019 0303

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					                                  Nº 19-09

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a

las ocho horas del tres de marzo del dos mil nueve.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; de

las licenciadas Milena Conejo Aguilar y Lupita Chaves Cervantes, el

licenciado Marvin Martínez Fernández y la suplente licenciada Ana Cecilia

Ching Vargas en plaza vacante. Asiste también el Director Ejecutivo,

licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                               ARTÍCULO I

      Se aprueba el acta de la sesión número 13-09 celebrada el 17 de

febrero del 2009.

      También se aprueba la separata de la sesión Nº 18-09 celebrada el 26

de febrero recién pasado, artículo XII.

      El señor Presidente, Magistrado Mora, se abstiene de votar en la

aprobación de la separata por no haber participado en esa sesión.

CONDOLENCIAS

                              ARTÍCULO II

      Ante el sentido fallecimiento de la señora Carmen Zamora Solera,

madre de la licenciada Linda Casas Zamora, Jueza del Tribunal Penal del

Primer Circuito Judicial de San José, se acuerda expresar las condolencias

de la Corte Plena y de este Consejo a doña Linda y a su estimable familia.
                             ARTÍCULO III

      Con ocasión del sentido fallecimiento del señor Gonzalo Ballestero

Cisneros, abuelo materno de la señora Ángela Guzmán Ballestero, Auxiliar

Judicial 2 del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San

José, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y de este

Consejo a doña Ángela y a su estimable familia.

                             ARTÍCULO IV

      En razón del sentido fallecimiento del señor Daniel Vargas Campos,

quien se desempeñó como notificador del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Tilarán, se acuerda expresar las condolencias de la Corte

Plena y de este Consejo a su estimable familia.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

                              ARTÍCULO V

      En sesión N° 51-08 celebrada el 15 de julio del 2008, artículo III, de

conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 78, siguientes y concordantes del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del Reglamento Interno

de Compras del Poder Judicial y la recomendación formulada por el

Departamento de Proveeduría, se adjudicó la Licitación Pública N°

2008LN-000013-PROV, denominada ―Remodelación del edificio Anexo A

del Segundo Circuito Judicial de San José‖, a la empresa Arquitectura JOF,

S. A., cédula jurídica N° 3-101-141203, por un monto total de
¢449.300.000,00, (cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos mil

colones exactos) impuestos incluidos.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°

1510-DE-2009 de 20 de febrero último, remite la nota N° 1370-DP/15-09

de 19 de ese mes, suscrita por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa

del Departamento de Proveeduría, en que solicita la ampliación de la

Licitación Pública N° 2008LN-000013-PROV, hasta un máximo del 50%,

en los siguientes términos:

              ―En sesión N° 51-08 celebrada el 15 de julio de 2008,
       artículo III, el Consejo Superior dispuso adjudicar la Licitación
       Pública N° 2008LN-000013-PROV, denominada ―Remodelación
       del edificio Anexo A del II Circuito Judicial de San
       José‖, de la siguiente forma:

             “A: Arquitectura JOF, S. A., cédula jurídica N° 3-
       101-141203.

              La Remodelación del edificio Anexo A del II Circuito
       Judicial de San José, incluye materiales, mano de obra y
       equipo.

             Plazo de entrega: 71 días hábiles a partir del quinto
       día hábil luego de entregado el Pedido, vía fax o en forma
       personal.

              Garantía: 24 meses en la pintura.

              GRAN TOTAL ADJUDICADO: ¢449.300.000,00”

              Mediante oficio N° 223-04-SG-2009 de 13 de febrero en
       curso, la M.Sc. Ana Beatriz Méndez Alvarado, Jefa a. í. del
       Departamento de Servicios Generales, remite nota recibida en
       ese Departamento el 12 de los corrientes, suscrita por el
       Ingeniero Ewell Calderón C., Director de Proyectos de la
       empresa Arquitectura JOF, S. A., en la cual presenta el costo
       actualizado del cambio de cubierta y hojalatería en un área de
       3.561 m2., por la suma de ¢44.390.419,09 en el edificio de
referencia, la cual indica textualmente:

       ―El Ingeniero Ewel Calderón de la empresa
Arquitectura JOF S.A, indicó en relación con el proyecto de
Remodelación del Edificio del II Circuito Judicial de San José
II Etapa, que el inmueble presenta a nivel de cubierta y canoas
algunas filtraciones, recomendando su reparación previo a la
instalación de los cielos y pisos vinílicos por cuanto ambos
materiales se dañan con facilidad al contacto con el agua.

      En razón de lo expuesto y considerando que esta
propiedad fue adquirida por el Poder Judicial en el mes de
diciembre pasado, se le solicita a la empresa hacer una
valoración del techo existente y presentar una propuesta
económica.

       La Empresa Arquitectura JOF S.A, con base en un
levantamiento de los techos que efectuó indica que el cambio
de la hojalatería y cubierta en un área de 3516 m2, tenía un
costo de ¢56.677.458,31 (cincuenta y seis millones seiscientos
setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones con
treinta y un céntimos).

       Dicha propuesta fue valorada por por (sic) el Ing.
Douglas Villalobos Gómez, Profesional II de la Sección de
Arquitectura e Ingeniería de este Departamento, mediante el
oficio N°056-ai-2009, señala que en virtud de que algunos
elementos por las razones que en el informe se indican no son
necesarios de considerar, el costo de sustituir 3516 m2 de
techo y cubierta alcanzaría la suma de ¢44.390.419,09
(cuarenta y cuatro millones trescientos noventa mil
cuatrocientos diecinueve colones con nueve céntimos ).

       La Empresa Arquitectura JOF S.A, actualizó su
propuesta económica al monto establecido por el Ing. Douglas
Villalobos Gómez.

       Tal y como se indicó anteriormente es necesario
sustituir el techo y la cubierta de este inmueble a fin de
garantizar el funcionamiento adecuado del inmueble que
recientemente adquirió el Poder Judicial, razón por la cual se
adjuntan las diligencias para los trámites correspondientes.‖

       Así las cosas, se procede a analizar la aplicación del
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa el cual posibilita a la Administración para
modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos estén
perfeccionados, ya sea antes de iniciar su ejecución o durante
esta, siempre que se observen las siguientes condiciones:

       ―a) Que la modificación, aumento o disminución del
objeto, no le cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir
con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.
       b)      Que en caso de aumento se trate de bienes o
servicios similares.
       c)     Que no exceda el 50% del monto del contrato
original, incluyendo reajustes o revisiones, según corresponda.
       d)     Que se trate de causas imprevisibles al momento de
iniciar el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas
pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación
mínimas cuando definió el objeto.
       e)     Que sea la mejor forma de satisfacer el interés
público.
       f)     Que la suma de la contratación original, incluyendo
reajustes o revisiones de precio, y el incremento adicional no
superen el límite previsto para el tipo de procedimiento
tramitado.

      (...)

       El incremento o disminución en la remuneración se
calculará en forma proporcional a las condiciones establecidas en
el contrato original..

       En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de
incremento solo aspectos que no sean susceptibles de una
contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la
uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses
igualmente importantes.

       Modificaciones que no se ajusten a la condición de
imprevisión o al 50% del contrato, sólo serán posibles con la
autorización de la Contraloría General de la República, la cual
resolverá dentro del décimo día hábil posterior a la gestión,
basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación,
estado de ejecución y el interés público.

       La Administración deberá revisar el monto de las
garantías rendidas a efecto de disponer cualquier ajuste que
resulte pertinente.‖

      Conforme a lo anterior, se procede a realizar el siguiente
análisis a fin de determinar que la situación que se presenta en el
proyecto constructivo de referencia corresponda a las
condiciones señaladas en la normativa aplicable:

       Respecto al punto a) Que la modificación, aumento o
disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin
inicialmente propuesto.

       En este caso, es claro que no existe un cambio en la
naturaleza del objeto contractual o en el fin inicialmente
propuesto, lo que se pretende más bien es garantizar el
funcionamiento adecuado del edificio Anexo A del II Circuito
Judicial de San José, al evitar, con el cambio de cubierta y
hojalatería, la filtración de agua que pueda dañar tanto la
estructura interna y externa existente como las remodelaciones
que están en proceso.

      Respecto al punto b) Que en caso de aumento se trate
de bienes o servicios similares.

       El aumento se da por cuanto con el avance de las
remodelaciones, se logró determinar que a nivel de cubierta y
canoas (hojalatería), se presentan algunas filtraciones
importantes de agua y dado que se tiene que instalar cielos y
pisos vinílicos, es necesario hacer el cambio requerido para
evitar que estos materiales se dañen por el contacto con el agua,
actividad propia de los trabajos realizados de remodelación, por
lo que efectivamente se trata de bienes similares.

      Respecto al punto c) Que no exceda el 50% del monto
del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según
corresponda.

       Según la adjudicación recaída a favor de la empresa
Arquitectura JOF, S. A., el costo del proyecto asciende a
¢449.300.000,00, su 50% sería la suma de ¢224.650.000,00,
mientras que la propuesta presentada por el Ingeniero Ewell
Calderón C., director de proyectos de la referida empresa y que
es de interés para la administración, tendría un costo de
¢44.390.419,09 a precios de oferta. Adicionalmente, mediante
correo electrónico de fecha 04 de febrero en curso, la Licenciada
Nacira Valverde Bermúdez, Subjefe a.í. del Departamento de
Servicios Generales, solicitó emitir un Pedido por la suma de
¢30.000.000,00 para cubrir un reajuste por avance de obra, por lo
que el monto total del proyecto a hoy asciende a la suma de
¢523.690.419,09.

      Así las cosas, se evidencia que el costo de la
modificación más el reajuste por avance del proyecto no supera
el 50% del costo del contrato original, ya que apenas alcanza
aproximadamente un 8,47% del mismo.

       Respecto al punto d) Que se trate de causas
imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las
medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió
el objeto.

        Las causas de imprevisibilidad de estos trabajos extras,
conforme lo indicado por la MSc. Méndez Alvarado radican en el
hecho de que al ir avanzando en el desarrollo de los trabajos de
remodelación, la empresa contratista logró detectar filtraciones de
agua importantes que en un futuro afectarían los cielos y el piso
vinílico que se instalaría según los requerimientos técnicos.
Cuando se inició con este proyecto de obra, el inmueble era
propiedad de la empresa Inmobiliaria Oslo, S. A., por lo que los
trabajos en la cubierta y hojalatería y mantenimiento del inmueble
correspondía realizarlos al arrendatario; no obstante, el Poder
Judicial adquirió en diciembre del año pasado este edificio, lo cual
hace necesario que ahora se proteja y preserve el patrimonio
institucional, realizando las mejoras que permitan cumplir con este
objetivo.

       Respecto al punto e) Que sea la mejor forma de
satisfacer el interés público.

       Una vez que la remodelación del edificio Anexo A del II
Circuito Judicial de San José inicio su ejecución, es
imprescindible buscar las opciones más viables para poder llevar
a buen termino la ejecución de la misma, así las cosas, y en vista
de los acontecimiento presentados se determina que el realizar
estas mejoras y/o ampliaciones, vienen a ser la mejor forma de
satisfacer el interés público, sin perjudicar el óptimo desarrollo
de la remodelación y disminuir atrasos en la finalización y
entrega de dichos trabajos en el tiempo estipulado de 71 días
hábiles.

       Respecto al punto f) Que la suma de la contratación
original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el
incremento adicional no superen el límite previsto para el
tipo de procedimiento tramitado.
       El procedimiento de contratación seguido para este
contrato fue una licitación pública, en razón de ello, no hay tope
máximo para este tipo de procedimiento, siendo el monto del
contrato original más la ampliación requerida y el reajuste por
avance del proyecto un monto total de ¢523.690.419,09.

      Respecto a que “El incremento o disminución en la
remuneración se calculará en forma proporcional a las
condiciones establecidas en el contrato original”.

       Se tiene que el Departamento de Servicios Generales, ente
técnico especialista en la materia y que funge como inspector del
proyecto, en oficio N° 056-ai-2009 de 03 de febrero en curso,
suscrito por el arquitecto Douglas Villalobos Gómez, realizó un
análisis exhaustivo del monto pretendido por la empresa
Arquitectura JOF, S. A., arribando a la conclusión que es
razonable.

      Respecto a que “En caso de contratos de obra, podrán
ser objeto de incremento solo aspectos que no sean
susceptibles de una contratación independiente sin alterar,
perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la
coordinación y otros intereses igualmente importantes.

       Por tratarse de mejoras producto de las remodelaciones
realizadas en el edificio Anexo A del II Circuito Judicial de San
José, mismas que por su naturaleza no fue posible prever al
momento de realizar los estudios previos de los trabajos y que
conforman trabajos que permitirán la recepción definitiva del
proyecto, este rubro no puede ser objeto de una contratación
independiente sin afectar la integralidad del proyecto, ya que
finalmente forman parte de las obras contratadas.

       Confirmado el cumplimiento de los supuestos señalados
con base en los informes técnicos señalados, se recomienda
gestionar ante el Consejo Superior, autorizar la modificación del
contrato en examen, específicamente en lo referente a cambiar la
cubierta y hojalatería en un área de 3.516 m2, actividad que
implica un incremento de ¢44.390.419,09, con base en la
aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, sobre la adjudicación de la
Licitación Pública N° 2008LN-000013-PROV. Los recursos
para este incremento se tomarán de la Solicitud de Pedido No.
2009-290576, la cual cuenta con los fondos suficientes para
hacerle frente a la erogación producto de las modificaciones
       requeridas por el contratista y que a criterio del Departamento de
       Servicios Generales son necesarias para la óptima conclusión de
       las remodelaciones.

             Demás características y condiciones según la propuesta
       presentada por el Ingeniero Ewell Calderón, director de
       proyectos de la empresa Arquitectura JOF, S. A. y los demás
       antecedentes que constan en el expediente.

              Conforme lo dicho por la empresa Arquitectura JOF, S.
       A., la presente modificación no comprende prórroga al plazo de
       entrega originalmente pactado de 71 días hábiles, ya que estos
       trabajos se realizarán en forma paralela con la remodelación
       inicialmente contratada.

              De llegarse a aprobar la presente ampliación, el
       Departamento de Proveeduría procederá a solicitar el ajuste
       respectivo a la Garantía de Cumplimiento.‖
                                         -0-

      Al haberse ejecutado el contrato y por requerirse suministros

adicionales de igual naturaleza, de conformidad con lo que establece el

artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se

acordó: Acoger la recomendación anterior y por consiguiente autorizar la

ampliación del 50% del contrato de la Licitación Pública N° 2008LN-000013-

PROV, denominada ―Remodelación del edificio Anexo A del Segundo

Circuito Judicial de San José‖, a la empresa Arquitectura JOF, S. A., cédula

jurídica N° 3-101-141203 específicamente en lo referente a cambiar la

cubierta y hojalatería en un área de 3.516 m2, actividad que implica un

incremento de ¢44.390.419,09 (cuarenta y cuatro millones trescientos

noventa mil cuatrocientos diecinueve colones con nueve céntimos).

      Los recursos para este incremento se tomarán de la Solicitud de
Pedido No. 2009-290576, la cual cuenta con los fondos suficientes para

hacerle frente a la erogación producto de las modificaciones requeridas por

el contratista y que a criterio del Departamento de Servicios Generales son

necesarias para la óptima conclusión de las remodelaciones.

      Demás características y condiciones según la propuesta presentada

por el Ingeniero Ewell Calderón, director de proyectos de la empresa

Arquitectura JOF, S. A. y los demás antecedentes que constan en el

expediente.

      Conforme lo dicho por la empresa Arquitectura JOF, S. A., la

presente modificación no comprende prórroga al plazo de entrega

originalmente pactado de 71 días hábiles, ya que estos trabajos se

realizarán en forma paralela con la remodelación inicialmente contratada.

      El Departamento de Proveeduría procederá a solicitar el ajuste

respectivo a la Garantía de Cumplimiento.

      La Dirección Ejecutiva y los Departamentos de Proveeduría y

Servicios Generales, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO VI

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio número 1586-DP/03-2009 de 20 de febrero recién

pasado, presenta la siguiente gestión:

              ―En referencia a la Licitación Pública 2009LN-000003-
       PROV, cuyo objeto es la “Contratación de servicios de
       vigilancia en la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores,
       Heredia”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
       sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
       que tomen el acuerdo que consideren conveniente.

             A dicho concurso no se presentaron ofertas, circunstancia
       por lo que la citada licitación deviene en infructuosa y así se
       recomienda declararla.‖
                                    -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, 38 del Reglamento Interno de Compras

del Poder Judicial, 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 95

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: Declarar infructuoso el procedimiento

de Licitación Pública N° 2009LN-000003-PROV, promovido para la

―Contratación de Servicios de Vigilancia en la Ciudad Judicial en San

Joaquín de Flores, Heredia‖

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO VII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 1588-DP/03-09 de 23 de febrero recién pasado,

comunicó lo siguiente:

            ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000094-PROV denominada “Compra de equipos de
       comunicación para los Tribunales de Justicia de Heredia y
        Alajuela”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
        sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
        que tomen el acuerdo que consideren conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo de un
        mes dispuesto en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de
        Contratación Administrativa para resolver sobre la
        readjudicación de esta contratación vence el jueves 5 de marzo
        de 2009.

              Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
        Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
        Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
        condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los
        que conserva esta Proveeduría, se determinó que:

              Antecedentes:

               I.  Para este concurso se recibieron cuatro ofertas
        correspondientes a:

              1) AEC Electrónica S.A., cédula jurídica 3-101-
        151538.
              2) Datatell Tres Mil de Costa Rica, cédula jurídica 3-
        101-253953.
              3) Coasin Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-
        079786.
              4) Control Electrónico S.A., cédula jurídica 3-101-
        020660.

               II. En sesión 89-08 de 20 de noviembre de 2008,
        artículo XI, en lo que interesa el Consejo Superior dispuso:

               ―Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2008LA-000094-
        PROV, denominada ―Compra de equipos de comunicación para
        los Tribunales de Justicia de Heredia y Alajuela‖, conforme al
        siguiente detalle:

              A la empresa AEC Electrónica S.A., cédula jurídica N° 3-
        101-151538:

               Línea Nº 1 Equipo de comunicación para los Tribunales
        de Justicia de Heredia.

Ítem   Cantidad Descripción                         Precio unitario   Precio
                                                                      total
A       12           Distribuidores     (switches)  24       $3.964,16         $47.569,92
                     puertos Summit X 450At-24
                     Extreme Networks.
B       1            Distribuidor (switch) modular           $27.850,82        $27.850,82
                     Extreme Black Diamond 8806.
C       1            Software de gestión de monitoreo        $3.638,93         $3.638,93
                     de todos los distribuidores
                     propuestos, modelo Extreme EPI
                     CENTER.
D       1            Curso de capacitación certificado       $7.750,00         $7.750,00
                     por el       fabricante   para 5
                     participantes.
Total                                                                          $86.809,67

                   Línea Nº 1 Equipo de comunicación para los Tribunales
            de Justicia de Alajuela

Ítem    Cantidad Descripción                                 Precio unitario   Precio
                                                                               total
A       10           Distribuidores      (switches)    24    $3.964,16         $39.641,60
                     puertos Summit X 450At-24
                     Extreme Networks.
B       1            Distribuidor (switch) modular           $27.850,82        $27.850,82
                     Extreme Black Diamond 8806.
C       1            Software de gestión de monitoreo        $3.638,93         $3.638,93
                     de todos        los    distribuidores
                     propuestos, modelo Extreme EPI
                     CENTER.
D       1            Curso de capacitación certificado       $7.750,00         $7.750,00
                     por el       fabricante     para    5
                     participantes.
Total                                                                          $78.881,35

                  Gran total: $165.691,02

                  Lugar de entrega: Bodegas de la Proveeduría Judicial en
            San Joaquín de Flores,   Heredia.

                   Plazo de entrega: 30 días hábiles después de entregado
            el pedido (por medio de fax o en forma personal, lo que ocurra
            primero).

                  Garantía:    36 meses contra defectos de fabricación.

                  Demás características y condiciones según cartel y oferta.

                  Total a adjudicar $165.691,02, equivalentes al tipo de
cambio de 1US$         =   ¢561,21           (14/11/08)   total
¢92.987.457,33.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría,
tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo
firme.”

      III. Con motivo de recurso de apelación interpuesto por
la empresa COASIN Costa Rica S.A. en contra del acto de
adjudicación antes trascrito, la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República,
mediante resolución R-DCA-058-2009 de las ocho horas del
cuatro de febrero del dos mil nueve resolvió:

       ―1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación
interpuesto por la empresa COASIN Costa Rica S.A. en contra
del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.
2008LA-000094-PROV, promovida por la Corte Suprema de
Justicia del Poder Judicial para la compra de equipo de
comunicación para los Tribunales de Justicia de Heredia y
Alajuela, acto recaído en favor de la empresa AEC Electrónica
S.A., la línea 1 por un monto de $86.809,67 y la línea 2 por un
monto de $78.881,35, para un total adjudicado de $165.691,02,
acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por
agotada la vía administrativa.‖

      Análisis técnico:

       Requerido el pronunciamiento e informe de
readjudicación correspondientes a la jefatura de la Sección de
Telemática del Departamento de Tecnología de Información,
mediante oficio 081-DTI-2009, comunicado mediante correo
electrónico del 19 de febrero de 2009, el Lic. Michael Jiménez
Ureña, Jefe de la citada Sección de Telemática, indicó:

       ―En respuesta a su correo donde solicita pronunciamiento
sobre la resolución dictada por la Contraloría General de la
República, No. R-DCA-058-2009, en atención al Recurso de
Apelación interpuesto por la empresa COASIN contra el acto de
adjudicación de las dos líneas a la empresa AEC Electrónica, me
permito hacerle llegar los nuevos cuadros.

      De la resolución de marras se desprende, que la
Contraloría resuelve ―1) DECLARAR CON LUGAR el recurso
de apelación interpuesto por la empresa COASIN Costa Rica
S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación
Abreviada No. 2008LA-000094-PROV, promovida por la Corte
Suprema de Justicia del Poder Judicial para la compra de equipo
de comunicación para los Tribunales de Justicia de Heredia y
Alajuela, acto recaído en favor de la empresa AEC Electrónica
S.A., la línea 1 por un monto de $86.809,67 y la línea 2 por un
monto de $78.881,35, para un total adjudicado de $165.691,02,
acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por
agotada la vía administrativa.‖

       De la misma forma y tal como se establece el artículo 184
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre
los efectos de la resolución adoptada por la Contraloría General
de la República, se tiene que:

       ―Artículo 184.—Efectos de la resolución. La resolución
final que ponga término al recurso dará por agotada la vía
administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá
como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación.

       Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial
o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el
acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el
expediente a la Administración para que, en caso de existir
ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la
adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a
declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración
deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la
resolución. El nuevo acto deberá dictarse dentro del mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución,
plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos
debidamente justificados mediante resolución motivada.‖

       Por otro lado, se tiene en cuenta el informe rendido
mediante oficio DCA-280-2009 del 22 de enero del 2009, el
(Sic) Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta
División emitió el criterio técnico, donde se concluye por todos
los argumentos esbozados en ese documento que ―En
consecuencia, para esta instancia técnica, los equipos ofrecidos
por ambas empresas oferentes – Extreme Networks 8806 y
Alcatel 0S9700-, que cuentan de acuerdo con la información
aportada al expediente, con una tasa de transmisión del
backplane de 960 Gbps y 2 Tbps respectivamente, cumplirían
con el requerimiento cartelario de ofrecer una tasa de
transmisión mínima de 512 Gbps.‖
       Dadas las anteriores manifestaciones de la Contraloría,
tanto Coasin como AEC Electrónica, pueden resultar
adjudicatarias del negocio en cuestión y en consecuencia, dado el
cumplimiento de las características solicitadas en el cartel y el
único criterio para determinar a la empresa ganadora es por el
precio.


                      Coasin          AEC
                                      Electrónica
            Línea 1 $66.066,88        $86.809,67
            Línea 2 $68.357,52        $90773,83
                Total $134.424,40     $177.683,50

       Con base en el cuadro de precios presentado
anteriormente y a la resolución de la Contraloría, se recomienda
readjudicar las dos líneas y otorgárselas a la empresa COASIN.‖

      Análisis y valoración:

       Luego de haber obtenido el pronunciamiento e informe
técnico detallado en epígrafe anterior, se procede seguidamente a
la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

      1)     De las cuatro ofertas sometidas a concurso, en el
proceso inicial de adjudicación, se estableció que de las cuatro
ofertas recibidas en el concurso, las presentadas por las casas
comerciales Control Electrónico S.A. y Datatell Tres Mil de
Costa Rica S.A., no cumplen en ambas líneas, en virtud de que
no aportaron el detalle de los modelos de las tarjetas que
completarían el distribuidor modular, y a pesar de que en la
documentación técnica constan varios modelos de tarjetas, las
cuales tienen diferentes características, no fue posible determinar
los componentes de cada distribuidor, de forma que no se puede
concluir cual es el tipo o modelo de tarjeta que está incluido en
el precio ofertado y de consultársele a la casa comercial
respectiva, se daría una ventaja de escoger la tarjeta que
quisieran, la cual no necesariamente sería la que se incluyó en el
precio ofertado. Así las cosas, las citadas ofertas resultaron
inciertas lo que provocó que se desestimaran del concurso. En
vista de lo anterior, aunado a que estas casas comerciales no
impugnaron lo antes señalado, y considerando que el único
factor considerado para determinar la adjudicación en este
concurso lo constituye el menor precio, donde ellas ostentan los
mayores precios cotizados, prevalece           su   condición    de
inelegibilidad para resultar adjudicatarias.

       2)   Sumado a lo anterior, de las dos ofertas restantes,
sean la adjudicataria inicial AEC Electrónica S.A. y la apelante
Coasin Costa Rica S.A., se observa que el menor precio cotizado
para las dos líneas licitadas lo ostenta esta última, aspecto que
sumado al criterio técnico de la Sección de Telemática, que se
aviene al criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y
Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República en
oficio DCA-280-2009 del 22 de enero del 2009, conduce
indefectiblemente a la conclusión de que lo que procede es
readjudicar este concurso a favor de la apelante Coasin Costa
Rica S.A..

       3)    A lo anterior, cabe agregar que si para los efectos de
la adjudicación ahora anulada por la Contraloría General de la
República, los precios cotizados por AEC Electrónica S.A. se
estimaron razonables siendo mayores que los cotizados por
Coasin Costa Rica S.A., por cuanto según se refirió en esa
oportunidad, que para este tipo de dispositivos, los precios
cotizados se ubican dentro de los rangos habituales, igualmente
al no emitirse ahora un criterio distinto por parte de la Sección de
Telemática, también han de entenderse como razonables.

       Conforme la recomendación del Lic. Michael Jiménez
Ureña, y en virtud de que el contenido presupuestario dispuesto
para la adjudicación dispuesta inicialmente es suficiente para la
readjudicación ahora propuesta, sólo resta enunciarla.


       Recomendación

       Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
presupuestarios, los cuales fueron separados mediante pedido
provisional 2008-083209, con cargo a la solicitud de pedido
281237, se dispone de un monto de ¢95.000.000,00, en la
subpartida 5.01.03 ―Equipo de comunicación‖, programa 926, IP
= 40, a efecto de atender las obligaciones que se deriven de esta
contratación, por lo que de conformidad con todo lo antes
expuesto, se recomienda readjudicar la presente licitación de la
siguiente manera:

     A: Coasin Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-
079786:
            Línea No. 1 Equipo de comunicación para los
       Tribunales de Justicia de Heredia

Item    Cantidad           Descripción               Precio     Precio total
                                                    unitario
 A         12      Distribuidores     (switches)   $4.377,17    $52.526,04
                   marca Alcatel, modelo
                   OS6850-24 de 24 puertos
                   10-100-1000. Incluye sus
                   respectivos     cables     de
                   apilamiento y condiciones
                   de soporte/garantía, así
                   como capacitación para 5
                   personas avalados por el
                   fabricante      que       son
                   requeridas en el cartel.
                   Número de parte OS6850-
                   24/OS6850-CBL-30
 B         1       Distribuidor         (switch)   $55.268,44   $55.268,44
                   modular marca Alcatel,
                   modelo OS9700-RCB-A. 8
                   Slots.      Incluye       sus
                   respectivas redundancias de
                   fuente de poder y tarjeta
                   supervisora, condiciones de
                   soporte/garantía, así como
                   capacitación      para      5
                   personas avalado por el
                   fabricante      que       son
                   requeridas por el cartel.
                   Asimismo,      incluye:     2
                   tarjetas modulares marca
                   Alcatel, modelo OS9-GNI-
                   C24, de 24 puertos 10-100-
                   1000; RJ-45 y 1 tarjeta
                   modular marca Alcatel
                   modelo OS9-XNI-U2/XFP-
                   10G-SR de 2 puertos de
                   10000 Base X con interface
                   de red de 10 Gigabit con
                   XFP (XFP MSA), soporta
                   conectores       2       XFP
                   transceivers e incluye 1
                   transceiver de 10 Gigabit
                   Ethernet (XFA MSA) para
                   fibra multimodo sobre
                   62,5/125 con conector LC
                   y dos patch cords de fibra
                   óptica multimodo 65,5/125
                       con conectores LC-ST.
    C         1        Software de gestión y          $10.353,09   $10.353,09
                       monitoreo         Omnivista,
                       número de parte OV2540-
                       BMU-R3. Incluye CD y
                       actualizaciones,
                       condiciones
                       soporte/garantía, así como
                       capacitación      para     5
                       personas avalado por el
                       fabricante      que      son
                       requeridas en el cartel.
 Subtotal                                                          $118.147,57
Menos descuento                                                    -$52.080,69
                   Total línea 1                                    $66.066,88



         Línea No. 2 Equipo de comunicación para los Tribunales de
         Justicia de Alajuela

  Ítem     Cantidad           Descripción               Precio     Precio total
                                                       unitario
    A         13       Distribuidores    (switches)   $4.377,17    $56.903,21
                       marca Alcatel, modelo
                       OS6850-24 de 24 puertos
                       10-100-1000. Incluye sus
                       respectivos     cables    de
                       apilamiento y condiciones
                       de soporte/garantía, así
                       como capacitación para 5
                       personas avalados por el
                       fabricante      que      son
                       requeridas en el cartel.
                       Número de parte OS6850-
                       24/OS6850-CBL-30
    B         1        Distribuidor        (switch)   $55.268,44   $55.268,44
                       modular marca Alcatel,
                       modelo OS9700-RCB-A. 8
                       Slots.      Incluye      sus
                       respectivas redundancias de
                       fuente de poder y tarjeta
                       supervisora, condiciones de
                       soporte/garantía, así como
                       capacitación      para     5
                       personas avalado por el
                       fabricante      que      son
                       requeridas por el cartel.
                       Asimismo,      incluye:    2
                       tarjetas modulares marca
                      Alcatel, modelo OS9-GNI-
                      C24, de 24 puertos 10-100-
                      1000; RJ-45 y 1 tarjeta
                      modular marca Alcatel
                      modelo OS9-XNI-U2/XFP-
                      10G-SR de 2 puertos de
                      10000 Base X con interface
                      de red de 10 Gigabit con
                      XFP (XFP MSA), soporta
                      conectores       2       XFP
                      transceivers e incluye 1
                      transceiver de 10 Gigabit
                      Ethernet (XFA MSA) para
                      fibra multimodo sobre
                      62,5/125 con conector LC
                      y dos patch cords de fibra
                      óptica multimodo 65,5/125
                      con conector LC -ST.
    C         1       Software de gestión y           $10.353,09   $10.353,09
                      monitoreo         Omnivista,
                      número de parte OV2540-
                      BMU-R3. Incluye CD y
                      actualizaciones,
                      condiciones
                      soporte/garantía, así como
                      capacitación      para      5
                      personas avalado por el
                      fabricante      que       son
                      requeridas en el cartel.
 Subtotal                                                          $122.524,74
Menos descuento                                                    -$54.167,22
                  Total línea 2                                     $68.357,52

              Gran total: $134.424,39

               Lugar de entrega:            Bodegas de la Proveeduría
        Judicial en San Joaquín de Flores, Heredia.

              Plazo de entrega: 29 días hábiles después de entregado el
        pedido (por medio de fax o en forma personal, lo que ocurra
        primero).

              Garantía: 36 meses contra defectos de fabricación.


              Demás características y condiciones según cartel.

              TOTAL               RECOMENDADO               ADJUDICAR
         $134.424,40, equivalentes al tipo de cambio de 1US$ =
         ¢568,91 (23/02/2009) total ¢76.475.385,40.”
                                         -0-

        De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, 78, siguientes y concordantes del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del

Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial y la recomendación

formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente

trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2008LA-

000094-PROV, de la siguiente manera:


        A: Coasin Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-079786:

Línea No. 1 Equipo de comunicación para los Tribunales de Justicia de

                   Heredia


 Item      Cantidad            Descripción              Precio unitario   Precio total
   A         12       Distribuidores       (switches)     $4.377,17       $52.526,04
                      marca      Alcatel,     modelo
                      OS6850-24 de 24 puertos 10-
                      100-1000.      Incluye      sus
                      respectivos      cables      de
                      apilamiento y condiciones de
                      soporte/garantía, así como
                      capacitación para 5 personas
                      avalados por el fabricante que
                      son requeridas en el cartel.
                      Número de parte OS6850-
                      24/OS6850-CBL-30
   B          1       Distribuidor (switch) modular       $55.268,44      $55.268,44
                      marca      Alcatel,     modelo
                      OS9700-RCB-A. 8 Slots.
                      Incluye     sus     respectivas
                      redundancias de fuente de
                      poder y tarjeta supervisora,
                      condiciones                  de
                      soporte/garantía, así como
                      capacitación para 5 personas
                         avalado por el fabricante que
                         son requeridas por el cartel.
                         Asimismo, incluye: 2 tarjetas
                         modulares marca Alcatel,
                         modelo OS9-GNI-C24, de 24
                         puertos 10-100-1000; RJ-45 y
                         1 tarjeta modular marca
                         Alcatel modelo OS9-XNI-
                         U2/XFP-10G-SR de 2 puertos
                         de 10000 Base X con interface
                         de red de 10 Gigabit con XFP
                         (XFP         MSA),       soporta
                         conectores 2 XFP transceivers
                         e incluye 1 transceiver de 10
                         Gigabit Ethernet (XFA MSA)
                         para fibra multimodo sobre
                         62,5/125 con conector LC y
                         dos patch cords de fibra óptica
                         multimodo       65,5/125    con
                         conectores LC-ST.
    C             1      Software      de    gestión    y     $10.353,09      $10.353,09
                         monitoreo Omnivista, número
                         de parte OV2540-BMU-R3.
                         Incluye CD y actualizaciones,
                         condiciones soporte/garantía,
                         así como capacitación para 5
                         personas avalado por el
                         fabricante que son requeridas
                         en el cartel.
 Subtotal                                                                     $118.147,57
Menos descuento                                                               -$52.080,69
                      Total línea 1                                            $66.066,88

Línea No. 2 Equipo de comunicación para los Tribunales de Justicia de

                      Alajuela


   Ítem    Cantidad               Descripción               Precio unitario   Precio total
     A       13          Distribuidores       (switches)      $4.377,17       $56.903,21
                         marca      Alcatel,     modelo
                         OS6850-24 de 24 puertos 10-
                         100-1000.      Incluye      sus
                         respectivos      cables      de
                         apilamiento y condiciones de
                         soporte/garantía, así como
                         capacitación para 5 personas
                         avalados por el fabricante que
                         son requeridas en el cartel.
                         Número de parte OS6850-
                         24/OS6850-CBL-30
    B             1      Distribuidor (switch) modular        $55.268,44      $55.268,44
                         marca      Alcatel,     modelo
                         OS9700-RCB-A. 8 Slots.
                         Incluye       sus     respectivas
                         redundancias de fuente de
                         poder y tarjeta supervisora,
                         condiciones                    de
                         soporte/garantía, así como
                         capacitación para 5 personas
                         avalado por el fabricante que
                         son requeridas por el cartel.
                         Asimismo, incluye: 2 tarjetas
                         modulares marca Alcatel,
                         modelo OS9-GNI-C24, de 24
                         puertos 10-100-1000; RJ-45 y
                         1 tarjeta modular marca
                         Alcatel modelo OS9-XNI-
                         U2/XFP-10G-SR de 2 puertos
                         de 10000 Base X con interface
                         de red de 10 Gigabit con XFP
                         (XFP         MSA),        soporta
                         conectores 2 XFP transceivers
                         e incluye 1 transceiver de 10
                         Gigabit Ethernet (XFA MSA)
                         para fibra multimodo sobre
                         62,5/125 con conector LC y
                         dos patch cords de fibra óptica
                         multimodo        65,5/125     con
                         conector LC -ST.
    C             1      Software       de    gestión    y   $10.353,09   $10.353,09
                         monitoreo Omnivista, número
                         de parte OV2540-BMU-R3.
                         Incluye CD y actualizaciones,
                         condiciones soporte/garantía,
                         así como capacitación para 5
                         personas avalado por el
                         fabricante que son requeridas
                         en el cartel.
 Subtotal                                                                 $122.524,74
Menos descuento                                                           -$54.167,22
                      Total línea 2                                        $68.357,52

        Gran total: $134.424,39

        Lugar de entrega:             Bodegas de la Proveeduría Judicial en San

Joaquín de Flores, Heredia.

        Plazo de entrega: 29 días hábiles después de entregado el pedido

(por medio de fax o en forma personal, lo que ocurra primero).

        Garantía:      36 meses contra defectos de fabricación.
      Demás características y condiciones según cartel.

      TOTAL ADJUDICADO $134.424,40, equivalentes al tipo de

cambio de 1US$ = ¢568,91 (23/02/2009) total ¢76.475.385,40.‖

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                               ARTÍCULO VIII

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por

designados como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y

por las fechas que se dirán:

1- En el Juzgado de Trabajo de Limón

El 3 de marzo a:

Licenciado Willy Fernández Muñoz

2- En el Juzgado de Trabajo de Cartago

El 3 de marzo a:

Licenciada Derling Talavera Polanco

3- En el Juzgado Cuarto Civil Mayor Cuantía de San José

El 4 de marzo a:

Licenciada Ericka Robleto Artola

Licenciado Yuri López Casal

4- En el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán
El 5 de marzo a:

Licenciada Ana Noelia Prendas Ugalde

5- En el Juzgado Civil y Trabajo de Hatillo

El 5 de marzo a:

Licenciada Ericka Robleto Artola

Licenciada Derling Talavera Polanco

Licenciado Yuri López Casal

Licenciado Willy Fernández Muñoz

Licenciado Luis Guillermo Valverde Rivera. Se declara este acuerdo

firme.

                               ARTÍCULO IX

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en carácter de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y la máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la

Sección Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-0443-09

de 17 de febrero último, recibido el 20 de ese mes, manifestaron lo

siguiente:

               ―En atención a los oficios N° 10662-08, 9715-08, 10752 y
         501-09 de 04 y 08 de diciembre y 20 de enero de 2009,
         respectivamente, así como oficio de 16 de enero suscrito por el
         Dr. Luis Paulino Mora Mora, se remiten las ternas de Juez 3
         Familia y Penal Juvenil para nombrar en los despachos que se
         detallan:

                              Códigos de
    DESPACHO                                          OBSERVACIONES
                               puesto
1. Juzgado Civil, Trabajo y                    Plaza vacante, en sustitución de Ana Isabel
                                      48520
   Familia de Puriscal                         Fallas Aguilar, quien se acogió a la jubilación.
                                               Plaza vacante, en sustitución de Orietta
                                               Zumbado Bogantes, a quien el Consejo
2. Juzgado de Familia y Penal                  Superior le concedió un traslado a otro puesto.
   Juvenil I Circuito Judicial de     6278     Esta terna se había remitido anteriormente y se
   la Zona Atlántica                           nombró a Randall Cerdas Corella, quien
                                               renunció al nombramiento (sesión del Consejo
                                               Superior N° 92-08 del 02/12/2008).
3. Juzgado de Familia, Penal
   Juvenil y Violencia                         Plaza vacante, creada en el presupuesto para el
                                     352667
   Doméstica de Guanacaste                     año 2009.
   (Liberia)
                                               Plaza interina hasta el 31/12/2009, en
4. Juzgado de Violencia                        sustitución de María Esther Brenes Villalobos,
                                      85466
   Doméstica de Heredia                        quien disfruta de Permiso con Goce de Salario
                                               hasta la fecha indicada.

                                    PRIMERA TERNA

                 Despacho: Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal
                 Plaza vacante: N° 48520

                 Los aspirantes son:

                                                 POSICION EN
          NOMBRE                    PROMEDIO       LISTA DE        OBSERVACIONES
                                                  ELEGIBLES
      1. Carlos Sánchez              87.4947          64
         Miranda
      2. Agustín Javier Díaz         84-4331           94
         Delgado
      3. Lourdes Vega Sequeira       82.5883           104

                 Sustituto:

                                                POSICION EN
          NOMBRE                    PROMEDIO      LISTA DE         OBSERVACIONES
                                                 ELEGIBLES
      4. José Milton Ramírez         82.0580         109
         Jiménez

                 Interino en el puesto: Luis Diego Romero Trejos
                 Condición laboral: Interino
                 Vigencia del nombramiento: 31/03/2009

                                    SEGUNDA TERNA

                 Despacho: Juzgado de Familia y Penal Juvenil del I
    Circuito Judicial de la Zona Atlántica
         Plaza vacante: N° 6278

         Los aspirantes son:

                                    POSICION EN
   NOMBRE                 PROMEDIO    LISTA DE           OBSERVACIONES
                                     ELEGIBLES
1. José Milton Ramírez      82.0580      109
   Jiménez
2. Patricia Hidalgo         81.4013           37
   Somarribas
3. Ingrid Chacón Durán      78.2869          132

         Sustitutos:

          Se incluyen dos sustitutos adicionales en virtud de que el
    licenciado Ramírez Jiménez participa en la terna anterior y la
    licenciada Patricia Hidalgo Somarribas participa en las ternas
    para Juez 3 Penal, remitidas a la Secretaría de la Corte mediante
    oficio SACJ-320-09 el 13 de febrero anterior.

                                         POSICION EN
   NOMBRE                 PROMEDIO         LISTA DE      OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
4. Ángela Jiménez           76.8375           139
   Chacón
5. Luis Jorge Gutiérrez     76.7404           140
   Peña
6. Ronald Abarca Solano     76.5148           52

          Interina en el puesto: Ingrid Chacón Durán
          Condición laboral: Propiedad como Auxiliar Judicial 1 en
    el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Alajuelita.
          Vigencia del nombramiento: 28/02/2009

                          TERCERA TERNA

         Despacho: Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia
         Doméstica de Guanacaste (Liberia)
         Plaza vacante: N° 352667

         Los aspirantes son:

                                         POSICION EN
   NOMBRE                 PROMEDIO         LISTA DE      OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
1. Marcela González            86.8800        72
   Solera
2. José Milton Ramírez          82.0580       109
   Jiménez
3. Guadalupe Solano             79.0604       128
   Patiño

         La licenciada González Solera cumple el período de
    prueba el 28 de febrero próximo.

          Sustitutos:

          Se incluyen dos sustitutos adicionales en virtud de que los
    licenciados Ramírez Jiménez y Chacón Durán participan en
    ternas anteriores.

                                          POSICION EN
   NOMBRE                   PROMEDIO        LISTA DE     OBSERVACIONES
                                           ELEGIBLES
 4. Ingrid Chacón            78.2869           132
 Durán
 5. Gely Marcela Espinoza    77.4292          136
 Gómez
7. Juan Elpidio Cascante     77.1927          137
    Cortés

         Interino en el puesto: Gonzalo Coronado Villarreal
         Condición laboral: Propiedad como Juez 1 en el Juzgado
    Contravencional y Menor Cuantía de Bagaces
         Vigencia del nombramiento: 28/02/2009

                            CUARTA TERNA

          Despacho: Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia
          Plaza interina hasta el 31/12/2009: N° 85466

          Los aspirantes son:

                                      POSICION EN
   NOMBRE                   PROMEDIO    LISTA DE         OBSERVACIONES
                                       ELEGIBLES
1. Erick Zamora Chaves        90.3072      40
2. Francisco Hernández        87.0026      69
   Quesada
3. Zeidy Jacobo Morán           84.8110       78

    Sustituta:
                                             POSICION EN
      NOMBRE                 PROMEDIO          LISTA DE       OBSERVACIONES
                                              ELEGIBLES
   4. Kattia Campos Marín      84.4994            93

            Interino en el puesto: Erick Zamora Chaves
            Condición laboral: Propiedad como Juez 3 en el Juzgado de
            Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de San José
            Vigencia del nombramiento: 28/02/2009

            Observaciones Generales:

           I.      Las ternas se integran con tres aspirantes conforme
       la Ley de Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el
       Consejo de la Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI,
       celebrada el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión
       No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.

          II.     Estas ternas se conforman con la lista de elegibles de
       Juez 3 Familia y Penal Juvenil, la terna del Juzgado de Familia y
       Penal Juvenil I Circuito Judicial de la Zona Atlántica se
       conformó simultáneamente con la lista de Juez 3 Penal Juvenil.

         III.       El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06,
       celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: ―...
       4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en
       calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes decline
       su participación...‖
                                       -0-

      La máster Felicia Quesada Zúñiga, Jueza Coordinadora interina del

Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, en correo electrónico de 27 de

febrero último, expuso lo siguiente:

              ―Con ocasión del conocimiento de la terna para nombrar
       la plaza interina de Juez III de Violencia Doméstica de Heredia
       por todo este año, nombramiento que está programado para el
       día martes tres de marzo de los corrientes. Con el respeto que
       dicha autoridad judicial me merece, quiero hacer extensivo el
       sentimiento del despacho a efecto que si a bien lo tienen tomen
       en consideración que el Licenciado Erick Zamora Chaves, quien
       guarda el primer lugar en dicha terna, ha venido ocupando esa
       plaza en los últimos meses, siendo que el desempeño laboral del
       Licenciado se ha ajustado al ritmo laboral que este despacho
       requiere, y las relaciones laborales y personales se enmarcan en
       un ambiente de respeto y confianza que propician que todos los
       compañeros del despacho nos sintamos honrados con su
       presencia.‖

                                    -0-

      Asimismo, el licenciado Erick Zamora Chaves, Juez interino del

Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, en correo electrónico de 27

del mes pasado, manifestó lo siguiente:

              ―… el próximo martes tres de marzo se estará
       conociendo una terna en la que vengo participando,
       propiamente en el Juzgado contra la Violencia Doméstica de
       la ciudad de Heredia.- Esta plaza se está concursando en
       forma interina hasta el 31 de Diciembre del año en curso.-
       Tengo pleno interés de participar y además de ser tomado en
       cuenta en el referido puesto, mismo que vengo ocupando
       desde hace más de cinco meses.- Soy vecino de Heredia y
       me interesaría estar todo este año en la provincia, lo que
       me permitiría economizar el traslado a la capital, lugar
       donde cuento con mi puesto en propiedad, sobre todo
       tomando en cuenta que hace unos tres años decidí construir
       mi casa, de manera que el estar en la ciudad de Heredia me
       permitiría ahorrar ya sea pasajes, gasolina, parqueos entre
       otros.- Por último debo indicar que he podido formar junto
       con mis compañeros de despacho un excelente equipo de
       trabajo.‖
                                        -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota de las manifestaciones de la máster

Felicia Quesada Zúñica y del licenciado Erick Zamora Chaves. 2.) Se

procede a realizar el nombramiento en propiedad de Juez 3 en el Juzgado

Civil, Trabajo y Familia de Puriscal, plaza N° 48520, a partir del 1° de abril

del año en curso, con base en la siguiente terna:

      Carlos Sánchez Miranda
      Agustín Javier Díaz Delgado

      Lourdes Vega Sequeira

      Por mayoría, resultó electo: El licenciado Carlos Sánchez Miranda.

La licenciada Lourdes Vega Sequeira recibió un voto.

      Seguidamente, se procede a efectuar el nombramiento en propiedad

en la plaza N° 6278 de Juez 3 en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil del

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a partir del 16 de marzo del

año en curso, conforme a la siguiente terna:

      José Milton Ramírez Jiménez

      Patricia Hidalgo Somarribas

      Ingrid Chacón Durán

      Por mayoría, se designó: A la licenciada Ingrid Chacón Durán. El

licenciado José Milton Ramírez Jiménez, recibió dos votos.

      A continuación, se procede a realizar el nombramiento en propiedad

de Juez 3 en el Juzgado de Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica

de Guanacaste, plaza N° 352667, la terna quedó conformada de la siguiente

manera:

      Marcela González Solera

      José Milton Ramírez Jiménez

      Guadalupe Solano Patiño

      En la primera votación la licenciada Marcela González Solera y el

licenciado José Milton Ramírez Jiménez, obtuvieron dos votos cada uno y
un voto la licenciada Guadalupe Solano Patiño.

      En la segunda votación, por mayoría, se dispuso: Nombrar a la

licenciada Marcela González Solera, a partir del 16 de marzo del año en

curso. El licenciado José Milton Ramírez Jiménez recibió dos votos.

      Finalmente, se procede a realizar el nombramiento interino de Juez 3

en el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, plaza N° 85466, a partir

del 16 de marzo y hasta el 31 de diciembre del año en curso, la terna quedó

conformada de la siguiente manera:

      Erick Zamora Chaves

      Francisco Hernández Quesada

      Zeidy Jacobo Morán

      Por mayoría, se dispuso: Designar al licenciado Erick Zamora

Chaves. El licenciado Francisco Hernández Quesada recibió un voto.

      Además se solicita a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial

la remisión de las ternas correspondientes para llenar las siguientes plazas:

      a. Para ocupar en propiedad la plaza N° 57159 de Juez 3 en el

Juzgado Contra la Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, con ocasión del nombramiento del licenciado Carlos

Sánchez Miranda.

      b. Para llenar la plaza N° 350159 de Juez 1 en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de

Guanacaste, con motivo del nombramiento en propiedad de la licenciada
Marcela González Solera.

      c. Para ocupar interinamente la plaza N° 84169 de Juez 3 en el

Juzgado Contra la Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San

José, con motivo del nombramiento del licenciado Erick Zamora Chaves.

      De conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, las licenciadas Ingrid Chacón Durán, Marcela

González Solera, los licenciados Carlos Sánchez Miranda y Erick Zamora

Chaves, para poder ejercer válidamente el cargo en el que fueron

designados, deberán suscribir la póliza de fidelidad respectiva y proceder a

su juramentación. Además deberán los mencionados funcionarios asumir

dicho cargo en las fechas indicadas.

      Al mismo tiempo, se hace del conocimiento de los funcionarios

designados, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo,

deben apersonarse a la Secretaría General de la Corte a registrar su firma

para los fines que dicha norma establece.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO X

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en carácter de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y la máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa
interina de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N°

SACJ-465-09 de 19 de febrero último, manifestaron lo siguiente:

                ―En atención al oficio 9715-08 suscrito por la Secretaría
         General de la Corte, de fecha 08 de diciembre de 2008, se remiten
         para nombrar en propiedad las ternas de Juez(a) 1 Laboral,
         plazas ordinarias creadas dentro del presupuesto para el 2009, en
         los despachos que se detallan a continuación:

               Nota: El Consejo de la Judicatura en la sesión del 12 de
         agosto de 2008, artículo IV, dispuso: ―Se solicita atentamente al
         Consejo Superior que, al efectuar los mencionados
         nombramientos, disponga la obligación de las y los designados,
         de cursar el Programa de Formación General Básica en el
         momento y lugar en que lo defina la Escuela Judicial.‖


                                     Códigos de
            DESPACHO                                         OBSERVACIONES
                                      puesto
   Tribunal de Trabajo de                         Plaza ordinaria creada      dentro   del
 1                                     352645
   Menor Cuantía de Cartago                       presupuesto del año 2009.
   Tribunal de Trabajo de                          Plaza ordinaria creada     dentro   del
 2                                     352646
   Menor Cuantía de Cartago                       presupuesto del año 2009.
   Tribunal de Trabajo de                         Plaza ordinaria creada      dentro   del
 3                                     352656
   Menor Cuantía de Heredia                       presupuesto del año 2009.
   Tribunal de Trabajo de                         Plaza ordinaria creada      dentro   del
 4                                     352657
   Menor Cuantía de Heredia                       presupuesto del año 2009.
      Tribunal de Trabajo de                      Plaza ordinaria creada      dentro   del
 5                                     352633
      Menor Cuantía de Alajuela                   presupuesto del año 2009.
      Tribunal de Trabajo de                      Plaza ordinaria creada      dentro   del
 6                                     352634
      Menor Cuantía de Alajuela                   presupuesto del año 2009.

                                  PRIMERA TERNA

               Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
         Cartago
               Plaza Vacante No. 352645

                Aspirantes:

                                             POSICIÓN EN
        NOMBRE                  PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                              ELEGIBLES
     1. Clelia Calvo Bermúdez    88.5967          103
2. Ronald Figueroa           86.3510         133
   Acuña
3. Olman Cortés Carvajal     86.1691         138

           Suplente:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE      OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Ignacio Saborío Crespo    86.1072         139

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

                              SEGUNDA TERNA

          Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
    Cartago
          Plaza Vacante No. 352646

           Aspirantes:

                                       POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO     LISTA DE       OBSERVACIONES
                                        ELEGIBLES
1. Clelia Calvo              88.5967        103
   Bermúdez
2. Ronald Figueroa           86.3510        133
   Acuña
3. Olman Cortés Carvajal     86.1691        138

           En virtud de que los licenciados (as) Calvo Bermúdez,
    Figueroa Acuña, Cortés Carvajal están participando en la terna
    anterior se adicionan los siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE      OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Ignacio Saborío Crespo    86.1072         139
5. Jenny Fallas Ureña        85.6321         146

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

                              TERCERA TERNA

          Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
    Heredia
           Plaza Vacante No. 352656

           Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Silvia Palma Elizondo     92.0417         54

2. Clelia Calvo Bermúdez     88.5967          103

3. Octavio Villegas Rojas    88.4018          108

           En virtud de que la licenciada Calvo Bermúdez está
    participando en las ternas anteriores se adicionan los siguientes
    suplentes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Patricia Lobo Marín       87.8008         120
5. Luis Guillermo Ruiz       87. 4790        124
   Bravo
6. Pedro Ubau Hernández      86.9767          128

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

                               CUARTA TERNA

          Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
    Heredia
          Plaza Vacante No. 352657

           Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Silvia Palma Elizondo     92.0417         54

2. Clelia Calvo Bermúdez     88.5967          103

3. Octavio Villegas Rojas    88.4018          108

           En virtud de que los licenciados (as) Palma Elizondo,
    Calvo Bermúdez y Villegas Rojas están participando en las
    ternas anteriores se adicionan los siguientes suplentes:
                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Patricia Lobo Marín       87.8008         120
5. Luis Guillermo Ruiz       87. 4790        124
   Bravo
6. Pedro Ubau Hernández      86.9767         128
7. Ignacio Saborío Crespo    86.1072         139

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

                               QUINTA TERNA

          Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
    Alajuela
          Plaza Vacante No. 352633

           Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Octavio Villegas Rojas    88.4018         108
2. Ignacio Saborío Crespo    86.1072         139
3. Gabriela Morera           86.0195         141
   Guerrero

           En virtud de que los licenciados Villegas Rojas y Saborío
    Crespo están participando en las ternas anteriores se adicionan
    los siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Jenny Fallas Ureña        85.6321         146
5. Luis Fernando             85.5171         148
   Rodríguez Sandí
6. Eugenio Molina            84.8610         167
   Sequeira

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

           (*) Nota: En sesión del Consejo Superior del 17 de
    febrero pasado, la licenciada Gabriela Morera Guerrero fue
    nombrada como Jueza 1 Civil, en la plaza extraordinaria
    No.353180, en el Juzgado de Menor Cuantía de Heredia, del 9 de
    marzo y hasta el 6 de diciembre del año en curso.

                               SEXTA TERNA

          Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de
    Alajuela
          Plaza Vacante No. 352634

           Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Octavio Villegas Rojas    88.4018         108
2. Ignacio Saborío Crespo    86.1072         139
3. Gabriela Morera           86.0195         141
   Guerrero

           En virtud de que los licenciados (as) Villegas Rojas,
    Saborío Crespo y Morera Guerrero están participando en las
    ternas anteriores se adicionan los siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
   NOMBRE                   PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Jenny Fallas Ureña        85.6321         146
5. Luis Fernando             85.5171         148
   Rodríguez Sandí
6. Eugenio Molina            84.8610          167
   Sequeira
7. Ronald Cruz Alvarez       83.7942          191

           Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

           (*) Nota: En sesión del Consejo Superior del 17 de
    febrero pasado, la licenciada Gabriela Morera Guerrero fue
    nombrada como Jueza 1 Civil, en la plaza extraordinaria
    No.353180, en el Juzgado de Menor Cuantía de Heredia, del 9 de
    marzo y hasta el 6 de diciembre del año en curso.

           Observaciones Generales:

           I.    Las ternas se integran con tres aspirantes conforme
    la Ley de Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el
    Consejo de la Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI,
    celebrada el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión
    No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.
              II. Estas ternas se conforman con la lista de elegibles de
       Juez (a) 1 en materia Laboral.

              El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06,
       celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: ― ...
       4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en
       calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes decline
       su participación...‖
                                      -0-

      El licenciado Luis Fernando Rodríguez Sandí, Juez interino del

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de

28 de febrero último, comunicó que declinaba su participación en el

concurso para el nombramiento de juez 1 laboral en el Tribunal de Trabajo

de Menor Cuantía de Alajuela.

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación del licenciado Luis

Fernando Rodríguez Sandí. 2.) Se procede a realizar el nombramiento en

propiedad de Juez 1 del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Cartago,

plaza N° 352645, con base en la siguiente terna:

      Clelia Calvo Bermúdez

      Ronald Figueroa Acuña

      Olman Cortés Carvajal

      Por unanimidad, se acordó: Nombrar a la licenciada Clelia Calvo

Bermúdez.

      Para el nombramiento en propiedad de Juez 1 en el Tribunal de

Trabajo de Menor Cuantía de Cartago, plaza N° 352646, la terna es la

siguiente:
      Ronald Figueroa Acuña

      Olman Cortés Carvajal

      Ignacio Saborío Crespo

      Por mayoría, resultó electo: El licenciado Ronald Figueroa Acuña.

El licenciado Olman Cortés Carvajal obtuvo un voto.

      Seguidamente, se procede a la designación en propiedad de Juez 1

del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia, plaza N° 352656,

conforme la siguiente terna:

      Silvia Palma Elizondo

      Octavio Villegas Rojas

      Patricia Lobo Marín

      Por unanimidad se designó: A la licenciada Silvia Palma Elizondo.

      A continuación, se procede a realizar el nombramiento en propiedad

para el cargo de Juez 1 en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de

Heredia, plaza N° 352657, cuya terna es la siguiente:

      Octavio Villegas Rojas

      Patricia Lobo Marín

      Luis Guillermo Ruiz Bravo

      Por mayoría, se designó: Al licenciado Octavio Villegas Rojas. La

licenciada Patricia Lobo Marín obtuvo dos votos.

      De la misma forma, se procede a nombrar en propiedad para el cargo

de Juez 1 en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Alajuela, plaza
N° 352633, conforme la siguiente terna:

         Ignacio Saborío Crespo

         Gabriela Morera Guerrero

         Jenny Fallas Ureña

         Por mayoría, se designó: Al licenciado Ignacio Saborío Crespo. La

licenciada Jenny Fallas Ureña obtuvo un voto.

         Finalmente, se procede a efectuar el nombramiento en propiedad de

Juez 1 en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Alajuela, plaza N°

352634, la terna es la siguiente:

         Gabriela Morera Guerrero

         Jenny Fallas Ureña

         Eugenio Molina Sequeira

         Por mayoría, se acordó: Nombrar a la licenciada Jenny Fallas Ureña.

La licenciada Gabriela Morera Guerrero recibió un voto.

         Los citados nombramientos rigen a partir del 1° de abril del año en

curso.

         Además se solicita a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial

la remisión de las ternas correspondientes para llenar las siguientes plazas:

         a. Para ocupar en propiedad la plaza N° 43019 de Juez 1 del Tribunal

de Trabajo, con motivo del nombramiento de la licenciada Clelia Calvo

Bermúdez.

         b. Para llenar la plaza Nº 57077 de Juez 3 en el Juzgado Contra la
Violencia Doméstica de Cartago, con ocasión del nombramiento en

propiedad del licenciado Ronald Figueroa Acuña.

      c. Para nombrar en propiedad en la plaza Nº 44578 de Juez 1 en el

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Atenas y el puesto interino

N° 353011 de Juez 3 en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José, hasta el 31 de diciembre del año en curso, en razón

del nombramiento de la licenciada Silvia Palma Elizondo.

      d. Para ocupar en propiedad la plaza N° 44276 de Juez 1 en el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Mora, con motivo del

nombramiento del licenciado Octavio Villegas Rojas.

      e. Para designar en propiedad en el puesto N° 5492 de Juez

Supernumerario de la Presidencia de la Corte, con ocasión del

nombramiento del licenciado Ignacio Saborío Crespo.

      Los jueces designados deberán dar prioridad a la atención de la

materia laboral y brindarán colaboración a los Juzgados Civiles de Menor

Cuantía de esas localidades.

      Es entendido que de conformidad con lo que establece el artículo 19

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las licenciadas Clelia Calvo

Bermúdez, Silvia Palma Elizondo, Jenny Fallas Ureña, los licenciados

Ronald Figueroa Acuña, Octavio Villegas Rojas y Ignacio Saborío Crespo,

para poder ejercer válidamente el cargo en el que fueron designados,

deberán suscribir la póliza de fidelidad respectiva y proceder a su
juramentación. Además deberán los mencionados funcionarios asumir

dicho cargo en la fecha indicada.

      Al mismo tiempo, se hace del conocimiento de los funcionarios

designados, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo,

deben apersonarse a la Secretaría General de la Corte a registrar su firma

para los fines que dicha norma establece.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda.

