EL HABEAS CORPUS: PROBLEMAS DE APLICACI�N by HC11112512922

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									   EL HABEAS CORPUS:
PROBLEMAS DE APLICACIÓN



               JORGE MELÉNDEZ SÁENZ
Sumilla:

1.   Ámbito de tutela del Hábeas Corpus
2.   Control constitucional de los actos del
     Ministerio Público
3.   Plazo razonable de la investigación
4.   Plazo razonable del proceso
         Ámbito de tutela del HC
1.   Los textos constitucionales y sus leyes
     complementarias,         deben      regular     con
     meticulosidad los derechos fundamentales,
     articulando técnicas jurídicas que posibiliten la
     eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto
     frente a los particulares, como frente a los poderes
     públicos.

2.   Una de estas técnicas de protección de los
     derechos del hombre, específicamente del
     derecho a la libertad personal, es el Habeas
     Corpus.
           EL HABEAS CORPUS
1.   Es de antiquísima tradición

2.   Es un sistema idóneo para resguardar la libertad
     personal frente a la eventual arbitrariedad del los
     agentes del orden público.

3.   No obstante, desde su incorporación al Derecho
     nacional en el año de 1897, ha ido ampliando
     progresivamente sus márgenes de protección
     hasta convertirse, hoy en día, en un mecanismo de
     tutela no sólo de la libertad personal propiamente
     dicha, sino de una serie de derechos conexos
 HC y libertad.
1.   El HC se ha definido como el derecho del detenido, a
     comparecer inmediatamente ante un juez o tribunal para
     que oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no ilegal, y si
     debe alzarse o mantenerse.

2.   En reiterada jurisprudencia el TC ha señalado que:

       “En cuanto derecho subjetivo el derecho a la libertad personal
       garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las
       personas, esto es su libertad locomotora, ya sea mediante
       detenciones, internamientos o condenas arbitrarias o ilegales. (artículo
       9.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7.3
       de la Convención Americana de Derechos Humanos).” Exp. Nº 7051-
       2006-HC/TC. FJ. Nº 2. Caso: Demetrio Vergaray Retuerto.
Evolución. Concepción amplia del HC
1.   Como consecuencia normal de la evolución de su
     jurisprudencia, el TC ha reconocido que el habeas
     corpus resulta también procedente frente a otros
     derechos        constitucionales    que     están
     constitutivamente vinculados a la libertad
     personal.

2.   Estos derechos se encuentran contemplados,
     enunciativamente, en el art. 25º del CPCo.
3.   No se trata de derechos que conforman en sentido
     estricto la libertad individual, sino de derechos conexos
     a la libertad individual.
   CONTROL CONSTITUCIONAL
DE LOS ACTOS DEL MINISTERIO
         PÚBLICO
Ministerio Público


1.   Es un órgano constitucional constituido, y por ende
     sometido a la Constitución

2.   No puede ejercer sus funciones, irrazonablemente,
     con desconocimiento de los principios y valores
     constitucionales, tampoco al margen del respeto de los
     derechos fundamentales.

     Exp. Nº 5228-2006-HC/TC. FJ. Nº 9. Caso: Samuel Gleiser
La actuación del MP y el Debido Proceso

1.   El control constitucional de los actos del MP tiene su
     sustento en el derecho fundamental al debido proceso.

2.   El debido proceso despliega también su eficacia
     jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los
     procesos penales.

3.   El TC tiene la potestad jurisdiccional de establecer
     criterios de razonabilidad y proporcionalidad que
     garantice el respeto de los derechos fundamentales de
     las personas sometidas a una investigación fiscal en el
     marco de la facultad de investigación y persecución del
     delito a cargo del Ministerio Público.
     Exp. Nº 5228-2006-HC/TC. FJ. Nº 9. Caso: Samuel Gleiser
“(…) el Colegiado Constitucional [ha adoptado] como postura
jurisprudencial que el poder de investigación con que el
constituyente invistió al Ministerio Público, en el artículo 159º inciso
4 de la norma normarum, no es poder ilimitado, sino que se
encuentra sometido a la exigencia de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo como sustento el
principio de Estado Democrático de Derecho que supone la
limitación del poder y la garantía de los derechos. En términos más
sencillos, el Tribunal ha consolidado su posición de afirmar que en
el Estado Constitucional no existen poderes omnímodos ni zonas
exentas de control”.


