001 1401

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					                                          N° 01-03

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho horas

del catorce de enero del dos mil tres.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Presidente en ejercicio;

de la Licda. Miriam Anchía Paniagua, de los Licdos. Juan Diego Rojas Araya y Edgar

Amador Madriz y del Suplente señor Álvaro Rodríguez Zamora, en la plaza vacante

que dejó el Lic. Hernán Campos Vargas. Asiste también el Director Ejecutivo, Lic.

Alfredo Jones León.

                                         ARTÍCULO I

      El Presidente en ejercicio, Magistrado Chaves, expresa un afectuoso saludo de

bienvenida a la Licda. Miriam Anchía Paniagua, por iniciar hoy su gestión como integrante

propietaria de este Consejo y le desea los mejores éxitos en la labor que emprende. De

igual forma manifiesta un saludo de feliz año nuevo a los presentes e invita a que se

realice el mejor esfuerzo para que la labor se desarrolle el Consejo sea exitosa.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                         ARTÍCULO II

      Se aprobó el acta N° 89-02 correspondiente a la sesión celebrada el 26 de

noviembre del 2002.

      También se aprobaron las separatas de los acuerdos tomados en las sesiones

números 83 y 95-02, artículos XXXIX y LXIX, respectivamente.

      La Licda. Anchía y el señor Rodríguez se abstuvieron de votar, por no haber

participado en esas sesiones.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDO
                                     ARTÍCULO III

      En sesión N° 97-02 del 19 de diciembre del año recién pasado, artículo XII, por

los motivos señalados por la Licda. Guiselle Viales Flores, Jueza Coordinadora del

Juzgado Penal Juvenil y Familia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica con

sede en Guápiles, se dispuso acoger su solicitud y trasladarla al Juzgado de Familia y

Violencia Doméstica de Hatillo, a partir del 13 de enero del año en curso.

      La Licda. Viales Flores, en nota del 20 de ese diciembre, expresó lo siguiente:

              “Sirva la presente para saludarles y agradecerles profundamente
        que se haya analizado la gestión en forma inmediata, referente al
        traslado solicitado por la suscrita, no obstante considero con todo
        respeto que en virtud de que realmente no se me concedió el traslado
        en los mismos términos que solicitara, a pesar de la gravedad de los
        hechos que lo motivan, -es decir las amenazas de muerte debidamente
        documentadas, pues sin consulta previa a la suscrita, si aceptaba o no
        en el circuito de Hatillo, se acuerda trasladarme a ese circuito, con lo
        cual considero que se me están variando mis condiciones laborales,
        por lo que solicito expresamente, se revoque dicho acuerdo,
        consecuentemente el traslado, y de ser procedente se posterguen la
        gestión para ser conocida oportunamente en forma concomitante, con
        el Informe que rendirá la Sección de Desarrollo Organizacional, del
        Departamento de Planificación, sobre las plazas nuevas y la necesidad
        de los diferentes despachos a los que se les asignará, de tal modo que
        de ubicarse una de esas plazas al Juzgado de Familia del Primer
        Circuito Judicial de Alajuela, específicamente es la materia de Familia y
        se analice nuevamente mi gestión, y se me destaque en el citado
        despacho.
              De lo contrario, de no acogerse la solicitud en esos términos,
        como indiqué supra, por las razones expuestas, solicito se reconsidere
        dicho acuerdo y se deje sin efecto mi traslado, o bien se revoque,
        máxime que no ha adquirido firmeza, consecuentemente continuaré en
        mi puesto original, es decir en el Juzgado Penal Juvenil y Familia del
        Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, asimismo, se proceda a
        comunicar a la Presidencia de la Corte, para dejar sin efecto el
        nombramiento interino que se efectuaría en este despacho en
        sustitución mía, para lo cual valga acotar, que seguiré tomando todas
        las previsiones de seguridad, no obstante solicito que se coordine como
        lo gestioné en la denuncia penal, se destaque a un funcionario de
        seguridad en este despacho, para repeler cualquier situación de
        peligro, que yo ampliaré las medidas de protección que ya he tomado a
        nivel familiar, desde que recibí las primeras amenazas de muerte el
        pasado mes de marzo.
              El traslado en los términos que se dio, estando pendiente un
        Informe de Planificación sobre la necesidad de los despachos en donde
        se asignarán los nuevos recursos, se me priva de esa posibilidad, pero
        además atenta contra mi estabilidad personal y familiar por la
        desintegración familiar que se daría, pues Hatillo, circuito a donde se
        me ha trasladado, es un lugar muy distante de la ciudad de Alajuela en
        donde asentaría mi lugar de residencia, y de allí las razones dadas en
        el oficio de solicitud, en cuanto a que concretizo que mi interés está
        dirigido al Juzgado de Familia de Alajuela, por cuanto soy de la firme
        convicción, que no puedo estar separada de mis hijos durante el día y
        algunas veces durante la noche cuando laboralmente -por la
        disponibilidad deba de hacerlo y trasladarme hasta Hatillo, máxime que
        durante los veintidós años que tengo de laborar en el Poder Judicial,
        gracias a Dios y a la institución, he tenido la gran oportunidad,
        satisfacción y orgullo, de disfrutar las horas de los alimentos al lado de
        mi esposo y mis hijos.”
                                         --- 0 ---

      Se   dispuso: Acoger la reconsideración anterior y por así solicitarlo

expresamente la Licda. Olga Viales Flores se deja sin efecto su traslado al Juzgado de

Familia y Violencia Doméstica de Hatillo.

      El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal y los referidos

Juzgados tomarán nota para lo de sus cargos.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                     ARTÍCULO IV

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

A partir del 16 de enero del 2003

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

     1.-   Valverde Vega Ana Lorena, cédula N° 9-050-455, Inspector Asistente.
Nómina N° 58-02.
      La Licda. Anchía Paniagua se abstuvo de votar.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE TRANSPORTES DE MAGISTRADOS

     2.-     Oviedo Vargas Johnny Alberto, cédula N° 1-901-483, Auxiliar de Servicios
Generales.

JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE HATILLO

      3.-   Villalobos Pérez Carlos Manuel, cédula N° 1-1108-515, Auxiliar Judicial 2.
Terna N° 631-02.

JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE DESAMPARADOS

      4.-    Solano Ujueta Gabriela, cédula N° 1-1044-008, Auxiliar Judicial 3. Terna
N° 619-02.

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE ESCAZÚ

      5.-    Bolaños Chaverri Sergio, cédula N° 1-1076-155, Auxiliar Judicial 1. Terna
N° 621-02.

JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

      6.-   Moncada Ramírez Sammy O., cédula N° 3-353-175, Auxiliar Judicial 2.
Terna N° 558-02.

JUZGADO CIVIL DE HACIENDA DE ASUNTOS SUMARIOS

      7.-    Valverde Calvo Rolando, cédula N° 5-293-593, Auxiliar Judicial 1. Terna
N° 560-02.

JUZGADO PENAL DE PUNTARENAS

      8.-   Castro Alvarado Alexander, cédula N° 6-214-520, Auxiliar Judicial 2.
Terna N° 626-02.

FISCALÍA DE AGUIRRE Y PARRITA

     9.-     Calderón Díaz Gustavo, cédula N° 1-1042-787, Auxiliar de Servicios
Generales 2. Terna N° 636-02.

A partir del 1° de febrero del 2003
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE MENOR CUANTÍA DE SAN JOSÉ

      10.-   Vega Díaz Gustavo, cédula N° 1-1042-787, Auxiliar Judicial 1. Terna N°
598-02.

A partir del 1° de marzo del 2003

JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

      11.- Villegas Méndez Sedyer, cédula N° 1-842-908, Auxiliar Judicial 2. Terna
N° 559-2002

      Los servidores Oviedo Vargas, Villalobos Pérez, Vega Díaz, Bolaños Chaverri,

Moncada Ramírez, Villegas Méndez, Valverde Calvo, Castro Alvarado y Calderón

Jiménez, se presentarán al Servicio Médico para los servidores judiciales, a efecto de

que se les practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita de

forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3572. El Departamento de Personal

y el Servicio Médico tomarán nota de lo resuelto para lo de sus cargos.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                     ARTÍCULO V

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión celebrada el 11 de

setiembre del 2000, artículo XXIX, se tiene por designado como Juez en el Juzgado de

Familia de Desamparados, por el 20 de diciembre del 2002, al Lic. Froylán Alvarado

Zelada.

PERMISOS

                                     ARTÍCULO VI

      El Lic. José Bravo Bonilla, Auditor Investigador de la Sección de Delitos

Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial, con el visto bueno

de su Jefatura, en nota del 18 de diciembre recién pasado, solicita:
         “[…] autorización para impartir un curso de Auditoría en la Universidad
         Veritas, los jueves de las 18:30 a las 21:15 horas, durante el primer
         cuatrimestre del próximo año, que inicia la semana del 13 de enero y
         finaliza el 25 de abril del 2003.
              Como se aprecia, las lecciones las impartiría después de la
         jornada laboral ordinaria, por lo que no afecta el servicio público que se
         brinda en la Oficina en la que laboro.”
                                          --- 0 ---

        Se dispuso: Comunicar al Lic. Bravo Bonilla, que este Consejo no tiene objeción

para que imparta lecciones en el citado centro de estudios superiores, durante el

período, el día y las horas indicados.

        El Departamento de Personal y la Sección de Delitos Económicos y Financieros

del Organismo de Investigación Judicial tomarán nota para los fines consiguientes.

                                      ARTÍCULO VII

        En sesión N° 93-02 del 5 de diciembre del año pasado, artículo XIV, se concedió

permiso con goce de salario, sin sustitución, entre otros, a los Licdos. Warner Molina

Ruiz, Leda Méndez Vargas y Doris Quirós Arias, Fiscales del Ministerio Público, para

que participaran en el curso “Capacitación en técnicas de seguridad personal”, a

realizarse en las fechas que oportunamente se indicaría.

        El Lic. Carlos Arias Núñez, Fiscal General de la República, con oficio N°

1558-FG-2002 del 16 de diciembre del año anterior, somete a conocimiento de este

Consejo Superior, la nota del 10 de ese mes suscrita por la Licda. Maribelle Bustillo

Piedra, Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscales de Costa Rica, que literalmente

dice:

         “La suscrita, Fiscal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de
         Fiscales de Costa Rica 2002-2003 (ANAFI), comparezco ante su
         honorable persona con el fin de plantearle el cambio para dos
         funcionarios del Ministerio Público que no podrán asistir al próximo
         curso de Seguridad para Fiscales que muy amablemente nos imparte la
        Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Seguridad Pública.
        Los cambios son los siguientes.
              Curso días lunes
              Licda. Silvia Carmona Rivas. Fiscal Delitos Económicos en lugar
        del Lic. Warner Molina Ruiz.
              Curso días viernes
              Lic. Víctor Charpantier Ugarte. Fiscal de Heredia en lugar de la
        licenciada Leda Méndez Vargas de la misma Fiscalía.
              Lic. Ronald Segura Mena. Fiscal de Limón en lugar de la
        licenciada Doris Quirós Arias de la misma Fiscalía.
              Lic. Amelia Robinson Molina. Fiscal Delitos Económicos
              Informamos al señor Fiscal General que esta selección propuesta
        nuevamente fue realizada a partir de conversación mantenida con cada
        uno de los Fiscales Adjuntos de las jurisdicciones indicadas, quienes
        tomando en cuenta factores de peligrosidad y riesgo de sus
        subalternos, nos brindaron los nombres de los compañeros. Se tomó
        en cuenta también con el respectivo Fiscal Adjunto, que la participación
        del funcionario en los referidos cursos, no venga a entorpecer o
        trastornar el normal desenvolvimiento de su Fiscalía.
              Nuevamente solicitamos la acostumbrada interposición de sus
        buenos oficios para que nuestra gestión sea trasladada ante el
        Honorable Consejo Superior. Con todo respeto le solicitamos dar
        pronto traslado para el conocimiento del Consejo Superior, en atención
        al cierre de Tribunales a partir del día veinte de diciembre.”
                                         --- 0 ---

       Se dispuso: 1) Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

Licdos. Carmona Rivas, Charpantier Ugarte y Segura Mena, para que en remplazo de

los funcionarios Molina Ruiz, Méndez Vargas y Quirós Arias, participen en la referida

capacitación y en tal sentido modificar el acuerdo tomado en la sesión del 5 de

diciembre último, artículo XIV. 2) Autorizar la participación de la Licda. Robinson Molina

en el curso a impartir los viernes.

