OBJETO: PLANTEA RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DEL by vu0HD60

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									OBJETO:       PLANTEA RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DEL
EXTRAORDINARIO- HACER RESERVA DEL CASO FEDERAL- SOLICITAR
RESOLUCION CON CARÁCTER DE PREFERENTE DESPACHO .-
Señor
EXCMO. TRIBUNAL:
                                        PEDRO       A.    VELAZQUEZ        IBARRA,
abogado, matrícula profesional número 248, manteniendo el domicilio legal
constituido en calle Moreno 638, de esta ciudad, en representación de la
amparista, en los autos: "SALINAS ROSA ISABEL C/ ENTE REGULADOR DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (EROSP) S/ AMPARO", Expte. N° 8337- Año
2008, del registro de Cámara, ante V.E. me presento y, como mejor proceda,
digo:
                                        I.- OBJETO: Que, vengo por este acto a
plantear, en legal tiempo y forma, recurso de queja            por denegación del
extraordinario conforme en los arts. 278 y 279 de CPCC, solicitando, desde ya se
haga lugar a la impugnación deducida requiriéndose la inmediata remisión de las
actuaciones a efecto de pronunciarse sobre el fondo del litigio, haciéndose lugar al
reclamo en toda sus partes, con carácter de PREFERENTE DESPACHO en
consideración a la naturaleza jurídica alimentaría del salario privado a la amparista
por el cese discriminatorio e inconstitucional de la relación de empleo (Art. 87,
RIAJ). Asimismo, estando en juego derechos y garantías de rango constitucional
hago expresa RESERVA DEL CASO FEDERAL a todo evento, con imposición de
costas. Ello en base a las consideraciones que suscintamente paso a exponer
                                        II.- REQUISITOS FORMALES: Que, en
cumplimiento de los requisitos formales fijados en el Art. 279 del CPC, que hacen
a la admisibilidad del recurso intentado, se adjuntan con esta presentación las
siguientes copias:
                                        a) Fallo Nº 12.903/08 y cedula Notificada
en fecha 11/06/08.-
                                        b) Escrito de Recurso Extraordinario por
Sentencia Arbitraria presentada en fecha 27 de junio del corriente año.
                                        c) Contestación de Fiscalía de Estado del
traslado de Recurso Extraordinario.-
                                        d) Fotocopia de la resolución que denegó
el recurso extraordinario Fallo Nº 13.291/2008, dictada con fecha 30 de Octubre
del presente año, y notificado por cédula en fecha 17 de Noviembre conforme
surge de la cédula que se acompaña.




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                                       En consecuencia esta acreditado que el
presente recurso se interpone en legal tiempo y forma.-
                                       III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA:
Que, estando ya acreditadas con las constancias de las actuaciones la
presentación en termino y la legitimación para interponer el presente recurso,
corresponde realizar en este punto un somero relato de los antecedentes, en
cumplimiento de que el escrito de impugnación debe autobastarse, cumpliendo
así con todo y cada uno de los requisitos formales que hacen a la
ADMISIBILIDAD del Recurso de Queja planteado..
                                       A    modo de exordio, y para facilitar la
comprensión cabal de los agravios de la sentencia de Segunda Instancia recurrida
que se puntualizaran posteriormente, en este punto se harán algunas
consideraciones sobre los antecedentes del caso que por si mismos bastan
para descalificar los fallos dictados en ambas instancias.
                          La demanda de amparo se inicia por violación a los
derechos humanos de la amparista, tal como se expresa en el escrito inicial,
acompañando pruebas instrumentales y documentales y ofreciendo testimoniales,
requiriendo se disponga la anulación del acto administrativo que comunica el cese
de la relación laboral a la amparista, la reincorporación al     cargo de Planta
Permanente que ostentaba en la Administración Publica, con el pago de todos los
salarios devengados a partir del cese arbitrario e inconstitucional de la relación
laboral, reiterándose el reclamo en el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo de primera instancia y que diera origen a la sentencia impugnada a través
de esta presentación.
                          Formando     parte   de   los   antecedentes   del   caso
corresponde en este punto reiterar los agravios concretos de la SENTENCIA Nº
0177/2008, dictado en Primera Instancia, en cumplimiento de los requisitos fijados
por la ley ritual en la materia y sin perjuicio de considerar que los mismos fluyen
naturalmente en el marco fáctico ya descripto en la demanda.
                          Considero necesario señalar que de las         17 fs. que
insumió a la a quo       la redacción de la sentencia apelada (fs. 208/216),
prácticamente un tercio (ver fs. 210 a 212 vta.) en la parte de “RESULTA” le
dedica a lo manifestado por la Fiscalía de Estado en su impertinente,
procesalmente exótica, “contestación de demanda” para posteriormente
proyectar tales manifestaciones en la parte de “CONSIDERANDO” y culminar el
fallo impugnado en su parte resolutiva coincidiendo “in totum” con lo requerido por
la Fiscalía al punto tal de que, previamente , dispone la no producción de las
pruebas testimóniales, reiterando finalmente todos los conceptos                ya



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anticipados al rechazar “in límine” la acción de amparo mediante A.I. Nº
0164/2008 que, apelación mediante, la Cámara revoco ordenando la
sustanciación de la demanda simplemente, y lamentablemente para los
derechos de la amparista, para colocarla la misma situación.
              En consecuencia, no constituye un exabrupto ni mucho menos
afirmar que la sentencia ahora cuestionada no es producto de las casualidades
sino de las causalidades. Y así como se dictó el auto rechazando “in límine” la
acción de amparo en escasa DOS HORAS (ver fs. 92), ahora la sentencia fue
puesta a disposición de las partes el día viernes 23 de mayo a las 18 hs. y la
abogada de Fiscalía concurrió a notificarse y retirar copia apenas 40 minutos
después (ver fs. 216 y 216 vta.). Que un día viernes por la tarde salga una
resolución a “disposición de las partes” (aún siendo una acción de amparo)
puedo asegurar que no es usual, pero más sugestiva aún aparece la presencia de
las abogada de Fiscalía para retirar copia del fallo apenas minutos más tarde. En
fin… por aquello de que “el que se quemó con leche ve la vaca y llora” no
podía dejar de señalar significativas circunstancias en un caso como el que nos
ocupa, donde la actividad jurisdiccional esta precedida de claras violaciones de
derechos humanos a través de abusos del poder contra una humilde trabajadora
estatal por el ejercicio del derecho a opinar distinto.
                     Contestación de demanda: Que la admisión de un          acto
procesal INEXISTENTE en la ley de amparo constituye un agravio de la sentencia
a analizar puntualmente       a raíz de su decisiva proyección en la resolución
apelada.
                     A fs. 213 vta., ya en la parte de los considerandos, la
sentenciante vuelve a introducir, ya como elemento de convicción, la
“contestación de la demanda” por parte de la Fiscalía de Estado (párrafo
segundo). Es más, la jueza considera que con dicho acto queda “trabada la litis”
(párrafo tercero), considerando que la acción de amparo es una demanda común
en desconocimiento de que se trata de una acción de naturaleza especial en la
cual solamente cabe admitir el “informe circunstanciado” previsto en el Art. 10,
primera parte, del Decreto-Ley 749/79.
                     Y la magistrada de la baja instancia con perseverancia y
esfuerzos destacables insiste en defender su postura al respecto.
                     Para tan arduo, como estéril empeño, comienza por señalar
que corresponde al EROSP producir el informe circunstanciado, “tal como lo ha
hecho a fs. 155”, dice, para seguidamente afirmar, “sin perjuicio de ello”, que el
organismo autorizado para “representar judicialmente a la Provincia de
Formosa (parte demandada), es la Fiscalía de Estado, en virtud de los



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dispuesto por el art. 1º y 3º de la ley Pcial. Nº 515/85, a quien se le corriera
traslado de la demanda; y si bien           dicho acto procesal no se encuentra
expresamente previsto en la ley de amparo, por cuanto si esta autorizada a
proponer prueba, no puede menos que hacerlo en oportunidad de contestar
la demanda, sin perjuicio de señalar –una vez más- que la propia ley de
amparo prevé la aplicación de supletoria del Código de Procedimiento de
la Provincia (art. 18)”, recurriendo a una cita doctrinaria expuesta por Sagües,
una vez más impertinente para sustentar su opinión y por el contrario favorable a
la postura de la amparista.
                              Pero ántes de pasar a desmenuzar este agravio, creo
que importa resaltar lo que a nuestro entender constituye una SIMBIOSIS entre
leyes (Decreto-Ley 749/79; Código de Procedimiento Civil y Ley 515/85) a
favor del crecimiento de la posición del Estado y en perjuicio invariable de la
víctima de violaciones de derechos humanos. Y de tal manera se creó un
sendero “simbiótico” donde se obliga a la parte que represento a transitar
impertinentemente, tal como se pusiera de relieve en distintas presentaciones y
desarrollada más extensamente en un Recurso de Queja planteado en legal
tiempo y forma ante la Cámara, todavía pendiente de resolución.
                              Veamos el porque de dicha “simbiosis” de leyes, que
se repite en la sentencia impugnada.
                              Comenzando por las normas específicas que regulan el
amparo que, sabido es, desplazan a las generales, y que en nuestro caso están
contempladas en el Decreto-Ley 749/79 es evidente que la sentenciante no
advierte las diferencias entre el supuesto previsto en el párrafo primero del Art. 10
y el segundo.
                              Así mientras que el primer párrafo de dicho artículo se
establece que “el juez requerirá a la autoridad que corresponda, un informe
circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida
impugnada”, obviamente el EROSP en el caso que nos ocupa, en el segundo
párrafo, sin alusión alguna a tal “informe”, se impone que: “Simultáneamente,
notificará por oficio al Fiscal de Estado de la promoción de la acción y del
requerimiento efectuado a la Administración”.
                              Es decir que de lo que la ley habla es de una
“notificación” de la acción incoada, no de traslado de la demanda, y del
requerimiento efectuado a la Administración; concretamente al EROSP encargado
y facultado para producir el “informe circunstanciado” a través del cual la
accionada ejerce su derecho de defensa pudiendo ofrecer pruebas.




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                           En nuestro caso a fs. 155 obra lo que el Administrador
General,   con    patrocinio     letrado,    considera    “PRESENTAR         INFORME
CIRCUNSTANCIADO”          en   cuyo         escueto   texto   relata   simplemente   los
antecedentes laborales de la amparista, sin ofrecer prueba alguna ni muchos
menos impugnar las ofrecidas por la accionante, ni desmentir tampoco los hechos
expuestos en el escrito inicial de la demanda de amparo.
                           Pero transitando el mencionado sendero “simbiótico”
la jueza introduce la Ley Provincial Nº 515/85, citándola en sus incs. 1º y 3º en el
proceso de amparo.
                           Al respecto cabe indicar que el citado Art. 1º alude a
que “la representación en juicio de la provincia estará a cargo del Fiscal de
Estado”, en tanto el Art. 3º señala que tal intervención les incumbe “en las
causas contencioso- administrativas y en todas aquellas en que en sede
judicial se controviertan intereses de la Provincia.”
                           Así se sigue fielmente los lineamientos expuestos
también en este aspecto, por la Fiscalía de Estado tanto en el              recurso de
apelación contra la cautelar como en la “contestación de demanda”,
omitiéndose la cita expresa del Art. 145 de la Constitución Provincial que nada
tiene que ver con la cuestión debatida, sino que se refiere a los Ministros del PEP.
                           Pero la omisión, tanto de la Fiscalía como de la jueza,
que interesa al caso es lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 515/85 respecto a las
funciones del Fiscal de Estado consignando que a este funcionario le compete
“representar y defender a la provincia y a sus organismos centralizados,
descentralizados y desconcentrados,… en todos los procesos judiciales en
que sean parte, cualquiera sea su naturaleza, fuero o jurisdicción, …”
                           Y la omisión no parece involuntaria si se tiene presente
que el EROSP es un ente dependiente del PEP, situación que                 impone a la
Fiscalía responder al momento de evacuarse el “informe circunstanciado” y no
esperar el “traslado de la demanda” que no tiene existencia en la ley de amparo
que, por ser específica, reitero, desplaza a          la general, contrariamente a lo
sostenido por la a quo.
                           En tal línea interpretativa la Cámara Civil y Comercial
local en el fallo dictado en las autos “Peña, José Luis C/ I.A.S.E.P.S. S/ Amparo
Ley 749”, más precisamente en punto II de sus considerandos, alude a que “al
responder la acción el I.A.S.E.P., a través de la representación general que
ejerce la Fiscalía de Estado”.
                           Queda claro en consecuencia que la representación del
EROSP con intervención de la Fiscalía debió realizarse mediante el “informe



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circunstanciado” en la cual la accionada ejerce su derecho de defensa, refutando
los hechos y ofreciendo pruebas, cumpliéndose así también el principio de
“bilateralidad”.
                           Nótese que la sentenciante, siempre en relación a la
“contestación de demanda” en el proceso del amparo, recuerda que en su Art.
18 la ley especifica prevé la aplicación “supletoria” del Código de Procedimiento
Civil, lo cual es absolutamente cierto en tanto se entienda por “supletoria” la
situación creada por un supuesto no contemplado en la ley. Pero en el marco
procedimental de la acción de amparo dicha “contestación” esta prevista su
realización en el “informe circunstanciado”.
                    En consecuencia, coincido totalmente con la                cita de
Sagües y Bidart Campos que la jueza consigna en su fallo.
                           Es   más,    en      presentaciones   anteriores   la   parte
accionante ha expuesto con meridiana claridad esta postura a favor del “informe-
contestación de demanda (o informe réplica)”, tal como                  lo expone la
sentenciante en su fallo, y en ningún momento de este tortuoso proceso he dicho
que nuestra parte sostienen que corresponde aplicar la “tesis del informe-
noticia” mencionado, por la jueza para rechazar a fs. 214.
                           A simple título ilustrativo cabe señalar que a fs. 199 y
199 vta., luego de analizar el texto del art. 10 del Decreto-Ley 749/79, diferenciado
claramente “informe circunstanciado” (al EROSP) y la “notificación al Fiscal
de Estado” de la promoción de la acción, dejó expresamente sentado que, tanto
la doctrina como la jurisprudencia, coinciden en que: “El requerido deberá
cumplir la carga de ofrecer prueba en oportunidad de contestar el informe,
en la forma establecida para el actor” (Salgado-Verdagüer, “Juicio de amparo y
acción de inconstitucionalidad”, pág. 198).
                           Es   que    el    llamado   “informe    circunstanciado”,
satisface, dentro del concepto de bilateralidad que caracteriza al amparo, tal como
esta legislado, el derecho de defensa en juicio del demandado. “Puede decirse
que aquel constituye una verdadera contestación de la demanda” (coinciden
en esta posición los    autores citados y Morello-Vallefíb, “El amparo. Régimen
procesal”, pág. 117).
                    Esta característica tipifica e informe como una carga y no
como un deber del informante, ya que la misma norma prevé la posibilidad de que
éste no lo presente. Claro esta, que como toda carga, su incumplimiento provoca
sanciones especificas que en el caso, por analogía, son las previstas por el art.
353, inc. 1, del CPCC local (conf. Rivas, “El amparo a la luz de un fallo acertado”,
JA, 1995-II-67. También Sagües, “Acción de amparo”, pág. 420).



