De ser necesario agregar un art�culo al Cat�logo de Bienes y ... - DOC

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De ser necesario agregar un art�culo al Cat�logo de Bienes y ... - DOC Powered By Docstoc
					                                      Nº 91-07

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del cuatro de diciembre del dos mil siete.

      Sesión ordinaria con asistencia del Presidente, Magistrado Mora; de la

licenciada Miriam Anchía Paniagua y el licenciado Marvin Martínez Fernández y

de los suplentes licenciada Yolanda Mora Artavia, en sustitución de la licenciada

Lupita Chaves Cervantes, por vacaciones y Macario Barrantes Ramírez, en

sustitución de la licenciada Milena Conejo Aguilar, por permiso con goce de

salario. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                  ARTÍCULO I

      Se aprueba el acta de la sesión número 87-07 celebrada el 20 de noviembre

del 2007.

      Asimismo, se aprueba la separata del acta N° 90-07 del 29 de noviembre

último, artículo XXX.

      La licenciada Mora Artavia y el licenciado Barrantes Ramírez, se abstienen

de votar en la aprobación del acta por no haber participado en la citada sesión.

CONDOLENCIAS

                                  ARTÍCULO II
                                          2

      Con ocasión del sentido fallecimiento de la señora María Cecilia Zamora

Salazar, madre de la servidora María Elena Rodríguez Zamora, Secretaria del

Departamento de Investigaciones Criminales, se acuerda expresar las condolencias

de la Corte Plena y de este Consejo a doña María Elena y a su estimable familia.

                                  ARTÍCULO III

      Con motivo del sentido fallecimiento del señor Óscar Luis Murillo Víquez,

suegro del señor Freddy Moreira Arauz, Auxiliar Judicial del Juzgado de Tránsito

de Heredia, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y de este

Consejo a don Freddy y a su estimable familia.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                  ARTÍCULO IV

      En sesión N° 73-07 celebrada el 2 de octubre del año en curso, artículo

LXVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―En nota de 22 de mayo del año en curso, el licenciado Diego
       Alejandro Meoño Piedra, Juez Contravencional y de Menor Cuantía de
       Garabito, solicitó lo siguiente:
             "Entre diciembre de 2004 y mayo de 2005 inclusive me desempeñé
       interinamente como juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor
       Cuantía de Matina. Merced a ello, como parte de las labores de ese
       cargo, entre febrero de 2005 y abril de 2005 inclusive participé de su
       rol de disponibilidad en las materias Penal, Penal Juvenil y de Violencia
       Doméstica, labor que para entonces incluía no solo la atención de los
       casos surgidos en ese mismo cantón sino, además, los del central de
       Limón, circunstancia que, por ende, en cuanto ello me fuese requerido,
       implicaba mi inevitable desplazamiento desde aquella primera localidad
       hasta otra, y viceversa, según las contemporáneas y específicas
                                    3

disposiciones emanadas de este mismo órgano colegiado para dicha zona
atlántica, y de entre las cuales destaca la relativa al sucesivo
reconocimiento que la institución efectuaría de los costos por transporte y
viáticos que semejantes diligencias demandasen, previa gestión del
interesado.
      Por ello, tal y como lo acredito con las reproducciones fieles que
adjunto a la presente y conforme constará en los propios registros de la
Unidad Administrativa regional de Limón, periódicamente, es decir, entre
el 21 de abril de 2005 y el 22 de abril de 2005, y el 15 de mayo de 2005,
presenté los formularios de estilo ante esa última dependencia invocada,
mediante los cuales liquidé montos diversos por aquellos rubros que
correspondieron a los tres meses más recientemente detallados arriba, los
cuales se subtotalizaron así: por viajes en taxi: ¢233.245,00, y por
alimentación: ¢15.500,00, para un monto global de ¢248.745,00.
      Ahora bien, aunque mis peticiones al punto cumplieron a cabalidad
con los requisitos que se hallaban en vigor para esa época, no solo nunca
obtuve respuesta sobre el particular de la oficina aludida, sino que hasta
hoy no he recibido del Poder Judicial, suma alguna para compensar
esos gastos que en su momento debí cubrir de mi peculio, a pesar de que
ya han transcurrido más de dos años desde su planteamiento; tan solo fui
enterado por la vía telefónica , varias semanas después, y en virtud de mi
insistencia al punto, de la supuesta vigencia de las circulares N°: 20-
2004 y 21-2004, emitidas por la Dirección Ejecutiva, en las que, en
principio, se establecía la obligatoriedad de acompañar a esa índole de
gestiones atestados que demostrasen los consabidos desembolsos
personales, más es lo cierto que esas directrices JAMÁS HABÍAN SIDO
PUBLICADAS HASTA ENTONCES, como para que fueran de mi
conocimiento, amén de que de antemano nunca fui informado por ningún
medio sobre semejante exigencia, de tal suerte que, como podrán ustedes
comprender, señores miembros, tras haber hecho uso de servicio como los
de taxi y alimentación y no haber requerido a sus prestadores la
instantánea emisión de comprobantes, raya en lo utópico esperar
conseguirlos a posteriori, dada la particular movilidad, variabilidad y/o
lejanía de tales agentes económicos, por lo que el panorama se me tornó
súbita e ilegítimamente sorpresivo, sobre todo si se pondera que, a
propósito de la debida PUBLICACIÓN PREVIA de las normas como
condición sine qua non que surtan efectos, conviene invocar dos
sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a
saber, las N°: 475-98, de las 15.06 del 28 de enero de 1998, y la 4.832-
                                   4

98, de las 15.45 del 7 de julio de 1998, a cuyo análisis, de estimarse
necesario, respetuosamente remito.
      En consecuencia , y por cuanto este mismo Consejo Superior ha
sostenido la imprescriptibilidad de dichos rubros mientras dure la
relación laboral (véase la circular N° 107-06, del 22 de setiembre de
2006, emitida por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
que transcribió lo decidido por este mismo órgano plurimembre en el
acuerdo LXV, de su sesión N° 65-06, celebrada el 31 de agosto de 2006,
y que fuera publicada en el Boletín Judicial N° 192, del 6 de octubre de
2006), solicito que se avale y ordene cuanto antes el giro de los
mencionados extremos sin ulterior trámite, es decir, de ¢233.245,00 por
concepto de traslados en taxi, y ¢15.500,00 para responder a
alimentación que representan juntos un total de: ¢248.745,00 lo mismo
que sus respectivos INTERESES al tipo legal, que hubiesen corrido a
partir de cada rubro debió haberme sido oportunamente satisfecho y hasta
el efectivo pago de cada uno de tales.
     Para ser notificado de su estimable pronunciamiento, señalo el
facsímil número 643-36-01 con el ruego de que las venideras
comunicaciones sean encabezadas y dirigidas para mí.
                                  -0-
     Mediante oficio N° 4558-07 de 28 mayo del presente año, la
Secretaría General de la Corte, remitió al licenciado Alfredo Jones León,
Director Ejecutivo la solicitud anterior para los efectos que
correspondieran.
      En oficio N° 1542-DE/AL-2007 de 21 de setiembre último, el
licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de
Asesoría Legal con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León
Director Ejecutivo, manifestaron lo siguiente:
      "Me refiero al oficio N° 4558-07 del 28 de mayo del año en curso,
suscrito por el señor Walter Vargas Calderón, Prosecretario General, por
medio del cual se solicita a esta Asesoría Legal para que se refiriera al
oficio de fecha 22 de mayo de este año, mediante el cual el licenciado
Diego Alejandro Meoño Piedra, Juez Interino del Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía de Matina, solicita el pago de
liquidación de gastos de transportes y alimentación, generados en el
período de diciembre de 2004 y mayo de 2005, en el que se desempeñó en
forma interina como Juez del Juzgado Contravencional y de Menor
                                     5

Cuantía de Matina, quien en los meses de febrero y abril de 2005 estuvo
en disponibilidad en las materias Penal, Penal Juvenil y de Violencia
Doméstica, labor que incluía cubrir tanto el cantón de Matina como el
cantón Central de Limón, lo que implicaba trasladarse de una zona a la
otra.
      En atención a lo anterior, se solicitó a la licenciada Maribel López
Bermúdez, Administradora de la Unidad Administrativa Regional de
Limón, mediante oficio 1551- DE/AL-2007 de fecha 23 de agosto de
2007, informar si las liquidaciones por gastos de transporte y
alimentación del licenciado Meoño Piedra, del 10 de abril y 2 de mayo de
2005 habían sido canceladas, y en caso contrario indicar los motivos por
los cuales no se realizó el pago.
      La licenciada López Bermúdez informó por oficio 896-UARL-2007
del 18 de setiembre de 2007, que las referidas liquidaciones no fueron
canceladas; señala además que al señor Meoño Piedra se le habían
devuelto algunas por concepto de transporte para que cumpliera con lo
establecido en las circulares 20 y 21 ambas del 2004, y hay otras
liquidaciones sobre las cuales nunca presentó las originales para poder
darles el trámite respectivo.
      Respecto a los pagos por concepto de gastos de viaje y transporte
para los servidores y funcionarios judiciales, cabe referir que estos se
rigen por lo dispuesto en el «Reglamento de Gastos de Viaje y de
Transporte para Funcionarios Públicos», y para el caso en estudio se debe
aplicar en que estaba vigente en el momento en que se presentó la gestión,
sea, el que se publicó en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 97 de 22 de
mayo del 2001. Ahora bien, dentro de las disposiciones contenidas en el
citado Reglamento, se encuentra regulado el pago del transporte por
servicio de taxi, al que se refiere en los siguientes términos:
      "Artículo 22.-Gastos de transportes durante las giras. Cuando el
funcionario necesite utilizar los servicios de transporte público colectivo,
el reconocimiento de ese pago se hará de acuerdo con la tarifa
autorizada el organismo regulador correspondiente. La utilización de
servicios de taxi al inicio, durante o finalización de una gira debe ser
regulada, en forma previa, formal y general por la Administración activa,
de lo contrario no procede su pago" (la cursiva y el subrayado no son del
original).
      Por su parte, la Dirección Ejecutiva procedió a regular el uso de
servicio de taxi y para tales efectos emitió las circulares N° 20-2004 y 21-
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2004, en las que específicamente se reguló el tema de la "Presentación de
la factura por servicio de taxi, cuando el servidor debe asumir
disponibilidad", en las que se consignó en su respectivo orden, lo
siguiente:
      "De conformidad con el artículo 15 del "Reglamento de
Compensación por Disponibilidad", el cual literalmente dice "Facilidades
para la prestación del servicio. El Poder Judicial brindará las facilidades
requeridas de transporte y cancelará los gastos en que incurra el servidor
judicial con motivo de su traslado, así como gastos de alimentación y de
alojamiento, cuando, en razón de la distancia, ello deba satisfacerse
legalmente". Al respecto, me permito informar que cuando el servidor
deba asumir disponibilidad e incurra justificadamente en gastos de
transporte por servicio de taxi, es necesario que presente la factura
correspondiente, cuando gestione el cobro por ese concepto".
     Por su parte, la circular 21-2004, señaló:
     "En adición a la Circular N° 20-2004, emitida por esta Dirección
Ejecutiva el 02 de marzo en curso, me permito hacer de su conocimiento
que para el trámite de gestión de pago por concepto de servicio de taxi,
consiste en presentar una factura, recibo o documento idóneo que
demuestre que el servicio se prestó.
     En todo caso ese documento debe contar con los siguientes datos:
     Nombre y cédula del conductor.
     N° de unidad.
     Descripción del servicio prestado (indicar la ruta).
     Fecha y hora en que se prestó.
           Se reitera que estas disposiciones rigen para el caso de
     funcionarios que deban atender disponibilidad, de conformidad con
     el artículo 15 del "Reglamento de Compensación por
     Disponibilidad".
      Las citadas circulares fueron publicadas internamente en la página
de Intranet del Poder Judicial, por lo que al cumplirse con la publicación
de las circulares dentro de la institución producen los efectos y los
alcances respectivos, situación que se adecua con la disposición contenida
en el artículo 125 de la Ley General de la Administración Pública, la que
                                    7

refiere:
     "Artículo 125.- 1. Las instrucciones y circulares internas deberán
exponerse en vitrinas o murales en la oficina respectiva durante un
período mínimo de un mes y, compilarse en un repertorio o carpeta que
deberá estar permanentemente a disposición de los funcionarios y de los
administrados. 2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de
todo efecto, pero el desconocimiento del valor y jerarquía de los actos
arriba establecidos producirá nulidad absoluta" (la cursiva no es del
original).
     Así, se tiene que si bien el contenido de la normativa refiere a la
publicación en vitrinas o murales, ha de interpretarse como medio válido
de publicación el Sistema Informatizado del Poder Judicial, dado que
conforme a los avances tecnológicos y a las necesidades de la institución,
ésta debe adecuarse a medios de publicación más expeditos, los que no
están contenidos en la norma en razón al contexto histórico en el que fue
emitida. Por otra parte, cabe referir que esas circulares se encuentra
disponibles para el usuario en forma permanente, puesto que las mismas
se accesan por medio de la Intranet.
      En ese sentido, el licenciado Meoño Piedra en el ejercicio de sus
funciones y en el desempeño de la disponibilidad, debió solicitarle a la
persona que le prestaba el servicio de taxi el comprobante respectivo, a
fin de adjuntarlo dentro de la "Liquidación de Gastos de Transporte y
Otros Gastos en el Interior del País"; ya que al encontrarnos
administrando fondos públicos, corresponde a la Administración proteger
y velar por el Erario Público. En consecuencia, al no existir causa de
justificación que lo exima de la presentación del comprobante del servicio
del taxi y al no encontrase la solicitud presentada conforme a derecho, no
procede el pago del servicio de taxi solicitado por el señor Meoño Piedra.
      Por último, en cuanto al eventual pago por concepto de intereses
generados por las sumas de pagos pendientes de gastos de alimentación,
se aclara que los mismos no proceden en virtud de que, tal como informa
la Licda. López Bermúdez en el oficio supra indicado, las liquidaciones
enviadas por fax tienen el "...único motivo de ser revisadas, pues nunca
se presentaron las originales, que son las que se presentan para el cobro
respectivo. Las liquidaciones fueron devueltas al licenciado Meoño para
su corrección, sin que a la fe cha el licenciado Meoño Piedra las haya
remitido nuevamente."
      Por lo que no pueden derivarse intereses de una suma que a la fecha
                                           8

       no ha podido ser pagada por incumplir la persona interesada con los
       requisitos para poder tramitar el pago, sea la presentación de la
       documentación original. Lo anterior sin detrimento de girar el pago de las
       sumas principales una vez satisfecho el requisito en cuestión."
                                         -0-
             Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe anterior, el cual se
       acoge. 2.) Manifestar al licenciado Meoño Piedra que para proceder a
       realizar el pago de lo indicado debe demostrar los gastos conforme las
       reglas establecidas al momento que realizó el servicio y utilizó el
       transporte que ahora pretende se le pague.‖
                                         -0-

      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, que el

acuerdo transcrito le fue notificado el 25 de octubre del año en curso, al fax

número 643-3601 al licenciado Meoño Piedra, mediante resolución Nº 855-2007

de las trece horas del 22 de octubre del año en curso.

      Con relación al acuerdo anterior, el licenciado Diego Alejandro Meoño

Piedra, Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito, en nota de 23 de

noviembre recién pasado, presenta el siguiente recurso de reconsideración:

             ―Con relación a lo vertido por ese órgano en el artículo LXVI de su
       sesión N° 73-07, celebrada el 2 de octubre de 2007, cuyo contenido
       fuera transcrito mediante la resolución N° 855-2007, datada 22 de octubre
       de 2007, de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, y que
       se me hubo notificado mediante facsímil el 25 de octubre de 2007, con
       marcado respecto y en tiempo (artículos 3, del Reglamento para el Uso
       del Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales, y 1, de
       la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, e
       inciso 3°, del numeral 31, ibídem) formulo recurso de reconsideración
       contra lo allí dispuesto, en el tanto en que supedita mi precedente
       solicitud de pago de viáticos generados durante mi desempeño
       interino como titular del Juzgado Contravencional y de Menor
                                     9

Cuantía de Matina a la presentación de comprobantes de desembolso,
impugnación que fundamento en los siguientes argumentos:
      De modo preliminar, he de acotar que el acuerdo adversario
rechazó en todos sus extremos la gestión de marras, si bien tan solo se
ocupó de lo concerniente a mi liquidación de gastos por transporte, a
pesar de que la petición entre manos también aludía al reintegro de
costos de alimentación, lo cual sugiere que esta alta instancia nunca
valoró de modo integral el mérito de la cuestión, sino que se habría
limitado a prohijar un sesgado criterio de la Sección de Asesoría Legal,
de la Dirección Ejecutiva de la propia institución, razón por la que de
nuevo solicito se emita el debido pronunciamiento sobre ese específico
aspecto omiso.
      Ahora bien, aun en lo que concierne a los gastos de transporte,
resulta claro que la postura emanada de este órgano jerárquico también se
circunscribió a hacer eco del referido dictamen de aquella otra
dependencia subordinada, situación que a todas luces vulnera
injustificadamente mis intereses, no solo por cuanto ello contravendría mi
garantía procedimental de que el susodicho planteamiento hubiese sido
objeto de la necesaria deliberación en su seno, sino además porque,
precisamente, tal circunstancia habría hecho prevalecer una postura que,
de cualquier modo, se aleja de los más elementales rudimentos del
ordenamiento jurídico nacional, ya que deriva de una interpretación
muy poco feliz sobre cómo han de divulgarse eficazmente las
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
      Así, al tenor de lo enunciado por aquella otra oficina subalterna, y
aunque ha quedado patente el oportuno cobro de los extremos en
discusión por parte del suscrito y el inexplicable y prolongado silencio de
la Unidad Administrativa Regional de Limón (no hay prueba de que de tal
oficina siquiera me hubiese nunca prevenido ni comunicado la
denegatoria de mis previas gestiones), acá se ha llegado a asumir,
erróneamente, que un par de circulares que habrían intentado empezar a
regular la liquidación de gastos de transporte en taxi -y de las cuales,
dicho sea de paso, hasta se desconoce su fecha cierta de inclusión en la
página electrónica de esta entidad-, por solo ese aislado evento habrían
surtido los mismos efectos jurídicos que si se hubiesen hecho saber como
el propio Legislador lo manda, o sea, mediante publicación en el diario
oficial. De allí que, refiriéndose a la concreta formalidad del artículo 125,
de la Ley General de la Administración Pública, reza el tras-
antepenúltimo parágrafo del consabido documento (oficio N° 1542-
                                    10

DE/AL-2007, del 21 de setiembre de 2007):
      “Así, se tiene que si bien el contenido de la normativa refiere a la
publicación en vitrinas o murales, ha de interpretarse como medio
válido de publicación el Sistema Informatizado del Poder Judicial, dado
que conforme a los avances tecnológicos y a las necesidades de la
institución, ésta debe adecuarse a medios de publicación más expeditos,
los que no están contenidos en la norma en razón al contexto histórico
en el que fue emitida. Por otra parte, cabe referir que esas circulares se
encuentra disponibles para el usuario en forma permanente, puesto que
las mismas se accesan por medio de la Intranet (los errores sintácticos
son del original, no así el destacado).‖
      Como se ve, señores integrantes, con semejante manifiesto se ha
incurrido en una grave deformación, por vía hermenéutica, del sentido
mismo del texto legal preinvocado y, de paso, se me ha colocado en una
inmerecida situación de desamparo que amenaza con hacer ilusorio un
derecho legítimo que me asiste, cual es el de cobrar los gastos en que debí
incurrir para ejercer con responsabilidad labores institucionales de
considerable sacrificio personal, por lo que no estoy mendigando su
erogación, si bien los motivos de mi reclamo no intentan reposar en
ninguna particular consideración lastimera, sino en cuestiones
estrictamente jurídicas. Y es que, nótese cómo en la interpretación
transcrita se incorporan elementos divorciados del Derecho y de la
realidad; así, por ejemplo, se insinúa que a partir de la operación de una
red electrónica de información la ordinaria publicación impresa de una
norma es prescindible, panorama que, entonces, abriría el portillo para
que, verbigracia, los avisos de acciones de inconstitucionalidad, las
convocatorias a concursos de la judicatura, la imposición de sanciones
notariales, los planes anuales de vacaciones colectivas y la instauración
de nuevos informes periódicos, entre otros datos relevantes, se tuviesen
por válidamente comunicados con tan solo incluirles en la página
electrónica del Poder Judicial, cuando la normativa de rito exige su
publicación en un medio físico y gráfico. Pero además, señores miembros,
sírvanse reflexionar en la abierta y perniciosa desigualdad tras el criterio
analizado, que solo refleja una visión netamente ―capitalina‖, por cuanto
trata la cuestión del acceso a Intranet como si para el tiempo de mis
liquidaciones (a principios de 2005), o antes, tal hubiere existido en el
comentado tribunal en el que a la sazón presté mis servicios o en alguno
otro en que hubiese laborado de antemano; ergo, para cualquier
funcionario del Primer Circuito Judicial de San José que para entonces ya
estuviese acostumbrado a disponer de una clave individual y meramente
                                   11

dar un ―click‖ en su propia computadora institucional para disfrutar de
ese recurso tecnológico, será muy sencillo dar por sentado esa
‗permanente disponibilidad de información‘, pero no para quien hasta el
momento jamás había disfrutado de esa facilidad, empezando porque no
se ignorará que para lograr echar mano de tal herramienta es requisito
indispensable tener asignada de previo una contraseña personal, y bien
podría este honorable órgano corroborar internamente que, hasta aquella
época, ni el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Matina, ni
ningún otro despacho judicial en que me hubiese desempeñado antes, se
hallaban enlazados a Intranet, y que el intranscrito tampoco jamás ostentó
clave alguna para ingresar a tal. Por eso, ante esa inequitativa realidad,
¿cómo se esperaría que yo hubiese tenido conocimiento de las
comentadas circulares? De hecho, de haber sido enterado a tiempo de la
vigencia de tales formalidades, el mínimo sentido común me habría
recomendado requerirle en su momento al taxista de turno un
comprobante de sus servicios, con la finalidad de evitarme esta tortuosa
gestión de cobro, pero es que, señores integrantes, ello simplemente
escapaba de mi conocimiento. Con todo, en vista de que reitero que mi
pedimento no estriba sino en consideraciones eminentemente jurídicas,
insisto en la necesidad de que se ponderen dos factores que refuerzan la
procedencia de mi gestión.
     En primer lugar, hablo de la reiterada y vinculante jurisprudencia
de la Sala Constitucional al respecto, de la que vuelvo a destacar su
sentencia N° 475-98, de las 15:06 del 28 de enero de 1998, cuyo
considerando 3 estableció que:
      “[...] la aplicación de esas disposiciones sin la publicación debida
violentaría el principio de irretroactividad, que como se ha dicho antes,
éste no es aplicable únicamente a las leves con carácter formal, sino
que se aplica de igual forma a las normas jurídicas EN GENERAL
(Voto N.° 473-94 de las 13:03 horas del 21 de enero, 1994). Entre otras
cosas el principio de no retroactividad significa la interdicción para la
Administración Pública de otorgar efectos a sus actos de carácter
general en un momento anterior al cumplimiento de los requisitos de
eficaci,. como lo es la publicación en el caso de las disposiciones
generales si admitiéramos que una norma puede surtir efectos antes del
cumplimiento del requisito de publicidad, estaríamos admitiendo su
retroactividad, lo cual no es posible hacer sin violentar el principio de
irretroactividad (los errores lingüísticos son del original, no así el
destacado).‖
                                   12

      Por otro lado, y partiendo de la premisa de que el Consejo Superior,
como dependencia del Poder Judicial, ha de ceñirse al entero
ordenamiento jurídico y respeta la jerarquía de las normas jurídicas
(artículos 154, de la Constitución Política, y 2, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial), es insoslayable traer a colación lo normado en la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos (N° 8.220, del 4 de marzo de 2002, y publicada en La
Gaceta N° 49, del 11 de marzo de 2002) y, sobre todo, lo que de seguido
se transcribe, cuya vigencia antecede a la situación de hecho acá
ventilada:
      “Artículo 1”— Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable
a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso
instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad
jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y
empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y
procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.
      Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda
persona f(sica o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición,
información vio derecho o acceso a la Justicia administrativa, se dirija
a la Administración Pública.
     [...1
     Artículo 4° — Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo
trámite o requisito con independencia de su fuente normativa, para que
pueda exigirse al administrado, deberá:
      a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente
en ella.
      b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta, junto con los
instructivos,   manuales,      formularios    y   demás    documentos
correspondientes y estar ubicado un lugar visible dentro de la
institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional, deberá
publicarse un aviso referido a dicha publicación.
     Dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados también
recurriendo a medios electrónicos.
     Artículo 5° — Obligación de informar sobre el trámite. Todo
funcionario, entidad u órgano público estará obligado a proveer, al
administrado, información sobre los trámites y requisitos que se realicen
                                    13

en la respectiva unidad administrativa o dependencia. Para estos efectos,
no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en aquellos
casos en que la ley expresamente lo requiera.
     Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites
y requisitos para el administrado, estará obligado a indicarle el artículo
de la norma legal que sustenta dicha trámite o requisito. ASÍ COMO
LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN.
      Para garantizar uniformidad en los trámites e informar
debidamente al administrado, las entidades o los órganos públicos,
ADEMÁS, expondrán en un LUGAR visible Y divulgarán por medios
electrónicos, cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los
requisitos que solicitan, apegados al artículo 4° de esta Ley.
     Artículo 6° — Plazo y calificación únicos. Dentro del plazo legal o
reglamentario dado, entidad, órgano o funcionario deberá resolver el
trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá
prevenirle, por una única vez y POR ESCRITO, que complete requisitos
omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare información. Tal
prevención suspende el plazo de resolución de la Administración y
otorgará, al interesado, hasta diez días hábiles para completar o aclarar;
transcurridos los cuales, continuará el cómputo del plazo previsto para
resolver”.
     [..]
     Artículo 10.-Responsabilidad de la Administración y el
funcionario. El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la
Administración Pública como al funcionario público por el
incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta Ley.
     […]
     Para los efectos de responsabilidad personal del funcionario
público, se considerarán como faltas graves los siguientes
incumplimientos específicos de la presente Ley:
     c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.
     d) No informar sobre el trámite.
     Transitorio único. — Todos los órganos y las entidades públicas
deberán remitir los documentos referidos en el artículo 4 de la presente
                                    14

Ley, dentro del plazo de tres meses calendario contados a partir de su
publicación, PARA SER PUBLICADOS EN LA GACETA (en ningún
caso el destacado es del original).‖
      A la luz de la legislación recién expuesta, ¿acaso se podrían
considerar las dependencias administrativas del Poder Judicial eximidas
de la observancia de dicha normativa de rango legal, según el ordinal 1,
ibídem? ¿Sería realmente válido interpretar que la simple ―inclusión‖ de
las dos comentadas circulares en el portal electrónico de la institución
basta para su plena eficacia jurídica y que con ello se sustituye la
publicación de rigor en el diario oficial, a pesar de lo contemplado en el
numeral 4 y en el transitorio único, ejúsdem, y sobre todo, a sabiendas de
que se ignora la data exacta en que se habría producido esa ―inclusión‖
virtual? ¿Acató la administración del Poder Judicial sus obligaciones de
informarme de antemano, y prevenirme oportuna y debidamente sobre el
cumplimiento de los supuestos requisitos omisos, tal y como lo prevén los
artículos 6 y 10, ibídem? Con el más acendrado respeto, señores
miembros, aspiraría a que las tácitas respuestas a tales interrogantes
induzcan a examinar con detenimiento silo actuado por la entidad en la
especie de veras se ajusta a Derecho, o bien, acaso solo representa un
desmedido despliegue de ―celo patrimonial‖ que trasciende la esfera de lo
jurídico, máxime porque los extremos cuyo pago he solicitado se han
dado con ocasión de una relación laboral y, en tal entendido, ante el
evento de que hubiese duda, habría de aplicarse la interpretación más
favorable al trabajador (artículos 14 y 17, del Código de Trabajo).
      Y a guisa de corolario, señores integrantes, repárese en que el
espíritu de todas las anteriores fuentes normativas por mí citadas solo
apunta hacia la preeminencia, hoy por hoy, de la divulgación de las
normas de carácter general a través de un canal físico y escrito, o sea, por
encima de por un medio electrónico, debido a una muy sencilla razón:
este último es virtual, intangible y, por ende, manipulable y/u ocultable;
en cambio, el primero es cronológicamente consecutivo, positivo y de
muy difícil alteración, situación que establece un importante contraste de
cara al más valioso de los fines del Derecho en nuestro medio: la
certidumbre jurídica.
     Por tanto, con el acostumbrado recato que orienta mis gestiones ante
esta digna instancia, solicito que se acceda sin más al pago de los
correspondientes extremos relativos a transporte y alimentación
devengados desde principios de 2005.
                                         15

            Para ser notificado de su estimable pronunciamiento, señalo el
       facsímil número 643-1859.‖
                                         -0-

      Se acordó: Rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración

planteado por el licenciado Meoño Piedra, contra lo resuelto por este Consejo en

sesión Nº 73-07 del 2 de octubre del año en curso, artículo LXVI.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

                                   ARTÍCULO V

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 9063-DP/10-07 de 27 de noviembre último, comunica lo

siguiente:

              ―En relación con la Licitación Abreviada N° 2007LA-000110-
       PROV denominada “Compra de pruebas Psicológicas para uso del
       Departamento de Trabajo Social y Psicología”, se remite a usted la
       documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a conocimiento
       de los miembros del Consejo Superior para lo que consideren conveniente
       resolver.
              El plazo dispuesto para el vencimiento para adjudicar de
       conformidad con la cláusula 4.1.15 del cartel, quedó definido para el día
       15 de enero de 2008.
              Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno
       de Compras, 78, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, se determina que:
             1.     Ofertas recibidas en el presente concurso:
             N° 1 Librería Lehmann S.A.., cédula jurídica N° 3-101-000974-
             32.
             2.     Análisis de las ofertas:
             2.1. Análisis legal:
             2.1.1 Mediante oficio 8968-DP/10-07 de 22 de noviembre en curso,
       se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
                                    16

estudio del marco legal de la única oferta recibida, para lo cual se señaló:
      ―Para que se proceda al estudio de legal (sic) de la única oferta
recibida, adjunto expediente administrativo de la Licitación Abreviada
N° 2007LA-000110-PROV, denominada “Compra de pruebas
psicológicas para el Departamento de Trabajo Social y Psicología”.
        Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían subsanables
en caso de requerirse, seguidamente se detallan los aspectos más
relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto de
su revisión inicial:
      Oferta N° 1 Librería Lehmann S.A., C.J. N° 3-101-000974-34:
1.    No aportó certificación de la naturaleza y propiedad de las cuotas y
acciones de la sociedad.‖
      2.1.2 Mediante oficio N° 2176-DE/AL-07 del 23 de noviembre del
presente año, el licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor
Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la única
oferta recibida, señaló:
      ―(...), requiriendo el análisis legal de la propuesta de LIBRERÍA
LEHMANN S.A., recibida en la Licitación Abreviada N° 2007LA-
000110-PROV, cuyo objeto es la “Compra de pruebas psicológicas
para el Departamento de Trabajo Social y Psicología”; me permito
referirle que por tratarse de un procedimiento en el que participa un único
oferente, deben aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en
cuanto a la posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o
documento omitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a
los requerimientos cartelarios.
        Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante los
principios de eficacia y eficiencia por la falta de competencia, al no
concurrir más participantes; de ahí que es preciso mantener vigente el
procedimiento para procurar finalmente la adjudicación el (sic) negocio,
pues con ello se protegería la satisfacción de interés general y el
cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración, siempre y
cuando previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único
oferente y la razonabilidad del precio cotizado, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.‖

     3.      Prevenciones:
     3.1 De acuerdo con lo externado en el informe de Asesoría Legal,
se procedió a realizar las prevención respectiva, la cual se cursó el día 23
de noviembre en curso, otorgándosele un plazo de 3 días hábiles para el
aporte de la información, obteniéndose por parte de la empresa, respuesta
                                    17

satisfactoria a dicha prevención.

      4.    Análisis técnico
      4.1 Mediante oficio 8907-DP/10-07 del 21 de noviembre en curso,
se remitió copia de la oferta presentada para la licitación de cita, al
Departamento de Trabajo y Psicología, con el fin de que se realizara la
valoración técnica respectiva.
      4.2 Con oficio DTSP-866-2007 del 21 de noviembre en curso, la
licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo y
Psicología, rinde el informe técnico correspondiente, para lo cual
determinó lo siguiente:
      ―(..)

      1) En cuanto a la razonabilidad de los precios y en términos de que
sean excesivos o ruinosos, se debe indicar que en el documento
presentado por su persona no se cuenta con otra oferta que sirva de
referencia comparativa. Solo se cuenta con la cotización realizada por la
misma empresa, en marzo 2007, no encontrándose diferencias
significativas.

     (…)

     3) De acuerdo con la revisión de los requerimientos técnicos se
conoce que lo ofertado únicamente por la Librería Lehmann S.A.,
corresponde a lo solicitado.‖

5.    Análisis de precios:
       En cuanto al análisis de los precios cotizados y de acuerdo a lo
indicado por la licenciada González Aguilar, en informe anteriormente
transcrito, se entiende que los precios pretendidos son razonables y no son
excesivos ni ruinosos.

6. Análisis y valoración:
6.1 Luego de haber analizado los estudios de carácter legal y técnicos
detallados en los puntos anteriores, se concluye que la única oferta
recibida, resulta admisible al concurso, ya que satisface las
especificaciones del objeto del contrato establecidas en el cartel y
presenta un precio razonable.

7.   Evaluación de ofertas:
                                           18

          7.1 En el presente concurso no se aplicó el sistema de evaluación
     establecido en el cartel, en vista de que se recibió sólo una oferta a
     concurso, sin embargo, se verificó el cumplimiento de las cláusulas
     obligatorias.

     8.       Recomendación:

     8.1 Por las circunstancias que concurren en el presente procedimiento de
     contratación y los razonamientos acreditados, esta Proveeduría luego de
     verificar la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios
     suficientes, según Solicitud de Pedido N° 270626, con cargo a la
     subpartida 2.99.03 ―Productos de Papel, Cartón e Impresos‖, programa
     926, IP= 31, por la suma de ¢13.746.758,00, se observa que hay
     suficiencia para amparar la totalidad del objeto de contrato, se
     recomienda adjudicar la presente licitación a:

     LIBRERÍA LEHMANN S.A., C.J. N° 3-101-000974-32.


ITEM CANTIDAD      CODIGO                   DETALLE
                                                                        PRECIOS
                                                                        UNIDAD      TOTAL
 1        25        441982     Paquetes de 25 Cuadernos de                ¢27.200     ¢680.000
                               Anotación del Instrumento no Verbal de
                               la Inteligencia BETA-III/Manual
                               Moderno/México.
 2        25        467993     Paquetes de 25 Hojas de Respuestas y       ¢21.100     ¢527.500
                               25 Hojas de Perfil del Inventario
                               Multifásico de la Personalidad de
                               Minnesota MMPI-2/Manual
                               Moderno/México.
 3        25        467994     Paquetes de 25 Hojas de Respuestas del     ¢12.400     ¢310.000
                               Inventario Multifásico de la
                               Personalidad de Minnesota para
                               Adolescentes MMPI-A/Manual
                               Moderno/México.
 4        25        467995     Paquetes de 25 Hojas de Respuestas del      ¢9.300     ¢232.500
                               Inventario Multifásico de la
                               Personalidad de Minnesota para
                               Adolescentes MMPI-A/Tea
                               Ediciones/España.
 5        3         343338     Inventario Multifásico de la              ¢303.700     ¢911.100
                               Personalidad de Minnesota MMPI-2
                               Prueba Completa/Manual
                                19

                   Moderno/México.
6    3    343333   Inventario Multifásico de la              ¢217.000    ¢651.000
                   Personalidad de Minnesota para
                   Adolescentes MMPI-A Prueba
                   Completa/Manual Moderno/México.
7    6    407141   Láminas del Test de                       ¢164.500    ¢987.000
                   RORSCHACH/Manual
                   Moderno/México.
8    23   407143   Entrevista para Sindromes Psquiátricos     ¢38.900    ¢894.700
                   CHIPS Prueba Completa Manual
                   Moderno/México.
9    2    416955   Test de Inteligencia no Verbal TONI-2      ¢77.500    ¢155.000
                   Juego Completo/Tea Ediciones/España.
10   4    419627   Test Breve de Inteligencia de Kaufman     ¢125.900    ¢503.600
                   K BIT Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
11   3    382778   SCDI-I Entrevista clínica estructurada    ¢104.900    ¢314.700
                   para los trastornos del Eje I del DSM-
                   IV/Masson/España.
12   3    367355   SCDI-II Entrevista clínica estructurada    ¢66.400    ¢199.200
                   para los trastornos del Eje II del DSM-
                   IV/Masson/España.
13   3    343317   Instrumento no Verbal de la                ¢49.300    ¢147.900
                   Inteligencia BETA-III Prueba
                   Completa/Manual Moderno/México.
14   4    409051   Cuestionario de Aserción en la Pareja      ¢37.300    ¢149.200
                   ASPA Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
15   4    409067   Inventario del Desarrollo del Niño        ¢353.000   ¢1.412.000
                   BATTELLE Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
16   23   455167   Neuropsi Atención y Memoria Batería       ¢158.200   ¢3.638.600
                   Neuropsicológica de 6 a 85 años Prueba
                   Completa/Feggy Ostrosky/México.
17   2    455165   Neuropsi Evaluación Neuropsicológica      ¢126.500    ¢253.000
                   Breve en Español Prueba
                   Completa/Feggy Ostrosky/México.
18   25   453284   Violencia Masculina en la Pareja Una        ¢8.800    ¢220.000
                   aproximación al diagnóstico y a los
                   Modelos/Paidós/Argentina.
19   25            Paquetes de 50 Protocolos del Child            ¢0     ¢439.600
                   Behavior Checklist CBCL1 1/2-5
20   25            Paquetes de 50 Protocolos del Child            ¢0     ¢439.600
                   Behavior Checklist CBCL 6-18
21   25            Paquetes de 50 Protocolos del Youth            ¢0     ¢439.600
                   Self Report YSR 11-18
22   1             Manual en Inglés para el CBCL 1 1/2-5      ¢38.400     ¢38.400
                                              20

 23        1                     Manual en Inglés para el CBCL 6-11 y     ¢38.400       ¢38.400
                                 YSR 11-18

               Demás características y especificaciones según cartel y oferta.

             Garantía: líneas de la número 1 a la 18 será de dos años contra
       defectos de fabricación, para las restantes (de la 19 a la 23) será de un
       mes contra defectos de fabricación.
             Plazo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha en que se
       recibe el pedido, o se comunique vía fax (lo que ocurra primero).
             Lugar de entrega: Departamento de Trabajo Social y Psicología en
       el primer piso del edificio del O.I.J.

           TOTAL RECOMENDADO                       A   ADJUDICAR         EN      ESTA
       LICITACION ¢13.582.600,00.”
                                             -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación

Abreviada Nº 2007LA-000110-PROV, denominada "Compra de pruebas

Psicológicas para uso del Departamento de Trabajo Social y Psicología" de la

siguiente manera:

A: LIBRERÍA LEHMANN S.A., C.J. N° 3-101-000974-32.

ITEM CANTIDAD CODIGO                         DETALLE
                                                                        PRECIOS
                                                                        UNIDAD      TOTAL
  1       25          441982    Paquetes de 25 Cuadernos de Anotación     ¢27.200     ¢680.000
                                del Instrumento no Verbal de la
                                  21

                   Inteligencia BETA-III/Manual
                   Moderno/México.
2    25   467993   Paquetes de 25 Hojas de Respuestas y 25       ¢21.100    ¢527.500
                   Hojas de Perfil del Inventario Multifásico
                   de la Personalidad de Minnesota MMPI-
                   2/Manual Moderno/México.
3    25   467994   Paquetes de 25 Hojas de Respuestas del        ¢12.400    ¢310.000
                   Inventario Multifásico de la Personalidad
                   de Minnesota para Adolescentes MMPI-
                   A/Manual Moderno/México.
4    25   467995   Paquetes de 25 Hojas de Respuestas del         ¢9.300    ¢232.500
                   Inventario Multifásico de la Personalidad
                   de Minnesota para Adolescentes MMPI-
                   A/Tea Ediciones/España.
5    3    343338   Inventario Multifásico de la Personalidad    ¢303.700    ¢911.100
                   de Minnesota MMPI-2 Prueba
                   Completa/Manual Moderno/México.
6    3    343333   Inventario Multifásico de la Personalidad    ¢217.000    ¢651.000
                   de Minnesota para Adolescentes MMPI-
                   A Prueba Completa/Manual
                   Moderno/México.
7    6    407141   Láminas del Test de                          ¢164.500    ¢987.000
                   RORSCHACH/Manual
                   Moderno/México.
8    23   407143   Entrevista para Sindromes Psquiátricos        ¢38.900    ¢894.700
                   CHIPS Prueba Completa Manual
                   Moderno/México.
9    2    416955   Test de Inteligencia no Verbal TONI-2         ¢77.500    ¢155.000
                   Juego Completo/Tea Ediciones/España.
10   4    419627   Test Breve de Inteligencia de Kaufman K      ¢125.900    ¢503.600
                   BIT Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
11   3    382778   SCDI-I Entrevista clínica estructurada       ¢104.900    ¢314.700
                   para los trastornos del Eje I del DSM-
                   IV/Masson/España.
12   3    367355   SCDI-II Entrevista clínica estructurada       ¢66.400    ¢199.200
                   para los trastornos del Eje II del DSM-
                   IV/Masson/España.
13   3    343317   Instrumento no Verbal de la Inteligencia      ¢49.300    ¢147.900
                   BETA-III Prueba Completa/Manual
                   Moderno/México.
14   4    409051   Cuestionario de Aserción en la Pareja         ¢37.300    ¢149.200
                   ASPA Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
15   4    409067   Inventario del Desarrollo del Niño           ¢353.000   ¢1.412.000
                   BATTELLE Juego Completo/Tea
                   Ediciones/España.
16   23   455167   Neuropsi Atención y Memoria Batería          ¢158.200   ¢3.638.600
                                             22

                               Neuropsicológica de 6 a 85 años Prueba
                               Completa/Feggy Ostrosky/México.
  17        2        455165    Neuropsi Evaluación Neuropsicológica       ¢126.500   ¢253.000
                               Breve en Español Prueba
                               Completa/Feggy Ostrosky/México.
  18       25        453284    Violencia Masculina en la Pareja Una         ¢8.800   ¢220.000
                               aproximación al diagnóstico y a los
                               Modelos/Paidós/Argentina.
  19       25                  Paquetes de 50 Protocolos del Child             ¢0    ¢439.600
                               Behavior Checklist CBCL1 1/2-5
  20       25                  Paquetes de 50 Protocolos del Child             ¢0    ¢439.600
                               Behavior Checklist CBCL 6-18
  21       25                  Paquetes de 50 Protocolos del Youth Self        ¢0    ¢439.600
                               Report YSR 11-18
  22        1                  Manual en Inglés para el CBCL 1 1/2-5       ¢38.400    ¢38.400
  23        1                  Manual en Inglés para el CBCL 6-11 y        ¢38.400    ¢38.400
                               YSR 11-18

       Demás características y especificaciones según cartel y oferta.

       Garantía: líneas de la número 1 a la 18 será de dos años contra defectos de

fabricación, para las restantes (de la 19 a la 23) será de un mes contra defectos de

fabricación.

       Plazo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha en que se recibe el

pedido, o se comunique vía fax (lo que ocurra primero).

       Lugar de entrega: Departamento de Trabajo Social y Psicología en el primer

piso del edificio del O.I.J.

       TOTAL ADJUDICADO EN ESTA LICITACION ¢13.582.600,00

       El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara este acuerdo firme.

                                     ARTÍCULO VI
                                           23

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8857-DP/15-07 de 26 de noviembre último, comunica lo

siguiente:

              ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2007LA-000079-
       PROV denominada “Contratación de servicios de mantenimiento
       preventivo y correctivo de los ascensores del edificio del II Circuito
       Judicial de San José”, remitimos a usted la documentación adjunta, para
       que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que
       tomen el acuerdo que consideren conveniente.
              El plazo dispuesto para el vencimiento para adjudicar de
       conformidad con la cláusula 11.1.13 del cartel, quedó definido para el día
       06 de diciembre de 2007.
              Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 36 del
       Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
       condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
       conserva esta Proveeduría, se determinó que:

             PARTICIPANTES:
             Para este concurso se recibió una única oferta correspondiente a:

    1) Elevadores Schindler S.A., cédula jurídica 3-101-340543.

       ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:
              Mediante el oficio 8186-DP/15-07 de 31 de octubre del año en
       curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva, el estudio del marco legal de la única oferta recibida, para lo
       que señaló:
              ―A efecto de que se proceda con el estudio legal de la única oferta
       recibida en la Licitación Abreviada Nº 2007LA-000079-PROV,
       denominada “Contratación de servicios de mantenimiento preventivo
       y correctivo de los ascensores ubicados en el edificio de los Tribunales
       del II Circuito Judicial de San José”, adjunto el correspondiente
       expediente administrativo.
             Asimismo, sin perjuicio del estudio que se realice por parte de ese
       Despacho, en donde se determine tanto la admisibilidad de la única oferta
       recibida como cuales defectos u omisiones son subsanables, producto de
                                   24

la revisión inicial de los documentos aportados, esta Proveeduría ha
advertido lo siguiente:
     N° 1 Elevadores Schindler, S. A., cédula de identidad N° 3-101-
340543.

     1.     No aporto copia certificada de la cédula de identidad.
     2.     No aportó copia certificada de la cédula jurídica.
     3.     No aportó la declaración jurada de no estar inhabilitado para
contratar con el Poder Judicial, consultado el registro de los proveedores
sancionados no consta que la oferente no ha sido sancionada.‖

       ANÁLISIS LEGAL:
        Mediante oficio N° 2045-DE/AL-07 recibido el 02 de noviembre
en curso, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la oferta recibida,
señaló:
     “En respuesta al oficio #8186-DP/15-07 de 31 de octubre en curso,
suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa a. i. del Subproceso
de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el análisis legal de la
propuesta de ELEVADORES SCHINDLER S. A., recibida en la
Licitación Abreviada N° 2007LA-00079-PROV, cuyo objeto es la
“Contratación de servicios de mantenimiento y correctivo de los
ascensores ubicados en el edificio de los Tribunales del II Circuito de
San José”; me permito referirle que por tratarse de un procedimiento
licitatorio en el que participa un único oferente, deben aplicarse los
reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a la posibilidad de
solicitarle que aporte cualquier dato o documento omitidos para valorar su
propuesta, y si es del caso, se ajuste a los requerimientos cartelarios.
     Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante los
principios de eficacia y eficiencia por la falta de competencia, al no
concurrir más participantes; de ahí que es preciso mantener vigente el
procedimiento para procurar finalmente la adjudicación el (sic) negocio,
pues con ello se protegería la satisfacción del interés general y el
cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración, siempre y
cuando previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único
oferente y la razonabilidad del precio cotizado, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ‖

    ANÁLISIS TÉCNICO:
      Mediante oficio 1464-04-SG-07 del 31 de octubre de 2007, la M.
B. A. Pilar Obando Masís, en ese entonces Subjefe a.í. de Departamento
                                    25

de Servicios Generales, remite el informe técnico N° 497-MC-2007 del
31 de octubre último, elaborado por el Ing. Alejandro Vargas Cascante,
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Construcción, quien manifestó:

  “(…)

   La oferta única evaluada, es de la empresa Elevadores Schindler S.A.,
la cual cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el
cartel de contratación.
   La misma ofrece un precio razonable, acorde al mercado actual
nacional, el cual no se considera ruinoso, ni remunerativa (sic), ni
excesivo. Con respecto al ajuste presupuestario, se desconoce el monto
apartado para este fin por parte de la Administración del II Circuito
Judicial.
   No se realiza cuadro comparativo de ofertas, ya que se tiene solamente
una oferta recibida.”

     PREVENCIONES:
      De acuerdo con el criterio emitido por la Asesoría Legal, se
procedió a realizar las prevenciones respectivas a la empresa Elevadores
Schindler S.A., la cual atendió en tiempo y forma.

     ANÁLISIS DE PRECIO:
       En cuanto al análisis de precios, el Ing. Alejandro Vargas
Cascante, Jefe de la Sección de Mantenimiento y Construcción, en su
informe técnico manifestó que el precio es razonable, acorde al mercado
actual nacional. Al respecto, con el fin de tener un punto de referencia
que permita determinar la razonabilidad del precio, se constató que el
precio ofertado es la suma de $1.180,00 mensuales para un monto total
anual de $14.160,00 que al tipo de cambio del 26/10/2007 (fecha de la
apertura) de ¢521,21 equivale a la suma de ¢7.380.333,60 y que el mismo
se encuentra dentro del presupuesto estimado para los servicios a
contratar, según certificaciones de contenido presupuestario emitidas por
el Departamento Financiero Contable mediante los oficios 707-P-2007
por la suma de ¢3.552.045,00 y 747-P-2007 por la suma de ¢4.900.000,
para un total anual de ¢8.452.045,00, por lo que se cuenta con el
presupuesto suficiente para el período de 2008 para hacerle frente a la
erogación producto de esta contratación. No obstante, dado que el
contrato producto de esta licitación se estaría iniciando a partir del 13 de
mayo de 2008, para lo que resta para ese período presupuestario (8
meses), se estaría erogando la suma de ¢4.768.616,00 y para el contrato
                                     26

N° 16-CG-03, contrato actualmente vigente, el cual vence el 12 de mayo
de 2008, y cuyo costo mensual es de ¢477.800,00, para los meses de
enero a abril se estaría erogando la suma de ¢1.911.200,00. Por lo
anterior, se tiene que para el año 2008 para la ejecución de ambos
contratos se necesitaría la suma de ¢6.679.816,00, por lo que según el
presupuesto estimado y del cual se emitieron las certificaciones de
contenido presupuestario, se cuenta con el presupuesto suficiente para
hacerle frente a las erogaciones producto tanto del contrato vigente como
del contrato producto de esta licitación, el cual tendrá vigencia una vez
que venza el contrato N° 16-CG-03.

      ANÁLISIS Y VALORACIÓN:
        Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico
detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente a la
exposición, análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.
        Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de un único oferente,
Elevadores Schindler, S. A.
        De acuerdo con el criterio emitido por la Sección de Asesoría
Legal, la oferta es susceptible de resultar adjudicataria. El criterio emitido
por el Departamento de Servicios Generales, establece también que la
oferta es factible de adjudicación.
        En virtud de todo lo anterior, y por estar en presencia de un único
oferente, se verificó que la oferta posee un ajuste sustancial con el pliego
de condiciones y, que el precio cotizado, según determinó el técnico, es
razonable; asimismo, el oferente aportó cartas de referencia en la que se
determinó la experiencia positiva con que cuenta respecto de poseer
contratos de similar naturaleza, y los cuales poseen una duración superior
al año.
      RECOMENDACIÓN
        De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el
oferente cuenta con los requisitos mínimos requeridos y que su precio es
razonable.
        En cuanto a la disponibilidad de recursos presupuestarios, tal y
como se indicó anteriormente, mediante los oficios 707-P-2007 del 24 de
julio por la suma de ¢3.552.045,00 y 747-P-2007 del 03 de agosto por la
suma de ¢4.900.000,00, el M.B.A. Walter Jiménez Sorio, Jefe del
Departamento Financiero Contable certificó la existencia de recursos
presupuestario con cargo a la subpartida 1.08.01 ―Mantenimiento de
Edificios y Locales‖, programa 926, por un monto total para el periodo
                                          27

       2008 de ¢8.452.045,00, a efecto de atender las obligaciones que se
       deriven de la prestación de este tipo de servicio.
              Ante lo expuesto, se recomienda adjudicar la presente licitación
       abreviada de la siguiente manera:

            A: Elevadores Schindler S. A., cédula jurídica 3-101-340543:
            Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los
       ascensores marca Schindler ubicados en el edificio del II Circuito Judicial
       de San José, por un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.

            Precio mensual:            $1.180,00.
            Precio anual:              $14.160,00
            Demás características y condiciones según cartel y oferta.
            La ejecución del contrato iniciará a partir de la fecha que defina la
            Unidad de Verificación y Ejecución Contractual de esta
            Proveeduría, la cual no podrá ser antes del 12 de mayo de 2008,
            fecha en que vence el contrato que actualmente se encuentra en
            ejecución.

                TOTAL ANUAL RECOMENDADO ADJUDICAR:
                                  $14.160,00
       (equivalentes a la suma de ¢7.152.924,00 según el tipo de cambio
         de referencia del Banco Central de Costa Rica del 23/11/2007
                                 por ¢505,15)

              Asimismo es importante aclarar que conforme el artículo 9 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, La Unidad
       Administrativa del II Circuito Judicial de San José deberá tomar las
       previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el pago de las
       obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios presupuestarios
       que involucran la relación contractual.‖
                                          -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría
                                        28

en el oficio anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la la Licitación

Abreviada Nº 2007LA-000079-PROV denominada “Contratación de servicios

de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio del II

Circuito Judicial de San José”, de la siguiente manera:

      A: Elevadores Schindler S. A., cédula jurídica 3-101-340543:

      Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores

marca Schindler ubicados en el edificio del II Circuito Judicial de San José, por un

año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.

      Precio mensual:          $1.180,00.

      Precio anual:            $14.160,00

      Demás características y condiciones según cartel y oferta.

      La ejecución del contrato iniciará a partir de la fecha que defina la Unidad

de Verificación y Ejecución Contractual de esta Proveeduría, la cual no podrá ser

antes del 12 de mayo de 2008, fecha en que vence el contrato que actualmente se

encuentra en ejecución.

      TOTAL ANUAL ADJUDICADO: $14.160,00

(equivalentes a la suma de ¢7.152.924,00 según el tipo de cambio de referencia del

Banco Central de Costa Rica del 23/11/2007 por ¢505,15)

      Asimismo es importante aclarar que conforme el artículo 9 del Reglamento a
                                         29

la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Administrativa del Segundo

Circuito Judicial de San José deberá tomar las previsiones necesarias para

garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que contraerá durante

todos los ejercicios presupuestarios que involucran la relación contractual.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO VII

      En oficio N° PJ-BID-938-07 de 26 de noviembre recién pasado, la

licenciada Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID,

gestiona lo siguiente:

            ―En relación con la Licitación Pública Nacional No.2007LN-
       000138-01 “Adquisición de Servidores para los Circuitos Judiciales
       de San Ramón y Cartago del Poder Judicial”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.

             ANTECEDENTES
             La Unidad Ejecutora del Programa Modernización de la
       Administración de Justicia, conforme a las autorizaciones
       correspondientes, invitó a presentar oferta mediante publicación en el
       Diario Oficial La Gaceta y en el sitio Web de la Unidad Ejecutora,
       además de remitir el cartel directamente a las siguientes empresas:

            1.     Desitec.
            2.     Sonda.
            3.     PC Central de Servicio.
            4.     CGC.
            5.     Corporación Font.
                                               30

           6.     GBM.
           7.     Componentes El Orbe.
           8.     Sonivisión.

            Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno
      de Compras, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa 86 y 87 del
      Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se determina lo
      siguiente: En la Gaceta Nº 173 del lunes 10 de setiembre del 2007, se
      publicó la invitación a participar en dicho concurso, estableciéndose
      como último día para recibir ofertas el día 11 de octubre del 2007 a las
      10:00 horas, llegado ese día se procedió con el acto de apertura y se
      recibieron las siguientes ofertas:

NÚMERO                 PARTICIPANTE                 CÉDULA JURÍDICA NO.      PAÍS DE
                                                                             ORIGEN

  1             PC CENTRAL DE SERVICIOS S.A.           3-101-096527         COSTA RICA

  2               COMPONENTES EL ORBE S.A.             3-101-111502         COSTA RICA


      ANALISIS DE LAS OFERTAS

      ANÁLISIS LEGAL:

             Se solicitó el criterio respectivo, a la Sección de Asesoría Legal,
      ubicada en la Dirección Ejecutiva, la que mediante oficio 1902-DE/AL-
      07 del 7 de noviembre del 2007, indicó lo correspondiente a cada
      oferente. Ambos oferentes cumplen con los requisitos legales
      establecidos. A continuación se incorpora el mencionado oficio:

      16 de octubre de 2007                                           1902-DE/AL-07


  Licenciada
  Sonia Navarro Solano
  DIRECTORA PROGRAMA PODER JUDICIAL-BID
  Su Despacho

      Estimada señora:
             En atención a su oficio PJ-BID-820-07 de 11 de octubre del año en
      curso, requiriendo el análisis legal de las ofertas recibidas en la Licitación
      Pública Nacional N°2007LN-000138-01, cuyo objeto es la “Adquisición
                                   31

de servidores para los Circuitos Judiciales de San Ramón y Cartago del
Poder Judicial”; me permito referirle que las propuestas de PC
CENTRAL DE SERVICIO S. A. y COMPONENTES EL ORBE S. A.,
califican legalmente al concurso.‖
      ANÁLISIS TECNICO:
            Paralelo a la remisión de las ofertas a la Asesoría Legal, se
      remitieron copias de las ofertas al Encargado del Departamento de
      Tecnología e Información del Poder Judicial, con la finalidad de
      proceder a la evaluación técnica de las mismas. Se adjunta a
      continuación el informe de calificación técnica de las ofertas:
32
                                       33



                                     El Orbe   PC Central

              Años de experiencia      15         15
               Personal Calificado      2          4
Certificaciones UL, CSA O CUL          No         Si
              Precio                 149.874    197.411

CALIFICACION
              Años de experiencia       7          7
               Personal Calificado      3          5
Certificaciones UL, CSA O CUL           0          8
                            Precio     80        60,74
Puntaje obtenido                       90        80,74
                                         34

Sección de Soporte Técnico

                                                              No. 114-ST-2007

      San José, 9 de noviembre del 2007

      Licenciada
      Sonia Navarro Solano
      Directora Ejecutiva
      Programa Poder Judicial - BID

      Estimada señora:

           En relación con su oficio PJ-BID-883-07 en el cual solicita criterio
      respecto a las respuestas dadas por la empresa Componentes El Orbe,
      respecto a la licitación 2007LN-000138-01, me permito indicar que
      evaluadas las mismas, confirman que lo ofrecido, se apega a lo solicitado
      por el cartel. En consecuencia, la propuesta es susceptible de adjudicar y
      se mantiene el cuadro de evaluación que se adjunto mediante oficio 099-
      ST-2007.
           Cabe agregar que la respuesta en marras, subsana las interrogantes
      hechas por la empresa PC Central de Servicios.


Sección de Soporte Técnico
                                                              No. 121-ST-2007


      San José, 22 de noviembre del 2007

      Licenciada
      Sonia Navarro Solano
      Directora Ejecutiva
      Programa Poder Judicial - BID

      Estimada señora:
           En adición al oficio 114-ST-2007, relacionado con la licitación
      2007LN-000138-01, me permito indicar que los $10,000 de exceso con
      respecto al presupuesto establecido para esta licitación, se estiman
      razonables, por cuanto el único parámetro con que se contaba en aquel
      momento y que aún prevalece, son los montos observados del proceso
                                    35

anterior para la adquisición de equipos servidores, los cuales resultan ser
muy semejantes. Los equipos cotizados, son muy especializados y su
costo de adquisición, no se muestra en los diferentes sitios de internet, de
los fabricantes.
      Otro factor importante a agregar, es el hecho de que han
transcurrido varios meses desde la apertura de aquellas ofertas, que
sirvieron como referencia, por lo que un 7.4% de desfase con respecto al
presupuesto estimado, se considera como razonable.

     PREVENCIONES:

      Producto de los dos estudios, se realizó una prevención a la oferta 2
componentes El Orbe, mediante la cual se le solicita aclarar unas dudas
técnicas sobre el equipo ofertado.

   SOBRE LA             PRESENTACIÓN           DE     GARANTÍAS         DE
PARTICIPACIÓN.

      Las empresas aportaron su garantía de participación, la oferta 1
Central de Servicios PC S.A. aportó $2.800 vigentes desde el 11-10-07
hasta el 15-04-08. La oferta 2 Componentes EL Orbe S.A., aportó $2.800
vigentes desde el 11-10-07 hasta el 10-03-08, ambas empresas cumplen
con lo solicitado en el cartel.

     METODOLOGIA DE EVALUACION (Análisis y valoración)

      Conforme la Metodología de Calificación contenida en el cartel del
concurso, documento aprobado por la representación del BID (en oficio
CID/CCR/1362/2007) y por el Consejo Superior en sesión 64-07 del 31
de agosto del 2007.
      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico,
detallados en los párrafos anteriores, se procede seguidamente a la
valoración de las circunstancias concurrentes en el presente
procedimiento de contratación.
      Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de dos oferentes de los
cuales ambos cumplen técnica y legalmente.
      La valoración técnica, en cuanto al cumplimiento o no, de los
aspectos señalados en el cartel, fue realizada por el especialista técnico
encargados de la evaluación.
      El encargado técnico procedió a conformar dicho estudio, conforme
                                   36

la Metodología de Calificación contenida en el cartel del concurso.

     RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

       El encargado técnico mencionado anteriormente, analizó todos los
criterios de evaluación y los confrontó con las ofertas respectivas, aplicó
la metodología de calificación incluida en el cartel y remitieron el
resultado de dicho procedimiento a la UEP.
                                           37


              CALIFICACION                  PC Central de Servicio        Componentes El Orbe
          AÑOS DE EXPERIENCIA                           7                          7
         PERSONAL CALIFICADO                            5                          3
    CERTIFICACIONES UL, CSA O CUL                       8                          0
               PRECIO                               60,74                         80
          PUNTAJE OBTENIDO                          80,74                         90

Cuadro Comparativo de Precios:

                                                            DIFERENCIA          DIF.
                 RESUMEN                   MONTO            ABSOLUTA        PORCENTUAL
  OFERTA 1 PC CENTRAL DE SERVICIO         $197.410,56
                                                             $47.536,51          24%
  OFERTA 2 COMPONENTES EL ORBE            $149.874,05

                DEL CONTENIDO PRESUPUESTARIO

              La Unidad Ejecutora del Programa, mediante la emisión de las
        solicitudes de mercancías 275072-07 y 275085 con cargo al Programa
        943 Préstamo Corte BID–Aporte BID, cuenta con $140.000 (Ciento
        cuarenta mil dólares americanos exactos) y $10.000 (Diez mil dólares
        americanos exactos) respectivamente; para hacer frente al gasto que
        genere este procedimiento. El Monto reservado, corresponde al
        componente de Eficiencia Judicial.

              RECOMENDACIÓN

              La Unidad Ejecutora         del Programa Modernización de la
        Administración de Justicia, de acuerdo con la recomendación técnica
        emitida en oficios 99-ST-2007, 114-ST-2007 y 121-ST-2007 por Marco
        Barboza Roldán Jefe de la Sección de Soporte Técnico, del Poder
        Judicial, la cual se adjunta, se permite realizar la siguiente
        recomendación de adjudicación:
              En la línea 1 Equipo para el Circuito Judicial de San Ramón se
        recomienda la oferta 2 Componentes El Orbe S.A. por un monto de
        $72.690,58, ya que cumple con lo solicitado y presenta el menor precio,
        Para la línea 2 Equipo para el Circuito Judicial de Cartago, se recomienda
        adjudicar a la empresa Componentes El Orbe S.A. por un monto total de
        US $77.183,47, ya que cumple con lo solicitado y presenta el menor
        precio. Monto total US $149.874,05. Se considera que los precios son
        razonables y se ajustan a las condiciones del mercado.
                                                          38

                  Resumen:
                  Línea 1 Equipos para el Circuito Judicial de San Ramón


                                                                   Origen del   Monto        Plazo de    Garantía
  Ítem           Cantidad           Descripción
                                                                     Bien        en $        Entrega
                              Hp Universal Rack 10642                           $6.994,09
                                                                      USA
   1.1       1

   1.2       4                  Servidor HP Proliant DL360R05         USA       $17.687,56
                                                                                              15 días 24 meses
   1.3       3                   Servidor HP Proliant DL360R05        USA       $12.462,18    hábiles
                                 Almacenamiento Adicional HP-
   1.4       1                                                        USA
                                            EVA4100                             $29.828,41
                                    Unidad para respaldo de la
   1.5       1                                                        USA
                                información HP Storageworks 1/8
                                           Ultrium 920                           $5.718,34
                                                                    TOTAL
                                                                                $72.690,58


         Línea 2 Equipos para el Circuito Judicial de Cartago

                                                                   Origen del   Monto        Plazo de    Garantía
  Ítem             Cantidad            Descripción
                                                                     Bien        en $        Entrega
                                      Hp Universal Rack 10642
   2.1                1                                                          $6.994,09
                                                                     USA
                                                                     USA
   2.2                4            Servidor HP Proliant
                                       DL360R05                                 $17.687,56
                                                                     USA
   2.3                4            Servidor HP Proliant DL360R05                $16.616,24
                                   Almacenamiento Adicional HP-                              15 días     24 meses
   2.4                1                       EVA4100                USA        $30.167,24   hábiles
                                      Unidad para respaldo de la
   2.5                              información HP Storageworks      USA         $5.718,34
                                           1/8 Ultrium 920
                                                                    TOTAL
                                                                                $77.183,47



                Todo de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones y las
          ofertas recibidas.‖
                                        -0-
         De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa, 86 y 87 del Reglamento

General de Contratación Administrativa, y la recomendación formulada por el
                                                          39

Programa Poder Judicial-BID en el oficio anteriormente transcrito, se acordó:

Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 2007LN-000138-01 ―Adquisición de

Servidores para los Circuitos Judiciales de San Ramón y Cartago del Poder

Judicial‖, de la siguiente manera:

      En la línea 1 Equipo para el Circuito Judicial de San Ramón se recomienda

la oferta 2 Componentes El Orbe S.A. por un monto de $72.690,58, ya que

cumple con lo solicitado y presenta el menor precio, Para la línea 2 Equipo para el

Circuito Judicial de Cartago, se adjudica a la empresa Componentes El Orbe

S.A. por un monto total de US $77.183,47, ya que cumple con lo solicitado y

presenta el menor precio. Monto total US $149.874,05. Se considera que los

precios son razonables y se ajustan a las condiciones del mercado.

     Línea 1 Equipos para el Circuito Judicial de San Ramón

                                                                   Origen del   Monto        Plazo de    Garantía
   Ítem           Cantidad           Descripción
                                                                     Bien        en $        Entrega
                               Hp Universal Rack 10642                          $6.994,09
                                                                      USA
    1.1       1

    1.2       4                  Servidor HP Proliant DL360R05        USA       $17.687,56
                                                                                              15 días 24 meses
    1.3       3                   Servidor HP Proliant DL360R05       USA       $12.462,18    hábiles
                                  Almacenamiento Adicional HP-
    1.4       1                                                       USA
                                             EVA4100                            $29.828,41
                                     Unidad para respaldo de la
    1.5       1                                                       USA
                                 información HP Storageworks 1/8
                                            Ultrium 920                          $5.718,34
                                                                    TOTAL
                                                                                $72.690,58


          Línea 2 Equipos para el Circuito Judicial de Cartago

                                                                   Origen del   Monto        Plazo de    Garantía
   Ítem             Cantidad            Descripción
                                                                     Bien        en $        Entrega
                                                   40
                               Hp Universal Rack 10642
   2.1             1                                                 $6.994,09
                                                            USA
                                                            USA
   2.2             4        Servidor HP Proliant
                                DL360R05                            $17.687,56
                                                            USA
   2.3             4        Servidor HP Proliant DL360R05           $16.616,24
                            Almacenamiento Adicional HP-                         15 días   24 meses
   2.4             1                   EVA4100              USA     $30.167,24   hábiles
                               Unidad para respaldo de la
   2.5                       información HP Storageworks    USA      $5.718,34
                                    1/8 Ultrium 920
                                                            TOTAL
                                                                    $77.183,47


     Lo anterior de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones y las

ofertas recibidas.

     El Programa Poder Judicial-BID tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara firme este acuerdo.

