

14:46 horas del 18 de febrero del 2002, impuso al señor ÓSCAR MARIO

AGUILAR ARAYA, Auxiliar Judicial del Tribunal de Juicio de San José, la

corrección disciplinaria de tres días de suspensión sin goce de salario.

      El acusado Aguilar Araya interpone recurso de apelación contra dicha

resolución, solicitando previamente la participación de la Comisión de Relaciones

Laborales.

      La Comisión de Relaciones Laborales, en sesión N° 78-2002 del 7 de junio

del año en curso, recomendó: “ ...con respecto a la sanción impuesta no se tienen

observaciones que hacer...”.

      Conoce este Consejo Superior la apelación interpuesta y se hacen las

siguientes consideraciones:

      A criterio del Consejo, del estudio de los autos, los hechos que se han

demostrado tienen su fundamento en la investigación previa que se realizó para

individualizar al responsable de la tardanza injustificada, como consta a folios 9 y

32, así como la contestación de las quejas acumuladas de folios 43 y 44, donde el

acusado acepta haber estado a cargo de ambos expedientes, justificando su

actuación en la sobrecarga de trabajo, el estrés que tenía y la falta de tiempo. Si

bien se evidencia falta de fundamentación de la resolución recurrida, el Consejo

considera que procede confirmarla por economía procesal, al aceptar el acusado

los hechos tal y como los describe el considerando de hechos probados de la

resolución recurrida. Correspondiéndole al Consejo, analizar si la justificación que
                                        46

indica el señor Aguilar Araya es válida. Comparte este Consejo la recomendación

de la Comisión de Relaciones Laborales, ya que las aseveraciones del acusado

no fueron demostradas; de todas formas, ante una situación como la que alega,

debe informar a su superior y dar prioridad a causas como las que se están

estudiando, ya que el atraso es evidente e injustificado, sobre todo cuando se

trata de reo preso. La actuación del señor Aguilar Araya afecta la imagen del

Poder Judicial, ya que por su experiencia debe obedecer a un procedimiento y no

tratar de justificar su tardanza en la tramitación. Por lo anterior, de conformidad

con los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se califica de

grave la falta cometida, por lo que debe confirmarse en todos sus extremos la

resolución impugnada.

      Se dispuso: Confirmar la resolución recurrida. La sanción impuesta a don

Óscar Mario deberá cumplirla cuando se lo indique la jefatura del Despacho en

que labora.

                                   ARTÍCULO XXXIII

      El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución N° 157, de las

14:20 horas del 18 de febrero del 2002, le impuso a los señores MAURICIO VEGA

CAMACHO e IVANIA MORALES LÓPEZ, Auxiliares Judiciales del Juzgado

Tercero Civil de San José, la corrección disciplinaria de un mes de suspensión sin

goce de salario.

      La Defensora Pública de los acusados, el señor Vega Camacho y la señora

Morales López interponen recurso de apelación contra dicha resolución,

solicitando el primero previamente la participación de la Comisión de Relaciones

Laborales.
                                        47

      La Comisión de Relaciones Laborales, en sesión N° 72-2002 del 24 de

mayo del año en curso, recomendó no hacer observaciones a la sanción

impuesta.

      Conoce este Consejo Superior la apelación interpuesta y se hacen las

siguientes consideraciones:

      A criterio del Consejo, del estudio de los autos, sin entrar a considerar

aspectos de fondo que deben analizarse en su momento procesal, la resolución

recurrida debe ser anulada por violación al debido proceso. En efecto, la

resolución es ayuna de fundamentación, ya que debe existir correlación entre

acusación, prueba y sentencia, para ello es necesario la fundamentación de los

hechos discutidos y la prueba recibida en el proceso, una dimensión importante

del principio de congruencia es el de la circunstanciada motivación de la

sentencia; el juzgador debe señalar y justificar los medios de convicción en que se

sustentan y los que desecha, como lo han alegado los recurrentes. La prueba

debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional. La

fundamentación de la sentencia es garantía constitucional, no sólo para el

acusado sino para los demás que intervienen y el superior tiene la obligación de

asegurar una correcta aplicación del régimen disciplinario, requisito que incide en

el derecho de defensa. Solamente conociendo la argumentación del juzgador se

puede recurrir de ella y contra argumentar; en el deber de fundamentar estriba

precisamente la posibilidad   de hacer públicas las razones que se tuvo para

sancionar y así dar la oportunidad de ser cuestionada, sirviendo de este modo

como instrumento de control y por ello se debe decir el por qué una persona es

acreedora a la sanción.
                                         48

      Se dispuso: Anular la resolución recurrida y devolver las diligencias al

Tribunal de la Inspección Judicial, para que dicte la resolución nuevamente

conforme a derecho. Se declara acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                ARTÍCULO XXXIV

     En la sesión N° 46-02 del 27 de junio recién pasado, artículo LXXXIII, se

tomó el siguiente acuerdo:

              “Enterada que se dejó sin efecto el nombramiento como
        Jueza de Trámite del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de
        San José, de la Licda. Adriana Orocú, nombramiento en el cual yo
        ocupaba el segundo lugar en la terna, y que al no haber sido
        favorecida con dicho nombramiento, me motivó a participar en la
        terna como Juez Contravencional de Limón, en la que fui
        designada en propiedad; respetuosamente solicito que por la
        particularidad del caso, se me incluya y tome en cuenta en la
        nueva terna para el puesto supra citado aquí en San José, sin
        perjuicio del nombramiento en propiedad en Limón, que asumiría
        a partir del 1 de julio del año en curso, fecha en la cual estaría de
        acuerdo en aceptar la plaza en forma en (sic) interina en San José
        (Tribunal Penal I Circuito).
             Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan brindar
        a la presente, y esperando una pronta respuesta debido a la
        proximidad de la fecha, a partir de la cual tendría que trasladarme
        a Limón; para cualquier comunicación favor remitirla al fax 253-16-
        22 o a mi celular 3866850.”
                                      --- o ---
             Se dispuso: Trasladar la gestión anterior a conocimiento del
        Consejo de la Judicatura, por ser de su competencia. Se declara
        firme este acuerdo.”
                                         --- o ---

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en

oficio UI-2484-02 del 4 de julio en curso, expresa:
                                     49

    “A efecto de que se ponga en conocimiento del Consejo Superior
    me permito transcribir el Artículo XII de la Sesión CJ-19-02, del
    Consejo de la Judicatura:
    […]
    Al respecto informa la Unidad Interdisciplinaria:
    “
                                 INFORME

    PARA: Consejo de la Judicatura
    DE: Unidad Interdisciplinaria
   ASUNTO: Solicitud de participación en terna de la Licda. Carmen
    Rodríguez Montoya
    Fecha: 01 de Julio de 2002
    GESTION:
          La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la
    Corte, mediante oficio No. 7804-02 del 28 de junio del presente
    año, transcribe el artículo LXXXIII, de la sesión No. 46-02
    celebrada el 27 de junio , en el cual disponen trasladar solicitud de
    la Licda. Carmen Rodríguez Montoya, de integrar terna interina
    para el cargo de Juez 1 en el Tribunal Penal del I. Circuito Judicial
    de San José. Solicitud de fecha 26 de junio de 2002.
    ANTECEDENTES:
1. Esta Unidad mediante oficio No. 1995-02 del 30-05-02, a solicitud
   de la Secretaría de la Corte elaboró terna para llenar interinamente
   hasta el 28 de febrero de 2003, la plaza de Juez 1 en el Tribunal
   Penal del I. Circuito Judicial de San José, en sustitución de la
   Licda. Leyda Gutiérrez Espinoza.
2. Los aspirantes de la terna, previa consulta lo fue de la siguiente
   manera:
    1. Orocú Chavarría Adriana
    2. Rodríguez Montoya Carmen
    3. Boza Solano Giselle
   3. El Consejo Superior en sesión del 06 de junio del presente año,
      nombró a la Licda. Adriana Orocú Chavarría a partir del 01 de
      Julio de 2002.
   4. Posteriormente y también a solicitud de la Secretaría de la
      Corte, mediante oficio No. 2084-02 del 10-06-02, se remite,
      entre otras la terna para ocupar en propiedad la plaza vacante
      No.045154 del Juzgado Contravencional de Limón.
                                 50

5. El Consejo Superior en la sesión del 18 de junio del 2002,
   designa en ese puesto a partir del 01 de Julio de 2002, a la
   Licda. Carmen Rodríguez Montoya.
6. Nuevamente a solicitud de la Secretaría, se confecciona
   mediante oficio No. 2197-02 del 19 de junio, terna de Juez 1
   para el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de San
   Sebastián.
7. El Consejo Superior en la sesión del 25 de junio de 2002,
   nombra en propiedad en ese despacho a la Licda. Adriana
   Orocú Chavarría.
8. Dicho nombramiento provoca que la Licda. Orocú no ocupe el
   puesto de Juez 1 en el Tribunal Penal I. Circuito Judicial de San
   José, y que es la plaza pretendida por la Licda. Carmen
   Rodríguez Montoya.
9. La terna para esta plaza está pendiente de confeccionar, pues
   la Secretaría de la Corte, mediante oficio No. 7592-02 del 25 de
   junio y recibida acá el 01 de Julio de 2002, la está solicitando.
10. La Licda. Carmen Rodríguez Montoya, inicia su período de
    prueba de un año, pues es el primer ingreso, a partir del 01 de
    Julio de 2002.
 Esta Unidad informa lo anterior, para lo que a bien estime
 conveniente resolver, tan honorable Consejo de la Judicatura.”
 Luego de un intercambio de opiniones SE ACORDÓ denegar la
 gestión de la licenciada Rodríguez por cuanto desde el punto de
 vista legal, no es posible autorizar la participación en la terna de
 Juez 1 para el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
 José, por no ser competencia de este Consejo, al encontrarse
 dentro del periodo de prueba de un año y en concordancia con lo
 dispuesto por Corte Plena en la Sesión No.32-2000, Artículo XVI,
 que literalmente en la parte dispositiva indica:
 “Ratificar lo resuelto por el Consejo de la Judicatura en cuanto al
 período de prueba que deben cumplir los profesionales
 nombrados en propiedad – de un año para los de primer
 nombramiento en propiedad y de tres meses para los que ya son
 funcionarios judiciales - a fin de adquirir derechos de ascenso o de
 traslado, salvo motivos de conveniencia institucional que serán
 valorados por la Corte Plena o el Consejo Superior, según
 corresponda.”
                               --- o ---

Se dispuso: Tomar nota del anterior informe.
                                                 51

                                       ARTÍCULO XXXV

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en

oficio UI-2485-02 del 4 de julio en curso, expone:

        “A efecto de que se ponga en conocimiento del Consejo Superior
        me permito transcribir el Artículo XIII de la Sesión CJ-19-02, del
        Consejo de la Judicatura:
        “Se recibe oficio No.7623-02 de la Secretaría de la Corte en
        donde se remite copia de lo manifestado por los licenciados Karol
        Vindas Calderón; Jueza de Familia y Penal Juvenil de Cañas y
        Fernando Sáurez Jiménez, Juez de Familia en el Segundo
        Circuito Judicial de San José, quienes solicitan se les permita
        realizar una permuta de sus puestos.
        “GESTION:
              El señor Luis Guillermo Gutiérrez Rodríguez, Prosecretario
        General de la Corte, mediante oficio No. 7623-02 de fecha 25 de
        junio del año en curso, remite para su estudio e informe, solicitud
        de permuta de los licenciados Karol Vindas Calderón, Jueza de
        familia del Juzgado Civil y Trabajo de Cañas y Fernando Sáurez
        Jiménez, Juez de Familia del Juzgado de Familia del II. Circuito
        Judicial de San José. Solicitud de los interesados de fecha 22 de
        junio del presente año.
        SITUACIÓN DE LOS PETENTES:
    1. Licenciada Karol Vindas Calderón:

          Fecha de        Puesto       Situación      Registro Elegibles       Observaciones
         ingreso en                     actual
         propiedad
         01-05-2002    Juez 3 en el      En su       Se encuentra elegible     En período de
                      Juzgado Civil,   puesto en    para Juez 1 y Juez 3 en     prueba de un
                        Trabajo y      propiedad      materia de Familia y     año a partir del
                        Familia de                   Penal Juvenil con un      01 de mayo de
                         Cañas                      promedio de 83.2857%            2002
                                                     para ambos puestos.


   2. Licenciado Luis Fernando Sáurez Jiménez
          Fecha de        Puesto       Situación      Registro Elegibles       Observaciones
         ingreso en                     actual
         propiedad
          01-12-00     Juez 3 en el       En su    Se encuentra elegible        Ya cumplió el
                        Juzgado de      puesto en como Juez 3 en materia         período de
                         Familia II.    propiedad de familia y penal juvenil      prueba.
                      Circuito Judicial             con un promedio de
                       de San José                       84.8069%
                                        52

       Esta Unidad eleva el caso a tan Honorable Consejo para lo que a
       bien estime conveniente resolver, con base en el artículo 41 del
       Reglamento de Carrera Judicial que textualmente señala: “ Los
       traslados conforme a la Ley y las permutas de funcionarios dentro
       de la Carrera Judicial, sólo podrán acordarse respecto de quienes
       estén elegibles para los respectivos puestos, previo informe del
       Consejo de la Judicatura.”
       Luego de un intercambio de opiniones SE ACORDÓ indicar al
       Consejo Superior que este Consejo no tiene ninguna objeción de
       que se autoricen la permuta indicada, con la observación de la
       que la licenciada Karol Vindas Calderón, debe cumplir su periodo
       de prueba en su nuevo puesto. ACUERDO FIRME.”
                                     --- o ---

      De conformidad con lo que establece el artículo 39 del Estatuto de Servicio

Judicial, se acordó: Autorizar la permuta en los cargos que ocupan actualmente

la Licda. Karol Vindas Calderón y el Lic. Fernando Sáurez Jiménez, de modo que

ella será Jueza del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José

y don Fernando del Juzgado Civil y de Trabajo de Cañas, en propiedad a partir del

16 de julio del año en curso, con la observación de que ella deberá cumplir el

período de prueba en su nuevo puesto.

      El Departamento de Personal, el Despacho de la Presidencia y los citados

Juzgados tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXVI

      En sesión celebrada el 27 de marzo del 2001, artículo XXVIII, se conoció el

informe N° 032-PI-2001 de la Sección de Proyección Institucional del

Departamento de Planificación, relacionado con la estructura organizacional del

Departamento de Informática, y se dispuso realizar una reunión de miembros de

este Consejo con las jefaturas de la Dirección Ejecutiva, de los Departamentos de

Informática y de Planificación y de la Sección de Comunicaciones del
                                         53

Departamento de Personal, para analizar el citado informe.

      En sesión celebrada el 22 de mayo siguiente, artículo LXXXIX, se

conocieron los resultados obtenidos de la referida reunión, y se acordó –entre

otras cosas- solicitar a los Departamentos de Informática, Planificación y de

Servicios Generales, que propusieran en forma conjunta el proyecto de

reestructuración del que se dio cuenta. En caso de que se presentara divergencia

en algún aspecto, cada Departamento involucrado haría su propuesta, para que

fuera el Consejo Superior el que resolviera en definitiva lo correspondiente.

      En atención al acuerdo anterior, en la sesión N° 60-01 del 31 de julio del

2001, artículo XXV, se aprobó el informe N° 076-PI-2001 rendido al respecto por

la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con la

observación de que la plaza del jefe de la Sección de Telemática se recalificaría

como jefe de Departamento 1 y en relación con las demás jefaturas de Sección,

se trasladarían las diligencias al Departamento de Personal para que realizara el

estudio correspondiente, a fin de determinar si se ameritaba la recalificación de

jefe de Sección Administrativa 4 a jefe de Departamento 1, sin que ello afectara

derechos adquiridos, y en el caso de que procediera, las revaloraciones salarias

se harían efectivas a partir del momento que se contara con el contenido

presupuestario para esos efectos.

      La señora Nora Quirós Carvajal, Jefa interina de la Sección de Clasificación

y Valoración de Puestos, en oficio N° O.CV-277-2002 del 14 de junio último,

presentado el 1° de julio en curso, con el visto bueno del Jefe del Departamento

de Personal, con relación al acuerdo anteriormente mencionado, manifestó:

        “1. Esa resolución en la parte dispositiva dice:
                                54

“1. … la plaza Jefe de la Sección de Telemática se recalificará
como Jefe de Departamento 1…
… respecto a las demás jefaturas de sección, se traslada las
diligencias al Departamento de Personal … a fin de determinar si
amerita la recalificación de Jefe de Sección Administrativa 4 a
Jefe de Departamento 1…
El Departamento de Informática (estará)       conformado por las
Secciones ….
Apoyo a la Gestión Informática, Sistemas de Información,
Telemática, y Soporte Técnico ...”
2.   En el documento de cita, se consigna lo siguiente:
“g.5 Debe efectuarse un estudio de clasificación y valoración de
puestos, por parte del Departamento de Personal. Estudio en que
se establecerán claramente los diferentes perfiles profesionales y
técnicos que privarán en la nueva estructura del citado
Departamento.”
3. Con respecto al puesto de Ingeniero en Telecomunicaciones,
en informe CV-475-99 del Departamento de Personal se propuso
clasificarlo como “Profesional en Tecnología de la Información”,
bajo la presunción que estaría adscrito a la Dirección Ejecutiva.
Como se indica en el punto 1, en vista que el Consejo Superior lo
asignó como Jefe de Departamento 1, subordinado al
Departamento de Informática, conviene señalar que:
a) La clasificación de la jefatura de Telemática, como Jefe de
Departamento 1, produce una afectación técnica a la estructura de
salarios del Poder Judicial que requiere atención, pues la
percepción que se tuvo cuando se analizó la plaza de Ingeniero
en Telecomunicaciones, en 1999, fue otra, distinta a como se
plantea actualmente.
       En esa oportunidad y de acuerdo con las entrevistas
practicadas, ese puesto fue analizado desde la óptica de un rector
en materia de tecnología de la información, la cual constituye un
área para idear proyectos informáticos acordes con las
necesidades institucionales a futuro, en procura de nuevas y
mejores alternativas para el procesamiento de la información
judicial y con visión de futuro.
b) Las funciones, responsabilidades, estatus y otros que se
concibieron en un principio para el cargo en cuestión, eran
superiores a las que en la actualidad cumple el titular del cargo.
Actualmente pareciera que se le han asignado parte de las
funciones del Jefe de Comunicaciones y no las previstas para un
Profesional en Tecnología de la Información.
                                55

c) En ningún momento se concibió el cargo de Profesional en
Tecnología de la Información como adscrito al Departamento de
Informática, pues en ese caso posiblemente no se habría
recomendado que se clasificara como una jefatura de
departamento de nivel 1.
d) Aparte de lo indicado, en la estructura jerárquica del Poder
Judicial no encaja un Jefe de Departamento de rango inferior
dentro de un Departamento; lo lógico y vigente es que las
unidades administrativas, a nivel de direcciones, estén
conformadas por departamentos y estos a su vez por secciones.
Un Departamento conformado por departamentos o con jefes
clasificados como tal, es una percepción que rompe con todo
esquema funcional conocido a la fecha, ya sea en el Poder
Judicial u otras entidades estatales; esto a su vez genera
inconsistencias en el esquema lógico de cargos.
e)    Con la clasificación como Jefe de Departamento 1,
colateralmente se producen otros problemas de orden técnico,
tales como: la brecha salarial entre el Jefe de Departamento 2 y
el de su subalterno inmediato (Jefe Administrativo 4) se reduce
considerable y peligrosamente, pues pasa de ¢48.000 a ¢21.600;
ahora bien, siendo que la responsabilidad y complejidad del Jefe
de Departamento 2 es mayor, inevitablemente se deberá mejorar
su salario y éste a su vez lleva a un eventual efecto en cascada,
pues se debe revisar los salarios de los puestos que le siguen en
la escala, a fin de mantener la consistencia y equidad en la
estructura salarial.
       Ante ese panorama, es comprensible que no le resulte muy
motivador cumplir con las obligaciones propias de esa jefatura
informática, pues la diferencia en la remuneración no compensa la
responsabilidad asignada. Esta situación se tornaría más grave si
se tratare de un despacho con puestos de Subjefatura, pues un
subalterno con un cargo de Jefe de Departamento 1 tendría un
mayor salario base superior que el del Subjefe.
f) Otro asunto a resaltar es lo referente a las implicaciones que
tendría tal reasignación con los cargos de jefaturas de sección de
los diferentes Departamentos tales como Planificación,
Proveeduría, Auditoría, Financiero Contable, Personal e incluso
del mismo Departamento de Informática; de hecho los tres Jefes
Administrativos 4 de esa dependencia han planteado solicitud en
el sentido de ser reclasificados igual que el Jefe de Telemática, es
decir como Jefe de Departamento 1. Cabe aclarar que desde el
punto de vista técnico esta petición es improcedente, pues en
ninguno de los casos ha mediado un cambio sustancial y
permanente en sus responsabilidades.
                                       56

Es de esperar que las restantes 24 plazas de Jefe Administrativo
4 presenten igual gestión, con el riesgo de un eventual
desplazamiento de otros puestos en el escenario salarial del
Poder Judicial, tales como Jefes Administrativos 1,2 y 3, jefaturas
del laboratorio de Ciencias Forenses y Medicina Legal,
Profesionales en Informática 1, 2 y 3, Defensores Públicos,
Fiscales y Jueces entre otros.
g) Un elemento a valorar, para el nivel de jefaturas, es la
particularidad de tener a su cargo puestos de nivel profesional, sin
embargo es observable que el conjunto de plazas que conforman
Telemática es la única del Departamento de Informática que no
tiene personal profesional, pues los 8 colaboradores bajo su
dirección son de Técnico y Auxiliar de Comunicaciones, por lo cual
tiene una connotación de Sección de Comunicaciones que de
Departamento de Telemática.
       Por lo anterior, en aras de proteger los intereses de la
institución, de resguardar la equidad, proporcionalidad,
generalidad y coherencia de la estructura de puestos, así como
del presupuesto del Poder Judicial y de acuerdo con el sistema
técnico lo conveniente es clasificar y valorar la plaza de jefe de
telemática como Jefe Administrativo 4, en concordancia con la
estructura y jerarquía de la oficina, grado de responsabilidad y
demás exigencias del cargo. En consecuencia desestimar la
pretensión de equiparación de los demás cargos de jefatura del
Departamento de Informática, con lo cual se mantiene una
relación salarial justa, equitativa y consistente, además evita un
desborde de peticiones de diferentes niveles y ámbitos.
       ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

                 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

                              (Unidad Central)

                    1 Jefe Departamento Administrativo 2
                   14 Analista Programador 2
                    2 Analista Programador 1
                    1 Asistente en Administración 2
                    1 Secretario 3
                    1 Oficinista 2
                    1 Conserje 2
                   21 plazas

     Sección           Sección              Sección de        Sección de
Apoyo a Gestión      Sistemas de            Telemática      Soporte Técnico
   Informática       Información
1 Jefe Sec.      1 Jefe Sec. Adm. 4.    1 Jefe Dpto.Adm.1 1 Jefe Sec. Adm.4
Adm.4            2 Anal. Program. 3     (Prof.Tecnol.Infm) 6 Anal. Program.2
1 Anal. Program. 6 Anal. Program. 2     5 Téc. Telecom.    11 Aux. Serv.Inf.
                                              57

       2                 4 Anal. Program. 1    3 Aux. Comunic.   2 Operad. Comp.
       1 Programador 2   1 Programador 1
       3 plazas          14 plazas             9 plazas          20 plazas


        Fuente: Ley de Presupuesto y reestructuración aprobada por
        Consejo Superior.”
                                         --- o ---

      Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y acoger la

recomendación en él contenida. En consecuencia, se clasifica y valora la plaza de

Jefe de Telemática como Jefe Administrativo 4, lo cual se hará efectivo a partir del

momento en que se llene en propiedad esa plaza, a cuyos efectos el

Departamento de Personal la sacará a concurso.

                                  ARTÍCULO XXXVII

      En la sesión N° 27-02 del 23 de abril último, artículo XXXVI, con relación a

la solicitud hecha por el Lic. Álvaro A. Córdoba Herrera, Fiscal Coordinador de

Santa Cruz, para que se dejara sin efecto la resolución del Consejo de Personal

que denegó la impugnación de la terna para el cargo de oficial de localización, y

se ordenara la confección de una nueva terna para incluir al oferente Manuel

Brenes Díaz, este Consejo, por mayoría, dispuso no emitir pronunciamiento sobre

el particular, por ser competencia de aquel Consejo. El Lic. Campos votó por

acoger la recomendación de la Sección de Reclutamiento y Selección, en el

sentido de acoger la impugnación y recalificar el promedio del señor Brenes, para

que este pudiera integrar la terna, y además, porque el Consejo Superior, como

órgano de segunda instancia, tiene la facultad de revisar los acuerdos del Consejo

de Personal.
                                         58

      En relación con el tema, el señor Mario Calvo Rosales, Auxiliar de Servicios

Generales 3 interino en Liberia, en nota presentada el 28 de junio último, solicita

se le incluya en la terna para el cargo de oficial de localización en Santa Cruz, la

que, según su dicho, se está confeccionando y solo va incluido un oferente.

      Al respecto se solicitó informe al Departamento de Personal, y el Lic. Javier

Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección, con el visto

bueno de su superior, Lic. Francisco Arroyo Meléndez, en oficio N° RS-636-2002

del 4 de julio en curso, señala que la elegibilidad del señor Calvo Rosales para el

cargo de oficial de localización se registró para el Circuito Judicial de Liberia a

petición expresa, y que la petición de incluirlo en terna para la vacante que existe

en Santa Cruz se presentó posterior a la remisión del documento de fecha 21 de

enero del 2002.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo del

conocimiento del señor Calvo Rosales.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                 ARTÍCULO XXXVIII

      En nota del 4 de julio en curso, el Magistrado Álvaro Fernández Silva

presenta la siguiente gestión:

              “En esta misma fecha he comunicado mi decisión, con
        carácter irrevocable, de acogerme al beneficio de la jubilación, a la
        cual tengo derecho, en forma proporcional, a partir del 31 del mes
        de agosto próximo entrante.
             En consecuencia le solicito, por su medio, al Consejo
        Superior, tramitar lo que corresponda sobre mis derechos,
        tomando nota de que, el último día laboral, será ese día 31 de
        agosto.”
                                      --- o ---
                                       59

      En oficio N° 1462-DL-2002 del 5 de este mes, los Licdos. Manuel Sequeira

Sequeira y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes, por su orden, de la Sección de

Derechos Laborales y del Departamento de Personal, expresan:

       “En atención a su solicitud de información sobre la jubilación del
       Magistrado Álvaro Fernández Silva, nos permitimos informarle lo
       siguiente:
          El Magistrado Alvaro Fernández Silva acumula al 31 de agosto
           del 2002 un tiempo de servicio total de 26 años, 4 meses y 21
           días.
          El señor Fernández Silva cumple ya con la edad establecida
           por la Ley Orgánica de este Poder, para optar por una
           jubilación.
            De lo anterior se concluye que tiene el derecho a jubilarse
       proporcionalmente en el momento en que lo estime conveniente.”
                                     --- o ---

      Se acordó: Aprobar la jubilación del Magistrado Fernández Silva, a partir

del 31 de agosto de este año.