Cfr. Exp. N. ° 6079-2008-PHC/TC, Caso José Humberto Abanto Verástegui,
Exp. N°. 4053-2007-PHC/TC, Caso Alfredo Jalilie Awapara, Exp. 5350-2009-
HC/TC, Caso Julio Rolando Salazar Monroe.
Pronunciamientos del TC a favor del control constitucional de los actos del MP en
                                      HC
                     La intervención desmedida del titular de la acción penal, convierte
Exp.      2521-2005- su actuación en inadecuada y al margen de las atribuciones que
HC/TC. Caso: César le confiere la Constitución, la ley orgánica y normas
Gonzales             administrativas del Ministerio Público.
Arribasplata
                   Si bien la facultad de ejercitar la acción penal es discrecional y
Exp.    6204-2006- reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es
HC/TC. Caso: Jorge obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un
Chávez Sibina      órgano constitucional constituido y por ende sometido a la
                   Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con
                   desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni
                   tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.


Exp.    02725-2008-    La Constitución no ha excluido la posibilidad de realizar un
AA/TC.        Caso:    razonable control constitucional de los actos del Ministerio
Roberto        Boris   Público, pues ha previsto la procedencia del hábeas corpus
Chauca     Temoche.    contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o
FFJJ 3 a 5             vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos conexos
Pronunciamientos del TC en contra del control constitucional de los actos del MP
                                   en HC
                    Las ilegales o arbitrarias actuaciones fiscales deben ser
Exp.    03782-2008- cuestionadas haciendo uso de las vías legales establecidas o
HC/TC.        Caso: excepcionalmente incoando un proceso de amparo que cuestione
Carbajal Cayllahua. la ilegalidad o arbitrariedad del accionar fiscal mas no postular
FJ 6                una demanda de hábeas corpus que tiene distinta naturaleza y
                    finalidad.
                        los actos realizados durante la investigación fiscal no inciden en
Exp. 03785-2008-        la libertad individual, en tanto el Ministerio Público no cuenta con
HC/TC. Caso:            la potestad para restringir, por sí mismo, la libertad personal. En
Edilberto Pérez         tal sentido el cuestionamientos relativo a hechos que habrían
Etene y otro. FJ 2      ocurrido durante la fase de investigación preliminar, resulta
                        improcedente en virtud del art. 5. 1 del Código Procesal
                        Constitucional
                        Si bien la actividad del Ministerio Público en la investigación
Exp. 00216-2010-        preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la
HC/TC. Caso Mario       acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de
Espíritu Calero. FJ 5   interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, dicho órgano
                        autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar
                        la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son
                        postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la
                        judicatura resuelva
HC Y DERECHO AL
PLAZO
RAZONABLE DE LA
INVESTIGACIÓN
     El derecho al plazo razonable y la
            investigación fiscal
1.   Es una garantía derivada del derecho
     fundamental al debido proceso Exp. Nº 5228-
     2006-HC/TC. FJ. Nº 11. Caso: Samuel
     Gleiser

2.   Alude a un lapso suficiente para el
     esclarecimiento de los hechos objeto de
     investigación y la emisión de la decisión
     respectiva. Exp. Nº 2748-2010-HC/TC. FJ. Nº
     5. Caso: Alexander Mosquera Izquierdo
La interdicción constitucional de la
sospecha permanente

    El contenido principal de la presunción de
    inocencia comprende la interdicción
    constitucional de la sospecha permanente.
    De ahí que resulte irrazonable el hecho
    que una persona esté sometida a un
    estado permanente de investigación fiscal
    o judicial.
   Exp. Nº 5228-2006-HC/TC. FJ. Nº 3. Caso: Samuel Gleiser
   Exp. Nº 6079-2008-PHC/TC. FJ. Nº 4-5. Caso: José Humberto
    Abanto Verástegui.
                       Exp. 5228-2006-HC/TC. CASO SAMUEL GLEISER KATZ
                               Doctrina jurisprudencial (FFJJ 2 a 19)