                                       ARTÍCULO VIII

         La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 9118-DP/32-07 de 30 de noviembre último, presenta la

siguiente gestión:

                 ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2007LA-000113-
          PROV denominada “Compra, instalación y puesta en marcha de una
          central telefónica”, remitimos a usted la documentación adjunta, para
          que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que
          tomen el acuerdo que consideren conveniente.
                 En este sentido, es importante indicar que el plazo de 10 días
          hábiles dispuesto en la cláusula 3.2.1.18 del cartel para resolver esta
          contratación vence el jueves 06 de diciembre de 2007.
                 Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
          Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
          Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
          condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
          conserva esta Proveeduría, se determinó que:
                                    41


      Oferta recibida en el presente concurso:

      Para este concurso se recibió una única oferta correspondiente a:

      2)     Siemens Enterprise Communication CAM S.A., cédula
jurídica 3-101-452245

     Análisis de la oferta:

       Mediante el oficio 9017-DP/32-07 de 23 de noviembre del año en
curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas recibidas, de la manera
siguiente:
      ―Con el ruego muy atento de que se proceda al estudio legal de la
oferta recibida, adjunto expediente administrativo de la Licitación
Abreviada Nº 2007LA-000113-PROV, denominada “Compra,
instalación y puesta en marcha de una central telefónica”.
      Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de la única oferta y qué defectos u omisiones serían
subsanables en caso de requerirse, seguidamente se detallan los aspectos
más relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto
de su revisión inicial:
   Oferta N°1 Siemens Enterprise Communications CAM S.A., C.J. N° 3-
101-452245:
a) No indica el horario de atención, tiempo de respuesta y mecanismo
para atender reportes de falla o averías.
b) No indica la fecha de lanzamiento al mercado del equipo.
c) Aporta copia sin certificar de la cédula de identidad de las personas
responsables de firmar la plica.
d) Aporta copia sin certificar de la personería jurídica en conjunto con
la de la naturaleza y propiedad de las acciones, no obstante, no indica los
nombres y apellidos de la Junta Directiva, sin embargo a folios 1 y 2 del
aparte Selección, el oferente remitió un fax con la certificación en la que
se denotan los miembros de dicha directiva, advirtiendo que a mas tardar
el 26 del mes en curso, haría llegar la certificación original.
e) No aporta la declaración jurada de no encontrarse afecto por las
incompatibilidades que indica el artículo 18 de la Ley 8422 ―Ley Contra
la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública‖.
      Consultado el Registro de proveedores con que cuenta esta
Proveeduría, se determinó que las cédulas se encuentran debidamente
                                     42

certificadas.
      En lo relativo al ajuste de la oferta a las especificaciones cartelarias,
se solicitó el estudio correspondiente a la Sección de Telemática del
Departamento de Tecnología de Información, instancia que desde el
campo de su competencia, emitirán el informe respectivo.‖

     Análisis legal:

      Mediante oficio N° 2184-DE/AL-07 recibido el 26 de noviembre
del año en curso, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal
de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la oferta
recibida, señaló:
      ―En respuesta al oficio #9017-DP/32-07 de 23 de noviembre en
curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa a. i. del
Subproceso de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el análisis
legal de la propuesta de SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS
CAM S. A., recibida en la Licitación Abreviada N°2007LA-000113-
PROV, cuyo objeto es la “Compra, instalación y puesta en marcha de
una central telefónica”; me permito referirle que por tratarse de un
procedimiento licitatorio en el que participa un único oferente, deben
aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a la
posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o documento omitidos
para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a los requerimientos
cartelarios.
      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante los
principios de eficacia y eficiencia por la falta de competencia, al no
concurrir más participantes; de ahí que es preciso mantener vigente el
procedimiento para procurar finalmente la adjudicación el (sic) negocio,
pues con ello se protegería la satisfacción del interés general y el
cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración, siempre y
cuando previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único
oferente y la razonabilidad del precio cotizado, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
      Por último, se reitera lo expresado por esta Dirección en la
resolución N°3711-07 de las 16:00 horas del 14 de noviembre en curso,
en cuanto a que los pliegos de condiciones deben expresar con claridad,
tanto en el título como en el objeto, el qué, para qué y dónde se realizará
la contratación, según corresponda.‖

     Análisis técnico:
     Mediante correo electrónico del 26 del mes en curso, el Lic. Michael
                                    43

Jiménez Ureña, Jefe a.i. de la Sección de Telemática del Departamento de
Tecnología de Información, preliminarmente indica:
      ―… es necesario que la empresa nos aclare algo importante, en el
cartel se solicita en el punto z) ―Debe incluirse la protección eléctrica
necesaria‖, sin embargo, pese a indicar en la página 5 de la oferta que
―Cumplimos, debe incluirse la protección eléctrica necesaria‖, en la oferta
económica de la página 33 indican como un opcional que ―Se ofrece la
protección de todas las troncales y extenciones (SIC) ofertadas por la
suma de mil setecientos veinte dolares (SIC) US Dólares con 00/100
($1720.00)‖
      Ante esto, es necesario saber cómo dentro de la oferta principal por
$14,530.00 darían cumplimiento a este punto z).‖
      Ante dicha solicitud, la casa comercial oferente, en nota recibida vía
fax el 28 de los corrientes, manifiesta:
      ―…De acuerdo al punto z) del cartel que indica:
      z) Debe incluirse la protección eléctrica necesaria.
      Les indicamos que la protección eléctrica necesaria se suple con la
de la central telefónica en nuestra oferta económica, como lo solicitan en
el cartel en el punto z, pero recomendamos una protección adicional que
se utiliza para las troncales y extensiones en forma opcional, por lo tanto
si el cliente lo quisiera adquirir tendría que sumar este valor al precio de
la central.‖
      Así las cosas, en oficio 925-DTI-2007, recibido el 29 de noviembre
último vía correo electrónico, el Lic. Jiménez Ureña, determinó:
      ―En atención al oficio Nº 9006-DP/32-2007, me permito informarle
que se analizó la oferta presentada por la casa comercial SIEMENS
Enterprise Communication CAM S.A.., esto para cumplir con lo
estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Abreviada Nº
2007LA-000113-PROV.
      La oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas
requeridas y el precio de la oferta se considera razonable dentro del rango
de precios existentes en el mercado para este tipo de productos y la
configuración solicitada.
      El precio de la oferta para una central con la configuración
solicitada asciende a $14.530,00, esto sin considerar el opcional de la
protección de las troncales y el presupuesto asignado inicialmente cubre
en su totalidad lo ofertado. En este sentido, le indico que se habían
reservado inicialmente para esta compra quince millones de colones, por
lo que le solicito se proceda con la compra de dos centrales en vez de
una. No omito indicar que una de ellas debe quedar debidamente
instalada, mientras que la otra, se reserva para una futura instalación.
                                    44

Adjunto el visto bueno de don Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,
donde autoriza a realizar la compra conforme lo manifestado.‖

      Prevenciones:
       De acuerdo con los criterios emitidos por la Asesoría Legal y la
Sección de Telemática del Departamento de Tecnología de Información,
se procedió a realizar las prevenciones respectivas a la empresa
participante, Siemens Enterprise Communication CAM S.A., la cual
atendió en tiempo y forma lo requerido.

      Razonabilidad del precio:
       Según determinó el Lic. Michael Jiménez Ureña, Jefe a.í. de la
Sección de Telemática del Departamento de Tecnología de Información,
en oficio 925-DTI-2007 del 29 de noviembre de 2007, ―…el precio de la
oferta se considera razonable dentro del rango de precios existentes en el
mercado para este tipo de productos y la configuración solicitada.‖

      Análisis y valoración:
       Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico
detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente a la
exposición, análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.
       Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de un único oferente.
       De conformidad con el criterio emitido por la Sección de Asesoría
Legal, la oferta presentada es susceptible de adjudicación. Por su parte, la
Sección de Telemática del Departamento de Tecnología de Información,
concluyó que desde el punto de vista técnico, la oferta también cumple
con los requerimientos cartelarios, y por ende es susceptible de ser
adjudicada.
       Respecto a los precios cotizados, el Departamento técnico
determinó que estos son razonables, en vista de encontrarse dentro del
rango de precios existentes en el mercado para este tipo de productos y la
configuración que se requiere para el equipo.
       Al tenor del análisis efectuado, se concluye que la oferente
Siemens Enterprise Communication CAM S.A. cumple con las
especificaciones técnicas y legales del pliego de condiciones, y que
analizado el sistema de evaluación propuesto en el cartel, se prescinde de
su aplicación puesto que carece de sentido al no existir competencia;
verificando que el oferente cuenta con los requisitos mínimos requeridos
y que el precio es razonable.
                                           45

            Recomendación
              Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
       presupuestarios, mediante solicitud de pedido N° 270859, se tiene un
       monto de ¢14.896.585,00, con cargo a la subpartida 5.01.03 ―Equipo de
       comunicación‖, programa 926, IP = 31, mediante la cual se separaron los
       recursos a efecto de atender las obligaciones que se deriven de esta
       contratación, se recomienda adjudicar la presente licitación de la siguiente
       manera:
            A: Siemens Enterprise Communication CAM S.A., cédula
       jurídica 3-101-452245:
             Línea única:
             a)            Suministro, instalación y puesta en marcha de una
       central telefónica Hipath 3800, con un precio de $14.530,00 para ser
       ubicada en el edificio de la sede del Tribunal Contencioso
       Administrativo, en Calle Blancos, San José (antiguo edificio de la
       Motorola).
             b)            Suministro de una central telefónica Hipath 3800, con
       un precio de $12.940,00
             Plazo de entrega: 30 días naturales para la entrega, instalación,
       configuración y puesta en funcionamiento de la central telefónica,
       después de recibido el pedido (por medio de fax, correo electrónico o en
       forma personal, lo que ocurra primero).
             Garantía: 24 meses contra defectos de fabricación.
            Demás características y condiciones según cartel y oferta.
                TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR $27.470,00
             (Equivalentes a ¢13.800.378,60, según el tipo de cambio de
                             1US$=¢502,38 del 29/11/07)”
                                          -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 37 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada

N° 2007LA-000113-PROV, denominada ―Compra, instalación y puesta en marcha
                                          46

de una central telefónica‖, según el siguiente detalle:

     A: Siemens Enterprise Communication CAM S.A., cédula jurídica Nº 3-101-

452245:

     Línea única:

     a) Suministro, instalación y puesta en marcha de una central telefónica Hipath

3800, con un precio de $14.530,00 para ser ubicada en el edificio de la sede del

Tribunal Contencioso Administrativo, en Calle Blancos, San José (antiguo edificio

de la Motorola).

     b) Suministro de una central telefónica Hipath 3800, con un precio de

$12.940,00

     Plazo de entrega:    30   días   naturales    para   la   entrega,   instalación,

configuración y puesta en funcionamiento de la central telefónica, después de

recibido el pedido (por medio de fax, correo electrónico o en forma personal, lo

que ocurra primero).

     Garantía:      24 meses contra defectos de fabricación.

     Demás características y condiciones según cartel y oferta.

                         TOTAL ADJUDICADO $27.470,00

  (Equivalentes a ¢13.800.378,60, según el tipo de cambio de 1US$=¢502,38 del

                                      29/11/07)
                                         47

      Demás características, términos y condiciones según cartel y oferta.


      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.


NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS

                                  ARTÍCULO IX

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 35-00 celebrada

el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados como jueces

a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las fechas que se dirán:

1- En el Juzgado de Trabajo de Puntarenas


 El 5 de diciembre a:

Licda. Derling Talavera Polanco

2- En el Juzgado Civil Mayor Cuantía del II Circuito Judicial de San José,

Goicoechea


 El 6 de diciembre a:

Licda. Tatiana Brenes Arias

3- En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela


 El 7 de diciembre a:
                                      48

Lic. Willy Fernández Muñoz

4- En el Juzgado de Familia de Puntarenas

 El 12 de diciembre a:

Lic. Willy Fernández Muñoz

El 13 de diciembre a:

Licda Ericka Robleto Artola


El 17 de diciembre a:

Licda. Tatiana Brenes Arias

Licda. Lidia Morales Díaz

Licda. Valeska von Koller Fournier

Lic. Willy Fernández Muñoz

Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera. Se declara acuerdo firme.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                ARTÍCULO X

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 4925 de 28 de noviembre último, comunica que

ese Tribunal, al resolver la queja N° 1068-06-M, impuso al licenciado Andrés

Hernández Quesada, Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, la
                                         49

corrección disciplinaria de advertencia, la cual quedó firme a partir del 21 de ese

mes, por incumplir la circular N° 112-06 que obliga a los jueces suplentes a rendir

un informe de labores al finalizar un nombramiento, falta que se calificó como

leve.

        Se adjunta copia de la resolución N° 920-2007.

        Se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento de Personal

para que quede constando en el expediente personal del licenciado Hernández

Quesada.

        El licenciado Barrantes Ramírez se abstiene de votar. Se declara este

acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XI

        I.- Conoce este Consejo la apelación presentada por la licenciada Francini

Cortés Segura, Defensora Pública del encausado Carlos Cartín Villalta, Auxiliar

Administrativo de la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial de San

José, interpuesta contra la resolución dictada por el Tribunal de la Inspección

Judicial número 664-2007 de las 10 horas 55 minutos del 6 de julio del 2007, la

cual declaró con lugar la queja disciplinaria seguida en contra del servidor, calificó

la falta como grave y le impuso la sanción de un mes de suspensión sin goce de

salario.
                                         50

      II.- Los hechos por los cuales se sancionó al señor Cartín Villalta son que el

19 de octubre del 2006 no se presentó a laborar en la primera audiencia, no

obstante firmó el registro de asistencia como si hubiese ingresado a laborar a las

7:36 a.m.

      III.- A solicitud del servidor encausado se pronunció la Comisión de

Relaciones Laborales, Órgano que por resolución 21-2007 de las 8 horas 30

minutos del 28 de octubre del 2007 recomendó archivar la causa aplicando el

principio pro operario, por considerar que no se pudo demostrar que el señor

Cartín Villalta consignara una falsedad en el libro de asistencia, y que no asistió a

laborar el día que se le acusa.

      IV.- La defensora pública del encausado Licda. Francini Cortés Segura

fundamenta el recurso de apelación en los siguientes motivos: 1) Falta de

fundamentación de la sentencia.          Estima que el Tribunal no fundamenta

debidamente el fallo, pues sustenta la decisión en que su defendido no contestó la

audiencia del traslado de cargos, ni ofreció prueba de descargo, cuando la carga de

la prueba recae sobre la autoridad que acusa, por lo que, al no existir pruebas

contundentes el Tribunal no debió sancionarlo, sino archivar las diligencias, por no

existir la certeza requerida para un fallo sancionatorio. 2) Desproporcionalidad de

la sanción impuesta. Alega la defensa que la sanción impuesta es desproporcional
                                         51

y fuera del marco legal, de conformidad con los artículos 193 y 195 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, pues el hecho probado de abandono del trabajo por

una audiencia constituye una falta leve, y por tanto debió sancionarse con

advertencia o amonestación escrita.

      V.- Analizado el presente asunto a la luz de los alegatos expuestos y la

prueba que resulta de los autos, se concluye que no lleva razón la defensa, por

cuanto la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada. El

Tribunal tiene por probado el hecho imputado con base en prueba testimonial y

documental que es muy clara y no deja ninguna duda de lo acontecido. En efecto el

día 19 de octubre del 2006 don Carlos no se presentó a trabajar durante la primera

audiencia y así lo hizo saber su jefe inmediato a la señora administradora del II

Circuito Judicial de San José mediante una comunicación electrónica al día

siguiente, sin embargo firmó el registro de asistencia como si hubiese asistido, lo

cual se comprueba con la copia de ese documento, que no ha sido argüido de falso.

Por lo anterior sí resulta válido indicar que el encausado no desvirtuó la prueba que

acredita su responsabilidad en los hechos, además de que no existe ninguna

circunstancia que haga dudar de la declaración del señor Rafael Alberto Cedeño,

rendida en calidad de jefe inmediato del servidor Cartín Villalta, quien fue claro

tanto en el correo electrónico que consta a folio 2, como en su declaración de folio
                                         52

19, en afirmar que el encausado no se presentó a laborar en la audiencia de la

mañana, sino hasta el medio día. No encuentra este Consejo ninguna duda que

favorezca al servidor sancionado, por el contrario, se acredita, no solo el hecho de

su ausencia al trabajo de forma injustificada, sino la alteración al registro de

asistencia, que resulta ser un hecho más grave, pues denota una actitud muy

reprochable del servidor, quien debió asumir las consecuencias de su ausencia, y

no pretender encubrir el hecho consignando una falsedad. Por lo anterior no es de

recibo el alegato de la defensa referido a la falta de fundamentación del acto

administrativo dictado por el Tribunal de la Inspección Judicial. En cuanto a la

proporcionalidad de la sanción, el razonamiento de la defensora es equivocado, ya

que al señor Cartín Villalta, no solo se le reprocha su ausencia al trabajo por una

audiencia, sino la consignación de un dato falso en el registro de asistencia, de ahí

que no estamos ante una falta leve sino grave, que debe ser sancionada de forma

estricta, pues compromete los principios éticos que rigen la función judicial. Ya

este Consejo lo ha indicado en otros casos, pero debe reiterarse que los servidores

judiciales debemos ajustar nuestras acciones a los valores de          honestidad y

responsabilidad, entre otros, por lo que don Carlos no debió firmar el registro, si

no se había presentado a trabajar, su obligación era afrontar la consecuencia de su

acción y no pretender inducir a error a sus jefes inmediatos, y además poner entre
                                          53

dicho ante el Tribunal de la Inspección Judicial la palabra de su jefe inmediato. Por

las razones expuestas este Órgano estima ajustada y proporcional la sanción

impuesta respecto a la falta cometida.

      Con base en lo expuesto, se acordó: 1) Confirmar la resolución recurrida en

todos sus extremos. 2) La Administración del II Circuito Judicial de San José

definirá la fecha en que el servidor Carlos Cartín Villalta cumplirá la sanción

impuesta. 3) El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El licenciado Barrantes Ramírez se abstiene de votar.

PERMISOS
                                  ARTÍCULO XII

      En sesión N° 82-07 del 1° de noviembre de este año, artículo XXI, se tomó

el siguiente acuerdo:

             ―En sesión Nº 100-05 celebrada el 20 de diciembre de 2005,
       artículos XXII y XXIII, se prorrogó el permiso con goce de salario
       concedido a los servidores Rocío Picado Vargas, Profesional 2 de la
       Sección de Proyección Institucional, Rodrigo Chaves Calvo, Profesional
       1 del Departamento de Proveeduría y Melvin Obando Villalobos, Auxiliar
       Administrativo 2 de la Dirección Ejecutiva, para que del 1º de enero al 31
       de diciembre de 2006, para que continuaran sus funciones de
       Contratación Directa, elaboración de cronogramas y apoyo al área de
       Contrataciones, Control, Monitoreo y Ejecución de Proyectos en la
       Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-BID.
             Posteriormente, en la verificada N° 91-06 celebrada el 30 de
       noviembre de 2006, se concedió nuevamente permiso con goce de salario
       y sustitución a los servidores Chaves Calvo, Obando Villalobos y Picado
       Vargas, del 1º de enero al 31 de diciembre del 2007, para que continuaran
       colaborando en la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-Bid.
             El licenciado Alfredo Jones León, las máster Marta Asch Corrales y
                                          54

       Ana Eugenia Romero Jenkins y la licenciada Sonia Navarro Solano, por
       su orden, Director Ejecutivo, Jefas de los Departamentos de Planificación
       y Proveeduría y Directora del Programa Poder Judicial-BID, en oficio N°
       PJ-BID-842-07 de 22 de octubre último, solicitan prorrogar el permiso
       con goce de salario y sustitución para el año 2008, (del 1º de enero al 31
       de noviembre de 2008) concedido a los servidores Picado Vargas, Chaves
       Calvo y Obando Villalobos, para que, continúen sus funciones de
       Contratación Directa, elaboración de cronogramas y apoyo al área de
       Contrataciones, Control, Monitoreo y Ejecución de Proyectos,
       respectivamente.
            Se acordó: Tener por presentada la gestión anterior y reservar su
       conocimiento hasta tanto la Asamblea Legislativa apruebe el Presupuesto
       del Poder Judicial del 2008.
            La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo.‖
                                         -0-

      Con relación a lo anterior, informa la licenciada Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General, que el Presupuesto del Poder Judicial del 2008 ya fue aprobado

por la Asamblea Legislativa, quedando pendiente únicamente su publicación en el

Diario Oficial La Gaceta.

      Se dispuso: 1) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada Navarro

Romanini. 2) Conforme a los términos establecidos en el Convenio Corte-Bid,

sobre la colaboración que debe brindar el Poder Judicial como contraparte y con el

fin de cumplir con esa obligación, acoger la solicitud de mérito y prorrogar el

permiso con goce de salario y sustitución a los servidores Chaves Calvo, Obando

Villalobos y Picado Vargas, del 1º de enero al 30 de noviembre del 2008, para que

colaboren en la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-Bid.

      El Departamento de Personal y los despachos involucrados tomarán nota
                                          55

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XIII

      En oficio N° 2000-PLA-2007 de 26 de noviembre último, la máster Marta

Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, comunica lo siguiente:

            ―El Ministerio de Justicia, a través de la funcionaria Lilliana Rivera
       Quesada, Asesora de la señora Ministra de Justicia, solicitó con carácter
       urgente la designación de un servidor del Departamento de Planificación
       para que asistiera al ―Encuentro de Expertos sobre Sistema de Estadística
       con Indicadores Armonizados del Sector Justicia en Iberoamérica‖ a
       celebrarse en Madrid, España, los días 12 y 13 de diciembre próximo.

             Dada la urgencia, conversé con el Dr. Luis Paulino Mora, Presidente
       de la Corte, quien no tuvo objeción al respecto, por lo que designé al Lic.
       Freddy Chavarría Chaves, Profesional 2 de la Sección de Estadística para
       que participara, en el tanto él preparó una información que fue remitida a
       los organizadores. No obstante, dado que don Freddy deberá irse el 11 y
       regresar el 14 de noviembre (sic), solicito se le conceda el permiso con
       goce de salario durante ese período.

             Adjunto copia de la carta enviada por el Sr. Víctor Moreno Catena,
       Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los
       Países Iberoamericanos, donde además indica que la organización del
       evento cubrirá el coste del pasaje aéreo hasta Madrid en clase económica
       y retorno a su punto de origen, y los gastos de alojamiento y manutención
       desde el día 11 por la tarde/noche hasta el día 14 por la mañana.‖
                                          -0-

      Asimismo, la máster Asch Corrales, en su expresado carácter, con oficio N°

2019-PLA-2007 de 3 de diciembre de este año, manifestó:

            “En adición al oficio 2000-PLA-2007, donde se solicitó permiso
       para que Lic. Freddy Chavarría Chaves, Profesional 2 de la Sección de
       Estadística participe en el ―Encuentro de Expertos sobre Sistema de
       Estadística con Indicadores Armonizados del Sector Justicia en
       Iberoamérica‖, a celebrarse en Madrid, España, los días 12 y 13 de
                                            56

        diciembre próximo, se solicitó el permiso del 11 al 14 de diciembre; no
        obstante, por razones de itinerario, sería a partir del 10 de diciembre y no
        del 11 como se indicó en el oficio anterior.‖
                                           -0-

      Por su parte el licenciado Freddy Chavarría Chaves, Profesional 2 de la

Sección de Estadística del Departamento de Planificación, en correo electrónico

recibido el 3 de este mes, solicitó lo siguiente:

              “De acuerdo con los oficios 2000-PLA-2007 y 2019-PLA-2007, en
        donde se solicita se me otorgue permiso con goce de salario, con motivo
        del ―Encuentro de Expertos sobre Sistema de Estadística con Indicadores
        Armonizados del Sector Justicia en Iberoamérica‖, a celebrarse en
        Madrid, España, acudo a ustedes de la manera más respetuosa para que
        consideren, aparte de esta solicitud, me sea otorgada una ayuda
        económica (diferencia de viáticos), con lo cuales cubriré entre otras cosas
        los impuestos de Salida.‖
                                           -0-
      Se acordó: Acoger las solicitudes anteriores, en consecuencia: 1.) Conceder

permiso con goce de salario al licenciado Chavarría Chaves del 10 al 14 de

diciembre del año en curso, para que atienda invitación del Ministerio de Justicia y

participe en el ―Encuentro de Expertos sobre Sistema de Estadística con

Indicadores Armonizados del Sector Justicia en Iberoamérica‖, que se llevará a

cabo en Madrid, España. Es entendido que los gastos de traslado, alojamiento y

alimentación correrán por cuenta de la entidad que invita. 2.) Autorizar el pago de

la diferencia de viáticos respectivos para don Freddy. 3.) La Secretaría General de

la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de servicio.
                                          57

      Los Departamentos de Planificación, Personal y Financiero Contable,

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XIV

      La licenciada Adriana Campos Miranda, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado

Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en nota recibida el 13

de noviembre último, gestiona lo siguiente:

             ―Por este medio les solicito se me prorrogue por un período de seis
       meses más, el permiso sin goce de salario que en junio de este año solicité
       al licenciado Marco Vinicio Lizano Oviedo, Juez Coordinador, del
       Juzgado Civil y de Trabajo de San Carlos. Lo anterior en virtud de que
       soy funcionaria del Poder Judicial, me desempeño en el puesto de
       Auxiliar Judicial 2 en esa Institución, propiamente en el Juzgado Civil y
       Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, pero
       desde finales de junio de ese año, me encuentro laborando para la Caja
       Costarricense del Seguro Social, como Asesora Legal de la Dirección del
       Hospital de Los Chiles y se me prorrogó por un período de seis meses
       mas dicho nombramiento.‖
                                          -0-

      Al respecto, el licenciado Marco Vinicio Lizano Oviedo, Juez Coordinador

del Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en

correo electrónico de 14 del mes pasado, manifiesta lo siguiente:

             ―… respecto al permiso sin goce de salario solicitado a ustedes por
       la auxiliar de este Despacho señora ADRIANA CAMPOS MIRANDA
       cédula Nº 2-512-813, me permito manifestar que no tengo objeción
       alguna en que se le conceda tal permiso.
             Dado que la Licda. Campos Miranda no indicó el período concreto,
       refiriéndose únicamente a una extensión por seis meses, debo indicar que
       a dicha auxiliar se le concedió por esta coordinación un permiso sin goce
       de salario por un período de seis meses comprendido entre el 18 de junio
                                            58

          al 18 de diciembre ambos del 2007, esto para laborar en otra institución
          del Estado.‖
                                           -0-

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Prorrogar hasta por seis meses más, a partir del 19 de

diciembre en curso, el permiso sin goce de salario otorgado a la licenciada Campos

Miranda, para los fines anteriormente señalados.

      El Departamento de Personal y el Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo

Circuito Judicial de Alajuela tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XV

      Mediante circular Nº 122-2007 de 22 de noviembre último, la Secretaría

General de la Corte, hizo de conocimiento de los despachos judiciales del país, el

acuerdo tomado por este Consejo en sesión N° 83-07, celebrada el 6 de ese mes,

artículo LXIV, en que dispuso comunicar que el plazo establecido por el

Departamento de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para

la tramitación de los pasaportes diplomáticos y de servicios es de 6 días hábiles

para la tramitación de pasaportes nuevos y 3 días hábiles para solicitar la visa de

salida.

      El licenciado Francisco Dall‘Anese Ruiz, Fiscal General de la República, en
                                          59

oficio N° FGR-1936-2007 de 26 de noviembre último, presenta la siguiente

gestión:

            ―Se me ha convocado a reunión del Consejo de Fiscales Generales
       de Centroamérica, que tendrá lugar en El Salvador el 07 de diciembre del
       2007.

             Es por lo anteriormente expuesto que, solicito permiso con goce de
       salario, para los días 06 y 07 de diciembre del 2007, así como el pago de
       tiquetes aéreos y viáticos.

             De la misma forma, solicito el pago de tiquete aéreo y viáticos para
       la fiscala Andrea Murillo Fallas, coordinadora de la Oficina de Apoyo
       Técnico y relaciones Internacionales, oficina que se encuentra al frente de
       la Secretaria Técnica del Consejo de Ministerios Públicos
       Centroamericanos.

            Llámese a la Fiscala Subrrogante señora Patricia Cordero Vargas,
       para que sustituya por los dos días indicados al Fiscal General.

            Anexo encontrarán certificación de contenido presupuestario por
       concepto de tiquete aéreo y viáticos.‖

                                          -0-

      Asimismo, se adjuntan separaciones de contenido presupuestario N° 10177 y

10178 de Sistema de Presupuesto Judicial del Departamento Financiero Contable,

por un monto de ¢375.000.00 (trescientos setenta y cinco mil colones exactos) y

¢365.000.00 (trescientos sesenta y cinco mil colones exactos), para cubrir el pago

de viáticos y tiquete aéreo, respectivamente, de la licenciada Andrea Murillo Fallas

y del licenciado Francisco Dall‘Anese Ruiz con cargo al Programa 929.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1) Conceder
                                          60

permiso con goce de salario, al licenciado Dall´Anese Ruiz y a la licenciada

Murillo Fallas, para que el 6 y 7 de diciembre en curso, asistan a la reunión del

Consejo de Fiscales Generales de Centroamérica, que tendrá lugar en El Salvador.

2) Autorizar el gasto para el pago de tiquetes aéreos por un monto estimado de

¢365.000,00 (trescientos sesenta y cinco mil colones exactos) y para el pago de

viáticos en el exterior por un monto estimado de ¢375.000,00 (trescientos setenta y

cinco mil colones exactos), con cargo al Programa 929 del Ministerio Público. 3)

Designar a la Fiscal General Subrogante, licenciada Patricia Cordero Vargas, para

que asuma el cargo de Fiscal General por las fechas indicadas.

      El Ministerio Público y los Departamentos de Personal, Financiero Contable

y de Proveeduría, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara

firme este acuerdo.

                                  ARTÍCULO XVI

      En oficio N° ACOJUD 30-2007, de 26 de noviembre recién pasado, el

licenciado Abel Jiménez Obando, en carácter de Presidente de la Asociación

Costarricense de la Judicatura, solicita lo siguiente:

             ―…me  permito informar que la Junta Directiva de la Acojud en
       Sesión celebrada el pasado jueves 15 de noviembre acordó realizar gira
       para fundar la Filial de Turrialba. Por lo anterior respetuosamente
       solicitamos conceder permiso con goce de salario y sin sustitución para el
       día miércoles 12 de diciembre a los señores miembros de la Directiva
       Nacional: Adriana Orocú Chavarría, Abel Jiménez Obando, Froylán
                                          61

       Alvarado Zelada y Alejandro Araya Rojas en su calidad de integrante del
       Tribunal Electoral de la Acojud, quienes tendrán a su cargo la creación de
       la nueva Filial de nuestra organización.‖
                                         -0-

      Se acordó: 1.) Acoger la gestión anterior y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, por el día 12 de diciembre en curso, a los licenciados

Jiménez Obando, Orocú Chavarría, Araya Rojas y Alvarado Zelada, a efectos de

que se dediquen a desarrollar la actividad que se da cuenta. Lo anterior en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, lo

cual implica que quienes asistan deberán dar prioridad a la atención de los asuntos

urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial, por lo que en caso de

tener diligencias programadas el funcionario deberá abstenerse de participar, a fin

de no efectuar alteración alguna en el señalamiento hecho. 2.) El Departamento de

Personal llevará el control del tiempo que invertirán dichos servidores, en

ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión del 1° de noviembre de

1993, artículo LVIII y acuerdo de este Consejo en sesión Nº 40-05 celebrada el 26

de mayo del 2005, artículo XL, con respecto a las licencias que en casos como el

presente se otorga a las asociaciones gremiales del Poder Judicial.

      La Asociación Costarricense de la Judicatura y el Departamento de Personal,

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XVII
                                           62

      Con oficio N° 340-UCS-MP-2007 de 27 de noviembre recién pasado, la

licenciada Yadira Brizuela Guadamuz, Profesional en Derecho 2 de la Unidad de

Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, solicita lo siguiente:

             ―Como parte de las actividades programadas por la Unidad de
       Capacitación y Supervisión, en conjunto con la Oficina de Atención a la
       Victima, en este año se realizará un foro de discusión nacional sobre el
       tema ―El delito de trata de personas: una expresión del crimen
       organizado‖. La actividad se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2007,
       con un horario de 8:30 a.m. a 16:30 p.m., en el Auditorio Miguel Blanco,
       Edificio O.I.J.
             Por tanto, solicito permiso con goce de salario y pago de viáticos
       para los funcionarios y las funcionarias judiciales que deseen asistir a esta
       actividad.‖
                                           -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a la Unidad

de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, remitir un listado de los

funcionarios y funcionarias que van a asistir a la actividad de referencia.

                                 ARTÍCULO XVIII

      La máster María Elena Gómez Cortés, Coordinadora de la Comisión

permanente para el seguimiento y prevención de la Violencia Doméstica del Poder

Judicial, en oficio N° 048-CVI-2007 de 28 de noviembre último, comunica:

              “Como parte de las funciones específicas dadas por Corte Plena a
       la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención
       de la Violencia Intrafamiliar en el Poder Judicial, se encuentra el
       seguimiento a la aplicación de la ley con visitas a los Juzgados de
       Violencia Doméstica y Juzgados Contravencionales del país, e incluida en
       el Plan de Trabajo del presente año.
                                           63

              Estas visitas son de suma importancia pues de las observaciones y
       sugerencias de los propios funcionarios se nutre el trabajo que realizamos
       en la Comisión, partiendo de la realidad a nivel nacional de la forma
       como se está aplicando la Ley contra la Violencia Doméstica. Además, es
       un medio que nos facilita la capacitación in situ de los funcionarios y dar
       respuesta a muchas consultas e inquietudes sobre la aplicación de la
       citada normativa que obviamente viene a incidir en el mejoramiento del
       servicio que se brinda a los usuarios a nivel nacional en esta materia.

             Por lo anterior, solicito respetuosamente al Consejo Superior, el
       permiso con goce de salario y sustitución para la suscrita, quien labora en
       el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, para visitar
       el Juzgado de Violencia Doméstica de Puntarenas el próximo 10 de
       diciembre. La licenciada Miriam Anchía Paniagua, me acompañará a la
       visita.”
                                          -0-

      Se acordó: 1) Conceder permiso con goce de salario y sustitución a la

máster Gómez Cortés, Jueza del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de

San José, para que el 10 de diciembre en curso visite el Juzgado de Violencia

Doméstica de Puntarenas. 2) Tomar nota de que la licenciada Anchía Paniagua,

Integrante del Consejo, acompañará a la citada funcionaria en la gira indicada.

      El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, y el

Departamento de Personal tomarán nota para lo que cada uno corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                                  ARTÍCULO XIX

      En sesión N° 90-07 celebrada el 29 de noviembre último, artículo LIV, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:
                                  64

      ―En sesión N° 86-07 celebrada el 15 de noviembre en curso, artículo
XX, se concedió permiso con goce de salario, a los servidores de la lista
transcrita en dicho acuerdo para que asistieran al ―Seminario
Latinoamericano sobre Oralidad en los procedimientos que organiza el
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)‖, a realizarse el 6
y 7 de diciembre próximo. Lo anterior en el entendido de que no se afecte
sustancialmente el servicio público a cargo de los que se autorizó que
asistieran, lo cual implica que en caso de que tengan diligencias
programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización
y deberá atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente
suspenderá su participación para atenderlo.
        En sesión N° 88-07 del 22 de noviembre en curso, artículo XX, se
trasladó la solicitud de la licenciada Patricia Eugenia Cedeño Leitón,
Jueza Contravencional de Grecia y del licenciado José Luis Calderón
Flores, Director del Despacho del Presidente, a la Comisión de Oralidad,
a fin de que defina cuales servidores judiciales incluidos en la lista
transcrita en ese acuerdo, estiman su asistencia al citado seminario, a
realizarse el 6 y 7 de diciembre próximo.
        El licenciado Calderón Flores, en su citada condición, con oficio
N° 1817-07 de 25 de noviembre en curso, manifestó:
―Como complemento al oficio N° DP 1795-07 del 19-11-07, mediante
el cual se sometió a consideración del Consejo Superior la lista de los
funcionarios judiciales inscritos en el Seminario que convocó CEJA,
titulado ―Seminario Latinoamericano sobre la oralidad en los
procedimientos‖, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre a nuestro
país, me permito remitir la lista oficial y definitiva de las personas
inscritas en la actividad, sumando un total de 212 participantes, de los
cuales 107 son funcionarios judiciales a los cuales el Consejo Superior
debe conceder permiso con goce de salario sin sustitución, siempre y
cuando el servicio público lo permita. Para facilitar su ubicación se han
marcado con color amarillo.‖
                                  -0-
                                                                      NOMINA DE INSCRITOS

                                          "SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE LA ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS"
                                                        SAN JOSE DE COSTA RICA, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2007


     APELLIDOS                NOMBRES         CIUDAD               PAIS                       EMAIL                                       INSTITUCIÓN
ACHI MADRIGAL         JAIME ANTONIO            TIBAS            COSTA RICA     jachi@poder-judicial.go.cr        ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PODE
AGUIERO GAMBOA        CHRISTIAN GUSTAVO      SAN JOSE           COSTA RICA     ue_dclv@poder-judicial.go.cr      ASISTENTE DEL PODER JUDICIAL
AGUILERA TORRES       MAYRA LIZETH          CHOLUTECA           HONDURAS       mayra_aguilera0901@yahoo.es       JUEZA DE SENTENCIA DE LA CORTE SU
AGUILLAR VILLARREAL   LUIS ANTONIO           SAN JOSE           COSTA RICA     laguilarv@poder-judicial.go.cr    PERITO JUDICIAL O.I.J.
ALAVE LAURA           WILLIAM EDUARD          SUCRE               BOLIVIA      walave@hotmail.com                FISCAL DE RECURSOS FISCALIA GENER
ALBERCA GUARDERAS     SANDRA                   LIMA                PERU        sandraac17@yahoo.es               FISCAL ADJUNTA DEL MINISTERIO PUB
ALBERCA POZO          GERARDO                  LIMA                PERU        gerardoalberca@yahoo.es           VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE LIM
                                                                                                                 FISCAL ADJUNTO SUPERIOR TITULAR D
ALMANZA ALTAMIRANO    FRANK ROBERT             LIMA                PERU        franko_roberto@hotmail.com        PUBLICO
ALPIZAR LOPEZ         MARLENE                SAN JOSE           COSTA RICA     malpizar@poder-judicial.go.cr     ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PODE
ALVARADO LUIS         DOMINGO               CAJAMARCA              PERU        daluis14@gmail.com                FISCAL ADJUNTO PENAL - MINISTERIO
ALVARADO ROLDAN       MYRNA                  SAN PEDRO          COSTA RICA     myrnaar@pgr.go.cr                 ABOGADA PROCURADURIA GENERAL D
ALVAREZ RIVERA        FELIX               SANTO DOMINGO       R. DOMINICANA    alvarez2166@yahoo.com             PROCURADOR GENERAL DE PUERTO P
AMBROCIO BARRIOS      FLORENCIO                LIMA                PERU        fambrocio@mpfn.gob.pe             FISCAL PROVINCIAL DEL MINISTERIO P
ANDJUJAR SANCHE       TEOFILO              STO. DOMINGO       R. DOMINICANA    teofiloandujar@hotmail.com        JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SUPREM
APU HIDALGO           ANA KATARINA           HEREDIA            COSTA RICA     apuha@hacienda.go.cr              ABOGADA DIRECCION GENERAL DE AD
ARAGON CAMBRONERO     LISETTE YAZMIN         SAN JOSE           COSTA RICA     jaragon@poder-judicial.go.cr      JUEZA CONTENCIOSA ADMINISTRATIV
ARANA PUENTE          EMILIO                 SAN JOSE           COSTA RICA     puentearana@yahoo.com             ABOGADO LITIGANTE
ARAYA GONZALEZ        JUAN CARLOS            ALAJUELA           COSTA RICA     arayagj@hacienda.go.cr            ABOGADO DE LA DIRECCION GENERAL
ARAYA ROJAS           ALEJANDRO ALBERTO      LA UNION           COSTA RICA     aaraya@poder-judicial.go.cr       JUEZ SUPERIOR CIVIL DEL PODER JUDI
ARAYA VEGA            ALFREDO                SAN JOSE           COSTA RICA     alfre.cr@gmail.com                FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO
ARIAS ALVARADO        RODOLFO                MORAVIA            COSTA RICA     rarias@poder-judicial.go.cr       JUEZ DEL PODER JUDICIAL
ARIAS BOLAÑOS         FREDDY ANDRES          SAN JOSE           COSTA RICA     freddy-andres@hotmail.com         ABOGADO LITIGANTE
ARIAS MADRIGAL        DORIS MARIA            HEREDIA            COSTA RICA     dariasm@poder-judicial.co.cr      JUEZ 4 PENAL, PODER JUDICIAL DE CO
                                                                                                                 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICAC
ASCH CORRALES         MARTA EUGENIA          SAN JOSE           COSTA RICA     masch@poder-judicial.go.cr        DE COSTA RICA
AZOFEIFA CORRALES     GINNETTE             PUERTO LIMON         COSTA RICA     azofeifacg@hacienda.go.cr         ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
BAIZ VILLAFRANCA      REINA ALEJANDRA        CARACAS            VENEZUELA      reinabaiz@yahoo.es                ABOGADA
BALTODANO PAZOS       MARGARITA MARIA       SANTA CRUZ          COSTA RICA     mbaltodano@Poder-Judicial.go.cr   JUEZ PENAL DE SANTA CRUZ -PODER J
BARRIENTOS AGUIRRE    JOSE EDUARDO         SAN SALVADOR        EL SALVADOR     jebarrientos@gmail.com            ABOGADO Y NOTARIO
                                                           66
BENAVIDES ARGUELLO    MARIA TERESA          HEREDIA         COSTA RICA     mbenavidez@poder-judicial.go.cr     ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PODE
BENAVIDES SANTOS      DIEGO FRANCISCO       SAN JOSE        COSTA RICA     dbenavides@Poder-Judicial.go.cr     JUEZ DE TRIBUNAL DE FAMILIA DE CO
BLANCO-URIBE
QUINTERO              ALBERTO               CARACAS         VENEZUELA      alberblancouribe@cantv.net          ABOGADO
BRENES VARGAS         JUAN CARLOS             TIBAS         COSTA RICA     jbrenvar@poder-judicial.go.cr       JUEZ DEL TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL D
CABEZA MENDEZ         LUIS FELIPE             LIMA               PERU      Icabezam@cal.org.pe                 ABOGADO DE UN ESTUDIO JURIDICO
CALDERON BARRERA      ANABELL               ALAJUELA        COSTA RICA     calderonba@hacienda.go.cr           ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                               ABOGADO DEL MINISTERIO DEL TRABA
CALVO MORA            CYNTHIA               HEREDIA         COSTA RICA     ccalvo@ministrabajo.go.cr           SOCIAL
CALVO SOLANO          SILVIA ELENA          HEREDIA         COSTA RICA     scalvos@poder-judicial.go.cr        ASESORA JURIDICA, PODER JUDICIAL
CAMACHO PERALTA       WILSON             SANTO DOMINGO     R. DOMINICANA   Wilcam-007@hotmail.com              FISCAL ADJUNTO
CAMBRONERO TORRES     ANDREI                SAN JOSE        COSTA RICA     alt2516@gmail.com                   ESTUDIANTE DE DERECHO
CAMPOS MARIN          KATHYA                SAN JOSE        COSTA RICA     kcamposm@poder-judicial.go.cr       JUEZA DEL PODER JUDICIAL
CAMPOS RUIZ           GABRIELA              HEREDIA         COSTA RICA     gcamposr@poder-judicial.go.cr       JUEZ CIVIL
CARMIOL ULLOA         ROBERTO               SAN JOSE        COSTA RICA     robertocarmiol@yahoo.es             JUEZ DEL PODER JUDICIAL
                                                                                                               JUEZA CONTENCIOSA ADMINISTRATIV
CARMONA CASTRO        SIRIA                 SAN JOSE        COSTA RICA     scarmona@poder-judicial.go.cr       HACIENDA
CARRASCO GABRIEL      MARIA EUGENIA           LIMA               PERU      mecarrasco@mpfn.gob.pe              FISCAL ADJUNTA SUPERIOR DEL MINIS
CASASOLA HERNANDEZ    JOSE ALBERTO          CARTAGO         COSTA RICA     casasolahj@hacienda.go.cr           ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
CASCANTE CARMONA      CINDY                 HEREDIA         COSTA RICA     ccc-07@hotmail.com                  ABOGADO LITIGANTE
CASTILLO SERRANO      VINICIO               GOLFITO         COSTA RICA     vcastillos@poder_judicial.go.cr     JUEZ 4 JUEZ DE JUICIO DEL PODER JUD
CASTRO GARCIA         MARIA ROSA            CARTAGO         COSTA RICA     mcastrog@poder-judicial.go.cr       JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
CEDEÑO LEITON         PATRICIA EUGENIA      ALAJUELA        COSTA RICA     pcedenol@poder-judial.go.cr         JUEZ DEL PODER JUDICIAL
CESPEDES CHINCHILLA   GUSTAVO               SAN JOSE        COSTA RICA     gcespedes@poder-judicial.go.cr      GESTOR DE CAPACITACION DE LA ESC
                      CATHERINE
CHANG CARIAS          YAMILETH            TEGUCIGALPA       HONDURAS       cchang@poderjudicial.gob.hn         JUEZA DEL PODER JUDICIAL
CHAVARRIA MUÑOZ       MADELYN             PUERTO LIMON      COSTA RICA     chavarriamm@hacienda.go.cr          ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                               LETRADO DE LA SALA PRIMERA DE LA
CHAVES VILLALOBOS     JUAN MANUEL           SAN JOSE        COSTA RICA     jcvillalobos@poder-judicial.go.cr   JUSTICIA
                                          STA. ROSA DE
CHINCHILLA BANEGAS    OSCAR FERNANDO         COPAN          HONDURAS       ochinchilla@poderjudicial.gob.hn    MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELA
                                                                                                               JUEZ DEL TRIBUNAL DEL SEGUNDO CIR
CHONKAN CHAN          WILSON              GUANASCATE        COSTA RICA     Wchonkan@poder-judicial.go.cr       GUANACASTE, NICOYA
CORDERO MORA          JULIO                 HEREDIA         COSTA RICA     jcorderom@hotmail.com               JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORELLA AGÜERO        ROLANDO                ATENAS         COSTA RICA     corellaar@hacienda.go.cr            ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
CORRALES VALVERDE     OSCAR                 HEREDIA         COSTA RICA     ocorralesv@yahoo.com                JUEZ DE FAMILIA
COTO CALVO            RODRIGO               SAN JOSE        COSTA RICA     rcotocal@poder-judicial.go.cr       INSPECTOR JUDICIAL DEL PODER JUDI
DABDOUB LOPEZ         JOSE LUIS              SUCRE              BOLIVIA    jhurtado@poderjudicial.gov.bo       CONSEJERO DE LA JUDICATURA
DELADO RIVERA         KAROL VANESSA      CIUDAD DE NEILY    COSTA RICA     kdelgador@poder_judicial.go.cr      JUEZA 4 JUEZA DE JUICIO DEL PODER J
                                                          67
                                                                                                             DIRECTOR SEDE DE LA UNIVERSIDAD A
DUARTES DELGADO       EDWIN                 SAN JOSE       COSTA RICA     duartes25@hotmail.com              AMERICA
                                                                                                             PROFESIONAL EN DERECHO 2 DIRECCI
ELIZONDO MURILLO      LUIS ESTEBAN            TIBAS        COSTA RICA     elizondome@hacienda.go.cr          ADUANAS
ESPINOZA ESPINOZA     JESSICA ELIZABETH      CUENCA            ECUADOR    elizabeth30482@hotmail.com         DIRECTORA DE LA ASOCIACION JURID
ESPINOZA SALAS        CARLOS ENRIQUE         HEREDIA       COSTA RICA     cespinozas@poder-judicial.go.cr    JUEZ DEL PODER JUDICIAL
ESQUIVEL ESQUIVEL     LILLIAM MARIA          HEREDIA       COSTA RICA     lesquivele@poder-judicial.go.cr    JUEZA DEL PODER JUDICIAL
FERNANDEZ HIDALGO     LUIS FERNANDO         SAN JOSE       COSTA RICA     ffernandez@Poder-Judicial.go.cr    JUEZ CIVIL DEL PODER JUDICIAL
FERNANDEZ PEREZ       EUDICE ELENA        SANTO DOMINGO   R. DOMINICANA   edilice19@hotmail.com              PROCURADORA FISCAL TITULAR
                                                                                                             PROCURADOR DE LA PROCURADURIA
FLORES                LUIS                  SAN JOSE       COSTA RICA     luisfz@pgr.go.cr                   REPUBLICA
FLORES SOLERTI        PATRICIA              SAN JOSE       COSTA RICA     floressp@hacienda.go.cr            MINISTERIO DE HACIENDA
FONSECA ESQUIVEL      INGRID                ALAJUELA       COSTA RICA     ifonseca@poder-judicial.go.cr      JUEZA TRAMITADORA EN MATERIA CIV
                                                                                                             JEFE DE COMUNICACIONES DE LA FISC
FONTEALBA SCHWERTER LEANDRO ALFONSO         SANTIAGO            CHILE     lfontealba@minpublico.cl           METROPOLITANA SUR
                                                                                                             ABOGADA DE LA CORTE INTERAMERIC
FORERO MOYA           POLONIA               SAN JOSE       COSTA RICA     poloniaforero@corteidh.or.cr       HUMANOS
FREER HERNANDEZ       GRACE PATRICIA        SAN JOSE       COSTA RICA     freerhg@hacienda.go.cr             PROFESIONAL EN DERECHO - MINISTER
GAMBOA BALLESTERO     MANUEL                SAN JOSE       COSTA RICA     Gamboabm@hacienda.go.cr            ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
GARCIA CARBALLO       LAURA                 SAN JOSE       COSTA RICA     lgarcia@poder-judicial.go.cr       JUEZA CONTENCIOSA ADMINISTRATIV
GOMEZ SIU             ARGILI                SAN JOSE       COSTA RICA     agomezs@poder-judicial.go.cr       ADMINISTRADORA DEL PODER JUDICIA
GONZALEZ ALFARO       CINTHYA               ALAJUELA       COSTA RICA     gonzalezac@hacienda.go.cr          ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
GONZALEZ CAMACHO      OSCAR EDUARDO          HEREDIA       COSTA RICA     ogonzalezca@poder-judicial.go.cr   MAGISTRADO DEL SUPREMO SALA DE
GONZALEZ FERNANDEZ    RODOLFO ALBERTO       SAN JOSE       COSTA RICA     rgonzalezf@Poder-Judicial.go.cr    ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PODE
                                                                                                             ASESOR LEGAL FACULTAD DE DERECH
GONZALEZ SOLANO       GUSTAVO               SAN JOSE       COSTA RICA     gustavo.gonzalezsolano@ucr.ac.cr   DE COSTA RICA
GONZALEZ TORRES       YERIS SANTIAGO          SIUNA        NICARAGUA      yerisantiago@hotmail.com           DOCENTE Y JUEZ
GUILLEN RODRIGUEZ     VANESSA               SAN JOSE       COSTA RICA     hparis@amnet.co.cr                 ABOGADA
GUTIERREZ             VICTOR                SAN JOSE       COSTA RICA     vgutierrez@poder-judicial.go.cr    PREFESIONAL 2 DEL PODER JUDICIAL
GUTIERREZ FREER       ROBERTO JOSE          SAN JOSE       COSTA RICA     rgutierrez@Poder-Judicial.go.cr    JUEZ SUPERIOR CONTENCIOSO ADMIN
HERNANDEZ AGUILAR     ALVARO ENRIQUE         HEREDIA       COSTA RICA     alvaro2063@yahoo.es                JUEZ DEL TRIBUNAL PRIMERO CIVIL D
HERNANDEZ GUTIERREZ   JOSE PAULINO          SAN JOSE       COSTA RICA     jhernandez@poder-judicial.go.cr    JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
HERNANDEZ
MATAMOROS             JOSE MIGUEL            HEREDIA       COSTA RICA     hernandezmj@hacienda.go.cr         ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
HERNANDEZ QUESADA     ANDRES                SAN JOSE       COSTA RICA     anherque@yahoo.com                 JUEZ PENAL CORTE SUPREMA DE JUST
                                                                                                             ABOGADA, ASESORA PARA EL ESTADO
HERRERA               RAFAELA              C. DE MEXICO        MEXICO     raherrera@usaid.gov                USAID/MEXICO
HODGSON               DENIS                 MANAGUA        NICARAGUA      denishodgson@yahoo.com             ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO
                      ROSIBEL DE LOS
JARA VELASQUEZ        ANGELES               SAN JOSE       COSTA RICA     rjara@poder-judicial.go.cr         JUEZ DEL PODER JUDICIAL
                                                       68
                                                                                                         JUEZ PRIMERO CIVIL DE SAN JOSE Y PR
JIMENEZ              ABEL                 CARTAGO       COSTA RICA    ajimenezo@poder-judicial.go.cr     ASOCIACION DE JUECES
JIMENEZ ESPINOZA     ARIANA               SAN JOSE      COSTA RICA    jimenezea@hacienda.go.cr           PROFESIONAL EN DERECHO - MINISTER
JIMENEZ FERNANDEZ    KATHYA               SAN JOSE      COSTA RICA    kjimenezf@poder-judicial.go.cr     JUEZ TRIBUNAL DE JUICIO DEL PODER
JIMENEZ MATA         ALBERTO ANTONIO     TURRIALBA      COSTA RICA    ajimenezm@Poder-Judicial.go.cr     JUEZ DE FAMILIA
JIMENEZ MORERA       ELKA                 SAN JOSE      COSTA RICA    jimenezmel@hacienda.go.cr          ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
JIMENEZ MURILLO      HAROLD DANIEL        SAN JOSE      COSTA RICA    Harolddjmurillo@hotmail.com        ABOGADO DE LA CORTE SUPREMA DE
JIMENEZ QUESADA      SADY                 SAN JOSE      COSTA RICA    sjimenezq@poder-judicial.go.cr     JUEZA COORDINADORA DEL JUZGADO
JIMENEZ QUINTERO     PATRICIA             SAN JOSE      COSTA RICA    jpatricia30@hotmail.com            JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
JIMENEZ VARGAS       MAURICIO              LIMON        COSTA RICA    digesto@poder-judicial.go.cr       JUEZ PENAL PODER JUDICIAL DE COST
JINESTA LOBO         ERNESTO              SAN JOSE      COSTA RICA    vcantillo@poder-judicial.go.cr     MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA
                                                                                                         JEFE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI
JUAREZ RUIZ          LUIS ALBERTO         SAN JOSE      COSTA RICA    juarezrl@hacienda.go.cr            DE HACIENDA
JUTTNER RETANA       HELLEN               SAN JOSE      COSTA RICA    hjuttner@poder-judicial.go.cr      FISCAL AUXILIAR
LEANDRO SOLANO       CARLOS EDUARDO       CARTAGO       COSTA RICA    kalileandro@gmail.com              JUEZ DE FAMILI 3 DEL PODER JUDICIAL
                     BARBARA
LOPEZ FUNES          GUADALUPE          COMAYAGUELA     HONDURAS      balopez@poderjudicial.gob.hn       JUEZ TITULAR JUZGADO DE LETRAS PR
LOPEZ GONZALEZ       JORGE ALBERTO        SAN JOSE      COSTA RICA    jlopez@poder-judicial.go.cr        JUEZ SUPERIOR TRIBUNAL DE CARTAG
LOPEZ MARCHENA       NURY                 SAN JOSE      COSTA RICA    nurylm@yahoo.com                   ABOGADA
LUTZ                 LUIS                BARILOCHE      ARGENTINA     luislutz@jusrionegro.gov.ar        PRESIDENTE COMISION REFORMA COD
                                                                                                         DIRECTOR EJECUTIVO UNIDAD TECNIC
MADRID CHINCILLA     KENNETH ROLANDO    TEGUCIGALPA     HONDURAS      krmadrid@yahoo.com                 PODER JUDICIAL
MADRIZ MARTINEZ      KARLA                HEREDIA       COSTA RICA    kmadriz@poder-judicial.go.cr       JUEZ DEL PODER JUDICIAL
MARDONES LOIYOLA     MARIA JOSE          SANTIAGO            CHILE    mariajosemardones@gmail.com        ABOGADO
                     CRISTIAN ALBERTO     CARTAGO       COSTA RICA    cmartinezh@abogados.or.cr          AUXILIAR JUDICIAL DEL PODER JUDIC
MATARRITA ARROYO     MARIO ANDRES         SAN JOSE      COSTA RICA    m.matarrita311@hotmail.com         ESTUDIANTE DE DERECHO
MEDINA PINCAY        LAURA DEL ROCIO       QUITO            ECUADOR   carb@puntonet.ec                   ABOGADA DE LIBRE EJERCICIO, DOCTO
MENDEZ BONILLA       ANDRES               SAN JOSE      COSTA RICA    amendez@poder-judicial.go.cr       ADMINISTRADOR DEL PODER JUDICIAL
MENDEZ ZAMORA        JORGE LUIS            LIMON        COSTA RICA    jorgemendezzamora@yahoo.es         DIPUTADO - ASAMBLEA LEGISLATIVA
MENDOZA GONZALES     EDUARDO             ALAJUELA       COSTA RICA    eduardo_mendozagonzalez@yahoo.es   JEFE DEL DEPTO. NORMATIVO ADUAN
MENESES HUAYRA       JOSUE ABDIAS          LIMA              PERU     josue.meneses@gmail.com            DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS –
MEZA CORRALES        BEATRIZ            PUERTO LIMON    COSTA RICA    mezacb@hacienda.go.cr              ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
MIRANDA ALVAREZ      ANDREA               SAN JOSE      COSTA RICA    mirandaaa@hacienda.go.cr           ABOGADA DE LA DIRECCION GENERAL
MONGE ALFARO         DYAN                 HEREDIA       COSTA RICA    dyanjo79@gmail.com                 JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
MONTALVO DOMINGUEZ   ANA FLORENCIA      TEGUCIGALPA     HONDURAS      anafmontalvod@hotmail.com          DEFENSORA PUBLICA
MONTERO SOTO         KARLA                SAN JOSE      COSTA RICA    monterosk@hacienda.go.cr           ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                         COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y C
MONTERO ZUÑIGA       CARLOS ALBERTO       SAN JOSE      COSTA RICA    cmonteroz@poder-judicial.go.cr     CONTROL INTERNO- P. JUDICIAL
                                                         69
MONTES DE OCA MONGE    LORENA               CARTAGO       COSTA RICA    loremontesdeoc@gmail.com           JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
MONTOYA CUBERO         KARINA               ALAJUELA      COSTA RICA    montoyack@hacienda.go.cr           ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
MORA BARBOZA           IGNACIO              SAN JOSE      COSTA RICA    nachomoboza@hotmail.com            ESTUDIANTE DE DERECHO
MORA DURAN             JENNY MARIA          HEREDIA       COSTA RICA    jmora@poder-judicial.go.cr         ASISTENTE JURIDICA DEL PODER JUDIC
MORALES SANABRIA       JOSE MANUEL         SAN ISIDRO     COSTA RICA    jmoraless@poder-Judicial.cr.go     JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
MUÑOZ CHACON           FRANCISCO JAVIER     HEREDIA       COSTA RICA    fmunozc@poder-judicial.go.cr       JUEZ CIVIL DE HACIENDA
MUÑOZ GONZALEZ         OLGA MARTA           SAN JOSE      COSTA RICA    om-65@hotmail.com                  JUEZA DE FAMILIA
MURAD DO PRADO         RODRIGO             VARGINHA           BRASIL    prado@varginha.com.br              DEFENSOR PUBLICO
OROCU CHAVARRIA        ADRIANA             SAN PEDRO      COSTA RICA    aorocu@poder-judicial.go.cr        JUEZ DEL PODER JUDICIAL
ORTEGA                 MARIA CAROLINA      MANAGUA        NICARAGUA     carol_ortega32@hotmail.com         JUEZ IV DISTRITO PENAL
                                           CIUDAD DE
ORTEGA                 SERGIO               MEXICO            MEXICO    gogol_asd@hotmail.com              ABOGADO DEL MINISTERIO PUBLICO
ORTIZ FERNANDEZ        ISABEL               HEREDIA       COSTA RICA    iortizf@poder-judicial.go.cr       JUEZA DEL PODER JUDICIAL
OVARES ALVARADO        HERNAN               HEREDIA       COSTA RICA    hovares@poder-judicial.go.cr       JUEZ DE EJECUCION DE LA PENA
PAISANO                RENFRED               BILWI        NICARAGUA     rensfredpaisano@yahoo.com          ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO
PALACIOES GARCIA       ALNER                SAN JOSE      COSTA RICA    apalaciosg@poder-judicial.go.cr    JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PEÑA GALAN             MARCO ANTONIO        CALLAO             PERU     pegalma@hotmail.com                FISCAL PROVINCIAL PENAL CORPORAT
                                                                                                           PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PERU
PEÑA GONZALES          OSCAR RAMON            LIMA             PERU     opgconci@hotmail.com               JURIDICAS Y CONCILIACION
PERAZA MORALES         REYSETH              HEREDIA       COSTA RICA    rperazam@poder-judicial.go.cr      DEFENSORA PUBLICA
                                                                                                           DOCENTE, ABOGADO DE LA UNIVERSID
PEREZ AGUIRRE          CARLOS MAURICIO    SAN SALVADOR    EL SALVADOR   carlos78881765@hotmail.com         GAVIDA
                       ANA MARIA            SAN JOSE      COSTA RICA    apicadob@Poder-Judicial.go.cr      JUEZA DE TRIBUNAL DE FAMILIA
PIEDRA DIAZ            MARIO                SAN JOSE      COSTA RICA    mpiedra@poder-judicial.go.cr       GESTOR DE CAPACITACION DE LA ESC
QUESADA CASARES        SILVIA               SAN JOSE      COSTA RICA    silviaqc@pgr.go.cr                 ABOGADA DE LA PROCURADURA GENE
QUESADA CORELLA        LILLIAM              SAN JOSE      COSTA RICA    lquesada@poder-judicial.go.cr      JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
QUIROS BALLESTERO      JESSICA              HEREDIA       COSTA RICA    quirosbj@hacienda.go.cr            ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                           RESOLUTORA DE LA DIRECCION GENE
RAYGADA HERING         NEBAI                SAN JOSE      COSTA RICA    raygadahn@hacienda.go.cr           MINISTERIO DE HACIENDA
RIVAS LOAICIGA         LUIS GUILLERMO       SAN JOSE      COSTA RICA    lgrivas@poder-judicial.go.cr       MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL
RIVERA MONTOYA         LUIS JAVIER          SAN JOSE      COSTA RICA    riveraml@hacienda.go.cr            ABOGADO DE LA DIRECCION GENERAL
RIVERO DE CUSICANQUI   MARIA TERESA          SUCRE            BOLIVIA   mtrivero@poderjudicial.gov.bo      CONSEJERA DE LA JUDICATURA
RODRIGUEZ CASTRO       TATYANA              SAN JOSE      COSTA RICA    trodriguezc@poder-judicial.go.cr   JUEZA DEL PODER JUDICIAL
RODRIGUEZ CORDERO      JUAN CARLOS          SAN JOSE      COSTA RICA    exergo@gmail.com                   ABOGADO
RODRIGUEZ HERRERA      TATIANA              ALAJUELA      COSTA RICA    trodriguez@poder-judicial.go.cr    JUEZ AGRARIA DEL PODER JUDICIAL
RODRIGUEZ MONTOYA      CARMEN MARIA         SAN JOSE      COSTA RICA    crodriguez@poder-judicial.go.cr    JUEZ DE JUICIO - PODER JUDICIAL
RODRIGUEZ MOSCOSO      JIMENA ZOILA         AREQUIPA           PERU     jimenarod1@gmail.com               DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD JOSE C
ROJAS ESPINOZA         MILAGRO              SAN JOSE      COSTA RICA    mrojas@poder-judicial.go.cr        JUEZA DEL PODER JUDICIAL
                                                          70
ROJAS FONSECA        JORGE ARTURO           SAN JOSE       COSTA RICA     merogo@racsa.co.cr               DEFESOR PUBLICO
                                          STGO. DE LOS                                                     PROCURADORA GENERAL ADJUNTO DE
ROJAS RODRIGUEZ      ALBA IRIS            CABALLEROS      R. DOMINICANA   albadeceballos@hotmail.com       APELACIONES
ROMAN HERNANDEZ      ALEJANDRA              SAN JOSE       COSTA RICA     romanha@hacienda.go.cr           ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                           ANALISTA JURIDICO, ABOGADA DEL M
ROMERO ESTEVEZ       INES MARITZA            QUITO             ECUADOR    romerom@minpec.gov.ec            FISCALIA GENERAL
                                                                                                           ABOGADO Y PROFESOR DE LA UNIVER
ROMO ASTETE          ROBERTO VLADIMIR        LIMA               PERU      rvromo@yahoo.com                 GARCILASO DE LA VEGA
RUIZ BRAVO           LUIS GUILLERMO         HEREDIA        COSTA RICA     lruizb@podre-judicial.go.cr      JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RUIZ ELIZONDO        FERNANDO               SAN JOSE       COSTA RICA     fruize@poder-judicial.go.cr      ASESOR EN TEGNOLOGIA DE INFORMA
RUIZ TREJOS          MARIANO JOSE           HEREDIA        COSTA RICA     mariano_jrt@hotmail.com          AUXILIAR JUDICIAL DEL PODER JUDIC
                                                                                                           DOCENTE Y ABOGADO Y NOTARIO PUB
SAAVEDRA AREAS       FERNANDO JOSE           BILWI         NICARAGUA      fernandosaavedraa@yahoo.es       UNIVERSIDAD BICU
SALAS TORRES         ALICIA MARIA           HEREDIA        COSTA RICA     asalas@poder-judicial.go.cr      JUEZ 4 DEL PODER JUDICIAL
SALAZAR NARANJO      YORLENY              PUNTARENAS       COSTA RICA     ysalazar@poder-judicial.go.cr    DEFENSORA PUBLICA
SANCHEZ              LIZ                     LIMA               PERU      lizsava111@hotmail.com           ENCARGADA DE LA OFICINA DE DEMO
                                                                                                           ABOGADA CORTE INTERAMERICANA D
SANCHEZ BALAÑOS      ALEJANDRA              SAN JOSE       COSTA RICA     ale_sanchez13@hotmail.com        HUMANOS
                                                                                                           JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRA
SANCHEZ NAVARRO      ILEANA ISABEL          HEREDIA        COSTA RICA     isanchez@poder-judicial.go.cr    HACIENDA
SANCHEZ ROJAS        CINDY                  CARTAGO        COSTA RICA     csanchezr@poder-judicial.go.cr   JUEZ DE EJECUCION DE LA PENA
SANCHEZ TORRES       EXLEINE                HEREDIA        COSTA RICA     esanchezt@poder-judicial.go.cr   JEFE INVESTIGACION ROBO DE VEHICU
SANDOVAL ROSALES     ROMMELL ISMAEL       VILLANUEVA       EL SALVADOR    rommellsand@yahoo.com            CONSULTOR DPK CONSULTING
                                          STGO. DE LOS                                                     PROCURADORA FISCAL ADJUNTA, PRO
SANTOS AMANCIO       ISABEL EMELINDA      CABALLEROS      R. DOMINICANA   magistradacondena@hotmail.com    DE LA REPUBLICA
                                                                                                           ADMINSITRADOR UNIDAD DE CONTRO
SEBIANI SERRANO      JUAN CARLOS            SAN JOSE       COSTA RICA     jsebiani@poder-judicial.go.cr    JUDICIAL
                                                                                                           ASESORA LEGAL DEL INSTITUTO COST
SEGURA CHAVARRIA     ANDREA                 CARTAGO        COSTA RICA     asegura@inciensa.sa.cr           INVESTIGACION Y ENSEÑANAZA EN NU
                                                                                                           PROFESIONAL 2 DERECHO, DIRECCION
SERRANO SALAZAR      HELEN SINAI            SAN JOSE       COSTA RICA     sinaiserrano32@hotmail.com       ADUANAS
SOLANO CASTRO        PATRICIA MARIA         CARTAGO        COSTA RICA     psolano@poder-judicial.go.cr     JUEZ DEL PODER JUDICIAL
SOLANO GOMEZ         IVANNIA                CARTAGO        COSTA RICA     ivanniasg@yahoo.es               AUXILIAR JUDICIAL II DE LA CORTE SU
SOLIS HOFFMANN       CLAUDIA MARIA       SAN PEDRO SULA     HONDURAS      csolis@poderjudicial.gob.hn      JUEZ DE SENTENCIA DE LA CORTE SUP
SOTO GAMBOA          GERARDO DANILO         HEREDIA        COSTA RICA     sotogg@hacienda.go.cr            ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
STERLING HOWARD      JESSICA AMANDA      PUERTO LIMON      COSTA RICA     sterlinghj@hacienda.go.cr        ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
TAYLOR CASTRO        HELLEN                 SAN JOSE       COSTA RICA     htaylor@poder-judicial.go.cr     JUEZ DEL PODER JUDICIAL
TENERIO CAMPOS       ALEXANDER              SAN JOSE       COSTA RICA     atenorio@poder-judicial.go.cr    ADMINISTRADOR PUBLICO, ABOGADO
TIFFER VARGAS        IVAN                   SAN JOSE       COSTA RICA     itiffer@poder-judicial.go.cr     JUEZ DEL PODER JUDICIAL
TORRES AGUILERA      SUPAYA CONCEPCION    TEGUCIGALPA       HONDURAS      SuyapaTorres78@hotmail.com       DEFENSORA PUBLICA
TRIGUEROS GONZALEZ   XINIA                  SAN JOSE       COSTA RICA     triguerosgx@hacienda.go.cr       JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LE
                                                      71
                                                                                                      DE HACIENDA
UMAÑA JIMENEZ        JORGE LUIS          SAN JOSE      COSTA RICA   umanajj@hacienda.go.cr            ABOGADO DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                        SAN PEDRO
UREÑA MUÑOZ          GABRIEL          MONTES DE OCA    COSTA RICA   gauremu@gmail.com                 ESTUDIANTE DE DERECHO
                                                                                                      DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA AR
URETA GUERRA         JUAN ANTONIO         LIMA              PERU    ureta_juan@hotmail.com            PENSAMIETO CRITICO
VALERIO JIMENEZ      KATTIA MARCIEL     SAN JOSE       COSTA RICA   kvalerio@poder-judicial.go.cr     ABOGADA DEL PODER JUDICIAL
VARGAS DUARTE        WAGNER             SAN JOSE       COSTA RICA   wvargas@poder-judicial.go.cr      JUEZ 3 PENAL SUPLENTE DEL PODER JU
VARGAS SOTO          ALEXIS             SAN JOSE       COSTA RICA   avargass@poder-judicial.go.cr     JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
VARGAS ULATE         ELIETH             SAN JOSE       COSTA RICA   evargasu@Poder-Judicial.go.cr     JUEZA DEL PODER JUDICIAL
VARGAS VARGAS        ANA ISABEL         SAN JOSE       COSTA RICA   avargasva@poder-judicial.go.cr    JUEZA SUPERIOR CONTENCIOSO ADMI
VARGAS VASQUEZ       DAMARIS MARIA      HEREDIA        COSTA RICA   dvargas@poder-judicial.go.cr      JUEZA DEL TRIBUNAL AGRARIO
VASCONCELOS MENDEZ   RUBEN               OAXACA            MEXICO   rubenvasconcelos@yahoo.com        SUBPROCURADOR DE JUSTICIA
VASQUEZ PEREZ        ANGEL ESTUARDO     SAN LUCAS      GUATELAMA    angelvas@hotmail.com              ABOGADO DEFENSOR PUBLICO DE PLA
VASQUEZ ROJA         KARLA MARIA        ALAJUELA       COSTA RICA   vasquezrk@hacienda.go.cr          ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
                                                                                                      JUEZ TRES DE FAMILIA, PENAL JUVENI
VASQUEZ VARGAS       SHIRLEY           GUANACASTE      COSTA RICA   sviquezv@poder-judicial.go.cr     DOMESTICA
VELASQUEZ VELASQUEZ IRENE VERONICA        LIMA              PERU    veromp13@yahoo.com                FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL PENAL
VIALES CENTENO       FLORYAN            HEREDIA        COSTA RICA   floryanvc@yahoo.com               PROFESIONAL 2 DERECHO, MINISTERIO
VICTOR ARRIETA       JOHANNA            SAN JOSE       COSTA RICA   victoraj@hacienda.go.cr           ABOGADA DEL MINISTERIO DE HACIEN
VILLALOBOS SOTO      JOAQUIN            HEREDIA        COSTA RICA   jvillalobo@poder-judicial.go.cr   JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
VILLENA CIUDAD       AMADA FLORISA      TRUJILLO            PERU    juareselias@hotmail.com           ASISTENTE JUDICIAL - CORTE SUPERIO
WITE WARD            OMAR               SAN JOSE       COSTA RICA   oawhite@yahoo.com                 JUEZ DE JUICIO - PODER JUDICIAL
ZAMORA SANCHEZ       CARLOS             SAN JOSE       COSTA RICA   kriblucazs@yahoo.com              JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
ZELEDON              DAFNE             CURRIDABAT      COSTA RICA   dafne_z@yahoo.com                 ABOGADO PGR
ZUÑIGA MESEN         LUZ                SAN JOSE       COSTA RICA   luzzuniga@yahoo.com               ABOGADA DE LA PROCURADURA GENE
                                                                                                      ASESOR JURIDICO DEL COLEGIO DE ES
ZUÑIGA PACHECO       FLOR GUADALUPE      OAXACA            MEXICO   florgpacheco@yahoo.com.mx         TECNOLOGICOS
              Se dispone: Conforme se dispuso en la sesión N° 88-07 del 22 de
       noviembre en curso, artículo XX, remitir la nueva lista que adjunta el
       licenciado Calderón Flores a la Comisión de Oralidad, a fin de que se
       defina cuales servidores judiciales incluidos en la lista transcrita en este
       acuerdo, estiman su asistencia al citado seminario, a realizarse el 6 y 7 de
       diciembre próximo. Se declara acuerdo firme.”
                                              -0-

      Al respecto, el licenciado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Magistrado de la

Sala Primera, en correo electrónico recibido el 30 de noviembre recién pasado,

manifestó:

            ―De mi parte no excluiría a ninguno de los solicitantes del Poder
       Judicial costarricense. Cada una de esas personas ha mostrado su interés
       en la implantación de esa nueva forma instrumental de comunicación
       entre partes y el juez. Es importante, para ellos, saber, cómo están
       haciendo esa implantación y cómo podrían mejorarla en beneficio de la
       administración de justicia y de los usuarios de esta Institución.‖
                                          -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Autorizar a los

funcionarios de la lista anteriormente transcrita, con el fin de que asistan al

―Seminario Latinoamericano sobre la oralidad en los procedimientos‖, convocado

por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Lo anterior en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de los

que se autoriza a participar, lo cual implica que en caso de que tengan diligencias

programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberá

atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderá su

participación para atenderlo. 3) Asimismo, se autoriza la sustitución únicamente en
                                            73

aquellos despachos donde resulte estrictamente indispensable y sujeto a que

existan funcionarios que puedan cubrir la citada sustitución. 4) Tomar nota de la

participación de los funcionarios ajenos al Poder Judicial conforme se indicó.