      El Departamento de Personal rendirá el informe y cálculos respectivos.

                                ARTÍCULO XXXIX

      En sesión N° 38-2001 del 17 de mayo del 2001, artículo XLII, se tomó el

siguiente acuerdo:

             “En sesión celebrada el 25 de enero del año en curso,
       artículo XI, se dispuso remitir a la señora Ana Cecilia Araya Rojas,
       servidora del Juzgado Penal de Alajuela, a valoración por parte
       del Departamento de Medicina Legal, para que determinara su
       estado actual de salud.
            En atención al acuerdo anterior, la Dra. Leslie Solano
       Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, en oficio N°
       2001-632, de 9 de mayo en curso, remite el informe sobre la
       valoración practicada a la señora Araya Rojas, en que concluye
       que desde el punto de vista médico legal, no se encuentra
       incapacitada en forma absoluta y permanente para sus labores
       habituales.
            Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo
                                         60

        del conocimiento de la señora Araya Rojas.”
                                              -0-

      El Consejo Médico Legal, Sección A, integrado por los Dres. Carlos Luis

Abarca Barrantes, Miguel Ángel Arguedas Piedra y Sisy María Castillo Ramírez,

procedieron a revisar el dictamen legal a que se refiere el acuerdo transcrito y al

efecto remiten el N° DML 614-2002 del 28 de junio recién pasado, cuya

conclusión es que desde el punto de vista médico legal, doña Ana Cecilia SÍ está

incapacitada absoluta y permanentemente para sus labores habituales dentro del

Poder Judicial.

      Previa deliberación, se acordó: A tenor de lo que establece el artículo 228

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, separar del cargo de Auxiliar Judicial 2 del

Juzgado Penal de Alajuela, por incapacidad absoluta y permanente para ejecutar

sus labores, a partir del 10 de julio en curso; con derecho a jubilación vitalicia y

demás derechos laborales que le correspondan. A doña Ana Cecilia se le dan las

gracias por los servicios prestados al Poder Judicial.

      El Departamento de Personal elaborará los cálculos respectivos y rendirá el

informe correspondiente. Acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                  ARTÍCULO XL

      Con oficio N° 947-PLA-2002 del 2 de julio en curso, la Licda. Marta Asch

Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe definitivo N°

004-AJ-2202-B preparado por la Sección de Análisis Jurídico de ese

Departamento, que es el proyecto del reglamento para reconocimiento de tiempo

servido en el Poder Judicial y en otras instituciones del Estado para efectos de la
                                         61

jubilación y anualidades. Señala la Licda. Asch, que dicho informe se hizo del

conocimiento de las jefaturas de los Departamentos de Personal y Financiero

Contable, así como de la Auditoría Judicial, algunas de cuyas observaciones

fueron tomadas en cuenta.

      Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y elevarlo a

conocimiento y eventual aprobación de la Corte Plena, por ser de su competencia,

haciéndole las siguientes observaciones: a) En el artículo 2, inciso 3°, agregar

“…la suspensión sin goce de salario igual o superior a un mes…”, b) En el artículo

3, párrafo 1°, indicar que la solicitud de reconocimiento de tiempo servido, puede

realizarse en cualquier momento. c) En el artículo 5, agregar “…jubilaciones de

regímenes públicos diferentes…” y “…otro régimen complementario de pensión

privado.”. d) Eliminar el inciso 4° del artículo 10. e) En el artículo 11, eliminar el

último párrafo. f)   En el artículo 13, señalar que será el Departamento de

Planificación el que deberá emitir el Manual de Procedimientos a este reglamento.

                                  ARTÍCULO XLI

      En la sesión celebrada el 12 de marzo de este año, artículo LXXXVII, se

solicitó al Departamento de Planificación realizar un estudio para determinar la

posibilidad de trasladar 1 o 2 plazas de auxiliar judicial del Juzgado Civil de Menor

Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José al Juzgado Civil de Mayor

Cuantía de ese mismo Circuito.

      En la sesión N° 20-02 del 21 de marzo citado, se dispuso tener por recibido

el informe N° 028-CE-2002 del indicado Departamento, así como el estudio

preparado por profesionales de la Unidad Administrativa de aquel Circuito, y
                                         62

autorizar el traslado temporal de una plaza de auxiliar judicial del Juzgado Civil de

Menor Cuantía al Juzgado Civil de Mayor Cuantía mencionados, por tres meses, a

partir del 1° de abril siguiente, en tanto el Departamento de Planificación realizaba

el estudio solicitado en la sesión del 12 de marzo y analizaba el informe elaborado

por los funcionarios de la Unidad Administrativa del Segundo Circuito Judicial de

San José.

      En atención a esos acuerdos, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, con oficio N° 964-PLA-2002 del 2 de julio en

curso, remite el informe definitivo N° 054-CE-2002, suscrito por el Lic. Franklin

González Morales, Jefe de la Sección de Control y Evaluación, cuyas

conclusiones son las siguientes:

        “RECOMENDACIONES
        Del análisis efectuado en el Juzgado Civil de Menor y Mayor
        Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, esta Sección
        se permite recomendar al Consejo Superior lo siguiente:
    1. En virtud de la baja carga de trabajo que actualmente atiende el
       Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de
       San José, se recomienda mantener redistribuidas temporalmente
       las dos plazas de Auxiliar Judicial de esa Oficina en el Juzgado
       Civil de Mayor Cuantía, hasta tanto se disminuya el atraso en el
       “proveído”. Para lo cual, el Administrador de esa Oficina, deberá
       evaluar periódicamente el rendimiento obtenido en el trámite de
       los expedientes asignados al personal de apoyo y analizar el
       informe del Juez Coordinador, sobre esa labor. De lo anterior, se
       deberá enviar copia a este Departamento al concluir el tercer y
       cuarto trimestres del año en curso.
        Con base en los informes referidos, a futuro se determinará si
        éstos deben mantenerse en ese despacho o si por el contrario se
        pueden utilizar en otros juzgados.
    2. Se recomienda adoptar en el Juzgado de Menor Cuantía, las
       sugerencias puntuales por áreas específicas señaladas en el
                                             63

         estudio administrativo, elaborado por los licenciados Ana Catalina
         Fernández Badilla y Víctor Gutiérrez Montero.1
     3. Se considera conveniente trasladar a partir de julio próximo y por
        lo que resta del año, uno de los jueces del Juzgado Civil de Menor
        Cuantía al Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios de
        ese Circuito Judicial. Lo anterior, permitirá utilizar los recursos
        previstos durante el II semestre, para financiar una de las dos
        plazas extraordinarias de Juez 1 con que cuenta ese despacho,
        para atender otras necesidades.2
         Pretendiéndose con ello, mejorar los niveles de rendimiento del
         personal, maximizar el uso de los recursos disponibles, y generar
         una organización orientada a la calidad y al servicio al usuario.
         Sobre el particular, esta Sección es consciente de los
         inconveniente personales que este tipo de recomendación puede
         ocasionar al funcionario desplazado, puesto que todos los jueces
         del despacho se encuentran en propiedad; sin embargo, nos
         debemos al servicio público, de ahí que siempre prevalezca el
         interés institucional sobre el particular.
     4. Otro lugar donde podría prestarse temporalmente la plaza de
        Juez 1 del Juzgado Civil de Menor Cuantía es el Juzgado de
        Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José; en
        virtud del atraso generado no precisamente por exceso de carga
        de trabajo, sin embargo, se considera más prudente que la ayuda
        a ese despacho sea a través del “Programa de Retraso Judicial de
        la Presidencia de la Corte”.
     5. Se recomienda una próxima evaluación de la carga de trabajo de
        los jueces decisores del Juzgado Civil de Menor Cuantía concluido
        el cuarto trimestre del 2002, con el objeto de determinar la
        conveniencia de mantener separada esa plaza de su oficina de
        origen.”
                                             -0-

       Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe anterior y acoger las

recomendaciones en él contenidas, con excepción de la N° 3. 2) En atención a la

recomendación N° 4, trasladar temporalmente a partir del 1° de agosto próximo,

una plaza de Juez 1 del Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito


1
 Se refiere a las recomendaciones del Informe Administrativo numeradas: 7.1 y de la 7.2.1 a la
7.2.7.
                                        64

Judicial de San José (la de más reciente nombramiento) al Juzgado de Pensiones

Alimentarias de ese Circuito.

ESCUELA JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XLII

      El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N°

DIR-223-2002 recibido el 1° de julio del presente año, expresó:

             “El viernes 6 de setiembre del presente año dará inicio la IV
        Promoción del Programa de Formación a Distancia para Auxiliares
        Judiciales, aprobado en el Plan de trabajo de la Escuela Judicial
        por el Consejo Superior en su sesión número 08-02, del 6 de
        febrero del año en curso, Artículo III.
              Por lo anterior, le solicitamos respetuosamente al Consejo
        Superior le conceda permiso con goce de salario a los
        funcionarios que a continuación se detallan y en las fechas que se
        indican, a efecto de que participen como tutores del curso sobre
        “Factor Humano y la Ética en el Servicio Judicial".
        Las fechas en que se realizarán las respectivas tutorías y
        exámenes son:
                TUTORÍAS                               FECHAS
                I- TUTORÍA                         6 de setiembre
               II- TUTORÍA                        20 de setiembre
               III-TUTORÍA                           4 de octubre
               IV-TUTORÍA                           18 de octubre
                V-TUTORIA                          1 de noviembre
             EXAMEN FINAL                         15 de noviembre
         EXAMEN EXTRAORDINARIO                    29 de noviembre

             Los tutores serán los siguientes:
            "FACTOR HUMANO Y LA ÉTICA EN EL SERVICIO JUDICAL"
                      CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
                FUNCIONARIO              DESPACHO      AUDIENCIA

        VICENTE MARTÍNEZ OPORTO           ESCUELA JUDICIAL        PRIMERA
        ALEJANDRO QUESADA                      FINANC.            PRIMERA
        MONESTEL                              CONTABLE
        FABIO MUÑOZ JIMÉNEZ                 INFORMÁTICA           PRIMERA
                                       65

                 SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
        GUSTAVO ZELEDÓN          RELAC. PÚBLICAS     PRIMERA
        CANTILLO

                    CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA
        ALBERTO SERRANO       FINANC. CONTABLE                PRIMERA
        URBINA

                    CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO
        PILAR OBANDO MASIS         UNIDAD ADM.                PRIMERA

                   CIRCUITO JUDICIAL DE PÉREZ ZELEDÓN
        LUIS FDO. VARGAS M.         UNIDAD ADM.       PRIMERA


                         CIRCUITO JUDICIAL DE LIBERIA
        ELMER HERNÁNDEZ                  UNIDAD ADM.          PRIMERA
        CASTILLO

                     CIRCUITO JUDICIAL DE HEREDIA
        MARTIN SALAZAR LOAIZA      UNIDAD ADM.                PRIMERA

                       CIRCUITO JUDICIAL DE LIMÓN
        JOSÉ R. DIMAS PORTILLO      UNIDAD ADM.               PRIMERA

                   CIRCUITO JUDICIAL DE SAN CARLOS
        ALEXANDER MATARRITA       UNIDAD ADM.                 PRIMERA
        C.

               Así mismo, se solicita que se les otorgue permiso con goce
       de salario y pago de viáticos en los casos estrictamente
       necesarios a los indicados funcionarios, a efecto de que puedan
       asistir durante los días 29 y 30 de agosto a una capacitación
       especial para tutores.”
                                     --- o ---

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y conceder a los citados

funcionarios permiso con goce de salario y ayuda económica en los casos

estrictamente necesarios, para que durante las fechas anteriormente indicadas

participen como tutores en el curso de que se dio cuenta.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

lo de sus cargos.
                                               66

                                     ARTÍCULO XLIII

      La Licda. Alejandra Monge Arias, Directora interina de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-INF-72-2002 de 4 de julio en curso, expresó:

       “Con el propósito de que sea aprobado por el Consejo Superior
       los cursos de Ambiente Gráfico de Windows 98 y el Procesador
       de Texto Word 97 para Windows básico con la modalidad a
       Distancia, a realizarse en:
         Lugar                   Fecha                   Día            Hora
        Guápiles 9 de setiembre al 18 de noviembre Lunes           1:30 a 4:30 p.m.
                 de 2002
        San José 11 de setiembre al 20 de Miércoles               8:00 a 11:00 a.m.
                 noviembre de 2002
        Nicoya   13 de setiembre al 22 de Viernes                  1:00 a 4:00 p.m.
                 noviembre de 2002


       Por el cual le remito las listas de participantes asignados por
       grupo y lugar para su debida aprobación:
                        Nombre                              Despacho
        1.    Barrantes Cambronero Roxana            Juzgado de familia Pococí
        2.    Bermúdez Huette Guiselle                Juzgado Civil M.c. Pococí
        3.    Bolaños Quirós Ana Lilliam             Juzgado de familia Pococí
        4.    Bolaños Rojas Javier Alberto             Delegación OIJ Pococí
        5.    Campos Villegas Jorge Eduardo            Delegación OIJ Pococí
        6.    Cordero Céspedes Manuel Angel          Juzgado Civil Trab Pococí
        7.    Córdoba Cruz Víctor Hugo                 Delegación OIJ Pococí
        8.    Chaves Rodríguez Bernardita             Juzgado contrav. Pococí
        9.    Escalante Méndez Oscar                 Juzgado de familia Pococí
        10.   Machado Barquero Miguel                  Delegación OIJ Pococí
        11.   Molina Sánchez Virgita                   Juzgado agrario Pococí
        12.   Muñoz Vargas Loyree Jeannette          Juzgado penal Poc. Guac.
        13.   On centeno Luisa Ivette                  Delegación OIJ Pococí
        14.   Rodríguez Hernández Jazmin             Juzgado penal Poc. Guac.
        15.   Valenciano Corrales Juan Felix         Juzgado de familia Pococí
        16.   Valenciano Solano Wesley                 Juzgado agrario Pococí
        17.   Vargas Chacón Marjorie                   Delegación OIJ Pococí
        18.   Vargas Jimenéz karla                   Juzgado de familia Pococí


                        Nombre                              Despacho
        1.    Calderón Bogantes Carlos                    Defensa Pública
        2.    Rojas Monge German                    Departamento de Seguridad
        3.    Araya Méndez Xinia                Departamento de Servicios Generales
        4.    Picado Lagos Marta                        Inspección Judicial
        5.    Benavides Santos Diego                   Juzgado II de Familia
        6.    Vega Acosta Jonathan                Sección de Información Registral
        7.    Fernández Delgado José Celso                Tribunal II Civil
        8.    Jiménez Granados Ana Patricia        Unidad de Salud Ocupacional
                                               67

        9.    Picado Brenes Sandra                              Trabajo Social
        10.   Murillo Madrigal Juan Carlos                Sección de Fraudes, OIJ
        11.   Rojas Rojas María de los Angeles             Sección de Robos, OIJ
        12.   Bravo Gutiérrez José Antonio               Sección de homicidios, OIJ
        13.   Ocampo Guido Eugenio                      Recepción de denuncias, OIJ
        14.   Blanco Leandro Osvaldo                 Sección de Cárceles y Transportes
        15.   Gutiérrez Barquero Carlos Luis                 Dirección Ejecutiva
        16.   Paniagua Mejías Virna                   Ministerio Público (Defensa Civil)
        17.   Meléndez Latiff Hellen                 Juzgado III Civil de Menor Cuantía
        18.   Araya Rodríguez Evelyn                 Juzgado II Civil de Menor Cuantía
        19.   Rodríguez     Barahona       María      Juzgado I Civil de Menor Cuantía
              Angeles
        20.   Calderón Fonseca Roberto               Juzgado V Civil de Menor Cuantía
        21.   Bello Varela Yorleny                   Juzgado II Civil de Mayor Cuantía
        22.   Abraham Soto Rodolfo Antonio           Juzgado IV Civil de Mayor Cuantía
        23.   Suárez Valverde Farith                  Juzgado I Civil de Mayor Cuantía
        24.   Ferrán Avendaño Lisber Johan           Juzgado VI Civil de Mayor Cuantía


                         Nombre                                  Despacho
        1.    Alfaro Vargas Rubén Gdo.                    Tribunal de juicio Nicoya
        2.    Alvarado Vargas Marianey                     Juzgado contrav Nicoya
        3.    Alvarez López Jairo                      Unidad administrativa Nicoya
        4.    Angulo Marchena Jacinto                  Unidad administrativa Nicoya
        5.    Cabalceta Matarrita Franklin             Juzgado contrav. Santa Cruz
        6.    Carrillo Cortés Cynthia                  Unidad administrativa Nicoya
        7.    Castillo Contreras Minor                Tribunal de juicio de Santa Cruz
        8.    Delgado Víquez Rafael A.                     Defensa pública Nicoya
        9.    Dumani Stradmann Cynthia                 Tribunal de juicio Santa Cruz
        10.   Jiménez Baltodano José                      Juzgado civil Santa Cruz
        11.   Jiménez Fajardo Róger                    Unidad administrativa Nicoya
        12.   Jiménez Sequeira Mauricio                   Juzgado Civil Santa Cruz
        13.   Juárez Barrantes Sveplana                      Equipo psicosocial
        14.   Leal García Argery Patricia              Unidad administrativa Nicoya
        15.   Medina Bonilla Mario                           Fiscalía Santa Cruz
        16.   Portuguez Pizarro Yendry                     Defebsa pública Nicoya
        17.   Rodríguez Guevara Sonia                        Equipo psicosocial
        18.   Rodriguez Gutiérrez Carlos               Juzgado contrav. Santa Cruz


        Para todos(as) los(as) participantes se solicita permiso con goce de
        salario y pago de transporte en los casos en que se requiera.”
                                               -0-

      Se dispuso: Acoger la gestión de mérito y conceder a los participantes de

la lista transcrita permiso con goce de salario y el pago de transporte, para que

durante las fechas y horas indicadas asistan al referido curso.
                                         68

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomará nota para lo

que a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XLIV

      En oficio N° EJ-DIR-234-02 recibido el 5 de julio del presente año, la MBA

Alejandra Monge Arias, Directora interina de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-

DIR-234-02 de 1° de julio en curso, manifestó:

       “De conformidad con el oficio 491-UCS-MP-202 de la Unidad de
       Capacitación del Ministerio Público les solicito respetuosamente lo
       siguiente:
          Autorización para que el curso denominado: “ILÍCITOS
           COMETIDOS POR MEDIOS INFORMÁTICOS” aprobado por
           ustedes en la sesión del 30 de abril, acta # 29, artículo 42 del
           presente año, se realice el 5, 6 y no el 4 y 5 de julio como
           estaba previsto como estaba previsto. El cambio es debido a
           que el Dr. Carlos Chinchilla Sandí, instructor de este curso,
           fue nombrado en el Tribunal de Casación Penal durante esas
           fechas. Las listas de participantes es son las siguientes:


       ASISTENCIA: 5 y 6 de setiembre 2002


                  NOMBRE                                OFICINA
        1. Karen Alvarado García         Fiscalía de Corredores
        2. Daisy Quirós Barrantes        Fiscalía de Alajuela
        3. Víctor Charpentier Ugarte     Fiscalía de Heredia
        3. Floribeth Rodríguez P.        Fiscalía de Grecia
        4. Ma. Ang. Alfaro Rodríguez     Fiscalía de Atenas
        5. Desireth Sandí Murcia         Fiscalía de Hatillo
        6. Hugo Vargas Quirós            Fiscalía de II Circuito Judicial S. J.
        7. Daniel Sánchez Delgado        Fiscalía de Trámite Rápido
        8. Xinia E. Torres Alvarado      Fiscalía de Pavas
        9. Sebastián Mesén Arias         Fiscalía de Liberia
        10. Arlena Abarca                Fiscalía de Limón
        11. Hernán Martínez Acevedo      Fiscalía de Fraudes
        12. Maureen Sancho González      Fiscalía de Fraudes
        13. Adrián Molina Elizondo       Fiscalía de Fraudes
        14.     Adriana      Escalante   Fiscalía de Fraudes
                                    69


    Moncada
    15. Gabriela León Mora          Fiscalía de Fraudes
    16. Carlos Acuña Varela         Fiscalía de Fraudes
    17. Edgar Rodríguez Murillo     Fiscalía de Fraudes
    18. Gabriela Solano Soto        Fiscalía de Fraudes
    19. Daniel Sánchez Delgado      Fiscalía de Trámite Rápido
    20. Ma. Emilia Navas Aparicio   Fiscalía de San Joaquín de Flores
    21. Vanessa Doti Dondi          Fiscalía de San Ramón
    22. Shirley Moraga Torres       Fiscalía II Circuito Judicial San José
    23. Karen Aguilar Molinari      Fiscalía de Pérez Zeledón
    24. Edgar Ramírez Villalobos    Fiscalía de Pérez Zeledón
    25. Miguel Fernández Calvo      Fiscalía de Pérez Zeledón
    26. Jorge Paisano Saborío       Fiscalía de Pococí
    26. Fabricio Wong Alvarez       Fiscalía de Puntarenas
    27. Anayanci Umaña              Defensa Civil de la Víctima en
                                    Puntarenas
    28. José Alberto Rojas          Defensa Civil de la Víctima
                                    En Goicoechea
    29. Mario Marín Sanabria        Fiscalía de Turrialba
    30. Luis Rodríguez Cruz         Fiscalía de Delitos Varios
    31. Willy Escalante Quirós      Fiscalía de Delitos Varios

    Autorización para que el curso denominado: “DERECHO A UN
     PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS” aprobado por
     ustedes en la sesión del 30 de abril, acta # 29, artículo 42 del
     presente año, se realice el 23 y 24 de julio. La replica de ese
     curso se realizará el 22 y 23 de agosto. La listas de participantes
     son las siguientes:
    ASISTENCIA: 23 y 24 de julio de 2002
                NOMBRE                              OFICINA
    7. Rafael Angel Pérez García      Fiscalía de Liberia
    2. Vanessa Doti Dondi             Fiscalía de San Ramón
    3. Lilliana Zamora Velásquez      Fiscalía de Liberia
    4. Lourdes López Cascante         Fiscalía Penal Juvenil
    5. Carolina Campos Camacho        Fiscalía II Circuito Judicial S. J.
    6. Ana Isabel Chaves López        Fiscalía II Circuito Judicial S. J.
    7. Adriana Escalante Moncada      Fiscalía de Fraudes
    8. Rosa Acong Ng                  Fiscalía de Fraudes
    9. Gabriela Solano Soto           Fiscalía de Fraudes
    10. Gabriela León Mora            Fiscalía de Fraudes
    11. Armando Fuentes Quesada       Fiscalía de Puntarenas
                                 70


12. Yadira Godínez                 Fiscalía de Heredia
13. Carlos Sáenz Quesada           Fiscalía de San Isidro
14. José Sanders Quesada           Fiscalía de San Isidro
15. Miguel Brais Quirós            Fiscalía de San Isidro
16. María de los A. Valerio        Fiscalía de Capacitación
Segura
17. Greysa Barrientos Núñez        Fiscalía de Delitos Económicos
18. José Pablo Casasola Murillo    Fiscalía de Delitos Económicos
19. Amelia Robinson Molina         Fiscalía de Delitos Económicos
20. Raymond Porter Aguilar         Fiscalía de Delitos Económicos
21. Carlos Meléndez Sequeira       Fiscalía de Delitos Económicos
22. Wagner Molina Ruiz             Fiscalía de Delitos Económicos
23. Randolph Ortiz Alvarez         Fiscalía de Trámite Rápido
24. Martha Brenes Montenegro       Fiscalía de Trámite Rápido
25. Karen Alvarez García           Fiscalía de San Isidro
26. Kathy Abarca Serrano           Fiscalía de Capacitación
27. Luis Alonso Bonilla G.         Fiscalía de Narcotráfico
28. Róger Mata Brenes              Fiscalía de Narcotráfico
29. Mario Marín Sanabria           Olga Velásquez Ugalde
30. Silvia Hernández Soto          Fiscalía de Delitos Varios
31. Simón Angulo Arredondo         Fiscalía de Delitos Varios

ASISTENCIA: 22 y 23 de agosto de 2002

           NOMBRE                               OFICINA
8. Luis Diego Muñoz Ramírez       Fiscalía de San Isidro
2. Karen Aguilar Molinari         Fiscalía de San Isidro
3. Edgar Ramírez Villalobos       Fiscalía de San Isidro
8. María T.Baldizón Navascues     Fiscalía de Grecia
9. Gustavo Montero Benito         Fiscalía de Pococí
10. Erna González Zamora          Fiscalía de Pococí
11. Warren Alkiézar Alfaro        Fiscalía de Cartago
8. Jenny Almendariz Solís         Fiscalía de Cartago
9. Víctor J. Vargas Villalobos    Fiscalía de Robo de Vehículos
10. Yadira Segura Godínez         Fiscalía de Heredia
11. José L. Rodríguez Vargas      Fiscalía de Santa Cruz
12. Max Chinchilla F.             Fiscalía de Defensa Civil de la
                                  Víctima
13. Edwin Retana Carrera          Inspección Fiscal
14. Róger Solís Corea             Fiscalía Delitos contra la Vida
15. Alexandra Morales Quesada     Fiscalía Delitos contra la Vida
                                         71


         16. Yineth Portuguez Herrera    Fiscalía de Desamparados
         17. Vanessa Doti Dondi          Fiscalía de San Ramón
         18. Karen Rojas Paniagua        Fiscalía de Hatillo
         19. Gloria Rojas Guzmán         Fiscalía de Pavas
         20. Luis Rodríguez Cruz         Fiscalía de Delitos Varios
         21. Willy Escalante Quirós      Fiscalía de Delitos Varios
         22. Franklin Vargas Barquero    Fiscalía de Delitos Económicos
         23. Silvia Carmona Rivas        Fiscalía de Delitos Económicos
         24. Carlos Morales Chinchilla   Fiscalía de Delitos Económicos
         25. Juan Carlos Carrillo Mora   Fiscalía de Delitos Económicos
         26. Yamileth Achón Chin         Fiscalía de Capacitación
         27. Andrea Murillo Briones      Fiscalía de Turrialba
         28. Indiana Moncada             Fiscalía Defensa Civil de la Víctima
         29. Alvaro Montoya Martínez     Fiscalía de Narcotráfico
         30. José P. Alvarado Cascante   Fiscalía de Puntarenas.”



