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									                                      Nº 61-05

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del nueve de agosto del dos mil cinco.

      Sesión ordinaria con asistencia del Presidente Magistrado Mora, de las

licenciadas Miriam Anchía Paniagua, Milena Conejo Aguilar, Lupita Chaves

Cervantes y el suplente licenciado Mario Mena Ayales en sustitución del

licenciado Marvin Martínez Fernández por permiso con goce de salario. Asiste

también el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                  ARTÍCULO I

      Se aprueba el acta de la sesión N° 55-05 celebrada el 19 de julio último.

      El Magistrado Mora y el licenciado Mena se abstuvieron de votar por no

haber participado en la citada sesión.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                  ARTÍCULO II

      En sesión N° 41-05 celebrada el 31 de mayo del año en curso, artículo

LXXXIII, se tomó el acuerdo que dice:

            ―En la sesión N° 59-99 de 27 de julio de 1999, artículo LXVI, se
       tomó el acuerdo que literalmente dice:
          ―La señora Olga Marta Chaverri Chaves, Oficinista 2 de la Sección
          de Reclutamiento y Selección, con el visto bueno del Lic. Javier
                                 2

Sánchez Medrano, Jefe de esa Sección, en oficio de 4 de mayo
último, solicita que la plaza por ella ocupada se convierta en dos de
medio tiempo, con el fin de ocupar una de ellas, porque necesita
dedicarse más a su hijo de 2 años de edad, quien ha presentado
problemas de salud y de cuido.
En oficio N° RS-263-99 de 19 del citado mes de mayo, los Licdos
Javier Sánchez Medrano, en su condición dicha, y Francisco Arroyo
Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, informan que
respaldan la petición de la señora Chaverri Chaves.
Sobre la gestión de doña Olga Marta se solicitó informe a la Licda.
Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, quien
lo rinde con oficio N° 1520-PLA-99 de 22 de los corrientes,
adjuntando el estudio N° 168-DO-99 de la Sección de Desarrollo
Organizacional, cuyas conclusiones y recomendación literalmente
dicen:
"Se determina que las razones expuestas por la Sra. Chaverri
Chaves, originarían que se inicie una serie de peticiones por parte
de una población laboral bastante considerada de servidores que
actualmente atraviesan por la misma situación, lo que no es
conveniente para la Institución.
Es importante destacar que en el momento en que se realizó la
entrevista a la Sra. Olga Chaverri Chaves, se percibió su
conformidad con las nuevas labores que realiza en la oficina para la
cual labora actualmente.
La Institución incurriría en costos económicos adicionales al
proceder la división de la plaza en dos de medio tiempo.
De continuar la misma situación de traslado de la Sra. Chaverri, se
estima conveniente en cuanto a la carga de trabajo, mantener el
mismo sistema que opera actualmente en el interior de la Sección,
ya que al hacer la distribución de las labores entre los otros cuatro
compañeros se contribuye a que exista una fluidez en el trabajo y se
evitan los atrasos.
De conformidad con el estudio realizado y por las razones
anteriormente expuestas, a pesar de la anuencia manifestada por
parte de los jefes involucrados del Departamento de Personal, es
criterio de este Departamento no recomendar que se divida el
puesto de Oficinista 2 en dos de medio tiempo".
Por los motivos especiales que indica la solicitante, se acordó:
                                    3

  Acoger su gestión; en consecuencia, se divide en dos plazas de
  medio tiempo el puesto de Oficinista 2 que ocupa la señora
  Chaverri Chaves, medida que se hará efectiva a partir del 16 de
  agosto entrante. Los Departamentos de Personal y Planificación
  tomarán nota para lo de sus cargos.‖
                                   -0-
     La señora Chaverri Chaves, Asistente Administrativo 1 de la
Sección de Reclutamiento y Selección, en nota de 20 de mayo en curso,
expuso lo siguiente:
  ―... con 11 años de laborar para el Poder Judicial, dentro de los
  cuales he laborado 5 años y 9 meses medio tiempo; esto debido a
  que en el año 1999 gestioné ante el Consejo Superior que mi plaza
  se convirtiera en dos medios tiempos por motivos muy personales,
  solicitud que fue aprobada en Sesión N° 59-99 del 27/07/1999,
  Artículo LXVI, a partir del 16/08/1999.
  Es de mi interés gestionar nuevamente ante ustedes que se me
  conceda la oportunidad de laborar tiempo completo, ya que como
  propietaria de esta plaza estoy sumamente interesada en ocupar el
  otro medio tiempo que se encuentra vacante.
  Los motivos por que acudo a solicitarles dicha gestión son los
  siguientes:
  Como es sabido de todos, hoy en día el costo de la vida está
  aumentando mucho y seguirá así, razón por la cual el dinero no
  alcanza para cubrir en su totalidad las necesidades básicas de todo
  trabajador, en mi caso cubro los gastos entre otros, de mis dos hijos,
  uno de ellos se encuentra actualmente estudiando y el otro que está
  próximo a entrar a estudiar.
  Por otra parte deseo mantenerme trabajando una jornada completa
  el tiempo que sea necesario para en el futuro gozar de una pensión
  adecuada a mis necesidades.
  Les externo también que tengo un deseo profundo de superación, el
  cual implica un gasto económico para poder estudiar.
  Además he tomado en cuenta el volumen de trabajo que la Sección
  de Reclutamiento tiene en estos momentos y deseo apoyar de forma
  positiva con mi experiencia en el puesto, para fortalecer el
  crecimiento de la Sección y por consiguiente del Departamento,
  tomando en cuenta que me he desempeñado durante todo este
                                            4

          tiempo en ésta Sección.
          Por último quiero recalcar nuevamente que en vista de que la plaza
          se encuentra actualmente vacante y por ser yo la propietaria desde
          hace tantos años, merecería que se analice mi propuesta y pueda ser
          ocupada la otra mitad por mi persona permitiéndome a la vez poder
          aportar un granito de arena más a tan estimada institución que me
          ha traído tantos beneficios no solo económicos sino satisfacciones
          personales con las que he podido demostrar mis capacidades para
          desempeñar un puesto con verdadera responsabilidad.‖
                                           -0-
             Se acordó: Acoger la solicitud de la señora Chaverri Chaves,
       partiendo de la base que la plaza que ocupa en propiedad lo fue de tiempo
       completo, y por gestiones de la interesada, se dividió en dos plazas de
       medio tiempo, y encontrándose actualmente el otro medio tiempo
       vacante, se autoriza unificarlos a partir del 1º de julio del año en curso.”

                                          -0-
      Los máster Francisco Arroyo Meléndez y José Luis Bermúdez Obando, por

su orden, Jefe y Subjefe del Departamento de Personal, en oficio N° 656-JP-2005

de 29 de julio último, presentan la siguiente reconsideración:

       ―En atención a lo dispuesto por ese Consejo Superior en la sesión
       celebrada el 31 de mayo del 2005 artículo LXXXIII, en relación con la
       unificación de los dos puestos de medio tiempo ocupados por la señora
       Olga Chaverri Chaves (en propiedad) e interinamente por la señora
       Irene Herrera Acuña, nos permitimos indicar lo siguiente:
       1.- La situación planteada por la señora Chaverri Chaves nunca fue
       consultada a este Departamento y no se nos de la oportunidad de
       manifestar previamente nada sobre el particular. No es sino hasta que por
       medios informales fuimos comunicados de la situación a inicios del mes
       de julio que nos dimos cuenta de la decisión que el Consejo Superior
       había dispuesto. Hecho que extraña a esta jefatura, dado que siempre en
       casos similares se toma el parecer de las partes para conocer su punto de
       vista sobre situaciones como la que ahora se plantea, previo a la toma de
       la decisión final del Órgano Superior.
                                       5

   2.-.-Por este motivo se solicita al Consejo Superior que reconsidere el
   acto administrativo de unificación de los dos medios tiempos tomado en
   el acuerdo de referencia y se nos da la oportunidad de expresar de manera
   clara concisa el punto de vista de esta oficina sobre el tema, siguiendo el
   debido proceso.
   En caso que se estime el rechazo de la reconsideración planteada es
   necesario que al menos se tomen en cuenta los siguientes aspectos:
 Ante el acuerdo del Consejo Superior es fundamental para la
  organización de este departamento y en procura de no afectar la atención
  que se brinda al público en la recepción central, que quede claramente
  establecido que dentro de las funciones de la señora Chaverri Chaves en
  la plaza de Asistente Administrativo 1 ubicada presupuestariamente en la
  Sección de Reclutamiento y Selección ella debe laborar medio tiempo, en
  la Sección de Administración de Personal, específicamente en la
  recepción central de este Departamento.
 La situación anterior obedece a que en virtud del alto volumen de trabajo
  que se maneja en este departamento, fue necesario desde agosto de 1999
  ubicar la plaza de medio tiempo interina en la recepción general que
  atiende los trámites de las Secciones de Administración Salarial,
  Administración de Personal y Archivo de Expedientes. El trabajo
  desarrollado en esa área requiere de un gran esfuerzo físico y emocional,
  dada la gran cantidad de servidores judiciales que son atendidos durante
  todo el día, además de que también se tiene que contestar las llamadas
  telefónicas, trasladar y acomodar la correspondencia que se recibe
  personalmente y por fax, situación que demanda la presencia constante en
  el despacho.
 La señora Chaverri Chaves durante su relación laboral ha mostrado una
  gran cantidad de incapacidades y quebrantos en su      salud, así como
  constantes citas a clínicas y hospitales tanto para ella como para sus
  hijos, situación que dentro de su rol en la Sección de Reclutamiento y
  Selección y dada su condición de medio tiempo era permisible y
  medianamente aceptable. Sin embargo debe tenerse claro que ante la
  necesidad que dentro de su nuevo rol de trabajo labore medio tiempo en
  la Sección de Reclutamiento y el otro con la atención de público, existe
  la posibilidad manifiesta que ese trabajo puede afectar directamente la
  condición física y emocional de la señora Chaverri.
 La propuesta anterior fue comentada personalmente con la señora
  Chaverri, en virtud de la preocupación de esta jefatura por la posible
  afectación que podría sufrir su salud ante los nuevos retos que se
                                           6

       plantean, producto del gran volumen de trabajo que se debe afrontar en la
       recepción general del departamento y que implican por definición un gran
       esfuerzo físico y emocional. Sin embargo su respuesta fue totalmente
       tajante, en el sentido que ella espera que la situación desencadenara en lo
       que ahora se propone y que estaba dispuesta a asumir el reto, con las
       consecuencias que de ellas dimanen.
       Con base en lo anterior se pone en conocimiento del Consejo Superior la
       situación descrita con el fin que valore los planteamientos esbozados y
       tome la decisión que mejor convenga a los intereses institucionales.‖

                                          -0-

      Se acordó: 1) Denegar el recurso de reconsideración planteado por los

máster Bermúdez Obando y Arroyo Meléndez y mantener lo resuelto en la sesión

N° 41-05 celebrada el 31 de mayo último, artículo LXXXIII, por cuanto al acceder

a la petición planteada este Consejo no ha violentado norma legal alguna. 2)

Comunicar a la señora Chaverri Chaves la obligación de observar el buen

cumplimiento de las funciones asignadas en los dos puestos que se unifican.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

                                   ARTÍCULO III

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó: Aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
GESTIÓN HUMANA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

1)    RAMÍREZ PICADO HANNIA
                             7

     PROFESIONAL 2

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 12/08/2005
NÓMINA Nº 0013-2005     Nº PUESTO 100781

Nº PUESTO ANTERIOR: 99670 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
OFICINA: SECCIÓN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Nº PUESTO PROPUESTO: 100781 PROFESIONAL 2

2)   MONGE MADRIGAL VICTORIA
     PROFESIONAL 1

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 12/08/2005
NÓMINA Nº 0014-2005     Nº PUESTO 92726

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

DEPARTAMENTO DE PERSONAL GESTIÓN HUMANA
SECCIÓN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
UNIIDAD INTERDISCIPLINARIA

3)   CASTAÑEDA VARGAS RODOLFO
     PROFESIONAL 1

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/08/2005
NÓMINA Nº 0015-2005     Nº PUESTO 92724

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

4)   MADRIZ SEQUEIRA ALEXANDRA
     PROFESIONAL 1

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/08/2005
NÓMINA Nº 0015-2005     Nº PUESTO 020126

Nº PUESTO ANTERIOR: 48483 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2
OFICINA: SECCION INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Nº PUESTO PROPUESTO: 020126 PROFESIONAL 1
                                          8


JUZGADO AGRARIO DE SANTA CRUZ

5)    CLARIBEL JAEN DÍAZ
      AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 ( CONSERJE)

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/08/2005
TERNA Nº 144-2005       Nº PUESTO 102231

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

FISCALÍA ADJUNTA DE LIMÓN

6)    CALVO CÉSPEDES MAIRA
      AUXILIAR JUDICIAL 2

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/08/2005
TERNA Nº 068-2005       Nº PUESTO 34044

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ

                                         - 0-

      Los servidores Monge Madrigal, Castañeda Vargas, Caribel Jaen y Calvo

Céspedes se presentarán al Servicio Médico para los servidores judiciales, a efecto

de que se les practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la

cita en forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3572.

      El Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo

resuelto para lo de sus cargos. Se declara este acuerdo firme.

RENUNCIAS

                                 ARTÍCULO IV
                                           9


      Con vista en la respectiva comunicación del Departamento de Personal, se

acepta la renuncia del señor Juan Carlos García Madrigal, al cargo de Técnico

Administrativo 1 de la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial de

San José, a partir del 29 de julio del año en curso. Se le dan las gracias por los

servicios prestados al Poder Judicial. Se declara este acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO V

      Con vista en la respectiva comunicación del Departamento de Personal, se

acepta la renuncia del señor Gustavo Elizondo Solís, al cargo de Auxiliar

Administrativo 1 en el Archivo de la Oficina Administrativa del Segundo Circuito

Judicial de San José, a partir del 3 de agosto en curso. Se le dan las gracias por los

servicios prestados al Poder Judicial.

                                   ARTÍCULO VI

      En la sesión N° 15-05 celebrada el 3 de marzo del año en curso, artículo V,

se tomó el siguiente acuerdo:

             ―En sesión N° 44-04 celebrada el 17 de junio del 2004, artículo
       XLVIII, se concedió permiso sin goce de salario por un período de dos
       años a partir del 3 de agosto de ese año, a la licenciada María Antonieta
       Alfaro Calvo, Jueza del Tribunal de Familia, para realizar estudios de
       doctorado en la Universidad de Oslo, Noruega, previa firma del contrato
       respectivo.
             En correo electrónico recibido el 24 de febrero último, la licenciada
       Alfaro Calvo solicita se reduzca el permiso de dos años sin goce de
       salario a un plazo de once meses y nueve días, a efecto de reincorporarse
       a sus labores el 13 de julio del presente año. En ese sentido hace saber,
                                           10

       que la fecha de presentación de la tesis se encuentra programada para el
       día 7 de julio de los corrientes, en virtud de que por circunstancias ajenas
       a su voluntad acaecidas estando en Noruega, el grado de estudios
       registrado no correspondía al aplicado (doctorado), sino al de maestría,
       por el período de estudios de un año, con la flexibilidad de presentar la
       tesis durante ese mismo año, o en cualquiera de los semestres siguientes.
             Se acordó: Acoger la gestión anterior y limitar al 12 de julio del
       presente año, la licencia otorgada a la licenciada Alfaro Calvo en la
       sesión N° 44-04 del 17 de junio del 2004, artículo XLVIII, por lo que se
       reintegrará a sus labores en el Tribunal de Familia a partir del 13 de julio
       próximo.
             Comuníquese este acuerdo a la Licda. Dora Castillo Serrano, quien
       sustituye a la Licda. Alfaro Calvo, para los efectos del artículo 28 del
       Código de Trabajo.
             El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia de la
       Corte tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.‖
                                           -0-

      La licenciada Alfaro Calvo, en su expresado carácter, con nota de 1° de

agosto en curso, comunica su renuncia al puesto en propiedad. Lo anterior según

señala, para evitar cadenas de sustituciones, así como situaciones de inestabilidad y

atraso en ese despacho como consecuencia de viajes a Noruega, país en el que

actualmente reside con su esposo, y su hijo. Asimismo solicita que como preaviso

se tome a partir de esta fecha hasta el 1° de setiembre del año en curso.

      Se acordó: Acoger la renuncia de la licenciada Alfaro Calvo al cargo de

Jueza Tramitadora del Tribunal de Familia, a partir del 1° de setiembre del año en

curso, lo anterior sin perjuicio de cualquier responsabilidad respecto al contrato de

adiestramiento N° 37-AD-04. La Unidad Interdisciplinaria procederá a remitir la
                                        11

terna para llenar la plaza vacante que dejará doña María Antonieta en el citado

despacho.

         El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomará nota

para lo que a cada uno corresponda.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                 ARTÍCULO VII

         En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las fechas que se

dirán:

1- En el Juzgado de Trabajo de Alajuela

El 5 de agosto a:
Licda. Mónica Zúñiga Vega
Licda. Mayela Gómez Pacheco
Licda. Ana Noelia Prendas Ugalde
Licda. Derling Talavera Polanco


2- En el Juzgado Civil y Trabajo de Desamparados

El 8 de agosto a:
Licda. Mónica Zúñiga Vega
Licda. Ericka Robleto Artola
Licda. Ana Noelia Prendas Ugalde
Licda. Derling Talavera Polanco
Licda. Tatiana Brenes Arias
                                               12

Licda. Jeannette Ruiz Herradora

                                     ARTÍCULO VIII

       En oficio N° UI-2570-05 de 27 de julio último, recibido el 3 de agosto en

curso, el Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en su carácter de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y el licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador

interino de la Unidad Interdisciplinaria, manifiestan:

         ―En atención a los oficios de fecha: 15, 21 y 24 de junio de 2005 y 07 de
         julio de 2005, No. 5083-05, 4915-05, 5347-05 y 5836-05 respectivamente
         suscritos por la Secretaria de la Corte se remiten las ternas para juez 3 en
         materia Penal en los despachos que a continuación se detallan:

                                               Códigos
                Despacho                                              Observaciones
                                              de puesto
                                                          Plaza vacante anteriormente ocupada por
1.   Juzgado Penal Primer Circuito Judicial
                                               43986      el Lic. Jorge Steve Fernández Rodríguez
     de San José
                                                          quien fue nombrado en otro puesto.
                                                          Plaza vacante anteriormente ocupada por
2.   Juzgado Penal Primer Circuito Judicial
                                               045138     el Lic. Walter Morales Valladares, quien
     de la Zona Atlántica
                                                          fue nombrado en otro puesto
                                                          Plaza vacante anteriormente ocupada por
3.   Juzgado Penal Primer Circuito Judicial
                                               45131      el Lic. José María Pereira Pérez, por
     de la Zona Atlántica
                                                          haberse acogido a la jubilación
                                                          Plaza vacante anteriormente ocupada por
4.   Juzgado Penal Primer Circuito Judicial
                                               111294     el Lic. Rodrigo Vallecillo Matamoros,
     de la Zona Atlántica
                                                          quien fue nombrado en otro puesto
                                                          Plaza vacante anteriormente ocupada por
5.   Juzgado Penal de Liberia                  44836      el Lic. Juan Antonio Ulate Carballo, por
                                                          haberse acogido a la jubilación.

         Observaciones Generales:

      I. Las ternas se integran con tres aspirantes conforme la Ley de Carrera
          Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura
                                            13

        en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y el
        Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de
        agosto de 2001.

    II. Las ternas se conforman con la lista de elegibles de Juez 3 Penal.

                                   PRIMERA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José
        Plaza Vacante No.: 43986

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                        PROMEDIO        POSICIÓN EN       OBSERVACIONES
                                                       LISTA DE
                                                      ELEGIBLES
1. Coles Calderón Vivian               88.6928            76
2.Torres González Mayid                88.6418            77
3. Sandí Zúñiga Sonia                  88.5333            79

        Interino en este código de puesto: Lic. Max Escalante Quirós
        Condición laboral: Interino
        Vigencia del nombramiento: Hasta 31/08/2005


                     SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica
        Plazas Vacantes. No: 045138, 45131 y 111294

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                        PROMEDIO        POSICIÓN EN       OBSERVACIONES
                                                       LISTA DE
                                                      ELEGIBLES
1. Reyes Castillo Ángel Roberto        86.6128             98
2. Valverde López Ricardo              86.3306            103
3.Morales Sanabria José Manuel         86.1680            105

        Los aspirantes de la segunda terna, aceptaron participar en la tercera y
        cuarta plaza, motivo por el cual una vez realizado el primer
                                           14

        nombramiento, deben considerarse los dos candidatos que no fueron
        nombrados y adicionar de las siguientes personas, el de mejor promedio y
        así completar el número de participantes que se requieren:

       NOMBRE                      PROMEDIO POSICIÓN EN           OBSERVACIONES
                                              LISTA DE
                                             ELEGIBLES
4. Arias Robles Freddy               85.6004     110
5. Cerdas Montano Marvin             84.4932     120

        Interino en el puesto No. 45138, Lic. Luigui Barrantes Carranza
        Condición laboral: Propiedad. Conductor de Detenidos. Sección de
        Cárceles
        Periodo nombramiento: Hasta el 31/08/2005

        Interino en el puesto No. 45131, Lic. Aisen Francisco Hernández López
        Condición laboral: Propiedad. Defensor Público. Defensa Pública de
        Siquirres
        Periodo nombramiento: Hasta 31/08/2005

        Interina en el puesto No. 111294 : Licda. Carmen Rodríguez Montoya
        Condición laboral: Propiedad. Juez 1. Juzgado Contravencional Primer
        Circuito Judicial Zona Atlántica
        Periodo nombramiento: Hasta 31/08/2005

                                      QUINTA TERNA

        Despacho: Juzgado Penal de Liberia
        Plazas Vacantes No.: 44836

        Los aspirantes son:

       NOMBRE                       PROMEDIO       POSICIÓN EN      OBSERVACIONES
                                                     LISTA DE
                                                    ELEGIBLES
1. Reyes Castillo Ángel Roberto       86.6128            98
2. Valverde López Ricardo             86.3306           103
3.Arias Robles Freddy                 85.6004           110

        Los aspirantes de esta terna participa simultáneamente en las anteriores,
        por lo que se adiciona a los siguientes candidatos como suplentes.
                                           15


       NOMBRE                        PROMEDIO       POSICIÓN EN   OBSERVACIONES
                                                      LISTA DE
                                                     ELEGIBLES
4. Araya Vallejos Luis Guillermo       84.8121           117
5. Rodríguez Montoya Humberto          84.7644           118
6. Cerdas Montano Marvin               84.4932           120

        Interina en el puesto: Licda. Yulieth Jiménez Torrentes
        Condición laboral: Propiedad. Auxiliar Judicial 2
        Periodo nombramiento: Hasta 31/08/2005

        Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
        interesados.‖
                                           - 0-

       Se tienen a la vista, las notas de 1° y 8 de agosto en curso, suscritas por los

licenciados Marvin Cerdas Montano y Luis Guillermo Araya Vallejos,

respectivamente, en que exponen los motivos por los que desean ser tomados en

cuenta para el nombramiento en los Juzgados Penales del Primer Circuito Judicial

de la Zona Atlántica y de Liberia.

