CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by 8Qr9fN

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									 República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

                         CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                         SALA DE CASACIÓN LABORAL



                         Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

                         Radicación No. 27750

                         Acta No. 80

                         Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil seis (2006).




                         Resuelve la Corte el recurso de casación
      que interpuso la parte demandante contra la sentencia
      del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de mayo de 2005
      en el proceso ordinario laboral que promovió JAVIER
      RAMÍREZ                CUARTAS                contra          la       FEDERACIÓN
      NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.




                         I. ANTECEDENTES


                         Javier        Ramírez          Cuartas          demandó          a   la
      Federación de Cafeteros para obtener el reintegro al
      empleo y el pago de los sueldos dejados de percibir.
      Demandó, en subsidio, la reliquidación de la cesantía
      definitiva y de sus intereses, así como la sanción por
      no     pago           completo        de      los     intereses          de      cesantía
      definitiva; lo retenido, deducido o compensado sin
      autorización legal; la sanción por mora por el no pago
      oportuno y completo de la cesantía definitiva; la
      sanción por no hacerle practicar el examen médico de
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retiro; el reajuste de la indemni zación por despido y su
indexación; pensión de jubilación, los daños morales y
las costas.


              Fundamentó esas súplicas en que laboró
para la demandada entre el 29 de marzo de 1971 y el
30 de junio de 1992 con un salario de $490.756.00 y
promedio de $975.040.09 mensuales; que la liquidación
de la cesantía e indemnizaciones no contienen la
bonificación fondo 5, la bonificación por retiro fondo de
ahorros y la prima vacacional; que durante la relación
laboral, en forma indebida, ilegal y sin su autorización
escrita, la empleadora le retuvo de su salario mensual
el 5% con destino a una caja de ahorros no autorizada
por la ley y le efectuó préstamos por los que le cobró
intereses comerciales. Sostuvo que fue llamado por
Alonso del Campo Orejuela, Director de Relaci ones
Industriales    de   Bogotá,      quien    le   manifestó             la
determinación de prescindir de sus servicios, por lo
cual suscribió un acta de conciliación el 19 de junio de
1992 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá en formato elaborado por la empresa y recibió
una    suma       conciliatoria    -      indemnización           de
$29.250.000.00 pero le correspondían $73.128.006.00;
que era beneficiario de la convención colectiva de
trabajo y no ha recibido los reajustes solicitados. En la
primera audiencia de trámite adicionó la demanda con
nuevos hechos.



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           La demandada se opuso a las pretensiones.
Alegó en su defensa que el contrato de trabajo con el
demandante culminó por mutuo acuerdo de las partes
para dirimir cualesquiera             diferencias      que pudieran
existir con ocasión de dicha terminación e invocó las
excepciones     de     cosa   juzgada,            inexistencia      de        la
obligación, compensación y prescripción.


           El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bogotá, en sentencia del 12 de noviembre de 2004,
condenó a la parte demandada a reembolsarle al
demandante “...la totalidad de las sumas de dinero que
a este le fueron descontadas por cobro de intereses, de
préstamos que aquella le hubieren efectuado para
inversiones distintas a la compra de vivienda” y la
indemnización        moratoria        en     la     suma     diaria       de
$16.358.53 desde el 1° de julio de 1992 y hasta cuando
se le paguen los referidos descuentos. De lo demás
absolvió y en lo pertinente declaró probadas las
excepciones     de     cosa   juzgada,            inexistencia      de        la
obligación, compensación y prescripción.


           II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


           La Federación de Cafeteros interpuso el
recurso   de    apelación        en        contra    de    la     anterior
providencia y el Tribunal de Bogotá la revocó en sus
resoluciones de condena y en su lugar y respecto de
ellas declaró probada la excepción de cosa juzgada .


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            Dijo el Tribunal:


            “De acuerdo con la inconformidad planteada por
   el recurrente, en esta instancia no se considerarán los
   demás aspectos analizados por el jue z de primera
   instancia, como la existencia de la relación laboral,
   pretensiones de la demanda y demás aspectos
   procesales, al no haber sido objeto de inconformidad en
   el recurso de alza da; se entra entonces directamente a
   estudiar la procedencia o no de la condena impuesta por
   concepto de reembolso de intereses e indemnización
   moratoria”.


            Consideró válido el acuerdo conciliatorio
celebrado por las partes. Determinó que la voluntad allí
expresada estuvo exenta de vicios del consentimiento.
Observó que el acta no registraba renuncia a derechos
ciertos e indiscutibles y dijo que en ese documento las
partes dieron por terminado el contrato de trabajo por
mutuo consentimiento y pactaron el pago de una suma
conciliatoria para precaver cualquier eventual litigio,
por lo que estimó que “...todas y cada una de las
pretensiones que hoy se reclaman quedaron res ueltas
en el arreglo amigable celebrado entre las partes,
incluido el pretendido reclamo por concepto de dinero
retenido,   deducido   o compensado sin autorización
legal, y que al parecer el a quo interpretó que dentro
de esta súplica encajaba la condena impu esta por
concepto de reembolso de dineros descontados por
cobro de intereses, y la consecuente condena por
indemnización moratoria”.