      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a los citados

funcionarios permiso con goce de salario, para que durante los días anteriormente

indicados participen en los referidos cursos, siempre y cuando no se afecte el

buen servicio público, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de sus

funciones en caso necesario y sin que se suspendan los señalamientos

programados para esa fecha.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XLV

      En sesión celebrada el 24 de abril último, artículo LVI, se dispuso tener por

rendido el estudio de ambiente laboral realizado por la Unidad de Atención

Psicosocial en la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial, y

hacerlo del conocimiento de la Dirección General de ese Organismo, a fin de que

informara qué medidas se han tomado para resolver la situación presentada en
                                        72

esa Sección o propusiera las que hubiere que tomar en procura de solventar la

situación presentada.

      En la sesión N° 46-02 del 27 de junio último, artículo LVIII, se conoce de la

respuesta dada por el Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del referido

Organismo, en relación con el acuerdo anterior, y al efecto se dispuso, por

mayoría, solicitarle a esa Dirección General el traslado inmediato del señor Hugo

Mesén Villalta, Jefe de la Sección Penal Juvenil, a un puesto de igual categoría

dentro del Organismo, en consideración a que, según el dicho de los servidores

de esa Oficina, la situación no mejora y tiende a agravarse, y en atención a lo

recomendado en el informe de la Unidad de Atención Psicosocial.

      El Lic. Gerardo Láscarez Jiménez, Subdirector General del Organismo de

Investigación Judicial, con oficio N° 0777-DG-02 del 2 de julio en curso, y el

refrendo del Director General de ese Organismo, remite copia de la nota N° DICR-

0431-2002 suscrita por el Lic. Carlos Morera Flores, Subjefe del Departamento de

Investigaciones Criminales, en que se solicita el traslado de la señora Elizabeth

Leiva Vásquez, Investigadora 2 de la Sección Penal Juvenil a la Sección de

Delitos contra la Propiedad, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica

del Organismo y tomando en cuenta las citadas recomendaciones de la Unidad de

Atención Psicosocial, a partir del estudio que al efecto solicitó este Consejo en

noviembre del 2001.

      Por su parte, la señora Leiva Vásquez, en memorial titulado “Recurso de

revocatoria y apelación subsidiaria” presentado el 2 de julio dicho, le solicita al

señor Presidente su intervención en este asunto pues no es su deseo el traslado

gestionado por sus superiores. Al efecto señala que la jefatura del Departamento
                                       73

de Investigaciones Criminales quiere hacer creer a los superiores que fue por su

razón el problema que determinó el estudio de ambiente laboral en la Sección

donde labora, en el que se determinó que el disociador del problema grupal lo es

el jefe de la Sección y no ella. Entre otras cosas, agrega que el compañero que

presentó la queja ante el Consejo Superior hubo de recibir atención médica y fue

incapacitado, con lo que se demuestra que la persona disociadora mantiene,

conjuntamente con los superiores, un ambiente de trabajo cada día más tenso y

preocupante, y que a la fecha más bien la Dirección General acuerpa al

disociador.

      Se dispuso: Denegar el traslado de la señora Leiva Vásquez que gestiona

la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, pues este Consejo

Superior ya resolvió que quien debía ser trasladado, en atención a las

recomendaciones dadas por la Unidad de Atención Psicosocial, lo era el señor

Hugo Mesén Villalta, Jefe de la Sección Penal Juvenil, a un puesto de igual

categoría dentro del Organismo; aparte de que ya se ha establecido que los

traslados con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica del referido Organismo,

preferiblemente deben contar con el consentimiento del servidor afectado, no

pueden realizarse de forma arbitraria y deben ser debidamente fundamentados.

                                ARTÍCULO XLVI

      El Ing. Jorge Ruiz Ramos, Jefe interino de la Sección de Tránsito y

Planimetría del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses del

Organismo de Investigación Judicial, con oficio N° 2002-175-STP del 28 de junio

último, remite el informe de pago de viáticos realizado al personal de esa Sección

de abril a junio de este año.
                                         74

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                ARTÍCULO XLVII

      En la sesión N° 42-02 realizada el 13 de junio de este año, artículo LXIII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “El Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo
       de Investigación Judicial, en oficio 682-DG-02, manifiesta lo
       siguiente:
             “En sesión N° 22-02 celebrada el pasado 4 de abril, ese
       Honorable Consejo acordó mediante Artículo LXVI la autorización
       por parte del Organismo de Investigación Judicial para utilizar un
       millón de colones en la organización de la Decimasexta Jornada
       de Medicina Legal.
             Sin embargo, en virtud de que la actividad tiene un costo
       total de $7.392.00 de acuerdo con lo indicado mediante oficio N°
       2002-303, suscrito por la Doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del
       Departamento de Medicina Legal, el cual fue analizado en la
       citada Sección; se determinó por parte de esta Dirección General
       la posibilidad de asumir la totalidad de los costos que representa
       la realización de las Jornadas de Medicina Legal para el año
       2002.
            En este sentido, se solicitó al Departamento Financiero
       Contable la certificación de $4.900.00, lo cual representa
       aproximadamente ¢1.768.704.00, suma que se cargará a la
       subpartida 290 “Artículos y Gastos para Recepciones”,
       correspondientes al ejercicio presupuestario asignado al
       Organismo para ser ejecutado en el presente año.
             Por esta razón, es interés de esta Dirección solicitar a los
       Honorables Miembros de ese Consejo, que en adición al acuerdo
       tomado en la Sesión supracitada, se apruebe la utilización del
       monto certificado mediante oficio N°778-P-2002, del cual se
       adjunta la copia respectiva; con lo cual la Institución dispondrá en
       total la suma de ¢2.768.704.00 para solventar todos los
       requerimientos implícitos en la coordinación de tan importante
       actividad, que tendrá lugar del 30 de agosto al 1° de setiembre
       próximo.
                                         -0-
            Se acordó: Acoger la solicitud anterior y adicionar a la suma
       de ¢1.000.000.00 (un millón de colones exactos) que aporta el
       Poder Judicial para la realización de dicho evento, la suma
       aproximada de ¢1.768.704.00 (un millón setecientos sesenta y
                                       75

        ocho mil setecientos cuatro colones exactos), suma que se
        cargará a la subpartida 290 “Artículos y Gastos para
        Recepciones”, correspondientes al ejercicio presupuestario
        asignado al Organismo para el presente año.
             El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de
        su cargo.”
                                     --- o ---

       En nota del 28 de junio último, la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del

Departamento de Medicina Legal, y el Dr. Carlos Abarca Barrantes, en su

condición de Presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Forense,

solicitan se considere trasladar a dólares los montos asignados para cubrir los

gastos de conferencias y becados de la Decimasexta Jornada de Medicina Legal,

a saber: ¢1 millón en la subpartida 290 y $4.900,00 en la subpartida 166, ambos

aprobados por el Consejo Superior.

       En consideración a que no es legalmente posible acceder a lo pedido, a

que la devaluación de la moneda no va a ser mucha porque la actividad está

pronto a celebrarse y a que los desembolsos de la Dirección Ejecutiva deben

producirse una vez el servicio haya sido brindado, se dispuso: Denegar la

petición anterior.

AUDITORÍA JUDICIAL

                               ARTÍCULO XLVIII

       El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, con oficio N° 518-

185-AF-2002 del 28 de junio recién pasado, remite el estudio efectuado por la

Sección de Auditoría Financiera, relacionado con la evaluación de la

administración de los recursos asignados a la Subunidad Administrativa Regional

de San Carlos. No omite manifestar que avala en todos sus extremos los
                                        76

resultados, conclusiones y recomendaciones del citado estudio, ya que a través

de su implementación se pretende mejorar los procedimientos de control interno

existentes, a efecto de minimizar el riesgo de que un futuro se presenten

situaciones como las descritas en el informe.

      Del anterior informe se desprenden las siguientes recomendaciones:

       “Luego de la evaluación realizada y con el fin de mejorar el
       sistema de control interno y la buena administración de los
       recursos, esta Auditoría se permite externa las siguientes
       recomendaciones:
       A la Dirección Ejecutiva
    1. Valorar la posibilidad de gestionar ante la Contraloría General de
       la República, la autorización para buscar un mecanismo de pago
       más ágil y oportuno para cancelar las facturas por concepto de
       consumo eléctrico.
       Se recomienda lo anterior, ya que actualmente se utiliza para
       cancelar estos servicios la Factura de Gobierno, el cual tiene una
       serie de requerimientos que atrasan su cancelación oportuna, lo
       que ha provocado problemas con los proveedores, al punto que
       nuestra Institución tuvo que cancelar el año anterior la suma de
       ¢231.406,00, producto de multas por atrasos al cancelar el
       suministro de energía eléctrica, ya que la Cooperativa de
       Electrificación Rural de San Carlos, da un plazo de 15 días
       naturales para el pago respectivo, mientras que nuestra institución
       tarda en promedio para cancelar 33,59 días hábiles.
       No omitimos indicar que en su oportunidad la Dirección General
       de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la
       República, autorizó al Poder Judicial, mediante oficio 590-GC de
       fecha 21 de octubre de 1997, cancelar por medio de caja chica el
       pago de servicios municipales para evitar precisamente el pago de
       multas e intereses, por lo que se podría aplicar esta normativa por
       analogía en el pago de multas por servicios eléctricos
       determinados en el presente estudio.
       Finalmente, es importante indicar que de aprobarse esta
       recomendación, se debe hacer extensiva para todas las Unidades
       y Subunidades Administrativas que tramitan y cancelan este tipo
       de gastos.
    2. Valorar la posibilidad de iniciar procedimiento administrativo
       disciplinario y de cobro administrativo contra el Lic. Alexander
       Matarrita Casanova, encargado de la SUARSC, por la emisión, sin
                                   77

   autorización previa, de una autorización de gasto adicional para
   cubrir los honorarios del perito topógrafo que se nombró en la
   causa 98-000494-559-PE por la suma de veinticinco mil colones,
   debido a que originalmente la voluntad de sus superiores era
   cancelar el monto de ¢50.000,00 y no ¢75.000,00, según consta
   en la autorización de gastos de la Dirección Ejecutiva Nº 129-
   2001, del 27 de febrero del 2001.
3. Girar instrucciones al señor Alexander Matarrita Casanova, Jefe
   de la Subunidad Administrativa Regional de San Carlos, para que
   sea el Despacho a su cargo, el que cancele en forma directa los
   viáticos a los agentes de la Delegación Regional del O.I.J. de
   dicha localidad.
   Se recomienda lo anterior, ya que esta labor debe ser efectuada
   actualmente por la Jefatura de la Delegación Regional del O.I.J, lo
   que le resta tiempo para atender asuntos relativos a su cargo.
   No omitimos señalar que esta recomendación permitirá un
   fortalecimiento en el sistema de control interno para este tipo de
   pagos, los cuales son por montos considerables, por lo que se
   recomienda también se haga extensiva para todas las Unidades y
   Subunidades Administrativas, que deben efectuar dichos pagos,
   siempre y cuando la Delegación o Subdelegación Regional del
   O.I.J. se encuentre en el mismo edificio de la oficina
   administrativa.
4. Reconsiderar, por las razones expuestas, la resolución 668-2002,
   del ocho de marzo de los corrientes, de manera que el incremento
   al fondo autorizado de caja chica de la SUARSC, no sea de
   ¢2.000.000,00, sino de ¢1.500.000,00.
5. Definir, dada la poca claridad del término “procurarse” empleado
   en la citada resolución, los casos en los que se hará la consulta
   de precios, que en opinión de este Despacho deberá hacerse en
   todas las compras cuyo monto sea igual o superior a la suma de
   ¢50.000,00.
6. Valorar la posibilidad de trasladar, en lo procedente, como gasto
   de caja chica, aquellas sumas que actualmente se están pagando
   por Fondo Rotatorio menores a ¢120.000,00, o su
   correspondiente límite según el monto autorizado al fondo y el
   Reglamento de Caja Chica, por los argumentos vertidos en el
   presente informe.
7. Girar instrucciones al Departamento de la Proveeduría Judicial
   para que proceda a efectuar el estudio respectivo, con el fin de
   evaluar si las consideraciones utilizadas para consignar en dicho
   contrato la atención mínima de 5 pacientes diarios que se
   establecieron en el contrato NC 26-CG-99, suscrito entre el Poder
   Judicial y el Dr. Clemente Centeno Madrigal, para que dicho
                                   78

   profesional prestara sus servicios bajo la modalidad de Médico de
   Empresa en San Carlos, prevalecen actualmente.
   Se indica lo anterior, por cuanto en nuestra evaluación se
   determinó que dicho profesional atiende en promedio 2.23
   empleados judiciales diarios, por lo que se podría analizar otras
   posibilidades de contratación para este servicio que brinda
   nuestra Institución a los servidores de San Carlos.
   No omitimos señalar que en conversación sostenida con
   servidores de la Sección de Contratación Administrativa del
   Departamento de la Proveeduría Judicial, indicaron que esta
   misma situación se está presentando también con otros contratos
   de Médico de Empresa, razón por la cual se está valorando la
   posibilidad de efectuar los estudios pertinentes.
8. Girar las instrucciones del caso a los Jefes de las Unidades y
   Subunidades Administrativas, que deben cancelar los viáticos a
   los servidores del Organismo de Investigación Judicial, para que
   instauren los mecanismos necesarios para corroborar la veracidad
   de la liquidación de gastos de viaje.
   Al encargado de la caja chica
1. Dar seguimiento oportuno a los anticipos girados a cualquier
   funcionario, de manera que se le dé cabal cumplimiento al
   Reglamento de Cajas Chicas Auxiliares, en cuanto a los plazos de
   presentación de liquidaciones.
2. Ser más diligente y cuidadoso en su trámite, así como reponer
   inmediatamente a la caja chica auxiliar de la SUARSC los
   documentos cancelados el año anterior que se localizaron sin su
   respectivo trámite, cuya suma asciende a ¢36.600,00, y que de
   conformidad con los artículos 17 y 15 del Reglamento de Cajas
   Chicas Auxiliares, debieron ser tramitados en reintegro, como
   máximo, quince días naturales después de pagados.
3. Administrar adecuadamente el recurso financiero puesto a
   disposición del encargado de la caja chica, particularmente en
   cuanto a la acumulación de documentos sin cancelar pendientes
   de tramite; así como, en lo sucesivo, evitar acumular este tipo de
   documentos.
4. Darle cabal cumplimiento al artículo 18 del Reglamento de Cajas
   Chicas Auxiliares en lo que respecta a la remisión de arqueos a
   esta Auditoría.
5. Cumplir con al artículo 12 del Reglamento de Cajas Chicas
   Auxiliares en lo que respecta al uso de los formularios diseñados
   para los anticipos, tanto de compra de bienes o servicios como de
   viáticos.
                                    79

6. Darle cabal cumplimiento al artículo 22 del Reglamento de Cajas
   Chicas Auxiliares en lo que respecta al uso de la caja metálica
   para resguardar el dinero en efectivo.
7. Corregir en la forma indicada los errores que se comentan en el
   registro de las diversas transacciones que se asientan en los
   libros de control de efectivo y de cuenta corriente, así como en la
   manera en que se realizan los cierres mensuales de ambos.
8. Registrar en el libro de efectivo, en forma inmediata a su cambio,
   los cheques emitidos que se emplean para las compras de
   contado.
9. Utilizar en forma generalizada el espacio que el talonario de
   cheques de caja chica tiene para que el beneficiario estampe su
   firma de recibido conforme.
10. Mantener en forma actualizada en el talonario de cheques de caja
    chica el saldo de la cuenta corriente, con el fin de disminuir la
    posibilidad de incurrir en sobregiros bancarios.
11. Girar instrucciones a los servidores que adquieren combustible en
    la Gasolinera Upala, a efecto de que en las facturas de compra de
    ese producto se incluyan todos los datos que debe contener dicho
    documento.
12. Incorporar en el sistema de presupuesto que se lleva en la
    SUARSC, las compras efectuadas mediante cargo directo a
    factura de gobierno, con el propósito de disponer de información
    íntegra respecto a las compras tramitadas por dicha Subunidad, y
    por ende de la totalidad de las erogaciones aplicadas a la
    corriente presupuestaria asignada.
13. Gestionar ante los funcionarios competentes del Banco de Costa
    Rica, la reversión de las notas de débito que se han cargado a la
    cuenta corriente de caja chica, producto de la aplicación de la
    política bancaria de disminuir la cuenta cuando se emiten más de
    cinco cheques y el saldo promedio mensual es menor que
    ¢150.000,00.
14. De igual manera proceder con las notas de débito por concepto de
    cobro por la emisión del estado bancario, de no ser posible esta
    reversión, proceder a obtener la nota original y tramitarla como un
    gasto operativo más de la caja chica.
15. Depositar el monto de las notas de crédito producto de los
    intereses cargados a la cuenta corriente de la caja chica, en la
    cuenta 20192-8 “Contaduría Judicial”, puesto que constituyen un
    sobrante.
16. Cumplir fielmente a la directriz de consulta de precios en las
    diversas adquisiciones realizadas por fondo rotatorio, con el
                                       80

       propósito de maximizar el uso de los recursos con que cuenta la
       Institución.
   17. Valorar la posibilidad, en conjunto con la Dirección Ejecutiva y el
       Departamento de Proveeduría, de implementar un contrato para
       los gastos efectuados por fondo rotatorio, por la subpartida 172
       “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina”,
       con el fin de que se pueda contratar con el que ofrezca las
       mejores condiciones para la administración.
   18. Coordinar con el Departamento Financiero Contable para contar
       oportunamente, con la información de los cheques que son
       retirados por sus beneficiarios en oficinas centrales, por las
       adquisiciones efectuadas mediante fondo rotatorio.
   19. Es conveniente que dicha Subunidad no cancele ni tramite en lo
       sucesivo, liquidaciones de gastos de viaje que no presenten en
       forma clara el lugar visitado, ni que las liquidaciones correspondan
       a giras efectuadas 7 días después de su llegada al trabajo.
       Se recomienda lo anterior con el fin de fortalecer el sistema de
       control interno y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10
       del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
       Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la
       República.
   20. Realizar las gestiones necesarias para que el Dr. Clemente
       Centeno Madrigal, actual Médico de Empresa para los servidores
       del Circuito Judicial de San Carlos, tramite en forma oportuna el
       cobro de sus servicios profesionales.
       Se recomienda lo anterior, con el fin de evitar eventuales
       problemas presupuestarios a la Subunidad Administrativa
       Regional de San Carlos y eliminar trámites más engorrosos al
       Departamento Financiero Contable, cuando dicho profesional
       presenta a cobro sus honorarios.
       Al respecto es importante indicar que a dicho profesional se le
       adeuda la suma de ¢2.640.000,00, correspondientes a los
       honorarios del período comprendido del mes de enero del 2001 al
       30 de marzo del año en curso.
                                     --- o ---

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, señala que la mayoría de las

recomendaciones que da la Auditoría Judicial ya se están implementando, según

instrucciones precisas que le dio al Lic. Alexánder Matarrita Casanova, Encargado

de la Subunidad Administrativa de San Carlos mediante oficio N° 3057-DE-2002
                                       81

del 15 de mayo último, del cual adjunta copia. Así también, manifestó estar en

desacuerdo con la recomendación número 4, respecto a que se reconsidere el

incremento a ¢2 millones de la caja chica de esa oficina, porque el promedio de

gasto de ésta sobrepasa la suma de ¢2.640.000,00, de ahí que mantenga el

criterio de que es necesario mantenerla aumentada, para dejar de utilizar el Fondo

Rotatorio como medio de pago. En cuanto a la recomendación número 3,

considera que corresponde al jefe de la oficina del Organismo de Investigación

Judicial correspondiente, instaurar mecanismos para corroborar la veracidad de la

liquidación de los gastos de viaje del personal del Organismo, por lo que no está

de acuerdo con dicha recomendación. En relación con la número 5, señala que ni

el Reglamento General de Cajas Chicas ni el de Cajas Chicas Auxiliares obligan a

la Dirección Ejecutiva a obtener o realizar la consulta de precios, y que más bien

ha sido el Despacho a su cargo el que, en un afán de promover la participación de

distintos oferentes, dispuso que en las compras mayores a ¢50.000,00 se debe

procurar la consulta mencionada; es decir, de acuerdo con las circunstancias que

rodean cada compra, será responsabilidad del encargado de caja chica el requerir

o no las facturas proformas. Finalmente, que estas observaciones se las hizo

llegar al señor Auditor Judicial, a través del oficio N° 2766-DE-2002, del que

también presenta fotocopia.

      Se dispuso: 1) Tener por hechas las manifestación del Lic. Jones León y

por rendido el informe sobre la evaluación de referencia. 2) Acoger las

recomendaciones que brinda la Auditoría Judicial, con excepción de las números

3 y 4, que se rechazan por improcedentes.
                                          82

                                   ARTÍCULO XLIX

       Con oficio N° 525-179-AF-2002 recibido el 4 de julio en curso, el Lic. Hugo

Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, remite el estudio realizado por esa

Auditoría sobre los recursos asignados al Fondo de Caja Chica General del Poder

Judicial,    administrado   por   el   Departamento   Financiero   Contable,   cuyas

conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

       “VI     CONCLUSIONES
   1) Se obtuvo un resultado satisfactorio de la aplicación el arqueo
      practicado el día 20 de febrero del 2002, al Fondo de Caja Chica
      General del Poder Judicial, el cual mantenía en forma íntegra el
      monto asignado de ¢60.600.000,00, tal como se describe en el
      anexo.
   2) Se determinó que en la Unidad Administrativa Regional de
      Puntarenas se tramitan facturas a favor de Ricardo Li Piñar,
      proveedor del servicio de alimentación de detenidos, con
      comprobantes que no cumplen los requisitos establecidos en los
      reglamentos, aunado al hecho de que según la consulta realizada
      al Departamento de Proveeduría, dicho servicio por estar siendo
      contratado en forma continua y en cantidades significativas, podría
      ser sometido a un proceso de contratación, para evitar esa
      inconsistencia.
   3) A través de los procedimientos de revisión aplicados, se estableció
      que la encargada en el Departamento Financiero Contable, de
      recibir los recursos en efectivo producto de los reintegros de
      anticipos de viáticos, no los deposita oportunamente, incumpliendo
      de esta manera la norma de control interno citada en el punto 5.3.
      del presente informe.
   4) Se estableció que el formulario para la liquidación de viáticos
      dentro del país (F99), que incluye las modificaciones propuestas
      por el Departamento de Planificación no suministra la información
      cuando los servidores realizan giras en diferentes fechas y cuya
      duración es de un día, por cuanto al no contar con la columna
      “Origen de la gira”, se dificulta corroborar el cumplimiento de lo
      dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Gastos de Viaje y de
      Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de
      la República, en el que se establece las horas de salida y de
      regreso del lugar donde se inicia la gira y a partir de las cuales
      permite el pago del desayuno, almuerzo y cena al servidor.
                                     83

   Asimismo, al omitir la línea de “Contador de kilómetros” y el espacio
   para anotar el número de placa del vehículo oficial utilizado en la
   gira, se carece de información importante para lograr ejercer un
   control de manera más eficiente de los recursos a disposición de
   los funcionarios, por cuanto esa información se podría cruzar con la
   presentada por el chofer en el formulario F90: “Solicitud de
   Vehículo”, en los casos en que el funcionario que liquida los
   viáticos, no pertenezcan a la oficina que brindó el servicio de
   transporte.
5) Se determinó que el Departamento Financiero Contable, recibe
   para trámite de viáticos en el interior del país, tanto el formato del
   Formulario F99 con las modificaciones propuestas por el
   Departamento de Planificación como el anterior, en virtud de que el
   primero no fue del todo acogido por los despachos, debido a la
   confusión que les genera o bien están gastando las existencias de
   las fórmulas preimpresas con el formato anterior. Lo anterior,
   aunado a que no ha existido la coordinación ni control adecuados,
   entre las oficinas involucradas, a fin de uniformar la utilización de
   este formulario a través de “plantilla” en todos los despachos del
   país.
6) A la fecha del arqueo practicado, se corroboró que existían sumas
   pendiente de liquidar a favor de Rafael Mariano Quesada
   Céspedes por ¢29,400.00; Minor Monge Camacho por ¢40,000.00
   y Guido Núñez Jarquín por ¢10,000.00, de los cuales, los dos
   primeros estaban vencidos desde los años 1997 y 1998 y el último
   desde febrero del 2001, para un total de ¢79,400.00.
   En cuanto a Minor Monge Camacho y Guido Núñez Jarquín, pese a
   las deficiencias presentadas en cuanto al trámite de recuperación,
   al primero se le rebajó la deuda a través de deducciones del
   salario, terminando de completar la suma adeudada de ¢40,000.00
   en abril del 2002, por lo que el 22 de mayo del 2002 se trasladaron
   dichos recursos de la cuenta corriente 20192-8 Contaduría Judicial
   hacia la Cuenta Corriente de Caja Chica General; por su parte, el
   segundo reintegró el total de la deuda en el Departamento
   Financiero Contable en marzo del 2002.
   En cuanto a Quesada Céspedes, el Departamento Financiero
   Contable solicitó autorización al Consejo Superior para rebajar esa
   suma del trámite de pago a su favor, por concepto de subsidio de
   incapacidad, lo cual fue autorizado en sesión del 2 de abril del 2002
   y se procedió a aplicar el rebajo de la factura de gobierno
   respectiva, la que actualmente se encuentra en trámite de refrendo
   en la Contraloría General de la República.
   VII    RECOMENDACIONES
   1.     Departamento de Proveeduría
                                     84

  Debido a que el servicio de alimentación a detenidos que se tramita
  a través de la Unidad Administrativa Regional de Puntarenas,
  presenta montos significativos y se ha tramitado en forma continua
  por varios años con un mismo proveedor, que no cumple con los
  requisitos de factura timbrada o en su defecto que el documento
  que presenta para cobro esté debidamente firmado; es conveniente
  valorar la posibilidad de contratar dichos servicios a través del
  procedimiento que corresponda, a fin de subsanar las debilidades
  señaladas.
  2.     Departamento de Planificación
2.1. Incluir en el formato del formulario Liquidación de Gastos de Viaje
   en el Interior del País- F99, la columna de “Origen de la gira”, así
   como las líneas correspondientes al contador de kilómetros y el
   número de placa del vehículo, ya que dicha información es
   importante para efectos de control y se constituye en una pista de
   Auditoría. Cabe señalar que, la columna “Origen de la gira”
   proporciona la información necesaria para verificar el cumplimiento
   de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Gastos de Viaje
   y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría
   General de la República, a efecto de corroborar el pago del
   desayuno, almuerzo y cena del servidor.
    2.2. Coordinar con el Departamento de Tecnología de la
    Información y el Departamento Financiero Contable, lo pertinente
    a efecto de uniformar el uso del formato de la fórmula F99
    “Liquidación de gastos de viaje en el interior del país”, en todos los
    despachos judiciales, incluyendo las modificaciones propuestas
    por esta Auditoría en la recomendación anterior, tanto para la
    fórmula preimpresa como en la “plantilla”.
  3.     Departamento Financiero Contable
  3.1. Girar las instrucciones pertinentes para que los encargados
       de la recepción de efectivo y otros valores en el
       Departamento Financiero Contable, procedan a depositarlos
       al día hábil siguiente, a fin de subsanar situaciones adversas
       a las sanas prácticas de control interno.
  3.2. Comunicar periódicamente a las Jefaturas inmediatas y a los
        encargados de cajas chicas auxiliares del lugar del trabajo
        de los servidores que mantienen anticipos girados
        pendientes de liquidar, a fin de establecer la coordinación
        necesaria para la aplicación de lo estipulado en el artículo 12
        del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
        Funcionarios Públicos, y así que no se autoricen otras giras
        ni adelantos para viáticos, tanto a través de la Caja Chica
        General que se administra en el Departamento Financiero
        Contable, como en las Cajas Chicas Auxiliares, evitando que
                                        85

             se evada la aplicación de tal disposición reglamentaria.
      3.3.   Es indispensable que se enfoquen los esfuerzos posibles en
             la recuperación de anticipos que no son cancelados
             oportunamente, en el entendido de que si luego de hacer las
             gestiones pertinentes, no se recupera el dinero, se remita el
             asunto a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección
             Ejecutiva, con el debido respaldo documental de las
             gestiones realizadas (Fórmula de Solicitud de Anticipos con
             las firmas respectivas, copia del cheque o transferencia a la
             cuenta respectiva, oficios que se haya enviado de solicitud
             de reintegro debidamente recibidos tanto por el deudor,
             como por la Jefatura inmediata del mismo, recordatorios,
             etc.)
      4. Unidad Administrativa Regional de Puntarenas
       De acuerdo con el Reglamento de Cajas Chicas Auxiliares, es
       indispensable que se consigne la firma de la persona que da
       servicios al Poder Judicial y que por excepción no posea facturas
       timbradas, aparte de cumplir con los demás requisitos que se
       estipulan en los reglamentos.
   5. Jefe de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación
      Judicial
       Es indispensable que en lo sucesivo y de acuerdo con el artículo
       12 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para
       Funcionarios Públicos, se tomen las medidas necesarias a fin de
       cumplir el artículo citado, coordinando en lo pertinente con el
       Departamento Financiero Contable y con el Encargado de la Caja
       Chica Auxiliar de la Secretaría General del Organismo de
       Investigación Judicial y de esa manera no se vuelvan a presentar
       situaciones como las ocurridas con el servidor Guido Núñez
       Jarquín.”
                                     --- o ---

      Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y acoger las

recomendaciones que se dan, las que deberán ser puestas en práctica a la

brevedad por los Despachos involucrados.