       Asimismo varios Jueces del Juzgado Penal del San José, mediante oficio de

3 de este mes, por las razones señaladas consideran conveniente que se nombre en

el puesto de Juez 3 en ese despacho, al licenciado Mayid Torres González.

                                           - 0-

       Se procede a realizar el nombramiento en propiedad de Juez 3 del Juzgado

Penal del Primer Circuito Judicial de San José, puesto N° 43986, con base en la

siguiente terna:
                                        16

      Coles Calderón Vivian

      Torres González Mayid

      Sandí Zúñiga Sonia

      Por mayoría resultó electa: la licenciada Vivian Coles Calderón, a partir del

1° de setiembre del año en curso.

    El licenciado Torres González recibió un voto.

                                       - 0-

      A continuación, para el puesto en propiedad de Juez 3 del Juzgado Penal del

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, puesto N° 45138, la terna queda

conformada de la siguiente manera:

      Reyes Castillo Ángel Roberto

      Valverde López Ricardo

      Morales Sanabria José Manuel

      Por mayoría, se dispuso: nombrar al licenciado Ricardo Valverde López, a

partir del 1° de setiembre próximo.

      El licenciado Reyes Castillo recibió dos votos.

                                       - 0-
                                          17

      Igualmente se procede a realizar el nombramiento en propiedad de Juez 3 del

Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, puesto N° 45131,

a partir del 1° de setiembre de este año, la terna es la siguiente:

      Reyes Castillo Ángel Roberto

      Morales Sanabria José Manuel

      Arias Robles Freddy

      En primera votación los licenciados Morales Sanabria y Reyes Castillo,

obtuvieron dos votos cada uno y el licenciado Arias Robles recibió un voto.

      En la segunda votación, por mayoría, resultó electo: el licenciado José

Manuel Morales Sanabria.

      Los licenciados Reyes Castillo y Arias Robles obtuvieron un voto cada uno.

                                          - 0-

      Para el cargo en propiedad de Juez 3 del Juzgado Penal del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, puesto N° 111294, a partir del 1° de setiembre de

este año, la terna es la siguiente:

      Reyes Castillo Ángel Roberto

      Arias Robles Freddy

      Cerdas Montano Marvin

      Por mayoría, se acordó: nombrar al licenciado Marvin Cerdas Montano.
                                         18

      Los licenciados Reyes Castillo y Arias Robles recibieron un voto cada uno.

                                              -0-

      Finalmente se realiza el nombramiento en propiedad en el Juzgado Penal de

Liberia, puesto N° 44836, de juez 3 a partir del 1° de setiembre del año en curso, la

terna queda así:

      Reyes Castillo Ángel Roberto

      Arias Robles Freddy

      Araya Vallejos Luis Guillermo

      Por mayoría, se designó: al licenciado Freddy Arias Robles.

      El licenciado Reyes Castillo recibió un voto.

      La Unidad Interdisciplinaria procederá a remitir las ternas de las plazas que

dejarán los licenciados Coles Calderón, Morales Sanabria, Arias Robles, Cerdas

Montano y Valverde López, en los Juzgados Penales de San Carlos, Talamanca,

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Tribunal de Puntarenas y Juzgado

Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, respectivamente.

      El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda. Se declara firme este acuerdo.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                 ARTÍCULO IX
                                       19

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 2570 de 14 de julio último, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 892-04-F, impuso al señor Randall Chaverri

Granados, Conductor de Detenidos de la Sección de Cárceles del Organismo de

Investigación Judicial, la corrección disciplinaria de Amonestación Escrita, por

agresión física y verbal a su esposa, quien por ese motivo estableció proceso de

violencia doméstica.

      Asimismo remiten copia de la resolución.

      Se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento de Personal,

para que quede registrado en el expediente personal de don Randall.

                                    ARTÍCULO X

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 2569 de 14 de julio último, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 523-04-F, impuso al licenciado Erick López

Delgado, Juez Tramitador del Tribunal de Cartago, la corrección disciplinaria de

advertencia, por negligencia en la custodia de una letra de cambio, la cual se

extravió.

      Asimismo remiten copia de la resolución.
                                         20

      Se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento de Personal,

para que quede registrado en el expediente personal de don Erick.

                                      ARTÍCULO XI

      Recurso de revisión presentado por el servidor Luis Fernando González

Rojas dentro de la causa disciplinaria seguida en su contra.

      I.-El Tribunal de la Inspección Judicial en resolución número 48-2005 de 9

horas 5 minutos de 4 de febrero último, al conocer el recurso de apelación

interpuesto por la licenciada María Isabel González Rojas, en representación de su

defendido Luis Fernando González Rojas investigador de la Sección de Delitos

Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial, confirmó la

resolución número 172-DIC- 2004, de 11 horas 5 minutos de 13 de agosto del

2004, mediante la cual el Departamento de Investigaciones Criminales de ese

Organismo le impuso la corrección disciplinaria de amonestación escrita (folios

135 a 141)

      II.- En escrito recibido en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, don

Luis Fernando formula recurso de revisión contra las citadas resoluciones por

estimar que se ha producido violación al debido proceso por parte de la Sección de

Asuntos Internos, el Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales y el

Tribunal de la Inspección Judicial.
                                           21

      III.- El artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública,

aplicable en la especie, faculta la interposición del recurso de revisión ante el

jerarca de la respectiva administración contra actos finales firmes, siempre y

cuando concurra alguna de las circunstancias que enumera esa disposición.

Examinada la gestión del recurrente no se encuentra sustentada en ninguno de los

supuestos establecidos en la norma, razón por la cual lo procedente es rechazarla.

      Se acuerda: Rechazar de plano el recurso de revisión planteado.

PERMISOS

                                    ARTÍCULO XII

      En sesión N° 58-05 celebrada el 28 de julio anterior, artículo XXII, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

             ―La licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa
       Pública, en correo electrónico de 27 de julio en curso, comunica lo
       siguiente:
       ―El pasado 21 de julio en sesión N° 56-05, este Honorable Consejo
       autorizó la participación del Lic. Alexis Hernández, Coordinador a.i. de la
       Defensa Pública de Puntarenas en el ―Curso Sobre El Enfoque de Control
       Interno Adaptado para el Poder Judicial‖, a realizarse los días 01, 08, 16 y
       22 de agosto del presente año, en el Salón de Expresidentes de la Corte
       Suprema, con un horario de 7:30 a.m. a las 16:30 p.m., con goce de
       salario y sin sustitución.

       Por razones de salud el Lic. Hernández no podrá asistir a este curso, por
       lo que muy respetuosamente solicito autorice la participación del Lic.
       Randal Peraza Abarca, portador de la cédula N° 1-989-419, quien en
       estos momentos funge como coordinador a.i. de la Defensa Pública de
       Puntarenas en sustitución del Lic. Hernández.‖
                                          -0-
                                             22

             Se acordó: Acoger la petición anterior, y modificar el acuerdo de la
       sesión N° 56-05 del 21 de julio en curso, artículo LI, en cuanto a dejar sin
       efecto el permiso otorgado al licenciado Hernández Moreira, y en su lugar
       autorizar la participación del licenciado Peraza Abarca a quien se concede
       licencia con goce de salario, sin sustitución, para que durante las fechas
       señaladas asista al citado curso, en los mismos términos indicados en la
       sesión de referencia.
             El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota
       para lo que a cada uno corresponda.‖
                                       -0-

      La licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, en su expresada condición, remite

el oficio N° JEF-753-2005 de 28 de julio de este año, en relación con el acuerdo

anterior, comunica lo siguiente:

             ―Solicito se deje sin efecto la comunicación de fecha 27 de julio,
       realizada mediante correo electrónico a nombre de Shirley Víquez
       Córdoba, en la cual se solicita se autorice la participación del Lic. Randal
       Peraza Abarca, en el ―Curso Sobre el Enfoque de Control Interno
       Adaptado para el Poder Judicial‖.
            En virtud de que el Lic. Peraza, le han notificado juicios de mayor
       complejidad para las fechas solicitadas, no le será posible asistir a dicho
       curso.‖
                                    -0-
      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y dejar sin efecto el

permiso concedido al licenciado Peraza Abarca, en la sesión Nº 58-05 del 28 de

julio en curso, artículo XXII.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XIII

      La licenciada Waiman Hin Herrera, Coordinadora del Área de Capacitación
                                          23

y el máster Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano, con el visto

bueno del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio Nº 167-CAP-05 de 29 de julio último, informaron lo siguiente:

       ―Como parte de las acciones programadas para el presente año, el Área de
       Capacitación del Departamento de Personal – Gestión Humana junto con
       el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), coordinaron el curso de
       capacitación ―Ingles Básico Conversacional‖ aprobado por el Consejo
       Superior en sesión celebrada el 12 de abril del 2005, artículo XVIII, y
       desarrollado del 12 de abril al 08 de agosto del 2005 en el I Circuito
       Judicial de San José.
       Con el propósito de dar seguimiento a esta temática, se ofrece por parte
       del I.N.A. el segundo módulo denominado ―Inglés Conversacional I‖,
       cuyo énfasis es dirigido a la parte conversacional del idioma. Esta
       actividad se considera de gran importancia para nuestra organización,
       motivado en mejorar la calidad del servicio que se brinda, toda vez que la
       afluencia de usuarios extranjeros aumenta día a día.
       La actividad tiene una duración de 144 horas, se impartiría en el mismo
       horario que el curso anterior, los días lunes, martes y miércoles de 8:00 a
       11:00 a.m. en el período comprendido entre el 08 de agosto y hasta el 29
       de noviembre del 2005 en la Sala de Conciliación #1 en los Tribunales de
       Justicia de San José. Cabe mencionar que se cuenta con la anuencia de
       cada jefe inmediato para que los funcionarios que se indican participen en
       el evento.
       En virtud de que esta capacitación es continuidad de un nivel básico, la
       mayor cantidad de los asistentes sugeridos provienen del primer módulo
       impartido durante el presente año; es importante señalar que por quedar
       disponibles algunos espacios se invitó a participantes del nivel básico
       realizado el año anterior.
       Conforme lo anterior, solicitamos a ese honorable Consejo la aprobación
       de esta actividad, permiso con goce de salario sin sustitución para los
       servidores judiciales que se consignan en la lista, en el entendido de que
       los despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la
       prestación del buen servicio público no se vea afectado.


                          LISTA DE PARTICIPANTES
                                     24

   NOMBRE PARTICIPANTE                                   DESPACHO
1. Soto López Claudia                Delegación O.I.J. Heredia
2. Delgado Vargas Ana                Delegación O.I.J. La Unión
      B
3. Sánchez Solano Sonia              Delitos contra la propiedad
4. Rodríguez Zamora Maria Elena Depto. Invest. Criminales
5. Castro Chinchilla Silvia          Dirección Ejecutiva
6. Mora Rodríguez Carlos             Dirección Ejecutiva
7. Vargas Durán Jimmy                Dirección Ejecutiva
8. Vega Aguilar Guillermo            Dirección Notariado
9. Bonilla Bastos Sergio             Información y Rel. Públicas
10. Vásquez Rivera Ana Lucía         Información y Rel. Públicas
11. Muñoz Torres Jairo               Jefatura de Servicio Depto. Inv. Criminales
12. Morera Flores Carlos             Jefatura Depto. Investigaciones Criminales
13. Araya Rodríguez Evelyn           Juzgado 2do. Civil Menor Ctía. S.J.
14. Loría Alvarado Leonardo          Juzgado 2do. Familia S.J.
15. Calvo Ramírez Gabriela           Juzgado Penal de San José
16. Chacón Madrigal Vivian           Oficina Adva. Tribunales S.J.
17. Fonseca Bolaños Allan            Oficina Planes y Operaciones
18. Quesada Méndez Luis Arturo       Oficina Planes y Operaciones
19. González Varela Kattia Susana Oficina Recepción de Denuncias
20. Hernández Mainieri Gerardo       Oficina Recepción de Denuncias
21. Vindas Mata Arelys               Registro Judicial
22. Fonseca Cordero Flor             Sección Delitos Sexuales
23. Rodríguez Sáenz Galo             Sección Delitos Varios
24. Monge Calderón Jorge M.          Sección Delitos Económicos
25. Adaniz Jiménez Cinthia           Tribunal Penal San José


                               -0-
                                          25

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

servidores de la lista anteriormente transcrita, para que los lunes, martes y

miércoles de las 8:00 a 11:00 a.m., en el período comprendido del 8 de agosto y

hasta el 29 de noviembre del año en curso, participen en la actividad de

capacitación denominada "Inglés Básico Conversacional I", a celebrarse en la Sala

de Conciliación N° 1 de los Tribunales de Justicia. Lo anterior, en el entendido de

que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de quienes se autorice

que asistan, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos

urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO XIV

      La licenciada Yamileth Achong Ching, Fiscal de la Unidad de Capacitación

y Supervisión del Ministerio Público, en oficio N° 172-UCS-2005-MP de 21 de

julio último, informó lo siguiente:

       ―    ―…con el fin de cumplir con el plan anual de trabajo del 2005
       aprobado en sesión 12-05 del 22 de febrero del presente año de la Escuela
       Judicial, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público
       ha programado la ejecución de la segunda réplica semestral del curso
       ―MEDICINA LEGAL PARA ABOGADOS‖, que se impartirá todos los
       jueves a partir del 25 de agosto y hasta el 15 de diciembre inclusive
       ambos días, en un horario de las ocho a las dieciséis y treinta horas.
                                    26

       Los objetivos, temas y la metodología se detallan en el diseño
curricular adjunto, el que fue debidamente revisado y aprobado por la
Escuela Judicial.
        Respetuosamente solicitamos lo siguiente
       1.- La aprobación de la realización del curso en las fechas y
horarios señalados.
      2.- La autorización de la participación de los funcionarios y
docentes que se incluyen en el diseño curricular, con goce de salario.
       3.- La emisión de los respectivos certificados de aprovechamiento
de los discentes y académicos de los facilitadores.
      4.- La autorización para que cuenten con el apoyo económico y
pago de viáticos en los casos que lo ameriten.


       FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN AL CURSO
   “MEDICINA LEGAL PARA ABOGADOS” TODOS LOS
 JUEVES DEL 25 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL
                       2005
                    FISCALES
     FUNCIONARIO                DESPACHO
  1.     ABARCA RIVAS MIGUEL
                                    PAVAS
  2.     INCER SEVILLA EDUARDO      ALAJUELA

  3.     ARAYA VARGAS ALEJANDRO     HEREDIA

  4.     ARAYA VEGA ALFREDO         DELITOS ECONÓMICOS

  5.     ARCE MOYA SARA             UTR

  6.     BRENES MONTENEGRO MARTHA
                                    UTR
  7.     HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LAURA
                                    DELITOS CONTRA LA VIDA
  8.     MONCADA JIMÉNEZ INDIANA    PUNTARENAS

  9.     PÉREZ DELGADO MAYELA       SEXUALES

  10.    QUIROS CANTILLANO LORNA    FRAUDES

  11.    RAMÍREZ VILLALOBOS EDGAR   PÉREZ ZELEDÓN

  12.    ROJAS LÓPEZ MANUEL         LIMON

  13.    SOTO BARRANTES LUIS        HATILLO

  14.    ULATE CALDERÓN CRISTHIAN   NARCOTRÁFICO

  15.    VELÁSQUEZ UGALDE OLGA
                                    TURRIALBA
                                           27

        JUECES
          16.   GONZÁLEZ CORDERO IVÁN
                                           SALA TERCERA
          17.   PORRAS VILLALTA MARIO
                                           SALA TERCERA
          18.   CABRERRA PEDREZZINI GINA
                                           HEREDIA (JUEZ TRIBUNAL PENAL)
          19.   MONDOL ALVARADO ANDREA
                                           CARTAGO (JUEZ PENAL)
          20.   SAGOT SOMARRIBAS MARINO
                                           ALAJUELA (JUEZ EJECUCIÓN PENA)
        DEFENSORES PÚBLICOS
          21. ALPIZAR CHAVES ALBERTO
                                                 ALAJUELA (DEFENSA PÚBLICA)
          22. GARITA VINDAS ENELSON
                                                 GÚAPILES (DEFENSA PÚBLICA)
          23. ORTEGA JIMÉNEZ VICTOR
                                                      DEFENSA PÚBLICA
          24. SANCHÉZ GUILLÉN JUANITA
                                                      DEFENSA PÚBLICA
          25. VÍQUEZ GÓMEZ LIGIA VANESSA
                                                 ALAJUELA (DEFENSA PÚBLICA)

                                           -0-

      Se acordó: 1) Acoger la anterior solicitud y autorizar la realización del

curso "Medicina Legal para Abogados", a efectuarse todos los jueves a partir del

25 de agosto y hasta el 15 de diciembre del presente año. 2) Conceder a los

servidores de la lista transcrita, permiso con goce de salario, sin sustitución, el

pago de ayuda económica y viáticos en los casos estrictamente necesarios, por las

fechas indicadas, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio

público a cargo de quienes se autoriza que asistan, lo cual implica que deberán dar

prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el

Poder Judicial, por lo que en caso de tener diligencias programadas no podrán

alterar en modo alguno la fecha de su realización.

      Los Departamentos de Personal y Publicaciones e Impresos, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara firme este acuerdo.
                                           28

                                   ARTÍCULO XV

      La licenciada Yamileth Achong Ching, Fiscal de la Unidad de Capacitación

y Supervisión del Ministerio Público, en oficio N° 175-UCS-2005-MP de 22 de

julio último, informó lo siguiente:

              ――… me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que la
       Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público ha
       organizado la réplica del curso ―Pertinencia y Utilidad de la Prueba‖ que
       pretendemos impartir a fiscales y asistentes jurídicos, el próximo 22 de
       agosto del presente año, en el Aula Fiscal, ubicada en el 6 ° Piso del
       edificio de la Plaza de la Justicia de las 7:30 a.m. a las 12 m y de las 13 a
       16:30 horas para completar ocho horas.
              Esta réplica fue aprobada en el plan de trabajo de la Escuela
       Judicial del presente año, para realizarlo el 22 de agosto próximo.

              En virtud de lo expuesto, respetuosamente me permito solicitarles
       se autorice lo siguiente:

        La ejecución del curso cuyo diseño curricular fue revisado y aprobado
         por la especialista en educación, Licda.Ana Tristán.

        La participación de los discentes y facilitador con goce de salario.

        La emisión de certificados de aprovechamiento de quienes cumplan
         con todos los requisitos y el académico para la docente que impartirá
         el curso.
            LISTA DE PARTICIPANTES Y FACILITADOR DEL CURSO:
                   ―PERTINENCIA Y UTILIDAD DE LA PRUEBA‖
                        Nombre Cédula Oficina     Puesto
          1. Aguilar Barrantes Freddy I Fiscalía     Auxiliar
                                      Adjunta
          2. Alvarado Morales Marlin  Utr            Auxiliar
          3. Astúa Jiménez Rosa       Delitos Varios Asistente
          4. Azofeifa Romero Damaris  Desamparados Auxiliar
          5. Campos Chacón Krisia     Delitos Varios Fiscal
          6. Castro Vindas Silene     Del/La Vida Fiscal
          7. Cubillo Piedra Cinthia   Delitos Varios Fiscal
                                         29

         8. Delgado Hazel Ureña           Asaltos        Asistente
         9. Dotti Dondi Vanesa            San Ramón Fiscal
         10. Flores Albertazzi Over       Utr            Auxiliar
         11. García Fonseca Yancy         Utr            Fiscal
         12. Gómez Picado Guillermo       Hatillo        Auxiliar
         13. Guillén Solano Simón         Pavas          Auxiliar
         14. Hernández Elizondo Jéssica Económicos Fiscal
         15. Hernández González Laura Del/La Vida Fiscal
         16. Leal Gómez Marta             Pococí         Fiscal
         17. López Vindas Natalia         Heredia        Auxiliar
         18. Madriz Vargas Carmen         Fraudes        Fiscal
         19. Marín Bermúdez Marielos      Narcotrafico Asistente
         20. Mata Solís Fernando          Osa            Fiscal
         21. Mena Rodríguez Jeannette     Limón          Fiscal
         22. Montero Vargas Wendy         Fraudes        Fiscal
         23. Mora Montero Leda            Puntarenas     Fiscal
         24. Reyes Chavarría Ricardo      Puntarenas     Asistente
         25. Rojas Méndez Natalia         Utr            Fiscal
         26. Roman Quesada Melissa        Fraudes        Fiscal
         27. Salazar Elizondo Eugenia     Sexules        Fiscal
         28. Ujueta Solano Alejandro      Delitos Varios Auxiliar
                                     Facilitador
         29. Zeledón Soto Lizbeth         Utr            Auxiliar
         30. Vargas Rojas      Juez           Tribunal De Juicio II Circuito
             Omar                             Judicial De San José
                                    Coordinadora
         31. Yamileth Achon Ching         Fiscal         Unidad De
                                                         Capacitación Y
                                                         Supervisión
                                                         Ministerio Público
                                         -0-

      Se acordó:    Acoger la solicitud anterior y conceder a los servidores de la

lista transcrita, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que el 22 de

agosto del presente año asistan al curso ―Pertinencia y Utilidad de la Prueba‖, en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de
                                           30

quienes se autoriza que asistan, lo cual implica que deberán dar prioridad a la

atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial,

por lo que en caso de tener diligencias programadas no podrán alterar en modo

alguno la fecha de su realización.

      Los Departamentos de Personal y Publicaciones e Impresos, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO XVI

      El máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de Ciencias Forenses,

con el visto bueno del licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 225-DCF-2005 de 3 de agosto

en curso, presenta la siguiente gestión:

       ―…me permito saludarlos y a la vez solicitarles a los estimables
       miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, permiso con goce de
       salario para que el Máster Daniel Gerardo Gómez Murillo, cédula: 2-
       448-498, Asegurador de la Calidad del Departamento de Ciencias
       Forenses, pueda asistir al curso: ―Taller de Redacción de informes,
       técnicas de auditoria y manejo de conflictos‖, organizado por el Ente
       Costarricense de Acreditación (ECA), del Ministerio de Ciencia y
       Tecnología, los días 10,11 y 12 de agosto. Dicho curso tiene un costo de
       $ 210 (doscientos diez dólares de los Estados Unidos de América), el cual
       será cubierto en su totalidad por el Sr. Gómez, por lo que únicamente se
       requiere el permiso respectivo.
       No omito indicar que se considera que el tema del curso es de gran
       relevancia para el desarrollo del Aseguramiento de la Calidad, en el
       Departamento de Ciencias Forenses, ya que sin duda, uno de los aspectos
       medulares para la verificación de la correcta implementación y desarrollo
       del mismo, consiste en la realización de auditorias de calidad.
                                          31

       Solicito las disculpas respectivas por la premura con la que se tramita la
       presente solicitud, pero hasta el día de hoy, se le indicó al Sr. Gómez que
       había disponibilidad de espacio en dicho curso.‖

                                          -0-

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución al máster

Gómez Murillo, a fin de que participe del 10 al 12 de agosto en curso, en el ―Taller

de Redacción de informes, técnicas de auditoria y manejo de conflictos‖, en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, lo

cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en

relación con sus funciones en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XVII

      La licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo

Social, en oficio N° DTSP-538-2005 de 28 de julio último, remite la nota de la

licenciada Marcela Madríz Arce, Psicóloga de la Oficina de Trabajo Social y

Psicología en Pérez Zeledón, donde solicita permiso para participar como

facilitadora dentro de un proceso de capacitación en violencia doméstica

organizado por la Red Interinstitucional en Violencia Intrafamiliar de Pérez

Zeledón a realizarse el 23 de este mes en las instalaciones de la Universidad San

Isidro Labrador en San Isidro.