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                     Es más, como acto fundamental de defensa, amparado por el
Art. 18 de la Constitución Nacional, la omisión del pedido del “informe
circunstanciado” importa la nulidad del proceso.
                     Sintetizando, lo que corresponde tener presente en el trámite
del proceso es dicho informe producido por el EROSP en tanto que                  la
“contestación de demanda” por ser ajena a la sustanciación de las actuaciones
debe ser desglosada y devuelta a la presentante, no pudiendo en modo alguno
ser atendidos ni los argumentos expuestos en la misma ni las pruebas ofrecidas,
ni mucho menos la impugnación de la ofrecidas por la parte demandante. (textual
de fs. 199 vta.)
                           Por lo tanto me asalta el interrogante de donde saca la
sentenciante que la amparista pretende la aplicación de la “tesis del informe-
noticia”. Seguro que de las actuaciones no es y no quiero creer que la jueza, tal
como considero ocurrió con el escrito de demanda, no tuvo tiempo y tampoco
para dedicar la atención que merecen         a los planteos de la demandante, en
similares condiciones que los reclamos de la Fiscalía que fueron aceptados en su
totalidad.
                     Pero más allá de estas trascendentes disquisiciones, los
agravios en este aspecto de la cuestión que nos ocupa se agravan por la
proclividad de la jueza de la baja instancia a transitar el sendero trazado mediante
la “simbiosis” de leyes que, amén de viciar el “iter” del proceso, privando al
mismo de razonabilidad y legalidad en la lógica interior, favoreció y favorece
la postura de la Fiscalía de Estado invariablemente.
                     Al respecto importa sobremanera volver a destacar que a fs.
153/155 obra el “informe circunstanciado” del Administrador General             del
EROSP, “ente dependiente” del Ministerio de Planificación, Inversión de Obras y
Servicios Públicos (ver Decreto Nº 75/07 adjuntado); presentación realizada en
cumplimiento del requerimiento realizado por el tribunal conforme art. 10
del Decreto-Ley 749/79 con patrocinio letrado del abogado Dr. GUILLERMO
GOMEZ, en fecha 2 de mayo a las 19. 45 hs. (ver fs. 155).
                     El mismo día, apenas poco mas de una hora después, a fs.
159/164 comparece la Fiscalía de Estado a “contestar demanda”, siendo las
20,55 hs. (ver fs. 164).
                     A fs. 166 la jueza resuelve en relación al “informe
circunstanciado” que se corra traslado a la contraria del mismo, “a los fines de
garantizar el derecho de defensa”, ordenando un plazo de dos (2) días para
responder dicho traslado. Adviértase que DOS DIAS           no es lo mismo que
CUARENTA Y OCHO HORAS. Los términos en días son propios del CPCC,



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mientras que los establecidos en horas y perentorios pertenecen a la ley de
amparo.
                      Ahora bien, tras cartón, siempre en la misma fs. , decide: “Por
contestada la demanda de amparo en tiempo y forma. Por ofrecidas las
pruebas que hacen al derecho de su parte. …”, siendo puesta esta resolución
en Mesa de Entradas a disposición de las partes del día 7 de mayo a las 7, 15
hs., sin correr vista o traslado alguno a la amparista y evidentemente en el
marco del Decreto-Ley 749/79, tal como se desprende del texto del proveído y
corroborada cuando interpongo recurso de apelación en fecha 13 de mayo a las
20,15 hs. (ver fs. 200) contra el mismo que es rechazado “por extemporáneo” a
fs. 201 no obstante estar presentada la impugnación dentro del CUARTO DIA
de que se dictara la resolución recurrida y que el código de procedimiento civil
fija un plazo de CINCO DIAS para apelar (Art. 242, CPCC).
                      Queda claro que la jueza aplica plazo de días          para el
traslado del “informe circunstanciado” contemplado en la ley de amparo que
prevé término de 48 hs., perentorio, mientras que a la “CONTESTACION DE
DEMANDA” no contemplada en el Decreto-Ley 479/79 considera que
corresponde el referido término de 48 hs., incurriendo en una contradicción
insuperable con lo posteriormente expuesto en la sentencia recordando a todo
evento la aplicación supletoria del CPCC para admitir la contestación de
demanda ( ver fs. 214) .
                      Es decir que “per se” la jueza decide “mezclar” normas de
procedimiento civil con las correspondientes al proceso de amparo y aplicar una u
otra según se ala postulación de la Fiscalía de Estado,            construyendo así
resoluciones “transgénicas”, resistentes a todo cuestionamiento proveniente de
la amparista, por fuera de toda razonabilidad legal y lógica de sentido común tan
siquiera.
                      Aun tengo esperanza de que este proceso de “sojizacion” de
la justicia avalando los abusos de poder concretado en violaciones a los derechos
humanos       sea   detenido   ántes   de   que   culmine   con   la   “desertización
institucional”, alterándose con el desamparo al conjunto de la “ecología social”
(permitiéndome recurrir con oportunismo, admito, a tema tan            actuales y tan
públicamente debatidos en auxilio del interés de mi parte por ilustrar sobre su
situación).
                      Y a mayor abundamiento, pues parafraseando al Papa Juan
Pablo II la verdad no ofende y, por el contrario, nos hace libres, si bien no
forma parte de los agravios en la sentencia importa recordar que la jueza
sentenciante, amén de que fuera presentada extemporáneamente, decide



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conceder la apelación contra la medida cautelar a fs. 142 en fecha 30 de abril
aplicando estrictamente la ley de amparo, mientras que a fs. 186 ESTANDO
PRIVADA DE JURISDICCION en la medida, resuelve que la Fiscalía de Estado
apelante cumpla con el requisito fijad en el art. 250 del CPCC respecto al
cuadernillo a elevar a la Alzada, recién en fecha 12 de mayo violando
groseramente lo expresamente establecido en la citada norma que impone
DECLARAR DESIERTO EL RECURSO cuando no se haya cumplido dicho
requisito en el término de cinco ( 5) días, como asimismo conculcar el
DERECHO DE DEFENSA de la amparista al no concederle “ igual derecho”,
tal como lo dispone dicha norma en sus incs. 2 y 3.
                          Violaciones a la garantía de defensa en juicio como
agravios: Que,     con la simple constatación de las gravísimas irregularidades
perpetradas por la jueza de la Baja Instancia, facilitándose la      tarea con la
indicación precisa de cada fojas, se pone de relieve hasta el hartazgo las groseras
violaciones   de   la   GARANTIA DE      DEFENSA EN         JUICIO    perjudicando
ostensiblemente a la humilde trabajadora para beneficio de la parte demandada,
configurándose de tal modo la violación de tal derecho humano (ahora por el
Poder Judicial) sobre los derechos humanos cuya protección se requiere
precisamente a través de la acción de amparo contra los abusos del Poder
Político.
                          Esta segunda violación de los derechos humanos de la
amparista adquiere singular gravedad en tanto es perpetrada por la magistrada
encargada de impartir justicia que con INEXCUSABLE desconocimiento del
derecho no sólo adapta las leyes rituales (ley específica y código de
procedimiento civil) a los impertinentes y extemporáneos          planteos de la
Fiscalía de Estado para eludir sibilinamente el reconocimiento del derecho
de fondo, conculcándose       groseramente el esencial derecho humano de
garantía de defensa en juicio, reconocida y protegido por el Art. 18 de la
Constitución Nacional y Arts. 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), actualmente
incorporada a nuestra Ley Suprema.
                          A propósito, es por demás sabido que el estudio
continuo de la “garantía” de la defensa en juicio que se corporiza en un
PROCESO JUSTO, constitucionalmente válido como tal, asegura en plenitud y de
manea real la satisfacción de la demanda a través de una condena judicial,
impone respetar rigurosamente las       garantías procesales en su estructura,
andamiaje y la metodología del debate, durante el periodo de postulaciones,
ofrecimiento y práctica de las pruebas, debiendo centrarse la actividad



                                        9
jurisdiccional en      la CORRECTA MOTIVACION de las resoluciones en los
recursos y remedios ( incidentes, impugnaciones, revisión, etc.).
                             El derecho a “ser oído” en igualdad de armas y
oportunidades, en controlar, críticamente, el “iter” ( camino) de los desarrollo de
la contienda y equilibrar con razonabilidad y legalidad la lógica interior en la
dialéctica de las posiciones de los contricantes, no pueden ni deben quedar
simplemente a merced de la arbitrariedad y/o parcialidad y/o ignorancia supina de
los jueces y menos aún en reclamos por           violaciones de derechos humanos,
estando en juego nada menos que la dignidad de las personas cuya
protección se encuentra en la actualidad en               la cúspide del derecho
internacional.
                             Así se verifica, por ejemplo, en las obras del insigne
procesalista Augusto Mario Morello en su obras “Prueba, incongruencia,
defensa en juicio” ( el respeto por los hechos), Abeledo-Perrot, 1997; “La Corte
Suprema en acción”, Platense, Abeledo-Perrot, 1989; “El proceso justo”,
Platense, Abeledo-Perrot, 1994, en especial; “Manual de Códigos Procesales”
(en   colaboración),    2ª   ed.,   Platense,   Abeledo-Perrot,   1997,   pp.   23-79;
“Constitución y Proceso”.” La nueva edad de las garantías jurisdiccionales”,
Platense, Abeledo-Perrot, 1998, entre otros.
                             Ni falta hace decir que aconsejo la lectura de las obras
citadas para evitar mayores abundamientos en la cuestión.
                             Otra burda violación de garantías constitucionales:
a fs. 205 vta., con fecha 19 de mayo la jueza, casualmente coincidiendo una vez
más con la oposición planteada la respecto por la Fiscalía de Estado en la
impertinente “contestación de demanda”, resuelve que a su criterio “no resulta
necesaria la apertura de la causa a prueba ( art. 361- segundo párrafo y 18
Ley 749/79)” (sic). Es decir que aplica la norma de procedimiento civil supletoria
violando lo previsto en el Art. 11 de la citada ley de amparo que impone: “Si
alguna de las partes hubiese ofrecido prueba DEBERA ORDENARSE su
inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá tener
lugar dentro del tercer día”.
                             La claridad del texto y lo imperativo de su contenido
impide cualquier duda hermeneútica sobre que debe hacer el juez.
                             Pero acá no culminan los agravios si tenemos presente
que dicha resolución de fs. 205 fue puesta “a disposición de las partes” siendo
las 19 hs., del día 19 de mayo (ver fs. 205 vta.). Confieso que jamás tuve
ocasión, la ocurrencia, de concurrir a un tribunal a dicha hora a ver un expediente,
no obstante lo cual admito que tuve conocimiento de lo resuelto cuando salió el



                                          10
mismo en la Lista de Despacho del día 20 de mayo, ocasión en que razonando
lógicamente supuse que la aplicación supletoria del CPCC implicaría que el plazo
para impugnar el mismo era el establecido en dicha ley ritual.
                               Y nuevamente mi razonamiento es burlado por el
“simbiótico” sendero en que la sentenciante obliga a la amparista a transitar
“manu militari”, ya que a fs. 207 la jueza dispone con fecha 20 de mayo: “En el
día de la fecha habiendo transcurrido 48 hs. desde la publicación en la Lista
de Despacho de la providencia de fs. 205, paso la presente causa a
Despacho para dictar Sentencia”. Obviamente incluye la providencia de fs. 205
vta. que ni siquiera le preocupa mencionar.
                               Así concluye la tramitación del proceso con el dictado
de la Sentencia Nº 0177/2008 de fs. 208/216, con fecha viernes 23 de mayo a
las 18 hs., contra la cual se interpone la presente apelación, sin sorprenderme
siquiera a esta altura que apenas 40 minutos después se presente la abogada de
Fiscalía de Estado Dra. CARMEN NOTARIO a notificarse del fallo y a retirar copia
(ver   fs.    216     vta.),   seguramente         informada    mediante     transmisión
“extransensorial” de dicho acto en tanto es más que extraño que en un día
viernes,     siendo   prácticamente     las    19     hs.,   algún   apoderado   concurra
espontáneamente al juzgado.
                               Sintetizando, si es posible explicar tamaña aberración
procedimental, la jueza primeramente decide no disponer la producción de las
pruebas tal como esta prevista en los Arts. 11, 12, 13 y 7, segundo párrafo
relativo al número de testigo, del Decreto-Ley 749/79, aplicando el Art. 361 del
CPCC en forma supletoria, pero           cuando decide computar los plazos          para
considerar firmes sus resoluciones y pasar los autos a Despacho para dictar la
sentencia vuelve alegremente al término perentorio de 48 hs., fijados por la
ley de amparo. Reitero que la “simbiosis” de leyes inexorablemente favorecen
las postulaciones de la Fiscalía de Estado en detrimento de los derechos de la
amparista conforme se constata objetivamente con las constancias indicadas
fojas por fojas.-
                               Agravio referido a la NOTA AG-017/08: Causa agravio
a la parte demandante que en la sentencia se ignore la NULIDAD ABSOLUTA de
la nota de referencia, considerando la jueza que “en general cuenta con
elementos esenciales -que hacen a su validez- y requisitos accidentales que
hacen a su eficacia”, siendo evidente que ni aún al momento de citar el fallo la
jueza leyó detenidamente el extenso escrito de demanda, razón por la cual me veo
obligado a repetir lo dicho en tal presentación insistiendo en que la NOTA AG- Nº




                                              11
017/08 del EROSP sobre los vicios que la misma adolece para poner fin a la
relación laboral.
                          Así en la simple nota de referencia se me comunica la
resolución que textual e íntegramente transcripta dice: “ En mi carácter de
Administrador General del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, me dirijo
a Ud., con el objeto de notificarle que habiendo desaparecido las causas que
motivaron la contratación de sus      servicios mediante Contrato de Locación
suscripto el 12 de enero de 2007, se ha decidido no prorrogar el contrato
laboral, que vinculaba a Ud., con este Organismo a partir del 01 de enero de
2008.-Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración y respeto.- Queda
Ud. debidamente notificada”. Fdo: Ing. HUGO MIGUEL CORDOBA –Administrador
General del EROSP.
                          Se patentiza que la resolución impugnada carece de
los requisitos esenciales exigidos por la Ley 971 para los actos administrativos, a
saber: que tengan sustento en las circunstancias de hecho y antecedentes
de derecho que le sirvan de CAUSA (art. 30, inc. 3º); que antes de su emisión
se cumplan los procedimientos esenciales sustanciales y adjetivos previstos por
esta ley y los que resultaren expresa e implícitamente del ordenamiento
jurídico de aplicación (art. 30, inc. 4º); que se dé cumplimiento a la finalidad que
resulte de normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin
poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados, distintos a
los que justifican razonablemente el acto, SU CAUSA Y OBJETIVO (art. 30º,
inc. 6º); que en su emisión no se haya violado la ley aplicable y que no
adolezca de vicios (art. 30º, inc. 8º); que implique una razonable valoración de
su legitimidad, en relación a las circunstancias de hecho y de derecho aplicables
y que disponga lo que sea proporcionado al fin perseguido por el orden jurídico,
atendiendo a la CAUSA que motiva el acto (art. 30º, inc. 9º); que en su emisión no
se vulneren además los principios de         moralidad , buenas fe, legalidad y
debido proceso, añejos al accionar administrativos (art. 30º, inc. 10º).
                          Es más, “los actos administrativos deben ser
motivados; conforme los requisitos señalados y considerar los principales
argumentos y cuestiones propuestas en tanto fueren conducentes a la solución
del caso” (art. 31º, primera parte). Por si alguna duda quedara sobre las
condiciones estrictas exigidas a la administración pública en casos como el que
nos ocupa, la segunda parte del citado artículo de la Ley 971, dispone que:
“Serán motivados, con explicación de las razones de hecho y de derecho que los
fundamentan, los actos que: a) Decidan sobre derechos subjetivos,… c) Se
aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de



                                        12
órganos consultivos…”. Tampoco el contenido del acto puede “contravenir –
POR EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD- disposiciones constitucionales o
legislativas, ni afectar el principio de la IRREVOCABILIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO, salvo en la forma establecida por esta Ley (art. 32º, primera
parte). Asimismo, no se debe “violar normas administrativas de carácter
general dictadas por autoridad competente, sea que estas provengan de una
autoridad igual, inferior o superior jerarquía, o de la misma autoridad que dicte el
acto…” (art. 32º, segunda parte).
                             Todos   y   cada   uno   de   estos   requisitos   fueron
puntualmente violados en el dictado de la simple NOTA A.G. Nº 017-08 que puso
fin a la relación laboral, viciándola grave y groseramente, afectándola de nulidad
absoluta e insanable. Al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativos, dice:
“El irregular cumplimiento o el incumplimiento de algún requisito expresado
implícitamente exigido por el orden jurídico para el acto administrativo,
constituye un vicio de este” (art. 42º).
                             Siempre en relación al caso que nos ocupa, importa
señalar que un acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable,
“cuando existiere ilicitud, imposibilidad, incertidumbre o absurdidad en el
objeto o     cuando careciera de motivación suficiente, cuando esta fuera
requerida por la ley o su reglamentación, o cuando se omitieran actos
esenciales del procedimiento o cuando a su respecto se hubieren vulnerado
los principios de razonabilidad, justicia, buena fe y moralidad administrativa”
(art. 46º, inc. “c”, Ley 971).
                             Sintetizando, ahorrando otras consideraciones que
evidencian hasta el hartazgo los gravísimos y muy groseros vicios de la NOTA
impugnada, es indudable que la nulidad          de tal acto administrativo no puede
discutirse y así requiero se lo declare conforme lo preceptuado en el art. 47 de la
Ley 971. A tal extremo llegan        las nulidades absolutas de la resolución de
referencia, conforme lo expuesto, que las mismas carece de la presunción de
legitimidad y ejecutoriedad, relevando a los particulares de la obligación de
cumplirlos y otorgando a los agentes públicos el derecho y el deber de NO
CUMPLIRLO o ejecutarlo (art. 52, inc. “b” y “c”).
                             No cabe concluir este punto sin una breve referencia a
lo que la ley denomina “Integración del Orden jurídico Administrativo”, que
implica una interpretación armónica de las diversas normas, reitero, y que ha sido
ignorada supinamente por las autoridades del EROSP en el dictado de la SIMPLE
y ESCUETA NOTA que pone fin a la relación de empleo publico de la actora.
Dicho orden jurídico “integra un sistema orgánico que tiene autonomía



