PROFE by ZrL1k11

VIEWS: 189 PAGES: 222

									                                                                                                                                                                                                                                 “Nelson Mandela DD. HH.”
                                                                                                                                                                                                                                Centro de Estudios e Investigación Social

                                                                                                                                                                                        Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500                      Tel/fax: (54 - 03722) 428475
                                                                                                                                                                                               Página web: www.centromandelachaco.com.ar                            E mail: info@centromandelachaco.com.ar
                                                                                                                                                                                                                                                                            centromandela@yahoo.com.ar




                                                                                                                                                                                                                                                   C.E.E.I.A.M.
COMO EXPRESION DE LOS VALORES DE ASCENDENCIA FILOSOFICA, ETICA, MORAL Y JURIDICA, LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES UNA EXIGENCIA IDEAL, ETERNA, UNIVERSAL E IRRENUNCIABLE.




                                                                                                                                                                                           Centro de Estudios para la Erradicacion de la Internacion Asistencial de
                                                                                                                                                                                                                    Menores (en formación)


                                                                                                                                                                                        La Licenciada Ana María Dubaniewicz M.P. 3214 y M.N. 5852 es psicóloga (UBA), ex-asilada
                                                                                                                                                                                        dentro del sistema de menores argentino, sobreviviente de la privación de libertad estatal por
                                                                                                                                                                                        humildad económica y deficiencias familiares, y autora de 3 libros:

                                                                                                                                                                                        -"Abandono de menores - Historia y problemática de las instituciones de protección",
                                                                                                                                                                                        de 1997.

                                                                                                                                                                                        -Novela autobiográfica "La virgen de piedra", de 2000 (anamadu@fibertel.com.ar).

                                                                                                                                                                                        -La internación de menores como privación de libertad - Circuito asistencial y penal",
                                                                                                                                                                                        publicado el 6 de mayo de 2006 (Editorial Dunken, info@dunken.com.ar)

                                                                                                                                                                                   ).   En su última publicación, detalla el circuito asistencial - penal de la provincia de Buenos Aires
                                                                                                                                                                                        que hace extensivo a Nación y al resto del país. Las estructuras de funcionamiento de los siste-
                                                                                                                                                                                        mas de Salud, Vivienda, Educación, Trabajo, Economía, y en particular los sistemas Judicial y de
                                                                                                                                                                                        Menores, muestran cómo del semillero de los bebés y niñitos pequeños que ingresan a
                                                                                                                                                                                        sus sistemas de vacantes, se llega a la situación de inseguridad de manos de los adolescentes y
                                                                                                                                                                                        jóvenes que los transitaron, a poblar los espacios para discapacitados, los enfermos mentales, las
                                                                                                                                                                                        cárceles y cementerios y a la incitación al delito por parte de ciudadanos de buena fe que sólo
                                                                                                                                                                                        aspiran a adoptar un hijo.

                                                                                                                                                                                   L    Los bebés y niñitos derivados por los Jueces al hospital Sbarra u otros nosocomios y cottolengos
                                                                                                                                                                                        como institutos de internación, así como a los establecimientos del Estado, las organizaciones no
                                                                                                                                                                                        gubernamentales (ONGs.) conveniadas a cambio de subsidios y el circuito informal, no permiten
                                                                                                                                                                                        contabilizar los niños sin familia o cautivos. En tanto viven la discapacitación física por infecciones
                                                                                                                                                                                        intrahospitalarias, intelectual y emotiva. Reciben un abandono secundario por el Estado, dado que
                                                                                                                                                                                        con su accionar y desregionalizando a sus tutelados, los familiares distancian las visitas o el egre-
                                                                                                                                                                                        so y sus descendientes o hermanitos cubrirán las vacantes de las que viven miles de personas.

                                                                                                                                                                                        En síntesis, en su último libro, "La internación de menores como privación de libertad - Circuito
                                                                                                                                                                                        asistencial y penal" la Licenciada Dubaniewicz pide que la Presidencia de la Nación Argenti-
                                                                                                                                                                                        na, en coherencia con la actual política de derechos humanos, promueva o adhiera

                                                                                                                                                                                        1) a un pedido de "arrepentimiento histórico-estatal y social" sobre la injusticia co-
                                                                                                                                                                                        metida sobre los ex-internados y los actuales.

                                                                                                                                                                                        2) Declare a la institucionalización de los bebés y niños internados en organismos
                                                                                                                                                                                        estatales, establecimientos subsidiados u otras organizaciones solidarias por cau-
                                                                                                                                                                                        sales de pobreza o de índole social (no penal), como "privación ilegal e ilegalizable
                                                                                                                                                                                        de libertad, de familia, de amor y de derechos” y por ende como CRÍMENES DE LE-
                                                                                                                                                                                        SA HUMANIDAD.
                                                                           ANTECEDENTES
                                                                           Abandono de menores - Historia y pro-
                                                                           blemática de las Instituciones de Pro-
                                                                           tección,


 (1997, edición del autor, en venta en Editorial Universidad), presenta una historia detallada acerca del dolor de los niños
desprotegidos y del facilismo estatal e institucional hacia su revictimización social, partiendo de la época Virreinal. Si pres-
tamos atención desde el amor, la humildad y la no discriminación a sus causas, comienzo y desarrollo podremos colocarle un
FIN, dentro del marco de las decisiones políticas y de los derechos humanos.




Si lo desea, puede bajar los archivos y completar la totalidad del libro "Abandono de menores - Historia y problemática de las instituciones de protección",
1997, volumen que se encuentra agotado y de difícil reedición.

Según Usted utilice el contenido, en forma parcial o total, se le solicita que el mismo se cite en los trabajos o ponencias. Asimismo que de poder hacerlo y a
conciencia, remita el pago de autoría de $ 45,00 o u$s 15,00 mediante giro postal o cheque dirigido a Ana María Dubaniewicz, Av. Eva Perón 2044 - Código
Postal 1406, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.



Prólogo
Introducción
Capitulo I - Primer Periodo de protección a la infancia (1600-1821)
Capitulo II - Segundo Periodo de protección a la infancia (1821-1891)
Capitulo III - Tercer Periodo de protección a la infancia (1891-1919)
Capitulo IV - Cuarto Periodo de protección a la infancia (1919-1931)
Capitulo V - Quinto Periodo de protección a la infancia (1931-1943)
Capitulo VI - Sexto Periodo de protección a la infancia (1943-1958)
Capitulo VII - Séptimo Periodo de protección a la infancia (1958-1966)
Capitulo VIII - Octavo Periodo de protección a la infancia (1966-1973)
Capitulo IX - Noveno Periodo de protección a la infancia (1973-1983)
Capitulo X - Décimo Periodo de protección a la infancia (1983-1989)
Capitulo XI - Décimo Primer Periodo de protección a la infancia (1990-1997)
Bibliografía General y de Consulta


                                                                      2
                                                  Prólogo

    La autora, psicóloga que pasó 14 años de su infancia y adolescencia internada en 7 estableci-
mientos distintos, expresa que elaboró ―esta cronología de abandono, infanticidio, abuso, maltrato,
carencia y descuido que rebasó mi propia historia‖.
    Sin duda alguna, la historia de nuestras sociedades está lamentablemente plagada de innume-
rables vejaciones, de toda índole, sufridas por los niños y los adolescentes.
    Analizar críticamente y denunciar estos hechos —que caracterizan a los distintos modelos de
funcionamiento social— debe asumirse como un paso imprescindible para evitar que continúen
produciéndose y para contribuir al mejoramiento de la sociedad.
    A la inversa de lo que muchas veces ingenuamente se supone, la crítica y la denuncia constitu-
yen actos optimistas, en pos de la superación de las situaciones o circunstancias indeseadas.
    Como la propia autora lo menciona, se trata de un ―análisis monográfico‖. El mismo, contiene
una muy amplia recopilación de información que posibilita interpretaciones diversas sobre la aten-
ción que se brindó y se brinda a los problemas padecidos por la infancia y la adolescencia.
    En este sentido, el trabajo habilita al replanteo y a la discusión de esta temática, en el contexto
de una época de retroceso social, de pérdidade derechos sociales para las mayorías, donde la
niñez constituye uno de los sectores de mayor vulneración.
    Las últimas cifras de aumento de la pobreza y la afectación extrema que dicho fenómeno social
provoca en la infancia y en la adolescencia, evidencian el desinterés objetivo de parte del Estado y
de la sociedad, por los derechos plenos para todos los niños y adolescentes, más allá de las fer-
vorosas y vacías invocaciones al amor y a la niñez, con las que pretenden autoconvencerse algu-
nos funcionarios.
    Se suele verificar una doble y paradojal circunstancia: por un lado desatención de las necesi-
dades y derechos de los niños; y por otro (cuando son atendidas), una intervención —en muchos
casos— altamente perjudicial para esos niños. ¿Cuántos desvaríos institucionales se cometen
contra los niños y adolescentes, aduciendo inclusive, en ocasiones, el propio ―interés superior del
niño‖?
    Tal vez los chicos y adolescentes, ante la actuación de ciertas instituciones llamadas de ―pro-
tección‖, tanto oficiales como privadas, podrían decir con la voz de la mapuche Gerónima: ―no
quiero que me den una mano; quiero que me saquen las manos de encima‖.
    Desde el año 1989 rige la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestro país sancionó la Ley 23.849, el 27 de se-
tiembre de 1990, por la cual se ratifica el texto de la Convención. Y en agosto de 1994 la Asam-
blea Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina.
    La Convención es un tratado sobre los derechos humanos fundamentales de todos los niños:
derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo de sus aptitudes físicas y mentales, derecho a la
protección contra todo aquello que vaya en menoscabo de su desarrollo, derecho a participar en la
vida familiar, cultural y social.
    La incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, refuerza el reconocimiento de la
dignidad humana fundamental de la infancia y la adolescencia, así como la necesidad urgente de
garantizar su protección y desarrollo.
    En concreto, de lo que se trata ahora es —ni más ni menos— cumplir la Constitución Nacional.
    La defensa de los derechos de los niños y adolescentes (además de la importancia estratégica
en sí misma, por el compromiso ético que involucra, por la apuesta a la construcción de una so-
ciedad equitativa y por la contribución al fortalecimiento de una democracia cierta), constituye un
eje de resistencia social a la pérdida creciente de los derechos de la mayoría de la población.
    El debilitamiento o pérdida directa —en muchos casos— de los derechos económicos, sociales
y culturales de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, socava la esencia misma de la de-
mocracia.
    La situación actual reclama urgente atención, ya que con pobreza, restricción de derechos y
exclusión social, la democracia pierde inexorablemente legitimidad y se contribuye (aunque no se
tenga conciencia de ello) al posible reflorecimiento de posiciones nihilistas y a posturas fundamen-
talistas, siempre dispuestas a reemplazar autoritariamente la voluntad y decisión de la ciudadanía.
    En este marco, contribuir a la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, re-
clamando que se cumpla la Constitución Nacional, constituye también un ejercicio vivificador para
todos aquellos que aún no han perdido la legítima capacidad de indignación y rebeldía, ante los
problemas que a diario soporta la sociedad y —en particular— los sectores más vulnerables.
    El presente texto, aún manteniendo su carácter monográfico, expresa un testimonio de preocu-
pación personal y profesional, ante la evidente insensatez de los adultos, que construyen y repro-


                                                  3
ducen modelos de funcionamiento social, que violan flagrantemente los derechos de los niños y
adolescentes.
    La copiosa información contenida en el trabajo (que suele ser difícil de rastrear y obtener) posi-
bilitará una lectura aguda de la historia de los niños en Argentina, de sus padecimientos, de las
instituciones ―de protección‖, todo lo cual podrá contribuir a renovar el compromiso de bregar por
una sociedad verdaderamente desarrollada, que garantice cabalmente al conjunto de la población
—y en especial a sus niños y jóvenes— niveles significativos de bienestar, de libertad, de justicia y
de participación democrática.
                                                                  Buenos Aires, Diciembre de 1996.
Lic. Norberto Alayón




                                        Introducción

                                    Su Majestad “El Niño”

                                                            ...cómo luchar la vida desde mi rincón...
                                                si estoy arrebujada, marmolada de frío y de terror...
                                                                       cómo sentirte a vos, humano,
                                                              si vos mismo me inmolaste en nombre
                                                             de este gélido vacío que llaman amor...
                                                         y por ese amor, y en nombre de tu libertad
                                                                               me mandaste a morir.
                                                                                             La autora


   Con este Análisis Monográfico, intento, además de arribar a conclusiones personales profundas
acerca de mi propia historia, dar forma a una recopilación histórico-evolutiva que permita al lector
discernir en cada período proteccional:
   a) El origen, desarrollo y permanencia de las instituciones de amparo desde la época virreynal
      hasta el presente.
   b) Las transformaciones habidas en las políticas atencionales derivadas de los cambios guber-
      namentales y/o sociales.
   c) Las causales del abandono, o sometimiento a carencias parciales o extremas en las perso-
      nas de los bebés, niños y jóvenes desvalidos por parte de su familia.
   d) Las causales que conllevan a la carencialidad o abandono de los chicos por el Estado o las
      instituciones que han de suplir las deficiencias del hogar.
   e) Las distintas formas de abandono familiar e institucional.
   f) El tipo de respuesta social y estadual a estas problemáticas, y la cuestión de la ―impotencia‖
      en muchos casos para prevenirlas y/o resolverlas.
   g) Las variaciones y agravamiento en el tiempo, de las modalidades en la expresión de los con-
      flictos sociales por parte de nuestros menores.
   h) Las similitudes y diferencias respecto de las patologías en la personalidad de los chicos asis-
      tidos por el Organismo de menores.
   i) Los sentimientos de dolor en los bebés, niños y jóvenes frente al abandono y/o carencia afec-
      tiva familiar, y social.
   j) Las posibilidades que han tenido y tienen actualmente las instituciones de amparo, de revertir
      las secuelas psicopatológicas dejadas en la personalidad de los niños por los primeros y/o
      sucesivos abandonos:
      - en los menores internados
      - en los menores bajo sistemas de tratamiento familiar.
   k) La formación y/o mantenimiento de patologías psico-físicas bajo sistemas institucionales in-
      adecuados.
   l) La formación y/o mantenimiento de patologías psico-físicas derivadas de la atención de los
      chicos por personal incompetente dentro del sistema institucional.
   ll) La salud o enfermedad institucional generada por la salud o enfermedad social, que deriva
      en la identidad, o alienación de los menores dentro de su ámbito.

                                                  4
  m) Cómo esta historia de menores abandonados e institucionales mayormente ineficaces, pue-
    de llevar a nuestros chicos a la delincuencia, a una nueva muerte de sus ilusiones o a la
    muerte real.
  n) Cuándo el Estado se convierte en facilitador de la disgregación familiar.
  ñ) Las ventajas y desventajas del ―sistema de pupilaje‖ evaluando las secuelas psicofísicas de
    su implementación, y qué posibilidades existen para su supresión definitiva.

    Todo ésto, en estrecha correlación con el momento histórico socio-cultural en que ha estado in-
serta nuestra Nación en cada etapa histórica.
    El hecho de querer sistematizar más acertadamente la información abraza en mí el propósito
de mejorar y/o ayudar a resolver cada vez más humanitariamente nuestras problemáticas sociales
y la penosa situación del niño a consecuencia de la influencia de las mismas.
    Este trabajo intenta además, llegar a ser un instrumento válido para especialistas que quieran
debatir en forma sistemática y permanente, cuáles son las mejores soluciones ―a nuestro alcance‖
para resolver las cuestiones básicas que derivan en el abandono físico y afectivo de los chicos,
tomando en cuenta cuáles pueden ser las motivaciones profundas que subyacen al permanente
fracaso de los sistemas de prevención social.
    Los menores continuamente llaman nuestra atención, y se manifiestan como síntomas de en-
fermedad social.
    Así, mientras nuevamente son dignificados; considerados sus derechos legal y oficialmente
aprobados por Argentina y el mundo a través de la ―Declaración Internacional sobre los Derechos
del Niño‖ de 1989, y según lo aseverara el Dr. J. E. Coll, ―parece que el derecho en nada modifica
esta dolorosa realidad humana y social, que significa sumir al niño en el abandono y resentimien-
to‖. A lo que me permito agregar: ―una infinita soledad, desarraigo, infelicidad, desafecto y un in-
cierto futuro‖.
    Continúa el Dr. Coll proclamando que ―las causas sociales han de servir como contingencia fa-
tal para el delito o el crimen. Entonces se habla de menores abandonados o de menores delin-
cuentes como categorías diferentes y susceptibles de acciones diversas...‖ ―reaccionando ante el
mal inmediato con acciones enérgicas y severas medidas de tipo represivo y eliminatorio del deli-
to, en su deseo tardío de ahogar la delincuencia‖.
    De no mediar un verdadero y profundo deseo de eliminar sus desdichas, seguiremos justifican-
do la existencia y creación de nuevos códigos, declaraciones y de un mayor aparato burocrático
estatal.
    Hasta tanto, y según graficara estas situaciones la Gaceta de la Provincia de Tucumán en
1937, en ―Su Majestad el Niño, vemos abatida su dignidad y la grandeza de esta soberanía‖.




  Capitulo I - Primer Periodo de protección a la infancia (1600-1821)


                                      1. Leyes de Indias
   El origen de nuestras instituciones que hoy ejercen la asistencia del menor en estado de caren-
cia o abandono, se remonta a nuestra dependencia de los reyes de Castilla y Aragón, cuyo poder
central estaba en España. Toda esa época dejó huellas profundamente cristianas y su móvil fue la
caridad, que sirvió como único fundamento filosófico de la marcha y organización de las obras de
bien público.
   Del rey dependían las Leyes de Indias ( ), cuyas humanas disposiciones fueron desvirtuadas
por los conquistadores. Entre ellas figuraban iguales derechos sobre la división de tierras para el
indio y el español; el indio debía ser bien tratado y no sujeto a servidumbre, así como no podían
ser enajenados ni ser puestos en venta en las haciendas. Fomentábase la fundación de poblacio-
nes obreras alrededor de las minas; fijábase un mínimo de siete horas de trabajo diario, y reglába-
se el salario y condiciones sobre las tareas. Sabias resoluciones se ocupaban de los accidentes
de trabajo y labores de las mujeres, a la vez que se pautaba el trabajo a destajo; no se podían
realizar contratos para el servicio doméstico por más de un año ni hacerse llevar en andas o sillas,
como no fueran enfermos o inhabilitados graves.



                                                 5
    Era a la mujer y al niño a quienes se pretendía cuidar en todo sentido: les estaba prohibido a
las indias solteras pernoctar en casa de sus amos y ser nodrizas o amas de los hijos de los espa-
ñoles, en razón de que ―la leche de la madre pertenece a su hijo‖.
    Toda la Legislación de Indias estuvo inspirada dentro de la doctrina de los católicos sociales de
aquélla época.
    En cuanto a la situación de los menores expósitos, Carlos IV por real cédula les concedía legi-
timidad civil, y ordenó insertar en los cuerpos legales de España e Indias esta disposición: ―todos
los expósitos actuales y futuros, quedan, y han de quedar mientras no consten sus verdaderos
padres, en la clase de hombres buenos del Estado llano general, gozando los propios honores, y
llevando las cargas sin diferencia de los demás vasallos honrados de la misma clase‖.


                       2. Instituciones de Asistencia a la Infancia
    El hospital militar que figuró con los nombres de San Martín, Santa Catalina y otros, estaba
destinado a ser Hospital de Hombres, y fue levantado por D. Juan de Garay. En él se recluían
varones carentes de recursos, siendo durante mucho tiempo la única institución encargada de
prodigarles asistencia, y siempre en forma precaria. Su capacidad era de doscientas camas y es-
taba a cargo de los Padres Betlemitas y de los de la Hermandad de la Santa Caridad. Bajo la di-
rección del Cabildo recibían para su sostenimiento el producido de la venta de ganado y arrenda-
miento de tierras y casas. A este hospital, lo siguió en 1611 la fundación del Hospital de Mujeres.
    En 1699, siendo Capitán General de las Provincias del Río de la Plata C. Agustín de Robles, se
gestionó ante el Cabildo la cesación del Hospital San Martín de hombres, para instalar una Casa
destinada a niñas huérfanas y desvalidas. Cabildo y gobernador asintieron siendo en 1702, huér-
fanas y personal desalojados para reinstalar nuevamente el antiguo hospital de hombres, por or-
den del Gobernador D. Adolfo Suárez.
    En 1755, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad D. F. Alvarez Campana,
fundó casi a sus expensas y previo permiso secular eclesiástico, un nuevo Colegio de Huérfanas
sito en la calle San Miguel, hoy Bartolomé Mitre, comenzando su actividad con veinticuatro asila-
das.
    En 1779 se inauguró la Casa de Niños Expósitos dispuesta por el Gobernador Virrey Vértiz,
distinguido también por haber creado el Protomedicato que dio origen a nuestro sistema sanitario
en 1780. Siguiendo las normas de instituciones similares de España, los niños abandonados se
recibían en un torno (cuna donde se depositaban los bebés en forma anónima, a fin de evitar el
infanticidio). En el torno de la nueva Casa de Expósitos, figuró hasta el siglo XIX la siguiente ins-
cripción: ―Mi padre y madre me arrojan de sí. La piedad divina me recoge aquí‖. Al finalizar el
mandato del Gobernador Vértiz, esta institución fue entregada a la Hermandad de la Santa Cari-
dad.


                                         3. Reflexiones
    Previo a cualquier generalización, convendría situarnos en la época psico-socio-cultural corres-
pondiente a este período.
    Si bien las Disposiciones de Indias tomaron en cuenta las necesidades de los aborígenes en
calidad de personas dignas, recordar que la esclavitud fue abolida en 1813, nos llevará a recono-
cer algunos de los móviles que derivaron en el abandono y matanza de los niños. Los principios
morales cristianos de la época, impulsaron a púberes y mujeres a ocultar sus embarazos. La de-
sesperación ante un posible juzgamiento social las incitó a cometer el infanticidio o abandono de
sus bebés. Los esclavos, asimismo, probablemente aspirarían para sus hijos una vida de libertad.
    En este período no existían métodos de anticoncepción ni de prevención de enfermedades
venéreas. Podemos imaginar los intentos de interrumpir los embarazos, con consecuencias fata-
les en innumerables ocasiones debido a la falta de asepsia y profilaxis. Asimismo, en aquellos
casos que no se produjeron abortos, los intentos de disimular la preñez, llevaron a las madres a
prácticas aberrantes que derivaban en nacimientos de niños con malformaciones congénitas. Las
situaciones de desamparo maternal e infantil, se han sucedido en cadena e ininterrumpidamente
hasta nuestros días, como veremos en los próximos capítulos.
  La implementación del torno, resultó una eficaz medida para esas mamás y/o papás o familias,
que ya no llevarían sobre sus conciencias la culpa por la muerte o desistimiento de sus hijos no
deseados y/o fruto de ―amores prohibidos‖. También significó una suerte de clemencia para esos
bebés que tendrían la posibilidad de que alguien se responsabilizara por ellos.
  Cabría que el lector se pregunte: ¿vivir para qué?, ¿sin papás?, ¿abandonados?, ¿sin amor?
Estos niños fueron los sujetos de esta historia que se inicia con dolor y soledad. Ellos la forjaron y
sentaron bases sobre su desgracia empujando el sistema legal que los representaría.
                                                  6
   También la fundación de instituciones para niños expósitos y huérfanos, resultó una solución al-
ternativa y sustitutoria de sus ámbitos familiares, de los que la incipiente sociedad no podía o no
quería hacerse cargo. Así los chicos fueron encerrados en grandes edificios ―para su protección y
cuidado‖ y sujetos a un sistema de compasión y caridad divina.
    Estos institutos de internación funcionarían como único sostén físico y psíquico de su persona-
lidad, a falta de puntos de referencia de una adecuada estructura familiar.
   Pasarían su niñez, pubertad y adolescencia, en un estado de carencia afectiva, deprivación
sensorial y de estimulación por la palabra, dentro de establecimientos cuya deseable función ma-
terna, por su carácter de presencia permanente y mundo continente, espacio, contorno y punto de
referencia en el que el niño habría de desarrollarse y crecer, ofrece dudas acerca del cumplimien-
to de ese rol afectivo, al igual que desde la función paterna como transmisora de la ley, códigos y
normas sociales para prepararlo a su vida de adulto.
   Es importante destacar que los cambios gubernamentales derivaron desde un principio en
cambios de gestión dentro de las instituciones de protección, no siempre en beneficio de los me-
nores ni pensando en ellos. Al igual que en el presente, las luchas por el poder y rédito político,
han encaminado a los mandatarios a destruir la obra de su antecesor, llevando el ejercicio de esta
necesidad narcisista a perjudicar los avances sociales y el bienestar de los niños, sin tomar en
cuenta que tal como señala Levobici ( ), ―A causa de los movimientos de personal y los traslados
de los menores por distintas instituciones, es difícil asegurar en una de ellas los cuidados de un
sustituto materno único. Cada cambio de figura materna, equivale a una dolorosa separación del
niño‖.
    René Spitz, asevera en su obra El primer año de vida del niño( ), que los mismos, ―privados del
elemento materno al que tenían derecho, sólo podrán recurrir al único camino que les queda, a la
violencia y a la destrucción de un orden social del que son víctimas. De lactantes sin cariño, se
convertirán en adultos llenos de odio‖. De allí que pasen probablemente a conformar la franja de
marginalidad que tiene acogida en el interior de la vida institucional, compuesta por los ―locos,
débiles mentales, prostitutas, mendigos, rateros, adictos que llegaron al deterioro, enfermos orgá-
nicos, deformes y mutilados‖, y constituyan un conjunto no unificado marcado según D. Maldavsky
( ), por su exterioridad a la ley.
   Desde el ejercicio del poder institucional, cada uno de estos fragmentos tiene un destino de-
terminado: el hospicio, la cárcel, los hospitales, los orfelinatos y casas de caridad, o ciertos em-
pleos públicos con los que la comunidad hace cumplir una función social a algunos, en el contexto
laboral. Asimismo, ―varios de estos destinos se consuman de un modo no institucionalizado en las
calles, plazas, estaciones de tren o subterráneo, bajo puentes o en baños públicos, o en las sec-
tas‖.
    Debido a la ausencia en los niños pequeños de procesos identificatorios con algún ideal, y a la
falta de proyección de dicho ideal en un líder y su ulterior introyección, los marginales carecen del
sentimiento de hermandad recíproca, lo que equivale según Lacan ( ) a haberse instituido en ellos
el proceso de ―forclusión‖ como ―operación que interfiere en la metáfora paterna, es decir un signi-
ficante que daría consistencia a los restantes, como introductor de la ley y fundamento del ideal
del yo‖.




    Capitulo II - Segundo Periodo de protección a la infancia
                          (1821-1891)

                            1. Defensor de Pobres y Menores
   El 20/12/1821 durante el gobierno de Martín Rodríguez, se crea el cargo letrado de Defensor
de Pobres y Menores y el de Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, desdoblado o
refundido en diversas oportunidades por razones políticas.
   El 1/7/1822, por decreto del Gobernador Rodríguez refrendado por Bernardino Rivadavia, Mi-
nistro de Gobierno, se suprime la Hermandad de la Santa Caridad, considerando que ―la adminis-
tración de los hospitales pertenece a la alta policía de gobierno, y por consiguiente debe tenerlos
bajo su inmediata inspección‖.


                                                 7
  Se nombra en su lugar una Comisión para que entienda en la reglamentación del estableci-
miento, que en adelante sería sostenido poerario público como Colegio de Huérfanas de La Mer-
ced y más tarde como Casa de Huérfanas Crescencia Boado de Garrigós.


                   2. Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal
   El 2/1/1823, y a instancias de Rivadavia se crea esta Organización, a la que se encomienda la
dirección e inspección de la Casa de Niños Expósitos.
   La Ley de Reforma del Clero y la creación de esta Entidad, son medidas basadas en otras simi-
lares de la España de Carlos III.
   La Sociedad de Beneficencia parecería imitar a las Juntas de Damas propiciadas por el Minis-
tro Conde de Floridablanca, y evidenciaría la influencia de la Sociedad Filantrópica Francesa que
Rivadavia conoció en Europa.
    Preocupado este legislador por entender las necesidades de la mujer y el niño, pensó que ―na-
die como ella misma para desempeñar tan humanitaria misión, puesto que su espíritu está dotado
de ciertas cualidades que el hombre nunca habría de poseer‖. La incita entonces a ejercer la in-
dustria; la hace depositaria de la grandeza de la Nación y la invita a intervenir en el trabajo social.
De esta manera el gobierno le encomienda un rol oficial, el cual también da inicio a un proceso de
laicización de la caridad.
   Sus atribuciones fueron:
   1)   dirección e inspección de las escuelas de niñas;
   2)   de la Casa de Expósitos;
   3)   de la Casa de Partos Públicos y Ocultos;
   4)   de los Hospitales de Mujeres;
   5)   del Colegio de Huérfanas;
   6)   de todo establecimiento público dirigido al bien de las personas de sexo femenino.
   Con la instalación de esta Sociedad, el Estado respalda económicamente a la mujer delegán-
dole una institución de carácter intermedio y con sentido filantrópico.
   Comienza a producirse una gradual intervención del gobierno en las áreas de la educación y
bienestar femeninos.
   Estas señoras, vinculadas con las familias de mayor influencia en el gobierno, mantenían es-
trechos lazos con los sectores que detentaban el poder.
   La Sociedad de Beneficencia, dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (ley
3727, art. 9 inc. 16) gozó de personería jurídica por decreto del 19/12/1908.
   Durante la mayor parte de su existencia, mantuvo los Premios a la Virtud creados por Rivada-
via en 1827. Los mismos eran destinados a personas pobres y con una finalidad moralizadora y
ejemplarizante.
   Algunos premios eran instituidos por el gobierno: al amor filial, a la virtud, a la moral; y otros por
los particulares, generalmente personas distinguidas que donaban sumas de dinero para premiar
capacidades definidas por ellos: ―Premio Elvira A. de Ferriol a la abnegación, instituido y costeado
por sus hijas...‖.
   También la Sociedad destinaba recursos para los pobres vergonzantes, ubicados en lo más ba-
jo de la escala social, y que no tenían acceso a estos premios, dado que según los postulados de
esta Entidad, ―en los sectores más bajos de la población abundan las enfermedades, el vicio y la
miseria, sobre cuyos estratos es difícil ejercer una acción positiva de mejoramiento social‖.
   En 1855 crea el Fondo de Pobres, con el fin de llevar ayuda inmediata a las familias con nece-
sidades apremiantes. En casos especiales concedía socorros en efectivo o útiles de labor, herra-
mientas, artículos de ortopedia, anteojos y otros elementos precisos, con fondos de legados y do-
naciones.
   El 2/10/1904, se estableció como Día de los Niños, efectuándose lo que Meyer Arana definió
como ―fiesta de los ricos y los pobres‖.
   Por decreto del 2/11/1910, le fue encomendada a la Sociedad de Beneficencia la administra-
ción y adjudicación de 600 decenas de loterías para que fueran acordadas a personas menestero-
sas, especialmente inválidos, viudas y huérfanos de militares sin pensión.
   Otras formas de subsidiar sus gastos, eran las ingeniosas campañas de solidaridad social: fies-
tas de caridad como el Corso de las Flores; funciones orquestales en el Teatro Colón; Fiesta del
Domingo en el Hospital de Alienadas, y la instalación de alcancías en los medios de transporte.


                                                   8
    2.1. Las escuelas de niñas. El 20/8/1823, la Sociedad de Beneficencia inauguró la primera
escuela en la Parroquia de las Catalinas, y el 15 de octubre del mismo año fundó la primera Es-
cuela Normal del país.
    En 1827, cuando Rivadavia dejaba la presidencia de la República, la institución tenía a su car-
go seis escuelas en la ciudad, la Casa de Huérfanas y cuatro escuelas de campaña, amparando
así a un total de 875 niñas.
    En 1838, con el advenimiento del régimen rosista, se produjo una suspensión temporal de sus
actividades dado que, al decir de la Sociedad de Beneficencia, ―se negaban los recursos más in-
dispensables para el sostenimiento de esta obra‖.
    Subsisten los hospitales gracias a la caridad pública, hasta que en 1852 se instala la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires que los incorpora, y se restablece la Sociedad de Beneficencia
con sus antiguos deberes y atribuciones.
    De esta manera, dos son las instituciones que comparten la asistencia y beneficencia en nues-
tro país.
    La Sociedad de Beneficencia continuó fundando escuelas hasta 1876, las cuales por disposi-
ción de la Ley de Educación Común, fueron transferidas al Consejo General de Escuelas.
    En esos cincuenta y tres años transcurridos, esta institución había hecho honor a la misión que
le encomendaran: una escuela normal y 98 escuelas comunes, con una concurrencia de 7354
niños, bajo el principio: ―sin educar e instruir a la madre, vano será exigir a los hijos las virtudes de
buenos ciudadanos gobernados por instituciones libres‖.

    2.2. Hospitales. A partir de 1852, la Sociedad de Beneficencia administra el Hospital de Muje-
res (actual Rivadavia, creado en 1759 por la Hermandad de la Santa Caridad).
    Con dinero del gobierno, suscripciones y donativos, inaugura en 1887 el nuevo Hospital Riva-
davia con capacidad para 300 camas, llegando a contar en 1937 con 803 camas disponibles y
amplios servicios, incluyendo la Escuela de Enfermería.
    Hospital Nacional de Alienadas (Brandsen 2570). Se instala el 23/3/1854 en el local de la Anti-
gua Convalescencia, con 68 enfermas. En 1881 albergaba a 377, teniendo sólo capacidad para
200.
    Asilo de Alienadas de Lomas de Zamora. Lo crea la Sociedad en 1908 con capacidad para 380
enfermas. En 1942 albergaba a 3165 insanas y 100 pensionistas en forma gratuita, en los pabe-
llones inaugurados en 1937 y 1940.
    Hospital de Niños. Se funda en 1875 en dos salas de madera con 20 camas cada una. En 1896
se inaugura el actual Hospital de Niños de la calle Gallo, solventado casi exclusivamente con do-
naciones y legados, y con una capacidad de 730 camas para varones hasta los doce años de
edad y mujeres hasta los catorce.
    Hospital Oftalmológico. Comenzó a funcionar en 1878 en el Hospital de Mujeres. En 1922 se
instaló el Hospital Santa Lucía en la Av. San Juan 2021 destinado al tratamiento de las enferme-
dades de la vista. Se realizó esta obra con aportes privados y del Estado.
    Sanatorio Marítimo de Mar del Plata. Fue inaugurado en 1893 para niños expósitos y débiles
constitucionales. Más tarde se amplió a enfermitos con lesiones ósteo-articulares y ganglionares
tuberculosas. De la población inicial de 50 niños, llegó a contar en 1942 con 205 camas y 7339
niños asistidos.
    Hospital Sanatorio de Llanura “Vicente López y Planes” (Gral. Rodríguez, Prov. de Buenos Ai-
res). Fue creado en 1916 para atender mujeres y niños de ambos sexos con tuberculosis. Esta
concreción fue posible en su mayor parte gracias a legados y donaciones.
    Registro General de Niños. Fue creado en 1926 para realizar la admisión, traslado, devolución
y colocación de menores.
    Instituto de Odontología. Se inauguró en 1926 en la calle Venezuela 584 para mujeres y niños
de ambos sexos, funcionando allí una Escuela de Higienistas.
    Instituto de Maternidad (Las Heras 2670). Creado en 1928 con 426 camas y 266 cunas y con
fondos del legado de D. A. Massini de Silveyra y del Estado.
    Maternidad “R. Sardá” (Luca 2151). Inaugurada en 1934 con 110 camas y 96 cunas, fue dona-
da por la Sra. Delfina Marull Sardá, existiendo en ella un aula para reuniones científicas, una es-
cuela de nurses y otra de enfermeras y cursos para médicos.

   2.3. Acción de la Sociedad de Beneficencia en materia de Asilos
   Asilo de Huérfanos (México 2650). Fundado en 1871 por una Comisión Popular de Ayuda a
raíz de la epidemia de fiebre amarilla. A partir de 1903 sólo asistían al mismo varones huérfanos y
expósitos de 10 a 18 años.

                                                   9
    Casa de Expósitos (Montes de Oca 40, actual Casa Cuna) y Hospital Anexo “Dr. Pedro de Eli-
zalde”, inaugurado en 1779 y cerrado en 1838. En 1852 lo reinstala la Sociedad de Beneficencia,
instaurando la Oficina de Admisión, cuyo fin es el de conservar el vínculo materno-filial.
    Casa de Huérfanas “Crescencia Boado de Garrigós” (Warnes 2401). Fundada en 1755 por D.
F. Alvarez Campana y encomendada a la Sociedad en 1823. En 1925 se inaugura el nuevo edifi-
cio con capacidad para 600 niñas de 6 a 14 años.
    Asilo de Pobreza y del Trabajo “Buen Pastor”. Inaugurado en 1873 y destinado a la instrucción
de huérfanas indigentes de más de 12 años; sostenido por medio del auxilio público, de rifas y de
campañas.
    Instituto de Asistencia Infantil “Mercedes de Lasala y Riglos” (Moreno, Provincia de Buenos Ai-
res). Fundado en 1868 por la Sociedad para menores derivados de la Oficina del Registro General
de Niños, o retirados de las amas de la Casa de Expósitos. Su capacidad es de 560 camas desti-
nadas a niños de ambos sexos de 2 a 7 años que cursan los primeros grados.
    Escuela para Ciegos. Se funda en 1887 exclusivamente con donaciones y se destina a varones
y mujeres. Funcionó hasta 1909, fecha de creación del Instituto Nacional de Ciegos, como institu-
ción independiente de la Sociedad.
    Asilo “Saturnino E. Unzué” (Jujuy 77 - Mar del Plata). Fue inaugurado en 1912 con capacidad
para 350 camas, mediante donaciones de D. M. Unzué de Alvear y de D. G. Unzué de Casares.
    Asilo “Estela Matilde de Otamendi” (San Fernando, Provincia de Buenos Aires). Donado por el
Ing. Rómulo Otamendi e inaugurado en 1916 para 350 niñas de 3 a 7 años. A partir de 1934 se
destinó a menores de 14 a 18 años y se anexó un internado.
    Asilo “Manuel Rocca” (Segurola 1651). Fue inaugurado en 1924 gracias al legado de Dn. M.
Rocca, con capacidad para 400 varones de 5 a 14 años de familias humildes, y con estadía de 8 a
17 horas. ―La permanencia en el asilo lo aleja de la influencia de la calle, antepuerta de la delin-
cuencia‖, aseveraba la Sociedad de Beneficencia.
    Instituto “José M. Pizarro y Monje” (Warnes 2401). Inaugurado en 1925 con capacidad para 90
camas para niñas mayores de 14 años, y gracias a la donación de Da. Cornelia Pizarro.
    Asilo “Isabel Balestra Espíndola” y Pabellón “Lea Meller Back” (Freyre 4267). Donado por Da. I.
Balestra Espíndola e inaugurado en 1926 para 25 ancianas pobres vergonzantes; el Pabellón fue
inaugurado en 1934 con dependencia del asilo y capacidad para 20 personas mayores.
    Instituto Agrícola “Angel Torcuato de Alvear” (Luján, Provincia de Buenos Aires). Inaugurado en
1928 por donación de Da. M. Unzué de Alvear para impartir enseñanza agrícolo-ganadera a 350
menores de 12 a 15 años, dirigidos por los Hermanos Maristas.
    Integrado “Ramayón Valdivieso” (Jáuregui, Provincia de Buenos Aires). Fue legado por Da. F.
Ramayón de Martínez Campos para colonia de niños débiles hasta 1930 y enseñanza primaria a
partir de 1932. En 1940 se convirtió en colonia para el aprendizaje de oficios manuales y rurales
de varones débiles mentales de 10 a 20 años, con una capacidad para 105 alumnos.
    Colonia “Oscar Ferrari y A. D. Areco de Ferrari” (Las Armas, Provincia de Buenos Aires). Lega-
do por Da. A. D. Areco de Ferrari: Fue inaugurado en 1931 como colonia de huérfanos y poste-
riormente transformado en establecimiento de instrucción para 200 alumnos con orientación en
tareas rurales.
    Asilo “General Martín Rodríguez” (Mercedes, Provincia de Buenos Aires). Se creó con el fin de
descongestionar la Casa de Expósitos, con capacidad para 700 menores, en el antiguo Hotel de
Inmigrantes de la ciudad.
    Asilo “Francisco Villanueva y L. Guerrico de Villanueva” (General Rodríguez, Provincia de Bue-
nos Aires). Legado por Dn. Plácido Villanueva y L. Guerrico de Villanueva en 1937; fue destinado
a 100 menores varones enfermos de 14 a 18 años.
    Hospital de la “Casa de Expósitos”. Con capacidad para enfermitos menores de 12 años de fa-
milias no pudientes y 80 amas de leche; se habilitó en 1939 un Consultorio de Puericultura, afir-
mando la Sociedad de Beneficencia que ―el amparo a la familia constituida, no menesterosa, pero
con recursos limitados, es cada vez más una obligación moral de las instituciones de asistencia
infantil‖.
    Casa “San Sebastián” (Provincia de Córdoba). Donada por Da. A. M. Harilaos de Olmos e in-
augurado en 1940 para niñas sanas mayores de 12 años, con externado anexo dirigido por la
Congregación de los Santos Angeles Custodios.
    Asilo “Román Rosell” (San Isidro, Provincia de Buenos Aires). Inaugurado en 1941 con el lega-
do de Dn. R. Rosell para la educación y reeducación de niños ciegos varones a partir de los 6
años.
    Asilo “Obligado” (Bella Vista, Provincia de Buenos Aires). Legado por Dn. Bartolomé Obligado
para 13 señoras sin recursos; contaba con construcciones previstas para 30 más, a fin de proveer-
las de descanso anual.

                                                10
   Taller “Julio Sáez Rozas de Roseti” (Av. Callao 121). Legado a la Sociedad en 1934, fue desti-
nado a la confección de ropa de mujer, albergando a 20 egresadas de sus establecimientos.
   Resulta destacable que de las estadísticas obtenidas por la Sociedad de Beneficencia, sólo
pueden llamarse “abandonados totales” al 10% de la población de niños, conformada por aquellos
que las madres o allegados dejan en sitios públicos o en poder de terceros; por los no rescatados
al cumplirse el plazo estipulado en el momento de la entrega en la Oficina de Admisión, y los en-
tregados con la declaración categóricamente expresada por sus padres de no rescatarlos.
   En 1920 ingresaron a la Oficina 1146 niños; en 1941, 470. Este descenso se debió al mejora-
miento de las condiciones sociales; a numerosas obras de asistencia infantil y materna, y a las
medidas de prevención de la Casa de Expósitos: Ayudas de Crianza a partir de 1923; protección a
las madres solteras y abandonadas proveyéndolas de trabajo, ropa, vivienda, alimentación, ense-
ñanza de las primeras letras y ocupaciones domésticas; destino inmediato de los niños, que son
confiados a nodrizas luego del estudio clínico; vigilancia de los menores entregados en colocación
familiar por cuatro médicos inspectores y, finalmente, destino ulterior de los niños admitidos: si no
son rescatados una vez vencido el plazo estipulado y son sanos, se los deriva a otros estableci-
mientos de asistencia a partir de los dos años; si son enfermos se los mantiene en elhospital de la
Casa de Expósitos, y luego de la convalescencia egresan a menudo a colocación familiar.


                             3. Otras Instituciones de Caridad
   Orfelinato Francés. Sostenido por la Sociedad Francesa de Beneficencia desde 1870 y desti-
nado a recoger y dar educación a 66 huérfanos.
   Colegio “Pío IX de Artes y Oficios de San Carlos” (Almagro). Erigido por los Padres Salesianos
en 1878 con el objeto de ayudar a los chicos huérfanos o pobres, los que reciben alimentación e
instrucción gratuita; otros abonan una módica retribución. Existen los aprendices y los estudiantes,
costeando el gobierno los gastos del asilo.
   Sociedad Protectora de Niños Desvalidos. Fundada en 1884 con personería jurídica del gobier-
no y sostenida por los ciudadanos nucleados a tal fin para brindar talleres de enseñanza práctica.
Fue instalada en la Parroquia de Flores para 80 menores.
   Asilo de Huérfanos de Militares. Fue creado en 1891 por una Sociedad de Damas para socorrer
a los huérfanos de militares del ejército y de la armada no pensionados, ubicado en Callao y
Charcas.
   Asilo del “Sagrado Corazón” (huérfanas irlandesas). Establecido en Riobamba y Tucumán para
75 niñas internas con anexo externado, y sostenido con recursos de la congregación y pensiones
de algunas niñas.
   Instituto Nacional de Sordomudos (Defensa 1179). Administrado por una Comisión Directiva
presidida por el Dr. Coni, con escuela normal anexa. Los alumnos son pupilos, medio-pupilos,
externos, pagos y becarios.
   Sociedad de “San Vicente de Paul”. Sistema universal de caridad surgido en Francia en
1833. Sus principios se basan en los ideales social-cristianos proclamados por la Iglesia Católica,
por lo que su instalación en Buenos Aires significó uno de los primeros intentos de organización
de los laicos para actuar a su servicio. La obra argentina se mantuvo en el radio parroquial a partir
de 1859.
   En 1854 quedó instalado el Primer Consejo Superior de la Sociedad Vicentina Argentina, y sus
obras más destacadas fueron: ayuda material a las víctimas del terremoto de Mendoza en 1861,
apostolado en las cárceles, conmutaciones de penas de muerte e instrucción de presos, Primer
Bazar de Caridad, epidemia de cólera en 1868, inundaciones del Bañado de Flores en 1877, crea-
ción de Escuelas de Adultos de San Ignacio para 1772 obreros, secretariado de servicios para los
pobres, centros de explicación del Evangelio, patronatos de obreros y aprendices, escuela de ar-
tes y oficios, asilos, servicios de inmigrantes y obra de los matrimonios cristianos, entre otras.
   Su labor ha sido silenciosa, yendo ellos mismos a las casas de los más necesitados a entregar
bonos y ayuda material.
   A partir de 1864, se crearon Conferencias de Señoras, que en 1889 ascendían a 89 en todo el
país.
   Algunas de sus instituciones de caridad más relevantes fueron:
   Asilo de “San Vicente de Paul” (Villa Devoto). Inaugurado en 1899 y destinado a alojar niñas
para su instrucción elemental;
   Taller de “Santa Filomena”. Fundado en 1894 para formar obreras de la costura;
   “Santa Felicitas”. Inaugurado en 1905 para educar jóvenes mujeres;
   Talleres de aprendizas. Fundados en 1909 en Lomas de Zamora para capacitar a la futura
obrera;
                                                 11
   Instituto Superior de Economía Doméstica. Creado en 1910 por el Consejo General a fin de
profesionalizar a las jóvenes u ofrecer un hogar a empleadas.
   Cocina para Obreros. Comedor popular creado en 1911.
   Colonia Obrera. Fundada en 1912 en Pompeya, con 12 casitas para alquilar a familias de tra-
bajadores.
   Cabe agregar a estos establecimientos la fundación de asilos infantiles y de ancianos; escue-
las, talleres, hospitales y asilos de mendigos.
   Las Conferencias Vicentinas implementaron sistemas como la Copa de Leche (1905), Casa
Cuna, Asilo Infantil, Post-Escuela y entrega de elementos para tareas escolares, entre otros.
   A partir de 1897, el gobierno asigna a la Sociedad de San Vicente de Paul una cuota anual re-
ducida en el año 1900, y restablecida en 1902 por el Presidente Roca. Organizaba además para
subsidiar sus obras, campañas de caridad, fiestas benéficas y recibía dinero a través de la Lotería
Nacional.
   En la Memoria Anual de 1912, el Consejo General sostenía que ―es necesario algo más eficaz
que dar limosna; debe evitarse la mendicidad y el pauperismo, sosteniendo al obrero, velando por
sus derechos y enseñándole el trabajo, que es una fuente de bienestar individual y colectivo‖.


                             4. Constitución Nacional de 1853
   La Asamblea General Constituyente integrada por dos diputados de cada provincia, sesionó en
la provincia de Santa Fe desde noviembre de 1852 hasta marzo de 1854, sancionando la Consti-
tución                                            Nacional                                           el
1/5/1853. Posteriormente han habido reformas en los años 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y
1994.
   La Constitución promulgada en 1949, bajo el gobierno del General J. D. Perón, modificó sus-
tancialmente la de 1853 y fue suprimida por el Gobierno de facto del 27/4/1956 (Gral. Lonardi).
   También la reforma constitucional de 1972, establecida por decreto del gobierno provisional (J.
A. Lanusse), quedó sin efecto.
   Según el Análisis Pedagógico de la Constitución Nacional realizado por el Dr. Miguel A. Ek-
mekdjian en octubre de 1982, el fundamento que justifica la sanción de la Carta Magna responde
a la voluntad de las provincias que componen la República Argentina, manifestada en los pactos
preexistentes tales como el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de
1852, firmados por todas las provincias, y que dieron base legítima al acto constituyente de 1853.
   La primera parte Declaraciones, Derechos y Garantías, expresa las declaraciones solemnes,
los derechos políticos, civiles y sociales, reconocidos a los individuos y a las instituciones interme-
dias y las Garantías que deben asegurar el ejercicio de tales derechos, a la vez que actúan como
dique de contención contra los excesos de poder de los gobiernos, ―...es un baluarte de la libertad
y un freno al despotismo‖.
   La República Argentina, por el artículo 1º, adopta para su gobierno la forma Representativa,
Republicana y Federal: Representativa porque si bien el pueblo es el Soberano, debe delegar en
personas elegidas por él el ejercicio de las funciones de gobierno; Republicana, porque todo cargo
público surge del sufragio o voto: los funcionarios electos son responsables civil, penal, adminis-
trativa y políticamente por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. El po-
der del Estado se fracciona en tres partes, ejercida cada una de ellas por un órgano diferente: el
Poder Ejecutivo administra y es ejercido por el Presidente de la República, quien delega sus fun-
ciones en el intendente municipal; el Poder Legislativo dicta las leyes, y es ejercido por el Congre-
so Nacional o delega funciones en el Concejo Deliberante, y el Poder Judicial, ejercido por los
jueces nacionales con sede en la Capital Federal, resuelve los conflictos aplicando las leyes dicta-
das por el Legislativo.
   Esta división de poderes constituye una garantía esencial de los derechos individuales.
   La forma Federal reconoce a la República como compuesta por entidades políticamente autó-
nomas, denominadas provincias, que suman 23 en total.
   Cada provincia tiene su propia Constitución Provincial, los tres poderes elegidos por sus ciuda-
danos, recauda sus impuestos, efectúa sus inversiones, y administra y promueve, entre otros, la
educación, la salud pública y sus recursos naturales.
   El texto del artículo 3º sancionado en 1853, declaraba a la Ciudad de Buenos Aires ―Capital de
la Confederación y asiento de las autoridades federales‖; tal disposición no pudo ser cumplida
porque la provincia de Buenos Aires se separó en 1852 de la Confederación Argentina, no llegan-
do a jurar la sanción de la Constitución de 1853.



                                                  12
    Durante ese período, la Capital de la República fue la Ciudad de Paraná. Luego de la reincor-
poración de dicha provincia y a partir de la Reforma Constitucional de 1860 (realizada como con-
dición de esa reincorporación), el texto del artículo 3º quedó redactado en la forma actual.
    El artículo 7º asegura que no obstante la autonomía política de las provincias, las mismas inte-
gran un solo país. El Estado Nacional está constituido por la Nación, un distrito Federal, 23 provin-
cias y sus respectivos municipios.
    Las leyes de la Nación se aplican en todo el territorio, pero su aplicación en las provincias co-
rresponde a su propio Poder Judicial, salvo la legislación federal, que es el resorte de la justicia
federal.
    Los Códigos y las leyes nacionales contemplados en el artículo 67, constituyen todo lo referen-
te al derecho civil, penal, laboral y de la seguridad social, y rigen para todo el país, sin perjuicio de
los Tribunales de Justicia competentes encargados de su aplicación.
    Hay concurrencia de poderes nacionales y provinciales, en cuanto a su aplicación e interpreta-
ción, exceptuando los casos federales.
    Cuando hay una violación de algún derecho, declaración o garantía constitucional, interviene
por imperio de la Ley Federal 48, artículo 14, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene
el control judicial de constitucionalidad, y sobre todos los otros poderes del Estado.
    El artículo 14 de la Constitución, conocido como el de los Derechos Civiles, es uno de los prin-
cipales de esta primera parte. Este artículo ha sido complementado con el artículo 14 bis (Reforma
Constitucional de 1957), que consagra la protección integral de la familia, la defensa del bien de
familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. El Estado otorgará
los beneficios de la Seguridad Social, de carácter integral e irrenunciable.
    Así como los artículos 14 y 20 enuncian los derechos civiles otorgados a toda persona, el 14
bis enuncia los derechos sociales que se otorgan a determinadas categorías de personas: traba-
jadores dependientes, sindicatos y beneficiarios de la seguridad social.
    El Dr. Ekmekdjian aclara que el artículo 14 compone una lista de prohibiciones al gobierno: éste
no puede impedir que el individuo enseñe, aprenda, navegue, comercie, profese su culto y otros;
el artículo 14 bis exige al gobierno asegurar un salario digno, la estabilidad del empleado público,
y otros. El derecho puede ser ejercido cuando el Congreso dicta la ley respectiva.
    El tercer párrafo del nuevo artículo 14 bis, establece los puntos principales que debe asegurar
el Estado a fin de protejer a los individuos y ayudarlos en sus necesidades económicas (acciden-
tes de trabajo, desempleo, muerte, vejez, matrimonio, maternidad, cargas de familia, entre otros).
La finalidad de este párrafo, es que el individuo esté amparado de los perjuicios económicos que
le provoquen tales hechos, con una obra social, jubilación adecuada, seguro contra el desempleo,
accidente de trabajo, y otras medidas de resguardo.
    El artículo 16 dice que la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento
y que todos sus habitantes son iguales ante la ley; es el principio que consagra la igualdad jurídi-
ca. Cabe resaltar la ley 23.302 del 8/11/1985 que declara de Interés Nacional la ―atención y apoyo
de los aborígenes y las comunidades indígenas ... respetando sus propios valores y modalidades‖.
    El artículo 18, es nominado de las Garantías, porque en él se establecen las normas y princi-
pios fundamentales para preservar la libertad y la igualdad de las personas.
    Sostiene que para que una persona pueda ser penada, debe estar la conducta que se le repro-
cha prevista en una ley, y que la comisión de esa conducta y la presunción de responsabilidad
penal, sean probadas fehacientemente; toda persona que tenga que participar en juicio, tiene de-
recho a ser juzgada por el juez que tenga atribución en la materia de que se trate, antes del hecho
que dio origen al juicio; nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y las únicas autori-
dades que pueden ordenar el arresto de una persona, son el juez que entiende en el proceso o el
Presidente de la República durante la vigencia del estado de sitio (por orden escrita de autoridad
competente).
    La inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, significa que todo indi-
viduo tiene derecho a acudir a su juez natural cuando considere que ha sido perjudicado en su
persona o en sus derechos; únicamente el juez competente es el que puede ordenar el allana-
miento del domicilio, incautación y apertura de la correspondencia o cualquier otro papel privado;
queda abolida la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, y los azotes. La
prohibición del tormento se refiere tanto a la tortura física como a la violencia moral, para arrancar
una confesión al acusado.
    Finalmente, este artículo 18 concluye dando los principios esenciales de la organización carce-
laria: las cárceles tienen por objeto ―la defensa de la sociedad, y no el castigo de los presos‖, prin-
cipio de avanzada en las ciencias penales, que ve en el delincuente una persona que necesita ser
rehabilitada para volver la seno de la sociedad, a la que ofendió con su delito: ―Las cárceles de la
Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y
toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá que lo que aquélla
exija, hará responsable al juez que la autorice‖.
                                                   13
    El artículo 19 encierra toda una filosofía política de la libertad, porque contiene los principios de
la libertad de conciencia y el principio de legalidad: ―Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe‖.
    El artículo 31 establece que ― esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia
se dicten por el Congreso, y los Tratados con las Potencias Extranjeras, son Ley Suprema de la
Nación‖; las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo
para la provincia de Buenos Aires, los Tratados ratificados después del Pacto de San José de Flo-
res del 11 de Noviembre de 1859.
    El artículo 33 sostiene que ―las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitu-
ción, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno‖.
    Según especifica el Dr. Sajón, en su Informe de 1992 sobre las Medidas Adoptadas para dar
efecto a los Derechos Reconocidos por la República Argentina al Artículo 44 de la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, ―la importancia de ese artículo es notable, pues impide la
pretensión que pudieran tener los poderes públicos de desconocer o negar los derechos no enu-
merados pero retenidos por el pueblo‖.


                                          5. Reflexiones
    Nuevamente en este período histórico, vemos con claridad la interrupción de las prestaciones y
funciones de asistencia institucional, debido a cambios en la estructura gubernamental, con la
inestabilidad que trae aparejada para los desvalidos, como así mismo para las personas respon-
sables por ellos.
    También fue imbuido por un sentido de ―beneficencia‖, como el nombre de la Sociedad de Be-
neficencia lo indica. Esta entidad recibió aporte estatal por parte de los réditos de las decenas de
loterías, además de los ingeniosos eventos organizados para recaudar fondos, sumados a lega-
dos y donaciones de personalidades de esa época. Esto permitió hacer figurar a encumbradas
señoras y señores, y la comunidad les otorgó poder social y de decisión respecto de la vida y futu-
ro de los niños a su cuidado.
    Aun así, su obra fue notable, loable; su acción perduró en el tiempo. La iniciativa de instaurar la
Oficina Abierta de orden confidencial, blanqueó el abandono de los niños y permitió ayudar a esas
madres desorientadas las más de las veces, instándolas a conservar el vínculo materno-filial,
hecho que antecede al actual programa de Prevención del Abandono y Maltrato. Instituyó además
la identificación plantal de los recién nacidos, como antecedente de la reciente ley 24.540/1995.
    Al laicizarse la caridad, se modifica y moderniza el sistema de atención a los niños, que bajo
preceptos morales y de ejercicio de la virtud, hace hincapié en la preparación de la mujer para
casarse y del varón para ejercer un oficio. La Sociedad de Beneficencia en sus comienzos, partió
de afirmar que ―sobre el estrato de los pobres vergonzantes, es difícil ejercer una acción positiva
de mejoramiento social‖. Este pensamiento se apoyaba en el supuesto implícito de que los des-
válidos lo eran por una cuestión de constitución genética inferior, y no de clase. En 1876, esta
Entidad sostenía que ―sin educar e instruir a la madre, vano será exigir a los hijos las virtudes de
buenos ciudadanos gobernados por instituciones libres‖. En 1939, afirmaba que ―el amparo a la
familia constituida, no menesterosa, pero con recursos limitados, es cada vez más una obligación
moral de las instituciones de asistencia infantil‖. Y que la permanencia en el asilo aleja al niño de
la influencia de la calle, antepuerta de la delincuencia, introduciendo en ocasión de la inauguración
del Asilo M. Rocca la modalidad del medio pupilaje con horario de 9 a 17 hs.
    Esta paulatina comprensión de la necesidad de apoyar a la familia por parte de la Sociedad de
Beneficencia para resolver la problemática de los niños, no modificó sustancialmente la ideología
imperante de internarlos en institutos como vía de solución primordial, pudiendo exceptuar de este
destino a los menores de tres años mediante ayudas de crianza, nodrizas, colocación familiar y
protección a las madres solteras, modalidades éstas que se corresponden con los actuales Pro-
gramas de Amas Externas, Amas Externas de Cuidado Preferencial, Hogares Sustitutos, Adop-
ción y el ya mencionado de Protección a la Madre en Riesgo.
    Dable es decir que nuestra Nación avaló y mantuvo vigente a la Sociedad de Beneficencia co-
mo contralor de sus marginales, o emergentes sociales rechazados, representados por los niños
pobres y abandonados, los enfermos físicos y mentales, y los ancianos, de los que de otra manera
no hubiera podido hacerse responsable, favoreciendo y estimulando estos sistemas de exclusión
de la vida social y sosteniéndolos a través de la caridad, la dádiva, la compasión, y la azarosa
posibilidad de recibir los porcentajes del juego de lotería. La Sociedad de San Vicente de Paul
agrega una nueva concepción respecto del otorgamiento de la caridad a los prescindibles, cuando
postula que ―es necesario algo más eficaz que dar limosna; debe evitarse la mendicidad y el pau-
perismo, sosteniendo al obrero, velando por sus derechos y enseñándole el trabajo, que es una
                                                   14
fuente de bienestar individual y colectivo‖. Introduce el apoyo al padre cabeza de familia, para que
pueda hacerse cargo de su mujer y de su hijo.
    La justificación dada a los distintos tratamientos implementados para resolver la situación de
los niños, responde en este período a las conclusiones basadas en estudios estadísticos, manifes-
taciones clínicas bien interpretadas; la intuición de algunos dirigentes y personal responsable de
los mismos, la compasión, y tal vez algún abandonado que puso su experiencia infantil a disposi-
ción del cambio.
    Los postulados que avalan los sistemas de atención actuales, están respaldados además y
fundamentalmente por los estudios sobre psicología de la niñez y adolescencia, atendiendo a las
distintas patologías derivadas de la carencia de cuidados maternales, tan bien explicitadas por R.
Spitz, quien sostiene que durante el primer año de vida el niño puede, al principio de la carencia
materna, volverse llorón y exigente; llegará seguidamente a la pérdida de peso, estacionamiento
de su desarrollo, rechazo de contacto, tendencia a contraer enfermedades, rigidez de su expre-
sión facial, gemidos y letargo. Estos trastornos, de no revertirse a tiempo mediante un sustituto
materno aceptable, determinan la denominada ―depresión anaclítica‖.
    Si la carencia afectiva resulta ser total, estos trastornos pueden continuarse en el marasmo y la
muerte, ―inclusive en hogares sustitutos donde medien los cuidados necesarios, pero los afectos
repartidos entre diez niños.‖
    Es Otto Fenichel, quien mucho antes que Lacan y contemporáneo de S. Freud, se refiere a las
vivencias infantiles de afectividad, tomando como primer objeto de amor de todo individuo a la
madre, o a ―aquella persona que ofrece los primeros cuidados al niño la que debe considerarse
como la madre‖.
    Por lo que la existencia de esta primitiva relación afectiva sería fundante de las relaciones so-
ciales ulteriores. Citando a Freud, Fenichel sostiene que ―el Complejo de Edipo es indudablemente
un producto de la influencia familiar. Si la institución familiar cambiara, cambiaría el modelo del
Complejo de Edipo‖.
    Por ser la criatura humana biológicamente ―más indefensa que las criaturas de las otras espe-
cies de mamíferos‖, necesita cuidados y amor. Por esta razón, su reclamo de amor de parte de los
adultos que los protegen y nutren, será constante y constantemente incubará sentimientos de odio
y de celos hacia las personas que le quitan ese amor. Continua este autor describiendo que si
llamamos a ésto Complejo de Edipo, veremos que éste tiene un fundamento biológico, y ―sería
erróneo suponer que en la infancia no hay más objeto de amor que el progenitor del sexo opuesto.
También pueden tener una influencia decisiva las hermanitas, hermanitos, tíos, tías, abuelos y los
amigos y conocidos de los padres‖.
    A pesar de que Freud usa el término ―Complejo de Edipo‖ en un sentido estricto como una
combinación de amor genital hacia el protector del sexo opuesto y celos y deseos de muerte hacia
el progenitor del mismo sexo, como una combinación altamente integrada con actitudes emocio-
nales, que representan la culminación del largo proceso de la sexualidad infantil, para Fenichel,
también hace una distinción anaclítica de elección: cuando un objeto es elegido porque provoca
asociaciones referentes a otro objeto primitivo del pasado, ordinariamente el progenitor del sexo
opuesto, a veces del mismo sexo, un hermanito, hermanita, u otras personas del contorno infantil;
el tipo narcisista de elección: cuando una persona es elegida porque representa ciertas caracterís-
ticas de la personalidad del sujeto mismo, o la forma ideal: en la que el sujeto elegido representa
lo que uno desearía que hubiera sido el objeto del pasado o el propio yo.
    En el caso de los niños que no conocieron a uno de sus progenitores y de los niños en institu-
ciones, vemos que éstos no sólo ―crean vínculos instintivos de amor, odio, celos, etc., hacia sus
educadores, sino que además elaboran fantasías acerca de la madre y el padre análogas a las
ideas propias de los niños educados en familia, con la sola diferencia de su índole fantástica‖.
    Sin familia de origen o sustituta, nos preguntaremos ¿cuál sería el destino social del niño, su
inserción en el orden comunitario, si nunca tuvo ―interior‖ del cual salir?
    A esto responde Fenichel: ―Si en vez de ser criados en un determinado lugar han estado suje-
tos a cambios frecuentes de ambiente, ésto no sólo se refleja en perturbaciones típicas de las
formaciones del carácter, sino que no logran jamás una oportunidad de crear relaciones duraderas
de objeto (de amor) y su complejo de Edipo queda reducido a pura fantasía. El hecho de que haya
padres sustitutos, se reflejará en una forma especial de vivir el complejo de Edipo, que estará con-
formada por la experiencia‖.
    También si retomamos a Freud, ―habremos de conceder a los sucesos infantiles una particu-
larísima significación, pues por el hecho de producirse en una época en la que el desarrollo del
sujeto se halla todavía inacabado, traen consigo más graves consecuencias y son susceptibles de
una acción traumática. Los sucesos de la vida infantil poseen su importancia propia y la manifies-
tan ya en la infancia‖. Entonces las neurosis infantiles suelen pasar inadvertidas, ―siendo conside-
radas como signos de perversidad o mala educación que los guardadores del niño se esfuerzan
por reprimir‖. Las condiciones determinantes de esta neurosis son mucho más complicadas y no
                                                 15
dependen de un único factor, especialmente surge la dificultad de conocer el factor constitucional,
y comporta el peligro por parte de los educadores de enfrentarse al cuidado del niño con una defi-
ciente preparación en psicología infantil‖.
   Así para Freud, el conocimiento de las condiciones de formación de las primeras relaciones ob-
jetales, lleva a modificar el abordaje terapéutico, para que estos menores sean capaces de alcan-
zar relaciones que nunca tuvieron y establecer relaciones de identificación con otras personas.




     Capitulo III - Tercer Periodo de protección a la infancia
                            (1891-1919)

                         1. Patronato de Asistencia a la Infancia
    En diciembre de 1890, a instancias del Intendente Municipal Dn. Pedro Bollini, fue nombrada
una Comisión Especial conformada por los doctores E. R. Coni (presidente), M. T. Podestá, E. R.
Ramírez, J. Penna, A. Piñero y el Sr. A. Martínez, a fin de estudiar las cuestiones relativas a la
protección y asistencia a la infancia, considerando que ―entre nosotros no existen leyes o disposi-
ciones para proteger a los niños desde el nacimiento hasta la pubertad‖.
    Esta Comisión debía investigar la proporción del abandono en el municipio de la Capital en re-
lación con la mortalidad infantil; la influencia del torno libre en el abandono de recién nacidos y los
medios para prevenirlo. Debían proyectar, además, la organización de la asistencia y amparo de
la infancia, y hacer partícipe al Departamento Nacional de Higiene de estos estudios.
    En marzo de 1892, la Comisión presenta a la Intendencia Municipal un libro conteniendo los re-
sultados de sus trabajos, y adjuntan la propuesta de creación de un servicio especial denominado
Patronato de Asistencia a la Infancia, cuyos propósitos y organización se detallan en el Proyecto
de Decreto y Mensaje.
    Este Patronato dependería de la Intendencia Municipal, y entre otros ítems incluiría:
    1) Ejercer el patronato sobre niños enfermos, pobres, defectuosos, maltratados y moralmente
      abandonados.
    2) Vigilar por medio de inspectores la lactancia mercenaria y dictar una reglamentación ade-
      cuada.
    3) Concentrar los esfuerzos de las sociedades caritativas en el mejoramiento de las condicio-
      nes en que viven los niños pobres, en cuanto a la alimentación, vestimenta, educación, ins-
      trucción, vivienda y otras circunstancias.
    4) Difundir nociones de higiene infantil.
    5) Reglamentar el trabajo de la mujer en la industria.
    6) Fomentar la creación de asilos maternales para mujeres pobres durante el embarazo y parto
      (única existente en el Hospital Rivadavia de la Sociedad de Beneficencia).
    7) Crear salas-cuna o créches (guarderías) para menores de 2 años, a fin de que las madres
      puedan trabajar.
    8) Crear escuelas de imbéciles e idiotas en instituciones anexas a los manicomios.
    9) Crear una escuela para ciegos y otra para tartamudos.
    10) Inspeccionar la higiene de las escuelas públicas y particulares.
    11) Crear dispensarios para tratamientos ambulatorios de niños en los barrios pobres.
    12) Reglamentar el trabajo de los niños en la industria.
    13) Favorecer la creación de sociedades protectoras de la infancia en las parroquias.
    14) Ejercer la tutela de los niños maltratados o en peligro moral, considerando bajo esta deno-
      minación a aquellos que son objeto de malos tratos físicos habituales y excesivos; a los que a
      consecuencia de negligencia grave de los padres están privados de los cuidados indispensa-
      bles; a los que se entregan a la mendicidad, vagancia y libertinaje, y a los empleados en ofi-
      cios peligrosos, especialmente aquellos niños cuyos padres tengan mala conducta notoria y
      escandalosa: se embriaguen, sean mendigos, condenados por crímenes o robo, o ultrajen las
      buenas costumbres, entre otras situaciones críticas.
    Avalarían estas fundamentales sugerencias de la Comisión Especial, y las conclusiones a las
que finalmente, y tras dos años de profundo estudio arribaron, el respaldo de las estadísticas.
    Ejemplo de ello, y respondiendo a la inquietud de la Intendencia acerca de la proporción del
abandono en relación con la mortalidad infantil, se llega a definir que los niños comprendidos entre
                                                  16
0 y 1 año de edad, conforman el 25,60% de las defunciones generales (no están incluidos los na-
cido-muertos); y que casi el 50% de la mortalidad general está constituida en Buenos Aires por
niños de 0 a 3 años.
   En el cuadro de estadísticas internacionales de los nacido-muertos, esta ciudad representa una
de las más elevadas, ligado esto al estado civil de las madres (madre soltera). Ocupan el primer
lugar en la mortalidad de los nacido-vivos las enfermedades infecciosas, luego las del aparato
digestivo y respiratorio, las del sistema nervioso, nutricional y demás de importancia.
   Otra contingencia para una mayor morbilidad y mortalidad humana es a criterio de la Comisión,
el tema de la vivienda, especialmente el de las casas de obreros, ―por estar éstas en inferiores
condiciones higiénicas y constituir una amenaza permanente para la salud y la moral de los ni-
ños‖, como lo aseverara el Dr. Rawson en su estudio sobre “Casas de Inquilinato de Buenos Ai-
res”.
   El Dr. Rawson consideró el conventillo como ―una vivienda improvisada, surgida de la necesi-
dad apremiante de alojar gente de cualquier manera y sin recursos, ni hábitos de vivir mejor‖.
   Además de los objetivos del Patronato a crearse, la Comisión Especial detalla las Medidas para
prevenir la morbilidad y mortalidad infantil: solucionar el problema de ilegitimidad que conlleva a la
ausencia de cariño, a la falta de alimentación conveniente, a la carencia de abrigo, al abandono de
la educación e higiene del niño, y al peligro de muerte en el claustro materno. Según el Dr. Coni,
―el 13,8% de nuestra mortalidad general les corresponde como tributo doloroso que pagamos a
nuestras deficiencias de higiene pública y administrativa‖. Urge filtrar el agua bebida en casas
públicas, colegios e inquilinatos; aislar a los enfermos contagiosos creando instalaciones especia-
les; realizar imprescindiblemente desinfección en establecimientos públicos o privados y vacuna-
ción obligatoria; reformar las disposiciones vigentes sobre mujeres de mala vida; inspección vete-
rinaria de carnes en los mataderos, e inspección higiénica y médica en los colegios, que se con-
vierten en un medio favorecedor de la propagación de las enfermedades contagiosas; edificar es-
tas escuelas en condiciones de luz y ventilación adecuadas, y favorecer a las empresas que cons-
truyan viviendas para obreros según planos de la Intendencia; dictar una reglamentación general
sobre el trabajo en las fábricas que asegure la salud de los obreros y niños, siendo en el caso de
estos últimos la edad de trabajar a partir de los 12 a 14 años con 6 horas de tareas diarias, y los
de 14 a 16 años de 8 horas con reposo de una hora al mediodía, debiendo presentar el certificado
de grado escolar mínimo que prescribe la Ley de Educación Común sancionada en 1884, bajo el
Gobierno de Sarmiento.
   En el caso de la mujer en la industria, la Comisión solicita a las sociedades filantrópicas una
ayuda oportuna y completa para ella y su hijo: ―Los niños deben ser amparados desde antes del
nacimiento en el claustro materno donde suelen correr los mayores peligros‖.
   La Comisión Especial presenta varios Proyectos, entre ellos el Proyecto de Ley de Creación del
Patronato de Asistencia a la Infancia; otro que prohibe incluir a los niños en el trabajo nocturno, y
en los días domingos y festivos; de vacunación obligatoria y sobre la protección de la mujer en la
industria; Proyecto de Ordenanza sobre niños de conventillos y casas de inquilinatos; de Estatuto
de la Sociedad Central de Protección a la Infancia; de Reglamento para la construcción de una
sala-cuna modelo; Proyecto de Ley acerca de hospitales de niños, y otros de importancia.
   En cuanto a la conveniencia o no de mantener el uso del torno, la Comisión sugirió la supresión
del mismo como exigencia moral: ―Una mujer que va a la Oficina Abierta con garantías de reserva
y vínculo débil con su hijo, podría encontrar una palabra de aliento o consejo útil para restablecer
sus sentimientos, enseñanza inmediata y hasta retribuirla como ama de su hijo. Es más, el torno
podría favorecer la impunidad del infanticidio al arrojar niños muertos en forma anónima como ha
sucedido en oportunidades‖.
   Considera esta Comisión a las casas particulares de partos como centros de asesinato infantil.
   El 23/4/1891, el intendente municipal decreta la obligatoriedad de declarar al médico municipal
si el niño nace muerto, a fin de que quede registrado en un libro especial para el Registro Civil y la
Oficina de Estadísticas.
   Finalmente, el 24/4/1891 fue suplantado el torno por la Oficina Libre; se acordaron socorros a
las madres, y sólo se podrían retirar a los niños hasta cuatro años después de entregados, que-
dando esta Oficina bajo la administración de la Sociedad de Beneficencia.


                                 2. Patronato de la Infancia
   Esta Entidad, inspirada en el Informe de la Comisión Especial sobre ―Patronato de Asistencia a
la Infancia‖, fue creada como asociación privada el 12/5/1892 con el fin de ―proteger a la niñez
contra el abandono, la ignorancia, la miseria, enfermedades, vicios, malos tratos y los ejemplos
inmorales‖.
   Gran parte de su obra —que se extiende hasta nuestros días—, estuvo destinada a corregir los
efectos del abandono mediante la tutela de menores huérfanos, abandonados o indigentes.

                                                 17
  Internados para varones
  “Manuel Aguirre” (Balcarce 1119). Para niños de 1 a 6 años.
  “Luis Ortiz Basualdo” (Balcarce 1181). Para niños de 6 a 10 años, con jardín de infantes y es-
cuela primaria.
  “A. Devoto y E. Pombo de Devoto” (Lacar 3550). Para niños de 8 a 12 años.
  Escuela Industrial de Claypole. Para chicos de 12 a 18 años, con capacidad para 400 internos.

   Internados para niñas-mujeres
   “T. A. de Lezica” (Paraguay 2567).
   Pabellón “E. de Lavallol” (Mansilla 2568).

  “Belisario e I. Ortiz Basualdo” (Ecuador 1151). Cada uno de estos establecimientos está equi-
pado para dar asistencia de 300 a 350 niñas.

   Externados
   Salas-cuna. Para niños de hasta 7 años cuyas madres trabajan.
   Escuelas Patrias (Barrio Obrero de Nueva Pompeya). Para 500 niños que permanecen en ellas
durante el día ―para aislar a los menores de los peligros y tentaciones de la calle‖.
   Escuela de Artes y Oficios “Plácido Marín”. Fundada en 1938 para instruir a futuros obreros va-
rones y mujeres, con capacidad para 600 alumnos.
   Escuela de Madres y Puericultura (Balcarce 1179). ―Se salva a un niño y se gana una madre‖,
es el lema con el que alojan a la madre con el niño.

   Consultorios externos y dispensarios. Se realizan en promedio 300 consultas diarias por
menores pobres, siendo más de 60.000 los niños atendidos anualmente.
   A todos los menores del Patronato de la Infancia se los asiste mediante el servicio médico y
odontológico, y en los talleres se los beneficia con una remuneración por sus trabajos, a fin de
prever su futuro una vez finalizada su estadía escolar.
   El Patronato editó sus anales a partir de 1892 y hasta 1914, constituyendo esta publicación una
Revista de Higiene Infantil que abarca especialmente los temas referidos a: salud, higiene escolar,
difusión de los servicios de dispensarios, oficina de nodrizas, exposición teórica permanente de
higiene infantil, ejercicios físicos para chicos, lactancia materna y sus beneficios, estadística de las
enfermedades infecciosas, Escuela de Artes y Oficios para adolescentes, vacunación y revacuna-
ción, protección a los menores maltratados o moralmente abandonados, mujer obrera, trabajo de
los niños, situación de los menores en las defensorías, instituciones de minoridad en el exterior,
mendicidad, caridad preventiva, alcoholismo, situación de los pobres respecto del Estado, infancia
criminal, personalidad del niño, Proyecto contra la Miseria, el niño ante la justicia, el niño muerto,
el niño en el asilo, y otros temas que aportaron soluciones y sugerencias para la protección de los
menores.
    Por decreto de fecha 9/10/1941, se autorizó al Patronato de la Infancia a organizar la II Confe-
rencia Nacional de la Infancia Abandonada y Delincuente, con la colaboración del Patronato Na-
cional de Menores.


                      3. Asociación de Colonias de Niños Débiles,
                                 Escuelas y Patronatos
   Fundada en 1906, sostenía hasta 1944 los siguientes establecimientos:
   Preventorio “Eloísa Ponce de León de Ezpeleta” (Bella Vista). Internado para 200 varones con
estadía transitoria, salvo los becados por el Patronato Nacional de Menores y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto.
   Preventorio “Sagrado Corazón” (Caseros). Para 60 niñas cuya permanencia es indicada por el
médico.
   Preventorio “San Francisco” (Río Cevallos, Provincia de Córdoba). Alojamiento para 70 niñas,
también de acuerdo con su estado de salud.
   Escuela “Victoria Sáenz de Otero” (Tigre, Provincia de Buenos Aires). Con capacidad para 110
niños isleños externos.
   Colonia “Guerrico” (Quequén, Provincia de Buenos Aires). Para veraneo de 50 alumnos.


                                                  18
   Escuela Agrícola “Reinaldo Otero” (Pergamino, Provincia de Buenos Aires). Acepta varones
mayores de 12 años de la localidad y/o egresados de preventorios, y posee capacidad para 100
alumnos.
   Colonia “Centenario” (Río Cevallos, Provincia de Córdoba). Con capacidad para 80 camas,
funciona también como colonia veraniega de varones.
   Hospital “La Sagrada Familia” (Verónica, Provincia de Buenos Aires). Destinado a prestar ayu-
da inmediata al menor necesitado o desnutrido, especialmente a hijos de tuberculosos, alcohólicos
y miserables.


                                         4. Legislación
    Abolido el Cabildo de la Provincia de Buenos Aires, el 20/12/1821 se crea la Justicia Ordinaria,
nombrando un letrado que desempeñaría la función de Defensor de Pobres y Menores, pues hab-
íanse suprimido los asesores letrados. Esta original institución pasó a nuestro Código Civil como
apéndice de la Tutela en el Título XIV, bajo la denominación Ministerio Público de Menores, para
garantir sus derechos personales y sus bienes.
    Por decreto del 3/11/1823 sobre Tutela de Huérfanos, se da intervención al Defensor General
quien, juntamente con la Sociedad de Beneficencia, interviene en el amparo de los niños abando-
nados. El 14/11/1829 el Gral. Viamonte refrenda este decreto y otorga función social a las defen-
sorías. Su objetivo es ―velar por las fortunas de una clase interesante de la sociedad y salvarlos de
la voracidad de un mal tutor o de litigios complicados‖.
    El 29/12/1829, el gobierno de Rosas refunde la defensoría de pobres con la de menores, cre-
ando el cargo de Agente Letrado de dicha defensoría el 16/10/1830.
    Estos actos dieron proyección a una ulterior preocupación por la defensa de los incapaces a
través del Ministerio Público, que culminó con la ley 10.903 de Patronato de Menores o Ley Agote
en 1919.
    En abril de 1846 se reglamentaron las atribuciones del Ministerio de Pobres y Menores.
    En 1864 se vuelven a reglamentar las facultades y deberes de los funcionarios que deben in-
tervenir en cuestiones de menores.
    Los proyectos de organización y procedimiento de De la Plaza y Rosas en 1866 y del Dr.
Domínguez en 1867, conocidos como ―Ley de los Tribunales de la Capital Nº 1893‖ coincidían, en
lo atinente a las facultades y poder atribuido a los señores defensores, con el concepto histórico
establecido por el Gral. Viamonte en 1829.
    La ley 1893 organizó los tribunales de la Capital Federal; reglamentó las funciones de los de-
fensores de menores e incapaces, y les confirió facultades extraordinarias comparables a las de
los jueces de menores.
    El Código Penal que entró en vigencia el 1/3/1886, y que fuera posteriormente derogado en
1921, establecía como índice de imputabilidad en caso de delitos cometidos por menores, el del
discernimiento; el artículo 81, inc. 2 establecía: ―están exentos de pena los menores de 10 años‖,
y el inc. 3 agregaba: ―quedan también exentos de pena los mayores de 10 años y menores de 15,
a no ser que hayan obrado con discernimiento‖. La edad de 15 a 18 años se consideraba como
atenuante.
     Este Código Penal fue muy criticado dado que no autorizaba medidas sobre el menor absuelto,
y exigía la comprobación sobre la concurrencia o inexistencia del discernimiento, causa difícil de
establecer.
    Los menores varones huérfanos, abandonados o delincuentes, eran enviados a la Casa Co-
rreccional para Menores Varones, habilitada el 1/1/1898 por la ley 2904, transformada luego en
Cárcel de Encausados y más adelante en Prisión Nacional.
    Por resolución del 31/5/1898, su director fue autorizado a alojar en los calabozos a menores de
15 años ―que observaren mala conducta o sospechosa‖, sin tiempo fijo de término. La custodia de
los menores del territorio del Sud fue encargada a los Padres Salesianos, como tarea retribuída.
    La Sociedad de Beneficencia, la Obra Don Bosco, la Sociedad de Conferencias de San Vicente
de Paul, el Patronato de la Infancia y otras pocas instituciones privadas afrontaron el problema de
la infancia desvalida de acuerdo a la orientación personal de sus dirigentes.
    Existieron hombres de notoriedad reconocida, preocupados por el porvenir del niño y su situa-
ción. Después de B. Rivadavia, C. Pellegrini escribía en 1863: ―La generación que viene imita los
ejemplos de la que se va― ... ―debe arrancarse al hijo del padre corrompido, para que la conducta
de éste no pueda pervertir la de aquél‖. En su tesis de 1869, se refiere al empleo del niño para el
trabajo, en lugar de que asista a la escuela.
    En la misma época, D. F. Sarmiento siendo Gobernador de San Juan, resuelve por decreto ―re-
iterar a los padres de familia, la orden que se les ha dado, de que envíen a sus hijos a la escuela,
bajo pena de que en caso de no hacerlo, los jueces de paz procederán a dar los niños a tutor o
                                                 19
patrón que lo haga‖. En 1881, ejerciendo como Superintendente General de Educación, tuvo la
iniciativa de crear un Establecimiento Educacional de Artes y Oficios y de Agricultura para la in-
fancia delincuente y abandonada, de acuerdo con lo que observó en Norteamérica y Uruguay.
    Sarmiento preguntaba: ―...para los hombres, ¿qué se ha previsto? ¿Por qué los mantiene y
conserva el Estado en su poder? ¿Qué les da a cambio? ¿Qué les enseña? ¿Qué harán cuando
adultos?‖
    En 1884, el Dr. J. B. Zubiaur propicia la fundación de colonias para menores abandonados:
―Queremos la protección del niño, su educación, lo que equivale al desarrollo uniforme de su triple
ser: físico, moral e intelectual‖.
    Estas extraordinarias ideas de avanzada para la época, la acción oficial y la iniciativa privada
no consiguieron conmover la conciencia pública en favor del buen trato a la infancia.
    Las Defensorías de Menores se fueron convirtiendo en agencias de colocación de pequeños
sirvientes en casas de familias de situación económica acomodada. Los menores abandonados,
procesados y condenados llenaron el Departamento de Policía, la cárcel correccional de la calle
Caseros y el reformatorio de Marcos Paz. Aquellos de mayor suerte fueron recibidos en estable-
cimientos privados.
    De los tormentos sufridos por los niños en la Casa Correccional, nos da una idea la crónica pe-
riodística del diario La Prensa en diciembre de 1900, con motivo del procesamiento de su director
Sr. Bertrana, cuyo texto manifestaba que los golpes al joven se suspendieron, ―porque la víctima
había desfallecido y no daba señales de vida‖.
    La Nación, bajo el título La tortura de los niños, aseguraba que ―la cuestión de la cárcel de me-
nores es una cuestión social‖ y que ―en el colegio y la cárcel subsiste la tradición medioeval‖.
    La triste y análoga situación de los niños asilados en el reformatorio de Marcos Paz, fue pintada
con lujo de detalles en la película nacional Y mañana serán hombres, donde se ponen de relieve
los dos sistemas educativos: ―el antiguo, de castigo y el actual (1944) y único que ennoblece‖.
    En 1904 el Dr. Meyer Arana reorganizó el Reformatorio de Marcos Paz, como Instituto Educa-
cional de menores varones abandonados, rebeldes y condenados por delitos, a iniciativa del Mi-
nistro de Justicia e Instrucción Pública Dr. J. V. González.
    La reglamentación de sus funciones data del 28/6/1905. Por gestiones del Director de la Casa
Correccional Sr. Duffy, en marzo de 1905 se crea la Oficina Médico-Legal en el mencionado insti-
tuto. A la Argentina le correspondió el honor de organizar los primeros estudios psicológicos del
niño delincuente o abandonado en América.
    En 1906 el Dr. Carlos de Arenaza hace una compilación de las primeras decenas de estudios,
dejando constancia de que ―las deficiencias del hogar y la incapacidad e indignidad de los padres,
son las causales de delito más frecuentemente halladas en los menores delincuentes estudiados.
En ocasiones esa ignorancia es causa de excesiva dureza, de castigos brutales, de intolerancia,
de injusticia, que provocan la rebeldía del niño y su abandono o fuga del hogar paterno‖. Estas
conclusiones fueron ratificadas luego de 24 años por ―The White House Conference‖ de New York
(Trabajo de Menores en EE.UU.), cuando estableció en 1930 que ―la delincuencia juvenil no es
sino un síntoma de las dificultades de la familia, del hogar, de la escuela, del trabajo y del ambien-
te, que obran directamente sobre el cuerpo y el alma sensible del niño, perturbando su normal
desarrollo y arrastrándole al abandono y a la delincuencia‖.
    La Oficina Médico-Legal presentaba la historia completa de cada encausado en todas las fases
que interesan a la ciencia criminal, y sus informes servían de elementos de juicio al juez.
    Esta Oficina estaba destinada a adultos y menores; el estudio minucioso de las particularidades
de los mismos, sumado al conocimiento de sus antecedentes, llevaron a la identificación de cada
niño y a la evaluación certera de sus posibilidades de reforma.
    Se adelantaba así el concepto de la menor responsabilidad del niño con respecto a sus actos, y
de la mayor responsabilidad del Estado y de la Sociedad frente al abandono y su inconducta, re-
conociéndose la necesidad de prevenir precozmente en las causas de la delincuencia y en procu-
rar al joven oportunidades de rehabilitación.
    Se preparaba además, el camino a las nuevas legislaciones orientadas hacia la protección an-
tes que a la punición, y a la prevención antes que a la corrección.
    El Proyecto del Código Penal de 1906 establecía la irresponsabilidad absoluta de los menores
de 14 años: si revestía peligrosidad podía destinárselo a establecimientos correccionales de me-
nores.
    El grave defecto de este proyecto consistía en considerar a los mayores de 14 años en idéntica
situación a la de los adultos.


                                         5. Reflexiones


                                                 20
   Hacia 1890, aún no se habían encontrado soluciones eficientes para prevenir y erradicar el
abandono de los menores y las situaciones de peligro material o moral a que se hallaban expues-
tos; muy por el contrario, un mayor índice de delincuencia y trabajo de los menores en la calle, a
destajo y en horarios nocturnos, acrecentaron sus pesares.
   Los temas que debían ser tratados en ese entonces según el Informe del Dr. E. Coni, eran simi-
lares a los actuales en 1996: niños enfermos, pobres, defectuosos, maltratados, abandonados;
trabajo de los chicos de y en la calle; desatención a los discapacitados, de la salud, mortalidad
infantil, desprotección de las madres solteras y adolescentes; déficit y promiscuidad habitacional,
de higiene sanitaria, carencia de asesoramiento legal, atención y cuidado de los ancianos; ilegiti-
midad, robo y venta de bebés; interrupción de la escolaridad, desnutrición, situación de menores
en comisarías, y otras endemias.
   Ya entonces la Comisión sugirió que ―los niños deben ser amparados desde antes del naci-
miento en el claustro materno donde suelen correr los mayores peligros‖, postulado éste que
apuntaba también a prevenir el aborto.
   La gran inmigración externa llevó al límite la perspectiva de vida crítica de nuestras familias po-
bres.
    El Dr. Carlos Díaz Usandivaras, presidente del Centro de Investigación, Prevención y Asisten-
cia de Menores en Riesgo, afirma en 1991 en la Revista ―Noticias‖ que edita el Consejo Nacional
del Menor y la Familia, que ―la sociedad de nuestro tiempo ha desarrollado una creativa variedad
de prótesis para remplazar la estructura de la familia, con toda clase de instituciones que preten-
den cumplir con su función. Así vemos que proliferan las familias sustitutas, los pequeños asilos,
las adopciones de niños de familia numerosa y carenciados, los institutos para menores, que de-
linquen o están en situación irregular, la protección de los tribunales, las instituciones recuperado-
ras de drogadictos, las comunidades terapéuticas, y otros nobles recursos que se aplican, a veces
abusivamente, suplantando a familias aún existentes, y desvirtuando sus verdaderos fines con
muletas provisorias, convirtiéndolas en prótesis permanentes‖.
   Sumo al respecto, que las prótesis existieron desde los comienzos de la historia que nos ocupa
y anteceden a las actuales. No han habido hasta el final de este tercer período, acciones preventi-
vas eficientes por parte de un Estado, que a través de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires compartió desde 1852 la asistencia y beneficencia en nuestro país con la Sociedad de Bene-
ficencia.
    El Dr. Usandivaras, citando a Paul Watzlawick nos cuestiona acerca de la persistencia de este
problema de la familia y minoridad en riesgo que tanto parece afligirnos, y asevera que ―no es tan
importante la causa del problema, sino aquello que lo mantiene o que impide que pueda resolver-
se por vías naturales‖; y que ―sería útil analizar algunas de las malas soluciones intentadas al pro-
blema de la minoridad en riesgo, desde los diferentes niveles: profesionales, institucionales, gu-
bernamentales y aún del consenso social, como una tentativa de responder a aquella pregunta de
P. Watzlawick‖.
    Respecto del ordenamiento legal de esta cuestión que ha ido aportando un basamento jurídico
a la acción privada y estatal frente a las figuras primeras del Defensor de Pobres y Menores de
1821, Defensor General en 1823, Defensor de Menores e Incapaces en 1891, con el Código Penal
de 1886 y su figura de ―discernimiento‖ para los niños mayores de 14 años, y la creación de los
Tribunales de la Capital Federal, llegamos en 1905 a la creación de la Oficina Médico Legal, cuyos
informes psicológicos y sociales sirven al juez como elementos de juicio a fin de evitar la interna-
ción, reemplazándola por el sistema de Libertad Vigilada.
    Esta modalidad antecede al actual Programa CAMET, de Derivación de Menores en Tránsito.
    La creación de figuras defensoras, instituciones y organismos, llega a un punto de inflexión y
coincidencia sobre la no culpabilidad de los niños frente al delito, abandono y otras situaciones
penosas en las que se ve involucrado, derivando esta responsabilidad, según el Dr. de Arenaza a
las deficiencias del hogar y la incapacidad e indignidad de los padres y que según el Dr. Usandiva-
ras ―...desde muchas instituciones de bien público, se promueve con frecuencia el desmembra-
miento de la familia, cuando la estructura de la misma es disfuncional pero todavía recuperable‖.
    Retomando uno de nuestros libros de cabecera para bucear por el interior del niño, R. Spitz nos
da una detallada explicación de las situaciones de depresión anaclítica y hospitalismo por las que
pueden transitar los niños en situación de abandono o pobreza afectiva. Estas, ―demuestran que
la ausencia de relaciones objetales (relaciones con un ―Otro‖ significativo) causadas por la caren-
cia afectiva, detienen el desarrollo de todos los sectores de la personalidad, y que de no ser posi-
ble la adecuada descarga de sus impulsos agresivos, el niño vuelve la agresión contra sí mismo y
se produce así su deterioro‖. ―El retorno del objeto de amor o libidinal, después de unos meses
detiene generalmente el desarrollo patológico; se produce una refusión de los impulsos y los niños
recuperan su actividad y sus descargas agresivas al medio‖.
    Spitz nos aclara que ―...la reiniciación de las relaciones al volver con la madre, no significa re-
iniciación de buenas relaciones favorables o reparadoras‖.
                                                  21
   Lebovici justifica esta afirmación diciendo que ―esta reiniciación de relaciones depende de la
disponibilidad de la madre. Puede también exacerbar una experiencia anterior frustrante muy in-
tensa‖.
   Si tomamos los dos aspectos —afectivos y cognoscitivos— que Piaget describe como ―insepa-
rables e irreductibles‖ para un equilibrado desarrollo de la inteligencia, vemos que el papel de los
factores sociales, en el doble sentido de la socialización y de los componentes culturales, ―es mu-
cho más importante que los mecanismos innatos e instintivos‖. Así el desarrollo mental del niño,
aparece como ―una sucesión de tres grandes construcciones, cada una de las cuales prolonga la
precedente reconstruyéndola en un nuevo plano, para sobrepasarla cada vez más‖. Si la madura-
ción orgánica constituye un elemento necesario que desempeña un papel indispensable en el or-
den invariable de sucesión de los estadios de la evolución mental, ―el papel del ejercicio y la expe-
riencia adquirida en la acción efectiva sobre los objetos, resultan necesarios hasta la formación de
las estructuras lógico-matemáticas. A ésto debe sumársele el factor de las interacciones y trans-
misiones sociales‖.
   La afectividad constituye para este autor la energética de las conductas, no existiendo para él
ninguna conducta, por intelectual que sea, que no extrañe como móviles factores afectivos; pero
recíprocamente, no podría haber estados afectivos sin intervención de percepciones o de com-
prensión que constituyan la estructura cognoscitiva.