            Por otra parte anotó que si bien el artículo
153 del Código Sustantivo del Trabajo le prohíbe al

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empleador      el    cobro    de    intereses     por    préstamos
diferentes a la adquisición de vivienda, “...su sentido y
alcance estaba concebido para un contexto histórico
diferente al actual; por ello para su aplicación se debe
tener en cuenta o ubicarse dentro del contexto que
originó el crédito, de donde fluye con claridad que esa
prohibición para el empleador sería predicable al cobro
de intereses por encima de los que obtienen las
entidades creadas para tal fin”.


              Y concluyó diciendo que “Si el concepto
objeto   de    condena       que     ameritó    reparo        pa ra       el
impugnante,         se    enmarcan(sic)      dentro     del     medio
exceptivo     de     la   cosa     juzgada     propuesta       por        la
accionada, necesariamente debe revocarse la decisión
proferida por el a quo, considerando que este como las
demás pretensiones de la demanda, fueron objeto de l
advenimiento cordial de las partes plasmado en el acto
conciliatorio”.




              III. EL RECURSO DE CASACIÓN


              Persigue que la Corte case la sentencia del
Tribunal para que en sede de instancia decrete la
nulidad absoluta de la conciliación por adolecer de
objeto y causa ilícitos mediante la aplicación del
artículo 2° de la Ley 50 de 1936 que modificó el 1742
del Código Civil.


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           Y pide en subsidio de la declaratoria de
nulidad la confirmación de la sentencia del Juzgado.


           Con esa finalidad formula cuatro cargos, que
fueron replicados.


           Se despacharán conjuntamente los cargos
segundo, tercero y cuarto, encauzados por la vía
directa, porque apuntan al tema de los intereses que el
Juzgado despachó favorablemente.


           PRIMER CARGO


           Acusa la sentencia por violación indirecta,
en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos
20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, en relación con los artículos 13, 15,
25, 29, 53, 58, 83, 121, 150 (numerales 1, 2 y 21), 228,
230 y 334 de la Constitución Política; 6, 15, 16, 17,
633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626,
1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; 2 de la Ley
50 de 1936, que subrogó el 1742 del Código Civil; 13,
14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107,
108, 140, 142, 149, 151, 152, 153 y 198 del Código
Sustantivo del Trabajo; 1, 10 12, 20 y 99 del Código de
Comercio; 38 de la Ley 153 de 1887; 60 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 177 del
Código de Procedimiento Civil


           Singulariza así los errores de hecho:
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               1) No dar por demostrado, estándolo, que la
      conciliación celebrada por las partes adolece de objeto y de
      causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que reúne los
      requisitos exigidos por la ley para su valide z y eficacia.

               2) No dar por demostrado, e stándolo, que durante
      los tres últimos años de servicios la demandada le hizo al
      demandante préstamos o anticipos de salarios y préstamos
      de prestaciones sociales sobre los cuales le cobró intereses
      que fueron descontados de los pagos mensuales del salario ,
      de las primas semestrales de servicios y de la liquidación de
      prestaciones sociales registrada en el acta de conciliación.

                3) No dar por demostrado, estándolo, que la
      demandada le prestó al trabajador el valor de la bonificación
      por retiro, que es una p restación social, y le cobró intereses
      que le fueron deducidos de los salarios, de las primas
      semestrales de servicios y de las prestaciones sociales
      definitivas.

                4) No dar por demostrado, estándolo, que en el
      expediente no obra autorización expedida por el recurrente
      que autorice a la empresa a descontar de sus salarios
      mensuales, primas semestrales de servicios y prestaciones
      definitivas el valor de los préstamos o anticipos de salarios e
      intereses.
                5) No dar por demostrado, estándolo, que la Caja de
      Ahorros, Fondo de recompensas pensiones y jubilaciones de
      los empleados de la Federación y Almacafé es un programa
      de bienestar carente de personería jurídica.

               6) No dar por demostrado, estándolo, que durante la
      vigencia del contrato la demandada le descontó al actor el
      5% de su salario mensual con destino a una Caja Fondo de
      Ahorros no autorizado por la ley, descuento que tuvo el
      carácter de obligatorio por determinación reglamentaria de la
      demandada.

              7) No dar por demostrado estándolo, que                      la
      Federación es una entidad gremial sin ánimo de lucro.


              Señala     como      prueba     mal   apreciada             la
conciliación de folios 3 a 6          y dejadas de apreciar la
demanda y su adición, la contestación de la demanda,
los documentos de folios 219 a 228, 229 y 230, 231 a
237     y   240   a   243,    la   circular   del   folio    438,         la
comunicación del folio 482, los comprobantes de folios
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1 a 76 del cuaderno anexo 1, el Reglamento de folios
483 a 522, los estatutos de folios 260 a 280, la
constancia del folio 200, la liquidación de folios 409 y
410, las liquidaciones de folios 469 a 471, el temario
de inspección de folios 395 a 403 y la inspección de
folios 326 y 427 a 429.


