078 0410

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					                                     Nº 78-05

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del cuatro de octubre del dos mil cinco.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; de las

licenciadas Miriam Anchía Paniagua, Milena Conejo Aguilar, Lupita Chaves

Cervantes y el licenciado Marvin Martínez Fernández. Asiste también el Director

Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS
                                  ARTÍCULO I

      Se aprueban las actas de las sesiones números 68-05 y 69-05 celebradas el 1°

y 2 de setiembre del 2005.

      También se aprueban las separatas de la sesión N° 75-05 del 22 de setiembre

recién pasado, artículos XXXI y LXV.

      El Magistrado Mora se abstiene de votar en la aprobación del acta N° 68-05

y de la separata de la sesión N° 75-05, por no haber asistido a ésta, igualmente el

licenciado Martínez en ésta última por el mismo motivo.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                  ARTÍCULO II

      En la sesión N° 64-05 celebrada el 18 de agosto del presente año, artículo

LII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
                                     2

      ―El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial,
en oficio N° EJ-DIR-285-2005 de 11 de agosto en curso, comunica lo
siguiente:
―El objetivo de la presente gestión es solicitarles su autorización para
poder atender la necesidad de la sustitución temporal de una funcionaria
de la Escuela Judicial. La Licda. Kattia Escalante Barboza, coordinadora
de la Unidad de RAC de la Escuela Judicial tendrá licencia por
maternidad a partir de finales de setiembre del presente año y hasta
principios del mes de febrero del 2006, fecha a partir de la cual disfrutará
del período de vacaciones 2005-2006, por lo que su ausencia se extenderá
hasta principios del mes de marzo.
La Licda. Escalante está en una plaza de profesional 2 y ostenta la
profesión de psicóloga, pero lo cierto es el carácter multidisciplinario del
cargo siendo lo relevante el poseer las competencias necesarias para el
mismo. El perfil incluye la formación en medios alternos de resolución de
conflictos y experiencia en docencia y capacitación judicial. Estas
actividades determinan las características de sus funciones.
Ha sido difícil encontrar estos requisitos juntos en una persona que la
pueda sustituir y después de una valoración objetiva que la Licda.
Escalante ha realizado de las posibilidades reales de sustitución cubriendo
las necesidades de su puesto, hemos llegado a la conclusión que quien la
puede sustituir es la Dra. Priscilla Solano Castillo. La Dra. Solano cumple
con la mayoría de los requerimientos del puesto: ha trabajado como
coordinadora de cursos y como docente en la Escuela Judicial, tiene
capacitación en el tema de Resolución Alternativa de Conflictos, ha sido
capacitadora de los cursos de Técnicas de Negociación y Conciliación y
del Curso de Mediación impartidos por la Unidad de RAC, es especialista
en el tema de género (y algunos de los asuntos que quedan por trabajar en
el presente año tienen relación con ese tema: Curso de Negociación con
perspectiva de género dirigido a jueces y juezas y elaboración de un
manual de apoyo para ese curso); también tiene experiencia en procesos
de investigación y maneja el procedimiento de diseño e implementación
de cursos de la Escuela Judicial.
El único problema que representaría su nombramiento es que su
formación inicial es de abogada y no de psicóloga, razón por la cual les
solicito muy respetuosamente considerar la posibilidad de autorizar el
nombramiento temporal de la Dra. Solano en el puesto de la Licda.
Escalante tomando en cuenta que la primera posee todas las competencias
necesarias para el puesto y que a pesar de que el puesto originalmente es
                                           3

       de psicóloga, funcionalmente se caracteriza por capacitación e
       investigación en RAC, funciones que puede desempeñar a la perfección la
       Dra. Solano.
       Agradezco de antemano su atención a la presente y quedo a la espera de
       su decisión.‖
            Por mayoría, se acordó: Denegar la petición anterior, porque la
       persona propuesta carece de uno de los requisitos para el cargo, por lo
       que debe procederse de conformidad con el artículo 26 del Estatuto de
       Servicio Judicial.
            La licenciada Conejo y el licenciado Martínez votaron para que
       previamente a resolver, se solicitara informe al Departamento de Personal
       sobre la procedencia de la gestión.‖.
                                         -0-

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-376-2005 de 21 de setiembre recién pasado, expresó:

              ―Reciban un cordial saludo y a la vez les solicito respetuosamente,
       una reconsideración respecto al acuerdo tomado en la sesión Nº 64-05 del
       Consejo Superior, del agosto del año en curso, artículo LII, relacionado
       con el oficio EJ-DIR-285-2005 del 11 de agosto, en donde le solicité
       autorización para nombrar a la Dra. Priscilla Solano Castillo, Abogada
       Asistente a.í. de la Escuela Judicial, en lugar de la Licda. Kattia
       Escalante Barboza, Coordinadora de la Unidad de RAC, quien
       actualmente esta incapacitada y próximamente tendrá licencia por
       maternidad.
               La Escuela Judicial se encuentra en un proceso de reorganización
       administrativa, a raíz de ello, los colaboradores de la Escuela participan
       de varios planes y áreas nuevas de trabajo, entre las que se encuentra un
       replanteamiento de programas que es coordinado por la Licda Escalante,
       por tal motivo, se hace necesario que dichas labores sean continuadas por
       la Dra. Solano Castillo, quien por los años de servicio en la Escuela
       Judicial y por haber sido colaboradora en el tema de RAC, posee una
       vasta experiencia y un amplio conocimiento de las diversas actividades
       de la Escuela Judicial.
             Si bien es cierto que la sustitución de la plaza de la Licda Barboza
       Escalante le corresponde a un Psicólogo, por lo relevante de las
                                           4

        actividades que se están desarrollando en este momento, es vital que el
        funcionario(a) que la sustituya, cuente con una amplia experiencia y
        conocimiento dentro de la Escuela, la cual sería imposible si se nombrara
        una persona nueva, quien tendría que iniciar por un proceso de
        inducción.
              Por ello, se solicita de la manera más atenta y respetuosa que se
        reconsidere el citado acuerdo y se autorice el nombramiento de la Dra.
        Solano Castillo en dicho puesto.‖
                                          -0-

     Se acordó: Denegar la reconsideración planteada por el licenciado Ivankovich

Fonseca, y mantener lo dispuesto en la sesión N° 64-05, del 18 de agosto último,

artículo LII, pues no es legalmente posible, por tratarse de un puesto profesional

cuyo requisito es tener el título de la carrera de psicología.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

                                   ARTÍCULO III

       Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó: Aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

DELEGACIÓN REGIONAL DE LIMÓN

1)     MEDINA MONTERO CARLOS
       CONDUCTOR DE DETENIDOS

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/10/2005
TERNA Nº 158-2005       Nº PUESTO 45129

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ
                                   5

JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, II CIRCUITO JUDICIAL DE
SAN JOSÉ

2)   MATAMOROS DURÁN AYLEEN
     AUXILIAR JUDICIAL 2

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/10/2005
TERNA Nº 157-2005       Nº PUESTO 38600

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

SUB-UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NICOYA

3)   CAMPOS FAJARDO CARLOS MANUEL
     AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 3 (GUARDA)

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 01/11/2005
TERNA Nº 183-2005       Nº PUESTO 44834

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CIENCIAS FORENSES

4)   SÁNCHEZ BARRANTES ROY
     01-0931-0695
     AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 01/11/2005
TERNA N° 169-2005       N° PUESTO 43457

N° PUESTO ANTERIOR: 48463 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2
OFICINA: DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS
FORENSES
N° PUESTO PROPUESTO: 43457 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                  - 0-

     Los servidores Medina Montero, Matamoros Durán y Campos Fajardo se
                                         6

presentarán al Servicio Médico para los servidores judiciales, a efecto de que se le

practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita en forma

personal, o por vía telefónica en la extensión 3572.

         El Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo

resuelto para lo de sus cargos. Se declara este acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                 ARTÍCULO IV

         En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las fechas que se

dirán:

1- En el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia

El 6 de octubre a:
Licda. Jeannette Ruiz Herradora
Licda. Tatiana Brenes Arias
Lic. Rosnny Arce Jiménez
Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera

2- En el Juzgado de Familia de Heredia
El 3 de octubre a:
Lic. Willy Fernández Muñoz

3- En el Juzgado de Familia de Liberia
El 7 de octubre a:
                                               7

Licda. Johanna Escobar Vega
Lic. Willy Fernández Muñoz
Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera

4- En el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo
El 7 de octubre a:
Lic. Rosnny Arce Jiménez

                                        ARTÍCULO V

       En oficio N° UI-4238-05 de 27 de setiembre último el Magistrado Orlando

Aguirre Gómez, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura, el

máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal y el

licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador interino de la Unidad

Interdisciplinaria, manifiestan:

         ―En atención a los oficios de fecha 11/08/2005, Nº 7051-05 suscrito por
         la Secretaria de la Corte y 01/09/2005 suscrito por el señor Presidente
         Magistrado Luis Paulino Mora Mora, se remiten las siguientes ternas para
         nombrar en plazas de juez 3 en materia Penal en los despachos que a
         continuación se detallan:


                                              Códigos
               DESPACHO                                           OBSERVACIONES
                                             de puesto
                                                         Plaza vacante anteriormente ocupada por
1.   Juzgado Penal II Circuito Judicial de
                                              44530      la Licda. Vivian Coles Calderón, por
     Alajuela
                                                         haber sido nombrada en otro puesto.
                                                         Plaza vacante anteriormente ocupada por
2.   Tribunal Penal de Talamanca              96606      el Lic. José Manuel Morales Sanabria,
                                                         quien fue nombrado en otro puesto.
                                                         Plaza interina, en sustitución del Lic.
3.   Juzgado Penal I Circuito Judicial de
                                              95452      José Daniel Hidalgo Murillo, por permiso
     San José
                                                         sin goce de salario. Hasta el 31/12/2005
                                                  8

                                                         Plaza interina, en sustitución de la
4.    Juzgado Penal II Circuito Judicial de
                                                         Licda. Ileana Guillén Rodríguez, por haber
      San José                                   89200
                                                         sido nombrada en otro puesto. Hasta el
                                                         15/12/2005.
                                                         Plaza interina, en sustitución de la Licda.
5.     Juzgado Penal del II Circuito Judicial            Jazmín Rodríguez Hernández, por haber
                                                 86271
       de la Zona Atlántica                              sido nombrada en otro puesto. Hasta
                                                         28/02/2006.

          Observaciones Generales:

       I. Las ternas se integran con tres aspirantes conforme la Ley de Carrera
           Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura
           en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y el
           Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de
           agosto de 2001.

      II. Las ternas se conforman con la lista de elegibles de Juez 3 Penal.

     III. De concordancia con el artículo VI de la sesión de Corte Plena No.30-04
           celebrada el 23 de agosto del 2004, en caso que la plaza quede vacante, se
           procederá a realizar la designación mediante el respectivo concurso que
           establece la Ley de Carrera Judicial, los nombramientos interinos están
           sujetos a que regrese el titular o que la plaza quede vacante.

                                       PRIMERA TERNA

          Despacho: Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela
          Plaza Vacante No.: 44530

          Los aspirantes son:

         NOMBRE                          PROMEDIO        POSICION EN       OBSERVACIONES
                                                           LISTA DE
                                                          ELEGIBLES
      1.Barrantes Conejo José Arturo          87.9397          89
     2.Araya Vallejos Luis Guillermo          87.0454          97
     3.Reyes Castillo Angel Roberto           86.6128         101

          Interino en este código de puesto: Lic. Johnny Vargas Porras
          Condición laboral: Propiedad Fiscalía de Puriscal. Auxiliar Judicial 3-C
          Vigencia del nombramiento: Hasta 15/12/2005
                                            9


                                  SEGUNDA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal de Talamanca
        Plaza Vacante No. 96606

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                        PROMEDIO       POSICIÓN EN       OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
1. Reyes Castillo Angel Roberto        86.6128           101
2. Vargas Gutiérrez Minor              83.4875           133
3. Loaiza Arce Aníbal                  82.1821           149

        El aspirante Nº.1 de esta terna participa simultáneamente en la primera,
        por lo que se adiciona al siguiente candidato como suplente.


       NOMBRE                        PROMEDIO       POSICIÓN EN       OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
4. Brenes Prado Miguel                 82.1382           150

        Interina en el puesto: Licda. Xinia Marín Calvo
        Condición laboral: Propiedad. Trib. I Circuito Judicial de la Zona
        Atlántica. Auxiliar Judicial 3
        Vigencia del nombramiento: Hasta 30/09/2005

                                     TERCERA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José
        Plaza interina No.: 95452.
        Hasta el 31/12/2005

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                        PROMEDIO       POSICIÓN EN       OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
1. Torres González Mayid               88.7268           79
2. López Monge Tatiana                 88.2485           85
                                           10

3. Chinchilla Sánchez Ethel            87.9950           88

        Interino en el puesto: Lic. Rafael Mayid Torres González
        Condición laboral: Propiedad. Juzgado Penal del II Circuito Judicial de
        Alajuela. Juez 3
        Periodo nombramiento: Hasta 30/09/2005

                                      CUARTA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José
        Plaza interina No.: 89200.
        Hasta el 15/12/2005

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                       PROMEDIO        POSICIÓN EN      OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
1.Torres González Mayid                88.7268           79
2.López Monge Tatiana                  88.2485           85
3.Chinchilla Sánchez Ethel             87.9950           88

        Los candidatos de esta terna participan simultáneamente en las anteriores,
        por lo que se adiciona al siguiente candidato en calidad de suplente.


       NOMBRE                       PROMEDIO        POSICIÓN EN      OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
4. Paredes Bravo Vivian                86.7653           100

        Interina en el puesto: Licda. Lilliana Cordero Calderón
        Condición laboral: Propiedad. Defensa Civil de la Víctima. Auxiliar
        Judicial 2
        Periodo nombramiento: Hasta 30/09/2005

                                      QUINTA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica
        Plaza interina No.: 86271
        Hasta: 28/02/2006
                                               11

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                           PROMEDIO         POSICIÓN EN        OBSERVACIONES
                                                           LISTA DE
                                                          ELEGIBLES
1.Reyes Castillo Ángel Roberto            86.6128             101
2.Rojas Fernández Gerardo                 85.2895             118
3. Solano Valverde Juan José              83.9997             130

El candidato Nº.1 de esta terna participa simultáneamente en las anteriores, por lo que se adiciona
al siguiente candidato en calidad de suplente.


       NOMBRE                           PROMEDIO         POSICIÓN EN        OBSERVACIONES
                                                           LISTA DE
                                                          ELEGIBLES
   4. Hernández Quesada Andrés            82.8884             139

        Interino en el puesto: Lic. Luigi Barrantes Carranza
        Condición laboral: Propiedad. Conductor de detenidos
        Periodo nombramiento: Hasta 30/09/2005

        Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
        interesados.‖
                                               - 0-
       Se procede a realizar el nombramiento en propiedad para el cargo de Juez 3,

puesto N° 44530, del Juzgado Penal de Segundo Circuito Judicial de Alajuela, con

la siguiente terna:

       Barrantes Conejo José Arturo
       Araya Vallejos Luis Guillermo
       Reyes Castillo Ángel Roberto

       Por unanimidad, se nombró al licenciado José Arturo Barrantes Conejo, a

partir del 16 de octubre de este año.

       A continuación, se realiza el nombramiento en propiedad para el cargo de
                                          12

Juez 3, puesto N° 96606 del Juzgado Penal de Talamanca, con base en la siguiente

terna:

         Reyes Castillo Ángel Roberto
         Vargas Gutiérrez Minor
         Loaiza Arce Aníbal

         Por mayoría se designó al licenciado Minor Vargas Gutiérrez, a partir del 16

de octubre del año en curso.

         El licenciado Reyes Castillo obtuvo dos votos.

         Seguidamente se realiza el nombramiento interino para el cargo de Juez 3,

puesto N° 95452 del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, la

terna queda conformada de la siguiente manera:

         Torres González Mayid
         López Monge Tatiana
         Chinchilla Sánchez Ethel

         Por unanimidad se nombró al licenciado Mayid Torres González, a partir del

16 de octubre en curso y hasta el 31 de diciembre próximo.

         Se procede a realizar el nombramiento interino de Juez 3, puesto N° 89200,

del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con base en la

siguiente terna:

         López Monge Tatiana
         Chinchilla Sánchez Ethel
         Paredes Bravo Vivian
                                          13

         Por unanimidad se designó a la licenciada Tatiana López Monge, a partir del

1° de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año en curso.

         Finalmente se llena interinamente la plaza de Juez 3, puesto N° 86271, del

Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con la siguiente

terna:

         Reyes Castillo Ángel Roberto
         Rojas Fernández Gerardo
         Solano Valverde Juan José

         Por mayoría resultó electo el licenciado Ángel Roberto Reyes Castillo, a

partir del 1° de noviembre de este año y hasta el 28 de febrero del 2006.

         El licenciado Gerardo Rojas Fernández recibió dos votos.

         La Unidad Interdisciplinaria procederá a remitir la terna del puesto que

dejará vacante el licenciado Barrantes Conejo.

         El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomará nota

para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

PERMISOS

                                   ARTÍCULO VI

         En sesión N° 64-05 celebrada el 18 de agosto del año en curso, artículo XL,

se concedió permiso con goce de salario, sin sustitución a los servidores de la lista

transcrita en ese acuerdo, a fin de que asistieran al segundo módulo denominado
                                          14

―Inglés Conversacional I‖, los lunes, miércoles y viernes de las 15:00 a las 18:30

horas del período comprendido entre el 29 de agosto al 2 de diciembre de este año,

en el Auditorio de los Tribunales de Heredia.

      En la N° 76-05 verificada el 27 de setiembre recién pasado, artículo XVIII,

en razón de que la señora Olga Solís Alvarado, en su expresado carácter no podrá

asistir al citado curso, conforme lo informó la citada servidora, se dispuso dejar sin

efecto el permiso concedido en la sesión que antecede.

      La licenciada Waiman Hin Herrera, Coordinadora del Área de Capacitación

y el máster Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano, con el visto

bueno del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio Nº 243-CAP-05 de 21 de setiembre último, expresa que en dicha sesión

se concedió permiso con goce de salario, -entre otros- a la señora Olga Solís

Alvarado, Auxiliar Judicial 3 de Juzgado de Familia de Heredia y que por motivos

personales, a la interesada no les es posible continuar con la actividad mencionada,

por lo que solicita se le excluya de la lista de participantes, y se deje sin efecto el

permiso otorgado.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, toda vez de que en

sesión celebrada el 27 de setiembre recién pasado, artículo XVIII, se dejó sin

efecto el permiso concedido a la señora Solís Alvarado para que asistiera a la
                                        15

referida capacitación.

                                 ARTÍCULO VII

      El máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, con el visto bueno del licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 312-DCF-2005 de

28 de setiembre último, solicita se agregue a la lista de funcionarios que

participaron en el curso de Balística Forense impartido por peritos del Servicio de

Criminalística de la Guardia Civil Española entre el 3 y el 21 de los corrientes, al

licenciado Johel Garita Vargas, Técnico Criminalístico II de la Sección de

Documentos Dudosos, quien se encuentra trasladado temporalmente a la Sección

de Pericias Físicas y por una omisión involuntaria no fue incluido en la lista

original.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder al licenciado Garita

Vargas, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que del 3 al 21 de

octubre en curso, participe en el curso de Balística Forense. Lo anterior, en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, lo

cual implica que deberá dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en

relación con su función en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para los
                                        16

fines consiguientes.

                                ARTÍCULO VIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7434-

DE-2005 de 26 de setiembre último, remite nota N° DTSP-691-2005 de 21 de ese

mes, suscrita por la licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de

Trabajo Social, mediante la cual solicita permiso para que las profesionales

ubicadas en las Oficinas Regionales, asistan a la Asamblea de Profesionales, a

efectuarse el 18 de noviembre próximo. Además indica que cada una de las

Oficinas cuenta con profesionales en Psicología con lo que se coordinará

previamente para que no se vea afectado el servicio público.

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario a los trabajadores (as)

sociales destacados en las oficinas regionales, para que el 18 de noviembre de este

año, a partir de las 14:30 horas, participen en la asamblea general de la Asociación

de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Poder Judicial. Lo anterior, en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de

quienes se autorice que asistan, lo cual implica que deberán dar prioridad a la

atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial

y en caso de diligencias previamente programadas deberán atenderlas y no podrán
                                           17

ser modificadas, de lo contrario, no se autoriza la asistencia a la actividad para la

que se solicita permiso.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO IX

      El licenciado Carlos Jiménez Vásquez, Fiscal Adjunto de la Unidad de

Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, en oficio N° 237-UCS-05 de

26 de setiembre último, expresó:

       1. ―El Ministerio Público en conjunto con el Departamento de Personal
       del Poder Judicial está ejecutando una convocatoria a examen para
       aspirantes a Fiscal Auxiliar. Esta convocatoria tiene dos fases. La
       primera fase consistió en un examen escrito que se aplicó a los oferentes
       el sábado 20 de agosto del presente año; la segunda fase consiste en un
       curso de inducción y formación básica.
       2. Para obtener la condición de elegibles, los oferentes deben aprobar
       el examen y llevar el curso arriba indicado. Por ser parte de la
       convocatoria se indica que este curso no aplica para el reconocimiento
       de carrera profesional en la institución, ni se expedirá certificado. En
       razón de lo anterior se omite la previa aprobación de la Escuela Judicial.
       3. A la segunda fase ingresan los que ganaron el examen. Para ello se
       programó dos grupos. El primer grupo recibirá el curso la semana del 10
       al 14 de octubre 2005, y el segundo grupo, del 17 al 21 de octubre 2005.
       4. En razón de lo anterior solicitamos se otorgue permiso para fungir
       como docentes, en las fechas, horas y funcionarios que de seguida
       indicamos:


      Funcionario/ Funcionaria     Fecha y horas I grupo   Fecha y horas II grupo

      Fiscal   Carlos      Jiménez 10 de octubre 2005; de 17 de octubre 2005; de
      González                     8:00 a 12:00 hrs.      8:00 a 12:00 hrs.

      Fiscala   Mayra      Campos 10 de octubre 2005; de 17 de octubre 2005; de
                                             18

      Zúñiga                        13:30 a 16:30 hrs.    13:30 a 16:30 hrs.

      Juez Omar Vargas Rojas        10 de octubre 2005; de 17 de octubre 2005; de
                                    13:30 a 16:30 hrs.     13:30 a 16:30 hrs.

      Fiscal Osvaldo Henderson 11 de octubre 2005; de 18 de octubre 2005; de
      García                   8:00 a 16:30 hrs.      8:00 a 16:30 hrs.

      Fiscal Saúl Araya Matarrita   12 de octubre 2005; de 19 de octubre 2005; de
                                    8:00 a 16:30 hrs.      8:00 a 16:30 hrs.

      Fiscal Carlos Ma Jiménez 13 de octubre 2005; de 20 de octubre 2005; de
      Vásquez                  8:00 a 16:30 hrs.      8:00 a 16:30 hrs.

      Fiscala Yuli López López      14 de octubre 2005; de 21 de octubre 2005; de
                                    8:00 a 10:00 hrs.      8:00 a 10:00 hrs.

      Fiscala Yamileth Achong 14 de octubre 2005; de 21 de octubre 2005; de
      Ching                   10:00 a 16:30 hrs.     10:00 a 16:30 hrs.


                                             -0-

    Se acordó: Acoger la gestión anterior y conceder a los integrantes de la lista

transcrita, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que durante las fechas

y horas señaladas participen como docentes en la convocatoria a examen para

aspirantes a Fiscal Auxiliar.

    El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO X

      El licenciado Mario Alberto Mena Ayales, en su condición de Presidente de

la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), en oficio N°

ANEJUD-0195-2005 recibido el 4 de octubre en curso, expresó:

              ―El Sindicado de empleados Judiciales (ANEJUD) extiende un
       cordial saludo a este honorable Cuerpo colegiado y en aras de contribuir
                                    19

 con el fortalecimiento del Poder Judicial y por ende fortalecer las bases
 sindicales de esta Organización hacemos del conocimiento a esta
 Instancia de lo siguiente:
        ANEJUD conjuntamente con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung
 (FES) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) está organizando un
 Foro-Taller denominado: ―Balance y Perspectivas de la Reforma del
 Poder Judicial y la participación del BID; impacto en los Servicios de
 Justicia en las y los Trabajadores‖, la cual se desarrollará los días 7 y 8
 del presente año en Cedal La Catalina, Birrí de Heredia.
        Entre otros temas, los objetivos de este evento están dirigidos en
 realizar un proceso de reflexión y discusión sobre los alcances que ha
 tenido la Reforma del Poder Judicial y la participación del BID, de la
 misma manera se pretende hacer una valoración de los aspectos positivos
 y negativos que se han presentado en este proceso, tanto en los servicios
 como en el ámbito laboral.
        Se cuenta con grandes expositores e invitados; haciendo
 preeminencia que el propósito de ANEJUD es que con el aporte de los
 Presidentes de las Organizaciones del Poder Judicial se rescaten
 observaciones relevantes para contribuir con el proceso de Reformas.
        Es por lo anterior que solicitamos a este Cuerpo Colegiado un
 permiso con goce de salario para los compañeros participantes, del cual
 adjuntamos un listado. Sin embargo, favor tomar en cuenta para la señora
 Marlene Muriel García de la OIJ de San Ramón, debido al volumen del
 trámite de denuncias que se procesa en dicho Despacho solicitamos
 solamente para ella sustitución.

        PARTICIPANTES FORO SOBRE LAS REFORMAS AL
                       PODER JUDICIAL
I CIRCUITO
           Lic. Abel Jiménez Obando, Juez del Juzgado Primero Civil de
           Mayor Cuantía
           Lic. Juan Carlos Brenes Vargas, Juez del Tribunal Segundo Civil
           Licda. Anabelle Corrales Guevara, Archivo Criminal
           Sr. Carlos Artavia Valverde, Archivo Criminal
           Lic. Carlos Montero Zúñiga, Delitos Económicos
           Lic. Víctor Castro Méndez, Delitos Económicos
           Lic. José Bravo Bonilla, Delitos Económicos
           Lic. Arnoldo Hernández Solano, Auditoría Judicial
           Sr. Pedro Valverde Díaz, Sección de Limpieza y Jardinería,
           Departamento de Servicios Generales
           Sr. Oscar Jiménez Rodríguez, Departamento de Correo Interno
                                         20

                     Sr. Roberto Cruz Angulo, Departamento de Seguridad
                     Sr. José María Machado Ramírez, Área de Capacitación de la OIJ

      II CIRCUITOSra. Eulalia Azofeifa Romero, Juzgado de Pensiones
                 Alimentarias
                 Sra. Karen Concepción Concepción, Tribunal Contencioso
                 Administrativo
      SAN CARLOS Lic. Edwin Gamboa Moya, Sub Delegación de la OIJ
      PUNTARENAS Sra. Olga Gómez Chacón, Unidad Médico Legal
      SAN RAMÓN  Marlene Muriel García, OIJ
                 María Lorena Jiménez Céspedes, Sub Unidad Administrativa
      GRECIA     Mario Enrique Muñoz Montero, Fiscalía de Grecia
                                              -0-


      Manifiesta el licenciado Martínez Fernández, que le fue solicitado que el

permiso que se le conceda al señor Oscar Jiménez Rodríguez, sea con sustitución.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado Martínez

Fernández. 2) Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con goce de salario,

sin sustitución, a los integrantes de la lista transcrita, con excepción de los

servidores Muriel García y Jiménez Rodríguez que será con sustitución, para que

durante las fechas señaladas participen en el citado Foro-taller.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite correo

electrónico de 4 de octubre en curso, en que el licenciado Marco Barboza Roldán,
                                         21

Jefe de la Sección de Reporte Técnico, solicita se le conceda permiso a él y al

licenciado Fernando Ruiz Elizondo, Asesor en Informática del Proyecto Corte-Bid,

para asistir al seminario ―Consolidación y Virtualización de Servidores‖, impartido

por la empresa Hewlett Packard, a realizarse en el Hotel Marrito, hoy de las 8:00 a

las 12:00 horas.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y conceder a los licenciados Barboza

Roldán y Ruiz Elizondo, permiso con goce de salario para que durante las fechas y

horas señaladas, asistan a la actividad de que se dio cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XII

      En sesión N° 50-05 del 30 de junio del presente año, artículo XXII, se

concedió al señor Michael Jiménez Ureña, Profesional en Informática 2 del

Departamento de Tecnología de la Información, permiso con goce de salario, por

tres meses, a partir del 4 de julio último, para que se dedicara a tiempo completo al

proyecto ―Agenda Única‖ en el Segundo Circuito Judicial de San José.


      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante correo

electrónico recibido el 3 de octubre en curso, enviado por el señor Luis Jiménez

Fallas, Profesional en Informática de la Sección de Sistemas de Información, en

que remite la justificación de los tiempos para el desarrollo de la Agenda Única,
                                         22

elaborado por el servidor Michael Jiménez Ureña. Asimismo señala el Director

Ejecutivo que se hace necesario prorrogar por dos meses más el permiso concedido

a don Michael para que continúe con dicha labor.

      Se acordó:     Acoger la anterior solicitud y de conformidad con lo que

establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prorrogar

a partir del 5 de octubre y hasta el último día laborable de diciembre próximo, el

permiso concedido al señor Jiménez Ureña, para que continúe realizando la labor

de que se ha dado cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

SUSTITUCIONES

                                ARTÍCULO XIII

      El licenciado Eduardo Espinoza Alvarado, Juez del Juzgado de Pensiones

Alimentarias del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 29 de setiembre

último, solicita la autorización para sustituir a la servidora Jazmín Núñez Alfaro,

Auxiliar Judicial 1, el 29 y 30 de ese mes, por incapacidad. Lo anterior obedece a

que dicha funcionaria es la encargada de la atención al público.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la

señora Núñez Alfaro, por el 29 y 30 de setiembre recién pasado, por incapacidad.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines correspondientes.
                                          23

                                 ARTÍCULO XIV

      El señor Víctor Chavarría Jiménez, Asistente Judicial de la Sala Segunda, en

oficio N° 2011-2005 de 30 de setiembre último, manifiesta que con instrucciones

del Presidente de esa Sala, Magistrado Orlando Aguirre Gómez, y en razón de

que existe un volumen grande de trabajo y por disfrutar vacaciones el señor Carlos

Arnoldo Rojas Monge, Auxiliar Judicial 3B, del 3 al 7 de octubre en curso, solicita

se autorice la sustitución de ese servidor durante el período indicado.

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito y autorizar la sustitución del

servidor Rojas Monge, del 3 al 7 de octubre en curso, por vacaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO XV

      El licenciado Marco Antonio Cordero Coto, Juez Tramitador del Tribunal de

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 29 de

setiembre recién pasado, manifestó:

       ―… su intervención para resolver un problema de eficiencia del Despacho
       del Tribunal de Casación Penal.
          La Auxiliar Marlene Hernández Quirós durante este año ha venido
       afectada de una dolencia física que le ha impedido laborar con
       normalidad, e incluso ha pasado una gran parte del año incapacitada, y
       hasta se le había señalado una intervención quirúrgica que por el incendio
       del Hospital Calderón Guardia se ha dejado en suspenso.
         La señora Hernández Quirós, va a estar siendo incapacitada por
       períodos cortos, en este momento el día 27 fue incapacita por el médico
       de empresa hasta el día 30, ambos de setiembre. Y por el tiempo de
                                           24

       duración de sus incapacidades no podrá ser sustituida.
          Este Tribunal cuenta con 4 auxiliares y 9 jueces, con lo que al faltar un
       auxiliar al trabajo este se recarga a los otros 3 auxiliares, y aún así se
       acumula atraso importante, sobre todo cuando hay votación.
          Por considerar que se trata de un caso de excepción, y que la auxiliar
       Marlene Hernández Quirós mientras no se le intervenga quirúrgicamente
       seguirá incapacitándose por períodos cortos y por eso no podrá ser
       sustituida, para evitar un colapso en el Despacho y no agravar las
       condiciones laborales de sus compañeros con recargos, por instancia del
       Juez Coordinador, Lic. Jorge Chacón Laurito, se solicita:
          Que por excepción se autorice la sustitución de la auxiliar Marlene
       Hernández Quirós al menos durante lo que resta del año, en casos de
       incapacidad aunque ésta lo sea por un día.‖
                                           -0-

      Se acordó: Acoger parcialmente la anterior solicitud y autorizar la

sustitución de la señora Hernández Quirós, del 27 al 30 de setiembre recién

pasado, por incapacidad. Asimismo se le comunica al licenciado Cordero Coto,

que en lo futuro ante situaciones como la presente, deberá gestionar con la debida

antelación y para cada caso particular.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XVI

      La licenciada Ana Belly Umaña Quesada, Jueza Coordinadora del Juzgado

de Familia de San Ramón, en nota de 28 de setiembre último, solicitó:

       ―… la autorización de pago salarial a favor de José Miguel Quesada
       Alfaro, cédula 2-584-257, en el puesto de auxiliar judicial 2, por el 29 y
       30 de setiembre 2005, quien sustituirá a Adrián Cascante Araya, que
       pasará a ocupar otro puesto en el área de Informática.
       Asimismo la autorización de pago a favor de María de los Ángeles Mora
                                          25

       Rojas, cédula 2-585-442, a partir del 28 de setiembre hasta el 4 de octubre
       de 2005, quien sustituirá a Mauricio Vargas García, por incapacidad.
           Le estoy dando al joven Adrián la oportunidad de ascenso; y con
       respecto a la incapacidad, es contínua a una anterior y de la cual ya se
       pidió mediante otro oficio, la autorización de pago. Por el exceso de
       trabajo que tenemos en este Juzgado, al tramitar asuntos de familia, penal
       juvenil y violencia doméstica, aunado a que el conserje es únicamente por
       medio tiempo, que ocasiona que los auxiliares judiciales deban asumir las
       funciones del conserje, atrasándose por consiguiente en la tramitación de
       sus expedientes; las autorizaciones solicitadas se hacen necesarias.
           Se adjunta copia de la proposición de nombramiento.‖
                                          -0-

   Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de los

servidores Cascante Araya y Vargas García, por los días y motivos señalados y en

su lugar designar a los señores Quesada Alfaro y Mora Rojas.

   El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XVII

      El licenciado Rodrigo Picado Picado, Coordinador del Juzgado Penal

Juvenil de San José, en nota de 28 de setiembre en curso, manifestó:

              ―Por medio de la presente y de la forma más atenta, atendiendo las
       razones de necesidad que tiene el Despacho de contar con la autorización
       para nombrar por períodos menores a diez días, siendo que la señora
       ANA T. ÁVALOS FLORES, tomó vacaciones los días 28 al 30 de
       setiembre del año en curso (tres días) inclusive, solicito se autorice al
       Despacho para sustituir a la servidora de marras, dado la necesidad de
       dicho recurso laboral.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la
                                           26

servidora Ávalos Flores, del 28 al 30 de setiembre del año en curso, por

vacaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XVIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite correo

electrónico recibido el 4 de este mes, suscrito por el máster Martín Salazar Loaiza,

Administrador Regional de Heredia, que literalmente dice:

       ―Para que por su digno medio se haga del conocimiento del Consejo
       Superior, me permito solicitar la posibilidad de que se nos autorice
       sustituir al señor Luis Diego Guzmán Badilla, Oficial de Localizaciones
       de Heredia, quien el día de hoy se le diagnosticó varicela, por lo que el
       EBAIS lo incapacitó cinco días a partir de hoy lunes.

       Siendo que tiene pendientes las citaciones y presentaciones que
       ingresaron el día viernes, el día de hoy lunes, y mientras el Consejo
       Superior resuelve esta petitoria, tendrá pendientes las del martes y las que
       ingresen el miércoles, para un promedio de 25 citas y presentaciones
       diarias, se acumularía un total de 100 citas pendientes. Ello, aunado a las
       que ingresen para ser tramitadas con cierta urgencia.

       Por esta razón, esta jefatura considera sano para la administración de
       justicia, solicitar al Consejo Superior autorización para sustituir al señor
       Guzmán Badilla por los días en que fue incapacitado.‖
                                                -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar la sustitución del señor

Guzmán Badilla, del 5 al 7 de octubre en curso, por incapacidad.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                          27

                                 ARTÍCULO XIX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite correo

electrónico recibido el 4 de octubre de este año, suscrito por el máster Luis

Fernando Vargas Mora, Jefe de la Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur,

que dice:

       ―El día lunes 03 de octubre el compañero Mario Quirós Carranza, Oficial
       de Seguridad tuvo que asistir a un examen médico (T.A.C.) en el
       Hospital San Juan de Dios, y en virtud que durante el presente mes se
       desempeña en las Salas de Juicio y ese día el Tribunal de Juicio manifestó
       que no podía prescindir de dicho servicio, se hizo necesaria su
       sustitución. En primera instancia se procedió a tramitar nombramiento de
       una persona que colabora atendiendo las incapacidades y vacaciones de
       los Oficiales de Seguridad, pero a última hora informó que no podría
       hacerse presente a laborar.

       Como consecuencia de lo anterior, se tuvo que recurrir al Oficial de
       Seguridad señor Rodolfo Barrantes Mata, (9-062-505) para que se
       presentara a laborar de las 7:00 a.m. a las 4:30 p.m., y dado que le
       correspondía ingresar nuevamente en el turno de las diez de la noche, se
       hace necesario tramitar ante el Consejo Superior la autorización para el
       pago de las horas extras correspondientes. No fue posible acudir al
       compañero que se encontraba libre por cuanto terminó su jornada a las
       seis de la mañana.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar el pago de las horas extras

laboradas por el señor Barrantes Mata, el 3 de octubre del año en curso.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XX

      En virtud de que a la licenciada Miriam Anchía Paniagua, integrante de este
                                         28

Consejo se le concedió permiso con goce de salario el 5 y 6 de octubre en curso,

para que viaje a Nicaragua a participar en el ―III Seminario Interamericano sobre

Gestión Judicial: "Modelos de gestión de despachos judiciales, experiencias y

pautas para su diseño, implementación y operación‖, se dispuso llamar en su

sustitución al suplente licenciado Horacio González Quiroga durante esos días.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

VACACIONES PROPORCIONALES

                                 ARTÍCULO XXI

      En oficio N° 2283-AP-2005 del 23 de setiembre último, la licenciada

Mauren Siles Mata y el máster José Luis Bermúdez Obando, por su orden Jefa de

Administración de Personal y Subjefe del Departamento de Personal, rinden el

siguiente informe:

       ―De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 157 del Código
       de Trabajo y lo dispuesto en la sesión N° 5-04 del 27 de enero del 2004,
       artículo XXII, le remitimos informes para el pago de vacaciones
       proporcionales detallados de la siguiente forma:
        a) Informe N° 2282-AP-2005, en que se incluye a los servidores
       judiciales activos (en propiedad o interinos que aún mantienen relación
       laboral con el Poder Judicial), ya sea que adeuden dinero o no al Tesoro
       Público y/o al Fondo Rotatorio. De los salarios de aquellos que sí
       presentan deudas, se está procediendo a rebajar la suma correspondiente,
       de conformidad con el artículo 173 del Código de Trabajo. Se adjuntan
       constancias individuales del Departamento Financiero Contable, de la
       Dirección Ejecutiva y del Departamento de Personal, sobre el estado de
       endeudamiento de cada uno de los servidores citados en el informe.
       b)   Informe N° 2281-AP-2005, que reúne a los ex servidores judiciales
                                                              29

         con quienes la ruptura de la relación laboral es definitiva, adeuden o no al
         Tesoro Público y/o al Fondo Rotatorio. Se adjuntan constancias
         individuales del Departamento Financiero Contable, de la Dirección
         Ejecutiva y del Departamento de Personal, sobre el estado de
         endeudamiento de cada uno de los servidores citados en el informe, y en
         el caso de los que presenten deudas, se está remitiendo copia de las
         constancias a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección
         Ejecutiva, para lo de su cargo.
                                                              -o-

San José, 23 de setiembre del 2005
                                                                                                                          2281-AP-2005


   ESTUDIO No.              BANCO                        NOMBRE                      FECHA DE        CONDICION            MOTIVO DE
                                                                                     SOLICITUD                                PAGO
  AP-0578-VP-2005     Banco Popular          Aguilar Fajardo Marieta                  01-Jul-05         Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0408-VP-2005     Banco Popular          Alvarado Calderón José Pablo            10-May-05          Interino      Ruptura relación laboral
  AP-0789-VP-2005     Banco Popular          Alvarado Rojas María Cristina            29-Jun-05         Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0138-VP-2005     Banco de Costa Rica Araya Ulate Miguel Ángel                    17-Mar-05         Interino      Ruptura relación laboral
  AP-0823-VP-2005     Banco de Costa Rica Barrantes Ramírez William                   17-Ago-05         Interino      Ruptura relación laboral
  AP-0581-VP-2005     Banco Popular          Benavides Vindas José Amed               04-Jul-05         Interino      Ruptura relación laboral
  AP-0529-VP-2005     Banco Popular          Marenco Segura Ingrid Paola             31-May-05          Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0530-VP-2005     Banco Popular          Marenco Segura Ingrid Paola             31-May-05          Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0805-VP-2005     Banco de San José      Mata Dobles Yamilette De Los Ang         14-Jul-05         Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0806-VP-2005     Banco de San José      Mata Dobles Yamilette De Los Ang         14-Jul-05         Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0807-VP-2005     Banco de San José      Mata Dobles Yamilette De Los Ang         14-Jul-05         Interina      Ruptura relación laboral
  AP-0886-VP-2005     Banco de Costa Rica Zúniga Mondragón José                       08-Jul-05       Prestaciones    Ruptura relación laboral
  AP-0887-VP-2005     Banco de Costa Rica Zúniga Mondragón José                       08-Jul-05       Prestaciones    Ruptura relación laboral
TOTAL



              PERIODO                     TIEMPO                SALARIO                 MONTO POR                    NOTAS
           COMPRENDIDO                  SERVIDO                PROMEDIO                 VACACIONES
          18-03-05 al 30-06-05        3 meses 13 días             ¢685.922,40                ¢160.048,50
          06-07-04 al 08-05-05        6 meses 22 días                  ¢290.959,00                 ¢53.342,40
          16-06-04 al 02-06-05        8 meses 6 días                   ¢269.517,30                ¢185.667,20
          26-11-03 al 24-04-05        7 meses 17 días                  ¢291.898,10                ¢175.949,90
          05-07-04 al 29-07-05        1 mes 29 días                    ¢224.273,50                 ¢19.312,40
          01-11-04 al 29-04-05        1 mes 21 días                    ¢224.852,30                 ¢19.362,30
          17-07-03 al 18-06-04            11 meses                     ¢236.865,60                 ¢94.746,20
          24-06-04 al 21-07-05        4 meses 14 días                  ¢250.627,20                 ¢86.327,20
          13-01-03 al 28-01-04            11 meses                     ¢220.317,60                 ¢29.375,70
          29-01-04 al 28-12-04            11 meses                     ¢244.630,10                 ¢89.697,70
          29-12-04 al 15-07-05        6 meses 17 días                  ¢266.391,60                ¢137.635,80
          15-11-03 al 16-10-04            11 meses                     ¢247.421,30                ¢255.668,70
          17-10-04 al 12-05-05        6 meses 22 días                  ¢292.394,80                ¢151.070,40
                                                                30

                                                                                               ¢1.458.204,40




San José, 23 de setiembre del 2005
                                                                                                   2282-AP-2005


   ESTUDIO No.              BANCO                   NOMBRE                   FECHA DE          CONDICION         MOTIVO DE
                                                                             SOLICITUD                               PAGO
                                          Castro Chavarría Haydeé                                                Ruptura relación
                         B.N.C.R.                                             23-May-05           Interina
  AP-0390-VP-2005                         Victoria                                                                   laboral
                                                                                                                 Ruptura relación
                         Banco Popular    Méndez Gómez Edwin                  21-Feb-05           Interino
  AP-0776-VP-2005                                                                                                    laboral
                                          Villavicencio Arroyo Eduardo                                           Ruptura relación
                         Banco Popular                                        30-May-05           Interino
  AP-0430-VP-2005                         Mauricio                                                                   laboral
                                                                                                                 Ruptura relación
                         B.N.C.R.         Villegas Calvo Liliana Marcela      30-May-05           Interina
  AP-0431-VP-2005                                                                                                    laboral
                                                                                                                 Ruptura relación
                         Banco Popular    Walker Cerdas Rosa                  17-May-05           Interina
  AP-0103-VP-2005                                                                                                    laboral
TOTAL



      PERIODO                       TIEMPO            SALARIO              MONTO POR                       NOTAS
   COMPRENDIDO                   SERVIDO            PROMEDIO               VACACIONES
  01-07-03 al 05-12-03         3 meses 2 días         ¢651.390,00               ¢168.275,70 Regresa a laborar    12-Ene-04
  16-06-04 al 23-12-04         1 mes 21 días            ¢251.174,30               ¢21.628,90 Regresa a laborar        17-Ene-05
  20-06-03 al 02-04-04         6 meses 2 días           ¢196.244,50              ¢101.392,80 Regresa a laborar        22-Abr-04
  09-02-04 al 08-07-04        2 meses 21 días           ¢207.478,20               ¢35.732,40 Regresa a laborar        11-Nov-04
  10-05-04 al 12-10-04         2 meses 7 días           ¢220.827,40               ¢38.031,40 Regresa a laborar        12-Nov-04
                                                                                 ¢365.061,20


        Se agregan constancias de los Departamentos Financiero Contable y de

Personal, de que las personas indicadas anteriormente no tienen deudas pendientes,

y de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, de que no

tienen causas administrativas por ese concepto.

        Se dispuso: Con vista de los informes elaborados por el Departamento de

Personal y las constancias que interesan de la Dirección Ejecutiva y del

Departamento Financiero Contable, en relación con las solicitudes de pago de

vacaciones proporcionales, se autoriza girar los montos indicados a las personas
                                           31

incluidas en las listas anteriores.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                  ARTÍCULO XXII

      En oficio N° 2263-AP-2005 de 23 de setiembre último, la licenciada

Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

manifiestan:

        ―ASUNTO: Reajuste en la jubilación del señor Luis Eduardo Sánchez
        Solórzano, cédula N° …
        El Consejo Superior en sesión celebrada el 22 de junio del 2005, artículo
        XLIV, aprobó la jubilación de don Luis Eduardo, a partir del 9 de julio
        del 2005 cuya asignación mensual fue de ¢361.274.95 equivalente al
        93.34% del salario promedio del último año.
         A partir del II semestre del 2005 la Corte Plena decretó un aumento por
        costo de vida del 4.00%, debido a lo anterior al señor Sánchez Solórzano
        se le adeuda la suma mensual de ¢343.15, y el nuevo monto de jubilación
        se fija en la suma de ¢361.618.10, a partir del 9 de julio del 2005.
        Norma legal:
        ―Reajuste efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230
        de la Ley Orgánica de 1937‖.
        Fórmula aplicada:
        Salario promedio * edad = monto de jubilación
                  55 años.‖
                                           -0-
      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación del señor Luis Eduardo
                                        32

Sánchez Solórzano, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXIII

      Por haberse aprobado el reajuste en la jubilación del señor Luis Eduardo

Sánchez Solórzano, a partir del 9 de julio de este año, según consta en el artículo

que antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento de

Personal números 2261 y 2262-AP-2005 de 23 de setiembre último, se dispone el

pago a su favor de ¢4.814,80 (cuatro mil ochocientos catorce colones con ochenta

céntimos) por auxilio de cesantía y ¢356,40 (trescientos cincuenta y seis colones

con   cuarenta   céntimos)    por   concepto    de    vacaciones   proporcionales,

correspondiente al período del 01-03 al 08-07-2005.

      El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO XXIV

      En oficio N° 2266-AP-2005 de 23 de setiembre último, la licenciada

Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de las Sección

de Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

expresan:
                                          33

       ―ASUNTO: Reajuste en la jubilación del señor Luis Alberto Gamboa
       Fernández, cédula N° ….
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 4 de agosto del 2005, artículo
       XVIII, aprobó la jubilación de don Luis Alberto, a partir del 16 de agosto
       del 2005 cuya asignación mensual fue de ¢356.822.05 equivalente al
       94.58% del salario promedio del último año.
       A partir del II semestre del 2005 la Corte Plena decretó un aumento por
       costo de vida del 4.00%, debido a lo anterior al señor Gamboa Fernández
       se le adeuda la suma mensual de ¢7.555.55, y el nuevo monto de
       jubilación se fija en la suma de ¢364.677.60, a partir del 16 de agosto del
       2005.
       Norma legal:
       ―Reajuste efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230
       de la Ley Orgánica de 1937‖.
       Fórmula aplicada:
       Salario promedio * tiempo = monto de jubilación
                 30 años.‖
                                           -0-

      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación del señor Luis Alberto

Gamboa Fernández, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXV

      Por haberse aprobado el reajuste en la jubilación del señor Luis Alberto

Gamboa Fernández, a partir del 16 de agosto de este año, según consta en el

artículo que antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento

de Personal N°s 2264 y 2265-AP-2005 de 22 de setiembre último, se dispone el
                                          34

pago a su favor de ¢108.201,40 (ciento ocho mil doscientos un colón con cuarenta

céntimos) por auxilio de cesantía y ¢7.628,80 (siete mil seiscientos veintiocho

colones con ochenta céntimos) por concepto de vacaciones proporcionales,

correspondiente al período del 01-04 al 15-08-2005.

      El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XXVI

      En oficio N° 2269-AP-2005 de 22 de setiembre último, la licenciada

Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

       ―ASUNTO: Reajuste en la jubilación del señor Trinidad Quirós Hidalgo,
       cédula N° ...
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 22 de junio del 2005, artículo
       XXXVI, aprobó la jubilación de don Trinidad, a partir del 1° de julio del
       2005 cuya asignación mensual fue de ¢387.625.60 equivalente al 99.33%
       del salario promedio del último año.
       Durante el último año de relación laboral don Trinidad laboró horas
       extras, las cuales son consideradas a la hora de fijar el monto de
       jubilación, cuando se efectuaron los cálculos no se habían tramitado las
       correspondientes a los meses de abril mayo y junio, por lo anterior se
       reajusta el monto mensual en la suma de ¢14.416.75 y el nuevo monto a
       partir del primero de julio del 2005 debe fijarse en ¢402.042.35.
        A partir del II semestre del 2005 la Corte Plena decretó un aumento por
       costo de vida del 4.00%, debido a lo anterior al señor Quirós Hidalgo se
       le adeuda la suma mensual de ¢16.081.70, y el nuevo monto de jubilación
                                           35

       se fija en la suma de ¢418.124.05, a partir del 1° de julio del 2005.
       Norma legal:
       ―Reajuste efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230
       de la Ley Orgánica de 1937‖.
       Fórmula aplicada:
       Salario promedio * edad = monto de jubilación
                  55 años.‖
                                            -0-

      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación del señor Trinidad Quirós

Hidalgo, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXVII

      Por haberse aprobado el reajuste en la jubilación del señor Trinidad Quirós

Hidalgo, a partir del 1° de julio de este año, según consta en el artículo que

antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento de Personal

N°s 2267 y 2268-AP-2005 de 22 de setiembre último, se dispone el pago a su

favor de ¢190.278,75 (ciento noventa mil doscientos setenta y ocho colones con

setenta y cinco céntimos) por auxilio de cesantía y ¢14.996,40 (catorce mil

novecientos noventa y seis colones con cuarenta céntimos) por concepto de

vacaciones proporcionales, correspondiente al período del 01-01 al 30-06-2005.

      El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura
                                          36

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XXVIII

      En oficio N° 2272-AP-2005 de 23 de setiembre último, la licenciada

Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de las Sección

de Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

       ―ASUNTO: Reajuste en la jubilación de la señora Xinia Monge
       Rodríguez, cédula N° ...
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 22 de junio del 2005, artículo
       XLII, aprobó la jubilación de doña Xinia, a partir del 16 de julio del 2005
       cuya asignación mensual fue de ¢412.375.00 equivalente al 91.27% del
       salario promedio del último año.
        A partir del II semestre del 2005 la Corte Plena decretó un aumento por
       costo de vida del 4.00%, debido a lo anterior a la señora Monge
       Rodríguez se le adeuda la suma mensual de ¢730.95, y el nuevo monto de
       jubilación se fija en la suma de ¢413.105.95, a partir del 16 de julio del
       2005.
       Norma legal:
       ―Reajuste efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230
       de la Ley Orgánica de 1937‖.
       Fórmula aplicada:
       Salario promedio * edad = monto de jubilación
                 55 años. ―
                                           -0-

      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación de la señora Xinia Monge

Rodríguez, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.
                                       37

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXIX

      Por haberse aprobado el reajuste en la jubilación de la señora Xinia Monge

Rodríguez, a partir del 16 de julio de este año, según consta en el artículo que

antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento de Personal

números 2270 y 2271-AP-2005 de 23 de setiembre último, se dispone el pago a su

favor de ¢10.476,85 (diez mil cuatrocientos setenta y seis colones con ochenta y

cinco céntimos) por auxilio de cesantía y ¢752,00 (setecientos cincuenta y dos

colones exactos) por concepto de vacaciones proporcionales, correspondiente al

período del 01-02 al 15-07-2005.

      La interesada firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO XXX

      La licenciada Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez,

Jefes de Administración de Personal y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 2197-AP-2005 de 14 de setiembre en curso,

informaron lo siguiente:

       ―ASUNTO: Solicitud que formula la señora Guisela Solís Quirós para
                                          38

       que se acreciente el monto que percibe de pensión con el que dejó de
       percibir su hermana Elizabeth Solís Quirós por encontrarse laborando en
       otra institución del Estado.
       El beneficio de pensión de las hermanas Solís Quirós se acordó en sesión
       celebrada el 2 de setiembre de 1957, en su artículo XIX, en virtud de la
       designación como beneficiarias realizada por el señor Luis Solís
       Santiesteban, en documento fechado 3 de julio de 1957.
       Por encontrarse Elizabeth laborando para el Estado, doña Guisela solicita
       mediante nota fechada el 22 de abril del 2004 (ver folio 63) se le
       acreciente la pensión con la parte que no le corresponde a su hermana. El
       Consejo Superior en sesión celebrada el 7 de julio del 2005, artículo
       XXXIX, resuelve favorablemente la gestión de doña Guisela.
       En acato de la disposición anterior, la Sección de Administración de
       Personal, procede a determinar el monto que se le debe girar a doña
       Guisela Solís Quirós, obteniendo como resultado que del 22 de abril del
       2004 al 30 de junio del 2005 se le adeuda la suma de ¢1.384.579,75 y la
       suma de ¢64.890,05 correspondiente al aguinaldo del 2004.
       Cabe señalar que a partir del segundo semestre del 2005 fue considerado
       el acuerdo antes mencionado en la planilla de reajuste por costo de vida
       del 4%, fijándose en la misma como nuevo monto de pensión
       ¢212.766,60.
       Norma legal:
       ―De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Actual Ley
       Orgánica‖.
       Fórmula aplicada:
       100% de la jubilación.‖
                                         -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al

Departamento de Personal, que dentro del plazo de tres días contados a partir del

recibo de la presente comunicación, aclare por qué si la norma legal que indica que

se aplicó para el reajuste es el artículo 232 de la Actual Ley Orgánica del Poder

Judicial, en la fórmula utilizada se reconoce el 100% de la jubilación del
                                          39

exservidor fallecido Luis Solís Santiesteban, no siendo congruente con lo que al

efecto establece el párrafo primero de la citada norma. Se declara firme este

acuerdo.

                                ARTÍCULO XXXI

      La licenciada Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez,

Jefes de Administración de Personal y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 2260-AP-2005 de 23 de setiembre en curso,

expresaron:

       ―ASUNTO: Reajuste en la pensión de la señora María del Carmen
       Brenes Navarro, cédula N° … y de su hija Kattia Vanessa Arias Brenes,
       cédula N° 01-856-0145.
       El Consejo Administrativo en sesión celebrada el siete de noviembre de
       mil novecientos ochenta y nueve, artículo XXXIII, dispuso concederle el
       beneficio de la pensión a la señora María del Carmen Brenes Navarro,
       cónyuge supérstite y a sus hijos Heriberto, Luis Alberto, Kattia Vanesa y
       José Mauricio, todos Arias Brenes, de acuerdo a la Ley Orgánica de
       1937.
       El 24 de febrero de 1993, Luis Alberto cumplió 18 años de edad,
       situación por la cual perdió el derecho al beneficio según la Ley Orgánica
       de 1937, por lo que se acrecentó la pensión de los otros cuatro
       beneficiarios (María del Carmen Brenes Navarro, madre y los hermanos
       Heriberto, Kattia Vanessa y José Mauricio, según acuerdo de la sesión del
       dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, artículo XXI.
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 27 de febrero del 2003,
       artículo XLVI, dispuso que por cumplir 18 años, Heriberto Arias Brenes
       el 28 de diciembre del 2002, acrecentar la pensión de los restantes
       beneficiarios María del Carmen Brenes Navarro, y los jóvenes Kattia
       Vanessa y José Mauricio ambos Arias Brenes.
       Mediante oficio de fecha 7 de setiembre del 2005, la señora Brenes
       Navarro solicita que se le suspenda el beneficio de pensión a su hijo José
                                          40

       Mauricio por cumplir 18 años el 5 de octubre del 2005, y no encontrarse
       estudiando, por lo anterior doña María del Carmen solicita acrecentar su
       monto de pensión y la que recibe su hija Kattia con la parte que deja de
       percibir su hijo.
       A la fecha recibe cada uno de pensión la suma mensual de ¢137.082.25.
       De acceder a la gestión presentada por la señora Brenes Navarro, a cada
       una de las dos restantes beneficiarias les correspondería la suma mensual
       de ¢205.623.35
       Norma legal:
       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Orgánica de
       1937.
       Fórmula aplicada:
       Suma de los montos de pensión asignados a cada una de las petentes y se
       divide entre los restantes beneficiarios.‖
                                         -0-

   Se acordó: Acoger el informe anterior y acrecentar la pensión de la señora

María del Carmen Brenes Navarro y su hija Kattia Vanessa Arias Brenes, en la

forma propuesta.

   El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XXXII

      En sesión N° 72-05 del 13 de setiembre recién pasado, artículo XLIV, se

dispuso separar de su cargo al señor José Hernández Villegas, Jefe de

Investigación 1 de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial,

por incapacidad absoluta y permanente a partir del 14 de ese mismo mes.

      La licenciada Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez,
                                         41

por su orden Jefa interina de Administración de Personal y Jefe del Departamento

de Personal, en oficio N° 2314-05-AP-2005 de 28 de setiembre último, en atención

a lo dispuesto en el acuerdo de referencia, rinden el siguiente informe:

       ―ASUNTO: El Consejo Superior en sesión celebrada el 13 de setiembre
       del 2005 dispuso separar por incapacidad absoluta y permanente al señor
       José Francisco Hernández Villegas, cédula N° …. a partir del 14 de
       setiembre del 2005.
       TOTAL TIEMPO SERVIDO: 26 años, 8 meses, 3 días.
       EDAD: 46 años, 12 días.
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Jefe de Investigación 1, Sección
       de Capturas
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢751.451,60
       SALARIO PROMEDIO: ¢708.942,85
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢630.368,35 (88.92% del salario
       promedio del último año).
       NORMA LEGAL: ―Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI. Por el
       Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001, artículo LXVIII, Ley
       Orgánica de 1937 y sus reformas‖.
       FÓRMULA APLICADA: Salario promedio*tiempo= monto de
       jubilación
                                            30 años‖
                                         -0-

      Se acordó: Aprobar el informe de la jubilación del señor José Francisco

Hernández Villegas, cuya asignación mensual será de ¢630.368,35 (seiscientos

treinta mil trescientos sesenta y ocho colones con treinta y cinco céntimos), con las

reservas de ley, a partir del 14 de setiembre del 2005.

    El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda. Se

declara este acuerdo firme.
                                       42

                                ARTÍCULO XXXIII

      Por haberse aprobado el informe de la jubilación del señor José Francisco

Hernández Villegas, a partir del 14 de setiembre de este año, según consta en el

artículo que antecede, y con base en los informes elaborados por el Departamento

de Personal números 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320 y 2321-AP-2005 de 28

de setiembre último, se dispone el pago a su favor de ¢4.126.786,55 (cuatro

millones ciento veintiséis mil setecientos ochenta y seis colones con cincuenta y

cinco céntimos) por auxilio de cesantía,      ¢47.927,00 (cuarenta y siete mil

novecientos veintisiete colones), ¢281.884,90 (doscientos ochenta y un mil

ochocientos ochenta y cuatro colones con noventa céntimos), ¢506.727,30

(quinientos seis mil setecientos veintisiete colones con treinta céntimos),

¢618.750,20 (seiscientos dieciocho mil setecientos cincuenta colones con veinte

céntimos), ¢683.318,80 (seiscientos ochenta y tres mil trescientos dieciocho

colones con ochenta céntimos), y ¢617.057,00 (seiscientos diecisiete mil cincuenta

y siete colones exactos),      por concepto de vacaciones proporcionales,

correspondiente a los períodos del 01-11-99 al 30-09-2000, del 01-11-00 al 30-09-

01, del 01-11-01 al 30-09-02, del 01-11-02 al 30-09-03, del 01-11-03 al 30-09-04 y

del 01-11-04 al 13-09-05.
                                         43

      Se adjuntan constancias del Departamento Financiero Contable y de la

Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva de que don José

Francisco no tiene deudas ni causas administrativas pendientes.

      Asimismo, en el eventual caso de que don José labore para otro ente estatal,

se le suspenderá el goce de la jubilación durante el tiempo que esté percibiendo

cualquier otro sueldo del Estado, según lo establece el artículo 234 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial. Asimismo se informa que tiene imposibilidad de

laborar para el Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del

Código de Trabajo, la cantidad de 195 días.

      El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                              ARTÍCULO XXXIV

      La licenciada Maureen Solís Mata y el master Francisco Arroyo Meléndez,

Jefes de Administración de Personal interina y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 2280-AP-2005 de 23 de setiembre último, rinden el

siguiente informe:

       ―En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión No. 67-00
       celebrada el 24 de agosto del 2000, artículo XXIX, nos permitimos
       informar que una vez realizado el estudio correspondiente a la relación
       laboral con el Estado, de la señora Yamilette Mata Dobles, portadora de
                                           44

        la cédula número …., se llegó a la conclusión de que le asiste el derecho
        al pago de los extremos laborales solicitados.
        Para concluir lo anterior, se analizó la constancia emitida por la Sección
        Registro de Cotizaciones del Departamento Cuenta Individual y Control
        de Pagos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se
        demuestra que la señora Mata Dobles para el Estado ha prestado sus
        servicios al Poder Judicial, en el período que va de junio de 2002 hasta el
        mes de agosto de 2005.
        Asimismo, le informamos que este Departamento para el pago de los
        extremos laborales solicitados por la señora Mata Dobles ha tomado en
        cuenta el tiempo laborado por la misma en forma continua, que en este
        caso en concreto comprende desde el 13 de enero de 2003 hasta el 15 de
        julio de 2005, fecha en que finaliza su relación laboral con este Poder de
        la República. No omitimos manifestarle que los períodos anteriores le
        fueron cancelados en su momento oportuno por vacaciones
        proporcionales.

        Por las razones anteriores, estamos remitiendo adjunto los oficios Nos.
        2278, 2279-AP-2005, los cuales contienen los informes para el pago de
        auxilio de cesantía y preaviso que le corresponde a doña Yamilette, así
        como el informe AL.DP. No 104-05. Dichos cálculos se han realizado de
        conformidad a lo que establece la Ley de Protección al Trabajador.‖
                                           -0-

    La máster Irma M. Araya Víquez, Asesora Jurídica del Departamento de

Personal, en oficio No. AL.DP.No.104-05 de 9 de agosto del presente año, emitió

el siguiente criterio:

        ―Del análisis del caso concreto, se puede concluir que la señora Mata
        Dobles reúne las condiciones necesarias para el reconocimiento del
        auxilio de cesantía, toda vez, que los registros del Departamento de
        Personal, muestran un tiempo acumulado de servicio superior al mínimo
        establecido por la jurisprudencia para tales efectos.

        Con relación al instituto del preaviso resulta fundamental considerar que
        el artículo 28 del Código de Trabajo expresamente dispone que «En el
        contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle
        término, sin justa causa, dando aviso a la otra, de acuerdo con
                                          45

       las siguientes reglas: . . . c) Después de un año de trabajo continuo con
       un mínimo de un mes de anticipación. . . .Dichos avisos se darán siempre
       por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en
       igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden
       omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las
       partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a
       los plazos anteriores... ― (énfasis agregado). Con respecto a este aspecto,
       el Lic. Chang Pizarro, expresamente manifestó que mediante oficio
       número 400- FA-IICSJ-2005, fechado 14 de julio de 2005, comunicó a la
       señora Mata Dobles el acuerdo del Consejo Superior adoptado en la
       sesión No. 53-05 del 12 de julio 2005 (artículo VI) y en consecuencia que
       su nombramiento cesaría a partir del 16 de julio de 2005. Así las cosas, se
       constata que la comunicación no se hizo con la antelación establecida en
       el artículo 28 ídem, en consecuencia, procede indemnizarle el período
       correspondiente por este concepto.

        Por otra parte, se debe señalar que le correspondería a la interesada, el
       pago de las vacaciones y aguinaldo proporcionales, si a la fecha existiera
       algún período pendiente de pago por esos conceptos, así como la
       devolución de las cuotas por salario escolar, que se hubieran retenido a
       esa data y que aún no se le hubieran reintegrado.‖

                                          -0-

      Se adjuntan los informes números 2278 y 2279-AP-2005 de 22 de setiembre

último, los cuales contienen los montos que corresponden a la señora Mata Dobles

por concepto de auxilio de cesantía y preaviso, a saber:


                  CONCEPTO            N° INFORME           MONTO


                Auxilio de Cesantía   2278-AP-2005        ¢355.454.80


                     Preaviso         2279-AP-2005        ¢248.818.40
                                          46

      Se adjuntan constancias de los Departamentos de Personal, Financiero

Contable y de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva de

que la señora Mata Dobles no tiene deudas pendientes ni causas administrativas

por ese concepto. Asimismo, se informa que tiene imposibilidad de laborar para el

Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del Código de Trabajo,

la cantidad de 40 días.

      Se acordó: Acoger los informes anteriores y autorizar el pago de

¢355.454.80 y ¢248.818.40 por los conceptos mencionados a favor de la señora

Yamilette de los Ángeles Mata Dobles.