    Si la impronta que el niño recibe ya desde su reciente vida uterina, se va conformando en ―su‖
historia particular más su ―historia de los seres, de las cosas y de las palabras‖ (Foucault), cuando
las Naciones Unidas informan en febrero de 1996, que ―entre 1.500 y 2.000 millones de personas
de todo el mundo viven en un estado de pobreza extrema‖, y que ―hay alrededor de 130 millones
de chicos de la calle condenados en un sombrío futuro‖, (la mayoría del sexo femenino), mal po-
demos hablar de exitosos procesos de desarrollo mental en un cuerpecito mal alimentado, mal
abrigado, mal contenido, pésimamente tratado, y denostado como ―pseudodébil‖ o ―enfermo‖. Vive
en ese ―estado‖ de cosas, en ―estados‖ países que poco o nada se ocupan de sus niños, mani-
festándose así un problema endémico que nos engloba en su universalidad.
    Cuando de cada 100 mujeres embarazadas en Argentina, 35 abortan. Cuando 200 mujeres
mueren anualmente a causa de esos abortos ilegales. Cuando uno se pregunta ¿porqué se inten-
ta obligar a una mujer a tener un hijo que no desea? y no se halla respuesta.
    Según datos del ―Indec‖ y del ―Centro de Estudios de la mujer‖, se realizan en nuestro país en-
tre 350 mil y 400 mil abortos por año, lo que representa un 35,7% del total de embarazos anuales.
Las cúpulas oficiales prefieren eludir este tema que el ex-ministro de Salud César Aráoz tan bien
describe: para que la vida sea ―vida del ser gestado‖, ―la sociedad debe producir cambios cultura-
les: que exista una paternidad responsable, que haya educación en las escuelas y que el Estado
proteja a las madres indigentes y a los niños abandonados‖, postulados que reeditan el pensa-
miento de Sarmiento respecto al acceso del joven al conocimiento en su paso hacia la adultez.
    Para el Judaísmo, el peligro para la vida de la madre que autoriza el aborto, está respondido en
las solas preguntas: ―¿tiene derecho el Estado a legislar sobre algo tan íntimo como la decisión de
ser madre? Y si lo tiene ¿puede obligar a una mujer a llevar a término su embarazo y hacerse
cargo del hijo, sin proveerle los recursos económicos y sociales básicos para poder criarlo?
    ¿Es coherente que no coincidan el sujeto que decide y el que se hace cargo de las consecuen-
cias de esta decisión?‖
    Recordando que para Freud todas las relaciones ulteriores del menor con los demás, las inter-
personales, tienen su origen primero en la relación afectiva madre-hijo, y si tomamos al abandono
como ligado a la muerte y/o deterioro físico y afectivo de los bebés, de los niños pequeños y jóve-
nes; a su vez al ―no deseo‖, al ―no amor‖ y al rechazo de la madre por el hijo que ha llegado, cuya
situación de vida debemos resolver de aquí en más, estas precisiones nos dan un halo de luz res-
pecto de la necesidad de tomar cada niño maltratado, abandonado, deambulante, minusválido,
enfermo mental, carenciado, drogadicto, transgresor y delincuente como ―persona‖, antes de defi-
nir compulsivamente su encierro, su derivación a otros sistemas alternativos, o la continuidad de
su inclusión en el seno familiar.
    Incorporando el vocablo ―muletas‖ utilizado por el Dr. Usandivaras, vemos que éstas han de
significarse dentro del contexto de vida del niño y sólo para ayudarlo a caminar.




                                                 22
     Capitulo IV - Cuarto Periodo de protección a la infancia
                          (1919-1931)

                1. Ley 10.903 de Patronato de Menores o “Ley Agote”
    En 1913, El Dr. R. Seeber y sus colegas de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correc-
cional, reclamaron por nota al Ministro de Justicia que pusiera fin a la bárbara y cruenta situación
de los niños abandonados, procesados y condenados.
    A raíz de ese severo llamado de atención y del aporte que hicieran autores estudiosos del Mi-
nisterio Público de Menores, como el Dr. E. M. Naón: ―El Ministerio Público comparado‖; el Dr. F.
González: ―El Ministerio Público de Menores‖; el Dr. J. L. Araya: ―La función del Ministerio Pupilar‖,
y otros escritos de similar envergadura, se produce un hecho de transcendencia nacional: el
21/10/1919 se sanciona la Ley 10.903 o Ley Agote de Patronato de Menores, por haber sido el
diputado Agote quien obtuviera su sanción.
    Según el Asesor de Menores Dr. Clodomiro Cordero, en una nota enviada al Defensor de Me-
nores de la Capital Dr. E. F. Arana del 9/6/1941, el autor del proyecto de la ley 10.903 habría sido
el Dr. J. E. Coll quien a poco de sancionada la misma, en una conferencia en la Universidad Na-
cional de Córdoba sobre ―Instituciones del Estado‖ proclamaba: ―El cambio se opera cuando el
dolor llega a la conciencia colectiva. Cómo no imaginar que ese ser delicado y temeroso por la
misma ternura de sus años, sufre en este instante la soledad y el frío, el hambre, o la fiebre de las
enfermedades‖.
    La nueva Ley de Patronato de Menores modifica las disposiciones del Código Civil sobre Patria
Potestad y Tutela; reglamenta las funciones de los Defensores de Menores; acuerda facultades a
los jueces para disponer preventiva o definitivamente de todo menor que hubiere incurrido en con-
travención o delito o fuere víctima del mismo; autoriza a los jueces a imponer penas disciplinarias
a los padres culpables de negligencias graves con sus hijos; establece que los Tribunales de Ape-
lación en lo Criminal y Correccional de la justicia nacional y ordinaria de la capital y territorios na-
cionales, pueden designar uno o más jueces que entiendan en los procesos en que se acuse a
menores de 18 años, reglamentando la forma de cooperación policial en los sumarios o informa-
ciones respectivas, la cooperación de los particulares o de establecimientos públicos y privados, y
la vigilancia que corresponde a los jueces. La Ley Agote fue reglamentada el 24/10/1919 por la
Cámara de Apelaciones, estableciendo los requisitos de información previa respecto de la situa-
ción del menor y su familia; la forma y lugar de detención de los menores; el secreto de las au-
diencias judiciales; las condiciones de libertad vigilada, y la cooperación de las instituciones tanto
oficiales como privadas.
    El 28/10/1919 acordó además designar los jueces de menores en lo correccional de instrucción
y de sentencia.
    El Departamento de Policía de la Capital habilitó el 1/5/1920 la Alcaidía de Menores en la calle
Tacuarí, nombrando como director al Dr. Carlos de Arenaza, quien organizó un Establecimiento de
Recepción y Clasificación, incluyendo un cuerpo de delegados para el servicio informativo de vida
y costumbres de los menores y sus familias, los cuales se desempeñarían a requerimiento de los
jueces de menores.
    Previo a la organización de la Alcaidía para varones menores, los chicos detenidos en la vía
pública eran llevados a calabozos de comisarías y de allí a los depósitos de contraventores los
cuales, según el Dr. Coll constituían: ―verdaderos antros de miseria y corrupción‖, recordando a
las conciencias que ―en estas dependencias se ostenta la bandera nacional‖. Como agente fiscal,
y una vez sancionada la ley 10.903, ordenó que se abrieran las puertas de una cárcel a sesenta
menores, negando al Estado el derecho a ―recluir a estos niños para pervertirlos y enfermarlos a
título de amparo y protección oficial‖.
    Sarmiento decía al respecto en 1863: ―Buenos Aires, ciudad populosa donde nadie se cuida de
meter el brazo calando la superficie tranquila hasta el fondo del fango, vicio y miseria que aquellas
apariencias encubren‖.
    El propio Ministro de Justicia al reglamentar esta ley, aseveraba que el mayor delito era come-
tido por el Estado, manteniendo a estos menores depositados en promiscuidad con adultos vicio-
sos, corruptos y asesinos.
    La ley 10.903 proclama que ―el delito del niño es un desgraciado episodio imputable a la igno-
rancia o incapacidad de sus familias; a la miseria, la enfermedad o el vicio, y sobre todo al olvido
en que el Estado dejó al niño, víctima de la indiferencia o incomprensión social‖.


                                                  23
    De aquí en adelante las leyes por las que habría de juzgarlos serían de educación y no de cas-
tigo.
    Una vez habilitada la Alcaidía para varones menores, restaba sólo resolver el problema de las
menores mujeres, situación ésta que el Dr. de Arenaza reclamó en 1923, y en reiteradas oportuni-
dades, hasta verla concretada en 1938 con la inauguración del Hogar “Santa Rosa“ de Recepción
y Clasificación: ―...casi al final de la jornada de la vida, contribuyo a abrir las puertas de esta casa
para alojamiento de estas niñas más necesitadas de apoyo que de castigo‖.
    Previo a la inauguración del Hogar Santa Rosa, la reclusión de las niñas abandonadas, delin-
cuentes o en peligro moral, se realizaba en el Asilo “San Miguel” y en la Cárcel Correccional de
Mujeres.
    Se internaban allí criaturas desamparadas por muerte, abandono o extrema indigencia de los
padres. ―Niñas madres, adolescentes, víctimas de abusos y martirios; criaturas raquíticas por ali-
mentación insuficiente, agobiadas por trabajos impropios o excesivos, cuando no debilitadas por
servicias graves; pequeñas tuberculosas sin aire ni tratamiento adecuados; débiles mentales y
retardadas profundas; ciegas y sordomudas; es decir, niñas de excelente moral pero sin la protec-
ción debida, expuestas a definitiva corrupción y perversión, con pocas probabilidades de recupe-
ración moral‖. El Dr. Coll las describía así: ―Todas encerradas en trágica promiscuidad, como un
rezago de la humanidad que fuera necesario olvidar para no sentir el reproche de la conciencia‖.
Según él, la nueva institución de admisión y estudio psicológico para mujeres menores conforman
legajos de ―historias vívidas llenas de tristeza y dolor las más de las veces‖.
    El 11/7/1921, el Tribunal de Apelaciones formó un cuerpo de delegados con carácter ad hono-
rem para la Libertad Vigilada. Posteriormente fueron creados los cargos rentados de los Inspecto-
res de Asistencia de Menores en Libertad Vigilada dependientes de dicha Cámara, debido al fra-
caso de la tarea realizada anteriormente.
    ―La Libertad Vigilada científicamente organizada y con recursos económicos para solventar
sueldos y gastos de los delegados, con dirección y personal competente, es un medio irremplaza-
ble de acción en favor del menor necesitado de amparo‖. Permite dejarlo en poder de sus padres,
tutores o guardadores. El delegado lo guía, ayudando a la familia en la educación del hijo, e infor-
ma al juez de sus resultados. Este levanta la vigilancia o la prolonga.
    Los jueces pueden disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los 21 años si se
hallare moral o materialmente abandonado o en peligro moral. Estas dos funciones, reclusión o
libertad vigilada, son las formas de aplicación de la ley 10.903, que a su vez determina como
abandono material o moral o en situación de peligro moral, a la incitación por los padres, tutores o
guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendi-
cidad o vagancia; la frecuentación del niño en sitios inmorales o de juego, con ladrones, gente
viciosa o de mal vivir, o que trabajaren antes de los 18 años en lugares públicos.
    La aplicación de la Ley 10.903 se apartaba de la faz jurídica y trascendía a lo social, conside-
rando ante todo la salud física y moral de los menores. Fue incorporada posteriormente a los
Códigos Civil y Penal y, por ende, goza de la primacía que le confiere el artículo 31 de la Constitu-
ción Nacional.
    Los beneficios de esta ley fueron malogrados en parte por no haberse votado los fondos nece-
sarios para crear establecimientos de amparo a la infancia, de lo que se desprende que el tribunal
puede resguardar al niño, siempre y cuando se creen las instituciones que integran el texto legal
de esta ley de protección a la infancia.
    En 1922 se reforma el Código Penal que exime de pena al menor de 15 años; quedan modifi-
cadas en sentido más favorable las disposiciones que rigen a los menores autores de delito, aun-
que sin guardar concordancia con la ley 10.903.
    En este mismo año, el Dr. C. de Arenaza presenta su trabajo “Menores Delincuentes - Clasifi-
cación y Estudio Médico Psicológico” en el II Congreso Nacional de Criminología.
    El 10/10/1923 el Tribunal crea la Sección Menores en el Palacio de Justicia, con el propósito de
formar una especie de Policía de la Infancia, pero su existencia fue precaria, al clausurarse en
1926.


                             2. Asociación Tutelar de Menores
    Esta institución privada surge al sancionarse la ley 10.903 en 1919, organizada por el Dr. Ago-
te. Su principal mérito consiste en haber implementado por primera vez en nuestro país el régimen
familiar, por oposición al de agrupación numerosa o de pabellones, y con el concepto de que ―éste
es el único sistema capaz de obtener la formación de la infancia abandonada‖.
    La Asociación Tutelar admite sólo pupilos confiados por jueces, defensores, y becados por el
Patronato Nacional de Menores.
    Al año 1942, sus institutos eran:
                                                  24
    a) Escuela Industrial “General Victorica” (Tigre, sobre el Río Luján). Con capacidad para 150
niños en 6 hogares.
    b) Escuela Agrícolo-Ganadera “Inchausti” (Marcos Paz). Con capacidad para 60 alumnos, en
dos familias.
    c) Escuela Granja “Emilia y Manuel Patiño” (Lomas de Zamora). Con capacidad para 60 niñas
en dos familias.
    d) Escuela Hogar “Ursula Llona de Inchausti” (Cangallo 2045). Con capacidad para 50 meno-
res.
    El régimen familiar no admite más de treinta niños por hogar. Reciben educación industrial y
agrícolo-ganadera los varones, y de granja y manualidades las mujeres, estableciéndose además
el tiempo necesario para actividades gimnásticas. Se fija un peculio como estímulo a los mejores,
y como factor educativo que revela al niño que ―el trabajo honesto y retribuido es la base del bien-
estar físico y moral‖.


       3. Ley 11.317 sobre “Trabajo de Mujeres y Menores” Antecedentes
    Fue sancionada el 30/9/1924 y reglamentada por decreto en mayo de 1925. El Dr. Augusto
Bunge se inspiró en la Convención de Washington para proyectar esta ley junto a otros legislado-
res.
    Inglaterra tiene el mérito de haber sido la primera Nación que dictó una ley en 1802 reglamen-
tando el trabajo de los menores. A la frase de los industriales ―para vencer a la competencia inter-
nacional tomemos al niño y a la mujer‖, se la reemplaza con otra del ministro Pitt que dice: ―Sal-
vemos a la mujer y al niño‖.
    También la excelente Legislación de Indias que España implantó en sus colonias de la que
hiciera mención en el Capítulo I, protegía al trabajador en todo sentido sin descuidar al niño y a la
mujer.
    Este cuerpo de doctrina termina cuando la República Argentina se independiza.
    En 1890, coincidiendo con la crisis llamada ―del progreso‖, comienza la primera manifestación
de una industria incipiente en nuestro país.
    En 1892, el Dr. José Penna presenta un Proyecto para reglamentar la Jornada de los Menores,
y el Dr. Emilio Coni un trabajo sobre Jornada de Menores.
    En 1893, el Dr. José A. de Nevares presenta un nuevo Proyecto sobre la Jornada de Menores,
al igual que el Senador M. Cané en 1902.
    En 1907 se dicta la primera Ley Obrera en la Argentina Nº 5291 sobre ―Descanso Dominical‖.
En su artículo dedicado a la mujer y al niño dice: ―No se admite ninguna excepción respecto al
derecho al descanso en domingo que tienen la mujer y los menores de 16 años‖.
    El Dr. Joaquín V. González, Ministro del Interior, preparó un Proyecto de Código de Trabajo
que no fue tratado por el Parlamento.
    ―La cuestión social y obrera tan aguda‖, como la describía el Dr. Unsain, al relatar la brutal pre-
potencia patronal que trataba de invadir los derechos de los obreros, encuentra eco en un brioso
orador, publicista y profesor universitario, el diputado Alfredo Palacios, quien presta sus primeras
armas de colaboración parlamentaria a través de un proyecto sobre Trabajo de Menores que pre-
senta en 1906 y es sancionado gracias a su tesón el 30/11/1907, por ley 5291.
    La ley 11.317 de 1924 viene posteriormente a corregir algunos errores importantes: limita la
jornada laboral a 6 horas diarias o 36 semanales, con una edad mínima de 12 años; establece la
obligatoriedad de justificar su asistencia a la escuela o presentar un certificado que acredite el
mínimo de instrucción escolar exigido por la ley, con el consentimiento del Defensor de Menores.
Prohíbe las labores nocturnas entre las 20:00 y las 6:00 ó 7:00 horas, según sea invierno o vera-
no, y además de la edad de 12 años de carácter absoluto para toda clase de tareas, se establecen
edades mínimas según la naturaleza de las mismas.
    El artículo 5º de esta ley constituye una valla de protección al empleo y salario de los mayores
para que no sean sustituidos por menores de edad, con miras al abaratamiento de la producción
mediante el pago de remuneraciones inferiores.
    Los inconvenientes que encuentran los industriales a esta ley, están referidos a la limitación de
la jornada a 6 horas y por ende no se acepta a los menores como aprendices, lo que redunda en
una mayor vagancia de los mismos.
    Los legisladores aducen que debe reformarse la ley 11.317 intensificando el funcionamiento de
las escuelas profesionales que cubran el período entre los 14 y 18 años a fin de formar obreros
especializados; elevar el límite de admisión en trabajos en la vía pública de 18 a 22 y fijar la edad
mínima para toda actividad laboral en 14 años.


                                                  25
   Esta ley, según el Dr. J. J. O’Connor, ―desconoció la realidad social y su consecuencia es la
violación a sus disposiciones. Si se hubiese resuelto el problema del hogar obrero, y si el niño al
egresar de la escuela a los 12 ó 13 años tuviera ante sí las puertas abiertas de las instituciones de
artes y oficios, la ley hubiera sido exitosa‖.
   Cabe recordar que en 1915 se dictó la primera ley que dio protección a quienes ejercían tareas
en su domicilio; —en su mayoría mujeres— y en 1940 se la amplió. Numerosas situaciones de
trabajo a destajo, con pagas insuficientes, en habitaciones insalubres y sucias, y la más de las
veces con enfermos viviendo en ellas, llevó a denominar ―horrores‖ a este tipo de tareas.
   Las obligaciones por parte de los empresarios de tener salas-cunas en los establecimientos; de
proporcionar a la mujer tiempo para dar de mamar a su hijo; las elevadísimas indemnizaciones por
accidentes de trabajo insertas en disposiciones de las leyes de protección; la Ley de la Silla
(1931), el seguro de maternidad (1934), y otras complementarias, protegen aspectos visibles y
fundamentales del trabajo de la mujer y del niño que pueden complementarse y perfeccionarse.
   La legislación laboral en su totalidad, contribuyó así a disminuir las posibilidades de abandono
de menores.


                                         4. Reflexiones
   Y llegamos a la Ley por excelencia de amparo a la niñez a la que habrá de ajustarse su trata-
miento: la 10.903 de Patronato de Menores. Esta norma ha tomado tal magnitud como primera
defensora y rectora de los derechos de los niños, que las instituciones intentaron cumplimentarla y
la honraron por su justeza.
   La ley 10.903 reglamenta los requisitos de información previa al juez, libertad vigilada, y en es-
pecial que los institutos de internación conserven un estilo de régimen familiar, por oposición al
sistema congregado numeroso o de pabellones.
   Luego de haber obtenido preceptos de base tan trabajosamente esforzados, continuaba el di-
lema referido a las malas condiciones laborales de los menores, flanco éste que aún quedaba por
resolver. Los distintos proyectos no atinaron a ponerse de acuerdo sobre si debía o no trabajar; si
debía o no educarse obligatoriamente; si debía o no permanecer más o menos horas en su tarea,
en qué lapso temporal, y a qué edades.
   Parecería que siempre ha sido difícil ubicar el lugar justo de los chicos: si tienen o no discerni-
miento respecto al delito; si son chicos o grandes, dado que hacen cosas de grandes; si deben
reemplazar a sus mayores en el trabajo cuando éstos no lo hacen, porque no pueden o porque lo
que reciben por su tarea, no resulta un precio justo para sostener a sus hijos.
  Si el niño o joven por su realidad debe trabajar, ésto por fuerza lo hace distinto, discriminable,
marginable en muchos casos.
  Si realiza tareas de ―grandes‖, de adultos, la pregunta es: ¿bajo cuál/es ley/es ubicarlo?
  Si transgrede ¿es penalizable o es su acción resultado de ―cosas de chicos‖?
    También en nuestra historia, ha sido difícil ubicar en un lugar específico a la mujer. Si se la ha
necesitado en la industria, se la ha utilizado a destajo en condiciones de desventaja similares a las
de los niños; o por el contrario, como en el caso de las damas integrantes de la Sociedad de Be-
neficencia, se las encumbraba en lugares de poder, porque provenían de espacios de poder.
Cuando las leyes laborales humanizaron las condiciones en el trabajo de la mujer, mejoraron la
situación del niño; cuando dieron protección social al salario del varón, disminuyeron las posibili-
dades de que el menor sea abandonado.
    Esto nos lleva a preguntarnos acerca del lugar de los chicos dentro de la sociedad; cuál el de
sus padres y cuál el de las autoridades gubernamentales. Si el responsable es el niño porque de-
linque, sus padres que lo envían o favorecen, o los funcionarios que han de tomar las previsiones
necesarias para evitarlo, instando al cumplimiento de la vasta gama del orden socio-legislativo, y
adelantándose en la prevención del resurgimiento de estas crónicas situaciones.
  El Estado implementa su accionar a través de una estructura organizacional.
   Asimismo toda institución no sólo es una organización de regulación y control social, sino tam-
bién sería deseable que fuera un instrumento de regulación y equilibrio de la personalidad, en la
que cada individuo comprometa partes de sí mismo y se vea influenciada por ésta: encuentre
apoyo, elementos de seguridad, identificación, inserción social y pertenencia. Cuanto más integra-
da es la personalidad de un sujeto, menos depende del soporte que ésta le presenta, y cuánto
más inmadura y dependiente su relación con la institución, todo cambio o separación de la misma
resulta más dificultoso.
   Así una institución puede ofrecer además gratificación, posibilidades de reparación y desarrollo
eficiente de la personalidad, o ser fuente de empobrecimiento o estereotipia.

                                                 26
    Lo que interesa, es la clara discriminación entre los objetivos reales y las satisfacciones y com-
pensaciones normales o neuróticas que obtienen sus integrantes de ellas. Un organismo ineficien-
te, probablemente esté conformado por integrantes en cuyo grupo primario (familia), predominaron
las identificaciones proyectivas masivas, en déficit de la diferenciación e identidad. Este molde
obtenido del grupo familiar según E. Pichón Rivière, se continúa en la institución como un grupo
de pertenencia fuerte, pero con un grupo de tarea débil. Esta situación rige tanto para el personal
directivo del Estado, de organismos no gubernamentales, administrativo y operativo de las institu-
ciones, y para los menores auxiliados por éstas.
    Asimismo, el contacto diario con menores o mayores con problemas de abandono, enfermeda-
des, maltrato, delincuencia, drogadicción, muerte, abuso sexual, deficiencias físicas y mentales, y
con carencias de distinto tipo, resulta una tarea altamente ansiógena que despierta defensas en el
equipo que se ocupa de ellos, defensas muchas veces desplazadas al personal auxiliar y a las
personas asistidas.
    Por, o a causa de estas defensas respecto de los niños, Lebovici especifica que ―las institucio-
nes de nuestra sociedad, proceden con discordancia entre nuestra conciencia social que exige
esfuerzos impersonales para proteger al niño (cuidados, casas cuna, etc.) y nuestra falta de apti-
tud para crear artificialmente marcos personales en que los niños reciban atención adecuada‖.
    ―Sabemos de las escasas o nulas posibilidades con las que cuenta un niño para decidir respec-
to a su vida y su futuro‖, dice A. Van Oostveld. Según este autor, el resultado que vamos a advertir
de su formación, es directamente proporcional a su origen y su familia. Las ―picardías‖ por falta de
dirección, se imponen en forma de delito, por lo que llegan los chicos a los institutos con el rótulo
de ―delincuentes‖, y como tales son tratados.
    La directriz Nº 5 de Riad, presenta el comportamiento de los jóvenes ―que no se ajustan a los
valores y normas generales de la sociedad‖, como debido frecuentemente a parte del proceso de
madurez que luego tiende a desaparecer espontáneamente en la adultez. Por lo que calificar a un
joven de ―extraviado‖, ―delincuente‖ o ―predelincuente‖, a menudo favorece en los jóvenes el desa-
rrollo de pautas permanentes de comportamiento indeseable.
    Algunos párrafos del Lic. Jorge S. Colotto, —quien estuviera en íntimo contacto con jóvenes
institucionalizados por problemas ―sociales‖ o de abandono—, describen en su libro ―Prostitución y
niñez abandonada‖, que ―El menor descarriado, casi siempre producto de hogares mutilados y de
la miseria, no tiene la consideración pública de la que debe ser acreedor‖.
    ―La misma sociedad destroza su persona y destruye su moral en forma prematura...‖. Respecto
de los directivos agrega que ―La incapacidad de los funcionarios los llevó nuevamente a su despa-
cho sin saber que allí dejaban verdaderas tumbas de jóvenes olvidados...‖ ―... algunos de ellos no
conocieron nunca la caricia de una madre, pero sí el garrote del celador...‖. Aspira a que ―... no
maldigan como lo hacen ahora, hasta el haber nacido en esta tierra‖.
    Y nos insta a comprender que ―... Un beso, sería capaz de derrotar el corazón más frío de cual-
quiera de ellos‖.
    También la Dra. Eva Giverti, se refiere a ―Los chicos que no ríen‖ y describe en 1995 las mani-
festaciones de la depresión en los niños. Si bien habla de ―padres deprimidos y adultos galopando
estreses‖, también alude a los niños que han perdido la sonrisa y la carcajada. Expone que ―aque-
llo que no se expresa, pero que puede registrarse sin que medien palabras, remite a la espera del
niño‖.
    Ese estar callados, ―suele encubrir un grito solitario‖. ―... caen en su propia mirada y precisan
desesperadamente de la mirada, la palabra y el contacto físico con alguien que les garantice amor
y respeto, posibilidad de confiar‖. ―Hoy contamos con los avances de la neuroquímica que permite
medicarlos... ¿qué más van a tener que producir los chicos para que les evitemos la miseria, la
soledad, el abandono, el egoísmo parental y la indiferencia?‖.
    Si tomamos como posibles respuestas las aseveraciones de M. Foucault en ―Vigilar y Castigar‖,
respecto del ―continuo carcelario‖ y de la ―normalización‖ (como estandarización) —texto por otra
parte recomendado por las autoridades que representan a nuestros menores en seminarios y
congresos—, veremos que los integrantes involucrados vivirán en continuo duelo por ―lo que qui-
sieran hacer‖ y las limitaciones que les ofrece el ―no poder‖.
    Para este autor, ―si bien el aparato del gran encierro clásico fue desmantelado en parte, muy
pronto fue reactivado, reorganizado, desarrollado en ciertos puntos. Pero lo que es más importan-
te todavía es que fue homogeneizado por intermedio de la prisión, de una parte con los castigos
legales y de otra parte con los castigos disciplinarios. Las fronteras, que estaban confundidas en
la época clásica entre el encierro, los castigos judiciales y las instituciones de disciplina, tienden a
borrarse para constituir un gran continuo carcelario que difunde las técnicas penitenciarias hasta
las más inocentes disciplinas, transmite las normas disciplinarias hasta el corazón del sistema
penal y hace pesar sobre el menor ilegalismo, sobre la más pequeña irregularidad, desviación o
anomalía, la amenaza de la delincuencia‖.


                                                  27
    ―... Sin arbitrariedad, pero según los términos de reglamentos, por vía de atestiguación y de
medidas, jerarquizan, diferencian, sancionan, castigan y conducen poco a poco de la sanción de
las desviaciones al castigo de los crímenes‖.
    El delincuente está según Foucault, desde el comienzo dentro del corazón mismo de la ley.
    Los reglamentos de las casas de disciplina pueden reproducir la ley; las sanciones imitan los
veredictos y las penas, la vigilancia repetir el modelo policíaco y por encima de todos estos esta-
blecimientos múltiples, la prisión, que es respecto de todos ellos una forma pura, sin mezcla ni
atenuación, les da una especie de garantía estatal.
    Lo carcelario ―naturaliza‖ el poder legal de castigar, como ―legaliza‖ el poder técnico de discipli-
nar al homogeneizarlos así, borrando lo que puede haber de violento en el uno y de arbitrario en el
otro, atenuando los efectos de rebelión que ambos pueden suscitar...‖
    ―Se vuelve natural y aceptable el ser castigado‖. Foucault plantea la cuestión inversa y se/nos
pregunta: ¿Cómo se ha hecho para que se acepte el poder de castigar o simplemente para que
los castigados toleren serlo? La teoría del ―contrato‖ puede responder a ello por la ficción de un
sujeto jurídico que da o autoriza a los demás el poder de ejercer sobre él el derecho que él mismo
tiene sobre ellos.
    ―El sistema carcelario constituye una de las armazones de ese poder-saber que ha hecho histó-
ricamente posibles las ciencias humanas. El hombre cognoscible (alma, individualidad, conciencia,
conducta) es el efecto-objeto de esta invasión analítica, de esta dominación-observación. Esto
explica para él, la extrema solidez de la prisión, ―este pobre invento criticado sin embargo desde
su aparición; si no hubiera sido otra cosa que un instrumento de rechazo o de aplastamiento al
servicio de un aparato estatal, hubiera sido posible modificar sus formas o encontrarle un sustituto
más compensable. ―Pero hundida como está en medio de dispositivos y estrategias de poder, le
es posible oponer a quien quisiera transformando una gran fuerza de inercia‖.
    Citando a La Phalange, Foucault recuerda que en el ―centro del poder no hay un núcleo de
fuerzas, sino una red múltiple de elementos diversos: muros, espacio, institución, reglas, discur-
sos; que el ―modelo de ciudad carcelaria‖ es una distribución estratégica de elementos; que el
tribunal resulta por relación a la prisión, exterior y subordinado a ella:
    ―... que la prisión no está sola, sino ligada a una serie de otros dispositivos ―carcelarios‖ que
son en apariencia destinados a aliviar, a curar, a socorrer, pero que tienden todos como ella a
ejercer un ―poder de normalización‖. Que otros dispositivos se aplican en torno al aparato de pro-
ducción —el ―comercio‖ y la ―industria‖— una verdadera multiplicidad de ilegalismos con su diver-
sidad de índole y de origen.
    Agrega al respecto que ―El sistema capitalista se vio obligado a elaborar un conjunto de técni-
cas políticas, técnicas de poder, por los que el cuerpo y el tiempo de los hombres se convierten en
tiempo de trabajo y fuerza de trabajo y pueden ser efectivamente utilizados para transformar en
plus-ganancia; una trama microscópica de poder político se estableció para fijar al hombre al apa-
rato de producción‖.
    ―No hay plus-ganancia sin sub-poder‖ ejercido por el conjunto de pequeños poderes e institu-
ciones situados en un nivel más bajo. Este sub-poder según Foucault, es el que provocó el surgi-
miento de las ciencias humanas y el hombre como objeto de la ciencia.
    ―La descripción de la plus-ganancia implica el cuestionamiento y el ataque al sub-poder y cómo
se vincula éste al cuestionamiento de las ciencias humanas y del hombre como objeto privilegiado
y fundamental de un tipo de saber‖.
    Citando a Nietszche, y para saber qué es el conocimiento —este tipo de saber—, en qué con-
siste, ―debemos comprender cuáles son las relaciones de lucha y de poder como seres políticos‖,
no como filósofos.
    ―Solamente en esas relaciones de lucha y poder, en la manera como las cosas entre sí se opo-
nen, en la manera como se odian unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos sobre
otros, comprendemos en qué consiste el conocimiento.
    La reclusión del Siglo XIX es una combinación del control moral y social nacido en Inglaterra, y
la institución propiamente francesa y estatal de la reclusión en un local, un edificio, una institución,
en un espacio cerrado‖.
    El control ya no se ejerce por el grupo sobre un individuo o individuos que pertenecen a este
grupo como en el sistema inglés, ni la internación con el modelo francés del Siglo XVIII, de ―reclu-
sión de exclusión”, a diferencia de la reclusión del Siglo XIX que intenta fijar (no excluir) al indivi-
duo a un aparato de producción, a un aparato de transmisión del saber (escuela), a un aparato de
corrección y normalización (hospital psiquiátrico); trátese de una inclusión por exclusión para la
normalización.
    El Estado y aquello que no es estatal se confunde, se entrecruza dentro de las instituciones.
Foucault las llama ―instituciones de secuestro‖, cuya primera función es la de la explotación de la
totalidad del tiempo: ―el mecanismo del consumo y la publicidad ejercen este control general del
tiempo en los países desarrollados‖, y su segunda función, la explotación de sus cuerpos (cuerpo

                                                  28
para ser atormentado y castigado (hasta el Siglo XVIII); recibir cualidades, cuerpo capaz de traba-
jar: fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La tercera función: ―El micro-poder que funciona en el
interior de estas instituciones es al mismo tiempo un poder judicial‖, (guardianes y director de la
prisión que día y noche los castiga según su comportamiento).
    El sistema escolar también presenta esta situación: se castiga y se recompensa, se evalúa y
clasifica, quién el mejor y quién el peor. La cuarta característica del poder que atraviesa y anima
los anteriormente descriptos, el poder epistemológico, de extraer un saber de y sobre los indivi-
duos sometidos a la observación y controlados por estos diferentes poderes.
    ―La prisión se absuelve de ser tal porque se asemeja al resto y al mismo tiempo absuelve a las
demás instituciones de ser prisiones porque se presenta como válida únicamente para quienes
cometieron una falta‖. Esto explica su éxito, la facilidad con que se las aceptó a pesar de que todo
el mundo sabía en 1817 a 1830 cuáles eran sus inconvenientes y su carácter funesto y dañino‖.
    Si tomamos como válidos los postulados de esta extensa exposición/síntesis de algunos con-
ceptos fundamentales del autor, tal vez nos introduzcamos en una de las explicaciones posibles
acerca de los motivos profundos o encubiertos por los cuales una sociedad que antaño parecía
vivir en una comunidad espiritual y religiosa, se haya trasmutado en una sociedad estatal, donde
sus integrantes están sometidos a una única vigilancia: la ―Sociedad Panóptica‖, como la describe
Bentham, que posee los tres aspectos: vigilancia, control y corrección, y que opaca la ―teoría lega-
lista‖, cuya figura más importante es Beccaría, quien intenta individualizar al autor del acto (de lo
que se es o de lo que se puede hacer).
    Si bien la prisión sanciona la delincuencia, ésta es la continuación natural de esa jerarquía re-
corrida paso a paso: nuestros delincuentes son producto de institución.
    ―No es en los márgenes, y por un efecto de destierros sucesivos como nace la criminalidad, si-
no gracias a inserciones cada vez más compactas...‖ ―... el archipiélago carcelario asegura en las
profundidades cuerpo social, la formación de la delincuencia a partir de los ilegalismos leves...‖.
    Ilegalismos leves (aparentemente) que en primera instancia cometen o han cometido sus ma-
yores, y que luego, dentro de este ―continuo carcelario‖ corresponderá a sus hijos en dificultades
perpetuas.
    La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Apelaciones, proyecta en consecuencia,
disminuir el límite de imputabilidad de los chicos, que pasaría de 16 a 14 años, proponiendo como
solución primera al problema de la “marginalidad = delincuencia segura” —medidas de tipo repre-
sivo que intentan según Atilio Alvarez, equiparar a los mayores de 14 años con los adultos. ―Las
transgresiones no convierten a los chicos en adultos. No se puede igualar al niño con los mayores
para poder sancionarlos‖. Foucault no ha complementado el resultado de sus investigaciones con
el estudio de las causales psicológicas personales y sociales —desde el punto de vista de la psi-
cología estructuralista psicoanalítica—, que llevan a la creación de este continuo que finaliza en la
prisión por un lado y en el manejo del aparato de producción y de la plus-ganancia por el otro con
la consiguiente fijación del valor-salario, que cierra el círculo de la miseria, la pobreza, la margina-
lidad y la delincuencia de nuestros menores que no tienen acceso o espacio con sus mayores en
la sociedad de todos.
    Nuestros chicos ―de‖ y ―en‖ la calle, abandonados, trabajadores a destajo, enfermos, y portado-
res de todas las posibles patologías y miserias humanas descriptas y conocidas por demás, pue-
den vislumbrar, aparte de leyes que no se cumplen con el debido proceso y las reales garantías
de enaltecimiento de su condición de ―niños‖, un espacio seguro dentro de las prisiones ―alejadas
lo más posible‖ de los centros comunitarios (y de sus familias), y que pasarán a conformar en el
futuro, el reemplazo del actual 70% de jóvenes presos que previo a trocarse en delincuentes,
hicieron su paso obligado a través del sistema carcelario de los institutos de menores, en detri-
mento de su dignidad personal y de la implementación de sistemas de apoyo a las familias y/o de
reemplazo de las mismas, bajo la ayuda tan valiosa de la instituciones de ―Libertad Vigilada‖ y/o
―Libertad Asistida‖.
De esta manera, y coincidiendo con Foucault, ―La idea de una penalidad que intenta co-
rregir metiendo en prisión a la gente es una idea policial, nacida paralelamente a la justi-
cia, fuera de ella, en una práctica de controles sociales o en un sistema de intercambio
entre la demanda del grupo y el ejercicio de poder‖. Concepción, que suma a la situación
original de maltrato, abandono y muerte de los infantes niños y jóvenes, y a las posterio-
res malas soluciones intentadas a nivel de las organizaciones minoriles estatales y priva-
das, las injusticias derivadas de las luchas por el poder y por el dominio social, vistas a
través del manejo de los aparatos de producción, de la plus-ganancia y consecuentemen-
te de la fijación del salario que ha de servir / no satisfacer el digno sostén económico-
socio-cultural de la familia y por ende de los hijos.




                                                  29
     Capitulo V - Quinto Periodo de protección a la infancia
                                         (1931-1943)

                            1. Patronato Nacional de Menores
    Por decreto del 24/1/1931 y atentos al proyecto presentado por el Dr. Coll, se crea el Patronato
Nacional de Menores, que en realidad sólo significó el cambio de nombre de la Comisión Honora-
ria de Superintendencia creada el 28/7/1924 por el Poder Ejecutivo, para administrar la Colonia de
Menores en Marcos Paz, luego Colonia Hogar “Ricardo Gutiérrez”, y el Instituto Tutelar de Meno-
res, más tarde llamado Escuela de Artesanos “Almafuerte”.
    En una placa artística colocada en la Colonia Ricardo Gutiérrez, se lee: ―Cambié de nombre
porque cambié de vida‖.
    La Comisión de 1924, debía proponer medidas administrativas para que todos los estableci-
mientos oficiales con menores de ambos sexos comprendidos en las leyes de Patronato, pasaran
a depender de la nueva Comisión de Superintendencia, dando preferencia a los alojados en al-
caidías de menores y debiendo entenderse con los jueces y defensores de menores.
   El decreto de 1931 se refiere a la constitución de la Comisión conformada por el Dr. Coll como
presidente, el Dr. de Arenaza como vice 1º, el Dr. Ledesma como vice 2º, cuatro vocales y un se-
cretario; funciones del Patronato Nacional de Menores, y Superintendencia de establecimientos
privados: Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesiano, Patronato de La Pampa, Sociedad de
Damas Católicas, Sociedad de Damas de Caridad de San Vicente de Paul y Hermanas Trinitarias.
   El Patronato Nacional de Menores queda bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública, permaneciendo bajo su administración los establecimientos para menores aban-
donados y delincuentes, con facultades para la colocación en familia de los chicos que salen de
los mismos y a quienes debe incorporar a la sociedad encauzándolos en oficios o profesiones. El
Patronato Nacional de Menores admite al niño en cualquier etapa de su vida, y los establecimien-
tos que dirige están regidos por el sistema de casas-hogares en las que impera una educación
con fisonomía familiar, a diferencia de los sistemas de tipo congregado o de pabellón.


                                           2. Su obra
    2.1. Primera Conferencia sobre Infancia Abandonada y Delincuente (1933). Se realizó por
iniciativa del Patronato Nacional de Menores y marcó un importante período evolutivo para la pro-
tección de la minoridad abandonada. Asistieron como delegados los principales especialistas en la
materia y sus conclusiones sirvieron de base para la estructura de proyectos de leyes posteriores.
  Algunas de sus principales conclusiones fueron:
  1) El verdadero servicio al menor se basa en la protección de su hogar.
   2) La internación de menores en asilos o colonias, no debe hacerse sin haber agotado todos
     los recursos para la rehabilitación de la familia, pues son numerosos los hogares que pueden
     reconstruirse (coincide con la tesis del Dr. de Arenaza de 1906 ya mencionada).
   3) El abandono debe ser atacado en sus causas más que en sus efectos.
   4) El Estado debe crear los recursos financieros y los organismos adecuados en leyes sociales
       y progresivas.
   5) El éxito en materia social depende de los recursos económicos y del criterio con que se apli-
       quen los mismos.
   6) El secreto está en formar una conducta social que exija como un imperativo ―salvar al niño y
       al joven‖ para orientarlo en la vida.
   El Dr. Coll presenta en esta conferencia un Anteproyecto de Ley sobre Patronato de Menores
que propicia la creación de tribunales de menores: ―Necesitamos una ley nacional, una ley de fon-
do como la Children Act de Inglaterra, llamada Carta Magna de los Niños‖, e insta a corregir la
anarquía jurisdiccional de los establecimientos de protección, colocándolos bajo la dependencia
del Patronato Nacional de Menores.

   2.2. Institutos
   - Colonia-Hogar “Ricardo Gutiérrez”. Ex-Reformatorio de Marcos Paz fundado el 12/10/1904.
Merece destacarse esta institución por haber sido reconocida su organización y labor en forma
internacional. En 1926 el Dr. Coll la presentó en el Congreso de la Asociación Internacional de
                                                30
Derecho Penal, exponiendo pormenorizadamente y con fotografías la distribución de sus casas-
hogares en este sistema de semi-libertad y dando detalles de su Casa de Ingreso, Observación y
Clasificación.
    De aspecto sencillo y familiar, dispone de 30 alumnos por cada casa con tres dormitorios con
10 camas cada uno, distribuidos de manera que permiten la vigilancia por una sola persona. Inclu-
ye cada casa-hogar un comedor, cocina, salón de lectura, corredor y dependencias para los dos
matrimonios que cuidan de ellos.
    En otros sectores se encuentran: el club de empleados, sus viviendas permanentes, el hospital,
el edificio para la escuela, además de talleres (la labor de los chicos es remunerada), gimnasio y
campo atlético. Existen en 1943, 20 casas-hogares, una capilla y el salón de actos.
    La distribución de los menores se realiza de acuerdo con su personalidad y no respecto de la
comisión o no de delito.
    Posteriormente el Dr. de Arenaza, director del Patronato Nacional de Menores en reemplazo
del Dr. Coll (Ministro de Justicia e Instrucción Pública), asevera: ―Nada sustituye a la observación
permanente durante el sueño, la vigilia y especialmente durante el juego ... los niños que más tra-
bajo me dieron fueron los que no jugaban.
    En esta escuela se reciben menores difíciles, rechazados por la Sociedad de Beneficencia o
fugados de los institutos‖.
    Su sistema de semi-libertad, familiar, ―impide que el niño se habitúe a la obediencia forzada, a
ser un autómata, a que se acostumbre a los movimientos colectivos del gran número como suce-
de en las instituciones de tipo congregado en donde la constante insubordinación de los niños
hace a los celadores severos y crueles; en cambio aquí la ausencia de fugas es casi total‖.
    Alberga esta escuela a varones de 7 a 20 años y tiene capacidad para 510 alumnos. Se reali-
zan estudios elementales, tareas de granja, talleres de aprendizaje de oficios, gimnasia y recrea-
ción. El Dr. de Arenaza dice al respecto: ―Nuestros muchachos construyen sus propios hogares:
alisan y dan forma en el taller a las rojas tejas españolas; es obra suya la carpintería; fraguan y
forjan sobre el yunque las artísticas rejas; decoran y pintan las habitaciones y cuecen al horno los
platos y tazas que constituyen la vajilla de su hogar familiar‖.
    - Reformatorio “El Retiro” - Colonia Hogar “Ricardo Gutiérrez”. Surge ante la necesidad de cla-
sificar y separar temporaria o definitivamente a los remisos a adaptarse y a los inadaptables, a fin
de someterlos a un tratamiento especial y lento. Fue creado en abril de 1934 a 4 kilómetros de la
Colonia, para mayores de 16 años con disposición psicodinámica sumamente desviada, y para
menores derivados de la Colonia por mala conducta. Su sistema es del tipo “Borstal” de Inglaterra,
por el cual los alumnos van retornando a la Colonia según su comportamiento.
    - Escuela de Artesanos “Almafuerte” (Curapaligüe 727). Recibe alumnos entre 12 y 20 años a
los que se le imparte actividad escolar, talleres, aprendizaje de oficios, gimnasia y recreación. Su
capacidad es de 215 varones.
    - Escuela-Hogar “Santa Rita” (San Isidro). Fue inaugurada el 14/11/1942, y luego denominada
“Dr. C. de Arenaza”, para 150 niñas de 13 a 20 años, a las que se les proporciona actividad esco-
lar, talleres, granja, gimnasia y recreación.
    - Amparo “Santa Rosa” (Belgrano 2670). Inaugurado el 29/12/1938 como Instituto de Recep-
ción y Clasificación para 120 menores mujeres de 6 a 18 años; está destinado a niñas que compa-
recen ante los tribunales de menores, mendicantes por enfermedad o vicio de los progenitores,
huídas del hogar, vendedoras de baratijas, y que cursan otras desgraciadas situaciones.
   - Establecimiento “Carlos Pellegrini” (Pilar). Se incorporan a éste menores de 14 a 20 años, en
total 145, que demuestran capacidad para continuar con estudios profesionales. Fue construido el
20/5/1907.
   - Colonia “Mariano Ortiz Basualdo” (Las Armas). Inaugurado el 30/12/1935, comenzó con 40
alumnos y en 1943 albergaba a 250.
   - Colonia-Hogar “Cayetano Zibecchi” (Juárez). Para 50 menores de 3 a 20 años, a los que se
les proporciona actividad escolar, granja, gimnasia y recreación.
   - “Nuestra Señora de Fátima” (Ing. Maschwitz). Inaugurado el 1/5/1944 para 150 varones me-
nores de 12 años y luego para mujeres débiles mentales.
  - Establecimiento “Los Arenales” (Ing. Maschwitz). Integrado en 1942 a Nuestra Señora de
Fátima; tiene capacidad para 150 niños de 8 a 12 años.
  En 1942 el Patronato Nacional da amparo a 1060 menores internados y ejerce la Superinten-
dencia de la Sección Menores del Asilo Correccional de Mujeres, respecto de sus ingresos, egre-
sos y plan de educación.
   Gestiona la admisión en establecimientos particulares a menores que no pueden ser alojados
en los oficiales, habiéndose colocado en instituciones privadas y Patronatos Regionales de territo-


                                                31
rios 1215 niños mediante el pago de becas, incluidos 20 alumnos egresados de los establecimien-
tos del Patronato carentes de familia y con dificultades para reincorporarse a la vida social.


   2.3. Asistencia al Menor Egresado. El Dr. de Arenaza en un artículo sobre “Asistencia al Me-
nor Egresado”, describe en 1941 el tránsito brusco que significa pasar de la vida de internado a la
vida libre, señalado en todos los tiempos como el momento más delicado de la reeducación co-
rreccional: ―Cuanto más rígida ha sido la institución, más severos y detallistas sus reglamentos,
tanto más difícil será la situación de esas criaturas, cuando liberadas han de determinarse por sí
mismas y resolver sin ayuda las múltiples y complejas situaciones que plantea a diario la existen-
cia‖.
   Expresa que la vida monótona de las instituciones, en que todo está previsto, la despreocupa-
ción de tenerlo todo al alcance de la mano contribuye a que el menor pierda la iniciativa y el hábito
de pensar: ―La falta de estímulo, la repetición cotidiana de los actos, llevan a un automatismo peli-
groso. La mentalidad del hijo de asilo tiene caracteres propios, inconfundibles y a veces definiti-
vos‖.
   ―La población de estos establecimientos está constituida en elevadas proporciones, por seres
sin hogar, sin familia, enajenados por la neurosis, el vicio o la miseria; abúlicos o deficientes men-
tales‖.
  Es posible apreciar lo peligroso del momento de las liberación sin el apoyo de un padre, un
amigo o institución, con el agravante de la desconfianza en el ambiente social.
   Es así que la asistencia al egresado ha sido, por lo general, precaria o prácticamente no ha
existido; y el Patronato Nacional de Menores la realiza en forma incompleta.
   No obstante, habilitó en la Escuela de Artesanos “Almafuerte” algunas camas para menores
egresados sin familia, como hogar provisorio para intentar su aprendizaje de la vida en libertad. En
1941 se reorganizó una sección independiente a cargo de un matrimonio. También en el Hogar
“Santa Rosa” creó una sección semi-independiente para egresadas sin familia, mientras se les
hallaba trabajo.
   Prestó colaboración a la Casa del Canillita para organizar el Hogar “Mi Casa”: a los egresados
se les busca ocupación, se los vigila y orienta; además, se supervisan los contratos de trabajo, se
controla sus gastos y se los prepara para la completa liberación. Recibe este hogar a egresados
de distintos Institutos, especialmente a los de la Casa del Canillita y a los del Patronato Nacional
de Menores, mediante becas.
   También la Sociedad de Beneficencia y la Obra del Cardenal Ferrari se ocupan de dar asisten-
cia a los egresados de sus instituciones que no tienen familia o están alejados de la misma.

   2.4. Asistencia a los menores en la familia. El Patronato Nacional de Menores aspira a llevar
su acción como complemento de la obra que realiza la Dirección de Maternidad e Infancia desde
1936.
   El problema mayor que se le presenta a la Comisión Honoraria que lo dirige, se debe a que por
carecer de personería jurídica, está autorizado a internar menores y a colocarlos en instituciones
privadas mediante becas, pero no puede disponer de suma alguna para asistir al niño en el hogar.
   El Patronato ha sostenido incontables veces que ―el abandono y la delincuencia de menores,
encarado como un problema de hogar, va a permitir orientar la acción social con criterio práctico y
constructivo, dirigiéndola hacia la protección de la familia, y combatiendo todo lo que directa o
indirectamente contribuye o facilita su desintegración‖.
   Existe por parte de los padres, tutores o guardadores de los chicos que presentan alguna difi-
cultad de conducta, una marcada tendencia a desprenderse de ellos y a procurar que el Estado se
haga cargo de su educación. Asevera el Dr. de Arenaza: ―Si el Patronato no procediera con un
sentido estricto, las instituciones existentes no darían abasto. Reducir las instituciones, limitar el
número de asilos y fomentar en toda forma la asistencia social del niño en su hogar, constituye un
propósito bien definido como consecuencia de muchos años de estudio y experiencia, y tan es así
que existe una verdadera resistencia a desmembrar a las familias y evitar la internación institucio-
nal‖.

   De los datos obtenidos del Primer Censo de Instituciones Tutelares de la Capital Federal (1933)
se desprende que de 7400 menores de ambos sexos protegidos en los internados oficiales y pri-
vados, sólo 962 son huérfanos de padre y madre, y en cambio suman 2433 los que poseen ambos
padres; 2114 los huérfanos de padre y 1374 los huérfanos de madre, ―lo cual demuestra que no
es sólo al niño totalmente desvalido el que debe ampararse, sino también, a los que en gran ma-
yoría, están a cargo de padres indigentes‖.


                                                 32
   Por nota de fecha 18/7/1944 del Dr. de Arenaza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,
solicita llevar asistencia económica a la morada de los menores a quienes la internación no fuera
indispensable, con el argumento de que ―nuestras instituciones oficiales y privadas facilitan la des-
integración familiar al retirar al niño del hogar‖, y que ―contando con la acción de delegados con-
cientes y capaces, se daría el apoyo material y moral del que carecen‖.
   De otra forma ―los niños son distribuidos, la madre acaba por ser un extraño, el medio es artifi-
cial, los hermanos se ignoran o son alejados, perdiendo afectos, y doloridos por el abandono que
de ellos hicieron sus padres. Comprenderíamos cuánto más eficaz y económica sería la asistencia
social con una suma de dinero, que lo que acarrea para el estado la internación de hasta 9 hijos
de la misma familia‖.
   El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública accede a este requerimiento fijándose una suma
máxima, y el Patronato Nacional de Menores formula las bases para su aplicación y fiscalización.


                             3. Reestructuración Institucional
  - Se crea en 1932 el Fondo de Asistencia Social, en reemplazo del Fondo de Subsidios de-
    pendiente del Ministerio de Relaciones Exteriones y Culto.
  - El 30/12/1936, por iniciativa del Dr. Gregorio Aráoz Alfaro se sanciona la ley 12.341, por la
    que se crea la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia con dependencia del Departa-
    mento Nacional de Higiene. Esta dirección amplía las funciones de la División de Protección
    y Asistencia a la Infancia. El Dr. Alfaro expresaba que los refugios, talleres, asilos y hogares
    a crearse serían suficientes ―para las que quieren ocultar su situación que crean deshonro-
    sa, durante su gestación, durante el parto y aún después de él, para todo el tiempo que lo
    necesiten‖ y ―estas son las instituciones más necesarias e importantes en la lucha contra la
    mortalidad infantil, el infanticidio y el abandono ... no habiendo hasta hace poco más que el
    buen Dios, una sala de parturientas en 1882, el torno en 1885, que salvó de la muerte a nu-
    merosos expósitos, el asilo maternal en 1892 para niños de más de dos años que permite a
    la madre trabajar y en 1894 el hospital de niños‖ agrega que ―...la mortalidad infantil es el
    índice más seguro de civilización de un pueblo‖.
  - El 12/4/1937, por ley 13.426 se crea el Registro de Asistencia Social, a fin de evitar la su-
    perposición de las ayudas oficiales y privadas.
  - Por decreto del 27/4/1938 se habilita el Amparo “Santa Rosa” para menores mujeres.
  - El decreto 3607 del 3/5/1938 constituye la Comisión Nacional de Escolares Indigentes.
  - Por decreto del 9/5/1938 se crea la Comisión Nacional de Ayuda Escolar para menores de
    14 años: ésta se daría a través de comedores escolares y escuelas hogares.
  - Por decreto del 17/6/1938 se crea la Dirección de Educación Física.
  - La ley 12.558 del 14/10/1938 crea una Comisión para cuidar la salud física y moral de la ni-
    ñez en edad escolar, especialmente en las provincias del norte y territorios nacionales.
  - El decreto 18.000 del 12/10/1938 completado por el decreto 20.016, crea el Jardín de Infan-
    cia “Mitre” y la Escuela de Aplicación de Niños.
  - El decreto 20.381 del 28/12/1938 establece que la Sección Menores del Asilo Correccional
    de Mujeres permanecería bajo la superintendencia del Patronato Nacional de Menores res-
    pecto de las condiciones de admisión, egreso y régimen educacional.
  - En 1941, bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se crea la Direc-
    ción General de Subsidios. Es su misión otorgar y controlar los subsidios destinados a las
    instituciones de asistencia social.
  - En 1943 se destina una Comisión como encargada de la revisión de los subsidios otorgados
    a las instituciones, bajo la dirección del auditor general de guerra y marina. La mayoría de
    los mismos eran acordados sin un criterio orgánico y sin contemplar las necesidades más
    fundamentales.


                                     4. Proyectos de Ley
   Han sido abundantes, y algunos de suma importancia:
   En 1916 los Dres. R. Gache y E. Bullrich presentan un Proyecto de Código de Menores que
contempla todas la situaciones de amparo de la minoridad, desde la vida uterina hasta el momen-
to en que la ley civil reconoce la mayoría de edad.
   El 27/9/1929, el diputado Spinetto presenta el Proyecto de Ley de Patronato de Menores con
autoría del Dr. Coll.


                                                 33
   El 9/5/1932 los diputados B. S. González y B. Loyarte hacen lo propio con un Proyecto de De-
partamento Nacional de Asistencia al Niño.
   El diputado Dr. Mario Antelo es el autor del Proyecto de Código de Procedimiento Penal de
1933, que contiene disposiciones sobre menores.
   En 1934 C. Saavedra Lamas presenta un Proyecto de Ley sobre Asistencia y Previsión Social,
proponiendo a manera de síntesis las conclusiones votadas por las 36 secciones de la Primera
Conferencia Nacional de Asistencia Social, celebrada en noviembre de 1933.
   El 4/6/1937 el Poder Ejecutivo envía un mensaje al Congreso sobre un Proyecto de Ley para
crear nueve casas-hogares en distintos puntos del país.
   El 8/7/1937, un Régimen de la Minoridad correspondiente al Proyecto de Código Penal, es pre-
sentado al Ministerio de Justicia por los Dres. J. E. Coll y E. Gómez: establecen la sanción inde-
terminada o a determinarse posteriormente en los casos de peligrosidad, al cumplir el menor los
21 años. No declara este proyecto la inimputabilidad de los menores de 18 años.
   Los proyectos del diputado B. S. González sobre Patronato de Menores, el del senador Dr.
Ramón S. Castillo sobre Asistencia Social y Patronato de Menores, y los del Poder Ejecutivo del
27/9/1938 sobre Tribunales y Protección de Menores, responden con ligeras variantes a los prin-
cipios de los proyectos presentados por el Dr. Coll en la Primera Conferencia sobre Infancia
Abandonada y Delincuente de 1933.
   Sin embargo, excelentes planes quedaron paralizados en las Cámaras del Congreso, y otros
aumentaron la descentralización administrativa en perjuicio del niño.


                       5. Situación institucional de la minoridad
                            en la Provincia de Buenos Aires
   Según el Dr. J. C. Landó ―la provincia de Buenos Aires brinda los aspectos más complejos de la
organización social. En un vasto territorio juegan los problemas de la ciudad populosa e industrial,
y del campo; la mezcla de razas, y la falta de unidad espiritual. De este complejo mosaico, derivan
cuestiones fundamentales a resolver en cuanto a organización de la familia, educación y cultura,
miseria y abandono, industrialismo, vagancia, higiene y asistencia social, en las que está involu-
crada en primer lugar la situación del niño en su desamparo‖.
   El 5/11/1910 se creó el Patronato de Menores. Para su sostenimiento debían contribuir las mu-
nicipalidades con una suma relacionada con las rentas de las mismas.
   El 11/7/1936 se organizó el Reformatorio de Menores Abandonados y Delincuentes de la ciu-
dad de La Plata bajo la superintendencia del Ministro de Gobierno, quedando abolida la antigua
cárcel del menores.
   El 14/7/1936 es presentado un Proyecto sobre “Patronato Provincial de Menores” por el sena-
dor Rocha, que obtuvo favorable sanción del Senado: se prefirió eliminar la denominación de Pa-
tronato para la nueva institución a crearse. Este proyecto también se basó en el del Dr. Coll sobre
Patronato de Menores.
   El 20/1/1937 se crea el Reformatorio “San Pedro“ como complemento del Reformatorio de Me-
nores Abandonados y Delincuentes de La Plata.

   5.1. Dirección General de Protección a la Infancia. El 12/5/1937 se promulga la ley 4547 que
crea la Dirección General de Protección a la Infancia con recursos propios y para ejercer funcio-
nes amplias de protección, así como de superintendencia de las instituciones oficiales y vigilancia
de las privadas. Se crea también una Comisión Consultiva Honoraria.
   Dicha Dirección comenzó sus actividades con cuatro instituciones, dando amparo al 1/6/1939 a
más de 2000 (dos mil) menores en los siguientes establecimientos:
   Instituto de Reforma de Menores de La Plata.
   Instituto “Agustín Gambier” (Abasto).
   Instituto “Calderón” (Bahía Blanca).
   Sección de Menores Mujeres de Olmos.
   Casa Infantil de Berisso.
   Escuela de Artesanos “D. F. Sarmiento” (San Pedro).
   Casa Infantil “General Belgrano” (Tolosa).
  Instituto “San Antonio Azcona” (Pehuajó).
  Casa Infantil “Carmen Nóbrega de Avellaneda” (Lanús).
  Instituto “Tomás Espora” (J. E. Uriburu).
  Instituto de Granja “B. Rivadavia” (Estación Circunvalación).
                                                34
  Casa “Carlos Pellegrini” (Bernal).
  Instituto “Gobernador Ugarte” (Villa Elisa).
  Casa Infantil de Mar del Plata.
    Corresponde a la Dirección General de Protección a la Infancia la intervención directa en toda
cuestión relacionada con la protección del niño; la ayuda social a los menores en precaria situa-
ción económica perjudicial a su salud moral o a su instrucción; el amparo de los huérfanos, desva-
lidos y de los que acusen peligro moral.
   Su primer director fue el Dr. Juan Carlos Landó, quien contaba con amplios antecedentes de-
ntro del Patronato Nacional de Menores.
   El 10/9/1937, el Poder Ejecutivo resuelve evitar la publicación de noticias sobre hechos delic-
tuosos cometidos por menores o de los que fueran víctimas éstos mediante la ley 4664 que crea
los Tribunales de menores.
  Las leyes 4547 y 4664 se encuentran estrechamente vinculadas, y en conjunto fijan y regla-
mentan el ejercicio del Patronato Provincial conforme a las disposiciones de la ley 10.903.
   Por ley 4439 se establece la creación de un Reformatorio de menores en cada cabeza de de-
partamente jurídico de la provincia.
   El 27/10/1937 se establece un Plan de colonias-hogares en cada uno de los distritos jurisdic-
cionales de la provincia: San Nicolás, Mercedes, Dolores, Azul y Bahía Blanca.
   El decreto 119 del 7/12/1937 del Poder Ejecutivo, reglamenta las tareas desempeñadas en la
vía pública por menores comprendidos entre los 14 y 18 años para las que debe obtener habilita-
ción de la Dirección General, quien a su vez llevará un registro de los que ejerzan oficios.
   El 31/1/1938, se promulga la ley 4664 que crea los Tribunales de Menores de acuerdo con la
técnica moderna de cada unidad cabeza de de partamento judicial: unipersonales con jueces le-
trados especializados, existiendo por razones económicas sólo un juez de menores con estas ca-
racterísticas en la ciudad de La Plata, el cual hasta el 30/9/1939 tenía jurisdicción en toda la pro-
vincia.


                        6. Situación institucional de la minoridad
                                   en el resto del país
    Mendoza: el Poder Ejecutivo promulga el 14/1/1939 la ley 1304 de Patronato de Menores, con-
siderada notable por su claridad. Desde el 17/5/1939 funciona un juzgado de menores en su capi-
tal, de análoga estructura al de Buenos Aires.
   Santa Fe: el Poder Ejecutivo promulga dos leyes: la 2647 del 30/6/1938, que organiza la Junta
Central de Patronato de Menores, y la ley 2804 del 5/7/1939, que crea en cada circunscripción
judicial un juzgado de menores. Esta última permite la intervención del fiscal de los juzgados co-
rreccionales en los juicios de menores y, además, recursos de apelación más amplios.
    Córdoba: el Poder Ejecutivo convirtió en ley el proyecto de los Dres. A. Vélez Mariconde y S.
Soler sobre Código de Procedimiento en lo Criminal el 28/8/1939, cuyas disposiciones contemplan
el juicio y el tribunal de menores de tipo semicolegiado.
  San Juan: el 10/6/1937 se dicta la ley 797 de Patronato de Menores.
   Salta: en 1939 el senador por la Capital Dr. J. Vicente Solá, presentó un proyecto de ley de
Creación del Patronato de Menores. Obtuvo la aprobación unánime de ambas Cámaras, pero has-
ta 1940 no logró convertirse en ley.
   La Pampa: existe un Patronato de Menores en Santa Rosa desde 1923, organizado por el juez
a cargo del Tribunal de Menores, Dr. F. J. Figueroa, y concretado por el juez Dr. J. M. Jaramillo y
la contribución popular. El juzgado ejerce superintendencia sobre el Patronato.
   Misiones: en septiembre de 1938 se funda el Patronato de Menores por iniciativa del Sr. Jacinto
Miranda y con el fundamental aporte de colectas gestionadas por la Comisión Directiva.
   Hasta 1938 las provincias y territorios nacionales, en general, se adelantaron a la Nación, pro-
mulgando un conjunto de leyes protectoras de la infancia en corto plazo, aún sin tener similares
recursos económicos.


                         7. Segunda Conferencia sobre Infancia
                               Abandonada y Delincuente


                                                 35
  En 1942, por iniciativa del Patronato de la Infancia en su 50º Aniversario, y con el auspicio del
Patronato Nacional de Menores, se realizó este acontecimiento en la ciudad de Córdoba.
   El principio básico de esta conferencia fue el criterio de “Educación en función del hogar”, ya
sea en establecimientos con sistema de casas-hogares o con la ayuda a los padres en la educa-
ción de sus hijos.
   - Se consideró gestionar ante el Congreso de la Nación la redacción del Código o Estatuto del
Niño.
   - Se sugirió la coordinación de las obras de asistencia creando un organismo centralizador de
instituciones.
    - Se puso de relieve el problema de la familia desvalida y la necesidad de actuar frente a ella a
fin de evitar la indigencia material o moral que pervierta a los menores.
   - En cuanto a la acción de las autoridades, previó una política especial para niños dentro de la
organización policial, con tareas propias de protección.
   - Finalmente, se tomó la asistencia del niño en la familia, no como medida paliativa, sino dirigi-
da a la reconstrucción moral y material, y como último recurso, la separación del niño de sus pa-
dres.


                                 8. Dependencias oficiales
   En 1942 dependían del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: el Patronato Nacional de
Menores, el Jardín de Infantes ―Mitre‖; la Comisión Nacional de Ayuda Escolar; la Colonia Nacio-
nal de Vacaciones ―Gral. San Martín‖; y la Dirección de Educación Física.
   Del Ministerio del Interior: la Alcaidía de Menores, la Sección Mujeres del Asilo ―San Miguel‖ y
los Hogares ―Alberdi‖ y ―Aguirre‖, por intermedio del Departamento de Policía.
   Del Departamento Nacional de Higiene: la Dirección de Maternidad e Higiene Infantil.
   Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: el Registro de Asistencia Social y la Comisión
Asesora de Asilos y Hospitales Regionales con superintendencia sobre la Colonia Nacional de
Menores de ―Olivera‖, la Sección Menores del ―Asilo Mixto para Retardados de Torres‖, y el Institu-
to de Menores Retardados ―Dr. José Sánchez Picado‖, la Sociedad de Beneficencia con sus esta-
blecimientos y los Consejos de Higiene Provinciales.
   Del Consejo Nacional de Educación: comedores escolares y colonias de vacaciones.
   De la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: comedores escolares, colonias de vacacio-
nes, el Preventorio ―Rocca‖, el Hogar ―Mercedes de Lasala y Riglos‖, plazas de educación física,
recreos infantiles, clubes de niños jardineros, dispensarios de lactantes y diversos establecimien-
tos médicos.


                                         9. Reflexiones
   Reglamentado por la ley 10.903, el Sistema de Casas-Hogares comienza su trayectoria en
1919 como método por excelencia que implementaría posteriormente el Patronato Nacional de
Menores, pasando también a ser éstas las nuevas casas de los chicos que habitaban en comisar-
ías mezclados con los mayores, y en condiciones de hacinamiento y promiscuidad, como las des-
cribía el Dr. Coll.
   La obra del Patronato ha logrado trasuntar los lábiles valores éticos y morales anteriores, im-
partiendo a sus asistidos un trato más humanitario. Se toma al niño y al joven como persona digna
de ser ayudada y apoyada; ahora importan sus características de personalidad. Se insta a su dis-
criminación, a diferencia de la caracterización del pupilo como número anónimo, uniformado, que
rinde obediencia debida y automatiza sus actos. Lo más llamativo de este sistema de semi-libertad
es, según el Dr. de Arenaza, la ―ausencia de fugas‖.
   Los chicos tienen participación en la construcción o remodelación de sus casas y en la decora-
ción de las mismas; ejercen su creatividad incentivados; adquieren un oficio; practican deportes y
recreación, y cumplen su escolaridad obligatoria.
   Igualmente, y pese a sostener esta Entidad la postura de no desmembrar el hogar del niño, ba-
sada en la conclusión primordial de la ―Primera Conferencia sobre Infancia Abandonada y Delin-
cuente‖ de 1933, en 1942 el Patronato se orgullecía de amparar a 1215 menores internados me-
diante becas en instituciones privadas, y a 1060 en sus propios establecimientos.
   Sumamos a éstos 2275 niños y jóvenes, los que permanecían en organismos no gubernamen-
tales y de beneficencia; los de la provincia de Buenos Aires y demás institutos provinciales del
país, además de los colegios para chicos de familias pudientes, que bajo la excusa de impartirles
una mejor educación y preparación para el futuro dentro de costosos, ―reconocidos‖ y rígidos sis-
                                                 36
temas escolares, no constituían sino otro método encubierto y consensuado de segregación fami-
liar y social.
    Claro que nuevamente tendremos que tener en cuenta la cultura de usos y costumbres de esta
época, en la que los varones no debían llorar, demostrar ―flaquezas‖ o ser ―maricones‖, y debían
forjarse a los golpes como ―machos‖.
    No les era dable emocionarse ante el gesto de ruego de su niño o joven entristrecido, ni conso-
larlo ante un traspié. Debían estos hombres lograr hacer bajar la mirada tanto a su hijo como a su
mujer.
    Como consecuencia el marido obtenía de aliada a su esposa, quien no se animaba a contrade-
cirlo y entrar en conflictos que ella creía sin salida, o bien estaba de acuerdo con esta ideología de
vida. El niño era excluido como tercero en discordia dentro de un instituto, sin que nadie interce-
diera por él sobre la no conveniencia de un alejamiento familiar. A su vez ese padre decía con
seguridad y falso orgullo ¡Que se haga hombre como yo!, reproduciendo así tal vez su particular
historia de temor a la dura mirada de su propio padre, y reasegurando la transmisión del consenso
social sobre ―lo que significa ser hombre‖.
    Los menores pudientes volverían a su hogar años después con un título secundario, un trabajo
estipulado y probablemente un matrimonio concertado. No por esto dejarían de tener rasgos
abandónicos de personalidad, de ser neuróticos graves o de poseer otras patologías como secue-
las de estas situaciones vividas como abandono. Claro ejemplo es el del conocido periodista ar-
gentino, Sr. Neustadt quien denuncia públicamente que aún a sus 70 años, no ha encontrado ex-
plicación ni consuelo a ese desapego familiar, a esa carencia de padres a que fue sometido a par-
tir de los 6 años; aún sigue anhelando eso que no tuvo que se llama amor y unión familiar, y que
pese a su exitosa carrera profesional y social, no ha podido reparar. Aun así, es loable que un
personaje público como él, denuncie en calidad de representante de los niños no carenciados que
sí ha sido un niño profundamente pobre. Igualmente, el prestigioso actor Víctor Laplace refiere en
un reportaje a la Revista ―Viva‖, ya de adulto, el abuso que cometían sacerdotes de su internado
sobre su pudor infantil, subordinándolo a caricias vejatorias que lo condujeron a un estado de
parálisis corporal por la impotencia vivida frente a estos hechos, así como a secuelas psicológicas
negativas en su personalidad, entendiendo que la rígida moral cristiana de su madre no le hubiera
permitido tomar como real esta situación de la que su hijo era víctima, por lo que debió callar.
    En la franja social en que se desenvuelven las personas con cierto poder adquisitivo, esta ex-
pulsión hogareña generalmente comienza con el ciclo primario, y con mayor suerte para los chi-
cos, con el secundario.
    Según Ainsworth, ―cuánto mayor sea el niño cuando se inició la carencia, más fácil y completa
será la reparación del daño‖. Asimismo, ―los episodios ulteriores de insuficiencia, distorsión o dis-
continuidad de las relaciones interpersonales, pueden prolongar o hacer aparecer alteraciones
que de otra forma hubieran podido ser más o menos por completo reversibles‖.
    Esto no significa que el niño no haya sufrido carencia afectiva anterior a su internación; si la
hubo, ésta se ve sumamente agravada frente al acto concreto e irrefutable de su exclusión del
hogar.
    La situación de los carenciados económicos o familiares totales, resulta diferente: un día deben
abandonar el instituto con la primaria completa y raramente con un oficio. Quedan sin casa, sin
lugar y grupo de pertenencia.
    Vuelven a estar abandonados tal vez hasta 15 ó 18 años después de la primera vez que ingre-
saron al mismo. Ese útero-establecimiento que los cobijó y contuvo largamente, hoy abre sus
puertas y los expulsa para siempre, solos y sin familia o desarraigados de la misma, tal como lo
describe el Dr. de Arenaza
    Para este joven, la salida representa un segundo y traumático nacimiento, un desprendimiento
de su madre; como un parto aún más doloroso y desgarrador que el anterior, porque además de
sentir, puede pensar, y lo que piensa, lo deprime profundamente.
    Sin teta, sin leche, sin calor ni caricias. No existe un hogar ni un amor programado; ni siquiera
un camino, porque tampoco existió un padre.
    Algunos jóvenes con cierto don de inteligencia práctica e instinto de vida, tal vez logren un futu-
ro que les dé satisfacciones y por el que se sientan compensados. Otros, los deficientes físicos y
mentales, abandónicos, con patologías reforzadas y agravadas por la institución y los años; alie-
nados, resentidos y melancólicos graves, irán a vivir en la soledad de los hoteles; cenarán solos
en los bares con cubiertos para uno y deambularán por la ciudad los días festivos.
    Entonces, ¿cuál es la diferencia en calidad de sentimientos entre un niño sin recursos o aban-
donado que pasa sus años infantiles y juveniles en un colegio municipal o del Estado y otro con
poder adquisitivo o becado en uno privado? Ninguna. Ambos se sienten abandonados, y cuentan
los días para ver a sus seres queridos; se deprimen si éstos no vienen los días de visita o de sali-
da o si no hay un llamado telefónico que les explique, aunque más no sea con una excusa, de su
ausencia.
                                                  37
    Pero el niño pobre sufre agravantes: no tiene los objetos materiales ni la visión de un proyecto
de vida cultural , laboral y familiar que distraen al pudiente. Los desean, y ante la falta de esos
objetos transicionales que ellos representan como preocupación familiar por su destino, se cargan
de odio y resentimiento que volcarán sobre sí mismos, contra el medio familiar, si lo tienen, o co-
munitario bajo distintas formas de delincuencia.
    La conducta o comportamiento de este menor está prevista socialmente, y también previsto su
castigo, por demás esperado por él, como vimos en el capítulo anterior con Foucault. Si siempre
fue recluido en el encierro, la falta de amor y el desprecio social por un delito que no sabe cuál
fue, —y que comenzó como un abandono familiar—, no conoce otra forma de vida y se imagina
merecedor de continua punición.
    Busca inconcientemente ser penado, esta vez bajo un pretexto real.
    Según la Licenciada Olga Rivarola, colega y amiga especializada en Adicciones, ―Resulta pro-
bable que el robo incluya la obtención de objetos y/o dinero sustitutivos para calmar las necesida-
des inmediatas; pero ya es tarde para resolver la carencia primordial y el resentimiento generado
por ésta; el dolor del niño/joven resulta un rencor dirigido hacia el social ―no carente‖; alienta la
repetición como venganza/odio consciente y desnuda lo inconcientizado como el desgarro imposi-
ble de reparar, o un vacío no colmable a pesar de los objetos o dinero obtenidos, quitándolos a los
que ―sí tienen‖, o sea, a los que él supone que tienen lo que él no tiene‖.
    Es probable que este joven vuelva a esa otra internación de la que tal vez nunca pueda salir: la
prisión.
    Los niños de orígenes con poder económico, pero abandonados o carenciados afectivamente,
guardarán neuróticamente su dolor y lo volcarán a la sociedad bajo formas más sutiles pero
igualmente peligrosas. Ocuparán lugares de dominio y/o de mando en base a su capacitación y
formarán un hogar, pero permanecerán alienados en sus interiores de niños solos e inmaduros.
He aquí la posible contracara psicológica del surgimiento del continuo carcelario deshumaniza-
do/deshumanizante, que podría equiparar el poder con el ―tener‖ (lo que no tuve) y el dinero con el
―amor‖.
    Ya en 1919, la ley 10.903 proclamaba que ―el delito del niño es un desgraciado episodio impu-
table a la ignorancia o incapacidad de sus familias; a la miseria, enfermedad, el vicio, y sobre todo
al olvido en que el Estado dejó al niño, víctima de la indiferencia e incomprensión social‖.
    Para el Dr. de Arenaza, la delincuencia es un problema de gobierno y un problema de hogar:
―Poco habremos hecho arrancando al niño de la muerte y el vicio, si dejamos a sus hermanos, a
sus padres en la miseria y la ignorancia, para que sigan engendrando hijos, a semejanza de los
primeros que han de convertirse en una carga o en un azote social‖.
    Recién en 1944 el Patronato es escuchado y se accede a sus reiterados reclamos de subsidios
estatales, para facilitar así la ayuda a familias en estado de crisis y evitar la expulsión del menor,
además de poder costear hogares de pre-egreso y egreso para los chicos solos.
    Debía resolver además otra cuestión representada en la facilitación institucional: ante el reque-
rimiento de los padres que no podían accionar sobre los conflictos cotidianos con sus hijos, el or-
ganismo se ofrecía o aceptaba ser dador de castigo.
    Conocida por nuestra generación es la difundida y consensuada socialmente amenaza paterna
o materna ante cierta indisciplina ―te voy a poner pupila/o‖ que nos llenaba de temor no sabíamos
a qué. Algunos llegamos a enterarnos. Así, sin que medie una problemática patológica de conduc-
ta, los dilemas estrictamente familiares, encontraban eco dentro de los institutos de internación.
    El Dr. de Arenaza concluía en la necesidad de ―reducir las instituciones, limitar el número de
asilos y fomentar toda forma de asistencia social‖.
    De otra manera ―...los niños son distribuidos; la madre acaba por ser una extraña; el medio es
artificial, los hermanos se ignoran o se alejan perdiendo afectos y doloridos por el abandono que
de ellos hicieron sus padres‖.
    Esto nos corrobora, que además del perjuicio que padece por no hallarse inserto en una familia
―verdadera‖, o ―como la de los otros chicos‖, —situación ésta que mira, envidia y anhela—, con un
papá y una mamá que lo deseen y lo amen, encuentra que conjuntamente con su exclusión del
hogar, pierde el cariño y contacto con sus hermanos, tristeza inconmensurable por otra separación
significativa para su vida infantil. Se amplía su urgencia por elevar defensas internas y externas
contra tamaños sufrimientos, y la imposibilidad de destinar los afectos involucrados al estableci-
miento de un adecuado complejo de Edipo, que, tal como lo especifican Freud y Fenichel, a falta
de sus padres, sus hermanos, tíos, tías, abuelos y allegados, podrían serles oportunos para lograr
relaciones reparatorias de sus primarios vínculos negativos con sus progenitores.
    No podría decir vínculos inexistentes, porque durante el transcurso de los originales enlaces de
apego, necesariamente se han de haber establecido vínculos, así hayan sido parciales y negati-
vos.



                                                 38
    El niño necesita recomponer esos lazos a través de identificaciones con otras personas signifi-
cativas, para que le sea posible elaborar, modificar y destinar positivamente la energía de los sen-
timientos dolorosos que acompañan a las originales huellas mnémicas de su personalidad básica.
    Estos razonamientos no distan tanto de lo que Racamier describe al respecto: ―El menor aban-
donado o carenciado sin posibilidad de permanecer en el hogar, sufre continuos desplazamientos
y por lo tanto ruptura de vínculos con los adultos y estancias cortas antes de encontrar cierta es-
tabilidad: período de observación, de espera, alojamiento provisional, etc.‖. A su vez, y según Le-
bovici, ―el personal que atiende a los menores, pese a encontrarse en muchos casos especializa-
do, se protege inconcientemente de una relación afectiva con ellos, mecanizando su trabajo y
deshumanizándolo‖.
    Dice Foucault en ―Las palabras y las cosas‖ respecto de la ―historia‖: ―El hombre mismo no es
histórico: el tiempo le viene de afuera de sí mismo, no se constituye como Sujeto de Historia, sino
por la superposición de la historia de los seres, de la historia de las cosas, de la historia de las
palabras. El hombre comprueba que en torno de sí mismo tiene ―historia‖, y que es en su historici-
dad propia aquello por lo que se dibuja una historia de la vida humana, una historia de la econom-
ía, una historia de los lenguajes‖. Son el psicoanálisis y la etnología según él, los que forman un
―perpetuo de inquietud, de poner en duda, de crítica, de discusión de aquello que por otra parte
pudo parecer ya adquirido‖.
    Para nuestro hijos, ver permanentemente chicos en la calle, parecería que forma parte de
nuestra cultura, del mundo que nos rodea, de nuestra historia, de un paisaje habitual. Para la Lic.
Konterllnik de UNICEF, esos ―niños y niñas fuera del sistema escolar, niños y niñas trabajadores,
niños y niñas separados de su familia, niños y niñas violentados por las instituciones que los de-
berían proteger, representan la punta de un iceberg, la manifestación más observable de la situa-
ción por la que atraviesa una porción mayor de la infancia argentina a la cual los derechos básicos
le son sistemática y cotidianamente negados‖.
    ―...la sociedad debe transformar el menosprecio y la lástima o la indiferencia en una indignación
constructiva‖. ―El lugar del niño es en la escuela y su familia‖.
    Corresponde a nosotros, los que nos consideramos agentes de cambio, agentes de salud de-
ntro de un sistema multidisciplinario, no seguir acallando estas situaciones ―históricas‖, para que
no les sean ―puestas‖ y/o impuestas tanto a los niños que las padecen, como a los que las miran
como ―normales‖, y a las generaciones que ingresan a nuestro mundo social: hechos que según
A. Moffat, son ―producto de la desintegración de las normas solidarias‖. Además se/nos pregunta:
―¿Dónde tienen los chicos ejemplo de comunidad y diálogo? La calle antes era un tejido solidario,
ahora es puro canibalismo‖. Con referencia a las conductas delincuenciales extremas de los me-
nores, afirma que ―la vida sin trabajo, sin estudio, sin amor, no vale nada‖.
   El Dr. Atilio Alvarez sostiene que ―la delincuencia juvenil crece en las jurisdicciones que atien-
den mal el problema. Si ante el primer hecho transgresor de un chico se responde dejándolo me-
ses en una comisaría y mandándolo a una cárcel de adultos, que es una verdadera escuela de
ladrones, lo único que vamos a conseguir es que los hechos se agudicen. Del simple hurto puede
pasar al asalto a mano armada. Si se trabaja sobre las causas, las cifras de reincidencia se redu-
cen‖.
   Da confirmación a estas aseveraciones la Ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Pro-
vincia de Buenos Aires, quien reconoce en Enero de 1995 que ―Los Institutos de Reeducación de
menores y las comisarías se tornan en lugares de castigo y de oprobio antes que en centros de
rehabilitación‖.
  También el ex-juez E. Zaffaroni describe al respecto: ―cuantos más penales se hagan, más se
van a superpoblar. Es una decisión política definir cuántos presos se quieren tener‖.
   Para Eva Giverti ―los chicos actuales nos demandan desde sus preguntas, desde las fugas del
hogar, desde diferentes transgresiones, esperando ser preservados de la violencia física, de la
miseria y del abandono‖. Se refiere a estos comportamientos —incluyendo el uso temprano de
drogas— como demandas que necesitan ser interpretadas por los adultos y no sancionadas me-
diante la represión, lo que equivale a ―interrogarnos acerca de sus deseos, en lugar de imponerles
los nuestros como modelos o como violencia‖.
   Así la Lic. Rivarola sintetiza para nuestra cronología un dato importantísimo, que agrega a las
existentes y añosas problemáticas, la de la drogadicción:
   ―Hay un fantasma que recorre nuestro devenir al milenio nuevo y que es peor que el SIDA: la
sustitución de la guerra como triste regulador del sobrante social, por el consumo de droga a la
que se llega por libre elección individual. ¡Qué terrorífica habilidad política!
   Sin heroísmos patrióticos ni embanderamientos: autoeliminación, automarginación, sin culpa-
bles, sin suicidio. Nadie, ningún gobierno, institución o sistema es culpable; sólo y sólo el individuo
responsable y dejado a su libre albedrío: autoeliminación sin discriminación‖.


                                                  39
   Para concluir estas reflexiones, diré que todo este período fue enmarcado de una profunda
preocupación por dar sustento legal al amparo del menor, habiéndose presentado importantes
proyectos de leyes, de los cuales la mayoría (como sucede en la actualidad) no fueron tomados
en cuenta, permanecieron dilatados por cuestiones de poder, o porque no respondían a las priori-
dades de las políticas gubernamentales.
Algunos de estos proyectos, los más fuertes, lograron sobrevivir e integran nuestra historia consti-
tuidos en leyes.




      Capitulo VI - Sexto Periodo de protección a la infancia
                                         (1943-1958)

            1. Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social
   El 21/10/1943 se crea esta Dirección Nacional sobre el anterior Departamento Nacional de
Higiene, con sus delegaciones provinciales y territoriales. La misma depende del Ministerio del
Interior y reúne: el Departamento Nacional de Higiene, la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales
Regionales, el Instituto Nacional de Nutrición, la Sociedad de Beneficencia, el Registro Nacional
de Asistencia Social, la Dirección de Subsidios, los Organismos de Salud Pública y Asistencia
Social y la Comisión Nacional de Ayuda Escolar.
   Es ésta la primera modificación en materia de organización sanitaria y asistencial tendiente a la
centralización.


                           2. Secretaría de Trabajo y Previsión
    Se crea en 1943 durante el gobierno de facto del Gral. Ramírez, designándose como titular al
Coronel Juan Domingo Perón. En los considerandos del Decreto de Creación, figura que ―median-
te una dirección central y supervisora de todas las actividades que desarrolla el Estado en mejo-
ramiento material y moral de la clase trabajadora, será posible arbitrar, con criterio de conjunto, el
más adecuado a la complejidad del hecho social, las medidas que contribuyan a una pronta y
efectiva elevación del nivel de vida de los que solamente cuentan para subvenir a ella con un exi-
guo salario‖.
    Mediante el decreto 21.306 del 9/8/1944, los Internados Educacionales o de Asistencia Social
deben inscribirse obligatoriamente en la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social.
Esta medida se aplica en todo el país a partir del 15/2/1945 por decreto 3322.
    El articulado del primero de los decretos comprende normas higiénicas, de medicina preventiva
y su aplicación en caso de enfermedad de los menores; aborda especialmente el importantísimo
problema de la salud dental del niño de manera previsora y concreta, mediante la asistencia den-
tal obligatoria en todo el país.
    Las instituciones privadas que reciben niños en edad escolar, quedan bajo la vigilancia de la Di-
rección de Maternidad e Infancia, dependiente de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asis-
tencia Social.
    El decreto 30.656 del 15/11/1944, tiene en especial consideración el bienestar de las clases
económicamente débiles, estableciendo en cuatro capítulos las disposiciones referidas a las cla-
ses mencionadas, ante los riesgos de enfermedades profesionales, maternidad, desocupación,
accidentes de trabajo, invalidez, vejez y muerte.
    El 30/11/1944, por decreto 31.589 se especifica que todo lo referente a beneficencia y asisten-
cia social pasa a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se desdobla así el ente de
control técnico de la Sociedad de Beneficencia: los establecimientos sanitarios, de higiene y hospi-
talarios pasan a ser controlados por la Dirección Nacional de Salud Pública (ex-Dirección de Salud
Pública y Asistencia Social), y los hogares e instituciones de beneficencia quedan sujetos a la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión a través de la Dirección General de Asistencia Social.
    De la Dirección Nacional de Salud Pública dependen a su vez cuatro departamentos: Higiene y
Profilaxis General, Asistencia Médica y Medicina Preventiva, Medicina Fiscal y Administración.
    De la Dirección General de Asistencia Social, dependen la Comisión de Ayuda Escolar, el Pa-
tronato Nacional de Ciegos, la Dirección de Subsidios, la administración de contratos que fueran
acordados a personas y asociaciones de beneficencia y asistenciales, así como también los co-
rrespondientes a la Lotería Nacional.
                                                 40
    El 26/12/1944, por decreto 24.640 se suprime el Departamento Nacional de Higiene. Direccio-
nes y Comisiones creadas por leyes de la Nación pasan a depender de la Dirección Nacional de
Salud Pública, cerrando así un ciclo de 53 años de actividad de dicho Departamento.
    Esta centralización implicó una mayor intervención estatal y el control de todas las instituciones
sociales y de salud a través de dos entes: la Dirección General de Asistencia Social, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Previsión, y la Dirección Nacional de Salud Pública, dependiente del
Ministerio del Interior, quedando la Sociedad de Beneficencia supervisada por estos dos órganos
estatales.
    En 1944 se organiza también la Comisión de Servicio Social, como organismo encargado de
propulsar la implementación de servicios sociales en los establecimientos de cualquier ramo de la
actividad humana donde se presten tareas retribuidas, y de instituir premios honoríficos anuales a
las empresas que brinden beneficios a su personal:
    - Atención médica gratuita.
    - Atención farmaceútica a precio de costo.
    - Baños gratuitos fríos y calientes al término de la jornada.
    - Suministro de artículos de alimentación, de vestir y de uso indispensable para el hogar a pre-
      cio de costo.
    - Cocina y comedor para uso del personal.
    - Campañas a fin de evitar accidentes de trabajo.
    En 1945 se crea la Dirección de Servicio Social, dependiente de la Dirección General de Asis-
tencia Social.
    El 23/5/1946, por decreto 14.807, se crea la Secretaría de Salud Pública dependiente de la
Presidencia de la Nación, y el Estado asume el control de la salud de la población en toda la Re-
pública.
    El 31/5/1946, por decreto 15.838, se establecen las directivas a que ajustaría su funcionamien-
to la Sociedad de Beneficencia, y por decreto 5188 del 26/2/1947, esta Sociedad pasa a depender
de la Secretaría de Salud Pública.


                       3. Dirección Nacional de Asistencia Social
    Se crea el 19/10/1948 por decreto 13.341 como ―entidad destinada a ejercitar en todo el territo-
rio de la Nación, el amparo por el Estado de las personas que por causas fortuitas o accidentales
se vean privadas de los medios indispensables de vida, o de las que careciendo de ellos, se en-
cuentren incapacitadas en forma definitiva para obtenerlos‖.
    En agosto de 1949 se reglamenta la Ley de Creación de esta Dirección, y para su funcionamie-
no se estructuraron 7 direcciones dependientes de una secretaría general, a saber:
    - Dirección de Ayuda Integral.
    - Dirección de Menores.
    - Dirección de Servicios Sanitarios.
    - Dirección de Prevención de la Ceguera y Asistencia de no Videntes.
    - Dirección de Obras.
    - Dirección de Administración.
    - Dirección de Personal.
    La Dirección de Menores se ocupa de incorporar todos los establecimientos de menores de la
ex-Comisión Honoraria del Patronato Nacional de Menores y otros pertenecientes a los Ministerios
de Justicia e Instrucción Pública, Interior y Relaciones Exteriores y Culto, como también los de la
Sociedad de Beneficencia de la Capital y otras entidades privadas.
    La Constitución Nacional sancionada el 11/3/1949, elevó la Secretaría de Trabajo y Previsión al
rango de Ministerio, bajo cuya dependencia permaneció la Dirección Nacional de Asistencia Social
con atribuciones para dirigir y administrar todos los establecimientos y entidades asistenciales,
controlar las sociedades o asociaciones de beneficencia y proponer subsidios al Poder Ejecutivo.
    La Sociedad de Beneficencia quedó incorporada a la Dirección Nacional de Asistencia Social, y
sus bienes muebles e inmuebles y/o de cualquier otra naturaleza fueron transferidos juntamente
con su personal, créditos de presupuesto, cuentas especiales y demás.
    Esto trajo aparejado un cambio en el concepto tradicional de beneficencia, por el de asistencia
y servicio social, pero evidenció un paternalismo estatal caracterizado por la intervención directa
del Estado en asuntos proteccionales.