      La Comisión de Oralidad, el Despacho de la Presidencia y el Departamento

de Personal, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo

firme.

                                    ARTÍCULO XX

      En sesión N° 79-07 del 23 de octubre de este año, artículo XXVII, se aprobó

la realización de los cursos sobre ―Primeros Auxilios Básicos (PAB)‖ y

―Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)‖, en consecuencia se concedió permiso con

goce de salario y sustitución únicamente en los casos que sea absolutamente

necesario.

      En oficio N° 496-CAP-2007 de 26 de noviembre recién pasado, el máster

Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano y la licenciada Waiman Hin

Herrera, Jefa de Subproceso de Gestión de la Capacitación, del Departamento de

Personal, informan lo siguiente:

              “En sesión 79-07 celebrada el 23 de octubre de 2007, artículo
         XXVII, el Consejo Superior acordó ―...1) Aprobar la realización de la
         citada capacitación, en consecuencia, conceder permiso con goce de
         salario y sustitución únicamente en los casos que sea absolutamente
         necesario a los servidores de las listas transcritas, para que durante las
         fechas señaladas participen en los cursos indicados...”, gestionado
                                     74

mediante oficio N° 429-CAP-2007 y dirigida a servidores(as) judiciales
que de forma voluntaria integran las brigadas de emergencia del I
Circuito Judicial de San José, San Ramón, Puntarenas, Liberia y Nicoya,
quedando pendiente la presentación de la lista de participantes de las
zonas de Puntarenas, Liberia y Nicoya.
      A continuación se detalla el nombre de las personas que participarán
en la actividad formativa, lo anterior con el fin de autorizar la
participación de los(as) servidores(as) judiciales, para que durante las
fechas y horario señalados participen en los cursos, en el entendido de
que el departamento o despacho en el que laboran tomarán las medidas
necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea
afectado.
            LISTA BRIGADA TRIBUNALES DE PUNTARENAS

    1     Agüero Agüero Fernando                Unidad Administ.
    2     Alfaro Coto José                      Jdo. Civil
    3     Azofeifa Arce Elidí                   Jdo. Violencia
    4     Bosquez Avellán Rogelio               Fiscalía Adjunta
    5     Carrillo Gómez Luis                   Jdo. Tránsito
    6     Carvajal Barrantes Dolly              Trabajo Social
    7     Cortes Araya Franklin                 Tribunal Juicio
    8     Espinoza Lagos Alejandro              Jdo. Menor Cuantía
    9     González Espinoza Allan               Unidad Administ.
    10    Hernández Arroyo María                Jdo. 1ero. Contrav.
    11    Lara Camareno Luis                    Jdo. Penal Juvenil
    12    Matarrita Castillo Henry              Unidad Administ.
    13    Miranda Alvarez Eduardo               Jdo. 2do. Contrav.
    14    Salas Granados Nelly                  Ejecución de la Pena
    15    Vargas Ramírez AIDI                   Equipo Interd.
    16    Vargas Ramírez Vera                   Unidad Administ.

                LISTA BRIGADA TRIBUNALES LIBERIA


    1     Angulo Sequeira Gustavo               Administración
    2     Calvo de la O Cristian                Administración
    3     Canales Mairena Hugo                  Delegación Regional
    4     Carmona Rojas Marvin                  Delegación Regional
    5     Chavarría González Jessenia           Fiscalía Adjunta
    6     Cisneros Núñez Jahaira                Trabajo Social
    7     Matarrita Carrillo José Pablo         Defensa Pública
    8     Miranda de la O Mario                 Administración
    9     Ortiz Ortiz Alina Gabriela            Administración
    10    Rueda Espinoza Victor Manuel          Delegación Regional
    11    Vásquez Vallejos Luis Angel           Administración
                                             75


                        LISTA BRIGADA TRIBUNALES NICOYA


            1     Álvarez Rosales Carlos               Jdo. Penal
            2     Araya Ugalde Henry                   Administración
            3     Argüello Soto Karla Patricia         Jdo. Cont. y M. Ctía
            4     Armijo Medina Fernando               Administración
            5     Cascante Cascante David              Jdo. Contrv. y Pens.
            6     Delgado Víquez Rafael Angel          Defensa Pública
            7     Grijalva Acosta Adela                Jdo. Civil, Trab. y Fam.
            8     López Matarrita Johanna              Jdo. Menor Cuantía
            9     Porras Leiva Jorge                   Fiscalía
            10    Quesada Quesada Ruth                 Fiscalía
            11    Vargas Montero Luis Roberto          Tribunal Juicio
            12    Zúñiga Gómez Róger                   Administración
                                                 -0-
      Mediante correo electrónico recibido el 3 de diciembre en curso, dirigido al

Director Ejecutivo, el señor Jairo José Álvarez López, Administrador Regional de

la Subunidad Administrativa Regional de Nicoya, señala que con relación al

servidor Fernando Armijo Medina, se decidió que era mejor que no asistiera a

dicha capacitación, en razón de que apenas está integrando la brigada de

emergencia, además se consideró que es de mayor importancia que participara el

oficial de seguridad, señor Armando Fernández González, en razón de lo anterior

solicita se autorice el cambio.

      Se acordó: 1.) Conceder permiso con goce de salario y sustitución

únicamente en los casos que sea absolutamente necesario, a los servidores de las

listas transcritas, para que durante las fechas señaladas, participen en los cursos

indicados, en igualdad de condiciones que las otorgadas a los participantes en la
                                          76

sesión Nº 79-07 del 23 de octubre del año en curso, artículo XXVII. 2.) Dejar sin

efecto el permiso con goce de salario concedido al señor Fernando Armijo Medina

en la sesión de referencia, con el fin de que asistiera al curso ―Primeros Auxilios

Básicos y Reanimación Cardio Pulomonar‖, en la fecha indicada en el acuerdo de

referencia y en su lugar designar al señor Armando Fernández González, Auxiliar

de Servicios Generales 3 (Guarda) del Circuito Judicial de Nicoya, bajo las mismas

condiciones señaladas en el acuerdo de cita.

      La Unidad Administrativa Regional de Nicoya y el Departamento de

Personal, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                  ARTÍCULO XXI

      El licenciado José Luis Meneses Rímola, Director Ejecutivo del Colegio de

Abogados, en nota recibida el 3 de diciembre en curso, manifestó:

            ―En la Sesión Ordinaria No 38-07 de Junta Directiva celebrada el 02
       de octubre de 2007, se aprobó el nombramiento del Dr. Alvaro Burgos
       Mata, como representante del Colegio de Abogados de Costa Rica ante el
       Consejo del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI).

            Dentro de las funciones del Dr. Burgos Mata está asistir a la reunión
       del consejo actual del Colegio de Abogados Penal Internacional en Nueva
       York el viernes 7 de diciembre y a la Asamblea General los días 7 y 8 de
       diciembre, además a la reunión del Consejo recién elegido el 9 de
       diciembre.

             Estas reuniones coinciden con la Sexta Sesión de la Asamblea de los
       Estados Partes del 30 de noviembre al 12 de diciembre, a la que también
       asistirá el Dr. Burgos Mata.
                                          77

            Debido a la gran trascendencia de la actividad y a la representación
       del Dr. Burgos Mata en su investidura de Juez de la República, servirá
       también para dejar en alto al Poder Judicial.

             Por tal razón solicitamos respetuosamente, la posibilidad de que se
       le otorgue un permiso con goce de salario y la sustitución respectiva para
       los días comprendidos entre el 6 y el 11 de diciembre de 2007.‖
                                         -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder permiso

con goce de salario y sustitución al doctor Burgos Mata, Juez del Tribunal Penal

Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, del 6 al 11 de diciembre en

curso, a fin de que participe en las actividades de las que se da cuenta.

      El Tribunal Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José y el

Departamento de Personal tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

este acuerdo firme.

SUSTITUCIONES

                                  ARTÍCULO XXII

      En sesión N° 87-07 del 20 de noviembre último, artículo XX, por mayoría,

se autorizó la sustitución de la servidora Sonia Gutiérrez Méndez, Auxiliar Judicial

del Juzgado de Tránsito de San Ramón, por el 15 y 16 de ese y en su lugar se

designó al señor Jeffry Quesada Arroyo, durante el período señalado, por

vacaciones. El Presidente Magistrado Mora y la licenciada Chaves Cervantes

votaron por denegar la gestión.
                                          78

      La licenciada Ana Virginia Steller Durán, Jueza de Tránsito de San Ramón,

en correo electrónico recibido el 29 de este mes, solicitó lo siguiente:

             ―Sirva la presente para saludarles en forma atenta y a su vez se deje
       sin efecto el oficio 63-TRA-07 de fecha quince de noviembre del dos mil
       siete en el sentido de favorecer al compañero Jeffry Quesada Arroyo
       cédula 2-649-316 del 15 al 16 de noviembre en sustitución de Sonia
       Gutiérrez Méndez por adelanto de vacaciones de esta última.
            Sea lo correcto favorecer únicamente al compañero Luis Rojas
       Araya cédula 02-0654-0469 (puesto 16008) del 12 al 14 de noviembre
       por incapacidad de Sonia Gutiérrez Méndez cédula 1-552-688 (puesto
       16004) y también del 15 al 16 por adelanto de de vacaciones de la
       servidora anteriormente indicada.
             El compañero Jefry Quesada permanecía nombrado del 01-11-2007
       al 30-11-2007 de conformidad al oficio 61-TRA-07…”
                                          -0-

      Por mayoría, se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia se

deja sin efecto lo dispuesto en el acuerdo de referencia y en su lugar se autoriza la

designación del señor Rojas Araya del 12 al 16 de noviembre último en sustitución

de la servidora Gutiérrez Méndez, por el motivo señalado.

      El Presidente, Magistrado Mora, mantiene el voto consignado en la sesión

supra indicada.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO XXIII

      La licenciada Jenssi Montero López, Jueza Contravencional y de Pensiones
                                            79

Alimentarias de San Ramón, en correo electrónico recibido el 3 de diciembre en

curso, solicitó lo siguiente:

              ―En vista de que el Auxiliar Judicial II EVELYN PATRICIA
        HERNANDEZ MENA cédula número 5261219 se incapacitó los días
        29,30 de noviembre 2007, se solicita se autorice el nombramiento de
        BRENDA GARITA RIVERA cédula número 701450890 y a la vez en
        cadena de sustitución a la señorita JACQUELINE GUTIERREZ GOMEZ
        cédula número 602740214 como Auxiliar de Servicios Generales I. Como
        es de conocimiento de ustedes, el gran trabajo y esfuerzo que hace cada
        uno de los subalternos para poder tramitar, atender público, recibir
        demandas y así como también denuncias por el movimiento que existe en
        este Juzgado, genera atrasos en el trámite de los diferentes procesos que
        al efecto lleva este Juzgado. En particular este mes por cuanto se acerca la
        entrega de aguinaldos del año en curso y fin de año, hace que más
        personas recurran a este Juzgado para conocer los pasos que deben dar en
        procura de sus derechos. A la compañera Hernández Mena le
        correspondía el día de hoy atender público durante la primera audiencia
        de siete y media a nueve y media de la mañana y en la segunda audiencia
        de una a dos de la tarde y recibir denuncia y demandas y la señora Garita
        Rivera le correspondía atender en la primera audiencia de nueve y media
        de la mañana a mediodía y en la segunda audiencia de las dos a cuatro y
        media de la tarde, de modo que las labores se recargarían en el resto del
        personal, principalmente en el único auxiliar judicial que quedaría en el
        Despacho y la Asistente Judicial quien como es de conocimiento de
        ustedes tiene gran sobrecarga de trabajo y así nos lo hizo ver el inspector
        judicial en su última visita. En vista de lo anterior respetuosamente se les
        solicita que se autorice el nombramiento de BRENDA GARITA
        RIVERA y a JACQUELINE GUTIERREZ GOMEZ, mismas que se
        encuentran capacitadas para sustituir la primera a la señora Hernández
        Mena en el puesto de auxiliar Judicial II y la segunda a la señora Garita
        Rivera en el puesto de auxiliar de Servicios Generales I por los días 26 al
        28 de noviembre del 2007. NOTA: Dicha solicitud se hace en este día,
        por cuanto la incapacidad fue recibida el día viernes a filo de las dieciséis
        horas y treinta minutos del 30 de noviembre del 2007.‖
                                            -0-
      Por mayoría, se acordó: 1) Autorizar la sustitución de la servidora

Hernández Mena por el 29 y 30 de noviembre último, por incapacidad, así como la
                                           80

cadena de nombramientos derivada de éste.

      El Magistrado Mora Mora, vota por denegar la solicitud planteada al

considerar que el despacho puede buscar una forma de organizarse para cubrir

estas ausencias de un día o de pocos días, lo cual fomentaría la colaboración y el

trabajo en equipo y no se afectaría tanto el presupuesto en la partida de

sustituciones pudiendo reorientar los recursos presupuestarios que se gastan en

pago de sustituciones actualmente a la creación de nuevas plazas para mejorar el

servicio público de justicia.

      El Juzgado Contravencional de San Ramón y el Departamento de Personal

tomarán nota para los fines consiguientes.

VACACIONES
                                 ARTÍCULO XXIV

      En correo electrónico de 28 de noviembre recién pasado, el licenciado

Alberto Jiménez Mata, Juez de Familia de Cartago, solicita lo siguiente:

             ―Según me indicó el Lic. Alfonso Chaves Ramírez, en ese momento
       Presidente interino de la Corte, me dirijo a ustedes para solicitarles cinco
       días de vacaciones comprendidas entre el 14 y el 18 de enero de 2008,
       ello por cuanto para ese tiempo estaré laborando con un permiso con goce
       de salario (del 7 de enero al 6 de febrero de 2008) otorgado por ustedes en
       la redacción de la parte final del Anteproyecto de Código Procesal de
       Familia, siendo que por este motivo estas vacaciones deben ser
       autorizadas por este ente.
             No omito manifestarles que la Msc. Julia Varela Araya,
       coordinadora de la Comisión Redactora del Código tiene conocimiento
       pleno de este pedido y me manifestó su total anuencia a las mismas, por
                                          81

       cuanto en esa semana la otra persona que tendrá el permiso (Dra. Eva
       Camacho Vargas) se encargará del trabajo específico para esos días.‖
                                         -0-

      Se acordó: Autorizar al licenciado Jiménez Mata para que disfrute

vacaciones del 14 al 18 de enero del próximo año.

      El Juzgado de Familia de Cartago, el Departamento de Personal y el

Despacho de la Presidencia, tomarán nota para los fines correspondientes.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                 ARTÍCULO XXV

      La licenciada Olga Guerrero Córdoba y la señora Rosibeth Ugalde Miranda,

por su orden, Jefa interina de Administración de Personal y Profesional 1 del

Departamento de Personal, en oficio N° 1189-AP-2007 de 21 de noviembre de este

año, manifiestan lo siguiente:

             ―ASUNTO: Solicitud de pensión que formula el señor Carlos Luis
       Álvarez Palma, cédula número 01-0195-0256 cónyuge sobreviviente de
       la ex servidora judicial fallecida María Elia Rodríguez Vindas.

             Para tal efecto, y mediante oficio presentado en la Secretaría de la
       Corte el 27 de setiembre del 2007 y trasladado a este Despacho con oficio
       número 8300-07 aporta los documentos que se requieren:
    1. Solicitud del beneficio pretendido, señala para notificaciones el telefax
       661-58-96
    2. Certificado de defunción a nombre de María Elia Rodríguez Vindas,
       quién falleció el 1° de setiembre del 2007.
    3. Constancia extendida por el Registro Civil según estudio practicado en el
       índice general NO APARECE inscrito matrimonio de Carlos Luis
       Alvarez Palma cédula número 01-0195-0256 a partir del primero de
       setiembre dos mil siete, fecha en que enviudó de María Elia Rodríguez
                                       82

    Vindas.
4. Constancia extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social
    haciendo constar que no devenga salario, y tampoco recibe pensión.
5. Constancia extendida por la licenciada Dora Porras Valverde,
    Coordinadora Núcleo Servicio al Cliente del Departamento Nacional de
    Pensiones del Ministerio de Trabajo en la cual hace constar: que Carlos
    Luis Alvarez Palma recibe una pensión por el Régimen de Hacienda de
    ¢172.587,80 (ingreso neto total).
6. Constancia extendida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
    Magisterio Nacional, en la cual consta que no es pensionado ni tiene
    trámite presentado en ese régimen.
7. Constancia extendida por el Departamento Financiero Contable haciendo
    constar que: María Elia Rodríguez Vindas, cédula número 02-0134-0065
    no tiene deudas pendientes con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
    Poder Judicial.
8. Fotocopia de la cédula de identidad.
9. De conformidad con lo que establece la Ley para el Régimen de
    Pensiones y Jubilaciones Judiciales, me permito designar como mis
    beneficiarios en caso de fallecimiento, a mis hijos legítimos de mi
    matrimonio con el señor Carlos Luis Álvarez Palma, y que declaro en su
    orden de edad, como mis legítimos beneficiarios, a María Luisa, Carlos
    Luis, Ana Lorena y Amando Abraham (sic), todos Álvarez Rodríguez.
    Puntarenas, 23 de febrero de 1980. Se deja constancia que es la única
    designación que se encuentra agregada al expediente de jubilaciones y
    pensiones a nombre de María Elia Rodríguez Vindas al momento de
    hacer el estudio.
10. Fotocopias de las cédulas de identidad de los señores Álvarez Rodríguez
    María Luisa Álvarez Rodríguez, nació el 30 de enero de 1954
    Carlos Luis Álvarez Rodríguez, nació el 06 de enero de 1956
    Ana Lorena Álvarez Rodríguez, nació el 04 de junio de 1959 y
    Armando Abraham Álvarez Rodríguez, nació el 30 de mayo de 1961
          Doña María Elia a la fecha de su fallecimiento disfrutaba una
    jubilación mensual de ¢296.604,70 (equivalente al 99.23% del salario
    promedio).
          MONTO DE PENSION: ¢296.604,70 (100% de la jubilación)
          Don Carlos Luis Álvarez Palma, en su condición de cónyuge
    sobreviviente se encuentra dentro del grupo de beneficiarios que establece
    la Ley Orgánica en su artículo 232, párrafo segundo, para poder optar por
    el beneficio de pensión. Sin embargo es potestad del Órgano Superior
    determinar a quién le otorga el beneficio.
                                          83

              Norma legal:

              ―De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Actual
         Ley Orgánica‖.
              Fórmula aplicada:
              100% de la jubilación‖
                                         -0-

        De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Conceder la pensión a favor del señor Carlos Luis

Álvarez Palma, cónyuge sobreviviente de la exservidora judicial fallecida María

Elia Rodríguez Vindas, con una asignación mensual de ¢296.604,70 (doscientos

noventa y seis mil seiscientos cuatro colones con setenta céntimos) equivalente al

100% del monto de la jubilación de doña María Elia, a partir del 2 de setiembre del

2007.

        El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                 ARTÍCULO XXVI

        En oficio N° 02348-UCS-AS-2007 de 21 de noviembre recién pasado, los

máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden, Subjefe

del Departamento de Personal y Jefe de la Sección de Administración Salarial,

informan lo siguiente:

              ―De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
                                         84

       Judicial, artículo 231, nos permitimos informar que según el estudio N°
       RTFPJ-0169-2007 de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se determinó que la señora Adela Sibaja
       Rodríguez debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma
       de ¢13,275.00 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
       anualidades y jubilación once meses, laborados para el Ministerio de
       Cultura y Juventud.
             Cabe indicar que el veintiuno de noviembre del presente año vía
       telefónica, se le informa a la señora Sibaja Rodríguez del estudio N°
       RTFPJ-0169-2007, la cual manifiesta estar de acuerdo con el monto y
       solicita se le indique un número de cuenta para hacer el depósito
       respectivo. Señala lugar para notificaciones el número de teléfono de su
       casa 225-1680 y los correos electrónicos: marcel761@hotmail.com
       marcelleza18@yahoo.com
             Se anexa el estudio citado con la finalidad de contar con la
       respectiva aprobación.‖
                                        -0-

      El informe Nº RTFPJ-0169-2007 de 20 de noviembre último, reporta que el

monto a reintegrar por la licenciada Adela Sibaja Rodríguez, Jueza del Tribunal de

Cartago, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asciende a

¢13.275,00 (trece mil doscientos setenta y cinco colones exactos), para que se le

pueda reconocer 11 meses laborados para el Ministerio de Cultura y Juventud, para

efectos de anualidades y jubilación, correspondiente a los períodos del 1° de

agosto al 31 de diciembre de 1978 del 1° de abril al 30 de setiembre de 1979.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la licenciada Adela
                                         85

Sibaja Rodríguez , 11 meses laborados para el Ministerio de Cultura, Juventud y

Deportes, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial la suma de ¢13.275,00 (trece mil doscientos setenta y cinco colones

exactos), que se le deducirá de su salario en un solo tracto, o si lo prefiere, podrá

depositarla en las cuentas corrientes números 65-5 del Banco de Costa Rica o

1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXVII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden,

Subjefe del Departamento de Personal y Jefe de la Sección de Administración

Salarial, en oficio N° 02451-UCS-AS-2007 de 19 de noviembre último, comunican

lo siguiente:

             ―Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica
       del Poder Judicial, artículo 231, nos permitimos indicar lo siguiente:

 1.          En el expediente personal de la señora Deyanira Harley Jackson,
       no consta en cual sesión se aprobaron los dos años y doce días, laborados
       por la servidora para el Instituto Costarricense de Acueductos y
       Alcantarillados, únicamente se demuestra que por ese concepto el
                                        86

     incremento en sus anualidades se realizó a partir del primero de octubre
     de mil novecientos noventa y cinco.
2.           Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones de la
     Auditoría Judicial; mediante el oficio N° 2450-UCS-AS-2007 con fecha
     de hoy, se le solicitó a la Secretaría de la Corte incluir en el expediente
     personal del servidor una fotocopia de la sesión del Consejo Superior
     donde se aprueba dicho reconocimiento.
3.           Adicionalmente se tiene que de conformidad con lo dispuesto por
     el Consejo Superior en la sesión N° 74-02 del 03 de octubre del 2002,
     artículo XXXIV, donde se acuerda que a los servidores propietarios a
     quienes se les reconoció el tiempo servido en otras instituciones del
     Estado para efectos de pago de anualidades se les debe reconocer para
     jubilación. Este despacho procedió a solicitar la información necesaria y
     realizar el estudio correspondiente.
4.           Mediante certificación emitida por la licenciada Yolanda Salas
     Hernández, Jefe Departamento Gestión del Capital Humano del Instituto
     Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el día cuatro de diciembre
     del dos mil seis, se pudo constatar que el tiempo correcto laborado por la
     señora Harley Jackson, en Acueductos es de un año, once meses y
     veintisiete días. Dada la situación anterior se tiene que a la servidora en
     el año noventa y cinco, se le reconoció quince días de más.
5.           En ese sentido, es importante destacar que el Consejo Superior en
     la sesión N° 01-07 del nueve de enero del presente año, artículo XLVI;
     estableció que los días reconocidos de más en años anteriores, donde se
     aplica el período de caducidad, no se pueden desconocer los derechos
     subjetivos conferidos a favor de los servidores, en consecuencia se emite
     el presente estudio con los días reconocidos de más a la señora Harley
     Jackson.
             Con el oficio N° 02364-UCS-AS-2007 de fecha doce de
     noviembre del dos mil siete, se le informó a la servidora del estudio N°
     RTFPJ-0146-2007 de reconocimiento de tiempo, el cual fue enviado al
     correo electrónico del Juzgado Contravencional de Guácimo. Mediante la
     misma vía, el día dieciséis de noviembre la servidora manifiesta su
     aceptación al estudio y solicita que la deducción sea de un 5% del salario
     bruto mensual, por cuanto se encuentra pagando un préstamo de vivienda
     al Banco Nacional de Costa Rica. Asimismo señala que en caso de
     adelantar el pago por medio depósitos extraordinarios, solicita se le
     facilite un número de cuenta en donde se pueda realizar los mismos.
             En virtud de lo anterior se solicita la aprobación del estudio N°
     RTFPJ-0146-2007 de reconocimiento de tiempo servido en otras
     instituciones del Estado, el cual determinó que la señora Deyanira Harley
                                          87

       Jackson debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
       ¢192.742,31, a fin de que pueda reconocer para efectos de jubilación dos
       años y doce días, laborados para el Instituto Costarricense de Acueductos
       y Alcantarillados.
            Se anexa el estudio citado con la finalidad de contar con la
       respectiva aprobación.‖
                                         -0-

      El informe Nº RTFPJ-0146-2007 de 31 de octubre del año en curso, reporta

que el monto a reintegrar por la señora Deyanira Harley Jackson, Asistente Judicial

1 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asciende a ¢192.742,31 (ciento

noventa y dos mil setecientos cuarenta y dos colones con treinta y un céntimos),

para que se le pueda reconocer 2 años y 12 días laborados para el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para efectos de jubilación,

correspondiente al período del 4 de enero de 1993 al 15 de enero de 1995.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de jubilación a la señora Deyanira Harley Jackson,

2 años y 12 días laborados para el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢192.742,31 (ciento noventa y dos mil

setecientos cuarenta y dos colones con treinta y un céntimos), que se le deducirá de

su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere,
                                           88

podrá depositarla en las cuentas corrientes números 65-5 del Banco de Costa Rica

o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXVIII

      En oficio N° 0982-AP-2007 recibido el 26 de noviembre recién pasado, el

máster José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento de Personal y la

licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa de la Sección de Administración de

Personal, comunican lo siguiente:

            ―Atendiendo la solicitud formulada por la señora Viviana Guzmán
       Monge, portadora de la cédula de identidad 01-1142-0972, para el
       reconocimiento del pago de intereses por concepto de vacaciones
       proporcionales, nos permitimos indicar que la señora Viviana en nota de
       fecha 06 de febrero de 2007 y recibida en este Departamento el día 09 de
       febrero del mismo año, manifiesta:
            ―. . . solicito se interponga sus buenos oficios para que me realice el
       estudio para el pago de intereses por pago tardío de vacaciones
       proporcionales...‖

            Antecedentes:
            1. En fecha 10 de noviembre de 2006 la señora Viviana presentó
       nota a este Departamento para el pago de vacaciones proporcionales,
       debido a que presentó una ruptura de sus nombramientos entre el 07-03-
       2006 y el 18-08-2006. Cabe mencionar que posteriormente a esta ruptura
                                   89

la señora Guzmán reingresó a laborar para este Poder de la República el
06 de setiembre de 2006.
      2. En fecha 09 de febrero de 2007, esta Sección, atendiendo la
solicitud presentada por la señora Guzmán Monge ante este
Departamento, envió para su debido conocimiento y aprobación el oficio
N° 110-AP--2007, en el que se adjuntó la colectiva que contenía el monto
que le correspondía a doña Viviana por presentar interrupciones
laborales, el cual ascendió a ¢69.610,04, desglosados de la siguiente
manera:
           Período                Detalle            Monto Bruto
  07-03-2006 al 18-08-2006      Vacaciones             ¢69.610,04
        Total                                          ¢69.610,04

     1. El Departamento de Personal mediante resolución RJP-0008-
2007 de fecha 18 de febrero de 2007, aprobó el pago en mención.
     2. El día 14 de marzo del presente año se hizo efectivo el pago
correspondiente de las vacaciones proporcionales, en la cuenta bancaria
personal de doña Viviana, según información suministrada por el servidor
Rodrigo Monge Mora, encargado de dicho trámite en el Departamento de
Financiero Contable.

     Fundamento Jurídico:

     Previo a resolver este caso, resulta importante mencionar que la
Asesora Legal de este Departamento se pronuncio sobre este tema.
     Al respecto se indica el informe que contiene el criterio legal
emitido por la misma:

     Informe AL.DP. No.125-05.

     Análisis y conclusiones:

      Una vez analizada la gestión presentada por la señora Viviana
Guzmán, considera este Departamento que es atendible el pago de los
intereses, en el entendido de que la Administración faltó a su
responsabilidad de efectuar el pago correspondiente, en los términos de lo
dispuesto por el numeral 153 del Código de Trabajo en el párrafo
segundo, en lo que respecta al pago de las vacaciones de la servidora,
toda vez que la normativa al efecto dispone en lo conducente que:
      ―. . .En caso de la terminación del contrato de trabajo antes de
cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho,
                                                     90

            como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que le será
            pagado en el momento del retiro de su trabajo...‖ presentación de la
            solicitud para el pago de la suma adeudada junto con sus intereses, no ha
            trascurrido el plazo de 1 año, según lo estipula el artículo 602 del Código
            de Trabajo, después de la reforma, para que opere la prescripción de
            derecho, en consecuencia, debe procederse conforme se detalla:

Períodos en estudio     Fechas p/cálculo de intereses
Rige         Vence      Rige del Principal     Fecha        del        Principal   Intereses     Total a
                                               efectivo pago                       s/Principal   Pagar

07/03/06    18/08/06    19/08/2006             14/03/2007         69.610,04        4.476,12      4.476,12
                                               Totales            69.610,04        4.476,12      4.476,12


                  De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debe indicar que el
            monto que le corresponde a la señora Guzmán Monge por concepto de
            interés generado por el período comprendido entre el diecinueve de
            agosto de 2006 y el 14 de marzo de 2007 es de ¢4,476.12 (cuatro mil
            cuatrocientos setenta y seis colones con 12/100), calculados con las tasas
            de interés fijadas por el Banco Nacional de Costa Rica, correspondientes
            a los certificados de depósito a plazo a seis meses en colones.‖
                                                    -0-

           Se acordó: Acoger el informe del Departamento de Personal y autorizar al

  Departamento Financiero Contable para que gire a favor de la señora Viviana

  Guzmán Monge, la suma de ¢4,476.12 (cuatro mil cuatrocientos setenta y seis

  colones con doce céntimos) por el concepto indicado.

           Los Departamentos Financiero Contable y de Personal, tomarán nota para lo

  que corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                         ARTÍCULO XXIX

           Los máster José Luis Bermúdez Obando, Ronald Alberto Calvo Coto y la

  licenciada Lucy Vega Segura, por su orden, Subjefe del Departamento de Personal,
                                          91

Jefe de la Sección de Administración Salarial y Profesional 2 de la Unidad de

Presupuesto y Estudios Especiales, en oficio N° 0831-UPEE-AS-2007 de 22 de

noviembre último, comunican lo siguiente:

             ―De conformidad al acuerdo tomado por el Consejo Superior en
       sesión Nº 13-06 celebrada el 28 de febrero anterior, artículo CXXXIX,
       respecto a la forma como debe realizarse el pago de las incapacidades, el
       cual literalmente dice:
             “... 2) Se acoge el Oficio AL.DP. N° 103-05, sobre la naturaleza
       jurídica de las incapacidades en el Poder Judicial, en el entendido de que
       en aquellos casos donde el período de incapacidad supera el de
       designación o nombramiento, se debe aplicar a partir del momento de la
       ruptura de la relación laboral, el pago del subsidio en el porcentaje
       correspondiente, no sujeto a la rebaja de las cargas sociales y no el pago
       de un salario...”
             Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Constitucional en
       la resolución n° 5969-93 de las 15:21 horas del 16 de noviembre de 1993
       en el sentido de que ningún derecho laboral prescribe mientras subsista la
       relación de trabajo, se advierte una vez examinado el momento de la
       ruptura de la relación laboral con el Poder Judicial y la fecha de
       presentación de la solicitud para el pago de la suma adeudada, que no ha
       transcurrido el plazo de un año previsto por el artículo 602 del Código de
       Trabajo para que opere la prescripción de derecho, en consecuencia, debe
       procederse conforme se detalla.
             Por lo antes expuesto y en acato a lo ordenado se remite para su
       aprobación la gestión presentada por la servidora Natalie Walsh
       Miranda, con cédula Nº 01-1267-0312, correspondiente a la incapacidad
       por enfermedad en el período del 21 de noviembre al 16 de diciembre de
       2007 la cual asciende a un total de ¢246.913,33 (doscientos cuarenta y
       seis mil novecientos trece colones con 33/100).
             Se aclara que la incapacidad va del 16 de noviembre al 16 de
       diciembre de 2007, y el período del nombramiento va del 06 al 20 de
       noviembre de 2007, el mismo da sustento al pago de la incapacidad por el
       período indicado en el párrafo anterior.‖
                                         -0-

      Se acordó: Devolver las diligencias al Departamento de Personal a fin de
                                          92

que realice nuevamente el cálculo respectivo, en razón de que el pago no procede

en la forma en que fue calculado, pues la incapacidad es mayor al período de

nombramiento y en consecuencia conforme ya resolvió este Consejo en sesión de

N° 13-06 celebrada el 28 de febrero del 2006, artículo CXXXIX, lo que procede es

cancelar la incapacidad hasta el día del nombramiento y el período restante

procede reclamarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social. La fórmula empleada

solo es de aplicación para las licencias por maternidad.

                                 ARTÍCULO XXX

      Los máster José Luis Bermúdez Obando, Ronald Calvo Coto y la licenciada

Lucy Vega Segura, por su orden Subjefe del Departamento de Personal, Jefe de

Administración Salarial y Profesional 2 de la Unidad de Presupuesto y Estudios

Especiales, en oficio Nº 0771-UPEE-AS-2007 de 20 de noviembre último,

informan lo siguiente:

                ―De conformidad al acuerdo tomado por el Consejo Superior en
       sesión Nº 13-06 celebrada el 28 de febrero anterior, artículo CXXXIX,
       respecto a la forma como debe realizarse el pago de las incapacidades, el
       cual literalmente dice:
             “... 2) Se acoge el Oficio AL.DP. N° 103-05, sobre la naturaleza
       jurídica de las incapacidades en el Poder Judicial, en el entendido de que
       en aquellos casos donde el período de incapacidad supera el de
       designación o nombramiento, se debe aplicar a partir del momento de la
       ruptura de la relación laboral, el pago del subsidio en el porcentaje
       correspondiente, no sujeto a la rebaja de las cargas sociales y no el pago
       de un salario...”
             Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Constitucional
       en la resolución n° 5969-93 de las 15:21 horas del 16 de noviembre de
                                          93

       1993 en el sentido de que ningún derecho laboral prescribe mientras
       subsista la relación de trabajo, se advierte una vez examinado el momento
       de la ruptura de la relación laboral con el Poder Judicial y la fecha de
       presentación de la solicitud para el pago de la suma adeudada, que no ha
       transcurrido el plazo de un año previsto por el artículo 602 del Código de
       Trabajo para que opere la prescripción de derecho, en consecuencia, debe
       procederse conforme se detalla.
             Por lo antes expuesto y en acato a lo ordenado se remite para su
       aprobación la gestión presentada por la servidora Karol Jiménez Rojas,
       con cédula Nº 01-1042-0955, correspondiente a la incapacidad en el
       período del 10 al 23 de noviembre de 2007, donde se incluye el sábado
       24 y el domingo 25 de noviembre, según acuerdo tomado por Corte Plena
       el 24 de junio de 1991, artículo LXIV; ¢147.253,33 (ciento cuarenta y
       siete mil doscientos cincuenta y tres colones con 33/100).
             Se aclara que la incapacidad va del 09 al 23 de noviembre de 2007,
       y el período del nombramiento va del 19 de octubre al 09 de noviembre
       de 2007, el mismo da sustento al pago de la incapacidad por el período
       indicado en el párrafo anterior.‖
                                         -0-
      Se acordó: Devolver las diligencias al Departamento de Personal a fin de

que realice nuevamente el cálculo respectivo, en razón de que el pago no procede

en la forma en que fue calculado, pues la incapacidad es mayor al período de

nombramiento y en consecuencia conforme ya resolvió este Consejo en sesión de

N° 13-06 celebrada el 28 de febrero del 2006, artículo CXXXIX, lo que procede es

cancelar la incapacidad hasta el día del nombramiento y el período restante

procede reclamarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social. La fórmula empleada

solo es de aplicación para las licencias por maternidad.

                                ARTÍCULO XXXI

      El máster José Luis Bermúdez Obando y la licenciada Olga Guerrero
                                          94

Córdoba, por su orden Subjefe del Departamento de Personal y Jefa de

Administración de Personal, en oficio N° 0985-AP-2007 de 9 de octubre del año

en curso, recibido el 26 de noviembre último, rinden el siguiente informe:

             ―Atendiendo la solicitud formulada por la señora Jessica Quirós
       Solano, portadora de la cédula de identidad 1- 1289-0442, para el
       reconocimiento del pago de intereses por concepto de vacaciones proa
       orcionales, nos permitimos indicar que la señora Jessica en nota de fecha
       05 de septiembre de 2007 y recibida en este Departamento el día 13 de
       septiembre del mismo año, manifiesta:
             ―…sirva la presente para solicitarles de la manera mas atenta, el
       estudio de los intereses de las vacaciones proporcionales que se me
       cancelaron a principio del año 2007...‖

             Antecedentes:
             1. En fecha 21 de septiembre de 2006 la señora Jessica presentó
       nota a este Departamento para el pago de vacaciones proporcionales,
       debido a que presentó una ruptura de sus nombramientos entre el 21-02-
       2006 al 18-08-2006. Cabe mencionar que posteriormente a esta ruptura la
       señora Quirós reingresó a laborar para este Poder de la República el 27 de
       setiembre de 2006.
             2. En fecha 12 de diciembre de 2006, esta Sección, atendiendo la
       solicitud presentada por la señora Jessica Quirós ante este Departamento,
       envió para su debido conocimiento y aprobación el oficio N° 1235-
       AP2006, en el que se adjuntó la colectiva que contenía el monto que le
       correspondía a doña Jessica por presentar interrupciones laborales, el cual
       asciende a 90.292, 14, desglosados de la siguiente manera:

        Período                        Detalle               Monto Bruto
21-02-2006 al 18-08-2006             Vacaciones               ¢90.295,14
         Total                                                ¢90.295,14

             1. El Departamento de Personal mediante resolución RJP-0098-
       2006 de fecha 15 de diciembre de 2006, aprobó el pago en mención.
             2. El día 08 de febrero del presente año se hizo efectivo el pago
       correspondiente de las vacaciones proporcionales, en la cuenta bancaria
       personal de doña Jessica, según información suministrada por el servidor
       Rodrigo Monge Mora, encargado de dicho trámite en el Departamento de
                                   95

Financiero Contable.

     Fundamento Jurídico:
     Previo a resolver este caso, resulta importante mencionar que la
Asesora Legal de este Departamento se pronuncio sobre este tema.
     Al respecto se indica el informe que contiene el criterio legal
emitido por la misma:
     Informe AL.DP. No. 125-05.

      Análisis y conclusiones:
      Una vez analizada la gestión presentada por la señora Jessica
Quirós, considera este Departamento que es atendible el pago de los
intereses, en el entendido de que la Administración faltó a su
responsabilidad de efectuar el pago correspondiente, en los términos de lo
dispuesto por el numeral 1 53 del Código de Trabajo en el párrafo
segundo, en lo que respecta al pago de las vacaciones de la servidora,
toda vez que la normativa al efecto dispone en lo conducente que:
      ―…En caso de la terminación del contrato de trabajo antes de
cumplir el periodo de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho,
como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que le será
pagado en el momento del retiro de su trabajo...‖
      En este sentido la Sala Segunda en Sentencia No 570 de las 15.30 H
del 8 de noviembre de 2002:
      ―…III. - En forma reiterada se ha dicho que, cuando la entidad
patronal no cumple, oportunamente con el pago de las respectivas
prestaciones legales, al concluir el contrato de trabajo, incurre en la
responsabilidad civil de satisfacer a su acreedor, los daños y perjuicios
que le ha venido ocasionando y que, por tratarse de sumas de dinero, se
contraen al obligado pago de intereses sobre la suma debida, que se
generen desde el momento en que la obligación debió hacerse efectiva...‖
      Bajo esta coyuntura, puede advertirse que el Poder Judicial cuenta
con una regulación propia, reconociéndole a los servidores de este Poder
de la República, un beneficio mayor que el que la normativa laboral
prevé. Sobre el particular, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial dispone que:
      ―…Los servidores judiciales tendrán derecho a 31 días naturales de
vacaciones anuales…‖
      Además, en la sesión 5 1-02, articulo LXXX, el Consejo Superior
informa:
      ―…no es procedente el reconocimiento oficioso y anticipado sobre
liquidación de vacaciones o de cualquier otro derecho de los trabajadores
                                                   96

          al cese de la relación laboral. Una interpretación contraria implica
          eventualmente un serio perjuicio al Erario Público y una renuncia expresa
          y anticipada al derecho que tiene el Estado, como patrono, de aplicar la
          prescripción cuando los extremos laborales no hayan sido oportunamente
          solicitados por parte de los beneficiarios o interesados...‖
                Así las cosas, los intereses se generarían desde que la
          administración debía hacer efectivo el pago de las sumas adeudadas sin
          hacerlo y hasta la efectiva cancelación de las sumas debidas, razón por la
          cual se concluye la procedencia de la petitoria de la señora Quirós Solano.
                Asimismo, resulta importante indicar que de conformidad con lo
          dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución n° 5969-93 de las
          15:2 1 horas del 16 de noviembre de 1993, en el sentido de que ningún
          derecho laboral prescribe mientras subsista la relación de trabajo, se
          advierte que una vez examinado el momento de la ruptura de la relación
          laboral con el Poder Judicial y la fecha de presentación de la solicitud
          para el pago de la suma adeudada junto con sus intereses, no ha
          trascurrido el piazo de 1 año, según lo estipula el articulo 602 del Código
          de Trabajo, después de la reforma, para que opere la prescripción de
          derecho, en consecuencia, debe procederse conforme se detalla:


    Períodos en estudio     Fechas p/cálculo de intereses                   Intereses
                                                               Principal                 Total a Pagar
                                                                           s/Principal
   Rige          Vence       Rige del    Fecha del efectivo
                             principal         pago
 21/02/2006    18/08/2006   19/08/2006      08/02/2007         90,295.14    5,045.24       5,045.24
                                                     Totales   90,295.14    5,045.24       5,045.24


                 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debe indicar que el
          monto que le corresponde a la señora Jessica Quirós Solano por concepto
          de interés generado por el período comprendido entre el diecinueve de
          agosto de 2006 y el ocho de febrero de 2007 es de ¢5,045.24 (cinco mil
          cuarenta y cinco colones con 24/ 100), calculados con las tasas de interés
          fijadas por el Banco Nacional de Costa Rica, correspondientes a los
          certificados de depósito a plazo a seis meses en colones.‖
                                                  -0-
       Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar el pago de ¢5.045,24

(cinco mil cuarenta y cinco colones con veinticuatro céntimos) por concepto de

intereses a favor de la señora Jessica Quirós Solano.
                                          97

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden,

Subjefe del Departamento de Personal y Jefe de Administración Salarial, en oficio

N° 02449-UCS-AS-2007          de 19 de noviembre recién pasado, informan lo

siguiente:

              ―De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
       Judicial, artículo 231, nos permitimos informar que según el estudio
       N°RTFPJ-0149-2007 de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se determinó que el señor Pablo González
       Hernández debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma
       de ¢2,154.30 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
       anualidades y jubilación diez meses y cinco días, laborados para la Caja
       Costarricense de Seguro Social.
             Cabe indicar que con el oficio N° 02362-UCS-AS-2007 de fecha
       doce de noviembre del presente año, se le informó al servidor del estudio
       N° RTFPJ-0149-2007 de reconocimiento de tiempo, el cual fue enviado
       por correo electrónico del servidor. Mediante la misma vía, con fecha
       dieciséis de noviembre del mes actual el señor González Hernández,
       manifiesta su conformidad con el estudio y señala para recibir
       notificaciones el fax 295-3822 y el correo electrónico pgonzalez@poder-
       judicial.go.cr.
             Se anexa el estudio citado con la finalidad de contar con la
       respectiva aprobación.‖
                                   -0-
      El informe Nº RTFPJ-0149-2007 de 31 de octubre del año en curso, reporta

que el monto a reintegrar por el servidor Pablo González Hernández, Psicólogo

Clínico, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial asciende a
                                         98

¢2.154,30 (dos mil ciento cincuenta y cuatro colones con treinta céntimos), para

que se le pueda reconocer 10 meses y 5 días laborados en la Caja Costarricense de

Seguro Social, para efectos de jubilación, correspondientes a los períodos del 6 de

junio de 1977 al 10 de abril de 1978.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Pablo

González Hernández, 10 meses y 5 días laborados en la Caja Costarricense de

Seguro Social, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢2.154,30 (dos mil ciento cincuenta y

cuatro colones con treinta céntimos), que se le deducirá de su salario en un solo

tracto, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 65-5 del

Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa

coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo

resuelto para que solicite en favo r del Fondo mencionado el traslado de cuotas

correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados

por el Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXIII
                                          99

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden,

Subjefe del Departamento de Personal y Jefe de Administración Salarial, en oficio

N° 02452-UCS-AS-2007 de 19 de noviembre recién pasado, informan lo siguiente:

              ―De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
       Judicial, artículo 231, nos permitimos informar que según el estudio N°
       RTFPJ-0149-2007 de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se determinó que la licenciada Elizabeth Tosi
       Vega debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
       ¢14.742,81 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
       anualidades y jubilación un año y veintiocho días, laborados para el
       Banco Anglo Costarricense.
             Cabe indicar que con el oficio N° 02327-UCS-AS-2007 de fecha
       doce de noviembre del presente año, se le informó a la servidora del
       estudio N° RTFPJ-0145-2007 de reconocimiento de tiempo, el cual fue
       enviado por correo electrónico a la servidora. Mediante la misma vía, con
       fecha catorce de noviembre del mes actual la señora Tosi Vega,
       manifiesta su conformidad con el estudio y señala para recibir
       notificaciones el correo electrónico etosi@poder-judicial.go.cr.
             Se anexa el estudio citado con la finalidad de contar con la
       respectiva aprobación.‖
                                   -0-
      El informe Nº RTFPJ-0145-2007 de 30 de octubre del año en curso, reporta

que el monto a reintegrar por la licenciada Tosi Vega, Jueza del Tribunal Penal del

Primer Circuito Judicial de San José, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial asciende a ¢14.742,81 (catorce mil setecientos cuarenta y dos

colones con ochenta y un céntimos), para que se le pueda reconocer 1 año, y 28

días laborados en el Banco Anglo Costarricense, para efectos de anualidades y

jubilación, correspondientes a los períodos del 3 de setiembre de 1973 al 30 de
                                       100

setiembre de 1974.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación a la licenciada

Elizabeth Tosi Vega, 1 año y 28 días laborados en el Banco Anglo Costarricense,

con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial la suma de ¢14.742,81 (catorce mil setecientos cuarenta y dos colones con

ochenta y un céntimos), que se le deducirá de su salario en un solo tracto, o si lo

prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 65-5 del Banco de

Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXIV

      El señor Francisco Gutiérrez Vivas, mediante nota del 14 de de noviembre

último, dirigida al Departamento de Personal, en lo que interesa, manifestó lo

siguiente:
                                                      101

               ―5.- Asimismo solicito muy respetuosamente, se sirvan hacer la
          respectiva liquidación por concepto de Cesantía, por VEINTE
          SALARIOS, conforme la Resolución de la Sala Constitucional, Voto No.
          2006-17437, que consideró para los servidores y servidoras del Instituto
          Nacional de Seguros, como ―razonable‖ el reconocimiento de veinte años
          de por concepto de Cesantía; amparado al Principio de Patrono Único.‖
                                                      -0-

        El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio N° 1226-JP-2007 de 27 de noviembre último, comunica lo siguiente:

                 ―En atención a la consulta efectuada por el señor Francisco
          Gutiérrez Vivas, con el visto bueno de esta Jefatura, le remito el Informe
          AL.DP. N° 038-07 suscrito por la Licenciada Priscilla Rojas Muñoz
          Asesora Jurídica a.í. de este Departamento.
                 El criterio vertido en dicho informe es el siguiente:
                 “Criterio Legal:
                 Analizado el cuadro normativo y jurisprudencial (administrativo1 y
          jurisdiccional) expuesto, esta asesoría concluye que la gestión del señor
          Francisco Gutiérrez Vivas, en relación con el pago por concepto de
          auxilio de cesantía, el cual se solicita sea cancelado con el tope de 20
          años, de conformidad con la resolución N° 2006-17437 de la Sala
          Constitucional, resulta inatendible, toda vez que no se encuentra un
          fundamento legal para acceder a lo solicitado.
                El Poder Judicial, como parte de la Administración Pública, se
          encuentra sujeta al principio de legalidad, razón por la cual solamente
          puede actuar por disposición expresa de la ley, es decir, únicamente puede
          realizar aquello que esté constitucional y legalmente autorizado en forma
          expresa, contrario sensu, todo lo que no esté regulado o autorizado le está
          vedado realizarlo.
                 Siguiendo esa línea de pensamiento, para que lo planteado por don
          Francisco pueda llevarse a cabo debe existir una disposición normativa a
          lo interno de la institución que disponga que el auxilio de cesantía deberá
          calcularse con un tope máximo de 20 años. Toda vez que lo dispuesto por
          la Sala Constitucional en la resolución citada no ordenó que todas las
          instituciones y/o dependencias que integran el Sector Público pagaran el

1
  De conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los dictámenes y
pronunciamientos de la Procuraduría constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio a la
Administración Pública.
                                          102

       rubro citado de conformidad con dicho ―techo‖.
             En virtud de lo anterior, es necesario resaltar lo expuesto por el
       Tribunal Constitucional en el Considerando XI de la resolución de cita,
       titulado “Auxilio de cesantía”: ―Aun cuando la norma es imperativa al
       indicar que el auxilio de cesantía no puede indemnizarse más allá de los
       últimos ocho años, esta Sala ha aceptado la existencia de topes mayores
       fijados a través de convenciones colectivas…‖ En otras palabras,
       trabajadores y patronos tienen la posibilidad de negociar un tope para el
       rubro en cuestión que supere el mínimo establecido en el Código de
       Trabajo, siempre y cuando el número de años establecido se encuentre
       dentro del ámbito de razonabilidad y proporcionalidad, mismo que fue
       fijado en 20 años; toda vez que en el caso de las instituciones públicas se
       trata de fondos públicos.
             Por otra parte, en relación con la aplicación de la Teoría del Estado
       Patrono Único, alegada por el señor Gutiérrez Vivas, es importante
       apuntar que ésta se estableció para proteger los derechos que los
       trabajadores hayan obtenido en una institución del Sector Público
       determinada cuando éstos se trasladan a otra de igual naturaleza.
             De esta manera se advierte que lo anterior no implica que la
       normativa que rige en una de las instituciones o dependencias integrante
       de dicho sector le sea aplicable a las otras, por cuanto cada una de ellas
       goza de autonomía para emitir las disposiciones que regulan las
       relaciones labores que a lo interno de cada una se llevan a cabo; tal como
       lo pretende el gestionante al exponer: ―…que consideró para los
       servidores y servidoras del Instituto Nacional de Seguros, como
       ―razonable‖ el reconocimiento de veinte años de por concepto de
       Cesantía; amparado al Principio de Patrono Único.‖
             No obstante lo anterior, el Consejo Superior debe decidir lo que
       corresponda atendiendo a las circunstancias que el caso concreto plantea
       así como al panorama expuesto en el presente informe, toda vez que ese
       Órgano es el llamado a hacerlo en virtud de las competencias y
       atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial.‖
                                          -0-

     Se acordó: Acoger el informe rendido por la Asesora Legal del Departamento

de Personal y denegar la gestión pretendida por el señor Francisco Gutiérrez Vivas

en relación con el pago por concepto de auxilio de cesantía, el cual solicitaba fuera
                                          103

cancelado con el tope de 20 años de conformidad con la resolución N° 2006-17437

de la Sala Constitucional. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXV

      En oficio N° 983-AP-2007 recibido el 26 de noviembre último, el máster

José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento de Personal y la licenciada

Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de la Sección de Administración de Personal,

informan lo siguiente:

             ―Atendiendo la solicitud de fecha 6 de agosto de 2007, formulada
       por la señora Silvia Concha Villalobos, portadora de la cédula de
       identidad 01-0642-0082, para el reconocimiento del pago de intereses por
       concepto de vacaciones proporcionales, nos permitimos indicar que la
       señora Silvia en nota de fecha 06 de agosto de 2007 y recibida en el
       Departamento de Personal el día 07 de agosto del mismo año, manifiesta:
             ―El objetivo de la presente es para solicitarle se me realice estudio
       sobre los intereses generados por concepto de vacaciones
       proporcionales...‖

             Antecedentes:
             1. En fecha 07 de noviembre de 2006 la señora Silvia presentó nota
       a este Departamento para el pago de vacaciones proporcionales debido a
       que presentó una ruptura de sus nombramientos entre el 28-04-2006 y el
       11-08-2006. Cabe mencionar que posteriormente a esta ruptura la señora
       Concha reingresó a laborar para este Poder de la República el 30 de
       agosto de 2006.
             2. En fecha 22 de mayo de 2007, esta Sección, atendiendo la
       solicitud presentada por la señora Concha Villalobos ante este
       Departamento, envió para su debido conocimiento y aprobación el oficio
       N° 493-AP-2007, en el que se adjuntó la colectiva que contenía el monto
       que le correspondía a doña Silvia por presentar interrupciones laborales,
       el cual asciende a 40.381,25, desglosados de la siguiente manera:

                          Período           Detalle   Monto Bruto
                  28-04-2006 al 11-08-2006 Vacaciones ¢ 40.381,25
                                   104

                    Total                          ¢ 40.381,25

     2. El Departamento de Personal mediante resolución RJP-00662007
de fecha 24 de mayo de 2007, aprobó el pago en mención.
     3. El día 06 de junio del presente año se hizo efectivo el pago
correspondiente de las vacaciones proporcionales, en la cuenta bancaria
personal de doña Silvia, según información suministrada por el servidor
Rodrigo Monge Mora‘, encargado de dicho trámite en el Departamento
de Financiero Contable.

     Fundamento Jurídico:
     Previo a resolver este caso, resulta importante mencionar que la
Asesora Legal de este Departamento se pronuncio sobre este tema. Al
respecto se indica el informe que contiene el criterio legal emitido por la
misma:
     Informe AL.DP. No. 125-05.

      Análisis y conclusiones:
      Una vez analizada la gestión presentada por la señora Silvia Concha
Villalobos, considera este Departamento que es atendible el pago de los
intereses, en el entendido de que la Administración faltó a su
responsabilidad de efectuar el pago correspondiente, en los términos de lo
dispuesto por el numeral 1 53 del Código de Trabajo en el párrafo
segundo, en lo que respecta al pago de las vacaciones de la servidora,
toda vez que la normativa al efecto dispone en lo conducente que:
      ―... En caso de la terminación del contrato de trabajo antes de
cumplir el periodo de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho,
como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que le será
pagado en el momento del retiro de su trabajo...‖
      En este sentido la Sala Segunda en Sentencia No 570 de las 15.30 H
del 8 de noviembre de 2002:
      ―...III. - En forma reiterada se ha dicho que, cuando la entidad
patronal no cumple, oportunamente con el pago de las respectivas
prestaciones legales, al concluir el contrato de trabajo, incurre en la
responsabilidad civil de satisfacer a su acreedor, los daños y perjuicios
que le ha venido ocasionando y que, por tratarse de sumas de dinero, se
contraen al obligado pago de intereses sobre la suma debida, que se
generen desde el momento en que la obligación debió hacerse efectiva. ..‖
      Bajo esta coyuntura, puede advertirse que el Poder Judicial cuenta
con una regulación propia, reconociéndole a los servidores de este Poder
de la República, un beneficio mayor que el que la normativa laboral
                                       105

 prevé. Sobre el particular, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder
 Judicial dispone que:
       ―...Los servidores judiciales tendrán derecho a 3 1 dias naturales de
 vacaciones anuales. ...‖
       Además, en la sesión 51-02, artículo LXXX, el Consejo Superior
 informa:
       ―...no es procedente el reconocimiento oficioso y anticipado sobre
 liquidación de vacaciones o de cualquier otro derecho de los trabajadores
 al cese de la relación laboral. Una interpretación contraria implica
 eventualmente un serio perjuicio al Erario Público y una renuncia expresa
 y anticipada al derecho que tiene el Estado, como patrono, de aplicar la
 prescripción cuando los extremos laborales no hayan sido oportunamente
 solicitados por parte de los beneficiarios o interesados. ..‖
       Así las cosas, los intereses se generarían desde que la administración
 debía hacer efectivo el pago de las sumas adeudadas sin hacerlo y hasta la
 efectiva cancelación de las sumas debidas, razón por la cual se concluye
 la procedencia de la petitoria de la señora Concha Villalobos.
       Asimismo, resulta importante indicar que de conformidad con lo
 dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución n° 5969-93 de las
 15:2 1 horas del 16 de noviembre de 1993, en el sentido de que ningún
 derecho laboral prescribe mientras subsista la relación de trabajo, se
 advierte que una vez examinado el momento de la ruptura de la relación
 laboral con el Poder Judicial y la fecha de presentación de la solicitud
 para el pago de la suma adeudada junto con sus intereses, no ha
 trascurrido el plazo de 1 año, según lo estipula el artículo 602 del Código
 de Trabajo, después de la reforma, para que opere la prescripción de
 derecho, en consecuencia, debe procederse conforme se detalla:

                            Fechas p/cálculo de
  Períodos en estudio
                                intereses
                                                                 Intereses
                                                    Principal                 Total a
                                       Fecha del                s/Principal
                          Rige del                                            Pagar
  Rige         Vence                    efectivo
                          principal
                                          pago

28/04/2006   11/08/2006   12/08/2006   06/06/2007   40,381.25    3,385.02     3,385O2

                    Totales                         40,381.25    3,385.02     3,385.02



      De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se debe indicar que el
 monto que le corresponde a la señora Silvia Concha Villalobos por
                                         106

       concepto de interés generado por el período comprendido entre el
       veintiocho de abril de 2006 al once de agosto de 2006 es de 3,385.02 (tres
       mil trescientos ochenta y cinco colones con 02/ 100), calculados con las
       tasas de interés fijadas por el Banco Nacional de Costa Rica,
       correspondientes a los certificados de depósito a piazo a seis meses en
       colones.
                                         -0-

      Se acordó: Acoger el informe del Departamento de Personal y autorizar al

Departamento Financiero Contable para que gire a favor de la señora Silvia

Concha Villalobos, la suma de ¢ 3,385.02 (tres mil trescientos ochenta y cinco

colones con dos céntimos) por el concepto indicado.

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO XXXVI

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden,

Subjefe del Departamento de Personal y Jefe Administración Salarial, en oficio N°

2448-UCS-AS-2007 de 19 de noviembre último, comunican lo siguiente:

             “De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
       Judicial, artículo 231, nos permitimos informar que según el estudio
       N°RTFPJ-0092-2007 de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se determinó que el señor Marco Tulio
       Granados Ortega debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       la suma de ¢3,989,459.81 a fin de que pueda reconocer para efectos de
       pago de anualidades y jubilación siete años y siete meses, laborados para
       el Consejo de Seguridad Vial.
             Cabe indicar que con el oficio N° 01701-UCS-AS-2007 de fecha
       treinta y uno de agosto del presente año, se le informó al servidor del
       estudio N° RTFPJ-092-2007 de reconocimiento de tiempo, el cual fue
                                          107

       enviado por correo electrónico de la Subdelegación Regional de
       Turrialba O.I.J. Mediante nota del nueve de este mes, manifiesta su
       conformidad con el estudio y solicita que el porcentaje a rebajar sea de un
       5% por cuanto está pagando un préstamo de vivienda y sus estudios
       Universitarios, así como otros gastos.
             Se anexa el estudio citado con la finalidad de contar con la
       respectiva aprobación.”
                                          -0-

      El informe Nº RTFPJ-092-2007 de 28 de agosto del presente año, reporta

que el monto a reintegrar por el servidor Marco Tulio Granados Ortega,

Investigador interino 1 de la Subdelegación Regional del Organismo de

Investigación Judicial de Turrialba, al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial asciende a ¢3,989,459.81 (tres millones novecientos ochenta y

nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve colones con ochenta y un céntimos),

para que se le pueda reconocer 7 años, 7 meses laborados en el Consejo de

Seguridad Vial, para efectos de pago de anualidades y jubilación, correspondientes

a los períodos del 12 de diciembre de 1999 al 30 de junio de 2007.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Marco Tulio

Granados Ortega, 7 años, 7 meses laborados en el Consejo de Seguridad Vial, con

la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial

la suma de ¢3.989.459,81 (tres millones novecientos ochenta y nueve mil
                                        108

cuatrocientos cincuenta y nueve colones con ochenta y un céntimos). 2.) Autorizar

al Departamento Financiero Contable para que la citada suma adeudada por don

Marco Tulio al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, le será

deducido de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la cancelación total, o si

lo prefiere, podrá depositarla, en las cuentas corrientes números 65-5 del Banco de

Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXVII

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

con oficio N° 1085-JP-2007 de 24 de octubre del año en curso, remite para

conocimiento de este Consejo el informe legal AL. DP. N° 011-07 suscrito por la

licenciada Priscilla Rojas Muñoz, Asesora Jurídica interina del departamento a su

cargo, en el cual se analiza la procedencia de la gestión realizada por el licenciado

Rafael Picado Chaves, para reconocerle el tiempo laborado en el Colegio de

Abogados de Costa Rica.
                                       109

      Al respecto el referido informe legal concluye que por la naturaleza jurídica

de este y los otros colegios profesionales, como entes públicos no estatales, según

los criterios de la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional,

no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por la ley para otorgar ese

reconocimiento para efecto de anualidades y jubilación, por lo que no es posible

acceder a esa solicitud.

      Con base en el informe indicado, se acordó: Denegar la gestión del

licenciado Rafael Picado Chaves por no ser legalmente posible y hacer de su

conocimiento el informe legal N° AL.DP. N° 011-07. Se declara firme este

acuerdo.

                             ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión N° 86-07 celebrada el 15 de noviembre recién pasado, artículo

XLVIII, se trasladó al Consejo de Personal para que procediera a la brevedad a

efectuar la difusión correspondiente, a la ―I Convocatoria del Programa

Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 2008‖, que se celebraría en el

Instituto Nacional de Administración Pública, Plaza San Diego s/n, 28801 Alcalá

de Henares- Madrid, del 1° al 31 de mayo de 2008, con la indicación de que este

Consejo concedería únicamente permiso con goce de salario y sustitución en los

casos estrictamente necesarios.
                                        110

      Con relación a lo anterior, en oficio N° 507-CAP-2007 de 27 de noviembre

último, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la

licenciada Waiman Hin Herrera, por su orden, Jefe del Departamento de Personal,

Jefe de Desarrollo Humano y Jefa de Subproceso Gestión de la Capacitación,

comunican que según confirmación con personeros de la Agencia de Cooperación

Española en Costa Rica la información para la ―I Convocatoria del Programa

Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 2008‖, se consignó como

fecha de inicio el 1° de mayo del 2008, siendo lo correcto el 1° de abril de ese año,

por lo cual solicitan se apruebe el beneficio por el período completo, es decir del

1° de abril al 31 de mayo del 2008.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y tener por ampliada la

fecha en que iniciará la ―I Convocatoria del Programa Iberoamericano de

Formación Técnica Especializada 2008‖, siendo ésta a partir del 1º de abril del

2008 y no como se indicó en el acuerdo de referencia.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXIX

      En sesión N° 80-07 del 25 de octubre del año en curso, artículo XL, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:
                                   111

     ―En oficio N° 01710-UCS-AS-2007, de 18 de octubre del año en
curso, los master José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo Coto, por
su orden, Subjefe del Departamento de Personal y Jefe de la Sección de
Administración Salarial, comunican lo siguiente:

      "1. Gestión
      Una vez que se tiene conocimiento del Reglamento para el
reconocimiento del tiempo servido para el Poder Judicial como para otros
entes del Estado. Se han generado una serie de solicitudes por parte
algunos servidores judiciales las cuales deben ser conocidas por el
Consejo Superior. Así como las inquietudes que este Departamento tiene
para la aplicación del citado reglamento.