      Se acordó: Autorizar a la licenciada Madriz Arce, para que el 23 de agosto
                                          32

en curso, participe como facilitadora dentro del proceso de capacitación de

violencia doméstica señalado; en el entendido de que no se afecte sustancialmente

el servicio público a su cargo, lo cual implica que deberá dar prioridad a la

atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XVIII

      El licenciado Hubert Fernández Argüello, Juez del Tribunal Contencioso

Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante correo

electrónico recibido el 28 de julio de este año, solicita autorización para impartir el

curso de Derecho Constitucional 1 en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Costa Rica, durante el II Semestre de este año, los lunes de 09 am. a 10:50 am. y

viernes de 07:00 am. a 08:50 am.

      Por su parte la licenciada Ana Isabel Vargas Vargas, jueza de ese mismo

Tribunal, en nota de 29 de julio recién pasado, solicita permiso para impartir el

curso de Derecho Administrativo II en la Universidad de Costa Rica, los viernes de

7:00 am. a 9:50 am. Manifiesta además que se encuentra al día en su trabajo.

      La Secretaría General de la Corte, mediante oficio 6434-05 de 29 de julio

anterior, solicitó al licenciado Jaime Jirón Romero, Administrador del citado

Tribunal, informe de los jueces que actualmente imparten lecciones.
                                          33

      Mediante oficio 64-2005 de 29 de julio pasado, el licenciado Jirón Romero,

en su expresada condición, remite la siguiente información:

       ―…le suministro los nombres de los jueces del Tribunal Contencioso
       Administrativo que imparten lecciones en centros de enseñanza superior:
       Lic. Ana Isabel Vargas Vargas, impartirá el curso de Derecho
       Administrativo II en la Universidad de Costa Rica los días viernes de 7:00
       AM a 9:50 AM, a partir del 8 de agosto próximo, la comunicación
       informando que impartirá clases en la Universidad de Costa Rica se
       encuentra pendiente de enviar por parte de la Licda. Ana Isabel Vargas
       Vargas.
       Lic. Ana Cristina Víquez Cerdas, imparte el curso de Derecho
       Administrativo los días viernes en la Universidad de Costa Rica de las
       5:PM a las 9:00 PM.
       Lic. José Joaquín Villalobos Soto, imparte el curso de Derecho
       Administrativo II en la Universidad de las Américas, los días lunes de las
       6:30 PM a las 9:30 PM.
       Con respecto a los licenciados Roberto Gutiérrez Freer y Elvia Elena
       Vargas Rodríguez, no se suministra información, dado que se encuentran
       de vacaciones e ingresan la próxima semana.‖
                                          -0-

      Se dispuso: Comunicar a los licenciados Fernández Argüello y Vargas

Vargas, que este Consejo no tiene objeción para que impartan lecciones en los

citados centros de estudios superiores, en las fechas y horas señaladas, siempre y

cuanto no se afecte el servicio público a su cargo, lo cual implica que deberán dar

prioridad a la atención de sus funciones en el Poder Judicial.

      Asimismo, se dispone comunicar a los citados servidores, que en lo futuro

valoren la posibilidad de solicitar al centro de estudios superiores, para que la

asignación de los cursos sean impartidos fuera de la jornada laboral.
                                          34

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XIX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio No. 5856-

DE-2005 de 1° de agosto en curso, remite la nota N° 497-SALEM-2005 de 27 de

julio último, suscrita por el doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del Servicio de Salud

para Empleados, en que solicita lo siguiente:

       ―…permiso con goce de salario para asistir al III Congreso Nacional de
       Medicina Interna, durante los días del 24 al 26 de agosto en curso, el que
       se llevará a cabo en el Hotel Tryp Corobicí.
       Los conocimientos por adquirir actualizarán mi formación en varios
       temas de salud, redundando ello en beneficios para la atención de los
       pacientes y del Servicio de Salud en general.
       Asimismo, sugiero que el doctor Blanco Rojas me sustituya en el puesto
       de Jefatura del Servicio.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario y sustitución, al doctor Sandoval Leal, para que del 24 al 26 de agosto en

curso, asista al III Congreso Nacional de Medicina Interna y en su sustitución

designar al doctor Blanco Rojas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XX

      En sesión No. 43-05 celebrada el 07 de junio del año en curso, artículo XIX,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:
                                    35

     ―La licenciada Cristina Arguedas Venegas, Jueza Coordinadora del
Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados, en nota de 30 de
mayo recién pasado, expuso lo siguiente:
―... me permito someter a su estimable consideración la solicitud que ha
formulado el Departamento de Trabajo Social de la Comisión de
Violencia Intrafamiliar del Área de Salud de Desamparados 3, de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a fin de que alguna de las juezas de este
Juzgado colaboremos en las jornadas de capacitación a los funcionarios y
funcionarias que laboran en el Área de Salud, los días 30 de junio y 8 de
julio, ambos del año en curso, de una a tres de la tarde, en la Sala de
Reuniones del Área de Salud de Desamparados 3.
El objetivo de la capacitación es dar a conocer la Ley Contra la Violencia
Doméstica, Ley integral para la persona adulta mayor y Ley de Pensiones
Alimenticias con el fin de que los funcionarios y funcionarias puedan
mejorar la calidad de la atención brindada a las personas usuarias de los
servicios de salud.
No omito manifestarles que, en caso de recibir autorización, estaría
tomando las medidas necesarias para que no se vea afectado el servicio
público que brindamos, ya que en este Juzgado contamos con dos plazas
de juez 3, una de ellas la ocupa la suscrita y la otra en forma interina la
Licda. Sonia Ruiz Carballo, por lo que mientras una se desplaza a
colaborar con la capacitación, la otra atendería los asuntos que se tramitan
en el Juzgado.‖
                                    -0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de
salario a una de las Juezas del Juzgado de Violencia Doméstica de
Desamparados, -cuyo nombre deberá escogerse entre los jueces del
despacho y comunicarse a este Consejo- para que colabore en las jornadas
de capacitación a los funcionarios y funcionarias que laboran en el Área
de Salud de Desamparados, el 30 de junio y el 8 de julio de este año, de
las 13:00 a las 15:00 horas, en el entendido de que no se afecte
sustancialmente el servicio público a su cargo, lo cual implica que
deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación
con sus funciones en el Poder Judicial, por lo que en caso de tener
diligencias programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su
realización.
El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.
                                             36

                                      -0-
      La licenciada Arguedas Venegas, en su expresado carácter, en nota de 22 de

julio anterior, al respecto expone lo siguiente:

             ―…la Bachiller Jessica Corrales Tamayo, Trabajadora Social del
       Departamento de Trabajo Social de la Comisión de Violencia
       Intrafamiliar del Área de Salud de Desamparados 3, de la Caja
       Costarricense de Seguro Social, me informó, primero en forma verbal y
       luego mediante oficio de fecha 19 de julio del presente año, del cual
       aporto copia, que las jornadas de capacitación a los funcionarios y
       funcionarias que laboran en el Área de Salud de Desamparados,
       originalmente programadas para los días 30 de junio y 8 de julio, ambos
       del año en curso, de una a tres de la tarde, las cuales se habían trasladado
       para el 14 y el 21 de julio, ambos de este año, no podrían llevarse a cabo,
       debido a la emergencia suscitada por el incendio en el Hospital Dr. Rafael
       Ángel Calderón Guardia por lo que se reprogramaron para los días
       primero y ocho de setiembre del año en curso, de dos a cuatro de la tarde,
       por lo que someto a su estimable consideración la posibilidad de brindar
       la colaboración solicitada en las nuevas fechas programadas y en caso de
       recibir autorización, estaría tomando las medidas necesarias para que no
       se vea afectado el servicio público que brindamos.‖
                                       -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia modificar el

acuerdo tomado en sesión N° 43-05 celebrada el 07 de junio del año en curso,

artículo XIX, en el sentido de que el permiso será para el 1° y 8 de setiembre de

este año, de las 14:00 a las 16:00 horas y no como se indicó.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                              ARTÍCULO XXI
                                           37

      En sesión N° 33-05 celebrada el 3 de mayo del presente año, artículo LXIII,

se autorizó la asistencia, entre otros de la licenciada Fressia Reveles Gómez, Jueza

Tramitadora del Tribunal de Liberia, a las charlas de sensibilización con ocasión

de la implementación del Sistema de Gestión en el Circuito Judicial de Liberia.

      La licenciada Reveles Gómez, en nota de 28 de julio último, informa lo

siguiente:

       ―…comunico que no pude asistir al ―Curso de Sensibilización‖, que se
       impartió en la ciudad de Liberia los días 26, 27 y 28 de julio del 2005,
       debido a que para esas fechas, asistieron todos los jueces de juicio de este
       despacho y dos funcionarios del personal de apoyo de este despacho,
       debiendo la suscrita quedarse con el resto del personal auxiliar,
       atendiendo en el horario regular.
       Cabe aclarar que debido a varios cambios de fecha que se dieron, la
       mayor parte del Tribunal, tuvo que asistir a este último curso, ya que se
       suspendieron cursos cuando ya se habían tomado medidas a nivel de la
       agenda del despacho y al fijarse nuevas fechas, ya existían diligencias
       programadas.‖

                                           -0-

      Se acordó:     Tener por justificada la ausencia de la licenciada Reveles

Gómez al ―Curso de Sensibilización‖, en consecuencia dejar sin efecto el permiso

concedido en la sesión N° 33-05 del 3 de mayo del presente año, artículo LXIII.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XXII

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1195-PLA-2005 de 28 de julio recién pasado, indica lo siguiente:
                                           38

            ―Ayer recibimos el oficio No. DE-332-05 del pasado 21 de julio,
       donde el Dr. Guillermo Hernández, Director General del Instituto
       Costarricense sobre Drogas, solicita la participación de personal
       involucrado con el manejo de información y programas del área de
       Medidas de Control, concretamente de detenidos y condenados, a una
       reunión que se llevará a cabo su sede el próximo viernes 5 de agosto a las
       9:00 a.m.
             Por lo anterior, se solicita la autorización del Consejo Superior para
       que el Máster Franklin González Morales y la Licda. Erika Rodríguez,
       Jefe y Profesional 2 de la Sección de Estadística, asistan a ese evento.‖
                                           -0-

      Se dispuso: 1) Autorizar al máster González Morales y a la licenciada

Rodríguez Araya, para que el 5 de agosto en curso, asistan a la citada reunión en

la hora señalada. 2) Comunicar a la licenciada Asch Corrales, que para asistir a

reuniones de trabajo como en el presente caso, no es necesario contar con el

permiso de este Consejo.

                                 ARTÍCULO XXIII

      En oficio N° 1220-PLA-2005, de 3 de agosto en curso, la licenciada Marta

Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, comunica lo siguiente:

             ―El pasado 18 de julio se recibió el oficio No. OdD-200-2005,
       donde el Dr. Edgar E. Gutiérrez Ezpeleta, Director del Observatorio del
       Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, invita a la presentación
       oficial del sistema de información ―Tendencias del Desarrollo
       Costarricense‖, que se realizará el próximo 11 de agosto a las 8:30 a.m,
       en el Auditorio de Ciencias de la Salud.
            Por lo anterior, se solicita la autorización del Consejo Superior para
       que los licenciados Gustavo Chen Quesada y Marlen Vargas Benavides,
       Profesionales 2 de la Sección de Estadística, asistan a ese evento.‖
                                           -0-
                                          39

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario, a los licenciados Chen

Quesada y Vargas Benavides, a fin de que asistan a la presentación oficial del

sistema de información ―Tendencias del Desarrollo Costarricense, a realizarse el

11 de agosto en curso, a las 8:30 a.m., en el Auditorio de Ciencias de la Salud de la

Universidad de Costa Rica. Lo anterior en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a su cargo, lo cual implica que deberán dar

prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el

Poder Judicial.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XXIV

      La máster Milagro Rojas Espinoza, Coordinadora de la Secretaría Técnica de

Género, en oficio N° 961-STG-05 de 1° de agosto en curso, informó:

       ―…la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género, en
       coordinación con el Proyecto Corte / BID, darán continuación con el
       proceso de capacitación en el tema de la masculinidad, que abarcará todos
       los circuitos judiciales.
       Para ello, hemos venido realizando coordinaciones con las jefaturas del
       Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio
       Público a fin de que ellos nos indiquen en cada uno de los talleres quienes
       son las personas asignadas para asistir al mismo. Igualmente, a través de
       las Unidades Administrativas se ha coordinado con los juzgados, para
       conocer quienes son las personas designadas por los jueces/as para
       acompañarnos en esta actividad.
       Como resultado de lo anterior se ha elaborado la lista de funcionarios/as
       que ponemos a su conocimiento y de la cual les solicitamos de la forma
       más respetuosa, se les brinde permiso con goce de salario, siempre y
                                     40

cuando no se afecte el servicio al público. Los siguientes talleres se
realizarán el próximo 10 de agosto, en Liberia y el 11 de agosto en Santa
Cruz, con un horario de 7:30 a. m a 4:30 p.m.
A continuación se presenta el listado de las/os participantes al taller.
                  Nombre                             Juzgado u oficina

 Liberia 10 de agosto 2005
 Ana Briceño Yock                          Defensa Pública
 Víctor Cruz López
 Andrea Ortiz Hernández
 Heiner Gómez Ruiz
 Javier Campos Villegas
 Enar Vargas Quirós                        Juzgado Penal Liberia
 Julieth Jiménez Torrentes
 Berenice Picado Alvarado                  Juzgado Contravencional de Cañas
 Ligia Murillo Castro
 Ulfran Alfaro García                      Tribunal de Cañas
 Osvaldo López Mora                        Juzgado Contravencional de
 Corina Marchena Fennell                   Abangares
 Carlos Valverde Granados                  Juzgado Civil de Cañas
 María Inés Mendoza Morales
 Gonzalo Coronado Villareal                Juzgado Contravencional de Bagaces
 Ángel López Brenes
 Fernando Paniagua Mendoza                 Juzgado Contravencional de Carrillo
 Oriana Sánchez Espinoza
 Seidy Jiménez Bermúdez                    U.A.R.G
 Luis Vásquez Vallejos                     U.A.R.G
 Hugo Canales Mairena                      O.I.J.
 Guillermo Gutiérrez Matamoros             O.I.J.
 Luis León Rodriguez                       O.I.J.

                                                     Juzgado u oficina
 Nombre

 Santa Cruz 11 de agosto 2005

 Eyslen Zúñiga Barrantes                   Administración
 Deyanira Abarca Vazquez                   Juzgado Civil
 Yadira Coronado Dinarte
 María del Carmen Vasquez Vallejos         Juzgado de Familia
 Álvaro Ramírez Largaespada
 Carlos Alberto Díaz Casares               O.I.J.
                                           41

         Maikel Alvarado Matarrita               O.I.J.
         Jimmy Mendoza Mendoza                   O.I.J.
          Sandra Fernández Jiménez               O.I.J.
         Fernando Barrantes Araya                O.I.J.
         Santos Orias Álvarez
          José Piñar Ballestero
         Rodrigo Calvo Sánchez
         Mauricio Jiménez Sequeira
         Margarita Baltodano Pazos
         Carlos Luis Sánchez Yong
         Carmen Vásquez Vallejos
         Álvaro Ramírez Largaespada
         Carlos Pizarro Gómez
         Svetiana Juárez Barrantes
         Carolina Cordero Vega
         Carlos Rodríguez Gutiérrez
         Wilmar Díaz Angulo
         Sharon Alvarado Martínez
         Luis GuillermoVargas Mena
         Rogelio Vásquez Campos
         Iveth Torres González
         Bertila Gutiérrez Piña


        Dichas actividades forman parte del plan de trabajo de la Secretaría de
        este año.‖

                                           -0-

      Asimismo, mediante correo electrónico de 4 de los corrientes, el señor

Osvaldo Madriz Ramírez, Auxiliar Judicial de la Secretaría Técnica de Género,

solicita incluir en la lista de participantes, a los siguientes servidores:

        ―Liberia, 10 de agosto:
        Fiscales de Liberia: Rafael Ángel Pérez García, Abraham Jirón Calvo y
        Ricardo Quirós Vargas.
        Fiscales de Cañas: Rafael Ángel Picado Chávez.
        Santa Cruz, 11 de agosto:
        Fiscales de Santa Cruz: Xiomara Gutiérrez Cruz y Ángela Robles Sibaja.
                                          42

       Fiscales de Nicoya: Cristian Fernández Mora y Adolfo Mora Benavides.‖

                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud y conceder permiso con goce de salario, sin

sustitución, a los servidores mencionados en las listas transcritas, para que asistan

al taller de masculinidad a realizarse el 10 y 11 de agosto en curso, en Liberia y

Santa Cruz, respectivamente. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a cargo de quienes se autorice que asistan, lo

cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en

relación con sus funciones en el Poder Judicial y las diligencias previamente

programadas deberán atenderlas, por lo que el servidor en este caso se abstendrá de

asistir al curso y no efectuará alteración alguna en la fecha de su realización.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO XXV

      En sesión N° 56-05 celebrada el 21 de julio de este año, artículo XVIII, se

concedió permiso con goce de salario y transporte en los casos estrictamente

necesarios a 5 integrantes de cada una de las subcomisiones de valores del país, así

como a los miembros de la Junta Directiva de la Comisión de Valores del Poder

Judicial, para que participen en el ―Taller de Inducción para Subcomisiones de
                                             43

Valores‖, del 10 al 12 de agosto en curso, en el entendido que remitirían a este

Consejo la lista de participantes.

      En oficio 100-CVPJ-05 de 28 de julio de este año, la Magistrada

Carmenmaría Escoto Fernández, en su carácter de coordinadora de la Comisión de

Valores del Poder Judicial, expresó:

             ―En sesión Nº 56, de fecha 21 de julio pasado, artículo XVII, este
       estimable Consejo aprobó a la Comisión de Valores del Poder Judicial la
       realización del ―Taller de Inducción para Subcomisiones de Valores del
       Poder Judicial‖ por efectuarse el 10, 11 y 12 de agosto en la Casa
       Pastoral Inés Teresa Arias, en Moravia.
            Dicho taller pretende orientar y capacitar a las Subcomisiones de
       Valores de todos los circuitos judiciales respecto a la función que
       cumplen en sus circuitos. El mismo se coordina con la Comisión Nacional
       de Valores y la Escuela Judicial.
              En acatamiento a ese acuerdo se remite a continuación la lista de
       participantes, incluyendo en ella a los integrantes de la Junta Directiva de
       la Comisión de Valores del Poder Judicial, a representantes de las
       Subcomisiones de Valores del II Circuito Judicial de San José, San
       Ramón, Guápiles, Puntarenas, Pérez Zeledón, Liberia, Santa Cruz,
       Alajuela y Limón, además de las funcionarias de la Comisión Nacional de
       Valores.
               Cada una de las personas que participarán de la actividad conocen
       que se otorgó permiso con goce de salario y sin sustitución, y con la
       solicitud de que no se afecte el servicio al usuario.
              Agradecemos a este Consejo el apoyo brindado al evento, y se les
       invita cordialmente a acompañarnos en algún momento durante el
       desarrollo del mismo.

   ASISTENTES AL TALLER DE INDUCCIÓN PARA SUBCOMISIÓNES DE
                           VALORES

    Nombre                                    Oficina
             Integrantes Junta Directiva de la Comisión de Valores Poder Judicial
                                            44


1. Licda. Carmenmaría Escoto Fernández     Coordinadora Comisión Valores
2.Licda. Sheiris Jiménez                   Integrante (Representante Depto. Trab.Social y
                                           Psicología
4. Lic. Rodrigo Coto Calvo                 Integrante (Rep. Trib. Inspección Judicial)
5. Licda. Anayancy Espinoza A.             Depto. Prensa y Comunicación Organizacional
6. Lic. José Luis Calderón                 Integrante, Director Despacho
                                           Presidente de la Corte
7. Lic. Román Bresciani                    Integrante, Rep. Escuela Judicial)

8. Licda. Flory Campos Meléndez         Integrante(Representante   Depto.   Personal,
                                        Selección y Reclutamiento
9: Licda. Magarita Guzmán Leitón        Integrante (Representante Depto. Personal,
                                        Selección y Reclutamiento)
10. Alvaro Rodríguez Zamora             Integrante (Representante OIJ, Secc. Delitos
                                        contra la Propiedad)
11. M.Sc. Damaris Vargas Vázquez        Integrante ( Representante Tribunal Superior
                                        Agrario
                             Comisión Nacional de Valores

10. Licda. Olga Ovares Araya (debe Directora Ejecutiva Comisión Nacional de
retirarse el 10 de agosto a las 3:30 p.m.) Valores
11. Licda. María Martha Durán (debe Directora Sistema de Comisiones de Valores
retirarse el 10 de agosto a las 3:30 p.m.)