1.   Los principios y derechos del 4.             Los criterios para determinar la razonabilidad del
     art. 139 Const. son aplicables a la          plazo de investigación son de 2 tipos.
     investigación siempre que sean
     compatibles con su naturaleza y a)           Subjetivos:
     fines; los mismos que deben ser
                                                    •     Actuación del investigado: conducta
     interpretados conforme al art. 1
                                                          obstruccionista    (no    concurrencia
     Const.
                                                          injustificada a citaciones, negativa
                                                          injustificada a entregar información
2.   El contenido principal de la                         relevante, recurrencia de mala fe a
     Presunción         de       inocencia                procesos constitucionales u ordinarios,
     comprende         la     interdicción                etc.
     constitucional       de     sospecha           •     Actuación del Fiscal:    capacidad de
     permanente. Resulta irrazonable                      dirección de investigación y diligencia
     que una persona esté sometida a                      con que ejerce sus facultades.
     un     estado      permanente      de                Realización de actos conducentes o
     investigación fiscal o judicial.                     idóneos.
                                             b)   Objetivos:
3.     Para la investigación se exigen 2            •     Naturaleza de hechos investigados: la
       elementos esenciales:                              complejidad del hecho investigado (el
     •     Que exista causa probable y                    hecho en sí, número de investigados,
     •     Una búsqueda razonable de la                   dificultad para realizar pericias o
           comisión de un ilícito penal                   exámenes especiales, tipo penal (lesa
                                                          humanidad)
                     PLAZO RAZONABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Exp. Nº 6079-   1.     Interdicción constitucional de la sospecha permanente: Resulta
2008-HC/TC.            irrazonable mantener a una persona sometida a un estado permanente
Caso:                  de investigación. Presunción de inocencia.
HUMBERTO
ABANTO          2.     Teoría del no plazo. No puede fijarse un plazo en abstracto, sino
ABAD                   atendiendo a las circunstancias concretas del caso (FJ 9)


PUBLIC:         3.     Exclusión de la investigación (1 año y 9 meses)
06NOV09
                4.     Nuevo parámetro de razonabilidad: El plazo de la investigación
                       preparatoria (art. 342 CPP 2004)

                5.     Si el caso ya está judicializado y se constata el agravio al plazo
                       razonable, el Juez no dictará el archivo o la conclusión de la
                       investigación judicial, sino que deberá poner en conocimiento de
                       esta circunstancia a las instancias correspondientes para las
                       responsabilidades a que hubiere lugar (OCMA, Procuraduría del
                       PJ, MP, etc).
                PLAZO RAZONABLE DE LA INVESTIGACIÓN
Exp. Nº 2748-    1.   Es una manifestación del debido proceso
2010-HC/TC.
Caso:
ALEXANDER        2.   Alude a un lapso suficiente para esclarecer los
MOSQUERA              hechos investigados y obtener una decisión definitiva

PUBLIC.
                 3.   La tutela del derecho al plazo razonable no
                      supone la exclusión de la investigación, sino que
                      el Fiscal emita, dentro del más breve plazo, el
                      pronunciamiento      sobre   el    fondo,    bajo
                      responsabilidad (FJ 12).

                 4.   TC exhortó al Congreso a modificar el plazo de la
                      investigación preparatoria, “con la finalidad que no
                      queden impunes los delitos de TID y/o lavado de
                      activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se
                      puede ordenar la conclusión de la investigación”
     El Recurso de Agravio constitucional Especial
    contra sentencias estimatorias de segundo grado
   El TC considera que en los procesos constitucionales en que
    se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado
    relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o
    lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del
    Estado correspondiente se encuentra habilitada –
    independientemente del plazo – para la interposición de un
    recurso de agravio constitucional especial, el mismo que
    deberá ser concedido por las instancias judiciales.

   Esta postura jurisprudencial se sustenta no solamente en la
    obligación constitucional impuesta por el art. 8º de la
    Constitución, sino también en las obligaciones internacionales
    asumidas por el Estado.
Exp. Nº 2748-2010-HC/TC. FJ. Nº 15. Caso: Alexander Mosquera Izquierdo.
EL HABEAS
CORPUS Y EL
PLAZO
RAZONABLE DEL
PROCESO PENAL
  El derecho al plazo razonable del proceso en
          los Tratados Internacionales

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala:
   Artículo 14°, inciso 3.c: “Durante el proceso, toda persona acusada
   de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
   garantías mínimas… c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
La Convención Americana de Derechos Humanos:
   Artículo 8°, inciso 1:“ Toda persona tiene derecho a ser oída,
   con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
   un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
   establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
   cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
   determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
   laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
          Ámbito de aplicación

La vulneración del plazo razonable se produce,
principalmente por la duración excesiva del proceso.