                              ARTICULO XI

      En oficio N° SACJ-547-09 recibido el 27 de febrero recién pasado, el

Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en condición de Presidente del

Consejo de la Judicatura, los máster Francisco Arroyo Meléndez y Lucrecia

Chaves Torres, Jefes del Departamento de Personal y de la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial, respectivamente, comunican lo

siguiente:

              ―En atención al oficio 9741-08 suscrito por la Secretaría
       General de la Corte, de fecha 08 de diciembre de 2008, se remiten
       para nombrar interinamente las ternas de Juez(a) 1 Laboral,
       plazas extraordinarias creadas dentro del presupuesto para el
       2009, en los despachos que se detallan a continuación:

             Nota: El Consejo de la Judicatura en la sesión del 12 de
       agosto de 2008, artículo IV, dispuso: ―Se solicita atentamente al
       Consejo Superior que, al efectuar los mencionados
       nombramientos, disponga la obligación de las y los designados,
       de cursar el Programa de Formación General Básica en el
       momento y lugar en que lo defina la Escuela Judicial.‖
                                      Códigos
            DESPACHO                                       OBSERVACIONES
                                     de puesto
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
1 Presidencia de la Corte             353247     presupuesto del año 2009 por un período de
                                                 12 meses.
                                                  Plaza extraordinaria creada dentro del
2 Presidencia de la Corte             353248     presupuesto del año 2009 por un período de
                                                 12 meses.
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
      Tribunal de Trabajo de Menor
3                                     353212     presupuesto del año 2009 por un período de
      Cuantía de Puntarenas
                                                 11 meses.
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
      Tribunal de Trabajo de Menor
4                                     353213     presupuesto del año 2009 por un período de
      Cuantía de Puntarenas
                                                 11 meses.
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
      Tribunal de Trabajo de Menor
5                                     353214     presupuesto del año 2009 por un período de
      Cuantía de Puntarenas
                                                 11 meses.
  Tribunal de Trabajo de Menor                   Plaza extraordinaria creada dentro del
6 Cuantía del Primer Circuito         353228     presupuesto del año 2009 por un período de
  Judicial de la Zona Atlántica                  11 meses.
  Tribunal de Trabajo de Menor                   Plaza extraordinaria creada dentro del
7 Cuantía del Primer Circuito         353229     presupuesto del año 2009 por un período de
  Judicial de la Zona Atlántica                  11 meses.
  Tribunal de Trabajo de Menor                   Plaza extraordinaria creada dentro del
8 Cuantía del Primer Circuito         353230     presupuesto del año 2009 por un período de
  Judicial de la Zona Atlántica                  11 meses.
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
      Tribunal de Trabajo de Menor
9                                     353194     presupuesto del año 2009 por un período de
      Cuantía de Guanacaste
                                                 11 meses.
                                                 Plaza extraordinaria creada dentro del
      Tribunal de Trabajo de Menor
10                                    353195     presupuesto del año 2009 por un período de
      Cuantía de Guanacaste
                                                 11 meses.

                              PRIMERA TERNA

         Despacho: Presidencia de la Corte
         Plaza Extraordinaria No. 353247

         Aspirantes:

                                             POSICIÓN EN
              NOMBRE          PROMEDIO         LISTA DE      OBSERVACIONES
                                              ELEGIBLES
     5. Jenny Fallas Ureña      85.6321           146
6. Oscar Mena Valverde      81.5541           232
7. Gloria Gutiérrez         80.5972           250
   Berrocal

    Suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
8. Carlos Campos            80.0558          256
    Roblero
9. Ana Ivannia Barrantes    79.0131           280
    Venegas
10. Jean Carlos Céspedes    78.3900           292
    Mora

    Interino en el puesto: Lic. Alexander Somarribas Tijerino
    Condición laboral: Propietario (Juzgado Contravencional y
    Menor Cuantía de Coto Brus)
    Vigencia del nombramiento: 31/03/2009

    (*) Nota: La licenciada Jenny Fallas Ureña, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 1 en materia Laboral,
    remitida a la Secretaría de la Corte mediante oficio SACJ-465-
    09, el 19 de febrero pasado.

    (**) Nota: El licenciado Oscar Mena Valverde, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
    SACJ-474-09.

                           SEGUNDA TERNA

    Despacho: Presidencia de la Corte
    Plaza Extraordinaria No. 353248

    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Jenny Fallas Ureña       85.6321          146

2. Oscar Mena Valverde      81.5541           232
3. Gloria Gutiérrez         80.5972           250
   Berrocal

    En virtud de que los licenciados (as) Fallas Ureña, Mena
    Valverde y Gutiérrez Berrocal están participando en la terna
    anterior y en otras ternas, según se indica, se adicionan los
    siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Carlos Campos            80.0558          256
   Roblero
5. Ana Ivannia Barrantes    79.0131           280
   Venegas
6. Jean Carlos Céspedes     78.3900           292
   Mora
7. Juan Pablo Carpio        77.8500           309
   Álvarez

    Interino en el puesto: Lic. Guillermo Guevara Solano
    Condición laboral: Propietario (Juzgado Contravencional y
    Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León Cortés)
    Vigencia del nombramiento: 28/02/2009

    (*) Nota: La licenciada Jenny Fallas Ureña, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 1 en materia Laboral,
    remitida a la Secretaría de la Corte mediante oficio SACJ-465-
    09, el 19 de febrero pasado.

    (**) Nota: El licenciado Oscar Mena Valverde, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
    SACJ-474-09.

                           TERCERA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas
    Plaza Extraordinaria No. 353212

    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Jenny Fallas Ureña       85.6321          146

2. Pedro Ferran Reina       83.2075           203

3. Oscar Mena Valverde      81.5541           232

    En virtud de que los licenciados (as) Fallas Ureña y Mena
    Valverde están participando en las ternas anteriores y en otras
    ternas, según se indica, se adicionan los siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Priscilla Marín Leiva    81.4013          236
5. Roxana Herrera           81.2841          237
   Barquero
6. Gloria Gutiérrez         80.5972           250
   Berrocal
7. Carlos Campos            80.0558           256
   Roblero
8. José Carlos Aguilar      79.9383           258
   Bonilla
9. Jean Carlos Céspedes     78.3900           292
   Mora

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: La licenciada Jenny Fallas Ureña, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 1 en materia Laboral,
    remitida a la Secretaría de la Corte mediante oficio SACJ-465-
    09, el 19 de febrero pasado.

    (**) Nota: Los licenciados (as) Oscar Mena Valverde, Priscilla
    Marín Leiva y Roxana Herrera Barquero se encuentran
    participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
    SACJ-474-09.

                           CUARTA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas
    Plaza Vacante No. 353213

          Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Jenny Fallas Ureña       85.6321          146

2. Pedro Ferran Reina       83.2075           203

3. Oscar Mena Valverde      81.5541           232

    En virtud de que los licenciados (as) Fallas Ureña, Ferran Reina
    y Mena Valverde están participando en las ternas anteriores y en
    otras ternas, según se indica, se adicionan los siguientes
    suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Priscilla Marín Leiva    81.4013          236
5. Roxana Herrera           81.2841          237
    Barquero
6. Gloria Gutiérrez         80.5972           250
    Berrocal
7. Carlos Campos            80.0558           256
    Roblero
8. José Carlos Aguilar      79.9383           258
    Bonilla
9. Jean Carlos Céspedes     78.3900           292
    Mora
10. Juan Pablo Carpio       77.8500           309
    Álvarez

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: La licenciada Jenny Fallas Ureña, se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 1 en materia Laboral,
    remitida a la Secretaría de la Corte mediante oficio SACJ-465-
    09, el 19 de febrero pasado.

    (**) Nota: Los licenciados (as) Oscar Mena Valverde, Priscilla
    Marín Leiva y Roxana Herrera Barquero se encuentran
    participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
    SACJ-474-09.

                           QUINTA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas
    Plaza Vacante No. 353214

          Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE            PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Jenny Fallas Ureña       85.6321          146

2. Pedro Ferran Reina       83.2075           203
3. Oscar Mena Valverde        81.5541          232

     En virtud de que los licenciados (as) Fallas Ureña, Ferran Reina
     y Mena Valverde están participando en las ternas anteriores y en
     otras ternas, según se indica, se adicionan los siguientes
     suplentes:

                                         POSICIÓN EN
          NOMBRE             PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
4. Priscilla Marín Leiva      81.4013         236
5. Roxana Herrera             81.2841         237
    Barquero
6. Gloria Gutiérrez           80.5972          250
    Berrocal
7. Carlos Campos              80.0558          256
    Roblero
8. José Carlos Aguilar        79.9383          258
    Bonilla
9. Jean Carlos Céspedes       78.3900          292
    Mora
10. Juan Pablo Carpio         77.8500          309
    Álvarez
11. Carlos Aguilar Arrieta    77.7239          315

     Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

     (*) Nota: La licenciada Jenny Fallas Ureña, se encuentra
     participando en la terna de Juez (a) 1 en materia Laboral,
     remitida a la Secretaría de la Corte mediante oficio SACJ-465-
     09, el 19 de febrero pasado.

     (**) Nota: Los licenciados (as) Oscar Mena Valverde, Priscilla
     Marín Leiva y Roxana Herrera Barquero se encuentran
     participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
     SACJ-474-09.

     (***) Nota: El licenciado Carlos Aguilar Arrieta, fue nombrado
     interinamente como Juez Supernumerario, en la plaza
     extraordinaria n. 353263, en la Administración Regional del
     Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 15 de marzo
     al 06 de diciembre del año en curso, en sesión del Consejo
     Superior de fecha 17 de febrero del 2009.

                              SEXTA TERNA

     Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Primer
    Circuito Judicial de la Zona Atlántica
    Plaza Extraordinaria No. 353228

    Aspirantes:

                                         POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO       LISTA DE      OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
1. Gloria Gutiérrez          80.5972          250
   Berrocal
2. Carlos Campos             80.0558          256
   Roblero
3. Jean Carlos Céspedes      78.3900          292
   Mora

    En virtud de que los licenciados (as) Gutiérrez Berrocal, Campos
    Roblero y Céspedes Mora están participando en las ternas
    anteriores y en otra terna, según se indica, se adicionan los
    siguientes suplentes:

                                         POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO       LISTA DE      OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
4. Juan Pablo Carpio         77.8500          309
   Álvarez
5. Carlos Aguilar Arrieta    77.7239          315
6. Jorge Gutiérrez Peña      76.7404          342

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: El licenciado Jean Carlos Céspedes Mora se encuentra
    participando en la terna de Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio
    SACJ-474-09.

    (**) Nota: El licenciado Carlos Aguilar Arrieta, fue nombrado
    interinamente como Juez Supernumerario, en la plaza
    extraordinaria n. 353263, en la Administración Regional del
    Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 15 de marzo
    al 06 de diciembre del año en curso, en sesión del Consejo
    Superior de fecha 17 de febrero del 2009.

    (***) Nota: El licenciado Jorge Gutiérrez Peña, fue nombrado
    interinamente como Juez 3 Agrario, en la plaza extraordinaria n.
    353412, en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la
    Zona Atlántica, por un período de 11 meses, en sesión n. 16-
    2009 del 24 de febrero pasado.
                            SETIMA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Primer
    Circuito Judicial de la Zona Atlántica
    Plaza Extraordinaria No. 353229

    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Gloria Gutiérrez          80.5972         250
   Berrocal
2. Carlos Campos             80.0558         256
   Roblero
3. Jean Carlos Céspedes      78.3900         292
   Mora

    En virtud de que los licenciados (as) Gutiérrez Berrocal, Campos
    Roblero y Céspedes Mora están participando en las ternas
    anteriores y en otra terna, según se indica, se adicionan los
    siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Juan Pablo Carpio         77.8500         309
   Álvarez
5. Carlos Aguilar Arrieta    77.7239         315
6. Jorge Gutiérrez Peña      76.7404         342
7. Nubia Bolívar Rueda       76.6743         347

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: Los licenciados (as) Jean Carlos Céspedes Mora y
    Nubia Bolívar Rueda se encuentran participando en la terna de
    Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio SACJ-474-09.

    (**) Nota: El licenciado Carlos Aguilar Arrieta, fue nombrado
    interinamente como Juez Supernumerario, en la plaza
    extraordinaria n. 353263, en la Administración Regional del
    Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 15 de marzo
    al 06 de diciembre del año en curso, en sesión del Consejo
    Superior de fecha 17 de febrero del 2009.

    (***) Nota: El licenciado Jorge Gutiérrez Peña, fue nombrado
    interinamente como Juez 3 Agrario, en la plaza extraordinaria n.
    353412, en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la
    Zona Atlántica, por un período de 11 meses, en sesión n. 16-
    2009 del 24 de febrero pasado.

                            OCTAVA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Primer
    Circuito Judicial de la Zona Atlántica
    Plaza Extraordinaria No. 353230

    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Gloria Gutiérrez          80.5972         250
   Berrocal
2. Carlos Campos             80.0558         256
   Roblero
3. Jean Carlos Céspedes      78.3900         292
   Mora

    En virtud de que los licenciados (as) Gutiérrez Berrocal, Campos
    Roblero y Céspedes Mora están participando en las ternas
    anteriores y en otra terna, según se indica, se adicionan los
    siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE             PROMEDIO      LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Juan Pablo Carpio         77.8500         309
   Álvarez
5. Carlos Aguilar Arrieta    77.7239         315
6. Jorge Gutiérrez Peña      76.7404         342
7. Nubia Bolívar Rueda       76.6743         347
8. Luis Andrés Angulo        76.2542         353
   Sequeira

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: Los licenciados (as) Jean Carlos Céspedes Mora y
    Nubia Bolívar Rueda se encuentran participando en la terna de
    Juez (a) 3 en materia Laboral, oficio SACJ-474-09.

     (**) Nota: El licenciado Carlos Aguilar Arrieta, fue nombrado
    interinamente como Juez Supernumerario, en la plaza
    extraordinaria n. 353263, en la Administración Regional del
    Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 15 de marzo
    al 06 de diciembre del año en curso, en sesión del Consejo
    Superior de fecha 17 de febrero del 2009.

    (***) Nota: El licenciado Jorge Gutiérrez Peña, fue nombrado
    interinamente como Juez 3 Agrario, en la plaza extraordinaria n.
    353412, en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la
    Zona Atlántica, por un período de 11 meses, en sesión n. 16-
    2009 del 24 de febrero pasado.

                          NOVENA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Guanacaste
    Plaza Extraordinaria No. 353194

    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE           PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Nedyn Barrantes         84.4370           177
   Jiménez
2. Gonzalo Coronado        83.9925           187
   Villarreal
3. Yorleny Bello Varela    82.3415           219

    Suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE           PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Gloria Gutiérrez        80.5972           250
   Berrocal
5. Carlos Campos           80.0558           256
   Roblero
6. José Carlos Aguilar     79.9383           258
   Bonilla
7. María Isabel López      79.3107           274
   Sánchez

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: El licenciado Gonzalo Coronado Villarreal, fue
    nombrado interinamente como Juez 3 Penal, en la plaza
    extraordinaria n. 353184, en el Juzgado Penal del Primer
    Circuito Judicial de Guanacaste, por un período de 11 meses, en
    sesión n. 16-2009 del 24 de febrero pasado.
                          DECIMA TERNA

    Despacho: Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Guanacaste
    Plaza Extraordinaria No. 353195
    Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE           PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Nedyn Barrantes          84.4370          177
   Jiménez
2. Gonzalo Coronado         83.9925           187
   Villarreal
3. Yorleny Bello Varela     82.3415           219

    En virtud de que los licenciados (as) Barrantes Jiménez,
    Coronado Villarreal y Bello Varela están participando en las
    ternas anteriores se adicionan los siguientes suplentes:

                                        POSICIÓN EN
         NOMBRE           PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
4. Gloria Gutiérrez         80.5972          250
   Berrocal
5. Carlos Campos            80.0558           256
   Roblero
6. José Carlos Aguilar      79.9383           258
   Bonilla
7. María Isabel López       79.3107           274
   Sánchez
8. Juan Pablo Carpio        77.8500           309
   Álvarez

    Nota: No se encuentra interino nombrado en este puesto.

    (*) Nota: El licenciado Gonzalo Coronado Villarreal, fue
    nombrado interinamente como Juez 3 Penal, en la plaza
    extraordinaria n. 353184, en el Juzgado Penal del Primer
    Circuito Judicial de Guanacaste, por un período de 11 meses, en
    sesión n. 16-2009 del 24 de febrero pasado.
    Observaciones Generales:

                I.      Las ternas se integran con tres aspirantes
         conforme la Ley de Carrera Judicial y de acuerdo con lo
         establecido por el Consejo de la Judicatura en sesión No CJ-
         23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y el
             Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX,
             celebrada el 09 de agosto de 2001.

                    II.      Estas ternas se conforman con la lista de
             elegibles de Juez (a) 1 en materia Laboral simultáneamente
             con la lista de elegibles de Juez (a) Genérico.

                    III.     El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-
             18-06, celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII,
             dispuso: ― ... 4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto
             aspirante en calidad de suplente, en caso de que uno de los
             integrantes decline su participación...”
                                       -0-

      Se acordó: 1.) Devolver las ternas de Juez 1 del Tribunal de Trabajo

de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, plazas

extraordinarias    números     353228,     353229,    353230     a la     Sección

Administrativa de la Carrera Judicial, para que se realice una nueva

consulta a los oferentes y se haga el concurso respectivo, con la indicación

de que las citadas plazas son para ser ocupadas en el Segundo Circuito

Judicial de la Zona Atlántica.

       2.) Se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en la

Presidencia de la Corte, plaza extraordinaria Nº 353247, la terna es la

siguiente:

Gloria Gutiérrez Berrocal

Carlos Campos Roblero

Ana Ivannia Barrantes Venegas

      Por mayoría, se dispuso: Nombrar a la licenciada Gloria Gutiérrez

Berrocal. El licenciado Carlos Campos Roblero obtuvo un voto.
         Seguidamente, se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 de la

Presidencia de la Corte, puesto extraordinario Nº 353248, conforme la

siguiente terna:

Carlos Campos Roblero

Ana Ivannia Barrantes Venegas

Jean Carlos Céspedes Mora

      Por mayoría, se designó: Al licenciado Carlos Campos Roblero. El

licenciado Jean Carlos Céspedes Mora recibió dos votos.

         Para el nombramiento de Juez 1 en el Tribunal de Trabajo de Menor

Cuantía de Puntarenas, plaza extraordinaria Nº 353212, la terna quedó

conformada de la siguiente manera:

Pedro Ferrán Reina

Roxana Herrera Barquero

José Carlos Aguilar Bonilla

         En la primera y segunda votación la licenciada Roxana Herrera

Barquero y el licenciado Pedro Ferrán Reina obtuvieron dos votos cada

uno. Un voto fue para el licenciado José Carlos Aguilar Bonilla.

         En la tercera votación, por mayoría, se designó: A la licenciada

Roxana Herrera Barquero. El licenciado Pedro Ferrán Reina obtuvo dos

votos.

         A continuación se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en el

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, puesto Nº 353213,
con base en la siguiente terna:

Pedro Ferrán Reina

José Carlos Aguilar Bonilla

Jean Carlos Céspedes Mora

      Por mayoría, se dispuso: Designar al licenciado Pedro Ferrán Reina.

El licenciado Jean Carlos Céspedes Mora recibió un voto.

      Finalmente, se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en el

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, puesto Nº 353214,

conforme la siguiente terna:

José Carlos Aguilar Bonilla

Jean Carlos Céspedes Mora

Juan Pablo Carpio Álvarez

      Por mayoría, se acordó: Nombrar al licenciado José Carlos Aguilar

Bonilla. El licenciado Jean Carlos Céspedes Mora recibió un voto.

      Para el nombramiento de Juez 1 en el Tribunal de Trabajo de Menor

Cuantía de Guanacaste, plaza extraordinaria Nº 353194, la terna quedó

conformada de la siguiente manera:

Nedyn Barrantes Jiménez

Yorleny Bello Varela

María Isabel López Sánchez

      Por unanimidad, se acordó: Nombrar a la licenciada Nedyn

Barrantes Jiménez.
      Finalmente se procede a realizar el nombramiento de Juez 1 en el

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Guanacaste, puesto Nº 353195,

con base en la siguiente terna:

Yorleny Bello Varela

María Isabel López Sánchez

Juan Pablo Carpio Álvarez

      Por mayoría, se dispuso: Designar a la licenciada Yorleny Bello

Varela. El licenciado Juan Carlos Carpio Álvarez obtuvo un voto.

      Los anteriores nombramientos rigen a partir del 1° de abril y hasta el

6 de diciembre del año en curso.

      Asimismo, la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, remitirá

las siguiente ternas:

      a) Para ocupar la plaza N° 44587 de Juez 1 en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Orotina, con motivo del

nombramiento del licenciado Pedro Ferrán Reina.

      b) Para ocupar la plaza N° 103156 de Juez 1 de Menor Cuantía y

Tránsito de Nicoya, con motivo del nombramiento de la licenciada Nedyn

Barrantes Jiménez.

      c) Para ocupar la plaza N° 44877 de Juez 1 Contravencional y de

Menor Cuantía de Santa Cruz, con motivo del nombramiento de la

licenciada Yorley Bello Varela.

      Es entendido que de conformidad con lo que establece el artículo 19
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las licenciadas Gloria Gutiérrez

Berrocal, Roxana Herrera Barquero, Nedyn Barrantes Jiménez y Yorleny

Bello Varela, así como los licenciados Carlos Campos Roblero, Pedro

Ferrán Reina y José Carlos Aguilar Bonilla, para poder ejercer válidamente

el cargo en el que fueron designados, deberán suscribir la póliza de

fidelidad respectiva y proceder a su juramentación. Además deberán los

mencionados funcionarios asumir dicho cargo en la fecha indicada.

      Al mismo tiempo, se hace del conocimiento de los funcionarios

designados, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo,

deben apersonarse a la Secretaría General de la Corte a registrar su firma

para los fines que dicha norma establece.

      Finalmente, el Departamento de Planificación realizará un estudio

sobre la posibilidad de extender la competencia del Tribunal de Trabajo de

Menor Cuantía de Guanacaste a otras localidades de esa provincia.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda.

                             ARTICULO XII

      En oficio N° SACJ-474-09 de 20 de febrero último, la máster

Lucrecia Chaves Torres, Jefa interina de la Sección Administrativa de la

Carrera Judicial, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y el magistrado Orlando Aguirre Gómez, en
condición de Presidente del Consejo de la Judicatura, informan lo

siguiente:

               “En atención a los oficios Nos. 9880-08, 9741-08 de
        fechas 11 de noviembre, 08 de diciembre de 2008 y correo
        electrónico del 16 de enero de 2009 suscrito por el Presidente de
        la Corte Magistrado Luis Paulino Mora Mora, se remiten las
        siguientes ternas de Juez 3 Laboral, para nombrar en los
        despachos que a continuación se detallan:

                                   Códigos de
         DESPACHO                                           OBSERVACIONES
                                    puesto
Juzgado Civil y de Trabajo                      Plaza Vacante en sustitución del Lic. Marco
del     II Circuito Judicial de       20269     Vinicio Lizano Oviedo, quien fue nombrado
Alajuela (San Carlos)                           en otro puesto.
                                     353014
Juzgado de Trabajo del II            353015     Plazas extraordinarias por 12 meses, creadas
   Circuito Judicial de San José     353016     dentro del presupuesto del año 2009.
                                     353017
                                                Plaza interina hasta 15-04-2009 en
Juzgado de Trabajo del II                       sustitución de la Licda. Gabriela Bustamante
                                      47446
   Circuito Judicial de San José                Segura quien se encuentra incapacitada por
                                                maternidad.
Juzgado de Trabajo del II                       Plaza interina hasta 31-03-2009 en
   Circuito Judicial de San José      44067     sustitución del Lic. Fabrizio Garro, quien fue
                                                nombrado en otro puesto.

                                PRIMERA TERNA

        Despacho: Juzgado Civil y de Trabajo del II Circuito
        Judicial de Alajuela (San Carlos).
        Plaza vacante No.: 20269.

        Aspirantes:

                                              POSICIÓN EN
      NOMBRE                    PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                               ELEGIBLES
1. Eugenio Molina Sequeira         84.8610         78
2. Ronald Cruz Alvarez             83.7942         82
3. Oscar Adolfo Mena Valverde      81.5541         97

        Suplente:

                                              POSICIÓN EN
      NOMBRE                 PROMEDIO                          OBSERVACIONES
                                                LISTA DE
                                             ELEGIBLES

4. Priscila Marín Leiva         81.4013           98

        Interino en el puesto: Francis Giovanni Porras León.
        Condición laboral: Interino como Juez 3, en el Juzgado Civil y
        de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos).
        Vigencia del nombramiento: 31/03/2009.

                               SEGUNDA TERNA

        Despacho: Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de
        San José.
        Plaza extraordinaria por 12 meses No.: 353014.

        Aspirantes:

                                             POSICIÓN EN
       NOMBRE                  PROMEDIO        LISTA DE       OBSERVACIONES
                                              ELEGIBLES
1. Luis Eduardo Mesén García     88.1182          54
2. Carolina Fallas Sánchez       85.4356          73
3. Randall Vargas Ramírez        82.4690          90

                  DE LA TERCERA A LA QUINTA TERNA

              Despachos: Juzgado de Trabajo del II Circuito
        Judicial de San José.
              Plazas extraordinarias por 12 meses Nos.: 353015,
        353016, 353017.

               Los participantes para las plazas de estas ternas son los
        mismos de la segunda, por lo que una vez que se haya realizado
        el primer nombramiento, deberán de considerarse los dos
        aspirantes que no fueron designados y adicionar de la lista que a
        continuación se indica, el siguiente candidato(a) de mayor
        promedio y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los
        nombramientos:

                Suplentes:

                                            POSICIÓN EN
       NOMBRE                  PROMEDIO       LISTA DE       OBSERVACIONES
                                             ELEGIBLES
4. Oscar Adolfo Mena            81.5541          97
Valverde
5. Priscila Marín Leiva         81.4013           98
6. Roxana Herrera Barquero       81.2841          100
7. Heriberto Díaz Montero        79.3729          112

        Nota: No hay ninguna persona ocupando de forma interina estas
        plazas extraordinarias.
                                SEXTA TERNA

        Despacho: Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de
        San José.
        Plaza interina hasta 15-04-2009 No.: 47446.
        Aspirantes:

                                             POSICIÓN EN
      NOMBRE                    PROMEDIO       LISTA DE        OBSERVACIONES
                                              ELEGIBLES
1. Priscila Marín Leiva           81.4013          98
2. Roxana Herrera Barquero        81.2841         100
3. Jean Carlos Céspedes Mora      78.3900         118

        Suplentes:

                                         POSICIÓN EN
      NOMBRE                   PROMEDIO    LISTA DE  OBSERVACIONES
                                          ELEGIBLES
4. Nubia Bolivar Rueda           78.2243      120
5. Mercedes Álvarez              77.0999      125
Chavarría
6. María Dorelia Bravo          76.1333          129
Nuñez
7. Kattia Sequeira Múñoz        75.1520          134
8. Andrés Armando Grossi        74.1600          138
Castillo

        Interina en el puesto: Susana Porras Cascante.
        Condición laboral: Interina como Auxiliar Judicial 2, en el
        Juzgado de Trabajo del           II Circuito Judicial de San José.
        Vigencia del nombramiento: 28/02/2009.

           La Licda. Álvarez Chavarría se encuentra jubilada en
        Sesión del Consejo Superior 77-01 del 26/09/2001, Artículo
        XXXVIII.

                                SETIMA TERNA

              Despacho: Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial
        de San José.
              Plaza interina hasta 31-03-2009 No.: 44067.
              Aspirantes:

                                        POSICIÓN EN
        NOMBRE                PROMEDIO    LISTA DE           OBSERVACIONES
                                         ELEGIBLES
1. Mónica Zúñiga Vega           86.2651      65
2. Oscar Adolfo Mena Valverde   81.5541      97
3. Priscila Marín Leiva         81.4013      98

        Suplentes:

                                            POSICIÓN EN
      NOMBRE                 PROMEDIO         LISTA DE       OBSERVACIONES
                                             ELEGIBLES
4. Roxana Herrera Barquero     81.2841           100
5. Jean Carlos Céspedes        78.3900           118
Mora
6. Nubia Bolivar Rueda         78.2243            120
7. Mercedes Álvarez            77.0999            125
Chavarría
8. María Dorelia Bravo         76.1333            129
Núñez
9. Kattia Sequeira Muñoz       75.1520            134
10. María Azofeifa             73.8708            140
Hernández

              Interina en el puesto: Roxana Herrera Barquero.
              Condición laboral: Interina como Auxiliar Judicial 3, en el
        Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
              Vigencia del nombramiento: 28/02/2009.

                  La Licda. Álvarez Chavarría se encuentra jubilada
        en Sesión del Consejo Superior 77-01 del 26/09/2001, Artículo
        XXXVIII.


              Observaciones Generales:

            IV.     Las ternas se integran con tres aspirantes conforme
        la Ley de Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el
        Consejo de la Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI,
        celebrada el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión
        No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.

            V.     Estas ternas se conforman con la lista de elegibles de
        Juez 3 Laboral.
              VI.      El Consejo Superior en la sesión N° 04-06 celebrada
          el 25 de enero del 2006, acordó que todas las plazas que se vayan
          a crear en forma ordinaria a partir del año 2006, tengan la
          condición de laborar en horarios alternos a conveniencia de la
          Institución por razones de servicio y espacio físico.

             VII.      El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06,
          celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: ― ...
          4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en
          calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes
          decline su participación...”
                  Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios
          de los interesados.‖
                                         -0-

         Se procede a realizar el nombramiento en propiedad a partir del 1° de

abril próximo, de Juez 3 del Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo

Circuito Judicial de Alajuela, plaza N° 20269, con base en la siguiente

terna:

         Eugenio Molina Sequeira

         Ronald Cruz Álvarez

         Óscar Adolfo Mena Valverde

         Por mayoría, se acordó: Nombrar al licenciado Eugenio Molina

Sequeira. El licenciado Óscar Adolfo Mena Valverde recibió un voto.

         Para el nombramiento en plaza extraordinaria N° 353014 en el

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, a partir del

1° de abril y hasta el 31 de diciembre del año en curso, la terna es la

siguiente:

         Luis Eduardo Mesén García
      Carolina Fallas Sánchez

      Randall Vargas Ramírez

      En la primera votación el licenciado Luis Eduardo Mesén García y la

licenciada Carolina Fallas Sánchez, obtuvieron dos votos cada uno y un

voto el licenciado Randall Vargas Ramírez.

      En la segunda votación, por mayoría, se dispuso: Nombrar al

licenciado Luis Eduardo Mesén García. La licenciada Carolina Fallas

Sánchez recibió dos votos.

      Seguidamente, se procede a la designación de Juez 3 en el Juzgado

de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, plaza extraordinaria

N° 353015, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre del año en

curso, conforme la siguiente terna:

      Carolina Fallas Sánchez

      Randall Vargas Ramírez

      Óscar Adolfo Mena Valverde

      Por mayoría, se designó: Al licenciado Randall Vargas Ramírez. El

licenciado Óscar Adolfo Mena recibió un voto.

      A continuación, se procede a realizar el nombramiento en plaza

extraordinaria N° 353016 para el cargo de Juez 3 en el Juzgado de Trabajo

del Segundo Circuito Judicial de San José, a partir del 1° de abril y hasta el

31 de diciembre de este año, cuya terna es la siguiente:

Carolina Fallas Sánchez
      Óscar Adolfo Mena Valverde

      Priscila Marín Leiva

      En la primera votación la licenciada Carolina Fallas Sánchez y el

licenciado Óscar Adolfo Mena Valverde, obtuvieron dos votos cada uno y

un voto la licenciada Priscila Marín Leiva.

      En la segunda votación, por mayoría, se dispuso: Nombrar a la

licenciada Carolina Fallas Sánchez. El licenciado Óscar Adolfo Mena

Valverde obtuvo dos votos.

      De la misma forma, se procede a nombrar en el cargo de Juez 3 en el

Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, plaza

extraordinaria N° 353017, a partir del 1° de abril y hasta el 31 de diciembre

del año en curso, conforme la siguiente terna:

      Óscar Adolfo Mena Valverde

      Priscila Marín Leiva

      Roxana Herrera Barquero

      En la primera votación las licenciadas Priscilla Marín Leiva y

Roxana Herrera Barquero, obtuvieron dos votos cada uno y un voto el

licenciado Óscar Adolfo Mena Valverde.

      En la segunda votación, por unanimidad, se dispuso: Nombrar al

licenciado Óscar Adolfo Mena Valverde.

      Seguidamente, se procede a efectuar el nombramiento en plaza

interina N° 47446, de Juez 3 en el Tribunal de Trabajo del Segundo
Circuito Judicial de San José, a partir del 16 de marzo y hasta el 15 de abril

del año en curso, la terna es la siguiente:

      Priscila Marín Leiva

      Roxana Herrera Barquero

      Jean Carlos Céspedes Mora

      Por mayoría, se acordó: Nombrar a la licenciada Priscila Marín

Leiva. La licenciada Roxana Herrera Barquero recibió dos votos.

      Finalmente, se procede a efectuar el nombramiento interino de Juez 3

en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, plaza

N° 44067, del 16 al 31 de marzo en curso, con base en la siguiente terna:

      Mónica Zúñiga Vega

      Roxana Herrera Barquero

      Jean Carlos Céspedes Mora

      Por mayoría, resulto electa: La licenciada Mónica Zúñiga Vega. La

licenciada Roxana Herrera Barquero recibió un voto.

      Además se solicita a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial

la remisión de las ternas correspondientes para llenar las siguientes plazas:

      a. Para llenar interinamente la plaza Nº 44483 de Juez 3 en el

Juzgado Civil, Trabajo y Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela,

hasta el 31 de diciembre del año en curso, con ocasión del nombramiento

del licenciado Luis Eduardo Mesén García.

      b. Para ocupar interinamente el puesto N° 5521 de Juez
Supernumerario de la Presidencia de la Corte, con motivo de la designación

del licenciado Randall Vargas Ramírez.

      Es entendido que de conformidad con lo que establece el artículo 19

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las licenciadas Carolina Fallas

Sánchez, Priscila Marín Leiva, Mónica Zúñiga Vega, los licenciados

Eugenio Molina Sequeiro, Luis Eduardo Mesén García, Randall Vargas

Ramírez y Óscar Adolfo Mena Valverde, para poder ejercer válidamente el

cargo en el que fueron designados, deberán suscribir la póliza de fidelidad

respectiva y proceder a su juramentación. Además deberán los

mencionados funcionarios asumir dicho cargo en las fechas indicadas.

      Al mismo tiempo, se hace del conocimiento de los funcionarios

designados, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo,

deben apersonarse a la Secretaría General de la Corte a registrar su firma

para los fines que dicha norma establece.

      El Despacho del Presidente, el Departamento de Personal, la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                             ARTÍCULO XIII

      Conoce el Consejo en alzada acerca de la resolución número 568-

2006, dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial a las nueve horas

treinta y cinco minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, dictada en el
procedimiento disciplinario seguido de oficio por ese Despacho contra

Leenyer Lanuza Víquez, cédula número 4-159-994, Auxiliar Judicial del

Juzgado de Tránsito de Heredia, mediante la cual se dispuso que dicho

auxiliar es responsable de la queja seguida en su contra y por eso se le

sancionó con tres días de suspensión sin goce de salario, calificando la falta

como grave.

      I.-Se le imputó al señor Lanuza Víquez, mantener en las casillas de

asuntos activos (cajas de asuntos activos en bodega), gran cantidad de

expedientes atrasados, con escritos y correo sin proveer, así como una

importante cantidad de expedientes en la casilla de notificaciones OCN, sin

agregarle las actas de notificación. También se le atribuyó que conservó

por un promedio de tres meses, expedientes nuevos sin gravar los vehículos

involucrados en el accidente, y en algunos de ellos recayó sentencia

condenatoria. Por otro lado, se le acusa de que realizó una permuta para

laborar en la Unidad Administrativa Regional de Heredia, para lo cual

informó que su escritorio lo mantenía al día, situación que no era cierta

ante los hallazgos que hizo la Inspección en visita realizada al despacho.

Tales irregularidades descritas, se descubrieron una vez que el nuevo

Auxiliar Judicial Luis Diego Campos Vargas, realizó una revisión general

del escritorio, a pedido de la señora Jueza Kenia Alvarado Villalobos.

      II.-El Tribunal de primera instancia, tuvo por probados los hechos

que a continuación se exponen: 1) El servidor Leenyer Lanuza Víquez, en
su condición de Auxiliar Judicial del Juzgado de Tránsito de Heredia,

mantuvo en sus casillas de asuntos activos (cajas de asuntos activos en

bodega), gran cantidad de expedientes atrasados, con escritos y correo sin

proveer, así como una importante cantidad de expedientes, en la casilla de

notificaciones OCN sin agregarle las actas de notificación; (Ver informe de

investigación de folios 1 al 341, y prueba testimonial de folios 375 al 385).-

2).- Asimismo, el servidor acusado Lanuza Víquez conservó por un lapso

de aproximadamente tres meses, expedientes nuevos sin gravar los

vehículos involucrados en el accidente, y en algunos de ellos recayó

sentencia condenatoria.- (Ver misma prueba mencionada en el hecho 1)

anterior).- 3).- El encausado Leenyer Lanuza Víquez, realizó una permuta

para laborar en la Unidad Administrativa Regional de Heredia, e informó

que su escritorio lo mantenía al día, cuando en realidad tenía en sus cajas,

gran cantidad de expedientes atrasados, con escritos y correo sin proveer,

así como una importante cantidad de expedientes en la casilla de

notificaciones OCN sin agregarle las actas de notificación; (Ver misma

prueba mencionada en el hecho 1) anterior).- Se agregan además como

probados los siguientes hechos: 4) que el denunciado asumió el escritorio

que se le asignó, en el año dos mil cuatro, pero antes de él, en ese escritorio

se cambió varias veces el auxiliar y los cambios se hacían sin previo aviso;

(véase declaración a folio 375); 5) que en el tiempo en que sucedieron los

hechos denunciados, existían problemas por la mala ubicación de los
expedientes en las casillas, de acuerdo a su numeración y a su estado, ya

sea en trámite o fallado; (declaraciones de testigos a folios 375, 377 y 396);

6) que asimismo, en esa época, se le encargó a los auxiliares anotar los

gravámenes de los vehículos como un recargo en su trabajo habitual, ya

que para esa tarea se había encargado a una persona específica;

(declaraciones a folios 376 y 377).

      III.-El encausado solicitó la intervención de la Comisión de

Relaciones Laborales, la cual recomendó variar la sanción a una

amonestación escrita.

      IV.-En el escrito de apelación del denunciado Lanuza Víquez, se

alegan como agravios los siguientes: a) Existe una errónea apreciación de

la prueba por parte del Tribunal, en cuanto al hecho denunciado relativo a

que él mantuvo en la casilla de asuntos activos, expedientes atrasados, con

escritos y correo sin proveer, ya que a lo largo del proceso quedó

demostrado que él le entregó un informe del estado de su escritorio a la

licenciada Kennia Alvarado Villalobos, cuya veracidad fue constatada

físicamente por ella. Que sin embargo, mientras él estuvo de vacaciones se

hizo una nueva revisión, y ahí sí aparecen las supuestas irregularidades, lo

cual lo deja en estado de indefensión por no haber estado presente. b) En

cuanto al hecho del atraso en el agregado de las cédulas de notificación a

los expedientes, indica que fue sólo de tres días, lo cual no considera como

atraso, ya que la mayoría de las actas de notificación tienen fechas 13 y 14
de junio del 2005, y esas cédulas tardaban una semana para llegar a su

escritorio, que era el tiempo que tardaba el auxiliar encargado de

repartirlas. Luego, las cédulas sin agregar con más antigüedad, se deben a

que el expediente no aparece y hay que buscarlo. c) En lo relativo a que

mantuvo expedientes nuevos sin grabar por un tiempo de tres meses

habiendo recaído sentencia en algunos de ellos, no comparte el criterio de

la Inspección porque en el proceso quedó demostrado que esa función se le

asignó como un recargo de labores, y el atraso fue más bien de la persona

entonces encargada de ingresar las estadísticas o partes al sistema. d)

Respecto a la permuta, acepta que se realizó como supernumerario, pero

insiste en que el atraso de que se le acusa no es cierto, pues no existe

prueba idónea que demuestre en forma fehaciente que los expedientes que

se mencionan le fueran asignados a él y que los tuviera a su cargo, además

de que en el proceso quedó acreditado que él no se encontraba en forma

permanente en el escritorio que se investigó. Finalmente alegó el apelante

que no existe proporcionalidad a la hora de fijar la sanción. Por otra parte,

la defensora del acusado alegó que en el caso debió aplicarse el principio

de in dubio pro operario, ya que existían dudas razonables acerca de la

responsabilidad del denunciado. Esas dudas consisten en lo siguiente: a) El

señor Lanuza Víquez asumió el escritorio en setiembre del 2004, y la visita

de la Inspección se realiza los días 27 y 28 de junio del 2005, es decir que

el señor Lanuza contaba con menos de diez meses de laborar en ese
escritorio, por lo que muchos de los casos que se reportaron con atrasos,

son responsabilidad de los auxiliares que ocuparon el puesto antes que él.

b) Cuando el señor Lanuza Víquez sale a vacaciones el 20 de junio del

2005, realiza un informe detallado de su escritorio, donde indica que se

encuentra al día, lo cual no fue objetado por la coordinadora, sino que lo

acepta, y no revisa de manera inmediata el escritorio para corroborar la

situación, sino que siete días después cuando ya no está el señor Lanuza

Víquez, solicita la visita del Inspector, quien procede a revisar el escritorio

sin estar presente dicho auxiliar. c) La prueba testimonial fue clara en

demostrar que en el puesto que asumió el señor Lanuza Víquez en el 2004,

se dio una constante permuta de auxiliares, además del desorden que

imperaba en la bodega del juzgado donde había expedientes activos

mezclados con los archivados. d) Los expedientes pendientes de gravar no

eran responsabilidad del auxiliar Lanuza Víquez, pues esa no era su

función, sino que se le pasaron como recargo. e) Cuando el señor Lanuza

Víquez realizó la permuta, informó a la licenciada Kenia Alvarado

Villalobos que estaba al día, lo cual no fue revisado ni objetado por ella.

Por último, la defensora del denunciado solicita que se le exonere de

responsabilidad, y que en caso de que se considere que debe aplicarse el

régimen disciplinario, se le sancione con amonestación, ya que la sanción

impuesta es desproporcionada.

      V.-En cuanto al primer agravio alegado por el apelante, relativo a
que se hizo una nueva revisión de su escritorio sin que él estuviera

presente, lo cual lo deja en estado de indefensión, debe decirse que no tiene

razón. Ese hecho no era óbice para que la señora jueza procediera a revisar

el escritorio del denunciado con la finalidad de constatar el estado de los

expedientes que le correspondía resolver al señor Lanuza Víquez, y más

bien esa era su obligación, pues el artículo 196 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial establece en los incisos 1) y 2) que los jueces tramitadores o

los miembros del personal auxiliar que cumplan esas funciones, deben

velar porque las providencias se dicten dentro de los plazos legales, y la

tramitación o cualquier otra labor asignada al despacho no se detenga ni se

atrase sin motivo justificado. El coordinador, en los órganos colegiados, o

el jefe del despacho serán responsables, conjuntamente con el juez

tramitador o quien cumpla sus funciones, por cualquier atraso de

tramitación, salvo que demuestren que la falta no puede imputárseles.

Tampoco con ello se causó indefensión, pues no era necesaria la presencia

del señor Lanuza Víquez para constatar que los expedientes que dieron

lugar a la denuncia que planteó la Inspección Judicial, eran expedientes que

le correspondía resolver a él, y que sin embargo no lo hizo, teniendo

algunos de ellos atrasos de varios meses. Este hecho no ha sido desvirtuado

en el proceso, porque más bien cuando el denunciado contesta la queja, no

niega que esos expedientes eran de su responsabilidad, y lo que dice es que

estos no estaban al realizar él la revisión y rendir su informe, y que por eso
presume que tales expedientes estaban mal guardados en las casillas de

asuntos fallados y archivados. No es sino ahora, al apelar que se defiende

diciendo que eso no fue probado, y por tal razón su defensa debe

rechazarse. En el agravio b) se alega que el atraso en el agregado de las

cédulas de notificación a los expedientes, fue sólo de tres días, lo cual no

considera como atraso, ya que la mayoría de las actas de notificación tienen

fechas 13 y 14 de junio del 2005, y esas cédulas tardaban una semana para

llegar a su escritorio, que era el tiempo que tardaba el auxiliar encargado de

repartirlas. Al respecto debe decirse que en el proceso no se sanciona por

esas actas de notificación, según lo que consta a folio 4), sino por las actas

del mes de mayo del 2005, y que al mes de junio de ese año cuando se hizo

la visita por parte de la Inspección, cumplían un mes de estar sin agregar.

Luego, lo que se alega respecto a las cédulas sin agregar con más

antigüedad, tampoco es procedente. No constituye una excusa válida para

exonerar de responsabilidad al denunciado, el hecho de que el expediente

no aparece y hay que buscarlo, y que por eso se dejan mucho tiempo sin

agregar las actas de notificación. En el agravio c), si bien lleva razón el

denunciado en cuanto a que la tarea de gravar los vehículos, se le asignó a

los auxiliares como un recargo, si existía dificultad para cumplir, debió

informarlo de forma oportuna, pues esa era una función que no se podía

posponer, por las serias consecuencias de la omisión, de manera que el

motivo que aduce el denunciado, no lo exonera de responsabilidad.
Seguidamente, en el agravio d) insiste el apelante en que el atraso de que se

le acusa no es cierto, pues no existe prueba idónea que demuestre en forma

fehaciente que los expedientes que se mencionan le fueran asignados a él y

que los tuviera a su cargo, además de que en el proceso quedó acreditado

que él no se encontraba en forma permanente en el escritorio que se

investigó, en lo cual tampoco tiene razón, pues de la declaración que

rindieron los testigos en el proceso, incluyendo la de la señora jueza

coordinadora del despacho, así como de la investigación que realizó el

licenciado José Miguel Bonilla Cordero, Inspector Judicial Asistente, se

desprende que los expedientes que fueron objeto de denuncia, sí le

correspondía resolverlos al denunciado Lanuza Víquez, lo que él tampoco

negó al contestar la denuncia, según ya se dijo en líneas atrás.     VI.-Los

agravios expuestos por la defensora del denunciado, tampoco proceden,

pues aún cuando en el escritorio del denunciado hubiera expedientes con

atrasos que eran responsabilidad de los auxiliares que ocuparon el puesto

antes que él, al serle asignados, debió tomar las medidas del caso para

ponerse al día, o al menos por resolver los de mayor antigüedad, y

demostrar su esfuerzo por lograrlo, y no tomar una actitud indiferente,

dejando acumulados los expedientes sin ningún trámite. O debió al menos

poner la situación en conocimiento de su superior para que éste buscara

alguna solución al problema y así salvar su responsabilidad. Ese esfuerzo

por lograr disminuir al menos en parte el número de expedientes atrasados,
no fue demostrada en el proceso, y más bien cuando se le preguntó a los

testigos acerca de si les constaba si el señor Lanuza Víquez trabajaba horas

extra para poner al día su escritorio, ellos dijeron que no. (Ver folios 375 y

378). A los demás hechos que alega la defensora, ya se hizo referencia en

el considerando anterior, y por eso resulta innecesario referirse a ellos

nuevamente. Por último, no es de recibo la petición de la licenciada

Francini Cortés para que se aplique el principio de in dubio pro operario, ya

que en el proceso no existen dudas acerca de la responsabilidad del

denunciado en los atrasos que se le atribuyen, y por eso no es posible

exonerarlo de responsabilidad        ni que se le sancione sólo con

amonestación, ya que tales hechos constituyen falta grave, según lo

dispone el artículo 192 inciso 8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que

debe sancionarse con suspensión y no con una simple amonestación, dada

la cantidad de asuntos que presentaron retraso en su tramitación. Así las

cosas, lo que se impone es confirmar la resolución recurrida.

      Se acordó: Confirmar la resolución apelada en que sancionó al señor

Leenyer Lanuza Víquez con tres días de suspensión sin goce de salario. La

jefatura correspondiente informará al Departamento de Personal la fecha en

que se hará efectiva la sanción impuesta.

PERMISOS
                             ARTÍCULO XIV

      En sesión N° 10-09 celebrada el 5 de febrero último, artículo XXI, se
autorizó la participación al ―Curso de Inducción para Fiscales y Fiscalas‖-

entre otros- a los licenciados Ronald Abarca Solano, Juez Penal del Tercer

Circuito Judicial de San José, sede sureste, Cristian Granados Araya,

Policía de Control de Drogas, Cindy Morales Romero, Defensora Pública

del Primer Circuito Judicial de San José, Luis Ángel Ríos Jiménez, Perito

Judicial de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo

de Investigación Judicial, María de los Ángeles Jiménez Cerdas, Arlin

Montoya Solís y Johanna Rojas Marín, Fiscalas del Segundo Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, Estela Tenorio Fernández, Fiscala del Primer

Circuito Judicial de la Zona Sur y Roy Ureña Rojas, Fiscal de Buenos

Aires, respectivamente.


      En relación con lo anterior, la licenciada Lilliam Gómez Mora,

Fiscala Adjunta de la Fiscalía General de la República, en oficio N° FGR-

251-2009 de 19 de febrero último, solicitó lo siguiente:


              ―Con ocasión del acta de este Consejo número 10-09, de
       fecha 05 de febrero del 2009, artículo XXI, sobre el acuerdo de
       otorgar permiso a los y las funcionarias del Ministerio Público
       para la participación en el ―Curso de Inducción para Fiscales y
       Fiscalas‖ se solicita dejar sin efecto el permiso otorgado de los
       siguientes fiscales y fiscalas:

Abarca Solano Ronald      03-0282-0138    Tribunal de Juicio Desamparados
Granados Araya Cristian   02-0487-0552    P.C.D.
Morales Romero Cindy      06-0284-0436    Defensa Pública
                                          Delitos Económicos y Financieros
Ríos Jiménez Luis Ángel   06-0184-0014    O.I.J.
              Asimismo, se solicita realizar el cambio en las fechas del
       curso de las siguientes personas:

               María de los Ángeles Jiménez Cerdas, Arlin Montoya
       Solís y Johanna Rojas Marín, las cuales fueron convocadas por
       esta Unidad para los días lunes a partir del dos de marzo, y hasta
       treinta y uno de agosto. Se solicita se realice el cambio de la
       asistencia de las fiscalas de los días lunes para los días viernes, a
       partir del seis de marzo hasta el cuatro de septiembre de 2009.

              De igual forma se solicita cambiar a la licda. Estela
       Tenorio Fernández, Fiscala de Pérez Zeledón y al Lic. Roy
       Ureña Rojas, Fiscal de Buenos Aires, de los días viernes para los
       días lunes.

               No omito indicarles que las anteriores modificaciones se
       solicitan a fin de no afectar la prestación del servicio que se
       brinda, dado que en estos mismos días, otros fiscales se
       ausentan del Despacho a otras capacitaciones ya señaladas.‖
                                       -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Dejar sin

efecto el permiso concedido, a los licenciados Ronald Abarca Solano,

Cristian Granados Araya, Cindy Morales Romero y Luis Ángel Ríos

Jiménez, en la sesión N° 10-09 del 5 de febrero recién pasado, artículo

XXI. 2.) Modificar el acuerdo tomado en la sesión de referencia, en el

sentido de que el permiso concedido a las licenciadas María de los Ángeles

Jiménez Cerdas, Arlin Montoya Solís y Johanna Rojas Marín, será para los

viernes, a partir del 6 de marzo y hasta el 4 de setiembre del año en curso, y

a la licenciada Estela Tenorio Fernández y al licenciado Roy Ureña Rojas,

será para los lunes, durante el período autorizado.

      El Departamento de Personal y la Unidad de Capacitación y

Supervisión del Ministerio Público, tomarán nota para lo que corresponda.
Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XV

      En sesión N° 11-09 celebrada el 10 de febrero último, artículo XI, se

concedió permiso con goce de salario, sin sustitución, a diferentes

funcionarios judiciales, a fin de que asistieran a la reunión de la Comisión

Nacional de Consulta de la ACOJUD, a realizarse el 20 de marzo en curso,

de las 11:00 a las 16:30 horas, en el Colegio de Abogados. Lo anterior, en

el entendido de que no se afectara sustancialmente el servicio público a sus

cargos, lo cual implicaba que deberían dar prioridad a la atención de los

asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que

por ningún motivo se podrían suspender audiencias ni debates previamente

señalados.

      Posteriormente, en sesión N° 13-09 celebrada el 19 de febrero

último, artículo XVII, entre otros, se modificó lo dispuesto en la sesión N°

11-09 de 10 de ese mes, artículo XI, en el sentido que se dejó sin efecto el

permiso concedido al licenciado Carlos Bermúdez Chaves, Juez Penal de

Nicoya y en su lugar se autorizó la asistencia del licenciado Luis Andrés

Angulo Sequeira, Juez de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José,

a fin de que asistiera a la citada reunión.

      En atención a lo anterior, el máster Abel Jiménez Obando, en

carácter de Presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura

(ACOJUD), en oficio N° ACOJUD-PRES 11-09 de 23 de febrero último,
solicitó lo siguiente:

               ―… En la sesión del pasado jueves 19 de febrero en su
        artículo XVII el Consejo Superior aprobó permiso al Lic. Luis
        Andrés Angulo Sequeira para asistir a la reunión de ACOJUD
        del próximo 20 de marzo, sin embargo no podrá asistir por
        cuanto fue nombrado en Pérez Zeledón y en su lugar asistirá la
        Licenciada Shirley Víquez Vargas del Juzgado de Familia de
        Nicoya, por lo cual respetuosamente solicitamos el respectivo
        traslado de permiso, en las mismas condiciones o sea para las
        dos audiencias, por razón de su traslado el viernes 20 de marzo a
        fin de que la Licda Víquez Vargas pueda participar de la
        mencionada reunión.‖
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, modificar

el acuerdo tomado en la sesión N° 13-09 del 19 de febrero último, artículo

XVII, en el sentido de que se deja sin efecto el permiso concedido al

licenciado Luis Andrés Angulo Sequeira y en su lugar autorizar la

asistencia de la licenciada Shirley Víquez Vargas, Jueza de Familia del

Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, a la reunión de la Comisión

Nacional de Consulta de la ACOJUD, a realizarse el 20 de marzo en curso,

en el Colegio de Abogados, en igualdad de condiciones establecidas para

los asistentes en la sesión N° 11-09 del 10 de febrero último, artículo XI.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XVI

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 180-JP-2009 de 20 de febrero recién pasado,

comunicó el acuerdo tomado por el Consejo de Personal en la sesión Nº 02-
2009 de 5 de ese mismo mes, artículo II, que literalmente dice:

                 ―La Secretaría General de la Corte en el Oficio Nº 771-09

       indica:

              ―Con instrucciones de la Secretaria General de la Corte,
       licenciada Silvia Navarro Romanini, muy respetuosamente le
       remito para conocimiento de ese Consejo, oficio de 22 de enero
       en curso, en que el licenciado José Francisco López Chaverri,
       Juez de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial
       de San José, solicita ―LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO por
       un plazo de un año a partir del 14 de abril próximo, con
       condición a ser prorrogada‖, en virtud de haber sido
       seleccionado para participar en una beca otorgada por el Servicio
       de Intercambio Académico Alemán.‖

              Se acordó: Comunicar al Consejo Superior que este
       Órgano no tiene objeción alguna en que se le conceda permiso
       sin goce de salario al Lic. José Francisco López Chaverri, para
       que disfrute de la beca otorgada por el Servicio de Intercambio
       Académico Alemán.

                 Deberá suscribirse el contrato respectivo.‖
                                        -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4°, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Acoger la recomendación del

Consejo de Personal, en consecuencia: 1.) Conceder permiso sin goce de

salario por el término de un año a partir del 14 de abril próximo al

licenciado José Francisco López Chaverri, a efecto de que realice estudios

doctorales en Alemania, para lo cual deberá suscribir el correspondiente

contrato. 2.) La Sección Administrativa de la Carrera Judicial sacará a

concurso la plaza extraordinaria N° 353010 hasta el 31 de diciembre del

año en curso, que dejará vacante el licenciado López Chaverri en el

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
      El Departamento de Personal tomará nota, para lo de su cargo. Se

declara este acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XVII

      En sesión N° 83-08 celebrada el 4 de noviembre de 2008, artículo

LXIX, de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a tres

auxiliares judiciales del Juzgado Contravencional del Primer Circuito

Judicial de San José para el programa de Flagrancias, de forma tal que ese

despacho nombraría a su vez a estos servidores, a partir del 15 de

noviembre y hasta el 31 de diciembre de ese año, a fin de brindaran apoyo

a los jueces contravencionales de trámite de Flagrancias.

      Posteriormente, en la sesión N° 94-08 de 9 de diciembre del 2008,

artículo LVII, se prorrogó de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de

la Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés

institucional, a partir del 1° de enero del año en curso y hasta por tres

meses más, el permiso con goce de salario y sustitución a las servidores

Vanesa Salazar Fallas, puesto N° 044334, Nubia Aguilar Camacho, puesto

N° 108640 y Neihsmy Flores Pereira, puesto N° 102203.

      Al   respecto,   la   licenciada   Jazmín    Castillo   Cubero,   Jueza

Coordinadora del Juzgado Contravencional de Flagrancia de San José, en

nota de 23 de febrero último, solicitó lo siguiente:

              ―… que conforme a las sesiones del Consejo Superior N°
       83-08 celebrada el 4 de noviembre en curso, artículo LXIX y N°
       94-08 celebrada el 9 de diciembre del 2008, artículo LVII, se
       concedió permiso con goce de salario y sustitución a Tres
       Auxiliares Judiciales del Juzgado Contravencional del Segundo
       Circuito Judicial de San José, hasta el 31 de marzo del año en
       curso, que a continuación se detalla:

              Vanesa Salazar Fallas Puesto N° 044334
              Nubia Aguilar Camacho Puesto N° 108640
              Neihsmy Flores Pereira Puesto N° 102203

             Así las cosas, por este medio se solicita con el debido
       respeto se permita nuevamente la prórroga del permiso para los
       auxiliares que están actualmente sirviendo a este Despacho en
       forma interina con el fin de brindar apoyo a los Jueces
       Contravencionales de Trámite de Flagrancias, señores Alice
       Tatiana Arias Rodríguez, Sindy Quirós Ruiz y Luis Diego
       Alvarado Guido.‖
                                    -0-

      Se acordó: 1.) De conformidad con lo que establece el artículo 44,

párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto

de interés institucional, prorrogar a partir del 1° de abril y hasta por tres

meses más, el permiso con goce de salario y sustitución de los servidores

anteriormente citados, para que continúen brindando apoyo a los jueces de

trámite de flagrancias. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento del

Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, a fin de que en su condición de

encargado del Programa de Flagrancias, informe a este Consejo sobre la

necesidad de ampliar por más tiempo el permiso que ahora se dispone y

sobre la forma en que se resolverá definitivamente las necesidades del

Juzgado que ahora se refuerza.

      El Departamento de Personal y el Juzgado Contravencional de
Flagrancia de San José, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara firme este acuerdo.

                            ARTÍCULO XVIII

      En sesión N° 98-08 celebrada el 18 de diciembre del 2008, artículo

XXXII, de conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4º de la

Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de proyectos de interés

institucional, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a varios

servidores, entre ellos, a la señora Rosibeth Ugalde Miranda y al señor

Danny Rodríguez Villegas, para que del 1° de enero al 28 de febrero recién

pasado, continuaran con las pruebas en ejecución del contrato para la

programación del Proyecto del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, a cargo

de la Empresa PRIDES, así como dar continuidad al contrato en las etapas

siguientes.


      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante

correo electrónico recibido el 25 de febrero último, remitió el correo

electrónico de esa fecha, suscrito por la licenciada Karla Urtecho Madrigal,

líder técnico del equipo de trabajo del Proyecto SIGA-Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Departamento de Tecnología de la

información, que literalmente dice:


              ―… los permisos de dos representantes del Departamento
       de Personal que están realizando las pruebas de los módulos de
       la Primera Etapa vencen el último día de febrero.
             Al día de hoy se están realizando pruebas del Módulo de
       Reajustes y continúa la revisión de las pantallas anteriormente
       probadas; en las cuales, aún se están detectando errores
       importantes.

              Por lo anterior, es importante ampliar los permisos de
       Rossibeth Ugalde y Danny Rodríguez, por un mes más. Cuando
       finalicen las pruebas de la primera etapa (que esperamos sea en
       menos de un mes), los compañeros podrán dedicarse a la
       revisión de algunos casos inconsistentes detectados durante el
       proceso de pruebas y analizar conjuntamente con el
       Departamento de Recursos Humanos las acciones a seguir, dado
       que la información es necesaria para el proceso de migración y
       se requiere del análisis del usuario experto.‖
                                    -0-

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial y por tratarse de proyectos de interés institucional, se

acordó: Prorrogar el permiso con goce de salario concedido a los

servidores Rossibeth Ugalde Miranda y Danny Rodríguez Villegas, del 1°

al 31 de marzo en curso, para que continúen con la labor encomendada.

      La Dirección Ejecutiva y los Departamentos de Proveeduría,

Personal, Financiero Contable y Planificación, tomarán nota para lo que a

cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XIX

      El licenciado Luis Enrique Guzmán Gutiérrez, Coordinador del

Equipo Institucional de Gestión de Riesgos del Poder Judicial, con el visto

bueno de la licenciada Milena Conejo Aguilar, Integrante de este Consejo,

en nota de 18 de febrero último, expresó lo siguiente:

           ―En estricto apego a la normativa establecida en la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, artículo 9 inciso 3 y en las
       circulares emitidas por el Consejo Superior números 40-02 y 74-
       05, referentes a la ―Autorización para impartir lecciones en los
       diferentes centros de estudios superiores‖, me permito solicitar
       de la manera más respetuosa, autorización para impartir el curso
       Normas Internacionales de Auditoría, en horario de las 13:00 a
       las 15:50 de la tarde los días martes, a partir del próximo 09 de
       marzo de 2009, en la Escuela de Administración de Negocios de
       la Universidad de Costa Rica, con el compromiso de reponer el
       tiempo ocupado para la docencia en horas fuera de mi horario
       normal de trabajo.

            Cabe mencionar que el año pasado logré que la materia que
       impartía en dicha Universidad se programara para los días
       sábado, sin embargo, para el año en curso la situación se
       modificó para este primer semestre pues me asignaron una nueva
       materia cuyo horario es solamente los martes.

             El horario extraordinario en el que me comprometo a
       reponer el tiempo dedicado a la docencia, lo estaría cumpliendo
       los martes de 16:30 a 19:30, hasta culminar el curso en junio del
       año en curso. Es pertinente mencionar que me encuentro
       totalmente al día en mi trabajo, el cual desarrollo con esmero y
       responsabilidad y que dicha licencia no afectará la ejecución de
       la programación del proyecto de gestión de riesgos bajo mi
       responsabilidad.

            Es oportuno señalar que para esta actividad de docencia
       cuento con el visto bueno de la Licenciada Milena Conejo
       Aguilar, Integrante del Consejo Superior y Coordinadora de la
       Comisión de Control Interno.‖
                                     -0-

      El Consejo Superior en sesión Nº 53-03 celebrada el 22 de julio de

2003, artículo LXXII, de conformidad con lo dispuesto por la Sala

Constitucional en resolución Nº 2001-05012 de las 10:09 horas del 12 de

junio del dos mil uno, adicionada con la Nº 2003-01903 de las 10:05 horas

del 10 de marzo del dos mil siete (Acción de Inconstitucionalidad N° 99-

2927-0007-CO), dispuso que las 10 horas autorizadas para ejercer la labor

docente incluyen la revisión de los exámenes, preparación de lecciones y
diligencias relacionadas, por lo que los funcionarios del Poder Judicial

podrán impartir un curso que no exceda las 5 horas por semana.

      Se acordó: 1.) Acoger la gestión anterior y autorizar al licenciado

Luis Enrique Guzmán Gutiérrez, para que imparta lecciones en el citado

centro de estudios superiores, durante el período indicado, todo en el

entendido que ese tiempo no exceda de 10 horas por semana, 5 horas

efectivas de lección y 5 para preparar las lecciones, corregir exámenes y

otras labores relacionadas. La concesión del permiso conlleva que el

petente deberá dar prioridad a la atención de sus funciones en el Poder

Judicial y con la obligación de reponer el tiempo que ocupe en esas labores.

2.) Asimismo, se le previene al licenciado Guzmán Gutiérrez procurar que

a futuro los cursos que imparta se ajusten a un horario fuera de la jornada

laboral, con el fin de que no se afecten las labores del despacho.