               Censura la sentencia del Tribunal por estar
edificada sobre dos premisas falsas, sin advertir que la
conciliación es absolutamente nula por adolecer de
objeto y causa ilícitos.


               Cita el artículo 6° del Código Civil y una
sentencia de esta Sala de 1992 que definió que la
conciliación es un acuerdo de voluntades para cuya
validez    y       eficacia   deben    cumplirse   los    requisitos
señalados por el artículo 1502 del Código Civil e invoca
el artículo 1740 del Código Civil conforme al cual es
nulo todo contrato o acto en que falte alguno de los
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo
y en seguida explica la diferencia entre las nulidades
absolutas y relativas de cara al artículo 1741 del
Código Civil


               Después de ese planteamiento asegura que
la conciliación es absolutamente nula porque allí se
registran a cargo de Ramírez Cuartas cláusulas de
pago de intereses sobre préstamos o anticipos d e
salarios       y     préstamos    de     prestaciones       sociales
diferentes a préstamos destinados para la adquisición
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de vivienda con violación de los artículos 153 del
Código Sustantivo           del    Trabajo         y 14        y 53    de la
Constitución Política. Y precisa que esos intereses se
identifican en la conciliación como intereses préstamo
vehículo          por     $76.680.00,          intereses          préstamo
bonificación por $19.402.00 e intereses préstamo libre
inversión por $3.179.00.


                Trascribe los artículos 152 y 153 del Código
Sustantivo        del    Trabajo   para      armo nizarlos          con      los
artículos 1519          y 1523 del Código Civil que definen el
objeto ilícito.


                Sobre esa base afirma que la carga del pago
de intereses impuesta al trabajador sobre préstamos o
anticipos de salarios y préstamos de prestaciones
sociales es una obligación sin causa real y lícita que
vicia la conciliación. Y agrega que siendo las normas
del      Código    Sustantivo      del     Trabajo        el    mínimo       de
garantías y derechos de los trabajadores, de orden
público e irrenunciables, su quebranto implica el del
derecho público de la Nación en los términos de los
artículos 6, 16, 1518, 1519, 1523 y 1524 del Código
Civil.


                Afirma que ante el artículo 16 del Código
Civil     las   partes    en   este      litigio   no     podían       pactar
intereses a cargo del trabajador sobre préstamos o
anticipos de salarios y préstamos de prestaciones


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sociales derogando con ello el mandato del artículo 153
del Código Sustantivo del Trabajo.


             En otro plano sostiene que la falta de
apreciación de otras pruebas llevó al Tribunal a violar
la ley sustancial.


             Al respecto sostiene:


             Que el Tribunal no apreció la documental de
folios 408 a 410 (liquidación definitiva) que registra
deducciones        por     concepto        de    intereses          sobre
préstamos o anticipos de salarios y préstamos de
prestaciones       sociales      diferentes        a         préstamos
destinados a la financiación de vivienda o compra de
casa, como tampoco el folio 31 del cuaderno anexo 1
que se refiere al préstamo de la bonificación por retiro.


             Que el Tribunal no apreció el Acuerdo 3 de
1941, el número 3 de diciembre 17 de 1943 y el 1 de
1948   que     demuestran        que       las   recompensas                  o
bonificaciones quinquenales y la bonificación por retiro
canceladas al demandante son prestaciones sociales
de carácter salarial.


             Que     no    apreció    la    circular      GG-776         de
noviembre 29 de 1991 que informa que la Caja de
ahorros,     fondo        de   recompensas,            pensiones              y
jubilaciones de los empleados de la empresa es un
programa de bienestar de la Federación sin personería
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jurídica, de modo que los pagos hechos por esa Caja
son de la misma Federación.


            Que no apreció la documental de folios 1 a
76 del cuaderno anexo 1 que registra descuentos al
salario por concepto de intereses sobre préstamos o
anticipos   de   salario    y    préstamos     de     prestaciones
sociales como la bonificación por retiro, diferentes a
préstamos destinados a la financiación de vivienda o
compra de casa.


            Que los mismos documentos del anexo 1
registran deducciones denominadas ahorros libres 5%
destinados a una Caja de ahorros no autorizada
legalmente.


            Que frente al         temario de la inspección
judicial el Juzgado confirmó las re señadas deducciones
del   anexo      1,   las       que     confrontadas       con       los
comprobantes de pago dan un total descontado del 5%
por $637.231.26 sobre el salario mensual, que implica
violación de los artículos 104, 105, 107, 108 y 150 del
Código Sustantivo del Trabajo.