  3.1. Labor realizada en sus dos primeros años de vida
                                                 41
   Asistencia sanitaria: mediante la reorganización de todos los hospitales; habilitación de nuevos
servicios; prevención antituberculosa; atención al problema del alienado; regímenes alimentarios y
otras modalidades atencionales.
   Protección a la madre desamparada: a través de la creación de tres hogares o refugios mater-
nales: nº 1 ―Gregoria Matorras de San Martín‖, en el Instituto de Maternidad; nº 2 ―María del Car-
men Chiclana de Espora‖, en la Maternidad ―Ramón Sardá‖; nº 3 ―Paula Albarracín de Sarmiento‖,
en la Casa Cuna.
   Amparo y socorro a la vejez desvalida: fue realizado por intermedio de la Dirección de Ayuda
Integral, mediante el otorgamiento de subsidios sin distinción alguna, excepto el grado de necesi-
dad, o concediendo albergue en los hogares de ancianos.
   Integración y consolidación del núcleo familiar mediante la acción del Cuerpo de Visitadoras
Sociales; fue especialmente creado y preparado con el fin de cubrir los aspectos material, cultural
y espiritual, es decir, la regularización legal de los matrimonios, reconocimiento y legitimación de
sus hijos, unión familiar, y concurrencia de los niños a las escuelas.
   Protección a toda persona caída en infortunio: se llevó a cabo por medio de la Dirección de
Ayuda Integral y la creación de la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita.
   Protección al ciego y al ambíope: tuvo por finalidad la prevención de la ceguera por intermedio
del Instituto Pedro Lagleyze y su cadena de dispensarios en la Capital e Interior del país; subsidiar
a los imposibilitados; la creación de hogares para ancianos y carentes de familia; la capacitación
manual, industrial y cultural, y la construcción de talleres industriales.
   Sus obras: reparaciones y/o ampliaciones en los edificios de la mayoría de las instituciones de-
pendientes de la Dirección.

   3.2. Asistencia a la minoridad abandonada, huérfana o delincuente
   a) Reorganización de todos los institutos convirtiéndolos en hogares abiertos a la comunidad.
   b) Dignificación del menor.
   c) Instrucción en colegios del Estado.
   d) Capacitación especializada.
   e) Bolsa de Trabajo.
   Durante los dos primeros años se desempeñó como Director Nacional de Asistencia Social el
Dr. Armando Méndez de San Martín. Durante su gestión se adoptaron algunas medidas interesan-
tes descriptas por N. Alayón en su volumen ―Hacia la Historia del Trabajo Social en la Argentina‖,
tales como:
   - Quedó suprimido todo tipo de identificación por medio de números, medallas y otros distinti-
     vos que contribuían a disminuir y humillar a los niños, reemplazándolos por el sistema del le-
     gajo civil correspondiente.
   - También se anuló el uso de uniformes, sustituyéndolos por el vestido de uso común.
   - Fue abolido el uso de celdas o calabozos para reprimir actos de indisciplina, como arcaico e
     inhumano sistema, así como la práctica de aplicar castigos corporales a los menores.
   - Se dejó sin efecto la colocación de menores en tareas de servicio doméstico. Los asilos ve-
     tustos, de puertas cerradas, fueron convertidos en hogares abiertos, haciendo posible así el
     necesario contacto familiar.
   - Se comenzó a enviar a los niños normales y en edad escolar a las escuelas públicas, para
     que alternaran en la vida estudiantil con los niños no procedentes de asilos.
   - Niños del interior del país eran traídos de vacaciones a la Capital, y viceversa, realizándose
     permanentemente excursiones y concurrencia a espectáculos públicos.
   - Se logró la sanción de la Ley de Adopción.
   La Dirección Nacional de Asistencia Social dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión se
transformó, como decía Luraschi, ―casi en un verdadero Ministerio de Acción Social‖.


              4. Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”
  Creada el 19/6/1948 y denominada en 1950 por decreto 20.268, ―Fundación Eva Perón‖, debía
coordinar su acción con la Dirección Nacional de Asistencia Social. Actuó ininterrumpidamente
hasta septiembre de 1955, año del derrocamiento del gobierno peronista.
  Sus fines eran:
  - Prestar ayuda económica o en especies a personas que careciendo de recursos, la solicita-
    ran.
  - Edificar viviendas para adjudicarlas a personas indigentes.
  - Crear establecimientos educativos, hospitalarios y recreativos.

                                                 42
  - Construir establecimientos benéficos.
  - Propender, erigir o colaborar en la realización de obras de interés general, que tendiesen a
    satisfacer las necesidades esenciales para una vida digna por parte de las clases sociales
    menos favorecidas.
  En 1950, el Poder Ejecutivo encomienda a la Fundación el cumplimiento de fines sociales (fo-
mentar el turismo entre empleados y obreros, crear colonias de vacaciones, y otros).

    4.1. Obra de la Fundación Eva Perón. Actuó durante siete años en tres tipos de acción: so-
cial, educativa y médica.
    - La Ayuda Social se ejercía por medio de las Cédulas Mínimas (asistentes sociales), quienes
      viajaban por los rincones del país para interiorizarse de las necesidades, derivando los casos
      de mujeres abandonadas y niños a las correspondientes instituciones (hogares de tránsito y
      hogares-escuela).
    - En cuanto a la Función Educativa, es de destacar la construcción de 1000 escuelas en todo el
      país, la Ciudad Infantil ―Amanda Allen‖ en el Barrio de Belgrano, y la Ciudad Estudiantil en
      Capital Federal. La primera albergaba a niños de 2 a 6 años de hogares humildes, que en ca-
      lidad de internos o externos estudiaban y realizaban recreación. La segunda alojaba a jóve-
      nes del interior que por sus estudios debían residir en la Capital. Se crea además la Ciudad
      Universitaria de Córdoba, con capacidad para 400 alumnos argentinos y 150 extranjeros; la
      Ciudad Universitaria de Mendoza, el comedor estudiantil de la ciudad de La Plata y trece
      hogares-escuela en el interior del país para niños de 4 a 10 años internos o externos hijos de
      padres sin recursos. Algunos de estos hogares funcionaban también como jardín de infantes.
    La Fundación disponía de colonias de vacaciones en Córdoba y Mar del Plata, las cuales eran
utilizadas para el intercambio de niños que disfrutaban del placer de veranear y conocer otros lu-
gares.
    Contingentes de chicos del interior, especialmente de las provincias del Norte, eran traídos a la
Capital donde se les brindaba una asistencia integral: médica, escolar, física, cultural y recreativa.
Luego retornaban a sus respectivas provincias, continuando la etapa educacional en los hogares-
escuela creados para tal fin.
    Los campeonatos infantiles Evita, además de los juveniles, posibilitaron la participación de
150.000 niños en deportes tales como fútbol, natación, atletismo, basquet y waterpolo. A los jóve-
nes intervinientes se los sometía a exámenes clínicos, radiológicos y odontológicos, complemen-
tados con pruebas de laboratorio, electrocardiogramas y reacciones tuberculinas.
    - En cuanto a la Acción Médica, la Fundación construyó y puso en funcionamiento 4 policlínicos
      ubicados en Ezeiza, Avellaneda, Lanús y San Martín, con capacidad para 500 enfermos cada
      uno, y aunque sin llegar a inaugurarlo, un policlínico para niños en Baigorria (Catamarca), en-
      contrándose en obra otros 3 hospitales para niños.
    Un Tren Sanitario recorría las provincias ofreciendo servicios de radiología y asistencia médica
general totalmente gratuita. Se enviaban medicamentos a todo el país y en oportunidades al exte-
rior, y se edificaron varias maternidades.
    Fueron creadas Clínicas de Readaptación de Niños y Clínicas para Reumáticos en Terma de
Reyes (provincia de Jujuy); se construyó un Servicio de Urgencias Médicas cedido a la Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, y se procedió a la instalación de servicios médicos en varios
gremios.
    La Fundación inauguró el 4/9/1950 su propia Escuela de Enfermeras denominada “7 de Mayo”,
de la cual egresaron 858 técnicas.
    Asimismo, proclamó los “Derechos de la Ancianidad” incluidos en la Constitución Nacional de
1949, y el llamado “Decálogo de la Ancianidad”, que comprendía los derechos a recibir asistencia,
vivienda, alimentación, vestimenta, esparcimiento, trabajo, tranquilidad, respeto y cuidado de la
salud física y moral, una vez llegada la persona a la etapa de vejez.
    Fueron instalados cinco hogares de ancianos: en Burzaco (Buenos Aires), Santa Fe (dos hoga-
res), San Miguel de Tucumán y Córdoba.
    Tres Hogares de Tránsito funcionaban en la Capital Federal con capacidad para 1150 camas.
Mujeres abandonadas con o sin hijos, hallaban refugio temporario en estos hogares, donde se les
brindaba alojamiento, alimentación vestimenta y tratamiento médico, hasta tanto se lograra una
solución integral a sus problemas.
    También contaba la Fundación con el Hogar de la Empleada “General Don José de San Martín”
en Capital, con capacidad para 500 camas y comedores para 1500 personas, en los cuales pod-
ían recibir alimentos empleados de ambos sexos a precios módicos.
    Habilitó diversas proveedurías con el objeto de ofrecer a la población artículos de primera ne-
cesidad a bajos costos, lo cual permitió la construcción de casas para obreros en distintos puntos
del país.
                                                 43
    - En lo referente a la Ayuda Social Directa, ésta se extendía a todo el país y al exterior y con-
      sistía en muebles, mercaderías, ropas, medicamentos, juguetes, herramientas y útiles para la
      instalación de pequeños talleres; artículos de menaje, cocinas, libros y útiles escolares; ele-
      mentos sanitarios, deportivos, máquinas de coser, prótesis ortopédicas y otros artículos de
      primera necesidad.
    En un acto realizado en el Ministerio de Educación, Eva Perón decía: ―...he levantado esta insti-
tución de Ayuda Social, alejándola de todo carácter de beneficencia, para que sea un estandarte
de justicia social. En ella no se atiende al pobre por misericordia o por piedad, sino por ser un ciu-
dadano argentino que se halla en desgracia, pero que merece ser considerado al igual que los
demás ciudadanos‖.
    Afirmaba que ―el país que olvida a la niñez y que no busca solución a sus necesidades, lo que
hace es renunciar al porvenir, ya que luchar por el bienestar, la salud física y moral, la educación y
la vida del niño, es, en síntesis, luchar por la grandeza ulterior de la Patria y el bienestar futuro de
la Nación‖.
    En junio de 1954, el presidente J. D. Perón creó la segunda “Fundación Evita”, cumpliendo de
esta manera con la voluntad de su esposa fallecida.
    En octubre de 1955, durante la presidencia de facto del Gral. Lonardi, la Fundación Eva Perón
es disuelta y transformada en el Instituto Nacional de Acción Social, dependiente del gobierno
Provisional de la Nación.
    En ese mismo año la Dirección Nacional de Asistencia Social es transferida al Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública.
    En 1956 se ratificaron como incorporados al Estado Nacional, todos los bienes, derechos y ac-
ciones que le correspondían o pudieran corresponderle a la ex-Fundación.
    Los establecimientos, dependencias y servicios en funcionamiento pasaron a desempeñarse
con sujeción, según sus características asistenciales o educacionales, a los Ministerios de Asis-
tencia Social y Salud Pública, y de Educación y Justicia de la Nación.
    El 4/6/1957, por decreto 5882 se aprobó la estructura fundamental del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública. Su artículo 1º establece ―la existencia de un Consejo Nacional de Asisten-
cia Social que ―debe ajustar su acción en orden a prevenir y cubrir las necesidades materiales ,
físicas, intelectuales, sociales y morales de las personas en forma individual, de grupos o de co-
munidades que no puedan bastarse a sí mismas, y a las directivas que al respecto dicte el Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública, conjuntamente con los planes que el mismo apruebe‖.


                              5. Constitución Nacional de 1949
    Fue promulgada durante el gobierno del General J. D. Perón y suprimida en 1956 por el go-
bierno de facto del Gral. P. Aramburu. Esta norma legislativa ha intentado mostrar una diferencia
sustancial entre los postulados de la Constitución de 1853 de orden particularista, en la que ―el
individuo es considerado sólo como ciudadano, no como trabajador, padre y esposo‖, y en la que
por otra parte ―no se habla de familia, ni de clases sociales, ni de organizaciones profesionales‖, y
la Nueva Constitución en la que ―el individuo vive en comunidad, y es trabajador, padre, esposo, y
tiene familia y las familias integran municipios, constituyen clases sociales y se reúnen en asocia-
ciones profesionales‖.
    Esta última ―está basada en estos principios, y legisla sobre los Derechos del Trabajador, De-
rechos de Familia, de la Ancianidad, Derecho a la Cultura y a la Educación‖.
    En el Capítulo III, el artículo 37, en su punto I, declara los Derechos Especiles del Trabajador: a
trabajar, a una remuneración justa, a la capacitación, a tener condiciones dignas de trabajo; a la
preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejo-
ramiento social y a la defensa de los intereses profesionales.
    En el ítem II sobre Derechos de la Familia, considera a ésta como el ―núcleo primario de la so-
ciedad: será objeto de preferente protección por parte del Estado...‖ y ―...el Estado protege el ma-
trimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad; formará la unidad
económica familiar de conformidad con lo que una ley especial establezca; garantizará el Bien de
Familia conforme a lo que una ley especial determine; la atención y asistencia de la madre y del
niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado‖.
    Respecto de los Derechos de la Ancianidad, según el punto III, corresponde a ellos el derecho
―a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado
de la salud moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto‖.
    El punto IV, sobre Educación y Cultura, toma como Desarrollo Total a ―la influencia de la ense-
ñanza sobre el vigor físico de los jóvenes, el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y
de sus potencias sociales; a su capacitación profesional, la formación del carácter y el cultivo inte-
gral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas‖.
                                                   44
   El Estado ―creará escuelas de primera enseñanza obligatoria, secundaria con conocimiento
formativo sobre humanidades, Escuelas técnico-profesionales, Universidades con desarrollo autó-
nomo para preparación de Núcleos de Cultura Regional, y Capacitación en la Función Dirigente y
Academias‖. La enseñanza se impartirá en todos los niveles y, de ser posible, en forma gratuita.


  6. Declaraciones, Convenciones y Pactos Complementarios de Derechos y
                                 Garantías
    6.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1948. Adopta la ―libertad e igualdad en
dignidad y derechos como ideal común para todos los pueblos y naciones‖, que inspirándose en
ella, y a través de la enseñanza y la educación, aseguren por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación efectivos, tanto entre los Estados Miem-
bros, como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.
    En su artículo 3º postula que ―la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad,
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado‖. En su artículo 25 proclama que ―toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud,
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios‖.
    Respecto de la Maternidad e Infancia... ―tienen derecho a cuidados especiales todos los niños
nacidos en matrimonio o fuera de él‖.

    6.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Adoptada por la IX
Conferencia Internacional Americana en 1948, y ratificada por Argentina según decreto-ley
9983/57.
    En su Preámbulo afirma: ―Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que
los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Es deber del hombre servir al espíritu con todas
sus potencias y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su
máxima categoría ... la moral y las buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultu-
ra‖.
    Dado que los Estados Americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no
nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana, los capítulos de esta Declaración toman fundamentalmente los
derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; los derechos de igual-
dad ante la ley; de libertad religiosa y de culto; de libertad de investigación, opinión, expresión y
difusión; derechos a la protección, a la honra, a la reputación personal y a la vida privada familiar;
a la constitución y a la protección de la familia; a la protección de la maternidad y de la infancia; de
residencia y tránsito; a la inviolabilidad de domicilio; a la inviolabilidad y circulación de la corres-
pondencia; a la preservación de la salud y al bienestar; a la educación; a los beneficios de la cultu-
ra; al trabajo y a una justa retribución; al descanso y a su aprovechamiento; a la seguridad social;
al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles; a la justicia, a la nacionali-
dad, al sufragio y a la participación en el gobierno; los derechos de reunión, de propiedad, de peti-
ción, de protección contra la detención arbitraria; al proceso regular y de asilo.
    Los alcances de esta Declaración ―están limitados por los derechos de los demás, por la segu-
ridad de todos, y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democráti-
co‖.
    El Capítulo II menciona los deberes ante la sociedad para con los hijos y los padres; de instruc-
ción, de sufragio, de obediencia ante la ley; de servir a la comunidad y a la Nación; de asistencia y
seguridad sociales; de pagar impuestos; de trabajar y de abstenerse de actividades políticas en
país extranjero.

   6.3. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Adoptada por la III
Asamblea General de la ONU el 9/12/1948. La República Argentina adhirió a esta Convención con
reservas a los artículos 9º y 12, por decreto-ley 6286/56.
   En su artículo 1º, las Partes Contratantes confirman que ―el genocidio, ya sea cometido en
tiempos de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se compro-
meten a prevenir y a sancionar‖.
   Se entiende por “genocidio” la matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o reli-
gioso; la lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes; el sometimiento intencional
del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción parcial o total; las
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; el traslado por la fuerza de

                                                  45
niños del grupo a otro grupo. Y han de ser castigados los actos de genocidio, la asociación para
cometerlo, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad (artículo 3º).
   Por el artículo 5º, las Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus constituciones res-
pectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones y
establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio y otros
actos enumerados en el artículo 3º anteriormente mencionado.
   En el Anexo B de la Convención, se insta al Estudio por parte de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, de una “Jurisdicción Penal Internacional” (Sala en lo Penal de la Corte Internacional de
Justicia), competente para juzgar a las personas acusadas de genocidio o de otros delitos que
fueran de la competencia de este órgano, en virtud de convenciones internacionales.


                                          7. Reflexiones
    Este período de protección infantil resulta doblemente rico y vertiginoso. Es el Estado el que
acapara la totalidad de la asistencia infantil, juvenil, de los adultos y la vejez desvalida, cubriendo
todos los flancos y delegando esta tarea a la mujer (en la figura de Eva Perón), al igual que suce-
dió con la Sociedad de Beneficencia, pero a diferencia de las señoras que la componían, Eva no
utilizaba esa manera típicamente femenina de pedir dinero y donativos para su obra reproducien-
do a escala social el sistema marital; antes bien exigía, ordenaba, y sentaba precedente como
modelo femenino independiente y autoabastecido, como mujer idealizada por las integrantes de
su propio sexo y acompañada por un marido paternal y concesivo.
   Se visualizó una acción integradora a nivel nacional; de intercambio y movimiento social, tanto
a nivel asistencial, sanitario, habitacional, laboral, de recreación, educacional, de leyes previsiona-
les y sociales, de modernización y creación de nuevas instituciones en distintos puntos del país.
Argentina fue Argentina en todas las provincias, no sólo en la Capital Federal.
   Se realizó a la vez una tarea ampliamente preventiva y de atención inmediata a situaciones de
riesgo social.
    La organización estatal no sólo priorizó las áreas sociales en la distribución presupuestaria, si-
no que las arcas argentinas tenían disponibilidad de recursos por los ingresos provenientes de las
exportaciones a Europa en estado de guerra que no se diluían permanentemente en corrupciones
o manejos fraudulentos.
    Además, los resultados y el respaldo popular otorgado a los dirigentes de esta época, nos dan
la pauta de que se ha invertido, y que se han realizado obras e implementado metodologías aten-
cionales más integrales, modernizadoras y revolucionarias en cuanto al área social, que perdura-
ron en el tiempo.
    La trunca constitución de 1949 resultó de avanzada en lo atinente a la legalización de los dere-
chos del niño, de su madre y su padre trabajadores.
    Este apoyo al obrero y a la mujer en la industria; la inauguración de casas-cunas, jardines in-
fantiles, hogares-escuela, hogares de tránsito, de empleadas, y refugios maternales; la creación
de escuelas y universidades, de viviendas económicas o accesibles, y toda acción concretada en
lo atinente a la regularización de los matrimonios, legitimación de los hijos y concurrencia de los
niños a la escuela, ha contribuido enormemente a la evitación del abandono y desamparo de los
niños y jóvenes.
    La Fundación Eva Perón que coordinaba su tarea con la Dirección Nacional de Asistencia So-
cial, independientemente de su notable labor, resultó ser una entidad controvertida al igual que su
dirigente, quien proclamaba ardientemente los derechos de la clase trabajadora, de los humildes,
y también ardientemente despreciaba a la clase pudiente y poderosa.
    Vuelco nuevamente lo que Eva Perón decía en uno de sus actos: ―He levantado esta institución
de ayuda social alejándola de todo carácter de beneficencia para que sea un estandarte de justicia
social. En ella no se atiende al pobre por misericordia o por piedad, sino por ser un ciudadano
argentino que se halla en desgracia; pero que merece ser considerado al igual que los demás ciu-
dadanos‖.
    A la vez que su mensaje resultaba hondamente humano, su intransigencia profundizaba las
contradicciones y rivalidad entre los pobres y los ricos, avalada por gran parte de la sociedad tra-
bajadora que se veía identificada con su líder de humilde extracción.
    Sabemos que la situación del líder-gobernante, lo instala como instancia sacrificial. Por su ex-
trema idealización, es el personaje más expuesto al sacrificio, ya que no se le tolera el mínimo
defecto que nos recuerde que es humano.
    Es así que líderes positivos, como lo fueron Eva y Juan Perón, con ideas nuevas que personifi-
caban lo instituyente en un medio crítico, contituyen un imán para la proyección de lo temido,
máxime si la realidad concreta abunda en corruptelas de diverso tinte: se le intentará facturar por

                                                  46
lo pasado o implicar en lo presente para absorberlo, adaptarlo, quebrarlo, someterlo a lo instituido,
negando la acción social y la práctica instituyente que define la democracia.
   Al igual que en otros períodos, las aspiraciones personales y el histrionismo, se colocaron por
delante de los objetivos sociales para los que los legisladores fueron convocados, distorsionando
sus medios y logrando neuróticamente fines que los gobernantes, instituciones e instituidos no
deseaban: ser desplazados por otros sectores de poder; ver defenestrado y quemado su accionar
gubernamental, sus vidas e ideas.
    Prueba de ello está en la dificultad con que me he encontrado para ubicar material correspon-
diente a esta etapa. Parecería que a partir de 1943 y hasta 1955 se hubiera abierto un abismo, un
agujero negro, un vacío; la misma sensación que producen las situaciones de crisis en las que las
entidades cambian de nombre, de titulares, de objetivos, de presupuesto, y desde ya, de ideolog-
ía.
    Si tomamos que “Violencia” es ―toda forma de imponerse a un otro por la fuerza abierta u ocul-
ta, con el fin de obtener que haga algo que no quiere consentir libremente o impedirle hacer algo a
lo que tiene derecho, no teniendo éste último elemento para su defensa‖; y que la Violencia tam-
bién puede ser definida como ―la utilización de la fuerza física o de la coacción psíquica o moral
por parte de un individuo o grupo en contra de sí mismo, de objetos o de otra persona o grupo,
produciendo como resultado la destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación de cual-
quiera de los derechos establecidos de la persona o grupos‖, tenemos que incluir dentro de estas
definiciones a la de Violencia Institucional como ―Cualquier legislación, programa, procedimiento,
actuación, u omisión procedente de los poderes públicos o derivados de la actuación individual del
profesional o funcionario, que conlleve abuso, negligencia en detrimento de la salud, seguridad y
bienestar emocional‖.
    Asimismo, e incluyendo la delimitación del concepto de “Víctima” dada por las Naciones Unidas
en 1985, como ―las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesio-
nes físicas, mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras, o menoscabo de sus dere-
chos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder‖, vemos que todo
tipo de violencia individual, institucional o colectiva sobre una/s ―víctima/s‖, acarrea el delito de
―genocidio‖.
    A partir de Bernardino Rivadavia, los marginados sociales comenzaron a ser atendidos (benefi-
ciados) institucionalmente a través de la compasión. Con la inclusión del Estado en el nuevo Or-
ganismo proteccional privado se incluyeron también representantes femeninas de los poderes
político-económico-religiosos en ellas. De ahí la dificultad de destituir a la sociedad de Beneficen-
cia: hacerlo equivalía a tocar el poder social (el sub-poder político-económico). Las damas, con
potestad sobre sus esposos, y con el aval de los mismos, garantizaron la continuidad y crecimien-
to de su obra así como su permanencia.
    Con esta intervención, y teniendo como eje central a la figura visionaria de Rivadavia, se hicie-
ron visibles las miserias sociales a ser atendidas. Se desocultaron los móviles del uso del torno;
se desenmascararon las situaciones que llevaban al abandono, la muerte y el comercio de los
chicos.
    Comenzó a pensarse en instruir a la madre y apoyar a la familia para el sostenimiento del ni-
ño/joven en peligro material o moral.
    El recurso elegido, como método tradicional de amparo resultó ser la internación, el encierro,
desconociéndose entonces los perjuicios que ocasionaban las carencias maternas parciales o
totales en el psiquismo de los niños, así como los efectos de la violencia institucional, y la posibili-
dad de reemplazar la asepsia del pupilaje mediante sustitutos maternos, hasta el momento de la
inclusión de las Amas de Leche, ocasión coyuntural del ingreso de la humanización en el trato a
los niños como sujetos afectivos y en una mínima parte, como merecedores de derechos.
    Sí se derrocó años más tarde al Gobierno peronista, que no sólo nuevamente reivindicó la
humanización de los niños, los jóvenes y las madres, sino que además incluyó la protección de los
trabajadores y los ancianos.
    Ellos han sido fácilmente desplazados por no contar con el respaldo de los sectores conserva-
dores que incluían a los poderes político, económico, religioso, cultural y de la jerarquía militar; por
promover el enfrentamiento de una sociedad dividida, y por facilitar con su actuación mayores
dicotomías y graves fisuras institucionales y sociales.
    Cuando estos poderes actúan en forma disolvente, es el momento en que se inician las mayo-
res y abruptas interrupciones democráticas. Cuando los mismos operan mancomunadamente, y
apoyan y ejercen con humanismo los cambios sociales, revalorizan la familia a través del trabajo,
la educación, la justicia y el crecimiento en libertad de derechos.
    El ejercicio del Gobierno peronista autopropuesto en forma implícita como Estado paternalista
protector omnipotente presente fue recibido por los sectores populares carenciados como una
suerte de ―padre ideal‖ en la figura de Juan Perón: instaura la ―Ley del padre‖ y también promueve

                                                  47
a sus instituciones como úteros de madres dirigidas por figuras femeninas accesibles, maternales,
matronas, amas, portadoras de leche, amparo e identidad, en la imagen de Eva Perón. Como jo-
ven, dependiente e inmadura Nación, adoptamos un modelo de identificación maternal fallido, de
una mujer fuerte pero sin útero y una figura de identificación paterna castrada por el Gobierno mili-
tar de 1955, que nuevamente llevó a un abandono social no deseado y doloroso de los niños,
adultos y ancianos, y a un vacío de poder; o lo que es más grave, a un poder ocupado por la vio-
lencia una y otra vez.
    Ha sido ésta una pérdida irreparable; una de las mayores que ha sufrido nuestra Nación, que
sumió a grandes sectores de la Argentina en un duelo sin fin en el sentido del paraíso perdido que
no supimos conservar ni reorganizar.
    Ha llevado años lograr la desmistificación del ―Padre‖ en la figura de Perón y superar la despro-
tección y el desamparo institucional. Se ha producido la muerte de la ―Madre‖ y el alejamiento del
―Padre‖ como fenómeno social impensado e irresoluto que nos condujo al ―duelo y la melancolía‖
por desplazamiento a esta pareja parental perdida. Se ha producido una situación edípico-social
en pos de una identidad y diferenciación como país en crecimiento, que terminó en la muerte
abrupta de sus líderes idealizados y que retrotrajo nuestro comunitario desarrollo a una etapa de
indefensión infantil. La quema de ideas, la supresión del dictado constitucional, de los derechos
sociales y humanos, de los logros laborales para borrar las huellas del pasado en el futuro, se
trasladan a la situación individual de los integrantes comunitarios que una y otra vez han de inten-
tar elaborar los duelos por lo que han tenido, o por lo que no han de lograr; y una y otra vez deben
desaprender el camino de violencia que los apremia constantemente.
    La Constitución de 1949, ―agredía‖ con sus pretensiones especialmente a los personajes de
poderío económico de la sociedad, dado que legislaba sobre los derechos de los niños, la madre
sola, el padre obrero, los ancianos, los marginales, y en general en beneplácido de la clase traba-
jadora. Se normatizó para ellos ya que por ser mayoría, al igual que Eva, conocían en profundidad
y de cerca los deseos y el dolor de anhelar: familia, dinero, derechos, objetos materiales, cultura,
apariencia, posición y poder.
    Pero como dijera anteriormente, cuando el poder político posee aspiraciones diferentes de las
de quienes detentan el poder económico, y ambos se tornan intransigentes y establecen alianzas
perniciosas con los demás poderes, sin interesarles los resultados, o ambos acunan cada uno a
una minoría y no al país en su totalidad, se produce este quiebre sin miramientos.
    Así, nuevamente se discrimina al niño y/o a la familia que puede, que tiene, de la que no; y se
crean más instituciones para aquellos que por su debilidad no pueden bastarse a sí mismos, como
incapaces, como enfermos, a la par que se genera una violencia social que permanece latente o
se manifiesta a causa de la discriminación los unos, y del rencor de sentirse excluidos los otros.
    Surgen nuevos Convenios Internacionales que periódicamente apelan a nuestra conciencia
humana, a la vez que nacen más Fundaciones y Entidades de beneficencia privadas que aspiran
a suplir en parte la falta de prevención estatal y la asistencia de los que padecen la miseria, a la
vez de ganar dinero y ahorrar el pago de impuestos lucrativos.
    Cuando el poder político pierde el apoyo, en especial de los grupos económicos de la mano de
quienes ha accedido al Gobierno; cuando se bifurcan los intereses de sus integrantes dominados
por la ambición de dinero y dominio los unos, y de humanismo, igualdad y justicia social los otros;
al igual que cuando la corrupción se establece en todos los estratos gubernamentales y no guber-
namentales bajando salarios y quitando derechos, es el momento en que poco a poco, día a día y
segundo a segundo, cada familia va perdiendo sus facultades, su dignidad y la de sus hijos; co-
mienza a surgir o resurgir la marginalidad y las cárceles a poblarse. Se segrega del hogar al que
no tiene recursos ni posibilidades; no se lo educa ni se le da porvenir. Comienza el ciclo de violen-
cia familiar y social estimulado o gestado por la avaricia y deshumanización de nuestros hermanos
argentinos que ejercen los poderes políticos-económicos-religiosos-culturales y armamentistas a
través de las instituciones, las que se preparan para acallarla mediante el uso de la fuerza autori-
zando el genocidio.
   La ―cultura‖ indica que la agresión no debe volcarse a los semejantes. Si lo hace sobre sí (en-
fermedad corporal, mental, suicidio) sobre la base de un modo de aprendizaje neurótico de des-
carga de sus impulsos negativos, también puede por diferentes caminos llegar al final de su vida.
   Puede destinar esa furia contra sus propios hijos o familiares (maltrato físico o psicológico), y
contra la sociedad (delincuencia).
   Si la persona ejerce su derecho de expresarse por caminos adecuados, y es ―escuchado‖ en
sus demandas dentro de un marco humanitario y democrático, podrá sentirse parte de los cam-
bios sociales sin virulencia.
    Pero si es el rencor, el resentimiento, la agresión, la impotencia, la desesperanza, lo que lo in-
clina a reclamar los cambios, probablemente no esté en condiciones de elegir vías de expresión
adecuadas y opte por las formas violentas, la marginalidad y la delincuencia.


                                                 48
   Si el caso es el opuesto y los reclamos adecuados, pero con escuchas autoritarias, la violencia
contenida y la impotencia generará aún más choques e irritabilidad manifiesta o encubierta ante
respuestas de orden represivo y/o severo maltrato institucional.
   La falta de responsabilidad y respeto de nuestros representantes sociales y de cada compo-
nente de la comunidad, crea y estimula la delincuencia; inclina a la familias a buscar variadas so-
luciones alternativas que, derivan en el castigo, la segregación de los niños del hogar y por ende,
su expulsión social.
   Los niños, vuelven a un estado de duelo, anomia y encierro como método de asistencia preferi-
do.
   El Dr. Usandivaras sostiene que ―...apoyar y defender a la familia natural da muchos menos
réditos políticos que inaugurar instituciones que la reemplacen. Estas, hasta pueden llevar el
nombre de su promotor...‖.
   Este período histórico constituyó una excepción: no sólo las instituciones han llevado el nombre
de sus dirigentes, sino que la obra de apoyo a la familia natural, a sus derechos, en especial la
revalorización del hombre, del padre cabeza de familia dador de las normas sociales, y de la mujer
como contenedora afectiva; ambos unidos, complementados para que el niño estructure un ade-
cuado complejo de Edipo, una correcta identificación con los valores familiares, y que por ende,
edifique un ideal del yo personal y social que pueda lograr la evitación del abandono de sus hijos
en el futuro, esta vez sí ha dejado réditos políticos que aún perduran como ideales, pese a las
interrupciones gubernamentales que se sucedieron periódicamente, acompañándose de interrup-
ciones de modalidades institucionales de atención a nuestros chicos y sus familias.
   Nos sorprende luego la altisonancia escrita de las prolíficas declaraciones, convenciones y pac-
tos sobre derechos humanos; declamaciones que contrastan con la realidad de su aplicación;
apuntan a futuro. Cuando uno comienza a interrogarse sobre su puesta en práctica, cambian de
nombre, de contenido, son abolidas, replanteadas en nombre de la política momentánea, o de una
mayor cientificidad que generalmente resulta ser un distractor de la lectura de resultados.
   Entre los balances del pasado, el alcance de sus efectos y el relato de los implicados, siempre
hallamos un vacío imposible de colmar. El balance presente se abrillanta en detrimento de las
administraciones anteriores. El desempeño defectuoso actual, pasa a justificarse como causado
por el accionar pasado, y ―será revertido en el futuro‖.
   Así, pasamos del sistema de beneficencia deplorado por Eva, al de asistencia emulado por el
peronismo, que si bien ostentaba un fin dignificatorio para la persona, y lo conserva en la actuali-
dad acompañado de un soporte legal de principios solidarios, también involucra esa parte de be-
neficencia como búsqueda del bienestar de la persona, y está basada en la compasión; ese por
momentos identificarnos con el pesar y la desprotección del otro.
   La ―asistencia‖ es el momento culminante; el accionar sobre ese querer ser benéficos por com-
prensión del otro. Entonces lo asistimos.
   Si podemos implementamos campañas o programas para prevenir esos hechos que nos pro-
vocan sentimientos nobles, debiendo renunciar a nuestros propios intereses con honestidad, para
que estas gestiones den sus frutos.
   Claro que si somos previsores, nos perdemos la posibilidad de experimentar lástima, de sentir-
nos buena gente con facultades para resolver; de enriquecernos, de volvernos poderosos y de
manejar los aparatos y medios de producción para poder sostenernos encumbrados en los espa-
cios de dominio y de mando.
Pero luego, no podemos sentarnos sobre la espalda del niño, el loco, el viejo o el pobre
para pensar en él y preguntarnos por qué está ahí abajo.




                                                49
   Capitulo VII - Séptimo Periodo de protección a la infancia
                          (1958-1966)

            1. Consejo Nacional de Protección de Menores (ley 15.244)
    En abril de 1958 (gobierno de facto del Gral. P. E. Aramburu), por decreto-ley 5285 la Dirección
de Menores se convierte en un ente autárquico denominado Consejo Nacional del Menor, dejando
así de pertenecer a la Dirección Nacional de Asistencia Social.
    En 1960, (gobierno del Dr. Arturo Frondizi), se crea el Consejo Nacional de Protección de Me-
nores por ley 15.244 y su decreto reglamentario 1143/60.
    En 1963, el Consejo publicó un importante documento detallando los cinco primeros años de
labor realizada bajo la presidencia del Dr. Juan Carlos Landó.
    Señala en primer término y en 53 puntos el conjunto de creaciones y modificaciones de impor-
tancia básica realizadas, destacándose las fundaciones y rehabilitaciones de institutos y servicios,
de las Casas de Recepción y Clasificación, las delegaciones seccionales, los consultorios exter-
nos, el funcionamiento de los cuerpos de inspección, vigilancia y seguridad; el reordenamiento y
tipificación de los institutos, y el trabajo directo, que ha pasado de la atención de 5300 menores
internados en 1958, a suministrar apoyo y otras formas de amparo a más de 30.000, operando su
acción en 1963, sobre 100.000 menores aproximadamente.
    Cuenta con 40 institutos y acciona en todo el país por medio de la ayuda federal y de las fun-
ciones de Coordinador Federal que le corresponden.
    Asimismo, el Consejo asevera que en la Capital Federal y sus alrededores, existen no menos
de 500.000 menores que necesitan de una acción proteccional urgente, pero que careció de re-
cursos suficientes desde su comienzo.

1.1. Obra del Consejo
   - Traslado de sus oficinas centrales.
   - Habilitación del Instituto de Recepción y Clasificación de Menores ―Santa Rosa‖.
   - Rehabilitación del Instituto ―Domingo Faustino Sarmiento‖ (que se hallaba clausurado y en
     pésimo estado), con capacidad para 287 alumnos internos y 100 externos.
   - Habilitación del Instituto ―Dr. Juan José O'Connor‖, en iguales condiciones que el anterior, con
     capacidad para 30 varones con graves problemas de conducta.
   - Toma por transferencia de la Policía Federal, del Instituto ―Dr. Luis Agote‖ para 120 menores
     varones, donde se habilitaron los Servicios de Recepción y Clasificación.
   - Rehabilitación del Instituto ―Mariano Ortiz Basualdo‖ para 180 internos. Fue recibido en la-
     mentable estado de conservación y con un solo hogar acondicionado para 35 niños. Se recu-
     peró el servicio de Recepción y Clasificación.
   - Rehabilitación del Instituto ―Nuestra Señora del Pilar‖ para 60 varones.
   - Transformación del Instituto ―General José de San Martín‖ en Establecimiento de Recepción y
     Clasificación para varones menores de 14 años, a fin de no mezclar esta población con los
     casos de mayores de edad que presentan graves trastornos de conducta, provenientes del
     Instituto ―Dr. Luis Agote‖.
   - Habilitación de la Guardería y Delegación ―Presidente Bernardino Rivadavia‖ para 60 meno-
     res, y 60 alumnos en actividad post-escolar, con campo de deportes para los chicos del Barrio
     Obrero.
   - Habilitación de las Delegaciones nº 1 (Villa Devoto) y nº 3 (Liniers), ambas con actividades
     post-escolares, deportivas y recreativas.
   - Colaboración con personal y material para el funcionamiento de los torneos deportivos orga-
     nizados por la Policía Federal.
   - Construcción y habilitación de los Consultorios Externos con servicios médico-clínicos, psi-
     quiátricos, de oftalmología, odontología, psicología, radiología general, atención bucodental y
     laboratorio, prestándose 1800 servicios mensuales.
   - Creación del Cuerpo de Control y Vigilancia (Policía de la Minoridad).
   - Creación del Registro Nacional de Guardas.
   - Habilitación desde segundo a quinto año en los cursos oficiales de Bachillerato Agropecuario
     en el Instituto ―Angel T. de Alvear‖, y Comercial y Técnico en el ―Carlos Pellegrini‖.
   - Habilitación del Régimen de Colocación Familiar.


                                                 50
  - Habilitación de las colonias de vacaciones ―Oscar Ferrari‖ y ―Rómulo Otamendi‖ (Mar del Pla-
    ta y Costa del Paraná, respectivamente).
  - Remodelación, refacción y/o instalación o renovación de los sistemas de agua caliente, coci-
    na y lavadero mecánico en trece institutos.
  - Creación de la División Automotores.
  - Habilitación de los Talleres Centrales que se encontraban clausurados: carpintería, mosai-
    quería, imprenta, entre otros.
  - Habilitación del Depósito Central para elementos de consumo de materiales de conservación.
  - Habilitación de Gabinetes de Psicología en diez institutos.
  - Habilitación del Servicio Social en todos los institutos que lo han requerido.
  - Asignación de Visitadoras Sociales a los hospitales y maternidades de la Capital e institucio-
    nes privadas que albergan menores dependientes del Consejo.
  - Mediante convenio con la Asociación ―Bernardino Rivadavia‖ se recibió la biblioteca con
    45.000 volúmenes.
  - Edición del Boletín Informativo, Revista (en impresión) y Leyes.

   1.2. Competencia del Consejo Nacional. Por imperio de la ley 15.244, el Consejo asumió en
cuanto a menores se refiere, toda la actividad de los organismos auxiliares de justicia que cumpl-
ían la Policía Federal y las Defensorías de Menores, así como las demás obligaciones que impone
la mencionada ley:
   a) Alojamiento y tratamiento de todo menor procesado, víctima de delito o dispuesto por los
      tribunales del crimen y civiles.
   b) Informaciones sobre cumplimiento de la ley 10.903 para los tribunales ordinarios.
   c) Informaciones en los juicios de tutelas, tenencia, adopción, venias supletorias, disensos,
      divorcios cuando hay hijos menores, y otros.
   d) Comparendas, capturas y citaciones con uso de la fuerza pública.
   e) Información para el Registro Nacional de Incapaces.
   f) Participación en la Comisión Auxiliar Calificadora del Instituto Nacional de Cinematografía.

  1.3. Servicios de protección
  a) Institutos para menores internos y externos
       Santa Rosa
       Gral. José de San Martín
       Crescencia Boado de Garrigós
       Saturnino Enrique Unzué
       Almafuerte
       Gral. Martín Rodríguez
       José María Pizarro y Monje
       Emilia y Manuel Patiño
       Nuestra Señora del Valle
       Dr. José Sánchez Picado
       M. L. y M. C. Inchausti
       Cayetano Zibecchi
       Capitán Sarmiento
       Nuestra Señora del Pilar
       Angel T. de Alvear
       Dr. Luis Agote
       Mercedes de Lasala y Riglos
       Nuestra Señora de Fátima
       San Sebastián
       Manuel Rocca
       Domingo F. Sarmiento
       Estela Matilde Otamendi
       Dr. Carlos de Arenaza
       Ursula Llona de Inchausti

                                               51
      Ricardo Gutiérrez
      Dr. Juan José O'Connor
      Mariano Ortiz Basualdo
      Ramayón López Valdivieso
      San Cayetano
      Carlos Pellegrini
      Jardín de Infantes M. Moreno
      Jardín de Infantes B. Mitre
      Jardín de Infantes S. E. Unzué
      Jardín de Infantes Pte. B. Rivadavia
      Delegación nº 1
      Delegación nº 2
      Delegación nº 3
      Becados en institutos privados
  b) Medidas alternativas a la internación
      - Menores entregados para adopción
      - Menores en tenencia familiar
      - Menores en colocación familiar
      - Menores con control periódico
      - Menores del Registro Nacional de Guardas

  1.4. Sugerencias sobre la obra futura. El Consejo asegura que:
      a) Debe continuarse e intensificarse el trabajo de coordinación de funciones con otros or-
         ganismos del Estado, así como en los de orden privado, ―colocando a la familia en pri-
         mer plano de atención‖.
      b) Se hace necesaria la creación de un Instituto de Alojamiento Transitorio para menores
         sin trastornos de conducta que pasaron por institutos del Consejo y que deben volver
         para ser reubicados en el medio social, familiar o debido a circunstancias eventuales.
      c) Debe crearse un Instituto de Adaptación para menores que trabajan, próximos a su
         egreso, y carentes de un medio familiar o social aptos que los reciban.
      d) Asimismo, debe crearse otro establecimiento con características de comunidad o Cole-
         gio Universitario.
      e) Hay que interesar al Consejo Nacional de Educación y a la Dirección de Sanidad Esco-
         lar, a fin de que habiliten más escuelas y grados para débiles mentales.
      f) El Ministerio de Salud Pública debería encarar la creación de establecimientos para alo-
         jamiento y tratamiento de menores enfermos y mogólicos no reeducables.
      g) El personal y el Cuerpo de Inspección y Vigilancia del Consejo es insuficiente.
      h) Hay que intensificar la acción del Registro Nacional de Guardas y Menores.
      i) Se debe promover la reforma de la ley 10.903 a fin de adaptarla a la ley 15.244.
      j) Es necesaria una mayor atención de la correcta formación y capacitación del personal
         de todas las categorías: ―Al cumplir cada sector con su finalidad tutelar específica, se
         llenan las necesidades de la protección integral‖.
      k) Ha de velarse por los contratos laborales de los menores.
      l) El espectáculo público, la literatura y los aspectos publicitarios deben estar en armonía
         con el trabajo proteccional.


                       2. Consejo Nacional de Asistencia Social
   Se creó en agosto de 1962, durante la presidencia del Dr. J. M. Guido, en reemplazo de la Di-
rección Nacional de Asistencia Social habilitada en 1948: ―El desarrollo de la asistencia social se
encuentra indisolublemente ligado a una política de mejoramiento económico, como parte de un
mismo proceso, toda vez que las contingencias desintegran la capacidad económica y creadora
del hombre, destruyen su fibra moral, dislocan las instituciones sociales básicas y comprometen el
bienestar general y la aptitud de crecimiento y defensa de las individualidades‖.
   La Dirección Nacional de Asistencia Social y el Instituto de Servicios Sociales dependientes de
la Escuela Nacional de Salud Pública, pasan a constituir con sus servicios, personal, bienes mue-
bles e inmuebles, este Consejo Nacional de Asistencia Social.

                                                52
  3. Declaraciones, Convenciones y Pactos Complementarios de Derechos y
                                 Garantías
   3.1. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 21/12/1965 y aprobada por la Re-
pública Argentina por ley 17.722 del 7/11/1985, esta Convención ―afirma solemnemente la necesi-
dad de eliminar rápidamente en todas partes del mundo la discriminación racial en todas sus for-
mas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona
humana‖.
   También ha tenido en cuenta el Convenio relativo a la ―Discriminación en Materia de Empleo y
Ocupación‖ aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958; la Convención relati-
va a la ―Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza‖, aprobada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960, y las políticas
gubernamentales basadas en el odio racial y la supuesta superioridad, como las del Apartheid.
   En su Parte II, artículo 8º, se constituye un Comité para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial, compuesto por expertos elegidos por los Estados-Parte entre sus connacionales, quienes se
comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por el
Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas u otras que hayan
adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la Convención.


                                         4. Reflexiones
    Nuevamente las entidades específicas de amparo de nuestros chicos en problemas cambian
una y otra vez de nombre, de titular, de personal, de ideología, de lugar físico...
    No saben si incluir a los menores dentro del sistema de asistencia social o de los institutos. La
iniciativa de habilitar y rehabilitar los mismos una y otra vez según las modificaciones de estructu-
ra gubernamental, resurge en un período, y se abandona, como a los niños, en otro; lo que nos
lleva a preguntarnos acerca del conflicto que subyace, respecto de estos edificios mayormente
heredados de la Sociedad de Beneficencia.
    Existe un encubierto prejuicio entre beneficencia vs. asistencia que paraliza a muchos dirigen-
tes. El hecho de actualizar estas construcciones o reintegrarlas definitivamente a sus herederos,
llevaría a una toma de posición respecto del destino no sólo de estas moles de cemento en forma
de cárcel, sino además de una decisión política acerca del futuro de estos chicos de no poder con-
tar con encerrarlos en éstas.
    Sabemos cuáles son los males sociales que nos azotan: desocupación, subocupación, vivienda
deficiente o inexistente, promiscuidad, ignorancia, vicios, necesidades básicas insatisfechas para
un espectro muy alto de nuestra población; corrupción en los niveles superiores e intermedios de
poder; delincuencia, bajos salarios, fatiga industrial, vagancia, enfermedades mentales, supersti-
ción, maltrato, explotación y otros, que se convierten en causas predisponentes o determinantes
que llevan a enfermedades sociales, que a su vez afectan al individuo, su descendencia y a la
comunidad toda, y que sobre todas las cosas, provienen de alguna forma encubierta o no de vio-
lencia, y derivan en la misma, pero acrecentada.
    La asistencia, prevención y previsión se vinculan para preservarnos de las enfermedades so-
ciales, mediante recursos sociales. ―La vida es un fenómeno social‖, según Francisco Martone.
    Existe para él una diferencia de grado entre la asistencia individual o privada, cuya máxima ex-
presión es la caridad, y la acción de asistencia pública que cubre las carencias más imperiosas del
necesitado, pero que no destruye el mal que las provoca.
    Estas obras tienen el objeto de atender las enfermedades y males sociales, principalmente la
miseria: ―va al niño y crea jardines maternales; al adolescente y crea centros especiales; provee a
la madre de refugios y maternidades; va al enfermo con sus hospitales; al hombre sano y al indi-
gente ofreciéndoles bolsas de trabajo, comedores populares y refugios nocturnos, y a los viejos,
asilos‖.
    Las instituciones de minoridad tanto privadas como estatales, según Martone, pertenecen a es-
ta forma organizada de caridad y filantropía pública de prevención terciaria, y han ido restringiendo
su accionar a los casos de riesgo social. Las familias, recurren a éstas como último recurso, y si
tienen posibilidad, son incluidos en algún programa.
    En teoría, la prevención primaria (profilaxis) tiene por objeto a la persona humana, sosteniendo
que no hay enfermedades sino personas enfermas. El Estado organiza censos nacionales, en-
cuestas y otras técnicas de investigación, a fin de elaborar diagnósticos sociales.
    Averigua las causas de las desgracias sociales y llega a conocerlas; y también cómo curarlas y
prevenirlas.


                                                 53
    El Estado sabe todo, porque estudia todo a través de sus instituciones, y las instituciones sa-
ben todo lo que incumbe a su ámbito. De nada sirven las leyes previsoras y la asistencia social, si
no pueden ser ejecutadas. La respuesta al porqué, es generalmente la ―falta de recursos‖ y la ―bu-
rocracia‖.
    Tomando a Bleger, la gente recurre al Estado en busca de amparo, y se encuentra con institu-
ciones que alienaron sus fines y que dan respuestas alienantes.
    El rechazo franco como actitud hostil, produce dolor, pero el niño y los adultos pueden recono-
cerlo y adaptarse o no a él.
    La ambivalencia o la indiferencia, desorientan su intuición y percepción.
    Estos mensajes esquizofrenizantes los reciben a diario tanto los menores como sus familias. El
Estado, a través de su aparato institucional (hospitales, escuelas, organizaciones de todo tipo)
dice: ―acudan a nosotros, vengan... así los seguimos maltratando, vapuleando; no tenemos solu-
ciones ni medios; pero no desistan‖. Luego sus representantes se preguntan que pasó con esa
familia tan desesperada que no volvió.
    Se sigue escindiendo la trama vivencial del menor inserto en una familia inmersa en una socie-
dad, representada por personas inmersas en una familia dentro de la misma sociedad y Estado.
    Una de las más exitosas y truncas iniciativas estatales para ―desembarazarse‖ del aparato bu-
rocrático estatal, la representó el caso de la Fundación Eva Perón anteriormente descripta.
    Los estados de carencia y desamparo familiar derivados de las situaciones de riesgo social en
que se encuentran los progenitores míseros o con necesidades básicas insatisfechas, dan lugar al
abandono del menor en sus distintos aspectos.
    ¿Pueden los organismos proteccionales de minoridad subsidiar al 22% de la población total del
Estado argentino en el límite de miseria? ¿Pueden paliar la situación de los niños incluidos en
estos porcentajes o implementar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria; subve-
nir omnipotentemente y sin recursos suficientes? Aun cuando lograran hacerlo, las familias pobres
seguirán indigentes; viviendo en forma promiscua, precaria y subalimentadas.
    Entonces sacamos al chico del seno de su hogar careciente; lo desmembramos internándolo.
Le damos vivienda, alimento, ropa y ciertas reglas. Además lo segregamos, lo aislamos, le quita-
mos sus objetos de amor e identificación, lo exponemos a masificarse y a contraer enfermedades
con riesgo de muerte.
    ¿Es eso lo que buscan las instituciones de amparo? ¿Es eso lo que dictamina el Estado para
evitar que este estado de cosas se agrave cuando los carecientes un día miren a sus hijos y to-
men conciencia acerca del futuro que les espera?
    ¿Se excluye a los chicos para evitar males a la sociedad, o al funcionamiento del Estado? ¿Pa-
ra controlar y aliviar la bronca de los pobres que sufren por sí y por sus hijos?
    Las situaciones de riesgo social-familiar, no son responsabilidad de las instituciones de minori-
dad, sino del Estado y su organización. Las consecuencias de una mala administración guberna-
mental, y de fallas en las áreas de prevención primaria por parte de las instituciones específicas,
son las que debe obligadamente atender minoridad. Pero sus planes previsores o anticipatorios
siempre serán acotados si no cambia la posición de esa familia: su dignificación a través del traba-
jo, vivienda, leyes sociales, educación, salud, cultura y futuro para sus hijos.
    Este círculo vicioso, libera nuevamente de culpa a los menores y la hace recaer en sus familias,
las instituciones, el Estado y la sociedad que lo crea.
    Los estudios, anuarios estadísticos y demás bibliografía respecto de menores que a tanta gente
ha desvelado, ocupan estanterías en la biblioteca ―Dr. J. E. Coll‖; justamente él que tanto ha pre-
gonado en su favor; que instó a la sociedad a tomar conciencia sobre el dolor y la pena que sien-
ten los menores abandonados, y a honrar la bandera nacional que las instituciones detentan en
sus frentes.
    ¿Por qué el Estado no atiende sus instituciones? ¿Quién es el Estado? ¿A quién representa?
¿A la sociedad? ¿A qué parte? ¿Necesita tener necesitados y marginales? ¿Por qué los mantie-
ne? ¿Qué satisface?
    Nuestra comunidad pide por la creación de más instituciones: de alojamiento transitorio, de
adaptación para el egreso, escuelas para débiles mentales, universitarias; establecimientos para
mogólicos, y otras, con el fin explícito de cobijar, sanear y reemplazar dentro de lo posible a la
familia que no cumple con sus obligaciones hacia el hijo, ¿o serán para guardarlos en ellas, y así
resguardarse del abandono, la locura, la delincuencia, corrupción, el vicio, la anomia, la mentira, la
soledad y el desamor, dentro de altos muros donde nadie será ―alguien‖ jamás?
    El Estado responde a la perfección a nuestras directivas sociales, erradicando lo que no que-
remos ver. Como es una Entidad sin sentimientos, un robot mecanizado, no puede percibir si el
resultado de sus medidas es discriminatorio y si trae aparejado llanto y dolor.
    ¿A quién piden los padres de un niño cuando reclaman ayuda? Piden por su hijo y por ellos
mismos a las instituciones para que se hagan cargo de su carencia o dificultad.
                                                 54
    ¿A qué se debe esa impotencia para resolver por parte de la familia demandante y de parte de
los funcionarios? ¿Quién genera esa desazón? El Estado que no da recursos, acapara para sí el
poder, el bienestar, la salud, la educación y el palacio de hacienda (palacio como lugar ideal, de
ensoñación y de lujo, y la riqueza del país: su hacienda), el deseo, lo inalcanzable. Y se arroga el
ansia de dar y quitar, de someter y doblegar.
    El Estado mantiene este estado de cosas, y la persona que pasa a integrarlo en función labo-
ral, logra un lugar de pertenencia; se siente ―Uno‖ en ese conglomerado anónimo de miles o millo-
nes, como los niños abandonados del mundo. ¿Pertenecen a quién? A quien los acoge como
hijos, aún cuando termine asfixiándolos. Les da seguridad; les representa una familia ideal dentro
de la que siempre serán recibidos y permanecerán impunes aun cuando hayan cometido atrocida-
des.
    ¿A qué precio se sostiene este estado de cosas? Al precio de mantener al Estado como una
estructura de grupo primario, y como depositario de las partes inmaduras de sus integrantes. Los
luchadores que han bregado por el cambio institucional, por la prevención y evitación de los males
sociales, en muchos casos han ido bajando sus brazos de impotencia, o fueron expulsados por el
poder de la enfermedad institucional. Les han cortado los recursos, las iniciativas y los ideales.
Surgen la incapacidad y la queja.
    Cuando depositamos en nuestras instituciones neurosis, despersonalización, esperanza (como
ideal desmesurado), éstas nos devuelven lo mismo, más desesperanza.
    Alienamos las instituciones y ellas nos alienan, pero no a todos sino a los más débiles, a los sin
medios ni poder, al igual que sucede en el seno de una familia: alguien se hace cargo del síntoma
y reclama; en algunas oportunidades es escuchado. El resto desiste y busca también soluciones
alternativas. Una de ellas, tal vez la más importante, es la de librar los niños a la calle, para que
los vean, los representen, pidan por sí lo que ellos como adultos progenitores no pueden.
    La sociedad no tiene cara, pero existe; no se la ve, pero ocupa todo; no tiene voz, pero cuando
habla temblamos; y si está enferma, hace hijos enfermos: el estado y sus instituciones, ―enfermo
él, enfermantes ellas‖. Elige a sus representantes a su medida: desafectivos, ambivalentes, des-
personalizados y con un gran resentimiento que vuelcan en sus representados.
    Para E. Pichón Riviere, los marginales resultan ser ―símbolos y depositarios del aquí y ahora de
su estructura social‖.
    Si los menores se constituyen en abandonados, locos y delincuentes, muestran la ineficacia de
los organismos que hacen a la prevención, protección y control social de los mismos.
    Están poniendo en evidencia síntomas de que nuestra comunidad está perturbada en su accio-
nar, y que es ella la que reprime y segrega los síntomas que como un bumerang reactúan contra
la misma.
    La carencia de especialistas en salud mental en los organismos de minoridad privados y estata-
les, imposibilita a estos chicos tomar conciencia de que éstos nunca van a representar ese gran
útero al que desearían volver, pero que pueden significar un buen sustituto provisorio para ayudar-
los a recobrar o a crear su autoestima y confianza en una sociedad que les ha quebrantado la
moral y el espíritu; a prepararlos para vivir en ella con dignidad y derechos.
    De conocer su verdadera situación, dejarían de hacerse cargo de nuestras depositaciones ma-
sivas. La sociedad agudizaría su crisis moral: podría asumir su enfermedad, o intentar fallidamen-
te volver a reprimir estos síntomas que retornan de lo reprimido, escatimando nuevamente presu-
puestos, calidad asistencial calificada, pedagogía especial para su atención psicosociológica y
demás recursos proteccionales.
    Así el Estado consolida la alienación. Nuestros chicos son tratados como cosas sin identidad;
sus contactos sociales se empobrecen, llegando incluso a la monotonía y deprivación sensorial.
    Si las instituciones de minoridad no cubren las expectativas para las que fueron creadas, corro-
boran en su accionar el abandono primario infantil. El niño frente a la falta de contención materna
y paterna sustitutivas, ya sea que tenga leves, graves o no aparente problemas de conducta visi-
bles, sentirá extrañamiento de la institución; se fugará en busca de objetos gratificantes, o proba-
blemente se despersonalice, ―tumberice‖ y masifique para subsistir hasta su egreso.
    No queramos saber qué pasó después.
    Los chicos también saben todo. Por ejemplo, que no tienen oportunidad; que triunfan los más
fuertes. Imitan a sus iguales mayores en su violencia, en la droga.
    Tal vez son éstas las únicas maneras que encuentran para ser escuchados, atendidos, o a
través de las que pueden poner límite a su desarraigo y desazón, lamentablemente en un funesto
discurso equivocado.
    Aníbal Maturi en su libro ―Los chicos de la Calle‖, expresa valiosos testimonios de los verdade-
ros protagonistas, en los que los mismos hablan de ―autogestión comunitaria‖, avanzando según
Norberto Liwski, ―de un modo riesgoso y hasta desgarrante en la búsqueda de campos de inde-
pendencia social‖, e intentando llevar su estrategia de supervivencia a un grado superior. ―Esto

                                                 55
demuestra la enorme distancia que hay entre cómo ellos ven su realidad y cómo desde afuera se
cree ver la realidad de ellos y sus necesidades‖.
   También Maturi se refiere a la solución de aislamiento de los chicos en institutos alejados y ce-
rrados, autoabasteciéndose; situación que Atilio Alvarez describe como una idea enferma, porque
no es la idea de la resocialización, sino del exilio, del extrañamiento.

   El Lic. Morlachetti del albergue ―Pelota de Trapo‖ (ONG), también describe este acontecer de
aislamiento social del niño: ―Lo que se ha hecho siempre es internarlo por el sólo estado de su
indefensión social. Se le quita lo principal: la libertad. En ello va implicado el juego, que es prácti-
camente lo que permite crecer al chico‖.
   El autor de ―Los chicos de la calle‖, describe cómo a los menores les cuesta también adaptarse
a los sistemas abiertos.
   ―Con su conducta inestable parecen gritar que no hallaron todavía un ámbito que les es propio‖
(Hermana Trejo del Hogar ―Jorbalán‖).
   Frente a la fugas por desconfianza de los recién venidos al hogar abierto, los mismos chicos
postulan que ―a los pibes que llegan tendríamos que recibirlos nosotros para que no desconfíen y
se fuguen‖ (Andrés Paladino).

   El Padre Pablo, de la Parroquia ―San Antonio de Padua‖ en Pompeya, describe que los chicos
―cuando van a la escuela necesitan comprobar que pueden salir de allí‖ y regresan al hogar antes
de hora con excusas. No obstante, ellos mismos piden cumplir con la escolaridad. ―La adopción
sería una alternativa válida y los chicos la solicitan. Si uno plantea la adopción desde la calle es
imposible, pero sí es posible luego de este paso intermedio que son los hogares. Los niños jóve-
nes son capaces de sentir amor y hacerse querer. Es mentira que no pueden recuperarse para la
sociedad. ―Tienen necesidad de una familia y del cariño paternal, porque aunque no quieren vivir
con sus padres verdaderos siempre necesitan verlos. Cuando van a la casa buscando contención
y ánimo, en algunos casos lo encuentran, pero la mayoría de las veces regresan deprimidos‖.

   La titular de ―Prodeme‖, institución no Gubernamental para chicos de la calle que se vio involu-
crada en una batalla judicial, afirma que ―a Prodeme lo quisieron matar, porque demostrar que el
Sistema Alternativo (a la internación) no funcionaba, era demostrar que los chicos debían seguir
concurriendo a los institutos‖.

   En el Albergue ―San Francisco‖ sostienen que ―es absurdo nombrarle a Dios a un chico que tie-
ne hambre. Si todo el mundo los pateó, ¿de qué Dios les vas a hablar?‖.
   Los pibes dicen: ―en un instituto no le tienen paciencia a los chicos porque ninguno pasó lo que
pasamos nosotros‖.

   ―El tránsito por cárceles e institutos determina que los más grandes de la calle no quieran saber
de nuevos programas y experimentos, y pensaron soluciones que los 25 diputados de la Comisión
de Mujer, Familia y Minoridad, ni siquiera imaginaron entre cafés y estudios fantasmas: la idea del
autogobierno y los pedidos que realizaron para concretarlo‖. Norberto Liwski, (en coincidencia con
Foucault), afirma que el objetivo que cotidianamente se desarrolla en los institutos, es producir un
sometimiento de esos chicos al modelo que se les propone‖, y que ―el problema mayor no es la
fuga, sino que el chico sea doblegado finalmente en su voluntad creadora y sometido a una vio-
lencia interna y estructural‖.
   Agrega que sobre el personal suele cargarse las tintas de las responsabilidades, pesando en
realidad fuertemente la falta de responsabilidad de las autoridades de los institutos.

    Es el Dr. A. Rascovsky quien señala que ―Los institutos son universalmente malos, porque no
llenan las necesidades elementales del niño: el trato exclusivo de persona a persona. La disciplina
se impone porque no se les puede dar el trato afectivo que necesitan. Los niños son incomprendi-
dos, maltratados, pervertidos, a menudo violados. Los entrenan para el mal trato, la disciplina y la
muerte. El aislamiento sólo puede servir para hacerlos esquizofrénicos, y el que dice que un tiem-
po de contención puede favorecer a un chico, parte de conceptos religiosos.
    En los institutos hay una similitud con los campos de concentración: se lleva a los chicos con el
pretexto de protegerlos y es al revés, para desampararlos. Son escuelas de delincuencia como la
cárcel. El instituto sólo sirve para hacer delincuentes, policías y suboficiales del ejército‖.

   Me pregunto: ¿No resulta esta descripción suficiente para dictaminar la definitiva erradicación
de la internación del sistema de Menores? y así por fin cerrar el ciclo del maltrato institucional que
                                                  56
ejercerán los que están hoy ―allí dentro‖ sobre nuestros ahora sufrientes niños marginados? ¿Qué
hacemos con ellos?

   Liwski toma como correcto el planteo de restablecer los lazos familiares del niño, que segura-
mente poseen un grado de deterioro importante con su matriz familiar. Para él no todas las formas
de restablecer los vínculos familiares pueden ser trabajados del mismo modo. El primer problema
a resolver es ―el reconocimiento de las reales matrices fundantes de la identidad de ese chico‖.
   ―Si el proceso de destrucción o deterioro del vínculo madre-hijo o padre-hijo está compuesto de
elementos que hacen al abandono, que hacen a un abandono acompañado de maltrato, acompa-
ñado de desafectivización por parte de los progenitores, es atendible que el chico, ante la pro-
puesta de volver a una situación de enormes padecimientos, opte por la estrategia que él decide
de sobrevivencia‖.
   La búsqueda de caminos alternativos no tradicionales en ese estado de sobrevivencia, de re-
encuentro de vínculos tradicionales que hacen a la red familiar —con o sin lazos sanguíneos—
dentro del abandono sufrido, confirma que el niño ha recreado formas de contención familiar segu-
ramente condenados por la visión de las clases medias, por no constituir la ―familia tradicional‖.
   ―Mientras la sociedad le dicta que su papá o su mamá es familia o, de lo contrario, no existe, la
salida será un instituto, o será un hogar, o será una forma de retirarlo de la calle con más o menos
represión.
   En la medida que nosotros recuperemos determinadas tradiciones de los sectores populares en
materia de contención de chicos, se van a encontrar más respuestas creativas que las que habi-
tualmente produce el Estado o las organizaciones privadas: la oferta de una familia tradicional que
el chico no tiene, o la oferta de un ámbito institucional que tiende a producir un aislamiento de su
propio proyecto‖.
   Si hay que volver a la familia, ésto no significa al hacinamiento y demás condiciones de las que
el chico reniega, sino ―volver a las matrices culturales‖ asumiendo críticamente el contexto social
en que esa familia se ha visto expuesta.
   Las entidades no gubernamentales que reciben a estos niños que ―no se adaptan‖ a los siste-
mas tradicionales de encierro, piden ayuda a la sociedad para obtener casas, comida, ropa y co-
laboración profesional para sus hogares abiertos (sistema que por su lado claman a gritos los pro-
tagonistas). Por otra parte, los edificios existentes que provocan ambivalencia respecto a su uso
Vs. ―pico y pala‖ (Enrique Medina) y a sus sistemas atencionales cerrados, podrían tal vez com-
plementarse: macro institutos convertidos definitivamente, y ―por ley nacional‖ en pequeños hoga-
res abiertos sostenidos por las entidades estatales y privadas, con co-gobierno de los chicos —
sus dueños y habitantes—, en relación con las redes solidarias de la comunidad, dentro de su
ámbito y sus reglas culturales, con la debida atención personalizada, en vías a reintegrarse a su
núcleo propio, extenso o sustituto, con adecuada estimulación para el acrecentamiento de sus
lazos afectivos con sus hermanos y familiares válidos, y con el fundamental apoyo psicológico
para la elaboración de sus vínculos pasados, presentes y de los que anticiparían su futuro.
   Instrucción escolar: ciclos obligatorios con polimodal incluido, amparo laboral y habitacional a
su egreso del sistema, y fundamentalmente penalización severa a los funcionarios públicos o pri-
vados que denigraren en hechos o palabras a cualesquiera de nuestros chicos.
   En tanto, nos despedimos transitoriamente del triste volumen de Maturi con las palabras de un
niño que asegura: ―todos vamos a terminar muertos, enfermos o locos, —refiriéndose a sí mismo y
a sus amigos, los chicos de la calle—.
   La gente cree que lo único que tenemos es hambre y lo que menos nos falta es comida. Todos
se asustan porque aspiramos con la bolsita ¿y los que se dan con drogas caras? ¿esos están
bien? ¿por qué? Tienen quintas y Mercedes y entonces están bien...
   Yo no tengo a nadie hermano, a nadie, ni un primo ni un pariente. Quise trabajar y estuve como
esclavo. El dueño del bar me empujaba con un palo como a las vacas ¿qué carajo se creen to-
dos? Con el Poxiram por lo menos por un rato me olvido de todo...‖

   Con el convencimiento de que resulta más sencillo transcribir nuestra cronología histórica que
vivenciarla, he de mencionar que en el año 1985 —gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín—
Argentina ratificó la ―Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial‖ adoptada por las Naciones Unidas el 21/12/65. Veinte años nos llevó avenirnos a adherir a
sus términos por la ley 17.722.
Las reflexiones a las que pude arribar respecto de este tema también fundamental de la
discriminación, por su extensión, intentaré exponerlas en los capítulos restantes.




                                                57
            Capitulo VIII - Octavo Periodo de protección a la infancia (1966-1973)


                  OCTAVO PERIODO DE PROTECCION A LA INFANCIA
                                           (1966-1973)



                             1. Ministerio de Bienestar Social
   En 1966, durante el Gobierno de facto del Gral. Onganía, es reemplazado el Ministerio de Asis-
tencia Social y Salud Pública por el Ministerio de Bienestar Social, estructurado sobre la base de
tres Secretarías:
   1) Seguridad Social.
   2) Vivienda y Salud Pública.
   3) Promoción y Asistencia a la Comunidad - SEPAC. En ésta se vierte, disuelto el Consejo Na-
cional de Asistencia Social como ámbito oficial de desempeño profesional de los asistentes socia-
les, y tiene jurisdicción sobre el Consejo Nacional de Protección de Menores y los Hogares para
ancianos y ciegos.
   En 1968, se introduce un nuevo organigrama de la SEPAC con la proposición de dos direccio-
nes generales, una de las cuales, la Dirección General de Asistencia Comunitaria, comprende a
su vez con categoría de Departamento cuatro servicios nacionales, incluyendo entre éstos, al Ser-
vicio Nacional de la Minoridad y el de la Familia y la Mujer.

   1.1. Congreso “El Menor Abandonado”. Del 4 al 6 de septiembre de 1969, se realiza en los
Salones del Ex-Concejo Deliberante de Buenos Aires el Congreso “El Menor Abandonado - Pro-
blemas socio-económicos y jurídicos”, con el auspicio de la Secretaría de Estado de Promoción y
Asistencia de la Comunidad (MBS), y organizado por la Liga Pro-Comportamiento Humano.
   En la apertura del mismo, el Secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad Dr. Santia-
go de Estrada, explica que ―frente a un caso concreto —un menor en la calle— no se puede hacer
nada de inmediato. El menor es nada más que un expediente y como tal duerme en un cajón; su
tratamiento tiene que postergarse de viernes a lunes‖.
   Los temas de las ponencias del Congreso fueron:
   - Menores con graves problemas de conducta en el hogar.
   - El menor autor o víctima de delito.
   - El menor en los establecimientos públicos.
   - El menor en la calle.
   - El menor en establecimientos privados.
   - La adopción.
   A modo de conclusión se determina:
   a) Que los problemas agudos de conducta del menor se originan por dificultades en las rela-
     ciones familiares, en particular por carencias afectivas y morales; se pide en especial la apli-
     cación efectiva de las sanciones previstas en la ley 10.903 en materia de incumplimiento de
     los deberes paternos.
   b) Que debe modificarse la ley 14.394, manteniéndose el límite de la impunibilidad de los me-
     nores y su régimen penal dentro del sistema tutelar y preventivo, con especialización de los
     jueces de menores; la reforma del Código Penal y la recopilación y actualización de las leyes
     punitivas de protección. Asimismo que se debe propiciar la derogación de la ley 10.903 en
     cuanto a menores víctimas de delito o autores de contravenciones, y la creación de estable-
     cimientos para el cumplimiento de esta ley allí donde no existiesen.
   c) Se debe promover la elaboración de un Código del Menor; recurrir a la internación como
     último recurso en establecimientos de capacidad reducida que permitan una participación ac-
     tiva de los chicos en la comunidad; aplicar métodos educativos basados en la individualidad,
     confianza y respeto por la personalidad y toma de conciencia para afrontar las responsabili-
     dades; proveer a los establecimientos existentes de los elementos necesarios para su actua-
     lización funcional: reformas edilicias, material didáctico, terapia ocupacional y recreativa. Se
     ha de propiciar la asistencia post- institucional y la creación de hogares de sistema abierto pa-
     ra madres solteras con habilitación paralela de guarderías.
   d) Que los problemas del menor en la calle provienen en general del abandono, ignorancia o
     desidia de la familia o de sus circunstancias socio-económicas; defectos en la organización

                                                 58
      escolar; falta de ocupación útil y adecuada del tiempo libre, y defectuoso ordenamiento labo-
      ral para la capacitación del menor.
   e) Los establecimientos privados deben adecuarse a la época en que vivimos, aplicando sis-
      temas modernos de internado, promoviendo hogares sustitutos o la adopción, y capacitación
      técnica para el personal, debiendo contar con aporte estatal. Se ha de incentivar la creación
      de hogares provistos de talleres de capacitación profesional, y participar con voz y voto en to-
      dos los organismos nacionales, provinciales y municipales que se ocupen de la minoridad.
   f) Se debe propiciar la creación de Tribunales de Familia colegiados de única instancia; la
      adopción plena, la edad mínima de los adoptantes en 30 años, y una cantidad ilimitada de
      menores a adoptar.
   Es de destacar a los fines de esta recopilación, la ponencia del Dr. Jesús Luis Abad sobre “El
menor en establecimientos públicos”.
   La misma se refiere a nuestra legislación de amparo de menores, que cuenta con dos instru-
mentos: la ley 10.903 del 21/10/1919, con las modificaciones introducidas por el decreto-ley 5286
del 20/5/1957, y la reforma introducida por la ley 17.567.
   a) El Dr. Abad sostiene que el menor abandonado o en peligro moral debe ser enviado a un es-
tablecimiento del Consejo Nacional de Protección de Menores, y sólo puede ejercerse la facultad
de retorno al hogar bajo la vigilancia de este Consejo; lo mismo se establece para el menor sobre-
seído o absuelto de 18 a 21 años.
   Idéntica solución plantea la ley 14.394, cuyos primeros trece artículos se ocupan del menor
abandonado. Sólo excepcionalmente se considera el sistema de Libertad Vigilada, cuya incorpo-
ración a esta ley se produjo el 22/12/1954 (modificada por el decreto ley 5286 del 20/5/1957) y
constituyó un adelanto notable en esta materia.
   Pero finalmente nuestra legislación dictaminó y ha mantenido el sistema de institucionalización,
como la solución propicia en relación con el menor abandonado o con problemáticas socio-
económicas.
   b) El estudio del menor en establecimientos plantea la consideración de tres momentos: el in-
greso, su permanencia y el egreso. Todos los estudios han confirmado a partir de ciencias auxilia-
res (psicología, psicología experimental, medicina psicosomática y sociología), que la mejor solu-
ción al problema del menor abandonado es reubicarlo en la sociedad dentro y a partir de la familia.
Si se halla abandonado ha de dotárselo de padres supletorios.
   El abandono se produce por varios factores, y los más importantes son la inestabilidad emocio-
nal, el bajo nivel intelectual y el ambiente desfavorable, fundamentalmente de los padres o, en su
defecto, de quienes ocupan el lugar de ellos.
   c) Todo instituto que pretenda cumplir con una finalidad educativa, debe funcionar con sentido
pedagógico, ya que el carácter conformado del menor en los establecimientos públicos, va a de-
pender del medio institucional. Por ello, todo educador de institutos del Estado debe poseer prácti-
ca en relaciones humanas.
   d) El Dr. Abad hace mención de las IV Jornadas Nacionales de Pedagogía realizadas en 1967
en la ciudad de Córdoba, en las que el “Estudio del niño y del adolescente institucionalizado”
aportó las siguientes conclusiones:
   - La institucionalización determina como proceso evolutivo, rasgos característicos en el desa-
      rrollo de la personalidad del menor que lo diferencian de aquellos que viven en el seno de su
      familia.
   - La institucionalización produce un progresivo retardo en el desarrollo psicomotriz, afectivo, in-
      telectual y social del niño.
   - Las frustraciones previas al ingreso a la institución y el tipo de vínculos intrainstitucionales
      que establece posteriormente el menor, hacen que parte de la agresión se oriente hacia su
      propia persona.
   - El menor institucionalizado tiene una imagen distorsionada del mundo externo, o bien se aso-
      cia a una confusa autoimagen.
   - Las situaciones de aprendizaje vividas dentro de la institución generan la utilización de meca-
      nismos de defensa predominantes: regresión, negación y racionalización excesiva desprovis-
      ta de sentimientos.
   Es necesario un cambio estructural que logre:
   - Establecimientos con un reducido número de menores que posibiliten una participación activa
      en la comunidad, y que las actividades escolares, de aprendizaje, laborales, recreativas, y
      otras, las realicen, en lo posible fuera del internado.
   - Personal con formación adecuada para establecer vínculos intrainstitucionales sanos.
   - Promover cambios en el grupo familiar a fin de reintegrar al menor a su hogar en el mínimo
      tiempo posible, o en su defecto, seleccionar y asesorar a padres sustitutos.

                                                 59
    - Promover que la comunidad acepte a los menores y colabore en su reinserción social.
    - Capacitar al menor para que adquiera madurez y autonomía que le permitan su ajuste a la
      realidad.
    - Hacer un aprovechamiento racional de los institutos existentes y su adecuación a las necesi-
      dades de los menores mediante la actuación de equipos técnicos interdisciplinarios.
    - Finalmente, el mencionado Estudio al que alude el Dr. Abad, sostiene que ―para el excepcio-
      nal social debe producirse un ajuste de la legislación en materia educacional, social, penal,
      civil y laboral‖.
    El diario “La Prensa” del 13 de julio de 1969, al anunciar la realización del Congreso El Menor
Abandonado, hace referencia a las XIX Jornadas Internacionales de Criminología realizadas en la
ciudad de Mendoza, en las que se puso de manifiesto que ―el interno se lleva intacta su propia
falta tristemente enriquecida por las lacras de los demás‖.

   1.2. Régimen de Familia Sustituta. Por resolución 1379 del 22/10/1969 se crea este nuevo
Programa, a fin de egresar la mayor cantidad posible de menores de 0 a 21 años internados sin
graves problemas de conducta.
   Tiene por objeto normalizar la relación familiar de estos chicos y, en lo posible, equipararlos en
oportunidades de desenvolverse física y psíquicamente con aquellos que viven con su familia en
sus propios hogares.

   1.3. Ley de Adopción. El 21/7/1971, por ley 19.134 se promulga la Ley de Adopción, derogán-
dose la ley 13.252 de 1948.
   Mediante aquélla se modifica la edad mínima para el adoptante; se disminuye el número de
años requeridos para el matrimonio solicitante; se admite la adopción simultánea o sucesiva de
menores de uno y otro sexo; se autoriza la adopción teniendo descendencia propia; se reduce el
plazo de guarda; se acepta una segunda adopción en casos especiales, y se consagra la Adop-
ción Plena por la que el adoptado pasa a convertirse en hijo legítimo con las prerrogativas legales
que importa; se mantiene asimismo la Adopción Simple y se dictan disposiciones relativas al ámbi-
to del Derecho Internacional Privado.
   La sanción de esta ley logra eliminar impedimentos y restricciones en lo que hace a la posibili-
dad de adoptar.


                             2. Reestructuración Institucional
  - En el año 1969, por ley 18.120, se disuelve el Consejo Nacional de Protección de Menores en
    favor del Servicio Nacional de la Minoridad. El Servicio Nacional de la Familia pasa a tener a
    su cargo los programas de Familia Sustituta, Amas Externas, Pequeños hogares y Becas de
    rehabilitación psicofísica.
  - En 1970 se fusionan el Servicio Nacional de la Minoridad y el de la Familia y la Mujer en la Di-
    rección General de la Minoridad y la Familia
  - En 1971, se crea la Subsecretaría del Menor y la Familia, que separa los Institutos de Minori-
    dad de los Hogares de Ancianos y Ciegos.


                         3. Declaraciones, Convenciones y
                 Pactos Complementarios de Derechos y Garantías
    3.1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 16/12/1966 y por ley argentina 23.313 del
8/8/1986.
    El artículo 10 de la Tercera Parte, reconoce que los Estados-Parte deben ―conceder a la fami-
lia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más antigua protección y asisten-
cia posibles, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la
educación de los hijos a su cargo... Se debe prestar especial protección a las madres durante un
período de tiempo razonable antes y después del parto; se deben adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por
razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social‖.
    El artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado tanto para sí
como para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda, y una mejora continua de las
condiciones de existencia.

                                                 60
   El artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de sa-
lud física y mental; y entre las medidas que deberán tomar los Estados-Parte figuran: reducir la
mortinatalidad y mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de los niños; mejorar todos los
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; prevenir y tratar las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y luchar contra ellas; y finalmente, crear las
condiciones que aseguren a todos la asistencia médica necesaria en caso de enfermedad.
   El artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, la cual ―ha de ser orientada
hacia el desarrollo de la personalidad, el sentido de su dignidad, el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales‖.
   ―...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente de una so-
ciedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y entre todos
los grupos raciales, étnicos o religiosos...‖.
   A fin de lograr el pleno ejercicio de este derecho, ―la enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente‖; la enseñanza secundaria debe ser generalizada y accesible a
todos, en especial mediante la implementación de la enseñanza gratuita; también la enseñanza
superior debe hacerse alcanzable a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuan-
tos medios sean apropiados, y en particular mediante la enseñanza gratuita; debe fomentarse o
intensificarse la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o termina-
do el ciclo completo de instrucción primaria, así como implementar un sistema adecuado de becas
y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

   3.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo. Adopta-
dos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16/12/1966 y por ley argentina 23.313 del
8/8/1986. Los Estados-Parte reconocen que, ―con arreglo a la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades
civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que per-
mitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos
económicos, sociales y culturales‖.
   Del contenido de los artículos fundamentales detallados en las seis Partes de que se compone
el cuerpo del presente Pacto Internacional, sólo mencionaré el artículo 24 sobre Los Derechos del
Niño, que describe las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su
familia como de la sociedad y del Estado, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o de nacimiento; y el artículo
28 de la Parte IV, que establece la creación de un Comité de Derechos Humanos compuesto de
nacionales de los Estados-Parte con reconocida competencia en materia de Derechos Humanos y
experiencia jurídica, quienes presentarán periódicamente sus informes al Secretario General de
las Naciones Unidas. Los mismos contendrán las disposiciones adoptadas que dan efecto a los
derechos reconocidos en el Pacto, y el progreso realizado en cuanto al goce de esos derechos.

    3.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica
del 22 de noviembre de 1969.
    La República Argentina, por ley 23.054 de 1985 aprueba esta Convención Americana, y reco-
noce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido,
y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la inter-
pretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad.
    En su Preámbulo, reitera los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, donde se reconoce que ―los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana ... sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos‖.
    La Primera Parte, que versa sobre “Deberes de los Estados” y “Derechos Protegidos”, incluye
la obligación de respetar los derechos; el deber de adoptar disposiciones de derecho interno; el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la integridad personal; la prohibición de
la esclavitud y la servidumbre; el derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales; el prin-
cipio de legalidad y retroactividad; el derecho a indemnización, a la protección de la honra y de la
dignidad; la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento y de expresión; el derecho de recti-
ficación o respuesta; de reunión; de libertad de asociación; de protección a la familia; el derecho al
nombre; los derechos del niño; el derecho a la nacionalidad, a la propiedad privada, de circulación
y de residencia; derechos políticos de igualdad ante la ley; de protección judicial; derechos
económicos, sociales y culturales; de suspensión de garantías: su interpretación y aplicación; al-
cance de las restricciones; reconocimiento de otros derechos, y correlación entre deberes y dere-
chos.

                                                  61
    La Segunda Parte incluye los “Medios de Protección de los Organos Competentes:” Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones, competencia y procedimiento; Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, su organización, competencia, funciones y procedimiento; y
disposiciones comunes a la Comisión y a la Corte.
    El artículo 17, respecto de la Protección de la Familia, considera a ésta como ―el elemento na-
tural y fundamental de la sociedad, y que como tal debe ser protegida por la sociedad y el Estado‖.
Asimismo que los Estados-Parte ―deben tomar las medidas apropiadas para asegurar la igualdad
de derechos y adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matri-
monio, durante, y en caso de disolución del mismo‖. En ese caso, se adoptarán disposiciones que
aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de
ellos.
    Respecto del artículo 19, sobre Derechos del Niño, dispone que ―todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y
el Estado‖.


                                         4. Reflexiones
    En este período de siete años (1966-1973), se producen nuevos cambios gubernamentales y
de estructura asistencial. Queda en el investigador resolver si han sido transformaciones positivas,
negativas, o para que todo haya quedado igual.
    El nuevo organigrama de la Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC) de
1968, diferencia el Servicio Nacional de la Minoridad, del de la Familia y la Mujer, en el marco del
Ministerio de Bienestar Social. Especifica con claridad la tarea a realizar con los menores, con su
familia, y especialmente con la mujer, llegando por este medio al dictado de la resolución 1379/69
de creación del Régimen de Familia Sustituta, que reglamenta el éxodo de nuestros chicos de los
institutos en pos de una familia.
    Las instituciones estatales dejan de titularse ―Patronato del Menor‖, ―Consejo de Protección del
Menor‖, para pasar a ser ―Menor y Familia‖.
    También en este lapso temporal se promulga la nueva Ley de Adopción Nº 19.134/71, que
otorga al niño un destino más preciso a su deambular, coincidiendo, al igual que en el Régimen de
Familia Sustituta, en la búsqueda de un hogar que suplante al de la fallida familia de origen.
    El Dr. Santiago de Estrada, Secretario de la SEPAC, ilustra a través del Congreso ―El menor
abandonado‖ (1969), la situación burocrática que se vivía en ese entonces en la administración de
las instituciones de amparo, a la vez que clama por el cumplimiento de la ley 10.903 que prevé
sanciones para la familia carenciable o abandonante.
    Las conclusiones de este evento por demás explícitas, involucran también a los organismos
privados a los que se insta a actualizar su funcionamiento, y sobre los que se sugiere el otorga-
miento de subsidio gubernamental.
    Al igual que en capítulos anteriores, vemos que frente al sostenimiento del aparato burocrático,
y al recorte de recursos estatales (ya sea a sus propias instituciones o a las ONGs), se corre el
riesgo de desmejorar o interrumpir las prestaciones, de perjudicar a los niños y sus familias y de
obtener descrédito institucional.
    A las entidades privadas de beneficencia de tipo conglomerado, no les resulta redituable ofre-
cer sistemas alternativos a la internación; no da ganancias ubicar a los menores en hogares susti-
tutos o en amas externas; derivarlos a Centros de Salud, o trabajar con el niño y su núcleo paren-
tal dentro del hogar careciente. Sí da rédito recibir aportes estatales y cobrar matrícula por cada
chico que permanecerá internado durante años. Asimismo, si la institución no persigue fines de
lucro, estas modalidades más humanitarias, son de difícil ejecución y requieren de un cambio de
mentalidad por parte de sus directivos y organizadores.
    La persona que recurre a un establecimiento de menores de índole particular o estatal, piensa
probablemente entregar a su hijo para que esté mejor atendido, o bien para librarse y/o librarlo de
un problema social. Desconoce que existen otras salidas y que tiene derecho a ellas. Las institu-
ciones son las que deben informarle de sus posibilidades, ayudadas por los medios de comunica-
ción. Pero la sociedad sigue imbuida de la cultura del pupilaje y aún lo acepta y fomenta sin cues-
tionarlo.
    Los organismos nacionales, han ido progresando pese a su lentitud, burocracia y miedo al
cambio. Intentan tomar al niño y estudiar su problemática; contener a su familia en crisis y fortale-
cer a la mujer como sostén afectivo del hogar.
    ¿Por qué el Estado no implementa a través de sus instituciones y en calidad de obligatorios, los
avances adquiridos respecto de los sistemas de pequeños hogares en contacto fluido con la co-
munidad? Además de constituirse los mismos centros de derivación de menores a sistemas que

                                                 62
eviten su internación, le otorgarían al niño/joven la posibilidad de una familia, librándolo a su vez
de la soledad, la humillación y el dolor que le espera bajo estos antiguos sistemas.
   ¿Qué pasaría si el Estado no subsidiara el pupilaje por causales de carencia, de leves proble-
mas de conducta, de abandono, o de otra especie que no implique peligrosidad del y para el me-
nor?
   ¿Y, si a su vez los padres no demandaran por esa respuesta social a sus dificultades optando
por el medio pupilaje o el más moderno título de ―doble escolaridad‖? Estaríamos atenuando su
separación diurna con el compartir nocturno. Podrían los padres trabajar y los institutos no guber-
namentales prestar un servicio a la comunidad igualmente redituable, y sin tanto costo moral para
nuestro niños.
    Si se prohibiera la internación estatal como medida política, exceptuando los casos especiales
fehacientemente comprobados/bles de menores postrados y/o discapacitados totales abandona-
dos, con el reaseguro de la obtención de voluntarios responsables de visitarlos y atenderlos afec-
tivamente bajo un estado de pre-adoptabilidad posible de lograrse a partir de la primera infancia, y
pese a la situación hospitalaria en que probablemente permanecería el menor en ONGs., podría
este niño tener a la vez respaldo social, estatal, y el apoyo afectivo de un responsable por su vida
y salud, tal vez una familia.


    Si la sociedad se hiciera cargo de sus falencias, de sus errores y encontrara maneras de no re-
troceder nuevamente; si se obligara a los organismos privados a implementar idénticos sistemas
atencionales a los del Estado bajo rigurosos controles; si se realizaran campañas en favor de los
menores abandonados —que no son tantos—, para que pasaran al sistema de Adopción o de
Pequeños Hogares aun cuando no fueran bebés; si además se dignificaran los derechos del padre
trabajador para que responda por sus hijos y no los abandone ni someta a carencia paterna por
―insuficiencia, discontinuidad o distorsión de su relación interpersonal ‖ (Ainswort); así como los
derechos de los niños, y de su esposa continente para que no se angustie, con la seguridad de
que sus hijos podrán crecer, estudiar y sanear la sociedad futura, y ya no serán segregados como
lacras sociales, tal vez como lo fue ella misma en el pasado.
    Las conclusiones de las IV Jornadas Nacionales de Pedagogía realizada en 1967 en la Ciudad
de Córdoba, resultan por demás indicativas de los riesgos que corre el niño frente a sus vivencias
como interno.
    Sólo agregaré algunos conceptos de distintos especialistas respecto de las posibilidades que
brindan los sistemas de internación y sustitutivos a la misma, para obtener la reversión de las se-
cuelas psicopatológicas que trae el menor a su ingreso, o que se instalan y modifican durante el
transcurso de su permanencia.
    Según Lebovici, en caso de afectación grave, el estado del niño puede mejorar en cierta medi-
da si se suprime la carencia; si se le dan cuidados suficientes en calidad y cantidad. Pero aclara
que:―...algunos daños son más aparentes y observables y otros manifiestan sus efectos duraderos
en condiciones especiales‖. ―Cuanto más superficial es la evaluación, más numerosos son los
índices de reversibilidad. Cuanto más intensiva, clínica y descriptiva es la evaluación de los des-
trozos, más numerosos son los daños duraderos‖.
    Lo que se detecta en muchos casos de niños encasillados como débiles mentales o pseudodé-
biles, no es sino consecuencia de lo que para Racamier determina en su personalidad la carencia
afectiva precoz y prolongada: un retardo progresivo del desarrollo intelectual (del lenguaje, la abs-
tracción y de las reacciones sociales) que ―es funcional y reversible sólo dentro de ciertos límites‖.
    Según Ainsworth ―una psicoterapia intensiva, permite con frecuencia atenuar considerablemen-
te los efectos muy graves a los que la supresión de la carencia no basta para hacer que desapa-
rezcan... Los episodios ulteriores de insuficiencia, distorsión o discontinuidad de las relaciones
interpersonales, pueden prolongar o hacer reaparecer alteraciones que de otra forma hubieran
podido ser más o menos reversibles‖.
    - Así ―los niños que conocieron en un asilo una larga separación y sin sustituto materno particu-
lar, se instalaron en el desapego; y reincorporados a la familia, no trataron de aferrarse a sus pa-
dres. No se formaron en ellos apegos normales‖ (J. Robertson).
    - Luego ―la vulnerabilidad frente a las amenazas de separación y la sobredependencia, son las
reacciones más frecuentemente observadas en niños pequeños que vuelven con sus familias lue-
go de una hospitalización‖ (Jessner).
    - Algo que no tienen en cuenta las instituciones de amparo, judiciales y hospitalarias para su
evitación, es que ―la repetición de las separaciones de la madre o del sustituto, aunque breves,
equivalen a efectos de carencia precoz prolongada y severa‖ (Lebovici).
    - Aubry sintetiza estas posturas: ―el cuidado materno y una psicoterapia intensiva, reducen la
parte de una lesión orgánica en beneficio de la funcional‖.


                                                 63
   - No obstante ésto, algunos estudios han podido establecer que ciertos niños sólo progresan
madurativamente si se los aleja precisamente de su medio familiar (necesidad de las institucio-
nes), por eso ―debemos vigilar que los establecimientos públicos o semipúblicos no sean carencia-
les y tal vez gravemente carenciables‖ (Lebovici).
   Actualizando su aporte, las Directrices de Riad Nos 13 y 14, sostienen que ―Los gobiernos de-
berán adoptar políticas que permitan a los niños criarse en un ambiente familiar estable y firme‖.
Cuando no existe un ambiente estable y firme, y cuando los esfuerzos de la comunidad hayan
fracasado y la familia extensa no pueda cumplir esta función, se deberá recurrir a otras modalida-
des de colocación familiar, entre ellas, el acogimiento familiar y la adopción, reproduciendo un
ambiente familiar estable y firme y creando en los niños un sentimiento de permanencia, para evi-
tar los problemas relacionados con el ―desplazamiento‖ de un lugar a otro.
   Recientemente he encontrado un modelo institucional que grafica la posibilidad de que el niño
que proviene de ―familias pobres, desarticuladas y que residen en áreas deprimidas‖, pueda conti-
nuar en su hogar. Se trata del Programa Diurno de Apoyo para Niños Carenciados (MOADONIT)
Proyecto 2: “Hogar lejos del hogar”. Este programa pertenece a WIZO, una asociación israelí sub-
sidiada en un 50% por el Estado.
   Los chicos llegan por la mañana a la escuela elemental de 1º a 4º grado (6 a 10 años) y regre-
san ya cenados para ir a dormir a las 19 hs., bajo la guía y atención personalizada de equipos
especializados y voluntarios de la WIZO.
   En el MOADONIT se proporciona almuerzo caliente, juegos didácticos, actividades creativas,
ayuda individualizada para realizar los deberes, terapia a través de la música y el arte, juegos y
entretenimientos.
   A la vez se trabaja con un ―Servicio de Internación de Emergencia‖ para mujeres y niños en
riesgo, derivando los casos a la policía y/o a los tribunales con seguimiento inmediato. Ofrece
además una línea telefónica de emergencia (algunos ítems de este sistema atencional se aseme-
jan a los programas implementados por el Consejo Nacional del Menor: Chicos de la Calle y Con-
tra la Explotación de Niños).
   Finalmente, los Servicios de Tratamiento de la WIZO, incluyen terapia grupal para hombres
abusadores, mujeres maltratadas y parejas, uno de cuyos integrantes es abusador. Se observa la
interacción entre padres e hijos, considerando que ―la violencia doméstica pone en funcionamiento
una nueva generación de abusadores y abusados. Por los ―modelos‖ que ven en sus casas, los
chicos maltratados y los que crecen en hogares donde hay maltrato, se convierten ellos mismos
en seres violentos‖.