                                           13
respecto de otras ramas del Derecho”, aplicándose supletoriamente las normas
del Código de     Procedimiento Civil y Comercial          y de las demás leyes de la
Provincia y, finalmente se debe recurrir a las leyes análogas del orden nacional y a
los principios de dicho derecho, en el supuesto de que el asunto no encontrara
solución en el marco de las normas mencionadas precedentemente (art. 113º, Ley
971). “Integran especialmente el ordenamiento jurídico administrativo las
normas y principios de derecho, emergentes del sistema constitucional y
legislativo de la Provincia…” (Art. 114º, Ley 971). Las normas administrativas
deben ser interpretadas en la forma que mejor garanticen la realización del fin
público a que se dirige, con el menor daño posible a los derechos e intereses de
los particulares y administrados, debiéndose satisfacer al mismo tiempo que las
necesidades generales y al interés público, la equidad e igualdad mediante un
“razonable y armónico equilibrio entre la aplicación y ejercicio de las
prerrogativas de la Administración Pública, y el resguardo de las garantías
de los administrados y particulares, consagradas por las constituciones
Nacional y Provincial” (art. 115º, Ley 971). Justamente, y no en forma casual,
insisto, todas y cada una de las referencias legales obligatorias han violados las
autoridades del EROSP, en el dictado de la NOTA cuestionada.
                            Y es sabido que un acto administrativo carente de
“motivación suficiente” es necesariamente nulo, según el reconocido autor en la
materia Roberto Dromi, quien en este sentido expresa que: “… Es acto
administrativo nulo, de nulidad absoluta e insanable, aquél                       que se
encuentre afectado esencialmente en la regularidad de sus requisitos:
competencia,     voluntad,       objeto,    forma,     finalidad,   motivación,   etc.…”
(DERECHO ADMINISTRATIVO- 7ª Edición, Editorial Ciudad Argentina- Bs. As.
1998, p. 261).
                            Y es que “la motivación del acto administrativo hace
a la garantía del debido proceso y la defensa de los derechos que establece
el Art. 18 de la Constitución Nacional”.
                            En efecto, para que un administrado pueda ejercer
adecuadamente la defensa de sus derechos debe conocer las bases en las que
se asienta el juicio que lo perjudica.
                            Si    el    administrado    desconoce     cual   ha   sido   el
razonamiento del Órgano que            emite el acto administrativo, difícilmente pueda
defender sus derechos.
                            Si la conducta del Administrador impide al Administrado
ejercer tal derecho, el     “proceso debido” no está garantizado y, por ende




                                             14
incumple el compromiso que la Nación Argentina ha asumido frente a otras
Naciones en perjuicio de sus propios Ciudadanos.
                          Se incumple también la garantía del Art. 18 de la Magna
Carta.
                          En palabras de DROMI “… la propia constitución
procura su ultravigencia disuadiendo a quienes atenten contra su
perdurabilidad, previendo sanciones … en consecuencia aquellos actos que
interrumpan la observancia constitucional serán pasibles de esta severísima
sanción; serán absoluta e insanablemente nulos …” (obra citada, p. 278).
                                Sucede      que   “…La     motivación     es    la
declaración de las circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la
emisión del acto…La constituyen, por tanto, los “presupuestos” o “razones”
del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la
Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de la decisión…” (Obra
citada, p. 254).
                          En idéntico sentido la PROCURACIÓN GENERAL DEL
TESORO tiene dicho que “… La motivación es una exigencia del estado de
derecho; por ello es exigible, como principio, en todos los actos
administrativos…” (Dictámenes Nros. 96:299; 77:71; 84:154; 103:105).
                                Y como dice DROMI “…Debe ser una auténtica
y satisfactoria explicación de las razones de la emisión del acto. No se trata
de un mero escrúpulo formalista ni tampoco admite una fabricación ad hoc
de los motivos del acto “...con ello no se busca establecer formas por las
formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una
necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la
actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del
particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una
mayor protección de los derechos individuales …” (Obra citada, Pág. 225).
                                Sintetizando, un acto administrativo en el que se
halla ausente el razonamiento que impone su emisión, no es otra cosa que un acto
“irrazonable” y la “irrazonabilidad” resulta sinónimo de “arbitrariedad”, vicio
éste intolerable en un estado de derecho.
                   Agravio de considerar que la NOTA de cese de la relación
laboral carece de relevancia jurídica a tal efecto: Este agravio la expone a
jueza a fs. 214 vta., ultima parte del segundo párrafo, cuando afirma que: “ En el
caso de autos, tenemos que el acto que impugna por medio de presente
proceso, no incide ni directa ni indirectamente en la relación jurídica con la
administrada (art. 31 Dec-Ley 971), por cuanto constituye una comunicación



                                       15
emitida por el organismo contratante, en ejercicio de sus atribuciones (art.
30 inc 1º, 7º, 8º Dec-Ley 971), donde simplemente comunica la voluntad de la
administración de no renovar un contrato, que ha fenecido por expiración
de su     termino expresamente pactado, al haber cesado las causas que
motivaron la contratación. No encuentro así que el acto en cuestión sea
nulo”.-
                          Es realmente notable la insistencia con que la
sentenciante recurre como muletilla para descalificar las postulaciones de la
amparista las expresiones “no encuentro” y “tengo por acreditado” en un
contexto que lo tornan meras afirmaciones dogmáticas.
                          Así la sentenciante desconoce arbitrariamente que los
contratos era suscriptos en fechas posteriores a los periodos consignados en los
mismos, comenzando por el primero que es una RENOVACION respecto al
periodo anterior en que la amparista trabajo informalmente para el Estado
Provincial y siendo firmado el 24 de enero del año 2006 se fija como periodo
comprendido doce (12) meses a partir del 2 de enero de dicho año.
                          El segundo contrato a su vez es firmado el día 12 de
enero del año 2007, comprendiendo el mismo periodo de doce (12) meses, pero
contados a partir del 1º de enero de dicho año.
                          Finalmente causa agravio a la demandante que no haya
sido objeto de ponderación alguna la licencia anual reglamentaria otorgada por la
empleadora a la amparista con periodo que supera holgadamente la pretensa
finalización del contrato. Se ignora que la firmas de los contratos jamás
coincidió con las fechas fijadas en los mismos, circunstancia que pone de
relieve la trascendencia jurídica e incidencia directa de la NOTA AG-Nº
017/08 en la ruptura de la relación laboral.
                          Cualquier magistrado que hubiera analizado la nota de
referencia en el marco expuesto en la demanda y sin preconceptos respecto a la
naturaleza de la relación laboral hubiera ponderado adecuadamente dicho ACTO
ADMINISTRATIVO.
                          El obstáculo mental para arribar a una conclusión
diferente y favorable a la amparista, es que la jueza parte del preconcepto de
que la relación laboral era de carácter temporario en total consonancia con
la Fiscalía de Estado, sin perjuicio de que la afirmación dogmática se inserta
posteriormente en el fallo.-
                          Las consideraciones de la jueza vertidas en el análisis
de los contratos OMITE deliberadamente que en tales convenios se regia “por la
leyes Nos. 696 “Estatuto Para el Personal de la Administración Pública



                                       16
Provincial y 509, decretos Nos. 1.362/85 y su modificatoria 1.711/86 y
reglamentaciones y toda otras normativas vigentes PARA EL PERSONAL DE
PLANTA        PERMANENTE,          dependiente     de    la   Administración    Pública
Provincial” (sic, Cláusula Séptima del primer contrato).
                               Esta cláusula revela la verdadera naturaleza jurídica de
la relación laboral que en modo alguno puede ser considerada “temporaria” en el
marco fáctico y jurídico señalado en la demanda, que la               sentenciante elude
considerar y discurre sus argumentaciones describiendo una realidad ajena por
completo a la relación empleada-Estado, incluida la doctrina y la jurisprudencia en
la materia que fueron consignados meticulosamente en la demanda y en
presentaciones posteriores en          consideración a que se trata de un caso de
violación de derechos humanos donde el despido laboral es simplemente UN
ARMA más para discriminar y reprimir a quienes se atreven a pensar distinto.
                               Es particularmente agraviante la descalificación del fallo
del caso “Madorrán”, argumentando la sentenciante que “deberá evaluarse en
cada caso concreto las condiciones de “incorporación” del agente y la
naturaleza     de     la    vinculación    con    la    administración”,     desechando
olímpicamente los enjundiosos argumentos del referido fallo donde la Corte
Suprema de Justicia de la Nación recuerda, por ejemplo, que aún ántes de la
reforma constitucional del año 1957 que incorpora el Art. 14 bis a la Ley Suprema,
la estabilidad de los empleados públicos era reconocida simplemente por los
aportes jubilatorios que eran descontados de sus salarios, tal como ocurre con la
amparista en el caso que nos ocupa.
                               Particularmente la jueza evidencia un total desprecio
hacia las violaciones a los derechos humanos puntualmente señaladas al extremo
que decide no producir las pruebas testimoniales que corroborarían plenamente
los mismos, siguiendo siempre la línea marcada por la Fiscalía de Estado en la
“contestación de demanda”.
                               Y en materia de protección de derechos humanos
conculcados a la amparista el fallo del caso “Madorrán” es superlativamente
valioso en tanto recepta con amplitud que la defensa de “la dignidad humana” se
encuentra en la cúspide de la pirámide jurídical universal en la actualidad.
                               Por lo tanto, aún en el supuesto de que el contrato
celebrado entre la amparista y el EROSP se considere de derecho privado y/o
temporario,     sus        cláusulas       debieron     y     deben    ser   declarados
INCONSTITUCIONALES.
                               A   tal extremo llega la arbitraria conclusión de la
sentenciante en que tal aspecto que a fs. 215, última parte del primer párrafo,



                                             17
afirma que: “En síntesis, habiendo concluido la relación           laboral ante el
vencimiento del contrato, no resulta exigible a la administración la justa
causa y el previo sumario administrativo previsto por el art. 11 del estatuto
para el Personal de la Administración Pública Provincial ( Dec-Ley 696/78 y
mod.)” (sic). Pequeño detalle la magistrada, siendo tan puntillosa en las partes
que considera favorable al Estado empleador, olvida que en tales convenios se
pacta expresamente la aplicación de las normas relativas al Personal de Planta
Permanente con expresa mención del Decreto -Ley 696/78.
                    En el párrafo siguiente del fallo la a quo se dedica a pretender
justificar la no producción de las pruebas testimoniales ofrecidas por la amparista,
agravio que ya fuera analizado con anterioridad, faltando simplemente destacar
que la magistrada empeñada en semejante menester considera que los testigos
propuestos “no reúnen la características de extraneidad, teniendo un interés
directo en la resolución del conflicto”. Demás esta decir que siendo los testigos
reconocidos dirigentes sindicales de la organización gremial a la cual se encuentra
afiliada la amparista es obvio, y loable también, que tenga interés en la resolución
favorable a la trabajadora. Lo que la jueza no advierte es que se tratan de testigos
directos y personales de los hechos de discriminación y represión que originara el
despido de la demandante, y en tal situación son “testigos necesarios”.
                    Por ultimo, la sentenciante expresa simplemente             “no
encuentro” que el acto atacado y a conducta de a administración, “aparezca,
con carácter manifiesto, reuniendo la calificación de ilegal o arbitraria”,
repitiendo el “carácter restrictivo de la acción elegida”, olvidándose de que la
Cámara ya desestimó este argumento al revocar el rechazo “in límine” de la
demanda de amparo incoada.
                    Es más, como para no desperdiciar el último párrafo de su
fallo, la jueza finaliza su sentencia insistiendo en que: “…, no encontrándose
acreditándolos presupuestos esenciales que habilitan la vía excepcional
intentada, al no surgir en forma manifiesta la arbitrariedad que se acusa en el
acto impugnado (art. 1º Dec-Ley 749), y cabiendo a la accionante la discusión
de la cuestión por la vía pertinente, con mayor amplitud de debate y prueba
(art. 2º inc. a y d), no cabe más que rechazar la acción de amparo
interpuesta, y así me pronuncio” (sic, a fs. 216).
                           IV.-   AGRAVIOS      DEL     FALLO     DE    SEGUNDA
INSTANCIA: Que, el primer agravio que podríamos denominar “genérico” en que
incurren los jueces sentenciantes en el fallo cuestionado por arbitrario, es el de
discurrir sus razonamientos por un sendero que no respeta el trazado por la
demanda y el     Informe Circunstanciado obrante a fs. 155 de autos, cuyo



                                        18
cumplimiento por parte del EROSP fija los límites infranqueables dentro de los
cuales se debió resolver la acción de amparo.
                                Y es realmente notable la deliberada OMISION
de cualquier alusión en el fallo de este informe (que esta fijado por ley) y de la
“contestación de demanda” (que la ley no autoriza), más allá de lo cual los
camaristas siguen en la sentencia a pie juntilla los argumentos de la Fiscalía de
Estado expuestos impertinentemente en tal “contestación”, cuya introducción
bastardea todo el proceso, al punto tal de que tanto en el EXÓTICO responde de
la acción de amparo como en la resolución recurrida por esta presentación
coinciden magistrados sentenciantes y Fiscal de Estado en que la NOTA de
comunicación de cese de la relación laboral a la trabajadora constituye un simple
“ACTO DE CORTESIA” (sic), despreciando el análisis de las pruebas
documentales, instrumentales y los profusos argumentos jurídicos, doctrinarios y
jurisprudenciales expuestos   tanto en el escrito inicial de demanda como en
ulteriores presentaciones. Es más, ni siquiera tienen presente lo clara y
categóricamente dispuesto por el Decreto Nº 134/96 mediante el cual el
Gobernador GILDO INSFRAN ordena en su primer artículo que “los
nombramientos, contrataciones, jornalizaciones, promociones, traslados,
adscripciones, afectaciones, subrogancias y/o cualquier otra medida que
altere o modifique la situación de revista de los agentes públicos serán
implementados mediante decreto”. En el artículo segundo de este decreto del
PEP se dispone que: “La inobservancia de la medida dispuesta en el artículo
anterior, constituirá falta grave de los funcionarios o agentes involucrados y
tal conducta dará lugar a la aplicación         de las sanciones disciplinarias
correspondientes”.
                          A todo evento cabe consignar que en la parte de
considerando de este instrumento legal se expresa la voluntad del Gobernador de
que en el mismo quedan comprendidos “la situación de revista de los agentes
estatales o las plantas permanentes y temporarias de la Administración”.
                          Entonces lo que queda en evidencia es que la NOTA
muy lejos de constituir un “acto de cortesía” es una falta        grave asociada
ineludiblemente a la decisión de dar por concluido el contrato laboral con la
amparista, más allá y por encima de la discusión sobre si su relación de empleo
con la Administración era temporaria o permanente.
                          Pero volviendo al referido Informe Circunstanciado
previsto en el Art. 10 del    Decreto-Ley 749/79, reitero, siempre a modo de
agravios del fallo impugnado, que el mismo fija el límite en que el accionado