            Cuanto     al       cobro     de   intereses         sobre
préstamos o anticipos del salario dice el cargo que en
el hecho octavo de la demanda el demandante afirmó
que la Federación durante la vida laboral del actor le
efectuó préstamos de consumo, por los cuales le cobró
tasas de interés de tipo comercial.
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           Asegura que ese cobro está probado con la
inspección judicial y el anexo 1.


           Anota que los préstamos de ahorros libres
que la demandada le hizo a Ramírez Cuartas son el
saldo acumulado de los salarios que le fueron retenidos
en un porcentaje igual al 5% del salario mensual con
destino a una Caja de ahorros no autorizada por la ley,
por lo que la empresa no hizo otra cosa que prestarle
al trabajador su propio salario, pero con intereses.


           Sostiene    que    esa   afirmación    encuentra
sustento en la documental de folios 231 y 232 que
corresponde al Acuerdo 1 de junio 3 de 1948, artículo
4, y que la operación se probó al desarrollar el punto
26 del temario de la inspección judicial por un valor de
$2.359.850.02. Y agrega que el valor de lo s intereses
descontados en la liquidación definitiva registrada en el
acta de conciliación es de $2.460.111.02.


           Sobre la bonificación por retiro observa que
se demostró un descuento de intereses por $19.402.00;
que además por el préstamo de la bonificació n por
retiro fue descontado de la liquidación de prestaciones
sociales del folio 409 y registrada en el acta de
conciliación al folio 4 en cuantía de $1.494.795.24. Y
observa   que    las   prestaciones    sociales      son      de
propiedad del trabajador y por ello entran e n la orbita
de los derechos adquiridos.


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            Adicionalmente     el   cargo      se    dedica           a
demostrar    que   la   bonificación   por   retiro     es     una
prestación social, para lo cual se basa en el artículo 44
del Acuerdo 3 de 1941, en el 6° del Acuerdo 3A de
1943, en el número 1 de 1948 y en la constancia del
folio 200 y explica que esa bonificación era cancelada
al ex trabajador cuando optaba por ella en lugar de
alguna de las pensiones voluntarias del Fondo de
recompensas pensiones y jubilaciones.


            Anota que el Tribunal no conside ró que las
sumas    prestadas      recayeron      sobre        salarios          y
prestaciones y que sobre ellas hubo cobro de intereses
expresamente prohibidos por el artículo 153 del CST, el
40 del Reglamento Interno de Trabajo, el artículo 2 de
los Estatutos de la Federación y el artículo 99 del
Código de Comercio (explica el alcance de cada una de
esas normas) y dice que tampoco consideró que no se
dio explicación alguna para justificar el descuento
ilegal, que asciende a la suma de $2.460.111.02.


            Y concluye el cargo con otra ale gación
jurídica para declarar que la conciliación es un acto
absolutamente nulo.


            IV. LA OPOSICIÓN


            Glosa el alcance de la impugnación y el
cargo por defectos de técnica y de fondo.


                                                                 13
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             V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE


            La sentencia del Juzgado terminó con una
decisión parcialmente favorable al                  demandante. El
Juzgado, en efecto, condenó a la Federación a pagarle
al actor “...la totalidad de las sumas de dinero que a
este le fueron descontadas por cobro de intereses, de
préstamos que aquella le hubieren efectuado para
inversiones distintas a la compra de vivienda” y la
indemnización          moratoria.   En   cuanto      a    las     demás
pretensiones el Juzgado absolvió al declarar probadas
las excepciones de cosa juzgada, inexistencia de la
obligación, compensación y prescripción.


            Considerando que el demandante no apeló
la sentencia de primera instancia, pues s ólo lo hizo la
Federación,       la    consecuencia     es    la    firmeza      de     la
decisión    en     todos     los    aspectos    que      para      aquél
recibieron despacho desfavorable.


            Como la demanda de casación propone
como alcance principal que se declare, sin limitación
alguna,    esto    es,     con alcance general,            la    nulidad
absoluta de la conciliación, con tal extensión esa
petición no es atendible en casación, como tampoco lo
fue para el Tribunal, que se limitó a revocar las
condenas del Juzgado al considerar que la conciliación
también extinguió el eventual derecho al reembolso de
los intereses.


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             Además      ese    alcance        principal          quedó
incompleto     porque     el   recurrente        no        señaló      las
consecuencias de la anulación de la sentencia del
Tribunal sobre la de la primera instancia. En todo caso,
el recurso extraordinario no podía ir más allá de lo que
el Juzgado resolvió, que es lo que se pide como
alcance subsidiario de esta impugnación extraordinaria,
de modo que dentro de ese preciso límite del recurso
se estudiarán este cargo y los demás.


             En la parte resolutiva de su sentencia el
Juzgado no determinó el valor económico que la
Federación     debería    devolverle      al   demandante              por
concepto de intereses. En la parte motiva, al folio 536,
hizo referencia al acta de conciliación y al cuaderno
anexo.