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXV

      La licenciada Maureen Siles Mata y el máster Francisco Arroyo Meléndez,

Jefa interina de Administración de Personal y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 2277-AP-2005 de 23 de setiembre último, rinden el

siguiente informe:

       ―En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión No. 67-00
       celebrada el 24 de agosto del 2000, artículo XXIX, nos permitimos
       informar que una vez realizado el estudio correspondiente a la relación
       laboral con el Estado, del señor José Manuel Zúñiga Mondragón,
       portador de la cédula número …, se llegó a la conclusión de que le asiste
       el derecho al pago de los extremos laborales solicitados.
                                           47

        Para concluir lo anterior, se analizó la constancia emitida por la Sección
        Registro de Cotizaciones del Departamento Cuenta Individual y Control
        de Pagos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se
        demuestra que el señor Zúñiga Mondragón para el Estado ha prestado sus
        servicios al Poder Judicial, en el período que va de febrero de 2003 hasta
        el mes de junio de 2005.
        Por las razones anteriores, estamos remitiendo adjunto el oficio No. 2276-
        AP-2005 el cual contiene el informe para el pago de Auxilio de Cesantía
        que le corresponde a don José Manuel, así como el informe AL.DP. No
        108-05 Dichos cálculos se han realizado de conformidad a lo que
        establece la Ley de Protección al Trabajador.‖

                                           - 0-

      La licenciada Irma M. Araya Víquez, Asesora Jurídica del Departamento de

Personal, en oficio Nº AL.DP. No. 108-05 de 22 de agosto del 2005, emitió el

siguiente criterio:

             ―Del análisis del caso concreto, se concluye que el señor
             Zúñiga Mondragón reúne las condiciones para el
             reconocimiento del auxiliar de cesantía, toda vez que los
             registros del Departamento de Personal, muestran un tiempo
             acumulado de servicio superior al mínimo establecido por la
             jurisprudencia para tales efectos, en el último período
             laborado por ésta para el Poder Judicial.
             Con relación al instituto del preaviso resulta fundamental
             considerar que el artículo 28 del Código de Trabajo
             expresamente dispone que ―En el contrato por tiempo
             indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin
             justa causa, dando aviso a la otra, de acuerdo con las
             siguientes reglas: …c) Después de un año de trabajo continuo
             con un mínimo de un mes de anticipación… Dichos avisos se
             darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el
             trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere
             ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio
             de cesantía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra una
             cantidad igual al salario correspondiente a los plazos
             anteriores…‖ (énfasis agregado). El Lic. Valerio Vásquez
                                            48

             expresamente manifestó que ―el señor Zúñiga Mondragón fue
             comunicado con la debida anticipación sobre su corte de
             nombramiento‖. Así las cosas, puede concluirse de las
             manifestaciones del Lic. Javier Valerio que éste fue
             debidamente informado del fin de su nombramiento, en
             consecuencia, no le correspondería indemnización alguna por
             ese concepto.
             Por otra parte, le corresponderían al interesado el pago de las
             vacaciones y aguinaldo proporcionales, si a la fecha existiera
             algún período pendiente de pago, por esos conceptos, así
             como la devolución de cuotas por salario escolar, que se
             hubieran retenido a esa data y que aún no se le hayan
             reintegrado.‖
                                            - 0-

      Se adjunta el informe N° 2276-AP-2005 de 22 de setiembre recién pasado,

el cual contiene el monto que corresponde al señor Zúñiga Mondragón por

concepto de auxilio de cesantía, a saber:


                    CONCEPTO           Nº INFORME           MONTO
                 Auxilio de Cesantía   2276-AP-2005       ¢191.135,20

      Se adjuntan constancias de los Departamentos de Personal y Financiero

Contable, de que el señor Zúñiga Mondragón no tiene deudas pendientes, y de la

Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, de que no tiene causas

pendientes por ese mismo concepto.

      Asimismo, el Departamento de Personal informa que don José tiene

imposibilidad de laborar para el Estado, de conformidad con lo normado en el

artículo 586 del Código de Trabajo, la cantidad de 19.5 días a partir de la fecha de
                                          49

cese indicada (sea 13 de mayo del 2005).

      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar el pago de ¢191.135,20

(ciento noventa y un mil ciento treinta y cinco colones con veinte céntimos) por el

concepto mencionado a favor del señor José Zúñiga Mondragón.

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXVI

      El licenciado Ronald Calvo Coto, los máster José Luis Bermúdez Obando y

Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefe Administración Salarial, Subjefe y

Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 1322-AS-2005 de 26 de setiembre

último, expresaron:

               ―…me permito informarle que el pasado viernes 09 de setiembre
       en curso, fue publicado en la Gaceta No. 174, el decreto ejecutivo que
       contempla la reasignación de los puestos de los empleados judiciales que
       desde el pasado 01 de julio ocupan el cargo de Asistente Judicial,
       situación que ha desencadenado las constantes llamadas de los servidores
       solicitando información sobre la aplicación del reconocimiento salarial,
       principalmente por el deseo de que el mismo pueda ser contemplado
       dentro del aguinaldo dado que el próximo mes cierra el período de
       contabilización para el cálculo de este reconocimiento.

              En razón de las solicitudes planteadas y el deseo por parte de este
       departamento de poder hacer realidad la inquietud planteada en el párrafo
       anterior, resulta necesario solicitar al Honorable Consejo autorizar el
       pago de horas extra para tres servidores de Administración Salarial, que
       se encargarán de actualizar la base de datos y confeccionar las acciones
       de personal fuera de la jornada laboral, dado que la primera de las
       actividades no se puede realizar mientras los compañeros se encuentran
                                             50

       en su labor habitual. Adicionalmente, la segunda tarea por la carga
       normal de trabajo que tiene asignada cada colaborador, resulta
       improbable poder atender este nuevo requerimiento en la jornada normal.

              Por último, es preciso indicar que la solicitud de pago de horas
       extra sería por un período de cuatro a cinco semanas, las cuales abarcan
       del 21 de setiembre al 20 de octubre del año en curso.‖
                                         -0-
      Consultado vía telefónica al máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, aclaró que la cantidad de horas requeridas son dos

diarias por servidor.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar el pago de 2 horas extra

diarias, y durante el mes de octubre del año en curso, a tres servidores de la

Sección de Administración Salarial del Departamento de Personal, para que se

dediquen a realizar las labores descritas.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXVII

      El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,

Jefe Administración Salarial y Subjejefe del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 1524-UCS-AS-2005 de 26 de setiembre último,

manifiestan:

       ―…nos permitimos enviar el listado de servidores a los que se les adeuda
       diferencias de años anteriores, las cuales por diversas razones quedaron
                                  51

pendientes de pago.i

La suma a tramitar con cargo a la Subpartida Presupuestaria 814
―Amortización de Cuentas Pendientes de Ejercicios Anteriores‖ asciende
a un monto de ¢360.377.41, el cual se desglosa a continuación:

CONCEPTO                                     MONTO A PAGAR
Carrera Profesional                           ¢360,377.41

TOTAL A GIRAR                                  ¢360.377.41

Con la finalidad de justificar el pago ante la Contraloría General de la
República, es dable destacar las causas que propiciaron que dichos pagos
se tramiten con cargo a la Subpartida 814.

1- Carrera Profesional

Estudios de Carrera Profesional realizados, mediante los cuales se
determina el reconocimiento de puntos de carrera de años anteriores,
tanto de servidores propietarios como interinos.‖
                                 -0-
DIFERENCIAS
SALARIALES
PENDIENTES
  DE AÑOS
ANTERIORES
                                                                                    S.            PRINC+S.ESC
                     NOMBRE DEL SERVIDOR              PERIODO             PRINCIPAL ESCOLAR       .               FONDO      ENFERM.     BANCO      RENTA %      RE
                                                                                                                              MAT.       POPUL.
                     CARRERA PROFESIONAL          RIGE         VENCE                                              JUB. *       5.5%        1%


              ORTIZ MORA JEANNETTE              29/09/2002   31/12/2002     3.197,00     261,83        3.458,83     311,30      190,24      34,59       518,83    2
              ROJAS AGUILAR ALEJANDRO           15/12/2001   31/12/2001     2.293,28     187,82        2.481,10     223,30      136,46      24,81       372,16    1
              SABORÍO CHAVES VICTORIA EUGENIA   01/01/2003   30/06/2003    16.020,00   1.312,04       17.332,04   1.559,88      953,26     173,32     2.859,79   11
              FONSECA RAMOS JOSÉ FRANCISCO      31/10/2003   31/12/2003    10.044,00     822,60       10.866,60     977,99      597,66     108,67     1.792,99    7
              HERNANDEZ ARAYA LUIS DIEGO        26/06/2003   30/06/2003     1.246,00     102,05        1.348,05     121,32       74,14      13,48       222,43
              HERNANDEZ GARCIA MAINRAD          01/07/2002   31/12/2002     6.132,00     502,21        6.634,21     597,08      364,88      66,34       995,13    4
              LEON MORA MARIA GABRIELA          20/09/2003   31/12/2003    18.786,00   1.538,57       20.324,57   1.829,21    1.117,85     203,25     3.353,55   13
              LOPEZ MORA OSVALDO                10/06/2003   31/06/2003       747,60      61,23          808,83      72,79       44,49       8,09       133,46
              MOLINA ELIZONDO ADRIAN            19/12/2003   31/12/2003     3.571,20     292,48        3.863,68     347,73      212,50      38,64       637,51    2
              MOLINA RUIZ WARNER                13/04/2002   30/06/2002    16.393,00   1.342,59       17.735,59   1.596,20      975,46     177,36     2.660,34   12
              MORAGA TORRES SHIRLEY             19/12/2003   31/12/2003     3.124,80     255,92        3.380,72     304,26      185,94      33,81       557,82    2
              MOYA VALVERDE RANDALL             30/11/2003   31/12/2003    10.378,80     850,02       11.228,82   1.010,59      617,59     112,29     1.852,76    7
              MURILLO BRIONES ANDREA VANESSA    06/10/2005   31/12/2001    12.183,05     997,79       13.180,84   1.186,28      724,95     131,81     1.977,13    9
              MURILLO FALLAS ANDREA DEL MAR     19/12/2003   31/12/2003     2.232,00     182,80        2.414,80     217,33      132,81      24,15       398,44    1
              ACUÑA AGUSTINI DESIREE            23/04/1999   30/06/1999    10.773,24     882,33       11.655,57   1.049,00      641,06     116,56     1.748,34    8
              ALVARADO ACUÑA JOSE JOAQUIN       01/07/2003   31/12/2003    55.968,00   4.583,78       60.551,78   5.449,66    3.330,35     605,52     9.082,77   42
              ARCE MOYA SARA PATRICIA           23/04/1999   30/06/1999     6.156,04     504,18        6.660,22     599,42      366,31      66,60       999,03    4
              CHACON CHANG HECTOR GUSTAVO       01/07/2003   31/12/2003     6.696,00     548,40        7.244,40     652,00      398,44      72,44     1.086,66    5
              CHARPENTIER UGARTE VICTOR         23/04/1999   30/06/1999     4.617,20     378,15        4.995,35     449,58      274,74      49,95       749,30    3
              CUBILLO PIEDRA CYNTHIA            01/07/2002   31/12/2002    18.396,00   1.506,63       19.902,63   1.791,24    1.094,64     199,03     2.985,39   13
              DIAZ ARAYA EVELYN                 23/04/1999   30/06/1999    35.398,76   2.899,16       38.297,92   3.446,81    2.106,39     382,98     5.744,69   26
              MORALES CHINCHILLA CARLOS         04/07/2003   31/12/2003    40.176,00   3.290,41       43.466,41   3.911,98    2.390,65     434,66     7.171,96   29
              PORRAS CASCANTE MIGUEL            01/09/2003   31/12/2003    13.392,00   1.096,80       14.488,80   1.303,99      796,88     144,89     2.390,65    9
              PORTER AGUILAR RAYMOND PAUL       04/07/2003   31/12/2003    60.264,00   4.935,62       65.199,62   5.867,97    3.585,98     652,00    10.757,94   44
              REYES CARRILLO ANA RUTH           23/04/1999   30/06/1999     1.538,84     126,03        1.664,87     149,84       91,57      16,65       249,73    1
              ROBINSON MOLINA AMELIA            01/07/2003   31/12/2003    20.088,00   1.645,21       21.733,21   1.955,99    1.195,33     217,33     3.585,98   14
              SOTO BARRANTES LUIS ARNULFO       01/08/2003   31/12/2003    27.900,00   2.285,01       30.185,01   2.716,65    1.660,18     301,85     4.980,53   20
              BRENES BLANCO RODOLFO             21/08/2001   31/12/2001    18.632,00   1.525,96       20.157,96   1.814,22    1.108,69     201,58     3.023,69   14
                                          53

CERDAS AVILA LORELEY      02/09/2003 31/12/2003   4.426,80   362,55   4.789,35   431,04   263,41   47,89   790,24   3

CHAVES CHAVARRIA VICTOR   03/05/2003 30/06/2003   2.064,80   169,11   2.233,91   201,05   122,86   22,34   368,59   1
      Se adjuntan certificaciones del Departamento Financiero Contable, en que

informa que los señores que se dirán no tienen deudas pendientes, pero si deudas

activas

Mora Bolaños Manuel        Cuenta 20192-8 Expediente    ¢48.200.10
                           Contaduría     N° 142-R-04
                           Judicial
Hernández García Mainrad   Cuenta 1214-2                ¢2.750.00   Correspondiente
                           Fondo       de                           al período del
                           Socorro Mutuo                            30-04-1995    al
                                                                    30-04-2001
González   Vargas     Luis Cuenta 70116-5               ¢447.350.70 Correspondiente
Alfonso                    Fondo Rotatorio                          al período del
                                                                    mes de mayo del
                                                                    2000.
Alvarado   Acuña      José Cuenta 1234-0                ¢100.089.37
Joaquín                    Fondo        de
                           Jubilaciones y
                           Pensiones
                                             -0-

      Se acordó: Trasladar la gestión anterior a la Dirección Ejecutiva, para que

busque contenido económico necesario para cancelar los montos anteriormente

señalados. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión N° 94-04 celebrada el 07 de diciembre del 2004, artículo XV, se

autorizó, entre otros, a girar la suma total de ¢275.873,70 (doscientos setenta y

cinco mil ochocientos setenta y tres colones con setenta céntimos) al licenciado

Carlos Alberto Corrales Barrientos, Defensor Público de Turno Extraordinario, por
                                          55

concepto de vacaciones por horas extra y/o ascensos, lo anterior con base en los

respectivos informes del Departamento de Personal.

      En sesión N° 53-04 celebrada el 12 de julio del año en curso, artículo LVII,

previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso remitir a estudio e informe

del Departamento de Personal, la gestión presentada por el licenciado Corrales

Barrientos, que dice:

              ―…Cumplido el trámite respectivo, en donde el Consejo ordena el
       pago neto por la suma de doscientos setenta y cinco mil, con ochocientos
       setenta y tres con setenta céntimos; la documentación de estilo fue
       enviada al Departamento Financiero Contable a fin de que se procediera
       con el pago correspondiente; sin embargo, en dicho Departamento hasta
       la fecha de hoy no se me ha hecho efectivo tal pago, y lo que se me indica
       es que ni siquiera se tiene contenido económico para realizar dicha
       cancelación.
              Por lo anterior y tomando en cuenta que los dineros que se me
       adeudan son parte del salario que debí haber recibido tiempo atrás y que
       los mismos debieron ser cancelados en su oportunidad como legalmente
       me correspondía, solicito a los señores miembros del Consejo Superior tal
       y a como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral, se
       ordene al Departamento de Personal proceder al cálculo de los intereses
       legales que correspondan sobre las sumas que se me adeuda por concepto
       de diferencias de horas extras. ‖
                                         -0-
      Las licenciados Mauren Siles Mata y José Luis Bermúdez Obando, por su

orden, Jefa interina de Administración de Personal y Sub Jefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 2200-AP-2005 de 20 de setiembre último, en atención con

el acuerdo citado, manifiestan:

       ―De acuerdo con la información que se contiene en el oficio No. AP-
                                    56

2309-AP-2004 del 29 de noviembre de 2004, se tiene que el derecho a las
vacaciones del señor Gómez Hernández correspondiente al período
2002/2003 se acreditó el 1 de octubre de 2003, y que el disfrute
respectivo tuvo lugar en los siguientes momentos: del 23 de enero al 6 de
febrero de 2003, 2 de junio al 5 de junio de 2003 y del 13 al 24 de junio
de 2003.
Por lo que en respuesta a dicho oficio, y de conformidad con criterios
legales anteriores externados por parte de la Asesoría Legal del
Departamento de Personal, con respecto a la procedencia del pago de
intereses generados por atrasos en la cancelación de sumas adeudadas,
por concepto de reajustes por diferencias salariales por vacaciones, tales
como informe AL. DP. No. 098-05 y AL. DP. No.041-04 del 26 de julio
del dos mil cinco y 03 de abril del dos mil cuatro respectivamente, y lo
resuelto en sesión No. 65-04 del 31 de agosto de 2004, artículo XXXVIII,
puede concluirse que al servidor se le ha ocasionado un daño, producto
del atraso en el pago de las diferencias salariales correspondientes, y por
consiguiente le asiste el derecho al pago de intereses en virtud de que la
Administración no ha cumplido oportunamente con su obligación. Así las
cosas, consideramos que la gestión del servidor Carlos Corrales
Barrientos parece procedente en el entendido de que la Administración
faltó a su responsabilidad de efectuar el pago correspondiente en los
términos de lo dispuesto por el numeral 157 del Código de Trabajo. Se
considera para los fines correspondientes que la gestión del señor Carlos
Alberto Corrales Barrientos, resulta procedente a efecto de que se le
reconozcan los intereses legales derivados del atraso en el pago de las
diferencias generadas en sus vacaciones por concepto de horas extra; no
obstante, el Consejo Superior debe analizar este caso y resolver lo que
corresponda.
Cabe añadir, que según información brindada por Irene Blanco Morales,
funcionaria del Departamento Financiero Contable, al día 16 de setiembre
del 2005, el pago de la suma adeudada al señor Corrales no se ha hecho
efectivo por falta de contenido económico, por lo que de aprobarse el
reconocimiento de los intereses, se hará necesario tener pendiente la fecha
en que se realizará la acreditación de la obligación principal para proceder
de conformidad.
Por lo antes señalado, no se rinde el informe respectivo debido a que no
se ha llevado a cabo el pago efectivo de reajuste salarial por hora extras,
por lo que solicitamos se analice la posibilidad de que sea el
Departamento Financiero Contable el que al momento de cancelar,
proceda al cálculo y pago de los intereses.‖
                                          57

                                         -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Acoger la gestión

del señor Corrales Barrientos, en consecuencia el Departamento Financiero

Contable procederá a cancelar a don Carlos, la suma de ¢275.873,70 (doscientos

setenta y cinco mil ochocientos setenta y tres colones con setenta céntimos)

conforme se dispuso en la sesión N° 94-04 del 7 de diciembre del 2004, artículo

LVII, así como también el pago de los intereses devengados hasta el momento de

su cancelación, para lo cual procederá a realizar los cálculos correspondientes.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXIX

      En la sesión N° 64-05 celebrada el 18 de agosto último, artículo LXI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―El señor Pedro Antonio Méndez Mejía, ex empleado judicial, en
       nota de 9 de agosto en curso, presenta la siguiente gestión:

       ―…me permito dirigirme a tan estimable Consejo, para presentar formal
       apelación a la denegatoria del pago de extremos laborales a mi persona;
       emitida mediante oficio número 1403-AP-2005, suscrito por el Lic.
       Manuel Sequeira Sequeira.

       El señor Sequeira se basa para esta denegatoria en el informe dado por la
       asesora jurídica M.Sc. Irma M. Araya Víquez, quien dice que según los
       registros del Departamento de Personal su servidor no contó con la
       continuidad suficiente (mínimo un año sin interrupciones mayores de
       quince días, según acuerdos del Consejo Superior; sesión n° 57 del 24 de
                                          58

       julio de 1997 art. XXXV y sesión n° 41 del 08 de Junio de 2001, art. V)
       para el reconocimiento del pago de los extremos laborales
       correspondientes.

       La señora Araya hace una errónea apreciación, ya que en el registro de
       personal en que ella se basa dice muy claramente (y así mismo lo
       transcribe la señora Araya en su informe) que estuve contínuo durante los
       siguientes períodos:

       a) Del 13-11-2002 al 0442-2003 (con este se cumple el año continuo)

       b) Del 12-01-2004 al 11-04-2004

       c) Del 10-05-2004 al 30-07-2004

       d) Del 17-08-2004 al 18-08-2004

       e) Del 28-03-2005 al 22-04-2005

       Como puede destacarse de dichos períodos este servidor sí cumple con el
       período de nombramientos suficiente para recibir el pago de prestaciones
       por parte del Poder Judicial y otros derechos laborales según la ley.

       Por lo anterior ruego ordenar al Departamento de Personal, revocar la
       denegatoria que originó esta apelación; y por lo tanto cancelar lo que me
       corresponda, a la brevedad posible.‖

                                          -0-

             Se acordó: Trasladar la solicitud anterior al Departamento de
       Personal, para su estudio e informe.‖.
                                         -0-

      La licenciada Maureen Siles Mata y el máster José Luis Bermúdez Obando,

Jefa interina de Administración de Personal y Subjefe del Departamento de

Personal, respectivamente, en oficio N° 2253-AP-2005 de 21 de setiembre último,

informó lo siguiente:

        ―En atención al oficio No.8320-05 de fecha 19 de setiembre de 2005, en
                                   59

el cual se solicita realizar un estudio e informe, en relación a nota
presentada el 09 de agosto del 2005, por el señor Pedro Antonio Méndez
Mejía, donde solicita se revoque la denegatoria concerniente al oficio
1403-AP-2005 de fecha 23 de junio del 2005; el cual ampara el oficio
AL. DP .No.075-05 de la Asesoría Legal del Departamento de Personal,
donde se le indica que no reúne las condiciones para el reconocimiento de
extremos laborales; le indicamos que el pago no se rechaza por no contar
con períodos sin interrupciones mayores al año.
La Sala Segunda ya ha establecido que el trabajo de tiempo determinado
que exceda el año de servicios es calificable como de tiempo indefinido,
por lo que origina la posibilidad de reconocer los extremos de preaviso y
cesantía, al servidor interino que acumule más de un año de laborar en
forma continua, (sentencia No.78 de las 11:20 H del 27 de febrero del
2002).
Como bien lo dice la sentencia, el contrato debe ser en forma continua, en
nuestro caso la continuidad para efectos de servidores interinos está
regulado en sesión de Consejo Superior No.57 de 24 de julio de 1997,
artículo XXXV, donde se tomará como ruptura laboral aquellos casos en
los cuales medie entre un nombramiento y otro, más de quince días.
De los períodos señalados en el informe AL. DP .No.075-05, solamente el
que comprende del 13 de noviembre del 2002 hasta el 04 de diciembre
del 2003, cumple las condiciones de acumular más del año de servicios
sin interrupciones mayores a los quince días, sin embargo por el tema de
la prescripción, estipulado en el artículo 602 del Código de Trabajo,
donde se dispone que todos los derechos y acciones provenientes de
contratos de trabajo prescribirán en el término de seis meses desde la
fecha de extinción de los contratos; y lo acordado en sesión Nº 65-04 del
Consejo Superior de fecha treinta y uno de agosto del dos mil cuatro, en
su artículo XXXVIII, originan la negativa a proceder con el pago de los
extremos solicitados.
Por lo anterior expuesto y dado que la solicitud del señor Pedro Méndez
Mejía para el cobro de los extremos laborales tiene fecha de recepción del
27 de mayo del 2005, se determina que del 04 de diciembre del 2003
(período donde presenta más del año sin interrupciones superiores a
quince días), en adelante, disponía de los seis meses indicados para
solicitar el reconocimiento de sus derechos; al no hacerlo efectivo dentro
de ese plazo, redundó en el acaecimiento de la figura de la prescripción.

                                   -0-
                                        60

    Se acordó: Acoger el informe del Departamento de Personal y hacerlo del

conocimiento del señor Méndez Mejía y por las razones en él contenidas, denegar

el reconocimiento de los extremos laborales solicitados.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                 ARTÍCULO XL

       En la sesión Nº 40-05 celebrada el 26 de mayo del 2005, artículo LII, se

autorizó el traslado temporal del licenciado Johel Garita Vargas, Técnico

Criminalístico 2 de la Sección de Análisis y Escritura de Documentos Dudosos, a

la Sección de Pericias Físicas, Balística y Troquelados, ambas del Departamento de

Laboratorio de Ciencias Forenses, con su respectiva plaza, por tres meses a partir

del día en que se reincorpore a sus labores luego de finalizada la incapacidad. El

Departamento de Planificación realizaría a la brevedad el estudio de cargas de

trabajo en la Sección de Análisis y Escritura de Documentos Dudosos, conforme se

solicitó.

       La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio 1364-PLA-2005 de 9 de setiembre último, en cumplimiento del acuerdo

anterior, remite el estudio N° 037-CE-2005 de la Sección de Control y Evaluación

sobre las cargas de trabajo en la Sección Análisis y Escrituras de Documentos

Dudosos, que analiza el impacto que se le estaría ocasionando a la mencionada
                                                              61

Sección al prescindir de la citada plaza.

        Primeramente se analizó el volumen de solicitudes de dictámenes ingresados

a la Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos, con los siguientes

resultados:



                                                Gráfico N°1
                      Solicitudes de Dictámenes entradas, a la Sección de Análisis de
                             Escrituras y Documentos Dudosos de 1989 al 2005(1)
                    3000
                                         2759          2655
                    2500
                                                2505            2170
       Dictámenes




                                                       2400                     1943
                    2000               1798                                                     1746
                                1604                                                     1755
                    1500 1669          1679                                       1411
                                                                                                 1673
                                                                         1365            1337
                    1000
                                                                   980
                     500

                       0
                         89

                         90

                         91

                         92

                         93

                         94

                         95

                         96

                         97

                         98

                         99

                         00

                         01

                         02

                         03

                         04

                         05
                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      19

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20

                      20                                      años

Nota 1. Para fines de análisis y comparación, se utilizó el promedio de las solicitudes de dictámenes
ingresadas durante el I semestre del 2005, para proyectar de agosto a diciembre.

Fuente: Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses y Oficio 058-CE-2000 del 3 de agosto del
2000, elaborado por la Sección de Control y Evaluación del Departamento de Planificación.

       El gráfico anterior muestra que la cantidad de solicitudes que está

ingresando a esta Sección es muy similar a la de años anteriores; si bien de 1993 a

1997 se experimentaron aumentos, nuevamente después del 2001 vuelve a las

cifras manejadas hace más de diez años atrás.

       Al considerar la cantidad de solicitudes ingresadas del 2003 al 2005, se tiene
                                                                        62

que en promedio se pueden distribuir 11 solicitudes mensuales entre los trece

técnicos con que cuenta actualmente la Sección; cifra inferior al parámetro

valorado en la evaluación 058-CE-2000 elaborada por la Sección de Control y de

agosto del 2000(1), el cual ascendía a 20 casos mensuales.

        Paralelo a lo anterior, se analizó el comportamiento del circulante de esa

Sección el cual de seguido se gráfica:

                                                          Gráfico N°2
                             Circulante de solicitudes de dictámenes, en la Sección de Análisis de
                                        Escrituras y Documentos Dudosos, 2004-2005(1)


                            700
                                                                                                                    607
                            600
                            500
               Circulante




                                                                         423       445
                                                                                             408
                                                                                                                    462
                            400     287
                                                                  365
                                                                                                              426
                                                                        399         388          393    378
                            300           237
                                                227               268
                            200                        148
                                                                167
                            100                 153      127
                              0
                                                   o




                                                                                                          o
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                                                                                 o
                                                                        e
                                                                       e
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                                                                                              o
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                                                                     br
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                                                                                             z
                                      ar




                                                                                          ar
                                                        Ju




                                                                                                               Ju
                                                                  em
                             En




                                                                              En
                                                                   m
                                                M




                                                                                                   M
                                    M




                                                                                         M
                                                                tie


                                                               vi
                                                             Se


                                                             No




                                                                      meses

      Nota 1. Se incluyen datos hasta el mes de junio del 2005.

      Fuente: Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos, del
      Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.


     Del gráfico N°2 se desprende que el circulante de esta Sección desde julio del


1
  El Consejo Superior en la sesión del 16 de agosto del 2000, Artículo XXXIV, aprobó la Evaluación 058-CE-2000
del 3 de agosto del 2000, contenida en el oficio 1121-PLA-2000, del Departamento de Planificación, de esa misma
fecha; referente a la necesidad de trasladar algunas plazas de la Sección de Análisis de Escrituras y Documentos
Dudosos, a otras secciones del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.
                                               63

2004, ha venido en aumento y para julio del 2005, este número fue de un 129%

más que el año anterior.

   En cuanto al volumen de dictámenes realizados, se tiene lo siguiente:

                                     Cuadro N°1
            Movimiento ocurrido en la Sección de Análisis de Escrituras
                   y Documentos Dudosos durante, 2004 y 2005(1)
                       Casos Circulant Solicitudes          N° de    Promedio por
                      entrados      e al     atendidas documentos      técnico(2)
                                 finalizar                analizados
        2004
Enero                   114         237          162          983          12
Febrero                 168         227          202        2173           16
Marzo                   165         153          203        1918           16
Abril                   137         148          142        1684           11
Mayo                    168         127          207        2889           16
Junio                   181         167         104           913            8
Julio                   137         268           44        3708             3
Agosto                  156         365           59        1745             5
Setiembre               143         399         117         1033             9
Octubre                 134         423           95          510            7
Noviembre               134         445         118         3236             9
Diciembre               109         388         156         1245           12
        2005
Enero                     75        408           82        1114             6
Febrero                 103         393         101         2301             8
Marzo                     90        378         113         1043             9
Abril                   128         426           75          603            6
Mayo                    138         462         105           887            8
Junio                   243         607         129         1502            10
Julio                   136         615         108         1003             9
Nota 1. Se incluyen datos hasta el mes de julio del 2005.
      2.Este promedio se obtiene de los datos de ―Solicitudes atendidas‖ dividido entre los 13
        técnicos que laboraron en el mes; con excepción de febrero a abril y julio del 2005, en
        que se contó con un técnico menos.
Fuente: Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos, del Departamento de Laboratorio de
Ciencias Forenses.

       El cuadro anterior refleja que el incremento del circulante no se debe a un
                                             64

aumento de la cantidad de solicitudes que ingresan, si no más bien puede asociarse

a una disminución en la cantidad de solicitudes atendidas, comportamiento que se

presenta a partir de junio del 2004; por cuanto el promedio por técnico descendió

en más de un 50% a partir de esa fecha.

      Como complemento de lo anterior, se revisó el promedio mensual de

solicitudes de dictámenes concluidos por técnico, desde enero de 2004 hasta junio

de este año, obteniendo los siguientes datos:



         Cuadro N°2
                 Promedio de solicitudes dictámenes concluidas
                            por técnico, 2004 – 2005(1)
                                       Tiempo de laborar Promedio por
                   Nombre                 en la Sección     técnico
         Técnico 1
         Elmer V Ortiz Obando            3años y 6 meses       10
         Ana L Rodríguez Rodríguez       3años y 6 meses       20
         Arturo Faerron Montoya               3años            23
         Hilda Marlene Valerio López        10 meses           11
         Técnico 2
         Luis Aguilar Villarreal             16 años            4
         Juan A Parra Garro                  16 años            5
         Jorge A Picado Chaves          15 años y 3 meses       6
         Róger Sequeira Vindas               12 años            6
         Johel Garita Vargas                  8 años            7
         Juan C. Rivera Rodríguez             7 años           11
         Ronald Ramos Campos                  6 años            6
         Benklin Henry Vargas            3años y 6 meses        4
         Ricardo Guevara Trejos              9 meses            8
         Róger Bourillón C.                 Jubilado            7
          Promedio general (2)                                  9
           Nota 1. Se incluyen datos hasta el mes de junio del 2005.
           2. No incluye los dictámenes realizados por el Sr. Bourillón por estar
           jubilado, ni los de los técnicos que han trabajado temporalmente.
                                            65

           Fuente: Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos, del
           Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.


     Del cuadro anterior se desprende, que el promedio general de resolución de

dictámenes durante el 2004 y hasta junio del 2005, es de 9 por mes, rendimiento

que está por debajo del establecido, y de la cantidad promedio por mes que debería

atender cada técnico, según la cantidad de solicitudes que mensualmente están

ingresando.

    Es importante considerar que tanto en el Plan Anual Operativo del 2004, y en

el del 2005, se tiene planteada como ―meta1.1‖, lo siguiente:

            “..... que el tiempo de respuesta promedio de las pericias
           sea como máximo de un mes.‖.

    Sin embargo al comparar los resultados expuestos en la gráficas y en los

cuadros anteriores se pudo determinar que la citada meta no se cumplió en el 2004,

ni en lo que va de este año, lo cual no está de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en el artículo

55 y en el 71 de su Reglamento donde se establece la obligatoriedad de las

entidades públicas de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en el

plan anual operativo.

     Además, el cuadro N°2 muestra que el problema de la disminución de la

cantidad de dictámenes resueltos, no se encuentra en los técnicos 1; ya que se
                                        66

mantienen dentro del parámetro establecido, ellos realizan más dictámenes que los

técnicos 2, lo anterior se justifica tal como se analizó en la evaluación 058-CE-

2000, en que los tipos de trabajos que se asignan a los primeros, se supone son

menos complejos que los de los técnicos 2.

     Al respecto, es necesario señalar que a criterio de los técnicos       de esa

Sección, parte de la justificación del bajo rendimiento, es que se cuenta con

personal relativamente nuevo, sin experiencia, por lo que resulta necesario que los

técnicos de mayor antigüedad, retracen sus trabajos para enseñar la técnica a

quienes tienen menos experiencia; a lo que le se debe agregar que no se cuenta con

capacitación, que permita disminuir la debilidad de la inexperiencia.

     Al respecto, se tiene el siguiente columnar:

      Tiempo de laborar en la Sección             Técnicos
            con más de 12 años               4 Técnico Criminalístico 2
             Entre 6 y 8 años                3 Técnico Criminalístico 2
           con menos de 4 años               2 Técnico Criminalístico 2
                                             y
                                             4 Técnico Criminalístico 1

     Lo anterior significa que casi la mitad del personal tiene menos de 4 años de

laborar en ese tipo de trabajo; solo dos de ellos son técnicos 2, por tanto la

justificación planteada de la falta de experiencia no es de recibo; es más contar

con personal con estas características, estuvo presente en la evaluación 058-CE-

2000, mencionada anteriormente, y el rendimiento alcanzado por los técnicos para
                                          67

ese entonces bajo esas mismas condiciones, fue mayor.

      Otro elemento apuntado por los técnicos 2, es que las solicitudes que

ingresan a la Sección, son un tanto más amplias que las que ingresaban hace

algunos años por cuanto desde hace algún tiempo, la misma Sección ha venido

brindando capacitación a los Fiscales y ahora tienen mayor conocimiento de la

materia para hacer las solicitudes; sin embargo esto más bien debe valorarse como

un elemento a favor, ya que esto permite que el análisis se centre estrictamente en

lo que se requiere.

       Producto de lo anterior, y partiendo de las entrevistas realizadas a los

técnicos que laboran en esa Sección, al Jefe de Sección y al Jefe de Departamento,

se logró identificar problemas interpersonales que inciden en el rendimiento. Estos

se centran en el manejo administrativo, en cuanto a la autoridad y el conflicto, no

sólo a nivel de Sección, sino también hacia el superior del Departamento, lo que

produce un alto grado de desmotivación en la generalidad del personal, y se viene

a reflejar directamente en la prestación del servicio.

      Sobre lo antes expuesto, cabe mencionar que la Sección de Control y

Evaluación en el Informe de Plazas Nuevas para el 2006, N°044-PLA-CE-2005,

realizado en abril del 2005, ya había diagnosticado esta situación y recomendó que

era necesario dar solución a los problemas por cuanto esto, indiscutiblemente
                                         68

estaba afectando    el rendimiento de la Sección de Análisis de Escrituras y

Documentos Dudosos.

Otras consideraciones:

      Como parte de este trabajo se logró también determinar que a la fecha esta

Sección no cuenta con Manuales Procedimientos terminados, esta situación llama

la atención, en tanto en la evaluación 058-CE-2000 realizada en agosto del 2000,

se decía que en ese momento esa labor estaba siendo coordinada con la Jefatura del

Departamento, específicamente con el M.Sc. Daniel Gómez Murillo, Asegurador

de la Calidad.

       A la fecha han transcurrido casi 5 años y según se conversó con el M.Sc.

Gómez Murillo,     únicamente se han terminado dos de los 27 procedimientos

definidos a criterio de la Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos

y no se tiene una fecha estimada para la conclusión de los otros, ya que se han ido

trabajando conforme a la disponibilidad de tiempo de esa Sección.

       Según se le consultó el M.Sc. Gómez Murillo, dentro de los procedimientos

definidos, no se cuenta con el procedimiento general de trabajo de esa Sección, el

cual desde el punto de vista administrativo es básico, porque en este se va a

detallar desde el momento en que ingresa la solicitud de dictamen a la Sección,

hasta que sale elaborado, en él se establecen, no sólo los flujos de las tareas, si no
                                        69

también los controles, los formularios, y el encargado de realizar cada uno de

éstos. Así las cosas, no es posible determinar si los procedimientos actuales y los

controles establecidos son los que técnicamente se requieren para la buena

prestación administración del servicio en esa Sección.

Conclusiones y Recomendaciones:

      De conformidad con lo antes analizado esta Sección concluye y recomienda

lo siguiente:

      De acuerdo a la carga de trabajo presentada por esa Sección a la fecha, a que

el volumen de solicitudes de dictamen no ha disminuido, y a que hay una

acumulación de trabajo producto del bajo rendimiento, no se considera

recomendable que la Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos

prescinda de la plaza ocupada por el servidor Johel Garita Vargas, no obstante,

debido a la recomendación médica existente es necesario buscar otra solución

como la propuesta por la Dirección General del Organismo de Investigación

Judicial la cual se comparte, de realizar una permuta con otro servidor del

Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses.

      En cuanto al rendimiento presentado, es necesario que esta Sección busque

alcanzar el parámetro establecido, como promedio mensual de 20 dictámenes por

técnico.   Lo anterior, debe realizarse sin disminuir la calidad de las pericias, ya
                                        70

que esto vendría a perjudicar el servicio que presta la Sección a la administración

de justicia.

      Es claro que existen problemas interpersonales en la Sección de Análisis de

Escrituras y Documentos a los cuales es necesario dar solución lo antes posible,

por lo que se reitera la recomendación emitida por la Sección de Control y

Evaluación en el Informe de Plazas Nuevas para el 2006, N°044-PLA-CE-2005,

realizado en abril del 2005, en la que se insta al Jefe de la Sección y al personal

de apoyo en conjunto con el Jefe del Departamento a que analicen y den solución

al conflicto, a la cual se le agrega que se integre la Dirección del O.I.J. en la

solución de esta situación a la brevedad, y si es necesario, aplicar el régimen

disciplinario.

      Así también, se considera necesario que a la brevedad el Asegurador de la

Calidad del Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, trabaje con la

Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos en los manuales de

procedimientos, para que éstos sean terminados, por cuanto su plaza fue creada,

entre otras cosas, para establecer protocolos y hacer que éstos se cumplan al

interno del Departamento, tal como se establece en la Evaluación 125-CE-97,

contenida en el oficio 1355-PLA-97 del Departamento de Planificación, aprobado

por el Consejo Superior, en la sesión del 23 de octubre de 1997, artículo XXIX, en
                                         71

el que se analizó la reestructuración del Departamento del Laboratorio de Ciencias

Forenses. Lo anterior, por cuanto han transcurrido como se indicó anteriormente, 5

años, tiempo suficiente para haber concluido todos los procedimientos y aún no se

tiene un resultado, y esto se considera fundamental para asegurar la calidad de las

pericias que realiza esa Sección.

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe y acoger en su totalidad las

recomendaciones que contiene, las cuales deberán ser implementadas en el menor

tiempo posible por la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y la

Jefatura del Departamento de Ciencias Forenses. 2) En el plazo de quince días

posteriores a la recepción de este acuerdo, el Director del Organismo de

Investigación Judicial deberá informar a este Consejo de las medidas adoptadas y

del plan de trabajo que se implementará para cumplir con los parámetros que se

indican en el citado informe. 3) El Asegurador de Calidad tomará nota para lo que

le corresponde. 4) Comunicar al licenciado Jorge Rojas Vargas, que este Consejo

tiene mucho interés de ver cómo se soluciona ese problema, en razón de eso deberá

tomar las determinaciones del caso, toda vez que se está afectando el servicio

público y al personal. Se declara acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO XLI

      En sesión N° 37-04 celebrada 25 de mayo del 2004, artículo L, se dispuso
                                             72

que el Departamento de Planificación modificara la fórmula del informe estadístico

de modo que en el aparte sexto ―Tipo de Sentencias Dictadas‖, incluyera una

casilla más: ―terminadas por conciliación‖, a fin de que ésta refleje la labor de cada

juez en los asuntos terminados por esa vía.

        La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio N° 888-PLA-2005 de 10 de junio del año en curso, en atención con el

acuerdo citado, remite el informe N° 042-DO-2005 de la Sección de Desarrollo

Organizacional, que literalmente dice:

         ―En la sesión del Consejo Superior N° 37-04 celebrada el 25 de mayo del
         2004, se acordó, a petición del Juzgado de Tránsito del II Circuito
         Judicial de San José, que el Departamento de Planificación modifique ―...
         la fórmula del informe estadístico de modo que en el aparte sexto ―Tipo
         de Sentencias Dictadas‖, incluirá una casilla más: ―terminadas por
         conciliación‖, a fin de que ésta refleje la labor de cada juez en los asuntos
         terminados por esa vía.‖

         Posteriormente, en la sesión N° 50-04 del 8 de julio del 2004, artículo
         XXIV, el Consejo Superior conoció y acogió las recomendaciones
         vertidas en el informe N° 109-EST-2004, de la Sección de Estadística,
         entre la que se propuso, que el Departamento Tecnología de Información
         incorpore en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
         Judiciales, dos nuevos motivos de término estadístico, definidos como:

       Sobreseimiento definitivo por conciliación (Con audiencia).

       Sobreseimiento definitivo por conciliación (Sin audiencia).

         Estas variables vendrían a sustituir el punto F) Sobreseimiento
         (conciliación cumplida) de la sección I. ―Balance General‖ y se
         implementarían tanto para los despachos que utilizan el Sistema
         Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, como los que utilizan
         el Sistema del Tribunal de Tránsito (STT).
                                                       73


          Respecto a este punto, el Lic. Alejandro Fonseca Arguedas, Profesional 2
          de la Sección de Estadística, señaló que para mayor funcionalidad del
          formato, estas variables pueden incorporarse en la Sección V “Tipo de
          Sentencias Dictadas” a pesar de que los sobreseimientos por conciliación
          no son ―sentencias‖ condenatorias o absolutorias.
          En esta sección del formato se desglosan los diferentes tipos de sentencias
          dictadas por cada uno de los jueces del despacho judicial, por lo que la
          incorporación de las variables en cuestión dentro de ese apartado, facilita
          la disgregación por juez, tal como lo requieren los jueces que presentaron
          la gestión; sin embargo, a fin de evitar que los sobreseimientos por
          conciliación (con o sin audiencia) se incluyan en el total de sentencias
          dictadas, debe agregarse en el formulario una nota que indique:

          ―Los sobreseimientos por conciliación con audiencia y sin audiencia NO
          deben contabilizarse dentro del total de sentencias dictadas‖.

          En atención a la Ley 8431 ―Reforma de Varios Artículos de la Ley de
          Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331 del 13 de Abril de 1993”
          del 10 de diciembre de 2004, la Sección de Estadística, mediante el
          informe N° 068-EST-2005 del 4 de abril de 2005, señaló que a través de
          varias sesiones de trabajo efectuadas con miembros de la Comisión de la
          Jurisdicción Penal y Tránsito, personal del Consejo de Seguridad Vial
          (COSEVI), servidores del Departamento de Tecnología de Información
          del I y II Circuitos Judiciales de San José, jueces de Tránsito y los
          administradores de los Juzgados de Tránsito de dichos Circuitos
          Judiciales, se determinaron los lineamientos a seguir para el manejo
          estadístico de las infracciones que, aún después de aprobada la citada Ley
          8431, continúan ingresando al Poder Judicial.

          Según señala el Lic. Fonseca Arguedas, de la Sección de Estadística, las
          variables a incorporar en el formulario denominado “Informe Estadístico
          Mensual Juzgados de Tránsito”, son las siguientes(2):

          Motivos de Entrada



2
 Así consta en el Acta de Reunión del 16 de marzo de 2005, en la que participaron los jueces coordinadores y los
administradores de los Juzgados de Tránsito del I y II Circuitos Judiciales de San José, así como servidores del
Departamento de Tecnología de Información, de la Unidad de Informática del II Circuito Judicial de San José, de la
Comisión de Normalización de Formatos Jurídicos y de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación.
                                                       74

       Devolución (vehículo, placa, licencia)
       Suspensión Licencia
       Otros Infracción

          Motivos de cerrar la Carpeta

         Devolución (vehículo, placa, licencia)
         Depósito Judicial Cumplido
         Suspensión Licencia
         Remisión a la Unidad de Control en el Consejo de Seguridad Vial.
          En una nueva sesión de trabajo realizada con servidores de los Juzgados
          de Tránsito del I y del II Circuito Judicial de San José, así como con
          servidores del Departamento de Tecnología de Información, de la
          Comisión de Normalización de Formatos Jurídicos y de la Sección de
          Estadística(3), se determinó incorporar en el formulario, sección II ―Casos
          Entrados e Incompetencias‖, el ítem “Depósito Judicial” a fin de que se
          registren los asuntos en los que se aplica esta medida para la devolución
          del vehículo.

          Según señalaron los servidores de los despachos antes mencionados,
          cuando la boleta de citación (parte) es ingresada al Sistema (de Gestión o
          STT), ya el auxiliar judicial cuenta con la resolución del Juez en la que
          establece el Depósito Judicial, por lo que es factible ingresar la boleta
          bajo esa tipología.

          En relación con los sistemas informáticos utilizados en los despachos
          judiciales, en el informe supracitado se señala que los profesionales en
          informática llegaron a las siguientes conclusiones:

      A. En el caso del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
         Judiciales, no se ocupará ninguna acción para adoptar las medidas
         propuestas, únicamente se crearían los motivos de entrada y los de
         término.

      B. Respecto al Sistema del Tribunal de Tránsito (STT), se deberán ajustar

3
 Sesión de trabajo realizada con los Licdos. Franz Korte Núñez y Randall Chacón Bustamante, Juez coordinador y
Administrador del Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de San José, respectivamente; Lic. Minor Mendoza
Cascante, Administrador del Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San José; Lic. Elizandro Trejos Cháves,
Auxiliar Judicial 2 destacado en la Comisión de Normalización de Formatos Jurídicos; Roger Lara Hernández,
Profesional en Informática 2 del Departamento de Tecnología de Información; Alejandro Fonseca Arguedas,
Profesional 2 de la Sección de Estadística.
                                                      75

          varios de los informes y crear las variables antes citadas. Queda el
          compromiso de la Sección de Estadística de reunirse con servidores del
          Departamento de Tecnología de Información para dar el visto bueno a
          los nuevos reportes que generará el sistema.

      C. El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial en
         primera instancia no ocupará de ninguna modificación, pues los cambios
         adoptados no son motivo de ajustes en ese Sistema.

          Sobre este punto, en el Departamento de Tecnología de Información se
          indicó que respecto del Sistema STT, no hay inconveniente en realizar
          los cambios sugeridos(4).

          Una vez realizadas modificaciones en ese Sistema, uno de los
          profesionales del Departamento mencionado distribuye el sistema
          modificado entre los informáticos regionales y brinda una capacitación
          sobre los cambios efectuados. Es importante señalar que, para el
          procesamiento de la información por parte de la Sección de Estadística y
          la elaboración del anuario, lo conveniente es que la información sea
          consistente durante todo el año(5).

          Tomando en consideración estos aspectos, se llegó a la conclusión de que
          los cambios recomendados deben implantarse a partir de enero de 2006.

          Ahora bien, con el fin de evaluar las modificaciones propuestas, tanto en
          los sistemas informáticos como en el formato “Informe Mensual
          Estadístico Juzgados de Tránsito”, se estima procedente realizar una
          etapa de prueba en los juzgados de Tránsito del I y II Circuitos Judiciales
          de San José. En el primero se utiliza el sistema STT y en el segundo el de
          Gestión de Despachos Judiciales. Dicha etapa se realizaría de julio a
          diciembre del año en curso y en enero se estandarizaría el formato en
          todos los despachos que conocen la materia de tránsito.

          En relación con el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
          Judiciales, se requiere incorporar las nuevas variables de motivos de

4
  Se entrevistó a los Licdos. Gerardo Murillo Fuentes, Profesional en Informática 3 y Roger Lara Hernández,
Profesional en Informática 2, ambos de la Sección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, del Departamento de
Tecnología de Información.
5
  Entrevista realizada al Lic. Roger Lara Hernández, Profesional en Informática 2 de la Sección de Desarrollo y
Mantenimiento de Sistemas del Departamento de Tecnología de Información y el Lic. Alejandro Fonseca Arguedas,
Profesional 2 de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación.
                                      76

   entrada y término, así como los sobreseimientos por conciliación con
   audiencia y sin audiencia, por juez.

4.Formularios a modificar:

   La información generada por los sistemas debe ser transcrita a
   formularios, para un mayor ordenamiento y uniformidad de los datos
   remitidos a la Sección de Estadística. En materia de tránsito, los
   formularios que se ven afectados por los cambios propuestos, son los
   siguientes:

A. Formulario sin código ―Informe Estadístico Mensual Juzgados de
   Tránsito‖:

 En la sección I. Balance General, dentro del desglose de los “Casos
  Fenecidos” se incluyen las siguientes variables:

          h) Devolución (Vehíc., placa, licencia)

          i) Depósito Judicial Cumplido
          j) Suspensión licencia
          k) Remisión Unidad de Ctrol. Cons. Segur. Vial

 En la sección II. Casos Entrados e Incompetencias, se desglosan las
  infracciones de la siguiente forma:

   a)   Devolución (Vehíc., placa, licencia)
   b)   Suspensión licencia
   c)   Depósito Judicial
   d)   Otras

 Se elimina la sección ―AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN‖ y se
  sustituye por ―COMISIONES RECIBIDAS‖.

 En la sección V. Tipo de Sentencias Dictadas se incluyen las siguientes
  variables:
              Sobreseimiento (Conc. con audiencia)
              Sobreseimiento (Conc. sin audiencia)

 Al pie del formulario se incorpora la siguiente nota:
                                                        77

          “Los sobreseimientos por conciliación con audiencia y sin audiencia NO
          deben contabilizarse dentro del total de Sentencias Dictadas.”

       Se elimina la línea “Multa fija (sin oposición)” ya que este tipo de casos
        no se continuarán recibiendo en los juzgados de tránsito(6).

      B. Formulario F-146i ―Informe Mensual de Labores por Materia en los
         Juzgados de Mayor y Menor Cuantía‖

       En las secciones I. Civil, II. Familia y IV. Pensiones Alimentarias,
        después de la variable ―Casos Entrados‖, se agrega ―Casos Reentrados‖,
        ya que según señala el Lic. Fonseca Arguedas, este tipo de casos se ha
        incrementado en esas materias.

       En la sección V. Tránsito, se incluyen las siguientes variables:

          7. Devolución (Vehíc., placa, licenc.)
          8. Depósito Judicial Cumplido
          9. Suspensión licencia
          10. Remisión Unidad Ctrol. Consejo de Seguridad Vial

       En esa misma sección se elimina el ítem 1.3 Multa fija sin oposición ya
        que éste tipo de casos no ingresará más a los juzgados de tránsito.

      C. Formulario F-76i “Casos Entrados, Incompetencias y Prescripciones
         Dictadas en las Materias Contravencional y de Tránsito”

          En el apartado “Asuntos de Tránsito”, la variable Infracciones se
          subdivide en cuatro variables, tal como se indica a continuación:

                   Devolución (vehículo, placa, licencia)
                   Suspensión licencia
                   Depósito Judicial
                   Otras

          La codificación de los asuntos entrados en Tránsito, queda de la siguiente
          forma:


6
 Se consultó con el Lic. Franz Korte Núñez, Juez coordinador del Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de San
José y miembro de la Comisión Interinstitucional de Tránsito.
                                            78

Cód.                                    Descripción
900     Colisión
910     Lesiones o atropello
915     Infracción simple (con oposición)
920     Estrellonazo, vuelco, salirse de la vía y otros (con expediente)
925     Infracciones:
930        a) Devolución (vehíc., placa, licencia)
935        b) Suspensión Licencia
940        c) Depósito Judicial
945        d) Otras
       RECOMENDACIONES

  1.El Departamento de Publicaciones e Impresos deberá elaborar las plantillas
     de los formularios ―Informe Estadístico Mensual Juzgados de Tránsito‖,
     F-76i ―Casos Entrados, Incompetencias y Prescripciones Dictadas en las
     Materias Contravencional y de Tránsito‖ y F-146i ―Informe Mensual de
     Labores por Materia de los Juzgados de Mayor y Menor Cuantía‖, de
     conformidad con las muestras adjuntas.

  2.Una vez realizadas las plantillas, se remitirán al Departamento de
     Planificación a fin de que sean revisadas y posteriormente remitidas al
     Departamento de Tecnología de Información.

  3.El Departamento de Tecnología de Información instalará las plantillas en
     los sistemas de cómputo de los Juzgados de Tránsito del I y II Circuitos
     Judiciales de San José, a fin de ponerlos a prueba hasta diciembre del
     presente año. En dichos despachos deberán sustituirse las actuales
     plantillas de los formularios F-76i y F-146i.

  4.El Departamento de Tecnología de Información así como la Unidad de
     Informática del II Circuito Judicial de San José, deberán realizar los
     correspondientes ajustes en el Sistema del Tribunal de Tránsito (STT) y
     en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales,
     respectivamente, a fin de que se genere la información correspondiente a:

       Casos de Infracciones entrados por:

            Devolución (vehículos, placa, licencia)
                                          79

           Suspensión Licencia
           Depósito Judicial
           Otras

      Casos fenecidos por:

           Sobreseimiento (conciliación con audiencia) por juez
           Sobreseimiento (conciliación sin audiencia) por juez
           Devolución (vehículo, placa, licencia)
           Depósito Judicial Cumplido
           Suspensión Licencia
           Remisión Unidad de Control Consejo de Seguridad Vial

   5.En la Sección de Estadística deberá modificarse la codificación de los
      casos entrados, en el Sistema de Estadísticas Judiciales (E.S.J.)., según el
      siguiente detalle:

     Cód.                         Descripción
     900     Colisión
      910    Lesiones o atropello
      915    Infracción simple (con oposición)
      920    Estrellonzazo, vuelco, salirse de la vía
      925    Infracciones:
      930      a) Devolución (vehículo, placa, licencia)
      935      b) Suspensión Licencia
      940      c) Depósito Judicial
      945      d) Otras

      6. En enero de 2006, una vez evaluados los cambios efectuados en los
         formularios y en los sistemas informáticos por la Sección de
         Estadística, las nuevas variables se implementarán en todos los
         despachos judiciales del país que conocen la materia de Tránsito.‖
                                          -0-

     Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y acoger sus

recomendaciones; en consecuencia: a.- El Departamento de Artes Gráficas
                                        80

elaborará las plantillas de los formularios ―Informe Estadístico Mensual Juzgados

de Tránsito‖, F-76i ―Casos Entrados, Incompetencias y Prescripciones Dictadas en

las Materias Contravencional y de Tránsito‖ y F-146i ―Informe Mensual de

Labores por Materia de los Juzgados de Mayor y Menor Cuantía‖, de conformidad

con las muestras adjuntas; las cuales remitirá al Departamento de Planificación a

fin de que sean revisadas y posteriormente enviadas al Departamento de

Tecnología de Información; b.- Este Departamento instalará las plantillas en los

sistemas de cómputo de los Juzgados de Tránsito del I y II Circuitos Judiciales de

San José, a fin de ponerlos a prueba hasta junio del próximo año; c.- En dichos

despachos deberán sustituirse las actuales plantillas de los formularios F-76i y F-

146i; d.- El Departamento de Tecnología de Información así como la Unidad de

Informática del II Circuito Judicial de San José, realizarán los correspondientes

ajustes en el Sistema del Tribunal de Tránsito (STT) y en el Sistema Costarricense

de Gestión de Despachos Judiciales, respectivamente, a fin de que se genere la

información correspondiente a: Casos de infracciones entrados por:

      Devolución (vehículos, placa, licencia)
      Suspensión licencia
      Deposito Judicial
      Otras

   Casos fenecidos por:
    Sobreseimiento (conciliación con audiencia) por juez
    Sobreseimiento (conciliación sin audiencia) por juez
                                          81

      Devolución (vehículo, placa, licencia)
      Depósito Judicial Cumplido
      Suspensión licencia
      Remisión Unidad de Control Consejo de Seguridad Vial

e.- En la Sección de Estadística se modificará la codificación de los casos entrados,

en el Sistema de Estadísticas Judiciales (E.S.J.), según el siguiente detalle:

       Cód.                     Descripción
       900     Colisión
       910     Lesiones o atropello
       915     Infracción simple (con oposición)
       920     Estrellonazo, vuelco, salirse de la vía
       925     Infracciones:
       930       a) Devolución (vehículo, placa, licencia)
       935       b) Suspensión Licencia
       940       c) Depósito Judicial
       945       d) Otras

f.- En octubre 2006 una vez evaluados los cambios efectuados en los formularios

y en los sistemas informáticos por la Sección de Estadística, las nuevas variables se

implementarán en todos los despachos judiciales del país que conocen la materia

de Tránsito.

ESCUELA JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XLII

       En la sesión N° 76-05 celebrada el 27 de setiembre último, artículo XLII, se

autorizó la realización del curso "Uso y Manejo de la Pistola Semiautomática
                                          82

Calibre 9 mm" del 26 al 30 de setiembre y del 3 de al 7 de octubre del presente

año, a cuyos efectos se concedió permiso con goce de salario, sin sustitución, por

las fechas que a cada uno corresponda, a los participantes incluidos en las listas

transcritas, así como el pago de ayuda económica y transporte en los casos

estrictamente necesarios.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-388-05 de 27 de setiembre recién pasado, expresó:

           ―La Escuela Judicial programó el curso de ―Uso y Manejo de Pistola
       Semiautomática‖, con el fin de ofrecerlo durante los días entre el 03 al
       07 de octubre de 2005, fechas en que se esperaba contar con la entrega de
       la compra de pistolas que realizó el Organismo de Investigación Judicial.
           Hemos sido informados por la Secretaría General de ese Organismo,
       que las armas no han ingresado, lo que nos obliga a suspender esta
       capacitación ya que este equipo es el que se utilizaría para brindar la
       capacitación, por tratarse de un arma nueva que presenta características
       de seguridad diferentes a otras armas adquiridas en el pasado y es de
       interés de la policía judicial que quienes reciban la capacitación lo hagan
       haciendo uso de esta nueva arma, con el fin de que se familiaricen con su
       operación y funcionamiento.
           Por lo anterior, solicito al Consejo Superior, dejar sin efecto lo
       acordado en relación a este curso, el cual se reprogramará nuevamente
       una vez que el Organismo de Investigación Judicial reciba las armas que
       ha adquirido.
           En el mismo figuran como participantes los señores:

                 NOMBRE                                 OFICINA
        Alfaro Mora Walter            Oficina Regional de Tres Ríos
        Arrieta Vargas Carlos         Oficina regional de Osa
        Calvo Barrantes Sidar         Subdelegación Aguirre-Parrita
        Chaves Sibaja Luis Diego      Subdelegación Regional de Cañas
        Chinchilla Castro Gustavo     Sección Delitos Varios
        Gonzáles Carvajal Johnny      Oficina Regional de Sarapiquí
                                          83

        Jiménez Agüero Sigifredo      Oficina Regional de Puriscal
        Jiménez Jiménez Gabriel       Subdelegación de Siquirres
        Morera Flores Carlos          Departamento de Investigaciones Criminales
        Obando Granados Albin         Oficina Regional de Santa Cruz
        Obando Ramos Esteban          Oficina Regional de Grecia
        Pizarro Pizarro Mario         Subdelegación Regional de Nicoya
        Quesada Quesada Javier        Sección de Homicidios
        Sanabria Sojo Manuel          Sección Delitos Varios
        Vargas Alvarado Álvaro        Oficina Regional de Garabito
                                          -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud del licenciado Ivankovich Fonseca y dejar sin

efecto el permiso otorgado a los servidores de la lista transcrita en la sesión del 27

de setiembre último, artículo XLII.

    El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO XLIII

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio

N° EJ-DIR-385-2005 de 27 de setiembre último, expresó:

       ―… les remito para su debida aprobación por este honorable Consejo, si
       bien lo consideran el oficio N° 991-DG-05, suscrito por Lic. Francisco
       Segura Montero, Subdirector General del O.I.J., donde solicita se autorice
       su participación y la de la servidora Hazel Vanesa Quirós Ramírez,
       Encargada de la Página de Personas Desaparecidas, en el ―I Congreso
       Latinoamericano de Policías en Materia de Personas Perdidas‖, que se
       llevará a cabo del 19 al 21 de octubre del presente año en Santiago Chile,
       el cual es organizado por la señora Mariana Alarcón Iturriaga, Capitana
       de los Carabineros y Jefe de la Sección de Encargos de Personas de Chile,
       Save the Children Suecia y la Red de Latinoamericanos Desaparecidos,
       quienes cubrirán lo referente a gastos de hospedaje, alimentación y
       tiquetes aéreos.
                                           84

       En caso de ser aprobado, los servidores Segura Montero y Quirós
       Ramírez deberán viajar el 18 y regresar el 22 de octubre, asimismo, se
       solicita que se contemple lo relacionado al pasaporte de servicio. Para
       mayor información, anexo encontrará el oficio de invitación, programa de
       la actividad y la correspondiente solicitud.
       En virtud de que el tema a tratar es sumamente relevante para el proyecto
       de la página www.costarricensesdesaparecidos.org que administra el
       O.I.J., solicito respetuosamente, se realicen las gestiones correspondientes
       para que los funcionarios antes mencionados atiendan esta actividad
       formativa.‖
                                           -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, del 18 al 22 de octubre en curso, al licenciado Segura

Montero y a la servidora Quirós Ramírez, para que participen en el ―I Congreso

Latinoamericano de Policías en Materia de Personas Perdidas‖, a efectuarse en

Santiago de Chile, en el entendido de que los gastos de hospedaje, alimentación y

tiquetes aéreos serán cubiertos por los organizadores del evento.

      El Departamento de Personal y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. La

Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de

servicio. Se declara acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XLIV

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo
                                          85

de Investigación Judicial, en oficio N° 1019-DG-05 de 27 de setiembre recién

pasado, expresó:

              ―… me permito remitir a ese honorable Consejo Superior,
       memorial no. 301-SEC-2005 de la Secretaría General de este Organismo,
       en la que se adjunta solicitud de la servidora Anabelle Corrales Guevara,
       Auxiliar Administrativo Dos del Archivo Criminal, quien solicita la
       autorización respectiva, para participar del seminario sobre Reactivación
       de Huellas en Piel Humana, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 02
       de noviembre en el Salvador.
              Para tales efectos, la señora Corrales Guevara cubrirá todos los
       gastos; no obstante, de ser aprobada la gestión, se les solicita se pueda
       gestionar el pasaporte oficial respectivo.
              De autorizarse la petitoria, la citada servidora deberá viajar el 30
       de octubre, regresando el 03 de noviembre por horarios de vuelo.‖
                                          -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, a la señora Corrales Guevara para que del 30 de octubre en

curso al 3 de noviembre próximo, asista al seminario que da cuenta, el que se

llevará a cabo en El Salvador, en el entendido de que los gastos del evento serán

cubiertos de su propio peculio.

      El Departamento de Personal y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. La

Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de

servicio. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XLV
                                          86

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 1004-DG-05 de 22 de setiembre último,

comunicó lo siguiente:

             ―El día 21 de abril del año en curso, esta Dirección General recibió
       el oficio Nº 03388-2005-DHR fechado 14 de ese mismo mes, mediante el
       cual el Lic. José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes de la
       República, solicitaba un informe en torno al expediente Nº 18662-22-
       20005-QJ que se tramita en esa dependencia en virtud de la queja
       interpuesta por el señor Catalino Sánchez Palacios.
            En virtud de lo anterior y, en cumplimiento de lo dispuesto por Corte
       Plena en las sesiones celebradas el 8 de noviembre de 1993, artículo
       XLVII y el 09 de junio de 1997, artículo XVII, se procedió a trasladar
       dicha solicitud al Consejo Superior, mediante oficio Nº 399-D.G.-05 de
       fecha 28 de abril del año en curso, al cual se adjuntó el informe rendido
       sobre el particular por el Lic. José Antonio Bravo Gutiérrez, Subjefe de la
       Delegación Regional de este Organismo en Corredores, donde se refirió
       detalladamente a la situación expuesta por el quejoso.
             El día 21 del presente mes, esta Dirección General recibe el Oficio
       Nº 09141-2005-DHR de fecha 16 de septiembre del 2005, a través del
       cual la señora Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes,
       indica que mediante el oficio número 3388-2005-DHR, notificado el día
       13 de mayo del 2005, se nos comunicó que contábamos con un término
       perentorio de cinco días hábiles para presentar el informe respectivo,
       plazo que venció sin que se recibiera la información solicitada; a la vez
       que, solicita nuevamente el informe de referencia en un plazo de cinco
       días.
            En razón de la situación expuesta, me permito trasladar a
       conocimiento de ese estimable Consejo toda la documentación
       concerniente a este caso, para lo que a bien estimen disponer.
             Del mismo modo, con el mayor respeto me permito sugerir se valore
       la posibilidad de informar a la nueva Defensoría de los Habitantes de la
       República, señora Lisbeth Quesada Tristán, lo dispuesto por Corte Plena
       en las sesiones arriba mencionadas, a fin de evitar que en lo sucesivo
       continúen presentándose este tipo de inconvenientes.‖
                                        87

                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y acoger la recomendación del

licenciado Segura Montero, en consecuencia se le reitera a la señora Defensora de

los Habitantes de la República, que la Corte Plena en sesión N° 18-97 celebrada el

9 de junio del 1997, artículo XVII, dispuso hacer del conocimiento de esa

Defensoría, que en adelante, toda comunicación debe dirigirla al Presidente de la

Corte o a la Secretaría General de la Corte, y no a las diferentes oficinas que

forman parte del Poder Judicial. Asimismo se comunica a la doctora Quesada

Tristán, que la Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 3360-2005 de 2

de mayo de este año, remitió el informe rendido por el Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en respuesta al oficio N° 03388-2005 DHR,

sobre la denuncia planteada por el señor Catalino Sánchez Palacios.

                               ARTÍCULO XLVI

      En la sesión N° 49-05 celebrada el 28 de junio de este año, artículo XLVII,

de conformidad con lo que establece el artículo 41 del Estatuto de Servicio

Judicial, se aprobó el traslado en propiedad del servidor Wesley Montoya Rojas a

la plaza N° 101001 de la Sección de Delitos contra la Propiedad y el señor

Armando Núñez Ureña, al puesto N° 96422 de la Delegación Regional del

Organismo de Investigación Judicial de Cartago, a partir del 1° de julio del 2005.
                                          88

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 1030-DG-05 de 27 de setiembre en último,

expresó:

       ―Mediante oficio 646-DG-05 esta Dirección General elevó a
       conocimiento de ese Consejo Superior la solicitud de traslado de los
       servidores Wesley Montoya Rojas quien laboraba en la Delegación
       Regional de Cartago y deseaba trasladarse a la Sección Delitos Contra la
       Propiedad y el señor Armando Núñez Ureña, quién se trasladó a la
       Delegación Regional de Cartago; de esta manera, dicho traslado se
       gestionó a partir del 1º de julio del presente año.
       Posteriormente, ese Honorable Consejo Superior acordó mediante
       Acuerdo No. 6575-05, de la sesión no. 49-05, celebrada el 28 de junio del
       año en curso, Artículo XLVII, aprobar en propiedad los traslados supra
       mencionados a partir del 1º de julio del año en curso, trasladándose el
       señor Montoya Rojas a la Sección Delitos Contra la Propiedad y al
       funcionario Núñez Ureña a la Delegación Regional de Cartago, no
       obstante, dicho traslado no podía efectuarse en propiedad, toda vez, que
       el servidor Armando Núñez Ureña no ostenta está condición.
       En virtud de lo cual, le solicitamos a ese ente superior rectificar el
       acuerdo supra mencionado, de manera tal que el Sr. Montoya Rojas, se
       traslade en propiedad a la plaza número 101001 y el señor Núñez Ureña
       se traslade interinamente a la plaza número 96422, ya que don Armando
       para lograr su propiedad, deberá cumplir con todo el trámite legalmente
       establecido.‖
                                         -0-

      Por su parte, el licenciado Víctor Castro Méndez, Presidente de la

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, en oficio N° 702-05 de

29 de setiembre último, solicitó lo siguiente:

           ―Según oficio 1030-DG-05 del 27 de setiembre del 2005, de la Sub-
       Dirección del Organismo de Investigación Judicial, donde se le pone en
       conocimiento a ese Consejo Superior, del supuesto error en el
                                           89

       nombramiento del señor Armando Núñez Ureña, realizado el 28 de junio
       del año en curso, en sesión 49-05, artículo XLVII, a partir de su traslado a
       plaza vacante en la Delegación de Cartago. Adjunto además, nota del Jefe
       de la Delegación donde solicita se incorpore en la nómina de plaza
       vacante el nombre del Lic. Núñez Ureña.
            Consideramos necesario que no se afecten los intereses del
       compañero mencionado debido que a partir de su traslado, debió esperar
       tres meses para que se regulara el pago de su salario, y hoy después de
       tres meses se pretende devolver a la condición de interino. Existen
       antecedentes donde la misma Sub-dirección se comprometió con esta
       Organización a nombrar al señor Núñez Ureña a partir de su traslado en
       propiedad, siempre y cuando cumpliera con las expectativas de la Jefatura
       de la Delegación, dado que tiene casi cinco años de laborar como
       Investigador 1, en forma interina, lo cual es totalmente infundado dado
       que han existido y existen plazas para que sea nombrado.
           Por lo anteriormente expuesto solicitamos que dicho nombramiento
       en propiedad, se ratifique por ese Consejo Superior.‖
                                           -0-

      El licenciado Francisco Vargas Chacón, Jefe de la Delegación Regional del

Organismo de Investigación Judicial de Cargago, mediante oficio No. 1041-DRC-

05 de 29 de setiembre de este año, dirigido al Secretario General del Organismo de

Investigación Judicial, solicita incluir en futura nómina al licenciado Armando

Núñez Ureña, lo anterior por cuanto ha trabajado en esa Delegación de manera

interina y ha demostrado condiciones para dicho puesto, con deseos de superarse,

reúne los requisitos y considera que es la persona que podría ocupar el puesto de

Investigador 1 (plaza vacante con n° 96422).