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL
                                           86

                                    ARTÍCULO L

      En oficio N° 2796 del 3 de julio en curso, el señor Álvaro Zamora Vásquez,

Prosecretario del Tribunal de la Inspección Judicial, manifiesta:

        “Cumpliendo con lo ordenado por Corte Plena, en su sesión No
        43-01, celebrada el 3 de diciembre del 2001, Artículo XII, me
        permito remitirle un listado de las resoluciones finales dictadas por
        el Tribunal de la Inspección Judicial, dentro de los siguientes
        asuntos:

           No.          NOMBRE DEL                    CARGO           RESOLUCIÓN
         EXPED.         FUNCIONARIO                                      FINAL
        117-02    Lic. Juan C. Ramírez Juez Contravencional            Desestimar
                  Brenes                             de Heredia
        147-02    Lic.    Geovanni      Mena Juez Coordinador del       Sin lugar
                  Artavia                     Juzgado       Civil  de
                                              Puntarenas
        165-02    Lic. Mario E. Navarro Arias Juez de Juicio a.i. del  Desestimar
                                               Tribunal de Juicio de
                                                      San José
        180-02    Lic. Juan Carlos Ramírez Juez Contravencional        Desestimar
                  Brenes                             de Heredia
        198-02    Ignorado                            Ignorado         Desestimar
        218-02    Ignorado                            Ignorado          Archivar
        231-02    Lic. José Fco. Molina Juez Coordinador del           Desestimar
                  Salas                          Juzgado Civil de
                                              Hacienda de Asuntos
                                                 Sumarios del II C.
                                                      San José
        258-02    Licda. Gisella González               Jueza          Desestimar
                  Sáenz                        Contravencional y de
                                                 Menor Cuantía de
                                                      Alvarado
        264-02    Lic.    Lorena     Esquivel Juez Integrante del      Desestimar
                  Agüero y otros                Tribunal de Trabajo
                                               del II C. de San José
        279-02    Licda. Ana María Trejos Jueza de la Niñez y la       Desestimar”
                  Zamora                       Adolescencia de San
                                                         José

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

ASUNTOS VARIOS
                                        87

                                  ARTÍCULO LI

      Mediante nota circular N° 02-2002 del 24 de junio último, se comunicó a

todas las oficinas judiciales del país, excepto a las de las materias de Tránsito y

Faltas y Contravenciones, el acuerdo tomado en sesión N° 42-02 del 13 de ese

mes, artículo LXXI, en el sentido de solicitarles un informe de los asuntos de 1998

hacia atrás que tengan en trámite y el estado procesal en que se encuentran.

      En atención a lo anterior, los siguientes despachos informaron no tener en

trámite ningún expediente del citado año hacia atrás:

      Fiscalía de San Ramón
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Mora
      Delegación Regional del O.I.J. de Pérez Zeledón
      Juzgado de Familia de Liberia
      Fiscalía de Corredores
      Fiscalía Auxiliar de Guatuso
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí (Sólo de Pensiones
      Alimentarias y todas tienen sentencia)
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León
      Cortés (Sólo de Pensiones Alimentarias y todas con sentencia firme)
      Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago
      Tribunal Superior Primero Civil
      Tribunal de Familia de San José
      Juzgado Contravencional de Tilarán
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Nandayure
      Juzgado Primero de Faltas y Contravenciones de Cartago

      Los siguientes Despachos informan tener una sola causa pendiente:

       Sala Segunda (Ordinario laboral de Otto Salas Aguilar y otros c/
INFOCOOP, suspendido por acción de inconstitucionalidad desde el 21 de julio de
1995).
                                       88

       Juzgado Penal Juvenil y de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona
Atlántica (Causa contra el menor Grimaldi Marchena Herrera, pendiente por
presentación del menor).

      Sala Tercera (Procedimiento de revisión de Enio Chacón Arias por abusos
deshonestos. En 1999 se ordenó consulta preceptiva y hasta el 18 de junio último
ingresó el voto integral de la Sala Constitucional, se reactivaron los
procedimientos y se pasó la causa a estudio de fondo).

       Fiscalía de Santa Cruz (Causa c/ Jurgen Karl Ahrens por tráfico
internacional de marihuana y otros en daño de la Salud Pública. Se declaró
ausente al imputado el 28 de junio de este año y se ordenó su localización.
Reporta otra causa que no había sido sacada del sistema por error, la cual está
con sobreseimiento definitivo por conciliación cumplida desde noviembre de
1998).

      Se dispuso: 1) Tener por rendidos los informes anteriores y mostrar al

personal de los Despachos mencionados, la satisfacción de este Consejo

Superior porque gracias a su desempeño las oficinas en que laboran no tienen

asuntos pendientes de resolver de 1998 hacia atrás. 2) Hacer una atenta instancia

a la Sala Constitucional para que, en la medida de lo posible, resuelva el recurso

de inconstitucionalidad a que se refiere la Sala Segunda, a fin de que ésta pueda

sacar de su circulante el único asunto que tiene pendiente de resolver del período

citado.

                                 ARTÍCULO LII

      Ante la necesidad de darle seguimiento a los asuntos más viejos que los

despachos judiciales tengan pendiente de resolver, se dispuso solicitar a la

Sección de Estadística del Departamento de Planificación, que modifique sus

formatos de informes a efecto de poder determinar de qué año son y el estado en

que se encuentran esos procesos –si están en trámite o en etapa de ejecución de

sentencia- a fin de tomar las medidas que correspondan en cada caso.
                                        89

                                 ARTÍCULO LIII

      Mediante nota circular N° 02-2002 del 24 de junio último, se comunicó a

todos los despachos judiciales del país, excepto a los de las materias de Tránsito

y Faltas y Contravenciones, el acuerdo tomado en sesión N° 42-02 del 13 de ese

mes, artículo LXXI, en el sentido de solicitarles un informe de los asuntos de 1998

hacia atrás que tengan en trámite y el estado procesal en que se encuentran.

      En atención a lo anterior, los siguientes despachos informaron tener varias

causas pendientes:

      Fiscalía Adjunta de Guanacaste (Liberia)
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Acosta
      Defensa Pública de Nicoya
      Juzgado Primero Civil de Menor Cuantía de San José
      Tribunal Segundo Civil de San José
      Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José
      Fiscalía Adjunta de Alajuela
      Juzgado Penal Juvenil y de Familia del Segundo Circuito Judicial de
      Alajuela, San Carlos
      Defensa Pública de la Zona Sur, Pérez Zeledón
      Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago
      Juzgado Primero de Familia de San José
      Juzgado Penal de Nicoya
      Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Sebastián
      Tribunal Penal de San José, sede Desamparados

      Se dispuso: Tener por rendidos los informes anteriores y trasladarlos a un

miembro de este Consejo, para su estudio y posterior informe.

                                 ARTÍCULO LIV

      En sesión celebrada el 21 de mayo último, artículo XXXVI, al conocerse el

informe N° 132-EST-2002 de la Sección de Estadística del Departamento de

Planificación, sobre el movimiento de trabajo desarrollado por los Juzgados
                                             90

competentes en materia de familia durante el segundo trimestre del año 2001, se

dispuso solicitar al Juzgado Primero de Familia de San José, un informe en que

indicaran a qué obedecía el aumento en el circulante.

         En atención a lo anterior, el señor Faez Alberto Abdallah Arrieta, Auxiliar

Judicial 3B del citado juzgado, comunica que el aumento del circulante se debe al

ingreso de asuntos nuevos, a la entrada también de asuntos que se han solicitado

al Archivo Judicial, así como a los devueltos por el Tribunal de Familia.

         Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y solicitar a la jefatura del

Juzgado de referencia que indique qué medidas tomará para evitar que ese

circulante siga aumentando.

                                    ARTÍCULO LV

         Los señores Carlos Simón S. y Elizabeth Blanco C., Gerente Administrativo

y   de    Mercadeo     y   Promotora    de    los   Programas   de   Visión   Mundial,

respectivamente, en nota recibida el 2 de julio del presente año, expresaron:

          “…VISIÓN MUNDIAL es un organismo internacional cristiano que
          trabaja en más de 90 países alrededor del mundo, y con más de
          50 años de fundada, nació con el propósito de brindar ayuda de
          emergencia y desarrollo en las comunidades más pobres del país.
          VISIÓN MUNDIAL COSTA RICA desarrolla sus proyectos en las
          comunidades más necesitadas de la provincia de Guanacaste y la
          región fronteriza, conforme a un concepto llamado Programas de
          Desarrollo de Área (PDA). En Guanacaste hemos desarrollado 7
          PDA que integran 79 comunidades necesitadas y en los cantones
          de Upala y Los Chiles hay 50 comunidades organizadas en un
          PDA.
          Por medio de este programa se pretende que las niñas y los niños
          se integren a los procesos de desarrollo de su comunidad, para
          formar líderes que en su futuro cercano estimulen y dirijan el
          desarrollo de sus comunidades. Los niños patrocinados han
          recibido apoyo escolar en forma anual, además reciben con
          regularidad atención médica y asistencia especial en casos de
          alguna enfermedad crónica.
                                         91

        Gracias a los donativos generosos de miles de patrocinadores, la
        organización continúa llevando esperanza a cientos de miles de
        niños y familias alrededor del mundo.
        El compromiso mensual de cada patrocinador, unido al de otras
        personas con un corazón generoso, provee los recursos para el
        desarrollo de proyectos que llevan agua potable a las
        comunidades, financian actividades y favorecen acciones de salud
        y educación. Gracias a las auditorías locales e internacionales a
        los que se somete nuestra oficina, podemos ofrecer confiabilidad
        de que los recursos se utilizan en favor de los niños y las
        comunidades necesitadas.
        El programa permite establecer una verdadera relación de
        amistad y respeto. Cada patrocinador recibe la fotografía de la
        niña o niño que patrocina. Esta relación se fortalece mediante el
        intercambio de cartas, regalos y fotografías entre el patrocinador y
        los niños patrocinados.
        Dentro de nuestro programas trabajamos en el Patrocinio de los
        niños, Programa de Benefactores y Red de Esperanza.
        Al presentarles una breve explicación de nuestra labor me permito
        solicitarles una autorización para poder comunicarme con los
        diferentes Departamentos de los Despachos Judiciales en las
        diferentes Cortes del país y así poder lograr el patrocinio para
        estos niños.
        Con gusto puedo darles más información personalmente en el
        momento que ustedes lo deseen. Mi teléfono es el 389-3186 o a
        la oficina al 283-4050 para que hagamos la cita.”
                                      --- o ---

      Se dispuso: Trasladar la gestión anterior al Departamento de Información y

Relaciones Públicas, para su atención.

                                  ARTÍCULO LVI

      La señora Flor María Jiménez Vindas, Auxiliar Judicial de la Fiscalía de

Corredores, con el visto bueno del Lic. Olman A. Ulate Calderón, Fiscal

Coordinador, con nota recibida el 3 de julio en curso, remite la constancia de

asistencia con su hija Karla Priscilla Álvarez Jiménez, a la cita en el Hospital de

Niños del 3 de junio recién pasado, para la cual le fue concedido permiso con
                                         92

goce de salario. Al mismo tiempo agradece el apoyo brindado para poder llevar a

cabo el tratamiento recomendado para la menor, el que ha tenido excelentes

resultados.

      Se acordó: Tomar nota.


                                  ARTÍCULO LVII

      En nota del 1° de julio en curso, la Licda. Patsy Mora Retana, Jueza del

Juzgado Penal de Siquirres, rinde el informe mensual de labores de ese despacho

correspondiente a mayo de este año, del cual se desprende que iniciaron el mes

con un circulante de 669 asuntos y finalizó con 567. Es de notar con este informe

que a la fecha el Despacho se ha recuperado y se encuentra al día.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y mostrar a la Licda. Patsy

Mora Retana y al Personal del Juzgado Penal de Siquirres, la satisfacción de este

Consejo Superior por el esfuerzo realizado en procura de lograr que ese

Despacho hoy se encuentre al día.

                                 ARTÍCULO LVIII

      El 3 de julio en curso, se recibió el acta de visita carcelaria realizada un

mes antes por el Lic. Marino Sagot Somarribas, Juez de Ejecución de la Pena de

Alajuela, al Centro Penitenciario La Reforma, Unidad de Talleres Industriales. En

ese documento, se solicita que las autoridades correspondientes tomen nota de

que existe un problema con el traslado de los privados de libertad a la Clínica del

Centro, porque se informa que el establecimiento no cuenta con vehículo propio

para ello, lo cual incide en su derecho a recibir atención médica.
                                         93

      Se dispuso: Tener por recibida el acta de referencia y hacerla del

conocimiento de los señores Ministro de Justicia y Gracia y Director General de

Adaptación Social, para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO LIX

      El Lic. Gerardo Calazans Calero Miranda, en nota del 2 de julio en curso,

informa de las labores que le ha correspondido ejecutar como Juez del Juzgado

de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, de abril a junio de este año,

propiamente en cuanto al fallo de boletas de multa fija y cuando ha sustituido a

algún compañero por ausencia justificada, ya sea por permiso o vacaciones.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTÍCULO LX

      En oficio N° 409-2002 del 2 de julio en curso, la Licda. Mireya Gallardo

Arboleda, Jueza Coordinadora del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial

de San José, rinde informe sobre las conciliaciones y las sentencias dictadas por

los distintos Jueces durante abril, mayo y junio de este año.

      Se desprende del citado documento que el Lic. Modesto Mendoza Moraga

fue el Juez de ese Tribunal que menos sentencias dictó en cada uno de los tres

meses de referencia, y que el Lic. Gerardo Calero Miranda intervino en la decisión

de varios asuntos en sustitución de otros Jueces.

      Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Solicitar al Lic.

Mendoza Moraga que en el término de tres días informe sobre las razones de su

bajo rendimiento en comparación con los demás Jueces del Tribunal durante el

período indicado. 3) Dentro del mismo plazo, la Licda. Gallardo Arboleda deberá
                                         94

informar por qué tanta sustitución, pues se entiende que cada juez tiene

señalados con antelación la realización de sus juicios.

                                  ARTÍCULO LXI

      En nota presentada el 5 de julio en curso, la Licda. Carmen María

Rodríguez Montoya, Jueza del Juzgado Contravencional del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, informa que al hacerse cargo de ese Despacho a

partir del 1° de este mes encontró 91 expedientes listos para fallo, y para salvar

cualquier futura responsabilidad por el retraso en su resolución, los detalla con

indicación de la fecha a partir de la que fueron pasados al juez que por turno

correspondió.

      Se acordó: Tomar nota y trasladar la comunicación anterior al Programa

contra el Retraso Judicial para su atención en la medida de sus posibilidades.

                                 ARTÍCULO LXII

      Con nota del 1° de julio en curso, el Lic. Jorge Martínez Guevara y la

señora Lupita Cerdas Araya, por su orden Juez Coordinador interino y Auxiliar

Judicial del Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José, en atención a lo

ordenado en la Circular N° 1 de la Inspección Judicial, del 14 de enero de 1983,

apartes 1, 18 y 94, adjuntan copia de los asuntos pendientes de fallo y otros

asuntos de interés, para demostrar la actividad que ha tenido el Juzgado durante

el segundo trimestre del presente año.

      Se desprende de los documentos aportados, que el número de sentencias

dictadas (68 en un trimestre) es sumamente bajo y que el circulante sigue

aumentando (pasa de 2658 al iniciar el trimestre a 2786 cuando termina).
                                         95

       Se dispuso: Llamar la atención a la jefatura del Juzgado Tercero Civil de

Mayor Cuantía de San José, pues este Consejo Superior estima que la producción

de sentencias es extremedamente baja y el circulante continúa aumentando,

razones por las cuales debe explicar, en el término de ocho días contado a partir

del día siguiente al de la comunicación de este acuerdo, qué es lo que está

sucediendo.

                                  ARTÍCULO LXIII

       Los Licdos. Julia Madrigal Jiménez, José Ángel Salazar Navas y Luis

Gustavo Valverde Chavarría, Jueces del Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Liberia, en escrito del 17 de junio de este año, presentado el 4 de julio

en curso, rinden el informe correspondiente al primer trimestre de labores desde la

creación de la jornada vespertina en ese Despacho. En resumen, señalan que los

resultados obtenidos han sido muy buenos y el único problema que reportan es el

que se refiere al atraso en las notificaciones, el cual estiman se solucionaría con

la creación de la oficina centralizada de notificaciones para los Tribunales de

Liberia.

       Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                  ARTÍCULO LXIV

       El Lic. Jorge Walter Bolaños Rojas, Ministro de Hacienda, en oficio N° DM-

888 del 1° de julio en curso, dirigido a todos los Ministros y Presidentes Ejecutivos,

señala que con base a los resultados reales a mayo de este año, se ha procedido

a realizar una estimación de las finanzas públicas para el 2002, cuyos resultados

no fueron nada alentadores; que se ha emitido una directriz de subejecución
                                       96

presupuestaria, la que solicita sea analizada y se compruebe que sus efectos

reales se estén logrando plenamente. Emite una serie de recomendaciones para

ser tomadas en cuenta en lo que resta del año.

      Luego de analizada la comunicación anterior se dispuso: Tomar nota y

hacer del conocimiento del señor Ministro de Hacienda, que el Poder Judicial

comparte su preocupación respecto de la situación económica actual del país y

por ello se están haciendo esfuerzos para ahorrar y cooperar en la disminución del

déficit fiscal, a cuyo efecto ya la Corte Plena, en sesión N° 19-02 del 6 de mayo

último, aprobó 20 normas para la ejecución del presupuesto del Poder Judicial,

tendentes a la racionalización del gasto, y que se continúa en el estudio y la

revisión de prioridades en la ejecución de ese presupuesto. Al mismo tiempo, se

acordó agradecer al señor Ministro cualquier sugerencia que en ese sentido

pueda brindar.

                                ARTÍCULO LXV

      En la sesión N° 45-02 del 25 de junio último, artículo XXIV, se tomó el

siguiente acuerdo:

             “El Lic. Jorge Segura Román, Fiscal General de la República
       interino, en oficio N° 716-FG-2002 de 24 de junio en curso,
       manifiesta lo siguiente:
       “Como es de su conocimiento, el Ministerio Público se encuentra
       en un proceso con el fin de cumplir los requerimientos planteados
       por la Sala Constitucional, al anularse el concurso de fiscales 09-
       2002, mediante voto 2001-05702.
       Pese a los esfuerzos realizados y a la definición de los parámetros
       para los nombramientos en el Ministerio Público, como se expone
       en las circulares 15 y 16 emitidas por esta Fiscalía General, en
       este momento existe gran cantidad de solicitudes de vacaciones e
       incapacidades a las cuales debemos darle respuesta de modo
       URGENTE.
                                         97

        En razón de ello, solicitamos autorización para nombrar
        interinamente a algunas personas sin contar con el requisito de
        clase, o sea sin el examen aprobado. Este tipo de nombramientos
        en situaciones de urgencia, no está regulado dentro de la
        legislación que rige los nombramientos a lo interno del Ministerio
        Público. Sin embargo, si está regulado en el Estatuto de Servicio
        Judicial, en su artículo 27, el cual faculta al Jefe de oficina
        nombrar personal interino, bajo su responsabilidad “pero el
        nombramiento no será por un lapso mayor de un mes”, mientras
        se concluye el proceso establecido en la circular 15 mencionada.
        Por su parte, el Reglamento del Servicio Civil, en su artículo 119,
        señala que en casos de inopia comprobada o por razones
        geográficas o técnicas que lo hagan imprescindible para el buen
        servicio público, puede mediante una resolución razonada, el Jefe
        (en el caso del Servicio Civil se refiere a la Dirección General)
        podrá variar provisionalmente los requisitos de los puestos o de
        las clases de puestos.
        Este tipo de nombramiento será en el claro entendido que las
        personas escogidas sin requisito de examen, deben realizarlo una
        vez convocado el mismo, estando en la obligación de ganarlo con
        una nota de 80, como lo exige el Reglamento de ingreso al
        Ministerio Público.”
                                        -0-
              Se acordó: Acoger la anterior solicitud, en el entendido que
        los nombramientos que al efecto realice el Ministerio Público bajo
        esta condición, serán para los casos en que se requiera
        sustitución y por el tiempo que sea necesario, hasta tanto se
        nombre al personal en propiedad. ACUERDO FIRME.”
                                       --- o ---

      El Fiscal General Adjunto, Lic. Jorge Segura Román, en oficio N° 742-FG-

2002 del 1° de julio en curso, solicita aclaración del acuerdo anterior, en el sentido

de si dicha autorización es para los nombramientos menores a un mes o para “el

caso que lo requiera y por el tiempo necesario”, es decir, más de un mes.

      Se dispuso: Aclarar al Lic. Segura Román que la referida autorización para

sustituir es por períodos iguales o superiores a un mes y en tanto finaliza el

proceso de reclutamiento y selección de fiscales.
                                        98

                                ARTÍCULO LXVI

      En oficio N° 757-FG-2002 del 2 de julio en curso, el Lic. Carlos Arias

Núñez, Fiscal General de la República, comunica que con nota del 25 de junio

último, el Lic. José Manuel Morales Sanabria presentó su renuncia a partir del

primero de este mes al puesto de Fiscal Auxiliar en Cartago, que venía

desempeñando en forma interina, por haber sido nombrado como Juez en el

Primer Circuito Judicial de San José; que hace saber lo anterior para lo que

corresponda, por encontrarse don José Manuel con el correctivo disciplinario de

revocatoria de nombramiento, según resolución de las 8:12 horas del 30 de abril

de este año dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial. Adjunta fotocopia de

ambos documentos.

      Informa la Secretaria General que el Lic. Morales Sanabria ocupa el puesto

en propiedad de Técnico Criminalístico 2 en el Archivo Criminal; que en la sesión

del 18 de junio recién pasado, artículo XI, se le nombró como Juez 1 en el

Juzgado de Tránsito de San José, plaza extraordinaria N° 056646, a partir del 1°

de este mes y hasta el 31 de diciembre próximo; que la resolución de revocatoria

de nombramiento fue apelada para ante la Fiscalía General de la República y que

la causa disciplinaria de referencia se encuentra actualmente en conocimiento de

la Comisión de Relaciones Laborales.

      Se acordó: Tomar nota y solicitar al señor Fiscal General de la República

que comunique lo que corresponda a este Consejo, una vez resuelto el recurso de

apelación mencionado.
                                         99

                                 ARTÍCULO LXVII

      En la sesión N° 30-02 del 2 de mayo último, artículo XXVI, punto 2, se

dispuso reconocer al señor Guillermo Bonilla Cambronero, Asistente de

Laboratorio de la Sección de Toxicología del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, 8 años, 6 meses y 14 días laborados para el Hospital México,

debiendo reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la

suma de ¢222.411,95, que se le deduciría del salario a razón de un 10 % hasta la

cancelación total, según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Don Guillermo, en facsímil recibido el 5 de julio en curso, solicita se le

permita cancelar el monto indicado mediante la deducción de un 5 % de su

salario, debido a que le es imposible reintegrarlo conforme se acordó, pues se

encuentra en una situación económica difícil por gastos familiares y a fin de no

agravarla aún más.

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable para que la suma adeudada por el señor Bonilla Cambronero

al Fondo de Jubilaciones y Pensiones le sea deducida en un 5 % de su salario

hasta su cancelación total. En tal sentido se modifica lo resuelto en la sesión del 2

de mayo último, artículo XXVI.

                                 ARTÍCULO LXVIII

      En la sesión N° 44-02 del 20 de junio último, artículo LI, se dispuso solicitar

a la Dirección General de Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de

Seguridad Pública la devolución de la lancha pesquera “Tramar I”, matrícula P-
                                        100

4687, a la compañía “Camaroncito de Costa Rica, S.A.”, ya que por error se

procedió a su donación por parte de la Proveeduría Judicial.