   Paralelo al método de pupilaje privilegiado en la práctica aún hoy por la mayoría de los orga-
nismos proteccionales y la sociedad argentina, y por una vía diferente, va el sistema de Adopción
como alternativa por excelencia frente al abandono de los niños.
   La ley 19.134/71 mejora su accesibilidad respecto de la ley anterior de 1948, y en 1996 se en-
camina perezosamente a su reforma por la Cámara de Senadores previo Proyecto aprobado por
la Cámara de Diputados en 1994, y a la evitación del comercio internacional de nuestros chicos
desprotegidos*.

    Dentro de las Convenciones Internacionales aprobadas por la Argentina mediante Leyes de la
Nación, se encuentran: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, adoptados por las
Naciones Unidas en 1966, y ratificados veinte años más tarde por la ley 23.313 de fecha 8/8/1986.
    - Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del
27/11/1969. Ratificada dieciséis años después por ley 23.054 de 1985.
    Ambas leyes también consensuadas durante el gobierno democrático del Dr. Alfonsín, toman a
la familia como eje de la sociedad; la situación de la madre como factor de riesgo para el niño, y al
chico, al adulto y a los ancianos, como sujetos humanos de derechos económicos, sociales, cultu-
rales, civiles y políticos sin discriminación.
    Ratifican nuevamente la protección que ha de tener todo menor por parte de su familia, la so-
ciedad y el Estado.
    Pareciera que en lo atinente al problema de ―la discriminación‖ entre los seres humanos, y al
―respeto por sus derechos‖, nuestra comunidad ha sido remisa a comprometerse en su cumpli-
miento, hallándonos al día mediante contratos internacionales con sello y firma, luego de la aper-
tura democrática y de ciertos visos de estabilidad gubernamental.
    No es excusa ―discriminar‖ por causales de deformidad, retraso mental, abandono, ni pobreza,
para quitar a los niños su dignidad. Es violencia humana y violencia institucional consentida y en-
cubierta mantener vigentes los cottolengos y demás instituciones con sistema carcelario para los
niños sanos y/o enfermos.


                                                 64
   Estos establecimientos, no sólo se cierran ante la comunidad inspirando ―secretos‖ y ―oculta-
mientos‖, sino que además, privan a la misma de conocer, incluir y aceptar a estos niños que re-
quieren de afecto, educación y amparo familiar, a la vez de que personas que buscan una oportu-
nidad para brindar dedicación y amor y sentirse útiles, puedan hacerlo.

   Tal vez habría que formular ―Pactos‖ de ―no internación‖ locales, entre Nación y Provincias, y
―Protocolos Facultativos‖ a los que adhieran ―todas‖ las instituciones vigentes y las por crearse,
bajo nuevas pautas de funcionamiento, siempre y cuando no discurran nuevamente veinte años
para que los funcionarios estatales y/o privados tomen la iniciativa y la efectivicen en la práctica.
   Para ese entonces, nuestros niños de hoy ya serán hombres ―carcelarios‖ o melancólicos muy
probablemente, mañana.
   Tal como describe Asdrubal Pozzi a los ―Niños internados pero aburridos‖ en 1941: ―...con ese
aburrimiento crónico, íntimo y doloroso, que adentrado en sus almas en la edad propicia a sus
más puras manifestaciones anímicas, no los podrán curar jamás, permaneciendo en ellos como
un lastre que aplastará su optimismo de vivir. Los niños débiles o sanos, son siempre niños; per-
tenecen a la comunidad y ésta no puede estigmatizarlos con designaciones que si no son deshon-
rosas, no son tampoco edificantes‖.

   Es Carolina Tobar García quien nos previene en 1939 sobre la conveniencia de ―abandonar el
concepto de constitución que nos ata las manos para la profilaxis...‖—en referencia a las chicas de
4 a 18 años internadas en el Instituto Correccional Santa Rosa—: ―Dando por sentado que las
constituciones psicopáticas existen y que se pueden apreciar desde la infancia... Las manifesta-
ciones constitucionales se ven agravadas por actitudes reactivas de defensa o de ataque que ha
despertado el ambiente. Siempre fueron consideradas desarmónicas —las chicas abandonadas—
con perversiones instintivas, librándolas desde ese momento a su propia suerte. El porvenir de
este grupo diferenciado es esperar en la Casa Correccional, o en otra parte peor, la mayoría de
edad, y una vez alcanzada ésta, lanzarse a la sociedad prevenida contra ellas...‖ ―...para cuando
su perversidad se convierta en crimen o en delito‖.

  Para M. López Sanabria ―¡cuántos delincuentes que hoy purgan sus delitos, no hubieran llega-
do a trasponer los umbrales del presidio si de niños hubieran tenido un hogar, un maestro, y un
pedazo de pan con que robustecer su cuerpo y su alma hecha jirones!‖.

   ―Tantos pobres niños que no sucumben pero viven sufriendo largos años... que llevan una vida
miserable por culpa de sus ascendientes, y en parte también de la sociedad y el Estado‖ (Aráoz
Alfaro).

   ―Si el niño por ser de padres pobres y vivir en condiciones deplorables no debiera venir a un
parque público, tendríamos que hacer escuelas miserables y reservar para algunos solamente la
higiene y la belleza‖ (Jardín de Infancia Mitre -1939).

   ―Una Ley a favor de los chicos‖ recientemente sancionada en la provincia de Mendoza (1995)
es descripta por Eva Giberti como una respuesta acertada al pedido social respecto del compor-
tamiento infractor de los adolescentes: ―Tendrían que meterlos presos a todos‖. ―Tendrían que
crear más reformatorios‖. ―Tendrían que sancionarlos con el Código Penal‖.
   Para la autora, ―la descripción de abandono material o moral —que padecerían estos chicos—
es utilizada como causa para separarlos de su familia, generalmente en razón de la pobreza.
   Ser pobres condiciona el destino de estos niños y adolescentes a los que mucha gente reco-
mienda encerrarlos en institutos, alejarlos de la vista y del contacto con la gente, excluyéndolos de
los circuitos de convivencia‖. La voluntad de estos adolescentes carentes de horizontes respecto
de su futuro, está alterada en sus fines, ―se transforma en ganas de hacer o de tener algo, a cual-
quier precio, transgrediendo o violando la ley. A menudo, aislados emocional y físicamente de sus
padres y de la escuela, quedan merced de la angustia de la libertad, asociada al hecho de no po-
der sentirse miembros de un grupo afectuoso y continente...‖ El tedio, la vivencia de aburrimiento,
es habitual en ellos, manifestando ―su última palabra‖ acerca del mundo y de quienes lo habita-
mos, mediante prácticas violentas.

   Por el contrario, si no son los hijos que marginamos quienes nos agreden y nos matan, somos
los integrantes de la misma sociedad, quienes nos vemos involucrados en la descripción del Dr.
Jorge Corsi ―Los malos tratos pueden matar‖ (1995), mediante la cual nos advierte que ―alrededor
del 80% de los niños y niñas muertos en accidentes, en realidad han muerto a consecuencia de
malos tratos recibidos por parte de los adultos encargados de su cuidado. Los hijos de estas fami-
                                                 65
lias viven su infancia y adolescencia en su clima familiar violento, que no sólo es su matriz de
aprendizaje de conductas de agresión y/o sometimiento, sino que los victimiza a través del abuso
emocional, físico, llegando hasta los ataques incestuosos‖.

  Nos hallamos en un ciclo ―sin salida‖, los chicos y nosotros, los que ―autorizamos‖ su marginali-
dad y su segregación social.

   Si en un rapto de ―salud‖ un niño/joven intenta huir de tanto dolor y humillación inflingida por
sus progenitores, y se vuelca a la calle a deambular en busca de humana protección, automática-
mente queda encasillado como marginal, como ―leproso‖ de quien hay que huir.
   Si la sociedad aplica su ―ayuda‖ a través de los métodos tradicionales de persecución, castigo y
encierro, los somete a nuevas humillaciones y malos tratos, en especial a través de los represen-
tantes institucionales inescrupulosos.
   El niño es nuevamente maltratado y abusado material o moralmente. Nació y vive para ser va-
puleado y también morirá de igual manera. El niño ―es‖ una víctima familiar, ―es‖ una víctima insti-
tucional y ―es‖ una víctima social, viéndose sometido permanentemente a nuevas victimizaciones
y/o a genocidio, en contra o avasallando los postulados de los compromisos internacionales sobre
―Derechos Humanos‖, aceptados tan remisamente por nuestra Nación.
   Según E. Amadasi y L. Pantano describen en ―Política Social Argentina‖, ―si un suceso se con-
sidera natural en vez de reconocer sus raíces de contenido social, se está ante una situación pro-
blemática y no cabe esperarse una política al respecto. Por el contrario, la intervención del Estado
frente a una situación problemática constituye una Política Social‖. Para estos autores, el ―asisten-
cialismo‖, minimiza los problemas sociales, no da participación a los actores sociales que padecen
o sufren el problema, de manera que hacer política social implicaría reducir el espacio entre la
realidad y el standard deseable. ―Existe una segunda alternativa, que consiste en reducir el espa-
cio, hacer una redefinición de las normas deseables, para compatibilizarlas con la realidad, mos-
trando las injusticias sociales tomadas como ―naturales‖ modificando el sistema normativo-cultural.
Por esto, las ideologías no están ajenas a las políticas sociales, son las que determinan que se
visualicen o no las situaciones problemáticas‖.
―Es arbitrario suponer que todo niño que comete una crueldad sólo está respondiendo a
una violencia social insoslayable o a conflictos familiares no resueltos, pero no estaría de
más preguntarnos que responsabilidad tenemos los adultos en esto‖ indica el psicoanalis-
ta Juan Volnovich respecto de los chicos asesinos (11/5/1996). ―Si los incorporamos al
imaginario social como victimarios antes que como víctimas; como seres potencialmente
peligrosos, antes que como sujetos desamparados, es fácil acertar qué camino les espe-
ra‖.




    Capitulo IX - Noveno Periodo de protección a la infancia
                         (1973-1983)

                    1. Secretaría de Estado del Menor y la Familia
   Por decreto 339/73 y decreto-ley 20.419/73 (Gobierno del Gral. J. D. Perón) se crea esta Se-
cretaría del Estado con cuatro Servicios Nacionales dependientes:
   - del Menor
   - de la Familia
   - de Ancianos
   - de Rehabilitación de Ciegos
   En junio de 1973, el Ministerio de Bienestar Social publica una síntesis sobre Política Nacional
del Menor y la Familia en la que describe someramente la situación actual y, en forma explícita, el
programa a aplicarse en el futuro, coordinadamente entre el Gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, municipales y el sector privado.
   Este programa incluye las Bases para una Política Nacional Sectorial General del Menor y la
Familia con 60 ítems; una Política Nacional Sectorial del Menor con 114 ítems, y una Política Na-
cional de la Familia con 25 ítems.


                                                 66
   El Gobierno de la Nación concibió en ese año un Plan Trienal, en respuesta a la grave situación
de la República: deterioro económico, social, cultural y moral, y puso de relieve la crisis de la prin-
cipal riqueza del país: sus habitantes.

   1.1. Primer Encuentro Nacional de la Familia. Se realizó del 26 al 28 de noviembre de 1974
por convocatoria de la Secretaría de Estado del Menor y la Familia. Este acontecimiento congregó
a los representantes de organismos proteccionales, agrupaciones políticas, sectores privados,
gobiernos provinciales, municipios, C.G.E., organizaciones sociales (C.G.T., armadas y otros) ―pa-
ra coordinar una política nacional renovadora que resguarde y consolide el núcleo familiar‖.

    a) Plenarios y recomendaciones. Sobre los Plenarios: institucional, legislación, dinámica intra-
familiar, cultura y educación, capacitación y trabajo, salud, demografía y economía, en las áreas
preventiva y asistencial, se derivan algunas de las Recomendaciones Específicas referidas al
ejercicio indistinto de la patria potestad por el padre y la madre; a que en la legislación sustantiva
se defina que el menor de conducta desviada debe ser integrado a la comunidad mediante un
tratamiento bio-psico-social adecuado a su personalidad y contexto familiar; a precisiones sobre la
adopción; a la fijación de límites de inimputabilidad de los menores; a normas sobre el retiro volun-
tario de la mujer y legislación sobre un Fondo Nacional del Ama de Casa; a la creación de los Tri-
bunales de Familia y de Centros de Acción Familiar; a una urgente reglamentación e implementa-
ción de la Ley de Jardines Maternales Zonales; a la creación de centros integrales, formativos,
culturales y deportivos; a la utilización de los medios de comunicación masiva para preservar los
valores nacionales que ayuden a la formación integral de la familia, y a la concreción de los pro-
yectos elaborados para los Núcleos Habitacionales Definitivos.
    Se recomienda asimismo tomar como unidad de atención de la salud de la población al núcleo
familiar; revertir la respuesta puramente asistencial-hospitalaria que desarrolla funciones repara-
doras, estimulando las acciones preventivas y de promoción; considerar prioritaria la reducción de
la alta tasa de mortalidad infantil; procurar la coordinación de los planes materno-infantiles me-
diante la creación de unidades sanitarias periféricas de mediana complejidad; proponer la creación
de Centros de Salud Integral para evitar la dicotomía salud-física salud-mental, e integrar centros
de prevención psiquiátrica en hospitales generales, Centros de acción familiar y organizaciones
comunales. Se recomienda la difusión masiva de los derechos laborales y deberes patronales a fin
de concientizar a las familias trabajadoras, especialmente a las que residen en ámbitos margina-
dos socio-económicamente; la creación de servicios de gerontología social en todos los ámbitos
del país, propendiendo a la realización de Jornadas Nacionales de la Ancianidad; también la crea-
ción del Código del Menor; la implementación de un Censo Nacional de la Familia; la regionaliza-
ción de los programas educativos; la creación de guarderías temporarias, móviles o permanentes
según las características zonales; la planificación del tiempo libre para la familia; mantener los
albergues juveniles con carácter transitorio debido al problema de la migración de jóvenes del in-
terior; el subsidio a los ancianos; el control de la población infantil que viaja interprovincialmente;
la atención del grupo familiar cuando uno de sus miembros sufra alguna institucionalización; con-
siderar la internación como recurso último; dar prioridades crediticias según la realidad familiar y
otras situaciones específicas.

   b) Conclusiones. Se hizo hincapié en las conclusiones de este Primer Encuentro, acerca de la
aplicación de los Recursos de Tratamiento que no impliquen internación: familia sustituta, amas
externas y pequeños hogares, teniendo en cuenta que ―a consecuencia de la internación, el menor
sufre deterioro de su personalidad en sus esenciales procesos de maduración y desarrollo‖.
   Se destacó en el Area de Prevención, la importancia de los Centros de Acción Familiar o Uni-
dades Operativas que desarrollan en el medio social servicios de apoyo, de promoción, orienta-
ción y educación a la familia.


                    2. Informe General de Actividades del Servicio
                            Nacional del Menor y la Familia
   En 1974, la Secretaría de Estado del Menor y la Familia publicó este Informe General corres-
pondiente a 1973 que, tal como lo expresara el Plan Trienal, ―instrumenta los mecanismos nece-
sarios para apoyar a las familias que por deficiencias u omisión no cumplen con la misión que les
es propia‖.
   Así, cuenta con cuatro áreas operativas: recepción, tratamiento (institucional y social), preven-
ción y servicios de apoyo.




                                                  67
    2.1. Recepción. Toda acción en el Servicio Nacional se inicia en la Recepción, que se ocupa
del asesoramiento, solicitud de trabajo y de internación; documentación, guarda, adopción, radica-
ción, venia, citación y otros.
    Cuenta este sector con un amplio fichero de Recursos de la Comunidad por áreas, (hogares,
guarderías, servicios de capacitación, instituciones para deficientes mentales y físicos, centros
educacionales comunitarios, escuelas de jornada completa, bolsa de trabajo, recreación, talleres,
escuelas primarias privadas y otros) para brindar orientación o derivación.
    La recepción se cumple a través del Servicio Social, que es el responsable de la orientación,
asesoramiento o derivación de las consultas efectuadas por las familias, los menores y personas
de la comunidad.
    Realiza este sector los informes socio-ambientales requeridos por el fuero civil, correccional o
de instrucción; asimismo la apertura de legajos; cubre la detección de menores sin representación
legal en las unidades hospitalarias; supervisa las actividades de los asistentes sociales en los ins-
titutos; actualiza un registro y control de incapaces sin responsables directos, y de indentificación y
registro de todo menor que ingresa al ámbito institucional: abre su legajo individual con datos per-
sonales, sociales, médicos, psicológicos, institucionales, de documentación y otros.

    2.2. Tratamiento institucional
    a) Institutos. Según el Informe General, el régimen de internación en este período de protec-
ción, es el sistema específico para el amparo integral de aquellos menores que se encuentran en
estado de abandono o afectados por graves situaciones conflictivas de carácter permanente o de
larga duración, que impiden su permanencia en el medio social o familiar.
    El instituto surge como un recurso que el Estado ofrece a la comunidad y, que trascendiendo el
mero aporte de la alimentación, vestido y vivienda, ―tiende a la formación y rehabilitación de niños
y jóvenes a su cargo, para lograr si es posible, su reintegro a la familia y a la sociedad‖.
    El ejercicio de esta tutela implica la representación legal del menor y la defensa de todos sus
derechos.
    La incorporación de los chicos se realiza a través del Servicio Nacional y del Poder Judicial.
    Los primeros responden a dificultades de tipo social, económica o familiar; los segundos a si-
tuaciones en que el menor es víctima o causa de una acción penal o de una contravención.
    Una vez que se determina la necesidad de internación, el Servicio Nacional lo deriva al Instituto
de Recepción correspondiente donde se le practican los estudios médicos, psicológicos, pedagó-
gicos y sociales para su ubicación posterior en el Instituto de Destino que mejor se adecue a sus
características y problemática.
    El Servicio Nacional del Menor y la Familia tiene jurisdicción dentro de los límites de la Capital
Federal.
    Los institutos se tipifican según edad y sexo de los menores, siendo en 1973 cuatro los Institu-
tos de Recepción, once los de Destino, seis para débiles mentales, dos para varones con proble-
mas de conducta, dos para varones con graves problemas de conducta, uno para mujeres con
graves problemas de conducta y uno para menores madres, en total 27.
    La capacidad disminuyó en 717 plazas, debido al deterioro de la infraestructura edilicia, al défi-
cit de personal, a problemas de equipamiento, y a otras situaciones en las que se recibieron estos
institutos.
    Los problemas de conducta aparecen como la causa principal de internación, incluyéndose los
casos de vagancia, mendicidad o trabajos callejeros. El procedimiento seguido por la entidad, es
el de intentar el reintegro del menor a su núcleo familiar, y sólo en los casos en que no fuera posi-
ble, decidir su internación.
    Del estudio de menores con estas problemáticas, surge que el mayor porcentaje lo constituyen
aquellos con conflictos familiares y sociales (84,9%).
                          Cuadro Nº 1: Capacidad según sexo y edad en 1973
Institutos                   Edad         Sexo      Potencial   Real
Recepción: 7,6%
Gral. San Martín          (6 a 13 años)     V.           200    150
Manuel Rocca             (14 a 21 años)     V.           100     50
B. de Otamendi            (6 a 13 años)     M.            55     40
Santa Rosa               (14 a 21 años)     M.           100     48
Generales: 67%
M. de Lasala y Riglos     (2 a 9 años)    M. y V.        385    501
Gral. Martín Rodríguez   (6 a 14 años)      V.           360    300
Domingo F. Sarmiento     (6 a 14 años)      V.           200    300
Capitán Sarmiento        (8 a 14 años)      V.           200    180
C. B. de Garrigós        (6 a 14 años)      M.           400    300
                                                    68
Saturnino E. Unzué       (6 a 14 años)                   M.          300          249
Ursula Ll. de Inchausti  (8 a 14 años)                   M.           40           61
Carlos Pellegrini       (13 a 21 años)                   V.          200          140
J. M. Pizarro y Monje   (13 a 21 años)                   M.           90           79
Angel T. de Alvear      (13 a 21 años)                   V.          210          135
Estela M. Otamendi      (13 a 21 años)                   M.           78           78
Débiles mentales: 11,6%
J. L. y M. C. Inchausti  (6 a 14 años)                   V.           90           68
Emilia y Manuel Patiño   (6 a 14 años)                   M.          100          104
Sánchez Picado          (14 a 21 años)                   V.           46           52
Ntra. Señora de Fátima (14 a 21 años)                    M.           90          135
Cayetano Zibecchi       (14 a 21 años)                   V.           55           55
R. López Valdivieso     (14 a 21 años)                   M.          120          120
Leves probl. conducta: 5,1%
Mariano Ortiz Basualdo (12 a 21 años)                    V.          180          120
Ricardo Gutiérrez       (14 a 21 años)                   V.          510          150
Graves probl. conducta: 6%
Dr. J. J. O'Connor      (14 a 21 años)                   V.           37           37
Dr. Luis Agote          (14 a 21 años)                   V.           50           50
Dr. Carlos de Arenaza   (14 a 21 años)                   M.          150          130
Menores madres: 2,7%
Nuestra Sra. del Valle  (12 a 21 años)                   M.          45           42
Total menores 100%                                                 4.391        3.674

Fuente: Anuario Estadístico de 1973, publicado por la Dirección Nacional del Menor en 1974.

    La mayoría de los casos que ingresan lo hacen por primera vez, pero según el Organismo, re-
sulta significativo el ―porcentaje de los menores que reingresan (42,2%) que indica las dificultades
del sistema proteccional para resolver de manera satisfactoria o definitiva los problemas que exi-
gen su intervención‖.
    Respecto de las fugas de menores con problemas de conducta, las mismas alcanzan al 63,8%,
cifra altamente significativa. El grupo más numeroso tiene entre 12 y 15 años de edad.
    Los varones predominan en los institutos para menores con problemas de conducta; las chicas
constituyen una población más numerosa en los institutos para débiles mentales y en los destina-
dos a graves problemas de conducta.
    En los establecimientos de tipo general predominan los menores entre 8 y 11 años en forma
similar a lo que sucede con los menores débiles mentales.
    Entre los menores de 16 a 19 años se encuentran la mayoría de aquellos con graves proble-
mas de conducta y las menores madres.
    Resulta significativa la cantidad de menores que mantiene contacto con su familia o al menos
con algún miembro de ésta (78,6%). Debido a estos llamativos resultados, es que el organismo
proteccional explicita la necesidad de brindar apoyo a la familia natural para que la internación del
menor sólo se apruebe como recurso extremo, ―ya que si existe una relación primaria básica es
siempre preferible fortalecerla aun cuando presente falencias‖.
    El vínculo familiar que mayor porcentaje registra en los Institutos de Destino, se da con la ma-
dre sola (37%); luego con otros parientes (17%). La existencia de ambos padres (31,4%) en los
casos de ingresados en Recepción, favorece la propuesta anteriormente presentada.

    Conductas fuguistas. En el año 1974, el Servicio Nacional del Menor a través del Sector In-
vestigación Aplicada, realizó un Estudio de Investigación intitulado “Conductas Fuguistas” sobre
una muestra de la población del Instituto Capitán Sarmiento (26 menores), la cual se detalla a con-
tinuación por la importancia de sus conclusiones.
    Se consideraron especialmente las características del grupo familiar, dado que los chicos que
llegan al organismo provienen de áreas y familias carenciadas en lo económico-socio-cultural. Lo
económico se manifiesta a través de un crónico desempleo o sub-empleo por parte de los adultos,
lo que incide en la limitación de sus posibilidades de acceso a los bienes sociales y culturales,
incluyendo desde una vivienda que contemple las necesidades mínimas del grupo hasta el ingreso
a la escuela común por parte de los niños.
    Conviene aclarar que la estructura de pautas de conducta de los institutos no condice con el
modo de vida al que los menores están acostumbrados. El chico no está preparado para tener
actividades con horarios fijos y ambiente diferente, ni para que pueda adecuarse a su nueva situa-
ción, y no tienda al rechazo y la fuga.
    El estudio de referencia, se basa en los antecedentes personales del menor, características del
grupo familiar y factores institucionales, teniendo como variables la edad, tiempo de internación,

                                                                69
nivel de escolaridad, provincia o país de origen; tipo de contactos con la familia, motivos de ingre-
so, nivel de integración de las familias, lugar de residencia, número de hijos y status socio-
económico. Los factores institucionalizados fueron: condiciones físicas del establecimiento, régi-
men de vida y organización del personal para la atención de los internados.

  - Estructura familiar
  Más del 50% de la muestra total pertenece a grupos familiares disgregados; sólo un 3,6% po-
see un hogar integrado. Esto confirma una vez más la particular problemática de los menores de-
pendientes del organismo proteccional.

   - Rasgos depresivos
   El 71,4% de los fuguistas presentan rasgos depresivos. Una causa a considerar sería la escasa
integración al régimen institucional; otra, los insuficientes estímulos del medio para contrarrestar la
carencia afectiva que presenta la mayoría de los casos; rasgos de personalidad característicos de
una desviación de la afectividad, y fundamentalmente, la falta de vínculos afectivos con su núcleo
familiar de origen.
   De 10 menores fuguistas, 8 no mantienen contacto con su familia.
   Esta situación demuestra el abandono en que viven, ya que no tienen posibilidad de establecer
un contacto afectivo con miembros de su familia mientras permanecen internados. En algunas
oportunidades, reniegan de su propio grupo primario por no encontrar afecto en él, y falsean los
datos.
   Entre los menores no depresivos, el 53,8% mantiene contactos familiares y no manifiesta con-
ductas fuguistas.
   La presencia de cuatro menores fuguistas sin rasgos depresivos y que no mantienen vínculos
familiares, permite inferir que la fuga actúa como defensa contra la depresión (nivel psicológico) o
la aceptación de normas (nivel social) representada por la inadaptación a un ámbito en el que no
hallan gratificación a sus necesidades.
   Esta sería una conducta “sana” (sin tomar otros aspectos que estarían actuando) que corres-
pondería a la capacidad del menor de permanecer en la búsqueda del objeto gratificante.
   El grupo de menores con tendencia fuguista, aparece entre los 11 y 13 años, edad que coinci-
de con la pubertad.
   Más del 50% de los fuguistas no supera el 2º grado de la escuela primaria y posee un nivel in-
telectual inferior al término medio.
   Las características semi-rurales del establecimiento (Olivera, provincia de Buenos Aires) y la di-
ficultad de acceder a una atención personalizada, son los factores institucionales que dificultan la
integración del menor y favorecen la conducta fuguista.

   - Contactos familiares
   Aparece una marcada inexistencia de contactos familiares en las conductas de fuga (78,6%),
que indican la necesidad de apoyo afectivo que implicarían tales contactos como factor preventivo
de comportamientos no deseables.
   Lo importante no es el contexto formal de la familia, sino la actitud de interés de la misma en
conjunto o a través de alguno de sus miembros.
   Estas interpretaciones se relacionan con las características depresivas del menor internado,
según el análisis del próximo ítem.

   - Diagnóstico de personalidad
   En el 67,8% de los casos se detectaron desviaciones del desarrollo afectivo, lo que vuelve a
plantear la existencia de trastornos emocionales en la mayoría de los menores atendidos por el
organismo proteccional.

   Vagancia en varones y mujeres. Este trabajo de investigación realizado también en 1973 por
el Sector Investigación Aplicada, determinó dados sus resultados, similares conclusiones.
   Se observan en un 25% menores con desórdenes de la personalidad, trastornos más severos
que en el anterior estudio, ya que presentan un mayor grado de perturbación psíquica y de con-
ductas anormales.
   Todos padecen de trastornos psíquicos. En cuanto a sus rasgos, más de la mitad (53,5%) pa-
dece una alteración afectiva.




                                                  70
   b) Educación. Las características propias de cada establecimiento exigen distintos contenidos y
niveles escolares, y aun diversas especialidades que obligan a planificar y controlar permanente-
mente sus programas.
   Se realiza una evaluación pedagógica para determinar el nivel real de escolaridad; alfabetiza-
ción para adolescentes que recién comienzan el ciclo primario y, en algunos casos, actividades de
maduración previas a este ciclo, si se observa retraso en el desarrollo evolutivo, psicomotriz, o de
aspectos de la inteligencia (memoria y atención), mediante maestras jardineras o docentes espe-
cializadas.
   El mayor esfuerzo educativo se centra en la escolaridad primaria, pero la organización incluye
escolaridad diferencial, enseñanza media y cursos de preparación técnica.
   Se realiza una apertura a la comunidad en los establecimientos de internación, a través de la
escolaridad externa en un 16,8% de la población escolar total. Otra vía de contacto con el medio
extra institucional es la incorporación de alumnos al régimen escolar del instituto.
   Las mayores deficiencias en el área de educación están en el ámbito de la enseñanza cíclica
(23,2% de abandono), y de la enseñanza técnica con un porcentaje de reprobados del 24%. En el
primer caso, según el informe, podría deberse a la alta edad y movilidad de los menores; en el
segundo, a los contenidos y objetivos desactualizados respecto de las necesidades de la pobla-
ción.

   c) Recreación. Este sector organiza y supervisa los planes de vacaciones, los viajes de egre-
sados y los programas de extensión cultural y recreación.
   En 1973, sólo el 34% de la población escolar participó de los planes vacacionales, especial-
mente los menores que cursan la escolaridad primaria (65,7%). En cuanto a la participación en
torneos atléticos y deportivos, la misma ascendió sólo al 19,7%, debido a la carencia de personal
y de elementos específicos para esta actividad.

   d) Salud. En los Institutos de Recepción el exámen de salud incluye reconocimiento clínico,
odontológico, psicológico y psiquiátrico. En las mujeres se realiza, además, un examen tocogine-
cológico.
   En algunos institutos, dadas las características de la población, se cuenta con foniatras, fono-
audiólogos, nutricionistas y personal de enfermería; cuando las circunstancias lo requieren, se
recurre a los hospitales de zona.
   Los Establecimientos de Destino padecen las mayores deficiencias en esta área, ya que la do-
tación de profesionales médicos, odontólogos y psicólogos es insuficiente.
   Por los Institutos de Recepción pasa el mayor número de menores, lo cual aumenta la deman-
da de servicios médico-sanitarios.
   En lo que respecta al ámbito psiquiátrico y psicológico, las estadísticas del año 1973 indican
importantes carencias, hecho que adquiere significación tomando en cuenta las especiales carac-
terísticas de la población atendida, que debe imprescindiblemente recibir una atención profunda y
sistemática en este aspecto.
   Por ejemplo, dentro de los establecimientos de Admisión, el Instituto General San Martín, con
1523 menores ingresados en 1973, sólo el 4,3% recibió reconocimiento psiquiátrico y el 44,8%
psicológico; en el Instituto Santa Rosa, el 28,6% recibió reconocimiento psiquiátrico y el 47,3%
atención psicológica.
   En cuanto a los Institutos de Destino, sobre una población ingresada de 260 menores, el 0,8%
recibió atención psiquiátrica, y psicológica el 21,5%.
   En el Instituto Gral. Martín Rodríguez, sobre un total de 115 menores, un 3,5% recibió asisten-
cia psiquiátrica y un 14,8% psicológica; en el Instituto Capitán Sarmiento, sobre un total de 146
ingresados la atención en psiquiatría fue del 0,00% y del 2,7% en psicología; en el Instituto Ortíz
Basualdo, sobre un total de 86 menores ingresados con problemas de conducta el 0,00% recibió
asistencia psiquiátrica y 18,6% psicológica; en el Ricardo Gutiérrez, de 811 menores con proble-
mas de conducta, el 0,00% recibió asistencia psiquiátrica y el 0,00% psicológica, y en menores
madres, de 110 ingresadas el 54,5% recibió asistencia psiquiátrica y el 63,6% psicológica.
   En los Institutos para débiles mentales y con graves problemas de conducta, fue atendido el
100% de su población ingresada. El ítem de Afecciones psiquiátricas presenta un significativo por-
centaje: 16,3% de psicopatías y un 9,2% de síndromes depresivos y otros trastornos afectivos.
   El Comentario Final en la presentación del Sector de Salud que tiene a su cargo el cuidado de
la salud física y mental de los internados, concluye que debido a las peculiares características de
los menores atendidos, ―es una necesidad a cubrir en forma prioritaria la integración de un cuerpo
profesional completo y bien entrenado en las especialidades básicas, haciendo hincapié en forta-


                                                71
lecer el área de salud mental, por ser ésta la que contribuirá a completar el marco asistencial, que
junto a la vivienda, alimentación,vestido y educación, debe proveerse a todo internado‖.

    e) Consultorios externos. Atienden a menores de diversos sectores de la Casa Central o Institu-
tos, así como a los adultos que tramitan su inclusión a diversos programas (adopción, familia sus-
tituta y otros).
    Además de los exámenes específicos, funciona un laboratorio de exámenes clínicos, una sala
de radiología y otra de electroencefalografía.

   2.3. Tratamiento en el medio social. Está dirigido a menores y familias en estado de carencia,
lo que implica la búsqueda de sistemas de protección y asistenciales que eviten la internación y
consoliden los vínculos familiares y sociales.

   a) Amas Externas. Este sistema asiste transitoriamente a niños hasta 3 años de edad que
están bajo la tutela de una persona responsable que tiene un grupo de menores a su cargo.
   Se busca ofrecer al niño un ambiente familiar donde sea atendido con dedicación y afecto. El
58% no supera los 6 meses de permanencia con su Ama, dado que la mayoría se reintegra al
hogar natural o al adoptivo.
   En 1973, el 43% superó la estadía de 10 meses debido a problemas de salud en niños aban-
donados o cuya familia natural enfrentó situaciones insolubles a corto plazo.

   b) Familia Sustituta. Al igual que en el sistema de Amas, su objetivo es brindar una familia a los
menores cuyo núcleo primario se encuentra transitoriamente imposibilitado de hacerse cargo de
los mismos. Este programa que se puso en marcha en 1969, llegó a amparar a 151 niños en
1973.
   De esta manera, se evita la internación y se mantiene contacto con los progenitores, favore-
ciendo así una adecuada integración a su retorno al hogar.
   A las familias postulantes en calidad de sustitutas, se les realizan estudios médicos, psicológi-
cos y sociales. En 1973, sobre 39 familias inscriptas se aceptaron 12, a las cuales se les otorgó un
subsidio como aporte a la manutención del menor.
   Los chicos integrados en 1973 fueron 10; el 50% de 7 a 13 años y el 35% menores de 6, am-
bos varones.
   Para casos excepcionales se establecen subsidios transitorios para que la familia natural, una
vez cubierta su urgencia económica, desista de desprenderse del menor.
   Los menores a incorporar deben presentar un buen ajuste emocional y social que favorezca
una rápida integración al grupo familiar sustituto.

   c) Adopción. Se brinda al menor una familia permanente y definitiva. El Servicio Nacional a
través de su Sector Jurídico actúa por medio de equipos profesionales especializados, dados la
complejidad y el dramatismo de la situación presentada. La decisión última es función del orden
judicial.
   En un primer momento la entrega del niño por parte de su madre, o el trámite de renunciar, re-
quiere un tratamiento profiláctico para lograr así una decisión racional que no perjudique a ningu-
no de los protagonistas.
   En segundo lugar, el menor es sometido a estudios clínicos, psiquiátricos y psicológicos, a fin
de determinar su capacidad de adaptación y nivel de desarrollo.
   Se realiza luego el análisis de los posibles padres adoptivos, categorizados como tales luego
de un exhaustivo examen psicológico y social y de elevada su petición. Se hace tomar conciencia
a los aspirantes de la importancia que tiene el esclarecimiento al menor de su condición de adop-
tado.
   Por último, se trata la ubicación del menor en una familia que responda mejor a su personalidad
y viceversa.
   En 1973 se inscribieron un total de 487 peticionantes, y los menores entregados en tenencia
para adopción fueron 334.
   Contrariamente a lo que se supone, el número de chicos entregados en tenencia siempre es
menor que las demandas, debido a las dificultades existentes para ubicar a niños dentro de las
exigencias de la adopción (abandono de los padres, orfandad total, pérdida de la patria potestad y
demás requisitos legales necesarios).



                                                 72
   d) Guardas. Es otra forma de tratamiento que consiste en la protección de menores, los cuales
por distintos motivos se encuentran separados de su núcleo familiar primario, pero no requieren
asistencia directa del organismo. El Servicio Nacional otorga la guarda o representación legal del
menor a adultos: familias o empleadores que se responsabilizan directamente de su cuidado y
educación.
   La solicitud de guarda puede originarse en los casos de semiabandono o abandono de un me-
nor en vías de adopción, u otras causas que requieren la presencia de un mayor responsable.
También el organismo proteccional puede asumirla cuando la situación lo exige. En 1973 se otor-
garon 1653 guardas.

    e) Orientación laboral. La responsabilidad del Organismo a través del Sector Promoción y Pro-
tección a la Familia, se extiende al campo laboral mediante la ubicación de menores en trabajos
diversos y al control periódico de los mismos. Las solicitudes de empleo pueden surgir de los dis-
tintos ámbitos del organismo y de los institutos.
    En 1973 se postularon 899 menores de 14 a 18 años, con predominio del sexo femenino. La di-
ficultad para ejercer tareas remuneradas, se debe al bajo nivel de instrucción y capacitación labo-
ral, lo cual obliga en el caso de las mujeres, a derivarlas especialmente al servicio doméstico
(90%). En los varones, en cambio, el impedimento es la proximidad del servicio militar obligatorio
(actualmente optativo).

    2.4. Prevención
    a) Centros de Acción Familiar. Actúan en contacto directo con la comunidad, y su radio de ac-
ción es su zona de influencia. Generalmente son barrios carenciados del área urbana, donde se
concentran familias de bajos recursos y una definida problemática social.
    Los Sectores que componen su estructura son: Guarderías, Salud, Servicio Social, Recreación
Dirigida, Capacitación y Coordinación.
    En 1973 los centros atendieron a 1849 menores, de los cuales más de la mitad correspondía a
los servicios de guardería y jardín de infantes.
    La tarea institucional más importante es la atención diurna de menores, ya sea de madres que
trabajan o de familias altamente carenciadas.
    Estos centros son: Centros nos 2 a 8 y Centro Bartolomé Mitre (7 en total). Si bien los servicios
de guardería atienden desde recién nacidos hasta púberes, la prevalencia es la de niños recién
nacidos a 4 años, lo que revela la urgente necesidad de la comunidad en esta etapa de la niñez
no incorporada a la cobertura del sistema escolar.
    El aprendizaje post-escolar nuclea a menores a partir de los 5 años.
    La enseñanza de manualidades se imparte principalmente a los chicos que cursan los últimos
grados de la escuela primaria o que ya la completaron.
    Los Centros de Acción Familiar brindan cursos dictados por profesores mediante convenios con
otros sectores públicos o privados (Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación
Técnica, Cámara Argentina de la Construcción y otras instituciones).
    El aprendizaje de un oficio le permite al menor una mayor independencia económica, y la posi-
bilidad de integrarse en el proceso productivo de la sociedad, dado que estos cursos tienen gran
demanda en la comunidad (radio, TV, peluquería, azulejado, albañilería, manualidades, y otros).
En 1973 fueron 210 los participantes.
    Estos Centros desarrollan además, una labor destacada dentro de la prevención primaria, tanto
de las conductas antisociales de los menores como de la formación social de éstos y sus familias
(objetivos enunciados en el Plan Trienal), pero no todos cuentan con los recursos necesarios para
satisfacer la demanda de servicios.
    No todos los centros cuentan con los recursos necesarios para satisfacer la demanda de servi-
cios. Su labor se encara a corto, mediano y largo plazo.

   b) Registro y fiscalización de entidades privadas. Este sector verifica el cumplimiento de las
normas vigentes en cuanto a los requisitos necesarios para la concreta atención de los menores,
habilitando en consecuencia dichos servicios.
   Una vez registrada y categorizada una institución según el tipo de atención que presta, se reali-
za la inspección del establecimiento; en caso de cumplir con las condiciones exigidas, se le entre-
ga un certificado del Servicio Nacional que habilita a su titular.
   En 1973 figuraban un total de 360 instituciones registradas y 262 en funcionamiento.
   Otra tarea de competencia del sector, es la referida a la Solicitud de subsidio por parte de enti-
dades, cuyo fin es el trabajo sobre el menor y su familia. Estos requerimientos se estudian en for-
ma minuciosa.
                                                 73
   c) Promoción Familiar. Su fin es promover grupos familiares marginados, y lograr su participa-
ción activa en el medio social a través del sector Supervisión Sectorial de Promoción y Protección
a la Familia, con el objeto de atender los niveles educativo, recreativo y laboral.
   Estos programas se implementan en el Parque Avellaneda.

    d) Coordinación de Programas - Supervisión de Distritos (ex-Policía de la Minoridad). La meta
de este Sector es realizar una acción de prevención primaria en los ámbitos donde pueden surgir
situaciones de riesgo para la salud física y moral de los niños, como ser la concurrencia de éstos a
lugares públicos.
    La ciudad de Buenos Aires se divide en 7 distritos en los que actúan equipos entegrados por
inspectores (masculino) y asistentes sociales (femenino). Se instrumentan y planifican operativos
en zonas de afluencia de menores, a fin de ubicar a los que se encuentran en situación de vagan-
cia: determinar su número, eventual peligrosidad y buscar posibles soluciones. También se realiza
el contralor de hoteles y cumplimiento de leyes laborales, entre otras.
    Las principales acciones desarrolladas por la Supervisión de Distritos abarcó en 1973 a 6941
inspecciones; 1193 menores detectados en situación irregular y 729 lugares públicos registrados.
    El sector Coordinación de Programas efectúa informes técnicos y el correspondiente diagnósti-
co sobre las actuaciones solicitadas por el Ministerio de Trabajo; sobre las acciones referidas a
pedidos de autorización para el trabajo de menores en espectáculos públicos, y ejecuta también
los mandatos judiciales referentes al traslado y retiro de menores.
    Su accionar cumple con la necesidad de proteger al menor en aquellos ámbitos en que quedan
fuera del control natural emanado de la familia o de su sustituto.

   2.5. Servicios de apoyo
   a) Sector Jurídico. Su meta es la defensa de los derechos del menor y su familia y, por ende
abarca la más variada gama de problemas de índole institucional, social, familiar o individual, co-
mo ser: inscripción de nacimientos fuera de término, ratificación de partidas; atención de asuntos
conflictivos de diversa índole; formulación de denuncias por comisión de presuntos delitos; res-
puesta a oficios y pedido de informes; tramitación de pensiones a favor de menores, tareas de
apoyo jurídico a todas las dependencias del organismo; permisos de viajes, venias supletorias,
atención de público, y otros.

   b) Sector Estadístico. Este sector está constituido por un equipo multidisciplinario de profesio-
nales que actúa como apoyo a los sectores normativos y operativos de la institución. A través de
la producción y elaboración de información estadística, determina indicadores específicos sobre la
problemática del menor internado, lo que implica el estudio de las causas, factores intervinientes y
evaluación de su verdadera dimensión.
   Se enuncian por lo tanto medidas de prevención primaria a fin de disminuir situaciones de ries-
go, y acciones de prevención secundaria o terciaria destinadas a una rápida asistencia de la de-
manda.

   c) Investigación aplicada. El estudio de la multicausalidad de los problemas del menor y su fa-
milia, lleva al planteo o elaboración de investigaciones dentro de un encuadre metodológico y
científico, que dé veracidad y verificabilidad a las conclusiones.
  En 1973 se concluyeron y publicaron los siguientes estudios:
  - Acciones Delictivas de menores de 9 a 14 años.
   - Conductas Fuguistas - Análisis e interpretación de algunos de sus aspectos relevantes: estu-
dio explicitado en el punto 2.2. del presente capítulo.
  Estos trabajos de investigación emanan de situaciones-problema planteadas a través de las
conductas del menor, que por su importancia merecen ser analizadas a fin de proyectar líneas de
acción destinadas a operar sobre la realidad.
  La implementación de registros estadísticos en los sectores operativos, fue iniciada coordina-
damente con las distintas supervisiones sectoriales, determinándose las variables más significati-
vas para la elaboración de cuadros y gráficos que sistematizaran los datos obtenidos.
   En septiembre y octubre de 1972, se realizó un Registro Piloto —antecesor del Registro Nacio-
nal del Menor— que permitió una cuantificación de los datos relevantes referentes a los menores
que ingresan al Organismo proteccional de la Nación, y de las provincias.




                                                74
  d) Asesoramiento técnico y capacitación. Del personal, de las actividades docentes, y de inter-
vención en cursos auspiciados por entidades oficiales y privadas.
    Este sector tiene a su cargo el intercambio de información con instituciones nacionales e inter-
nacionales. Algunas de sus publicaciones fueron utilizadas como bibliografía de cátedras universi-
tarias, y requeridas por bibliotecas y organismos estatales y privados.


                                    3. Anuario Estadístico
   Editado a partir de 1973 por la Dirección Nacional del Menor y la Familia, contiene en detalle
las actividades anteriormente explicitadas.


                4. Nuevos Sectores de Tratamiento entre 1974 y 1983
   Entre estos años se incorporaron nuevos Sectores de tratamiento a la organización proteccio-
nal, los cuales se describen a continuación colocando al lado del título el año de introducción del
programa.

   4.1. Recepción y Orientación
   a) Registro General de Menores (1976). Identificación dactiloscópica patronímica de todos los
menores sobre los cuales el Servicio Nacional ejerce tutela o cualquier tipo de asistencia o protec-
ción, al igual que a sus responsables. En 1974 se registraron 16.431 casos; en 1975: 11.673; en
1976: 10.661, y en 1977: 9.436, disminución explicada por la Entidad, como debida al ajuste reali-
zado en su estructura, procediendo a derivar a los menores no pertenecientes a su jurisdicción.

    b) Tratamiento Social Breve (1978). Se implementa una actividad denominada Orientación Fa-
miliar con las características de un tratamiento social breve, debido a la demanda de intervención
del Servicio Nacional sobre los trastornos de conducta como emergentes de conflictos en las rela-
ciones familiares. Cuando esa conflictiva es leve y se prevé la solución a corto plazo, se inicia el
tratamiento.
    Durante 1978 ingresaron 149 menores, siendo su principal causa los problemas de índole fami-
liar (59,7%), en un 56,4% de los casos de sexo femenino, siendo los menores de 10 años el 30% ,
y de 13 a 18 años el 47%. La duración del tratamiento varía de 30 a 180 días o más.

    4.2. Tratamiento Institucional
    a) Dotación de personal (1974). Se incluyó este ítem dado que se incrementó en un 20% el
plantel de personal, siendo el de maestranza y servicios generales el grupo más numeroso, en
razón de la necesidad del Organismo de mantener la infraestructura de los establecimientos.
    El personal asistencial está compuesto por el 52,5% del total adscripto a institutos. El aumento
más importante corresponde a técnicos y profesionales en general (32,7%); médicos 17,4%; psi-
cológos 15,1%; asistentes sociales 25,7%; auxiliares 22%; odontólogos 9,6%, entre otras especia-
lidades.

    b) Becas en instituciones privadas (1974). Se otorgan para la internación o tratamiento de me-
nores cuya situación exige regímenes diferenciales, o cuando la capacidad educacional de los
institutos dependientes del organismo es insuficiente. Sus características varían según sea esco-
laridad primaria, secundaria o de rehabilitación física o psíquica. En 1974 asistieron 355 menores
a institutos privados: 43,9% a internación con escolaridad primaria, secundaria y/o cursos de ca-
pacitación; 11,3% menores embarazadas; 17% a rehabilitación física; 15,5% a tratamiento psi-
quiátrico; 8,1% débiles mentales o mogólicos, y 3,4% a residencias juveniles.
    La mayoría de estos establecimientos son para adolescentes mujeres de 14 a 21 años. El pro-
cedimiento de internación y posterior control es responsabilidad del Servicio Social.

   c) Hogares de pre-egreso y otros ámbitos (1977). Estos hogares responden a la necesidad de
que el menor adquiera normas y pautas de conducta para lograr su inserción social de manera
responsable y adecuada a su nivel de capacitación educativa y laboral. Es una instancia interme-
dia entre los institutos y el egreso definitivo.
   El control sobre la población de los hogares no es tan estricto, lo que permite el ejercicio del au-
tocontrol, de la autorresponsabilidad y la organización de grupos estructurados por los mismos
menores.
   En 1977 se asiste a 79 menores, y en 1978 a 48. La disminución de asistidos (39,3%), se debe
a que en 1978 se clausuraron dos hogares de población masculina.
                                                  75
   En cuanto al nivel de escolaridad con que egresan los menores, en 1977 el 73,4% tenían pri-
maria completa, el 19% secundaria incompleta y el 2,5% secundaria completa. No se detalla otro
tipo de estudio o capacitación, hecho que reviste una importancia decisiva para la efectiva inser-
ción del menor a la comunidad, limitando sus posibilidades de obtener una ocupación laboral que
le otorgue independencia económica. El 90% de las ocupaciones corresponden a operarios no
calificados, un 5,1% a operario calificado y un 3,8% a administrativo.

   d) Subsidio al menor en situación de egreso (1978). Complementario al Programa de Pre-
egreso. El mismo ayuda al menor enfrentar las situaciones que pudieran obstaculizar la continui-
dad del proceso de reintegro al medio social.
   Este subsidio no sólo trata de apuntalar la salida de los menores internados, sino también de
evitar la institucionalización de los mismos bajo amparo en otros sectores. Se otorga por tres me-
ses y ocasionalmente con opción al mismo término.

   4.3. Tratamiento en el medio social
   a) Tenencia para futura adopción. Es incorporada a partir de 1974 con 260 menores: el 84%
tiene hasta 3 años de edad; el 12,2% de 3 a 6, y el resto son mayores de 6 años con prevalencia
del sexo femenino.

   b) Egresados (1974). En estos casos el tratamiento se aplica a menores cuya reincorporación
al grupo familiar o de convivencia presenta problemas en el proceso de adaptación. La mayoría se
encuentra por debajo de los 10 años (47,3%). Se realiza un trabajo social con el grupo que lo reci-
be a fin de evitar su reingreso al sistema de internación o su desajuste ambiental y personal.

   c) Becas para rehabilitación psicofísica (1975). Se financia el tratamiento —a veces de modo
parcial— en instituciones privadas a menores disminuidos físicamente, en razón de que el Estado
carece de este tipo de tratamientos terapéuticos. La meta fundamental es la recuperación del pa-
ciente sin desprenderlo de su núcleo familiar. Hay prevalencia del sexo masculino entre los 5 a 9 y
de 10 a 14 años de edad. En 1975 se otorgaron 26 becas, la mayoría pertenecientes a hogares
integrados, y los valores más altos aparecen en los casos de retardo mental y alteraciones de la
audición.

    d) Preegreso, en reemplazo del sector Egresados (1975). Este programa es aprobado el
30/10/1975 por la Secretaría de Estado. Su fin es integrar a la comunidad a los chicos instituciona-
lizados que al cumplir la mayoría de edad no cuentan con un hogar que los reciba. Los institutos
Otamendi (Campana), Riglos (Moreno), San Martín y Otamendi (San Fernando) son la residencia
de estos jóvenes, donde realizan los aprendizajes necesarios para desenvolverse en el medio
social.
    Este sector se ocupa especialmente del área social, habitacional y laboral, contando con la
tramitación respectiva. En 1975 se ubicaron laboralmente 53 menores, 55 en trámite y 7 abando-
nos. La mayor dificultad consiste en ubicar a las mujeres en tareas que no sean de servicio
doméstico, y a los varones de menos de 18 años, debido al servicio militar. En el conjunto de me-
nores postulados a emplearse figuran 6 inválidos, por lo que se solicitó la aplicación de la ley
20.923, que en su artículo 4º establece la obligatoriedad por parte de empresas y organismos del
Estado de emplear a personas discapacitadas hasta en un 4% de su plantel.

   e) Pequeños hogares (1976). Programa alternativo dentro de los sistemas de no internación pa-
ra el tratamiento de menores con pronóstico de larga permanencia institucional. Cada hogar al-
berga a no más de 6 niños mayores de 3 años, preferentemente hermanos, en una vivienda pro-
vista por el organismo proteccional y a cuyo frente se halla un matrimonio seleccionado.
   En 1976 ingresaron a este sistema 18 menores: 12 de recién nacidos a 5 años; 23 de 6 a 10
años y 3 de 11 a 15 años.

   f) Subsidio transitorio para menores con problemas de vivienda (1979). Incluido en el área de
orientación laboral.

   g) Tratamiento de adolescentes residentes en hoteles (1978). Queda esta actividad bajo el
régimen de Guarda, dirigida a menores que por su condición de vida presentan una problemática
de abandono, además de dificultades de adaptación a su medio social o laboral. Estos cuadros se
originan por el alejamiento de su grupo familiar y de su medio habitual de vida. La población de
menores residentes en hoteles y pensiones se ha estructurado en 300 casos, y el tratamiento so-
cial se lleva a cabo mediante técnicas grupales.
                                                76
   4.4. Prevención
   a) Promoción y Protección a la Familia (1975). El tipo de acción que se presta es de informa-
ción, orientación y tratamiento (166 familias). Este ítem reemplaza al de Promoción Familiar.
   Los mayores problemas que requieren acción por parte de este sector, son los de tipo econó-
mico, educacional, laboral, de salud, medio ambiente, relaciones familiares y vivienda. Este último
se indicó como el de mayor frecuencia (55 de 166 casos). En su mayoría, las familias son consti-
tuidas por ambos padres y madres solas.

  b) Cuerpo de Vigilancia Juvenil (1976). Reemplaza el ítem Coordinación de Programas (ex-
Policía de la Minoridad).

   c) Subsidio temporario a la familia natural (1977). El mismo responde al programa ―Limitación
de Ingresos y Promoción de Egresos‖ en los institutos dependientes del organismo proteccional.
Se basa en un subsidio financiero a las familias que presentan problemáticas de distinta índole las
cuales pueden producir la desintegración familiar, puesto que su filosofía se basa en la circuns-
tancia de que ―tanto el ingreso como la permanencia de los menores internados, responden a un
problema familiar‖. El Plan nº 1 se refiere a la salida de menores de los institutos dependientes, y
el Plan nº 2 está destinado a restringir su entrada a los mismos. Ambos centralizan su acción en el
estudio de las familias de los niños.
   Este subsidio cubre el salario mínimo, vital y móvil, y lo legislado en las asignaciones familiares,
o la diferencia entre los ingresos del grupo familiar y el salario mínimo, vital y móvil, durante un
lapso de un mes a ocho meses con prórroga especial de tres meses. Desde junio a diciembre de
1977 se otorgaron 43 subsidios.

   d) Becas para guarderías (1979). Se creó este Programa a fin de evitar la internación de niños
durante la primera infancia, y por ende, la segregación del núcleo familiar por razones socioe-
conómicas y laborales de sus responsables. Este programa se inició con 11 becas.

   4.5. Servicios de apoyo
   a) Recreación (1974). Su planificación quedó a cargo de un grupo de trabajo integrado por
técnicos en la materia, psicólogos y sociólogos: ―La recreación organizada y el tiempo libre es un
factor de peso para la integración del niño, adolescente y del joven en el medio social‖.
   Se concretaron en ese año excursiones, torneos deportivos, programas vacacionales, reunio-
nes sociales y otros eventos.
   En las competencias nacionales infantiles “Evita” y juveniles “Hombre Nuevo”, se inscribieron
572 menores, clasificando un equipo en el certamen de fútbol y un menor en lanzamiento de bala.
   El grupo de trabajo de recreación elaboró una ponencia sobre “Recreación y Familia” que fue
presentada en el ―Primer Encuentro de la Familia‖, organizado por la Secretaría de Estado en no-
viembre de 1975.

   b) Explotación agropecuaria (1974). Una Comisión integrada por técnicos que se ocupan de es-
ta tarea específica, se crea por Resolución Ministerial 1104 del 29/4/1974 para elaborar progra-
mas a instrumentarse en predios dependientes del Servicio Nacional, a fin de lograr el autoabas-
tecimiento, y poder contar con nuevas formas de tratamiento y capacitación para los menores
asistidos con vocación hacia este tipo de tareas.
   Los institutos donde se implementa este programa son: Ramayón López Valdivieso, Capitán
Sarmiento, Angel Torcuato de Alvear, Inchausti, R. Gutiérrez, Ortiz Basualdo, C. Zibecchi y Colo-
nias de Vacaciones Ferrari y Otamendi.
   Se concreta la siembra de sorgo y avena para alimentación del ganado vacuno de consumo y
lecheras, porcinos y aves de corral. Se eleva la producción de carne, huevos y derivados de la
leche como el queso y la manteca; se promueve la recolección de frutos, aradas y limpieza de
malezas, sembradío de semillas forrajeras, praderas artificiales, acondicionamiento de alambrados
perimetrales y arreglo de porquerizas entre otras tareas.
    La producción hace prever para 1975 el autoabastecimiento de carnes para muchos de los ins-
titutos del Servicio Nacional.


   c) Urgencias sociales (1975). El Servicio Nacional cuenta con el Hogar ―Nuestra Señora del
Tránsito‖, utilizado en casos en que es necesario dar albergue provisorio a mujeres mayores de
edad con o sin hijos. La permanencia generalmente resulta prolongada, al no resolverse la situa-


                                                  77
ción que originó la demanda, y obliga a un egreso en deficientes condiciones de incorporación a la
realidad.
  En 1975 se dió asistencia a 377 personas; se derivaron 323 y se orientó a 139 (el 45% de los
casos fueron atendidos en el hogar).
    Un problema urgente a resolver según los informes del Servicio Nacional del Menor y la Fami-
lia, es la ampliación de la cobertura económica o de otra índole, para acrecentar el nivel de asis-
tencia y evitar la separación, aunque sea temporaria, del padre, que puede constituirse en el ele-
mento desintegrador de la familia. Este es derivado a albergues municipales y/o privados.

   4.6. Otros sistemas de tratamiento
   a) Becas de estudio (1977). Son instituidas por el sector Educación para menores de hasta 21
años, con el objetivo de que puedan acceder a estudios secundarios o universitarios si poseen
condiciones para los mismos, consistiendo las becas en un aporte económico durante el año lecti-
vo.
   En el segundo semestre de 1977 se otorgaron 65 becas: 61 para estudios secundarios, 2 para
universitarios y 2 para otros estudios.

   b) Ingreso a institutos militares (1977). Se realiza por medio de un convenio entre las Fuerzas
Armadas y el Ministerio de Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado del Menor y la
Familia.
   Los aspirantes rinden examen de ingreso, que incluye evaluaciones médicas y de conocimien-
tos, siendo aprobado en 1977 el 60,4% de los mismos. Las Fuerzas Armadas se hacen cargo de
todos los gastos del menor mientras duren sus estudios.


                               5. Ministerio de Acción Social
   En 1981 (Gobierno de facto del Gral. L. F. Galtieri), el Ministerio de Bienestar Social pasó a ser
Ministerio de Acción Social - Subsecretaría del Menor y la Familia - Subdirección de Ancianidad -
Dirección General de Protección al Discapacitado.


  6. Declaraciones, Convenciones y Pactos Complementarios de Derechos y
                                 Garantías
    6.1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18/12/1979, y ratificada
por la República Argentina con Reserva sobre el párrafo 1º del artículo 29, el 14/8/1985 por ley
23.179.
    La Convención recuerda a los Estados-Parte que ―la discriminación contra la mujer viola los
principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana; dificulta la participación de
la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural
de su país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, y
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la
humanidad‖.
    El artículo 1º, toma la expresión “discriminación de la mujer” como ―toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reco-
nocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera‖.
    El artículo 16 hace hincapié en que los Estados-Parte adoptarán las medidas adecuadas para
evitar la discriminación de la mujer en cuanto a su ―derecho de decidir libre y responsablemente el
número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educa-
ción y los medios que les permitan ejercer estos derechos‖.
    El artículo 17, correspondiente a la Parte V, establece un Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con una organización similar a los comités de las anteriores con-
venciones.


                                         7. Reflexiones
  La primera parte de este período se corresponde con el ejercicio gubernamental peronista, cu-
yas líneas de acción intentan recuperar una cronología suspendida 18 años atrás (1955).


                                                 78
    Los propósitos del Plan Trienal, apuntan especialmente a dar apoyo a la familia ―que por defi-
ciencias u omisión no cumplen con su misión respecto de los niños y jóvenes‖.
    Este Gobierno retoma parte de su modalidad atencional pasada, que se vuelca en las Reco-
mendaciones y Conclusiones del ―Primer Encuentro Nacional de la Familia‖ anteriormente descrip-
to.
  El Organismo Proteccional elabora una información detallada de sus prestaciones, que incluye
anexos estadísticos y estudios de problemáticas específicas para su difusión en el medio, y reor-
ganiza sus programas asistenciales.
   Igualmente continúa derivando a internación a los chicos con problemas, económicos o familia-
res (84,9%), pero esta vez cumplimentando evaluaciones médicas, pedagógicas, psicológicas y
sociales previas.
   A través de los reveladores resultados obtenidos de la investigación sobre ―Conductas Fuguis-
tas‖, la institución corrobora, y nos afirma una vez más, que los chicos carenciados y/o abandona-
dos, lo son por causas económico-psico-socio-culturales; que el 71,4% de los niños fuguistas pre-
sentan rasgos depresivos, debidos pricipalmente a la falta de contacto familiar, con al menos uno
de sus integrantes; que la fuga en chicos no depresivos, actúa ―sanamente‖ como defensa contra
la depresión por su soledad, o como rechazo al imperativo adulto, impulsándolo a salir en busca
de objetos de amor gratificantes; que la edad primordial es la pubertad, de por sí etapa crítica y de
cambio; que más del 90% de los niños provienen de familias desintegradas o desarticuladas; que
la ubicación del establecimiento lejos del hogar de los chicos, dificulta su contacto humano con
familiares y la integración al mismo; y finalmente, que en los ―Diagnósticos de personalidad‖, se
indica la existencia de trastornos emocionales en la mayoría de los menores atendidos por Minori-
dad.
  El sector Salud certifica en su informe anual, que resulta prioritario atender las necesidades
básicas de los chicos, pero que ―es indispensable fortalecer su área de Salud Mental‖.
    Como vemos hasta el momento, este requisito no llega a cumplirse.
    Tomando a E.P. Rivière, ―...toda psicología, en un sentido estricto, es social‖. La salud mental
involucra al sujeto y a la sociedad en mutuo cambio. Habiendo un enfermo en el grupo familiar —
que se correspondería, a mi entender con la posición del niño marginal o segregado— debe cum-
plirse según él, con los momentos de la ―operación terapéutica‖ entre el paciente, el grupo y la
situación que los involucra, a través su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y profilaxis.
    Si la derivación del niño a institutos u otra forma alternativa de sustitución familiar no va acom-
pañada de este completo proceso, sus ―malentendidos‖ con los demás continuarán perturbándolo
en ausencia justamente de una ―estructura vincular‖ asociada al instinto de vida, y por ende a ob-
jetos gratificantes.
    Así para Lebovici, las separaciones de la madre o reemplazante, ya sean breves, largas y se-
veras o repetidas, llevan al niño a la alteración de su estructura libidinal, manifestando como me-
canismos defensivos: inafectividad, desapego, depresión y duelos precoces; sobredependencia
ansiosa, superficialidad y frustación perpetua, artilugios defensivos frente a la soledad y el dolor
que traerán necesariamente consecuencias al medio social.
    Asimismo, si estas separaciones son reiteradas, ―equivalen a una carencia precoz, prolongada
y severa‖. Nos describe este autor los cuadros psicopatológicos más comunes observados en los
menores abandonados: neurosis, psicosis, neurosis de carácter asintomático, desequilibrio carac-
teropático, estructura psicosomática, retraso mental, perversión y sociopatía; así como las secue-
las observables en el niño sujeto de carencia: retardo intelectual, de las reacciones sociales, e
insuficiencia en las funciones de abstracción y del lenguaje.
    Históricamente, los organismos proteccionales no han sabido o no han intentado fehaciente-
mente rescatar a los chicos de sus inhibiciones intelectuales, denostándolos como ―débiles‖ o
―pseudodébiles‖. Si bien existe para Lebovici un ―substractum orgánico‖, resulta importante la es-
timulación del medio social respecto de ellos: atención de su salud mental, pedagógica, del aporte
médico para el cuidado de la salud física, y el restablecimiento de los lazos afectivos antiguos o
sustitutos con el menor.
    Las consecuencias derivadas de la deficiencia en la preparación cultural y laboral de los chicos,
hacen que a su egreso, los varones sean derivados a tareas de peón y obrero no calificado, y en
el caso de la joven, a trabajos de mucama en hogares no siempre adecuados. (Encontraremos en
el Capítulo X las estadísticas respecto del Programa ―Ubicación Laboral‖).
    Si bien realizar trabajos domésticos para terceros, no equivale a deshonra, hemos de evitar que
se reserve particularmente a los chicos de institutos como semillero. Contrariamente, hemos de
dignificarlos en tareas que reivindiquen una sana identidad y autoconfianza sobre sus deteriorados
valores, a través del acceso a la cultura y desarrollo laboral eficiente.
    Han de convencerse a sí mismos, de que no recibirán más ―castigos‖ sociales.
    ¿Por qué llamo castigo a la internación? ¿Se siente el niño culpable y merecedor del mismo?

                                                  79
   La segregación del propio hogar por cualesquiera causas que hayan sido, remiten al menor a
una penalización. No es al golpeador, al abandonante, al abusador a quien expelen o encierran
los juzgados, las instituciones de ―amparo‖ y la sociedad. Es a él, al bebé, al niño o al adolescente
al que excluyen.
   El entiende ―porque su papá...‖, ―porque su mamá...‖, ―porque es pobre...‖, ―porque...‖; pero ¿en
su interior comprende las causas de su expulsión?, ¿el entendimiento puede quitar la pena?
    Sabemos que la razón, el afecto y el inconsciente corren por instancias separadas. Si el niño
desaferencia sus sentidos, lo veremos adaptarse, pero ¿eso nos indica que está bien?, ¿que es
feliz?, ¿que crece sano?, ¿que no evidenciará síntomas a consecuencia de la represión de sus
sentimientos verdaderos, en pos de lograr la intelectualización de su quehacer?
   Para el niño la expulsión de su casa se debe —simbólicamente hablando— a una ―represalia‖
por algo que siente que ha hecho y que no sabe qué es, o porque percibe que no lo quieren.
Cuanto menos edad haya tenido en los comienzos de estas vivencias, más incomprensibles serán
para él las motivaciones aducidas por los adultos. Quedarán en él ese agujero negro, ese abismo
vacío y sus preguntas abandónicas.
   También hoy en día, en muchos casos la expulsión familiar se presenta psicopáticamente en-
cubierta logrando que sea el niño quien se autosegregue, aduciendo: ―somos muchos; soy una
carga; mi mamá o mi papá no tienen plata, no me pueden mantener, tengo que ayudar a mis her-
manitos...‖; y termina siendo uno de nuestros chicos de la calle con posibilidades de ingresar al
sistema de menores, al de la droga o de la delincuencia. Los padres se liberan de esta manera del
niño, y a su vez reciben ayuda de él derivándole su responsabilidad de adultos, asumiéndose co-
mo inocentes víctimas, e instando al hijo a culpabilizarse por haber nacido.
   Cuando sustituímos sus desdichados amores, su hogar por otro, probablemente estemos
mostrándole que hay personas que sí pueden quererlo, que sí lo necesitan y que se harán cargo
de su infancia; que podrá ser niño por fin.
   Cuando lo ayudemos a elaborar terapéuticamente su pasado y presente, a encontrar respues-
tas, tal vez comience a vivirse como digno de ser querido y deseado por otros adultos o pares
significativos.
    Si a ese bebé/niño/joven no lo alimentamos de amor, no tendrá ―comida‖ ni ―reservas‖ para sus
hijos; carecerá de ellas y los hará carenciables.
    Sólo cuando interprete profundamente que los mayores lo abandonaron, no porque sea él un
ser desechable y despreciable, sino porque los que tuvieron la responsabilidad de cuidarlo, no
pudieron o no quisieron cumplir con su misión, sabrá que es inocente. Y su libertad luego (en el
caso de la internación) no será ―libertad después de la prisión‖, sino ―el retorno del amparo real de
su desvalimiento‖.
   Según E. P. Rivière, los principios básicos de todo grupo humano —las instituciones lo son—
requieren de la pertenencia, cooperación y pertinencia al mismo, dentro de una situación de tarea.
   Proteger al niño desolado en sus necesidades básicas y prepararle un futuro en salud mental,
han de responder a las tres instancias del trabajo grupal que este autor postula: ―pre-tarea, tarea y
proyecto‖, incluyendo en los propósitos de tarea la ―elaboración de la situación patogénica y de la
consecuente perturbación de la lectura de la realidad‖.
    Respecto de la salud mental y relacionando sus términos con los aspectos cultural y laboral, el
mismo autor nos dice que: ―...es del ámbito estudiantil de donde saldrán los futuros dirigentes en
los distintos niveles de la estructura social‖.
    El niño bajo tutela del Estado —reemplazante o depositario social de la responsabilidad familiar
nula o carente— ha de acceder a través de él a la búsqueda de una identidad propia; ha de lograr
un ideal del yo como ―proyecto futuro posible‖; ha de integrar un grupo de pertenencia satisfacto-
rio; ha de elaborar el duelo de sus primeros abandonos a través de un tratamiento psicológico
continuo y adecuado; ha de capacitarse cultural y laboralmente para su egreso; y ha de mantener
sus lazos afectivos una vez superada la internación.
    Si retomamos la dicotomía internación Vs. no internación, encontraremos la contracara en las
modalidades opcionales a la exclusión del niño. La que representa cabalmente al sistema preven-
tivo es la de los Centros de Acción Familiar. Por supuesto que también atienden situaciones de
riesgo, pero al estar ubicadas estratégicamente en barrios carenciados, la familia llega general-
mente ―antes de ...‖.
    Por supuesto que también los recursos les son escatimados periódicamente, según las políti-
cas nacionales o de quienes detenten el poder sobre la Institución de los menores. Si bien estos
Centros logran en muchos casos que los chicos adquieran un oficio, no están reglados con la con-
signa de que además de lograrlo deben instarlos y favorecer el cumplimiento, ―por orden del Esta-
do‖, de la escolaridad secundaria. A modo de ejemplo, vemos que Sarmiento pregonaba la educa-
ción como progreso, y Carlos Pellegrini la preparación del joven para producir. Esa diferencia sus-

                                                 80
tancial perdura en la actualidad pese a los avances en cuanto a desarrollo y difusión de la infor-
mación en todo el país. Es una cuestión de ideas y de derechos proclamados en casi todos los
pactos y convenciones internacionales ratificados por nuestro país bajo Leyes de la Nación, que
Argentina reniega de ejecutar.
   Es nuestra sociedad, la que coloca a un 22% de su población en estado de carencia o con sus
necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.), es decir, en estado de miseria y pobreza. Esa cifra
involucra a los hijos de ese porcentaje que no han de acceder a una adecuada alimentación, vi-
vienda, vestido, salud, educación y estimulación social.
   A través de la ignorancia y la incultura, permitimos que esos niños y familias desconozcan otras
maneras de pensar y de expresarse, de reclamar por sus derechos. Sin una comunidad carencia-
ble, no habría tantos chicos y familiares incultos y resentidos socialmente; ¿necesitamos 27 insti-
tutos para chicos con problemas sociales, débiles mentales, menores madres, y otros, sólo en lo
que respecta a Nación?; ¿será por esto la eterna disyuntiva democracia o autoritarismo? Ante
algo que nos haga dudar, conmover, cuestionar, inclinar al cambio, vislumbrar una apertura al
mismo con flexibilidad, emoción y solidaridad profunda, siente la sociedad desestabilizar sus es-
tructuras fijas, su orden actual, y busca como solución alternativa a través de sus instituciones la
represión y el genocidio. Se suprimen la vida, las ideas, y se piden más normas sociales para que
aseguren y reaseguren esta quietud de fondo y forma.
   Nuestros niños abandonados sociales están condenados a muerte. Siempre lo estuvieron. A
una agonía lenta de sus ilusiones, de su fe, su esperanza, su deseo de confiar en la gente y refle-
jarse en una mirada húmeda. Y los van a matar como ―castigo‖ a sus reclamos encubiertos por lo
que no les damos. Necesitan robarnos y matarnos para vengarse de nuestra crueldad. Ahora son
delincuentes, y ejecutan la bronca de su padres que no han podido ―lograr‖ para darles.




     Capitulo X - Décimo Periodo de protección a la infancia
                                        (1983-1989)

                     1. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia
  El 10/12/1983 (Gobierno del Dr. R. Alfonsín), el Organismo Proteccional queda constituido co-
mo Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Desarrollo Humano y Familia - Dirección
Nacional de Protección del Menor y la Familia - Subdirección de Institutos - Subdirección Técnica -
Subdirección de Ancianidad y Dirección General de Protección al Discapacitado.


                      2. Políticas de Desarrollo Humano y Familia
   Detallo a continuación una síntesis sobre ―Políticas de Desarrollo Humano y Familia‖ dentro del
marco de las políticas del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Esto responde par-
cialmente a las cuestiones y problemas de carencialidad, vulnerabilidad, trama vincular familiar y
desviación social familiar, de los que el Gobierno ha intentado ocuparse a través de sus progra-
mas, y que forman parte de los temas más importantes que afectan a la familia en nuestro país.
   a) La Secretaría pasa a ser el principal efector del Estado en materia de Políticas de Promoción
Familiar, que hasta el momento han sido destinadas a la atención de la minoridad en situación de
riesgo social, han tenido una impronta eminentemente asistencial, y una irradiación circunscripta a
la Capital Federal. El sistema federal, unido a la ausencia de mecanismos institucionales aptos
para la formulación de políticas y generación de programas de alcance nacional, limitaron el ac-
cionar de las políticas de promoción familiar, a un sistema de asistencia técnica y financiera.
   A partir del gobierno democrático de 1983, la Secretaría pasa a tener competencia en materia
de menores, ancianos, discapacitados, mujer, juventud y familia.
   b) La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia cuenta con tres Subsecretarías: del Menor,
Discapacitados y Tercera Edad. Funciona en su ámbito la Comisión Nacional de Políticas Familia-
res y de Población, organismo de coordinación creado por decreto 2376 de 1986.
   Según los informes de esta Comisión, ―se realizan programas alternativos para la prevención
del abandono de menores, con irradiación de carácter nacional a través del régimen de subsidios,
con una cobertura total de 70.000 beneficiarios por año en coordinación con las provincias, y
                                                81
8.000 beneficiarios por año en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires: promoción de Centros
de Día para la atención de ancianos, niños y discapacitados; subsidio a las familias con miembros
discapacitados; promoción de Talleres Protegidos para discapacitados; programa de Prevención
de la Violencia Familiar desarrollado en la Subsecretaría de la Mujer, y Centro de Atención al Me-
nor Maltratado, que funciona en el Servicio de Pediatría del Hospital de Clínicas General San
Martín, dentro del ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires‖.
    Con activa participación de la Secretaría, se ha constituido la “Sociedad Argentina para la Pre-
vención del Maltrato y el Abuso Sexual”.
    c) Otros temas que motivan la preocupación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia
son:
    - La mujer sola cabeza de familia.
    - La madre soltera adolescente.
    - Los chicos de la calle.
    - Los problemas de conducta adolescente.
    Más allá del sistema institucional a cargo del sector público, hay una vasta red de instituciones
comunitarias y organizaciones no gubernamentales que cooperan en estos temas con la Secretar-
ía (ONGs).
    En el área de la Tercera Edad, se constituyó un ―Consejo Asesor sobre la Ancianidad y Pre-
vención del Envejecimiento‖, que agrupa a las principales instituciones del sector público y priva-
do.
    d) Por su parte, la Comisión de Políticas Familiares y de Población, tiene por tarea:
    - Confeccionar documentos de orientación sobre políticas.
    - Llevar a cabo talleres de trabajo sobre problemas familiares.
    - Realizar jornadas y seminarios.
    - Realizar estudios e investigaciones.
    e) La Secretaría ha actuado en el campo de la legislación familiar, promoviendo el proyecto de
ley de Patria Potestad y Filiación (ley 23.264) y los proyectos de Código del Menor, Consejo del
Menor y Fuero de Menores de la Capital Federal.
    f) Finalmente, la Secretaría participa en el área de Prevención de la ―Comisión Nacional de
Prevención del Uso Indebido de Drogas y Represión del Narcotráfico‖, poniendo un fuerte acento
en la participación familiar y comunitaria.
    Durante la gestión del Dr. De Vedia al frente de esta entidad, se puso énfasis en la no interna-
ción de los menores salvo situaciones extremas, y en el incremento de los subsidios a la familia.
    El tema de la ―infancia abandonada‖ fue encarado como problema social relevante e incumpli-
miento de un derecho: el derecho al cuidado material y moral por parte de la familia y la comuni-
dad. El incumplimiento de ésta implica, según la Lic. Olga Lopo, ―una negligencia deliberada. La
imposibilidad de cubrir esta obligación parental o social, por falta de medios o de acceso a los
mismos, plantearía una situación diferente al abandono: la de carencia o desamparo‖.
    Ambas posiciones originan estados irregulares, expresados luego en la conducta del menor y
en su difícil inserción social.
    Entonces, ―el abandono, es una de las posibles expresiones de una situación más amplia de
irregularidad social o familiar‖.


                            3. Políticas Nacionales de Familia
   La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia puso énfasis durante su gestión, en dilucidar en
profundidad las problemáticas que subyacen al abandono y al desamparo o estado de carencia de
los menores, a fin de implementar políticas públicas que lograran modificar desde los cimientos la
estructura de estas situaciones dolorosas para nuestros chicos.
   Han sido sumamente importantes los encuentros con especialistas en la materia que nos ocu-
pa, y que expondré someramente por la amplitud de sus contenidos y conclusiones:


    3.1. Inventario de Políticas Públicas relativas a la Familia. Se realizó en 1988, programado
como parte del acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el
Centro Interamericano para el Desarrollo Social (CIDES-OEA), que coincidió a la vez con una soli-
citud formulada por las Naciones Unidas, a través del Centro para el Desarrollo Social y Asuntos
Humanitarios con sede en Viena, para que Argentina respondiera a una encuesta sobre ―Políticas
Nacionales de Familia‖.


                                                 82
    En base a este requerimiento, se llegó en primer lugar a una conclusión fundamental y de
carácter general, manifestada en la dificultad que se experimenta en algunas áreas del Estado
para comprender que algunas políticas que persiguen finalidades específicas, tienen consecuen-
cias que repercuten directamente sobre la situación socio-familiar, y que en su formulación deber-
ía tenerse en cuenta su impacto sobre los grupos familiares.
    Asimismo, que en muy pocos casos han podido obtenerse datos concretos sobre las cobertu-
ras de los diversos programas de recursos humanos, técnicos y financieros, aplicados, así como
una evaluación de los resultados.
   En esta ―Encuesta sobre Políticas Nacionales de Familia‖ se precisa el concepto, incluyendo no
sólo al núcleo formado por padres e hijos, sino también a la familia constituida, sin que medie en-
tre los progenitores el vínculo conyugal.
   La actual legislación ha tratado de que los miembros de la sociedad se organicen en sus rela-
ciones familiares, por ejemplo en el caso de la ley de Patria Potestad, reformada en 1985 por la
Ley 23.264, modificatoria del Código Civil, y que adecuó las normas de la Convención de Dere-
chos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, ley 23.064). Se define así a la Patria Potestad
como ―el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y
bienes de sus hijos, para su protección y formación integral desde la concepción de éstos y mien-
tras sean menores de edad y no se hayan emancipado‖; según lo establecido en el artículo 264 se
ha logrado un importante avance al igualar a los cónyuges en la representación de sus hijos y en
las obligaciones hacia los mismos.
   Esta ley, modificada por la 23.515 en junio de 1987, dispone que la edad mínima para contraer
enlace es de 18 años para el hombre y de 16 para la mujer, y legisla sobre la separación personal
(art. 201 del Código Civil) y divorcio vincular (art. 214).
   Estas últimas reformas han traído cambios en el concepto de familia desde lo jurídico, recono-
ciendo entidad al concubinato; y desde lo previsional, al incluir al concubino en la obra social, ad-
judicándole además el derecho a la percepción de la jubilación al fallecimiento del titular.
   La legislación Argentina reconoce efectos jurídicos tanto al matrimonio legal como a las unio-
nes de hecho, consagrando el principio de la igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera
del matrimonio. Aunque existe preocupación en materia de régimen legal de adopción, tribunales
de familia, código de familia y menores.
   En cuanto a la Seguridad Social, encontramos normas sobre salario familiar, bien de familia,
pensiones familiares, subsidios por matrimonio, fallecimiento y adopción, subvenciones por hijos o
padres discapacitados, entre otras.
   Aun así, pueden identificarse cuestiones importantes que afectan a las familias de nuestro país,
como la carencialidad, vulnerabilidad o riesgo, trama vincular familiar y desviación social familiar.
    Las cuestiones más importantes en la temática familiar son: seguridad social, calidad de vida,
políticas de familia y población, políticas familiares, tribunales de familia, legislación familiar, fami-
lia y educación, familia y medios de comunicación, familia y hábitat, formación de recursos huma-
nos y mejoramiento de condiciones de vida cotidiana (servicios, transportes, y otros). Pero funda-
mentalmente, existen problemas o preocupaciones que afectan a cada miembro de la familia que
guardan relación con el bienestar de la misma y que repercuten de manera particularmente impor-
tante: por ejemplo, proceso de envejecimiento, dificultades o carencias en la solidaridad intergene-
racional, o en las relaciones entre padres e hijos, conflictos de pareja, inestabilidad vincular, alco-
holismo y drogadicción, problemas de conducta adolescente, maltrato infantil, mujer golpeada,
machismo, madre soltera adolescente, mujer sola cabeza de familia numerosa, identidad familiar
(convivencia de hijos de distintas uniones, adopciones, y otras).
  Argentina reconoció los ―Derechos de la Familia‖ en la reforma constitucional de 1949 con una
amplia formulación que se extiende a los derechos del niño y de los ancianos.
   En 1957 la Convención Constituyente de facto anula tales reformas, pero incluye en el artículo
14 bis, como deber del Estado, ―la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia,
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna‖.
   En 1984, por decisión conjunta de ambas Cámaras del Congreso, pasa a ser ley de la Nación
(23.054) el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, que en su artículo 17 establece: ―la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado; se reconoce el derecho del hombre y
de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia; igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio en caso de disolución
del mismo; frente a esta circunstancia se asegurará la protección necesaria de los hijos e iguales
derechos a los nacidos fuera del matrimonio como dentro del mismo‖.
   El artículo 19 establece asimismo que: ―todo niño tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el Estado‖.

                                                   83
    El 2 de octubre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín señalaba al país: ―La promoción familiar,
implica el desarrollo de acciones de gobierno en lo social, lo educativo y lo cultural, que la preser-
ven protegiéndola de las consecuencias perjudiciales de la crisis socioeconómica, para su estabi-
lidad y la realización de sus fines en la formación y atención de los hijos, así como del impacto que
puedan tener sobre ella los procesos de cambio y las condiciones de vida en una sociedad urba-
no-industrial...
    ...La atención de la familia en conflicto, y de la familia en crisis; la promoción humana de la ma-
dre soltera y de la mujer sola cabeza de familia, así como la creación de recursos asistenciales
para asegurar la atención de los niños de las familias que trabajen, asume una prioridad funda-
mental. Como también el desarrollo de medidas de seguridad social que respalden a la familia
numerosa y promuevan una revalorización, en general, del salario familiar...
    ...la protección social a las familias con miembros discapacitados definen también el objetivo de
la política social que propugnamos...‖.
    El Dr. Alfonsín finaliza diciendo: ―En síntesis, la nueva concepción de la política social, requiere
una decidida acción de conjunto de la sociedad y el Estado, para asegurar el fortalecimiento y el
desarrollo de la familia, el acceso igualitario a la calidad de vida y la eliminación de disigualdades,
discriminaciones y perjuicios, que generan situaciones sociales de abandono, carencia y margina-
lidad‖.

   3.2. Planificación Familiar. Tradicionalmente, la postura oficial, presionada y/o avalada por la
postura de la religión —también oficial—, fue de abstención respecto del tema, acompañada por la
existencia de normas que establecían la prohibición absoluta de brindar información, lo cual de-
terminó la ausencia de servicios específicos en el sector público.
   La planificación familiar se entendía como un recurso al control de la natalidad que contravenía
posturas éticas, políticas y religiosas, alentadas por la comunidad argentina.
   Fue con el advenimiento del gobierno democrático que la Secretaría de Desarrollo Humano y
Familia, juntamente con la Secretaría de Salud, alentaron reuniones con especialistas que plan-
tearon la necesidad de avanzar en la formulación de políticas de planificación familiar. Finalmente,
el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 2274/86, que establece la competencia conjunta de
las dos Secretarías en la ejecución de estas políticas que, pese al decreto sancionado han sufrido
postergaciones como consecuencia de debates sobre el tema, reveladores de carencia de acuer-
dos de fondo que comprendan al conjunto de la sociedad.
   Lo mismo sucede respecto de lo relacionado con las políticas sobre Educación Sexual, donde
no existe un programa nacional de significación sobre el tema, tanto a nivel comunal como de
educación.

   3.3. Primer Seminario Nacional sobre “Familia y Políticas Sociales”. Los días 24, 25 y 26
de agosto de 1988, se realizó este Seminario que forma también parte del Acuerdo de Coopera-
ción entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Centro Interamericano para el Desa-
rrollo Social (CIDES-OEA).
   Estas Jornadas posibilitaron el intercambio entre responsables de Programas de Promoción
Familiar del Gobierno Nacional, Provincias y Municipios; miembros del Comité Asesor de la Comi-
sión Nacional de Políticas Familiares y de Población, y representantes de Centros de Estudios e
Investigación.
   La reflexión conjunta con metodología de taller sobre diversos aspectos de la problemática fa-
miliar, llevó a algunas definiciones comunes sobre la tipología de la estructura familiar.
   Se abordaron las problemáticas específicas sobre educación, trabajo y salud, e interacción en-
tre familia y demografía; asimismo, se describieron los enfoques y políticas actuales en las áreas
de menores, discapacitados y tercera edad en relación con la familia.
   Se resolvió profundizar sobre el análisis de los temas planteados, en una segunda sesión a
realizarse los días 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Neuquén.

   3.4. Segundo Seminario Nacional sobre “Familia y Políticas Sociales” (24 y 25/11/1988).
Nuevamente se trabajó bajo el sistema de talleres en base a un documento-guía.
   Los temas se dividieron en cuatro grupos: a) tipología social familiar; b) familia y calidad de vi-
da; c) trama vincular familiar, y d) planificación familiar.

    a) Grupo I: Tipología social familiar. Parte del análisis trata de una pluralidad de formas de fami-
lia: nuclear, extensa, de hecho; donde coexisten hijos de distintas uniones; aborigen, monoparen-
tal y adoptiva. Estas modalidades familiares asumen un carácter complejo, con roles determina-
dos, crisis y valores intrínsecos.


                                                  84
   Cada integrante de la familia posee una indentidad que puede verse afectada por diversas si-
tuaciones: abandono, desprotección afectiva, sustitución de identidad, y otros problemas conflicti-
vos como la naturaleza de las relaciones entre padres e hijos, convivencia de miembros de distin-
tas uniones, adopción (mal canalizada), prolongada institucionalización, entre otros.
   La familia cumple un ciclo vital, acompañado de crisis vitales que se resuelven de modo normal
o patológico según el desarrollo de la funciones y roles dentro del grupo familiar. Puede definirse
así la estructura familiar como democrática, abierta y coparticipada, o bien como autoritaria, verti-
cal y adialógica.
   En las conclusiones, este grupo planteó que ―la familia se encuentra en una etapa de transición
entre un modelo tradicional y un nuevo modelo de familia, con una mayor toma de posiciones,
mayor aceptación del intercambio de roles, coparticipación conyugal y revalorización del rol de los
abuelos en el medio familiar; y señaló como grupos de riesgo a las familias de inmigrantes tempo-
ralmente desvinculadas con posibilidad de desintegración; a la mujer sola cabeza de familia; a la
maternidad precoz, y a las familias de trabajadores golondrinas.
   En cuanto a la familia reconstituida, tiende a vivirse la función paterna como no sustitutiva del
vínculo biológico. Respecto de la monoparental, se señaló la necesidad de trabajar con la autoes-
tima de la madre sola, y de que los agentes sociales la valoren como familia.
   Respecto de la identidad, el grupo se detuvo en el análisis de las consecuencias de la institu-
cionalización de menores, como la insuficiente identificación con figuras adultas por el excesivo
número y cambio de éstas: ―de ahí la necesidad de favorecer la personalización, avanzar en/o
hacia formas participativas, y desarrollar valores similares a los que se aspira para la familia‖.
   En lo referente a las etapas vitales, este grupo sugiere atender mayormente a las de la adoles-
cencia y ancianidad como especialmente vulnerables al cambio social.

    b) Grupo II: Familia y calidad de vida. El concepto de calidad de vida no es fácilmente aborda-
ble. Incluye las llamadas ―necesidades sociales básicas‖, cuya insatisfacción coloca al grupo fami-
liar en ―situación de pobreza‖, y que en nuestro país se denominan como ―hogares con sus nece-
sidades básicas insatisfechas‖. Esta situación determina un primer nivel de vulnerabilidad o riesgo
social llamado ―carencialidad‖.
    En un segundo plano de necesidad se encuentran los satisfactores vinculados con el acceso a
determinadas prestaciones sociales: obras sociales, estabilidad en el empleo, seguridad social y
otras, que preservan a los grupos familiares de determinadas contingencias.
    Y en un tercer plano se encuentran los satisfactores que hacen a lo social y a lo psicosocial, y
que coinciden con los estándares de deseabilidad a nivel comunitario: infraestructura de servicios,
calidad en las prestaciones de salud, educación y servicios públicos; acceso a la cultura y a la
recreación, como a otros ítems.
    El concepto de vulnerabilidad o riesgo, incluye la situación de pobreza, y permite extenderlo
hacia otras formas de deterioro, crisis o conflicto de los grupos familiares como por ejemplo, la
drogadependencia, el alcoholismo y la violencia doméstica, que no necesariamente guardan co-
rrespondencia con indicadores sociales de pobreza.
    Por lo tanto, en la caracterización de las políticas de familia, es necesario tener en cuenta a los
grupos familiares de alto riesgo, y a otras situaciones de vulnerabilidad que afectan a sus miem-
bros: mujer sola cabeza de familia, madre adolescente, minoridad abandonada, niños “de” y “en”
la calle, familias marginadas urbanas, familias campesinas y aborígenes, los migrantes, ancianos
privados del medio familiar y familias con miembros discapacitados.
    La familia debe ser particularmente protegida por el Estado en el marco de las políticas públi-
cas, como agente primario en la prevención de la drogadependencia y el alcoholismo, que son
favorecedores de cuadros de violencia, abandono, maltrato, desintegración familiar y desviación
social.
    Este grupo de trabajo en sus conclusiones, sostiene que es necesaria y efectiva la participación
de las familias y la comunidad en la formulación y ejecución de las políticas familiares, tema vincu-
lado a la democratización de las relaciones sociales y a la descentralización, priorizando así el
trabajo a nivel local y de base.

   c) Grupo III: Trama vincular familiar. En relación con este tema, y tomando a la familia como un
sistema de vínculos y relaciones, vemos que predominan situaciones que requieren una conside-
ración en particular, como lo son las de la familia migrante, el desarraigo, la problemática del
abandono, el maltrato y la violencia; la familia que afronta situaciones límites, los miembros con
discapacidad; la desaparición repentina de un integrante; catástrofes y cambios ambientales,
adicciones y desviación social.