      Por mayoría, se acordó: 1) Tomar nota de las comunicaciones de los

licenciados Segura Montero, Castro Méndez y Vargas Chacón. 2) Comunicar al
                                           90

Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial, que en virtud de que

el traslado de los citados servidores en el acuerdo de referencia se tomó con

evidente error, se mantiene la situación de la permuta, en el entendido de que ésta

no es en propiedad sino interinamente, situación que eventualmente se solucionaría

una vez que la jefatura de la Delegación Regional del Organismo de Investigación

Judicial de Cartago solicite la terna y se ocupe la plaza en propiedad.

      El licenciado Martínez salva el voto y previamente a resolver, concede

audiencia al servidor Núñez Ureña.

                                 ARTÍCULO XLVII

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 1020-DG-05 de 27 de setiembre último,

expresó:

              ―.. me permito remitir a ese honorable Consejo Superior, memorial
       no. 290-SEC-2005 de la Secretaría General de este Organismo, en la que
       se adjunta solicitud de los servidores Blanca Flor Céspedes Rojas y
       Gilberto Picado Rojas ambos, Técnicos Criminalísticos del Archivo
       Criminal, quienes solicitan la autorización respectiva, para participar del
       seminario sobre Reactivación de Huellas en Piel Humana, que se llevará a
       cabo del 31 de octubre al 02 de noviembre en El Salvador.
              Para tales efectos, los citados servidores cubrirán los gastos de
       hospedaje y alimentación; no obstante, solicitan se otorgue el permiso con
       goce de sueldo respectivo, así mismo se autorice el pago de los tiquetes
       aéreos, y el monto correspondiente a la inscripción (veinte dólares por
       persona). De ser aprobada la gestión, se les solicita se tramite el
       pasaporte oficial respectivo en estos casos.
              De autorizarse la petitoria, los citados servidores deberán viajar el
                                         91

       30 de octubre, regresando el 03 de noviembre por horarios de vuelo.
       Se adjunta la certificación de fondos no. 668-P-2005 del Departamento
       Financiero Contable, necesaria en este tipo de diligencias.‖
                                         -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, el pago de los tiquetes aéreos y la cuota de inscripción de

$20 (veinte dólares) a cada uno de los servidores Céspedes Rojas y Picado Rojas,

para que del 30 de octubre en curso al 3 de noviembre próximo, asistan al

seminario ―sobre reactivación de Huellas en Piel Humana, el que se llevará a cabo

en El Salvador, en el entendido de que los gastos de hospedaje y alimentación

serán cubiertos de su propio peculio.

      El Departamento de Personal y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. La

Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de

servicio. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XLVIII

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 1011-DG-05 de 22 de setiembre último,

manifestó:

             ―El Lic. Allan Fonseca Bolaños, Jefe a.i. de la Oficina de Planes y
       Operaciones, mediante oficio No. 0364-OPO-2005, expone la posibilidad
       de aceptar por un período hasta de tres meses a los canes Negro, Dostan y
                                           92

       Gordon, los cuales serían donados por parte de la Policía Municipal a la
       Unidad Canina de este Organismo, de ser aptos para la labor que se
       desarrolla en la K9.
               Estos canes permanecerían por el período establecido en dicha
       unidad, con la finalidad de practicar las pruebas necesarias para
       determinar sin son adiestrables para la labor policial que se requiere.
               De ser aprobada la gestión, se hace necesaria la autorización de los
       gastos correspondientes a alimentación y cuidados veterinarios durante
       esos tres meses.
               De determinarse que tales canes cumplen con las condiciones
       necesarias, se estaría comunicando a ese estimable Consejo Superior, con
       el interés de gestionar formalmente la donación e inclusión de los perros
       dentro del patrimonio judicial.
                                           -0-

    Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar por el término de tres meses

la donación de que se da cuenta, así como los gastos de alimentación y cuidados

veterinarios correspondientes.

    La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial tomará nota

para los fines consiguientes.


                                 ARTÍCULO XLIX

      El máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, con el visto bueno del licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 309-DCF-2005 de

28 de setiembre recién pasado, manifestó:

       ―En el marco del proyecto ―Asistencia Técnica a las Fuerzas Policiales de
       Costa Rica‖, que auspicia la Agencia Española de Cooperación
       Internacional a través del Ministerio del Interior de ese país, se ha
                                     93

ofrecido por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil la
realización de un curso de balística para los días comprendidos entre el 3
y el 21 de octubre.
Siguiendo el modelo desarrollado en cursos anteriores por peritos de ese
Servicio, se ha programado que el curso tenga una duración de tres
semanas, participando del mismo tanto personal experto de la Sección de
Pericias Físicas como personal no experto que corresponde en su mayoría
a asistentes de laboratorio que estarían adquiriendo conocimiento para
desempeñarse eventualmente en esa Sección en caso de un posible
ascenso a una plaza técnica, respetando el acuerdo previo de ese
respetable Consejo relativo a dar prioridad a los asistentes para ocupar
plazas de técnico criminalístico.
Por tal motivo, se solicita el permiso correspondiente para las tres
semanas de duración del curso. A la vez se indica que se tomarán las
previsiones correspondientes con el fin de que el buen servicio público no
se vea afectado.
Finalmente, se solicitan disculpas debido a lo apresurado del trámite, sin
embargo el comunicado por parte de la Agencia Española de Cooperación
Internacional fue recibido el día de ayer al mediodía.‖

 PARTICIPANTES AL CURSO DE BALÍSTICA A IMPARTIR POR GUARDIA CIVIL
                            ESPAÑOLA

          Nombre                  Sección                         Puesto
Abarca Camacho Luis Alfonso   Pericias Físicas     Profesional en Ciencias Forenses II
 Cervantes Fonseca Gerardo    Pericias Físicas          Técnico Criminalístico I
Chaves Cordero José Manuel    Pericias Físicas     Profesional en Ciencias Forenses II
   Díaz Loría José Andrés     Pericias Físicas   Profesional en Ciencias Forenses II a.i.
  Faerron Ángel Francisco     Pericias Físicas          Técnico Criminalístico II
 Macías Alvarenga Eduardo     Pericias Físicas      Jefe a.i. Sección Pericias Físicas
   Mejías Chacón Wagner       Pericias Físicas     Profesional en Ciencias Forenses II
  Peraza Álvarez José Luis    Pericias Físicas        Técnico Criminalístico II a.i.
  Quesada Lemaire Reiner      Pericias Físicas          Técnico Criminalístico I
  Solís Barrantes Alfonso     Pericias Físicas           Profesional en Química
    Solís Blanco Ivannia      Pericias Físicas          Asistente de Laboratorio
   Vargas Ramírez Steven      Pericias Físicas           Profesional en Química
   Vargas Ramos Rodolfo       Pericias Físicas          Técnico Criminalístico I
  Vélez Carballo Fernando     Pericias Físicas          Técnico Criminalístico I
    Víquez Vega Brenda        Pericias Físicas          Técnico Criminalístico I
  Fallas Rodríguez Jeremy      Bioquímica               Asistente de Laboratorio
  González Campos Alexis       Bioquímica               Técnico Criminalístico II
  González Vargas Cynthia      Bioquímica               Asistente de Laboratorio
 González Villalobos Nuria     Bioquímica               Asistente de Laboratorio
                                                94

           López Morales Tatiana            Bioquímica       Asistente de Laboratorio
      María Concepción Morelli Cosenza      Bioquímica       Asistente de Laboratorio
         Méndez Vallejos Guillermo         Bioquímica        Asistente de Laboratorio
              Alfaro Soto Susana         Química Analítica   Asistente de Laboratorio
           Esquivel Campos Laura         Química Analítica   Asistente de Laboratorio
        Bonilla Cambronero Guillermo       Toxicología       Asistente de Laboratorio
              Ruiz Ramos Jorge              Tránsito y           Jefe de Sección
                                            Planimetría


                                                -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, a los servidores de la lista transcrita, para que del 3 al 21 de

octubre de este año, participen en el ―Curso de Balística‖ de que se ha dado cuenta.

Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público

a cargo de quienes se autorice que asistan, lo cual implica que deberán dar

prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el

Poder Judicial y en caso de diligencias previamente programadas deberán

atenderlas y no podrán ser modificadas, de lo contrario, no se autoriza la asistencia

a la actividad para la que se solicita permiso.

    El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                         ARTÍCULO L

      En la sesión N° 62-05 celebrada 11 de agosto del presente año, artículo III,

se solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial, que rindiera un informe sobre los
                                              95

motivos de la tardanza en la notificación de la resolución N° 329-03 de las 11:30

horas del 13 de junio del 2003, mediante a la cual se sancionó al señor Mariano

Rodríguez Flores, Asistente Administrativo del Departamento de Personal, con tres

días de suspensión sin goce de salario, medida disciplinaria que este Consejo

revocó.

      El licenciado Macario Barrantes Ramírez, Presidente del Tribunal de la

Inspección Judicial, en nota de 26 de setiembre último, rinde el siguiente informe:

                ―… debemos manifestar que lo ocurrido en ese y en los otros casos
          que menciona dicho acuerdo, no obedece a problemas propiamente de
          notificación, sino de redacción de tales votos, como lo explicamos a
          continuación.
                Como se recordará, en el año 2003 fuimos nombrados integrantes
          del Tribunal de la Inspección Judicial, tanto la licenciada Leda Méndez
          Vargas como el suscrito. A nuestra llegada a esta Dependencia, ambos
          debimos dedicarle un tiempo prudencial al aprendizaje de nuestras nuevas
          funciones, así como al estudio del ambiente laboral de esta Oficina, pues
          aún no se había normalizado la situación, originada en los problemas
          internos que culminaron con el retiro de los ex integrantes de este
          Órgano, licenciados Ana Eugenia Rodríguez Alvarado y Jorge Rodríguez
          Rodríguez. La crisis interna que aún se observaba, fue un escollo que
          dificultaba el desarrollo normal de nuestras labores. Dichosamente
          logramos solventar dicha situación, aunado a los esfuerzos realizados en
          tal sentido, por el Tribunal que se desempeñó interinamente antes de
          nuestra llegada, a tal punto que hoy día ese es un problema del pasado.
          Sin embargo, como era de esperar, durante el año 2003 el circulante de
          este Tribunal casi se duplicó, pues de 458 asuntos existentes al finalizar el
          año 2002, pasamos a 812 quejas en diciembre del 2003. Por ello, en el
          siguiente año establecimos como prioritario la disminución de ese
          circulante, meta que alcanzamos en forma satisfactoria, pues al finalizar
          el año 2004 logramos reducir esa cifra a 429 asuntos. Asimismo,
          logramos acortar en forma notoria, la duración en el trámite de las quejas.
          También obtuvimos un avance significativo en el área de control de
                                          96

       Despachos, pues en el año 2004 fueron visitadas una gran mayoría, de las
       Oficinas Judiciales del país, labor que había venido a menos en los años
       anteriores. Al concentrar los esfuerzos en aspectos como los antes
       señalado, y dado que no había posibilidad de prescripción, según lo ha
       reiterado ese Consejo, se postergó la redacción de algunos votos que
       ofrecían cierta dificultad, pues resultaba materialmente imposible cumplir
       unas metas sin sacrificar otras. Eso también ya es cosa del pasado, pues
       desde principios del presente año, alcanzamos el punto de equilibrio en el
       funcionamiento de este Tribunal. En lo que aquí interesa, desde principios
       de este año hemos estado completamente al día en la redacción de votos,
       mientras que el circulante se mantiene en un nivel ligeramente superior, al
       que existía cuando iniciamos el presente año, pero estamos poniendo todo
       nuestro empeño para que al finalizar este año, tengamos menos asuntos
       que los existentes en enero del 2005.
             En resumen, el asunto que motivó este informe obedeció a una
       situación transitoria, relacionada con la redacción de algunos votos y no
       con su notificación; sin embargo, dichosamente logramos solventar dicha
       situación desde inicios del presente año. No sobra indicar que ya este
       Tribunal tomó las acciones necesarias, para que en el futuro no se vuelvan
       a presentar situaciones similares, a la que originó este asunto.‖

                                          -0-

    Por mayoría, se acordó: Tener por rendido el informe y señalarle al Tribunal

que debe hacer el mayor esfuerzo para dictar las resoluciones en un plazo

razonable para que situaciones como las descritas no se vuelvan a presentar.

      El Licenciado Martínez Fernández votó por poner en conocimiento de la

Corte Plena, el informe del licenciado Macario Barrantes Ramírez, Presidente del

Tribunal de la Inspección Judicial, así como los antecedentes de este acuerdo, con

el propósito de que si ésta lo estima procedente, se fije alguna regla en relación con

el tema de la prescripción a que se refiere dicho informe, pues independientemente
                                          97

de los factores administrativos internos que pudieran haber incido en la labor del

Tribunal, no le parece razonable ni justificable ante los administrados, un plazo

cercano a los dos años para la redacción de una resolución y su posterior

notificación, máxime considerando, que de acuerdo con el artículo 211 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, todas las etapas del procedimiento administrativo

disciplinario, abarcan a lo sumo un plazo total de trece meses.

COMISIONES

                                   ARTÍCULO LI

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° DP 1215-05 de 22 de setiembre recién pasado, manifestó:

       ―La Comisión de la Jurisdicción Civil y Agraria en la reunión celebrada el
       13 de setiembre último, conoció el informe que presentó el Lic. Víctor
       Soto Córdoba, Nº 02- JCMCIIJSJO-2005 del 26 de agosto, mediante el
       cual hace una exposición de los problemas que viene enfrentando el
       Juzgado Civil de Mayor Cuantía, en cuanto a la cantidad de circulante,
       población meta a atender, falta de recursos humanos y otros medios para
       brindar un mejor servicio público, acordó:
       a) Recomendar al Consejo Superior que se solicite al Departamento de
       Planificación un estudio técnico del funcionamiento del Juzgado
       tomando en cuenta los parámetros que se citan en el informe, Nº 02-
       JCMCIIJSJO-2005, del 26 de agosto, con el fin de dotar al despacho del
       recurso humano requerido, para hacer frente a la carga de trabajo y
       brindar un mejor servicio a los usuarios.
       b) Recomendar al Consejo Superior se solicite al Departamento de
       Servicios Generales se realice el estudio respectivo, para dotar de espacio
       físico al Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José,
       Goicoechea, en virtud de que al estar las oficinas que ocupa el Juzgado
       Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea,
                                          98

       impide un mejor funcionamiento de los despachos, lo que origina un
       deterioro en el servicio público.
       Por lo anterior, le agradeceré hacer del conocimiento del Consejo
       Superior los anteriores acuerdos.‖
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y acoger las

recomendaciones en él contenidas. Póngase el presente acuerdo en conocimiento

de los Departamentos de Planificación y Servicios Generales.

AUDITORÍA JUDICIAL


                                  ARTÍCULO LII

      En sesión N° 31-04 celebrada el 4 de mayo del 2004, artículo XLII, se tomó

el acuerdo que dice:

       ―En sesión del 18 de diciembre del 2003, artículo LXXXV, se tomó el
       acuerdo que literalmente dice:

       "En sesión N° 45-03 celebrada el 24 de junio de este año, artículo XLI, se
       conoció el informe N° 408-19-AUO-2003 de 13 de ese mes, elaborado
       por la Sección Auditoría Operativa de la Auditoría Judicial, referente a
       las causas por las cuales los Juicios Penales efectuados en el Tribunal de
       Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, se inician tarde, o bien
       son suspendidos regularmente.
       En esa oportunidad, entre otros asuntos, se dispuso solicitar a los Jueces
       del citado Tribunal, que indicaran los motivos que inciden en el bajo
       rendimiento observado.
       La licenciada Elizabeth Tosi Vega, Jueza Coordinadora del Tribunal de
       Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, en amplio escrito de 25 de
       agosto de este año, rinde el informe solicitado en la sesión de referencia,
       en el cual hace una serie de observaciones a algunos aspectos en
       particular del estudio realizado por la Auditoría Judicial y especialmente
       señala que "…estimamos que la productividad y eficiencia del trabajo de
                                       99

     los jueces integrantes de este Tribunal resulta altamente satisfactorio y
     refutamos que el mismo sea bajo como lo señalan los señores
     auditores…".
     Se acordó: 1) Tener por rendido el informe. 2) Trasladar copia de este a
     la Auditoría Judicial para que analice los argumentos que ahí se exponen
     y rinda un informe al respecto."
                                         -0-
     En relación con el acuerdo anterior, en oficio N° 313-51-AUO-2004 del
     16 de abril del 2004, el Lic. Hugo E. Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial,
     manifiesta:
     "En atención al oficio Nº 1161-04 de 11 de febrero del presente año,
     mediante el cual se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior
     en sesión celebrada el 18 de diciembre último, artículo LXXXV, en el que
     se dispuso solicitar a esta Auditoría que analice los argumentos
     esgrimidos por la Licda. Elizabeth Tosi Vega en oficio de 25 de agosto de
     2003 y rinda un informe al respecto, todo en relación con nuestro informe
     Nº 408-19-AUO-2003, sobre "las causas por las cuales los Juicios
     Penales efectuados en el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial
     de San José, son iniciados tardíamente, o bien son suspendidos
     regularmente", con el debido respecto me permito manifestar lo siguiente.
     En relación con este acuerdo, es oportuno plantear de manera
     cronológica, las diversas etapas recorridas, en torno al conocimiento del
     citado informe por parte de las instancias correspondientes.
1.         El día 12 de setiembre del 2002 se concede audiencia a la Licda.
     Elizabeth Tosi Vega, Coordinadora del Tribunal de Juicio del Primer
     Circuito Judicial y a la Licda. Vivian Chacón Madrigal, Administradora
     de dicho Tribunal, para que se pronuncien sobre el contenido del hasta
     entonces borrador del informe Nº 408-19-AUO-2003 referido. Así consta
     en el libro de conocimientos de esta Auditoría (se adjunta copia de dicho
     documento).
2.         Una vez vencido el plazo de la audiencia concedida, se procede a
     corregir el informe de marras, con las observaciones efectuadas por la
     Licda. Chacón Madrigal, no así por parte de la Licda. Tosi Vega, ya que
     nunca se pronunció al respecto.
3.         El 13 de junio de 2003 se pone en conocimiento de la Corte Plena y
     del Consejo Superior, el informe Nº 408-19-AUO-2003 al que se hace
     referencia.
4.         El 24 de junio de 2003 el Consejo Superior en sesión Nº 45-03,
     artículo XLI, acordó con respecto al informe lo siguiente:
     "Se acordó: Tener por rendido el informe de la Auditoria Judicial, cuyas
     recomendaciones se aprueban y deberán ser acatadas a la brevedad por
                                     100

   parte de los Despachos que ahí se citan y cualquier imposibilidad de
   cumplir con éstas deberán hacerlo del conocimiento de este Consejo. No
   obstante, este Órgano superior se permite hacer las siguientes
   observaciones: a) Trasladar copia del referido estudio al Magistrado
   Aguirre y a la Comisión de Asuntos Penales para su atención; b) En
   cuanto a la N° 1 dirigida a este Consejo Superior, la cual persigue la
   definición de parámetros mínimos de producción, no solo para el
   personal profesional sino también de apoyo, con el fin de acelerar la
   tramitación de los expedientes y por ende aumentar la productividad del
   Despacho, se dispone conformar un Equipo Interdisciplinario (que
   incluya al Departamento de Planificación, Auditoría Judicial, Jueces y
   cualquier otro que se estime pertinente) bajo la coordinación del Lic.
   Juan Diego Rojas Araya, integrante de este Consejo, para los fines
   indicados; c) Enviar copia del citado informe a las diferentes
   Asociaciones de Jueces y Profesionales en Derecho para su
   conocimiento; d) Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que estudie
   la posibilidad de instalar un sistema eficiente de control de vehículos
   (lector óptico), según lo indicado en la recomendación N° 4; e) Reiterar
   a los Jueces del Tribunal Penal del Primer Circuito la obligación de
   respetar los horarios de trabajo establecidos y que las audiencias den
   inicio a la hora señalada. Asimismo, se les solicita que indiquen a este
   Consejo en el término de 8 días después de recibido el presente acuerdo,
   las razones que inciden en el bajo rendimiento observado."
5.       El 11 de agosto de 2003, la Corte Plena en sesión Nº 30-03, artículo
   VIII, acuerda con respecto a dicho informe lo siguiente:
   "Se dispuso: Trasladar el anterior informe a conocimiento de los
   Magistrados Mora y Aguirre, para que sea tomado en consideración en
   el informe que deben dar a esta Corte, sobre el restablecimiento de los
   Secretarios en los despachos judiciales y la utilización de Jueces
   tramitadores y Coordinadores en ellos. Trasladar también el informe al
   Magistrado Arroyo para que lo tenga como material de trabajo en la
   preparación del próximo taller de esta Corte, en el que se analizará la
   organización de los despachos judiciales."
6.       El 25 de agosto de 2003, después de haber transcurrido casi un año
   en que esta Auditoría le concedió audiencia y después de que el informe
   fue conocido y aprobado por el Consejo Superior, la Licda. Elizabeth
   Tosi Vega se pronuncia al respecto, haciendo una serie de observaciones
   al informe realizado.
   Después de observar esta cronología de acontecimientos que median en
   torno al informe Nº 408-19-AUO-2003 y de conformidad con lo
   establecido en la Ley General de Control Interno en el numeral 36,
                                      101

   consideramos salvo mejor criterio, que la solicitud del respetable Consejo
   Superior resulta improcedente, en vista de ser un procedimiento
   extemporáneo, contrario a la normativa vigente, ya que dicho artículo
   literalmente señala lo siguiente:
   "Artículo 36.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los
   informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los
   titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:
a.        El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días
   hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la
   implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el
   transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con
   copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las
   cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones
   alternas para los hallazgos detectados.
b.        Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de
   veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la
   documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá
   ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las
   soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su
   propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros
   diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio,
   ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones
   alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y
   que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán
   sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.
   c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular
   subordinado correspondiente, para el trámite que proceda."
   De esta manera, si hacemos una concordancia con el numeral 129 de la
   Constitución Política de la República de Costa Rica, referente a la
   obligatoriedad del sometimiento a la ley y el principio constitucional de
   que nadie puede alegar desconocimiento de la ley, se refuerza aún más
   nuestra posición sobre la improcedencia de lo solicitado.
   El artículo 129 constitucional describe:
   "ARTÍCULO 129: Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día
   que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su
   publicación en el Diario Oficial.
   Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma
   autorice.
   No tiene eficacia la renuencia de las leyes en general, ni la especial de
   las de interés público.
   Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las
                                  102

mismas leyes no disponen otra cosa...".
También debemos ser consientes bajo un criterio de razonabilidad, que
sería inoportuno de nuestra parte, realizar modificaciones a un informe
cuyo estudio se practicó con fecha de corte a diciembre de 2002, pues es
de esperar que las condiciones citadas en ese documento pudieron haber
variado, además de que el mismo ya fue conocido y aprobado por las
instancias superiores.
Asimismo, es lamentable que en su oportunidad, cuando se le dio
audiencia a la Licda. Tosi Vega, sobre el borrador del informe referido,
no se hubiese pronunciado al respecto, ya que ello nos habría permitido
analizar sus argumentos y de considerarlo pertinente realizar los ajustes
respectivos al informe de referencia, pues precisamente eso es lo que se
persigue cuando se somete a consideración de los despachos auditados los
borradores de los informes y en este caso, pese a que de acuerdo con la
circular emitida al efecto por el Consejo Superior, se estableció un plazo
de quince días naturales para que emitiera criterio sobre dicho borrador y
que al no obtener respuesta en reiteradas ocasiones se le hizo llamadas
telefónicas para que se pronunciara al respecto, dicho pronunciamiento lo
realizó casi un año después, lo cual obviamente obligó a esta Auditoría a
remitir el citado informe a conocimiento de las instancias superiores sin
considerar sus observaciones, ya que de acuerdo con la Circular N° 32-94
de fecha 19 de julio de 1994, emitida por el Consejo Superior, se
estableció el siguiente procedimiento con respecto a las audiencias de los
borradores de los informes realizados por este Despacho:
"Que el Consejo Superior, en la sesión celebrada el 20 de junio último,
artículo XXXVII, a solicitud de la Auditoría Judicial, dispuso
comunicarles que cuando ese Despacho les dé audiencia para que se
refieran por escrito a los resultados de sus informes, la respuesta sea
remitida a esa Auditoría en un plazo no mayor a quince días naturales.
En caso contrario, se considerará que todo lo externado se acepta tal y
como se recomienda". (El resaltado no pertenece al original).
En vista de lo expuesto anteriormente, y sobre todo por el tiempo que ha
transcurrido desde que se emitió el citado estudio, luego de analizar las
manifestaciones de la Licda. Tosi Vega, consideramos que emitir criterio
al respecto, implicaría realizar un nuevo estudio operativo, lo cual
demandaría invertir tiempo y recursos para ello, aunado a que no está
contemplado en nuestro Plan Anual de Trabajo para el presente año. No
obstante, en virtud de la importancia que dicho estudio podría tener para
la Institución, de acuerdo con nuestra disponibilidad de recursos, esta
Auditoría analiza la posibilidad de realizar el citado estudio en lo que
resta del presente año, o bien incluirlo como parte de los estudios a
                                        103

      realizar en el Plan Anual de Trabajo para el próximo año, a efecto de
      analizar, entre otros aspectos, si efectivamente el Despacho de referencia
      ha logrado mejorar su gestión."
                                           -0-
            Se acordó: 1) Tomar nota y comunicar a la Auditoría Judicial el
      interés de este Consejo para que los argumentos sustentados por la Licda.
      Elizabeth Tosi Vega, Jueza Coordinadora del Tribunal Penal del Primer
      Circuito Judicial de San José, en su escrito de 25 de agosto del 2003 con
      relación al informe N° 408-19-AUO-2003, sean analizadas por parte de
      ese Despacho antes de concluir el presente año. 2) Hacer ver a la Licda.
      Tosi Vega el contratiempo que produjo la presentación tardía de sus
      apreciaciones al informe de la Auditoría, para que a futuro se ajuste al
      plazo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Control Interno.
      Se declara firme este acuerdo.‖
                                        -0-

     El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N°

781-59-AUO-2005 de 22 de setiembre en curso, expresó:

      ―Con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo
      Superior en la sesión Nº 31-04 celebrada el 04 de mayo del 2004,
      Artículo XLII, el cual se incorporó como parte del Plan Anual de Trabajo
      de esta Auditoría para el año 2005, me permito remitir el estudio
      realizado por la Sección Auditoría Operativa del Despacho a mi cargo,
      referente las causas internas que afectan el rendimiento integral del
      Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José.

      Según se desprende del informe de referencia, existen diversos factores
      externos e internos que repercuten en la productividad del Tribunal
      referido, entre los aspectos más relevantes destacan los siguientes:

          De acuerdo con las evaluaciones realizadas por diversas
           dependencias de la Institución con anterioridad al presente estudio,
           los problemas de rendimiento que tiene el Despacho de cita, se han
           sustentado básicamente en los resultados estadísticos emitidos en el
           seno del mismo despacho auditado, de ahí que las causas que
           justifican el bajo rendimiento en la mayor parte de los casos hacen
           parecer como si se tratara únicamente de factores externos ajenos al
           Tribunal de Juicio de San José. Así, la falta de presentación o
                                  104

    inasistencia de los acusados, errores en la tramitación del proceso
    por parte del Ministerio Público, problemas de notificación y
    citación, renuncia de patrocinio de la defensa, falta de interés de las
    partes, son algunos de los motivos que más se han mencionado en
    los informes emitidos por las instancias citadas y son precisamente
    las mismas razones o motivos que se reflejan en las estadísticas
    generadas y reportadas al Departamento de Planificación, para
    justificar los problemas que se han presentado con la productividad
    del Despacho de cita.

   En la presente evaluación se determinó que además de los factores
    antes mencionados, existen otras causas a lo interno del Despacho
    que influyen en forma directa en la productividad de éste y que
    trascienden los resultados ya obtenidos estadísticamente. Uno de los
    factores más destacados radica en el incumplimiento de los horarios
    de trabajo por parte de la mayoría de los Jueces participantes en los
    debates, lo cual a su vez es un factor adicional que incide en el
    inicio tardío y suspensión de audiencias.

    La situación anterior se agrava en virtud de que a pesar que el
    artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la figura
    de juez coordinador en los despachos, no delimita claramente el
    poder de mando y liderazgo que debe de ejercer este cargo, situación
    que produce roces y conflictos entre profesionales del mismo rango.

   La falta de de controles en las tareas y cargas de trabajo asignadas
    individualmente en el Tribunal de Juicio, genera como resultado la
    disolución de responsabilidades en cuanto a funciones y
    rendimiento, de tal forma que los eventuales errores cometidos
    durante el transcurso del proceso, difícilmente se logran identificar
    en forma individual.
   La Oficina Administrativa del Tribunal evaluado no ejerce un
    adecuado control y supervisión sobre el rendimiento individual e
    integral del Despacho, tal como se dispuso en los requerimientos
    aprobados por el Consejo Superior en la sesión Nº 29-01 del 17 de
    abril del 2001.

   El recinto que aloja dicho Tribunal de Juicio, no presenta las
    condiciones idóneas para el desarrollo de las labores encomendadas
    a ese Despacho. Se logró comprobar que tanto jueces tramitadores
    como auxiliares judiciales, desarrollan los procesos de trámite,
                                        105

            juicio y ejecución en un único espacio abierto, haciendo frente a
            condiciones ambientales que interrumpen la concentración de estos
            funcionarios. Este factor genera como resultado efectos adversos en
            el rendimiento individual e integral del Despacho.‖
                                        -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe y acogerlo en todos sus

extremos. 2) En lo referente a la recomendación dirigida a la Corte Plena,

trasládese a ésta para lo que a bien tenga disponer. 3) Este Consejo reitera las

recomendaciones emitidas por la Auditoría en el informe 408-19-AU0 2003 de 13

de junio del 2003, debidamente aprobadas, y dirigidas de la siguiente forma: a.- Al

Departamento de Planificación, las orientadas al establecimiento de estándares

mínimos de producción, tanto al personal profesional como al personal de apoyo,

definidos por centros de responsabilidad, con la finalidad de acelerar la tramitación

de los expedientes y aumentar la productividad del despacho; b.- A la Jueza

Coordinadora del Tribunal de Juicio para que todo señalamiento a debate se

programe a primera hora de cada audiencia, considerando los contratiempos

propios que se generan por la naturaleza del proceso en los inicios de cada

audiencia; y logre establecer los controles necesarios, tendientes a garantizar el

desempeño individual y constante del personal profesional y de apoyo, de tal forma

que se asegure la permanencia y trabajo efectivo dentro del despacho de cada uno

de estos funcionarios en cumplimiento de la jornada laboral establecida, así como
                                        106

la custodia y ubicación efectiva de los expedientes, a fin de asegurar su pronta y

real ubicación en el momento en que éstos sean requeridos; para lo cual deberá

constituirse un grupo que verifique si todos los requisitos se han cumplido para la

celebración efectiva de un juicio; c.- Al Departamento de Vigilancia y Seguridad a

fin de que sea más estricto y riguroso en las anotaciones de ingreso y salida que se

hacen de los vehículos particulares y oficiales que utilizan los estacionamientos de

los edificios de la Institución en general; d.- Al Departamento de Tecnología de la

Información, para la instalación de un equipo de cómputo en cada puesto de

control de parqueos, con la finalidad de hacer más ágil y efectiva la tarea de anotar

las horas, fechas y responsables de la utilización de éstos. e.- Al Tribunal de la

Inspección Judicial con el objeto de que efectúe una evaluación integral con base

en la sustentación de este informe, para determinar en forma individual el

entrabamiento de la tramitación de los procesos tanto para el personal profesional

como para el personal de apoyo, en razón del bajo rendimiento de este Tribunal; f.-

Al Departamento de Personal, para que defina claramente en el Manual de Puestos

y Descriptivo de Funciones, las labores encomendadas al cargo de Juez

Coordinador, en el cual se otorgue la potestad de mando que debe de tener en los

despachos donde exista este puesto; 4) Debe la Dirección General del Organismo

de Investigación Judicial emitir una disposición orientada a que la Sección de
                                       107

Cárceles y Transportes se adecue a los horarios establecidos en las agendas de

señalamientos de audiencias, con la finalidad de garantizar la custodia y

presentación de los imputados a las horas y fechas programadas por los Tribunales

Penales. 5) Corresponde a la Jueza Coordinadora del Despacho reasignar la

función de análisis y registro estadístico del despacho, al puesto de asistente

judicial aprobado por Corte Plena en la sesión celebrada el pasado 16 de mayo del

2005 artículo XVIII; 6) La Comisión de Control Interno continuará con el proceso

de difusión y aplicación de la normativa que rige las Entidades Públicas, para que

los servidores judiciales tomen una participación activa en el mejoramiento del

Sistema de Control Interno de este Poder de la República; 7) Los Jueces

Tramitadores y la Administradora del Tribunal de Juicio del Primer Circuito

Judicial de San José, coordinarán lo pertinente para establecer mecanismos de

control sobre cargas de trabajo y rendimiento individual del personal de apoyo, de

tal forma que sienten las responsabilidades en forma individual cuando se

presenten entrabamientos injustificados en el transcurso del proceso penal de los

diferentes asuntos, con el apoyo del asistente judicial del despacho; 8) La

Administradora del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José

dará cumplimiento al acuerdo del Consejo Superior Nº 29-01 de abril del 2001, en

el que se establecen las funciones que deben asumir los Administradores de
                                        108

Despacho, dando énfasis a la tarea de implementar los mecanismos de control

necesarios y la supervisión adecuada para mejorar los índices de eficiencia hasta

ahora logrados en el despacho, con el apoyo de la labor que debe desarrollar el

asistente judicial; además retroalimentará al personal profesional y auxiliar con

respecto a la normativa vigente relativa al control interno y su aplicación práctica;

9) La Dirección Ejecutiva realizará un estudio en el Tribunal de Juicio dicho,

orientado al acondicionamiento de la infraestructura del Despacho en mención, de

tal forma que se cree el ambiente propicio que permita desarrollar el trabajo con la

concentración necesaria del personal. 10) Solicitar al Departamento de

Planificación, que estudie la estructura de los Tribunales Penales para determinar

si hay que hacer algunos cambios para que esto se realice.

                                 ARTÍCULO LIII


      El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, con oficio N°

673-29-AEEC-2005 de 23 de agosto del año en curso, remite a conocimiento de este

Consejo el estudio efectuado por la Sección de Estudios Económicos del despacho a

su cargo, en relación con el reclamo formulado por RECOPE a la Institución, con

respecto al depósito Nº 36918 de fecha 07 de setiembre de 1993, por la suma de

¢16.128.217.13, tramitado en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del

II Circuito Judicial de San José, expediente Nº 94-013072-226-CA, en el cual
                                          109

concluye que no existe evidencia de que dicha suma haya sido devuelta en su

oportunidad a dicha Institución.

      El   mencionado      informe     contiene     las   siguientes     conclusiones   y

   recomendaciones:

       ―1) De conformidad con el estudio realizado sobre el reclamo formulado
       por RECOPE a la Institución, en relación con el depósito Nº 36918 de
       fecha 07 de setiembre de 1993, por la suma de ¢16.128.217.13, esta
       Auditoría no encontró evidencia de que el antiguo Juzgado Segundo
       Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San José, haya
       devuelto dicho dinero a esa Institución, por los motivos que se detalla a
       continuación:

       • El Juzgado precitado ordenó girar la suma de ¢16.128.217.13, mediante
       la orden para confección de cheque Nº 197022 del 03 de marzo de 1995,
       cancelando la boleta de depósito Nº 36918 de fecha 07 de setiembre de
       1993, a fin de adquirir un certificado de depósito a plazo, cuando
       aparentemente el expediente respectivo no se encontraba en ese Juzgado,
       procedimiento que evidentemente es irregular.

       • Según respuestas emitidas por el Banco de Costa Rica y los jueces
       coordinadores del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
       Hacienda y del Juzgado de Hacienda de Asuntos Sumarios, así como al
       estudio realizado al efecto por esta Auditoría, no se encontró evidencia de
       que se haya adquirido un certificado de depósito a plazo por la suma de
       ¢16.128.217.13.

       • Tanto la resolución que ordena girar, como la copia de la orden para
       confección de cheque mencionada, no constan en el expediente estudiado,
       lo que hace presumir que el cheque Nº 849815 de fecha 7 de marzo del
       1995, mediante el cual se canceló la boleta de depósito antes citada, se
       emitió sin ninguna resolución que ordene girar.

       • Las personas autorizadas a firmar dicha orden en esa oportunidad,
       debieron ser la Licda. Lilliana Quesada Corella, y el señor Álvaro Infante
       Quirós, en ese entonces Actuaria y Secretario, respectivamente, del antiguo
       Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San
                                    110

José. No obstante, en entrevista realizada a la Licda. Lilliana Quesada
Corella, actualmente Jueza del Tribunal Superior Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, manifestó que la firma estampada en
dicha orden no corresponde a la suya. Por otro parte, no fue posible
localizar al señor Álvaro Infante Quirós, el cual está jubilado desde el 01 de
marzo de 1997.

• De acuerdo con la revisión de la copia del cheque aludido, no consta el
nombre o firma como recibido conforme de la persona que recibió dicho
cheque. Lo único que se consigna en ese documento es el sello y fecha de
recibido por parte del Juzgado referido. No obstante, de conformidad con el
estado de cuenta de marzo de 1995, dicho cheque aparece cambiado el 21
de marzo del citado año, empero el cheque no se logró localizar en el
Banco, en virtud de que como política de esa Institución, son destruidos un
año después de ser cambiados. Además, dicha Institución mantiene copias
de microfilm de los cheques cambiados a partir del año 1999 en adelante,
por lo cual no cuenta con el respectivo respaldo de ese documento.

2) La Oficina Administrativa del II Circuito Judicial de San José, no
informó oportunamente a esta Auditoría sobre la anomalía presentada, a
pesar del tiempo transcurrido desde que tuvo conocimiento de ésta,
incumpliendo en consecuencia con lo estipulado en el artículo 9, inciso j,
del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales y artículo 26 del
Reglamento de la Auditoría Interna del Poder Judicial.

RECOMENDACIONES

Consejo Superior

1) Estudiar la viabilidad que, ante un reclamo administrativo por parte de
RECOPE, se proceda a resarcir por medio de la cuenta de indemnizaciones
de la Institución, a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la
suma de ¢16.128.217.13 como devolución del embargo decretado en contra
de la cuenta que dicha Institución mantenía con el extiendo Banco Anglo
Costarricense, de acuerdo con la causa Nº 94-013072-226-CA de la
Municipalidad de Limón contra RECOPE, expediente que se encuentra en
poder del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo
Circuito Judicial de San José.

2) Analizar la posibilidad de trasladar las presentes diligencias al
Ministerio Público y al Tribunal de la Inspección Judicial, con el propósito
                                             111

         establecer si en el presente caso existen responsabilidades penales, civiles y
         administrativas.

         Oficina Administrativa del II Circuito Judicial de San José

         3) Informar en lo sucesivo a la Auditoría Judicial, inmediatamente que
         tenga conocimiento de cualquier anomalía o situación irregular que se
         presente en el manejo de las cuentas corrientes judiciales o el sistema
         automatizado de depósitos y pagos judiciales, de acuerdo con lo estipulado
         en el artículo 9, inciso j, del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales y
         artículo 26 del Reglamento de la Auditoría Interna del Poder Judicial.
                                               -0-

        Se acordó: 1) Tener por rendido el anterior informe de la Auditoría Judicial y

acoger sus conclusiones y recomendaciones. 2) Poner en conocimiento del Ministerio

Público y del Tribunal de la Inspección Judicial el presente acuerdo a fin de que

investiguen si existe responsabilidad penal o administrativa, conforme a los hallazgos

de la Auditoría Judicial. 3) Comunicar a la Unidad Administrativa del II Circuito

Judicial de San José que debe implementar de inmediato la recomendación que se le

hace.

                                     ARTÍCULO LIV

        El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N°

766-87-AEEC-2005 de 16 de setiembre último, comunicó:

         ―…le remito el informe de advertencia elaborado por la Sección de
         Estudios Económicos del Despacho a mi cargo, referente a la
         razonabilidad de la normativa relacionada con la administración de los
         recursos económicos que se manejan mediante las cuentas corrientes
         judiciales.
                                      112

   Según se desprende del estudio en mención, la normativa de cita se
   encuentra desactualizada, en razón de que tanto el Reglamento como el
   Manual de Procedimientos para el manejo de las Cuentas Corrientes
   Judiciales, contienen varios artículos y procedimientos que deben ser
   modificados o eliminados, ya que partes del texto no concuerdan con lo
   que en la práctica se realiza o bien del todo no aplican. Además, hay
   acuerdos y circulares emitidos por la Corte Plena y el Consejo Superior
   que han modificado o ampliado lo establecido en la normativa de
   referencia.

   Por lo anterior, en el aparte respectivo del citado informe, se emiten
   algunas sugerencias, a fin de reforzar los controles existentes, en relación
   con la vigencia de las circulares, manuales y reglamentos, concernientes a
   la normativa existente para el manejo de las cuentas corrientes judiciales.
                                      -0-
  El    mencionado      informe     contiene     las   siguientes    conclusiones   y

recomendaciones:

   ―De conformidad con los resultados expuestos, esta Auditoría concluye
   que la normativa que se halla vigente para mantener un adecuado sistema
   de control interno, en relación con el uso y manejo de las cuentas
   corrientes judiciales se encuentra desactualizada, en razón que tanto el
   Reglamento como el Manual de Procedimientos de Cuentas Corrientes
   Judiciales contienen varios artículos y procedimientos que deben ser
   modificados o eliminados, ya que partes del texto no concuerdan con lo
   que en la práctica se realiza o bien del todo no aplican. Además, algunas
   de las dependencias administrativas que se mencionan actualmente no
   existen o tienen otra nomenclatura, además, hay acuerdos y circulares
   emitidos por la Corte Plena y el Consejo Superior que han modificado o
   ampliado lo establecido en el Reglamento de cita, así como el
   procedimiento correspondiente.

   1.   SUGERENCIAS

   Acorde con los resultados y conclusión del presente estudio, esta
   Auditoría se permite externar las siguientes sugerencias, las cuales tienen
   como propósito fortalecer el sistema de control interno en este campo, y
   por consiguiente anular o minimizar el riesgo de que ocurra alguna
   anomalía en el manejo de los recursos de referencia.
                                   113


Consejo Superior

Autorizar la publicación de una circular (Ver anexo) en el Boletín
Judicial, dirigida a las Jefaturas del Departamento Financiero Contable,
Unidades y Sub Unidades Administrativa Regionales, Jueces y Auxiliares
Judiciales, en donde se recopile todas las circulares que se han emitido,
así como de los criterios que esta Auditoría ha externado y aprobados por
el Consejo Superior, relacionadas con el control interno para la
administración de los recursos económicos que se manejan a través de las
cuentas corrientes judiciales, descritos en el punto 2.3 y 2.4 del aparte de
resultados de este informe, hasta tanto no se actualice el Reglamento y
Manual de Procedimientos para el Manejo de las Cuentas Corrientes
Judiciales, en los cuales se deberá incorporar los puntos de esta circular,
según corresponda.

Departamento Financiero Contable

Proceder a revisar el Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales
vigente, a fin de actualizar aquellos artículos que han sido modificados o
derogados, ya que partes del texto no concuerdan con lo que en la práctica
se realiza o bien del todo no aplican. Además, algunas de las
dependencias administrativas que se mencionan actualmente no existen o
tienen otra nomenclatura, aunado a que, hay acuerdos y circulares
emitidos por la Corte Plena y el Consejo Superior que han modificado o
ampliado lo estipulado en un respectivo artículo. Lo anterior con el fin de
cumplir con lo estipulado en la norma 1.4 y 6.1 del Manual de normas
generales de control interno para la Contraloría General de la República y
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.

Departamento de Planificación

Agilizar los trámites respectivos, a efecto de confeccionar el Manual de
Procedimientos correspondiente a todas las actividades y tareas a realizar
en los diferentes procesos que involucre el manejo y control de las
cuentas corrientes judiciales, tal y como lo establece el artículo Nº 92 del
Reglamento de Cuentas Corrientes vigente; lo cual ha sido señalado por
esta Auditoría, en los informes Nºs. 309-018-AEEC-02 del 29 de abril de
2002, conocido y aprobado por el Consejo Superior en la sesión Nº 31-02,
celebrada el 07 de mayo de 2002, artículo XXV y 934-342-AEEC-02 del
                                        114

       16 de diciembre de 2002, conocido y aprobado por la Corte Plena en la
       sesión Nº 03-03, celebrada el 27 de enero de 2003, artículo XIV.‖

                                   -0-
      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante correo

electrónico expone lo señalado por el Jefe del Departamento Financiero Contable,

respecto a la recomendación emitida por la Auditoría Judicial a ese despacho:

       ―…en este informe de la auditoría se emite la recomendación que más
       adelante transcribo. Ya en fijo se definió que don Oscar Bolívar y
       Manuel Millar formen parte de un equipo que en conjunto con
       administraciones regionales, participe de tal actividad. No obstante,
       consideramos que por acercarse el fin de período, el tema de los nuevos
       clasificadores y demás esto es prudente posponerlo para el año 2006.
       Además, mucho de lo que queda por reformar son temas de nomenclatura.
       En otros son nombre de secciones y otros más se refieren al art. 237 ya
       derogado, lo que en la práctica no afecta la ejecución del reglamento
       como tal.
       Como ud. Conoce, estamos trabajando en el reglamento del S.D.J. motivo
       por el cual consideramos que dado que el suscrito participa en esa
       comisión, y también tendrá que ver lo del reglamento de cuentas
       corrientes, es oportuno terminar esta etapa para poder continuar con la
       siguiente. Esto como un elemento adicional.‖
                                         -0-
      Se acordó: 1.- Acoger las recomendaciones del informe de la

Auditoría Judicial N° 766-87-AEEC-2005, respecto a la -normativa relacionada

con recursos económicos que se manejan mediante las cuentas corrientes

judiciales. 2.- Con el fin de fortalecer el sistema de control interno en este campo y

minimizar el riesgo u ocurrencia de anomalías en el manejo de los recursos de las

cuentas citadas, se autoriza la publicación de la circular indicada, dirigida a las
                                       115

Jefaturas del Departamento Financiero Contable, Unidades y Subunidades

Administrativa Regionales, Jueces y Auxiliares Judiciales, hasta tanto no se

actualice el Reglamento y Manual de Procedimientos para el Manejo de las

Cuentas Corrientes Judiciales, en los cuales se deberá incorporar los puntos de esta

circular, según corresponda. 3- Los Departamentos Financiero Contable y de

Planificación, deberán implementar las recomendaciones concretas que señala el

informe, a partir del 2006.

ASUNTOS VARIOS

                                 ARTÍCULO LV

      La licenciada Anchía remite el análisis de los datos en materia de Tránsito

de los Juzgados que a continuación se indican, durante agosto último.

Juzgado de Tránsito de Puntarenas.
La licenciada María Marta Ramos Montes de Oca: con juicio oral dictó 14 fallos;
sin juicio 134. Reporta 14 conciliaciones celebradas.
El circulante al iniciar el mes era de 872 (879)* y al finalizar el mes es de 815
asuntos. Disminuyó en 64 casos.
*La segunda cifra es la arrojada por el Sistema en el reporte de agosto y no
coincide con el cierre mensual de julio, situación conocida por el Departamento de
Informática, pues según manifiesta la señora jueza, obedece a una falla del Sistema
de Tránsito.
                                .-.-.

Juzgado Contravencional de Desamparados y Aserrí.
La licenciada Elida Brizuela: dictó 56 sentencias con juicio oral, 94 sin él, y 18
conciliaciones.
El circulante al iniciar el mes era de 1005*. Al finalizar: 997 casos.
                                       116

* Este dato no coincide con el indicado en el informe de julio, en el cual se
consignó que finalizaba con 992 asuntos. Si se toma esta cifra, el circulante
aumentó en 5 casos.
                            .-.-.

Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
El licenciado Luis Alberto Arce Jiménez: con juicio oral dictó 49 sentencias, sin
juicio 61. Conciliaciones efectuadas: 0
La existencia al iniciar el mes fue de 439* expedientes y al concluir de 415.
*Este dato no coincide con el reportado en el mes anterior de 441. Si se toma como
correcto esta información, el circulante bajó en 26 asuntos.
                                 .-.-.

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Fortuna, Segundo
Circuito Judicial de Alajuela.
El licenciado Alfredo Cordero Cordero: con juicio oral 3 fallos, sin juicio 10 y 4
conciliaciones.
El circulante al iniciar el mes era de 129 y al finalizar de 134. Aumentó en 5
asuntos.
                               .-.-.

Juzgado de Tránsito de Hatillo.
La licenciada Giselle Hidalgo Ureña: con juicio oral dictó 84 fallos; sin juicio 132
y 24 conciliaciones.
El circulante al iniciar el mes era de 879 y al finalizar de 901 asuntos. Aumentó en
22 asuntos.
                                 .-.-.

Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Grecia.
La licenciada Roxana Álvarez: dictó 12 sentencias con juicio oral, 54 sin juicio y 5
conciliaciones.
El licenciado Olivier Ramírez: dictó 5 sentencias con juicio oral; 4 sin él y 2
conciliaciones.
La existencia al iniciar el mes era de 300 asuntos y al finalizar de 288. El
circulante disminuyó en 12 casos.
                              .-.-.
                                       117

Juzgado de Tránsito de Pavas y Escazú.
La licenciada Leda Román Matamoros: con juicio oral dictó 66 fallos; sin juicio 99
y 25 conciliaciones.
La licenciada Estefanía Brenes: con juicio oral dictó 71 fallos; sin juicio 98 y 19
conciliaciones.
El circulante al iniciar el mes era de 1912 y al finalizar de 1828 asuntos,
Disminuyó en 84 asuntos.
                              .-.-.

Juzgado Contravencional de Santo Domingo de Heredia.
El máster Luis Rodrigo Campos Gamboa: con juicio oral dictó 08 sentencias, sin
juicio 50, conciliaciones 11.
La existencia al iniciar el mes fue de 216 expedientes y al concluir de 208.
El circulante disminuyó en 8 expedientes.
                                         .-.-.

      Se acordó: 1) Tener por rendidos los informes e instar a los Despachos que

han logrado bajar el circulante para que continúen en ese sentido y los que han

tenido un incremento, realicen un esfuerzo para su reducción. 2) El Departamento

de Planificación estudiará la posibilidad de separar por materias al Juzgado de la

Fortuna de San Carlos.

                                ARTÍCULO LVI

      La Corte Plena en sesión N° 24-05 celebrada el 8 de agosto del año en curso,

artículo XXII, tomó el siguiente acuerdo:

             ―El Consejo Superior, en sesión celebrada el 8 de marzo último,
       artículo XLIX, tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

       ―El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°
       893-DE-2005 de 16 de febrero último, rinde el siguiente informe:
                                   118

      ―De conformidad con lo que dispone el artículo 7 del Reglamento
para el Pago de Incapacidades por Enfermedad y Maternidad a
Empleados del Poder Judicial y para lo que a bien disponga resolver el
Consejo Superior, muy atentamente se remiten los informes de los
servidores judiciales que han permanecido incapacitados por 90 o más
días en forma consecutiva (casos de servidores reportados anteriormente y
casos nuevos), según reporte de incapacidades en consulta al prontuario
del Sistema Integrado de Personal y sistema SIGA, que comprende el
período del 01 de octubre al treinta y uno de diciembre de 2004 (se
excluyen las incapacidades por concepto de maternidad)

     ―…‖

                                    - 0-
      Expresa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que el
anterior informe se realizó con un corte al 31 de diciembre del 2004, no
obstante ya giró las instrucciones para remitir otro oficio más actualizado,
en razón de existir información que ha cambiado.

       Se acordó: 1) Tener por rendido el informe, así como por hechas
las manifestaciones del Director Ejecutivo. 2) Hacer una atenta instancia
a la Corte Plena, para que analice la forma en que en el artículo 7 del
―Reglamento para el pago de Incapacidades por Enfermedad y
Maternidad a Empleados del Poder Judicial‖, se dispone sobre la
imposibilidad de separar para el servicio público a servidores que sin
estar incapacitados en forma absoluta y permanentemente, no están en
posibilidad de desempeñarse adecuadamente en el puesto en que están
nombrados.‖.

        Refiere el Presidente, Magistrado Mora: ―Hemos tenido el caso en
el Consejo Superior de personas que nos solicitan que les separemos para
mejor servicio con incapacidades superiores a noventa días, en algunos
casos de más de un año, año y medio de incapacidad y no se puede
utilizar la plaza en propiedad; también nos parece que la situación le
resulta muy difícil a esa persona si le revocamos el nombramiento y la
mandamos a la vía laboral a rescatar sus derechos, por eso el Consejo le
solicita a esta Corte que analice de nuevo el caso, el reglamento y sus
disposiciones y nos indique si podríamos aplicar en ese caso concreto -
desde luego con mucha restricción, como está actuando el Consejo
actualmente en ese tema-, la posibilidad de la revocatoria para el mejor
servicio con el reconocimiento de los derechos del servidor en relación
                                   119

con nuestro sistema de jubilaciones y pensiones.‖

      El Magistrado Aguirre interviene: ―En realidad yo lo que creo es
que de lo que se trata es más bien del un tema de interpretación de este
artículo 7 del Reglamento, de acuerdo con el artículo 80 del Código de
Trabajo, cuando una persona permanece incapacitada más de tres meses
el empleador puede prescindir de los servicios de esa persona, pagándole
el preaviso y la cesantía que le corresponden, esta es una norma que uno
la concibe aplicable a las relaciones de empleo privado; sin embargo, es
una norma general y si uno pues analiza el Código de Trabajo desde un
principio, da por entendido que también que se van a incluir las relaciones
de empleo público en cuanto a las disposiciones de ese código con las
excepciones que el mismo código señala en su contenido.

       A raíz de esa norma y de algunas dificultades que había con
personas que se incapacitaban en la Institución, se propuso en algún
momento la promulgación de un reglamento sobre el particular y el texto
quedó diciendo: “… El Poder Judicial podrá dar por terminado el
contrato de trabajo de conformidad con el artículo 80 del Código de
Trabajo, cuando un servidor, en propiedad o interino, se encuentre
incapacitado por un período superior a tres meses. Esta potestad debe
ser ejercida por la Administración en forma restrictiva y su no ejercicio,
que deberá razonarse siempre, no podrá exceder del tiempo en que
procede el pago de subsidios de acuerdo con el Reglamento del Seguro
de Salud.” y es que hay un reglamento de la Caja que nos dice que las
incapacidades se pueden pagar hasta un año y medio, creo que en
principio es hasta no sé si un año, pero la Caja considerando ciertos casos,
estima o puede valorarlos y autorizar el pago de la cesantía por un período
que supere el año que llegue hasta el año y medio. Es decir, que la
administración estaría obligada a resolver el problema una vez que
transcurra ese año y medio. Además dice la norma: “… En el caso de
servidores interinos la potestad conferida por esa norma, deberá ser
ejercitada a más tardar 6 meses después de que se inició la incapacidad.
Si tuviera más de cinco años se servicio, únicamente podrá ser jubilado
por incapacidad si ésta fuere permanente, previa evaluación del Consejo
Médico Forense, según lo establece el artículo 228 del la Ley Orgánica
del Poder Judicial.” Este párrafo es el que yo creo que puede prestarse
para alguna dificultad, porque aquí dice: ―…si tuviere más de cinco años
de servicio, únicamente podrá ser jubilado por incapacidad si esta fuere
permanente, previa evaluación en los términos de este artículo‖; esto es
así, porque la Ley Orgánica dice que si una persona se incapacitare en
                                   120

forma permanente y tuviera más de cinco años de servicio tendría derecho
a una jubilación y el párrafo final dice que: ―… No es procedente la
aplicación del 226, párrafo primero, de dicha Ley Orgánica, para
conceder beneficios jubilatorios por incapacidades que no sean
permanentes”. Yo entiendo que a esta norma en algún momento se le
agregó no sé a iniciativa de quién, ni cómo, pero yo he estado viendo este
párrafo final y más bien es como una especie de crítica, diría yo, porque
lo que está diciendo es que no es procedente la aplicación del 226, o sea
la facultad de la administración para separar para mejor servicio, para
conceder beneficios jubilatorios por incapacidades que no sean
permanentes, o sea, que lo que le está diciendo ahí, me parece a mí esa es
mi manera de interpretar ese párrafo, es que no sería posible acudir a ese
expediente de la separación para mejor servicio para darle una pensión a
una persona que no está incapacitada en forma permanente, o sea,
tenemos muchos casos en los cuales los médicos de la Institución dicen
esta persona no está incapacitada en forma permanente, pero no puede
estar ahí en ese sitio por tal y tal razón, pero a veces las personas buscan
incesantemente la incapacidad y los incapacitan, pero cuando le dicen
vaya allá y le dice no está incapacitado porque esta ubicado en tal y tal
lugar, pero no está incapacitado permanentemente para el trabajo. Es un
problema de reubicación, lo hemos tenido con personas que no les gusta
el tipo de tarea, enfrentarse a la delincuencia de cuello blanco o tener que
levantar cadáveres, o en fin, hay ambientes de trabajo que no le gustan a
las personas y que terminan indisponiéndolos e incapacitándolos y hay
algunas otras situaciones, personas que trabajan donde hay objetos
hacinados que les provocan alergias y cosas por el estilo y los médicos
dicen no están incapacitados permanentemente para el trabajo, lo único es
que no puede estar ahí.

       Yo entiendo ese párrafo final en ese sentido y no en que sea una
limitante de que la Corte no puede aplicar el artículo 80 en caso de
personas que no se pueden reubicar, que no están incapacitados
permanentemente y que no están en una situación de derecho jubilatorio,
por lo menos ese sería mi punto de vista, les repito una vez más, es un
problema de interpretación de este conjunto de párrafos que cada
operador tendría que hacer. Yo no sé si nosotros podríamos hacer una
interpretación auténtica en uno u otro sentido al estilo de la Asamblea
Legislativa porque promulgamos este reglamento, pero repito, si así fuera,
mi modo de ver las cosas sería el que les acabo de señalar.‖

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: ―El problema que tenemos
                                  121

en el Consejo, es que entendemos que la norma es suficientemente clara
en cuanto se nos señala que no podemos aplicar el artículo 226, párrafo
1°, cuando no haya una incapacidad permanente para conceder beneficios
jubilatorios. Hemos logrado hacer muchas reasignaciones de puestos de
personas que reúnen requisitos para varios puestos, pero tenemos el caso
de una señora que tiene problemas auditivos, que también tiene
problemas de expresión y que constantemente se incapacita, su escritorio
pasa atrasado por la cantidad de personas que pasan por él en razón de las
incapacidades de ella, la posibilidad de ponerla a realizar otras
actividades está muy reducida, el Consejo Médico-Forense nos dice: “…
ella podría desempeñar otros puestos en el Poder Judicial”, es cierto que
tenemos otros puestos, pero ella no reúne los requisitos. Tenemos también
el caso de un chofer que no puede alzar pesado, no puede mantenerse
largas horas sentado en su lugar de trabajo, que además de eso le causa
incomodidades el tener que manejar, y no tiene requisitos para otros
puestos, entonces nos encontramos con que esas personas están dos años,
dos años y medio, hasta tres años incapacitados y podríamos terminar la
relación laboral, conforme en algunos casos ellos nos lo han pedido,
personas que están seriamente alteradas en sus condiciones psicológicas,
que muy pocos meses trabajan en el año y que prefieren que a este
momento que las separemos para el mejor servicio, claro que no están
anuentes a renunciar a sus derechos de prestaciones. Si nosotros
interpretáramos que en los casos en que la administración no tiene
posibilidad de hacer esas reasignaciones de puestos podríamos aplicar el
artículo 226, me parece que sería una buena forma de interpretarlo, ya la
forma en que lo hace el Magistrado Aguirre nos da algunas posibilidades,
pero es que a este momento en el Consejo entendemos que tenemos
cerrada esa posibilidad. Simplemente lo que queremos es resolver estos
casos. Entendemos que el Reglamento se dictó más que todo como una
llamada de atención al Consejo, diciéndole aplique estas políticas en
cuanto a todo el sistema de incapacidades y el pago por enfermedad y
maternidad; es cierto que hubo épocas en donde una gran cantidad de
personas fueron beneficiadas con su jubilación aplicándoles el artículo
226, cuando efectivamente no estaban incapacitados para laborar en el
puesto en que se desempeñaban, a este momento no es esa la manera en
que procede el Consejo, pero podría decirse que se puede volver una
práctica de esa forma, me parece que si la norma quedara aclarada en el
sentido en que lo manifiesta el Magistrado Aguirre, yo diría que daría
una posibilidad por lo menos al Consejo de resolver con justicia esos
casos.‖
                                   122

     Agrega el Magistrado Aguirre: ―Otra posibilidad sería derogar ese
párrafo, que yo creo que desaparecía el problema, pero claro podríamos
volver a las andadas.‖

      Refiere el Presidente, Magistrado Mora: ―Si a ustedes les parece
podríamos contestar al Consejo, porque estas son reglas dictadas por
nosotros, interpretándolas de forma en que lo he señalado acá, con lo que
creo se nos daría la posibilidad, en casos muy excepcionales, aplicar el
artículo 226, que es lo que efectivamente quiere el Consejo.‖

     Señala el Magistrado Solano: ―Yo me opongo con todo respeto a la
propuesta, yo diría que el reglamento está ahí, si lo quieren reformar
refórmenlo, pero dar una interpretación que abra otra vez las puertas a lo
que se quiso expresamente y tan claramente atajar, yo creo que no sería lo
más conveniente. Ya de todas maneras el Consejo sigue unas prácticas
hasta desautorizadas por el Auditor, ahí viene en la agenda todas las
consecuencias que ha habido en relación con eso, por eso yo con todo
respeto salvaría mi voto.‖

     Señala el Presidente, Magistrado Mora: ―Entonces pondríamos a
votación el asunto con las siguientes posibilidades: uno, sería por señalar
al Consejo la interpretación que se da de ese artículo en la forma expuesta
por el Magistrado Aguirre, permitiéndole al Consejo aplicar en
determinados casos, muy excepcionales, el artículo 226, para separar a los
servidores para el mejor servicio público; la otra sería pasárselo a una
comisión, para que revise este artículo y nos haga una propuesta al
respecto. Otra posibilidad de votación sería, por denegar la solicitud del
Consejo Superior.‖

     Luego de recibidas tres votaciones, se dispuso: Resolver lo que
corresponda cuando se cuente con número impar de Magistrados, ya que
ninguna de las tres oportunidades de votación recibió mayoría de votos.

      En la primer votación se recibieron siete votos por aprobar la
interpretación expuesta por el Magistrado Aguirre, igual número de votos
por denegar la solicitud y cuatro por integrar una comisión para que
analice el tema y rinda el correspondiente informe.

     En la segunda y tercer votaciones se recibieron nueve votos por
aprobar la propuesta del Magistrado Aguirre y nueve por integrar la
comisión.‖
                                   123


―ARTÍCULO XXV

     ENTRA EL MAGISTRADO ARMIJO.

      En el artículo XXII de la presente sesión, se acordó resolver cuando
hubiera número impar de Magistrados, la solicitud formulada por el
Consejo Superior, a efecto de que esta Corte analice el artículo 7° del
Reglamento para el pago de Incapacidades por Enfermedad y Maternidad
a Empleados del Poder Judicial, mediante el cual se dispone sobre la
imposibilidad de separar para el servicio público a servidores que sin
estar incapacitados en forma absoluta y permanentemente, no están en
posibilidad de desempeñarse adecuadamente en el puesto en que están
nombrados.

       Agrega el Presidente, Magistrado Mora: ―El artículo 7°, párrafo
último, se refiere a la imposibilidad de que el Consejo Superior acuerde
una separación para el mejor servicio, fundamentado en una incapacidad
que no sea permanente. Tenemos a este momento personas con una larga
incapacidad que el Consejo Médico-Forense dice que no se encuentran
incapacitados de manera permanente para laborar, pero que no pueden
desempeñarse en el puesto en que están, esos son los casos de un señor
que es chofer y una señora que es auxiliar judicial, pero resulta que dentro
de nuestras posibilidades solamente podrían desempeñarse en esos
puestos, porque son los únicos que ellos tienen posibilidad de
nombramiento en razón de los requisitos establecidos, pero la norma
reglamentaria nos ha dificultado en el Consejo Superior poder acordar en
estos casos una separación para el mejor servicio, que en algunos casos
nos la han pedido los servidores, forma que permitiría acordar su
jubilación.