                                       19
puede ejercer sus derechos de defensa respetando el principio de
bilateralidad en el proceso.
                            A propósito cabe destacar que en dicho acto procesal
el Administrador General del EROSP Ing. HUGO MIGUEL CORDOBA informa,
con patrocinio letrado del abogado Dr. GUILLERMO O. GOMEZ, sobre los
antecedentes de la situación de la Sra. ROSA SALINAS afirmando lo siguiente
transcripto textualmente:
                            “Conforme surge de su Legajo, la actora             celebra
contrato       de locación servicios en fecha 03/04/2006 con la Gerencia
Administrativa-Financiera del E.R.O.S.P., cuya autorización al efecto fue conferida
por la Resolución Nº 291/06, con una duración de tres meses.
                            Por Resolución Nº 676/06, se autoriza la prorroga del
contrato referido, el que se suscribe en fecha 04/07/06, extendiéndose el vínculo
desde 01/07/06 hasta el 31/12/06.
                            En el año 2007, se suscribe un nuevo contrato de
locación de servicios por un término de 12 meses, autorizado por la Resolución Nº
008/07. Antes de expirar el plazo pactado, se le otorga a la Sra. Salinas 14 días de
licencia desde el 26/12/07 al 16/01/08.
                            Expirando     el   lapso   contractual,   en   carácter   de
Administrador General del Organismo, notifica a la actora la decisión de no renovar
el contrato.
                            Que durante el plazo contractual no se han registrado
reclamos de ningún tipo por parte de la Sra. Rosa Salinas con respecto a la relación
que la     unía con la administración pública referida a su calidad de agente
temporario.
                            Es todo lo que tengo para informar” (sic, a fs. 155).
                            Así concluye el informe       circunstanciado del    actual
Administrador General del EROSP, adjuntando como toda prueba copia del
Decreto Nº 75/07 mediante el cual el PEP designa al Ing. HUGO MIGUEL
HORACIO CORDOBA en la calidad mencionada.
                            No sólo que el informe circunstanciado no contiene
negativa alguna al reclamo objeto de la demanda, ni mucho menos ofrece prueba
contraria a la pretensión de la amparista, sino que, por el contrario, se consignan
en tal instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que
el mismo debe probar en sede jurisdiccional tipificándose la conducta
dleictual tipificada y reprimida en los Arts. 292 y 293 del Código Penal con el
agravante previsto en el       Art. 298, circunstancia que, desde ya, pongo en
conocimiento del Tribunal      a los efectos de que los jueces cumplan con la



                                          20
OBLIGACION impuesta por el Art. 161, inc. 1º, del Código de Procedimiento
Penal, procediendo a realizar la denuncia correspondiente.
                          Al respecto, nótese que mientras que en el informe se
afirma que “la actora celebra contrato de locación de servicios en fecha
03/04/06” cuya autorización fue conferida por Resolución Nº 291/06 ( no por
decreto del PEP), con una duración de “tres meses”, mientras que en el contrato
original adjuntado como prueba documental ( no cuestionada por la accionada) se
menciona la Resolución Nº 072/06 para celebrar el            primer convenio de
prestación de servicios, “partir del día 02-01-2006, por el término de doce (12)
meses” (Cláusula Primera), en fecha 24 de enero del año dos mil seis. Es decir
que concluyó el 2 de enero del año 2.007.
                          Asimismo en el informe se afirma que por Resolución
Nº 676/06, se autoriza la prórroga del contrato referido, “el que se suscribe en
fecha 04/07/06, extendiéndose el vínculo desde 01/07/06 hasta el 31/12/06”
(segundo párrafo del informe), datos que en modo alguno coinciden con el
contrato celebrado entre la amparista y el EROSP.
                          Ya en el tercer párrafo del informe circunstanciado la
demandada afirma que ya en el año 2007, se suscribe un nuevo contrato de
locación de servicios por un término de 12 meses, autorizando por Resolución Nº
008/07, y antes de expirar el plazo pactado, “se le otorga a la Sra. Salinas 14
días de licencia desde el 26/12/07 al 16/01/08”. Es decir que mediante un ACTO
ADMINISTRATIVO expreso se dispone una medida (licencia) a cumplirse con
posterioridad al supuesto vencimiento del contrato laboral.
                          Por lo tanto queda patentizada la discrepancia entre lo
informado por el EROSP y lo consignado en el primer contrato de locación que
importa destacar es una “renovación” de la prestación de servicios que durante
varios años ántes cumplía la amparista, tal como se prueba con los recibos de
pagos adjuntados como pruebas (jamás cuestionados) y en el propio
encabezamiento del convenio.
                          Ahora bien,       como estas pruebas ni siquiera son
ponderadas por los sentenciantes, seguramente por considerar que son parte de
“la chácara” que conviene “desbrozar” atento al singular criterio manifestado en
la sentencia.
                          Eso si, los magistrados así como OMITEN considerar
las pruebas documentales y negarse a producir las pruebas testimoniales, se
aferran al ultimo párrafo del informe donde el Administrador del EROSP manifiesta
que “durante el plazo contractual no se han registrado reclamos de ningún
tipo por parte de la Sra. Rosa Salinas con respecto a la relación que la unía



                                        21
con la administración pública referida a su calidad de agente temporario”,
eludiendo sibilinamente las falsedades consignadas en la primera parte del
informe circunstanciado que vicia de nulidad el mismo en razón de que ningún
delito puede generar derecho alguno.
                           Y conste que la más autorizada doctrina considera que
lo único que debe ser estudiado para establecer si el o los actos
impugnados adolecen o no de arbitrariedad manifiesta es precisamente lo
consignado en el INFORME CIRCUNSTANCIADO (conf. Salgado-Verdaguer,
“Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad”, pág. 142; Bidart Campos, “De
nuevo queremos rescatar el amparo”, ED, 104-231).
                           Sintetizando,        los   sentenciantes   deben   atenerse
obligadamente a lo expuesto en la demanda, las pruebas adjuntadas y                 lo
expuesto por el EROSP en el referido informe circunstanciado, no obstante lo cual
la simple lectura de la sentencia, tanto de primera como de segunda instancia,
permite constatar que siguen fielmente los argumentos expuesto por la
Fiscalía   de    Estado,    particularmente           en    el   engendro     procesal
autodenominado “CONTESTACION DE DEMANDA”.
                           Sin perjuicio de que con lo expuesto y constancias
obrantes en las actuaciones considero que alcanza para descalificar todo el fallo
impugnado, seguidamente se entraran a considerar cronológicamente otros
agravios contenidos en la sentencia recurrida.
                           Otros agravios específicos: Que, en primer término,
atento a que fuera consignada en la primera parte del considerando en el Fallo
(punto III, última parte), reitero el agravio que causa a la parte demandante la
“aclaración liminar” de los        magistrados sentenciantes anticipando que
“ajustaran su    labor” al análisis de la cuestiones planteadas que “resultan
conducentes y posean relevancia para decidir”. De tal manera, antojadiza y
arbitrariamente, los jueces toman y desechan argumentos, ignoran las pruebas y
se oponen a la producción de las testimoniales ofrecidas en flagrante violación a
lo claramente preceptuado en el Art. 11 del Decreto-Ley 749/79.
                           Es más, en sus elucubraciones lo único que tiene en
cuenta son los argumentos de la demandada expuestos profusamente por la
Fiscalía de Estado en su extravagante “contestación de demanda” en relación
a la NOTA A.G. Nº 0170/08, coincidiendo en su descalificación como “acto
administrativo” ya que se trata de un “simple acto de cortesía” ( para la Fiscal
y los camaristas), asegurando asimismo que la relación contractual entre la
amparista y la Administración era “temporaria”, excediéndose burdamente el
ineludible cauces procesal establecido por lo expuesto en la demanda y el informe



                                           22
circunstanciado, desechandose razones de la actora alegando que semejante
arbitrariedad corresponde para “desbrozar la cháchara de la fundamentación
que en cada escrito se consigna” (sic)
                            Siguiendo el mismo camino los sentenciantes afirman
que la    amparista “había suscripto un CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS, en virtud del cual la misma se desempeñaría como Personal
Temporario”, agraviando los derechos invocados por la accionante en tanto en la
demanda se exponen in extenso las razones por la cuales debe ser considerada
empleada de Planta Permanente, incluso con citas doctrinarias y jurisprudenciales,
sin que la sentencia contenga cita legal alguna en sustento de semejante
aseveración dogmática e irracional si nos atenemos a las constancias de la
causa.
                           Es más, ni siquiera se describe los caracteres de los
contratos de locación de servicios, la relación y diferencias entre el      civil, el
administrativo y el laboral, incursionando alegremente en afirmaciones carente del
sustento jurídico imprescindible para que la amparista ejerza adecuadamente su
DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA,                   creando por el contrario un
ESTADO DE INDEFENSION.
                           Al mismo tiempo se omite analizar las cláusulas de los
contratos que informan sobre lo expresamente pactado respecto a que tales
convenidos entre las partes se rigen, “por las leyes Nos. 696 “Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial” y 509, Decretos Nos.
1.362/85 y su modificatoria 1.711/86 y reglamentaciones para el personal de
Planta Permanente dependiente de la Administración Pública Provincial”.
                            Es que en sus afanes por seguir a la Fiscal de Estado
los sentenciantes consideran “conducentes” invocar simplemente el pretenso
contrato temporario, sin analizar sus cláusulas ni mucho menos los recibos de
haberes que corroboran plenamente que la amparista debe ser considerada
de Planta Permanente, según surge de los propios contratos que la sentencia los
considera arbitrariamente como “pruebas” para la negación de los derechos
invocados en la demanda.
                           Ahora bien, debido a que el fallo no precisa el régimen
jurídico que lo rige, ni tampoco analiza sus cláusulas, a fin de determinar un punto
de referencia legal para abundar en el agravio, cabe recordar que el Art. 1.623 del
Código Civil define la locación de servicios como un contrato que “tiene lugar
cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio y la otra a pagar
un precio en dinero”, quedando encapsulado en el caso de empleado en un
contrato de trabajo y las locaciones estrictamente administrativas para          los



                                        23
profesionales con aptitudes técnicas especiales, como ingenieros, médicos,
abogado, contadores, etc. (conf. Diez, Gordillo Hutchinsor, Revidatti y otros,
“Contratos administrativos”, Ed Astrea, T II, págs. 64 y 65)
                           Según los autores para distinguir entre un contrato
laboral y una locación de servicios, hay una nota característica en el primero que
es la subordinación, mientras que en el segundo, si bien el locador de servicios
debe ajustarse a las instrucciones señaladas en el contrato, en la mayoría de los
casos hay autonomía en la decisión siempre que no se altere lo que ha sido objeto
de la relación contractual; siendo el ejemplo más clásico el de las profesiones
liberales. Demás esta decir que el caso que nos ocupa la amparista cumplía las
tareas laborales asignadas en condición de total subordinación a la
empleadora.
                           No existe discrepancia respecto a los caracteres de la
locación de servicios, cualquiera sea su naturaleza, coincidiéndose que los mismo
son: a) Consensual; b) Bilateral; c) Conmutativo; d) No formal, entre otros menos
relevantes.
                           Lo que nos interesa para el caso concreto, a falta de
cita legal alguna en el fallo que oriente sobre donde encuadrar jurídicamente el
contrato de locación de servicio “YA VENCIDO” para los sentenciantes, es el
último de los caracteres señalado, pues para los destacados tratadistas Jorge
Joaquín Llambías     y Atilio A. Alterini, refiriéndose a supuestos como el que
constituye el objeto de esta demanda de amparo la no formalidad significa que:
“Se aplica en principio el régimen de libertad de formas previsto por el Art.
974, según surge de los Arts. 1627 y 1628, y concordantemente de los arts.
23, 48 y 50 de la ley 20774 t.o., salvo disposición especial proveniente de la
ley o de la convención colectiva de trabajo (art. 48, ley cit.). Es más:
conforme al art. 23 de esa ley la mera prestación del servicio hace presumir
que ha sido celebrado un contrato de trabajo, aunque haya habido
simulación de otra forma contractual, a menos que el propio prestador del
servicio pueda ser considerado empresario”. (Llambías- Alterini, “Código Civil”,
Anotado, Doctrina-Jurisprudencia, ed. Abeledo-Perrot, Tomo III-B, pág 335).
Obviamente la humilde trabajadora demandante esta muy lejos de ser una
“empresaria”.
                                 En relación especifica al contrato de locación de
servicios como empleo público, la doctrina y la jurisprudencia nacional coinciden
pacíficamente con los lineamientos expuestos en la demanda y reiterando en este
recurso, existiendo fallos de prestigioso tribunales del país considerando que el
contrato de empleo público prorrogado: “Constituye un uso abusivo y



                                         24
fraudulento    del   régimen     básico    de    la   administración    pública    la
implementación de contratos que son permanentes (Art.16 de la Ley 22.140)
pero que están regidos por las normas que están previstas en un contrato ad
hoc que priva a los agentes de todo derecho a la estabilidad. Esta forma de
actuación viola la Constitución Nacional cuyo Art. 14 bis establece la
protección contra el despido arbitrario”. (CNAT, Sala VI Sent.48463 del
27/02/98. “ Woll, Maria C/ Instituto Obra Social para el Personal de los Ministerios
de Salud y Acción Social y Trabajo y Seg. Soc. S/ Despido”) (FM.- CF.)
                  Es que según otro fallo enjundioso, liminar y reciente en la
materia: “La Ley 22.140 establece una seria limitación a las posibilidades de
realizar contrataciones temporarias dentro del régimen de empleo publico. El
administrador de un ente autárquico se encuentra limitado por la leyes
presupuestarias, no siendo admisible que personal correspondiente a una
partida (personal no permanente) sea incorporado a una partida diferente
(personal permanente) con mengua del erario que estaría obligado a
solventar una erogación que no fue autorizada por el legislador. Por ello si
de los sucesivos contratos suscriptos por las partes surge que las tareas del
trabajador eran propias de los servicios normales de la empleadora, tal
situación es ajena al concepto de trabajo temporal de empleo publico.”
(“Zelasco José C/ Instituto Obra Social del Ejercito S/ Despido” (RD. PASINI.).
(CNAT Sala VII Expte Nº 6044/01. Sent.36414, 18/11/02). BOLETÍN DE
JURISPRUDENCIA Nº 230 del Poder Judicial de la Nación- Secretaria de
Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- Prosecretaria
General- Oficina de Jurisprudencia- 2003.-
                     En corta conclusión: En los empleos públicos los
contratos sucesivos deben ser considerados permanentes y aplicarse el
Art.16 de la Ley 22.140, en el orden nacional, y el Art. 1º de la Ley 696 en el
orden provincial.
                           Repito que con la decisión de concluir la relación laboral
en el marco de los antecedentes y normas legales citadas, plenamente
corroborados con las documentales acompañadas con la demandada, se viola el
derecho constitucional de ESTABILIDAD consagrado para los empleados públicos
en el Art. 14 Bis de la Constitución Nacional.
                           En el caso de la accionante, más allá de las citas
jurisprudenciales válidas para supuestos dudosos, corresponde no perder la
vista que las tareas, modalidades, percepción de haberes, retenciones de
aportes obligatorios, (incluido los jubilatorios), licencias y las propias