                                                  85
    Estas determinan la necesidad de desarrollar en forma sistemática, recursos y programas pre-
ventivos y asistenciales que cooperen en la superación de los diversos estados de vulnerabilidad,
riesgo social y crisis vitales que acompañan la vida familiar.
    La orientación familiar se determina por las acciones que el Estado o la sociedad desarrollan
para acompañar profesionalmente estas crisis vitales, a través de técnicas de terapia familiar, psi-
copedagógicas, de salud mental, de comunicación, o de servicios de carácter educativo o asisten-
cial, con recursos que van desde los jardines maternales y las madres cuidadoras de niños, a los
centros de acción y orientación familiar.
    A modo de conclusión, el grupo afirma que mediante la acción mancomunada de los servicios
de salud, educación y promoción social, unido a los específicos del campo de la minoridad y fami-
lia, sería más eficiente que la atención se brinde a los grupos familiares en riesgo, para que así
tanto la escuela, las obras sociales como el hospital público, tengan la posibilidad de tomar a las
familias como eje de una acción integral.

    d) Grupo IV: Planificación familiar y educación sexual. Toma la planificación familiar o procrea-
ción responsable, como ―un derecho básico familiar y una responsabilidad insoslayable de la so-
ciedad democrática, hacia quienes, por dificultades económicas, han carecido de la posibilidad de
contar con la información y la asistencia adecuadas‖. Considera también ―el derecho inalienable
de la pareja humana a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos deseados y
el plazo intergenésico‖.
    Como ya mencioné, en 1986 el Poder Ejecutivo dicta el decreto 2274, con el fin de que el Mi-
nisterio de Salud y Acción Social a través de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Humano y
Familia, ―realicen tareas de difusión y asesoramiento necesarias para que el derecho a decidir
acerca de su reproducción, pueda ser ejercitado por la población con creciente libertad y respon-
sabilidad‖.
    Cabe resaltar que nuestra Constitución incluye el ―derecho a la educación‖, por lo que el Estado
debe asegurar a la población, especialmente a la de más bajos recursos, el acceso a una informa-
ción actualizada lo más completa posible sobre sexualidad, para el mejor cuidado de la salud y el
ejercicio responsable de la reproducción.
    Este grupo hace mención sobre la definición de Salud Sexual dada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS 1974): como ―integración de los aspectos somáticos, afectivos, intelectuales y
sociales del ser sexuado. De modo tal que de ella derive el enriquecimiento y el desarrollo de la
personalidad humana, la comunicación y el amor‖.
    Asimismo, sostiene que la tarea de planificación familiar y educación sexual se aborde dentro
del marco de un equipo interdisciplinario, y que las leyes que se dicten al respecto deben tener en
cuenta los principios morales y la actualización de los métodos desarrollados por la ciencia médi-
ca. También en las Recomendaciones, considera este grupo a los métodos de planificación fami-
liar como un instrumento privilegiado de defensa de la salud de las madres y de los hijos; de pre-
vención del aborto y de defensa de la salud y calidad de vida de la familia; que la misma debe ser
gratuita, estar al alcance de todos los ciudadanos, y que no vulnere el derecho de los padres a dar
una adecuada educación sexual a los hijos, por ser sus primeros instructores; pero sí, que sea el
Estado el que complete esa primera información sexual; que no deben ocultarse los inconvenien-
tes y dificultades inherentes a los diversos métodos de planificación familiar, y que se debe garan-
tizar esta educación a través de la escuela, de las organizaciones sanitarias y de los medios de
comunicación social, con una cobertura progresiva del territorio nacional, sujetos a la obligación
del secreto profesional, y con asesores en planificación familiar y educación sexual con la prepa-
ración adecuada.

   3.5. La Familia Migrante en la Ciudad de Mar del Plata. Taller de trabajo realizado en esa lo-
calidad los días 18 y 19 de noviembre de 1988, por la Comisión Nacional de Políticas Familiares y
de Población.
   Los objetivos de este Taller aludieron a la necesidad de analizar las consecuencias del impacto
migratorio considerado el más elevado del país para una ciudad, y particularmente a la calidad de
vida familiar; a que se debe encarar el diseño de futuros trabajos de investigación sobre la pro-
blemática migratoria, así como proyectos de investigación y formulación de respuestas políticas
concretas.
   Se señaló la probable incidencia de las migraciones debido a una diversidad de situaciones de
alto riesgo social, tales como: abandono de menores, carencialidad, subocupación, prevalencia de
enfermedades de transmisión sexual, maternidad adolescente y uso indebido de drogas.
   La mayoría de los integrantes de esta migración provienen de familias de trabajadores no califi-
cados de las provincias del nordeste, los cuales mantienen fuertes vínculos con sus coterráneos
sin integrarse con el resto de la población. El incremento demográfico sobre los servicios educati-
vos, indican un alto ingreso de familias jóvenes con hijos en edad escolar.
                                                 86
   Se puso además de relieve la importancia que ha adquirido la economía informal y el cuenta-
propismo.
   Se sugirió, por tanto, analizar los factores de expulsión que determinan el surgimiento de la vo-
luntad migratoria hacia polos de atracción de población significativos.


                4. Cuestiones actuales de familia - Violencia familiar
    En 1989, la Comisión Nacional de Políticas Familiares y de Población de la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Familia, presentó el texto denominado ―Cuestiones Actuales de Familia‖ con la
cooperación del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Social (CIDES - OEA), en el que las
problemáticas familiares son abordadas a partir de lo elaborado por grupos técnicos de asesora-
miento, jornadas y otros eventos específicos.
    Incluido en el mencionado trabajo, se encuentra la transcripción del Taller sobre ―Violencia y
Maltrato Familiar‖ aportado por la Dra. Diana Becher de Goldberg, intitulado ―Centro Integral para
niños y adolescentes maltratados”, información valiosísima que nos introduce en un submundo
tenebroso, cuyos orígenes se pueden vislumbrar tanto atendiendo a los factores culturales inter e
intrageneracionales y a los resultados de las injusticias sociales, como a las implicancias de la
formación de la personalidad humana, cuyas manifestaciones más visibles se traducen en hechos
de violencia que repercuten a su vez en ―sus seres más queridos‖ y en la comunidad toda.
    Ese submundo aflora como una ciudad olvidada en la que sus habitantes han estado sumergi-
dos, y han convivido con el temor, el dolor, la inmovilidad y el ―secreto‖.
    Así como el inconsciente se hace visible a través del síntoma, se va develando también lo ines-
crutable: que el castigo no es tal sino violencia, y que el abuso no es sólo abuso, sino delito. Am-
bas categorizaciones son tomadas por primera vez en cuenta a nivel legislativo defendiendo los
derechos del niño a no sufrir dolor físico ni psíquico de manera innecesaria, y también esclare-
ciendo a la población de que gran cantidad de padres han vivido idénticas situaciones en su infan-
cia, que trasponen o hacen padecer a su propia descendencia, y que pese a su antiguo sufrimien-
to, o debido al mismo, reiteran sus historias quebrando y vulnerando en forma compulsiva a los
niños, y por ende a las normas legales.
    El Taller sobre ―Tribunales de Familia‖ del mismo trabajo, concluye que ―Resulta fundamental la
creación de Tribunales de familia, donde el Juez interviene como director de un equipo de trabajo
interdisciplinario...‖ debiendo modificar el criterio de justicia, para pasar a un modelo donde la de-
tección de una situación de riesgo para el niño y la consiguiente acción protectora, sea el objetivo
básico de su accionar. Asimismo aclara que ―Todos los integrantes del órgano Judicial deben ne-
cesariamente tener una especialización sobre la problemática familiar, y conocer los niveles de
recursos que la comunidad ofrece. Debe sumársele la celeridad y la inmediación para lo cual es
fundamental la creación de los Juzgados suficientes‖.
    La revisión de la política judicial también requieren de la celeridad e inmediatez necesarias para
atender las urgencias de violencia infantil y familiar que el Dr. Jorge Corsi denomina ―Los malos
tratos pueden matar‖. Asevera que ―alrededor del 50% de las familias de una comunidad se hallan
afectadas a alguna de sus formas‖. Y que la sociedad permite como ―normales‖ una interminable
lista de atrocidades en nombre de la disciplina y el respeto, asistiendo perpleja ante los extremos
del horror a los que pueden llegar el abuso de los padres sobre los hijos ―...la señal de alarma per-
siste por una semana, tal vez dos, pero luego todo vuelve a la naturalidad del maltrato tolerado,
aquel que no aparece en los diarios ni en los noticieros de la televisión‖.
    Irónicamente agrega: ―los niños y las niñas deben aprender a soportar las injusticias que se
cometen en su contra, deben asumir que la culpa es de ellos/ellas, y deben agradecer a quienes
les pegan o humillan, ya que lo hacen pensando en su propio bien‖. Pero, ¿quién le pone límites al
autoritarismo y a la arbitrariedad de los adultos? (Clarín, 26/6/1995).

   4.1. Centro de Atención Integral para Niños y Adolescentes maltratados (Diana Becher de
Goldberg). ―En 1974/75 en nuestro país surgió la preocupación por un tipo de problema para el
cual yo era particularmente sensible por mis tareas como Jefe de Psicopatología en el Hospital de
Niños (Ricardo Gutiérrez), al cual llegaban a menudo situaciones como las de los chicos maltrata-
dos. Mi interés se centró en el estudio de las familias de estos niños convirtiéndome en la primer
psicoanalista que se ocupó de estos temas en mi país.
   Como se trata de una problemática con implicaciones morales y punitivo-delictuales, me en-
contré con todas las dificultades que tienen los pioneros. Mis investigaciones tomaron progresiva
repercusión, hasta alcanzar un nivel de importancia como el que actualmente tiene, ya que hoy
existe un área en particular dedicada al tema.
   Todos los profesionales aquí reunidos, sabemos que se trata de un síndrome que, aunque muy
antiguo, es rescatado de la historia cada vez que nos consulta una familia maltratadora.

                                                 87
    Pero, también sabemos que hay más conciencia de detección de estos casos y más posibilida-
des de controlar el daño.
    Respecto de la cuantificación, en nuestra realidad todo está por hacerse; sin embargo, la com-
probación fáctica de las personas que trabajan en el tema, su repercusión sobre la opinión públi-
ca, la comprobación de que el ser humano puede convertirse en agresor de sí mismo y de sus
hijos, llevó a las autoridades sanitarias a decidir la inclusión de un Programa de Prevención Prima-
ria del Maltrato Infantil, elaborado por mí, en los planes de Salud Mental de la Municipalidad.
   El Primer Seminario Interdisciplinario sobre el tema, fue realizado en el año 1982, organizado
en el Hospital de Niños por la Dirección del Hospital y el Servicio de Psicopatología, una de cuyas
conclusiones fue la necesidad de crear un Centro Piloto de Violencia Familiar.
  Este Centro es el que actualmente dirijo. Funciona en el C.S.M. Nº 3 y en el Hospital de Niños
Pedro Elizalde, donde se lleva a cabo el proyecto mencionado.
    La tarea de nuestro Centro está centrada fundamentalmente en la familia como institución natu-
ral de la sociedad, donde se produce la humanización del niño.
  A partir de allí, la presentación en seminarios, jornadas, congresos, artículos periodísticos y
medios masivos de comunicación, permitió la amplia difusión del tema.
  Me referiré ahora al perfil psicológico de los padres abusadores.
   Comunmente la edad de los causantes es inferior a 30 años y conviven en el mismo hogar pe-
ro, en medio de una manifiesta discordia psicoemocional.
   La mayoría de estos padres fueron criados del mismo modo, estuvieran o no sometidos a cas-
tigos físicos en su niñez, han sido agobiados por la desaprobación de sus propios padres.
    Es habitual que desconozcan las características básicas del desarrollo del niño y tengan un
equívoco concepto del significado correctivo del castigo corporal. Carecen de la capacidad de con-
trolar la conducta de sus hijos de un modo no violento y no tienen la capacidad para interactuar
positiva y atentamente con un niño en situaciones cotidianas.
    La psicodinámica del cuadro está basada en una especial disposición del progenitor, quien
crea una pauta de interacción en la que los maltratos tienden a producirse. No existe una categor-
ía común de diagnóstico psiquiátrico para clasificar a los padres apaleadores.
    Son raras las sociopatías genuinas y a veces se observan estados psicóticos, esquizofrénicos
o depresivos. Más comunes son las psiconeurosis y las perturbaciones de carácter. Las variables
de personalidad que con mayor frecuencia se atribuyen a padres abusivos, incluyen un pobre con-
trol de los impulsos, baja tolerancia a la frustración y dificultades para expresar adecuadamente la
ira; pobre autoestima, sentimiento de insuficiencia, inmadurez emocional y un estilo de personali-
dad rígida e inflexible.
   Hay poca evidencia empírica que apoye la existencia de un tipo claro de personalidad abusivo
y como consecuencia, no parece posible predecir si un individuo es un abusador basándose so-
lamente en las características de su personalidad.
   En la actitud del abusador hacia los bebés, es básica la convicción en parte inconsciente, de
que los hijos existen para satisfacer las necesidades de los padres. Los niños paqueños que no lo
hagan, deben ser castigados físicamente. La exigencia es desmedida en relación con la edad del
niño; por supuesto se desconoce su desamparo, sus necesidades, sus deseos y su capacidad
evolutiva para responder en la forma esperada por el progenitor. Es el fenómeno de ―inversión de
roles‖. El padre incapaz de sentir confianza, vive aislado y mira hacia el niño en una última y des-
esperada tentativa de recibir ayuda.
    Es así como se produce la inversión de roles y cuando esta inversión se quiebra porque el niño
llora, el padre frustrado descarga su agresión en él.
   Es probable que todos los progenitores tengan la necesidad de que el bebé les responda com-
pensatoriamente. La psicoanalista Therese Benedek ha descripto la interacción de recompensa
recíproca entre madre e hijo en que cada uno satisface de manera adecuada las necesidades y
expectativas del otro.
   Inmaduros y dependientes, anhelan ser amados y comprendidos. Los acosa un profundo sen-
timiento de inferioridad y una incapacidad de confiar en que alguien los pueda amar, comprender y
asistir realmente. Su honda convicción de ser desvalidos se oculta tras la proclamada virtuosidad
de sus ideas y sus afirmaciones del derecho a vivir sin que nadie se inmiscuya en sus vidas.
   Como todos los niños, buscaban en la madre comprensión y cariño. Nada de eso hallan, por lo
cual caen en el desengaño, la desilusión y la disminución de la autoestima; de ahí su ira, que no
pueden expresar directamente hacia los padres sin sentir la amenaza hasta un grado insoportable.
   Existe una falta de percepción real del niño por parte de sus padres. Se lo aprecia como ―malo‖.
El padre apaleador considera a su hijo como una re-edición del ―sí mismo malo‖ de su propia in-
fancia.
                                                88
    Esta misma transferencia colorea los demás vínculos del progenitor. Cuando necesita ser con-
solado, recurre a su identificación con sus propios padres y espera que un niño lo asista.
    Los tempranos datos históricos de nuestros pacientes, indican que se vieron privados del sen-
timiento de mothering (cualidad materna). Los aspectos más mecánicos del cuidado son bien des-
empeñados, pero, hay un déficit en la interacción afectiva con el bebé y en la empática percepción
de sus sentimientos y aptitudes.
    Contrariamente a lo que se pudiera esperar, el niño maltratado desarrolla una intensa unión
con sus padres y ellos hacia él. Esto confunde el diagnóstico, ya que el interés demostrado por
estos padres hacia el niño parece negar el maltrato. La cualidad de esta unión complica el trata-
miento, porque el padre apaleador se opone intensamente a que le quiten la custodia de su hijo;
quiere que se lo curen; y en su casa se repite el apaleo.
    Estas fluctuaciones son índice de su ambivalencia y su incapacidad de contener las emociones
por las cuales son manejados. La ausencia del niño hace que lo quieran, pero su presencia es
más de lo que pueden tolerar.
    Hay un núcleo psicopatológico esencial en el acto de la violencia física que distingue a este
síndrome. Consiste en la capacidad parental de proyectar percepciones distorsionadas sobre sus
hijos y responder impulsivamente de acuerdo con sus propias percepciones ilusas o erróneas.
    La falta de seguridad que muestran estos padres, hace suponer que no desean auxilio o son
inasequibles a toda intervención terapéutica. Lo cierto es que exigen un cabal conocimiento de la
dinámica psicológica por parte de profesionales de mucha experiencia.
    Además de este vínculo deficitario con la madre, es importante resaltar un déficit en el vínculo
con el padre, que no permite al niño construir una estructura superyoica protectora por un lado y
dadora de normas comunes por otro. El yo infantil se apega a la ilusión de un padre que habrá de
resolver aquellos problemas que el niño no puede enfrentar. La decepción de esta ilusión culmina
en un afán de venganza que se expresa en un estallido de furia cada vez que la realidad plantea
un problema. Esta conducta es característica del padre apaleador, depende de un doble déficit:
déficit de la función nutricia y déficit de la función educadora ligada a la autoridad, funciones relati-
vamente independientes del sexo de los progenitores.
    En los tratamientos familiares observamos que las principales características de las relaciones
de sus integrantes entre sí y con el medio son:
    1. Existe un vínculo desafiante contra las normas. Poseen otro código basado en el afán de
venganza de alguno de sus miembros, que hace de líder y no es rectificado por los otros, que sus-
tituyen la crítica por una identificación cómplice. Este vínculo es expresión de una relación de de-
cepción con respecto a sus propios progenitores, a quienes reprochan no haber sido escuchados
como niños y tratados injustamente. Es un desafío desde la pasividad.
    Este sentimiento se contrapone a toda posible admisión de una legalidad que los hermane.
Ellos hacen justicia por su propia mano, transforman lo pasivo en activo, por sentirse humillados y
avergonzados. El temor al escándalo no los frena y sus asuntos toman estado público. Es como si
se dijeran: ―Después de esto van a decir que soy una hija de mala madre y van a tener razón por-
que insulto a mis padres y mi apellido‖.
    Una conquista espiritual de la humanidad es privilegiar el pensar por sobre el percibir. Se perci-
be que el bebé nace de la madre pero, la participación del padre se infiere. Como forma de osten-
tar esa conquista del pensar, cada cual se da a sí mismo el apellido del padre, que pasa a ser un
símbolo del pensar. El apellido del padre es una posición intrapsíquica excéntrica al yo. Y desde
allí llegan respuestas. Esos pacientes se oponen al pensar. En el momento en que debe aparecer
el pensamiento ligado a la palabra paterna, es reemplazado por la acción.
    Este reemplazo es producto de un cambio en la defensa, de la pasividad a la actividad y de un
modo de funcionamiento: el hijo como posesión.
    2. El padre (en esta pareja) tiende a sustituir un pensar insoportable (que implica realizar un
duelo con respecto a su propio padre por actos violentos), ataca en el hijo las evidencias que éste
le da de su imposibilidad de ser padre. Exige que su hijo mediante la obediencia sostenga su ima-
gen paterna que sabe que no tiene. Conjeturamos que ataca en sí mismo el juicio de que su padre
lo desampara.
   3. La madre se identifica con la violencia paterna, en lugar de rectificarla. Fue criada en un
vínculo de desamparo y da por supuesto que la realidad le debe algo, que obtiene reivindicatoria-
mente a través del padre. De este modo soborna y corrompe su propio juicio crítico acerca del
modo de ejercer la paternidad y la maternidad. Satisface así sus celos y su envidia y su sentimien-
to de culpa.
   Este miembro de la pareja es el portavoz activo, el otro induce desde la pasividad.
   4. El hijo maltratado, si bien por momentos se revela por la violencia sufrida, en otros momen-
tos permite ser objeto del sadismo, en parte por identificación con su agresor, en parte por culpa
de desear la muerte de su madre o padre, ya que ellos lo abandonan.
                                                   89
  Técnicas de abordaje en el Centro de Violencia Familiar
    El niño agredido es traído por sus propios padres. Otros casos, generalmente menos graves,
llegan a los consultorios externos. Otros, es necesario ir a buscarlos con el auxilio de la autoridad
pública. En estos casos no contamos con un encuadre jurídico ni grupos de rescate y por lo tanto
probamos técnicas no tradicionales para poder llegar a estas familias. Otros niños provienen de
hospitales, de escuelas, de la denuncia de vecinos o directamente enviados por el juez.
  Si el niño es menor de 3 años, se lo trata de internar en un Hospital de Niños cualquiera que
sea la gravedad del traumatismo.
    La evaluación diagnóstica se basa en una historia clínica tipo: exámen físico, fotografía de las
lesiones, exámenes de laboratorio y radiografías características. Se realizan entrevistas psiquiátri-
cas en las que se estudia el potencial de maltrato de los padres. El diagnóstico psicológico del
niño con la técnica de la hora de juego. Se estudia la crisis familiar y el nivel social. Después se
efectúa una reunión de los profesionales que intervinieron en el estudio, para la confimación dia-
gnóstica, que se obtiene mediante varios ítems:
    1) de la confirmación de los signos y síntomas observados;
    2) de la frecuente asociación de hematomas subdurales con fracturas de huesos largos. Pero,
además deber estar presentes los siguientes indicadores:
    1. potencial de maltrato de los padres estudiando la psicodinamia de la entrevista familiar;
    2. un niño que es visto como diferente o que es diferente; y
    3. una crisis familiar en personalidades frágiles.
    Si no es un niño apaleado, se lo da de alta. Si se confirma el diagnóstico del apaleo, se deter-
mina la estrategia terapéutica y el Centro de Referencia puede elevar la denuncia a los jueces con
fuero del menor y/o a los organismos proteccionales del menor.
    Se determina entonces el grado de riesgo, diferenciando familias de alto, mediano y bajo ries-
go, según estándares establecidos en el Proyecto de Atención Integral de Niños y Adolescentes
Maltratados.
    Esta escala está hecha sobre los siguientes factores, con variables identificadas: la macrova-
riable social, en función de los ingresos (N.B.I.) y la macrovariable psicológica independiente de lo
económico, más ligada a lo cultural: variable Familia-Hijo, consideradas ―potenciales de maltrato‖
que en su estrecruzamiento con la situación de crisis familiares nos darán el grado de predicción
del riesgo.
    Se trata de detectar sobre todo, las familias consolidables. Un 20% no lo son.
    Se establece un plan de tratamiento psicoterapéutico con objetivos de corto y largo plazo. Si la
familia es de alto riesgo, el Centro informa al Asesor de Menores, quien tramita la intervención
judicial.
    Si la familia es de mediano riesgo, se realiza el tratamiento a corto plazo, mientras se mantiene
internado al niño —internación que funciona como protección— se trata a los padres; luego se da
de alta al niño y se continúa el tratamiento de los padres en forma ambulatoria y con visitas domi-
ciliarias por asistentes sociales.
    Si es una familia de alto riesgo, el menor queda a cargo de otro familiar, de un familia sustituta
o un ama externa en forma transitoria por orden judicial, y se brinda tratamiento psiquiátrico a la
familia natural.
    Si la familia no es recuperable, el juez decide la adopción.
    El tratamiento comienza tan pronto como la presunción diagnóstica sea suficiente.
    La incredulidad del paciente ante la idea misma de ser asistido y su hipersensibilidad al desen-
gaño, dificultan la alianza de trabajo con él. Si el terapeuta es avezado y tolerante, el tratamiento
comienza a ser significativo.
   Se establece una relación de dependencia con el terapeuta, en la cual el paciente adquiere la
vivencia emocional correctora de una nueva modalidad de vínculo padres-hijos. Intentar disminuir
la dependencia demasiado pronto implica el riesgo de poner fin al tratamiento y devolver al pa-
ciente a su anterior incredulidad a toda asistencia.
    Nuestras metas terapéuticas son de alcance limitado: modificar el modelo de interrelación pa-
dres-hijos y romper el círculo vicioso que hace que esta interrelación pase sucesivamente de ge-
neración en generación; no intentamos obtener un cambio caracterológico profundo, pero al modi-
ficarse las interacciones, se producen cambios estructurales.
   A medida que avanza el tratamiento y por identificación con el rol del terapeuta, adquiere im-
portancia una función paterna, simultáneamente protectora y organizadora de un sistema valorati-
vo, que no impone sumisión, sino comprensión de las necesidades del niño. Esa función paterna
no solamente exige respeto sino consideración y tolerancia hacia el problema de los padres.

                                                 90
   El conflicto con la autoridad paterna, explica primero su miedo a la autoridad y su tendencia a
evitar el castigo, engañando acerca de los motivos de los síntomas del niño. En segundo lugar,
explica la dificultad del terapeuta para evitar una actitud sancionadora y para hacer comprender a
los padres que las medidas no son castigos, sino ayuda.
    El equipo médico-social establece los criterios de alta, avalados por el Centro en acuerdo con
el juez. Producida ésta, se continúa con el seguimiento ambulatorio a largo plazo. En el caso de
familias consolidables, el juez decide el reingreso o no del niño al hogar.

    Influencia de la contratransferencia en el terapeuta y el equipo
    En estos tratamientos surgen dificultades transferenciales y contratransferenciales que provo-
can distintos efectos emocionales en el terapeuta y en el equipo, que pueden interferir en el traba-
jo. El horror de lo que está ocurriendo puede transformar al terapeuta en hiperjusticiero, transfor-
mando en sanción su actividad terapéutica. En otras ocasiones, la angustia que le provoca el cua-
dro lo lleva a negar núcleos importantes de la problemática y, en ese caso, se transforma en una
especie de aliado de los corruptos. Otras veces, no logran diferenciarse del juez.
    El tratamiento del juez se ve dificultado porque estas familias transgresoras cuestionan las
normas terapéuticas, desautorizan las palabras del terapeuta, desestiman la gravedad del proble-
ma y su participación personal en él.
    Inclusive la intervención de terceros perturba la continuidad del tratamiento.
    Los profesionales del equipo pueden sufrir el riesgo de verse envueltos en los mismos ciclos de
violencia por las situaciones contratransferenciales provocadas.
    Los mismos factores predisponentes que actúan en las familias abusivas actúan también en la
familia profesional, provocando relaciones agresivas entre sus miembros, identificados con la vio-
lencia familiar; debido a ello el equipo debe tener una estructura básica firme, procedimientos re-
alísticos para el diagnóstico, delineamiento de roles con responsabilidad definida, supervisión de
casos de manera regular, consultas y un programa continuo de entrenamiento.
    Es necesario, por otra parte, un grupo de reflexión sobre la tarea con inclusión de todos los pro-
fesionales, para controlar las masivas proyecciones de que son objeto, y para evitar convertirse en
profesionales golpeados, y por lo tanto ineficaces para la tarea.
    Otros servicios implementados para el tratamiento integral, son la asesoría legal a las familias y
sobre todo a los padres, así como también a los profesionales que consultan a nuestro Centro.
    Se está organizando una escuela para padres.
    En caso de necesidad, se realizan tratamientos a parejas e individuales a los padres y a los ni-
ños, y tratamiento psicopedagógico; apoyo del Servicio Social, psiquiatría jurídica de urgencia, ya
que hay que denunciar al juez e incautar al niño si los padres no aparecen. También seguimiento
de las familias sustitutas y atención pediátrica del niño agredido y sus hermanos.

    La relación con la ley
    Una diferencia fundamental entre estos tratamientos y una psicoterapia convencional de grupo
familiar o de binomio vincular o de pareja, consiste en que en estos casos es insoslayable el análi-
sis de la relación con la ley. Se presenta toda una relación entre el juez y el terapeuta, y entre el
juez y los pacientes.
    Donde la transgresión es muy severa, porque desafían todo tipo de autoridad, es necesario tra-
bajar con denuncias, con apoyo de la ley, y entonces hay mucho riesgo de fracaso, porque es
difícil crear un vínculo de confiabilidad. En estos pacientes, hay una legalidad en lo intrapsíquico:
hay una ley que ellos destruyen. Así como el psicótico ataca sus vínculos con la realidad, estos
pacientes atacan sus vínculos con la ley: es una defensa particular que no les hace perder el con-
tacto con la realidad, sino su contacto con la ley.
    Freud habló de la pérdida de realidad en la psicosis. Aquí uno podría hablar de la pérdida del
Super Yo, o de la pérdida de la ley, o de la idea jurídica, de los derechos humanos, digamos, y se
introduce otra legalidad en esta familia, donde el hijo pasa a ser posesión de sus padres, como lo
era en el derecho griego, y en el derecho romano.
    Estos padres suelen tener una doble ética. La ética convencional, y otra desafiante de la con-
vencional. A medida que sufren más heridas narcistas, destruyen la ética convencional, y actúan
según la lógica primitiva. Afirman ―yo con mi hijo hago lo que quiero‖.
    También el terapeuta tiene una relación con la ley, y sólo puede pensar en estos problemas
clínicos si supone que el juez no es solamente alguien que sanciona, sino que cuida y ampara.
Esa es una de nuestras metas clínicas; que el paciente logre concientizar que hay una relación de
amparo en la justicia y no solamente una relación de condena. Meta clínica muy difícil de alcanzar
porque muchos pacientes sólo aceptan el tratamiento para que les conmuten la pena. Esta es una
tentativa de corromper el vínculo. Cuanto más corruptores son, peor es la patología, como surge
de la comparación hecha anteriormente.

                                                 91
    Parte del tratamiento está abocado a que ellos tomen conciencia de que hay una ley y un tra-
tamiento que los protege. Y esto funciona bien, cuando el asesor de menores y el juez conciben
esta misma filosofía.
    En Argentina tenemos la suerte de que podemos trabajar bastante cerca de los asesores y de
los jueces, pero no todos los jueces todavía piensan con respecto a estos casos lo mismo. Mu-
chos lo toman directamente como un delito que hay que penar y no piensan en modos alternativos
de la pena. Sólo piensan en el castigo y no en la rehabilitación por el tratamiento. Así este delito
puede llevar a otro peor que es convertir en abandónico un chico maltratado.
    Es necesario formar futuros jueces específicamente para este tema.
    Todavía en nuestro país no hay un código del menor ni una ley específica de maltrato*; varios
diputados y senadores presentaron proyectos de ley y un código del menor que actualemente se
discuten en el Congreso Nacional.
Es necesario formar terapeutas que contemplen este problema en su relación con la ley. En la
modalidad clínica convencional, el terapeuta está solo con su paciente. Pero, en este campo mul-
tidimensional, se necesita una visión más amplia y tomar en cuenta otras variables: la jurídica y la
relación de la inserción al medio‖.


                                     5. Tablas estadísticas
   Presento a continuación algunos cuadros comparativos con datos extractados de los Anuarios
Estadísticos de la Dirección Nacional, acompañados de un somero análisis institucional efectuado
por el Organismo en 1989. La ausencia de interpretación de los datos en algunos años anteriores
por parte de la Entidad, impide establecer correlaciones fehacientes al respecto de la información
estadística.


*     La Ley Nº 24.417 de Protección Contra la Violencia Familiar, se dictó a fines de
1994 y se reglamentó en marzo de 1996.
   La división en períodos resulta aparentemente arbitraria, pero en realidad se procedió a reela-
borar los datos que se detectaron debido a cambios en los criterios de clasificación durante el per-
íodo considerado por quienes confeccionaron los registros originales.
   Por otra parte, luego de un análisis de consistencia de la información, en algunos casos se pro-
cedió a un agrupamiento de la misma, dado que la presentación de la totalidad dificultaba su estu-
dio o análisis de la evolución del fenómeno.
   Las afirmaciones o conclusiones respecto de las tablas estadísticas de este capítulo, respon-
den a un análisis longitudinal o estudio diacrónico.
   Incluyo en algunas tablas el año 1989, por su significancia como período de transición frente al
próximo cambio de Gobierno, y por la difícil situación económica que modifica la demanda de
prestaciones específicas por parte de las familias, como intento de superar estas emergencias
sociales.

  5.1. Recepción y orientación

  Cuadro Nº 2: Motivo de consulta expresada en períodos de tres años
                       Año
Mot. de consulta       1973   1976   1979   1982    1985   1988 1989
Solic. de trabajo       407   209     64      -       -      -   135
Solic. de
  documentación        5562   814    397    277     887    128   220
Solic. de
  internación          3404   2645   2558   1282    551    981 903
Probl. familiar          -    527     663    194    275    242 338
Becas para Guardería     -      -      -       -    524    1464 1320
Subsidio de Vivienda     -      -      -       -    734    1408 2320
Becas de Estudio         -      -      -       -      -     52   51
Problema económico       -      -      -       -      -    415 520
Problema psicofísico     -      -      -       -     93    114 162
Renuncia p/adopción     326   205     s/d     57      -      -    -
Guarda                 3605   866     494    507    s/d     44   70
Otros                    -    1158     -    2045    452    253 336



                                                   92
   Del total de consultas atendidas durante estos años a nivel de Recepción, el cuadro muestra
las que registran mayor demanda y expresa algunos de los sectores que han interrumpido su
prestación en forma progresiva, y los que han iniciado su actividad, con la implementación de
nuevos programas.
  El ítem Solicitud de trabajo, pasa al Programa de Ubicación Laboral, cerrado posteriormente en
1988.
   En 1989, se presentan como muy importantes: Solicitud de becas para guardería, Subsidios de
vivienda y Solicitud de internación.
   El ítem problema económico, resulta ser una alternativa válida para evitar la internación de me-
nores, subsidiando a la familia, al igual que los programas anteriormente mencionados de becas
para guardería y subsidios de vivienda.
   El motivo de consulta sobre Solicitud de guarda se diferencia respecto de las requeridas direc-
tamente en el sector, que ascendieron en 1976 a 1264 guardas; en 1982 a 465; en 1985 a 511, y
en 1989 a 399 pedidos de inclusiones de menores en este sistema.
    La derivación de las familias de provincias a su respectivo municipio o institución responsable
en materia de menores, ha disminuido la demanda de prestaciones respecto de los años anterio-
res a 1985, juntamente con las evidentes limitaciones económicas de la entidad misma, que re-
tringe la cantidad de asistidos en cada Programa, y la paulatina falta de credibilidad por parte de
las personas con urgencias en esta posible vía de solución representada por la Secretaría de De-
sarrollo Humano y Familia hacia el año 1989.


  5.2. Tratamiento Institucional
   La mayoría de los establecimientos de internación en uso continúan siendo de sistema congre-
gado, contrariando los propósitos proclamados desde 1919 por la Ley Agote, de tutelar a los me-
nores en establecimientos con sistema de casas-hogares abiertos a la comunidad.
  Estos institutos albergan al año 1989 la mitad de su capacidad promedio.
  Cuadro Nº 3: Población media mensual en períodos de tres años
  Año
Institutos            1973 1976     1979   1982 1985 1988
Admisión
Gral. San Martín        168 173      85    107      100   44    200
B. de Otamendi           32  30      25     20       12   12     55
Manuel Roca              24  94      49     80       21   90    100
*
  Santa Rosa             59  41      42     47       19   19    100
Asist. Integral
M. de L. y Riglos       501 160     134    162       85   121   385
D. F. Sarmiento         284 172     150     91      128    46   200
S. E. Unzué             235 183     126    116      102    79   300
G. M. Rodríguez         371 165       -      -        -     -   360
C. B. de Garrigós       397 321     174    136      283    34   400
Cap. Sarmiento          209 162     170    113      103    82   200
U. Ll. de Inchausti      57  80      51     53        -     -    40
C. Pellegrini           122  53      86    29**      51    49   200
J. M. Pizarro y Monje    79  58      46    s/d      s/d    31    90
A. T. de Alvear         162  74     104    155       99    52   210
E. M. Otamendi           75  70      42     19      s/d    25    78
Débiles mentales
L. C. Inchausti          41  77       -      -       -     -     90
E. y M. Patiño          104  71      58     63      43    37    100
J. Sánchez Picado        45  56      48     38      25    21     46
Ntra. Sra. de Fátima     99  87      64     53      45    36     90
C. Zibecchi              86  51      s/d   19***    34    28     55
R. López Valdivieso      57  58      57     72      85    43    120
Leves probl. de conducta
M. Ortiz Basualdo        89  87     112     92      43    50    180
Ricardo Gutiérrez       102 200     147    117      84    92    510
Graves probl. de conducta
C. de Arenaza           130  56      42     63   59   83 150
J. J. O´Connor           55  57       -      -    -    -   37
Luis Agote               33  67      50     67   26   58   50
N. Sra. del Valle       102  83      19     25   20   36   45
Total                  3718 3481    1887   1737 1467 1168 4391
Porcent. ocupación     84,7 79,2    43,1   39,6 33,4 26,6 100
Capac. Real Media: 51,1%

                                                   93
   En principio, puede suponerse que la disminución paulatina de pupilos hacia 1989 respecto de
la población existente y la capacidad real, podría asociarse a una disminución acerca de la calidad
del amparo institucional, pero cabe recordar que se continúan respetando y respaldando los fines
de las disposiciones que establecen a partir de 1973 la no internación y el desarrollo de sistemas
alternativos, que son los que requieren de la mayor parte de los subsidios que se otorgan a la Di-
rección Nacional.
   Un problema de importancia en cuanto a los edificios de los institutos, es la dificultad jurídica de
disponer de ellos (alquilarlos, venderlos, y otras situaciones), en vista de que la mayoría constitu-
yen el resultado de donaciones para un fin específico; de no cumplirse con este requisito, sus
herederos darían lugar a problemas legales y a la posibilidad de pérdida de los mismos; por otra
parte, resultaría sumamente costosa su transformación arquitectónica dentro del sistema familiar.

   Cuadro Nº 4: Causas de ingreso y reingreso a institutos
  Año
 Causas                1973   1976   1979       1982 1985 1988       1989
 Trastornos de conducta1137   1017    745       1215 394 412          153
 Conducta antisocial    792    531    247        748 466 795          300
 Otras causas          1332   1493   1499       1290 359 377          152
 Total                 3261   3041   2491       3253 1219 1584        605


   Los casos de menores con problemas de conducta y conducta antisocial decrecen hacia 1979,
muy probablemente debido a la disciplina de tipo represiva desarrollada por los gobiernos de fac-
to, aumentando hacia el establecimiento de la democracia, para disminuir en forma sustantiva
nuevamente hacia 1989, esta vez debido a la implementación de sistemas alternativos de trata-
miento de los menores dentro del grupo familiar.
   Los problemas por otras causas priman hasta 1982, y al igual que los ítems anteriores, mantie-
nen los valores más altos como causales de internación, mostrando una baja progresiva desde
1983 hacia 1989, sin discriminación de los motivos por parte de la fuente estadística original.
   La edad predominante en los problemas de conducta y conducta antisocial, prima entre los 10 y
15 años en los Institutos de Admisión, y entre los 18 y 19 años en los de Destino.
   La exclusiva presencia de la madre como representante de la familia, asume valores indicativos
en un número importante de causas de internación (29,2% en Institutos de Admisión y 27,5% en
los de Destino). Asimismo, es considerable la cantidad de chicos que cuentan con ambos padres
(31,4%), lo que favorece la propuesta en relación al apoyo a la familia vulnerable en estado de
crisis, sostenido en sus postulados permanentemente por la Secretaría de Desarrollo Humano y
Familia.

   a) Exámenes de Salud en Psiquiatría. Si bien a nivel estadístico, la presentación del presente
cuadro no es la indicada, he considerado hacerlo para que el lector tenga una idea más clara res-
pecto de esta prestación para su interpretación final.
   En el Informe Estadístico de 1973, el área de Salud de la Dirección Nacional sostiene que ―los
Establecimientos de Destino padecen las mayores carencias, debido a que la dotación de profe-
sionales médicos, odontólogos, psicólogos y psiquiatras resulta insuficiente‖.
   La Dirección Nacional se ve obligada a recurrir a los hospitales de zona, para cubrir las necesi-
dades o urgencias que se suscitan. Asimismo, algunos profesionales deben atender dos o más
institutos, lo que disminuye el déficit registrado a nivel estadístico, pero aumenta probablemente el
déficit de la calidad del servicio.
   Por el sector de recepción, pasa el mayor número de menores que por el de Destino y, por en-
de, aumenta la demanda de servicios médico-sanitarios.

El mismo informe asevera que “los menores que recibe la Dirección Nacional, presentan
 características especiales que requieren de un tratamiento integral en lo que respecta a
 una atención personalizada de su salud mental para su futura rehabilitación, controles
 periódicos de su salud física, asistencia de base respecto a vivienda, alimentación, vesti-
 do, servicios educativos y recreativos, y fundamentalmente atención de sus relaciones
 afectivas, indispensables para la reelaboración de la identidad precaria que traen los me-
 nores en estado de carencia o abandono: altos porcentajes de menores con trastornos de
 conducta y conductas antisociales (cuadro Nº 4), así como situaciones de retardo mental
 (20,3%)      Año
Institutos 1973 1975      1977 1979      1981        1983     1985   1987
Admisión
G. San Martín15234,334323,2 - - -           -    -   -    -   - 12254,9 -   -
B. de Otamendi37488,09528,5 - - -           -    -   -    -   - - - -       -
                                                     94
M. Rocca 76391,7 9 0,7      - - - -       - - 61 5,9 - - - -
Santa Rosa60128,613823,417250,69523,614134,513329,7 - - 18311,7
Destino
Lasala y Riglos2600,8 -     - - - -       - -  - - - - - -                 -
D. F. Sarmiento99 -     -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
S. E. Unzué74 -      -  -   - - - -       - -  - - - - - -
G. Rodríguez1153,5 -    -   - - - -       - -  - - - - - -
C. de Garrigós117 - 46 6,4 - - -          - -  - - - - - -                 -
Cap. Sarmiento146 -     -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
Pizarro y Monje32 3,1   -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
A. T. de Alvear 32   -  -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
U. de Inchausti32    -  -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
M. de Otamendi3938,5 6436,1 - - -         - -  - - - - - -                 -
C. Pellegrini55s/d -    -   - - - -       - -  - - - - - -
Débiles mentales
M.yM. Inchausti47100 3125,6 - - -         - -  - - - - - -                 -
E. y M. Patiño22100 -   - 112,5 1191,7 10 100 12 100 - - - -
S. Picado 1978,9 3848,1 35 100 2592,6 960,0 233,310045,11348,5
N.S. de Fátima46     - 6 2,1 - - -        - -  - - - - - -                 -
C. Zibecchi 31 -     -  -   - - - -       - -  - - - - - -
R. L. Valdivieso32100 3152,5 32100 1250,0 26 100 933,3 - - 6               1,0
Lev. prob. cond.
Ortiz Basualdo 86    -  -   - - - -       - -  - - - - - -                 -
R. Gutiérrez811 - 9917,9 - - - -          - -  - - - - - -
Grav. prob. cond.
C. de Arenaza130100 5286,7 - - -          - -  - - - - - -                 -
J. J. O´Connor125 s/d 21359,2 - - -       - -  - - - - - -                 -
L. Agote 125100 s/d s/d     - - - -       - -  - - - - - -
Menor. madres
Ntra. del Valle11054,5 8481,5 8797,7 1517,1 -  - 102 100 - - 49            3,1
   y trastornos de personalidad, que van desde casos de neurosis leves, graves, hasta psicosis
(45,9% en 1976)‖.
   El cuadro Nº 5 sobre exámenes de salud en psiquiatría ofrece prestaciones diagnósticas des-
parejas hasta 1975, con una carencia casi total de profesionales y atención en la mayoría de los
establecimientos hacia 1987, resaltando entre éstos, por su importancia, los de débiles mentales,
admisión y menores con graves problemas de conducta.

    b) Exámenes de Salud en Psicología. Los datos referentes no han podido ser transcriptos por
dificultades en su clasificación; se ofrecen también prestaciones diagnósticas desparejas, en-
contrándose, al igual que en el área psiquiátrica, establecimientos donde la cobertura es total, y en
otros parcial o nula, atribuida por la entidad a la falta de recursos para la contratación de profesio-
nales.
    Asimismo, el cuadro estadístico sobre entrevistas psicológicas, tampoco ofrece una descripción
clara de las prestaciones: no se discrimina el tipo de entrevista a partir de 1977, ni la calidad de
las mismas, sino un total anual que disminuye hacia 1987, a 4618 entrevistas realizadas, partien-
do de 11.699 especificadas en el año 1977.
    Sabemos que con una insuficiente dotación de personal en el área de salud mental, es imposi-
ble encarar planes asistenciales específicos.

   c) Entrevistas Psicopedagógicas. No me es posible presentar un detalle de las mismas por
idénticos motivos.
   Resulta esperable que el Organismo acompañe las estadísticas de cada Programa con su In-
forme Estadístico correspondiente, como lo ha realizado en Anuarios anteriores (1973, 74, 75, 77,
78, 79 y 1980).

   5.3. Tratamiento familiar y en el medio social. a), b) y c) Los sectores de amas externas, fa-
milia sustituta y pequeños hogares, son los principales sistemas alternativos de internación. Los
niños ingresados en amas en 1989, tienen en el 46,4% de 0 a 6 meses y su causa es en el 23,3%
de los casos debida a renuncia para adopción; el 20,5% por falta de trabajo de los progenitores, y
el 17,9% por falta de vivienda de los mismos. Su egreso es en el 43,1% de los casos con la familia
natural y el 37,9% en adopción. Los altos valores desde 1973 a 1976, responden en forma inme-
diata al Plan Quinquenal que incluye la ―no internación en institutos en favor de la atención perso-
nalizada de los niños pequeños‖.


                                                  95
   Cuadro Nº 6: Promedio mensual
    Año
 Programa                  1973 1976   1979   1982 1985 1988 1989
 a) Amas externas           221 259     123    152 128 124 112
 b) Familia sustituta        10  11      -      36  77   59 106
 c) Pequeños hogares          -   -      3       5   8   16   44
 d) Guardas                1653 1695    882    644 460 199 165
 e) Guarda para adopción334 271         232    126 136   54    -
 f) Menores residentes
    en hoteles                -   8      -     -         -   27    18
 g) Becas de
    rehabilitación psicofísica    -     25    34     43      49     - -
 h) Centros de
    Acción Familiar           7   9      6     1         -    -     -
 Menores atendidos 1849 1741           1307   190        -    -     -
 i) Amas externas de
    cuidado preferencial      -   -      -     -       -   10   10
 j) Becas de estudio        341 287      -    313      -   52   98
 k) Becas para guardería -        -      -     -     2650 1454 3054

    En el ítem familia sustituta (b), el 49,1% de los casos corresponde a niños de 5 a 9 años, y en
el 28,3% a niños de 10 a 14 años. Su destino al egreso es en el 22,7% por Ley de Desaparecidos
Nº 23.466; el 18,2% por mayoría de edad, y el 13,6% con la familia natural.
    Los Pequeños hogares (c) representan en el 45,5% niños hasta 6 años, y del 38,6% de 7 a 10
años. Su egreso es en el 38,9% con la familia natural; el 38% en adopción; el 11,1% familia susti-
tuta, y el 11,1 a internación.
    Los sectores Guardas y Guardas para adopción (d) y (e), pasaron en 1989 a depender de los
juzgados. A esa fecha se encontraban 2568 menores bajo este sistema.
    El sector Menores residentes en hoteles (f), conforma, en el 66,6% de los casos, a menores de
17 años; en el 83,3% debido a causas de trabajo; en el 72,2% ubicados en industria y comercio, y
en el 16,7% son chicos provenientes de la Capital Federal.
    El ítem Becas de rehabilitación psicofísica (g), es trasladado a Discapacitados a partir de 1987.
    Los Centros de Acción Familiar (h), pasaron en 1980 a depender de la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires, quedando el Nº 19 de Ciudad Evita en el área de Unidad de Apoyo Familiar,
sector Prevención.
    El área Amas externas de cuidado preferencial (i), atiende a niños con patologías psicofísicas:
en 1989 un 45,4% representa a niños mayores de 3 años, y en el 36,4% a menores de 6 meses.
Sus causas: en un 36,5% el ítem Otros, corresponde a niños con Sida, a derivación de juzgados, y
otros causas; el 25% a falta de vivienda, y 25% a falta de trabajo de sus progenitores. Su egreso
llega en un 33,3% a la adopción, y un 33,3% a otros sistemas alternativos. El promedio mensual
es de 20 menores.

   5.4. Prevención

                           Cuadro Nº 7: Promedio mensual en períodos anuales
   Año
 Programa               1983 1984      1985   1986 1987 1988 1989
 a) Unidad apoyo familiar784 1904      1464   1080 1140 979 1138
 b) Subsidio temporario
   a la familia         187      268   490    667    827     1442 2300
 c) Becas p/guardería        -    -      -     -     208     329   562
 d) Subsidios emerg.
   por problemas
   de vivienda               -    -      -     -     134     245   453
 e) Centro Orientación
   y Prevención
   ―U. Ll. de Inchausti‖     -    -      -     -         -   19    228
 f) Observación y
    tratamiento              -    -      -    180    89      123   186
 g) Becas de estudio
   en institutos privados 89     344   310    128    455     519   s/d
 h) Rincón de amigos         -    -    1266


                                                    96
 i) Menores detectados
    en hospitales: ver
    cierre de programas


   Unidad de apoyo familiar (a): Compuesta por los establecimientos CAF Nº 19, R. Obligado, J.
C. Gómez, Estela Otamendi, E. y M. Patiño, M. de Lasala y Riglos, Román Rosell, Domingo F.
Sarmiento, J. L. Suárez y Santa Ana, con capacidad para la atención de 800 menores.
   Subsidio temporario a la familia (b): Su propósito es evitar la internación, y egresar menores in-
ternados de los institutos. En 1989 el 60,6% de los subsidios comprende causas económicas, y el
39,4% problemas económicos y de salud. Un 54,1% de los casos corresponde a menores con
ambos padres, y en un 32,8% a madre sola. Estos guarismos se alternaron: en 1980 un 68,9%
correspondía a madre sola, y un 22,24% a ambos padres.
   En observación y tratamiento (f), el 69,9% se debe a problemas familiares, y un 15% a maltrato;
su composición familiar es en el 65,1% de los casos con ambos padres, y en el 13,5% con madre
sola.
   Rincón de Amigos (h): Se introduce una nueva modalidad de acercamiento a los menores en la
vía pública, que antecede al posterior Programa ―Chicos de la Calle‖ y más reciente ―Contra la
Explotación de Niños‖.

   5.5. Incorporación de programas. Hacia el fin de la gestión de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Familia en 1990, se mantienen en funcionamiento los anteriores programas, y los in-
corporados a partir de 1981:
  - Subsidios a la familia por problemas de vivienda.
  - Subsidios a la familia por problemas económicos.
  - Amas externas de cuidado preferencial.
  - Observación y tratamiento en el medio social (destinado a familias de menores con problemas
    de escolaridad, maltrato, problemas familiares, conducta antisocial, fugas, abuso sexual y
    otros).

  5.6. Cierre de programas
  a) Cuerpo de Vigilancia Juvenil (Ex Policía de la Minoridad). Fueron suspendidas parcialmente
sus actividades a partir de 1985, y definitivamente en 1988.
  Los menores entre 13 y 15 años suman el mayor porcentaje de detección (45,6%), con predo-
minio del sexo masculino.

                          Cuadro Nº 8: Menores detectados en la vía pública
 Año
 1973     1976 1979 1982 1983 1984           1985 1986 1987
Total Men.1193 1749 889 2662 2072            1985   -    -  957

   Según datos aportados por la Dirección Nacional, coadyuvó al cierre de este programa en
1988, el hecho de que por su número creciente, el Servicio Nacional no hubiera podido hacerse
cargo de los chicos detectados por falta de personal específico, recursos técnicos y debido
además al cambio de patología vislumbrado en éstos.
   No se trataba de transgresiones comunes, ni de indocumentados o rateros escolares, sino de
niños y jóvenes adictos a las drogas, al alcohol, con enfermedades de transmisión sexual (HIV en
especial), o entregados a la prostitución.

   b) Menores detectados en hospitales. Motivó el cierre de este programa en 1986, la inadecua-
ción del mismo determinada en base a una evaluación técnico-política realizada por el Organismo,
además de factores de tipo personal y de recursos.
   También influyeron cambios en la legislación sobre incumbencias del Patronato de Menores.
   El actual Programa de Prevención del Abandono, dispone de un operador dentro del hospital
para realizar su propio seguimiento de los casos.

  Cuadro Nº 9: Menores detectados según causas de internación,
              en porcentajes
 Año
Menores 1978 1979 1980 1981           1982    1983      1984   1985

                                                 97
Maternidad70,9 72,8 79,1 69,0        74,2      77,8   83,4     79,6
Enfermedad27,4 26,0 18,4 28,9        25,1      20,2   14,0     12,5
Abandono 1,3     1,2     2,5   2,1     0,7       1,9    2,6      7,9
Total porcent.100100    100 100       100       100    100      100
Total menores (1738) (1689) (1601) (1763)    (1495) (1048)    (631) (392)

   Según los valores del Cuadro Nº 9, el mayor porcentaje de edad está dado por menores ma-
dres de 16 a 20 años, y su lugar de procedencia en 1978, en el 75,4% de los casos correspondía
a las provincias; en 1985 el 54,6% correspondía a Capital Federal, y el 45,4% a las provincias.
   En 1984 y 1985 no se discrimina si la disminución de menores detectados fue real, o si el orga-
nismo redujo sus funciones al respecto. Mención aparte, y urgente atención, requiere el ítem ma-
ternidad adolescente, por el peligro que conlleva esta situación al abandono, entrega, asesinato o
comercialización de su bebé.
   El actual Programa de Prevención del Abandono, dispone de un operador dentro del hospital
para realizar su propio seguimiento de los casos.

   c) Colocación laboral. El cierre de este Programa se produce frente a la modificación introduci-
da por la ley sobre Patria Potestad, en la que la competencia de la guarda pasa a guarda judicial;
además de no hallarse la funcionalidad y operatividad del mismo debido al desfasaje entre las
posibilidades de los menores en guarda, y sus oportunidades laborales en el ámbito urbano.

  Cuadro Nº 10: Colocación laboral según ocupación, en porcentajes

  Año
Menores colocados 1973 1976           1979    1982    1985     1987
Servicio doméstico    90,1  92,2      81,9    67,8    98,8    99,0
Industria y Comercio    9,9   7,8     18,1    32,2      1,2     1,0
Total porcent.         100   100       100     100     100     100
Total menores        (872) (175)     (205)   (468)    (85)    (18)

   De la evaluación de los resultados obtenidos a lo largo de 15 años transcurridos bajo la depen-
dencia de distintas políticas gubernamentales respecto de la preparación del menor-futuro-
egresado que ha de reinsertarse en el medio social, se destaca para las mujeres la casi única po-
sibilidad de trabajar como ayuda doméstica, y para los varones de desempeñarse como obreros
no calificados; y esto, después de haber tenido el Estado a su cargo a estos chicos internados
hasta 18 años bajo su responsabilidad.
   El período entre 1982 y 1984, se destaca por la elevación del porcentaje de menores colocados
en industria y comercio, cifras que decayeron hasta el cierre del programa en 1988.


  6. Declaraciones, Convenciones y Pactos Complementarios de Derechos y
                                 Garantías
   6.1. Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10/12/1984, y ratificada
por la República Argentina el 24/9/1986 por ley 23.338, quien reconoce la competencia del ―Co-
mité contra la Tortura‖ para recibir comunicaciones de particulares (art. 17, Parte II).
   Teniendo en cuenta el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, y el
artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que ―nadie será
sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes‖, como así también la Declaración
sobre Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes, aprobada por la Asamblea General el 9/12/1975, en la presente Convención, los Estados-
Parte han convenido entender el término tortura como ―todo acto por el cual se inflinja intenciona-
damente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimien-
tos sean inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,
a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia‖.
   En el artículo 2º, inciso 2, determina que ―En ningún caso podrán invocarse circunstancias ex-
cepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura‖.

                                                 98
    6.2. Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores o “Reglas de Bei-
jing”. (Anexo Nº 1). El 29/11/1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución
40/33, estableció estas 30 Reglas Mínimas, en cuya I Parte se establecieron los Principios Gene-
rales, en calidad de Orientaciones Fundamentales sobre los objetivos de las Reglas de Beijing
(Regla Nº 1). Las mismas se determinaron para promover el bienestar del menor y su familia, ga-
rantizarle una vida en comunidad, y un proceso de desarrollo personal y educacional que lo exima
de llegar a la delincuencia.
    A fin de evitar recurrir a la ley en el caso del menor infractor, mediante la implementación de es-
tas Reglas Mínimas se intentaría someterlo a un tratamiento efectivo y humano con los recursos
familiares, de voluntarios y de la comunidad. La justicia se ha de concebir dentro del marco de la
justicia social, y contribuirá a la protección de los jóvenes y al orden pacífico de la sociedad; se
perfeccionarán y coordinarán sus servicios, y se aplicarán de acuerdo al contexto de la situación
económica, social y cultural de cada Estado Miembro.
    En el marco del Alcance de las Reglas y Definiciones Utilizadas (Regla Nº 2), éstas se apli-
carán a los menores delincuentes sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí-
tica o de cualquier otra índole; origen nacional o social; posición económica, de nacimiento o cual-
quier otra condición. También disponen que menor es todo niño o jóven que debe ser castigado
por un delito de manera diferente a un adulto; que las leyes existentes y a promulgarse, han de
responder a las necesidades de los menores delincuentes y a proteger sus derechos básicos, sa-
tisfacer los requerimientos sociales, y aplicar con justicia las Reglas Mínimas.
    En cuanto a la Ampliación del Ambito de Aplicación de las Reglas (Regla Nº 3), dice que no
sólo se aplicarán a menores delincuentes, sino a todos los menores que puedan ser procesados
por cualquier acto concreto no punible respecto del comportamiento de los adultos, los denomina-
dos ―delitos en razón de su condición‖, y de acuerdo a los procedimientos relativos a la atención
del menor y su bienestar.
    Respecto del ítem sobre Mayoría de Edad Penal (Regla Nº 4), la misma sostiene que debe ser
fijada una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.
    En cuanto a los Objetivos de la Justicia de Menores (Regla Nº 5), se establece que la respues-
ta de la justicia a los menores delincuentes ha de ser proporcionada al delito cometido. La Regla
Nº 6, de alcance de las Facultades Discrecionales, hace hincapié en el ejercicio de estas faculta-
des en las diferentes etapas de los juicios y de la administración de la justicia de menores, idonei-
dad profesional y capacitación de expertos.
    En la Regla Nº 7 sobre Derechos de los Menores, se determinan las garantías procesales bási-
cas, tales como la presunción de inocencia, derecho a ser notificado de las acusaciones; los dere-
chos de no responder, al asesoramiento, a la presencia de los padres o tutores, a la confrontación
con los testigos y a interrogar a éstos, y el derecho de apelación ante una autoridad superior.
    En lo que respecta a la Protección a la Intimidad (Regla Nº 8), no ha de publicarse información
alguna que pueda dar lugar a la individualización del menor delincuente; y en cuanto a las Cláusu-
las de Salvedad (Regla Nº 9), la aplicación de estas Reglas se da sin perjuicio del cumplimiento
de cualesquiera instrumentos internacionales que contengan disposiciones de aplicación más am-
plia.
    En la II Parte de las Reglas Mínimas sobre Investigación y Procesamiento, la número 10 sobre
Primer Contacto, indica que el juez, funcionario u organismo competente, ―examinaría sin demora
la posibilidad de poner en libertad al menor‖, protegiendo así su condición jurídica, promoviendo
su bienestar, y evitando que sufra daño innecesario, y sosteniendo que ―el éxito de cualquier otra
intervención depende en gran medida de esos primeros contactos‖.
    La Regla sobre Remisión de Casos (Nº 11), exime del procedimiento a la justicia, y reorienta al
menor hacia servicios apoyados por la comunidad en cualquier momento del proceso de adopción
de decisiones por parte de la Policía, el Ministerio Fiscal, y otros organismos, y asegura el consen-
timiento del menor o de sus padres o tutores con respecto a las medidas de remisión recomenda-
das. Señala esta Regla que han de tomarse precauciones para disminuir al mínimo posible la co-
ersión e intimidación en todo el proceso de remisión.
    La Regla Nº 12 sobre Especialización Policial determina que los mismos han de recibir instruc-
ción y capacitación especial; y la Nº 13 sobre Prisión Preventiva, especifica que se aplicará como
último recurso y durante el plazo más breve posible a través de medidas sustitutorias; los menores
gozarán de todos los derechos y garantías previstas en las Reglas Mínimas; permanecerán sepa-
rados de los adultos, y mientras estén bajo custodia, recibirán cuidado, protección, asistencia so-
cial, educación, atención profesional, psicológica, médica y física, habida cuenta de su edad, sexo,
y características individuales.
    En la Parte III, sobre Sentencia y Resolución, la Regla Nº 14 sobre Autoridad Competente para
Dictar Sentencia, manifiesta que esta última ha de darse en un juicio equitativo e imparcial, en un
ambiente de comprensión que permita actuar al menor y expresarse con libertad.
                                                  99
    Asimismo, se harán también partícipes a los padres o tutores del derecho a conocer las actua-
ciones, como apoyo a la situación de asistencia psicológica y emotiva que se extiende a lo largo
del proceso, salvo que medie en éstos una actitud hostil hacia el afectado.
    Los Informes e Investigaciones Sociales (Regla Nº 16) serán realizados en forma completa,
tomando en cuenta el medio social en que se desarrolla la vida del menor, y sobre las circunstan-
cias en las que se hubiere cometido el delito; esta Regla exige servicios sociales adecuados que
elaboren informes especializados.
    Los Principios Rectores de la Sentencia y la Resolución (Regla Nº 17), incluyen el postulado de
que sólo se recurrirá a la privación de la libertad por la comisión de ―un acto grave en el que con-
curra violencia contra otra persona, o por la reincidencia en la realización de otros delitos graves, y
siempre que no exista otra respuesta adecuada‖.
    No serán los menores sancionados en ningún caso con la pena capital, ni recibirán penas cor-
porales, y la autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento, dado que
pueden llegar a su conocimiento circunstancias que aconsejen la suspensión definitiva del proce-
so penal.
    En los Comentarios de esta Regla, se detallan los tropiezos con los que se encuentra la justicia
para resolver los casos de delincuencia por parte de menores, y que corresponden a conflictos
entre opciones:
    a) rehabilitación frente a justo merecido,
    b) asistencia frente a represión y castigo,
    c) respuesta en función de las circunstancias, frente a la respuesta en función de la protección
      de la sociedad, y
    d) disuación de carácter general, frente a incapacitación individual.
    La Regla Nº 18 sobre Pluralidad de Medidas Resolutorias, establece algunas decisiones a apli-
carse en forma simultánea, a fin de evitar el confinamiento en establecimientos penitenciarios:
órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; libertad vigilada; sanciones económi-
cas, devolución e indemnización; servicios a la comunidad; tratamiento intermedio y otras formas;
participación en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; órdenes relativas
a hogares de guarda, Comunidades de Vida u otros establecimientos educativos, y demás deci-
siones pertinentes.
    En el inciso 2 aclara que ningún menor podrá ser sustraído parcial o totalmente a la supervisión
de sus padres, a no ser que resulte necesario, tal es el caso de abuso de menores.
    Respecto del Carácter Excepcional del Confinamiento (Regla Nº 19), la misma no sólo confirma
que debe realizarse como último recurso por el menor plazo posible, debido a la influencia negati-
va de los mayores sobre la personalidad vulnerable de los menores, sino que deben considerarse
los establecimientos ―abiertos‖ a los ―cerrados‖, y siempre de tipo correccional o educativo antes
que carcelario.
    La Prevención de Demoras Innecesarias (Regla Nº 20), se determina a fin de evitar dificultades
intelectuales y psicológicas en el menor, para el establecimiento de la relación entre el procedi-
miento y la resolución por una parte, y el delito por otra.
    La Regla Nº 21 sobre Registros, sostiene que éstos han de ser confidenciales, y no podrán ser
utilizados como antecedentes del menor en sus futuros procesos como adulto.
    Se dictamina la Necesidad de Personal Especializado y Capacitado en la Regla Nº 22 cuyas ti-
tulaciones garanticen la administración imparcial y eficaz de la justicia de menores y la evitación
de todo género de discriminación en la selección, contratación y ascenso del personal.
    La IV Parte de las Reglas de Beijing sobre el Tratamiento fuera de los Establecimientos Peni-
tenciarios, en su Regla Nº 23 sobre Ejecución Efectiva de la Resolución, manifiesta que dado que
las resoluciones de la justicia tienden a influir en la vida del menor durante largos períodos de
tiempo, las disposiciones adecuadas para la ejecución de órdenes incluirán la facultad para modi-
ficar dichas órdenes periódicamente por la autoridad competente. A este propósito responde la
creación del cargo de Juez de Ejecución en algunas países.
    La Regla Nº 24 dictamina sobre Prestación de Asistencia durante las etapas del procedimiento:
alojamiento, enseñanza, capacitación profesional, empleo y otras, que posibilitarán la rehabilita-
ción.
    El ítem sobre Movilización de Voluntarios y Otros Servicios de Carácter Comunitario (Regla Nº
25), establece que debe realizarse la rehabilitación en un ambiente comunitario y, de ser posible,
―en el seno de la unidad familiar‖.
    En la V Parte sobre Tratamiento en Establecimientos Penitenciarios, la Regla Nº 26 de Objeti-
vos del Tratamiento en Establecimientos Penitenciarios, asigna la asistencia, educación y sociali-
zación; la atención especial a los problemas personales de los menores; el derecho de acceso por
parte de sus padres o tutores, y pone énfasis en el cuidado y no discriminación de la menor delin-
cuente.
                                                 100
   En cuanto a la Aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aproba-
da por las Naciones Unidas (Regla Nº 27), se hacen extensivos sus principios a los menores con-
finados, ejerciendo una importante influencia en la administración humanitaria y equitativa de los
establecimientos correccionales.
   Frecuente y Pronta Concesión de la Libertad Condicional (Regla Nº 28), será otorgada por la
autoridad competente, recibiendo asistencia del correspondiente funcionario a cuya supervisión
estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad.
   Los Sistemas Intermedios (Regla Nº 29) como establecimientos de transición, hogares educati-
vos, centros de capacitación diurnos, y otros sistemas pertinentes, podrán facilitar una adecuada
reintegración.
   Subraya esta Regla en sus comentarios, la importancia de la asistencia postcarcelaria, así co-
mo la necesidad de establecer una red de mecanismos intermedios: instalaciones, servicios, ase-
soramiento y apoyo estructural, como un paso importante hacia su integración social.
   La VI Parte de las Reglas Mínimas sobre Investigación, Planificación y formulación y evaluación
de políticas, en su Regla Nº 30 toma a la Investigación como Base de la Planificación y de la For-
mulación y la Evaluación de Políticas que resulten efectivas; asimismo, se procurará revisar y eva-
luar periódicamente las tendencias, los problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad
de los menores, así como las necesidades particulares del niño o joven en custodia.
   También evaluará e investigará el sistema de administración de justicia de menores, mediante
la recopilación y análisis de los datos: ―La prestación de servicios en la administración de justicia
de menores se preparará y ejecutará de modo sistemático como parte integrante de los esfuerzos
del desarrollo nacional‖.

   6.3. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. (Anexo Nº 3). Fue aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20/11/1989, y ratificada por Ley Argentina Nº
23.849 del 22/9/1990, (Gobierno del Dr. Menem), con las observaciones perceptuadas en el artí-
culo 2º de la mencionada ley.

   Reservas Argentinas: Al aprobar la Convención, la República Argentina hace reserva de los
incisos b), c), d), y e) del artículo 21º manifestando que los mismos no regirán en su jurisdicción
por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de pro-
tección legal del niño en materia de Adopción Internacional, a fin de impedir su tráfico y venta: ―La
comunidad internacional debe velar por prevenir y erradicar las causas que motivan el abandono
de los niños antes que ofrecer como respuesta el exilio de las criaturas afectadas...‖.
   El artículo 1º establece que se entiende por ―niño‖ todo ser humano menor de 18 años de edad;
Argentina formula expresa declaración interpretativa, considerando la protección conferida por la
Convención ―desde la concepción en el seno materno‖ (art. 30 del Código Civil).
   El artículo 8º compromete a los Estados Parte a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. El cumplimiento de este
compromiso obliga a formular reserva a favor de la conveniencia de la inserción comunitaria de los
menores.
   Respecto del artículo 24, párrafo 2, inc. f) referido a ―la orientación de los padres y la educación
y servicios en materia de planificación de la familia‖, Argentina propone que ―expresamente se
interprete que el inciso en cuestión significa la orientación a los padres y la educación para la pa-
ternidad responsable‖. La fórmula propuesta garantiza suficientemente ―el derecho de los protago-
nistas a decidir tanto el número de hijos, como el lapso entre los nacimientos y los métodos a que
pudieran recurrir responsablemente para tal fin‖.
   También respecto del artículo 38, especialmente los parráfos 2 y 3, ―pues la edad de 15 (quin-
ce) años resulta irrazonable para permitir la participación directa en conflictos armados.
   El Preámbulo de la Convención Internacional reconoce que la necesidad de proporcionar al ni-
ño una protección especial, ha sido enunciada en la ―Declaración de Ginebra (1924), sobre los
―Derechos del Niño‖ y en la ―Declaración de los Derechos del Niño‖ adoptada por la Asamblea
General el 20/11/1959, y reconocida en la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en el
"Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", en el "Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales", y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organis-
mos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan por el bienestar del
niño.
   Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, ―el niño,
por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debi-
da protección legal, tanto antes como después del nacimiento‖, y ―recordando lo dispuesto en la
Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y bienestar de los
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la

                                                 101
Justicia de Menores (Reglas de Beijing), y la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño
en estados de emergencia o de conflicto armado‖; ―reconociendo que en todos los países del
mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan
especial consideración‖, los Estados Parte en el Capítulo 3, se comprometen a ―asegurar al niño la
protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, to-
marán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas‖.
    Asimismo las instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protec-
ción, deberán cumplir las normas en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, y una supervisión adecuada (inciso 39).
    Dentro de las especificaciones de los 54 artículos, resaltaré algunos ítem, pero dada la impor-
tacia de esta Convención convendría recurrir al original incluido entre los Anexos del presente
texto.
    Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, in-
cluidos la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares y reserva argentina (art. 89). Sólo será
separado de sus padres cuando las autoridades judiciales determinen de conformidad con la ley,
que tal separación es necesaria en el interés superior del niño (art. 9). Prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño, y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servi-
cios para su cuidado (art. 18). Adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y edu-
cativas para protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras se encuentra bajo la cus-
todia de sus padres, representante legal u otros autorizados (art. 19, inc, 1); estas medidas de
protección deberán comprender el establecimiento de programas sociales, así como otras formas
de prevención, y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tra-
tamiento y observación, y según corresponda, la intervención judicial (inc. 2).
    Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán derecho a la pro-
tección y asistencia especiales del Estado (art. 20). Entre los cuidados figura el sistema de Adop-
ción, previendo que si la adopción es admisible, lo sea en vista de la situación jurídica del niño y
de su interés superior, y Reservas Argentinas (art. 21). Los Estados Parte reconocen que el niño
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente, en condiciones que
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y le faciliten su participación activa
en la comunidad. Esta asistencia será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situa-
ción económica de los responsables del niño (art. 23). Asimismo asegurarán el derecho a la salud
mediante medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez: prestación de asis-
tencia médica combatiendo enfermedades y malnutrición; atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiada a las madres; la educación de la sociedad, padres y niños, sobre los principios básicos
de la salud y la nutrición de los menores, las ventajas de la lactancia materna, higiene y sanea-
miento ambiental, prevención de accidentes y desarrollo de una atención sanitaria preventiva me-
diante la debida orientación a los padres, y la implementación de la educación y servicios en mate-
ria de planificación familiar (art. 24). El niño que ha sido internado en un establecimiento para los
fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, tiene derecho a un examen
periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su
internación (art. 25). Los Estados Parte tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de
la pensión alimenticia por parte de los padres y otros responsables (art. 27); la educación primaria
obligatoria y gratuita, secundaria, y su acceso a la enseñanza superior (art. 28); los derechos a
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su religión, o a emplear su propio idioma (art.
30); sus derechos al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de
la edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes (art. 31); a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, mo-
ral o social (art. 32); a proteger al niño contra el abuso ilícito de los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, e impedir que se lo utilice en la producción y el tráfico de esas sustancias (art. 33); a
protegerlo contra todas las formas de explotación y abuso sexual (art. 34); a impedir el secuestro,
venta o la trata de niños (art. 35); velarán para que no sea sometido a tratos crueles, ni a la pena
capital, ni de prisión perpetua, siendo su encarcelamiento de acuerdo a la ley por el menor tiempo
posible, con trato humanitario, separado de los adultos y con asistencia jurídica inmediata (art.
37). Se abstendrán los Estados Parte de reclutar para sus fuerzas armadas a menores de 15 años
y reserva argentina (art. 38). Se dispondrá el establecimiento de una edad mínima antes de la cual
se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; y en caso del niño
de quien se alegue que lo ha hecho, se dispondrán de medidas tales como el cuidado, las órdenes
de orientación y suspensión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de
guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alter-
nativas a la internación en instituciones, para asegurar que el trato guarde proporción con sus cir-
cunstancias y con la infracción (art. 40).
                                                  102
   Comité de los Derechos del Niño: Por el artículo 43 de la presente Convención Internacional,
se establece este Comité con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por los Estados Parte, indicando el artículo 44 la periodicidad con
que deben presentarse los informes sobre las medidas que se hayan adoptado para dar efecto a
los derechos reconocidos en la Convención, y sobre todo el progreso realizado en cuanto al goce
de esos derechos.
   Cada representante de un Estado Parte deberá indicar las circunstancias y dificultades que
afecten su grado de cumplimiento.
   Debe contener además información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de
la aplicación de sus postulados en el país de que se trate.
   En principio el primer informe se presentará a los dos años de haber entrado en vigencia la
Convención, y en lo sucesivo cada cinco años. Estos informes deberán ser ampliamente difundi-
dos por los Estados Parte ante el público de sus países respectivos.
   En el artículo 45 se expresa que el Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones ge-
nerales basadas en la información recibida, y que las mismas deberán transmitirse a los Estados
Parte interesados.


                                         7. Reflexiones
   A medida que avanzamos en la lectura de nuestra historia acercándonos a la actualidad, y a
pesar de haber seleccionado algunos temas relevantes para reflexionar sobre ellos, la cantidad de
los mismos que vislumbro como problemáticas que se entrecruzan y se advierten como policausa-
les, no me permiten un exhaustivo análisis; sí dejo para el investigador esta tarea que seguramen-
te podría volcarse en otro volumen semejante al presente.
   Este período parte de 1983 y llega a 1989 de la mano de una reiniciación democrática, luego
de siete años de Gobiernos de facto, cuyas secuelas de guerra e incertidumbre nacional sembra-
ron en los espíritus terror, temor y desconfianza entre los ciudadanos: se contravinieron amplia-
mente los postulados de todas las Convenciones, Declaraciones y Pactos complementarios de
derechos y garantías respecto a derechos humanos (corrupción, discriminación, tortura, genocidio
y terrorismo de estado).

    Se destacan en esta etapa, no tanto los cambios en cuanto a la modalidad atencional de los
menores, sino una apertura a la búsqueda de nuevas soluciones a través de la investigación
científica de las problemáticas sociales de difícil resolución, incluyendo particularmente las que
involucran a las familias y los niños en estado de carencia, así como las posibles vías de preven-
ción de las mismas.
    Las conclusiones de los distintos encuentros de especialistas trancriptos en el presente capítu-
lo, por su claridad, no requieren explicitación.
    Sí la confirmación de que nuestros niños definivamente son jurídicamente iguales ante la ley y
sujetos de todo derecho humano.
    El artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica afirma que ―Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que se condición de menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el
Estado‖.
    Como vimos hasta el momento, resulta innegable la participación del entramado social, esta-
dual e institucional en la creación o evitación de las cuestiones que afectan a la familia argentina,
como la carencialidad, vulnerabilidad o riesgo, trama vincular familiar y desviación social familiar
debidas a faltas o deficiencias en cuanto a seguridad social, calidad de vida, políticas de familia,
laborales y de población; tribunales de familia, familia y educación, familia y medios de comunica-
ción, familia y habitat, formación de recursos humanos, y familia y procreación responsable planifi-
cada.
    La Segunda Reunión del Seminario Nacional sobre ―Familia y Políticas Sociales‖ anteriormente
mencionado, incluyó precisamente los urticantes problemas respecto de la ―Planificación Familiar‖
y ―Educación Sexual‖ como temas de debate; asuntos eludibles y eludidos sin resolución desde la
época virreynal, en la que si bien se desconocían métodos preventivos científicos, se vislumbraba
ya la oposición eclesial y por ende comunitaria al control de la natalidad.
    La actitud asistencial ante los hechos acaecidos, y una nula o pésima política educacional so-
bre paternidad y sexualidad responsable, han dado como resultado la ausencia de prevención,
pronóstico y planificación social del futuro.
    Esta fractura, probablemente sea consecuencia de la prohibición de la discusión pública de
asuntos que representan el ―Talón de Aquiles‖ donde la religión oficial se arroga el derecho de
decidir y censurar, emparentándose con lo burocrático.
                                                103
   Tanto la Iglesia como las personas de moral cristiana opositoras a la prevención del aborto, —
que no es igual a decir ―a favor del aborto‖— se convierten en las responsables o culpables de
miles de muertes de nuestros posibles niños argentinos y de sus madres; así como del abandono,
exterminio o la generación de chicos con distintas patologías físicas y mentales debidas a las ca-
rencias afectivas parciales o totales a que fueron sometidos por sus padres que no los deseaban.
   Cuando una posible mamá, papá o ambos no aspiran a tener hijos, y desconocen o no les es
posible acceder a medios económicos y culturales para su evitación, toman resoluciones, que no
dejan de ser responsables, aún cuando éstas sean en ocasiones consideradas socialmente ilega-
les.
   El deseo de tener un hijo es interior, es casi una intuición de que ―ese‖ que vendrá será ―nues-
tro hijo‖; le daremos ―este amor reservado para él‖; cada lágrima suya será la propia; y ―lo cuida-
remos con la vida misma‖.
  La única culpa de los responsables directos del niño —si así podemos nominarla—, es la de
haberlo concebido sin deseo y no haberse hecho responsables por su negligencia o ignorancia.
   Es la paradoja entre el ―no deseo‖, la posible evitación del embarazo y su incapacidad para
prestarle cuidados de hijo, frente a la culpa social e institucional por la no prevención de estos
hechos a través de la educación y el acceso a los medios profilácticos.
   Ese niño no tendrá amor, ni calor, ni cuidados especiales. Tal vez sólo rechazo y nadie que lo
quiera.
   La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, toma la Procreación Res-
ponsable y la Planificación Familiar como un derecho legítimo de los padres, así como también a
la Educación Sexual incluida en su Derecho a la Cultura.
   Idéntica situación respecto de la imposibilidad de acceder al derecho de planificación familiar y
educación sexual, se plantea respecto de las personas migrantes del interior del país, sumado a
una mayor pobreza respecto a los servicios de salud, sociales, educacionales, alimenticios, habi-
tacionales y otros, agravados por la lejanía entre los pueblos provinciales y de la Nación.
   Estas situaciones, ya no de necesidades básicas insatisfechas, sino de crisis debida a la po-
breza extrema, lleva a los padres a desmembrar las familias en busca de un futuro del que no re-
gresan, y a los jóvenes a emigrar a centros poblados creando conurbanos marginales que igual-
mente para ellos semejan estados ideales frente a la nada que le ofrecía su anterior modo de vida.
   Entonces, proyectando nuestro crecimiento familiar individual, estamos evitando el filicidio, el
abandono, y las secuelas mentales debidas a las carencias físicas y psíquicas a que sometemos a
nuestros niños, así como la muerte de las madres pobres a consecuencia de intervenciones
quirúrgicas precarias.
   Una planificación familiar que incluya el acceso a una Educación sexual, permite decidir sobre
los lapsos intergenésicos; no resuelve desde ya los problemas de pobreza social, pero la toma de
posición dentro del ámbito familiar para su propia integración afectiva y social, permitirá al Estado
y la sociedad, proyectar a través de sus instituciones mayores reformas para la previsión de las
problemáticas actuales.
   Por supuesto que a medida que pensamos en medidas preventivas al abandono, también dis-
minuimos la necesidad de mantener y crear instituciones nuevas y por consiguiente mayor buro-
cracia. En la actualidad, hablar de ―prevención‖, es enunciar un deseo cercano al ideal, pero al
que nunca se llega.

    He de mencionar respecto al punto Cierre de Programas, que al indagar sobre las causas de la
supresión o finalización de los mismos, la obtención de explicaciones satisfactorias por parte del
Organismo proteccional, se ha visto dificultada. La responsabilidad de dichas respuestas se des-
plaza de funcionario en funcionario, sometiendo a la investigadora a un agotamiento de origen
burocrático, al igual que sucede con referencia a otras precisiones que no he podido obtener, o
que he logrado en forma parcializada.
    Mi intención al profundizar en este desarrollo histórico, es tratar de encontrar un sentido, quizás
en forma de interrogante institucional, del por qué de los fracasos, y del por qué de las trabas ad-
ministrativo-burocráticas que impiden el seguimiento transparente de procesos que repetidamente
terminan del mismo modo.
    Lo que se pierde con la imposición de veda a la información requerida, es seguramente la posi-
bilidad de corregir aspectos corregibles, de buscar y crear nuevos dispositivos que desaten las
dificultades existentes o den respuesta eficiente, por ejemplo a los temas culturales y técnicos que
el avance científico impone a la sociedad, a la que la población de Minoridad también pertenece.
    Por otra parte, y esto es muy grave, el monto de suspicacias que emergen de estas vedas son
infinitamente mayores y de mayor probabilidad de manipuleo político que la realidad más crítica.
    Lo primero que surge es el siempre presente ítem del manejo de los fondos:

                                                 104
   ¿Cúanto?; ¿quiénes controlan y dirigen su uso y destino?; ¿cuándo?; ¿dónde?; ¿por qué?;
¿quién/es auditan y a quién/es reportan?
   Luego: ¿Quién se beneficia?.
   Asimismo, resulta difícil sustraerse de la sensación de impotencia que estos manejos generan,
y cuyo resultado es lo casi inevitable tendencia a la ―queja‖, actitud omnipotente en nuestra socie-
dad actual sobre la que planean diversos fracasos.
   Sobreponerse a ésto e igual producir y crear; no permitirse ser inoculado por estas formas su-
brepticias de aspectos sociopáticos paralizantes y desmoralizantes, necesita de verdadero esfuer-
zo y trabajo psicológico sobre una misma, hechos no gratuitos y que requieren tiempo para su
elaboración.
   Todo esto, más allá de encaminarnos a encontrar las respuestas que expliquen la discontinui-
dad de ciertos programas por parte de la Entidad de menores, nos remite a pensar sobre el valor y
fuerza de lo que en Psicología se denomina la ―Ley del Padre‖: QUIEN cumple la función paterna
para este sector de nuestra población, es la que los socializa como sujetos humanos.
   Desde el momento que el Estado normatiza, legisla, controla y administra sobre minoridad, po-
demos suponer que asume para estos niños la función paterna que impedirá o intentará impedir la
marginalidad y deprivación afectiva de los mismos.
   Pareciera que este postulado, según hemos visto, no es garantía en absoluto de resultados fa-
vorables o logro de los objetivos prefijados.
   Pero ¿la causa será la falta de fondos? ¿el manejo de los mismos?.
   ¿la falta de personal?
   ¿la calidad humana de los mismos? ¿su idoneidad?
   ¿la legislación sobre Minoridad, las leyes de Adopción?
   ¿los programas educativos?
   ¿los programas de inserción social?
   ¿la intervención del culto oficial?
   ¿la capacitación de recursos humanos?
   ¿el manejo policial?
   ¿el manejo tribunalicio?
   ¿los sistemas seleccionados por el Estado para amparar a los menores abandonados o ceren-
ciados?
   ¿la ideología que subyace a la elección de los sistemas de Protección?
   Pero, ¿los errores y deficiencias de los mayores los pagarán siempre nuestros menores?
   Un halo de luz ha entrado en mi conciencia ante la primera lectura respecto de las definiciones
expresadas en el punto 2. del presente capítulo sobre ―abandono‖ y ―estado de carencia‖. Tal vez
para el lector sea muy simple comprender esta diferencia que para mí ha resultado reveladora,
dado que las consecuencias del padecimiento de ambos estados, se resignifican en cada uno de
los bebés, niños y jóvenes en secuelas psicológicas de distinta profundidad, instauradas dentro de
una impronta genética y bajo la influencia de un marco social que apacigua o agrava estos esta-
dos hasta la enfermedad mental, la delincuencia o la marginalidad.
   ―Abandono‖ como negligencia deliberada, primero familiar, y luego estatal, por carencia de ―de-
seo‖ e ignorancia los unos, y por falta de humanidad y solidaridad los otros; y ―estado de carencia
o desamparo‖ como consecuencia de la falta de medios o de acceso a los mismos, que agravados
por la ambivalencia y/o inexistencia de ―deseo‖ respecto de la procreación, impulsa a las familias a
desprenderse de sus hijos.

   Ambas situaciones se correlacionan directamente con estructuras de personalidad diferencia-
das, enmarcadas por la profundidad de las secuelas psicopatológicas instaladas en la personali-
dad infantil a causa de la vivencia de cada uno de estos estados bajo el denominador común de
no sentirse amados y de vivirse rechazados por sus progenitores y la sociedad.

    Según Germaine Guex describe en su libro ―Síndrome de Abandono‖, la personalidad abandó-
nica y su sintomatología en los menores, ―se edifica sobre el trípode de la angustia que despierta
todo abandono, de la agresividad que éste origina, y de la desvalorización de sí mismo que de
ellos desprende.
    La mayoría de las veces, los abandónicos son seres que poseen un potencial afectivo muy alto
y gran riqueza de sentimientos que no han podido compartir y utilizar juiciosamente por falta de
satisfacciones afectivas durante los años cruciales de su infancia.
    El abandónico duda de que pueda amársele tal como es, pues ha tenido la cruel experiencia
del abandono cuando, pequeño y por lo tanto sin artificios, se ofrecía a la ternura de los demás
...considera todo y a todos, comenzando por sí mismo, desde el punto de vista del abandono vivi-

                                                105
do o temido‖, que lo conduce a un sentimiento de ―exclusión‖ y a la sobrevaloración de los otros.
Según la autora, posee un estado crónico que se remonta a la infancia y que perturba su carácter
y comportamiento; estado que llega a ser intolerante como reactivación de la angustia inicial a raíz
de una circunstancia exterior. Esta neurosis de abandono, ―evoca la idea de un estado psíquico
dominado por la angustia del abandono y no la de un hecho familiar y social que posea forzosa-
mente realidad objetiva‖.
    La manera más evidente de manifestar su agresividad según Guex, consiste en vengar el pa-
sado. Lo anima permanentemente la necesidad de desquite, hacer soportar a los otros aquello por
lo cual él mismo ha sufrido, amenazar frustrar, abandonar a su vez, y de otras formas más sutiles
―...tiraniza, exige, reivindica sin cesar pues la cuenta abierta de su infancia jamás se cierra‖.
    La necesidad de pertenencia como necesidad primaria y profunda en todo ser humano, perma-
neció insatisfecha desde la infancia, porque el sujeto no se sintió fuertemente ligado a determina-
da persona, al padre o a la madre, cuyo amor le ha faltado, ni realmente integrado en el medio
familiar.
    Por haberse producido las circunstancias traumáticas generalmente en los primeros años, ―la
adquisición del sentimiento de autovaloración no se había producido. No se trata aquí de un sen-
timiento de valor que se ha perdido, sino de un sentimiento de valor no adquirido‖.
    La no valorización acarrea fácilmente depreciación en aumento de los juicios que el sujeto
efectúa sobre sí mismo.
    El neurótico de abandono, en las deformaciones e interpretaciones de la realidad, expresa in-
seguridad y desconfianza hacia los demás. El objeto deviene capaz de todo: engaño, infidelidad y
abandono. ―Su inseguridad interior lo obliga a nutrir su desconfianza en pos de no ligarse para no
perder, no amar para no ser abandonado‖. Estas fantasías constituyen una síntesis de su deses-
peración y rencores. Su agresividad no tiene fin en sí misma y ―constituye el reverso de una nece-
sidad de amor y seguridad extremadamente intensa‖.
   Los párrafos citados que corresponden a G. Guex, nos permiten comenzar a entender al inci-
piente joven en cuanto a los resultados de sus carencias afectivas. Ya no es el bebé o niño que ha
sufrido, es el adolescente y el muchacho o muchacha conformados en adultos cuyo dolor se ha
incorporado a su vida. Son ellos y su pena; ellos y su abandono familiar e institucional; ya no
están solos; no podrán desprenderse de esa carga de aflicción que los ha acompañado tantos
años. Nunca volverán a ser libres. Su peso se convierte en una prisión interior que no los dejará ir,
que los desgarrará si lo intentan.
   Porque ellos mismos en su deseo de sobrevivir, han inventado códigos y leyes propias. Se han
consolado; se han autocompadecido; se han esperanzado con un mundo ideal. Su neurosis se ha
instalado y los acompaña doquiera que van.
    No soportan los logros; la felicidad se les hace intolerable, catastrófica. Necesitan seguir su-
friendo para continuar siendo ellos mismos. Para Guex este hecho representa un ―masoquismo
afectivo‖. Cuando nuestros niños argentinos nos piden ayuda a nosotros, los miembros ―mayores‖
de la sociedad y a nuestro representante el Estado con su organización institucional, acuden inde-
fensos y con una impronta personal que conlleva distintos niveles de profundidad de secuelas
psicopatológicas instaladas en lo más hondo de sí mismos. Sea él abandonado o carenciado, re-
quiere de atención diferenciada por su realidad crítica y la de su familia por parte de la comunidad,
para no agravar con el paso del tiempo y el trato impersonal sus patologías mentales, y así poder
reparar su triste historia sin fin.
   El sentimiento de ser el ―otro‖, el ―sin nombre‖, el excluido del que se puede prescindir, y el
hecho de hacer el abandónico inconscientemente lo necesario para que la catástrofe prevista se
produzca,                                                                                 resulta
—según Guex—, la única situación afectiva que se sienten con derecho a ambicionar.

    No puedo obviar en estas reflexiones, un comentario sobre la importancia de las adhesiones
argentinas mediante Leyes de la Nación, de la ―Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes‖ (1986 por ley 23.338), bajo el gobierno del Dr. Alfonsín, y
de la ―Convención Internacional sobre los Derechos del Niño‖ (1990), gobierno del Dr. Carlos S.
Menem.
    Respecto de la primera (contra la tortura), sabido es que Argentina la ha padecido cruelmente
años atrás, y la soporta en menor medida en la actualidad a través del accionar de algunos repre-
sentantes de los organismos de seguridad estatal creados por nosotros mismos.
    Así, ―Todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves...‖ significa estar sometiéndola a ―tortura‖. Pero también es ―tortura‖ todo acto por el cual se
inflinja intencionalmente a una persona ―dolores afectivos‖ o ―sufrimientos psicológicos‖ graves:
tratos inhumanos, degradantes y crueles. Así es que si los niños carenciados o abandonados, y
los ancianos —que se ubican en el otro polo de la desprotección familiar, institucional y social—,

                                                 106
padecen las consecuencias de la tortura física y/o psicológica encubierta, que a su vez se inflinge
a sus familiares responsables, que se hallan sometidos al arbitrio de los integrantes sociales que
detentan el poder y que manipulan los medios de producción, ese dolor del alma, ese ―no poder‖,
ese ―no tener‖, ese no poder aspirar, tener esperanzas, ilusión, futuro para sí mismos ...comida,
techo, vestido, vivienda, educación ...ese pobre hombre, esa pobre mujer mísera, ese pobre niño
al que libran a su suerte; ese anciano que maltratan, todos están sufriendo la pena de tortura, to-
dos están sometidos al delito cruel y degradante de ―genocidio nacional‖.

    Me propongo relacionar la Convención contra la Tortura con las Convenciones ratificadas por
nuestro país sobre Discriminación Racial (1985, ley 17.722) y de Discriminación contra la Mujer
(1985, ley 23.179).
    La Convención sobre la ―Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial‖ ha sido, y
esto no ha de sorprendernos, ratificada veinte años más tarde por parte de nuestra Nación, que a
pesar de considerarse a sí misma un crisol de razas ―sin ideologías exacerbadas‖, no pudo adherir
anteriormente; posiblemente debido a las interrupciones de los mandatos civiles de Gobierno que
llevaron a una paralización social de la expresión o toma de posición respecto de los Derechos
Humanos durante los últimos 40 años.
   Obviamente, frente al dictado de tantos Convenios y Convenciones internacionales referidos a
distintas áreas del quehacer humano: laboral, de derechos personales, de la educación, la ciencia,
la cultura y políticas como las del Apartheid, nos resignifican también el alcance mundial que co-
nocemos a través de las guerras practicadas.
   Se intenta a través de éstos, humanizar a los ciudadanos en la comprensión de la dignidad
ajena.
   El psiquiatra e investigador José Itzigsohn reflexiona sobre ―Migración y Racismo‖ en un artícu-
lo del diario Clarín del 29/7/90 titulado ―Para algunos el dinero blanquea la piel‖.
  Asevera que ―Hay mucha gente que no acepta ser racista, pero, que frente a situaciones es-
pecíficas discrimina a otras personas por su origen, color o religión‖.
   También que en cada sociedad existe un grupo de personas autoritarias proclives a la segre-
gación (5%); y un sector de alrededor de un tercio de la comunidad, que sin ser racista, acepta
ciertos estereotipos; no apoya medidas discriminatorias en una situación normal, pero tiene prejui-
cios. Otro 30% es indiferente a los problemas de segregación, y el otro 30% es claramente anti-
rracista.
   El autor da como ejemplo la Alemania Nazi, en la que casi un 70% de la sociedad apoyó la te-
orías racistas de Hitler que concluyó en un genocidio atroz. Afirma que ―hay muchas formas de
rechazar a alguien: algunas son racistas y otras defensivas‖.
   Un reciente reportaje a nuestra actriz Marilina Ross editado por el mismo periódico en Octubre
de 1995, alude a su participación en la película nacional ―La Raulito‖, en la cual personifica a la
verdadera protagonista: una mujer marginal que al nacer tuvo la desdicha de que su madre falle-
ciera tuberculosa; que a los seis años, su padre alcohólico solicitara su internación, y que las insti-
tuciones accedieran a ese pedido social sin opción familiar para darle.
   A los 10 años comenzó a fugarse, —imagino que en pos de afecto—y afirma ya de adulta:
―Como el gorrión, a mi me tiraba la calle‖. Se disfrazó de varón para sobrevivir en ésta.
   Durante el rodaje, la actriz, disfrazada de Chico de la Calle, se sentó en un bar y pidió un
sandwich que el mozo le negó. Aclara frente a ésto que ―no entiendo como el simple hecho de
estar mal vestida pude convertirme en una porquería a la que se puede maltratar‖.
    ―La Raulito‖ pasó sus años infantiles y juveniles de la correccional a la cárcel, al neuropsiquía-
trico y de allí a la calle. ―Tal vez la pantalla del cine fue milagrera‖ dice, nos dice, porque después
de estrenada la película, no volvió más a la cárcel. ‖Descubrieron que era alguien —dice Marili-
na—. a lo que agrega que La Raulito encontró un lugar en nuesta sociedad y para ella misma‖.
    ―Hoy a los 62 años, está aprendiendo a sumar y restar con su maestra Rosita...‖, dice el artícu-
lo. Tarea que debió cubrirla el Estado mientras estuvo de niña y joven desvalida y a su cargo.
   Una de sus anécdotas dan cuenta del encierro a que sometió al juez de su causa en una opor-
tunidad en su propio despacho ―para que supiera lo que es estar encerrado‖.


   He detallado esta situación por lo atípico del estilo de vida que ha llevado la protagonista real,
que, a diferencia de los tantos anónimos que deambulan por nuestro país, sobrevivió a su estado
marginal de manera diferente, con mayor humanidad. No obstante, le acaban de cortar una pier-
na. ―La Raulito‖ supone que fue debido a los manguerazos de agua fría que le daban en las insti-
tuciones para que se portara bien.