       El Magistrado Aguirre dio una interpretación en donde él estima
que de que en casos excepcionales el Consejo podría aplicar directamente
el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obstante lo
que la Corte señaló en ese reglamento. También está la tesis de que lo
mejor es continuar tal con la situación porque lo que se pretendía y
efectivamente, así fue cuando se puso esa norma, era evitar que el
Consejo continuara con una política muy amplia para el acuerdo de
jubilaciones por la separación para el mejor servicio en muchos casos.‖

     Consulta la Magistrada Varela: ―¿Eso se está pensando después de
                                  124

qué período de incapacidad?‖

     Contesta el Presidente, Magistrado Mora: ―Está pensado después de
los 90 días conforme dice el Código de Trabajo, pero a este momento
tenemos casos en donde tienen ya más de 2 años de estar incapacitados,
en donde por la norma del reglamento, interpretada como creímos en el
Consejo Superior que había que interpretarla, no se puede acordar la
separación para el mejor servicio.‖

      Agrega la Magistrada Varela: ―A mí me parece que este es un tema
muy, pero muy delicado, por las siguientes razones: en primer lugar, una
persona tiene derecho en nuestro sistema de seguridad social, hasta año y
medio prorrogable hasta dos años, también tenemos, por otro lado, que el
Código de Trabajo en el 254 dice que cuando es por riesgos del trabajo si
después de 2 años no es posible reubicarlo, es cuando el empleador debe
despedirlo y le paga las prestaciones. Creo que debemos de integrar esas
normas por varias razones; porque una persona que está con una
incapacidad temporal, obviamente si no está invalida del todo, es posible
que se recupere y, en estos tiempos personas, que normalmente no son los
más jovencitos, que están en esas circunstancias de incapacidad temporal
y si las lanzamos del servicio (despido por incapacidad), las vamos a
poner en una situación muy precaria si no están en condiciones de irse
pensionadas, por lo que estimo que hay que evitar esa medida, pues se
estaría lesionando también el derecho al trabajo. Si tiene derecho por la
seguridad social a estar recibiendo subsidio hasta por 2 años, aplicar el
artículo 80 del Código de Trabajo, despidiendo a los 3 meses de
incapacidad, además de lesionar ese derecho a la seguridad social, es muy
grosero me parece y está lesionando esa posibilidad de que esa persona
pueda reinsertarse en el servicio.‖

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: ―No Magistrada Varela,
no es ese el problema que tenemos, el problema que tenemos es de
personas que están incapacitadas por largos períodos, que más bien
quisieran que las jubiláramos, pero que no se puede jubilar porque no han
cumplido los requisitos y están con una incapacidad que el Consejo
Médico-Forense nos dice que no es permanente y ya han pasado los 2
años desde que fueron incapacitados para desempeñarse en el cargo en
que están nombrados, y por lo que dice el artículo 7°, en ese párrafo
último, según lo entendemos en el Consejo, no nos permite separarlas
para el mejor servicio, para que no pierdan sus derechos jubilatorios. Ese
es el tema la tesis del Magistrado Aguirre es que sí se podrían jubilarlos
                                   125

en casos excepcionales.‖

      Adiciona el Magistrado Aguirre: ―Lo que ese reglamento dice es:
“… El Poder Judicial podrá dar por terminado el contrato de trabajo de
conformidad con el artículo 80 del Código de Trabajo, cuando un
servidor, en propiedad o interino, se encuentre incapacitado por un
periodo superior a tres meses. Esta potestad debe ser ejercida por la
Administración en forma restrictiva y su no ejercicio, que deberá
razonarse siempre, no podrá exceder del tiempo en que procede el pago
del subsidio de acuerdo con el Reglamento del Seguro de Salud. En el
caso de los servidores interinos la potestad conferida por esa norma
deberá ser ejercitada a más tardar seis meses después de que venció la
incapacidad. Si tuviera más de cinco años de servicio, únicamente podrá
ser jubilado por incapacidad si ésta fuere permanente, previa valoración
del Consejo Médico Forense según lo establece el artículo 228 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.‖ El 228 lo que dice es, que a los que se
encuentran incapacitados para el trabajo permanentemente pueden ser
jubilados, pero en la parte final de ese artículo, lo que viene a decir es:
“… No es procedente la aplicación del artículo 226, párrafo primero, de
dicha Ley Orgánica, para conceder beneficios jubilatorios por
incapacidades que no sean permanentes”, aquí el problema que tenemos
es de una persona que está incapacitada, pero el médico dice que no está
incapacitada permanente, sino para ocupar un puesto, de manera que en
ese caso no lo podrían separar para mejor servicio, según ese párrafo
final. Tampoco los pueden jubilar, porque no están incapacitados
permanentemente y tienen problemas para reubicarlos, o sea, que son
personas que no tienen requisitos o condiciones para ocupar otro tipo de
puesto, como el caso que dice el señor Presidente, de un chofer que no
puede estar sentado horas muy prolongadas y que además tiene por ahí
otro problema y no tiene requisitos como para ser ubicado en otro cargo.
Entonces lo que ellos se han cuestionado siempre, si en estos casos
pueden aplicar el artículo 80 y despedir esa persona con responsabilidad
patronal, porque de lo contrario habría que tener a esa persona de por vida
ahí sin hacer nada y pagándole un salario y desde luego que se trata de
fondos públicos, eso es más o menos lo que se han cuestionado ellos.‖

     Señala el Magistrado Castro: ―Si, es que precisamente en el artículo
XXIII de la agenda que tenemos esta tarde pendiente, uno de los puntos
que se toca en relación con la gestión que ha presentado A.N.I.C. con el
pliego de peticiones a conocimiento del Poder Judicial, para revisar
algunas de las situaciones presentadas en el desempeño de sus labores a
                                    126

los investigadores, es precisamente ese tema; en la gestión que se plantea,
ellos lo que quisieran es como que hubieran unas plazas ordinarias, yo no
sé si podemos llamarlas como ―especiales‖, en las cuales pudiera
reubicarse a los investigadores que sufran accidentes propios de sus
labores, o que adquieran algún tipo de enfermedad que les impida
continuar trabajando como investigadores de calle, digámoslo así. Ellos
plantearon ese problema y la Dirección cuando nosotros le sometimos a
conocimiento la gestión planteada, la Dirección del Organismo encuentra
una gran dificultad, es decir, no hay plazas que sean adecuadas como para
poner a esos investigadores que están parcialmente capacitados para
continuar trabajando, al nivel salarial en que ellos se encontraban, habría
que ponerlos a lo mejor en alguna plaza en que ganen menos, lo que ellos
no aceptan y algunos de ellos quisieran seguir prestando servicios, pero a
la institución ya no le quedan iguales, si los dejan inclusive en una oficina
haciendo algún tipo de tarea se trataría de un investigador menos con el
que se cuenta en la calle realmente. Creo que es un problema general que
el Poder Judicial debe enfrentarlo a través de algún estudio que haga el
Consejo Superior, que me parece que es quien debía enfrentar toda esta
problemática que ahora estamos comentando también.‖

       Indica la Magistrada Varela: ―Ante la situación me parece que los
más prudente y lógico sería que esta reglamentación tenga el mismo
contenido que el 254 del Código de Trabajo, en el sentido darle hasta dos
años a una persona para que pueda recuperarse y si no se le puede
reubicar en las condiciones que dice el 254, que entonces sí, no queda
más remedio que liquidarle las prestaciones, pues no me parece viable el
tema de tener unas plazas listas para gente que está en estas condiciones,
porque se trata de una institución pública donde se manejan recursos
escasos y que hay que rendirlos al máximo, por lo que no se puede tratar
de esa manera, creando plazas para posibles reubicaciones; pero si creo
que es groserísimo seguir aplicando el artículo 80 del Código de Trabajo,
que algunas empresas privadas lo aplican; llevarlo a las instituciones
públicas me parece que eso solo estaría permitiendo muchas exclusiones
laborales. Definitivamente no puede ser esa la política, por lo menos en
mi criterio.‖

     El Presidente, Magistrado Mora, adiciona: ―Magistrada Varela, la
última posición que usted nos señala conllevaría a que derogáramos ese
último aparte del artículo, en razón de que aplicaríamos directamente lo
que dice la Ley Orgánica y la legislación laboral, lo que ocurre es que esa
parte se le puso al reglamente para llamarle la atención al Consejo
                                   127

respecto de una política que venía empleando, muy ampliativa, en cuanto
a otorgar beneficios jubilatorios a personas que no estaban en incapacidad
permanente y se quería separarlas para mejor servicio. Entraríamos ahí en
un problema en relación a lo que se pretendió con esa norma.‖

      Interviene el Magistrado Solano: ―Yo creo que el reglamento dice
eso con bastante razón, es decir, habría que ver las actas porque fue una
discusión muy amplia y es que se trata de los fondos de pensiones y se le
metía mano muy fácilmente a eso, en condiciones muy cuestionables y
creo que ha funcionado bien eso, porque con el prurito de separación para
mejor servicio, mucha gente se fue con pensión y está dedicándose a otras
actividades, lo cual es algo muy indebido, yo por eso tengo mis reservas
en cuanto a la petición de Consejo Superior, a menos que oigamos al
Auditor, pero como también eso es mala palabra aquí, pero si el Auditor
nos dijera que eso es posible, yo estaría de acuerdo ya que se trata de
fondos públicos.‖

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: ―Entonces las dos
posibilidades de votación serían: una, por denegar la solicitud y la otra es
por reformar el reglamento.‖

      Indica la Magistrada Villanueva: ―En esto yo estaría por la búsqueda
de un equilibrio y no cerraría puertas del todo, sino que haría un trámite
calificado que exija alguna condición adicional que implique que más
personas califican la situación, para que no sea una cuestión de
amiguismos, porque así como pueden haber abusos, hay casos de mucha
justicia que se pueden hacer y yo estaría por esa situación.‖

     Refiere la Magistrada Camacho: ―Me parece que la aclaración que
hace la Magistrada Villanueva es importante, porque no es reformar el
reglamento para cerrar del todo la opción, sino reformar para entrar a
conocer casos excepcionales, ahora el tema sería discutir qué casos.‖

     Recibida la correspondiente votación, por mayoría de once votos, se
acordó: Integrar una comisión para que se avoque a elaborar una
propuesta de reforma al Reglamento. Así votaron los Magistrados Mora,
Rivas, León, Escoto, Villanueva, Varela, Vega, Ramírez, Cruz y los
suplentes Camacho y Arce.

     Los Magistrados Solís, Aguirre, Castro, Arroyo, Pereira, Solano,
Calzada y Armijo, emitieron su voto por denegar la solicitud del Consejo
                                         128

       Superior.

            Con motivo de lo resuelto, el Consejo Superior se servirá señalar
       cuáles son los problemas que se tienen en relación con dicho Reglamento.

            Para que forme parte de la Comisión que elaborará el proyecto de
       reforma se designa al Magistrado Aguirre y para que quede debidamente
       conformada, se solicita a las Salas Primera, Tercera y Constitucional, que
       propongan un candidato.‖
                                         -0-

      Se entra a conocer el acuerdo anterior y se dispone: Tomar nota y comunicar

a los miembros de la citada comisión, que las observaciones que tiene este Consejo

en relación con dicho Reglamento, son las que mencionó el señor Presidente,

Magistrado Mora en el citado acuerdo, por lo tanto se estará a la espera del

pronunciamiento de la Corte Plena al respecto.

                                 ARTÍCULO LVII

      La Corte Plena en sesión N° 26-05 celebrada el 22 de agosto del año en

curso, artículo XXIII, aprobó el ―Reglamento para la Administración del Fondo

Rotatorio del Poder Judicial‖, que literalmente dice:

       ―REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
       ROTATORIO DEL PODER JUDICIAL
                                    CAPITULO I
                         DISPOSICIONES GENERALES.
       ARTICULO 1. Ámbito de aplicación. Este reglamento regula la
       organización, funcionamiento y control del Fondo Rotatorio del Poder
       Judicial, creado mediante las normas generales de la Ley de Presupuesto
       Ordinario y Extraordinario de la República.
                                   129

ARTÍCULO 2. Objetivo. El objetivo del Fondo Rotatorio es facilitar y
agilizar la adquisición de bienes, servicios y equipo, que por sus
características son indispensables y urgentes o bien que por su cuantía no
procede recurrir a procedimientos de contratación; así como para atender
el pago de salarios del personal judicial, interino o en propiedad, en
aquellos casos de fuerza mayor a criterio del Departamento de Personal,
cuando no haya sido factible tramitar el pago por el procedimiento
normal.
ARTÍCULO 3. Administración. El manejo y custodia estará a cargo del
Departamento Financiero Contable, la realización de los procedimientos
de contratación los ejecutará el Departamento de Proveeduría, Unidades
y Sub Unidades Administrativas Regionales, de conformidad con la
normativa aplicable. La Auditoria, efectuará periódicamente y sin previo
aviso arqueos y conciliaciones; sin perjuicio de la vigilancia externa que
le compete a la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 4. Gastos autorizados. Los recursos del fondo deberán ser
depositados en cuenta corriente en cualquiera de los bancos del Estado, y
podrán utilizarse únicamente para erogaciones en las partidas de
materiales y suministros, servicios no personales, salarios, pago de ayudas
económicas para programas de capacitación y aprendizaje y en la
adquisición de los equipos contemplados en las subpartidas 310, 320,
340, 350, 360 y 390.
ARTÍCULO 5. Monto máximo del Fondo. El monto máximo del Fondo
Rotatorio será el que fije las normas generales de la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario y su ampliación será determinada por la
Dirección Ejecutiva a petición del Departamento Financiero Contable. El
Consejo Superior aprobará el aumento y lo hará del conocimiento de la
Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto.
CAPÍTULO II
                         FUNCIONAMIENTO.
ARTÍCULO 6.- Autorización del Fondo. La adquisición de bienes y
servicios no personales, el pago de ayudas económicas para programas de
capacitación, aprendizaje y la adquisición de equipos por medio del
Fondo Rotatorio, se hará hasta por la suma que para compras directas se
autoriza al Poder Judicial de acuerdo con la normativa vigente. En toda
adquisición se deberán solicitar al menos tres cotizaciones, quedando
evidencia de todo lo actuado en el expediente de contratación respectivo
y en los casos en que no se cumpla se incorporará la justificación
correspondiente. Por razones de conveniencia el trámite se realizará con
                                   130

una sola cotización cuando el monto sea inferior a la suma que mediante
resolución fije la Dirección Ejecutiva. Asimismo, se pueden cancelar los
salarios del personal que hace su ingreso al servicio judicial, interino o
en propiedad, de conformidad con las necesidades y la normativa dictada
por el Consejo Superior. El pago por este concepto no podrá exceder el
30% del total del Fondo Asignado.
ARTÍCULO 7.- Ejecución de pagos. Todo egreso por medio del Fondo
Rotatorio se tramitará obligatoriamente mediante la emisión de la
correspondiente orden de compra, confeccionada de forma anticipada a
la emisión de la factura comercial correspondiente. La orden de compra
será emitida y autorizada por el Departamento de Proveeduría, Unidad o
Sub Unidad Administrativa Regional,                según corresponda.
Necesariamente debe estar amparada en una separación previa de
recursos presupuestarios.
ARTÍCULO 8.- Fondo Fijo. Los recursos del Fondo             Rotatorio
operarán mediante el sistema de fondo fijo, lo que implica que los
custodios del mismo, tendrán en todo momento, la suma total asignada,
representada por uno o varios de los siguientes conceptos:
   A) Saldo en cuenta corriente.
    B) Documentos originales cancelados pendientes de incluir en
reintegro.
   C) Solicitudes de reintegro en trámite.
   D) Cheques previos pendientes de liquidar
   E) Anticipos de salarios
   F) Otros comprobantes.
ARTÍCULO 9.- Comprobantes autorizados. Para el trámite de pago las
personas físicas o jurídicas que brindaron el bien o servicio al Poder
Judicial, deberán presentar a la Unidad, Subunidad, Oficina
Administrativa Regional o al Departamento Financiero Contable los
originales de la orden de compra y la factura comercial, con los requisitos
estipulados en el artículo siguiente. Los documentos que se presenten al
cobro deben tener su correspondiente entrada de mercadería o los vistos
buenos pertinentes de la Proveeduría Judicial, jefe de la oficina, o de los
funcionarios autorizados de haber recibido el bien o servicio a
satisfacción.
ARTÍCULO 10.- Requisitos de los comprobantes. Toda factura
comercial que respalde la compra de bienes y servicios por medio del
                                   131

Fondo Rotatorio, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
        A) Confeccionada en original, a nombre del Poder Judicial,
indicando claramente los bienes, equipos o servicios suministrados
haciendo referencia a la orden de compra.
        B) Tener nombre y número de cédula o razón social de la
persona física o jurídica proveedora de los bienes y servicios adquiridos.
Asimismo, debe poseer la firma del servidor del Poder Judicial que recibe
el bien o servicio, bajo las condiciones estipuladas en la orden de compra
y de acuerdo con las políticas que al respecto se establezcan.
        C) Los documentos que se presenten al cobro no deben contener
borrones, tachaduras o alteraciones que hagan dudar la legitimidad del
documento. La cantidad indicada debe coincidir tanto en número como en
letras. Si existe diferencia prevalece la consignada en letras.
         D) Las facturas que se presenten al cobro deben estar
debidamente timbradas o autorizadas por la Dirección General de la
Tributación Directa. En el caso de que la persona física o jurídica cuente
con dispensa de ese requisito, se deberá presentar el documento
justificante, así como consignar en la factura el número del oficio emitido
por la Tributación.
ARTÍCULO 11.- Medios de pago y arqueo. Todo giro contra el Fondo
Rotatorio deberá hacerse mediante cheque o transferencia electrónica de
fondos y en todos ellos deberá constar el nombre y la cédula de la persona
física o jurídica a quien se gira. El Departamento Financiero Contable
deberá rendir mensualmente un arqueo e informe del Fondo General a la
Dirección Ejecutiva, con copia a la Auditoría mediante el cual presentará
un resumen general sobre los recursos existentes.
ARTÍCULO 12.- Cheques previos. El Departamento Financiero
Contable podrá emitir cheques previos a solicitud del Departamento de
Proveeduría, o cualquier Unidad, Sub Unidad u oficina administrativa
regional, con el fin de cancelar aquellos compromisos en los cuales el
proveedor no brinda crédito al Poder Judicial. El mismo deberá ser
liquidado a más tardar en los siete días hábiles siguientes a su emisión,
contra la presentación de los documentos originales los que deberán
cumplir con los requisitos mencionados en el artículo 10 de este
reglamento. La cantidad total de cheques previos pendientes de liquidar
no podrá ser mayor a diez
ARTÍCULO 13.- Autorización de desembolsos. Los cheques, órdenes
de pago y las transferencias electrónicas de fondos serán firmados en
                                    132

forma mancomunada,         por dos de los siguientes servidores del
Departamento Financiero Contable: el Jefe del Departamento, el Sub Jefe
del Departamento, el Jefe del Subproceso de Egresos y el encargado de la
emisión de pagos. El Subproceso de Ingresos llevará un libro de bancos
manual o electrónico en el que se registrarán todas las operaciones que
se realicen con cargo al fondo. El libro que para tal propósito se utilizará
debe ser previamente autorizado por la Auditoria, tal y como lo establece
la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 14.- Reintegros. El fondo por su carácter de monto fijo y
rotatorio, recuperará las sumas pagadas mediante el sistema de reintegros
periódicos, mismos que deberán ser realizados por el Departamento
Financiero Contable, en forma oportuna a fin de contar con los recursos
para el normal desarrollo de las actividades.
ARTÍCULO 15.- Depósitos. El cheque o transferencia electrónica de
fondos que emita el Departamento Financiero Contable, producto del
acuerdo de pago por concepto de reintegro al Fondo Rotatorio, será
depositado en la cuenta bancaria respectiva.
ARTÍCULO 16.- Cheques no retirados. Los cheques con más de seis
meses de confeccionados y no retirados por los beneficiarios, que se
encuentren en caja en el Departamento Financiero Contable, se deberán
depositar en la cuenta 20192-8 ―Contaduría Judicial‖ o la que se asigne
para los efectos pertinentes, en calidad de custodia. Si el beneficiario no
lo retiró al año de emitido deberá acudir a la vía judicial para solicitar su
cancelación, conforme lo establece el artículo No. 72 de la Ley de
Administración Financiera de la República
                             CAPITULO III
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 17-. Del Jefe de oficina. Le corresponde al jefe del
Departamento Financiero Contable; garantizar el cumplimiento de las
normas y procedimientos de control interno y de contabilidad, que deben
aplicarse a las transacciones que se realicen por el Fondo Rotatorio.
ARTÍCULO 18.- Del personal.
    Le corresponde al        personal del área de Fondo Rotatorio del
Subproceso de Egreso:
a)      Recibir y custodiar, facturas y comprobantes de gastos
     realizados.
b)       Revisar los cálculos aritméticos, legalidad y autenticidad de los
                                     133

     comprobantes.
c)      Efectuar la retención del impuesto sobre la renta en la factura,
     cuando por el importe de la transacción tramitada corresponda
     efectuar dicha retención, conforme la Ley del Impuesto sobre la
     Renta N° 7092, artículo XXIII, Inciso G., del 16-07-96.
d)       Confeccionar los acuerdos de pago
e)       Comunicar al Encargado del Fondo el nombre de las oficinas
     solicitantes y de los proveedores correspondientes a los cheques
     previos emitidos, que no hayan sido liquidados conforme lo indica
     el artículo 12 de este Reglamento, para que se tomen las medidas
     correspondientes a efecto de obtener la pronta liquidación de los
     mismos.
f)       Confeccionar las solicitudes de reintegro al Fondo Rotatorio
g)      Realizar mensualmente el arqueo del Fondo Rotatorio, dejando
     constancia por escrito del acto.
Le corresponde al Encargado del Fondo Rotatorio:
a)   Revisar los acuerdos de pago.
b)   Revisar las solicitudes de reintegro.
c)   Velar por la autenticidad de los documentos soporte.
d)   Revisar mensualmente el arqueo del Fondo Rotatorio, dejando
     constancia por escrito del acto, consignado su firma y la del superior
     inmediato.
e)   Velar por el uso correcto de los fondos.
f)   Mantener en resguardo un ejemplar del Reglamento del Fondo
     Rotatorio, directrices y demás normativa aplicable, de manera que
     sea de fácil acceso para el resto del personal.
g)   Revisar periódicamente los procedimientos de trabajo relacionados
     con la administración del fondo y recomendar a su jefatura las
     medidas correctivas que considere pertinentes.
h)   Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contempladas en
     el presente reglamento y, cuando sea del caso, comunicar al
     superior las violaciones al mismo.
i)    Brindar capacitación y asesoría a todos aquellos servidores que
     tengan relación con el trámite de pago por este Fondo.
j)    Verificar que se aplique la retención del 2 por ciento de impuesto de
                                  134

     renta sobre todo pago originado en los conceptos establecidos en la
     ley N° 7092, artículo XXIII, Inciso G., del 16-07-96. Dicha
     retención deberá ser depositada mediante entero de Gobierno en la
     caja única del Estado, según lo establece la ley.
ARTÍCULO 19-. Cambio de encargado. Cuando se de un cambio de
encargado del Fondo Rotatorio por un lapso igual o superior al mes, el
fondo deberá entregarse mediante arqueo y conciliación, firmado por el
que lo recibe, el que lo entrega y el jefe inmediato de ambos. Copia del
documento generado del arqueo efectuado se remitirá a la Auditoria. Por
periodos menores, el nuevo encargado realizará un único arqueo al final
de mes, con la validación citada, siendo responsable por las transacciones
que se realicen a partir de la fecha en que asume la función. La
responsabilidad por el periodo anterior corresponde al encargado que le
antecedió.
ARTÍCULO 20-. Recuperación de salarios. El Departamento de
Personal será el responsable de la recuperación de las sumas adelantadas
por concepto de salarios en forma oportuna, a efecto de no afectar la
liquidez del fondo.
                            CAPITULO IV
                     DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 21.- Manuales.            Los Departamentos de Financiero
Contable, Proveeduría y las Unidades, Sub Unidades y Oficinas
Administrativas Regionales velarán porque se mantengan actualizados
los manuales de organización, funciones y de procedimientos necesarios
para el buen funcionamiento del Fondo Rotatorio.
ARTÍCULO 22.- Directrices e instrucciones. La Dirección Ejecutiva
establecerá directrices y dictará instrucciones generales tendientes a
obtener una mejor fiscalización y operación del Fondo Rotatorio.
ARTÍCULO 23.- Reglamentaciones supletorias. Para resolver los
casos no contemplados en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de la
República, La Ley y el Reglamento de la Contracción Administrativa, y el
Reglamento General de Caja Chica y Reglamento de Cajas Chicas
Auxiliares del Poder Judicial.
ARTÍCULO 24.- Disposiciones disciplinarias. Cualquier infracción a
las disposiciones contenidas en este Reglamento, dará lugar a la
aplicación del régimen disciplinario que corresponda, sin perjuicio de lo
                                          135

       dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la República y
       Presupuestos Públicos, y de la Ley y el Reglamento de la Contratación
       Administrativa y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
                                    CAPÍTULO V
                        DISPOSICIONES TRANSITORIAS
       TRANSITORIO I.- Lo referente a la inclusión de la adquisición de
       equipo y a la ampliación del concepto de pago de salarios del personal de
       primer ingreso a interino y en propiedad, entrará en vigencia a partir del
       primero de enero del dos mil seis.
       Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Boletín Judicial.‖

                                          -0-
      Se acordó: Tomar nota del acuerdo anterior.

                                 ARTÍCULO LVIII

      En sesión N° 61-05 celebrada el 9 de agosto del año en curso, artículo XLI,

se conoció el acuerdo del Consejo de Personal, respecto al informe N° 158-IDH,

elaborado por la Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de

Personal, sobre la solicitud de reasignación de los puestos de Prosecretarios de la

Secretaría General de la Corte, se dispuso que por encontrarse en trámite por parte

del Departamento de Planificación un estudio de reorganización de la Secretaría

General de la Corte, previamente a resolver lo que corresponda, concedió a los

servidores Flory Iveth Tames Brenes, Filadelfa Calvo Aguilar, Marta Soto Canales,

Carlos Roldán Bolaños, Walter Vargas Calderón y Gilbert Elizondo Delgado, así

como a la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, una audiencia

por el plazo de ocho días, a partir de la comunicación de este acuerdo, para que se
                                          136

pronuncien respecto al citado informe.

      En nota de 23 de setiembre último, los servidores Tames Brenes, Calvo

Aguilar, Roldán Bolaños, Vargas Calderón y Elizondo Delgado, manifestaron:

              ―El 15 de octubre del 2004, o sea hace 11 meses y 15 días, los
       Prosecretarios Generales de la Corte solicitamos al Departamento de
       Personal realizar un estudio de la clase de ―Prosecretario General de la
       Corte‖, a fin de recalificar o reasignar esos cargos, de acuerdo a la
       realidad actual de las funciones y responsabilidades del cargo, que
       venimos asumiendo desde el 14 de enero del 2002, luego de que el
       Consejo Superior aprobara el informe del Departamento de Planificación
       N° 092-DO-2001-B, sobre el análisis y propuesta de organización interna
       de la Secretaría General de la Corte.

              Producto de ese informe de Planificación, nos fueron trasladadas
       funciones que estaban establecidas en la descripción del puesto de
       Secretario General de la Corte, como elaboración completa de la agenda y
       del acta del Consejo Superior y actuar como órgano de comunicación de
       sus acuerdos, con excepción de ―…aquellos que se remitan a funcionarios
       y organizaciones que, por su jerarquía y formalidad…‖ requieran ser
       comunicados por la Secretaria General.

               La conciencia de la importancia del cargo que ejercemos y
       preocupados porque estos estén calificados y remunerados conforme en
       justicia corresponde, nos motivó a presentar al Departamento de Personal
       la mencionada gestión, contando con el visto bueno de la Licda. Silvia
       Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, quien suscribió
       también la petición, luego de sostener con ella una reunión y analizar
       pormenorizadamente las inquietudes surgidas a partir de la revisión que la
       Licda. Navarro hizo del documento a presentar a Personal.

              De previo a referirnos al informe rendido por el Departamento de
       Personal y acerca del cual se nos concede audiencia, estimamos necesario
       transcribirles seguidamente el escrito que recibió ese Departamento,
       porque este refleja la realidad, nuestro pensar y pretensión; reiterando que
       la Licenciada Navarro Romanini coincidió plenamente con nuestro sentir:

       ―MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PETICIÓN:
                               137

1)      La clasificación actual de nuestros puestos y su
descripción de funciones se encuentran desactualizadas.
2)       Los cargos que ocupamos en la Secretaría General de la
Corte mantienen una clasificación y remuneración que no está en
consonancia con la responsabilidad de sus funciones ni la
trascendencia de la Oficina; no reflejan los cambios operados en el
quehacer funcional del Despacho; pues paulatinamente han ido
perdiendo categoría y se ha acrecentado la brecha salarial respecto
de otros puestos que históricamente estaban en un nivel inferior, y
que por no estar debidamente calificados, hoy no devengamos los
salarios que nos corresponde.
3)     El puesto de Prosecretario de la Corte tiene actualmente
muchas más responsabilidades y obligaciones, que le fueron
delegadas y en justicia deben ser debidamente compensadas.
4)       La Secretaría General de la Corte, por su jerarquía y
naturaleza funcional, merece y requiere de personal idóneo y
calificado académicamente, para enfrentar las demandas actuales y
los procesos de cambio por los que atraviesa el Poder Judicial.
5)       El grado de madurez y de responsabilidad que hoy ostenta
el cargo de Prosecretario de la Corte es superior al que ha tenido a
lo largo del tiempo.
6)       Estimamos justo y necesario que el puesto de
Prosecretario de la Corte recupere su categoría y jerarquía, tanto a
lo interno de la Secretaría General de la Corte cuanto al resto del
Poder Judicial.
Con respecto a otros despachos judiciales –especialmente
administrativos- se han ido modificando requisitos y reasignando
cargos que antes estaban jerárquicamente por debajo del que
ocupamos, con funciones y responsabilidades menores a las
nuestras, o de igual dificultad e importancia; en tanto los nuestros
se han mantenido con una misma calificación y descripción de
labores que no corresponde a la realidad actual. Tal es el ejemplo
de los cargos de Secretario y Prosecretario del Tribunal de la
Inspección Judicial.
Además, en la Secretaría General de la Corte, se creó la plaza de
Administrador, con el requisito de ser profesional, desde luego
mucho mejor remunerado. Sin embargo, sus funciones y
responsabilidades no son mayores a las nuestras, ni se da una
                                    138

    relación de subordinación entre ambos cargos, sino de
    coordinación para la eficiente y correcta ejecución de las labores
    del Despacho en que laboramos.
    7)      La pericia e idoneidad requerida para el desempeño del
    cargo, en el caso de los que hoy somos Prosecretarios de la Corte,
    se ha adquirido por la experiencia que deparan los años de servicio
    en uno y otro despacho judicial, y también por los conocimientos
    ganados en el estudio universitario del Derecho, que aunque en la
    mayoría de nosotros están sin completar, estos nos han permitido
    cumplir con más propiedad las nuevas funciones que nos fueron
    delegadas.
    Lo mismo no puede esperarse de quienes lleguen en el futuro a
    ocupar dicha posición, sino gozan de esa experiencia ni están bien
    preparados académicamente. De igual manera, ni la categoría de la
    Oficina ni la responsabilidad tan grande de estos puestos pueden
    esperar a que los atributos indicados los adquieran durante el
    ejercicio del cargo.‖

     Hasta aquí la Licda. Navarro estuvo de acuerdo con nosotros,
incluso cuando dijimos que con el Lic. Juan de Dios Salon López,
Profesional 2 del Despacho (Administrador), no se da una relación de
subordinación entre el cargo de Prosecretario de la Corte y el que él
ocupa, sino de coordinación para la eficiente y correcta ejecución de las
labores del Despacho.

      Sigue diciendo la petición que hicimos al Lic. Francisco Arroyo,
Jefe del Departamento de Personal:

    ―…Algunos de los factores que el Departamento a su cargo
    tomará en consideración para valorar la clase de este puesto son:
    supervisión ejercida, grado de confidencialidad, consecuencia del
    error, factor dificultad, experiencia, grado de sociabilidad,
    variedad de las tareas y conflictividad, los que analizaremos de
    manera resumida a continuación:
    Supervisión ejercida: Existe relación de subordinación entre
    cada prosecretario y el personal de apoyo de la oficina (más de
    14 plazas, entre ellas: 1 asistente jurídico, 7 auxiliares judiciales,
    1 notificador, 3 servidores del Archivo y 3 conserjes), que
    aunque se trate del mismo personal, por la especial condición de
                              139

que cada Prosecretario tiene asignada una función específica, en
determinado momento necesitará requerir del apoyo de
cualquiera de ellos, supervisar su desempeño y, en términos
generales, puede llamarles la atención si incurrieren en alguna
falta.
Además de lo anterior, por delegación del superior, puede
asignar trabajos al Profesional en Derecho 3 de la Secretaría y al
Administrador, con quienes no tiene relación de subordinación,
sino que debe coordinar con ellos funciones varias para el buen
accionar de la Secretaría.
Grado de confidencialidad: Este no se refiere únicamente a la
debida y obligada discreción que deben guardar, por la
información a que tienen acceso, de la gran variedad de asuntos
que deben atender, expedientes personales confidenciales de
todos los servidores judiciales, expedientes administrativos y
judiciales, disciplinarios, que llegan a conocimiento de la Corte
Plena y el Consejo Superior, sino, sobre todo, de las discusiones
que se generan en el seno de estos importantes Órganos.
Consecuencia del error: Los Prosecretarios de la Corte deben
comunicar a todos los Tribunales y despachos administrativos del
Poder Judicial, los acuerdos de la Corte Plena y del Consejo
Superior, relacionados con todo tipo de situaciones: rechazos de
reclamos administrativos, permisos y suspensiones con o sin
goce de sueldo, revocatorias de nombramiento, adjudicación de
licitaciones, aprobaciones o denegatorias de pensiones o
jubilaciones, nombramientos interinos o en propiedad, traslados
o permutas de personal subalterno o jefes de oficina, apertura o
cierre de despachos judiciales por vacaciones, asuetos, traslados,
etcétera. Tarea a la que deben prestar una atención y
concentración especiales, por la responsabilidad del acto, pues
una equivocación u error de su parte puede generar
consecuencias muy graves, de tipo económico, moral, penal,
social, etcétera, en perjuicio de los usuarios, de los servidores
judiciales en general y hasta del mismo Poder Judicial.
El factor dificultad: Muy importante. Consiste en el tipo y
frecuencia de los problemas que ha de atender y resolver el
servidor en el desempeño del cargo.
La Secretaría General de la Corte tiene la particularidad de
que –como órgano de comunicación entre la Corte Plena y el
                                  140

    Consejo Superior con los otros Poderes de la República, los
    usuarios particulares, todos los órganos jurisdiccionales y
    administrativos del Poder Judicial y sus empleados- los servicios
    que presta deben ser de primera calidad, ausentes de error,
    rápidos, ágiles, eficientes, oportunos, entre otros calificativos;
    todo lo cual genera que los que trabajan en ella deban
    desenvolverse en un ambiente de acción constante, tensión y
    estrés, tanto por la cantidad de gestiones que conoce, su
    procedencia o destino, cuanto por la calidad y celeridad con que
    deben tramitarse.
    Los puestos de Prosecretario, que tienen a su cargo un alto
    porcentaje del accionar del Despacho, han alcanzado un grado de
    madurez y de responsabilidad propio de un nivel superior al
    ostentado tiempo atrás, y quienes los ocupan deben estar
    preparados para atender y resolver con propiedad, sobriedad,
    celeridad y exactitud –según los requerimientos impuestos por el
    mismo trajín de la Secretaría-, situaciones de muy diversa índole
    y provenientes de todos los niveles jerárquicos; y por el grado de
    sociabilidad que los caracteriza, al estar en contacto permanente
    con usuarios particulares, abogados litigantes, servidores y
    funcionarios judiciales en general y de otras entidades públicas o
    privadas, deben ser personas que gocen de una habilidad especial
    para el trato del usuario, por el tipo de acuerdos que deben
    comunicar, y porque a ellos recurren continuamente y con
    preferencia, aquellos quienes han planteado gestiones ante la
    Corte Plena y el Consejo Superior, en busca de la información
    que les interesa.
    Requerimiento académico: A determinar por el Departamento
    de Personal.‖
     Al respecto, debemos llamar la atención a los señores Miembros del
Consejo Superior, que de los factores a valorar por Personal, de los que
nosotros citamos, dejó por fuera –es decir, sin valorar- el grado de
confidencialidad, de sociabilidad y conflictividad que caracteriza a los
puestos de Prosecretario de la Corte; factores importantes y que el
Departamento de Personal debió considerar, así como lo hizo, por
ejemplo, cuando analizó el puesto de secretario de la Inspección Judicial
y que sirvieron de fundamento para que esta plaza fuera revalorada y
elevada de categoría a profesional en Derecho 1.

     El Departamento de Personal se refiere a los factores de supervisión,
                                  141

consecuencia del error, dificultad y educación académica requerida en el
punto ―V. Análisis y Conclusiones‖ de su informe, y a sus conclusiones
nos referiremos a continuación:

      En primer lugar, dejamos claro que no obstante mencionamos la
carga de trabajo como una característica del puesto de Prosecretario de la
Corte, NUNCA la expusimos como motivo para una posible
recalificación del puesto, por lo conscientes que estamos de que el exceso
de trabajo es razón para otro tipo de estudio por parte del Departamento
de Planificación.

     5.1.1.2 Determinación de nuevas funciones: Nos fueron asignadas
por recomendación del Departamento de Planificación, lo cual no quiere
decir que no sean nuevas, o que ya estén contempladas en el manual
descriptivo de nuestras funciones.

      No es cierto como dice el Departamento de Personal, que las nuevas
labores asignadas están inmersas dentro de la naturaleza funcional de esta
clase, según el Manual Descriptivo de las Clases de Puestos, pues ―el
actuar como órgano de comunicación con los otros Poderes, así como con
todos los demás funcionarios judiciales y administrativos, es la primera
tarea típica que se cita en dicho Manual para el cargo de Secretario de la
Corte, y esa labor, en cuanto a Corte Plena y al Consejo Superior, a lo
interno del Poder Judicial, la estamos realizando nosotros.

      5.1.2.1 Supervisión. En cuanto a este punto, creemos que el
Departamento de Personal confundió o no entendió el aspecto de la
supervisión del personal de la Secretaría de la Corte, cuando lo analizó.
Tenemos muy claro, y así lo confirmó la Licda. Navarro al darle su visto
bueno a nuestra gestión, y en la entrevista que le realizaron, el nivel
jerárquico que existe en la Secretaría de la Corte, pues ella es quien
supervisa nuestro trabajo, no el señor Administrador; las directrices con
base en las cuales laboramos provienen de ella, en atención a las
necesidades o prioridades de la Corte Plena y del Consejo Superior. Con
el Lic. Salon López coordinamos, para que el accionar de la Secretaría sea
cada día mejor.

     En cuanto   al resto del Personal de apoyo, explicamos claramente
cuándo o cómo    supervisamos su trabajo; lo cierto es que ni la Licda.
Navarro ni el    Lic. Salon supervisan directamente las labores que
encomendamos     a ese Personal. Por ejemplo, cuando surge algún
                                  142

procedimiento que no se está realizando bien o hay que corregir,
COORDINAMOS con el Sr. Administrador para que este comunique a
los demás las nuevas disposiciones, a efecto de que todos tomen nota de
la modificación necesaria o se cumpla con lo establecido.

      Está equivocado el Departamento de Personal, al afirmar que no
existe autoridad lineal y formal ni subordinación de otros puestos, con
respecto al cargo de Prosecretario de la Corte. No hay nada más ilógico
que eso. Es cuestión de entender que la Directora del Despacho, la jerarca
de la Oficina, con sus funciones y responsabilidades, es la Licda. Silvia
Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, quien coordina con los
Prosecretarios, y supervisa su labor, lo concerniente a la elaboración y
redacción de las agendas y actas de Corte Plena y del Consejo Superior, y
con el Sr. Administrador lo administrativo del Despacho.

      5.1.2.2 Consecuencia del error. Es doloroso ver cómo el
Departamento de Personal simplifica este factor, al punto de considerarlo
no relevante en el análisis de los puestos. No entendió dicho
Departamento que, por ejemplo, al finalizar una sesión de la Corte Plena
o el Consejo Superior, somos los Prosecretarios quienes comunicamos de
inmediato, con elaboración y firma del oficio correspondiente, acuerdos
como revocatorias de nombramiento, suspensiones con o sin goce de
salario, traslados o permutas de personal, nombramientos interinos o en
propiedad de jueces, jefes de oficina, entre otros, sin que esté redactado
el acuerdo respectivo; de modo que en caso de un error de nuestra parte,
somos nosotros mismos quienes debemos afrontar la responsabilidad
disciplinaria del equívoco, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
podría hacer incurrir al mismo Poder Judicial como patrono o contratante,
por ejemplo.

     Los señores Miembros del Consejo Superior deben estar conscientes
de que ha sucedido, que luego de tomarse un acuerdo en su seno, gracias
al análisis de las diligencias por parte del Prosecretario de la Corte, al
redactar el acta, se ha corregido, ampliado o modificado lo resuelto. Es
más, por ejemplo, se han dado casos de acuerdos tomados con base en
documentos enviados por los Departamentos de Personal, de Proveeduría
o Financiero Contable, con errores que no son detectados sino hasta el
momento de ejecutarlo por el Prosecretario correspondiente, quien a fin
de corregirlo, coordina con el despacho administrativo respectivo a efecto
de que reproduzca por error el documento y quede el acuerdo de manera
correcta, evitando así atrasos innecesarios en su ejecución (Se adjunta
                                   143

fotocopias del informe N° 1874-AP-2005 y oficio 5409-DP/32-05 de
Personal y Proveeduría, respectivamente, como prueba de lo dicho).

     Este era uno de los factores más importantes de analizar, sin
embargo topamos con la suerte de que el Departamento de Personal no lo
consideró así, y de ahí su conclusión, totalmente errada, claro está.

      5.1.2.3. Dificultad: Según el Departamento de Personal –como lo
indicó: los métodos y procedimientos están previamente establecidos, las
labores que realizamos son de índole operativo, por la naturaleza del
trabajo no se imponen cambios frecuentes de condiciones, ni problemas
para solucionar, y que las situaciones imprevistas son resueltas siguiendo
instrucciones giradas por la Secretaria General-, los Prosecretarios de la
Corte debemos estar preparados para atender y resolver con propiedad,
sobriedad, celeridad y exactitud –según los requerimientos impuestos por
el mismo trajín de la Secretaría-, situaciones de muy diversa índole y
provenientes de todos los niveles jerárquicos. Además, que las situaciones
imprevistas son resueltas siguiendo instrucciones giradas por la jefatura.

       Con respecto a lo anterior, reiteramos la necesidad de una
excelente preparación académica que deben tener los ocupantes de los
puestos de Prosecretario de la Corte, por la categoría de la Oficina y para
atender y resolver con propiedad, sobriedad, celeridad y exactitud –según
los requerimientos impuestos por el mismo trajín de la Secretaría-,
situaciones de muy diversa índole y provenientes de todos los niveles
jerárquicos, internos o externos del Poder Judicial, incluso hasta para
resolver las situaciones imprevistas, que en muy poquísimos casos
consultamos previamente a la Licda. Navarro Romanini, por la sencilla
razón de que por sus múltiples funciones, no siempre es posible contar
con su disponibilidad para evacuar consultas, lo cual nos obliga a
resolverlas con base en la experiencia y conocimientos adquiridos en el
cargo, o recurrir a otras instancias como los mismos miembros del
Consejo Superior, o coordinando con funcionarios de los Departamentos
de Personal, Proveeduría, Financiero Contable o el Director Ejecutivo,
para la pronta y correcta ejecución de los acuerdos.

       Lo cierto del caso es que resolvemos un altísimo porcentaje de las
situaciones que se presentan alrededor de una sesión de Corte Plena o el
Consejo Superior, o de situaciones no sometidas aún a su conocimiento.

      5.1.2.4. Educación académica requerida: Resulta incomprensible
                                  144

la posición del Departamento de Personal sobre este punto: la educación
requerida no es de tipo profesional, porque no emitimos criterios técnicos
ni ejecutamos funciones profesionales. En primer lugar, NUNCA dijimos
que hiciéramos eso, sino más bien que consideramos que las personas que
ocupamos o lleguen a ocupar estos puestos, deben estar académicamente
bien preparados para realizar su trabajo.

       La funcionaria a quien sustituimos en sus ausencias en sesión es
abogada, los honorables Miembros del Consejo Superior, en su mayoría,
por ley, deben ser abogados, asimismo los señores Magistrados; los
asuntos que resuelven, lo hacen con base en leyes, reglamentos, normas
jurídicas de todas las materias, no solo de índole administrativo. ¿No es
lógico, que quien sustituya a la Secretaria General de la Corte, o ejecute
actualmente funciones que antes eran de su competencia, también deba
conocer o estar preparado académicamente en la rama del Derecho?

        Nuestro punto de vista al respecto es, como lo expusimos en
nuestra gestión inicial, que la Secretaría General de la Corte, por su
jerarquía y naturaleza funcional, requiere y merece personal idóneo y
calificado académicamente para enfrentar las demandas actuales y los
procesos de cambio por los que atraviesa el Poder Judicial; más tomando
en cuenta que la asistencia que debemos brindar a los órganos de máximo
nivel del Poder Judicial –Corte Plena y Consejo Superior- así lo exigen.
Así también, que el perfil de Prosecretario de la Corte, en caso de una
vacante, sea el de una persona que esté preparada de manera académica
para ocupar el cargo, y no esperar a que adquiera la preparación necesaria
una vez en el ejercicio del puesto.

       Llama la atención cómo Personal desatiende la afirmación de la
Licda. Navarro, en cuanto a la diferencia que ella nota entre los actuales
Prosecretarios de la Corte, quienes tenemos más o menos preparación
académica en Derecho en el ejercicio del cargo, y su criterio de que la
condición académica para estos puestos debe ser como mínimo bachiller
en Derecho.

       Por el contrario, en su propuesta de descripción de funciones del
puesto –muy degradante por cierto-, el Departamento de Personal pone
como requisitos: 1) haber aprobado cursos formales sobre aspectos
jurídicos y administrativos y 2) dos años como mínimo de experiencia en
labores propias del puesto. Es decir, reconoce que el ejercicio del cargo
requiere capacitación previa y nos está dando la razón cuando solicitamos
                                   145

para los nuevos Prosecretarios de la Corte la necesaria capacitación
académica en asuntos de Derecho; porque de lo contrario -conforme
lo pretende ese Departamento- los conocimientos en asuntos jurídicos se
los brindará a los futuros Prosecretarios la Escuela Judicial una vez hayan
asumido el cargo.

      5.1.3. Otros elementos de análisis:

       Objetivo de la Secretaría: Pretende el Departamento de Personal
la desaparición de la clase ―Prosecretario General de la Corte‖, porque ―la
labor sustantiva de la Oficina es de carácter administrativo‖. Lo que no
toma en consideración ese Departamento, es que la Secretaría General de
la Corte es el órgano que está en la cúspide del Poder Judicial para
auxiliar en los asuntos que conocen la Corte Plena y el Consejo Superior,
órganos de máximo nivel de un Poder de la República, a la cabeza de sus
dos grandes ámbitos, como son el ámbito jurisdiccional y el
administrativo, y que por ello no atiende únicamente asuntos
administrativos, sino que su personal debe tener amplio conocimiento de
la organización administrativa de este Poder de la República, así como de
la tramitación de asuntos judiciales, las leyes, reglamentos y disposiciones
que atañen al Poder Judicial en todas las materias.

       Clasificación y remuneración adecuada: Es muy desconcertante
y causa de mucha desmotivación la conclusión a que llega el
Departamento de Personal; porque no solo falsea nuestra posición sino
que la agudiza con respecto a otros puestos que siempre han tenido una
jerarquía, categoría y condición salarial por debajo de las de los
Prosecretarios de la Corte. O sea, no solo desatiende las características y
responsabilidades que actualmente atendemos, sino que –sin justificación
válida- propone igualar la clasificación y valoración de nuestros puestos a
un nivel inferior o igual al de otros servidores judiciales que, con todo
respeto de lo que ellos hacen, en nada son comparables con la
importancia del Despacho al cual servimos ni a las características y
responsabilidad que se nos exige en el ejercicio de nuestros cargos.

                                       -0-

       Sabemos que nuestra respuesta ha sido extensa, pero en defensa de
nuestros derechos, también estimamos pertinente hacerles saber la
―Descripción de funciones actuales del Prosecretario General de la
Corte‖, que remitimos al Departamento de Personal con nuestra petición,
                                 146

la que fue avalada en su momento por la Licda. Silvia Navarro Romanini.

   ―Por todo ello, estimamos que es de justicia se haga el estudio
   técnico de la clase ―Prosecretario General de la Corte‖, a fin de
   que se compruebe que las tareas típicas, responsabilidades, otras
   características y requisitos actuales del puesto son las que
   seguidamente indicamos, y se le ubique en el grado que
   legítimamente le corresponde, para que a futuro la Secretaría
   General de la Corte cuente con el personal idóneo y calificado
   académicamente.
        DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTUALES DEL
         PROSECRETARIO GENERAL DE LA CORTE
   NATURALEZA DEL TRABAJO:
   Coordinación, supervisión y ejecución de labores complejas,
   delicadas y de mucha responsabilidad, relacionadas con el
   funcionamiento y labor de la Corte Plena, Consejo Superior y la
   Secretaría General de la Corte.
   TAREAS TÍPICAS:
    1)     Coordinar, supervisar y ejecutar labores complejas,
   delicadas y de mucha responsabilidad en la Secretaría General de
   la Corte, con relación a la labor de la Corte Plena y el Consejo
   Superior.
    2)      Revisar, valorar y analizar documentos varios y
   situaciones planteadas ante la Corte Plena y el Consejo Superior,
   de previo a preparar las agendas para las sesiones de esos
   Órganos, a fin de que sus integrantes cuenten con todos los
   elementos y antecedentes necesarios para resolver correctamente
   las gestiones sometidas a ellos.
    3)      Asistir a las sesiones de Corte Plena y del Consejo
   Superior, tomar nota de sus acuerdos y elaborar las actas
   respectivas, con redacción de acuerdos de considerable variedad
   y dificultad.
   4)      Comunicar de inmediato los acuerdos urgentes de la
   Corte Plena y del Consejo Superior.
   5)     Comunicar por los medios existentes la mayoría de los
   acuerdos del Consejo Superior, a lo interno del Poder Judicial,
   una vez firme el acta respectiva, y coordinar con funcionarios de
                                147

otras instancias judiciales su correcta ejecución.
6)     Velar porque se ejecuten los acuerdos de la Corte Plena y
del Consejo Superior.
 7)      Según corresponda, dar trámite y contestar oficios, notas
o solicitudes diversas que ingresan a la Secretaría General; o
acerca de esas gestiones solicitar informes a los distintos
despachos judiciales previamente a ser conocidas por la Corte
Plena o el Consejo Superior; o agregar y revisar que estén
completos, los antecedentes necesarios a la gestión, antes de
incluirlas en las agendas de Corte Plena y el Consejo Superior.
8)      Asignar y coordinar tareas y supervisar el trabajo del
personal de apoyo de la Secretaría General a su cargo.
 9)      Evacuar o resolver consultas de índole diversa,
provenientes de los servidores judiciales en general, lo mismo
que de usuarios particulares, según lo permita la ley y a tenor de
lo resuelto por la Corte Plena y el Consejo Superior.
10)     Firmar los oficios de comunicación de los acuerdos del
Consejo Superior dirigidos a lo interno del Poder Judicial, así
como constancias y otros documentos.
11)     Brindar asistencia a los magistrados y miembros del
Consejo Superior cuando soliciten información o sean
designados como órgano instructor.
 12)    Velar porque la información introducida en el sistema
informático esté correcta y al día.
13)     Solicitar y custodiar debidamente expedientes judiciales
y administrativos, así como otros documentos.
14)      Velar por el correcto uso de los útiles y materiales de la
Oficina.
15)      Realizar las tareas asignadas por el Secretario General y
otras propias del cargo.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS:
 -Trabaja con alto grado de independencia, siguiendo
instrucciones generales del Secretario General, las normas que se
dicten al efecto y los procedimientos legales.
-Absoluta discreción de las discusiones en el seno de la Corte
Plena y el Consejo Superior.
                              148

-Sustituye al Secretario General en sus ausencias temporales
durante las sesiones de Corte Plena y Consejo Superior, y en los
asuntos en que se separe por impedimento o recusación.
-Le corresponde supervisar personal de menor nivel.
-Debe prestar servicios fuera de la jornada ordinaria laboral
cuando las obligaciones del cargo lo requieran y viajar a diversas
partes del país.
 -Reunirse cuando sea necesario con el Administrador del
Despacho, a fin de analizar y coordinar aspectos varios
relacionados con el buen accionar de la Secretaría General.
-La labor es evaluada en el seno de la Corte Plena y del Consejo
Superior, al conocerse la agenda para cada sesión y al aprobarse
el acta anterior, así como la apreciación de los resultados
obtenidos en la ejecución de las otras labores que le
corresponden.
-Debe prepararse adecuadamente para asistir a las sesiones de
Corte Plena o del Consejo Superior, a fin de atender las consultas
o brindar información complementaria, en relación con los
asuntos en discusión, en caso de ausencia del Secretario General.
-Generalmente es el nexo directo entre los servidores judiciales
y usuarios en general, y la Corte Plena y el Consejo Superior, por
corresponderle atender la mayoría de las consultas o gestiones
por aquellos presentadas.
REQUISITOS:
-Grado académico, a determinar por el Departamento de
Personal.
-Amplio conocimiento de la organización del Poder Judicial.
-Capacidad de análisis y de sintetización, y mucha iniciativa.
 -Considerable experiencia en la tramitación de asuntos judiciales
y administrativos, así como amplio conocimiento de las leyes,
reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones que atañen al
Poder Judicial.
-Excelente redacción y ortografía.
-Destreza en el manejo de personal y habilidad para el trato con
el usuario.
                                  149

     Destreza en el manejo de equipo de oficina, lo cual incluye
    trabajo en redes informáticas.‖

      Reiteramos que la anterior descripción de funciones es la que más
acertadamente refleja nuestro quehacer en la Secretaría General de la
Corte; por lo que les rogamos se sirvan analizarla y compararla con la que
presentó el Departamento de Personal, a fin de que verifiquen que lo que
pretendimos se corrigiera, más bien se desvirtuó de tal forma que ofende
nuestra inteligencia por no establecerse en ella lo que realmente hacemos.
Está equivocada de pleno la que presenta Personal, pues incluso agregan
como tarea típica del puesto el ―Confeccionar propuestas de
nombramientos de personal‖, que a todas luces no es función nuestra,
sino del Administrador.

PETITORIA:

1) Rechazar en lo que corresponde a la clasificación y valoración del
puesto de Prosecretario General de la Corte, el desafortunado informe del
Departamento de Personal, por estar alejado de la realidad actual y porque
la propuesta que hace nos afecta económicamente y de forma principal,
nos desmotiva y desalienta solo el hecho de que se haya plasmado en él
que nuestras funciones corresponden a un ―ser autómata‖, que no piensa,
no analiza, no resuelve nada, porque todo se le da hecho y corregido.

2) Dejar establecido que en relación con el puesto de Profesional 2
ocupado por el Lic. Juan de Dios Salon López, no existe vínculo de
subordinación, sino que los puestos de Prosecretario y el del
Administrador están en un mismo nivel jerárquico dentro de la Secretaría
General de la Corte, y que ambos deben coordinar entre sí, a fin de que
las directrices generales emanadas por una sola y misma jefatura se
cumplan a cabalidad.

3) Acoger la descripción de funciones del Prosecretario General de la
Corte por nosotros preparada –que cuenta con el visto bueno de la Licda.
Silvia Navarro Romanini-, por ser la que realmente se ajusta a las labores
y responsabilidades actuales del cargo.

4) Establecer como nuevo requisito del puesto de Prosecretario General
de la Corte el ser Bachiller en Derecho y dado que con el señor
Administrador no existe subordinación, sino coordinación, ubicar
nuestros cargos en un mismo nivel salarial al que ocupa el Lic. Salon
                                          150

       López. Es decir, como actualmente estamos con un salario base de
       ¢305.000,00, elevarlo a ¢346.200,00 que corresponde a Profesional 2.

       PETITORIA ESPECIAL: Primero: Solicitamos respetuosamente que
       el análisis de nuestra petición para determinar a futuro la condición
       académica requerida a los postulantes al cargo, se haga tomando en
       consideración cuáles son nuestras funciones y responsabilidades actuales,
       la jerarquía del Despacho y la necesidad que este, el Consejo Superior y
       la Corte Plena tienen de contar con personal debidamente capacitado, en
       todos los niveles, para atender con propiedad sus requerimientos. Lo
       anterior, porque nos ha sucedido en otras instancias, que estiman que los
       salarios que recibimos actualmente están más que sobrados y no
       corresponden a la condición académica de la mayoría de nosotros, es
       decir se piensa que para no ser profesionales, el salario base que tenemos
       es muy elevado.
       Tercero: En virtud de que está pendiente un informe del Departamento
       de Planificación acerca de la reorganización de la Secretaría General de la
       Corte, les rogamos nos den previamente audiencia también sobre sus
       conclusiones, a fin de tener oportunidad de analizar en qué nos afecta
       positiva o negativamente, y principalmente porque queremos externar
       nuestra opinión con posibles soluciones a los problemas que aquejan a
       esta Oficina.‖
                                          -0-
      En atención al acuerdo citado, la licenciada Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General, en oficio N° 8472-05 de 26 de setiembre último, expresó:

              ―El Consejo Superior en la sesión Nº 61-05 del 9 de agosto último,
       artículo XLI, dispuso conceder a la suscrita una audiencia por el plazo de
       ocho días, para pronunciarme sobre el oficio Nº 664-JP-2005 en el que
       adjunta el informe N° 158-IDH-2005, elaborado por la Sección de
       Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal, y que fue
       aprobado por el Consejo de Personal en la sesión del 12 de julio último,
       artículo VI.
              Al respecto es importante mencionar que no comparto las
       recomendaciones del informe indicado para que se reasigne a la nueva
       clase de Asistente Ejecutivo los puestos de Prosecretarios Generales 1
       G-8 y 2 G-8 de la Secretaría General de la Corte, por las razones que de
       seguido expresaré:
                                   151

        La Secretaría General de la Corte, conforme a lo que establece el
artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el órgano de
comunicación de este Poder de la República a lo interno y a lo externo,
por ende, tiene a su cargo una labor de gran responsabilidad y exigencia,
que es, entre otras, la de hacer de conocimiento de los despachos
judiciales y de las entidades externas todos los acuerdos que se hayan
adoptado por la Corte Plena y el Consejo Superior, acuerdos que tienen
diferentes niveles de complejidad pero que deben ser comunicados
conforme fueron adoptados por el órgano, con el consecuente riesgo de
generar conductas o situaciones no queridas, al no ser efectivos en la
labor que se hace.
        Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica actual, la
Secretaría General tenía a su cargo, la comunicación de los acuerdos
tomados por la Corte Plena, sin embargo, a partir de 1994, con la creación
del Consejo Superior es la responsable de atender los órganos de mayor
jerarquía del Poder Judicial.
        Actualmente, según estudios que se han realizado al efecto, se ha
podido determinar que el Consejo Superior le demanda a la Secretaría
General aproximadamente un 75% de sus labores y se ha podido
evidenciar el crecimiento del volumen de trabajo, lo que incluso, hizo
necesario la creación de tres plazas adicionales de prosecretarios para
tratar, de cumplir efectivamente con las labores, lo que aún no se ha
logrado a mi satisfacción, aún y cuando se han hecho estudios por parte
del Departamento de Planificación para lograr esa meta y actualmente se
está en espera de los resultados del estudio que realiza el Ingeniero
Industrial de ese Departamento para lograr un mejor funcionamiento del
despacho a mi cargo.
        De hecho, en virtud de que la carga operativa del Secretario
General aumentó desmedidamente con el inicio de funciones del Consejo
Superior, fue necesario trasladar algunas labores de este a los
prosecretarios, por lo que a mi juicio, la labor que ellos realizaban se
incrementó y las tareas a su cargo son en mucho una extensión de las
labores que por el volumen de trabajo le es imposible realizar al jefe del
despacho.
        Me preocupa que siempre se ha tratado de comparar y encasillar a
la Secretaría General en alguna categoría, especialmente de índole
administrativo, y a mi juicio el despacho a mi cargo es más que eso, por la
labor fundamental que tiene como enlace interno y externo del Poder
Judicial.
        No puede ser posible que la determinación de la reubicación de los
puestos de prosecretario de esta oficina tenga su base únicamente en un
                                   152

análisis comparativo de ubicación de los puestos en un escalafón que
determina el requisito académico de quienes lo ocupan y de la
determinación de realizar o no labores técnicas.
        El trabajo que realizan los Prosecretarios es de vital importancia y
de un alto grado de responsabilidad. Desde el momento en que reciben y
califican los documentos de primera entrada, según corresponda, o deban
asistir a las sesiones del órgano al que están asignados, necesariamente
requieren amplios conocimientos de la organización y funcionamiento del
Poder Judicial, de la legislación vigente, que no pueden quedar en un
conocimiento base de las leyes sino que deben ir más allá, es decir que
deben tener claridad de interpretación y de abstracción, con el fin de
lograr, en el proyecto de acta y en la comunicación de los asuntos
urgentes, el sentido exacto de lo acordado por el órgano.
        La capacidad de valoración de lo urgente y fundamental, es
requisito necesario para el puesto, porque en todas las sesiones se
declaran acuerdos en firme o urgentes, que por su naturaleza deben
comunicarse a más tardar al día siguiente de la sesión, es decir requieren
una respuesta ágil y oportuna de quienes los informan o canalizan su
comunicación, a saber, los prosecretarios.

       Ellos a su vez, tienen a su cargo la delicada tarea de atender gran
cantidad de consultas sobre los asuntos resueltos.

       Con todo el respeto que me merecen las labores de otros puestos
que se ubicarían en la misma categoría a la que se pretende reasignar a los
prosecretarios, si bien a priori puede existir una similitud en sus tareas y
responsabilidades, es importante reafirmar que sus labores y la
responsabilidad a su cargo no son comparables en complejidad, volumen
y dificultad, ni respecto a los órganos de los que dependen y a los que
atienden, y mal haría yo en aprobar un estudio que va en demérito de la
figura del prosecretario general de la Corte Suprema de Justicia, porque
estaría a favor de desmerecer la labor y el grado de responsabilidad
asignado a la Secretaría General de la Corte.

       Es de mi conocimiento que cuando se hizo el estudio de clases
anchas hubo un incremento salarial a los prosecretarios, que tuvo su razón
de ser. Cualquier disminución de la escala salarial a la que pertenecen no
llevará más que a afianzar la degradación del puesto y a desmotivar a
aquellas personas que podrían aspirar a ocuparlo. A su vez me limitaría
en la exigencia y valoración de los aspirantes.
                                          153

              Por esa razón, de no accederse a la petición que hacen los
       gestionantes, al menos solicito que se mantenga la situación actual y no se
       reubiquen hacia abajo las clases de Prosecretarios Generales 1 G-8 y 2 G-
       8 de la Secretaría General de la Corte.‖
                                          -0-
      Se acordó: Tener por presentadas las contestaciones a la audiencia otorgada

por este Consejo a los citados servidores y hacer del conocimiento del

Departamento de Personal las consideraciones expuestas, para que las valore y

rinda un nuevo informe técnico en el plazo de un mes, a partir de la comunicación

de este acuerdo.

                                  ARTÍCULO LIX

      Para lo que a bien estime resolver este Consejo, informa la licenciada Silvia

Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, que mediante resolución N°

713-2005 de las ocho horas con quince minutos del 2 de setiembre último,

notificada el 9 de ese mes, se hizo del conocimiento del señor Luis Fernando

González Salas, Microbiólogo Clínico en la Sección de Bioquímica del

Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial,

audiencia que no fue contestada durante el plazo concedido, respecto al acuerdo

tomado en la sesión N° 54-05 celebrada el 14 de julio de este año, artículo XXXV,

que literalmente dice:

             ―En sesión N° 86-02 celebrada el 14 de noviembre del 2002,
       artículo XXXIV, se dispuso reconocer al señor Luis Fernando González
       Salas, Microbiólogo Clínico en la Sección de Bioquímica del
                                   154

 Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación
 Judicial, para efectos de antigüedad, 20 años, 1 mes y 16 días laborados
 para el Instituto Costarricense de Investigación y enseñanza en Nutrición
 y Salud (INCIENSA).
       En sesión No. 74-04 del 30 de setiembre del 2004, artículo XL, se
 reconoció al señor González Salas, para efectos de antigüedad y
 jubilación, 2 años, 5 meses y 14 días laborados en el Hospital Nacional de
 Niños; debiendo reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma
 de ¢17.411,74 (diecisiete mil cuatrocientos once colones con setenta y
 cuatro céntimos).
       El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez
 Obando, por su orden Jefe de Administración Salarial y Subjefe del
 Departamento de Personal, en oficio N° 00935-UCS-AS-2005 de 6 de
 julio en curso, manifiestan lo siguiente:
    ―El Departamento de Personal procedió a realizar una revisión de
    los aumentos anuales y reconocimientos de tiempo servido en otras
    Instituciones del Estado al señor Luis Fernando González Salas, el
    cual determinó lo siguiente:
1. Sesión del Consejo Superior N° 86-02 del catorce de noviembre del
   dos mil dos, artículo XXXIV, se le aprueba el reconocimiento para
   efectos de pago de anualidades veinte años, un meses y dieciséis
   días, laborados para el Instituto Costarricense Inv. y Enseñanza de
   la Salud.
2. Con fecha seis de setiembre del dos mil cuatro, solicita el
   reconocimiento del tiempo servido en el Laboratorio del Hospital de
   Nacional de Niños, para lo cual presenta los siguientes documentos:
 Constancia N° RH-234-04 de fecha veintiocho de junio del dos mil
  dos, emitida por el señor Raymond Gamboa Villalobos, Subjefe A.l.
  Recursos Humanos del Hospital Nacional de Niños, en este
  documento se indica que laboró internamente del 18-08-80 al 30-
  12-81 y del 01-01-82 al 31-03-82, es nombrado en propiedad a
  partir del primero de abril de mil novecientos ochenta y dos.
  Disfrutó de permiso sin goce de salario del 28 de junio al 27 de
  setiembre de mil novecientos ochenta y dos, que presenta su
  renuncia a partir del dos de mayo de mil novecientos ochenta y tres.
 Certificación N° P-155-04 del dieciséis de julio del dos mil cuatro,
  emitida por la Licenciada Jannid López Fallas, Jefe a.i., de la
  Oficina de Planillas del Hospital Nacional de Niños, en la cual se
  detallan los salarios percibidos por el señor González Salas
                                    155

    durante su relación laboral con el Hospital.
3. Con base a esa información se procedió a realizar el estudio N° 14-
   2004 de interinos, el cual se aprobó en la sesión del Consejo
   Superior N° 74-04 celebrada el treinta de setiembre del dos mil
   cuatro, artículo XL, reconociéndole al señor González Salas para
   efectos de antigüedad y jubilación dos años, cinco meses y catorce
   días laborados en el Hospital Nacional de Niños, monto a reintegrar
   ¢17.411,74.
4. Una vez que este Departamento tiene a la vista los dos
   reconocimientos indicados en el punto uno y tres, se evidencia que
   en el reconocimiento realizado en el año dos mil cuatro, se le
   consideró un tiempo que el señor González Salas había laborado
   para el Instituto Costarricense de la Investigación y la Enseñanza de
   la Salud.
    Por lo expuesto anteriormente se solicita la modificación del
    acuerdo N° 74-04 del treinta de setiembre del dos mil cuatro,
    artículo XL, donde se le reconoce al señor Luis Fernando González
    Salas dos años, cinco meses y catorce días laborados para el
    Hospital Nacional de Niños, así como el monto que debió reintegrar
    era de ¢17.411,74, siendo lo correcto como se indica en el estudio
    adjunto, N° RTFPJ-078-2005 donde se reconoce un año, nueve
    meses y veintisiete días, laborados para la misma Institución, el
    monto correcto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones es
    de ¢11.115,27.
    Cabe indicar que la modificación no generará una cuenta por cobrar
    ya que el estudio a modificar no se ha incrementado en los anuales
    del señor González Salas, en caso de que el servidor ya hubiese
    reintegrado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto que se
    había establecido se le debe reintegrar la diferencia.‖
                                     -0-

       Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder al
 señor González Salas audiencia por el término de ocho días contados a
 partir de la comunicación de este acuerdo, para lo que a bien tenga
 manifestar sobre la petición del Departamento de Personal.‖
                                    -0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior y modificar el acuerdo de la sesión
                                          156

No. 74-04 del 30 de setiembre del dos mil cuatro, artículo XL, en el sentido que el

tiempo a reconocer al señor Luis Fernando González Salas, lo es de un año, nueve

meses y veintisiete días, laborados para la citada Institución, el monto correcto a

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones es de ¢11.115,27. La modificación

anterior no generará una cuenta por cobrar ya que no se ha incrementado en los

anuales del señor González Salas. En caso de que el servidor ya hubiese cancelado

al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto que se había establecido se le debe

reintegrar la diferencia respectiva.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO LX

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° DP 1223-05 de 26 de setiembre último, presenta la

siguiente gestión:

              ―La Comisión Nacional de Valores con motivo del desarrollo del
       3 al 7 de octubre, celebrará la ―Semana Nacional de Valores‖ bajo el lema
       ―Ética e Integridad‖. En años anteriores, el Poder Judicial ha brindado
       colaboración a la Comisión Nacional de Valores ya sea organizando una
       actividad y apoyando a la Comisión en la parte operativa.