     Solicitudes formuladas

     2.1 Rosibel López Madrigal
     Mediante correo electrónico del treinta de abril del presente año, la
señora López Madrigal indica:

      "Con el debido respeto me dirijo a su honorable persona con el fin
que el departamento a su cargo realice las disposiciones correspondientes
a efecto que se me aplique el artículo 4 del Reglamento para el
reconocimiento de tiempo servido en el Poder Judicial y en otros Entes
Públicos para el pago de anualidades y la jubilación del Poder Judicial.
Esto con fundamento en lo siguiente, ingresé a laborar en propiedad en el
Poder Judicial el 1 de febrero de 1986, anteriormente a esa fecha había
laborado durante algunos meses en forma interina. En el año 1988 y 1989,
el Poder Judicial me concedió un permiso para Estudios de Postgrado en
Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, permiso que se dio sin
goce de salario, durante un año. Ese año se me ha excluido de las
anualidades y del tiempo servido hasta la fecha. De conformidad con el
reglamento citado es improcedente tal exclusión en razón que se trató de
un permiso con evidente interés institucional, pues me he desempeñado
como Jueza Penal a lo largo de mi carrera y actualmente integrante de un
Tribunal Penal Colegiado. En razón de esto mi situación se engloba en la
excepción que plantea el citado artículo 4, en su inciso2, que establece
que no afecta la fecha en que el servidor cumple su anualidad y el
permiso no interrumpe la relación laboral, cuando se trate de permiso sin
goce de salario con interés institucional para realizar estudios de interés
para la institución.
                                  112

      Conforme lo expuesto solicito se me otorgue el año que se ha
venido excluyendo en el cómputo de mis anualidades, asimismo se realice
en forma retroactiva y a futuro el pago de dicha anualidad, también se
incluya en el tiempo servido.

     Señalo para recibir notificaciones mi correo electrónico interino del
Poder Judicial rlopez@poder-judicial.go.cr."

      2.    Lilliana García Vargas
      Mediante correo electrónico de fecha treinta de mayo del presente
año, la señora García Vargas, manifiesta lo siguiente:

      "Con el debido respeto me dirijo a usted, con el fin que el
departamento a su cargo, realice los estudios correspondientes a efecto
que se me aplique el artículo 4 del Reglamento para el reconocimiento de
tiempo servido en el Poder Judicial y en otros Entes Públicos, respeto al
pago de anualidades y la jubilación del Poder Judicial. Esto con
fundamento en lo siguiente: Ingresé a laborar en propiedad para el Poder
Judicial en el año 1986, anterior a esa fecha había laborado durante
algunos meses en forma interina. En el año 1989 y 1990, el Poder Judicial
me concedió un permiso para Estudios de Postgrado en la Universidad de
Costa Rica, en la especialidad de Ciencias Penales, este permiso fue sin
goce de salario. Ese año se me ha excluido de las anualidades y del
tiempo servido hasta la fecha. De conformidad con el reglamento citado
es improcedente tal exclusión en razón que se trató de un permiso con
evidente interés institucional, pues durante esos años me he desempeñado
en diversos puestos, siempre ejerciendo en materia penal y actualmente
integro en propiedad un Tribunal Penal Colegiado e, interinamente, en el
Tribunal de Casación Penal de San José. En razón de esto mi situación se
engloba en la excepción que plantea el citado artículo 4, en su inciso 2,
que establece que no afecta la fecha en que el servidor cumple su
anualidad y el permiso no interrumpe la relación laboral, cuando se trate
de permiso sin goce de salario con interés institucional para realizar
estudios de interés para la institución.

      Conforme lo expuesto solicito se me otorgue el año que se me ha
venido excluyendo en el cómputo de mis anualidades, asimismo se realice
en forma retroactiva y a futuro el pago de dicha anualidad, también se
incluya en el tiempo servido. Señalo para recibir notificaciones mi correo
electrónico interno del poder judicial Igarciav@poder- judicial. go. cr.
                                    113

     Análisis e inquietudes del Departamento de Personal
     Artículo 4.- Las anualidades y su pago en el Poder Judicial y
Artículo 10.- Reconocimientos de tiempo servido en otros entes
públicos, punto número 3.

      En las excepciones establecidas en el punto dos del presente
artículo, establece:

      Cuando se trate de permisos de interés institucional otorgados para
realizar trabajos en entidades públicas u organización internacional de
claro interés público, para realizar estudios de interés para la institución y
desempeño de cargos como representante en organizaciones laborales.

     Los concedidos a un servidor o funcionario, por razón de una
enfermedad grave que esté padeciendo, siempre que no excedan de
dieciocho meses consecutivos.

      Los reconocidos a una madre antes de la licencia post-parto cuando
de acuerdo con el criterio médico se encuentren en riesgo su salud y la
integridad del nasciturus, por un período que no exceda de ocho meses.

     Los otorgados a una madre para atender a su hijo recién nacido,
después de la licencia post-parto de 3 meses, siempre que no exceda de
doce meses, salvo que exista criterio médico en contrario que justifique
uno superior.

     Los concedidos a alguno de los padres de un menor de edad para
atender una enfermedad en la que sea indispensable su presencia para su
recuperación, siempre que no exceda de lo que señale el criterio médico.

     Los conferidos para atender un familiar cercano con una
enfermedades Terminal o que le impida valerse por si mismo siempre que
no exceda de doce meses consecutivos.

      Artículo 10
      "3. Los períodos de permisos sin goce de salario iguales o superiores
a un mes, no serán tomados en cuenta para el cálculo. Las excepciones
del artículo 4°, párrafo 2°, son aplicables al tiempo servido fuera de la
institución".

     ¿De conformidad con la interpretación que se le debe dar a estos dos
                                   114

puntos del reglamento, el tiempo que se otorgue como permiso sin goce
de salario por alguno de los conceptos indicados anteriormente; se debe
considerar dentro del cómputo para efectos de pago de anualidades y
jubilación?

      Como se trata de permisos sin goce de salario, no se tendría
cotización para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de este Poder; en
caso del tiempo laborado en otros entes del Estado y sus respectivos
permisos sin goce de salario, no tendrían cotizaciones para ningún
régimen de pensiones. Tampoco se tendría salarios devengados.

      De ahí se propone que para poder calcular el monto que deben
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y reconocer esos periodos
para efectos de jubilación, se podrían calcular con el salario bruto
mensual devengado en el momento de su reingreso al Poder Judicial o
bien los salarios devengados que hubiese recibido en la institución.

     Artículo 6.- Solicitud de reconocimiento de tiempo servido para
efectos de anuales y jubilación

      De acuerdo a lo señalado en este artículo, donde se menciona que la
solicitud de reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
anualidades y jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido. Para poder calcular el monto que deben reintegrar al Fondo
de Jubilaciones. Los jubilados de este Poder podrán presentar su gestión
de reconocimiento de tiempo para jubilación en el momento que a bien lo
tengan.

      Sin embargo, en este artículo no se menciona en caso de los
fallecidos, cual beneficiario podría realizar la solicitud de reconocimiento
de tiempo servido en otras instituciones del Estado y si lo podrían
gestionar en cualquier momento después de la defunción del servidor.

      Artículo 7.- Prueba de tiempo servido
      En el presente artículo se establece la prueba que se debe presentar
junto con la solicitud, para la realización del estudio de reconocimiento de
tiempo.

      Adicional a los documentos que debe aportar el servidor en la
solicitud de reconocimiento de tiempo, está el presentar para el respectivo
                                    115

trámite, una fotocopia de la cédula por ambos lados y una certificación en
la que se indique a cual régimen de pensión cotizó durante su relación
laboral con la institución para la cual trabajó. Según lo aprobado por
Corte Plena en la sesión N° 36-06 del cuatro de diciembre del año dos mil
seis, artículo XI.

     Lo anterior, en vista que estos documentos son parte de los
requisitos para la solicitud del traslado de cuotas de los diferentes
Regímenes de Pensiones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial, laborar que realiza el Departamento de Financiero Contable,
según lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.

      En ese sentido se tiene que la Unidad de Componentes Salariales
diseño un documento Anexo 1 el cual se encuentra en la Pagina de
Intranet del Departamento de Personal, en -Trámites- Tiempo Servido-,
donde abarca ambos requerimientos. Este lo que pretende es comunicar a
los servidores judiciales de los requisitos establecidos para el
reconocimiento de tiempo servido en otros entes del Estado, así como de
las implicaciones que esto conlleva.

      De manera que se hace necesario consultar si la no presentación de
algunos de los requisitos establecidos en el documento anexo, implicaría
el rechazo de la solicitud. Lo anterior en virtud de que es muy frecuente
que los servidores presenten únicamente parte de la información
requerida en el estudio, o se puede establecer que ciertos requisitos no son
tan indispensables como el motivo de la salida, si recibió pago de
prestaciones o el detalle de las incapacidades.

     1.     Artículo 10.- Reconocimiento de tiempo servido en otros
entes públicos

     En el último párrafo de este artículo se indica lo siguiente:
   "El reconocimiento de tiempo servido fuera del Poder Judicial, se hará
de oficio o a solicitud de la parte interesada, y tendrán efectos desde el
ingreso si ya tenía un año o más acumulados o a partir del momento en
que se complete el primer año (sumando el tiempo reconocido y el que
laboré en forma efectiva en el Poder Judicial)".

      En el presente artículo se establece que el reconocimiento de tiempo
servido en otros entes públicos, se podrá hacer de oficio o a solicitud de la
parte interesada. Cabe indicar que el Departamento de Personal no podrá
                                   116

hacer de oficio el estudio en mención, en virtud de que se hace necesario
que el servidor informe en cuáles instituciones del Estado ha laborado con
anterioridad. Ya que existen instituciones que no hacen entrega de
información a terceros, tal es el caso de la Caja Costarricense de Seguro
Social, en Cuenta Individual se basan en el artículo 63 de la Ley
Constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde
imposibilita a este departamento para realizar la solicitud directamente, ya
que la información se entrega únicamente al interesado.

     1.     Conclusiones y Recomendaciones
     De conformidad con el Reglamento para el Reconocimiento de
tiempo servido en el Poder Judicial y en otros entes públicos para efectos
del pago de anualidades y de la jubilación en el Poder Judicial, el cual fue
aprobado por Corte Plena en la sesión Nº 36-06, celebrada el cuatro de
diciembre del dos mil seis, artículo XI. A las señoras Rosibel López
Madrigal y Lilliana García Vargas se les debe reconocer tanto para
efectos de anualidades como para jubilación, el año que se les concedió
como permiso sin goce de salario.

      En este sentido este departamento solicita se autorice, que para la
realización de los cálculos de lo que deberá reintegrar el servidor al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones se realice con el primer salario
mensual percibido una vez que concluya el permiso sin goce de salario o
bien con los salarios que hubiese devengado en la institución.

      Tomando en consideración tanto las cuotas patronales, estatales
como obreras, que operaban en aquel momento. Así como el pago de las
anualidades en forma retroactiva a la fecha del permiso sin goce de
salario. Lo anterior, en virtud de que el reglamento tiene una aplicación
retroactiva.

      Asimismo se solicita al honorable Consejo Superior establecer una
directriz para los casos de beneficiarios de una pensión del Poder Judicial,
en donde el servidor de la jubilación se encuentre fallecido. Y se diera el
caso que por un interés del beneficiario o los beneficiarios se reconozca
como tiempo servido en otras instituciones del Estado para efectos de
jubilación. Ya que por alguna razón no fue solicitado por el servidor. O
bien si del todo no es posible realizar dicho trámite.

     Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos establecidos
en el citado reglamento y con el propósito de enterar a todos los
                                           117

       servidores de los documentos que deben presentar a la hora de solicitar el
       reconocimiento de tiempo en otras instituciones del Estado, se solicita la
       aprobación del formulario que se adjunta al informe como anexo 1.

             En virtud de que este Departamento no tiene forma de establecer de
       forma previa, las instituciones para las cuales el servidor laboró, se
       solicita que el trámite de reconocimiento de tiempo servido en otros entes
       del Estado, se realice a solicitud del interesado. Ya que es posible que
       algunas instituciones no hacen entrega de información a terceros. Como
       por ejemplo en Cuenta Individual de la Caja Costarricense de Seguro
       Social el cual se basan en el artículo 63 de la Ley Constitutiva de la Caja
       Costarricense de Seguro Social, donde imposibilita a este Departamento
       para realizar la solicitud directamente ya que la información requerida se
       entregará únicamente al interesado.

             Por último se tiene que en muchas ocasiones los servidores no
       entregan toda la documentación, misma que no puede ser suministrada a
       este departamento por cuanto las instituciones involucradas la remiten
       solo al interesado. Por lo que se solicita autorización para que en estos
       casos y una vez se realicen todos los esfuerzos por conseguir la
       documentación, sin tener éxito; sea por medio de este órgano superior que
       se solicite la información requerida."
                                           -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a la
       Asesora Jurídica del Departamento de Personal, que dentro del término de
       15 días contados a partir del recibo de este acuerdo, emita su criterio legal
       en cuanto a reconocer tanto para efectos de anualidades como para
       jubilación, el año concedido como permiso sin goce de sueldo, a las
       funcionarias López Madrigal y García Vargas, para realizar estudios de
       postgrado.‖
                                           -0-

      En atención al acuerdo anterior el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe

del Departamento de Personal, en oficio N° 1225-JP-2007, de 27 de noviembre

último, comunica lo siguiente:

             ―En atención al Oficio N° 9610 del 13 de noviembre de 2007, con el
       visto bueno de esta Jefatura, le remito el Informe AL.DP. N° 037-07
                                   118

suscrito por la Licenciada Priscilla Rojas Muñoz Asesora Jurídica a.í. de
este Departamento.

     El criterio vertido en dicho informe es el siguiente:

     “Criterio Legal:

      Analizado el cuadro fáctico y normativo expuesto, esta asesoría
concluye que la gestión de las licenciadas López Madrigal y García
Vargas resulta inatendible, toda vez que no se encuentra un fundamento
legal para acceder a lo solicitado.

      El Poder Judicial, como parte de la Administración Pública, se
encuentra sujeta al principio de legalidad, razón por la cual solamente
puede actuar por disposición expresa de la ley, es decir, únicamente puede
realizar aquello que esté constitucional y legalmente autorizado en forma
expresa, contrario sensu, todo lo que no esté regulado o autorizado le está
vedado realizarlo.

      Siguiendo esa línea de pensamiento, a lo interno de la institución
rigen normas vinculantes para todos los servidores judiciales. En virtud
de ello es que las gestionantes solicitan les sea aplicado el artículo 4,
inciso 2, del Reglamento para el reconocimiento de tiempo servido en el
Poder Judicial y en otros entes públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación en el Poder Judicial.

      No obstante, al hacer una interpretación integral del reglamento se
advierte que el inciso 2, el cual en lo que interesa reza: “cuando se trate
permisos de interés institucional otorgados para realizar trabajos en
entidades públicas u organización internacional de claro interés público,
para realizar estudios de interés para la institución y desempeño de
cargos como representante en organizaciones laborales”, hace referencia
a trabajos, estudios y desempeño de cargos que realice un servidor
judicial en un ente público u organización laboral, o bien, en razón de un
interés institucional.

      En ese sentido, cuando la norma hace alusión a “estudios de interés
para la institución” esta asesoría interpreta que éstos no son de carácter
académico, supuesto en el que se encuentran ambas gestionantes, quienes
realizaron estudios de Postgrado en la Universidad de Costa Rica. Así las
cosas, considera que el término ―estudios‖ se refiere a aquellas labores
                                           119

       que lleva a cabo un servidor judicial para analizar o investigar una
       situación en particular, o bien, como su palabra lo dice, para estudiar un
       aspecto determinado que, por ejemplo, conlleve a mejorar la prestación
       del servicio público.

             Aunado a lo anterior, el espíritu de la norma se extrae de la sesión
       N° 36-06 celebrada por Corte Plena el 4 de diciembre de 2006, artículo
       XI, en la cual se aprobó la incorporación de esta excepción en el artículo
       4 del reglamento de cita, propuesta por la Magistrada Varela, quien en esa
       oportunidad manifestó: “Me parece que es importante que esto quede
       estipulado porque también en esta institución se ha dado, con alguna
       frecuencia y creo que no debe verse afectado si estamos hablado de
       reconocimiento de tiempo servido en instituciones públicas.”

              Por otra parte, se puede recurrir al propio título del reglamento en
       estudio el cual expresamente hace referencia a tiempo servido en
       instituciones públicas, es decir, al periodo de desempeño de labores o
       tareas por parte de un servidor judicial en alguna entidad que integre el
       Sector Público.

            Asimismo, se puede acudir a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, que hace alusión al tema en estudio.

             Como corolario de lo expuesto, esta asesoría concluye que los
       estudios académicos realizados por algún trabajador de este Poder de la
       República no puede serle reconocido para efectos de anualidades y
       jubilaciones al amparo del artículo 4, inciso 2, del cuerpo legal en estudio,
       por cuanto no se trata de una prestación de servicio, supuesto que sí está
       regulado como excepción.

             No obstante lo anterior, el Consejo Superior debe decidir lo que
       corresponda atendiendo a las circunstancias que el caso concreto plantea
       así como al panorama expuesto en el presente informe, toda vez que ese
       Órgano es el llamado a hacerlo en virtud de las competencias y
       atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial.‖
                                           -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido y acoger el informe anterior, en

consecuencia, de conformidad con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del
                                           120

Poder denegar la gestión formulada por las licenciadas López Madrigal y García

Vargas, pues el permiso no fue dado para realizar estudios que interesan al Poder

Judicial sino para realizar estudios académicos. 2) Hacer lo anterior del

conocimiento de las gestionantes.

      El Departamento de Personal, tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XL

      En sesión N° 60-07 celebrada el 16 de agosto del presente año, artículo LIII,

previamente a analizar la posibilidad de nombrar temporalmente a servidores que

carezcan de ciertos requisitos en la Unidad de Protección de Funcionarios del

Servicio Policial de Intervención Inmediata, se acordó remitir dicha gestión

anterior al Departamento de Personal para que analizara e informara a la brevedad

si existe inopia comprobada.

      En relación con el acuerdo anterior, los máster José Luis Bermúdez Obando

y Maritza Herrera Sánchez, por su orden, Subjefe del Departamento de Personal y

Jefa interina de la Sección de Reclutamiento y Selección, en oficio N° RS-2188-07

del 22 de noviembre recién pasado, presenta la siguiente gestión:

            “En respuesta al oficio 7463-07, suscrito por la señora María Elena
       Hidalgo Barrantes, Prosecretaria General, a.i, de la Secretaría General de la
       Corte, mediante el cual se comunica al Departamento de Personal el
       acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 60-07, celebrada el
       día 16 de agosto pasado, mismo que en su artículo LIII solicita a este
       departamento rendir un informe en el que se indique si existe inopia
       comprobada sobre el proceso de reclutamiento y selección para la clase de
                                         121

     Agente de Protección a Funcionarios Judiciales en el Organismo de
     Investigación Judicial, nos permitimos informar a ese consejo lo siguiente:

I.     Antecedentes

           En atención a la solicitud planteada por el Administrador del
     Ministerio Público, Lic. David Brown Sharpe, en el año 2005, en el
     sentido de que se realizara un estudio a algunas plazas de Auxiliar de
     Servicios Generales 3, que habían sido creadas para atender la seguridad
     del Fiscal General, la Sección de Análisis de Puestos del Departamento de
     Personal, atiende la gestión y realiza dicho estudio, producto del cual surge
     la creación de la clase de Agente de Protección a Funcionarios Judiciales
     recomendándose el requisito académico de bachiller en secundaria. El
     informe correspondiente fue conocido y aprobado en todos sus extremos
     por el Consejo de Personal en sesión N° 27-2005, celebrada el 10 de
     noviembre de 2005, artículo IV.
            Ahora bien, el Consejo Superior en sesión N° 59-06 del 10 de agosto
     de 2006, artículo XXVIII, aprueba en forma definitiva la creación de la
     clase de Agente de Protección a Funcionarios Judiciales, perteneciente al
     Organismo de Investigación Judicial, estableciendo como requisito
     indispensable el poseer el grado académico de Bachiller en Ciencias
     Criminológicas o en Derecho.
           Es así como, con la creación de esta clase y con el fin de satisfacer
     las necesidades institucionales para las cuales fue aprobada, la Sección de
     Reclutamiento y Selección en el mes de setiembre del año 2006, realizó una
     convocatoria con el fin de integrar una lista de oferentes para ocupar
     interinamente esos puestos.
           En esa convocatoria se inscribieron 27 personas, de las cuales 19
     contaban con el bachiller en la carrera de Ciencias Criminológicas o
     Derecho, 4 aportaron certificación de materias aprobadas en alguna de esas
     carreras y las restantes 4 personas no cuentan con preparación académica
     en ninguna de las áreas. Sin embargo, dada la premura por ocupar los
     puestos, todas las personas fueron evaluadas desde el punto de vista
     psicológico, por parte de la Unidad de Psicología de esta sección, con el fin
     de emitir una recomendación a la Dirección General del Organismo de
     Investigación Judicial, quien finalmente se encargaría de seleccionar a los
     candidatos considerados idóneos para esos fines.
            Asimismo, en el mes de febrero del presente año, esta oficina publicó
     el concurso N° 002-07 para la misma clase, con el fin de poder ocupar en
     propiedad las plazas vacantes de esa categoría existentes en la Unidad de
     Protección de Personas. Para esta ocasión se contó con la participación de
                                     122

11 personas, de las cuales 5 cuentan con el grado de bachiller o
licenciatura, mientras que las otras 6 personas son egresadas de alguna de
esas carreras, por cuanto les falta cumplir con alguno de los requisitos
solicitados por la respectiva universidad para poder obtener el grado
académico correspondiente, por lo que fueron desestimadas de esta
convocatoria.
       Ahora bien, dentro del perfil definido para esta clase de puesto, se
establecen una serie de competencias dentro de las cuales se menciona el
poseer buena condición física y mental, por lo que las 5 personas estimadas
para este concurso, previo a ser valoradas por parte de la Unidad de
Psicología de esta sección, fueron remitidas a la Dirección General del
Organismo de Investigación Judicial, con el fin de que se les practicara la
evaluación física correspondiente y poder así determinar la idoneidad de los
participantes en cuanto a este aspecto. Lo anterior, de conformidad con los
lineamientos dictados por el Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General de
ese organismo, el MBA. José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del
Departamento de Personal, la MBA. Maritza Herrera Sánchez, Jefa, a.i de
la Sección de Reclutamiento y Selección y la Msc. Flory Ivette Campos
Meléndez, Coordinadora de la Unidad de Psicología de la Sección de
Reclutamiento y Selección, en reunión sostenida el día 06 de junio pasado.
      El día 10 de agosto del año en curso, se recibe en esta oficina el oficio
29-OPO/SPII-07, suscrito por el señor Luis Guillermo Alfaro López y el
Lic. Allan Fonseca Bolaños, Encargado a.i del Servicio Policial de
Intervención Inmediata y Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del
Organismo de Investigación Judicial, respectivamente, en el cual se nos
remite el resultado de la valoración física practicada a cada una de las
personas indicadas en el punto anterior y se nos informa que solamente
fueron seleccionadas dos de ellas, de las cuales una se desempeña
actualmente como Investigadora 2 en ese organismo y por esta razón no
será evaluada nuevamente desde el punto de vista psicológico, toda vez que
se trata del mismo tipo de pruebas que una vez aplicó para formar parte del
escalafón policial.
      Finalmente, se envió a la Unidad de Psicología de esta sección el
expediente del último candidato por evaluar, con el fin de aplicarle las
pruebas psicológicas correspondientes y así culminar con el proceso de
selección respectivo. Sin embargo, se nos informó por parte de esta unidad
que no es posible aplicar la valoración a esta persona por cuanto realizó
este mismo tipo de pruebas en el mes de marzo del año 2006, en las cuales
obtuvo un resultado negativo y por lo tanto debe esperar a que transcurra un
período de dos años para poder repetirlas, plazo que vence hasta el mes de
marzo del año 2008.
                                    123


      II. Conclusiones

 2.1. Se entiende por inopia, la carencia o insuficiencia de personal que
 reúna los requisitos de un puesto determinado. Sin embargo, para el caso
 que nos ocupa no puede afirmarse que estemos en presencia de esta
 situación, toda vez que como se indicó en los párrafos 1.3 y 1.4 de este
 informe, se dispone de oferentes que cuentan con el requisito académico
 solicitado para desempeñarse en el puesto, sea bachiller universitario en
 Ciencias Criminológicas o Derecho, a pesar de ser la menor
 representación.
2.2. Sin embargo, es viable recordar que en la propuesta inicial del perfil
 del puesto, emitida por la Sección de Análisis de Puestos del
 Departamento de Personal, se recomienda que el requisito académico con
 que se debe contar para el desempeño de las funciones es el de bachiller
 en secundaria, por las razones indicadas en el informe respectivo. No
 obstante, el Consejo Superior no avala dicho requisito y por el contrario
 establece el bachiller universitario antes indicado.
2.3. Ahora bien, en sesión de Corte Plena N° 18-07 celebrada el 04 de
 junio de 2007, artículo XII, se dispuso por unanimidad que se incluya
 dentro del escalafón del Organismo de Investigación Judicial, la clase de
 Agente de Protección a Funcionarios Judiciales, perteneciente a la Unidad
 de Protección de Personas.
2.4. Las disposiciones indicadas en los puntos 2.2 y 2.3 de este informe,
 provocan que el resultado del proceso de selección no sea del todo
 satisfactorio por razón de dos aspectos fundamentales. El primero, por
 cuanto el hecho de establecer un título universitario específico como
 requisito para ocupar el cargo, limita la cantidad de concursantes.
       El segundo aspecto, influye en el sentido de que al haberse incluido
 dentro del escalafón policial la clase de Agente de Protección a
 Funcionarios Judiciales, las personas que a través de un concurso
 manifiestan su interés por este cargo, deberán someterse necesariamente al
 mismo procedimiento de selección que el resto de clases que conforman el
 Organismo de Investigación Judicial, en cuanto a pruebas y nivel de
 exigencia se refiere, por lo que al final del proceso el resultado de
 candidatos idóneos para ocupar este tipo de puesto es relativamente bajo.

      Por todo lo antes expuesto y siendo que no puede declararse inopia
 para este caso particular, se eleva el asunto a ese órgano superior para lo
 que a bien estime resolver.‖
                                        124

                                        -0-

      Se acordó: 1.) Tener por rendido y acoger el informe del Departamento de

Personal. En ese entendido, al no haber inopia se deberá aplicar el Estatuto de

Servicio Judicial para realizar los nombramientos en los puestos de Agente de

Protección a Funcionarios Judiciales, de la Unidad de Protección de Funcionarios

del Servicio Policial de Intervención Inmediata. 2.) Hacer lo anterior del

conocimiento de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial.

                                 ARTÍCULO XLI

      En sesión N° 66-07 celebrada el 6 de setiembre del año en curso, artículo

XLVI, se dispuso -entre otras- trasladar al Consejo de Personal la invitación

cursada por el señor Luis Eduardo Sanabria al ―I Congreso Internacional en

Ciencias Forenses e Investigación Criminal‖ para que realizara la divulgación

correspondiente.

      Con oficio N° 506-CAP-2007 de 26 de noviembre recién pasado los máster

Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Waiman Hin

Herrera, por su orden, Jefes del Departamento de Personal, de Desarrollo Humano

y de Subproceso de Gestión de la Capacitación, gestionan lo siguiente:

            ―El Consejo Superior en sesión N° 66-07, celebrada el 06 de
       setiembre del 2007, artículo XLVI, acordó remitir al Consejo de Personal
       para el trámite correspondiente, la invitación al ―I Congreso
       Internacional en Ciencias Forenses e Investigación Criminal‖, a
                                         125

       desarrollarse en Miami, Florida, USA, del 05 al 07 de diciembre de 2007,
       para lo cual se concedería únicamente permiso con goce de salario para
       los servidores seleccionados.

            En virtud de que dicha actividad formativa fue suspendida por el
       ente organizador y reprogramada para los días 29, 30 y 31 de mayo de
       2008, según indica el señor Luis Sanabria de Latin American Congress,
       en correo electrónico enviado el día 20 de noviembre de 2007, solicita
       extender la publicidad en el Poder Judicial de Costa Rica para el próximo
       año, de modo tal que más servidores tengan tiempo de hacer las gestiones
       necesarias para poder participar del congreso mencionado. ‖

                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia autorizar a que la

divulgación del ―I Congreso Internacional en Ciencias Forenses e Investigación

Criminal‖ se extienda para el próximo año, en razón de la reprogramación de la

citada actividad, en el entendido de que este Consejo concederá únicamente

permiso con goce de salario.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                 ARTÍCULO XLII

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 2001-PLA-2007 de 27 de noviembre último, comunica lo siguiente:

            ―…me permito remitirle las Directrices de Formulación de
       Presupuesto 2009, así como el respectivo Cronograma de Trabajo.

             No omito manifestarle que es urgente el pronunciamiento del
       Consejo Superior y con base en lo que disponga, en forma inmediata nos
       dedicaríamos a realizar las comunicaciones a todos los encargados de
       centros de responsabilidad.
                                   126


      Le informo que de previo, esta información se hizo de conocimiento
del Lic. Alfredo Jones León, Ing. Tobías Mena Aguilar, Máster Walter
Jiménez Sorio, Máster Ana E. Romero Jenkins, Lic. German Rojas
Monge, Máster Francisco Arroyo Meléndez, Máster Rafael Ramírez
López, Dr. Marvin Carvajal Pérez; a efecto de que se pronunciaran e
hicieran llegar sus observaciones.

      Es importante mencionar que en el mes de enero próximo, la Corte
Plena discutirá respecto la metodología que se utiliza en el proceso de
formulación de presupuesto que se sigue cada año, de ahí que es probable
se definan políticas en esa materia que afecten algunos de los
lineamientos aquí expuestos. No obstante, dado que no es posible atrasar
el inicio del proceso de formulación presupuestaria 2009, se solicita que
se formule siguiendo lo regulado mediante este documento, y que de
darse alguna modificación producto de lo que la Corte disponga, se
estarían haciendo los ajustes respectivos, por lo que debe tenerse presente
esa reserva.‖
                                   -0-


“DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2009
      (Consejo Superior sesión __ de ___ de 2007, artículo __)


Con el propósito de ordenar los recursos presupuestarios del Poder
Judicial bajo criterios de eficiencia y eficacia, se presentan los
lineamientos para la formulación del Plan Estratégico y Anteproyecto de
Presupuesto del 2009.

Es importante mencionar que en el mes de enero próximo, la Corte Plena
discutirá respecto la metodología que se utiliza en el proceso de
formulación de presupuesto que se sigue cada año, de ahí que es probable
se definan políticas en esa materia que afecten algunos de los
lineamientos aquí expuestos. No obstante, dado que no es posible atrasar
el inicio del proceso de formulación presupuestaria 2009, se solicita que
se formule siguiendo lo regulado mediante este documento, y que de
darse alguna modificación producto de lo que la Corte disponga, se
estarían haciendo los ajustes respectivos.
                                                        127



          I. ASPECTOS GENERALES

      1. Cada centro de responsabilidad formulará su anteproyecto de recursos
          presupuestarios para el ejercicio económico del 2009, en congruencia con
          la Visión, Misión y Temas Estratégicos, establecidos en el Plan
          Estratégico del Poder Judicial 2007-2011.

      2. Todo proyecto debe justificarse y aquellos cuya ejecución sea a largo
          plazo, deben presupuestar lo pertinente para el 2009. Para lo cual se
          utilizará el espacio de justificaciones del Sistema Integrado de Gestión
          Administrativa en adelante denominado SIGA-PJ.

      3. Todas las oficinas creadas formalmente en la estructura programática del
          Poder Judicial, deben formular su presupuesto.

      4. Los diferentes centros de responsabilidad, según corresponda, deben
          presupuestar todas sus necesidades para el 2009, excepto salarios, cargas
          sociales, prestaciones legales, indemnizaciones y otros rubros conforme
          se dirán.

      5. El plan anual estratégico y anteproyecto de presupuesto con sus
          respectivas justificaciones2, deben ajustarse a las directrices indicadas en
          este documento y ser remitido al Departamento de Planificación a más
          tardar el jueves 31 de enero del 2008 al correo electrónico
          “Presupuesto 2009”, cuya dirección es la siguiente :

                                Presupuesto2009@poder-judicial.go.cr

          Cada anteproyecto de presupuesto debe incluir el reporte Resumen del
          Gasto; en el caso de los Consejos de Administración deben enviar ese
          reporte sin Tránsito.

      6. Es de suma importancia que la fecha establecida sea respetada, pues
          de lo contrario se afectará sensiblemente el cronograma institucional
          de formulación de presupuesto.



2
  Estas justificaciones corresponden a las explicaciones de los diferentes rubros y proyectos que se están solicitando,
lo cual debe estar bien detallado a efecto de que se agilice la labor de análisis presupuestario.
                                      128

7. Los anteproyectos de presupuesto deben ser elaborados en el Módulo de
    Formulación Presupuestaria, mediante la aplicación centralizada del
    SIGA-PJ. En los casos en que por condiciones tecnológicas no se pueda
    utilizar esta aplicación, se debe utilizar la aplicación remota.

8. La aplicación centralizada está disponible por medio de la Intranet. La
    instalación de la aplicación remota estará bajo la responsabilidad del
    profesional en informática de cada región. El equipo de profesionales a
    cargo del Proyecto SIGA-PJ es responsable de la instalación de la
    aplicación remota, en los casos en que no haya un especialista en
    informática en la zona.

9. Paralelo a este documento, se está publicando en intranet el ―Instructivo
    de Formulación 2009‖, en el ícono de “Formulación Presupuestaria
    2009”. En éste se detallan las pautas a seguir durante el proceso de
    formulación con el SIGA-PJ.

10. Se podrán formular los bienes y servicios que estén detallados en el
    ―Catálogo de Bienes y Servicios‖, elaborado por el Departamento de
    Proveeduría y que son parte de la base de datos de SIGA-PJ.

11. De ser necesario agregar un artículo al Catálogo de Bienes y Servicios,
    debe solicitarse     al Departamento de Proveeduría su inclusión,
    coordinando lo pertinente con la señora Ericka López Alvarado, al correo
    electrónico elopeza@poder-judicial.go.cr, o a la extensión 3608,
    indicando la siguiente información:

           Descripción específica del artículo (lo más detallada posible)
           Partida, grupo y subpartida
           Unidad de medida
           Precio

    Lo anterior es con el fin de que el Departamento de Proveeduría defina si
    procede o no la inclusión.

12. El Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa
    Pública, Contraloría de Servicios y el Centro de Conciliación del Poder
    Judicial, presentarán el anteproyecto de presupuesto de todas sus oficinas
    a nivel nacional.

13. La Presidencia de la Corte, las Salas, el Despacho de la Presidencia, el
                                                         129

             Consejo Superior, la Secretaría de la Corte, la Dirección Ejecutiva, la
             Auditoría, la Inspección Judicial, el Departamento de Prensa y
             Comunicación Organizacional, el Departamento de Personal, el
             Departamento de Planificación, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico
             de Información Jurisprudencial, la Unidad Ejecutora Corte-BID, la
             Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de
             Justicia, la Secretaría Técnica de Género, la Secretaría de Ética y Valores,
             la Contraloría de Servicios, el Centro de Conciliación del Poder Judicial,
             el Juzgado de Tránsito de San José, el Organismo de Investigación
             Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Dirección Nacional
             de Notariado, las comisiones nombradas por Corte Plena y el Consejo
             Superior, deben hacer su presupuesto con el plan anual estratégico y
             remitirlo al Departamento de Planificación, en la fecha y dirección
             electrónica indicadas en el punto N° 5 anterior.

        14. El Consejo Superior, en la sesión No. 43-06 del 15 de junio del 2006,
             artículo XLVII, dispuso que el Administrador del Juzgado de Tránsito del
             Primer Circuito Judicial de San José, debe dar asistencia a los juzgados
             especializados en tránsito de Desamparados, Pavas y Hatillo; por tanto,
             será el responsable de remitir el plan anual estratégico y el anteproyecto
             de presupuesto de estos despachos al Departamento de Planificación.

        15. En el caso de los Consejos de Administración de Circuito y los
             Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva, deben remitir sus
             planes estratégicos y anteproyectos de presupuesto a esa Dirección, el 7
             de enero de 2008 a más tardar.

        16. Los Consejos de Administración de Circuito, deben aprobar los
             anteproyectos de presupuesto de previo a su presentación formal,
             conforme a sus atribuciones3. Para ello serán asistidos por las Unidades,
             Subunidades y Oficinas Administrativas, conforme se ha realizado en
             años anteriores.

             Los demás Centros de Responsabilidad, deben aprobar el anteproyecto de
             presupuesto y el plan estratégico respectivo, antes de su presentación
             formal al Departamento de Planificación o a la Dirección Ejecutiva,
             según corresponda.

        17. Los Centros de Responsabilidad y Consejos de Administración de

3
    Acuerdo de Corte Plena, tomado en sesión N° 30-05, del 03 de octubre del 2005, artículo IV.
                                               130

            Circuito, deben presupuestar sus requerimientos con datos reales de
            consumo, utilizando para esto los registros históricos, cotizaciones y toda
            fuente confiable de datos4. Si no se cuenta con datos reales, se debe
            realizar una proyección general con base en el consumo de la zona. El
            detalle de cómo se realizó la proyección, debe indicarse para cada
            subpartida, en el campo ―Justificaciones‖, que para ese fin tiene el SIGA-
            PJ.

        18. Al preparar el anteproyecto de presupuesto se deben aplicar criterios de
            racionalidad del gasto y valoración de riesgos, conforme a la Ley de
            Control Interno.

            II. ASPECTOS ESPECÍFICOS

            a. Crecimiento del Presupuesto

        19. Con base en la evolución y el comportamiento de las subpartidas de
            presupuesto, se deben elaborar las proyecciones de gasto necesarias
            durante el año, para asegurar una gestión presupuestaria satisfactoria. El
            crecimiento máximo es el porcentaje fijado por el Consejo Superior en
            sesión No.77-07, celebrada el 16 de octubre del 2007, artículo LVII,
            donde se aprobó un 14 %, como porcentaje de aumento del presupuesto
            para el 2009 en relación con el 2008. El SIGA-PJ aplica automáticamente
            este incremento a los precios y montos presupuestados que así lo
            requieran. No se aceptarán presupuestos que sobrepasen el aumento
            aprobado por el Consejo Superior. Se les recuerda que el SIGA-PJ, en
            reportes tiene la opción de comparar el presupuesto del año anterior
            (2008) con el formulado (2009), por Circuito, Departamento u Oficina,
            con el ―Detalle del Gasto‖ o bien ―Resumen del Gasto‖.

        20. El porcentaje de crecimiento del anteproyecto de presupuesto 2009 en
            relación con el presupuesto 2008, se debe estimar excluyendo para ambos
            años lo correspondiente a los recursos del Programa 932 ―Servicio de
            Justicia de Tránsito‖, vehículos, construcciones, los equipos propios del
            Área de Informática (ver directrices de la 61 a la 71) y del Area de
            Seguridad (ver directrices de la 72 a la 75), además de los recursos que
            son incluidos por el Consejo Superior como es el caso de proyectos
            especiales.


4
    Idem.
                                       131

     Se adjunta archivo donde se indican los proyectos de construcciones
     aprobados en el Presupuesto 2008.

 21. Debe entenderse que el porcentaje fijado del 14% es un límite máximo y
     que aún cuando el presupuesto no lo exceda, las peticiones serán
     analizadas con el fin de dar el mejor uso a los recursos y atender
     necesidades de todas las regiones, aparte de los proyectos especiales del
     Poder Judicial.

 22. El caso específico de la subpartida 2.02.03, Alimentos y Bebidas, el
     crecimiento máximo es de un 14%.

     b. Gastos Fijos

 23. El SIGA-PJ almacena la información de los gastos en servicios públicos,
     contratos, alquileres, artículos de consumo por parámetro y cuadros de
     consumo; por tanto, permite a la oficina que está confeccionando sus
     requerimientos para el 2009, visualizar estas líneas, que automáticamente
     se incluyen en el anteproyecto.

     Las oficinas deben revisar los montos fijados en esos renglones
     presupuestarios, con la finalidad de que se verifique si están acordes con
     sus necesidades.

     En el siguiente cuadro, se indican los responsables de atender las
     consultas sobre gastos en servicios públicos, contratos, alquileres,
     artículos de consumo por parámetro y cuadros de consumo.


Cuadro No. 1: Departamentos responsables de atender las consultas de
servicios públicos, contratos, alquileres, artículos de consumo por parámetros y
cuadros de consumo.
CONCEPTO                       DEPARTAMENTO                         CONSULTA
                               RESPONSABLE
Servicios                      Depto. de Financiero                 Sr. William
públicos                       Contable                             Solano
                                                                    Jiménez     o
                                                                    Sra.     Ana
                                                                    Cecilia
                                                                    Murillo, ext.
                                                                    3354 o 3349
                                                     132

     Contratos de                          Depto.                 de                       Sr. Gustavo
     servicios                             Proveeduría                                     Alpízar
     continuados                                                                           Fonseca, ext.
                                                                                           3122.
     Artículos de                          Depto.                 de                       Sra. Mauren
     consumo por                           Proveeduría                                     Camacho,
     parámetros                                                                            ext. 3204.
     Cuadros de                            Depto.                 de                       Sra. Mauren
     consumo                               Proveeduría                                     Camacho,
                                                                                           ext. 3204.

        24. En el caso de los servicios públicos y contratos existentes, los montos
            asignados a las oficinas fueron calculados y distribuidos por el
            Departamento Financiero Contable y el Departamento de Proveeduría,
            respectivamente. El SIGA-PJ no permite modificar estos montos, por
            tanto cualquier duda de la oficina en relación con ellos, debe evacuarse
            con los Administradores de Circuito y de Programa, según corresponda,
            quienes establecerán los montos definitivos con los Departamentos
            Financiero Contable y de Proveeduría, para que finalmente sea remitida la
            información al Departamento de Planificación, para ser incluida en el
            SIGA-PJ, ya que éste es el único que puede modificar esas líneas.

            Las oficinas que remiten directamente su presupuesto al Departamento de
            Planificación y que requieran ajustes en servicios públicos y contratos,
            igualmente tienen que coordinar con los departamentos indicados, previo
            al envío de la información definitiva al Departamento de Planificación.

            Para los contratos en proceso de trámite, nuevos o ampliaciones para el
            2009, será responsabilidad del encargado del centro de responsabilidad
            incluirlos en el SIGA-PJ, el monto a presupuestar se deberá coordinar con
            los departamentos Financiero Contable y Proveeduría.

            c. Servicios

        25. Las giras de trabajo se realizarán cuando resulten indispensables y
            necesarias para la buena marcha de la administración de justicia. Sin
            excepción, se racionalizará el uso de los vehículos5.


5
    Acuerdo de Consejo Superior, sesión N° 1, del 17 de enero del 2006, artículo LXVIII.
                                                         133

        26. Se tramitará el alquiler de aquellos locales que resulten indispensables
            para la buena marcha de la administración de justicia6.

        27. Podrán presupuestarse las reparaciones de mobiliario y equipo que sean
            inferiores al 50% de su valor actual. De ser superior este porcentaje,
            procederá su inclusión siempre que se garantice la devolución de la vida
            útil consumida.

        28. No se presupuestará la instalación de cortinas y alfombras, si los
            ventanales y pisos fueron diseñados de tal forma que sea innecesario su
            uso. El polarizado de vidrios será procedente si el brillo de la luz natural
            impide el buen desempeño de labores.


        29. En la subpartida 1.04.99 ―Otros Servicios de Gestión y Apoyo‖, se debe
            presupuestar el monto correspondiente a bombeo de combustible y en la
            subpartida 2.01.01 ―Combustible‖, lo correspondiente al diesel, la
            gasolina y gas LPG. Los responsables de programa deben presupuestar en
            una sola oficina, el combustible que se paga por el fondo común del
            Departamento de Proveeduría, en la línea ―Combustible Fondo Común‖ y
            aquel que se ejecuta por caja chica en la línea ―Combustible Oficina‖. En
            el caso de los circuitos incluirán el combustible en su presupuesto de
            igual forma, presupuestando lo correspondiente al Programa 926
            ―Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional‖,
            en la Unidad Administrativa y lo correspondiente al Programa 927
            ―Servicio Jurisdiccional‖ en la Unidad Administrativa (Supernumerarios).

        30. Las solicitudes para los contratos de limpieza nuevos deben estar
            amparados en un estudio de factibilidad, el cual tiene que ser remitido al
            Departamento de Planificación como parte de las justificaciones.7

        31. En virtud de que el SIGA-PJ, permite en algunas líneas digitar no sólo la
            cantidad sino también el precio (artículos de carácter imprevisible, ver
            Instructivo de Formulación 2009), en el caso de presupuestarse un
            servicio con unidad de medida mensual, que se requiere durante todo el
            año, la cantidad a solicitar debe ser 12 meses.

        32. Se presupuestarán reparaciones únicamente para equipos que sean


6
    Idem.
7
    Acta No. 12, Consejo Superior, Reunión de Trabajo de Presupuesto 2008, artículo II.
                                                        134

            propiedad del Poder Judicial.

        33. Los Consejos de Administración de Circuito deben presupuestar lo
            requerido para el pago de los servicios municipales, según corresponda.
            En el caso de las oficinas de los edificios de la Corte, Plaza de la Justicia,
            Tribunales y Anexos A, B y C del I Circuito Judicial de San José, esta
            necesidad tiene que ser incluida por el Departamento de Servicios
            Generales en su presupuesto.

            d. Materiales y Suministros

        34. Para la estimación del gasto de gasolina y diesel se deben tomar en
            consideración las directrices señaladas para su racionalización. Además,
            incluirán el costo de combustible para chapiadoras, bombas de agua,
            plantas eléctricas y el remolque de vehículos, entre otros.

        35. Además del consumo histórico de los bienes de inventario, se deben
            considerar los nuevos equipos solicitados para el período presupuestario
            2009 o a finales del 2008, los cuales incidirán en la adquisición de nuevos
            suministros.

        36. Se presupuestarán suministros únicamente para equipos que sean
            propiedad del Poder Judicial.

        37. Se deberá presupuestar lo correspondiente a los uniformes (vestuario y
            calzado), considerando las políticas definidas en estudio realizado por la
            Dirección Ejecutiva. El Departamento de Servicios Generales incluirá los
            uniformes de los auxiliares de servicios generales del I Circuito Judicial
            de San José, los demás centros de responsabilidad los uniformes de los
            auxiliares a su cargo.

        38. Los artículos de limpieza deben presupuestarse solamente en las oficinas
            donde no exista el servicio de limpieza privado o que no esté en proceso
            de contratación8.


            e. Bienes Duraderos

        39. Podrá tramitarse la compra de hornos microondas, refrigeradoras

8
    Acta No. 3, Consejo Superior, Reunión de Trabajo de Presupuesto 2008, artículo VII.
                                                          135

           percoladores y equipos similares9, para ser utilizados en las áreas
           comunes de los edificios, destinadas para consumir alimentos.

      40. Las solicitudes para compra de equipo educacional como video beam,
           equipos de multimedia y proyectores, entre otros, procede siempre y
           cuando se instale en áreas comunes de los edificios, a efecto de que todos
           los despachos del circuito o edificio, puedan utilizarlo. Se debe considerar
           que en el I circuito Judicial de San José, existe disposición de estos
           equipos en el Salón Multiuso10, Aula Virtual11 y Mini Auditorio del
           Anexo A. Además la Dirección Ejecutiva y las oficinas administrativas
           regionales cuentan con video beam y otros equipos para préstamo.

      41. Se solicitará mobiliario de oficina solamente para sustituir, cuando la
           reparación no sea lo más conveniente.

      42. El mobiliario y equipo para plazas nuevas lo incluirá el Departamento de
           Planificación, una vez que las plazas hayan sido aprobadas por el Consejo
           Superior y con base en los parámetros que establece el Departamento de
           Proveeduría.

      43. Deben presupuestarse equipos de limpieza únicamente en las oficinas
           donde no exista servicios de limpieza privados o no esté en proceso de
           contratación12.

      44. Procede la inclusión de fotocopiadoras, cuando no se cuente con un
           contrato de servicio de fotocopiado o exista otro despacho con este
           equipo en el edificio donde están alojados13.

      45. Los aires acondicionados se presupuestan para las oficinas ubicadas en
           zonas cuyo clima lo justifica o bien están ubicadas en espacios que por su
           naturaleza no cuentan con ventilación. Previa solicitud del aire
           acondicionado, se debe coordinar con el Departamento de Servicios
           Generales, para definir los requerimientos técnicos del equipo a instalar
           en cada oficina14. Las solicitudes que no cuenten con este requisito serán
           excluidas.

9
  Conforme los lineamientos establecidos por el Consejo Superior.
10
   Ubicado en el Edificio de la Corte, tercer piso.
11
   Ubicado en el Edificio Plaza de la Justicia, I Circuito Judicial de San José, cuarto piso.
12
   Acta No. 3, Consejo Superior, Reunión de Trabajo de Presupuesto 2008, artículo VII.
13
   Idem.
14
   Acta No. 16, Consejo Superior, Reunión de Trabajo de Presupuesto 2008, artículo VII.
                                                        136


        46. Al presupuestar fotocopiadoras, cámaras, cámaras de video, televisores y
             equipos similares, se deben solicitar los de menor costo15. Si la necesidad
             así lo requiere, se podrán presupuestar equipos de mayor costo,
             debidamente justificados en el campo que para tal efecto tiene SIGA-PJ.

        47. Los juegos de comedor solamente se presupuestarán para las áreas
             comunes de comedor en los edificios.

        48. Se presupuestarán juegos de muebles, solamente en casos muy
             justificados.

        49. En atención a la Ley No. 7600, sobre la ―Igualdad de Oportunidades para
             las Personas Discapacitadas‖, el Consejo Superior en sesión No. 68-05,
             celebrada el 1 de setiembre del 2005, artículo LXXX, acordó que las
             solicitudes de compra de equipo y mobiliario para atender las necesidades
             de los empleados judiciales, en cuanto a problemas de columna,
             posturales, de movilidad, obesidad, vista, oído, entre otras discapacidades,
             se remitan a la Unidad de Salud Ocupacional del Departamento de
             Seguridad, donde             corresponde formular el anteproyecto de
             presupuesto en cuanto a este tema, según fecha de recepción de
             solicitudes en materia de seguridad (ver directriz N° 72).

             Asimismo, las Unidades y Subunidades Administrativas, como los demás
             Centros de Responsabilidad, deben presupuestar los recursos para realizar
             los proyectos tendientes a facilitar el acceso de las personas con
             discapacidad, a los servicios que ofrece la Institución, con excepción de
             los proyectos en materia de infraestructura que deben remitirse a la
             Dirección Ejecutiva (ver directrices de la 57 a la 60).

        50. Procede la inclusión de equipos de fax, solamente en las oficinas ubicadas
             en locales donde no se cuenta con el servicio común de envío y recepción
             de documentos16. En caso de requerirse el equipo, debe considerarse que
             los fax de alta capacidad (código 16424) se asignan a las Oficinas
             Centralizadas de Notificación y a los despachos con altos volúmenes de
             transacciones. En las oficinas en las cuales la carga de trabajo que soporta
             el fax es normal, se debe presupuestar el fax de baja capacidad (código
             16425).

15
     Idem.
16
     Acta No. 16, Consejo Superior, Reuniones de Trabajo de Presupuesto 2008, artículo VII.
                                                     137


     51. Las pizarras informativas se deben solicitar al Departamento de Prensa y
          Comunicación Organizacional, para que las incluya en su anteproyecto de
          presupuesto.

          f. Personal cambiar por: ( Horas Extra, Capacitación y Becas)

     52. Las oficinas autorizadas por el Consejo Superior podrán solicitar horas
          extras17.    Estas solicitudes las deben coordinar y presentar al
          Departamento de Personal a más tardar el 31 de enero del 2008, donde
          serán analizadas y establecidos los montos a presupuestar.

     53. En cada programa presupuestario, lo relacionado con la subpartida
          1.07.01, ―Actividades de Capacitación‖ debe coordinarse con la Unidad
          de Capacitación correspondiente e integrarse al presupuesto de ese centro
          de responsabilidad. La Sección de Capacitación del Departamento de
          Personal elaborará el presupuesto del programa 926. Los requerimientos
          de los despachos jurisdiccionales pertenecientes al Programa 927
          ―Servicio Jurisdiccional‖, deben ser enviados por los Consejos de
          Administración a la Escuela Judicial18, a más tardar el 17 diciembre de
          2007.

     54. Los requerimientos de la subpartida 6.02.01, ―Becas a Funcionarios‖,
          serán formulados por cada programa; lo correspondiente al Programa 926
          ―Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional‖ lo
          incluirá el Departamento de Personal y los requerimientos del Programa
          927 ―Servicio Jurisdiccional‖ lo presupuestará la Escuela Judicial,
          tomando en consideración los compromisos adquiridos en períodos
          anteriores. Para todos los efectos, tienen que observarse las disposiciones
          establecidas en el Reglamento de Becas del Poder Judicial.

          g. Vehículos

     55. Las solicitudes de vehículos deben ser remitidas a la Dirección Ejecutiva,
          a más tardar _14 de diciembre de 2007, por ser la encargada de
          analizarlas y de incluirlas en el SIGA-PJ (oficina código 9997,
          Vehículos).


17
  Acuerdo de Corte Plena, tomado en sesión número 30-05, del 3 de octubre del año 2005, artículo IV.
18
  Acta No. 6, Consejo Superior, Reuniones de Trabajo de Presupuesto 2007, artículo V, acuerda que ― toda
capacitación del ámbito jurisdiccional debe canalizarse a través de la Escuela Judicial”.
                                       138

56. Con respecto a la reparación de vehículos, será formulado por las oficinas
    que lo requieran, en la subpartida 2.04.02 ―Repuestos y Accesorios‖, la
    compra de repuestos, y en la subpartida 1.08.05 ―Mantenimiento y
    Reparación de Equipo de Transporte‖, el costo de la mano de obra.

    h. Construcciones, Adiciones y Mejoras

57. En el caso de recursos presupuestarios para brindar mantenimiento y
    reparación a edificios (Subpartidas del grupo 1.08. ―Mantenimiento y
    Reparación‖), cuando la necesidad sea inferior a los ¢1.5 millones, tal
    solicitud se mantendrá como parte del presupuesto de la oficina, o bien
    dentro del presupuesto de la Unidad o Subunidad Administrativa
    Regional si se trata de recursos para atender necesidades de un inmueble
    que alberga varios despachos judiciales. Cuando el monto requerido sea
    superior al indicado, la solicitud se tramitará a través de la Comisión de
    Construcciones.

58. En el caso de recursos presupuestarios para realizar construcciones o
    efectuar mejoras (Subpartidas del grupo 5.02. ―Construcciones, Adiciones
    o Mejoras‖), cuando la necesidad sea inferior a los ¢3 millones, tal
    solicitud se mantendrá como parte del presupuesto de la oficina, o bien
    dentro del presupuesto de la Unidad o Subunidad Administrativa
    Regional si se trata de recursos para atender necesidades de un inmueble
    que alberga varios despachos judiciales. Cuando el monto requerido sea
    superior al indicado, la solicitud se debe tramitar a través de la Comisión
    de Construcciones. Es decir, a la Comisión de Construcciones, deben
    remitirse proyectos superiores a los ¢3 millones.

59. Debido a que las necesidades en materia de mantenimiento y construcción
    de los edificios de la Corte, Plaza de la Justicia y Anexos A, B y C del I
    Circuito Judicial de San José son atendidas por el Departamento de
    Servicios Generales, los recursos necesarios para atender dichos
    requerimientos en el 2009 serán incluidos como parte del presupuesto de
    este Departamento, previa solicitud de cada una de las oficinas ubicadas
    en los inmuebles indicados.

60. En cuanto a las solicitudes que deben ser canalizadas para análisis y
    dictamen por parte de la Comisión de Construcciones se tiene que tomar
    en cuenta lo siguiente:

     Estas solicitudes se remitirán a la Dirección Ejecutiva a más tardar el 14
                                          139

        de diciembre del 2007.
         Deben detallar y justificar el presupuesto solicitado, y contar con el
        visto bueno del Departamento de Servicios Generales.
         Se debe considerar la inclusión paulatina de mejoras en atención a la
        Ley 7600.
         No se incorporará al presupuesto definitivo del Poder Judicial ningún
        gasto relacionado con esta materia si no cuenta con el aval de esa
        Comisión.
         La Dirección Ejecutiva es la encargada de analizar todas las solicitudes
        y de incluirlas en el sistema SIGA-PJ (oficina 9996 Construcciones).
         Asimismo, la Dirección Ejecutiva remitirá al Departamento de
        Planificación un documento con el detalle de los proyectos, el costo
        estimado, la subpartida correspondiente y la justificación del mismo,
        utilizando el siguiente formato:

Subpartida                 Proyecto                   Costo                   Justificación




        i. Informática

    61. Los proyectos informáticos y de telecomunicaciones deben ser tramitados
        previamente con el Departamento de Tecnología de Información, a más
        tardar el 14 de diciembre de 2007.

    62. El Departamento de Tecnología de Información presupuestará los
        servidores, computadoras, impresoras, licencias de software, servidores
        de fax, equipos de comunicación y lectores ópticos, necesarios para
        instalar el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales y cualquier otro
        proyecto de tecnología.

        Las Unidades, Subunidades y Oficinas Administrativas Regionales, de
        aquellos circuitos donde se vaya a instalar el Sistema de Gestión de
        Despachos o algún otro nuevo sistema de información, deben
        presupuestar los suministros requeridos, tales como: tonner, kits de
        mantenimiento, cintas de respaldo, papel, entre otros.


        Durante el 2008 el Sistema de Gestión se planea instalar en el Turrialba,
        Guápiles, San Carlos y Pérez Zeledón . En el 2009 se instalará en Grecia,
                                      140

    Corredores y Limón.

63. Las solicitudes de las líneas que a continuación se enumeran, deben
    remitirse al Departamento de Tecnología de Información, a más tardar en
    la fecha indicada en la directriz No. 61.

           Mantenimiento y reparación de centrales telefónicas
           Equipos Servidores
           Licencias de software
           Microteléfonos
           Redes de Comunicación y materiales para su instalación
           Sistemas de Intercomunicación
           Microcomputadoras
           Impresoras
           Las tarjetas de red Encore, que permiten conectar el C.P.U. a la
    red.
           Las fuentes de poder
           Teléfonos
           Teléfonos inalámbricos
           Scanner
           Quemadores


64. Será responsabilidad de cada centro de imputación presupuestaria,
    coordinar con el Departamento de Tecnología de Información, las
    previsiones necesarias para reservar los recursos presupuestarios para
    sustituir el equipo de cómputo obsoleto.

65. El Departamento de Planificación eliminará de oficio, las líneas que se
    incluyen en el anteproyecto de presupuesto y que no fueron solicitadas al
    Departamento de Tecnología de Información para su trámite.

66. Los    despachos deben          presupuestar los monitores para
    microcomputadoras, en razón de que el Departamento de Tecnología de
    Información, no los solicita dentro de su presupuesto a efecto de
    entregarlos a las oficinas. Sólo deben requerirse para sustituir equipo
    dañado o para algún proyecto especial. No deben solicitarse para equipo
    arrendado.

67. Los depósitos de garantía se tienen que presupuestar por la subpartida
                                      141

   5.99.03 ―Bienes Intangibles‖, entre los depósitos se considera el pago de
   las líneas telefónicas. De existir gastos adicionales de instalación u otros
   rubros a cancelar, se deben presupuestar por la subpartida 1.02.04
   ―Telecomunicaciones‖ en el caso de las líneas o según corresponda.

68. Los discos duros, mouse y teclados, los debe presupuestar cada oficina.
   Excepto para uso del equipo arrendado.

69. Las U.P.S. son presupuestadas por las oficinas, siempre y cuando el
   edificio que las alberga no cuente con este equipo, en cuyo caso los
   equipos estarían conectados directamente a ésta y no habría necesidad de
   que cada microcomputador disponga de una U.P.S.

70. Las llaves maya se deben solicitar únicamente para uso de aquellos
   servidores que por las labores que realizan requieren de ese dispositivo de
   almacenamiento.

71. Utilizando el SIGA-PJ, el Departamento de Tecnología de Información,
   presentará el presupuesto del Área de Informática, correspondiente a los
   proyectos institucionales en la oficina 9999 (Proyectos Institucionales) y
   los proyectos del Organismo de Investigación Judicial en la oficina 9988
   (Proyectos O.I.J.). Asimismo, debe remitir un documento con el detalle de
   los proyectos a desarrollar, distribuidos por programas y despachos
   judiciales, definiendo y justificando claramente los mismos. Las
   necesidades específicas del Departamento de Tecnología, se deben
   formular en las secciones correspondientes.


   j. Seguridad

72. Toda solicitud en materia de seguridad debe ser remitida al Departamento
   de Seguridad, a más tardar el 14 de diciembre de 2007, comprendiendo
   entre otros:

 El mantenimiento y reparaciones de equipos de comunicación, marcos
  detectores, detectores manuales, máquinas de rayos X, circuitos cerrados
  de televisión, alarmas, armas de fuego, extintores, equipos de medición de
  sonido, iluminación, oxígeno, estrés térmico (artefacto para medir la
  humedad en las oficinas).

 Compra de repuestos de equipos de comunicación, marcos detectores,
                                       142

  detectores manuales, máquinas de rayos X, circuitos cerrados de
  televisión, alarmas, armas de fuego, extintores, equipos de medición de
  sonido, iluminación, oxígeno y estrés térmico.

 Recarga de extintores para los edificios de Corte, Tribunales, Plaza de la
  Justicia., edificios Anexo A, B y C y Defensa Pública.

 Medicamentos para los botiquines como por ejemplo: sulfadiazina de
  plata, vendas, gasas, acetaminofén, alcohol, toallas, esparadrapo, entre
  otros.

 Pantalones fatiga, kimonos, camisetas y en general los uniformes
  utilizados por el personal de seguridad del Primer Circuito Judicial de San
  José y de los funcionarios del Depósito de Vehículos Decomisados.

 Batones expandibles, varas policiales, esposas metálicas, utilizados en
  cursos de capacitación en defensa personal y equipo de apoyo en las
  funciones de los guardas.
 La Unidad de Salud Ocupacional es la que se encarga de distribuir y
  tramitar la colocación de los rótulos de emergencia, mangueras contra
  incendios, extintores y cinta antideslizante cuando sea solicitado.

 Chalecos antibalas para los operativos especiales de seguridad.

 Pistolas eléctricas utilizadas por los guardas de juicio.

 Munición calibres 9mm, 12mm y 38mm. No incluye la solicitud del
  O.I.J., ni la Escuela Judicial (Unidad de Adiestramiento).

 Todo tipo de equipo médico: botiquines, cuellos ortopédicos, camillas,
  tapones, mascarillas, cinturones lumbares, resucitador manual, equipo
  toma de presión, andaderas, sillas de ruedas, cánulas, oxígeno, muletas,
  entre otros. Excepto los despachos que corresponden al Servicio Médico
  del I y II Circuito Judicial de San José, y la Clínica Médico Forense,
  debido a que éstos presupuestarán lo pertinente.

 Armas de fuego, escopetas 12mm, pistolas 9mm y revolver 38mm. No
  incluyen las del O.I.J., ni la Escuela Judicial (Unidad de Adiestramiento).

 Detectores de metales utilizados únicamente en los puestos de seguridad.
                                     143


 Marcos detectores de metales utilizados únicamente en los puestos de
  seguridad.

 Equipo de comunicación utilizado únicamente en los puestos de
  seguridad.

 Circuito cerrado de televisión, sistema perimetral, sistema de control de
  acceso, sistema contra incendio, equipo de voz y sonido, sistemas de
  alarmas.

 Máquinas de rayos X utilizadas únicamente en los puestos de seguridad.

 Equipo de bomberos y de rapel utilizados por la Unidad de Salud
  Ocupacional en conjunto con las brigadas de emergencia.

 Las solicitudes de mobiliario y equipo para atender las necesidades de
  usuarios internos y externos, en cuanto a servicios de apoyo y ayudas
  técnicas (sillas, sillas de ruedas, muletas, camillas, entre otros), en
  atención a la Ley No. 7600.

73. El Departamento de Planificación eliminaría de oficio, las líneas que se
   incluyen en el anteproyecto de presupuesto y que no fueron solicitadas al
   Departamento de Seguridad para su trámite.

74. Se asignarán recursos para la atención de la seguridad integral de los
   edificios, conforme las recomendaciones que formule el Departamento de
   Seguridad a la Dirección Ejecutiva. No se autorizará ningún gasto si no
   está debidamente aprobado por la Comisión de Seguridad.

75. El Departamento de Seguridad, presentará el presupuesto del Area de
   Seguridad en la oficina 9998, por programas y despachos judiciales,
   definiendo y justificando claramente los proyectos a desarrollar. Las
   necesidades específicas del Departamento de Seguridad, se formularán en
   las secciones correspondientes.

   k. Creación de Plazas

76. Los Consejos de Administración de Circuito y Centros de
   Responsabilidad, deben enviar al Departamento de Planificación, los
   formularios de solicitudes de plazas para el 2009 en un solo paquete, cuya
                                                        144

            fecha de entrega ya está abierta y se cierra el viernes 18 de enero del
            2008. El correo electrónico al que deben enviarse las solicitudes se
            denomina ―Solicitud de Plazas 2009‖, cuya dirección electrónica es:

                                     plazas2009@poder-judicial.go.cr

        77. Toda petición de plazas debe presentarse en el formulario de ―Solicitud
            de Plazas‖ que se anexa, donde se ha de señalar la prioridad de la
            solicitud y fundamentar el por qué de la petición. Asimismo, se debe
            indicar si se cuenta con espacio físico y mobiliario en el despacho que
            alojará la plaza requerida, con el fin de que el Consejo Superior tenga
            mayores elementos al momento de dar su aprobación19.

        78. El Departamento de Planificación, con base en las solicitudes presentadas
            y los requerimientos institucionales, realizará los informes pertinentes, de
            tal forma que se analice la problemática en forma conjunta, para ello se
            tomarán en cuenta aspectos como el carácter social y cambios en la
            estructura y reformas legales próximas, entre otros.

            l. Plan Anual Estratégico 2009

        79. La formulación del Plan Anual Estratégico está a cargo de cada Centro de
            Responsabilidad y Consejo de Administración de Circuito. Se aclara
            que cada uno de estas instancias debe presentar un único plan que
            involucre aspectos estratégicos de la región o área bajo su competencia, y
            no se trata de planes estratégicos individuales por cada oficina que los
            componen.

        80. El Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa
            Pública y Dirección Nacional de Notariado, deben presentar la
            información del Plan Anual Estratégico con el formato que solicita el
            Ministerio de Hacienda. El resto de centros de responsabilidad deben
            presentarlo de acuerdo al formato que define el documento ―Cómo
            elaborar el Plan Estratégico‖, que se encuentra publicado en la intranet
            en el ícono de ―Formulación Presupuestaria 2009‖ y se adjunta con estas
            directrices.

        81. El plan anual a presentar es a nivel estratégico, por lo que no deben
            incluir objetivos operativos. Asimismo, deben considerar los elementos

19
     Acta N°1, Consejo Superior, Reunión de Trabajo de Presupuesto 2006, artículo III.
                                      145

   del Plan Estratégico 2007-2011 del Poder Judicial, Ministerio Público,
   Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Circuitos
   Judiciales según corresponda, incluidos los temas de Género,
   Accesibilidad y Valores, entre otros. Es importante que cada Centro de
   Responsabilidad y Consejos de Administración, sean conscientes de su
   obligación de incorporar los compromisos que tienen en los planes
   estratégicos institucionales antes mencionados. No se omite recordar que
   cada semestre se verán sometidos a una evaluación de los logros
   alcanzados y la responsabilidad que ello conlleva.

82. Los Consejos de Administración de Circuito          deben separar por
   programas, los planes anuales estratégicos del circuito, a saber: Programa
   926 ―Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo
   Jurisdiccional‖, Programa 927 ―Servicio Jurisdiccional‖, Programa 932
   ―Servicio de Justicia de Tránsito‖.

   ll. Plan Anual Operativo 2009

83. Cuando sea aprobado el proyecto de presupuesto por la Corte Plena en el
   mes de junio, los despachos, tomando como base su plan anual
   estratégico, deben elaborar su plan anual operativo, que refleje los
   objetivos, metas y actividades a realizar por la oficina.

84. Los planes anuales operativos de cada región, área o programa deben ser
   remitidos en un solo archivo por medio electrónico, indicando que cuenta
   con el visto bueno de los jefes de oficina, Consejos de Administración o
   Responsables de Programa según corresponda, al Departamento de
   Planificación a más tardar el 15 de octubre del 2008.

85. Los Consejos de Administración o Responsables de Programa,
   coordinarán lo pertinente con las oficinas a su cargo y definirán las fechas
   de recepción de los planes anuales operativos que consideren
   conveniente, a efecto de cumplir con la directriz No.84.

86. El seguimiento y cumplimiento de los planes anuales operativos, es
   responsabilidad de cada jefe de despacho judicial, conforme lo dispuesto
   por el Consejo Superior, en sesión No. 92-2001 del 14 de noviembre del
   2001, artículo XXX. Si durante el año de vigencia del plan, se presenta
   un cambio en la jefatura, es responsabilidad del nuevo jefe dar
   continuidad al plan anual operativo aprobado para el despacho.
                                       146

87. En caso de considerar necesario realizar modificaciones al plan anual
   operativo, y siempre que no contravenga los propósitos del Plan
   Estratégico 2007-2011, el despacho judicial debe someterlas a
   conocimiento del Consejo de Administración de Circuito o bien al Centro
   de Responsabilidad correspondiente, Ministerio Público, Defensa Pública,
   Organismo de Investigación Judicial, Dirección Nacional de Notariado y
   comunicarlas al Departamento de Planificación. El tiempo límite para
   ajustes al plan anual operativo es el primer trimestre del año.