                                                 107
    Causará extrañeza tal vez, la relación entre ―discriminación y sometimiento a tortura‖ por mí
afirmada.
   La discriminación de todo tipo: racial, social, religiosa, política, económica y otras, lleva como
posibilidad en sí misma a formas organizadas de tortura, tratos o penas crueles o degradantes.
   Las violaciones a los derechos humanos de cualquier especie derivadas de las luchas por el
poder también económico, social, religioso o político, implican necesariamente el ejercicio de la
discriminación.
   El hecho mismo de contar en nuestro haber con tantos compromisos legales gubernamentales
y nacionales respecto de la consideración por el ―otro humano‖ que no es ―uno mismo‖, no implica
la automática abolición de los aspectos ideológico-morales inherentes a los integrantes de la co-
munidad que derivan en racismo, discriminación, sometimiento autoritario con crueldad y margina-
ción social, de los que la situación del niño abandonado o carenciado, su familia desamparada
pobre e inculta, los enfermos sin recursos, los locos y los delincuentes resultan ser la consecuen-
cia.
   Tanto el racismo como la discriminación están latentes en la cultura popular; pero estos prejui-
cios permanecen adormecidos en épocas de ―bonanza‖ social, y comienzan a emerger con viru-
lencia generalmente acompañando a las grandes crisis sociales.
   Esto significa, que no es el prejuicio el causante de la marginalidad, sino que el prejuicio es
funcional a la marginalidad. En nuestro sistema funciona como regulador del monto salarial básico
con el que se valoriza el trabajo humano, y por ende también su mayor o menor dignidad.

   La tan conocida y peyorativa frase ―cabecita negra‖ con que se denomina a los descendientes
de nuestro indígenas, no sólo se refiere al color de su piel oscura y tipo físico, sino a su status
social de pobre y sin derechos; a su aspecto descuidado pese al esmero en su aseo, por su no
acceso a los bienes de sobrevivencia, de consumo y a la educación y cultura. Los descendientes
de europeos, herederos de una mentalidad progresista y de supervivencia, de ciertos medios
económicos y culturales, sumados a rasgos corporales reconocidos como agradables y deseables
en cuanto al color de piel, la estatura y el estilo inmigrante, han visto favorecida su inclusión en
nuestro país a costa del desprecio encubierto por sus congéneres; han desarrollado con mayor
facilidad facultades para llegar a lugares de poder en lo económico, cultural y de los medios de
producción, quedando el original de la tierra sin posibilidades o con dificultades para mantener
como propios su identidad, sus derechos, su dignidad y su lugar de residencia.
   A medida que nuestro país se fue extranjerizando con orgullo, el natural tuvo deseos de renun-
ciar a su origen para ir en pos de lo que consideraba inalcanzable, incluyendo un nuevo color de
piel.
   La discriminación racial y el rechazo social a los dueños de esta tierra argentina han sido tan
inhumanos y degradantes, que recién hemos podido tomar compromisos para combatirla luego de
20 años de debate social encubierto, incluyendo con no poco esfuerzo la ratificación de los dere-
chos de la mujer de ser respetada como complementaria del varón en la vida. Para esto ha debido
hacer falta una nueva Convención (1979-1985, ley 23.179) que la tome en cuenta, y ha sido nece-
sario un cambio de la mentalidad masculina y femenina acerca del replanteo de sus roles. Sabe-
mos que el papel protagónico en el área política, de poder y decisión está delegado en el hombre,
y ellos han debido prestar su conformidad en la jerarquización de la mujer, que a su vez ha debido
hacerse oir para ayudar a obtener estos resultados.
   Al igual que en la sociedad, sucede en los institutos de internación, los pequeños hogares, o
las escuelas comunes estatales o privadas mismas:
   El chico rubio, blanco; la niña rubia, castaña de tez blanca, tienen mayores posibilidades de ser
elegidos para representar a la institución en sus eventos; óptimos augurios de obtener privilegios
por parte de sus celadores que no escapan a la discriminación; son los seleccionados para parti-
cipar de excursiones, destrezas y escolaridad secundaria o universitaria.
   Al chico negro, con pilinchos, con forúnculos, granoso, petiso y ―feo‖ no se lo elige para adop-
ción y las actividades antes mencionadas. A él no se le acaricia; no despierta ternura, ni siquiera
se le mira para no enfrentarse con su soledad de amor.
   Hasta se lo somete a tortura y pena psicológica como descarga de aspectos íntimamente re-
chazados que derivan de las propias carencias de sus protectores institucionales y sociales.
   No saben los lectores, qué maravilloso es ser la elegida entre cien chicas por una elegante se-
ñora de dulce mirada, de cuyos labios rojos ha salido el más hermoso gorgeo infantil que me de-
cía: ―qué lindos ojos‖, a la vez que acariciaba mi cabeza. A veces la discriminación ayuda a sobre-
vivir a algunos pocos. A otros los hunde para siempre.




                                                108
Capitulo XI - Décimo Primer Periodo de protección a la infan-
                      cia (1990-1997)

                1. Consejo Nacional del Menor y la Familia (C.N.M.F.)
   El 22 de agosto de 1990, por decreto 1606, se crea el Consejo Nacional del Menor y la Familia,
dentro del marco del Ministerio de Salud y Acción Social* y en reemplazo de la Secretaría de De-
sarrollo Humano y Familia, ―con el fin de ejecutar las funciones que incumben al Estado Nacional
en materia de Promoción y Protección Integral de la Minoridad y la Familia, con autonomía técnica
y descentralización administrativa, sin perjuicio de las facultades que en la materia corresponden
al Poder Judicial y al Ministerio Público de Menores‖.

   Funciones y deberes del Consejo Nacional del Menor y la Familia (Artículo 2º del Decreto
de Creación).
   - Planificar, organizar y ejecutar la política de promoción integral de la minoridad y la familia en
el marco de las disposiciones vigentes y de los principios establecidos por el Ministerio de Salud y
Acción Social.
   - Adoptar las medidas necesarias para contribuir a la consolidación de la familia, orientándola y
apoyándola.
   - Coordinar la participación de instituciones públicas, organismos no gubernamentales, entida-
des vecinales y de bien público en general, en la programación, ejecución y difusión de las accio-
nes locales y regionales tendientes a orientar y promover integralmente a la familia y a todos sus
miembros.
   - Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en materia de menores y familia.

   Areas Sustantivas (Artículo 14, de cumplimiento de las Funciones y Deberes del Consejo)
   I - Período prenatal, perinatal y postnatal
   Atenderá integralmente la problemática personal, familiar y social de la madre y el niño por na-
cer, el nacimiento y el primer período de vida, por la importancia que revisten. Especialmente
promoverá todas las acciones tendientes a la protección de la madre sola como primer indicador
de riesgo en la vida del niño, y particularmente de las madres menores y de las familias carencia-
das.
   II - Prevención y tratamiento del abandono
   Atenderá, a través de servicios y programas públicos o privados, la problemática de constitu-
ción y afianzamiento del vínculo materno-paterno-filial, para consolidar de esa forma el núcleo
familiar, célula primaria de la sociedad.
   En caso de no poder evitarse el abandono, aplicará todos los programas tendientes a brindar al
niño un ámbito familiar sustitutivo. En especial coordinará sistemas de atención a la problemática
del menor en riesgo, en la calle, explotado laboralmente o en toda otra forma que deteriore su
dignidad.
   III - Prevención y tratamiento de la violencia familiar
   Atenderá la coordinación de los servicios y programas públicos o privados que eviten, y en su
caso superen, las causas de situaciones de maltrato físico y psíquico, negligencias, abusos y toda
otra forma de relación intrafamiliar anómala.
   IV - Promoción de familias
   Organizará e implementará programas y servicios tendientes a la asistencia y promoción inte-
gral de las familias que precisen orientación o apoyo, coordinando esfuerzos públicos o privados,
con el propósito de brindar a los grupos familiares y en especial a los miembros más necesitados
—niños, personas con discapacidad, y ancianos— el marco de dignidad y respeto a sus derechos
fundamentales.
   A esos efectos constituirá Centros de Promoción Familiar sobre la base de instituciones ya
existentes o las que en el futuro se creen, con carácter eminentemente familiar y comunitario, ac-
ciones interdisciplinarias y conjunción de programas.
   V - Tratamiento de menores incursos en hechos que la ley califica
        como delitos
   Arbitrará todos los medios necesarios para prevenir y en su caso tratar a menores incursos en
estos hechos y en faltas o contravenciones, conforme a la legislación vigente sobre la materia.


                                                 109
    Para tal fin organizará y dirigirá los sistemas de evaluación inmediata, las opciones de deriva-
ción, los institutos de seguridad, el tratamiento psicológico y psiquiátrico y los programas de egre-
so con capacitación laboral y educativa.
    En esta tarea integrará a profesionales de todas las disciplinas y al Cuerpo Especial de Seguri-
dad y Vigilancia en un esfuerzo por revertir las causas de las conductas previstas y reprimidas por
la ley, en total coordinación con los jueces competentes en la materia.
    VI - Promoción social de las personas con discapacidad
    Atenderá en forma integral la protección y promoción de las personas con discapacidad, en el
marco familiar y comunitario, y organizará a tal fin programas de prevención, formación y rehabili-
tación integral con salida laboral para las mismas.

    Si bien la política de este Organismo es enfatizar sobre programas de tipo preventivo dirigidos
a la familia, que eviten la situación de abandono, ésta no se ve superada en todos los casos.
    El clásico modo de atención a la niñez abandonada ha sido habitualmente la internación en ins-
titutos macro asistenciales, pero esta actitud se está revirtiendo y dicha problemática comienza a
ser atendida mediante programas alternativos a la internación que tratan de rescatar el vínculo
familiar, ya que éste es el único medio apto para el desarrollo de la infancia.
    El Consejo Nacional sostiene que: ―la cambiante situación social presiona sobre las institucio-
nes reclamando un reforzamiento de las formas tradicionales (institutos para chicos de la calle,
cárceles, etc.), y luego en forma enajenada rechaza estas formas de atención, no aceptando su
responsabilidad en la solución de los problemas que tienen los organismos de protección de la
familia y la infancia en riesgo, o da respuestas aisladas poco sistemáticas‖.
    Si bien se realizaron importantes progresos en la conceptualización de la problemática atendi-
da, pasando del sistema de protección asilar a la etapa de tecnificación del tratamiento realizado
en los institutos mediante la creación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios, se le planteó al nue-
vo Consejo una dicotomía expresada en la propia organización estructural y conceptual del trata-
miento todavía no superada: ―internación‖ vs. ―alternativas a la internación‖.
    Así según sus postulados, intenta dar un paso hacia la integración: mantener la tecnificación
lograda, pero aumentar la cantidad de profesionales mediante la incorporación de nuevo personal,
con el criterio de descentralización técnico-administrativo: ―se profesionalizan los niveles interme-
dios, que cumplen así las funciones de holding y realimentación de la organización‖.
    El antiguo Consejo intentó acompasar sus acciones con la Declaración de los Derechos del Ni-
ño de 1959. Ahora, toda la doctrina correspondiente al decreto 1606, se basa en esta nueva De-
claración sobre los Derechos del Niño de 1989, y en la responsabilidad conjunta de la familia, la
comunidad y el Estado respecto de las jóvenes generaciones.

           2. Organigramas del Consejo Nacional del Menor y la Familia
   A partir de su creación, este Consejo queda constituido por la Dirección Nacional de Protección
del Menor y la Familia y la Dirección Nacional de Promoción de la Persona con Discapacidad*,
con sus direcciones y departamentos específicos.

*     Esta Dirección pasa a depender del Ministerio de Salud y Acción Social en enero
de 1997 por decreto 703/96.

Cuadro Nº 11: Organigrama del Consejo Nacional del
                 Menor y la Familia (C.N.M.F.)




                                                110
                            SECRETARIA DE
                          DESARROLLO SOCIAL

                         CONSEJO NACIONAL
                       DEL MENOR Y LA FAMILIA


     DIRECCION NACIONAL DE PRO-           DIRECCION NACIONAL DE PRO-
            TECCION DEL                   MOCION DE LA PERSONA CON
         MENOR Y LA FAMILIA                     DISCAPACIDAD*


      DIRECCION DE PREVENCION             DIRECCION DE SERVICIOS ASIS-
           DEL ABANDONO                            TENCIALES
            Y MALTRATO                         AL DISCAPACITADO


           DIRECCION DE                    DIRECCION DE PROMOCION
       TRATAMIENTO FAMILIAR                   DE LA PERSONA CON
                                                DISCAPACIDAD


           DIRECCION DE
     TRATAMIENTO INSTITUCIONAL



            DEPARTAMENTO DE SALUD                     DIRECCION DE
                                                     ESCUELA DE FOR-
         DEPARTAMENTO DE RECREACION                  MACION ESPECIA-
                                                         LIZADA
    DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO

         DEPARTAMENTO DE EDUCACION
      PERMANENTE Y CAPACITACION LABORAL




*      Por decreto 703/96 y publicación en el Boletín Oficial el 2/1/1997, esta Dirección
pasa a depender del Ministerio de Salud y Acción Social como Dirección Nacional de Pro-
tección y Promoción de la Persona con Discapacidad - Ramsay 2250 - Tels: 784-9497 /
783-5034.

Cuadro Nº 12: Organigrama de la Dirección Nacional de
                 Protección del Menor y la Familia




                                           111
                                           DIRECCION NACIONAL DE
                                              PROTECCION DEL
                                             MENOR Y LA FAMILIA



             DIRECCION DE (*)                         DIRECCION DE (*)                  DIRECCION DE (*)
          PREVENCION DEL ABANDO-                        TRATAMIENTO                       TRATAMIENTO
              NO Y MALTRATO                               FAMILIAR                       INSTITUCIONAL


                                                                                             Dpto. de Institutos
        Dpto. de                Dpto. de Jardines                    Dpto. de                   Asistenciales
        Registro                  Maternales                     Pequeños Hogares           y Educación Especial



        Dpto. de                    Dpto. de                        Dpto. de                Dpto. de Institutos de
    Ubicación y Movi-              Promoción                    Ubicación Familiar              Tratamiento
         miento                     Familiar                       Transitoria                  de Conducta



                                    Dpto. de                                                    Dpto. Becas
                              Prevención del Aban-                    Dpto.                    en Organismos
                                     dono                           Adopciones                      no
                                                                                              Gubernamentales



                                  Dpto. Chicos                 Dpto. Libertad Asisti-             Dpto. de
                                   de la Calle                          da                        Egreso



                              Dpto. de Prevención y
                               Tratamiento de la
                               Violencia Familiar




(*)   Los Departamentos de las tres Direcciones, dependen directamente de la Dirección
Nacional por falta de nombramiento de los profesionales que puedan desempeñar estos
cargos directivos.


                           3. Dirección Nacional de Protección
                                  del Menor y la Familia
   Su responsabilidad primaria es la de elaborar, dirigir y fiscalizar los programas de asistencia,
promoción y protección integral del Menor y la Familia ya aprobada o que apruebe el Consejo a
través de sus Direcciones dependientes (Cuadro Nº 12):
   - de Prevención del Abandono y Maltrato.
   - de Tratamiento Familiar.
   - de Tratamiento Institucional.
   - de Escuela de Formación Especializada.
   Estas Direcciones coordinan la participación de los organismos gubernamentales e institucio-
nes privadas, entidades vecinales y de bien público en general, en la programación, ejecución y
definición de las acciones locales y regionales que tiendan a orientar y promover a la familia, parti-
cipando como portavoz de sus necesidades, y mostrando presencia frente a las demandas socia-
les de su competencia.
   Todas las resoluciones de la Secretaría de Desarrollo Social y de su órgano técnico específico,
se evidencian a través de sus programas destinados a la protección de los miembros más vulne-
rables de la sociedad.

                                                      112
   Los programas del Consejo Nacional del Menor y la Familia tienden a ajustar su acción en el
cumplimiento de los derechos de la familia, en la protección de los menores en situación de riesgo
y en los conflictos con la ley penal.

   3.1. Programas de la Dirección de Prevención del Abandono y Maltrato
a) Programa de Prevención del Abandono y Protección de Madres en Situación de Riesgo (dispo-
   sición 178/91 - CNMF)
   Objetivo general
   - Implementar un amplio sistema de prevención del abandono y protección de los menores en
     situación de riesgo físico, psíquico o moral detectados en hospitales públicos o privados,
     dándose prioridad a la madre sola adolescente como primer indicador de riesgo en la vida del
     niño.
   Objetivos específicos
   - Atender a situaciones de riesgo de los menores asistidos en los centros hospitalarios, clíni-
     cas, maternidades y otras instituciones específicas.
   - Brindar apoyo a la familia y/o grupo conviviente de la madre embarazada para actuar oportu-
     namente como sostén afectivo, económico y social del vínculo madre/hijo, dentro y fuera del
     Centro de Atención de Salud.
   - Particularizar en hospitales, maternidades y clínicas a la población que se halla en riesgo de
     romper prematuramente el vínculo materno-paterno-filial y asistirla con los recursos del orga-
     nismo o de otras instituciones a fin de evitar la fractura de dicho vínculo.
   - Prevenir el agravamiento de las situaciones de riesgo de los menores asistidos en los centros
     hospitalarios (drogadicción, malos tratos, delincuencia, desvinculación familiar, entre otras
     circunstancias de riesgo).
   - Distinguir, prevenir, disminuir y en su caso superar las causas del maltrato físico y psíquico de
     los menores derivados de relaciones intrafamiliares anómalas.
   - Facilitar la atención integral de la población más vulnerable al riesgo de abandono del bebé,
     en especial a la menor madre embarazada en situación de conflicto, protegiendo la materni-
     dad y evitando la entrega de su hijo.
   - Brindar información a la madre en forma oportuna sobre los derechos que la asisten para el
     reconocimiento, tenencia y manutención de su hijo, asegurándole la debida atención profe-
     sional.
   - Brindar atención psicosocial en los casos que presentan desajustes en la dinámica familiar,
     subsidiando el tratamiento.
   - Derivar a las familias con hijos menores en situación de desnutrición a las instituciones perti-
     nentes.
   - Brindar oportuna y adecuada formación al personal hospitalario y al de los centros de salud
     sobre el riesgo de ruptura del vínculo madre-padre-hijo.
   - Prestar asesoramiento a los equipos sociales y de atención médica sobre todos los aspectos
     referidos a la protección del vínculo madre-hijo.
   - Promover el desarrollo de potencialidades individuales de las madres solas subsidiando y
     orientando una salida laboral en un marco que preserve su integridad física y emocional.
   - Facilitar la admisión en los centros de asistencia gubernamentales y no gubernamentales, de
     la madre sola, cuando las circunstancias particulares así lo requieran.
   - Fomentar la creación de pequeños hogares o residencias de autogestión para el ingreso y
     permanencia de madres solas, brindándoles el apoyo necesario para que logren superar los
     conflictos que dieron origen a su ingreso.
   - Motivar a las madres para el cuidado de su salud y la de su hijo a través del estricto cumpli-
     miento de las recomendaciones médicas, haciéndose hincapié especialmente en la estimula-
     ción temprana del bebé.
   El Consejo Nacional del Menor y la Familia ha centrado su interés en el tema referido a la ma-
dre en situación de riesgo, ya sea que se trate de una familia monoparental o de una madre multí-
para o familia numerosa, o de la situación que en nuestro país aparece con más frecuencia: la
maternidad en la adolescencia. La preocupación aparece reflejada en el decreto mencionado, que
crea un área sustantiva dentro del organismo para atender dicha temática (decreto 1606/90, artí-
culo 14, apartado I).
   En el marco de dicha área se establece este programa que prevé diferentes formas de ayuda,
cubriendo desde la detección del embarazo hasta la superación de las dificultades que aquejan a
la madre en situación de riesgo, adjudicándosele una auxiliar operativa que hará el seguimiento
del caso (psicológico, de asistencia social y otros). Este programa interactúa tanto a nivel hospita-


                                                 113
lario como extrahospitalario, ya sea en el medio familiar o supliendo a éste en caso de que el
mismo fuera inexistente.

b) Programa de Becas para Guardería (resolución 1285/79 - SEAS, modificada por disposición
   55/90 - SSMDTE).
   Objetivos
   - Evitar la internación de niños durante la primera infancia y, consecuentemente, su segrega-
     ción del grupo familiar, por razones socioeconómicas y laborales de sus progenitores, preser-
     vando así su desarrollo psico-social.
   - Favorecer el egreso de niños de los sistemas de internación y alternativos dependientes de
     este organismo.
   - Promover la integración y promoción de la familia, a través de acciones de orientación y asis-
     tencia.
   Población a la que va dirigido
   - Está dirigido a niños comprendidos entre cuarenta y cinco (45) días y cinco (5) años inclusive,
     residentes en el ámbito de la Capital Federal, dándose prioridad:
     a) Hijos de madres solas que trabajan con bajo nivel de ingresos y carentes de cobertura so-
         cial.
     b) Hijos de madres menores de edad tuteladas por este organismo que requieren recursos
         simultáneos (ubicación laboral-guardería) para lograr su integración al medio.
     c) Hijos de aquellos grupos familiares que por una situación de emergencia (enfermedad, in-
         capacidad de uno de los progenitores, pérdida de trabajo) requieren el recurso asistencial.
   Se creó además para cubrir las deficiencias legales y proteger la unidad familiar y el trabajo de
la madre. El mismo presenta diversas modalidades:
   - Pago de la guardería privada para madres con hijos menores de 5 años.
   - Posibilidad de obtener subsidios para que un conjunto de madres, integrando una cooperado-
     ra, cooperativa, asociación, etc., instalen una guardería autogestiva o comunitaria. El Consejo
     Nacional del Menor y la Familia no sólo ayuda con un subsidio para la instalación de este ser-
     vicio sino que aporta el asesoramiento técnico necesario.
   - Pago de subsidio a una mamá cuidadora, lo que permitirá a la madre seguir trabajando afue-
     ra.

c) Programa Preventivo para Familias Subsidiadas
   (resolución 2742/83 - MAS)
   Objetivos
   - Prevenir situaciones críticas que afecten la integración y capacidad de cuidado de los grupos
     familiares, cuando tales situaciones deriven de la presencia determinante o concurrente de
     factores económicos adversos.
   - Evitar la segregación de los miembros menores del núcleo familiar, cuando éste conservase
     aptitudes para su formación y cuidado y viera afectado el cumplimiento de sus funciones por
     carencias económicas.
   - Favorecer el egreso de menores internados cuando esta situación reconozca como causa
     principal la existencia de problemas económicos de sus padres y no responda a necesidades
     ineludibles de tratamiento.
   Población beneficiaria
   - Podrán ser incorporados los grupos familiares que conservando aptitud de continente apto
     para la atención de sus miembros, especialmente los menores de edad, atraviesen situacio-
     nes de crisis familiar o se encuentren en alta exposición al riesgo de padecerlas, determina-
     das, agravadas o precipitadas por la disminución o carencia de ingresos respecto de las ne-
     cesidades básicas de dichos grupos.
   La mecánica de dicho programa consiste en el otorgamiento de una ayuda económica a la fa-
milia en situación de riesgo, estableciéndose una asignación por cada hijo menor más otra para el
padre, madre, tutor o representante legal. Prevé también la entrega de una asignación extraordi-
naria a fin de lograr la superación de una crisis socioeconómica excepcional que los afecte, o bien
para ser utilizada en la compra de máquinas o herramientas que permita a la familia la iniciación
de un pequeño emprendimiento productivo.

d) Programa de Subsidios de Emergencia por Problemas de Vivienda (resolución 17/81 - SEAS)
   Objetivos



                                                114
  - Evitar la desintegración del grupo familiar, concurriendo mediante un recurso transitorio y de
    emergencia al realojamiento de grupos familiares carentes de vivienda y con graves proble-
    mas económicos, o ante la inminente pérdida del hogar.
  - Orientar a la familia hacia la superación de la situación de crisis para restablecer su funcio-
    namento autónomo.
  - Favorecer el egreso de menores internados en los casos en que la causa principal del ingreso
    haya sido el problema de vivienda del grupo familiar.
  - Evitar la internación de menores jóvenes adultos, cuando el único motivo de la misma sea la
    carencia de vivienda, permitiendo una mejor investigación diagnóstica para el logro de una
    adecuada derivación a otros sistemas de tratamiento.
  Población a la que va dirigido
  - Grupos familiares con hijos menores a cargo, y jóvenes adultos en situación de emergencia
    por carecer de vivienda. Se da prioridad a:
    1) Grupos familiares compuestos por menores madres amparadas por el Organismo, que re-
       quieran de este recurso de emergencia para lograr su reinserción al medio social.
    2) Madres solas con hijos menores a cargo, con bajo nivel de ingresos o sin ocupación labo-
       ral, y carentes de vivienda.
    3) Ambos padres con hijos menores a cargo que por causas debidamente justificadas, atra-
       viesen una situación de emergencia y requieran este recurso.
    4) Menores jóvenes adultos de ambos sexos, con posibilidades de desarrollo personal y
       adaptación al medio, que necesitan un período de transición para lograr su desenvolvi-
       miento.

e) Programa de observación y tratamiento de la Violencia Familiar
   Objetivos
   - Intervenir con una visión preventiva y asistencial frente a circunstancias donde se observan
     diagnósticamente desajustes de las relaciones familiares, a fin de que éstas no se continúen
     en situaciones altamente críticas que den lugar a la desorganización y desvinculación de la
     familia.
   - Brindar orientación y tratamiento a grupos familiares con indicadores de maltrato físico o
     psíquico, negligencias, abusos y toda otra forma de relación intrafamiliar anómala. Este es un
     Programa específico ejecutado por el Departamento de Prevención y Tratamiento de la Vio-
     lencia Familiar.

f) Centros de Promoción Familiar
    Son unidades operativas ubicadas en instalaciones pertenecientes a distintos Institutos y pro-
gramas dependientes del Consejo Nacional, seleccionadas de acuerdo con los indicadores de
riesgo y vulnerabilidad presentes en la comunidad que los circunda.
    Allí se desarrollan actividades relacionadas con los objetivos ya mencionados:
    - Orientación, apoyo y tratamiento familiar.
    - Deporte y recreación.
    - Capacitación.
    - Microemprendimientos solidarios.
    Recursos humanos
    Equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos y
alumnos universitarios de práctica, en coordinación con profesionales de las áreas de salud, jurí-
dica, capacitación, investigación, deportes y recreación.
    Modalidad operativa
    Estrategias de intervención individual, familiar y comunitaria, con un enfoque multidisciplinario
y/o transdisciplinario, complementadas con acciones de coordinación intrainstitucional y articula-
ción intersectorial, supervisión, capacitación de recursos humanos, investigación y difusión.

g) Programa hacia el Matrimonio
   Objetivo
   Apoyar y orientar integralmente a los jóvenes atendidos por la Institución para la iniciación de
su vida matrimonial.
   Sistema de asignaciones
   Los beneficiarios de este programa podrán percibir subsidios para solventar los gastos relacio-
nados con sus necesidades habitacionales, de celebración de su matrimonio, protrocinio jurídico y
atención de su salud psicofísica.

                                                115
h) Programa de Becas para Prosecución de Estudios
   (disposición 142, expediente nº 50.204/90)
   Objetivos
   Proporcionar a los menores asistidos oportunidades que les posibiliten:
   - La formación integral de una personalidad autónoma.
   - La capacitación según sus necesidades, intereses y aptitudes.
   - La integración en el marco de su realidad familiar, social y nacional.
   Este programa intenta evitar la internación de los menores cuando la causa de la misma sea
facilitar el estudio de los chicos, así como favorecer el egreso de los que por igual motivo se halla-
ren internados, sin perjuicio de su extensión a los diferentes beneficiarios de los distintos progra-
mas y acciones de protección que desarrollare la Dirección Nacional del Menor y la Familia en
concordancia con los objetivos apuntados.
   Población a atender
   Tendrán acceso a las becas que se establecen en el presente, los menores de hasta veinte
(20) años de edad que satisfagan los siguientes requisitos:
   1) Reúnan las condiciones morales, intelectuales y de comportamiento, acordes con los estu-
dios o capacitación a iniciar y/o continuar.
   2) Carezcan de recursos económicos individuales y/o familiares suficientes como para atender
razonablemente el costo de sus estudios.
   Este programa se configura como el instrumento apto para el otorgamiento de becas que per-
mitan sufragar el gasto derivado de la prosecución de estudios, así como también la disminución o
insuficiencia de ingresos que surjan de la afectación del menor a la atención de sus obligaciones
estudiantiles.

i) Programa Chicos de la Calle (disp. 270/90 - 17-8-90)
    Es una forma de trabajo organizada cuya intervención es asistencial y terapéutica.
    Objetivo
    Abordar la realidad de los chicos en su propio hábitat.
    Areas geográficas en las que se desarrolla
    Desde hace más de cinco años, operadores, recreadores y otros profesionales intervienen en
esta realidad de los chicos de la calle trabajando en zonas terminales de ferrocarriles y líneas de
colectivos donde estos chicos obtienen recursos para sobrevivir: Retiro, Pacífico, Constitución,
Once y Flores.
    Modalidad de trabajo
    En un primer momento se opera con el chico en la calle:
    - Se establecen lazos afectivos de confianza.
    - Se trabaja en el fortalecimiento de su identidad y valores culturales.
    - Se los acompaña en la elaboración de su historia personal y familiar.
    - Se fomenta su cuidado y valorización.
    - Se recrean nuevas formas de vinculación con los otros, dándole lugar a la aceptación de lími-
      tes y promoviendo otras modalidades de convivencia.
    - Se los orienta para que visualicen alternativas superadoras de su situación de la calle, que los
      lleve a la decisión e incorporación en una instancia diferente.
    - Se realizan encuentros en horarios y días fijos para organizar:
          Reuniones grupales.
          Salidas.
          Actividades deportivas.
          Actividades Asistenciales.
          Visitas a sus familias.

  En un segundo momento se actúa siendo un nexo entre él y
   Su familia, escuela, barrio.
   Los hogares no gubernamentales.
   Los recursos propios del Programa.
   Las familias cuidadoras, que trabajan orientadas por el Programa para acogerlos transitoria o
   definitivamente.
   A través del Programa se brinda en caso de ser necesario, acceso a la lecto-escritura y/o
   formación laboral, mediante un sistema de capacitadores.

                                                 116
j) Programa contra la Explotación de Niños (disposición 1586 CNMF)
    Este Programa tiene como antecedente el Programa Chicos de la Calle. He de transcribirlo en
su casi totalidad por su relevancia.
    El Consejo Nacional decidió separar en un Programa específico y como objetivo de atención
prioritaria, la atención de niños explotados por adultos en la mendicidad, el trabajo, la prostitución
o el delito, ante la evidencia de que ―la mayoría de las criaturas que deambulan por las calles de la
ciudad, lo hacen regenteados, obligados o supervisados por personas mayores que medran con el
producto de la actividad marginal de los niños‖.
    Entre otros compromisos de trascendental importancia, la República Argentina ha ratificado e
incorporado a su derecho interno la Ley 23.849 - Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, que establece como consideración primordial de todas las decisiones estatales y no guber-
namentales que conciernen a las personas desde la concepción hasta los dieciocho años, ―el In-
terés Superior del Niño‖.
    Los artículos 3, 2; 19, 1; 20; 32, 1; 33; 34; 36 y 39 de la mencionada ley, se refieren al compro-
miso gubernamental de ―proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico y mental,
descuido o trato negligente‖, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; así como tam-
bién la obligación genérica estatal de proteger al niño ―contra todas las demás formas de explota-
ción que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar‖, ―contra el uso ilícito de los
estupefacientes y sustancias psicotrópicas... y de promover la recuperación física, psicológica y la
reintegración social de todo niño víctima de abandono, explotación o abuso...‖
    En los fundamentos de este Programa, el Consejo precisa que ―la figura, a veces literaria del
Chico de la Calle, oculta con su halo de libertad y autonomía, la atroz cara de los explotadores
adultos, verdaderos instrumentos de muerte y desprecio a todo derecho del niño‖. Urge referir las
políticas, programas, técnicas y acciones al sujeto verdadero, que es el niño abandonado y explo-
tado, ―dirigiendo el peso de la sanción legal y social contra los adultos que abandonan y explotan,
restituyendo al niño su condición de tal‖.
    La concurrencia de jurisdicciones provinciales sobre casos de niños en situación de riesgo en el
orden nacional, llevará a convenir formas conjuntas y coordinadas de atención, dentro del marco
del Acuerdo Federal sobre Protección del Menor y la Familia, incluyendo convenios bilaterales y
apoyo técnico por parte del Consejo Nacional, para la formación de recursos humanos especiali-
zados en todas las provincias y para la cooperación con países de la región en el Sistema Orgáni-
co del Instituto Interamericano del Niño.
    Objetivos y metodología
    - Identificar los casos de explotación de niños distinguiéndolos de estrategias de supervivencia
      u otras situaciones de riesgo que requieran atención específica como los problemas labora-
      les, de salud mental, urbanísticos, culturales, u otros.
    - Inhibir e impedir por todos los medios lícitos, las conductas de explotación por parte de los
      adultos.
    - Brindar a los niños explotados y a sus familias el máximo apoyo de acciones y programas so-
      ciales específicos o generales, de jurisdicción nacional, provincial o municipal.
    - Garantizar muy especialmente el acceso a la educación, a la salud física y psíquica, a la ca-
      pacitación laboral, al esparcimiento y a la cultura, a todos los niños víctimas de explotación.
    - Crear en la comunidad una permanente conciencia sobre el problema.
    Para el logro de estas finalidades y objetivos se adopta una estrategia metodológica flexible,
con adecuación permanente a cada una de las múltiples situaciones que puedan plantearse, sin
rutinas ni reiteraciones definidas en el tiempo y concentrando recursos en zonas determinadas.
    La metodología de focalización en zonas donde habitualmente actúan los explotadores facilita
la tarea de detección, abordaje y tratamiento social de los casos.
    Una variable constante es la incorporación al programa de miembros de la comunidad en todas
las zonas, que participen voluntariamente en las diversas actividades, ya a título personal, ya co-
mo integrantes de instituciones que adhieran a las finalidades y objetivos antedichos, que no sólo
puedan aportar su esfuerzo e iniciativas sino que administren y sean una forma de control del flujo
de ayudas que la sociedad brinda a los niños.
    Acciones
    Al igual que en el Programa Chicos de la Calle, las acciones se enmarcan en las siguientes
pautas generales:
    1) Coordinación interinstitucional: Se propende en todos los niveles a una estrecha coordina-
      ción y colaboración entre Organismos Públicos y no Gubernamentales que tienen competen-
      cia en la temática, en particular entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de Menores, Mi-
      nisterios del Interior, de Educación, de Salud, de Trabajo; áreas públicas y privadas de trans-
      porte y servicios, medios de comunicación, cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones
                                                 117
  vecinales y de bien público y toda otra forma organizada que pueda concurrir a las finalidades
  y objetivos del programa.
2) Relevamiento de casos: A través de operadores del Programa Chicos de la Calle, de institu-
  ciones no gubernamentales, personas voluntarias o becarios de investigación, se realiza en
  cada zona —previo a las restantes acciones— un estudio de campo sobre las modalidades
  de explotación de niños prevaleciente, los adultos involucrados y los niños víctimas, determi-
  nando en cuanto sea posible su lugar del origen y domicilio.
  El material de relevamiento tiene carácter reservado hasta tanto sea remitido a actuaciones
  judiciales o administrativas y aceptado como prueba, en cuyo caso tomará el carácter que le
  imponga el ordenamiento legal vigente.
3) Campañas de concientización comunitaria: Realizadas prioritariamente a través de las si-
  guientes formas:
- Difusión de la problemática en medios de comunicación masivos, haciendo hincapié en los
  aspectos más ocultos de la utilización de niños en la mendicidad, prostitución, delitos y otras
  formas de explotación. Debe cuidarse el respeto por el art. 16 de la ley nº 23.849 (Conven-
  ción Internacional sobre los Derechos del Niño) y otras normas concordantes, en cuanto a
  evitar las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de los niños y ataques ilegales a
  su honra o reputación.
- Conferencias, cursos, seminarios, talleres, publicaciones y toda otra forma de difusión y re-
  flexión específica sobre el particular, destinada a profesionales, técnicos y público especial-
  mente interesado en el problema, quedando estas acciones bajo la responsabilidad de la Es-
  cuela de Formación Especializada.
- Distribución en la vía pública de volantes o elementos que motiven la reflexión y la acción so-
  bre el tema, a cargo de jóvenes o personas adultas que deseen colaborar en la tarea, previa
  evaluación y mediante una capacitación específica en servicio.
4) Tratamiento social de los casos: Detectado un caso de explotación, se inician los abordajes
  técnico-profesionales de diagnóstico y tratamiento, ya sea que los niños o familias afectadas
  se incorporen voluntariamente al programa aceptando dejar la situación de explotación en la
  que viven, o que haya que inhibir la acción de los explotadores mediante la intervención judi-
  cial.
  El Programa de Explotación de Niños fija uno o más centros de atención de los niños y fami-
  lias, desde donde se coordinan los recursos intra o extra institucionales ofrecidos.
  Para la instalación de estas bases se asigna un espacio físico en la Sede Central del Consejo
  Nacional del Menor y la Familia; se obtienen en comodato, locación u otra forma jurídica, lu-
  gares de atención en las zonas en que se focaliza la tarea, o se disponen bases móviles de
  automotores y otras estructuras provisionales a instalar.
  En todos los casos en que se brinda ayuda a las familias de niños víctimas de explotación,
  debe existir un seguimiento del caso que asegure la correcta utilización de los recursos, el
  cumplimiento de las pautas de escolaridad, y los restantes requerimientos que los profesiona-
  les intervinientes efectúan. Este seguimiento de casos podrá ser efectuado mediante visitas
  domiciliarias, pedido de informes a autoridades públicas con competencia en la zona en que
  se domicilie la familia del niño explotado, en ocasión de actividades recreativas, o de apoyo
  que se instrumenten.
  A los efectos de este tratamiento social, los casos identificados tienen prioridad en todos los
  restantes programas del Consejo, y su trámite debe ser resuelto con carácter urgente.
5) Intervención del Ministerio Público y los Juzgados competentes: En los términos del artículo
  10 de la ley Nº 10.903 y el artículo 12 del decreto Nº 1606/90, el Consejo Nacional debe co-
  municar al Ministerio Público de Menores, o dar intervención a los juzgados que resulten
  competentes, sobre los casos en los cuales son necesarias medidas de orden judicial para
  acabar con situaciones de explotación y así detener y procesar a los explotadores o evitar la
  separación de los niños de sus familias. Se tiene en cuenta la recomendación de la Regla Nº
  11 de Beijing (Naciones Unidas 29 de noviembre de 1985) en cuanto a la conveniencia de no
  judicializar indiscriminadamente situaciones que pueden solucionarse o mejorarse con un me-
  ro apoyo de sistemas sociales estatales o comunitarios.
  En los casos en que existe intervención judicial, la actuación del programa quedará supedita-
  da a las medidas cautelares o definitivas dictadas por el juez competente, velando por el
  cumplimiento de la garantía de debido proceso.
  Si no existe respuesta positiva de las personas mayores que explotan a los niños o de los
  propios padres en cuanto al efectivo cumplimiento de sus deberes, el Consejo Nacional debe
  instar como parte, las acciones previstas por los artículos 307, 308 y 309 del Código Civil (ley
  Nº 23.264), las acciones penales contra explotadores, reducidores a servidumbre o corrupto-
  res de menores, entre otros, y las medidas cautelares tendientes a proteger de inmediato a
  las criaturas.
                                              118
  6) Salvaguarda de niños explotados: En los casos en que, a pesar de las medidas sociales ins-
    trumentadas, los niños continúan siendo explotados laboralmente en la mendicidad, la prosti-
    tución o el delito, el Consejo Nacional ha de tomar las medidas tuitivas tendientes a impedir
    que continúe tal situación, ya sea por orden judicial o por el ejercicio de funciones propias en
    el ámbito de protección de menores en riesgo.
    Para estas acciones se requiere del apoyo de otros organismos públicos en los términos del
    artículo 11 del decreto nº 1606/90, o se acciona con todos los recursos institucionales dispo-
    nibles teniendo en cuenta el absoluto respeto a las pautas de la ley Nº 23.849 (Convención
    Internacional sobre los Derechos del Niño).
    Para garantizar la efectiva salvaguarda a todos los niños contra sus explotadores, la entidad
    forma móviles que actúan en zonas determinadas según la estrategia flexible de intervención
    focalizada.
    Recursos genéricos del Consejo Nacional del Menor y la Familia
    Todos los programas tienen como objetivo de atención prioritaria, la situación de los niños
    víctimas de explotación y maltrato.
    En particular se señalan los sistemas previstos en la disposición Nº 270/50 CGCNPF y los
    departamentos de Salud, Educación Permanente y Capacitación, Apoyo Técnico y Recrea-
    ción, directamente dependientes de la Presidencia del Consejo.
    Los departamentos dependientes de la Dirección Nacional, en todos sus Programas dan in-
    mediata prioridad a los casos derivados por los funcionarios a cargo del presente, en especial
    los Programas de Ubicación y Movimiento, Prevención del Abandono, Jardines Maternales,
    Promoción Familiar (subsidios preventivos, vivienda, y otros); Chicos de la Calle, Tratamiento
    Familiar (Amas Externas, Pequeños Hogares) y Tratamiento Institucional (sistemas de admi-
    sión y de tratamientos especializados públicos y privados).
  Recursos específicos del Programa
  - Recursos humanos específicos: además del personal de planta permanente o transitoria, be-
    carios, voluntarios u otras formas previstas por los programas institucionales para atender los
    casos y zonas de actuación, se brindan asignaciones de Capacitación en Servicio o Becas,
    por determinado número de horas en lugares precisos, con monto a fijar en cada caso, a pro-
    fesionales o técnicos que desean incorporarse al programa ya sea desde la comunidad, otras
    instituciones y al personal del Consejo fuera de su horario y modo habitual de labor. Esto se
    utiliza especialmente para los horarios nocturnos, feriados y lugares riesgosos, y no significa
    relación de empleo público.
  - Locales de atención como puntos focales.
  - Línea telefónica permanente, exclusiva y durante las 24 horas: 322-4444 y 102.
  - Vehículos de extensión horaria, equipamiento de bioseguridad y telefonía.
  - Asignaciones de urgencia.
  - Hogares de tránsito de inmediata admisión.
  - Colonias de vacaciones o de fin de semana.
  - Gastos de obtención de documentación personal.
  - Gastos de atención médica urgente, higiene personal y otras necesidades vinculadas a la sa-
    lud de los niños o de su familia.
  - Asignaciones por pago de hotel, pensión, construcciones precarias o refacciones y toda otra
    forma de solución inmediata de problemas de vivienda.
  - Material educativo o de capacitación laboral.
  - Pasajes para permitir el regreso al hogar de origen.
  - Material de fotografía, filmación, grabación y telefonía móvil para las distintas funciones en la
    calle.

    3.2. Programas de la Dirección de Tratamiento Familiar. La Dirección de Tratamiento Fami-
liar a través de sus Programas, brinda al niño un ámbito familiar sustitutivo en caso de no poder
evitarse el abandono, y como alternativa a la institucionalización; incluso cuando se refiere al tra-
tamiento de menores incursos en hechos que la ley califica como delitos, es asistida por la Direc-
ción Nacional, con la proposición de normas en coordinación con otros organismos, especialmente
con el Poder Judicial, referentes a las condiciones de asistencia en situaciones familiares alterna-
tivas.

a) Programa de Pequeños Hogares (creado en 1976 y modificado por la resolución 834/91 - MBS)
   Objetivo


                                                119
   Asegurar la atención de menores en situación de riesgo o abandono, en un hogar incorporado
al medio social que favorezca la formación de una personalidad equilibrada y autónoma, que les
permita un adecuado nivel de inserción social y de realización personal, de acuerdo con sus nece-
sidades y problemática.
   Población beneficiaria
   El presente régimen podrá ser instrumentado a los efectos de asegurar el tratamiento de meno-
res asistidos en cuanto:
   - Resulte aconsejable su convivencia en un hogar a los efectos de la iniciación, continuación
     y/o conclusión de su tratamiento.
   - Presenten condiciones psicofísicas y de comportamiento compatibles con su incorporación al
     hogar asignado sin poner en riesgo la estabilidad del mismo, o las posibilidades de tratamien-
     to de otros menores beneficiarios.
   - Reúnan las condiciones particulares que para las diferentes modalidades de tratamiento se
     establecen.
   A este programa podrán ingresar menores provenientes de institutos, los beneficiarios de los
diversos programas preventivos y alternativos del Consejo Nacional del Menor y la Familia, y tam-
bién los que fueren derivados por los Tribunales Nacionales y Federales competentes. Los meno-
res podrán permanecer en los hogares hasta su mayoría de edad y mientras se considere este
régimen como el más eficiente para su tratamiento.

b) Programa de Amas Externas (resolución 345/78 - SEMF)
   Reglamentación del servicio
   - Se llama Ama Externa a la mujer encargada de tener niños bajo su cuidado en forma transito-
     ria.
   - Se establece un subsidio diario por niño en calidad de reintegro, cuyo monto se fijará anual-
     mente.
   - El pago al ama externa cubre: atención, cuidado higiénico, alimentación, uso de muebles,
     vestimenta, ropa blanca y traslados a la institución y a servicios asistenciales.
   Mediante este programa se produce el ingreso de menores al seno de una familia, y en el caso
de niños recién nacidos y hasta 5 años de edad que se hallen en abandono absoluto, podrán ser
dados en adopción.

c) Programa de Amas Externas para niños de cuidado preferencial (resolución 836/80 - SFAS)
   Objetivo
   Posibilitar la recuperación —total o parcial— de menores dependientes del organismo en un
medio familiar, con un cuidado individualizado, cuando su patología requiera un tratamiento espe-
cializado.
   Población beneficiaria
   Se constituye por menores dependientes del organismo proteccional que reúnan las siguientes
condiciones:
   - Tener entre 0 y 3 años de edad al momento de su ingreso.
   - Presentar diagnóstico de patología psicofísica con pronóstico de recuperación total o parcial a
      corto o mediano plazo.
   - Requerir un cuidado preferencial, en un medio familiar, para hacer posible el cumplimiento de
      los tratamientos necesarios para su recuperación.
   En el caso de cuidar menores con problemas de discapacidad, las amas externas perciben una
asignación diferenciada. El Departamento de Salud controla y supervisa este programa al que no
pueden ingresar más de dos o tres chicos por ama, y que tienen mayor tiempo de permanencia
dada la problemática de los mismos.

d) Programa de Amas Externas cuidadoras de niños portadores de HIV
   Es otra modalidad del programa anterior que surge frente a la problemática del SIDA, ya que
así lo exigen los requerimientos específicos que plantea la atención de estos menores. Las amas
tienen un solo niño a su cuidado, ingresando al sistema aquellos que hayan sido abandonados, o
cuyas madres no están en condiciones de atenderlos. Mediante otros programas del Consejo, las
madres que están en condiciones de ocuparse de sus hijos, continúan manteniendo su vínculo
familiar.
   La recepción y el análisis de los casos a incorporar en estos programas se realizan con la eva-
luación, coordinación y estricto seguimiento del Departamento de Salud.

                                                120
e) Programa de Adopción
  Objetivos
  - Integrar en forma definitiva a los niños en grupos familiares.
  - Realizar la inscripción, registro, evaluación y orientación de los aspectos psico-sociales y jurí-
    dicos a matrimonios y personas que desean incorporar un niño en adopción.
  - Brindar apoyo a los futuros padres adoptivos hasta la entrega del niño en guarda, durante la
    misma, y si los padres adoptantes lo solicitan, con posterioridad a la adopción.
  - Establecer comunicaciones con los Juzgados de Familia y las Asesorías de Menores que
    ejercen la disposición de los niños en situación de adopción, remitiendo a estos organismos
    los antecedentes de las familias ya evaluadas y en condiciones de vincularse con uno o más
    niños con miras a su adopción.


f) Programa de Libertad Asistida (disposición 14/91 - CNMF)
  Objetivo
   Tratamiento de menores en conflicto con la ley penal, en lo posible en su medio social y familiar
de origen, como alternativa a la privación de la libertad y como seguimiento después del egreso de
institutos para lograr la efectiva transformación de conducta de los jóvenes.
   Población beneficiaria
   Menores de ambos sexos en conflicto con la ley penal, derivados por los magistrados con com-
petencia en menores de la Capital Federal y de los Juzgados Federales.
   Funcionamiento
   - Los menores son atendidos por un Operador del Equipo Móvil, que es el encargado de ejecu-
      tar el tratamiento en el medio a los jóvenes que se le confían.
   - Surge como alternativa para la internación de menores con problemas de conducta. Consiste
      básicamente en subsidiar su tratamiento psicológico dentro del medio familiar, asignándole un
      operador del Equipo Móvil que realizará actividades, visita y seguimiento del menor y su gru-
      po familiar.
   - También se prevé la atención de gastos de salud, vestimenta, capacitación laboral y otras
      erogaciones que hagan a una mejor atención de los chicos que están en esta situación.

   Como otra modalidad para la atención de menores con problemas de conducta, surge el Pe-
queño Hogar, que brinda atención de tipo Comunidad Terapéutica (Isla Silvia), en el cual los ope-
radores asisten a niños y adolescentes con problemas de drogadependencia, y a los cuales se les
otorga un Subsidio de Vida Práctica.
   Con relación a los Institutos de Seguridad, debemos señalar que tanto los aspectos terapéuti-
cos como los que hacen a la seguridad, están bajo la órbita del Consejo Nacional del Menor y la
Familia, que cuenta con personal propio y capacitado específicamente en cumplimiento del Pro-
grama de ―Capacitación de Personal en Servicio‖.
   Todo esto, dentro del marco de la Declaración Internacional sobre los Derechos del Niño y las
Reglas de Beijing (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas) para la protección de los menores
privados de libertad.
   Finalmente, se logró la renovación del parque automotor destinado al traslado de los menores,
contándose con nuevas unidades equipadas con detalles de confort (aire acondicionado, autoes-
tereo), sin menoscabo de los aspectos de seguridad.

    3.3. Programas de la Dirección de Tratamiento Institucional. Es la encargada de coordinar
los servicios y programas públicos o privados, a fin de prevenir, o en su caso tratar institucional-
mente al menor en riesgo o incurso en delito, faltas o contravenciones. Organiza, dirige y supervi-
sa una evaluación inmediata, definiendo opciones de derivación: tratamiento psicológico y psiquiá-
trico, programas de egreso con capacitación laboral y educativa de acuerdo con las características
de los menores asistidos, o su derivación a los institutos de seguridad.
   El diagnóstico operativo y terapéutico se realiza durante un plazo limitado y breve que permite
analizar las causas de riesgo que motivaron la internación. Se arriba a un diagnóstico y a un
pronóstico. Si en base a las conclusiones, se observa la necesidad de un tratamiento prolongado
debido a que su grupo familiar no ofrece las condiciones básicas para su crecimiento, el niño es
derivado a otro sistema, como por ejemplo al pequeño hogar satélite de una institución, a cargo de
una familia cooperante, y continuará siendo atendido por el mismo equipo profesional.


                                                121
   La Dirección de Tratamiento Institucional ejerce la superintendencia de los institutos, hogares y
servicios, y propone al CNMF, normas respecto de estatutos, funcionamiento y registro de Asocia-
ciones Cooperadoras de dichos establecimientos.
   Ejerce además el control y registro de las organizaciones no gubernamentales de asistencia y
protección de menores, a fin de que coordinen e integren sus acciones con las del Consejo, así
como el control y propuestas sobre el régimen educativo.
   Ejecuta además los Programas de Apoyo a los Egresados de los institutos a su cargo, asistién-
dolos directamente o a través de Asociaciones de Ex-alumnos en otras organizaciones no guber-
namentales.

a) Programa de Tratamiento Institucional
   Incluye a los institutos dependientes del CNMF o Unidades Sustantivas y Asistenciales (Anexo
Nº 12), en los que se asiste a:
  1) Menores en situación de abandono:
    - Casa del Niño María del P. Borchez de Otamendi.
    - Dr. Carlos de Arenaza.
    - José María Pizarro y Monje.
    - Gral. José de San Martín.
    - D. Faustino Sarmiento.
    - M. de Lasala y Riglos.
    - E. María Otamendi.
    - Hogar Materno Infantil Ntra. Sra. del Valle.
    - Carlos Pellegrini.
    - Instituto Gral. Martín Rodríguez.
  2) Menores con discapacidad mental en distintos grados, atendidos mediante educación espe-
    cial y tratamiento social integral:
    - Ntra. Sra. de Fátima.
    - Dr. J. Sánchez Picado.
    - Cecilia y M. Patiño.
    - Cayetano Zibecchi.
    - Ramayón López Valdivieso.
    - Mariano Ortiz Basualdo.
  3) Menores con problemas de conducta:
    - Centro de Atención de Menores en Tránsito (CAMET).
    - Ursula Llona de Inchausti.
    - Manuel Rocca.
    - Manuel Belgrano.
    - Dr. Luis Agote.
    - Comunidad Terapéutica Tekove Roga.
    - Casa de la Joven Ntra. Sra. de Luján.
    - Dr. Juan J. O´Connor.
  4) Ambitos de recreación y atención integral temporaria:
    - Cresencia Boado de Garrigós.
    - Manuel L. y María C. Inchausti.
    - San Sebastián.
  5) Atención integral a personas ancianas mayores de sesenta años sin familia:
    - Hogar Santa Ana.
    - Hogar Ntra. Sra. de Luján.
    - Hogar San José.
    - Hogar Isabel Balestra Espíndola y Lea Meller Back.
  6) Menores con discapacidad visual:
    - Centro de Rehabilitación de Ciegos.
    - Instituto Román Rosell.
    - Residencia Comunitaria Josefina Colmegna de Bignone.

  Sistema de Internación:

                                                122
    Es importante destacar que este sistema incluye Institutos de Admisión, Hogares de Hermanos
para grupos de niños de hasta 12 años, Hogares e Institutos para varones de hasta 13 años, Insti-
tutos para la atención de niños con discapacidad mental y visual, Institutos de Adolescentes con
problemas de conducta y Hogares para Adolescentes.
    En todos los internados, dado que los casos de largo tratamiento son derivados a Sistemas de
Familias Cooperantes (pequeños hogares), la población se ha reducido, por lo que el tiempo de
internación es menor. Entre los adolescentes, los grupos de residentes en una institución oscilan
entre 10 y 15 menores, lo que permite un contacto más personalizado.
    Resulta dificultoso el estudio de las condiciones que podrían resultar terapéuticas para atender
a los adolescentes con problemas de conducta, tanto desde el tratamiento de internación como el
implementado en su medio familiar (Programa de Libertad Asistida). En los últimos años se han
agravado los cuadros que ingresan a estos establecimientos, sobresaliendo la patología adictiva, y
pudiendo diferenciarse a los menores que consumen drogas de otros que presentan adicción a
ellas en distintas etapas de su enfermedad.
    La coordinación y derivación a servicios privados de tratamiento y rehabilitación, ha hecho ne-
cesario contar con recursos terapéuticos que permitan combinar tratamientos de diversa índole
pública y privada en distintos momentos de su evolución. Así mencionamos los Institutos de Con-
tención para adolescentes con graves problemas de conducta (psicopatías), las Comunidades de
Autoayuda, las Comunidades Terapéuticas y las Clínicas Psiquiátricas.
    En los casos donde se asocia la drogadicción con hechos delictivos por parte de los adolescen-
tes, se los deriva a un tratamiento ambulatorio en su medio, o pasan a un Instituto u Hogar Abierto
en el que se les ofrece un tratamiento adecuado a su edad y situación personal.
    En el caso de los Institutos para Niños y Adolescentes con discapacidad mental se parte del
concepto de que éstos han sufrido una lentificación variable en su evolución psico-social, o un
detenimiento de su desarrollo por factores traumáticos importantes.
    La influencia de la privación afectiva y la falta de estimulación temprana, agravan las carencias
de estos niños y jóvenes.
    Por estos motivos, los servicios que atienden esta patología centran su atención en la estimula-
ción y en el afecto, que permiten movilizar parte de su narcisismo trófico.
    El trabajo personalizado y con el grupo familiar, reconstruyendo sus historias de vida, ha permi-
tido que niños y adolescentes con estos cuadros lograran integrarse satisfactoriamente en forma
autónoma al medio social.
    En estos institutos se implementan Programas de Pequeños Hogares, a fin de evitar la institu-
cionalización que profundiza su patología de base, y sólo permanecen los menores que represen-
tan riesgos para su grupo familiar y social.
    Los programas de Recreación y los Microemprendimientos de Producción para adolescentes,
permiten la capacitación laboral y una futura vida independiente del Hogar.

b) Programa de Becas en Organismos no Gubernamentales
    El CNMF realiza convenios con otras instituciones de acuerdo a las necesidades que plantea la
demanda de atención de los menores. Esto ha dado lugar a la firma de contratos con instituciones
que brindan un servicio que implica el cuidado, protección y atención específicos, en relación dire-
cta con la problemática que presenta el niño.
    Las solicitudes de otorgamiento de becas provienen:
    - De los Juzgados Nacionales y Federales de Menores, Juzgados Nacionales en lo Civil y sus
      correspondientes Asesorías.
    - Departamento de Ubicación y Movimiento referido a menores internados en institutos oficiales
      que lo demanden.
    - Otros programas del organismo: Programa de Prevención del Abandono (PPA), Libertad Asis-
      tida, Pequeños Hogares, y demás.
    Objetivos
    Brindar asistencia, tratamiento y rehabilitación a menores a través del sistema de becas en ins-
tituciones no gubernamentales.
    Población que comprende
    Menores con domicilio en Capital Federal, menores de provincia derivados por Juzgados Fede-
rales y grupos de menores en situación de riesgo (discapacitados, faltos de continente familiar con
problemas de conducta, madres solteras, adictos, psiquiátricos y enfermos de Sida).
    Modelo de intervención del Departamento
    El Departamento de Becas despliega su acción a través de un cuerpo de profesionales: asis-
tentes sociales, psicólogos y médico psiquiatra, a través de los cuales se lleva a cabo la supervi-
sión institucional, cuyo objetivo es lograr el mejoramiento de la calidad de las prestaciones que se
brindan a los menores. Para ello realiza primordialmente su tarea con la dirección y equipo técnico
                                                123
de las instituciones privadas, asistiendo, asesorando y auditando durante su concurrencia a las
mismas, con una periodicidad semanal. En estas ocasiones toma contacto con la población pu-
diendo evaluar si se da cumplimiento o no al tratamiento acordado.
   A partir de la firma del convenio se da por aceptado el modelo de tratamiento propuesto por la
Institución, que fue evaluado previamente por el Departamento. Cuando se detectan disfunciones
en la marcha del acuerdo (excesivas fugas, quejas de los menores, de sus familias u otros), se
trabaja con la Dirección tratando de producir los ajustes que se estimen necesarios; en los casos
en que los resultados sean desfavorables se resuelve la suspensión de derivación de menores a
ese Programa, hasta tanto se modifique el cuadro de situación de la institución, y en ocasiones se
decide su traslado a otro programa de tratamiento.

c) Programa de orientación y derivación del Centro de Atención de Menores en Tránsito (CAMET)
   (disposición 175/89 - SSMDTE)
   Coordinación institucional
   - Coordinar permanentemente la actividad de todas y cada una de las áreas intervinientes.
   - Fijar las pautas de acción en base a los datos obtenidos en el desarrollo de las intervenciones
     realizadas por las distintas áreas y las reuniones generales del equipo técnico.
   - Promover la integración del equipo interdisciplinario facilitando espacios de discusión de la ta-
     rea, lo que permitirá evaluar continuamente las acciones desarrolladas y corregir las que así
     lo requieran, para lograr los objetivos del programa.
   - Coordinar las acciones con los responsables de todas las instituciones intervinientes.
   - Coordinar la tarea con la Dirección Nacional del Menor y la Familia.
   Asistencia de Coordinación
   - Entrevistar al menor al ingreso, a los efectos de su identificación, recopilación de información
     básica (filiación, domicilio, familia).
   - Confeccionar la ficha de identificación correspondiente.
   - Recabar antecedentes de cada caso.
   - Mantener actualizada la cantidad de vacantes disponibles en cada institución del sistema de
     tratamiento (intra o extra-institucional).
   - Intentar la notificación inmediata de la internación del menor a las familias que desconozcan
     esa situación.
   - Comunicar al Sector Registro Nacional del Menor los movimientos de menores en forma pe-
     riódica.
   Para ello, el Consejo Nacional del Menor y la Familia, cuenta con un equipo interdisciplinario
que funciona en el Palacio de Tribunales —CAMET— Centro de Atención de Menores en Tránsito,
a efectos de realizar estudios inmediatos y de aproximación diagnóstica de menores que hayan
sido detenidos y que estén en disposición judicial, a fin de brindarle al juez orientación para su
derivación inmediata, a partir de los estudios que se les realizan (psicológicos, sociales, de salud y
de antecedentes).

   3.4. Dirección de Escuela de Formación Especializada. Es la encargada de coordinar los
programas de investigación sobre las problemáticas del CNMF, atendiendo a su sistematización
en un Centro de Datos, a su difusión mediante publicaciones periódicas o ediciones de material
especializado, y a organizar la Escuela de Formación Especializada en Minoridad y Familia, en
coordinación con entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas.
   Organiza además cursos, seminarios y jornadas sobre el tema, para la capacitación permanen-
te del personal profesional, técnico y administrativo de la institución, y de otras que por convenio
acceden al sistema.

   3.5. Departamento de Educación Permanente y Capacitación
         Laboral
a) Programa de educación permanente y capacitación laboral
   (disposición 149/92 - CNMF)
   Marco teórico
   Desarrollar un marco teórico de criterios de educación personalizada y de educación perma-
nente, que pasarán a ser los fundamentos ideológicos del sistema, junto con la flexibilidad en la
adecuación a las necesidades de la persona asistida, la participación e integración comunitaria y
el aprovechamiento pleno de la oferta global de servicios educativos.



                                                 124
   Esto implica la transformación de una institución cerrada sobre sí misma y con pretensiones de
ser autosuficiente, en una que se abre a la comunidad no sólo para prestar servicios sino para
requerirlos y utilizarlos, vinculando así a la persona asistida con su medio social.
   Desde otro punto de vista, este programa permitirá superar el designio institucional de princi-
pios de siglo, orientado a instruir menores internados, reemplazándolo por el de brindar oportuni-
dades de formación a toda persona asistida.
    Consiste en que al menor, ya sea en el núcleo familiar o asistido por el organismo a través de
sus programas, se le subsidia el pago de un Educador o de un Capacitador Laboral cualquiera sea
la índole de la prestación.
   Lo novedoso de esta modalidad, es que posibilita la atención domiciliaria para situaciones atípi-
cas ya sea para menores privados de libertad por resolución judicial; enfermedad, discriminación
(HIV, víctimas de delito, embarazo, y otros), a fin de que dichas circunstancias no afecten su edu-
cación o inserción laboral.
   Este programa involucra a todas las áreas dependientes del CNMF, y es el Departamento de
Educación Permanente y Capacitación Laboral el que proyecta, supervisa y evalúa las formas de
educación en situaciones atípicas, y propone a la autoridad competente los convenios con orga-
nismos que prestan servicios educativos y de capacitación laboral. Organiza este Departamento
un Banco de Datos de ofertas laborales, y orienta hacia éste a las personas asistidas.


  3.6. Departamento de Recreación
a) Programa de Recreación Cultural
   Este Programa también abarca todas las áreas del Consejo, y es el Departamento de Recrea-
ción el que coordina las actividades de los Centros de Recreación, proyectando y supervisando
los planes vacacionales de los asistidos, y organizando y supervisando las actividades recreativas,
culturales y deportivas de las personas incluidas en los distintos programas.


   3.7. Departamento de Salud. La responsabilidad primaria de este Departamento es la de co-
ordinar y supervisar las acciones preventivas y de tratamientos referentes a la salud integral de las
personas asistidas por el CNMF, a través del Programa de Control y Prevención de la Infección
por Virus HIV y de Transmisión Sexual; de pautas nutricionales para la población asistida y control
de ejecución; salud odontológica, atención prenatal y perinatal de los recién nacidos y sus madres;
supervisión del cumplimiento de pautas técnicas de atención psiquiátrica en sistemas públicos y
no gubernamentales, y supervisión de la salud en personas con discapacidad dentro de los pro-
gramas de la Dirección Nacional de Promoción de la Persona con Discapacidad.


a) Programa de Control y Prevención de la Infección por Virus HIV (disposición 310/90 - CNMF)
  Objetivos
  - Prevenir la transmisión de la infección por HIV en el ámbito de competencia del CNMF, y de
    las infecciones más frecuentes asociadas a la infección por HIV (hepatitis B, enfermedades
    de transmisión sexual, tuberculosis, y otras).
  - Reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con la infección HIV.
  - Promover la creación de Centros de Atención y Orientación en el ámbito de competencia del
    CNMF.
  - Promover la implementación de acciones tendientes a ocuparse de los problemas sociales
    derivados de la infección (adopción de niños HIV positivos o su desarrollo dentro de un medio
    familiar; reinserción social, familiar y laboral de los infectados, y demás opciones).
  - Promover una legislación que ayude a controlar la diseminación de la infección, evitar la dis-
    criminación, y dar adecuada atención a las familias afectadas.
  Acciones
  - Mejorar el estado sanitario general en la población asistida.
  - Prevenir la transmisión sexual.
  - Prevenir la transmisión parenteral.
  - Prevenir la transmisión vertical.
  - Brindar atención adecuada al individuo y a la familia afectada.
  - Participar de la vigilancia epidemiológica.
  - Educar y formar personal profesional y no profesional a fin de convertirlo en agentes replica-
    dores de información y formación.
  - Favorecer la investigación.

                                                125
   - Mantener una evaluación de la situación en el área de competencia.
   Ante la aparición de esta pandemia surgió la necesidad de implementar este Programa de con-
trol de transmisión del SIDA, atención de los infectados y orientación al resto de la población en
coordinación con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranje-
ros con objetivos afines.

   3.8. Departamento de Apoyo Técnico. Ejecuta las acciones de mantenimiento, transporte y
comunicaciones, en apoyo de los servicios generales de cada unidad asistencial, supervisando
especialmente los sistemas de comunicación del CNMF con las áreas asistenciales, otros orga-
nismos, o el Poder Judicial, así como también la red informática del organismo.
   Se ocupa del mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de talleres, así como de
los implementados por el programa de educación permanente y capacitación laboral.

   3.9. Dirección Nacional de Promoción de la Persona con Discapacidad. Esta Dirección tie-
ne como finalidad la de elaborar, dirigir y ejecutar programas de prevención, protección y promo-
ción integral de personas con discapacidad en el marco social, familiar y con salida laboral. Ac-
tualmente se realiza la transferencia de la mencionada Dirección, al Ministerio de Salud y Acción
Social por decreto 703/96.

a) Programa de Tratamiento Social para Personas Discapacitadas (resolución 540/83 - MAS)
   La Dirección Nacional asiste a través de este programa a personas discapacitadas que se en-
cuentran en estado de abandono o de peligro material o moral; evalúa los requerimientos de asis-
tencia financiera de los programas en ejecución y de las instituciones públicas no gubernamenta-
les, y realiza la fiscalización de los programas vigentes.
   También realiza la difusión de la problemática del discapacitado, a fin de mejorar su inserción
social, otorgándole beneficios para mejorar su situación y luego supervisando los mismos.
   Coordina y supervisa la ejecución de las actividades de los Departamentos de Servicio Social y
Tratamiento en el Medio Social, y actualiza el Registro de Discapacitados.
   La Dirección Nacional posee Unidades Sustantivas y Asistenciales:
   - Centro de Rehabilitación de Ciegos.
   - Instituto Roman Rosell, bajo el sistema de residencia permanente o transitoria.
   - Residencia Comunitaria ―Josefina Colmegna de Bignone‖, para mujeres ciegas o con disca-
     pacidad visual con problemas socioeconómicos o familiares, a las que se les brinda interna-
     ción transitoria hasta su rehabilitación e inclusión social.
   - Editora Nacional Braille: Ejecuta y supervisa la distribución de material bibliográfico, literario y
     musical en Sistema Braille, a fin de posibilitar el acceso a la cultura a las personas ciegas, o
     con disminución visual.
   - Libro Parlante: Ejecuta y supervisa la producción y distribución de libros parlantes, a fin de
     posibilitar la recreación, instrucción y acceso a la cultura a los discapacitados visuales.
   - Talleres de Producción: Están destinados a desarrollar sus aptitudes y capacitarlos laboral-
     mente, mediante la producción de elementos, para así lograr una adecuada rehabilitación e
     integración social.

b) Programa de Abordaje Interdisciplinario de la Discapacidad Visual (disposición 314/91 - CNMF)
    Objetivo
    Promover el desarrollo autónomo de la persona con discapacidad, respetando las elecciones
personales y el fortalecimiento de los vínculos familiares para una adecuada inserción comunita-
ria.
    Este programa atiende en forma integral la protección y promoción de las personas con disca-
pacidad dentro del marco familiar y comunitario, y organiza programas de prevención, formación y
rehabilitación integral con salida laboral para las mismas.
    Se brinda atención en un Centro de Día o mediante internación según los requerimientos de
cada caso.


                                     4. Análisis Estadístico
   La información contenida en el presente apartado, comprende una reelaboración y tratamiento
estadístico de fuentes secundarias, con datos extractados de los ―Anuarios Estadísticos‖ del Con-
sejo Nacional del Menor y la Familia.


                                                  126
   Dado que por razones de facilidad de lectura se han presentado los cuadros con un decimal,
esto ha acarreado como consecuencia en algunos casos, diferencias en más o en menos en las
sumas totales de 100%.
   No he querido ubicar este Análisis Estadístico como anexo al final del libro, y he precisado in-
tercalar los cuadros con el texto interpretativo, a fin de que no pase por alto su difícil y tal vez para
algunos tediosa lectura, por la riqueza informativa que posee dentro de nuestra actualidad en refe-
rencia a la historia que nos ocupa.

   4.1. Prevención del abandono y maltrato
   a) Programa de Prevención del Abandono y Protección de Madres en Situación de Riesgo

   Cuadro Nº 13: Promedio mensual de grupos familiares (madre-hijo)
                   atendidos en el PPA, según tipo de intervención
                  en porcentajes




    (*) Madres mayores y menores de 21 años.
    (**)   Sólo madres de 21 años, asistidos en Hogares Privados con subsidio del Consejo.


   De acuerdo con los datos del Cuadro Nº 13 y con las limitaciones que presenta —expresado en
promedios mensuales de benefiaciarios—, se desprende que desde 1993 a 1994, hubo un incre-
mento de dicho promedio mensual de casi un 50% (49,1%). Pero se produjo un leve decrecimien-
to en el grupo de ―Madre-Hijo con operadora‖ de un 93,6% a un casi 89%.
   Sobre los datos que se posee solamente para 1994, del promedio mensual asistido en el pro-
grama analizado en este acápite se destaca la categoría ―Grupos Familiares‖ que representa el
casi 82% de los 458 casos totales.

   b) Programas de Becas para Guardería

   Cuadro Nº 14: Promedio mensual de menores becados en
                   Jardines Maternales

    Año        Becas otorgadas             Nº Indice
    1991            1229                    100,0
    1992             823                     66,7
    1993            1025                     83,4
    1994                1001                   81,4
   Las becas otorgadas a través de este programa, tomando en consideración el promedio men-
sual de los cuatro años y utilizando el año 1991 como base, se observa que los índices son irregu-
lares con tendencia a la baja, es decir que en 1992 el índice llega a 66,7; en 1992 es igual a 83,4 y
en 1994 a 81,4, aunque no puede dejarse de lado que al realizar los cálculos se ha usado como
base un año que tiene cierta atipicidad.

   Cuadro Nº 15: Jardines Maternales que atienden a los
                   menores becados




   Si se realiza la misma comparación, pero cambiando la unidad de análisis por los jardines ma-
ternales, no puede concluirse sino que se ha producido un aumento constante que se refleja en
1992 con un índice de 90,4; en 1993 con un índice de 94 y en 1994 llega a 107,2.


                                                            127
   Cuadro Nº 16: Jardines Maternales que atienden a los menores
                   becados según tipo, en porcentajes




   No se dispone de datos sobre la cantidad de menores becados de jardines maternales para
igual período de tiempo; sólo se puede decir que ya sean privados, autogestivos o comunitarios,
en 1991 eran 1229 (que ya fue tomado como año base) y que cuatro años después representaban
un 18,6% menos. La distribución de este último año está dada por una primacía de los privados
con un 84,4%, y en menor medida los autogestivos que representan un 11,5% del total y apenas
un 4% son comunitarios.
   La discontinuidad de las estadísticas también se presenta en lo referente a la cantidad de jardi-
nes para el período 1991-1994. Sobre los datos globales ya se ha hecho referencia, y en 1994
existía casi un 8% más de jardines maternales que en 1991, manteniéndose con casi igual peso
los autogestivos, disminuyendo los privados (de un 95,2% a un 86,5%), situación que es compen-
sada por un aumento en los jardines maternales comunitarios (1% a un 9%).

   c) Programa Preventivo para familias subsidiadas

   Cuadro Nº 17: Promedio mensual de beneficiarios del
                   Subsidio temporario

 Año 1991          1992       1993         1994
 Prom.           Nº Prom. Nº Prom.        Nº Prom.     Nº
Beneficiarios mens. Indice mens. Indice mens. Indice mens.Indice
Familias        788 100     937 119      370    47    473 60
Menores        3152 100 3748 100        1480    47 1887 60
Menores/familia 4             4            4            4
Año base 1991


   Desde 1991 hasta 1994, la relación menores beneficiarios del subsidio temporario por familia
no ha variado, menteniéndose en 4 menores por unidad familiar.
   Considerando 1991 como año base, se observan índices dispares con una tendencia fluctuante
en el resto de los años, para llegar a representar en 1994=60 para el caso de las familias; en el
caso de los beneficiarios se arriba a similares conclusiones pero aparece un elemento distintivo en
1992 cuando el índice de familia es igual a 119 y el de menores beneficiarios es 100, con tenden-
cia a la declinación.
   Respecto de este último punto, se supone que tal situación atípica puede deberse a que a una
medida resumen como la media aritmética, que en un dato representa todas las fluctuaciones de
cada mes del año, pero que sin el desvío estándar puede resultar un dato engañoso. No hay lugar
a dudas que 1993 fue el de menor éxito de este programa con una caída de casi un 53% de las
familias vinculadas y de un 50% de los beneficiarios respecto de 1991.

   d) Programa de Subsidio de Emergencia por Problemas de Vivienda
   Respecto de este programa las estadísticas disponibles son más desalentadoras, porque sólo
se cuenta con información sobre beneficiarios para el período 1991-1994, no existiendo datos so-
bre las familias involucradas. En este caso los valores absolutos son más que elocuentes y se
presentan a continuanción en el cuadro Nº 18.

   Cuadro Nº 18: Promedio mensual de beneficiarios del Subsidio
                   de Emergencia por Problemas de Vivienda,
                   en valores absolutos

  Año            Beneficiarios

                                                128
  1991                59
  1992                28
  1993                87
  1994               134


   Poco es lo que puede exponerse sobre este ítem sin tergiversar la realidad vista a través del
cristal de los números, como no sea que han habido notables fluctuaciones en cuanto al número
de beneficiarios, llegando a ser 1992 el año más desalentador, así como 1994 tiene un número
que más que duplica la cantidad de benefiarios del comienzo del programa.

  e) Programa de Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar
  El número de familias ingresadas en este Programa de prevención difiere muy poco de 1993 a
1994 (135 a 131), así como el número de menores beneficiados: 337 en 1993 y 328 en 1994,
manteniéndose el promedio de 2,5 chicos por familia.

  f) Centros de Promoción Familiar

  Cuadro Nº 19: Población atendida en los centros de Promoción
                  Familiar según tipo de actividad, en porcentajes




   La población atendida en Centros de Promoción Familiar fue de 1.311 en 1993 y de 1.545 al
año siguiente, lo que significa un incremento de casi un 18%.
   Las actividades que se desarrollan en dichos Centros se clasifican en ―Orientación, apoyo y tra-
tamiento familiar‖; ―Deportivas y recreativas‖; ―Talleres de Capacitación‖ y ―Microemprendimientos
productivos‖. Para cada una de estas actividades sólo se cuenta con datos discriminados para el
año 1993, desconociéndose las razones por las cuales no se presenta la información para 1994
en los ―Talleres de Capacitación‖ y en ―Microemprendimientos productivos‖.
   Las ―Actividades deportivas y recreativas‖ fueron las más importantes en ambos años pero ob-
teniendo un peso diferencial y representando más de la mitad en 1994 con un 56,2%. Expresado
de otra manera por cada 100 actividades de ―Orientación, apoyo y tratamiento familiar‖ hubo 128
abocadas a la recreación y el deporte.
   En 1993, presentan igual distribución las actividades de Apoyo y Orientación familiar (26%)
como los Talleres de Capacitación (27,7%), teniendo un peso casi irrelevante los microemprendi-
mientos que representaron un 4% del total de las actividades.
   En 1994, el promedio de familias atendidas fue de 179 y el promedio de menores asistidos fue
de 732, manteniéndose la relación de 4 menores por unidad familiar, no contándose con datos
para 1993.

  g) Programa Hacia el Matrimonio
   Iniciado en setiembre de 1993, hubieron 15 casos en ese año y 43 en 1994 que se subdividie-
ron de la siguiente manera: casi un 40% de las parejas incorporadas concretaron el matrimonio,
un 32% son casos que se hallan en tratamiento y casi un 30% se han suspendido.


  h) Programa de Becas para Prosecución de Estudios


  Cuadro Nº 20: Menores beneficiarios de Becas de Estudio

              Año           Cantidad         Nº Indice
              1991             702             100,0
              1992             800             114,0
                                               129
                    1993                   850                  121,1
                    1994                   620                   88,3


   Para este programa de prosecución de estudios que otorga becas para estos fines, sólo se
cuenta con datos discriminados por niveles de instrucción para el año 1994, donde sobre el total
de 620 beneficiarios, alrededor del 58% fueron destinados al nivel medio; un 40% al nivel primario,
y casi el 2% restante al terciario.
  Desde 1991 hasta 1994 la cantidad de benefiaciarios ha sido fluctuante iniciándose el progra-
ma con 702 favorecidos, y si se considera este año como base, para 1992 el índice asciende a
114; en 1993 a 121, decreciendo en 1994 al valor índice 88,3 que como se dijo representa a 620
casos.


      i) Programa Chicos de la Calle
   El principal problema con que se enfrenta el investigador al analizar los datos sobre los meno-
res asistidos en este programa, es la disparidad en la presentación de la información y la inconsis-
tencia de la misma. Obviamente esto dificulta en mucho las conclusiones a las que se puede arri-
bar, pero sí puede marcarse una tendencia.

      Cuadro Nº 21: Menores asistidos en el Programa Chicos de la Calle

                    Año           Cantidad                       Nº
                      Beneficiados Indice
                    1990             118                      100,0
                    1991             206                      174,6
                    1992             351                      297,5
                    1993             492                      416,9
                    1994            249(*)                    211,0
                    Sin datos         28                          -
                    Total           1.444

(*)    El total es de 197 casos cuando se cruzan los datos según porcentajes y zonas de procedencia.


   El programa se inicia en 1990 con 118 beneficiarios y tiene un crecimiento sostenido hasta
1993 inclusive, siendo el índice para 1991 de 194,6; para 1992 de 297,5 y alcanzando su máximo
en 1993 con 416,9, con un decrecimiento significativo en 1994, de 249 beneficiarios, igual a un
índice de 211 respecto de 1990. También se cuenta con 28 casos que no reportan identificación
respecto al año de acontecidos. Es decir que se podría hablar de un total de beneficiarios en estos
cinco años de 1.444.
   Los datos secundarios proveen una valiosa información adicional sobre la distribución según
sexo y edad, pero tienen dos falencias importantes que dificultan la comparabilidad de los datos
de estos cinco años que son las siguientes:
   a) un porcentaje importante de casos no están clasificados según sexo y edad, presentando
221 casos sobre los cuales no se tiene identificación alguna, que respecto del total de beneficia-
rios representan el 15,3%. Los porcentajes más significativos de desconocimiento o pérdida de
información corresponden a 1991 con un casi 34% sobre el total de beneficiarios de ese año y
1993 con un 13% sobre su propio total de beneficiarios, siendo más preocupante este último regis-
tro debido a que fue —como se expresó— el año con mayor cantidad de beneficiarios, que casi
alcanzó a 500 casos. Esta situación vuelve a repetirse cuando observamos los datos sobre el total
de información sin clasificación, donde sobre un total de 221 beneficiarios no identificados por
sexo, edad e incluso año de ingreso al programa, con porcentajes que rondan el 30%, los años de
mayor pérdida de información son 1991 y 1993, aunque los valores absolutos de beneficiarios
varían sustancialmente (cuadro Nº 22),
   b) el cambio para 1993 y 1994 de los intervalos de edad, y
   c) la falta de datos discriminados para 1991 y 1992 para edades superiores a los 11 años, que-
dando incluidas en una categoría abierta ―11 años y más‖. Esto puede verse claramente en los
cuadros Nº 23 (a), (b), (c), (d) y (e).

      Cuadro Nº 22: Menores asistidos en el Programa Chicos de la
                     Calle sin discriminación por sexo y edad.
                     En valores absolutos y en porcentajes

                                                                130
   Año       Valores Absolutos % s/total de       % s/total de
                 cada año     casos sin datos
   1990              10             8,5                 4,5
   1991              69           33,5                31,2
   1992              29             8,3               13,1
   1993              65           13,2                29,4
   1994              20             7,6                 9,1
   Sin datos         28               -               12,7
   Total           221                -                100



   Cuadro Nº 23: Menores asistidos en el Programa Chicos de la
                  Calle según sexo y edad, período 1990-1994,
                  en porcentajes
1990 (a)
             Sexo
           Edad          Masc.      Fem.         Total
           0-6            43,3       29,3         36,4
           7-10           20,0       24,1         22,0
           11 y +         20,0       46,6         33,1
           Sin datos      16,7         0,0          8,5
           Total           100        100          100
             (60)         (58)      (118)

+ 28 que no tiene sexo ni edad y no tienen año.

           1991 (b)
             Sexo
           Edad          Masc.      Fem.         Total
           0-6            22,2       38,2         29,1
           7-10           17,1       15,7         16,5
           11 y +         26,5       13,5         20,9
           Sin datos      34,2       32,6         33,5
           Total           100        100          100
             (117)        (89)      (206)
             Sexo
           Edad          Masc.      Fem.         Total
           0-6            18,9       20,3         19,7
           7-10           55,6       63,2         59,5
           11-19          10,7       11,0         10,8
           20-21            1,8        1,6          1,7
           Sin datos      13,0         3,9          8,3
           Total           100        100          100
             (169)       (182)      (351)
             Sexo
           Edad          Masc.      Fem.         Total
           0-5            17,5       16,1         16,7
           6-14           58,7       53,2         55,5
           15-19            8,7      16,4         13,2
           20-21            0,0        2,4          1,4
           Sin datos      15,1       11,9         13,2
           Total           100        100          100
             (206)       (286)      (492)
             Sexo
           Edad          Masc.      Fem.         Total
           0-6            10,4       28,2         16,7
           7-10            5,5       17,7          9,6
           11-13          28,7       15,3         24,1
           14-17          36,5       29,4         34,1
           18 y +          7,3        8,2          7,6
           Sin datos      11,6        1,2          8,0
                                                131
           Total           100          100        100
            (164)          (85)       (249)
     En el Cuadro Nº 23 (a) vemos que el número de beneficiados corresponde a los extremos de
los tramos de edad, es decir menores de 6 años y de 11 y más años, llegando a representar un
70% del total. Pero discriminado por sexo los datos se invierten. A menor edad mayor cantidad de
beneficiarios masculinos y a mayor edad encontramos un porcentaje incluso superior de población
femenina (43,3% versus 46,6%). El tramo intermedio de 7-10 años reporta en forma proporcional,
con un leve aumento de población femenina, no superando el 25%.
     En el año 1991 (Cuadro Nº 23 (b)) vuelve a repetirse el comportamiento del fenómeno tal como
se expresó en el párrafo anterior, respecto de una mayor concentración en las edades extremas,
que se encuentran entre el 29% y 21%. Pero se debe ser cauto en esta conclusión dado que aquí
se tiene un 33,5% de casos sin identificación de edades, que distorsiona justamente la situación
inversa a la de 1990, es decir casi un 40% de mujeres tienen entre 0 y 6 años y en la diagonal
opuesta, hay un aumento de los varones en desmedro de las mujeres. Si se deja de lado el signi-
ficativo 32,6% de mujeres sin identificación de edad, se evidencia un decrecimiento en este sub-
grupo a medida que aumenta la edad desde un 38%, pasando a casi un 15% y llegando a un casi
14%.
     El año 1992 es diferente en cuanto a su composición etárea si se lo compara con los dos ante-
riores (Cuadro Nº 23 (c)). Es decir que casi el 60% de los beneficiarios tienen entre 7 y 10 años
reduciéndose los porcentajes para el grupo de menores de 6 años y 11-19 años. En estos regis-
tros se agregó la discriminación de los beneficiarios con la categoría 20-21 años, pero sólo al-
canzó un casi 2%. Hay una mejora sustantiva en los registros dado que el porcentaje de no inden-
tificados se ve drásticamente reducido a un 8%.
     La distribución según sexos es bastante similar para todos los grupos de edad, excepto que
presenta un leve aumento de unos dígitos para el caso de la población femenina, pero conside-
rando que un 13% de los varones no se hallan distribuidos por edad, se puede inferir que de con-
tarse con la información subregistrada, aumentaría los valores equiparándolos a los de las muje-
res.
     El Cuadro Nº 23 (d) que corresponde al año 1993, tiene una estructura similar a la del año an-
terior y se pueden realizar algunas comparaciones. El tramo de edad de 6-14 años es el más rele-
vante llegando también a casi un 60%, seguido por la población de menores de 6 años.
     Si se suman los datos correspondientes al grupo 7-19 años (1992) y por otra parte 6-19 (1993)
presentan una pequeña diferencia a favor de 1992 con un 70%, mientras que 1993 se aproxima al
69%.
     La distribución según sexo es bastante pareja para los primeros años (0 a 14) con un leve pre-
dominio de población masculina, mientras que se invierte para los grupos 15-21 años en favor de
las beneficiarias femeninas.
     Nuevamente, no debe despreciarse en el conjunto del análisis tanto el 15% como el casi 12%
de población masculina y femenina respectivamente, que no tiene hecha la distinción por edad en
las estadísticas.
     En el año 1994 (Cuadro Nº 23 (e)) los porcentajes según edad cambian significativamente res-
pecto del comportamiento de los dos años anteriores y tampoco se llega a una distribución similar
a la de 1990 y 1991. Como año bastante atípico en este sentido, la población de 7-10 decrece
respecto de la 0-6 años (9,6% versus 16,7%), pero luego a medida que aumenta la edad, aumenta
la participación de los beneficiarios, llegando al 34% para el grupo 14-17 años. En estos datos
reaparece un nuevo agrupamiento de edades y el de 18 y más años decrece con respecto a los
años anteriores, pero se desconoce con exactitud donde se produce el corte.
     Así como el grupo de menores de 6 años concentra la mayor cantidad de población femenina
con un casi 30%, los grupos de 11-13 y de 14-17 presentan mayores porcentajes de población
masculina, siendo para el primer caso también casi un tercio del total y para el segundo casi un
40%.
     Obviando la distinción por sexo, en el grupo de menores de seis años se puede concluir que a
medida que fue pasando el tiempo de implementación del programa, el porcentaje de beneficiarios
disminuyó en forma constante, ya que en 1990 representaban un 36,4% de su grupo, y en 1994
un 16,7%. Esta conclusión tan definitiva no puede hacerse respecto del resto de los grupos etáre-
os, dado que a partir de 1992 los beneficiarios de 7-10 años treparon de porcentajes que estaban
en el 20 al 60%, para caer abruptamente en 1994, no alcanzando el 10%.
     Si se deja de lado una discriminación más fina que se hace en los agrupamientos de edades en
los diferentes años, y considerando los mayores de 11 años, hay una tendencia a la disminución
que se inicia con un 33% y llega al 12% en 1992, no pudiéndose incluir en la comparación a 1993
dado que tiene un agrupamiento totalmente diferente, pero que ronda el 14% para aquellos mayo-
res de 15 años. Lo notable es el aumento significativo que se da en 1994, llegando a casi un 66%.


                                               132
    Independientemente de la edad, no hay una constante que pueda marcarse para la variable
sexo, dado que tomando en consideración todo el período, en 1990 un poco más de la mitad eran
beneficiarios masculinos, que aumentan a un casi 57% en 1991, pero que decrece su participa-
ción en 1992 y 1993 (48% y 42% respectivamente) y se incrementa, incluso por sobre los valores
iniciales a un casi 66% en 1994.
    Se concluye, —con los resguardos hechos en cada oportunidad sobre la calidad de los datos—
que no existe en el Programa Chicos de la Calle un sesgo que beneficie principalmente a determi-
nados grupos de edad y/o a mujeres o varones.

  Cuadro Nº 24: Menores asistidos por el Programa Chicos de la
                 Calle según “Parada” y tipo de intervención,
                 en porcentajes

  Año1993              1994
             Tipo interv.Sin                    En
 Parada          discriminación Contactados seguimiento   Total
 Once                  17,7           9,6         7,1       8,7
 Flores                10,7         13,2        14,2      13,6
 Constitución          24,7         18,3        20,5      19,1
 Pacífico              14,0         11,7        12,6      12,0
 Retiro                32,9         47,2        45,7      46,6
 Total                  100          100         100       100
  (356)             (197)         (127)        (324)

   Si bien los datos obtenidos para el Programa Chicos de la Calle según ―paradas‖ discrepa en
valores absolutos con la información sobre los beneficiarios según el sexo y edad, se sabe que en
1993 la población beneficiada ascendió a 356 niños/adolescentes, mientras que en 1994 fueron
324 casos de los cuales el 60,8% se hallaba ―contactado‖ y el 39,2% restante se hallaba ―en se-
guimiento‖. También no son coincidentes los 197 casos que aparecen como totales cuando se
cruzan las variables de ―Zonas de procedencia de los menores‖ y ―Paradas de los menores‖ para
el año 1994, aunque en este último caso se justificaría por el hecho que sólo se tomaron registros
más detallados en el caso de los menores ―contactados‖.
   En el Cuadro Nº 24 se aprecia que la parada que concentra mayor cantidad de casos en 1993
es Retiro con un casi 33%, seguida de Constitución con casi 1/4 de la población; Once con casi
18%, y con un porcentaje similar pero superior al 10% Pacífico y Flores. En 1994 la población be-
neficiaria decreció, pero las paradas Retiro con un 46,6% y Constitución con un 19,1% continua-
ron siendo las que mayor concentración poseían, aunque en el primer caso el incremento fue mu-
cho más significativo. En tercer lugar aparece Flores con un 13,5% y Pacífico con un 12%, mien-
tras que se desplaza a un último puesto la parada Once que atrae casi la mitad de los beneficia-
rios que el año anterior con un 8,6%.
   De los 151 chicos de Retiro un 38,4% se encuentra ―en seguimiento‖, mientras que la mayoría
se halla ―contactada‖. De los Chicos de la Calle de la parada Constitución que en 1994 ascendían
a 62, el 42% se hallaba también ―en seguimiento‖; en Flores del total de 41%, el casi 41% se si-
gue; en Pacífico de 39 casos se encontraban en dicha situación un 41%; y por último en Once de
28 casos, el 32% estaba encuadrado como ―en seguimiento‖.
   O sea que independientemente del número de casos totales por paradas, hay diferencias en
cuanto al seguimiento de la población, oscilando alrededor del 30 al 40% y no encontrándose re-
lación entre las paradas con mayor concentración y casos en seguimiento. Es así que Constitu-
ción tiene el porcentaje más elevado ―en seguimiento‖, Flores y Pacífico reconocen un porcentaje
similar, estando en un extremo Once con el 32% de los casos.

   En el Cuadro Nº 25 se tienen datos solamente para el año 1994 referidos a las zonas de pro-
cedencia de los menores atendidos en el programa y la zona donde paran. Sobre el total de 197
casos, para un casi 24% no se cuenta con datos discriminados según el lugar de procedencia, y
se registran 3 casos (1,5%) agrupados bajo la categoría residual ―Otras Zonas‖; es decir que en
principio las conclusiones a las que se arribará no cuentan con un 1/4 de la población asistida en
ese año. El restante 75% ha sido analizado según las categorías previstas por quienes suminis-
tran los datos secundarios. Casi la mitad tiene su parada en Retiro; en segundo lugar y con un
porcentaje bastante menor que alcanza el 18% se ubica en Constitución, siendo por último el por-
centaje significativo Flores con un 13%, restando los demás y similares porcentajes en el siguiente
orden: Pacífico y Once.


                                               133
  Cuadro Nº 25: Menores asistidos en el Programa Chicos de la
                 Calle según parada y zona de procedencia.
                 Año 1994, en porcentajes

          Z. proced.
 Parada          Cap. Fed.   Norte   Sur     Oeste   S/D     Otros   Total
 Once                  -         -   12,1    36,7      8,6      -      9,6
 Flores            20,8          -     9,1   40,0        -      -    13,2
 Retiro            56,6      61,3    27,3      6,7   63,8    100     47,2
 Constitución      20,8        3,2   48,5    10,0    10,6       -    18,3
 Pacífico            1,9     35,5      3,0     6,7   17,0       -    11,7
 Total              100       100     100     100     100    100      100
  (53)              (31)     (33)    (30)    (47)       (3) (197)

   Aquellos menores que tienen su parada en Retiro proceden en su mayoría de zona Norte y Ca-
pital Federal. Debe hacerse notar que de un casi 64% de los casos no se conoce el origen.
   Para aquellos menores que tienen su parada en Constitución, casi la mitad provienen de zona
sur, mientras que el 21% lo hace de Capital Federal, siendo un porcentaje mucho menor al que
atrae la parada de Retiro. Lamentablemente es tan relevante la procedencia de la zona Oeste
como el no contar con información desagregada, en el sentido que para ambos representa el 11%
del total.
   Los niños ubicados en la parada Flores, proceden en primer lugar de la zona Oeste, siendo el
porcentaje más elevado de toda esta zona cuando se cruza por diferentes paradas; en segundo
lugar, de Capital Federal.
   Los menores que paran en Pacífico vienen predominantemente de la zona Norte, así como
quienes paran en Once vienen de la zona Oeste y en segundo lugar de la zona Sur, no existiendo
casos para el resto de las zonas.
   Obviamente si se hubiese presentado otro cuadro con los datos ubicados en sentido inverso en
el cual se pudiese observar la atracción que ejerce cada una de las paradas, los resultados obte-
nidos serían diferentes, pero su peso relativo en el conjunto no variarían respecto de los presenta-
dos precedentemente. No quedan dudas que los lugares de mayor elección son Retiro y Constitu-
ción y que en ambos casos la mayor cantidad de menores proviene de las zonas de influencia y
de la Capital Federal. Este último distrito está presente en todos los casos menos en la Parada de
Once, así como la zona de procedencia Norte no se halla entre los menores que paran en Once y
en Flores.