               Para esos efectos, mediante correo electrónico del 21 de setiembre,
       solicita la colaboración del Poder Judicial para que se les permita hacer
       uso de una buseta el jueves 6 de octubre, de 5:30 a.m a 6 p.m., con el
       propósito de hacer el traslado de los participantes en el taller ―Trabajo en
       equipo que se desarrollará en el Volcán Turrialba.‖. Se adjunta copia del
       correo electrónico.
                                         157

             Por lo anterior, solicito la correspondiente autorización del
       Consejo Superior en virtud de que el uso de la buseta es para el traslado
       de personas que no laboran en el Poder Judicial, por lo que el permiso
       del Consejo Superior es necesario.

              En espera de contar con la anuencia del Consejo Superior, en
       virtud de que la Comisión Nacional de Valores es una organización sin
       fines de lucro y que no cuenta con recursos económicos para este tipo de
       eventos, los que realiza mediante la ayuda y colaboración de los entes y
       Poderes del Estado.‖
                                         -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar el uso de una buseta, para

el jueves 6 de octubre de 5:30 a.m a 6:00 p.m., con el propósito de hacer el traslado

de los participantes en el taller ―Trabajo en equipo que se desarrollará en el Volcán

Turrialba‖.

       La Dirección Ejecutiva tomará nota para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO LXI

      En sesión N° 74-05 celebrada el 20 de setiembre último, artículo LXII, se

aprobó ―…1) Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo Superior, en la sesión de

trabajo No. 8 de presupuesto 2006, celebrada el 12 de abril del año en curso,

artículo III, que dispuso el traslado de la plaza de Auxiliar Judicial 2 del Juzgado

Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica al Juzgado Civil y de

Trabajo de ese Circuito. 2) Aprobar el traslado de la servidora María del Carmen

Sánchez Castro, con su plaza N° 57175 al Juzgado Contravencional del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica a partir del 1º de octubre próximo y por el
                                          158

resto del año. 3) El Departamento de Planificación rendirá un informe, en el plazo

de un mes contado a partir de la comunicación de este acuerdo, en el que indique el

despacho judicial en que debe ser ubicado ese recurso, excepto en el Juzgado Civil

y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica por las razones

indicadas.‖.

      La licenciada Damaris Acuña Fernández y el licenciado Luis Fernando

Guillén Zumbado, por su orden, Jueza Coordinadora y Juez del Juzgado Civil y de

Trabajo de Mayor Cuantía de Pococí, en facsímil de 26 de setiembre último,

comunicaron:

       ―…
       En un principio, fue muy preocupante saber que para el puesto de auxiliar
       judicial en el juzgado venía electa una persona que no conocía la materia,
       ni el despacho, ni su funcionamiento. Por esa razón, se pidió al Consejo
       la anulación de la terna, para que se hiciera un nuevo concurso, para darle
       participación a personas que sí estuvieran capacitadas en materia civil y
       laboral; siendo que al final, no se accedió al pedido, por la obtención de
       derechos subjetivos que había adquirido doña María del Carmen.

       Posteriormente y cuando ingresó al despacho, doña Carmen mostró gran
       preocupación por el puesto en el que se nombró, dado que no conocía las
       materias. Ante esta situación, el juez Guillén Zumbado le dio aliento y
       motivación para asumir de la manera más favorable su experiencia
       laboral, puesto que era con él con quien iba a proveer los asuntos. Sin
       embargo, en ese cortísimo período, -de dos días-, doña Carmen se
       incapacitó y no se volvió a saber nada, hasta que el Consejo pidió que se
       le diere el proceso de inducción respectivo. De esta manera, como se
       hizo saber en fecha 29 de agosto, se informó al Consejo que “… Desde
       que doña María del Carmen Sánchez Castro ingresó a la oficina en
       propiedad se le dio todo el apoyo, tanto de los auxiliares, como de los
       jueces, por lo que no es cierto que haya sufrido poca colaboración: lo
       que sucede es que por la carga de trabajo del resto del personal, es
                                   159

materialmente imposible designar a tiempo completo a algún de ellos
para adiestrar a doña Carmen. Desde un inicio ella manifestó estar
preocupada por la inexperiencia en el proveído de los expedientes,
cuestión que también nos preocupó… se trató de encaminarla y que
incluso, por parte del suscrito se le ofreció toda la ayuda para que
aprendiera las labores tomando en cuenta que iba a resolver los asuntos
bajo mi dirección; que se suma a la disposición que hubo de varios
auxiliares para que conociera el funcionamiento de la oficina…
Consideramos que este será un corto período de acoplamiento para
doña Carmen…‖ Sin embargo, ese proceso de inducción, el cual
preparamos los suscritos, ideando una manera óptima la llegada de doña
Carmen, no se pudo dar porque se traslada la plaza.

En la sesión del 20 de setiembre se nos desprovee del puesto que había
venido funcionamiento en el despacho durante varios años, básicamente
con atención en un oficio enviado por doña Carmen, manifestando, en
resumen, sentirse convencida que el proceso de inducción ordenado por el
Consejo no se iba a dar. Para ello, indicó que “… Insistir en que mi
persona permanezca en ese juzgado, es según mi percepción, cronificar
un conflicto que podría resolverse de manera más efectiva y objetiva al
ordenar mi traslado a otro despacho‖, cuando lo cierto del caso, es que
ese proceso de inducción sí se iba a dar y que estábamos poniendo en
marcha para cuando ingresara doña Carmen, tal y como lo había
dispuesto el Consejo. Ahora en forma sorpresiva se nos comunica que ya
no contamos con el recurso y ni siquiera se nos dio la oportunidad de
trabajar con ella para cohesionarla debidamente en la oficina, sólo por
una simple suposición infundada de su parte.

Es más, en una visita que ella realizó en la oficina, el suscrito le indicó
que contara con todo el apoyo para el inicio de sus labores el pasado 20
de setiembre, que se le iba a enseñar todo lo relativo a sus funciones, el
proveído y el funcionamiento del despacho, para que el proceso de
inducción fuera todo un éxito. Sin embargo, la situación era otra, al
menos de parte de doña Carmen, quien con anterioridad a esa visita, ya
había gestionado el traslado de su plaza para otra oficina.

Ahora la situación en el juzgado se torna extremadamente difícil. Esa era
una plaza que venía funcionando durante varios años; y ya se encontraba
afianzada al engranaje de labores. El que ahora se nos cercene el recurso,
ocasiona un gran trastorno, que afecta sensiblemente las labores y el
rendimiento del despacho. Prueba de ello, es precisamente que su
                                         160

       traslado definitivo para acá, obedeció a la recomendación del
       Departamento de Planificación, por la gran carga de trabajo que tenemos.
       Jamás nos imaginamos que se nos iba a quitar el recurso, de una forma
       tan abrupta; lo que nos ha llevado a tomar medidas de emergencia por la
       gran carencia que nos deja.

       Dado que el Juzgado Contravencional local resultó ser el destinatario
       final de esa plaza, a modo de compensación, en consecuencia con las
       recomendaciones del Departamento de Planificación y a fin de no afectar
       el servicio público, es que solicitamos al Consejo se nos dé, en el mismo
       carácter en la que se envía la plaza, un recurso igual proveniente del
       Juzgado Contravencional, para equilibrar las nóminas entre las oficinas,
       En caso de no ser atendida nuestra gestión, pedimos se valore la
       posibilidad de que se provea a un auxiliar judicial supernumerario por ese
       mismo plazo.

       Queremos reiterar que de nuestra parte, siempre hubo un gran disposición
       para acoger a doña Carmen en el despacho y que el proceso de inducción
       estaba siendo ampliamente discutido por los jueces y los auxiliares y que
       todo sucedió en desventaja, al no poder demostrar ni refutar sus
       afirmaciones; que al final, dieron al traste con la obtención en forma
       definitiva de la plaza, tan necesaria y esperadaza para la oficina.‖
                                         -0-
      Se acordó: 1) Denegar la solicitud de los licenciados Acuña Fernández y

Guillén Zumbado, y mantener lo resuelto en la sesión de referencia. 2) Trasladar la

solicitud de designación de un auxiliar judicial supernumerario al Consejo de

Administración de ese circuito, para que la valore, por ser de su competencia.

                                 ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 40-05 celebrada el 26 de mayo del presente año, artículo LII,

se autorizó el traslado temporal del licenciado Johel Garita Vargas, Técnico

Criminalístico 2 de la Sección de Documentos Dudosos, a la Sección de Pericias
                                               161

Físicas, Balística y Troquelados, ambas del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, con su respectiva plaza, por tres meses a partir del día en que se

reincorpore a sus labores luego de finalizar la incapacidad. Asimismo se indicó que

el Departamento de Planificación realizaría a la brevedad el estudio de cargas de

trabajo en la Sección de Documentos Dudosos.

      En sesión N° 72-05 del 13 de setiembre último, artículo LVI, prorrogó el

traslado temporal del licenciado Garita Vargas, por un nuevo período de tres meses

a partir del 10 de setiembre en curso, mientras el Departamento de Planificación

concluye el informe citado.

      El licenciado Johel R. Garita Vargas, en nota de 28 de setiembre último,

presenta la siguiente gestión:

               ―Al incorporarme el 9 de junio a la Sección de Pericias Física, solicité al
       Departamento de Personal mediante escrito fechado el 28 de junio de este año, el
       pago del 5% por concepto de riesgo o peligrosidad, rubro que es otorgado al
       personal técnico y profesional de la Sección por las funciones propias del cargo,
       como la manipulación de armas de fuego, productos químicos, contacto con fluidos
       biológicos y materia orgánica, fundamentando mi solicitud que el desempeño de
       mis nuevas funciones ponen en eminente peligro mi salud y hasta cierto punto mi
       vida. Sin embargo, el Departamento de Personal me indica que para poder valorar y
       gestionar mi solicitud deben de realizar un estudio en coordinación con la Unidad de
       Salud Ocupacional del Departamento de Seguridad, para determinar la procedencia
       de mi solicitud, lo cual me parece ilógico, debido a lo indicado antes, todo el
       personal técnico y profesional de la Sección se le otorga el pago de este rubro por el
       desempeño de sus funciones desde hace varios años y con previo estudio realizado
       por esta misma oficina y las cuales este servidor en la actualidad ejerce. Además de
       que hasta la fecha estas dos Secciones o Departamentos no se ponen aún de acuerdo
       para realizar conjuntamente este estudio provocando un estancamiento es esta área.
                                               162

               Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores Miembros del Consejo
       Superior y de conformidad con la ley 8220, se me otorgue en igualdad de
       condiciones de mis compañeros técnicos el pago del 5% por concepto de riesgo o
       peligrosidad a partir del 6 de junio de este año por el desempeño de las funciones del
       cargo. Sin otro particular.‖
                                               -0-
      Se acordó: Trasladar la solicitud del licenciado Garita Vargas al

Departamento de Personal, para que sea analizada, e indique si el señor Johel se

encuentra en igualdad de condiciones, que los servidores de la Sección de Pericias

Físicas, mientras se encuentre destacado en ese despacho.

                                     ARTÍCULO LXIII

      La licenciada Ana Virginia Steller Durán, Jueza del Juzgado de Tránsito de

San Ramón, en oficio N° 140-TRA-05 de 27 de setiembre último, expresó:

       ―Las nuevas labores de anotación de fallos y levantamientos de multas
       prescritas a través del ―sistema integrado de infracciones‖, no son
       cuantificadas estadísticamente a efectos de tener un mecanismo para
       solicitar personal de apoyo.      El despacho está en semejante situación
       laboral que antes de la reforma por ley 8431, y siempre por diligencias de
       multa fija la cual fue sacada de la jurisdicción.
                Según información ―no oficial‖ de empleados de Cosevi, esa
       institución en dos meses han dejado de percibir más de doscientos
       ochenta millones de colones en partes prescritos. Lo que sucede es que a
       raíz de la circular 146-2004(artículo LXXVI, sesión 73-04) y de la
       adaptación del ―sistema integrado de boletas‖ en conexión con Cosevi,
       está generando que más del 90% de los partes prescritos sean solicitados
       sus levantamientos vía telefónica, cosa que antes el usuario no hacía.
       Cosevi exige que ya no les remitamos más levantamientos vía fax por
       cuanto ya contamos con conexión. Igualmente lo pretenden para con las
       anotaciones de todos los fallos de accidentes y partes de multa fija por el
       artículo 129 e) los cuales sí se continúan tramitando judicialmente. Todo
       esto ha provocado en menos de tres meses un recargo de funciones
       agobiante el cual no es cuantificado estadísticamente y nos deja
                                   163

indefensos ante esta situación pues este despacho no tiene co-juez y
cuenta sólo con 3 auxiliares y un conserje.

      Solicitamos con carácter de urgencia una plaza extraordinaria que
coadyuve en estas funciones. La reforma quitó de estrados judiciales la
mayor parte de las boletas pero trajo consigo nuevas funciones que tienen
el despacho en igual o peor condición laboral que antes.
      Aunado a lo anterior, cientos de llamadas telefónicas solicitando
prescripciones, se está convirtiendo en trabajo perdido para nosotros por
los motivos expuestos en oficio 136-TRA-05.             Tal solicitud fue
denegada. Solicitamos su reconsideración. Cerca del 50% de las boletas
a levantar no están prescritas, corresponden a otros despachos, fueron
canceladas o están pendientes; provocando esto el consecuente
desperdicio de recurso humano. El hecho de pedir al usuario que nos
remita por Fax el print de consulta de boletas para su revisión previa, no
demanda que el usuario deba venir al despacho a hacer fila por un
levantamiento. Por el contrario ello es beneficioso tanto para el despacho
como para el usuario toda vez que al no poderle levantar la boleta ellos
insisten en llamar de nuevo para ver los motivos por lo cual no se realizó
el levantamiento, perdiendo el usuario tiempo y dinero en reiterados
viajes a Cosevi o al departamento donde desea renovar su licencia para
darse cuenta que su boleta no fue levantada.

     Solicitamos: 1) Por ser urgente y completamente razonable, una
plaza extraordinaria. No omito adicionar al respecto que trabajamos con
la misma cantidad de empleados desde enero de 1995 que se abrió este
Juzgado. Aunque quitaran multa fija, los accidentes han aumentado en un
400%, y las demás funciones ya citadas están afectando el buen servicio y
funcionalidad del despacho.

2) Reconsideración del artículo LV111, acta Nª. 70-05, sesión del 20 de
setiembre (aun no firme), y en su lugar autorizarnos a pedir del usuario el
fax de print de consulta de partes y con ello dar un mejor servicio.
Estamos realizando cientos de consultas al sistema que concluyen en
trabajo perdido imposible de levantar y ello por mala información
telefónica que nos da el usuario.

3) Por medio del departamento que corresponda, crear un mecanismo que
permita cuantificar el trabajo que se realiza con la reciente conexión al
sistema integrado de boletas de Cosevi.             Es necesario medir
estadísticamente este recargo laboral por los motivos ya expuestos.
                                          164


             Por no contar con recursos disponibles se continuarán enviando a
       Cosevi copia sellada de los fallos que se dicten, tal y como lo establece el
       artículo 191 de la Ley de Tránsito para que no se vea atrasado el cobro de
       multas por falta de anotación.‖
                                          -0-
      Se acordó: 1) Denegar la solicitud de creación de una plaza extraordinaria,

en razón de no contarse con contenido presupuestario para esos efectos.               2)

Trasladar al Departamento de Planificación para que realice un estudio integral

sobre la carga de trabajo en ese despacho. 3) Mantener lo resuelto en la sesión

No. 70-05 del pasado 20 de setiembre, artículo LVIII, en consecuencia denegar la

reconsideración planteada, toda vez que esos datos deben seguirse dando vía

telefónica, pues la finalidad es brindar un mejor servicio público, de conformidad

con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico aprobado por la Corte Plena

para el período 2000-2005.

                                 ARTÍCULO LXIV

      En sesión N° 64-05 celebrada el 18 de agosto del año en curso, artículo XLI,

se tomó el siguiente acuerdo:

             ―En sesión celebrada el 16 de setiembre de 1994, artículo XXXIII,
       inciso d), se reconoció al Lic. Leonardo Guillén Pacheco, Profesional 2
       de la Sección de Reclutamiento y Selección del Departamento de
       Personal, 2 años, 4 meses y 16 días laborados para la Dirección General
       de Servicio Civil, para efectos de antigüedad.

             En razón de lo resuelto en la sesión 74-02 del 3 de octubre del
       2002, artículo XXXIV, y de conformidad con el artículo 231 de la Ley
                                   165

Orgánica del Poder Judicial, el Departamento de Personal remite el
informe N° 01019-UCS-AS-2005 de 20 de julio último, en que se reporta
que el monto a reintegrar por el señor Leonardo Guillén Pacheco al Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asciende a ¢611.737,04,
para que pueda reconocer 2 años, 4 meses y 16 días laborados para el
Ministerio de la Presidencia, para efectos de jubilación.

     En nota de 6 de junio del presente año, presentada ante el
Departamento de Personal (folio 74 de su expediente personal) el Lic.
Guillén Pacheco manifestó:

―En atención al oficio 00648-UCS-AS-2005 de fecha 23 de mayo de
2005, respetuosamente me permito comunicarle que si bien se me
reconoció en su momento mi tiempo servido para otra institución pública,
en ningún momento yo he solicitado ni consentido ningún tipo de
deducción para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial
por lo que considero injusto y arbitrario que ahora se me haga esa
deducción, sobre todo por la magnitud de la misma, lo cual me estaría
provocando un grave perjuicio económico, pues mi salario actual se
encuentra totalmente comprometido, por las responsabilidades que tengo
en estos momentos. De ahí que objeto enérgicamente tal procedimiento,
pues estoy en total desacuerdo con el mismo. Por tal motivo le ruego
tomar las medidas del caso y comunicármelo con prontitud.‖

                                    - 0-

      Se adjunta constancia del Departamento de Personal sobre el
tiempo laborado para el Poder Judicial por el señor Guillén Pacheco, así
como la condición salarial y el monto en que se incrementó su salario con
motivo del reconocimiento de tiempo laborado en otros entes estatales.

        Se dispuso: 1) Con vista en el informe del Departamento de
Personal N° 01019-UCS-AS-2005 de 20 de julio último, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
reconocer al Lic. Leonardo Guillén Pacheco 2 años, 4 meses y 16 días
laborados en el Ministerio de la Presidencia, para efectos de jubilación,
con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial la suma de ¢611.737,05 (seiscientos once mil setecientos
treinta y siete colones cinco céntimos), que se le deducirá de su salario en
el tanto de un 10% hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá
depositarla en la cuenta corriente Nº 592-6 que mantiene el referido Fondo
                                          166

       con el Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el
       Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para
       que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas
       correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes
       elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota
       para lo de su cargo. 2) Comunicar al Lic. Guillén que el reconocimiento del
       tiempo trabajado en otros entes estatales debe ser para ambos efectos –
       antigüedad y jubilación-, y en caso de no estar de acuerdo con lo dispuesto,
       debe comunicarlo a fin de ordenar la suspensión del pago de anualidades
       por ese concepto.‖
                                          -0-
      El máster Leonardo Guillén Pacheco, en nota de 22 de setiembre último,

manifiesta su conformidad a que se proceda con el rebajo mencionado, tomando en

consideración sus limitaciones económicas actuales, en un 5% mensual de acuerdo

con lo que establece el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Se tiene a la vista la constancia emitida por el Departamento de Personal

acerca de la condición laboral y salarial de don Leonardo, en que además se indica

en cuanto se vio incrementado su sueldo por el tiempo reconocido.

      Por mayoría, se acordó: Acoger la solicitud del máster Guillén Pacheco, y

autorizar para que el tiempo reconocido, se le deduzca de su salario en el tanto de

un 5% hasta la cancelación total, en ese sentido se modifica el acuerdo tomado en

la sesión No. 64-05 del 18 de agosto del 2005, artículo XLI.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes.

      El Magistrado Mora votó porque se mantenga el 10%, lo anterior en
                                        167

atención a la recomendación vertida en el último estudio actuarial realizado al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en el sentido de que deben

protegerse sus recursos, y en aras de realizar una interpretación del párrafo último

del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no venga a afectar

sustancialmente dicho Fondo. Se declara firme este acuerdo.

                                    ARTÍCULO LXV

      En sesión N° 20-99 celebrada el 23 de setiembre de 1999, artículo LVII,

inciso 33), se reconoció al señor Rodolfo Fonseca Sarmiento, Investigador del

Servicio Policial de Intervención Inmediata, 4 años, 9 meses y 28 días, laborados

para el Banco de Costa Rica, para efectos de anualidades.


      En razón de lo resuelto en la sesión 74-02 del 3 de octubre del 2002, artículo

XXXIV, y de conformidad con el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, el Departamento de Personal remite el informe N° 01509-UCS-AS-2005

en que se reporta que el monto a reintegrar por el señor Fonseca Sarmiento al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asciende a ¢947.156,74 para

que pueda reconocer 4 años, 9 meses y 28 días laborados para el Banco de Costa

Rica, para efectos de jubilación.
                                        168

      En nota de 16 de setiembre último, don Rodolfo manifestó, entre otras

cosas, su disconformidad con el monto que debe reintegrar y con que este le sea

deducido de su salario, por razones económicas.


      Se adjunta constancia del Departamento de Personal sobre el tiempo

laborado para el Poder Judicial por el señor Fonseca Sarmiento, así como la

condición salarial y el monto en que se incrementó su salario con motivo del

reconocimiento de tiempo laborado en otro ente estatal.

      Por mayoría, se acordó: Acoger la solicitud de la señora Fonseca Sarmiento

y autorizar para que el tiempo reconocido, se le deduzca de su salario en el tanto de

un 5% hasta la cancelación total, en ese sentido se modifica el acuerdo tomado en

la sesión No. 20-99 el 23 de setiembre de 1999, artículo LVII, inciso 33).

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes.

      El Magistrado Mora votó porque se mantenga el 10%, lo anterior en

atención a la recomendación vertida en el último estudio actuarial realizado al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en el sentido de que deben

protegerse sus recursos, y en aras de realizar una interpretación del párrafo último

del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no venga a afectar

sustancialmente dicho Fondo. Se declara firme este acuerdo.
                                           169

                                  ARTÍCULO LXVI

      El señor Fabián Herrera Céspedes, con el visto bueno del licenciado Franz

korte Núñez, Juez Coordinador del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José, en nota de 28 de setiembre último presentó la siguiente

solicitud:

        ―Hago formal solicitud para realizar la toma de datos pertinentes, para ser
        analizados y utilizados en mi proyecto de tesis denominada: ―Aplicación
        del Modelo Motivación e Higiene de Frederick Herzberb en el Juzgado
        de Tránsito II Circuito Judicial de San José”, requisito final para obtener
        en título que me acredite como bachiller en Administración de Empresas
        con énfasis en Recursos Humanos.
        Con el proyecto anterior aplicaré el modelo de motivación antes señalado
        para medir los niveles de motivación o desmotivación de los empleados
        judiciales destacados en el Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de
        San José y brindar así conclusiones y recomendaciones sobre los
        métodos y técnicas para elevar o mantener los niveles de motivación
        según sea el caso, explícitamente mi labor será mayoritariamente de
        observador de procesos y actitudes, se aplicarán dos cuestionarios a los
        empleados y solo de ser requerido se realizará una entrevista a un sector
        de los servidores judiciales, dicho sector a evaluar será determinado
        estadísticamente al azar.
        No esta por demás manifestar que cuento con el aval del Lic. Franz Korte
        Núñez, Juez Coordinador del despacho, con el cual he conversado
        ampliamente y de acuerdo a sus oportunas recomendaciones, elevo a
        ustedes mi solicitud, comprometiéndome con la presente a no alterar de
        manera alguna el funcionamiento normal del despacho ni su trato al
        usuario, así mismo acataré las disposiciones que para el efecto me sean
        indicadas por el Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica y por
        último haré del conocimiento de la Institución los resultados que se
        desprendan de mi trabajo final de graduación.
        Agradeciendo de antemano su colaboración y atención prestada, me
        dispongo a sus órdenes.‖

                                           -0-
                                          170

      Se acordó: Acoger la solicitud del señor Herrera Céspedes, para que realice

su trabajo final de graduación, en el entendido de que la Jefatura del citado

despacho supervisará la actividad del citado estudiante, a quien se le comunica que

el uso que haga de la información que llegue a su conocimiento será bajo su

exclusiva responsabilidad, y que mientras se realice deberá ajustarse a las normas

que rigen la prestación del servicio en el Poder Judicial.

                                ARTÍCULO LXVII

      El señor Jorge Enrique Infante Rojas, en nota recibida el 7 de setiembre

último, manifestó:

       ―1.- En acuerdo tomado en sesión 44-00 del 20 de noviembre del 2000,
       ratificado en sesión 4-01 del 25 de enero del 2001, fui sancionado por la
       Corte Plena con 15 días de suspensión sin goce de salario por un aparente
       error grave e injustificado. La suspensión la cumplí del 20 de febrero al 6
       de marzo de este mismo año, y el rebajo del salario (¢ 331.370,32) me lo
       descontaron del monto que me correspondía por los conceptos de
       vacaciones y aguinaldo proporcional, según acordó el Consejo en sesión
       del 11 de julio del 2001.
       2.- Contra dicha sanción interpuse proceso ordinario laboral número 01-
       300028-188-LA que recién culminó con el voto 450-2005 de la Sala
       Segunda, que declaró con lugar la demanda, y condenó al Estado a
       cancelarme el monto deducido por la citada suspensión más los
       intereses hasta el efectivo pago. Sin costas.
       3.- Por esta razón acudo ante ustedes con la finalidad de que autoricen y
       ordenen el pago que me corresponde, mismo que por cuestiones de orden
       me permito liquidar: ¢ 331.370,32 por salario rebajado y ¢ 172.024,33
       colones por intereses legales del 11 de julio del 2001 al 2 de septiembre
       del 2005.
       4.- Adjunto copia certificada de las sentencias del citado proceso judicial
       y de la certificación del Departamento de Personal de la Corte, donde
                                          171

       conste el salario rebajado. Se adjunta hoja de cálculo de intereses que
       aparece en la página del Poder Judicial en Internet.‖

                                          -0-
      Previamente a someter la gestión anterior a conocimiento de este Consejo,

se trasladó a estudio del Profesional en Derecho 3 de la Secretaría General de la

Corte, licenciado Róger Calderón Mora, quien al respecto rindió el siguiente

informe:

       ―I).- ANTECEDENTES

           1.En escrito presentado en esta Secretaría General el 7 de setiembre
       del año en curso, el licenciado Jorge Enrique Infante Rojas, solicita se
       ordene el pago que le corresponde, en virtud del proceso ordinario laboral
       N° 01-300028-188-LA, que culminó con el voto N° 450-2005 de la Sala
       Segunda de la Corte, que declaró con lugar la demanda.
         2. Efectivamente, el licenciado Infante Rojas, entabla Ordinario
       Laboral contra el Estado, en el Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón, en
       virtud de que la Corte Plena en sesión N° 44-00, celebrada el 20 de
       noviembre de dos mil, artículo VII, dispuso: “...Imponer al Licenciado
       Jorge Enrique Infante Rojas la sanción disciplinaria de quince días de
       suspensión sin goce de salario, de conformidad con los artículos 195 y
       199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Despacho de la
       Presidencia tomará nota, a fin de determinar la fecha a partir de la cual
       se hará efectiva dicha suspensión, pues don Jorge Enrique se encuentra
       incapacitado para laborar.” Acuerdo que fue objeto de reconsideración
       por el licenciado Infante y la Corte Plena en sesión N° 04-01, celebrada el
       veinticinco de enero de dos mil uno, artículo XII, dispuso “...Con el voto
       de los Magistrados presentes se acordó: Acoger el informe del
       Magistrado instructor. En consecuencia, se rechaza el recurso de
       reconsideración interpuesto por el Licenciado Infante Rojas y por ende,
       se mantiene la sanción de quince días de suspensión sin goce de salario
       que se impuso a don Enrique.”.Visible a folios 1 al 11.
         3. El Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón, estima que no es
       competente para conocer de esta demanda, Visible a folios 12 al 13,
       situación que es resuelta por la Sala Primera de la Corte por resolución N°
       00053-C-2002, de las catorce horas cuarenta y tres minutos del seis de
                                   172

febrero de dos mil dos, resolviendo: “Se declara que el conocimiento del
presente proceso corresponde al Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón.”
Visible a folios 45 al 48.
  4. El Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón, mediante resolución de las
quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil dos, traslada por diez
días hábiles al Estado en la persona de su representante legal la
Procuraduría General de la República, a fin de que conteste sobre los
hechos demandados. Visible a folios 50 al 51, por lo que la Procuraduría
apersona al licenciado German Luis Romero Calderón, Procurador de
Relaciones de Servicio Civil Sección II, para represente al Estado en ese
proceso. Visible a folio 56.
  5. Por mandamiento de 26 de julio de dos mil dos, el Juez de Trabajo
de Pérez Zeledón, solicita al Departamento de Personal, se le indique si el
señor Infante Rojas adeuda suma alguna al Tesoro Público, Visible a
folio 106, indicando ese Departamento que efectivamente, el señor
Infante adeuda la suma de ¢ 427.842.10 al Tesoro Público por un permiso
sin goce de salario. Visible a folio 113. Situación que es rechazada por el
señor Infante al indicar que no tiene deuda pendiente con el Estado, toda
vez que cuando se le pagaron las vacaciones proporcionales cuyo monto
en principio sería ¢531.868.50, únicamente le fueron cancelados
¢104.026.40, producto del mencionado rebajo. Visible a folio 125. Ante
esto, el Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón, ordena al Departamento
Personal indique si efectivamente se le rebajó la suma indicada, y si
únicamente se le canceló la suma de ¢104.026.40. Visible a folio 147,
dato que es contestado afirmativamente por el Departamento de Personal,
por oficio N° 169 AP-2003, de 31 de enero de dos mil tres, Visible a folio
392.
  6. El Juzgado de Trabajo de Pérez Zeledón, en sentencia de Primera
Instancia N° 29-2003, de las ocho horas del treinta y uno de julio de dos
mil tres, tuvo por correcta la decisión de la Corte Plena en relación con la
suspensión de quince días sin goce de salario del licenciado Infante
Rojas, rechazando la pretensión del actor para que la Corte le cancele las
sumas que considera se le adeudan, en razón de que la decisión tomada
fue proporcional a la falta cometida, “POR TANTO: Por las razones
expuestas y al merito de los autos se declara sin lugar en todos los
extremos la demanda laboral incoada por el Lic. Enrique Infante Rojas,
contra el Estado...” Visible a folios 395 al 409.
  7. No encontrándose conforme el actor con la sentencia vertida, por
escrito de once de agosto de dos mil tres, presenta recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia citado en el punto anterior. Visible a
folios 444 al 454.
                                      173

    8.   El Tribunal de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, mediante el voto N°
   80-2004, de las diez horas y veinticinco minutos del dieciocho de agosto
   de dos mil cuatro, conoce de la apelación presentada y dispone que:
   “POR TANTO: Se declara que no se han observado defectos de
   procedimiento u omisiones capaces de producir nulidades o indefensión.
   De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho
   expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y
   se conforma la sentencia recurrida...”. Visible a folios 462 al 469.
     9. Mediante escrito de 31 de agosto de dos mil cuatro, el licenciado
   Infante, presenta formal recurso de casación contra la sentencia emitida
   por el Tribunal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón. Visible a folios 492
   al 508.
     10. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante
   resolución N° 2005-00450, de las ocho horas del primero de junio de dos
   mil cinco, considera que: “V. De conformidad con las consideraciones
   indicadas, por no existir el error grave e injustificado que se le imputó al
   accionante, sino que se trató de una labor interpretativa que no le estaba
   vedada, y que pudo ser revisada por el superior jerárquico si la parte
   accionada hubiese actuado oportunamente, se debe acoger el recurso;
   rechazándose la defensa de prescripción opuesta por el actor y la de falta
   de derecho opuesta por el demandado,(sic) y revocándose la sentencia
   recurrida, para en cancelar al accionante los salarios deducidos por la
   suspensión de quince días a éste aplicada, más los intereses de ley desde
   su exigibilidad hasta su efectivo pago. Por ser un asunto en que se nota
   que el Estado ha litigado de buena fe, se debe resolver sin especial
   condenatoria en costas.
                                  POR TANTO:
   Se revoca la sentencia recurrida y se declara con lugar la demanda. Se
   rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por el demandado y la
   de prescripción alegada por el recurrente. Condena al Estado a cancelar
   al accionante los montos de salario deducidos por la suspensión de
   quince días a este aplicada, más los intereses de ley desde su exigibilidad
   hasta su efectivo pago. Sin especial condenatoria en costas.”.Visible a
   folios 536 al 551.

             II).- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.-

1. Es procedente el reclamo formulado por el licenciado Jorge Enrique
    Infante Rojas por lo que en consecuencia, salvo mejor criterio, debe
    comunicarse a la brevedad lo declarado en sentencia al Departamento de
    Personal para que realice el informe y cálculos correspondientes, en
                                            174

          virtud de que la condenatoria del pago de intereses sobre las sumas que se
          ordena pagar en sentencia lo serán ―…hasta el efectivo pago.‖.
             2. Debe la Secretaría General de la Corte, al momento de ejecutar el
          acuerdo respectivo:
    a)          Remitir al Departamento de Personal, copias de las sentencias que
          se encuentran en el expediente en estudio, a efecto de que realice el
          cálculo ordenado en sentencia.
    b)          Anexar copia de lo que resuelva el Consejo Superior, respecto de
          este asunto al expediente N° 01-300028-188-LA, y proceder a su
          devolución a su oficina de origen. ( Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez
          Zeledón).
    c)          Comunicarle por resolución al interesado lo acordado por ese
          Órgano Superior.
    d)          Remitir copia a la Auditoría Judicial.‖
                                            -0-
         Se acordó: Acoger el informe del licenciado Calderón Mora. Remitir al

Departamento de Personal, copias de las sentencias, a efecto de que realice el

cálculo ordenado. La Secretaría de la Corte tomará nota en cuanto a los demás

puntos, para efecto de ejecución del presente acuerdo. Se declara firme este

acuerdo.

                                  ARTÍCULO LXVIII

         Mediante resolución N° 610-2005 de las trece horas con cuarenta y cinco

minutos del 21 de julio del año en curso de la Secretaría General de la Corte,

notificada el 26 de ese mes, al fax N° 771-88-20, se hizo del conocimiento del

señor Jorge Enrique Infante Rojas, el acuerdo tomado por este Consejo en sesión

N° 48-05 celebrada el 23 de junio del 2005, artículo LXXVI, que dice:

                ―Mediante oficio con fecha 16 de mayo de 2005, recibido ese
                                          175

       mismo día en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el
       licenciado Jorge Enrique Infante Rojas, presenta lo que denomina un
       reclamo administrativo contra el acuerdo tomado por el Consejo Superior,
       en la Sesión 42-01 del 31 de mayo de 2001, en su artículo XLVI; en que
       se declaró sin lugar el recurso de apelación que presentó contra la
       resolución No. 915-2000 del Tribunal de la Inspección Judicial, en que se
       dispuso la revocatoria de su nombramiento. En lo que interesa plantea,
       que la revocatoria de su nombramiento fue una decisión injusta, ilegal,
       ilegítima, excesiva, antojadiza e improcedente. Lo anterior señala, lo
       obligó a dejar de trabajar en el Poder Judicial, lo que le provocó un grave
       daño moral, pues lo afectó en su nombre, carrera, imagen, fama, entre
       otros. Indica el gestionante, que por las razones expuestas se debe anular
       o revocar la resolución del Consejo Superior y el Poder Judicial,
       reconocerle los daños y perjuicios que se causaron, que estima en
       ¢100.000.000.00. Expresa que el fundamento de su gestión, se basa en
       que en la calificación de falta que se le atribuyó, la Ley Orgánica del
       Poder Judicial la tipifica como una falta grave y no gravísima y, que por
       ello a lo sumo se hacía acreedor a una suspensión, por lo que nunca
       debieron sancionarlo con el despido. Lo que resultó en una decisión
       antojadiza y excesiva por parte del Consejo Superior, según reitera.

              Analizada la solicitud anterior, se acordó: Denegar por
       improcedente la solicitud de revocatoria del acuerdo de este Consejo,
       tomado en la sesión N° 42-01 del 31 de mayo de 2001, artículo XLVI, no
       sólo porque este carece de tal recurso, ya que se tomó como órgano de
       segunda instancia, sino también porque en caso de que este procediera, ya
       ha transcurrido de manera sobrada cualquier plazo para esos efectos.

       La vía administrativa se dio por agotada en la sesión que se hizo
       referencia.‖

                                          -0-
      El licenciado Infante Rojas, en escrito recibido en la Secretaría General de la

Corte el 27 de setiembre último, presenta recurso de reposición, expone lo

siguiente:

       1- ―En primer lugar aclaro que el escrito que resolvió el Consejo no
       fue un recurso de revocatoria, sino una solicitud administrativa de
                                   176

reconocimiento de derechos por el daño moral que me causó la corte al
despedirme injustamente el 31 de mayo del 2001, y así se desprende del
contenido de los puntos segundo y tercero, cuando habla de que el Poder
Judicial debe reconocerme los daños y perjuicios que me fueron causados
por mi afectación emocional, a mi buen nombre, mi carrera profesional,
mi imagen y mi fama.
Además aclaro que en este escrito presentado el 16 de mayo anterior, no
se incluyeron pretensiones de índole laboral sino moral, por el acto
ilegítimo del Poder Judicial el 31 de mayo del 2001, de ahí que este
memorial no pueda considerarse una extensión recursiva de aquel infeliz
acuerdo del 2001.
Si en algún momento se insinúo una anulación o revocación del despido
injusto.
2- En segundo lugar, aclarado que no fue un recurso de revocatoria
sino una petición de resarcimiento de daños y perjuicios (por una
actuación injusta e ilegítima de la Administración), debió el Consejo
pronunciarse sobre el fondo de la petición, es decir, sobre la procedencia
o no del reclamo del daño moral, a partir del examen de la legalidad,
motivación o justicia (entiéndase validez) o no del acto administrativo del
despido aquel 31 de mayo del 2001.
3- Aclaro al ilustre Consejo que la presente petición no tiene ninguna
pretensión de índole laboral, sino que se trata de una pretensión civil de
daños u perjuicios, por daño a mi imagen, buen nombre, carrera
profesional, prestigio, entre otros.
Aclaro que en el proceso laboral que recién culminó (01-300061-188-
LA), no incluí pretensiones de daño moral por la simple y única razón de
que estas pretensiones tradicionalmente han sido rechazadas por la Sala
Segunda, y este servidor no quería correr el riesgo.
Por ello me esperaré a que la Sala resolviera el proceso laboral para
conocer su criterio para plantear mis pretensiones de reparación del daño
oral en la vía administrativa, pero como la Sala no se pronunciaba y
existiendo peligro de que la pretensión de daños prescribiera al finalizar
el mes de mayo anterior, decidí presentar la petición administrativa sobre
el daño moral, con la esencial idea de interrumpir la prescripción,
esperando que una vez pronunciada la Sala II sobre mi despido (como ya
lo fue), este órgano (el Consejo) pudiera estudiar los fundamentos de la
Sala II (sobre el acto del despido) y así pudiera determinar que
efectivamente el acto administrativo del despido, aparte de ofenderme en
el ámbito laboral (que no es el tema que ahora nos ocupa), me ofendió
                                  177

enormemente en la esfera de mi buen nombre, mi fama, mi carrera, mi
prestigio social, entre otros y ello debe repararse.
4- Ya es del conocimiento del Consejo que la Sala Segunda recién se
pronunció sobre el tema de mi despido, y en votos 680-05 y 712-05
determinó que éste había sido injusto.
Han pasado largos cuatro años, para que se analizara una falta que bien
puso analizarse en una tarde, y resulta doloroso que después de tantos
años, se compruebe que la decisión que tomó el Consejo Superior (de
considerar justo el despido), fue errónea, injusta y excesiva, dando al
traste en ese momento con la carrera de un joven profesional, y
colocándolo injusta e inmerecidamente en una situación de desprestigio
en el mismo pueblo que lo vio nacer y crecer.
No crean señores miembros del Consejo que la sentencia de la Sala II,
que declaró la injusticia de mi despido podrá devolverme lo que el
Consejo y la Inspección me quitaron, no.
La humillación de aquel viernes 1 de junio del 2001 en que tuve que salir
de la Corte, sólo y con unas cajas cargando mis libros, nada la pagará.
Es cierto que el ser humano es sobreviviente por naturaleza, y que con la
ayuda de Dios, de la familia y de los amigos, uno se logra sobreponer casi
a cualquier cosa, pero tener que pasar injustamente por esas situaciones
es doloroso.
Tener que abrir espacios de trabajo, en un pueblo tan pequeño como San
Isidro del General, de gente emprendedora y honrada, teniendo que luchar
contra una imagen de empleado despedido, y no de cualquier empleado
sino de un juez, y joven, es doloroso. Los amigos comentan que la gente
pregunta que si es cierto que al Juez que lo echaron porque se robó unos
documentos de un expediente.
Digo lo anterior, porque de alguna manera tiene que servir el que la Sala
me haya dado (aunque fuese un poco) la razón. De algo tiene que servir.
El daño existió, y posiblemente exista, y por mucho tiempo, y debe el
Estado repararlo y yo cuidar porque eso ocurra, aunque tenga que esperar
otros tantos años.
5- El plazo para plantear mi petición de resarcimiento de daño moral,
no ha transcurrido de manera sobrada como se indica en el acuerdo que
recurro, pues existe un término de prescripción de 4 años, que interrumpí
precisamente con mi petición administrativa que interpuse el 16 de mayo.
Recordemos que este plazo de prescripción vencía el 31 de mayo del
2005.
                                        178

       La petición de este recurso es que el Consejo reconsidere su decisión
       sobre mi solicitud de resarcimiento del daño moral, y proceda a realizar
       un estudio del caso para que determine que ese reconocimiento es
       procedente, y lo hagan efectivo.‖
                                        -0-
      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Tener por presentado

el recurso de reposición y trasladarlo a estudio individual de los miembros. Se

declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LXIX

      El doctor Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado de la Sala Constitucional, en

oficio N° SC-801-40-05 de 27 de setiembre último, de conformidad con el ordinal

50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para los efectos de la aprobación

dispuesta por ese numeral, comunica que designó en propiedad, como abogado

asistente 3 de su oficina (801) al profesional en Derecho Marco López Volio, a

partir del 1° de noviembre próximo, quien se desempeñará interinamente, en

sustitución de Andrea Quijano, del 3 al 31 de octubre en curso.

      La licenciada Andrea Quijano Villalobos, en escrito de 28 de setiembre del

año en curso, expresa lo siguiente:

       ―HECHOS.
       1. Que desde el primero de setiembre de mil novecientos noventa y siete,
       ocupé de manera interina el puesto de Auxiliar Judicial y desde el 10 de
       agosto del 1999 ocupé también de manera interina el puesto de Abogada
       Asistente 3, cargos que he desempeñado de manera idónea, tal y como se
       desprende de los resultados de las evaluaciones anuales a las que fui
       sometida y cuya copia adjunto. 2. Que en virtud de lo anterior, por
                                  179

artículo II adoptado en la sesión número 22-2001 celebrada el quince de
marzo del dos mil uno, el Consejo Superior del Poder Judicial, me
nombró en propiedad a partir del primero de abril del dos mil uno, en el
puesto de Abogada Asistente 3, plaza número 46970.

Que a partir de ese momento, ejerzo las labores inherentes al cargo, en la
oficina 801 de la Sala Constitucional: primero a las órdenes del ex
Magistrado Eduardo Sancho González y con posterioridad a su jubilación,
a cargo del Magistrado Ernesto Jinesta Lobo.

3. Que por artículos XIII y XXIX adoptados en sesiones número 39-01 y
03-02 celebradas el cinco de noviembre del dos mil uno y, el veintiocho
de enero del dos mil dos, respectivamente, la Corte Plena aprobó el
Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial, que fue
publicado en el Boletín Judicial número 73 del miércoles 17 de abril del
dos mil dos.

Que si bien es cierto, en el artículo 2 inciso b) de ese Reglamento se
establece que los letrados -entre otros servidores- del respectivo
Magistrado de Sala, son de confianza, también lo es, que conforme al
artículo 7 del mismo reglamento, quedan a salvo los derechos
adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad laboral, de los
servidores que estuvieran nombrados en propiedad a la entrada en
vigencia de ese cuerpo normativo.

4. Que por oficio número SC-801-39-05 del veintiséis de setiembre del
dos mil cinco, el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, me comunicó mi
despido por pérdida de confianza, a partir de esa misma fecha. Que dicho
acto se basa, en la potestad de libre remoción que presuntamente le asiste
en su carácter de jefe inmediato, la cual —según su dicho- se deriva del
hecho de que ocupo un puesto de confianza, conforme a lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, 2 inciso b) del
Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial.

DERECHO.
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E
IRRETROACTIVIDAD
Si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso
b) del Reglamento de Puestos de Confianza, los letrados asignados un
Magistrado de Sala, son de confianza; también lo es, que de acuerdo con
el artículo 7 de ese mismo cuerpo normativo, quedan a salvo los derechos
adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad laboral, de los
                                   180

servidores en estuvieran nombrados en propiedad a la entrada en vigencia
de ese reglamento.

Que en consecuencia, si fui nombrada en propiedad por el Consejo
Superior del Poder Judicial, a partir del primero de abril del dos mil uno;
si superé el año de período de prueba que establece el artículo 33 del
Estatuto de Servicio Judicial y, si el reglamento indicado entró en
vigencia ocho días después de su publicación — Boletín Judicial número
73 del diecisiete de abril del dos mil dos-, me cubre la disposición
contenida en el artículo 7 de ese reglamento y en consecuencia, no podría
aplicárseme un proceso de libre remoción del puesto, pues tal y como el
Consejo Superior del Poder Judicial, resolvió en el artículo VIII de la
sesión número 91-01 celebrada el trece de noviembre del dos mil uno,
sostener lo contrario implicaría una violación a lo dispuesto en el artículo
34 de la Constitución Política.

El artículo 7 referido, a favor de los letrados nombrados a esa fecha, les
declara un derecho subjetivo que no puede ser dejado sin efecto
unilateralmente. Entonces hay estabilidad que si bien es relativa, demanda
que sólo por justa causa se pueda despedir al funcionario.

Precisamente, ese es el objeto primordial que se persigue con el artículo 7
del Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial: proteger los
derechos adquiridos de buena fe por parte de los servidores que fueron
nombrados bajo un régimen de estabilidad en plazas de abogado asistente
— conforme lo que establece el propio acuerdo de nombramiento-, antes
de que la Corte Plena y, ante la omisión de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1993 y el Estatuto de Servicio Judicial de regular la naturaleza
de los puestos, modificara esa situación y estableciera por la vía
reglamentaria que dichas plazas son de confianza. Argumentar lo
contrario, implicaría dar efecto retroactivo a una norma, con los perjuicios
que de ello se derivarían en perjuicio de los servidores que —como yo-
tienen a su haber un acto declarativo de derechos que establece una
determinada condición a su favor, y cuyos efectos sólo podrían haberse
eliminado —si se hubiera estimado que el acto es nulo o debe revocarse-,
a través de un procedimiento ordinario —en caso de una nulidad absoluta
evidente y manifiesta- o, de un proceso de lesividad ante la jurisdicción
contencioso administrativa, claro está, si no hubiera prescrito la potestad
del Poder Judicial en ese sentido. (Ver en ese sentido, las sentencias
2754-93, 4596-93, 1 51 9-04, 1 520-04 Y 1 544-04, de la Sala
Constitucional, las últimas tres de ellas redactadas por el Magistrado
                                   181

Ginesta Lobo).

 Tómese en cuenta además, que incluso el propio Magistrado Jinesta
Lobo, en la discusión del artículo IV del acta de Corle Plena número 042-
02 del dieciséis de setiembre del dos mil dos, argumentó:

―..eso significa que es reserva de ley por expresa disposición de la norma
constitucional el que un funcionario sea de confianza o no y no podría la
Corte por vía de acuerdo, ni incluso por vía de reglamento, porque estaría
quebrantando el principio de reserva de ley, establecer que un funcionario
es o no de confianza, de tal manera que en ese sentido comparto las
apreciaciones del Magistrado Arguedas y sobre todo que en este caso,
pues la ley no lo dice expresamente y además regiría aquí un
principio elemental de la hermenéutica constitucional en la duda a
favor de la libertad y a favor del ser humano, de la persona humana.‖
(Lo resaltado no es del original).

Que si bien es cierto, el Magistrado Jinesta Lobo varió con posterioridad
su criterio, en el sentido de que no constituye reserva de ley el establecer
si un puesto es o no de confianza (ver artículo XVI adoptado en la sesión
de Corte Plena número 009-03 del tres de marzo del dos mil tres) y
que por ende, la Corte Plena puede por medio de una norma
reglamentaria regular esos extremos; lo cierto es que su primer criterio
fue efectivamente avalado -en ese momento- por dicho órgano. También
es cierto, que el reglamento continúa vigente y que no resulta procedente
ampararse en lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ya que precisamente si la Corte Plena tuvo
que regular por vía reglamentaria lo que no está expresamente establecido
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial —
en cuanto a la naturaleza de los puestos de abogados asistentes de un
Magistrado de Sala-, no podría alegarse válidamente que el artículo 7 del
Reglamento de Puesto de Confianza del Poder Judicial, es
manifiestamente ilegal, no sólo porque no existe norma que regule de
manera expresa la naturaleza de ese supuesto —tal y como el propio
Magistrado lo sostuvo-, sino porque que un caso como el que nos ocupa,
no podría sustentarse la presunta ilegalidad en una aplicación analógica
de otras normas del ordenamiento jurídico administrativo y en las
características de algunas de las funciones que desempeñan esos
auxiliares del ejercicio de la función jurisdiccional, para sostener que los
puestos que ocupan esos profesionales son de confianza, ya que por un
                                   182

principio de seguridad jurídica y de ―eficacia expansiva y progresiva de
los derechos fundamentales‖, entratándose de casos en que a las personas
se les aplicará un régimen excepcional y menos garantista de empleo
público —en el que no gozarán de estabilidad laboral- debe encontrar un
respaldo legal expreso. para cada caso concreto (tal y como se desprende
del artículo 1 92 de la Constitución Política y del artículo 111 de la Ley
General de la Administración Pública) y no por analogía, como pretende
sustentarse en la carta de despido.

Por último, cabe indicar que en el artículo XVI adoptado en la sesión
número 009-03 del tres de marzo del dos mil tres, la Corte Plena resolvió
que se mantenía lo resuelto en su oportunidad, respecto al momento en
que entraría en vigencia el Reglamento de Puestos de Confianza del
Poder Judicial —a saber: cinco de noviembre del dos mil uno-, a fin de no
incurrir en una violación a lo dispuesto en el artículo 34 de la
Constitución Política, en perjuicio de los servidores que tienen a su favor,
actos declarativos de derechos no declarados nulos o no revocados por los
procedimientos aplicables, en cuanto a estabilidad laboral se refiere.

VIOLACION A LAS COMPETENCIAS                           DEL     CONSEJO
SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL

     Del análisis de los hechos mi nombramiento lo hizo el Poder
Judicial, por medio del órgano competente, sea el CONSEJO SUPERIOR
(véase el hecho segundo), de manera que mi separación del cargo, cuando
sea procedente, solo la puede acordar ese mismo órgano.

      Por ello es que lo actuado por el Magistrado Jinesta es
absolutamente nulo puesto que en su condición de Magistrado
CARECE, de competencia para ordenar el despido de ningún empleado
judicial.

     Además, la motivación de su acto lo lleva a declarar la NULIDAD
ABOLUTA DEL REGLAMENTO DE PUESTOS DE CONFIANZA
DEL PODER JUDICIAL, lo que le está vedado puesto que hacerlo le
corresponde exclusivamente, a los órganos jurisdiccionales: a la Sala
Constitucional cuando las razones son de constitucionalidad, o al juez
contencioso cuando son de legalidad.

      Por lo anterior, resulta evidente la nulidad de lo actuado y así
solicito que se declare.
                                   183

      Con base en estas consideraciones, considero que se ha violado en
mi perjuicio lo dispuesto en los artículos 11 , 33, 34, 39, 56 y 192 de la
Constitución Política, así como, los principios de inderogabilidad de los
actos propios e inderogabilidad singular de los reglamentos, ya que una
autoridad no competente revocó muto propio mi nombramiento en
propiedad bajo un régimen de estabilidad laboral, basado en una
presunción sustentada en una aplicación analógica de normas, de la cual
derivó, que mi puesto es de confianza y por ende, de libre remoción, a
pesar de que existe un acto administrativo en sentido contrario, que se
encuentra amparado en la presunción de validez y eficacia que prevé el
artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, y que no ha
sido desvirtuada a través del procedimiento administrativo o proceso
jurisdiccional que le pudiera ser aplicable; sino que más bien se pretende
hacerlo, a través del oficio número 808-JP-2005 del trece de setiembre del
dos mil cinco, en el cual, el Jefe del Departamento de Personal del Poder
Judicial, indica que mi nombramiento no fue producto de un concurso de
antecedentes u oposición; hecho que por si sólo, no podría tener el efecto
de desvirtuar la condición en que fui nombrada y por ende, en aplicación
retroactiva de una norma que se dictó con posterioridad a que superé el
período de prueba, modificar esa condición.

      Que en virtud de lo anterior, si se estima que he incurrido en una
causa que justifique mi destitución del cargo, deberá iniciarse un
procedimiento administrativo disciplinario en mi contra —con base en
medios probatorios objetivos y no en meras especulaciones o habladurías-
, para que sea el propio órgano que me designó —a saber: el Consejo
Superior del Poder Judicial- el que decida con base en los resultados
obtenidos del proceso de instrucción realizado, si existe o no mérito para
que de manera justificada se me separe del puesto que ocupo, tal y como
la propia Corte Plena resolvió en el caso de la destitución de un chofer de
un ex Magistrado (ver una síntesis del caso, en el artículo XII de la
sesión número 39-02 del veintiséis de agosto del dos mil dos). Sostener
lo contrario, implicaría un trato discriminatorio en mi perjuicio, en
contra de una norma que por las razones expuestas, no adolece de un
vicio de ilegalidad manifiesta que justifique su desaplicación para el caso
concreto, conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

                            PRETENSIONES

Por todo lo expuesto solicito:
                                   184

 Que se declare ABSOLUTAMENTE NULO LO ACTUADO por el
 Magistrado Jinesta Lobo y se me restituya al pleno disfrute de mis
 derechos.

                         MEDIDA CAUTELAR

 Dada la motivación de lo actuado por el Magistrado Jinesta Lobo y para
 evitar daños mayores y lesiones a mis derechos ordénense como medidas
 cautelares las siguientes:

 a) Suspender todo nombramiento               en   propiedad     realizado
 eventualmente en mi sustitución

 b) Se realice mi traslado temporal con el goce de todos mis derechos a un
 cargo similar en categoría y en funciones.‖
                                   -0-

También en memorial de igual fecha, expresó:
 ―HECHOS.

 1. Que desde el primero de setiembre de mil novecientos noventa y siete,
 ocupé de manera interina el puesto de Auxiliar Judicial y desde el 10 de
 agosto del 1999 ocupé también de manera interina el puesto de Abogada
 Asistente 3, cargos que he desempeñado de manera idónea, tal y como se
 desprende de los resultados de las evaluaciones anuales a las que fui
 sometida             y          cuya           copia            adjunto.
 2. Que en virtud de lo anterior, por artículo II adoptado en la sesión
 número 22-2001 celebrada el quince de marzo del dos mil uno, el
 Consejo Superior del Poder Judicial, me nombró en propiedad a
 partir del primero de abril del dos mil uno, en el puesto de Abogada
 Asistente 3, plaza número 46970.

 Que a partir de ese momento, ejerzo las labores inherentes al cargo, en la
 oficina 801 de la Sala Constitucional: primero a las órdenes del ex
 Magistrado Eduardo Sancho González y con posterioridad a su jubilación,
 a cargo del Magistrado Ernesto Jinesta Lobo.

 3. Que por artículos XIII y XXIX adoptados en sesiones número 39-01 y
 03-02 celebradas el cinco de noviembre del dos mil uno y, el veintiocho
 de enero del dos mil dos, respectivamente, la Corte Plena aprobó el
 Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial, que fue
                                   185

publicado en el Boletín Judicial número 73 del miércoles 17 de abril del
dos mil dos.

Que si bien es cierto, en el artículo 2 inciso b) de ese Reglamento se
establece que los letrados -entre otros servidores- del respectivo
Magistrado de Sala, son de confianza, también lo es, que conforme al
artículo 7 del mismo reglamento, quedan a salvo los derechos
adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad laboral, de los
servidores que estuvieran nombrados en propiedad a la entrada en
vigencia de ese cuerpo normativo.

4. Que por oficio número SC-801-39-05 del veintiséis de setiembre del
dos mil cinco, el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, me comunicó mi
despido por pérdida de confianza, a partir de esa misma fecha. Que dicho
acto se basa, en la potestad de libre remoción que presuntamente le asiste
en su carácter de jefe inmediato, la cual —según su dicho- se deriva del
hecho de que ocupo un puesto de confianza, conforme a lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, 2 inciso b) del
Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial.

DERECHO.

VIOLACIÓN A LOS               PRINCIPIOS        DE     LEGALIDAD         E
IRRETROACTIVIDAD

Si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso
b) del Reglamento de Puestos de Confianza, los letrados asignados un
Magistrado de Sala, son de confianza; también lo es, que de acuerdo con
el artículo 7 de ese mismo cuerpo normativo, quedan a salvo los derechos
adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad laboral, de los
servidores en estuvieran nombrados en propiedad a la entrada en vigencia
de ese reglamento.

Que en consecuencia, si fui nombrada en propiedad por el Consejo
Superior del Poder Judicial, a partir del primero de abril del dos mil uno;
si superé el año de período de prueba que establece el artículo 33 del
Estatuto de Servicio Judicial y, si el reglamento indicado entró en
vigencia ocho días después de su publicación- Boletín Judicial número 73
del diecisiete de abril del dos mil dos-, me cubre la disposición contenida
en el artículo 7 de ese reglamento y en consecuencia, no podría
                                   186

aplicárseme un proceso de libre remoción del puesto, pues tal y como el
Consejo Superior del Poder Judicial, resolvió en el artículo VIII de la
sesión número 91-01 celebrada el trece de noviembre del dos mil uno,
sostener lo contrario implicaría una violación a lo dispuesto en el artículo
34 de la Constitución Política.

El artículo 7 referido, a favor de los letrados nombrados a esa fecha, les
declara un derecho subjetivo que no puede ser dejado sin efecto
unilateralmente. Entonces hay estabilidad que si bien es relativa, demanda
que sólo por justa causa se pueda despedir al funcionario.

Precisamente, ese es el objeto primordial que se persigue con el artículo 7
del Reglamento de Puestos de Confianza del Poder Judicial: proteger los
derechos adquiridos de buena fe por parte de los servidores que fueron
nombrados bajo un régimen de estabilidad en plazas de abogado asistente
— conforme lo que establece el propio acuerdo de nombramiento-, antes
de que la Corte Plena y, ante la omisión de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1993 y el Estatuto de Servicio Judicial de regular la naturaleza
de los puestos, modificara esa situación y estableciera por la vía
reglamentaria que dichas plazas son de confianza. Argumentar lo
contrario, implicaría dar efecto retroactivo a una norma, con los perjuicios
que de ello se derivarían en perjuicio de los servidores que —como yo-
tienen a su haber un acto declarativo de derechos que establece una
determinada condición a su favor, y cuyos efectos sólo podrían haberse
eliminado —si se hubiera estimado que el acto es nulo o debe revocarse-,
a través de un procedimiento ordinario —en caso de una nulidad absoluta
evidente y manifiesta- o, de un proceso de lesividad ante la jurisdicción
contencioso administrativa, claro está, si no hubiera prescrito la potestad
del Poder Judicial en ese sentido. (ver en ese sentido, las sentencias 2754-
93, 4596-93, 1519-04, 1520-04 Y 1544-04, de la Sala Constitucional, las
últimas tres de ellas redactadas por el Magistrado Ginesta Lobo).

Tómese en cuenta además, que incluso el propio Magistrado Jinesta
Lobo, en la discusión del artículo IV del acta de Corte Plena número 042-
02 del dieciséis de setiembre del dos mil dos, argumentó:

―…eso significa que es reserva de ley por expresa disposición de la
norma constitucional el que un funcionario sea de confianza o no y no
podría la Corte por vía de acuerdo, ni incluso por vía de reglamento,
porque estaría quebrantando el principio de reserva de ley, establecer
                                   187

que un funcionario es o no de confianza, de tal manera que en ese sentido
comparto las apreciaciones del Magistrado Arguedas y sobre todo que
en este caso, pues la ley no lo dice expresamente y además regiría aquí
un principio elemental de la hermenéutica constitucional en la duda a
favor de la libertad y a favor del ser humano, de la persona humana. ―
(lo resaltado no es del original).

Que si bien es cierto, el Magistrado Jinesta Lobo varió con posterioridad
su criterio, en el sentido de que no constituye reserva de ley el establecer
si un puesto es o no de confianza (ver artículo XVI adoptado en la
sesión de Corte Plena número 009-03 del tres de marzo del dos mil
tres) y que por ende, la Corte Plena puede por medio de una norma
reglamentaria regular esos extremos; lo cierto es que su primer criterio
fue efectivamente avalado -en ese momento- por dicho órgano. También
es cierto, que el reglamento continúa vigente y que no resulta procedente
ampararse en lo dispuesto por el inciso 2) del articulo 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, ya que precisamente si la Corte Plena tuvo
que regular por vía reglamentaria lo que no está expresamente establecido
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial —
en cuanto a la naturaleza de los puestos de abogados asistentes de un
Magistrado de Sala-, no podría alegarse válidamente que el artículo 7 del
Reglamento de Puesto de Confianza del Poder Judicial, es
manifiestamente ilegal, no sólo porque no existe norma que regule de
manera expresa la naturaleza de ese supuesto —tal y como el propio
Magistrado lo sostuvo-, sino porque que un caso como el que nos ocupa,
no podría sustentarse la presunta ilegalidad en una aplicación analógica
de otras normas del ordenamiento jurídico administrativo y en las
características de algunas de las funciones que desempeñan esos
auxiliares del ejercicio de la función jurisdiccional, para sostener que los
puestos que ocupan esos profesionales son de confianza, ya que por un
principio de seguridad jurídica y de ―eficacia expansiva y progresiva de
los derechos fundamentales‖, entratándose de casos en que a las personas
se les aplicará un régimen excepcional y menos garantista de empleo
público —en el que no gozarán de estabilidad laboral- debe encontrar un
respaldo legal expreso, para cada caso concreto (tal y como se desprende
del artículo 1 92 de la Constitución Política y del artículo 111 de la Ley
General de la Administración Pública) y no por analogía, como pretende
sustentarse en la carta de despido.

Por último, cabe indicar que en el artículo XVI adoptado en la sesión
número 009-03 del tres de marzo del dos mil tres, la Corte Plena resolvió
                                   188

que se mantenía lo resuelto en su oportunidad, respecto al momento en
que entraría en vigencia el Reglamento de Puestos de Confianza del
Poder Judicial —a saber: cinco de noviembre del dos mil uno-, a fin de no
incurrir en una violación a lo dispuesto en el artículo 34 de la
Constitución Política, en perjuicio de los servidores que tienen a su favor,
actos declarativos de derechos no declarados nulos o no revocados por los
procedimientos aplicables, en cuanto a estabilidad laboral se refiere.
VIOLACION A LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO
SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL

Del análisis de los hechos mi nombramiento lo hizo el Poder Judicial, por
medio del órgano competente, sea el CONSEJO SUPERIOR (véase el
hecho segundo), de manera que mi separación del cargo, cuando sea
procedente, solo la puede acordar ese mismo órgano.

Por ello es que lo actuado por el Magistrado Jinesta es absolutamente
nulo puesto que en su condición de Magistrado CARECE, de
competencia para ordenar el despido de ningún empleado judicial.

Además, la motivación de su acto lo lleva a declarar la NULIDAD
ABOLUTA DEL REGLAMENTO DE PUESTOS DE CONFIANZA
DEL PODER JUDICIAL, lo que le está vedado puesto que hacerlo le
corresponde exclusivamente, a los órganos jurisdiccionales: a la Sala
Constitucional cuando las razones son de constitucionalidad, o al juez
contencioso cuando son de legalidad.

Por o anterior, resulta evidente la nulidad de lo actuado y así solicito que
se declare.

Con base en estas consideraciones, considero que se ha violado en mi
perjuicio lo dispuesto en los artículos 11 , 33, 34, 39, 56 y 192 de la
Constitución Política, así como, los principios de inderogabilidad de los
actos propios e inderogabilidad singular de los reglamentos, ya que una
autoridad no competente revocó muto propio mi nombramiento en
propiedad bajo un régimen de estabilidad laboral, basado en una
presunción sustentada en una aplicación analógica de normas, de la cual
derivó, que mi puesto es de confianza y por ende, de libre remoción, a
pesar de que existe un acto administrativo en sentido contrario, que se
encuentra amparado en la presunción de validez y eficacia que prevé el
artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, y que no ha
                                    189

 sido desvirtuada a través del procedimiento administrativo o proceso
 jurisdiccional que le pudiera ser aplicable; sino que más bien se pretende
 hacerlo, a través del oficio número 808-JP-2005 del trece de setiembre del
 dos mil cinco, en el cual, el Jefe del Departamento de Personal del Poder
 Judicial, indica que mi nombramiento no fue producto de un concurso de
 antecedentes u oposición; hecho que por si sólo, no podría tener el efecto
 de desvirtuar la condición en que fui nombrada y por ende, en aplicación
 retroactiva de una norma que se dictó con posterioridad a que superé el
 período de prueba, modificar esa condición.

 Que en virtud de lo anterior, si se estima que he incurrido en una causa
 que justifique mi destitución del cargo, deberá iniciarse un procedimiento
 administrativo disciplinario en mi contra —con base en medios
 probatorios objetivos y no en meras especulaciones o habladurías-, para
 que sea el propio órgano que me designó —a saber: el Consejo Superior
 del Poder Judicial- el que decida con base en los resultados obtenidos del
 proceso de instrucción realizado, si existe o no mérito para que de manera
 justificada se me separe del puesto que ocupo, tal y como la propia Corte
 Plena resolvió en el caso de la destitución de un chofer de un ex
 Magistrado (ver una síntesis del caso, en el artículo XLI de la sesión
 número 39-02 del veintiséis de agosto del dos mil dos). Sostener lo
 contrario, implicaría un trato discriminatorio en mi perjuicio, en contra de
 una norma que por las razones expuestas, no adolece de un vicio de
 ilegalidad manifiesta que justifique su desaplicación para el caso
 concreto, conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 8 de la Ley
 Orgánica del Poder Judicial.

 Pretensiones

 Por todo lo expuesto solícito:

 a) Que se revoque lo actuado por ser contrario a derecho y se me restituya
 en el pleno disfrute de mis derechos fundamentales.

 b) Para el caso hipotético de mantener lo resuelto, interpongo en subsidio
 apelación para ante el Consejo Superior‖

                                     -0-

A su vez se aportó copia de nota de 26 de setiembre último, suscrita por la
                                          190

licenciada Quijano Villalobos, Profesional en Derecho 3 de la Sala Constitucional,

y dirigida al doctor Ernesto Jinesta Lobo, Magistrado de la Sala Constitucional,

que dice:

             ―En atención a su oficio N° 801-39-05 de 26 de setiembre de 2005,
       en el cual me comunica su intención de ―extinguir la relación de
       confianza‖ con mi persona, le indico que, siguiendo sus órdenes como
       jefe inmediato, no me presentaré a laborar el día de mañana y hasta que
       reciba una orden en contrario, mientras tramito la impugnación del acto
       absolutamente nulo contenido en el referido oficio. Lo anterior,
       únicamente para que no me sean contabilizadas las respectivas ausencias.
       En todo caso, me permito manifestar que continúo estando a disposición
       de seguir desempeñando mi trabajo.‖
                                          -0-

      En nota de 28 de ese mes, la licenciada Quijano Villalobos, señala para

notificaciones en todas las instancias de la Casa Matute 20 metros sur y 10 al este

número 2110, oficina mano izquierda.