      El Departamento de Personal y el Tribunal de la Inspección Judicial,

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo

firme.

                              ARTÍCULO XX

      El máster Pedro José Méndez Aguilar, Juez Coordinador del

Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Suroeste, en

correo electrónico recibido el 23 de febrero último, manifestó lo siguiente:

             ―… Como ustedes ya conocen, para el próximo mes de
         marzo del 2009 se prevé que concluyan las obras de
         remodelación en el edificio arrendado en Pavas para ubicar, el
 Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede
 Suroeste, lo que nos permitirá trasladar a todo el personal que
 actualmente lo conforma, y reorganizar el equipo de trabajo que
 hasta ahora ha tenido que trabajar dividido.

        En virtud de que la mayor parte del personal auxiliar de
 este Tribunal son personas jóvenes, con muy buena disposición
 para trabajar, pero con poca experiencia y todos nombrados
 interinamente, sería de una invaluable ayuda para poder
 organizar el trabajo de dicho personal, contar con un asistente
 judicial con amplia trayectoria, y que este familiarizado con la
 organización que debe tener un tribunal grande y con un elevado
 circulante.

       Por tal razón hemos conversado con el señor Coordinador
 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José,
 licenciado Marco Mairena Navarro, sugiriéndole la posibilidad
 de que nos permita tener a préstamo, por un lapso de unos tres
 meses al señor Rolando Godínez López, con la finalidad de que
 don Rolando nos colabore organizando el trabajo de los
 auxiliares judiciales de una manera eficiente y acorde a las
 dimensiones del nuevo tribunal que pese a ser nuevo, ya maneja
 un circulante cercano a los mil quinientos expedientes, lo que lo
 hace comparable, al de los Tribunales Penales más grandes del
 país.

        Debemos destacar que al ser consultado sobre esa
 posibilidad, don Marco nos indicó que él estaría anuente,
 siempre y cuando tenga la posibilidad de nombrar a otra persona
 idónea como asistente judicial en el despacho a su cargo;
 igualmente don Rolando nos ha manifestado su anuencia a
 ayudarnos a organizar el nuevo tribunal.

        Por tal razón es que les solicitamos que se otorgue un
 permiso con goce de salario a la plaza en que se ubica don
 Rolando Godínez López, para que así el señor Coordinador del
 Tribunal Penal de San José, pueda designar a alguien que lo
 sustituya en esa plaza. Asimismo, que a su vez se autorice que
 don Rolando pueda ser nombrado, en una plaza de asistente
 judicial, que se asigne por tres meses al Tribunal Penal del
 Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste, a fin de que
 don Rolando nos pueda brindar su colaboración y experiencia en
 la organización del personal auxiliar del nuevo tribunal.‖
                               -0-

Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud                anterior, en
consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo

4° de Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés

institucional, conceder permiso con goce de salario y sustitución, al

servidor Rolando Godínez López, a fin de que brinde la colaboración que

se da cuenta al personal auxiliar del Tribunal Penal del Tercer Circuito

Judicial de San José, sede Suroeste, por un mes, a partir de la fecha en que

oportunamente indicarán a este Consejo, una vez que se encuentren

instalados en el nuevo edificio que albergará al mencionado despacho.

      Los Tribunales Penales del Primer y Tercer Circuito Judicial de San

José, sede Suroeste y el Departamento de Personal tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXI

      En sesión N° 63-08 celebrada el 26 de agosto del 2008, artículo

XLIV, con vista en lo manifestado por la licenciada Cinthia Sáenz Valerio,

Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán, sobre una serie de

anomalías encontradas en ese despacho, se dispuso trasladar a

conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial y del Departamento de

Planificación -entre otros despachos- para lo que correspondiera.

      Posteriormente, en sesión Nº 67-08 del 9 de setiembre del 2008,

artículo LV, de conformidad con lo que establece el artículo 44 párrafo 4º

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en razón de la necesidad de

descongestionar el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Tilarán, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a la

licenciada Cinthia Sáenz Valerio, a partir del 16 de ese mes y por lo que

restaba de ese año, para que se dedicara a la reducción del circulante de la

citada oficina, debido al atraso existente.

      En la verificada Nº 73-08 el 30 de setiembre del 2008, artículo LXX,

se solicitó al Departamento de Planificación, que a la brevedad, realizara un

diagnóstico sobre la situación en que se encontraba el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán y propusiera una forma en

que se pudiera resolver la problemática expuesta por la licenciada Cinthia

Sáenz Valerio. Asimismo, se solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial

que informara a este Consejo, sobre el resultado de la visita realizada al

citado juzgado, conforme se dispuso en la sesión N° 63-08 del 26 de agosto

de ese año, artículo XLIV.

      Seguidamente, en sesión Nº 74-08 celebrada el 2 de octubre del

2008, artículo LIV, se concedió permiso con goce de salario a la servidora

Sandra Porras Campos, Notificadora 1 del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Tilarán, a partir del 17 de octubre y hasta el último día

laboral de ese año, para que se dedicara a la reducción del circulante de la

citada oficina, en razón del atraso existente, lo anterior de conformidad con

el artículo 44 párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Finalmente, en sesión N° 92-08 celebrada el 2 de diciembre del

2008, artículo LVIII, de conformidad con lo que establece el artículo 44 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés

institucional, se concedió permiso con goce de salario, por el término

improrrogable de dos meses a partir del 5 de enero de este año, a las

señoras Sandra Porras Campos, Andrea Chaverri Acosta y al señor William

Barrantes Villegas, servidores del Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Tilarán, a fin de que se dedicaran a las labores de eliminación

del retraso existente en ese despacho, lo anterior sin perjuicio de que si los

citados servidores estuvieran dispuestos a laborar durante el cierre

colectivo de vacaciones, lo hicieran.

      La licenciada Sáenz Valerio, en su expresado carácter, en oficio Nº

2-csv-2009 de 17 de febrero último, solicitó lo siguiente:

             ―… se prorroguen los permisos concedidos a los puestos de
       Auxiliar Judicial 60214 y Notificadora 44895, y además solicito
       de la manera más atenta se me conceda permiso a mi persona por
       lo siguiente.

             Como es de conocimiento de sus estimables personas, este
       despacho ha contado con el apoyo por parte del Consejo
       Superior, concediendo permisos con goce de salario y sustitución
       a tres personas del despacho de manera simultánea, y Gracias a
       este Recurso el despacho se encuentra bien, en las áreas que se
       encontraban afectadas, se esta resolviendo de manera pronta y
       cumplida, y el retraso existente en Agosto 2008 es cosa del
       pasado; no obstante, considera la suscrita que este despacho
       necesita de manera urgente la prórroga del permiso con goce de
       salario de al menos dos personas (pudiendo ser la Auxiliar
       Judicial y la Notificadora), lo anterior para no caer en el
       desorden que existía antes de Agosto 2008, por cuanto la carga
       laboral de este despacho es excesiva para ser tramitada por el
       personal ordinario con que cuenta el despacho, y el haber puesto
       a circular todos los expedientes que se encontraban estáticos, ha
       producido una ola de expedientes anormal para resolver,
       tramitar, fallo y aún más para ser notificados.
      Cabe destacar que el Departamento de Planificación tiene
congelado el estudio que realizaría a este despacho, por el
Acuerdo de Corte Plena emitido el 26 de Enero 2009, donde se
indicó que no se van a crear plazas nuevas que no sean para los
circuitos de Limón y Alajuela, a pesar de que tanto dicho
departamento como El Consejo Administrativo de Liberia habían
avalado la necesidad crear al menos dos plazas de auxiliares
judiciales para este despacho a partir del año 2010, con lo
anterior quiero decir que la necesidad es conocida por los
departamentos del Poder Judicial que es necesario, sin embargo
por políticas institucionales que la suscrita entiende no se van a
crear las plazas hasta que a nuestro circuito le corresponda.

      Les recuerdo que en este despacho tiene más de 27 años de
trabajar con el mismo personal, que la principal causa del caos
encontrado por mi persona el año anterior se debe a que el
Asistente Judicial contaba con un sin número de obligaciones
que impiden que el mismo las desempeñara todas al mismo
tiempo, y esto por cuanto solo existe una auxiliar judicial con
una carga laboral de más de seiscientos expedientes en
ocasiones, y la notificadora además de notificar, tramita, y
atiende usuarios, es decir el personal es poco y las labores
muchas; que las tres personas que trabajan en este despacho
tienen recargo de labores, la asistente es tramitadora de varias
materias además de toda la carga administrativa, la notificadora
tramita también a pesar de que su plaza fue creada antes de la
reforma y según la misma me indica no debería de tramitar
porque su plaza es de Notificadora y nada más, y la única
Auxiliar, se dedica a tramitar el sin número de expedientes a su
cargo y tiene recargado el aseo y recolección de basura de la
oficina, por lo que sinceramente es excesivo el recargo de
funciones sobre esas tres funcionarias, que humildemente han
hecho sus labores dentro de lo posible, pero que todas estas
situaciones les traen consecuencias físicas y personales, además
cabe darle a conocer a sus personas que a pesar de no haber
otorgado el pago de horas extras a las compañeras auxiliares ni a
mi persona, aun con los permisos concedidos, el compromiso
con el Poder Judicial es tal, que las compañeras así como mi
persona sacrificamos horas de descanso para laborarlas, por lo
que en este despacho es normal que se encuentre gente
trabajando a las seis de la tarde o siete de la noche, esto,
contando con los permisos, ahora sin los permisos, soy sincera al
decirle que el retraso sería inminente y los resultados sería contar
con una situación similar a la pasada, y que todo el trabajo que se
avanzó gracias al recurso concedido regrese al terrible estado
anterior.
      Por lo anterior es que mi persona considera que la única
forma en que este despacho salga adelante, con la carga laboral
actual, provocada por la tramitación de seis materias, el aumento
de la cuantía, la ola de expedientes cobratorios (que en un día
fueron presentados treinta y tres), las dificultades por la lejanía
de este despacho con la fotocopiadora, la práctica de aplicar los
ajustes automáticos de oficio, y un sin número de situaciones por
la falta de experiencia de las compañeras que tramitan, hacen
que sea completamente necesario que se encuentren al menos
tres personas tramitando y para ello es necesario que sean
prorrogados al menos dos permisos con goce de salario y
sustitución por un período no menor de seis meses a dos de
las compañeras de este despacho, a partir del 6 de Marzo
2009 y hasta el 6 de Septiembre 2009.

     Actualmente con el Recurso concedido se logró:

     1) Actualizar y mantener al día todos los procesos civiles,
contravenciones, tránsito, violencia doméstica, laboral y
pensiones alimentarias, siendo que las cuatro primeras fueron
puestas al día por el personal nuevo y las otras dos por personal
ordinario de este despacho.

     2) Se inició el uso y actualización del sistema informático
JMS, se capacitó a todo el personal para su correcto uso, y se
indicó la obligación de utilizarlo en adelante.

     3) Se término de resolver, firmar y notificar cada
expediente contravencional, de tránsito y violencia doméstica
prescrito.

      4) Actualmente una compañera esta encargada de la
aplicación de los Ajustes Automáticos del primer semestre 2009,
y las otras dos compañeras que son parte del Recurso otorgado,
se encuentran realizando tareas propias del despacho desde los
primeros días de Febrero 2009, fecha en que se terminó con las
tareas de los expedientes prescritos y del sistema JMS.

     5) Que el personal actualmente cuenta con una distribución
de funciones más lógica, equitativa y que no lidia con los
controles que debemos llevar como despacho, y que no existe
una sola persona que se encuentre haciendo dos funciones que
sean incompatibles o imposibles de realizar por una misma
persona, de forma tal que los controles son mejores, y me atrevo
a garantizar que únicamente con el Recurso podrá seguir de esta
manera. La distribución de trabajo actual es la siguiente:

     Auxiliar Judicial 1:

      A. Tiene a cargo la materia de Pensiones Alimentarias y
Violencia Doméstica.
      B. Debe también actualizar tarjetas del sistema de depósitos
judiciales.
      C. Debe realizar órdenes de apremio.
      D. Limpieza de toda la oficina, incluyendo los baños y
recolección de basura.
      E. Alistar la correspondencia que envía el despacho.
      F. Entregar las citas, órdenes de presentación, comisiones y
apremios corporales a la Delegación de este cantón.

     Asistente:

     A. A cargo de las labores administrativas propias de su
función, tales como realizar los informes mensuales y
trimestrales, conciliaciones bancarias, arqueo de caja chica,
proposiciones electrónicas de nombramientos, actualizar
controles, verificar su cumplimiento, entrega de todo tipo de
boletas de seguridad, y demás propias de su cargo.

     B. Tramita Civil.
     C. Entrega placas de Tránsito.
     D. Realiza la entrega y devolución del notificador.

     Notificadora:

     A. Notificar todos y cada uno de los expedientes de este
despacho.
     B. Tramitar la materia Laboral, tanto procesos ordinarios
como Consignaciones de Prestaciones Laborales de Trabajadores
Fallecidos.

     1° Permiso Concedido:
     A. Tramita Contravenciones.
     B. Tramita Tránsito.
     Fue quien tuvo a cargo la tramitación de toda causa
contravencional y tránsito que encontramos prescrita, y de
tramitar las demás para que no prescribieran sin resolverse.

     2° Permiso concedido:

     A. Atiende a los usuarios en el mostrador, así como las
denuncias, indagatorias, solicitudes de medidas de protección,
demandas nuevas, manifestaciones, y demás.
      B. Agrega los documentos que ingresen diariamente.
      C. Tramita comisiones de diligenciamiento de otros
despachos hacia el nuestro.
      D. Fue quien tuvo a cargo la actualización del sistema JMS
hasta su finalización.

     3° Permiso concedido:

      A. Se encuentra colaborando en la elaboración de los autos
de ajustes automáticos del primer semestre 2009 y algunos del
segundo semestre 2008.
      B. Tuvo a cargo también la actualización del sistema JMS
hasta su finalización.

     Cada una acompaña al usuario que ocupe sacar fotocopias,
dependiendo de la materia que lo requiera.

      Como se puede observar las funciones son más equitativas,
razonables y son compatibles, es decir por ejemplo el control de
entrega y devolución se esta realizando actualmente como lo
recomienda la Inspección Judicial. Toda materia es revisada por
el auxiliar que realiza el auto, la Jueza que firma, y el asistente
que entrega a la Notificadora, por lo que los controles están
siendo efectivos con la nueva distribución de trabajo, para que lo
ocurrido en este despacho años atrás no pueda volver a ocurrir,
no obstante esto es posible por la cantidad de personas que se
encuentran actualmente laborando en este despacho.

      Por lo anterior les solicito de la manera más atenta lo
siguiente:

      Que se prorrogue los permisos con goce de salario y
sustitución por el lapso de seis meses, a partir del 6 de Marzo
2009, y hasta el 6 de Septiembre 2009, a las compañeros de
este despacho Sandra Porras Campos (Notificadora puesto
número 44895), y Andrea Chaverri Acosta (Auxiliar
Judicial: puesto número 60214) para poder asignarle a cada
una de las personas nombradas, una de las dos primeras
tareas indicadas anteriormente.

     Adjunto la solicitud de plazas que mi persona realizará al
Departamento de Planificación en caso de que se considere
necesario ahondar en el tema de la necesidad de tales permisos.‖
                               -0-
      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud              anterior, en

consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 44 párrafo 4°

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prorrogar el permiso con goce de

salario, a las servidoras Sandra Porras Campos y Andrea Chaverri Acosta,

por el término improrrogable de tres meses a partir del 6 de marzo en curso,

a fin de que se dediquen a las labores de eliminación del retraso existente

en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Tilarán. Asimismo se

recomienda a los servidores del mencionado despacho se organicen de

manera tal que puedan cumplir en tiempo con las labores propias de ese

juzgado. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXII

      En sesión N° 10-09 celebrada el 5 de febrero último, artículo XIV, se

comunicó al licenciado Manuel Rodríguez Arroyo, Juez de Familia del

Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, que este Consejo no tenía objeción

para que impartiera lecciones de Derecho de Familia I y II los martes y

miércoles de las 17:00 a las 21:30 horas y de las 17:00 a las 21:30 horas

respectivamente, en la Universidad Latina de Costa Rica, sede Pérez

Zeledón, a partir de enero y hasta abril del año en curso, en el entendido de

que el tiempo por él utilizado para labores de docencia en centros de

estudios superiores no excediera de 10 horas por semana, 5 horas efectivas

de lección y 5 para preparar las lecciones, corregir exámenes y otras

labores relacionadas. Asimismo se solicitó a don Manuel, que informara a
este Consejo la forma en que cumplirá con este requerimiento, pues su

solicitud se refería a un mayor número de horas lectivas.

      En cumplimiento de lo anterior el licenciado Rodríguez Arroyo, en

su expresado carácter, en nota de 20 de febrero recién pasado, comunicó lo

siguiente:

             ―Conforme lo dispuesto por este Consejo en la sesión N°
       10-09 celebrada el cinco de febrero pasado, les aclaro que las
       lecciones que imparto son los días MARTES de las 19:40 a las
       21:40 (Derecho de Familia I), y los días MIÉRCOLES de las
       17:00 a las 19:00 y de las 19:40 a las 21:40 (Derecho de Familia
       II, para dos grupos), y no como por error se consignó en la
       solicitud original.

             En cuanto al cumplimiento de las diez horas que se me
       informa, obviamente tomo más horas para impartir lecciones que
       para las otras actividades, sin embargo al tratarse de dos cursos,
       uno de los cuales lo repito el mismo día a dos grupos (Familia
       II), en la preparación de las lecciones, exámenes y otras labores
       no ocupo todas las cinco horas, ya que son cursos que tengo
       preparados de antemano en los aspectos básicos, amén de
       resultar en cierta forma una situación especial dada la elevada
       matrícula que la Universidad experimentó este cuatrimestre.‖
                                     -0-

      De conformidad con el pronunciamiento de la Sala Constitucional,

en resolución N° 2009-001660 de las 11:51 horas del 6 de febrero del año

en curso, se dispuso: Tomar nota de que el licenciado Manuel Rodríguez

Arroyo, impartirá lecciones en el citado centro de estudios superiores, los

días y las horas indicadas.

      El Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y

el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.
                           ARTÍCULO XXIII

      La Corte Plena en sesión N° 24-08 del 21 de julio del 2008, artículo

XI, aprobó la recomendación vertida por la Sección de Proyección

Institución, del Departamento de Planificación, mediante informe N° 43-

PI-2008, por lo que autorizó que las plazas presupuestadas para el Juzgado

Electrónico, a saber, dos Juez 1, dos Auxiliares Judiciales 1 y un Asistente

Judicial 1, fueran ubicadas a partir del 20 de junio y hasta el último día

laboral de diciembre de ese año, en el Juzgado Especializado de Cobro del

Primer Circuito Judicial de San José. En lo que respecta a la plaza de

Asistente judicial 1, por las razones indicadas en ese acuerdo, debería ser

utilizada para nombrar a un servidor como Auxiliar Judicial 1.

     En sesión N° 94-08 celebrada el 9 de diciembre del 2008, artículo

LVI, de conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se prorrogó a partir del 1° de enero de este año y hasta

por 3 meses más, los nombramientos de los servidores Ricardo Barrantes

López, Karol Solano Ramírez, Luis Guillermo Ruiz Bravo, Pablo Marín

Brenes, Christopher Castillo Vargas, Henry Mora Vargas, Alejandro Pérez

García, Xiomara Rojas Mejía, Víctor Manuel Montoya Quesada, Hersan

Tapia Martínez, Hugo Varela González, Juan Carlos Granados Vargas,

Jessica Viviana Vargas Barboza, Marcela Chaves Hernández, Susan

Aguilar Arce y Geaninna Umaña Viales, para que continuaran

conformando el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Primer
Circuito Judicial de San José.

      El licenciado Ricardo Esteban Barrantes López, Juez Coordinador

del Juzgado Especializado de Cobro Primer Circuito Judicial del Primer

Circuito Judicial de San José, en correo electrónico de 25 de febrero

último, manifestó lo siguiente:

             ―… El próximo treinta y uno de marzo del año en curso
       finalizan los permisos con goce de salario concedidos a los
       integrantes del Juzgado Especializado de Cobro del I Circuito
       Judicial de San José, según acuerdo del Consejo Superior
       número 94-08 celebrada el día 9 de diciembre del 2008, y
       comunicada mediante oficio número 10853-08.

             Tomando en consideración que la Corte Plena no ha
       decidido aún la reorganización de los Juzgados Civiles de San
       José, y con el fin de asegurar la continuación del servicio,
       aprovechando la experiencia de las personas que laboran
       actualmente en dicho juzgado, es que les solicitamos de la
       manera más atenta, prorrogar dichos permisos por unos meses
       más. De igual manera, por acuerdo de Corte Plena número 24-08
       del día 21 de julio del 2008, se acordó autorizar que las plazas
       presupuestadas para el Juzgado Electrónico fueran ubicadas en
       este Juzgado, solicitamos respetuosamente, se autorice también
       la continuidad de esas plazas. Lo anterior, mientras se define el
       agregado del nuevo personal y la reorganización de los
       tribunales civiles.‖
                                     -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 44 párrafo cuarto de

la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés

institucional, se acordó: Prorrogar a partir del 1° de abril y hasta el 31 de

diciembre del año en curso, los nombramientos de los servidores Ricardo

Barrantes López, Karol Solano Ramírez, Luis Guillermo Ruiz Bravo, Pablo

Marín Brenes, Christopher Castillo Vargas, Henry Mora Vargas, Alejandro
Pérez García, Xiomara Rojas Mejía, Víctor Manuel Montoya Quesada,

Hersan Tapia Martínez, Hugo Varela González, Juan Carlos Granados

Vargas, Jessica Viviana Vargas Barboza, Marcela Chaves Hernández,

Susan Aguilar Arce y Geaninna Umaña Viales, para que continúen

conformando el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Primer

Circuito Judicial de San José, hasta tanto la Corte Plena defina la

conformación de ese despacho.

      Despacho del Presidente, el Departamento de Personal y el Juzgado

Especializado de Cobro Judicial del Primer Circuito Judicial de San José,

tomarán nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara este acuerdo

firme.

                               ARTÍCULO XXIV

      El señor Fabricio Guevara González, Supervisor del Departamento

de Seguridad, en nota recibida el 26 de febrero recién pasado, solicitó lo

siguiente:

               ―Laboro como Supervisor en el Departamento de
         Seguridad, el caso es que el pasado dieciséis de febrero del año
         en curso al ser las 23:00 horas fui avisado que mi hija Angie
         Guevara Muñoz, cuando se trasladaba del centro de estudio a mi
         casa en compañía de un compañero sufrió un accidente grave
         que la mantiene internada, el compañero no corrió la misma
         suerte de quedar con vida (murió). De inmediato fue
         hospitalizada en el Hospital Dr. Ángel Calderón Guardia y a
         partir del día 25 de febrero fue trasladada al Albergue del
         Instituto Nacional de Seguros detrás del Hospital México.
         Gracias a Dios a pesar de que las lesiones fueron múltiples que
         requirieron de varias cirugías reconstructivas a nivel de su rostro,
         neurológicas, oculista, otorrinolaringólogo y además de la
         fractura expuesta en su rodilla derecha, se mantiene en una
       recuperación lenta; asimismo en dicho proceso requiere atención
       psicológica tanto por el accidente sufrido como la muerte del
       acompañante.

             En razón de lo anterior debí buscar ayuda psicológica y se
       me incapacitó hasta el día 23 de febrero último lo que me facilitó
       el poder atender los trámites a nivel hospitalario, de los centros
       de estudio (Centro Cultural de idiomas, el Liceo Julio Fonseca
       Gutiérrez y Ministerio de Educación Pública), además de que por
       motivos familiares ella convive conmigo y soy la persona
       responsable directa por lo que debo asistir todos los días al
       hospital y albergue a atenderla y dialogar con el personal médico
       y psicológico sobre el avance en su estado de salud, además de la
       asistencia, apoyo y compañía que debo brindarle en este
       momento de crisis y posterior a su egreso del centro hospitalario,
       el estar trabajando además de que no me encuentro en
       condiciones óptimas no puedo brindarle la atención que requiere.

             Por todo lo anteriormente expuesto solicito su generosa
       ayuda a fin de que me conceda a la mayor brevedad permiso con
       goce de salario por el tiempo que ustedes estimen pertinente a fin
       de atender a mi hija en este momento difícil que atraviesa
       mientras se encuentre hospitalizada y recupere su salud. Cabe
       destacar que la Jefatura del Departamento donde laboro desde el
       primer momento se ha solidarizado con el suscrito y está de
       acuerdo con el trámite que realizo. Dejo manifiesto por este
       medio mi agradecimiento al Licenciado Alfredo Jones León,
       Director Ejecutivo quien desde el primer momento en forma
       solidaria me brindó su apoyo.

             Para demostrar los hechos expuestos aporto página N° 12
       del Diario Extra, Sección sucesos donde consta lo anterior,
       además certificación original del internamiento en el Hospital
       Dr. Rafael A. Calderón Guardia, asimismo copia de la epicrisis
       extendida por dicho centro médico, copia de certificación
       extendida por el Liceo Julio Fonseca Jiménez donde consta que
       debe presentar en abril próximo tres exámenes de bachillerato
       ante el Ministerio de Educación Pública y copia del Centro
       cultural de Idiomas donde certifica que actualmente estudia
       inglés.‖
                                  -0-
      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional Nº 2005-

11262 de las 15:00 horas del 24 de agosto del 2005, se acordó: 1.) Acoger
la solicitud anterior, en consecuencia, conceder permiso con goce de salario

y sustitución al servidor Fabricio Guevara González, por el plazo de 10 días

hábiles a partir del 3 de marzo en curso, para los fines indicados. 2.)

Recomendar a don Fabricio que de persistir la situación descrita, acuda a la

Caja Costarricense del Seguro Social, para que tramite una licencia que se

le pueda conceder para este tipo de situaciones.

      Los Departamentos de Seguridad y Personal, tomarán nota para lo

que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXV

      El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Juez del Tribunal de Casación

del Segundo Circuito Judicial de San José, en correo electrónico recibido el

26 de febrero último, solicitó lo siguiente:

            ―He recibido invitación del Proyecto Regional para la
       Implementación del Tratado CAFTA-DR con sede en El
       Salvador para realizar una conferencia sobre el Proyecto de Ley
       de Firma Electrónica en Honduras. El objetivo de la actividad es
       generar interés por la puesta en vigencia de una regulación
       normativa sobre certificados y firmas digitales como
       complemento a la regulación efectiva que haría posible crear
       condiciones para el desarrollo del comercio electrónico en
       Honduras.

            No había recibido confirmación de las fechas específicas de
       esta actividad, y por ello no había pedido este permiso con la
       debida antelación, circunstancia por la cual ruego su
       comprensión.

            El Proyecto CAFTA-DR asumiría los costos de traslado,
       hospedaje y honorarios de estilo por la conferencia.

             El Proyecto CAFTA-DR no tiene ninguna vinculación con
       actividades propias del Poder Judicial, o proyectos o programas
       de este Poder de la República, por lo que no se da ninguno de los
       supuestos de incompatibilidad legal para mi participación en este
       evento.

            En virtud de lo anterior, solicito, respetuosamente, permiso
       sin goce de salario para participar en la actividad académica
       antes dicha.

             He conversado con el señor Coordinador de nuestro
       Tribunal, el Licenciado Ulises Zúñiga, quien me ha dado su
       autorización para gestionar este permiso. En virtud de las
       actividades del Tribunal, he hecho las coordinaciones pertinentes
       para que ninguna de las actividades propias de esta sede se vea
       afectada por mi ausencia, ya que dado el período corto del
       permiso no es posible buscar sustitución.‖
                                     -0-

      Asimismo el doctor Chirino Sánchez, en su expresado carácter, en

correo electrónico recibido esa misma fecha, aclara que las fechas del

permiso requerido son del 2 al 4 de marzo en curso. No obstante, en correo

electrónico recibido el 27 del mes pasado, comunicó que el evento de

referencia ha sido modificado del 9 al 11 de los corrientes.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Conceder permiso sin goce de salario al doctor Alfredo Chirino Sánchez,

del 9 al 11 de marzo en curso, a fin de que participe como conferencista en

la actividad que dio cuenta, a realizarse en Honduras. Lo anterior, en el

entendido que no se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo,

lo cual implica que deberá tomar las previsiones del caso para que su

ausencia no afecte el normal desempeño del Tribunal del que forman parte.

2.) Es entendido que los gastos por concepto de boletos aéreos, hospedaje y

alimentación, serán cubiertos por la entidad anfitriona.
      El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San

José, el Despacho del Presidente y el Departamento de Personal, tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXVI

      En sesión Nº 40-05 celebrada el 26 de mayo del 2005, artículo XL, a

tenor de lo dispuesto por la Corte Plena, se acordó que los permisos

otorgados para utilizar en un año por la Asociación Nacional de Empleados

Judiciales (ANEJUD) sería de 88 días hábiles, por Coopejudicial R.L. y

Caprede, 44 días hábiles y para otras organizaciones gremiales 5 días

hábiles.

      El máster Abel Jiménez Obando, en condición de Presidente de la

Asociación Costarricense de la Judicatura, en oficio N° ACOJUD 012-09

de 26 de febrero de este año, solicitó lo siguiente:

              “… La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha
       cursado invitación a la señora Primera Vicepresidenta de
       ACOJUD, MSc. Adriana Orocú Chavarría para participar en el
       Segundo Encuentro de Jueces Centroamericanos a realizarse en
       la Ciudad de Guatemala del 10 al 13 de marzo próximo. Se
       llevará a cabo una evaluación de la situación de la justicia y la
       independencia judicial en Centroamérica y un Seminario
       Internacional organizado por la Plataforma Holandesa contra la
       impunidad, que contará con expositores nacionales e
       internacionales. Por la importancia de los temas a tratar creemos
       que es una actividad de enriquecimiento para nuestra
       organización y por tanto de la manera más respetuosa solicito
       permiso con goce de salario sin sustitución para la señora Jueza
       Adriana Orocú Chavarría del martes 10 al viernes 13 de marzo
       inclusive para que pueda representar a la Judicatura
       Costarricense en este evento. Asimismo se autorice a la
       Secretaria General de la Corte para que proceda a solicitar el
       pasaporte de servicio para la señora Orocú Chavarría.‖
                                    -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a la máster Adriana

Orocú Chavarría del 10 al 13 de marzo en curso, a fin de que participe en

el Segundo Encuentro de Jueces Centroamericanos, a realizarse en

Guatemala. 2.) La Secretaría General de la Corte tramitará lo

correspondiente al pasaporte de servicio de la citada servidora. 3.) El

Departamento de Personal con base en el control que al efecto debe llevar

conforme lo ordenado por la Corte Plena y este Consejo, deberá informar

en el momento en que alguna de las organizaciones gremiales cumpla con

el tiempo requerido para estos efectos.

      El Despacho del Presidente, el Juzgado Primero Civil de Menor

Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José y Departamento de

Personal tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXVII

      En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero del año en curso,

artículo XXXII, se autorizó la realización del "Curso de "Ética Aplicada

para Instituciones Públicas", a efectuarse el 4, 11, 18 y 25 de marzo en

curso, de las 8:00 a las 11:00 a.m., así como la participación entre otros de

la licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios. Lo anterior en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo

de los servidores a quienes se les autorizó a asistir, lo cual implica que
darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus

funciones en el Poder Judicial.

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y

la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefes del Departamento de Personal,

Desarrollo Humano y de Gestión de la Capacitación, respectivamente, en

oficio N° 063-CAP-2009 de 24 de febrero último, solicitaron lo siguiente:

              “En sesión 08-09 celebrada el 28 de enero de 2009,
       artículo XXXII, el Consejo Superior aprobó el curso
       denominado ―Ética Aplicada para Instituciones Públicas‖,
       gestionado mediante oficio N° 024-CAP-2009 y dirigido a
       servidores(as) de diversas oficinas que integran la Comisión y
       Subcomisiones de Valores, el cuál dio inició el pasado 04 de
       febrero y finaliza el próximo 25 de marzo (los días miércoles),
       en un horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

             En dicha sesión se concedió permiso con goce de salario,
       entre otros servidores a la licenciada Lena White Curling,
       Contralora de Servicios del Poder Judicial, sin embargo,
       mediante correo electrónico de la licenciada Lisbeth Murillo,
       Profesional de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, se
       solicita sustituir a la señora White Curling por el licenciado
       Roberto Solano Coronel, Defensor Público Supervisor de la
       Unidad de Capacitación y Supervisión.

             Aunado a lo anterior y con la finalidad de utilizar alguno de
       los cupos disponibles en la referida actividad, se integró la
       licenciada María Marta Ramos Montes de Oca, Juez del Juzgado
       de Tránsito de Puntarenas, por lo tanto, se solicita modificar el
       acuerdo de origen y conceder permiso con goce de salario al
       señor Solano Coronel y la señora Ramos Montes de Oca, por el
       período indicado anteriormente. No omitimos indicar que en
       virtud del puesto se requiere sustitución para la licenciada María
       Marta Ramos, a partir del próximo 04 de marzo hasta el 25 de
       marzo del presente año.‖
                                      -0-

      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud                  anterior, en

consecuencia: 1.) Modificar el acuerdo tomado en la sesión N° 8-09 del 28
de enero de este año, artículo XXXII, en el sentido de que se deja sin efecto

la participación de la licenciada Lena White Curling, en el curso ―Ética

Aplicada para Instituciones Públicas‖ y en su lugar se autoriza la asistencia

del licenciado Roberto Solano Coronel, en igualdad de condiciones

establecidas para los participantes en la citada sesión. 2.) Desestimar la

solicitud para que la licenciada María Marta Ramos Montes de Oca,

participe en la mencionada capacitación, por considerar este Consejo

inconveniente que dicha profesional se ausente del despacho a su cargo,

durante la primera audiencia del 4, 11, 18 y 25 de marzo en curso, además

que es deber de este Órgano racionalizar el uso de los insuficientes recursos

presupuestarios que se tiene para cubrir sustituciones, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por este Consejo en la sesión N° 05-09

celebrada el 20 de enero en curso, artículo LX.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                           ARTÍCULO XXVIII

       El licenciado Gilberth Garro Araya, Profesional en Derecho 1 del

Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, en nota de 5 de enero

del año en curso, solicitó al Departamento de Personal, realizara los

cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 4 de marzo en curso,

únicamente para fijar derecho.
       En oficio N° 146-UJP-2009 de 16 de febrero último, el máster

Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la

licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de la Sección de

Administración de Personal y la licenciada Leda Córdoba Montero,

Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, indicaron lo

siguiente:

                Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor
“ASUNTO:
                Gilberto Garro Araya, (…), a partir del 4 de marzo del 2009.

Al 3 de marzo del 2009, el señor Garro Araya habrá laborado para el Poder Judicial, 20 años, 3
meses, 03 días. Cuenta con un tiempo reconocido de 9 años, 8 meses, 27 días
                                    30 años, 0 meses, 0 días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO:

EDAD:        48 años, 4 meses, 3 días.
                                                Profesional en Derecho 1
ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:
                                                ¢1.386.012,48
ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:
                                ¢1.186.144,19
SALARIO PROMEDIO:
                                    ¢1.042.548,86 (87,89% del salario promedio de los
MONTO DE JUBILACIÓN:
                                    veinticuatro mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL:                        ―Los cálculos se efectuaron con base en la
                                    normativa de la Ley Orgánica Actual, así como lo
                                    dispuesto por el Consejo Superior en sesión
                                    celebrada el 28/02/2006.‖

MONTO DE JUBILACIÓN:                Salario promedio * edad = Monto de Jubilación
                                               55 años.‖


                                   -0-
       Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del licenciado Gilberto

Garro Araya y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de

la cual se acogerá a ese derecho.
       El licenciado Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la

jubilación con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00

celebrada el 28 de febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo

Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15 de marzo del 2001, artículo

LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXIX

       El señor Eddie Gerardo Chamorro Picado, Oficial de Localización

de la Unidad de Localizaciones y Citaciones del Primer Circuito Judicial de

San José, en nota de 9 de diciembre del 2008, solicitó al Departamento de

Personal, realizara los cálculos correspondientes de su jubilación, a partir

del 1° de marzo en curso, únicamente para fijar derecho.

         En oficio N° 138-UJP-2009 de 16 de febrero último, el máster

Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la

licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de la Sección de

Administración de Personal y la licenciada Leda Córdoba Montero,

Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, indicaron lo

siguiente:

         Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor
“ASUNTO: Eddie Gerardo Chamorro Picado, cédula 01-0512-0924, a partir del 1 de
         marzo del 2009.

Al 28 de febrero del 2009, el señor Chamorro Picado habrá laborado para el Poder Judicial,
30 años, 8 días.

TOTAL TIEMPO SERVIDO:              30 años, 8 días.

EDAD:        51 años, 10 mes, 23 días

ÚLTIMO CARGO Oficial de Localización, Unidad de cit. y loc. De San José
DESEMPEÑADO:

ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                     ¢704.656,34

SALARIO PROMEDIO:              ¢596.957,82

MONTO DE JUBILACIÓN:               ¢563.280.96 (94,36% del salario promedio de los
                                   veinticuatro mejores salarios ordinarios)

NORMA LEGAL:                       ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de
                                   la Ley Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el
                                   Consejo Superior en sesión celebrada el 28/02/2006.‖

MONTO DE JUBILACIÓN:               Salario promedio * edad = Monto de Jubilación
                                              55 años.‖


                                -0-
       Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Eddie

Gerardo Chamorro Picado y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la

fecha a partir de la cual se acogerá a ese derecho.

       El licenciado Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la

jubilación con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00

celebrada el 28 de febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo

Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15 de marzo del 2001, artículo

LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXX
      La licenciada Ana Victoria Badilla Villanueva, Profesional en

Derecho 3 de la Sala Segunda, en correo electrónico de 18 de febrero último,

solicitó   al    Departamento       de      Personal,   realizara   los    cálculos

correspondientes de su jubilación, a partir del 1° de marzo próximo,

únicamente para fijar derecho.

      En oficio N° 147-UJP-2009 de 18 de ese mes, el máster Francisco

Arroyo Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba y la licenciada

Leda Córdoba Montero, por su orden, Jefe del Departamento de Personal,

Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y Profesional 1

de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, indicaron lo siguiente:

         Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por la
“ASUNTO: señora Badilla Villanueva Ana Victoria, cédula 01-0413-0357, a partir
         del 01 de marzo del 2009.

Al 28 de febrero de 2009, doña Ana Victoria habrá laborado para el Poder Judicial, 5
años, 1 mes, 17 días. Cuenta con un tiempo reconocido en otras instituciones de 29
años, 7 meses, 20 días.

TOTAL TIEMPO SERVIDO: 34 años, 9 meses, 7 días

EDAD:       55 años, 7 meses, 20 días

ÚLTIMO                       CARGO Profesional en Derecho 3
DESEMPEÑADO:

ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢2.429.860,52

SALARIO PROMEDIO:           ¢2.235.164,22

MONTO DE JUBILACIÓN: ¢2.235.164,22 (100% del salario promedio de los
                     últimos 12 salarios )

NORMA LEGAL:                ―Los cálculos se efectuaron con base en la
                            normativa de la Ley Orgánica Anterior, así como
                            lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión
                            22-01 celebrada el 15 de marzo de 2001, artículo
                            LXVIII.‖ Según la cuarta regla practica que
                        indica:
                        ―Cuarta: Quienes al 1° de enero de 1994 no tenían 20
                        años de servicios y siempre y cuando a la entrada en
                        vigencia de la Ley Marco de Pensiones N° 7302 de 8 de
                        julio de 1992, vigente a partir del 15 de ese mismo mes y
                        año, hubieren cumplido más de 10 años laborados o
                        reconocidos, pueden jubilarse con promedio completo,
                        según el régimen anterior a la Ley 7333, de 5 de mayo de
                        1993, con 55 o más años de edad, si cumplen al mismo
                        tiempo 30 años de servicio.‖
                        ―Artículo 231 de la Ley Orgánica.- Para el
                        cómputo del tiempo servido, no es necesario que
                        los servidores del Poder Judicial hayan servido en
                        él consecutivamente ni en puestos de igual
                        categoría. Se tomarán en cuenta también los años
                        de trabajo remunerado que se hubiesen servido en
                        otras dependencias o instituciones públicas
                        estatales, debiendo haber servido al Poder
                        Judicial los últimos cinco años. Sin embargo, en
                        estos casos se aplicarán las siguientes reglas: si el
                        interesado había cotizado en otros regímenes de
                        pensiones, establecidos por otra dependencia o
                        por otra institución del Estado, el Poder Judicial
                        tendrá derecho a exigir -y la respectiva
                        institución o dependencia estará obligada a girar-
                        que el monto de esas cotizaciones sea trasladado
                        al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
                        Judicial. Este traslado incluye también las sumas
                        depositadas para efecto de la pensión del
                        interesado por el Estado. En el caso de que no
                        hubiese existido esa cotización o que lo cotizado
                        por el interesado y por el Estado no alcanzare el
                        monto correspondiente establecido para el Fondo
                        de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, el
                        interesado deberá reintegrar a este Fondo la suma
                        adeudada que, en todos los casos, incluye las
                        cuotas del Estado‖
FORMULA APLICADA        100% del salario promedio = Monto de
                        jubilación.‖

                                    -0-


      Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación de licenciada Ana

Victoria Badilla Villanueva, conforme lo solicitó, se deja en suspenso la
 fecha a partir de la cual se acogerá a ese derecho.

         El Integrante Martínez Fernández, votó por aprobar dicho derecho,

 pero en los términos que corresponde a la aplicación de la Ley Orgánica

 actual, de conformidad con los votos de minoría que emitió en las sesiones

 de este Consejo, números 64-05, 05-06, 22-06, 64-07 y 80-08, artículos

 XXVII, XXXVI, XLI, XXIX XXVIII, respectivamente.

         El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

 Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXXI

         El señor Ruperto Bonilla Alvarado, Notificador 1-B de la Oficina

 Centralizada de Notificaciones del Segundo Circuito Judicial de San José,

 en nota de 24 de noviembre de 2008, solicitó al Departamento de Personal,

 realizara los cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 1° de

 marzo próximo, únicamente para fijar derecho.

         El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

 Personal, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de la Sección

 de Administración de Personal y la licenciada Leda Córdoba Montero,

 Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° 142-

 UJP-2009 de 16 de febrero último, comunicaron lo siguiente:

               Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el
“ASUNTO:
               señor Ruperto Bonilla Alvarado, (…), a partir del 1° de marzo del 2009.

Al 28 de febrero del 2009, el señor Bonilla Alvarado habrá laborado para el Poder Judicial,
30 años, 7 meses, 13 días
TOTAL TIEMPO SERVIDO:             30 años, 7 meses, 13 días.

EDAD:     51 años, 4 meses, 24 días

ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:                  Notificador 1-B

ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                   ¢729.088.74

SALARIO PROMEDIO:           ¢622.778,59

MONTO DE JUBILACIÓN:            ¢582.014,90 (94,45% del salario promedio de los
                                veinticuatro mejores salarios ordinarios)

NORMA LEGAL:                    ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de
                                la Ley Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el
                                Consejo Superior en sesión celebrada el 28/02/2006.‖

MONTO DE JUBILACIÓN:            Salario promedio * edad = Monto de jubilación
                                            55 años.‖
                                          -0-

        Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Ruperto

 Bonilla Alvarado y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a

 partir de la cual se acogerá a ese derecho.

        El licenciado Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la

 jubilación con base en lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 9-00

 celebrada el 28 de febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo

 Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15 de marzo del 2001, artículo

 LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

 Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXII

        El licenciado German Gerardo Cascante Castillo, Juez del Tribunal
  del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en correo electrónico de 11 de

  diciembre del 2008, solicitó al Departamento de Personal, realizara los

  cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 1° de marzo en

  curso, únicamente para fijar derecho.

         En oficio N° 152-UJP-2009 de 18 de febrero último, recibido por

  correo electrónico el 24 de ese mes, el máster Francisco Arroyo Meléndez,

  Jefe del Departamento de Personal, la licenciada Olga Guerrero Córdoba,

  Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y la licenciada

  Leda Córdoba Montero, Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y

  Pensiones, indicaron lo siguiente:

                               Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho
“ASUNTO:                       presentada por el señor Cascante Castillo German Gerardo,
                               (…), a partir del 01 de marzo del 2009.

Al 28 de febrero de 2009, don German habrá laborado para el Poder Judicial, 5 años, 12
días. Cuenta con un tiempo reconocido en otras instituciones de 31 años, 11 meses, 18 días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO:                         37 años, 0 meses, 0 días
EDAD:        55 años, 2 meses, 14 días
ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:                     Juez 4
ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                     ¢2.226.097,12
SALARIO PROMEDIO:               ¢2.051.023,77
MONTO                     DE ¢2.051.023,77 (100% del salario promedio de los últimos 12
JUBILACIÓN:                  salarios )
NORMA LEGAL:                   ―Los cálculos se efectuaron con base en la
                               normativa de la Ley Orgánica Anterior, así como lo
                               dispuesto por el Consejo Superior en sesión 22-01
                               celebrada el 15 de marzo de 2001, artículo
                               LXVIII.‖ Según la cuarta regla practica que indica:

                               ―Cuarta: Quienes al 1° de enero de 1994 no tenían 20 años
                          de servicios y siempre y cuando a la entrada en vigencia de
                          la Ley Marco de Pensiones N° 7302 de 8 de julio de 1992,
                          vigente a partir del 15 de ese mismo mes y año, hubieren
                          cumplido más de 10 años laborados o reconocidos, pueden
                          jubilarse con promedio completo, según el régimen anterior
                          a la Ley 7333, de 5 de mayo de 1993, con 55 o más años de
                          edad, si cumplen al mismo tiempo 30 años de servicio.‖

                          ―Artículo 231 de la Ley Orgánica.- Para el
                          cómputo del tiempo servido, no es necesario que
                          los servidores del Poder Judicial hayan servido en
                          él consecutivamente ni en puestos de igual
                          categoría. Se tomarán en cuenta también los años
                          de trabajo remunerado que se hubiesen servido en
                          otras dependencias o instituciones públicas
                          estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
                          los últimos cinco años. Sin embargo, en estos casos
                          se aplicarán las siguientes reglas: si el interesado
                          había cotizado en otros regímenes de pensiones,
                          establecidos por otra dependencia o por otra
                          institución del Estado, el Poder Judicial tendrá
                          derecho a exigir -y la respectiva institución o
                          dependencia estará obligada a girar- que el monto
                          de esas cotizaciones sea trasladado al Fondo de
                          Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Este
                          traslado incluye también las sumas depositadas
                          para efecto de la pensión del interesado por el
                          Estado. En el caso de que no hubiese existido esa
                          cotización o que lo cotizado por el interesado y por
                          el Estado no alcanzare el monto correspondiente
                          establecido para el Fondo de Pensiones y
                          Jubilaciones del Poder Judicial, el interesado
                          deberá reintegrar a este Fondo la suma adeudada
                          que, en todos los casos, incluye las cuotas del
                          Estado‖

FORMULA APLICADA                       100% del salario promedio = Monto de
                                       jubilación.‖

                                      -0-

       Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación de licenciado German

 Gerardo Cascante Castillo y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la

 fecha a partir de la cual se acogerá a ese derecho.

       El Integrante Martínez Fernández, votó por aprobar dicho derecho,
 pero en los términos que corresponde a la aplicación de la Ley Orgánica

 actual, de conformidad con los votos de minoría que emitió en las sesiones

 de este Consejo, números 64-05, 05-06, 22-06, 64-07 y 80-08, artículos

 XXVII, XXXVI, XLI, XXIX XXVIII, respectivamente.

        El Departamento de Personal tomará nota para los fines

 consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXIII

        El señor Fabio Brenes Ruíz, Notificador 1 de la Oficina Centralizada

 de Notificaciones de Cartago, en correo electrónico de 3 de octubre del

 2008, solicitó al Departamento de Personal, realizara los cálculos

 correspondientes de su jubilación, a partir del 1° de marzo en curso,

 únicamente para fijar derecho.

        En oficio N° 0151-UJP-2009 de 18 de febrero último, recibido por

 correo electrónico el 24 de ese mes, el máster Francisco Arroyo Meléndez,

 Jefe del Departamento de Personal, la licenciada Olga Guerrero Córdoba,

 Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y la licenciada

 Leda Córdoba Montero, Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y

 Pensiones, comunicaron lo siguiente:

               Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el
“ASUNTO:
               señor Fabio Brenes Ruíz, (…), a partir del 1° de marzo del 2009.

Al 28 de febrero del 2009, el señor Brenes Ruíz habrá laborado para el Poder Judicial, 30
años, 1 mes, 0 días.

TOTAL TIEMPO SERVIDO:             30 años, 1 mes.
EDAD:      51 años, 7 meses, 27 días

ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:                  Notificador 1

ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                   ¢696.961,71

SALARIO PROMEDIO:            ¢590.433,91

MONTO DE JUBILACIÓN:             ¢554.560,58 (93,92 % del salario promedio de los
                                 veinticuatro mejores salarios ordinarios)

NORMA LEGAL:                     ―Los cálculos se efectuaron con base en la
                                 normativa de la Ley Orgánica Actual, así
                                 como lo dispuesto por el Consejo Superior en
                                 sesión celebrada el 8/02/2006.‖


MONTO DE JUBILACIÓN:             Salario promedio * edad = Monto de
                                 Jubilación
                                            55 años‖
                                        -0-

        Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Fabio

Brenes Ruíz y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de

la cual se acogerá a ese derecho.

        El licenciado Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la

jubilación con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00

celebrada el 28 de febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo

Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15 de marzo del 2001, artículo

LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.

        El Departamento de Personal tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXIV

        En oficio N° 0148-UJP-2009 de 17 de febrero último, el máster
Francisco Arroyo Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba y el

licenciado Randall Castillo Hernández, por su orden, Jefe del

Departamento de Personal, Jefa interina de la Sección de Administración

de Personal y Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones,

indicaron lo siguiente:

            “ASUNTO: Solicitud de pensión que formula la señora
       Irma Schaubeck Ruíz, cédula número 01-0229-0721, cónyuge
       sobreviviente de quien en vida fue jubilado judicial Rafael
       Caldera Pérez, cédula número 08-0023-0438.

             Para tal efecto, y mediante oficio presentado en este
       Despacho el 29 de enero del 2009, adjunta los documentos que
       se requieren:

             1.    Solicitud   del   beneficio  pretendido,  para
       notificaciones señaló el fax 2245-9166. Además el teléfono
       2225-4643.

            2.    Certificado de defunción Nº 201140 del señor Rafael
       Caldera Pérez, quién falleció el 11 de enero de 2009.

            3.    Certificación de matrimonio extendida por el
       Registro Civil, que corresponde al asiento 55-, folio 341, tomo
       111.

            4.     Constancia extendida por la Caja Costarricense del
       Seguro Social haciendo constar que no devengó salario de mayo
       del 2008 al mes de noviembre de 2008.

            5.     Certificación de la Caja Costarricense de Seguro
       Social donde aparece que la señora Schaubeck Ruiz Irma, tiene
       una solicitud de pensión por vejez con fecha 22 de febrero de
       2009.

            Constancia extendida por el Departamento Nacional de
       Pensiones en la cual consta que no recibe pensión ni tiene
       trámite presentado por ninguno de los regímenes que administra
       esa Dirección.

             6.    Constancia extendida por la Junta de Pensiones y
       Jubilaciones del Magisterio Nacional, en la cual consta que no es
pensionada y tampoco cotiza para ese Régimen

     7.     Revisado el expediente de jubilaciones y pensiones a
nombre de Rafael Caldera Pérez, se verificó que mediante nota
del 28 de enero de 2002, según folio 163, señalo como
beneficiaria a su esposa Irma Schaubeck Pérez. Se deja
constancia que a la fecha en que se revisó el expediente no había
archivada ninguna otra designación.

      8.     Según constancia emitida por el Departamento
Financiero Contable número OF-53-FC-2009, el causante no
tiene deudas pendientes por reconocimiento de tiempo servido en
otras Instituciones.

     9.      Fotocopia de la cédula de identidad.

Don Rafael a la fecha de su fallecimiento disfrutaba una
jubilación mensual de ¢983.254,55 (equivalente al 66,50% del
salario promedio).

     Norma legal:

     De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la
Actual Ley Orgánica, el cual señala en lo que nos interesa:

      ―…el fallecimiento de un servidor judicial, activo o
jubilado, da derecho a sus beneficiarios a una pensión que el
Consejo Superior fijará prudencialmente, pero no podrá ser
superior a las dos terceras partes de la jubilación que disfrutaba o
pudo disfrutar ni inferior a la tercera parte del último sueldo que
percibió, salvo cuando se trataré del cónyuge sobreviviente, en
cuyo caso el monto de la pensión será igual al monto de la
jubilación que venia disfrutando o tenia derecho a disfrutar el ex
servidor.‖

      Según las facultades que le otorga la Ley Orgánica,
corresponde al Consejo Superior otorgar las pensiones así como
la fecha de rige de las mismas.

     Por lo anterior se expone los siguientes datos para mejor
resolver:

     MONTO DE PENSIÓN:

     Al 11 de enero de 2009, fecha de fallecimiento del señor
Caldera Pérez, disfrutaba de una jubilación mensual de
       ¢983.254,55 (100% de la jubilación).

             MONTO DE PENSIÓN: ¢983.254,55. (100 % de la
       Jubilación)

            Formula aplicada 100% de la jubilación.‖
                                    -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Acoger la solicitud de pensión que

formula la señora Irma Schaubeck Ruíz, cónyuge sobreviviente del

jubilado judicial fallecido Rafael Caldera Pérez, cuya asignación mensual

será de ¢983.254,55 (novecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y

cuatro colones con cincuenta y cinco céntimos), a partir del 12 de enero de

este año, equivalente al 100% del monto de la jubilación.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota

para lo que corresponda a cada uno. Se declara este acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                           ARTÍCULO XXXV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez

Obando y Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de

Personal, Jefe de Administración Humana y Jefe de Administración

Salarial, en oficio N° 155-UCS-AS-2009 de 6 de febrero último, recibido el

20 de ese mes, informaron lo siguiente:

              “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado al señor Sigifredo Rojas Vargas.

             1. Gestión
      Mediante nota de fecha veintinueve de febrero del dos mil
ocho, el señor Sigifredo Rojas Vargas, solicita se le reconozca el
tiempo servido en el Ministerio de Educación Pública.

      2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

      El señor Rojas Vargas, labora de manera interina para este
Poder, se desempeña como Profesional en Métodos de
Enseñanza, en Unidad de Capacitación y Supervisión.

       El servidor señala para recibir notificaciones el correo
electrónico su correo electrónico personal srojasv@poder-
judicial.go.cr.

      3. Disposiciones Legales

      3.1   Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

       ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que
los servidores del Poder Judicial hayan servido en él
consecutivamente ni en puestos de igual categoría. Se tomarán
en cuenta también los años de trabajo remunerado que se
hubiesen servido en otras dependencias o instituciones estatales,
debiendo haber servido al Poder Judicial los últimos cinco
años...‖

      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

      ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
anualidades y la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en
cualquier    momento       de    su    relación     de     servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.

       En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no
hayan solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante
su relación laboral con este Poder de la República, lo podrán
hacer en el momento que a bien lo tengan, independientemente
del tiempo transcurrido.

      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
 Estado, entes o empresas, se efectuará a petición del funcionario
 o de la funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de
 jubilación.‖

       4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en
 otras instituciones del Estado para efectos de jubilación N°
 RTFPJ-0093-2008:

        De conformidad con la documentación que consta en el
 expediente personal del servidor y la que este despacho solicitó
 con la finalidad de tener la información necesaria para realizar el
 estudio, se determinó que el señor Rojas Vargas debe reintegrar
 al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢10.068.342,03
 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades
 y jubilación catorce años, seis meses y veintidós días laborados
 para el Ministerio de Educación Pública.

       4.2 Oficio N° 0154-UCS-AS-2009 del seis de febrero
 de dos mil nueve:

        Mediante el oficio Nº 0154-UCS-AS-2009 del seis de
 febrero de dos mil nueve, se le informa al señor Rojas Vargas del
 estudio N° RTFPJ-0093-2008, el cual fue enviado al correo
 electrónico del interesado.

        Cabe indicar que mediante oficio del seis de febrero del
 dos mil nueve, el señor Rojas Vargas manifiesta su conformidad
 con el estudio mencionado.

       5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

        De conformidad con las disposiciones legales existentes
 en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
 instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
 RTFPJ-0093-2008, el cual determina que el señor Sigifredo
 Rojas Vargas debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
 Pensiones la suma de ¢10.068.342,03 a fin de que pueda
 reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación
 catorce años, seis meses y veintidós días laborados para el
 Ministerio de Educación Pública.‖
                                -0-

El informe Nº RTFPJ-0093-2008 de 23 de julio del 2008, reporta que
el monto a reintegrar por el señor Sigifredo Rojas Vargas, Profesional en

Métodos de Enseñanza de la Unidad de Capacitación y Supervisión del

Ministerio Público, asciende a la suma de ¢10.068.342,03 (diez millones

sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos colones con tres céntimos),

para que se le pueda reconocer 14 años, 6 meses y 22 días laborados en el

Ministerio de Educación Pública, para efectos de anualidades y jubilación,

correspondientes a los períodos del 1° de marzo de 1989 al 31 de diciembre

de 1990, del 18 de mayo de 1993 al 31 de diciembre de 1998, del 1° de

febrero de 1999 al 31 de diciembre de 1999, del 1° de febrero del 2000 al

31 de diciembre del 2000, del 1° de febrero del 2001 al 31 de diciembre del

2001, del 1° de febrero del 2002 al 9 de julio del 2006 y del 1° al 31 de

diciembre del 2006.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, se acordó: Reconocer para efectos de anualidades y

jubilación al licenciado Sigifredo Rojas Vargas, 14 años, 6 meses y 22 días

laborados en el Ministerio de Educación Pública, con la obligación de

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma

de ¢10.068.342,03 (diez millones sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y

dos colones con tres céntimos), que se le deducirá de su salario en el tanto

de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá

depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa
Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con

el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto

para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas

correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes

elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXVI

       En sesión N° 85-08 celebrada el 11 de noviembre del 2008, artículo

XIX, por mayoría, se nombró en propiedad de Juez 1 en el Juzgado

Contravencional del Primer Circuito Judicial de San José, puesto Nº

351317, al licenciado Luis Carlos Quesada Arias, a partir del 15 de ese

mes.

       La máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa de la Sección Administrativa

de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-551-09 de 20 de febrero último,

comunicó lo siguiente:

               ―En atención a lo dispuesto por el Consejo de la
        Judicatura en la sesión CJ-13-2007 celebrada el 7 de junio del
        2007, artículo XXVIII, en que se dispuso que en el área de
        Trabajo Social de esta Sección, se lleve un control de los
        nombramientos de primer ingreso y de tres meses en situaciones
        de ascensos y traslados a la Carrera Judicial, con el propósito de
        que se realice una investigación que deberá comprender aspectos
        de rendimiento y desempeño, en concordancia con lo establecido
        en el Estatuto de Servicio Judicial, respecto del período de
        prueba, me permito trasladar informe de la Licda. Lorena
        Valverde Vega, Inspectora Coordinadora del área de Control del
        Tribunal de la Inspección Judicial, en el que comunica los
        resultados de la evaluación efectuada al señor Luis Carlos
        Quesada Arias.
    “INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE JUECES
NOMBRADOS EN PROPIEDAD, POR ASCENSO.

    LUIS CARLOS QUESADA ARIAS, NOMBRADO A
PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008, EN EL
JUZGADO    CONTRAVENCIONAL       DEL  PRIMER
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, PARA OCUPAR
PLAZA     VACANTE      EN      EL    JUZGADO
CONTRAVENCIONAL DE FLAGRANCIA EN EL II
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.

    VENCIMIENTO DE PERÍODO DE PRUEBA: 14 DE
MARZO 2009.

      El licenciado Quesada Arias fue nombrado en el Juzgado
Contravencional de Flagrancia en Segundo Circuito Judicial de
esta Ciudad, a partir del 15 de diciembre del año anterior,
mediante acuerdo del Consejo Superior No.85-08 del 11 de
noviembre del mismo año. No obstante, según los registros del
despacho, su propiedad es a partir del 15 de noviembre de ese
año.

      Ha venido desempeñando su labor en la Sección C,
conformada por él y su asistente judicial, siendo que este
informe abarca desde el 15 de noviembre al 31 de enero de este
año.

       Al igual que los nuevos despachos de Flagrancia (Juzgado
Penal y Tribunal), este juzgado labora con un sistema particular
y diferente, que consiste en laborar todos los días en dos turnos:
uno de las 07:30 horas a las 16:30 horas, y otro de las 17:00
horas a las 23:00 horas, rotando los tres grupos. Por esa razón,
los días hábiles laborados se contabilizan de manera diferente al
resto de los despachos. En el caso particular del Grupo C, se
contabilizan 50 días laborados desde el 15 de noviembre al 31 de
enero de este año.

      En ese período no reporta sentencias dictadas, pero sí 32
audiencias realizadas, de las cuales en 13 se dio la conciliación.

       Por otra parte, revisados los archivos del Tribunal de la
Inspección Judicial, no se registran sanciones disciplinarias
vigentes aplicadas en su contra, como tampoco procesos
administrativos en trámite.‖
                                             -0-

       Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento del licenciado Luis Carlos Quesada Arias. Se declara

acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO XXXVII

       En sesión N° 55-08 celebrada el 29 de julio del 2008, artículo XXXI,

entre otros aspectos, se concedió permiso con goce de salario a varios

funcionarios del Ministerio Público, para que del 4 de agosto al 11 de

diciembre del 2008, cursaran la Maestría en Derecho Penal en la

Universidad Internacional de las Américas.

       El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal en oficio Nº 176-JP-2009 de 19 de febrero último, manifestó lo

siguiente:

                ―Me permito comunicarle que el Consejo de Personal en
           sesión ordinaria celebrada el día de hoy, acordó lo siguiente:

                  1) El Departamento de Personal presenta la nómina
           correspondiente de conformidad con el Oficio N° MADJ-123-
           2009 remitido por el Msc. José Carlos Chinchilla Coto
           Coordinador, Maestría en Administración de Justicia, en
           Centroamérica y Panamá Enfoque Jurídico, donde adjunta la
           lista de aspirantes en orden de prioridad académica.

                2) De conformidad con la revisión del Presupuesto 2009 se
           acordó otorgar permiso con goce de salario para esta actividad de
           conformidad con el siguiente detalle:

PROGRAMA      INSTITUCII   CANTID    MESES   PROGRA    PROGRA    PROGRA    PROGRA    PROGRA
UNIVERSITA    ON            AD DE    CADA     MA 926    MA 927    MA 928    MA 929    MA 930
    RIO                    PERMIS    PERMI
                             OS        SO

Programa      Universid      9       12,00               5                   2         2
UNA-Poder     ad
Judicial en   Nacional
Penal
Programa      Universid       5     12,00              5
UNA –         ad
Poder         Nacional
Judicial en
Civil
Programa      Universid       5     12,00              5
UNA-Poder     ad
Judicial en   Nacional
Familia


               3) El Consejo de Personal tal y como lo ha realizado en
         anteriores ocasiones, considera los siguientes elementos para el
         análisis de la nómina respectiva:

                1)        Antigüedad.
                2)        Atinencia.
                3)        Si ha sido o no objeto de becas anteriormente.
                4)        Si el oferente labora en una zona rural o no.
                5)        Criterios de género.
                6)        Otras razones de oportunidad y conveniencia.