                                 Subcomisión de Puntarenas
12. Daniel Durán Artavia                   Juez Menor Cuantía
13. Wilberth Kidd Alvarado                 Administrador Regional
14. Silvia Ordoñez Arias                   Auxiliar Tribunal de Juicio
15. Nelly Iveth Salas Granados             Jueza Ejecución Pena
16. Vera Ugalde Avila                      Ofic. Delegación OIJ

                               Subcomisión de Guápiles
17. Virginia Araya Alvarado             Aux. Tribunal de Juicio
18. Mario Rojas Mejías                  Subcontraloría Servicios
19. Felix Valenciano Corrales           Trabajo Social y Psicología
20. Martha Ramírez Azofeifa             Juzgado Penal Pococí
                              Subcomisión de San Ramón

21.Roberto Varela Obando                 Aux. Adm.OIJ
22.Ana Lorena Villalobos                 Asist.Judicial Juzgado Familia
23. Eladio Ramírez Alpízar               SubUnidad Regional
                              Subcomisión de Pérez Zeledón

24. Manuel Rodríguez Arroyo                Juez Familia
25.María Isabel Segura Mata                Tribunal de Juicio
                                                45

    26.Eleana Herrera Fernández                Fiscalía
    27.Wendy Beita Ureña                       Unidad Administrativa

                                     Subcomisión de Alajuela

    28. Xenia Vargas Vargas                    Juez Familia Grecia
    29.Ana Chavarri Acosta                     Aux. Juzg. Contravencional Atenas
    30. Marvin Rodríguez Jiménez               Aux. Tribunal Juicio
    31.Carlos Rojas Castro                     Notificador Juzgado Penal
    32.MBA. Alexandra Mora Steller             Prof.1 Unidad Administrativa

                                      Subcomisión de Limón

    33.Eduardo Molina Granados                Of. Centralizada Notificaciones, Coord.
    34.Angel Chaves Mata                      Juzgado Penal Juvenil
    35. Iver Valverde Rodríguez               Trabajo Social y Psicología
    36. Marcos Bolaños Rojas                  Juzgado Agrario
                                  Subcomisión Valores de Liberia

    37. Mario Miranda de la O.                Operador de Radio OIJ
    38.Fiorela Pérez Fonseca                  Auxiliar Unidad Administrativa
    39.Licda. Julia Madrigal Jiménez          Jueza Civil
    40. Johnny Rodríguez Villalobos           Juzgado Penal
                                 Subcomisión Valores Santa Cruz

    41. Jaime Sanchez Jaén                     Oficial de Seguridad , Unidad Administrativa
    42. Carmen Vásquez Vallejos                Juzgado Familia
    43. Iriabelle Ruíz Gutiérrez               Defensa Pública
    44. Shirley Rojas Barrantes                Juzgado Agrario
                        Subcomisión de Valores II Circuito Judicial San José

    45. Licda. Magda Díaz Bolaños              Juzgado Agrario
    46. Licda. Ana Beatriz Méndez Alvarado     Unidad Administrativa
    47. Sra. Ivannia López                     Unidad Administrativa Regional II Circuito San
                                               José
    48. Licda. Shirley Sánchez                 Subcontraloría de servicios


                                   -0-
      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

servidores de la lista transcrita, con excepción del licenciado Kidd Alvarado que lo

será con sustitución, para que del 10 al 12 de agosto en curso, participen en el
                                        46

―Taller de Inducción para Subcomisiones de Valores del Poder Judicial‖, que se

efectuará en la Casa Pastoral Inés Teresa Arias en Moravia. Lo anterior, en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a cargo de

quienes se autorice que asistan, lo cual implica que deberán dar prioridad a la

atención de los asuntos urgentes en relación con sus funciones en el Poder Judicial

y las diligencias previamente programadas deberán atenderlas, por lo que el

servidor en este caso se abstendrá de asistir al curso y no efectuará alteración

alguna en la fecha de su realización.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XXVI

      En sesión N° 59-05 celebrada el 03 de este mes, artículo XVIII, se dispuso

trasladar la invitación del doctor Carlos Samayoa, Representante de la

Organización Panamericana de la Salud, a la doctora Leslie Solano Calderón, Jefa

del Departamento de Medicina Legal, a fin de que valorara la posibilidad de

participar en un Foro Internacional relacionado con el desarrollo de los Servicios

de Salud, Seguridad Social y los Riesgos y desafíos de cara al Siglo XXI en Costa

Rica, que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto en curso; o en su defecto
                                          47

propusiera en el término de 24 horas a un servidor de ese despacho, que reuniera

las condiciones necesarias para asistir a esa actividad.

      En atención al indicado acuerdo, la doctora Solano Calderón, informa que

asistirá al citado foro, para lo cual tomó las medidas técnicas y administrativas

necesarias que corresponden a esa Jefatura.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y conceder permiso con

goce de salario, sin sustitución a la doctora Solano Calderón, para que del 9 al 11

de agosto en curso, asista al Foro Internacional sobre los riesgos y desafíos de cara

al siglo XXI en Costa Rica.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXVII

      El Consejo Superior en sesión N° 36-05 celebrada el 12 de mayo de este

año, artículo XX, tomó el siguiente acuerdo:

       ―La Corte Plena, en sesión N° 03-05 celebrada el 21 de febrero del año en
       curso, artículo XI, concedió a los licenciados Ingrid I. Gregory Wang,
       Juan Luis Giusti Soto y Ricardo Monge Bolaños, por su orden Jueza del
       Juzgado de Trabajo de Heredia y Profesionales en Derecho 3 de la Sala
       Constitucional y de la Secretaría General de la Corte, permiso con goce
       de salario y sustitución por 2 y 4 meses del primer y segundo semestre de
       este año, respectivamente, plazo que incluye los 2 meses y 7 días que
       cubre la beca otorgada para que realicen estudios en la Universidad de
       Costa Rica el año pasado. Asimismo, la Corte Plena señaló que:
       "conforme se acordó en sesión del 20 de diciembre del año anterior,
       aparte de los seis meses de permiso con goce de salario y sustitución
       concedida a los citados profesionales, durante el período en que no estén
       disfrutando la licencia aquí concedida, cuentan con permiso con goce de
                                           48

       salario, pero sin sustitución para asistir a lecciones, con la obligación de
       reintegrarse a sus labores, una vez concluyan éstas".
            En nota de 8 de agosto en curso, la licenciados Gregory Wang,
       Giusti Soto y Monge Bolaños expresan:
             "En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 3-
       2005 celebrada el veintiuno de febrero pasado, artículo XII, muy
       atentamente le comunicamos que en relación con los seis meses con goce
       de salario, que se nos concedió para continuar con los estudios de
       Maestría en Derecho Público en la Universidad de Costa Rica (segundo
       año), el primer período de dos meses será del 15 de mayo al 15 de julio, y
       el segundo período de cuatro meses será del 23 de agosto al 23 de
       diciembre, meses todos del año en curso.
            Asimismo, le informamos que hemos coordinado con la Secretaría
       General de la Corte, a efecto de suscribir el addendum correspondiente a
       nuestros contratos de adiestramiento."
              En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena, se dispuso:
       Conceder permiso con goce de salario y sustitución a los licenciados
       Gregory Wang, Giusti Soto y Monge Bolaños, del 15 de mayo al 15 de
       julio y del 23 de agosto al 23 de diciembre, fechas todas del año en curso,
       para que continúen con sus estudios de Maestría en Derecho Público en el
       citado centro de estudios superiores.
            El Departamento de Personal tomará nota para los fines
       consiguientes.‖
                                           -0-

      En oficio de 8 de agosto de este año, la licenciada Gregory Wang, en su

condición expresada, manifestó:

             ―… solicito en este momento, para mi caso particular, variar el
       disfrute del permiso a fin de hacerlo efectivo del diez de agosto al diez de
       diciembre motivada en las siguientes razones:
            En virtud de que iba a ser sometida a una cirugía menor, que
       consiste en la extracción de dos uñas del pie izquierdo, solicité
       vacaciones del dieciocho al veintiocho de agosto, habida cuenta de que el
       procedimiento sería realizado el miércoles veinte, lo cual efectivamente
       sucedió.
                                           49

             A raíz de la cirugía se me concedieron dos incapacidades que corren
       por el veintiuno y veintidós de julio y posteriormente del veintiséis al
       veintinueve del mismo mes y año. No obstante haber podido realizar una
       nueva prórroga opté por no realizarla conciente de que esto ocasionaría
       un impacto en las finanzas de la Institución, pues al ser cada una por
       pocos días, no generan pago de subsidios por parte de la Caja del Seguro.
            Estas incapacidades, ocasionaron que se trasladara el disfrute de las
       vacaciones solicitadas de tal suerte que mi reingreso está programado
       para el diez de agosto.
             Tomando en consideración que el día ocho reinician las clases en la
       universidad, eso quiere decir que de esta fecha al veintidós, solo trabajaré
       medio día de lunes a jueves. Quien me ha venido sustituyendo, ha
       continuado nombrado en esa plaza por estos días de vacaciones e
       incapacidad, por lo que no me parece conveniente para efectos de
       Despacho que yo regrese por ocho días hábiles, para que luego se tenga
       que buscar otro suplente, cuando perfectamente las cosas pueden
       continuar como han estado, pues entiendo que la cadena a que di lugar
       está conformada por tres personas.
             Para el caso de que me adelante el disfrute, yo reingresaría al trabajo
       el doce de diciembre y continuará con mis funciones normalmente, lo
       cual considero benéfico para todos por cuanto al doce de diciembre, está
       programado que hayan terminado las lecciones en la Universidad, por lo
       que solo restaría realizar exámenes, razón por la cual de requerir asistir
       sería solo un medio día y no toda la semana, lo que en esencia no altera el
       trabajo programado.
             No omito comunicarle que a efectos de poner al día el Despacho en
       que laboro, al día de hoy este tiene asignado como apoyo un juez
       supernumerario, razón de más para pretender que la oficina siga
       realizando el trabajo en forma en que tenía programado.‖
                                           -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia modificar el

acuerdo tomado en sesión N° 36-05 celebrada el 12 de mayo de este año, artículo

XX, en el sentido de que el permiso con goce de salario y sustitución concedido a

la licenciada Gregory Wang, para que continúe con sus estudios de Maestría, es del
                                           50

10 de agosto al 10 de diciembre de este año, y no como se indicó en la sesión de

referencia.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                ARTÍCULO XXVIII

       La licenciada Waiman Hin Herrera, Coordinadora del Área de Capacitación

y el máster Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano, con el visto

bueno del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio Nº 183-CAP-05 de 8 de este mes, manifestaron:

             ―Mediante solicitud electrónica la Licenciada Giannina Aronne
       Laurito, Jefe de la Biblioteca Judicial, solicita realizar el trámite
       respectivo para que dos servidoras de su despacho participen en una
       actividad formativa denominada ―TALLER DE WINISIS‖.
             Este taller es promovido por el Colegio de Bibliotecarios, se llevará
       a cabo el 11 y 12 de agosto, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la
       tarde, en las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad en
       Tibás.
              (…)
             Siguiendo el correspondiente trámite de contratación de cursos de
       capacitación comunicamos que paralelamente se está gestionando ante el
       Departamento de Proveeduría la contratación de la acción formativa la
       cual tiene un costo de ¢30.000 por persona para no afiliados al Colegio y
       ¢20.000 para estudiantes de carrera, esto suma un costo total de ¢50.000.
             Por lo anteriormente indicado se solicita autorizar la participación y
       el respectivo permiso con goce de salario sin sustitución, a las señoras
       Jannia Mendoza Mendoza y Maritza Valverde Cordero, servidoras de la
       Biblioteca Judicial.
                                           -0-
                                         51

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario, sin sustitución, a las servidoras Mendoza Mendoza y Valverde Cordero,

para que participen en el ―Taller de Winisis‖, el 11 y 12 de agosto en curso; en el

entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, lo

cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en

relación con sus funciones en el Poder Judicial.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXIX

      La licenciada Milena Conejo Aguilar, en su condición de Coordinadora de la

Comisión de Control Interno, en correo electrónico de 9 de este mes, expresa que

con el fin de ejecutar el proyecto de definición del marco teórico del desarrollo e

implementación del Sistema específico de valoración del riesgo del Poder Judicial

(SEVRI-PJ), solicita autorización para que los licenciados Argili Gómez Siu,

Profesional 2 del Departamento de Planificación, Ana Tristán Sánchez, Profesional

en Métodos de Enseñanza de la Escuela Judicial y Hermes Zamora Atencio,

Profesional en Informática del Departamento de Tecnología de la Información,

participen en las sesiones de trabajo de la citada Comisión.

      En vista de la importancia de la propuesta planteada para dar cumplimiento a

los requerimientos del artículo 28 de la Ley de Control Interno, se dispone:
                                        52

Acoger la solicitud anterior y autorizar a los licenciados Gómez Siu, Tristán

Sánchez y Zamora Atencio, para que participen en las sesiones de trabajo de la

Comisión de Control Interno, en lo que respecta al proyecto de definición del

marco teórico del desarrollo e implementación del Sistema específico de

valoración del riesgo del Poder Judicial (SEVRI-PJ), siempre que sus jefaturas

inmediatas lo autoricen y no se vean afectadas significativamente las labores

propias de sus cargos


      Los Departamentos de Planificación, Tecnología de la Información y la

Escuela Judicial, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

SUSTITUCIONES

                                ARTÍCULO XXX

      El licenciado Eduardo Espinoza Alvarado, Juez del Juzgado de Pensiones

Alimentarias del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en oficio N° 150-2005 de 08

de agosto en curso, solicita se autorice la sustitución de la servidora Rocío Cortés

Palma, Auxiliar Judicial 1, el 4 de este mes, por vacaciones; lo anterior obedece a

que es la encargada del trámite de demandas y no sustituirla empeoraría la

situación actual de ese despacho.

      Por mayoría se acordó: Autorizar la sustitución de la servidora Cortés

Palma, el 4 de agosto de este año, por vacaciones. Al propio tiempo se le hace
                                        53

saber al licenciado Espinoza Alvarado, que en lo futuro y ante una situación como

la presente, deberá gestionar estos permisos con la debida antelación y por el

medio electrónico correspondiente.

      El señor Presidente Magistrado Mora, votó por denegar la solicitud anterior.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                               ARTÍCULO XXXI

      En sesión N° 49-05 celebrada el 28 de junio del presente año, artículo

XXXII, por mayoría se aprobó la jubilación del señor José Joaquín Quirós Gómez,

Jefe Administrativo 2 de la Sección de Impresión del Departamento de

Publicaciones e Impresos, a partir del 1° de julio del presente año y se solicitó al

Departamento de Personal realizara los cálculos que correspondan por concepto de

auxilio de cesantía y vacaciones proporcionales.

      En atención al acuerdo anterior, el licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el

máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de Administración de Personal y del

Departamento de Personal, respectivamente, remiten los informes números 1810,

1811, 1812 y 1813- AP-2005 de 29 de julio anterior, con base en estos, se

dispone: autorizar el pago a favor del señor Quirós Gómez, de ¢3.135.842,75 (tres

millones ciento treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos colones con setenta
                                       54

y cinco céntimos), por Auxilio de Cesantía, ¢99.091,30 (noventa y nueve mil

noventa y un colones con treinta céntimos), ¢187.015,10 (ciento ochenta y siete

mil quince colones con diez céntimos) y ¢200.388,25 (doscientos mil trescientos

ochenta y ocho colones con veinticinco céntimos) por concepto de vacaciones

proporcionales, correspondientes a los períodos del 01-07-2002 al 31-05-2003, 01-

07-2003 al 31-05-2004 y 01-07-2004 al 30-06-2005, respectivamente.

      Se adjuntan constancias del Departamento Financiero Contable y de la

Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva de que don José

Joaquín no tiene deudas pendientes ni causas administrativas por ese concepto.

Asimismo se informa que tiene imposibilidad de laborar para el Estado, de

conformidad con lo normado en el artículo 586 del Código de Trabajo, la cantidad

de 197 días.

      El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. Se declara firme este acuerdo.

                              ARTÍCULO XXXII

      La señora Rose Mary Calderón Guerrero, Auxiliar Administrativo 1 de la

Sección de Comunicaciones, en nota de 2 de junio del año en curso, solicitó al

Departamento de Personal el trámite de su jubilación, y expresó su deseo de que
                                         55

este beneficio le sea otorgado a partir del 16 de agosto próximo, el cual hará

efectivo en fecha que oportunamente indicará.

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira, y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de Administración de Personal y del Departamento

de Personal, en oficio N° 1800-AP-04 de 29 de julio en curso, rinden el siguiente

informe:

       "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula la señora Rose Mary
       Calderón Guerrero, a partir del 16 de agosto del 2005, la solicitud
       presentada es únicamente para fijar derecho.
       Al 15 de agosto próximo, la señora Calderón Guerrero, habrá laborado
       para este Poder por espacio de 30 años, 11 días.
       TOTAL TIEMPO SERVICIO: 30 años, 11 días
       EDAD: 54 años, 7 meses, 15 días
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Auxiliar Administrativo 1,
       Sección de Comunicaciones.
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢356.331.00
       SALARIO PROMEDIO: ¢327.154.00
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢324.923.40 (99.32% del salario
                            promedio          del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y
       ratificado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001,
       artículo LXVIII, en la Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA                 Sal. Promedio*edad = Monto de jubilación
       APLICADA:                     55 años

                                         - 0-
                                         56

      Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación de la señora Rose Mary

Calderón Guerrero, cuya asignación mensual será de ¢324.923.40 (trescientos

veinticuatro mil novecientos veintitrés colones con cuarenta céntimos).

      Conforme lo solicitó doña Rose Mary, se deja en suspenso la fecha a partir

de la cual se acogerá a la jubilación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El Magistrado Mora y la licenciada Anchía votan conforme al acuerdo

tomado por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en

el sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que

se reformó a partir del 1° de enero de 1994, al 15 de julio de 1992 se debía contar

con 10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar si cumple con

alguno de esos dos requisitos pero con las reglas de la Ley actual.

                                ARTÍCULO XXXIII

      El señor Jorge Julián Brenes Rosales, Auxiliar Judicial 1 del Tribunal de

Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de

29 de marzo del año en curso, solicitó al Departamento de Personal el trámite de su

jubilación, y expresó su deseo de que este beneficio le sea otorgado a partir del 1°
                                          57

de agosto del presente año, el cual hará efectivo en fecha que oportunamente

indicará.

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de Administración de Personal y del Departamento

de Personal, en oficio N° 1801-AP-04 de 29 de julio en curso, rinden el siguiente

informe:

       "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula el señor Jorge Julián
       Brenes Rosales, a partir del 1° de agosto del 2005, la petición presentada
       es únicamente para fijar derecho.
       Al 31 de julio en curso, el señor Brenes Rosales, habrá laborado para este
       Poder por espacio de 21 años, 6 meses, 22 días. Asimismo cabe señalar
       que don Jorge Julián reconoció para efecto de jubilación un tiempo
       servido en otras instituciones del Estado, a saber: 2 años, 7 meses, 18
       días.
       TOTAL TIEMPO SERVICIO: 24 años, 2 meses y 10 días
       EDAD: 60 años, 9 meses, 15 días
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Auxiliar Judicial 1, Tribunal de
       Trabajo de Menor Cuantía de Goicoechea
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢360.336.70
       SALARIO PROMEDIO: ¢330.719.15
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢266.718.85 (80.65% del salario
       promedio del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI, por el
       Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001, artículo LXVIII, en
       la Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA            Sal. Promedio*tiempo= Monto de jubilación
       APLICADA:                        55 años‖
                                         58

                                          -0-

   Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación del señor Jorge Julián Brenes

Rosales, cuya asignación mensual será de ¢266.718.85 (doscientos sesenta y seis

mil setecientos dieciocho colones con ochenta y cinco céntimos).

   Conforme lo solicitó don Jorge Julián, se deja en suspenso la fecha a partir de la

cual se acogerá a la jubilación.

   El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

   El Magistrado Mora y la licenciada Anchía votan conforme al acuerdo tomado

por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en el

sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que se

reformó a partir del 1° de enero de 1994, al 15 de julio de 1992 se debía contar con

10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar si cumple con

alguno de esos dos requisitos pero con las reglas de la Ley actual.

                               ARTÍCULO XXXIV

      La licenciada María Aracelly Solís Marín, Jueza del Juzgado de Familia del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 2 de junio del año en curso,

solicitó al Departamento de Personal el trámite de su jubilación, y expresó su deseo
                                           59

de que este beneficio le sea otorgado a partir del 16 de agosto próximo, el cual hará

efectivo en fecha que oportunamente indicará.

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira, y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de Administración de Personal y del Departamento

de Personal, en oficio N° 1798-AP-04 de 29 de julio en curso, rinden el siguiente

informe:

       "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula la licenciada María
       Aracelly Solís Marín, a partir del 16 de agosto del 2005, la solicitud
       presentada es únicamente para fijar derecho.
       Al 15 de agosto próximo, la señora Solís Marín, habrá laborado para este
       Poder por espacio de 24 años, 11 meses.
       TOTAL TIEMPO SERVICIO: 24 años, 11 meses
       EDAD: 55 años, 1 día
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Juez 3, Juzgado de Familia de
                             Alajuela
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢1.426.177.20
       SALARIO PROMEDIO: ¢1.344.066.25
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢1.116.321.70 (83.06% del salario
                        promedio del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI, por el
       Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001, artículo LXVIII, en
       la Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA            Sal. Promedio*tiempo = Monto de jubilación
       APLICADA:                         55 años‖

                                           - 0-
                                           60

      Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación de la licenciada María

Aracelly Solís Marín, cuya asignación mensual será de ¢1.116.321.70 (un millón

ciento dieciséis mil trescientos veintiún colones con setenta céntimos).

      Conforme lo solicitó doña María Aracelly, se deja en suspenso la fecha a

partir de la cual se acogerá a la jubilación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El Magistrado Mora y la licenciada Anchía votan conforme al acuerdo

tomado por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en

el sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que

se reformó a partir del 1° de enero de 1994, al 15 de julio de 1992 se debía contar

con 10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar si cumple con

alguno de esos dos requisitos pero con las reglas de la Ley actual.

                                 ARTÍCULO XXXV

      En nota de 13 de mayo del año en curso, el licenciado Horacio González

Quiroga, Juez del Tribunal Contencioso Administrativo, solicitó al Departamento

de Personal realizar los cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 7 de

agosto del año en curso, con el único fin de que se fije el derecho a su disfrute, a

partir de la fecha que en su oportunidad indicará.
                                        61

      En oficio N° 1799-AP-2005 de 29 de julio último, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira, y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

        "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula el licenciado Horacio
       González Quiroga, a partir del 7 de agosto del 2005, la solicitud
       presentada es únicamente para fijar derecho.
       Al 6 de agosto próximo, el señor González Quiroga habrá laborado para
       este Poder por espacio de 28 años, 8 meses, 21 días.
       TOTAL TIEMPO SERVIDO: 28 años, 8 meses, 21 días.
       EDAD: 55 años, 1 día
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Juez 4, Tribunal Contencioso
                              Administrativo
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢1.629.812.00
       SALARIO PROMEDIO: ¢1.533.136.65
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢1.467.978.35 (95.75% del salario
       promedio del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y
       ratificado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001,
       artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA          APLICADA:    Salario   promedio*tiempo=monto     de
       jubilación
             30 años"
                                       -0-

      Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación del licenciado Horacio

González Quiroga, cuya asignación mensual será de ¢1.467.978.35 (un millón
                                         62

cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos setenta y ocho colones con treinta y

cinco céntimos).

      Conforme lo solicitó don Horacio, se deja en suspenso la fecha a partir de la

cual se acogerá a la jubilación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El Magistrado Mora y la licenciada Anchía, votan conforme al acuerdo

tomado por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en

el sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que

se reformó a partir del 1° de enero de 1994; al 15 de julio de 1992 se debía contar

con 10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 años de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar cumpliendo

con alguno de los dos requisitos pero con las reglas de la ley actual.

                               ARTÍCULO XXXVI

      En nota de 23 de mayo del año en curso, la señora María Giselle Portugués

Quesada, Auxiliar Administrativa 1 de la Delegación Regional del Organismo de

Investigación Judicial de Cartago, solicitó al Departamento de Personal realizar los

cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 18 de agosto en curso, con

el único fin de que se fije el derecho a su disfrute, a partir de la fecha que en su

oportunidad indicará.
                                            63

      En oficio N° 1802-AP-2005 de 29 de julio último, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira, y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

        "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula la señora María Giselle
       Portugués Quesada, a partir del 18 de agosto del 2005, la solicitud
       presentada es únicamente para fijar derecho.
       Al 17 de agosto próximo, la señora Portugués Quesada habrá laborado
       para este Poder por espacio de 30 años, 4 días.
       TOTAL TIEMPO SERVIDO: 30 años, 4 días
       EDAD: 48 años, 1 mes, 15 días
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Auxiliar Administrativo 1,
       Delegación Regional de Cartago
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢356.360.00
       SALARIO PROMEDIO: ¢327.650.15
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢286.693.90 (87.50% del salario
       promedio del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y
       ratificado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001,
       artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA:            Salario promedio*edad=Monto de jubilación
       APLICADA                  55 años"
                                            -0-

      Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación de la señora Portuguez

Quesada, cuya asignación mensual será de ¢286.693.90 (doscientos ochenta y seis

mil seiscientos noventa y tres colones con noventa céntimos).
                                           64

      Conforme lo solicitó doña María Guiselle, se deja en suspenso la fecha a

partir de la cual se acogerá a la jubilación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El Magistrado Mora y la licenciada Anchía, votan conforme al acuerdo

tomado por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en

el sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que

se reformó a partir del 1° de enero de 1994; al 15 de julio de 1992 se debía contar

con 10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 años de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar cumpliendo

con alguno de los dos requisitos pero con las reglas de la ley actual.