                                          25
cláusulas contractuales nos conducen inexorablemente a una mas que clara
situación de trabajador permanente con derecho a la ESTABILIDAD.
                          Si a tan indubitables circunstancias se le agrega que el
cese de la relación laboral se concreta mediante un acto administrativo NULO e
INCONSTITUCIONAL, absolutamente INMOTIVADO, en una muestra antológica
de DISCRIMINACION y represión por mis actividades cívicas en la “Escuela de
Ciudadanía” junto al sacerdote FRANCISCO NAZAR, el despojo arbitrario e
ilegal del goce y ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y
por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos debe ser
reparado con     toda la EXTREMA URGENCIA que particularidades del caso
impone en razón de que no solamente se violó el Art. 14 de la Ley Suprema
conforme lo ya extensamente expuesto.
                          Es que más allá de la naturaleza jurídica de la relación
laboral, la ruptura discrecional del vínculo de empleo público por causales
ajenas a las tareas administrativas de la demandante por parte del Estado
configura la violación de otros derechos humanos, por discriminación y
represivo.
                          Aún incurriendo en reiteraciones innecesarias importa
insistir que en el caso que nos ocupa no se trata solamente de la violación del
derecho a la estabilidad en el empleo sino que también se conculcaron otros
derechos humanos consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales incorporados por la reforma del año 1994 y por la
Constitución Provincial. Aseveración que se constata teniendo presente las
particularidades del caso y     la simple lectura de tales normas supremas del
ordenamiento jurídico nacional y local.
                           En el marco fáctico y legal puntualizado se evidencia la
magnitud del agravio perpetrado por los sentenciantes al afirmar que “la Nota por
la cual se le comunicaba a la actora que su contrato YA VENCIDO no sería
renovado, no poseía trascendencia jurídica alguna”. Y la pregunta que se
impone entonces es que si la nota carece de importancia legal alguna en tanto el
contrato ya estaba “vencido”, para que la enviaron a la trabajadora?. La
respuesta nos proporcionan la Fiscal de Estado y los magistrados sentenciante:
fue un simple “acto de cortesía”. Parece que no queda más que darles las
“gracias”.
                           Transitando el mismo sendero señalado (demarcado)
por la Fiscalía de Estado, ya en el Punto VIII de la parte del considerando del fallo
los sentenciantes afirman que en el caso que nos ocupa “nos hallamos
encuadrados en lo que fue una relación de servicios contratados por la



                                          26
entidad demandada que se PROLONGO POR DOS AÑOS”, incursionando en
otro agravio mayúsculo no solo por carecer tal afirmación de cita legal alguna, sino
por que constituye una mera ocurrencia en razón de OMITIR considerar, una vez
más, las constancias de la causa de donde surge que la relación laboral se inicio
en el año 2002 (cuatro años ántes del primer contrato que habla de “renovación”)
acreditándose esta circunstancia con abundantes pruebas documentales (recibos
de pagos, planillas de tareas, etc.).
                            Es decir que los magistrados sentenciantes munidos de
ignorancia supina del derecho o de ausencia de imparcialidad, no ponderan tales
pruebas aptas para acreditar la existencia del contrato de locación de
servicios en tanto se trata de un acuerdo de voluntades que no                  exige
requisito formal alguno para su perfeccionamiento.
                            Es    más,   en   el   informe    circunstanciado     del
Administrador del EROSP obrante a fs. 155 no niega ni muchos menos tal
relación laboral desde el año 2002 ni tampoco desconoce las pruebas
documentales acompañadas.
                            En consecuencia corresponde tener por probado que la
duración de la relación laboral fue de SEIS (6) AÑOS y no de los dos años
comprendidos en los contratos celebrados entre las partes, tal como se afirma en
el fallo.
                            También agravia a la amparista que sus derechos no
sean amparados por el Poder Judicial en ejercicio de sus                 facultades
jurisdiccionales so pretexto de que “como poder del Estado los jueces
debemos aceptar y entender la división de los poderes, cuyo cumplimiento
exigimos como pilar de nuestro orden constitucional, reserva un espacio
significativo al obrar de los demás poderes respecto           a los cuales       NO
PODEMOS OPINAR sobre el si, el cuando, el como o el quantum de algún
acto por ellos realizado en el ejercicio normal y corriente de sus potestades
y en cumplimiento de los objetivos que la propia Constitución le otorga”.
                            Postura lamentable y jurídicamente disparatada que,
de mantenerse, institucionaliza la IMPUNIDAD de todos y cada uno de los abusos
de los demás poderes, incluso con violación de los derechos humanos como es el
caso tratado.
                            Es evidente de que los magistrados sentenciantes ni
siquiera por la gran difusión que tuvieron, y tienen, por los medios masivos de
comunicación tomaron conocimiento de que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en su actual composición dictó enjundiosos fallos ordenando al Poder
Ejecutivo Nacional la limpieza del Riachuelo; reconociendo aumentos a los



                                         27
jubilados; paralizar de los desmontes en Santiago del Estero y obligación de
brindar alimentación y atención sanitaria a los aborígenes de la Provincia del
Chaco, por nombrar solamente algunos ejemplos, pues los denominados
“derechos sociales” son letra muerta si los jueces no lo reconocen y tutelan, al
decir de los integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país. Aconsejo la
lectura de estos fallos dictados en demandas de amparo.
                           “Convengamos que la violación de la doctrina de
los actos propios por parte de la amparista aparece en el caso flagrante”,
según afirman los sentenciantes en otro de los tantos agravios aludiendo al no
reclamo de la demandante respecto a su pertenencia de Planta Permanente en
tanto “ello debió ser sometido a consideración y debate con el Estado
Empleador”, demostrando los jueces con tamañas elucubraciones dos cosas: a)
Desconocimiento de la doctrina de los actos propios; b) Que habitan otra galaxia
lejana a Formosa.
                           Explico en relación a la denominada “doctrina de los
actos propios”, amén de que la misma ya dejó hace mucho de ser               mera
doctrina, para pasar a ser derecho positivo consagrado expresamente en el Art.
163, inc. 5, ultima parte del CPCC, que preceptúa que en el dictado de la
sentencia los jueces deben ponderar: “La conducta observada por las partes
DURANTE LA SUSTANCIACION DEL PROCESO podrán constituir un
elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la
procedencia de las respectivas pretensiones”.
                           Es decir que se debe tratar de la conducta observada
por las partes DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL, no de la peculiar “lógica”
expuestas por los sentenciantes pretendiendo que la amparista debió reclamar
“durante el periodo en que se desempeñaba como Personal Contratante”.
                           En relación a la exigencia de que la trabajadora debía
“debatir” con el Estado Empleador su pertenencia a Planta Permanente no
puede provenir de alguien que viva en Formosa donde prácticamente la única
fuente de trabajo, directa e indirecta, es el Estado Provincial y siendo víctima de
un claro acto de abuso del poder político por el “delito” de pensar diferente.
Semejante pretensión en medio de nuestra realidad solamente puede ser racional
para quienes habitan no otro mundo, sino directamente “otra galaxia”.
                           En fin …, resulta asombrosa la capacidad         de los
sentenciantes para proferir agravios a través de razonamientos jurídicamente
alucinados, imposibilitando materialmente la enumeración de todos ellos no
obstante lo brevedad de tan “famélica sentencia” considerada desde el aspecto
legal.



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                             Nótese de que la única norma jurídica citada en
sustento del fallo cuestionado lo constituye el Art. 1º del Decreto-Ley 749/79, que
los jueces sentenciantes lo consideran “nuestra ley” dictada durante el último
gobierno de facto y que en el caso del Dr. JOSE LUIS PIGNOCCHI me consta que
así es en razón de que ocupó el cargo de             juez cuando se despedía a los
empleados públicos acusándolos de “constituir un factor real o potencial de
actividades subversivas” por aplicación de la tristemente célebre Ley de
Prescindibilidad convalidada por magistrados de la dictadura que juraron por un
Bando Militar al    cual    se subordinaban la Constitución Nacional y Provincial.
Seguramente la citada ley también es considerada “nuestra” por el nombrado
magistrado.
                             Considero innecesario abundar en referencias a la
existencia     de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” aludidas en el citado
artículo de la Ley de Reglamentación de Amparo, como tampoco respecto a
conculcación de “derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos
por   la     Constitución   Nacional   o    Provincial”,    atento   a   las    profusas
argumentaciones ya expuestas evitando caer en reiteraciones innecesarias.
                             Simplemente        quiero   recordar    a    los    jueces
sentenciantes, y en particular al camarista Dr. JOSE LUIS PIGNOCCHI, que lo
que consideran “nuestra ley” fue dictada durante el gobierno de facto
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en medio de la más atroz
represión ilegal y perpetración de los gravísimos delitos de lesa humanidad
inéditos en la historia nacional que proyecta su efecto devastador al conjunto de
la sociedad hasta la actualidad, con las miles de personas que aún continúan
desaparecidas.
                             Informo al Tribunal que nada más lejos de los
“legisladores” que participaron en la redacción del Decreto-Ley 749/79 la de
proteger a los ciudadanos de la sistemáticas violaciones a los derechos humanos
que por entonces era cometida por el            Estado Terrorista, siendo elevado al
genocida Gral. JUAN CARLOS COLOMBO, por entonces Gobernador de la
Provincia, en fecha 30 de junio del año 1978 expresándose en su motivación de
que la misma obedecía a la existencia de una “orfandad legislativa que ha
posibilitado su ejercicio indiscriminado en detrimento, algunas veces, de
PLANES DE GOBIERNO que se han visto trabadas en su ejecución por el
empleo de este recurso de EXCEPCION pese a existir paralelamente, vías
procedimentales aptas para su solución”.
                             Ni falta hace decir que entre los “planes” del Gobierno
Militar no figuraba por supuesto la protección de los derechos humanos, y aplicar



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esta norma ritual para desconocer derechos constitucionales propias de la
Ley Suprema y otros provenientes de tratados internacionales incorporados
a la misma, sólo es posible en la mente de quienes compartieron “la
filosofía” del Proceso Militar.
                            Casualmente tanto en la sentencia de primera como en
el de segunda instancia se evidencia una total coincidencia en la aplicación del
referido Art. 1º del Decreto-Ley 749/79, como asimismo que el amparo constituye
un remedio de excepción, “heroico” exagera la a quo en una postura arcaica,
cuyo ejercicio no puede ir “en detrimento de los planes de gobierno”.
                            Es realmente notable la coincidencia de quienes fueron
funcionarios del Gobierno Militar expresado desde el escrito de la “contestación
de demanda” hecha por la Fiscal de Estado, hasta la sentencia de Cámara
recurrida por este acto.
                            Así en el despido arbitrario y descriminativo a una
trabajadora estatal, es un “acto de cortesía” la nota de comunicación; las
argumentaciones sobre violación de los derechos humanos por abuso del poder,
son propios de un “mitín político” o directamente “chácharas” y la demanda de
amparo una “aventura judicial”. Un largo hilo de más de treinta años de
adhesión a los autoritarismos, sean militares o civiles, los une indisolublemente.
                            Insisto en que la única norma mencionada para
rechazar el amparo es un artículo, el primero, del Decreto-Ley 749 sancionado
por   el Gral. JUAN CARLOS COLOMBO con la finalidad de evitar                 que la
utilización de la vía del amparo sea ejercida “en detrimento de planes de
gobierno”, de acuerdo a lo expresado en la nota de elevación en fecha 30 de
junio del año 1978, entre los festejos por haber ganando el Campeonato Mundial
de Fútbol cabe imaginar, mientras miles y miles de argentinos eran secuestrados ,
atormentados,    arrojado   vivos   al   mar,   permaneciendo      en   calidad      de
“desaparecidos” hasta la actualidad y entre quienes se encuentran              cinco
empleados del Poder Judicial.
                            Y los sentenciantes ni la Fiscal de Estado habitaban
“el Olimpo” por entonces, sino que participaron elaborando los dictámenes
jurídicos y en la aplicación de las normas de facto, respectivamente.
                            Por todo ello, no me sorprende ni la coincidencia ni
que los jueces sentenciantes hoy pretendan dar consejos mencionando al pasar
el Art. 43 de la Constitución Nacional (mencionado no como cita de sustento al
fallo) sobre como el “cuidado especial con que deberíamos conducirnos tanto
abogados cuanto magistrados a la hora de administrar tan formidable
remedio constitucional”.



                                         30
                           El problema radica en que de tanto “cuidar el
remedio” no se lo aplique nunca y llegado el caso se vuelva a repetir la historia
de funcionarios y magistrados jurando respetar un Bando Militar, “cuidando”
tanto la Constitución al extremo de ponerla por debajo de las     normas de facto,
sin democracias ni república.
                           Finalmente, también a modo de agravio, cabe señalar
la contradicción y la incongruencia del fallo impugnado en su parte resolutiva en
tanto, luego de realizar un pormenorizado análisis de todas las cuestiones de
fondo planteadas en la demanda, concluye con la decisión de confirmar “en
todas su partes” la sentencia de primera instancia que a su vez se limitó a
invocar como razón de su pronunciamiento adverso el Art. 1ª y 2ª del Decreto-Ley
749/79, por considerar no acreditado los presupuestos de “arbitrariedad
manifiesta” y cabiendo a la accionante la discusión de la cuestión por la vía
pertinente.
                           Nulidad del fallo por desintegración del Tribunal:
Que, sin perjuicio de que la cuestión fue planteada y resuelta en Segunda
Instancia oportunamente, considerando que el vicio de una sentencia dictada por
un tribunal colegiado sin integrar y/o con los votos de solamente dos jueces de los
tres adolece de nulidad absoluta insusceptible de consentimiento ni convalidación.
                           En el caso que nos ocupa integran la Cámara Civil
solamente los Drs. JOSE LUIS PIGNOCCHI y LUCRECIA CANAVESIO DE
VILLALBA, quienes suscriben el fallo, con el apartamiento por inhibición aceptada
de la Dra. TELMA BENTANCUR, conforme constancia de las actuaciones.
                           De tal manera, sin integrarse la Cámara con los tres
jueces que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Art. 30 y en
concordancia el Código de Procedimiento Civil y Comercial establece la forma en
que los tribunales colegiados deben sortear, estudiar, acordar los fallos y firmar,
sin que norma de inferior jerarquía pueda habilitar otro camino legal, a tal
fin. Sintetizando, la Cámara esta integrada por tres (3) Jueces no por dos (2).
                           Destacados autores y jurisprudencia de prestigiosos
tribunales consideran que cualquier sentencia dictada por un tribunal colegiado
desintegrado, más que nulo es “inexistente” como acto jurisdiccional.
                                 V.-    AUSENCIA        DE      MOTIVACION        Y
CONGRUENCIA: Que, atento a todo lo expuesto en base a las constancias de la
causa, es harto evidente que el FALLO Nº 12.903/08 carece del requisito de
CONGRUENCIA exigible a todo pronunciamiento jurisdiccional para ser
constitucionalmente    válido,   como    asimismo     aparece     desprovisto     de
MOTIVACION, circunstancias que por si misma alcanzan para invalidarlo,



                                        31
violándose flagrantemente el recaudo procesal imprescindible en toda sentencia
que pretenda ser considerada tal, a cuyo fin se exige que: las resoluciones
judiciales deben ser la DERIVACIÓN LÓGICA de un silogismo cuya premisa
mayor es la ley, constituyendo el caso concreto la premisa menor y como
conclusión –luego del proceso denominado de subsunción del hecho en la
norma la sentencia como declaración de voluntad en la cuestión debatida
(Conf. Piero Calamamdrei, “La génesis lógica de la Sentencia”, pág. 372).
                                  A propósito, es por demás sabido (o debería
serlo para Fiscales y Jueces) que en la actualidad “se ha ensanchado el
contenido    cualitativo    del   deber        de   motivar   los   fallos,   TAREA
CONSTITUCIONAL, legal, lógica y técnica que ha trepado de nivel y no se
abastece con la sola mención de una disposición legal. Las sentencias se la
debe MOTIVAR, adecuadamente, en la encarnadura de los HECHOS y en el
encofrado del DERECHO: las CIRCUNSTANCIAS COMPROBADAS de la
causa que permitan engarzarlas, en la RAZONADA vestimenta jurídica que
rige “ese” (no otro distinto) “caso” (causa, controversia)” (Morello,
“Constitución y Proceso”, La nueva edad de las garantías jurisdiccionales; LEP,
pág. 349).
                                  La resolución apelada constituye un         agravio
mayúsculo a derechos y garantías jurisdiccionales de rango constitucional,
violando burdamente también la obligación impuesta en el Art.163, inc.6 del
CPCC.
                           Finalmente, la obligación de ejercer el control de
constitucionalidad difuso, impone que ningún tribunal, nacional o provincial,
pueda eludirla (CSJN,L.L., del 24/V/196; Fallo 94.313).
                           Es más, según jurisprudencia sentada por nuestro
Superior Tribunal de Justicia, las normas que imponen limitaciones para el acceso
a dicho control jurisdiccional deben ser “DESAPLICADAS” cuando se debaten
cuestiones constitucionales (autos. “Zarza, Eloisa S/ Hurto, Expte. Nº 06/03).-
                       VI.-CONCLUSIONES: Que, a la luz de todo lo expuesto se
impone colegir que la arbitrariedad de la sentencia recurrida aparece
incuestionable en tanto no decide cuestiones planteadas minuciosamente, como
asimismo prescinde del texto legal sin dar razón plausible alguna, entre
otras causales concernientes al fundamento normativo de la decisión.
                           Ya en el aspecto de los fundamentos de hecho del fallo
impugnado, los sentenciantes prescinden de ponderar pruebas decisivas y,
por el contrario, contradicen constancias de autos conducentes y relevantes
para la resolución del caso.