              4) Luego del análisis respectivo, se recomienda al Consejo
         Superior otorgar permiso con goce de salario para cursar el
         Programa a los siguientes servidores:

                                  ÉNFASIS ÁREA PENAL

 NOMBRE              CEDULA        PUESTO EN          OFICINA      PUESTO       OFICINA
                                   PROPIEDAD         JUDICIAL     ACTUAL       JUDICIAL
                                                    PUESTO EN                   ACTUAL
                                                   PROPIEDAD
Ethel             01-0852-            Jueza 3      Juzgado Penal Jueza 3 a.i. Juzgado
Chinchilla        0760                             de Heredia    (traslado    Penal   de
Sánchez                                                          interino)    Cartago

Daniel            01-0951-             Juez 4      Tribunal Penal Juez 4           Tribunal
Sánchez           0736                             de San José                     Penal de San
Delgado                                                                            José
Ana Emilia        01-0567-            Jueza 3      Juzgado Penal Jueza 3 a.í. Juzgado
Fallas            0837                             II      Circuito (traslado      Penal     de
Santana                                            Judicial     de interino)       Alajuela
                                                   Alajuela
Marvin            05-0256-             Juez 4      Tribunal     de Juez       a.í. Tribunal
Cerdas            0013                             Puntarenas       (traslado      Penal     III
Montano                                                             interino)      Circuito
                                                                                   Judicial de
                                                                                   San José
Yamileth        05-                  Jueza 3     Juzgado Penal Jueza 3       Juzgado
Alvarado        02720282                         de Cartago                  Penal      de
Mejías                                                                       Cartago
Maureen         01-0900-       Fiscal Auxiliar   Primera         Fiscal      Primera
Sancho          0762                             Fiscalía        Auxiliar    Fiscalía
González                                         Adjunta de San              Adjunta de
                                                 José                        San José
Álvaro          01-0740-       Fiscal Auxiliar   Fiscalía        Fiscal a.í. Fiscalía
Montoya         0468                             Adjunta      de             Adjunta de
Martínez                                         Narcotráfico                Narcotráfico
Rafael Segura   04-0146-         Defensor        Defensa         Defensor    Defensa
Bonilla         0866             Público         Pública         Público 1 Pública
                               Coordinador 1     San Joaquín de Coordinador San Joaquín
                                                 Flores                      de Flores
Gabriela        02-0452-            Defensora    Defensora       Defensora   Defensora
Thuel Aguilar   0212                 Pública     Pública      de Pública     Pública de
                                                 Alajuela                    Alajuela

                             ÉNFASIS ÁREA CIVIL

NOMBR      CEDUL      PUESTO EN            OFICINA        PUESTO     OFICINA
  E          A        PROPIEDA            JUDICIAL           JUDICIAL ACTUAL
                                                          ACTUAL
                          D              PUESTO EN
                                         PROPIEDA
                                                D
Froylán    010965-        Juez               Unidad          Juez           Unidad
Alvarado    0759      Supernumerar       Administrativ   Supernumerar   Administrativ
 Zelada                    io            a Regional de        io        a Regional de
                                             Heredia                        Heredia
  Mario    01-0910-        Juez 3          Juez Civil,      Juez 3        Juez Civil,
 Alberto     0348                           Trabajo y                      Trabajo y
  Barth                                    Familia de                     Familia de
 Jiménez                                       Osa                            Osa
José       02-0493-        Juez 3        Juzgado Civil      Juez 3      Juzgado Civil
Manuel       0226                          II Circuito                    II Circuito
González                                   Judicial de                    Judicial de
Molina                                      San José                       San José
 Cinthia   01-1144-        Jueza 1          Juzgado        Jueza 1         Juzgado
  Sáenz      0732                        Contravencio                   Contravencio
 Valerín                                  nal y Menor                    nal y Menor
   (sic)                                   Cuantía de                     Cuantía de
                                             Tilarán                        Tilarán
Amanda     01-0978-    Profesional       Sala Primera     Profesional   Sala Primera
Madrigal     0580     en Derecho 3                       en Derecho 3
Valerín



                ÉNFASIS ÁREA RELACIONES FAMILIARES
NOMBRE      CEDULA      PUESTO EN         OFICINA        PUESTO              OFICINA
                        PROPIEDAD        JUDICIAL        ACTUAL             JUDICIAL
                                        PUESTO EN                            ACTUAL
                                        PROPIEDAD
 Hannia      01-0784-      Jueza 1       Juzgado de       Jueza 1      Juzgado de
  Mora         0475                       Pensiones                    Pensiones
 Sánchez                                 Alimentarias                  Alimentarias de
                                         de San José                   San José
 Karol       01-0851-      Jueza 3       Juzgado de       Jueza 3          Juzgado de
 Vindas        0287                     Familia del II                   Familia del II
Calderón                                   Circuito                     Circuito Judicial
                                          Judicial de                     de San José
                                           San José
 Valeska     01-0778-      Jueza 3       Juzgado de       Jueza 3         Juzgado de
   Von         0319                        Violencia                       Violencia
  Koller                                Doméstica del                   Doméstica del II
 Fournier                                 II Circuito                   Circuito Judicial
                                          Judicial de                     de San José
                                           San José
  Carlos     03-0299-       Juez 3       Juzgado de        Juez 3         Juzgado de
 Leandro       0960                       Familia de                      Familia de
  Solano                                   Alajuela                        Alajuela
  Carlos     01-0852-      Jueza 3       Juzgado de      Juez 3 a.í.      Juzgado de
 Manuel        0351                        Violencia      (permuta     Familia II Circuito
 Sánchez                                  Doméstica       interina)     Judicial de San
 Miranda                                Zona Atlántica                        José
                                      -0-

      Asimismo, el máster Francisco Arroyo Meléndez, en su citada

condición, en oficio Nº 178-JP-2009 de 20 de febrero citado, comunicó que

las fechas del posgrado serán del 16 de marzo en curso y hasta el 5 de

marzo del 2010.

      La licenciada Maureen Sancho González, Fiscal Auxiliar del

Ministerio Público, en nota de 23 de febrero último, solicitó lo siguiente:

              ―[…]

              El día 19 de febrero del 2009 recibí vía correo electrónico
        la comunicación oficial por parte del Consejo de Personal, de
        que he sido escogida para cursar la Maestría en Administración
       en Justicia con énfasis en Derecho Penal para el período 2009-
       2010.

              Como es de su conocimiento, un gran porcentaje de los
       fiscales del Ministerio Público del cual formo parte, estamos
       recibiendo una capacitación de postgrado en Derecho Penal en la
       Universidad Internacional de las Américas, oportunidad que se
       les brindó a todos los fiscales en propiedad que tuvieran interés
       en ello y que incluso incluyó a algunos fiscales interinos para
       poder llenar los cupos disponibles para tales efectos, pues se
       trató de un programa abierto del Ministerio Público en el que se
       invitó a todo el personal profesional en propiedad y no de un
       concurso por oposición.

              Dada esta coyuntura, en la que he sido designada para la
       Maestría de la Universidad Nacional, para lo cual he venido
       postulándome desde hace ya varios períodos y que se trata de
       una oportunidad única y sumamente valiosa desde el punto de
       vista profesional y académico, deseo someter a conocimiento del
       honorable Consejo Superior la posibilidad de que se me permita
       suspender la capacitación que estoy cursando en la Universidad
       Internacional de las Américas para avocarme de lleno a cursar el
       programa de la Universidad Nacional que como ustedes saben es
       de tiempo completo, proponiendo, en aras de no desaprovechar
       la capacitación ya recibida, que una vez concluida la Maestría en
       Administración de Justicia, pueda concluir el programa de
       estudios de la Universidad Internacional de las Américas bajo las
       condiciones que ustedes dispongan, lo cual estimo que es viable
       ya que dicho programa forma parte de la oferta académica
       regular de ese centro de enseñanza, para lo cual me comprometo
       hacer todas las gestiones ante las autoridades de dicha
       universidad para coordinar al respecto.

              En caso de no ser viable esta propuesta que planteo, hago
       de conocimiento del Consejo Superior, como solicitud
       subsidiaria, que estoy dispuesta a asumir ambos compromisos
       académicos, los cuales son complementarios entre si, pues es mi
       interés poner al servicio de la función que desempeño como
       funcionaria judicial, los conocimientos que pueda adquirir a
       través de ellos.‖
                                        -0-

      Por su parte el licenciado Jorge Steve Fernández Rodríguez, Juez del

Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, con relación a lo anterior,
en correo electrónico recibido el 24 de febrero en curso, expresó lo

siguiente:

             ―Quien suscribe, J. Steve Fernández Rodríguez, cédula de
       identidad número 1-761-766, Juez del Tribunal del Tercer
       Circuito Judicial de Alajuela, aprovecho la presente oportunidad
       para enviar un respetuoso saludo y a la vez mostrar mi
       disconformidad con la recomendación que el Consejo de
       Personal del Poder Judicial adoptó en sesión celebrada el día 19
       de febrero de 2009, referida a la recomendación de los
       funcionarios judiciales que serían seleccionados para participar
       en la maestría en administración de justicia impartida en la
       Universidad Nacional durante el presente año. Esta objeción se
       plantea de conformidad con los siguientes argumentos.

             ANTECEDENTES.

             1).- A principios del presente año el Departamento de
       Personal de la Corte Suprema de Justicia, comunicó la apertura
       del periodo de recepción de ofertas para la participación en la
       maestría aludida la cual se impartirá en la Universidad Nacional.

              2).- El proceso de selección de candidatos se encuentra
       dividido en dos fases:

              a).- La primera etapa se lleva a cabo por los funcionarios
       de la Universidad Nacional, casa de estudios superiores en la que
       se reciben las postulaciones, se practican entrevistas y de manera
       objetiva e imparcial se evalúan los candidatos de conformidad
       con los siguientes parámetros:

              "Para su información y conocimiento de los Señores y
       señoras Miembros del Consejo de Personal le remito el informe
       de los postulantes a la Maestría en Administración de Justicia
       Civil, Enfoque Socio jurídico, Maestría en Administración de
       Justicia Penal, Enfoque Socio jurídico y Maestría en
       Administración de Justicia de las Relaciones Familiares.

              Este año con la finalidad de que tanto ustedes como los
       mismos postulantes tuviesen mayor claridad sobre los criterios a
       partir de los cuales realizamos el orden de prioridad académica
       en la admisión utilizamos las siguientes variables o dimensiones:

             A. Rendimiento Académico: en esta variable se utilizó
       una escala en función del promedio de notas obtenidas los
estudios universitarios. Para ella se crearon los siguientes rangos
y su correspondiente puntuación: notas inferiores a 8, igual a 0.
Promedios entre 8 y 8.5, igual a 2. Notas promedio entre 8.6 y 9,
igual a 3. Notas entre 9.1 y 9.5, igual a 4; y notas superiores o
iguales a 9.6 igual a 5.

        8. Experiencia profesional específica: en la rama
solicitada: se creó una escala a partir de la experiencia laboral en
el ejercicio profesional en la rama específica, los rangos
utilizados fueron: de 3 meses a menos de 1 año, igual a 0.5; de
un año a 3 años, igual a 1; de más de 3 a 5 años, igual a 2; de
más de 5 a 7 años, igual a 3; de más de 7 años a 10, igual a 4; de
más de 10 años, igual a 5.

       C. Publicaciones: con una escala que va de O a 3, se le
asignó a artículos, libros y otras publicaciones. Menos de 1
publicación, igual a 0; de 1 una publicación, igual a 0,5; de 2 a 5
publicaciones, igual a 1; de 5 a 9 publicaciones, igual a 2; lO o
más publicaciones, igual a 3.

       D. Se creó una escala para valorar las respuestas de los y
las postulantes a las preguntas formuladas por los y las
entrevistadoras; considerando aspectos de comprensión de las
preguntas, fundamentación de las respuestas, coherencia lógica
del discurso y capacidad de comunicación. A partir de dichos
elementos, se creó la siguiente escala: respuesta muy baja, igual
a 0; baja, igual a 1; media, igual a 2; alta, igual a 3 y excelente,
igual a S.

       E. Perspectiva Profesional: se valoró en esta variable la
claridad del rol profesional institucional y social; la ubicación
personal dentro del sistema de justicia. La escala fue: respuesta
muy baja, igual a 0; baja, igual a 1; media, igual a 2; alta, igual a
3 y excelente, igual a 5.

       F. Conocimiento Académico proyectado: en esta variable
se consideró el conocimiento que se tenía del programa de
estudios de la maestría, así como la percepción que las y los
postulantes tenían sobre el impacto que en su formación
profesional y gestión laboral podía significar en participar en la
maestría.

       El procedimiento seguido fue el siguiente: luego de cada
entrevista se utilizó la escala para cada variable efectuando una
sumatoria de las mismas por estudiante, de tal forma que cada
uno de los y las entrevistada obtuvo un puntaje que fue el que se
utilizó para definir el orden de prioridades. En caso de que
coincidieran varias personas en un mismo resultado, se les dio a
esas personas se les dio el mismo número de prioridad
organizados por orden alfabético y en dichas situaciones el o la
siguiente candidata aparece con el número de lugar que le
corresponde agotados los lugares utilizados por las personas que
coinciden. Así por ejemplo, puede darse que aparezcan 3
personas en el 2 lugar de tal forma que el siguiente lugar
aparecería como el 5 y así sucesivamente; ello para la admisión
de las 3 maestrías(...)

       A la vez le informamos que la lista de los postulantes en
el Área de Penal, fueron realizadas por el MS.c José Manuel
Arroyo, Coordinador General del área penal y el Lic. Roberto
Pineda Ibarra, Director de la Escuela de Sociología el 6 de
febrero del año en curso" (Cfr. documento adjunto de la
Universidad Nacional).

       Se debe agregar que como resultado de este riguroso
procedimiento compartí el primer lugar con la licenciada Ethel
       Chinchilla Sánchez y Miguel Ángel Abarca Rivas
obteniendo todos un total de 21 puntos.

      b).- Fase interna en el Poder Judicial.

        Esta segunda etapa se desarrolla en el Poder Judicial y
consiste específicamente en la sugerencia que remite el Consejo
de Personal al Consejo Superior para otorgar las becas que esta
institución reconoce a los funcionarios judiciales. Este proceso
de selección, al contrario del primero, resulta absolutamente
oscuro e inconstitucional. Posee unas variables o parámetros de
selección que resultan arbitrarios. En sentido se señala
literalmente:

       "3) En Consejo de Personal tal y como lo ha realizado en
anteriores ocasiones, considera los siguientes elementos para el
análisis de la nómina respectiva:

      1) Antigüedad.

      2) Atinencia.

      3) Si ha sido objeto de becas anteriormente.

      4) Si el oferente labora en una zona rural o no.
      5) Criterios de género.

       6) Otras razones de oportunidad y conveniencia" ( Ver
oficio Nª 176-JP-2009 del Consejo de Personal).

       Como resultado de este proceso fueron seleccionados los
siguientes compañeros y compañeras jueces y juezas: Ethel
Cinchilla Sánchez, Daniel Sánchez Delgado, Ana Emilia Fallas
Santana y Marvin Cerdas Montano.

      FUNDAMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS

        El procedimiento de concesión de becas dentro del Poder
Judicial en mi humilde parecer requiere una revisión profunda,
de     primera    entrada     muestra     factores   de   posible
inconstitucionalidad que lo tornan arbitrario, oscuro e
incontrolable por los administrados, en este caso, los
funcionarios judiciales. En el presente asunto, se observa con
facilidad el contraste abismal existente entre los procedimientos
efectuados por la Universidad Nacional y el Consejo de Personal
del Poder Judicial. Al efecto se ha constatado que en la
prestigiosa casa de estudios superiores existe todo un
procedimiento con variables objetivas, cuyos contenidos y
puntajes se especifican de tal manera que tanto los aspirantes a
una beca como los propios miembros del Consejo de Personal
pueden conocer el planteamiento, el procedimiento y la
conclusión a la que se arriba por los encargados del proceso de
selección de la Universidad Nacional. En sentido diametralmente
opuesto, el proceso de selección que en el Poder Judicial se
desarrolla se estima violatorio de la garantía constitucional del
Debido Proceso regulada en el numeral 39 de la Constitución
Política de la República de Costa Rica. En esta disposición de
pensamientos ha de indicarse que no se tiene noción alguna del
puntaje que cada una de las variables que utiliza el Consejo de
Personal posee, consecuentemente tampoco se puede conocer
cuál ha sido la calificación que se ha obtenido y mucho menos la
propia de las personas que fueron elegidas en tal proceso. De
mayor trascendencia aún señores y señoras integrantes del
Consejo Superior conviene cuestionarse: ¿Cómo se puede
controlar el contenido de las variables 2) Atinencia y 6) Otras
razones de oportunidad y conveniencia? ¿Cuál es el contenido
del parámetro atinencia? ¿Cuál son las razones de oportunidad y
conveniencia? La respuesta a todas interrogantes naufraga en el
más oscuro de los misterios, y se estima con el mayor de los
respetos, que torna la decisión del Consejo de Personal en
inconstitucional. Se tiene plena consciencia del Derecho de
Elección que posee el Poder Judicial de escoger a los candidatos
que estime más idóneos para las becas que concede, sobre ese
particular no se posee duda alguna, baste con indicar que es ésta
la tercera ocasión en que se participa en este mismo proceso y en
igual cantidad de oportunidades he sido excluido de tal
posibilidad, mas el procedimiento que utiliza el Consejo de
Personal es tan ambiguo que le permite sin mayor
fundamentación elegir a cualquiera de los aspirantes a tal
oportunidad de estudio. En este sentido puede observarse que he
sido recomendado en el primer lugar de todo el proceso de
selección en el área penal, puesto que comparto con la
compañera Ethel Chinchilla Sánchez y Miguel Ángel Abarca
Rivas, sin embargo se ha seleccionado a un aspirante que
ocupaba el último lugar del escalafón enviado por la Universidad
Nacional existiendo un total de ocho puntos de diferencia entre
la calificación de este estimado compañero y los tres primeros
lugares. ¿Qué sentido tiene entonces el proceso previo que en la
Universidad Nacional se ha efectuado?

       Brevemente quiero indicar que en marzo próximo
cumpliré 16 años de laborar como juez de esta nación, en la
actualidad he ocupado todos los puestos existentes dentro del
proceso penal actual, Juez de Etapa Preparatoria, Juez de Fase
Intermedia, Juez de Juicio, Juez de Ejecución Penal y en forma
interina Juez de Casación del Tribunal del Tercer Circuito
Judicial de Alajuela. No he sido becado anteriormente por el
Poder Judicial. El criterio de laborar en una zona rural tampoco
me ha favorecido en el pasado cuando postulé mi candidatura
siendo Juez del Tribunal del Primer Circuito Judicial de
Puntarenas, pero he de externar que es más fácil señalar en
cuales lugares no he trabajado como Juez que en los que
laborado, para ello en mi curriculum vitae se precisan todos los
despachos en los que he fungido como Juez, destacando que
laboré por dos años en el Juzgado Penal de Osa. De todas
formas, ninguno de los jueces seleccionados labora en la
actualidad zona rural alguna, sino que dos de ellos prestan sus
servicios laborales en el Juzgado Penal de Cartago, otro más en
San José, una compañera en Alajuela y finalmente otro estimable
compañero en el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San
José. Debe concluirse que tal criterio entonces no ha sido factor
para excluir mi postulación.

       Por último, debo indicar que es ésta mi tercera
postulación, que en todas las anteriores igualmente he ocupado
los primeros lugares por parte de la Universidad Nacional y he
sido excluido luego por el Consejo de Personal del Poder
        Judicial. Pienso firmemente que esta nación requiere de Jueces y
        Juezas cada vez más calificados, con mucha mejor preparación,
        por ello estimo que el principal compromiso de un Juzgador o
        Juzgadora se ha de encontrar en su rectitud, sus valores y por una
        responsabilidad seria de superación. Muestra de ello es que he
        cursado de mi propio peculio, viajando desde la ciudad de
        Puntarenas hasta San José para luego retornar a mi hogar en San
        Ramón de Alajuela, el Doctorado Académico en Derecho Penal
        en la Escuela Libre de Derecho ubicada en San José.

               Necesito perfeccionarme como juez, estimo que es este un
        proceso que nunca acaba y por ello he insistido en participar en
        esta maestría que es la única que se concede en el país en el área
        específica de la Administración de Justicia, tarea a la que me he
        dedicado desde que cumplí veintitrés años de edad hasta la fecha
        y con la cual he recorrido prácticamente todo el país en mi
        carrera en la judicatura.

               Por ello solicito respetuosamente que se me incluya para
        poder cursar la maestría pretendida. Para recibir notificaciones
        señalo mi correo electrónico del Poder Judicial.

                Advierto que no he sido formalmente notificado de la
        decisión del Consejo de Personal, sino que hasta el día de ayer
        23 de febrero de 2009 se me enviaron los documentos que le
        solicité al licenciado Francisco Arroyo.‖
                                      -0-

      Al respecto, en oficio N° 229-JP-2009 de 2 de marzo en curso, el

máster Francisco Arroyo Meléndez, en su citada condición, comunicó el

acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión celebrada el 26 de

febrero último, artículo II, el cual literalmente dice:

              “Este Consejo, en sesión ordinaria N° 03-2009 del 19 de
        febrero de 2009, artículo II acordó recomendar al Consejo
        Superior la concesión de becas para cursar la Maestría en
        Administración de Justicia, Enfoque Socio Jurídico, con énfasis
        en el Área Penal.

             Dentro de los candidatos recomendados se seleccionó a la
        Sra. Mauren Sancho González, Fiscal Auxiliar de la Primera
        Fiscalía Adjunta de San José.
      Indica el máster Arroyo, que ha recibido un Recurso de
Apelación interpuesto por Adriana Chaves Redondo –integrante
de la Nómina señalada-, así como un oficio con manifestaciones
de Mauren Sancho González. Ambos documentos se tienen a la
vista y se procede a su lectura integral. Se adjuntan como anexo
al presente acuerdo.

      Del mismo modo, señala que según comunicación
telefónica con el Consejo Superior, se le indica que el acuerdo de
éste Consejo relacionado con las becas de la Universidad
Nacional, no ha sido conocido aún por ese órgano.

      Visto el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Chaves
Redondo, que para los efectos debe interpretarse como de
revisión del acto, y por tener a la vista las manifestaciones
expresas de la Sra. Sancho González, sobre la citada
impugnación se procede a revisar la recomendación dada por
este Consejo.

       El máster Arroyo señala que para el presente caso deben
tenerse en cuenta los siguientes elementos:

       a-La política expresa del Consejo de Personal de otorgar
becas únicamente a funcionarios que no se encuentren o hayan
disfrutado de ese beneficio anteriormente, salvo casos
excepcionales donde no existen otros candidatos.

       b-Que la Nómina, preparada por el Departamento de
Personal con base en los datos registrados en el sistema, que dio
origen a la recomendación, señala que la Sra. Sancho González
no ha disfrutado de este beneficio anteriormente. Que ante la
impugnación que se conoce se procedió a recabar información
sobre los programas de capacitación del Ministerio Público
encontrando que lleva razón la señora Chaves Redondo cuando
afirma que la Sra. Sancho González está cursando en estos
momentos el Programa de Maestría en Derecho Penal de la
Universidad Internacional de las Américas.(Acuerdo del Consejo
Superior, sesión N° 55-08, del 29 de julio de 2008, artículo
XXXI ). No obstante, dado que se presentaron inconvenientes
con la información contenida en los contratos, éstos fueron
devueltos a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público,
razón por la cual no consta en el expediente de la servidora. Por
las particularidades de esta beca, donde el servidor sigue
laborando y un día por semana asiste a lecciones con uso parcial
de su jornada laboral, no existe en el sistema informático una
acción de personal que permita identificar esta situación.
Además, para ese tipo de becas no existió ningún concurso con
participación de Consejo de Personal, sino que la gestión se
realizó directamente por medio del Ministerio Público, con
fondos del proyecto Corte-BID; y por último, los trámites de
admisión en la Universidad Nacional se realizan directamente
ante dicho centro de enseñanza, de modo que aún con una nueva
revisión del expediente no se encontró información que
permitiera detectar la situación que ahora se conoce.
Todas esas circunstancias fueron las que generaron la
recomendación a contrapelo de los parámetros objetivos que este
Consejo ha fijado para todos los casos de recomendación de
becas al interno y externo del país.

      La Magistrada Pereira indica que la actividad de
capacitación del Ministerio Público es un programa de formación
institucional, y que independientemente de si se tramitó
mediante el Consejo de Personal o no, es indudable que se
constituye en un beneficio, y que no puede considerarse excluido
de la política de no conceder becas a quienes ya hayan disfrutado
o disfruten de similar condición.

      El Dr. Gutiérrez Freer señala que el Consejo tomó su
acuerdo basado en la información que se tuvo a la mano, y que si
esa información era errónea o estaba incompleta,
independientemente del motivo, lo que corresponde es anular el
acuerdo en lo que a éste caso específico se refiere y recomendar
un nuevo candidato. En igual sentido se manifiesta la Magistrada
Varela, porque la recomendación obedeció a una omisión
involuntaria de datos por parte del Departamento de Personal
que vició la voluntad y originó una desaplicación de los criterios
objetivos que ha seguido este Consejo. El Dr. León manifiesta
que dado que el trámite de realiza directamente ante la UNA, en
el futuro deberá coordinarse con ellos para que dentro de los
documentos se incorpore una declaración jurada sobre este
aspecto.

      La Magistrada Pereira dice que en relación con las
manifestaciones que la Sra. Sancho plantea al Consejo Superior
y de las cuales ha remitido copia, en el sentido de ―congelar ― sus
estudios en el Programa del Ministerio Público, es importante
señalar que es de interés institucional que el becado termine
satisfactoriamente con sus actividades formativas. Del mismo
modo, esta posibilidad es contraria a los parámetros objetivos
que este Consejo viene aplicando en forma consistente al otorgar
este beneficio.
            Teniendo por acreditado que la Sra. Sancho González está
       cursando en estos momentos el Programa de Maestría en
       Derecho Penal de la Universidad Internacional de las Américas y
       que es contrario a las políticas de este Consejo otorgar el
       beneficio de beca a quienes ya lo han disfrutado, Se acuerda:
       Anular el acuerdo de sesión N° 03-2009, artículo II, únicamente
       en lo que respecta a la recomendación emitida para otorgar el
       beneficio a la Sra. Sancho González.

            Se procede a una nueva valoración de la Nómina de
       candidatos, y luego de una amplia discusión, se acuerda:
       recomendar al Consejo Superior otorgar el beneficio a la Sra.
       Adriana Chaves Redondo, Fiscal Auxiliar del Ministerio
       Público. Se declara firme el acuerdo”.
                                    -0-

      Se deja constancia, que la señora Maritza Moya Bravo, Secretaria 2

del Departamento de Personal, en correo electrónico recibido el 2 de este

mes, remitió todos los antecedentes relacionados con las becas de la

Universidad Nacional.

      La Integrante Milena Conejo Aguilar, hace de conocimiento de este

Consejo, que la licenciada Lorena María Mc Laren Quirós, Jueza de

Familia de Alajuela, le manifestó su inconformidad con la selección de los

candidatos propuestos por el Consejo de Personal, en la Maestría en

Administración de Justicia de la Universidad Nacional, énfasis área

Relaciones Familiares, por cuanto no se aplicaron en todas las

designaciones, los parámetros que estaban definidos para tal escogencia.

     Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada

Conejo Aguilar. 2.) Acoger parcialmente la recomendación del Consejo de

Personal, en consecuencia, tener por designados a los candidatos que
integran la nómina anterior, en el área Civil y Relaciones Familiares para

que participen en el programa de Maestría en Administración de Justicia,

que será impartido por la Universidad Nacional. A esos efectos, se les

concede permiso con goce de salario y sustitución de conformidad con el

artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial por ser un

asunto de interés institucional, a partir del 16 de marzo del año en curso y

hasta el 5 de marzo del 2010. Es entendido que deberán suscribir el

contrato de adiestramiento respectivo. 3.) La Sección Administrativa de la

Carrera Judicial remitirá las ternas que se dirá para llenar las vacantes

temporales con ocasión de las becas concedidas: a) Para ocupar la plaza

N° 5488 de juez supernumerario adscrita al Consejo de Administración de

Heredia. b) Para el puesto N° 44974 de juez 3 Civil, Labora y Familia de

Osa, esta plaza debe consultarse en materia civil. c) Para el puesto N°

103664 de juez 3 Civil del Segundo Circuito Judicial de San José. d) Para

ocupar el puesto N° 44893 de juez 1 Contravencional y de Menor Cuantía

de Tilarán. e) Para ocupar el puesto N° 96474 de juez 1 de Pensiones

Alimentarias de San José. f) Para el puesto N° 111529 de juez 3 de Familia

del Segundo Circuito Judicial de San José. g) Para ocupar el puesto N°

55559 de juez 3 Contra la Violencia Doméstica del Segundo Circuito

Judicial de San José. h) Para el puesto N° 6170 de juez 3 de Familia de

Alajuela. i) Para ocupar el puesto N° 57159 de juez 3 Contra la Violencia

Doméstica del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 4.) Comunicar
a la licenciada Maureen Sancho González, que lamentablemente no es

posible acceder a lo solicitado en razón de que el Reglamento de Becas y

Permisos de Estudios para el personal del Poder Judicial, en su artículo 22,

establece lo siguiente: “El beneficiario de una beca por estudios de

postgrado, con una duración mayor de seis meses, no podrá disfrutar de

igual beneficio sino después de transcurridos tres años a partir de la

finalización del curso anterior, a menos que el nuevo curso sea una

continuación de aquél y que sumados ambos no sobrepasen los dos años”,

en consecuencia, acoger la recomendación del Consejo de Personal y

conceder la beca para cursar la Maestría en Administración de Justicia,

Enfoque Socio Jurídico, con énfasis en el Área Penal a la licenciada

Adriana Chaves Redondo, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público. 5) En

cuanto a los candidatos y candidatas del área penal, aprobar             las

designaciones de los y las fiscales y de la y el defensor público,

previamente a resolver lo pertinente en cuanto a las designaciones de los

jueces y juezas, remitir al Consejo de Personal, a fin de que indique a la

brevedad lo que corresponda sobre los argumentos de objeción planteados

por el licenciado Jorge Steve Fernández Rodríguez.

      El Despacho del Presidente el Departamento de Personal y las

oficinas interesadas, tomarán nota para lo que corresponda a cada uno. Se

declara acuerdo firme.

                         ARTÍCULO XXXVIII
      En sesión N° 89-08 celebrada el 25 de noviembre de 2008, artículo

XXX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:


               ―En sesión N° 01-08 celebrada el 8 de enero del año en
       curso, artículo XXXIV, se acogió lo resuelto por el Consejo de
       Personal, aprobándose la descripción y requisitos de las clases de
       Jefes del Archivo Judicial y del Registro Judicial, en el
       entendido de que la exigencia del requisito de licenciatura en
       Derecho con conocimiento en Administración es sólo para el
       cargo de Jefe del Registro Judicial. Asimismo se solicitó al
       Departamento de Personal remitiera el respectivo informe, sobre
       el salario asignado a estos cargos.

             Posteriormente, en la verificada Nº 07-08 del 29 de enero
       de este año, artículo LXXIV, se tomó el acuerdo que en lo
       conducente dice:

             ―El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,
       mediante correo electrónico de 28 de enero en curso, hace del
       conocimiento de este Consejo, el oficio N° A-006-2008 de 25 de
       enero en curso, suscrito por el máster José Bernal Rivas
       Fernández, Director interino de la Escuela de Historia, de la
       Universidad de Costa Rica, dirigido a la licenciada Patricia
       Ugalde Romero, Jefa interina del Archivo Judicial, mediante el
       cual hace constar que el plan de estudios de la licenciatura en
       Archivística, abrió a partir del 2004 y hasta la fecha han
       graduado ocho profesionales, de los cuales los tres primeros se
       juramentaron y recibieron su título en el segundo ciclo del año
       2006.

              Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y
       hacerla de conocimiento del Departamento de Personal para que
       con base en lo informado en la nota transcrita se adicione al
       requisito para el cargo de Jefe de Archivo Judicial, sea
       licenciado en Archivística o licenciado en Administración con
       conocimientos en Archivística.‖

                                         -0-

              Asimismo, en sesión N° 09-08 celebrada el 5 de febrero
       de este año, artículo XXIX, se modificó el acuerdo tomado en la
       sesión N° 01-08 del 8 de enero citado, artículo XXXIV, en
       cuanto a los requisitos para el Jefe del Registro Judicial.
       Seguidamente, en sesión N° 31-08 celebrada el 29 de abril
del año en curso, artículo XXIII se tomó el acuerdo, cuya parte
dispositiva en lo que interesa literalmente dice:

        ―Se acordó: 1) Comunicar al Departamento de Personal
que en la sesión del 6 de febrero del 2007, artículo XLIII, este
Consejo expresamente dispuso no acoger el informe respecto de
la clasificación y valoración de puestos de las jefaturas y reservar
su aprobación para cuando se presente el respectivo estudio
sobre la estructura de las jefaturas departamentales del área
administrativa, que se encuentra pendiente a la fecha. 2) En
consecuencia, debe reintegrar al ocupante de la plaza de Jefe de
Archivo y Registro Judicial el salario correspondiente desde la
fecha en que por error lo modificó. 3) En virtud de que este
Consejo ya aprobó la clasificación y valoración de los puestos de
Jefe del Registro y Jefe del Archivo en sesión N° 01-08
celebrada el 8 de enero del año en curso, artículo XXXIV,
deberá presentar a la brevedad la valoración de estos puestos. Se
declara acuerdo firme.‖

                                   -0-

       En atención a lo anterior, los máster Francisco Arroyo
Meléndez y Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada María
Gabriela Mora Zamora, Jefes del Departamento de Personal,
Desarrollo Humano y de la Sección de Análisis de Puestos,
respectivamente, en oficio N° SAP-357-2008 de 7 de noviembre
en curso, informaron lo siguiente:

       ―En atención al oficio número 8521-08 de fecha 03 de
noviembre del 2008, mediante el cual la Prosecretaria General,
Filadelfia (sic) Calvo Aguilar solicita en el término de tres días
contado a partir del día de hoy el informe sobre el salario
asignado a los puestos de Jefe del Registro y Jefe del Archivo,
ambos de la Dirección Ejecutiva.

       Con respecto a lo anterior, nos permitimos indicar que
esta Sección conforme a los alcances obtenidos del informe
técnico IDH-118-2006 otorgó una clasificación a los puestos
43739 y 111268 sustentado en el análisis de los factores
organizacionales y ambientales presentes en ambos cargos; tal y
como lo dicta la técnica en materia de análisis de puestos.

       Sin embargo, a raíz del acuerdo del Consejo Superior en
la sesión N° 31-08, celebrada el 29 de abril del presente año,
artículo XXII donde dispone: “ … 2) En consecuencia, debe
reintegrar al ocupante de la plaza de Jefe de Archivo y Registro
        el salario correspondiente desde la fecha en que por error lo
        modificó”, esta Sección le solicitó mediante oficio N° SAP-339-
        2008 de fecha 13 de octubre del 2008 a la Máster Marta Asch
        Corrales, Jefe del Departamento de Planificación de acuerdo a la
        competencia técnica de ese departamento, cuál es nivel
        jerárquico de las oficinas del ―Archivo Judicial ― así como del
        ―Registro Judicial‖ a fin de resolver de forma completa lo
        solicitado por el Órgano Superior.

                En virtud de lo expuesto, una que vez que el
        Departamento de Planificación remita la respuesta a nuestra
        solicitud, procedemos a remitir el informe correspondiente en el
        que se indicará si técnicamente procede hacer algún ajuste a los
        puestos vacantes N° 43739 y 111268.‖

                                          -0-

               Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior y
        estar a la espera del informe del Departamento de Planificación,
        el cual deberá rendirse a la brevedad.‖

                                      -0-

      En atención al acuerdo anterior, la máster Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, en oficio N° 2211-PLA-2008 de 11 de

diciembre de 2008, indicó que mediante oficio 2116-PLA-2008 de 26 de ese

mes dirigido al máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, rindió el informe solicitado en la sesión de referencia.

      La Secretaría General de la Corte, mediante oficio 1494-09 de 19 de

febrero último, solicitó al Departamento de Personal que remitiera a la

brevedad el informe referente al salario asignado a los puestos de Jefe del

Registro y Jefe del Archivo Judicial requerido en la sesión 31-08 celebrada

el 29 de abril de 2008, artículo XXIII.

      El máster Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano y la
licenciada María Gabriela Mora Zamora, Jefa de la Sección de Análisis de

Puestos del Departamento de Personal, en oficio N° SAP-078-2009 de 23

de febrero recién pasado, expresaron lo siguiente:

                    ―En atención al oficio N° 1494-09 de fecha 19 de febrero
             del 2009[1] remitido por la Secretaría General de la Corte, en el
             que nos comunican el acuerdo tomado por el Consejo Superior
             en la sesión N° 31-08, celebrada el 29 de abril del 2008, artículo
             XXII donde se dispuso solicitar un informe sobre el salario
             asignado a los puestos de Jefe del Registro y Jefe del Archivo
             Judicial e ―informar en el término de 48 horas contadas a partir
             del recibo de la presente comunicación, el estado en que se
             encuentra el citado estudio‖; nos permitimos indicar que lo
             requerido fue entregado y recibido el día de hoy en la Secretaría
             del Consejo de Personal mediante oficio SAP-077-2009, a fin de
             que sea conocido y analizado por los integrantes de dicho cuerpo
             colegiado; lo anterior de conformidad con el procedimiento que
             se tiene establecido para este tipo de investigaciones.‖
                                                -0-

          Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior. 2.) Hacer una

atenta instancia al Consejo de Personal para que emita una pronta

resolución respecto al informe SAP-077-2009 de 23 de febrero último, que

le trasladara la Sección de Análisis de Puestos, referente ―Al salario

asignado a los puestos de Jefe del Registro y Jefe del Archivo Judicial.‖

          Los Departamentos de Planificación y Personal tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                     ARTÍCULO XXXIX

           En sesión N° 13-09 celebrada el 17 de febrero último, artículo


[1]
      Oficio recibido por este Departamento del día 19 de febrero del 2009
XLVIII, se concedió prórroga hasta el 28 de ese mes, al Juzgado de

Pensiones Alimentarias de Heredia, para que remitiera al Departamento de

Planificación los informes estadísticos correspondientes al cuarto trimestre

del 2008 y el informe mensual del mes de enero último.

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, en oficio Nº 277-PLA-2009 de 18 de febrero citado,

comunicó lo siguiente:

            ―Le transcribo el informe N° 017-EST-2009 de hoy,
       suscrito por el MBA. Franklin González Morales, que dice:

             ―Con base en las directrices establecidas en cuanto a
       presentar el informe de los despachos judiciales que no han
       remitido a esta fecha los informes estadísticos correspondientes
       al cuarto trimestre del 2009 a esta Sección, adjunto seguidamente
       la información correspondiente.




                                     -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota del informe del Departamento de

Planificación. 2.) Ordenar al Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la

Zona Sur y al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Isidro,
de Heredia, que envíen a la brevedad los informes estadísticos de que se da

cuenta al citado departamento. 3.) Remitir al Tribunal de la Inspección

Judicial copia de este acuerdo, para que en caso de incumplimiento de lo

dispuesto, proceda a la aplicación del régimen disciplinario que

corresponda.

      El Departamento de Planificación tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XL

      En sesión N° 55-08 celebrada el 29 de julio del 2008, artículo LXIV,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              ―Los licenciados Mario Gallardo Jiménez, Yuri López
       Casal, Simón Angulo Arredondo, Rónald Nicolás Alvarado,
       Marvin Cerdas Montano, Olman Cortés Carvajal, Giovanni
       Mena Artavia y las licenciadas Irena Barrantes Mora y María
       Isabel Villalobos Rodríguez, Jueces del Tribunal de Juicio de
       Puntarenas, en nota recibida el 17 de este mes, solicitan lo
       siguiente:

               "Los firmantes Jueces de Juicio del Tribunal de
       Puntarenas, muy respetuosamente nos permitimos hacer de su
       conocimiento que mediante reunión llevada a cabo el tres de
       abril del presente año por el Colegio de Jueces del Tribunal de
       Juicio de Puntarenas, por mayoría de sus integrantes dispusimos
       hacer de conocimiento de ese Consejo, que ante la necesidad de
       la especialización por materias, debido al incremento de asuntos
       civiles y laborales que durante los últimos años han venido
       experimentando este despacho, hemos adoptado el acuerdo de
       proceder a especializarnos por materias, y crear una sección que
       atendiera lo relacionado a la materia civil y de trabajo, para ello
       solicitamos muy respetuosamente al Consejo Superior que le
       solicite al Departamento de Planificación realizar un estudio
       completo y pormenorizado e in situ del Tribunal de Puntarenas,
       con el fin de implementar la especialización por materias
       pretendida y dispuesta por la mayoría de los señores jueces de
       este Tribunal."
                                         -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: 1)
       Trasladar la gestión anterior al Departamento de Planificación,
       para que rinda el respectivo estudio e informe. Se declara
       acuerdo firme.‖
                                     -0-

      Los licenciados Mario Gallardo Jiménez, Simón Angulo Arredondo,

Rónald Nicolás Alvarado, Olman Cortés Carvajal, Carlos Núñez Núñez,

Salvador Barrantes Bosque, Fabricio Wong Álvarez y las licenciadas Irena

Barrantes Mora y María Isabel Villalobos Rodríguez, Jueces del Tribunal

Penal de Puntarenas, en nota de 18 de febrero último, solicitaron lo

siguiente:

               ―Los abajo firmantes todos Jueces Integrantes del
       Tribunal de Puntarenas hacemos de su estimable conocimiento
       que en sesión realizada por el Colegio de Jueces el día seis de
       febrero del año en curso, se dispuso con el único voto salvado
       del Lic. Juan Carlos Mejías Cordero y la abstención del Lic.
       Giovanni Mena Artavia, el realizar a lo interno del despacho una
       redistribución de trabajo, con el fin de brindar al usuario de
       nuestra Institución un mejor y más eficiente servicio público.

               Tal reestructuración se encuentra recogida en el
       documento que procedemos a transcribir a continuación y que
       fue ratificado el once pasado

             DIVISIÓN POR MATERIAS DEL TRIBUNAL DE
                          PUNTARENAS

                                Antecedentes:

              La presente propuesta tiene fundamento en el acuerdo
       adoptado por el Colegio de Jueces, en la sesión celebrada el día 3
       de abril del 2008, en donde por mayoría de votos se acordó
       constituir una sección integrada por tres jueces exclusivamente
       para conocer y decidir los asuntos civiles y laborales que
       ingresan al Tribunal de Puntarenas por apelación, provenientes
       tanto del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita,
       como del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas ( autos,
autos con carácter de sentencia y sentencias ).

        Al informar mediante nota de fecha 17 de ese mismo mes
y año, al honorable Consejo Superior del Poder Judicial, sobre la
decisión tomada por el Colegio de Jueces, consistente en
conformar una estructura que permitiera la especialización por
materias, se solicitó se interpusieran sus oficios con el propósito
de que se realizara un estudio completo y pormenorizado e in
situ, por parte del Departamento de Planificación.

       Tal gestión fue acogida a través del acuerdo adoptado por
el Consejo Superior, en la sesión No. 55-08 celebrada el 29 de
julio del 2008, artículo LXIV, en el cual se dispuso que ese
Departamento rindiera el respectivo estudio e informe.

       No obstante, pese a haber transcurrido a esta fecha
bastante tiempo, aún no se ha obtenido una respuesta
satisfactoria. La intervención de esa oficina ha consistido
solamente en transmitirle por escrito al señor Coordinador, Lic.
Juan Carlos Mejías Cordero una especie de cuestionario con
preguntas generales y muy preliminares, de las cuales sólo se
deduce la intención de elaborar un estudio. Ni siquiera se han
apersonado al Tribunal funcionarios del Departamento citado
como se pidió, por lo que la emisión de un informe se puede
afirmar se daría a largo plazo.

       Se observa, que el trámite seguido por su lentitud no ha
sido efectivo. Por ello, se propone entonces en primer término
modificar el acuerdo por parte del Colegio de Jueces y
redireccionar el trámite que se le ha dado al asunto, por el
motivo antes apuntado. Además resulta innecesario, toda vez que
el Tribunal a lo interno tiene la potestad de procurarse su propia
organización, siempre que no se afecte el servicio público, tan es
así que el artículo 3 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial
otorga dicha facultad, al punto de que no sería necesario la venia
del Consejo Superior, siempre y cuando el acuerdo como en éste
caso sea tomado por mayoría democrática y con el fin de una
mayor eficacia en la Administración de Justicia.

       Amén, de que se conoce que en algunos Tribunales que
operan bajo la categoría de mixtos, como por ejemplo lo son
Alajuela, Cartago y Heredia desde hace mucho tiempo se
funciona con secciones especializadas en las diversas materias
que se conocen, sin que haya significado un desmejoramiento en
la calidad del servicio público que se brinda, ni en la eficiencia
de los despachos y mucho menos se ha provocado un
distanciamiento con el Consejo Superior o la Corte Suprema de
Justicia. Por el contrario, podría asegurarse que se ha conseguido
de esa manera una administración que satisface de mejor forma
los requerimientos que de la administración de justicia demandan
los ciudadanos. Incluso los jueces adoptan medidas laborales
más acordes con sus conocimientos, brindando un mejor servicio
y una distribución más equitativa del trabajo. Debemos tomar en
cuenta que el Tribunal de Juicio de Puntarenas va a tener un
mayor crecimiento para el 2009 con una nueva integración
encargada de flagrancia y de asuntos ordinarios penales, así que
no puede pensarse en una sobrecarga de trabajo. En igual forma
se tendrá mayor eficacia al contar con más salas de juicio para
cumplir con los requerimientos de Planificación en cuanto a la
estadística.

        Se toma en cuenta además la estadística civil y laboral del
año 2008, que arroja los siguientes datos, en cuanto al ingreso de
asuntos para resolución: Para dictar sentencia en ordinarios
laborales 489, para resolver autos laborales venidos en apelación
59, para dictar sentencia en procesos civiles 30 y para resolver
autos civiles venidos en apelación 80. Esta cantidad justifica en
criterio de los proponentes la existencia de una sección
especializada que no se vería ni sub utilizada y mucho menos
recargada, considerando que la distribución de los asuntos sería
para tres jueces que pueden tener un adecuado sistema de
votación que haga balanza en la carga laboral. No debemos
olvidar que éste Tribunal cuenta con profesionales nombrados en
plazas específicas para tratar la materia laboral y civil, que por
distribución histórica se les ha distribuido el trabajo del área
penal.

                       Nueva estructura:

       Se estima que el número de Jueces que existe en la
actualidad en el Tribunal de Puntarenas, es el óptimo para
realizar el cambio en la estructura organizativa ( 10 jueces y 3
más que conformarán la sección que atenderá flagrancia y
entrará en operación en apariencia en el segundo semestre del
2009 ), por lo que se propone que el Tribunal funcione en lo
sucesivo de la siguiente manera:

       - Sección Primera: integrada por tres jueces para conocer
y fenecer asuntos colegiados penales.

       - Sección Segunda: integrada por tres jueces para conocer
y fenecer asuntos colegiados penales.
      - Un Juez: que conocerá y resolverá asuntos unipersonales
penales que podrá rotar con la dos secciones anteriores a efecto
de que realice juicios colegiados.

       - Sección Tercera: integrada por tres Jueces para conocer
y fenecer asuntos civiles y laborales.

      A partir del segundo semestre del 2009:

       - Sección de Flagrancia: integrada por tres Jueces para
conocer asuntos penales (unipersonales y colegiados y
posiblemente conforme lo informó el señor Magistrado José
Manuel Arroyo en reunión realizada el 29 de enero del 2009
asumirá de acuerdo con su carga de trabajo el ordinario del
Tribunal que se le asigne, lo que presupone una mayor eficacia
en la disminución de causas penales pendientes).

       Es seguro que para el año 2009 se contará con ocho jueces
nombrados en propiedad y dos nombrados en plazas
extraordinarias. En el año 2010 aparentemente no sufrirá
variantes esa situación, pues ya se han pedido por la
coordinación esas dos plazas extraordinarias con el aval y
recomendación del Consejo de Administración del Circuito
Judicial de Puntarenas. Se hace la aclaración que para el año
2010 la Corte Plena ha decidido no crear plazas nuevas, empero
esa medida no afecta las plazas extraordinarias ya existentes
como es el caso de esa dos plazas de Juez 4 aprobadas para el
2009. En los años siguientes se hará la gestión y hasta podría
pedirse a la Corte que se conviertan en plazas ordinarias. Esto
revela que el riesgo de que se afecte la estructura organizativa
del Tribunal adoptada sea poco probable.

                        Materia Penal

      En materia penal el Colegio de Jueces deberá decidir la
modalidad que se seguirá para la distribución de asuntos y
escoger un sistema de trabajo.

      Por ejemplo: si se quiere el Juez Unipersonal podría ser
permanente o bien establecer un rol, de modo que cada una de
los jueces funja como Juez unipersonal durante un período
determinado ( quincena, mes u otro ).

     Los Jueces que trabajen en materia penal, conocerán
como se ha venido haciendo de las apelaciones de medidas
cautelares, apelaciones de sobreseimientos, desestimaciones,
apelación de resoluciones dictadas en ejecución de la pena,
extradiciones y de gestiones e incidencias que se presenten de
previo a la celebración del debate en los expedientes en trámite
en la etapa de juicio.

       Al desligarse estos jueces que trabajan en materia penal
del conocimiento de los asuntos civiles y laborales, como es
lógico y razonable no gozarán de un día a la semana para la
votación que se ha venido reservando en la agenda, lo que
permitirá que se hagan los señalamientos respectivos para
debate, en el número que el Colegio de Jueces determinará. Lo
anterior, buscando no sobrecargar la agenda.

        Con esta medida el número de debates señalados casi se
mantiene igual, por lo que no podría alegarse válidamente que se
éste propiciando un aumento del circulante, en todo caso la
utilización de la oralidad representa una mayor eficiencia para
afrontar la carga laboral que se derive de asuntos penales.

       Tenemos que al tener cada sección y el juez unipersonal
un día más para realizar debates (antes designado para votación
de asuntos civiles y laborales ), podrían programarse al menos
los tres debates que hacían los jueces que ahora trabajarán en
materia civil y laboral. Amén de que es posible programar uno o
dos más con pocos testigos y escasa complejidad. Esto también
minimiza los problemas de la agenda única y es más útil para la
distribución laboral que asigna el Juez Tramitador del despacho.

       El impacto sobre la producción de sentencias de esa
manera, será nulo. Amén, de que puede pensarse en la
posibilidad de atacar el circulante con el objeto de reducirlo,
estableciendo un plan elaborado por el Colegio de Jueces en
coordinación con el Juez Tramitador del despacho. Por ejemplo:
Seleccionar desde que ingresan provenientes del Juzgado Penal
asuntos donde hay posibilidad de arreglo entre las partes (
reparación integral ), que podrían decidirse rápidamente en
audiencias orales. Juicios en asuntos donde la probabilidad de
abstención de declarar de la víctima y testigos es predecible (
desobediencias a la autoridad y delitos sexuales donde hay
parentezco con el imputado ) y otros como juicios donde la
prueba testimonial es reducida ( uno o dos declarantes). Una vez
hecha la selección referida, habiéndose tomado la previsión en
las agendas mediante la reserva de algunos días al mes, hacer
los señalamientos a debate que sean necesarios. En estos casos
que son de fácil resolución se dictarán las sentencias oralmente.
Se coordinará con la defensa y la fiscalía lo referente a la
intervención de sus funcionarios. Los asuntos, que ya estén en el
tribunal antes de implementarse la selección dicha en el
momento de ingreso, serán revisados poco a poco por los
auxiliares asignados con la ayuda de los señores Jueces.

       Para las secciones colegiadas y el juez unipersonal, se
contaría con las dos salas de debate actualmente existentes y con
las dos salas que están en construcción y que de acuerdo con lo
manifestado por la Administradora Regional, Master Dinorah
Alvarez Acosta se tendrán listas en el mes de marzo del dos mil
nueve. Estas también pueden utilizarse para llevar a cabo las
audiencias de medidas cautelares y otras que pudieran señalarse,
considerando además que a muy corto plazo los asuntos
laborales y civiles también harán uso de la oralidad para la
resolución de conflictos.

       En cuanto a la Sección de Flagrancia que entrará
probablemente a operar en el segundo semestre del 2009, se
encargará prioritariamente de atender los casos en que medie esa
situación. De acuerdo con la carga de trabajo, el Colegio de
Jueces decidirá una vez que se cuente con datos certeros de los
asuntos a los que se les aplicará ese trámite, el volumen de
trabajo ordinario que se le asignará.

                    Materias civil y laboral

        La Sección Civil y Laboral estará conformada en
principio por los jueces del tribunal que han sido nombrados de
la lista de elegibles de esas materias. Sin embargo, si alguno de
ellos no está de acuerdo con el cambio, su lugar podrá ser
ocupado por otro juez nombrado por la materia penal que acepte
voluntariamente.

       La Sección Civil y Laboral, conocerá del tipo de asuntos
que hasta ahora ha venido resolviendo. Ello implica que si en
algún momento se pretende incluir en esa lista los procesos
ordinarios civiles, el Tribunal en pleno se opondrá.

       Solo excepcionalmente, es decir, cuando se hayan agotado
todas las posibilidades para sustituir a algún juez que trabaja en
materia penal, en caso de inhibitorias, recusaciones,
incapacidades y otros, se recurrirá a los jueces que trabajan en
civil y laboral para que colaboren. Pero lo harán únicamente
integrando no se les recargará la redacción o fundamentación de
sentencias orales. Igualmente, se procederá cuando la causa que
origina la incapacidad de conocer un asunto se da en el Tribunal
Civil y Laboral, caso en el que se recurrirá a alguno de los Jueces
que laboran en materia penal, para lo que podría establecerse un
rol para buscar equidad.

       La implementación de ésta Sección del Tribunal sería a
partir del primero de abril del presente año, situación que no
afectaría los señalamientos ya realizados en materia penal. Es
importante indicar que los asuntos que se le asignaría a dicha
sección serían los nuevos entrantes, en virtud de que los asuntos
ya distribuidos para votación debe ser finiquitados por los Jueces
que asumieron dichos asuntos, esto para no sobrecargar a la
Sección Tercera de asuntos antiguos.

                   Justificación y propuesta

       Impulsa ésta propuesta la concreción de un Tribunal
verdaderamente especializado por materias, lo que sin lugar a
dudas contribuirá a que el servicio público sea de mayor calidad.
A conseguir una organización interna que garantice al usuario
que su asunto sea resuelto por especialistas en cada uno de esos
campos y a que cada juez labore en la materia que le gusta y se
sienta cómodo en el desarrollo de sus funciones. Se uniformarán
con mayor facilidad los criterios legales en la resolución de los
asuntos y se conseguirá un fortalecimiento del despacho al
evitarse la migración de jueces a los que les es incómodo trabajar
en un Tribunal Mixto en el que deben resolver conflictos que
están fuera de su especialidad. Adicionalmente, como el Juez 4
de Aguirre y Parrita conocerá solo la materia penal, y por ende
no intervendrá en los asuntos civiles y laborales, se evitará al
menos parcialmente el tránsito constante de expedientes entre
aquella localidad y Puntarenas para efectos de votación y firmas,
etc. Solo vendrán por una sola vez y serán devueltos, no como
sucede ahora.

                          Se propone:

      I.- Asumir la estructura organizacional antes mencionada.
El Juez tramitador tendrá un plazo de un mes para adecuar la
agenda de los asuntos penales tomando en cuenta que ahora
habrán dos secciones colegiadas y un juez que trabajará en forma
unipersonal. Esto a partir de la fecha de adopción de este
acuerdo. En el momento oportuno se programará el trabajo de la
sección de flagrancia antes de su entrada en operación. El
cambio se implementará el PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO
2009 que se considerará como un tiempo de transición. Los
asuntos civiles, laborales y penales que ingresen antes de esa
fecha continuarán siendo asignados bajo la modalidad anterior,
en el entendido de que deberán ser conocidos y fenecidos por los
jueces que hayan correspondido de acuerdo a los roles. Se
establece que la distribución de expedientes con la nueva
organización se hará a partir del PRIMERO DE ABRIL DEL
2009. El Colegio de Jueces revisará como funciona la nueva
estructura organizacional cada SEIS meses.

       II.- Se remitirá una nota al Consejo Superior del Poder
Judicial de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, informándole de éste acuerdo y solicitándole que
no realice los estudios propuestos a Planificación por haberse
acordado por Colegio de Jueces la distribución de materias,
dejando bien claro que no es necesario la intervención del
Consejo por no haber desacuerdo en la distribución por materias.

      Suscriben el presente acuerdo en la ciudad de Puntarenas,

Lic. Mario A. Gallardo Jiménez                     Licda. Irena
Barrantes Mora

Lic. Simón Angulo Arredondo                 Lic. Ronald Nicolás
Alvarado

Lic. Carlos Núñez Núñez                 Lic. Salvador Barrantes
Bosques

Licda. María I. Villalobos Rodríguez         Lic. Miguel Lizano
Córdoba

Lic. Fabricio Wong Álvarez".

        Como puede observarse. el plan de trabajo que se pondrá
en marcha a partir del primero de abril del 2009 tiene muchas
aristas y responde a un análisis serio de la situación del Tribunal
y de la problemática que representa al conocer todos los jueces
de las tres materias simultáneamente, aunque algunos en muchas
ocasiones no han visto o resuelto asuntos de ese tipo, lo cual
causa problemas.

       Es oportuno señalar además que para implementar este
cambio en la distribución del trabajo interno se ha considerado
que el volumen de asuntos entrados en materia civil y laboral no
ocasionará una sub utilización del recurso humano, por ser
suficiente para que los Jueces estén ocupados y dedicados a su
       labor a tiempo completo. Por el contrario, se canalizará más
       adecuadamente la experiencia y conocimientos de los Jueces
       especialistas en tales materias, lo que igualmente sucederá en
       materia penal. En ese sentido, ha de señalarse que existen tres
       jueces elegidos de las listas de civil y laboral lo que significa una
       fortaleza y elimina la posibilidad de que se critique el nuevo
       modo de operar.

              Amen, de que en cuanto a la agenda penal no se provocará
       afectación alguna, esto por cuanto la misma estaba señalada con
       la estructuración anterior hasta el último día del mes de marzo
       próximo, de modo que no tendrá que revocarse ningún debate y
       el señor Juez Tramitador hará los señalamientos tomando en
       cuenta el cambio que ahora se pone en conocimiento de ese
       honorable Consejo a partir de la entrada en vigencia de los
       cambios aprobados por el Colegio de Jueces ( 1 de abril del 2009
       ). Asimismo, se han iniciado planes para hacer que la oralidad en
       el contradictorio, etapa de la que nos encargamos dentro del
       proceso penal, permita fenecer con mayor prontitud más asuntos
       en lo que contribuirán en la medida de lo posible los señores
       Jueces asignados a la flagrancia.

               Es en razón de todo lo anterior que les solicitamos de la
       manera más respetuosa, tal y como se acordó no se lleven a cabo
       los estudios propuestos a Planificación por haberse acordado por
       el Colegio de Jueces en la reunión antes mencionada la
       distribución interna por materias, dejando bien claro que lo
       dispuesto responde no solo a un proceso bien meditado, sino
       también a la voluntad ampliamente mayoritaria de los señores
       jueces que lo integran, expresada de manera democrática y sin
       existir discrepancias, salvedad hecha de uno de los compañeros.

              Se hace constar que el Lic. Barrantes Bosques no firma la
       presente misiva por encontrarse en la localidad de Quepos, sin
       embargo se adjunta comunicación por la vía del fax donde
       muestra su conformidad con lo aquí expresado. En relación al
       Lic. Cortez Carvajal si bien es cierto no estuvo presente en la
       reunión del seis de febrero si en una posterior donde se dispuso
       la fecha a partir de la cual regirán los cambios indicados.‖
                                       -0-

      Asimismo, el licenciado Juan Carlos Mejías Cordero, Juez

Coordinador del Tribunal de Juicio de Puntarenas, en escrito de 23 de

febrero recién pasado, manifestó lo siguiente:
       ―En vista de la comunicación que efectuaran la mayoría
de integrantes del Tribunal de Juicio de Puntarenas con respecto
a la decisión de especializar internamente a este despacho
jurisdiccional efectuada el día viernes veinte de febrero del año
en curso, a las siete horas cincuenta y cinco minutos, me permito
redactar mis objeciones a dicha decisión con fundamento en los
artículo 57 y 109 de la Ley General de Administración Pública.

                              HECHOS:

         a-) El Tribunal de Juicio de Puntarenas, en abril de dos
mil ocho, había acordado especializarse por materias. Para tal
efecto, también se acordó solicitar al Consejo Superior un
estudio por medio del Departamento de Planificación con el
propósito de determinar si la decisión en cuestión contaba con
viabilidad.

        b-) Enviada la comunicación respectiva, en el mes de
julio de dos mil ocho, el Consejo Superior dispuso pedir al
Departamento de Planificación un estudio para determinar la
pertinencia y viabilidad de una especialización por materias.

        c-) En el mes de febrero de dos mil nueve, el acuerdo
adoptado en el mes de abril de dos mil ocho se modifica
radicalmente pues por diez votos a favor y uno en contra se
acuerda que el Tribunal de Juicio de Puntarenas se especializará
en materia penal (dos secciones colegiadas y juez unipersonal) y
en material civil y trabajo (una sección colegiada). La división
propuesta se efectuará a partir del primero de abril de dos mil
nueve.

         d-) El suscrito juez presentó recurso de revocatoria
según lo permite el artículo 58 inciso 1) de la Ley General de
Administración Pública. Empero, me fue rechazado aduciéndose
que era extemporáneo pues la decisión de especializarse había
sido adoptada desde el mes de abril de dos mil ocho. Rechazo
que considero, con todo respeto, es desacertado pues en aquella
época se acordó la especialización pero sujeta al respectivo
estudio por parte del Departamento de Planificación.

                CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

       Pese a que la decisión de especializarse dimana de una
mayoría muy amplia, considero que ella carece de validez en
tanto no se cuenta con dos elementos esenciales para la
constitución de un acto administrativo mediante el cual se
afectará la estructura y organización de un Tribunal Mixto.
Desde mi enfoque, el Colegio de Jueces del Tribunal de Juicio de
Puntarenas carece de competencia para acordar la
especialización por materias. Por otra parte, la decisión adoptada
carece de motivo o motivación lo que afecta la validez del acto.

       a-) Sujeto del Acto Administrativo:

       El sujeto es el autor del acto administrativo. El sujeto
debe estar caracterizado por tres aspectos esenciales:
competencia; regularidad en la investidura del funcionario y
legitimación del funcionario.

       En el caso concreto, los jueces de un Tribunal de Juicio
carecen por completo de competencia para acordar la
especialización por materias de sus jueces. A la postre, me
resulta sumamente claro que el principio de legalidad establece
que ―la administración solo puede hacer aquello que
expresamente le ha sido permitido‖. Precisamente, la Ley
Orgánica del Poder Judicial desarrolla varias disposiciones
legales de las cuales se puede inferir, desde mi punto de vista,
muy fácilmente cual es el órgano competente para acordar la
especialización en los Tribunales Mixto.