      Se presenta a su vez constancia de las 11,30 del 28 de setiembre en que el

licenciado Mario Enrique Quesada Matamoros, Asistente Judicial del Tribunal de

la Inspección Judicial, que indica que en los registros de ese despacho, no aparecen

anotadas correcciones disciplinarias a nombre de Andrea Quijano Villalobos, ni se

tramita ningún expediente en su contra.

      Se tiene a la vista copia del oficio SC-801-39-05 de 26 de setiembre en que

el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, le expresa a la licenciada Quijano, lo

siguiente:
                                   191

     ―Por la presente se le comunica su destitución, a partir del día de
hoy, del cargo de Abogada Asistente 3 adscrito a la oficina 801 de la Sala
Constitucional bajo mi Jefatura, por pérdida de confianza, lo anterior con
fundamento en lo siguiente:

RAZONES DE HECHO:

     1) Usted fue nombrada libremente por el ex Magistrado Sancho, a la
postre, Jefe de la oficina 801, a partir del 1° de abril del 2001.

     2.) Su nombramiento no fue producto de un concurso de
antecedentes u oposición, ni de trámite alguno por parte de la Sección de
Reclutamiento y Selección del Departamento de Personal, sino por libre
propuesta del ex Magistrado Sancho.

      3) Usted ocupa un puesto de confianza como abogada asistente 3 en
la oficina 801 cuya Jefatura y potestades de mando y dirección ostenta el
suscrito desde agosto del 2002.

      4) El pasado 8 de agosto, el infrascrito le remitió un memorial por el
cual se le amonesté y se le indicó lo siguiente:

      “El pasado 3 de agosto, dado que, usted ingresó a la oficina a las
9:30 a.m., el suscrito le solicitó las explicaciones, razones y
circunstancias de su llegada tardía. Debe tomar en consideración que en,
por lo menos, tres ocasiones anteriores ya se le ha llamado la atención
sobre el particular y sobre la necesidad de que los viernes, con ocasión
de la votación que arranca a las 8:30 a.m. ingrese a laborar antes de esa
hora, por la necesidad de variar o modificar un proyecto.

      La razón que brindó su persona para justificar la llegada tardía del
pasado 3 de agosto -en el sentido que laboró parle del feriado 2 de
agosto y que, por consiguiente, está cansada- , no resulta atendible ni
satisfactoria. Nunca he sido inflexible con los horarios de los abogados
asistentes de mi Despacho, admitiendo, incluso, un margen razonable
para que se presenten a laborar después de las 7:30 a.m. de cada uno d
¡os días laborales. Sin embargo, en el caso particular suyo, ya no se trata
de atrasos razonables sino reiterados y excesivos, por lo que en virtud de
lo reiterado de su conducta la amonesto formalmente por escrito, bajo el
apercibimiento de respetar el horario de ingreso de acuerdo con un
margen razonable que debe manejar un profesional

     En lo relativo a su decisión de laborar según el horario
                                    192

reglamentario de ¡as 7:30 a.m. a las 4:30 p.m., tomada con posterioridad
a la llamada de atención que le formuló el suscrito el propio 3 de agosto
ante su llegada tardía y que me la hiciera saber ese propio día en horas
de la tarde, le recuerdo que usted es una funcionaria de confianza
(articulo 1°, inciso b, del Reglamento de Puestos de Confianza en el
Poder Judicial), siendo que quienes desempeñan una función de esa
índole están excluidos de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo
(artículos 143 del Código de Trabajo y 3° del Reglamento de Puestos de
Confianza en el Poder Judicial), por lo que, incluso, están obligadas a
permanecer 12 horas en su trabajo, disposiciones que nunca se han
exigido en mi Despacho por confiar, en virtud de la relación de
confianza, en el rendimiento de cada servidor y funcionario.”

     4) Con motivo de haberle remitido este oficio Usted le solicitó una
audiencia a los Magistrados Solano Carrera —Presidente Sala
Constitucional- y Mora Mora Magistrado de la Sala Constitucional y
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

     5) Usted fue efectivamente recibida, respectivamente, por los
Magistrados Mora Mora el 23 de agosto y Solano Carrera en fecha no
precisa de agosto, ambas del año en curso.

      6) Según me refirió el Magistrado Solano Carrera en reunión que
sostuve con él el pasado 14 de septiembre, Usted le manifestó que no era
cierta. la afirmación del suscrito en el sentido que el 3 de agosto ingresó a
laborar a las 9:30 hrs...

     7) El Magistrado Solano Carrera me refirió, adicionalmente, que
Usted le manifestó que tiene fuertes desavenencias con el suscrito.

      8) El Magistrado Solano Carrera me comunicó que Usted le solicitó
un traslado a lo interno de la Sala Constitucional.

      9) En reunión que sostuve con el Magistrado Mora Mora el 22 de
septiembre, me indicó que Usted le manifestó que, únicamente en una
ocasión había llegado tarde.

      10) El Magistrado Mora Mora indicó que Usted le manifestó que
tiene una fuerte desavenencia con el suscrito en su condición de Jefe.

      11) Usted ha efectuado manifestaciones inapropiadas en el marco de
una relación de confianza, tales como indicarle a varios abogados
asistentes 3 de la Sala Constitucional que tiene fuertes desavenencias con
                                                       193

            su Jefe y que de iniciarle el suscrito un procedimiento administrativo
            procurará que no sea reelecto como Magistrado.

                   RAZONES DE DERECHO:

                  1) El puesto de abogado asistente 3, destacado en la oficina de cada
            Magistrado, es de confianza, por la naturaleza objetiva y sustancial de la
            funciones que se le asignan y por cuanto así lo disponen los artículos 50
            de la Ley Orgánica del Poder Judicial (No. 7333 del 5 de mayo de 1993)7,
            3, inciso c), y 4 del Estatuto del Servicio Civil - aplicables por el principio
            de auto-integración del articulo 9° de la Ley General de la Administración
            Pública-, el ―Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza
            Subalternos del Sector Público‖ (Decreto Ejecutivo No. 2914FH del 31
            de octubre del 2000) y el artículo 1 0 inciso b), del Reglamento de
            Puestos de Confianza en el Poder Judicial8.

                  2) Usted es una funcionaria de confianza por cuanto fue libremente
            o discrecionalmente designada, por decisión unilateral, del Magistrado
            que con anterioridad ocupó la Jefatura de la oficina 801, sin someterse a
            ningún procedimiento de concurso de antecedentes u oposiciones, de
            selección o reclutamiento, de modo que se encuentra en un régimen de
            excepción al mérito9. Adicionalmente, también lo es por la naturaleza
            sustancial y objetiva de la funciones, ya que, debe atender las directrices,
            lineamientos y objetivos que el suscrito discrecionalmente defina, así
            como cumplir con las tareas, cometidos y requerimientos que esta Jefatura
            facultativamente le establezca —elaboración de proyectos de sentencia
            para lo que particularmente se requiere de afinidad y comunidad de
            pensamiento, valores y principios), estudios de doctrina, jurisprudencia,
            estudios e investigaciones de campo, investigación de antecedentes
            legislativos, elaboración de informes personales, administrativos y
            cualquier estudio o análisis que requiera el Señor Magistrado-.


7
    ―Cada Magistrado podrá contar, al menos con un abogado asistente, de su nombramiento (…)‖
8
―Artículo 1: Puestos de confianza son: (…)
      b) Los de los funcionarios que están a disposición permanente de los señores Magistrados tales como:
Abogado Letrado, chofer, secretaria (Auxiliar Judicial) (…)

9
 El artículo 2° del Reglamento de Puestos de Confianza del Poder judicial, estatuye lo siguiente:
―El nombramiento de los funcionarios que ocupen puestos de confianza será hecho así:
(…)
b. De los choferes, abogados- letrados y secretaria o auxiliar judicial a propuesta del respectivo Magistrado de la
Sala.
                                                  194

               3) Por aplicación del principio general del Derecho Administrativo
         del paralelismo de las competencias, el cual es fuente del ordenamiento
         jurídico administrativo (articulo 7° de la Ley General de la
         Administración Pública) si el funcionario de confianza es de libre
         designación por su Jefatura es, también, de libre remoción por ésta, tal y
         como lo confirma la abundante doctrina en materia del Derecho de la
         Función Pública, los instrumentos normativos supracitados10 y la
         jurisprudencia de las Salas Constitucional y Segunda de la Corte Suprema
         de Justicia. Sobre el particular, solo se precisa que el acto de remoción
         sea motivado. La libre designación y remoción de los funcionarios de
         confianza significa, en esencia, que si no se someten a un procedimiento
         —de selección a través de un concurso de antecedentes u oposiciones-
         para ser nombrados, tampoco debe observarse un procedimiento para
         removerlos, todo por estar sometidos a un régimen de excepción.

               4) Los funcionarios de confianza en cuanto son de libre remoción y
         se encuentran sometidos a un régimen de excepción, no requieren para su
         despido de causa justa de despido, basta la pérdida de confianza de su
         superior para que se prescinda de sus servicios. Lo anterior a tenor de los
         artículos 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3°, inciso e), 4° y 37,
         inciso a), todos a contrario sensu, del Estatuto del Servicio Civil —
         aplicables por el principio de auto-integración del articulo 9° de la Ley
         General de la Administración Pública- y 4° del Reglamento de Puestos de
         Confianza en el Poder Judicial.

               5) La relación de confianza -del superior jerárquico para con su
         inferior una vez disuelta no puede ser restablecida por ningún medio o
         través de ninguna instancia, dada su naturaleza intrínsecamente subjetiva,
         en cuanto depende de factores tales como la lealtad, la corrección y la
         buena fe del inferior para con su superior o Jefatura.

               6) Cualquier acto administrativo de rango inferior a la ley, como
         podría ser un acuerdo de Corte Plena o un Reglamento emitido por ese
         órgano colegiado que establezca o haya establecido que un funcionario de
         confianza tiene ―estabilidad‖ - como si se tratara de un funcionario de
         carrera sometido al régimen de carrera o de mérito, esto es, que debe ser
         asumido por la Jefatura aunque se haya extinguido la relación de

10
  El artículo 4° del Reglamento de Puestos de Confianza del Poder judicial, establece lo siguiente:
―Las personas que ocupen puestos de confianza podrán ser removidos discrecionalmente, en cualquier momento‖
(…) El principio es reiterado en los ordinales 18 y 60, inciso 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
                                     195

confianza, es absoluta y palmariamente ilegal y, por consiguiente,
absolutamente nulo por contrariar los ordinales 50 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 3°, inciso c), 4° y 37, inciso a), todos a contrario sensu, del
Estatuto del Servicio Civil, 6°, 7°, 9°, 11 y 13 de la Ley General de la
Administración Pública y 1 1°, 33, 141, inciso 1° y 192 de la Constitución
Política y los principios generales de la jerarquía normativa o de
regularidad jurídica, de legalidad, inderogabilidad singular,
proporcionalidad, igualdad y del paralelismo de las competencias
administrativas. Un acto administrativo de tal contenido supone una clara
y estrepitosa derogación singular del bloque de legalidad —para casos
concretos y específicos que impide el artículo 13 de la Ley General de la
Administración Pública. Cualquier funcionario que aplique tal derogación
singular se expone a ser responsable patrimonialmente, puesto que, el
artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece que
el funcionario público será personalmente responsable cuando emita actos
manifiestamente ilegales. De modo que el funcionario público que
aplique un acto administrativo que infrinja o desaplique, para casos
singulares, la ley y los principios generales del Derecho —bloque de
legalidad- será responsable patrimonialmente por hacerlo. En todo caso,
un acto administrativo que establezca tal aberración jurídica es contrario a
la máxima jurídica conforme a la cual no debe distinguirse donde la ley
no lo hace. Por lo demás, resulta absolutamente inoportuno e
inconveniente para una correcta, buena. y sana gestión administrativa y
del recurso humano que en una organización puedan existir funcionarios
de confianza con ―estabilidad‖ y funcionarios de confianza de libre
remoción. Todo funcionario de confianza —sin distinción- es, por
esencia, de libre remoción, la ley así lo establece y cualquier excepción o
derogación hecha por vía de acto administrativo es ilegal e
inconstitucional y expone al funcionario que la aplica a las
responsabilidades penales y administrativas consiguientes. Un reglamento
que establezca una norma de tal contenido resulta ilegal, siendo que el
articulo 8, inciso 2°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial impide la
aplicación de cualquier reglamento contrario a la ley y en general al
bloque de legalidad (principios generales, jurisprudencia constitucional y
de casación y la propia Constitución en cuanto el ordinal 140, inciso 1°,
introduce el principio de la libre remoción de los funcionarios de
confianza y el 192 admite funcionarios bajo un régimen de excepción
como el caso de los de confianza), por lo que se impondría,
necesariamente, examinar la excepción o cuestión previa de ilegalidad del
reglamento. Ningún funcionario de confianza que es por esencia
libremente removible puede invocar un derecho a la estabilidad, puesto
                                   196

que, se produce un fraude a la Ley y a la Constitución al concedérsele un
tratamiento idéntico al de un funcionario de carrera o de merito sin serlo y
sin haberse sometido a los procedimientos por los cuales debe pasar uno
de estos —quebranto del principio de igualdad. Ese fraude a la ley en
Derecho Administrativo se denomina desviación de poder, figura que el
ordinal 49, párrafo 2°, de la Constitución proscribe, y que el articulo 1°,
párrafo 3°, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa define como el ejercicio de potestades administrativas -en
este caso la reglamentaria para derogar singularmente el bloque de
legalidad a favor de unos cuantos funcionarios de confianza que no
pueden tener una supuesta estabilidad por razones de amiguismo y
compadrazgo- para fines distintos de los fijados por la ley -libre
designación y remoción del funcionario de confianza por la naturaleza de
la funciones. Lo anterior, de paso, quebranta el principio de
proporcionalidad y de adecuación (tipicidad) del acto administrativo al fin
(articulo 13 1 de la Ley General de la Administración Pública). La Ley
Orgánica del Poder Judicial desde 1993 definió que los abogados
asistentes de Magistrados son funcionarios de confianza y, por
consiguiente de libre remoción, si un reglamento establece cosa distinta
incurre en una clara desviación de poder y derogación singular con el fin
o propósito de proteger, por razones de amiguismo o compadrazgo, a
determinados funcionarios de confianza que no pueden tenerla,
impidiendo la libre remoción de un servidor, incluso, por una razón de
peso como lo constituye la perdida de confianza. La norma reglamentaria
que establezca la seudo estabilidad de los funcionarios de confianza
persigue un fin distinto del principal —libre designación y remoción- con
detrimento de éste y, por consiguiente constituye una desviación de poder
(articulo 131, párrafo 30, de la Ley General de la Administración
Pública). Lo anterior, desde luego, no significa desconocer los derechos
de orden patrimonial que le puedan corresponder o asistir al funcionario
de confianza.

      7) Las gravísimas circunstancias de hecho referidas con anterioridad
extinguen cualquier relación de confianza que pudiera haber existido —
del suscrito, en su condición de superior, hacia Usted-, por la deslealtad y
mala fe de ventilar asuntos internos de la organización de la oficina 801
de la Sala Constitucional, cuya dirección y jerarquía es exclusiva del
suscrito, ante terceros ajenos a la misma tales como los Magistrados
Solano y Mora.

     Ante los Magistrados Solano y Mora Usted pone en entredicho la
                                         197

       palabra de su Jefe y La califica, indirectamente, de falsa ante terceros
       ajenos a la organización, al señalarles, respectivamente, que no es cierto
       que usted llegará el pasado 3 de agosto a las 9:30 hrs. y al afirmar que,
       únicamente, en una ocasión llegó tarde. Tanto a los Magistrados Solano y
       Mora como a varios abogados asistentes 3 Usted les ha manifestado,
       reiterada y expresamente, que tiene serias desavenencias con el suscrito
       en su condición de Jefe. Adicionalmente, Usted pretende gestionar e
       imponerle, indirectamente, a esta Jefatura una permuta —interna-, sin
       contar con la aquiescencia del suscrito, dado que, el profesional que vaya
       a ocupar su puesto de trabajo debe ser, ineluctablemente, de mi entera
       confianza y libérrima designación.

            COROLARIO:

             En mérito de los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, esta
       Jefatura dispone, a partir del día de hoy -26 de septiembre del 2005- su
       remoción del puesto de abogada asistente 3, por la extinción de la
       relación de confianza.

             Para el reclamo de cualquier extremo de carácter patrimonial acuda
       a las instancias administrativas pertinentes para su efectiva liquidación.

             Se le advierte, de conformidad con el ordinal 245 de la Ley General
       de la Administración Pública, que contra la presente resolución puede ser
       interpuesto, sin efecto suspensivo (articulo 148 de la Ley General de la
       Administración Pública), el recurso de reposición para ante esta Jefatura
       en el plazo de dos meses (artículos 345, párrafo 2°, de la Ley General de
       la Administración Pública y 31, párrafo 3°, de la Ley Reguladora de la
       Jurisdicción Contencioso Administrativa).

             A la presente se adjunta copia del Oficio No. 808-JP2005 del 13 de
       septiembre del 2005, expedido por el Jefe del Departamento de Personal
       en el que consta que su persona fue designada libremente o
       discrecionalmente por la Jefatura de la Oficina 801 y que, por
       consiguiente, está sujeta a un régimen de excepción y no de méritos o de
       carrera‖

                                          -0-

      En nota de 28 de setiembre último, los Profesionales en Derecho de la Sala

Constitucional, José Joaquín Alvarado, Marianela Álvarez, José Francisco Arroyo,
                                          198

María Isabel Bermúdez, Marvin Carvajal, Fernando Castro, Gustavo Cordero,

Silvia Fernández, Róger Gamboa, Andrea Herrera, Cristián Hess, Ingrid Hess,

Victoria Jiménez, Silvia Leiva, Lucila Monge, Rocío Morales, Sigrid Morales,

Gloriana Rojas, Sonia Villegas, Cristián Waters y otro, comparecen para

coadyuvar, en contra del oficio N° SC-801-39-05 emitido por el Magistrado

Jinesta, exponen:

       ―Tenemos un interés legítimo en las resultas de este procedimiento, dado
       que mediante el acto impugnado por la Licda. Quijano, se niegan
       derechos adquiridos por nosotros al amparo del artículo 7º del
       Reglamento de puestos de confianza del Poder Judicial.

            El oficio objeto de este recurso contiene un acto absolutamente nulo,
       al menos por las siguientes razones:

    - El Magistrado Jinesta no es competente para dictar unilateralmente un acto
       como el que se ataca. La competencia para el nombramiento y remoción
       de un Profesional en Derecho de la Corte Suprema de Justicia compete al
       Consejo Superior del Poder Judicial, según determina el artículo 50 de la
       Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, la Licda. Quijano y todos los
       suscritos, fueron nombrados por el Consejo Superior (salvo algunos que
       lo fueron por acuerdo de la Corte Plena), por PROPUESTA de nuestros
       respectivos jefes inmediatos. De conformidad con el principio de
       paralelismo de las formas, el órgano con atribución de dictar un acto es el
       mismo capaz de hacer cesar sus efectos. Si el Consejo Superior del Poder
       Judicial nos nombra, solamente el Consejo Superior (o en su caso la Corte
       Suprema de Justicia) nos puede cesar.

    - Incluso siendo incuestionable que el Consejo Superior del Poder Judicial es
       el único órgano competente para cesar a un Letrado o Letrada de
       cualquiera de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, es claro que los
       funcionarios nombrados en propiedad con anterioridad a la fecha de
       entrada en vigencia del Reglamento de Puestos de Confianza del Poder
       Judicial (17 de abril de 2.002) ESTAMOS PROTEGIDOS POR LA
       ESTABILIDAD, de modo que únicamente se nos puede cesar por justa
                                     199

   causa, luego de efectuado un procedimiento en que se nos permita ejercer
   ampliamente nuestro derecho de defensa. NO SOMOS EMPLEADOS
   DE CONFIANZA, tal y como erróneamente se consigna en el oficio
   citado. Por la mera aplicación del principio de irretroactividad de las
   normas desfavorables ya no se nos puede aplicar el Reglamento de
   Puestos de Confianza del Poder Judicial, pues todos fuimos nombrados
   antes de su entrada en vigencia. No obstante, el artículo 7º del
   Reglamento reconoce explícitamente nuestra condición de funcionarios
   estables, al disponer que ―…quedan a salvo los derechos adquiridos de
   buena fe, incluyendo la estabilidad laboral, de los servidores que
   estuvieran nombrados en propiedad a la entrada en vigencia de ese
   cuerpo normativo.‖. Es indudable que no se nos puede considerar
   funcionarios sometidos al ―libérrimo albedrío‖ de nuestros jefes
   inmediatos.

- Debemos también recalcar lo que en todo caso es palmariamente evidente.
   Si un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o cualquier otra persona
   cuestiona la validez del artículo 7º del Reglamento de Puestos de
   Confianza del Poder Judicial o de la totalidad de éste, debe hacer uso de
   los mecanismos que legítimamente le son dados para ello. Mientras la
   norma se encuentre vigente, de conformidad con el más elemental respeto
   de la normatividad, LA REGLA DEBE SER ACATADA. Como en el
   presente caso el numeral 7º del Reglamento de Puestos de Confianza del
   Poder Judicial es una norma válida y vigente, el deber de los funcionarios
   públicos, sin importar su rango, es OBEDECERLA Y ACTUAR
   CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO.

- Finalmente, todos los que firmamos, somos detentadores de derechos
   adquiridos de buena a la estabilidad en el desempeño de nuestras
   funciones, de modo que cualquier actuación que pretenda desconocer
   retroactivamente nuestros derechos, es inevitablemente contraria a la
   norma contenida en el artículo 34 de la Constitución Política.

       Con base en las razones antes mencionadas, solicitamos se nos tenga
   como coadyuvantes activos en el recurso de apelación interpuesto por la
   Licda. Andrea Quijano Villalobos en contra del acto contenido en el
   oficio SC-801-39-05 de 26 de setiembre de 2.005. Solicitamos asimismo
   que se declare la nulidad absoluta del acto objeto de dicha impugnación.‖

                                      -0-
                                         200

      A su vez, en escrito de 29 de setiembre los licenciados Ricardo Salas Porras,

Iván González Cordero, David Fallas Redondo, Martín Rodríguez Miranda, Mario

Alberto Porras Villalta, Helena Ulloa Ramírez, Ana Eugenia Sáenz Fernández,

Jaime Robleto Gutiérrez e Ingrid Estrada Venegas, Profesionales en Derecho 3 de

la Sala Tercera, manifiestan su interés y coadyuvancia en la gestión promovida por

la licenciada Andrea Quijano Villalobos.

       ―Los abajo firmantes, todos Profesionales en Derecho 3 de la Sala
       Tercera de la Corte Suprema de Justicia, queremos manifestar nuestro
       interés y coadyuvancia en la gestión que ante su conocimiento, ha
       promovido la licenciada Andrea Quijano V, abogada asistente 3 de la Sala
       Constitucional, con fundamento en lo siguiente:

       1. Nos hemos enterado de la situación personal que enfrenta la licenciada
       Quijano V. abogada asistente de la Sala Constitucional, quien ha sido
       destituida de su cargo, según oficio N° SC-801-39-05 de 26 de setiembre
       último, con sustento en la pérdida de la relación de confianza, señalando
       el citado documento —en lo conducente— que es una funcionaria de
       confianza, de lo que se deduce que su cargo es de libre remoción.

       2. Los abajo firmantes nos encontramos en un estatus laboral idéntico al
       de la licenciada Quijano, pues todos ostentamos nombramientos en
       propiedad como parte del personal profesional de la Sala Tercera, que por
       distribución del mismo y por relación personal con los Magistrados y
       Magistrada de la Sala, hemos sido asignados a las oficinas
       correspondientes, existiendo incluso tres de los letrados que trabajan con
       todos los Magistrados de la Sala.

       3. Antes de la aprobación del Reglamento de Puestos de Confianza por
       parte de Corte Plena, presentamos una gestión formal que fue conocida
       por ese órgano, a fin de que se aclarara que quienes ya ostentábamos y
       habíamos sido nombrados en un puesto en propiedad teníamos la
       característica de inamovilidad y que la naturaleza de nuestro
       nombramiento y puesto no podría ser desnaturalizada por una normativa
                                          201

       posterior y de menor rango al de la Ley, en este caso el Estatuto de
       Servicio Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de
       Trabajo, gestión que fue conocida en la sesión 43-01 del 3 de diciembre
       de 2001, artículo XIII.

       4. En sesión extraordinaria de Corte Plena N° 03-2002 celebrada a las
       trece horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil dos,
       Artículo XXIX, se acordó: ―Acoger la propuesta que hace el Magistrado
       Sancho y aprobar la redacción que da al artículo 7 del ―Reglamento de
       Puestos de Confianza‖, en el siguiente sentido: “Artículo 7.- Quedan a
       salvo los derechos adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad en el
       servicio, de los servidores en propiedad a la entrada en vigencia de ese
       Reglamento”.

       5. Dado que la situación de la licenciada Quijano y el contenido del oficio
       N° SC-801 -39-05 citado contraviene lo dispuesto en el artículo 7 del
       Reglamento aprobado por Corte Plena en cuanto a nuestra situación
       jurídica, es que coadyuvamos con la gestión que ante su conocimiento, ha
       promovido la licenciada Quijano V., instando al Consejo a dejar clara de
       una vez la interpretación de la normativa y a reiterar, como en su
       oportunidad lo hizo Corte Plena, que los abogados asistentes de las
       distintas Salas de la Corte, nombrados con anterioridad a la entrada en
       vigencia del citado reglamento, gozamos de la inamovilidad propia del
       funcionario público, somos parte del personal de cada Sala y no asignados
       a una oficina específica y que tales características implican que sólo
       podemos ser removidos de nuestros puestos por justa causa y previa
       tramitación del procedimiento disciplinario o administrativo
       correspondiente ante el órgano competente.

       Rogamos se tome atenta nota de esta gestión y la consideren al resolver la
       solicitud de la licenciada Quijano V.‖

                                          -0-

      Los másteres José Fabio Chinchilla Roldán, Juan Chaves Villalobos y

Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Profesionales en Derecho 3 de la Sala Primera,

en nota de 30 de setiembre último, exponen:
                                          202


       ―Conocedores del problema que enfrenta la licenciada Andrea Quijano
       Villalobos, Profesional en Derecho 3 de la Sala Constitucional de la Corte
       Suprema de Justicia, destituida de su cargo por pérdida de confianza,
       coadyuvamos activamente en el recurso de apelación planteado por dicha
       profesional, a efecto de considerarse la violación del numeral 7 del
       denominado ―Reglamento de Puestos de Confianza‖, el cual garantiza la
       estabilidad laboral y el respeto de los derechos adquiridos a todos los
       ―letrados‖ nombrados en propiedad antes de su aprobación.

       De la misma manera, hacemos nuestros los argumentos esgrimidos por las
       compañeras y los compañeros de otras Salas que también han coadyuvado
       en esta gestión.‖
                                          -0-

      También en nota de 30 de setiembre las Licenciadas Guiselle González

Vargas, María Alexandra Bogantes Rodríguez y el Licenciado Olman Venegas

Guerrero, profesionales en Derecho 3 de la Sala Segunda, manifiestan:

       ―Quienes suscriben letrado y letradas (abogado y abogadas asistentes 3)
       de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, nombrados en
       propiedad antes del 17 de abril del 2002, por tener un interés legítimo,
       solicitamos se nos tenga como coadyuvantes de la gestión interpuesta por
       la Licenciada Andrea Quijano Villalobos en contra del oficio SC-801-39-
       05 de 26 de setiembre del 2005, emitido por el señor Magistrado Ernesto
       Jinesta Lobo. Lo anterior con base en lo siguiente:

       La Licenciada Quijano Villalobos, al igual que los suscritos, fue
       nombrada como letrada con anterioridad al 17 de abril del 2002. El señor
       Jinesta Lobo, aduciendo tener competencia para emitir el respectivo acto
       administrativo, la despidió. La causal alegada como sustento de dicho
       cese fue la pérdida de confianza. Además invocó que el puesto era de
       confianza, de lo cual se dedujo que estaba sujeto a libre remoción. Para
       ello, desaplicó el artículo 7 del Reglamento de Puestos de Confianza del
       Poder Judicial, según el cual II Quedan a salvo los derechos adquiridos
       de buena fe, incluyendo la estabilidad en el servicio, de los servidores en
       propiedad a la entrada en vigencia de este Reglamento”, cuyo texto fue
       acordado en el artículo XXIX, de la sesión extraordinaria de Corte Plena
       N° 3-002, de las 13:30 horas del 28 de enero del 2002, acta aprobada por
                                   203

el artículo 1° de la Sesión extraordinaria número 8-2002, de las 13:30
horas del 28 de febrero de ese año.

La norma indicada tuteló los derechos adquiridos de buena fe, de los
servidores en propiedad a la entrada en vigencia de la reglamentación,
que ocuparan puestos considerados de confianza por el Reglamento.
Incluyendo como parte de esos derechos, los propios de la estabilidad en
el puesto. La norma lo que vino fue a reconocer un derecho adquirido que
en modo alguno podía ser vulnerado vía reglamentaria, por cuanto, en su
momento, se había dictado el acto administrativo de nombramiento (en
algunos casos por parte de la Corte Plena y, en otros, por el Consejo
Superior), calificando el mismo como nombramiento en “propiedad”;
término que se ha equiparado a ―estabilidad‖, tal y como fácilmente se
puede deducir de la relación de los artículos 36 y 44 del Estatuto de
Servicio Judicial. Así ha sido considerado por la jurisprudencia de la Sala
Segunda ( véanse, entre otras las resoluciones números 22-90, 123-91,
235-93, 233-94, 40-96, 209-96, 362-96, 225-99, 689-00, 26-01,
289-01, 474-01, 78-02, 135-03 y 155-03). En ese orden de ideas, ni
siquiera quien dictó el acto de nombramiento, podría dictar otro
cercenando todos o parte de los derechos ya concedidos, es decir, le está
vedada la posibilidad de revocar o de anular los actos propios,
declarativos de derechos subjetivos de los administrados. Lo anterior, en
virtud del principio constitucional de intangibilidad de los actos propios o
―prohibición de venire contra propium factum‖, derivado del artículo 34
de la Constitución Política (sobre el tema se pueden consultar los votos de
la Sala Constitucional números 755-94, 6435-01 y 135-03; así como los
de la Sala Segunda números 108-03, 612-04 y 786-04). Cabe agregar que,
en aquel momento, al optarse por el puesto de letrado, en modo alguno se
estaba optando por un puesto sin estabilidad, todo lo contrario, el
respectivo acto administrativo de nombramiento la garantizaba (ver
documentos anexos a manera de ejemplo), al punto, que se sabe que
muchas personas que tenían puestos en propiedad en el Poder Judicial
(inclusive en la judicatura), fueron nombrados en las Salas como letrados
(se repite, con estabilidad).

Por otro lado, valga hacer la acotación que la cita que se hace en el acto
administrativo cuestionado, del inciso 2), del artículo 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, como sustento de la decisión es de obligado
acatamiento para los funcionarios que administran justicia en sus
funciones propiamente jurisdiccionales. Mas, en este asunto el señor
Magistrado actuó como órgano administrativo y, por ende, debió sujetarse
                                           204

       al bloque de legalidad.

       Por otro lado, debe tomarse en consideración que en atención al principio
       de paralelismo de las formas, quien nombra es quien tiene la potestad de
       despido; motivo por el cual, estimamos que un Magistrado de modo
       unilateral es incompetente para dictar un acto de esa naturaleza. Lo
       anterior, con mucho más razón, si se toma en consideración, que el
       código correspondiente al puesto ni siquiera es asignado a la oficina de
       determinado magistrado, sino, a la respectiva Sala. Para citar algún
       ejemplo y a mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los
       magistrados individualmente no deciden acerca de los permisos con o sin
       goce de salario de los letrados.-

       Invocando derechos adquiridos de buena fe al amparo de la
       reglamentación a la cual se ha hecho referencia, solicitamos se nos tenga
       como coadyuvantes en el recurso planteado por la Licenciada Quijano
       Villalobos en contra del acto contenido en el oficio SC-801- 39-05 del 26
       de setiembre del 2005. Además, pedimos se declare la nulidad absoluta de
       dicho acto y, a su vez, se emita un pronunciamiento sobre el derecho a la
       estabilidad de los abogados asistentes de las Salas nombrados con
       anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mencionado
       Reglamento.

       Nuestras notificaciones las recibiremos, en la oficina 603 del Edificio de
       la Corte Suprema de Justicia, con la Letrada María Alexandra
       Rodríguez.‖
                                           -0-

      A su vez el Licenciado Armando Elizondo Almeida, profesional en derecho

3 de la Sala Segunda, comunica lo siguiente:

              ―Quienes (sic) suscribe letrado (abogado asistentes 3) de la Sala
       Segunda de la Corte Suprema de Justicia, nombrados en propiedad antes
       del 17 de abril del 2002, por tener un interés legítimo, solicito se me tenga
       como coadyuvante de la gestión interpuesta por la Licenciada Andrea
       Quijano Villalobos en contra del oficio SC-801-39-05 de 26 de setiembre
       del 2005, emitido por el señor Magistrado Ernesto Jinesta Lobo. Lo
       anterior con base en los siguientes motivos:

                                          PRIMERO:
                                   205

       La Licenciada Quijano Villalobos, al igual que el suscrito, fue
nombrada como letrada con anterioridad al 17 de abril del 2002. El
Magistrado Jinesta Lobo, aduciendo tener competencia para emitir el
respectivo acto administrativo, la despidió; lo cual es a todas luces falsas
y violatorio del debido proceso y del derecho de defensa constitucional.
La causal alegada como sustento de dicho cese fue la pérdida de
confianza. Además invocó que el puesto era de confianza, de lo cual se
dedujo que estaba sujeto a libre remoción. Para ello, de manera
unilateral, desaplicó el artículo 7 del Reglamento de Puestos de Confianza
del Poder Judicial, según el cual ―Quedan a salvo los derechos
adquiridos de buena fe, incluyendo la estabilidad en el servicio, de los
servidores en propiedad a la entrada en vigencia de este Reglamento‖,
cuyo texto fue acordado en el artículo XXIX, de la sesión extraordinaria
de Corte Plena N° 3-2002, de las 13:30 horas del 28 de enero del 2002,
acta aprobada por el artículo 1° de la Sesión extraordinaria número 8-
2002, de las 13:30 horas del 28 de febrero de ese año.

                                  SEGUNDO:

       La norma indicada tuteló los derechos adquiridos de buena fe, de
los servidores en propiedad a la entrada en vigencia de la reglamentación,
que ocuparan puestos considerados de confianza por el Reglamento.
Incluyendo como parte de esos derechos, los propios de la estabilidad en
el puesto. La norma lo que vino fue a reconocer un derecho adquirido que
en modo alguno podía ser vulnerado vía reglamentaria, por cuanto, en su
momento, se había dictado el acto administrativo de nombramiento (en
algunos casos por parte de la Corte Plena y, en otros, por el Consejo
Superior), calificando el mismo como nombramiento en ―propiedad‖;
término que se ha equiparado a “estabilidad”, tal y como fácilmente se
puede deducir de la relación de los artículos 36 y 44 del Estatuto de
Servicio Judicial. Así ha sido considerado por la jurisprudencia de la
Sala Segunda (véanse, entre otras las resoluciones números 22-90, 123-
91, 235-93, 233-94, 40-96, 209-96, 362-96, 225-99, 689-00, 26-01, 289-
01, 474-01, 78-02, 135-03 y 155-03). En ese orden de ideas, ni siquiera
quien dictó el acto de nombramiento, podría dictar otro cercenando todos
o parte de los derechos ya concedidos, es decir, le está vedada la
posibilidad de revocar o de anular los actos propios, declarativos de
derechos subjetivos de los administrados. En otras palabras, no es
competente.

      Lo anterior, en virtud del principio constitucional de intangibilidad
de los actos propios o “prohibición de venire contra propium factum”,
                                   206

derivado del artículo 34 de la Constitución Política (sobre el tema se
pueden consultar los votos de la Sala Constitucional números 755-94,
6435-01 y 135-03; así como los de la Sala Segunda números 108-03, 612-
04 y 786-04). Cabe agregar que, en aquel momento, al optarse por el
puesto de letrado, en modo alguno se estaba optando por un puesto sin
estabilidad, todo lo contrario, el respectivo acto administrativo de
nombramiento la garantizaba (ver documentos anexos a manera de
ejemplo), al punto, que se sabe que muchas personas que tenían puestos en
propiedad en el Poder Judicial (inclusive en la judicatura), fueron
nombrados en las Salas como letrados (se repite, con estabilidad).

                                  TERCERO:

       Por otro lado, valga hacer la acotación que la cita que se hace en el
acto administrativo cuestionado, del inciso 2), del artículo 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, como sustento de la decisión es de obligado
acatamiento para los funcionarios que administran justicia en sus funciones
propiamente jurisdiccionales. Mas, en este asunto el señor Magistrado
actuó como órgano administrativo, JUEZ Y PARTE, y, por ende, debió
sujetarse al bloque de legalidad.

                                   CUARTO:

       Por otro lado, debe tomarse en consideración que en atención al
principio de paralelismo de las formas, quien nombra es quien tiene la
potestad de despido; motivo por el cual, estimamos que un Magistrado de
modo unilateral es incompetente para dictar un acto de esa naturaleza. Lo
anterior, con mucho más razón, si se toma en consideración, que el código
correspondiente al puesto ni siquiera es asignado a la oficina de
determinado magistrado, sino, a la respectiva Sala. Para citar algún
ejemplo y a mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los
magistrados individualmente no deciden acerca de los permisos con o sin
goce de salario de los letrados.

                                   QUINTO:

       Como último aspecto, considero además que la actuación del
Magistrado Jinesta, atenta contra los principios de buena fe laboral. No
puede de un plumazo dejarse de lado el debido proceso, para que el
trabajador al menos tenga la opción de defenderse y aportar pruebas de
descargo. Si permitimos tal actuación, dónde quedará la credibilidad del
Poder Judicial.
                                    207

         El Poder Judicial es un órgano garante de los derechos, no de
 interpretaciones propias y unilaterales. Máxime si el actor viciado y nulo,
 proviene de un Magistrado de la Sala Constitucional donde los valores más
 altos son analizados.

                                 PRETENSIÓN:

        Invocando derechos adquiridos de buena fe al amparo de la
 reglamentación a la cual se ha hecho referencia, solicito se me tenga
 como coadyuvante en el recurso planteado por la Licenciada Quijano
 Villalobos en contra del acto contenido en el oficio SC-801-39-05 del 26
 de setiembre del 2005. Además, pido se declare la nulidad absoluta de
 dicho acto y, a su vez, se emita un pronunciamiento, de una vez por todas,
 sobre el derecho a la estabilidad que tenemos los abogados asistentes de
 las Salas nombrados con anterioridad a la fecha de entrada en
 vigencia del mencionado Reglamento. Lo cual no tiene que ver con
 Choferes ni con otros puestos que se han asumido dentro de las
 discusiones sobre el citado aspecto.

                              NOTIFICACIONES:

       Las mías las recibiré, en la oficina 603 del Edificio de la Corte
 Suprema de Justicia.‖

                                    -0-

La licenciada Quijano, con oficio de 3 de octubre en curso, expresa:

 ―La suscrita, ANDREA QUIJANO VILLALOBOS, de calidades en autos
 conocidas,       con      respeto      comparece         y      manifiesta:
 Según consta en autos, el día 26 de setiembre del 2005, fui notificada por
 el oficio SC -801-05 suscrito por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, de
 mi ―libre remoción ―en mi supuesta condición de ―funcionaria de
 confianza‖, lo que implicaba mi destitución a partir de esta fecha.

 Pese a esto, desde el día siguiente hasta hoy, me he presentado
 puntualmente y en compañía de Notario Público en ambas audiencias
 (7:30 a.m. y 1:00 p.m.), debido a que el registro que al efecto de
 corroborar mi asistencia había sido solicitado por mi jefe inmediato, me
 fue retirado. (Ver oficio número 0842-OASC- 2005), suscrito por la
 secretaria administrativa de la Sala Constitucional.
                                          208

       Sin embargo, debido a que me enteré el día de hoy, que en mi puesto de
       Abogado Asistente 3, número 46970 de la Sala Constitucional, fue
       nombrado EN PROPIEDAD el licenciado MARCO ANTONIO LÓPEZ
       VOLIO, quien está en el ejercicio de sus funciones a partir del día de hoy,
       comunico mi decisión de no presentarme a mi lugar de trabajo, sin
       perjuicio de que si su autoridad considera que debo hacerlo cumpliré
       dicha disposición de forma inmediata.

       En todo caso, me permito manifestarles que sigo estando a disposición de
       seguir desempeñando mi trabajo.

       Mantengo el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro judicial
       del primer circuito judicial de San José, a saber, de Casa Matute 200
       metros sur y 10 al este, número 2110.‖

                                          -0-

      El Magistrado Jinesta en memorial de 3 de los corrientes interpone

excepción de incompetencia y conflicto positivo de competencia, con base en las

siguientes razones:

           ―1.- INCOMPETENCIA MATERIAL MANIFIESTA DEL
       CONSEJO SUPERIOR (PARA CONOCER Y RESOLVER
       CUALQUIER GESTION RECURSIVA EN CONTRA DEL OFICIO
       EMITIDO POR ESTA JEFATURA No. SC-801-39-05 DEL 26 DE
       SEPTIEMBRE).

            Dentro de los elementos constitutivos de carácter subjetivo de todo
       acto administrativo se encuentra la competencia. La competencia puede
       ser definida como la suma o esfera, determinada y conferida por el
       ordenamiento jurídico, de las potestades, facultades y deberes de los entes
       y órganos públicos para el cumplimiento y realización de sus fines y
       cometidos.

             En Derecho Administrativo la competencia es un concepto similar al
       de la capacidad de actuar del Derecho privado, siendo que la diferencia
       estriba que en la primera disciplina jurídica citada es la excepción y no la
       regla, por virtud del principio de legalidad (artículos 11 de la
       Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración
                                    209

Pública) y de reserva de las competencias externas o potestades de
imperio (artículo 59, párrafo l, de la Ley General de la Administración
Pública).

      La competencia administrativa por disposición expresa del artículo
66, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública es
intransmisible —salvo las hipótesis normativas de transferencia de
competencias, tales como la desconcentración, avocamiento, etc.-.
El artículo 70 de la Ley General de la Administración Pública prescribe
que ―La competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo,
salvo caso de delegación, avocación, sustitución, subrogación, en las
condiciones       y      límites      indicado       por      esta      ley‖.
El artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública prescribe
que ―El acto deberá dictarse por el órgano competente (. . .) previo
cumplimiento (. . .) de los requisitos indispensables para el ejercicio de la
competencia‖.
La competencia administrativa para nombrar y remover libremente a
los funcionarios de confianza reside, de forma exclusiva y excluyente,
en el Magistrado y no en el Consejo Superior. Así el artículo 50 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial estatuye, desde 1993, con claridad
meridiana que el o los abogados asistentes a su cargo son de libre
nombramiento del Magistrado, estableciendo como simple requisito de
eficacia que sea aprobado por el Consejo Superior. En lo relativo a la
destitución o despido, la norma no establece nada, por lo que se aplica el
principio del paralelismo de las competencias —que es fuente del
Derecho Administrativo ex artículo 7° de la Ley General de la
Administración Pública- de modo que, también, es de libre remoción por
el Magistrado, no requiriéndose, en este caso, siquiera de aprobación del
Consejo Superior del Poder Judicial, por aplicación del principio de
legalidad —el Consejo Superior no podría aprobar una remoción,
puesto que, para esa hipótesis no existe norma expresa que le habilite
para tal fin, de modo que de pretender hacerlo quebrantaría el
principio de legalidad, en tal sentido el artículo 11, párrafo 1°, de la
Ley General de la Administración Pública dispone que ―La
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico (.
. .) sólo podrá realizar aquellos actos (. . .) que autorice dicho
ordenamiento (. . .)―-. Esa remoción libre y en cualquier momento —por
el Magistrado- de un funcionario de confianza, por pérdida o falta de
confianza, es reforzada por lo establecido en los artículos 1 8 y 60, inciso
1     0,     de     la     Ley      Orgánica     del     Poder      Judicial.
El artículo 40 -concordado con el artículo 2°- del Reglamento de Puestos
                                  210

de Confianza en el Poder Judicial, lo que hizo fue explicitar esa
competencia exclusiva y excluyente, del Magistrado al señalar en su
artículo 4° que las personas que ocupen un puesto de confianza en la
oficina de un Magistrado pueden ser removidos discrecionalmente en
cualquier momento por quien los nombra.

    El acto de despido o remoción de la abogada asistente 3, Andrea
Quijano Villalobos, fue emitido por esta Jefatura en virtud de las
competencias exclusivas y excluyentes que le confiere expresamente
la Ley, las cuales no pueden ser invadidas, interferidas por otro
órgano arrogándose facultades que no le concede la ley (artículo 11,
párrafo 1° de la Constitución Política).

      Cada Magistrado de la Corte Suprema de Justicia es el Jerarca o
superior jerárquico supremo de su oficina, en lo relativo al
nombramiento y remoción de sus funcionarios de confianza y, en general,
en aspectos relativos a la organización y funcionamiento de su oficina, de
modo que le corresponde conocer y resolver cualquier gestión sobre el
particular y, obviamente, dar por agotada la vía administrativa (artículo
126 de la Ley General de la Administración Pública). Contra los actos de
la Jefatura de los Magistrados en la materia referida cabe, únicamente, el
recurso de reposición en los términos de los artículos 345 de la Ley
General de la Administración Pública y 3 1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Lo resuelto por la Jefatura en
las materias supra indicadas no tiene ningún recurso jerárquico alguno
ante el Consejo Superior.

      Si el Consejo Superior conoce y resuelve en la materia de marras
una gestión recursiva o cualquier otro pedimento incurre en una
incompetencia material manifiesta y, por consiguiente, quebranta,
palmariamente, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de
legalidad y de reserva de las potestades de imperio, al arrogarse
competencias que no le corresponden.

     La competencia es un requisito de validez de cualquier acto
administrativo final que se pronuncie sobre el mérito y de conformidad
con el artículo 8 1 de la Ley General de la Administración pública, la
incompetencia podrá ser requerida ―en cualquier momento‖. De modo
que la incompetencia argüida es una cuestión de previo y especial
pronunciamiento que no puede ser pospuesta.

     Bajo esta inteligencia, solicito, expresamente, que el Consejo
                                  211

Superior decline su competencia, por razón de la materia, para
conocer y resolver de cualquier gestión recursiva o pedimento,
planteado por la que fuera abogada asistente 3 Andrea Quijano o
cualquier otro funcionario con esa categoría de la Sala Constitucional o
de cualquier otras Sala, relativo al Oficio No. SC-801-39-05 del 26 de
septiembre emitido por esta Jefatura y que, por consiguiente, remita a la
misma las actuaciones para que sean conocidas y resueltas de modo
sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico.

     2.- CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIAS.

      De estimar y persistir el Consejo Superior en que es el órgano
competente para conocer y resolver de las cuestiones atinentes al personal
de confianza y, en general de la organización y funcionamiento de las
oficinas de los Señores Magistrados, dejo planteado el conflicto positivo
de competencia para que sea dirimido, de conformidad con los numerales
71, párrafo 2°, y 73, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración
Pública, por el superior jerárquico común que, para el caso, lo es la
Honorable Corte Plena. Lo anterior por estimar esta Jefatura que la
competencia para conocer y resolver tales gestiones le pertenecen de
forma exclusiva y excluyente.

     Por lo anterior, de conformidad con el numeral 74 y 76 de la Ley
General de la Administración Pública, en este momento y a través de este
memorial, requiero formalmente al Consejo Superior de inhibición —por
incompetente por razón de la materia-, siendo que si persiste en estimarse
competente, deberá elevar las actuaciones a la Corte Plena para que
dirima    el    presente    conflicto     positivo    de     competencia.
PRETENSIONES:

      Con fundamento en lo expuesto le solicitó al Consejo Superior lo
siguiente:

      PRINCIPAL (DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA): Se
declare incompetente el Consejo Superior, por razón de la materia, para
conocer de cualquier gestión recursiva o pedimento formulado en contra
de un acto administrativo emitido por un Señor Magistrado en materia de
nombramiento y destitución de funcionarios de confianza adscritos a su
oficina y, en general, relativo a la organización y funcionamiento de su
oficina, respecto de la que tiene plena autonomía. Al declinar su
competencia ese órgano colegiado, deberá trasladar a esta Jefatura las
actuaciones, gestiones y pedimentos formulados por la que fuera abogada
                                           212

       asistente 3, Andrea Quijano Villalobos, para que sean finalmente
       conocidas y resueltas con arreglo a Derecho.

            ACCESORIA              (CONFLICTO              POSITIVO             DE
       COMPETENCIAS): De estimar el Consejo Superior que es competente
       para conocer de las gestiones recursivas o pedimentos formulados por
       algún interesado en contra de un acto administrativo emanado de un
       Señor Magistrado en materia de nombramiento y destitución de
       funcionarios de confianza adscritos a su oficina y, en general, relativo a la
       organización y funcionamiento de su oficina, dejo planteado formalmente
       el conflicto positivo de competencia, por lo que le requiero al Consejo
       Superior su inhibición y, en su defecto, respetuosamente, lo insto para que
       eleve las actuaciones al Superior Jerárquico común, sea la Corte Plena,
       para que dirima el conflicto con arreglo a Derecho.

            DOCUMENTOS ADJUNTOS

            1) Copia del Oficio No. SC-801-28-05 del 8 de agosto 2005

            2) Copia del Oficio No. SC-801-39-05 del 26 de septiembre 2005
       con su anexo (Copia del Oficio No. 808-JP-2005 del 13 de septiembre
       2005).

            3) Copia del Oficio No. SC-801-40-05 del 27 de septiembre 2005

            4) Copia del Oficio No. SC-801-41-05 del 29 de septiembre 2005

            5) Copia del Oficio No. PSC-1 155-2005 del 30 de septiembre 2005
       con su anexo (―Distribución de Letrados Sala Constitucional‖).

            NOTIFICACIONES

            Para atender notificaciones señalo la oficina 801, 8° piso Edificio de
       la Corte Suprema de Justicia, con mi secretaria Karla Morera Rodríguez o
       quien la sustituya. ―

                                           -0-

      Con oficio 1636-DE/AL-05 de 4 de octubre en curso, el Licenciado Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, le expresa al

Licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, lo siguiente:
                                  213


      ―Por este medio me refiero al escrito presentado por el Magistrado
Ernesto Jinesta Lobo ante el Consejo Superior, interponiendo la
excepción de incompetencia y conflicto positivo de competencia para
conocer los recursos que presentó la licenciada Andrea Quijano
Villalobos, Abogada Asistente 3 (Letrada de la Sala Constitucional),
contra la destitución de que fue objeto por parte del Magistrado Jinesta
Lobo.
      Si bien los artículos 70 y 129 de la Ley General de la
Administración Pública establecen en forma genérica que el titular del
órgano respectivo es al que le corresponde el ejercicio de la competencia
y que precisamente todo acto administrativo debe dictarse por el órgano
competente, lo cierto es que este tema debe ser complementado con las
regulaciones especiales que al efecto contiene nuestra Ley Orgánica en
materia de nombramientos y destituciones de los diferentes servidores de
la institución.
     Como primer punto, es preciso señalar que uno de los aspectos más
relevantes que introdujo la reforma integral introducida por la Ley N°
7333 del 5 de mayo de 1993 a la anterior Ley Orgánica del Poder
Judicial, fue la creación del Consejo Superior con la idea de
descongestionar a la Corte Plena y a los señores Magistrados del quehacer
puramente administrativo, buscando que se dedicaran con mayor tiempo a
su función de jueces.
      Precisamente, en la presentación de esa Ley sobre ese tema se
indicó: “(...) con ello se descarga a los Magistrados de la función
puramente administrativa, permitiéndoles no sólo dedicar más horas a
resolver asuntos que conocen las Salas en las que han sido asignados,
sino –función igualmente importante- poder dedicarse a una real y
efectiva política judicial, que permita terminar con el “cortoplacismo” y
diseñar la estrategia necesaria para que el Poder Judicial pueda
responder oportunamente a las necesidades que la evolución de nuestra
sociedad le plantea. Al establecerse que en el Consejo Superior del Poder
Judicial habrá representación de la Corte Plena, de los Jueces, de las
asociaciones de empleados del Poder Judicial y de un importante sector
de los usuarios del servicio –los abogados- se pretende democratizar los
órganos de ejecución de las políticas internas, para que la
administración sea cada vez menos vertical y más transparente.”


     Así, vemos como a la Corte Plena, en el artículo 59, incisos 4 y 9, de
                                   214

la Ley Orgánica, únicamente le corresponde nombrar a los miembros
propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, a los
miembros del Consejo Superior, los inspectores generales del Tribunal de
la Inspección Judicial, los jueces de casación y de los tribunales
colegiados, el Fiscal General de la República, el Director y el Subdirector
del Organismo de Investigación Judicial y a la Jefe y Subjefe de la
Defensa Pública. Por su parte, el Consejo Superior, conforme las
potestades otorgadas por el artículo 81, inciso 2, puede designar, con
excepción de los que corresponden a la Corte, a los funcionarios que
administran justicia, de conformidad con las normas legales y
reglamentarias     correspondientes;     trasladarlos,    provisional     o
definitivamente, suspenderlos y concederles licencias con goce de sueldo
o sin él y removerlos, todo con arreglo de las disposiciones
correspondientes, sin perjuicio de las potestades atribuidas al Presidente
de la Corte.
      En esta dimensión hay que interpretar el artículo 50 de la Ley
Orgánica, norma que instaura de la aprobación por parte del Consejo
Superior cuando se trata de nombramientos del abogado asistente
―propuesto‖ por un Magistrado, pues seguidamente se aclara que: “Para
separarse de su propuesta, el Consejo deberá hacerlo con el voto de
todos sus miembros, en resolución debidamente fundamentada, en cuyo
caso solicitará al Magistrado el envío de otro candidato.” (lo resaltado
en negrita no es del original). Así, reconociendo que el término
“propuesta” se entiende como “la manifestación o consulta para hacer
una cosa que generalmente se dirige al superior”, no puede interpretarse
que cada Magistrado tiene la facultad de nombrar y remover directa y
libremente a los funcionarios de confianza que laboran con él, sin recibir
la referida aprobación del Consejo Superior.
    Esta idea se refuerza con lo señalado por el artículo 136 de la Ley
Orgánica, cuando expresa:

  ―Salvo los que corresponda hacer al Consejo, los jefes de Despacho
  –sujetos a la aprobación de aquél- podrán nombrar a sus respectivos
  funcionarios y empleados (...)‖.

     Por otra parte, en cuanto al conflicto de competencias planteado por
el Magistrado Jinesta Lobo, apoyándose en los artículo 71, 73, 74 y 76 de
la Ley General de la Administración Pública, también es preciso indicar
que Ley Orgánica en el inciso 11 del artículo 59, dispone de un
mecanismo especial para que la Corte Plena pueda avocarse el
                                         215

       conocimiento de asuntos o decisiones que competen al Consejo Superior,
       como estimo que es el caso en estudio, requiriendo dicha norma que así se
       disponga en sesión convocada a solicitud de cinco Magistrados o del
       Presidente de la Corte, por simple mayoría.

             Por último, es importante recordar que a solicitud del Magistrado
       Jinesta Lobo, esta Asesoría Legal en oficio N° 1474-DE/AL-03 de 20 de
       octubre del 2003 (adjunto copia), se refirió a la aplicación del
       Reglamento de Puestos de Confianza en el Poder Judicial, y llegó a
       concluir que:

         “(...)antes de la promulgación del referido Reglamento de Puestos
         de Confianza en el Poder Judicial (publicado en el Boletín Judicial
         N° 73, del 17 de abril del 2002), la Ley Orgánica del Poder Judicial
         sólo contemplaba dentro de la categoría bajo estudio los puestos de
         Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Director y
         Subdirector Ejecutivos. Las personas que ocupaban un puesto en
         propiedad (entiéndase abogado letrado, secretaria ejecutiva o
         chofer de magistrado), antes de la vigencia del Reglamento, tiene
         derechos adquiridos en esa plaza incluyendo la estabilidad en el
         servicio como bien quedó regulado en el numeral 7° de ese cuerpo
         normativo.”

            En ese sentido, si la licenciada Quijano Villalobos fue nombrada en
       propiedad como Abogada Asistente en la Sala Constitucional desde el 1°
       de abril del 2001, según acuerdo del Consejo Superior tomado en la
       sesión N° 22-2001, artículo II; mantendría, según el criterio de cita, el
       derecho a la estabilidad en esa plaza.
                                          -0-

     También, mediante correo electrónico de hoy, el Licenciado Francisco

Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, comunica:

       ―En atención a su solicitud sobre la situación laboral de la señora Andrea
       Quijano Villalobos, me permito informarle lo siguiente:

        1-La servidora Quijano Villalobos Andrea fue nombrada en propiedad a
       partir del 01-04-2001. (puesto Abogada Asistente 3).

       2-Fue nombrada por medio de una propuesta directa del Magistrado
                                          216

       Sancho, y remitida por el Mag. Pïza al Consejo Superior, según consta en
       acuerdo del Consejo Superior N° 22-2001, el 15/03/2001, artículo II.

        3-El reglamento de puestos de confianza quedó firme en el acta del 18
       de febrero 2002, art. 1°, y fue comunicado mediante Circular N° 30-2002,
       y publicado en el Boletín Judicial el 17 de abril de 2002.

        4-Los artículos 5 y 7 del citado reglamento dice:

        "Artículo 5:

       La persona que sea designada en un cargo calificado como de confianza,
       y que tenga un puesto en propiedad en el Poder Judicial, mantendrá dicha
       propiedad por todo el tiempo que desempeñe el puesto de confianza. Al
       cesar el cargo de confianza, tendrá derecho a la indemnización parcial de
       los derechos laborales que corresponda."

        ―Artículo 7:

       Quedan a salvo, los derechos adquiridos de buena fe, incluyendo la
       estabilidad en el servicio, de los servidores en propiedad a la entrada en
       vigencia de este Reglamento."
                                          -0-
      En primer término se somete a conocimiento la excepción de incompetencia

y el conflicto positivo de competencia interpuestos por el Magistrado Jinesta.


      Para resolver la excepción interpuesta debe tenerse como marco de

referencia el Acta 1-94 del 3 de enero de 1994, Artículo 1, que se refiere a las

competencias del Consejo Superior, señalando que ―el Consejo es un órgano

subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde la administración y

disciplina del Poder Judicial de conformidad con la Constitución Política y de

acuerdo con lo dispuesto en esta ley, con el propósito de garantizar la
                                          217

independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los

beneficios de la carrera judicial. Todo ello con el fin primordial de que los

magistrados dediquen todo su tiempo o la mayor parte de él, a su función principal,

que es la de administrar justicia.‖


      La licenciada Andrea Quijano Villalobos fue nombrada en propiedad a partir

del 01-04-2001, en el puesto de Abogada Asistente 3 de la Sala Constitucional a

propuesta directa del Magistrado Sancho, y remitida por el Mag. Piza al Consejo

Superior, según consta en acuerdo del Consejo Superior N° 22-2001, del

15/03/2001, artículo II, mediante el cual se ratificó ese nombramiento (artículo 50

de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

      El reglamento de puestos de confianza quedó firme en el acta del 18 de

febrero 2002, art. 1°, y fue comunicado mediante Circular N° 30-2002, y publicado

en el Boletín Judicial el 17 de abril de 2002.

      De acuerdo a lo transcrito y conforme al criterio la Sección de Asesoría

Legal de la Dirección Ejecutiva, N° 1636-DE-AL-05, de fecha 4 de octubre de los

corrientes, la pretensión del Magistrado Jinesta de que este órgano se declare

incompetente para conocer y resolver cualquier gestión recursiva en contra del

Oficio emitido por su persona N° SC-801-39-05 del 26 de setiembre, no es de

recibo.
                                       218

      La Ley Orgánica del Poder Judicial, delimita las competencias disciplinarias

de la Corte Plena y del Consejo Superior y de las Jefaturas de despacho para la

aplicación del régimen disciplinario de sus servidores nombrados en propiedad.

      En ese sentido la Corte Plena puede aplicar el régimen disciplinario a alguno

de sus miembros,     respecto del Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, el

Director y Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, este Consejo, y el

Tribunal de la Inspección Judicial. (-arts 182 y 183 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial).

      Los jefes de oficina podrán ejercer el régimen disciplinario sobre sus

subalternos, cuando por la naturaleza de la falta no deba aplicarse una suspensión

mayor de quince días, de tal forma que en las correcciones que impongan a los

servidores de su propia oficina, debe observarse el procedimiento establecido en la

citada Ley. Ahora, si se trata de una falta que conlleva una sanción superior a los

15 días sin goce de salario hasta la revocatoria de nombramiento, su conocimiento

corresponde al Tribunal de la Inspección Judicial y lo que se decida solo es

apelable ante este Consejo.

      Según lo señalado, se encuentra dentro de las potestades de este Consejo,

resolver la gestión de la letrada Andrea Quijano, cuyo nombramiento es en

propiedad y no sujeto a ningún régimen de confianza, según          consta de los
                                        219

antecedentes que se adjuntan. Lo anterior no significa ninguna intromisión a las

facultades conferidas por ley a los señores Magistrados respecto a sus servidores

de confianza, por cuanto es claro que esa no es la condición de la gestionante,

quien precisamente se encuentra cubierta por el artículo 7 del Reglamento de

Puestos de Confianza en el Poder Judicial.

      Debe tomarse en cuenta además que la Ley Orgánica faculta a este órgano

no solo al nombramiento de los abogados asistentes de los Magistrados, sino que le

permite separarse de la propuesta de nombramiento, mediante resolución

debidamente fundamentada y con el voto de todos sus miembros, en cuyo caso el

magistrado proponente deberá remitir el nombre de otro candidato.

      La única forma de suspender la competencia de este órgano, sería si se

hubiera sometido a conocimiento de la Corte Plena este asunto mediante el trámite

del avocamiento previsto en el inciso 11 del artículo 59 de la Ley Orgánica, lo

cual, al no haberse hecho oportunamente, cierra la posibilidad de que sea conocido

el asunto por la Corte Plena.

      Con base en lo anterior, se acordó: Rechazar la excepción de incompetencia

y el conflicto positivo de competencia interpuestos.

      El Magistrado Mora salva el voto pues considera que no existe norma

expresa que faculte a este Consejo para conocer el tema planteado por la
                                         220

Licenciada Andrea Quijano, porque se trata de la relación de un servidor asignado

a un Magistrado de la Corte y en este caso le obligan los antecedentes que ha

conocido la Corte Suprema de Justicia sobre servidores asignados a los

Magistrados, como por ejemplo lo resuelto sobre el chofer de un exmagistrado.

Además las competencias propias del Consejo originariamente lo fueron de la

Corte y se trasladaron a aquél por norma legislativa expresa, norma que no se ha

producido respecto del caso que ahora se conoce por este Consejo.

                                           -0-
      Se conoce el fondo del asunto:

      Al determinarse que la Licda. Andrea Quijano no está nombrada como

servidora de confianza, conforme a lo expuesto, solo podía ser removida de su

cargo mediante la aplicación del régimen disciplinario ordinario que establece la

LOPJ, sea presentando la queja ante el Tribunal de la Inspección Judicial para que

este aplique la sanción que corresponda si es del caso, pero garantizando el debido

proceso, sobre todo el derecho a conocer los cargos y a ejercer la debida defensa,

existiendo incluso la posibilidad de suspender en el cargo provisionalmente si se

estima oportuno. También tiene este Consejo la potestad de separar del cargo por

incapacidad absoluta y permanente, reconociendo los extremos laborales que

corresponden, pero este no es el caso.

      De la gestión presentada por la Licda. Quijano y de los oficios suscritos por
                                       221

el señor Magistrado Ernesto Jinesta, se deduce sin lugar a dudas que para separar

del cargo a la gestionante, no se siguió el debido proceso que para esos casos debe

cumplirse, conforme a lo expuesto.

      Es obligación de este Consejo velar porque los jefes de despacho, en el

ejercicio de sus potestades administrativas-disciplinarias, se apeguen estrictamente

a lo dispuesto por la ley en cada asunto, y a los claros lineamientos que sobre el

tema ha emitido por medio de sus sentencias la Sala Constitucional. Entre otras, la

sentencia 8510-2005, en la cual al analizar un caso por régimen disciplinario en el

Poder Judicial dispuso:

      ―Es preciso señalar que, el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte

de los jerarcas de un ente u órgano administrativo, tiene repercusiones o

consecuencias jurídicas muy graves en la esfera del funcionario público sometido

a la misma. Toda potestad administrativa requiere, para su regularidad y validez,

de un procedimiento administrativo previo, sobre todo si el acto final que resulta

de su ejercicio resulta aflictivo o gravoso para el administrado destinatario de

ésta, sea que se encuentre sometido a una relación de sujeción general o especial.

Ese iter procedimental está concebido para garantizarle al administrado una

resolución administrativa que respete el debido proceso, el derecho de defensa, el

contradictorio o la bilateralidad de la audiencia y, por consiguiente, tiene una
                                      222

profunda raigambre constitucional en los ordinales 39 y 41 de la Constitución

Política. El procedimiento administrativo es un requisito o elemento constitutivo

de carácter formal del acto administrativo final, cuya ausencia o inobservancia

determina, ineluctablemente, la invalidez o nulidad más grave al contrariar el

bloque de constitucionalidad (derechos al debido proceso y la defensa), sobre el

particular, el ordinal 216 de la Ley General de la Administración Pública

estipula, con meridiana claridad, que “La Administración deberá adoptar sus

resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento...”. En

tratándose del Derecho Administrativo Disciplinario, la Ley General de la

Administración Pública manda a los órganos y entes administrativos a observar,

indefectiblemente, el procedimiento ordinario cuando éste conduzca “...a la

aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualquiera otra de similar

gravedad”. Es inherente al procedimiento ordinario la realización de una

comparecencia oral y privada en la que el administrado que es parte interesada

tenga la oportunidad de formular alegaciones, ofrecer prueba y emitir

conclusiones (artículos 309 y 317 de la Ley General de la Administración

Pública), sobre todo cuando “...la decisión final pueda causar daños graves” a

alguna o a todas las partes interesadas (artículo 218 ibidem). La Sala en

oportunidades anteriores ha examinado cuáles son los elementos básicos
                                        223

constitutivos del debido proceso constitucional en sede administrativa.

Fundamentalmente, a partir de la sentencia número 15-90 de las 16:45 hrs. del 5

de enero de 1990 y en repetidos pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho que:

      “...el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución

Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el

artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina,

principio de 'bilateralidad de la audiencia' del „debido proceso legal' o 'principio

de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del

carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del

interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda

pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que

incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes

administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del

administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras

personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la

administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de

recurrir la decisión dictada." "... el derecho de defensa resguardado en el artículo

39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también

para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración
                                        224

pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el

derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa...".

      En el caso concreto, y al estar de por medio precisamente la aplicación de la

potestad disciplinaria, con resultados gravosos para la destinataria del acto final,

no resulta posible hacer una interpretación tan amplia como lo pretende el

Magistrado Jinesta, para concluir que, aún cuando la Licda Quijano entró a laborar

antes de la emisión del referido reglamento de confianza, su cargo tiene tal

naturaleza y por ello puede disponer de él como lo ha hecho, esa sería una

interpretación contraria a la naturaleza del acto mismo y del debido proceso

constitucional que rige en sede administrativa.