Sin embargo, los plazos demasiado cortos también
infringen el principio del plazo razonable, si por ejemplo
se establecen tiempos extremadamente breves para la
realización del procedimiento de investigación,
vulnerando así el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a ser oído con las debidas
garantías “dentro de un plazo razonable”.
Exp. N.° 10-2002-AI. Caso: Tineo Silva. FJ. Nº 165-167
La CIDH y la finalidad del derecho a ser
      juzgado en plazo razonable

    Sobre la finalidad del derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable, la Corte IDH en la sentencia del
Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de fecha 12 de
noviembre de 1997, precisó que:
“ El principio de „plazo razonable‟ al que hacen
referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención
Americana tiene como finalidad impedir que los
acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación
y asegurar que ésta se decida prontamente”.
  La finalidad del derecho a un plazo
  razonable del proceso según el TC
Teniendo presente la posición jurisprudencial de la Corte IDH, el
Tribunal Constitucional, interpretando el inciso 1) del artículo 8º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfatizó que:

  “(…) el derecho a un “plazo razonable” tiene como finalidad
  impedir que los acusados permanezcan durante largo
  tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se
  realice prontamente. En consecuencia, el derecho a que el
  proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin, forma parte
  del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema
  internacional de protección de los derechos humanos, y, por
  tanto, no puede ser desconocido”.
Exp. 0618-2005-PHC/TC. Caso: Ronald Winston Díaz Díaz. FJ. Nº 10.
Casos en los que la Corte IDH ha verificado la
vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un
plazo razonable

Genie    Lacayo         vs. El transcurso de 5 años y 6 meses
Nicaragua

                            Procesar penalmente a una persona por
Suárez  Rosero          vs. más de 50 meses contraviene el derecho a
Ecuador                     ser juzgado dentro de un plazo razonable

                           Proceso se había extendido por más de 6
López    Álvarez        vs años
Honduras

Bayarri vs. Argentina       Proceso duró aproximadamente 13 años
      Criterios para determinar la duración
           razonable del proceso penal
A efectos de determinar si se violó o no el contenido constitucionalmente
   protegido de este derecho, el TC señala los siguientes criterios:

a)   La actividad procesal del interesado,
b)   La conducta de las autoridades judiciales,
c)   La complejidad del asunto.

     Exp. N.º 618-2005-PHC/TC. Caso Ronald Winston Díaz Díaz. FJ N.º 11; Exp. N.º 5291-
     2005-PHC/TC. Caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra. FJ N.º 6; Exp. Nº 3509-
     2009-PHC/TC. Caso: Walter Chacón Málaga. Fj. Nº 20.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada
   en el proceso.

     Exp. Nº 5350-10-PHC/TC. Caso: Julio Rolando Salazar Monroe. FJ.Nº 27
     Cfr. Sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras (CIDH); Caso Valle Jaramillo y
     otros Vs. Colombia (CIDH).
¿Qué debe entenderse por `Defensa
        obstruccionista`?
 El TC conceptúa a la defensa obstruccionista como a
 “todas aquellas conductas intencionalmente dirigidas a
 obstaculizar la celeridad del proceso, sea la
 interposición de recursos que, desde su origen y de
 manera manifiesta, se encontraban condenados a la
 desestimación, sea las constantes y premeditadas faltas
 a la verdad que desvíen el adecuado curso de las
 investigaciones, entre otros. En todo caso, corresponde
 al juez penal demostrar la conducta obstruccionista del
 procesado”.
 Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Caso: Walter Chacón
 Málaga. Fj. Nº 20
        La actuación de los órganos
              jurisdiccionales
    Serán especialmente censurables, por ejemplo, las
    siguientes conductas judiciales:
    Demora en la tramitación y resolución de los recursos
    contra las decisiones que imponen o mantienen la
    detención preventiva.
   Las indebidas e injustificadas acumulaciones o
    desacumulaciones de procesos.
   Los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en
    la presentación de un peritaje o en la realización de una
    diligencia en general.
    Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Caso: Walter Chacón Málaga. Fj. Nº
    25.
        La actuación de los órganos
              jurisdiccionales
   Omisión de resolver dentro de los plazos
    previstos     en     las    leyes      procesales,
    comportamiento que proviene de la pasividad o
    inactividad del órgano judicial lo que deviene en
    una demora o retardo del proceso.
    Exp. Nº 6390-2006-AA/TC. Caso: Margarita del Campo Vegas.
    FJ. Nº 7; Exp. 549-2004-HC/TC. Caso: Manuel Rubén Moura
    García. FJ. Nº 1; Exp. Nº 3771-2004-HC/TC. Caso: Miguel
    Cornelio Sánchez Calderón. FJ. Nº 1. Exp. Nº 3509-2009-
    PHC/TC. Caso: Walter Chacón Málaga. Fj. Nº 26.
         La actuación de los órganos
               jurisdiccionales