       El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                      ARTÍCULO VIII

       El Lic. Frank Álvarez Hernández, Profesional en Derecho 3 interino de la Sala
Tercera, en nota del 16 de diciembre último, solicita:

             “[…] se me conceda permiso para impartir lecciones en la
        Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica los días martes y
        viernes de las dieciséis a las diecisiete y cincuenta horas. La cátedra
        asignada es la de Derechos Reales. El permiso sería concedido del
        mes de marzo al de noviembre del dos mil tres.
              El suscrito reconoce que la prioridad es el trabajo en el Poder
        Judicial y que cualquier diferencia entre esta labor y la docente debe
        ser resuelta siempre a favor de la primera, es decir, la judicial.
             Al efecto y con la venia del Dr. Daniel González Álvarez el tiempo
        dedicado a la docencia lo repondré los lunes y los miércoles después
        del horario regular de trabajo. Además, nótese que el escritorio está en
        orden, al día y así lo conservaré.”
                                          --- 0 ---

      Por su parte, el Dr. Daniel González Álvarez, Presidente de la Sala Tercera, en

nota de misma fecha, manifiesta su anuencia al permiso solicitado por el Lic. Álvarez

Hernández.

      Se dispuso: Comunicar al Lic. Álvarez Hernández, que este Consejo no tiene

objeción para que imparta lecciones en el citado centro de estudios superiores, durante

el período, los días y horas indicados.

      El Departamento de Personal y la Sala Tercera tomarán nota para los fines

consiguientes.

                                      ARTÍCULO IX

      La señora Sharon Blanco Acosta, Auxiliar de Servicios Generales del Juzgado

Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, solicita:

         “[…] se sirvan concederme permiso con goce de salario durante la
        segunda audiencia del viernes de cada mes para asistir a la lección de
        HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA de la carrera de Psicología que curso
        en la Universidad Católica de esta ciudad, dicho curso da inicio a las
        13:30 horas y finaliza a las 16:30 horas. El permiso lo es para el
        período comprendido del 17 de enero al 25 de abril ambos del año en
        2003, durante el I cuatrimestre. Me veo en la obligación de solicitar tal
        permiso en razón de que dicho curso será impartido únicamente con
        ese horario y fecha. Adjunto les remito copia del horario programado
        para el próximo año.
            También acompaño a esta solicitud el aval de la Licenciada
        Vanessa Fisher González, Jueza Coordinadora del Juzgado Agrario del
        Segundo Circuito Judicial de Alajuela.”
                                         --- 0 ---

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con goce de salario a

la señora Blanco Acosta para que asista a lecciones en el citado centro de estudios

superiores en el horario indicado, en el entendido que deberá reponer el tiempo que

ocupe en dichas labores, a fin de mantener el trabajo al día y sin que se perjudique el

buen servicio público, y comprobar ante el Departamento de Personal el resultado final

que obtenga del mencionado curso.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jueza Coordinadora del

Despacho se da porque esa oficina judicial cuenta con personal suficiente para hacerle

frente a la ausencia temporal de la citada servidora y no requiere de recurso humano

adicional.

      Los Departamentos de Personal y de Planificación , así como la señora Jueza,

tomarán nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO X

      El Lic. Arturo Jiménez Rodríguez, Defensor Público 2 de Liberia, en facsímil

recibido el 20 de diciembre del año pasado, solicita:

             “[…] se me conceda autorización para que mi persona pueda
        impartir lecciones en las materias de Derecho Internacional Privado y
        Teoría General del Derecho, así como Derecho Procesal Penal II, en la
        Universidad Latina de Cañas, Guanacaste, con horario los días
        sábados, y fuera de mi horario de trabajo, de igual forma si en alguna
        ocasión una lección chocare con mi labor de defensor en turno y
        disponibilidad las clases serían suspendidas a efecto de interrumpir mi
        labor como defensor, no omito manifestar que se ha pedido la
        autorización de la Licda. Martha Iris Muñoz Cascante en su condición
        de Jefe de la Defensa Pública.
             Lo anterior, en atención a un deseo de transmitir no solo los
        conocimientos sino la experiencia adquirida a lo largo de mi trayectoria
        y una forma más de contribuir en nombre de la Defensa Pública y el
        Poder Judicial en alguna forma con el entorno y la sociedad
        Guanacasteca.
             Recibiré las notificaciones a la presente gestión en la Defensa
        Pública de Liberia al fax 690-01-01.”
                                        --- 0 ---

      Vía telefónica, el Lic. Jiménez Rodríguez informó que el tiempo a utilizar para

impartir los tres cursos de que dio cuenta es de 7:30 horas por semana.

      Se dispuso: Comunicar al Lic. Jiménez Rodríguez, que este Consejo no tiene

objeción para que imparta lecciones en el citado centro de estudios superiores durante

el tiempo indicado, en el entendido de que lo es por cuatrimestre o semestre, según el

plan de estudios que aplica esa Universidad, por lo que en el próximo debe solicitar

nuevamente la autorización.

      El Departamento de Personal y la Defensa Pública de Liberia tomarán nota para

los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XI

      En sesión N°81-02 del 29 de octubre del 2002, artículo VI, se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

               “En sesión celebrada el 24 de octubre en curso, artículo XXIII, se
        denegó el permiso solicitado por el MBA Jorge Baldioceda Castro,
        Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público del Ministerio de
        Obras Públicas y Transportes, para que la Licda. Beatriz Solano
        Carranza, continuara fungiendo como Asesora Legal en la Dirección de
        Asuntos Jurídicos de esa entidad, dado el excelente desempeño
        mostrado por esa funcionaria y la experiencia obtenida durante el
        tiempo que ha laborado para ese órgano; lo anterior en razón de que el
        citado permiso es improrrogable.
             La Licda. Solano Carranza, en nota de 25 de octubre en curso,
        solicita reconsideración del acuerdo que se ha citado, y para ello
        manifiesta:
             “… Respetuosamente solicito ante este honorable Consejo, una
        reconsideración parcial de la gestión que presentara ante ustedes y
        que fuera denegada el pasado 24 de octubre. La cual consiste en que
        se me conceda permiso sin goce de salario por mes y medio, o sea
        hasta el próximo 30 de diciembre en vista de que me encuentra
        nombrada en el Consejo de Transporte Público del MOPT hasta esa
        fecha y el permiso que me ha concedido este Consejo vence el 14 de
        noviembre del año en curso.
              Solicito, también en la medida de lo posible, ya que me encuentra
        elegible en el Consejo de la Judicatura que se me conceda participar
        en nombramientos interinos a partir de enero del 2003, ello en virtud de
        que tengo aproximadamente cinco años de estar fuera del Laboratorio
        Forense donde mantengo mi plaza en propiedad como asistente de
        laboratorio, puesto en el cual me he desactualizado y he perdido las
        habilidades propias de las funciones del laboratorio; como también mi
        situación económica se vería grandemente perjudicada después de
        tanto tiempo de contar con un mejor salario, pues soy la cabeza de mi
        familia.
             Es importante informarles que he laborado durante 23 años para
        el Poder Judicial, de los cuales más o menos 4 años para la judicatura
        en la materia de Tránsito, más el año que cursa, aquí en el Consejo de
        Transporte Público del MOPT.”
              Se acordó: 1) Acoger la reconsideración planteada por la
        licenciada Beatriz Solano Carranza, y concederle permiso sin goce de
        salario hasta el 30 de diciembre del año en curso, por las razones
        expuestas. 2) En cuanto a la solicitud para que se le permita participar
        en nombramientos interinos a partir de enero del 2003 en la Judicatura,
        se traslada su petición a la Consejo de la Judicatura por ser de su
        competencia.
             El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.”
                                        --- 0 ---

      La Licda. Solano Carranza, en nota del 13 de enero en curso, expone lo

siguiente:

               “…Solicito a ustedes muy respetuosamente, la autorización de
        una prórroga a partir del 13 de enero del año en curso, para continuar
        con mi puesto en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en
        razón a la situación especial la cual expuse al Lic. Juan Diego Rojas,
        Lic. Edgar Amador y don Alvaro Rodríguez, mientras el Consejo de la
        Judicatura tramita la ponderación de mi promedio, para optar una terna,
        para el puesto de Juez 1 Genérico, para el cual estoy elegible con una
        nota de 90 %.”
                                               --- 0 ---

      Vía telefónica, la Licda. Solano Carranza aclaró que la prórroga que solicita es

por 6 meses a partir del 14 de este mes.

      Por mayoría, se dispuso: Acoger la solicitud de la Licda. Solano Carranza, y

prorrogarle el permiso sin goce de salario por seis meses más a partir del 14 de enero

en curso.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

      La Licda. Anchía Paniagua votó por autorizar la prórroga pero por esta última

vez, y el Magistrado Chaves votó por denegar el permiso solicitado.

                                    ARTÍCULO XII

      El Lic. Rojas Araya solicita permiso con goce de salario por la primera audiencia

del jueves 16 de enero en curso, para atender una invitación de la Ingra. Esmeralda

Britton González, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del

Instituto Nacional de las Mujeres, a una reunión que la Comisión interinstitucional de

Violencia Doméstica llevará a cabo en la sala de sesiones del Consejo de Gobierno en

Casa Presidencial, para reflexionar, proponer y adoptar medidas en materia de

protección y seguridad para las mujeres y personas víctimas de violencia intrafamiliar.

      Se acordó: Acoger la anterior petición y llamar al Suplente Lic. Hernán Esquivel

Salas, para que integre este Consejo en la fecha señalada.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

SUSTITUCIONES

                                    ARTÍCULO XIII
       La Licda. Hilda Morales Carvajal, Jueza Coordinadora del Juzgado Primero de

Familia de San José, en nota del 13 de enero en curso, expone lo siguiente:

        “…El auxiliar judicial 3-B en propiedad señor Faez Abdallah Arrieta
        solicitó vacaciones del período comprendido del trece al veintitrés de
        enero ambos del dos mil tres que suman nueve días hábiles. En su
        sustitución se nombró a la señora Shirley Paniagua Gómez quien se
        desempeña como auxiliar judicial dos (tramitadora) en este Despacho.
        En el Departamento de Personal se nos comunicó que por nueve días
        no es posible aprobar la sustitución de la señora Paniagua Gómez.
        Esto acarrearía al Despacho atrasos en la tramitación de los
        expedientes y atención del público, en razón de que actualmente dos
        de las tramitadoras se encuentran nombradas en ascenso en otros
        puestos (entre ellos la citada auxiliar) y una de las manifestadoras se
        encuentran en vacaciones. Es por lo anterior que les solicito se sirvan
        autorizar la sustitución en el puesto de auxiliar judicial 2 (tramitadora)
        por el período indicado, lo anterior con el propósito de evitar atrasos y
        acumulación de trabajo.
                                         --- 0 ---

       Se dispuso: Autorizar la sustitución del señor Abdallah Arrieta, del 13 al 23 de

enero en curso, por ajustarse a los lineamientos generales sobre sustituciones para el

año 2003, aprobados en la sesión N° 75-02 celebrada el 8 de octubre del 2002, artículo

XXI.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO XIV

       El Lic. Luis Antonio Segnini Zumbado, Juez Penal de Heredia, en nota del 18 de

diciembre del 2002, solicita:

             “…Se apruebe la proposición de nombramiento interino para la
        servidora Patricia Reyes Odio, los días 27, 30 y 31 de diciembre del
        año en curso, en sustitución de la servidora Helia Wong Dijeres, cédula
        5-153-675, quien ha permanecido incapacitada hace más de un año y
        para el período de vacaciones de diciembre estará en la misma
        condición.
              Se solicita la autorización del Consejo para tal sustitución en
        virtud que a la servidora Helia Wong Dijeres le correspondió según el
        rol que se hizo en este Despacho laborar los días antes mencionados.”
      Se acordó: Autorizar la sustitución de la servidora Wong Dijeres, por el período

y motivo indicados.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

VACACIONES

                                     ARTÍCULO XV

      El Lic. Amador       solicita autorización para disfrutar el 16 de este mes como

vacaciones, para atender asuntos personales.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y llamar al Suplente Lic. René Reyes

Cajina para que lo sustituya.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                     ARTÍCULO XVI

      En relación con el procedimiento administrativo disciplinario tramitado por el

Tribunal de la Inspección Judicial bajo expediente N° 986-2001, seguido contra el Lic.