             Al resolver la apelación interpuesta por la
Federación     el   Tribunal    revocó     las    condenas             del
Juzgado porque consideró, en el plano probatorio, que
“...todas y cada una de las pretensiones que hoy se
reclaman quedaron resueltas en el arreglo amigable
celebrado entre las        partes,    incluido        el    pretendido
reclamo por concepto de dinero retenido, deducido o
compensado sin autorización legal, y que al parecer el
a quo interpretó que dentro de esta súplica encajaba la
condena impuesta por concepto de reembolso de
dineros descontados por cobro de intereses, y la
consecuente condena por indemnización moratoria”. Y
concluyó   diciendo      que   “Si   el   concepto          objeto      de
                                                                        15
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condena que ameritó reparo para el impugnante, se
enmarcan dentro del medio exceptivo de la cosa
juzgada propuesta por la accionada, necesariamente
debe revocarse la decisión proferida por el a quo,
considerando que este como las demás pretensiones
de la demanda, fueron objeto del advenimiento cordial
de las partes plasmado en el acto conciliatorio”.


            El cargo acusa la sentencia del Tribunal
mediante alegaciones puramente jurídicas que lo llevan
a sostener la ilegalidad del cobro de intereses o la
ilegalidad del descuento de los mismos que afectó
salarios y prestaciones sociales. Esa alegación no
puede ser estudiada por la Corte en este cargo, pues si
el recurso extraordinario denuncia la violación indirecta
de la ley sustancial laboral, la acusación debe limitarse
a singularizar los errores de hecho y a demostrar el
alcance de los medios probatorios.


            Considerando que por fuera de la cuestión
puramente    jurídica   ninguno   de   los   planteamientos
fácticos que desarrolla la censura apunta a demostrar
que el Tribunal se equivocó al dar por demostrado que
la conciliación comprendió los intereses de todo tipo
que el Juzgado estimó ilegalmente descontados, por lo
cual no era posible condenar a la Federación dados los
efectos de la cosa juzgada, la Corte debe desestimar la
acusación indirecta.



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           En     todo    caso,   la   conciliación      no     fu e
apreciada equivocadamente por el Tribunal, o por lo
menos su conclusión no pone de presente que hubiera
incurrido en error manifiesto, como pasa a verse:


           El     acta   de   conciliación   dice   lo    que         a
continuación se transcribe:


            “En   este    estado     de   la   audiencia los
   comparecientes manifiestan que entre los mismos se ha
   venido desarrollando un contrato de trabajo desde el 29
   de marzo de 1971 y que han decidido darlo por
   terminado por mutuo acuerdo el día 30 de junio de 1992,
   mediante el pago de una suma conciliator ia que adelante
   se determinará. En consecuencia el contrato quedará
   extinguido a partir del 1° de julio de 1992.

            “Como consecuencia de la terminación del
   contrato de trabajo las partes han decidido en conciliar
   todo lo relativo a la ejecución y extinción del mismo en
   las cantidades que a continuación se detallan:

           “...

           “La suma conciliatoria que han convenido las
   partes con motivo de la terminación de este contrato
   incluyendo cualquier eventual indemnización es de
   VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
   MIL PESOS MCTE. ($29.250.000.00) ...”


           Más adelante allí consta:


             “De conformidad con el presente acuerdo
   conciliatorio el señor JAVIER RAMIREZ CUARTAS,
   declara a pa z y salvo por todo concepto laboral a la
   FEDERACION         NACIONAL     DE     CAFETEROS       DE
   COLOMBIA y de más entidades afiliadas o que hacen parte
   de su grupo, las cuales quedan exoneradas de cualquier
   concepto proveniente de la ejecución y extinción de la
   relación de trabajo tales como salarios, vacaciones,
   primas legales y extralegales, cesantías, subsidios ,
   viáticos, gastos de transporte, indemnizaciones de
   cualquier género y en general cualquier otro concepto
   salarial, prestacional o indemnizatorio de carácter legal,
   contractual o convencional, quedando redimidos y
                                                                 17
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   conciliados todos los conceptos laborales que se hubieren
   causado dentro de la ejecución y terminación del contrato
   de trabajo o proveniente de afiliaciones a entidades de
   creación empresarial o convencional como el antiguo
   Fondo 5 Bienestar Social y el Fondo de Asistencia Social
   FAS y de accione s convencionales o legales sobre
   reintegro. Esta conciliación incluye el pago de las
   cantidades que se puedan causar hasta la fecha por
   concepto de bonificación ocasional del Fondo 5 Bienestar
   Social y cualquier otra suma derivada de la afiliación del
   exempleado al citado Fondo, estimada en la liquidación
   anterior en la cantidad de $319.582.00” (Folio 5).