88. A las Unidades, Subunidades y Oficinas Administrativas respectivas, les
   corresponde el control de los planes anuales operativos de los despachos
   judiciales. El Departamento de Planificación pedirá rendición de cuentas
   en forma aleatoria. Igualmente, cualquier otro órgano de control del
   Poder Judicial, podrá tener acceso a esa información.

89. Cualquier aclaración con respecto a estas directrices, pueden dirigirse a la
   Sección de Planes y Presupuesto del Departamento de Planificación,
   extensiones 4377, 4378 y 4379.

                                     -0-

               FORMULARIO PARA SOLICITAR PLAZAS
                     PARA EL PERÍODO 2009

         Cada año, el Departamento de Planificación recibe una gran
   cantidad de solicitudes de plazas para crear mediante el presupuesto del
   año siguiente; no obstante, el plazo para hacer todos los estudios es muy
   corto y no permite profundizar en aspectos importantes que permitan dar
   soluciones integrales a las oficinas judiciales; de ahí que se les solicite a
   todos los despachos ser conscientes de los requerimientos reales y que
   planteen aquellas peticiones que les resulte indispensables para el buen
   servicio público.

         Para cada solicitud deben considerar los estudios que en
   oportunidades anteriores se han realizado, de tal forma que se compruebe
   una variación sustancial respecto a los resultados obtenidos y que
   justifique lo que ahora se requiere.

        Para facilitar la recolección de información y lograr un mejor
   provecho de los recursos, se solicita llenar los siguientes datos, con
   carácter obligatorio. Este será el único instrumento para recibir las
                                   147

solicitudes de plazas para el 2009. Los espacios para responder cada
item, pueden ser ampliados de tal forma que la respuesta sea convincente
y completa.

      Cada solicitud debe venir amparada con el visto bueno del superior
jerárquico en esta materia, sea el Consejo de Administración, Fiscal
General, Jefa de la Defensa Pública, Director del Organismo de
Investigación Judicial, Director Ejecutivo y el superior jerárquico de
aquellos despachos que no están bajo la cobertura de los jerarcas antes
indicados, conforme se ha tramitado en años anteriores.

     Los Consejos de Administración de Circuito y Centros de
Responsabilidad, deben enviar al Departamento de Planificación los
formularios de solicitudes de plazas para el 2009 en un solo paquete, cuya
fecha de entrega ya está abierta y se cierra el viernes 18 de enero del
2008. El correo electrónico al que deben enviarse los formularios se
denomina ―Solicitud de Plazas 2009‖, cuya dirección electrónica es:
                    plazas2009@poder-judicial.go.cr

***********************************************************

I. Información General.

1.1.
Despacho
u oficina:

1.2. Circuito Judicial al
que pertenece:

1.3. Estructura de personal ordinario:

              Cantidad                    Tipo        de
                                          Puesto
                                         148

     1.4. Personal extraordinario o supernumerario asignado durante el 2007:

     Cantidad                      Tipo        de                  Período
                                   Puesto




     1.5. Indicar si contó con la colaboración del Programa Contra el Retraso
     Judicial, y en qué consistió ese apoyo y el resultado obtenido:




     II. Requerimiento de Recurso Humano.

     2.1. Indicar las plazas que se solicitan para el 2009:

Cantidad        Tipo de Plaza               Dispone de espacio       Indicar el equipo y
                                            físico para ubicarla    mobiliario que requiere
                                                   Si o NO                cada plaza




     2.2. Por cada plaza solicitada, debe dar una justificación convincente que
     aporte elementos a valorar a la hora de hacer los análisis por parte del
     Departamento de Planificación. Lo cual debe incluir al final de este
     formulario.

     NOTA: Cuando así proceda, favor mencionar informes o acuerdos de
     entes superiores donde se indicaron aspectos relacionados con la
     necesidad de recurso humano.

     III. Información de la Carga de Trabajo y justificación de las plazas
     solicitadas.
                                    149


3.1. Mencionar factores que han incidido en el comportamiento de los asuntos
entrados (nueva legislación, evento extraordinario, separación de materias,
entre otros):




3.2. Cantidad de asuntos listos para fallo (por funcionario) y fecha de corte:

3.3. Cantidad de          asuntos
señalados por día:

3.4.   Fecha      del   último
señalamiento en agenda:



IV. Otros aspectos.

4.1. En caso de haber recibido durante el 2007 la visita de la
Inspección Judicial y/o de la Contraloría de Servicios, indicar los
resultados de la visita y de ser posible adjuntar documentación que
pueda servir de prueba:




4.2. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan la gestión del
despacho u oficina judicial?
                                  150




4.3. De resultar favorable la creación de las plazas solicitadas,
mencionar los compromisos que adquiriría el despacho u oficina
judicial:




Respuesta item 2.2 Justificación de cada plaza solicitada

Tipo de plaza solicitada:                            Cantidad:

Justificación:”
                                      -0-
                                                 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL
                                                   PLAN ESTRATÉGICO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
                                                      (Consejo Superior sesión__ de noviembre de 200, artículo )
                                                                2007                                            2008
                  ACTIVIDAD                                                                                                           RESPONSABLE
                                                     NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL                     MAYO   JUNIO

1. Remitir al Consejo Superior, para su aprobación,
las "Directrices Técnicas para la Formulación del
                                                                                                                                      Departamento de
Plan Estratégico y Anteproyecto de Presupuesto           K-27
                                                                                                                                       Planificación
2009" así como el Cronograma de Actividades
respectivo.

2. Aprobación por parte del Consejo Superior de
las "Directrices Técnicas para la Formulación del
Plan Estratégico y Anteproyecto de Presupuesto                         K-4                                                            Consejo Superior
2009" y del         Cronograma de Actividades
respectivo.

3. Inicia período para presentar las solicitudes de
                                                                                                                                        Centros de
plazas nuevas del 2009, ante el Departamento de                        K-4
                                                                                                                                      Responsabilidad
Planifciación.

4.Emitir circular informando sobre el proceso de
formulación de planes estratégicos y anteproyectos                                                                                    Departamento de
                                                                     M-5/J-6
de presupuesto 2009. Incluye publicación en la                                                                                         Planificación
Intranet.

5.Último día para presentación y recepción de:
5.1 Solicitud de plazas nuevas.                                                   V-18                                                  Centros de
5.2 Presentación de planes estratégicos con su                                                                                        Responsabilidad
                                                                                  J-31
respectivo anteproyecto de presupuesto 2009.


                                                                                                                                      Departamento de
6.Estudio de necesidades de plazas nuevas              J-15/V-30     L-3/V-21   L-7/J-31   V-1/V-29   L-3/V-28
                                                                                                                                       Planificación
                                                     152

                                                                                  L-3/V14
7. Revisión y aprobación de informes de plazas                                            K-1/M-
                                                                      L-4/V-29    L-24/L-              Consejo Superior
nuevas.                                                                                     2
                                                                                     31

                                                                                  L-3/V-14
8. Periodo para presentar reconsideraciones de                                                           Centros de
                                                                      L-18/V-29   L-24/L- K-1/L-7
plazas nuevas.                                                                                         Responsabilidad
                                                                                     31

                                                                                  L-3/V14
9. Período para resolver sobre reconsideraciones                                             K-1/J-
                                                                      L-18/V-29   L-24/L-              Consejo Superior
presentadas de plazas nuevas                                                                  10
                                                                                     31

10. Análisis de los planes estratégicos          y                                           K-1/V-    Departamento de
                                                                      V-1/V-29    L-3/V-28
anteproyectos de presupuesto 2009 solicitados.                                                 4        Planificación

                                                                                  L-3/V14
11. Revisión y aprobación de los planes                                                   K-1/M-
                                                                      L-18/V-29   L-24/L-              Consejo Superior
estratégicos y anteproyectos de presupuesto 2009.                                           9
                                                                                     31

12. Plazo para plantear reconsideraciones sobre                                   L-3/V14
                                                                                             K-1/K-      Centros de
los planes estratégicos y anteproyectos de                                        L-24/L-
                                                                                               15      Responsabilidad
presupuesto 2009.                                                                    31

                                                                                  M-5/V-
13. Período para resolver sobre reconsideraciones
                                                                                    14       K-1/M-
presentadas de planes estratégicos y anteproyectos                                                     Consejo Superior
                                                                                  L-24/L-      16
de presupuesto 2009.
                                                                                    31

                                                                                                       Departamento de
                                                                                  L-3/V14                 Personal,
14. Elaboración de la relación de puestos 2009                                               K-1/V-
                                                           L-7/J-31   V-1/V-29    L-24/L-              coordina con el
(reasignaciones, plazas nuevas, traslados, etc.)                                               18
                                                                                     31                Departamento de
                                                                                                        Planificación

15. Integración del documento del anteproyecto de                                            L-21/V-   Departamento de
presupuesto 2009.                                                                              25       Planificación
                                                      153

                                                              L-                       Consejo Superior
16. Revisión y ajuste definitivo de anteproyecto de
                                                            28/M-                      y Departamento
presupuesto 2009.
                                                              30                       de Planificación

17. Aprobación del documento "Plan Estratégico y
                                                                     M-7               Consejo Superior
Anteproyecto de Presupuesto 2004".

                                                                                       Consejo Superior
18. Entrega del documento "Plan Estratégico y
                                                                     M-14              y Departamento
Anteproyecto de Presupuesto 2009" a Corte Plena.
                                                                                       de Planificación

19. Revisión y aprobación del documento "Plan                         M-      L-2/M-
                                                                                         Corte Plena
Estratégico y Anteproyecto de Presupuesto 2009".                    14/V-30      4

20. Confección documento final "Plan Estratégico
                                                                              J-5/M-   Departamento de
y Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial
                                                                                11      Planificación
2009"

21. Entrega del documento final "Plan Estratégico
                                                                                       Presidencia de la
y Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial                                  V-13
                                                                                             Corte
2009" al Ministerio de Hacienda.

L: Lunes K: Martes       M: Miércoles     J:
Jueves V: Viernes
                                   -0-

        “¿CÓMO ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO?

     Con el Plan Estratégico (PE) se pretende obtener información
general que permita identificar los Objetivos Estratégicos del Centro de
Responsabilidad para el período presupuestario al cual se destinarán los
recursos solicitados. No debe confundirse con el Plan Anual Operativo.

     En términos generales está conformado por OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS que deben estar ligados a los temas estratégicos del
Plan Estratégico Institucional 2007-2011, según corresponda: Poder
Judicial (general), Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de
Investigación Judicial; por su parte, cada objetivo estratégico deberá tener
asociadas una o más METAS DE GESTIÓN y para cada una de ellas se
deberá establecer un INDICADOR DE DESEMPEÑO.

      En los casos en los que sea posible determinar los recursos
económicos necesarios para cumplir con la meta propuesta, los mismos se
deberán indicar en la columna diseñada para tal efecto, con la
identificación del monto y subpartida correspondiente.


               ASPECTOS QUE CONFORMAN EL PE

COLUMNA 1 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS):

      Estos objetivos desarrollan y concretan el contenido de la misión,
determinando los resultados que la organización pretende conseguir a
mediano plazo y constituyen el punto de partida del que derivan los
objetivos específicos u operativos del PAO. Una vez que se establecen los
objetivos estratégicos se deben definir líneas de acción de la organización
para la consecución de cada uno de ellos.

      La definición de los objetivos estratégicos debe tomar como
referencia:

    El Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2011, publicado en la
página principal de la Intranet, aprobado por la Corte Plena en julio del
2006.
                                       155

          La Política de Equidad de Género de la Institución, aprobado por la
     Corte Plena, en la sesión No. 03-2006, del 27 de febrero del 2006, artículo
     XVI.
          Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades 2007-2011,
     publicado en la página principal de Intranet, en el sitio de la Comisión de
     Accesibilidad, apartado de ―Presentación‖ bajo el título de ―Documentos
     de Interés‖.

           Los objetivos se redactan en infinitivo, la numeración es de un
     dígito; por ejemplo 1., 2., etc. y deben estar clasificados según los temas
     estratégicas definidos institucionalmente, que para el período 2007-2011
     son los siguientes:

1     Sostenimiento de una tendencia alcista de la carga de trabajo, que,
      pese al aumento de la eficacia en la resolución de casos en varias
      materias, mantiene elevado el retraso judicial que es necesario
      disminuir
2     Necesidad de aumentar la eficacia del PJ como instrumento de justicia y paz
      social
3     Fortalecimiento de la gestión del cambio respecto de la reforma judicial
4     Mejora en el funcionamiento de los órganos de decisión política del PJ
5     Mejoramiento del sistema de administración institucional
6     Definición de modelos de despacho gestión judicial y administrativa de
      acuerdo a las especificidades de cada jurisdicción
7     Articulación orgánica y funcional con los órganos auxiliares
8     Fortalecimiento del proceso general de la planificación institucional
9     Establecimiento de un sistema integrado de evaluación y rendición de
      cuentas
10    Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos
      humanos
11    Establecimiento de una política institucional de comunicación e información
12    Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del
      servicio
13    Necesidad de institucionalizar operativamente la Política de Equidad de
      Género
14    Fortalecimiento de los valores institucionales del conjunto del PJ
15     Mejoramiento de la infraestructura del PJ

          El Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de
     Investigación Judicial; considerarán los temas estratégicos respectivos.
                                    156



  COLUMNA 2 (METAS DE GESTIÓN):

        Las metas de gestión son la expresión concreta y cuantificable (qué,
  cuándo, cómo y cuánto se desea) de los logros que se esperan obtener en
  el período presupuestario y con relación a los objetivos estratégicos
  definidos. Estas se deben enumerar de forma que se establezca, una
  relación subordinada entre éstas y los objetivos estratégicos; por ejemplo
  las metas que correspondan al objetivo 1., se enumerarán como 1.1., 1.2.,
  etc.


  COLUMNA 3 (INDICADORES DE DESEMPEÑO):

        Un indicador es una herramienta que permite entregar información
  cuantitativa del grado de cumplimiento de una meta de gestión
  previamente establecida. En este sentido se deben anotar los indicadores
  que serán utilizados para medir el grado de cumplimiento de las metas
  comprometidas por el Consejo de Administración. Estos deben permitir
  evaluar el grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en el
  desempeño y la gestión de los recursos presupuestarios asignados. Se
  deben enumerar de forma que se establezca una relación subordinada
  entre éstos y las metas; por ejemplo los indicadores que correspondan a
  la meta 1.1. se enumerarán como 1.1.1., 1.1.2., etc.


  COLUMNA 4 (SUBPARTIDA Y MONTO):

        A los objetivos estratégicos especiales, los cuales por sus
  características ameritan un presupuesto específico, se les deben indicar
  las subpartidas y el monto solicitado en el presupuesto, que están
  dirigidos a su cumplimiento.


     PLAN ESTRATEGICO DE _____________________________
             AÑO _______ Ó PERÍODO __________


  OBJETIVOS           METAS DE        INDICADORES
ESTRATEGICOS          GESTION         DE DESEMPEÑO          SUBP.      MONTO
                                                  157

              (1)                      (2)                     (3)                     (4)

   Temas Estratégicos
   del          Plan
   Estratégico 2007-
   2011”




                                                  -0-
                                 “PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
                                  COMISION DE CONSTRUCCIONES

                               DESCRIPCIÓN                             MONTO          TOTAL POR
                                                                      TOTAL POR        CIRCUITO
                                                                      PROYECTO


           TOTAL GENERAL                                                               7.050.853.320

DIRECCION EJECUTIVA                                                                     975.000.000

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                     612.500.000
 1.08.01 Reforzamiento y sustitución de Mármol del edificio de           15.000.000
         Tribunales de San José
 1.08.01 Reforzamiento de Mármol del edificio del OIJ                    15.000.000
 1.08.01 Fijación de paños de mármol internos del edificio de la          7.500.000
         Corte Suprema de Justicia
 1.08.01 Impermeabilización azotea de la Corte                           20.000.000
 5.01.05 Una UPS para el edificio Anexo A y otros, en que se             35.000.000
         instale el Sistema de Gestión, con el fin de lograr
         continuidad de servicios en este sistema(*).
 5.01.05 UPS Pérez Zeledón. Es necesario para la ejecución e             29.000.000
         implantación del Sistema de Gestión(*).
 5.01.05 UPS y Supresores trasciendes San Carlos. Es necesario           48.000.000
         para la ejecución e implantación del Sistema de
         Gestión(*).
 5.02.01 Acondicionamiento eléctrico San Carlos. Es necesario            23.000.000
         para la ejecución e implantación del Sistema de Gestión.
 5.02.01 Acondicionamiento eléctrico Pérez Zeledón. Es necesario         83.000.000
         para la ejecución e implantación del Sistema de Gestión.
 5.02.01 Sustitución de 6 ascensores (4 ascensores para el edificio     180.000.000
         del OIJ, 1 para el Anexo A y 1 para el Anexo B).
                                                   158

 5.02.01   Remodelación 1er y 4to piso OIJ. Cabe aclarar que en el       30.000.000
           presupuesto aprobado para el 2007 se asignaron
           ¢27,500,000,00 para las Remodelaciones del 1er, 4to y
           5to piso del OIJ por reubicación de oficinas. Sin embargo,
           según lo indicó el Ing. Douglas Villalobos Gómez del
           Departamento de Servicios Generales, con ello se estima
           cubrir la remodelación de los espacios que quedarán libres
           con el traslado del Departamento de Proveeduría a
           Edificio anexo B, y que implicaría la posible reubicación
           de algún despacho del 1er nivel del Edificio del OIJ.
 5.02.01   Remodelación oficinas 5to piso edificio Tribunales de San     40.000.000
           José
 5.02.01   Compra e instalación de un moto generador San Carlos.         38.000.000
           Es necesario para la ejecución e implantación del Sistema
           de Gestión.
 5.02.01   Compra e instalación de un moto generador Pérez               49.000.000
           Zeledón. Es necesario para la ejecución e implantación
           del Sistema de Gestión.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD                                               360.000.000

 5.01.04   Muebles modulares o cubículos en la oficina de Salud           3.000.000
           Ocupacional, ya que actualmente los compañeros están
           en una pequeña oficina de un solo espacio abierto, sin
           ningún tipo de divisiones, no permite colocar papelería,
           botiquines o algún equipo pequeño en estantes.
 5.02.01   Asignación o construcción de una bodega más amplia             8.000.000
           a la existente: aproximadamente de unos 100 m2, para
           almacenar tanto los equipos de seguridad como los
           equipos médicos de la Unidad de Salud Ocupacional.
           Máxime que a partir del próximo año, el Departamento de
           Seguridad asumirá la compra de equipos en materia de
           discapacidad, sumado a lámparas de emergencia,
           extintores, mangueras contra incendio, sillas de ruedas,
           lockers, armas de fuego, etc., se hace sumamente
           necesario contar con un espacio más amplio.
 5.02.01   Remodelación de los tres cuartos de descanso: De los           3.000.000
           Auxiliares de Seguridad en los edificios de la Corte,
           Tribunales y O.I.J. Existe la problemática de que hasta
           han clausurado los baños, problemas de cielorrazos, pisos
           y paredes reventadas, falta de pintura, ventilación,
           iluminación, etc.
 5.02.01   Construcción de una nueva oficina de supervisión: Con          5.000.000
           baño, pues la actualmente ocupada se encuentra contiguo
           al área administrativa del departamento. Los supervisores
           de seguridad manipulan armas de fuego las 24 horas del
           día y se han dado casos en que se dispara de forma
           accidental un arma, atentando contra la integridad de los
           funcionarios que pertenecemos al departamento.
 5.02.01   Instalación de una puerta de acceso automático en la           2.000.000
           entrada principal al edificio del O.I.J., similar a la del
           lobby del edificio de los Tribunales. Se hace necesario en
           días y horas no hábiles, donde el movimiento de público
                                                        159

              es bajo y serviría para reforzar la seguridad de la entrada
              durante las noches.


  5.02.01Construcción de laboratorio de seguridad electrónica,                4.000.000
         el cual permitirá ensayar y adiestrar a los técnicos,
         desarrollando así las habilidades y requerimientos
         necesarios en la instalación de los sistemas propios de la
         institución.
 5.02.01 Escalera de Emergencia Edificio de la Corte. Incluido por          300.000.000
         el Consejo Superior en reunión de Trabajo de Presupuesto
         2008, Acta No. 03 del 07-03-2007. Se indica el monto a
         presupuestar en Acta No. 07 del 22-3-07, artículo XIV.
 5.02.01 Escalera de Emergencia Edificio de la Corte. Incluido por           30.000.000
         el Consejo Superior en reunión de Trabajo de Presupuesto
         2008, Acta No. 03 del 07-03-2007. Se indica el monto a
         presupuestar en Acta No. 07 del 22-3-07, artículo XIV.
 5.02.99 Construcción de una caseta de seguridad: Con baño y con              5.000.000
         vidrios de seguridad, para ubicarla entre las entradas al
         sótano del edificio de la Corte en el costado sur. De ésta
         forma se contaría con una mejor visibilidad de los
         vehículos antes de ingresar y no como actualmente se
         hace, que el vehículo se inspecciona ya cuando está
         prácticamente adentro. También ganaríamos una plaza,
         pues hay dos oficiales, uno por cada entrada, uno quedaría
         en la casetilla y el otro podría realizar rondas de seguridad
         dentro del sótano, dentro del edificio y hasta en sus
         alrededores.
DEPARTAMENTO ARTES GRAFICAS                                                    500.000
 1.08.01 Restructuración de la Unidad de Encuadernación y                      500.000
         Fotomecanica: Debido a la reestructuración que se hizo
         del Departamento de Artes Gráficas, en el estudio integral
         No. IDH-248-2004, elaborado por la Sección de
         Investigación y Desarrollo Humano del Departamento de
         Personal, se hace necesario modificar la estructura física
         de dos áreas en particular: la Unidad de Encuadernación
         y la Unidad de Fotomecánica. La Unidad de
         Encuadernación con base en este estudio desaparece.
         Actualmente ocupa un espacio físico de 25 m²,
         debidamente separada de lo que es el área de Acabado
         Final (mesas). Por esta razón, es necesario eliminar una
         pared de fibrolit con esqueletado de perfiles de hierro
         galvanizado, de 18 m², lo cual tiene un costo aproximado
         de ¢150.000,00. La Unidad de Fotomecánica, dado que ha
         perdido relevancia debido al poco trabajo que ingresa, se
         procederá a modificarla a fin de que integre a la Sección
         de Arte; por ese motivo se hace necesario eliminar una
         pared de 26 m², así como construir nuevas paredes y pu

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE                                              2.000.000
 5.02.01 Acondicionamiento del espacio físico en área del Proceso             2.000.000
         Contable – Presupuestario para el puesto de Coordinador
         (a). Actualmente no existe dicha oficina.
                                                     160

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN                                                                9.000.000
 5.01.04 Muebles modulares: Para las secciones de Desarrollo                 9.000.000
         Organizacional, Análisis Jurídico y para dos profesionales
         y un sociólogo, para un total de 15 cubículos; en virtud
         de que cuando se hizo el traslado del Departamento no fue
         posible que contaran con ese mobiliario. Cuando el
         Departamento estaba en el edificio del OIJ se contaba con
         tres turnos de trabajo por falta de espacio; al pasarse al
         edificio Anexo A se cuenta con mayor espacio y al estar
         todos los servidores en el mismo horario, obviamente
         quedó personal sin sus respectivos modulares y el
         presupuesto de la remodfelación no alcanzó para cubrir
         todas las necesidades, de hecho, los muebles modulares
         que tienen las optras secciones son los "viejos" que
         setrajeron y que estánen regulares condiciones.

ESCUELA JUDICIAL                                                                             1.000.000
  5.02.01 Se incluyen ¢1.000.000.00 para atender necesidades                 1.000.000
          inesperadas que surjan en el transcurso del año, debido al
          traslado a las nuevas instalaciones. La solicitud original
          era por ¢2.280.000.00 pero el Consejo Superior, en Acta
          No.4 de Sesión de Trabajo Presupuesto 2008, Artículo II,
          acordó rebajar la solicitud a ¢1 millón.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ                                                      5.269.700.000
 1.08.01 Sustitución del cielorraso: De las 14 terrazas del edificio y       7.400.000
         el que cubre todo el 4to piso, edificio de Tribunales del I
         Circuito Judicial de San José.
 1.08.01 Pintura: De las áreas externas (balcones), como internas            7.800.000
         (pasillos) de los 5 pisos del edificio, así como los despachos
         (áreas comunes), edificio de Tribunales del I Circuito
         Judicial de San José.
 5.02.01 Construcción: Edificio tercer Circuito Judicial de San José      5.000.000.000
         (Hatillo) acta de presupuesto No.4, del 8 de marzo de 2006,
         artículo VIII.
 5.02.01 JUZGADO EJECUCION DE LA PENAL SAN JOSE:                             1.500.000
         Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la
         Violencia contra la Mujer.
 5.02.01 JUZGADO PENAL PAVAS: Atención al Proyecto de Ley                    1.500.000
         de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
 5.02.01 JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL SAN                               1.500.000
         JOSE: Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la
         Violencia contra la Mujer.
 5.03.01 Compra de lote en Puriscal, incluido por el Consejo               250.000.000
         Superior en Reunión de trabajo de Presupuesto 2008, Acta
         No. 03 del 07 de marzo de 2007.

SEGUNDA CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ                                                      116.300.000
 1.08.01 Pintura del edificio interna y externa: Dicha solicitud se         66.250.000
         fundamenta en criterio técnico emitido por el Departamento
         de Servicios Generales, el cual manifiesta que la pintura de
                                                       161

          toda la edificación se encuentra en franco proceso de
          deterioro causado por las condiciones naturales de uso
          después de 10 años de inaugurado.
1.08.01   Área de Juegos para el Juzgado de Pensiones: Con base en            1.000.000
          estudio del Departamento de Planificación en el cual se
          contempla estudio organizacional del Juzgado de Pensiones,
          se recomienda implantar un área para juegos. Acuerdo del
          Consejo Superior, sesión 49-05, 28-06-05, Art. LXXXII.
1.08.01   Servicio Sanitario para el Centro de Monitoreo: De                   800.000
          acuerdo con el criterio vertido por los técnicos del Área de
          Salud Ocupacional del Departamento de Seguridad por las
          funciones que realizan los oficiales de seguridad y ante la
          imposibilidad de desplazarse a utilizar los servicios
          sanitarios, principalmente en horas no hábiles se requiere este
          servicio.
5.02.01   Doscientos treinta y cinco lámparas de ahorro energético:          17.000.000
          Para sustituir en el 4to. piso del edificio, autorizado por la
          Comisión de Construcciones, mediante oficio No. 0902-CC-
          01 el cual fue comunicado por la señora Sandra Agüero
          Monge, Secretaria de dicha comisión.
5.02.01   Reubicación de casetilla de control de acceso al sótano del        15.000.000
          edificio: realizando traslado al interior del sótano, ya que con
          base en recomendaciones del Departamento de Seguridad e
          inquietudes planteas por el Director del OIJ, su ubicación
          externa presenta una debilidad eminente en caso de un asalto.
5.02.01   Acondicionamiento de gimnasio: En el sótano, el cual                6.250.000
          incluye batería de servicios sanitarios y baños
5.02.01   Acondicionamiento en el cuarto piso: En parte del área que          8.500.000
          a la fecha ocupa la Biblioteca del Circuito, para ubicar el
          Juzgado Agrario, el cual se creo como un despacho en forma
          independiente, con base en acuerdo de Consejo Superior de la
          sesión No. 11-06 celebrada el 21 de febrero artículo
          "LX".para ubicar el Juzgado Agrario.
5.02.01   Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José: Atención            1.500.000
          al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
          Mujer.

TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE                                                       3.000.000
5.02.0 JUZGADO PENAL III CIRC. JUD. DE SAN JOSE:                              1.500.000
   1   Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
       contra la Mujer.
5.02.0 JUZGADO PENAL HATILLO: Atención al Proyecto de Ley                     1.500.000
   1   de Penalización de la Violencia contra la Mujer.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA                                                   43.500.000

1.08.01   Pintura General del edificio de Tribunales de Limón:               16.000.000
          Según lo indicó la Licda. Maribel López este edificio está
          muy deteriorado y hace varios años que no se pinta.
5.02.01   Construcción de celdas en los Tribunales de Bribrí. La              6.000.000
          Oficina Regional del OIJ no tiene donde custodiar a los
          detenidos, tampoco la Fuerza Pública de dicha localidad
                                                       162

          cuenta con celdas, por lo que se atiende a los detenidos en
          condiciones infrahumanas.

5.02.01   Construcción de una sala de juicios. El Consejo Superior a       20.000.000
          partir del 2005 ordenó al Tribunal desplazarse a Bribrí a
          realizar los juicios. Sin embargo en Bribrí no hay sala para
          realizarlos ni se cuenta con el equipo de grabación requerido,
          asimismo se debe busca oficina cada vez que se requiere
          realizar un juicio.
5.02.01   JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA                            1.500.000
          ATLANTICA: Atención al Proyecto de Ley de Penalización
          de la Violencia contra la Mujer.

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA                                                 1.500.000
 5.02.01 JUZGADO PENAL POCOCI GUACIMO: Atención al                          1.500.000
         Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
         Mujer.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR                                                       11.500.000
 1.08.01 Pintura interna y externa de planta baja del edificio de los       3.000.000
         Tribunales de Justicia de Buenos Aires. En el proyecto de
         construcción del segundo piso, no se incluyó la pintura de la
         planta baja, misma que tiene más de nueve años de haberse
         pintado por última vez, además de que constrasta con la
         construcción nueva, lo que hace que tenga una apariencia aún
         mayor.

5.02.01   Acondicionamiento de espacio físico para control de               2.500.000
          entrada de usuarios, Tribunales de Justicia de Pérez
          Zeledón (Sección de Vigilancia). Este proyecto fue planteado
          por la Administración Regional de la Zona Sur en el
          Anteproyecto de Presupuesto del 2006, y el 2007; en vista de
          que no fue aprobado para esos períodos, se replantea para que
          sea reconsiderado.
5.02.01   Acondicionamiento de espacio físico para ubicar el Juzgado        6.000.000
          de Violencia Doméstica de Pérez Zeledón, que inició
          funciones en el 2007.

SUBUNIDAD ADMINISTRATIVA CORREDORES                                                     27.000.000
 1.04.03 Estudios de suelos, topográficos e impacto ambiental para el       5.000.000
         nuevo edificio de Osa
 1.08.01 Pintura del edificio de Coto Brus. Este Edificio tiene más         7.000.000
         de 6 años que no se pinta, por lo que se requiere darle
         mantenimiento general, tanto en la parte interna como en la
         parte externa del edificio.
 1.04.06 Pulido de pisos del edificio de Coto Brus. Se requiere             5.000.000
         realizar el pulido de pisos de mozaico de los Tribunales de
         Coto Brus debido a que se encuentran en mal estado y
         porosos.
                                                      163

1.08.01   Pintar el edificio, instalar piso vinílico y malla Jordomex y    10.000.000
          ampliar el estacionamiento edificio de Osa. Este edificio no
          se ha pintado desde hace unos 6 años o más, asimismo con las
          inundaciones del Río Térraba hace unos años, el agua llegó a
          un metro de altura dentro del Edificio y por cuestiones
          presupuestarias no fue posible pintarlo, es por ello y por las
          condiciones en que se encuentra que es necesario dar este
          mantenimiento. Con respecto a la Reparación de piso y
          ampliación de parqueo de los Tribunales de Osa, esta
          reparación se había contratado a finales del 2004, sin
          embargo el contratista en el 2005 abandonó la obra indicando
          que estaba desfinanciado, por ello, parte de los materiales se
          encuentran en el edificio, por lo que se considera necesario
          concluir con este proyecto que ya se había aprobado e
          iniciado.

CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO                                                            64.300.000
1.08.01 Adicionar      al edificio de Jiménez una salida de                  800.000
        emergencia, según lo establecido por el Departamento de
        Seguridad.
5.02.01 Remodelaciones varias para el Edificio de Tribunales de            50.000.000
        Cartago. (Según Acta de Presupeusto No. 03, El Consejo
        Superior dispuso eliminar los ¢700,000,000.00 solicitados
        para ampliación del Edificio, y dejar ¢50,000,000.00 para
        remodelaciones)
5.02.01 Oficina de Trabajo Social de Cartago: Atención al                   3.000.000
        Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
        Mujer.
5.02.01 JUZGADO PENAL CARTAGO: Atención al Proyecto de                      1.500.000
        Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
5.02.01 JUZGADO EJECUCION DE LA PENA CARTAGO:                               1.500.000
        Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
        contra la Mujer.
5.02.01 TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE CARTAGO:                              7.500.000
        Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
        contra la Mujer.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE                                                   2.250.000
1.04.0 Planos y Estudios Preliminares para la construcción del edificio      250.000
   3   de Cañas.
1.08.0 Reparación general de la entrada principal de los Tribunales         2.000.000
   1   de Liberia, ya que existen grietas que provocan peligro para
       los usuarios

CIRCUITO JUDICIAL PUNTARENAS                                                            28.000.000
        Edificio de Tribunales de Puntarenas
1.08.01 Reparación de la cubierta de poliuretano del techo y               10.000.000
        pintura protectora con filtro solar. Debido a los problemas
        de filtraciones y por las altas temperaturas, gran parte de la
        cubierta se ha deteriorado.
5.02.01 Cambio de estructura y techo metálico ubicado sobre el             12.000.000
        Juzgado de Violencia Doméstica. Debido a la posición que
                                                      164

          tiene el techo, este no permite que el agua caiga directamente
          a la canoa, por lo que se desborda y cae en las oficinas.

5.02.01   Oficina de Trabajo Social de Puntarenas: Atención al               3.000.000
          Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
          Mujer.
5.02.01   JUZGADO PENAL PUNTARENAS: Atención al Proyecto                     1.500.000
          de Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
5.02.01   JUZGADO EJECUCION DE LA PENA PUNTARENAS:                           1.500.000
          Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
          contra la Mujer.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA                                                          6.000.000
 5.02.01 Oficina de Trabajo Social I Cir. Jud. Alajuela: Atención al         3.000.000
         Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
         Mujer.
 5.02.01 JUZGADO          PENAL      I    CIRCUITO      JUDICIAL             1.500.000
         ALAJUELA: Atención al Proyecto de Ley de Penalización
         de la Violencia contra la Mujer.
 5.02.01 JUZGADO EJECUCION DE LA PENA ALAJUELA:                              1.500.000
         Atención al Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia
         contra la Mujer.

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA                                                       108.000.000
 5.02.01 Construcción de parqueo en los Tribunales de San                    5.000.000
         Carlos: Este es un proyecto ya aprobado, pero que por
         distintas circunstancias se ha tenido que archivar. Consiste
         en la construcción de un parqueo para los vehículos
         oficiales del Organismo de Investigación Judicial de San
         Carlos, en el costado norte del edificio.
 5.02.01 Oficina de Trabajo Social II Circuito Judicial de                   3.000.000
         Alajuela: Atención al Proyecto de Ley de Penalización de
         la Violencia contra la Mujer.
 5.02.01 Ampliación del edificio de los Chiles: Puesto que                 100.000.000
         actualmente se cuenta con un local pequeño que sufre
         hacinamiento, además no cumple con ningún requisito
         establecido en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades
         para Personas con Discapacidad. Por otra parte, las oficinas
         del Organismo de Investigación Judicial se encuentran
         ubicadas en un local prestado por la Municipalidad. Por
         ello, se considera oportuno solucionar estos problemas y
         poder reubicar todas las oficinas judiciales en un solo
         inmueble. Con la apertura de las oficinas de la Defensa
         Pública y Fiscalía Auxiliar en Los Chiles, a partir del año
         2004, se tuvo que improvisar la construcción de sus
         oficinas, en el edificio que alberga al Juzgado
         Contravencional. La Defensa Pública se tuvo que instalar en
         lo que era el garaje y la Fiscalía en lo funcionaba como
         apartamento donde vivía el Juez. Es necesario hacer una
         construcción más planificada, que cuente con baño para
         discapacitados, un área para la estancia del público y
         prevista para una próxima ofic
                                                      165

            Es importante indicar, que el Gobierno Central tiene como proyecto, dentro del plan de Integración
            Económica de Centroamérica, unir por vía terrestre al Cantón de Los Chiles con el Departamento
            de San Carlos de Nicaragua, lo que sin duda vendría a transformar la actividad económica y social
            de este Cantón. Ante ello, el Poder Judicial debe estar preparado, con la adecuación del edificio,
            para poder albergar eventualmente un Juzgado Penal, o cualquier otra oficina que se necesite abrir.
            El año anterior dicho monto fue inicialmente contemplado, no obstante al final se excluyó para
            trasladar esos recursos al edificio de los Tribunales de San Carlos.

TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN RAMON                                                              24.000.000
 1.08.01 Sustitución del zinc: Algunas láminas se encuentran muy                 2.000.000
         dañadas.
 1.08.01 Remodelación Informática: Solicitada por el licenciado                  1.000.000
         Gastón Guerra, por problemas de ruido de las UPS.
 5.02.01 Conversión de luminarias: La iluminación externa del                   15.000.000
         Edificio se encuentra deteriorada y es necesario cambiarla.
 5.02.01 JUZGADO PENAL GRECIA: Atención al Proyecto de Ley                       1.500.000
         de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
 5.02.01 TRIBUNAL DE CASACION PENAL III CIRC. JUD.                               4.500.000
         ALAJUELA (SAN RAMON) Atención al Proyecto de Ley
         de Penalización de la Violencia contra la Mujer.

CIRCUITO JUDICIAL DE HEREDIA                                                                       21.500.000
 5.02.01 Remodelación Acceso Tribunales de Sarapiquí: Con base                  15.000.000
         en la visita personal realizada por la Licda. Miriam Anchía,
         Integrante del Consejo Superior, propuso la urgencia de
         mejorar el área de atención del público en los Tribunales de
         Sarapiquí, edificio propio. Esto, debido a la impresionante
         cantidad de quejas de los usuarios que, al no tener espacio
         para esperar dentro del Juzgado Contravencional o la
         Fiscalía Auxiliar, deben ubicarse fuera del despacho, siendo
         seriamente afectados por el sol, la lluvia y las altísimas
         temperturas de esa zona. Esta remodelación es
         aprovechable para otra fase del proyecto que se espera
         continuar, que consiste en la construcción de un segundo
         piso en el edificio propio.La mitad del costo estimado se
         gastará en las paredes nuevas, en las puertas de aluminio, el
         meble de atención personalizada, el piso y contrapiso, el
         multitecho, la viga americana y la ventanería. El otro 50%
         corresponde a materiales secundarios necesarios para la
         obra. Ya el Dpto. de Servicios Generales tie
 5.02.01 Oficina de Trabajo Social de Heredia: Atención al                       3.000.000
         Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
         Mujer.
 5.02.99 Para la creación de la Sección Colegiada Extraordinaria del             2.000.000
         Tribunal Penal.
 5.02.01 JUZGADO PENAL HEREDIA: Atención al Proyecto de                          1.500.000
         Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE                                                              6.000.000
                                                     166

 5.02.01    Remodelación de áreas de atención al público                  6.000.000
            (mostradores) en postribunales de Liberia, ya que en
            ningún despacho se cumple en este sentido con la Ley
            7600. Corresponde a los siguientes despachos Juzgado
            Contravencional Familia, Agrario Tribunal, Civil y UARG.

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE                                               30.000.000
 5.02.01 Continuar con la climatización Edificio Nicoya: El              30.000.000
         Consejo de Administración de Nicoya en sesión 4-2006, del
         28 de marzo de 2006, artículo II, conoció la necesidad de
         climatizar el Edificio de los Tribunales de Nicoya, se
         transcribe acuerdo. ―Articulo II Es de interés común de los
         integrantes de este Consejo de Administración, referirse a la
         necesidad de climatizar con Aire Acondicionado el Edificio
         de los Tribunales de Nicoya, ya que las temperaturas que
         imperan en la zona en periodo de verano (con el fenómeno
         de la niña y el niño se extiende hasta cinco o seis meses el
         verano en Guanacaste) rondan un promedio de 36º o 37º
         grados. Y con el proceso de ampliación que se está
         realizando en estos Tribunales se determinó que la parte
         nueva de la construcción es más caliente que el resto del
         Edificio (ya que las oficinas son cerradas en puertas de
         vidrio y tienen pocos ventanales). En la ampliación se
         ubicará una Sala de Juicio y un Juzgado de Transito (por
         especialización del Juzdo Contrav.); en la segunda plany la
         Defensa Pública. Es importante mencionar que no existe ni
         si quiera diseños para instalar Aires Acondicionados tipo
         ventana en la ampliación, es más tampoco hay equipo de
         Aire disponible para estos efectos, por limitaciones en el
         presupuesto.
         La Administración del Edificio ha realizado un esfuerzo en
         conjunto con la Dirección Ejecutiva y el Departamento de
         Servios Generales para buscar una solución integral, pero se
         determinó que no existe contenido económico ni un diseño
         técnico para mejorar la temperatura dentro de las oficinas
         del Edificio. Según información suministrada por Dinorah
         Álvarez Acosta subjefe del Departamento de Servicios
         Generales, el costo aproximado de climatizar la ampliación
         del Edificio es de ¢ 17.000.000,00; sin embargo,
         consideramos que esta suma podría aumentar con relación
         en el índice de precios para la construcción y otros
         determinantes económicos e imprevistos, hasta alcanzar la
         suma de $ 40.000,00.
         En otro orden de ideas, consideramos importante climatizar
         todo el Edificio; si embargo este proyecto se puede
         encaminar en dos etapas para prorratear los costos en dos
         periodos económicos. Además, conocemos de las políticas
         de restricción del gasto que mantiene nuestra institución,
         pero también demandamos mejores condiciones laborales
         que repercutirán en la maximización del servicio público.
         Se acordó: Trasladar las presentes diligencias al Consejo
         Superior, para que valoren la factibilidad de proceder con
         base en esta solicitud, en el sentido de asignar la suma de $
                                                      167

            40.000,00 al proyecto de climatizar las áreas de la nueva
            ampliación de los Tribunales de Nicoya para el periodo
            2007. Acuerdo firme.‖
            En ese sentido el Consejo Superior en sesiones de trabajo
            de presupuesto asignó contenido a la obra por un monto de
            ¢ 20.000.000,00, monto que posteriormente limitó a la suma
            de ¢ 10.000,000,00. En ese orden de ideas se retoma el
            proyecto para continuar en este nuevo ejercicio económico,
            donde se vuelven a solicitar ¢ 10.000.000,00 a los que no se
            asignó contenido el periodo pasado más ¢ 20.000.000,00
            para iniciar con la climatización de la etapa restante del
            Edificio.


CIUDAD JUDICIALDE SAN JOAQUIN DE FLORES                                                        102.500.000
 5.02.99 Techado de parqueo de vehículos oficiales: Debido a que               2.500.000
         en el lugar donde se parquean los vehículos oficiales
         (costado sur del edificio de Patología Forense) no cuenta
         con techo, para proteger estos activos del sol y la lluvia, se
         requiere techar ese sector.
 5.02.99 Construcción de Gimnasio en el Complejo de Ciencias                 100.000.000
         Forenses, incluido por el Consejo Superior en Reunión de
         trabajo de Presupuesto 2008, Acta No. 03 del 07 de marzo
         de 2007.

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL                                                              148.335.000
 1.08.01 Oficina regional de Puriscal: Remodelación de celdas                    1.500.000
         Las celdas actuales necesitan ser reforzadas , en la actualidad no son lo
         suficientemente seguras.
         Oficina Regional de Cóbano
 1.08.01 Remodelación de gradas                                                    500.000
         Las gradas en la actualidad no tienen refuerzo y las agarraderas están deterioradas, además no
         poseen líneas antideslizantes.
         Oficina Regional de Corredores
 5.02.01 Ampliación de oficinas del Organismo de Investigación                 40.000.000
         Judicial en Corredores. Esta oficina se encuentra ubicada
         en la segunda planta del Edificio y el ingreso es por el
         parqueo donde se encuentran los detenidos y para atender
         las 24 horas al público no es adecuado que el acceso sea el
         mismo por donde ingresan los vehículos.
         Delegación de Ciudad Neilly
 5.02.01 Remodelación, demolición de piletas, levantar de pared,                 4.500.000
         cielo razo y pintura.
         Oficina Regional de Osa
 5.02.01 Portón con motor eléctrico para puerta principal                        1.500.000
         La oficina se traslado a un local nuevo y el portón está en
         mal estado.
 5.02.01 Construcción de Celdas                                                  5.000.000
         Adecuar las nuevas instalaciones a las necedidades de la
         oficina.
 5.02.99 Reforzar malla del costado norte con alambre navaja                     1.000.000
         Delegación de Heredia
                                                     168

5.02.01   Remodelación y traslado de la cabina de radio (Según Acta           5.000.000
          No. 4 del 8-3-07 se aprueba como prioridad 3)
          Solucionar el hacinamiento a tráves de una reubicación del espacio que dispone la Delegación. Al
          ubicar la Cabina en el lugar adecuado se aprovecha mejor el espacio físico existente.

          Delegación de Limón
5.02.99   Remodelación, levantamiento de un muro para cubrir parte           5.000.000
          noroeste del edifico, reforzamiento de muros y alambre
          navaja
          Unidad Regional de Bribrí
5.02.01   Oficina para albergar el OIJ de Bribrí. No se cuenta con           3.000.000
          espacio físico dentro del Edificio , no hay sala de
          reconocimientos y no existe privacidad para la toma de
          denuncias.
          Archivo Criminal
1.08.01   Remodelación de la recepción y puertas de ingreso.                 2.000.000
5.02.01   Remodelación para el habitáculo de Reconocimiento                  6.000.000
          Fotográfico: 8 módulos con porta teclado metálico ajustable
          y el sistema eléctrico y la instalación de canales de
          cómputo.
5.02.01   Espacio físico para la reubicación del Laboratorio de              3.000.000
          Lofoscopía.
          Oficina Planes y Operaciones
5.02.01   Construcción de una bodega garaje en la Unidad Canina              4.000.000
          Sección de Cárceles
5.02.01   Habitáculos para entrevistas de los abogados, con sus              4.000.000
          clientes privados de libertad: Es necesario la construcción
          de 2 habitáculos para entrevistas entre los privados de
          libertad y sus abogados, con el fin de evitar que éstos
          entreguen objetos no permitidos a sus clientes y minimizar
          al máximo la posibilidad de que los abogados sean
          agredidos por los privados de libertad. Aprovechando la
          infraestructura existente en el área de celdas se pueden
          construir los dos habitáculos a un bajo costo, lo cual sería
          de importante beneficio para la Administración de Justicia.
          I Circuito Judicial.
5.02.01   Receptáculo para el cuido y resguardo de las armas y               3.000.000
          munición: Es necesario la construcción de un sitio
          adecuado para la protección, cuido y depósito de armas de
          fuego reglamentarias, en virtud que aunque actualmente se
          cuenta con un sitio que hemos denominado como armería,
          en realidad es necesario trasladarlo de lugar, debido a que
          se encuentra localizado por el pasillo de ingreso y egreso de
          detenidos, además a solo un metro de uno de los elevadores,
          lo cual representa un peligro, caso de una indebida
          manipulación de un arma de fuego, lo que podría ocasionar
          un accidente. I Circuito Judicial
          Jefatura del Departamento de Investigaciones
          Criminales
                                                     169

1.08.01   Remodelaciones que se necesitan en la Sala de Crisis del          2.500.000
          Departamento         de     Investigaciones        Criminales:
          Cerramiento de un área de 2.5 metros lineales del pasillo
          ubicado entre la Sección de Delitos Varios y la Jefatura del
          Departamento de Investigaciones Criminales; remoción de
          la puerta y mocheta ubicados a la entrada de la Sala de
          Crisis; aislamiento acústico de la Sala de Crisis; instalación
          de dos lámparas adicionales en el área del pasillo que se
          pretende cerrar; colocación de difusores de refracción en
          todas las lámparas de la sala y pintura total del área.
          Sección de Delitos Sexuales
5.02.01   Remodelación del área de recepción                                2.000.000
          Este rubro es para remodelar la bodega de evidencias y
          reforzar el cielo raso.

          Delitos Informáticos
1.08.01   Reforzamiento de la bodega de evidencia: Es un lugar              2.000.000
          que no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias
          para almacenar evidencias de las investigaciones, estas
          evidencias son únicas y si alguna se desaparece no habría
          forma de reponerla. Dicha bodega habría que reforzar el
          cielorraso, ya que se puede ingresar desde el pasillo con
          solo quitar las láminas de cielorraso del pasillo. La puerta
          de acceso es una puerta corriente y no tiene ningún llavín de
          seguridad. En el año 2003 se hizo un estudio el cual se
          envió a la Dirección General, mediante oficio 157-SDI-
          2003, indicando algunas de estas vulnerabilidades.
5.01.04   Construcción de cubículos: Instalación de cubículos para          5.000.000
          los seis peritos, ya que las nuevas instalaciones no
          comprendían las necesidades de mobiliario.
          Jefatura Departamental Ciencias Forenses
5.01.07   Tuberia para sistemas de Gases de Ultra Alta Pureza:             40.000.000
          Es importante en este punto enfatizar los riesgos que
          conlleva el manejo de cilindros de gases dentro de las
          instalaciones de este Departamento, ya que se trabaja con
          cilindros de gas comprimido, los cuales en su mayoría
          presentan peligros asociados con el escape de gases y
          posible asfixia por desplazamiento del oxígeno, en otros
          casos por su inflamabilidad y el riesgo que representa el
          tener cerca gases cuyas mezclas resultan ser altamente
          explosivas y por el propio riesgo inherente en el manejo de
          cilindros de gases comprimidos, ya que por su peso y la
          peligrosidad que representa el hecho de que en una caída se
          golpee la válvula del cilindro y se produzca el fenómeno de
          torpedo por la caída del mismo (material consultado
          Handbook of Laboratory Safety). Así mismo en el año de
          1998, la Unidad de Salud Ocupacional elaboro el estudio Nº
          142-SO-98, en el cual recomienda una serie de medidas de
          seguridad mientras se logra obtener el presupuesto para la
          const
                                                     170

 1.08.01   Remodelación área de Ambiental Forense: Como es                 400.000
           conocido, el área mencionada asumirá paulatinamente
           peritajes requeridos en materia de delitos ambientales que
           actualmente resultan una carencia dentro de los servicios
           que ofrece este Departamento a las Autoridades Judiciales y
           además, colaborará en la realización de pericias que han
           sido asumidas por distintas Secciones, favoreciendo así la
           reducción de las cargas de trabajo de éstas. Para contar con
           un área adecuada se pretende realizar una remodelación de
           manera que se permita generar un área con dos laboratorios
           y una bodega, separada del área administrativa en la que se
           encuentre la recepción, el área de cubículos y la bodega de
           documentación.
           Sección de Fotografía y Audiovisuales
 5.02.01   Instalación para procesador digital adquirido en 2007:         2.235.000
           (Cableado de red y ampliación de ancho de banda para
           nuevo procesador digital adquirido en 2007; cubículo de
           computadora, servidor y estación de trabajo digital para
           estudio fotográfico y laboratorio). Para 2007 se cambiará el
           procesador actual de fotografías, por uno digital con un
           costo de ¢39.900.000.00, el mismo tiene la capacidad de
           imprimir y procesar fotografías a partir de archivos de
           película y digitales; por lo cuál se requiere habilitar un
           servidor que permita la recepción de correos electrónicos
           con los archivos que deben imprimirse desde todos los
           puntos del país, el servidor se programa en la parte de
           necesidades informáticas y el cableado para el mismo en
           este apartado de necesidades de construcción así como lo
           necesario para la estación de trabajo que debe crearse para
           el nuevo procesador.
 5.02.01   Sección Clínica Médica Forence: Atención al Proyecto de        1.500.000
           Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.
 5.02.01   Sección Psiquiatría y Psicología Forense: Atención al          1.500.000
           Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
           Mujer.
           Sección de Biología
 5.02.07   Ampliación del Sistema de Gas existente. Con el objetivo       2.000.000
           de colocar mechero bunsen en el Área de Análisis de
           Fibras, para la realización de varias fases la pericia
           morfológica. El Ingeniero Oscar Barrantes, del
           Departamento de Servicios Generales estima el coto de la
           obra.
           Sección de Química Analítica
 1.08.01   Oficina de Jefatura de Sección: Se requiere mejorar el          200.000
           sistema de ventilación de la oficina de la jefatura de
           sección.

MINISTERIO PUBLICO                                                                    19.010.000

 1.08.01   Fiscalía Adjunta de Cañas: Confección de oficina para           500.000
           Fiscal Auxiliar. (Según Acta 4 del 8-3-07, El Consejo
           Superior lo aprueba entendiendo que es para
           acondicionar una oficina para un fiscal auxiliar)
                                                        171

 1.08.01    Fiscalía de Los Chiles: Acondicionar área para la atención         850.000
            de victimas de Delitos Sexuales. Construcción de salón
            para reconocimientos,
 1.08.01    Fiscalía Adjunta II Circuito Judicial de Alajuela:                 600.000
            Confección de Oficina para Fiscal Auxiliar.
 1.08.01    Fiscalía de Upala: Remodelación del sector de atención al         1.550.000
            público. Pintura para oficinas de Fiscales.
 1.08.01    Fiscalía de Guatuso: Sanitarios para el público en general,       1.000.000
            acondicionamiento de oficina para la Atención de Victimas
            de Delitos Sexual. Pintura interna y externa de oficinas.
 5.01.04    Unidad de Inspección Fiscal: Acondicionamiento de                 2.000.000
            cubículos modulares para personal auxiliar.
 5.01.04    Fiscalía Adjunta de Narcotráfico: Confección de                    600.000
            Cubículo para Fiscal Auxiliar.
 5.02.01    Fiscalía Adjunta III Circuito Judicial San José:                  2.700.000
            Acondicionamiento de espacios para que sean utilizados
            como salas de reconocimiento por las Fiscalías de Pavas,
            Hatillo y Desamparados.
 5.02.01    Unidad        Administrativa         Misterio        Público:     7.500.000
            Remodelaciones de varios despachosen en atención al
            Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la
            Mujer.
 5.02.01    Fiscalía General: Para remodelación de la sala de visitas.          710.000
 5.02.01    Fiscalía Adjunta I Circ. Jud. Zona Sur: Remodelar el              1.000.000
            área de atención al usuario.

DEFENSA PUBLICA                                                                           26.458.320

5.02.01    Unidad Administrativa Defensa Público: Remodelaciones             21.000.000
           de varios despachosen en atención al Proyecto de Ley de
           Penalización de la Violencia contra la Mujer.
5.02.01    Defensa Pública de Desamparados: Construcción de 3                 5.458.320
           cubículos para oficina, construcción de un espacio para el
           oficial de seguridad con acceso al servicio sanitario,
           construcción de un servicio sanitario para el publico y
           remodelación del ingreso al edificio para personas
           discapacidad

SERVICIO JUSTICIA TRANSITO                                                                 7.000.000

1.08.01    Juzgado de Tránsito de Hatillo: Traslado de Muebles                2.500.000
           modulares y acondicionamiento del sistema de luminarias.
           Mediante Carteles de licitación el Depto. de Proveeduría ha
           publicado concursos para el traslado del Juzgado de Tránsito
           de Hatillo del cual se detallan las previsiones necesarias para
           el traslado.
5.02.01    Reubicación del Juzgado de Tránsito II Circuito Judicial           4.500.000
           de San José: Con base en recomendación del Departamento
           de Planificación a raíz de estudio efectuado en el Juzgado de
           Pensiones, (el cual fue Aprobado por Consejo Superior,
           sesión 49-05, 28-06-05, Art. LXXXII.) en el que determina
           que por el volumen de usuarios que presentan, uno de los dos
                                                      172

          despachos, debe reubicarse.




                                    PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
                                    COMISION DE CONSTRUCCIONES
                                              LEY 7600

                                 DESCRIPCIÓN                                 MONTO         TOTAL POR
                                                                            TOTAL POR       CIRCUITO
                                                                            PROYECTO


          TOTAL GENERAL                                                                       67.250.000

SEGUNDA CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ                                                          6.750.000
1.08.01 Acondicionamiento de las salas de juicio para                          1.000.000
        discapacitados: Incluye la parte interna y los pasillos internos
        de las salas de juicio, en acatamiento a lo establecido en la ley
        7600.
1.08.01 Acondicionamiento de un espacio en áreas de: Recepción de              1.000.000
        documentos y de consulta en pantalla para discapacitados, en
        acatamiento a lo dispuesto por la ley 7600
5.02.01 Acondicionamiento: De los servicios sanitarios del 2do al 7to          1.750.000
        piso, para el uso de discapacitados, en acatamiento a lo
        establecido en la Ley 7600
5.02.01 Instalación de pasamanos en las escaleras principales: En              3.000.000
        acatamiento a lo establecido en la ley 7600, así como en los
        pasillos de las salas de juicio.

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA                                                        1.000.000

5.02.01 Edificio de Tribunales de Bribrí: Adecuación de mostradores            1.000.000
        para cumplir con la Ley 7600

PRIMER CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR                                                              1.000.000
5.02.01 Acondicionamiento de espacio para atención de público en               1.000.000
        Juzgado Contravencional de Buenos Aires, que incluye
        adecuación del mostrador a los requerimientos de la ley 7600.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE GUANACASTE                                                   6.000.000
5.02.01 Remodelación de áreas de atención al público (mostradores)             6.000.000
        en postribunales de Liberia, ya que en ningún despacho se
        cumple en este sentido con la Ley 7600. Corresponde a los
        siguientes despachos Juzgado Contravencional Familia,
        Agrario Tribunal, Civil y UARG.

CIRCUITO JUDICIAL PUNTARENAS                                                                  11.800.000
       Edificio de Tribunales de Puntarenas
                                                     173

5.02.01 Juzgado Penal Juvenil de Puntarenas: Mostradores                   900.000
        personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado de Menor Cuantía de Puntarenas: Mostradores                900.000
        personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado Penal de Puntarenas: Mostradores personalizados,           900.000
        según Ley 7600
5.02.01 Juzgado I Contravencional de Puntarenas: Mostradores               900.000
        personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado II Contravencional de Puntarenas: Mostradores              900.000
        personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado de Ejecución de la Pena: Mostradores                       900.000
        personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado Contravencional de Montes de Oro (local                    700.000
        alquilado): Mostradores personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Juzgado Contravencional de Esparza (local alquilado):              700.000
        Mostradores personalizados, según Ley 7600
5.02.01 Plataforma de acceso al segundo piso para usuarios (as) y         5.000.000
        funcionarios (as) con Discapacidad.

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA                                                    15.600.000
5.02.01 Rediseño de 17 mostradores de los despachos judiciales           13.600.000
        para adecuarlos a la Ley 7600. Los mostradores de atención
        de público, para adaptarlos a los estándares definidos por el
        Reglamento de la Ley 7600. Esto en los siguientes despachos
        judiciales: Juzgad
5.02.01 Rediseño de una de las salas de debate: El diseño actual de       2.000.000
        las salas de juicios, no permite realizar debates donde tengan
        que participar ofendidos, imputados, testigos, funcionarios o
        peritos, que tengan que movilizarse en silla de ruedas (Ley
        7600). La

TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN RAMON                                                 22.500.000
5.02.01 Instalación de ascensor. El edificio es de dos plantas y no      20.000.000
        cuenta con accensor, por lo que para cumplir con la Ley 7600
        se requiere de dicho accensor.
5.02.99 Señalización pictórica y en Braille: Necesaria para cumplir       2.500.000
        con la Ley 7600.

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL                                                    2.000.000
5.02.01 Oficina Asuntos: InternosConstrucción de una nueva                2.000.000
        recepción adecuada para atender personas con discapacidad,
        asimismo adecuar la puerta de ingreso para que cuente con las
        medidas requeridas para el ingreso de silla de ruedas (Ley
        7600)

MINISTERIO PÚBLICO                                                                      600.000
1.08.01 Fiscalía de Los Chiles: Acondicionamiento de accesos y             150.000
        baños para discapacitados.
1.08.01 Fiscalía Adjunta II Circuito Judicial de Alajuela:                 200.000
        Remodelación de mostrador de atención al público y rampas.
1.08.01 Fiscalía de Upala: Construcción de rampas, y                      250.000‖
        acondicionamiento de sanitarios para discapacitados.
                                       174



                                       -0-
      Se acordó: Aprobar las Directrices de Formulación de Presupuesto 2009

remitidas por el Departamento de Planificación, así como el respectivo cronograma

de trabajo.

      La Dirección Ejecutiva y los Departamentos de Planificación, Servicios

Generales, Proveeduría, Financiero Contable, Seguridad, Personal, Tecnología de

la Información, la Escuela Judicial, así como las Unidades, Subunidades y

Administraciones Regionales tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                      ARTÍCULO XLIII

      Mediante oficio Nº 1852-PLA-2007 de 5 de noviembre último, la máster

Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite a

conocimiento de este Consejo, el informe Nº 111-DO-2007, elaborado por la

Sección de Desarrollo Organizacional de ese departamento, relacionado con la

gestión que realizó el licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General

del Organismo de Investigación Judicial, en la que solicitó efectuar un estudio para

valorar la posibilidad de crear formalmente la "Unidad de Apoyo Psicológico

Operacional (UAPO)" dentro de la estructura organizativa de esa Secretaría

General.
                                      175

 El informe de referencia indica:

         ―Mediante oficio N° 787-SEC/UA-07 del 22 de mayo del 2007, el
   Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del Organismo de
   Investigación Judicial, solicita a este Departamento efectuar un estudio
   para valorar la posibilidad de crear formalmente la "Unidad de Apoyo
   Psicológico Operacional (UAPO)" dentro de la estructura organizativa de
   esa Secretaría General. Al respecto, le presento la investigación realizada
   por el Lic. Leonardo R. Román Morales, Profesional 2 de esta Sección.

        I.- ANTECEDENTES

         En el informe N° 072-PLA-DO-2007 elaborado por la Sección de
   Desarrollo Organizacional de este Departamento del 03 de abril de 2007,
   se analizó una solicitud de la Dirección General del OIJ para crear 1
   Profesional en Psicología General y 1 Auxiliar Administrativo 2, para
   la unidad informal de Psicología del OIJ. Al respecto se recomendó lo
   siguiente:

 1 Profesional en Psicología General:

        "Según se logra visualizar, existe una variedad de áreas que se
   analizan en el campo de la Psicología que son indispensables para la
   salud mental de los trabajadores del Organismo de Investigación
   Judicial, lo que sin duda contribuye a la estabilidad emocional de los
   servidores para la labor que deben realizar, y que aún no se han
   desarrollado de manera integral por la carencia de recurso humano.
        Este Departamento comparte la necesidad de fortalecer este
   servicio, por lo que recomienda la creación de la plaza de Profesional
   3 (Psicólogo General) con prioridad 3.

   1 Auxiliar Administrativo 2:

         Asimismo, este Departamento recomienda la creación de una
   plaza de Auxiliar Administrativo 2 a la oficina solicitante con
   prioridad 1."
         Este informe fue aprobado por el Consejo Superior en la reunión de
   trabajo de presupuesto 2008, según consta en el Acta N° 10 del 13 de
   abril pasado, artículo VI.
         El Departamento de Planificación ha recomendado en su
   oportunidad la creación de recurso humano profesional y de apoyo
                                   176

para atender lo relacionado al apoyo psicológico del personal del
Organismo de Investigación Judicial, principalmente de los
investigadores, por la particularidad de las labores que realizan.

     II. INFORMACIÓN RELEVANTE

    2.1. Historia y personal a atender por parte de la "Unidad" de
Apoyo Psicológico Operacional del OIJ

      La Unidad de Apoyo Psicológico Operacional funciona desde 1994,
y surge como respuesta a una serie de inquietudes sobre la salud mental
de los investigadores judiciales.
   Cabe señalar que esta Unidad fue creada con el objetivo de brindar
tratamiento psicológico preventivo y curativo al personal de
investigación. La necesidad institucional, estribó principalmente en los
servidores que han sufrido algún tipo de emoción violenta a causa de su
trabajo y requieren recibir atención clínica. Al inicio se comprobó que
contaban con programas de atención a los investigadores; no obstante,
solamente se brindaba ese servicio a aquellas personas que eran remitidas
directamente por la Dirección General de este Organismo, por problemas
específicos que habían presentado en el cumplimiento de su deber.
   Además, se detectó que no solamente el personal de investigación
requería de ese tipo de atención, sino también el resto del personal del
Organismo, por lo que los profesionales que en ese momento realizaban
esa labor, atendieron algunas secciones del Departamento de Laboratorio
de Ciencias Forenses, o servidores de la Sección de Cárceles y
Transportes.
  Desde esa época se vienen prestando una serie de servicios a la policía
judicial en los campos de prevención, tratamiento e investigación
psicológica; sin embargo, se ha extendido el servicio hacia otras áreas del
Organismo, dada la necesidad de otros sectores de la Institución de recibir
estos servicios (personal de apoyo técnico, administrativo y profesional,
entre otros).
   Desde su creación el personal profesional continúa siendo el mismo (3
Profesionales en Psicología, uno con especialidad Clínica, otro Forense y
otro General), en tanto la población del Organismo de Investigación
Judicial ha crecido significativamente, aumentando la demanda del
servicio.
    Al momento de la conformación de esta Unidad (1994), existían
alrededor de 450 investigadores; sin embargo, a la fecha la población
policial asciende a más de 800 investigadores. Aunado a lo anterior, se
                                           177

reitera que se ha ampliado la cobertura del servicio a otros sectores de la
Institución, tal y como se indicó anteriormente.
    Sobre este tema, es importante destacar que aproximadamente el
personal del O.I.J., se conforma de la siguiente forma:

      Personal policial                                              810
      Personal administrativo          y   de    apoyo   Personal    625
      profesional                                                    291

                                                                    1726
      Total aproximado
   Fuente: Relación de Puestos 2007.


     La tabla anterior brinda una referencia de la cantidad de personal que
es susceptible a recibir el servicio por parte de los profesionales en
Psicología, lo que permite visualizar que la carga de trabajo de la presente
unidad está garantizada y sugiere una plena utilización de los recursos
institucionales.

     2.2. Recurso Humano Asignado a la Secretaría General del OIJ

      De conformidad con la Relación de Puestos para el año 2007, la
Secretaría General del OIJ se encuentra integrada de la siguiente forma:
1 Secretario General OIJ
1 Profesional 3
2 Psicólogo Clínico
2 Profesional 2
1 Oficial de Investigación
2 Asistente Administrativo 3
1 Asistente Administrativo 2
3 Auxiliar Administrativo 1
3 Auxiliar de Servicios Generales 2
      Los dos puestos de psicólogo clínico y un profesional 2 conforman
la estructura informal de la "Unidad de Apoyo Psicológico
Operacional".
      La Secretaría General cuenta además con el Archivo Criminal y la
Unidad de Antecedentes y con dos Secciones, a saber: Sección de
Cárceles, que incluye dos unidades formales: Unidad de Cárceles del I y
II Circuito Judicial de San José; y la Sección de Transportes, dividida en
tres Unidades: Transporte de Morgue, Taller Mecánico y Transportes.
      Finalmente, incorpora también dentro de su estructura organizativa a
                                    178

las Oficinas de: Depósitos y Objetos del Museo Criminal, Recepción de
Denuncias y Comunicaciones.
     Lo anterior se muestra en el siguiente organigrama:




      Tal como se observa, la Secretaría General del OIJ está adscrita a la
Dirección General en línea directa. A nivel interno las diversas
estructuras, denominadas Unidades y Oficinas, están subordinadas al
Secretario General.
       De la información recopilada por este Departamento se tiene que la
Unidad de Apoyo Psicológico Operacional (UAPO) ha venido operando
informalmente con trabajos claramente delimitados y rindiendo cuentas
directamente ante el Secretario General.