                                          32
                           Finalmente,       la   sentencia     es   producto      de
afirmaciones dogmáticas de los jueces, con fundamentos aparentes, y con
evidente contradicciones.
                          Resumiendo, se encuentran configuradas la mayoría
de las causales que tipifican a la sentencia arbitraria conforme lo sostenido
por Carrió en su clásica obra “Recurso Extraordinario por Sentencia
Arbitraria”, ed, Abeledo – Perrot, Tomo I.
                       A todo evento cabe recordar que ya en la apelación del
fallo de Primera Instancia, mas concretamente al expresar agravios, el recurrente
a consignado que dicho pronunciamiento (confirmado por Cámara) era arbitrario,
incongruente e inmotivado, afectando derechos y garantías de jerarquía
constitucional cuya conculcación trasciende largamente las cuestiones
procesales.
                          La sentencia impugnada fue dictada con apartamiento
inequívoco de la solución normativa prevista para el caso y una absoluta carencia
de fundamentación por desechar profusas argumentaciones del apelante sin
dan razón valedera alguna, tal como se expusiera precedentemente.
                           En tal contexto aparece harto evidente la procedencia
de la doctrina de la arbitrariedad, cuyo objeto no es la simple corrección de fallos
equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentacion o
razonamiento que tornan ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la
frustración del derecho federal invocado (CSJN, abril 11-985, Molina Manuel I.
c. Grimberg, Argentino I, La Ley, 1985-E, 79-El Derecho, 114-145).
                          “Con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de
sentencias, debe     dejarse sin efecto el pronunciamiento que efectúa una
interpretación que equivale a la prescindencia del texto legal” . (CS,
noviembre 20-984-Delgadino, Hector H. c. Instituto Provincial de Prevision Social-
Catamarca-), La Ley, 1985-C,661, Sec. Jurisp. Agrup., caso 5460-LLC,985-721.
                          Las    omisiones        en   el   pronunciamiento   de   la
sentencia se configuran cuando la sentencia apelada no trata una petición,
alegación     o argumento propuesto a la consideración del tribunal y
conducente para la decisión del pleito. (Tribiño, “El recurso extraordinario ante
la Corte Suprema”, pag. 137).
                          En nuestro caso pretextando “desbrozar la cháchara
de la fundamentación que en cada escrito se consigna” un antiguo
colaborador y funcionario de la dictadura militar responsable de los más
aberrantes delitos de lesa humanidad, se niega a analizar en la sentencia
abundantes argumentos expuestos sobre derechos humanos, con citas



                                         33
doctrinarias y jurisprudencias conducente a la ponderación y resolución del
reclamo de la trabajadora estatal. Y si discrepara con la postura de la amparista
su obligación como juez es exponer razones no descalificar como “cháchara” la
discriminación y la represión de la actora.
                             Por consiguiente, se produce una violación del
principio de congruencia, consagrado en el art. 34, inc. 4° del C.P.C.C. y en
distintos ordenamientos procesales.
                             A mayor abundamiento cabe recordar que la garantía
de la defensa en juicio debe ser ejercida conforme las reglas procesales que la
reglamentan racionalmente, respetándose el principio de igualdad y teniendo
en cuenta el interés social mediante una decisión fundada y justa (conf.
Morello, “Constitución y Proceso”, Abeledo-Perrot, pag. 41)
                             Es que aun a riesgo de pecar de reiterativo la sentencia
cuestionada desecha arbitrariamente, sin dar explicación plausible alguna,
cuestiones     conducentes y relevantes tal como se pusiera de              manifiesto,
limitándose a seguir las argumentaciones de la Fiscal de Estado al contestar
impertinentemente la demanda y la expresión de agravios del fallo de primera
instancia, conculcándose los derechos y garantías constitucionales de
igualdad, de defensa, de proceso justo, de propiedad y fundamentalmente
del   derecho de que el pronunciamiento jurisdiccional sea motivado y
congruente.
                                   Sintetizando,       en     tales     condiciones
corresponde descalificar el fallo apelado, pues media nexo directo o
indirecto entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se
dicen vulneradas en base a lo preceptuado en el art. 15 de la Ley 48 (conf.
Morello, ob. cit., pág. 345).-
                                          VII.-     CRÍTICA           DEL       AUTO
DENEGATORIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO: Que, mediante Fallo Nº
13.291/08 dictado por la Cámara Civil se declara “inadmisible” el recurso
extraordinario por sentencia arbitraria interpuesto contra el Fallo Nº 12.903/08 del
mismo tribunal, siendo notificada mi parte mediante cédula diligenciada en fecha
17 del corriente, de acuerdo al instrumento de notificación que se acompaña. De
tal manera se prueba que esta queja se plantea en legal tiempo y forma.
                                          Analizando        cronológicamente        los
considerandos del fallo impugnado, cabe señalar que comienza con la recurrente
frase respecto a que “el tribunal de la causa debe merituar sólo la
concurrencia de los extremos formales que hacen a su admisibilidad, no
siéndole dable reexaminar su propio fallo, para determinar la existencia o no



                                          34
la ARBITRARIEDAD alegada, ya que ello es materia propia del juez del
mismo”.
                                          Advierto   que    las   mayúsculas     me
pertenecen       y tienen la finalidad de destacar ab initio el incumplimiento de la
obligación de no reexaminar, ya que la simple lectura de los considerandos revela
la forma sibilina en que los sentenciantes infringen dicha prohibición procesal, al
extremo de concluir que “el remedio extraordinario que se encuentra fundado
únicamente en discrepancia del recurrente con la decisión adoptada NO
PUEDE REPUTARSE COMO ARBITRARIO” (sic). Es decir                    que pondera y
desecha la existencia de la arbitrariedad por fuera de su jurisdicción en el recurso
dentro del cual sólo esta facultado para resolver acerca de la ADMISIBILIDAD.
                                          Y a propósito de la admisibilidad y sus
requisitos, el     propio tribunal en párrafos anteriores considera que el recurso
extraordinario se interpuso contra una resolución que corresponde equiparar a
“sentencia definitiva”, por lo que estimó por “cumplido con este recaudo
formal”.
                                          A partir de esta consideración y so
pretexto de analizar el escrito recursivo “a fin de verificar si se ha observado el
requisito de suficiencia técnica y seriedad en el planteo”, comienzan a
transcribir párrafo aislados del escrito de marras, siguiendo seguramente lo que a
criterio de los jueces sentenciantes constituye la tarea de “desbrozar de
chácharas” los profusos argumentos sobre violaciones a derechos humanos de la
amparista, concluyendo nuevamente que tales “alegaciones” solo le corresponde
al Tribunal determinar si son idóneas a fin de dar por cumplido el recaudo “de
seriedad en el planteo”, ya que no puede entrar en la evaluación de su “mérito”,
reitera.
                                          Tras cartón, y evidenciando el Dr. JOSE
LUIS PIGNOCCHI y la Dra. CANAVESIO DE VILLALBA que nada aprendieron de
los recientes fallos de la Corte Suprema en causa originadas en Formosa, y en
especial el caso “Sevilla”, cita un fallo del máximo órgano jurisdiccional del país
atribuyéndole haber resuelto “que las discrepancias del recurrente con el
criterio seguido por los jueces en la selección y valoración de las pruebas no
sustentan la tacha de arbitrariedad, aún cuando se            invoque error en la
solución que impugna” (conf. Fallo de la CSJN, T. 307, Vo. I, febrero- agosto
1985, pag. 778).Asimismo señalan que el Alto Cuerpo Provincial, “siguiendo la
postura de la CSJN, ha sostenido, a través de abundante jurisprudencia, que
no corresponde la revisión de la interpretación de los hechos o valoración
de la prueba efectuada por los jueces de la causa, ya que estás cuestiones



                                          35
son, en principio, privativas de los mismos” (Conf. Fallos Nros. 2248/89 y
2815/89, entre otros, del STJ, con doctrina y jurisprudencia allí citadas).
                                           De tal forma los sentenciantes se dedican
a defender su fallo extralimitándose obscenamente en sus facultades, al punto de
que sus elucubraciones equivalen a una “confesión” de la extralimitación en
razón de que recurren a citas de tribunales superiores (CSJN y STJ) a los
cuales los recursos extraordinarios llegaron por haber sido concedidos,
obviamente.
                                           Ahora bien, en el párrafo inmediatamente
anterior a las citas jurisprudenciales mencionadas, los jueces sentenciantes, de
manera dogmática y carente       de todo argumento racional, recurriendo a        una
arcaica formula cliché afirman que, “del análisis de los argumentos de la
recurrente    con   los   que    intenta    sostener    el   recurso   extraordinario
interpuesto, se desprende que solo trasuntan disconformidad con                     la
selección de los hechos y la valoración de la prueba agregada,
circunstancias que NO ALCANZAN a sustentar el remedio procesal
intentado”.
                                           Es decir que ni bien “desbrozado de
cháchara” el escrito recursivo, sin fundamentación alguna que refute siquiera los
párrafos arbitrariamente seleccionados, los sentenciantes, con frases genéricas y
abstractas concluyen con que “las circunstancias” no alcanzan a “sustentar el
remedio procesal interpuesto”.
                                           Y    siguiendo    este   sendero   procesal
“metafísico”, sin conexión alguna con el caso concreto que nos ocupa,              los
magistrados munidos de gran imaginación consideran que del examen recurso
contra el Fallo 12.903/08 surge que “la arbitrariedad alegada (se basa) en la
interpretación que efectúa el tribunal de normas de DERECHO COMUN,
materia ajena, en principio, a la vía extraordinaria” (sic), con citas de la CSJN
que nada tiene que ver con el caso concreto.
                                           Al respecto, las mayúsculas con que se
menciona “DERECHO COMUN” esta destinada a señalar que semejante
ocurrencia argumental evidencia objetivamente que los jueces sentenciantes ni
siquiera se tomaron la molestia de leer con atención el escrito recursivo,          o
directamente leyeron otro escrito, instruyendo a sus relatores para que elaboraran
una sentencia “formularia” e “irracional”, para expresarlo con palabras de la
Corte Suprema en el caso “Sevilla”.
                                           Y para constatar que los sentenciantes ni
siquiera leyeron el escrito recursivo basta con corroborar que el mismo, amén de



                                           36
expresar la Reserva del Caso Federal en el objeto que encabeza como título,
existe un aparatado especifico correspondiente al “fundamento constitucional”
del recurso, consignándose expresamente que la impugnación se dirige contra la
estructura del Fallo Nº 12.903/08, por considerar que, en relación al contenido del
planteo de la litis, “lesiona las garantías constitucionales del debido proceso,
de igualdad ante la ley, del derecho de defensa y de tratados internacionales
sobre derechos humanos incorporados al derecho interno por el art. 75, inc.
22, de la Constitución Nacional (Conf. arts. 16, 17 y 18 CN). “Se violan las
garantías de los arts, 17 y 18 de la CN –expresa la Corte- cuando                el
desconocimiento del derecho del apelante emana de una sentencia cuya
fundamentación no constituye derivación razonada del derecho vigente con
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (conf. CS, ED 28-
319).
                                       Es más, por si quedara alguna remotísima
duda de que el recurso extraordinario por arbitrariedad nada tiene que ver con
simples cuestiones de “DERECHO COMUN”, tal como audaz y temerariamente
afirman los sentenciantes, siempre en el escrito recursivo, existe otro apartado
dedicado a fundar    la admisibilidad del mismo, recordando que “estando en
juego la DIGNIDAD DE LA PERSONA como valor supremo del ordenamiento
jurídico universal la aplicación de NORMAS SUSTANCIALES en materia de
derechos humanos prevalece y es de aplicación directa –operativa- y aún la
Corte Suprema debe acatarla (conf. Morello, “Constitución y Proceso”, pág.
55), dejando palmariamente habilitada esta vía de impugnación” (sic).
                                       Entonces la duda existencial que me
asalta es la siguiente: ¿Qué escrito estuvieron leyendo los Drs. PIGNOCCHI y
CANAVESIO DE VILLALBA cuando elaboraban el fallo recurrido?
                                       Pero     los    devaneos        arguméntales
continúan en tanto los magistrados creen “advertir” que el recurso rechazado se
funda en un mero “desacuerdo con la interpretación que realiza el Tribunal”
(sic), y que el remedio extraordinario “que se encuentre fundado UNICAMENTE
en discrepancia del recurrente con la decisión adoptada no puede reputarse
como ARBITRARIO” (sic).
                                       Y quien haya simplemente leído el escrito
recursivo, sea juez o no, puede corroborar que considerar que el mismo se funda
“UNICAMENTE” en discrepancia con la decisión adoptada es lisa y llanamente
una incursión al campo de interpretaciones jurídicamente alucinadas.
                                       ¿De     que discrepancias interpretativas
entre el planteo de la amparista y los jueces senteciantes se pueden hablar, si



                                        37
mientras la accionante argumenta violaciones de derechos humanos reconocidos
por la Constitución Nacional, los magistrados eluden su tratamiento por
considerarlos “chácharas” y se aferran al decreto-ley 749/79, dictado por la más
feroz dictadura militar de todos los tiempo y con carácter meramente instrumental,
para rechazar la demanda de amparo?
                                        Adviértase que los sentenciantes insisten
en reexaminar su fallo considerando que el mismo “no puede reputarse
arbitrario”. Facultado que le esta vedada no obstante lo cual no se privan de
reiterar contumazmente en otro párrafo, luego de citar antiguos fallo de la Corte
Suprema que no guardan relación alguna con el caso, afirmando que “el
decisorio tildado de arbitrario ha sido suficientemente fundado, por tanto, se
DESCARTA la posibilidad sobre la existencia de arbitrariedad, que
posibilitaría la apertura del recurso extraordinario” (sic). Queda claro que
impertinentemente el Tribunal se pronuncia sobre la NO PROCEDENCIA del
recuso extraordinario, violando el limite procesal que sólo le faculta a examinar la
ADMISIBILDIAD de la impugnación.
                                        En realidad el fallo recurrido expone
promiscuamente pretensas argumentaciones carentes de lógica, amén de            ser
exóticas al caso concreto, transcribiendo afirmaciones dogmáticas insertas en
otros fallos del mismo tribunal y/o del Superior Tribunal de Justicia y hasta de la
Corte Suprema, con la composición        anterior y referidos a pronunciamientos
desactualizados en razón de ser anteriores a la Reforma Constitucional del año
1994, ignorándose olímpicamente la enorme expansión de las garantías
jurisdiccionales con la incorporación de los Tratados Internacionales Sobre
Derechos Humanos en la Ley Suprema de la Nación.
                                        VIII.-   FALLOS    RECIENTES       DE    LA
CORTE SUPREMA: Que, en este punto importa recordar que hace escasos días,
en el mes de octubre del corriente año, el máximo órgano jurisdiccional del país
dictó tres fallos   en causas originadas en Formosa conocidos como            casos
“Sevilla”, “Villamayor” y “Ruiz”, en los cuales, si bien se tratan de situaciones
diversas, la Corte Suprema los une en un hilo conductor que sintéticamente
expresado reitera, una vez más a partir de la actual integración del Alto Cuerpo,
que las normas procesales (verbigracia: Decreto-Ley 749/79 y CPCC local),
carecen de aptitud para enervar derechos constitucionales y tampoco
pueden ser validamente invocadas para              ELUDIR      el tratamiento de
cuestiones federales planteadas.
                                        De los tres casos, estimo que el caso
“Sevilla” es el que mayor similitud guarda con el litigio que nos ocupa, ya que se