   4.2. Tratamiento Familiar
   a) Programa de Pequeños Hogares
   En el caso de este programa, las estadísticas son más que irregulares. Para poder presentar
un panorama de su evolución, se hubieran necesitado los datos de Ingresos y Egresos para todos
los años discriminados por ―Casa Propia‖ y ―Casa del Estado‖, pero sólo se tiene así la informa-
ción para 1994. En 1991 hay 6 ingresantes por cada egreso (283/48:6), la razón disminuye a 3,4
en 1992 (256/76) y se mantiene casi igual para 1994 con 3,4 (373/118). En 1994 tanto para ingre-
sos como para egresos el porcentaje de los que se hallan en Casa Propia ronda el 56% del total
beneficiado.
   El promedio mensual de menores atendidos en Pequeños Hogares llegó a 4,2 en 1994.

  Cuadro Nº 26: Promedio mensual de menores en Pequeños
                  Hogares, según tipo de casa y en porcentajes

                  Año
         T. casa           1991      1992       1993         1994
         Propia             73,2      86,9       85,0         82,4
         Del Estado         26,8      13,1       15,0         17,6
         Total               100       100        100          100
           (56)             (99)     (160)      (199)

   En el Cuadro Nº 26 se presentan los datos según promedio mensual de Pequeños Hogares pa-
ra el período 1991-1994, observándose un incremento dado que se inicia con 56 pequeños hoga-
res y al final del período se alcanzan casi los 200 hogares. La distribución según si es Casa Propia
o Casa del Estado, determina la primacía de la primera categoría sobre la última en todos los
años, aunque con pequeñas fluctuaciones, o sea que a partir de 1992 se detecta un leve pero

                                                     134
sostenido aumento de Casas del Estado que va del 13% al casi 18%. Retomando la situación de
los de Casa Propia, en 1991 representaban el 73,2% del total de hogares, ascendiendo al casi
87% en 1992, el 85% en 1993 para descender a un 82% en el último año.

  b) Programa de Amas Externas

  Cuadro Nº 27: Menores ingresados en Amas Externas por sexo
                 y edad para el período 1990-1994, en porcentajes
          Año 1990       Sexo
          Edad           Masc.      Fem.          Total
          0-5 meses       45,7       38,4          42,2
          6-12 meses        9,6      16,3          12,8
          1 año           20,2       14,0          17,2
          2 años          13,9       16,3          15,0
          3 años y +      10,6       15,1          12,8
          Sin datos           -         -             -
          Total            100        100           100
            (94)          (86)      (180)
           Año 1991      Sexo
          Edad           Masc.      Fem.          Total
          0-5 meses       34,0       30,7          32,6
          6-12 meses        6,8        8,0           7,3
          1 año             9,8      16,0          12,4
          2 años          19,4         6,7         14,0
          3 años y +      22,3       21,3          21,9
          Sin datos         7,8      17,3          11,8
          Total            100        100           100
            (103)         (75)      (178)
            Año 1992     Sexo
          Edad           Masc.      Fem.          Total
          0-5 meses       26,2       27,4          26,8
          6-12 meses      13,8         9,7         11,8
          1 año           17,0       29,0          22,8
          2 años          15,4       17,8          16,5
          3 años y +      26,2       16,1          21,3
          Sin datos         1,5          -           0,8
          Total            100        100           100
            (65)          (62)      (127)
              Año 1993   Sexo
          Edad           Masc.      Fem.          Total
          0-5 meses       53,7       53,3          53,5
          6-12 meses        6,3      13,0            9,6
          1 año           18,9       12,0          15,5
          2 años            6,3        9,8           8,0
          3 años y +      14,8       12,0          13,4
          Sin datos           -          -             -
          Total            100        100           100
            (95)          (92)      (187)
              Año 1994 Sexo
          Edad         Masc.      Fem.       Sin datos     Total
          0-5 meses     59,9       57,8            -       57,9
          6-12 meses    29,1       29,7            -       29,0
          1 año           3,1      10,2            -         6,6
          2 años          2,4        0,8           -         1,5
          3 años y +      5,5        1,5           -         3,5
          Sin datos         -          -        100          1,5
          Total          100        100         100         100
           (127)         (128)      (4)       (259)
                                                135
    Al analizar el total de menores ingresados y egresados de este programa con un índice base
100 en 1990, se concluye que en general hubo un decrecimiento, para luego en el último año del
período producirse un aumento, incluso superior al del inicio del programa. Es decir que respecto
de los ingresos, los números índices reflejan para 1991 el 98,9, para 1992 es igual al 70,6, para
1993 es igual a 103,9 y por último para 1994 es de 143,9. Para igual período los menores egresa-
dos del programa expresados en números índices en 1991 es igual a 80, en 1993 a 84,8 y en
1994 de 106,2. No se cuenta con información para el año 1992.
    Si se observa la distribución por sexo para cada uno de los años se concluye que exceptuando
1994, siempre ha habido más beneficiarios masculinos, superando en todos los casos el 50%,
notándose la mayor diferencia (casi un 16%) en 1991, en segundo lugar 1990 con una diferencia
de 4,4% a favor de los varones y a partir de ese parámetro, los porcentajes decrecen rondando el
2%. La diferencia a favor que se nota en 1994, que prácticamente es insignificante ya que repre-
senta un -0,4% puede deberse —entre otras causas— a un subregistro, dado que ese año existe
un 1,5% de la población beneficiada que no se encuentra separada por sexo.
    Si se examinan los datos contenidos en el Cuadro Nº 27 que presenta la distribución por sexo y
edad de los menores ingresados al programa en 1990, se destaca que más de la mitad (55%)
tiene entre 0 y 12 meses, siendo más notorio el 42,2% de los menores de 6 meses, teniendo igua-
les porcentajes pero decreciendo notablemente los de 1 y 2 años, con un 17% y un 15% respecti-
vamente. Si bien se planteó que en términos generales hay predominio de población masculina,
en el tramo 6-12 meses, 2 años y 3 años y más, las mujeres fueron más beneficiadas en 1990 con
porcentajes que rondaban el 15/16%.
    En 1991 no se presenta ninguna tendencia respecto de la edad; las concentraciones mayores
se dan en los extremos de la variable, con un 32,6% para 0 a 5 meses y un casi 22% para 3 años
y más. Para el análisis no puede dejarse de advertir que ha influido un 12% de ingresantes que no
han sido clasificados según edad y que representan un 17% de mujeres y un casi 8% de varones.
    En 1992, la distribución por edades todavía se halla más dispersa que para el año anterior y
continúa disminuyendo el porcentual que corresponde a menores de 6 meses, que representan un
27%; le siguen los que tienen un año con un casi 23% y aquellos que tienen 3 años y más alcan-
zando el 21%. La comparación por sexos no arroja diferencias significativas, excepto para el gru-
po de 1 año, donde las mujeres duplican a los varones, y en el grupo 3 años y más donde la dife-
rencia a favor de los varones alcanza un 10% (26,2% vs. 16,1%).
    En 1993 se observa que se incrementa a más del doble la población de menores de 5 meses
respecto del año anterior (53,5%) y con porcentajes muy alejados de este parámetro, pero siendo
aún los más significativos se encuentran los grupos de beneficiarios de 1 año y los de 3 años y
más. Excepto en los grupos de menos de 5 meses y de 3 años y más donde la distribución por
sexo es similar, en el resto se dan disparidades, representando las mujeres casi el doble en el
grupo de 6-12 meses y siendo algo superiores en el grupo de 2 años.
    Por último, en 1994, el grupo de menores con menos de 5 meses asciende a casi el 58%, o sea
que al igual que en 1993, supera la captación de beneficiarios que hubo al inicio del programa.
    También se incrementa notablemente el grupo de 6-12 meses y esto es más que relevante si
se tiene en cuenta que en este año ha habido un crecimiento del 38,5% de los beneficiarios res-
pecto de 1993 (en valores absolutos se pasa de 187 a 259). El único porcentaje algo representati-
vo se halla en los beneficiarios que tienen 1 año, pero muy distantes de los valores relativos ante-
riores, con un 6,6%.
    La distribución por sexo para los dos primeros grupos etáreos es similar variando en unos dígi-
tos que no son significativos si se considera que los varones son 127 y las mujeres 128. En este
año se modifica la relación sexo-edad del año anterior, dado que los que tienen 1 año son predo-
minantemente mujeres (10,2%).
    Por otra parte si se toma como edad de corte a los menores de 1 año, se observa que si bien al
iniciar del programa representaban un poco más de la mitad de los beneficiarios, durante 1991 y
1992 el porcentaje de participación fue decreciendo, llegando a un 40% y un 38,6% respectiva-
mente; posteriormente en 1993 retoma su importancia y se hace más significativo en 1994 con un
87% del total de los beneficiarios. Es decir que se puede concluir que el porcentaje de este grupo
oscila entre el 40% y el 87% y que en los años tomados en cuenta ha sido el más favorecido.
    Cuadro Nº 28. Menores egresados de Amas Externas según destino
                       o causa, en porcentajes

                   Año
 Dest. o causa       1990    1991    *   1993    1994    T. abs. %
 Adopción             30,3    35,3        30,9    29,2    168 31,2
 Familia Natural      43,5   37,9        35,8    52,0    231   42,9
 Pequeños hogares     15,9   13,8         3,3        -    43    8,0
                                                  136
 Institutos                     -     0,9         -       -      1   0,2
 Fallecimiento                  -     0,9         -     1,3      3   0,6
 Amas externas de
  cuidado preferencial 4,1            5,2       2,4       -    15    2,8
 Juzgados                       -     0,9         -       -      1   0,2
 Sin datos                      -     3,4         -       -      4   0,7
 Otras                        1,4     1,7         -     6,5    14    2,6
 Guarda                         -       -     27,6     11,0    51    9,5
 Familia Sustituta            4,8      -         -       -       7    1,3
 Total                       100     100       100     100     538   100
    (145)                   (116)   (123)     (154)   (538)
* 1992: sin datos.


    En relación con el destino o causa del egreso del Programa de Amas Externas,en el Cuadro Nº
28 se puede ver detalladamente la distribución. De allí surge que casi un 43% retorna con su fami-
lia natural y que el 31% de los niños son dados en adopción. A excepción del casi 10% de los ni-
ños que son dados en ―guarda‖ y del 8% que se ―deriva a Pequeños Hogares‖, el resto de los por-
centajes no son significativos dado que en su mayoría no alcanzan el 1% sobre un total de 538
niños egresados durante los años 1990, 1991, 1993 y 1994.
    De aquellos que ―retornaron a su familia natural‖ hay una tendencia declinante desde 1990 has-
ta 1993 (sin contar 1992 por falta de datos) y un aumento sustantivo en 1994. Mientras que los
que tuvieron como destino la ―adopción‖ los porcentajes oscilan, y exceptuando 1991 que tiene un
35% de beneficiarios, el resto de los años se halla alrededor del 29-30%.
    El promedio mensual de menores por Ama Externa para el año 1994 es de 5,6 beneficiarios.
    La alternativa de egreso hacia ―familia sustituta‖ no posee datos porque este destino se cerró
en 1990 en favor de Pequeños Hogares y otros programas alternativos.

    c) Programa de Amas Externas de Cuidado Preferencial

    Cuadro Nº 29: Población de menores en Amas Externas de
                    cuidado Preferencial en valores absolutos

                     Año            Ingreso           Egreso
                     1990               9                7
                     1991              38                4
                     1992              35              s/d
                     1993              52               19
                     1994              55               29


   El Cuadro Nº 29 que presenta las variaciones de la población de menores atendidos dentro de
este programa, muestra que se ha producido un incremento en el ingreso sostenido desde 1990
hasta 1994, así como también que se encuentra esta tendencia respecto del egreso de los meno-
res comprendidos dentro del mismo.
   En 1991 la relación ingreso/egreso alcanzó casi los 10 menores; en 1993 esta relación dismi-
nuyó a 2,7 beneficiarios, y en 1994 alcanzó los 2 menores, o sea que hay mayor permanencia
dentro del programa, concluyéndose con estos pocos datos disponibles, que en el último período
tuvo un carácter menos expulsor, o dicho de otra manera se transformó en un programa más con-
tenedor de los menores necesitados de atención especial.

   En el Cuadro Nº 30 se puede observar la distribución de los casos de menores ingresados al
programa discriminados según sexo, pero dado que los registros no superan los 100 casos y ape-
nas si alcanzan los 50, estadísticamente no es pertinente realizar un cálculo porcentual, sino que
por el contrario es conveniente detectar, —si es que existe— alguna tendencia considerando los
valores absolutos.

    Cuadro Nº 30: Menores ingresados en Amas Externas de Cuidado
                    Preferencial según sexo y edad, en valores absolutos



                                                       137
  Año      1990         1991        1992        1993        1994
     Sexo M F        Tot. M F    Tot. M F    Tot. M F    Tot. M F      Tot.
Edad
0-5 m. 2 2 4          7   3 10   10   2 12   17   7 24   14 15 29
6-12 m. - - -         1   1 2     3   1 4     1   2 3     6 10 16
1 año 3 - 3           5   4 9     7   3 10    4   6 10    3 1 4
2 años 1 - 1          3   1 4     2   2 4     2   2 4     1 1 2
3 a. y + - 1 1        6   2 8     2   2 4     3   6 9     1  - 1
S/D      - - -        2   3 5     1   - 1     -   2 2     -  - 3
 Total   6   3   9   24 14 38    25 10 35    27 25 52    27 27 55


   Desde 1990 hasta 1994 se observa una tendencia al incremento comenzando con 9 casos, lle-
gando a los 38, y 35 durante 1991 y 1992, y aumentando significativamente en 1993 con 52 casos
y 55 en 1994.
   Respecto de la distribución por sexos, excepto para los años 1993 y 1994, donde se reparten
en partes iguales los varones y las mujeres, el resto de los años siempre hubo una primacía mas-
culina.
   En todos los años el grupo etáreo más numerosos es de los menores de 0 a 5 meses, repre-
sentando en los últimos dos años alrededor de la mitad del total de los casos ingresados. Excepto
en 1994, donde parece darse una tendencia de que a medida que aumenta la edad de los meno-
res decrece la cantidad de niños ingresados; en los restantes años el grupo de los que tienen de 6
a 12 meses, decrece abruptamente respecto de los que poseen 0 a 5 meses, para luego incre-
mentarse notablemente para los que poseen 1 año, llegando a los mismos valores que se habían
registrado en el primer grupo etáreo, por ejemplo: en 1991 de 0 a 5 meses son 10 menores y lue-
go 9 cuando se examina el grupo de 1 año; en 1992 los datos respectivos son: 12 menores, luego
un descenso a 4 casos para los que poseen 6 a 12 meses y se retorna a 10 casos para los que
tienen 1 año. Los años 1991 y 1993 poseen un comportamiento similar en las variaciones de los
registros.

   d) Programa de Amas Externas de Cuidado Preferencial y Amas Externas para Niños con
H.I.V. Positivo
   Del total de Amas Externas con estas características, en 1991 se alcanza el número de 35 be-
neficiarios, siendo 38 en 1993, 41 en 1994 y sin datos para 1992.
   Sólo se poseen cifras globales para 1994, siendo el promedio mensual de Amas Externas de
Cuidado Preferencial de 25, mientras que el promedio mensual de menores a cargo llegó a 73,
estableciéndose una relación de casi 3 menores por cada una.
   El promedio mensual de Amas Externas de Cuidado Preferencial con HIV Positivo, para 1994
es de 16; mientras que el promedio mensual de menores con HIV Positivo asciende a 28, resul-
tando una relación de 2 menores por cada ama.

   e) Programa de Adopción
   El número de peticionantes registrado en 1992 fue de 96; pasó a ser de 113 al año siguiente y
alcanzó los 162 inscriptos en 1994, produciéndose un incremento de un casi 70% respecto de los
solicitantes en el inicio de la serie estadística.
   En cuanto a la cantidad de menores vinculados con matrimonios inscriptos por guarda judicial,
se tienen datos globales para 1992 y 1993, correspondiendo 58 y 57 menores respectivamente,
mientras que para 1994, las datos se hallan desagregados por sexo. Se contabilizan unos pocos
casos más, llegando a totalizar 63, de los cuales el 57% son varones y el resto mujeres (o sea 27
casos).

   f) Programa de Libertad Asistida
   Este programa comprende tanto a los varones como a las mujeres, y a los menores que tienen
de 10 a 21 años, aunque prácticamente los datos son casi inexistentes para el grupo de 10 a 11
años y son poco significativos hasta los 14 años. En el otro extremo de edades son poco relevan-
tes los casos de 20 y 21 años. Debe destacarse la falta de un registro desagregado por edades
que es de un 11% para 1991 del total de casos, desciende a un 8,5% para 1992 y un 6,3% para el
año 1993, siendo lo porcentajes más importantes los que se refieren al grupo de las mujeres. La
variable edad en forma global para cada año, muestra un predominio notable de los varones res-
pecto de las mujeres, superando en todos los casos el 80%. (En 1991 representaban el 86,4%, en
1992 el 82,3%, en 1993 el 85,5% y en 1994 el 84,2%).

  Cuadro Nº 31: Menores atendidos en el Programa de Libertad
                  Asistida por sexo y edad, en porcentajes
                                                  138
Año          1991          1992              1993             1994
    Sexo M F Tot. M F Tot.               M     F Tot.     M    F Tot.
Edad
10        -    -    - 4,4 13,8 6,1       1,1    - 1,0     0,8    - 0,7
11        -    -    -    -    -    -     1,7    - 1,5     0,8    - 0,7
12      2,9 12,5 4,2     - 3,4 0,6       2,3 6,7 2,9      1,7    - 1,4
13      1,0    - 0,8 0,7 3,4 1,2         2,3 3,3 2,4      1,9 11,8 3,5
14      2,0 12,5 3,5 3,7      - 3,1      4,0 13,3 5,3     5,0 13,2 6,3
15    12,8 12,5 12,7 8,9 17,2 10,4     17,5 13,3 16,9   15,4 23,5 16,7
16    14,7 12,5 14,4 14,8 20,7 15,9    12,4 10,0 12,1   17,6 23,5 18,6
17    19,6 18,8 19,5 20,0 20,7 20,1    23,7 13,3 22,2   25,1 14,7 23,4
18    26,5 6,3 23,7 19,3 3,4 16,5      21,0 10,0 19,3   16,8 10,3 15,7
19    11,8     - 10,2 11,1    - 9,2      5,6 6,7 5,8      9,0 1,5 7,9
20        -    -    - 9,6     - 7,9      4,0 6,7 4,3      3,9    - 3,2
21        -    -    - 0,7     - 0,6        -    -   -     0,8    - 0,7
S/D     8,8 25,0 11,0 6,7 17,2 8,5       4,5 16,7 6,3     1,1 1,5 1,2
Total 100 100 100 100 100 100           100 100 100      100 100 100
  (102)(16)(118)(135) (29)(164)(177)   (30)(207)(363)   (68)(431)


    En 1991 había en total 118 menores atendidos en este programa, produciéndose un incremen-
to del 40% para 1992 y respecto de este último año, el aumento de menores significó un 27% al-
canzando a 207 casos, mientras que esta cifra logró más que duplicarse en 1994, alcanzando 431
casos (208%).
    Del total que ingresaron en 1991, la mayor concentración de casos se dió entre los 17 y 18
años, con valores que rondan y superan el 20% del total; también se observa un incremento sos-
tenido desde los 14 años llegando a los 18 años, detectándose un descenso significativo a los 19
años con un 10% de los casos.
    En 1992 hay registro en el grupo de 10 años, detectándose un porcentaje significativo a los 15
años, que con un 10% de base va incrementándose en forma sostenida hasta los 17 años donde
el 20% del total se halla en este programa, y de ahí en más los porcentajes disminuyen constan-
temente.
    En 1993 hay variaciones mayores en cada una de las edades, registrándose información para
todas las edades, excepto los 21 años. A partir de los 14 años los porcentajes comienzan a ser
algo significativos con un 5% de los 207 casos; se produce un incremento notable en los 15 años
llegando al 17%; en el grupo de los que tienen 17 y 18 años alcanza el 22% y el 19% respectiva-
mente. Como luego los datos vuelven a disminuir, se concluye que no hay una distribución con un
perfil definido.
    Respecto de 1994, se tienen datos para todas las edades aunque con porcentajes poco signifi-
cativos y como en el caso anterior; el fenómeno comienza a tener relevancia a partir de los 14
años, manteniéndose con un aumento constante hasta los 17 años donde alcanza más del 23%. A
los 18 años registra una disminución notable, que comparada con el año anterior, no se obtiene el
mismo comportamiento. Desde esa edad en adelante los valores van disminuyendo de manera
pareja. Es decir que el grupo de 15 a 18 años es el que tiene la mayor representación dentro del
Programa de Libertad Asistida, oscilando los porcentajes entre el 16 y el 23%.
    Si en cada uno de los años y para los porcentajes más relevantes se observa el comportamien-
to que tiene la variable sexo, se puede afirmar que en 1991 hay una leve primacía de los varones,
siendo altamente significativo en el grupo de los que tienen 18 años que representan casi el 27%
del total de los menores varones. En el año 1992, para los que tenían 17 años, los hombres y las
mujeres se repartían con proporciones similares que alcanzaban el 20%, mientras que para los
que tenían 18 años, la proporción de varones casi es la misma que la de los que tienen 17 años,
pero decrece abruptamente para las mujeres llegando a un 3,4% y no registrándose información
para el resto de los grupos de edad mayores.
    En 1993, para los grupos de 17 y 18 años que son los que poseen los porcentajes más eleva-
dos, los hombres superan en un 10% en cada grupo de edad, siendo exactamente 23% vs. 13%
para los de 17 años, y 21% Vs. 10% para quienes poseen 18 años; para los casos donde los por-
centajes decrecen, aunque siguen representando un valor que supera el 10%, también el grupo
masculino es más numeroso.
    En el año 1994 para las edades de 17 y 18 años que son relevantes respecto del total, los va-
rones mantienen su primacía, pero como dato distintivo, se observa que para el grupo de 15 y 16


                                                  139
años que alcanzan guarismos de 17 y 18% aproximadamente, se invierte el fenómeno, y las muje-
res asistidas superan a los varones, alcanzando el casi 24% del total de su grupo.
   En síntesis, exceptuándose el caso mencionado en el párrafo ―ut supra‖, en todos los años y
para todos los grupos de edad existe una preponderancia de varones sobre las mujeres. De todas
formas, para las pocas peculiaridades que se han mencionado en detalle, los porcentajes que
comprenden son relevantes, dado que casi representan a 1/4 de la población femenina del año
1994; pero desde el punto de vista de los valores absolutos, no son tantos casos, dado que se ha
calculado sobre 68 mujeres que constituyen el 16% del total de las menores atendidas en este
programa, con lo que se advierte sobre la verdadera dimensión del comportamiento del fenómeno.

  4.3. Tratamiento Institucional
   a) Programa de tratamiento Institucional. Institutos dependientes del Consejo Nacional del Me-
nor y la Familia
    Los datos suministrados para el período 1991/1994 sobre los menores bajo tratamiento institu-
cional, están desagregados según hayan sido dados de Alta ya sea por Ingreso o Reingreso, o de
Baja ya sea por Egreso o por Fuga. Los institutos están clasificados según sin son de Asistencia
Integral o de Seguridad y Tratamiento. O sea que con estos datos secundarios se procedió a rea-
lizar el análisis respectivo con las limitaciones que presentaban.
   En el Cuadro Nº 32, si tomamos como año base a 1991, las Altas (sin discriminar Ingre-
so/Reingreso) en 1992 llegaron a un número índice de 124; para el año 1993 el incremento al-
canzó el valor 165,1 y para 1994 casi se duplica, calculándose un número índice de 190,3. O sea
que el aumento respecto del año base fue sostenido y significativo.

  Cuadro Nº 32: Alta y baja de menores en institutos según tipo,
                   en porcentajes

 Año                  1991                           1992
 Alta/baja      Alta        Baja               Alta         Baja
     Causa Ingr. Reing. Egr. Fuga          Ingr. Reing. Egr. Fuga

Inst.
Asist. Int.  33,5   15,4    31,3   93,1    38,9   15,2   24,1   90,9
Seg. y Trat. 66,5   84,6    68,7     6,9   61,1   84,8   75,9     9,1
Total         100   100      100    100     100    100    100    100
          (1458)    (623) (1080)   (175) (1754)   (841) (1387) (252)


 Año                  1993                           1994
 Alta/baja      Alta        Baja               Alta         Baja
     Causa Ingr. Reing. Egr. Fuga          Ingr. Reing. Egr. Fuga

Inst.
Asist. Int.  38,5   14,2    29,6   91,3    43,3   16,6   27,2   90,2
Seg. y Trat. 61,5   85,8    70,4     8,7   56,7   83,4   72,8     9,8
Total         100   100      100    100     100    100    100    100
          (2375) (1060) (1870)     (390) (2705) (1255) (1882) (287)


    En relación con las Bajas (donde tampoco se discrimina si es por Egreso o por Fuga), los datos
no marcan una tendencia tan definida. Siendo el año 1991 tomado como base, en 1992 se alcan-
za un número índice de 130; en 1993 se incrementa a 180, y se produce un leve descenso en
1994 con un valor de 172,8.
    La relación que se estableció en cada uno de los años considerados, es que en 1991 por cada
menor dado de baja de un instituto había 1,66 menores dados de alta, o expresado de otra forma,
por cada 100 menores dados de baja, 166 eran dados de alta. En 1992, por cada 100 menores
dados de alta 158 eran dados de baja, así como en 1993 se mantiene esta tendencia declinante:
por cada 100 menores dados de alta 152 fueron dados de baja, aunque no debe perderse de vista
el incremento notable en valores absolutos que se presentó tanto en las altas como en el número
de bajas. La relación entre ambos conceptos se mantiene a raíz de este incremento simultáneo.
La nota distintiva se da en 1994, cuando por cada 100 menores dados de alta, 183 son dados de
baja, superando esta correspondencia la que se obtuvo en los años anteriores, aunque no debe
asombrar dado que fue muy significativo el aumento del número de altas en valores absolutos.


                                                  140
   En el Cuadro Nº 32 se presenta discriminada la información según las categorías de las varia-
bles ya mencionadas, indicándose los datos globales que anteriormente se mencionaron y que
brindan un panorama del fenómeno.
   En 1991, independientemente del tipo de instituto de que se trate, el 30% de los menores da-
dos de alta son reingresantes; en 1992 el 32%; en 1993 casi un 31%, y en 1994 alrededor del
32%. O sea que en el período de cuatro años reingresaron a los institutos de internación alrededor
de un 30-32% de los menores que ya habían sido asistidos.
   En cuanto a la proporción de los menores que se fugan de los institutos, en 1991 fue de un
14%; en 1992 alcanzó al 15%; en 1993 ascendión al 17%, y en 1994 registró el valor más bajo del
período con un 13%, invirtiendo la tendencia alcista que se venía observando desde el inicio del
período analizado.
   Los Institutos de Seguridad y Tratamiento son los que durante todo el período 1991-1994 con-
centraron los porcentajes más significativos, observándose que los menores que ingresan por
primera vez oscilan entre el 57% y el 66%, con una tendencia decreciente a medida que se avan-
za en el tiempo considerado. Mientras que los porcentajes por reingreso son muy superiores osci-
lando entre el 84% y el 86%, con variaciones entre los diferentes años poco significativas.
   Los Institutos de Asistencia Integral son los que tienen los menores porcentajes de bajas por
egresos, oscilando entre el 24% y el 31%, no detectándose ninguna tendencia en particular. Por
otra parte son aquellos que tienen la mayor proporción de menores que se fugan, fluctuando los
porcentajes entre un 90% a un 93%, manifestándose una leve tendencia descendente a medida
que se llega al final del período.

   De los menores que han sido dados de alta en alguno de los institutos, se puede analizar la
distribución según si se hallan por disposición del Poder Judicial o del Menor y la Familia. Entre un
65% y un 72% de los menores se encuentran en institutos de Seguridad y Tratamiento, mante-
niéndose casi una tendencia decreciente a medida que se observan los datos del final del período
considerado, pero es de destacar que existen 320 casos que si bien se hallan discriminados por
tipos de instituto, no lo están por disposición del juzgado. Dentro de esta categoría residual el
95,3% de los menores se encuentra en institutos de Seguridad y Tratamiento.

  Cuadro Nº 33: Ingreso y reingreso de menores por disposición de
                   juzgados según tipo de institutos, en porcentajes

     Año       1991           1992           1993           1994     S/D
Tipo     Disp.Men. Pod.TotalMen.Pod.TotalMen.Pod.Total Men. Pod.            Total   Men.
de inst. y Flia.Jud.    y Flia.Jud.    y Flia.Jud.    y Flia.Jud. y Flia.
Asistencia
  Integral80,325,2 28,1 86,6 25,0 31,3 82,7 26,5 31,0 89,3 29,3 34,9 4,7
Seguridad
  y Tratam.19,774,871,913,475,068,7 17,3 73,5 69,0 10,7 70,7 65,1 95,3
Total     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  (228)(1535)(2081)(268)(2327)(2595)(277)(3158)(3435)(365)(3595)(3960)      (320)



   En el año 1991, del total de menores bajo el régimen del Consejo Nacional del Menor y la Fa-
milia, la mayoría, o sea un poco más del 80% se concentraba en Institutos de Asistencia Integral,
mientras que casi la 3/4 partes de la población bajo el Poder Judicial, se hallaba en institutos de
Seguridad y Tratamiento.
   En 1992 la situación presentada en el párrafo precedente se mantiene con el mismo 75%, pero
de una población bajo Poder Judicial que se vio incrementada en un casi 65% en términos absolu-
tos respecto del año anterior. Para quienes se hallaban bajo el régimen del Consejo, el porcentaje
de los que estaban en Institutos de Asistencia Integral se eleva a casi un 87%. Este grupo en
1993 desciende a un 82%, considerándose que no es significativo, y alcanza el máximo valor de
todo el período estudiado en 1994 con un 89% de los casos.

  Cuadro Nº 34: Ingreso y reingreso de menores por disposición,
                   según tipo y nombre del instituto, en porcentajes
     Año       1991         1992        1993         1994   S/D
Tipo     Disp.Men. Pod.TotalMen.Pod.TotalMen.Pod.Total Men. Pod.            Total   Men.
de inst. y Flia.Jud.  y Flia.Jud. y Flia.Jud.  y Flia.Jud. y Flia.


                                                   141
Seguridad y
  Tratam.(A)
S. Martín86,741,8 43,5 36,1 32,2 32,3 10,4 36,7 36,1 76,9 34,9 35,5       -
M. Rocca13,332,8 32,0 16,7 30,1 29,8 4,2 33,0 32,4          - 38,0 37,4   -
Inchausti     - 13,3 12,8    - 10,8 10,8    - 10,4 10,2 23,1 9,6 9,8      -
M. Belgrano -      -    - 41,7 16,5 17,0 85,4 12,5 14,1     - 11,5 11,4 100
L. Agote      - 12,1 11,7 5,5 10,4 10,3     - 7,4 7,2       - 6,1 6,0     -
Asistencia
  Integ.(B)
B. Otamendi17,533,928,616,427,024,0 21,0 33,4 30,7 24,8 30,7 29,3         -
L. y Riglos4,9 5,9 5,6 2,6 2,8 2,7 11,8 3,8 5,5 3,9 2,6 2,8
De Arenaza14,810,912,111,6 1,4 4,3 9,2 3,1 4,4 4,0 2,1 2,5
Sarmiento8,7 2,3 4,4 0,4 1,2 1,0 5,7 4,2 4,5 17,2 1,9 5,5
T. de Alvear5,52,3 3,3 12,5 4,8 7,0 10,0 4,3 5,5 8,3 11,9 11,1
C. Sarmiento10,48,89,3 12,5 5,9 7,8 11,0 13,8 13,1 18,7 14,0 15,1
Gutierrez13,718,6 17,0 9,9 15,3 13,8        -    -    -     -    -    -
S.E.Unzué - 0,3 0,2 0,8 3,4 2,7             - 2,9 2,2 1,5 1,2 1,3
M. Otamendi1,11,0 1,1 2,2 2,4 2,3 1,7 1,7 2,0 1,2 2,3 2,0
P. y Monje -       -    - 4,4 24,3 18,6 4,0 17,5 14,5 6,8 21,8 18,2
Fátima      3,3 3,6 3,6 3,9 2,4 2,8 9,6 3,1 4,5 1,8 2,0 2,0
S. Picado 5,5 4,1 4,6 2,6 4,7 4,1 5,2 4,1 4,3               -    -    -
Patiño        -    -    - 4,4 1,0 2,0       - 3,7 3,0 3,7 4,0 4,0 100
Valdivieso -       -    -    -    -    -    -    -    - 0,6 1,6 1,4
Basualdo(*)1,1 0,3 0,5 0,4        - 0,1     - 0,4 0,3       -    -    -
Zibecchi 4,4 1,3 2,3 3,4 1,0 1,7 1,7 1,4 1,5 2,8 0,7 1,2
N.S. del Valle 8,7 5,9 6,8 11,2 1,6 4,3 9,2 2,8 4,1 4,9 3,0 3,5
Pellegrini 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9            Cierre del establecimiento
Valdivieso(*) -    -    -    -    -    -    -    -    -     - 0,2 0,1
Sub (A) (45)(1148)(1193)(36)(1748)(1784) (48)(2322)(2370)(39)(2540)(2579) (303)
Sub (B) (183)(387)(570)(232)(581)(813)(229)(836)(1065)(326)(1055)(1381)     (15)
Total (228)(1532)(1763)(268)(2329)(2597)(277)(3158)(3435)(365)(3595)        (3960) (318)
(*) Casa de Jóvenes.
    Tanto para los años 1993 como 1994 se obtuvieron los valores más bajos para los menores
bajo el régimen del Poder Judicial que se encontraban en institutos de Seguridad y Tratamiento,
con un casi 74% y un 70% respectivamente. Es decir que la inserción en los institutos de Seguri-
dad y Tratamiento fue descendiendo levemente a medida que transcurrían los años en estudio.
   Cuando se analizan los registros de los menores según la disposición judicial y una vez des-
agregada la información por cada uno de los institutos, existe una gran disparidad en las cifras al
ser cotejados los diferentes tabulados que fueron suministrados, donde dicha desagregación no
existe y/o donde el número de casos que se ubica en la categoría residual ―Sin Datos‖ también
varía. Dado que se han observado otros cuadros que no se presentan en este capítulo por esti-
marse que es información redundante o poco pertinente, se infiere que los ―criterios‖ de clasifica-
ción de los institutos y/o de lo que es ―disposición judicial‖ fueron cambiando y al no existir unifor-
midad, los encargados de construir los tabulados originales adoptaron con cierta discreción las
categorías de las variables que se han cruzado. En los años 1991 y 1992 se detectaron las mayo-
res inconsistencias, pero dado que este análisis está realizado sobre datos de segunda mano, se
han respetado las cifras originales y se hace este llamado de atención a raíz de que las variacio-
nes en los porcentajes son muy pequeñas, pero no puede por esto ser el tema soslayado, so pena
de una interpretación errónea o de estimarse que no se intentó conciliar la información.
   Es decir que a la vista de los cuadros que se presentan, se detectaron valores absolutos que
corresponden a totales y subtotales de columnas que no coinciden, pero se insiste en el respeto
que se ha tenido de la fuente original de información y que por lo tanto los datos consignados res-
ponden a la misma.
   Dentro del grupo de institutos de Seguridad y Tratamiento, en 1991 el General San Martín con-
centraba la mayoría de los menores bajo disposición del Menor y la Familia; el resto en el M. Roc-
ca.
   Bajo el Poder Judicial, casi con igual porcentaje se reparten los menores entre el General San
Martín y el M. Rocca, aunque con proporciones muy diferentes a las mencionadas precedente-
mente.
   En 1992 decrece notablemente la población derivada al General San Martín por el Menor y la
Familia, incorporándose el Manuel Belgrano con un casi 42%; los menores que se encuentran
bajo régimen del Poder Judicial se distribuyen en casi 1/3 entre el M. Rocca y el General San
Martín.
                                                 142
    En el año 1993 la situación planteada precedentemente se repite aunque con proporciones le-
vemente superiores, mientras que se torna visiblemente importante la derivación por el Menor y la
Familia con un 85% al M. Belgrano.
    Para el último año del período no existe ningún dato para el instituto M. Belgrano que corres-
ponda al Menor y la Familia, y los menores se reparten entre el General San Martín como en 1991
con un 77%, y el U.L. de Inchausti con el porcentaje restante.
    Para los cinco institutos agrupados como de Seguridad y Tratamiento, la distribución para los
menores bajo el Menor y la Familia, salvo la excepción mencionada para el año 1993, los que fue-
ron derivados han manifestado un comportamiento bastante regular en el transcurso de los años.
    Como institutos de Asistencia Integral se reúnen diecinueve instituciones, pudiéndose observar
que en la presentación de este cuadro bivariado donde una de las variables tiene tanta cantidad
de categorías, los porcentajes que se obtuvieron son poco significativos, no alcanzando en la ma-
yoría de los casos al 10% de los subtotales sobre los cuales se han calculado.
    Los institutos que mayor concentración de casos tienen, son en primer lugar el Borchez de
Otamendi, el R. Gutiérrez, el J.M. Pizarro y Monje y por último el D.F. Sarmiento.
    En el instituto B. de Otamendi bajo el régimen del Poder Judicial, los porcentajes de menores
dados de alta oscilan entre el 27% y el 34% siendo este dato el que corresponde a 1991, mientras
que bajo el Menor y la Familia fluctúan entre un 16% y un 24%, siendo este último el que corres-
ponde al año 1994. En el R. Gutiérrez, sólo existen datos para 1991 y 1992, donde el 18,6% de
los menores dados de alta bajo el Poder Judicial se encuentran en ese instituto en 1991, descen-
diendo su participación al 15,3% al año siguiente.
    En el instituto Capitán Sarmiento, los únicos porcentajes a ser mencionados responden a los
que están bajo Menor y la Familia con un casi 19% de los menores dados de alta en 1994, y bajo
Poder Judicial con un 14% de los menores dados de alta en 1993 y 1994.
    Cuando se analizan los datos que corresponden a 1991-1994 para los menores egresados cla-
sificados según el tipo de institutos y según causas de egresos, también se presentan algunas
inconsistencias de los datos globales suministrados, como los que se han localizado en el caso
anterior, aunque de menor envergadura, y que son atribuidos a diferentes criterios de agrupamien-
to en los distintos años que no han sido explicitados desde el punto de vista estadístico-
metodológico por el organismo que brindó la información. Pero es fundamental mantener un mis-
mo criterio de presentación y clasificación de los datos secundarios a fin de que estos puedan ser
comparables, especialmente si se quiere trabajar con series de tiempo.

  Cuadro Nº 35: Menores egresados según tipo de instituto y causas
                 de egreso, en porcentajes

     Años         1991           1992          1993        1994
            Tipo Asist.Seg. TotalAsist.Seg.TotalAsist. Seg.TotalAsist.     Seg.   Total
Causas        Inst. Int. Trat.   Int. Trat.     Int. Trat.  Int. Trat.
Reintegro Fliar.65,158,560,662,076,4 72,9 60,8 89,3 80,9 64,1 95,3 86,8
Otras causas34,941,539,4 38,0 23,6 27,1 39,2 10,7 19,1 35,9 4,7 13,2
Total       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 (338)    (742)(1080)(334)(1050)(1384)(554)(1316)(1870)(513)(1369)(1882)

   Existe una mayor concentración en el destino ―Reintegro Familiar‖, con una tendencia en au-
mento en los porcentajes a medida que se progresa en el período estudiado, iniciándose el mismo
con un casi 61% y llegando al casi 87% en 1994. Obviamente la categoría residual ―Otras causas
de egresos‖ presenta un comportamiento inverso al mencionado.
   En el año 1991 el porcentaje más significativo correspondió a los menores egresados de institu-
tos de Asistencia Integral que se reinsertaron en el ámbito familiar, pero con poca diferencia, casi
59% provenían de instituciones de Seguridad y Tratamiento.
   En 1992 se invierte esta relación localizándose mayor cantidad de casos en los institutos de
Seguridad y Tratamiento que superaron las 3/4 partes del total de menores egresados de este tipo
de instituciones, y a partir de ese año la situación se mantuvo; aunque a medida que transcurre el
tiempo, se incrementan los porcentajes en los institutos de Seguridad y Tratamiento, llegando has-
ta el 95,3% de este subgrupo.
   b) Programa de Becas en Organismos no Gubernamentales

  Cuadro Nº 36: Promedio mensual de menores becados en
                  ONGs. según tipo de establecimiento,
                  en porcentajes.


                                                143
      Año                  1992      1993         1994
Tipo de establecimiento
 Hogares para chicos de la calle     28,3         30,6           18,1
 Colegios religiosos                 11,4           7,2            7,0
 Madres solteras/niños/embarazadas   12,8         20,2           26,0
 Discapacitados                      24,0         18,9           18,3
 Rehabilitación por drogas             9,9        10,5           10,6
 Clínicas psiquiátricas                8,9          8,6            8,0
 Hospitales de día                     4,4          3,4            3,4
 Progr. de Prevención del Abandono     0,4          0,6            1,3
 Instituto Psico-Socio-Educativo         -            -            7,3
 Total                                100          100            100
  (775)                              (942)       (1053)

   Para este Programa hay datos de los años 1992, 1993 y 1994 como se ve en el Cuadro Nº 36,
y se tiene solamente el promedio mensual de menores beneficiados. Es así como los organismos
que han recepcionado mayor cantidad de beneficiarios fueron los Hogares para chicos de la calle,
establecimientos para discapacitados, y por último institutos de madres solteras/ niños/ embara-
zadas. Para las ONGs. los porcentajes mensuales para los tres años oscilaron entre un 30% y un
18%. En 1992 el 28,3% de los menores fueron becados en Hogares para chicos de la calle, y en
segundo lugar el 24% en establecimientos para discapacitados.
   En 1993 también concentran mayor cantidad de casos los Hogares para chicos de la calle con
un casi 31%, y alrededor del 20% organismos para madres solteras y para niños discapacitados.
   En 1994, el 26% responde a establecimientos para madres solteras/embarazadas y con un
18% los menores son atendidos en ONGs. para discapacitados y en Hogares para chicos de la
calle.
   En 1992 un 11% de los menores fueron becados por colegios religiosos y por rehabilitación por
drogas; para los tres años considerados se encontraban alrededor del 10% de los menores beca-
dos.

  c) Programa de Orientación y Derivación - Centro de Atención de Menores en Tránsito (CA-
MET)

  Cuadro Nº 37: Menores ingresados al Centro de Atención de
                 Menores en Tránsito según sexo, en porcentajes

                     Año    1992        1993          1994
           Sexo
           Varones          95,8         90,5             84,1
           Mujeres            4,2          9,5            15,9
           Total             100          100              100
             (765)         (1372)       (994)


   Para este programa se encuentran registros para 1992, 1993 y 1994, siendo la cantidad de
menores atendidos 765, 1.372 y 994 respectivamente.
   Si bien existe una tendencia declinante a medida que transcurre el tiempo, la mayor concentra-
ción de información se da entre los menores varones con porcentajes que oscilan entre el casi
96% y el 84%.

  Cuadro Nº 38: Menores ingresados al CAMET según reincidencia,
                 en porcentajes

                 Año        1992        1993          1994
          Reincid.
           Si               42,2         46,9             42,9
           No               57,8         51,9             57,1
           Sin datos           -           1,2               -
           Total             100          100              100
             (765)         (1372)       (994)

                                                   144
   En este Centro no existe una tendencia muy marcada entre los menores que reinciden y entre
quienes no lo hacen, aunque alrededor del 52-58% no son reincidentes y dentro de esos guaris-
mos es que se distribuyen los datos en los tres años.

  Cuadro Nº 39: Menores ingresados al CAMET según destino,
                 en porcentajes

                  Año       1992       1993        1994
          Destino
           Egr. Familiar    29,7        15,5       13,5
           Institutos       70,3        81,7       83,6
           Comisaría
             del Menor         -         2,3           1.1
           Hospital            -         0,5           1,8
           Total             100        100           100
             (765)         (1372)      (994)


   Si se analizan los datos de los menores ingresados al Centro de Atención según el destino, los
registros más relevantes se encuentran en ―Institutos‖, con tendencia al aumento a medida que
avanza el período considerado, llegando a un casi 84% en 1994. En segundo lugar cabe mencio-
nar la tendencia justamente inversa a la anterior que se presenta en la categoría ―Egreso Familiar‖
que comenzó con un casi 30%, y en 1994 había descendido a un casi 14%.
   Los datos correspondientes a Comisaría del Menor y Hospital apenas alcanzan el 2%.

   Dado que dentro de este programa, un profesional sugería el destino a corresponder a cada
uno de los menores atendidos, y que era un juez el que dictaminaba si aceptaba o no dicho con-
sejo, se presentan en el Cuadro Nº 40 los datos correspondientes a la coincidencia o no que se
fue presentando frente a estas dos instancias. Es así como se observa que del total de menores
egresados, el nivel de coincidencia fue en aumento a medida que transcurrían los años estudia-
dos, llegando en 1994 a un 85,3% y viéndose también reducido el porcentaje de casos ―sin datos‖,
respecto de 1993, que fue el más numeroso en valores absolutos.

  Cuadro Nº 40: Menores egresados del CAMET, según coincidencia
                 entre la sugerencia profesional y el destino asignado

                 Año        1992       1993        1994
          Coincid.
           Si               70,6        74,3       85,3
           No               26,4        20,6       11,9
           Sin datos          3,0         5,1        2,8
           Total             100         100        100
             (765)         (1372)      (994)


   d) Ubicación y Movimiento de Menores
   Se cuenta con datos sólo para el año 1994, donde el total de menores atendidos fue de 5.572,
de los cuales el 28% lo fue por ―Recepción, admisión y/o derivación‖; el 27,3% por acciones de
―Prevención‖; el 17,2% por ―Solicitud de institutos‖; el 14,6% por ―Derivación a otros departamen-
tos‖; el 12,6% de los menores fue atendidos por acciones vinculadas a ―Oficios Judiciales‖, y el
porcentaje restante por actos relacionados con ―Solicitudes de los organismos no gubernamenta-
les‖.

   4.4. Educación
   a) Régimen de escolaridad
   Dentro de este punto se analizan los promedios de alumnos inscriptos por régimen de escolari-
dad y nivel de instrucción desde el año 1991 hasta 1994; y por otra parte el promedio de alumnos
inscriptos en diferentes talleres donde se desarrollaron actividades intelectuales, terapéuticas y/o
manuales entre otras, para igual período.
   Si se considera el régimen de escolaridad como ―Externo‖, ―Interno‖ o con ―Recursos de la Co-
munidad‖, los promedios de alumnos inscriptos no presentan una tendencia definida, como se
                                                145
puede observar en los subtotales del Cuadro Nº 41, ya que en 1991 eran 978 inscriptos, en 1992
ascienden notablemente a un promedio de 1372, para luego descender en mayor proporción al
año siguiente y alcanzar los 1172 en el final del período, comportando un movimiento de altas y
bajas alternado.

  Cuadro Nº 41: Promedio de alumnos inscriptos por régimen
                   y nivel de escolaridad
 Año                    1991                            1992
       Reg. deExternoInterno           TotalExternoInterno              Total
          esc.
Nivel
de Escol.
Pre-esc.       4,5    10,3        -       6,7      3,3      5,1    16,2   9,1
Prim. Grad. 70,3        7,1    79,1     41,0     67,6     11,6     39,7 35,5
Prim. Cícl. 14,5      52,4        -     31,0     14,4     56,9     12,8 29,4
Prim. Esp.     3,5    27,4        -     14,5       5,0    21,8       1,8  9,9
Secund.        6,8      3,0    20,9       6,5      9,8      4,7    29,9 16,0
Terciario      0,5        -       -       0,2        -        -        -    -
Total         100      100      100      100      100      100      100 100
            (400)    (468)    (110)    (978)    (306)    (510)    (556) (1372)

 Año                    1993                            1994
       Reg. deExternoInterno           TotalExternoInterno              Total
          esc.
Nivel
de Escol.
Pre-esc.       7,4      3,8    37,3     19,7       8,6      4,4    19,9 11,7
Prim. Grad. 67,5      10,8     28,8     34,6     62,9     11,2     44,0 37,0
Prim. Cícl.    6,6    73,8       4,9    24,3     10,4     59,4       0,4 23,8
Prim. Esp.     8,2      9,2      8,0      8,4      3,6    12,9       8,1  8,7
Secund.      10,3       2,5    21,0     13,0     14,4     12,2     27,6 19,0
Terciario        -        -        -        -        -        -        -    -
Total         100      100      100      100      100      100      100 100
            (243)    (240)    (389)    (872)    (278)    (411)    (468) (1157)


   En todos los años el nivel primario gradual comportó los valores más elevados que oscilaron
entre un 35% y un 41%, siendo este último el que correspondió a 1991. Las mismas situaciones
se han observado dentro del grupo de quienes estaban inscriptos en primaria cíclica, aunque con
porcentajes inferiores y manifestando además una clara tendencia decreciente a medida que
transcurre el período, presentando valores que fluctúan entre un 24% y un 31%.
   Dentro del mismo nivel de instrucción pero atendiendo a la modalidad ―Especial‖, se advierten
porcentajes que varían entre un 8% y un casi 15%, siendo este último guarismo el que correspon-
de a 1991 y en el resto de los años se da un comportamiento más uniforme.

   En el nivel secundario se podría incluir que existe un incremento sostenido desde 1991 en ade-
lante, si no fuese porque se produce un hecho inverso -aunque de poca magnitud- durante 1992 y
1993 cuando los valores descienden de un 16% a un 13%.
   Cierta significación tienen los valores obtenidos en el nivel preescolar, que en 1991 sólo repre-
sentaban un casi 7% del promedio considerado y alcanza un casi 20% en 1993, pero desciende
nuevamente como puede verse claramente en el cuadro que antecede.
   Para el nivel terciario sólo se tienen datos para 1991 y no son significativos, siendo el régimen
de escolaridad solamente de índole ―externo‖.
   Si se considera el tipo de régimen de escolaridad, se detecta que para 1991 con recursos de la
comunidad se atendió a un casi 80% de la población inscripta en primaria gradual. A través del
régimen de escolaridad externo también se cubrió un 70% de los inscriptos promedio, siendo este
un dato muy significativo. El régimen de escolaridad interno se encargó de más de la mitad de los
asistentes a primaria cíclica y sólo un 27% de primaria especial.
   En 1992 tanto para primaria gradual dentro del régimen externo, como para primaria cíclica se
repiten comportamientos del fenómeno similares a los del año anterior para el régimen interno,
aunque con leves fluctuaciones. Mientras que con recursos de la comunidad se asistieron en me-
nor medida (40%) a quienes estaban en primaria gradual, un 30% corresponden a secundaria y un
16% a preescolar.

                                                         146
   En 1993 los alumnos de primaria gradual son atendidos dentro del régimen externo y con un
porcentaje similar al del año anterior; la primaria cíclica sigue siendo la más importante dentro del
régimen interno aunque en este año el porcentual se ha elevado significativamente a casi un 74%.
   Los inscriptos bajo el régimen de recursos de la comunidad se reparten entre primaria gradual y
secundaria, asumiendo un rol relevante el preescolar con un 37%.
   En 1994 no existen grandes diferencias respecto de los años anteriores en cuanto a las varia-
ciones porcentuales; dentro del régimen externo continúa siendo el más importante la primaria
gradual; en el interno la primaria cíclica con casi un 60% y con recursos de la comunidad, tanto la
primaria gradual (44%) como el secundario con un casi 28%.

  Cuadro Nº 42: Promedio de alumnos inscriptos en talleres,
                  en porcentajes
                        Año    1991     1992       1993      1994
Actividad (Talleres)
Educación física/deportes
 y recreación                      -        -      27,9      33,4
Actividades prácticas          38,0      37,8      10,8      12,1
Actividades plásticas          35,1      34,9      29,1      24,4
Pre-Talleres                     0,5      0,6         3,7     7,3
Talleres Laborales             26,3      22,7      13,4      15,5
Talleres Terapéuticos              -      3,9         3,4     2,6
Talleres protegidos                -      0,2         1,6     0,1
Informática-Inglés                 -        -      10,1       4,7
Total                            100      100       100       100
 (1402)                       (1181)   (2885)    (2578)

    Como se expresó al comienzo de este acápite, también se han obtenido las estadísticas del
promedio de alumnos inscriptos en diferentes talleres, y en términos de series temporales el
número índice para 1992 es de 0,84; para 1993 es igual a 205,8 y para 1994 es de 183,9, es decir
que no se concluye que la participación en este tipo de actividades haya tenido un comportamien-
to uniforme si se considera a 1991 como año base, pero fue 1993 el año de mayor captación de
alumnos.
    En 1991 sólo se tienen datos para cuatro actividades, de las cuales las que concitaron mayor
interés fueron ―Actividades prácticas y plásticas‖ alcanzando entre las dos casi las 3/4 partes de
los inscriptos.
    En 1992 se repite el comportamiento anterior con porcentajes similares; continúan los ―Talleres
laborales‖ como el año anterior con un valor cercano al 23%, pero parece haber un desplazamien-
to de los intereses hacia un nuevo tipo de taller que son los ―Terapéuticos‖ (con un casi 4%).
    En 1993 se incorporan las ―Actividades físicas/ deportivas y de recreación‖ con un 28% de ins-
criptos, así como también los talleres de ―Informática e Inglés‖ que ocupan al 10% de los alumnos,
en detrimento de las ―Actividades prácticas‖ y los ―Talleres laborales‖, y en menor medida las ―Ac-
tividades plásticas‖.
    En 1994 continúa el incremento de inscriptos en ―Educación física y recreación‖, incrementán-
dose los valores que se venían observando en los ―Pre-Talleres‖, advirtiéndose un leve aumento
de los ―talleres laborales‖ y continuando con porcentajes similares las ―Actividades prácticas y las
plásticas‖.

   Nota: Pese a haber llevado a cabo una ardua tarea a fin de lograr arribar a interpretaciones
válidas partiendo de los datos obtenidos a través de los cuadros presentados, (interpretaciones
que no me ha sido posible conseguir por parte del Ente responsable de los distintos programas
atencionales del Consejo Nacional), estimo que la he cumplimentado parcialmente debido a
obstáculos presentados durante la exposición de la misma, y a que los ítems que un investigador
necesitaría tener en cuenta para lograr conclusiones sobre la calidad de las prestaciones institu-
cionales son tantos, que no me es posible extender por más tiempo este trabajo de investigación y
análisis de los datos. Resulta necesario, por derivación de los mismos, realizar estudios de campo
exhaustivos sobre algunos temas en particular.


5. “Informe Inicial” presentado ante el Comité de los Derechos del Niño - 1992


                                                147
   5.1. Introducción. Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño (Anexo Nº 3), el Consejo Nacional del Menor y la Familia presentó al
Comité, por conducto del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, este Informe Inicial
sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en ésta, y sobre el pro-
greso que se ha realizado en estos primeros dos años a partir de la ratificación de la Convención
el 4/12/90, en cuanto al goce de esos derechos. Debo aclarar que a la fecha de presentación de
este documento a las Naciones Unidas, aún no se había modificado nuestra Constitución.

    5.2. Marco de ordenamiento normativo jurídico. El Dr. Sajón, consultor del Consejo Nacio-
nal, detalla en primer lugar el marco de ordenamiento normativo jurídico que rige en la organiza-
ción política, social y civil del pueblo argentino, representado en nuestra Constitución, las leyes
que en consecuencia se dicten, y tomando los acuerdos con las potencias extranjeras como Leyes
Supremas de la Nación.
    Estas leyes se aplican en todo el territorio de la República, pero como hemos explicitado ante-
riormente, su aplicación en las provincias corresponde a su propio Poder Judicial salvo la legisla-
ción federal, que es resorte de la justicia federal.
    Hay así concurrencia de Poderes nacionales y provinciales, pero ante la violación de algún de-
recho, declaración o garantía constitucional, interviene por imperio de la ley federal Nº 48, artículo
14, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
    Agrega que: ―Entre las convenciones celebradas, la que consideramos más importante con re-
lación a la protección de los niños y de sus derechos a la vida, sociales, civiles, políticos, econó-
micos, culturales y a su salud física y mental, es la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño‖ (ONU 20/11/89), ratificada por el Gobierno Constitucional Argentino con la reserva del
artículo 2º introducida por la ley 23.849.
    Se detallan en este Informe Inicial las ratificaciones anteriores por parte de Argentina de la
―Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica‖ (1985)
que reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; de la ―Conven-
ción sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid‖ (1985); de la ―Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer‖ (1985) y de la ―Convención
Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes‖ (1986),
que reconoce la competencia del Comité contra la Tortura. Asimismo la aprobación de los Proto-
colos I y II adicionales a las Convenciones de Ginebra sobre ―Derecho Humanitario‖(1986); por ley
23.160 se levantó la reserva geográfica a la ―Convención sobre el Estatuto de los Refugiados‖ por
lo que los beneficios del refugio se otorgan a personas provenientes de cualquier parte del mundo.
    En 1986 se ratificaron el ―Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo‖, y el
―Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales‖.
    Dentro de este ordenamiento, se hace hincapié en la importancia del decreto 1606/90 de Crea-
ción del Consejo Nacional del Menor y la Familia y la implementación de la cooperación técnica a
las provincias a través del ―Acuerdo Federal de Protección del Menor y la Familia‖.

    5.3. Definición de “Niño”. Este Informe Inicial ratifica las reservas argentinas incluidas en el
artículo 2º de la ley 23.849 sobre Definición de niño como “todo ser humano desde el momento de
su concepción y hasta los 18 años de edad”.
    Esta interpretación se compadece con el derecho positivo vigente y el orden público interno ar-
gentino, pués el Código Civil y la ley 23.264 sobre filiación y patria potestad, en su artículo 264
establece que ―la Patria Potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los
padres sobre la persona y los bienes de los hijos para su protección y formación integral desde la
concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado‖.
    Por otra parte, Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos Humanos por ley 23.054,
refiriéndose al ―ser humano, generalmente desde la concepción‖.

    5.4. Principios Generales
    a) No discriminación; el interés superior del niño
    La normativa jurídica, desde una concepción valorativa filosófica, considera como supremo va-
lor, el derecho intrínseco a la vida del niño, castigando penalmente todo atentado a la integridad
física, mental y moral del niño desde el claustro materno.
    - La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en su artículo 3º exalta el interés
      superior del niño.
    - La Constitución Argentina en su artículo 14 bis, en forma expresa, tiende a la ―protección in-
      tegral de la familia‖.
      También el artículo 16 declara que: ―La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre
      ni de nacimiento...‖
                                                 148
- La ley 23.264, modificatoria del Código Civil, ha suprimido todo tipo de discriminación en ma-
  teria de filiación, equiparando a los hijos matrimoniales, extra matrimoniales y por adopción
  plena a todos sus efectos civiles (artículo 240).
- Por ley 23.302 del 8/11/1985, se declara la protección y el respeto por la organización y valo-
  res familiares de la comunidad indígena.
- El Poder Ejecutivo, con el fin de promover y desarrollar un mejor sistema de atención a las
  familias o miembros que atraviesan por situaciones de riesgo decide, mediante el decreto
  1606/90, la Creación del Consejo Nacional del Menor y la Familia que especifica en su artícu-
  lo 14 las funciones y medidas que ha de tomar al respecto sobre:
  IPeríodo prenatal, perinatal y postnatal.
  IIPrevención y tratamiento del abandono.
  IIIPrevención y tratamiento de la violencia familiar.
  IVPromoción de familias.
- También por ley 23.637 de Tribunales Civiles con competencia en familia, Estado, nombre y
  capacidad, se decide en su artículo 4º que: ―Hasta tanto se pongan en funcionamiento tribu-
  nales con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas, ocho de
  los actuales Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil que determinará el Poder
  Ejecutivo, actuando cada uno con sus dos Secretarías, conocerán en forma exclusiva y ex-
  cluyente en dichos asuntos‖.
  Varias provincias han establecido la jurisdicción especial de los Tribunales de Menores.
- Por la ley de Patronato 10.067/83, los tribunales de menores tienen competencia mayormente
  en aspectos penales, civiles y en materia asistencial, salvo en casos como el de la provincia
  de Santiago del Estero, donde los Tribunales de Menores tienen competencia civil y asisten-
  cial, y en los aspectos penales entiende la justicia ordinaria.
      Artículo 1º. ―En jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires el Patronato de Menores es
      ejercido en forma concurrente y coordinada por los jueces de menores, asesores de inca-
      paces y la Subsecretaría del Menor y la Familia‖.
      Artículo 2. ―A los efectos del ejercicio coordinado del Patronato de Menores se entenderá
      que: a) El juez tiene competencia exclusiva para decidir sobre la situación del menor en
      estado de abandono o peligro moral o material, debiendo adoptar todas las medidas tutela-
      res para dispensarle amparo. b) El asesor de incapaces en su carácter de representante
      del menor y de la sociedad se halla investido de todas la atribuciones necesarias para con-
      trolar el efectivo cumplimiento de las normas destinadas a protegerlo. c) La Subsecretaría
      es la encargada de planificar y ejecutar —por sí o a través de las municipalidades— la
      política general de la minoridad, tanto en sus aspectos preventivos cuanto en los relativos
      a la formación y reeducación de los menores internados en establecimientos de su depen-
      dencia o contralor en ejecución de los mandatos de los tribunales del fuero‖.
      Artículo 10. ―Los Juzgados de Menores son competentes:
           Cuando aparecieren como autores o partícipes de un hecho calificado por la ley como
           delito, falta o contravención, menores de 18 años de edad.
           Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare
           comprometida por actos de inconducta, contravenciones, o delitos de sus padres, tuto-
           res, guardadores, o terceros; por infracción a las disposiciones legales referentes a la
           instrucción y al trabajo; cuando por razones de orfandad o cualquier otra causa, estu-
           viesen material o moralmente abandonados, o corrieren peligro de estarlo; para brin-
           dar protección y amparo, procurar educación moral e intelectual al menor y para san-
           cionar, en su caso, la inconducta de sus padres, tutores, guardadores o terceros, con-
           forme a las leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la presen-
           te‖.

b) Medidas de protección a la salud y al desarrollo de los niños
- El presente informe incluye la ley de Contrato de Trabajo 20.744, modificada por la ley
  21.824, que determina en sus artículos 158, 174, 175, 177 y 179, licencia por maternidad, es-
  tabilidad del empleo en los lapsos establecidos; licencias especiales, horarios de descanso
  laboral, y guarderías y horarios de lactancia durante la jornada laboral.
- Asimismo, la ley 21.297 en sus artículos 79 y 88 trata el Régimen de Asignaciones Familiares
  y la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador, y los sindi-
  cales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención: ―El empleador
  deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley...‖. La presente ley protege a las
  madres durante el período de embarazo y luego contra el despido (artículos 194 y 197).



                                              149
   - El artículo 14 del decreto-ley 1606/90 del Consejo Nacional del Menor y la Familia, explicita
     las medidas destinadas a proteger a las madres durante los períodos pre y post-parto sobre
     sus Areas Sustantivas:
        I - Período prenatal, perinatal y postnatal: Hace hincapié en la acción sobre la madre sola
        como primer indicador de riesgo en la vida del niño, particularmente de las madres meno-
        res y de las familias carenciadas.
        II - Prevención y tratamiento del abandono: Intenta afianzar el vínculo materno-paterno-
        filial, y en el caso de no poder evitarse el abandono, aplicar los programas que brinden al
        niño un ámbito familiar sustituto. Especialmente ―coordinará sistemas de atención a la pro-
        blemática del menor en riesgo, en la calle, explotado laboralmente o en toda otra forma
        que deteriore su dignidad‖.
     El Organismo cita los puntos principales de los Programas de ―Becas para guarderías‖, ―Pre-
     vención del Abandono‖ y ―Protección de Madres en Situación de Riesgo‖.

  c) Entorno familiar y otro tipo de tutela. Medidas de protección de los niños y adolescentes
  Según este Informe, existe una profusa legislación común y especial sobre los niños y adoles-
centes:
  - La ley 10.903 sobre patronato de menores, en su artículo 4º establece que: ―El Patronato del
    Estado Nacional se ejercerá por medio de los jueces nacionales o provinciales con la concu-
    rrencia del Ministerio Público de Menores‖, y se ejercitará ―atendiendo a la salud, seguridad,
    educación moral, intelectual del menor, proveyendo a su tutela sin perjuicio de lo prescripto
    en los artículos 390 y 391 del Código Civil‖.
  - Por la ley 13.944, artículo 1º se establece la sanción penal a los padres que se sustrajeren a
    prestar los medios de subsistencia a su hijo menor de 18 años, o de más si estuviese impedi-
    do.
  - De acuerdo con la ley 15.244/58 de creación del Consejo Nacional de Protección de Menores
    y sus sucesivas modificaciones, se especifican en sus artículos 1º y 7º las funciones del Con-
    sejo que incumben al Estado Nacional en orden a la protección de la minoridad y lo nombra
    como agente natural del Gobierno Nacional para orientar la acción ejecutiva de la comunidad
    para la asistencia y protección de los mismos.
  - La ley 19.134 sobre Adopción, establece en sus artículos 9, 14, y 20 las normas sobre calidad
    de adopción plena y simple.
  - Mediante la ley 23.264, artículo 240, modificatoria del Código Civil, se anula toda discrimina-
    ción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, equiparando también la adopción plena a
    la filiación biológica.
    En su artículo 264 equipara el ejercicio indistinto de la patria potestad.
    Los artículos 264, 264 bis, 264 quáter, 266, 267, 269, 271 y 272, establecen los deberes de
    los padres con respecto a su hijo menor de edad.
  - La ley 23.054, artículo 1º, ratifica el Convenio sobre Derechos Humanos, Pacto de San José
    de Costa Rica (1985).

   5.5. Derechos y libertades civiles. En la primera parte de nuestra Constitución Nacional están
contenidos los derechos y libertades individuales y sociales a los que se refieren los artículos 7º,
8º, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Convención Internacional, a saber:
   Abolición de la esclavitud (artículo 15).
   Derecho de propiedad (artículo 17).
   Seguridad (artículo 18).
   Derechos personales (artículo 13).
   Extranjeros (artículo 20).
   Defensa de la patria (artículo 21).
   Inmigración (artículo 25).
   Artículo 28. ―Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio‖.
   Supremacía de la Constitución (artículo 31).
   Libertad de prensa (artículo 32).
   Derechos y garantías (artículo 33).
   Con referencia a los derechos y libertades civiles y a los artículos 7, 8, 13, 14, 15, 16 y 17 de la
Convención, se destaca en el Informe Inicial que existe una abundante legislación nacional y pro-
vincial, en lo que es del resorte y atribuciones de las provincias conforme al artículo 104 de la
Constitución Nacional. Se pueden señalar a nivel nacional el Código Civil y las leyes especiales:
                                                 150
18.248 sobre Nombres de las personas naturales; 11.317 sobre Derechos civiles de la mujer;
10.903 sobre Patronato de menores; 19.134 sobre Adopción; 23.264 que modifica el Código Civil
sobre Patria potestad y filiación; 23.515 sobre Divorcio y edad para contraer matrimonio; 22.278 y
22.803 sobre Menores incursos en delitos; 23.984 sobre Código Procesal Penal, Libro III, Título II,
Juicio de menores y ley 23.054 sobre Derechos humanos.

  5.6. Entorno familiar y otro tipo de tutela. Salud básica y bienestar, educación, esparci-
miento y actividades culturales; medidas especiales de protección
  a) Ley 23.515
    El artículo 172 del Código Civil, modificado por la ley 23.515, atiende a las garantías de hom-
    bres y mujeres de contraer matrimonio con el libre consentimiento y constituir una familia.
    Los artículos 166, inc. 5; 167, 168, 173 y 174 de la mencionada ley, toman los impedimentos
    y requisitos para contraer nupcias en el caso de menores de edad (16 años para la mujer y 18
    para el varón) y matrimonios a distancia.

  b) Medidas del Consejo Nacional
    Entre las medidas implementadas por el Consejo Nacional destinadas a mantener, fortalecer
    y proteger a la familia, según lo requiere el decreto 1606/90 en sus artículos 2º y 14, punto III
    sobre ―Prevención y tratamiento de la Violencia Familiar‖; punto IV sobre ―Promoción de fami-
    lias‖, se implementan los siguientes Programas:
        Preventivo para familias subsidiadas
        De subsidios de emergencia por problemas de vivienda
        De tratamiento social para personas discapacitadas
        De abordaje interdisciplinario de la discapacidad visual
        De control y prevención de la infección por virus H.I.V.
        De amas externas
        De amas externas para niños de cuidado preferencial
        De pequeños hogares
        De familia sustituta (cabe recordar que este programa se cerró en el año 1990, en favor de
        los pequeños hogares)
        De becas para prosecución de estudios
        De educación permanente y capacitación laboral
        De orientación y derivación del Centro de Atención de Menores en Tránsito - CAMET
        De libertad asistida.

  c) Problemática de la persona con discapacidad - Ley 22.431.
    Este tema ha sido tratado en el Informe Inicial, como capítulo aparte, por tratarse de menores
    con deficiencias físicas y mentales. He de transcribir el texto en su casi totalidad, por la impor-
    tancia que ha de darse a su difusión.
  - La Nación Argentina se ha ajustado a la “Declaración Universal sobre los Derechos de los
    Deficientes Mentales” (ONU 1971) y los “Derechos de los Impedidos” (ONU 1975), pues los
    mismos están contenidos en la Ley 22.431 sobre protección integral de los discapacitados,
    que instaura en su Artículo 1º un sistema de protección integral de las personas discapacita-
    das, tendientes a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social,
    así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
    desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
    desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales.
    Artículo 2º: A los efectos de esta ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca
    una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad
    y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educa-
    cional o laboral.
    Artículo 3º: La Secretaría de Estado de Salud Pública certificará en cada caso la existencia de
    la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del
    afectado. Dicha Secretaría de Estado indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y
    los antecedentes del afectado, el tipo de actividad laboral o profesional que puede desempe-
    ñar.
    El certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos en
    que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.


                                                 151
    Artículo 4º: El Estado, a través de sus organismos dependientes, prestará a los discapacita-
    dos en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan, o los entes de obra social
    a los que estén afiliados, no puedan afrontarlos, los siguientes servicios:
        Rehabilitación integral entendida como el desarrollo de las capacidades de la persona dis-
        capacitada.
        Formación laboral o profesional.
        Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual.
        Regímenes diferenciales de seguridad social.
        Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratui-
        tamente o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no
        puedan cursar la escuela común.
        Orientación o promoción individual, familiar y social.
    Artículo 6º: El Ministerio de Bienestar Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de
    Buenos Aires pondrán en ejecución programas a través de los cuales se habiliten en los hos-
    pitales de sus jurisdicciones, y de acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial a
    cubrir, servicios especiales destinados a las personas discapacitadas. Promoverán también la
    creación de talleres protegidos terapéuticos, y tendrán a su cargo su habilitación, registro y
    supervisión.
    Artículo 12: El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de Talleres Protegidos de producción
    y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de las
    personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio.
    El citado Ministerio propondrá al Poder Ejecutivo Nacional el régimen laboral al que habrá de
    subordinarse la labor en los talleres.
    Artículo 14 bis. El monto de las asignaciones por escolaridad primaria, media, superior y de
    ayuda escolar, se duplicará cuando el hijo a cargo del trabajador, de cualquier edad, fuere
    discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad com-
    petente, donde se imparta educación común o especial.
    A los efectos de esta ley, la concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo del trabajador
    a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, en el que se presten
    servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia regular a un
    establecimiento en el que se imparta enseñanza primaria.
-   Esto, sin perjuicio de todas las leyes de adhesión y de las leyes provinciales específicas rela-
    cionadas con la discapacidad, entre las que citamos:
        Ley 10.315 de subsidios para externación de institutos psiquiátricos.
        Ley 10.205 de pensiones sociales.
        Ley 11.134 de prioridad en la compra de los talleres protegidos y cooperación por parte del
        Estado.
        Ley 10.429 de prevención de hipotiroidismo y fenilcetonuria.
        Ley 10.836 de transporte con acompañante para personas con discapacidad.
        Ley 10.592 de régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas.
        Ley 10.499 de alimentos para personas celíacas carenciadas.
-   En el orden nacional, los órganos administrativos encargados de la salud física y mental de
    los niños, adolescentes, y de los miembros del grupo familiar discapacitados, son el Ministerio
    de Salud y Acción Social y el Consejo Nacional del Menor y la Familia, quien a través del artí-
    culo 14 punto VI Promoción Social de la Persona con Discapacidad, implementa los progra-
    mas:
        Tratamiento social para personas discapacitadas.
        Programa de abordaje interdisciplinario de la discapacidad visual.
-   Sin perjucio de lo expresado, debe indicarse que dependiendo de la Presidencia de la Na-
    ción, existe la ―Comisión Nacional Asesora para la Integración de la Persona con Discapaci-
    dad‖.
-   La ley 23.462 ratifica el Convenio Nº 159 de la O.I.T., que determina todo lo relacionado con
    los aspectos de educación, salud, trabajo y previsión.
    Respecto de los Servicios que debe otorgar el Estado a los discapacitados, en los incisos: b)
    sobre enseñanza especial; c) sobre formación laboral y d) sobre actividad laboral o intelec-
    tual, se establece la obligatoriedad por parte del Estado, órganos descentralizados, para-
    estatales y empresas del Estado de ocupar personas discapacitadas hasta el 4% de la totali-
    dad de su personal.
-   El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo diagnosticar a los educandos discapa-
    citados, en cuanto dichas acciones tiendan a la integración de los mismos al sistema educati-

                                               152
    vo. Creará centros de evaluación y orientación pre-vocacional a los fines de su aprendizaje.
    Formará personal docente y profesionales especializados. El monto de las asignaciones por
    escolaridad primaria, media-superior y de ayuda escolar se duplicará cuando el hijo fuere dis-
    capacitado y se ajuste a lo dispuesto en la ley 20.475; y se hacen modificaciones más favora-
    bles a las leyes 18.017 (T.O. 1974), 18.037 (T.O. 1976) y 18.038 (T.O. 1976). Se dan facilida-
    des para el transporte gratuito de los discapacitados y de sus acompañantes.

   d) Protección de los niños contra la explotación
   Respecto de las medidas especiales para proteger a los niños y adolescentes de la explotación
económica, social y de cualquier otra índole; del abandono, la crueldad, así como evitar que sean
objeto de trata, a nivel nacional podemos señalar:
   - Ley 10.903 de Patronato de Menores que introduce reformas al Código Civil mediante los
     artículos 264 de patria potestad; 310 sobre pérdida y ejercicio de la patria potestad; 4º sobre
     ejercicio del Patronato del Estado Nacional, y 21 sobre difusión del abandono material y mo-
     ral, o peligro moral.
   - Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. En sus artículos 176, 187, 188, 189, 190, 194, 195 y
     200 establece la edad que deberán tener los menores (mayores de 14 y menores de 18 años)
     para celebrar toda clase de contratos de trabajo y disposiciones sobre Régimen de Aprendi-
     zaje y Orientación Profesional; trabajo en empresas familiares; instrucción escolar obligatoria;
     horarios diarios y semanales; trabajo nocturno; tareas penosas, peligrosas o insalubres; in-
     demnización por accidente de trabajo o enfermedad del menor; certificado de aptitud médica
     y controles periódicos de salud; licencia anual por vacaciones; obligaciones del empleador
     respecto de la adecuación del lugar de trabajo; control de salud de los menores; horarios;
     igualdad de retribución para el menor que cumpla tareas propias de trabajadores mayores;
     responsabilidad por indemnizaciones previstas en la legislación laboral, y otros ítems relacio-
     nados con la protección del menor que trabaja.

   5.7. Conclusiones. Según las conclusiones de este primer Informe, todas las resoluciones del
Ministerio de Salud y Acción Social y de su órgano técnico específico, el Consejo Nacional del
Menor y la Familia, con respecto al artículo 44 de la Convención Internacional, se evidencian a
través de sus programas que ―tienden a ajustar su acción a la realización de los derechos del Niño
y la protección de los Menores abandonados, en situación de riesgo y en conflicto con la ley pe-
nal‖.


              6. Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia
    El 12/11/1982 en la Ciudad de San Juan, por convocatoria del Ministerio de Acción Social —
Subsecretaría del Menor y la Familia— a todos los gobiernos provinciales y a la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, se celebró el Acuerdo Federal de Protección Integral del Menor y la
Familia.
    El decreto 3041/83, ratifica este Acuerdo Federal, el texto del Convenio, crea el Consejo Fede-
ral de Protección del Menor y la Familia (cuya misión fundamental consiste en dar cumplimiento a
los objetivos básicos del Acuerdo Federal), dicta los objetivos sobre políticas sociales y coordina-
ción, aspectos jurídicos, familia y menores, y reglamento de funcionamiento.
   El 19/10/1992, se constituyó la Reunión Inaugural del Consejo Federal, con la participación del
Ministro de Salud y Acción Social, y de 13 provincias representadas por los ministros del área,
quedando en funciones como Presidente del Consejo Federal el Dr. José Atilio Alvarez, Presiden-
te del Consejo Nacional del Menor y la Familia.
   En esta Reunión quedó estipulada la fecha de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Federal,
a realizarse del 9 al 13/12/1992 en la Ciudad de Mendoza, y se fijó como tema específico, el
―Convenio sobre los Derechos del Niño‖.
   Los objetivos del Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia apuntan a coordinar la
programación de las políticas sociales nacionales, provinciales y municipales referidas a menores
y familias; a canalizar la financiación gubernamental y extragubernamental de los programas, y
diseñar una metodología de procedimiento uniforme para el procesamiento y análisis de los orga-
nismos técnico-administrativos provinciales y nacionales, un diseño de informatización, y un Cen-
tro de Datos Federales y Centros Focales.

   6.1. Metas en cumplimiento de la Ley 23.849 para el período 1993-2000. El Consejo Federal
de Protección del Menor y la Familia, en su Primera Sesión Ordinaria realizada del 9 al
13/12/1992, propone a los Gobiernos de todas la Provincias Miembros, y a la comunidad toda de
la República Argentina, una serie de Metas en cumplimiento de la Ley 23.849, ratificatoria de la
                                                153
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para cumplimentar durante el período
1993-2000, que sintetizo a continuación:
   - El Estado debe definir sobre niñez y familia; ha de promover el desarrollo de redes comunita-
rias y la integración de políticas de entidades legalmente reconocidas, así como dictar normas de
supervisión y fiscalización de la totalidad de las ONGs. (Organismos No Gubernamentales); debe
focalizar acciones con las familias en situación de riesgo, y generar programas preventivos, asig-
nando a estos programas mayor proporción de presupuesto; ha de promover reformas en la edu-
cación y en la legislación vigente en materia de Patronato de Menores y reformular las estructuras
administrativas y judiciales en todas las jurisdicciones; debe erradicar la permanencia de menores
transgresores en comisarías, alcaidías e instituciones dirigidas por servicios penitenciarios y
cárceles, antes del año 1996.
   También formular programas alternativos a la internación de menores en conflicto con la ley
penal, mediante regímenes de evaluación inmediata, libertad asistida, tratamientos específicos,
estrategias comunitarias y otras modalidades que no impliquen privación de la libertad, y sean
realizadas mediante un equipo interdisciplinario.
   En el caso de menores que requieren régimen cerrado, deberán aplicar las Reglas de Beijing.
   Se ha de reducir el número de menores institucionalizados por causas asistenciales, fortalecer
a la familia, o desarrollar programas alternativos especialmente para los niños de y en la calle; se
ha de eliminar la explotación laboral de los menores fomentando modos sustitutos que les permi-
tan acceder a la educación, capacitación laboral, sustento personal y familiar, y la paulatina incor-
poración al mercado legal de trabajo en condiciones dignas; deben formularse en todas las juris-
dicciones programas preventivos para los afectados de SIDA, drogadependencia, enfermedades
de transmisión sexual, violencia familiar, maltrato y abuso. Se promoverán acciones tendientes a
evitar la marginación de menores con discapacidad; a formular programas que permitan promover
a las familias de comunidades aborígenes respetando su particular cultura y rechazando la discri-
minación; a capacitar al personal que tiene responsabilidad sobre menores en sistemas públicos y
privados, en un 50% antes de 1996, y del 100% hasta el año 2000.
   Han de promoverse regímenes laborales específicos para los agentes de las áreas que accio-
nan sobre los menores y su familias, mediante capacitación y evaluación permanente.
   El Estado deberá difundir los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño a través de:
   - Incluir la temática en las Currículas de todos los niveles de formación antes de 1995, y
   - Garantizar que en los niveles nacional, provincial y municipal se realicen campañas de difu-
     sión permanentes utilizando los medios de comunicación social, y adecuando el mensaje a
     las características del receptor.


7. “Informe Complementario” presentado ante el Comité de los Derechos del
                               Niño - 1994
   Artículo 44 de la ―Convención Internacional sobre los Derechos del Niño‖.

   7.1. Implementación de la Convención sobre los derechos de la niñez. El Comité de los
Derechos del Niño, requiere al gobierno de la Argentina que suministre antes del 7 de marzo de
1994, un informe adicional que contenga ―Información Relevante‖ sobre las medidas a adoptar
para asegurar la efectiva implementación de la Convención, en especial las que el Comité detalla,
además de las medidas apropiadas para adoptar legislativa o administrativamente o de cualquier
naturaleza sobre los factores y dificultades que afecten el desempeño de las obligaciones de la
misma, así como la información estadística que refleje indicadores útiles para medir los progresos
logrados en la realización de los derechos del Niño.
   El Comité invita a considerar los campos cubiertos por la Convención no incluidos en el Informe
Inicial:

    Medidas generales de implementación (artículos 4º, 42 y 44, párrafo 6 de la Convención)
    1. Hasta la ratificación, Argentina hizo reservas (mencionadas en párrafos 29 y 62 del informe)
concernientes a los artículos 21 b), c), d) y e) así como al art. 24 párrafo 2 f). En el espíritu de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, los Estados están considerando las reservas con la
intención de retirarlas (der a/CONF 157/23, II PAR, 5 y 46), por favor provean información sobre si
el Gobierno está considerando la necesidad de mantener esas reservas o tiene la intención de
retirarlas.
    Respuesta 1. La nueva Constitución de la Nación Argentina, aprobada el 22/8/1994 por la Con-
vención Nacional Constituyente, otorga el rango constitucional a la Convención Sobre los Dere-
                                                 154
chos del Niño, ―...en las condiciones de su vigencia...‖ tal como se indica en el artículo 75, inciso
22, ratificando por lo tanto tales reservas y declaraciones. No se encuentra previsto instar al retiro
de las mismas.

    2. Provean detalles sobre el procedimiento de preparación del Informe Nacional, en particular
respecto de populares y no gubernamentales instituciones participantes.
    Respuesta 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior de la República
Argentina encomendó la preparación del Informe sobre cumplimiento de la Convención a diversas
áreas, entre ellas al Consejo Nacional del Menor y la Familia como organismo descentralizado que
tiene a su cargo las funciones que incumben al Estado Nacional en materia de promoción y pro-
tección integral de la minoridad y la familia. Ello así, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 1606/90.
    La República Argentina tiene una estructura político-administrativa de carácter federal, por lo
cual, cada una de las jurisdicciones provinciales que la componen posee su propio marco legislati-
vo y, consecuentemente, es también responsable de las acciones específicas de gobierno en ma-
teria social, económica, sanitaria, educacional, de supervisión y poder de policía.
    Esta situación limita la posibilidad de disponer de información exhaustiva sobre el quehacer de
innumerables organizaciones que actúan a niveles municipales y provinciales y cuya acción de-
bería figurar en un informe general sobre la actividad nacional en la materia.
    Por lo tanto, el contenido de este informe corresponde principalmente al área de competencia
específica del Consejo Nacional del Menor y la Familia y a las 250 organizaciones no guberna-
mentales a él integradas, aunque incluye también algunos programas de área del Gobierno Na-
cional que estan dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Convención, sumados a todas las
decisiones de poderes públicos federales, tanto en el plano constitucional como legislativo.

   3. ¿Qué medidas concretas han sido o serán tomadas pronto para hacer el informe sobre la
implementación de la Convención disponible al público en general? (conf. artículo 44, párrafo 6 de
la Convención).
   Respuesta 3. La difusión del presente Informe, se concretará una vez que este documento
haya incluido todas las ampliaciones, explicaciones, y respuestas que requiera el Comité de los
Derechos del Niño.
   La edición y distribución del Informe están previstas por parte del Consejo Nacional del Menor y
la Familia, para hacerlo llegar a todo el país y presentarlo en acto público y por medios masivos de
comunicación, en ocasión de cumplirse el cuarto aniversario del depósito de la ratificación Argen-
tina, con sus reservas, ante la Secretaría General de la O.N.U.

   4. ¿Qué medidas han sido concebidas para extender el conocimiento a la población incluyendo
los niños, sobre los principios y estipulaciones de la Convención? ¿Qué ejercicios específicos han
sido incluidos para los grupos de profesionales que trabajan con y para los chicos?
   Respuesta 4. Se hace referencia a las ―Metas para el Cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño‖ para el período 1993/2000 determinados por el Consejo Federal de Protección
del Menor y la Familia, en su 1ª Sesión Ordinaria realizada en diciembre de 1992.
   En tal contexto, el Consejo Nacional implementó un programa de difusión de la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño: se llevaron a cabo reuniones, conferencias y paneles en los
que participaron especialistas en distintas problemáticas.
   Entre los temas tratados citamos:
     Conferencia sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
     Derecho de humanidad y derechos sociales.
     Derechos políticos.
     Derechos civiles.
     Abordaje de los derechos personalísimos:
        a) Derecho intrínseco a la vida y la identidad.
        b) Derecho a la identidad.
        c) Protección contra toda forma de discriminación.
     Familia y Estado en el marco de la Convención.
     El derecho a la salud en el marco de la Convención.
     Administración de la justicia de menores y régimen de menores incursos en hechos delictuo-
     sos, enfatizando los artículos 37 y 40 de la Convención.
   También se llevó a cabo en las Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, del 22
al 24 de abril de 1993, el II Congreso Federal sobre la Infancia y la Adolescencia, en cuyos Talle-
res se trataron diversos temas relacionados con la problemática de los niños, junto con el Primer


                                                 155
Encuentro Juvenil “Por Nuestros Derechos” en el que los jóvenes pudieron expresar sus senti-
mientos y experiencias respecto de sus derechos y problemáticas.
    El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación implementó, por su parte, el “Programa Na-
cional por los Derechos del Niño desde la Educación”, que tiene por objeto la capacitación docen-
te y la elaboración de estrategias educativas tendientes a acompañar a los niños y a los adoles-
centes en el conocimiento y ejercicio de los derechos y responsabilidades que les corresponden.
    Su difusión se hará mediante concursos artísticos, producción de spots televisivos, promoción
de eventos culturales, creación de un Banco de Imágenes, y otros.
    Como instrumento coadyuvante, el Consejo Nacional del Menor y la Familia ha impreso en dis-
tintas etapas desde abril de 1991, y con proyección hasta 1995, 100.000 facsímiles económicos
de la ley 23.849 de aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que
incluye el texto de la misma y las reservas argentinas, para su uso en seminarios, congresos, cla-
ses, debates, y otros, con distribución gratuita en diversos ambientes.

   5. ¿Hay un Plan Nacional de Acciones adoptadas para realizar la Declaración Universal de Su-
pervivencia y Desarrollo de los Niños?
   Respuesta 5. Nuevamente se hace referencia a las ―Metas‖ en cumplimiento de la ley 23.849.
Estas veinte metas detalladas en el ítem 6.1. del presente capítulo, incluyen las correspondientes
a Salud Infantil y Salud Materna y Nutrición, que el Informe Adicional especifica en la respuesta a
este punto.

    6. ¿Qué status tiene la Convención en relación con la Constitución Nacional y las Leyes Pro-
vinciales?
    Respuesta 6. La Convención Nacional Constituyente decidió incorporar la operatividad de los
Tratados Internacionales con rango constitucional. Entre éstos se encuentra la Convención sobre
los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 sobre Atribuciones del Congreso) que queda así ex-
presamente incorporada a la pirámide jurídica que ya establecía el artículo 31 de la Constitución
Nacional de 1853.
    De este modo, la Convención ha adquirido en la República Argentina el más alto rango legisla-
tivo, quedando incorporada en sus condiciones de vigencia; es decir, con las reservas y declara-
ciones interpretativas realizadas por unanimidad del Congreso de la Nación por ley 23.849.

   7. Por favor, den información en relación con las medidas adoptadas para armonizar la legisla-
ción nacional y provincial con la Convención.
   Respuesta 7. En este ítem se adjunta el cuadro indicativo de ―Los Derechos del Niño en las
Constituciones Provinciales‖, conjuntamente con la Legislación Provincial de Protección a la Mino-
ridad (detallados, ambos, en el capítulo XI, puntos 9. y 10. del presente texto).

   8. Informe además sobre la composición y competencia del Consejo Nacional del Menor y la
Familia en los campos de coordinación, evaluación y muestreo de la Convención en los niveles
nacionales y provinciales.
   Respuesta 8. Se hace referencia al Decreto 1606/90 de Creación del Consejo Nacional del Me-
nor y la Familia (artículo 1º), sus funciones y deberes (artículo 2º), facultades (artículo 3º) y accio-
nes de investigación y capacitación (artículo 14, inciso c).
   El decreto 775/93, en su artículo 2º, consolida las funciones y deberes citados, al otorgar al
Consejo un régimen de autarquía económica y financiera para la administración de sus recursos.
   El Informe Adicional sostiene que las acciones de investigación y capacitación del Consejo Na-
cional se adecuaron a la Convención; al igual que en los ámbitos nacional, federal y regional a
través del Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia, instando al pleno cumplimiento
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

   9. Describa las medidas adoptadas para implementar el artículo 4º de la Convención respecto
de ―la máxima extensión de los recursos disponibles‖ para asegurar los derechos económicos,
sociales y culturales.
   Respuesta 9. Se detalla dentro del Presupuesto Nacional, el gasto de educación y cultura co-
rrespondiente a 1995 de 2.757.300.000 pesos; Promoción y Asistencia Social 1.366.000.000; en el
área de salud 1.019.200.000 pesos, estimando que el 50% del mismo está destinado a madres y
niños.
   El gasto total se compone de las sumas de los presupuestos nacionales, provinciales y munici-
pales.
   En jurisdicción nacional, se destina a los niños que están en la situación prevista por el artículo
20 de la Convención, el presupuesto del Consejo Nacional que asciende a pesos 40.461.000.
                                                  156
   El Informe adjunta, además, un cuadro comparativo para la utilización de los recursos humanos
y materiales.

    Definición de niño
    10. Provea información sobre los capítulos relevantes de la guía adoptada por el Comité.
    Respuesta 10.
    - Al igual que en el Informe Inicial de 1992, Argentina responde a este ítem haciendo mención
de la ley 23.849 con las reservas correspondientes al artículo 2º de la Convención. Entre ellos, el
artículo 1º, por el que Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que ―se
entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de
edad‖.
    - El Código Civil en su artículo 70 dice: ―Desde la concepción en el seno materno comienza la
existencia de las personas, y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si
ya hubiesen nacido‖.
    - El artículo 264, de la ley 23.264 establece que la patria potestad corresponde desde la ―con-
cepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado‖.
    - Por Ley 23.054, la Argentina ratifica la Convención sobre los Derechos Humanos, Pacto de
San José de Costa Rica, cuyo artículo 4º sobre Derecho a la Vida expresa: ―Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción‖.
    - La Constitución Nacional de 1994 en el artículo 75, inciso 22, reafirma estos criterios y en el
inciso 23 establece que corresponde al Congreso ―...legislar y promover medidas de acción positi-
va que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre de-
rechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza ele-
mental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia‖.