        El artículo 3, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial dispone muy claramente: ―La Corte Suprema de
Justicia establecerá el número de jueces tramitadores y decisores,
así como de los otros servidores judiciales que deben tener los
tribunales de cualquier categoría y materia; para ello, tomará en
consideración las necesidades propias del despacho, en aras de la
mejor realización del servicio público de la justicia.‖. Dicho
numeral, desde mi punto de vista, le atribuye a la Corte Plena la
competencia para establecer la estructura y la organización de
los tribunales de cualquier categoría y materia.

        El artículo 46, párrafo tercero, de ese mismo cuerpo legal
establece con mayor precisión dos normas jurídicas por medio de
las cuales se atribuye la competencia a la Corte Suprema de
Justicia para decidir la especialización; ya por distribución
dentro del seno de un mismo tribunal; ya por la división de un
despacho mixto en despachos especializados autónomos. Esa
disposición legal en forma específica establece: ―En los
tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por materia,
de manera que se especialicen los servicios de administración de
justicia. Cuando las necesidades del servicio lo impongan, la
Corte podrá dividir un tribunal mixto en tribunales
especializados.‖. Entonces, parece, desde el punto de vista legal,
irrefutable que es la Corte Suprema de Justicia (Corte Plena) la
competente para poder decidir ya sea la separación especializada
por secciones en un tribunal mixto o la división a efectos de
crear tribunales especializados autónomos.

       Incluso, que el tema de especialización es competencia de
Corte Plena lo determina el hecho según el cual ese órgano
colegiado ya ha abordado el tema en varias sesiones.
Precisamente, en el mes de junio de dos mil siete Corte Plena se
ocupó de la posible especialización de los tribunales mixtos de
Puntarenas y Limón. Sin embargo, Corte Plena postergó la
decisión por cuanto no se contaba con estudios técnicos que
permitieran establecer la conveniencia de la especialización 1.

        Lo expresado precedentemente me permite concluir que
los jueces integrantes de un tribunal mixto no tienen
competencia para decidir sobre la especialización. A la postre,
derivar de lo dicho en el artículo 3, último párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Judicial la competencia para adoptar un acto
administrativo de especialización por secciones es hacer una
lectura cercenada de las normas referentes a la especialización y
la razón de ser de los tribunales mixtos 2. Incluso, ya el Tribunal
de Juicio de Puntarenas había avistado su falta de competencia
cuando en el mes de abril de dos mil ocho solicitó la
intervención del Consejo Superior del Poder Judicial para
solicitar un estudio completo e in situ del circulante por parte del
Departamento de Planificación.

       b-) Ausencia de Motivo:

       Junto con la competencia del órgano, el motivo del acto
administrativo es esencial para la validez del mismo. Sin
motivación, un acto administrativo deviene en nulo.
Doctrinariamente, se ha señalado que el ―motivo del acto es el
antecedente jurídico que hace posible o necesaria la emisión del
acto, de conformidad con la Ley.‖ 3. En ese mismo orden de
cosas, se ha explicado que el motivo del acto administrativo es
esencial en tanto es ―el antecedente inmediato del acto, que crea
la necesidad pública, es concreto y lo hace posible y necesario.
Desde este punto de vista, la posibilidad de que el acto se adecue
a su fin queda condicionado por la realización del motivo. La
ausencia de éste equivale también a la ausencia del fin legal del
acto.‖4.

       Dicho esto, puedo señalar que el motivo del acto
administrativo está conformado por las circunstancias fácticas
tomadas en consideración y las consideraciones jurídicas según
las cuales se hace necesario el dictado de aquél. Por ello, debido
a la concreción que debe caracterizar al motivo se ha dicho que
―debe destacarse que la necesidad de motivación no se satisface
con arbitrarias expresiones tales como ‗por razones de mejor
servicio‘; ‗por ser conveniente y necesario a los superiores
intereses del Estado‘; ‗en virtud de las atribuciones que le
confiere claramente la ley…‖, etc. En cada caso será
indispensable explicar claramente cuáles son los hechos que se
consideran probados, cuál es la prueba que se invoca, qué
valoración reciben, qué relación existe entre tales hechos y lo
que el acto dispone, qué normas concretas son las que se aplican
al caso (no bastando, según quedó dicho, la genérica invocación
de una ley), y por qué se les aplica, etc. Esto demuestra que la
motivación no es un problema de forma, sino de fondo…‖5.

       Dicho esto, puedo asegurar que en el caso de estudio el
motivo sobre el cual se basa el acuerdo adoptado por mayoría
jueces del Tribunal de Puntarenas no cuenta con un análisis
adecuado de las circunstancias fácticas y jurídicas mediante las
cuales se pretende justificar la decisión de especializar, en forma
interna, al Tribunal de Juicio de Puntarenas por materias. A
continuación, desarrollo las razones por las cuales la decisión
adoptada carece de motivo o motivación.

        i-) Ya se había considerado por parte de este Tribunal que
para efectos de tomar una decisión definitiva sobre la
especialización por materias debía contarse con un estudio
técnico por parte del Departamento de Planificación. En otros
términos, siempre se tuvo presente, y ello no puede ser obviado,
que necesariamente se debía contar con un análisis adecuado de
la estadística del despacho para adoptar esa decisión.
Precisamente, mediante nota de fecha 17 de abril de 2008 se
solicitó al Consejo Superior del Poder Judicial se solicitó que el
Departamento de Planificación "realizara un estudio completo y
pormenorizado e in situ". Dicha solicitud fue acogida por el
Consejo Superior en Sesión número 55-08, artículo LXIV,
celebrada el 29 de julio de 2008. A la postre, resulta evidente que
el Departamento de Planificación no ha rendido el estudio
ordenado por el Consejo Superior motivo por el cual no se
cuenta con los elementos técnicos mediante los cuales se haya
determinado estadísticamente que el circulante del Tribunal de
Juicio de Puntarenas exija una especialización por materias 6.

        ii-) Ciertamente, el análisis de la normativa vinculada
con la estructura, la especialización o la integración de los
tribunales de la República se encuentra regida por una condición
primordial: los requerimientos necesarios para cumplir con una
adecuada prestación del servicio público. El artículo 3, párrafo
segundo, de la Ley Orgánica de Poder Judicial dispone que para
establecer el número de jueces decisores, jueces tramitadores y
personal de apoyo la Corte Plena considerará las necesidades
propias del despacho. Por otra parte, el artículo 46, párrafo
primero, de esa misma ley establece: ―Los acuerdos y las
disposiciones de la Corte relativas al establecimiento y la
definición de una circunscripción territorial, o los que conciernan
al recargo de competencias, el traslado y la conversión de
despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán
fundamentarse en la ineludible eficiencia del servicio, la
especialización de los órganos judiciales y de los tribunales
jurisdiccionales y la equidad necesaria de las cargas de trabajo.‖.
Sin duda alguna, esa norma establece no solo la competencia de
Corte Plena para cualquier acto de modificación de competencia
territorial, recargo de competencias o conversión de despachos
sino que contempla cual debe ser el fin y el motivo del acto
administrativo de esa naturaleza. El fin siempre será el
mejoramiento de la Administración de Justicia y el motivo se
basará en los beneficios de la especialización siempre que se
logre una distribución equitativa de las cargas de trabajo.

       En estrecha vinculación con ello, el artículo 92, último
párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando señala:
―Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el
número de asuntos que deban conocer.‖. De ello deriva,
entonces, que la razón del ser de los tribunales mixtos es su
circulante. Por lo tanto, se infiere que la única forma para que un
tribunal mixto pueda especializarse a lo interno es cuando su
circulante ha variado radicalmente.

       iii-) En el acuerdo adoptado por la mayoría de jueces del
Tribunal de Juicio de Puntarenas, como ya lo he expresado, se
pretende motivar la decisión de especializar con base en lo que,
según ellos arroja, la entrada en materias civil y laboral durante
el año dos mil ocho. Sin lugar a dudas, tratar de justificar una
decisión como la adoptada en la entrada del año dos mil ocho es
inapropiado. Ello es así, por cuanto para poder establecer la
tendencia del circulante de un despacho se requiere una muestra
al menos trienal, y ello, cuando no se requiera el estudio
comparativo quinquenal.

      En definitiva, el motivo en el caso de estudio es
       inexistente pues no existe estudio del Departamento de
       Planificación que determine la necesidad, en razón del
       circulante, de especializar secciones en el Tribunal de Juicio de
       Puntarenas. Por otra parte, la muestra estadística utilizada para
       fundamentar la necesidad de la especialización no es
       representativa pues como se ha sostenido para poder determinar
       el comportamiento del circulante de una oficina judicial
       (decreciente, creciente o estable) se requiere una muestra
       estadística de al menos tres o cinco años.

               En definitiva, según lo estimo en mi carácter de juez
       integrante del Tribunal de Juicio de Puntarenas y en mi
       condición de coordinador de dicho despacho, el acuerdo
       adoptado carece de motivación. El alegar que el circulante
       justifica la decisión adoptada como se ha visto es erróneo pues la
       muestra estadística no es representativa, por otra parte, sostener
       que la especialización redundará en un mejor servicio de
       administración de justicia no es más que una motivación sin
       contenido pues no existen estudios técnicos que justifiquen la
       decisión adoptada1.

              En definitiva, he efectuado las anteriores observaciones
       por cuanto en caso de haberse incurrido en un acto de exceso no
       se me impute responsabilidad disciplinaria de ninguna especie.
       Además, señalo que pese a haber votado en contra de lo
       dispuesto por mayoría del Colegio de Jueces y planteado el
       respectivo recurso de revocatoria implementaré la modificación
       respectiva pues no me encuentro en ninguno de los supuestos
       contemplados por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial para desacatar el acuerdo adoptado por mayoría de
       jueces.‖
                                     -0-

      Se acordó: 1.) Trasladar la gestión anterior a conocimiento de Corte

Plena para que disponga lo que corresponda, por tratarse de la

especialización por materias de un Tribunal colegiado. 2.) Respecto al

informe solicitado por este Consejo en la sesión N° 55-08 del 29 de julio

del 2008, artículo LXIV, deberá el Departamento de Planificación remitirlo

a Corte Plena por ser de su competencia.
                              ARTÍCULO XLI

      En sesión Nº 07-09 celebrada el 27 de enero de este año, artículo

LVII, se acordó solicitar al Departamento de Planificación que a la

brevedad, procediera a elaborar un estudio integral para determinar a nivel

nacional la cantidad de recurso humano, equipo y vehículos que se

requieran para realizar las labores de conducción de detenidos en cada sede

de la Policía Judicial. Asimismo, si conforme a ese diagnóstico se debía

ejecutar algún proyecto especial.

      En relación con el acuerdo anterior, la máster Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación, en oficio Nº 269-PLA-2009 de 20

de febrero último, manifestó lo siguiente:

             ―En atención al oficio N° 1307-09, que transcribe el
       acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el
       27 de enero del presente año, artículo LVII, en el que se solicita
       a este Departamento elaborar un estudio integral para determinar
       a nivel nacional la cantidad de recurso humano, equipo y
       vehículos que se requieran para realizar las labores de
       conducción de detenidos en cada sede de la Policía Judicial; le
       informo que este tema fue trasladado a la Sección de Desarrollo
       Organizacional y será atendido a inicios del segundo semestre de
       este año, debido a que no es posible realizarlo antes, por la carga
       de trabajo que existe.‖
                                      -0-

      Se acordó: 1) Tomar nota de la comunicación anterior. 2) Indicar al

Departamento de Planificación que el estudio solicitado por este Consejo

para determinar las necesidades de recursos de conducción de detenidos es

prioritario en la toma de decisiones para la elaboración del anteproyecto de

presupuesto del 2010 y de no ser realizado a la brevedad afectará el
desarrollo de los programas de oralidad y flagrancia.

                             ARTÍCULO XLII

      En sesión N° 75-07 celebrada el 9 de octubre del 2007, artículo

XLV, al conocer nota suscrita por el licenciado Hugo Hernández Alfaro,

servidor de la Unidad de Control Interno, en que manifestó que dentro de

los aspectos tratados como parte del seguimiento de la ejecución de las

propuestas de mejora, planteadas en el Consejo Superior a desarrollar en

ese año, era necesario que se solicitara informe al Departamento de

Planificación, en que. mediante una muestra representativa, verificara

semestralmente a nivel nacional, el grado de ejecución de los PAO´s.

Asimismo que ese Departamento divulgara la información correspondiente

a la elaboración de los PAO´s y presupuesto.

      En la N° 90-07 del 29 de noviembre del 2007, artículo XXXVIII, se

tomó el siguiente acuerdo:

             ―La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, con oficio N° 1957-PLA_2007 de 22 de
       noviembre en curso, remite el informe N° 082-CE-2007/ 038-
       PP-2007 suscrito por los licenciados Minor Alvarado Chaves y
       Elías Muñoz Jiménez, por su orden, Jefes de la Sección de
       Planes y Presupuesto y de Control y Evaluación, que literalmente
       dice:

             "…Al respecto, informamos que en cuanto a la formulación
       del presupuesto, a finales de cada año se publican las directrices
       técnicas para su elaboración. Para el caso del 2008, fueron
       aprobadas por el Consejo Superior en la sesión del 28 de
       noviembre de 2006, artículo LII, las que entre otros aspectos,
       indican lo siguiente:

            "73. Cuando sea aprobado el presupuesto por la Corte
Plena en el mes de junio, los despachos, tomando como base su
plan anual estratégico, deben elaborar su plan anual operativo,
que refleje los objetivos, metas y actividades a realizar por la
oficina, el cual debe presentarse a más tardar el 23 de
noviembre del 2007.

      74. El seguimiento y cumplimiento de los planes anuales
operativos, es responsabilidad de cada jefe de despacho judicial,
conforme lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión No.
92-2001 del 14 de noviembre del 2001, artículo XXX. Si durante
el año de vigencia del plan, se presenta un cambio en la jefatura,
es responsabilidad del nuevo jefe dar continuidad al plan anual
operativo aprobado para el despacho.

      75. En caso de considerar necesario realizar modificaciones
al plan anual operativo, el despacho judicial debe someterlas a
conocimiento del Consejo de Administración de Circuito o bien
al Centro de Responsabilidad correspondiente, Ministerio
Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial,
Dirección Nacional de Notariado, según corresponda.

     76. A las Unidades, Subunidades y Oficinas
Administrativas respectivas, les corresponde el control de los
planes anuales operativos de los despachos judiciales. El
Departamento de Planificación, dará seguimiento y pedirá
rendición de cuentas.

      77. Los planes anuales operativos de cada región, área o
programa deberán ser remitidos en un solo archivo por medio
electrónico, indicando que cuenta con el visto bueno de los jefes
de oficina, Consejos de Administración o Responsables de
Programa, según corresponda.

     78. Cualquier aclaración con respecto a estas directrices,
pueden dirigirse a la Sección de Planes y Presupuesto del
Departamento de Planificación, extensiones 4377, 4378 y 4379."

      Además, en la circular N°005-2007 del Departamento de
Planificación, divulgada en la red intranet el 16 de octubre de
2007, recordó las directrices anteriormente citadas y adjuntó los
instructivos necesarios para elaborar los planes operativos
anuales, aparte de indicar otros lineamientos que deberían tener
las dependencias judiciales, al momento de su elaboración, como
son los planes estratégicos institucionales 2007-2011, la política
de equidad de género, de accesibilidad, control interno, entre
otros temas.
            Esa circular, también indicó en qué parte de la red intranet
       estaba la información del proyecto de presupuesto para el 2008,
       para que lo tomaran en cuenta al momento de elaborar los planes
       operativos anuales.

            En cuanto a evaluar los planes operativos a partir de una
       muestra representativa, esta no se ha realizado; sin embargo, ya
       en el Plan Operativo Anual de la Sección de Control y
       Evaluación para el 2008, se contempla un objetivo que
       precisamente se refiere al seguimiento de los planes operativos
       anuales, de al menos dos circuitos judiciales.

             Por lo aquí expuesto, se tiene que lo propuesto por el Lic.
       Hernández Alfaro, no sólo se había contemplado en las
       circulares anteriormente mencionadas, sino que también ya se ha
       divulgado información útil para la realización de los planes
       operativos anuales para el 2008 y solamente está pendiente el
       seguimiento a los citados planes operativos."
                                      -0-
              Se acordó: Tomar nota del informe, aclarar al
       Departamento de Planificación que la propuesta no es del
       licenciado Hernández Alfaro, sino que surgió del seno del
       Consejo y esperar el informe que se le solicitó a ese
       departamento sobre el grado de ejecución de los Planes Anuales
       Operativos.‖
                                     -0-

      En sesión N° 92-01 del 14 de noviembre del 2001, artículo XXX, se

tomó el siguiente acuerdo:

            ―La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, con oficio N° 1727-PLA-2001 de 1° de noviembre
       en curso, remite el informe N° 110-CE-2001 suscrito por el Lic.
       Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de Control y
       Evaluación, en el que se presenta la evaluación parcial del
       primer semestre del 2001 del "Plan de Trabajo del Poder Judicial
       del 2001", cuyas recomendaciones literalmente dicen:

            "En virtud del desconocimiento que existe a nivel regional
       de los planes de trabajo y del mismo Plan Estratégico se
       recomienda dos aspectos a desarrollar:

           1. Que los administradores regionales le den seguimiento al
       cumplimiento de éstos por cuanto es parte de su labor sustantiva.
            2. Mediante circular a publicar en el Boletín Judicial, hacer
       ver a los diferentes jefes de oficina el deber que tienen de darle
       cumplimiento a los diferentes objetivos y metas que se han
       planteado ya que ello contribuye a la consecución del Plan
       Estratégico de este Poder."
                                      -0-
            Se acordó: 1) Tener por rendido el anterior informe y
       acoger las recomendaciones que se han transcrito, las que
       deberán cumplirse a la brevedad por parte de los despachos
       involucrados. 2) Hacer una atenta excitativa al Departamento de
       Planificación para que procure orientar los objetivos y metas al
       cumplimiento de la función sustantiva de cada despacho.
       La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que
       corresponda.‖
                                 -0-
      Por su parte la licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefe

interina del Departamento de Planificación, con oficio N° 058-PLA-2009

de 15 de enero de este año, remite el informe N° 001-CE-2009 de misma

fecha, suscrito por el máster Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de

Control y Evaluación, referente a la verificación semestral del grado de

ejecución de los planes anuales operativos ―PAO‘S‖ del Segundo Circuito

Judicial de San José, el que literalmente dice:

             ―En relación con lo anterior, le informo lo siguiente:

             Con el fin de atender la solicitud, se revisaron todos los
       PAO‘s del Segundo Circuito Judicial de San José y se logró
       identificar diferentes problemas desde el mismo proceso de
       formulación. En algunos casos la redacción del objetivo, la meta
       y el indicador no tienen relación uno con otro.

             A manera de ejemplo, en la siguiente tabla se observa que
       el objetivo indica la necesidad de tener un diagnóstico del clima
       organizacional, pero la meta se refiere a la necesidad de realizar
       al menos una encuesta y el indicador hace referencia a la
       obtención de un diagnóstico.

       Ejemplo N°1
Objetivo                      Meta                          Indicador

1. Realizar un diagnóstico    1.1. Que al 31 de diciembre   1.1.1. Diagnóstico
para detectar los problemas   de 2008, se haya realizado    realizado
de Clima Organizacional y     a lo sumo una encuesta
laboral, con el fin de        sobre el Clima
mejorar cada vez más el       Organizacional.
ambiente     laboral    del
Despacho.

                  En la siguiente tabla el objetivo refiere a la necesidad de
           integrar un equipo de riesgos, en la meta se pretende identificar
           el 85% de los riesgos y los indicadores no guardan consistencia
           con la meta y mucho menos con el objetivo.

           Ejemplo N°2

Objetivo                      Meta                          Indicador

3. Integración del equipo     3.1. Que al 31 de marzo del 3.2.1. Actividades
de riesgos al quehacer        año 2008,        se hayan realizadas.
diario del juzgado.           identificado el 85% de los
                              riesgos del juzgado.        3.2.2. Mejoramiento en la
                                                          calidad y prestación del
                                                          servicio público.

                                                            3.2.3. Uso racional de los
                                                            recursos institucionales.

                                                            3.2.4. Identificación y
                                                            valoración de riesgos.

                                                            3.2.5. Planificación para
                                                            toma     de      decisiones
                                                            adecuadas y oportunas.


               Otros problemas identificados al analizar la información
           recibida del Segundo Circuito Judicial de San José, son los
           siguientes:

               1.       Hay metas que no se pueden cumplir porque no les
           es viable.

               2.    Objetivos con metas cuya responsabilidad no es del
           despacho.
    3.      Falta claridad en la información presentada.

    4.     La información presentada no coincide con la meta
formulada.

    5.       En los casos en los que se formularon varias metas
no se detalla información para cada una de ellas.

    6.       La información debe mencionar dónde pueden ser
verificados los logros apuntados, como números de oficios en los
que se presentan los informes de diligencias relacionadas.

     7.     Deben incluirse los datos estadísticos que sustenten
la información.

   8.      Incluir metodologías empleadas para medir las
metas formuladas.

   9.       Se reprograman metas para el segundo semestre sin
apuntar ninguna justificación.

    Al respecto, es importante hacer la observación, que a pesar
de que este Circuito cuenta con varios profesionales en
Administración, los planes anuales operativos presentan
problemas a nivel de formulación, y que la información apuntada
como insumo para valorar el grado de avance de los objetivos
ahí planteados, sea en la mayoría de los casos insuficiente.

       Por lo anterior, durante la evaluación se conversó con los
administradores del Circuito, identificándose que algunos de los
errores que se presentan a nivel de formulación como de
evaluación parten del hecho de que en muchos de los casos es el
Administrador el que elabora el plan, el jefe del despacho
argumenta que no dispone de tiempo para participar en el
proceso y únicamente da un visto bueno.
Igualmente ocurre en el momento de la evaluación e incluso no
suministran toda la información para no comprometer la
valoración del rendimiento del despacho.

       Lo anterior muestra, que en términos generales se
mantiene la conducta del servidor judicial, identificada año con
año, en la cual no logra visualizar el plan anual operativo como
una herramienta que permite organizar los recursos asignados
presupuestariamente a la oficina, y que debe evaluar ese plan no
sólo porque le permite medir sus resultados y corregir sus
acciones antes de que termine un período, sino también porque
debe rendir cuentas de los recursos públicos con los cuales está
trabajando.

      En relación con lo anterior, debe recordarse que en torno
al tema de planes anuales operativos existe toda una normativa
que la respalda y que obliga a su cumplimiento, tanto a los
administradores/as por la función que tienen a cargo, como a los
señores/as juezas que coordinan cada uno de los despachos. La
normativa a la que se hace referencia, es la siguiente:

      1. Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos y su Reglamento:

Artículo 4.- (...) Todo presupuesto público deberá responder a
los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo
plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los
principios presupuestarios generalmente aceptados; además,
deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal
correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente
Ley (...).

Artículo7.- (...) En la formulación de los presupuestos, se
utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados,
con base en criterios funcionales que permitan evaluar el
cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así como la
incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución.
Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de
servicios, la producción de bienes y las funciones generales de
dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución

Artículo 33.- (...) Formalmente, el proceso presupuestario se
iniciará con la planificación operativa que cada órgano y entidad
debe realizar en concordancia con los planes de mediano y largo
plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para
el período, los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y
los lineamientos que se dicten para el efecto (...)

Artículo 110.-        Hechos generadores de responsabilidad
administrativa. Además de los previstos en otras leyes y
reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos
generadores        de      responsabilidad        administrativa,
independientemente de la responsabilidad civil o penal a que
puedan dar lugar, los mencionados a continuación: (...)

        j) El incumplimiento total o parcial, gravemente
injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes
proyectos, programas y presupuestos.

2. Ley No.8292 Ley General de Control Interno:

Artículo 14.- Valoración del riesgo. En relación con la
valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares
subordinados, entre otros, los siguientes:

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro
de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los
planes anuales operativos como en los planes de mediano y de
largo plazos. (...)

Artículo 15.- Actividades de control. Respecto de las
actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares
subordinados, entre otros, los siguientes:

a)         Documentar, mantener actualizados y divulgar
internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de
control que garanticen el cumplimiento del sistema de control
interno institucional y la prevención de todo aspecto que
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la
institución en el desempeño de sus funciones. (...)

Artículo 17.- Seguimiento del Sistema de Control Interno.
(...) En cuanto al seguimiento del sistema de control interno,
serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los
siguientes: (...)

b)    Que la administración activa realice, por lo menos una vez
al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento
del sistema de control interno del cual es responsable.
Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la
organización del cumplimiento de sus objetivos.

3. Normas Generales Relativas a la Valoración del Riesgo.

3.2. Planificación. La identificación y evaluación de los riesgos,
como componente del control interno, debe ser sustentado por un
sistema participativo de planificación que considere la misión y
la visión institucionales, así como objetivos, metas y políticas
establecidos con base en un conocimiento adecuado de los
medios interno y externo en que la organización desarrolla sus
operaciones.

       4. El Consejo Superior, en sesión No. 92-2001 del 14 de
noviembre del 2001, artículo XXX, dispuso que el seguimiento y
cumplimiento de los planes anuales operativos, es
responsabilidad de cada jefe de oficina.

        Además, debe recordarse sobre la importancia de la
utilización de los planes anuales operativos, como una
herramienta de planificación que transforma a nivel operativo la
estrategia Institucional definida para cumplir con la misión
organizacional encomendada.
Partiendo de la situación anterior, a la Sección de Control y
Evaluación no le es posible desarrollar la evaluación propia de
los PAO‘s de los despachos del citado Circuito. Es necesario
que sean corregidos de tal manera que los resultados suministren
más información de la labor desplegada en la consecución de
cada objetivo y de esta manera evaluar propiamente los citados
planes.

       Por tanto, se recomienda devolver los PAOs, que se
adjuntan en el anexo N°1 con las observaciones, para que sean
retomados en la evaluación final del 2008 y en las próximas
evaluaciones a realizar.

       Además se recomienda, continuar con el proceso de
capacitación en el tema de Planes Anuales Operativos, que
realiza la Sección de Planes y Presupuesto del Departamento de
Planificación, al Circuito evaluado sin perjuicio de la
responsabilidad que tienen los despachos y la Administración del
Circuito.


       Del análisis anterior desarrollado por el Departamento de
Planificación llama la atención de este Consejo que a la Sección
de Control y Evaluación de esta dependencia, no le ha sido
posible desarrollar la evaluación de los Planes Anuales
Operativos de los despachos del Segundo Circuito Judicial
debido a las razones que se citan a continuación:

       1.- A pesar de que la mayor parte de los despachos del
Segundo Circuito Judicial cuentan con puesto de administrador,
los Planes Anuales Operativos elaborados presentan una serie de
inconsistencias en la formulación objetivos, metas e indicadores
que no guardan la coherencia requerida para que se puedan
constituir en una herramienta de trabajo que genere valor
agregado a cada oficina y centro de responsabilidad.

      2.- Los Planes Anuales Operativos son elaborados por los
       administradores, sin contar con la participación activa de los
       coordinadores de despacho, lo que hace reflejar el subjetivismo y
       escaso contenido de dichos planes.

              3.- El contenido de los Planes en mención, no cuentan con
       la información que representa la realidad de las oficinas, debido
       al la actitud conservadora de los coordinadores de despacho por
       revelar el rendimiento y productividad de la dependencia a su
       cargo.

              4.- No existe identificación por parte de los coordinadores
       de despacho con respecto a la importancia de que los Planes
       Operativos se deben elaborar por oficina y darles el respectivo
       seguimiento y cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto
       en la sesión N°92-2001 del 14 de noviembre de 2001, artículo
       XXX, donde este Consejo acordó que dichas funciones son
       responsabilidad de cada jefe de oficina.‖
                                     -0-

      Por lo anterior, se acordó: 1.) Aprobar las recomendaciones del

Departamento de Planificación, en el sentido de que los jefes de cada

despacho del Segundo Circuito Judicial de San José deberán adecuar los

Planes Anuales Operativos de las oficinas a su cargo, de acuerdo con las

observaciones planteadas por el Departamento de Planificación 2.) Los

coordinadores y administradores de despacho del Segundo Circuito Judicial

de San José deberán dar cumplimiento a la normativa contenida en la Ley

General de Control Interno N° 8292 y en la Ley de la Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento, con

respecto a la elaboración, cumplimiento y seguimiento de los Planes

Anuales operativos de los despachos a su cargo. 3.) El Departamento de

Personal y la Sección de Planes y Presupuesto del Departamento de

Planificación deberán continuar con el proceso de capacitación en el tema
de Planes Anuales Operativos, sin perjuicio de la responsabilidad que

tienen los coordinadores de despacho y la administración, de desarrollar un

efecto multiplicador con respecto a la capacitación recibida. 4.) La Unidad

de Control Interno seguirá apoyando este tema, tanto en las actividades de

capacitación, como en los procesos de autoevaluación y seguimiento que

realiza en los despachos judiciales.

                                 ARTÍCULO XLIII

      En sesión N° 92-07 del 6 de diciembre del 2007, artículo XVIII, se

tomó el siguiente acuerdo:

             ―En sesión N° 84-06 del 7 de noviembre del 2006, artículo
       CII, con vista en la visita realizada por las licenciadas Lupita
       Chaves Cervantes y Marlene Palacios Alpízar, integrantes de
       este Consejo, a la Defensa Pública, Fiscalía y al Juzgado de
       Familia y Penal Juvenil de Limón, así como a la Fuerza Pública
       de esa localidad, se dispuso que el Departamento de
       Planificación determinara técnicamente, si la distribución de
       trabajo entre los juzgados de Familia y Penal Juvenil del Primer
       Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resultaba conveniente y
       equitativa, o si era factible llevar a cabo su separación por
       especialización en Familia y Penal Juvenil.

            En atención a lo anterior, la máster Marta Asch Corrales,
       Jefa del Departamento de Planificación, con oficio N° 1949-
       PLA-2007 de 20 de noviembre último, remite el informe N° 114-
       DO-2007-B elaborado por la Sección de Desarrollo
       Organizacional, cuyas recomendaciones literalmente dicen:

             "4.1.- Con base en la información analizada en el presente
       informe, y ante la diversidad de sistemas de trabajo imperantes
       en otros juzgados homólogos del país, se somete a consideración
       de las instancias superiores la adopción de una de las siguientes
       alternativas para implementar en el Juzgado de Familia y Penal
       Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a nivel de los
       puestos de Juez 3:
       Opción N° 1: Distribución equitativa de todos los asuntos en
       ambas materias
      Este sistema de trabajo es el que se considera más apegado
a los criterios de conveniencia y de equidad para los
administradores de justicia ubicados en un juzgado mixto, en el
tanto los criterios adoptados contemplen tanto la cantidad global
de asuntos como la cantidad según tipo de asunto, en cada
materia.

     Como requerimiento asociado a esta distribución del
trabajo se tiene el elevado nivel de coordinación y de
comunicación que estarían llamadas a asumir las
funcionarias destacadas en el I Circuito Judicial de la Zona
Atlántica, condición que podría presentar algunas
limitaciones en la práctica.

      Opción N° 2: Mantener el sistema de trabajo vigente

      Esta alternativa se centra en continuar con la distribución
del trabajo existente, modificada a partir de mayo del 2007, la
cual consiste en que el puesto N° 92974 atienda el 67% de los
asuntos de Familia (tramitación y resolución), así como el 50%
de los procesos de segunda instancia; por su parte, al puesto N°
06278 le correspondería el 100% de los casos penales juveniles,
el 33% de los asuntos de Familia (tramitación y resolución) y el
50% de los procesos de segunda instancia.

     Se percibe que el inconveniente de esta alternativa sería
la diversidad de asuntos en Familia que conocería la
funcionaria a cargo de la materia Penal Juvenil, lo cual se
apartaría de la especialidad en el conocimiento de estos
últimos casos, según se infiere de lo dispuesto por el Consejo
Superior al momento de conformar la terna para llenar en
propiedad el puesto N° 06278.

     Opción N° 3: Esquema de trabajo con mayor
independencia funcional

      Dentro de esta alternativa se recomienda que los puestos de
Juez 3 adscritos al Juzgado de Familia y Penal Juvenil del I
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, adopten la distribución del
trabajo que se presenta de seguido:

   Etapa            Licda. McLaren Quirós        Licda. Zumbado Bogantes


Tramitación y         75% asuntos Familia            25% asuntos Familia
   Resolución                ------------          100% asuntos Penal Juvenil


Segunda Instancia   75% Pensiones Alimentarias     25% Pensiones Alimentarias

        Si bien las instancias superiores establecieron para el
  puesto N° 06278 que la terna para efectuar nombramiento lo
  fuera en materia Penal Juvenil, este Departamento considera que
  por aspectos de servicio público y de aprovechamiento de los
  recursos disponibles, este puesto debe colaborar en la atención
  de algunos asuntos en materia de Familia, al menos mientras no
  exista suficiente carga de trabajo en Penal Juvenil que justifique
  una especialización formal de esa materia.

       En ese sentido, y dado que los procesos de divorcio por
  mutuo consentimiento revisten un nivel de complejidad
  menor, los cuales representaron entre el 22% y el 23.6% de
  la entrada total registrada en Familia durante el 2006 y el
  primer cuatrimestre del 2007, respectivamente, se
  recomienda que el porcentaje indicado de colaboración para
  el puesto N° 06278 lo sea en ese tipo de asuntos, en tanto la
  carga de trabajo en Penal Juvenil así lo permita.

        De esta forma se facilitaría lo correspondiente a
  distribución de expedientes por parte del Asistente Judicial
  2, así como la aplicación uniforme de criterios al momento de
  resolver ese tipo de procesos, creando condiciones para que
  cada administrador(a) de justicia realice sus labores con
  mayor independencia funcional.

       Se estima que ese aspecto sentaría las bases para una
  futura separación formal de materias, una vez que se
  establezcan cargas de trabajo adecuadas tanto en Familia
  como en Penal Juvenil.

        Al respecto las juezas manifestaron que la "...distribución
  de cargas laborales, que más se ajusta a las necesidades y
  posibilidades del despacho y que en consecuencia [lograría]
  trabajar bajo un criterio de especialidad y no exclusividad es la
  denominada opción 3, de las recomendaciones. Aunque no
  omitimos que ambas somos del criterio que lo más conveniente
  es la separación de los despachos por materia".
  No obstante lo manifestado se plantearon varias observaciones,
  las cuales se enumeran de seguido:

        "...según el punto de vista de la Licda. Mc Laren existe una
invisibilización de los restos (sic.) de asuntos no contenciosos
pues en esta opción sólo indica que el Juez que tramite la materia
penal Juvenil conocerá el 25% de la materia de Familia e indica
que este porcentaje (sic.) lo cubre la tramitación de los procesos
no contenciosos (sic.) denominados por mutuo acuerdo, siendo
que no sólo son los mutuos los asuntos de tramitación (sic.) no
contenciosa y en consecuencia de complejidad menor".

     Cabe aclarar que de ninguna forma se "invisibilizaron" los
demás asuntos no contenciosos de Familia, sino que en la opción
N° 3 se procuró mantener la colaboración que se ha brindado a
esa materia, pero en una menor proporción para no afectar el
trámite oportuno de los casos penales juveniles.

      Además, al enfocar esa colaboración hacia un tipo de
asunto específico, se procura que la coordinación entre ambas
funcionarias se circunscriba a ese tipo de procesos, y así evitar la
proliferación de criterios diversos e incluso contrapuestos en el
trámite de otros asuntos, aspecto que afectaría la calidad de la
administración de justicia.

      Es dable indicar que una de las opciones propuestas (la N°
2), corresponde a la distribución de trabajo adoptada a partir de
mayo del presente año, la cual no solo involucra mayores
porcentajes de colaboración en asuntos de Familia, sino que
además no contó con el aval de la Licda. McLaren Quirós.

      4.2.- Se hace la aclaración de que el criterio de distribución
del trabajo que llegue a ponerse en práctica, se aplicaría
solamente a los puestos de Juez 3, y no traería consigo
modificaciones o redistribuciones de los asuntos asignados con
anterioridad a cada funcionario(a).

     Ahora bien, en cuanto a la distribución del personal de
apoyo para el trámite de Familia y de Penal Juvenil, es dable
indicar que las recomendaciones aquí consignadas no afectan el
esquema de trabajo de los auxiliares judiciales, en cuanto a su
ubicación en una u otra materia, ya que el análisis desarrollado
se enfocó hacia las cargas de trabajo de los puestos de Juez 3.

      Si bien la colaboración de la plaza de Intérprete para las
Oficinas genera cierta inestabilidad en el trámite de la materia
Penal Juvenil, este Departamento ha recomendado con
anterioridad que el puesto de Asistente Judicial 2 se involucre en
la tramitación de expedientes, aunque en menor proporción que
el resto del personal de apoyo, ya que se había constatado que no
ejercía esas labores, apartándose de lo dispuesto por las
instancias decisoras al momento de aprobar la instauración de la
referida figura, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el
Ministerio Público.

     En síntesis, de las comunicaciones remitidas al
Departamento de Planificación se infiere que la Licda. Zumbado
Bogantes externó su conformidad con la opción N° 3, mientras
que la Licda. McLaren Quirós no avala ninguna de las
propuestas aquí presentadas.

      Al respecto, la Licda. McLaren Quirós remitió vía fax una
nota del 14 de noviembre de los corrientes, dirigida a la
Comisión de Relaciones Laborales, donde las citadas
funcionarias agradecen la intervención de esa instancia en la
solución de las diferencias suscitadas en la distribución del
trabajo. Además, dentro de los acuerdos suscritos por las juezas
se mencionó lo siguiente:

      "Hacer las gestiones pertinentes ante oficina de
planificación en cuanto a la división del despacho ya que se
considera que la división debe ser además de física por materias.
Sin embargo mientras esto se materializa se acordó que el
despacho de penal juvenil colaborará con la tramitación de los
procesos denominados actividad judicial no contenciosa, en
materia de familia".

      No obstante al revisar las implicaciones que esta "cuarta"
opción traería sobre el accionar del juzgado aquí analizado, este
Departamento externa su preocupación por las repercusiones en
el trámite de la materia Penal Juvenil, debido a que esta nueva
propuesta vendría prácticamente a duplicar el porcentaje de
colaboración sugerido en la opción N° 3 (pasaría del 25% al
45,6%).

     Además, debe tenerse presente el carácter sumario y la
inmediatez que en ocasiones exigen los casos de Penal Juvenil
(casos de reo preso y los plazos para resolver las gestiones, por
ejemplo), así como las eventuales limitaciones en la capacidad
de respuesta ante incrementos en los niveles de ingreso de esa
materia.

     A pesar del acuerdo al que han llegado las juezas, este
Departamento mantiene sus reservas, por lo que se reitera la
opción N° 3 contenida en el presente informe, la cual sería
sometida a una evaluación seis meses después de su puesta en
       práctica, con el fin de establecer los resultados obtenidos así
       como la pertinencia o no de efectuarle modificaciones que
       beneficien el accionar de las referidas funcionarias en ambas
       materias."
                                            -0-
              Se acordó: 1) Tener por rendido el informe solicitado al
       Departamento de Planificación. 2) No realizar por el momento la
       separación por especialización del Juzgado de Familia y Penal
       Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por las
       razones que se da cuenta en el citado informe. 3) Acoger la
       propuesta de distribución de trabajo para las plazas de juez
       pertenecientes a ese despacho, conforme la opción N° 3
       planteada por el Departamento de Planificación, según el
       siguiente cuadro; en el entendido que el 25% de colaboración en
       asuntos de familia con que asistirá la plaza N° 06278 a Familia,
       será en los procesos de divorcio por mutuo consentimiento y en
       los términos sugeridos en el informe.

                            Plaza 92974                        Plaza 06278
   ETAPA            Licda. McLaren Quirós                Licda. Zumbado Bogantes
   Tramitación y        75% asuntos Familia                25% asuntos Familia
    Resolución
                             ------------               100% asuntos Penal Juvenil


     Segunda        75% Pensiones Alimentarias         25% Pensiones Alimentarias
     Instancia

       4) Los resultados de la decisión adoptada serán evaluados por el
       Departamento de Planificación, después de transcurridos 6 meses
       de su implementación. 5) Deberán las licenciadas Mc Laren
       Quirós y Zumbado Bogantes, a partir de lo resuelto en este acto,
       establecer las relaciones de coordinación y respeto mutuo
       requeridas para implementar la distribución de trabajo aprobada
       y con ello cumplir de forma óptima con el servicio de público de
       justicia que tienen a su cargo, sin perjuicio de las medidas que en
       ese sentido ya hayan adoptado.‖
                                              -0-

     La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, con oficio N° 084-PLA-2009 de 19 de enero recién pasado,

en atención a lo anterior, remite el informe N° 003-CE-2009 de misma
fecha, suscrito por el máster Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de

Control y Evaluación, referente a la distribución de la carga de trabajo entre

las juezas del Juzgado de Familia y Penal Juvenil del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, el que literalmente dice:

             ―En cumplimiento de esta disposición, se presenta a
       continuación el informe preparado por el Lic. Dennis Madrigal
       Quesada, Profesional 2 de la Sección a mi cargo.

              Mediante oficio número 2217-PLA-2008 del 16 de
       diciembre del 2008, se puso en conocimiento el resultado de la
       evaluación a las licenciadas Ericka Leiva Díaz, Jueza
       Coordinadora y María del Rocío Quesada Zamora, quienes con
       fecha del 27 de diciembre recién pasado, externaron sus criterios
       los cuales fueron incorporados en el presente documento.

          INFORME SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE
         TRABAJO ENTRE LAS JUEZAS DE FAMILIA Y PENAL
           JUVENIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA
                        ZONA ATLÁNTICA

             I.- Información relevante

            El Departamento de Planificación mediante el informe
       N°114-DO-2007-B con fecha 20 de noviembre de 2007, realizó
       una propuesta de distribución de la carga de trabajo a nivel de las
       juezas destacadas; siendo que en el Consejo Superior en la sesión
       del 06 de diciembre del 2007, artículo XVIII acogió la propuesta
       N°3, la cual consiste en lo siguiente:

                  Un Juez 3 estaría a cargo de atender la materia
       Penal Juvenil en un 100%; un 25% de la materia de Familia
       (sentencias de Divorcio por Mutuo Consentimiento) y un 25% de
       los asuntos de Segunda Instancia (Pensión Alimentaria).

                 El otro Juez 3 tendría a su cargo un 75% de los
       asuntos de Familia y un 75% de los asuntos de segunda
       instancia.

             En cuanto al personal de apoyo, la división de trabajo era
       la siguiente:
            La materia de Familia estaba a cargo de tres
auxiliares judiciales y medio tiempo de la plaza del Asistente
Judicial.

           La materia Penal Juvenil estaba a cargo de un
Auxiliar Judicial y se recibía la colaboración en más de medio
tiempo de la plaza de Intérprete.

      La anterior distribución de labores para los puestos
profesionales y de apoyo, se mantuvo en funcionamiento
alrededor de ocho meses (enero a agosto del 2008), debido a que
se presentó un cambio de juezas a partir de ese mes.

      Actualmente, quienes se encuentran a cargo del despacho
es la Licda. Ericka Leiva Díaz, quien funge como Coordinadora
y la Licda. María del Rocío Quesada Zamora.

Situación Actual

      De acuerdo con la visita que se hizo al despacho y la
entrevista realizada a la Licda. Leiva Díaz, se evidenció que se
dieron cambios en la distribución de la carga de trabajo, tanto a
nivel del personal profesional como de apoyo, lo anterior a partir
del momento en que ingresaron las nuevas Juezas.

      Actualmente el volumen de trabajo en ambas materias se
distribuye por partes iguales a nivel del personal profesional, sea
que cada una atiende un 50% de los casos que ingresen tanto en
materia de familia como en Penal Juvenil, así como los asuntos
correspondientes a segunda instancia

      Esta disposición fue tomada por mutuo acuerdo entre
ambas juezas, con el objetivo de mantener una equidad en la
atención del volumen de trabajo que recibe el despacho, sin
necesidad de incurrir en una división más compleja que requiera
de un mayor control a lo interno, en tanto se tiene claro que el
objetivo principal es brindar un servicio público de calidad y
oportuno, pues resulta mejor que la carga de trabajo se distribuya
en igual proporción para cada una de las profesionales.

     Bajo este criterio igualmente se mejoró el tema de la
complejidad de los asuntos, ya que el caso de Familia, los
divorcios por mutuo consentimiento (los cuales se califican de
poca complejidad) igualmente se asignan a cada Jueza de esa
manera.
     Los señalamientos se asignan una vez a la semana a cada
Jueza y así se van alternando; los asuntos pasados a fallo de igual
forma lo alternan uno a uno y aplican el sistema de
desestimaciones masivas.

      Indica la Licda. Leiva Díaz que a lo interno del Juzgado
tratan en la medida de las posibilidades de no cambiar
señalamientos en la agenda, aún cuando se presenten situaciones
imprevistas las realiza la Jueza que se encuentre en la oficina.
Sólo se cambian cuando las partes por alguna razón lo solicitan,
o cuando deben asistir a allanamientos simultáneos, ya que el
OIJ los gestiona el día anterior.

     El sistema de trabajo utilizado ha dado buenos resultados
en otros despachos homólogos, tal es el caso del II Circuito
Judicial de Alajuela y Puntarenas.

     Si bien es cierto, la evaluación en un principio está dirigida
a valorar la carga de trabajo de las juezas, es importante que
también se tome en consideración el volumen de trabajo que
atiende el personal de apoyo, ya que con la nueva modificación
igualmente en los auxiliares judiciales se presentaron algunos
cambios, que radican principalmente en que la materia Penal
Juvenil la tramita un solo Auxiliar Judicial y antes contaba con la
ayuda de la plaza de intérprete; por otra parte medio tiempo de la
plaza de Asistente Judicial 2 estaba dedicada a la tramitación de
la materia de Familia.

    En términos generales las cargas de trabajo del personal de
apoyo quedaron divididas de la siguiente manera:

           Un Asistente Judicial 2, quien se encarga
únicamente de los controles en el sistema informático y de
algunas diligencias de orden administrativo tales como control
de vacaciones, registro de asistencia, entre otras. No tramita
expedientes.

           Tres auxiliares judiciales, que atienden la materia de
Familia, quienes conocen de los procesos especiales de filiación,
procesos abreviados, diligencias, procesos sumarios, incidentes,
entre otras cosas. Estos puestos atienden aproximadamente un
promedio de 110 expedientes en circulante.

           La plaza de intérprete atiende en la materia de
Familia los divorcios por mutuo consentimiento, comunicaciones
del PANI, comisiones, reconocimiento de hijos de mujer casada,
además de las labores de intérprete según los requerimientos de
los diferentes despachos que soliciten el servicio.

           Un Auxiliar Judicial tiene a su cargo el trámite de la
materia Penal Juvenil, quien tramita alrededor de 95 expedientes
activos con acusación y apertura a juicio. Igualmente tiene a su
cargo el control y movimiento que requieren los expedientes del
circulante pasivo con suspensión al proceso a prueba, en
rebeldía, con acusación en ausencia, entre otras cosas.

            Un Auxiliar de Servicios Generales 2. Desempeña
las labores propias del cargo.

      Al analizar los cambios presentados y compararlos con la
situación actual expuesta en líneas anteriores, se denota que la
materia de Familia no se ve afectada por los cambios, debido a
que si bien es cierto ya no cuenta con la plaza de Asistente
Judicial 2 como parte del trámite (medio tiempo), se le sigue
apoyando con la plaza de Intérprete, quien tiene a su cargo los
expedientes de divorcio por mutuo consentimiento, sea que en
términos generales existen tres plazas y media en la tramitación
de esa materia.

     Caso contrario sucede con la materia de Penal Juvenil, ya
que esta siendo tramitada por un solo Auxiliar Judicial.

     Desde el punto de vista administrativo, se maneja el
concepto que no es conveniente centrar el trámite de las labores
en una sola persona, más en el caso particular cuando se atiende
público.

     Según indicó a la Licda. Leiva Díaz, existe otro Auxiliar
Judicial que conoce del trámite de la materia Penal Juvenil, para
cubrir cualquier imprevisto, pero solo se utiliza en casos de
incapacidades, vacaciones u otros.

     En este sentido, es conveniente que existan al menos dos
personas que se encuentren constantemente tramitando la
materia y no solamente contar con una persona capacitada para
los momentos imprevistos.

     Algunas de las razones por las cuales es importante que
sean dos las personas que tramiten una materia son:

           Conocer del estado actual de los expedientes y
brindar un servicio de información oportuno a los usuarios, en el
caso que por alguna razón una de los/as auxiliares judiciales se
ausente aunque sea por lapsos cortos.

           No paralizar el trámite de los expedientes cuando el
Auxiliar Judicial deba asistir a debates o bien en caso particular
del despacho cuando se visita la zona de Bribrí y Suretka dos
veces al mes.

           Al corresponderle una vez a la semana la atención de
público en el ―mostrador‖ es importante que la tramitación de los
casos de Penal Juvenil no se vea paralizada o disminuida por esta
situación.

Ahora bien, de acuerdo con la descripción de labores que cada
uno de los puestos de apoyo indicó (las cuales se adjuntan en el
anexo N°1 del presente documento), se tiene que la Auxiliar
Judicial que tramita Penal Juvenil además de los expedientes
activos en circulante que tiene a su cargo (alrededor de 100 al
mes), le corresponde mantener el control y darle seguimiento a
un circulante pasivo (alrededor de 140 casos) relacionados con
las suspensiones de proceso a prueba, expedientes con rebeldía,
expedientes con acusación, entre otras cosas.

     Al valorar en conjunto todas las labores que tiene a su
cargo la Auxiliar Judicial que tramita Penal Juvenil, se denota
que su tiempo efectivo de trabajo se ve disminuido por una serie
de labores que si bien es cierto son propias del cargo que
desempeña, no le permiten atender de una manera fluida la
tramitación de los expedientes.

      A manera de ejemplo, cuando la Auxiliar Judicial de Penal
Juvenil le corresponde asistir a la Jueza a debates, en ese tiempo
ningún otro Auxiliar Judicial asume la atención de los casos,
tomando en cuenta que en varias ocasiones tardan varias
audiencias, o días tomando en cuenta la complejidad con que se
presenten. Sin embargo, en ese punto específico, la Licda. Leiva
Díaz aclaró en la nota remitida al Departamento de Planificación,
que en Penal Juvenil se realizaron alrededor de 10 debates en el
año, lo que representa menos de un caso al mes.

      Otro caso es cuando se atienden las zonas de Bribrí y
Suretka dos veces al mes, días en que la tramitación de asuntos
en Penal Juvenil se ve suspendida en el despacho, debido que no
la asume ningún otro Auxiliar Judicial.

     A nivel estadístico se visualiza que normalmente más de un
50% de las causas que ingresan en Penal Juvenil se desestiman.

      Esta situación hace pensar que la carga de trabajo del
Auxiliar Judicial que tramita esta materia es manejable y que
puede ser atendida por un solo puesto. No obstante, aparte de las
razones expuestas anteriormente, esta labor de trámite en los
expedientes que se desestiman, siempre consumen tiempo y
atención, además del seguimiento que se le debe dar mes a mes a
las causas que se encuentran en el circulante pasivo.

      Por lo expuesto anteriormente, es que se considera
necesario que a nivel interno del Juzgado en estudio retome el
tema de la distribución de la carga de trabajo a nivel de los
auxiliares judiciales, a fin de que no se vayan a presentar
inconvenientes, atrasos o una inadecuada atención al usuario al
solo existir un puesto de Auxiliar Judicial que tramite esta
materia.

      Este tema de igual forma fue expuesto por la Licda. Leiva
Díaz en la nota de aclaración remitida a este Departamento,
donde indica que en Penal Juvenil se aplican las denominadas
―desestimaciones masivas‖, que consiste en que el Fiscal
acumula cierto número de causas y en una sola audiencia solicita
la desestimación. En este proceso lo único que se hace es
ingresar e inmediatamente sacar del sistema informático los
casos, labor que esta a cargo de la Asistente Judicial y no de la
Auxiliar Judicial que atiende Penal Juvenil. Agrega que en la
mayoría de los casos se imprime la carátula del expediente, labor
que la lleva a cabo el Auxiliar de Servicios Generales del
despacho, razón por la que se ve disminuida la carga de trabajo
de la Auxiliar Judicial.

     II. Análisis de carga de trabajo general.

     A efecto de valorar si el despacho en estudio ha mostrado
variaciones en la carga de trabajo en las variables de casos
entrados, salidos y circulantes, se presenta a continuación la
información estadística correspondiente al período 2006-2007 y
primer semestre del 2008.

                        Cuadro N°1
 Asuntos Entrados, Terminados y Circulante al Finalizar el
 año en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil del I Circuito
                       Judicial de la
 Zona Atlántica en el período 2006-2007* y primeros nueve
                      meses del 2008.
  Cantidad Asuntos                Asuntos                     Asuntos Terminados/Fenecidos    Circulante al Finalizar
                                  Entrados
                     2006          2007       9 meses         2006       2007      9 meses   2006     2007     Set 2008
                                                2008                                2008
 Familia              1012         922         610**           977       986        606*     397      352        374**
2da.Instancia         302          400           215            ---       ---         ---     ---     ---        20***
 Pen. Juv.            418          741           625           664       701         653      83      123          95
 Total                1732         2063         1450          1641       1687       1259     480      475         489
 Promedio             157          188           176           149       153         152      ---     ---          ---

                 Notas:* Para los datos 2006-2007 se consideró un período de 11 meses, para
                        el 2008 se utilizó un período de 8.25 meses.

                        ** Los datos que se consignaron para el III trimestre del 2008, son
                         preliminares de la Sección de Estadística.

                                  *** Dato suministrado por la Asistente Judicial 2 del despacho
                            en estudio.
                            Fuente: Sección de Estadística.


                                   Del cuadro anterior se desprende que a nivel de
                            promedios de casos entrados, entre el 2006 y el 2007 se nota un
                            aumento que se ubica aproximadamente en un 16.48%, mientras
                            que para el período analizado del 2008 en comparación con el
                            año anterior se identifica una disminución de un 6.38%,
                            resultado que no se considera representativa a efectos de
                            variación en la carga de trabajo.

                                 Si bien es cierto se presentan diferencias en la variable de
                            casos entrados entre los períodos analizados, se estima que no
                            llegan a causar una inestabilidad del despacho que no pueda ser
                            atendida con el personal asignado, ya que la diferencia entre el
                            2006 y 2007 es de 31 casos a nivel de promedios, lo que
                            representa a lo sumo tres casos más por mes.

                                 Para el período del 2008, todo parece indicar que existe una
                            tendencia muy similar a la presentada en el 2007, con un
                            promedio mensual de 176 asuntos ingresados, sean 12 casos
                            menos en relación al año anterior.

                                  De mantenerse las condiciones presentadas para el 2008 y
                            aplicando la nueva distribución de trabajo propuesta (50% para
                            cada Jueza), cada uno de estos puestos estaría atendiendo en
                            promedio mensual aproximadamente 88 casos, que comprenden
                            la materia de Familia, Segunda Instancia y Penal Juvenil.

                                  Para el caso de las variables de casos terminados y
                            circulante durante los períodos analizados, se visualiza que la
                            tendencia es a mantenerse estables en un rango de 149 a 153 los
                  casos terminados al mes. En este sentido, el despacho analizado
                  no parece haber presentado problemas en sus niveles de
                  rendimiento, a pesar de las diferencias de criterio y de relaciones
                  interpersonales que tenían las anteriores juezas a cargo del
                  despacho.

                        A nivel del personal de apoyo igualmente se presentó un
                  cambio en la distribución de la carga de trabajo. Si se toma como
                  supuesto que las condiciones presentadas se mantienen durante
                  el período del 2008, los auxiliares judiciales tendrían la siguiente
                  carga de trabajo:

                                          Cuadro N°2
                     Promedio Mensual de Asuntos Entrados y Circulante
                   Promedio por Auxiliar Judicial en el Juzgado de Familia y
                    Penal Juvenil de la Zona Atlántica durante los primeros
                                     nueve meses del 2008.

       Materias        N° de Aux. Jud.     Entrada a setiembre-       Circulante      Promedios mensual por Aux Jud
                                                   08                                   Entrados          Circ.
 Familia                     3.5                   610                   374               21             112
2da Instancia                                      215                    20
 Penal Juvenil                1                    625                    95               76             95

                        Nota: Los cálculos se basan en un promedio de 8.25 meses. Se
                  considera la plaza de intérprete, medio tiempo.
                        No se toma en consideración la cantidad de circulante en segunda
                  instancia.
                        Fuente: Sección de Estadística, Relación de Puestos 2008 y consulta al
                  despacho.

                         Antes de analizar el cuadro anterior, es importante
                  mencionar que el despacho cuenta con cuatro plazas de Auxiliar
                  Judicial 2, la plaza de Intérprete para las oficinas que se
                  considera medio tiempo y una plaza de Asistente Judicial, la cual
                  no tiene a su cargo labores de tramitación actualmente. El puesto
                  de Auxiliar de Servicios Generales 2 colabora en algunos casos
                  con la tramitación de asuntos (lo menos complejo o bien
                  comisiones) y en la atención de público en los momentos que se
                  pueda.

                        De la información anterior se desprende que en la variable
                  circulante los promedios por Auxiliar Judicial muestran
                  diferencias que se ubican en promedio en 17 asuntos, siendo la
                  materia de Familia la que más volumen refleja. Aún así, la
                  diferencia en el circulante activo no se considera significativa
                  para considerar que existe un recargo en uno de esos puestos
              A nivel de los asuntos entrados, se nota una diferencia
        significativa, ya que en promedio general cada Auxiliar Judicial
        que atiende Familia y segunda instancia, tramita alrededor de 21
        casos al mes, mientras que la Auxiliar Judicial que atiende Penal
        Juvenil atiende en promedio 76 asuntos nuevos al mes.

              Si bien es cierto se tiene conocimiento que más del 50% de
        las causas de Penal Juvenil se desestiman (trámite menos
        complejo), siempre estos asuntos requieren de un proceso de
        tramitación que conlleva tiempo y seguimiento, sea realizar
        indagatorias, solicitud de dictámenes, hacer carátulas, armar y
        folear expedientes, entre otras cosas.

              Sobre este punto en particular, la Licda. Leiva Díaz
        menciona que efectivamente esos son los datos estadísticos que
        se reportan del sistema informático, pero que en la realidad el
        promedio de casos entrados en Penal Juvenil no es la cantidad
        que tiene a cargo la Auxiliar Judicial que tramita esa materia, ya
        que como se mencionó anteriormente más del 50% de las causas
        que ingresan se desestiman mediante el sistema de
        ―desestimaciones masivas‖, proceso en el cual no se involucra a
        la Auxiliar Judicial solo al Asistente Judicial.

              Sin embargo, ante lo expuesto la Licda. Leiva Diaz indicó
        que se reunirá nuevamente con el personal de apoyo para valorar
        la distribución de trabajo y que en el caso particular de Penal
        Juvenil se incorporará tiempo de la plaza de Intérprete para que
        atienda el circulante pasivo de Penal Juvenil y de esta manera
        disminuir la carga de trabajo de la Auxiliar Judicial que tramita
        esta materia. Igualmente se mantendrá en un monitoreo
        constante de la carga de trabajo que refleje esta materia a fin de
        evitar que en un momento dado se presenten atrasos en la
        tramitación y que aprovechará en todo momento la ayuda que
        constantemente les presta la Unidad Administrativa con el
        personal de apoyo supernumerario y destacarlo en esta materia.

              Como parte de las alternativas que también se pueden
        adoptar para el trámite de Penal Juvenil es que se cuente con el
        soporte de la Asistente Judicial 2, esto debido a que cuando se
        incorporó esta figura dentro de los despachos judiciales, se
        dispuso que en aquellas oficinas en que el total del personal
        ordinario fuera menor o igual a veinticinco servidores judiciales,
        el Asistente Judicial puede asumir al menos un 50% de la carga
        de trabajo que tenga un Auxiliar Judicial([2]).
[2]
  Información que se desprende del informe realizado por el Departamento de Planificación
N°155-DO-2003 y del acuerdo de Corte Plena del 16 de mayo del 2005, artículo XVIII.
              Según las consultas realizadas a varios despachos
        homólogos del país, la tramitación de la materia Penal Juvenil es
        atendida por dos o más auxiliares judiciales, donde se incluye al
        Asistente Judicial como parte del proceso de tramitación de las
        materias, obteniendo resultados positivos en el sentido que no se
        presentan inconvenientes en la tramitación de esta materia, o
        bien retrasos en el servicio al usuario/a.

              Por otra parte, tal como lo han informando diferentes
        medios de comunicación en el país, recientemente la Provincia
        de Limón ha venido presentado un mayor número de casos con
        violencia que involucran a menores de edad con drogas, atracos
        y otros, que incluso pertenecen a grupos familiares con este tipo
        de conductas. Esto es una variable a tomar en consideración a lo
        interno del despacho a fin de que no se presenten problemas o
        atrasos por un incremento significativo en el trámite de Penal
        Juvenil.

             Además, debe tenerse presente el carácter sumario y la
        inmediatez que en ocasiones exigen los casos de Penal Juvenil
        (casos de reo preso y los plazos para resolver las gestiones, por
        ejemplo), así como las eventuales limitaciones en la capacidad
        de respuesta ante incrementos en los niveles de ingreso de esa
        materia.

              Según comentó la Licda. Leiva Díaz, se han incrementado
        recientemente el número de allanamientos a los que deben asistir
        en conjunto con el Ministerio Público y la Defensa Pública,
        incluso casos en que al ser simultáneos requieren de la presencia
        de las dos juezas.

              III.- Otros aspectos de consideración

              En diferentes oportunidades para la formulación del
        presupuesto del Poder Judicial, el Juzgado de Familia y Penal
        Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, ha solicitado
        que se analice la posibilidad de separar y especializar la atención
        de las materias que actualmente conoce.

             Sin embargo, mediante estudios realizados por el
        Departamento de Planificación([3]), no se ha recomendado esa
        especialización debido a factores estadísticos (cargas de trabajo
        en comparación con otros despachos homólogos) no se llega a
[3]
   Informes 051-PLA-DO-2005, 058-PLA-DO-2006, 006-PLA-DO-2007, 079-PLA-DO-2008
elaborados por la Sección de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación.
alcanzar los niveles que evidencien la necesidad de la
separación.
     No obstante, al momento de la visita realizada se pudo
determinar que existen otros elementos no solo a nivel
cuantitativo sino también de orden cualitativo que pueden ser
tomados en su momento en consideración para valorar esa
necesidad planteada como son las visitas que están realizando a
las comunidades indígenas y la competencia territorial que va
desde Matina hasta el Valle de la Estrella.

      Por lo anterior, es conveniente que en los próximos
ejercicios que se realicen para el análisis de la especialización se
valore este tipo de variables.

     IV.- Conclusiones

     Después del análisis y la visita realizada al Juzgado de
Familia y Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona
Atlántica, se concluye lo siguiente:

      1.     Uno de los problemas que presentaba el despacho en
estudio se relacionaba con la diferencia de criterios que tenían
las anteriores juezas a cargo del juzgado en cuanto a la
distribución de las cargas de trabajo en la materia de Familia y
Penal Juvenil. Al darse el cambio por mutuo acuerdo a partir de
agosto del presente año, las nuevas profesionales atienden cada
una de ellas el 50% de los casos que ingresan en ambas materias,
situación que viene a subsanar la problemática presentada en su
oportunidad.