      Cuando el Consejo Superior designó en el cargo de abogada asistente de la

Sala Constitucional a la Licda. Quijano Villalobos, lo hizo bajo una relación de

estabilidad laboral muy distinta a la de las personas que han sido nombradas en ese

mismo puesto con posterioridad a la emisión del Reglamento de Puestos de

Confianza, el cual precisamente para salvaguardar el derecho a la estabilidad

laboral excluyó a las personas nombradas con anterioridad, y permite a quienes sí

se aplica, y que tienen otro puesto en propiedad en el Poder Judicial mantenerlo, y

en caso de que se de una ruptura puedan retornar a él sin ningún problema. Pero

los y las abogadas asistentes que entraron en propiedad en esos cargos antes del
                                        225

reglamento y tenían otro puesto anterior en propiedad en el Poder Judicial, lo

perdieron. Esto significa que pasaron a otro cargo en propiedad y no pueden tener

dos puestos en esa condición al mismo tiempo.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones de los Profesionales en

Derecho 3 de las distintas Salas. 2) Con base en lo expuesto dejar sin efecto el cese

en el cargo ordenado por el Magistrado Jinesta Lobo y restituir en su cargo a la

Licda. Andrea Quijano Villalobos, en el entendido de que corresponde al señor

Presidente de la Sala Constitucional disponer lo que estime conveniente en cuanto

a su ubicación, de forma que ejerza el cargo para el cual fue nombrada. 3) Dejar

sin efecto el nombramiento interino del licenciado Marco López Volio del 3 al 31

de octubre, y no aprobar su nombramiento en propiedad como abogado asistente de

la Sala Constitucional, propuesto por el Magistrado Jinesta. Se declara firme este

acuerdo‖.

                                ARTÍCULO LXX

      El servidor Johnny Jesús Picado Cerda, Investigador de la Subdelegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial de San Ramón, en nota de 27 de

setiembre recién pasado, expuso lo siguiente:

       ―Resulta que tengo un amigo que es propietario de busetas para el
       transporte de turismo, el cual me ha comentado, que en algunas ocasiones
       requiere de la colaboración de un chofer más para realizar algún viaje y
       me ha preguntado que si yo podría ayudarle. Es por lo anterior que les
                                        226

       escribo y les solicito por favor me aclaren si tengo algún impedimento
       para manejar dichas busetas, teniendo muy en cuenta que esto jamás
       interferiría en ninguna forma en mi horario normal de trabajo, ya que
       como indiqué, sería en ocasiones muy esporádicas, talvez una o dos veces
       al mes en días estrictamente libres, y no habría ningún tipo de relación
       laboral; además pienso que aparte de la eventual remuneración económica
       que podría recibir, esto me serviría como desestresante y pasatiempo, ya
       que normalmente los viajes son a las playas y diferentes centros
       turísticos.‖
                                         -0-

      Se acordó: Comunicar al señor Picado Cerda que este Consejo no tiene

objeción para que se dedique a la labor descrita, en el entendido que no interferirá

en su horario de trabajo.

                                ARTÍCULO LXXI

      La licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, en

oficio N° JEF-1042-2005 de 23 de setiembre recién pasado, comunica que recibió

nota suscrita por la licenciada Lady González Salazar, Defensora Pública de Coto

Brus, mediante la cual solicita permiso con goce de salario por el 5, 6 y 7 de

octubre en curso, a efecto de asistir a una cita médica en la Clínica Bíblica.

Además, indica doña Lady que el licenciado Adolfo Álvarez Medina, está

dispuesto a sustituirla por esos tres días, pues conoce el manejo de la oficina y

además en otras ocasiones se ha hecho cargo del puesto o bien como consideren

oportuno.

    Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada González Salazar y concederle
                                         227

permiso con goce de salario y sustitución por el 5, 6 y 7 de octubre en curso, para

los fines indicados.

    El Departamento de Personal y la Defensa Pública tomarán nota para los fines

consiguientes.

                                ARTÍCULO LXXII

      La señora Margarita Pachmettrs Rodríguez, en nota de 28 de setiembre

recién pasado, expuso lo siguiente:

       ―Por este medio solicito a usted un permiso para llevar a cabo una
       campaña a nombre de la Asociación de Personas Diabéticas de Escasos
       Recursos de San José, para la recaudación de la niña Silenia Hidalgo
       Rodríguez.
       Esta niña requiere de una operación de un implante coclear, la operación
       antes en mención tiene un costo de 25,000 dólares, de los cuales la CAJA
       COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL hará un aporte de 7,500
       dólares, el dinero restante es aportado por la familia de la niña, es
       importante señalar que los padres de la niña son personas de escasos
       recursos económicos y se les dificulta reunir la cantidad de dinero
       faltante.
       Por lo antes expuesto nos apegamos a su generosidad para que juntos
       hagamos posible que esta niña pueda oír y hablar.
            Estamos realizando toda clase de gestiones para reunir este faltante
       de dinero, hemos iniciado una campaña en pro de esta operación para
       Selenia, solo con la ayuda de Dios y el esfuerzo y la colaboración de
       personas como usted harán posible que nuestra hija pueda mirar el mundo
       tal y como es y a la vez pueda escuchar la voz de todos los seres.
           Por eso hemos acudido a La Asociación de Personas Diabéticas de
       Escasos Recursos de San José y la autorizamos a realizar la recolección
       para la operación de Selenia.
           La Asociación tiene alcancías metálicas donadas por la Primera
       Dama de la República, dos personas irán debidamente identificadas.
       Esperamos el apoyo que nos puedan brindar para la recolecta de Selenia.
                                         228

            Adjuntamos dictamen de la Caja del Seguro del implante coclear, y la
       carta de la Asociación de Personas Diabéticas de Escasos Recursos que se
       autoriza para la recolección, que Dios le bendiga y que nos puedan ayudar
       para dicha recolección.‖
                                         -0-

    Se acordó: Acoger la petición presentada por la señora Margarita Pachmettrs

Rodríguez, y trasladarla a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas, para que

coordine la colecta solicitada. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LXXIII

      El licenciado Rafael Mora Montoya, Jefe del Departamento de Infracciones

del Consejo de Seguridad Vial, en oficio N° DINF-2005-901 de 26 de setiembre

último, solicita se agregue la firma del servidor William Róger Solís Miranda a la

lista de funcionarios autorizados para firmar las constancias requeridas por los

Juzgados de Tránsito y Contravencionales que ven asuntos de tránsito para tramitar

la devolución de placas, vehículos y licencias de detenidos, del 26 de ese mes al 31

de diciembre del año en curso. Asimismo informa que la firma de las funcionarias

Siuyen Apuy Wong y Alejandra Arias Sánchez, quedarán inhabilitadas a partir de

esa fecha.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y hacerla del

conocimiento de los despachos judiciales indicados, mediante nota circular.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que corresponda.
                                          229

                                    ARTÍCULO LXXIV

      El doctor Enrique Ulate Chacón, Juez del Tribunal Agrario del Segundo

Circuito Judicial de San José, en nota de 7 de setiembre recién pasado, expresó:


             ―La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
       Costa Rica solicitó desde el año pasado al Dr. Rafael González Ballar,
       Decano de la Facultad de Derecho, una lista de tres expertos europeos en
       Derecho Comunitario y Política Agrícola Común, para participar como
       invitados en actividades académicas en nuestro País.

             La Universidad, aceptó invitar a tres expertos: el Dr. Marcello Di
       Fillippo, Profesor de Derecho Comunitario e Internacional Humanitario
       de la Universidad de Pisa, el Dr. Luc Bodiguel, Profesor de Derecho
       Agrario Comunitario e investigador del Consejo Nacional de
       Investigaciones de Francia y de la Universidad de Nantes, y el Dr. Angel
       Sánchez Hernández, de España.

             De los tres expertos han confirmado su participación el Dr. Marcello
       Di Fillippo, y el Dr. Luc Bodiguel. Sin embargo, a la Universidad de
       Costa Rica se le hace imposible financiar todos los gastos de ambos
       profesores. Conociendo el apoyo académico que ha dado la Corte
       Suprema de Justicia a este tipo de inicitativas, el Decano de la Facultad de
       Derecho me ha solicitado pedir la cooperación institucional de la Corte,
       para ver si es posible que nos colaboren con un pasaje aéreo, para el
       Profesor Di Fillippo, en el entendido y bajo el compromiso que pueda
       impartir al menos dos conferencias (de Derecho Comunitario y Derecho
       de la inmigración) en la Corte Suprema de Justicia, una en la Sala de
       Expresidentes, para magistrados, letrados, etcétera, y otras, posiblemente
       en el Auditorio del Poder Judicial o en la Facultad de Derecho.

             Las fechas programadas para la visita del Prof. Di Filippo (ver
       curriculum adjunto), son del 8 al 15 de octubre. La Universidad de Costa
       Rica correrá con los gastos de hospitalidad y comidas durante los días en
       que estará en nuestro país.
                                         230

            Considero que esta iniciativa es muy importante y si logramos el
       apoyo de nuestra Institución podremos aprovechar la experiencia de este
       experto,

            Respetuosamente, le solicitamos al Señor Presidente de la Corte, Dr.
       Luis Paulino Mora Mora, y al Señor Presidente de la Sala Constitucional,
       apoyar esta feliz iniciativa que redundará en beneficio de muchos.‖
                                          -0-

      Se acordó: Comunicar al doctor Ulate Chacón, que lamentablemente no es

posible pagar los tiquetes aéreos que solicita, toda vez que la partida

presupuestaria correspondiente se encuentra comprometida.

                                    ARTÍCULO LXXV

      En sesión No. 77-05 del 29 de setiembre del año en curso, artículo LXXIV,

se dispuso previamente a resolver la gestión de la licenciada Valerie Arce

Ihabadjen y el licenciado Raúl Madrigal Lizano, en cuanto a permutar a partir del

seis de octubre hasta el treinta de noviembre del presente año, se trasladó al

Consejo de Personal para su estudio e informe a la brevedad.

      La licenciada Arce Ihabadjen y el licenciado Madrigal Lizano, en facsímil de

29 de setiembre del año en curso, manifestaron:

       ―En atención a lo acordado en la sesión del día de hoy, en relación con la
       solicitud de permuta realizada el día veintidós de setiembre de este año,
       nos permitimos aclarar lo siguiente:
             La licenciada Valeria Arce Ihabadjen tiene su puesto en propiedad
       en el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José, donde ocupa
       una plaza de Juez 3 de Familia y Penal Juvenil, mientras que el licenciado
       Raúl Madrigal Lizano ostenta su puesto en propiedad en el Juzgado Penal
       Juvenil de Cartago, en donde también tiene una categoría de Juez 3 de
                                          231

       Familia y Penal Juvenil.
             En el artículo VI de la sesión Nº 58-05 de las ocho horas del
       veintiocho de julio del dos mil cinco, el Consejo Superior acordó, por
       mayoría, nombrar a la licenciada Valerie Arce Ihabadjen, como Juez 3 en
       el Juzgado Penal Juvenil de Cartago, plaza N° 23521, en forma interina, a
       partir del 1° de setiembre al 5 de octubre del año en curso, la cual había
       dejado temporalmente vacante el licenciado Madrigal Lizano. La
       licenciada Arce Ihabadjen había participado en el concurso respectivo,
       según oficio N° UI-2547-05 de 26 de julio en curso, suscrito por el
       licenciado Mauricio Cascante Araya, como Coordinador de la Unidad
       Interdisciplinaria.
             Por su parte, en el artículo IV de la sesión Nº 52-05 de las ocho
       horas del siete de julio del dos mil cinco, se acordó, por mayoría, nombrar
       interinamente como Juez en el Juzgado de Familia de Goicoechea, en la
       plaza N° 111579, al licenciado Raúl Madrigal Lizano, a partir del 16 de
       julio en curso y hasta el 5 de octubre próximo. El licenciado Madrigal
       había participado en la terna respectiva, según oficio N° UI-2201-05 de
       28 de junio de este año, suscrito por el Magistrado Luis Guillermo Rivas
       Loáiciga, en su carácter de Presidente en ejercicio del Consejo de la
       Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento
       de Personal, y el licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la
       Unidad Interdisciplinaria. El nombramiento se hizo en ocasión de la plaza
       que dejo temporalmente vacante la licenciada Karol Vindas Calderón, por
       licencia con goce de salario por maternidad, de conformidad con el
       artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
             Nuestro interés en la permuta por dos meses es ahondar en el
       conocimiento de la materia tramitada en los respectivos Juzgados.
             Por tales motivos, respetuosamente, se solicita al Consejo Superior
       que prescinde del informe del Departamento de Personal y se proceda a
       acoger la gestión realizada.
             En forma adicional, solicitamos que esta gestión sea conocida antes
       del vencimiento del plazo de los respectivos nombramientos, con la
       finalidad de no atrasos innecesarios en los y las usuarias del servicio.‖
                                          -0-

      Se acordó:     Acoger parcialmente la solicitud anterior, en consecuencia

mantener la permuta interina entre la licenciada Arce Ihabadjen y el licenciado

Madrigal Lizano, por un mes más, a la espera del informe solicitado al Consejo de
                                       232

Personal en la sesión No. 77-05 del 29 de setiembre último, artículo LXXIV

                                  ARTÍCULO LXXVI

      Mediante correo electrónico de fecha 3 de octubre en curso, el señor

Presidente Magistrado Mora, hace del conocimiento de este Consejo, el programa

para la Maestría en Derecho Ambiental, a impartir por la Universidad de Costa

Rica el próximo año. Indica que se debería hacer un esfuerzo y analizar si es

posible dar al menos 4 becas de ¢250.000.00 (doscientos cincuenta mil colones),

por cada servidor, toda vez que se trata de una especialidad nueva en nuestro

medio, de marcado interés constitucional, en que la institución no tiene suficientes

especialistas.

      Se acordó: 1) Acoger la propuesta anterior y conceder únicamente una

ayuda económica de ¢250.000.00 (doscientos cincuenta mil colones), para cuatro

servidores. 2) El Consejo de Personal realizará los trámites pertinentes, para la

divulgación y selección de los interesados, a cuyos efectos se le remitirá fotocopia

de la documentación que se adjunta. Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO LXXVII

      Mediante oficio No. 1617-DCLP-2005 de 30 de setiembre del año en curso,

el licenciado Gustavo Mata Vega, Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad

del Organismo de Investigación Judicial con el visto bueno de la Dirección
                                           233

General de ese Organismo, informó:

       ―El día de hoy esta Jefatura recibió nota suscrita por los Jefes de División
       de Robos de esta Sección, señores Mario García Álvarez y Jaime Carrera
       Hidalgo donde comunican que el servidor Luis Venegas Corrales se
       ausentó de sus labores desde el día 27 de setiembre último, sucediendo
       que hasta el día de hoy no se ha reincorporado a sus funciones. Agregan
       que al mismo se le localizó vía telefónica indicando que se encontraba
       incapacitado y que haría llegar la constancia correspondiente lo cual hasta
       la fecha no sucedió.
             En razón de lo anterior, y en acatamiento expreso de la circular 40-
       2003 emitida por la Dirección Ejecutiva, concretamente en su apartado
       número 5, donde indica: ―El servidor incapacitado debe presentar la
       respectiva boleta ante su superior a más tardar dos días hábiles contados a
       partir de la fecha de inicio…‖ lo cual en esta oportunidad no ha sucedido,
       esta Jefatura, considerando que no cuenta con justificación alguna por la
       ausencia del servidor Venegas Corrales, solicita, si su Autoridad lo tiene a
       bien, se proceda de conformidad con los artículos 28 y 81 inciso ―G‖ del
       Código de Trabajo.‖.
                                            -0-

      Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 4 de los corrientes, el

licenciado Jorge Calderón Gómez, Jefe interino de la Sección de Delitos contra la

Propiedad, manifestó:

       ―…con relación a la nota 1617-DCLP-05, enviada a su despacho por el
       Lic. Gustavo Mata Vega, en donde le comunica sobre la ausencia hasta el
       momento injustificada del Investigador Luis Venegas, los días 27, 28, 29
       y 30 de setiembre, le informo lo siguiente.
             El Investigador Venegas, se encontraba laborando como
       investigador de la Unidad de Robos, hasta el 27 de setiembre, para el 28
       fue trasladado al rol de guardias de la sección, el cual debería iniciar a las
       19:30 del 28 de setiembre, no obstante el mismo no se presentó a laborar
       el 27, por lo cual su Jefe de Unidad Mario García, lo llama y éste le indica
       que se encuentra incapacitado, por lo que no se incluye en el rol a espera
       de que concluya su incapacidad y se cubre su turno con el investigador
       Luis Fernando Torres, por lo tanto el señor Venegas debía presentarse a
       laborar normalmente los días 27,28,29,y 30 de setiembre en la Unidad de
                                          234

       Robos o cumplir con su incapacidad, lo cual no hizo, ya que ni se
       presentó a laborar, ni ha presentado su incapacidad, por el contrario se
       presenta a laborar hasta el domino 2 de octubre a cubrir su turno en el rol
       de guardias a las 07:30 horas, no obstante ya el jefe de Unidad Mario
       García había previsto la posibilidad de que Venegas no se presentara,
       indicándole a Luis Fernando Torres que cubriera él el turno, por si no
       llegaba Venegas, siendo que al presentarse Venegas, Luis Fernando
       Torres se retiró a su casa.
             Según me informan la Secretaria Olivia Jiménez Hernández, y los
       jefes de Unidad Mario García de robos y Jaime Carrera del grupo de
       Guardias, que Luis Venegas hasta el día de hoy, no les ha entregado
       ninguna incapacidad, no obstante le dijo a Olivia Jiménez que mañana se
       la traería.‖.

      Se acordó: Trasladar al Tribunal de la Inspección Judicial la situación

expuesta, a fin de que realice el trámite que en derecho corresponda. Se declara

firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LXXVIII

      En sesión No. 74-05 celebrada el 20 de setiembre del año en curso, artículo

VIII, se nombró en propiedad a la licenciada Ana Emilia Fallas Santana, en la

plaza de Juez Supernumerario, puesto No. 5516 de la Presidencia de la Corte a

partir del 1º de octubre en curso.

      La licenciada Fallas Santana en nota de 30 de setiembre último, manifestó:

       ―El día de ayer por medio de comunicación electrónica que me remitiera
       el Juzgado Penal de Alajuela, fui informada de mi designación como Juez
       Supernumerario de la Presidencia. En virtud de lo cual solicito
       atentamente e me informe sobre lo siguiente:
       De previo a que dicha designación adquiera firmeza, me permito elevar a
       conocimiento de ese Consejo, la siguiente consulta, desde que fui
       nombrada en propiedad, he venido ocupando el puesto de Juez 3 Penal en
                                            235

       propiedad en el Juzgado Penal de San Carlos e interinamente en el
       Juzgado Penal de Alajuela nombramiento que e ha venido renovando
       periódicamente y en forma continua desde esa fecha. Según tengo
       conocimiento el puesto en el que fui designada tiene una categoría de
       Juez 1 o Juez 2 inferior a la que actualmente devengo por lo que solicito
       se me imponga de las consecuencias laborales derivadas de ese descenso.
       Independientemente del punto anterior, y dado que a la fecha, por
       acuerdo de ese Consejo, me encuentro designada interinamente en el
       Juzgado Penal de Alajuela, y el período actual de nombramiento vencería
       el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, solicito se me aclare si
       continuaré en ese puesto hasta esa fecha o si debo integrarme al nuevo
       puesto desde el cinco de octubre en que concluye la suplencia que estoy
       cumpliendo en el Tribunal de Juicio de San José.‖.
                                      -0-

      Ante aclaración solicitada por este Consejo a la licenciada Fallas de su

gestión, manifestó:

            ―…me permito aclararlos puntos de mi consulta:
       1.- Ocupo en propiedad el puesto de Juez 3 Penal en San Carlos por
       acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 101
       del 21 de diciembre de 2000, artículo IV. Nombramiento a partir del 1 de
       enero de 2001.
       Por acuerdo del Consejo Superior tomado en sesión 74-05 del veinte de
       setiembre de dos cinco, artículo VIII, se designa a partir del primero de
       octubre en plaza de Juez Supernumerario de la Presidencia.
       Con relación a esto mi consulta consiste en: Si hay algún trámite que
       deba hacer para aceptar el descenso en la categoría de nombramiento, o el
       mismo se practica en forma automática.
       2.- Por acuerdo del Consejo Superior tomado en sesión número 25-03 del
       8 de abril de 2003, artículo XIV, se me nombra interinamente en el
       Juzgado Penal de Alajuela, para el período del uno de mayo al treinta y
       uno de diciembre de 2003; o hasta que Olga Viales Rosales regrese, o la
       plaza quede vacante y se nombre suplente. De tal manera he ocupado esa
       plaza interinamente desde esa fecha.
       La consulta en relación con lo anterior es la siguiente: Si con ocasión del
       nombramiento en propiedad en la plaza de supernumeraria conlleva la
                                         236

       pérdida del derecho a continuar en la plaza que ocupo interinamente en el
       Juzgado Penal de Alajuela, que tiene categoría de Juez 3.
       Específicamente requiero saber a donde debo presentarme a laborar el día
       de mañana 6 de octubre, pues hasta el día de hoy estoy en ascenso en el
       Tribunal de Juicio de San José.‖.
                                         -0-

      Se acordó: Comunicar a la licenciada Fallas Santana, que efectivamente al

pasar a ocupar la plaza de Juez Supernumerario –plaza 5516- de menor categoría

que la que ocupaba -Juez 3-, el Departamento de Personal en forma automática le

aplica el descenso.   Asimismo, al ser el nombramiento en propiedad de Juez

Supernumerario posterior –Sesión No. 74-05 del 20 de setiembre último- al

realizado para llenar en forma interina la plaza de Juez 3 en el Juzgado Penal de

Alajuela –sesión No. 25-03 del 8 de abril del 2003-, pierde el derecho de esa plaza

que venía ocupando interinamente, por lo tanto al concluir el nombramiento

interino de Juez 3 que se encuentra efectuando en el Tribunal de Juicio de San

José, debe reintegrarse a la plaza de Juez Supernumeraria, en que fue nombrada en

propiedad.

      El Departamento de Personal y la Presidencia de la Corte tomarán nota para

lo de sus cargos.

                               ARTÍCULO LXXIX

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio

No. EJ-DIR-392-2005 de 30 de junio del año en curso, expresó:
                                            237

              El Consejo Superior, según Sesión N° 36-05 de 12 de mayo de
       2005, artículo XXXVI y Sesión N° 41-05 de 31 de mayo de 1005, artículo
       XLVI, aprobó el Ciclo de Charlas en Materia de Familia y Pensión
       Alimentaria, así como la asistencia de los respectivos(as) expositores(as)
       y participantes; actividad a realizarse los lunes 30 de mayo y 10 de
       octubre de 2005.
              Mediante nota de miércoles 28 de septiembre de 2005, el
       licenciado Luis Roy Vargas Salazar, Coordinador de la Unidad de
       Capacitación de la Defensa Pública, solicita se incluya como expositora
       de dicha actividad, a la licenciada Maureen Solís Madrigal, Jueza de
       Familia Desamparados, para el próximo lunes 10 de octubre de 2005, en
       el horario de las 13:00 a las 16:30 horas, quien tratará el tema de
       ―Alimentos entre convivientes‖.
               Conforme lo indicado por el licenciado Vargas Salazar, que se
       solicite a los respetables miembros del Consejo Superior la referida
       inclusión conforme lo detallado en la Sesión N° 36-05 de 12 de mayo de
       2005, artículo XXXVI.‖.
                                      -0-

      Se acordó:     Acoger la solicitud anterior, en consecuencia autorizar la

inclusión de la licenciada Solís Madrigal al citado ciclo de conferencias, a fin de

que exponga el tema de ―Alimentos entre convivientes‖, el próximo 10 de octubre,

de las 13:00 a las 16:30 horas.

      El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo de

sus cargos. Se declara firme este acuerdo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

                                  ARTÍCULO LXXX

      La Secretaria General licenciada Silvia Navarro Romanini, informa que a las

15:10 horas del 28 de setiembre último, se recibió notificación de la Contraloría
                                       238

General de la República, División de Asesoría y Gestión Jurídica, sobre la

Audiencia Final y Especial, en relación al recurso de apelación interpuesto por la

firma Componentes el Orbe en contra del acto de adjudicación de la Licitación

Pública N° 1-156-05 promovida por el Poder Judicial para el arrendamiento de 750

microcomputadoras, recaída a favor de la Central de Servicios PC S.A.

      Asimismo, informa la licenciada Navarro que con oficio N° 8863-05 de 29

de setiembre, remitió copia de la notificación mencionada a la Dirección Ejecutiva,

para los efectos correspondientes.

      Se acordó: Tomar nota lo que también hará la Dirección Ejecutiva y el

Departamento de Proveeduría, para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO LXXXI

      La Secretaria General, licenciada Navarro Romanini, informa que a las

15:10 horas del 28 de setiembre último, se recibió notificación de la resolución

dictada por la Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión

Jurídica, N° R-DAGJ-635-2005 de 9:30 horas del 27de ese mes, en que declaró

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Bruno Internacional,

S.A., contra del cartel de la Licitación Pública 1-168-05 promovida por el Poder

Judicial para la compra de tóner para impresora láser (Kyocera Mita y Heclett

Packard)
                                      239

      Asimismo, informa la licenciada Navarro que con oficio N° 8864-05 de 29

de ese mes, remitió copia de la resolución mencionada a la Dirección Ejecutiva,

para los efectos correspondientes.

      Se acordó: Tomar nota lo que también hará la Dirección Ejecutiva y el

Departamento de Proveeduría, para lo de su cargo.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                ARTÍCULO LXXXII

      Con oficio N° 6741-DP/10-05 de 22 de setiembre último, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, adjunta

ejemplar del cartel o pliego de condiciones para la licitación restringida, ya

dictaminado por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, la cual

tiene por objeto la compra de cartuchos para fax canon, para su respectiva

aprobación y orden de inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación restringida indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas
                                        240

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

a)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Coadyuvar en la labor que realizan los Despachos Judiciales a través del

aprovisionamiento oportuno de los suministros necesarios para su operación, en

este caso en particular mediante la dotación de cartuchos para fax, que

corresponder a una compra nueva de equipo que recientemente se incorporó al

patrimonio institucional.

b)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:
      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº 10 del día viernes 14 de enero de 2005, específicamente en el ítem 20,

―Otros productos químicos‖, se contempló la disposición de recursos para la

presente contratación.

      Asimismo, se procedió a confeccionar la correspondiente Solicitud de

Pedido Nº 250975, con cargo a la subpartida 214 “Otros productos químicos”,

programa 929, IP = 34, FF = 01, por la suma de ¢11.500.000,00 a efecto de

atender las obligaciones que se deriven de esta compra.

c)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:
      Mediante el oficio 6450-DP-20 de fecha 12 de septiembre del año en curso,

el Lic. Primitivo Martínez Navarrete, Jefe del Proceso de Aprovisionamiento,

remite las especificaciones para la compra de cartuchos para fax Canon, diligencias
                                        241

que necesariamente se originan en los estudios previos realizados por esa

dependencia.

d)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:
      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto

que así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la

      correcta ejecución del objeto de la contratación:

      Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de

Contratación Administrativa, en el cartel del concurso se debe hacer indicación

expresa de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración

para verificar la correcta ejecución del objeto de esta contratación. Por ello, en el

anteproyecto de cartel se prevé que al Área de Ejecución Contractual del

Departamento de Proveeduría, le corresponde verificar la correcta ejecución del

objeto contractual, para lo cual se hará auxiliar del departamento técnico

competente, en este caso en particular del Proceso de Aprovisionamiento, el cual

cuenta con el personal técnico necesario para responsabilizarse de las labores de
                                         242

verificación y ejecución del contrato.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO LXXXIII

      Con oficio N° 6815-DP/10-05 de 26 de setiembre del año en curso, la máster

Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría,

adjunta ejemplar del cartel o pliego de condiciones para la licitación por registro,

ya dictaminado por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, la cual

tiene por objeto la contratación de una empresa consultora en arquitectura e

ingeniería para que realice la inspección del proyecto de reparación y

remodelación de la Plaza de la Justicia, para su respectiva aprobación y orden de

inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación por registro indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:
                                        243

e)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:
      Disponer de la asesoría profesional idónea que permita la correcta ejecución

del proyecto de reparación y remodelación del edificio de la Plaza de la Justicia.

f)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:

      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº 10 del día viernes 14 de enero de 2005, específicamente en el ítem 46,

―Para responder a la construcción de edificios en general‖, se contempló la

disposición de recursos para la presente contratación.

      Asimismo, se procedió a confeccionar la correspondiente Solicitud de

Pedido Nº 250990, con cargo a la subpartida 510 “Edificios”, programa 800, IP =

00, por la suma de ¢28.496,700,00 a efecto de atender las obligaciones que se

deriven de esta consultoría.

      Es importante mencionar, que el presupuesto para esta consultoría se realizó

con base en lo estimado en el proyecto de remodelación, el cual a la fecha no ha

sido del todo aprobado, por lo que se tomó el monto superior proyectado por el

arancel de inspección correspondiente a remodelaciones.

g)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:
      Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 66-05,

celebrada el 16 de agosto de 2005, se dispuso tramitar un nuevo procedimiento de

contratación para la ―inspección‖ de las obras, correspondiente al proyecto de
                                        244

reparación y remodelación de la Plaza de la Justicia;               diligencias que

necesariamente se originan en los estudios previos que motivan el inicio del

presente procedimiento de contratación administrativa.

h)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:
      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto

que así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la

      correcta ejecución del objeto de la contratación:

      Según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de

Contratación Administrativa, en el cartel del concurso se debe hacer indicación

expresa de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración

para verificar la correcta ejecución del objeto de esta contratación. Por ello, en el

anteproyecto de cartel se prevé que al Área de Ejecución Contractual del

Departamento de Proveeduría, le corresponde verificar la correcta ejecución del

objeto contractual, para lo cual se hará auxiliar del departamento técnico

competente, en este caso del Departamento de Servicios Generales, el cual cuenta
                                        245

con el personal técnico necesario       para responsabilizarse de las labores de

verificación y ejecución del objeto.

       El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO LXXXIV

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6679-DP/13-2005 de 20 de setiembre último, presenta la

siguiente gestión:

            ―En referencia a la Contratación Directa Nº 323-2005 denominada
       ―Contratación de Bombeo de Combustible en Cañas‖, remitimos a
       usted la documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a
       conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que
       consideren conveniente.

              Al tenor de lo dispuesto en los artículos 56 del Reglamento
       General de Contratación Administrativa vigente; marco jurídico a través
       del cual se tramitó el presente concurso, 33 y 36 del Reglamento Interno
       de Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con
       los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se
       determinó que:

       OFERTAS RECIBIDAS:

            Para este procedimiento se recibió una (1) oferta, que se detalla a
       continuación:

            1)       ACUSOL S.A. , cédula jurídica 3-101-047097-34

       ESTUDIO LEGAL

            Mediante oficio Nº 4886-DP/07-2005 de fecha 26 de julio del 2005,
       se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
                                   246

estudio del marco legal de la oferta presentada por la empresa ACUSOL
S.A.

     Como resultado de lo anterior, el licenciado Carlos Toscano Mora
Rodríguez; Jefe de la Sección de Asesoría Legal, mediante oficio Nº 1146-
DE/AL-05 de fecha 28 de julio de 2005, manifiesta lo siguiente:

―La Administración debe tener en cuenta que esta situación de oferta
única prevalece el principio de eficiencia, y el principio de igualdad no se
aplica. Al respecto, en la R-DEAJ-008-2000 de las 11:45 horas del 10 de
enero del 2000, se señala: ―Cabe explicar que esta posibilidad encontraría
sustente en la aplicación del principio de eficiencia frente a una oferta
única no sometida a régimen de competencia, pues sabemos que el límite
que encuentra este principio es el respeto a los demás principios de
contratación administrativa en relación con los otros oferentes
(principalmente el principio de igualdad). No obstante como este caso no
hay otras ofertas admitidas al concurso aparte del consorcio (...) , en la
etapa en que nos encontramos (la aplicación del sistema de evaluación)
no se violentaría ninguno de los principios de contratación administrativa
con esta acción y más bien se protegería la satisfacción del interés general
y el cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración.‖
Al amparo de lo señalado por el Órgano Contralor en los documentos de
citada (sic) y aplicando al caso concreto el principio de eficiencia, ese
Departamento de Proveeduría debe solicitar al oferente que aporte
cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta, según los
términos del cartel pliego de condiciones que reglamentó la referida
licitación. Para el suscrito, la propuesta no presenta vicios u omisiones
sustanciales que impidan ser considerada a una eventual adjudicación; no
obstante no presenta las certificaciones de personería jurídica y de
propiedad de las acciones, especialmente para determinar con la primera
de ellas las facultades que ostenta la persona firmante de la plica.‖

En virtud de lo anterior, mediante oficio Nº 5820-DP/07-2005 de fecha 25
de agosto del 2005, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio de los documentos remitidos por la empresa
ACUSOL S.A.

Como resultado de lo anterior, el licenciado Carlos Toscano Mora
Rodríguez; Jefe de la Sección de Asesoría Legal, mediante oficio Nº 1146-
DE/AL-05 de fecha 28 de julio de 2005, manifiesta lo siguiente:
                                     247

      ― Le refiero que con vista en la certificación de personería aportada, la
persona firmante de la plica no ostenta facultades para actuar en
representación de la oferente. Con base en este mismo documento, es la
señora Hannia Teresa Solís Cordero, como apoderada generalísima sin
límite de suma de ACUSOL SOCIEDAD ANÓNIMA, la que debe ratificar
los términos de la propuesta.‖

Así las cosas mediante oficio Nº 5882-DP-07-2005 del 29 de agosto se le
previno a la empresa ACUSOL S.A., lo correspondiente.

En consecuencia, la señora Hannia Teresa Solís Cordero, remite nota
autenticada en la que manifiesta que en nombre de su representada,
ratifica y avala en todos sus extremos la oferta presentada por el señor
Vinicio Acuña Solís para la contratación directa Nº 323-2005.

ESTUDIO TÉCNICO

      Mediante oficio Nº 469-UARG-2005, del 07 de junio del año en
curso, la Licda. Seidy Jiménez Bermudez, jefe de la Unidad Administrativa
Regional de Guanacaste manifiesta ―que dicha oferta se ajusta tanto en
precio, infraestructura y servicios a los requerimientos previamente
solicitados‖.

RECOMENDACIÓN

      Por las circunstancias que concurren en el presente procedimiento
de contratación y los argumentos antes expuestos, esta Proveeduría luego
de verificar la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios
suficientes en la subpartida 199 ―Otros Servicios No Personales‖,
programa 927, IP 13, según Certificación de Contenido Presupuestario Nº
904-P-2004, emitida por el Departamento Financiero Contable con fecha
29 de diciembre del 2004, se recomienda a los miembros del Consejo
Superior, que la presente contratación directa se adjudique a la oferta que
se detalla:

     A ACUSOL S.A., la contratación del Servicio de Bombeo de
Combustible para la Zona de Cañas, Guanacaste. El porcentaje a cobrar
por el servicio de bombeo será de 66,66 % del margen de
comercialización o sea ¢ 14,544 por litro servido. Cada vez que la
ARESEP varíe los márgenes de comercialización, se harán en forma
automática los ajustes respectivos en la tarifa de bombeo, de acuerdo con
                                         248

       el porcentaje cotizado.

            Para efectos fiscales esta contratación se estima en la suma anual de
       ¢ 453.772,80.

              La prestación de dichos servicios será por un período de 1 año
       prorrogable en forma automática por períodos similares hasta un máximo
       de cinco años. La presente contratación deberá dar inicio después de que
       se obtenga la aprobación de la Unidad Interna de legalidad para el
       bombeo de la gasolina súper y para el de diesel no antes del 06 de
       diciembre de 2005 fecha en la que se vence el contrato que actualmente
       está en ejecución. Demás términos y condiciones conforme al cartel y la
       oferta.‖
                                         -0-


       De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de compras del Poder

Judicial y 56 del Reglamento General de Contratación Administrativa, y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente transcrito, se dispuso: Autorizar la contratación directa N° 323-

2005 a ACUSOL S.A., para el Servicio de Bombeo de Combustible para la Zona

de Cañas, Guanacaste. El porcentaje a cobrar por el servicio de bombeo será de

66,66 % del margen de comercialización o sea ¢ 14,544 por litro servido y cada

vez que la ARESEP varíe los márgenes de comercialización, se harán en forma

automática los ajustes respectivos en la tarifa de bombeo, de acuerdo con el

porcentaje cotizado.

       Para efectos fiscales esta contratación se estima en la suma anual de
                                       249

¢453.772,80.

        La prestación de dichos servicios será por un período de 1 año prorrogable

en forma automática por períodos similares hasta un máximo de cinco años. La

presente contratación deberá dar inicio después de que se obtenga la aprobación de

la Unidad Interna de legalidad para el bombeo de la gasolina súper y para el de

diesel no antes del 06 de diciembre de 2005 fecha en la que se vence el contrato

que actualmente está en ejecución. Demás términos y condiciones conforme al

cartel y la oferta.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO LXXXV

      Con oficio N° 6511-DP/28-05 de 13 de setiembre último, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, adjunta

ejemplar del cartel o pliego de condiciones para la licitación pública, ya

dictaminado por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, la cual

tiene por objeto el Servicio de fotocopiado para el edificio de los Tribunales de

Justicia de Osa, bajo la modalidad de concesión de instalaciones públicas, para su

respectiva aprobación y orden de inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso
                                         250

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación pública indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

a)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Coadyuvar en la labor que realizan los despachos judiciales del Circuito

Judicial de Osa, mediante la contratación de             servicios de duplicación de

documentos por medio de una máquina fotocopiadora, la cual será utilizada por su

respectivo operador. Asimismo se pretende con esta contratación brindarle el

servicio de fotocopiado al público que a ellos asiste.

b)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:

      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº 10 del día viernes 14 de enero de 2005, específicamente en el ítem 15,

―Otros servicios no personales‖, se contempló la disposición de recursos para la

presente contratación.

      Mediante oficio 519-P-2005, el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, certifica la existencia de contenido
                                       251

presupuestario en la partida 1 ―Servicios no personales‖, subpartida 199 ―Otros

servicios no personales‖, del presupuesto del 2005, aprobado mediante Ley 8428,

para hacerle frente al ―Servicio de fotocopiado en los Tribunales de Justicia de

Osa‖, según el detalle siguiente:


     Programa Centro de responsabilidad           Monto
     927      09 (Unidad Reg. de la Zona          ¢240.357,00
              Sur)

a)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Con oficio N° 0983-UARZ-2005, de 11 de agosto del 2005, el Lic. Luis

Fernando Vargas Mora, Jefe de la Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur,

solicitó la elaboración del cartel respectivo para la formalización del contrato de

Servicio de Fotocopiado en los Tribunales de Justicia de Osa.

      Posteriormente, mediante oficio No. 1103-UARZ-2005, el licenciado

Vargas, establece entre otros puntos, el monto mínimo de alquiler mensual en

¢5.000,00, sin embargo debido a que el promedio mensual de fotocopias previsto

es muy bajo, se modifica el monto de alquiler mensual estableciéndolo en

¢2.300,00.

b)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de
                                        252

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto

que así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la
      correcta ejecución del objeto de la contratación:

      Según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de

Contratación Administrativa, en el cartel del concurso se debe hacer indicación

expresa de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración

para verificar la correcta ejecución del objeto de esta contratación. Por ello, en el

anteproyecto de cartel se prevé que al Área de Ejecución Contractual del

Departamento de Proveeduría, le corresponde verificar la correcta ejecución del

objeto contractual, para lo cual se hará auxiliar del departamento técnico

competente, en este caso en particular de la Unidad Administrativa Regional de la

Zona Sur, la cual cuenta con el personal técnico necesario para responsabilizarse

de las labores de verificación y ejecución del contrato.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO LXXXVI

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de
                                          253

Proveeduría, en oficio N° 6693-DP/05-05 de 23 de setiembre último, comunicó:

           ―Con la finalidad que se someta a consideración de los miembros del
       Consejo Superior, la aplicación de la multa establecida contra la empresa
       Multinegocios Internacionales América S.A. MUTIASA, cédula
       jurídica número 3-101-098063-16, representada por el señor Fernando
       Madrigal Valerio, cédula de identidad 1-288-883, por incumplir con
       estipulaciones cartelarias en la prestación de los servicios de limpieza
       para el edificio de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial
       de San José, objeto contractual de la Licitación Pública Nº 1-097-02, se
       describen los hechos que dan lugar a dicho proceso.

    1. Mediante oficio N° 5871-DP/05-05 de fecha 26 de agosto de 2005, se
       informa y concede audiencia por diez días hábiles, a la empresa
       Multinegocios Internacionales América, S.A. MUTIASA, por los
       incumplimientos que se le imputan, en la ejecución del contrato de
       referencia y que ocurrieron durante el período que va del 18 de julio al 8
       de agosto de 2005, los cuales conforman un total de 21 días. Asimismo
       se le indica el monto total de la multa a aplicar, la cual conforme a lo
       regulado en la cláusula 6.2 del cartel asciende a la suma de
       ¢2.011,518,46. Dicha cláusula estipula que se cobrará por concepto de
       multa, la suma de 0,1% hasta un máximo del 20% del monto total anual
       adjudicado, por cada día en que el adjudicatario incumpla con los
       compromisos adquiridos (por ejemplo: equipo y material incompleto o en
       mal estado, incumplimiento de horario, número de personas que prestan
       servicio inferior al ofrecido, etc.) El incumplimiento que se describe,
       según lo manifestado por la Subadministración del II Circuito Judicial en
       oficio N°1021-ADM-2005 del 12 de agosto de 2005, está referido
       específicamente a que no se realizaron las labores de jardinería, a pesar de
       que se encontraba la cantidad total de personas (33) que prestarían el
       servicio.

    2. Como respuesta de la audiencia concedida, el contratista en tiempo y
       forma, solicita se reevalúe y se estudie el caso, ya que en su criterio en
       ningún momento se incumplió con el número de personas y tampoco con
       las funciones que le contrataron, bajo los siguientes argumentos: ――...1.
       No es cierto que no se haya cubierto la cantidad de personas entre el
       período del 18-jul-2005 al 8-08-05, esto se puede demostrar con el
       informe de asistencia mutiasa de julio, elaborado por Ana Katalina
       Baudrit Vargas, Auxiliar Administrativo de los Tribunales de
       Goicoechea, y en el control de marcas siendo el promedio de empleados
                                        254

      diarios de este período de 33.16. 2. Para demostrar que el servicio se a
      dado como lo indica la cláusula 2.3 del cartel, la cual indica: “Para el
      servicio se requieren como mínimo 33 personas, distribuidos de la
      siguiente forma: 30 personas para cubrir correctamente los servicios de
      limpieza, una persona que supervise el personal; una persona para que
      atienda los servicios de jardinería; estas personas deberán prestar su
      servicio de lunes a viernes y una persona, que atienda las labores de
      limpieza del lobby, pasillo, servicios sanitarios, Juzgado de Violencia
      Doméstica y Juzgado de Turno Extraordinario de los días sábados y
      domingos.” Se adjunta fotocopia de las hojas de marcas manejado por
      Mutiasa e informe de asistencia mensual elaborado por el Poder
      Judicial. Así como fotografías tomadas el 26 de agosto del 2005, de las
      zonas verdes a las cuales se le da mantenimiento, lo cual comprueba que
      el servicio se ha venido prestando...”

 3. Con oficio N°6469-DP/05-05, el día 12 de setiembre de 2005, se remitió
    la respuesta obtenida por MUTIASA, a la Administración del II Circuito
    Judicial de San José, ante el cual se obtuvo la siguiente manifestación,
    suscrita por el Lic. Fernando Retana Bejarano, Subadministrador: “En
    respuesta a oficio No. 6469-DP/05-05, se reitera lo expuesto en los
    oficios 971-ADM-05 y 1021-ADM-05 de esta Administración, donde se
    comunicó que la labor de jardinería no se realizó en el edificio por parte
    de Mutiasa, en el periodo(sic) indicado, como lo establece el contrato, no
    obstante que se contaba con las 33 personas.”

 4.             Si bien, la empresa Multinegocios Internacionales América, S.A.
      MUTIASA. responde en tiempo, de los puntos que argumenta, se debe
      rebatir, del fondo del asunto lo siguiente:

4.1 Dentro de sus argumentos, el contratista manifiesta que no es cierto, que
    no se haya cubierto la cantidad de personas en el período indicado,
    aspecto que se entiende fue mal interpretado por el contratista, en vista de
    que este hecho no se está refutando desde ningún punto de vista, sino que
    lo indicado en el oficio de marras es que en la cláusula 2.3 del pliego de
    condiciones, en su contenido especifica que dentro de las 33 personas
    requeridas, una de ellas, deberá necesariamente atender los servicios de
    jardinería y se le recordó que por el solo hecho de presentar oferta, se
    entiende que ésta es una manifestación inequívoca de contratar con pleno
    sometimiento a las condiciones y especificaciones cartelarias; además,
    que su oferta fue específica al indicar que prestaría el ―Servicio de
    Mantenimiento de Jardines y zonas verdes...‖ Asímismo, se le reitera que
                                         255

     la cláusula 3.7 del mismo cuerpo normativo, es clara al indicar que debe
     contar con suficiente personal para suplir al existente y para este caso
     específico, a pesar de que el personal estaba completo, la labor de
     jardinería no se realizó, ya que quien sustituyó al jardinero, no realizó las
     funciones de establecidas.

4.2 En cuanto a la prueba aportada, las marcas y el informe de asistencia
    mensual, no resultan en beneficio del contratista, ya que no es un aspecto
    que la Administración esté cuestionando. En relación con las fotografías,
    como prueba de que el mantenimiento de jardines se llevó a cabo, algunas
    de ellas están borrosas y no existe prueba técnica que demuestre la fecha
    exacta en la que fueron tomadas. Además, Multinegocios Internacionales
    América, S.A., MUTIASA, manifiesta que la toma fue el 26 de agosto de
    2005, fecha posterior a los incumplimientos, motivo por el cual tampoco
    resultan ser documento de peso que establezca un hecho diferente al que
    se le imputa.

4.3 Por otra parte, el día 23 de setiembre, el Lic. Fernando Retana Bejarano,
    Subadministrador del II Circuito Judicial de San José, indica mediante
    correo electrónico que a pesar de que se contó con las 33 personas, la
    labor de jardinería, no se efectuó, indica que esta comprende tareas como
    atención de macetas del edificio, recordar césped, poder árboles,
    recolección de hojas en el césped, abonar, fumigar y riego, la labor de
    jardinería, representa por día aproximadamente un 95% el otro 5% de la
    función lo consiste, en la limpieza de aceras y sacar basura dos veces por
    semana.

4.4 Dentro del documento mediante el cual, responde la audiencia concedida,
    Multinegocios Internacionales América, S.A., no se pronuncia sobre el
    cálculo de la multa, sino que solicita únicamente que antes de aplicarla,
    se reevalúe y estudie el caso, acto ya realizado en esta resolución, lo que
    implica una renuncia a la posibilidad de alegar y aportar pruebas de
    descargo en cuanto al monto, y por tanto, la conformidad de la contratista
    con lo que, en virtud del incumplimiento, resuelva la Administración.

             De conformidad con lo anteriormente expuesto se puede concluir,
     que a pesar de que el Contratista, respondió la audiencia concedida para
     la aplicación de la multa, sus argumentos y prueba, no aporta información
     ni evidencia que pueda variar la condición de los incumplimientos
     cometidos por la empresa y por ende la eliminación de la aplicación de la
     multa. Así las cosas, se recomienda aplicar la multa de ¢2.011.518,46
                                          256

       (dos millones, once mil quinientos dieciocho colones, con cuarenta y seis
       céntimos), a la empresa Multinegocios Internacionales América, S.A.
       MUTIASA, suma obtenida al multiplicar el monto anual adjudicado de
       ¢95.786.593,50 por el 0,1% por los 21 días durante los cuales se dieron
       los incumplimientos, descritos en el oficio N° 5871-DP/05-05. En este
       orden de ideas, si ese estimable Consejo Superior, estima conveniente,
       aplicar la multa descrita, el monto total deberá ser depositado en la cuenta
       corriente judicial N° 20192-8 del Banco de Costa Rica, denominada
       ―Contaduría Judicial‖, una vez realizado, deberá remitir copia del
       comprobante del depósito al Departamento Financiero Contable y
       Proveeduría Judicial, para acreditarlo en el expediente respectivo. De no
       ejecutar el depósito, según la cláusula 6.3 del cartel, correspondería al
       Departamento Financiero Contable, el rebajo de los saldos pendiente de
       pago.
              La contratista puede ser notificada al fax: 257-6678.

             Se adjunta el expediente respectivo.‖
                                          -0-
      De conformidad con lo expuesto, se acordó: Acoger la recomendación

anterior y aplicar una multa de ¢2.011.518,46 (dos millones, once mil quinientos

dieciocho colones, con cuarenta y seis céntimos), a la empresa Multinegocios

Internacionales América, S.A. MUTIASA, suma obtenida al multiplicar el monto

anual adjudicado de ¢95.786.593,50 por el 0,1% por los 21 días durante los cuales

se dieron los incumplimientos, descritos en el oficio N° 5871-DP/05-05. El monto

total deberá ser depositado en la cuenta corriente judicial N° 20192-8 del Banco de

Costa Rica, denominada ―Contaduría Judicial‖. Deberá posteriormente remitir

copia del comprobante del depósito al Departamento Financiero Contable y

Proveeduría Judicial, para acreditarlo en el expediente respectivo. De no ejecutar

el depósito, según la cláusula 6.3 del cartel, correspondería al Departamento
                                          257

Financiero Contable, el rebajo de los saldos pendientes de pago.

                              ARTÍCULO LXXXVII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6692-DP/05-05 de 20 de setiembre último, comunicó lo

siguiente:

          ―Con la finalidad que se someta a consideración de los miembros del
       Consejo Superior, la aplicación de la multa establecida contra la empresa
       Seguridad Alfa, S.A., cédula jurídica número 3-101-174285,
       representada por el señor William Benavides López, cédula de identidad
       2-427-044, por incumplir con las estipulaciones cartelarias y el contrato
       N°38-CG-03, en la prestación de los servicios de Vigilancia para el
       edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago, objeto contractual de la
       Licitación Pública Nº 1-107-03, se describen los hechos que dan lugar a
       dicho proceso.

    3. Mediante oficio N° 6279-DP/05-05 de fecha 6 de setiembre de 2005, se
       informa a la empresa Seguridad Alfa, S.A., de los incumplimientos, que
       se le imputan y los días en que ocurrieron, los cuales conforman un total
       de 148 días naturales, así como el monto total de la multa a aplicar, la
       cual según la cláusula G.38 del pliego de condiciones, asciende a la suma
       de ¢861.161,68 la cual estipula que se cobrará por concepto de multa, la
       suma de 0,1% hasta un máximo del 25% del monto total anual
       adjudicado, por cada día en que el adjudicatario incumpla con los
       compromisos adquiridos (por ejemplo: equipo incompleto o en mal
       estado, servicio prestado por personas no autorizadas, etc.)            El
       incumplimiento que se describe, se refiere a personal que ha estado
       laborando sin autorización del Departamento de Seguridad del Poder
       Judicial, por falta de documentos, del 20 de enero al 25 de febrero del
       2005, el día 17 de abril de 2005 y del 21 de abril 8 al de agosto de 2005.
       En este sentido, se le recordó a la empresa que las cláusulas E-16, E-29,
       E-32, del pliego de condiciones, establecen que antes de que el contrato
       entre en vigencia, el adjudicatario debe proporcionar al Departamento de
       Seguridad, una lista del personal que será destacado en cada puesto,
       incluyendo currículun con fotografía reciente, dirección y datos
       personales, permiso de portación de armas, carné de aprobación del curso
                                        258

     sobre manejo de armas, carné de inscripción de la Dirección de Servicios
     Privados de Seguridad e informar de los cambios de personal que se
     hagan y de las razones de despido que se produzcan, también que el
     personal debe ser fijo y que sólo se aceptarán cambios ocasionales previa
     solicitud y justificación, por escrito, de la gerencia de la empresa, con
     base en un banco de datos de personal sustituto que deberá estar siempre
     actualizado y debidamente recibido por el Departamento de Seguridad.
     Asimismo, indica que el sustituto deberá contar los mismos requisitos que
     el personal fijo y que la documentación, deberá ser aportada al
     Departamento de Seguridad para su estudio y evaluación, de previo a que
     los oficiales de seguridad asuman los puestos, así como en las posteriores
     sustituciones del personal que brindará los servicios.

4.            Como respuesta a la audiencia concedida, en nota recibida el 24
     de junio, el representante de la empresa Seguridad Alfa, S.A., manifestó:

     “De la manera más atenta por medio de la presente nota y con relación
     al oficio número 3279(sic)-DP/05-05 con fecha del 06 de setiembre del
     2005 sobre las inconsistencias a las que hace mención esta
     Administración en la prestación de servicios de Seguridad y Vigilancia, y
     por razón de la audiencia concedida; dentro de tiempo y forma
     manifiesto lo siguiente:

              Como bien indica esta Administración Seguridad Alfa presentó el
     día 25 de febrero del año 2005 los curriculums(sic) de los Oficiales
     destacados en los Tribunales de Justicia de Cartago en la forma en que
     especifica   en el Contrato y en el Cartel, conociendo nuestras
     obligaciones como empresa Contratista, sustituimos a uno de los
     oficiales ya que este no poseía todos los requisitos Contractuales y
     Cartelarios para la presentación(sic) del Servicio; lo anterior en aras de
     dar un servicio con todos los requerimientos establecidos por esta
     Administración y apego a las cláusulas pactadas.

              El 21 de abril del presente año se aporta el currículum vitae del
     Oficial Heiner Cordero Navarro del cual el 28 de agosto nos previenen
     la(sic) faltante; le manifestamos a esta Administración que dicho oficial
     posee todos los requisitos para estar destacada(sic) en el puesto en
     mención, únicamente (sic) ha existido una divergencia en el requisito de
     el(sic) certificado de el(sic) examen psicológico en cuanto a los apellidos
     del cual le reconocemos a esta autoridad nos ha costado un poco
     corregir pero ya realizamos las gestiones del caso por lo que
                                  259

aportaremos la siguiente semana un detalle de los documentos
solicitados. Indicamos que todas las sustituciones de oficiales que se han
realizado ha sido con la finalidad de cumplir con los requisitos de
curriculums(sic) de los oficiales y así designar personal debidamente
capacitado para brindar la vigilancia en esta empresa.

         Reconocemos que quizás no ha existido una coordinación más
ágil con la Administración de los Tribunales de Justicia de Cartago en
cuanto a la asignación de los oficiales, pero le indicamos a la
Administración que no hemos incumplido en cuanto a los requisitos que
se establecieron en la contratación para los oficiales de Seguridad. Los
señores: Heiner Cordero Navarro, Roberto Ojeda Palacios y Alexander
Sánchez Suárez, son oficiales que poseen toda la formación necesaria y
requerida y los atestados que solicitó esta Administración para el puesto
de los Tribunales de Justicia de Cartago.

         Nos comprometemos en lo sucesivo mejorar la forma de
informar y actualizar a esta Administración sobre los nombramientos de
personal, de mantener una coordinación y comunicación constante con
este Departamento de Proveeduría con la finalidad de dar un servicio
eficiente y de calidad, meta que se ha propuesto Seguridad Alfa desde el
momento de iniciar operaciones en esta institución.

        Le indicamos que para presente semana aportaremos a esta
Administración los curriculums(sic) debidamente actualizados a la fecha
del personal destacado en el puesto en mención con el fin de (sic)
corroboren dicha información, verifiquen los atestados y así se
compruebe la veracidad de la manifestación hecha ya que reiteramos; de
que todos los oficiales cumplen los requisitos, así se mantendrá
debidamente actualizada la base de datos como bien se estableció en el
Contrato.

       Reiteramos nuestro interés de satisfacer a la presente
Administración y de dar un servicio de excelencia con un total
cumplimiento a las cláusulas contractuales pactadas.

         Como bien sabe esta administración el servicio de seguridad que
se les ofrece en cuanto al desempeño de los oficiales se ha sujetado a
todas las especificaciones cartelarias; hemos cumplido a cabalidad en
cuanto a la prestación de vigilancia seguridad propiamente.
Consideramos pues que las (sic) no son suficientes las inconsistencias a
                                        260

      las que hace mención la nota relacionada para esgrimir incumplimiento
      contractual; ya que han sido quizás debilidades y falta de coordinación
      con la Administración lo que se ha presentado más no incumplimiento;
      hemos presentado para servicio de todos los oficiales en el tiempo
      necesario para que la Administración autorice y se ha aportado personal
      calificado para el puesto.

               Reiteramos que los oficiales se han desempeñado en sus puestos
      de la forma correcta y según los lineamientos dados por esta
      Administración, pero garantizamos que en lo sucesivo se hará una
      observancia directa y una revisión a los puestos de esta Contratación con
      la finalidad de que se realicen todas las labores en la forma en que
      determine esta institución para una correcta ejecución de nuestras
      labores además de que las gestiones administrativas de nuestra empresa
      así como la comunicación con la Administración se fortalecerá en aras
      de que la presente contratación se lleve a cabo a satisfacción de la
      Administración.

               Reiteramos nuestra anuencia de cooperar con esta
      Administración en las gestiones que considere pertinentes sobre toda la
      situación acontecida y sobre el presunto incumplimiento contractual; por
      lo que seguimos a su entera disposición, además cumpliremos con lo
      estipulado por la Administración y seguiremos realizando las labores que
      desempeña esta empresa de Seguridad con la mayor eficiencia,
      solicitamos a la presente administración reconsiderar la aplicación de
      sanciones a nuestra empresa y además manifestamos que(sic) lo sucesivo
      seguiremos cumpliendo con el Contrato...”

5.            Si bien, la empresa Seguridad Alfa, S.A. responde en tiempo, de
      los puntos que argumenta, se debe rebatir del fondo del asunto lo
      siguiente:

3.1            En cuanto a los currículums (sic) de los oficiales, tal como está
      en el pliego de condiciones en las cláusulas E-29, ésta documentación
      debió haberse aportado completa desde el inicio del contrato (setiembre
      del 2003) y no esperar a que la Administración lo requiriera, ya que era
      un compromiso adquirido desde la propia presentación de la oferta, sin
      embargo, aún y cuando aportaron los currículums (sic), los aportaron con
      faltantes de documentos, ante lo cual el Departamento de Seguridad, tal
      como se indicó en el oficio 6279-DP/05-05, tuvo que estar reiterando la
      necesidad de los mismos, para poder autorizar que los agentes de
                                         261

      seguridad laboren y, hasta la fecha, algunos de estos documentos no han
      sido aportados por parte de la contratista.

3.2            El hecho de establecer el aporte de la documentación indicada
      para los agentes de seguridad, de previo a que estos inicien labores en el
      Poder Judicial, además de haber sido establecido desde el cartel y
      aceptado por el contratista de conformidad al ofertar y comprometerse a
      cumplir con las especificaciones técnicas, aspecto que lo llevó a ganar el
      proceso de licitación, puesto que si hubiera manifestado en su
      oportunidad que no podría cumplir con estos requisitos, obviamente, no
      hubiera ganado el concurso; está fundamentado en la salvaguarda del bien
      jurídico protegido; el cual es la vida y las posesiones, tanto de los
      usuarios, como de la Administración misma.

             Así las cosas, no resulta suficiente para esta Administración el sólo
      dicho de que son oficiales que cuentan con los requisitos establecidos en
      el cartel, si no logra demostrarlo y de forma previa a que laboren en el
      Poder Judicial, tal como estaba regulado, ya que cualquiera puede sufrir
      situaciones de crisis que repercutan en la seguridad de las demás personas
      y si no posee un examen psicológico actualizado o por ejemplo una
      portación de carné al día, no garantiza a la Administración, el haber
      procurado la mejores condiciones en la prestación del servicio. En este
      sentido, el contratista manifiesta que la falta del examen psicológico y
      otros documentos, son ―quizás debilidades‖ y falta de coordinación,
      inconsistencias, que a su criterio, no son suficientes para la aplicación de
      la multa. No obstante, es claro para esta Administración que la ausencia
      de cualquiera de estos requisitos, representa un eminente peligro para la
      seguridad, tanto de las personas como de su patrimonio y el de los
      usuarios. Precisamente a esto se deben las exigencias establecidas en el
      cartel y aceptadas por el contratista al suscribir el acuerdo contractual,
      aspectos que gestaron la creación de la cláusula penal en todos sus
      extremos y la aplicación de la multa indicada. No se trata de
      coordinación o de comunicación más ágil con la Administración, se trata
      de prueba documental que demuestre y asegure a la Administración, la
      aptitud de los agentes de seguridad que coloca a laborar dentro del Poder
      Judicial.

3.3           El propósito de enmienda que menciona, no lo exime del
      incumplimiento ya acaecido, razón por la cual sigue siendo aplicable la
      multa indicada y como en el contexto del documento, mediante el cual
      responde la audiencia concedida, Seguridad Alfa, S.A., no se pronuncia
                                          262

       sobre el cálculo de la multa, sino que únicamente solicita reconsiderar su
       aplicación, acto ya razonado en el presente documento, implica una
       renuncia a la posibilidad de alegar y aportar pruebas de descargo en
       cuanto al monto, y por tanto, la conformidad de la contratista con lo que,
       en virtud de los incumplimientos, resuelva la Administración.

                De conformidad con lo anteriormente expuesto se puede
       concluir, que a pesar de que el Contratista, aportó su respuesta a la
       audiencia concedida para la aplicación de la multa, sus argumentos, no
       aportan información ni prueba que pueda variar la condición de los
       incumplimientos cometidos por la empresa y por ende la eliminación de
       la aplicación de la multa, así las cosas, se recomienda aplicar la multa de
       ¢861.161,68 (ochocientos sesenta y un mil ciento sesenta y un colones,
       con sesenta y ocho céntimos), a la empresa Seguridad Alfa, S.A., suma
       obtenida al multiplicar el monto anual adjudicado de ¢5.818.664,04 por el
       0,1% por los 148 días durante los cuales se dieron los incumplimientos,
       descritos en el oficio N° 6279-DP/05-05. En este orden de ideas, si ese
       estimable Consejo Superior, estima conveniente, aplicar la multa descrita,
       el monto total deberá ser depositado en la cuenta corriente judicial N°
       20192-8 del Banco de Costa Rica, denominada ―Contaduría Judicial‖.
       Una vez realizado, deberá remitir copia del comprobante del depósito al
       Departamento Financiero Contable y Proveeduría, para acreditarlo en el
       expediente respectivo. De no ejecutar el depósito, según la cláusula G-39
       del cartel, correspondería al Departamento Financiero Contable, el rebajo
       de los saldos pendiente de pago.

             La contratista puede ser notificada al fax: 258-1678 ó 258-6596.

             Se adjunta el expediente respectivo.‖.
                                          -0-
      Se acordó: Acoger la recomendación anterior, en consecuencia aplicar a la

empresa Seguridad Alfa, S.A. una multa de ¢861.161.68 (ochocientos sesenta y un

mil ciento sesenta y un colones con sesenta y ocho céntimos) suma obtenida al

multiplicar el monto anual adjudicado de ¢5.818.664,04 por el 0,1% por los 148

días durante los cuales se dieron los incumplimientos, descritos en el oficio N°
                                         263

6279-DP/05-05. La citada empresa deberá depositar el monto total en la cuenta

corriente judicial N° 20192-8 del Banco de Costa Rica, denominada ―Contaduría

Judicial‖.   Posteriormente remitirá copia del comprobante del depósito a los

Departamentos d Financiero Contable y Proveeduría, para acreditarlo en el

expediente respectivo. De no ejecutar el depósito, según la cláusula G-39 del

cartel, el Departamento Financiero Contable, rebajará de los saldos pendientes de

pago.

                              ARTÍCULO LXXXVIII

        La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6776-DP/05-05 de 23 de setiembre último, comunicó lo

siguiente:

               ―…con el fin de que no se prorrogue el contrato N° 86-CG-01
         suscrito con el señor Alberto Mesén Madrigal, representante de la
         empresa Estación de Servicio San Juan, S. A., que presta los servicios
         de bombeo de combustible a los vehículos del Poder Judicial en la zona
         de Puriscal, por surgir nuevas necesidades administrativas, me permito
         detallar los pormenores que sustentan dicha petitoria.

         ANTECEDENTES:

   1. Mediante contrato N°86-CG-01 se negoció en setiembre de 2001, la
      prestación de ―Servicios de Bombeo de combustible entre el Poder
      Judicial y Estación de Servicio San Juan S.A.―, el cual tiene como
      vencimiento el 10 de diciembre de 2006.

   2. Este contrato en su cláusula decimacuarta establece que el plazo es de un
      año, a partir de su suscripción y que podrá ser prorrogado
      automáticamente por períodos iguales hasta por un máximo de cinco
                                         264

       años, si el Poder Judicial no comunica por escrito al contratista con tres
       meses de antelación su propósito de ponerle fin, no obstante, antes del
       plazo pactado, por razones de oportunidad o conveniencia, podrá finalizar
       el contrato, sin responsabilidad de su parte, siempre que lo comunique al
       contratista con un mes de anticipación. En este caso del contrato N°86-
       CG-01 el año en que se encuentra vigente vence el 10 de diciembre de
       2005.

   3. Actualmente, se encuentra en trámite el proceso de contratación directa
      N° 467-2005, para el servicio de bombeo de combustible para la zona de
      Puriscal, el cual está en etapa de adjudicación. Esto en virtud de que la
      flotilla de vehículos se renovó, por lo que cambió el tipo de combustible
      de diesel a gasolina super y cantidad de combustible utilizado, se
      incrementó en más de un 50%

       RECOMENDACIÓN:

              Así las cosas, se recomienda, por las razones antes mencionadas,
       no prorrogar la vigencia de éste contrato. Debido a la necesidad
       imperante en la prestación de este servicio, de aprobarse esta
       recomendación, la fecha exacta para el finiquito del mismo deberá quedar
       sujeta a que la Administración haya tramitado, suscrito y obtenido el
       refrendo del nuevo contrato que reemplace estos servicios, no obstante,
       con el fin de dar cumplimiento a la cláusula decimacuarta del cartel, se
       hace necesario comunicar al oferente que el contrato no continuará.‖
                                         -0-
      Se acordó: 1) Acoger la recomendación anterior, en consecuencia no

prorrogar la vigencia del contrato No. 86-CG-01 suscrito con el señor Alberto

Mesén Madrigal, representante de la empresa Estación de Servicio San Juan S.A.

2) Debido a la necesidad imperante en la prestación de este servicio, la fecha

exacta para el finiquito de éste queda sujeta a que la Administración haya

tramitado, suscrito y obtenido el refrendo del nuevo contrato que reemplace estos

servicios. 3) Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula decimacuarta del cartel,
                                           265

se hace del conocimiento del oferente que el contrato no continuará. Se declara

firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO LXXXIX

        La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6764-DP/05-05 de 23 de setiembre último, comunicó lo

siguiente:

         ―…con el fin de que no se prorrogue el contrato N°84-CG-01 suscrito
         con el señor Raúl Aspurú, representante de la empresa Corporación
         Gasolinera del Norte, S. A., que presta los servicios de bombeo de
         combustible a los vehículos del Poder Judicial de la zona de Cañas,
         Guanacaste, por surgir nuevas necesidades administrativas, me permito
         detallar los pormenores que sustentan dicha petitoria.

         ANTECEDENTES:

   4. Mediante contrato N° 84-CG-01 se negoció en diciembre del 2001, la
      prestación de ―Servicios de Bombeo de combustible entre el Poder
      Judicial y Gasolineras del Norte―, el cual tiene como vencimiento el 6 de
      diciembre de 2006.

   5.    Este contrato en su cláusula decimacuarta establece que el plazo es de un
         año a partir de su suscripción y que podrá ser prorrogado
         automáticamente por períodos iguales hasta por un máximo de cinco
         años, si el Poder Judicial no comunica por escrito al contratista con tres
         meses de antelación su propósito de ponerle fin, no obstante, antes del
         plazo pactado, por razones de oportunidad o conveniencia, podrá finalizar
         el contrato, sin responsabilidad de su parte, siempre que lo comunique al
         contratista con un mes de antelación. En este caso del contrato N° 84-
         CG-01 el año en que se encuentra vigente vence el 6 de diciembre de
         2005.

