Estudio-1120-RAN by P3y0f4E3

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									                                              Estudio-1120-RAN

Antecedentes

El once de julio de dos mil cinco, el entonces solicitante presentó petición de información por
medio del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) a la que correspondió el folio
151110000840 ante la Unidad de Enlace del Registro Agrario Nacional, organismo
desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, requiriendo lo siguiente:

      Relacion de ejidos y comunidades agrarias en los municipios de Peñamiller, Toliman, San Joaquin y
      Cadereyta del estado de Queretaro en donde se detalle la superficie total y superfice parcelada, número de
      ejidatarios y si estan el en procede y Nombre de los repersentantes ejidales registrados en cada una de los
      ejidos [sic].

El catorce de julio del presente año, la Unidad de Enlace del Registro Agrario Nacional respondió
mediante oficio número RAN/DGTCD/DT/935/2005, suscrito por el Lic. Antonio Olivas Martínez,
Director General de Titulación y Control Documental del Registro Agrario Nacional, incluido en el
archivo adjunto 1511100008405_035.doc:

      […] este Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, se encuentra jurídicamente
      imposibilitado a proporcionar dicha información, en virtud de que la información solicitada, no corresponde a
      los servicios y trámites que proporciona el Registro Agrario Nacional, que se encuentran publicados en el
      Portal de Obligaciones de Transparencia (Rubros: Servicios; Trámites y Requisitos) de este Órgano
      Registral, en la página de Internet www.ran.gob.mx; e inscritos en el Registro Federal de Trámites (RFTyS),
      de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), de conformidad con lo dispuesto en el Título
      Tercero A, denominado de la Mejora Regulatoria, Capítulo Cuarto referente al Registro Federal de Trámites y
      Servicios, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación,
      el día 4 de agosto de 1994.

      No obstante lo anterior y en caso de ser de su interés, se le invita a consultar en la página electrónica arriba
      señalada información para el público en general referente al Programa de Certificación de Derechos Ejidales
      y Titulación de Solares (PROCEDE). Ahora bien en lo referente a la solicitud de obtener los nombres de los
      representantes de todos los núcleos de los Municipios mencionados, y en el entendido que estos duran en el
      cargo un periodo de 3 años, se sugiere consultar los expedientes agrarios que se encuentran bajo resguardo
      de este Órgano Desconcentrado y en los que pudiera estar la información motivo del interés del peticionario,
      y que están disponibles públicamente para su consulta en los Archivos Agrarios de las Delegaciones, cuyas
      oficinas, en el caso del Estado de Querétaro, se ubican en calle Circuito Moisés Solano No. 189 Col.
      Balaustradas, en la capital del Estado [sic].

En su recurso de revisión, interpuesto ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública el quince de julio del dos mil cinco, el ahora recurrente reiteró su solicitud de información
y expresó lo siguiente:

      LA INFORMACION QUE SE SOLICITA ES PUBLICA, NO TIENE CARACTER RESERVADO Y EL RAN ES
      LA INSTANCIA QUE LA GENERA. se requiere relación de Ejidos y Comunidades Agrarias en los Municipios
      de Peñamiller, Toliman, San Joaquín y Cadereyta del estado de Querétaro, en donde se detalle la superficie
      total y superficie parcelada, número de ejidatarios [sic].

En relación con el recurso de revisión en comento, la ponencia del Comisionado Alonso
Lujambio Irazábal solicitó a la DGEI un estudio sobre las atribuciones del RAN para tener la
información solicitada, por lo que se procedió a revisar el marco normativo del organismo
desconcentrado, que se encuentra disponible en su portal de transparencia: Ley Agraria,
Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de
solares, Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural y el
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. El criterio de revisión se concentró
principalmente en determinar si en alguno de los ordenamientos jurídicos mencionados se obliga
al RAN a contar con los datos estadísticos que pide el solicitante, así como en la participación
del Registro en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(PROCEDE).

Estudio

1. Marco Normativo del RAN

a) Ley Agraria

Este ordenamiento jurídico menciona la obligación del RAN de realizar labores de registro
documental para distintos tipos de trámites vinculados con el régimen ejidal. Asimismo, la Ley
Agraria establece obligaciones de coordinación para el RAN, en materia de elaboración de
estadísticas en su artículo 149:

      Para efectos de lo dispuesto en la fracción VXII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional
      prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades
      federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Las obligaciones específicas del RAN se encuentran en el artículo 155 del ordenamiento
mencionado. La francción II, establece la obligación del Registro de llevar clasificaciones
geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión,
clase y uso.