   Se realizan actividades procesales que por
    no ser adecuada para lograr la pronta
    solución del proceso genera una demora
    imputable al juez o al tribunal del caso. Es
    decir, se produce una determinada actuación
    que provoca una dilación persistente.
    Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Caso: Walter
    Chacón Málaga. Fj. Nº 27.
         Elementos para valorar la
          complejidad de un caso
        Si el retraso o dilación es indebido, esta situación
    debe analizarse caso por caso, atendiendo a las
    siguientes circunstancias:
   La naturaleza y gravedad del delito.
   Los hechos investigados.
   Los alcances de la actividad probatoria para el
    esclarecimiento de los eventos.
   La pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro
    elemento que permita concluir, con un alto grado de
    objetividad, que la dilucidación de una determinada
    causa resulta particularmente complicada y difícil.
    Exp. Nº 2915-2004-HC/TC. Caso: Tiberio Berrocal
    Prudencio. Fj. Nº 25
Evaluación de la afectación generada en la situación
  jurídica de la persona involucrada en el proceso


Este cuarto elemento importa determinar si el paso del
tiempo del proceso penal incide o influye de manera
relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y
deberes) del demandante, es decir, si la demora
injustificada le puede ocasionar al imputado daño
psicológico y/o económico. Ello con la finalidad de que el
proceso penal discurra con más diligencia a fin de que el
caso se resuelva en un tiempo breve.
Exp. Nº 5350-10-PHC/TC. Caso: Julio Rolando
Salazar Monroe. FJ.Nº 27
   Inicio del computo del plazo razonable
 Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Caso:              Exp. Nº 5350-2009-
 Walter Chacón Málaga. Fj. Nº 28.       HC/TC. Caso: Julio Ronaldo
                                        Salazar Monroe. FJ. Nº 19.b
Desde el momento en que la          El plazo razonable del proceso
persona conoce de la atribución o   penal comienza a computarse
señalamiento que le afecta          (dies a quo) cuando se presenta el
concretamente, ya sea por un        primer acto del proceso dirigido en
particular en una denuncia o por    contra de determinada persona
acto de autoridad judicial u otra   como probable responsable de
autoridad    competente,    como    cierto delito, que a su vez puede
sospechoso de haber participado     estar representado por: i) la fecha
en un hecho delictivo.              de aprehensión o detención
                                    judicial preventiva del imputado; o
Public. 25NOV09                     ii) la fecha en que la autoridad
                                    judicial toma conocimiento del
                                    caso.
  La inexistencia del plazo no justifica un
            juzgamiento sine die

El TC ha señalado que, “el Estado no tiene derecho a
juzgar a una persona de modo indefinido, pues ello
supone contrariar la esencia misma del ser humano
representada por su dignidad. La inexistencia del plazo
no puede ser utilizado como un argumento para
sostener un juzgamiento sine die, pues ello supondría
aceptar la tesis incivilizada de que el juez puede ser
arbitrario, inhumano en tanto la ley no establece un
control temporal para el ejercicio de su fin
constitucional”.
 Resolución aclaratoria de la sentencia recaída en el
Exp. Nº 3509-2009-HC/TC. Considerando Nº 15.
La Corte IDH y la doctrina del “no
             plazo”
Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable, la Corte IDH tiene y mantiene la doctrina del no plazo, es
decir, que la razonabilidad del plazo no se mide en función de
días, meses o años establecidos en forma fija y abstracta, sino
caso por caso, en función al análisis global del proceso penal y
de los tres o cuatros elementos precisados por ella misma para
evaluar la razonabilidad del plazo.