      En oficio N° 27-2002 OP-DNG del 4 de julio en curso, dirigido al señor Luis

Badilla Calderón, Comandante de la Estación de Guardacostas de Limón, el

Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, Comisario Claudio

Pacheco Chinchilla, le transcribe la parte dispositiva del acuerdo anterior, para

que proceda a la entrega respectiva del bien citado.

      Se dispuso: Tomar nota.

                                 ARTÍCULO LXIX

      El Lic. Alejandro López Mc Adam, en su condición de Presidente de la

Asociación Costarricense de la Judicatura, en nota del 1° de julio en curso, refiere

que a partir del 5 de este mes dejará la presidencia de la citada Asociación por

haber sido elegida su nueva dirigencia para el período 2002-2004. Agradece el

proceso de apertura democrática de la Institución, la colaboración y comprensión

que ha recibido a lo largo de los 6 años que ostentó ese cargo.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y reconocer y

agradecer al Lic. López Mc Adam el valioso trabajo y aporte por él realizados al

frente de esa Asociación, que marca una época en su historia y en el desarrollo

de ésta.

                                 ARTÍCULO LXX

      La Corte Plena, en sesión N° 35-2001 del 8 de octubre del 2001, artículo

VIII, según recomendara el Departamento de Planificación, de conformidad con el

inciso 16 del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso que los
                                        101

Juzgados Contravencionales de Heredia con excepción de los del cantón central,

conocieran de la materia de violencia doméstica de su jurisdicción y que el

Juzgado de Familia ejerciera su jurisdicción en el cantón central. Con motivo de lo

resuelto, el Juzgado de Familia de Heredia debería proceder a remitir los

expedientes respectivos de violencia doméstica, que le fueran enviados por los

distintos Juzgados Contravencionales de esa provincia.

       Las Licdas. Laura Rodríguez Villalobos y Ana Gabriela Gómez Montoya,

Juezas del Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Heredia, en facsímil recibido el

3 de julio en curso, expresan:

               “Es de su sobrado conocimiento que en el mes de junio de
        los corrientes el Juzgado de Violencia Doméstica y el Juzgado de
        Familia de Heredia fueron separados física y funcionalmente.
               El Juzgado especializado de Violencia Doméstica cuenta en
        la actualidad con dos jueces destinados única y exclusivamente a
        conocer dicha materia en el cantón central de Heredia apoyado en
        los cantones por los juzgados contravencionales.
              Por la problemática que general la violencia intrafamiliar
        debe de estar un juez disponible y de turno los 365 días del año.
                Mediante acuerdo de Corte Plena, sesión N° 38-2001, se
        ordenó a los jueces contravencionales – de la periferia- unirse a
        los roles de disponibilidad y turno de violencia doméstica; para esa
        fecha el Juzgado de Familia y Penal Juvenil era quien atendía los
        casos de violencia doméstica ante la ausencia de un Juzgado
        especializado.
              En la actualidad, tal y como se indicó existe un Despacho
        especializado para la atención de la violencia doméstica en la
        provincia de Heredia. Por lo que el Juzgado de Familia y Penal
        Juvenil ha dejado de cumplir funciones en materia de violencia
        doméstica en horario diurno, por haber perdido su competencia.
               No obstante, continuamos la Juez de Familia y la Juez de
        Penal Juvenil realizando turnos y disponibilidad en violencia
        doméstica, cuando en realidad deberíamos de conocer
        únicamente los turnos y disponibilidad de Penal Juvenil por ser
        estas las materias en las que nos desempeñamos.
                                       102

              No es nuestra intención eludir los turnos y disponibilidades
        de violencia doméstica, pero debe de tomarse en cuenta que
        despachos como el nuestro tienen una carga de trabajo
        considerable como que además se nos incluya en un rol de una
        materia en la que no laboramos por existir Juzgado Especializado.
               Además y digno de resaltar es la conducta del señor Juez
        Robert Camacho, quien en su condición de Juez de Violencia
        Doméstica, solicita informar las razones sobre las decisiones que
        se toman durante la disponibilidad, incluso con copia al
        expediente. No es posible y no estamos dispuestas a permitir que
        se nos invada la autonomía de decisión en dicha materia, la cual
        atenta contra la independencia del Juez.
               Las suscritas estamos conscientes de la gravedad de la
        materia pero el tener criterio al del juez Camacho en cuanto al
        trámite de la misma no lo faculta para desplegar semejantes
        actitudes.
              Entonces, no sólo estamos coadyuvando con la
        disponibilidad y turnos a pesar de no conocer de esta materia,
        sino que además el compartir esta competencia de hecho y no de
        derecho genera situaciones como la expuesta.”
                                             -0-

      Se acordó: 1) Comunicar al Lic. Robert Camacho Villalobos, Juez del

Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, que por carecer de facultades para

ello y tener que respetar la independencia de criterio de los demás jueces, debe

abstenerse de solicitar los informes de que se da cuenta. 2) En cuanto a la

atención de la disponibilidad a que se refieren las gestionantes, dicha cuestión se

resolverá una vez que entre en vigencia el reglamento que regula lo del pago de la

disponibilidad.

                                ARTÍCULO LXXI

      Mediante circular N° 2878-2002 del 1° de julio del presente año, la Dra.

Olga Nidia Fallas Madrigal, Presidenta interina del Tribunal Supremo de

Elecciones, manifestó:
                                        103

        “Reciba un cordial saludo de parte de este organismo electoral.
        Como es de su conocimiento, nuestra Institución actualmente está
        trabajando intensamente en la organización de las elecciones que
        se celebrarán el próximo 01 de diciembre, donde se procederá a
        la elección de los Alcaldes, Síndicos y Concejales de Distrito, en
        todo el país.
            Para poder llegar a la meta propuesta, debemos poner en
        ejecución una serie de programas, lo cual nos obliga a
        incrementar la flotilla vehicular para poder atender las diferentes
        necesidades que se nos presentan. Por tal motivo muy
        atentamente solicitamos la colaboración de su dependencia para
        sacar adelante las elecciones, proceso esencial de su
        dependencia, a los efectos de que se valore la posibilidad de
        facilitar a este Tribunal el préstamo de vehículos con su respectivo
        chofer, lo cual se materializaría con base en un convenio
        interinstitucional.
             Cabe mencionar que con el afán de evitar los atrasos que se
        presentaron en los procesos de febrero y abril pasados, con el
        pago de jornada extraordinaria de los funcionarios que prestaron
        dicha colaboración, estamos proponiendo que sea su institución la
        que cubre el tiempo extraordinario de sus funcionarios y
        posteriormente el Tribunal Supremo de Elecciones girará un solo
        cheque a favor de su representada cancelando dichos costos,
        aspecto que se incluirá en el respectivo convenio.
              La necesidad nuestra es de automóviles, vehículos de doble
        tracción y camiones.
              No omito manifestar, que en dichos convenios se incluirán
        cláusulas sobre el mantenimiento de los vehículos, combustible,
        viáticos y horas extra de los funcionarios.
               Agradecería su pronta respuesta, donde nos manifieste la
        cantidad y tipo de vehículos con los que estaría colaborando su
        institución, con el propósito de suscribir los citados convenios.”
                                      --- o ---

      Se dispuso: Prestar la colaboración de un vehículo de carga del Poder

Judicial con su respectivo chofer, para el proceso electoral de que se da cuenta, y

rechazar, por improcedente, la propuesta de que sea este Poder de la República

el que cubra el tiempo extraordinario que labore ese funcionario para el Tribunal
                                        104

Supremo de Elecciones, pues no sería posible pagar por servicios prestados a

otro ente estatal.

       La Dirección Ejecutiva, el Despacho de la Presidencia y el Departamento

de Proveeduría tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                ARTÍCULO LXXII

       La M.B.A. Marietta Montero Zúñiga, Directora General de Tributación del

Ministerio de Hacienda, en oficio N° DONT-097-2002 recibido el 3 de julio del

presente año, expresó:

        “Con mucha frecuencia, acuden a nuestras oficinas abogados, sus
        asistentes o secretarias, así como llegan mandamientos de los
        distintos juzgados del país, solicitándonos el valor registrado de
        diferentes bienes inmuebles, para efectos de remates,
        desahucios, porque somos incompetentes por la materia, ya que
        el ordenamiento jurídico la ha otorgado a las municipalidades,
        veamos:
         Art. 3 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles N° 7509
          de 9 de mayo de 1995, su reforma Ley N° 7729 de 1 de enero
          de 1998 y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 27601-H del 21
          de enero de 1999.
        “Artículo 3.- Competencia de las municipalidades. Para efectos
        de este impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de
        administración tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones
        de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial
        y de administrar, en sus respectivos territorios, los tributos que
        general la presente Ley….”
         En sentido similar se expresa el texto de los artículo 9 y 11 del
          cuerpo legal citado.
         Además, en el artículo 12 se crea el Órgano de Normalización
          Técnica, con desconcentración mínima y adscrito al Ministerio
          de Hacienda, pero es un órgano técnico especializado y
          asesor obligado de las municipalidades.
        El problema que se presenta es un relación a lo establecido por el
        Código Procesal Civil en su artículo 448 al establecer para casos
        de acciones que promuevan desalojos de “…una vivienda, se
        debe presentar certificación, expedida por el Departamento de
        Avalúos de la Dirección General de la Tributación Directa,
                                        105

        sobre el actual valor conjunto del terreno y la edificación,” (El
        destacado es nuestro). Y el artículo 649 establece que “…si los
        bienes embargados fueron inmuebles, servirá de base para el
        remate el valor declarado en la Tributación Directa,…” (El
        destacado no corresponde al texto). Ambos textos legales, no se
        reformaron al nacer a la vida jurídica la Ley de Impuesto sobre
        Bienes Inmuebles en el año 1995, pues no solo se trasladó la
        competencia en la materia a las municipalidades del país, sino
        que el “Departamento de Avalúos”, ya no existe dentro de la
        estructura de esta Dependencia, pues ya no se realiza la función
        de valoración de inmuebles para efectos del pago del impuesto
        citado, en la Dirección General de la Tributación.
        Nuestro legislador, no se tomó la tarea de reformar las leyes
        concordantes con la materia de inmuebles y aplicarles la reforma
        respectiva, situación que trae confusión en los diferentes
        juzgados, pues las normas del Código Procesal Civil no han sido
        derogadas ni reformadas; pero tampoco pueden ser acatadas tal y
        como se expresan por existir una legislación más reciente que
        varía su competencia.
        Por tanto, nuestra petición hacia su autoridad, es en el entendido
        de que se informe a los diferentes juzgados, sobre la problemática
        indicada para evitar trastornos a los administrados y atrasos en la
        aplicación de la justicia y se dirijan las solicitudes a las
        municipalidades según la ubicación por cantón del inmueble que
        se trate.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la petición anterior y comunicar a los despachos

judiciales, mediante una circular que se publicará en el Boletín Judicial, que

cuando requieran el valor registrado de algún bien inmueble para efectos de

remates, desahucios, juicios sucesorios y otros, deben gestionarlo ante la

municipalidad del respectivo territorio, por ser este ente estatal el que actualmente

tiene la competencia para ello, de conformidad con la Ley de Impuesto sobre

Bienes Inmuebles, N° 7509 de 9 de mayo de 1995, su reforma y su Reglamento.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.
                                        106

                                 ARTÍCULO LXXIII

      El Lic. Jorge Chacón Laurito, Juez del Tribunal de Casación Penal, en nota

recibida el 3 de julio en curso, comunica que a partir de esa fecha renuncia a la

coordinación de ese Tribunal.

      Por su parte, la Licda. Maureen Iong Ureña, Jueza Tramitadora de ese

Tribunal, en nota presentada el 5 de los corrientes, hace del conocimiento que por

acuerdo del Consejo de Jueces, se nombró al Dr. Javier Llobet Rodríguez como

Coordinador por el período en que el Dr. Fernando Cruz Castro esté nombrado en

la Sala Constitucional.

      Se dispuso: Tomar nota de las anteriores comunicaciones.

                                ARTÍCULO LXXIV

      El Lic. Eduardo Espinoza Alvarado, en facsímil recibido el 8 de julio en

curso, rinde informe de las labores que en la plaza extraordinaria de Juez de

Tránsito creada hasta el 30 de junio recién pasado llevó a cabo en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Orotina.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

COMISIONES

                                 ARTÍCULO LXXV

      En sesión N° 36-02 celebrada el 23 de mayo recién pasado, artículo XL, al

conocerse el informe N° 167-011-AUO-2002 preparado por la Auditoría Judicial,

referente al seguimiento de recomendaciones del estudio operativo practicado en

el Archivo Judicial, se dispuso -entre otras cosas- solicitar a las Comisiones de las

Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo y Laboral, que conforme se
                                         107

recomendó en ese informe, se pronunciaran a la brevedad respecto al tiempo que

deberían permanecer en archivo los expedientes de esas materias, para los

efectos de la tabla de plazos de conservación de expedientes judiciales y se

permitiera la destrucción de causas fenecidas, lo que permitirían establecer y

planificar la utilización de más espacio físico disponible.

       El Magistrado Montenegro, en oficio N° 0059-2002 del 4 de julio en curso,

en su carácter de Coordinador de la Comisión de lo Contencioso Administrativo,

manifestó:

              “La Comisión de lo Contencioso Administrativo solicitó al
        Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Juzgado de lo
        Contencioso Administrativo y al Juzgado Civil de Hacienda de
        Asuntos Sumarios se sirvieran informarle sobre el tiempo que
        “deben permanecer en archivo los expedientes judiciales para
        permitir la destrucción de las causas fenecidas” y sobre el
        particular el único informe que me ha llegado es el del Licenciado
        Francisco Molina Salas, según el cual es difícil de determinar un
        período de tiempo, pues depende de muchas variables.
              Él señala que hay procesos en el Civil de Hacienda, cuya
        cifra oscila alrededor de 240 mil expedientes y que no cree que se
        puedan destruir, por lo menos no todos, salvo que tengan más de
        cuatro años de abandono. Como el problema del Civil de
        Hacienda de Asuntos Sumarios es el más complejo, sería
        conveniente que se hiciera un estudio mucho más detallado para
        determinar cuáles expedientes y cómo podrían ser destruidos.”
                                          -0-

       Se acordó: Trasladar la gestión anterior a la Comisión de Selección y

Eliminación de documentos, a fin de que se sirva emitir una recomendación al

respecto.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
                                      108

                               ARTÍCULO LXXVI

      En oficio N° 4570-DP/05-02 del 27 de junio de este año –reproducido por

error-, la Licda. Dinorath Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, manifiesta:

       “Con el ruego atento de que se someta a la consideración del
       Consejo Superior, respetuosamente me permito referirme los
       hechos y diligencias llevadas a cabo por este Departamento, así
       como proyecto de contrato confeccionado por el Lic. Carlos
       Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal,
       de la Dirección Ejecutiva, a fin de que si se considera conveniente
       se adjudique mediante el procedimiento excepcional de
       Contratación Directa la adquisición de los Servicios de
       mantenimiento preventivo para la planta eléctrica de
       emergencia Caterpillar Modelo CD200, Serie 5YF03154,
       ubicada en el Complejo Forense en San Joaquín de Flores,
       Heredia. Al respecto se tiene:
       1) Mediante oficio N°100-DP/15-00, la Licda. Yurly Argüello
       Araya, Encargada del Área de Ejecución Contractual de este
       Departamento, comunica que el Contrato N°01-CG-99, por
       Servicios de mantenimiento para la planta eléctrica de emergencia
       Caterpillar Modelo CD200, Serie 5YF03154, ubicada en el
       Complejo Forense en San Joaquín de Flores, Heredia, vencía el
       día 18 de marzo del presente año.
       2) Mediante oficio N°128-DP/CA-2001 de fecha 08 de enero de
       2001, se consultó a la Licda. Rocío Núñez Soto, Jefe de la
       Subunidad Administrativa del Complejo Forense, respecto a la
       necesidad de la contratación, quien mediante oficio 62-ACF-2001,
       comunicó que sí es indispensable continuar con el contrato.
       3) Revisada la normativa aplicable, se identifican los artículos
       75.1, 75.2, 75.3, 79.1 y 79.4 del Reglamento General de
       Contratación Administrativa vigente que literalmente indican:
       “75.1. Las materias excluidas legalmente de los procedimientos
       ordinarios de contratación, podrán ser objeto de negociación
       directa entre la Administración y el contratante, con tal que la
       Administración actúe en ejercicio de su competencia y el
       contratante reúna los requisitos legales y reglamentarios para
       celebrar el respectivo contrato.
       75.2 La actividad contractual administrativa excluida legalmente
       de los procedimientos ordinarios de contratación, deberá
       adaptarse en todos sus extremos a los principios generales, los
                                 109

 requisitos previos, los derechos y obligaciones de las partes, los
 controles y el régimen de prohibiciones y sanciones previstos en la
 Ley de Contratación Administrativa y se encontrará sometida, en
 general, a la fiscalización superior por parte de la Contraloría
 General…
 75.3 La determinación de los supuestos de prescindencia de los
 procedimientos ordinarios es responsabilidad exclusiva de la
 Administración. En todo caso deberá dictarse una resolución
 debidamente motivada y se dejará constancia expresa en el
 expediente que al efecto se levante de todas las actuaciones que
 se realicen.
 79.1 Los contratos que tengan por objeto prestaciones que sólo una
persona pueda cumplir, como la provisión de artículos exclusivos
producidos por un único fabricante que no tengan sucedáneos, los
repuestos genuinos, los bienes y servicios de carácter artístico o
literario, podrán celebrarse directamente entre la Administración y el
proveedor. En todo caso el precio debe ser razonable y guardar
relación con el de prestaciones similares.
79.4 Las contrataciones que por su limitado volumen y
trascendencia económica, hagan que el principio de eficiencia se
cumpla en mejores condiciones para el interés general
prescindiendo de los procedimientos ordinarios”
4) Analizado dicho marco legal fue posible concluir que por
cuantía, de acuerdo con el presupuesto, resulta factible contratar en
forma directa a la empresa empresa Maquinaria y Tractores, Ltda.,
(MATRA), para que preste los servicios de interés, ya que de
conformidad con el presupuesto vigente en el lapso de 5 años no
superaría el monto de ¢8.000.000,°° (suma límite para la
contratación directa por cuantía)
      Además, de conformidad con el artículo 79.1 se obvia la
 consulta de precios ya que se tiene conocimiento de que la
 empresa Maquinaria y Tractores, Ltda., (MATRA) es la única
 autorizada por el fabricante para el suministro de repuestos
 genuinos para la planta de emergencias Caterpillar. (Ver folio 26
 del expediente de contratación)
 5) Así las cosas, establecido el marco jurídico que posibilita
 esta contratación, se procedió a solicitar en reiteradas
 oportunidades la oferta a la empresa Maquinaria y Tractores,
 Ltda., (MATRA) la cual mediante cotización aportada el día 12 de
 junio en curso, cotiza sus servicios por un monto de $668,°°
 anuales.
 6) Finalmente, mediante solicitud de mercancías N°200302 de
 fecha 20 de febrero del año en curso, debidamente refrendada por
                                 110

la Contraloría General de la República y visible al folio 1 del aparte
recibos en el expediente diligencias, se realizó la reserva
presupuestaria correspondiente en el presupuesto vigente a fin de
dar sustento a la contratación y poder continuar con el proceso.
Asimismo, mediante oficio N°141-P-2002 el Lic. Carlos Ml.
Hidalgo Vargas, Subjefe a.i. del Departamento Financiero
Contable, comunica que existe contenido presupuestario para
hacerle frente a la erogación mencionada.
      Por lo tanto, con base en todo lo anteriormente expuesto, el
Departamento de Proveeduría, recomienda contratar en forma
directa los servicios de mantenimiento de la planta de
emergencias Caterpillar, ubicada en el Complejo Forense, con la
empresa Maquinaria y Tractores, Ltda., (MATRA), por períodos
anuales prorrogables de común acuerdo entre las partes hasta por
un máximo de cinco años, conforme al detalle siguiente:
 A: Maquinaria y Tractores, Ltda., (MATRA) cédula jurídica 3-
                       102-004255-36.
      La prestación de servicios de mantenimiento preventivo para
la planta eléctrica de emergencia Caterpillar Modelo CD200, Serie
5YF03154, ubicada en el Complejo Forense en San Joaquín de
Flores, Heredia, por períodos anuales prorrogables de común
acuerdo entre las partes hasta por un máximo de cinco años, con
mano de obra en un fin preventivo, servicios que brindará dos
veces al año (dos revisiones semestrales), e incluye revisión de
baterias y cargador, así como del sistema de precalentamiento de
las camisas, también de la tornillería en general, comprobación
del arranque y parada de motor, comprobación de los sistemas de
control y eléctrico, revisión de fugas de aceite y filtro de aire,
revisión de sistema de paradas automáticas, enfriamiento, análisis
de aceite en el S.O.S, cambio de aceite de motor, cambio de filtro
de aceite y combustible, calibración de válvulas, ajuste de
transferencia, excitación y generación (si fuera necesario),
mantenimiento del sistema de enfriamiento (si fuera necesario) y
revisión general del equipo.    Demás términos y condiciones de
conformidad con la Oferta.
Precio semestral US$334,°° (trescientos treinta y cuatro dólares
semestrales, netos).
Precio total anual US$668.00           (seiscientos sesenta y ocho
dólares, netos)
(Precios   equivalentes     a   ¢119.999,52    y    ¢239.999,04
respectivamente, al tipo de cambio promedio del día 27 de junio
de 2002 de ¢359,28 por 1$USA).
                                        111

        Forma de pago: Por semestre vencido en la forma usual de la
        institución, una vez que estos hayan sido efectivamente
        prestados.
             Lo que no esté aquí previsto se regirá por las disposiciones
        de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
        General, la propuesta de Maquinaria y Tractores, Ltda., (MATRA),
        así como demás normativa aplicable.”
                                      --- o ---

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, y 75.1, 75.2, 75.3, 79.1 y 79.4 del Reglamento General de Contratación

Administrativa, y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Autorizar la contratación de forma

directa con la empresa “Maquinaria y Transportes, Ltda. (MATRA)”, los servicios de

mantenimiento preventivo para la planta eléctrica de emergencia Caterpillar modelo

CD200, serie 5YF03154, ubicada en el Complejo Forense en San Joaquín de

Flores, Heredia, por períodos anuales prorrogables de común acuerdo entre las

partes hasta por un máximo de cinco años, por un precio semestral de $334,00 y

anual de $668,00, con la forma de pago, demás términos y condiciones de

conformidad con la oferta.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXVII

      En oficio N° 4655-DP/09-02 del 3 de julio en curso, la Licda. Dinorath

Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, expresa:

        “En referencia a la Licitación por Registro Nº 2-122-02
        “Contratación de una empresa par el suministro de cheques”,
                                 112

remitimos a usted la documentación adjunta, con el ruego de que
sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
que tomen el acuerdo que consideren conveniente.
En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
hábiles dispuesto en la cláusula 2.1.9 del cartel para resolver esta
contratación vence el día 07 de agosto del 2002.
Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de
Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
con los documentos aportados y los que conserva esta
Proveeduría, se determinó que:
Ofertas recibidas en el presente concurso:
Para este concurso se recibieron cuatro ofertas correspondientes
a:
1. Formularios Estandard Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-
   021096-04.
2. Moore de Centroamerica S.A., cédula jurídica 3-101-008964-
   32.
3. Carvajal Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-183093.
Análisis de las ofertas:
Mediante el oficio 4496-DP/09-2002 de 26 de junio en curso, se
solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
el estudio del marco legal de las tres ofertas recibidas, para lo cual
se señaló:
      “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de
las tres ofertas recibidas en la Licitación por Registro Nº 2-122-
02, “Contratación de una empresa para el suministro de
cheques”, para lo cual adjunto el respectivo expediente
administrativo.
      Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables,
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se han
advertido producto de la revisión inicial de los documentos
aportados en las ofertas, respecto de los cuales se solicita
especial pronunciamiento de la Sección a su cargo.
Oferta 1: FORMULARIOS STANDARD:
1. Respecto a lo solicitado en el punto 5, este oferente presenta
una declaración jurada en folio 34, pero no la certificación pedida
en el pliego de condiciones.
Oferta 2: MOORE DE CENTROAMERICA S.A.:
                                 113

1. Omite presentar la certificación solicitada en el punto del pliego
de condiciones.
2. En folios 29 y 30 presenta una propuesta de “Cheques en
stock”, cuya procedencia está siendo analizada por la Sección de
Suministros.
Oferta 3: CARVAJAL C.R., S.A.:
1.   En relación con lo solicitado en el punto 5 del cartel lo que
presenta en folios del 7 al 14 es una copia del contrato que rige
entre el Banco de Costa Rica y Carvajal C.R., S.A., para el
suministro de formularios personalizados de cheques.”
Análisis legal:
Mediante oficio N° 834-DE/AL-02 de 28 de junio del 2002, el
Licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas
recibidas, señaló:
“(….) requiriendo el análisis legal de las tres ofertas recibidas en la
Licitación por Registro N° 2-122-02, cuyo objeto es la
“Contratación de una empresa para el suministro de
cheques”; me permito que las ofertas de FORMULARIOS
ESTÁNDAR COSTA RICA S.A., MOORE DE CENTROAMERICA
S.A Y CARVAJAL C.R. S.A., legalmente califican al concurso.
Lo requerido en el punto 5 del cartel, omitido en las tres
propuestas, es un aspecto que puede ser subsanado mediante la
vía de la prevención, conforme lo dispone el artículo 56 del
Reglamento General de Contratación Administrativa.”
Informe de la Sección de Suministros:
Mediante oficio 4573-PSS/SS-2002 de 27 de junio en curso, la
Licda. Dinorath Alvarez Acosta, Jefe a,í. del Departamento de
Proveeduría Judicial, rinde el informe del resultado de la
evaluación realizada a las ofertas y muestras presentadas, para lo
cual determinó lo siguiente:
“Ninguna de las tres casas comerciales que participan en dicha
licitación presentaron la certificación del Banco de Costa Rica
haciendo constar que están autorizadas para la confección de
cheques de dicha entidad, condición que se solicitó en el Cartel.
El Banco de Costa Rica mediante nota de fecha 24 de junio del
presente, suscrito por el Lic. Ronald Cantillo Gamboa, Gerente de
Cartera y el Lic. Víctor Vargas Rodríguez, Ejecutivo de Cuenta,
indica literalmente lo siguiente, …el Banco de Costa Rica no
autoriza “a priori”, a ninguna empresa para la fabricación de
cheques, sino que, para los efectos del párrafo final del artículo
803 del Código de Comercio, una vez seleccionada la empresa a
                                114

satisfacción del cliente, nuestra institución procede as autorizar el
uso de los cheques…
 En virtud de lo anterior, a ningún oferente le fue posible cumplir
con dicha condición por lo que se recomienda omitirla y en ese
sentido todos cumplirían, ya que en las demás condiciones del
cartel se ajustan.
Por otro lado, con relación a la opción que presenta la empresa
Moore de Centroamérica, de mantener en inventario los cheques
continuos sin personalizar, le indicó lo siguiente:
     Según se señala en el cartel, punto N°10 de las condiciones
especiales: “Conforme la Sección de Suministros determine la
necesidad de impresión de cheques, así lo comunicará a la
Sección de Contratación Administrativa, la cual, al amparo del
contrato, emitirá la orden de compra respectiva y la hará llegar al
adjudicatario”, dicha condición se debe a que la producción se irá
solicitando parcialmente conforme necesidad de la Institución,
dado que de previo a una solicitud debe ser valorado por
Departamento de Planificación, quienes indican si hay algún
cambio, por lo que no es conveniente tener tanta cantidad en
inventario.
Por lo anterior expuesto y por razones de seguridad no es
conveniente la opción ofrecida de la empresa Moore de
Centroamérica, ya que dicha empresa tendría cheques en blanco
del Poder judicial bajo su custodia. “
Respecto al punto 5 del pliego de condiciones, en el cual se
solicita que las oferentes deben presentar una certificación del
Banco de Costa Rica haciendo constar que están autorizadas
para la confección de cheques, no se considera necesario realizar
la prevención, ya que tal y como lo señala la Licda. Alvarez
Acosta, el Banco de Costa Rica mediante nota emitida el 24 de
junio en curso, indica que esa entidad no extiende certificaciones
de autorización a ninguna empresa.
Análisis y valoración:
Conforme a lo señalado en los informes tanto de la Sección de
Asesoría Legal como de la Sección de Suministros antes
transcritos, se procede seguidamente a la exposición, análisis y
valoración de las circunstancias concurrentes en el presente
procedimiento de contratación.
Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de tres oferentes;
se procedió con el proceso de selección y adjudicación.
                                   115