    2.3. Funciones       de    la   "Unidad    de    Apoyo     Psicológico
Operacional"

     Entre las principales labores que atiende este personal, están:
Las evaluaciones psicoforenses de idoneidad mental para identificar
antecedentes y potencialidades de riesgo.
                                       179

    Evaluaciones periódicas para el personal de cárceles.
    Capacitaciones.
    Asesorías y sesiones preventivas.
    Atención psicoterapéutica.
    Abordaje de conflictos interpersonales.
    Investigaciones en el área de su competencia, para determinar los perfiles
    de modus operandi de los antisociales.
    Análisis de psicopatologías (enfermedades mentales, neurosis,
    esquizofrenia, violencia, agresiones, etc.), entre otros.
    La función de esta Unidad es a nivel nacional, por lo que deben realizar
    giras en las diversas zonas del país.
          Las anteriores funciones son atendidas en tres áreas de trabajo, a
    saber:
    1. Área de Prevención y Capacitación.
    2. Área de Atención Clínica.
    3. Área de Investigación.
          Por otra parte cabe señalar, que esta unidad tiene pendientes de
    realizar algunas actividades que son indispensables para prestar el
    servicio en forma integral, por tal razón y como ya se indicó se gestionó
    para el próximo año una plaza adicional de profesional, la cual se aprobó.
    Entre las funciones que se pretenden sean atendidas con el nuevo recurso,
    se destacan las siguientes:
   Fortalecimiento del Plan de Inducción Laboral a los servidores que se
    incorporan a laborar como investigadores judiciales por primera ocasión
    (servidores que se iniciarán en labores administrativas antes de realizar el
    Curso Básico Policial).
   Realización de un diagnóstico de necesidades psicológicas a partir de
    encuestas realizadas a jefes de Secciones, Delegaciones, Sub-
    delegaciones y Oficinas Regionales del O.I.J.
   Planeación, programación y elaboración de una serie de cursos
    intermedios de preparación2, así como charlas orientadas a investigadores
    en proceso de formación y ―refrescamiento‖ de conocimientos en diversas
    temáticas.
   Protocolo para la atención grupal de unidades policiales que se han visto
    expuestas a incidentes críticos.
   Participación en el tema de negociadores de rehenes.
   Proyecto: ―Sugerencias y Recomendaciones para el Mejoramiento de
    Procedimientos Policiales utilizados por el Organismo de Investigación
    Policial‖3.
   Promoción de la creación para el desarrollo de grupos de encuentro con
    características especiales.
                                   180

      Tal como se muestra, esta unidad tiene una serie de actividades, de
notable importancia para el recurso humano policial, que están pendientes
de realizarse, lo que vuelve a sugerir que la carga de trabajo es amplia.
      Sobre este particular, de la reunión realizada en la Dirección
General del OIJ, el Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General, indicó que
desde que las plazas profesionales de la UAPO iniciaron labores en la
Secretaría General del OIJ han estado adscritas al Secretario General por
cuanto no cuentan con una estructura definida. Agregó que en los últimos
períodos el OIJ ha experimentado un crecimiento en cuanto a la cantidad
de recurso humano se refiere, por lo que el apoyo que brindan estos
profesionales en Psicología ha sido muy importante en el accionar del
Organismo, donde a manera de ejemplo manifestó que actualmente se
cuenta con la participación de un Motivador, quien en conjunto con los
Psicólogos, desarrollan terapias grupales y charlas con la finalidad de
eliminar conflictos que se han presentado en diferentes dependencias.
      De igual manera, el Lic. Rojas Vargas manifestó su complacencia
con la labor ejecutada por los profesionales en psicología, lo que ha
permitido contar con muy buenos resultados en ese campo específico y
por consiguiente, en el rendimiento de los investigadores. De esta forma,
indica que está de acuerdo con crear formalmente una "Unidad" dentro de
la estructura de la Secretaría General, que le permita cumplir en forma
más eficiente con el desarrollo de esta área laboral (apoyo psicológico).
      Por su parte, el Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario
General del OIJ, reitera que desde hace varios años se ha conformado una
unidad informal de apoyo psicológico operacional, brindando apoyo en la
atención, investigación y prevención psicológico-operacional dentro del
Organismo, así como en diferentes capacitaciones en los cursos básicos
en la Escuela Judicial.
      Considera propicio que se cree formalmente la unidad, a fin de
ordenar la estructura de la Secretaría General, ya que permitirá desarrollar
y cumplir de manera más eficiente con las labores. Asimismo, al contar la
citada "Unidad" con su código de oficina, podrá darse un mejor control
interno y una mejor distribución de los recursos, en el entendido de que el
presupuesto podría estar mejor identificado con su destino.
      Esto último considerando que siempre hay bienes y servicios de uso
común que no deben desagregarse por lo que estarían concentrados en la
Secretaría General.

     III.- ELEMENTOS RESOLUTIVOS

     Desde hace varios años han existido plazas de profesionales en
                                   181

psicología, adscritas a la Secretaría General del OIJ, que se dedican a
brindar apoyo psicológico al personal del OIJ, pero principalmente a los
investigadores.
      Desde su creación, a mediados de la década de los años noventa, esa
unidad informal no ha visto crecer mayormente su estructura de personal,
en tanto, la cantidad de investigadores y personal del OIJ ha crecido
considerablemente, lo que sugiere que existen condiciones de carga de
trabajo aceptables para operar.
      En la práctica esta unidad informal define sus planes de trabajo
anuales y programa una diversidad de actividades para el cumplimiento
de su función sustantiva. Realizan estas labores bajo la supervisión del
Secretario General y del Profesional 3 (Administrador) de la Secretaría
General.
      Este Departamento considera que la función que realiza esta unidad
es de vital importancia para la ejecución del trabajo por parte del personal
de investigación, así como para el restante personal del OIJ. Debido a la
naturaleza del trabajo de investigación, se requiere un apoyo constante y
profesional por parte de especialistas psicólogos, a efecto de procurar
niveles aceptables de salud mental en los servidores del OIJ.
      Los jerarcas consultados sobre el tema, enfatizan sobre la
importancia de crear formalmente a la Unidad de Apoyo Psicológico
Operacional, debido a las funciones de impacto que realizan y a la
importancia de fortalecerla con más recursos en el mediano plazo.

     IV.- RECOMENDACIONES DEL INFORME

      1.- Se recomienda crear formalmente la Unidad de Apoyo
Psicológico Operacional, adscrita directamente a la Secretaría General del
OIJ. Esta recomendación tendrá las siguientes ventajas institucionales:
Mejor organización y distribución del trabajo de la Unidad.
Mejor aplicación de controles.
Mayor apoyo para los investigadores y demás personal del OIJ.
Mejor identificación de las necesidades.
Entre otros.
      2.- En caso de que las instancias decisoras avalen la recomendación
anterior, se recomienda que el Departamento de Personal realice un
estudio para recalificar una de las plazas profesionales de Psicólogo, a
efecto de que asuma la coordinación de la referida Unidad.
      Ese Departamento definirá el tipo de puesto que se requiere para la
coordinación, y para ello se aportan algunas de las funciones esperadas
para una adecuada labor:
                                   182

Planear, organizar, dirigir y ejecutar actividades propias del proceso.
Coordinar las funciones profesionales, técnicas y administrativas con sus
colaboradores.
Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos diversos, producto de las
labores realizadas en la Unidad bajo su responsabilidad.
Supervisar la labor del personal a su cargo.
Presentar periódicamente a la Secretaría General del OIJ, informes sobre el
desempeño del personal adscrito a la Unidad.
Confeccionar los planes de trabajo (anuales, operativos) y ponerlos en
conocimiento de la Secretaría General del OIJ.
Atender y resolver gestiones relacionadas con las labores a su cargo, tal y
como lo realiza actualmente, aunque en menor grado.
      Sobre esta última función, se considera en forma general que la
Unidad es relativamente pequeña, en tanto su labor es muy especializada
y homogénea. Asimismo, al quedar adscrita a la Secretaría General del
OIJ, se percibe que los requerimientos a nivel administrativo podrían ser
asumidos por la citada Secretaría, en la forma que opera actualmente, por
lo que se estima conveniente que el puesto de coordinador no se separe
totalmente de su labor sustantiva como profesional en Psicología.
      Este puesto deberá coordinar directamente con el Secretario General
del OIJ y presentar los informes de la Unidad ante él.
      3.- Se recomienda que la estructura formal de la Unidad de Apoyo
Psicológico Operacional sea incluida en la próxima Relación de Puestos
institucional que se elabore.
      4.- El Coordinador o Encargado que se defina en la Unidad de
Apoyo Psicológico Operacional, deberá en asocio con el Profesional 3 de
esa Secretaría, definir un formato de informe mensual de las principales
labores, así como un formato de informe anual de labores.
      Estos informes permitirán contar con información fidedigna para
futuros estudios sobre el movimiento de trabajo.
      5.- La estructura organizativa de la Secretaría General del
Organismo de Investigación Judicial, en caso de acogerse la
recomendación N° 1 de este informe, será la siguiente:
                                       183




           6.- La Oficina de Información y Prensa del OIJ, deberá desarrollar
      una estrategia de comunicación, entre las Jefaturas del OIJ, a efecto de
      que conozcan los valiosos aportes con que la "Unidad" en estudio puede
      contribuir en los procesos psicológicos.
           El presente estudio se enmarca dentro del tema estratégico
      “Fortalecimiento de la Gestión del Cambio Respecto de la Reforma
      Judicial”, contenido en el Plan Estratégico 2007-2011, ya que las
      recomendaciones para la Unidad de Apoyo Psicológico Operacional
      buscan una mayor participación, comunicación y simplificación de los
      procesos judiciales, en este caso de la labor del Organismo de
      Investigación Judicial.‖
                                       -0-

     Se acordó: Tomar nota del informe anterior y acoger sus recomendaciones,

de forma que se aprueba: 1) Crear formalmente la Unidad de Apoyo Psicológico
                                        184

Operacional, adscrita directamente a la Secretaría General del Organismo de

Investigación Judicial. 2) El Departamento de Personal realizará un estudio para

recalificar una de las plazas profesionales de Psicólogo, que asumirá la

coordinación de la referida Unidad, considerando las funciones que deberá ejecutar

ese puesto y las observaciones que al respecto presenta el informe. 3) El

Departamento de Planificación incluirá a la Unidad de Apoyo Psicológico

Operacional en la próxima Relación de Puestos que elabore. 4) Una vez definido el

Coordinador o Encargado de la Unidad de Apoyo Psicológico Operacional, este

junto con el Profesional 3 de la Secretaría General del Organismo de Investigación

Judicial, detallarán los formatos de los informes a que se refiere el punto (4) de las

recomendaciones. 5) Como consecuencia de lo resuelto en este acto, se aprueba la

nueva estructura organizativa de la Secretaría General del Organismo de

Investigación Judicial. 6) La Oficina de Información y Prensa del Organismo de

Investigación Judicial, tomará nota para lo que a esta corresponda, en relación con

el inciso (6) de las recomendaciones. Se declara este acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                ARTÍCULO XLIV

      El licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 272-SEC-07 de 19 de
                                          185

noviembre último, gestiona lo siguiente:

             ―…me permito detallarles que al amparo del Convenio Suscrito
       entre el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y la Corte Suprema
       de Justicia en fecha 14 de febrero del 2005, el Organismo de
       Investigación Judicial ha solicitado en préstamo tres vehículos a la
       primera Institución con el fin de solventar la carencia de automotores para
       destinarlos a la investigación de asuntos de drogas.

             En sendos acuerdos firmes del Consejo Directivo del ICD número
       011-02- 2006 de fecha 27 de febrero del 2005 y 056-09-2005 de fecha 30
       de agosto del 2005, se acordó facilitar en calidad de préstamo una
       cantidad de vehículos al O.l.J. para lo cual se nos hizo entrega de tres
       automotores cuyas características se dirán y que serán para uso estipulado
       en el convenio citado. Dichos vehículos están debidamente asegurados y
       además han sido revisados por nuestros técnicos del Taller Mecánico y
       considerados aptos para ser utilizados por la Institución. De todos estos
       documentos le acompaño fotocopia par su mejor ilustración.

             Por tal motivo, como encargados de la ―Oficina Única Institucional‖
       les solicito respetuosamente se autorice la facilitación de tales
       automotores, autorizando el suministro de combustible con cargo a
       nuestro presupuesto, al igual que aquellas reparaciones básicas que sean
       necesarias según estipula en convenio de cita. Para ello los vehículos
       citados tendrán su número interno de identificación, según se describe a
       continuación:

                Vehículo N°            1137
                Marca                  Nissan
                Estilo                 Sentra
                Modelo                 1999
                N° de Placa            -----
                Color                  Plateado
                Vehículo N°            1138
                Marca                  Nissan
                Estilo                 Sentra
                Modelo                 1999
                N° de Placa            -----
                Color                  Negro

                Vehículo N°            1139
                                         186

                Marca                 Hyundai
                Estilo                ACCENT
                Modelo                2001
                N° de Placa           -----
                Color                 Gris‖
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito, en consecuencia, se acepta el

préstamo solicitado, se autoriza el suministro de combustible y las reparaciones

necesarias para los vehículos citados, según el convenio suscrito con el Instituto

Costarricense sobre Drogas (ICD), los que serán utilizados por el Organismo de

Investigación Judicial.

      La Dirección Ejecutiva y el Organismo de Investigación Judicial tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO XLV

      En oficio N° 1326-DG-07 de 27 de noviembre último, el licenciado Carlos

Morera Flores, Subdirector General Interino del Organismo de Investigación

Judicial, comunica lo siguiente:

             ―El próximo viernes 14 de diciembre se estará llevando a cabo una
       nueva destrucción de droga, en esta ocasión de un peso aproximado de 3
       toneladas, la cual requiere por parte de la Jueza Penal de San Joaquín de
       Flores, labor no solo durante el mencionado día, sino a su vez el día
       previo en que se realizan las revisiones correspondientes.

            Ante esta situación, la Licda. Alejandra Valenciano Chinchilla,
       Jueza Penal del Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, ha solicitado una
       vez más a este Organismo gestionar una suplencia ante ese Honorable
       Consejo, en esta oportunidad los días 13 y 14 de diciembre próximo, tanto
                                         187

       para ella en calidad de Jueza como para el Auxiliar Judicial, señor
       Rodolfo Mora Moscoso, que la acompañará en la mencionada labor, todo
       con el propósito de no desatender las muchas diligencias que se deben
       realizar los días indicados en el despacho a su cargo, de tal forma que no
       se afecte el buen servicio público al usuario judicial.

             No omito reiterar que para este Organismo la diligencia es de suma
       importancia, ya que permitirá descongestionar las bodegas de
       estupefacientes decomisados, posibilitando mantener niveles que
       permitan la recepción de nuevos cargamentos para su análisis, así como
       minimizar los riesgos que el almacenamiento en gran escala de este tipo
       de sustancias conllevan.

             Se adjunta solicitud expresa realizada por la Licda. Alejandra
       Valenciano Chinchilla, mediante correo electrónico dirigido el 26 de los
       corrientes a la Lic. Patricia Fallas Meléndez.‖
                                         -0-

      Se dispuso: Acoger la anterior solicitud, en consecuencia, conceder permiso

con goce de salario y sustitución a la licenciada Valenciano Chinchilla, así como al

señor Mora Moscoso, para que durante el 13 y 14 de diciembre en curso, se

dediquen a la destrucción de droga decomisada.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XLVI

      En relación con el acuerdo anterior y a propuesta del Integrante Martínez

Fernández, se dispuso: Comunicar a la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, que en adelante, cuando se requiera la aprobación de horas

extra a efecto de llevar a cabo alguna destrucción de drogas, se le autoriza a
                                          188

realizar el trámite de pago directamente ante el Departamento de Personal, sin que

requiera someterlo a conocimiento de este Consejo.

                                 ARTÍCULO XLVII

      En sesión Nº 58-07 celebrada el 9 de agosto del año en curso, artículo

XXIX, se tomó el acuerdo que en lo conducente dice:


            ―(…)
             Se acordó: 1) Tomar nota del oficio Nº 0367-DG-07 del
       Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, licenciado
       Francisco Segura Montero en el que manifiesta que como parte de los
       proyectos de la Dirección General se definió el diseño e implementación
       del plan de mejora en las condiciones actuales de seguridad en el servicio
       de traslado de privados de libertad y remite el oficio 039-SC-07 suscrito
       por los licenciados Luis Enrique Arias Muñoz, Allan Fonseca Bolaños y
       Marlon Schlotterhausen, en que detallan la propuesta para cumplir con el
       "Plan de mejora en las condiciones actuales de seguridad en que se presta
       el servicio de Traslado de privados de libertad en todo el país". 2) La
       administración valorará las eventuales medidas a adoptar para mejorar la
       infraestructura en las distintas dependencias del Poder Judicial que
       constantemente requieren la presentación de las personas privadas de
       libertad, dentro de las posibilidades presupuestarias existentes. 3) Estar a
       la espera de las acciones y medidas adoptadas por la comisión interna
       creada por dicho Organismo, así como de los resultados que alcancen en
       el desarrollo del estudio. 4) Tener por recibido y acoger las
       recomendaciones del informe Nº 1391-PLA-2007 del Departamento de
       Planificación referente a la "situación que se presenta en las dependencias
       regionales del Organismo de Investigación Judicial, con respecto a la
       conducción de detenidos". 5) En consecuencia, se debe mantener la
       necesidad de reforzar cada dependencia regional del citado Organismo
       con un vehículo adicional que esté en condiciones óptimas para el
       traslado de detenidos, lo cual es consecuente con la aprobación del
       Proyecto de Presupuesto para el 2008, mediante el cual se incorporaron
       nuevas unidades móviles que aumentarán estas flotillas. 6) El
       Departamento de Proveeduría en coordinación con la Unidad de
                                          189

       Arquitectura del Departamento de Servicios Generales, en la medida de lo
       posible procurarán cumplir con la recomendación 2) del informe, al
       momento de seleccionar los inmuebles que albergarán las oficinas
       judiciales competentes en la materia penal, a fin de que valoren las
       condiciones mínimas de seguridad que deben reunir estos locales,
       considerando que estos no se ubiquen en áreas comerciales [cantinas,
       pulperías, restaurantes], paradas de buses, centros educativos, para evitar
       poner en alto riesgo a terceros al momento que deban presentarse los
       privados de libertad a la realización de diligencias judiciales, asimismo,
       deberán revisar los inmuebles donde actualmente se ubican los despachos
       que atienden la materia penal, a fin de procurarles aspectos mínimos de
       seguridad, tales como zona de parqueo para el vehículo de transporte de
       privados de libertad, celdas, sitio adecuado para reconocimientos físicos y
       para rendir declaración, entre otros. 7) La Dirección General del
       Organismo de Investigación Judicial, dentro de las solicitudes de plazas
       anuales, deberá prestar atención a la necesidad de reforzar las plazas de
       Conductores a nivel nacional y a su vez procurar incluir servidoras, que
       permitan satisfacer la necesidad de requisar a menores de edad y a
       mujeres antes de ingresar a sus celdas. 8) Igualmente, deberá esa
       Dirección considerar entre las prioridades presupuestarias, la
       incorporación de implementos de seguridad que se señalan en la
       recomendación Nº 6 del informe. 9) La Unidad de Capacitación del
       Organismo de Investigación Judicial, atenderá los requerimientos de
       capacitación que se señalan para los conductores de detenidos de las
       sedes regionales, en la recomendación número 5 del informe. 10) Acoger
       la solicitud de los Jueces del Tribunal de Siquirres, remitida a este
       Consejo por oficio de fecha 17 de julio, para que el Departamento de
       Planificación analice la solicitud de asignar dos custodios de privados de
       libertad para la sede de la Subdelegación del Organismo de Investigación
       Judicial de Siquirres, en los términos que lo solicitan.".
                                          -0-

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 1317-D.G.-07 de 23 de noviembre último,

expone lo siguiente:

            ―Mediante nota N° 1052-SDRS-07 de fecha 12 de noviembre del
       año en curso, el Lic. Luis Guillermo Fonseca Herrera, Jefe a.i. de la
                                   190

Subdelegación Regional de este Organismo en Siquirres, expone ante esta
Dirección General la siguiente situación:

       ―Para su conocimiento y fines consiguientes de ley, me permito
informarle que el día 12 de los corrientes se realizó una reunión con el
personal de este despacho, en donde se trataron temas de interés, dentro
de estos, la problemática que existe en cuanto a la custodia de los
privados de libertad que solicitan los despachos judiciales de nuestra
jurisdicción, por cuanto se debe tomar la pareja de investigadores que
está de guardia, para custodiar a estas personas mientras se encuentren
en la diligencia judicial, (vista, indagatoria, juicio etc), lo que
contraviene a todas luces el buen desempeño de las labores
investigativas, ya que dejan de hacer labores inherentes al puesto de
investigador para realizar la custodia.

       En cuanto al personal de cárceles de Guápiles, le debo de
exteriorizar que ellos realizan solamente el traslado del privado de
libertad, del centro penitenciario hasta nuestro despacho, luego se
retiran porque alegan que tienen otras diligencias pendientes.

      De igual manera le informo, que se han solicitado funcionarios de
la Fuerza Pública, no obstante aducen que no tienen suficiente personal.

       Por lo anteriormente expuesto, recurro a su Autoridad con la
finalidad de que interponga sus buenos oficios a fin de que nos auxilie la
problemática reseñada.‖
     Para esta representación, la problemática expuesta resulta en
extremo preocupante, pues ello implica desviar el recurso humano con
que se cuenta para el área de investigación, lo que trae consigo una serie
de inconvenientes, tales como:
        a) Los Investigadores no puedan atender como es debido los casos
que les son asignados, lo que repercute seriamente en la eficiencia
institucional y en el servicio que se le debe brindar a la ciudadanía que se
ve afectada por hechos delictivos de toda naturaleza.
       b) Se desmejora de manera notable la colaboración que se le debe
prestar al Ministerio Público para la tramitación de las causas penales; y,
       c) Se desnaturalizan los puestos de Investigador, pues en lugar de
estar dedicados a su labor sustancial, cual es la investigación de hechos
criminales, deben dedicar parte de su tiempo a labores de custodia.
                                           191

                d) La Subdelegación Regional de Siquirres ha venido enfrentando
         algunos problemas de bajo rendimiento, lo que incluso ameritó que en su
         oportunidad el Jefe de la misma fuera sustituido. La distracción del
         recurso humano en otras labores podría estar incidiendo sobre este bajo
         rendimiento.
                 En virtud de lo anterior, de la manera más atenta le solicito se
         sirvan autorizar la creación de dos plazas extraordinarias de Conductor de
         Detenidos, por lo que resta del año en curso y para todo el año 2007(sic),
         ambos para ser destacados en la Delegación Regional de Pococí y
         Guácimo20, donde se cuenta con una Unidad de Transporte y Custodia de
         Detenidos. Estas dos plazas permitirán cubrir las necesidades de la
         Subdelegación Regional de Siquirres y que, a su vez, puedan colaborar en
         alguna medida con la custodia de detenidos en Pococí y Guácimo, habida
         cuenta que dicha sede regional también enfrenta serias dificultades en
         este aspecto, ya que tampoco dan abasto con la cantidad de traslados que
         solicitan los Despachos Judiciales de esa zona.
                Asimismo, les solicito disponer lo necesario para que el
         Departamento de Planificación proceda a realizar el correspondiente
         estudio dirigido determinar las necesidades de personal que requieren las
         sedes regionales de este Organismo en todo el país, para cumplir
         adecuadamente con el traslado y la custodia de detenidos, ya que ésta es
         una problemática generalizada en las mayoría de nuestras dependencias
         policiales y que afecta directamente al Ministerio Público y a los
         Tribunales de Justicia.‖
                                           -0-

      Se acordó: Trasladar lo anterior al Departamento de Planificación, para que

a la brevedad realice un estudio a efecto de determinar las necesidades de personal

que requieren las sedes regionales del Organismo de Investigación Judicial, para

cumplir con las labores que indica el licenciado Rojas Vargas. Se declara acuerdo

firme.

TRIBUNAL DE LA INSPECCION JUDICIAL
                                                         192

                                             ARTÍCULO XLVIII

           El señor Mario Quesada Matamoros, Asistente Judicial del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 48730 de 21 de noviembre del 2007, en

cumplimiento con lo ordenado por Corte Plena, en sesión N° 43-01 del 3 de

diciembre del 2001, artículo XII, remite el listado de las resoluciones finales

dictadas por ese Tribunal, dentro de los siguientes asuntos:

“Nº EXPED.                  NOMBRE DEL FUNCIONARIO                                    CARGO                          RESOLUCION
                                                                                                                        FINAL

07-000698-031-IJ           Freddy Quesada Valerio             Juez de Menor Cuantía de Corredores                   Rechazo de plano

07-000143-031-IJ           Ignorado                                                                                      Desestimar

07-000182-031-IJ           Ignorado                                                                                      Desestimar

07-000368-031-IJ           Horacio González Quiroga           Juez del Tribunal Contencioso Administrativo                Sin lugar

07-000101-031-IJ           Ignorado                                                                                      Desestimar

07-000044-031-IJ           Ignorado                                                                                      Desestimar

07-000792-031-IJ           Fernando Flores Fernández          Juez Contravencional de Pérez Zeledón                      Desestimar

06-000995-031-IJ           Luis Jorge Gutiérrez Peña          Juez Agrario de Corredores                                 Desestimar

07-000125-031-IJ           Ignorado                                                                                      Desestimar

07-000456-031-IJ           Jacqueline Vindas Matamoros        Jueza Contravencional de Aguirre y Parrita                 Desestimar‖



                                                              -0-

           De conformidad con lo que establece el artículo 213 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, luego de revisadas cada una de las resoluciones finales emitidas por

el Tribunal de la Inspección Judicial, en ninguna de ellas se determinó que


20
     La sede regional de Siquirres es una Subdelegación que se encuentra adscrita a la Delegación Regional de Pococí y
                                              193

concurre alguna de las causales de nulidad prevista en el artículo 210 ibídem, que

motiven ordenar el reenvío correspondiente al Tribunal de la Inspección Judicial,

en consecuencia, por mayoría, se acordó: Tomar nota de lo resuelto por el

Tribunal de la Inspección Judicial en los procedimientos administrativos

disciplinarios indicados.

       El licenciado Barrantes Ramírez, se abstiene de votar. Se declara firme este

acuerdo.

ASUNTOS VARIOS

                                     ARTÍCULO XLIX

       En oficio Nº J.D. 695-07 del 26 de noviembre último, el licenciado Jorge

Monge Bonilla, Secretario General de la Junta Directiva del Banco Central de

Costa Rica, transcribe el acuerdo tomado por esa Junta en la sesión Nº 5354-2007,

celebrada el 13 de noviembre de este año, artículo 5, que literalmente dice:

                ―En relación con la determinación de los tipos de cambio de las
           instituciones del Sector Público no Bancario, considerando que:

                 1. La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo
           7 del acta de la sesión 53 00-2006, celebrada el 13 de octubre del 2006,
           acordó el tratamiento para las operaciones del Sector Público no Bancario
           (SPNB) en el mercado cambiario, modificado mediante el artículo 7 del
           acta de la sesión 5310-2006, celebrada el 20 de diciembre del 2006.
                 2. Podría presentarse el caso de que el mercado no ejecute
           transacciones para un día en particular y, por lo tanto, no se cuente con
           una metodología aprobada para el cálculo del tipo de cambio y su

Guácimo.
                                  194

correspondiente liquidación.
      3. La ejecución de operaciones de compra para el SPNB en el
mercado mayorista MONEX implica un riesgo para el Banco Central de
Costa Rica (BCCR), en caso de que el depósito previo se realice por un
monto inferior al tipo de cambio de intervención de venta. Dadas las
características del mercado cambiario y la expectativa de que, aún con un
tipo de cambio fluctuante, se mantenga un patrón de comportamiento
suavizado entre una sesión y otra, el monto del depósito calculado con un
tipo de cambio elevado, excede la liquidación requerida conforme a los
tipos de cambio efectivos, lo que obliga a las instituciones a mantener
recursos ociosos y puede afectar su flujo de caja y los montos que pueden
comprar cada día.
      4. El Banco Central de Costa Rica estima que, ante excesos o
faltantes de divisas en el mercado mayorista para atender las necesidades
del SPNB o ante eventos no programados por dichas entidades, podría ser
necesario hacer uso del acervo de activos externos para suministrar
directamente las divisas que requiera el SPNB o el propio Banco Central,
o en otro caso, acumular una cantidad de reservas mayor que la que a
través de su intervención como entidad estabilizadora del mercado
cambiario, le corresponde realizar en el marco del régimen cambiario
vigente.
      5. Las operaciones que las entidades del SPNB no programen en sus
requerimientos semanales de compra ó venta de divisas pueden generar
movimientos abruptos en el mercado y afectar también el tipo de cambio
de liquidación que aplica para las operaciones programadas por otras
entidades. Asimismo, el Banco Central puede ver incrementado su costo
de operación por la prestación del servicio, como resultado de las
variaciones que puede presentar el tipo de cambio al cual se ejecuten las
transacciones requeridas para incorporar las operaciones no programadas
en las transacciones normales de compra o venta de divisas que el Banco
Central lleve al mercado para restituir el nivel adecuado de reservas
monetarias internacionales.

     Se acordó:

      1. Modificar el inciso 3 del artículo 7 del acta de la sesión 5300-
2006, celebrada el 13 de octubre del 2006, relativo a la determinación de
los tipos de cambio de las instituciones del Sector Público no Bancario
para que se lea de la siguiente forma: ―3. Todas las transacciones de
compra-venta de divisas de las instituciones del sector público no
bancario se liquidarán al tipo de cambio siguiente, según corresponda:
                                   195

      a) El promedio ponderado diario que resulte de las transacciones
que realice el BCCR en el mercado cambiarlo para satisfacer los
requerimientos netos de divisas, derivados de sus necesidades propias y
de su operación como agente de las entidades del Sector Público no
Bancario. En la eventualidad de que este requerimiento neto sea igual a
cero, las transacciones de compra o venta se liquidarán utilizando el tipo
de cambio promedio del mercado en el cual participe el Banco Central.
      b) Si durante la sesión no se presentan transacciones en el mercado
en el cual participa el Banco Central, el tipo de cambio aplicable será el
tipo de cambio promedio ponderado de la sesión del último día hábil en el
cual se ejecutaron transacciones en ese mercado.
      El Banco Central podrá suplir ó absorber, de manera total o parcial y
haciendo uso de sus reservas monetarias internacionales (para el caso de
suplir divisas), los requerimientos netos de divisas derivados de sus
necesidades propias o de las entidades del Sector Público no Bancario,
Cuando se presente esta situación, las transacciones de compra y de venta
del SPNB se liquidarán al tipo de cambio promedio ponderado que resulte
de las operaciones del Banco Central en el mercado como agente del
Sector Público no Bancario y el tipo de cambio promedio ponderado del
mercado en el cual participa el Banco Central (para el remanente que
decida suplir o absorber con sus reservas).
      Si esta gestión genera ó aumenta la diferencia del nivel de reservas
respecto al nivel adecuado (por debajo del nivel adecuado en caso de
ventas al SPNB ó por encima, en caso de compras al SPNB), el monto
requerido para eliminar dicho efecto podrá llevarse al mercado mayorista
como operaciones propias del BCCR. El Comité de Seguimiento del
Mercado Cambiario definirá los montos y la operativa de participación en
el mercado en los casos indicados.
      d) Aquellas operaciones que el Banco Central de Costa Rica deba
atender en su carácter de agente del sector público no bancario y que
impliquen una diferencia superior al cinco por ciento con respecto a los
montos indicados para el día en el flujo de caja reportado por la entidad y
aquellas ejecutadas con bancos comerciales del Estado que excedan el
monto indicado en el punto 1 de este acuerdo, serán excluidas del
requerimiento neto diario que debe ser negociado en el mercado y se
atenderán con el acervo de activos externos del Banco Central, en el
entendido de que si la utilización de estos recursos genera ó aumenta la
diferencia del nivel de reservas respecto al nivel adecuado (por debajo del
nivel adecuado en caso de ventas al SPNB ó por encima, en caso de
compras al SPNB), el monto requerido para eliminar dicho efecto, deberá
incorporarse como operaciones propias del BCCR en un máximo de 10
                                          196

       días hábiles. Estas operaciones se liquidarán al tipo de cambio del SPNB
       que se calcule para el día, según lo dispuesto en los literales a), b) y c)
       anteriores.
             Para las transacciones de compra o venta de divisas de las
       instituciones del SPNB efectuadas conforme a lo dispuesto en los puntos
       1 y 2 de este acuerdo (operaciones programadas), el Banco Central de
       Costa Rica cobrará una comisión del 0,5 por mil (0,05%) sobre el monto
       liquidado mientras que, para las operaciones efectuadas conforme a lo
       dispuesto en el punto 3) literal d) (operaciones no programadas), el Banco
       Central de Costa Rica cobrará una comisión del 2% sobre el monto
       liquidado; ambos cobros con fundamento en lo dispuesto por el articulo
       104 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.‖
             2. Para efectos de comprometer las divisas solicitadas por cada
       entidad del SPNB para un día en particular, las entidades deben realizar
       un depósito previo en el Banco Central por el monto equivalente en
       colones, calculado al tipo de cambio de venta publicado por el BCCR
       para las operaciones del SPNB el día hábil anterior, más un 2%. En caso
       de que el depósito previo no cubra la totalidad requerida para la
       transacción, la entidad del SPNB debe cubrir la diferencia mediante un
       débito ejecutado por el mismo BCCR ó transferencia el día hábil
       siguiente. Los detalles operativos de las transacciones de compra y venta
       son publicados por la Administración del BCCR mediante la ―Guía para
       las transacciones de divisas del Sector Público no Bancario en el Banco
       Central de Costa Rica‖, la cual se encuentra disponible en la página Web
       de la Institución.
             3. Las disposiciones anteriores dejan sin efecto cualquier otra
       resolución o acuerdo que se les oponga.
             4. Las anteriores modificaciones reglamentarias rigen a partir del día
       hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial ―La Gaceta‖.
                                          -0-
      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento del Director Ejecutivo y de la jefatura del Departamento Financiero

Contable. Se declara firme este acuerdo.

                                    ARTÍCULO L

      En nota N° ABC-0121-2007 de 21 de noviembre último, la licenciada María
                                         197

Isabel Cortés Cantillo, Directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria

Costarricense, comunica lo siguiente:

             ―La Asociación Bancaria Costarricense, en Asamblea Anual,
       celebrada el 15 de noviembre de 2007, acordó integrar el Directorio de la
       Organización, para el período 01 de diciembre del 2007-30 de noviembre
       del 2008, de la siguiente forma:

    Presidente             Lic. Mario Castillo           Grupo Promérica
                           L.                            G.B.P., S.A.
   Vicepresidente          Lic. Gerardo Porras           Banco Popular y de
                           S.                            Desarrollo
                                                         Comunal
   Secretario              Dr. Luis Liberman             Grupo Financiero
                           G.                            BNS de Costa Rica
                                                         S.A
   Tesorero                MBA         Gerardo           Corporación
                           Corrales B.                   Tenedora BAC San
                                                         José, S.A.
   Director                Lic. Sergio Ruiz P.           Banco         HSBC
                                                         (Costa Rica) S.A.
   Director                Lic. Álvaro Saborío           Grupo Financiero
                           L.                            Cuscatlán de C.R.,
                                                         S.A
   Director                Lic. Leonel Baruch            Corporación BCT,
                           G.                            S.A.
   Director                Lic.        Gilberto          Corporación Lafise,
                           Serrano G.                    S.A.
   Director                Lic. Jorge Mora C.            Corporación
                                                         Citibank     G.F.C.,
                                                         S.A.
   Director                Lic.       William            Banco Nacional de
                           Hayden Q.                     Costa Rica
   Director                Lic.         Carlos           Banco de Costa
                           Fernández R.                  Rica
   Director                Lic.     Guillermo            Banco        Crédito
                           Quesada O.                    Agrícola          de
                                                         Cartago
   Directora               Licda Ana Isabel              Grupo Financiero
                           Mora B.                       Uno, S.A.
                                           198

   Fiscal                    Lic. Franco Naranjo           Grupo Financiero
                             J.                            Improsa, S.A.,‖
                                     -0-
      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y desear a los directivos

electos éxitos en sus funciones. Se declara acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO LI

      La Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, en carácter de Presidenta de

la Comisión de Valores del Poder Judicial, en oficio N° 082-CVPJ-07 de 26 de

noviembre último, expresa lo siguiente:

              ―…le informo lo acordado en firme por la Comisión de Valores del
         Poder Judicial en la sesión del 13 de noviembre de 2007.

              Se convino nombrar como representante del Poder Judicial en la
         Junta Directiva de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, a la
         Master Magda Díaz Bolaños, Jueza Tramitadora Agraria del Tribunal
         Agrario del II Circuito Judicial de San José y coordinadora de la
         Subcomisión de Valores de ese circuito judicial.

              La Comisión considera que ella será una digna representante de
         nuestra institución.

              Lo anterior se le hace saber para lo de su cargo.‖

                                           -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior. Se declara acuerdo

firme.

                                    ARTÍCULO LII

         En sesión N° 17-07 celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo LIX,
                                          199

se conoció el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión N° 7-07 del 30 de enero de este año, artículo LXXVIII,
       se autorizó al licenciado Yuri López Casal, Juez Civil y de Trabajo de
       Pérez Zeledón, a negociar la publicación del trabajo denominado
       "Técnica para resolución de casos de Derecho Privado" con una empresa
       externa al Poder Judicial, y que del tiraje entregue una cantidad de libros
       a la institución, cuyo número o porcentaje comunicará a este Consejo en
       el plazo de diez días hábiles contados a partir de la comunicación de este
       acuerdo. A esos efectos se deberá firmar un convenio sujeto a aprobación
       por la Contraloría General de la República.
             El licenciado López Casal, en su expresado carácter, en nota de 26
       de febrero último, manifestó:
             "Muchísimas gracias por el contenido del acuerdo tomado en la
       sesión N° 07-07 celebrada el pasado 30 de enero de 2007, en virtud del
       cual sus dignas personas me autorizaron para negociar con una editorial
       externa al Poder Judicial la publicación de mi libro intitulado "Técnicas
       para la resolución de casos de Derecho Privado". Eso me anima y me
       estimula a seguir escribiendo libros y ensayos que contribuyan al
       mejoramiento de la justicia civil costarricense.
             Del contenido del acuerdo tomado en la sesión N° 07-07 del pasado
       30 de enero de 2007, se desprende que ustedes dispusieron que del tiraje
       total de mi libro, yo entregue una cantidad de libros al Poder Judicial,
       cuyo número o porcentaje debo comunicarles en el plazo de diez días
       hábiles contados a partir de la comunicación del acuerdo. Al respecto
       quisiera pedirles que me concedieran una prórroga para cumplir con tal
       disposición, pues no fue sino hasta este sábado 24 de febrero que fui a
       iniciar las primeras conversaciones tendentes a la eventual publicación
       del libro y tengo que esperar a que la Editorial examine el libro y ver si
       les interesa publicarlo o no. Por consiguiente, como la iniciativa en estos
       momentos la tiene la Editorial, tengo que esperar a que ellos me hagan
       una oferta y me comuniquen, también, cuántos ejemplares es que ellos
       estarán dispuestos a publicar.
             Pretensión concreta: Con base en lo anterior, pido al honorable
       Consejo Superior del Poder Judicial que me conceda una prórroga
       indefinida para darle cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo tomado
       en la Sesión N° 07-07 del 30 de enero de 2007, mientras la Editorial con
       la que ya inicié conversaciones me comunica si publicará o no el libro y,
       en caso positivo, me comunique también cuántos ejemplares del libro
       publicarán. Una vez que la Editorial me comunique tales detalles,
       entonces, me esforzaré, con muchísimo gusto, por hacer entrega de los
                                           200

         futuros ejemplares al Poder Judicial, en la cantidad que ustedes me
         indiquen."
                                           -0-
              Se acordó: Acoger la solicitud del licenciado López Casal y
         concederle la prórroga requerida para rendir la información señalada en el
         acuerdo de referencia.‖
                                           -0-
      El máster Yuri López Casal, Juez interino del Tribunal de Juicio de

Puntarenas, en correo electrónico de 27 de noviembre último, informa que el 26 del

mes pasado, entregó la cantidad de 50 ejemplares del libro citado a la Biblioteca

Judicial, a esos efectos da cumplimiento a la cláusula segunda del convenio N° 48-

CG-07, firmado el 1° de junio del año en curso.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior. Se declara acuerdo

firme.

                                   ARTÍCULO LIII

      En sesión N° 78-07 del 18 de octubre del año en curso, artículo XXXVIII, al

conocerse informe N° 946-AP-2007 del Departamento de Personal, respecto al

reajuste a realizar en las pensiones de las personas citada en ese acuerdo, entre las

que figuran el señor Luis Fernando Artavia Sánchez y las señoras María Fernanda

Artavia Sánchez y Flora Salas Barrientos, se dispuso concederles una audiencia

por 8 días contados a partir de la comunicación de ese acuerdo, para que

propusieran una forma de pago de las sumas a reintegrar conforme se indicó en el

citado informe.
                                        201

        Manifiesta la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, que

mediante resolución N° 890-07 de las 9 horas del 5 de noviembre de este año, se

notificó a los citados pensionados el acuerdo de cita, según informa el señor

Notificador de la oficina a su cargo, a la señora Salas Barrientos al fax N° 236-

9678 el 8 de noviembre del año en curso y a los señores Artavia Sánchez el 16 de

ese mes, al fax N° 666-5147, por lo que el plazo para contestar la audiencia

concedida ya venció.

        Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria General y

trasladar las diligencias a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva, para recuperar las sumas de dinero que adeudan el señor Luis Fernando

Artavia Sánchez y las señoras María Fernanda Artavia Sánchez y Flora Salas

Barrientos.

                                 ARTÍCULO LIV

        El licenciado Ricardo Monge Bolaños, Profesional en Derecho 3 de la

Secretaría General de la Corte, remite informe N° 024-2007 de 27 de noviembre

recién pasado, relativo a la selección de los curadores y de los notarios

inventariadores en los procedimientos de concurso mercantil y civil, que literalmente

dice:

    “DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
                                   202

1.- Nota de 24 de mayo de 2006, suscrita por el Lic. Jorge Eduardo Ramos
 Rojas (Ref/5249-06)
2.- Oficio N° 470-JP-2006 de 21 de junio de 2006, suscrito por el Lic.
 Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal.
 (Ref/5779-06)
3.- Nota recibida el 28 de febrero de 2007, suscrita por el Lic. Randall
 Segura Ulate (Ref/ 1978-07)
4.- Oficio N° 582-DE/AL-2007 de 17 de abril de 2007, suscrito por el Lic.
 Alfredo Jones León, Director Ejecutivo. (Ref/ 3505-07)
5.- Fotocopia de nota de 11 de setiembre de 2007, suscrita por el Lic. Luis
 Antonio Murillo Rojas (Ref/ 8515-07)
6.- Nota de 1° de noviembre de 2007, suscrita por el Lic. Carlos Corrales
 Solano. (Sin/Ref)


 I.- ASUNTO.-

      Selección de los curadores, y de los notarios inventariadores en los
 procedimientos de concurso mercantil y civil.-

II.- MARCO NORMATIVO (Legal y reglamentario).-

1.- Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 161.-
  “La Corte dictará normas reguladoras para la selección de los
 curadores, de los notarios inventariadores en los procedimientos de
 concurso mercantil y civil …”
2.- Reglamento para la Selección de los Curadores, Notarios
 Inventariadores e Interventores, en los procesos de concurso
 mercantil y civil.-
a) Corte Plena, sesión N° 29-2004, celebrada el 9 de agosto de 2004,
 artículo XXV.- Aprobó inicialmente el ―Reglamento para la Selección de
 los Curadores, Notarios Inventariadores e Interventores, en los procesos
 de concurso mercantil y civil‖. Sin embargo, a propuesta de la Magistrada
 Escoto, lo puso en conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Civil y
 Agraria, “…para que se sirva expresar lo que a bien tenga, dentro del
 término de quince días.”
b) Corte Plena, sesión N° 32-2004, celebrada el 20 de setiembre de 2004,
 artículo XXXIX.- Aprobó el texto definitivo del ―Reglamento para la
 Selección de los Curadores, Notarios Inventariadores e Interventores, en
 los procesos de concurso mercantil y civil‖, con la adición de algunas
 correcciones propuestas por la citada Comisión “…excepto la que
                                    203

 involucra a la Escuela Judicial en cursos de capacitación para los
 abogados que van a servir los indicados cargos.”
 Publicación: Boletín Judicial N° 199 de 12 de octubre de 2004, mediante
 circular N° 128-2004 de 5 de octubre de 2004, de la Secretaría General de
 la Corte.-
 Vigencia: 12 de enero de 2005 (Artículo 9° del Reglamento).-
c) Corte Plena, sesión N° 29-2005, celebrada el 19 de setiembre de 2005,
 artículo XIII.- Modificó el artículo 3° del Reglamento, adicionando un
 texto al párrafo segundo. Se publicó en el Boletín Judicial N° 228 de 25
 de noviembre de 2005, mediante circular N° 152-2005 de 25 de octubre
 de 2005, de la Secretaría General de la Corte.-
d) Corte Plena, sesión N° 03-2006, celebrada el 27 de febrero de 2006,
 artículo IV.- Modificó el párrafo final del artículo 5°. Se publicó en el
 Boletín Judicial N° 64 de 30 de marzo de 2006, mediante circular N° 44-
 2006 de 16 de marzo de 2006, de la Secretaría General de la Corte.-

III.-DE LA INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS Y DEL ÓRGANO
 ENCARGADO DEL CONTROL DE LOS NOMBRAMIENTOS.-

       El artículo 1° del Reglamento establece la competencia del Consejo
 Superior para la integración de las listas, y el artículo 2° designa a la
 Dirección Ejecutiva como el encargado de mantener las listas y la
 comunicación de las designaciones en estricto orden alfabético.-
       Sin embargo, el artículo transitorio único establece que las “…listas
 de curadores y notarios inventariadores existentes en la actualidad,
 quedarán sin efecto a partir del momento en que entre en vigencia este
 reglamento, sin perjuicio de que las personas que las integran puedan
 participar en los futuros concursos que se convoquen conforme al
 reglamento que se promulga. Pero, mientras se integran las nuevas
 listas, las designaciones que sea necesario hacer, podrán llevarse a
 cabo con la nómina existente actualmente; siempre en concordancia
 con lo dispuesto.” (El subrayado y la negrilla no son del original)

IV.- DE LOS CONCURSOS.-

1.- Antecedentes.-
a) El artículo 6° del Reglamento es claro en señalar que para las listas
 “…se publicará en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación
 nacional un concurso cada dos años, en el cual se indicarán los
 requisitos legales, los atestados que deben presentarse y la fecha de
 cierre, que será de quince días a partir de la publicación. …”. Asimismo,
                                   204

 establece la forma y medios en que pueden hacerse las ofertas; la
 ―ineficacia absoluta‖ de las que se presentaren fuera del plazo; y en el
 párrafo final, expresamente establece:

      “…Las ofertas deberán presentarse en los términos que se
 indicarán en el respectivo cartel, y oportunamente podrán
 complementarse con algún atestado omitido dentro de los cinco días
 hábiles siguientes a la expiración del plazo. Caso contrario serán
 absolutamente ineficaces.”

b) Consejo Superior, sesión N° 79-2004, celebrada el 14 de octubre de
 2004, artículo LII.-
       Solicitó al Departamento de Personal “…que en los términos
 dispuestos en el citado Reglamento realice el concurso a que se refiere su
 artículo 6°.”
c) Consejo Superior, sesión N° 9-2005, celebrada el 10 de febrero de
 2005, artículo LXXV.-
       El Departamento de Personal en oficio RS-2730-2004 de 29 de
 noviembre de 2004, solicitó al Consejo:
       - Se les indicara “…en qué disciplinas y grados académicos (aparte
 de la rama del Derecho), es que se requieren los profesionales a que hace
 referencia el artículo 1° del citado Reglamento.”
       - “…se valore la competencia legal de ese Departamento para
 realizar los concursos de esa naturaleza, en virtud de la normativa legal
 sobre el particular.”
       Por su parte el Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de
 Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, ante la consulta del Director
 Ejecutivo, hizo saber:
       “…Los curadores y notarios inventariadores deben ser abogados y
 cumplir los requisitos establecidos en los artículos 873 del Código de
 Comercio y 923 del Civil. Los notarios inventariadores se requiere que
 tenga al menos cinco años de experiencia comprobada en el ejercicio del
 notariado.
       Los interventores, según lo dispone el artículo 720 del Código
 Procesal Civil, deben tener una profesión afín al giro comercial u
 ordinario de la empresa que se acoja al beneficio de la intervención. En
 este caso la escogencia podría ser, sin perjuicio de considerar otras
 profesiones, en áreas como la Administración de negocios y la
 Administración de empresas (en todas sus ramas y derivaciones).
      Es necesario publicitar y tramitar un concurso, con su respectivo
 cartel. Este último documento contendrá un sistema de valoración de los
                                   205

 oferentes, en el que se consideren aspectos como experiencia
 comprobada en el campo profesional respectivo y preparación
 académica.”
      A partir de lo consultado por el Departamento de Personal y de lo
 informado por el Lic. Mora Rodríguez, el Consejo Superior hizo del
 conocimiento de ese Departamento “…órgano competente para realizar
 los concursos mencionados, el criterio expuesto por el Lic. Mora
 Rodríguez, a fin de que lo tome en cuenta en la elaboración de los
 concursos y del sistema de calificación, que deberá remitir a este
 Consejo previamente para su aprobación.”
d) Con motivo de la oferta para Curador Concursal presentada por el Lic.
 Jorge Eduardo Ramos Rojas (Documento de referencia #1), la Secretaría
 General solicitó al Departamento de Personal informar el estado del
 concurso ordenado por el Consejo Superior.-
e) El Departamento de Personal en oficio N° 470-JP-2006 de 21 de junio
 de 2006, se pronunció al respecto, informando en lo que interesa lo
 siguiente:
       “…- Debe agregarse, que según lo señalado en el Estatuto de
 Servicio Judicial, artículos 8 inciso b), 23 y 24, este Departamento ha
 dedicado sus esfuerzos al cumplimiento de los concursos que por
 imposición de ley, debe efectuar; esto es, los orientados a llenar las
 vacantes del personal del Poder Judicial.
       4- La tramitación de un concurso para este tipo de “servicio” tiene
 una serie de implicaciones para el Departamento de Personal, que en
 forma sucinta, se mencionan:
       - Existe un claro problema de competencia legal, ya que este
 Departamento no tiene dentro de sus atribuciones el efectuar un proceso
 concursal por oposición o antecedentes, para la contratación de
 profesionales que no tienen una relación de servicio (relación de empleo)
 con el Poder Judicial. Obsérvese que en casos de similar naturaleza,
 como por ejemplo, la contratación de peritos, existe un procedimiento
 específico, distinto de los que realiza este Departamento, en donde cada
 uno de los interesados participa en un cartel convocado por la Dirección
 Ejecutiva, ya que se trata de la prestación de servicios profesionales. En
 nuestro criterio, la contratación de servicios profesionales está
 debidamente reglada en la Ley de Contratación Administrativa, e
 internamente en los reglamentos de la Proveeduría Judicial.
       - Lo anterior se confirma, cuando a sugerencia del Magistrado
 Aguirre, el proyecto original se modifica, en su artículo 6° para que en
 lugar de Concurso se lea Cartel, en una referencia inequívoca al
 carácter de este tipo de contratación. Por esa razón, el reglamento
                                  206

señala: “…Las ofertas deberán presentarse en los términos que se
indicarán en el respectivo CARTEL…” (el énfasis no pertenece al
original). Por un error evidente, el término no fue corregido en el título
del artículo 6° del Reglamento de marras.
      - Además, el carácter de contratación de servicios profesionales
está permeado en todo el reglamento, ya que señala expresamente que el
órgano que mantiene, designa y modifica las listas de oferentes es la
Dirección Ejecutiva. (artículos 2 al 5). Por tanto, este proceso debe
tramitarse por la vía de la contratación administrativa, de conformidad
con los artículos 42, 45 y siguientes, del Reglamento General de la
Contratación Administrativa.
      - El reglamento aprobado por la Corte Plena es omiso en señalar
las disciplinas y los grados académicos en que se requieren los
Interventores. Según establece el artículo 720 del Código Procesal Civil,
éstos deben tener una profesión afín al giro comercial u ordinario de la
empresa que se acoja al beneficio de la intervención.
      - Según señaló el Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, Lic. Carlos Mora Rodríguez, “…la escogencia
podría ser, sin perjuicio de considerar otras profesiones, en áreas como
la Administración de Negocios y la Administración de Empresas (en
todas sus derivaciones)…”. Esta definición debe señalarse en forma
explícita para que el órgano encargado de efectuar el cartel, pueda
direccional la convocatoria.
      -El Consejo señala en su acuerdo que adicionalmente este
Departamento efectúe el sistema de calificación de los participantes. Este
tema es ampliamente sensible, ya que además de los aspectos legales y de
competencia ya señalados, no se tiene conocimiento técnico ni
experiencia para proponer un sistema de calificación, donde se valore la
“idoneidad” de los profesionales interventores. En ese sentido debe
valorarse que este departamento no ha participado con anterioridad en
procesos de esa naturaleza como si lo han realizado los entes que han
efectuado la selección de los “peritos” y “árbitros” que este poder de la
república requiere para el cumplimiento de su fin primordial de
Administrar Justicia; en consecuencia son otros órganos los que cuentan
con la estructura, experiencia y conocimiento técnico para realizar estas
tareas.
      Por las razones anteriores, este Departamento recomienda la
publicación de un cartel donde se indique claramente que se aceptarán
currículos para los cargos de Curadores, Notarios, Inventariadores e
Interventores. Del mismo modo, se sugiere que el proceso consista en la
verificación del cumplimiento de requisitos legales, la documentación
                                  207

que constate la experiencia de cinco años en notariado (para los notarios
inventariadores), dados los inconvenientes legales y prácticos que puede
generar el establecimiento de un sistema evaluativo. Por último, deberá
verificarse si la persona no está inhabilitada para el ejercicio
profesional. Con este insumo, se elaborarán las listas que servirán a la
Dirección Ejecutiva para hacer la selección correspondiente, según
señala el artículo 3 del reglamento.”

      2.- De los requisitos a cumplir por las personas interesadas en
integrar las listas.-
      El artículo 3° del Reglamento:
- Curadores: “…deberán reunir los requisitos señalados en los artículos
873 del Código de Comercio y 923 del Civil, según se trate de procesos
de quiebra o de concurso civil, respectivamente. …”
- Interventores: “…Las condiciones para servir como interventor se
ajustarán a lo dispuesto por el artículo 720 del Código Procesal
Civil.…”
  - Notarios
      Inventariadores: “…deberán tener una experiencia comprobada
en el ejercicio de notariado de por lo menos cinco años. Al participar en
el respectivo concurso deben presentar una certificación expedida por la
Dirección Nacional de Notariado, de que no están suspendidos o
inhabilitados para el ejercicio de la función notarial, así como las
sanciones disciplinarias que se hubieren impuesto con anterioridad. …”
      - En general: “…En todos los casos deberán ser personas de
capacidad y honradez reconocidas y en la selección se les dará
preferencia a quienes ostenten una mayor preparación académica y
experiencia específica en el campo del derecho concursal o empresarial,
según los atestados que se presenten con la oferta respectiva.”

     V.- CONSIDERACIÓN PREVIA.-

        El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es claro. El
legislador expresamente facultó a la Corte para dictar “…normas
reguladoras para la selección de los curadores, de los notarios
inventariadores en los procedimientos de concurso mercantil y civil y de
los peritos judiciales en general.”, y la Corte emitió dichas normas que
denominó ―Reglamento para la selección de los Curadores, Notarios
Inventariadores e Interventores‖, que no es más, si queremos calificar su
naturaleza, que un reglamento autónomo de servicio (La doctrina ha
clasificado los reglamentos autónomos de dos tipos: a) De organización, y
                                   208

 b) De servicio), que son diferentes a los Reglamentos Ejecutivos que
 promulga o emite el Poder Ejecutivo -Presidente y Ministro del ramo-, y
 que, en términos genéricos, desarrollan los conceptos utilizados en las
 leyes que reglamentan.-
        Como principio general, una disposición reglamentaria (en
 términos generales los reglamentos ejecutivos) no puede desarrollar o ir
 más allá de lo que la norma legal que reglamenta establece. Como lo ha
 señalado reiteradamente la Sala Constitucional “Tratándose de los
 reglamentos ejecutivos es característica propia y esencial que se
 distinguen por ser normas secundarias, en tanto están subordinados por
 entero a la ley, ya que no se producen más que en los ámbitos que ésta le
 permite, y no pueden dejar sin efecto los preceptos legales,
 contradecirlos, así como tampoco suplir a la ley produciendo un
 determinado efecto no querido por el legislador, o establecer un
 contenido no contemplado en la norma que reglamenta, …” (Resolución
 N° 2007-2063 de las 14,40 horas del 14 de febrero de 2007, que a su
 vez cita entre otras la N° 5227-94 de las 15,06 horas del 13 de
 setiembre de 2004).
        A partir de lo anterior, con mayor razón, tampoco podrá producir
 un determinado efecto no querido por el legislador, una disposición, en
 este caso, reglamentaria autónoma de servicio (como en efecto no lo hace
 el Reglamento emitido por la Corte), que “…tienen sustento en la
 competencia del jerarca administrativo para regular la prestación del
 servicio que está a su cargo, sin necesidad de la existencia de una ley
 previa en la materia. …” (Resolución N° 2007-2063 citada).
        El Reglamento emitido por la Corte Plena es claro; no permite
 interpretaciones como la que realiza el Departamento de Personal,
 respecto de la cual más adelante me referiré.-

      VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

            Con base en todo lo anteriormente expuesto, salvo disposición
      diferente que adopte el Consejo Superior, considero oportuno lo
      siguiente:

    DE LAS GESTIONES PRESENTADAS Y PENDIENTES DE
 RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR.-

1.- Nota de 24 de mayo de 2006, suscrita por el Lic. Jorge Eduardo
 Ramos Rojas, quien solicita someter a acuerdo de Corte Plena “…la
 posibilidad de nombrarme como Curador Concursal …‖
                                   209


       Debe comunicársele el recibo de la gestión, e informarle que para
 los efectos pretendidos, de conformidad con el Reglamento emitido por la
 Corte Plena, particularmente los artículos 6° y transitorio único, deberá
 participar en el concurso que oportunamente realice el Poder Judicial para
 tales efectos.-
2.- Oficio N° 470-JP-2006 de 21 de junio de 2006, suscrito por el Lic.
 Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, quien
 con base en las razones que expone, comunica que ese Departamento
 “…recomienda la publicación de un cartel donde se indique claramente
 que se aceptarán currículos para los cargos de Curadores, Notarios,
 inventariadotes e Inteventores. Del mismo modo, se sugiere que el
 proceso consista en la verificación del cumplimiento de requisitos
 legales, la documentación que constate la experiencia de cinco años en
 notariado (para los notarios inventariadotes), dados los inconvenientes
 legales y prácticos que puede genera el establecimiento de un sistema
 evaluativo. Por último, deberá verificarse si la persona no está
 inhabilitada para el ejercicio profesional. Con este insumo, se
 elaborarán las listas que servirán a la Dirección Ejecutiva para hacer la
 selección correspondiente, según señala el artículo 3 del reglamento.”
 (sic)
       Como lo referí en el párrafo final del aparte V anterior, estimo
 oportuno las siguientes aclaraciones y observaciones:
       La ley, el reglamento, y lo dispuesto por el Consejo Superior, no
 disponen la “…contratación de servicios profesionales…”
         El legislador no estableció que la Corte tuviera que realizar un
 procedimiento “… por la vía de la contratación administrativa, …” para
 “…la selección …” de los curadores y de los notarios inventariadores.
 Como se señaló, el artículo 161 ídem es claro; el legislador expresamente
 facultó a la Corte para dictar “…normas reguladoras para la selección
 de los curadores, de los notarios inventariadores en los procedimientos
 de concurso mercantil y civil y de los peritos judiciales en general.” (El
 subrayado y la negrilla no son del original), y la Corte emitió dichas
 normas reguladoras mediante el denominado ―Reglamento para la
 selección de los Curadores, Notarios Inventariadores e Interventores‖.-
         Menos aún, considero que el cambio que se aduce hizo el
 Magistrado Aguirre, al sustituir la palabra ―concurso‖ por la palabra
 ―cartel‖ fuera una intención inequívoca de ello, pues si bien es cierto el
 Reglamento sufrió esa modificación, es conveniente remitirnos a la
 explicación que el propio don Orlando dio a la Corte respecto de ese
 cambio, para disipar cualquier duda:
                                                         210

                 “…Más adelante, en el artículo 6, en la parte que sugieren los
           jueces dice en el párrafo 3: “las ofertas deberán presentarse en los
           términos que se indicarán en el respectivo concurso”, yo creo que en
           lugar de “concurso” debe utilizarse la palabra “cartel”, porque el
           concurso pues es todo el procedimiento para hacer las listas de
           curadores y notarios inventariadores. …” (Acuerdo de Corte Plena,
           sesión N° 32-2004 celebrada el 20 de setiembre de 2004, artículo
           XXXIX)
                  Igual pudo haber recomendado o sugerido sustituir el término
           ―concurso‖ por las palabras ―aviso‖, ―convocatoria‖, incluso ―invitación‖,
           porqué?, porque simple y sencillamente ese término está referido a la
           publicación del concurso([1]) en el Boletín Judicial y en un Diario de
           circulación nacional.-
                 En cuanto a que sea el Departamento de Personal u otra dependencia
           administrativa el o la responsable o comisionado(a) por el Consejo para
           realizar la publicación del concurso y ser el receptor de las solicitudes de
           los interesados, no es un asunto de ―competencia legal‖. El Consejo
           consideró que fuera el Departamento de Personal.-
                 En cuanto a las “…disciplinas y los grados académicos en que se
           requieren los Interventores…”, el artículo 720 del Código Procesal Civil
           lo que establece son las reglas para la escogencia del interventor,
           señalando expresamente que “…Se considerará el giro ordinario de la
           empresa, con el fin de que el interventor sea una persona especializada
           en la rama respectiva. De existir varias personas calificadas, se
           seleccionará atendiendo rigurosamente a su turno dentro de la lista. …”.
           A partir de lo anterior, no es necesario que se señalen disciplinas en
           concreto y grados académicos, menos aún “…señalarse en forma
           explícita para que el órgano encargado de efectuar el cartel, pueda
           direccionar la convocatoria. …” (En este aspecto, valga la aclaración ya
           hecha en el sentido que es un aviso). A lo sumo, lo que podría resultar es
           valerse de la experiencia de los jueces que conocen de estos asuntos, para


([1]) Entiéndase mejor, el aviso, la convocatoria, la invitación, en que el Consejo Superior del Poder Judicial, de
      conformidad con lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del
      ―Reglamento para la Selección de los Curadores, Notarios Inventariadores e Interventores‖ y sus reformas, hace
      saber que integrará listas de curadores, notarios e interventores, con indicación expresa, en los términos referidos
      en el artículo 6° del Reglamento, en concreto, “…en el cual se indicarán los requisitos legales, los atestados que
      deben presentarse y la fecha de cierre, que será quince días a partir de la publicación.//Las ofertas podrán
      hacerse mediante comunicación escrita remitidas por cualquier medio que resulte fidedigno, y serán
      absolutamente ineficaces las que se presenten fuera del plazo señalado.//Las ofertas deberán presentarse en los
      términos que se indicarán en el respectivo cartel, y oportunamente podrán complementarse con algún atestado
      omitido dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expiración del plazo. Caso contrario serán
      absolutamente ineficaces.”
                                                     211

         que indiquen cuáles especialidades podrían resultar más comunes, eso sí a
         efecto de consignarlo como información genérica, pues no sería
         procedente incorporar en el aviso condiciones o requisitos que limiten la
         participación de interesados en el concurso, por aspectos o requisitos que
         la ley no prevé o establece. La especialidad o grado académico es
         valorable en la fase de selección, como expresamente lo establece el
         artículo 720 ídem.-
               Sí comparto lo expresado por el Departamento de Personal en
         cuanto a los inconvenientes para proponer un sistema de calificación de
         los participantes, así como los que puedan surgir a partir de la aplicación
         de un sistema de esa naturaleza. La ley establece los requisitos para cada
         caso, y corresponderá al Consejo la calificación de las ofertas, que no es
         más que la comprobación del cumplimiento por parte de los interesados
         de los requisitos establecidos en las normas legales, de previo a realizar la
         escogencia o conformación de las listas.-
                Una orientación tanto en cuanto a la confección del aviso cuanto
         para la escogencia de las personas que integrarán las listas: El artículo 79
         de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la potestad del Consejo
         Superior para integrar comisiones de trabajo en los asuntos de su
         competencia. En el caso particular, bien podría el Consejo conformar una
         Comisión; coordinada por uno de sus integrantes, e integrada, por
         ejemplo, con alguno o varios de los señores jueces que integraron la
         subcomisión (de la Comisión de Civil y Agrario que en su momento
         revisó el proyecto de Reglamento e hizo algunas observaciones), quienes
         en una sesión de trabajo podrían confeccionar el aviso a publicar, y
         posteriormente podrían revisar las ofertas y atestados de cada
         interesado([2]), y emitir las recomendaciones que estimen pertinentes al
         Consejo, para que este en definitiva realice la escogencia dispuesta por el
         reglamento.-

        3.- Nota recibida el 28 de febrero de 2007, suscrita por el Lic. Randall
         Segura Ulate, quien solicita su “…inclusión como CURADOR,
         NOTARIO INVENTARIADOR, INTERVENTOR Y COMO MIEMBRO DE
         COMITÉS ASESORES EN PROCESOS CONCURSALES. …”-




([2])Nótese que al día hábil siguiente de vencido o “…expirado…” el plazo para presentar las ofertas, corre un
    nuevo plazo ―de gracia‖ (5 días hábiles) para que los interesados complementen su oferta “…con algún atestado
    omitido…” (Artículo 6° del Reglamento)
                                       212

            Debe comunicársele el recibido de su nota, e informarle que para
     los efectos pretendidos, de conformidad con el Reglamento emitido por la
     Corte Plena, particularmente los artículos 6° y transitorio único, deberá
     participar en el concurso que oportunamente realice el Poder Judicial para
     tales efectos. También, es oportuno aclararle que no existen los comités
     asesores en procesos concursales que señala; al menos desconozco de su
     existencia y no ubiqué información al respecto.-

4.- a) Oficio N° 582-DE/AL-2007 de 17 de abril de 2007, suscrito por el Lic.
      Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, quien comunica la renuncia del
      Lic. Luis Antonio Murillo Rojas, “…al cargo de Curador Concursal
      conferido por Corte Plena en sesión ordinaria celebrada el 1° de febrero
      de 1994, Artículo XXII.”

   b) Fotocopia de nota de 11 de setiembre de 2007, suscrita por el Lic. Luis
    Antonio Murillo Rojas, quien comunicó su decisión de “…RENUNCIAR
    DE UNA VEZ y en forma irrevocable al ejercicio futuro de mis funciones
    como CURADOR CONCURSAL.”
           De conformidad con el inciso 1° del artículo 5° del Reglamento,
    quienes “…figuren en los roles se excluirán: …” por renuncia. Asimismo,
    el párrafo final de ese artículo establece que “…La exclusión se realizará
    en forma inmediata, debiendo dejarse una razón en el respectivo registro
    o rol, salvo en el caso del inciso 4) el que deberá seguirse el debido
    proceso ante la Dirección Ejecutiva.” (El subrayado y la negrilla no
    son del original).-
           En el caso particular del Lic. Murillo Rojas, es oportuno advertir
    que la Dirección Ejecutiva tramitó en su contra el expediente CUCO-04-
    07, elevado a conocimiento del Consejo Superior con motivo del recurso
    de apelación que interpuso contra las resoluciones de esa Dirección, N°
    2555-2007 de las 8,00 horas del 9 de agosto de 2007, y N° 2875-2007 de
    las 9,50 horas del 5 de setiembre de 2007, en las que, en la primera, “…
    se impone al licenciado LUIS ANTONIO MURILLO ROJAS la sanción
    de EXCLUSIÓN DE LA LISTA OFICIAL DE CURADORES
    CONCURSALES DEL PODER JUDICIAL POR UN PERÍODO DE
    TRES MESES, recordándole su obligación de actuar siempre al amparo
    de la ley y de los procedimientos que ésta fija para los casos en los que
    sea nombrado. Dicha sanción se anotará en su expediente personal en
    virtud de haber renunciado a su cargo.”, y en la segunda, en que la
    Dirección Ejecutiva confirmó la resolución recurrida, rechazó el recurso
    de revocatoria y admitió el de apelación para ante el Consejo Superior.-
                                                        213

               Por lo anterior, lo procedente es tomar nota de la renuncia
          presentada por el Licenciado Murillo Rojas, sin perjuicio de lo que
          resuelva en definitiva el Consejo Superior dentro del expediente
          administrativo CUCO-04-07.-

        5.- Nota de 1° de noviembre de 2007, suscrita por el Lic. Carlos Corrales
         Solano, quien solicita se deje sin efecto su designación como Curador
         “…y se me incluya en la lista de notarios inventariadores.”-
               Efectivamente el Lic. Corrales Solano fue designado por la Corte
         Plena ([3]) en la lista de los curadores y no en la de Notarios
         Inventariadores.-
               Lo procedente es tomar nota de la comunicación del Lic. Corrales
         Solano, en el entendido que:
               a) Su solicitud tendente a que se deje sin efecto su designación
         como Curador, implica, en los términos del Reglamento, su renuncia al
         cargo, por lo que procede la exclusión en forma inmediata del rol,
         “…debiendo dejarse una razón en el respectivo registro o rol,…”,
         conforme lo establecido en el inciso 1° y en el párrafo final del artículo 5°
         del Reglamento.-
               b) En cuanto a la solicitud para que se le incluya en la lista de
         notarios inventariadores, debe comunicársele que de conformidad con lo
         establecido en el respectivo reglamento emitido por la Corte Plena,
         particularmente los artículos 6° y transitorio único, deberá participar en el
         concurso que oportunamente realice el Poder Judicial para tales efectos.-

        6.- En cuanto a las renuncias presentadas por los licenciados Murillo
         Rojas y Corrales Solano (A que se refieren los puntos 4 y 5
         anteriores).
                Respecto de ambas, adicionalmente es oportuno advertir que el
         artículo 8° del Reglamento expresamente establece que “…Las
         designaciones hechas en los respectivos procesos judiciales conservarán
         su vigencia, independientemente de que la persona haya renunciado a
         integrar la lista o se le haya excluido. …”. Si bien, en principio la norma
         está dirigida a las listas que se conformen (a la fecha no existen) a partir
         de la entrada en vigencia del Reglamento, cierto también es, salvo
         interpretación diferente, que dicha disposición es aplicable a las
         designaciones que esté realizando la Sección de Asesoría Legal de la




([3]) Sesión celebrada el 1° de febrero de 1994, artículo XXII.
                                                       214

          Dirección Ejecutiva([4]) con base en la nómina o lista vieja, a partir de la
          debida integración normativa, en concreto, la relación del artículo 8° ídem
          con lo establecido en la parte final del artículo transitorio único del
          Reglamento, que dice:
               “…Pero, mientras se integran las nuevas listas, las designaciones
          que sea necesario hacer, podrán llevarse a cabo con la nómina existente
          actualmente; siempre en concordancia con lo dispuesto.” (El
          subrayado y la negrilla no son del original)

                 VII.- RECOMENDACIÓN ADICIONAL.-

                  Conforme se indicó en el punto 2.c. del aparte II de este informe,
          la Corte Plena en sesión N° 29-2005 celebrada el 19 de setiembre de
          2005, artículo XIII, modificó el artículo 3° del Reglamento, adicionando
          un texto al párrafo segundo, que dice:
                “…Al participar en el respectivo concurso deben presentar una
          certificación expedida por la Dirección Nacional de Notariado, de que no
          están suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la función notarial,
          así como de las sanciones disciplinarias que se hubieren impuesto con
          anterioridad.” (El subrayado y la negrilla no son del original).
                La información es necesaria para la elección o integración de las
          listas, sin embargo, implica la exigencia al interesado en integrar las listas
          de notarios inventariadores, de una información que consta en una oficina
          del Poder Judicial, como lo es la Dirección Nacional de Notariado. Por la
          forma dispuesta en el Reglamento para obtenerla (deber del interesado de
          aportarla), es conveniente advertir que la Ley N° 8220 de 4 de marzo de
          2002, ―Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
          administrativos‖, aplicable a toda la Administración Pública, en la parte
          final del párrafo primero del artículo 2° ―Presentación única de
          documentos‖, expresamente establece:
                “…De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario
          público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de
          sus mismas oficinas emitan o posean.”
                  Incluso, a partir del momento en que dicha dependencia (Dirección
          Nacional de Notariado) deje de ser judicial, pero siga formando parte de
          la Administración Pública, igualmente sería aplicable lo establecido en el

([4]) En ausencia de nuevas listas a partir de la promulgación del Reglamento emitido por la Corte, y en aplicación
     de lo dispuesto en el artículo transitorio único de ese Reglamento, la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
     Ejecutiva utiliza las listas aprobadas por la Corte Plena en sesión celebrada el 1° de febrero de 1994, artículo
     XXII, y adicionada por acuerdo de Corte Plena en sesión celebrada el 5 de junio de 1995, artículo XXVI.
     Información que se confirmó telefónicamente con el Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Jefe de esa Sección.
                                         215

       artículo 8° de la ley de cita, ―Procedimiento de coordinación inter-
       institucional‖, que señala:
             “La entidad u órgano de la Administración Pública que para
       resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o
       cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público,
       deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para
       no solicitarla al administrado. …”
             Por lo anteriormente expuesto, es oportuno que el Consejo valore
       recomendar a la Corte Plena la modificación o reforma del párrafo
       segundo del artículo 3°. Al respecto, y sin perjuicio que se considere un
       mejor texto, propongo la siguiente redacción:
             “Los notarios inventariadores deberán tener una experiencia
       comprobada en el ejercicio del notariado de por lo menos cinco años.
       Cerrado el concurso a que se refiere el artículo 6°, la Dirección
       Nacional de Notariado, a solicitud del Consejo Superior mediante la
       remisión de la lista respectiva, certificará respecto de cada uno de los
       interesados en este cargo, si están o no suspendidos o inhabilitados
       para el ejercicio de la función notarial, así como las sanciones
       disciplinarias que se hubieren impuesto con anterioridad.”
            ANEXO: Documentos de referencia y expedientes de la Unidad de
       Archivo de la Secretaría General, Nos. A.I.-736 ―Curadores y Notarios
       Inventariadores e Inteventores‖, y A.I. 30-04 ―Reglamento para la
       Selección de Curadores, Notarios Inventariadores e Interventores en los
       procesos concursales mercantiles y civiles.‖

                                         -0-

      Se acordó: Acoger en todos sus extremos el informe rendido por el

licenciado Monge Bolaños referente a la selección de los curadores y de los

notarios inventariadores en los procedimientos de concurso mercantil y civil, en

consecuencia: 1.) Comunicar a los licenciado Jorge Eduardo Ramos Rojas y

Randall Segura Ulate que, respecto de sus solicitudes, deberán participar en el

concurso que oportunamente realice el Poder Judicial, de conformidad con el

artículos 6° y transitorio único del Reglamento para la Selección de los Curadores,
                                         216

Notarios Inventariadores e Interventores, en los procesos de concurso mercantil y

civil. Asimismo, expresar a don Randall que no existen los comités asesores en los

procesos concursales que da cuenta. 2.) Comunicar al Departamento de Personal

que conforme lo ya dispuesto en las sesiones Nos. 79-2004 celebrada el 14 de

octubre de 2004, artículo LII, y 9-2005 celebrada el 10 de febrero de 2005, artículo

LXXV, debe proceder a la brevedad a realizar el concurso que interesa. 3.) Tomar

nota de la renuncia del licenciado Luis Antonio Murillo Rojas, como Curador

Concursal, sin perjuicio de lo que se resuelva dentro del expediente administrativo

N° CUCO-04-07. 4.) Tomar nota de la comunicación del licenciado Carlos

Corrales Solano, en el entendido que su solicitud de dejar sin efecto la designación

como curador, implica, en los términos del Reglamento respectivo, la exclusión en

forma inmediata del rol. Asimismo, se le hace saber que respecto a su solicitud

para que se le incluya en la lista de notarios inventariadores, deberá participar en el

concurso que realice oportunamente el Poder Judicial, de conformidad con el

artículos 6° y transitorio único del Reglamento para la Selección de los Curadores,

Notarios Inventariadores e Interventores, en los procesos de concurso mercantil y

civil. 5.) Expresar a los licenciados Murillo Rojas y Corrales Solano que el artículo

8° del Reglamento de referencia establece que “…Las designaciones hechas en los

respectivos procesos judiciales conservarán su vigencia, independientemente de
                                         217

que la persona haya renunciado a integrar la lista o se le haya excluido. …”. 6.)