                                        38
trata de un rechazo del Superior Tribunal de Justicia a la concesión de un recurso
extraordinario por arbitrariedad de sentencia, precisamente, tal como acontece en
nuestro caso concreto.
                                        Y las argumentaciones expuesta por el
Superior Tribunal de Justicia local coinciden en líneas generales con el Fallo
13.291/08 impugnado por esta presentación, como fruto de las causalidades y no
de la casualidad, ya que ambos pronunciamientos se interrelacionan en la
repetición de argumentos cliché de antigua data.
                                        Lo   lamentable    es   que      los    jueces
sentenciantes que integran la Cámara Civil, Drs. PIGNOCCHI y CANAVESIO DE
VILLALBA, evidentemente no están informados de tales fallos de la Corte
Suprema y continúan deambulando en normas de cabotaje para negarse a tratar
tan siquiera violaciones de derechos y garantías de jerarquía constitucional.
                                        Pero antes de ingresar      al análisis    del
caso “Sevilla”, importa sobremanera volver a señalar que toda la jurisprudencia
citada pretendiendo fundar el fallo recurrido es ANTERIOR             a la reforma
constitucional y los fallos atribuidos a la Corte Suprema provienen de la
pasada integración del alto Tribunal que constituyeron una verdadera
vergüenza nacional, según es de publico y notorio conocimiento.
                                        Mientras que la sentencia en el caso
“Sevilla” la Corte Suprema la dicta con fecha 7 de Octubre del corriente año,
siguiendo fielmente los numerosos precedentes sentados por los jueces que
actualmente integran el Tribunal a favor de la supremacía de la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales sobre el derecho interno, con
acatamiento    de   la   doctrina   jurisprudencial   proveniente   de     tribunales
transnacionales.
                                        El origen se los agravios planteados por al
Dra. Silvia Sevilla en un recurso de queja por denegación del recurso
extraordinario por arbitrariedad de sentencia, se encuentra en el Fallo Nº 2.337/05
del   Superior Tribunal de Justicia de Formosa que resolvió desestimar dicho
recurso alegando que la impugnante “no ha demostrado violación del debido
proceso en forma inequívoca a los efectos de constituir un supuesto de
excepción (Fallos 308:961, 316:2940) exhibiendo solamente una subjetiva
discrepancia…,” y        por ende “el recurso extraordinario ha sido bien
denegado toda vez que           las cuestiones planteadas son de carácter
procesal”, o sea de “derecho común”.
                                        Insisto en que la similitud argumental,
genérica y dogmática, coincide en líneas generales con la expuesta por los jueces



                                        39
integrantes de la Cámara Civil en el Fallo 13.291/08, siendo estas resoluciones,
como tantas otras dictadas durante años por los tribunales locales, producto
indudable de las causalidades y no de las casualidades.
                                         A propósito traslado a los jueces de la
Corte Suprema la respuesta a tamaños agravios a través de la sentencia dictada
en el caso “Sevilla”, cuyo tramos más relevantes, luego de dejar sentada la
aplicación preferente de la Constitución Nacional, dicen: “Que,      la respuesta
meramente dogmática y formularia          de la máxima instancia jurisdiccional
provincial carece de todo desarrollo argumentativo racional por su carácter
genérico y abstracto (Fallos 236:27) para satisfacer la garantía constitucional
de fundamentación de las sentencias           judiciales”. (Punto 6º) y concluye
categóricamente afirmando: “Que en las condiciones expresadas, la garantía
constitucional que se invoca como vulnerada guarda relación directa e
inmediata con lo resuelto (art. 15, ley 48), por lo que corresponde privar de
validez al fallo recurrido a fin de que el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Formosa dicte un nuevo pronunciamiento que dé una respuesta
fundada a los planteos constitucionales introducidos” (Punto 7º).
                                         Y con este enjundioso fallo del máximo
órgano jurisdiccional del país debe concluir definitivamente el rechazo de
demandas y recursos basados en violación de garantías constitucionales
invocadas, mediante resoluciones cliché, meras copias de otras anteriores
basadas a su vez a leyes antiguas y conceptos por ende arcaicos que colisionan
con normas de superior jerarquía, imponiéndose definitivamente            la actual
obligación constitucional, legal y técnica, de MOTIVAR los fallos en cada caso
concreto.
                                         IX.- FALTA DE INTEGRACION DEL
TRIBUNAL: Que, atento a que los camaristas insisten en la parte final del fallo
cuestionado a reiterar que no constituye agravio la falta de integración del
Tribunal, recurriendo a autorreferencias en resoluciones donde procediendo con
el    inveterado   habito   de   haber   prevalecer   normas   locales   sobre   las
constitucionales, en este punto se ampliaran los reproches sobre la no integración
de la Cámara Civil con la clara afectación del ORDEN PUBLICO PROCESAL y
garantías judiciales consagradas en la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, anticipando que los fallos dictados en semejante irregularidad, más
que viciados de nulidad absoluta, merecen ser calificados directamente como
INEXISTENTES.




                                         40
                     Al respecto, corresponde tener presente que según lo
preceptuado en el Art. 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de
Formosa, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial “estará compuesta
por TRES miembros y ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la
Provincia”.
                           En el caso que nos ocupa la jueza Dra. TELMA
 BENTANCUR quedó apartada del tribunal por inhibición, circunstancia por la cual
 la cámara quedó reducida a DOS integrantes sin        que se procediera a volver a
 integrar mediante el mecanismo previsto en la ley, exigido imperativamente por
 tratarse de una cuestión que atañe al ORDEN PUBLICO PROCESAL.
                           A su vez el art. 33 de la citada Ley Orgánica
 establece: “Las decisiones de cada Cámara serán adoptadas por
 el voto coincidente de dos de sus miembros, y solo en caso de
 divergencia votará el miembro restante, el que, sin perjuicio
 del derecho de dejar a salvo su opinión personal, deberá
 adherir      a   alguno   de   los    votos    precedentes.       El   orden   de
 votación y la forma de emitir el voto serán establecidos por
 cada Cámara, mediante el dictado de la pertinente acordada,
 regulando de igual modo su funcionamiento interno”.


                           En consecuencia no puede existir duda hermenéutica
 alguna respecto a que la ley exige que el tribunal se integre con tres jueces, sin
 perjuicio de que las decisiones sean adoptadas por el voto coincidente de dos de
 sus miembros, “y solo en caso de divergencia votará el miembro restante, el
 que, sin perjuicio del derecho de dejar a salvo su opinión personal, DEBERÁ
 ADHERIR a alguno de los votos precedentes”.
                           Asimismo las normas del CPCC son compatibles con lo
 dispuesto en la Ley Orgánica, disponiendo el mecanismo mediante el cual se
 deben resolver las causas en los artículos siguientes:

                           ARTÍCULO 268.- ESTUDIO DEL EXPEDIENTE.- Los
 miembros de la Cámara se instruirán cada uno personalmente de
 los    expedientes        antes      de    celebrar      los   acuerdos       para
 pronunciar sentencia.-

                            ARTÍCULO 269.- ACUERDO.- El              acuerdo     se
 realizará con la presencia de todos los miembros de la sala y
 del secretario. La votación se hará en el orden en que los
 jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto


                                           41
o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y
en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho
sometidas a la decisión del juez de primera instancia que
hubiesen sido materia de agravios.

                          ARTÍCULO     270.-   SENTENCIA.-    Concluido        el
acuerdo, será redactado en el libro correspondiente suscripto
por los jueces de la sala y autorizado por el secretario.
Inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente,
precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también
por el secretario. Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de
cinco días.

                          A mayor abundamiento sobre la total irregularidad en
que se dictan las resoluciones con solamente dos jueces, más allá del sentido de
los fallos y sus argumentaciones, importa destacar que no puede haber
formación de la voluntad VALIDA del Tribunal sin la previa celebración del
acuerdo que ordena el Art. 269 del CPCC exigiendo la presencia de TODOS
los miembros de la sala y el secretario.

                          Es decir que resulta imposible hacer un acuerdo con la
presencia de solo dos miembros porque el acuerdo debe realizarse con la
presencia de TODOS los integrantes. Y todos los integrantes son TRES no dos.

                         En     síntesis   NO     PUEDE      EMITIRSE      UNA
RESOLUCION VALIDA sin integrar el Tribunal para realizar el Acuerdo con
los TRES miembros.

                         Y el error de la Cámara Civil, o, mejor dicho, de los
camarita   PIGNOCCHI y CANAVESIO DE VILLABA es                  que confunden,
asimilándolos, el sistema de votación del tribunal colegiado con la INTEGRACION
del mismo. Nadie discute que para la resolución de un caso basta con la votación
coincidente de dos de los tres miembros. Lo que tampoco se puede discutir es
que el TERCER magistrado debe integrar el tribunal, aunque no emita opinión o
simplemente se adhiera a la mayoría, suscribiendo en ambos casos la sentencia.

                                Obviamente     ningún   reglamento   (RIAJ)    ni
acordada (STJ)     puede prevalecer sobre lo que la ley          impone como
PRECEPTO DE CARÁCTER IMPERATIVO.




                                      42
                           Cabe tener presente que el Art. 18 de la Constitución
Nacional establece la garantía de los jueces naturales, disponiendo que ninguna
persona podrá ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de
la causa.

                           Y    Bidart   Campos      enseña   que:    “la   garantía
constitucional de los jueces naturales, significa la existencia de órganos
judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. Juez natural es el
Juez legal, o sea el órgano creado por la ley, conforme a la competencia que
la Constitución le asigna al Congreso. El derecho a la jurisdicción consiste
precisamente en el derecho a tener acceso a uno de esos jueces naturales”
(aut. cit., “Manual de Derecho Constitucional”, pág. 391).

                           Esta garantía se reitera en un instrumento legal
supraconstitucional como es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
comúnmente conocida como pacto de San José de Costa Rica, más precisamente
en el Art. 8 bajo el título de “Garantías judiciales”, incorporada a nuestra Carta
Magna reformada en el año 1994 (Art. 75, inc. 22).

                           Demás esta decir, por lo muy sabido, que constituye
un principio universal de hermenéutica jurídica, que ni la Constitución ni las
leyes, pueden ser modificadas, ni alteradas, por vía de la reglamentación, de
acuerdo a lo expresamente establecido en el Art. 28 de la Constitución
Nacional.

                           X.- INEXISTENCIA DEL ACTO: Que, el caso que nos
ocupa, aún a riesgo de incurrir en reiteraciones innecesarias, y sin perjuicio de que
el tribunal actuó desintegrado, importa destacar una vez más que la
sentencia impugnada fue firmada por solamente DOS de los camaristas con
jurisdicción. Lo que equivale a que el fallo carece de las firmas necesarias en
violación de lo preceptuado en el Art. 163, inc. 9, del CPCC, aplicable también al
Tribunal de Alzada compuesto por tres jueces.

                           En relación al requisito de las firmas en las sentencias,
en todas las instancias, Alberto Luís Maurino sostiene categóricamente que: “La
carencia de firma de la resolución por el juez, si el órgano de jurisdicción es
UNIPERSONAL, o por los miembros del tribunal si es COLEGIADO, trae
aparejada su nulidad”. Coincide con Reimundín en que “una resolución sin
firma, más que nula, es INEXISTENTE, y por ende NO CONVALIDABLE,




                                         43
siendo    innecesario    interponer     recurso    alguno”    (aut.   cit.,   “Nulidades
procesales”, Ed. Astrea, diciembre 1992, pág. 193).

                              En el derecho comparado Laurent, por su parte, habla
de “apariencia” y de “nada” para conceptualizar el acto inexistente, sin ningún
valor, afectado por un vicio que impide que el acto exista como tal. Indica este
autor que “un acto es inexistente cuando él no reúne las condiciones sin las
cuales no puede ser concebido, de suerte que el acto no tiene sino una
existencia aparente” y agrega: “en realidad, nada ha sido hecho … La nada
no puede producir efecto alguno” (aut. cit., “Príncipes de Droit Francais”,
Brusela-Paris, 3ª, edición, tomo XV, págs. 508 y 509).

                              Baudry Lacantinerie et Barde indicaron que: “El acto
inexistente es aquel que ha sido realizado en el hecho, más que no tiene
existencia legal. Es una simple apariencia de acto” (auts, cits., “Traité
theorique et practique de Droit Civil, Des obligations”, Tomo III, págs. 268).

                              En igual sentido opinan Aubry et Rau diciendo que:”No
se puede confundir con los actos nulos, los actos inexistentes o no avenidos
(sucedidos)… El acto que no reúne los elementos de hecho que supone su
naturaleza o su objeto, y en ausencia de los cuales              él es lógicamente
imposible de concebir su existencia, debe ser considerado no solamente
como nulo, sino como no avenido” (auts. cits., “Cours de Droit Francais”, 4ª
edicion, Tomo I, pág. 118).

                              Vale decir que, para los que formularon la teoría, acto
inexistente es “acto aparente”, en realidad un “acto no nacido” (no avenido),
porque le faltan elementos esenciales para que constituya un acto; “la nada no
puede producir ningún efecto”. Nos encontramos con una categoría más allá de
la nulidad, porque éste implica un acto real pero viciado y la inexistencia “un no
acto” cuya invalidación no requiere declaración judicial, no se cubre por la
confirmación ni por la prescripción y se puede reconocer aún de oficio (Luís
Armando Rodríguez, “Nulidades Procesales”, págs. 32 y 33).

                              Este   reconocido tratadista nacional en la materia
define, entonces al acto procesal inexistente como: “Aquel acto al que le faltan
los presupuestos procesales para constituir una relación jurídica procesal”
(Rodríguez, ob. cit, págs. 41).




                                          44
                            Para Augustoo Cesar Belluscio también la inexistencia
es una categoría distinta a la nulidad en el derecho civil y procesal. Este
reconocido tratadista y ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dice: “Comparto la opinión de que inexistencia y nulidad son dos categorías
conceptúales diferentes. El acto jurídico nulo es un acto jurídico, pero esta
viciado por motivos que dan lugar a la privación de sus efectos propios… en
cambio, el acto inexistente no llega a configurar un acto jurídico aunque
aparente serlo, por ausencia de algún elemento esencial relativo al sujeto,
objeto o a la forma” (aut.cit., “Derecho de Familia”, Depalma, Bs. As., 1976, tomo
II, pág. 51).

                            Es decir, el acto jurídico procesal al que le faltan los
elementos esenciales para ser considerado tal es un ACTO INEXISTENTE, no
nulo. Como lo indicaron los autores franceses expositores de la teoría, los actos
aparentes no producen efecto alguno. El acto inexistente adolece de ineficacia
absoluta; no puede ser confirmado, ni convalidado, ni necesita ser
invalidado. No hace cosa juzgada.

                            El acto inexistente no ha llegado a ser un acto procesal
y ello en virtud de la falta de elementos esenciales.

                            Cabe indicar –continúa Luís Armando Rodríguez-, que
la determinación de la inexistencia es una cuestión lógica y no de la ley. Por ello
no es válido oponer como reparo a la inexistencia la falta de determinación
legal. Es que la ley no puede concebir un acto que no es tal, sólo se refiere a los
actos viciados. Leone dice al respecto: “El         concepto de inexistencia se
determina solamente en doctrina toda vez que la ley no hace para nada
referencia a él: el cometido de definir la inexistencia del acto, tratándose de
problema estrictamente lógico, pertenece a la doctrina”.

                                  Por ello, la inexistencia, a diferencia de la
nulidad, “puede ser declarada de oficio en todos los casos, no es susceptible
de convalidación expresa ni presunta, no precluye ni prescribe. La cosa
juzgada no obsta a su planteamiento” (conf. Rodríguez, ob. cit., págs. 42 y 43).

                                  A su vez Víctor De santo coincide en que la
doctrina del acto inexistente aparece en Francia como resultado del principio “pas
de nullité sans texte”, que condena las nulidades implícitas o virtuales.




                                         45
                            El código Civil, precisamente, consagra esta regla en el
Art. 1037, al prescribir que “los jueces no pueden declarar otras nulidades de
los actos jurídicos que las que en este Código se establecen”.

                            Para este autor los actos inexistentes, sumamente
estudiados por la doctrina, se definen en general como aquellos que carecen
de los recaudos mínimos necesarios para su configuración jurídica, poniendo
de ejemplo precisamente a la sentencia pronunciada por quien no reviste la
condición de juez.