En vista de que las tres ofertas se han determinado como
elegibles y satisfacen las especificaciones del objeto del contrato
establecidas en el cartel, con excepción de la empresa Moore de
Centroamerica S.A., en lo referente a su opción de “cheques en
stock” por las razones ya señaladas por la Sección de
Suministros, seguidamente se procede a evaluar los factores que
determinan la calificación que corresponde otorgar a los
participantes aplicando el sistema de evaluación establecido en el
cartel:
                   LICITACIÓN POR REGISTRO N° 2-122-02
     "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA ELSUMINISTRO DE
                         CHEQUES"

   ORIGINAL Y TRES COPIAS
 OFERTA N° 1                   FORMULARIOS STANDARD
ENTREGA 20%                                                TOTAL
7 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Precio total             7770958     80                     80,00
                         7770958
GRAN TOTAL                                                 100,00


 OFERTA N° 2                MOORE DE CENTROAMERICA S.A.
ENTREGA 20%                                               TOTAL
7 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Preci total              7770958     80                     49,28
                        12614100
GRAN TOTAL                                                  69,28


 OFERTA N° 3                       CARVAJAL C.R. S.A.
ENTREGA 20%                                                TOTAL
5 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Precio total             7770958     80                     39,03
                        15930000

GRAN TOTAL                                                  59,03


                   LICITACIÓN POR REGISTRO N° 2-122-02
                                116

     "CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA ELSUMINISTRO DE
                         CHEQUES"

 ORIGINAL Y CUATRO COPIAS


 OFERTA N° 1                FORMULARIOS STANDARD
ENTREGA 20%                                                TOTAL
7 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Precio total         11186090     80                        80,00
                     11186090
GRAN TOTAL                                                 100,00


 OFERTA N° 2             MOORE DE CENTROAMERICA S.A.
ENTREGA 20%                                                TOTAL
7 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Preci total          11186090     80                        59,72
                     14985300
GRAN TOTAL                                                  79,72


 OFERTA N° 3                    CARVAJAL C.R. S.A.
ENTREGA 20%                                                TOTAL
5 días naturales                                            20,00
PRECIO 80%
Precio total         11186090     80                        54,14
                     16530000
GRAN TOTAL                                                  74,14


De acuerdo con los resultados obtenidos por los participantes, a la
luz de la normativa aplicable, el Departamento de Proveeduría
concluye que procede recomendar la adjudicación de esta
licitación a la oferta mejor calificada, sea esta la empresa
Formularios Estándar Costa Rica S.A..
Recomendación:
Al verificarse la reserva presupuestaria, según Solicitudes de
Mercancías N° 2002-200210 y 200327, emitidas con cargo a la
subpartida 234 “Impresos y Otros”, centro de responsabilidad 99,
programa 800, de las cuales se podrá disponer de la suma de
                                        117

       ¢9.853.566,90 y ¢1.000.000,00, respectivamente, a efecto de
       atender las obligaciones que se derivan de esta compra, se
       recomienda adjudicar la presente licitación a:
       FORMULARIOS ESTÁNDAR COSTA RICA, S.A., C.J.N° 3-101-
       021096-04:
       Línea única:
       Suministro de cheques por espacio de un año, prorrogable por
       períodos iguales hasta un máximo de tres años, en una cantidad
       anual estimada de 570.000 cheques en papel de seguridad color
       blanco, con pantalla exclusiva con predominio de tinta color verde
       y con marca de agua, tinta invisible, papel con fibrillas visibles y
       tinta de seguridad, logo del Poder Judicial con tinta visible e
       invisible y la línea estará compuesta por la leyenda “Poder
       Judicial”. Llevará los caracteres magnéticos. Los cheques son
       en formulario continuo con papel químico para ser procesados en
       computadora y llevarán original y tres o cuatro copias de
       diferentes colores según se indique en la respectiva orden de
       compra. Todo cheque llevará una numeración consecutiva.
       Demás características y condiciones según cartel y oferta.
       Precio Unitario: original y tres copias $ 0.038
       Precio Unitario: original y cuatro copias $ 0.0547
       Plazo de entrega: 07 días naturales después de recibida la orden
       de compra (la Sección de Suministros determinará la necesidad
       de impresión de cheques y solicitará la confección de la respectiva
       orden de compra a la Sección de Contratación Administrativa)
       Lugar de entrega:         Almacén de Proveeduría.
       Los precios no incluyen el impuesto de ventas.
        TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR EN ESTA LICITACION
                          $21.660,00
         (equivalentes al tipo de cambio al 01/07/02 de ¢359.64 para un
                      total en colones de ¢7.789.802,40).”
                                      --- o ---

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial y 56 del Reglamento de Contratación Administrativa, y la recomendación

formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito,
                                         118

se dispuso: Adjudicar la Licitación por Registro N° 2-122-02 denominada

“Contratación de una empresa para el suministro de cheques”, a la compañía

“Formularios Estándar Costa Rica, S.A.”, cédula jurídica N° 3-101-021096-04, para

el suministro de cheques por espacio de un año prorrogables por períodos iguales

hasta un máximo de tres años, con las características, precio unitario, plazo y lugar

de entrega y demás condiciones según el cartel y la oferta.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXVIII

      En sesión celebrada el 27 de junio recién pasado, artículo XIII, se concedió

permiso con goce de salario al personal del Juzgado Civil de Puntarenas, para

que participaran en el taller sobre manejo del estrés, organizado por la Unidad de

Atención Psicosocial, a realizarse el 19 de julio en curso.

      Las Licdas. Emma Madrigal Bustamante y Jacqueline Phillips Guardado,

por su orden Trabajadora Social y Psicóloga de la Unidad de Atención Psicosocial,

en oficio N° 110-UAP-2002 del 1° este mes, expresan que en razón de que los

Licdos. Geovanni Mena Artavia y Javier Miranda Jiménez, Jueces del Juzgado

Civil de Puntarenas, fueron convocados por el Consejo de la Judicatura para

rendir examen de juez 4 Civil el mismo día en que se llevaría a cabo el citado

taller, solicitan se autorice un cambio de fecha para el próximo 1° de agosto.

      Se acordó: Autorizar el cambio de fecha solicitado y en tal sentido

modificar el acuerdo de la sesión del 27 de junio recién pasado, artículo XIII.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                         119

                                 ARTÍCULO LXXIX

       La Licda. Dinorath Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría Judicial, con oficio N° 4689-DP/03-02 del 1° de julio del año en curso,

adjunta ejemplar del proyecto del cartel de licitación restringida, ya dictaminado

por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 848-

DE/AL-2002, que tiene por objeto la compra de faxes, para su aprobación y orden

de inicio.

       Vista la comunicación anterior y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación restringida, documento que también se aprueba, y de

acuerdo con las siguientes consideraciones:

       a)     Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

       Coadyuvar en un mejor cumplimiento de la administración de justicia

mediante la contratación y dotación a las oficinas judiciales, de equipo necesario

para la recepción y transmisión de comunicaciones.

       b)     Partida presupuestaria:

       Esta necesidad, se contempla en el ítem 38 del Plan Anual de

Adquisiciones 2002 del Poder Judicial; publicado aquel en la Gaceta Nº 241 del

día viernes 14 de diciembre del 2001.

       La    existencia   y   disponibilidad   de   los   recursos   presupuestarios

correspondientes, para la debida atención de las obligaciones que se deriven de
                                       120

esta contratación se tramitaron mediante Solicitudes de Mercancías Nº 200706,

200719, 200720 y 200721, programa 800, IP= 99, 02, 11 y 27 respectivamente,

FF= 27, subpartida 340 “Equipo para comunicación”, por un monto total de

¢11.004.940,00 (once millones cuatro mil novecientos cuarenta colones).

      c)     Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Los estudios previos que determinan la necesidad objeto de contratación

son los que dispone y fueran realizados por la Sección de Suministros del

Departamento de Proveeduría.

      d)     Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

a la Sección de Contratación Administrativa del Departamento de Proveeduría,

dada la competencia exclusiva en materia de contratación administrativa que en

ella recae, aspecto que así se establece en el encabezado del cartel.

      e)     Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar
             la correcta ejecución del objeto de la contratación:

      Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del

Reglamento General de Contratación Administrativa, se propone que los recursos

materiales y humanos a utilizar por el Poder Judicial para la verificación de la

correcta ejecución del objeto de la contratación, se dispongan de aquellos con que

cuentan la Sección de Suministros y la Unidad de Verificación de Ejecución

Contractual del Departamento de Proveeduría, para velar por el ajuste a las

especificaciones técnicas y a los términos contractuales que dimanen de la
                                         121

contratación, en la inteligencia de que contarán con el auxilio del personal

especializado de la institución. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO LXXX

       En sesión celebrada el 14 de mayo último, artículo XXX, al conocerse el

informe elaborado por la Sección de Auditoría de Cuentas Corrientes de la

Auditoría Judicial, sobre el reconocimiento de intereses por parte del

Departamento Financiero Contable, de la cuenta corriente N° 190090-1, Artículo

237, administrada por la Sección del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial, se acogieron las recomendaciones en él contenidas, en particular

la N° 2 dirigida a la Dirección Ejecutiva, la que literalmente dice: “Emitir el criterio

respectivo en cuanto al término de prescripción necesario, a efecto de aplicarlos a

aquellos casos en que los interesados o beneficiarios no ejerzan, dentro de un

plazo razonable, sus derechos para reclamar el principal y los intereses

correspondientes, tanto los producidos por los saldos en las cuentas corrientes,

así como los generados por las inversiones de éstos, en especial por lo

expresamente establecido en el Código Civil, Título VI, artículo 868, o bien lo

indicado en el Código de Comercio, Libro V, Título I, artículo 984, inciso b).

       Al respecto, el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°

4659-DE-2002 del 1° de julio en curso, comunica que se ha determinado por parte

del Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, lo que es

compartido por la Licda. Ana Lía Umaña Salazar, Abogada Asistente de la

Auditoría Judicial, el criterio de que no existe norma que establezca el plazo de

prescripción de los depósitos judiciales y sus intereses, por lo que a la fecha son

imprescriptibles.
                                        122

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                   ARTÍCULO LXXXI

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, para lo que se tenga a bien

disponer, con oficio N° 4599-DE-2002 del 27 de junio recién pasado, remite la

nota N° 530-UARG-2002 del 24 de ese mes, mediante la cual el Lic. Elmer

Hernández Castillo, Jefe de la Unidad Administrativa Regional de Guanacaste,

detalla los trabajos necesarios para reparar e instalar el aire acondicionado tipo

“split” en la Fiscalía de Liberia, por parte del señor Carlos Manuel Cascante Picón,

técnico en refrigeración y aire acondicionado, quien lo cotiza por la suma de

¢700.000, cuyo costo será asumido por la Unidad Administrativa del Ministerio

Público. Agrega el Lic. Hernández que otros dos técnicos no cotizaron el trabajo

de referencia, en virtud de que era improcedente por su deterioro físico, alto costo

que acarrearía y la incertidumbre de su funcionamiento a largo plazo.

      Acompaña también el Lic. Jones León, el oficio N° 497-UAMP-2002 del 26

de junio último, que le dirige el Lic. David Brown Sharpe, Administrador del

Ministerio Público, en el que le informa que actualmente ese Ministerio cuenta con

¢1.804.312,69 en la subpartida “Mantenimiento y reparación de mobiliario y

equipo de oficina”, por lo que se autoriza la suma de ¢700 mil para la reparación

del referido aire acondicionado.

      El Director Ejecutivo presenta fotocopia de la nota que le hiciera llegar el

Lic. Hernández Castillo de fecha 8 de este mes, en el que le detalla dos

cotizaciones recibidas para la compra de un equipo de aire acondicionado, una de

la empresa “Tectronic de Costa Rica, S.A.”, por un equipo marca Miller, mini split,

capacidad de 60.000 BTU, cuyo valor es de $1.750,00 más 465 por instalación,
                                       123

garantía de dos años y mantenimiento a cargo de esa empresa, y la segunda de

“Frío Norte”, propiedad del señor José Luis Segura Ovares, por uno de marca

Carrier, mini split, igual capacidad, con un precio de $1.925,00 más $315,00 por

instalación.

       Se dispuso: Autorizar la adquisición de un equipo de aire acondicionado

nuevo para la Fiscalía de Liberia, por un monto de ¢800.000,00 colones.

       Los Departamentos de Proveeduría y Financiero Contable tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                 ARTÍCULO LXXXII

       El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 4703-DE-02 del

2 de julio en curso, para lo que a bien se estime disponer, remite la gestión que

con el aval de la Licda. Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de

Trabajo Social y Psicología, plantean las Licdas. Anayansi Bolaños Arce, Ana

Shirlenia Briceño Castro, Sheiris Jiménez Villalobos y Cruz Porras Bolaños,

Coordinadores de los diferentes Programas que se ejecutan en la oficina central

de dicho Departamento, para que se les dote de un teléfono celular para el

Despacho, por las situaciones de riesgo que ese personal debe enfrentar en las

visitas domiciliarias y comunales.

       Se acordó: Denegar la petición anterior, por falta de contenido

presupuestario y porque no se estima necesario dotar de un teléfono celular a los

funcionarios que lo solicitan.
                                       124

                                 ARTÍCULO LXXXIII

      En la sesión N° 35-02 del 21 de mayo último, artículo LXXI, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión celebrada el 6 de febrero del año en curso,
       artículo LV, se conoció la gestión presentada por el Lic. Rónald
       Vargas Bolaños y el señor Jorge Ulate Salguero, Administrador
       Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela y servidor de la
       Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de
       ese lugar, respectivamente, contenida en el oficio N° 044-UARA-
       2002 de 21 de enero del presente año, tendente a que los
       servidores de los Tribunales de Justicia de esa jurisdicción,
       pudieran contar a partir de este año, con la aprobación y ayuda
       necesaria, para que se les subvencione una cuota mensual, con el
       fin de que sus hijos puedan ser cuidados mientras laboran, al igual
       que ocurre en San José. Además señalaron que: “…las
       propuestas de los Centros Infantiles de Alajuela, las posee la
       actual Directora del Centro Infantil de San José, la señorita
       Carolina Aguirre, misma que realizó dichas visitas a estos Centros,
       con el fin de que obtuviera una perspectiva más clara sobre el
       asunto que nos atañe.”
            En esa oportunidad, este Consejo dispuso trasladar la
       gestión anterior a la Directora del Centro Infantil del Poder
       Judicial, para que diera respuesta a los petentes; en atención de
       lo cual, la Licda. Carolina Aguirre Quirós, Directora del citado
       Centro Infantil, en nota de 22 de marzo de este año, dirigida al Lic.
       Vargas Bolaños y al señor Ulate Salguero, les manifestó lo que a
       continuación se transcribe:
            “No es cierto que a mi persona, como Directora del Centro
       Infantil del Poder Judicial de San José, se me remitiera ninguna
       comunicación escrita por Uds., relacionada con el Proyecto de
       Centro Infantil para Alajuela.
             Sí recibí la visita del señor Ulate Salguero, quien me invitó a
       participar en una visita a diversos Centros Infantiles de Alajuela
       que ofrecían servicios para los niños de los servidores judiciales
       de esa ciudad, a lo cual accedí y la visita se hizo en setiembre del
       año pasado. En esa oportunidad, el señor Ulate y yo visitamos
       tres Guarderías Infantiles de Alajuela. Yo les di mi opinión sobre
       cuáles de esos Centros convenían. El señor Ulate me pidió
       colaboración para ver si la Corte les ayudaba y para que la
       Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda lo atendiera. Le expliqué
       que yo no podía hacer nada, pues era una cuestión que debían
       decidirla las autoridades administrativas de la Corte y que la cita
                                125

con la Magistrada Calzada era conveniente pedirla en la oficina de
ella. No obstante hice lo propio para ayudarle en ese sentido y
traté de obtener la cita, lo que no se pudo porque doña Ana
Virginia se encontraba incapacitada, lo que le comuniqué
telefónicamente.
     En enero de este año me llamó otra vez el señor Ulate
pidiéndome que le dijera que iba a hacer yo y de nuevo le dije que
yo no podía disponer ninguna ayuda.
     Debo explicar que lo único que yo he recibido fue la copia de
una nota dirigida por el San Francisco Bilingüe, de fecha 27 de
setiembre del 2001, dirigida a doña Ana Virginia, en la cual
ofrecen los servicios del Centro. El día que me visitó el señor
Ulate mostró unas encuestas que se habían hecho, pero no me
las dejó.
     Mi parecer es que el patrocinio de cualquier Proyecto de este
tipo debe pedirse al Consejo Superior, con los estudios que
correspondan, a fin de que, si esa autoridad así lo estima
conveniente, destine en la forma prevista en la ley, los recursos
que correspondan. El Centro que yo dirijo no tiene competencia
en ese sentido.”
                              --- o ---
      Sobre este particular, el Lic. Vargas Bolaños y el señor Ulate
Salguero, en oficio N° 443-UARA-2002 de 6 de mayo en curso,
indicaron lo siguiente:
     “Desde hace más de un año un grupo de compañeros de los
Tribunales de Justicia de Alajuela nos hemos interesado en
valorar la posibilidad de que en Alajuela se pueda contar con un
Centro Infantil para el cuido de los menores mientras los padres
laboramos, al igual que en San José.
      Se realizó un estudio entre los compañeros el cual arrojó una
cifra de 51 niños que podrían requerir este servicio. Con base en
lo anterior se procedió a investigar en la zona el costos que podría
conllevar el contratar los servicios de una guardería privada. Del
resultado de ese estudio se desprende que el abrir un Centro
Infantil en Alajuela a cargo del presupuesto del Poder Judicial
resultaría totalmente desfavorable en contraposición con la
subvención del mismo.
       Dado lo anterior deseamos elevar la solicitud para que se
analice la posibilidad de subvencionar el costo de contratar una
guardería privada para el cuido de nuestros hijos, debiendo la
institución cubrir la diferencia entre el costo y los ¢21.000.00 que
al igual que en San José deberían pagar los padres de familia por
cada menor.”
                                        126

                                       -0-
               Se acordó: Trasladar las presentes diligencias a estudio de
        la Dirección Ejecutiva.”
                                      --- o ---

       En cumplimiento del acuerdo anterior, el Lic. Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, con oficio N° 4716-DE-2002 del 3 de julio en curso, remite el criterio

externado por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de

Asesoría Legal de esa Dirección, en nota N° 862-DE/AL-02 del día anterior, que

literalmente dice:

               “En atención a su solicitud verbal para que esta Asesoría se
        pronuncie si legalmente es permitido que el Estado, y por ende el
        Poder Judicial, colabore con el financiamiento de centros de
        atención integral de menores o “guarderías”; me permito referirle
        que de conformidad con los artículos 1, 2 inciso e, 3 y 4 de la Ley
        N°8017 del 29 de agosto del 2000, denominada Ley General de
        Centros de Atención Integral (publicada en La Gaceta N° 181 de
        21 de setiembre del 2000), así como del considerando 1°,
        artículos 1 y 2 del Reglamento a dicha Ley (Decreto Ejecutivo
        N°29580-S, publicado en La Gaceta N° 115 del 15 de junio del
        2001), el Estado está facultado para crear, financiar y administrar
        este tipo de centros (públicos), o bien colaborar con su
        financiamiento y establecimiento y que la administración esté a
        cargo la empresa privada, la comunidad o grupos sociales u
        organizaciones sin fines de lucro, declaradas de bienestar social
        (mixtos).”
                                      --- o ---

       Infoma el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que no existe

contenido presupuestario para hacerle frente a una erogación de esa índole ni

está presupuestado para el año 2003. A mayor abundamiento, presenta copia del

oficio N° 23-SAE-02 del 1° de julio en curso, que le hizo llegar la Licda. Shirley

Sánchez Garita, Jefa de la Sección de Análisis y Ejecución, en los siguientes

términos:
                                 127

      “En atención al artículo LXXI de la sesión No. 35-02 del
Consejo Superior, del 21 de mayo en curso, me permito informarle
que de acuerdo con la revisión efectuada a la legislación existente
en materia de guarderías infantiles mixtas, como es este caso, no
existe impedimento alguno de subvencionar el costo de una
guardería privada, según la consulta verbal realizada al Asesor
Legal Lic. Carlos Mora Rodríguez y como se puede apreciar en el
artículo 2 de la Ley General de Centros de Atención Integral , que
dice:
    “Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes
conceptos: … e) Centros de atención integral mixtos:
     Centros mediante los cuales el Estado participa, con su
financiamiento, establecimiento o ambos, pero que son
administrados por la empresa privada, la comunidad o grupos
sociales u organizaciones sin fines de lucro, declaradas de
bienestar social.”
     Actualmente, el costo en el que incurre el Poder Judicial en
mantener un niño en la Guardería del Poder Judicial en San José,
asciende a ¢39.209,16, incluyendo este monto el mobiliario,
materiales, guarda, 1 Auxiliar de Servicios Generales, 1
Profesional 1, alquiler del local, pólizas respectivas y servicios
públicos. El monto que deben pagar los padres de familia
funcionarios judiciales, es de ¢25.000,00. Lo que significa que el
costo real para atender un niño en esta guardería es de
¢64.209,16 por mes.
      La Guardería “San Francisco Bilingüe” y el Centro Educativo
“Bri Brí”, presentaron ofertas de servicio para los hijos de los
funcionarios que laboran en los Tribunales de Justicia de Alajuela,
ofreciendo los siguientes precios:
San Francisco Bilingüe:
                 HORARIO                    MENSUALIDAD
7:00 am a 5:30 pm con almuerzo                ¢40.000,00
7:00 am a 5:30 pm sin almuerzo                ¢36.000,00
7:00 am a 4:30 pm con almuerzo                ¢37.500,00
7:00 am a 4:30 pm sin almuerzo                ¢31.500,00
12:00 md a 5:30 pm con almuerzo               ¢21.000,00
12:00 md a 5:30 pm sin almuerzo               ¢15.000,00
2:00 pm a 5:30 pm sin almuerzo                ¢13.500,00


Centro Educativo Bri Brí:
                                           128

                         HORARIO                     MENSUALIDAD
                     7:30 a.m. A 5:30 pm               ¢40.000,00


             El costo que incurriría el Poder Judicial en mantener un niño
        en la guardería en Alajuela, sería de ¢15.000,00, asumiendo que
        los padres de familia aporten el mismo monto que se les cobra en
        la guardería en San José, ¢25.000,00.
              La alternativa de contratar los servicios de guardería
        comparado con el servicio de guardería que se brinda en las
        oficinas centrales, es menor en ¢24.209,16 por cada niño
        mensualmente, sin tomar en cuenta el porcentaje de descuento
        que se pueda aplicar a la mensualidad, que va de un 10% hasta
        un 20%, dependiendo de la guardería y la cantidad de niños que
        ingresen.
              Sin embargo, se le solicitó al Departamento Financiero
        Contable que emitiera una certificación del contenido
        presupuestario por un monto de ¢1.300.000,00 mensual y
        mediante oficio No. 0934-P-2002 del 28 de junio en curso,
        informan que no existe contenido presupuestario para hacerle
        frente al pago de dicha erogación, por lo que queda a criterio de la
        Administración incorporar estos recursos mediante Transferencia
        de Recursos. Se adjunta dicha certificación.”
                                      --- o ---

      Por mayoría, se dispuso: Tomar nota del informe del Lic. Jones León y por

falta de contenido presupuestario denegar la creación de un centro infantil en

Alajuela o la subvención que se solicita.

      El Lic. Campos expresa que si bien no se puede dar el auxilio solicitado en

este momento porque no está presupuestado, sí puede brindarse en el futuro, por

lo que su voto es en el sentido de pedir a la Comisión de Presupuesto del 2003

que incluya esa erogación para el próximo período.

                                ARTÍCULO LXXXIV

      El Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría

Legal de la Dirección Ejecutiva, en oficio N° 855-DE/AL-02 del 2 de julio de este
                                       129

año, con el visto bueno de su superior, Lic. Alfredo Jones León, remite el proyecto

de addendum al contrato de servicios de limpieza y jardinería para el Complejo

Forense N° 80-CG-01 suscrito entre el Poder Judicial y la empresa DEQUISA.