Trasladar a conocimiento de la Corte Plena, para lo que a bien se sirva disponer, la

recomendación de modificar o reformar el párrafo segundo del artículo 3° del

Reglamento para la Selección de los Curadores, Notarios Inventariadores e

Interventores, a efecto que el citado artículo se lea de la siguiente manera:


       “Los notarios inventariadores deberán tener una experiencia

       comprobada en el ejercicio del notariado de por lo menos cinco

       años. Cerrado el concurso a que se refiere el artículo 6°, la

       Dirección Nacional de Notariado, a solicitud del Consejo

       Superior mediante la remisión de la lista respectiva, certificará

       respecto de cada uno de los interesados en este cargo, si están o

       no suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la función

       notarial, así como las sanciones disciplinarias que se hubieren

       impuesto con anterioridad.”

      Lo anterior, toda vez que, conforme lo recomendado por el Lic. Monge, la

redacción vigente del citado artículo impone a los interesados la presentación de

una certificación expedida por una dependencia del Poder Judicial, contraviniendo

lo establecido en la parte final del artículo 2° ―Presentación única de documentos‖
                                         218

de la Ley N° 8220 de 4 de marzo de 2002 ―Protección al ciudadano de exceso de

requisitos y trámites administrativos‖, que literalmente dice:

        ―…De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario

       público, podrá solicitar al administrado, información que una o

       varias de sus mismas oficinas emitan o posean.‖

      7.) Copia de este acuerdo se pondrá en conocimiento de la Sección de

Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO LV

      El licenciado Marco Zúñiga Sánchez, Coordinador Administrativo del

Proyecto de Reducción de Circulante, en correo electrónico recibido el 28 de

noviembre último, manifestó:

             ―Como es de su conocimiento el Consejo Superior conoció en días
       pasados el plan de trabajo para el 2008 del Proyecto de Reducción de
       Circulante, en el cual se recomendó destinar dos equipos del Proyecto a
       Tribunales de Juicio, y realizar esta labor (juicios unipersonales) en
       jornada vespertina, debido a la falta de espacio físico en los diferentes
       circuitos judiciales.

            En días pasados me reuní con la Licda, Lilliam Gómez Mora, Fiscal
       Adjunta de la Fiscalía General de la República, la Licda, Marta Iris
       Muñoz Cascante y el Lic. Alejandro Rojas Aguilar, jefe y subjefe,
       respectivamente, de la Defensa Pública, con el fin de ponerlos en
       conocimiento del plan de trabajo, la metodología prevista para
       desarrollarlo y coordinar los asuntos propios con el Ministerio Público y
       la Defensa Pública, el plan de trabajo y la jornada vespertina fue muy
       bien visto por ambas partes, manifestando su deseo de colaborar en todo
       lo posible para poder llevarlo a cabo.
                                          219

             También procedí a reunirme con Fiscales Adjuntos, Defensor
       Coordinador de la Defensa Pública, Juez Coordinador del Tribunal de
       Juicio y Administradores de los Circuitos Judiciales de Heredia, Cartago,
       Alajuela y Pérez Zeledón. Circuitos Judiciales, fuera de San José, que de
       conformidad con la información suministrada por la sección de
       Estadística del Departamento de Planificación, son los que presentan
       mayor acumulación de trabajo, los resultados obtenidos con respecto al
       plan de trabajo propuesto y la jornada vespertina fueron muy bien vistos,
       y mostraron una disposición total para colaborar con la puesta en práctica
       del plan de trabajo.

             No obstante lo anterior, las jefaturas del Ministerio y Defensa
       Publica, así como fiscales adjuntos y defensores coordinares de los
       Circuitos Judiciales citados, indicaron que para ellos era materialmente
       imposible ayudar con recurso humano para esta labor, pues de acuerdo a
       los planes de trabajo que han preparado para el 2008 y las plazas que se
       autorizaron, ya tienen destinado el recurso a diferentes labores, por lo que
       no cuentan con personal (fiscales y defensores) para poder asignar al
       Proyecto.

             En razón de lo anterior, con el fin de poder llevar a cabo la labor
       encomendada, muy respetuosamente, le solicito interponga sus buenos
       oficios, con el fin de que se estudie la posibilidad de dotar al Proyecto de
       dos fiscales y dos defensores en forma extraordinaria, de esta forma se
       integraría el Proyecto con dos equipos completos y se podrían desplazar a
       los diferentes Circuitos Judiciales a desarrollar la labor sin ningún
       inconveniente.‖
                                          -0-
     Respecto de la nota anterior, manifiesta el Integrante Martínez Fernández

que tuvo conocimiento que la licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la

Defensa Pública, expresó que en una primera instancia podría dar colaboración a

dicho proyecto con un/a Defensor/a Público/a; según le informó el licenciado

Zúñiga Sánchez.

     Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado Martínez
                                          220

Fernández. 2.) Trasladar lo anterior a las Jefaturas de la Defensa Pública y del

Ministerio Público con el fin de solicitar que presten colaboración para que dos

fiscales y dos defensores públicos realicen la labor indicada, en razón de que no

hay contenido presupuestario para crear plazas extraordinarias y el programa a

desarrollar puede producir impacto en la reducción del circulante de los Tribunales

Penales de Heredia, Cartago, Alajuela y Pérez Zeledón. Se declara este acuerdo

firme.

                                  ARTÍCULO LVI

      En sesión N° 82-07 celebrada el 1° de noviembre último, artículo XLVI, se

hizo de conocimiento del licenciado José Manuel Chinchilla Chavarría, Auxiliar

Administrativo 1 de la Oficina de Recepción de Denuncias del Organismo de

Investigación Judicial, el informe del licenciado Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, en donde comunicó que se encontraba en trámite la contratación del

cambio de muebles modulares para recibir las denuncias y que el espacio adicional

que estaba solicitando ya fue dispuesto por la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial para otras oficinas de ese Organismo.

      El licenciado Chinchilla Chavarría, en nota de 26 de noviembre último,

manifiesta lo siguiente:

               ―Un saludo muy cordial, y a la vez solicitarles de la manera más
         atenta, se revoque el acuerdo tomado en la Sesión N° 82-07 celebrada el
                                         221

       primero de noviembre en curso, Artículo XLVI, en cuanto se acogió el
       informe del Licenciado Alfredo Jones León, (informe que no conozco al
       día da hoy), con respecto al trámite de la contratación del cambio de
       muebles modulares para recibir denuncias, así mismo en cuanto a que el
       espacio adicional en donde estaban los Fiscales de Denuncias, que se ha
       solicitado en varias oportunidades, se dijo que la Dirección General del
       Organismo de Investigación Judicial ya dispuso de éste.- Tengo entendido
       que los distinguidos personeros de éste Consejo, estarán visitando
       nuestras oficinas el próximo 05 de diciembre de los corrientes, junto con
       la Licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios del Poder
       Judicial, por lo que pienso sería conveniente que éste distinguido Consejo
       conociera en verdad cual es realidad actual, según lo que he expuesto
       hasta ahora.- El espacio adyacente a la oficina siempre le perteneció a
       ésta, y ese espacio facilitaría las mejoras que se deben realizar en ella,
       como he dicho para una atención más personalizada, más profesional y
       más privada de todos nuestros usuarios y usuarias. Es por ello que me
       agrada a mí y a mis compañeros que ustedes se apersonen para que
       conozcan cual es la nuestra hoy y cual es la que queremos mañana.- Por
       lo anterior se suspenda lo acordado y se revoque hasta tanto no se lleve a
       cabo las Inspecciones oculares de dicho recinto, lo acordado en la sesión
       82.07.‖
                                         -0-

      Informa la Secretaria General, licenciada Silvia Navarro Romanini, que

mediante oficio N° 9770-07 del 19 de noviembre último, se hizo de conocimiento

del señor Chinchilla Chavarría, el citado acuerdo, el cual fue entregado el 21 de

ese mes en la Recepción de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial, a

las 9:47 horas.

      Al respecto, expresa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

que de común acuerdo con el Director General del Organismo de Investigación

Judicial se logró ubicar un espacio que sirva de comedor para la oficina de

Recepción de Denuncias.
                                         222

      Se dispuso: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada

Navarro Romanini y del licenciado Jones León y tomar nota de la comunicación

del licenciado Chinchilla Chavarría. 2.) Solicitar a la Dirección General del

Organismo de Investigación Judicial que gire instrucciones para el acceso a los

servicios sanitarios en esa área, de forma tal que las personas que deben usarlos no

transiten por el espacio destinado a la oficina de Recepción de Denuncias de ese

Organismo.

      Se dispuso: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada

Navarro Romanini y del licenciado Jones León y tomar nota de la comunicación

del licenciado Chinchilla Chavarría. 2.) Por mayoría, solicitar a la Dirección

General del Organismo de Investigación Judicial que gire instrucciones para el

acceso a los servicios sanitarios en esa área, de forma tal que las personas que

deben usarlos no transiten por el espacio destinado a los servidores que laboran en

esa área, tanto en horas hábiles e inhábiles.

      El Presidente, Magistrado Mora y la licenciada Anchía Panigua salvan el

voto respecto del acuerdo anterior y disponen trasladar a la Dirección General del

Organismo de Investigación Judicial la anterior solicitud, para previo estudio del

asunto, tome las previsiones del caso en cuanto a la forma en que deben utilizar los
                                        223

servidores que laboran en la oficina de Recepción de Denuncias los servicios

sanitarios.

                                ARTÍCULO LVII

      En sesión N° 83-07 celebrada el 6 de noviembre último, artículo XXVII, se

tomó nota de la comunicación del Tribunal de la Inspección Judicial, en donde

transcribe la resolución de las quince horas y treinta minutos del 30 de octubre del

año en curso, dentro de la queja por hostigamiento sexual N° 673-200-F,

establecida por la señora Arally Sánchez Araya, contra Marvin Quirós Leitón, Jefe

Administrativo de la Oficina Centralizada de Notificaciones de Cartago. A esos

efectos, previamente a resolver lo que corresponda, este Consejo solicitó al

Departamento de Personal y a la Unidad Administrativa Regional de Cartago, que

analizaran e informaran a la brevedad qué plazas vacantes hay en ese Circuito, para

un eventual traslado del servidor denunciado. Asimismo, se le solicitó a la señora

Sánchez Araya que indicara si sería de su interés trasladarse a otro despacho

judicial y en caso afirmativo debería el Departamento de Personal analizar si el

traslado es posible e informar a este Consejo.

      Posteriormente, en la verificada Nº 88-07 del 22 de ese mes, artículo LI, se

aclaró el acuerdo de referencia, en cuanto a que la medida cautelar que solicitó el

Tribunal de la Inspección Judicial en la resolución de las 15:30 horas del treinta de
                                          224

octubre del dos mil siete, refería a trasladar provisionalmente a otro recinto laboral,

al acusado o bien a la servidora involucrados en el proceso; mientras se resuelva en

definitiva el citado conflicto o bien de manera concluyente según su apreciación.

Con vista en lo anterior, se reiteró al Departamento de Personal y a la Unidad

Administrativa Regional de Cartago, que analizara e informara a la brevedad qué

plazas vacantes hay en ese Circuito, a efecto de trasladar al licenciado Quirós

Leitón a otro despacho.

      En atención a lo anterior, la máster Pilar Obando Masís, Administradora

Regional de Cartago, en oficio N° 605-UARC-2007 de 23 de noviembre último,

responde lo siguiente:

             ―(…)

             El licenciado Marvin Quirós Leitón, jefe de la Oficina Centralizada
       de Notificaciones de Cartago, ocupa un puesto de Jefe Administrativo II,
       único en el circuito judicial de Cartago. Por lo tanto, no sería posible
       trasladarlo a otra plaza de la zona sin que se vean afectados sus intereses
       personales, ya que solamente se cuenta con vacantes en el puesto de
       notificador 1, donde el salario es inferior al que percibe en la actualidad.
       Tampoco es factible ubicarlo en otra dependencia, con la plaza que
       ostenta en propiedad, por cuanto la oficina requiere de un coordinador
       para llevar a cabo las tareas propias que desempeña el personal de apoyo.
             Adjunto información suministrada por Milady Román Garro, del
       Departamento de Personal:
             “Con respecto a lo solicitado por su persona y según lo acordado
       por el Consejo Superior y de acuerdo al el tema que nos ocupa las plazas
       vacantes para el puesto de Notificador 1 misma categoría que ocupa la
       señora Arally Sánchez Araya se encuentran al día de hoy en los
       siguientes juzgados:
       * Juzg. Contrav. y Menor Cuantía de Turrialba.
       * Juzg. Civil y Trabajo de Turrialba.
                                          225

       * Juzg. Penal de Turrialba.
       *Juzg. Pensiones y Violencia Doméstica de la Unión.

             Por otro lado, es importante indicar que para el puesto de Jefe
       Administrativo 2 misma clase que ocupa actualmente el señor Marvin
       Quirós Leitón, Jefe Administrativo de la Oficina Centralizada de
       Notificaciones de Cartago para el Circuito de Cartago solamente esa
       plaza existe.”
             Por lo antes señalado, esta Administración considera oportuno no
       trasladar al señor Quirós Leitón, ya que no se cuenta en el circuito con
       una plaza similar a la que ocupa en la actualidad, para poder ubicarlo y así
       liberar el puesto de jefe de la OCN, de manera que sea factible nombrar
       otro servidor como coordinador de la oficina.‖
                                          -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe de la licenciada Obando Masís.

2) De conformidad con lo que establece el artículo 81 inciso 6) de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, trasladar temporalmente a la Unidad Administrativa Regional

de Cartago, por tres meses a partir del 5 de diciembre en curso al servidor Marvin

Quirós Leitón, jefe de la Oficina Centralizada de Notificaciones de Cartago. 3)

Con el fin de no causar ningún inconveniente a la Oficina Centralizada de

Notificaciones de Cartago con las labores que realiza el señor Quirós Leitón, se le

concede permiso con goce de salario por el tiempo mencionado y se autoriza su

sustitución.

      El Departamento de Personal, el Tribunal de la Inspección Judicial, la

Unidad Administrativa Regional de Cartago y la Oficina Centralizada de

Notificaciones de Cartago, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se
                                          226

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LVIII

      La señora Milena Grillo Rivera, Directora Ejecutiva de la Fundación

Paniamor, en nota de 22 de noviembre último, comunica lo siguiente:

             ―Como es de su conocimiento, la Fundación Paniamor se encuentra
       ejecutando el Programa de Acción contra la Trata de Personas Menores
       de Edad con Fines de Explotación Sexual, auspiciado por UNICRI, en el
       que se definió como prioritario - en su Segunda Fase — la implantación y
       el funcionamiento de ―Sistema de Información para el seguimiento de
       casos de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes‖
       (SISCESCO) en la Fiscalía del Cantón de Garabito, ubicada en Jacó,
       Puntarenas.
             Para el logro de este objetivo, nos complace mucho comunicarle que
       la Fundación Paniamor hará una donación del equipo y de los dispositivos
       que se requieren para que el Ministerio Público cuente con este sistema en
       la indicada fiscalía.
             El propósito de esta comunicación es solicitarle formalmente que el
       Consejo Superior del Poder Judicial, de acuerdo con las atribuciones de
       ley, apruebe la donación de este equipo a favor del Ministerio Público, el
       cual tiene un valor total de diez mil doscientos treinta y siete con ochenta
       centavos de dólar estadounidense (US $10.237,80).
             En el documento adjunto se transcriben las especificaciones técnicas
       del mismo.‖
                                          -0-

       ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO A DONAR POR LA
       FUNDACION PANIAMOR A FAVOR DEL MINISTERIO PUBLICO
       PARA LA IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISCESCO
       EN LA FISCALIA DE JACÓ, GARABITO, PUNTARENAS

              Cantidad                  Descripción
                  2                     CISCO2801-SE/K9
                                        Cisco 2801 Security Bundle-Router-EN,
                                        Fast EN-Cisco IOS
                  2                    WIC-1B-S/T-V3=
                                        227

                                      Cisco WAN Interface CARD-ISDN
                                      terminaladapter-plug-in-module
                 2                    WIC-1t=
                                      Cisco WAN Interface Card 1-Port Serial-
                                      Expansion module-RS-232, RS-530, X.21,
                                      V.35, RS-449
                 2                    CAB-V35MT=
                                      Cisco-V.35 cabke (DTE)-DB-60 (M)-M/34
                                      (V.35) (M)-10 ft


                                -0-
      Se acordó: Aceptar y agradecer a la Fundación Paniamor la donación del

equipo de referencia, para uso del Ministerio Público.

      El Departamento de Proveeduría incluirá dicha donación dentro del

patrimonio del Poder Judicial.

                                 ARTÍCULO LIX

      La licenciada Jeannette Arias Meza, Secretaría Técnica de Género, en oficio

N° 722-STG-07 de 12 de noviembre último, presenta la siguiente gestión:

              ―…La presente es a fin de solicitarles se me autorice a impartir
       curso de aprovechamiento llamado ―La Protección Jurídica al Niño y
       Adolescente en los Centros Educativos‖ organizado por el Colegio de
       Abogados de Costa Rica, dirigido a abogadas/os del Ministerio de
       Educación Pública, los días 3 de octubre, 06, 13, 16 de noviembre de
       2007, de 5 p.m. a 9 p.m. y 20 de noviembre del año en curso de 5 p.m. a
       7 p.m.
             Lo anterior en un esfuerzo de proporcionar conocimientos básicos
       acerca de los aspectos más relevantes de la revictimización, el fenómeno
       victimológico, los procedimientos de atención y abordaje a menores de
       edad víctimas de delitos; dentro del marco del ordenamiento jurídico
       costarricense y con enfoque género sensitivo. No omito indicar que
       dichas lecciones serían de carácter remunerado, de conformidad con los
       montos establecidos por el Colegio de Abogados para este tipo de
                                        228

       actividades académicas, cuyo objetivo primordial es contribuir con
       capacitación de calidad a muy bajo costo.
             Adjunto programa de todo el curso (incluye 2 módulos adicionales
       impartidos por otros profesores.‖
                                        -0-

      Previamente a someter la gestión anterior a conocimiento de este Consejo,

la Secretaría General, mediante correo electrónico del 15 del mes anterior, solicitó

a la licenciada Meza Arias, indicara si ha asistido al curso señalado y los motivos

por los cuales hasta esa fecha remitió dicha gestión.

      En atención a lo anterior, la licenciada Meza Arias, en correo electrónico de

26 de noviembre último, señala que el curso fue impartido en las fechas señaladas

(con un horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en las instalaciones del Colegio de

Abogados), siendo que en razón de un error de su parte, remitió la gestión de

manera tardía, circunstancia que no se repetirá a futuro.

      Se acordó: Tomar nota de la gestión anterior y comunicar a la licenciada

Meza Arias que este Consejo no tiene objeción en que imparta el curso ―La

Protección Jurídica al Niño y Adolescente en los Centros Educativos‖ organizado

por el Colegio de Abogados de Costa Rica, durante las fechas y horario señalado.

Doña Jeannette deberá estarse a lo establecido en la Ley Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tal como se señala en el

pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República, conocido en
                                           229

la sesión Nº 66-05 del 25 de agosto del 2005, artículo LI y comunicado mediante

circular Nº 138-2005 publicada en el Boletín Judicial Nº 207 del 27 de octubre del

2005, así como también al acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión Nº 3-2006

del 27 de febrero del 2006, artículo XII. Será la petente quien deba valorar las

obligaciones que tiene en razón del cargo que ocupa en este Poder de la República.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO LX

      En correo electrónico de 9 de noviembre recién pasado, el licenciado Carlos

E. Núñez Núñez, Juez interino del Tribunal de Puntarenas, sede Aguirre y Parrita,

solicitó lo siguiente:

              ―…desde el 3 de diciembre de 2006 hasta el 30 de setiembre de
        2007 me desempeñé como Juez de Juicio en una plaza extraordinaria de
        la Presidencia destacada en Quepos. Dicha plaza fue creada para como
        "Juez 4 del Juzgado Penal de Garabito", siendo que en un principio se
        pensaba utilizar para hacer los juicios de esa zona.

              Al llegar a ocupar dicha plaza se me pidió colaboración por parte de
        Su Despacho desde ese 3 de diciembre para que me desplazara a Quepos
        a realizar los juicios colegiados en conjunto con el Juez Propietario y otra
        plaza extraordinaria ocupada por Mynor Vargas, por lo que solicité el
        pago de zonaje a personal correspondiente a Quepos desde el 3 de
        diciembre hasta el 31 de enero de 2007, mismo que recibí. Se me indicó
        que si permanecía en la misma jurisdicción (Quepos) no debía mandar
        nota alguna pidiendo prórrogas del pago de zonaje.

              No obstante lo anterior, se me dejó de pagar dicho rubro desde
        febrero de 2007 y hasta setiembre de 2007 inclusive, indicando dicho
        Departamento que la plaza se encontraba en Garabito y que yo no informé
        de ese cambio.
                                         230


            La razón de esta nota es para explicarle a Su Persona que
       materialmente estuve en Quepos, que mis informes indican mi labor
       dentro de esta jurisdicción y que nunca estuve en Garabito, y que personal
       me exige una nota de mi patrono únicamente indicando en qué lugar
       estuve trabajando, aún y cuando la plaza indique "Garabito".

             No quisiera causar molestias a Su Despacho, y créame que he
       intentado por otros medios demostrar que fue en Quepos que estuve
       laborando y donde fui destacado para desempeñarme como Juez 4, pero
       de la manera más atenta le solicitaría me colaborara para dilucidar esa
       confusión en el Departamento de Personal, siendo que en este momento
       indican que no me cancelarán ni el zonaje de Quepos, ni tampoco el de
       Garabito.‖
                                         -0-

      Con oficio N° 9669-07 de 14 de noviembre en curso, la Secretaría General,

solicitó informe al Departamento de Personal en el término de 15 días contados a

partir del recibo de esa comunicación, sobre la solicitud de don Carlos.

      En atención a lo anterior, en oficio N° 0470-AS-2007 de 23 de noviembre en

curso, los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, por su orden Jefe y Subjefe del Departamento de Personal y

Jefe de Administración Salarial, informan lo siguiente:

             ―…En relación con lo expuesto por el licenciado Núñez Núñez, es
       menester señalar que luego del análisis realizado se tiene que mediante
       las acciones de personal N° 2007-164665, 2007-164667, 2007-164673,
       2007-164677 y 2007-164681, confeccionadas el 15 de noviembre de los
       corrientes, se ejecutará ese reconociendo en la segunda quincena de
       noviembre de 2007, de conformidad con lo que indicó el gestionante en el
       formulario denominado ―Solicitud para reconocimiento del Zonaje y
       Declaración Jurada‖, que fue remitido mediante fax a este Departamento
       el 9 de noviembre de 2007.
                                         231

             Cabe destacar que a tenor de lo establecido en el artículo LXXII, de
       la sesión Consejo Superior 82-03 celebrada el 30 de octubre de 2003, que
       señala ―Establecer la política de que es responsabilidad de cada servidor
       judicial el informar al Departamento de Personal, cuando se presente
       alguna variación‖, cuando medie alguna de las situaciones definidas
       tanto en el artículo 6° (último párrafo) del Reglamento de Zonaje como en
       otras consideraciones que se lleguen a presentar‖, se procedió a realizar
       los ajustes respectivos de conformidad con lo que se indica en el
       formulario que facilitó el funcionario Núñez Núñez. (ver anexo: CZ-
       1065,1094 y 1066-2007).

            Por otra parte, las diferencias por el ascenso interino como Juez en
       el Tribunal de Puntarenas, Sede Aguirre y Parrita, correspondiente al
       período del 02 al 30 de noviembre de los corrientes, tiene incluido el
       Zonaje respectivo, que será acreditado a su cuenta cliente en la segunda
       quincena de noviembre.‖
                                         -0-
      Se acordó: Tener por rendido el informe del Departamento de Personal y

hacerlo de conocimiento del licenciado Núñez Núñez.

                                  ARTÍCULO LXI

      En nota de 26 de noviembre último, el servidor Weslly Barrientos

Bermúdez, Auxiliar de Servicios Generales 3 del Departamento de Proveeduría,

gestiona lo siguiente:

            ―Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, les transcribo
       el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 75-07 celebrada
       el 9 de octubre en curso que literalmente dice:
                                 ―ARTÍCULO XXXV

              En sesión N° 63-07 celebrada el 28 de agosto del año en curso,
       artículo LIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
             ―En sesión Nº 09-07 celebrada el 6 de febrero de este año, artículo
       XLIII, se acogió el informe Nº 118-IDH-2006 del Departamento de
       Personal, relacionado con la clasificación y valoración de puestos de los
                                                                      232

                     Departamentos de Gestión Humana, Financiero Contable y Proveeduría,
                     con la observación que se reservaría para una próxima sesión lo
                     correspondiente al Departamento de Proveeduría, a la espera del estudio
                     de estructura que se encuentra pendiente. Asimismo, se instó a la máster
                     Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación para que
                     diera prioridad al estudio de estructura de dicho departamento, a fin de
                     analizar la reclasificación de puestos y tomar las medidas que
                     correspondan.
                           Posteriormente, en la celebrada del 18 abril del año en curso,
                     artículo LXXIX, se acogió el informe N° 020-DO-2007-B de la Sección
                     de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación,
                     relacionado con la estructura organizacional del Departamento de
                     Proveeduría, el cual empezaría a regir a partir del 18 de ese mes. A esos
                     efectos, se le solicitó al Departamento de Personal que analizara la nueva
                     estructura del citado despacho a fin de que realizara el estudio de
                     reclasificación de puestos que corresponda, en un plazo no mayor de dos
                     meses, conforme lo ordenó este Consejo en la sesión 09-07 del 6 de
                     febrero del año en curso, artículo XLIII, que lo que interesa dice:
                           ―(…)
                           Reasignar los puestos conforme se presenta en el siguiente cuadro.
 Datos Generales           Situación Actual                   Situación Propuesta                                    Diferencia

                                                                                                                     Diferencia
                                                                      Clase                      Diferencia Bases                     Diferencia Total
Puesto   Ocupante      Clase Actual    Base ¢       Clase Ancha                     Base ¢                             Total
                                                                     Angosta                            ¢                                 Anual ¢
                                                                                                                     Mensual ¢
111270   Giselle   Técnico
                                                                      Técnico
                 Administrativo
         Castrillo                      279.400,0
                                                      Técnico         Valuador
         Vargas        1                        0                                   307.000,00           27.600,00        38.052,12         456.625,44
                                                    Administrativo
109868             Asistente
                                                         3           Coordinador
         VACANTE Administrativo         269.800,0
                                                                     de Almacén
                       3                        0                                   307.000,00           37.200,00        51.305,88         615.670,56


                             (…)
                           Se acordó: Tener por rendido y acoger el informe del Departamento
                     de Personal, excepto en cuanto a los requisitos académicos de licenciado
                     en derecho para las plazas que se indican, a cuyos efectos se solicita a
                     dicho departamento que justifique técnicamente ante este Órgano las
                     razones por las cuales se requiere ostentar ese requisito para los puestos
                     en mención. En consecuencia: 1.) Reasignar los siguientes puestos: (…)
                     2.) A los señores Álvarez Granados, Barrientos Arroyo y Fallas Abarca se
                     les respetarán los derechos adquiridos, en condición de propietarios de los
                     puestos indicados. . 3.) Aplicar la Dispensa de Requisitos a los siguientes
                     servidores y reasignar dichos cargos conforme la propuesta que se ha
                     indicado en el punto N° 1. 4.) Reasignar el puesto N° 111270 de Técnico
                                   233

Administrativo 1 a Técnico Valuador con un salario base de ¢307.000
(R.E.F.J. de 10%). 5.) Eliminar las siguientes clases angostas: Bodeguero,
Auxiliar de Proveeduría 1, 2 y 3, Asistente de Proveeduría 1 y 2 y
Asistente en Administración 3. 6.) Crear y aprobar la clase angosta de
Jefe de Verificación y Ejecución Contractual y ubicarla en la clase ancha
de Jefe Administrativo 4, con una categoría salarial de 1286 y un salario
base de ¢507.800 (R.E.F.J de 22%). 7.) Crear y aprobar la clase angosta
de Jefe de Licitaciones y ubicarla en la clase ancha de Jefe Administrativo
4, con una categoría salarial de 1286 y un salario base de ¢507.800
(R.E.F.J de 22%). 8.) Crear y aprobar la clase angosta de Jefe de Compras
Directas, según se detalla en el anexo N° 3 y ubicarla en la categoría 1136
con un salario base de ¢468.200 (R.E.F.J de 22%).9.) Crear y aprobar la
clase angosta de Jefe de Compras Menores, según se detalla en el Anexo
N° 4, y ubicarla en la clase ancha de Jefe de Administración 3, con una
categoría salarial de 1045 y un salario base de ¢411.400 (R.E.F.J de
22%), según se detalla en el anexo N° 4. 10.) Crear y aprobar la clase
angosta de Profesional en Verificación y Ejecución Contractual,
contenida dentro de la clase ancha de Profesional 2, con una categoría
salarial de 996 y un salario base de ¢391.800, (R.E.F.J. de 18%).
Conforme el Anexo N° 5. 11.) Crear y aprobar las clases angostas de
Profesional en Contratación Administrativa nivel 1 y 2, contenidas dentro
de las clases anchas de Profesional 1 y Profesional 2, respectivamente,
cuyas categorías salariales son de 882 y 996 y los salarios base de
¢346.200 y ¢391.800, respectivamente, así como (R.E.F.J. del 14% y
18%). Conforme se detalla en el Anexo N° 6. 12.) Crear y aprobar las
clases angostas de Técnico en Contratación Administrativa contenida en
de la clase ancha de Técnico Administrativo 2, cuya categoría salarial es
de 719 y salario base de ¢281.000, (R.E.F.J. de 10%). Conforme se
detalla en el Anexo N° 7. 13.) Crear y aprobar la clase ancha de Técnico
Administrativo 3 con una categoría salarial de 784 y salario base de
¢307.000, (R.E.F.J de 10%). 14.) Crear y aprobar la clase angosta de
Coordinador de Almacén, asociada a la clase ancha descrita en el punto
anterior, (R.E.F.J. de 10%). Conforme se detalla en el Anexo N° 8. 15.)
Crear y aprobar la clase angosta de Técnico Valuador, contenida en la
clase ancha de Técnico Administrativo 3, con una categoría salarial de
784 y salario base de ¢307.000., (R.E.F.J. de 10%). Conforme se detalla
en el Anexo N° 9. 16.) Crear y aprobar la clase angosta de Encargado de
Bodegas nivel 1 y 2, e incluirlas en las clases anchas de Asistente
Administrativo 3 y Asistente Administrativo 2, respectivamente, cuyas
categorías salariales son de 671 y 691 con salarios bases de ¢261.800 y
¢269.800, respectivamente, (R.E.F.J. de 10%). Ver detalle de las clases
                                  234

en el Anexo N° 10. 17.) Crear y aprobar la clase angosta de Chofer del
Almacén comprendida en la clase ancha de Auxiliar de Servicios
Generales 4, con una categoría salarial de 596 y salario base de ¢231.800,
(R.E.F.J. de 10%) Conforme se detalla en el Anexo N° 11. 18.) Crear y
aprobar la clase de angosta de Auxiliar de Bodega e incluirla en la clase
ancha de Auxiliar de Servicios Generales 3, con una categoría salarial de
562 y salario base de ¢218.200, (R.E.F.J. de 10%) tal y como se muestra
en el anexo N° 12. 19.) Actualizar la clases de Técnico Administrativo 1
y 2, Profesional Administrativo 1 y 2 y Asistente Administrativo 1 y 2.
Conforme se detalla en el Anexo N° 13. Cabe indicar que mediante oficio
N° 492-JP-2007 se enviaron las descripciones de los tres niveles de la
clase de Asistente Administrativo, sin embargo a la fecha los mismos se
encuentran pendientes de aprobación por parte del Consejo Superior. 20.)
Mantener la clasificación actual de los siguientes puestos tal y como se
detalla: (…) 21.) Las jefaturas deberán velar porque sus colaboradores
lleven a cabo las tareas de forma eficaz y eficiente, en concordancia con
la clasificación y valoración derivadas de las propuestas de este informe.
Lo anterior con el propósito de mantener un equilibrio en la estructura
ocupacional y salarial vigente. 22.) Dichas reasignaciones rigen a partir
del 1° de octubre en curso.
        El Departamento de Personal tomará nota para los fines
consiguientes.‖
                                  - 0-
      En virtud de que el Consejo Superior en la sesión Nº 75-07
celebrada el 9 de octubre en curso, en su artículo XXXV, dispuso que el
Dpto. de Personal hiciera efectivo los alcances del estudio de
clasificación de puestos del Dpto. de Proveeduría, el cual si bien implica
un beneficio económico para un sector importante del personal de esta
oficina, lo cierto del caso es que tiene repercusión negativa hacia mi
persona que he laborado en la plaza Nº 109868 en espera de una
oportunidad para obtener la propiedad en ese puesto en el Poder Judicial.
      1-     Diagnóstico.
      a-     Situación Actual
      He laborado en el Poder Judicial desde el año de 1998 y desde
entonces he laborado en diversos puestos del Dpto. de Proveeduría. Entre
los cuales están:
      -Bodeguero (Almacén de la Proveeduría)
      -Encargado de la Bodega de Cheques (Almacén de la Proveeduría)
      -Facturero (Almacén de la Proveeduría)
      -Control de Calidad (Almacén de la Proveeduría)
      -Formularios (Sección de Suministros)
                                    235

      -Encargado de Unidad de Previsión y Seguimiento (Sección de
Suministros)
      -Encargado de Unidad de Materiales (Sección de Suministros)
      -Encargado de Unidad de Patrimonio (Sección de Suministros)
      -Unidad de Control (Área de Ejecución Contractual)
      -Sección de Compras Directas (Sección de Contratación)
      Para lo anterior, aporto reporte del Dpto. de Personal emitido desde
el 2004. (Ver anexo A.)
      Se les aclara que el puesto de Coordinador del Almacén, funciona
como call center del Poder Judicial debido a que el nombre de mi persona
y el número de teléfono aparece en la mayoría de las órdenes de pedido
emitidas por la Proveeduría. Debido a la experiencia adquirida con los
años se solventan tanto las preguntas de los clientes externos (Casas
comerciales, Proveedores) así como cliente interno (colaboradores en
general de la Institución) en una forma más adecuada.
      Tal y como se desprende de lo anterior, la experiencia corresponde
al elemento primordial que aporta la habilidad y conocimientos prácticos
para que una persona se desenvuelva de forma satisfactoria en
determinado cargo, razón por la cual entre mayor sea la experiencia que la
persona tenga en ese cargo supone un mejor rendimiento en el desempeño
de sus funciones.
      Por otro lado, la institución se ve favorecida al mantener el servidor
en el cargo a reasignar ya que aprovecha toda la experiencia que éste ha
adquirido a través de su historial laboral, máxime si se considera la
permanencia del servidor en el despacho así como en labores relacionadas
al cargo que ocupa, adicionalmente se maximiza la inversión en
capacitación que el Poder Judicial ha realizado en ese servidor.
      Además, durante todo ese tiempo realice estudios en la Carrera de
Ingeniería Industrial y me egresé a nivel de Bachillerato Universitario (ver
anexo B), se suponía que con estos requisitos cumpliría para optar por la
plaza de Coordinador del Almacén según lo conversado con la jefatura,
pero después de emitido el estudio de Personal ellos determinaron que la
plaza requiere de 90 créditos pero en la Carrera de Administración de
Empresas. Sin embargo, insisto que para el puesto en cuestión lo adecuado
es un Ingeniero Industrial porque los cursos que se imparten en esta carrera
son para la administración interna del recurso humano y de insumos de las
empresas, nosotros no velamos por el entorno. A su vez, la naturaleza
administrativa del Almacén de la Proveeduría es de distribución no somos
una empresa comercial y mucho menos productora por lo que nuestros
análisis no involucran análisis financieros ni se llevan análisis contables ni
nos proyectamos a futuro pero contrariamente si tiene que ver con
                                   236

maximización del espacio, manejo adecuado de recursos así como la
revisión constante de los procesos en busca de mejoras que resuelvan la
fluidez del trabajo de las oficinas del Poder Judicial en su desempeño
diario.
      Cabe señalar, que en el puesto anterior denominado Asistente
Administrativo 3 si cumplía con los requisitos por lo que me encuentro
nombrado desde el 21 de abril de 2006 hasta la fecha.
      a-     Acuerdos del Consejo Superior.
      Es importante señalar que el Consejo Superior, en años anteriores
cuando resolvió variar el requisito mínimo para el ingreso y ascensos en
el Poder Judicial a quinto año, dispuso prorrogar el plazo para la entrada
en vigencia del nuevo requisito académico, de manera que los empleados
que no cumplían con esta condición pudieran obtener los certificados de
conclusión de Educación Diversificada, medida para la cual se concedió
aproximadamente dos años. (Ver sesiones del 23 de diciembre de 1994,
artículo LXII; 26 de febrero de 1996, artículo XXXVII; 14 de marzo de
1996, artículo III; 07 de mayo de 1996, artículo XCV; 31 de octubre de
1996, artículo LXXV). De igual forma al valorar la gestión presentada
por algunos servidores, en la sesión 096-97 del 04 de diciembre de 1997,
artículo LV, se dispuso que por tratarse de casos de excepción y tomando
en cuenta el esfuerzo que han realizado para obtener el bachillerato,
continuar nombrándolos hasta el 31 de marzo de 1998.
      Una situación similar, en cuanto a la buena voluntad del Consejo
Superior, se presenta con el caso de las plazas de Chofer de la Sección de
Cárceles y Transportes, a los cuales mediante estudio O.CV-493-0 1
realizado por la Sección de Clasificación y Valoración, hoy día
Investigación y Desarrollo, se propuso la reclasificación a Conductor de
Detenidos. El Consejo Superior en la sesión celebrada el 14 de marzo de
2002 dispuso: en virtud de las labores y la naturaleza de las funciones, se
les equipara salarialmente con los Conductores de Detenidos, siempre y
cuando cumplan con el requisito. Los chóferes que no cumplan con el
requisito, se les reconocerá el mencionado beneficio una vez que reúnan
esa condición.
      Y mediante el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión
Nº 41-07 celebrada el 5 de junio del presente año, se aprobó a las
señoras Laura Rojas Solano y Leslie Carvajal Garay y los señores José
Montoya Aronne, Mauricio Brenes Durán y Miguel Chavarría Castro,
quienes ocupan los cargos de Asistentes Administrativos Interinos del
Departamento de Personal. Acoger la gestión anterior, en el sentido de
que los servidores interinos que vienen ocupando dichas plazas podrán
seguir siendo nombrados hasta el 31 de mayo del 2008, fecha en la cual el
                                   237

Departamento de Personal, sacará a concurso esas plazas con los nuevos
requisitos aprobados.
      b-     Disposiciones en el Sector Público.
      Aun cuando conocemos que la institución regula la materia de
reclutamiento y selección del personal en función de los requisitos que se
formulan para determinado puesto, no debe dejarse de lado la experiencia
que en el caso de los trámites que realiza Administración Salarial se
convierte en un factor determinante, tan es así que ya dependencias
gubernamentales como el Servicio Civil dentro de sus políticas ha
señalado:
      “...Debido a la necesidad de establecer normas que permitan
integrar el sistema de administración de recursos humanos del Régimen
de Servicio Civil y ante inconsistencias que se presentan en la
demostración de requisitos al amparo de lo que establecen los manuales
descriptivos de clases tanto institucionales como el de clases anchas, en
donde los candidatos cumplen los requerimientos satisfactoriamente para
clases superiores, pero no para las inferiores, originando desequilibrio
en la jerarquía de las clases, con base en las potestades contenidas en el
artículo 13, incisos b), d) y h) del Estatuto de Servicio Civil y artículo 4
incisos d) y e) del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, delegadas a
esta Área Técnica, mediante el artículo 6 inciso C. Del Decreto Ejecutivo
25813-MP del 20 de febrero de 1997, se hace necesario emitir la
siguiente directriz técnica para la interpretación de requisitos de las
clases tanto institucionales como anchas del Régimen de Servicio Civil.
      Para todas las clases de puesto del Régimen clasificadas en el
Estrato Técnico, en las clases Técnico General 1, Técnico General 2
Técnico General 3 y Técnico General 4 y en el Estrato Profesional en las
Clases Profesional Bachiller General 1 y Profesional Bachiller General 2
del Manual General de Clasificación de Clases del Régimen de Servicio
Civil, se autoriza la compensación de experiencia por estudios, a razón
de dos años de experiencia por uno adicional de estudios atinentes a la
especialidad del puesto, entendiéndose que los títulos de técnico y
diplomado parauniversitario o universitario corresponde a un segundo
año y tercer año respectivamente de estudios universitarios, el grado de
Bachiller universitario y licenciatura o maestría se cuantificará como un
cuarto año y quinto año respectivamente..”
      2- Petitoria.
      Con la finalidad de rescatar la experiencia, la capacitación del
elemento humano y sobretodo con el objetivo de no afectar el desarrollo
de los diferentes procesos que se atienden en el Puesto de Receptor ahora
denominado Coordinador del Almacén, que se relaciona con el pago de
                                   238

los proveedores (confección de la entrada de mercadería) así como la
administración del trabajo de 20 colaboradores, resulta necesario plantear,
en apego al “principio de necesidad”, tanto para el Departamento de
Proveeduría como para el Poder Judicial, al igual que se hizo en el
pasado con el caso de los bachilleres de Educación Diversificada, se
apruebe alguna de las opciones que se formulan a continuación:
      a- La creación de un transitorio que permita suspender la entrada en
vigencia del acuerdo antes señalado en el puesto vacante que es ocupado
por mi persona, que pueda continuar laborando y participar a futuro en el
concurso para optar por la plaza en propiedad. Mediante la
implementación del transitorio, permitirme continuar ser nombrado por
un espacio de cuatro cuatrimestres a partir del 01 de enero de 2008 (esto
porque en el tercer cuatrimestre el trabajo en el Almacén se incrementa al
aumentar la recepción por parte de las casas comerciales debido a que las
diferentes oficinas del Poder Judicial procuran al máximo liquidar sus
presupuestos por lo que durante esos días se labora mas allá de las 4:30
p.m. con el fin de que los Proveedores no vayan a tener problemas con
sus pagos respectivos ), hasta cumplir con el requisito académico en la
Carrera de Administración de Empresas. Pero seguir nombrado bajo el
formato de Asistente Administrativo 3 para la cual si cumplo con los
requisitos. Ya que actualmente mi presupuesto personal gira en torno a la
plaza de Asistente Administrativo 3. Adjunto copia de las materias que
me faltan para tener el requisito en la Carrera de Administración de
Empresas (Ver Anexo C). Esta determinación representa un ahorro para el
presupuesto del Poder Judicial pues mi persona continuaría recibiendo mi
salario actual como Asistente Administrativo 3 y la revaloración se haría
efectiva hasta el momento en que se realice el concurso o bien, alcance el
grado académico para la plaza con la nueva clase de Coordinador del
Almacén.
      b- O, Cambiar el requisito de la plaza 109868 a la carrera de
Ingeniería Industrial para lo cual cumplo con todos los créditos por ser
egresado de la carrera a nivel de Bachillerato Universitario.
      c- De no prosperar alguna de las anteriores opciones, se solicita al
Honorable Consejo Superior, permitir al menos que mi persona
continúen en dicho puesto pero en la plaza de Asistente Administrativo 3
sin obtener los alcances de la recalificación, en tanto las plazas se puedan
ocupar en propiedad mediante la realización de los concursos respectivos,
lo cual estaría en apego a lo dispuesto por la Sala Constitucional quien ha
señalado que el personal interino solo puede ser cesado o separado de su
cargo, cuando medie concurso legalmente convocado para nombrar en
propiedad a su sustituto y con observancia de la legislación aplicable,
                                          239

       pues prescindir de sus servicios para sustituirlo por otro interino, implica
       una fragante violación a su estabilidad laboral consagrada en el artículo
       192 Constitucional
             En resumen, las opciones planteadas no escapan al margen de
       acción y poder de decisión del Consejo Superior, por cuanto en el pasado
       fueron adoptadas medidas similares cuando se planteó el tema de los
       requisitos para puestos en diferentes ámbitos judiciales. Incluso al día de
       hoy, existen oficinas que realizan nombramientos interinos, ya sea por
       que la plaza esta vacante o bien, que el titular por alguna razón deja su
       puesto temporalmente, donde se designan servidores en apego al artículo
       27 del Estatuto de Servicio Judicial, con lo cual se evita el cumplir con la
       disposición relativa al grado académico, claro está teniendo presente que
       por lo menos son bachilleres de Educación Diversificada.
             En espera de una respuesta positiva por parte del Consejo Superior
       para mi persona que con esmero, entrega y dedicación he servido a esta
       Institución.‖
                                          -0-
      Se acordó: 1) Acoger la gestión anterior, en consecuencia autorizar al

servidor Barrientos Bermúdez, para que pueda seguir siendo nombrado por un año,

a partir de la recalificación, como Asistente Administrativo 3, en el Departamento

de Proveeduría, en tanto cumple el requisito académico requerido para dicho

puesto. 2) Comunicar al Departamento de Personal que lo dispuesto en este

acuerdo, en adelante, se deberá aplicar en situaciones iguales.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO LXII
      En sesión N° 56-07 celebrada el 1° de agosto del año en curso, artículo

XLVI, se conoció el estudio realizado por la Sección de Auditoría Operativa

referente al accionar operativo del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona
                                            240

Sur.

       En facsímil de 26 de noviembre último, el licenciado German Eduardo

Cascante Castillo, Juez del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur,

manifiesta lo siguiente:

               ―…por este medio me permito prohijar las consideraciones
        expuestas por los licenciados Francisco Sánchez Fallas y José Luis
        Cambronero Delgado, Subcoordinador y Coordinador de este Tribunal,
        relacionadas con el oficio N0 753-1 23-AUO- 2007, de fecha 26 de
        setiembre de este año, suscrito por el Lic.. Hugo Esteban Ramos, Auditor
        Judicial, en el que se da respuesta a la solicitud formulada por el Consejo
        Superior en la sesión 56-07 celebrada al 1° de agosto último artículo
        XLVI, donde se conoció el Informe N° 500-95-AUO-2007 del 2 de junio
        del 2007.
               En especial, destaco lo siguiente:
               Como lo indican los señores Fallas Sánchez y Cambronero Delgado,
        el citado oficio es en algunos aspectos contradictorio con el informe 500-
        95- AUO-2007, preparado por la sección de Auditoría Operativa de la
        Auditoría Judicial y firmado por el licenciado Ramos Gutiérrez.
               1. En el resultado 2.1 del informe original al que se refiere el oficio
        500-95-AUO-2007, se reconoce expresamente que la decisión de
        distribuir el trabajo asignándole a La Licenciada Eugenia Allen Flores el
        conocimiento de los juicios penales unipersonales encuentra explicación
        en la necesidad de procurar una mayor efectividad en el desempeño del
        tribunal rescatándose la necesidad de atender a la eficiencia como
        principio del servicio público recogido en el artículo 57 de la
        Constitución Política y desarrollado en el artículo 4 de La Ley General de
        la Administración Pública..
               Los motivos por los que se dispuso esa forma de distribución del
        trabajo han sido explicados ampliamente no solo a los funcionarios de la
        sección de Auditoría Interna que nos visitaron, sino por escrito ante ese
        Consejo. Esos mismos motivos dieron lugar a la interposición de una
        queja disciplinaria por parte del señor Coordinador del Tribunal de la
        Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, contra la licenciada Allen Flores.
               2. Como es conocido, ese honorable Consejo Superior dispuso no
        acoger la recomendación emanada por la Auditoria Interna, en el sentido
        de distribuir por igual las cargas de trabajo en el tribunal.
                                   241

      2.1. En el oficio N° 753-123-AUO-2007, de fecha 26 de setiembre
de este año, el licenciado Ramos Gutiérrez afirma que el sistema de
distribución de trabajo empleado en el tribunal es a todas luces
discriminatorio en perjuicio de (a jueza Allen Flores.
      Esa conclusión parte de una base incompleta y, en consecuencia,
dicho sea con el debido respeto, resulta una conclusión absolutamente
objetable. El señor Auditor Judicial concluye eso partiendo del análisis de
la cantidad de juicios penales unipersonales y colegiados señaladas,
determina que es mayor la cantidad de juicios unipersonales agendados,
considera que en los juicios unipersonales un salto juez es quien debe
presidir el debate y dictar La sentencia, mientras que en los juicios
colegiados esa tarea está a cargo de tres jueces y sobre esa bases concluye
que la distribución de trabajo empleada es discriminatoria.
      Esa conclusión es incorrecta porque omite considerar das aspectos
esenciales:
      2.1.2. En primer lugar, generalmente se señalan menos debates
colegiados que unipersonales porque aquéllos requieren de más tiempo
para su tramitación, ya que usualmente hay más testigos, por lo que es
necesario un lapso mayor para su evacuación y posterior análisis y
valoración. Además; generalmente se trata de delitos en los cuales las
declaraciones de los testigos y ofendidos no versan sobre aspectos
puntuales, sino que es necesario un mayor Interrogatorio de las partes
para abarcar todos los aspectos de Interés. Por otro lado, en esta zona
existe una muy alta incidencia de delitos sexuales que son de
conocimiento del tribunal colegiado; y en estos casos la valoración de
prueba es especialmente delicada, por lo que determinar con claridad y
precisión los hechos por parte del tribunal requiere de más tiempo, puesto
que es necesario verificar con los respectivos Interrogatorios la veracidad
de los declarantes.
      De modo que si bien la complejidad técnica es igual en juicios
colegiados o unipersonales, en el sentido de que en ambos el juez debe
tener conocimientos procesales y de derecho penal de fondo, esa igualdad
no existe si se atiende a otras características de los juicios colegiados
como las antes apuntadas.
      2.1.3. En segundo lugar, al hablar de trato discriminatorio, en el
oficio del señor Auditor Judicial no se toma en cuenta que a la licenciada
Allen Flores NO SE LE ASIGNAN ASUNTOS CIVILES Y
LABORALES entrados para conocer en segunda instancia; los cuales sí
se distribuyen en el período en estudio de la sección de Auditoria Interna,
entre los miembros de la sección primera de este tribunal. Esa es una
distribución del trabajo que afecta a los demás integrantes del tribunal y
                                    242

favorece a La licenciada Allen Flores, que compensa la asignación en
exclusiva de los juicios unipersonales a la licenciada Allen Flores.
       Se reitera aquí que, en todo caso, esa forma de distribución del
trabajo se realizó a efectos de lograr una mayor eficiencia en el servicio
público encomendado a este Tribunal; lo cual ha tenido resultados
positivos, pues a partir de entonces la apelaciones en materia civil y
laboral se han venido resolviendo a un plazo promedio de dos meses
máximo y no como sucedía cuando doña Eugenia Allen Flores Integraba
también el Tribunal Colegiado y atendía asuntos civiles y laborales, en los
cuales tenía un rezado de hasta un año y más (este aspecto se encuentra
documentado en el informe de la sección de Auditoría Interna supra
referido).
       2.1.4. La conclusión de si existe o no trato discriminatorio para la
licenciada Allen Flores, NO PUEDE TOMARSE SOBRE LA ÚNICA
BASE DE CONSIDERAR LA CANTIDAD DE JUICIOS
UNIPERSONALES Y COMPARARLOS CON LA CANTIDAD DE
JUICIOS COLEGIADOS SEÑALADOS, sino que debe tomarse en
cuenta la totalidad de las materias que se conocen en este tribunal, que
como tribunal mixto conoce en alzada de asuntos civiles y Laborales de
los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Corredores,
Golfito y Osa estos cuatro últimos en tanto no se haga efectiva su
asignación al Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur),
asuntos que no se distribuyen a la licenciada Allen Flores.
       2.1.5. El señor Auditor Judicial trae a colación (los numerales 57 y
68 de la Constitución Política, los cuales en su criterio prohíben hacer
discriminaciones de cualquier tipo.
       Respetuosamente se indica que, como lo ha resuelto la Sala
Constitucional en reiteradas ocasiones, esos numerales no prohíben en
forma absoluta hacer distinciones entre personas: prohíbe hacerlas sobre
la base de considerar exclusivamente la religión, el sexo, la edad, el
estado civil u otras características personales, pero no las prohíbe cuando
las distinciones tengan una base objetiva que las haga necesarias y las
justifique, como sucede en este caso particular.
       El criterio de justicia admitido por la Sala Constitucional no es el de
justicia distributiva (dar a todos por igual) sino más bien el de justicia
conmutativa (dar a cada uno según sus condiciones y necesidades) En este
sentido, en el voto 4675-03, la Sala Constitucional señaló en lo que
interesa “… El principio de igualdad, contenido en el artículo 33 de la
Constitución Política, no implica que en todos los casos, se debo dar un
tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos
diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo
                                   243

mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una
discriminación.. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada
cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y
razonable. Pero además, la causa de la justificación del acto considerado
desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de
tal forma que debe existir, necesariamente, una relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y lo finalidad propiamente
dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las
circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se
invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que
se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con
tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante
la ley, no puede implicar una igualdad material o igualdad económica
real y efectiva… (La cursiva no corresponde al original).
       Para el caso que nos ocupa, ya se ha explicado y conocido, inclusive
a nivel de la Inspección Judicial, cuál es la razón objetiva, real y
constatable que llevó a definir la distribución de trabajo que el señor
Auditor Judicial califica ahora de discriminatoria en perjuicio de la
licenciada Allen Flores. Se ha explicado, incluso ante los funcionarios de
la Sección de Auditoría Operativa que nos visitaron, cuál es la finalidad
buscada con esa distribución de trabajo, que es precisamente dar un mejor
uso a los recursos humanos disponibles y darle contenido material al
principio de eficiencia administrativa, que es también propio de la
función jurisdiccional, como lo han señalada la Corte Suprema de Justicia
y ese honorable Consejo Superior en diferentes circulares y decisiones.
Por dichas razones, no puede tacharse de discriminatoria la forma de
distribuir el trabajo entre los jueces del Tribunal del Primer Circuito
Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, ya que ella tiene una base
objetiva acreditada y justificada en procura de dar mejor cumplimiento al
mejor servicio público.
       En el resultado 2.1. del Informe de Auditoria Operativa, se indica
que “…Ahora bien, si se analizan las razones por las cuales se han
tomado disposiciones a lo interno del despacho auditado, tendientes a la
utilización de métodos no equitativos para la distribución de cargas de
trabajo, se deben retomar los tres momentos a los que se hizo referencia
renglones atrás. El primero se presentó antes del mes de junio del año
2005 cuando la administradora de justicia actualmente especializada en
asuntos unipersonales, participando en los procesos en forma colegiada,
comenzó a mostrar una conducta que no armonizaba con los objetivos
del despacho. De acuerdo con la información extraída de los
cuestionarios y entrevistas aplicadas al personal profesional y al
                                    244

personal de apoyo del Tribunal, existe coincidencia en la argumentación
de que lo Jueza mostraba renuencia al momento de hacer modificaciones
a sus proyectos de sentencia cuando estas se originaban por las
observaciones propuestas por los demás colegas del despacho. También,
el personal es coincidente al afirmar que en muchas ocasiones esta
profesional presentaba tardíamente sus proyectos de sentencia, con tal de
que estos no fueran modificados como producto de los aportes de otros
jueces, siendo que el problema se agravaba, por el significativo número
de sentencias que le estaban anulando por parte de los órganos
jurisdiccionales superiores, a saber, Tribunal de Casación Penal y Sala
Tercera…La consecuencia inmediata que se percibe y se evidencia como
producto de esta situación, es el deterioro acelerado del clima
organizacional del despacho debido a las divisiones interpersonales que
ocasiona una problemática organizacional de esta naturaleza. También
es indudable lo afectación que experimentó la imagen del despacho en
términos de eficiencia, sin olvidar el recargo de labores que constituye
para el resto de profesionales, quienes son los que deben de pronunciarse
nuevamente del asunto anulado por efectos de inhibitoria del juzgador o
juzgadores que primeramente falló el asunto…” (De nuevo, la cursiva ha
sido agregada para destacar).
       De lo anterior queda suficientemente claro que no se trata de
distribuir el trabajo de cierta manera solo porque la compañera licenciada
Eugenia Allen Flores es mujer; pues, en tal caso, la justificación sería
ilegítima y la distribución de trabajo si sería discriminatoria. Se trata más
bien de un trato diferenciado que, dadas las circunstancias, es legítimo y
necesario para lograr un servicio público más eficiente, por lo cual resulta
razonable y justificado constitucionalmente.
       Por ello, no se comparte la conclusión de que el sistema de
distribución de trabajo discrimina a la licenciada Allen Flores.
       2.4. En esta ocasión el señor Auditor Interno señala que es
importante reiterar mensualmente la orden de captura en aquellos casos
en que el acusado se encuentra rebelde o debe descontar una pena ya
impuesta.
       2.4.1 Esa afirmación del señor Auditor General es contraria a la
recomendación 4.9. del informe de Auditoría Operativa, donde se hace
ver que la reiteración de las órdenes de captura debe hacerse en forma
semestral, ya que ese es el lapso durante el cual la orden tiene vigencia en
el Organismo de Investigación Judicial, por lo que es innecesario hacerlo
en forma mensual.
       2.4.2. La recomendación original es acertada, no solo porque ello
evita gastos innecesarios en papel, impresión y tiempo de los auxiliares y
                                         245

       funcionarios involucrados en ese proceso, sino porque además la vigencia
       de la orden de captura no amerita reiteraciones tan constantes, como las
       que ahora sugiere el señor Auditor Interno.
             3. Coincido con los señores Subcoordinador y Coordinador de este
       Tribunal, en el sentido de que no existe el mínimo interés de polemizar
       con el señor Auditor Judicial, pero si es necesario que ese honorable
       Consejo Superior mantenga lo inicialmente acordado.
             Resulta especialmente relevante mantener la distribución de trabajo
       que opera en la actualidad; la cual -como y se indicó- ha dado excelentes
       resultados para lograr una mayor mejor eficiencia del servicio público, en
       beneficio de los usuarios. De variarse esa distribución del trabajo se
       volverla a la situación problemática y hasta caótica que se venía
       presentando con la licenciada Allen Flores, con anterioridad a su
       imposición, con los serios inconvenientes que se daban en el desempeño
       de este Despacho antes de aplicarse el sistema actual.‖
                                             -0-
      Se acordó: 1.) Tomar nota del informe del licenciado Cascante Castillo. 2.)

Mantener la distribución de la carga de trabajo que actualmente existe en el

Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y esperar el resultado de la

valoración médica que el Departamento de Medicina Legal le realizará a la

licenciada Allen Flores.

                                    ARTÍCULO LXIII

      En correo electrónico de 26 de noviembre último, la licenciada Luz Marina

Fernández Alfaro, Jueza Coordinadora del Juzgado Contravencional y Pensiones

Alimentarias del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, gestiona lo siguiente:

            ―En este Despacho laboramos como jueces el Lic. Fernando Flores
       Fernández y mi persona, nosotros acordamos que nos rotaríamos la
       coordinación un año cada uno, este año me encuentro en funciones de
       coordinadora; pero recientemente me enteré que algunos Despachos que
                                         246

       desean rotar la coordinación han realizado consulta a ese respetable
       Consejo y se les ha contestado que se deben atener a lo dispuesto en el
       artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que al efecto indica
       que se debe permanecer en la coordinación durante cuatro años
       consecutivos, por este motivo y para evitar problemas en el futuro, y que
       realicemos acciones incorrectas o en contra del mencionado artículo;
       ruego a ustedes me confirmen, si podemos rotar anualmente la
       coordinación o ahora debo permanecer tres años más en la misma antes
       de poder trasmitirla a mi compañero.‖
                                         -0-

      Se acordó: Comunicar a los licenciados Fernández Alfaro y Flores

Fernández que el nombramiento de los coordinadores deberá ajustarse al plazo que

establece el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es por el

término de 4 años y en ese sentido deben resolver a quién le corresponde dicha

coordinación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO LXIV

      El licenciado Ortelio Juiz Prieto, Juez del Tribunal Supremo Popular de la

República de Cuba, en correo electrónico recibido el 26 de noviembre último,

manifiesta:

            ―El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con el
       Coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de
       Derecho de la Universidad de la Habana, se complacen en informarle que
       del 21 al 23 de Mayo del 2008 se celebrará en el Palacio de las
       Convenciones de La Habana, Cuba, el IV Encuentro Internacional
       Justicia y Derecho.

              Aún y cuando nos separa un tiempo prudencialmente largo,
                                         247

       queremos desde ya extenderle muy cordialmente una cálida invitación
       para compartir las sesiones de este importante cónclave científico que
       pretende servir de marco propicio para el debate, la reflexión y el
       intercambio de experiencias entre los distintos operadores de los sistemas
       judiciales de los países participantes.

             Dada la importancia de este Congreso, ya tradicional por su alcance
       y contenido, mucho nos placerá poder contar en el mismo con su
       participación. Para mayor información le adjunto la convocatoria oficial
       del Encuentro.

             Será un placer darle la bienvenida en La Habana y reciba mientras
       tanto los más cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba.‖
                                         -0-

      Se acordó: Agradecer la invitación cursada por el licenciado Juiz Prieto y

remitirla al Departamento de Personal para que le de la divulgación

correspondiente, a fin de que cinco servidores participen en el ―IV Encuentro

Internacional Justicia y Derecho‖, a realizarse en la Habana, Cuba, durante el

período señalado, en el entendido de que este Consejo concederá únicamente

permiso con goce de salario. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LXV

      En sesión N° 78-07 celebrada el 18 de octubre del presente año, artículo LV,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―Con oficio Nº 8278-DE-2007 de 11 de octubre en curso, el
       licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota Nº TI-
       PGD-298-07 suscrita por la máster Kattia Morales Navarro, Jefa del Área
       Informática de Gestión del Segundo Circuito Judicial de San José, la que
       literalmente dice:
           "Que para enero del 2008, se incorporarán las mejoras de género
                                   248

solicitadas por la Secretaría Técnica de Género, por lo que a partir de esta
fecha será obligatorio para los Despachos Judiciales digitar la siguiente
información de las partes:
 Lugar de Trabajo
 Sexo
 Fecha de Nacimiento
 Profesión u oficio
 Si cuenta con algún tipo de discapacidad
 Estado civil
 Número de cédula
 Lugar de residencia
      Lo anterior a fin de que comunicar a los despachos y realizar una
campaña de sensibilización respecto al tema."
                                    -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y disponer la publicación de
la circular dirigida a todos los despachos judiciales que de seguido se
transcribe:
                           "CIRCULAR N°…-07
      Asunto: Información obligatoria a incluir en el sistema de gestión
como parte de la política de género del Poder Judicial.
            A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS
                          SE LES HACE SABER:
    Que el Consejo Superior en sesión N° 78-07 celebrada el 11 de
octubre en curso, artículo LV, en concordancia con la política de género
del Poder Judicial, dispuso hacer de su conocimiento que a partir del 1°
de enero del 2008, estarán en la obligación de digitar, en los asuntos que
tramitan, la siguiente información de las partes:
 Lugar de Trabajo
 Sexo
 Fecha de Nacimiento
 Profesión u oficio
 Si cuenta con algún tipo de discapacidad
 Estado civil
 Número de cédula
 Lugar de residencia
    De no incluirse las variables que se indican, el sistema de gestión no
les permitirá avanzar.
    La Secretaría General de la Corte y el Departamento de Prensa y
Comunicación Organizacional tomarán nota para lo que corresponda.‖
                                         249

                                         -0-

      Con relación a lo anterior, el señor Presidente, Magistrado Mora propone,

que se debería hacer una aclaración al acuerdo de referencia, señalando a los

despachos judiciales que la información que se debe digitar de las partes es

indispensable en concordancia con la política de género del Poder Judicial y

tomarse en consideración lo correspondiente a las demás generalidades de la ley.