                                ARTÍCULO XXXVII

      En nota de 20 de abril del año en curso, el licenciado Denis Villalta Canales,

Juez del Tribunal de Cartago, solicitó al Departamento de Personal realizar los

cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 16 de agosto en curso, con

el único fin de que se fije el derecho a su disfrute, a partir de la fecha que en su

oportunidad indicará.

      En oficio N° 1797-AP-2005 de 29 de julio último, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira, y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de
                                         65

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

        "ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula el licenciado Denis
       Villalta Canales, a partir del 16 de agosto del 2005, la solicitud
       presentada es únicamente para fijar derecho.
        Al 15 de agosto próximo, el señor Villalta Canales habrá laborado para
       este Poder por espacio de 26 años, 11 meses, 12 días. Cabe señalar que
       don Denis reconoció para efecto de jubilación un tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, a saber: 3 años, 6 meses, 3días.
       TOTAL TIEMPO SERVIDO: 30 años, 5 meses, 15 días
       EDAD: 53 años, 7 meses, 27 días
       ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Juez 4, Tribunal de Cartago
       ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢1.609.923.40
       SALARIO PROMEDIO: ¢1.511.014.60
       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢1.474.155.00 (97.56% del salario
       promedio del último año)
       NORMA LEGAL: "Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto
       por Corte Plena en sesión celebrada el 28/02/2000, artículo XXXI y
       ratificado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 15/03/2001,
       artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas".
       FÓRMULA:       Salario promedio * edad= monto de jubilación
       APLICADA                 55 años"
                                         -0-

      Por mayoría, se acordó: Aprobar la jubilación del licenciado Villalta

Canales, cuya asignación mensual será de ¢1.474.155.00 (un millón cuatrocientos

setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco colones exactos).
                                         66

      Conforme lo solicitó don Denis, se deja en suspenso la fecha a partir de la

cual se acogerá a la jubilación.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

      El Magistrado Mora y la licenciada Anchía, votan conforme al acuerdo

tomado por la Corte Plena en sesión del 28 de febrero del 2000, artículo XXXI, en

el sentido de que para acceder a la jubilación con las reglas de la Ley Orgánica que

se reformó a partir del 1° de enero de 1994; al 15 de julio de 1992 se debía contar

con 10 años de servicio y, al momento de la jubilación, con al menos 30 años de

servicio y 55 años de edad. Caso contrario, el servidor se puede jubilar cumpliendo

con alguno de los dos requisitos pero con las reglas de la ley actual.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                              ARTÍCULO XXXVIII

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, Jefes de Administración de Personal y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 1816-AP-2005 de 01 de agosto en curso, rinden el

siguiente informe:

       ―En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión No. 67-00
       celebrada el 24 de agosto del 2000, artículo XXIX, nos permitimos
       informar que una vez realizado el estudio correspondiente a la relación
       laboral con el Estado, del señor Yordan Martínez Chavarría, portador
       de la cédula número 02-0537-0289, se llegó a la conclusión de que le
       asiste el derecho al pago de los extremos laborales solicitados.
                                           67

        Para concluir lo anterior, se analizó la constancia emitida por la Sección
        Registro de Cotizaciones del Departamento Cuenta Individual y Control
        de Pagos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se
        demuestra que el señor Martínez Chavarría para el Estado ha prestado sus
        servicios al Poder Judicial, en el período que va de marzo de 2002 hasta
        el mes de noviembre de 2004, asimismo se advierte en la constancia en
        mención que don Yordan reingresa a laborar a esta Institución en el mes
        de enero de 2005 y que su último Reporte de Acumulado de Salarios con
        Cotizaciones de Enfermedad y Maternidad, extendido por la Caja
        Costarricense de Seguro Social, es en el mes de mayo de 2005. Cabe
        aclarar que este Departamentos para efectos de realizar el pago de las
        prestaciones del señor Martínez Chavarría tomó en cuenta los períodos
        que van desde el 5 de agosto de 2002 hasta el 23 de octubre de 2004,
        momento en que se interrumpe la relación laboral de don Yordan con este
        Poder de la República. En relación a los períodos no considerados para el
        cálculo de auxilio de cesantía, debemos indicar que fueron cancelados en
        su oportunidad como vacaciones proporcionales.
        Por las razones anteriores, estamos remitiendo adjunto los oficios Nos.
        1814 y 1815-AP-2005, los cuales contienen los informes para el pago de
        auxilio de cesantía y preaviso respectivamente que le corresponden a don
        Yordan, así como el informe AL.DP.No. 063-05, emitido por la Asesora
        Legal de este Departamento Dichos cálculos se han realizado de
        conformidad a lo que establece la Ley de Protección al Trabajador.
                                           - 0-

      La máster Irma M. Araya Víquez, Asesora Jurídica del Departamento de

Personal, en oficio Nº AL.DP. No. 063-05 de 31 de mayo de este año, emitió el

siguiente criterio:

        ―[…]
        Del análisis del caso concreto, se concluye que el señor Martínez
        Chavarría reúne las condiciones para el reconocimiento de las
        prestaciones legales: preaviso y auxilio de cesantía, toda vez, que los
        registros del Departamento de Personal, muestran un tiempo acumulado
        de servicio superior al mínimo establecido por la jurisprudencia para tales
        efectos. Asimismo le corresponderían al interesado el pago de las
        vacaciones y aguinaldo proporcionales, si a la fecha existiera algún
                                    68

período pendiente de pago, por esos conceptos, así como la devolución
de cuotas por salario escolar, que se hubieran retenido a esa data y que
aún no se le hubieran reintegrado.
Finalmente, en este asunto debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo cuando establece que ―...los
trabajadores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán
ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante
un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de
auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán
obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese
concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que había
devengado durante el término que permanecieron cesantes”. De lo
anterior se desprende la prohibición de continuar, durante un tiempo
igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de
cesantía, la relación de servicio con el Estado, en aquellos casos en que
la persona percibió ese beneficio. Así las cosas, el servidor o la servidora
no podría reingresar al servicio activo si no ha transcurrido un número de
meses equivalente al indemnizado, es decir, no podría ocupar
inmediatamente otro cargo en alguna de las instituciones del Sector
Público, a menos que, antes de ocupar el nuevo puesto en la
Administración Pública, reintegre total o parcialmente, según sea el caso,
las sumas correspondientes a los meses de salario recibidas, que guarden
correspondencia con el período que adelantó su ingreso al Sector Público.
De esta forma, dado que el servidor planteó su gestión, el día 20 de
diciembre de 2004 así como que este informe concluye la posibilidad de
reconocerle los derechos expresamente indicados en este documento
respecto del período comprendido entre el 5 de agosto de 2002 y el 23 de
octubre de 2004 y que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
muestra que el señor Martínez Chavarría se encuentra nombrado desde el
17 de enero y hasta el 31 de julio de 2005, se hace necesario que la
Administración al momento de efectuar el cálculo y el pago efectivo del
auxilio de cesantía al servidor, valore el caso concreto a la luz del
contenido de la normativa analizada a efecto de que no se haga nugatoria
su aplicación. ‖
                                         -0-
                                        69

      Se adjuntan los informes números 1814 y 1815-AP-2005 de 29 de julio del

año en curso, los cuales contienen los montos que corresponden al señor Martínez

Chavarría por concepto de auxilio de cesantía y preaviso, a saber:


   CONCEPTO                     N° INFORME                   MONTO

    Auxilio de Cesantía          1814-AP-2005               ¢332.366,80

          Preaviso               1815-AP-2005               ¢249.275,10

      Se adjuntan constancias de los Departamentos de Personal, Financiero

Contable y de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva de

que el señor Martínez Chavarría no tiene deudas pendientes ni causas

administrativas por ese concepto. Asimismo, se informa que él tiene imposibilidad

de laborar para el Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del

Código de Trabajo, la cantidad de 40 días.

      Se acordó: Acoger los informes anteriores y autorizar el pago de

¢332.366,80 y ¢249.275,10 por los conceptos mencionados a favor del señor

Yordan Martínez Chavarría.

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXIX
                                          70

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio N° 539-JP-2005 de 21 de junio del año en curso, comunicó lo siguiente:

       ―Para los fines correspondientes, le remito el Informe AL.DP. N° 065-05
       suscrito por la Msc. Irma Araya Víquez Asesora Jurídica de este
       Departamento, relacionado con la solicitud de pago de intereses del señor
       Luis Roberto Vargas Villalobos.
       Las conclusiones y el criterio legal vertido en dicho informe se
       transcriben a continuación:
      “Conclusiones:
           De conformidad con el análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial
       efectuado se puede sostener que los intereses moratorios derivados de una
       obligación o derecho laboral, tienen un carácter indemnizatorio de los
       daños y perjuicios generados en virtud del incumplimiento (total o
       parcial) o del cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación
       (dineraria) contraída por el patrono. En consecuencia, tal y como lo
       dispone la normativa y jurisprudencia analizada, los intereses se generan,
       en todos estos supuestos, a partir de que el patrono incurre en mora
       (vencimiento del plazo), es decir, desde el momento en que nacieron para
       el servidor sus derechos y para la Administración la obligación de
       cumplirlos (obligación exigible), sin hacerlo o sin llevarlo a cabo
       satisfactoriamente.
        Por otra parte, en lo que se refiere a la prescripción podemos concluir
       que ésta es una institución jurídica en virtud de la cual se extingue un
       derecho al que el legislador, por razones de seguridad jurídica, le ha
       fijado un lapso determinado para su ejercicio. Al respecto, el Código de
       Trabajo prevé distintos supuestos de prescripción en los derechos
       laborales. No obstante, por la naturaleza de los derechos que se discuten
       en el caso concreto, resulta importante considerar que el artículo 602 de
       dicho cuerpo normativo dispone, que todos los derechos y acciones
       provenientes de contratos de trabajo prescribirán en el término de
       seis meses desde la fecha de extinción de los contratos, sin que pueda
       obviarse que ningún derecho laboral puede prescribir mientras la relación
       laboral subsista.
       En este orden de ideas, resulta imprescindible considerar que los intereses
       en su carácter de derecho accesorio prescriben en virtud de su no ejercicio
       en los mismos términos (plazos) de la obligación principal de la cual se
       generan. En ese sentido, el plazo prescriptivo empieza a generarse desde
                                                                            71

              el momento en que los intereses se producen, es decir, desde que la
              obligación debió hacerse efectiva y no se hizo (cuando la Administración
              debió cancelar y no lo hizo).
              En el caso concreto se advierte que la ruptura de la relación laboral del
              señor Luis Roberto Vargas Villalobos operó a partir del 8 de setiembre de
              2004. Así las cosas, desde ese momento nació para el servidor la
              posibilidad de ejercitar los derechos que pudieran corresponderle y para la
              Administración la obligación de cumplirlos. Al respecto, el Consejo
              Superior en sesión No. 13-05 del 24 de febrero de 2005 (artículo LXIV)
              aprobó el pago correspondiente, el cual, se le canceló mediante cheque
              del Banco de Costa Rica No. BGC 3023817-6 de 20 de abril de 2005 por
              un monto de ¢ 14.621.876, 50 (catorce millones seiscientos veintiún mil
              ochocientos setenta y seis colones con 50/100). En consecuencia, se
              advierte que efectivamente se le ocasionó un daño al servidor, producto
              del atraso en el pago de los extremos laborales correspondientes y por
              consiguiente, bajo los presupuestos analizados le asistiría a éste el
              derecho al pago de intereses por cuanto de conformidad con la normativa
              y la jurisprudencia analizada, la Administración se convierte en
              responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su
              actuación. El numeral 706 del Código Civil1 establece que los daños y
              perjuicios consisten en el pago de intereses sobre la suma debida, a partir
              del vencimiento del plazo, es decir, cuando la Administración debía
              pagar2. No obstante, en el caso concreto, la solicitud3 para el
              reconocimiento de los intereses respectivos se efectuó hasta el 3 de mayo
              de 20054, es decir, 7 meses y 5 días después del momento en que el señor
              Vargas Villalobos tenía para reclamar los derechos correspondientes, en
              consecuencia, atendiendo al carácter accesorio de los intereses respecto
              del derecho principal (extremos laborales) podemos concluir que estos se
              encuentran prescritos por cuanto los intereses provenientes de estos
              rubros (como derechos y acciones provenientes del contrato de trabajo)
              prescriben en el término de seis meses contados desde la fecha de
              extinción del contrato de trabajo (artículo 602 del Código de Trabajo), es

1 Normativa aplicable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 del Estatuto de Servicio Judicial y 15 del Código de Trabajo.
2 En el mismo sentido Sala Constitucional resolución N° 6432 de las 10:30 H del 4 de setiembre de 1998 y Consejo Superior, sesión N° 65-04 del 31
de agosto de 2004 (artículo XXXVIII).
3 Sala Segunda, sentencia No. 371 de 15:20 H del 20 de noviembre de 1996: “…la pretensión es definida como "el poder que el derecho subjetivo

concede a su titular para exigir del sujeto pasivo el acto o la omisión que forma su cometido, es decir, constituye la manifestación externa y tangible del
Derecho Subjetivo, pero reducida al ámbito de la relación privada de los sujetos, a diferencia de la exigencia por medios externos que en el Estado de Derecho
se reduce al proceso incoado por la acción del titular..." (PIETRO CASTRO. "TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL").- La función
jurisdiccional, se desarrolla en el campo de las pretensiones de las partes, de manera que, al juez no le es posible enfocar su decisión jurisdiccional hacia
aspectos no pretendidos por las partes, pues incurriría en el vicio de falta de congruencia”
4
    Ver sentencia de la Sala Segunda N° 94 de las 11:20H del 27 de marzo de 1998.
                                          72

       decir, desde el momento en que se rompió la relación laboral con el
       servidor.
       Criterio Legal:
       Esta asesoría considera, que de conformidad con los presupuestos
       fácticos, normativos, doctrinales, jurisprudenciales y administrativos
       analizados, la gestión del señor Luis Roberto Vargas Villalobos a efecto
       de que se le cancelen intereses por el retrazo ocurrido en el pago efectivo
       de sus extremos laborales no resulta atendible. No obstante, debe ser el
       Consejo Superior quien decida lo que corresponda atendiendo a las
       circunstancias que el caso concreto plantea así como al panorama
       expuesto en el presente informe, toda vez que ese Órgano es el llamado a
       hacerlo en virtud de las competencias y atribuciones que le confiere la
       Ley Orgánica del Poder Judicial.‖

                                          -0-
      Se acordó: Acoger las recomendaciones del Departamento de Personal

relacionadas con la solicitud de pago de intereses del señor Luis Roberto Vargas

Villalobos; en consecuencia rechazar la solicitud de pago de intereses gestionada

por el señor Luis Roberto Vargas Villalobos, por haber transcurrido más de 6

meses desde la fecha en que concluyó la relación laboral.

                                  ARTÍCULO XL

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, Jefes de Administración de Personal y del Departamento de Personal,

respectivamente, en oficio N° 1767-AP-2005 de 28 de julio en último, rinden el

siguiente informe:

       ―En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión No. 67-00
       celebrada el 24 de agosto del 2000, artículo XXIX, nos permitimos
       informar que una vez realizado el estudio correspondiente a la relación
                                           73

        laboral con el Estado, del señor Erick Martínez Trejos, portador de la
        cédula número 05-0192-0998, se llegó a la conclusión de que le asiste el
        derecho al pago de los extremos laborales solicitados.
        Para concluir lo anterior, se analizó la constancia emitida por la Sección
        Registro de Cotizaciones del Departamento Cuenta Individual y Control
        de Pagos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se
        demuestra que el señor Martínez Trejos para el Estado ha prestado sus
        servicios al Poder Judicial, en el período que va de mayo de 1996 hasta el
        mes de mayo de 2005. Cabe aclarar que este Departamento procedió a
        realizar los cálculos para el pago de auxilio de cesantía,    tomando en
        cuenta los períodos que don Erick estuvo nombrado en forma continua,
        sean del 30 de setiembre de 1996 hasta el último día de enero de 2005,
        fecha en que el señor Martínez Trejos tuvo su último nombramiento para
        este Poder de la República, según consta el Sistema Integrado de Gestión
        Administrativa. (adjunto reimpresión).
        Por las razones anteriores, estamos remitiendo adjunto el oficio No.
        1768-AP-2005, el cual contiene el informe para el pago de auxilio de
        cesantía que le corresponde a don Erick, así como el informe AL.DP. No.
        066-05, emitido por la Asesora Legal del Departamento. Dichos cálculos
        se han realizado de conformidad a lo que establece la Ley de Protección
        al Trabajador.‖

                                          -0-
      La licenciada Irma M. Araya Víquez, Asesora Jurídica del Departamento de

Personal, en oficio Nº AL.DP. No. 066-05 de 3 de junio del 2005, en lo que

interesa emitió el siguiente criterio:

        ―[…]
        6. Del análisis del caso concreto, se concluye que el señor Martínez
           Trejos reúne las condiciones para el reconocimiento del auxilio de
           cesantía, toda vez, que los registros del Departamento de Personal,
           muestran un tiempo acumulado de servicio superior al mínimo
           establecido por la jurisprudencia para tales efectos.
             Con relación al instituto del preaviso resulta fundamental considerar
        que el artículo 28 del Código de Trabajo expresamente dispone que ―En
        el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle
        término, sin justa causa, dando aviso a la otra, de acuerdo con las
                                          74

       siguientes reglas: ...c) Después de un año de trabajo continuo con un
       mínimo de un mes de anticipación....Dichos avisos se darán siempre por
       escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en
       igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden
       omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las
       partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a
       los plazos anteriores...” (énfasis agregado). Así las cosas, puede
       desprenderse que al servidor se le dio el aviso o la comunicación
       respectiva con la antelación establecida por el numeral 28 ídem, toda vez,
       que a éste se le informó de la ruptura de su relación laboral con el Poder
       Judicial mediante nota de 30 de noviembre de 2004, la cual, según la
       información suministrada por la Fiscalía General fue enviada en esa
       misma fecha al fax No. 7752202.
             Por otra parte, se debe señalar que le correspondería al interesado,
       el pago de las vacaciones y aguinaldo proporcionales, si a la fecha
       existiera algún período pendiente de pago por esos conceptos, así como la
       devolución de las cuotas por salario escolar, que se hubieran retenido a
       esa data y que aún no se le hubieran reintegrado.‖

                                         -0-
      Se adjunta el informe número 1768-AP-2005 de 29 de julio último,

correspondiente al pago por concepto de auxilio de cesantía, del señor Martínez

Trejos, por la suma de: ¢9.340.901,30 (nueve millones trescientos cuarenta mil

novecientos un colón con treinta céntimos).

      Mediante constancias del Departamento de Personal, Financiero Contable y

de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, comunican que

don Eric Javier no tiene deudas pendientes ni causas administrativas por ese

concepto. Asimismo, el Departamento de Personal informa que tiene imposibilidad

de laborar para el Estado, de conformidad con lo normado en el artículo 586 del

Código de Trabajo, la cantidad de 209 días.
                                             75

        Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar el pago de ¢9.340.901,30

(nueve millones trescientos cuarenta mil novecientos un colón con treinta

céntimos), por auxilio de cesantía a favor del señor Eric Javier de Jesús Martínez

Trejos.

        Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para lo

que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO XLI

        El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio N° 664-JP-2005 de 27 de julio último, transcribe el acuerdo tomado por

el Consejo de Personal, en sesión N° 16-2005 del 12 de ese mes, artículo VI, que

dice:

          ―Se procede a conocer el informe N° 158-IDH-2005, elaborado por la
          Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal. Se
          transcribe en lo relevante:
          I. ORIGEN DEL ESTUDIO.
    1.1.       En oficio Nº 8044-04 del 18 de agosto de 2004, se comunica a este
        Departamento la gestión presentada por el señor Carlos Francisco Roldán
        Bolaños, Prosecretario General de la Corte, conocida en sesión del
        Consejo Superior Nº 47-04 del 29 de junio de 2004, artículo LVIII. La
        solicitud del señor Roldán, en lo que interesa señala lo siguiente:
          ―...en razón de haber sido revalorado el cargo que ocupo de Prosecretario
          General a la categoría de Profesional 1, desde el 1º de enero del 2001,
          según acuerdo de Corte Plena tomado en la sesión celebrada el 23 de abril
          del 2001, artículo XXI, solicito que se incremente el rubro
          correspondiente al REF, de un 10% a un 14% como corresponde, y se me
          pague retroactivamente a partir de esa fecha.
                                         76

     1.2. Mediante nota de fecha 04 de octubre de 2004 los Prosecretarios de
     la Secretaría General de la Corte, con el visto bueno de la Licenciada
     Silvia Navarro Romanini en su calidad de Secretaria General de la Corte,
     solicitan:
     1.3.
     ―...que el Departamento de Personal realice un estudio de la clase
     ―Prosecretario General de la Corte‖ y se recalifiquen o reasignen esos
     cargos.‖
V.     ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.
     5.1.     Solicitud de reasignación de los puestos de Prosecretarios.
     De las entrevistas realizadas en la Secretaría General de la Corte a los
     ocupantes del cargo en examen así como a los licenciados Silvia Navarro
     Romanini y Juan de Dios Salon López, Secretaria General y Profesional 2
     respectivamente, se desprende la siguiente información:
     5.1.1.        Situación encontrada:
     5.1.11.       Carga de Trabajo.
     Según lo expresado por los ocupantes de los puestos en estudio, el trabajo
     es desarrollado en un ambiente de estrés y tensión constante, debido a la
     cantidad de gestiones que ingresan y a la celeridad con que deben
     tramitarse, por lo que generalmente deben extender su jornada laboral a
     tiempo extraordinario.
     Al respecto, el Departamento de Planificación en informe Nº 239-DO-
     2004 hace mención a la carga existente de trabajo:
     “...necesariamente deberán tomarse las previsiones para mantener
     las horas extra actualmente aprobadas para la Secretaría de la Corte,
     al menos durante el primer semestre del 2005, mientras no se
     disponga de una evaluación que establezca si las recomendaciones
     consignadas en el presente informe, han sido debidamente puestas en
     práctica y han generado un impacto favorable en las cargas de
     trabajo del personal.”
     En virtud de lo anterior, es necesario dejar claro que un aumento en las
     cargas de trabajo en un despacho no es una variable a considerar en la
     clasificación y valoración del mismo, al contrario es un elemento que ha
     señalado la necesidad de estudios organizacionales por parte del
     Departamento de Planificación.
     5.1.1.2. Determinación de nuevas funciones:
                                  77

En oficio del 04 de octubre de 2004 los ocupantes de los puestos en
estudio exponen:
―El puesto de Prosecretario de la Corte tiene actualmente muchas más
responsabilidades y funciones que le fueron delegadas y en justicia
deben ser debidamente compensadas‖ (el resaltado no pertenece al
original.)
Lo anterior obedece a la recomendación realizada por parte del
Departamento de Planificación y no a una asignación de nuevas labores,
tal como se menciona en el punto N. 6 del informe Nº 092-DO-2001-B, el
cual cita:
―Según se desprende de las tareas típicas incluidas en el Manual
Descriptivo de Puestos del Departamento de Personal, las labores de
corrección de las actas, la ejecución o comunicación de los acuerdos
de Consejo Superior, la revisión y firma de los oficios de
comunicación de esos acuerdos, y la distribución del trabajo entre los
Auxiliares Judiciales “Ejecutores”, deben ser asumidas por los
Prosecretarios Generales de los diferentes equipos de trabajo según
la sesión donde hayan participado previamente. En la actualidad
algunas de esas labores son asumidas por la Secretaria General y por el
Profesional 2, situación que no se estima conveniente.
   Con ello se procura que cada servidor asuma la responsabilidad
que le compete, según se desprende de las tareas típicas antes
esbozadas. Asimismo, se espera que las actas fluyan con mayor
celeridad hacia la Secretaria General, de previo a su ratificación. (el
resaltado no pertenece al original.)
Conviene resaltar la conveniencia de que la Secretaria General se
desprenda de la ejecución (o comunicación) de los acuerdos del Consejo
Superior, y que la labor correspondiente a la revisión y firma de los
oficios de comunicación de esos acuerdos sea asumida por cada
Prosecretario de los equipos de ―Consejo Superior‖, según haya sido su
participación en las respectivas sesiones.
Como excepción a lo anterior, en aquellos acuerdos del Consejo
Superior que deban remitirse a funcionarios y organizaciones que
por su jerarquía y formalidad así se requiera, deberán ser firmados
por la Secretaria General.”
Estas funciones que les fueron asignadas no pueden ser consideradas
como elementos válidos para modificar la clasificación o valoración de
dichos puestos, por cuanto las mismas están inmersas dentro de la
                                           78

       naturaleza funcional de esta clase, por lo tanto competen a los cargos en
       estudio según el Manual de Descriptivo de Clases de Puestos, en ese
       sentido es importante recalcar que según lo establecido por las políticas
       de Clasificación y Valoración de Puestos un análisis de puestos se debe
       justificar con la consolidación de cambios sustanciales y permanentes en
       las exigencias (tareas y responsabilidades) del cargo y que se hayan
       estado realizando al menos durante los seis meses anteriores a dicha
       solicitud.
       5.1.2.       Perfil de los puestos en estudio:
       5.1.2.1. Supervisión.
       Para realizar el análisis de este factor se debe considerar que la
       supervisión es una actividad que compete propiamente a la autoridad
       formal designada para ello, dicha acción requiere ―planificar, organizar,
       dirigir,  ejecutar      y         retroalimentar constantemente. Exige
       constancia, dedicación, perseverancia...‖(5)
       Bajo esa visión se procedió a establecer la forma en la cual se encuentra
       definida la supervisión para estos puestos.
       5.1.2.1.1.          Supervisión Recibida.
       Trabajan con cierto grado de independencia, ya que los métodos y
       procedimientos están previamente establecidos, no obstante lo anterior, la
       Licenciada Navarro les gira instrucciones en su calidad de jefa inmediata,
       en coordinación con el Profesional 2 en los casos que proceda.
       5.1.2.1.2.          Supervisión Ejercida.
       En oficio suscrito por los Prosecretarios, manifiestan lo siguiente:
       ―Existe relación de subordinación entre cada prosecretario y el personal
       de la oficina (más de 14 plazas, entre ellas: un asistente jurídico, 7
       auxiliares judiciales, 1 notificador, 3 servidores del archivo y 3
       conserjes), que aunque se trate del mismo personal, por la especial
       condición de que cada prosecretario tiene asignada una función específica
       en determinado momento necesitará requerir el apoyo de cualquiera de
       ellos, supervisar su desempeño y en términos generales, puede
       llamarles la atención si incurrieren en alguna falta.‖ (el resaltado no
       es del original).
       Al respecto, se debe aclarar lo siguiente:

5
( ) Administración. [Documento en línea]. Disponible:
http://www.monografias.com-administracion.htm (Consulta: 2005, mayo)
                                    79

     Según se describió en el punto 4.2 ―Tareas realizadas por los
titulares de los puestos en estudio‖ la particularidad del trabajo realizado
por los Prosecretarios requiere coordinar con el resto de los servidores de
la oficina para realizar sus funciones, a manera de ejemplo se cita:
a) El grupo de auxiliares judiciales encargados de ejecutar los
acuerdos, realizan los oficios siguiendo las instrucciones emitidas por los
Prosecretarios que asistieron a la sesión respectiva. Esta relación se da
por el conocimiento del Prosecretario de los temas tratados en la sesión
que le correspondió asistir.
b) En la investigación de antecedentes solicitan la colaboración de los
Técnicos Administrativos (archivología).
c) Para la distribución de oficios de comunicación de acuerdos
urgentes, solicitan al Auxiliar de Servicios Generales dar prioridad a la
entrega de dicho documento.
     La coordinación entre los Prosecretarios y el resto del personal está
en función del trabajo que se desarrolla para el cumplimiento de los
objetivos de la Secretaria, lo cual no implica una subordinación directa
entre éstos. Al respecto la licenciada Navarro menciona:
―en los puestos que se indican que se supervisan, considero que la
supervisión no es en forma directa sino más bien sobre los asuntos que se
les encarga en asuntos urgentes o de los que firman del acta en que
prepararon el borrador.‖
    Según lo expuesto en el punto 5.1.2.1, la autoridad debe estar
delegada en una sola persona para prevenir que existan órdenes de más de
un superior y así evitar la confusión entre el personal por dualidad de
mando. En este caso, la responsabilidad de supervisión de personal está
asignada a la Secretaria General (con la colaboración del Profesional 2)
ella en su calidad de Directora es a quien le compete el planificar,
organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar al personal de dicha oficina,
tal y como lo indica en las observaciones dadas al ―Cuestionario de
Clasificación‖: ―la suscrita supervisa el trabajo que realizan todos los
prosecretarios tomando en consideración no solo el trabajo que ejecutan
con el borrador del acta que preparan, sino también con el seguimiento
que deben dar a los acuerdos urgentes que toma el Consejo Superior...‖
    Según manifestaciones realizadas por el Profesional 2              es
competencia suya ―las funciones administrativas de la oficina, establecer
formas de trabajo, coordinar con la Secretaria General, los Prosecretarios
y demás personal, cambios para el buen accionar de la oficina. Manejo y
                                    80

supervisión del personal. Coordinación directa con la Secretaria General
en la toma de decisiones administrativas del despacho.‖
     Lo expresado por los licenciados Silvia Navarro y Juan de Dios
Salon, demuestra que la autoridad está claramente definida de acuerdo al
nivel jerárquico, por lo que les corresponde a estas dos figuras ejercerla.
     Lo anterior deja claro que la relación existente entre los
Prosecretarios y el resto del personal de la Secretaría es de ―solicitar el
apoyo‖ como bien lo indican en el oficio de cita sin que exista autoridad
lineal y formal ni subordinación de otros puestos.
5.1.2.2. Consecuencia del error.
Por tratarse de asuntos delicados y que son resueltos por las instancias
superiores del Poder Judicial como lo son Corte Plena y Consejo
Superior, la ejecución del trabajo debe realizarse de forma precisa,
oportuna y exacta. El trabajo es desarrollado por etapas lineales (ver
anexo 1, Cuadro Nº 1), en las cuales cada prosecretario revisa lo que es
trasladado por el otro compañero, en caso de producirse un error el
mismo puede ser detectado por cualquiera de ellos. Adicionalmente la
Secretaria General revisa las gestiones antes de ser trasladadas para la
confección de la agenda, con lo cual se garantiza que la distribución
realizada de acuerdo al órgano competente sea la correcta, y que se
cuenten con los atestados, acuerdos e informes, que requieren los
miembros del Consejo y Corte para mejor resolver.
En ese mismo sentido, cuando el acta borrador está confeccionada se
traslada a la licenciada Navarro para su revisión, posteriormente se pone a
disposición en la intranet para que los integrantes de Corte y del Consejo
tengan oportunidad de revisarla antes de ser declarada en firme en
próxima sesión.
Dichas revisiones garantizan controlar, determinar y corregir
oportunamente los errores que pudieran surgir de la confección de agenda
y actas a cargo de los Prosecretarios, además la responsabilidad final en la
toma de decisiones recae directamente en los miembros del Consejo o
Corte Plena.
De lo anterior se desprende que los errores generados pueden subsanarse
oportuna y adecuadamente, de acuerdo a los procedimientos establecidos
y los controles formales que al efecto existen, por lo que este factor no es
considerado como relevante en el análisis de estos puestos.
5.1.2.3. Dificultad.
                                   81

Según la valoración efectuada se determinó:
   Los métodos y procedimientos se encuentran establecidos, como se
mencionó en el punto 5.1.2.1.1.
    Las labores realizadas por los Prosecretarios son de índole
operativo, por cuanto no emiten criterios técnicos.
    Por la naturaleza del trabajo no se imponen cambios frecuentes de
condiciones, ni problemas para solucionar.
     Según manifestaciones hechas por los Prosecretarios y confirmadas
con la licenciada Silvia Navarro, las situaciones imprevistas son resueltas
siguiendo instrucciones giradas por la Secretaria General.
5.1.2.4. Educación académica requerida.
Según manifestaciones realizadas por los ocupantes de los puestos en
estudio se recalcó la necesidad de requerir estudios de tipo universitario
en la carrera de Derecho, por cuanto se facilita la comprensión de los
asuntos inmersos en el desarrollo de sus funciones.
Por su parte, la licenciada Navarro Romanini, indicó que los
Prosecretarios no emiten un criterio técnico o profesional, ni
desarrollan funciones profesionales, ya que el responsable de éstas es el
Profesional en Derecho 3 con apoyo del Asistente Jurídico; pero resalta la
importancia que los ocupantes de estos puestos tengan conocimientos en
el área legal, dado que según su experiencia como Jefa inmediata, la
diferencia se hace palpable entre los ocupantes de los puestos que tienen
estudios formales a nivel universitario a los que no lo poseen. Según su
criterio, con este tipo de formación, les facilita interpretar el análisis
jurídico realizado por los integrantes de los órganos superiores y conocer
los términos legales, leyes y reglamentos, utilizados, para redactar de
forma clara, precisa y acertada. En este sentido indicó que la condición
académica requerida para estos puestos debe ser como mínimo Bachiller
en Derecho.
Las posiciones anteriores permiten inferir que la educación requerida no
es de tipo profesional, ya que la labor del Prosecretario no consiste en
emitir un criterio técnico sino brindar asistencia a los órganos de
máximo nivel con el fin de facilitarles la toma de decisiones.
En virtud de que las labores desarrolladas no son de nivel profesional,
como ha quedado ampliamente detallado en el análisis de los factores de
clasificación, no se justifica el cambio del requisito académico para esta
clase de puesto; sino más bien se desprende la necesidad de dotar de
                                              82

      capacitación adicional al personal, que de valor agregado en el
      desempeño de sus cargos, tanto en materia legal como administrativa, con
      el fin de que cuente con criterio más amplio, capacidad de síntesis y
      comprensión además mejorar las habilidades de redacción y ortografía lo
      que les facilitará la comprensión de los términos legales utilizados por los
      miembros de Consejo Superior y Corte Plena en las sesiones, facilitando
      la función sustancial de sus cargos como lo es la confección de agendas y
      redacción de la parte dispositiva y oficios de comunicación de los
      acuerdos.
      Por lo tanto, la Escuela Judicial y el área de Capacitación del
      Departamento de Personal -Gestión Humana, deberán considerar dentro
      de sus programas la capacitación requerida por el personal de dicha
      oficina, previo análisis de necesidades.
      5.1.3.       Otros elementos de análisis:
      5.1.3.1. Objetivo de la Secretaría:
      La función de la Secretaría General de la Corte antes de la creación del
      Consejo Superior como órgano competente en la resolución de aspectos
      de índole administrativo, se enfocaba exclusivamente en conocer asuntos
      de Corte Plena. A raíz de la modificación realizada a la Ley Orgánica y la
      creación del Consejo Superior en sustitución del Consejo Directivo, la
      función de la Secretaría varía según lo estipulado en el artículo 141 de la
      Ley Orgánica y modificación introducida por la Ley N° 7333 de 5 de
      mayo de 1993, convirtiéndose así en una oficina cuya labor sustantiva es
      de carácter administrativo.
      Por lo tanto, la clasificación de la serie de Prosecretarios(6) de la
      Secretaría General de la Corte, no es la adecuada según el perfil antes
      mencionado, por el contrario esta clase estuvo reservada al ámbito
      jurisdiccional.
      Así las cosas, se determinó que el título de la clase de ―Prosecretario
      General‖ no es congruente con el objetivo de la Secretaría, ya que según
      el análisis realizado a los puestos en estudio la función sustantiva de estos
      está inmersa dentro de procesos de orden administrativo, por lo tanto se
      hace necesario asignarle el nombre adecuado a esa naturaleza funcional.
      5.1.3.2.   Clasificación y Remuneración adecuada:


(6) Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal a partir del 01 de enero de 1998, la serie de
Prosecretario desapareció.
                                                 83

     Para establecer la clasificación y compensación económica más adecuada,
     se presenta a continuación el siguiente escalafón de las clases de puestos
     del sector administrativo así como sus respectivos salarios y requisitos
     académicos, lo cual permite tener una visión más amplia e integral de los
     cargos que giran en torno al caso que nos ocupa, veamos:

      Clase               Salario Base                     Requisito Académico
     Auxiliar
                             ¢192,200        Bachiller Educación Media.
  Administrativo 1
     Auxiliar                                Bachiller Educación Media (técnico medio según la
                             ¢202,600
  Administrativo 2                           clases angosta a la que pertenece).
    Asistente
                             ¢215,800        Bachiller Educación Media.
  Administrativo 1
    Asistente
                             ¢221,800        Bachiller Educación Media.
  Administrativo 2
                                             Bachiller Educación Media (segundo año
    Asistente
                             ¢229,400        universitario según la clases angosta a la que
  Administrativo 3
                                             pertenece).
     Técnico                                 Bachiller Educación Media (requisito adicional
                             ¢237,400
  Administrativo 1                           está en función a la clase angosta a que pertenece).
     Técnico                                 Bachiller Educación Media (requisito adicional
                             ¢248,200
  Administrativo 2                           está en función a la clase angosta a que pertenece).
                                             Bachiller Educación Media (requisito adicional
Secretaria Ejecutiva 1       ¢248,600
                                             está en función a la clase angosta a que pertenece).
                                             Bachiller Educación Media (requisito adicional
Secretaria Ejecutiva 2       ¢260,600
                                             está en función a la clase angosta a que pertenece).
Secretaria de Escuela                        Bachiller Educación Media (requisito adicional
                             ¢269,400
      Judicial                               está en función a la clase angosta a que pertenece).
Jefe Administrativo 1        ¢271,400        Diplomado Universitario.
 Prosecretario 1G-8          ¢293,400        Bachiller Educación Media.
 Prosecretario 2G-8          ¢293,400        Bachiller Educación Media.
    Profesional 1            ¢293,400        Bachillerato Universitario.
Jefe Administrativo 2        ¢303,000        Bachillerato Universitario.
    Profesional 2            ¢332,600        Licenciatura.
   Fuente: Índice Salarial I semestre 2005

     Según se observa en el cuadro anterior, la serie de puestos profesionales
     administrativos inicia con la clase de Jefe Administrativo 1, el cual tiene
     asociado el requisito académico de Diplomado; a partir de esta clase el
     nivel académico va en orden ascendente. Tal y como se analizó
     anteriormente el requisito académico de la clase en estudio se debe
                                         84

   mantener, por consiguiente la clasificación correcta debe ubicarse en un
   nivel inferior al Jefe Administrativo 1.
   En ese mismo sentido se tiene que la valoración actual de la clase en
   estudio supera ampliamente la del ―Jefe Administrativo 1‖ el cual a
   diferencia del Prosecretario, su naturaleza de trabajo es la dirección,
   coordinación, programación, asignación, supervisión y ejecución de
   actividades operativas de alguna variedad y dificultad y otros a cargo de
   una sección en un departamento especializado de la Institución. De igual
   manera tiene la misma categoría de la clase ancha de Profesional 1, cuya
   naturaleza del trabajo es la ejecución de labores técnicas en el campo de
   recursos humanos, presupuesto y otras ramas especializadas de la
   administración, por lo que el requisito académico está establecido a
   nivel de Bachiller Universitario, características que no se encuentran
   presentes en los puestos de análisis.
   Una vez analizados los perfiles ocupacionales de las clases de puestos
   señaladas en el cuadro anterior se determinó que la clase de ―Secretario
   de Escuela Judicial‖ es la que presenta mayor similitud en cuanto a tareas
   y responsabilidades, dado que brinda asistencia a ejecutivos de máximo
   nivel lo que es consonante con la función de los puestos en estudio
   quienes brindan colaboración a los órganos de máximo nivel.
   En virtud de lo anterior y con el propósito de contar con una estructura
   más plana y puestos polifuncionales, según la política que ha venido
   promoviendo la institución por medio de clases anchas, tal y como lo
   indica el artículo No. 2 de las ―Políticas de Formulación y Ejecución
   Presupuestaria en Recursos Humanos‖, publicadas en el Boletín No. 18
   del 27 de enero del 2003, el cual establece que:
   ―...El Poder Judicial agrupará puestos con características,
   responsabilidades y requisitos afines, en clases genéricas, con el objetivo
   de facilitar la incorporación de valor agregado al trabajo, sin necesidad de
   estudios de clasificación y valoración de puestos individuales...‖ (el
   subrayado no pertenece al original)
   Se estima conveniente reclasificar la clase de ―Prosecretario General de la
   Corte‖ a ―Asistente Ejecutivo‖ tanto en clase ancha como clase angosta,
   vinculada a la categoría 690. De manera que dentro de esta clase ancha
   se incluya además, la clase de ―Secretaria de la Escuela Judicial‖. Tal y
   como se muestra en el siguiente cuadro:

                           Descripción de la Clase Propuesta
Clase Ancha       Título Anterior        Requisito Académico   Categoría   Salario Base
                                          85

                  (clase angosta)
               Asistente Ejecutivo,      Bachiller en Educación
Asistente
              Secretaria de la Escuela           Media            690     ¢269,400
Ejecutivo
                      Judicial

  El Perfil Ocupacional de la Clase angosta de ―Asistente Ejecutivo‖, se
  muestra en el anexo Nº 2.
  5.2. Solicitud para el incremento del rubro del R.E.F.J.
  5.2.1.     El plus por concepto de ―Reconocimiento al Ejercicio de la
  Función Judicial‖ (R.E.F.J) fue aprobado mediante sesión de Corte Plena
  Nº 34-98, artículo XXIII y artículo XXIV y se encuentra sujeto a lo
  siguiente:
   Se otorga en relación al puesto, la responsabilidad y condición
  académica requerida para el desempeño del mismo y no atendiendo las
  características de la persona, (grado profesional o académico).
   El reconocimiento de este factor se realiza bajo la modalidad de un
  porcentaje del salario base, para los servidores que están cubiertos por el
  Reglamento de Carrera Profesional y de conformidad a la siguiente tabla:
                           NIVEL 1 ........................30%
                           NIVEL 2.........................26%
                           NIVEL 3.........................22%
                           NIVEL 4 ........................18%
                           NIVEL 5.........................14%

   En lo que respecta al 14%, está reservado para puestos que cuentan con
  la condición académica de Bachiller Universitario.
   Al resto de los servidores que no están abrigados por el cumplimiento
  de un requisito profesional se les reconoce un 10% sobre el salario base.
  5.2.2.       Según el análisis de los factores de clasificación, detallado en
  el punto 5.1.2 y subsiguientes, el requisito académico actual de la clase de
  puesto en estudio se debe mantener. Por esa razón, la solicitud presentada
  por el señor Carlos Francisco Roldán de incrementar el rubro de R.E.F.J.
  de un 10% a un 14%, es improcedente y este Departamento se encuentra
  imposibilitado legalmente para reconocer el porcentaje gestionado por tal
  concepto.
  VI. RECOMENDACIONES.
                                    86

6.1. Crear una nueva clase ancha denominada ―Asistente Ejecutivo”
asociada a la categoría 690 con un salario base de ¢269.400 conforme la
estructura salarial vigente para el primer semestre del 2005, la cual estará
conformada por las clases angostas de ―Asistente Ejecutivo‖ y ―Secretario
de Escuela Judicial‖. De conformidad con el análisis efectuado se logra
consistencia en la estructura salarial de puestos en el Poder Judicial, y
congruencia con la naturaleza de los cargos y las responsabilidades
asignadas a cada clase de puesto.
6.2. Reasignar a la nueva clase de ―Asistente Ejecutivo‖, los puestos de
Prosecretarios (1G-8 y 2 G-8) número 42910, 15665, 56753, 95343,
109762 adscritos a la Secretaría General de la Corte y la plaza número
44230 destacada en el Despacho de la Presidencia.
6.3. Ubicar a la clase angosta de Secretario de la Escuela Judicial, puesto
número 54341 adscrito a la Escuela Judicial, en la clase ancha de
―Asistente Ejecutivo‖, cargo para el cual no hay ninguna afectación.
6.4. Las reasignaciones, indicadas en la recomendación 6.1, deberán
efectuarse una vez que las plazas queden vacantes, sea que los titulares
del cargo se trasladen de manera definitiva a otra plaza de igual, menor o
mayor categoría o en su defecto, se jubilen o renuncien al mismo. A las
señoras Flory Thames Brenes, Filadelfa Calvo Aguilar y Martha Soto
Canales y los señores Gilberh Elizondo Delgado, Carlos Francisco
Roldán Bolaños y Walter Vargas Calderón, se les respetarán los derechos
adquiridos en su condición de propietarios, por lo que no tendrán ninguna
afectación salarial, de igual forma procederá con las personas que
sustituyan de forma interina a los titulares en esos cargos, al menos hasta
que éstos adquieran la condición de vacantes.
6.5. Aprobar el perfil ocupacional la nueva descripción de la clase
angosta de Asistente Ejecutivo según se detalla en el anexo Nº 2.
6.6.   Capacitar a los funcionarios de la Secretaría General de la Corte,
tanto en aspectos jurídicos básicos de interés para su mejor desempeño así
como en temas administrativos, para lo cual la Escuela Judicial y el área
de Capacitación del Departamento de Personal - Gestión Humana,
coordinarán lo necesario, según corresponda a la materia temática de cada
una de éstas.
6.7. Denegar la solicitud presentada por parte del señor Carlos Francisco
Roldán Bolaños, de incrementar el R.E.F.J de un 10% a un 14%, por
cuanto las condiciones del cargo siguen siendo las mismas y el requisito
académico no ha variado.
                                          87

       La Magistrada Varela consulta cómo está la relación salarial de estos
       cargos con respecto a otros puestos similares. El Lic. Arroyo indica, que
       la información salarial se presenta en el punto 5.1.3.2 del informe. Como
       se observa, los puestos de Prosecretario tiene un salario base igual al del
       Profesional 1; son el puesto de la línea administrativa con requisito
       Bachiller en educación media, que tienen el salario más alto. Esta
       situación se reseña adecuadamente en el apartado 3 del informe.
       Ante pregunta de la Licda. Messeguer, se indica que el cambio de
       nomenclatura en los puestos es una recomendación técnica orientada a
       señalar en forma adecuada la naturaleza de los cargos, que claramente no
       pertenece al ámbito jurisdiccional, pero que por una coyuntura histórica,
       así se ha venido utilizando.
       Se acordó: 1- Acoger el informe técnico de la Sección de Investigación
       y Desarrollo del Departamento de Personal, ya que con estas medidas se
       logra una mayor consistencia en la estructura y escala de puestos.
       2- No aprobar la recomendación 6.3, por cuanto la Escuela Judicial se
       encuentra en un proceso de consultoría y eventualmente ese puesto puede
       verse afectado.‖

                                          -0-

      En virtud de que aún se encuentra en trámite por parte del Departamento de

Planificación un estudio de reorganización de la Secretaría General de la Corte,

previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder a los servidores

Tames Brenes, Calvo Aguilar, Soto Canales, Roldán Bolaños, Vargas Calderón y

Elizondo Delgado, así como a la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria

General, una audiencia por el plazo de ocho días, a partir de la comunicación de

este acuerdo, para que se pronuncien respecto al informe anterior.