   6. Actualmente, a solicitud del administrador de la zona, se encuentra en
      trámite el proceso de contratación directa N° 323-2005, para el servicio
      de bombeo de combustible en la zona de Cañas que contempla el bombeo
                                          266

       tanto de diesel como gasolina súper, (para este momento se encuentra en
       etapa de adjudicación), ya que el contrato actual establece únicamente el
       bombeo de diesel, todo en procura de mejorar el servicio y el control
       correspondiente, puesto que se mantendrá concentrado en una sola
       Estación de Servicio. Además, porque no resulta posible la ampliación
       del contrato actual hasta un cincuenta por ciento, debido a que la cantidad
       de combustible que se necesita incrementar, supera en más de un 100%
       del consumo fijado en el contrato N° 84-CG-01.

       RECOMENDACIÓN:

              Así las cosas, por conveniencia institucional, se recomienda no
       prorrogar la vigencia del contrato mencionado. Además, debido a la
       necesidad imperante en la prestación de este servicio de incorporar el
       bombeo de otro tipo de combustible y no ser procedente su ampliación
       hasta en un cincuenta por ciento, de aprobarse esta recomendación, la
       fecha exacta para el finiquito del mismo, deberá quedar sujeta a que la
       Administración haya tramitado, suscrito y obtenido el refrendo del nuevo
       contrato que reemplace estos servicios, no obstante, con el fin de dar
       cumplimiento a la cláusula decimacuarta del cartel, se hace necesario
       comunicar al oferente que el contrato no continuará.‖
                                          -0-
      En razón de lo expuesto, y por conveniencia institucional, se acordó: 1)

Acoger la recomendación anterior, en consecuencia no prorrogar la vigencia del

contrato N° 84-CG-01 suscrito con el señor Raúl Aspurú, representante de la

empresa Corporación Gasolinera del Norte, S. A.. 2) Debido a la necesidad

imperante en la prestación de este servicio de incorporar el bombeo de otro tipo de

combustible y no ser procedente su ampliación hasta en un cincuenta por ciento, la

fecha exacta para el finiquito de éste, queda sujeta a que la Administración haya

tramitado, suscrito y obtenido el refrendo del nuevo contrato que reemplace estos

servicios. 3) Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula decimacuarta del cartel,
                                          267

se comunica al oferente que el contrato no continuará. Se declara firme este

acuerdo.

                                    ARTÍCULO XC

      Con instrucciones del señor Presidente de la Corte, Magistrado Mora, la

Secretaría General de la Corte, solicitó a la Dirección Ejecutiva, rendir un informe

detallado de lo actuado por la administración en relación con el tema de la

―construcción de rampas y acceso para personas con movilidad reducida‖, por el

plazo determinado, según lo indicó el artículo publicado en el periódico AL DÍA,

el 25 de agosto del año en curso.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7522-

DE-05 de 27 de setiembre último, en atención a lo anterior, comunicó:

              ―…hago de su conocimiento que existe un equipo de trabajo en
       materia de discapacidad, el cual esta conformado por servidores de los
       diferentes ámbitos del Poder Judicial y coordinado por la Magistrada
       Anabelle León Feoli.

              La labor inicial de este equipo de trabajo fue elaborar un
       diagnóstico de las acciones concretas que al amparo de la Ley 7600 se ha
       implementado a nivel institucional. Posteriormente se va trabajar en
       determinar las acciones pendientes de realizar, el establecimiento de
       lineamientos generales de lo que debería ser una política institucional, la
       construcción de una página web que recoge toda la información de
       interés en materia de discapacidad, la que se tiene previsto ponerla a
       disposición de los usuarios, el 3 de diciembre próximo ―Día Internacional
       de Personas con Discapacidad‖.‖
                                          -0-
      Se acordó: Tomar nota del informe anterior. Comunicar a la Dirección
                                           268

Ejecutiva, que resulta conveniente que este tema se solucione prontamente y

analice la construcción de una rampa de acceso para personas con discapacidad, en

el edificio de Tribunales de Cartago.

                                   ARTÍCULO XCI

      En sesión N° 62-05 celebrada el 11 de agosto del año en curso, artículo

XCII, se trasladó a la Dirección Ejecutiva, la solicitud del señor Fiscal General de

la República, que dice:

             ―La Sala III de la Corte Suprema de Justicia se encuentra saturada
       de trabajo, debido a la anormal y desnaturalizada orientación que ha
       tomado el recurso de revisión por violación al debido proceso, con lo que
       se puede prever el colapso del sistema de administración de justicia penal
       en el corto plazo, o en su defecto el crecimiento y encarecimiento
       desmedidos de las planillas de jueces, fiscales y defensores públicos.
              En el mes de junio los fiscales de la Unidad de Casación Penal,
       adscrita a la Fiscalía General de la República, debieron contestar –según
       me han informado- casi cuatrocientas audiencias escritas, amén de
       atender las vistas de casación y revisión. Esto ha motivado que, para
       colaborar con las vistas, se incluyera en el rol a otros fiscales, tanto de la
       Fiscalía General como de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y
       Corrupción.
              Sin embargo, el personal administrativo es mínimo y no hay
       posibilidad de asignar más. Así las cosas, con el fin de obtener el mayor
       rendimiento de los recursos humanos y tecnológicos, solicito conceder
       una dirección electrónica a la Unidad de Casación Penal del Ministerio
       Público, y a la vez disponer que toda sentencia (integral) dictada por el
       Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de San José, así como el acta de
       debate correspondiente, sean enviadas a dicha dirección electrónica el
       mismo día de la lectura integral de la sentencia.
               Con esto se ahorrará el tiempo del auxiliar que no se verá obligado
       a asistir al Tribunal de Juicio a obtener copias, con el consiguiente ahorro
       de papel y tinta, pues los fiscales podrán trabajar con los documentos
       digitalizados.
                                         269

              No omito manifestar que he tratado el tema con el Presidente de la
       Comisión de Asuntos Penales, Magistrados José Manuel Arroyo
       Gutiérrez, quien no ha objetado la idea; así como con el Director
       Ejecutivo del Poder Judicial, licenciado Alfredo Jones, quien me
       manifestó su acuerdo en abrir la dirección electrónica para la Unidad de
       Casación Penal.‖
                                         -0-
      El licenciado Alfredo Jones, León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7483-

DE-2005 de 27 de setiembre último, en cumplimiento del citado acuerdo, informa

que la Unidad de Casación Penal posee una cuenta de correo electrónico bajo el

nombre de ―Unidad Especializada de Casación‖ (ue_casación@poder.go.cr).

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                 ARTÍCULO XCII

      En sesión N° 58-05 celebrada el 28 de julio del año en curso, artículo LVIII,

dispuso trasladar a la Dirección Ejecutiva, a fin de que tomara las medidas

pertinentes, tendentes a buscar una pronta solución a los problemas que cita el

licenciado Juan José González López, Juez Coordinador interino del Juzgado

Penal de Pavas, a saber:

       ―...Para el mes de agosto próximo este Juzgado se estará trasladando de
       casa y tenemos varios inconvenientes: el equipo de cómputo con el que se
       cuenta actualmente está muy deteriorado, dificulta el trámite tanto de los
       jueces como de los auxiliares. Para la realización de las audiencias, sean
       estas preliminares o conciliaciones se debe esperar un tiempo para el
       equipo ―cargue‖ y muchas veces hemos tenido que reiniciar porque de un
       momento a otro queda la pantalla en blanco. Asimismo, la conexión en
       red del equipo informático es de suma importancia y más aún la
       instalación de la INTRANET, no como un lujo propio de esta incipiente
                                          270

       modernización, sino como una necesidad de consulta que bien se
       reflejaría en nuestras tareas diarias.
            Por otro lado se cuenta con solo una línea telefónica, lo que atrasa el
       buen servicio que se le pueda brindar al público, pues se debe esperar a
       que diez personas que laboran en este Despacho lo utilicen sea para
       llamadas de testigos, imputados, citas u otros.
             De igual manera contamos con una gran cantidad de expedientes
       archivados de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005,
       y el Archivo Judicial no ha podido recibir una remesa, dado que por
       desperfectos del equipo con el que contamos actualmente toda la
       información que se había digitado al respecto se borró, por lo que
       solicitamos nos ayuden en este aspecto, y se nos facilite una o varias
       personas que puedan ayudar a remesar dichos expedientes bien canalizar
       el pago de horas extras a los funcionarios de este Juzgado para realizar la
       misma, dado que durante la jornada ordinaria verdaderamente se torna no
       difícil sino imposible cumplir con esa labor.
             Los tres puntos anotados anteriormente son de suma urgencia, para
       el buen funcionamiento del Juzgado, pues tanto el equipo de computo, el
       servicio telefónico y la remesa son indispensables para poder brindar un
       servicio de calidad a las personas que lo solicitan y no cargar al otro
       recinto al que nos trasladaremos próximamente con los problemas que a
       la fecha enfrentamos, viéndose en consecuencia que los usuarios no
       podrían ser tratados con la agilidad que se requiere o que lo exige la
       modernización del Poder Judicial de los que muchos hacen gala.‖

                                          -0-
      El licenciado Alfredo Jones, León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7509-de-

2005 de 27 de setiembre último, en cumplimiento del acuerdo anterior, informó:

       ―..hago de su estimable conocimiento que a través de oficio N° 4961-DE-
       2005 del primero de julio del presente año, se entregó 3
       microcomputadoras categoría ―A‖ para uso de esa Oficina Judicial.
            Por otra parte, se refiere el licenciado González López que se hace
       necesario la instalación de INTRANET, al respecto en consulta realizada
       al ingeniero Marco Barboza Roldán, Jefe de la Sección de Soporte
       Técnico, no es posible instalar esta herramienta tecnológica dado que no
       se cuenta con conexión a red.
                                           271

             Por último, en relación a la solicitud de otra línea telefónica para uso
       de esta oficina Judicial. Mediante oficio N° 7513-DE-2005 del presente
       día, se esta indicando al Departamento de Tecnología de la Información la
       adquisición de la línea telefónica para el citado despacho.‖
                                           -0-
      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                  ARTÍCULO XCIII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6793-DE/10-05 de 23 de setiembre último, comunicó:

            ―Mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión 70-05, celebrada
       el 06 de septiembre de 2005, artículo LXXVIII, se dispuso autorizar la
       ampliación de la Licitación Pública N° 1-082-01, denominada
       ―Contratación de servicios de limpieza y jardinería del Complejo Forense
       ubicado en San Joaquín de Flores‖.

            Se indicó el número de contrato como 81-CG-01, sin embargo, lo
       correcto es 80-CG-01; por otra parte, si bien, el horario de servicio de los
       nuevos puestos indicado en el contexto de la recomendación fue de las 7:30
       a 12:30 y de las 13:00 a la 17:00 horas, lo cierto es que en la
       recomendación final se indicó de las 7:30 a 13:30, siendo lo correcto de las
       7:30 a las 12:30 para la primera parte de la jornada como inicialmente se
       indicó, por lo tanto se solicita modificar el acuerdo, en estos dos aspectos.‖
                                           -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia modificar el

acuerdo de referencia, en el sentido que el número de contrato es 80-CG-01 y el

horario de servicio de los nuevos puestos es de las 7:30 a las 12:30 para la primera

parte de la jornada. La Dirección Ejecutiva, los Departamentos de Proveeduría,

Servicios Generales, Financiero Contable y la Administración del Complejo de

Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, tomarán nota para lo que a cada uno
                                         272

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XCIV

      En la sesión N° 12-05 celebrada el 22 de febrero del presente año, artículo

XIV, se solicitó a la Jefatura del Departamento de Tecnología de la Información,

que el primer día hábil de los meses de junio y setiembre rindiera un informe de

avance del proyecto ―Centro de Atención a Usuarios‖, con indicación –al menos-

de las labores realizadas por cada servidor y los resultados parciales obtenidos.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7431-

DE-2005 de 26 de setiembre último, remite la nota N° 327-I-2005 de 23 de ese

mes, suscrita por el licenciado Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento

Tecnología de Información, referente al proyecto que se dio cuenta, en los

siguientes términos:

        ―Se ha publicado en el Primer Circuito Judicial, el uso de la
       herramienta para la atención de los usuarios.
        Se está evaluando los procedimientos actuales para la atención de
       usuarios con la finalidad de promover cambios que permitan un
       mejoramiento constante en el servicio. Para ello se ha contado con
       información que el mismo sistema proporciona, para la toma de
       decisiones. Además, se realizó una reunión con los administradores del
       Primer Circuito Judicial de San José, con el fin de poner de acuerdo a las
       partes en la forma en que se espera se realicen los reportes, para buscar
       mejoras en la atención.
        Como seguimiento a la instalación del software Dame Ware, el cual
       permite la atención remota de los usuarios, se tiene instalado en los
       equipos ubicados en el primero, segundo y tercer piso del Edificio del
       Organismo de Investigación Judicial, además, en el primer piso y en la
                                         273

       mitad de los equipos del tercer piso del Edificio de Tribunales. Cabe
       indicar que el propósito de esta herramienta es brindar un servicio de
       soporte a usuarios, desde el Departamento de Tecnología de Información,
       con lo cual se atendería lo más pronto posible, si el caso lo permite.
        Se continúa estudiando el software Actuate, herramienta utilizada
       para la generación de reportes, la cual es de gran necesidad en la
       confección de los mismos, bajo la premisa de continuar mejorando el
       servicio.
        Se inicia investigación para el envío por correo por parte de los
       usuarios de las solicitudes de servicio.
        Como actividad que permite la continuidad del servicio, se mantiene
       el monitoreo de la herramienta, garantizando el continuo funcionamiento,
       para evitar la interrupción del servicio.‖
                                         -0-

   Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                 ARTÍCULO XCV

      Con oficio N° 7396-DE-2006 de 23 de setiembre último, el licenciado

Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota N° 100-UAP-05 de misma

fecha, suscrita por la licenciada Emma Madrigal Bustamante, Trabajadora Social

de la Unidad de Atención Psicosocial, mediante la cual adjunta el informe de

diagnóstico y tratamiento realizado en el Juzgado de Trabajo de Alajuela, cuyas

conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

       ―El Juzgado de Trabajo de Alajuela se especializó hace cinco años
       enfrentando deficiencias en su dinámica laboral que en la actualidad
       revelan su impacto en el personal.
       Las deficiencias referidas corresponden básicamente a la falta de recurso
       humano acorde a las exigencias laborales, que los ha obligado a ensayar
       múltiples fórmulas para enfrentar el proveído en el alto circulante que
       manejan.
                                   274

En este sentido, la colaboración de la Oficina de Retraso Judicial ha
estado brindando un importante aporte en el dictado de sentencias por
espacio de tres años, permitiendo a uno de los jueces de fondo asumir el
rol de juez tramitador desde junio en curso, en el afán de equilibrar el
desbalance que se viene arrastrando en el proveído.
La desigualdad entre el volumen de trabajo y el numero de empleados que
lo asumen se evidencia en los niveles de estrés que está afectándoles la
salud, tanto en el ámbito de los profesionales como de los auxiliares.
Se destaca como fortaleza de este Juzgado el liderazgo ejercido por los
profesionales que lo dirigen, impidiendo hasta el momento que los niveles
de estrés y el rendimiento laboral del personal tenga características de
riesgo.
La reacción del grupo hacia estas figuras de autoridad, ha sido favorable,
demostrada en el espíritu de compromiso y buena disposición para sacar
adelante el despacho.
Por ello, dotarlos de recursos humanos, infraestructura física y
condiciones generales más óptimas serían un valioso estímulo para el
cumplimiento de los objetivos que se han propuesto.
Lo anterior será estratégico además para preservar la salud de estos
trabajadores, reflejándose en el rendimiento que se espera.
                     TRATAMIENTO APLICADO
Se llevó a cabo cuatro sesiones de trabajo con todo el personal para
clarificar situaciones de roce vividas y reforzar elementos positivos en las
relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
Se realizó un taller para manejo del estrés con todo el personal, con una
duración de ocho horas.
La actitud del grupo fue de respeto y colaboración, con la expectativa de
superar las debilidades revisadas al interior de las sesiones de trabajo.
                        RECOMENDACIONES
A la Subunidad Administrativa de Alajuela.
 Que se otorgue la figura de un supernumerario hasta tanto no se abra
la plaza en propiedad del auxiliar ya aprobado en el presupuesto para el
2006.
 Que se dote a este despacho de ventiladores apropiados a la estancia
que ocupan el grupo de trabajadores auxiliares.
                                         275

        Que se valore la posibilidad de asignar una computadora al área de
       manifestación, así como de una fotocopiadora, que permita mayores
       rendimientos en esta misma área de trabajo.
        Que se estudie la viabilidad de reubicar este despacho en
       condiciones físicas más apropiadas, subsanando el hacinamiento en que
       se encuentran.
       A los Jueces encargados de despacho.
        Instarlos a que conserven los vínculos establecidos con su personal
       de apoyo en términos de motivación, orientación y fortalecimiento del
       ambiente laboral que sabiamente han aplicado en este despacho.
        A la Unidad de atención Psico-social:
            Como parte de los procedimientos de esta unidad, se llevará acabo
       una sesión de seguimiento en el plazo de seis meses, para valorar avances
       del grupo y brindar la orientación necesaria.
                                         -0-

   Se acordó: 1) En cuanto a la recomendación de que se otorgue un

supernumerario hasta tanto no se abra la plaza en propiedad de auxiliar, por ser

competencia del Consejo de Administración de ese circuito, se hace de su

conocimiento. 2) Se traslada a la Dirección Ejecutiva, por corresponder a ésta,

conforme a las políticas establecidas por este Consejo, en cuanto a la distribución

de equipo de cómputo, la recomendación de asignar una computadora al área de

manifestación, así como la propuesta de reubicar ese despacho en condiciones

físicas más apropiadas. 3) Las restantes recomendaciones se acogen las que

deberán ser acatadas a la brevedad por la Subunidad Administrativa Regional, los

Jueces encargados del Juzgado de Trabajo y la Unidad de Atención Psicosocial. 4)

Remitir fotocopia del citado informe a la Comisión de la Jurisdicción Laboral.
                                         276

                                ARTÍCULO XCVI

      Con oficio N° 7371-DE-2005 de 23 de setiembre último, el licenciado

Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota N° 611-SALEM-2005 de 20

de ese mes, suscrita por el doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud

para Empleados, referente al informe parcial de visita realizada por la odontóloga,

doctora Andrea Barquero Cruz a los despachos judiciales de Cartago, cuya

recomendación literalmente dice:

       ―En cada una de las visitas realizadas la incidencia de problemas
       periodontales encontradas fue muy alta, provocada posiblemente por el
       desconocimiento común de hábitos correctos de higiene oral y malas
       técnicas de cepillado; para minimizar esta situación se debe crear una
       estrategia adecuada de motivación , para lograr esto sugiero continuar con
       dicho proyecto, de manera que los Servidores Judiciales asistan al
       Servicio de Odontología, y adquieran información variada e importante
       para su Salud Buco Dental‖
                                          -0-

   Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                ARTÍCULO XCVII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7417-

DE-2005 de 23 de setiembre último, para lo que bien estime resolver este Consejo,

remite la nota N° 301-FC-2005 de 22 de ese mes, suscrita por el máster Walter

Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable, mediante la cual anexa

fotocopia del oficio N° 453 de 19 del mes pasado, suscrito por el licenciado José
                                          277

Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto Nacional, en el que indica

que no procede la incorporación de recursos que provienen de multas de tránsito,

independientemente de la fecha de su ingreso a las arcas del Poder Judicial.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                ARTÍCULO XCVIII

      En sesión N° 46-05 celebrada el 16 de junio del presente año, artículo LIV,

se autorizó el uso de un vehículo de carga del Poder Judicial, con su respectivo

chofer, para que coadyuvara en las próximas elecciones nacionales.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 1503-

DE/AL-2005 de 22 de setiembre último, remite la nota N° 6290-DP-2005 de 6 de

ese mes, suscrita por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del

Departamento de Proveeduría, que literalmente dice:

       ―En relación con lo acordado por el Consejo Superior en sesión Nº 46-05
       (Artículo LIV), referente a autorizar la colaboración de un vehículo de
       carga del Poder Judicial con su respectivo chofer, para el proceso
       electoral que se avecina, debo indicarle que el viernes anterior se recibió
       un correo electrónico del Lic. Warner Montoya Sánchez, Abogado
       Asistente de la Asesoría Jurídica del Tribunal Supremo de Elecciones,
       mediante el cual remite un borrador del convenio para le préstamo de
       vehículo.
       Así las cosas, le remito copia de dicho Convenio y le informo que el
       vehículo que podríamos facilitar sería el PJ-1046 marca Hino, modelo
       GD1JLTA, motor No. JO8CTW11877, año 2003, color blanco,
       combustible diesel, capacidad para 3 pasajeros y el chofer sería el señor
       Róger Chaves Pacheco, cédula 1-542-056, Auxiliar de Servicios
       Generales 3, quien disfruta de un salario bruto de ¢258.406,00.
                                           278

         Lo anterior para que, si lo considera conveniente, se haga del
         conocimiento del Consejo Superior y se de trámite a la suscripción del
         convenio.
         De acuerdo con la documentación aportada, el período del préstamo
         abarcaría del 02 de enero al 06 de febrero. Debo aclarar que don Róger
         está en la mejor disposición de laborar en ese período y no acogerse a las
         vacaciones colectivas de la institución.‖
                                            -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y autorizar al señor Presidente a

la suscripción del convenio correspondiente. Asimismo, aprobar que el servidor

Chaves      Pacheco disfrute su período de vacaciones colectivas en fechas

posteriores. Los Departamentos de Personal y Servicios Generales tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                  ARTÍCULO XCIX

      En la sesión N° 68-05 de 1° de setiembre último, artículo XCIX, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:


              ―En la N° 93-04 verificada el 2 de diciembre del 2004, artículo
         LXVII, se tomó el siguiente acuerdo:
         ―Para lo que a bien se estime resolver, el licenciado Alfredo Jones León,
         Director Ejecutivo, con oficio N° 9193-DE-2004 del 23 de noviembre
         último, remite el informe N° 1943-SG/AI-2004 suscrito por el Ing. Tobías
         Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios Generales, que dice:
         "…en relación con las filtraciones que se presentan en el edificio de
         Tribunales del II Circuito Judicial, se transcribe lo que se le indicó al
         respecto, a la empresa Consultécnica el día 16 de noviembre y que hasta
         el día de hoy no hemos obtenido respuesta.
         "En la inspección realizada hoy en el edificio de los Tribunales de
         Goicoechea en compañía del Lic. Fernando Retana y el Arq. Bernal
                                   279

Montes de Oca de Consultécnica, se observa con extrema preocupación
que comenzó a meterse el agua por las paredes que se acaban de repellar,
específicamente en la dos tanto la Este como la Oeste. Varias secciones
extensas de repello muestran un cuarteado evidente a simple vista, o sea
un fisuramiento por donde se presume está filtrándose el agua en buena
cantidad. También comenzaron a aparecer filtraciones a través de las
losas norte y sur, y una significativa filtración en la zona del vestíbulo.
Me parece en lo personal que las membranas de impermeabilización ya
cumplieron con su vida útil, aún así hay varias reparaciones que debe
realizar la constructora por la garantía, porque como se sabe todos estos
problemas empezaron al poco tiempo de haberse recibido el edificio.
También se realizó un recorrido por todos los espacios que faltan terminar
las juntas, recalcando que el acabado de pintura es pésimo y se debe
utilizar cinta maskin para alinear los bordes en forma perfecta con lo cual
la diferencia de color entre la pintura vieja y la nueva, se diferencie de
manera limpia y no tan sucia y burda."
     Se acordó: Tomar nota del informe anterior y hacerlo del
conocimiento de la compañía "Consultécnica S. A.", para que en el plazo
de diez días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, indique
cómo va a solucionar los defectos de construcción reportados.‖
                                   -0-
     En sesión N° 59-05 celebrada el 3 de agosto del año en curso,
artículo XLIV, se tomó el acuerdo que en lo conducente dice:
―[…]
En sesión N° 07-05 celebrada el 3 de febrero del año en curso, artículo
LXXXI, se dispuso solicitar al Departamento de Servicios Generales
informara a este Consejo si efectivamente se llevaron a cabo las
reparaciones hechas por la empresa Consultécnica S.A., en el Edificio del
Segundo Circuito Judicial de San José.
En atención a lo dispuesto en el acuerdo que antecede, el ingeniero
Tobías Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios Generales, en
oficio N° 0926-04SG-2005 de 22 de julio último, transcribe el informe
rendido por el arquitecto Daniel Saborío Alpízar, Profesional 2 del
despacho a su cargo, que literalmente dice:
―De acuerdo a lo solicitado le informo que a la fecha todavía faltan
detalles de los trabajos en las juntas que está realizando la empresa
Consultécnica S.A en el Segundo Circuito Judicial de San José. Gran
                                  280

parte de los trabajos que se debían hacer y que se indicó en el informe de
noviembre, la empresa los realizó, sin embargo como todavía faltan
detalles no se han recibido los trabajos.
En cuanto a los problemas de repellos en ambos costados este y oeste
realizados por empresa Edica S.A., siguen presentando los mismos
agrietamientos de los que se informó en noviembre del 2004, la empresa
no ha realizado ninguna reparación, sí se realizó una inspección por parte
de uno de los Ingenieros de la empresa y de la cual no se tiene informe.
De ahí que todavía se sigue filtrando agua cuando llueve fuerte.
Igualmente en las losas del edificio en donde se filtra en los mismos
lugares que reiteradamente ha estado reparando EDICA.‖
De lo anterior se ha estado informando y coordinando lo respectivo con la
Unidad de Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría,
mediante informe N° 0694-04-SG-2005 y correos electrónicos.‖
      Se acordó: 1) Tomar nota del informe anterior y comunicar a las
empresas Consultécnica S.A. y EDICA, que a la brevedad procedan a
cumplir con las reparaciones señaladas en la sesión del 2 de diciembre del
2004, artículo LXVII. 2) Comisionar al Departamento de Servicios
Generales para que le dé seguimiento al cumplimiento de lo ordenado.‖
                                  -0-
       El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°
1356-DE/AL-05 de 25 de agosto último, adjunta copia de los oficios
5756-DP/40-05 de la Jefa de Verificación y Ejecución Contractual del
Departamento de Proveeduría y 487-TESO-2005 suscrito por el
licenciado Alejandro Torres Castro, Subadministrador interino del
Segundo Circuito Judicial de San José. En este último, del 16 de agosto
de este año, el Lic. Torres indica que a la fecha la empresa EDICA Ltda.
no se ha hecho presente a efectuar los trabajos requeridos sobre las
filtraciones en el edificio, por lo que debido a la problemática de la
situación, esa Administración incurrió en los gastos de reparación por el
costo de ¢66.610,00 que se tomaron de la caja chica y utilizando 5 días
laborales de un obrero.
       Se dispuso: Tomar nota del informe anterior y hacerlo de
conocimiento de los representantes legales de EDICA Ltda. y
Consultécnica, S. A. para que reintegren el costo total de los gastos en
que incurrió el Poder Judicial, para la reparación provisional de las
filtraciones en el edificio del Segundo Circuito Judicial de San José.‖
                                  -0-
                                          281



      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 1502-

DE/AL-2005 de 22 de setiembre último, remite la nota N° 6610-DP/40-05 de 19 de

ese mes, suscrita por la licenciada María Gamboa Aguilar, Jefa de Verificación y

Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría, mediante la cual anexa la

respuesta del señor Mario Lara E., Gerente General de la empresa EDICA. Ltda.,

sobre las filtraciones de agua en las losas de concreto del edificio de los Tribunales

de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, que literalmente dice:


       ―1. Filtraciones en el edificio de los Tribunales de Justicia del
       Segundo Circuito Judicial de San José:
       Nos referimos a su nota del pasado 8 de julio, mediante la cual nos
       informan sobre filtraciones de agua en las losas de concreto del edificio
       en referencia. Al respecto les reiteramos lo indicado en nuestra carta del
       16 de junio del 2005, en la cual nos permitimos recordarles que EDICA
       Ltda. realizó la entregada definitiva del proyecto el 20 de enero de 1997,
       es decir, hace más de 8 años, por lo cual el período de vigencia de la
       garantía solicitada según las especificaciones técnicas, ya venció.
       La garantía por la impermeabilización, solicitada en las especificaciones
       técnicas, tenía vigencia de cinco años, período durante el cual, tal y como
       lo indica el Arq. Saborío, EDICA siempre se hizo responsable de atender
       las goteras que se produjeron.
       La vida útil de todo sistema de impermeabilización de losas de techo
       depende de un adecuado trabajo de mantenimiento preventivo y
       permanente, el cual consiste en aplicar capas de impermeabilización
       adicionales sobre la existente durante la vida útil del edificio y de la
       impermeabilización de losas de concreto. En el caso que nos ocupa, sea
       el edificio de los Tribunales de Justicia de Goicoechea, el trabajo de
       mantenimiento preventivo y permanente no se ha producido y el mismo
       corresponde llevarlo a cabo al Departamento de Mantenimiento de
       Edificios del Poder Judicial y no es responsabilidad ni corresponde su
       ejecución a la empresa constructora.
                                          282

       2. Edificio de Tribunales de Justicia de Santa Cruz, Guanacaste:
       En copia que recibieramos el pasado 4 de agosto de la nota # 5252-
       DP/40-05, misma que usted envió al señor Lic. Carlos T. Mora
       Rodríguez, Jefe Sección Asesoría Legal, se indica que el Ing. Kart
       Lachner les manifestó en su nota del 21 de julio del presente año, que se
       realizarían las reparaciones pendientes en el edificio los días 28 y 30 del
       mismo mes. Queremos aclarar que existe un malentendido, ya que la nota
       del Ing. Kart Lachner se refería a las reparaciones pendientes en el
       edificio de Tribunales de Justicia de Santa Cruz, Guanacaste, (no del
       edificio de Tribunales de Justicia de Goicoechea como ustedes lo
       interpretaron), mismas que ya fueron realizadas por la empresa C.R.M.
       S.A. y que fueron recibidas a satisfacción por el Poder Judicial.
       Agradeciendo su atención a la presente, esperamos haber aclarado
       cualquier duda que pudiera existir y que podamos seguir manteniendo,
       como hasta ahora ha sido, una relación cordial de respeto y colaboración
       mutua entre el Poder Judicial y EDICA Ltda.‖
                                          -0-

    Por mayoría, se acordó: 1) Tomar nota en cuanto a la aclaración de que las

reparaciones pendientes que se efectuaron en el edificio el 28 y 30 de julio del año

en curso, correspondían al edificio de Tribunales de Justicia de Santa Cruz,

Guanacaste, y no del edificio de Tribunales de Justicia de Goicoechea. 2) Reiterar

a los representantes legales de EDICA Ltda. y Consultécnica S.A., que deben

reintegrar el costo total de los gastos en que incurrió el Poder Judicial, para la

reparación provisional de las filtraciones en el edificio del Segundo Circuito

Judicial de San José.

    El licenciado Martínez votó porque se envíen los antecedentes a la

Procuraduría General de la República, para que inicie el proceso legal
                                          283

correspondiente.

                                   ARTÍCULO C

      El licenciado Carlos Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal,

con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio

N° 1512-DE/AL-05 de 22 de setiembre último, expuso:

            ―Por este medio me refiero al oficio N°7443-05 de 1 de setiembre
       del año en curso, suscrito por el señor Walter Vargas Calderón,
       Prosecretario General, remitiendo para estudio de esta Sección de
       Asesoría Legal las observaciones planteadas por la licenciada Lucía
       Gólcher Beirute, Fiscalizadora Asociada de la Unidad de Autorizaciones
       y Aprobaciones de la División de Desarrollo Institucional de la
       Contraloría General de la República, en oficio 10513 (DI-AA-1855) de
       29 de agosto último, en el que devuelve sin refrendo el addendum al
       contrato N°21-CG-04, denominado ―Contratación de servicios de
       consultoría para la construcción del edificio de los Tribunales de Justicia
       de Turrialba‖, suscrito entre el Poder Judicial y el consorcio Proyectos,
       Ingeniería y Arquitectura S. A. y Consultoría y Diseños S. A.
             Como bien lo indica el Órgano Contralor en el oficio de cita, de la
       lectura y relación de los artículos 12 de la Ley de Contratación
       Administrativa y 14.1 de su Reglamento General, se desprende que la
       potestad modificatoria de los contratos por parte de Administración,
       resulta procedente si se cumplen al menos las siguientes condiciones: 1)
       Que el contrato se encuentre en ejecución; 2) La modificación,
       disminución o aumento de la prestación contractual no puede ser superior
       a un cincuenta por ciento del objeto del contrato; 3) Deben concurrir
       circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los
       procedimientos; 4) Tal modificación es la única forma de satisfacer el
       interés público perseguido; 5) la suma de la contratación original más el
       incremento adicional que la modificación implica, no debe exceder el
       límite previsto por la ley para la determinación del procedimiento de
       contratación perseguido.
            Tomando cada uno de esos requisitos y aplicándolos al caso que nos
       ocupa, es preciso señalar lo siguiente:
                                      284

o El contrato se encuentra en ejecución: La adjudicación dispuesta por el
  Consejo Superior en sesión N°93-03, celebrada el 5 de diciembre del
  2003, artículo X (ver folios 10 a 20 de la cejilla de ―Adjudicaciones‖ del
  expediente administrativo), a favor del consorcio PIASA-CONDISA, es
  para que ―brinden los servicios de consultoría en el área de la arquitectura
  e ingeniería, a fin de realizar el diseño, especificaciones técnicas,
  presupuesto e inspección del edificio de los Tribunales de Justicia de
  Turrialba (...)‖. En ese sentido, la relación contractual con el citado
  consorcio aún no ha finalizado, pues falta el cumplimiento de la etapa de
  inspección, la cual se iniciará precisamente cuando Poder Judicial,
  mediante la Licitación Pública N°1-163-05 (actualmente en la etapa de
  estudio de ofertas), seleccione el contratista que se hará cargo de la
  construcción del citado inmueble y se obtenga el respectivo refrendo por
  parte de esa Contraloría General del correspondiente documento
  contractual.
o La modificación, disminución o aumento de la prestación contractual no
  puede ser superior a un cincuenta por ciento del objeto del contrato:
  Como también se indica en el informe del Órgano Contralor, inicialmente
  el pliego de condiciones de referencia del concurso bajo examen
  estableció que el edificio tendría un área construida aproximada de 3000
  metros cuadrados, para un presupuesto alzado de ¢450.000.000,oo
  (cuatrocientos cincuenta millones de colones). Siendo que el proyecto
  constructivo se pretende modificar para que el área aumente a 4.340
  metros cuadrados, aquí no se supera el 50% por ciento que dictan las
  normas supracitadas; y aunque el nuevo presupuesto alzado si llega a
  exceder ese porcentaje (¢1.833.439.202), más adelante se explicaran en
  forma amplia y detallada los aspectos que incidieron en tal aumento.
o La suma de la contratación original más el incremento adicional que la
   modificación implica, no debe exceder el límite previsto por la ley para la
   determinación del procedimiento de contratación perseguido: Con este
   supuesto hay ningún problema, en tanto el procedimiento utilizado por el
   Poder Judicial fue la licitación pública (Licitación Pública N°1-124-03,
   denominada ―Contratación de servicios de consultoría para la
   construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Turrialba,
   Cartago‖).
o Deben concurrir circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse el
   procedimiento y que la modificación sea la única forma de satisfacer el
   interés público perseguido: Para aclarar ambos aspectos, así como el
   aumento en el presupuesto alzado de la obra, mediante oficio N°1175-04-
   SG-2005 de 16 de setiembre del año en curso, la MBA Dinorath Álvarez
                                    285

Acosta, Subjefa del Departamento de Servicios Generales, remite el
informe técnico N°314-08-ai-2005, realizado por el ingeniero Douglas
Villalobos Gómez, Profesional II de esa dependencia, el cual literalmente
expresa:
―1.- ANTECEDENTES:
El proceso licitatorio se inicia formalmente en marzo del año 2001, con
una solicitud suscrita por el Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Sub
Director Ejecutivo, mediante la cual se dispone iniciar los trámites de
concurso que permita escoger una empresa consultora que se encargara
―del diseño, especificaciones, presupuesto, análisis y asesoría en
adjudicaciones, e inspección relacionados con la construcción del edificio
de los Tribunales de Justicia de Turrialba‖.
En esa ocasión se realiza un análisis de las áreas que a esa fecha
ocupaban los distintos despachos que funcionaban en Turrialba, y se
valoró que el edificio a construir debía de tener aproximadamente 3.000
m2. En cuanto a la consideración del costo, se asume que será un edificio
similar a los Tribunales de San Ramón o San Carlos, por lo que se hace
una estimación similar, partiendo del hecho de que precisamente será la
consultoría misma la que determine dichos elementos.
Al realizarse el desglose de los despachos que serían alojados en el nuevo
edificio, se enlistó los despachos que funcionaban formal e
independientemente en ese momento. Sin considerar las características o
particularidades que la integración de los mismos conllevaba, ni tomar en
cuenta directrices que en materia de organización de despachos se
comenzaban a valorar.
Este proceso licitatorio quedó plasmado en la Licitación Pública N° 01-
088-01, la que después de un largo proceso, noviembre de 2002, resultó
infructuoso.
Con el ánimo de reponer el tiempo perdido, se procedió a sacar un nuevo
cartel, en el cuál se corrigió los errores de valoración de ofertas, objetados
anteriormente y por cuyo motivo resultó infructuoso, sin considerar el
detalle del objeto contractual. De esta forma se plantea la Licitación
Pública N° 1-24-03. Esta licitación queda finalmente reflejada en el
contrato N° 21-CG-04, refrendada por la Contraloría General de la
República el 12 de mayo de 2004. La orden de compra es recibida por la
empresa contratada el 01 de junio de 2004.
Han transcurrido 40 meses desde que se estableció formalmente el punto
de partida de la contratación de la consultoría, hasta el momento en que se
                                   286

inicia la misma.
2.- LA CONSULTORÍA:
La labor profesional en el campo de la ingeniería y la arquitectura es
regida por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el cuál
establece el pago de honorarios por tarifas de acuerdo con la etapa del
proyecto.
Debe considerarse que en lo que respecta a la consultoría para proyectos
de esta naturaleza, se parte del área y por consiguiente el costo del mismo,
lo que en su etapa inicial, es una suposición, por cuanto la determinación
del área que se requiere y por tanto su costo, es el motivo por el cual se
contrata la consultoría misma.
En este caso el presupuesto o monto inicial del proyecto es un valor
estimado, ya que el valor final solo será conocido con detalle, al final de
la etapa de planos constructivos, ya que disponiendo de los planos se
puede confeccionar un presupuesto detallado, el que debería asemejarse
mucho a la realidad.
En una primera etapa los servicios de consultoría comprenden la
elaboración de estudios preliminares los cuales conllevan la recopilación
y análisis de información que permita de acuerdo con condiciones
establecidas servir de base para establecer las necesidades espaciales de
un proyecto.
Una vez que se cuenta con este listado de necesidades, se procede con la
segunda etapa: la elaboración de un anteproyecto, que resume en una
distribución arquitectónica las necesidades señaladas y se esboza las
fachadas que eventualmente tendría el proyecto. Aún no están definidas
las características estructurales, ni se cuenta con los requerimientos
electromecánicos; tampoco se han definido los materiales a utilizar.
En una siguiente etapa se pasa a elaborar los planos constructivos, es aquí
dónde se deben elaborar todos los cálculos que conlleva el edificio en
cuanto a estructura, definición de materiales y acabados, se produce
entonces el diseño total. Hasta este momento, en que se cuenta con los
planos completos se tienen definidos todos los elementos que participarán
en el proyecto, y por lo tanto se puede elabora el presupuesto desglosado.
Finalmente con el producto se procederá a contratar su construcción y la
empresa consultora realiza la última etapa de la consultoría: la inspección.
3.- ELABORACIÓN DEL TRABAJO:
La consultoría inicia su trabajo a partir del 01 de junio de 2004. Se
                                   287

realizan los estudios topográficos, de mecánica de suelos, alineamientos y
certificación de uso del suelo; además de las necesidades espaciales,
partiendo de los planteamientos que en visitas hacían los profesionales de
la consultora a los despachos. Esto queda reflejado en un ―Programa de
Áreas y Necesidades‖ que la empresa entrega el 30 de junio de 2004,
según lo establecido en el cartel, que señalaba un plazo de 30 días para
realizar esta etapa.
En dicho estudio de necesidades la consultora concluye que se requiere
un edificio de 2.777 m2 de área efectiva, sin tomar en cuenta áreas de
parqueo y espacios para decomisos del Ministerio Público y del
Organismo de Investigación Judicial.
Dentro de esta área efectiva, no se incluyen elementos que son condición
de la reglamentaciones vigentes como escaleras de emergencia y rampas,
derivados del Reglamento de Construcciones, Ley de Igualdad de
Oportunidades 7600 y Normas de Seguridad y Protección Humana
(recientemente modificadas). De igual manera la estimación de
circulaciones es porcentual, sin que participen ideas generales de la futura
distribución arquitectónica, ya que en este momento no es posible llegar a
ese nivel de cálculo.
Inicialmente tampoco se incluyeron oficinas cuya necesidad surge
posteriormente; por lo cual en ese momento era imprevisible su
existencia, ya que forman parte de leyes de presupuesto; estudios del
Departamento de Planificación o solicitudes de la administración cuya
creación se estima en el corto plazo y que en el paso del tiempo de este
proceso de contratación se presentaron, por lo que se debe prever su
espacio en el nuevo edificio; de lo contrario su no inclusión significaría
un acto de irresponsabilidad por parte de la administración. Por cuanto al
final del proceso se dispondría de un edificio que no llenaría las
expectativas y necesidades del Poder Judicial.
 Es así por lo que en el estudio de necesidades se bosqueja en el
planteamiento la existencia de los despachos que concurren en el cantón
de Turrialba, incluyéndose todos los que habían iniciado su operación en
ese lugar, como Trabajo Social y como se indicó anteriormente se
presenta la necesidad de incorporan algunos despachos que ante la
reunificación de oficinas deberían concurrir: como la Contraloría de
Servicios, Recepción de Documentos, Unidad Administrativa, Casilleros,
entre otros. Estos nuevos elementos eran producto de nuevas directrices
surgidas en el transcurso del tiempo y que se estaban implementando en
los demás edificios de Tribunales en el resto del país.
                                   288

El estudio de necesidades fue enviado a los Departamentos de
Planificación y de Tecnología de la Información para que se evaluara las
necesidades indicadas. El resultado de esta revisión es devuelto el 24 de
agosto, correspondiendo al oficio N° 1490-PLA-2004 y de él se derivan
una serie de ajustes recomendados, que implican mayor cantidad de área
requerida por la incorporación de algunos servicios especiales en los
despachos, como por ejemplo la cámara de Gesell, Oficina Centralizada
de Notificaciones, salas de conciliación, médico de empresa, salas de
oralidad, entre otros.
Se indica en el citado estudio que ―deben preverse los espacios para la
estructura que propone el proyecto Código Procesal General debidamente
equipados, lo cual se encuentra en estudio en el Departamento de
Planificación‖.
 Y se amplia, ―Así las cosas, se recomienda dejar una prevista que
permita realizar ampliaciones en pisos superiores del edificio, entendido
esto como un espacio abierto al que solo haya que hacerle divisiones, ya
que existen aspectos de propuesta de reforma que podría venir a
modificar las necesidades de espacio del edificio, como el Proyecto de ley
de Cobro Judicial, el anteproyecto del Código Procesal Laboral que se
encuentra en redacción y el anteproyecto del Código Procesal General
actualmente en estudio.
Con fecha 26 de agosto se le comunicó a la empresa vía correo
electrónico que a partir del lunes 30 de agosto debía iniciar la etapa de
anteproyecto, incluyendo las recomendaciones hechas por los
Departamentos de Planificación y de Tecnología de la Información.
La empresa presenta con fecha 29 de setiembre el anteproyecto en el cual
se realiza un desglose de áreas de 6.962 m2 distribuidas en 1.943 m2 de
sótano, 1.846 m2 primer nivel, 1.568 m2 segundo nivel y obras exteriores
de 1.605 m2; para un costo total de $ 3.550.000,00. Debe hacerse mención
que la entrega, cumple con el plazo estipulado en el cartel. De inmediato,
ante la situación presentada con el incremento en área y el costo se inicia
el análisis a fondo del anteproyecto, con el objeto de racionalizar dichos
factores. Se concluye en que debe: Reducirse los espacios de
estacionamiento del sótano, dejar una losa de entrepiso y los respectivos
pedestales de columna para una eventual ampliación, así como incluir
únicamente aquellos muebles que sean estrictamente necesarios.
Se solicita a la empresa consultora, readecuar el anteproyecto, de manera
que se incluya los elementos antes citados.
La empresa consultora presenta el 17 de diciembre de 2004 el ajuste
                                   289

solicitado del anteproyecto, el cuál se traduce en un edificio de 4.340 m2
de construcción distribuidos en sótano 981 m2, primer nivel 1.846 m2,
segundo nivel 1.513 m2; además de 1.511 m2 de losa prevista para un
tercer nivel y obras exteriores. El costo para esta condición es de $
3.320.231,59.
Es importante aclarar que la inclusión de la losa, como se manifestó
anteriormente es consecuencia de una previsión que el Departamento de
Planificación solicita se considere en la construcción de este edificio,
como consecuencia de cambios provenientes de modificaciones en
Códigos Judiciales sobre los cuales se debe regir la Institución, que
ocasionarán cambios de funcionamientos que exigirán condiciones físicas
adicionales, y este departamento pro tratarse de un cambio a mediano
plazo , siendo austero recomienda la inclusión de la losa, como
requerimiento mínimo para prever dicha situación.
La prevista necesaria de esta losa de entrepiso, demanda a nivel general
de toda la estructura de la edificación un incremento en su costo, para que
la soporte.
Se estima que el costo de esa losa de entrepiso es de alrededor de
¢100.000.000 en total; además del valor agregado que sufre el resto de la
estructura, según se explicó anteriormente (ocasionado por el
reforzamiento de todos los elementos de soporte).
Con fecha 20 de enero de 2005 se le comunica a la empresa la aprobación
del anteproyecto por lo que debe iniciar la elaboración de planos. En esa
misma nota se le indica que debe tomar en cuenta los criterios de los
Departamentos de Seguridad, de Tecnología de la Información y de
Servicios Generales en lo referente a ingeniería eléctrica, para incorporar
sus criterios y requerimientos de necesidades y equipamiento en el diseño
del edificio.
Se inicia el trámite del Formulario de Evaluación Ambiental Preeliminar.
Debido a atrasos en el suministro de la información que debía entrega el
Poder Judicial se amplia el plazo para la entrega de los planos
debidamente terminados. El día 18 de abril de 2005, de acuerdo con lo
establecido en cuanto al plazo de entrega, se presenta por parte de la
Consultora los planos, las especificaciones técnicas y el presupuesto
desglosado del proyecto, el cuál tiene un valor de ¢ 1.833.439.202,00 (Un
mil ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos veintinueve mil
doscientos dos colones).
Los planos definitivos se presentan ante la Comisión de Construcciones el
día 16 de junio de 2005, quien en definitiva acuerda: aprobarlos.
                                   290

4.- CONSIDERACIONES:
      La estimación inicial del área en cuanto a las necesidades se ajustó
a lo que originalmente era previsible en marzo de 2001, sin embargo,
durante estos años el Poder Judicial ha iniciado un proceso de ajuste y
reordenamiento con el objeto de prestar un mejor servicio.
       Para lograr dicho fin, se especializan despachos por materias
(Violencia Doméstica, Oficina de Trabajo Social), se mejoran los
requerimientos para la atención del usuario (Contraloría de Servicios,
Recepción de Documentos), se procura un mejor control y administración
de recursos (Unidades Administrativas), se incorporan facilidades
(Sistema de Consulta Jurídica, casilleros), además se implementan
condiciones estipuladas en nuevas normativas (Ley 7.600, revisión de
Códigos Procesales: Laboral y General); se prevé nuevas formas de
prestar un servicio eficiente (Salas de Conciliación y Oralidad); esto se
refleja en el edificio propuesto al desglosarse otros servicios que no se
incluyeron dentro del marco de necesidades que sirvió como referencia
para dar inicio con el proceso de esta contratación, pero que representan
las nuevas políticas institucionales.
       Todos estos factores hacen que se requiera de mayor cantidad de
área. Aparte de tomar las previsiones de ampliación de áreas que a futuro
podrían tenerse, las cuales cumplen con la recomendación girada por el
Departamento de Planificación, que una vez manifiestas no se pueden
obviar.
       Evidentemente, que al establecerse el precio en el año 2001, se
parte de consideraciones erróneas, motivadas por la falta de experiencia
en cuanto a este tipo de contrataciones, ya que la presente es la primera
consultoría que realiza el Poder Judicial para la construcción de un
edificio.
       Al definirse la necesidad de construir un edificio de 3.000 m2 e
indicarse un costo de ¢ 450.000.000,00; se esta considerando un costo de
¢ 150.000,00 por metro cuadrado, el cual no guarda relación con el de
edificaciones de este tipo en esa época.
       Lo anterior se fundamenta y es comprobable posteriormente
cuando se recibieron las ofertas para el edificio de los Tribunales de Santa
Cruz, en donde el costo por metro cuadrado resultó ser de ¢ 263.636,00 .
       Si al precio de oferta del edificio de los Tribunales de Santa Cruz
se le aplican los índices de reajuste, el costo actualizado a abril del 2005
es de ¢ 376.999,48 por metro cuadrado. El cuál no se encuentra distante
                                   291

del resultado obtenido en el caso de los Tribunales de Turrialba.
       Un factor importante, a que se debe hacer observación respecto al
informe de la Contraloría, correspondiente al tercer y cuarto párrafo de la
página 4, es que se toma del oficio del Departamento de la Proveeduría
No 7889/DP/02-2004, del 7 de diciembre de 2004, datos de área y costos
que son preliminares, y no los correspondientes al resultado del análisis
final del proyecto (el cual fue entregado como se dijo anteriormente el 17
de diciembre de 2004, el que resulta ser el verdadero ya que incluye los
ajustes solicitados.
        Otros factores que inciden en el incremento del proyecto, lo
constituye la nuevas regulaciones que repercuten en el costo del mismo
como Código Sísmico 2002, Seguridad Humana y Protección, entre otros
ya mencionados.
       Además, de las características del edificio en cuanto a
incorporación de nueva tecnología para mejorar el servicio, sistemas de
cómputo, cableado estructurado, control de acceso, cámaras, entre otros;
condición que no cuentan los edificios utilizados como base para la
estimación; y que obliga al Poder Judicial a incorporarlas en los demás
edificios de tribunales del país.
        Por las necesidades propias del terreno y el entorno se requirió
contar con una planta de tratamiento para aguas servidas y su disposición
del efluente, a una quebrada distante a 420 metros de longitud, en tubo de
20 centímetros de diámetro. Esta condición es particular del sitio y por lo
tanto agrega un costo no contemplado en ningún otro edificio. Pero que
redunda en una mejor atención a los problemas ambientales que pudiesen
surgir. Situación que es impredecible, ya que es una necesidad que surge,
producto de los estudios preliminares y la distribución arquitectónica
resultante, por cuanto se determina que no existe suficiente espacio para
utilizar un sistema de drenaje.
La valoración de necesidades se realizó ajustada a los requerimientos
previsibles en el momento; sin embargo, es claro que ante un proceso tan
largo, el cual se vio intervenido por el Programa de Modernización que el
Poder Judicial ha desarrollado, para promover la prestación de un mejor
servicio, los requerimientos mismos variaron desde el momento en que se
dio el inicio del proceso al momento en que se valoró cada una de las
etapas del proyecto, el cual actualmente responde a las solicitudes
adicionales que fue necesario incorporar, producto también de los
estudios antes mencionado del Depto. De Planificación y Tecnología de
la Información, creación de nuevos códigos que afectan directamente la
                                  292

condición física de las oficinas e incrementan necesidades de mayor
espacio, que surgieron como se mencionó posterior a la etapa de
adjudicación y que la administración responsablemente no podía dejar de
prever.
Los distintos Departamentos, intervinieron el la valoración de las
necesidades y en la proposición de los nuevos requerimientos, los cuales
fueron incorporados al proyecto.
El costo y tipo de materiales fue sugerido por los funcionarios judiciales
que tomaron parte en el proceso, considerando en todo momento, los que
han presentado un mejor adaptación al cumplimiento del servicio que se
da.
Se estudió el costo de los elementos propuestos, estableciendo relación
con edificios de más reciente construcción, y se considero la implicación
que cada elemento tenía en el proyecto total considerando su operatividad
y mantenimiento futuro.
En el detalle del objeto contractual se desglosó los despachos, del Poder
Judicial que en el momento existían en el cantón de Turrialba, sin
embargo debe tenerse en cuenta que el Plan de Modernización incorpora
nuevas necesidades y nuevas formas de atención a los usuarios. No se
cambia el objeto contractual, simplemente se desglosa y amplia su
contenido.
Por ejemplo, cuando se detalla la incorporación de un gimnasio, no se
trata de una función no acorde con las necesidades operativas del Poder
Judicial, se trata de que el personal del Organismo de Investigación
Judicial requiere de áreas para su adiestramiento físico, como parte de la
prestación de un mejor servicio hacia el usuario. Actualmente dicha
actividad se realizan en lugares inapropiados; por lo que su incorporación
coadyuva al mejoramiento de la labor auxiliar que debe desarrollar esta
oficina, lo que es coherente con las pretensiones del Plan de
Modernización del Poder Judicial.
El objeto fundamental de la contratación está dirigido a la concentración
de todos los despachos ubicados en la zona aludida, ya que operan en
locales arrendados, en condiciones no óptimas, sino adaptados a la
prestación de servicios, que a todas luces, presentan características que
inclusive al amparo de nuevas políticas de atención no se ajustan para
brindar un mejor servicio, ya que no fueron creados acorde a la naturaliza
de las funciones de una oficina judicial.
5.- RESUMEN:
                                          293

       En resumen la Administración procedió ante la necesidad de mejorar la
       prestación de servicios a desarrollar todo un Plan de Modernización que
       implica no solamente la reorganización de los despachos, sino también la
       incorporación de nuevas políticas en la atención de los usuarios, con la
       participación activa de las nuevas tecnologías y tendencias judiciales.
       Todo dentro de un proceso de transición y transformación, mejorando
       controles, y considerando la planificación de las necesidades del Poder
       Judicial.
       Esos cambios necesariamente se ven reflejados en el requerimiento de
       mejorar la condición de los espacios en los cuales se desarrolla la función,
       y para este caso en particular se ha traducido en el edificio propuesto‖.
                                           -0-

    Por las razones expuestas, se acordó: Acoger el informe anterior en los

términos señalados y hacerlo del conocimiento de la Contraloría General de la

República, para lo que a bien tenga resolver.

                                   ARTÍCULO CI

      Con oficio N° 6916-DP/32-05 de 29 de setiembre último, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, adjunta

ejemplar del cartel o pliego de condiciones para la licitación por registro, ya

dictaminado por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, la cual

tiene por objeto la compra de cinco automotores, para su respectiva aprobación y

orden de inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos
                                        294

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación restringida indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

      Cabe señalar, que el anteproyecto en mención se envió mediante oficio N°

6674-DP/32-05 del 27 de septiembre del año en curso al Lic. Carlos Toscano

Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva

para que fuera dictaminado desde el punto de vista legal, de lo cual se obtuvo la

siguiente respuesta :

              “En atención a su oficio #6674-DP/32-05 de 27 de setiembre
       en curso, suscrito por el licenciado Jorge Eduardo Ramírez Vega,
       Jefe a.i. del Proceso de Adquisiciones de ese departamento, le
       refiero que una vez revisado el pliego de condiciones de la
       Licitación por Registro, cuyo objeto es la “Compra de cinco
       automotores”; estimo que se ajusta a las disposiciones de la Ley
       de Contratación Administrativa, su Reglamento General y demás
       normativa aplicable.”

      De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento

General de la Contratación Administrativa, respetuosamente se hacen las

siguientes consideraciones:

i)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Dotar de flotilla de vehículos a una nueva Unidad del Organismo de

Investigación Judicial, la cual requiere contar con unidades actualizadas que
                                        295

permitan brindar el servicio de transporte de los funcionarios que en ella laborarán,

coadyuvando en sus labores de protección a los funcionarios judiciales.

j)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:

      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº10 del día viernes 14 de enero del presente año, específicamente en el

item 39, ―EQUIPO DE TRANSPORTE‖, se contempla la disposición de recursos

afines a la presente contratación.

      Asimismo, el licenciado Walter Jiménez Sorio, Jefe a.i. del Departamento

Financiero Contable, mediante oficio 688-P-2005 del 28 de septiembre último,

certifica la existencia de recursos presupuestarios con cargo a la subpartida 330

“Equipo de Transporte”, programa 928, IP = 00 por la suma de ¢29.000.000,00 a

efecto de atender las obligaciones que se deriven de esta contratación, los cuales se

están incorporando en la Modificación Externa por Decreto N° 08-2005.

k)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Mediante el oficio N° 7111-DE-2005 del 14 de septiembre último, el

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite el oficio 980-DG-05, de

9 del presente mes, suscrito por el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General

del Organismo de Investigación Judicial, en el cual solicita la adquisición de

dichos vehículos, de conformidad con la aprobación de Corte Plena, de la
                                         296

denominada Unidad de Protección de Personas, según acta N°14-2005 de la sesión

del 23 de mayo último, lo que se constituye necesariamente en los estudios previos.


      Dado que esta nueva Unidad de Protección de Personas, que se adscribirá al

Organismo de Investigación Judicial está incluida en el Proyecto de Presupuesto

del año 2006 y en consecuencia, se espera inicie sus funciones en enero de ese año,

se amerita redefinir el plazo de entrega de entrega de los vehículos a comprar para

que sea inmediato (siete días naturales); caso contrario se producirían efectos

nugatorias ante la oportunidad con la que se requieren, sobre todo porque posterior

a su recibo, deben inscribirse y asegurarse, aunado a que el presupuesto se está

asignando de manera extraordinaria con un movimiento de fondos.


l)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en él recae, aspecto que

así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la
      correcta ejecución del objeto de la contratación:
                                         297


        Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del

Reglamento General de Contratación Administrativa, en el cartel del concurso se

debe hacer indicación expresa de los recursos materiales y humanos con que

cuenta la Administración para verificar la correcta ejecución del objeto de esta

contratación. Al Área de Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría

le corresponde verificar la correcta ejecución del objeto contractual, para lo cual se

hará auxiliar del Taller Mecánico de la Sección de Cárceles y Transportes del

O.I.J. y del Proceso de Aprovisionamiento del Departamento de Proveeduría, los

cuales cuentan con el personal técnico necesario para llevar a cabo y hacerse

responsables de lo relacionado con la ejecución del contrato.

        El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                  ARTÍCULO CII

I.            El 7 de junio del presente año el señor Raúl Villalta Solís, en su

     condición de curador del pensionado Víctor Villalta Solís, presentó un escrito a

     este Consejo en el cual indica que suscribió un arreglo de pago en la Dirección

     Ejecutiva por una suma de más que percibió su hermano Víctor Villalta, por

     concepto de pensión, correspondiente al período del 20 de octubre del 2000 al
                                          298

      20 de diciembre del 2001, sin embargo estima que ese dinero sí le pertenecía

      por cuanto ya estaba para esa fecha cubierto por la pensión. Asimismo indica

      que está a cargo del señor Víctor Villalta, corre con todos sus gastos y es una

      persona mayor de 60 años que actualmente no tiene trabajo. Solicita que se le

      aclare por qué debe pagar esas sumas.

II.      Al analizar la presente gestión tenemos que en sesión N° 12-02 del 20 de

      febrero del 2002, artículo LI se acordó:

          ―En oficio N° 145-DLJ-02 del 7 de este febrero, suscrito por los
          licenciados Manuel Sequeira Sequeira, Maureen Siles Mata y Francisco
          Arroyo Meléndez, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales y de
          Planillas y del Departamento de Personal, por su orden, rinden el
          siguiente informe:
          ASUNTO: Solicitud de pensión a favor de Víctor Manuel Villalta Solís,
          cédula N° 1-449-396, representado por su curador Raúl Villalta Solís,
          hijo de don Augusto Villalta Ballestero, jubilado judicial fallecido.
          Para tal efecto el curador Villalta Solís presenta la siguiente
          documentación:
              1)Solicitud del beneficio pretendido.
          2) De defunción de don Augusto, quien falleció el 19 de octubre de
          2000.
          3) Del registro Civil donde consta que Víctor Manuel es hijo legítimo
          de don Augusto
          4) Del Registro Público de la Propiedad donde consta que no aparecen
          bienes inscritos a su nombre y tampoco a nombre de don Augusto.
          5) De la Caja Costarricense del Seguro Social haciendo constar que no
          devenga salario y tampoco disfruta de pensión.
          6) Del Depto. Nal. de Pensiones en que consta que no recibe pensión.
          7) Certificación expedida por el Juzgado de Familia de Alajuela, en el
          sentido de que se nombra curador del incapaz Víctor Manuel a su
          hermano Raúl Villalta Solís, hace la observación el Despacho que la
          declaratoria de Insania se encuentra firme.
          A la fecha de su fallecimiento el señor Augusto Villalta Ballestero
          disfrutada de una jubilación mensual de ¢133.504.45 (equivalente al
                                           299

       97.50% del salario promedio).
          MONTO DE PENSIÓN: ¢89.002.95 (2/3 partes de la jubilación).
       Con motivo de los aumentos que se han sucedido posterior a la concesión
       del beneficio, la pensión se reajustará de la siguiente manera:
          Reajuste de pensión a favor del señor
          Víctor Manuel Villalta Solís
          2/3 partes de la jubilación que le correspondería a don Augusto
       Período      Base anterior Base actual %         Monto aumento       Monto
       actual       Nuevo monto
          1/01/01 119.400.00 126.600.00 100 7,200.00                 89.002.95
             96.202.95
          1/07/01 126.600.00 134.200.00 100 7.600.00                 96.202.95
             103.802.95
          1/10/01 134.200.00 135.800.00 100 1.600.00                 103.802.95
             105.402.95
          Norma legal:
          ―Cálculos efectuados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
       232 de la Ley Orgánica Actual, párrafo primero.‖
       Fórmula aplicada:
       2/3 partes de la jubilación que venía percibiendo el causante.‖
                                          --- o ---
             Se dispuso: Aprobar la pensión que formuló el señor Raúl Villalta
       Solís, a favor de Víctor Manuel Villalta Solís, en la forma propuesta en el
       informe anterior, el cual se acoge a partir de la presentación de la gestión,
       a saber el 21 de diciembre del 2001. El Departamento Financiero
       Contable tomará nota para lo de su cargo. EN FIRME.‖
                                             -0-

III. Como se puede apreciar el derecho se otorgó a partir del 21 de diciembre del

2001, sin embargo este es un acuerdo que se reproduce por error, por cuanto en un

primer acuerdo comunicado incluso al Departamento Financiero Contable se le

había otorgado la pensión a don Víctor partir del 20 de octubre del 2000, sea un

día después del fallecimiento del padre, con lo cual se le canceló el retroactivo

correspondiente hasta esa fecha. De este acuerdo original es que surgen las sumas
                                        300

pagadas de demás, que luego la Dirección Ejecutiva debe cobrar cuando recibe el

acuerdo reproducido por error, en cual se consigna la nueva fecha de rige.

   Analizado el presente asunto se llega a la conclusión de que, si bien la regla ha

sido que el derecho a la pensión se otorga a partir de la fecha de la gestión,

también se consideran fuera de esa regla los casos en los que la persona que

gestiona debe tomar un tiempo razonable, luego de la muerte del servidor judicial,

para reunir los requisitos que se requieren para hacer la petición formal de pensión;

en estos casos ha dispuesto el Consejo que rige el derecho a partir del día siguiente

de la muerte y no desde que se hace la gestión. Si vemos el caso de estudio, don

Víctor Villalta, estaba legalmente impedido para gestionar su derecho a la pensión,

por lo que fue necesario que su hermano Raúl Villalta instaurara el proceso de

interdicción y que se declara su insania y se le nombrara a él como curador,

proceso que interpone en noviembre del 2000, y obtiene una sentencia definitiva

del Juzgado de Familia de Alajuela el 5 de diciembre del 2001, quedando firme por

algunos errores que debieron corregirse el 13 de diciembre del mismo año, y como

podemos constatar don Raúl Villalta gestiona la pensión de seguido el 20 de

diciembre. Como puede apreciarse don Víctor no pudo disfrutar del derecho a la

pensión por no estar en capacidad de gestionar, y el tiempo transcurrido entre la

muerte de su padre y la fecha en que se hace la solicitud es el tiempo que se
                                        301

requirió para conseguir los requisitos y poder así acceder a su derecho. Por lo

expuesto se estima que lo procedente en este caso, y dadas sus circunstancias

particulares, es revisar el acuerdo de este Consejo reproducido por error del 20 de

febrero del 2002, sesión 12, artículo LI, y en su lugar disponer que el señor Víctor

Villalta Ballestero tiene derecho al disfrute de la pensión desde el 20 de octubre

del 2000, tal como se había dispuesto inicialmente; por cuanto el tiempo

transcurrido entre la muerte del causante y la solicitud de pensión es el tiempo

razonable requerido para obtener los requisitos necesarios para gestionar.

   Con base en la gestión del señor Raúl Villalta Solís y los documentos que

constan en el expediente del pensionado Víctor Villalta Solís y que se han tenido a

la vista, se acordó: Dejar sin efecto el acuerdo de este Consejo de la sesión N° 12-

02 del 20 de febrero del 2002, artículo LI, en lo que se refiere a la fecha de rige

del derecho, disponiendo que el derecho a pensión por parte del señor Víctor

Villalta Ballestero se le concede a partir del 20 de octubre del 2000, tal como

inicialmente se había concedido. La Dirección Ejecutiva, realizará los trámites

pertinentes para reintegrar los recursos que el señor Villalta Solís, pagó con

ocasión del arreglo de pago que indica suscribió con la Administración, por las

sumas de más que percibió su hermano Víctor Villalta, por concepto de pensión,

correspondiente al período del 20 de octubre del 2000 al 20 de diciembre del 2001.
                                       302

Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO CIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio No. 6815-

DE-2005 de 5 de setiembre último, remite nota No. 595-DVD/AUX-05 de 2 de ese

mes, suscrito por la bachiller Lendsay Solano Sequeria, Encargada interina del

Depósito de Vehículos Decomisados, en que remite el listado de los bienes que se

mantienen en custodia a la orden del Juzgado Penal de San José.

      Del citado informe, que fue puesto en conocimiento del licenciado Edgar

Castrillo Brenes, Juez Coordinador del referido Juzgado, se indica que se

mantienen en custodia del Depósito, los siguientes bienes:

             77              Vehículos
             55              Motocicletas
             15              Otros Bienes denominados OTROS
             147             Total


      Se acordó: 1) Tener por presentado el listado de bienes en custodia a la

orden del Juzgado Penal. 2) El licenciado Edgar Castrillo remitirá en el plazo de

un mes a partir del recibo de este acuerdo, un informe sobre el resultado obtenido

en el estudio.
                                        303

                                 ARTÍCULO CIV

   Manifiesta el licenciado Martínez Fernández que existe un saldo favorable en

el Programa 927 "Servicio Jurisdiccional", que considera podría estudiarse la

posibilidad de atender con esos recursos un programa de especial atención en los

tribunales, donde se ha establecido la existencia de una sobrecarga de

señalamientos y los jueces no dan abasto para atenderlos. Lo anterior, como se hizo

hace dos años en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José.

      Se dispuso: 1) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado Martínez

Fernández y autorizar que se utilice dicho remanente hasta donde sea prudente,

para la creación de un programa especial de descongestionamiento en los

tribunales, mediante el cual se otorgarían permisos con goce de salario a los jueces

y auxiliares que se incorporen al proyecto, en las oficinas judiciales que lo

requieran. 2) Solicitar informe, en el término de 24 horas a partir del recibido de la

presente comunicación, al Departamento de Planificación, para que indique la

cantidad de recursos que se podrían utilizar para dicho proyecto y los tribunales

que lo requieran. Se declara acuerdo firme.

                                        -o0o-

      A las 12:25 terminó la sesión.
                                                  304


i
 Las constancias que para estos efectos se solicitan al Departamento Financiero Contable, Sección Cobro
Administrativo-Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Recuperación del Depto. Personal, fueron revisadas y se
mantienen en la Sección Administración Salarial.

				
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