2) Reglamento del RAN

El Reglamento del RAN tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento
del Registro, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con
autonomía técnica y presupuestal, conforme a las atribuciones y facultades que expresamente le
confieren la Ley Agraria, otras leyes y reglamentos, así como los acuerdos e instrucciones del
Secretario de la Reforma Agraria. Las principales funciones del RAN se encuentran establecidas
en el artículo 3 del Reglamento, el cual dice:

      Con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental respecto de los predios
      rústicos, el Registro tendrá a su cargo las funciones registral, de asistencia técnica y catastral de
      conformidad con lo dispuesto por la Ley y sus Reglamentos.

Por la naturaleza de la información que tiene a su disposición, la cual se vincula principalmente
con funciones de registro y catastro, este organismo desconcentrado también se encuentra
obligado a generar estadísticas de acuerdo con lo estipulado por el artículo 11 del Reglamento.
Es pertinente aclarar que dicho artículo --se cita a continuación-- no establece el grado de detalle
con el cual debe elaborarse la estadística:

      Artículo 11. El Registro, para el mejor desempeño de sus funciones podrá solicitar de las autoridades
      federales, estatales y municipales, la información estadística, documental, técnica, catastral y de
      planificación que requiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley.

      Asimismo, el Registro dispondrá de la información del Sector Agrario para su clasificación y análisis, a fin de
      realizar estudios e investigaciones y generar estadísticas. Para la divulgación o publicación de los resultados,
      la Secretaría, en congruencia con el Sistema de Información del Sector Agrario, emitirá los criterios
      correspondientes.




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La revisión del Reglamento también se concentró en las funciones de las unidades
administrativas que conforman el RAN. El Director en Jefe del RAN tiene, entre sus funciones,
algunas que están vinculadas con la elaboración de de estadísticas, como queda establecido en
el artículo 17, fracciones XI y XII:

       XI. Solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales la información estadística, documental,
       técnica, catastral y de planeación que requiera para el mejor desempeño de las actividades del registro;

       XII. Celebrar los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
       para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley;

Adicionalmente se verificaron las atribuciones de la Dirección General de Registro, en virtud de
que se encontraron cuadros con información como la que pide el solicitante para varios
municipios de Querétaro. En la página de internet del RAN, en la sección correspondiente a
estadísticas, la Dirección General de Registro publica información sobre los núcleos agrarios que
adoptaron el Dominio Pleno de parcelas Ejidales y Aportación de Tierras de Uso Común a
Sociedades Mercantiles1. La información se encuentra desglosada por estado, municipio y
núcleo agrario e incluye la superficie parcelada, de uso común y de dominio pleno, como puede
observarse en el anexo 3. En total se proporciona información para 93 núcleos agrarios del
Estado de Querétaro, pero ninguno de ellos se encuentra ubicado en los municipios que
menciona el recurrente: Peñamiller, Toliman, San Joaquin y Cadereyta. De las atribuciones de
dicha unidad administrativa, que se encuentran especificadas en el artículo 19 de su reglamento,
hay dos que se relacionan con los datos obtenidos en la página en internet del RAN:

       V. Calificar la inscripción del acuerdo de adopción de dominio pleno, respecto de ejidos y colonias agrícolas y
       ganaderas.

       VIII. Calificar las transmisiones de derechos que amparen los títulos y certificados parcelarios y de uso
       común.

La revisión del marco jurídico del RAN no proporcionó elementos suficientes como para
constatar que dicha entidad contara con la información solicitada por el recurrente, ya que su
principal actividad se relaciona con la certificación y registro de las tierras ejidales por lo que se
procedió a revisar las atribuciones del Registro en el marco del PROCEDE.




2. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE)

Para obtener la información sobre el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
(PROCEDE) se consultó la página del INEGI, en la cual se explica de manera detallada cuál fue
la participación de dicho organismo, de la Procuraduría Agraria (PA) y del RAN en el programa
que se cita2. De acuerdo con la información obtenida, la labor del INEGI se concentra en
desarrollar los trabajos técnicos y operativos de identificación, ubicación y medición de las tierras
de los núcleos agrarios, así como los relativos a la elaboración de la cartografía respectiva. La
PA promueve la ejecución del PROCEDE en los núcleos agrarios, garantizando la observancia

1Los cuadros se pueden consultar en http://www.ran.gob.mx/archivos/estadisticas/nucleos.pdf
2. Véase el documento titulado: Núcleos Agrarios; Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares, PROCEDE, abril de 1992 hasta abril de 2005 (Querétaro de Arteaga), disponible en:
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/cartcat/tabulados/PDF/tbe_qro.pdf?


AHV/MMV/DGEI-174-05                                                                                                 3
de los derechos de los núcleos de la población ejidal y comunal de los ejidatarios, comuneros y
avecindados. Mientras que al RAN corresponde formalizar la regularización de la tenencia de la
tierra, mediante el registro, control y expedición de los certificados y títulos correspondientes,
garantizando su seguridad documental. Las actividades se llevan a cabo bajo la coordinación de
la Secretaría de la Reforma Agraria.

a) Marco Jurídico del PROCEDE

El marco legal reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria) reconoce tres formas de propiedad
de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los núcleos agrarios:
ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas entregadas
por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación.

En cuanto a su estructura territorial, el núcleo agrario está compuesto por uno o varios polígonos
ejidales o comunales. Se define como polígono ejidal o comunal los linderos y superficies
correspondientes a cada acción agraria o conjunto de acciones agrarias mediante las cuales se
dotaron tierras a un núcleo agrario. La ubicación de los polígonos del núcleo agrario puede
presentarse en un mismo estado y municipio o en varios de éstos. Los polígonos pueden estar
separados físicamente y constituir unidades geográficas un tanto independientes.




El destino de la tierra de los polígonos puede ser de tres tipos: asentamiento humano, uso
común y tierras parceladas. Para efectos de los trabajos del PROCEDE cada tipo de destino de
la tierra que se encuentra dentro de un polígono constituye una gran área. A continuación se
incluyen las definiciones de cada uno de estos tres destinos de la tierra:

      Tierras para el asentamiento humano. Conforme al artículo 63 de la Ley Agraria, las
      “tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo
      de la vida comunitaria del ejido que está compuesta por los terrenos en que se ubique la
      zona de urbanización y su fundo legal”

      Tierras Parceladas. Son los terrenos del núcleo agrario que han sido fraccionados y
      repartidos entre sus miembros y que se pueden explotar en forma individual, en grupo o
      colectivamente.     Corresponde a los ejidatarios y comuneros el derecho de
      aprovechamiento, uso y usufructo de ellos.


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      Tierras de uso común. Según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Agraria, “las tierras
      de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y
      están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido reservadas por la Asamblea
      para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas”.

Un polígono puede orientarse a uno, dos o a los tres tipos de destino de la tierra como se
observa a continuación en la siguiente figura del ejido Los Pocitos:




b) Características del PROCEDE

El PROCEDE es un programa del gobierno federal cuyo objetivo es la entrega de los certificados
parcelarios o los certificados de los derechos sobre tierras de uso común o ambos, según sea el
caso, así como los títulos de los solares a favor de los individuos que integran los núcleos
agrarios del país que así lo soliciten. Se debe aclarar que la incorporación de los núcleos
agrarios a dicho programa es voluntaria y completamente gratuita para los beneficiarios del
mismo, entre ellos los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios.

La realización de PROCEDE ha requerido la participación de varias entidades y dependencias,
entre ellas la PA, el INEGI y el RAN. La PA promueve la ejecución del PROCEDE en los núcleos
de población ejidal y comunal y de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. El
INEGI realiza los trabajos técnicos-operativos, de ubicación geográfica precisa y medición de los
linderos y superficies de las tierras ejidales y comunales, así como los relativos a la generación
de la cartografía respectiva. El INEGI también es responsable de elaborar las cédulas de
información de los atributos de las diferentes áreas: uso común, asentamiento humano, zona
parcelada, parcelas y solares. El RAN, por su parte, formaliza la regularización de los
certificados y títulos correspondientes, garantizando su seguridad documental. Las actividades
se llevan a cabo bajo la coordinación de la SRA.