Joaquín Bernardo Calvo Soto, en su condición de Secretario y Juez Tramitador del

Tribunal Agrario, y que se encuentra pendiente de resolución de este Consejo en virtud

del recurso de apelación y concomitantemente nulidad absoluta, interpuesto por el

citado servidor contra la resolución N° 574-02 dictada por el Tribunal de la Inspección

Judicial a las 10,26 horas del primero de julio del dos mil dos, en que se le impuso la

sanción disciplinaria de 3 días de suspensión sin goce de salario, la Licda. Anchía

Paniagua manifiesta que le asiste motivo de impedimento para conocer de este asunto,

toda vez que ella como integrante del Tribunal disciplinario, concurrió en el dictado de

la resolución recurrida.
      Conocido el motivo de inhibitoria expuesto, previa deliberación de los restantes

integrantes de este Consejo, se acordó: Acoger la inhibitoria de la Licda. Anchía

Paniagua, y llamar al suplente Lic. Alejandro López Mc Adam, quien la suplirá -previo

estudio del expediente- al momento de conocer el fondo del asunto.

      La Secretaría General notificará este acuerdo al interesado y al Suplente

designado. Acuerdo Firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                     ARTÍCULO XVII

      El Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y

Selección, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Personal, Lic. Francisco

Arroyo Meléndez, en oficio N. RS 1610-02 del 13 de diciembre recién pasado, expresó:

             “Respetuosamente le remitimos el informe de traslado del señor
        Renato Chinchilla Coto, Auxiliar Judicial 2, de la Fiscalía de Pavas a la
        plaza vacante número 44381, Auxiliar Judicial 2 del Ministerio Público.
        El motivo de esta solicitud es por residencia.
              El señor Chinchilla Coto ingresó en propiedad el 01/04/2000, su
        registro disciplinario está exento de sanciones y su calificación de
        servicios es de 100.00%.
             Cabe destacar que la persona que actualmente ocupa la vacante
        mencionada es la Srta. Gaudy Mora Retana y está anuente al traslado
        del señor Chinchilla. (ver oficio adjunto). Además se cuenta con la
        aprobación del Fiscal de la Unidad de Sustracción de Vehículos del
        Ministerio Público.
             Si el Consejo estima de conveniencia trasladar al señor Chinchilla
        Coto, se ruega darle ejecución a partir del 03 de febrero del 2003.”
                                        --- 0 ---

      Se acordó: Acoger el anterior informe y aprobar el traslado en propiedad del

señor Chinchilla Coto, a la plaza N° 44381 de Auxiliar Judicial 2 del Ministerio Público,

a partir del 3 de febrero próximo.
      El Departamento de Personal, el Ministerio Público y la Fiscalía de Pavas

tomarán nota para lo de sus cargos.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                   ARTÍCULO XVIII

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N. 1787-PLA-2002 del 17 de diciembre recién pasado, remite el informe N°

218-EST-2002 del 13 de ese mes, suscrito por el Lic. Gustavo Chen Quesada, Jefe

interino de la Sección de Estadística, referente a la primera reunión sobre Estadística

realizada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 9 de diciembre del 2002, a la que

asistió en representación del Poder Judicial costarricense. El referido documento

contiene las conclusiones, puntos de acuerdo, acciones y la programación de futuras

reuniones, una de ellas en junio de este año, organizada por la Corte Suprema de

Justicia de nuestro país.

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) El Departamento de

Planificación dará seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la

reunión de referencia. 3) Trasladar copia del informe citado a la Corte Plena, para lo

que a bien tenga resolver sobre la realización y organización de la reunión programada

en Costa Rica.

                                    ARTÍCULO XIX

      Con oficio N° 1746-PLA-2002 del 13 de diciembre recién pasado, la Licda. Marta

Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N°

114-DO-2002-B preparado por el M.S.c. Randall Quirós Soto, Jefe interino de la

Sección de Desarrollo Organizacional de ese Departamento, que literalmente dice:
“El Consejo Superior en sesión N° 93-01, celebrada el 20 de noviembre
del año pasado, artículo LXXXVIII, solicita al Departamento de
Planificación realizar los procedimientos en los casos que se remiten
las cédulas de notificación a la Oficina Centralizada de Notificaciones
(O.C.N.), asimismo, en la citada sesión se acordó también estandarizar
el uso de los Manuales de Procedimientos en todas las Oficinas
Centralizadas de Notificaciones que se pongan en operación en los
diversos circuitos judiciales del país. Al respecto, a continuación me
permito presentar el siguiente informe, el cual fue preparado por el Lic.
William Peralta Villalta, Profesional 2 a.i. de la sección a mi cargo.
Para la elaboración de los presentes manuales se consultó a los
siguientes funcionarios y servidores:
 Lic. Federico Murillo Padilla, Jefe de la O.C.N.. del I Circuito Judicial
de San José.
 Sr. José Ureña Díaz, Notificador 1 de la O.C.N. del I Circuito Judicial
de San José.
 Sr. Carlos Meza Madriz, Notificador 1 de la O.C.N. del I Circuito
Judicial de San José.
 Sr. Fulgencio Jiménez Rojas, Notificador 1 de la O.C.N. del I
Circuito Judicial de San José.
 Lic. Henry Alpízar Rojas, Juez del Juzgado Segundo de Mayor
Cuantía del I Circuito Judicial de San José.
 Lic. Freddy Quesada Valerio, Juez a.i. del Juzgado Primero Civil de
Menor Cuantía del I Circuito Judicial de San José.
 Sr. Rónald García Rodríguez, Auxiliar de Servicios Generales 2 de
la Unidad de Correo Interno del Departamento de Servicios Generales.
 Licda. Catalina Fernández Badilla, Jefe de la O.C.N. del II Circuito
Judicial de San José.
 Sr. Manfred Tosso Jara, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado Civil de
Mayor Cuantía del II Circuito Judicial de San José.
 Sra. Alejandra Calvo Arias, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado Civil de
Menor Cuantía del II Circuito Judicial de San José.
 Lic. Edwin Espinoza Campos, Jefe de la O.C.N. del Circuito Judicial
de Heredia.
 Sra. Yamileth Venegas Rojas, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado de
Menor Cuantía de Heredia.
 Sr. Alexander Díaz Chaves, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado de
Trabajo de Heredia.
   Lic. José Zúñiga Carvajal, Administrador Regional 1, de la Oficina
        Administrativa Regional de Golfito.
           Sra. Hannia Aguirre Acevedo, Coordinadora de la O.C.N. de Golfito.
        Es dable mencionar que dichos Manuales de Procedimientos fueron
        realizados con la colaboración y aporte de servidores judiciales de
        experiencia y la participación en sesiones de trabajo con la mayoría de
        ellos. De igual manera y por ser muchos los involucrados en estos
        procedimientos, se hizo lo posible para que quedara lo más “funcional”,
        tanto para las O.C.N. como los despachos judiciales del país, por
        cuanto en algunas la estructura de personal es mayor que otras, la
        distribución del trabajo interno en cada despacho es disímil y por tanto
        la forma en que se distribuye el trabajo varía, aunque la
        responsabilidad es la misma.
        Por otra parte, en el apartado de los anexos se adjuntan algunos
        formularios con fines ilustrativos, ya que unas O.C.N. y despachos
        judiciales desconocen su uso y pueden ser utilizados como herramienta
        de trabajo para llevar un mejor control de los procesos, siempre y
        cuando se ajuste el membrete a la necesidad de cada Oficina.
        Finalmente, no se omite manifestar que para la elaboración del
        presente informe, se tomó como referencia el estudio N°
        1712-PLA-2001 del 30 de octubre del 2001, donde se presentaron los
        “Manuales de Procedimientos para la Oficina Centralizada de
        Notificaciones del II Circuito Judicial de San José”.
                                         --- 0 ---

      Se acordó: 1) Aprobar los manuales de procedimientos de notificación a través

de las oficinas centralizadas de notificaciones, elaborados por el Departamento de

Planificación. 2) Publicar esos manuales en el Boletín Judicial, para conocimiento de

los abogados litigantes y público en general, y emitir un folleto para uso de los distintos

despachos judiciales. La Secretaría General de la Corte y la Dirección Ejecutiva

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                     ARTÍCULO XX

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 1790-PLA-2002 del 17 de diciembre último, remite el informe N° 106-CE-2002,

suscrito por el Lic. Franklin González Morales, Jefe de la Sección de Control y
Evaluación, relacionado con el control que se lleva de las erogaciones por el pago de

horas extras durante el año 2002, del programa 800 “Poder Judicial” y 824 “Jurisdicción

de Tránsito”.

       Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Trasladar copia del

citado informe a las jefaturas de la Sección de Cárceles y Transportes, del Ministerio

Público, de los Juzgados Civiles, de Trabajo y Familia de Hatillo y Golfito, así como de

la Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur, a fin de que en el término de ocho

días contados a partir del día siguiente al de la comunicación de este acuerdo, rindan

informe pormenorizado de las razones por las cuales el monto de las horas extras

pagadas al personal de esas oficinas es tan alto.