      Se acordó: Autorizar al señor Presidente para que suscriba el contrato de

referencia. Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXXXV

      Con respecto al reclamo administrativo presentado el 5 de junio de este

año ante el Departamento de Proveeduría, por el señor Jesús Castro Monge,

Gerente General y apoderado generalísimo de la sociedad “Purdy Motor S.A.”, en

relación con su participación en la Licitación Pública N° 75-2000, el Lic. Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección

Ejecutiva, con oficio N° 854-DE/AL-02 del 2 de julio de este año, y el visto bueno

de su superior, Lic. Alfredo Jones León, remite para que se proceda a la

aprobación del pago respectivo, copia de la nota N° 4547-DP/15-02 del 26 de

junio último, suscrita por la Licda. Dinorath Álvarez Acosta, Jefa interina del

Departamento de Proveeduría, que literalmente dice:

              “En relación con el reclamo administrativo presentado por la
        empresa Purdy Motor, S. A. por cobro de intereses moratorios
        debido al atraso del Poder Judicial en la entrega de vehículos
        usados derivados de la Licitación Pública N° 75-2000 por un
        monto de ¢ 844.977,78, me permito indicar que según el estudio
        llevado a cabo para este fin le asiste razón a la empresa
        gestionante, en cuanto al reclamo, no así en los montos por
        intereses solicitados, ya que difieren con los cálculos realizados
        por esta Proveeduría por cuanto las fechas indicadas por la
        solicitante como fechas de entrega de los vehículos usados como
        parte de pago son diferentes a las consideradas para desarrollar
        los cálculos, toda vez que la gestionante toma como fechas de
        entrega de los vehículos la fecha de las escrituras públicas
        extendidas por la Procuraduría General de la República y este
                                    130

Departamento toma como fecha efectiva de entrega las fechas en
la cual se remite a esa instancia gubernamental la solicitud de
confección de las escrituras públicas, ello con base en el criterio
legal extendido por esa Dirección Ejecutiva mediante el oficio N°
579-DE/AL-02 de fecha 07 de mayo del año en curso, que para lo
que interesa señala:
“… considero que los intereses moratorios deben calcularse hasta
la fecha en que el Poder Judicial, como administración contratista,
remita todos los documentos a la Procuraduría General de la
República para que la Notaría del Estado proceda a formalizar en
escritura pública el traspaso de los mencionados vehículos.
Después de este momento, el Poder Judicial se encuentra limitado
para actuar en la prosecución y finalización de estos trámites
formales, pues se escapa de su esfera de competencia, …”
      En virtud de lo anterior, de previo a realizar los cálculos de
intereses correspondientes, se verificaron las fechas que se
debían utilizar para desarrollar de forma satisfactoria dichos
cálculos, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro.
Vehículos       Fecha      * Fecha en la cual    Fecha efectiva    Cantidad
a entregar    recepción   se debieron entregar      entrega         días de
parte pago    vehículos       los vehículos        vehículos        atraso
               nuevos            usados             usados        (naturales)

   PJ-709       27/07/01           10/09/01            24/10/01        43
   PJ-708       13/08/01           26/09/01            20/11/01        55
   PJ-720
   PJ-725       24/08/01           08/10/01            26/02/02       140
   PJ-721       24/08/01           08/10/01            26/04/02       199
* Nota: Los vehículos usados se debieron entregar a la Purdy Motor,   S. A. 45
días naturales posteriores a la recepción de los vehículos nuevos.
      De esta forma, tomando en cuenta lo indicado en el cuadro
anterior se procedió a verificar matemáticamente los cálculos de
los intereses, considerando la tasa básica pasiva emitida por el
Banco Central de Costa Rica durante los períodos (días)
correspondientes a las variaciones de dicha tasa, obteniendo los
resultados que se observan en las tablas enumeradas de la N° 1 a
la N° 4, las cuales se adjuntan.
    Por lo tanto, según los cálculos efectuados, el Poder Judicial
debe cancelar a la casa comercial la suma de ¢805.647,26, dicho
monto se obtuvo considerando el número de días transcurridos
desde el momento en que se tuvieron que entregar los vehículos
usados hasta la fecha efectiva de entrega.”
                             --- o ---
                                        131

      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable para que gire a “Purdy Motor, S.A.” la suma de ¢805.647,26,

por el concepto dicho. Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXXXVI

      La Licda. Dinorath Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría Judicial, con oficio N° 4786-DP/02-02 del 5 de julio en curso, adjunta

ejemplar del anteproyecto del cartel de licitación pública, ya dictaminado por la

Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 811-

DE/AL-2002, que tiene por objeto el arrendamiento de 1000 microcomputadoras,

para su aprobación y orden de inicio.

      Vista la comunicación anterior y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación pública, documento que también se aprueba, y de

acuerdo con las siguientes consideraciones:

      Finalidad pública:
        Incorporar microcomputadoras de tecnología actualizada que mantengan
un nivel de obsolescencia bajo, con seguridades altas de funcionamiento continuo
y utilizando la menor cantidad de personal técnico. Se tiene en funcionamiento
equipo de cómputo cuya vida útil esperada fue superada con creces y es
menester su sustitución a efecto de contribuir en las tareas de los despachos
judiciales en las cuales se requiere de tecnología actual para poder desarrollarlas
de mejor manera.
      Estudios Previos:
       Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el
28 de mayo, artículo LXXX, se autorizó, previo conocimiento del informe rendido
por la Dirección Ejecutiva por oficio Nº 3042-DE-2000 (sic) de 15 de mayo en
curso, el arrendamiento de un mil computadoras con la modalidad de leasing.
                                       132

       Cabe indicar que la figura de leasing, de acuerdo con reiterados
pronunciamientos del Organo Contralor, por estar incluida dentro de las figuras
atípicas, requiere de reglamentación especial con la respectiva aprobación
precisamente de la Contraloría General de la República, de lo cual estamos
carentes; así las cosas, el presente proyecto se está desarrollando con base en la
figura de arrendamiento, establecida en el artículo 78 de la Ley de Contratación
Administrativa, con la que se faculta a la Administración a tomar en arriendo
equipo o maquinaria con opción de compra o sin ella.
       Por otra parte, conforme los estudios efectuados tomados como base al
disponerse la autorización para este arrendamiento, a efecto de no variar los
escenarios considerados, el proyecto de trato se remite al puro y simple alquiler,
sin contabilizar opción de compra alguna y estableciendo plazo del arrendamiento
en 36 meses.
       El anteproyecto cuenta con dictamen legal emitido por la Sección de
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, conforme oficio Nº 811-DE/AL-02 de 26
de junio último, el cual fue presenta el visto bueno del Licenciado Alfredo Jones
León, Director Ejecutivo, que en lo conducente indica:
             “[...] me permito referirle que una vez revisado el contenido
       del pliego de condiciones del anteproyecto de Licitación Pública
       elaborado para el “Arrendamiento de 1000 microcomputadoras”,
       estimo que se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contratación
       Administrativa, su Reglamento General y demás normativa
       aplicable.
             No obstante, es necesario señalar lo siguiente:
          En vista de que es escasa la reglamentación del contrato de
           arrendamiento de equipo, figura regulada en el artículo 74 del
           Reglamento General de Contratación Administrativa, es
           necesario que en el pliego de condiciones se establezcan
           claramente los aspectos que sustentarán el negocio, tanto en
           la etapa procedimental como en la contractual.
          Es preciso recordar que el Código Civil es de aplicación
           supletoria a falta de regulación expresa en materia de
           contratación administrativa. Específicamente, el arrendamiento
           de cosas lo encontramos regulado en el Título V, siendo de
           mayor interés los Capítulos I y III que se refieren a las
           disposiciones generales y al arrendamiento de bienes
           muebles.
          En estos capítulos se establecen las principales obligaciones
           de ambas partes –arrendador y arrendatario- las cuáles
           pueden ser tomadas en cuenta para incluirlas dentro de las
           estipulaciones cartelarias.   Se regula por ejemplo las
           reparaciones de la cosa, vicios o defectos que aparezcan e
           impidan su uso, conservación y empleo del bien, su restitución
                                       133

            al fin del arrendamiento, finalización anormal del contrato e
            indemnizaciones, entre otras cosas.
           Por ejemplo, en la cláusula 3.16 debe establecerse de una
            vez la forma, plazo y lugar en que el Poder Judicial entregará
            los equipos a la contratista.
        Por la “especialidad” de la referida contratación, considero
        conveniente que el pliego de condiciones se remita previamente a
        consulta al Departamento de Tecnología de Información.”
      En cuanto a la atención del criterio legal, se ha desarrollado en el proyecto
de cartel lo relativo a la devolución de los equipos, como también se incorporaron
algunos aspectos sobre el uso y disfrute de los bienes según el Código Civil en
cuanto a los arrendamientos.
      Respecto del pedido de la Sección de Asesoría Legal sobre la necesidad
de incorporar lo correspondiente a la finalización anormal del contrato e
indemnizaciones, debe indicarse que de acuerdo con las conversaciones
sostenidas con quienes suscribieron el oficio, se considera únicamente lo regulado
en dicha materia por la Ley de Contratación Administrativa sobre la materia.
      Disponibilidad presupuestaria:
      A través de la Solicitud de Mercancías o Servicios Nº 200772, con cargo al
programa 801, sub partida 104, Centro de Responsabilidad 99, se están
separando ¢100.000.000,00, para atender la contratación de interés, en cuanto a
este periodo presupuestario se refiere.
      Inclusión del renglón en el Programa de Adquisiciones:
     En el Programa de Adquisiciones publicado en el diario oficial “La Gaceta”,
Nº 241, el día 14 de diciembre de 2001, bajo el ítem número 02, se prevé el
concepto de “Alquiler de Equipo Electrónico”, donde se enmarca este proyecto.
      Unidad administrativa a cargo del procedimiento y capacidad
      operativa:
       Conforme lo establecido en los artículos 105 y 106 de la ley de
Contratación Administrativa, 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de Compras del
Poder Judicial, corresponde al Departamento de Proveeduría tramitar el
procedimiento, a través de la Sección de Contratación Administrativa, efectuar los
actos de comunicación que correspondan y a su vez custodiar el expediente de
rigor. Esta última Sección cuenta con operadores en la materia de contratación
administrativa para llevar a cabo el procedimiento, que incluye el proporcionar o
coordinar la obtención de la información que resulte necesaria.
      Recursos humanos y materiales para verificar la correcta ejecución
      del contrato:
       El personal de la Unidad de Control del Departamento de Proveeduría y la
Sección de Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de Información,
dispondrán de los recursos necesarios para verificar la correcta ejecución del
                                       134

objeto contractual. Este personal se dispondrá a verificar tanto el ajuste
sustancial a las especificaciones técnicas del objeto a contratar, como las demás
obligaciones inherentes a la contratación que se deriven de esta licitación.
       Se declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO LXXXVII

      Con respecto al reclamo administrativo presentado el 5 de junio de este

año ante el Departamento de Proveeduría, por el señor Jesús Castro Monge,

Gerente General y apoderado generalísimo de la sociedad “Purdy Motor S.A.”, en

relación con su participación en la Licitación Pública N° 76-2000, el Lic. Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección

Ejecutiva, con oficio N° 858-DE/AL-02 del 2 de julio de este año, y el visto bueno

de su superior, Lic. Alfredo Jones León, remite para que se proceda a la

aprobación del pago respectivo, copia de la nota N° 4609-DP/15-02 del 26 de

junio último, suscrita por la Licda. Dinorath Álvarez Acosta, Jefa interina del

Departamento de Proveeduría, que literalmente dice:

              “En relación con el reclamo administrativo presentado por la
       empresa Purdy Motor, S. A. por cobro de intereses moratorios
       debido al atraso del Poder Judicial en la entrega de vehículos
       usados derivados de la Licitación Pública N° 76-2000 por un
       monto de ¢ 3.973.788,19, me permito indicar que según el estudio
       llevado a cabo para este fin le asiste razón a la empresa
       gestionante, en cuanto al reclamo, no así en los montos por
       intereses solicitados, ya que difieren con los cálculos realizados
       por esta Proveeduría por cuanto las fechas indicadas por la
       solicitante como fechas de entrega de los vehículos usados como
       parte de pago son diferentes a las consideradas para desarrollar
       los cálculos, toda vez que la gestionante toma como fechas de
       entrega de los vehículos la fecha de las escrituras públicas
       extendidas por la Procuraduría General de la República y este
       Departamento toma como fecha efectiva de entrega las fechas en
       las cuales se remiten a esa instancia gubernamental la solicitud
       de confección de las escrituras públicas, ello con base en el
       criterio legal extendido por esa Dirección Ejecutiva mediante el
                                      135

oficio N° 579-DE/AL-02 de fecha 07 de mayo del año en curso,
que para lo que interesa señala:
“… considero que los intereses moratorios deben calcularse hasta
la fecha en que el Poder Judicial, como administración contratista,
remita todos los documentos a la Procuraduría General de la
República para que la Notaría del Estado proceda a formalizar en
escritura pública el traspaso de los mencionados vehículos.
Después de este momento, el Poder Judicial se encuentra limitado
para actuar en la prosecución y finalización de estos trámites
formales, pues se escapa de su esfera de competencia, …”
      En virtud de lo anterior, de previo a realizar los cálculos de
intereses correspondientes, se verificaron las fechas que se
debían utilizar para desarrollar de forma satisfactoria dichos
cálculos, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro.

  Vehículos a        Fecha   * Fecha en la cual se     Fecha      Cantidad días
 entregar parte    recepción debieron entregar los    efectiva     de atraso
      pago         vehículos   vehículos usados       entrega
                                                                   (naturales)
                    nuevos                           vehículos
                                                      usados
270800, 191029,
239733, 253203,
253199, 270794,
270714, 270787,
270779, 275786,
204873, 268183,    12/07/2001   26/08/2001           01/09/2001        5
253195, 253196,
    191148.
 240958, 241004    12/07/2001   26/08/2001           01/11/2001        66
 240961, 270795    12/07/2001   26/08/2001           16/10/2001        52
     240959        12/07/2001   26/08/2001           20/11/2001        87
 240999, 210509,   12/07/2001   26/08/2001           26/02/2002       184
     253204
     211120        12/07/2001   26/08/2001           19/03/2002       205
 240920, 240926,
 240935, 239734,
 253205, 270708,
 270707, 204860,   10/07/2001   23/08/2001           03/09/2001        12
     253197
 253167, 253206,   10/07/2001   23/08/2001           16/10/2001        55
     270737
 253198, 270791    10/07/2001   23/08/2001           19/03/2002       208
     240933        10/07/2001   23/08/2001           29/11/2001        99
     239736        10/07/2001   23/08/2001           18/04/2002       238
     164271        10/07/2001   23/08/2001           26/04/2002       246
 210510, 148819    10/07/2001   23/08/2001           03/09/2001       101
 148820, 148830,
 150189, 150190,
                                              136

         148816, 148813,
         150187, 191106,
         271518, 271558,   10/07/2001   23/08/2001        01/09/2001       10
             271535
             148827        10/07/2001   23/08/2001        10/12/2001      110
       * Nota: Los vehículos usados se debieron entregar a la Purdy Motor, S. A. 45
       días naturales posteriores a la recepción de los vehículos nuevos.
             De esta forma, tomando en cuenta lo indicado en el cuadro
       anterior se procedió a verificar matemáticamente los cálculos de
       los intereses, considerando la tasa básica pasiva emitida por el
       Banco Central de Costa Rica durante los períodos (días)
       correspondientes a las variaciones de dicha tasa, obteniendo los
       resultados que se observan en las tablas enumeradas de la N° 1 a
       la N° 15, las cuales se adjuntan.
             Por lo tanto, según los cálculos efectuados, el Poder Judicial
       debe cancelar a la casa comercial la suma de ¢ 2.894.891,78,
       dicho monto se obtuvo considerando el número de días
       transcurridos desde el momento en que se tuvieron que entregar
       los vehículos usados hasta la fecha efectiva de entrega.”
                                            --- o ---

      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable para que gire a “Purdy Motor, S.A.” la suma de

¢2.894.891,78, por el concepto dicho. Acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO LXXXVIII

      En memorial presentado el 24 de junio de este año, el señor Alexánder

Villalobos Brenes, con base en los hechos expuestos, -que se resumen en que el

23 de diciembre de 1999, en horas de la madrugada, el Organismo de

Investigación Judicial, por solicitud aparente del Ministerio Público y orden

emanada del Juzgado Penal de Alajuela, procedió a allanar su casa de habitación

ubicada en Rohrmoser, conjuntamente con las de otras personas, con motivo de

la investigación que se efectuaba por el secuestro de un menor de edad, operativo

en el que fue detenido y trasladado a las celdas del citado Organismo y se

procedió al decomiso de algunos objetos, sin que se le indicaran cuáles eran los
                                       137

cargos ni las razones de irrumpir en su casa de esa manera-, solicita se le

indemnice, cancelándosele todos los daños y perjuicios sufridos, requiriendo por

el daño moral y material causado la suma de cien millones de colones. De no

accederse a sus pretensiones, solicita se dé por agotada la vía administrativa.

      La gestión anterior fue trasladada a la Dirección Ejecutiva, para su estudio

e informe, y en oficio N° 859-DE/AL-02 del 2 de julio en curso, el Lic. Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de esa Dirección,

con el visto bueno de su superior, Lic. Alfredo Jones León, lo rinde en los

siguientes términos:

              “Me refiero a su oficio 7663-02 de 26 de junio último,
        mediante el cual solicita un informe de esta Sección de Asesoría
        en relación con el reclamo económico planteado por el señor
        Alexander Villalobos Brenes, por los supuestos daños y
        perjuicios que se le causaron, por un allanamiento que realizaron
        en su casa de habitación funcionarios judiciales del Organismo de
        Investigación, del Ministerio Público y por orden del Juez Penal de
        Alajuela.
              En reiterados criterios el suscrito se ha referido a la
        responsabilidad del Poder Judicial en cuanto a la actividad
        jurisdiccional y a la del Ministerio Público y del Organismo de
        Investigación Judicial cuando actúan con base en una orden
        judicial (por ejemplo en un allanamiento), en la forma siguiente:
        “(...) La Ley General de la Administración Pública reconoce, en los
        artículos 190 y siguientes, la responsabilidad del Estado por la
        emisión de los actos administrativos en general. Este régimen se
        aplica principalmente sobre la actividad del Poder Ejecutivo y,
        excepcionalmente, a los Poderes Legislativo y Judicial en tanto
        realicen función administrativa. Sobre este último punto cabe
        además citar el artículo 1, párrafos 1 y 4 de la Ley Reguladora de
        la Jurisdicción Contencioso Administrativa que dice:
        1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción Contencioso-
        Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución
        Política, encargada de conocer de las pretensiones que se
        deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones
        de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo(...)
        4. Para los efectos del párrafo 1 se entenderá por Administración
                                138

Pública:
     a) El Poder Ejecutivo;
    b) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan,
excepcionalmente, función administrativa; y
    c) Las Municipalidades, instituciones autónomas y todas las
demás entidades de Derecho Público."
Asimismo, el artículo 201 de la Ley General de la Administración
Pública señala que el Estado es responsable solidario con su
servidor ante terceros por los daños que este cause en las
condiciones señaladas por esta ley, vale decir en el ejercicio de la
función administrativa.
En el caso concreto, el gestionante hace referencia a un acto
realizado por un funcionario en ejercicio de su función
jurisdiccional, no en ejercicio de la función administrativa. Es
importante anotar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico
ningún precepto legal por el cual el Poder Judicial (Estado) sea
responsable solidario por los daños y perjuicios causados por sus
servidores con ocasión del ejercicio de la actividad jurisdiccional.
"(...) Para que el Poder Judicial (Estado) sea responsable solidario
por los daños causados por un servidor con ocasión del ejercicio
de la actividad jurisdiccional, se requiere que exista una ley previa
que establezca dicha responsabilidad. Como se dijo, en nuestro
ordenamiento jurídico únicamente existe la responsabilidad
solidaria del Estado con ocasión del ejercicio de la función
administrativa. Aceptar que el Estado es responsable solidario por
los daños reclamados -originados en la actividad jurisdiccional-
sería violar el principio de legalidad establecido en el artículo 11
de la Ley General de la Administración Pública".
     Por su parte, el referido artículo 199 de la Ley General de la
Administración Pública establece:
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor
público que haya actuado con dolo o culpa grave en el
desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo
haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere
actos manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de
conformidad con esta ley.
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la
Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos
que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare
a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el
dictamen.
                                139

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de
este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de
responsabilidades con la Administración frente al ofendido.
      Al respecto, el Licenciado Eduardo Ortiz Ortiz en la
discusión parlamentaria de la Ley General manifestó:
“En Costa Rica prácticamente no ha existido un régimen de la
responsabilidad personal del servidor del servidor público, por los
encuentros o agravios que cometen en la función. Esta ha sido
una elaboración muy vieja por el miedo de que al responsabilizar
personalmente al funcionario pueda paralizarlo, por temor a las
consecuencias de su actuación. Entonces idearon una serie de
descripciones muy sutiles entre lo que se llama de la falta
personal y la falta de servicio. Se decía que la falta personal es
aquella que obedece a la mala fe o al desapego del funcionario
respecto al ordenamiento que rige en su conducta como
funcionario. En cambio, la falta de servicio es aquella explicable
aún con buenas intenciones de cumplir la ley por la falibilidad
humana.      Son    errores    excusables.    Posteriormente,     la
jurisprudencia evolucionó en Francia en un sentido cada vez más
práctico en la siguiente forma, se constató que en la práctica era
muy difícil establecer ese juego de distinciones. Se tendió cada
vez más a hacer al funcionario más responsable por lo que fuera
su conducta en el desempeño de las funciones en daño para el
tercero. En Francia se ha llegado a la conclusión de que casi
todas las faltas originan una acumulación de responsabilidades.
El funcionario que va a responder ante la Administración y va a
responder al particular. Nosotros hemos querido coger de toda
esa evolución lo que es sano. En principio, sano consiste en que
el funcionario sepa que no obstante que es funcionario debe tener
el mismo deber de prudencia y diligencia y respecto a los
derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que
se castigue con responsabilidad a un ciudadano común que le
causa un daño a otro, y no se castigue con igual responsabilidad a
un empleado público que imprudentemente, negligentemente, le
cause un daño a un particular. Todavía es más punible, nos
parece, este último, porque se supone que por su posición a tener
no sólo una conducta más ejemplar sino más controlada. El
término tal es que el que viola gravemente sus deberes del cargo,
en realidad comete una negligencia punible. Sin embargo, hemos
optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han
empleado siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos
jurídicos nuestros.     El dolo o culpa grave, que significa
efectivamente una culpa que ya está muy definida por los
Tribunales. Dependiendo de cada caso, es aquel caso en donde
o intencionalmente o corriéndose un riesgo, o con obvia
                                 140

 conciencia de que se están violando reglas elementales se causó
 un daño, en esos casos nosotros consideramos que es moral y
 además conveniente para el buen andamiento de la
 Administración, desde el punto de vista y que crea cuidado y
 responsabilidad en un funcionario y que este sea responsable
 personalmente ante el particular por el daño que le causa. Aparte
 de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener, este señor le
 va a responder en primer término al ofendido por el daño que le
 causó. En segundo término le va a responder a la Administración
 si la Administración tiene que pagarle al particular. Por eso
 hablamos de dolo o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa
 leve, culpa profesional o culpa habitual, esos descuidos explicable
 en un funcionario, esos no se sancionan. Pero lo que es un
 descuido grave, un olvido de las reglas elementales de prudencia
 y en el desempeño de su cargo, eso es sancionado por la
 responsabilidad frente al administrado ofendido y frente a la
 Administración” (lo subrayado no está en el original).
       Por último, la Sala Constitucional en el voto #5891-95, sobre
 la responsabilidad objetiva del Poder Judicial, expresó:
 “En cuanto a la alegada inconstitucionalidad por omisión de los
 artículos 190, siguientes y concordantes de la Ley General de
 Administración Pública, que establecen la responsabilidad objetiva
 de la Administración Pública, por no consignar en forma expresa al
 Poder Judicial, de manera tal que la responsabilidad objetiva del
 Estado establecida en estas normas se refiera únicamente a actos
 y funciones administrativas, no pudiendo ser aplicables al Poder
 Judicial, en el tanto desarrolla el servicio público de la
 administración de justicia, la acción también resulta improcedente.
 La responsabilidad del Estado derivada del ejercicio de la función
 jurisdiccional debe regirse de conformidad con lo establecido en la
 propia Constitución Política y en la ley, según lo dispuesto en la
 Carta Fundamental en su artículo 154:
"El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la Ley, y
 las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia
 no le imponen otras responsabilidades que las expresamente
 señaladas por los preceptos legislativos." ; de lo cual se derivan
 dos conclusiones básicas: 1.) En primer término, constituye un
 principio constitucional la responsabilidad directa del Estado
 en los casos de error judicial y funcionamiento anormal de la
 administración de justicia, la cual deriva precisamente de lo
 dispuesto concretamente en el artículo 9 constitucional, el cual
 dispone en lo que interesa:
"El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y
 responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes
                                  141

entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial."; en relación con los
artículos 11, 33, 41 y 154 constitucionales, y que resulta congruente
con los principios del Estado Social de Derecho, precisamente con
el de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, el de
seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Esta responsabilidad se justifica por el hecho de que la función de
juzgar es manifestación de un Poder, uno de los tres del Estado, lo
cual implica su condición de servicio público, de organización de
medios materiales y personales destinados a la satisfacción de la
demanda social de justicia. En este sentido, en un Estado de
Derecho, tanto la función administrativa como la jurisdiccional
constituyen modos de ejecución de la ley, y su única distinción
consiste en los efectos; a los tribunales de justicia les corresponde
la comprobación de los hechos y del derecho mediante fallos que
poseen una fuerza especial, el valor jurídico propio que se llama
"cosa juzgada", en virtud de la cual no puede ser modificada,
discutida, retirada, retractada, sino únicamente mediante los
recursos establecidos en la ley; la decisión de la Administración no
tiene esta fuerza de verdad legal que se le reconoce a la cosa
juzgada. Debe tenerse en claro que son dos funciones distintas,
ambas responden a fines distintos; mientras que la función
administrativa está destinada a proveer a las necesidades de la
colectividad, la función jurisdiccional tiene por fin consolidar el orden
público con la solución de las diferencias y la sanción a las
violaciones de la ley; pero que, por igual están sujetas al régimen
de responsabilidad del Estado, por cuanto el daño causado por el
ejercicio de cualquiera de estas funciones es imputable a un acto
del Estado, y por lo tanto, susceptible de comprometer su
responsabilidad. En virtud de lo dispuesto en los transcritos
artículos 9 en relación con el 153 constitucionales, en consonancia
con el principio general de que "todo aquel que causa un agravio
debe repararlo", no podría eximirse de responsabilidad al Poder
Judicial por el "error judicial" en el ejercicio de la función
jurisdiccional. Cabe señalar que esta responsabilidad objetiva del
Estado resulta complemento de la responsabilidad civil, penal y
disciplinaria a que está sujeto el juez, pues éstas no resultan
suficientes para garantizar debidamente los intereses de los
justiciables, que por las dificultades para su exigencia, convierten
en una verdadera carrera de obstáculos la posible reclamación, y
en la mayoría de los casos, deja al margen y sin protección aquellas
situaciones en las que no es posible apreciar el dolo o culpa del
juzgador. La responsabilidad debe provenir de una conducta dolosa
o culposa del órgano jurisdiccional, constitutiva o no de delito
(responsabilidad por falta). 2.) Por otra parte, el modo de hacer
efectiva la responsabilidad del Estado por "las resoluciones que
dicten en los asuntos de su competencia" los jueces de la
                                  142