                       Procedimiento General Operativo del PROCEDE




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En el documento “Núcleos agrarios; programa de certificación de derechos ejidales y titulación
de solares, PROCEDE, abril de 1992 hasta abril de 1995, Querétaro de Arteaga”, el INEGI
detalla el procedimiento de elaboración de la base de datos gráfico-tubular con los datos de los
núcleos agrarios, que entre otros aspectos incluye la cartografía correspondiente. El INEGI
precisa lo siguiente respecto al destino final de dichos datos:

           Los resultados de la explotación de la base de datos gráfico-tubular se traducen en diferentes alternativas,
           entre otras: los productos cartográficos indispensables para las acciones de certificación y titulación de las
           tierras ejidales y comunales, que integran parte del expediente final que se entrega a la PA y al RAN: los
           núcleos agrarios; tabulados básicos por municipio, cartografía temática e información estadística.3

Por lo tanto, a partir de la participación del INEGI en el PROCEDE se puede afirmar que el RAN
posee información de los municipios de Peñamiller, Tolimán, San Joaquin y Cadereyta del
estado de Queretaro, en la cual se detalla la superficie parcelada, la superficie total y la
superficie de uso común para los núcleos agrarios que integran cada uno de estos municipios, ya
que dicha información es el insumo principal para el proceso de certificación. En su reporte para
el Estado de Querétaro, el INEGI proporciona los siguientes datos con respecto al uso de la
tierra para los municipios de esa entidad Federativa:




3   Ibid., p. 6.


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Como puede observarse en el cuadro anterior, el INEGI ha entregado al RAN la cartografía de
358 núcleos agrarios de los 376 que integran el Estado de Querétaro. En el cuadro también es
posible determinar que el Registro debe poseer toda la información cartográfica de los núcleos
agrarios de tres de los municipios que pide el recurrente: Peñamiller, San Joaquín y Tolimán.
Mientras que en el caso de Cadereyta se le entregó la cartografía de 35 de los 38 núcleos
agrarios.

En el cuadro 2.2.1 de su estudio, el INEGI detalla el uso que se le da a la tierra en cada uno de
los municipios del Estado de Querétaro: superficie total, superficie de uso común, superficie
parcelada y asentamientos humanos. El número de núcleos agrarios de este cuadro
corresponde al número de núcleos agrarios para los cuales ya se elaboró la cartografía
correspondiente y la cual fue entregada al RAN. El cuadro se presenta a continuación e incluye
datos para los núcleos agrarios de los 4 municipios que pide el recurrente.




No se encontró información sobre el uso de la tierra por núcleo agrario en la página del INEGI,
sin embargo es muy probable que ésta información le haya sido entregada al RAN para poder
realizar sus labores de certificación.

Conclusión

El RAN debe contar con la información cartográfica y con la cédula de información de cada
núcleo agrario que elabora el INEGI. Esta información es indispensable para el proceso de
certificación del PROCEDE y de la cual es responsable el Registro Agrario Nacional.




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                                                      Anexo 1

                                                     Ley Agraria


                                                     Título tercero

                                            De los ejidos y comunidades

                                                       Capítulo I

                                                     De los ejidos

                                                   Sección primera

                                              Disposiciones generales

Artículo noveno. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son
propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que
las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases
generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir
nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás
disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere
pertinentes.

Artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así
lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el
trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los
beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos
comunes.

Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el
régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los términos del artículo 23 de esta ley.

                                                   Sección segunda

                                          De los ejidatarios y avecindados

Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.

Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que
han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales
por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les
confiere.

Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el
reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les
correspondan.

Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

          I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de
          ejidatario; y




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          II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los
          requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita:

          I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;

          II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

          III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en
los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión
en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la
adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en
su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con
las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha
posterior.

Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo
determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

          I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

          II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

          III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus
          miembros;

          IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y
          mandatos;

          V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las
          tierras de uso común;

          VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

          VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y
          parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

          VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de
          posesionarios;

          IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de
          las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

          X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

          XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

          XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el
          núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

          XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;



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          XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

          XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.




Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del
comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen
hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito
su nombre.

Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá
firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.

Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de
esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría
Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 46. El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios en lo individual podrán
otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta
garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan
relaciones de asociación o comerciales.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario, podrá hacer
efectiva la garantía de las tierras hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de
población ejidal o al ejidatario según sea el caso.

Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las
destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante
un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras
los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado
ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente,
emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se
comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por
despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución
definitiva.

Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de
esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento
de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de
quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al
asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano
general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional,
procederá como sigue:

          I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento
          humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

          II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos
          ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y




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          III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos
          que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones
          materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la
delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro
certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de
derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el
ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se
designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir
gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se
determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de conformidad con las leyes
aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región.

La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que
corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría
Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el
Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho Registro y los certificados que éste expida de
cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes.

Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados
por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse.

Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido
asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo
núcleo de población.

Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante
dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos
certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro
respectivo.

El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro
de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho.
Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios
en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31
de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas,
cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios
interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo
caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el
cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser
ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

                                                       Título octavo

                                             Del Registro Agrario Nacional



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Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta
ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en
el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la
propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro
tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 149. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VXII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario
Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las
entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Artículo 150. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, harán
prueba plena en juicio y fuera de él.

Cuando los actos a que esta ley se refiere deban inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo surtirán efectos
entre los otorgantes pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les
fueren favorables.

Artículo 151. El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus
asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.

Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

            I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan
          derechos ejidales o comunales;

          II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de
          ejidatarios o comuneros;

          III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como
          comunidades tradicionales;

          IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley;

          V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

          VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley;

          VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y

          VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

Artículo 153. El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y
los denunciados como baldíos.

Artículo 154. Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a
proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de
planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 155. El Registro Agrario Nacional deberá:

          I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y
          denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

          II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su
          extensión, clase y uso;




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         III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que
         se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales;

         IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo; y

         V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el
         artículo 56 de esta ley.

Artículo 156. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o
documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de éste al régimen ejidal, así como la
adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo,
los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio de terrenos
rústicos de sociedades mercantiles o civiles.




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                                          Anexo 2

                   Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional

    Artículo 3°. Con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad
    documental respecto de los predios rústicos, el Registro tendrá a su cargo las funciones,
    registral, de asistencia técnica y catastral, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y
    sus reglamentos.

    Asimismo, el Registro tendrá a su cargo las funciones de resguardo, acopio, archivo y
    análisis documental del sector agrario, necesarias para el conocimiento de los
    problemas, la identificación de las acciones y la evaluación de la gestión agraria.

    Artículo 4°. La función registral se llevará a cabo mediante las actividades de calificación,
    inscripción y certificación de los actos y documentos en los que consten las operaciones
    relativas a la propiedad ejidal y comunal; a los terrenos nacionales y los denunciados
    como baldíos; a las colonias agrícolas y ganaderas; a las sociedades rurales; y a las
    sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales,
    así como los relacionados con la organización social y económica de los núcleos agrarios.

    Artículo 5°. El Registro será público y cualquier persona podrá obtener información sobre
    sus asientos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de este Reglamento.

    Artículo 6°. Derivado de la función registral, el Registro inscribirá y resguardará los
    documentos en los que consten los actos jurídicos a que se refiere el artículo 4° de este
    Reglamento.

    Cuando los actos a que se refiere la Ley y este Reglamento deban inscribirse en el
    Registro y no se inscriban, sólo surtirán efectos entre los otorgantes, pero no podrán
    producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les fueren
    favorables.

    Artículo 7°. La función de asistencia técnica comprenderá la expedición de las normas y
    especificaciones técnicas, así como la ejecución de los trabajos técnicos.

    Artículo 8°. El Registro tendrá a su cargo el Catastro Rural Nacional para llevar a cabo el
    control de la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios; de los terrenos nacionales y los
    denunciados como baldíos; de las colonias agrícolas y ganaderas, así como de las
    sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales.

    Asimismo, el Catastro Rural Nacional podrá contar con la información catastral necesaria a
    fin de proporcionar a las entidades federativas los elementos técnicos y legales
    necesarios, que permitan la identificación de las superficies que excedan los límites
    máximos establecidos a la pequeña propiedad.




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                      Anexo 3




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