             Desde el punto de vista probatorio esa
conciliación    es   comprensiva    de   los   derechos          que
reclamó el demandante. Y como lo que cuestionó el
recurrente     durante   el   proceso,    pero      de     manera
insuficiente en este cargo (como se anotó), es similar a
lo que estudió la Corte en la sentencia de casación del
3 de junio de 2004, es pertinente para resolver el cargo
la siguiente trascripción:


            “Ahora bien, de acuerdo con la parte motiva de
   la sentencia atacada, el fundamento del Tribunal para
   revocar las condenas fulminadas por el jue z de primer
   grado y, en consecuencia, disponer la absolución a la
   demandada de todas las pretensiones, es la existencia
   del acta de concilia ción suscrita entre las partes y
   visible a folio 101 del expediente, a la cual le dio los
   efectos de cosa ju zgada frente a las reclamaciones de la
   actora, al estimar que allí quedó involucrado cualquier
   otro derecho que pudiera derivarse del vínculo
   contractual laboral que unió a los litigantes, sin que
   probatoriamente     se  aprecie    algún   vicio  en   el
   consentimiento.

            “Examinado el documento que contiene el acta
   de conciliación aludida y que se constituye en el eje
   fundamental de la decisión impugnada, observa la Corte
   que el Tribunal no distorsionó el contendido de lo allí
   consignado y menos aún tergiversó la voluntad explícita
   de las partes que la suscriben, en cuanto se manifestó,
   con absoluta nitidez, que con la suma dineraria que se
   referencia se cancelan t odas las obligaciones emanadas
   o que pudieran derivarse del contrato de trabajo que

                                                                   18
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unió a los litigantes, sin circunscribirla única y
exclusivamente a la indemnización por el fenecimiento
del contrato de trabajo.

         “Y se afirma lo anterior por cuanto en el acta
conciliatoria que es objeto de análisis, las partes
acordaron lo que textualmente se transcribe “de
conformidad con el presente acuerdo conciliatorio la
señora ALBA ROSA ZAPATA DE GARCIA, declara a Paz
y Salvo por todo concepto laboral a los ALMACEN ES
GENERALES DE DEPOSITO DE CAFÉ S.A. ALMACAFE,
los cuales quedan exonerados de cualquier concepto
proveniente de la ejecución y extinción de la relación de
trabajo, tales como salarios, vacaciones, primas legales
y extralegales, cesantías, subsidios, viát icos, gastos de
transporte, indemnizaciones de cualquier género y en
general cualquier otro concepto laboral, salarial,
prestacional o indemnizatorio de carácter legal,
contractual o convencional, quedando redimidos y
conciliados los conceptos laborales qu e se hubiesen
causado dentro de la ejecución y terminación del
contrato de trabajo o provenientes de afiliación a
entidades de creación empresarial o convencional como
el antiguo Fondo de Ahorros y actual Fondo de Bienestar
Social y el Fondo de Asistencia Social FAS y de
acciones convencionales o legales sobre reintegro.“ (Las
subrayas son de la Sala).

        “Así mismo, en otro de los apartes del
documento aludido, se fijó como rubro conciliatorio la
suma de $14.400.000,00 donde claramente se dijo que
con ella “se dirimen las posibles diferencias existentes
con ocasión de la terminación del contrato de trabajo“, lo
cual impone concluir que el ra zonamiento del
sentenciador de alzada en cuanto consideró que en ese
arreglo quedaron incluidas las pretensiones de la
demanda incoada, no estructura ninguno de los
desaciertos aducidos, al menos con el carácter de ser
evidentes o protuberantes.

         “De otro parte, las pruebas que se denuncian
como dejadas de apreciar, tampoco tienen la virtualidad
de enervar la decisión recur rida, en atención que el
Tribunal en ningún momento dedujo que en la liquidación
de prestaciones sí se tuvieron en cuenta todos los
rubros constitutivos de salario, sino que, por el
contrario, infirió que con la suma objeto de conciliación
aparecían involu cradas esas eventuales cantidades que
se reclaman en el proceso por parte de la actora,
precisamente por cuanto se incluyó en ese arreglo
cualquier diferencia existente.

       “Así mismo, tampoco existe dentro de los
medios de prueba denunciados, un hecho acred itado
                                                               19
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   plenamente y que dé lugar para inferir la existencia de
   algún vicio del consentimiento que comprometa la
   valide z del acuerdo de voluntades contenido en el acta
   conciliatoria citada, y menos aún, que la misma adole zca
   de ilicitud de causa o de objeto como lo pregona el
   recurrente. Y es que mal puede catalogarse de ilícito el
   acto amigable a través del cual las partes buscan
   precaver eventuales litigios dando por terminada
   cualquier diferencia que hubiera podido surgir con
   ocasión de la relación contrac tual laboral existente,
   cuando para la jurisprudencia “la conciliación es un
   instituto jurídico concebido como un acto serio y
   responsable de quienes lo celebren y como fuente de
   paz y seguridad jurídica". Así lo asentó la Corte en
   sentencia del 11 de marzo de 1999, radicación 11540,
   tomando en consideración lo sostenido por la extinguida
   Sección Segunda de esta Sala de Casación en sentencia
   del 9 de marzo de 1995.