ESCUELA JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XXI

       En oficio N° 255-CD/EJ-02 del 18 de diciembre del 2002, el Dr. Alfredo Chirino

Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión N° 15 del 10 de ese mes, artículo VIII, que

literalmente dice:

        “El Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, en
        oficio 706-U.C.S.-M.P.-02 de fecha 10 de diciembre del año en curso
        dice:
        “Durante los últimos cuatro años funcionarios de la Unidad de
        Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y de los
        Departamentos de Medicina Legal y de Ciencias Forenses han
        mantenido una constante comunicación producto de la cual se logró
        identificar situaciones que debían atenderse con prontitud para lograr
        una fluida y eficaz coordinación entre los fiscales del Ministerio Público
        y la policía científica. El aspecto con mayor premura de atender es la
        capacitación de los fiscales sobre los temas que en esas instancias se
        atienden.
        Con el fin de fortalecer el conocimiento de los funcionarios del
        Ministerio Público en las áreas detectadas y que serían de gran utilidad
para el correcto ejercicio de la dirección funcional y la posterior
aplicación de la acción penal, se organizaron cursos de capacitación
dirigidos a fiscales para el año 2003 que, al igual que el impartido
durante los años 2002 y 2002 (sic), pretenden aportar el conocimiento
requerido.
Características generales de los cursos:
a. Los días designados para impartir el curso son los jueves en el
caso de Medicina Legal y los lunes en el caso de Ciencias Forenses.
b.   Los participantes estarán divididos en grupos de 15 fiscales cada
uno.
c.   En el caso de los cursos de Ciencias Forenses fueron diseñados,
por indicación expresa de esa jefatura, para contar con 5 jueces
penales en cada curso, de manera que en total serían 20 discentes por
grupo.
d.   Durante el año 2003 el primer curso de Medicina Legal iniciará el
6 de marzo y finalizará el 26 de junio, el segundo grupo iniciará el 4 de
Setiembre y finalizará el 18 de diciembre.
e.    En el caso de Ciencias Forenses el primer grupo iniciará el 10 de
febrero y finalizará el 14 de julio. El segundo grupo iniciará el 8 de julio
y finalizará el 2 de diciembre.
Los Departamentos citados elaboraron los diseños curriculares que
contienen los temas de interés para ambas partes y ahora se somete,
una vez más, a consideración del Consejo Directivo de la Escuela
Judicial, solicitando, muy respetuosamente, lo siguiente:
1. La aprobación de los diseños curriculares.
2. Se autorice se impartan los cursos citados.
3. Se apruebe la asistencia de los docentes y discentes según los
documentos adjuntos, sin sustitución, con goce de salario y en el
entendido de que los despachos en que laboran tomarán las medidas
necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea
afectada y sin que se suspendan debates ni diligencias previamente
programadas para esas fechas, lo cual implica que deberán dar
prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho, en caso
de ser necesario.
4. Se designen 5 jueces penales para incluirlos en la lista de discentes
del curso de Ciencias Forenses.
5. Que la Escuela Judicial emita los correspondientes certificados de
aprovechamiento.
6. De ser aprobada esta misiva por esta instancia, se remita lo
correspondiente al Consejo Superior para que resuelva conforme a sus
competencias.
      Listado de Fiscales que participaran en el Primer curso de
                           Ciencias Forenses
                Del 10 de febrero al 14 de julio del año 2003

Nombre                       FISCALÍA EN QUE LABORA       N° de
                                                          cédula
Paula Guido Howel            Fiscalía General.            1-675-975
Seydi Peraza Solís           Fiscalía San José. Unidad    1847-423
                             de Trámite Rápido
Jeofry Salas Fuentes         Fiscalía San José. Robo V.   1-863-870
Carlos Morales Chinchilla    Fiscalía San José. Delito    1-948-280
                             Económico.
Juan Carlos Carrillo Mora    Fiscalía San José. Delito    5-265-028
                             Económico.
Ricardo Quirós Vargas        Fiscalía de Guanacaste
                                                          1-603-669
Adrián Coto Pereira          Fiscalía de Alajuela.        3-307-851
Adriana Chaves Redondo       Fiscalía de Cartago          1-920-721
Miguel Ramírez López         Fiscalía de Heredia          1-627-030
Yamileth Ramírez             Fiscalía de Pavas            1-667-196
Rodríguez
Humberto Rodríguez           Fiscalía de San Carlos       1-537-811
Montoya
José Rojas Chacón           Fiscalía de Goicoechea        1-834-614
Floribeth Rodríguez Picado  Fiscalía de Grecia            1-700-590
Edgar Rodríguez Murillo     Fiscalía de San José.         1-663-507
                            Estafas.
Carlos Díaz Sánchez         Fiscalía de Limón             1-848-440
Rosario Alvarado Chacón     Tribunal de Juicio de         2-354-772
                            Alajuela
 Adriana Jarquín Coto       Juzgado Penal de Cartago      3-228-616
Isabel Porras Porras        Juzgado Penal de              1-620-600
                            Goicoechea
Gabriela Saborío Montero Juzgado Penal de Alajuela        2-472-027
Jeannette Villareal Alvenda Tribunal de Juicio de San     5-146-819
                            José

    Listado de Fiscales que participaran en el Segundo curso de
                          Ciencias Forenses
                Del 8 de julio al 2 de diciembre del año 2003
NOMBRE                       Fiscalía en que labora       N° de
                                                          cédula
1. Adán Salas Salazar      Fiscalía de Del. Econ.       1-425-690
2. Carlos Acuña Varela     Fiscalía de San José,        1-892-599
                           Estafas.
3. Xinia torres Alvarado   Fiscalía de Pavas            1-646-596
4. Edgar Barquero Ramírez Fiscalía Penal Juvenil        1-874-611
5. Simón Angulo Arredondo Fiscalía de Del. Varios.      2-504-854
6. Raymond Porter Aguilar Fiscalía de Económico.        1-874-148
7. Eva Mora Rodríguez      Fiscalía de Alajuela.        2-440-410
8. Efraín Sanders Quesada Fiscalía de la Zona Sur       1-740-038
9. Javier Gutiérrez Vargas Fiscalía de Puntarenas       6-121-008
10. Rodrigo Obando         Fiscalía de Goicoechea       1-780-204
Santamaría
11. Alexander Mora García Fiscalía de Siquirres         1-706-010
12. Tatiana García Araya   Fiscalía de Liberia          9-101-858
13. Randall Moya Valverde Fiscalía de San José. UTR     1-934-965
14. Elí Marcial Herrera    Fiscalía de San Ramón        2-368-375
15. Ligia Arias Alegría    Fiscalía de Heredia.         2-386-820


      Listado de Fiscales que participaran en el Primer curso de
                            Medicina Legal
                 del 6 de marzo al 26 de junio del año 2003

NOMBRE                     FISCALÍA EN QUE LABORA       CÉDULA
Berenice Smith Bonilla     Fiscalía Delitos contra la   3-254-226
                           Propiedad.
Carlos Montero Loaiza      Fiscalía de Goicoechea       1-543-981
Desiree Sandí Murcia       Fiscalía de Hatillo          1-619-530
Eva Mora Rodríguez         Fiscalía de Alajuela         2-440-410
Franklin Vargas Barquero   Fiscalía de Delitos          1-692-025
                           Económicos
Henry Esquivel Fuentes     Fiscalía de San Carlos       2-316-338
Hernán Martínez Acevedo    Fiscalía de Fraudes          6-219-472
Javier Gutiérrez Vargas    Fiscalía de Puntarenas       6-121-008
Karen Valverde Chaves      Fiscalía de Limón            1-789-884
Marco Pochet Meléndez      Fiscalía de Desamparados     1-775-594
Oscar Serrano Pujol        Fiscalía de Heredia          1-836-400
Rodrigo Monge Umaña        Fiscalía de Penal Juvenil    1-859-523
Tatiana López Monge        Unidad de Trámite Rápido     1-782-543
Vanesa Dotti Dondi         Fiscalía de San Ramón        1-823-373
Warren Alkiezar Alfaro     Fiscalía de Cartago          1-800-581


    Listado de Fiscales que participaran en el Segundo curso de
                                Medicina Legal
             del 4 de setiembre al 18 de diciembre del año 2003

NOMBRE                      FISCALÍA EN QUE LABORA          CÉDULA
Marianela Salas Castro      Delitos contra la Propiedad     2- 447- 537
Adrián Molina Elizondo      Estafas                         1- 849- 389
Mauricio Boraschi           Defensa Civil de la Víctima     1- 789- 060
Hernández
Daniel Sánchez Delgado    Unidad de Trámite Rápido          1- 951- 736
Greysa Barrientos Núñez   Delito Económico,                   1-812-
                          Corrupción.                       599
Shirley Moraga Torres     Fiscalía del II Circuito          1- 789- 673
                          Judicial
Ronald Carmona González Fiscalía de la Zona Sur P.Z.        1- 480- 659
Antonio Sandoval Poveda Fiscalía de Alajuela                1- 793- 506
Seidy González Deliens    Fiscalía de Cartago               1- 799- 086
Andrea Murillo Briones    Fiscalía de Turrialba             1- 872- 299
Victor Charpantier Ugarte Fiscalía de Heredia               5- 250- 273
Ana Isabel Méndez         Fiscalía de Puntarenas            6- 163- 019
Ricardo Quirós Vargas     Fiscalía de Liberia               1- 603- 669
José Alvarado Herra       Fiscalía de Pococí                1- 586- 155
Andrea Murillo Fallas     Delitos contra la Vida y la       1- 782- 972
                          integridad física

                                       -0-
    SE ACUERDA: 1) Aprobar los Cursos de Medicina Legal a realizar del
    6 de marzo al 26 de junio y del 4 de setiembre al 18 de diciembre del
    año 2003 y el curso de Ciencias Forenses que se impartirá del 8 de
    julio al 2 de diciembre de 2003, los cuales serán incluidos dentro del
    Plan de Trabajo de la Escuela para el 2003 que se remitirá a la
    aprobación del Consejo Superior. Comisionar al Lic. Otto González
    Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial para que incluya los cursos en
    el Plan de Trabajo del 2003 y a la Licda. Priscilla Solano Castillo,
    Coordinadora del Programa con otras Unidades de Capacitación, para
    que posteriormente remita las listas de los participantes de los cursos a
    aprobación del Consejo Superior una vez aprobado el plan de trabajo.
    2) Aprobar el primer curso de Ciencias Forenses a realizar del 10 de
    febrero al 14 de julio del año 2003 y la confección de certificados de
    aprovechamiento. Comuníquese al Consejo Superior para la
    aprobación de permiso con goce de salario sin sustitución para los
    participantes. ACUERDO FIRME. “
                                    --- 0 ---
       Se acordó: 1) Autorizar la realización de los cursos de referencia en las fechas

indicadas y conceder permiso con goce de salario a los integrantes de las listas

anteriormente transcritas para que reciban esa capacitación. El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo. 2) Solicitar a la Dirección de la Escuela

Judicial, que indique por qué razón únicamente el Lic. Ricardo Quirós Vargas, de la

Fiscalía de Liberia, participará en ambos cursos, y no el bloque completo de servidores

inscritos.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XXII

       El Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio 1097-SEC-02 del 16 de diciembre del 2002, expresó:

         “Para lo que estimen a bien resolver me permito comunicarles que el
         día miércoles 11 pasado en reunión sostenida con el Director General
         del Organismo, se revisó en detalle la ampliación de la indagación de
         antecedentes realizada al señor Jaime Zeledón González, cédula
         1-813-219, Investigador interino de la Delegación Regional de Heredia,
         y en virtud del resultado negativo de ese informe se dispuso no
         prorrogar el nombramiento interino de ese servidor en la oficina aludida
         a partir del 01 de enero próximo año.
         Ciertamente la indagación de cita concluye que ese funcionario no
         cumple con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley
         Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y en tal virtud resulta
         inidóneo (sic) para ocupar el puesto de Investigador.
                                         --- 0 ---

       En relación con el oficio anterior, el señor Zeledón González, en nota presentada

el 17 de diciembre recién pasado, presenta la siguiente gestión:

         “Ante ustedes recurro el día de hoy, la resolución tomada por la
         Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial, en mi
         perjuicio, donde unilateralmente decide suspender mi nombramiento
         como investigador del OIJ en la Subdelegación Regional de Heredia,
         según oficio 1098-SEC-02, donde por indagación de antecedentes, el
         que resulto “INADECUADO” según manifestación del señor Secretario
General Marlon Schlotterhausen Rojas.
En fecha 10 de noviembre del 2002, la señorita auxiliar secretaria
interina Marleny Ramírez Gamboa; en documento escrito sin número
de oficio, rinde informe de desempeño de este servidor; en el área
administrativa, al señor Francisco Vargas Chacón, Jefe del OIJ de
Heredia, mismo totalmente subjetivo y alejado de la verdad y sin ningún
conocimiento técnico, pues no le conozco ningún título que la acredite
para el cargo que desempeñe, ya que tiene el mismo tiempo de
interinato en el puesto que ocupa, además de que como ostento el
cargo de Investigador ha manifestado abiertamente su disconformidad
con el salario que percibo diferente al de ella, pues realizo labores
administrativas en espera de iniciar el curso básico de Investigación
Criminal.
El día 12 de noviembre, el licenciado Francisco Vargas, me pidió
verbalmente que me refiriera por escrito a la nota del día 10 de
noviembre realizada por Marleny por sorprenderle de sobremanera, las
manifestaciones por escrito que Marleny indicó sobre mi persona.
El día 15 de noviembre entregué por escrito un descargo de lo
informado por Marleny al señor Francisco Vargas, donde punto por
punto aclaré los cargos que por desempeño Marleny había realizado en
mi contra. No omito manifestar que ante esto, el señor Vargas,
Marleny y este servidor, tuvimos una reunión en la oficina de don
Francisco, donde aclaramos todas y cada una de las supuestas
desavenencias, quedando este servidor comprometido con mi trabajo y
desempeño, además recibí elogios del señor Vargas Chacón y
agradecimiento por mi desempeño durante los meses en que había
estado laborando en Heredia.
Aclaro, que en el momento en que me incorporé al OIJ de Heredia,
tenía todos los requisitos para participar en el Curso Básico de
Investigación Criminal que recién concluyó y de hecho aparecía en la
lista de participantes; sin embargo, el señor Francisco Vargas, me
solicitó colaboración en el área administrativa por mi capacidad y
rapidez en la recepción de denuncias; comprometiéndose con mi
persona a enviarme como participante al siguiente curso, el cual
corresponde en Enero del 2003.
Sorpresa grande, fue el día 16 de diciembre, con oficio número
1097-SEC-02 detalle de mi suspensión de nombramiento a partir del 1
de enero del año próximo, así como el hecho de no participar en el
curso de Investigación Criminal, para el cual había aprobado todos mis
exámenes tanto médicos, como psicológicos, psicométricos y
académicos con sobradas puntuaciones.
Todo lo anterior aduciendo que se había ahondado más en mi
investigación confidencial, a solicitud del secretario general Marlon
Schlotterhausen, la cual en forma extraña, ahora resulta totalmente
       negativa, según las manifestaciones de algunas personas que infirieron
       diversas manifestaciones, sin encontrarme yo presente; por lo que
       considero que este juicio sumarísimo debe ser anulado por
       improcedente y falto de derecho, al habérseme negado los más
       mínimos principios de defensa, por lo cual pido expresamente se
       continúe con mi nombramiento, así como el derecho adquirido de
       realizar el curso básico de investigación criminal, del cual fui excluido
       únicamente por las manifestaciones de Marleny, como podrá
       observarse en el informe de ampliación de antecedentes, se resalta y
       reitera lo mismo que Marleny dijo desde el principio.
       En dicha ampliación se resalta únicamente un accidente de tránsito que
       tuve en el año 1999, la lógica pensión alimentaria que le aporto a la
       madre de mi hija Ámbar, Juzgado de Familia donde existe una causa
       por aparente violencia doméstica, que nunca existió y por lo mismo
       fueron levantadas manifestaciones de la madre de mi hija, la cual con
       toda lógica no pueden ser positivas, debido a que en la actualidad la
       niña pasa todo su tiempo a mi cargo, con mis padres y con la abuela
       materna; debido a los problemas de alcoholismo de la señora Wendy
       Vargas Campos, madre de mi hija, demostrados en su oportunidad.
       Es importante destacar como lo indica el informe de Hernán Vargas
       Rojas y Juan Carlos Mora, que en la investigación para iniciarme como
       investigador no se encontró nada anómalo; sin embargo ahora,
       después de las manifestaciones de Marleny se realizó una ampliación,
       con la sana intención de ocasionarme daño, tanto en lo económico
       como en lo moral, ya que están troncando una de las ilusiones más
       importantes de mi vida, y a la vez se daña mi excelente imagen con
       conducta intachable para la Escuela Judicial, en los diez años que llevo
       laborando para el Poder Judicial.
       No omito manifestarle, que soy estudiante avanzado de la Universidad
       de Costa Rica en la carrrera de Geología, lo que molestaba mucho a
       Marleny.
       Agradezco de antemano la atención a la presente y estoy a mi entera
       disposición para cualquier investigación posterior a ésta, me suscribo a
       sus órdenes,
       Para notificaciones: Unidad de capacitación del OIJ, a nombre del
       suscrito”
                                       --- 0 ---

      Se deja constancia de que fue presentada copia del memorial de fecha 13 de

enero en curso, mediante el cual el señor Zeledón González interpuso recurso de

revocatoria con apelación subsidiaria ante la Subdirección General del Organismo de
Investigación Judicial, en contra de la resolución de esa Dirección de limitar el

nombramiento interino de don Jaime, con base en los artículos 33 y 34 del Estatuto de

Servicio Judicial, que establecen la posibilidad de remover de su puesto a un servidor

durante el período de prueba correspondiente.

      Previamente a disponer lo que corresponda, y tomando en consideración que

está pendiente de resolver el recurso planteado por el señor Zeledón González ante la

Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Trasladar las

diligencias a la Dirección General del Organismo, para que resuelva lo pertinente.

                                   ARTÍCULO XXIII

      En sesión N° 92-02 del 3 de diciembre del 2002, artículo XIII, se autorizó el pago

de ¢130.000.00 (ciento treinta mil colones exactos) por concepto de “Artículos y gastos

para recepciones” y ¢250.000.00 (doscientos cincuenta mil colones exactos) para

cancelar honorarios del facilitador que tendría a cargo la coordinación de la reunión de

trabajo con participación de las Jefaturas del Organismo de Investigación Judicial, los

días 5 y 6 de ese mes en la Finca de Recreo de ANEJUD.

      El Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación

Judicial, en oficio N° 1391-DG-02 del 17 de diciembre del 2002, informa lo siguiente:

               “En fecha anterior, esta Dirección General mediante oficio
        1324-DG-02 solicitó a ese Honorable Consejo la autorización
        respectiva para realizar una reunión de trabajo con las diferentes
        Jefaturas, los días 05 y 06 del corriente mes en la Finca de Recreo de
        ANEJUD. Dicha autorización gestionaba el respectivo permiso con
        goce de salario para los asistentes, el pago del facilitador que nos
        acompañó por la suma de doscientos cincuenta mil colones con cargo
        a la subpartida 162 “Consultorías” y la contratación del servicio de
        alimentación por un quantum de ciento treinta mil colones con cargo a
        la subpatida 290 “ Artículos y Gastos para Recepciones”. Tal gestión
        fue conocida y avalada por ese Consejo.
              Por un involuntario error, se omitió detallar que los ciento treinta
        mil colones de alimentación gestionados lo eran por cada día de la
        actividad, de manera que en este momento se posee un faltante para
        cubrir el gasto incurrido.
               Por otra parte, en razón de que la reunión pretendió definir la
        Misión, Visión, Valores y el Plan Estratégico para los próximos años,
        que dan soporte al trabajo desarrollado por el Organismo de
        Investigación Judicial, esos originales dos días resultaron insuficientes
        para culminar con entera satisfacción el desarrollo del temario, de
        manera que se hizo necesario reunirnos un día más. Por este día el
        señor facilitador, habiéndose identificado con nuestra entidad, no cobró
        emolumento extra alguno. No obstante, sí fue necesaria la contratación
        de alimentación.
               Es por ello que respetuosamente me permito solicitarles que de
        manera adicional al monto autorizado por ese Consejo; se apruebe el
        reconocimiento de doscientos cuarenta y un mil colones (¢241.000.00),
        que serán cargados al rubro de Gastos para Recepciones, servicio que
        somos en deber a Corporación Víquez de San José S.A. (La Miel
        Catering Service), compañía que nos brindó el servicio aludido y la cual
        ofreció los mejores precios, acorde con los intereses institucionales.
        Como se detalló en la gestión anterior con la certificación de contenido
        presupuestario emitida por el Departamento Financiero Contable, existe
        suficiente contenido para cancelar el rubro.”
                                         --- 0 ---

      Se acordó: Acoger la petición anterior. El Departamento Financiero Contable

tomará nota para los fines consiguientes.

                                      ARTÍCULO XXIV

      El M.S.c. Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, con oficios 573 y 580-DCF-2002 del 6 y 13 de diciembre último,

remite copias del Informe Anual de Labores del año 2002, así como el Informe

correspondiente al cumplimiento del programa de Planes y Objetivos para ese año del

Departamento a su cargo.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y trasladarlo al Departamento

de Planificación, para su atención.
TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XXV

     El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 5229 del 18 de diciembre del año recién pasado, comunica que

ese Tribunal suspendió por un mes con goce de salario, a partir de esa fecha, al señor

Eduardo Acuña Jiménez, cédula de identidad N° 1-463-436, Auxiliar de Servicios

Generales 3 de la Unidad Administrativa Regional de Alajuela, de conformidad con el

artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras se concluye la tramitación

de la queja N° 1219-02 F seguida contra él.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal para lo de su cargo.

ASUNTOS VARIOS

                                    ARTÍCULO XXVI

      El Lic. Paul Hernández Balmaceda, Juez del Tribunal de la Zona Sur, sede

Golfito, en nota recibida el 17 de diciembre del 2002, manifiesta:

             “En virtud de haber concluido el plazo de la beca y el permiso sin
        goce de salario concedido para realizar estudios superiores en Derecho
        Penal sustantivo en Europa, me permito comunicarles que a partir del 1
        de enero del 2003 fungiré en el puesto en que fui designado en mi
        ausencia, en el Tribunal de la Zona Sur, sede Golfito.
              Por ello, les solicito de la manera más atenta posible, se tome
        nota de lo anterior y, del mismo modo, se sirvan interponer sus buenos
        oficios para comunicar mi reincorporación al Departamento de Personal
        con el fin de que mi salario sea liberado y se pague oportunamente.”
                                         --- 0 ---

      Se acordó: Tomar nota de la gestión anterior, la que se hará del conocimiento

del Departamento de Personal para los fines consiguientes.
                                       ARTÍCULO XXVII

      El Lic. Yuri López Casal, Juez Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, en nota del

10 de diciembre del 2002, aporta constancia extendida por la Auxiliar Judicial

Coordinadora de ese Juzgado, en la que se indica que a esa fecha no tenía ningún

asunto pendiente para dictar sentencia.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y solicitar al Tribunal de la

Inspección Judicial, que incluya al Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón entre

los despachos a visitar prontamente, a fin de confirmar el estado en que se encuentra

esa Oficina.

                                       ARTÍCULO XXVIII

      En facsímil recibido el 16 de diciembre del año recién pasado, el Lic. Luis Alberto

Arce Jiménez, Juez de Tránsito de Guácimo, rinde el siguiente informe:

              “A través de este medio me permito referirme a las labores
        desarrolladas por el suscrito durante el mes de noviembre del presente
        año en el Juzgado de Tránsito de esta localidad. Lo anterior además de
        las labores adicionales de diferentes naturaleza, que se deben
        desarrollar diariamente y que son propias de todo Despacho Judicial.
               Sentencias con juicio = 47
               Resoluciones de escritorio = 82
               Resoluciones de multa fija = 2536
               Conciliaciones = 16.”
                                            --- 0 ---

      Por considerarse que el número de sentencias dictado por el Lic. Arce Jiménez

es bajo en relación con el desempeño de otros jueces de Tránsito, se acordó: 1) Tener

por rendido el informe anterior. 2) Solicitar a don Luis Alberto que eleve su rendimiento.