                                 ARTÍCULO XLII
                                             88

         En sesión N° 53-05 celebrada el 12 de julio del año en curso, artículo

XXXV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

                ―Mediante oficio N° 5019-05 de 13 de junio último, la Secretaría
          General de la Corte, remitió al Departamento de Personal, para su
          informe, copia de nota suscrita por los licenciados Gustavo Adolfo
          Cedeño Monge y Douglas Iván Rivera Rodríguez, ambos Jueces 4
          Penales de la Presidencia de la Corte, la que literalmente dice:
                 ―…hacemos de su conocimiento que por conversación telefónica
          con la encargada de salarios de Jueces de la Oficina de Personal se nos
          informó que los suscritos por encontrarse en ascenso en plazas de Juez 4
          Penal de la Presidencia de la Corte, no se nos reconoce el pago del plus
          salarial referente a ZONAJE, a pesar que para el desempeño de nuestros
          cargos implica el residir en el cantón de Pococí; al respecto se nos indicó
          que para el pago de tal extremo se requiere de la autorización por los
          Honorables Integrantes del Consejo Superior.
                Instamos se nos autorice el pago de dicho extremo salarial, al igual
          que acontece con el resto de los compañeros Jueces del Tribunal del
          Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.‖
                                                  -0-
                El licenciado Rivera Rodríguez, en nota recibida el 1° de julio en
          curso, por las mismas razones expuestas en la gestión anterior, reitera su
          solicitud de que le sea reconocido el plus por concepto de zonaje.

                 El licenciado Ronald Calvo Coto, y los máster José Luis
          Bermúdez Obando y Francisco Arroyo Meléndez, Jefe
          Administración Salarial, Subjefe de Personal y Jefe de Personal,
          respectivamente; en oficio Nº 1051-AS-2005 de 29 de junio último,
          rinden el siguiente informe:
                 ―En atención al oficio No. 5019-05 de fecha 13 de junio en curso,
          mediante el cual solicita informe sobre la solicitud de los Licenciados
          Gustavo Adolfo Cedeño Monge y Douglas Iván Rivera Rodríguez,
          Juez 4 Penales de la Presidencia de la Corte, relacionada con el pago del
          plus salarial referente al Zonaje, me permito indicarle:
    1.          El reconocimiento del Zonaje, para los empleados regulares o
          interinos, se concederá de conformidad con la clase de puesto que ocupa
          y la zona en donde esté asignado el recurso en la Ley de Presupuesto
                                         89

     (Reglamento de Zonaje del Poder Judicial, del 15 de febrero de 1983 y
     sus posteriores modificaciones).
2.        En virtud de la lógica presupuestaria vigente tanto en el ámbito de la
     formulación presupuestaria como de su ejecución a nivel del Sistema de
     Pagos, para la efectiva cancelación de este rubro es necesario que los
     funcionarios se encuentren nombrados en una plaza ubicada
     presupuestariamente en una de las zonas contempladas en el Reglamento
     de Zonaje (artículo 8°).
3.         Existe una limitante presupuestaria ya que en el momento en que se
     efectúan los cálculos para el zonaje no se presupone la posibilidad que
     una plaza de ―Juez 4‖ ubicada presupuestariamente en la Presidencia de la
     Corte deba trasladarse a laborar fuera de esa oficina y por ende no se
     presupuestan recursos para esa situación; en todo caso, esas plazas no
     presentan la característica de la itinerancia.
4.         Se requiere que el Consejo Superior valore no sólo ésta situación,
     sino que es preciso indicarle que tanto el Ministerio Público –que tiene
     facultad legal para hacerlo- y la Defensa Pública han venido utilizando
     plazas cuyo código pertenece a una oficina determinada y las han ubicado
     en otra. Esta práctica debe regularse, ya que no resulta posible de
     administrar para los sistemas de pagos, y tampoco se ajusta a los
     supuestos de creación de esos puestos. Este Departamento, basado en el
     principio de legalidad y formulación presupuestaria, ha denegado estos
     tipos de solicitudes en el pasado.
5.         Debe a su vez valorarse el impacto y medidas presupuestarias que
     traería el ordenar al Departamento el pago de zonaje bajo los supuestos
     planteados, tanto dentro del presupuesto del año 2005 como en el del año
     2006, que se confeccionó bajo los mismos supuestos. Una posible opción
     que se vislumbra sería una variación presupuestaria acompañada de un
     acuerdo del Consejo Superior, para que de manera transitoria la plaza se
     registre en la oficina judicial que de acuerdo al presupuesto y a la zona, se
     puede hacer efectiva la cancelación y valorar el impacto presupuestario de
     la medida, de forma que si fuese necesario se refuerce la Subpartida 060
     del programa que corresponda.‖
                                         -0-
            Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior y aclarar al
     Departamento de Personal, que las plazas asignadas al Despacho de la
     Presidencia son de una naturaleza diferente a los demás puestos, pudiendo
     ser ubicadas en cualquier parte del país precisamente para atender las
     necesidades donde el servicio público lo requiera. En consecuencia,
                                           90

       entratándose de plazas de jueces supernumerarios cuyos nombramientos
       sean superiores a los 15 días, se debe proceder al pago del plus salarial de
       zonaje, para lo que el Departamento de Personal deberá tomar las
       previsiones correspondientes. 2) Publicar una circular dirigida a la
       Defensa Pública y al Ministerio Público, en el sentido de que deben velar
       porque no se utilicen plazas cuyo código pertenecen a una oficina
       determinada y ubicarla en otro despacho judicial, toda vez que el
       reconocimiento del pago de zonaje depende estrictamente en la naturaleza
       presupuestaria de la plaza.
              La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que
       corresponda. Se declara acuerdo firme.”

                                          -0-
      El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster Francisco Arroyo Meléndez,

Jefe Administración Salarial y Jefe del Departamento de Personal, en oficio N°

1117-AS-2005 de 28 de julio último, comunicaron lo siguiente:

              ―En virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión
       53-05 celebrada el 12 de julio del presente año, artículo XXXV,
       relacionado con la gestión de pago de zonaje de los licenciados Gustavo
       Adolfo Cedeño Monge y Douglas Iván Rivera Rodríguez, ambos
       Jueces 4 Penales de la Presidencia de la Corte, mediante el cual se
       dispuso:
        ―1) Tener por rendido el informe anterior y aclarar al Departamento
       de Personal, que las plazas asignadas al Despacho de la Presidencia
       son de una naturaleza diferente a los demás puestos, pudiendo ser
       ubicadas en cualquier parte del país precisamente para atender las
       necesidades donde el servicio público lo requiera. En consecuencia,
       entratándose de plazas de jueces supernumerarios cuyos
       nombramientos sean superiores a los 15 días, se debe proceder al
       pago del plus salarial de zonaje, para lo que el Departamento de
       Personal deberá tomar las previsiones correspondientes.‖(El
       subrayado no pertenece al original).
              En concordancia con lo resuelto por el Órgano Superior, es
       importante señalar que este despacho está consciente de la naturaleza
       itinerante de los jueces supernumerarios, por lo cual resulta de aplicación
                                          91

       el pago del zonaje. Sin embargo, es necesario solicitar aclaración si en el
       caso de los Jueces 4 asignados al Despacho de la Presidencia, también
       debe otorgárseles este beneficio dado que la creación y asignación de la
       clase de puesto no responde a la de un juez supernumerario, razón por la
       cual resulta necesaria la aclaración de la parte dispositiva del acuerdo,
       dadas sus implicaciones.
            Por último, es imprescindible que se gire una directriz al Despacho
       de la Presidencia para que en el momento que se designe a uno de los
       jueces supernumerarios y de los jueces 4 asignados a la Presidencia con
       carácter itinerante, en un lugar donde corresponda el pago de zonaje, se
       sirvan comunicar a este Departamento, la oficina judicial y localidad
       donde laborarán, esto con finalidad de agilizar el trámite para el
       reconocimiento de este componente y de su salario en general, ya que no
       es posible para este despacho conocer esta información.‖

                                          -0-
      El licenciado Douglas Iván Rivera Rodríguez, Juez 4 Penal del Tribunal

Penal de Pococí, en facsímil de 27 de julio del año en curso, en relación con el

citado acuerdo, manifestó:

       ―…Lo anterior es un acto de verdadera JUSTICIA al Trabajador, pues
       para estar en esa zona se incurre en serie de gastos que hacen menester el
       pago referido.
             Ahora bien con PREOCUPACIÓN he recibido la noticia de que el
       Departamento de Personal, lejos de acatar de inmediato lo declarado en el
       acuerdo, envía de nuevo a su despacho otra CONSULTA para ver como
       se me paga. Considero tal asunto, como una dilación indebida de mi
       gestión de parte         del Departamento indicado, por lo que
       EXPRESAMENTE PIDO AL CONSEJO SUPERIOR REITERARLE A
       ESA OFICINA, QUE PROCEDA A ACATAR LO DISPUESTO EN LA
       SESIÓN SUPRA INDICADA SIN DILATAR MÁS EL ASUNTO, pues
       si ya, ustedes resolvieron de esa forma, no hay razón para que no se
       proceda al reconocimiento efectivo de mis derechos.
            Ruego resolver de conformidad.‖
                                          -0-
                                         92

      Se acordó: 1) Acoger la anterior solicitud y aclarar el acuerdo tomado en la

sesión N° 53-05 del 12 de julio recién pasado, artículo XXXV, en el sentido de que

tanto a los Jueces Supernumerarios como a los Jueces 4 asignados a la Presidencia

se les debe reconocer el pago del plus salarial de zonaje, siempre que el

nombramiento cumpla con la condición señalada en el citado acuerdo, situación

que el Despacho de la Presidencia hará del conocimiento del Departamento de

Personal y de la oficina judicial donde serán nombrados, incluida la referencia de

la sede, si fuera del caso. 2) Hacer de conocimiento del Departamento de

Planificación este acuerdo, para que lo tome en cuenta en la programación

presupuestaria futura. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XLIII

      Mediante oficio N° 6296-05 de 20 de julio último, la Secretaría General de

la Corte, remitió al Departamento de Personal para que rindiera informe respecto a

lo manifestado por el señor Eduardo Sánchez Chavarría, Chofer asignado a la

Sección de Cárceles, que literalmente dice:

       ―1. Inicié labores para el Poder Judicial el día primero de mayo de
       1989. Actualmente ocupo el cargo de Chofer de Traslado de Personal,
       devengando un salario promedio mensual de ¢255.000.oo.
       2. Que en virtud de las funciones por el suscrito desempeñadas, a partir
       del mes de enero del año 2001, se me reconoció en forma continua e
       ininterrumpida un total de 20 horas extraordinarias.
       3. Que en virtud de que al suscrito se le modificó la jornada laboral a
       partir del día 12 de julio se me han dejado de reconocer las 20 horas
                                          93

       extraordinarias que percibía, lo que me ha ocasionado un perjuicio de
       naturaleza patrimonial.
       4. Que en mi concepto debe la administración proceder a indemnizarme el
       porcentaje de salario dejado de percibir en vista de la eliminación de las
       horas extraordinarias aludidas, toda vez que las mismas por ser fijas desde
       el año 2001 pasaron a ser parte de mi patrimonio salarial.
       Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con lo que establece la
       legislación que regula la materia ante esta Autoridad me presento
       formulando el presente reclamo de agotamiento de la vía administrativa a
       efecto que mediante resolución que al efecto sea emitida se ordene en mi
       favor lo que sigue:
       a) Pago de la indemnización correspondiente al monto que he dejado de
       percibir por la eliminación de las horas extras que desde el mes de enero
       venía percibiendo en forma fija.
       b) Pago de los intereses legales de las sumas dejadas de percibir de
       conformidad con los depósitos de certificados a seis meses plazo.
       Caso contrario le ruego se tenga por agotada la vía administrativa para
       proceder como mejor convenga a mis intereses.
       NOTIFICACIONES: Yo las atenderé en las oficinas de la Asociación
       Nacional de Empleados Judiciales en el cuarto piso del edificio de Los
       Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José.‖

                                          -0-
      Los licenciados Julio César Araya Soto, Ronald Calvo Coto y el máster

Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Asistente Administrativo 3, Jefe

Administración Salarial y Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 0253-

UCP-AS-2005 de 29 de julio último, rinden el siguiente informe:

       “ANTECEDENTES
       En oficio No. 184-CT1-05 de 19 de abril del 2005, el licenciado Luis
       Enrique Arias Muñoz, Jefe de la Sección de Cárceles y Transportes del
       Organismo de Investigación Judicial, por las razones que ahí expone,
       solicitó autorización al Consejo Superior, para trasladar al señor Enrique
       Sánchez Chavarría, del turno mixto de las 14:00 a las 22:00 horas que
       desempeña en la actualidad, al turno diurno de las 06:00 a las 14:00
                                   94

horas. En sesión 31-05 del 26 de abril del 2005, artículo XXXIV, el
Consejo Superior acordó, conceder al señor Sánchez Chavarría, una
audiencia para que se pronunciara al respecto.
En notas del 31 de mayo y 2 de junio del 2005, el servidor expresó sus
consideraciones y el Honorable Consejo en sesión 43-05 del 7 de junio
del 2005, artículo LXII, acordó lo siguiente:
“1) Tener por contestada la audiencia por parte del señor Eduardo
Sánchez Chavarría. 2) Analizada la solicitud del licenciado Enrique
Arias Muñoz, Jefe de la Sección de Cárceles y Transportes del
Organismo de Investigación Judicial, así como lo manifestado por el
señor Eduardo Sánchez Chavarría, se traslada a don Eduardo, siempre
en labores administrativas del turno de las 06:00 a las 14:00 horas, toda
vez que la citada Sección requiere la colaboración de esa plaza. Esta
facultad del patrono se enmarca en los poderes de mando y dirección,
de variar, las condiciones del contrato de trabajo cuando así lo exigen
las necesidades de la institución y no significa un cambio sustancial de
funciones.” (el destacado es nuestro)
SOLICITUD DEL SEÑOR SANCHEZ CHAVARRÍA
En nota del 19 de julio del 2005, el servidor solicita el agotamiento de la
vía administrativa “a efecto de que mediante resolución que al efecto sea
emitida se ordene en mi favor lo que sigue:
Pago de la indemnización correspondiente al monto que he dejado de
percibir por la eliminación de las horas extras que desde el mes de enero
venía percibiendo en forma fija.
Pago de los intereses legales de las sumas dejadas de percibir de
conformidad con los depósitos de certificados a seis meses plazo.
Caso contrario le ruego se tenga por agotada la vía administrativa para
proceder como mejor convenga a mis intereses‖
ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
El señor Eduardo Sánchez Chavarría basa su reclamo en el hecho que
desde enero del 2001, se le han cancelado un promedio de 20 horas extra
mensuales y que al trasladarlo en un horario de las 06:00 a las 14:00
horas, no existe ese pago extraordinario, lo que le ha ocasionado un
perjuicio de naturaleza patrimonial, que debe ser indemnizado.
La jurisprudencia nacional en múltiples ocasiones ha hecho referencia al
concepto de derechos adquiridos. Al respecto, la Sala Constitucional en
sentencia No. 2765 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997, los ha
                                    95

definido como ―...aquella circunstancia consumada en la que una cosa –
material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un
derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera
patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja
o beneficios constatable‖.
Las horas extra es un pago extraordinario, el cual no genera ―derechos
adquiridos‖, según lo ha expuesto la Sala Constitucional, en sentencia No.
835 de las 17:33 horas del 10 de febrero de 1998: ―La regulación de la
jornada máxima de trabajo constituye, como se sabe, una de las más
preciadas conquistas del derecho laboral universal.               Nuestro
ordenamiento recoge y realza ese principio al punto de elevarlo a
norma de rango constitucional cuya aplicación es absolutamente
irrenunciable. Pero es claro que el buen sentido estas disposiciones -así
como de las que, con carácter complementario, recoge la restante
legislación laboral-es el de impedir que los trabajadores puedan ser
compelidos a trabajar más allá de la jornada prevista, excepto por
circunstancias extraordinarias, las cuales -por definición- son siempre
variables e irregulares. No puede haber tal cosa como una jornada
extra permanente, porque no puede ser ordinario lo extraordinario. No
puede haber tampoco un “derecho adquirido de la jornada
extraordinaria”. (énfasis agregado)
Por otra parte, debe considerarse que el artículo 192 de la Constitución
Política faculta a la Administración Pública para disponer la
reestructuración de las diversas dependencias que la componen así como
para reorganizar a su personal en cumplimiento de sus funciones. De esta
forma se ha admitido jurisprudencialmente,              la potestad de la
Administración -en su condición de patrono-, de variar las condiciones de
lugar, tiempo y funciones en aras del mejor desempeño en el servicio
público y siempre que el acto este debidamente motivado y se le haya dado
al interesado la correspondiente audiencia al efecto (debido proceso).
Al respecto, deben destacarse las siguientes resoluciones judiciales:
 Sala Constitucional, sentencia No. 6585 de las 9:00 horas del 9 de
  noviembre de 1994: “Se tiene así una relación cíclica y en constante
  movimiento entre el Estado y sus trabajadores, la cual se debe
  caracterizar precisamente por esa reciprocidad de obligaciones,
  cuales son la necesidad de brindar el mejor servicio público, pero a
  la vez la garantía de que para ello no se violentarán los derechos de
  la fuerza laboral que le da vida y actividad a la Administración. De
  este modo, si se parte de que tal relación es dinámica, conforme la
                                      96

      sociedad avanza y crece, se hace preciso implementar medidas y
      realizar ajustes que tiendan a garantizar las mejores condiciones
      para el ciudadano, de forma tal que ello incide directamente en las
      relaciones laborales y obliga a quienes tienen a su cargo la
      responsabilidad de dirigir una institución a efectuar constantemente
      reorganizaciones de personal y de funciones, las cuales en muchos
      casos no parecieran lógicas o necesarias, pero que se hacen
      precisas para poder ajustar el interés público con las tendencias
      modernas y los requerimientos sociales”. (el resaltado no es del
      original).
     Sala Constitucional, sentencia No. 3345 de las 9:15 horas del 5 de
      julio de 1996: “Esta Sala no objeta la aplicación del "ius variandi"
      en la Administración Pública, pues la posibilidad del patrono de
      variar las condiciones de lugar, tiempo y función, con el fin de
      amoldar al funcionario para el mejor desempeño en el servicio
      público que se presta es atendible. Pero, lo cierto es que los traslados
      deben de contar con un mínimo de requisitos para evitar conculcar
      derechos de los trabajadores, por lo que se debe indicar claramente
      el motivo debidamente fundado del movimiento”. En igual sentido,
      sentencia No. 1863 de las 15:12 horas del 23 de abril de 1993.
     Sala Constitucional, sentencia No. 4226 de las 15:36 horas del 20 de
      agosto de 1996: “En este caso el recurrente impugna lo dispuesto por
      las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, que en
      julio de mil novecientos noventa y dos le variaron su horario de
      trabajo de cuarenta y cuatro horas a cuarenta y ocho. Al respecto,
      cabe indicar al accionante que los cambios de horarios ordenados
      por las autoridades administrativas en el ámbito de su competencia,
      no son revisables en principio en esta vía, pues la "estabilidad
      laboral" no constituye un impedimento, también en principio, para
      que la Administración pueda reorganizar el personal para el
      cumplimiento de la normativa vigente. De manera que lo actuado por
      la administración que años después el accionante cuestiona, no
      constituye un conflicto de constitucionalidad, en tanto la medida
      adoptada por la entidad recurrida puede impugnarla, si procede, en
      vía administrativa o bien en la vía laboral correspondiente. En
      consecuencia, procede rechazar de plano el recurso”.
     Sala Constitucional, sentencia No. 5106 de las 12:06 horas del 27 de
      setiembre de 1996: “...la Administración como patrono posee
      potestades de ius variandi y que la facultad de trasladar a sus
      funcionarios es una facultad legítima en tanto se realice de un puesto
                                         97

         a otro de la misma categoría, especialmente si el funcionario
         consiente. No obstante cuando, como en este caso, el funcionario esté
         en desacuerdo con la medida, el traslado se convierte en forzoso y,
         entonces, su ejercicio debe ser de carácter excepcional y en
         circunstancias necesarias. Debe realizarse con apego al principio de
         buena fe, en el marco de la relación estatutaria y colocando en un
         justo equilibrio el interés público que motiva el traslado y los
         derechos del trabajador (Ver sentencia N 2181-93 de las catorce
         horas treinta y seis minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos
         noventa y tres). Ahora bien, a fin de determinar si el traslado o la
         reubicación del servidor no le va a causar perjuicio, la
         Administración debe motivar el acto y conferir audiencia al (sic)
         interesada a fin de que éste manifieste su conformidad o
         disconformidad. Deberá, entonces, al menos, indicar cuál es la
         necesidad del servicio público que amerita el traslado, las funciones
         que le serán asignadas al servidor y la oficina que atenderá, todo sin
         menos- cabo de sus derechos laborales adquiridos, tales como
         puesto, salario y similares. Por otra parte, si bien el funcionario no
         tiene un derecho adquirido a una determinada jerarquía, por lo que
         puede ser pasado de una o otra, lo cierto es que en el caso de una
         reubicación o traslado las nuevas funciones asignadas no pueden
         significar un cambio sustancial en las que venía desempeñando o una
         supresión de éstas, pues de ser así, el traslado resultaría arbitrario y
         violatorio del derecho al trabajo y de la dignidad del trabajador”.
       La Sala Segunda, en el voto No 567, de las 9:15 horas del 8 de
        noviembre de 2002, indicó: “Se está en presencia, sin lugar a dudas,
        de la figura jurídica del “ius variandi”. Con esa locución latina, se
        denomina genéricamente la facultad jurídica que tiene el empleador,
        para poder modificar, legítimamente y en forma unilateral, las
        condiciones de la relación laboral, en el efectivo ejercicio de sus
        propias potestades de mando, de dirección, de organización, de
        fiscalización y de disciplina, que se le confieren, de principio, ante el
        innegable, por necesario, poder directivo del cual goza dentro de la
        contratación”.
     CONCLUSIONES
     De lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente:
1.     Se han cumplido los preceptos legales, que facultan a la administración
       para modificar, legítimamente las condiciones de la relación laboral,
       en el efectivo ejercicio de sus propias potestades de mando, de
                                      98