      2.     El personal de apoyo igualmente experimentó
cambios en la distribución del trabajo. El principal hallazgo que
se encontró y que se considera como un punto que puede generar
problemas en el corto plazo en el servicio y atención al/la
usuario/a, es que existe un único Auxiliar Judicial en el trámite
de la materia Penal Juvenil, el cual no sólo debe atender los
casos que ingresan con su circulante activo, sino también darle
seguimiento a aquellas causas con suspensión de proceso a
prueba, rebeldías, ausencias y otros que forman parte de un
circulante pasivo, además de las otras labores como el asistir a
debates, realizar giras a localidades de la provincia, entre otras
cosas. Sin embargo, esta situación será valorada nuevamente
mediante una reunión con el personal de apoyo y proponer una
redistribución de las cargas de trabajo para incorporar más
personal ocasional en el trámite de esta materia.
     3. Al momento de realizar los estudios de especialización
de este Juzgado es conveniente que se analice el trabajo que
viene desarrollando con las visitas a las comunidades indígenas y
la competencia territorial, así como aspectos culturales de la
zona, entre otros puntos.

     V. Recomendaciones

En virtud de las conclusiones a las que se arribó en la presente
evaluación, se formulan las siguientes recomendaciones.

     1.      Continuar la distribución de trabajo a nivel del
personal profesional implementado por las nuevas juezas
asignadas a ese despacho, ya que permite mantener una equidad
en el volumen de trabajo que cada Jueza atiende y de esta
manera evitar que se generen problemas por diferencias en las
cargas de trabajo que atienden.

      2.     Que las juezas del despacho en conjunto con el
personal de apoyo se reúnan y valoren la posibilidad de apoyar
mediante una redistribución de la carga de trabajo el trámite de
la materia Penal Juvenil a fin de que no esté a cargo de un solo
Auxiliar Judicial. Parte de las sugerencias es que la plaza de
Intérprete colabore tal como lo hacía tiempo atrás o que el puesto
de Asistente Judicial 2 igualmente apoye las labores de
tramitación en esa materia, debido a que parte de las labores de
este último puesto, según se detallan en el Manual Descriptivo
de Labores del Departamento de Personal.

      3.    Para los próximos estudios de especialización que se
practiquen en este despacho se valoren, entre otros puntos, las
visitas que están realizando a las comunidades indígenas y la
competencia territorial.

    Del análisis anterior desarrollado por el Departamento de
Planificación con respecto a la distribución de la carga de trabajo
entre las juezas del Juzgado de Familia y Penal Juvenil del I
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, llama la atención de este
Consejo los siguientes aspectos:

1.- Los inconvenientes que existían en el despacho, con respecto
a la distribución equitativa de cargas de trabajo entre las materias
de familia y penal juvenil, de acuerdo con los resultados que
revela el estudio del Departamento de Planificación se debían
fundamentalmente a las diferencias de criterio que prevalecían
entre las administradoras de justicia que ocupaban esos puestos
       hasta antes del mes de agosto del año 2008, prueba de ello es que
       con solo los cambios experimentados a nivel de personal
       profesional, se solventó la problemática que giraba en torno al
       tema de cargas de trabajo.
       Para este Consejo resulta razonable la solución propuesta por las
       dos juezas que recientemente se incorporaron a asumir sus
       funciones en el despacho en el sentido de hacerse cargo en forma
       equitativa y proporcional del circulante con que opera la oficina
       en las dos materias tratadas, cada una asumiendo el 50% de las
       cargas de trabajo.

       2.- En cuanto al manejo de las cargas de trabajo por parte del
       personal de apoyo, los resultados del estudio del Departamento
       de Planificación, revelan que evidentemente existe una
       concentración y recargo de funciones en el único auxiliar judicial
       que atiende la materia penal juvenil, de ahí la importancia de que
       se solvente esta debilidad operativa del despacho en procura de
       un mejor y mas eficiente servicio público.‖
                                     -0-

      Por lo anterior se acordó: 1.) Tomar nota del Informe del

Departamento de Planificación N° 084-PLA-2009 referente a “la

distribución de la carga de trabajo entre las juezas del Juzgado de Familia

y Penal Juvenil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica”. 2.) Aprobar

las recomendaciones del Departamento de Planificación, en el sentido de

que se mantenga el sistema de distribución de trabajo implementado por las

juezas destacadas en el despacho en mención. 3.) La jueza coordinadora del

despacho deberá efectuar las gestiones a lo interno de la oficina a su cargo,

orientadas a implementar un sistema de redistribución de cargas de trabajo

a nivel del personal de apoyo, con la finalidad de que las labores no se

concentren en el puesto de auxiliar encargado de la materia penal juvenil,

en procura de mantener un adecuado funcionamiento tanto en la tramitación
de asuntos como en la atención de los usuarios. 4.) El Departamento de

Planificación   deberá    considerar    para   los    próximos     estudios   de

especialización en este despacho, además de las cargas de trabajo, otras

variables importantes como lo son: la competencia territorial y las visitas

que están realizando a las distintas comunidades indígenas de la región.

                            ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 12-09 celebrada el 17 de febrero del año en curso,

artículo XXIX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―En sesión Nº 06-09 celebrada el 22 de enero del año en
       curso, artículo VIII, se autorizó la concesión de permiso con
       goce de salario y sustitución, de conformidad con el artículo 44,
       párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a un ingeniero
       industrial para el Programa Poder Judicial-BID, por las fechas
       indicadas en dicho acuerdo, a fin de que realizara la revisión del
       "Rediseño de procesos en el Ministerio Público, la Defensa
       Pública y desarrollo, implantación e integración informática con
       Despachos Judiciales".

              La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, en oficio Nº 162-PLA-2009 de 3 de febrero en
       curso, expresó lo siguiente:

             ―En atención al oficio 711-09, que transcribe el acuerdo
       tomado por el Consejo Superior en sesión 06-09 celebrada el 22
       de enero recién pasado, artículo VIII, en el que se dispuso acoger
       la gestión realizada por la licenciada Sonia Navarro Solano,
       Directora del Programa Poder Judicial-BID, en el sentido de:
       ―1.) Autorizar el nombramiento de un ingeniero industrial en el
       Programa Poder Judicial-BID, por las fechas indicadas, a fin de
       que realice la revisión del ―Rediseño de procesos en el
       Ministerio Público, la Defensa Pública y desarrollo,
       implantación e integración informática con Despachos
       Judiciales‖. 2.) El Departamento de Planificación tomará nota de
       lo anterior, a fin de que asigne al profesional que colaborará con
       el citado proyecto.‖ Al respecto me permito externar lo
       siguiente:
     1.- Si se observa la calendarización remitida por la Unidad
Ejecutora a ese órgano superior, para la revisión de cada
producto entregable, se tiene que prácticamente desde abril hasta
setiembre de este año, se requeriría de ese profesional a tiempo
completo, de octubre a enero del 2010, se necesitaría de una a
dos semanas, y luego en marzo y junio del 2010 todo el mes, y
en abril y mayo dos semanas se tiene programado de una a dos
semanas en cada mes, que se necesitaría de sus labores. Se
desprende de lo anterior, que prácticamente sería de 14 meses el
tiempo en que se requiere de un profesional en Ingeniería
Industrial. Ahora, bien, la experiencia en la participación en este
tipo de proyectos, ha demostrado que por lo general el tiempo
consumido es mayor al que inicialmente se tiene programado.

      2.- Actualmente, el Departamento de Planificación cuenta
con tres Ingenieros Industriales, a saber:

           Dixon Li Morales: licenciado, propietario.
           Cristian Vizcaíno Mora, bachiller, interino.
Sustituye a Patricia Ballestero por permiso sin goce de salario
por seis meses, no tiene el requisito de licenciatura pero el
Consejo Superior autorizó su nombramiento por falta de
oferentes.

           Pablo Roldán Umaña, licenciado, interino en plaza
vacante

     Estos compañeros están realizando las siguientes labores:

     Dixon Li, se encuentra desarrollando la creación de un
Juzgado Modelo del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial
de San José, trabajo que se está realizando en estrecha
coordinación con el Magistrado don José Manuel Arroyo.

      Pablo Roldán, está efectuando un estudio de parámetros en
la materia Agraria y el desarrollo de la teoría de las 5 ―S‖
aplicada en los señalamientos de las audiencias.

      Cristian Vizcaíno, está dedicado a la propuesta de un
despacho modelo en materia Civil de mayor cuantía; y a la
introducción de la oralidad y el expediente electrónico en el
proceso ordinario de los juzgados civiles.

     3.- Por tanto, si se debe prescindir de uno de los Ingenieros
Industriales, irremediablemente los proyectos asignados se verán
suspendidos por el tiempo que conlleve el trabajo en la Unidad
        Ejecutora, con las implicaciones que esto produce. Por tal
        motivo, para no ocasionar el efecto indicado, se necesitaría que
        se conceda un permiso con goce de salario por el plazo que el
        Ingeniero Industrial esté dedicado a la revisión de productos de
        las empresas consultoras; no obstante, debe aclararse que de
        contar con autorización para sustituir al compañero Ingeniero
        con un permiso con goce de salario, la persona que sea nombrada
        no tendrá el conocimiento de la Institución ni la experiencia que
        se requiere para continuar los proyectos que hayan quedado
        inconclusos, por lo cual no solo partirá de cero, sino que además,
        deberá dársele un tiempo de inducción; lo anterior, se menciona,
        por cuanto ya se ha demostrado en ocasiones anteriores que a
        nivel institucional no se cuenta con este tipo de profesional y los
        que hay no tienen el requisito académico.

             4.-Lo anterior lo expongo con el fin de que el Consejo
        Superior valore esta situación y disponga lo pertinente en cuanto
        a la persona que se designe para que labore en la Unidad
        Ejecutora.‖

                                        -0-
                Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y
        reiterar a la máster Marta Asch Corrales, que la labor que se
        desarrolla en ese Departamento, cuanto la que se realizará en la
        contratación que se ha dado cuenta, con recursos del Proyecto
        Corte-BID, son estratégicos y fundamentales para el Poder
        Judicial, por que este Consejo en la sesión N° 06-09 del 22 de
        enero último, artículo VIII, dispuso que el permiso otorgado a un
        ingeniero industrial, lo es con goce de salario y sustitución,
        durante las fechas indicadas, a fin de que realice la revisión del
        "Rediseño de procesos en el Ministerio Público, la Defensa
        Pública y desarrollo, implantación e integración informática con
        Despachos Judiciales", productos que deben quedar ejecutados
        con el préstamo del BID en este año.‖
                                       -0-

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, en oficio Nº 272-PLA-2009 de 18 de ese mismo mes, expone

lo siguiente:

              ―Mediante oficio 1169-09 del 9 de febrero en curso, de
        esa Secretaría General, se comunicó que en el acuerdo tomado
        por el Consejo Superior en sesión 06-09, celebrada el 22 de
        enero del año en curso, artículo VIII, deberá leerse
correctamente la parte dispositiva, de la siguiente manera:

        “Se dispuso: … 1.) Autorizar la concesión de permiso
con goce de salario y sustitución, de conformidad con el artículo
44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial a un
ingeniero industrial para el Programa Poder Judicial-BID, por
las fechas indicadas, a fin de que realice la revisión del
“Rediseño de procesos en el Ministerio Público, la Defensa
Pública y desarrollo, implantación e integración informática
con Despachos Judiciales”. 2.) El Departamento de
Planificación tomará nota para lo que corresponda.”

       Según se desprende de las fechas indicadas por la Unidad
Ejecutora, para la revisión de los productos entregables de las
consultorías, en términos generales, se necesitaría de ese
Profesional, por espacio de nueve meses a tiempo completo y
cinco meses de una a dos semanas.

       Como se comprenderá, se hace sumamente difícil contar
con un Profesional por períodos de tiempo interrumpidos, ya que
le corresponde efectuar proyectos de cierta complejidad que
demandan su atención en forma continua; además, de que se
complicaría la sustitución, en vista de lo difícil que ya resulta
sustituir a un Ingeniero Industrial, asociado a que se dificulta que
un Profesional acepte nombramientos en forma discontinua,
dado el costo de oportunidad que ello representa.

       En vista de lo indicado, me permito solicitar a ese órgano
superior que el permiso con goce de salario otorgado a un
Ingeniero Industrial del Departamento, sea del 1° de abril
próximo, hasta el 15 de julio del 2010, para que se dedique a las
labores antes citadas.

       El compañero designado será el Ingeniero Pablo Roldán
Umaña, quien se encuentra nombrado en la plaza vacante N°
352549, del 05 de enero al 31 de marzo del 2009. Por lo anterior
también se solicita autorización para nombrar en forma interina
en esa plaza al Ingeniero Roldán Umaña, hasta el 15 de julio del
2010.

      Lo anterior de acuerdo a la consulta realizada al
Departamento de Personal, en vista de que no se puede hacer un
nombramiento por más de tres meses, según acuerdo del Consejo
Superior.‖
                               -0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar el

nombramiento del ingeniero Pablo Roldán Umaña, en el puesto N° 352549

a partir del 1° de abril y hasta el último día laboral del año en curso, para

que se dedique a las labores indicadas, por tratarse de un proyecto de

interés institucional.

      Los Departamentos de Personal y Planificación tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLV

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° EJ-DIR-043-2009 de 19 de febrero recién pasado, solicita lo

siguiente:

               ―La Escuela Judicial en coordinación con la Comisión de
        Accesibilidad y la Comisión de la Jurisdicción de Familia de la
        Corte Suprema de Justicia, han programado llevar a cabo la
        actividad académica, denominada: “Mesa redonda sobre el
        nuevo modelo en el tratamiento jurídico de la discapacidad”, la
        cual está dirigida a jueces y juezas de Familia y que se efectuará
        en la segunda audiencia del jueves 19 de marzo de 2009, en el
        Salón Multiusos del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

               La realización de dicha actividad, surge con motivo de la
        entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre
        los derechos de las personas con discapacidad (Mayo 2008),
        según la cual se debe potenciar el derecho de toda persona a
        llevar una vida independiente, decretando la incapacidad por
        actos, apartándose del modelo tradicional de incapacitar a la
        persona totalmente.

              Como panelistas de la actividad se contará con la
        presencia de las siguientes personas:
              1. Dr. Rodrigo Jiménez Sandoval, de ILANUD y
        experto en el tema de los derechos de las personas en condición
        de discapacidad, quien tratará el tema del modelo de la
       incapacitación por actos;
              2. Dra. Ginnete Campos Villalobos, psiquiatra forense,
       quien abordará el tema del peritaje forense y las diferencias que
       existen entre las personas en condición de discapacidad;
              3. Dr. Gilberth Armijo Sancho, Magistrado de la Sala
       Constitucional, quien disertará sobre el tema de la ciudadanía y
       su suspensión por la declaratoria de interdicción que dispone la
       Constitución Política (1949) frente a los derechos consagrados
       en la Convención (2008);
               4. Licda. Alejandra Monge Arias, representante de la
       Comisión de Accesibilidad, quien informará sobre los objetivos
       institucionales en el abordaje de este tema.
              Conforme lo anteriormente mencionado, se solicita al
       honorable Consejo Superior aprobar la realización de dicha
       actividad, así como la asistencia de los(as) funcionarios(as)
       judiciales que participarán como expositores(as) y asistentes,
       según lista adjunta, siempre y cuando no se afecte el servicio ni
       se interrumpan diligencias previamente programadas en sus
       respectivos despachos.

                          LISTA DE PARTICIPANTES

“Mesa redonda sobre el nuevo modelo en el tratamiento jurídico de la discapacidad”

                             NOMBRE Y DESPACHO
1.    Alberto Jiménez Mata, Juzgado de Familia de Cartago
2.    Alexis Vargas Soto, Tribunal de Familia
3.    Alinne Solano Ramírez, Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Hatillo
4.    Álvaro Ramírez Largaespada, Juzgado de Familia de Santa Cruz
5.    Ana Lorena Blanco Bonilla, Juzgado de Familia de Puntarenas
6.    Ana María Gutiérrez Calderón, Juzgado de Familia de Liberia
7.    Ana María Picado Brenes, Tribunal de Familia
8.    Betty Arrieta Barrientos, Juzgado de Familia de San Carlos
9.    Carlos Eduardo Leandro Solano, Juzgado de Familia de Alajuela
10.   Carlos Valverde Granados, Juzgado de Familia de Heredia
11.   Danilo Enrique Segura Mata, Juzgado Primero de Familia de San José
12.   Diego Benavides Sánchez, Tribunal de Familia
13.   Érika Leiva Díaz, Juzgado de Familia de Limón
14.   Eva Camacho Vargas, Juzgado Primero de Familia de San José
15.   Giselle Viales Flores, Juzgado de Familia de Guápiles
16.   Jorge Arturo Marchena Rosabal, Juzgado Segundo de Familia de San José
17.   Karol Vindas Calderón, Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José
18.   Luz Marina Solís Poveda, Juzgado de Familia de Desamparados
19.   Manuel Rodríguez Arroyo, Juzgado de Familia de Pérez Zeledón
20.   María Ester Brenes Villalobos, Escuela Judicial
21.   Marlene Castillo Prado, Juzgado Segundo de Familia de San José
22.   Mauren Solís Madrigal, Juzgado de Familia de Desamparados
23.   Mauricio Chacón Jiménez, Juzgado de Familia de Heredia
24.   Milagro Rojas Espinoza, Juzgado de Niñez y Adolescencia
25.   Nidia Sánchez Boschini, Tribunal de Familia
26.   Olga Marta Muñoz González, Tribunal de Familia
27.   Patricia Cordero García, Juzgado de Familia de Cartago
28.   Randall Esquivel Quirós, Tribunal de Familia
29.   Robert Camacho Villalobos, Escuela Judicial
30.   Rolando Soto Castro, Juzgado Primero de Familia de San José
31.   Ruth Mayela Morera Barboza, Juzgado de Familia de San Ramón
32.   Shirley Víquez Vargas, Juzgado de Familia de Nicoya
33.   Valeria Arce Ihabadjen, Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José
34.   Walter Alvarado Arias, Juzgado Segundo de Familia de San José
35.   Yerma Campos Calvo, Juzgado de Niñez y Adolescencia"
                                        -0-

      Se acordó: Acoger la parcialmente la                 solicitud anterior, en

consecuencia: 1) Aprobar la realización de la actividad académica

denominada "Mesa Redonda sobre el nuevo Modelo en el tratamiento

Jurídico de la Discapacidad", a realizarse 19 de marzo próximo, durante la

segunda audiencia, en el Salón Multiusos del edificio de la Corte Suprema

de Justicia, por videoconferencia, así como la participación de los

expositores y servidores judiciales que laboren en el Primer Circuito

Judicial de San José, lo anterior en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a cargo de quienes se autoriza

participar, lo cual implica que en caso de tener diligencias programadas no

podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberán

atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderán su

participación para conocerlo. 2) Para los servidores de la referida lista, que

laboren en otros circuitos judiciales se autoriza su participación, para lo

cual la Escuela Judicial y el Departamento de Tecnología de la
Información, coordinarán lo correspondiente para que la misma sea

transmitida por videoconferencia en los lugares en que se cuente con

equipos para ello, lo anterior en virtud de la importancia del tema y con el

fin de maximizar los recursos y extender la capacitación a todas las

regiones del país. 3) En los lugares en que no se pueda utilizar el sistema de

viodeconferencia los servidores de la lista indicada no podrán participar en

la Mesa Redonda. 4) A futuro deberá la Escuela Judicial realizar esfuerzos

para hacer uso de los medios tecnológicos para el aprovechamiento de la

capacitación a distancia. 5) Se deja constancia que el señor Presidente

Magistrado Mora, en uso de las facultades que le confiere el artículo 60,

inciso 22, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, autoriza al Magistrado

Gilberth Armijo Sancho, para que participe como expositor en dicho

evento.

      La Escuela Judicial, y los Departamentos de Personal y Tecnología

de la Información, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                            ARTÍCULO XLVI

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio Nº 179-DG-09 de 20 de febrero último,

comunicó lo siguiente:

              ―… me dirijo a ustedes con el interés de hacer de su
              estimable conocimiento, la última donación de equipo, que se
              recibiera como parte del Convenio existente entre el Gobierno de
              Costa Rica y la Embajada de Estados Unidos.

                     Como estos recursos son sumamente importantes y de
              gran ayuda para nuestra institución, les solicito de la manera más
              atenta la autorización debida, a fin de recibir de forma oficial
              dicho equipo, y se incluya en el Patrimonio del Poder Judicial.

                    Dado lo anterior, les detallo el listado del equipo que será
              asignado a la Sección de Fotografía y Audiovisuales del
              Laboratorio de Ciencias Forenses:




                                             -0-

             Se acordó: Aceptar y agradecer a la Embajada de los Estados

       Unidos de América, la donación del citado equipo.

             El Departamento de Proveeduría lo incluirá dentro del patrimonio del

       Poder Judicial. Se declara este acuerdo firme.

       TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                   ARTÍCULO XLVII

             El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

       Inspección Judicial, mediante correo electrónico recibido el 20 de febrero

       último, remitió el informe mensual de labores de ese Tribunal,

       correspondiente a enero último, que literalmente dice:

                                    INSPECCIÓN JUDICIAL

                                INFORME MENSUAL DE LABORES

MES ENERO                                                                  AÑO__________ AÑO 2009
                            I BALANCE GENERAL                                                                           II VOTOS EMITIDOS

                                                                                                                                                         TOTAL           37
Circulante al iniciar el
                                                                      641 Sin lugar............................................                                              4
mes.............................

Casos                                                                          Con
                                                                          78                                                                                                 4
entrados.............................................                          lugar............................................................


a) Quejas
                                                                          76 - Advertencia...............................................                                    1
directas.................................
b) Solicitudes de Corte
                                                                           0 - Amonestación escrita.................................                                         2
Plena................
c) Solicitudes Consejo
                                                                           0 - Suspensión................................................                                    0
Superior............
d) De
                                                                           2 - Revocatoria nombramiento........................                                              1
oficio..........................................
e)
                                                                           0
Otros...............................................
                                                                               Desestimar.....................................                                           25
Casos
                                                                          55 Archivar.........................................                                               0
terminados.........................................
Circulante al concluir el
                                                                      664 Rechazar de plano..........................                                                        4
mes..........................
a) En
                                                                      520 Elevar a conocimiento de Corte.......................                                              0
tramitación....................................
b) En otras
                                                                          57 Elevar a conocim. Consejo Sup.......................                                            0
instancias.............................
c)
                                                                          87 Otros..................................................................                         0
Suspendidos......................................
                                                                               IV CARGO - SANCION IMPUESTA A
               III TIPO DE FUNCIONARIO CONTRA
                                                                               LOS
                  EL QUE SE PRESENTA LA QUEJA                                  FUNCIONARIOS CONTRA LOS QUE

                                                        TOTAL MASC. FEME. SE DECLARO CON LUGAR LA QUEJA

1- Administrativo                                         1     1     0

2- Judicial                                               68    37   31                                    CARGO                                       SEXO      SANCION


                                                                                                                                                                  Amonest.
a) Conserje.........................                      1     0     1        Juez Violencia Doméstica                                                 M
                                                                                                                                                                   Esc.
                                                                                                                                                                  Amonest.
b) Aux. Judicial...................                       4     1     3        Juez Penal                                                               M
                                                                                                                                                                   Esc.
                                                                                                                                                                  Revocat.
c) Notificador.....................                       1     1     0        Agente de Protección                                                     M
                                                                                                                                                                   Nomb.
d) Fiscal Adjunto................                         0     0     0        Auxiliar Judicial                                                        M        Advertencia

e) Fiscal..............................                   0     0     0

f) Fisc. Auxiliar....................                     0     0     0

g) Def. Público....................                       0     0     0

h) Juez Tribunal...................                       7     3     4
i) Juez Penal........................            7    6    1

j) Juez May. Cuantía............                 20   14   6

k) Juez Men. Cuantía...........                  11   6    5

l) Juez Tránsito....................             0    0    0

m) Otro...............................           17   6    11


3- De investigación...............               5    5    0

4- Información Ignorada.......                   4

                                         TOTAL   78   43   31


                                                                -0-

                                Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior. Se declara

                  acuerdo firme.

                                                           ARTÍCULO XLVIII

                                Este Órgano Colegiado luego de analizado el asunto disciplinario

                  seguido contra el servidor Carlos Luis Elizondo Ilama, considera:

                                I. La resolución final es contradictoria, por cuanto el razonamiento

                  de fondo no tiene relación con la conclusión a la que arriba el Tribunal, ya

                  que por un lado se cuestiona la idoneidad del servidor para el puesto,

                  debido a las circunstancias y violencia que denota y por otro se califica la

                  falta como grave y le impone la sanción de 3 días de suspensión sin goce de

                  salario. En este sentido señala el Tribunal:

                                “En este sentido no debe perderse que se ha establecido un

                  comportamiento de violencia del denunciado, quien se desempeña como

                  agente policial del Organismo de Investigación Judicial, lo cual lleva a

                  naturales cuestionamientos sobre su idoneidad para el ejercicio de tan
delicado cargo. Precisamente, el espíritu del inciso 2) del artículo 28 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, se sustenta en la necesidad de que los

empleados judiciales mantengan el decoro y la corrección, no solo en el

ejercicio de sus funciones, sino también en su vida privada. El

comportamiento que nos es exigible, debe estar ajustado a la ley, a la ética

y a la moral, tanto en el ámbito público como en el privado. Si no son

cumplidos los valores institucionales, resulta afectada la esencia misma

del Poder Judicial y, con ello la del Estado, cuya buena imagen resulta

dañada ante el resto de ciudadanos, que esperan una actitud fuera de

tacha o duda, precisamente por la índole de los intereses en juego, en los

distintos asuntos de que se ocupa este Poder de la República.-“

      II. Analizados los hechos que tiene por acreditados el Tribunal, se

estima que conforme se ha resuelto en otros casos, tanto por parte de ese

Órgano Disciplinario, como del Consejo Superior, la sanción impuesta al

servidor resulta notoriamente más leve, que la impuesta en otros casos, en

los que incluso se ha impuesto al revocatoria del nombramiento, sobre

todo atendiendo a las funciones que tiene asignadas el servidor Carlos Luis

Elizondo. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se debe disponer la anulación

del acto administrativo, por existir un vicio grave del procedimiento y

además la sanción impuesta es muy leve, respecto a la aplicada en otros

casos. Por lo que el Tribunal de la Inspección Judicial debe emitir un nuevo
pronunciamiento, en que valore estos argumentos.

      Por mayoría, se acordó: Anular la resolución N° 954 -08 de las

catorce horas veinte minutos del once de diciembre de dos mil ocho, del

Tribunal de la Inspección Judicial, dictada contra Carlos Luis Elizondo

Ilama, y ordenar el reenvío para que haga un nuevo pronunciamiento

cumpliendo con el debido proceso.

      La Integrante Ana Cecilia Ching Vargas, vota por tomar nota del

informe rendido por Tribunal de la Inspección Judicial, porque considera

que no procede anular la resolución número 954-08 de las catorce horas

veinte minutos del 11 de diciembre del 2008, ya que estima que esta

resolución no es contradictoria, pues se consideró la falta como grave y por

eso se sancionó con suspensión y además, considera que la sanción

impuesta se ajusta a la gravedad de la falta cometida.

      Por su parte el licenciado Martínez Fernández, expone que después

de analizar de manera integral, tanto la resolución 954-08 cuanto la prueba

incorporada al expediente que se siguió contra el servidor Elizondo Ilama,

estima que con los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal de la

Inspección Judicial; en donde quedó expuesto que no se lograron

comprobar los extremos de la supuesta agresión física que sufrió la quejosa

por parte del encausado -partiendo también de las serias contradicciones

que esta ofreció en su diferentes relatos-, tanto en la vía jurisdiccional

cuanto en la que se sigue en esta sede, vota por tomar nota de lo resuelto
por ese Órgano; por no encontrar en la revisión elementos de juicio para

resolver en forma diferente a como este lo hizo; ya que encuentra que en la

valoración de los hechos se utilizaron en forma adecuada los principios de

la sana crítica y, de razonabilidad y proporcionalidad en la calificación de

la falta y en la sanción impuesta.

ASUNTOS VARIOS

                             ARTÍCULO XLIX

      En sesión N° 97-08 celebrada el 16 de diciembre del 2008, artículos

XLVIII, XLIX y L, respectivamente, se designó -entre otros- a la

licenciada Xinia Marín Calvo, como Juez 3 Suplente en los Juzgados de

Familia y Penal Juvenil, contra la Violencia Doméstica del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica y en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

      La máster Alexandra Madriz Sequeira, Profesional 2 de la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial, en correo electrónico de 20 de

febrero último, comunicó lo siguiente:

             ―Adjunto nota suscrita por la Licenciada Xinia Marín
       Calvo donde presenta renuncia a los cargos de juez suplente,
       para lo que remito el detalle de los nombramientos con la
       finalidad de que sean dejados sin efecto por parte del Consejo
       Superior.


                         #     CONSEJO              CONSEJO
     OFERENTE                                                           LUGAR
                      CÉDULA JUDICATURA             SUPERIOR
                                                                     JUZGADO
                                #37-08, 18-11-     #97-08, 16-12-
MARÍN CALVO                                                          FAMILIA   Y
                      7-094-277 08, art. XII Bis   08, art. XLVIII
XINIA                                                                PENAL   JUV.
                                                                     LIMÓN
                                                                   JUZGADO
                               #37-08, 18-11-     #97-08, 16-12-   VIOLENCIA
MARÍN CALVO
                     7-094-277 08, art. XII Bis   08, art. XLIX    DOMÉSTICA
XINIA
                                                                   LIMÓN

                                                                        JUZGADO
                               #37-08, 18-11-     #97-08, 16-12-
MARÍN CALVO                                                        FAMILIA    Y
                     7-094-277 08, art. XII Bis   08, art. L
XINIA                                                              PENAL    JUV.
                                                                   POCOCÍ

                                      -0-

      Se acordó: Aceptar la renuncia de la licenciada Xinia Marín Calvo,

como Jueza 3 Suplente en los Juzgados de Familia y Penal Juvenil del

Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y en el Juzgado

Contra la Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de la Zona

Atlántica, respectivamente, y excluirla de la lista de suplentes de esos

despachos.

      El Departamento de Personal, la Sección Administrativa de la

Carrera Judicial y los despachos interesados, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO L

      En sesión N° 88-08 celebrada el 18 de noviembre del 2008, artículo

XXVIII, se nombró como jueces 3 suplentes en los Juzgados Civiles del

Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, entre otros, al

licenciado Brayan Li Morales, a partir del 19 de ese mes.

      La máster Alexandra Madriz Sequeira, Profesional 2 de la Sección

Administrativa de la Carrera Judicial, en correo electrónico recibido el 20

de febrero último, comunicó lo siguiente:
               ―Adjunto nota suscrita por el Licenciado Brayan Li
       Morales donde renuncia al cargo de juez suplente en el Juzgado
       Civil del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona
       Atlántica, asimismo renuncia a los cargos en los Juzgados Civil
       y Trabajo de Nicoya y Santa Cruz, sin embargo, esos dos últimos
       nombramientos son únicamente propuestas que recientemente ha
       realizado el Consejo de la Judicatura por lo que serán tramitados
       ante esa instancia. Remito el detalle de los nombramientos con
       la finalidad de que sean dejados sin efecto por parte del Consejo
       Superior.

                                                 CONSEJO              CONSEJO
      OFERENTE               # CÉDULA                                                   LUGAR
                                               JUDICATURA             SUPERIOR
                                                                     #88-08 18-11-
                                                                                     JUZGADO CIVIL
LI MORALES BRAYAN               (…)         #35-08 04-11-08, art. IV    08, art.
                                                                                     LIMÓN
                                                                        XXVIII
                                                                     #88-08 18-11-
                                                                                     JUZGADO CIVIL
LI MORALES BRAYAN               (…)         #35-08 04-11-08, art. IV    08, art.
                                                                                     POCOCI‖
                                                                        XXVIII

     La citada nota literalmente dice:

              ―El suscrito Brayan Li Morales, (…), en mi condición de
       juez suplente, les manifiesto mi deseo de renunciar a las listas de
       suplencia de los siguientes despachos:

             Juzgado Civil de Limón
             Juzgado Civil de Pococí
             Juzgado Civil y Trabajo de Nicoya
             Juzgado Civil y Trabajo de Santa Cruz

              El motivo para tomar esta decisión, radica en aspectos
       meramente académicos. Por cuanto, en la actualidad me
       encuentro cursando el doctorado en la Universidad Escuela Libre
       de Derecho, situación que me impide, de momento, aceptar
       nombramientos fuera del Valle Central. Asimismo, por este
       mismo motivo, respetuosamente solicito no ser tomado en cuenta
       para propuestas como suplente en juzgados que se encuentren
       fuera del Valle Central.‖
                                      -0-

     Se acordó: 1.) Tomar nota de lo manifestado por la máster

Alexandra Madriz Sequeira. 2.) Aceptar la renuncia del licenciado Brayan

Li Morales como suplente al puesto de Juez 3 en los Juzgados Civiles del
Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y excluirlo de la

lista de suplentes de esos despachos.

      El Departamento de Personal, la Sección Administrativa de la

Carrera Judicial y el despacho interesado, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LI

      El señor Walter Ramírez Ramírez, Gerente – División de

Fiscalización Operativa y evaluativo de la Contraloría General de la

República, en correo electrónico enviado al señor Presidente, Magistrado

Mora, el 19 de febrero último, comunicó lo siguiente:

               ―Me resulta grato comunicarle que en el Diario Oficial
       ―La Gaceta‖ Nº 26 del 6 de febrero en curso, se publicaron las
       nuevas ―Normas de control interno para el Sector Público‖ (N-2-
       2009-CO-DFOE), las cuales responden al esfuerzo de
       actualización y simplificación de la normativa emitida por la
       Contraloría General de la República. Se trata de un documento
       con una estructura más sencilla que su predecesor, con
       enunciados generales que procuran la autodeterminación de las
       instituciones en materia de control interno, con un conocimiento
       de sus riesgos, sus oportunidades de mejora y sus capacidades, y
       sin perder de vista el ordenamiento que la rige.

               En concordancia con esta visión, y teniendo presente la
       experiencia que el sector público ha acumulado en materia de
       control interno, la emisión de estas normas trae consigo la
       derogación de otros cuerpos técnicos regulatorios que ya han
       cumplido su objetivo contribuyendo a una gestión ordenada y
       apegada a criterios de eficiencia, eficacia y legalidad, pero que
       en virtud de la evolución experimentada por la Administración
       Pública en general, deben dar paso a estándares que favorezcan
       una actuación proactiva de la administración con base en un
       criterio institucional y una cultura de control interno vigorizados,
       particularmente a través de los años recientes.

              Por otra parte, el 5 de febrero también se publicaron, en
       ―La Gaceta‖ Nº 25, las ―Normas de control interno para los
       sujetos privados que custodien o administren, por cualquier
       título, fondos públicos‖ (N-1-2009-CO-DFOE), las cuales
       reúnen estándares mínimos en respuesta a la disposición jurídica
       según la cual tales sujetos deben aplicar en su gestión los
       principios y las normas técnicas de control interno que al efecto
       emita la Contraloría General, y tienen presentes las diferencias
       de su naturaleza respecto de las instituciones públicas, así como
       la existencia de diversas regulaciones legales, contractuales,
       convencionales y de otro tipo, establecidas por el ordenamiento
       jurídico y por la administración que les trasladan fondos, las
       cuales deben observarse en la gestión respectiva. En ese sentido,
       esta normativa también debe ser considerada por las instituciones
       que confieren los recursos a esos sujetos privados.

              A fin de coadyuvar a una aplicación acertada de ambos
       cuerpos normativos en procura de sistemas de control interno
       efectivos, la Contraloría General emprenderá próximamente
       diversas actividades de divulgación y capacitación, para las
       diversas instituciones del Sector Público.

              Adjunto encontrará los archivos electrónicos de los
       documentos en referencia, lo cuales están disponibles en la
       dirección de Internet www.cgr.go.cr.‖
                                     -0-

      Por su parte el licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor

Judicial, en oficio Nº 131-AUD-2009 de 20 del febrero recién pasado,

manifestó lo siguiente:

               ―Con el fin de que por su medio lo haga del conocimiento
       del Consejo Superior, esta Auditoría considera de suma
       importancia comunicar que en La Gaceta N° 26 del 06 del
       presente mes, la Contraloría General de la República publicó la
       Resolución R-CO-9-2009, mediante la cual promulgó los
       documentos denominados ―Normas de control interno para el
       Sector Público” y “Normas de control interno para los
       sujetos privados que custodien o administren, por cualquier
       título, fondos públicos”, a la vez que modificó la redacción de
       algunas directrices relacionadas con el Sistema Específico de
       Valoración del Riesgo Institucional, así como de las Normas
       técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de
       información y otras directrices relacionadas.
        Las nuevas disposiciones que emite el órgano contralor
son producto del estudio y reflexión profunda de la normativa
que regula lo concerniente al control interno en el sector público
costarricense. Ha sido a través de la Ley General de Control
Interno, del Manual de normas generales de control interno para
la Contraloría General de la República y las entidades y órganos
sujetos a su fiscalización, entre otros documentos normativos,
que se ha logrado calar paulatinamente en las organizaciones,
sobre la importancia que reviste el sistema de control interno, de
tal manera que hoy en día se percibe como un proceso vital que
contribuye de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

       No obstante, el dinamismo de los mercados, de las
tecnologías de información y comunicaciones y de la sociedad
en general, genera nuevos retos y oportunidades, de tal manera
que es necesario actualizar periódicamente la normativa de
control interno para que responda de manera efectiva a la nueva
realidad que experimentan las organizaciones del sector público
costarricense.

       Respondiendo a esa responsabilidad, las nuevas
disposiciones vienen a sustituir o modificar disposiciones
anteriormente emitidas por el ente contralor, derogándose el
―Manual de normas generales de control interno para la
Contraloría General de la República y las entidades y
órganos sujetos a su fiscalización” vigente desde el año 2002.
No obstante, se establece que la administración activa contará
con un período máximo e improrrogable de un año a partir de la
publicación de la Resolución mencionada para realizar los
ajustes necesarios, a fin de incorporarla en su gestión. La
autoevaluación anual del sistema de control interno (SCI) que
realiza la Institución deberá verificar la implementación efectiva,
controlada y sostenida de esta normativa.

       Durante el periodo de ajuste para la implementación, se
mantendrá en aplicación el Manual de Normas Generales de
Control Interno antes mencionado, excepto que de previo al
vencimiento del periodo, la administración activa formalmente
dé por implementada esta nueva normativa.

       Las Normas de control interno para el Sector Público
comprende seis grupos de normas. El primero contempla las
regulaciones básicas, en tanto que las cinco restantes continúan
la asociación con los componentes funcionales del control
interno, a saber: ambiente de control, valoración del riesgo,
actividades de control, sistemas de información y seguimiento.

      Todas las normas se encuentran interrelacionadas y
regulan el cumplimiento del sistema de control interno, razón por
la cual deben observarse integralmente para la definición de
responsabilidades con respecto a dicho sistema por los diversos
miembros de la Institución.

       Del análisis del documento referido es importante resaltar
los siguientes aspectos:

        1. Se enfatiza la responsabilidad principal del jerarca y
titulares subordinados por el establecimiento, mantenimiento,
perfeccionamiento y evaluación del SCI; responsabilidad que se
amplía a todo funcionario por el diseño, implantación, operación
y fortalecimiento de los distintos componentes funcionales del
SCI (Normas 1.4 y 1.5 )

      2. Se establece el deber del jerarca y titulares
subordinados de disponer y ejecutar un proceso periódico,
formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el
funcionamiento, la evaluación y el perfeccionamiento del SCI.
(Norma 1.7)

       3. El deber del jerarca y titulares subordinados de
propiciar el fortalecimiento de la ética en los sistemas de gestión,
implantando medidas e instrumentos formales e informales que
conceptualicen y materialicen la filosofía, los enfoques, el
comportamiento y la gestión ética de la Institución. (Norma 2.3)

        4. Se establece como actividad fundamental la
definición, implantación, verificación y perfeccionamiento de un
proceso permanente y participativo de valoración del riesgo
institucional. (Norma 3.1)

       5. La obligatoriedad del jerarca y titulares
subordinados por diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las
políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a lograr
una seguridad razonable de la operación, continuidad,
fortalecimiento y seguimiento del SCI (Normas 4.1 y 6.1)

      6. La necesidad de obtener, procesar, generar y
comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la
información de la gestión institucional y otra de interés para el
cumplimiento de los objetivos de la organización (Norma 5.1)
              En vista de la necesidad de incorporar en la gestión del
       Poder Judicial las Normas de control interno para el Sector
       Público, esta Auditoría considera conveniente que la
       administración activa, a través de sus diferentes órganos,
       desarrolle una estrategia de implementación, que incorpore
       actividades de sensibilización, divulgación y capacitación entre
       los servidores y servidoras de la Institución, tomando en
       consideración las características y condiciones propias de la
       organización.

               Por otra parte, las Normas de control interno para los
       sujetos privados que custodien o administren, por cualquier
       título, fondos públicos, son de acatamiento obligatorio y deberán
       ser incorporadas por esas entidades en su gestión en un período
       máximo improrrogable de un año, a partir del 06 de febrero del
       presente año. Por lo anterior, se considera oportuno que dicha
       normativa sea comunicada a los órganos privados que reciban
       beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna,
       a efecto que observen su debido cumplimiento, según lo
       preceptuado por el artículo 4 de la Ley General de Control
       Interno.‖
                                     -0-

      Se dispuso: Tomar nota de las comunicaciones anteriores y hacerlas

de conocimiento de la Dirección Ejecutiva y de la Unidad de Control

Interno para que procedan a su cumplimiento. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO LII

      El señor Kenneth Rojas Trejos, Promotor Nacional de la Asociación

Roblealto pro Bienestar del Niño, en nota de 19 de febrero último, recibida

el 23 de ese mes, expresó:

             ―… Somos una organización privada sin fines de lucro y
       este año estamos cumpliendo 77 años de fundación. Nuestra
       misión desde 1932 ha sido atender, con el objetivo de mejora- su
       calidad de vida, a miles de niños y a sus familias, que viven con
       serios problemas socioeconómicos y requieren de apoyo y una
       atención especializada.

            En este año, así como lo hicimos en 1998 y en el 2003,
       deseamos solicitar su autorización para visitarles nuevamente. Es
       nuestro deseo dar a conocer la labor que realizamos por la niñez
       de nuestro país a su nuevo personal y también agradecer y
       motivar a los socios que ya están contribuyendo, para que
       aumenten su colaboración. Todo lo anterior a través de una
       charla de promoción. Contamos además, desde 1998 con la
       autorización de la Unidad de Deducciones para el rebajo
       automático de planilla.

             Creemos que es importante que las personas experimenten
       la satisfacción que da el ayudar a los más necesitados de nuestra
       sociedad; los niños y las niñas en condición de pobreza y en
       riesgo social.

             En nuestros programas los niños reciben una cobertura
       integral en salud, alimentación, educación, apoyo espiritual y
       tratamiento psicológico. En la actualidad atendemos a 650 niños,
       que van desde los nueve meses hasta los 12 años de edad;
       distribuidos en tres centros infantiles que están ubicados en el
       Gran Área Metropolitana. Además tenemos un Hogar temporal
       localizado en San José de la Montaña en Heredia, el que cuenta
       con una escuela especializada para niños con problemas de
       conducta y de aprendizaje.

            Asimismo, tenemos un Programa de Atención al
       Adolescente (PROAA) con la asistencia de aproximadamente
       100 jóvenes, a quienes apoyamos con becas de estudio y donde
       contamos con una psicóloga y una trabajadora social, que los
       atienden en las necesidades propias de su edad.‖
                                     -0-

      Se dispuso: 1) Acoger la solicitud anterior y autorizar a la referida

Asociación que realice la charla de promoción, para los fines indicados, por

lo que deberá coordinar lo pertinente con la Oficina de Protocolo y

Relaciones Públicas para su divulgación. 2) Autorizar para que en esa

charla se utilicen, si lo acepta la Asociación Roblealto, los medios de

videoconferencia con que cuenta el Poder Judicial y los despachos

judiciales permitan que sus servidores asistan a ella siempre y cuando no se
afecte el servicio público ni se suspendan audiencias ni debates

programados. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO LIII

      Las Integrantes Milena Conejo Aguilar y Lupita Chaves Cervantes,

solicitan adición de lo resuelto en sesión N° 17-08 celebrada el 4 de marzo

del 2008, artículo XLII, en que se tomó nota de la valoración médica

practicada a la servidora Hazel Quirós Soto, Auxiliar Supernumeraria de la

Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual se hizo

de su conocimiento y se archivaron las diligencias. Manifiestan, que

visitaron a doña Hazel, quien por su estado de salud acudió a la Comisión

de Accesibilidad, ya que el acuerdo fue omiso en cuanto a las medidas a

tomar por parte de la jefatura respecto a su puesto de trabajo, con el fin de

buscar acciones que le permitan disminuir el contacto con sustancias a las

cuales es alérgica, como polvo, ácaros, pelos de animales domésticos,

hongos y zacate. Además, debía continuar su control y tratamiento médico

especializado y ejecutar las medidas preventivas fuera de su lugar de

trabajo de acuerdo al criterio de sus médicos tratantes.

      Se acordó: Adicionar lo dispuesto en la sesión N° 17-08 celebrada el

4 de marzo del 2008, artículo XLII, en los siguientes términos: 1.) El

licenciado Fernando Retana Bejarano, Administrador del Segundo Circuito

Judicial de San José, con base en lo indicado por el dictamen médico

realizado a la servidora Hazel Quirós Soto, informará a este Consejo las
medidas preventivas adoptadas en las labores en que se desenvuelve doña

Hazel, con el fin de disminuir los síntomas de su padecimiento. 2.) Solicitar

al Departamento de Personal que valore la posibilidad de traslado de la

servidora Quirós Soto a otro despacho judicial, atendiendo las razones de

salud que presenta. 3.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Comisión

de Accesibilidad.

                              ARTÍCULO LIV

      En sesión N° 64-07 celebrada el 30 de agosto de 2007, artículo L, se

aprobaron las propuestas para la formulación de una política integral en

materia de Violencia Intrafamiliar para servidores del Poder Judicial.

      En relación con lo anterior, la máster Xinia Fernández Vargas,

Coordinadora del Área de Capacitación de la Secretaría Técnica de Género,

en oficio Nº 103-STG-2009 de 19 de febrero recién pasado, comunica lo

siguiente:

              ―... Por este medio someto a su estimable consideración,
       la posibilidad de que se divulgue con carácter de circular,
       algunas de las acciones derivadas de la ―Política de atención a
       víctimas de violencia doméstica que son empleadas(os)
       judiciales‖, aprobada por ese Consejo en el Acta Nº 64-07, del
       30 de agosto de 2007, artículo L. Para tal efecto, adjunto un
       borrador de propuesta de la misma.

              Esta solicitud responde al interés que el grupo de trabajo a
       cargo de la ejecución de la Política- coordinado por la Secretaría
       Técnica de Género-tiene en que se divulgue esta información y
       que las compañeras /os judiciales que viven situaciones de
       violencia doméstica conozcan y hagan uso de los recursos
       internos con que cuentan para su atención.

                                 CIRCULAR # ___
     ASUNTO: Política de atención a víctimas de violencia
doméstica que son empleadas(os) judiciales.

    A LOS DESPACHOS JUDICIALES, JEFATURAS,
SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES.

                    SE LES HACE SABER QUE:
       1.-) El Consejo Superior, en sesión Nº 64-07, celebrada el
30 de agosto de 2007, artículo L aprobó la propuesta de política
de atención a víctimas de violencia doméstica empleadas(os)
judiciales elaborada por el Departamento de personal a solicitud
de la Comisión de Género.

       2.-) La Política parte de la premisa de que la violencia en
cualquiera de sus formas: física, emocional, patrimonial o
sexual son formas indeseables de ejercicio del poder que tienen
graves consecuencias en la vida personal, social, familiar y
laboral de quienes la sufren, además de implicar un alto costo
económico por el impacto que tiene en la calidad de vida y el
rendimiento laboral.

       3.-) Define una serie de áreas de trabajo en la que están
involucradas, con responsabilidades específicas, diversas
instancias judiciales: Departamento de Trabajo Social y
Psicología, Servicio de salud para empleados(as) judiciales,
Prensa y Comunicación Organizacional, Proceso de gestión de la
capacitación del Departamento de Personal y Escuela Judicial.
La coordinación de la ejecución de la política y del equipo de
trabajo está a cargo de la Secretaría Técnica de Género.

       4.-) Durante el año y medio que tiene la política de
aprobada, se ha desarrollado una campaña información y
divulgación sobre la temática tanto con boletines en intranet
como impresos colocados en las pizarras informativas existentes
en los distintos despachos judiciales.

       5.-) Se inició la atención directa de las compañeras (os)
judiciales en las oficinas del Departamento de Trabajo Social y
Psicología de todo el país, en el Área de Trabajo social y
Psicología del servicio de salud para empleados (as) judiciales,
Oficina de atención a la víctima del Ministerio Público y área de
psicología del servicio de salud de Goicoechea.

      6.-) El Consejo Superior el 23 de abril del 2008, en la
sesión 30 artículo LII, aprobó el protocolo denominado
―Lineamientos de atención y referencia a empleadas (os)
judiciales víctimas de violencia‖ donde se establece el
procedimiento a seguir para que las compañeras accedan a los
servicios disponibles en la institución.

       7.-) Se ha iniciado el reporte estadístico independiente de
los casos atendidos por violencia doméstica en las instancias
señaladas en el punto cinco, información que es reportada
trimestralmente a la Secretaría de Género.

       8.-) Está por finalizarse el diagnóstico sobre prevalencia y
características de la violencia doméstica en las empleadas
judiciales cuyos resultados finales serán conocidos a corte plazo.
Para su elaboración se aplicó un cuestionario a 793 compañeras
de todos los circuitos judiciales y de los distintos ámbitos de
acción institucional.

       9.-) Se elaboró, junto con el Sub-proceso de Capacitación
del Departamento de Personal, un desplegable de bolsillo
llamado ―El amor no debe doler‖ mismo que fue entregado a
cada funcionaria y funcionario que labora en la institución.

       10.-) Se realizarán durante este año dos talleres de
sensibilización y capacitación dirigidos a compañeros judiciales
que abordará el tema del manejo del enojo.

       Para las compañeras y compañeros judiciales que
sufren violencia doméstica les instamos a que acudan a los
siguientes lugares:

       Las oficinas de Trabajo Social y Psicología de todos los
circuitos judiciales del país.

      Área de Trabajo Social y Psicología del Servicio de
Salud para Empleados(as) Judiciales de San José. Teléfonos:
2295-3926, 2295-3927, 2295-3928

      La Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio
Público. Teléfonos: 2295-4427, 2295-3565, 2295-4344, 2295-
3271.

       Área de Psicología de los Tribunales de Goicoechea.
Teléfono 2247-9321
       Las consultas pueden ser realizadas en forma personal o
telefónica.‖
                                     -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud de la Secretaría Técnica de Género,

en consecuencia, disponer la publicación de la siguiente circular, dirigida a

los despachos judiciales, jefaturas, servidoras y servidores judiciales:

                                “CIRCULAR # ___

            ASUNTO: Política de atención a víctimas de violencia
       doméstica que son empleadas(os) judiciales.

           A LOS DESPACHOS JUDICIALES, JEFATURAS,
       SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES.

                           SE LES HACE SABER QUE:
              1.-) El Consejo Superior, en sesión Nº 64-07, celebrada el
       30 de agosto de 2007, artículo L, aprobó la propuesta de política
       de atención a víctimas de violencia doméstica empleadas(os)
       judiciales elaborada por el Departamento de personal a solicitud
       de la Comisión de Género.

              2.-) La Política parte de la premisa de que la violencia en
       cualquiera de sus formas: física, emocional, patrimonial o
       sexual, son formas indeseables de ejercicio del poder que tienen
       graves consecuencias en la vida personal, social, familiar y
       laboral de quienes la sufren, además de implicar un alto costo
       económico por el impacto que tiene en la calidad de vida y el
       rendimiento laboral.

              3.-) Define una serie de áreas de trabajo en la que están
       involucradas, con responsabilidades específicas, diversas
       instancias judiciales: Departamento de Trabajo Social y
       Psicología, Servicio de salud para empleados(as) judiciales,
       Prensa y Comunicación Organizacional, Proceso de gestión de la
       capacitación del Departamento de Personal y Escuela Judicial.
       La coordinación de la ejecución de la política y del equipo de
       trabajo está a cargo de la Secretaría Técnica de Género.

              4.-) Durante el año y medio que tiene la política de
       aprobada, se ha desarrollado una campaña información y
       divulgación sobre la temática tanto con boletines en intranet
       como impresos colocados en las pizarras informativas existentes
       en los distintos despachos judiciales.
       5.-) Se inició la atención directa de las compañeras (os)
judiciales en las oficinas del Departamento de Trabajo Social y
Psicología de todo el país, en el Área de Trabajo social y
Psicología del servicio de salud para empleados (as) judiciales,
Oficina de atención a la víctima del Ministerio Público y área de
psicología del servicio de salud de Goicoechea.

       6.-) El Consejo Superior el 23 de abril del 2008, en la
sesión 30 artículo LII, aprobó el protocolo denominado
―Lineamientos de atención y referencia a empleadas (os)
judiciales víctimas de violencia‖ donde se establece el
procedimiento a seguir para que las compañeras accedan a los
servicios disponibles en la institución.

       7.-) Se ha iniciado el reporte estadístico independiente de
los casos atendidos por violencia doméstica en las instancias
señaladas en el punto cinco, información que es reportada
trimestralmente a la Secretaría de Género.

       8.-) Está por finalizarse el diagnóstico sobre prevalencia y
características de la violencia doméstica en las empleadas
judiciales cuyos resultados finales serán conocidos a corte plazo.
Para su elaboración se aplicó un cuestionario a 793 compañeras
de todos los circuitos judiciales y de los distintos ámbitos de
acción institucional.

       9.-) Se elaboró, junto con el Sub-proceso de Capacitación
del Departamento de Personal, un desplegable de bolsillo
llamado ―El amor no debe doler‖ mismo que fue entregado a
cada funcionaria y funcionario que labora en la institución.

       10.-) Se realizarán durante este año dos talleres de
sensibilización y capacitación dirigidos a compañeros judiciales
que abordará el tema del manejo del enojo.

       Para las compañeras y compañeros judiciales que
sufren violencia doméstica les instamos a que acudan a los
siguientes lugares:

       Las oficinas de Trabajo Social y Psicología de todos los
circuitos judiciales del país.

      Área de Trabajo Social y Psicología del Servicio de
Salud para Empleados(as) Judiciales de San José. Teléfonos:
2295-3926, 2295-3927, 2295-3928
             La Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio
       Público. Teléfonos: 2295-4427, 2295-3565, 2295-4344, 2295-
       3271.

              Área de Psicología de los Tribunales de Goicoechea.
       Teléfono 2247-9321
              Las consultas pueden ser realizadas en forma personal o
       telefónica.‖

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que

corresponda.

                             ARTÍCULO LV

     La Magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Sala Primera, en

nota de 23 de febrero último, hace de conocimiento de este Consejo, el

informe de labores 2008 de la Comisión de Accesibilidad y Subcomisiones

de Poblaciones en Condiciones de Vulnerabilidad.

      Se dispuso: 1) Tomar nota del informe de labores 2008 de la

Comisión de Accesibilidad y Subcomisiones de Poblaciones en

Condiciones de Vulnerabilidad y disponer su ubicación en la intranet para

conocimiento de las servidoras y los servidores judiciales. 2) Hacer de

conocimiento del Colegio de Abogados el informe mencionado.

      El Departamento de Tecnología de la Información tomará nota para

lo que corresponda.

                            ARTÍCULO LVI

      Este Consejo en sesión de Trabajo de Presupuesto 2009, acta N° 09-

08 del 16 de abril del 2008, artículo LXXXVI, tomó nota del informe 092
presentado   por   el   Departamento     de Planificación      y aprobó    la

recomendación de crear los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía de

Puntarenas y Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

      En sesión N° 01-09 celebrada el 6 de enero del año en curso, artículo

XXVI, dejó en suspenso la separación de materias en los Tribunales de

Trabajo de Menor Cuantía en los Circuitos Judiciales Primero de Alajuela y

la Zona Atlántica, Heredia, Cartago y Puntarenas, asimismo autorizó la

utilización de las plazas aprobadas en los actuales juzgados civiles y

laborales, en el entendido de que estas tendrán como prioridad la atención

de los asuntos laborales de menor cuantía y hasta tanto no se logre

determinar la carga de trabajo real y proyectada.

      La señora Annia Picado Mesén, Secretaria de Actas del Colegio de

Abogados de Costa Rica, en oficio N° JD-02-054-09 de 12 de febrero

último, comunicó lo siguiente:

              ―Para lo que corresponda les comunico que la Junta
       Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, en sesión
       ordinaria 05-09, celebrada el 09 de febrero 2009, conoció nota
       suscrita por la Licda. Belzerh Espinoza Cruz, Presidenta de la
       Filial de Abogados de la Región Caribe Norte, mediante la cual
       solicita a petición de un grupo de abogados de los cantones de
       Siquirres, Guácimo, Pococí y Sarapiquí, aprobar la confección y
       envío de una misiva, donde se solicite la creación de un Tribunal
       de Trabajo de Menor Cuantía Laboral para el II Circuito Judicial
       de la Zona Atlántica y que se implementen los juzgados
       especializados de cobro.

             Al respecto se aprobó lo siguiente:

             “ACUERDA 2009-05-031. Aprobar la confección y
       envío de una misiva al Consejo Superior del Poder Judicial,
       donde se solicite la creación de un Tribunal de Trabajo de
       Menor Cuantía Laboral, así como los juzgados de cobro
       especializado, para el II Circuito Judicial de la Zona
       Atlántica y que se implementen. Nueve votos. Plazo 15 días.
       Responsable: Presidencia.”

             El anterior acuerdo fue ratificado en la sesión 06-09,
       celebrada el 16 de febrero de 2009.‖
                                  -0-

      Se dispuso: Trasladar la solicitud de la Junta Directiva del Colegio

de Abogados al Departamento de Planificación para que analice la

viabilidad de crear un Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía en el Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, así como Juzgados Especializados

de Cobro.

                           ARTÍCULO LVII

      En sesión N° 03-09 celebrada el 13 de enero del año en curso,

artículo LXXXIV, se acordó reiterar al Fiscal General de la República,

jueces y al Director General del Organismo de Investigación Judicial, lo

dispuesto por este Consejo y comunicado mediante la circular N° 38-99

publicada en el Boletín Judicial N° 166 del 26 de agosto de 1999, para

disponer las medidas ahí señaladas, con el fin de continuar con el

descongestionamiento de las instalaciones del Depósito de Vehículos

Decomisados.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante

correo electrónico recibido el 24 de febrero último, remitió el correo

electrónico de ese día, suscrito por el licenciado Jorge William Calvo
Madrigal, Jefe del Depósito de Vehículos Decomisados, que literalmente

dice:

              ―… me permito informarle la situación del Depósito:

                     En la última semana y después del último informe
        presentado el 17-2-09, solamente han tenido salida definitiva 3
        vehículos y 3 motocicletas. Le reitero que el nivel de salidas
        definitivas ha caído considerablemente, Menos de un vehículo
        por día.

                    Hasta el día de hoy se encuentran decomisados 983
        vehículos, de los cuales 80 se encuentran a la orden del
        Departamento de Proveeduría. En el caso de las motocicletas se
        tienen un total de 487, de las cuales 63 están a la orden de
        Proveeduría.

              Sobre estos 80 carros el Depto de Proveeduría informó:

                En adición a correo que le envié anteriormente sobre este
        tema, le adjunto el detalle. La chatarra ya la vamos a donar la
        otra semana y en cuanto a las diferencias que se presentan en la
        cantidad ―Sin Valorar‖ que apunta el depósito, estamos
        solicitándoles los datos de los casos que no tenemos porque en
        buena medida los despachos omiten enviar la resolución o
        sentencia al Departamento.

              … le remito los datos de la situación de los vehículos y
        motocicletas que se encuentran en el Depósito de Vehículos
        Decomisados:

              Vehículos:

                            Chatarra              14
                            Regulares             11
                             Buenos               20
                           Sin Valorar            35
                              Total               80

               Cabe aclarar que de los vehículos en buen estado, 6 están
        en proceso (4 en Pericias Físicas, 1 para entregar la próxima
        semana y 1 en espera de que el Juzgado resuelva una situación
        con el carro)

              De    los    vehículos   sin   valorar,   nosotros   teníamos
conocimiento de 17, en vista de que el Depósito indicó que eran
más, se procedió a solicitarle a don Jorge nos facilitará copias de
las 18 faltantes.

      Motos

                   Chatarra              12
                   Regulares             0
                    Buenos               23
                  Sin Valorar            27
                     Total               62

       En el caso de las motos, también teníamos un faltante de
14 resoluciones u oficios que no teníamos conocimiento. Ya se
coordinó con el Depósito para que nos facilitaran las copias
respectivas.

       Giovanni está valorando tanto carros como motos, así
como ―otros‖ en esta semana, y varias instituciones fueron está
semana y hay tres más que irán la próxima semana para ver si
están interesados en la donación de algunos bienes.

       Además se programará una donación la próxima semana
para donar lo que está como chatarra.

           Tiene cita para hoy un vehículo y hay dos pendientes
de asignarle la cita, solamente.

           En las calles se tienen solamente ya 60 vehículos de
las casi 300 que había anteriormente. Quedan solamente tres
calles con vehículos y el área de inspecciones cuenta con solo 5
vehículos. El parqueo está totalmente limpio.

           En la nueva área asfaltada, fueron ubicados ya 60
autos y podría caber unos 10 más. Le reitero la posibilidad de
valorar asfaltar el resto del espacio físico de unos 1500 a 2000
metros cuadrados. Actualmente ahí se encuentran unos 20
vehículos, pero podría ubicarse (sic) más de 100. El terreno aquí
se encuentra en pésimo estado y el montacargas no circula y en
algunas ocasiones la grúa tampoco. Se está haciendo el trámite
para contratar este asfaltado.

           Quedan solo 4 autos pendientes de inspección
ocular, a uno de los cuales se le realizará el día de mañana.

           Estamos totalmente al día con al Unidad de
       Troquelados.

                  Se está trabajando con el Departamento de
       Proveeduría para la donación próximamente de 7 vehículos y 5
       motocicletas como chatarra.‖
                                   -0-

      Manifiesta la Integrante Milena Conejo Aguilar, que se podría

realizar alguna actividad con coordinadores de despachos penales y

analizar los diferentes supuestos de depósito judicial y comiso y hasta

redactar formatos de resoluciones para facilitar el cumplimiento de estas

labores, dadas las implicaciones que tiene en cuanto al costo tanto para el

usuario cuanto para la Administración.