Asimismo indica que se debería consignar medios telefónicos e informáticos por

los cuales se puedan localizar a las partes.

      Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones del Magistrado Mora y en

razón de la importancia de consignar en el sistema de gestión los números

telefónicos, correos electrónicos, dirección de domicilio y trabajo para localizar a

las personas, se dispone modificar la circular de referencia para que se incluyan las

variables anteriormente indicadas.

      La Secretaría General de la Corte, tomará nota para los fines consiguientes.


                                 ARTÍCULO LXVI

      En sesión N° 82-07 celebrada el 1° de noviembre recién pasado, artículo

XXXIII, se dispuso solicitar un informe a la Unidad de Salud Ocupacional del

Departamento de Seguridad, para que determinara el riesgo de trabajo a que está

expuesta la servidora Ledy Miranda Matarrita, Auxiliar Judicial del Juzgado
                                          250

Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores.

      En relación con el acuerdo anterior, la licenciada Roxana Hidalgo Vega, Jefa

interina del Departamento de Seguridad, con oficio N° 1222-DS-2007 de 27 de

noviembre último, remite la nota N° OSO/ZS-45-11-07, suscrita por el bachiller

Frank Montero Acosta, Profesional en Salud Ocupacional destacado en la Zona

Sur, que presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones a los Análisis de

Puesto de Trabajo y Ergonómico de la señora Miranda Matarrita:

       ―Análisis de Puesto de Trabajo

            (…)
            Conclusiones

             -Actualmente de acuerdo a la naturaleza del trabajo y manual
       descriptivo de puestos la mayoría de las funciones asignadas no requieren
       de un esfuerzo físico severo (levantamiento o manipulación de objetos
       pesados), a excepción de un posible levantamiento o manipulación de un
       bulto de expedientes con pesos aproximados entre 5 a 10 kg en la bodega
       de expedientes o la movilización de un escritorio mueble u objeto muy
       pesado.
             -De acuerdo a entrevista a funcionaria coordinadora del despacho
       actualmente las funciones de la bodega se le asignaron al conserje (buscar
       y guardar expedientes, acomodar la bodega, etc.) por lo que en pocas
       ocasiones el auxiliar judicial tiene que buscar un expediente en la bodega.
       De acuerdo a esto la condición física de la funcionaria Miranda Matarrita
       no tendría que verse afectada por levantamiento o movilización de objetos
       pesados (bultos de expedientes de la bodega o expedientes muy pesados).
             -Existe riesgo por- movimientos repetitivos continuos durante la
       ejecución de algunas labores como digitación, confeccionar y transcribir
       oficios, telegramas, listados, informes, etc, escritura o trámite de
       expedientes, ya que estas funciones requieren de movimientos repetitivos
       durante largos periodos de tiempo. Esta condición puede ejercer presión y
       tensión en los músculos epicondileos provocando dolor y posible
       inflamación en el epicóndilo.
                                  251

      -Algunas funciones a realizar requieren de movimientos repetitivos
de flexo extensión de codo que pueden afectar la condición física de la
funcionaria.

                             Recomendaciones:

      -Seguir las recomendaciones dadas por el INS:
      -Evitar los factores desencadenantes de la epicondilitis:
      -La funcionaria judicial no deberá manipular objetos pesados con el
miembro superior afectado (levantar o manipular bultos de expedientes o
expedientes muy gruesos, mover sillas, escritorios u otro tipo de material
u objeto pesado con el miembro superior afectado).
      -Se recomienda que la funcionaria alterne las actividades o labores
diarias durante su ejecución con el fin de disminuir o minimizar al
máximo movimientos repetitivos (principalmente los de flexión y
extensión del codo) prolongados, evitando también el recargo físico sobre
el miembro superior afectado.
      -Cuando por fuerza mayor la funcionaria realice una labor que
implique movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo se
recomienda tomar periodos de descanso de 5 a 10 minutos en la medida
de lo posible cada hora. Durante este tiempo es recomendable hacer leves
estiramientos de los miembros superiores con el fin de evitar tensión y
dolor en el miembro superior afectado.
      -No agacharse frecuentemente ni levantar pesos de más de 10 Kg. y
solo realizar labores livianas de acuerdo a certificado médico de la CCSS.
      -En consulta con Dra. Maria Cecilia Arguedas Rodríguez de
Jefatura de Rehabilitación del LNS indica que para minimizar los
síntomas de este padecimiento es de gran beneficio utilizar equipo
especial un “anillo epicondilio” el cual se utiliza en la parte afectada y
función es darle soporte al codo evitando el exceso de tención de los
músculos epicondileos que causan dolor del epicóndilo. Por esto se le
recomienda a la funcionaria judicial adquirir dicho equipo con el fin de
minimizar los síntomas del padecimiento.
      -Gestionar con la Administración colocar la lámina difusora a
lámpara fluorescente para evitar un incidente por la caída de un tubo.
      -Reubicar la impresora del despacho de forma que se mejore el
espacio libre de la funcionaria y no se limite el espacio de ningún otro
funcionario.‖

     Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo
                                    252

     Conclusiones

      -La altura del puesto de trabajo, el espacio reservado para las
piernas y las características de la silla de acuerdo a los datos de referencia
son adecuados.
      -La postura adoptada no es la adecuada ya que el equipo CPU y
monitor están situados a un lado en el mueble escritorio estación de
trabajo obligando al giro de la cabeza durante la labor de digitación y el
teclado esta en superficie del mueble estación de servicio lo que no es
conveniente ya que la posición de los codos no esta en un ángulo de 90°,
pudiendo generar como consecuencia dolores musculares en espalda,
brazos y hombros.
      -Algunas de las labores a desarrollar de acuerdo al manual
descriptivo de puestos pueden afectar más la condición de salud de la
funcionaria, entre ellas:
*Fatiga visual y física
*Levantamiento o movilización de objetos o expedientes pesados.
*movimientos repetitivos de flexo extensión de codo durante ejecución de
labores.

                               Recomendaciones:

     -Con el fin de tener una postura correcta y mejorar el aspecto de
higiene de columna se recomienda lo siguiente:
*La parte superior del monitor debe estar a la altura de los ojos.
*Cabeza/cuello derechos, en forma lineal con el monitor, oídos en línea
con los hombros.
*Que el respaldo de la silla este en un ángulo de 90°.
*Espalda apoyada en el respaldo de la silla de forma que la columna se
mantenga en posición recta (ángulo 90°).
*La posición de los codos este a un ángulo de 90°.
*Antebrazos paralelos al suelo.

*Muñecas derechas y paralelas al suelo.

*Caderas en el mismo nivel que las rodillas o ligeramente por encima.

*Rodjllas en ángulo de 90° aproximadamente.

*La planta de los pies estén apoyadas en el suelo.
                                           253

       -Se deberán evitar los factores desencadenantes de la epicondilitis que en
       este caso son realizar una labor que implique movimientos repetitivos
       (priorizando los de flexo extensión de codo) por largos períodos de
       tiempo. Se recomienda alternar las labores en forma periódica para
       evitarlos.

       -Para evitar la fatíga física por una postura estática prolongada y visual se
       recomienda que la funcionaria alterne las funciones diarias.

        -Evitar mover o levantar objetos pesados con el miembro superior
       afectado.‖

                                           -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe de la Unidad de Salud Ocupacional

del Departamento de Seguridad y hacerlo del conocimiento del Juez

Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores y de la señora Miranda

Matarrita, a efecto de que se apliquen las medidas de precaución necesarias en las

labores de doña Ledy.

                                 ARTÍCULO LXVII

      En sesión N° 37-07 celebrada el 22 de mayo del año en curso, artículo

XXXVIII, se acogió el informe IDH-043-2007 de la Sección de Investigación y

Desarrollo del Departamento de Personal y aprobado por el Consejo de Personal,

en el entendido que las reasignaciones que se aprueban de servidores y servidoras

que no cumplen con el requisito académico, lo es en el tanto que el citado

Departamento y el Consejo de Personal han determinado que se les puede aplicar

el criterio de preparación equivalente del requisito académico, mediante la
                                          254

comprobación de que están nombrados en propiedad, cuentan con suficiente

experiencia específica en el puesto a reasignar, antigüedad en el Poder Judicial y

cursos de capacitación complementarios que le permiten ejercer el cargo con

idoneidad, criterios que continuará el citado Departamento de Personal aplicando

en el caso de puestos no profesionales, por cuanto en los de profesionales regirá lo

dispuesto por este Consejo en sesión N° 9-07 celebrada el 6 de febrero de este

año, artículo XLIII.

      En sesión N° 75-07 del 9 de octubre del 2007, artículo XXXV, al conocer el

informe rendido por el Departamento de Personal N° IDH-118-2007, relacionado

con el ―Estudio Integral de puestos del Departamento de Proveeduría‖, se acordó

reasignar entre otros el puesto N° 43614 de Auxiliar Administrativo 2 a Técnico

Administrativo 1 a partir del 1° de octubre de este año.

      En nota de 26 de noviembre último, la señora Maureen Camacho Fuentes,

Auxiliar Administrativo 2 interino del Departamento de Proveeduría, manifiesta:

             ―En relación con el Estudio Integral de Puestos del Departamento de
       Proveeduría Judicial y según oficio N° 8640-07, donde comunica el
       Acuerdo tomado por el Consejo Superior en la Sesión N° 75-07 celebrada
       el 9 de octubre en curso, Artículo X)(XV; me permito manifestar lo
       siguiente:
             1. Que desde el año 2000 laboro para el Poder Judicial, siendo
       interina desde entonces, desempeñándome como Auxiliar Administrativo
       2, en diferentes despachos como lo son: el Departamento de Prensa y
       Comunicación Organizacional, la Sala Constitucional y actualmente en la
       Proveeduría Judicial. Es importante señalar, que ingresé al Poder Judicial,
       cumpliendo con todos los requisitos que se pedían para la clase de puesto
                                  255

existente en aquel momento.
      2. Desde el 01 de abril de 2006, me desempeño en la plaza N°
43614, perteneciente al Departamento de Proveeduría como Auxiliar
Administrativo 2, la cual se encuentra vacante.
      3. La plaza en la que laboro actualmente, fue recalificada como
Técnico Administrativo 1, en virtud del Estudio Integral de Puestos del
Departamento de Proveeduría Judicial, y según Acuerdo del Consejo
Superior en la Sesión N° 75-07, Artículo XXXV, del 09 de octubre de
2007, en el cual se indicó a su vez, que dichas reasignaciones rigen a
partir del 01 de octubre del presente año.
      4. El puesto de Técnico Administrativo 1, tiene como requisitos un
año de carrera universitaria en el área de Administración de Empresas,
equivalente a 30 créditos.
      5. Actualmente, cuento con un Diplomado en Ciencias de la
Educación General, por lo que algunas de las materias aprobadas son
convalidadas por la carrera de Administración de Empresas, las mismas
suman 15 créditos (se adjunta copia del título y copia de la certificación
de materias).
      6. Por lo anterior, retomé mis estudios el III Cuatrimestre del
presente año en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), llevando
durante este período 2 materias que equivalen a seis créditos (se adjunta
copia del recibo de matrícula).
      7. Dada la situación descrita en el punto tres, me hace falta para
cumplir con los requisitos (9 créditos), los cuales espero finalizar el
próximo año y continuar con la carrera por superación propia.
      8. Es importante tomar en cuenta que la institución se ve favorecida
al mantener al servidor en el cargo a reasignar ya que aprovecha toda la
experiencia que éste ha adquirido a través de su historial laboral, máxime
si se considera la permanencia del servidor en el despacho así como en
labores relacionadas al cargo que ocupa, adicionalmente, se maximiza la
inversión en capacitación que el Poder Judicial ha realizado en ese
servidor.
      9. Ahora bien, según estudios de antecedentes de compañeros que se
han encontrado en situaciones similares a la que actualmente presenta la
suscrita, los cuales no contaban con los requisitos académicos para el
nuevo puesto, se ha resuelto en favor de los funcionarios, al respecto
tenemos los siguientes ejemplos.
  • La Corte Plena en Sesión N° 41-2007, artículo LX, celebrada el 05 de
  junio de 2007, resuelve que se dará el plazo requerido para que los
  servidores interinos cumplan con los requisitos establecidos.
• Mediante Acuerdo tomado por el Consejo Superior en Sesión N° 37-
                                         256

        2007, artículo XXXVIII, celebrada el 22 de mayo de 2007, se acordó
        aprobar las reasignaciones que no cumplen con el requisito académico.
           Por lo anterior, solicito ante tan reconocido Consejo, me permita
       permanecer en el puesto, entre tanto obtengo el requisito para obtener la
       condición de elegibilidad. Así mismo, solicito se autorice el pago de las
       reasignaciones descritas en el estudio de marras.‖

                                    -0-
      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia autorizar a la

servidora Camacho Fuentes para que pueda seguir siendo nombrada, como Técnico

Administrativa 1, en tanto cumple el requisito académico que se ha indicado.

Asimismo, autorizar a partir del 1° de octubre del año en curso, el pago de la

reasignación que se da cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO LXVIII

      El Magistrado Luis Fernando Solano Carrera, Presidente de la Sala

Constitucional, en oficio N° PSC-No. 1319-2007 de 3 de diciembre en curso,

expresó:

              ―Como parte de las actividades académicas que realiza la Sala
       Constitucional, en colaboración con sus Letrados, se llevará a cabo la
       última y final capacitación el día sábado 8 de diciembre de dos mil siete
       de 8:30 am a 5:00 pm.

              El encuentro tendrá como fin analizar dos temas separados
       concernientes a la “Responsabilidad del Estado” y la “Responsabilidad
       de las personas jurídicas y el delito de desobediencia a la autoridad”,
       que ofrecen gran interés en el funcionamiento este Tribunal y la Ley de la
       Jurisdicción Constitucional. Los expositores serán el Licenciado Roberto
       Garita, Letrado de la Sala Primera, y para el segundo tema los
                                          257

       Licenciados Víctor Vargas Villalobos del Ministerio Público y Rafael
       Mayid Torres. Por lo anterior, se solicita al Consejo Superior, que acuerde
       el pago de la partida presupuestaria que se tiene disponible, y sea
       reservado el monto de 400.000.00 colones (CUATROCIENTOS MIL
       COLONES). Se acompaña el Oficio No. 1092-P-2007 del 28 de
       noviembre pasado del Jefe del Departamento Financiero Contable donde
       certifica el contenido presupuestario.‖
                                             -0-


      Asimismo, acompaña el oficio N° 1092-P-2007 del 28 del mes pasado,

suscrito por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, en el que adjunta la certificación de contenido presupuestario para

hacerle frente a dicha erogación, por un monto total de ¢400.000,00 (cuatrocientos

mil colones exactos), con cargo al Programa 927 ―Servicio Jurisdiccional‖, IP 29

―Salas‖ y subpartida 10701 ―Actividades de capacitación‖.

      Se acordó: Acoger la solicitud del Magistrado Solano y autorizar el gasto de

¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones exactos), con cargo al Programa 927

―Servicio Jurisdiccional‖, IP 29 ―Salas‖ y subpartida 10701 ―Actividades de

capacitación‖, para los efectos indicados.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LXIX

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda, en
                                          258

nota de 3 de diciembre en curso, solicitó lo siguiente:

             ―Por medio de la modificación externa N° 06-2007, esta Sala le dio
       contenido presupuestario a la Subpartida N° 10808 denominada
       Materiales y Suministros Diversos Productos de Papel, Cartón e Impresos
       por un monto de ¢6.979.373,00 para la compra de revistas, libros y otros
       implementos de esa naturaleza en las materias propias de la Sala, con el
       fin de contar con una biblioteca propia, debidamente equipada y acorde
       con el avance doctrinario en las temáticas que conoce la Sala, todo ello en
       aras de lograr un cada vez mejor desempeño en las labores que por
       disposición legal nos han sido asignadas. Dicha modificación fue aplicada
       en el Sistema de Presupuesto Judicial según Modificación Externa No.
       06-2007 por Decreto (No. 34084-H) publicada en el Alcance No. 33 de la
       Gaceta y se hizo efectiva para el Poder Judicial a partir del 14 de
       noviembre del año en curso —fecha en que el Departamento Financiero
       Contable lo puso en conocimiento de la Administración-;
       informándosenos por parte de la Jefatura de Adquisiciones del
       Departamento de Proveeduría que las requisiciones de compra
       relacionadas con ésta se iban a recibir hasta el día 16 de noviembre.

             |Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, dentro de los
       plazos indicados procedimos a enviar la respectiva requisición, para
       cuyos efectos se hizo la compra directa N° 2007CD-000851-PROV
       (oficio 9088-DP/07-2007 del 27 de noviembre de 2007). No obstante,
       nuestros esfuerzos pueden resultar infructuosos, pues el Consejo Superior
       en la sesión N° 86 del 15 de noviembre de 2007 (artículo LX)(XIX)
       acogió la propuesta presentada por el Departamento Financiero Contable,
       entre la que se establece que a más tardar el día 07 de diciembre próximo
       se deberán presentar las respectivas facturas ante el Departamento
       Financiero Contable y conforme se nos ha comunicado por parte de la
       única proveedora que presentó oferta no podría tener los libros para esa
       fecha pues estos deben ser traídos del extranjero, requiriendo un poco
       más de tiempo para esos efectos.

             Por tales razones, con el fin de no hacer nugatorios el trabajo y los
       fines propuestos les solicitamos una prórroga a efecto de que las facturas
       correspondiente puedan ser presentadas con posterioridad a la fecha
       señalada amen de que en el documento que conoció ese Consejo se indicó
       ―...mediante oficio CCAF-24--2007 (recibido mediante correo electrónico
       el 30 de octubre de 2007), el Lic. Luis Segura Amador, Contador
                                        259

       Nacional y Secretario de la Comisión de Coordinación de la
       Administración Financiera del Poder Ejecutivo, establece, entre otros
       aspecto, el 17 de diciembre como fecha límite para la inclusión de
       facturas y el 19 del mismo mes como la fecha en que se cerrará el Módulo
       de Poderes…‖.
              Agradeciendo su atenta gestión y comprensión en este asunto, se
       suscribe atento y seguro servidor.‖
                                        -0-


      Al respecto, expresa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

que no se puede variar la fecha de entrega de las facturas que se indica, pero el

trámite se va a hacer en tiempo, con el fin de comprar los libros.

      Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones del del licenciado Jones

León y hacerlas de conocimiento del Magistrado Aguirre.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                   ARTÍCULO LXX

      Mediante oficio N° 10200-DE-2007 de 27 de noviembre último, el

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota N° 890-SC-2007

suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

             ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del Seguro
       Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       solicita mediante oficio SACI-687-07, el traslado de ¢1,991,548.92, por
       concepto de cuotas aportadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       Judiciales durante el período de Octubre de 1997 a Agosto de 2007, por
       el señor García León Carlos, cédula 3-159-162.
                                   260


     Cabe indicar que el señor García León, es funcionario activo del
Poder Judicial desde el 01 de octubre de 1997, en la actualidad mantiene
esa condición, sin embargo el va a optar por su jubilación en el régimen
de la CCSS, por cuanto tiene la mayoría de las cuotas en ese ente y el
monto de la jubilación es mayor, por lo que se realiza el traslado de las
cuotas dando cumplimiento a lo que estipulado en el artículo 240 en el
enmarcado:

“Los funcionarios y empleados propietarios o interinos que hubieran
cesado o que cesen en el ejercicio de sus cargos no tendrán derecho a
que se les devuelva el monto de las cuotas con que hubieran contribuido
a la formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Sin embargo, si
no hubieran obtenido los beneficios de jubilación o pensión, sí tendrán
derecho a que el monto de las cuotas con que hubieran contribuido a la
formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones Judiciales se traslade
a la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de que estas cuotas se
les computen dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o a la
institución administradora del régimen en el que se vaya a otorgar la
jubilación o pensión para el mismo propósito de cómputo de cuotas. La
solicitud de traslado la hará la entidad pública, respectiva cuando vaya
a otorgar la jubilación o pensión y si el monto de las cuotas fuere mayor
la Corte girará el total de las cuotas, aunque fuere mayor de las
necesarias para el otorgamiento de la jubilación o pensión. Al solicitar la
Caja o la respectiva entidad pública el traslado de cuotas, queda
obligada a admitir al servidor en su correspondiente régimen de
jubilaciones y pensiones.
Los funcionarios y empleados que hubieran retirado sus cuotas e
ingresen de nuevo al Poder Judicial, tendrán derecho a que se les
compute el tiempo anteriormente servido, si ellos o la entidad pública
respectiva reintegran al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de
las cuotas que hubieran recibido. El Consejo podrá dar facilidades para
el reintegro de esas sumas.
Los funcionarios y empleados judiciales sujetos a las disposiciones de
esta Ley, sobre seguro social obligatorio no estarán exentos por ese
motivo de pagar las cuotas señaladas para el Fondo de Jubilaciones y
Pensiones. Esas cuotas lo mismo que las del Estado ingresarán, sin
deducción alguna, en el referido Fondo”. El enmarcado no pertenece al
texto original.

     Se aclara, que el señor García León no tendría derecho a obtener el
                                         261

       beneficio de la jubilación por el régimen del Poder Judicial, una vez que
       el beneficio de jubilación, le haya sido otorgado por la CCSS.

            Conforme a la evaluación practicada por este Subproceso, con base
       en las certificaciones emitidas por la Contabilidad Nacional y el
       Departamento de Gestión del Factor Humano del Poder Judicial, se
       determinó que el monto a trasladar es de ¢5.576.336,97 y no ¢
       1.991.548,92 señalado en el oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes del trabajador y el
       patrono al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto, y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo señalado a
       efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado por la Caja
       Costarricense del Seguro Social.‖
                                         -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de Seguro

Social de la suma de ¢5,576,336.97 (cinco millones quinientos setenta y seis mil

trescientos treinta y seis colones con noventa y siete céntimos), que corresponde al

monto con que contribuyó el señor Carlos García León a la formación del Fondo

de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LXXI

      Mediante oficio Nº 10084-DE-2007 de 23 de noviembre recién pasado, el
                                         262

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota Nº 888-SC-2007

suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, la cual literalmente dice:

             ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del Seguro
       Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       solicita mediante oficio SACI-687-07, el traslado de ¢18.180,61, por
       concepto de cuotas aportadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       Judiciales durante el período de Junio de 1963 a Marzo 1980, por el
       señor Reyes Cajina René, cédula 8-0034-0532.

             Conforme a la evaluación practicada por este Subproceso, con base
       en las certificaciones emitidas por la Contabilidad Nacional, se determinó
       que el monto a trasladar es de ¢47,725.62 y no ¢18,180.61 señalado en el
       oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes del trabajador y el
       patrono al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto, y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo señalado a
       efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado por la Caja
       Costarricense del Seguro Social.‖
                                         -0-
      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de Seguro

Social de la suma de ¢47.725.62 (cuarenta y siete mil setecientos veinticinco

colones con sesenta y dos céntimos), que corresponde al monto con que contribuyó

el señor René Reyes Cajina a la formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones

del Poder Judicial.
                                          263

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LXXII

      La licenciada Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Trámite de

Cobro Administrativo, con el visto bueno del Director Ejecutivo, licenciado

Alfredo Jones León, en oficio N° 10134-DE/CA-07, de 26 de noviembre último,

rinde el siguiente informe:

             ―En fecha 25 de marzo de 2004, fue recibido en esta Dirección oficio
       No. 315-ADM-2004 de la Administración del Segundo Circuito Judicial de
       San José, de fecha 23 de marzo de 2004, suscrito por la Licda. Ana Beatriz
       Méndez Alvarado, Administradora de dicho Circuito, que remite reclamo
       económico interpuesto por el Licenciado Ronald Salazar Murillo, Juez del
       Tribunal de Casación Penal, con motivo de los daños sufridos por el
       vehículo de su propiedad placa 166520, por un aparente acto vandálico en
       el parqueo ubicado en el sótano del edificio. En virtud de lo anterior debe
       considerarse lo siguiente:

            1. Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2004, recibido en la
       Administración del Segundo Circuito Judicial de San José y remitido a esta
       Dirección el 25 de marzo del mismo año, el Dr. Ronald Salazar Murillo,
       Juez del Tribunal de Casación Penal, cédula de identidad No.01-610-796,
       presenta formal reclamo económico por los daños ocasionados a su
       vehículo en fecha 24 de febrero de 2004. Dichos daños se ocasionaron
       mientras el vehículo placa 166520, propiedad del Dr. Salazar Murillo, se
       encontraba estacionado en el parqueo ubicado en el sótano del Edificio del
       Segundo Circuito Judicial de San José y fue rayado con algún objeto
       contundente en las puertas y el guardabarro del costado derecho.
       Manifiesta el reclamante que esta situación se hizo del conocimiento del
       Señor Subadministrador del Edificio y del guarda del puesto de salida
       quienes pudieron apreciar la magnitud del daño ocasionado. Igualmente,
       manifiesta que interpone el presente reclamo económico, con el propósito
       de que la Administración le indemnice por los daños ocasionados a su
                                   264

vehículo y determine al responsable de los mismos. En virtud de que el
vehículo fue reparado utilizando su póliza de aseguramiento por la
cobertura de vandalismo, limita el reclamo interpuesto a la suma de noventa
mil colones exactos, que es el deducible mínimo que opera en este caso.
Adjunta a su reclamo copia de la liquidación del Instituto Nacional de
seguros No. 209637 de fecha 17 de marzo de 2004 donde consta la suma
erogada por concepto de deducible -folio 1 al 18-.

      2. En razón del reclamo interpuesto, esta Dirección inicia las
diligencias correspondientes con el fin de realizar las averiguaciones
pertinentes que sean necesarias, de previo a rendir el informe ante ese
Consejo y solicita a la Administración del Segundo Circuito Judicial
informar sobre el vehículo aparcado en el espacio que correspondía al
vehículo del Dr. Salazar Murillo que resultó dañado, determinándose que
el espacio era ocupado por el vehículo placa 190100, del Lic. Gerardo
Láscarez, entonces Subdirector del Organismo de Investigación Judicial,
a quien se autorizó el uso del espacio en horas de la noche –folio 19-.

      3. Al día de hoy, esta Administración no cuenta con indicios que
permitan vislumbrar la presunta responsabilidad de un servidor judicial
sobre los daños ocasionados al vehículo particular placa 166520, que esta
Dirección pudiera retomar para iniciar el procedimiento de responsabilidad
civil que corresponda, sino que se presume encuadra dentro del acto
vandálico aducido por el reclamante. Por tanto, a efecto de no demorar más
la satisfacción de pretensión económica del reclamante, cabe considerar lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 190 de la Ley General de la
Administración Pública: "(…) La Administración responderá por todos los
daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal,
salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero." De igual
forma señala el numeral 194: "(…) 1. La Administración será responsable
por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos
causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la
pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la
lesión (…)". Y por último, establece el artículo 196: “(...) En todo caso el
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en
relación con una persona o grupo.”

     De las presentes diligencias se desprende, que si bien el daño
generado no se enmarca dentro del accionar típico de la Administración,
sino que es producto del hecho de un tercero, el principio de
responsabilidad objetiva que priva en nuestro ordenamiento jurídico en
                                           265

       concordancia con las normas de derecho público ya citadas, permiten
       concluir que aún y cuando no exista una relación jurídica convenida entre la
       autoría del daño y el perjuicio causado, la sola relación de causalidad y el
       lugar en que se suscitó el hecho, genera para la administración la obligación
       de indemnizar, y en este caso reconocer económicamente el valor de
       reparación de los daños que sufrió el vehículo particular en virtud del
       accionar de un tercero, hasta ahora sin identificar.

            4. En lo que atañe al costo de reparación de los daños ocasionados,
       tomando en cuenta la constancia de pago y liquidación de la entidad
       aseguradora aportada por el reclamante, que detalla el costo de la
       reparación de su vehículo y el presupuesto de hecho que genera
       responsabilidad objetiva por parte de esta Administración, quien suscribe
       considera que el reclamo interpuesto por el Dr. Ronald Salazar Murillo,
       cédula de identidad No.1-610-796, es procedente y que debe reconocerse
       como indemnización por el daño causado la suma de noventa mil colones
       exactos (¢90.000,00), valor de la reparación del vehículo placa 166520.‖
                                           -0-
      Con base en las razones expuestas por la licenciada Rebeca García Pandolfi,

Jefa de la Sección de Trámite de Cobro Administrativo, se dispuso: Acoger el

reclamo interpuesto por el doctor Ronald Salazar Murillo, Juez del Tribunal de

Casación Penal, en consecuencia, reconocer como indemnización por el daño

causado la suma de ¢90.000,00 (noventa mil colones exactos), correspondiente al

valor de reparación del vehículo.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXIII

      Mediante oficio N° 10201-DE-2007 de 27 de noviembre último, el

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite nota N° 896-SC-2007,
                                         266

suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, mediante la cual comunica lo siguiente:

             ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes,             Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del Seguro
       Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       solicita mediante oficio SACI-687-07, el traslado de ¢280,869.50, por
       concepto de cuotas aportadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       Judiciales durante los períodos de enero de 1973, Noviembre y Diciembre
       de 1993, Enero a Diciembre de 1994, Enero, Febrero y de Abril a
       Diciembre 1995, Enero a Diciembre de 1996 y por último de Enero a
       Diciembre de 1997, por el señor Segura Solano Rolan, cédula 9-0023-
       0400.

             Conforme a la evaluación practicada por este Subproceso, con base
       en las certificaciones emitidas por la Contabilidad Nacional, se determinó
       que el monto a trasladar es de ¢787,171.33 y no ¢280,869.50 señalado en
       el oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes del trabajador y el
       patrono al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto, y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo señalado a
       efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado por la Caja
       Costarricense del Seguro Social.‖

                                     -0-
      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de Seguro

Social de la suma de ¢787,171.33 (setecientos ochenta y siete mil ciento setenta y

un colones con treinta y tres céntimos), que corresponde al monto con que

contribuyó el señor Rolan Segura Solano a la formación del Fondo de Jubilaciones
                                          267

y Pensiones del Poder Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LXXIV

      La licenciada Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Trámite de

Cobro Administrativo, con el visto bueno del Director Ejecutivo, licenciado

Alfredo Jones León, en oficio N° 9055-DE/CA-07, de 26 de noviembre último,

rinde el siguiente informe:


             “En fecha 11 de abril de 2007, fue recibido en esta Dirección reclamo
       económico interpuesto por el señor CARLOS QUESADA KIKUT, en su
       calidad de Apoderado General sin Límite de Suma de la Refinadora
       Costarricense de Petróleo (RECOPE), en virtud del extravío de la suma de
       dieciséis millones ciento veintiocho mil doscientos diecisiete colones con
       trece céntimos (¢16.128.217,13), correspondientes a su representada y que
       fuera recibida en el año 1993 en el Juzgado Segundo Contencioso
       Administrativo y Civil de Hacienda. En virtud de lo anterior emito las
       siguientes consideraciones:

               1.- En sesión No.19-07 del Consejo Superior celebrada el 13 de
       marzo del año dos mil siete, fue conocido el reclamo económico
       interpuesto por el Sr. Carlos Quesada Kikut, Apoderado General sin Límite
       de Suma de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), en escrito
       de fecha 26 de febrero del mismo año, mediante el cual de conformidad con
       el estudio elaborado por la Sección de Estudios Económicos de la Auditoría
       Judicial No. 673-29-AEEC-2005 del 23 de agosto de 2005, aprobado por
       ese Consejo en sesión del 04 de octubre de 2005, artículo LIII, solicita se
       proceda a resarcir a su representada, la Refinadora Costarricense de
       Petróleo (RECOPE), la suma de ¢16.128.217,13, DIECISÉIS
       MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
       COLONES CON TRECE CENTIMOS, así como los intereses que se
       hayan generado desde el 7 de septiembre de 1995 y hasta que se cancele
                                   268

la totalidad de la deuda, por concepto de devolución del embargo
decretado en contra de la cuenta que mantenía su representada, en el
extinto Banco Anglo Costarricense, de acuerdo con la causa número 94-
013072-226 C.A. de la Municipalidad de Limón contra RECOPE. Al
respecto, el Consejo Superior acordó solicitar a esta Dirección un informe
sobre el reclamo administrativo presentado por el Licenciado Quesada
Kikut (folios 1 al 4)

      2.- Con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
solidaria de orden pecuniario que pudiera corresponder al Poder Judicial,
por el extravío de la suma antes indicada en causa contencioso
administrativa No. 94-013072-226 C.A., esta Dirección ordenó iniciar,
mediante resolución No. 1944-07 dictada el doce de junio de 2007, las
diligencias correspondientes con el fin de realizar las averiguaciones
pertinentes que fueren necesarias, previo al informe que debía rendirse ante
el Consejo Superior del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido
en el artículo No. 81, inciso 9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así
mismo, de previo a resolver el reclamo económico interpuesto, se ordenó
solicitar el expediente contencioso administrativo No. 94-013072-226 C.A.
ad effectum videndi (folio 6).

      3.- Que en las diligencias de reclamo económico a nombre de
RECOPE tramitado en expediente administrativo No. 67-R-07 (B), se ha
incorporado copia integra del estudio efectuado por la Sección de Auditoría
de Estudios Económicos de la Auditoría Judicial sobre el reclamo
formulado por RECOPE a la institución, con respecto al depósito No.
36918 de fecha 07 de setiembre de 1995, por la suma de ¢16.128.217,13,
tramitado en el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del II
Circuito Judicial de San José, expediente No. 94-013072-226-CA. Que
dicho informe fue aprobado por el Consejo Superior en sesión celebrada el
04 de octubre de 2005, artículo LIII, el cual arroja en lo conducente las
siguientes conclusiones:

      "1) De conformidad con el estudio realizado sobre el reclamo
formulado por RECOPE a la Institución, en relación con el depósito Nº
36918 de fecha 07 de setiembre de 1993, por la suma de ¢16.128.217.13,
esta Auditoría no encontró evidencia de que el antiguo Juzgado Segundo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San José, haya
devuelto dicho dinero a esa Institución, por los motivos que se detalla a
continuación:
                                   269

      • El Juzgado precitado ordenó girar la suma de ¢16.128.217.13,
mediante la orden para confección de cheque Nº 197022 del 03 de marzo
de 1995, cancelando la boleta de depósito Nº 36918 de fecha 07 de
setiembre de 1993, a fin de adquirir un certificado de depósito a plazo,
cuando aparentemente el expediente respectivo no se encontraba en ese
Juzgado, procedimiento que evidentemente es irregular.

       • Según respuestas emitidas por el Banco de Costa Rica y los
jueces coordinadores del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda y del Juzgado de Hacienda de Asuntos Sumarios, así como al
estudio realizado al efecto por esta Auditoría, no se encontró evidencia de
que se haya adquirido un certificado de depósito a plazo por la suma de
¢16.128.217.13.

       • Tanto la resolución que ordena girar, como la copia de la orden
para confección de cheque mencionada, no constan en el expediente
estudiado, lo que hace presumir que el cheque Nº 849815 de fecha 7 de
marzo del 1995, mediante el cual se canceló la boleta de depósito antes
citada, se emitió sin ninguna resolución que ordene girar.

       • Las personas autorizadas a firmar dicha orden en esa
oportunidad, debieron ser la Licda. Lilliana Quesada Corella, y el señor
Álvaro Infante Quirós, en ese entonces Actuaria y Secretario,
respectivamente, del antiguo Juzgado Segundo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda de San José. No obstante, en
entrevista realizada a la Licda. Lilliana Quesada Corella, actualmente
Jueza del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, manifestó que la firma estampada en dicha orden no
corresponde a la suya. Por otro parte, no fue posible localizar al señor
Álvaro Infante Quirós, el cual está jubilado desde el 01 de marzo de 1997.

      • De acuerdo con la revisión de la copia del cheque aludido, no
consta el nombre o firma como recibido conforme de la persona que
recibió dicho cheque. Lo único que se consigna en ese documento es el
sello y fecha de recibido por parte del Juzgado referido. No obstante, de
conformidad con el estado de cuenta de marzo de 1995, dicho cheque
aparece cambiado el 21 de marzo del citado año, empero el cheque no se
logró localizar en el Banco, en virtud de que como política de esa
Institución, son destruidos un año después de ser cambiados. Además,
dicha Institución mantiene copias de microfilm de los cheques cambiados
                                  270

a partir del año 1999 en adelante, por lo cual no cuenta con el respectivo
respaldo de ese documento.

       2) La Oficina Administrativa del II Circuito Judicial de San José,
no informó oportunamente a esta Auditoría sobre la anomalía presentada,
a pesar del tiempo transcurrido desde que tuvo conocimiento de ésta,
incumpliendo en consecuencia con lo estipulado en el artículo 9, inciso j,
del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales y artículo 26 del
Reglamento de la Auditoría Interna del Poder Judicial.‖

      De igual forma, ante la eventualidad del reclamo ya formalizado por
RECOPE, la Auditoría incluyó dentro de sus recomendaciones, el que se
procediera a resarcir a dicha entidad por medio de la cuenta de
indemnizaciones, la suma de ¢16.128.217,13 como devolución del embargo
decretado en contra de la cuenta que dicha Institución mantenía con el
extinto Banco Anglo Costarricense, de acuerdo con la causa No. 94-
013072-226-CA de la Municipalidad de Limón contra RECOPE,
expediente en poder del Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios del
Segundo Circuito Judicial de San José (folios 5 al 12).

      4.- Que con el propósito de hacer una revisión de las diligencias al
amparo del informe rendido por la Auditoria Judicial, esta Dirección
solicita el expediente judicial de interés por oficio No. 4743-DE-2007 del
12 de junio del año en curso, el cual fue remitido por el Juzgado Civil de
Hacienda de Asuntos Sumarios en fecha 22 de junio de 2007 y del cual se
certifican como piezas de interés, entre otras, las siguientes:

            Copia de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda No. 649 de las nueve
horas treinta minutos del cinco de agosto de 1992 que acoge parcialmente
la demanda interpuesta por la Municipalidad de Limón contra RECOPE,
confirma ejecución y embargo y ordena continuar los procedimientos hasta
que RECOPE le haga cumplido pago a la Municipalidad de Limón del
monto adeudado por patentes municipales con sus respectivos intereses.
Resolución confirmada mediante sentencia No. 988-92 dictada por la
Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo a las
nueve horas del 05 de noviembre de 1992.

          Copia de la resolución No. 1280-92 del Juzgado Segundo de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de las 10:00 horas del 10
de marzo de 1993 que confirma la liquidación de intereses y tasación de
                                    271

costas formulada por la parte actora.

           Copia de la resolución del Juzgado Segundo de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, de las 15:00 horas del 04 de julio de
1993 que solicita a los bancos se proceda a depositar en la cuenta de ese
despacho las sumas retenidas por concepto de embargo correspondiente a la
parte accionada.

           Copia de la resolución del Juzgado Segundo de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, de las 8:00 horas del 23 de agosto de
1993 que ordena girar a favor de la Municipalidad de Limón las sumas
correspondientes a multas intereses y capital, así como cancelación de
costas personales.

           Copia del depósito judicial del Banco de Costa Rica No.
0365007 de fecha 12 de agosto de 1993 por la suma de ¢16.128.217,13
para responder al proceso ejecutivo No. 1280-92, así como orden de
confección de cheque No. 189399.

           Copia de la resolución del Juzgado Segundo de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, de las 8:00 horas del 07 de setiembre
de 1993 que aprueba multas, intereses y costas dentro del proceso de
marras, confirmada por resolución de la Sección Segunda del Tribunal
Superior Contencioso Administrativo mediante sentencia No. 762-93.

          Copia del certificado de depósito a plazo del Banco Nacional
No. 1004884 del 16 de julio de 1992 por la suma aquí reclamada.

          Copia de la resolución dictada por el Juzgado Segundo de lo
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 8:05 horas del 16 de
enero de 1994 que ordena trasladar diligencias a la Alcaldía Segunda Civil
de Hacienda.

           Copia de la orden de devolución del certificado de depósito a
plazo dictada por la Alcaldía Primera Civil de Hacienda a las 15:00 del 08
de setiembre de 1994. Así como solicitud de traslado de dicho depósito al
Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
despacho este último que comunica la no existencia de retenciones para
responder al proceso de interés.
                                   272

      5.- En lo que respecta a la solicitud realizada por RECOPE sobre el
pago de intereses legales que se generen hasta el efectivo pago de la
obligación, calculados desde el 07 de setiembre de 1995, fecha en que el
Juzgado recibe el dinero del Banco, es importante considerar lo analizado
por la Auditoría Judicial en el punto 2.2. de su informe en cuanto a los
resultados del estudio, particularmente la cancelación del depósito
efectuado por el extinto Banco Anglo:

     ―2.2. Cancelación del depósito Nº 36918 del 07-09-93, efectuado
por el extinto Banco Anglo Costarricense por un monto de
¢16.128.217.13

     2.2.1 Según consta en la orden para confección de cheque Nº
197022 del 03-03-95, el antiguo Juzgado Segundo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda de San José, mediante resolución de
las 10 hrs del 27 de enero de 1995, ordena girar a favor del mismo
Juzgado la suma de ¢ 16.128.217.13, cancelando totalmente la boleta de
depósito Nº 36918 del 07-09-93 (citada en el punto 2.1.2. c de este
informe), con el propósito de adquirir un certificado de depósito a plazo.

       No obstante lo anterior, es importante destacar que tanto la
resolución que ordena girar, como la copia de la orden para confección de
cheque mencionada, no constan en el expediente estudiado. Sin embargo,
el documento original correspondiente a la orden para confección de
cheque precitada, se localizó por parte de esta Auditoría en los archivos
de la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial de San José,
lo que hace presumir que dicho cheque se emitió sin ninguna resolución
que ordene girar.

       Además, es necesario indicar que dentro del expediente de marras se
observa a folios 111 hasta 116, una serie de diligencias efectuadas entre el
07 de febrero y el 21 de marzo de 1995, en la antigua Alcaldía Primera
Civil de Hacienda de San José, despacho al que había sido trasladada la
causa, por lo que dicho expediente muy probablemente no se encontraba en
el antiguo Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda de San José cuando se ordenó girar el monto antes mencionado,
lo cual evidentemente representaría un procedimiento anómalo.

      Cabe agregar que las personas autorizadas a firmar dicha orden en
esa oportunidad, según Sistema Integrado de Personal (SIP), debieron ser la
                                  273

Licda. Lilliana Quesada Corella, y el señor Alvaro Infante Quirós, en ese
entonces Actuaria y Secretario, respectivamente, del antiguo Juzgado
Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San José. No
obstante, en entrevista realizada a la Licda. Lilliana Quesada Corella,
actualmente Jueza del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda, manifestó que la firma estampada en dicha orden no
corresponde a la suya.

      Por otra parte, no fue posible localizar al señor Alvaro Infante
Quirós, el cual está jubilado desde el 01 de marzo de 1997.

      2.2.2 Tomando como sustento la orden para confección de cheque
citada en el punto anterior, el Departamento Financiero Contable con
fecha 07 de marzo de 1995, emitió el cheque Nº 849815, por la suma de ¢
16.128.217.13, a favor del antiguo Juzgado Segundo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda de San José.

       Revisada la copia del correspondiente cheque, no consta el nombre
o firma como recibido conforme de la persona que retiró dicho cheque.
Lo único que consta en ese documento es el sello y fecha de recibido por
parte del Juzgado referido.

       Asimismo, de acuerdo con la revisión del estado de cuenta
bancario, correspondiente a marzo de 1995 del Banco de Costa Rica, se
observa a folio 3 de ese estado de cuenta que dicho cheque fue cambiado
el 21 de marzo de 1995.

       Revisada la documentación en los Despachos correspondientes en
donde estuvo el expediente, así como de los inventarios efectuados por el
Departamento Financiero Contable y de la Sección de Estudios Especiales
de esta Auditoría en el Banco de Costa Rica, no se pudo localizar el
respectivo certificado de depósito a plazo que se ordenó adquirir por
medio de la orden para confección de cheque Nº 197022 del 03 de marzo
de 1995, emitida por el antiguo Juzgado 2º Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda de San José.

       Adicionalmente, esta Auditoría solicitó tanto a la oficina de
Custodia de Valores del Banco de Costa Rica, como a los jueces
coordinadores del Juzgado Contencioso Administrativo y del Juzgado
Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, ambos del II Circuito Judicial de
San José, información sobre la existencia en los despachos a su cargo, de
                                    274

algún título valor por la suma de ¢16.128.217.13, a lo cual respondieron
que revisado el control de caja fuerte del despacho, no aparece ningún
título valor por el monto aludido. Asimismo, el Banco de cita indicó que
según revisión realizada en los registros, no se mantiene custodiado
ningún título valor por dicho monto.

      Es importante hacer la observación que el cheque original arriba
mencionado, no se localizó en el Banco de Costa Rica, por cuanto son
destruidos un año después de su emisión. Asimismo, mediante oficio de
fecha 04 de febrero del año en curso, las licenciadas Yulang Salas
Carballo y Hazle (sic) Chaves Arias, Ejecutivas de Cuenta de la referida
entidad bancaria, indicaron que no es posible suministrar la copia de
microfilm del cheque 849815, ya que en el archivo general se mantiene
copias de microfilm del año 1999 en adelante, razón por la cual no se
pudo establecer el nombre de la persona que cambió el citado cheque.

       En vista de lo anterior, y particularmente por las limitaciones que
se presentaron ante la carencia de información para desarrollar esta
evaluación, esta Auditoría no logró establecer el destino que se le dio al
dinero de cita, ni tampoco se pudo identificar a una persona en particular
como responsable de haber recibido ese dinero por parte del Despacho de
referencia, ya que no se dejó evidencia de ello en el expediente
respectivo, ni en la copia del cheque referido, a la cual de acuerdo con las
políticas establecidas en la Institución sobre el particular, se debió
consignar el nombre, cédula y la firma de la persona que recibió dicho
dinero.

      Por lo tanto, ante tal situación, se solicitó a la Licda. Ana Lía Umaña
Salazar, Asesoría Legal de esta Auditoría, emitir criterio sobre las
consecuencias Administrativas, Penales y Civiles, en razón del tiempo
transcurrido en este caso, así como, la responsabilidad de la Institución ante
RECOPE, por lo cual mediante oficio N°10-UJ-2005 de fecha 12 de abril
último, en lo que interesa señaló lo siguiente:


      ―1) Es importante mencionar que evidentemente hubo descuido por
parte de los funcionarios del Depto Financiero Contable al no haber
verificado que en la copia del cheque hubiera quedado nombre o firma
de recibido conforme de la persona que lo retiró. Aquí hay un error de
omisión en primer término, ya que en virtud de esto se desconoce la
identidad de quien retiró el documento cambiario, que es la misma
                                  275

persona que probablemente fue quien lo cambió en fecha 21 de marzo de
1995, haciéndolo efectivo, pero que no adquirió con él ningún
certificado de depósito a plazo a favor del despacho. El proceso judicial
en el que ese depósito garantizaba las resultas, fue archivado en fecha 06
de junio de 1997


     En este caso tenemos lo siguiente:

          Las únicas personas autorizadas para firmar la orden para la
confección del cheque en esa oportunidad eran la Licda. Quesada
Corella y el Señor Alvaro Infante Quirós.

         Que la Licenciada Quesada alega no haber firmado nunca la
  orden para confeccionar el cheque.

      1) Ante estas dos situaciones, es importante indicar, por un lado,
que el hecho de que la Licenciada citada alegue no haber firmado el
documento, no basta para tener como un hecho probado que
efectivamente ello fue así, pues no lo demuestra con ningún medio
idóneo.

     2) Tampoco podemos tener la mínima certeza de que el señor
Alvaro Infante lo hizo, falsificando la firma de la Licenciada Quesada,
pues es muy grave hacer tal afirmación, sin contar con suficientes
elementos de juicio que así lo permitan. De tal suerte que tampoco
podemos tener certeza acerca de si se produjo o no un ilícito penal.

     3)     Por otro lado, el hecho de que alguno de los dos
funcionarios firmara la orden para la confección del cheque no implica
ni demuestra que alguno de ellos lo hubiera retirado y mucho menos
cambiado, pues como se señaló, tampoco existe evidencia en la copia del
cheque acerca de la identidad de quien lo retiró.

      4)     De esta forma es imposible determinar a esta alturas (10
años después) la suerte que pudo haber corrido el documento cambiario
y en su caso, el dinero mismo.
En virtud de lo anterior, estimamos que no es posible hablar de ningún
tipo de responsabilidad, pues tampoco podemos determinar a los
eventuales responsables, ya que como se indicó, el hecho de que la orden
para la confección del cheque aparezca firmada por la Licda. Quesada
                                   276

no necesariamente implica que ella lo retirara, en el supuesto de que la
firma fuera la suya, o bien, si hubiere sido falsificada por un tercero, (no
sabemos quién) tampoco ello implica que este hiciera el retiro señalado
(aunque sabemos que el solo hecho de la falsificación podría ser un
indicio para determinar al posible responsable), sin embargo, no hay
medios que permitan verificar quién lo retiró, y quién lo hizo efectivo
posteriormente.

      Ante tal situación a la Auditoría no le es posible efectuar un informe
de relación de hechos, pues si bien es cierto, se ha presentado a todas
luces una situación irregular, lo cierto es que han transcurrido 10 años, y
obviamente cualquier medio que pudiere servir como probatorio, en
virtud del transcurso del tiempo ha perdido su valor como tal, o
simplemente ya fue destruido, como probablemente ocurrió con el cheque
cambiado, pues estos se destruyen después de cierto tiempo, aunado al
hecho de que existe imposibilidad de señalar a un responsable directo.

      En el caso concreto hay varios aspectos que deben tomarse en
cuenta, por un lado no hay forma de determinar, quien retiró el cheque,
ni tampoco quién lo cambió, de tal suerte que la responsabilidad penal,
civil y disciplinaria que pueda caber por la pérdida de los dieciséis
millones de colones pertenecientes a RECOPE, no se puede demostrar al
no ser posible señalar directamente, a una persona como presunto
implicado. Por otro lado, en razón del transcurso de tan extenso período
de tiempo (10 años), es posible que ya se hayan cumplido de sobra los
plazos de prescripción en caso de la comisión de un delito y para la
responsabilidad civil y disciplinaria.

      De conformidad con el numeral 190 de la Ley General de la
Administración Pública, “la Administración responderá por todos los
daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un
tercero.” Esta norma fundamenta el principio de responsabilidad
objetiva de la Administración, en virtud del cual, en el caso concreto el
Poder Judicial debe indemnizar a RECOPE por la suma que reclama,
incluyendo otras cantidades que este pueda cobrar por concepto de
intereses legales.

     Por otro lado, el artículo 199 de la ley antes citada, dispone que el
servidor público será responsable personalmente ante terceros cuando
haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o
                                     277

con ocasión del mismo, el numeral 201 dispone que la Administración
será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los
daños que este cause en las condiciones antes señaladas. Con base en
esta norma, es posible afirmar que la Administración siempre deberá
responder aunque no sea factible identificar al funcionario responsable
con ocasión del daño causado, precisamente por el principio de
solidaridad. Estando igualmente facultada la Administración, para
recobrar plenariamente lo pagado por ella cuando deba reparar los
daños causados a un tercero, ocasionados por el servidor que ha actuado
con dolo o culpa grave, pero esto solo es posible cuando se ha
determinado con certeza la identidad del funcionario culpable”.

      6.- Con base en lo expuesto, considerando el pormenorizado estudio
de la Auditoría Judicial, ya de conocimiento y aprobación de ese Honorable
Consejo, así como los elementos de valoración que se desprenden de la
revisión del expediente judicial, queda claro a esta Administración que a la
entidad reclamante se le causó un daño directo producto de la no
devolución del embargo practicado por el extinto Banco Anglo
Costarricense por el monto ya mencionado, sin que pudieran dar fe del
trámite aplicado las instancias que asumieron el conocimiento de los
pasivos que poseía dicho banco, hasta que la Sección de Fideicomiso del
Banco de Costa Rica logra determinar que la suma pendiente de devolución
se trasladó mediante cheque de gerencia a la cuenta corriente del Juzgado
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en setiembre de 1993. Al
demostrarse en autos que no existe evidencia de que el despacho citado
haya devuelto dicho dinero a la reclamante, con base en el estudio
exhaustivo realizado por la Auditoría Judicial, la información suministrada
por el mismo despacho judicial y certificación de piezas del expediente
judicial de marras, y de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley
General de Administración Pública, lo recomendable es acoger el reclamo
planteado por el Sr. CARLOS QUESADA KIKUT, en su calidad de
Apoderado General sin Límite de Suma de la Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE) con respecto al pago del principal.

      7.- En lo que respecta a la solicitud de pago de intereses legales que se
generen hasta el efectivo pago de la obligación, calculados desde el 07 de
setiembre de 1995, fecha en que el Juzgado recibe el dinero del Banco, la
suscrita considera que para el reconocimiento eventual de dicho rubro debe
considerarse lo siguiente: En cuanto al reconocimiento de intereses, la Ley
General de la Administración Pública no contiene norma alguna que regule
su pago. En virtud de ello, debe acudirse al principio de integración y
                                          278

      aplicación supletoria de normas, dirigido a integrar cuando hay un vacío de
      regulación normativa y se da una situación de hecho no regulada en una
      norma. Este principio se encuentra consagrado en el artículo nueve de
      dicho cuerpo normativo (en concordancia con el artículo 229 inciso 2.), que
      expresamente permite a la administración aplicar el derecho privado y sus
      principios ante la ausencia de norma administrativa; por ello, ante la
      solicitud del reclamante, debe acudirse a lo establecido en el artículo 984
      del Código de Comercio, que enuncia:

           “Artículo 984.- Salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de
      este Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben en
      cuatro años, con las siguientes salvedades que prescribirán en un año:
       (…) b) Las acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o
      rentas; (…)” (el destacado no es del original)

           De esta forma, en cuanto al pago de intereses solicitado, es
      consideración de la suscrita que dicha pretensión se encuentra limitada en
      atención a la norma citada, en relación con la fecha en que ese Consejo
      conoce y acoge el informe de la Auditoría Judicial, que prevé dentro de sus
      recomendaciones la viabilidad de un reclamo económico por parte de
      RECOPE. El acuerdo de interés fue tomado por el Consejo Superior en
      sesión No. 78-05 del 04 de octubre de 2005 y RECOPE interpone el
      reclamo de interés el 26 de febrero de 2007, por tanto corresponde
      reconocer intereses desde un año antes de la fecha de interposición del
      reclamo, es decir desde el 26 de febrero de 2006, hasta su efectivo pago.

            Resulta necesario acotar a su vez, que el pago del principal se
      mantiene incólume y que representa la misma cantidad solicitada por la
      empresa reclamante ante la vía judicial, y posteriormente ante esta
      instancia, que es donde se incluye el rubro de intereses. De esta forma, es
      recomendable ACOGER el reclamo planteado por el Sr. CARLOS
      QUESADA KIKUT, en su calidad de Apoderado General sin Límite de
      Suma de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) por la suma
      de dieciséis millones ciento veintiocho mil doscientos diecisiete colones con
      trece céntimos (¢16.128.217,13), más los intereses correspondientes
      calculados desde el 26 de febrero de 2006, un año antes de la fecha de
      presentación formal del reclamo administrativo, hasta su efectivo pago.”
                                     -0-
           Este órgano comparte las razones expuestas por la licenciada Rebeca

García Pandolfi, Jefa de la Sección de Trámite de Cobro Administrativo, para
                                       279

acoger el reclamo planteado, pero con fundamento en la normativa civil (artículo

706, 1163 y concordantes del Código Civil) por cuanto no se trata de una

obligación mercantil; en consecuencia, se dispuso: Acoger el reclamo interpuesto

por el licenciado Carlos Quesada Kikut, Apoderado General de la Refinadora

Costarricense de Petróleo y autorizar el pago de ¢16.128.217,13 (dieciséis millones

ciento veintiocho mil doscientos diecisiete colones con trece céntimos), más los

intereses correspondientes calculados desde el 26 de febrero de 2006, un año antes

de la presentación formal del reclamo administrativo, hasta su efectivo pago.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines

consiguientes.

                               ARTÍCULO LXXV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 10326-

DE-2007 de 30 de noviembre recién pasado, remite dos cuadros, que recogen la

información de las plazas a crear durante el 2008 en las oficinas judiciales,

Fiscalías, Oficinas de la Defensa Pública y oficinas de Trabajo Social. En un

cuadro se incluyen las que cuentan con el espacio físico y en el otro las que no

cuentan con este.

      Señala que para estas últimas, la dirección a su cargo recomienda que se

valore la posibilidad de que las personas que se lleguen a nombrar laboren en
                                              280

jornada vespertina, dado que no se cuenta con contenido presupuestario para

arrendar locales.

    “DESPACHOS JUDICIALES QUE NO CUENTAN CON ESPACIO FISICO PARA
                  UBICAR LAS PLAZAS NUEVAS DEL 2008
  Nombre de la Oficina                  Plaza                             Comentario

I Circuito Judicial de
San José
Sala Primera                3 Profesional en Derecho 3      Según información suministrada por la
                                                            Licda. Nidia Soto de la Sala Primera, no
                                                            tienen donde ubicar estás plazas, pero
                                                            actualmente están buscando espacio.
III Circuito Judicial de
Alajuela
Juzgado Civil, Trabajo y    1 Juez 3, 1 Auxiliar Judicial 2 Se planteo la posibilidad de la jornada
Agrario del III Circ.Jud.                                   vespertina, pero no aceptaron los jueces.
de Alajuela (San Ramón)
Jdo. Contravenc.y           1 Auxiliar Judicial 1           La jueza coordinadora de esta oficina
Pensiones Aliment. III                                      debido a los problemas de espacio
Circ.Jud. Alajuela (San                                     solicito salir del edificio.
Ramón)
I Circuito Judicial de la
Zona Sur
Juzgado Penal de Buenos     1 Juez 3, 1 Auxiliar Judicial 2 Se encuentra en proceso en el
Aires                                                       Departamento de Proveeduría el proceso
                                                            de contratación de alquiler de un local.
Centro de Conciliación      1 Juez 3, 1 Auxiliar Judicial 2 Se encuentra en proceso la propuesta de
                                                            remodelación de espacio físico en el
                                                            cuarto piso de los Tribunales de Pérez
                                                            Zeledón.
Circuito Judicial de
Cartago
Tribunal de Juicio de       1 Juez 4, 1 Auxiliar Judicial 3 Se sugiere servicio vespertino.
Cartago
                            2 Juez 4, 1 Auxiliar Judicial 3 Se sugiere servicio vespertino.

Juzgado Contravencional     1 Juez 1                        Considerando el espacio físico en
y Menor Cuantía                                             remodelación de plano.
Turrialba
Circuito Judicial de
Heredia
                                             281

Juzgado de Familia          1 Juez 3, 1 Auxiliar Judicial 3 La administración no propone solución a
                                                            problema de espacio.
Tribunal Penal              3 Juez 4, 1 Juez 4, 2 Auxiliar Se planteo la posibilidad de la jornada
                            Judicial 3, 1 Auxiliar Judicial vespertina sin ningún resultado.
                            2
Juzgado Contravencional     1 Auxiliar Judicial             La administración no propone solución a
y Menor Cuantía de                                          problema de espacio.
Sarapiquí
I Circuito Judicial de la
Zona Atlántica
Tribunal de juicio          1 Juez 4                      No se cuenta con espacio físico para la
                                                          ubicación de está plaza.
Circuito Judicial de
Corredores
Tribunal del II Circuito    1 Juez 4 (Laboral) 1 Juez 4   La alternativa es que laboren en turno
Judicial de la Zona Sur     (Civil) 1 Juez 1              vespertino, ya que el grueso de su
                                                          trabajo es de análisis de los expedientes
                                                          venidos en apelación y la elaboración de
                                                          proyectos de sentencia que luego son
                                                          votados en forma colegiada; situación
                                                          que se presenta para realizarlo en este
                                                          tipo de jornada.



  OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL QUE NO CUENTAN CON ESPACIO FISICO PARA
                  UBICAR LAS PLAZAS NUEVAS DEL 2008
 Nombre de la Oficina                   Plaza                            Comentario

I Circuito Judicial de
San José
Oficina de Trabajo Social 1 Profesional 3                 Según información de la Licda. Vivian
de Desamparados                                           Chacón Madrigal, en consulta que se le
                                                          hiciera a la Licda. Luz Marina Solís
                                                          Poveda, Jueza Coordinadora del Juzgado
                                                          de Familia de Desamparados, en este
                                                          despacho no se cuenta con espacio para
                                                          ubicar la oficina para la Trabajadora
                                                          Social en materia de familia que se
                                                          pretende nombrar a partir del 2008, sin
                                                          embargo este despacho se encuentra en
                                                          proceso licita- torio para la búsqueda del
                                                          nuevo local. Se requiere el equipo y
                                                          mobiliario para esta plaza.
                                            282

III Circuito Judicial de
San José
Oficina de Trabajo Social 1 Trabajador Social, 1          La Licda. Matilde González, Jefa del
y Psicología              Psicólogo y Auxiliar            Departamento de Trabajo Social y
                          Administrativo                  Psicología, estas plazas se pueden ubicar
                                                          en el Juzgado de Violencia Doméstica de
                                                          Hatillo, pero según manifiesta la Licda.
                                                          Vivian Chacón Madrigal, no es posible
                                                          la ubicación de estas plazas en esta
                                                          oficina, debido a que es muy pequeña.
I Circuito Judicial de
Guanacaste
Oficina de Trabajo Social Profesional 3 (Psicólogo)       Se      esta    gestionando     ante     el
                                                          Departamento de Financiero Contable, la
                                                          certificación de contenido para el alquiler
                                                          de local, pero esta opción no estará lista
                                                          para principios del 2008. Otra opción
                                                          sería ubicar la plaza en el área de
                                                          observación de la Cámara de Gessel,
                                                          quedando claro que las diligencias de la
                                                          misma tienen prioridad.
Circuito Judicial de
Corredores
Oficina de Trabajo Social 1 profesional 3 (psicólogo), 1 La alternativa es que laboren en turno
                          Profesional 3 (Trabajador      vespertino, ya que el grueso de su trabajo
                          Social), 1 Auxiliar Judicial   es de análisis de los expedientes venidos
                                                         en apelación y la elaboración de
                                                         proyectos de sentencia que luego son
                                                         votados en forma colegiada; situación
                                                         que se presenta para realizarlo en este
                                                         tipo de jornada.



  OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE NO CUENTAN CON ESPACIO FISICO
                PARA UBICAR LAS PLAZAS NUEVAS DEL 2008


Nombre de la Oficina              Plaza                             Comentario

I Circuito Judicial de
San José
Fiscalía General         1 Auxiliar de Servicios Espacio requerido 4 metros cuadrados.
                         Generales 3 y 1
                         Auxiliar Judicial 2
                                              283

                           2 Fiscal                 Espacio requerido 32 metros cuadrados.
Primera Fiscalía Adjunta   1 Fiscal Adjunto         Espacio requerido 16 metros cuadrados
de San José
Fiscalía de Pavas          1 Fiscal Adjunto         Espacio requerido 16 metros cuadrados
III Circuito Judicial de
San José
Fiscalía Adjunta del III   1 Fiscal y 1 Auxiliar    Espacio requerido 16 y 4 metros cuadrados,
Circuito Judicial de San   Judicial                 respectivamente.
José
I Circuito Judicial de
Alajuela
Fiscalía Adjunta de        1 Asistente Jurídico     Según información de la Licda. Silvia Carmona,
Alajuela                                            Fiscala Adjunta, ella le hizo la consulta a David
                                                    Brown, quién manifestó que esas plazas tenían un
                                                    destino especifico y no las podrían trasladar a
                                                    horario vespertino. El Ministerio Público no
                                                    cuenta con espacio disponible para ubicarlos
                           1 Auxiliar Judicial 2
III Circuito Judicial de
Alajuela
Fiscalía Adjunta del III 1 fiscal adjunto, 1       Los fiscales si aceptarían la jornada vespertina
Circuito Judicial de     fiscal, auxiliar judicial dependiendo de las condiciones, sin embargo
Alajuela (San Ramón)     2                         indican que estas condiciones pueden variar en
                                                   enero con la llegada de la nueva plaza de Fiscal
                                                   Adjunto.
                         1 fiscal
Circuito Judicial de
Heredia
Fiscalía Adjunta           1 Fiscal , 1 Auxiliar    Se planteo la posibilidad de la jornada vespertina
                           Judicial 2               sin ningún resultado.
                           1 Auxiliar Judicial 2
Fiscalía Adjunta de        1 Fiscal                 Se planteo la posibilidad de la jornada vespertina
Sarapiquí                                           sin ningún resultado.‖
                                              -0-

      En razón de no contarse con espacio físico disponible, ni existir contenido

presupuestario para arrendar locales, se acordó: Acoger la recomendación de la

Dirección Ejecutiva y conceder audiencia por espacio de cinco días a los diferentes
                                       284

jefes de oficina para que manifiesten lo que tengan a bien, respecto del

nombramiento de este personal para que labore en jornada vespertina. Se declara

acuerdo firme.

PROPOSICIONES E INFORMES

                              ARTICULO LXXVI

      Manifiesta el Magistrado Mora, Presidente, que la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI), ha expresado el interés de ofrecer algunos cursos

y tener un mayor acercamiento con el Poder Judicial, que en su oportunidad se

nombró como contactos ante esa organización a los máster Ivonne Preinfalk

Lavagni y Juan Manuel Chaves Villalobos, Profesionales en Derecho 3 de la Sala

Primera, que dicho ente ha solicitado que se nombren otra vez los puntos de

contacto, incluyendo además al doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la

Escuela Judicial.

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones del Magistrado Mora,

Presidente. 2.) Designar a los máster Preinfalk Lavagni, Chaves Villalobos y al

doctor Carvajal Pérez como puntos de contacto entre la Corte y la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

      El Magistrado Mora Mora se abstiene de votar en lo que se refiere a la

designación de la máster Ivonne Preinfalk.
                                        285

                                  ARTICULO LXXVII

      Mediante circular Nº 63-2003 de 23 de julio del 2003, la Secretaría General

de la Corte, hizo del conocimiento de los funcionarios y servidores judiciales del

país, el acuerdo tomado por este Consejo en sesión N° 53-03, celebrada el 22 de

julio de 2003, artículo XCVII, en que dispuso actualizar la Circular N° 78-98,

publicada en el Boletín Judicial N° 186, del 24 de setiembre de 1998, sobre la

"Correcta presentación personal de los funcionarios y servidores judiciales‖.

      La licenciada Yolanda María Mora Artavia, Integrante suplente de este

Consejo, expresa la preocupación por la forma en que se visten algunos servidores

judiciales específicamente las mujeres, ha recibido comentarios de auxiliares de

que incluso funcionarias como Juezas incumplen las circulares y se presentan en

forma inadecuada a los despachos donde ejercen cargos de autoridad. La

Licenciada Mora considera que es muy importante la buena presentación de éstos,

así como de los abogados y abogadas, más aún en la realización de las audiencias,

por cuanto hay que cuidar la imagen de la institución y respetarla.

      Al respecto, manifiesta el licenciado Barrantes Ramírez, Integrante suplente

de este Consejo, que se debe concientizar a los jefes de las oficinas judiciales,

sobre la correcta presentación personal de los funcionarios y servidores judiciales.

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones anteriores. 2.) Reiterar
                                         286

la circular Nº 63-2003 sobre la "Correcta presentación personal de los funcionarios

y servidores judiciales‖ y publicarla en el Boletín judicial. 3.) Trasladar la circular

a la licenciada Mora Artavia para que realice las observaciones que considere

necesarias para mejorarla.

      La Secretaría General de la Corte, tomará nota para los fines consiguientes.

                               ARTICULO LXXVIII

      Manifiesta el Integrante Martínez Fernández que el licenciado Víctor Castro

Méndez, Secretario General del Sindicato - Asociación Nacional de Investigadores

en Criminalística, le consultó lo relativo al día de asueto para los y las servidoras

de San José, por festejos cívicos de fin y principio de año, en razón de que no se

contempló en el Plan de vacaciones del período 2007-2008; aspecto que le

corresponde resolver a la Dirección Ejecutiva, de conformidad con el inciso 15º

del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Al respecto, expresa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

que ese día no se puede decretar hasta tanto el Concejo Municipalidad de San José,

no tome el acuerdo que declara Festejos Cívicos Populares. Agrega además, que

mediante tres oficios se ha reiterado a dicha Municipalidad el pronunciamiento

respectivo.

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de los licenciados
                                       287

Martínez Fernández y Jones León. 2.) Indicar al licenciado Castro Méndez, que en

virtud de que aún no ha habido pronunciamiento del Consejo Municipal de San

Jóse, respecto al asueto de fin y principio, se tiene que estar a la espera a lo que

resuelva ese Municipio.

                                       -o0o-

      A las 11:15 a.m. terminó la sesión.

				
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