3) El Tribunal de la Inspección Judicial dará seguimiento al Juzgado de Tránsito de

Guácimo.
                                      ARTÍCULO XXIX

      El Lic. Wilfredo Rodríguez Araya, Juez Tramitador del Tribunal de Juicio del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en oficio N° 75-TJP-2002 del 10 de

diciembre del 2002, remite:

       “[…] cuadro indicativo de los reos presos a la orden de este Tribunal,
       que no han sido puestos a la orden del Instituto Nacional de
       Criminología, pero que tienen prisión preventiva vigente. Se consigna el
       número de expediente, nombre del imputado, fecha de vencimiento de
       la prisión preventiva y el estado actual del proceso.
    EXPEDIENTE N°      IMPUTADO                 VENCIMIENTO         ESTADO ACTUAL
                                                PRISION PREV.
    99-200580-30-PE    Edgar Lassonde Barria    5-2-2003            Juicio 4-12-02,
                                                                    continúa 12-12-02
    02-000016-066-PE Rafael Mesén Mora          5-6-2003            Con condena,
                                                                    espera firmeza.
    01-201552-485-PE Didier Borbón Vega         29-05-2003          En casación
    02-000235-066-PE Leopoldo Thiela            18-02-2003          Juicio señalado para
                     Honfield                                       19-12-02
    02-000223-070-PE Victor Hugo Cruz           01-06-2003          Condenado espera
                     Quirós                                         firmeza.
    01-000209-070-PE Heriberto Álvarez          Condena             El expediente no ha
                     Azofeifa                   confirmada Sala III regresado de la
                                                res. 29-11-02 N°    Sala III
                                                2002-1205 oficio
                                                2778-02.
    97-000279-470-PE Wálter Camacho             12-12-2002          Audiencia
                     Calderón                                       reparación integral
                                                                    solicitada fijada p/
                                                                    11-12-2002.
    02-200063-485-PE María de los A.            16-01-2003          Orden Juz. Penal
                     Ramírez Castilo                                local se rechazó
                                                                    abreviado.
    00-201846-485-PE Juan Carlos Arguedas       9-08-2003           Condena. Fecha
                     Marín                                          11-11-02 espera
                                                                    firmeza
    01-001176-066-PE Cristian López Calvo       4-02-2003           Condena firme oficio
                                                                    2790-02 espera dev.
                                                                    exp
    01-000386-070-PE José Atenor Granados       13-02-2003          En casación
                     Cruz
    02-0007-9-066-PE Franklin Carrillo Fallas   21-05-2003          Condena para
                                                                    firmeza el
                                                                    12-12-2002.
    95-001210-460-PE Moises Jiménez             04-04-2003          Condena firme,
                     Fernández                                      espera audiencia
                                                                    fundamentar pena
                                                                    fijada p/ 30-1-03
      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                   ARTÍCULO XXX

      La Licda. Liana Rojas Barquero, Jueza Coordinadora del Tribunal Segundo Civil

de San José, en nota del 11 de diciembre recién pasado, manifiesta:

             “…La alegría que nos embarga a los Jueces de la Sección
       Primera del Tribunal Segundo Civil de San José, en vista de que
       gracias al gran esfuerzo realizado durante todo el año, logramos reducir
       el circulante al 30 de noviembre a 85 expedientes. Igualmente deseo
       resaltar el gran apoyo y colaboración que nos brindó la Jueza
       Tramitadora Vannessa Guillén Rodríguez, quien se desempeñó durante
       este año en forma interina y esperamos pueda continuar contando con
       su colaboración en este Tribunal en el año venidero. Me permito
       acompañar una copia de la nota remitida al Departamento de Personal
       en relación a la evaluación practicada por la suscrita a dicha servidora.”
                                        --- 0 ---

      Se dispuso: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO XXXI

      Los Licdos. Ana Cecilia Salazar Quirós y Juan Carlos Leal Vega, por su orden

Jueza Coordinadora y Administrador del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José, en oficio N° JTIICJSJ-114-02 del 17 de diciembre del 2002,

comunicaron lo siguiente:

       “… En este despacho los días 13 (segunda audiencia), 16 (todo el día)
       y 17 (primera audiencia) de este mes no hubo acceso al sistema de
       gestión de despachos, con el consecuente perjuicio en la prestación de
       servicio al usuario por la imposibilidad de localización del expediente y
       la paralización del trámite de asuntos urgentes que estaban
       programados para esta semana.
             Según comunicaron funcionarios de Informática, el problema se
       debió a que los servidores fallaron. El personal del juzgado se avocó a
       depurar el archivo, atender trámite urgente pendiente que se pudiera
       hacer mediante uso de teléfono, toma de declaraciones en word,
       levantamiento en el sistema de Registro, armado de expedientes,
       juicios, lecturas de sentecias y consultas que no requerían del
       expediente físico.”
                                        --- 0 ---
      Se acordó: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO XXXII

      En nota presentada el 3 de diciembre recién pasado, el señor José Ramón

Hidalgo Hidalgo, Oficial de Localizaciones de la Fiscalía de Desamparados, presentó la

siguiente gestión:

              “Les saludo y aprovecho para exponerles lo siguiente, el día
        viernes 29 de noviembre de los corrientes, se me notificó la decisión del
        jefe del Departamento Financiero Contable de cobrarme el monto de
        VEINTIOCHO MIL COLONES los cuales según la nota remitida debo al
        Fondo de Socorro Mutuo. Al pedir el desglose de las quincenas en
        deber, se nota que las mismas corresponden a varias quincenas de los
        años 1995, 1996, 1997 y tres quincenas del año 1999, siendo que la
        única explicación que se me brinda por teléfono en dicho Departamento
        es que esos montos no fueron cobrados por motivos de traslados o
        incapacidades y otras causas más, las cuales en mi caso no se han
        dado. Es por lo anterior que solicito se SUSPENDA EL ACTO
        ADMINISTRATIVO DEL COBRO DE ESTOS MONTOS, por estar los
        mismos prescritos y no siendo mi parte la causante del no rebajo de la
        planilla en el momento indicado, por lo cual como empleado judicial ya
        uno entiende que el cobro por ese rubro se hace en forma automática y
        no que se le cobre como en mi caso esta alta suma de dinero, lo que
        me causa un perjuicio en el presupuesto familiar.
             Señalo para notificaciones el fax 218-0995.”
                                        --- o ---

      Siguiendo instrucciones de la Secretaria General de la Corte, el señor Luis

Guillermo Gutiérrez Rodríguez, Prosecretario de la Corte, con oficio N° 14311-02 del 6

de diciembre siguiente, en respuesta a la gestión anterior, le remitió a don José Ramón

copia literal del acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N° 89-02 del 20

de noviembre del 2002, que literalmente dice:

            “En vista de las notificaciones que emitió la Jefatura de la Sección
        de Fondo de Jubilaciones y Pensiones y del Departamento Financiero
        Contable respecto a los montos que varios servidores judiciales
        adeudan a dicho fondo por concepto de Socorro Mutuo que en su
       oportunidad no aplicó el Departamento de Personal, la Licda. Magda
       Pereira Villalobos, integrante de este Consejo, propone que el monto a
       rebajar sea menor al aplicado, ya que ¢1.000.00 por quincena viene en
       detrimento de algunos servidores por cuanto su presupuesto familiar se
       puede ver afectado, no podemos trasladar a los servidores el hecho de
       que, una función que requiere del cuidado de servidores asignados a
       llevar los controles correspondientes, sean resueltos de la mejor forma
       para la institución sin tomar en cuenta sus situaciones particulares, en
       este sentido, si la institución falló en lo que corresponde, debemos
       provocar el mínimo impacto en los afectados.
              Por lo anterior se dispuso: Acoger la propuesta de la Licda.
       Pereira y autorizar al Departamento Financiero Contable para que
       aparte de la cuota ya establecida rebaje la suma de ¢500.00 por
       quincena hasta la cancelación total de dichos motos, por el concepto
       indicado.
              En caso de jubilación o fallecimiento de los servidores que por el
       concepto indicado adeuden saldo alguno, se rebajará éste del pago de
       las prestaciones legales que le puedan corresponder. Acuerdo firme.”
                                         --- o ---

      En nota del 18 de diciembre recién pasado, el señor Hidalgo Hidalgo se da por

enterado de lo que resolvió el Consejo Superior en esa oportunidad y al respecto

expresa:

       “[…] El mismo se refiere solamente en cuanto a la forma de las
       deducciones en sí, por lo que le solicito interponer sus buenos oficios
       para que en forma directa o por medio de la Dirección Ejecutiva, se me
       indique de la naturaleza jurídica de las deducciones hechas a mi
       salario, por concepto del Fondo de Socorro Mutuo, a fin de determinar
       si los mismos son susceptibles de prescripción, sobre todo de los años
       1995, 1996, 1997, los cuales eran voluntarios. En caso de corroborar
       que este constituye una deuda, sírvase pronunciarse en mi caso
       particular, conforme lo solicité en oficio que dio origen a esta solicitud.”
                                         --- o ---

      Se acordó: 1) Rechazar la solicitud de suspensión del acto administrativo de

cobro del monto que el señor Hidalgo Hidalgo adeuda al Fondo de Reserva de Socorro

Mutuo del Poder Judicial, por no ser aquel prescriptible, y porque a tenor de lo que se

establece en el artículo 11 de la Ley de Socorro Mutuo, existe la obligación del
mutualista de mantenerse al día en el pago de las cuotas, a fin de no perder el derecho

que la citada Ley le otorga. 2) En cuanto a la solicitud para que se le “…indique de la

naturaleza jurídica de las deducciones hechas a mi salario, por concepto del Fondo de

Socorro Mutuo…”, se le hace saber al gestionante que las deducciones se aplican por

imperativo legal (Ley N° 2281 de 29 de octubre de 1958 y sus reformas), en virtud del

cual existe una correspondencia o igualdad entre los pares (empleados judiciales), para

socorrerse pecuniariamente y por un monto determinado, cuando ocurra la defunción

de alguno de ellos. 3) El Departamento Financiero Contable informará detalladamente

a don José Ramón el origen de las deducciones hechas por ese concepto a su salario.

                                  ARTÍCULO XXXIII

      En la sesión N° 27-02 del 23 de abril del 2002, artículo LXX, se tomó el acuerdo

que literalmente dice:

               “En sesión celebrada el 11 de julio del 2001, artículo XXIII, se
        dispuso trasladar a la Dirección Ejecutiva, para que determinara el
        monto a reintegrar por la Licda Silvia Palma Elizondo, -en aquel
        entonces- Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito,
        durante el período de diciembre de 1999 hacia atrás y de que forma
        deberá reintegrar el monto correspondiente, por las deducciones no
        aplicadas durante esos períodos en el zonaje que devengaba dicha
        profesional.
               El Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Subdirector Ejecutivo,
        mediante oficio N° 2320-DE/CA-02/35-R-02 de 16 de este mes,
        manifiesta:
              “…en cuanto a que esta Dirección Ejecutiva rindiera un informe
        sobre el monto que corresponde reintegrar a la Licda. Silvia Palma
        Elizondo, cédula de identidad 2-454-994, por concepto de zonaje, se
        informa:
              Por medio del oficio número 5622-DE-2001 del 17 de agosto del
        2001, se solicitó al Departamento de Personal informar sobre las
        sumas percibidas por la Licda. Palma Elizondo por concepto de zonaje
        durante el período que va del 1° de octubre de 1994 al 31 de diciembre
        de 1999, entendiendo esta Dirección que la suma a recuperar es el
        cincuenta por ciento de las cantidades giradas por ese concepto
        durante le período citado, por haber habitado casa cedida por el Poder
        Judicial, conforme el inciso a) del artículo 6 del Reglamento de Zonaje
        del Poder Judicial.
                Que el Departamento de Personal por oficio número 23-P-2002
        de fecha 24 de enero del presente año, suscrito por el Lic. Mauricio
        Valerio Araya, Profesional 2 a.i. y el Lic. Ronald Calvo Coto, Jefe de la
        Sección de Planillas, detalla el monto de las sumas giradas a la Licda.
        Silvia Palma Elizondo durante el período del 01/10/1994 al 31/12/1999,
        en un total de ¢1.832.022.00 (un millón ochocientos treinta y dos mil
        veintidós colones exactos). Que posteriormente por oficio número
        091-P-2002 de fecha 07 de marzo la Licda. Maureen Siles Mata, Jefe
        a.i. e la Sección de Planillas, aclara con relación al oficio anterior que
        “(…) que por concepto de zonaje solamente le correspondía percibir a
        la Licda Palma Elizondo el 50% del total indicado en el oficio de marras,
        por cuanto residía en la casa destinada por el Poder Judicial para tal
        efecto”, es decir, de conformidad con lo anterior la suma que
        corresponde que la Licda. Silvia Palma Elizondo reintegre es de
        ¢916.011.00 (novecientos dieciséis mil once colones exactos), por lo
        que se remiten las diligencias a efecto de resolver lo que corresponde.”
                                            -0-
             Se acordó: Acoger el informe anterior, en consecuencia autorizar
        al Departamento de Personal, para que deduzca del salario de la Licda.
        Palma Elizondo, la suma indicada en tractos del 5 % mensual hasta
        completar la suma que se da cuenta, en razón de haber percibido
        zonaje durante el período que va del 1° de octubre de 1994 al 31 de
        diciembre de 1999, período en que habitaba casa cedida por el Poder
        Judicial, conforme el inciso a) del artículo 6 del Reglamento de Zonaje
        del Poder Judicial.”
                                         --- o ---