      Se dispuso: 1) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada

Milena Conejo Aguilar. 2) Tener por rendido el informe del licenciado

Jorge Calvo Madrigal. 3) Solicitar al Departamento de Proveeduría que

proceda a la brevedad a la donación de los bienes que están a su orden con

esa finalidad. 4) Reiterar la circular N° 38-99 publicada en el Boletín

Judicial N° 166 del 26 de agosto de 1999, a los jueces y fiscales sobre el

deber de tomar las medidas y decisiones correspondientes para dar en

depósito los bienes así como ordenar el comiso, en los vehículos que están

a su orden, con el fin de evitar el congestionamiento del depósito y el daño

de esos bienes. 5) Solicitar a la Comisión de la Jurisdicción Penal que

valore la posibilidad de realizar alguna actividad en la que se capacite y

motive a los funcionarios responsables de ordenar el depósito de bienes en
comiso, especialmente de transporte, no solo a agilizar esos procedimientos

sino también a que tomen conciencia de la importancia de que esa decisión

sea oportuna, con el fin de evitar el deterioro de esos bienes y la eventual

responsabilidad en que podrían incurrir por esta causa.

                            ARTÍCULO LVIII

      El licenciado Juan Carlos Orozco Quirós, Asistente Jurídico interino

de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, con el visto

bueno del licenciado Alfredo Jones León y la licenciada Ana Patricia

Álvarez Mondragón, por su orden, Director Ejecutivo y Jefa de dicha

Sección, en nota de 19 de febrero último, solicitó lo siguiente:

              ―Conforme lo establecido en el artículo 137 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, me permito solicitar
       respetuosamente su autorización para modificar mi horario de
       trabajo los días lunes, miércoles y viernes comprendidos entre el
       09 de marzo y el 03 de junio del presente año, período que
       corresponde al primer semestre de lecciones en la Universidad
       de Costa Rica, donde curso el tercer año de la carrera de
       Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, como
       complemento a mis estudios en Derecho.

              Mi interés es modificar mi horario laboral estos tres días
       de la semana, de manera tal que pueda cumplir con mis
       obligaciones universitarias sin que ello implique desatender mis
       responsabilidades laborales.

              La necesidad de una modificación de este tipo, obedece a
       que además de los horarios durante la mañana que ofrece la
       Universidad, para los cursos que requiero aprobar este semestre,
       la otra opción, más acorde con mi horario laboral, es a partir de
       las 4:00 p.m. los días en cuestión, por lo que solicito se me
       permita modificar mi jornada laboral de modo que me presente a
       trabajar los días lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 4:00
       p.m., de manera tal que pueda asistir a lecciones con un margen
       de demora relativamente corto, lo cual no sucedería en caso de
       tener que retirarme de la oficina hasta las 4:30 p.m., hora en que
       incluso el tráfico vehicular dificulta el desplazamiento al centro
       de estudios.

              Tengo conocimiento de lo acordado por el Consejo
       Superior en Sesión número 63-05 de las ocho horas del dieciséis
       de agosto del dos mil cinco en su artículo XXVII, en el que se
       dispuso que los permisos para efectos de estudio se otorgarían
       sólo excepcionalmente, pero en consideración de que yo no
       requiero una disminución de la jornada laboral, sino solamente
       una modificación de horario, y tomando en cuenta que previas
       conversaciones con mis superiores, ha habido acuerdo en que
       una modificación como la que solicito no implicaría ningún
       perjuicio para la oficina o el desempeño de mis funciones,
       mucho agradeceré la ayuda que se me pueda brindar para
       continuar mi formación profesional.‖
                                     -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia autorizar al

licenciado Juan Carlos Orozco Quirós, para que los lunes, miércoles y

viernes del período comprendido entre el 9 de marzo y 3 de junio del año

en curso, ingrese a laborar a partir del las 7:00 a.m. a las 4:00 p.m.,a fin de

que asista a lecciones en la Universidad de Costa Rica, lo anterior por

considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés institucional los

estudios que él realiza. En el entendido que deberá reponer el tiempo que

ocupe en dichas labores, a fin de mantener el trabajo al día y sin que se

afecte sustancialmente el servicio público a su cargo. A esos efectos deberá

coordinar lo pertinente con la jefatura.

      Asimismo, comprobará el resultado final que obtenga en el

mencionado curso ante el Departamento de Personal.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jefatura, se da

porque esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la
ausencia temporal del citado servidor y no requiere de recurso humano

adicional.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO LIX

      La licenciada Priscilla Marín Leiva, Jueza Coordinadora interina del

Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal, en correo electrónico recibido

el 12 de febrero último, expresó lo siguiente:

             ―… El motivo de la presente es hacer de su conocimiento la
       siguiente situación. Mediante concurso número 30-2006 el
       Departamento de Personal –Gestión Humana- comunicó la
       apertura a concurso (valga la redundancia), para la plaza vacante
       de Auxiliar Judicial tres código 43981, la cual en teoría le
       pertenece al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial (sede
       Puriscal). En esta plaza fue nombrado en su oportunidad el
       compañero Marvin Jarquín Sancho (hoy Juez Contravencional
       de San Mateo).

            Mediante acuerdo de dicho Consejo, en Sesión 61-2000
       celebrada el 03 de agosto de 2000, artículo XXIII, las dos plazas
       del Tribunal Penal fueron reubicadas en el Juzgado Civil Trabajo
       y Familia de Puriscal por recomendación del Departamento de
       Planificación. Una de las plazas era ocupada por la señorita
       Yendry Gutiérrez Bermúdez, la cual a solicitud del Juzgado
       Contravencional y Menor Cuantía de este circuito y por
       recomendación también del Departamento de Planificación, fue
       cedida a partir del año 2002 y hasta la fecha se mantiene en este
       Juzgado, quedando la otra en este Despacho.

            A partir del año 2003 el compañero Marvin Jarquín Sancho
       quien era el propietario de la misma, empieza a ser nombrado
       como Juez interino hasta diciembre de 2005 en que se le nombra
       ya en propiedad y desde entonces esta plaza ha sido ocupada en
       forma interina e ininterrumpidamente por la compañera Silvia
       Mora Calderón quien tiene la propiedad en la plaza de Auxiliar
       de Servicios Generales 2 de este Juzgado. En el concurso supra
       indicado la señora Mora Calderón está legible con una nota de
       90.60.

            Actualmente en este Despacho existen además dos plazas
       de Auxiliar Judicial 2 que conjuntamente con la de Auxiliar
       Judicial 3, son las personas encargadas de tramitar, atender al
       público y tomar las denuncias de violencia doméstica y
       demandas en materia laboral (ordinarios, pensiones, riesgo, etc).
       Cuando alguna de las personas que las ocupan, toma vacaciones,
       permiso sin goce de salario o incapacidad, debido a que no existe
       en este momento y desde hace mucho tiempo meritorios o
       personal capacitado, no se les sustituye, llevando consigo a la
       acumulación del trabajo en las dos personas que quedan. Esto lo
       hago saber por cuanto según se nos ha informado por parte del
       Departamento de Gestión Humana, Reclutamiento y Selección,
       quienes desconocían que la plaza de Auxiliar Judicial 3 está
       reubicada en el Juzgado, no se va a confeccionar terna ya que no
       saben o desconocen a quien deben consultar la misma, esto
       porque no le pertenece al Juzgado Civil ni tampoco la persona
       que la ocupa se encuentra laborando en el Tribunal Penal para
       consultarle al Juez de dicha dependencia.

             Esto es preocupante ya que mediante acuerdo también de
       este Consejo y debido al incremento en la materia de Familia, se
       está consultando para nombrar en propiedad un Juez de Familia
       en la plaza que dejara vacante la Licenciada Ana Isabel Fallas
       Aguilar y si tomamos en cuenta lo anteriormente expuesto, no
       me parece conveniente para el Juzgado ―perder‖ esta plaza de
       Auxiliar. Por este motivo les solicito de forma muy respetuosa
       que de ser posible y antes de que el Departamento de Gestión
       Humana, Reclutamiento y Selección confeccione la terna para
       esta plaza se tome la decisión para que la misma sea ubicada en
       forma definitiva en este Despacho.‖
                                     -0-

      Con relación a la consulta realizada por la licenciada Marín Leiva, el

máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo

Organizacional, en correo que le enviara a la máster Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación el 23 de febrero de este año,

expresó:

            ―Estimada Doña Marta, de la revisión hecha se tiene que
       una de las dos plazas de Auxiliar Judicial 3 del antiguo Tribunal
       de Juicio de Puriscal, se designó ―indefinidamente‖ en el
       Juzgado Contravencional de la zona, tal como lo indica este
       acuerdo; en tanto, la otra plaza ha estado laborando en el
       Juzgado Civil, Laboral, Familia, Penal Juvenil y Violencia
       Doméstica de Puriscal desde el año 2000 (según recomendación
       de Planificación en el informe N° 155-DO-2000). Según se nota
       en nuestros estudios de plazas siempre se ha considerado dentro
       de la estructura de recurso humano del Juzgado de Puriscal, un
       total de 3,5 auxiliares judiciales (considerando al Auxiliar
       Judicial 3). Ver el resaltado en amarillo del informe. Pareciese
       que no hay acuerdo definitivo sobre el traslado.‖
                                        -0-

     Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1) Ubicar de

manera definitiva la plaza N° 43981 de Auxiliar Judicial 3 perteneciente al

Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José, sede Puriscal, en el

Juzgado Civil, Laboral y Familia de esa localidad, a partir del 16 de marzo

del año en curso.

     Los Departamentos de Personal y Planificación, tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO LX

      La licenciada Cecilia Sánchez Romero, Directora del Centro

Electrónico de Información Jurisprudencial, mediante correo electrónico

enviado el 20 de febrero último, presentó la siguiente gestión:

             ―… en virtud de que varios despachos están dictando sus
       sentencias de manera oral, y no se dispone del equipo adecuado
       para reproducir ni se han llevado a cabo los cambios necesarios,
       tanto desde el punto de vista tecnológico para desarrollar una
       programación que permita soportar este formato, como de las
       aplicaciones del sistema y del sitio web que integran el Sistema
       Costarricense de Información Jurisprudencial (SCIJ).
     Estas circunstancias, impiden en algunos casos ofrecer la
información que el usuario requiere y el servicio público que nos
corresponde brindar, se ve afectado.

      En este sentido, requerimos de la toma de varias decisiones
que puedan facilitar nuestra labor y poder de esa manera
continuar ofreciendo el material clasificado, ordenado
sistemáticamente, titulado de conformidad con criterios técnicos,
así como sus respectivos enlaces con la legislación nacional.

     En primer lugar, debe establecerse cuál es el procedimiento
a seguir para publicar sentencias en audio o video, de forma tal
que se garantice también el acceso a la información a personas
con capacidades diferentes.

     Es indispensable definir los formatos que aseguren la
posibilidad de almacenar, publicar, transcribir y distribuir
sentencias en audio y vídeo, así como consultar estos fallos.

      Actualmente las sentencias que se publican en la Intranet y
en Internet por esta vía, no pueden ser guardadas por el usuario y
tampoco se ha establecido cómo puede hacerse entrega de las
mismas a quienes así lo demanden.

      Deben establecerse las condiciones de equipo, software,
ancho de banda, entre otros, con los que se debe contar para
garantizar facilidades de acceso y consulta tanto remota, a través
del sitio web, como la que se lleva a cabo en las instalaciones del
centro. Hasta ahora no contamos con ningún aditamento útil al
efecto.

     Debe analizarse el manejo de la protección de información
sensible, sobre todo cuando la sentencia es en vídeo.

      Recordemos que para facilitar el acceso a esta información,
los despachos que emitan sentencias en audio o vídeo deberán
asociar algún tipo de información, para que estas puedan ser
localizadas y publicadas, pues no basta con enviarlo por ese
medio a la base del CEIJ.; de manera que habrá que definir
entonces cuál será la información que deberán relacionar y quién
debe girar esa orientación.

     Por otra parte, el análisis de las sentencias se dificulta pues
requiere primero de una escucha general de la sentencia integral,
luego una identificación del tema de interés, y cortes que se
tendrán que hacer por tiempo.
            Todas estas razones nos llevan a plantear que, además de
       que es urgente definir los puntos expuestos, se considere la
       importancia de contar también con el texto escrito, a efecto de
       que los analistas puedan procesar esta información de la manera
       en que se ha venido haciendo, para no perder los enlaces con la
       doctrina, jurisprudencia y legislación, que es uno de los aportes
       más importantes del servicio que se ofrece.

             Tenemos claro que la oralidad es una herramienta de suma
       utilidad en muchos procesos y la divulgación de los fallos en
       audio y vídeo debe considerarse como una más de las
       posibilidades de difusión, pero teniendo claro que requiere de
       muchas adecuaciones y equipo necesario para ofrecerla de la
       mejor forma.

            Todas estas observaciones se han formulado al
       Departamento de Tecnología de la Información desde hace ya un
       año y sabemos que ellos han hecho algunas gestiones al respecto,
       pero hemos creído conveniente exponerlo ante ustedes, porque el
       tiempo va pasando y ya nos están llegando fallos por esa vía y no
       sabemos qué hacer con ellos.

            De antemano agradecemos la colaboración que puedan
       brindarnos, para ir aclarando este panorama y tomando las
       precauciones del caso.‖
                                     -0-

     Se acordó: Solicitar a la licenciada Cecilia Sánchez Romero, que

remita una propuesta a este Consejo sobre el procedimiento a seguir para

registrar y publicitar las sentencias que reciba en forma electrónica, las que,

por su especial naturaleza, requerirán una forma nueva y actual para ello.

                             ARTÍCULO LXI

      El máster Abel Jiménez Obando, en condición de Presidente de la

Asociación Costarricense de la Judicatura, en oficio Nº ACOJUD-PRES

10-09 de 23 de febrero último, manifestó lo siguiente:

             ―… por acuerdo de la Junta Directiva Nacional de la
Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y para el
estimable conocimiento del Consejo Superior del Poder Judicial
manifiesto lo siguiente:

      En el mes de diciembre del año anterior el Dr. Manuel
Rojas Salas, integrante del Tribunal Penal de San José, observó
que se habían colocado cortinas en varias oficinas del Ministerio
Público, a pesar de que había tenido conocimiento de que existe
una política institucional que impide la compra de cortinas.
Ante su consulta, a doña Vivian Chacón le confirmó la
existencia de tal política y agregó que en los casos en que se
requiere, la opción que se autoriza a las oficinas es el polarizado,
previo criterio del técnico de salud ocupacional.
Adicionalmente, doña Ana Eugenia Romero le respondió que las
cortinas que se colocaron en el Ministerio Público fueron
debidamente presupuestadas por esa dependencia y el trámite de
compra fue autorizado por la Dirección Ejecutiva, conforme lo
disponen la normas de ejecución presupuestaria, por lo que
nuestro asociado el señor Juez Rojas Salas desea saber si la
política ha variado, si es de aplicación uniforme tanto a jueces
como a fiscales y si existe la posibilidad de que se autorice la
compra de cortinas para las oficinas de los jueces del Tribunal
que él integra, ya que afirma que las que tienen se encuentran
sumamente deterioradas, lo cual afecta la imagen de la
Institución ante las personas usuarias externas e internas.

      La Junta Directiva de la ACOJUD considera que uno de los
puntos fundamentales que debe tener el aparato administrativo
del Poder Judicial, en el cual laboran muchas personas, es la
dignificación de la labor de las y los jueces, lamentablemente
casos como indica el Dr. Manuel Rojas Salas no habla muy bien
de la misión del área administrativa de nuestra Institución,
porque se desprende de la queja de nuestro asociado una
situación de desigualdad. Mientras en las oficinas de la Fiscalía
se instalan cortinas nuevas, ni siquiera se ha presupuestado suma
alguna para este artículo para la Judicatura Costarricense, es muy
lamentable tal situación, más al observar las fotografías que nos
adjuntó el Dr. Rojas se hace evidente la imperiosa necesidad de
que la administración nada más realice su labor y no que un Juez
de la República proceda a solicitar a diversas instancias
administrativas un cambio de un material de oficina que se
encuentra en deterioro.

     Por esta razón, en nombre de la ACOJUD solicitamos
respetuosamente al honorable Consejo Superior del Poder
Judicial que proceda a ordenar a la Dirección Ejecutiva de
       nuestra Institución la solución de este sencillo problema.‖
                                      -0-

      Se acordó: 1) Comunicar al máster Ábel Jimenez Obando que si

bien es cierto existen políticas generales sobre este tipo de compras, las

cortinas adquiridas para el Ministerio Público fueron presupuestadas con

antelación y por ese motivo se autorizó su instalación. 2) Remitir a la

Dirección Ejecutiva la gestión anterior para que analice el caso concreto y

disponga lo que corresponda.

                             ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 63-05 del 16 de agosto del 2005, artículo XLVI, se

conoció el informe Nº 026-CE-2005-B elaborado por la Sección de Control

y Evaluación del Departamento de Planificación y al respecto –entre otros

aspectos- se acordó:

             “… 3) Deberá el Departamento de Planificación realizar a
       la brevedad los estudios correspondientes para determinar los
       despachos en que serán reubicadas las plazas que se eliminan de
       la OCN, tomando en cuenta las necesidades que ya se han
       determinado en estudios anteriores. Hasta tanto no se conozca de
       ese informe, las plazas se mantendrán en la OCN del Primer
       Circuito Judicial de San José, cumpliendo con las labores tal
       como lo han hecho hasta ahora; sin embargo, la Jefatura deberá
       ir preparando un plan de trabajo para ajustarse a la nueva
       estructura.‖
                                      -0-

      Los servidores Steeven Paniagua Mora, Edwin Méndez Gómez, Luis

Vargas Mora, Rebeca Ruiz Sandí, Jonathan Blanco Gutiérrez, Paula Durán

Ballestero, Cristian Solís Esquivel, Héctor Retana Brenes, Marielos Rocha

Sevilla, Johan Castro Alfaro, servidores de la Oficina Centralizada de
Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 23 de

febrero último, manifestaron lo siguiente:

             ―Por medio de la presente los suscritos deseamos
       externarles nuestra preocupación por una información que está
       circulando de forma extraoficial, por lo que deseamos hacerles la
       respectiva consulta y que se aclare dicha situación.

             Con base en el artículo 136 de la Ley Orgánica del poder
       Judicial, el cual incisa en una de sus partes textualmente “... Si la
       plaza estuviere vacante, el nombramiento en propiedad no
       podrá diferirse por más de tres meses”. Para cumplir con este
       artículo se giró la circular N° 16-09 del Honorable Consejo
       Superior dada en la sesión N° 06-09 del 22 de enero del 2009,
       mediante la cual entre otras cosas se “concluyó que la
       realización de un proceso de selección y nombramiento
       mediante el sistema ordinario de ternas conllevaría un
       trámite de varios años con pocas probabilidades de éxito, el
       cual no llegaría a satisfacer ni las necesidades institucionales,
       ni a solucionar el problema de la inestabilidad de los
       servidores interinos” (el subrayado no es del original), por lo
       que por razones de urgencia y como medida de excepción se
       dispuso entre otros que el Departamento de Personal elaborara
       las nóminas con los participantes que cumplan con los requisitos
       establecidos en el Manual de Puestos. Sin embargo hemos
       escuchado que a los funcionarios de las Oficinas Centralizadas
       de Notificaciones del país nos quieren excluir de lo que se indica
       en la circular de marras, lo cual consideramos violenta el
       principio de igualdad, y nos crea una gran inestabilidad no solo
       económica sino que laboral y personal, ya que vemos como se
       nos quedan ciertos proyectos de nuestras vidas estancados.

             Por estudios que ha estado realizando el Departamento de
       Planificación se han congelado las plazas de notificadores, sin
       embargo consideramos que el tiempo que ha tenido dicho
       departamento desde que se crearon las oficinas centralizadas de
       notificaciones es demasiado, tomemos en cuenta que el
       compañero en plaza vacante y con menos tiempo nombrado es
       de diez meses al día de hoy, y el que más tiempo tiene es de dos
       años y ocho meses, incluso tenemos compañeros que estuvieron
       en plazas vacantes más de cuatro años, consideramos que no
       debe excluirse estos puestos , ya que tenemos la misma
       inestabilidad de que hace referencia dicha circular.

            Por último les indicamos que el departamento de
       planificación ha efectuado no menos de diez estudios en pocos
       años, lo cual nos asegura que el fin último y de organización
       debió considerarse oportunamente, sin causar perjuicio a quienes
       conformamos la fuerza laboral de esta institución.

             Además queremos dejar claro que la Jefatura de esta
       oficina nunca se ha opuesto a que se realicen las respectivas
       temas y nóminas para nombramientos en propiedad.

             PETITORIA: Se nos aclare si los nombramientos en
       propiedad para notificadores serán excluidos de la aplicación de
       la circular Nº 16-09 del Consejo Superior.

            NOTIFICACIONES: Se señala la Oficina Centralizada de
       Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José, Edificio
       de Tribunales, tercer piso.‖
                                     -0-

      Se acordó: Comunicar a los petentes que los nombramientos de

notificadores se encuentran suspendidos por disposición de este Consejo en

sesión celebrada 09-06 celebrada el 14 de febrero del 2006, artículo

XXXIX, en razón de las nuevas formas de notificación aprobadas por la

Ley de Notificaciones N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, asimismo

indicarles que al asumir esos puestos tenían conocimiento de la situación de

las plazas de notificación.

                              ARTÍCULO LXIII

      En sesión N° 12-09 celebrada el 17 de febrero recién pasado, artículo

XXXI, se tomó el acuerdo, cuya parte dispositiva literalmente dice:

             ―En sesión N° 97-08 celebrada el 16 de diciembre de 2008,
       artículo LXXXII, se tomó el acuerdo, cuya parte dispositiva
       literalmente dice:
             ―Se acordó: 1.- Tener por recibido el documento
       denominado ―Círculo de diálogo en el Cantón de Upala,
       Proyecto de Participación Ciudadana en el Poder Judicial‖,
elaborado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia (CONAMAJ). 2.- Hacer este
documento de conocimiento del Consejo de Administración del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, así como del señor Fiscal
General de la República, la Directora de la Defensa Pública, el
señor Director General del Organismo de Investigación Judicial,
para su análisis, con el fin de que planteen alternativas para
mejorar el servicio que se presta a esta comunidad. 3.- Hacer este
acuerdo de conocimiento de los despachos de la zona de Upala,
para su análisis por parte de todos los servidores judiciales que
laboran en la zona, en cada oficina mediante reunión con todo el
personal, por la importancia que tiene conocer la forma cómo
está percibiendo la comunidad el servicio que se presta, para que
se implementen acciones que modifiquen la mala percepción e
informen a este Consejo sobre las medidas que tomarán al
respecto. 4.- Poner en conocimiento este acuerdo del Tribunal de
la Inspección Judicial y de la Contraloría de Servicios, con el fin
de que se establezcan las acciones y visitas necesarias para dar
seguimiento al servicio que se presta en esta comunidad. 5.-
Solicitar a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia (CONAMAJ), que coadyuve con el
seguimiento correspondiente, a fin de poder determinar en un
tiempo razonable, su impacto y si operó una mejoría del
servicio.‖
                               -0-
       En relación con lo dispuesto en el acuerdo citado, el
licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo
de Investigación Judicial, en oficio N° 0109-DG-09 de 3 de
febrero en curso, expuso lo siguiente:

       ―En atención a su oficio N° 0567-09 referente al acuerdo
tomado en Sesión N° 97-08 celebrada el pasado 16 de diciembre
e incluido en su Artículo LXXXII, mediante el cual se
comunicaron los alcances obtenidos en el Círculo de Diálogo
realizado en el Cantón de Upala, como parte del Proyecto de
Participación Ciudadana del Poder Judicial; es interés del
suscrito hacer de su estimable conocimiento que esta Dirección
General comparte la preocupación y la necesidad expuesta por
los participantes en esa importante actividad, en torno a la
carencia de una dependencia regional de este Organismo en ese
Cantón.

       En virtud de lo anterior y de forma consecuente a los
esfuerzos realizados tiempo atrás por esta Dirección General y
que dieron como resultado la aprobación por parte de ese
honorable Consejo para que se gestione la apertura de una
       dependencia regional en Upala; me permito informarles que se
       coordinó lo necesario con la Administración de la zona a fin de
       que se ubique alguna infraestructura que reúna las condiciones
       idóneas que permitan recibir al personal del Organismo de
       Investigación Judicial que será destacado en ese importante
       Cantón, el cual se encuentra únicamente a la espera de que la
       Administración formalice el correspondiente contrato de
       arrendamiento, una vez que se disponga de dicho local.

              No omito indicar, según tiene conocimiento esta
       Dirección General, que las pocas alternativas que ofrece la zona
       para arrendamiento, han impedido la apertura de nuestra nueva
       sede regional, sin embargo, en cuanto el inconveniente sea
       solventado se implementarán de forma inmediata las acciones
       que permitirán atender todos los requerimientos expuestos por
       los vecinos, personeros de otras instituciones y representantes de
       los grupos organizados de la comunidad de Upala, a fin de que
       tengan acceso eficiente a la capacidad de respuesta que brinda
       nuestro Organismo.‖

                                     -0-

             Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe anterior. 2.)
       Solicitar a la Administración Regional del Segundo Circuito
       Judicial de Alajuela, que continúe prestando colaboración al
       personal del Organismo de Investigación Judicial, para lograr la
       apertura de la oficina que será destacada en el Cantón de Upala.
       3.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Comisión Nacional
       para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
       (CONAMAJ).
                                     -0-

      La licenciada Sandra Aguilar Araya, Jueza interina del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Upala, en oficio Nº 08-09-JU de 8

de febrero recién pasado, recibido el 16 de ese mes, manifestó lo siguiente:

             ―Para su estimable conocimiento y a fin de contestar el
       oficio número 0569-09, me permito exponer lo siguiente:

            Se puso en conocimiento de los compañeros auxiliares del
       Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala el
       acuerdo de Consejo Superior sesión Nº 97-08 celebrada el 26-
       12-08.
      Ante los puntos correspondientes al Juzgado que se
dialogaron en la reunión sobre el Proyecto de Participación
Ciudadana en el Poder Judicial en la zona del cantón de Upala,
ha surgido por parte de las funcionarias judiciales gran dolor al
saber lo que el usuario opina del servicio brindado, pues,
manifiestan que siempre se ha atendido al público de la manera
más atenta posible y se ha manejado los asuntos en total ámbito
de confidencialidad, niegan que exista fuga de información, ya
que de todos es sabido su deber de resguardar lo conocido ante
esta sede en vía pública o privada. Se trata al usuario de una
manera adecuada, sin embargo, siempre tienen éstos quejas
respecto al trato, los auxiliares ya no saben ni de que manera
atenderlos para que queden totalmente satisfechos, se les atiende
bien, se les evacuan las consultas, se les brinda un trato
respetuoso, aun así no quedan satisfechos y presentan este tipo
de quejas sin fundamento.

      Con referencia al punto discutido de falta de privacidad al
recibir las denuncias por violencia doméstica, se le da la razón,
pues el Juzgado no cuenta con infraestructura adecuada, a las
víctimas de violencia intra familiar se les atiende en el mostrador
y luego se les pasa a recibir la denuncia, la cual se toma a la vista
y paciencia de todos los usuarios (la ubicación de los escritorios
asignados a las auxiliares se encuentran frente al mostrador), ya
se ha solicitado a la Administración de los Tribunales de San
Carlos y a la Contraloría de Servicios de San Carlos, para que
nos brinden su colaboración para equipar tanto la estructura
física como equipo tecnológico, a fin de acondicionar una única
oficina destinada a la atención confidencial, sin embargo, a la
fecha no hemos tenido respuesta, y por la ubicación actual se
nos es imposible atender a los usuarios (as) de violencia
doméstica tal y como se debe y merecen, esta situación se
encuentra fuera de nuestro alcance, pues le corresponden a otros
funcionarios brindarnos los medios idóneos para ello.

      Al usuario se le atiende en el momento que ingresa al
despacho no espera varios minutos mucho menos horas, como se
indico en el resultado del informe, si los usuarios se presentan a
plantear una denuncia a demanda, podrán esperar en ocasiones
unos minutos debido a que la compañera encargada se encuentra
recibiendo otra denuncia, pues son tres compañeras las
encargadas de atender público, mismas que son las encargadas
de recibir las manifestaciones, denuncias y demandas, tanto en
materia de pensiones alimentarias como en materia laboral,
contravencional, tránsito y violencia doméstica, en ocasiones dos
de estas compañeras están recibiendo alguna denuncia y
solamente queda una para la atención del público o bien dos se
encuentran con la atención al público y la otra compañera se
encuentra en sus funciones de notificadora fuera del despacho
por lo que si llegan las denuncias solamente una es la encargada
de recibirlas, y por lo que si se presenta otra denuncia deberá
esperar el último usuario, esto no por negligencia del despacho
sino por falta de recurso humano y técnico, haciéndose
humanamente imposible poder atender simultáneamente dos
usuarios con el fin de que alguno de ellos no espere. Esto es
algo imposible, como en todo lugar y oficina se debe esperar su
correspondiente turno, y es en estos casos que únicamente se
hace esperar al público, razón que a la sana crítica y
entendimiento humano es atendible, pues, no estamos en la
obligación de hacer lo imposible.

      Al respecto, de falta de recurso humano la suscrita muy
respetuosamente a solicitado ante este Consejo, ante el
Departamento de Planificación y Departamento de Auditoria, la
autorización para la asignación de dos plazas de auxiliar judicial
y otra de juez, debido al gran circulante que se maneja en este
despacho, asimismo se ha solicitado la colaboración de los
Tribunales de Justicia de San Calos con respecto a un auxiliar
supernumerario, al Juez supernumerario y a un notificador, todo
esto con el fin de descongestionar en lo máximo la cantidad de
trabajo y disminuir el tiempo de respuesta en las gestiones
planteadas por los usuarios.

      Se indico además que a los demandados se les previene de
las órdenes de captura en pensiones alimentarias, siendo esto
falso, ya que por parte del personal auxiliar y de la suscrita jamás
se le ha indicado a los demandados que evadan su obligación de
pago, cosa que es muy diferente que al presentarse al despacho
los demandados soliciten ver su expediente y se enteren que la
actora firmo captura y que se encuentra vigente, además que la
resolución que ordena la captura es notificada en el lugar
señalado para el efecto, siendo todo esto parte del procedimiento
a aplicar y derechos de las partes. Por lo que los funcionarios no
incurren en falta o delito al cumplir fielmente con su obligación
laboral.

      Otros puntos ventilados no constan o no son parte a las
auxiliares ni a la suscrita como son los referentes a las
situaciones personales del juez que anteriormente se encontraba
cargo del despacho.

     Las conclusiones a las que se llego el día de la reunión por
parte de usuarias (os) a generado una alarma, una preocupación y
desconcierto por parte del personal, ya que manifiestan que son
comentarios y afirmaciones muy serias y sin fundamento
alguno. Que ponen en peligro la dignidad y fama individual de
cada una de las auxiliares tanto como personas en su ámbito
privado como en función de su puesto a nivel institucional.
Exteriorizan que más bien el mal trato se ha generado por parte
de algunas usuarias hacia el personal, que en varias ocasiones
han sido insultadas de palabras y gestos por parte de las personas
que vienen a solicitar algún servicio, que en el momento de
atenderlas se enojan y al no recibir la respuesta o fallo favorable
para su situación reaccionan de manera violenta y altanera.
Además exteriorizan su deseo y necesidad de contar con una
infraestructura física adecuada, toda vez, que la actual no es apta
para las labores nos encontramos en un hacinamiento,
visiblemente el lugar de trabajo no es agradable, se cuenta
ineficientemente con material de oficina, siendo urgente la
asignación de grapadoras, saca grapas, perforadoras, tijeras, una
adecuada ventilación (pues el lugar donde nos encontramos es
caluroso y los aires acondicionados que se encuentran asignados
no están en perfectas condiciones, tienen fugas de agua que
ocasionan barriales), existen fluorescentes quemados que
impiden una buena iluminación, faltan de escritorios y sillas (un
ejemplo de ésta carencia es el vivido por la compañera que
actualmente hace meritorio no cuenta con un lugar donde
sentarse y recibir denuncias o resolver el proveído, teniendo que
atender únicamente público no dándole el optimo uso a este
recurso, pues al contar con mobiliario la misma podrá sumarse al
rol de recepción de denuncias y agilizar el trámite o podrá
resolver ciertos trámites de proveído, asimismo el escritorio que
ocupa su servidora es uno asignado a la jueza conciliadora de
San Carlos, pues no cuenta con uno propio), las impresoras
asignadas son dos únicamente y tienen varios años y casi termina
su vida útil producen mucha contaminación sónica y son muy
lentas en su impresión, se necesita además una computadora para
la oficina que se proyecta para la recepción confidencial de
denuncias por violencia doméstica, la asignación de una
fotocopiadora, entre otras cosas que son de urgente asignación al
despacho y que no son solicitadas de manera antojadiza o
desproporcionada, sino, por carecer de las mismas y ser éstas
sumamente necesarias para brindar un excelente servicio al
usuario al cual nos debemos y cumplir con la aplicación de una
justicia pronta y cumplida.

     En virtud de las consideraciones hechas respetuosamente,
dejo por contestado el oficio referido y reitero a su estimable
       Consejo, las inquietudes y necesidades             del   Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía de Upala.‖
                                     -0-

      Asimismo, el licenciado Andrés Saborío Cascante, Juez Penal de

Upala, en correo electrónico de 18 de febrero último, comunicó:

             ―… Al tener el suscrito conocimiento del oficio antes
       recibido, sea el 17 de febrero del presentes, se le indicó al
       personal de este despacho acerca de si anteriormente habían
       dado lectura al mismo, siendo que al contestar positivamente, se
       convoco a una reunión donde se les explicó los alcances y
       pormenores del mismo. Así mismo siendo que no existió punto
       alguno donde se indique deficiencia alguna por parte de este
       despacho penal pues en su mayoría se refería a las dificultades
       que esta pasando la Fiscalía y el Juzgado Contravencional de
       Upala, el suscrito se avocó a tratar el acápite sobre las
       observaciones generales sobre el Poder Judicial. Así mismo se
       hizo una evaluación interna de esta oficina judicial por los
       miembros de este despacho con el fin de establecer alguna
       política de mejoramiento en cuanto al funcionamiento de este
       despacho.

            Acuerdos tomados.

            1) En cuanto a la atención del público la persona encargada
       deberá atender a la persona con amabilidad, con respeto y
       siempre en un corto período de tiempo. Haciéndola sentir
       importante y que vale la pena.

            2) Señalar los expedientes a audiencia preliminar con la
       mayor prontitud del caso, a fin de que la población sienta que los
       procesos tienen mayor prontitud.

            3) En audiencias preliminares promover por parte del Juez
       Penal la aplicación de medidas alternas al conflicto.

             4) Cualquier solicitud de las partes, ya sea telefónica o de
       cualquier trámite del proceso (ejm. sacar copias ) atenderla con
       prontitud, estando anuente a prestar cualquier colaboración del
       caso.

            5) Participar en cualquier actividad que se le invite al
       despacho, debiendo ir al menos una persona del personal de este
       despacho.
            6) Realizar reuniones mensuales con el personal con el fin
       de establecer el funcionamiento del despacho en general,
       implementando alguna medida que se considere necesario.
       Dejando el suscrito la puerta abierta de la oficina para cualquier
       inquietud del personal.

             7) Informar a las víctimas el motivo por el cual se ordeno la
       libertad del imputado. Estableciendo en palabras claras el por
       qué de la decisión tomada.

            8) En los levantamientos de cadáveres explicar con mayor
       detenimiento a las personas afectadas a posibilidad de que el
       Poder Judicial colabore con el regreso del cadáver.

             Siendo estas las soluciones aportadas, el personal se
       compromete a velar por el bien del Poder Judicial en la zona de
       Upala.‖
                                      -0-

      Por su parte, la licenciada Katherine Salazar Segura, Fiscal

Coordinadora de Upala, en correo electrónico recibido el 23 de febrero

citado, expreso:

             ―… informarle que como resultado de la reunión con la
       sociedad civil en la localidad de Upala con personeros del
       Conamaj, Ministerio Público, Fuerza Pública, Minae e
       Instituciones de Gobierno, el cual se puso en conocimiento
       mediante oficio número 568-09 de fecha 20 de febrero del 2009,
       de la Secretaría General de la Corte, a la fecha se han realizado
       dos reuniones con el personal de la Fiscalía Auxiliar de Upala,
       una reunión con la Fiscal Adjunta del II Circuito Judicial de
       Alajuela, y otra reunión con Fiscalía Adjunta- Fiscalía Adjunta
       de Delitos Sexuales, Fiscalía General de la República, y
       Administración del Ministerio Público, adoptándose las
       siguientes medidas:

             1.- Queja de la no participación de los fiscales en
       charlas, talleres y otros, y la manifestación sobre la necesidad
       de que la Fiscalía se integre a la red. Ya se nos envió
       invitación a la primera reunión de la Red de Violencia contra la
       mujer, en la cual se va a elaborar el plan de trabajo anual y el
       cronograma.- En la localidad existen hasta la fecha tres Redes, la
       de Violencia contra la mujer a la cual seguirá participando la
suscrita; la Red de Migrantes a la que participará la Licda.
Kathia Soto Hernández, Fiscal Auxiliar y la Junta Local de
Protección a la que participará la Licda. Mariela Barboza
Sánchez.-

      2.- Sobre la Fiscalía en relación al funcionamiento y la
eficacia: Los Fiscales Auxiliares procederemos a una revisión
completa de la denuncia al momento de su interposición, para
garantizarse que la víctima comprendió sus derechos, queden
debidamente informados y ante denuncias mal tomadas evitar
volver a citarlos. Se le indicó a todo el personal sobre el buen
trato que deben darle a los usuarios y tenerlos debidamente
informados del proceso, cuando hayan solicitado ser
comunicados; de igual forma con la circular de la Fiscalía
General en relación con el visto bueno de todas las resoluciones
que realicen los Fiscales Auxiliares se mejorará el
funcionamiento y eficacia de la labor que realizamos, para ello
una vez a la semana el Lic. Gustavo Rojas Gutiérrez, Fiscal de
Juicio de San Carlos se desplazará a esta localidad a revisarlas y
dar visto bueno.-

     3.- Sobre la infraestructura, servicio y sensibilidad

      Se procedió en el mes de enero del 2009 a cambiar los
escritorios de los auxiliares por modulares que se dividen uno del
otro con un panel, lo que brinda mayor privacidad, en el sentido
de que no existe contacto de un usuario con otro.
También se cambió el mostrador, dado que el anterior no
cumplía con la ley 7600.-

      Se acuerda que a partir del mes de febrero del 2009, el
administrador regional Alexander Matarrita Casanova coordinará
para ambientar un espacio físico de la Fiscalía, lo que se hará
con recursos del Ministerio Público y de lo cual tienen
conocimiento tanto la Licda Alba Campos Hernández encargada
del presupuesto, programa 929, IP-13 y el administrador de la
UAMP, Licdo Rodrigo Villegas. En dicho espacio se harán las
valoraciones psicosociales para que los menores y sus
encargados no se tengan que desplazar a San Carlos, sino que
sean la Psicóloga y trabajadora social quienes se desplacen a
Upala, para brindar un mejor servicio. También en dicha oficina
se recibirán las denuncias de los menores.

      El 13 de enero la Fiscal Adjunta Licda. Alba Campos
Hernández, con el fin de evitar la revictimización, y que todos
los Fiscales estén tramitando las causas por delitos sexuales y
violencia doméstica, designó a la suscrita como la Fiscal
encargada de los Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, por lo
que las causas que tramitaban la Licda. Soto Hernández y
Barboza Sánchez fueron distribuidas.

       En cuanto al robo de ganado se hizo ver que una de las
dificultades con las que contamos es que en la zona no hay
oficina del O.I.J., trabajamos con Cañas y en muchas ocasiones
ello hace que se atrasen o entorpezcan las investigaciones (son
casi 70 km de distancia, dos parejas de investigadores en horas
hábiles laborales, falta de vehiculo para desplazarse en muchos
casos, entre otros); asimismo la Licda. Lilliam Gómez, Fiscal
Adjunta de la Fiscalía General se comprometió a coordinar con
la Licda. Lilliana Zamora Velásquez, Fiscal Adjunta del I
Circuito Judicial de Guanacaste en lo que respecta al protocolo
de Robo de Ganado, ello por cuanto trabajan con O.I.J. de Cañas,
y es importante para tener unificación de actuaciones.

      Con el fin de minimizar el descontento de la población en
lo que respecta a un problema que aqueja a la población nacional
y que concierne a la libertad de los presos, se hizo conciencia en
los Fiscales que cuando se den los presupuestos para la
imposición de la prisión preventiva u otras medidas cautelares
deben de ser solicitadas; de igual forma la obligación que tienen
los fiscales de consultar el sistema penal, cuando existe reo
preso, para analizar reincidencia, dado que en muchas ocasiones
tenemos cambio de fiscal, expedientes contra un mismo
imputado lo tienen fiscales diferentes, y del sistema penal se
puede extraer el dato de cuantas causas tiene un imputado.
Además deben las fiscalas solicitar informes al O.I.J y Fuerza
Pública, para identificar reincidentes y así contar con mayores
elementos al momento de solicitar medidas cautelares.

      Sobre la Ley de Migración se hizo ver que son muy pocas
las denuncias que ingresan a nuestro despacho, ello por cuanto el
límite fronterizo de Upala con Nicaragua es un límite natural, el
Lago de Nicaragua, y en la parte territorial no hay Puestos de
Control, aunado a ello el mayor problema de migración se ha
detectado en Los Chiles.

      En cuanto a los delitos Ambientales, la falta de personal
capacitado del Minae, es de los principales problemas, pues son
ellos son los que se encargan de realizar las diligencias de
investigación e identificación de los imputados; O.I.J. no
investiga estos delitos.- Se ordenó solicitar a Fuerza Pública un
informe mensual de cuántos partes policiales son pasados al
        Minae para investigación, ello con el fin de tener un control
        cruzado.

             Además agregar que día a día se enfatiza en la importancia
        de dar un buen trato y servicio al usuario con el fin de eliminar la
        mala percepción que tiempo atrás dejaron funcionarios de este
        Despacho y que nos afecta hasta el momento.‖
                                             -0-

      Finalmente en facsímil de 23 de febrero recién pasado, el licenciado

Jorge Humberto Rodríguez Ugalde, Defensor Público de Upala, manifestó

lo siguiente:

             ―La presente es para comunicarles las medidas tomadas por
        la Defensa Pública de Upala, con respecto al oficio N° 0567-09,
        donde se transcribe una serie de quejas contra los diferentes
        despachos judiciales ubicados en el cantón de Upala.

              En cuanto a la Defensa Pública la única queja que se
        interpuso en ese momento fue que a las mujeres no se les
        informa, se van con daño y con miedo, pues no se les da la
        información. Están muy necesitadas de información sobre como
        defenderse. (Delia, Municipalidad).

              Las medidas tomadas por el suscrito y los demás
        funcionarios de este despacho judicial, son primero que todo
        hacer conciencia que el usuario debe ser atendido de la mejor
        forma, de manera que salgan del despacho con todas sus dudas
        evacuadas y que se sientan satisfechos con las labores brindadas
        para lograrlo se decidió que se le debe dar una mejor atención al
        público, también se realizaron boletines con una mejor
        información sobre las diferentes funciones que se realizan en la
        defensa pública, para que los usuarios lleven la información que
        se les explica en la oficina. Aunado a esto se van a llevar a cabo
        de la mejor manera todas las otras funciones que nos competen
        como funcionarios de la Defensa Pública.‖
                                          -0-

     Manifiesta la Integrante Lupita Chaves Cervantes, que junto con el

Magistrado Román Solís Zelaya y la licenciada Sara Castillo Vargas, en

carácter de Presidente y Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para
el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ)

respectivamente, convocaron a reunión a la jueza recientemente nombrada

en propiedad en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala

licenciada Ana Patricia Montero Morales, para informarle del estudio

diagnóstico llevado a cabo por la CONAMAJ y los resultados de las

percepciones de la comunidad de Upala sobre cómo se está brindando el

servicio de justicia, con el fin de establecer un compromiso de mejorar el

servicio en el citado Juzgado.

     Por su parte, el Integrante Martínez Fernández, indica que en la sesión

N° 98-08, celebrada el 18 de diciembre del 2008, artículo LXXXIII, inciso

6, se dispuso que el Consejo de Administración del Segundo Circuito

Judicial de Alajuela, debía valorar las necesidades de los despachos en el

cantón de Guatuso, para priorizarlas en el proceso de formulación de

presupuesto del 2010. Asimismo, ese acuerdo se remitió a conocimiento de

la Comisión de Construcciones, para que en esa instancia se valoraran las

necesidades de infraestructura que presenta esa zona. Todo lo anterior, de

acuerdo con el diagnóstico que presentó la CONAMAJ, como resultado del

"Programa de Participación Ciudadana". En ese sentido, estima que para

ser consecuentes con lo acordado en esa oportunidad y con las expectativas

de mejora que se espera de los despachos judiciales ubicados tanto en

Guatuso como en Upala, se debería proponer a la Corte Plena, que

considere a estos cantones como una excepción a las políticas que definió
para la formulación presupuestaria de 2010; pues resulta evidente de las

respuestas recibidas de los servidores que fueron cuestionados por la

comunidad, que la problemática no siempre es de actitud sino de las

inadecuadas condiciones y limitaciones de personal y recursos con que se

presta el servicio en estos lugares.

     Se acordó: 1) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada

Lupita Chaves Cervantes y del licenciado Martínez Fernández. 2) Tener

por rendidos los informes anteriores. 3) Solicitar a los despachos de la zona

de Upala que en el plazo de 6 meses informen a este Consejo, sobre la

forma en que han dado seguimiento a los compromisos adquiridos para el

mejoramiento del servicio público. 4) Trasladar a la Administración

Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, lo relativo a los

problemas de infraestructura física y el insuficiente material de oficina,

según lo expuesto por la Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de esa

localidad. 5) Remitir los informes rendidos al Departamento de

Planificación para su estudio. 6) Hacer este acuerdo de conocimiento de la

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

(CONAMAJ) y del Colegio de Abogados.

                             ARTÍCULO LXIV

      En sesión N° 80-07 celebrada el 25 de octubre del 2007, artículo

LIX, se comunicó al Consejo de Jueces del Juzgado de Tránsito del Primer

Circuito Judicial de San José, que como medida momentánea, en tanto se
resolvía el problema de espacio físico de ese despacho, la licenciada

Eugenia Bonilla Restrepo, se mantendría en su oficina ubicada en el tercer

piso y en el ejercicio de sus funciones como Jueza de Turno, cada vez que

tuviera que atender público o un requerimiento propio del cargo, se

desplazaría a la primera planta. Lo anterior sin perjuicio de que pudieran

encontrar nuevas formas de organización del trabajo que considerara tanto

los motivos de salud de la licenciada Bonilla cuanto los requerimientos del

buen servicio público del despacho.

      El licenciado Norman Rojas Álvarez, Juez Coordinador del Juzgado

de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, en oficio N° 96-2009

de 20 de febrero último, solicitó lo siguiente:

             ―Por este medio le saludo muy respetuosamente y a su vez
       mucho estimaré aclarar el acuerdo del Consejo Superior en sesión
       80-07 de fecha 25 de octubre 2007 artículo LIX donde (…).

               Se solicita la aclaración en vista que la Licda. Bonilla
       manifiesta que dentro del acuerdo no establece que ella deba bajar
       a firmar los documentos que se generan a raíz de los trámites
       solicitados por usuarios en ese piso y que según el acuerdo habla
       sobre que cada vez que tenga que atender público o un
       requerimiento propio del cargo ella proceda a desplazarse, ya que
       según su criterio esto obedece a consultas de usuarios propiamente
       y no a las firmas.

              La anterior aclaración se solicita en vista del siguiente
       correo electrónico enviando a la administración el día de hoy
       enviado por la asistente judicial Hazel Castro en representación de
       los auxiliares del primer piso del edificio que reza: “…Me están
       informando los compañeros manifestadores que se sienten
       sumamente cansados de estar subiendo tantas veces las gradas
       al 3er piso, que desde ayer sienten que no tienen fuerzas en las
       piernas para subir, y como si fuera poco, al parecer hubo
       operativos y han tenido que confeccionar muchas devoluciones
       de placas y de vehiculo desde el día 18.
             Además del stres que les da tanta pérdida de tiempo a la
       hora de subir, bajar y volver a subir ya que las filas de usuarios
       permanecen llenas desde el día citado.

               Es por eso que a solicitud de los manifestadores, les
       solicito su ayuda para que se les de una solución pronta.

              No omito manifestarles que soy testigo de todo lo
       anteriormente mencionado ya que junto al compañero Miguel y
       Elmer hemos tenido que estar atendiendo fichas para lograr
       salir con las filas sin perjudicar al usuario en su tiempo de
       espera ni a los compañeros tanto a la hora de almuerzo como a
       la hora de la salida…”

              Note el Consejo Superior que no se le está limitando a la
       Licda. Bonilla de mantenerse en su oficina pero si es necesario que
       cada vez que hayan firmas ella pueda desplazarse al primer piso
       como parte de un requerimiento propio del cargo con la
       finalidad de agilizar la atención y no movilizar a todo el personal
       de primer piso al tercer piso a buscar la firma de la señora Jueza
       al no existir un ascensor ocasiona un desgaste físico por parte de
       los auxiliares durante las ocho horas diarias.

              Dicha situación se presenta únicamente por dos semanas
       cada tres meses, de lo cual considera el suscrito que si posible
       coadyuvar en la labor en el entendido de contar con la
       colaboración de la Licda. Bonilla que es la única que no
       contribuye con el tema.

              Lamentamos profundamente que el Consejo tenga que
       intervenir en este tema pero al no haber consenso de parte de este
       Despacho con la Licda. Bonilla lo consideramos necesario.‖
                                      -0-

      Manifiesta la Integrante Milena Conejo Aguilar, que visitó el

Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José y verificó que

la oficina dispuesta para el juez de turno se encuentra en buenas

condiciones.

      Se dispuso: 1) Tomar nota de las manifestaciones de la licenciada
Milena Conejo Aguilar. 2) Acoger la gestión anterior, en consecuencia:

Modificar lo dispuesto en la sesión N° 80-07 del 25 de octubre del 2007,

artículo LIX, en el sentido que la licenciada Eugenia Bonilla Restrepo, en

el ejercicio de sus funciones de juez de turno, deberá instalarse en el primer

piso, para que pueda atender debidamente a los usuarios y firmar

oportunamente las resoluciones. Lo anterior en aras de mejorar el servicio

público y evitar el constante desplazamiento de los servidores del

despacho.

                             ARTÍCULO LXV

      En sesión N° 77-06 celebrada el 12 de octubre del 2006, artículo

XLIX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―La señora Sandra Agüero Monge, Secretaria de la
       Comisión de Construcciones, en oficio N° 036-CC-2006 de 3 de
       octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por esa
       Comisión, en sesión N° 02-2006 celebrada el 11 de mayo del
       presente año, artículo X, que literalmente dice:

              "... Se recibe al Doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del
       Servicio de Salud para Empleados, al Ing. John Laurent, Profesor
       de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de
       Costa Rica y el Arq. Leonardo Jiménez, Director de la Empresa
       ARQUYDESA y Representante Red Vivienda Ambiente Salud
       del Gobierno de Costa Rica.

              Informan que en conversaciones sostenidas con el Doctor
       Sandoval, quien participó en un curso intensivo relacionado con
       el tema del "Síndrome del Edificio Enfermo", han compartido
       una serie de inquietudes referentes a la problemática de salud
       existente dentro del personal. Por lo que desean exponer algunos
       aspectos que atañen a la relación ambiente-salud, que muchas de
       las veces pasa desapercibido y que eventualmente podría
       colaborar con la visión de mejoramiento del estrés, de la salud,
       motivación y eficiencia de los trabajadores.
       En 1983 la Organización Mundial de la Salud definió el
concepto Síndrome del Edificio Enfermo, sobre la idea de que el
enfermo no es la persona sino el edificio en construcción,
precisando que solo en Estados Unidos se calcula que cerca del
40% de los edificios podían tener algún tipo de efecto pernicioso
sobre la salud de las personas que allí se ubicasen y por tanto,
considerarse "edificios enfermos".

       De acuerdo con investigaciones preliminares realizadas
dentro de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad
de Costa Rica, podría afirmarse que cerca de un 75% de los
edificios nacionales costarricenses podrían sufrir de dicho
síndrome.

      Mucho se ha dicho al respecto de la influencia del
ambiente sobre la calidad de vida del ser humano, pero hoy día
ya es más que evidente la comprobación científica de que el
ambiente y su relación con la salud es total.

       Si se quiere, una de las mejores inversiones que pueden
hacerse es la de prevenir, en todo el amplio sentido que la
palabra representa; prevenir enfermedades, accidentes, desastres
y problemas.

       De hecho, modernas investigaciones reflejan una relación
beneficio/costo de hasta 10 a 1, en lo que a materia preventiva se
refiere; es decir, puede resultar más económico el invertir hasta
una décima parte del costo de un proyecto (llámese producto,
servicio, infraestructura, salud, etc.), que tener después que
invertir el 100% del costo del mismo por concepto de atención y
recuperación de los daños presentados por la falta de prevención.

      Factores externos que eventualmente podrían estar
presentes dentro de edificios centrales:

       Materiales: Ciertos materiales empleados para la
construcción, presentan características extremadamente dañinas
para sus habitantes, como por ejemplo: residuos de silicato de
calcio y óxidos de hierro con residuos de aluminio, utilizados
para elaborar concreto armado; son materiales que se verificó su
existencia desde hace más de 20 años y que han sido descartados
en otros países.

       Los efectos sobre la salud pueden manifestarse como
alergias, ojos irritados, catarro, jaquecas, migrañas, sinusitis, tos
y fatiga.
        Humedad: Costa Rica presenta índices de humedad
relativa promedio, superiores al 60% en la gran mayoría del país,
lo que unido a condiciones propias de las construcciones,
facilitan la alta concentración de ácaros y demás
microorganismos en las mismas, que no son otra cosa que
generadores de problemas respiratorios (asma, rinitis, alergias,
etc.)

        Electromagnetismo: Mucho se ha dicho sobre este tema y
en años anteriores se han presentado diversos conflictos, sobre la
proliferación campos eléctricos y la salud; varios estudios
científicos hacen ver la relación entre los campos
electromagnéticos y la presencia de diversos tipos de cáncer,
mientras que otros los desmienten.

       Aparte de los pocos mencionados, existen además muchas
otras posibles causas de daño, generadas por la influencia del
ambiente sobre la persona. Por ejemplo, la exposición a
iluminación deficiente, ruido excesivo, inhalación de tóxicos
inoloros, presencia de infrafrecuencias, contenido de químicos
utilizados en la pintura, niveles de pureza, pH y cloración del
agua, cantidad de ácaros y polución dentro del ambiente,
hacinamiento eléctrico y disposición de estos dispositivos.

        De hecho, existen en San José, construcciones que sus
interiores son verdaderos "focos de enfermedad", donde las
personas se quejan de estrés, migrañas, artritis, cansancio,
gastritis y muchos otros males, que en buen porcentaje se
derivan de las influencias nocivas de la construcción.

      BENEFICIOS POR ALCANZAR

       El tener pleno conocimiento de los factores externos
dentro del ambiente laboral, significa también tener la capacidad
plena de evitar toda una serie de condiciones adversas para la
salud y bienestar general, que de ninguna otro forma se sabría
acerca de su efecto. En el país existen excelentes profesionales
en medicina, psicología, psiquiatría y otras áreas de las ciencias
que tienen relación con la salud, pero ninguna de ellas toma en
consideración el estudio del impacto del ambiente y de la salud.

      Otros beneficios tangibles e intangibles:

           Corrección    de   desórdenes    físico-mentales   sin
explicación aparente.
           Incremento de la productividad laboral

           Confianza plena de encontrarse en un "ambiente
sano"

           Disminución de la posibilidad de enfermarse por
factores ambientales.

       El fin primordial de una investigación de este tipo es el de
remediar condiciones que eventualmente podrían estar
generando algún tipo de reacción dañina sobre la salud de los
trabajadores, de forma que se sustituya todo esto por aspectos
que no repercutan sobre la salud, bienestar y eficiencia de los
mismos. Obviamente, el fundamento logístico parte de la
premisa de prevenir los efectos del ambiente sobre el ser
humano, con bases 100% demostrables desde todo punto de vista
razonable.

       Agrega el Doctor Javier Sandoval, que el Consejo
Superior dispuso solicitar a la Dirección Ejecutiva un informe en
el que se indique el número de incapacidades tramitadas por
despacho judicial durante el último año. Con base en ese
informe, se comisionó al Servicio Médico de Empleados del
Poder Judicial, para que tomando como base los 10 despachos
judiciales que han reportado la mayor cantidad de incapacidades
durante el último año, realice un diagnóstico para determinar
cuáles son los padecimientos más comunes entre los servidores y
servidoras de esos despachos y, a partir de ese análisis, brinde las
recomendaciones que estime pertinentes, para desarrollar una
campaña de prevención que lleve a reducir la incidencia de esas
incapacidades en el Poder Judicial.

       En atención de ese acuerdo, el Servicio Médico para
Empleados comunicó que en ese despacho no se cuenta con los
diagnósticos de las incapacidades por analizar, ya que las boletas
que se entregan en ese despacho no los contienen. Por tanto, hay
que ubicar cada incapacidad en el EBAIS, Clínica, Hospital o
centro médico donde se extiende la misma para conocer esa
información, además de que los servidores judiciales no
pertenecen a una misma área de atención, por lo que es más
complicado y difícil tener estos datos.

        Con base en la información de la Dirección Ejecutiva, los
10 despachos que más incapacidades presentan, pertenecen tres
el II Circuito Judicial de San José y siete al I Circuito Judicial de
       San José.

              Comenta el Magistrado Rivas que este planteamiento que
       realizan hoy, es interesante y oportuno, en razón de que se tiene
       planeado realizar un congreso o seminario sobre el tema de las
       nuevas formas de construir edificios judiciales, donde se pueda
       analizar todos los requerimientos actuales para ese fin. En este
       seminario participarán compañías constructoras y el
       Departamento de Servicios Generales. Por lo tanto, le parece
       importante que puedan participar de esta actividad, la cual está
       en proceso de coordinación.

              Se acuerda: 1.- Expresar las gracias al Doctor Sandoval,
       Ingeniero Laurent y Arquitecto Jiménez por la exposición
       presentada. 2.- Solicitar respetuosamente al Consejo Superior,
       autorice al Doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio
       Médico de Empleados y al Ing. John Laurent K., y Arq.
       Leonardo Jiménez, a fin de que realicen estudio relacionado con
       el "Síndrome del Edificio Enfermo" del despacho que ocupa el
       primer lugar en el I Circuito Judicial de San José, en cuanto a
       incidencia de incapacidades se refiere."

              Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso:
       Trasladar la gestión anterior a la Jefatura del Servicio Médico
       para Empleados, a efecto de que indique a este Consejo, cuál es
       la propuesta técnica y cuál es el costo de este proyecto.‖
                                     -0-


      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante

oficio N° 1478-DE-2009 de 19 de febrero último, remitió el oficio N° 49-

SALEM-2009 de 18 de ese mes, suscrito por el doctor Javier Sandoval

Leal, Jefe del Servicio de Salud para Empleados, que literalmente dice:


              ―Por este medio, atendiendo sus observaciones a través
       del oficio N° 978-DE-2009, y complementario al oficio 032-
       SALEM-2009, es que procedo a informarle que la empresa
       Arquyde S.A. ha revisado el documento que en su inicio
       presentó y el cual ya cuenta con los respectivos ajustes.

             Por lo anterior le hago llegar: Propuesta técnica
       Evaluación Condiciones Ambientales Edificio Tribunales de
       Justicia (Primer Circuito Judicial de San José) con la finalidad de
       que sea del conocimiento y análisis por el Consejo Superior, en
       cumplimiento al acuerdo tomado en sesión N° 77-06, del 12-10-
       2006 (Art. XLIX).‖
                                      -0-

      Se dispuso: Tomar nota de la ―Propuesta Técnica Evaluación

Condiciones Ambientales edificio Tribunales de Justicia (I Circuito

Judicial de San José)‖ y reservar su conocimiento para cuando se definan

las políticas presupuestarias que permitan realizar un plan piloto.

                             ARTÍCULO LXVI

      Mediante circular N° 76-2006 de 9 de mayo del 2006, publicada en

el Boletín Judicial N° 98 del 23 de ese mes, la Secretaría General, hizo de

conocimiento de las Jefaturas de los Despachos Judiciales del país, lo

dispuesto por este Consejo, en sesión N° 27-06 del 20 de abril de ese año,

artículo XXIV, en que se solicitó reiterar la circular N° 67-2003, sobre el

disfrute de vacaciones.


      El señor Rodolfo Domián Aguilar, Asistente Judicial del Juzgado de

Pensiones Alimentarias de Cartago, en correo electrónico recibido el 19 de

febrero último, consultó lo siguiente:


              ―Si bien es cierto en la circular emitida por ese Consejo en
       sesión celebrada el día 03 de julio del 2003 bajo número 48-03
       se dispuso que los jefes de oficina deben de velar porque sus
       subalternos disfruten de las vacaciones que por ley les
       corresponde, con el fin de evitar que se acumulen esos períodos
       de descanso. En el caso particular a la fecha tengo 68 días de
       vacaciones acumulados y mi superior me ha indicado que debo
       de salir a vacaciones, a lo que yo no tengo ninguna objeción en
 acatar dicha disposición. En lo que no estoy de acuerdo es que se
 me esta indicando que debo de tomar 45 días de vacaciones, lo
 que considero es una medida arbitraria, ya que se me esta
 causando perjuicio en el sentido que tengo mucho interés en
 realizar la prueba para Juez genérico 1 que sale en los meses de
 junio y julio de éste año. Considero que las vacaciones es un
 derecho personalísimo de la persona, y me parece que es
 propiamente el interesado el llamado a decidir cuantos días toma
 de vacaciones, y lo que el jefe de oficina tiene que hacer es velar
 que el personal subalterno esté agotando días acumulados de
 vacaciones de ser posible por períodos en que se pueda sustituir
 a fin de no causar perjuicio en el despacho, aunque en mi caso
 por ser asistente judicial se puede sustituir aunque sea por
 períodos menores a siete días. Reitero no estoy en contra de la
 disposición de mi superior de salir a vacaciones e ir agotando
 vacaciones que tengo acumulados empezando por los períodos
 mas viejos, pero que quede bajo mi decisión cuantos días tomo
 de vacaciones y que no sea la Juez que me diga cuantos días
 tengo que tomar, porque en realidad si me voy de vacaciones 45
 días como se me pretende ordenar, no me van a quedar días a
 disposición para poderlos gozar en otro momento que quizá voy
 a necesitar, como por ejemplo para estudiar cuando salga el
 concurso de Juez 1 genérico que pretendo realizar en su
 momento para poder tener la opción de superarme. Yo procedí a
 solicitarle a mi superior salir en el mes de marzo próximo de
 vacaciones unos 20 días, y en los meses de junio o julio unos 30
 días, y guardar algún saldo por cualquier eventualidad que se me
 presente a nivel personal, pero considero que la medida de sacar
 de una sola vez 45 días es arbitraria, no solo para mi sino para
 mis compañeros de trabajo que tienen mucho menos días de
 acumulación de vacaciones que mi persona y a los cuales
 también les indican que agoten sus vacaciones indicándoles el
 número de días que tienen que tomar de vacaciones.- Es por lo
 anterior que hago la presente consulta a fin de que se me aclare
 la presente inquietud, porque considero tal y como lo reza la
 circular a la que hice referencia que los jefes de oficina deben de
 velar porque el personal subalterno goce de vacaciones a los que
 tienen derecho, pero éstos para mi concepto no son los llamados
 a decidir cuantos días debe de gozar el servidor, porque éste es el
 único que sabe en que va a utilizar sus períodos de vacaciones,
 pero si deben de velar porque el servidor este agotando sus
 períodos de vacaciones acumulados independientemente del
 número de días que el servidor tome de vacaciones.‖
                                -0-

Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a la
licenciada Nacira Rivera Cruz, Jueza Coordinadora del Juzgado de

Pensiones Alimentarias de Cartago, que en el término de 24 horas contadas

a partir del día siguiente a la comunicación de este acuerdo, rinda el

informe respectivo, sobre lo expuesto por el servidor Rodolfo Domián

Aguilar. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO LXVII

     En sesión N° 05-09 de 20 de enero del año en curso, artículo XLIV,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              ―En sesión N° 01-09 celebrada el 6 de enero en curso,
       artículo XI, se comunicó al licenciado Henry Piñar Alvarado,
       Juez de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de la Zona
       Atlántica, que este Consejo no tenía objeción para que impartiera
       lecciones en la Universidad Autónoma de Centroamérica, sede
       Guápiles, en el entendido de que el tiempo utilizado para labores
       de docencia en centros de estudios superiores no excediera de 10
       horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5 para preparar
       las lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas, por
       lo que se le solicitó a don Henry, que informara a este Consejo la
       forma en que cumpliría con ese requerimiento, pues su solicitud
       se refería a un mayor número de horas lectivas.