            “Igualmente, no sobra agregar que teniendo en
   cuenta los términos del acta de conciliación, en la cual
   se hace una relación detallada de los conceptos
   laborales que comprende la misma, tampoco se puede
   sostener, como lo hace el censor, que “(…) la
   declaración de forma genérica de cosa ju zgada, es
   atentatoria de las garantías consagradas a favor d e los
   trabajadores en los artículo 53 y 58, en concordancia
   con el artículo 13 de la Constitución Política, que hace
   referencia a la irrenunciabilidad de derechos y garantías
   (…).”


           El cargo, en consecuencia, no prospera.


           SEGUDO CARGO


           Acusa la sentencia por violar directamente
los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104,
105, 106, 107, 108, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 153 y
198 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 del Decreto
2351 de 1965; 6 de la Ley 50 de 1990; 6, 16, 17, 25,
27, 633, 641, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626,
1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; 2 de la Ley
50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; y 13,

                                                                 20
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25, 53, 58, 83, 121, 150 (numerales 1, 2 y 21), 228,
230 y 334 de la Constitución Política y el 38 de la Ley
153   de   1887     por   no   haberlos     aplicado      siendo
aplicables.


              El cargo contiene la misma argumentación
jurídica con el que inició la demostración del anterior.
Es decir, censura la sentencia del Tribunal por no
advertir la nulidad absoluta de la conciliación e n cuanto
a su objeto y causa.


              Así mismo, discurre sobre el artículo 6° del
Código Civil, sobre los requisitos sustanciales del
acuerdo de voluntades para su validez y eficacia
(artículo 1502 del Código Civil) y sobre los artículos
1740 y 1741 del Código Civil para sentar la base de la
nulidad absoluta de la conciliación.


              Aquí también sostiene que la conciliación
que concertaron la Federación y Ramírez Cuartas es
absolutamente nula en el tema de los intereses sobre
préstamos o anticipos de salarios y prést amos de
prestaciones       sociales    diferentes     a     préstamos
destinados para la adquisición de vivienda por la
violación de los artículos 153 del Código Sustantivo del
Trabajo y 14 y 53 de la Constitución Política, todo ello
para concluir que el pago de tales inte reses es un acto
sin causa real y lícita que vició la conciliación.



                                                                21
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           En fin, reproduce planteamientos, citas de
jurisprudencia y doctrina de tratadistas nacionales.


           TERCER CARGO


           Es una reproducción del anterior, sólo que
denuncia la violación de la ley s obre la base de que el
Tribunal le dio una aplicación indebida.


           CUARTO CARGO


           Denuncia      la   interpretación      errónea        del
artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo.


           Transcribe la norma acusada, conforme a la
cual los préstamos o anticipos de salarios que haga el
patrono al trabajador no pueden devengar intereses y
en seguida dice:


            “La norma en cita contiene un mandato que
   constituye un imperativo categórico que por su claridad
   meridiana no admite interpretación y el único que puede
   interpretarla es el Co ngreso de la República en desarrollo
   de las funciones y facultades que le confiere el artículo
   150, numerales 1, 2 y 21 de la Constitución Nacional.

             “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
   funciones distintas de las que le atribuye la constitución y
   la ley, dispone el artículo 121 de la Carta.

           “Con la Errónea interpretación que del artículo
   153 del CS del T., hizo el Tribunal, no aplicó el imperio de
   la ley.

            “Pensar que el artículo 153 del Código Sustantivo
   del Trabajo está fuera de contexto históric o, es negarle
   además al artículo 53 de la Constitución Nacional el
   carácter de derecho fundamental.

                                                                  22
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            “Con un solo argumento, resulta fácil demoler la
   dele znable postura jurídica del Tribunal al proferir
   sentencia.

            “Desde la vigencia del Código Sustantivo del
   Trabajo, que consagra la expresa y categórica prohibición
   contenida en su artículo 153 de que los préstamos y
   anticipos de salarios que haga el patrono a sus
   trabajadores NO PODRAN DEVENGAR INTERESES, hasta
   nuestros días, se han producido por el Congre so de la
   Republica y por el Poder Ejecutivo en cabeza del señor
   Presidente      de    la   República,    con   facultades
   extraordinarias, un sinnúmero de importantes reformas a
   las leyes sociales del trabajo, sin que en ellas el
   legislador    haya   considerado   oportuno  dero gar   ni
   interpretar los efectos del artículo 153 que continúa
   vigente como norma de orden público protectora del
   Salario, artículo 14 del CS del T.

            “Como consecuencia de esta interpretación
   errónea, el Tribunal dejó de aplicar el verdadero sentido
   del artículo 153 del CS del T. Interpretación que no le es
   dable hacer en virtud el artículo 150 de la Carta como ya
   se dijo. Si la hubiera aplicado la sentencia habría sido
   confirmatoria de la sentencia de primera instancia”.