      La Licda. Palma Elizondo, en nota presentada el 17 de diciembre último, en

relación con el acuerdo anterior expresa:

        “Como es del conocimiento de ustedes, a mí se me estuvo pagando el
        rubro por zonaje en la jurisdicción de Garabito, el cual posteriormente
        se me indicó que ya no podía devengar, en tanto se estaba pagando la
        casa de huéspedes. En consecuencia se hicieron los cálculos
        correspondientes administrativamente, y la suma que se me había
        pagado indebidamente, asciende a más de un millón de colones, la
        cual en ningún momento he objetado pagar, siempre y cuando esta se
        dedujera de una forma acorde a mi situación salarial.
        No obstante, mi sorpresa ha sido al indagar sobre estas deducciones,
        que se me está rebajando prácticamente setenta mil colones
        mensuales los cuales resultan inalcanzables para mí en este momento
        dadas otras obligaciones contraídas anteriormente, sin tener en cuenta;
        primero, que la suma que se me había pagado de más fuera tan
        elevada y segundo, que el plazo que el Poder Judicial me iba a otorgar
        para cancelarlo fuera tan corto, tomando en cuenta el monto tan alto,
        máxime que se me giró sin ninguna responsabilidad de mi parte.
        De conformidad con lo anterior, les solicito muy respetuosamente se
        sirvan reconsiderar el plazo que me otorgaron para pagar esta suma,
        de tal manera que la cuota quincena que se me rebaje no sea superior
        a quince mil colones, toda vez que conforme se refleja en el estudio
        de mis deducciones, no me es posible afrontar el pago en los términos
        actualmente establecidos.”
                                         --- o ---

      Se dispuso: Acoger la petición anterior y autorizar al Departamento Financiero

Contable, para que rebaje a ¢15.000,00 quincenales la cuota a deducir del salario de la

Licda. Silvia Palma Elizondo, hasta la cancelación total de la deuda de referencia.

                                   ARTÍCULO XXXIV

      En la sesión N° 102-01 del 19 de diciembre del 2001, artículo LXXXIV, en vista

de la reasignación de puestos en el Poder Judicial y en razón de que el salario base de

oficinista 1 del Poder Ejecutivo para el año 2002 era inferior a su equivalente judicial,

dispuso definir las penas por la comisión de diversas figuras delictivas contenidas en el

Código Penal en ¢136.600.00 (ciento treinta y seis mil seiscientos colones exactos),

suma correspondiente al salario base de auxiliar administrativo 1 del Poder Judicial

(antes oficinista 1), y de conformidad con el párrafo 3° del artículo 2° de la Ley N° 7337

de 5 de mayo de 1993, publicada en La Gaceta N° 92 de 14 de ese mes -que reformó

varios artículos del Código Penal-, publicar un aviso en el diario oficial “La Gaceta”,

para informar a todas las autoridades judiciales que conocen la materia penal, entes

públicos, abogados y público en general, que dicha cuantía regía del 1° de enero al 31

de diciembre del 2002.
      El Secretario General interino de la Corte, Lic. Ricardo Monge Bolaños, somete a

consideración el siguiente informe preparado por el señor Róger Calderón Mora,

Asistente Jurídico de la Secretaría:

        “Con el fin de hacer de su conocimiento la situación que se presenta
        con la aplicación del salario base para definir las penas por la comisión
        de diversas figuras delictivas para el año 2003, de conformidad con el
        párrafo 3° del artículo 2 de la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993, me
        apersoné al Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea
        Legislativa, para poder verificar la relación de puestos en el
        Presupuesto Nacional 2003, bajo el expediente N°14485.
        I)   ANTECEDENTES
            1.- El artículo 2 de la Ley             7337   del   5   de   mayo   de
        1993, en lo que interesa establece:
              “La denominación “salario base”, contenida en los artículos 209,
        212, 216 y 384 del Código Penal, corresponde al monto equivalente al
        salario base mensual del “Oficinista 1” que aparece en la relación de
        puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada
        en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito.
             Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun
        cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea
        modificado durante ese período. En caso de que llegaren a existir, en la
        misma Ley de Presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo,
        se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo…”
             2.- Que el Consejo Superior, en sesión N° 102-01, celebrada el
        19 de diciembre del 2001, artículo LXXXIV, dispuso que:
              “ En vista de la reasignación de puestos en el Poder Judicial y en
        razón de que el salario base de Oficinista 1 del Poder Ejecutivo para el
        año 2002, es inferior al equivalente nuestro, se acordó: Definir las
        penas por la comisión de diversas figuras delictivas contenidas en el
        Código Penal en ¢136.600.00 (ciento treinta y seis mil seiscientos
        colones exactos), equivalente al salario base de Auxiliar Administrativo
        1 del Poder Judicial (antes Oficinista 1).”
        3.- Para el año 2003 el salario más alto para la clase de oficinista 1
        será la del Poder Ejecutivo, con una asignación mensual de
        ¢90.050.00, y la base mensual para el Auxiliar Administrativo 1 en el
        Poder Judicial, será de ¢ 153.000.00.”
                                        --- o ---

      Se dispuso: Establecer en ¢153.000,00 (ciento cincuenta y tres mil colones
exactos) el salario base a que se refiere el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo

de 1993, para la fijación de las penas a aplicar por la comisión de diversas figuras

delictivas contenidas en el Código Penal; monto que regirá del 1° de enero al 31 de

diciembre, ambos meses del 2003.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para los efectos de la publicación

del aviso correspondiente en “La Gaceta”, dirigido a las autoridades judiciales, entes

públicos, abogados litigantes y público en general.

                                      ARTÍCULO XXXV

      Por correo electrónico remitido el 5 de diciembre del 2002, el Lic. Francisco

Molina Salas, Juez Coordinador del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios,

le hizo llegar al Magistrado Mora, Presidente, copia (66 páginas) del listado de

expedientes inactivos en ese Juzgado y remitidos al archivo como producto de la

depuración realizada entre el 30 de setiembre y el 4 de octubre de ese año.

      El Magistrado Mora remitió dicho correo a la Secretaría General de la Corte, con

indicación de que es oportuno que este Consejo Superior lo conozca, a fin de que se

disponga hacer dicha lista del conocimiento de las juntas directivas, presidentes

ejecutivos o gerentes de los entes estatales actores, a fin de que tomen conciencia del

trabajo que produce el estancamiento de esas causas y de la necesidad de que

participen junto con el Poder Judicial en la búsqueda de fórmulas que permitan a este

Poder el brindar un mejor servicio.

      Se acordó: Remitir una copia del listado de referencia a cada una de las juntas

directivas o gerencias de los entes estatales que en él aparecen, para que tomen

conciencia de la necesidad de no permitir el estancamiento de esas causas y participen
junto con el Poder Judicial en la búsqueda de fórmulas que le permitan brindar un

mejor servicio, así como las medidas que correspondan en procura de disminuir el

número de asuntos inactivos que tienen en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos

Sumarios, y otros Despachos Judiciales,

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                   ARTÍCULO XXXVI

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 9084-DE-02 del 18

de diciembre del 2002, remite nota N° 789-SALEM-2002 del 13 de ese mes, suscrita

por el Dr. Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud para Empleados, referente al

informe seguimiento realizado en el Juzgado Contravencional de Atenas, en el que la

Licda. Ana Luisa Esquivel Monge y la MBA Yadira Fonseca Jiménez, por su orden

Psicóloga y Trabajadora Social de la Unidad de Atención Psicosocial, manifiestan, en

síntesis, que “… se encuentra un grupo cohesionado, que ha mostrado aceptación

hacia el estilo de mando ejercido, hasta el momento, por la jefatura y en proceso de

ajuste con expectativas muy positivas de estabilidad y tranquilidad.”

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTÍCULO XXXVII

      El Lic. Afredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 9031-DE-2002 del 16

de diciembre último, remite nota N° 1870-UARIICJSJ-2002 del 13 de ese mes suscrita

por la Licda. Ana Beatriz Méndez Alvarado, Administradora del Segundo Circuito

Judicial de San José, con el informe de labores del Tribunal Agrario, de octubre y

noviembre del 2002, del cual se desprende que durante ese período el Lic. Carlos

Bolaños Céspedes fue el Juez que menos sentencias dictó.
      Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior e indicar al Lic. Bolaños

Céspedes que debe elevar su rendimiento.

                                ARTÍCULO XXXVIII

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 8994-DE-02 del 13

de diciembre recién pasado, remite nota N° 1848-UARIICJSJ-2002 del 12 de ese mes,

suscrita por la Licda. Ana Beatriz Méndez Alvarado, Administradora del Segundo

Circuito Judicial de San José, a la cual adjunta el informe de labores del Juzgado de

Familia de ese Circuito, correspondiente a noviembre del 2002, del cual se desprende

que los Jueces Licdos. Ricardo Montes Guevara y Karol Vindas Calderón dictaron muy

pocas sentencias.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior e indicar a los Licdos. Montero

Guevara y Vindas Calderón, que deben elevar su rendimiento.

                                 ARTÍCULO XXXIX

      En sesión N° 26-02 del 18 de abril del 2002, artículo LXVII, al conocerse el

informe N° 31-UAP-2002 de la Unidad de Atención Psicosocial del Servicio Médico

para Empleados, sobre el “Diagnóstico de ambiente laboral de la Fiscalía de Heredia,

se dispuso que esa Unidad realizara una sesión de seguimiento con el personal de ese

despacho, a fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones anotadas u

otras medidas de beneficio para el despacho.

      En relación con el acuerdo anterior, el Lic. Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, con oficio N° 9085-DE-02 del 18 de diciembre recién pasado, remite nota N°

788-SALEM-2002 del 13 de ese mes, suscrita por el Dr. Javier Sandoval Leal, Jefe del

Servicio de Salud para Empleados, referente al informe de seguimiento en la Fiscalía
de Heredia, rendido por la Licda. Ana Luisa Esquivel Monge y la MBA Yadira Fonseca

Jiménez, por su orden Psicóloga y Trabajadora Social de la Unidad de Atención

Psicosocial, cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

             “A partir de los hallazgos del seguimiento en esta Fiscalía, se
       considera oportuno reiterar en la conveniencia de promover
       condiciones laborales que contribuyan con la salud de los empleados
       judiciales. En este sentido, es fundamental continuar apoyando e
       incluso fortalecer el recurso humano con el fin de hacer frente a la
       carga de trabajo. Es urgente implementar modificaciones sustantivas
       en las condiciones físicas mediante el traslado de este despacho a un
       inmueble con el espacio, ventilación y privacidad requeridos para la
       función judicial.
            Se considera que el mejoramiento cualitativo para el personal de
       esta oficina será consecuencia de la implementación de las
       recomendaciones administrativas citadas.”
                                       --- 0 ---

      Se dispuso: Tomar nota del informe anterior.