              En cumplimiento de lo anterior, el licenciado Piñar
       Alvarado, en su expresado carácter, en correo electrónico
       recibido el 8 de este mes, manifestó lo siguiente:

              "De conformidad con lo dispuesto por ese Consejo en la
       sesión N° 01-09 celebrada el 06 de enero del 2009, Artículo XI,
       con todo el respecto que ustedes merecen de mi parte, me
       permito manifestarles:

              1.- Gracias por concederme su autorización para impartir
       lecciones.

              2.- Con respecto a la consulta que se me hace, he de
       decirles que, efectivamente, solicité su autorización para impartir
       lecciones tres días por semana, y, en forma exclusiva (los tres
       días), después de las cinco de la tarde, es decir, totalmente fuera
de mi horario de jornada laboral en el Poder Judicial. De lunes a
viernes esta "jornada laboral" tiene cinco días, ello significa
que: (5 – 3 = 2) me quedan aún dos días, de cinco de la tarde a
seis, siete, ocho, nueve, diez de la noche, para preparar
lecciones, calificar exámenes y otros asuntos relacionados. Lo
anterior, por supuesto, sin tomar en consideración que incluso,
todavía tendría disponible todo el tiempo del sábado y del
domingo, de los cuales bien podría tomar una o dos mañanas,
una o dos tardes, o, una o dos noches para hacerlo. Además, se
trata de cursos que ya en otras oportunidades he impartido, razón
por la cual el tiempo para la preparación de las lecciones será
mínimo.

        3.- Pero no quiero dejar pasar esta valiosa oportunidad
que ustedes me han otorgado para manifestarles también que, por
un lado, dar clases no solo me obliga a mantenerme actualizado
en el campo del Derecho, lo cual ya es bueno para mi ocupación
en el Poder Judicial, sino que también me relaja y me evita el
estrés que podría provocarme la misma rutina, lo cual ya es
bueno para mi salud física y mental. Si lo que a ustedes les
preocupa es que por ello me sienta cansado, se los agradezco; sin
embargo, otra alternativa igualmente terapéutica sería asistir a
sesiones de gimnasio de dos o tres horas, dos o tres días por
semana. En tal circunstancia, no sé si incluso me produciría un
mayor cansancio que impartir lecciones, aunque no tendría que
solicitar su autorización para hacerlo.

       4.- Por otro lado, pese a que mis labores como Juez
administrando Justicia también involucra una serie de
actividades y responsabilidades adicionales como realizar Planes
Anuales Operativos, Proyectos de Presupuesto, Evaluaciones de
Control Interno, de Control de Riesgos, ejecuciones
presupuestarias y hasta representar todos los días al Poder
Judicial tanto ante el usuario como ante la comunidad, sin dejar
de lado otras labores también meramente administrativas y de
continua toma de decisiones en ese campo, mi puesto no está
catalogado como de "alta gerencia", razón por la cual,
¡lamentablemente!, no tengo acceso a los jugosos aumentos de
salario con que la alta gerencia del Poder Judicial recientemente
ha beneficiado a ese privilegiado estrato. Ello me obliga, -como
a muchos otros compañeros judiciales profesionales y no
profesionales-, a buscar otras formas igualmente honestas y
honorables para obtener algún ingreso extra (como taxista,
bartender, chef, salonero (a), vendedor (a), etcétera) que nos
permita hacer frente a nuestras obligaciones, sobre todo en estos
tiempos de crisis financiera que afronta nuestro país.
               5.- Se, respetables Miembros del Consejo Superior, que
       no es de su interés saberlo, pero solo a modo de ejemplo
       permítanme contarles que en enero del 2007 por un crédito de
       vivienda en el Banco Popular pagaba una cuota mensual de
       ciento ochenta y cuatro mil colones; sin embargo, producto de la
       crisis financiera y la abrupta variación en la tasa básica pasiva
       del Banco Central, actualmente la cuota que pago es de
       trescientos siete mil colones. Entonces, a un servidor que se
       desempeña en un puesto que no está calificado como de "alta
       gerencia", realmente le es muy difícil seguir haciéndole frente a
       sus obligaciones con los paupérrimos aumentos semestrales que
       decreta el Poder Ejecutivo –que ni siquiera equiparan la tasa de
       inflación anual- o el risible aumento de un diez por ciento que en
       tractos trimestrales de dos y medio acordó otorgarnos el Poder
       Judicial a todos, -incluyendo por supuesto al privilegiado estrato
       de la "alta gerencia"-."

                                         -0-

              Se acordó: 1) Tomar nota de las observaciones que el
       licenciado Henry Piñar Alvarado, hace en relación con los
       motivos que lo llevaron a aceptar un número mayor de horas
       lectivas en el centro de estudios en que labora. 2) Reiterar a don
       Henry que debe informar a este Consejo la forma en que ajustará
       su horario lectivo al número de horas que se indicó en el acuerdo
       en que se le autorizó a dar lecciones, bajo apercibimiento de que
       de no hacerlo se pondrán los hechos en conocimiento de la
       Inspección Judicial para que se instruya procedimiento en su
       contra. ‖
                                          -0-

      El licenciado Henry Piñar Alvarado, en su expresado carácter, en

correo electrónico recibido el 20 de febrero último, expresó lo siguiente:

              ―[…]
              En el informe que rendí anteriormente a ese Consejo me
       parece que fui sumamente amplio, claro y explicativo respecto
       de la manera y el tiempo cómo haré y emplearé para preparar las
       lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas con mi
       labor de docencia, todo, completamente fuera del horario de mi
       jornada laboral en el Poder Judicial. Así que no encuentro otra
       forma cómo poder satisfacer vuestro requerimiento sin tener que
       renunciar a mis derechos como ciudadano de esta República.
              En todo caso, dado el último pronunciamiento de la Sala
       Constitucional en este tema que nos viene ocupando, ruego a
       ustedes indicarme si sigue existiendo interés en ese Consejo por
       el informe cuya solicitud me reiteran. ‖
                                    -0-

      La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2009-001660 de las

11 horas 51 minutos del 6 febrero del año en curso, anuló los acuerdos

tomados por este Consejo y el de la Judicatura, en cuanto a la exigencia

impuesta a los funcionarios judiciales de solicitar autorización para impartir

lecciones fuera de la jornada ordinaria y también restringir el tiempo que ha

establecido para ello.

      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-

001660 de las 11 horas 51 minutos del 6 febrero del año en curso, se

acordó: Tomar nota de la comunicación del licenciado Henry Piñar

Alvarado.

                           ARTÍCULO LXVIII

      En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero del año en curso,

artículo XXIII, se aprobó el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en

sesión N° 26-2008 celebrada el 10 de diciembre de 2008, artículo V,

referente al informe Nº SAP-319-2008, elaborado por la Sección de

Análisis de Puestos, sobre la creación de la clase denominada ―Asistente de

Sala‖ y ubicarla en la categoría salarial 850, con un salario base de

¢376.600,00, según el índice salarial vigente e incluir en esta clase de

puesto a los cargos números 42912, 42911, 42931, 42941, 42959, 42950,
108544, 108550, 108545 y 109789. Lo anterior, en el entendido de que la

asignación salarial propuesta para dichos cargos, no implicaría una

modificación en el salario actual de esos puestos, dado que actualmente

ostentan esa categoría salarial.

      La Secretaría General de la Corte, mediante oficio N° 1195-09 de 10

de febrero recién pasado y previamente a someter a conocimiento de este

Consejo Superior, remitió al Departamento de Personal para su estudio e

informe, la nota recibida el 5 de ese mes, suscrita por los Asistentes

Judiciales 3 Elizabeth Romero Deliyore y Marvin Múñoz Guevara, Sala

Primera, Víctor Hugo Chavarría Jiménez y Carlos Arnoldo Rojas Monge,

Sala Segunda, José Oviedo Álvarez y Luis Carlos Matamoros Camacho,

Sala Tercera y Reinier Enrique Tosso Jara, Sala Constitucional, que

literalmente dicen:

               ―…, solicitamos aclaración del acuerdo tomado en la
        sesión N° 09-09 realizada el día tres de febrero del año en curso,
        artículo XXIII, en el cual se aprueba el informe N° SAP-319-
        2008 del Departamento de Personal, (que dicho sea de paso,
        nunca se nos puso en conocimiento a los efectos de cuestionar o
        no su fundamento y acierto), donde se crea la clase denominada
        ―Asistente de Sala‖ y la ubican en la categoría salarial 850, con
        un salario base de ¢ 376.600,00.

               La inconformidad radica en el sentido de que cuando el
        Departamento de Personal emite su informe en diciembre de
        2008, el salario base de un Asistente Judicial 3, estaba fijado en
        ¢ 376.600,00. Cuando el Consejo Superior aprueba dicho
        informe (3 de febrero del año en curso), el salario base de un
        Asistente Judicial 3 está establecido en ¢ 404.600.00, según el
        incremento del 7.35% del costo de vida, a partir del primero de
        enero de 2009, aprobado así por Corte Plena.
              Por lo anterior solicitamos se aclare el acuerdo citado, en
       el sentido de que la clase denominada ―Asistente de Sala‖, debe
       crearse con un salario base de ¢ 404.600,00; y no como se indicó
       en el mismo de ¢ 376.600,00, pues de lo contrario, bien
       podríamos sufrir las consecuencia que tal error nos produciría,
       pues incidiría negativamente en nuestros salarios, ya que
       obligaría al Departamento de Gestión Humana a readecuar los
       cálculos correspondientes con dicha base errónea.‖
                                     -0-

      En atención a la gestión anterior, los máster Francisco Arroyo

Meléndez y Mauricio Quirós Álvarez, por su orden, Jefe del Departamento

de Personal y Jefe de Desarrollo Humano y la licenciada María Gabriela

Mora Zamora, Jefa interina de Análisis de Puestos, en oficio N° SAP-076-

2009 de 18 de febrero último, comunicaron lo siguiente:

              ―…, solicita se rinda un informe sobre lo manifestado por
       los señores José Oviedo Alvarez, Elizabeth Romero Deliyore,
       Víctor Hugo Chavarría Jiménez, Reiner Enrique Tosso Jara, Luis
       Carlos Matamoros Camacho, Marvin Muñoz Guevara y Carlos
       Arnoldo Rojas Monge, todos ―Asistentes de Sala‖, por cuanto
       indican que:

               “… La inconformidad radica en el sentido de que cuando
       el departamento de personal emite su informe en diciembre de
       2008, el salario base de un Asistente Judicial 3, estaba fijado en
       ¢376.000.00. Cuando el Consejo Superior aprueba dicho
       informe (3 de febrero del año en curso), el salario base de un
       Asistente está establecido en ¢404.600.00, según el incremento
       del 7.35% del costo de vida, a partir del primero de enero del
       2009, aprobado así por Corte Plena. Por lo anterior
       solicitamos se aclare el acuerdo citado, en el sentido de que la
       clase denominada “Asistente de Sala”, debe crearse con un
       salario base de ¢404.600.00; y no como se indicó en el mismo de
       ¢376.600.00 pues de lo contrario, bien podríamos sufrir las
       consecuencias que tal error nos produciría, pues incidiría
       negativamente en nuestros salarios, ya que obligaría al
       Departamento de Gestión Humana a readecuar los cálculos
       correspondientes de dicha base errónea”.

             Con respecto a lo manifestado por los petentes, es
  menester señalar que efectivamente nuestra Sección elabora el
  informe N° SAP-319-2008 el cual contiene el análisis de los
  puestos números 42912, 42911, 43931, 42941, 42959, 42950,
  108544, 108550, 108545 y 109789 todos clasificados como
  ―Asistentes Judiciales‖ y ubicados en las diferentes Salas de la
  Corte Suprema de Justicia (Primera, Segunda, Tercera y
  Constitucional).

          Sobre los alcances del informe, se debe señalar que uno
  de los objetivos planteados era elaborar la descripción de clase
  de puesto que proporcionara las obligaciones, las
  responsabilidades, las relaciones, las condiciones laborales y los
  requisitos de los puestos indicados con la finalidad de que se
  utilizara entre otros procesos, específicamente en el de
  “Reclutamiento” y “Selección”.

         Asimismo, como producto de la investigación se establece
  que la naturaleza del trabajo no está acorde con el ―Título‖ o
  ―Nomenclatura‖ de los cargos (Asistente Judicial); por tal razón
  se recomienda denominarlos ―Asistentes de Sala‖ toda vez que la
  ―Naturaleza del Trabajo‖ es la: Ejecución de labores
  asistenciales administrativas y jurídica de alguna complejidad
  en las Salas de la Corte Suprema de Justicia”.

         En cuanto a la valoración de los puestos, esta no se
  modifica, es decir se mantiene. Sobre este punto, se aclara que
  el informe N° SAP-319-2008 se elabora el año anterior, y por
  consiguiente el salario que se indica pertenecía a ese período.
  Para efectos ilustrativos se muestra la siguiente información
  tomado como base el Índice de Salarios Vigente para el Segundo
  Semestre del 2008:

                                                            Monto
  Clase ancha       Clase angosta      Salario Base REFJ
                                                           Anualidad
Asistente Judicial Asistente de Sala   ¢376.600.00   10%   ¢9.386.18

        Ahora bien, si como parte de la dinámica de estos estudios
  el Consejo Superior, hasta en la sesión N° 09-09, celebrada el
  03 de febrero de este año, artículo XXIII conoce y aprueba el
  informe referido; se tiene que para efectuar las modificaciones
  presupuestarias derivada de la recomendación técnica se debe
  tomar el Índice de Salarios Vigente (2009), tal y como se
  muestra y no el del segundo semestre del 2008:

                                                             Monto
  Clase ancha       Clase angosta      Salario Base REFJ
                                                           Anualidad
Asistente de Sala Asistente de Sala ¢404.600.00      10%   ¢10.084.03
              En virtud de lo expuesto, se reitera que la valoración de
       los puestos 42912, 42911, 43931, 42941, 42959, 42950, 108544,
       108550, 108545 y 109789 se mantienen y por consiguiente los
       salarios de los servidores no están siendo afectados de forma
       negativa como lo manifestaron en la nota de fecha 05 de febrero
       del 2009 presentada ante ese Órgano Superior.‖
                               -0-
      Se acordó: Tener por rendido el informe del Departamento de

Personal y hacerlo de conocimiento de la servidora Elizabeth Romero

Deliyore y de los servidores José Oviedo Álvarez, Víctor Hugo Chavarría

Jiménez, Reinier Enrique Tosso Jara, Luis Carlos Matamoros Camacho,

Marvin Muñoz Guevara y Carlos Arnoldo Rojas Monge.

                            ARTÍCULO LXIX

      Mediante circular N° 164-2006 de 21 de diciembre de 2006,

publicada en el Boletín Judicial N° 13 del 18 de enero de 2007, la

Secretaría General de la Corte, hizo de conocimiento de todas las

autoridades judiciales del país, lo dispuesto por el Consejo Superior, en

sesión N° 88-06, celebrada el 21 de noviembre de 2006, artículos LVIII, en

que se autorizaron a los asistentes de abogados para revisar expedientes,

con la obligación de que los abogados litigantes comunicarían al despacho

correspondiente cualquier cambio que se realizara en cuanto al nombre del

abogado director de la causa y el de sus asistentes.

      El licenciado Miguel Ángel Vásquez López, Abogado y Notario

Público, en escrito de 23 de febrero del año en curso, expuso lo siguiente:

              ―Con la entrada en vigencia de la Ley #8687 o Ley de
       Notificaciones Judiciales, el próximo lunes 2 de marzo de 2009,
       dejará de existir la Ley #7637 y, con ella, su artículo 18 que
       permitía, vía ley, que cualquier abogado, estudiante y egresado
       de Derecho tuvieran acceso a cualquier expediente judicial y
       permitía que cada abogado acreditado en una demanda pudiera
       autorizar a su asistente a leerlo, fotocopiarlo y retirar oficios y
       mandamientos, autorización que el Poder Judicial reiteró
       mediante circular # 164-2006.

              Así las cosas, considero que a partir del lunes 2 de marzo
       de 2009 podría aparecer una laguna legal que impediría el acceso
       a los expedientes judiciales, de cualquier materia, a abogados
       extraños al proceso, a estudiantes y egresados de Derecho e
       impediría al abogado acreditado en un proceso autorizar a su
       asistente para ver el expediente y sacarle fotocopias.
                                    PETITORIA:

              En consecuencia, señores del Concejo, solicito que se
       sirvan instruir a todos los despachos judiciales de Costa Rica que
       se mantendrá la posición del Poder Judicial de permitir a
       abogados, estudiantes y egresados de Derecho el acceso a
       cualquier expediente judicial y de permitir al abogado acreditado
       en cada expediente a autorizar a sus asistentes para leerlo,
       fotocopiarlo y retirar oficios y mandamientos.‖

                                NOTIFICACIONES

             Las atenderé en el fax principal 2248-0838 y / o en el fax
       accesorio 2221-6607.
                                      -0-

      Se acordó: 1) Comunicar al licenciado Miguel Ángel Vásquez

López que si bien el artículo 18 de la Ley de Notificaciones anterior fue

derogado, se mantiene la autorización para los abogados, estudiantes y

egresados tengan acceso a cualquier expediente judicial conforme a las

disposiciones aprobadas en su oportunidad, lo anterior de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la

interpretación que de él ha hecho la Corte Suprema de Justicia y este

Consejo. 2) Hágase este acuerdo de conocimiento del Colegio de
Abogados.

                             ARTÍCULO LXX

     En escrito recibido el 16 de febrero recién pasado, el señor Moisés

Portuguez Valverde, Investigador 1 y la servidora Evelyn Piedra

Villafuerte, Asistente Administrativo 3, ambos de la Delegación Regional

del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Zeledón, presentaron la

siguiente gestión:

             ―Ante ustedes recurrimos MOISÉS PORTUGUEZ
       VALVERDE, mayor, casado, investigador 1, portador de la
       cédula de identidad (…) y EVELYN PIEDRA
       VILLAFUERTE, mayor, casada, contadora pública, portadora
       de la cédula de identidad número (…), ambos vecinos de Pérez
       Zeledón; quienes contrajimos matrimonio el pasado 24 de enero
       de 2009, siendo que ambos laboramos en la Delegación Regional
       del O.I.J. de Pérez Zeledón, el primero como investigador 1 y la
       segunda como Asistente Administrativo 3.

             Ante la situación expuesta, se realizó la consulta
       primeramente a la jefatura de esta Delegación, quien a su vez
       consultó a la Dirección General del O.I.J., cuya respuesta
       emitida por parte del Subdirector Lic. Francisco Segura Montero
       fue la siguiente:

       De: Francisco Segura Montero
       Enviado el: Lunes, 12 de Enero de 2009 09:49 a.m.
       Para: Ricardo Bolaños Bolaños
       CC: Jorge Rojas Vargas; Rodolfo Fernández Castillo
       Asunto: RV: Matrimonio entre compañeros

             ―Don Ricardo en respuesta a su correo, me permito
       transcribir lo indagado por el Lic. Fernández, para que usted
       tome las previsiones del caso y traslade a alguno de los dos, toda
       vez que existiría un inconveniente administrativo en que ambos
       laboren en el mismo despacho‖.

            Si bien es cierto, la Ley Orgánica del Poder Judicial,
       establece que como requisito para ingresar a la función judicial,
       es que no puede existir ningún grado de parentesco con algún
otro funcionario judicial, sin embargo, en nuestro caso, ambos ya
laborábamos para tal dependencia y como lo indican los
Magistrados Calzada Miranda y Jinesta Lobo, en el voto 2006-
8617, el cual dice textualmente: ―Sin embargo, caso diferente
es, cuando se trata de personas ya nombradas que posteriormente
deciden unirse en matrimonio . Este tema involucra no sólo el
derecho laboral, sino también el derecho a formar una familia y a
elegir libremente su estado.

       Dependiendo del puesto que ejercen los funcionarios
interesados en contraer matrimonio; así como, la afectación que
puedan ocasionar esta unión en el ejercicio idóneo de la función
pública, pueden restringir sus derechos fundamentales, tales
como el derecho de libertad, el de formar una familia, obligársele
a sacrificar a uno de ellos al derecho al trabajo, en pos de la
tutela del interés público, muchas veces no afectado con el
matrimonio de dos funcionarios. En el que caso de su amparado
y su cónyuge, contrajeron matrimonio, cuando ya laboraban para
el Poder Judicial y aunque en su caso, no es el despido lo que se
dispone; si el traslado, afectando con ello, innecesariamente, sus
circunstancias personales, toda vez que desde que contrajo
matrimonio a la fecha en que se dispone del mismo ya han
transcurrido varios años si que se haya visto afecto en forma
alguna al servicio público del despacho en que labora, amén de
que no existe entre ellos relación de subordinación alguna.‖

       En nuestro caso no hay ninguna relación de subordinación
ni hay compromiso de la efectividad de la función pública
(favorecimiento o similar), puesto que las funciones de ambos
son completamente diferentes y ninguno de los dos compartimos
el mismo espacio físico, a pesar de estar en el primer piso, las
oficinas de ambos distan una de la otra, aunado a esto la oficina
de Evelyn Piedra Villafuerte será reubicada este año, en el tercer
piso del edificio de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón,
donde se ubican el Analista Criminal y la Perito Judicial de
lofoscopía. Además ninguno de los dos administramos justicia,
tal como lo indica la ley orgánica del Poder Judicial en el
artículo 12.

       Visto desde la función que cada uno de nosotros
desempeña, la plaza de asistente administrativo tres es una
pequeña sección de la unidad administrativa de la Secretaría
General del O.I.J., cuya plaza depende tanto de la jefatura de
esta delegación como del Administrador General del O.I.J.

      Ahora cabe indicar, que en esta delegación los
         investigadores están distribuidos en pequeñas secciones, según el
         tipo de delito, por lo que no se ve afectado el desempeño de las
         labores ni el servicio de la función pública y en vista de nuestro
         matrimonio, la jefatura, por recomendación de la Dirección
         General, decidió realizar el traslado de Moisés Portuguez
         Valverde, a la Unidad Regional de Buenos Aires, a partir del 16
         de febrero del presente, no considerando de nuestra parte que tal
         movimiento sea necesario o justo, puesto que en San José, varios
         funcionarios judiciales han contraído matrimonio laborando en
         diferentes secciones del O.I.J. y además el Consejo ha indicado
         que no existe impedimento alguno.

                Es por estas razones, que solicitamos, de manera muy
         atenta, ante tan honorable Consejo, que nos resuelvan de manera
         favorable, de modo que nos permitan seguir laborando en el
         lugar de trabajo actual, a fin de que no se nos afecte nuestras
         circunstancias personales y matrimoniales.

                Para notificación favor enviarla a los siguientes correos
         electrónicos: moisesportuguezvalverde@yahoo.com
          epiedra@poder-judicial.go.cr‖
                                       -0-

        Se acordó: Trasladar la solicitud anterior al Departamento de

Personal, con la observación que de ser posible, se pueda reubicar ya sea a

la servidora Evelyn Piedra Villafuerte o al servidor Moisés Portuguez

Valverde en oficinas diferentes de Pérez Zeledón, con el fin de cumplir con

la normativa existente al efecto y por no ser posible mantenerlos en el

mismo despacho judicial, pero tampoco afectando el ambiente familiar con

un traslado de uno de ellos a otro lugar distante, como la medida que se

tomó.

        En tanto el Departamento de Personal propone una solución, los

petentes se mantendrán en los puestos que ocupan.

                              ARTÍCULO LXXI
      En correo electrónico recibido el 25 de febrero recién pasado, el

señor Ángel Chaves Mata, Coordinador de la Subcomisión de Valores y

Representante Suplente de los Trabajadores ante el Consejo de

Administración, del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, consulta

lo siguiente:

               ―…¿Es cierto que el Poder Judicial no paga el servicio de
        taxi cuando un servidor tiene que trasladarse por ese medio?,
        esto porque me parece injusto que los servidores que ganamos
        menos tengamos que cubrir un gasto que en asuntos de la
        Institución es la misma quien debe cubrirlos, ya que por ejemplo:
        De la estación de Caribeños a los edificios de la Corte hay un
        trayecto cercano a los dos kilómetros y de la parada de los
        autobuses de Guanacaste hay más de dos kilómetros, por lo tanto
        significaría que un servidor o paga el taxi o camina y se expone a
        los peligros que se pueda encontrar en el camino. Otro ejemplo
        de ello sería que si un servidor de Limón requiere estar a las
        ocho de la mañana en San José, debe tomar el autobús de Limón
        a San José a las 05:00 a.m., hora a la cual empiezan a funcionar
        los autobuses del barrio, lo que significa que el servidor debe
        cubrir el taxi de su casa a la terminal de buses a San José en
        Limón (¢1.200.00 a ¢1.500.00) más el taxi de la terminal de
        buses en San José a los edificios de la Corte (¢1.000.00) y
        viceversa de los edificios de la Corte a la terminal de buses a
        Limón (¢1.000.00), para un total de ¢3.200.00 a ¢3.500.00
        aproximadamente en un solo viaje, esto siendo que el compañero
        viva en uno de los barrios cercanos al centro de Limón. Otra
        situación es cuando se va después de la jornada laboral para estar
        a las siete de la mañana del día siguiente y que se llega en la
        noche a San José y el servidor debe trasladarse de la terminal de
        autobuses en San José al Hotel donde se va a hospedar, ya que o
        paga taxi o se expone a los peligros existentes en la ciudad
        capital.‖
                                        -0-

      Se acordó: Comunicar al servidor Ángel Chaves Mata, que el

servicio de taxi no puede cubrirse entre las 6:00 a.m., y las 10:00 p.m., y en

los demás casos, las jefaturas de los despachos judiciales deberán valorar
criterios de razonabilidad para aprobar este tipo de gastos.

                            ARTÍCULO LXXII

      La licenciada Milena Conejo Aguilar, Integrante de este Consejo,

remite nota de 25 de febrero recién pasado, suscrita por el máster Carlos A.

Montero Zúñiga, que literalmente dice:

              ―Se remite un resumen de los principales aspectos
       observados en el ―Servicio Médico‖ del II Circuito Judicial de
       San José, debemos aclarar que nuestro trabajo se basó en
       entrevistas realizadas a personal del Servicio Médico, tanto del II
       Circuito, como del primero, a fin de comparar la estructura
       organizacional y la distribución del trabajo.

             Entre las principales situaciones señaladas tenemos:

              1- No existe una estructura jerárquica definida y
       reconocida por todos los servidores de esa oficina; el personal
       profesional lo conforman dos psicólogas, dos médicos a medio
       tiempo y otro a tiempo completo.
              2- El personal profesional no coordina sus actividades
       entre sí, ni rinde cuentas por lo que realiza, ya que alegan
       independencia profesional, de ahí que ni siquiera se les pueda
       establecer un parámetro de consultas.

              3- Además la carencia de una jerarquía definida, se señala
       la ausencia de procedimientos claros y reconocidos por todos, de
       una supervisión adecuada, por la confidencialidad que debe
       mantenerse en los expedientes, existe un manejo inadecuado de
       estos. Aunque actualmente se están manejando de forma
       electrónica, es necesario definir perfiles de usuario, acceso y
       autoridad para introducir modificaciones.
              4- Se indica que existe manejo de agendas divididas,
       según el servicio de salud a que acuda el empleado.

              5- Se evidencia un muy deteriorado ambiente laboral, las
       diferencias personales impactan negativamente los asuntos de
       trabajo y el servicio que se brinda.

             6- No hay un adecuado control sobre la información que
       se maneja en dicha oficina.

              7- Este servicio depende administrativamente de la
       Administración del Circuito.

            Por otra parte, se visitó el servicio de salud del I Circuito de
       San José, el cual ofrece más servicios y cuenta con una mayor
       cantidad de personal, no obstante disponen de una estructura
       organizacional claradamente definida que les permite trabajar de
       forma independiente y coordinada a los diferentes servicios, tales
       como: odontología, ginecología, medicina general, enfermería,
       psicología y trabajo social.

             Por lo anteriormente expuesto nos permitimos recomendar:

            1- Que se solicité al Departamento de planificación que
       defina una estructura organizacional para el servicio médico de
       empleados del II° Circuito Judicial de San José.

            2- Que ese estudio valore la ubicación que debe tener ese
       Servicio dentro de la estructura organizacional de la Institución,
       ya que por ejemplo el servicio médico de empleados del I°
       Circuito Judicial de San José, depende directamente de la
       Dirección Ejecutiva y se está valorando si debe ubicarse como
       una dependencia del Departamento de Personal.

             3- Que mediante la comparación con el servicio que se
       brinda en el I° Circuito Judicial de San José y los parámetros
       definidos por la Caja Costarricense del Seguro Social, se definan
       cargas de trabajo para los diferentes profesionales y servicios
       que se brindan. Y que dicho estudio valore la viabilidad de
       trasladar plazas a otras dependencias.

             4- Que la Unidad de Control Interno, verifique la existencia
       y aplicación de controles en esa dependencia, en cuanto al
       manejo de la información, responsabilidad, autoridad,
       supervisión, registro, inventarios, etc. Y recomiende los
       controles necesarios para un adecuado funcionamiento de ese
       servicio, que además permite que las actividades y procesos
       conlleven al cumplimiento de los objetivos.‖
                                       -0-
     Expone el Integrante Martínez Fernández, que consultó a la Unidad de

Control Interno sobre el punto 3 de las recomendaciones de su informe,

aclarando que lo que se perseguiría con esa sugerencia es medir cargas de

trabajo y a partir de ello establecer la necesidad de redirigir los esfuerzos a
las disciplinas que mejor convenga al servicio médico de ese Circuito.

     Se acordó: 1) Tomar nota de lo expuesto por el licenciado Martínez

Fernández. 2) Acoger las recomendaciones de la Oficina de Control

Interno, sobre los principales aspectos observados en el ―Servicio Médico‖

del Segundo Circuito Judicial de San José, en consecuencia: a.) Solicitar al

Departamento de Planificación que defina una estructura organizacional

para el Servicio Médico de Empleados del Segundo Circuito Judicial de

San José. b.) Que ese estudio valore la ubicación que debe tener ese

Servicio dentro de la estructura organizacional de la Institución, ya que por

ejemplo el Servicio Médico de empleados del Primer Circuito Judicial de

San José, depende directamente de la Dirección Ejecutiva y se está

valorando si debe ubicarse como una dependencia del Departamento de

Personal. c.) Que mediante la comparación con el servicio que se brinda en

el Primer Circuito Judicial de San José y los parámetros definidos por la

Caja Costarricense del Seguro Social, se definan cargas de trabajo para los

diferentes profesionales y servicios que se brindan. Y que dicho estudio

valore la viabilidad de trasladar plazas a otras dependencias. d.) La Unidad

de Control Interno, verificará la existencia y aplicación de controles en esa

dependencia, en cuanto al manejo de la información, responsabilidad,

autoridad, supervisión, registro, inventarios, etc., y recomiende los

controles necesarios para un adecuado funcionamiento de ese servicio, que

además permite que las actividades y procesos conlleven al cumplimiento
de los objetivos. 4) Aclarar el punto b) en el sentido que según lo indicado

por el licenciado Martínez Fernández, lo que se persigue con esa

sugerencia es medir cargas de trabajo y a partir de ello establecer la

necesidad de redirigir los esfuerzos a las disciplinas que mejor convenga al

servicio médico de ese Circuito.

                           ARTÍCULO LXXIII

      En sesión N° 08-09 del 29 de enero de este año, artículo LIX, se

aprobó a partir del 1° de marzo en curso, la jubilación de la licenciada

María Cecilia Marín Campos, a la sazón, Psicóloga de la Oficina de

Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público y se le

agradecieron los servicios prestados para el Poder Judicial.

      Mediante correo electrónico recibido el 27 de febrero recién pasado,

el Integrante Martínez Fernández, indicó que no obstante lo dispuesto en el

acuerdo de referencia y a pesar de que la licenciada Marín Campos tuvo

una conducta intachable durante sus 30 años de servicios para el Poder

Judicial, se omitió consignar en el acuerdo, que ―de conformidad con los

artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo‖, se hizo acreedora a recibir un

pergamino de Mérito y Reconocimiento como se estila en estos casos.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: De

conformidad con los artículos 1° y 3° del Reglamento para Otorgamiento

de Distinción de Mérito para Servidores y Exservidores, otorgar a la

licenciada María Cecilia Marín Campos un pergamino de Mérito y
Reconocimiento por los servicios prestados al Poder Judicial, el cual se le

entregará oportunamente.

      La Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas, tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                           ARTICULO LXXIV

      La licenciada Esther Jiménez Avilés, Perito Judicial de la Oficina de

Trabajo Social de Puntarenas, en nota de 17 de febrero recién pasado,

manifestó lo siguiente:

             “…he sido empleada judicial por espacio de 17 años,
       desempeñándome en diversos puestos administrativos del Poder
       Judicial; situación que varió a partir del año 2005, dado que la
       suscrita se preparó como profesional en la carrera de Psicología,
       a fin de mejorar la calidad de vida y desde agosto de ese año, el
       Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial,
       me brindó la oportunidad de iniciar como Meritoria por espacio
       de un mes, y posterior al proceso de inducción efectuar
       nombramientos en forma interina en los diversos programas que
       se atienden como es el programa de abuso sexual, familia, Penal
       Juvenil, entre otros.

            Cabe destacar que durante el período de 2005 a 2006,
       (lapso de año y medio aproximadamente) acepté realizar
       nombramientos en diferentes partes del país, fueran éstos
       períodos cortos (un día) o amplios (hasta un mes), dado mi
       deseo de ir adquiriendo mayor experiencia, y proveerme la
       oportunidad de obtener estabilidad laboral por parte del
       Departamento en algún momento, para lo cual se tomaría en
       cuenta la calidad de mi trabajo, responsabilidad y compromiso
       con que me he desempeñado, aunque ello implicó un sacrificio
       personal y familiar, ya que no solo debía desprenderme de mi
       familia, mi casa de habitación; si no que mis hijos tampoco
       podían contar con mi total apoyo, en momentos que así lo
       requerían, por la distancia geográfica y situación laboral.

            Dichosamente para el año 2007 el Departamento en aras de
       compensar mi esfuerzo, y conociendo el resultado de mi
       desempeño, me brindó la oportunidad de nombrarme en forma
interina en el Código no.86074, que es una plaza en Psicología
del Poder Judicial ubicada en la oficina de de Trabajo Social de
Aguirre y Parrita, donde permanecí desde enero de 2007 y hasta
abril de 2008, o sea por un espacio de año y cuatro meses
aproximadamente.

      Sin embargo, lastimosamente a mediados del año 2007, la
situación familiar de la suscrita había variado, ya que atravesé
por la separación de mi pareja y consecuente divorcio; lo que
implicaba que mis hijos permanecieran durante la semana a
cargo de mi progenitora y una cuidadora externa al hogar, y por
mi situación solo podía compartir con ellos fines de semana;
siendo que mi expareja en ese momento asume una actitud
periférica respecto a los niños@; aspectos que impactaron
notablemente en la estabilidad emocional de mis hijos@, y
especialmente a mi hijo menor de apenas cinco años de edad en
ese momento, por el cambio abrupto de la dinámica familiar y
ausencia de las figuras parentales; siendo que David mi hijo
menor comienza a presentar enuresis nocturna, problemas de
conducta en el centro educativo en el cual estudiaba; situación
que me obliga en reiteradas ocasiones requerí licencia por parte
de la Jefatura para atender al llamado de la docente a cargo del
niño, quien estaba preocupada por las alteraciones emocionales
que el niño presentaba, (llanto fácil, enojo, tristeza y
retraimiento), entre otras conductas.

     Estimados miembros del Consejo Superior, la situación
descrita es la que me obligó a solicitar a la Jefa del
Departamento en virtud de la crisis familiar que experimentaba,
se me brindara la oportunidad de nombrarme en una plaza
extraordinaria abierta en ese momento para atender el programa
de la Ley de Penalización de la violencia Contra La Mujer, en
Puntarenas, aunque es bien sabido que ello no me brindaba las
garantías de una plaza ordinaria, sin embargo en ese momento
prevalecía el interés superior de mis hijos@ quienes considero lo
más preciado, y me estaban necesitando mucho más. Este
cambio me permitiría estar diariamente en mi casa de habitación,
brindando el soporte emocional que ellos requerían, tomando en
cuenta la crisis familiar de ese momento.

      En virtud de lo expuesto, y siendo del conocimiento de la
Jefatura del Departamento la presente gestión, solicito se
considere mi situación personal, a efecto de que se autorice al
Departamento de personal, para que se considere la posibilidad
de ser nombrada en propiedad, en la plaza de Psicología que
ocupé por espacio de año y cuatro meses, en la Oficina de
Trabajo Social y Psicología de Aguirre y Parrita, código no.
86074, una vez que se revise que efectivamente cumplo con el
tiempo de servicio. Lo anterior, considerando que actualmente
esa plaza se encuentra vacante, la ocupé por espacio
aproximado de 1 año y cuatro meses, cuento con cerca de tres
años de experiencia aproximadamente dentro del Departamento
de Trabajo Social y Psicología, y por ende cumplo con el tiempo
de servicio requerido o sea más de dos años, con un adecuado
desempeño, y compromiso, tal como lo he hecho en los diversos
puestos del Poder Judicial; ello con base en la circular no. 16-09,
donde el Departamento de Personal indica que excepcionalmente
se estará nombrando en propiedad a las personas que ocupan
plazas vacantes, y que se han mantenido en ésta por espacio de
un año y cumplan con los requisitos establecidos en el Manual
de Puesto de acuerdo a la disciplina, y siendo que, es justo
valorar mi situación particular, considerando las razones por las
cuales requerí trasladarme a una plaza extraordinaria hace diez
meses; motivos éstos de los cuales puede dar fe la Jefatura del
Departamento para el cual laboro, el cual me brinda su apoyo,
porque conoce cada uno de estos aspectos que ahora también les
estoy exponiendo a sus honorables personas.

      Es digno de considerar que muchas veces nosotras por
nuestra condición de mujer, se nos limita el acceso a una mejor
calidad de vida, cuando anteponemos la familia, y si logramos
alcanzar metas, dicho objetivo dicho proceso por lo general nos
resulta más lento , ya que tenemos que asumir hasta triples
jornadas, como es la familia, el trabajo, y la preparación
personal, gestando un mayor desgaste físico, interfiriendo
muchas veces hasta en su salud mental. En mi caso particular,
por mi situación personal, dicho proceso de crecimiento me ha
resultado más lento, porque en todo momento he antepuesto el
interés superior de mi familia, que es lo más preciado para mi;
razón por la cual tuve en su momento que tomar una decisión
muy importante. Es por esa razón, que la coyuntura que se está
dando en este momento, viene a constituirse en una gran
oportunidad para alcanzar mi estabilidad personal y familiar, y es
por ello que les solicito muy cordialmente se tome en
consideración mi situación desde esta perspectiva también, en
razón de lo expuesto, para lo cual apelo a la buena voluntad y
apoyo de su estimable consejo.

     Finalmente me permito destacar que la compañera que
ocupa actualmente el puesto que solicito, está nombrada en
forma interina, a la cual conozco directamente, señorita Tirsa
Aguirre, no cuenta con el año establecido en el puesto, según lo
       establecido por la circular 16-09, ni con los dos años de
       experiencia que ahora se establece en el Manual de Puestos, de
       manera que la presente gestión, no estaría lesionando sus
       derechos, ya que en este momento la compañera no podría
       aspirar a ser nombrada en propiedad, por cuanto no cumple con
       los criterios para dicho nombramiento.

             Me permito señalar que en caso de que se me autorice el
       nombramiento en propiedad en dicha plaza vacante, no tendría
       objeción de continuar apoyando el equipo extraordinario de
       Puntarenas en el cual me encuentro nombrada, ya que de esta
       forma no afectaría la estabilidad laboral y la continuidad en el
       puesto de la compañera que se encuentra en esa plaza de forma
       interina, lo cual facilitaría que ésta pueda continuar adquiriendo
       el tiempo de experiencia que se requiere para accesar más
       adelante a un puesto en propiedad, y en estos términos la Jefa del
       Departamento apoya mi gestión, dado que ella está conforme con
       el trabajo que he venido realizando en el equipo extraordinario y
       le gustaría continúe apoyando el mismo y de esta forma también
       se beneficiaría la compañera en mención.

            A su vez que la suscrita podría beneficiarse con el reciente
       pronunciamiento emitido por el Departamento de Personal,
       siendo una motivación para la suscrita como servidora judicial,
       no solo porque me significa mayor estabilidad laboral, sino
       porque ello me facilita una mejor calidad de vida a nivel
       personal y familiar.

             En éste sentido cabe señalar, que yo soy el principal
       soporte económico, por constituirme en Jefa de Hogar, madre de
       tres hijos que cursan primaria y secundaria y encargada de mi
       madre (adulta mayor); además el ingreso de mi exesposo es un
       aporte voluntario y mínimo, en comparación con los gastos
       económicos que implica dos niños de edad escolar y una
       adolescente, que cursa secundaria; siendo que no cuento con
       vivienda propia, y esto me facilitaría trazarme con mayor certeza
       un proyecto de vida, sin que ello implique riesgos de continuar
       rotando dentro del Departamento, ya que mi condición familiar
       actual se constituiría en una limitante importante para ello. Por el
       contrario la posibilidad de ser nombrada en propiedad propicia
       estabilidad emocional, física y económica para mi y mi familia.‖
                                      -0-

      Por su parte la licenciada Milena Vega Cervantes, Perito Judicial 2

de la Ofician de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur,
en nota de 25 de febrero de este año, expresó lo siguiente:

              ―Soy Funcionaria del Poder Judicial desde el año 2000, en
       donde me inicié como Auxiliar Administrativo 1, en el
       Departamento de Trabajo Social y Psicología. Posteriormente, a
       partir del año 2005 fui nombrada como Licenciada en Trabajo
       Social en diferentes lugares del país. Actualmente tengo a la
       fecha de la presente, un año y diecinueve días, nombrada en
       plaza vacante en la Oficina Regional de Trabajo Social y
       Psicología de Pérez Zeledón.

             Soy casada y madre de tres hijos, dos de ellos menores de
       edad, mi esposo es funcionario del Poder Judicial en San José,
       desde hace 19 años aproximadamente.

              En el momento que fui nombrada en Pérez Zeledón, mi
       esposo y yo tomamos la decisión de ingresar a mi hijo menor en
       primer grado en uno de los Centros Educativos de San Isidro del
       General, dada la edad de mi hijo, dejando mi otro hijo de 15 años
       y el de 21 años en ese momento con el padre en Cartago, lugar
       de residencia de nuestro grupo familiar, siendo una situación
       sumamente difícil, dado que ha habido una desvinculación de
       nuestro entorno habitual.

              Durante el año 2008, nuestra situación familiar se ha visto
       afectada por la separación sufrida, mi hijo de 15 años perdió su
       año de secundaria, pues mi esposo aunque ha hecho grandes
       esfuerzos, debido a la jornada laboral y al tiempo requerido para
       trasladarse a su lugar de 4rabajo y al hogar, se dificulta el control
       y el asesoramiento de mi hijo en edad adolescente y siendo
       también que en ese momento mi hijo mayor estudiaba en la
       Universidad y a la vez trabajaba, quedando prácticamente solo el
       resto de día.

              Además, mi hijo menor sufrió mucho la desvinculación
       con sus hermanos y el padre, así como el desarraigo con su lugar
       de origen, por lo anterior debió recibir atención psicológica. Pese
       al tratamiento recibido y después de todos los esfuerzos
       realizados, debimos tomar la decisión de dejarlo este año en
       Cartago y matricularlo en su segundo grado en un Centro
       educativo del lugar. Cabe mencionar que mi hijo tuvo
       dificultades académicas en Pérez Zeledón, producto de las
       circunstancias indicadas, (hiperactividad y problemas serios de
       concentración).

              Por otra parte, durante todo el año 2008, mi hijo y yo
       viajamos todas las semanas, los viernes en las tardes cuando
       terminaba mi jornada laboral a Cartago y los domingos de
       regreso a Pérez Zeledón, exponiéndonos a las inclemencias del
       tiempo y de los desastres naturales que ocurrieron durante el año
       2008 en la carretera Interamericana Sur y hasta la fecha lo hago
       yo sola para visitar a mi familia.

              Por todas estas situaciones, me he visto con problemas
       emocionales de salud serios, siendo que he sido incapacitada en
       varias ocasiones por el médico del Poder Judicial, no obstante he
       tratado de que no afecte la parte laboral, en donde la Jefatura
       tiene conocimiento, sin embargo creo que en algo se ha visto
       afectado el rendimiento, pudiendo ofrecer más a la Institución,
       estando cerca de mi familia.

              La Jefatura del Departamento de Trabajo Social y
       Psicología, es conocedora de toda esta situación familiar y se que
       cuento con el apoyo, no obstante la situación que solicito se sale
       de lo que ella pueda definir. Se me está brindando la oportunidad
       de trasladarme a la Oficina ‗Regional de Trabajo Social y
       Psicología de Hatillo, dado que la compañera, Trabajadora
       Social, se trasladaría a Cartago en una de las plazas que se
       aprobaron para la Oficina de Atención a la Víctima; por lo que
       mi solicitud es que se me apruebe el nombramiento en propiedad
       como Trabajadora Social en Pérez Zeledón en plaza vacante, en
       donde me encuentro cumpliendo con los requisitos, para que
       posteriormente se me permita ser nombrada en Hatillo, dichos
       nombramientos se harían a más tardar el 15 de marzo del
       presente año.‖
                                     -0-

      Con relación a lo anterior, la máster Rosario González Brenes, Jefa

interina del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en correo

electrónico recibido el 26 de este mes, expresó lo siguiente:

            “... A solicitud de la Licda. Milena Vega Cervantes,
       Trabajadora Social de este Departamento, ubicada en la Oficina
       de Pérez Zeledón y de la Licda. Ester Jiménez Avilés Psicóloga
       ubicada en la Oficina de Puntarenas; les comunico que estoy
       enterada de la solicitud que ambas presentaron ante ustedes y
       comprendo la situación familiar planteada por ambas.

            Como jefatura inmediata estoy de acuerdo con la solicitud
       de la Licda. Milena Vega y la Licda. Ester Jiménez Avilés por
        cuanto no estarían afectando a ninguna persona; siempre y
        cuando ambas califiquen según los lineamientos a seguir para el
        nombramiento en propiedad en las plazas vacantes, No.16-09
        de la Secretaría General de la Corte.‖

                                     -0-

       Se acordó: Comunicar a las licenciadas Esther Jiménez Avilés y

Milena Vega Cervantes, que lamentablemente no es posible acceder a lo

solicitado, en razón de que no se encuentran nombradas en propiedad, por

lo que deberán participar en los concursos correspondientes para adquirir la

propiedad requerida y posteriormente podrán solicitar el traslado a las

plazas indicadas, en el entendido que la jefatura del Departamento de

Trabajo Social y Psicología tiene la potestad de aprobar esos traslados.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                              ARTÍCULO LXXV

       El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante

correo electrónico recibido el 27 de febrero último, remite el siguiente

informe:

Vehículos

N° Cons     Marca             Problema              Autoridad             Causa Penal
2842        Datsun 120 Y      Comiso sólo del       Juzgado Penal         96-000161-27-PE
                              chasis                de San José
4377        Suzuki            Comiso sólo del       Juzgado Penal         04-511071-042-
                              motor                 de San José           PE
4379        Subarú            Comiso sólo del       Juzgado Penal         04-511071-042-
                              chasis                de San José           PE
5594        Hyundai Elantra   Comiso sólo del       Juzgado Penal         05-025387-042-
                              chasis                de                    PE
                                                    Desamparados
6236        Volkswagen        Comiso sólo del       Juzgado Penal         07-021400-042-
          Jetta             chasis                de San José       PE
6301      Datsun 120        Comiso sólo del       Juzgado Penal     08-000029-277-
                            chasis                de Hatillo        PE
6306      Hyundai Excel     Comiso sólo del       Juzgado Penal     08-001170-042-
                            chasis                de                PE
                                                  Desamparados

Motocicletas

N° Cons   Marca             Problema              Autoridad         Causa Penal
2091      Yamaha            Comiso sólo del       Juzgado Penal     05-023223-042-
                            marco                 de Pavas          PE

       Manifiesta el licenciado Jones León, que la forma en que se ha

ordenado el comiso de estas partes de vehículos o motocicletas tal y como

se observa en el cuadro anterior, conlleva serios problemas prácticos para

ejecutarlo tanto para el Poder Judicial en su función administrativa cuanto

para los propietarios de esos vehículos, por el costo de proceder a su

desarme, por lo que sugiere hacer respetuosa instancia a los citados

despachos para que valoren la posibilidad de ordenar el comiso de la

totalidad del vehículo o motocicleta o en su defecto la devolución a sus

propietarios.

       Se acordó: 1) Tomar nota de las manifestaciones anteriores. 2)

Acoger la propuesta del licenciado Alfredo Jones León, en consecuencia

hacer una instancia a los Juzgados Penales del Primer Circuito Judicial de

San José, Hatillo, Desamparados y Pavas para que valoren la posibilidad de

ordenar el comiso de la totalidad del vehículo o motocicleta o en su defecto

la devolución a sus propietarios, dada la dificultad que existe para la
extracción de piezas.

                           ARTÍCULO LXXVI

       En correo electrónico de 27 de febrero recién pasado, el licenciado

Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, informa que en virtud de que

cerraron el Depósito de Vehículos de Colima y mientras se firma un

convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a partir de este

momento y hasta nuevo aviso, se reabre el Depósito de San Joaquín de

Flores sin restricción.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación del licenciado Alfredo

Jones León.

                           ARTÍCULO LXXVII

      En sesión N° 12-09 del 12 de febrero recién pasado, artículo LXII,

se acordó solicitar al licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez,

Profesional en Derecho 3 de la Secretaría General de la Corte, que

preparara el respectivo proyecto de ley para que sea conocido por la Corte

Plena, a efectos de presentarlo ante la Asamblea Legislativa, en que

disponga la creación del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Parrita.

      El licenciado Mora Rodríguez, en su citada condición, en nota de 27

de febrero de este año, en atención a lo dispuesto en el acuerdo de

referencia, remite el siguiente proyecto de ley para los fines consiguientes:

                           “PROYECTO DE LEY
    Creación de un Juzgado Contravencional y de Menor
              Cuantía en Parrita, Puntarenas
                  Expediente N°._______

Asamblea Legislativa:

       Actualmente los asuntos de Parrita, son competencia del
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aguirre-Parrita,
por lo que resulta evidente que las distancias que deben recorrer
los habitantes de esa zona, para tener acceso a los servicios
judiciales que se encuentran concentrados en la ciudad de
Quepos, son considerables, al igual que el tiempo y costo que
deben invertir en relación con los traslados para realizar alguna
diligencia judicial; inconvenientes, que de cierta manera son
limitantes al acceso a la justicia, y que pueden influir en la
abstención de las personas a interponer demandas o denuncias,
con el agravante que esto genera, principalmente en materias de
alto interés social, como son las materias de Violencia
Doméstica y de Pensiones Alimentarias.

        En cuanto a la cobertura poblacional y competencia
territorial, se tiene que el Cantón de Parrita registra mayor
cantidad de población y dimensión territorial que otros cantones
que si cuentan con Juzgados Contravencionales. Además,
tomando en consideración los proyectos habitaciones actuales, y
asumiendo que en cada condominio o casa de habitación residan
tres personas como mínimo, se puede estimar que en el segundo
semestre del 2008 la población del Cantón Parrita tendrá un
aumento considerable.

       En comparación con otros despachos homólogos, el
Juzgado Contravencional de Parrita tendría una carga de trabajo
en general superior. De crearse el Juzgado Contravencional de
Parrita, se tendría una carga de trabajo de 830 (incluye la cifra
negra) casos anuales, para un total de 75 casos mensuales para el
Juez y 24 asuntos por Auxiliar Judicial promedio dentro de los
parámetros existentes de carga de trabajo, para este tipo de
despachos.

       Adicionalmente, en vista de la trascendencia social de los
servicios que brinda el Poder Judicial, es importante la
eliminación de cualquier obstáculo innecesario que limite a las
personas el acceso a la justicia; por lo que la apertura de un
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía en Parrita,
contribuiría a un acercamiento de la justicia para los y las
habitantes de ese cantón, en cumplimiento de la responsabilidad
       que tiene el Poder Judicial de mejorar la prestación de los
       servicios que ofrece.

              En virtud de lo anterior, se somete a consideración de las
       señoras Diputadas y señores Diputados el presente proyecto de
       ley:
       Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta:
       Creación de un Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía en
       Parrita, Puntarenas

       Artículo 1°.- Créase el Juzgado Contravencional y de Menor
       Cuantía de Parrita, Puntarenas.

       Artículo 2.- Rige a partir del 1° de enero del 2010.‖
                                      -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe del licenciado Carlos

Toscano Mora Rodríguez. 2) Recomendar a la Corte Plena la aprobación

del proyecto de ley para la creación del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Parrita y su remisión al Ministerio de Justicia para que se

sirva reenviarlo a la Asamblea Legislativa.

                           ARTICULO LXXVIII

      En sesión N° 18-09 del 26 de febrero último, artículo XXII, se

concedió permiso sin goce de salario a la servidora Roxana Segura Godoy,

Auxiliar Judicial del Juzgado Penal de Garabito, el 27 de febrero, 6, 13, 20

y 27 de marzo de este año, a fin de que participara en el curso de ―Ética

Profesional‖, a realizarse en el Colegio de Abogados de Costa Rica.

      En correo electrónico recibido el 26 de febrero recién pasado, el

licenciado Víctor Charpentier Ugarte, Juez Penal de Garabito, solicita lo

siguiente:
      ―Con base en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en los siguientes argumentos, con carácter de urgencia,
interpongo recurso de reconsideración contra el acuerdo número
18-09, artículo XXII de la sesión celebrada hoy por el Consejo
Superior del Poder Judicial, con la solicitud de suspensión del
permiso sin goce de salario objeto de este recurso o bien que
conjuntamente con el permiso se dé el efectivo nombramiento de
un sustituto (por ejemplo, un auxiliar supernumerario) para la
auxiliar judicial 2 del Juzgado Penal de Garabito durante el
tiempo que la titular se encuentre con permiso sin goce de
salario:

      1. A las 16:13 horas de hoy 26 de febrero vía telefónica fui
informado, por quien se identificó como Arelys VINDAS (sic),
funcionaria de la Secretaría General de la Corte Suprema de
Justicia, que en el aludido acuerdo se dispuso otorgar permiso
sin goce de salario a Roxana SEGURA GODOY -auxiliar
judicial del Juzgado Penal de Garabito- cinco días que esta
funcionaria me había pedido como adelanto de vacaciones, que
como jefe de despacho denegué. Me especificó la señorita
VINDAS (sic) que puedo nombrar un sustituto a esa funcionaria
para las fechas que se le otorgó el permiso. Entonces, se aclara
que desconozco el contenido exacto de la petición que les hizo a
ustedes la funcionaria SEGURA GODOY, por lo que este
recurso de reconsideración se hace con base en la información
que me dio vía telefónica la señorita Arelys VINDAS (sic).

      Así, el acuerdo que impugno fue tomado sin darme
audiencia sobre las gestiones que presentó SEGURA GODOY y
sin darle al Juzgado tiempo o recursos suficientes para conseguir
la cierta sustitución para esa funcionaria, que es la única auxiliar
judicial de este despacho, en el que solo laboran además una
asistente judicial y, por supuesto, el Juez Penal. También
considero que el acuerdo se opone a las disposiciones del propio
Poder Judicial sobre otorgamiento de permisos o vacaciones,
pues no estamos ante una necesidad que emergiera
repentinamente a la funcionaria, sino que se trasladó al Juzgado
Penal de Garabito el riesgo que fue creado por el incumplimiento
de los procedimientos por la servidora SEGURA GODOY y por
otros despachos. Ignoro si el Consejo Superior está informado,
pero la mayor parte de los funcionarios judiciales de Jacó
proceden de otras localidades y algunos viajan todos los días
desde Orotina y San Mateo, y hay serias dificultades para
conseguir suplentes para los puestos de auxiliares judiciales.

     Lastimosamente no basta que el Consejo Superior autorice
el nombramiento un suplente para la auxiliar judicial para con
ello conseguir una persona con los requisitos mínimos y que
acepte. A modo de ejemplo, en cumplimiento de la circular 02-
09 de la Corte Suprema de Justicia, desde la noche del 19 de
febrero del 2009 solicité al Departamento de Gestión Humana
que remitieran la lista de elegibles para la auxiliar judicial 2. A
hoy NO he recibido respuesta.

      Con el debido respeto que merecen las y los integrantes del
Consejo Superior, si es posible evitar problemas para la
prestación del servicio público, debe hacerse. Algunos hechos
son de difícil control. Por ejemplo, la señorita SEGURA
GODOY pidió, y disfrutó, del período de vacaciones colectivas
lunes 22 de diciembre del 2008 al viernes 02 de enero del 2009,
pero se incapacitó el viernes inmediato a su disfrute de
vacaciones (19 de diciembre del 2008) y varios días después de
la fecha en que debía reintegrarse a labores (05 de enero del
2009). Debido a lo repentino que son la mayoría de las
incapacidades, por el escaso tiempo de que se disponía NO se
consiguió quien la sustituyera el 19 de diciembre del 2008 ni el
05 de enero del 2009. Soy el único Juez Penal de esta localidad,
lo que implica que ante hechos urgentes (por ejemplo,
allanamientos o levantamientos de cadáveres) deba salir del
despacho, y en condiciones ordinarias quedarían en el Juzgado
solo dos funcionarias, de las cuales la auxiliar SEGURA
GODOY tiene, entre otras funciones, llevar los expedientes para
fotocopiado a más de un kilómetro de distancia del Juzgado y
también notificar. Si la otra funcionaria de este despacho se halla
fuera del Juzgado supliendo a Roxana SEGURA, el Juez tendría
que cerrar el despacho para celebrar audiencias o retrasar las
audiencias para atender público, faxes y llamadas, entre otras
funciones, mientras regresa la asistente, o bien posponer las
labores que le corresponderían a la señorita SEGURA GODOY;
sin perjuicio de otra opción que el Consejo Superior o la
administración puedan dar para este asunto, que es propiamente
administrativo.

     Estas no son suposiciones del Juez Penal. El 26 de mayo
del 2008, el Juez Penal era el único funcionario que NO estaba
incapacitado en el Juzgado Penal. Para ninguna de las otras dos
funcionarias incapacitadas se obtuvo sustitución.

      2. Debo señalar que, en esencia, rechacé las vacaciones a
SEGURA GODOY -que las pidió para llevar el curso de Ética
Jurídica- no solo porque no tenía derecho al adelanto, sino
porque su gestión correspondía a un evento que ella podía prever
       y programar para ser sustituida -incluso ante un posible permiso
       con goce o sin goce de salario-, pero en este caso SEGURA
       GODOY provocó la situación a la que se le pretende dar el
       calificativo de urgente, pues primero matriculó el curso de Ética
       Jurídica (sin tener derecho a vacaciones) y luego pidió las
       vacaciones fragmentadas en cinco viernes sucesivos, lo que
       dificulta conseguir alguien a que le resulte atractivo un
       nombramiento de tan solo un día por semana. Más bien ha sido
       tramitado por ella dejando por completo expuesto al Juzgado
       Penal de Garabito con el peligro de deterioro de la prestación de
       la función que a ella le corresponde.

             En consecuencia, si no fuera revocado el acuerdo
       impugnado ni nombraran un suplente para la auxiliar judicial, le
       solicito al Consejo Superior instrucciones sobre cómo proceder
       en este caso concreto y otros futuros, todo para la neutralización
       del perjuicio que conlleva el faltante de la auxiliar judicial.

            Atenderé comunicaciones en el correo electrónico de este
       despacho o al fax 2643-1278 del Juzgado Penal de Garabito.‖
                                     -0-

      Por mayoría, se acordó: Denegar el recurso de reconsideración

interpuesto por el licenciado Víctor Charpentier Ugarte y mantener el

permiso sin goce de salario concedido a la servidora Roxana Segura Godoy

para que asista al curso de Ética del Colegio de Abogados los días

indicados, lo anterior en razón de que el citado permiso fue concedido con

sustitución y deberá don Víctor hacer los esfuerzos necesarios para buscar

personas, que reúnan los requisitos mínimos para sustituir a la servidora

durante esos días.

      El señor Presidente, Magistrado Mora, votó por revocar el permiso

concedido a la servidora Roxana Segura Godoy, en razón de la afectación

al servicio público.
                            ARTICULO LXXIX

      En virtud de la entrada en vigencia de la nueva Ley de

Notificaciones, N° 8687 de 4 de diciembre de 2008,y para cumplir con lo

establecido por los artículos 12 y 62 de este texto normativo en relación

con lo dispuesto por el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

se acordó: Solicitar al Departamento de Tecnología de la Información, que

indique cuáles son los procedimientos que requieren tecnología informática

y que se deben utilizar para garantizar la ejecución de la Ley de

Notificaciones N° 8687 de 4 de diciembre de 2008.

                            ARTÍCULO LXXX

      En nota de 2 de marzo en curso, la máster Olga González Villalobos

Presidente de la Asociación de Psicólogos del Poder Judicial (APSIJUD),

el máster Abel Jiménez Obando, Presidente de la Asociación Costarricense

de la Judicatura (ACOJUD), la licenciada Lizzeth Cruz Torres de la

Asociación de Trabajadores Sociales del Poder Judicial, el licenciado

Mario Mena Ayales, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados

Judiciales y el señor Álvaro Rodríguez Zamora, Presidente de la

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística,

comunicaron lo siguiente:

             ―En Sesión celebrada en ANEJUD, el día 02 de los
       corrientes, la Coordinadora de Organizaciones del Poder Judicial
       tomó el acuerdo que literalmente indica.

            (...) ―Informar al Consejo Superior que se eligió como
 Representante Propietario al Lic. Mano Alberto Mena Ayales y
 al Señor Bernal Vargas Prendas como Suplente en la Comisión
 de Presupuesto del Poder, Judicial.‖ Unanimidad.‖
                               -0-

Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior

                            -o0o-

A las 14:20 horas terminó la sesión.

				
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