           VI. LA OPOSICIÓN


           Formula reparos de orden técnico para estos
últimos cargos y expresa su concepto sobre el tema de
fondo del descuento de los intereses.


           VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
                 PARA LOS CARGOS 2, 3 y 4.


           El   tema    del   cobro   de   intereses       o    del
descuento de su valor ha sido examinado por esta
Corporación de manera reiterada. Así, en sentencia del
19 de marzo de 2004, Radicado 20151, se dijo:



                                                                 23
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         “...La tacha de ilegalidad por el cobro de
intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del
Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:

         “ART. 152. Préstamos para vivienda. En los
convenios sobre financiación de viviendas para
trabajadores   puede    estipularse   que    el patrono
prestamista queda autorizado para retener del salario de
sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o
que se provean en los p lanes respectivos, como abono a
intereses y capital, de las deudas contraídas para la
adquisición de casa.

        “ART. 153. Intereses de los préstamos. Fuera
de los casos a que se refiere el artículo anterior, los
préstamos o anticipos de salarios que haga el p atrono al
trabajador no pueden devengar intereses.”

         “Así   las  cosas, aquí no se controvierte la
existencia de varios préstamos otorgados por la
empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los
intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por
considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.

         “No obstante que aplicando los preceptos
sustantivos traídos a colación, el actor tendría ra zón en
su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal
de los mismos, el que no es de recibo, en ate nción a la
época de su redacción y la concepción filosófica que
imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada
con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador
además de facilitarle la consecución de vivienda, que es
por la que propugna el ar tículo 152 del Código
Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras
líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o
servicios como la consecución de vehículo y préstamos
para educación, que van a mejorar su nivel de vida.
Créditos que si son ofrecidos por el empleador en
condiciones más ventajosas o al menos iguales a las
vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador
que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición
del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al
pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por
obvias ra zones se le estaría perjudicando, y ese no es el
espíritu de las referidas disposiciones, ni de los
artículos 13 y 14 del mismo estatuto.

          “Por ello, es oportuno traer a colación el viejo
criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo
no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con
exactitudes      matemáticas     que     contraríen.......la
naturale za humana que las inspira y justifica.”


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            “Entonces, para que el artículo 153 del Código
   Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del
   tiempo en su real pensamiento e intención del legislador
   respecto a la prohibición de pactar intereses sobre
   préstamos que conceda el empleador, se requiere
   demostrar que con él se esta perjudicando al trabajad or
   al imponérsele condiciones más gravosas de los que le
   exigiría una persona dedicada a explotar la actividad
   comercial de los créditos. Como esa situación no se
   presentó en el caso objeto de examen, máxime si se
   toma en cuenta la condición de nivel intel ectual del
   demandante, quien se desempeñó como Vicepresidente
   Financiero y Administrativo, ha de concluirse que en
   realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem
   al solucionar la controversia no quebrantó los tantas
   veces citados preceptos legale s.

            “Finalmente, cuando empleador y trabajador
   suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales
   acuerdan intereses por préstamos, que frente a las
   condiciones normales de la banca y el comercio
   redundan en beneficios para el trabajador, y que su
   desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase
   de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando
   los principios protectores establecidos a favor de los
   mismos, ra zón por la cual no es inefica z una cláusula
   concebida bajo tales parámetros...”


             En consecuencia, los cargos 2, 3 y 4 no
prosperan.


             En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal
de Bogotá, dictada el 31 de mayo de 2005 en el
proceso   ordinario    laboral    que    promovió        JAVIER
RAMÍREZ        CUARTAS       contra      la   FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.


             Costas en casación a cargo de la parte
demandante.
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                            Respecto                del       escrito            que         radicó               el
       apoderado del demandante, con fecha 9 de mayo de
       2006 (folio 89), habrá de negarse la petición de
       cumplimiento normativo, en razón de que si pretende el
       efectivo cumplimiento de los artículos 13, 14, 15, 16,
       19, 43, 55, 59, 65, 104 a 107, 142, 150, 151, 152 y 153
       del Código Sustantivo del Trabajo, 6, 16, 1502, 1518,
       1519, 1523, 1524, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código
       Civil, 2 de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del
       Código Civil, y 38 de la Ley 153 de 1887, aquélla ha
       quedado resuelta en el recurso de casación que se
       acaba de proferir, luego de analizar los respectivos
       cargos y de acuerdo con el estudio de cada uno de
       ellos, en lo que se decidió lo pertinente.


                           C Ó P I E S E , N O T I F Í Q U E S E , P U B L Í Q U E S E Y D E V U É L V AS E E L
E X P E D I E N T E AL T R I B U N A L D E O R I G E N .




                                GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA




                                                                                                             26
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CARLOS ISAAC NADER                              LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ




FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ                C AM I L O T A R Q U I N O G AL L E G O




                          ISAURA VARGAS DÍAZ




                     MARÍA ISMENIA GARCÍ A MENDOZA
                               Secretaria




                                                                                   27

								
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