                                   ARTÍCULO XL

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 9054-DE-02 del 17

de diciembre del 2002,   para lo que a bien se estime resolver, remite nota N°

1584-OAT-02 del 6 de ese mes, suscrita por la Licda. Vivian Chacón Madrigal,

Encargada de la Administración de los Tribunales de San José, relacionado con el

problema de los bienes decomisados o caídos en comiso, que literalmente dice:

              “Hemos venido enfrentando un problema con respecto a los
       bienes decomisados o caídos en comiso ya que estos siguen siendo
       remitidos por parte del MINISTERIO PÚBLICO al Juzgado y al Tribunal
       Penales y estos despachos no cuentan con bodegas o espacio físico
       donde se puedan custodiar.
              De conformidad con las circulares No. 38-98, 09-97, 61-98,
       102-98 y 62-97 (se adjunta copia) y los artículos de la Ley No. 6106
       (se adjunta copia), se considera que el procedimiento a seguir es el
       siguiente:
                 La Fiscalía secuestra la evidencia que considere necesaria
       para la investigación que se esté realizando.
                 Esta debe ser trasladada al Juzgado Penal cuando así se
        requiera. Para tales efectos debe ser trasladada y puesta a la orden
        del despacho, mediante la fórmula No. F-23 y físicamente debe ser
        enviada al Depósito de Objetos, quienes tienen los medios para
        resguardar adecuadamente los documentos y bienes decomisados.
                  Posteriormente una vez que el Juzgado Penal finalice el
        trámite de etapa preparatoria e intermedia, debe remitir la evidencia
        de la causa, utilizando la fórmula No. F-23, poniendo la evidencia a la
        orden del Tribunal y físicamente enviarla al Depósito de Objetos.
                   Si inicialmente desde la Fiscalía la evidencia se ha enviado
        físicamente al Depósito de Objetos y se utiliza la fórmula No. F-23, para
        ponerla a la orden del despacho que corresponda, no se debería de
        recibir evidencia física en el Juzgado Penal y en el Tribunal Penal,
        cuando estos despachos la requieran físicamente puede ser solicitada
        con anticipación, para lo que disponen de la Oficina Administrativa para
        traerlas del Depósito de Objetos.
              De este modo se evitaría salvo mejor criterio el mantener
        evidencia física en los despachos, quienes no cuentan con un lugar
        adecuado para resguardarla y conservarla adecuadamente, situación
        que no presenta la infraestructura del Depósito de Objetos.
              Adjunto le remito copia de las notas enviadas por los Jueces
        Coordinadores del Juzgado Penal y del Tribunal Penal, Lic. Francisco
        Sánchez y la Licda. Elizabeth Tosi, respectivamente, quienes están de
        acuerdo con que este proceso se realice de esta forma y se le defina
        formalmente al Ministerio Público, sobre el proceso a seguir.
              Considero importante que se reiteren las circulares que hablan al
        respecto, ya que a pesar de ellas y de oficios y comunicaciones
        verbales, el problema persiste.
              Una vez finalizado el trámite judicial, el Juez debe resolver sobre
        el comiso y la destrucción, previstos en la ley, de conformidad con el
        Artículo 367 del Código Procesal Penal, sin embargo, actualmente
        según se me ha indicado por parte de los jueces de trámite, en muy
        pocos casos se resuelve sobre la evidencia, ocasionando una ardua
        tarea para definir el destino que se le debe dar.”
                                          -- 0 --

      Se acordó: 1) Reiterar la publicación de la Circular N° 3-2001 -sobre la

obligación del Ministerio Público de devolver aquellas evidencias que no sean

pertinentes en la investigación o en el proceso, evitando remitirlas al Juzgado Penal-, e

indicar a la jefatura del Ministerio Público que debe girar las instrucciones necesarias, a
efecto de que en las Fiscalías custodien las evidencias, las que se remitirán al Juzgado

o Tribunal que corresponda únicamente cuando esos Despachos las requieran para

juicio, o para alguna diligencia; asimismo, que deben disponer lo pertinente acerca de

ellas una vez que el asunto esté terminado. 2) Hacer este acuerdo del conocimiento de

la Contraloría de Servicios y de la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público.

                                    ARTÍCULO XLI

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 9086-DE-2002 del 18

de diciembre del 2002, remite nota N° 792-SALEM-2002 del 16 de ese mes, suscrita

por el Dr. Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud para Empleados, con el

informe final de ambiente laboral de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia

Doméstica del Ministerio Público, rendido por la M.Sc Victoria Oviedo Soto y la Licda.

Yahaira Piedra Solano, Psicóloga y Trabajadora Social de la Unidad de Atención

Psicosocial, respectivamente, cuyas recomendaciones literalmente dicen:

        “A nivel de la Unidad de Atención Psicosocial (UAP):
        1. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación del
        personal de esta unidad.
        2. A partir de los hallazgos obtenidos en el diagnóstico, coordinar con
        especialistas la realización de algunas sesiones de capacitación con
        todo el personal de esta unidad para apoyar la gestión que realizan.
        3. Desarrollar con el personal, un taller sobre el manejo del estrés, con
        el fin de brindarles estrategias sanas de enfrentamiento.
        4. Coordinar con la Unidad de Capacitación del Ministerio Público el
        desarrollo de temáticas acordes a las necesidades del personal.
        5. Ofrecer al personal de la unidad especializada, la posibilidad de
        recibir atención psicológica en la UAP cuando lo consideren necesario.
        A nivel administrativo:
        1. Que el Departamento de Personal realice un estudio en el que
        valore la posibilidad de que los empleados de esta unidad gocen de
        vacaciones profilácticas.
        2. Que la Unidad de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de
Servicios Generales evalúe las condiciones físicas en que se encuentra
el personal de la unidad en estudio en procura de efectuar cambios que
favorezcan su labor y la atención al público.
3. Que el Departamento de Planificación efectúe una evaluación de la
organización de esta unidad a fin de ofrecer recomendaciones que
mejoren el funcionamiento de la misma.
Propuesta de Tratamiento
1. Taller sobre Manejo del Estrés
Objetivos: * Identificar los estresores a nivel personal y las áreas de alto
y mediano riesgo en su salud que requieran ser atendidos.
    * Promover estrategias de enfrentamiento para el adecuado manejo
del estrés.
Número de sesiones: una.
Tiempo: dos audiencias.
Participantes: todo el personal de apoyo y los fiscales.
Fecha: 15 de noviembre.
2. Taller sobre autocuidado para proveedores de servicios legales a
víctimas de violencia y entrevista a menores e intervención en crisis.
Facilitadoras:   Licenciada Cecilia Claramunt, psicóloga y M.A.
Mercedes Loaiza, psicóloga clínica.
Objetivos: * Elaborar de forma grupal, estrategias para practicar el
autocuidado personal y el trabajo cotidiano.
* Conocer algunos elementos básicos que coadyuven en la realización
de entrevistas a menores víctimas de violencia, así como del manejo de
una crisis.
Número de sesiones: una.
Tiempo: dos audiencias.
Participantes: 8 personas.
Fecha: 6 de diciembre.
Alcances del tratamiento psicosocial
      Respecto a las recomendaciones planteadas en el presente
informe se tiene lo siguiente:
 Partiendo del diagnóstico de necesidades de capacitación del
personal se brindó una sesión donde se abordaron los temas de
autocuidado y a nivel técnico, la entrevista a menores e intervención en
crisis.
Asimismo, las encargadas de este estudio desarrollaron un taller sobre
manejo del estrés para orientar en prácticas adecuadas para que este
 personal enfrente su labor cotidiana.
 En todas las actividades realizadas el grupo mostró compromiso,
 apertura y responsabilidad, lo cual facilitó el proceso. También,
 contaron con un espacio en el que compartieron y reflexionaron para
 iniciar un proceso de cambios hacia un estilo de vida más sano.
 Por último, en cuanto a la capacitación, se contactó a la Escuela
 Judicial como un medio para que los auxiliares judiciales recibieran
 adiestramiento en materia penal, civil, de familia, ética y relaciones
 humanas, para tal efecto se remitió oficio N° 294 -UAP-2002, con el fin
 de que sea valorado un cupo para el próximo curso en setiembre del
 2003. El participante en dicha actividad, por recomendación de la
 Licda. Lillian Gómez, Fiscal Coordinadora de la Unidad, sería el Sr.
 Allan González Navas.
  Con respecto a las recomendaciones administrativas, las
 profesionales encargadas de este informe remitieron en fecha 29 de
 agosto el oficio N° 180-UAP-2002 a la Sección de Derechos Laborales
 del Departamento de Personal solicitando un estudio para otorgar
 vacaciones profilácticas al personal de la Unidad de Delitos Sexuales y
 Violencia Doméstica. Dicha solicitud será presentada por la Sección
 de Clasificación y Valoración de Puestos al Consejo Superior para lo
 que corresponda.
  La recomendación número dos, dirigida al Departamento de
 Servicios Generales para que se evaluaran las condiciones físicas de
 los auxiliares judiciales, se gestionó mediante oficio 179-UAP-2002 del
 29 de agosto. En primera instancia, se acogió el informe elaborado
 por el ingeniero Douglas Villalobos Gómez que proponía “…construir
 una división liviana que separara las unidades y mediante la utilización
 de muebles modulares dividir el espacio en cubículos para la recepción
 de las denuncias”. Posteriormente, en coordinación con el licenciado
 David Brown Sharpe, administrador del Ministerio Público y el ingeniero
 Villalobos Gómez, se visitó el lugar y se llegó al acuerdo junto con
 auxiliares y fiscales de dicha unidad, de ocupar la estructura de
 aluminio y vidrio que se encuentra en la manifestación sur del segundo
 piso de los Tribunales de Justicia, previo a una remodelación. A la
 fecha, este proyecto se encuentra en trámite (2089-SG/ai-2002 del
 Departamento de Servicios Generales).
  Con respecto a la recomendación tres, en la que se solicitaría que el
 Departamento de Planificación realizara una evaluación de la
 organización de esta unidad, la licenciada Lilliam Gómez, fiscal
 coordinadora, manifestó en la sesión de devolución que no era
 necesaria, pues consideran que la organización actual es adecuada.”
                                 --- 0 ---

Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior.
PROPOSICIONES E INFORMES

                                     ARTÍCULO XLII

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, hace del conocimiento la nota del

26 de diciembre último, que le remitió el Lic. Hermógenes Pérez Corrales, Juez

Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres, en la que comunica que por

enfermedad de la Licda. Patsy Mora Retana, Jueza del Juzgado Penal de esa ciudad,

ha debido asumir las funciones de este Juzgado desde el lunes 23 de diciembre, por lo

que le correspondió resolver la situación jurídica en los siguientes casos:

      De José Ángel Briceño Gutiérrez en la causa por hurto simple y violación de

domicilio, en perjuicio de Felicia Briceño Gutiérrez y otra, en la que se ordenó la prisión

preventiva del imputado; y de Minor Enrique Mora Arronis, en la causa por dos delitos

de robo agravado en perjuicio de Antonio Gamboa Orozco y otro, en la que se ordenó

la libertad del imputado.

      Agrega el Lic. Jones que el Magistrado Mora, Presidente, dispuso en su

oportunidad, para resolver la situación de momento y de acuerdo con sus facultades,

recargar las funciones del Juzgado Penal en el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Siquirres.

      Vía telefónica, del Despacho de la Presidencia se informó que la incapacidad

reportada por la Licda. Mora Retana abarcó del 24 al 27 de diciembre del 2002.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior, lo que también hará el

Departamento de Personal para lo de su cargo.

                                          -o0o-

      A las 11:25 horas terminó la sesión.

				
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