    Principios Generales: No discriminación, el mayor interés por los niños y el respeto por
ellos.
    11. Informe cómo los principios generales de no discriminación, el mayor interés por los niños y
el respeto por ellos, están reflejados en la legislación nacional y provincial y en la práctica (ver 56,
71, 92 y 94 en la estructura de los arts. 188 y 189 del Acta de Contrato de Trabajo).
    Respuesta 11. Respecto de estos principios generales, los mismos se encuentran reflejados en
la legislación nacional, provincial y en la práctica:
    a) Legislación común y especial sobre niños y adolescentes. Anteriormente en el Informe Inicial
se describieron los artículos 264 y correlativos del Código Civil, que establecen los deberes de los
padres con respecto a sus hijos menores de edad.
    Asimismo se enumeran secuencialmente las siguientes leyes: 10.903 de Patronato de Meno-
res, artículo 4º; 13.944 sobre pena por incumplimiento en la subsistencia de los hijos menores o
impedidos; 15.244 y sucesivas modificaciones, de creación del Consejo de Protección de Menores
(artículos 1º y 7º); 19.134 de Adopción (artículos 9º, 14 y 20).
    El decreto 1606/90 de creación del Consejo Nacional del Menor y la Familia, establece que el
mismo ―es el continuador natural de los órganos técnico-administrativos de protección de meno-
res, discapacitados y ancianos que le precedieron en el orden nacional‖.
    b) Principio general de no discriminación
    - La Ley 23.264 modificatoria del Código Civil, anuló todo tipo de discriminación entre hijos ma-
      trimoniales y extramatrimoniales, equiparando la adopción plena a la filiación biológica (artícu-
      lo 240).
    - Ley 23.637 de Tribunales Civiles con competencia en familia, estado, nombre y capacidad
      (artículo 4º).
    - Ley 21.297, artículos 194 y 197 que protege a las madres durante el embarazo y después
      contra el despido.
    - Ley 20.744 de guarderías y modificatorias para establecimientos que cuenten con un mínimo
      de mujeres que determina la reglamentación correspondiente aún no dictada (artículo 179).
    - Ley 10.067/93 sobre Patronato de Menores en la Provincia de Buenos Aires (artículos 1º, 2º,
      10).
    - Tratados Internacionales:
          Ley 23.054 que ratifica el Convenio sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Cos-
          ta Rica del 22/11/69.
                                                  157
          Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid ratificada el 7/11/85.
          Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ra-
          tificada el 14/8/85 por Ley 23.179.
          Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
          Degradantes ratificada el 24/9/86.
          Protocolos I y II Adicionales a las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario
          ratificados el 26/11/86.
          Ley 23.160 que levantó la reserva geográfica a la Convención sobre el Estatuto de los Re-
          fugiados.
          Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, y el Pacto de Derechos
          Económicos, Sociales y Culturales ratificados el 8/8/86.
          Ley 23.849 que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, que adquiere status
          constitucional en agosto de 1994.
    c) Trabajo de menores. La autoridad de aplicación de las normas laborales es el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
    - El Informe Complementario detalla el artículo 188 sobre Certificado de Aptitud Física y Certifi-
      cado de Admisión para menores de 18 años: Decreto-ley 14.538/44, artículo 35, sobre ―con-
      diciones físicas del menor en relación con la naturaleza, modalidades y características de las
      tareas a que vaya a dedicarse‖; apreciación de los exámenes psico-físico y psico-técnico que
      deben serles practicados (artículo 38, incisos a) y b).
    El último párrafo del artículo 188 hace a las reglamentaciones sobre política sanitaria y preser-
vación y mejora de los recursos humanos.
    En cuanto al artículo 189 versa sobre la prohibición de empleo de menores de 14 años para
cualquier tipo de actividad, salvo autorización del Ministerio Pupilar en el caso de empresas fami-
liares. Ha de tenerse en cuenta la instrucción obligatoria en situaciones de trabajo para la subsis-
tencia del mismo o sus familiares directos.
    El Artículo 190 sobre jornada de trabajo, determina que la misma no deberá exceder las 6
horas diarias o 36 semanales. Respecto de mayores de 16 años, podrá extenderse a 8 horas dia-
rias o 48 semanales. Asimismo, en trabajo nocturno no podrá ocuparse a menores desde las 20 a
las 6 horas del día siguiente.
    - La preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acerca del trabajo infantil, se re-
sume en las ―Consideraciones y Propuestas del Seminario Nacional sobre Trabajo Infantil en la
Argentina‖:
      ―El trabajo infantil es una realidad cotidiana de larga data cuya magnitud, características y
      tendencias son insuficientemente conocidas. Contribuyen a esta situación su relativa invisibi-
      lidad, así como la diversidad y complejidad de sus formas. Por otra parte, el trabajo infantil no
      es definido ni internalizado ni reconocido por todos de la misma manera, existiendo diferen-
      cias a este respecto entre las instituciones oficiales, las instituciones no oficiales, los padres
      de familia y los propios niños, lo que acrecienta su ocultamiento‖.
      Los instrumentos estadísticos usuales no consideran al trabajo infantil de manera específica
      lo que dificulta su conocimiento. Asimismo, ciertas formas de trabajo infantil de alto riesgo
      personal y social, como la mendicidad, el comercio de drogas y la prostitución no son capta-
      dos por esos instrumentos. En cualquier caso, explicita el Informe, es un problema grave cu-
      yas dimensiones son seguramente mayores que las usualmente reconocidas.
      Por lo señalado, se precisa de estudios apropiados y permanentes de la cuestión, que com-
      prendan investigaciones estadísticas y en profundidad de las modalidades y situaciones ca-
      racterísticas del trabajo infantil, con la finalidad de conocer de manera exhaustiva sus formas,
      dimensiones, tendencias e implicaciones.
      Esas investigaciones deberían comprender el estudio de las variables que permitan explicar
      las razones por las que la realización del trabajo infantil es negada en alto grado por parte
      importante de la sociedad. Sus resultados deberían servir de base a acciones destinadas a
      revertir esa actitud social.
      El trabajo infantil es particularmente importante en las actividades informales y urbanas y en
      segundo lugar en las actividades rurales, pudiendo estar vinculadas con actividades producti-
      vas formales.
      Entre los niños que deben ser atendidos con prioridad se deben señalar, por un lado, aque-
      llos que realizan trabajos o tareas que impiden u obligan a la interrupción del ciclo de educa-
      ción formal; por otro, aquellos que realizan tareas o trabajos que ponen en riesgo la salud y el
      desarrollo psico-social de quienes lo ejecutan; y fundamentalmente, aquellos que se ven for-
      zados, por razones estructurales u otras causas, a realizar trabajos o tareas de elevado ries-
      go social.


                                                  158
     Las disposiciones que prohíben la realización de trabajos peligrosos, nocivos o penosos para
     los niños que los realizan, así como aquellas que protegen al niño contra la explotación
     económica y el maltrato, merecen atención especial.
     En materia de inspección del trabajo es de gran utilidad la realización de tareas preventivas
     así como el concurso de la sociedad civil. La dotación de personal calificado y de recursos su-
     ficientes, son elementos de fundamental importancia para una inspección eficaz. Sin embar-
     go, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los niños sólo procederá en los casos en
     que realizan actividades apropiadas para su edad y no en aquellas que deben ser erradica-
     das debido a su alto riesgo social o peligrosidad.
     Será conveniente constituir una Comisión Intersectorial, compuesta por representantes del
     Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
     cial, del Ministerio de Salud y Acción Social, de la Confederación General de Trabajadores,
     de la Unión Industrial Argentina, de la Federación Agraria Argentina, de otras organizaciones
     de empleadores y de organizaciones no gubernamentales con miras, en un primer momento,
     al seguimiento de las presentes propuestas para, con posterioridad, colaborar en la formula-
     ción del Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil.
    Precisamente orientado al grupo de menores que son explotados laboralmente o expuestos a
situaciones que deterioran su dignidad, generalmente menores de 14 años, el Consejo Nacional
del Menor y la Familia ha desarrollado el Programa Contra la Explotación de Niños, transcripto en
el presente acápite.

   12. Medidas tomadas para asegurar el uso de indicadores en base a la edad, sexo, raza y ori-
gen social, grupos rurales o urbanos.
   Respuesta 12. El Consejo Nacional, juntamente con la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) organizó una Reunión de Expertos Latinoamericanos sobre Indicadores
de Familia, que estableció indicadores comunes y relevantes para la región explicitando el método
de cálculo y la fuente:
   1. Tamaño medio de los hogares multipersonales para 1970, 1980 y 1990.
   2. Tasa global de fecundidad.
   3. Tasa específica de fecundidad adolescente.
   4. Porcentaje de nacimientos en mujeres solteras de 15 a 49 años.
   5. Porcentaje de nacimientos en mujeres de 15 a 49 años no casadas.
   6. Porcentaje de hogares unipersonales.
   7. Porcentaje de hogares nucleares.
   8. Porcentaje de hogares incompletos.
   9. Porcentaje de mujeres no solteras de 15 a 24 años.
  10. Porcentaje de población de mujeres de 15 años y más separadas y divorciadas.
  11. Porcentaje de mujeres en uniones consensuales de 15 a 24 años.
  12. Porcentaje de mujeres de 15 años y más en uniones consensuales.
  13. Porcentaje de hogares con jefe y cónyuge activos.
  14. Porcentaje de hogares en situación de pobreza para áreas rurales y urbanas.
  15. Porcentaje de hogares en situación de hacinamiento, entendiéndose por hacinamiento tres ó
      más personas que comparten un cuarto, o dos ó más personas que compartan un dormitorio.
  16. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares con bajo clima educativo.
  17. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares nucleares incompletos.
  18. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares nucleares completos, con cónyuge acti-
      vo.
  19. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares nucleares completos consensuales.
  20. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares en situación de pobreza.
  21. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares indigentes.
  22. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares hacinados.
  23. Porcentaje de población de 0 a 14 años en hogares con bajo clima educacional (menos de 6
      años de educación formal).
  24. Porcentaje de personas de 65 años y más que no viven solas, ni solos en pareja.
   Asimismo, y como otra medida tomada para asegurar el número de indicadores en base a la
edad, sexo, raza u origen social, grupos rurales o urbanos, se ha suscripto un convenio entre el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su carácter de organismo rector del sistema es-
tadístico nacional, y el Consejo Nacional del Menor y la Familia, a fin de ―crear un grupo de trabajo
conformado por funcionarios y técnicos de ambas instituciones, para desarrollar un sistema de
                                                159
información sobre las áreas del Consejo que aporte al mejoramiento de los procesos de toma de
decisiones e implementación de programas...‖.
   En el plan de trabajo que se llevó a cabo entre agosto de 1994 y julio de 1995, se destacan las
actividades tendientes a ampliar y completar la información disponible sobre el menor y la familia.
Para tales efectos, se analizarán las estadísticas existentes y se emitirá un juicio de valor sobre el
contenido de las actividades conjuntas.

    13. Medidas para fomentar los derechos participativos del niño.
    Respuesta 13.
    a) El Informe Complementario especifica que ―además de los derechos establecidos por la rati-
ficación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 75, inciso 22, capítulo 2º de
la nueva Constitución de la Nación Argentina, se consagra una serie de nuevos derechos y ga-
rantías que tienen particular incidencia sobre el desarrollo integral de la niñez, en especial en
aquellos temas a que hacen referencia los artículos 41, 42 y 43 ya mencionados.
    b) Respecto del área de competencia del Consejo Nacional, merece destacarse la participación
activa de los niños en talleres sobre:
    - Prevención del SIDA.
    - Prevención de la prostitución infantil y adolescente.
    - Derecho a la salud.
    - Prevención odontológica.
    - Prevención del alcoholismo y la drogadicción.
    - Prevención de la desnutrición.
    - Prevención en salud mental.
    - Prevención de accidentes en el hogar.
    - Prevención en vacunación.
    c) ―Se multiplica la participación directa de los niños en reuniones y congresos, en ámbitos le-
gislativos y administrativos, y aun en cuestiones judiciales‖:
    El I Encuentro Nacional “Por Nuestros Derechos”, organizado por el Consejo Nacional y reali-
zado en las Termas de Río Hondo, nucleó a adolescentes de varias provincias del país e iniciati-
vas sectoriales y no gubernamentales, a través de sus talleres:
      Derecho a la vida y a la identidad.
      Derecho a la libertad de expresión, de pensar, de conciencia y de religión.
      Derecho a la protección sobre toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, malos tratos o
      explotación.
      Derecho a la educación.
      Derecho al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas.
      Derecho a la protección contra la explotación económica y contra el empeño de cualquier tra-
      bajo peligroso.
      Derecho a la salud.

    14. Explicar las razones para otorgar Programas de Guarderías disponibles sólo para residen-
tes en Capital Federal (párrafo 50 del Informe).
    Respuesta 14. Según lo describe el Informe Adicional, en la información anterior (1992) se omi-
tió señalar que la totalidad de los menores que asisten a establecimientos educativos de jardín de
infantes o preescolar, y que comprende el grupo etario de 3 a 6 años, asciende a 982.483, o sea
el 36,85% de dicha población.

   Población de niños de 3 a 6 años que asiste a establecimientos educativos por edad según ni-
vel.

  Nivel              Edad (en años) Asist. %                   sobre total=edad
  Jardín de Infantes        3       160.771                             23,76
   4                  331.327         48,11
  Preescolar                5       483.029                               72,69
   6                    7.356         1.16(*)
(*)   Este porcentaje corresponde a menores que no han pasado al nivel primario cuya obligatoriedad rige en la República Argentina a
      partir de los 6 años.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - Año 1991.


                                                               160
   Se hizo referencia tan sólo a la actuación sobre grupos sociales de alto riesgo, como ya indica-
ra el Consejo Nacional, que es el organismo del Estado Nacional con competencia en la promo-
ción y protección integral de la niñez y la familia. Esto determina que su jurisdicción operativa sea
la correspondiente a la jurisdicción nacional.
   La estructura demográfica del país muestra una intensiva concentración en el territorio de la
ciudad de Buenos Aires y en los municipios aledaños a ella, que nuclean al 33,5% de la población
argentina, con un total de 10.934.727 habitantes en la región, según el Censo Nacional de 1991.
   El grupo de niños de 0 a 4 años es en la Capital Federal de alrededor de 200.000 alcanzando
al 1.000.000 de casos si se incorporan los partidos del Gran Buenos Aires.

    15. ¿Por qué la administración de los bienes del niño es decidida por un juez en el mejor in-
terés de la familia y no del niño? (párrafo 56 del Informe).
    Respuesta 15.
    a) El artículo 264 Quáter de la ley 23.264 del Código Civil, establece en su inciso 7º que ―... en
todos estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento (autorizar al hijo para contraer
matrimonio, habilitarlo o autorizarlo para estar en juicio), o mediare imposibilidad para prestarlo,
resolverá el juez lo que convenga al interés familiar‖. A través de ésta ley se reglamenta siempre
en favor del niño:
    Artículo 264. ―La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la
concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado‖.
    Artículo 264 ter. ―En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de ellos podrá
reunir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo, por el pro-
cedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres, con intervención del
Ministerio Pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesa-
ria y oir al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren...‖.
    Artículo 265. ―Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tie-
nen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino también con los suyos propios‖.
    Artículo 267. ―La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los
hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por
enfermedad‖.
    Todo ello conformado en el ―Tratado en Derecho de Familia‖ donde el Dr. Zannoni expresa que
―debe tenerse en cuenta, primordialmete, el interés de los hijos, su conveniencia y su bienestar, y
aun, sin descuidar los legítimos derechos de los padres sobre sus hijos, resolver en función de
ese interés‖.
    b) El artículo 4º de la ley 10.903, es categórico en cuanto a que ―El Patronato se ejercitará
atendiendo a la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor‖.
    c) Finalmente, la nueva Constitución Argentina a través del artículo 75, inciso 22, otorga rango
constitucional a todos los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a
través del artículo 3, inciso 1:
    ―En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o priva-
das de Bienestar Social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño‖.

   16. ¿Cómo actúa en la práctica el sistema del cuidado del Estado con la asistencia del Procu-
rador Juvenil? (párrafo 57 del Informe).
   Respuesta 16.
   a) El presente Informe especifica que el Ministerio Público de Menores actúa según lo dispues-
to por el Código Civil de la Nación que rige para todo el país:
   Artículo 59. ―A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente re-
presentados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judi-
cial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o
sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de
todo acto y de todo juicio a que hubiere lugar sin su participación‖.
   Artículo 61. ―Cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial,
estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos,
haciéndolo en lugar de ellos curadores especiales para el caso de que se tratare‖.
   b) En jurisdicción nacional la ley 1.893 señala en relación con el tema, en el artículo 137, que
entre las funciones de los Asesores de Menores se encuentran: la de intervenir en todo asunto
judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces,
                                                 161
y entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, sea directa o juntamente con los
representantes de los incapaces.
   En cada jurisdicción provincial las leyes de organización de la Justicia o del Ministerio Público,
establecen la figura del Defensor de Menores o Asesor de Menores, según denominaciones histó-
ricas.
   A nivel constitucional se ha definido en el artículo 120 la Defensoría General de la Nación como
órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, con inmunidades funciona-
les.
   c) Ley 23.984 sobre juicio a menores
   - Detención y alojamiento
   Artículo 411. La detención de un menor sólo procederá cuando hubiera motivos para presumir
que no cumplirá la orden de citación, o intentará destruir los rastros del hecho, o se pondrá de
acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones. En tales casos el menor será aloja-
do en un establecimiento o sección especial, diferente a los de los mayores, donde se lo clasifi-
cará según la naturaleza y modo de ejecución del hecho que se le atribuye, su edad, desarrollo
psíquico y demás antecedentes y adaptabilidad social. Toda medida a ese respecto se adoptará
previo dictamen del Asesor de Menores.
   - Medidas Tutelares
   Artículo 412. El tribunal evitará, en lo posible, la presencia del menor en los actos de instrucción
y observará lo dispuesto al respecto en el artículo 76. Podrá disponer provisionalmente de todo
menor sometido a su competencia entregándolo para el cuidado y educación a sus padres o a otra
persona o institución que, por sus antecedentes y condiciones, ofrezcan garantías morales, previa
información sumaria, audiencia de los interesados y dictamen del asesor de menores. En tales
casos, el tribunal podrá designar un delegado para que ejerza la protección y vigilancia directa del
menor y periódicamente le informe sobre la conducta y condiciones de vida de aquél.
   - Normas para el debate
   Artículo 413. Además de las comunes, durante el debate se observarán las siguientes reglas:
   1) El debate se realizará a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el fiscal y las otras par-
     tes, sus defensores, los padres, el tutor o guardador del menor y las personas que tengan in-
     terés legítimo en presenciarlo.
   2) El imputado sólo asistirá al debate cuando fuere imprescindible y será alejado de él en cuan-
     to se cumpla el objeto de su presencia.
   3) El asesor de menores deberá asistir al debate bajo pena de nulidad y tendrá las facultades
     atribuidas al defensor aun cuando el imputado tuviere patrocinio privado.
   4) El tribunal podrá oír a los padres, al tutor o al guardador del menor, a los maestros, patrones
     o superiores que éste tenga o hubiera tenido, y a las autoridades tutelares que puedan sumi-
     nistrar datos que permitan apreciar su personalidad. Estas declaraciones podrán suplirse por
     la lectura de sus informes.
   - Reposición
   Artículo 414. De oficio, o a petición de parte, el tribunal podrá reponer las medidas de seguridad
y educación adoptadas con respecto al menor. A tal efecto se podrá practicar la información su-
maria conveniente y deberá oírse en audiencia a los interesados antes de dictar la resolución.
   d) La ley 24.050 se refiere a la Competencia penal del Poder Judicial de la Nación, incluyendo
en su articulado a la Superintendencia de Servicio Social Tutelar, ejercida por los Asistentes Tute-
lares:
   Artículo 42. La libertad vigilada de los menores dispuesta definitivamente, estará controlada por
asistentes tutelares, de conformidad con las instrucciones judiciales y en labor coordinada con sus
padres, tutores, curadores, guardadores, educadores y empleadores, según lo establecido por las
leyes especiales en la materia. Tales asistentes serán designados por la Cámara Nacional del
Casación Penal, que establecerá por vía reglamentaria las condiciones que deberán reunir para
su nombramiento.

   Derechos civiles y libertades
     (artículos 7º, 8º, 13 a 17, y 37 de la Convención)
   17. Informe cómo los Derechos reconocidos en los artículos 13 a 17 y 37 son reflejados en la
legislación nacional y provincial y en la práctica (ver párrafos 65 a 69 del Informe).
   Respuesta 17. El Informe Complementario, especifica que al momento de la presentación del
Informe Inicial ante el Comité en 1992, aún no se había aprobado la nueva Constitución Argentina,
en vigencia a partir del 22/8/94, y que convalida los artículos 14 a 33 referentes a Derechos y Ga-
rantías de los individuos en todo el territorio nacional, y agrega un conjunto de derechos civiles y
sociales en los artículos 36 a 43.
                                                 162
   ―Los Derechos enunciados en los artículos 36 a 40 se refieren a las garantías políticas y de-
mocráticas, que no son de referencia directa a la niñez, aunque asegura la posibilidad de un mar-
co social respetuoso de la libertad e igualdad de oportunidades‖.
   Los restantes artículos enunciados en el desarrollo del ítem 13 de este informe, competen más
directamente a las prerrogativas de la infancia en tanto se refieren a la protección del medio am-
biente, a la educación para el consumo, al amparo contra toda forma de discriminaciones, restric-
ciones de información o privación de la libertad.

    18. Informe sobre la implementación de los artículos 7º y 8º de la Convención, en particular las
medidas adoptadas para garantizar que los chicos sean inmediatamente inscriptos después de su
nacimiento, que se respete el Derecho a la nacionalidad, y en caso de privación ilegal de identidad
se le dé asistencia y protección para restablecer esa identidad.
    Respuesta 18
    a) Inscripción inmediata después del nacimiento. El decreto-ley 8204/63 sobre Registro del Es-
tado Civil y Capacidad de las Personas en su capítulo VI, ―Nacimiento‖, dispone en sus artículos
27 a 36 la obligatoriedad de inscribir los nacimientos dentro del plazo que lo establezca la regla-
mentación local, y no pudiendo exceder los 40 días. Vencido este plazo y hasta el término de un
año después del nacimiento, la Dirección General podrá admitir la inscripción con causas justifica-
das y luego sólo se hará por resolución judicial; se detallan las personas obligadas a solicitar la
inscripción del nacimiento, la certificación fehaciente del mismo, los datos de inscripción, el lugar
de nacimiento, la situación del hijo extramatrimonial, la inscripción separada en el caso de mellizos
y de niños nacido-muertos.
    b) Derecho a la nacionalidad. La Constitución Argentina reconoce la igualdad de derechos civi-
les de nativos y extranjeros, tal como se expresa en su artículo 20.
    c) Privación ilegítima de la identidad.
    - El Código Civil trata de evitar la privación ilegal de la identidad, al prescribir en el artículo 242
que: ―La maternidad quedará establecida, aún sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido‖.
    - La ley 18.248 establece en su artículo 1º que ―toda persona tiene el derecho y el deber de
usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley‖;
y el artículo 2º se refiere a la adquisición del nombre de pila por los padres, personas autorizadas,
guardadores, Ministerio Público de Menores o funcionarios del Registro del Estado Civil y Capaci-
dad de las Personas.
    - El Código Penal reprime en sus artículos 146 y 147 la ―sustracción y retención de menores‖ y
la ―desaparición de menores‖.
    - Los artículos 7º, 8º y 9º de la ley 23.849, la cual ratifica la Convención de los Derechos del Ni-
ño de acuerdo con el inciso 22 del artículo 75 de la nueva Constitución Nacional, que han adquiri-
do jerarquía constitucional por las que se preserva al más alto nivel jurídico la identidad de las
personas y especialmente de los niños.

    19. Dé información y mencione las medidas adoptadas, incluidas a nivel legislativo, para preve-
nir enfermedades, torturas u otro trato cruel, inhumano o degradante a los chicos y la investigación
de esos casos.
    Respuesta 19. El Consejo Nacional del Menor y la Familia elaboró y remitió a cada convencio-
nal electo, un informe preliminar para propiciar la incorporación de la ―Protección Integral del Niño‖
y el ―Interés Superior del Niño‖ al nuevo texto constitucional.
    La Convención Constituyente incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a la nueva
Constitución de la Nación (artículo 75 inc. 22) a partir de agosto de 1994.
    a) Medidas para prevenir enfermedades. El Código Civil reglamenta lo atinente a enfermedades
venéreas transmisibles y la obligatoriedad del Certificado Prenupcial masculino y femenino, a
través de la ley 12.331 de Profilaxis, Impedimento Matrimonial y Certificado Prenupcial; de la ley
16.668 complementaria de Certificado Prenupcial; del decreto 18.866 de Certificado Prenupcial
Femenino, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y de la ley 23.798 de Lucha contra el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
    b) Prevención de acciones de tortura u otro cruel, inhumano o degradante trato de menores.
    - Ley 23.054 que ratifica el Convenio sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica (22/11/69).
    - Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes, ratificada por la Argentina el 24/9/1986.
    - Protocolos I y II adicionales a las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario, ratifi-
cados por Argentina el 26/11/1986.
                                                   163
    Ambiente familiar y cuidado alternativo
    20. Medidas tomadas para asegurar la implementación de los artículos 5º, 9º, 10, 11, 18, 19,
20, 21, 25 y 39 de la Convención.
    Respuesta 20. El Informe Complementario responde a este ítem muy específicamente y trans-
cribiendo los artículos de las abundantes leyes que fundamentan las medidas adoptadas para la
implementación de los artículos de la Convención Internacional.
    - En el nivel nacional, el Código Civil, artículo 264 sobre Patria Potestad, establece los deberes
y ejercicio de la patria potestad de los padres con respecto a sus hijos menores de edad.
    - La ley 11.357 en su artículo 2º sostiene la patria potestad de la madre natural con la misma
amplitud de derechos y facultades que la legítima, al igual que el padre natural que voluntariamen-
te hubiera reconocido a los hijos naturales.
    - La ley 10.903 sobre Patronato de Menores, en su artículo 4º ya mencionado, establece que
será ejercido por medio de los jueces nacionales o provinciales con la concurrencia del Ministerio
Público de Menores, y ―atendiendo a la salud, seguridad, educación moral o intelectual del me-
nor...‖.
    - El decreto-ley 5286/57, modificatorio de la ley 10.903, sobre Patronato de Menores, artículos
4º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 17 y 20, establece que: ―El Patronato del Estado nacional o provincial
será ejercido por medio de los jueces nacionales o provinciales con concurrencia del Consejo Na-
cional de Protección de Menores...‖ (art. 4º). Los restantes artículos especifican la concurrencia
del Consejo Nacional de Protección de Menores y obligaciones de los padres, impuestos por los
artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueran indigentes.
    - La ley 13.944, artículo 1º, sobre prisión o multa a los padres que ―se sustrajeren a prestar los
medios indispensables para la subsistencia del hijo menor de 18 años, o de más si estuviere im-
pedido‖.
    - La ley 23.054 que ratifica el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos
(22/11/69).
    - La ley 23.264 modificatoria del Código Civil, ha suprimido todo tipo de discriminaciones en
materia de filiación equiparando a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y por adopción ple-
na a todos sus efectos civiles.
    - En materia penal, la ley 22.278 en su artículo 3º, establece la custodia del menor por parte del
juez, restricción al ejercicio de la patria potestad y discernimiento de la guarda cuando correspon-
diere; y el artículo 4º dictamina sobre imposición de pena.
    - La ley 22.803, artículo 1º, sustituye el artículo 1º de la ley 22.278 respecto de la impunibilidad
de menores de 16 años, y de 18 respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena pri-
vativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación. El juez podrá
disponer del menor si se hallara abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o
presentare problemas de conducta, previa audiencia a los padres, tutores o guardadores.
    Por el artículo 2º se sustituye también el artículo 2º de la mencionada ley respecto de la punibi-
lidad del menor de dieciséis (16) a dieciocho (18) años, que incurriere en delito que no fuera de los
enunciados en el artículo 1º. El juez podrá disponer definitivamente del menor.
    El artículo 3º sustituye el artículo 689 bis del Código de Procedimiento en Materia Penal para la
Justicia Federal y los Tribunales Ordinarios de la Capital y los territorios nacionales: 1) no regirán
las disposiciones sobre detención y prisión preventiva en los procesos seguidos contra menores
de 16 a 18 años; en caso contrario se realizará en establecimientos especializados; 2) respecto de
la sentencia a menores de 16 a 18 años, se ajustará a los artículos 495 y 496; en caso de absolu-
ción, se declarará su responsabilidad penal, y 3) junto con la resolución, el juez decidirá sobre la
disposición definitiva del menor apelable por el término de cinco (5) días.
    - La ley 23.984 hace referencia en sus artículos 410 a 414, a los menores incursos en hechos
delictuosos, con sanción mayor de 3 años a los cuales se les aplican las disposiciones de esta ley
sobre procedimiento oral, y sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sustantivas 22.278 y 22.803.
    - A todas estas leyes se suman los convenios bilaterales, suscriptos por la Argentina, verbigra-
cia el acuerdo con la República Oriental del Uruguay sobre ―Protección de Menores‖ y que versa
especialmente sobre Restitución de Menores.
    - Con respecto a las medidas legislativas adoptadas para proteger al niño contra toda forma de
maltrato, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el 1º de diciembre de 1993 un proyecto
de ley que pasó en revisión al Honorable Senado:

Proyecto de Ley de Protección contra la Violencia Familiar
   Su artículo 1º entiende acerca de la posibilidad de denunciar los hechos ante un juez con com-
petencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas; el artículo 2º dispone la
obligatoriedad de denuncia por parte de los servicios asistenciales, sociales, educativos, profesio-
                                                  164
nales de la salud y funcionarios de los casos de menores o incapaces, ancianos o discapacitados;
al igual que lo harán sus representantes legales y/o el Ministerio Público.
    Por el artículo 3º el juez requerirá un diagnóstico efectuado por peritos de distintas disciplinas
de interacción familiar, daños físicos y psíquicos y evaluación de la situación de peligro para el
menor, y en su artículo 4º, el juez tomará medidas cautelares.
    El juez instará dentro de las 48 horas a las partes a asistir a programas educativos o terapéuti-
cos (5º) y a asistencia psicológica gratuita (6º); se dará conocimiento al Consejo Nacional (7º); se
incorporará como segundo párrafo el artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.984) la posibilidad de reclusión del procesado como medida cautelar si las circunstancias del
caso hicieren presumir que pueden repetirse (artículo 8º).
    Por el artículo 9º, se invita a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas
en la presente.

Proyecto de Ley de Amparo Familiar
    Fue presentado por la Cámara de Senadores el 6/5/94, a fin de terminar con los actos de vio-
lencia y abandono que afectan a cualquier integrante de un grupo familiar. Sus nueve artículos,
presentan algunas similitudes con el anterior en cuanto al contenido:
    Por el artículo 4º el juez dispondrá dentro de las 24 horas la constatación del hecho y de la si-
tuación de la víctima de violencia familiar. Por el artículo 5º se modifica el artículo 234 de Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
    Para la protección de la integridad física y psíquica de las personas, los jueces podrán:
      Ordenar la exclusión del agresor físico o psíquico del hogar familiar.
      Prohibir el acceso del agresor físico o psíquico al domicilio del damnificado, a su lugar de tra-
      bajo o al de estudio.
      Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de
      seguridad personal, excluyendo al causante.
      Decretar la guarda.
    En el ámbito del Consejo Nacional del Menor y la Familia además de los múltiples programas
de prevención y protección de menores, cabe destacar el Programa de Tratamiento en el Medio
Social entre cuyos objetivos se encuentra el de: ―Brindar orientación y tratamiento a grupos de
familiares con indicadores de maltrato físico o psíquico, negligencias, abusos y toda otra forma de
relación intrafamiliar anómala a través de la prevención y tratamiento de la violencia familiar‖.
    A continuación, transcribo casi textualmente las hipótesis del Consejo Nacional acerca de esta
problemática.
    En la práctica profesional el Consejo Nacional del Menor y la Familia se enfrenta cotidianamen-
te con hechos de maltrato de menores.
    Estos suelen manifestarse en forma de daños físicos y/o psicológicos no accidentales, que son
consecuencia de acciones u omisiones cometidas frecuentemente, por los adultos encargados del
cuidado de los niños en el hogar.
    En los últimos años se ha registrado un incremento de la casuística y la causística relacionada
con el tema, debido en parte al exhaustivo estudio y divulgación de los indicadores del maltrato
infantil y el consiguiente y paulatino aumento de la conciencia social sobre el problema. Este ma-
yor insight ha posibilitado la detección y denuncia de situaciones largamente silenciadas.
    El maltrato físico, la negligencia, el abuso sexual, la explotación laboral y el maltrato emocional,
que incluye la participación del niño como testigo de actos de violencia familiar, afectan seriamen-
te el normal desarrollo físico, psíquico y social de las víctimas, produciendo diversas patologías
personales y conductas sociales inadaptadas.
    Es observable asimismo el hecho de que los niños sometidos a maltrato en el seno de su fami-
lia suelen repetir este modelo de interacción al llegar a adultos, lo que contribuye al mantenimiento
del ciclo intergeneracional de la violencia familiar. El reconocimiento de este problema y el análisis
de sus consecuencias negativas para el niño, la familia y la sociedad, dio origen a numerosas te-
orías que intentaron determinar las causas de este fenómeno.
    Tradicionalmente se ha considerado a la violencia intra-familiar como el resultado de las defi-
ciencias individuales, características de personalidad o trastornos psicopatológicos de algún
miembro de la misma.
    Esta perspectiva individual cuestionada por numerosos especialistas, ha dado lugar a un cam-
bio conceptual que si bien reconoce la importancia de los factores particulares, desplaza el análi-
sis desde el individuo hacia el contexto familiar, social y cultural.
    A partir del creciente interés por el estudio de todas las variables que intervienen en el maltrato
infantil, se ha arribado a un modelo explicativo más abarcativo, que lo considera como el resultado
de la combinación de factores múltiples que interactúan tanto en el sistema individual como en las
                                                  165
relaciones intrafamiliares; en las transacciones familiares con sistemas extrafamiliares, y en el
macrosistema con sus variables culturales.
    En el Sistema Individual, el análisis de las características de los padres es de importante rele-
vancia para la identificación de variables que apoyan el maltrato: Historia personal con anteceden-
tes de maltrato, pobre autoestima, depresiones, dependencia, déficit en la destreza para solucio-
nar problemas, en la habilidad para controlar la agresividad, adicciones, y expectativas acerca de
los hijos no congruentes con el rol y nivel de desarrollo reales.
    Asimismo, ciertas características del niño pueden contribuir a la producción y/o mantenimiento
del problema: Discapacidad física y/o intelectual, y problemas de conducta (hiperactividad, impul-
sividad, agresividad).
    En lo concerniente al Sistema Familiar, el estudio de las relaciones intrafamiliares permite de-
tectar en estos casos estrategias de control parental inadecuada, incapacidad para la crianza de
los hijos, disciplina basada en la violencia, control punitivo, rechazo y/o arbitrariedad, incomunica-
ción y conflictos conyugales.
    A estas características se suma la comprobación de que las familias con alto índice de violen-
cia suelen encontrarse aisladas socialmente, y/o se relacionan conflictivamente con el contexto
extrafamiliar, por lo que es también indispensable examinar la calidad de dichas interacciones:
      Grado de relación con la comunidad.
      Participación en organizaciones informales y actividades voluntarias.
      Uso de recursos comunitarios de apoyo social.
      Participación en actividades sociales, religiosas y recreativas.
      Interés en actividades políticas, intelectuales y culturales.
    Finalmente resulta imprescindible evaluar aquellas variables del Sistema Sociocultural facilita-
doras del maltrato:
      Formas de organización social, sistemas de creencias, normas y valores que legitiman la vio-
      lencia.
      Escasa provisión comunitaria de aportes físicos, psicosociales y psicoculturales básicos.
      Insuficiencia de servicios organizados para la atención de situaciones críticas.
      Carencia de legislación adecuada.
    Definir las características de estos sistemas permite identificar en cada situación concreta algu-
na de las variables mencionadas, y evaluar su participación relativa en la manifestación del pro-
blema.
    Este enfoque, basado en el reconocimiento de la naturaleza multidimensional del maltrato in-
fantil, contribuye a la adecuada elección y aplicación de las medidas preventivas y asistenciales
necesarias para reducir la frecuencia de estos casos, su duración y/o el deterioro resultante.
    Las intervenciones podrán centrarse en uno de los sistemas analizados, o en su combinación,
con estrategias de abordaje individual, familiar, institucional o comunitaria:
      Programas de fortalecimiento familiar.
      Programas terapeúticos.
      Grupos de autoayuda.
      Teléfonos de emergencia.
      Campañas de promoción de los Derechos Humanos.
      Programas educativos tendientes al logro de cambios de actitudes.
      Educación para la vida familiar y el desempeño de roles sociales.
      Creación de instancias de capacitación, supervisión y consulta destinadas a agentes de sa-
      lud, docentes y profesionales.
      Organización de grupos voluntarios.
    ―Para el desarrollo de éstas y otras acciones se requiere del aporte de distintos saberes, a par-
tir de una visión multidisciplinaria que supere los códigos especializados.
    También es de relevante importancia el dotar a estas acciones de un adecuado marco legal
que garantice y controle su cumplimiento, y propiciar la coodinación y articulación de las institucio-
nes y la participación comunitaria.
    Es indispensable además una reflexión acerca de la contribución de nuestras propias creen-
cias, ideas y sentimientos al momento de investigar, comprender e intervenir en un fenómeno que
afecta a los miembros más vulnerables de la sociedad, y que suele producir angustia, impotencia
y horror al observador. No debemos perder de vista que el respeto por el interés superior del niño
nos exige un riguroso análisis de sus circunstancias, antes de emitir opinión sobre el tratamiento
más adecuado acerca de la viabilidad o supresión de sus vínculos biológicos o adoptivos.


                                                 166
   Un enfoque integral del problema contribuirá a prevenir la revictimización de los niños, anular la
complicidad del silencio mediante el estímulo de la denuncia consciente y proveer de un adecuado
tratamiento a víctimas y perpetradores del maltrato infantil, evitando siempre que sea posible, la
separación del niño de su medio familiar‖.

    21. ¿Cuántas personas se benefician con el Programa de Prevención para Familias Subsidia-
das? (párrafo 75 del Informe).
    Respuesta 21. La población benificiaria del Programa Preventivo para Familias Subsidiadas
conforma los grupos familiares que, conservando aptitud para la atención de sus miembros espe-
cialmente los menores de edad, atraviesan situaciones de crisis familiar, o se encuentran en alta
exposición de riesgo de crisis, determinadas, agravadas o precipitadas por la disminución o ca-
rencia de ingresos respecto de las necesidades básicas de dichos grupos.
    La mecánica de este Programa, se detalla en el punto 3.1., inciso c), capítulo XI del presente
trabajo.
    El presente Informe Complementario responde al requerimiento de este ítem aseverando que
las familias atendidas por año constituyen un total de 22.000, y los menores una cifra cercana a
los 100.000.
    A este respecto, estimo que existe una diferencia sustancial entre los guarismos presentados
ante las Naciones Unidas en 1994, y los datos por mí extractados de los Anuarios Estadísticos
que edita el Consejo Nacional del Menor, (Análisis Estadístico, Cuadro Nº 17, del presente capítu-
lo). Personal autorizado del Consejo Nacional me señaló —con referencia a estas disidencias—
que incluidos en estos totales se encuentran las familias y menores atendidos en los Centros de
Acción Familiar, siéndome aclarado que si bien los mismos no reciben subsidios en dinero, su
atención representa una erogación estimada en valores económicos por familia y por menores.
Queda por cuenta del investigador la verificación de los datos acerca de este punto.

   22. ¿Cuántas personas gozan del Subsidio de Emergencia habitacional proyectado? (párrafo
75 del Informe).
   Respuesta 22. El Informe responde a este ítem, asegurando que desde 1992, la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires encara en la Argentina el tema habitacional a través del Fondo Na-
cional para la Vivienda, y que el presupuesto para vivienda del Estado Nacional para 1995 ascien-
de a $ 998.000.000.
   El Programa de Subsidios de Emergencia por Problemas de Vivienda detallado en el punto
3.1., inciso d) del presente capítulo, está dirigido a grupos familiares con hijos menores a cargo y
jóvenes adultos en situación de emergencia, por carecer de vivienda o ante la pérdida inminente
de ésta.
   El Informe no especifica la cantidad de personas que gozan de este subsidio.
   La tabla Nº 18, confeccionada con guarismos extractados de los Anuarios Estadísticos del
Consejo Nacional, muestra que el promedio mensual de beneficiarios en 1994 asciende a 134
menores, ó 33 familias.

    Salud básica y bienestar
    23. ¿Cuántos chicos infectados con HIV hay registrados en Argentina? (párrafo 83 del Informe)
¿Hay resultados positivos en la prevención de la transmisión del HIV?
    Respuesta 23. El Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano y SIDA, po-
see información de los enfermos y no de los infectados, por ser obligatoria por ley Nº 23.798 la
notificación de casos.
    Los primeros ocurridos en el país datan de 1982, y hasta abril de 1994 se registraron 3926 ca-
sos, de los cuales el 10,5% son menores de 19 años.
    El Consejo Nacional del Menor y la Familia cuenta con el Programa de Control y Prevención de
la Infección por Virus HIV, detallado en el punto 3.7. inciso a).
    Según el Informe Complementario, estudios realizados en el CNMF sobre ―Prevalencia de In-
fección por el VIH‖ (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) en población adolescente (edad pro-
medio 16 años) con conductas de riesgo durante los años 1987/88, mostraban que el 25,6%
(40/156) de ellos presentaban anticuerpos contra el VIH por los métodos de ELISA, aglutinación
de partículas y western blot.
    Este porcentaje aumentaba al 53,5% en el grupo que refería adicción por vía endovenosa,
mientras que sólo era del 2,3% en el grupo no adicto o que no utilizaba esta vía.
    Estudios serológicos para HIV con los mismos métodos diagnósticos mencionados realizados
durante 1992/93, muestran que sólo el 7% (29/410) de los adolescentes con las mismas carac-
terísticas y el mismo promedio de edad se encontraban infectados. Es interesante señalar que la
infección también disminuyó en el grupo que refiere adicción endovenosa al 34,2%. Se ha obser-
                                                167
vado un incremento del 4,3% en el grupo que no utiliza esta vía, lo que podría indicar mayor difi-
cultad para la prevención de la infección por vía sexual.
   Esto indicaría una mayor conducta de autocuidado por parte de los adolescentes los que identi-
fican como una conducta de riesgo importante la adicción endovenosa. Prueba de esto es que en
1987/88 el 45,5% de ellos refería utilizar la vía endovenosa, mientras que en 1992/93 sólo lo hacía
el 9,3%.
   ―Consideramos —afirma el Consejo— que la puesta en práctica de talleres de reflexión con es-
te grupo de jóvenes, brindándoles un papel protagónico, favorece la transmisión oral de conductas
de autocuidado, mientras están en alguno de nuestros Programas, institutos o en la calle.
   La realización de estos talleres con la participación de todo el personal: profesionales, técnicos,
administrativos, docentes, y auxiliares, permite introducir el concepto de prevención y autocuidado
en la vida cotidiana de la Institución y de la comunidad.
   Creemos que existen varios factores relacionados que inciden en la disminución de la infección
VIH en estos adolescentes: un cambio en el impacto que produce la epidemia cuando avanza y
comienza a producir muertes de personas conocidas; un mayor conocimiento de las formas de
transmisión, y el ya referido protagonismo dado a estos adolescentes como agentes multiplicado-
res de conductas de autocuidado‖.
   En 1987/88, el 95% de los jóvenes con VIH positivo referían adicción a drogas por vía endove-
nosa, mientras que en 1992/93 sólo el 44,8%. Esto indica que un 52,2% de ellos adquirieron la
infección probablemente por vía sexual.
   Estudios realizados en adolescentes con una edad promedio de 13 años —cuyo ámbito de vida
más frecuente es la calle— durante el período 1991/93, muestran que sólo el 0,21% (1/476) resul-
taron positivos para VIH.
   ―Nuestro desafío es evitar que estos niños lleguen al 7% observado a edades mayores, incre-
mentando los programas educativos y profundizando las estrategias que permitan una sexualidad
segura, respetando la dignidad que tienen como personas.‖
   El SIDA pediátrico se observa relacionado fundamentalmente con la transmisión madre-hijo. De
acuerdo con datos obtenidos del Programa Nacional, hasta el 31 de marzo de 1994 existían regis-
trados 253 casos (88% hijo - madre VIH positiva, 5% transfusiones y 4% hemoderivados en meno-
res de 15 años). En los casos en que se asocia el abandono con la infección por VIH, es funda-
mental asegurar un medio familiar para estos niños, a través de programas especiales que capaci-
tan y apoyan técnicamente a grupos familiares que incorporan menores con esta problemática.

   24. Detalle los programas de cuidado de la salud con particular énfasis sobre madres y chicos.
   Respuesta 24
    a) Plan Nacional de Acción
    El Ministerio de Salud y Acción Social ha implementado el Plan Nacional de Acción en favor de
la Madre y el Niño, cumplimentando los compromisos asumidos a partir de la ratificación de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
    En 1991 se adoptaron las Metas de la Cumbre Mundial según la realidad nacional, con la cola-
boración de las Sociedades Científicas y los Jefes de Programas Materno-Infantiles de todas las
provincias, consensuándose finalmente un “Compromiso Nacional en favor de la Madre y el Niño”,
creándose en el año siguiente el Comité Nacional de Cumplimiento de esas Metas.
    Si bien el porcentaje mayor de las acciones de este Plan corresponde al sector Salud, se traba-
ja en cooperación con otros sectores como Educación, Consejo Nacional del Menor y la Familia,
Sanidad Ambiental y Vivienda.
    El Plan Materno Infantil abarca todo el territorio nacional y su ejecución federal y descentraliza-
da, es de responsabilidad directa de las autoridades sanitarias provinciales.
    La población estimada bajo cobertura, según este Informe, asciende a 300.060 embarazadas,
266.970 menores de 1 año, 266.970 niños de 1 a 2 años y 166.740 desnutridos.
    El Plan Nacional de Acción está dirigido a asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo de
los niños desde su gestación hasta el final de su adolescencia, para lo cual reconoce como estra-
tegia central la atención primaria de la salud y la complementación alimentaria, dentro de una polí-
tica sustentable e integral, que asegure la cobertura a madres, niños y adolescentes de los secto-
res sociales más carenciados con criterios de equidad y estrategias diferenciales para áreas críti-
cas.
   Metas del Plan Nacional en Favor de la Madre y el Niño
   Consensuadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, la Sociedad
Argentina de Pediatría y UNICEF Argentina son las siguientes:
   1) Salud infantil
       Reducir la tasa de mortalidad infantil del país a 20‰ enfatizando en aquellas jurisdicciones
       que superen el promedio nacional.
                                                 168
      Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años del 23‰ en todo el país, enfatizando
      en aquellas jurisdicciones que superen el promedio nacional.
      Reducir la mortalidad fetal tardía en 1/3.
      Mantener coberturas de vacunaciones (PAI) por encima del 90% en todo el país.
      Eliminar el tétanos neonatal.
      Controlar el sarampión.
      Reducir la morbimortalidad por diarreas e infecciones respiratorias agudas. Reducir en un
      50% la mortalidad por estas causas.
      Reducir en un 20% la mortalidad por accidentes en menores de 5 años.
  2) Salud materna
      Disminuir la mortalidad materna a menos del 0,4% enfatizando en aquellas jurisdicciones
      que superen el promedio nacional.
      Elevar la cobertura de vacunaciones antitetánicas en mujeres en edad fértil. Lograr una
      cobertura del 90% de las embarazadas con TT.
      Controlar el embarazo desde los primeros meses de gestación con un mínimo de 5 contro-
      les.
      Realizar controles postparto a la madre y al recién nacido y efectuar la prevención del
      cáncer génito-mamario.
      Desarrollar Programas de Procreación Responsable en todas las jurisdicciones.
  3) Nutrición
      Eliminar la malnutrición severa en todas las jurisdicciones.
      Vigilar el crecimiento y desarrollo en el 80% de los menores de 5 años.
      Reducir a menos del 7% la prevalencia de bajo peso al nacer y la prematurez.
      Controlar las deficiencias de hierro y yodo.
      Asegurar la lactancia materna. Lograr que el 60% de los niños sea amamantado en forma
      exclusiva por lo menos hasta el 4º mes de vida.

   b) Programa Materno Infantil y de Nutrición (PROMIN)
   Articulado con el Plan Nacional, el Ministerio de Salud y Acción Social desarrolla este Progra-
ma. Tiene desde el punto de vista de la población objetivo, una doble focalización: por un lado, las
áreas donde predomina la población pobre estructural, y por otro y dentro de ella, las mujeres en
edad fértil y niños menores de 6 años.
   1) Objetivos
   Disminuir las tasas de morbi-mortalidad materna e infantil a través de la mejor focalización y el
mejor diseño, aplicación y coordinación de los servicios y programas de salud, nutrición, alimenta-
ción complementaria y desarrollo infantil.
   Promover el desarrollo psico-social de los niños entre 2 y 5 años.
   Mejorar la eficiencia de los programas de comedores escolares vigentes.
   2) Duración
   La duración total del programa es de seis años.
   3) Areas
   Salud: Fortalecer la capacidad institucional del Sistema de Salud: Primer Nivel de Atención
     (Centros de Salud) y Primero de referencia (Hospitales), localizados en las áreas de interven-
     ción, para optimizar acciones de promoción, prevención y curación.
   Desarrollo infantil: Transformación progresiva de los Comedores Infantiles y Jardines de Infan-
     tes en Centros de Desarrollo Infantil (CDI), incluyendo los aspectos nutricionales, control de
     crecimiento y desarrollo, actividades de estimulación y pedagogía del pre-escolar previniendo
     desventajas asociadas al fracaso escolar.
   Nutrición: Recuperación nutricional y complementación alimentaria para las embarazadas (in-
     cluida la etapa de lactancia) y los niños menores de 6 años. Las actividades se integrarán a
     los componentes de Salud y Desarrollo Infantil.

   c) Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente
   La Secretaría de Salud, reconociendo la trascendencia de la salud integral de los adolescentes
y la importancia de dar una respuesta a las necesidades de salud y desarrollo a los actuales y
futuros integrantes de este grupo etáreo en el marco de la nueva estructura del Ministerio, crea en
1991 el Departamento de Atención del Niño y el Adolescente, y elabora el Anteproyecto de un


                                                169
―Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente‖, que es puesto a consideración de los Jefes del
Programa Materno Infantil de las diferentes jurisdicciones nacionales.
    En 1992, durante la ―Reunión Nacional de la Dirección de Salud Materno-Infantil‖, la Secretaría
de Salud trabaja con los Jefes de Programa organizados por regiones, y como resultado de ese
proceso y de acuerdo con la Resolución IX del Consejo Directivo de la Organización Panamerica-
na de la Salud de 1992 a la cual suscribió, en marzo de 1993 considera la necesidad de imple-
mentar el Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente dentro del Marco Teórico Concep-
tual propuesto por el Programa de Salud Integral del Adolescente en las Américas.
    1) Objetivo general
    Teniendo en cuenta los lineamientos de las políticas de la Secretaría de Salud y acorde al
Compromiso Nacional en favor de la Madre y el Niño asumido por nuestro país, los objetivos ge-
nerales tienen como base fundamental la promoción y protección de la salud de los adolescentes
mediante una cobertura creciente en calidad y cantidad de los servicios.
    2) Objetivos específicos
    Este Plan reconoce la adolescencia como una etapa específica de la vida del individuo, con
necesidades y derechos definidos y con perspectivas de futuro; incluye en el concepto de salud
los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales, dentro de un contexto familiar y comunita-
rio; propende a la igualdad de oportunidades de los adolescentes teniendo en cuenta el concepto
de equidad; contempla las diferencias etáreas dentro de la etapa adolescente; insta a movilizar
todos los recursos disponibles sectoriales y extrasectoriales a fin de lograr la Salud Integral del
adolescente mediante la prevención de riesgos y daños prioritarios; a ofrecer servicios de salud
adecuados a sus necesidades, teniendo en cuenta el abordaje interdisciplinario; a considerar las
características regionales en cuanto a las necesidades de los adolescentes y su medio, promo-
viendo y apoyando los programas jurisdiccionales; y otros objetivos de importancia referidos a
este grupo etáreo en cuanto a investigación operativa, evaluación de estrategias de intervención y
resultados de los programas.

   d) El Consejo Nacional del Menor y la Familia, en el marco de sus Programas específicos de
Prevención del Abandono y Maltrato y de Tratamiento Familiar, atiende la salud de la madre y el
niño en sus diversos aspectos bio-psico-sociales (ver capítulo XI, puntos 3.1 y 3.2)

   e) Pacto Federal en favor de la madre y el niño
   En marzo de 1994, el Presidente de la Nación, los gobernadores y el intendente de la Ciudad
de Buenos Aires, firman este Pacto Federal con el compromiso de:
     Dar prioridad absoluta a las madres y los niños, así como también adecuar las metas a su
     propia realidad, manteniendo el espíritu del Plan Nacional de Acción, elaborando sus respec-
     tivos planes.
     Promover en el ámbito provincial y en la Ciudad de Buenos Aires redes comunitarias para la
     atención integral de madres, niños y adolescentes.
     Promover la reforma de la legislación vigente de modo de contemplar la Convención Interna-
     cional sobre los Derechos del Niño.
     Eliminar toda forma de explotación de niños y adolescentes.
     Asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños desde su gestación hasta el final
     de su adolescencia.
     Optimizar el uso de los recursos humanos y económicos, asistiendo a las áreas materno-
     infantiles.
     Garantizar la promoción de la salud materno-infantil en las comunidades aborígenes, tenien-
     do en cuenta y respetando las particularidades culturales de cada etnia y rechazando la dis-
     criminación en todas sus formas.

   f) En el texto de la nueva Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23, se señala como respon-
sabilidad del Congreso Nacional la de ―Dictar un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia‖.

   25. Dé información sobre la posibilidad de acceso a Centros de Salud en áreas urbanas y rura-
les.
   Respuesta 25. El Sistema Nacional de Estadísticas de Salud (Ministerio de Salud y Acción So-
cial de la Nación) a través de sus informes permanentes, no diferencia entre áreas urbanas y rura-
les; los datos son computarizados desde las provincias en forma global y no por establecimiento.
A pesar de ello, el documento sobre ―La descripción de la situación de salud en la Argentina‖ reali-
zado en el año 1985 en un esfuerzo conjunto entre este Ministerio y la Oficina Panamericana de la
                                                170
Salud, contabiliza 2.000.000 de residentes del área rural y 200.000 del área peninsular y urbana
cubiertas por el Programa de Atención Primaria de la Salud.
   El Programa Nacional de Estadísticas de Salud, conjuntamente con la Encuesta Permanente
de Hogares (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), realizó en agosto de 1990 la ―Encuesta
sobre Utilización y Gasto en Servicios de Salud‖ en todas las capitales de provincia, exceptuando
las de Chubut y Río Negro.
   A partir del análisis de la información sobre el porcentaje de población afiliada a algún sistema
de atención de salud presentado en la publicación mencionada, se observa que los grupos de
edad con menor porcentaje de población afiliada se ubican en general entre los menores de 5
años y el grupo de 20 a 29 años.
   Es importante destacar que en algunas provincias se relevan aglomerados importantes desde
el punto de vista provincial (Comodoro Rivadavia en Chubut, zona del Alto Valle del Río Negro en
Río Negro, Rosario en Santa Fe, Bahía Blanca en Buenos Aires y Río Grande en Tierra del Fue-
go), pero no se diferencia en áreas urbanas y rurales. Aunque es de presumir por la cobertura de
la Encuesta Permanente de Hogares que los datos son referidos en su mayoría a centros urba-
nos.

   26. Informe sobre asignación del presupuesto para salud.
   Respuesta 26. El presupuesto para salud se encuentra inmerso dentro del concepto Servicios
Sociales que incluye además de la citada, Promoción y Asistencia Social, Seguridad Social, Edu-
cación y Cultura, Ciencia y Técnica, Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado, y
cuenta con un crédito asignado para el año 1995 de $ 27.806.200.000, cuya participación relativa
dentro del presupuesto de la Administración Nacional equivale al 64,8%.
   Al área Salud para el mismo ejercicio, se le ha asignado $ 1.019.200.000, constituyendo el
3,7% del total referente a Servicios Sociales.
   Los recursos transferidos a las jurisdicciones para cumplimentar el Programa Materno Infantil,
han sido durante el año 1993 de $ 61.990.344, cuyo destino cubre una amplia gama de aspectos
que va desde la leche o medicamentos hasta equipamiento o capacitación de los recursos huma-
nos.

    Educación, tiempo libre y actividades culturales
      (artículos 28, 29 y 31 de la Convención)
    27. Dé información sobre estas estipulaciones y en particular sobre:
    a) Cómo está garantizado el derecho a la educación sobre la base de igualdad de posibilidades
      y con mención de las medidas especialmente adoptadas para reducir la existencia de discri-
      minaciones, incluyendo entre niño y niña en áreas urbanas y rurales.
    b) Medidas tomadas para fomentar la concurrencia regular a escuelas y disminuir el porcentaje
      de ausentismo.
    c) Medidas adoptadas o concebidas para incluir el ―derecho de los niños‖ en la escuela como
      materia de educación de los derechos humanos.
    d) ¿Cuáles son las metas de educación reflejadas en el artículo 2º de la Convención conside-
      radas obligatorias?
    Respuesta 27.
    a) El derecho a la educación sobre la base de la igualdad de posibilidades está garantizado por
la Ley Federal de Educación nº 24.195 que el Informe Complementario transcribe en toda su
extensión y que me propongo sintetizar:
    En su Título I - Derechos, Obligaciones y Garantías, artículos 1º al 4º, queda regulado el dere-
cho constitucional de enseñar y aprender para todo el territorio argentino; fijación y control del
cumplimiento de la política educativa por parte del Estado; acceso a la educación en todos sus
ciclos, niveles y regímenes especiales garantizados por el Estado Nacional, Provincial y la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, y responsabilidad de las acciones educativas.
    El Título II - Principios Generales, especifica que el Estado Nacional deberá fijar los lineamien-
tos de la política educativa, y expresa las posibilidades de formación integral del hombre y la mu-
jer; servicios que integran el Sistema Educativo Nacional; igualdad de oportunidades y posibilida-
des sin discriminación alguna en el ejercicio efectivo de su derecho a aprender; sistema educativo
flexible, articulado, abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades nacionales y la
diversidad regional.
    El Título III - Estructura del Sistema Educativo Nacional, especifica la estructura del sistema
educativo que será implementada en forma gradual y progresiva a partir de la educación inicial
constituida por el Jardín de Infantes para niños de 3 a 5 años, siendo obligatorio el último año;
jardines maternales establecidos por la Municipalidad de Buenos Aires; Educación General Básica
obligatoria de 9 años de duración a partir de los 6 años; Educación Polimodal impartida por institu-
                                                 171
ciones específicas de 3 años de duración como mínimo; Educación Superior profesional y acadé-
mica de grado, luego de la Polimodal, de duración determinada por las instituciones universitarias
no terciarias; finalmente la Educación Cuaternaria.
    Incluye también los regímenes especiales para quienes no hayan terminado la educación gene-
ral básica obligatoria; articulación de los niveles, ciclos y regímenes especiales que integran la
estructura del sistema educativo; objetivos de la Educación Inicial, y autorización y supervisión de
los establecimientos educacionales estatales y privados por autoridades educativas provinciales y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
    El Título IV - Educación No Formal, determina que las autoridades educativas oficiales ―promo-
verán la oferta de servicios de educación no formal vinculados o no con los servicios de educación
formal‖; facilitarán para estas actividades la infraestructura edilicia y equipamiento de las institu-
ciones públicas y de los establecimientos del sistema educativo formal; protegerán el derecho de
los usuarios de estos servicios, y otros ítems en apoyo de esta modalidad educativa.
    El Título V - De la Enseñanza de Gestión Privada, indica la obligatoriedad por parte de los ser-
vicios educativos de gestión privada de estar sujetos al reconocimiento previo y a la supervisión
de las autoridades educativas oficiales.
    Por el Título VI - Gratuidad y Asistencialidad, el Estado Nacional, las provincias y la Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires se obligan a garantizar el principio de gratuidad en los servicios
estatales, en todos los niveles y regímenes especiales. Asimismo, incluye el sistema universitario
estatal ―para asegurar que ese servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran‖, inde-
pendientes de otras fuentes complementarias de financiamiento que serán establecidas por una
ley específica, sobre la base de los principios de gratuidad y equidad. Finalmente, este artículo
incluye el establecimiento de un sistema de becas para alumnos/as en condiciones socioeconómi-
cas desfavorables.
    A través del artículo 40, el Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires se obligan a:
    a) Garantizar a todos los alumnos/as el cumplimiento de la obligatoriedad que determina la pre-
sente ley, ampliando la oferta de servicios e implementando, con criterio solidario, en concertación
con los organismos de acción social estatales y privados, cooperadoras, cooperativas y otras aso-
ciaciones intermedias, así como programas asistenciales de salud, alimentación, vestido, material
de estudio y transporte para los niños/as y adolescentes de los sectores sociales más desfavore-
cidos. En todos los casos los organismos estatales y privados integrarán sus esfuerzos, a fin de
lograr la optimización de los recursos, y se adoptarán acciones específicas para las personas que
no ingresan al sistema, para las que lo abandonan y para las repitentes.
    b) Organizar planes asistenciales específicos para los niños/as atendidos por la educación ini-
cial pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas, en concertación con orga-
nismos de acción social estatales y privados.
    c) Organizar planes asistenciales específicos para los niños/as atendidos por la educación es-
pecial pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas desde la etapa de estimu-
lación temprana, en concertación con los organismos estatales y privados que correspondan.
    Los planes y programas de salud y alimentación que se desarrollen en el ámbito escolar es-
tarán orientados al conjunto de los alumnos/as.
    El Título VII - Unidad Escolar y Comunidad Educativa, establece en sus artículos 41 y 42, que
la Unidad Escolar adoptará ―criterios institucionales y prácticas educativas democráticas...‖, y que
la Comunidad Educativa estará integrada por directivos, docentes, padres, alumnos/as, personal
administrativo y auxiliar de la docencia y por organizaciones representativas, y participará en la
organización y gestión de la Unidad Escolar, sin afectar el ejercicio de las responsabilidades direc-
tivas y docentes.
    Título VIII - Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. En su Capítulo I,
de los Educandos, artículo 43; Capítulo II, de los Padres, artículos 44 y 45 y Capítulo III, de los
Docentes, artículos 46 y 47, se indican los derechos de los educandos y de sus padres o tutores,
así como las obligaciones de los padres o tutores; los derechos de los trabajadores de la educa-
ción del ámbito estatal y privado, así como sus deberes.
    Título IX - De la Calidad de la Educación y su Evaluación. Sus artículos 48 al 50, determinan
que tanto el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, las provincias, como la Municipalidad
de Buenos Aires, deberán garantizar la calidad de la formación impartida en los distintos ciclos,
niveles y regímenes especiales, y adecuación curricular a las necesidades sociales y requerimien-
tos de la comunidad.
    Mediante el Título X - Gobierno y Administración Educativa, se especifica que ambos asegu-
rarán el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley.
    En sus Capítulos - Del Ministerio de Cultura y Educación, Del Consejo Federal de Cultura y
Educación, y De las Autoridades Jurisdiccionales, se establecen los deberes del Poder Ejecutivo
Nacional a través de su ministerio específico para garantizar el cumplimiento de los principios,
                                                 172
objetivos y funciones del Sistema Nacional de Educación; y sientan, en acuerdo con el Consejo
Federal de Cultura y Educación, los objetivos y contenidos básicos comunes de las currículas en
los diferentes niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza.
    El Consejo Federal es el ámbito de coordinación y concertación del Sistema Nacional de Edu-
cación. Ha de unificar entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la identidad nacio-
nal y lograr que ―a todos los habitantes del país se les garantice el derecho constitucional de en-
señar y aprender en forma igualitaria y equitativa‖.
    El Título XI - Financiamiento, explicita la inversión que realiza el Estado en el sistema educati-
vo, considerada prioritaria por éste.
    La inversión pública total en educación resultará de uno de los dos sistemas estipulados para la
definición de sus montos, y sobre la inversión pública consolidada total en educación; la cifra que
resultare mayor, (base 1992: 6.120.196.000) será duplicada gradualmente a razón del 20% anual
a partir del presupuesto 1993; o se considerará un incremento del 50% en el porcentaje (base
1992:4%) del Producto Bruto Interno (base 1992: 153.004.900.000), destinado a educación en
1992.
    A los efectos de la implementación de lo anteriormente expuesto, el Estado Nacional, las pro-
vincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires formalizarán un Pacto Federal Educativo
ratificado por Ley del Congreso de la Nación y sus respectivas legislaturas.
    El Título XII - Disposiciones Transitorias y Complementarias, se refiere a la adecuación progre-
siva de la estructura educativa de las distintas jurisdicciones y a la nueva estructura indicada en la
presente ley, inmediatamente de promulgada la misma, y en un plazo no mayor de un año; presu-
puesto para las universidades estatales; excepciones en cuanto a la aplicación de las disposicio-
nes de la presente en relación con las universidades; adecuación de la legislación educativa pro-
vincial, y adopción de sistemas administrativos de control y evaluación, a fin de facilitar la óptima
implementación de esta ley 24.195.

   Medidas de protección especial
      (arts. 22, 30 y 32 a 40 de la Convención)
   28. Informe sobre las medidas adoptadas, incluidas a nivel legislativo, para asegurar la protec-
ción y diversión en refugios o asilos así como datos estadísticos e indicadores sobre la realidad
Argentina incluyendo el detalle del origen de los niños, sistema de inscripción y los programas
especiales implementados para menores sin compañía.
   Respuesta 28.
   - Como ya se menciona en el punto 11 del presente Informe, el Consejo Nacional de Protección
de Menores tiene por ley 15.244 y sus modificaciones las ―funciones que incumben al Estado en
orden a la protección de la minoridad...‖. Dicha responsabilidad se extiende a todos los menores
institucionalizados y que se encuentren bajo su tutela.
   - En muchas provincias de la República Argentina se han establecido Tribunales de Menores
con competencia en los aspectos penales, en algunas, y en su totalidad, en los civiles y asisten-
ciales, detallando en la ley 10.067/87 los artículos 1º, 2º y 10 desarrollados también en el punto
11.
   - Asimismo, la ley 22.278 en el artículo 3º establece ―...la obligada custodia del menor por parte
del juez, para procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral...‖.
   - La ley 22.803 en el artículo 1º aclara que ―...en el caso necesario pondrá al menor en lugar
adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable...‖.
   - Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 1991, un total de 370.061 personas
se encuentran en hogares colectivos, siendo el 12,1% menores de 14 años.
   - Con respecto a la Recreación de los menores institucionalizados, el Consejo Nacional del
Menor y la Familia cuenta con el Departamento de Recreación, cuya responsabilidad primaria es
―ejecutar el programa de recreación cultural en todas sus áreas‖.
   A través de este departamento se organizan y supervisan las actividades recreativas, culturales
y deportivas de los menores, ancianos y discapacitados, logrando la participación activa de los
mismos y de la comunidad.
   Cabe destacar que durante el año 1993, según el Informe, accedieron a planes vacacionales
8.300 niños, jóvenes y ancianos; y a maratones, torneos y campamentos 9.396, siendo estos los
―simples ejemplos de múltiples acciones del quehacer cotidiano del área recreativa‖.
   Así, además de vacaciones a distintos centros turísticos del país y de las actividades deportivas
ya mencionadas se realizan salidas recreativas como excursiones, visitas a museos, a lugares
históricos, y otras.
   La concurrencia de menores de todos los programas del Consejo Nacional (incluso de trata-
mientos institucionales) a congresos, seminarios y encuentros nacionales e internacionales sobre

                                                 173
temas específicos relativos a la problemática de la minoridad y la familia, merece una mención
especial por la valiosa experiencia vivida por ellos.

   29. En el campo de la administración de justicia juvenil, informe conforme a los artículos 37, 39
y 40 de la Convención, particularmente:
   a) Prohibición de la pena de muerte y la prisión sin posibilidad de salir (perpetua).
   b) Prohibición de privar la libertad ilegal o arbitrariamente.
   c) Uso del arresto, detención o prisión de chicos como una medida de último recurso y por un
     muy corto período de tiempo (ver particularmente párrafo 109 del Informe).
  Respuesta 29. En el campo de la administración de la justicia juvenil no se admite la pena de
muerte.
   - ―Por disposición incluida en la ley 18.953, se incorpora en 1971 la pena capital al Código Pe-
nal. Posteriormente la ley 20.043 la deroga y la vuelve a reincorporar la ley 21.338, respondiendo
la primera a su orientación benigna y siguiendo la segunda su orientación rigorista.
   La ley 23.077 la ha vuelto a derogar, desapareciendo entonces de las figuras que la incluían:
artículo 80 bis, homicidio calificado; artículo 142 ter, privación ilegítima de la libertad seguida de
muerte; artículo 186 inciso d), incendio seguido de muerte o lesiones gravísimas, con fines sub-
versivos; artículo 186 inciso d), explosión o liberación de energía nuclear seguida de muerte o
lesiones gravísimas con fines subversivos; artículo 190, párrafo 4º, puesta en peligro de la seguri-
dad de una nave, construcción flotante o aeronave, seguida de muerte o lesiones gravísimas, con
fines subversivos, entre otras.
   La pena de muerte no podrá ser reimplantada: Argentina es firmante de la Convención Ameri-
cana sobre los Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica (―no se establecerá la pena
de muerte en los Estados que la han abolido‖, artículo 4º, inciso 3, B.O. del 27/03/84).
   - La Ley 22.278, artículo 3º, establece la custodia del menor por parte del juez; restricción a la
patria potestad y discernimiento de la guarda si correspondiere; el artículo 40, requisitos para la
imposición de la pena y la mayoría de edad penal.
    - La Ley 22.803, en sus artículos 1º y 2º sustituye los artículos 1º y 2º de la Ley 22.278; el artí-
culo 3º sustituye el 689 bis del Codigo de Procedimientos en Materia Penal para la Justicia Fede-
ral y los Tribunales Ordinarios de la Capital y los Territorios Nacionales.
    - El Código Penal establece en su Regla General, artículo 410, sobre causas seguidas contra
menores de dieciocho (18) años; artículo 411 sobre Detención y Alojamiento, y artículo 412 sobre
Medidas Tutelares. Estos ítems han sido descriptos en el punto 16 de la presente síntesis.
    - El 27 de junio de 1991, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
elevó a las autoridades de la Policía Federal las directivas necesarias para que se cumpla estric-
tamente con las previsiones de la ley 10.903 y los artículos 171 a 177 del Reglamento para la Ju-
risdicción relativos a dependencias policiales de menores de 18 años, con la obligatoriedad de
notificar inmediatamente a los Jueces Nacionales en lo Correccional de Menores.
    A continuación transcribo los mencionados artículos:
    Artículo 171. El agente de policía que intervenga en la vía pública en delito o contravención
cometido por un menor que no haya cumplido 18 años de edad, tratará de evitarle cualquier acto
que lo deprima moralmente tanto en la averiguación del hecho como en su conducción a la Comi-
saría Seccional, a la que, si fuera posible, lo llevará en automóvil o en vehículo de la Policía.
    Durante la permanencia de aquél en la Comisaría se mantendrá en las oficinas o lugares donde
no puede estar en contacto con detenidos adultos, y salvo que se trate de un menor que hubiese
evidenciado grave peligrosidad a través del delito cometido, no se lo alojará en celda o calabozo.
Si esta medida de seguridad se hiciere necesaria por la circunstancia anotada o por cualquier otra
causa, deberá permanecer en la celda aislado de otros detenidos.
    Las precauciones a que se refiere este artículo deberán extremarse cuando se trate de meno-
res mujeres.
    Artículo 172. Entrega provisoria del menor. En caso de contravención o delito cometido por un
menor que no evidenciare problemas de conducta o abandono moral y material, se citará a sus
padres o guardadores, haciéndoles entrega provisoria de aquél con notificación de que deberán
llevarlo a presencia del juez respectivo, dentro de los cinco días subsiguientes.
    Artículo 173. Cuando el funcionario instructor del sumario tuviere dudas sobre la conveniencia
de dejar al menor en poder del sus padres o guardadores, por falta de garantías morales del hogar
o por cualquier otro motivo, consultará telefónicamente con el juez de la causa y procederá con-
forme con las instrucciones que reciba.
    Si se trata de un menor de manifiesta peligrosidad, lo remitirá tan pronto lo permitan las diligen-
cias sumariales al establecimiento de recepción y clasificación del Servicio Nacional del Menor
informando telefónicamene al Juzgado correspondiente.
                                                  174
     Artículo 174. Tiempo de permanencia en comisaría. En todos los casos se tratará de que el
menor no permanezca en la comisaría más del tiempo estrictamente necesario que requieran las
diligencias sumariales de prevención policial.
     Artículo 175. Informe sobre ambiente familiar. Simultáneamente con los trámites de la preven-
ción y como complemento de la misma, el funcionario instructor encomendará al asistente social
dependiente de la Subsecretaría del Menor y la Familia*, el levantamiento de una información que
importe una relación completa del medio familiar en que se desarrolla la vida del menor, de sus
antecedentes y conducta; de los antecedentes y conducta de los padres, tutores o guardadores, y
el juicio del informante sobre la situación general de aquél utilizando al efecto el formulario apro-
bado por la Cámara.
     Dicha información deberá levantarse y enviarse al juez de la causa, también con respecto a los
que aparecieren como víctimas o damnificados por hechos criminosos, siempre que no hubieren
cumplido 18 años de edad.
     Artículo 176. Competencia en faltas o contravenciones. Hallándose reemplazada la competen-
cia del Jefe de Policía y del Intendente Municipal en los juicios de faltas o contravenciones come-
tidas por menores, por la de los Jueces Correccionales (artículo 18, ley 10.903) la intervención de
las autoridades policiales o municipales en tales casos será de prevención y con observancia a lo
dispuesto en los artículos anteriores, debiendo remitir las actuaciones al Juez Correccional de
Menores en turno, dentro de las veinticuatro horas.
     Artículo 177. Publicidad. En ningún caso podrá darse a publicidad el nombre del menor que no
haya cumplido 18 años de edad inculpado de delito o acusado de contravención, ni los detalles de
filiación o circunstancias que pudieran identificarlo.
     El tribunal solicitará la cooperación de los periódicos, revistas y agencias de publicidad para
evitar la publicidad de hechos o noticias que puedan afectar moralmente a menores de aquella
edad.


                    8. Constitución de la Nación Argentina de 1994
   El 22 de agosto de 1994, se promulgó la nueva Constitución de la Nación Argentina, que ratifi-
ca en su artículo 75, inciso 22 del capítulo IV sobre Atribuciones del Congreso, los derechos esta-
blecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: ―Aprobar o desechar trata-
dos concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concorda-
dos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes‖.
    La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Ge-
nocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, ―tienen
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y de-
ben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terce-
ras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara‖.
  Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
    Asimismo, el inciso 23 indica: ―Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconoci-
dos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en situación de desam-
paro, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia‖.
    En su inciso 19, el texto Constitucional sintetiza la aspiración a una justicia social nacional que
involucre:
    - ―Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
      productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional
      de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo
      científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.


                                                 175
   - Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover polí-
     ticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y re-
     giones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
   - Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional
     respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad inde-
     legable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores
     democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
     garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonom-
     ía y autarquía de las universidades nacionales.
   - Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
     obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales‖.
   En cuanto al inciso 17 del mismo capítulo, retoma bajo la norma del derecho, la situación ines-
table de nuestros olvidados pueblos indígenas:
   - ―Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
   - Garantizar el respeto a su indentidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; re-
     conocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
     de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes
     para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
     gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos na-
     turales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrente-
     mente estas atribuciones‖.
   La nueva Constitución consagra una serie de nuevos derechos y garantías que, aunque desti-
nados a toda la población del territorio argentino, tienen particular incidencia sobre el desarrollo
integral de la niñez, en especial en aquellos temas a los que hacen referencia los artículos 41, 42
y 43.
   Por el artículo 41 se especifica que: ―Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfa-
gan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley‖.
   Mediante el artículo 42 ―los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una infor-
mación adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno‖.
   Y el artículo 43 ―toda persona puede interponer acción expédita y rápida de amparo, siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o
de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitra-
riedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado
o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el
acto u omisión lesiva.
   Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los de-
rechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y for-
mas de su organización.
   Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referi-
dos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destina-
dos a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de
información periodística.
   Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición
forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cual-
quiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio‖.


                9. La Protección del Niño en la Legislación Argentina
   Según el Informe Complementario, la nueva Constitución de la Nación de 1994, convalida los
artículos 14 al 33 referentes a los derechos y garantías de los individuos en todo el territorio na-
cional y agrega un conjunto de nuevos derechos civiles y sociales en los artículos 36 al 43.
   Los derechos enunciados en los artículos 36 al 40 se refieren a las garantías políticas y de-
mocráticas, que no son de referencia directa a la niñez, aunque aseguran la posibilidad de un
marco social respetuoso de la libertad e igualdad de oportunidades.

                                                  176
    Los artículos 41, 42 y 43 ya mencionados, competen más directamente a las prerrogativas de
la infancia, en tanto se refieren a la protección del medio ambiente, a la educación para el consu-
mo, al amparo contra toda forma de discriminación, restricción de información, o privación de la
libertad.
    - Código Civil de 1871. En esta fecha nuestro Código Civil afirma el respeto a la vida del niño
desde la concepción, en su Título IV, artículo 70, ―de la existencia de las personas antes del naci-
miento‖:
    - Ley 10.903 de Patronato de Menores. Constituye el umbral fundamental del quehacer jurídico
nacional para la protección de los menores en situaciones de abandono o de necesidad (con mo-
dificaciones del decreto-ley 5286 del 20 de mayo de 1957, y de la ley 17.567).
    Se ha completado esta ley con normativas particulares como las correspondientes a las leyes
19.134 (Adopción) o 23.264 (Patria Potestad).
    - Ley 23.054. Ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San
José de Costa Rica— suscripta en esa ciudad el 22/11/1969.
    En su artículo 19 sobre Derechos del Niño asevera que: ―Todo niño tiene derecho a las medi-
das de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado‖.
    en numerosas Constituciones provinciales, tal como se detalla en el cuadro que a continuación
se transcribe, juntamente con una profusa legislación provincial de protección a la minoridad y
según datos extractados del punto 6 del Informe Complementario del Consejo Nacional del Menor
y la Familia enviado a las Naciones Unidas en 1994.
    En aquellas jurisdicciones que no han incorporado todavía estos Derechos, el Consejo Nacio-
nal estimula y promueve su inclusión a la brevedad, dado el status otorgado a los mismos por la
nueva Constitución Nacional, que de todos modos opera inmediatamente sobre la legislación pro-
vincial.
    Se destaca la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, primer Estado del país en cuanto a
población infantil, por ser la que reformó su Carta Magna con inmediata posterioridad a la inclu-
sión de los Derechos del Niño en la Constitución Nacional.

  Buenos Aires (1994)           Río Negro (1988)
  Catamarca (1988)              Salta (1986)
  Córdoba (1987)                San Juan (1986)
  Chaco (1958)                  San Luis (1987)
  Formosa (1991)                Santa Fe (1962)
  Jujuy (1986)                  Santiago del Estero (1986)
  La Rioja (1986)               Tucumán (1991)
  Misiones (1958)               Tierra del Fuego, Antártida e Islas
  Neuquén (1957)                del Atlántico Sur (1991)

    Constitución de la Provincia de Buenos Aires
    Artículo 12. Todas las personas en la provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos:
    1) A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
    2) A conocer la identidad de origen.
    Artículo 36. La provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos sociales o de
cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitu-
cionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos sociales:
    1) De la familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. La provincia es-
tablecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material.
    2) De la niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preven-
tivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en to-
dos los casos.
    3) De la juventud. Los jóvenes tienen derecho al desarrollo de sus aptitudes y a la plena partici-
pación en inserción laboral, cultural y comunitaria.
    4) De la mujer. Toda mujer tiene derecho a no ser discriminada por su sexo, a la igualdad de
oportunidades, a una protección especial durante los estados de embarazo y lactancia, y las con-
diciones laborales deben permitir el cumplimiento de su esencial función familiar. La provincia
promoverá políticas de asistencia a la madre sola sostén de hogar.
  Leyes Provinciales
   - Ley 10.067. Patronato de Menores. Sancionada y promulgada el 25 de octubre de 1983.
                                                 177
    - Ley 11.234. Patronato de Menores. Modificación del artículo 102 de la ley 10.067. Sancio-
      nada el 19 de abril de 1992. Promulgada el 12 de mayo de 1992.

  Constitución de la Provincia de Catamarca
  Artículo 65. Sin perjuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta Constitución,
dentro de sus competencias propias, la provincia garantiza los siguientes derechos especiales:
  De la niñez
    1) A la vida, desde su concepción.
    2) A la nutrición suficiente y a la salud.
    3) A la protección especial, preventiva y subsidiaria del Estado, en los casos de desamparo.
    4) A su formación religiosa y moral.
    5) A la educación integral, al esparcimiento, la recreación y el deporte.
  De la juventud
    1) A la participación en la actividad social, política y cultural vinculada con el bien común de
       la Provincia.
    2) A la orientación vocacional para el desarrollo pleno de sus aptitudes físicas, intelectuales y
       morales.
    3) A la educación integral, los deportes, el sano esparcimiento, la ocupación constructiva del
       tiempo libre y el conocimiento directo de la geografía de la provincia.
    4) A la capacitación profesional, acceso efectivo al trabajo y protección especial de los meno-
       res en su ejercicio.
  Ley Provincial
   - Ley 3882 de Protección de menores. Sancionada y promulgada el 30 de diciembre de
      1988.

  Constitución de la Provincia de Chaco
  Artículo 32. La ley asegurará:
   1) La protección integral de la familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad.
   2) El amparo a la maternidad, la infancia y la minoridad.
   3) El bien de la familia.
   4) Compensación económica familiar.
  Ley Provincial
   - Ley 3432. Estatuto jurídico de los menores. Fuero judicial del menor y la familia. Creación.
      Fue promulgada el 21 de diciembre de 1988.

  Leyes Provinciales de Chubut
   - Ley 159. ―Créase el Consejo Provincial del Menor, con el fin de asegurar la protección in-
      tegral del menor‖. Sancionada el 3 de octubre de 1959. Promulgada en noviembre de
      1959.
   - Decreto-ley 32/62. Código Provincial del Menor; modificación de la ley 159.
   - Ley 391. Código Provincial del Menor, ratificación y modificación del Decreto-ley 32/62.
   - Decreto 1255/73. Menores; aprobación del reglamento para instituciones con internados
      dependientes de la Dirección del Menor y la familia.

    Constitución de la Provincia de Córdoba
    De la niñez
    Artículo 25. El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y
subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de los derechos,
especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida, carenciada o bajo cualquier forma
de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad familiar.
    De la juventud
    Artículo 26. Los jóvenes tienen derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, posi-
bilite su perfeccionamiento, su aporte creativo y propenda a lograr una plena formación democráti-
ca, cultural y laboral que desarrolle la conciencia nacional en la construcción de una sociedad más
justa, solidaria y moderna, que lo arraigue a su medio y asegure su participación efectiva en las
actividades comunitarias y políticas.

                                                178
  Leyes Provinciales
   - Ley 4873. Estatuto de la minoridad. Sancionada el 30 diciembre de 1965 y promulgada el
      7 de enero de 1966.
   - Ley 7010. Ley de asignaciones sociales a la minoridad. Sancionada y promulgada el 20 de
      octubre de 1983.
   - Ley 7078. Programa permanente de atención a la niñez y a la familia. Creación. Sanciona-
      da el 18 de abril de 1984 y promulgada el 26 de abril de 1984.
   - Decreto 5385, del 29 de octubre de 1984. Programa permanente de atención a la niñez y a
      la familia. Reglamentación de la ley 7078 de Creación.
   - Decreto 3306, del 27 de junio de 1986. Estatuto de la minoridad. Reglamentación parcial.
   - Ley 7525. Programa permanente de atención a la niñez y la familia. Modificación de la ley
      7078 de Creación. Sancionada el 30 de octubre de 1986 y promulgada el 17 de noviembre
      de 1986.
   - Ley 7676. Creación de los Tribunales de Familia. Sancionada el 28 de junio de 1988 y
      promulgada el 20 de julio de 1988.
   - Ley 7958. Estatuto de la minoridad. Modificación de las leyes 4873 y 7676. Sancionada el
      25 de septiembre de 1990 y promulgada el 10 de octubre de 1990.
   - Ley 8125. Banco de Datos de los Menores. Creación. Sancionada el 11 de diciembre de
      1991 y promulgada el 20 de diciembre de 1991.
   - Ley 8151. Menores. Banco Unico de Datos. Creación. Sancionada el 9 de abril de 1988 y
      promulgada el 5 de mayo de 1992.

  Ley Provincial de Corrientes
   - Ley 2728. Código del Menor. Sancionada el 1º de octubre de 1965. Promulgada el 24 de
      noviembre de 1965.

  Leyes Provinciales de Entre Ríos
   - Ley 8490. Estatuto jurídico de los menores. Sancionada el 3 de julio de 1991. Promulgada
      el 8 de julio de 1991.
   - Ley 8618. Estatuto jurídico de los menores. Procedimiento penal. Suspensión transitoria
      de los artículos 79 a 93 de la ley 8490. Sancionada el 19 de noviembre de 1991. Promul-
      gada en noviembre de 1991.

   Constitución de la Provincia de Formosa
   Artículo 69. La familia tiene el derecho y la obligación de proteger al niño en forma integral. El
Estado lo ampara, especialmente al desprotegido y carenciado.
   Asume la responsabilidad subsidiaria y preventiva, particularmente sobre niños que se encuen-
tren bajo cualquier forma de discriminación o ejercicio abusivo de autoridad familiar o de terceros.
   ―En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección en forma directa o a
través de institutos con personal especializado y con vocación de servicio, y hogares sustitutos,
sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar los
aportes correspondientes a los familiares obligados. El Estado creará y estimulará la formación de
asociaciones intermedias o fundaciones destinadas a tales fines. Asimismo, resguardará al niño
de los efectos perniciosos de los medicamentos, la drogadicción, la corrupción, el alcoholismo y el
tabaquismo, y emitirá por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su for-
mación en base a los valores de la argentinidad, solidaridad y amistad‖.
   Artículo 70. El Estado promueve el desarrollo integral de los jóvenes, procura su perfecciona-
miento y su aporte creativo.
   Propende a lograr su plena formación cultural, intelectual, cívica y laboral, que desarrolle la
conciencia nacional y facilite su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.
  Ley Provincial
   - Ley 1089. Dirección de la Minoridad y la Familia. Reglamentación de su funcionamiento.
      Fondo de Protección a la Familia, al Menor, Ancianos y Discapacitados. Creación. Dero-
      gación del decreto 1855/68. Sanción y promulgación el 12 de agosto de 1981.

  Constitución de la Provincia de Jujuy
  Artículo 45. Protección a la maternidad y paternidad
  ―La madre y el niño gozarán de especial y privilegiada protección y asistencia. A tales fines el
Estado arbitrará los recursos necesarios‖.

                                                179
  Artículo 46. Protección a la niñez
   1) El Estado propenderá a que el niño pueda disfrutar de una vida sana, mitigando los efec-
       tos de la miseria, la orfandad o su desamparo material o moral.
   2) Los funcionarios del Ministerio Público de Menores, cuando los niños carecieren de padres
       o representantes legales o cuando éstos no cumplieren con sus obligaciones, deberán so-
       licitar la designación de tutores especiales para que gestionen lo que fuere necesario para
       su adecuada protección material y espiritual, bajo su supervisión.
   3) El Estado deberá tomar las medidas apropiadas para brindar eficaz protección a los niños
       privados de un medio familiar normal.
  Artículo 47. Garantías para la juventud
   1) Los jóvenes gozarán de garantías especiales para la realización efectiva de sus derechos
       económicos, sociales y culturales, en igualdad de oportunidades.
   2) El Estado deberá desarrollar políticas para la juventud que tengan como objetivo primario
       fomentar su creatividad, responsabilidad y sentido de servicio a la comunidad.
  Ley Provincial
   - Ley 3026. Menores. Protección a que tendrán derecho. Sancionada y promulgada el 14 de
      marzo de 1973.


   Constitución de la Provincia de La Pampa
   Formación de la Juventud
   Artículo 34. El Estado procura la formación integral y democrática de la juventud; promueve su
creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.
  Ley Provincial
   - Ley 1870. Régimen de protección a la minoridad. Fuero de la familia y el menor. Creación.
      Sancionada el 28 de noviembre de 1990. Promulgada el 7 de diciembre de 1990.


   Constitución de la Provincia de La Rioja
   Artículo 36. Protección del niño y el adolescente: Todo niño o adolescente tiene derecho a la
protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo total o parcial, moral o
material, permanente o transitorio, corresponde a la provincia como inexcusable deber social, pro-
veer a dicha protección ya sea en forma directa o por medio de institutos.
  Ley Provincial
   - Ley 3290. Creación de la Dirección de Protección del Menor. Sancionada y promulgada el
      6 de octubre de 1969.


  Leyes Provinciales de Mendoza
   - Ley 1304. Patronato y Tribunales de Menores; organización de la Dirección Provincial del
      Menor. Sancionada el 10 de enero de 1939 y promulgada el 14 de enero de 1939.
   - Ley 1670. Modificación de la ley 1304. Sancionada el 25 de septiembre de 1947. Promul-
      gada el 30 de septiembre de 1947.
   - Ley 1885. Modificación de la ley 1304. Sancionada el 12 de septiembre de 1950 y promul-
      gada el 16 de septiembre de 1950.
   - Ley 3070. Modificación de la ley 1304. Sancionada el 27 de octubre de 1964 y promulgada
      el 6 de noviembre de 1964.
   - Ley 3466. Modificación de la ley 1304. Sancionada y promulgada el 18 de noviembre de
      1966.
   - Ley 3579. Modificación de la ley 1304. Sancionada y promulgada el 18 de noviembre de
      1968.
   - Decreto 875 del 14 de marzo de 1969. Reglamentación parcial de la ley 1304 de Creación
      de la Dirección Provincial del Menor y la Familia.
   - Ley 3726. Modificación de la ley 1304. Sancionada el 15 de julio de 1971.
   - Decreto-ley 1945 del 20 de diciembre de 1974. Modificación de la ley 1304.

  Constitución de la Provincia de Misiones
  Artículo 37. La ley asegurará:


                                               180
  1) La protección integral de la familia, procurándole los medios que le sean necesarios para el
    cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, económicas y sociales.
  2) El amparo a la maternidad, a la infancia, a la minoridad, a la incapacidad y a la ancianidad
    de quienes carecen de familia.
   Artículo 38. Toda mujer que esté por dar a luz o haya dado a luz, todo anciano, todo incapaci-
tado y todo menor de edad que se encuentre en estado de desamparo, serán protegidos por el
Estado. A tal efecto la ley creará los organismos que asumirán esas tareas.
  Ley Provincial
   - Decreto 1104 del 16 de julio de 1990. Consejo Provincial del Menor (COPROME). Crea-
      ción en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud. Su inte-
      gración y funciones.

    Constitución de la Provincia de Neuquén
    Artículo 294. La provincia asegurará por medio de una legislación orgánica la defensa y protec-
ción de la maternidad y la niñez, mediante la asistencia de la madre antes, durante y después del
parto y del niño en su vida y salud en los períodos de primera infancia, pre-escolar y adolescencia,
y la creación de establecimientos adecuados a tal fin.
  Leyes Provinciales
   - Ley 1613 de Patronato de Menores. Juzgados de Menores. Normas de procedimiento.
      Régimen de contrataciones en perjuicio de aquéllos. Dirección del Menor y la Familia.
      Normas de funcionamiento. Creación de la Policía Tutelar del Menor. Sancionada el 18 de
      julio de 1985 y promulgada el 29 de julio de 1985.
   - Ley 1854 de Patronato de Menores. Dirección del Menor y la Familia. Modificación de la
      ley 1613. Sancionada el 23 de octubre de 1990 y promulgada el 25 de octubre de 1990.

   Constitución de la Provincia de Río Negro
   Amparo de la niñez
   Artículo 33. Los niños tienen derecho a la protección y la formación integral por cuenta y cargo
de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y penando el Estado
cualquier forma de mortificación o explotación.
   En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en hogares con per-
sonal especializado, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones
para demandar a los familiares obligados los aportes correspondientes.
   Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su formación en
base a los valores de argentinidad, solidaridad y amistad.
   Formación de la juventud
   Artículo 34. El Estado procura la información integral y democrática de la juventud; promueve
su creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.
  Ley Provincial
   - Ley 1690. Régimen de protección al menor. Sancionada y promulgada el 18 de mayo de
      1983.

   Constitución de la Provincia de Salta
   Artículo 32. De la infancia
   El Estado asegura la protección de la infancia, cubriendo sus necesidades afectivas, ambienta-
les, de educación, salud, alimentación y recreación.
   Artículo 33. De la juventud
   El Estado promueve el desarrollo integral de los jóvenes, posibilita su perfeccionamiento y su
aporte creativo.
   Propende a lograr una plena formación cultural, cívica y laboral, que desarrolle la conciencia
nacional, que lo arraigue a su medio y que asegure su participación efectiva en las actividades
comunitarias y políticas.
  Ley Provincial
   - Decreto-ley 146 del 27 de enero de 1956. Dirección de Patronato y Asistencia Social de
      Menores.

  Constitución de la Provincia de San Juan

                                                181
   Protección a la niñez
   Artículo 54. Los niños tienen derecho, en especial los huérfanos y abandonados, a protección
estatal contra cualquier forma de discriminación, de opresión o autoritarismo, en la familia y demás
instituciones. Es obligación del Estado atender a la nutrición suficiente de los menores hasta los
seis años de edad como mínimo. Se creará un registro de esa minoridad carenciada a efectos de
individualizar a los beneficiarios. Toda falsa declaración dirigida a obtener los beneficios de la
prestación alimentaria será sancionada.
   Garantías para la juventud
   Artículo 55.- Los jóvenes gozan de garantías especiales, a fin de lograr en igualdad de oportu-
nidades, acceso a la creatividad, a la crítica racional, la formación profesional, la educación física
y el aprovechamiento y goce del tiempo libre.
   Leyes Provinciales
    - Ley 1156. Establece la protección y asistencia social al menor, y organiza los Tribunales
      de Menores. Sancionada el 16 de septiembre de 1947.
    - Ley 1924. Modificación de la ley 1156. Sancionada el 24 de septiembre de 1954. Promul-
      gada el 1º de octubre de 1964.
    - Ley 2066. Modifica la ley 1156. Sancionada el 2 de octubre de 1958. Promulgada el 10 de
      octubre de 1958.
    - Ley 2193. Comisión de Protección al Menor; modificación de los arts. 10 y 11 de la ley
      1156.
    - Ley 3041. Código Sanitario; deroga los artículos 10, 11, 12 y 14 de la ley 1156 y sanciona
      otros en su reemplazo. Sancionada el 24 de abril de 1964. Promulgada el 6 de mayo de
      1964.
    - Decreto 1076-G, del 3 de mayo de 1966. Reglamentación de la ley 1156.


   Constitución de la Provincia de San Luis
   De la infancia
   Artículo 49. El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su nacimiento
y, desde éste, hasta su pleno desarrollo.
   Provee a la atención del menor, garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin
perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de las socie