 República corresponde desarrollarla a la ley -según lo dispuesto en
 el transcrito artículo 154 constitucional-, y es el inciso b.) del
 artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
 Administrativa, la norma legislativa que expresamente señala
 la forma de hacer efectiva esa responsabilidad, ya que atribuye
 a esa jurisdicción el conocimiento
"b.) De las cuestiones que se susciten sobre la
 constitucionalidad patrimonial del Estado y demás entidades
 de la Administración Pública; ...";
       Nótese que en esta norma se utiliza se utiliza el término
 Estado en sentido amplio, comprendiendo con ello al Poder Judicial,
 como uno de los tres Poderes que lo conforman, tanto por la
 función administrativa como por la función jurisdiccional que realice.
        VIo.- La normativa impugnada únicamente será de aplicación
 al Poder Judicial en el tanto realice función administrativa. La Ley
 General de la Administración Pública delimita el ámbito de su
 aplicación a la Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en
 el artículo 1:
"... estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada
  uno con una personalidad jurídica y capacidad de derecho público y
  privado."
        En este sentido, la doctrina predominante, con acierto
 considera a la Administración Pública no desde el punto de vista
 material, subjetivo u objetivo, sino que la misma resulta
 caracterizada con base a la naturaleza interna del acto
 administrativo, con prescindencia de la índole del órgano o del
 agente productor; lo que hace definir una institución es la
 "substancia" de los actos respectivos, por lo cual, puede haber
 "administración no sólo en la actividad del Poder Ejecutivo, sino que
 también la hay en parte de la actividad del Legislativo y del Judicial;
 criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto la
 jurisdicción contencioso administrativa se aplica a:
"a.) El Poder Ejecutivo;
b.) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan,
 excepcionalmente, función administrativa; y
c.) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás
 entidades del Derecho Público." (Artículo 4 de la Ley Reguladora de
 la Jurisdicción Contencioso Administrativa.)
       En este sentido, la Administración puede ser definida como la
 actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a
 la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social
 (interés público) y de los individuos que lo integran. Esta función es
                                  143

distinta de la legislativa, la cual supone siempre la creación de una
regla de derecho de carácter general y abstracta o de control
político; y de la judicial, que consiste en la resolución de conflictos y
en la satisfacción de pretensiones, cuyo fin esencial es la tutela o
defensa de los derechos subjetivos en aplicación de la ley, y el
control de la legalidad de la función pública, función que es
encomendada al Poder Judicial -conformada por la Corte Suprema
de Justicia y demás tribunales de justicia-.
      VIIo.- De todo lo anterior, se deriva que la responsabilidad del
Estado -Poder Judicial- por el ejercicio de la función jurisdiccional
no puede regirse por las normas impugnadas, de donde resulta
improcedente la impugnación de inconstitucionalidad de los
artículos 190 y 201 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública por omitir incluir la responsabilidad del Poder
Judicial por el ejercicio de la función jurisdiccional. por cuanto ella
viene establecida y regulada en la propia Constitución Política, y
para hacer efectivo su reclamo, debe acudirse a la vía contencioso-
administrativa, de conformidad con las normas supracitadas; por lo
que no existe la alegada inconstitucionalidad por omisión,
procediendo en consecuencia, el rechazo por el fondo de la acción
en cuanto a este punto se refiere.” (lo subrayado no se encuentra
en el original).
Lo que desarrolla la Sala Constitucional en el voto transcrito
puede resumirse en los siguientes puntos:
    La responsabilidad directa del Estado en los casos de error
    judicial y funcionamiento anormal de la administración de
    justicia se encuentra establecido como principio constitucional.
    En un Estado de Derecho la función administrativa y
    jurisdiccional son modos de ejecución de la ley y su única
    distinción consiste en los efectos; además, ambas responden a
    fines distintos. Sin embargo, por igual están sujetas al régimen
    de responsabilidad del Estado, por cuanto el daño causado por
    el ejercicio de cualquiera de estas funciones es imputable a un
    acto del Estado.
    Conforme a lo dispuesto por los artículos 9 y 153 de la
    Constitución Política, y según el principio general de que “todo
    aquel que cause un daño o agravio debe repararlo, no es
    posible eximir de responsabilidad al Poder Judicial por un
    “error judicial”.
    El modo de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por
    resoluciones que dicten los jueces en los asuntos de su
    competencia”, corresponde desarrollarla a la ley, según el
    artículo 154 constitucional.
                                        144

            El inciso b) del artículo 2 de la Ley Reguladora de la
            Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la norma legislativa
            que señala expresamente la forma de hacer efectiva esa
            responsabilidad, atribuyendo a esa jurisdicción el conocimiento
            de las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad
            patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración
            Pública.
            La norma anterior utiliza el término Estado en un sentido
            amplio, comprendiendo con ello al Poder Judicial, actuando
            tanto en función administrativa como jurisdiccional.
            Por lo tanto, los particulares o administrados que se sientan
            afectados con una resolución emanada de un Juez de la
            República, para hacer efectivo su reclamo deben acudir a la
            vía contencioso administrativa.
                En virtud de todo lo expuesto, artículos de ley citados, y en
        estricto apego de lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto
        5891-95, es claro que el ordenamiento jurídico no habilita
        mediante una norma expresa (principio de legalidad) para que los
        reclamos provenientes de particulares o administrados que se
        sientan afectados por resoluciones judiciales, se resuelvan en
        sede administrativa.
        Así las cosas, dado que el reclamo que plantea el señor Villalobos
        Brenes se sustenta eventualmente en un funcionamiento anormal
        de la administración de justicia, debe acudir a la vía contencioso
        administrativa para hacer valer sus pretensiones. Por lo tanto, se
        recomienda el agotamiento de la vía administrativa para que el
        gestionante pueda cumplir con lo que establece el artículo 31 de
        la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, requisito
        previo para admitir la acción.”


      Se dispuso: Acoger el informe anterior y con base en las razones en él

dadas, denegar la pretensión del señor Villalobos Brenes y dar por agotada la vía

administrativa.

                                ARTÍCULO LXXXIX

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 4717-DE-2002

del 3 de julio en curso, para lo que a bien se estime resolver, remite el informe

diagnóstico realizado por la Unidad de Atención Psicosocial en el Juzgado Penal
                                      145

de Puntarenas, cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

       "VII- CONCLUSIONES FINALES
       El Antiguo Código Penal concentraba el poder en los funcionarios
       que ostentaban el cargo de Jueces de Instrucción, asignándoles
       un papel protagónico.
       A partir de la puesta en vigencia del actual Código Procesal Penal,
       dicha figura sufre modificaciones sustanciales en las funciones
       propias de su cargo, convirtiéndolos en Jueces Garantes a partir
       de enero de 1998.
       Este nuevo rol, sumado al incremento paulatino en el volumen de
       trabajo, ha exigido a su vez transformaciones en el papel que a
       estos compete.
       Los nuevos procedimientos exigieron una respuesta pronta para
       asimilar el proceso de cambio con la urgencia que ello
       demandaba, situación que ha originado la reacción tanto en el
       ámbito laboral como emocional y psicológico que aun está en
       proceso de superación en el empleado judicial y que se ha
       manifestado en la dificultad para incorporarse al nuevo modelo,
       ante un sentimiento de “ pérdida, inseguridad, deficiencias en la
       comunicación, coordinación y actitudes de desconfianza”.
       Lo anterior, se pone de manifiesto en las quejas colaterales, que
       han sido interpuestas contra la            Licda. Yenny Rodríguez,
       evidenciándose dificultades en la coordinación, así como la
       necesaria apertura que ello requiere para establecer y preservar
       adecuadas relaciones interpersonales y de comunicación en pro
       del logro de los objetivos de la institución.
       Concretamente, en el caso que nos ocupa, los entrevistados
       coinciden en que esta situación ha ocasionado episodios de difícil
       convivencia en el ámbito laboral, que ha respondido básicamente
       al estilo de mando directivo que caracteriza a la Licda. Rodríguez
       Lobo.
       Pese a ello, es importante resaltar, la capacidad de adaptación del
       grupo de apoyo del Juzgado Penal, caracterizado por miembros
       que por muchos años han coexistido juntos, bajo el estilo de
       mando ejercido por la Licda Rodríguez, reconociéndole su
       identificación tanto en la tarea, como en el apoyo, respeto y
       consideración.
       De esta manera, se puede inferir que ante la llegada al despacho
       de otra figura como la del Lic. Jorge Fernández Rodríguez, con
       características similares en su estilo de mando al de la Licda.
       Rodríguez Lobo, se suscitaran situaciones complejas como las
                                       146

       que provocó el enfrentamiento laboral ya conocido                 y
       consecuentemente la afectación emocional en ambos.
       Al respecto se indica que el nombramiento del Lic. Fernández
       Rodríguez en otro despacho, resuelve temporalmente la situación
       entre ambos.
       Por otra parte, cabe anotar que a partir del nombramiento en
       propiedad de la Licda María Isabel Villalobos Rodríguez, en este
       mismo despacho, se detectó la existencia de dificultades
       interpersonales   entre esta y la juez coordinadora, como
       consecuencia de un conflicto originado años atrás.
       Dicha situación requiere de un trato urgente, porque de lo
       contrario, se corre el riesgo de continuar desarrollando
       mecanismos inadecuados, en deterioro de las relaciones
       interpersonales y consecuentemente, el   agotamiento físico,
       mental y emocional precoz del empleado judicial que se vea
       inmiscuido en este ambiente.
       RECOMENDACIONES
       1- Brindar un proceso de mediación entre las Licenciadas
       Rodríguez Lobo y Villalobos Rodríguez, para la resolución de
       conflictos.
       2- Integrar a las tres juezas que actualmente conforman este
       despacho, en un proceso que facilite la comunicación entre ellas.
       3- Ofrecer, a la Licda. Rodríguez Lobo la posibilidad de ser
       atendida individualmente en la Unidad de Atención Psicosocial.
       4- Realizar un taller para manejo del estrés con todo el personal
       de este despacho.
       5- Llevar a cabo en el lapso de seis meses, una sesión de
          seguimiento.”
                                     --- o ---

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y acoger las recomendaciones

que en él se dan.

                                 ARTÍCULO XC

      El señor Alejandro García Brenes, representante de la compañía de

“Asesoría y Construcción, Konstructiva, S.A.”, el 24 de junio de este año presentó

un reclamo administrativo en contra del Poder Judicial por el supuesto reporte
                                       147

tardío a la Tributación Directa de las retenciones correspondientes al 2 % de

impuesto de la renta sobre los pagos realizados por conceptos de avance de obra,

extras y reajustes en los procedimientos licitatorios números 47-99 y 48-99. Al

efecto, solicitó que se le reintegrara la suma de ¢6.297.778,27 por los intereses

dejados de percibir en Tributación Directa durante los períodos 2000 – 2001 y

hasta el 30 de noviembre del 2001, fecha del último reporte; que se indique de

inmediato a esa Oficina las retensiones hechas a su representada a partir del 30

de noviembre citado y hasta la fecha para proceder a calcular los perjuicios

financieros por no haberlos reportado antes, y que en el futuro y una vez realizado

el pago, se informe de forma inmediata sobre las retenciones por el concepto

dicho.

         El Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría

Legal de la Dirección Ejecutiva, en oficio N° 867-DE/AL-2002 del 4 de julio en

curso, con el visto bueno de su superior, Lic. Alfredo Jones León, recomienda

rechazar dicho reclamo, por cuanto el Poder Judicial no ha incurrido en las

anomalías señaladas, pues según lo informa el Departamento Financiero

Contable en oficio N° 1024-T-2002, en su momento se retuvieron y fueron

reportadas en forma oportuna al Ministerio de Hacienda las sumas de

¢10.814.539,00 por el período 1999-2000 sobre la base imponible de

¢540.726,950,00, y ¢7.676.980,21 del período siguiente, sobre la base imponible

de ¢383.849.010,50.

         Se acordó: Acoger el informe del Lic. Mora Rodríguez y rechazar el

reclamo administrativo presentado por el Lic. García Brenes, por improcedente.

                                 ARTÍCULO XCI
                                              148

      En oficio N° 4692-DP/09-02 del 3 de julio en curso, la Licda. Dinorath

Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, manifiesta:

       “Con el fin de que se someta a consideración de los señores
       miembros del Consejo Superior, adjunto le remito los hechos y
       diligencias llevadas a cabo por este Departamento en el
       procedimiento de Contratación Directa N° 447-102-02 para el
       alquiler de un local para ubicar el Juzgado de Familia en
       Desamparados, en los términos siguientes:
       1. Mediante oficio N° 3263-02 de 06 de marzo en curso, la
          Secretaría General de la Corte, transcribió el acuerdo tomado
          por el Consejo Superior, en sesión N° 15-02, celebrada el 05 de
          marzo en curso, en el que entre otras cosas, se ordenó al
          Departamento de Proveeduría tramitar una contratación directa
          para reubicar el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de
          Desamparados por separado. Sobre este aspecto cabe aclarar
          que el Juzgado de Familia, ya se encuentra ubicado en un
          nuevo local.
      2. Mediante nota fechada 30 de mayo en curso, los señores María
         Eugenia y Hugo Alfonso Muñoz Quesada, cédulas de identidad
         1-366-218 y 1-0349-0313, respectivamente, ofrecieron una casa
         de habitación en alquiler, ubicado en Desamparados, 50 metros
         oeste y 25 metros norte de la sucursal del Banco Popular, con
         un área de 240 metros cuadrados de construcción, por un precio
         de ¢340.000,00 mensuales.
      3. Mediante oficio 3813-DP/09-2002 de 03 de junio en curso, se
         solicitó al Departamento de Servicios Generales, la inspección y
         valoración técnica del inmueble ofrecido.
      4. En oficio 0862-SG/AI-2002 recibido el 17 de junio en curso, el
         Ing. Tobías Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios
         Generales, transcribió el informe del Arq. Sergio Sotelo Doña,
         Supervisor de Construcciones de ese Departamento, en el que
         puntualizó:
                          “Oferta presentada por Hugo Muñoz Quesada
       Area del local……...........…..……………................……......240 m2
       Precio del alquiler..........................……............................¢340.000
       Precio del alquiler por metro cuadrado .....…........... …...¢1.416.66
                     CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
                                       Generalidades
           La oferta contempla el alquiler de una casa de habitación de
       una sola planta, cuya área de construcción aproximada es de
                                 149

240m2, ubicada a 50 metros oeste y 25 metros al norte de la
sucursal del Banco Popular de Desamparados.
     Iluminación y ventilación del inmueble
      Todos los aposentos tienen una ventilación e iluminación
natural directa al exterior de los tres frentes, ya que el inmueble es
colinda con un lote sin construir que le pertenece al mismo
propietario. Además el inmueble posee un patio interno de luz que
permite una mayor circulación del aire internamente.
     Seguridad del inmueble
     La seguridad de la edificación consiste en verjas metálicas
en las ventanas así como contrapuertas de metal en cada una de
las puertas, también existe una cortina arrollable de metal en la
entrada de la cochera para dos vehículos, en el jardín hay verjas
con dos portones corredizos en dirección a la entrada de la
cochera.
     Flexibilidad de la distribución arquitectónica
     La casa está conformada por un salón central, cuatro
dormitorios, un aposento funcionó como oficina un antecomedor y
cocina, un garaje cerrado tres servicios sanitarios, un cuarto de
bodega y un área de patio techada que podría servir como área
de reserva.
      El despacho está compuesto en este momento por dos
Jueces, cuatro Auxiliares, un Conserje y un Notificador, por lo que
la distribución arquitectónica del inmueble ofrecido se adaptaría
fácilmente a las necesidades del personal y las funciones propias
del Juzgado sin hacer una remodelación onerosa.
     Calidad de la Construcción
       La edificación está bastante conservada, construida en
paredes de concreto con repello afinado, tanto internas como
externas, el piso es de concreto con acabado final en candura, en
cambio en los dormitorios el piso es de madera la cual se
encuentra en buen estado de conservación, el cielo raso es de
tablilla de madera barnizada y el techo es de láminas de hierro
galvanizado.
      Tiene un sistema eléctrico convencional con una caja de
distribución para 8 circuitos. Posee además u tanque aéreo de
agua potable lo que garantizará el abastecimiento de agua
constantemente.
     Precio del alquiler
     En relación al precio del alquiler de la oferta de 240 m², el
cual es equivalente a pagar a ¢1.416 el m² de construcción, he
                                    150

 de indicarle que es sumamente razonable si se compara con los
 costos de alquileres de esa zona, los cuales van hasta un máximo
 de ¢2.000 el m².
         Recomendación
       Por todas estas razones considero que se debe recomendar
 el alquiler de esta casa por ser una oferta económica, por tener
 una buena calidad de construcción, por poseer una distribución
 arquitectónica flexible que se acomoda con facilidad a las
 necesidades del despacho y por que los aposentos están bien
 ventilados e iluminados naturalmente, de forma la oferta se ajusta
 a los intereses de la Institución.
         Mejoras físicas a realizar
      De acuerdo a lo convenido con el señor Muñoz Quesada en
 el mismo sitio del inmueble, y verificado por él mismo, existe la
 necesidad de que se mejoren algunas partes de la edificación que
 se encuentran dañadas, las mismas las llevaría a cabo dicho
 señor. A continuación se enumeran esas mejoras:
 1.      Pintura en general incluyendo la del techo
2.       Cambiar las láminas plásticas de los patios internos de luz
      por láminas transparentes de policarbonato, ya que estas se
      encuentran quebradas y quemadas.
3.      Colocar en este tipo de techo plástico un enrejado para una
      mayor protección contra robos.
4.       Ajustar y reclavar algunas tablillas del cielo raso , en vista de
      que estas se encuentran sueltas y abiertas, permitiendo la caída
      de polvo al piso, y con más énfasis en la cocina, por la zona que
      quedó dañada por los ladronas que se metieron recientemente.
5.       Instalar un circuito adicional de tierra en la mayoría de los
      tomacorrientes, ( polarizar ), para proteger los equipos de
      cómputo, impresoras y fax.
6.        En el techo hay que atornillar algunas láminas zinc así como
      reinstalar un botaguas que está corrido y el agua se filtra hacia
      la madera que compone la precinta y el alero. También se
      deben limpiar las canoas
7.        Cambiar un vidrio fijo escarchado en una de las ventanas de
      la fachada principal por estar quebrado.
8.       Limpieza en general y sobre todo eliminar una mancha negra
      de aceite en la cochera.”
5. Mediante nota del 14 de junio en curso, los señores María
   Eugenia y Hugo Alfonso Muñoz Quesada, propietarios de la
   casa de habitación que se pretende alquilar, indican que están
                               151

  anuentes a realizar las mejoras solicitadas por el Departamento
  de Servicios Generales.
6. En oficio No. 839-DE/AL-02 fechado 28 de junio en curso, el
   Licenciado Carlos Mora Rodríguez, Asesor Legal de la Dirección
   Ejecutiva, al referirse a la procedencia legal de la oferta
   presentada por los señores María Eugenia y Hugo Alfonso
   Muñoz, indica que legalmente puede ser considerados para una
   eventual adjudicación.
7. Mediante oficio No. 906-P-2002 recibido el 24 de junio en curso,
   el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento
   Financiero Contable, manifestó:
“En atención al oficio 4180-DP/09-02 del 13 de junio último,
suscrito por la Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefe de la
Sección de Contratación Administrativa, en el cual solicita
certificación de contenido presupuestario, con motivo de la
contratación para el alquiler de un local para reubicar el Juzgado
de Familia de Desamparados, con una erogación mensual
estimada de ¢340.000,00.
Al respecto, me permito informarle que en el Programa 800
“Presupuesto Ordinario”, subpartida 102 “Alquiler de Edificios y
Terrenos”, aprobado mediante Ley de la República N° 8180,
existen recursos para hacerle frente a la erogación comentada.”
Después de analizar los estudios de carácter legal y técnico,
detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, el Departamento de Proveeduría de acuerdo con las
circunstancias concurrentes concluye que es dable adjudicar la
presente contratación directa a los señores María Eugenia y Hugo
Alonso Muñoz Quesada, cédulas de identidad 1-0366-0218 y 1-
0349-0313, respectivamente. En este sentido el numeral 79 inciso
5 del Reglamento General de la Contratación Administrativa
autoriza a la Administración Pública para contratar, bajo
circunstancias especiales, arrendamientos sin la observación de
los procedimientos de concurso establecidos, al señalar dentro de
las excepciones: “La compra o arrendamiento de bienes que en
razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se
configuren como los únicos propios para la finalidad propuesta.”
Son estos antecedentes así como las características propias del
inmueble que se señalan en el informe técnico tales como: la
calidad de la construcción, construida en paredes de concreto con
repello afinado, ventilación e iluminación natural eficiente,
protegido totalmente por verjas metálicas y la adaptabilidad del
inmueble; las que hacen que este sea el idóneo para satisfacer el
interés público perseguido, por lo que se está en el supuesto de
prescindencia de los procedimientos ordinarios de contratación,
                                152

establecidos en el artículo 79.5 del Reglamento General de la
Contratación Administrativa.
Con esta contratación se procura dotar a la institución de un
inmueble, como ya se dijo, con excelentes condiciones de
seguridad, espacio y ambiente sano tanto para los servidores
judiciales como para el usuario. El local por estar en lugar
céntrico y disponer de flexibilidad para adecuarlo a las exigencias
del despacho judicial a ubicar, cumple a cabalidad con los
requerimientos necesarios y el objetivo principal, cual es brindar
un servicio eficiente y oportuno al administrado, que es el fin y la
razón de ser de la administración pública. Por ello, la naturaleza,
ubicación, condiciones y situación configuran al inmueble en
cuestión como el más adecuado para los intereses del Poder
Judicial, y a la vez se ubica dentro de los supuestos establecidos
en la normativa señalada.
Además, como también queda en evidencia en el informe técnico
después de realizar el avalúo del inmueble fue posible concluir
que el precio pretendido es razonable en comparación con lo que
se pago por otros inmuebles en la zona de Desamparados. Cabe
aclarar que al amparo de lo preceptuado en el artículo 79.5, el
avalúo del inmueble fue realizado por personal especializado de la
Unidad de Control de Obra de este Poder de la República,
profesionales que tienen a su cargo dicha labor para el caso de
entes y órganos que no conforman el Gobierno Central.
Es así que resulta indubitable que existen hechos concretos y
circunstancias muy calificadas que imposibilitan convocar la
licitación en este concurso y dada la dificultad que se ha tenido
para encontrar locales en esta zona y dado que el inmueble se
configura como el único para atender la finalidad propuesta, con el
fin de erradicar los problemas de salud y hacinamiento que
soporta el Juzgado de Familia de Desamparados y de esta forma
evitar la lesión del interés público perseguido, por lo que este
Departamento recomienda que se disponga la contratación directa
con los señores María Eugenia y Hugo Alonso Muñoz Quesada,
cédulas de identidad 1-0366-0218 y 1-0349-0313, de la finca
inscrita en el Registro Público, bajo el Sistema Mecanizado de
Folio Real No.58273, submatrículas 001 y 002, para alojar el
Juzgado de Familia de Desamparados. El inmueble está situado
en la provincia de San José, Distrito Primero, Cantón Tercero,
mide 240 m2 de área útil para oficina, para una renta mensual de
¢340.000,00 (trescientos cuarenta mil colones exactos), más
incrementos anuales de conformidad con los parámetros contenido
en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
Suburbanos.
Adjunto se remite proyecto de contrato para esta negociación.
                                        153

        Por parte del Poder Judicial correrá el pago del consumo de
        energía eléctrica y el exceso sobre la tarifa básica en el consumo
        de agua. En caso de que exista una paja de agua y no se pueda
        diferenciar entre la tarifa básica y el exceso en el consumo,
        corresponderá al arrendante cancelar dicho pago.”
                                      --- o ---

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial y 79.5 del Reglamento General de Contratación Administrativa, y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente transcrito, se dispuso: Autorizar la contratación directa con los

señores María Eugenia y Hugo Alfonso Muñoz Quesada, cédulas números 1-366-

218 y 1-349-313, respectivamente, el alquiler de la finca de su propiedad inscrita en

el Registro Público, bajo el Sistema Mecanizado de Folio Real No. 58273,

submatrículas 001 y 002, para alojar el Juzgado de Familia de Desamparados o

cualquier otra oficina del Poder Judicial, por una renta mensual de ¢340.000,00

(trescientos cuarenta mil colones exactos), más incrementos anuales de

conformidad con los parámetros contenidos en el artículo 67 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Por parte del Poder Judicial correrá el pago

del consumo de energía eléctrica y el exceso sobre la tarifa básica en el consumo

de agua. En caso de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la

tarifa básica y el exceso en el consumo, corresponderá a los arrendantes cancelar

dicho pago.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.
                                       154

                               ARTÍCULO XCII

      Con motivo de que en el acuerdo que antecede se adjudicó la contratación

del alquiler de un nuevo local para ubicar al Juzgado de Familia de

Desamparados, alojado actualmente en un inmueble del señor Carlos Manuel

Acuña Castro, para los efectos que establece la cláusula decimasegunda del

Contrato N° 5-AR-97 suscrito con él, hágase de su conocimiento que en fecha

cercana se le desocupará su propiedad.

      Los Departamentos de Proveeduría y Financiero Contable tomarán nota

para lo de sus cargos. Se declara acuerdo firme.

PROPOSICIONES E INFORMES

                               ARTÍCULO XCIII

      Con oficio N° 4287-DE-2002 del 19 de junio último, el Lic. Alfredo Jones

León, Director Ejecutivo, remite el informe rendido por el Lic. Óscar Bolívar

Hidalgo, Jefe de la Sección de Tesorería del Departamento Financiero Contable,

con el visto bueno de su superior, Lic. Wálter Jiménez Sorio, en nota N° 1041-T-

2002 del 12 de ese mes, sobre el detalle de las inversiones realizadas en las

diferentes instituciones bancarias estatales, con recursos del Poder Judicial,

Cuentas Presupuesto números 144615-0 y 554-2 Proveedores, del Fondo de

Emergencia 222360-0, Cuenta Juristránsito 164815-2, Cuenta Contaduría Judicial

20192-8, Cuenta de Ingresos sobre Cuentas Corrientes 217979-2, Cuenta

Publicaciones 145082-4, Cuenta Libros 203697-5 y Defensa Civil de la Víctima

207434-6, con corte al 31 de mayo del 2002, y un detalle de los intereses sobre

dichas inversiones en ese mismo mes.
                                              155

        El anterior informe fue revisado en forma individual por cada uno de los

miembros de este Consejo, y el Lic. Campos informa que no hay objeción que

hacerle.

        Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                              -o0o-

        A las 13,30 horas terminó la sesión.




Usuarios/Prosec1/Actas/2002/Acta49-09-07-02

								
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