                            Incluso autores que niegan el acto inexistente, como
Couture, Carlo Carli y Falcón, simplemente sostienen la innecesariedad de crear
esta categoría de actos, por ser un simple hecho y se confunden con los nulos de
nulidad absoluta (art. 1047, Código Civil), siendo ambos exactamente los mismo
(ver Couture, “Fundamentos del derecho procesal”, pág. 377; Carli, “Derecho
Procesal Civil”, pág. 366; Falcón, “Código Procesal”, T II, pág. 185).

                            No es posible dice Couture “hablar de desviación, ya
que se trata de algo que ni siquiera ha tenido la aptitud para estar en el
camino”.

                            Maurino por su parte coincide con Couture y Carli,
sosteniendo que el acto inexistente “no tiene categoría de acto, sino que es un
simple hecho”.

                            Asimismo, otros destacados autores como Chiovenda,
Alsina, Rocco, Carnelutti, Colombo y Fassi, otorgan importancia al acto
inexistente, por cuanto para privarlo de sus efectos no es menester resolución
judicial alguna, mientras que el acto nulo requiere una declaración judicial para
evitar “que se produzcan y hacer desaparecer los producidos”; dicen que los
actos viciados de nulidad son siempre sanables en el proceso, lo que no ocurre en
los casos de inexistencia (conf. Victor De Santo; “Nulidades Procesales”, Editorial
Universidad, Segunda edición actualizada, abril del 2001, págs. 35, 36 y 37).

                            A modo de colofón cabe recordar que son actos
inexistentes los incluidos en el supuesto al que se refiere el Código Civil en su Art.
1012, en cuanto prescribe que:” La firma de las partes es una condición
esencial para la EXISTENCIA de todo acto bajo forma privada”.

                            En consecuencia, y con mayor razón aún, también el
escrito judicial que carece de firma debe reputarse INEXISTENTE, puesto que

                                         46
constituye uno de los elementos esenciales para su configuración en el mundo
jurídico (conf. CNCiv., Sala F, 25/9/80, ED, T.92, pág. 575, JA, t. 1981-I, pág. 424).

                            La jurisprudencia asimismo tiene resuelto que “es
inexistente una resolución que no contiene la declaración de derecho” (Cla
CC Bahía Blanca, 23/8/74, LL, t. 1075-B, pág. 903).

                            Finalmente, otro fallo liminar consideró que: “No
existen nulidades procesales absolutas, todas son convalidables. Ninguna
razón se opone a que mediando la debida oportunidad legal para cuestionar
la validez de un acto del proceso, el interesado renuncie, expresa o
implícitamente,     a hacer valer su derecho. SOLAMENTE LOS ACTOS
INEXISTENTES SE HALLAN AL MARGEN DE ESTE REGIMEN” (SCBs. As.,
1/3/94, ED, t. 258, pág. 138).

                            Sintetizando, todas las resoluciones fueron dictadas en
esta causa por la Cámara Civil sin INTEGRACION con los tres magistrados
previstos en la ley. Y la firma de todos los jueces en las sentencias es
imprescindible, más allá de que la decisión sea tomada con la sola VOTACION de
dos de sus tres integrantes.

                            Entonces volvemos a Luís Alberto Maurino para reiterar
que en un tribunal colegiado la ausencia de firma de los jueces habilitados
para decidir trae aparejada la nulidad de la sentencia, y una resolución sin
firma (válida), más que nula, es INEXISTENTE                  (Maurino, “Nulidades
procesales”, ed. Astrea, diciembre 1992, pág. 193).-

                            A modo de colofón cabe consignar que             la Corte
Suprema de Justicia de la Nación resolvió, que: “Corresponde declarar nulo, e
inexistente como fallo de Cámara, el pronunciamiento suscripto por dos de
los integrantes de la sala, sin que la mención de la ausencia circunstancial
del tercer miembro alcance a configurar algún supuesto de excepción al
funcionamiento de los Tribunales colegiados” (J.A. 1993-II-409).

                            Admisibilidad del Recurso de Queja: Que, es sabido
que la doctrina y la jurisprudencia en la materia coinciden en que en la queja debe
impugnarse los fundamentos del auto que deniega el recurso, sin perjuicio de
las críticas que como antecedentes del caso y en cumplimiento de requisitos
formales se señalen contra la resolución de cuya apelación se trata.




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                              Es requisito necesario para considerar la queja, que el
interesado funde el pedido, enderezando los argumentos a la demostración de
que el recurso es procedente.
                      Concretamente debe ajustarse la queja en el cumplimiento
de los   requisitos de admisibilidad y en señalar porque han sido analizados
incorrectamente por el juez de grado.
                      En consecuencia, con los antecedentes del caso expuestos y
las copias de rigor adjuntadas, los argumentos de admisibilidad del recurso de
queja por denegación del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia
fluyen naturalmente, de manera harto evidente, y así corresponde se declare.-


                      XI.- RESERVA DEL CASO FEDERAL: Que importando el
decisorio en recurso un evidente agravio al derecho de defensa (Art. 18 Const.
Nac.) –que supone la garantía del debido proceso y el respeto de la normativa
sustancial y ritual con jerarquía constitucional dejo expresamente introducido el
caso federal a los fines de ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por la vía del recurso extraordinario que autoriza el Art. 14 de la Ley 48,
habida cuenta la notoria arbitrariedad de que adolecerá el fallo que convalide lo
actuado por el “a quo”.


                      XII.-PETITORIO: Que, por todo lo expuesto y constancias
acompañadas, de V.E., solicito:
                              1º) Se tenga por interpuesto, en legal tiempo y forma,
Recurso de Queja por denegación del extraordinario dispuesto por el Fallo Nº
13.291/08
                              2º) Se tenga presente a todo evento lo previsto en la
segunda parte del Art. 279 del CPCC, requiriéndose la remisión de las actuaciones
al Tribunal de la instancia inferior, resolviéndose hacer lugar a la queja planteada.-
                              3º)    Oportunamente    se    haga    lugar   al   recurso
extraordinario por arbitrariedad del Fallo Nº 12.903/08, revocándose el mismo y
resolviéndose hacer lugar a la demanda de amparo en todas sus partes, con
imposición de costas a la demandada.
                               4º) Se tenga presente la URGENCIA del caso en
razón de estar en juego derechos de naturaleza jurídico alimentaría (salario de al
amparista),   entre   otros     de    raigambre   constitucional,   resolviéndose   esta
presentación con carácter de PREFERENTE DESPACHO conforme lo previsto en
el Art. 87 del RIAJ, por reenvío dispuesto en el Art. 34, inc. 2 del CPCC.-




                                            48
                           5º) A todo evento     hago expresa RESERVA DEL
CASO FEDERAL por las razones extensamente expuestas en todas y cada una
de las presentaciones      a las cuales me remito para evitar reiteraciones
innecesarias.-
                           6º) Se deja constancia que por separado, con trámite
de incidente, se plantea formal RECUSACION CON CAUSA contra todos y cada
uno de los integrantes del Superior Tribunal y, a todo evento, para el supuesto de
subrogancia, también contra el Procurador General.-
                          SERÁ JUSTICIA.-




OTRO SI DIGO: No puedo ni quiero dejar pasar por alto la “advertencia formal”
puesta en el penúltimo párrafo de la sentencia recurrida, considerando los
camaristas que      “el lenguaje y argumentación se aparta notoria y
agraviantemente de lo que debe ser EL ESTILO FORENSE” requiriendo los
Drs. JOSE LUIS PIGNOCCHI (primer voto) y LUCRECIA CANAVESIO DE
VILLALBA (segundo voto) al letrado de la parte actora preservar “un marco
civilizado de disenso” ajustando (las presentaciones) a lo que “LEGAL Y
ETICAMENTE” corresponde, dejando “los exabruptos y grandilocuencias
verbales para la tribuna política o la mesa del bar” (sic).
      Lo subrayado y las mayúsculas me pertenecen (al abogado de la parte
actora) y tienen la finalidad de resaltar con que descaro magistrados que
ofendieron, y continúan haciéndolo, a la humilde trabajadora estatal que demanda,
legitima y legalmente, amparo para remediar las violaciones a elementales normas
de derechos humanos que atentan contra su dignidad, pretenden reprochar las
reacciones provocadas por una justicia colonizada por el Poder Político y con
aplicación de un decreto- ley dictado por el genocida ex -Gobernador de facto
Gral. JUAN CARLOS COLOMBO por encima de la constitución y los Tratados
Internacionales   incorporados por la reforma del año 1994 en la materia, sin
tomarse “la molestia” de analizar siquiera los argumentos profusamente
expuestos, conforme se acredita con la simple lectura de las actuaciones.
             Es más, los Drs. PIGNOCCHI y CANAVESIO DE VILLALBA, para
obviar cumplir con su INELUDIBLE obligación de pronunciarse sobre las
cuestiones federales planteadas, incurren en el exabrupto mayor de considerar los



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argumentos sobre violaciones de derechos humanos como “chácharas” que
deben “desbrozar” a fin de aplicar mecánica y dogmáticamente una norma
instrumental de la más atroz Dictadura Militar de la historia argentina.
              En consecuencia, los primeros en agraviar alevosamente son los
camaristas con sus fallos ignorando que el respeto entre partes, abogados y
jueces debe ser mutuo. Y juez que no respeta no merece ser                 respetado,
obviamente.
              La verdad es que, conociendo la “historia personal” del Dr. JOSE
LUIS PIGNOCCHI, me asombra el tupé con que pretende dar consejos sobre “lo
legal” y hasta de lo “ético” en         un caso en que se debió excusar por
contundentes razones de “decoro y delicadeza”, recordando simplemente que
en su      momento juró como          Juez del autodenominado “Proceso de
Reorganización Nacional”, sobre un Bando Militar conocido como “Estatuto”,
obligándose a imponerlo por encima de la Constitución Nacional y Provincial.
              Por eso he sido benevolente en la comprensión de su proclividad
atávica a aplicar “manu militari” normas arcaicas, pero de ahí a que pretenda
darme lecciones de “legalidad, ética” y que debo dejar “los exabruptos y
grandilocuencias verbales para la tribuna política o la mesa del bar”, me
anonada y me INDIGNA (así con mayúsculas).
              Eso si, no quiero perder la ocasión para recomendar al Dr.
PIGNOCCHI la lectura del Art. 36 de la Constitución Nacional y los intensos y
extensos debates en la Convención Constituyente que reformó la Constitución en
el año 1994. Y ya que estamos tampoco le vendría mal estudiar el Art. 43 de la
Ley Suprema, incluido los argumentos de los convencionales, para conocer “el
espíritu de la ley” respecto a las dos normas esenciales para garantizar la vida
democrática, la calidad institucional y, juntamente con el art. 75, inc. 22, que
incorpora los   Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, imponen la
defensa de la dignidad humana en su más amplia dimensión como valor Supremo
de todo el ordenamiento jurídico en el irreversible proceso de universalización del
derecho.
              A propósito quiero reconocer que el reproche de los          camaristas
aludiendo al “estilo forense”, “lo legal”, “lo ético” y “la tribuna política”,
tienen la enorme virtud de reconocer la estrecha conexión entre MORAL,
DERECHO Y POLITICA. Vinculación e interdependencia que se acentúa cuando
se trata de discernir sobre normas protectoras de derechos humanos, pues ningún
magistrado, y menos el Dr. PIGNOCCHI, imparte justicia en su rol de camarista
desde “el Olimpo” sino a partir de su         “historia personal” que, visto esta,




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descarta la “neutralidad-técnica” como componente de sus resoluciones para
evidenciar un perfil ideológico afin al poder de turno, sean civiles o militares.
              Seguramente para los jueces sentenciantes las exposiciones de los
convencionales      constituyentes      de     la   reforma      constitucional     son
“grandilocuencias verbales para la tribuna política”. Y de eso se trata en un
sistema democrático y republicano, con la aclaración de que constituyen
FUENTES DEL DERECHO y deben ser tenidos en cuenta por los magistrados al
resolver los casos concretos, y con mayor esmero en los que se trata de impedir o
remediar los ABUSOS DEL PODER, como el que nos ocupa. Hubiese sido
penosos que los constituyentes elegidos por los ciudadanos de todo el país se
limitaran a plantear políticamente las normas de la Constitución en “la mesa del
bar”, y no en el seno de la Convención, tal como               lo aconsejan los Drs.
PIGNOCCHI y CANAVESIO DE VILLLABA.
              Ahora bien, por las dudas de que a estos consejos los camaristas
involucrados le apliquen la popular “ley del        ñembo”, atento a que el Juez
PIGNOCCHI es autor de un diccionario guaraní y la Dra. CANAVESIO residió
muchos años en la fronteriza ciudad de Clorinda, transcribo para ellos y para todos
los colaboradores del último gobierno de facto la parte del Art. 36 de la
Constitución Nacional que los comprende, norma en la cual luego de remitirnos a
los incursos en el delito de “infames traidores a la patria” (Art. 29), disponiendo
la inhabilitación “a perpetuidad” para ocupar cargos públicos a quienes atentan
contra el orden constitucional, establece que:”Tendrán las mimas sanciones
quienes, como consecuencias de esos actos, usurparen funciones previstas
para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que
responderán civil y penalmente de sus actos: Las acciones respectivas
serán imprescriptibles” (sic). Espero que al que le caiga el sayo que se los
ponga y dejen de hacerse “los ñembos”. Por mi parte pido las disculpas del
caso por no guardar “estilo forense”, pero la verdad es que nunca fui partidario
de “cuidar las buenas maneras para los malos ejemplos” como lo aconseja
Joan Manuel Serrat en una de sus más difundidas canciones con letra de Antonio
Machado.
              Nótese que todos los personajes que intervienen, o que tienen
facultades para intervenir, en el despido con discriminación y represión de la
amparista están unidos por el        hilo conductor de antiguas adhesiones y
colaboraciones con el último régimen militar.
              Veamos. La orden de hacer cesar la relación de empleo estatal de la
Sra. ROSA SALINAS proviene del ex –Interventor del EROSP, actual Diputado
Nacional, Dr. FERNANDEZ BASUALDO, quien jurara por el “Estatuto del



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Proceso” para ocupar el cargo de Secretario de un Juzgado Nacional en la
Capital Federal. A su vez el Ministro de Obras y Servicios Públicos, de quien
depende el EROSP, es el Dr. JORGE IBAÑEZ, quien juró también por el referido
“Estatuto” al asumir en calidad de Juez Civil en la ciudad de Clorinda designado
por el Gobierno del Gral. COLOMBO, luego de pasar por una Secretaría del
Juzgado Federal de Formosa. La Fiscal de Estado Dra. STELLA ZABALA DE
COPES, que manifiesta defender “los intereses de la Provincia” fue asesora
jurídica en la misma época, colaborando con el inefable y repudiable “Capitán
Granadina” en la Asesoría General de Gobierno Militar. Finalmente, tal como ya
lo expresara, el Dr. JOSE LUIS PIGNOCCHI fue juez también durante              el
TERRORISMO DE ESTADO.
            Y si por defender profesionalmente a una trabajadora despojada
arbitraria e ilegalmente de su empleo, y única fuente de ingreso para ella y su
grupo familiar, con el compromiso y la coherencia que “mi historia personal”,
que también lo tengo y estoy orgulloso de tenerla, sin que        el recuerdo lo
considere un “exabrupto” ni falta de “ética” por parte de quien lo haga,
bienvenida sean todas las sanciones que mi “testimonio de vida” puedan
merecer en la absoluta convicción de que cualquiera sea el resultado final por no
obedecer las “advertencias”, aseguro que la vergüenza jamás se quedara con el
Dr. PEDRO VELAZQUEZ IBARRA.
            Finalmente, que bueno hubiese sido que el Dr. PIGNOCCHI y otros
numerosos magistrados, funcionarios y simples abogados, en vez de colaborar
con el gobierno más represor y criminal de la historia Argentina, hubiesen pasado
el tiempo platicando “grandilocuencias verbales para la tribuna política o la
mesa del bar”. Tal vez el terror y el horror no hubieran alcanzado la magnitud
que tuvieron. En fin … Dr. PINOCCHI “la verdad no es triste, simplemente no
tiene remedio”.-
                   Tener presente, ES JUSTICIA.-




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