Esta posición jurisprudencial es mantenida no sólo por la Corte IDH,
sino también por el TEDH y es seguida por varios tribunales
constitucionales de América Latina y de Europa.
La protección del plazo razonable y
        sus consecuencias
La Doctrina y la jurisprudencia internacional muestra
diversas posturas, siendo las siguientes:
Las compensatorias que a su vez pueden ser civiles o
penales.
Las Sancionatorias las que pueden ser de orden
administrativo-disciplinaria y penales orientándose a
reprimir la conducta dilatoria de las autoridades judiciales,
y
Las procesales que son tanto la nulidad como el
sobreseimiento.
Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC. Caso: Walter Chacón Málaga. Fj. Nº 34.
                                                      CIDH
                                 Pagar una indeminización por el daño ocasionado


                                                      TEDH
SOLUCIONES PROCESALES




                                         Condenar al Estado denunciado a
                                    que pague una indemnización al denunciante

                                                          Impedimento procesal que ocasiona la
                                                      conclusión del proceso penal por sobreseimiento
                               Alemania
                                                           Es una causa de atenuación de la pena


                                                          TC España
                           Exigencia de responsabilidad civil y aun penal del órgano judicial, así
                        como la responsabilidad civil del Estado. Medidas complementarias: Indulto
                                    o la aplicación de la remisión condicional de la pena

                                                  Corte Suprema USA
                               Anulación de la acusación fiscal y de la eventual sentencia, sin
                         que se acepte la solución compensatoria como forma de reparar la violación.
  TC PERÚ. PLAZO RAZONABLE DEL PROCESO


Exp. Nº 3509-2009-   Exclusión del proceso por enriquecimiento ilícito.
HC/TC.               Proceso duró: 9 años.
Caso:     WALTER     Juicio oral: Duró más de 5 años.
CHACÓN MÁLAGA        La Defensoría del Pueblo y Corte Suprema habían
                     exhortado a la Sala a finalizar el juicio, 1 año antes
                     de STC




Exp. Nº 5350-2009-   Se dispuso que si los hechos están relacionados a
HC/TC.               la afectación de derechos humanos (matanza de
                     Barrios Altos), la solución procesal de la exclusión
Caso:       JULIO    debía ser racionalizada y ampliada, debiéndose
RONALDO              conceder un plazo adicional para finalizarlo, de no
SALAZAR MONROE       ocurrir ello recién opera el sobreseimiento
     Reglas que racionalizan la solución procesal
     establecida en la STC Nº 3509-2009-PHC/TC
1.   Si se constata la violación al plazo razonable, además de estimarse la demanda
     se ordenará a la Sala Penal que conoce el proceso que, en el plazo máximo de
     60 días naturales, emita y notifique la correspondiente sentencia que defina
     la situación jurídica del favorecido.
2.   Si la Sala Penal no cumple con emitir y notificar la respectiva sentencia que
     defina la situación jurídica del favorecido, de oficio deberá sobreseerlo
     inmediatamente del proceso penal.
3.   Si se trata de un proceso penal relacionado con la afectación de derechos
     humanos, la Sala Penal que no emita sentencia dentro del plazo máximo de 60
     días naturales, de oficio deberá sobreseerlo del proceso, no pudiendo ser
     investigado ni procesado por los mismos hechos, por cuanto ello conllevaría
     la vulneración del principio ne bis in ídem.
4.   El plazo máximo de 60 días naturales será computado desde la fecha en que se le
     notifica a la Sala Penal la sentencia constitucional.
5.   En caso de estimarse la demanda, la sentencia deberá ser puesta en
     conocimiento del CNM y de la OCMA
     Exp. Nº 5350-2009-HC/TC. Caso: Julio Ronaldo Salazar Monroe. FJ. Nº 40.a

								
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