     dirección, de organización, de fiscalización y de disciplina, que se le
     confieren, de principio, ante el innegable, pero necesario, poder
     directivo del cual goza dentro de la contratación, todo ello con el
     objetivo de alcanzar su mejor desempeño y organización, buscando
     siempre el interés público.
2.    En este caso concreto no se ha conculcado el derecho al debido
      proceso del señor Sánchez Chavarría, toda vez, que cuando la
      Jefatura de la Sección de Cárceles y Transportes solicitó autorización
      al Consejo Superior para el traslado interno del señor Eduardo
      Sánchez Chavarría (quien se niega a trasladar cadáveres, alegando
      que le causan una impresión que afecta su salud, lo que hace que se
      afecte el servicio al público), a un puesto igual (misma valoración,
      misma nomenclatura, mismas funciones y mismo salario), el Consejo
      Superior, en sesión No. 31-05 del 26 de abril del 2005, artículo LXII,
      le otorgó audiencia para que se pronunciara con respecto a la
      propuesta del Lic. Luis Enrique Arias Muñoz. Posteriormente,
      conferida la audiencia y atendidas las manifestaciones del señor
      Sánchez Chavarría, en sesión 43-05 del 7 de junio del año en curso,
      artículo LXII, se autorizó su traslado, en aras de interés institucional,
      para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.
3.    El señor Sánchez Chavarría, por laborar en jornada mixta, de lunes a
      viernes, de las 14:00 a las 22:00 horas, le correspondía el pago de una
      hora extra, en adición a su jornada ordinaria de trabajo; sin embargo,
      según lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia No. 835 de
      las 17:33 horas del 10 de febrero de 1998, el pago de jornadas
      extraordinaria no es un derecho adquirido, por lo que al trasladarlo en
      el horario de las 06:00 a las 14:00 horas, no existe obligación de
      reconocer pago de horas extra, salvo que realmente sean trabajadas.
 RECOMENDACIONES
 El movimiento efectuado al señor Sánchez Chavarría, se hizo de acuerdo
 con las facultades que le otorga la Constitución Política a la Institución,
 en el ejercicio de sus propias potestades de mando, de dirección, de
 organización, de fiscalización y de disciplina y el poder directivo que
 goza dentro de la contratación, todo ello con el objetivo de alcanzar su
 mejor desempeño y organización, buscando siempre el interés público y la
 prestación del buen servicio.
 Así las cosas, no existe justificación para reconocer una indemnización
 por las horas extra que dejó de percibir, ya que como lo indica la Sala
 Constitucional, la jornada extraordinaria no es de carácter permanente,
                                          99

       además debe separarse lo ordinario de lo extraordinario, y ésta última no
       es un derecho adquirido.
       El aceptar el agotamiento de la vía administrativa es una facultad del
       Consejo Superior.‖

                                         -0-

      Analizado este asunto y en razón de que el señor Sánchez Chavarría estuvo

recibiendo el pago de horas extras por más de un año, por mayoría, se acordó:

Reconocer al citado servidor el derecho a ser indemnizado a partir del momento en

que dejó de percibir ese rubro.

      Las licenciadas Conejo Aguilar y Anchía Paniagua votaron por acoger el

informe del Departamento de Personal y con base en las conclusiones que contiene

denegar la gestión del señor Sánchez Chavarría, a quien se le ha respetado el

debido proceso, y se le ha ubicado en un horario distinto en atención a su propia

gestión.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 57-05 celebrada el 26 de julio último, artículo XXXVIII, se

tomó el acuerdo que dice:

            ―La licenciada Mauren Siles Mata y el licenciado Ronald Calvo
       Coto, Jefa interina de Administración Salarial y Subjefe interino del
       Departamento de Personal, en oficio N° 1092-AS-2005 de 15 de julio en
       curso, expresan:
       ―Para su conocimiento y fines consiguientes, nos permitimos indicarle
                                         100

       que el Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, solicita que las
       sumas pendientes de pago a favor del señor Mauricio Vargas Solís,
       cédula de identidad 01 -0965- 0879, ex servidor judicial fallecido, sean
       acreditadas en la cuenta del citado despacho. Lo anterior, por cuanto este
       departamento tramitó el movimiento para que se le depositara el dinero en
       su cuenta cliente, no obstante, nos indican funcionarios de la entidad
       bancaria que la cuenta se encuentra cerrada, y que por ese motivo no se le
       ha acreditado vía SINPE. El monto que se le adeuda al señor Vargas Solís
       corresponde a un reajuste de horas extra del mes de octubre del 2004, tal
       y como se detalla a continuación:
                    Monto Bruto                  Monto Líquido
                      ¢ 20.455.71                  ¢ 17.285.07
       Considerando lo anterior, y en virtud de la resolución del despacho
       judicial, les solicitamos autoricen que el pago sea cancelado por medio de
       la sub partida 609 ―Indemnizaciones‖, para que de esta forma el
       Departamento Financiero Contable pueda depositar el dinero en la cuenta
       del citado despacho.‖
                                          - 0-
            Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar al Departamento
       Financiero Contable para que gire a favor del Juzgado Civil y de Trabajo
       de Pérez Zeledón, la suma de ¢17.285,07, por el concepto mencionado.
       Se declara firme este acuerdo.”

                                         -0-
      Los licenciados Julio César Araya Soto, Ronald Calvo Coto y el máster

Francisco Arroyo Meléndez, por su orden Asistente Administrativo 3, Jefe

Administración Salarial y Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 0254-

UCP-AS-2005 de 29 de julio último, rinden el siguiente informe:

       ―En adición a nuestro oficio No. 1092-AS-2005, le informamos que al
       señor Mauricio Vargas Solís, cédula de identidad 1-965-879, exservidor
       judicial fallecido, le corresponden por concepto de salario escolar y
       aguinaldo las siguientes sumas, que deberán ser depositadas a la orden del
       Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, producto del pago de
       horas extra de octubre del 2004:
                                        101

       Salario Escolar: ¢ 1.431.48
       Aguinaldo:       ¢   139.61
       Total líquido:   ¢ 1.571.09
       Dichas sumas no se han acreditado, vía SINPE, ya que su cuenta bancaria
       se encuentra cerrada.
       Por lo expuesto, les solicitamos autorización para que este pago sea
       cancelado por medio de la subpartida 609 ―Indemnizaciones‖, para que el
       Departamento Financiera Contable deposite dichas sumas en el citado
       Despacho.
       En anexo No. 1 se presenta un detalle de las sumas a girar y sus
       respectivas deducciones.‖

                                        -0-
      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar al Departamento

Financiero Contable para que gire a favor del Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez

Zeledón, la suma de ¢1.571,09 (un mil quinientos setenta y un colón con nueve

céntimos), por concepto de salario escolar y aguinaldo.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                ARTÍCULO XLV

      En sesión N° 72-04 celebrada el 23 de setiembre del 2004, artículo XXXV,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión N° 42-04 celebrada el 10 de junio del año en curso,
       artículo XXI, se dispuso solicitar al Departamento de Planificación un
       estudio sobre la utilidad de las plazas de Profesionales en Derecho y
       Filología como Instructor Policial, o la necesidad de cambiarles la
       nomenclatura.
            La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, con oficio N° 1572-PLA-2004 de 10 de setiembre en curso,
       remite el informe N° 148-DO-2004-B preparado por la Sección de
                                              102

          Desarrollo Organizacional, en atención al acuerdo anterior rinde el
          informe solicitado.
                  No omite indicar doña Marta que dicho informe se hizo del
          conocimiento de los Directores del Organismo de Investigación Judicial y
          de la Escuela Judicial, así como del Jefe de la Unidad de Capacitación del
          Organismo, cuyas observaciones fueron consideradas para la confección
          final del presente estudio, cuyas conclusiones y recomendaciones
          literalmente dicen:
                 “VII. CONCLUSIONES
           Es concluyente la necesidad de que el Encargado de la Unidad de
          Capacitación y Adiestramiento del O.I.J. sea el que coordine las
          actividades de capacitación de los instructores destacados en el
          Departamento de Seguridad, con el fin de que integre a estos servidores a
          su equipo de trabajo, como complemento a lo dispuesto por el Consejo
          Superior en la sesión N° 21-02 del 2 de abril del 2002, artículo XXXVI.
          Al respecto, es dable indicar que el Lic. Martín Matamoros Mora,
          Profesional en Derecho 2 que funge como Encargado de la Unidad de
          Capacitación y Adiestramiento del O.I.J. manifestó que dentro del citado
          acuerdo tomado por el Consejo Superior “...aparentemente no se
          consideró que el artículo 3 de la Ley de creación de la Escuela Judicial
          señala que una de las secciones o áreas de la Escuela Judicial se
          destinará exclusivamente a la formación y capacitación del personal del
          Organismo de Investigación Judicial”7.
          No obstante, al establecerse que en la actualidad la Unidad de
          Capacitación dispone de siete plazas de Instructor 2, cuya labor está
          enfocada directamente hacia la capacitación de los investigadores del
          O.I.J., se estima que la exclusividad a que se refiere la citada ley se
          cumple, por lo que el traslado de las dos plazas de Instructor 1 que acordó
          el Consejo Superior a la referida Unidad no contraviene lo consignado en
          el artículo 3 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial.
          Se debe tener presente que la Ley Orgánica del Poder Judicial, le confiere
          al Consejo Superior la potestad de trasladar, provisional o definitivamente
          a todos los servidores judiciales, así como dirigir, planificar, organizar y
          coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial. (Artículo 81,




7
    Según se establece en el oficio N° EJ-CAP-319-2004 del 17 de agosto del 2004.
                                              103

        incisos 6 y 17, respectivamente)8.
        Es de esperar que al hacerse efectivo el traslado en cuestión, esas plazas
        mantengan su labor específica hacia los servidores del Departamento de
        Seguridad en primer término, así como coadyuvar en actividades propias
        de la Unidad, con lo cual se lograría un mayor aprovechamiento de ese
        recurso.
         La carga laboral de los Instructores 2 es manejable, no obstante, se
        requiere un instructor para atender el área Criminalística y sustituir y
        apoyar al instructor encargado de capacitar en el Uso y Manejo de Armas
        de Fuego, en caso de ser necesario.
         La Unidad de Capacitación y Adiestramiento del O.I.J., no cuenta con
        los recursos necesarios para desarrollar sus actividades en forma óptima,
        sea vehículo, aulas, equipo, entre otros. Lo anterior, ha generado que se
        suspendan cursos programados y que los instructores tengan algunos
        espacios de tiempo disponible dentro de su jornada laboral.
         El instructor debe ser un capacitador ―polifuncional‖, por lo que es
        necesario diversificar los conocimientos de los instructores que
        conforman esta Unidad.
         Existe la necesidad de que la Unidad de Capacitación y Adiestramiento
        del O.I.J., trabaje estrechamente con la Escuela Judicial y el Organismo
        de Investigación Judicial, principalmente en la atención de las
        necesidades de capacitación de la policía judicial.
         En cuanto a dos de las plazas vacantes que posee esta Unidad, es
        pertinente que se nombre a los instructores.
         Se concluye que la Escuela Judicial requiere un puesto de Profesional
        en Filología, no así el Profesional en Derecho para la Unidad de
        Capacitación y Adiestramiento, dado que la carga laboral que existe
        puede ser atendida por los instructores de planta de esta Unidad.
        VIII. RECOMENDACIONES
        1. Nombrar indefinidamente en una de las plazas vacantes de
        Instructor 2 a un servidor en forma interina, para atender el área de
        Criminalística y uso y manejo de armas de fuego, quedando pendiente la
        reasignación a la espera de los resultados de la reestructuración.
        2.    A la Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de

8
 Este criterio fue puesto en conocimiento del Lic. Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección de
Análisis Jurídico, quien manifestó su conformidad.
                                    104

Personal, realizar el estudio pertinente a fin de reasignar una de las plazas
vacantes de Instructor 2, en Profesional en Filología, por los argumentos
justificantes que se analizaron en el presente informe.
3. A la Dirección de la Escuela Judicial realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento de Personal a fin de que se nombre a un
servidor a la brevedad posible, en la plaza vacante N° 22876 de Instructor
2.
4. Dotar a la Unidad de Capacitación y Adiestramiento de los recursos
necesarios, sea: vehículo, aulas y equipo con la finalidad de que los
instructores puedan ejecutar su labor en forma satisfactoria.
5. Se recomienda que los Instructores 1, destacados en el
Departamento de Seguridad coordinen su labor con el Encargado de la
Unidad de Capacitación y Adiestramiento y brinden apoyo a esta Unidad
en caso de ser necesario.
6. Se recomienda que en el proceso de reestructuración administrativa
que realizará la Consultora, donde necesariamente se analizará el
funcionamiento de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento, se
contemplen las plazas de Instructor 1, ubicadas en el Departamento de
Seguridad.
7. Se recomienda a la Dirección de la Escuela Judicial, a la Dirección
del Organismo de Investigación Judicial y al Profesional 2, quien funge
como superior de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento valorar las
necesidades de actualización de los Instructores y sugerir la capacitación
pertinente.
8. Este Departamento coincide con lo indicado por el Subdirector de la
Escuela Judicial en el Oficio EJ-DIR-071-2004, en cuanto a la necesidad
de reforzar la capacitación de los investigadores del Organismo de
Investigación Judicial en áreas jurídicas como derecho penal, procesal
penal, entre otras (ya algunos temas sugeridos se están brindando), por lo
que se recomienda utilizar las siguientes opciones:
a.-Continuar utilizando la experiencia de los defensores públicos y
fiscales del Ministerio Público y jueces, que han venido prestando este
servicio.
b.- Que el Profesional en Derecho que funge como superior jerárquico de
la Unidad de Capacitación y Adiestramiento del O.I.J., así como los
instructores 2 que tienen formación en Derecho apoyen en la
capacitación.
                                         105

       9. El Departamento de Planificación realizará una evaluación de este
       estudio durante el 2005 y dará énfasis a la inclusión de estos temas en la
       capacitación de los investigadores.‖
                                          - 0-
            Se acordó: Tener por recibido el informe y acoger sus
       recomendaciones.‖

                                         -0-
      En atención con el acuerdo anterior, la licenciada Marta Asch Corrales, Jefa

del Departamento de Planificación, con oficio N° 1128-PLA-2005 de 15 de julio

último, remite el informe N° 024-CE-2005-B de la Sección de Control y

Evaluación, previo conocimiento del Director de la Escuela Judicial, que dice:

       ―Previo a describir el grado de ejecución de las recomendaciones, es
       pertinente consignar lo expuesto por el Dr. Alfredo Chirino Sánchez y el
       Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, Director y Subdirector de la Escuela
       Judicial por su orden, quienes explicaron que a partir de noviembre del
       2004, dio inicio la consultoría financiada por el Convenio Corte-BID,
       cuyos resultados incidirán, entre otros aspectos, en la estructura
       organizacional y las necesidades de recurso humano profesional y de
       apoyo de esta dependencia; no obstante, señalaron que los requerimientos
       en cuanto a fortalecer áreas específicas, consideradas en el estudio del
       148-DO-2004-B, son parte directa del quehacer de la Escuela y que por
       consiguiente, se encuentran presentes antes del inicio de la consultoría
       como durante el desarrollo de ésta, por lo que han realizado las
       diligencias pertinentes para cumplir con ellas.
       De seguido se hace referencia a los resultados de la ejecución de las
       recomendaciones.
       1- En relación con la recomendación Nº 1 en la que se indica que se
       deberá nombrar indefinidamente en una de las plazas vacantes de
       Instructor 2 a un servidor en forma interina, para atender el área de
       criminalística y uso y manejo de armas de fuego, quedando pendiente la
       reasignación a la espera de los resultados de la reestructuración, antes
       citada. El Lic. Ivankovich Fonseca informó que se nombró un Instructor
       en criminalística en una de las plazas vacantes de Instructor 2 y por
                                            106

        períodos semestrales, hasta que se conozcan los resultados de la
        reestructuración; asimismo, explicó que este Instructor, al igual que la
        mayoría de quienes ocupan puestos similares, brinda apoyo en el uso de
        armas de fuego, conforme lo acordado.
        Como ampliación de lo expuesto, el Lic. Martín Matamoros Mora,
        Profesional en Derecho 2, Encargado de la Unidad de Capacitación y
        Adiestramiento del O.I.J. indicó que se nombró en la plaza bajo análisis
        al Lic. Juan Carlos Díaz Chávez, a partir del 7 de febrero del 2005, quien
        asumió la coordinación de las actividades de capacitación en el área
        criminalística y ha abarcado los siguientes temas:
     Negociación de rehenes.
     Vigilancia electrónica estacionaria.
     Análisis criminal.
     Delitos económicos.
     Una pasantía para técnicos criminalísticos.
        2- En lo tocante a la recomendación Nº 2 que señala que la Sección de
        Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal, realice el
        estudio pertinente a fin de reasignar una de las plazas vacantes de
        Instructor 2, a Profesional en Filología por los argumentos justificantes
        que se analizaron en el informe, Nº 148-DO-2004-B; los licenciados
        Chirino Sánchez e Ivankovich Fonseca informaron que el estudio no ha
        iniciado; además, entre otros aspectos hicieron referencia a una de las
        conclusiones del informe la cual indica: que se considera necesario un
        puesto de Profesional en Filología para la Escuela Judicial,
        independientemente de los resultados de la reestructuración, en
        consecuencia externaron la urgencia de nombrar un Profesional en
        Filología, en tanto el Departamento de Personal realice el estudio en
        cuestión, debido que la labor de filología se encuentra retrazada, al mismo
        tiempo explicaron que anteriormente se había nombrado un Filólogo en
        una plaza de Instructor 2, sin embargo, éste nombramiento no se continuó
        en virtud de que fue limitado por acuerdo del Consejo Superior (9).
         Al respecto el Lic. Matamoros Mora indicó que con el propósito de
        utilizar los recursos, considera pertinente nombrar un Instructor 2 en la

9
  En acuerdo del Consejo Superior sesión Nº 42-04, del 10 de junio del 2004, artículo XXI, se
acordó ― 2). Limitar a partir de hoy el nombramiento de las dos personas que han venido siendo
nombradas como Profesionales en Derecho y Filología, en plazas vacantes de Instructores
Policiales.‖
                                   107

plaza que fue ocupada por el Profesional en Filología, mientras el
Departamento de Personal realiza el estudio de reasignación, ya que sería
de gran utilidad para la Unidad debido principalmente, a que algunos
instructores han sido incapacitados, lo cual hace más difícil el
cumplimiento del plan anual de capacitación para el 2005.
En relación con esta recomendación, el Master Mauricio Quirós Álvarez,
Jefe del Proceso de Desarrollo Humano y el Lic. Mario Ureña Castro,
Jefe de la Sección de Investigación y Desarrollo Humano del
Departamento de Personal, informaron que la Sección tiene en estudio el
análisis y revisión de varios puestos en la Escuela Judicial, entre ellos el
contenido en este punto, no obstante; debido a los alcances de la
consultaría, se decidió esperar sus resultados para atender cualquier
estudio de puestos de esta dependencia; en procura principalmente de no
comprometer los recursos financieros con reasignaciones o revaloraciones
que eventualmente no se ajusten a la realidad, creando innecesariamente
derechos adquiridos o bien dando una clasificación y valoración que
perjudique al servidor.
Al respecto se indica la observación contenida en el oficio EJ-DIR-254-
2005 según se describe:
―En el caso particular de la plaza de Filología, no se ha tenido
conocimiento por parte de la Escuela Judicial que el Departamento de
Personal, haya dado inicio al estudio y reasignación del Puesto de
Instructor 2 a Profesional en Filología. Tampoco se ha consultado a la
Escuela o a la Empresa Consultora al respecto. Hemos sido claros en
afirmar que, perjudicaría tanto un estudio del Departamento de Personal
que luego sea contradictorio con lo establecido por las recomendaciones
que surjan de la reestructuración y estudio de puestos particulares por
parte de la empresa consultora, como también, el retrasar
innecesariamente alguno de estos estudios que no amerite esa
consideración, por tratarse de necesidades palpables (como el caso que
nos ocupa)...‖( pag. 3).
Sobre el particular, es del caso destacar que efectivamente en el informe
148-DO-2004-B del 10 de setiembre del 2004, acogido por el Consejo
Superior el 23 de setiembre del 2004, artículo XXXV, se determinó como
una de las necesidades de la Escuela Judicial el requerimiento de un
puesto de profesional en Filología, por tanto, se recomendó lo indicado en
este punto; en consecuencia, lo expuesto por el Master Quirós Álvarez, y
el Lic. Ureña Castro, a criterio de esta Sección no invalida la necesidad
de personal en Filología, como tampoco la recomendación, por cuanto las
                                   108

observaciones están orientadas a esperar los resultados de la consultaría
en virtud de sus alcances, según expusieron.
3- La recomendación Nº 3 señala que la Dirección de la Escuela Judicial
realice las gestiones ante el Departamento de Personal a fin de que se
nombre a un servidor a la brevedad posible, en la plaza vacante Nº 22876
de Instructor 2. En este sentido, el Lic. Ivankovich Fonseca afirmó que se
realizaron las gestiones pertinentes permitiendo que esa plaza saliera a
concurso y quedó nombrada en propiedad la Lic. Kattia Campos Zúñiga,
partir de marzo del 2005.
4- La recomendación Nº 4 se refiere a dotar a la Unidad de Capacitación
y Adiestramiento de los recursos necesarios, sea: vehículo, aulas y equipo
con la finalidad de que los instructores puedan ejecutar su labor en forma
satisfactoria.
Como elementos para solventar las necesidades de aulas y vehículo el
Lic. Ivankovich Fonseca detalló dos aspectos fundamentales, sea la
próxima construcción del edificio para la Escuela Judicial en San Joaquín
de Flores, el cual dispondrá de siete aulas, que ya fueron diseñadas en los
planos respectivos.
En segundo lugar hizo referencia a la remodelación del polígono de tiro
que se está realizando en ese mismo lugar, lo cual conjuntamente con el
edificio, disminuirá las necesidades de transporte para realizar las
prácticas de tiro, siendo esta la principal causa de demanda de transporte
por parte de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento.
En lo tocante al equipo expuso el Lic. Ivankovich Fonseca que se dispone
de un inventario de activos (armas, revólveres, escopetas, municiones,
utensilios para resguardo personal, entre otros) con base en el cual la
Unidad realiza su propio presupuesto, según sus necesidades,
posteriormente tomando en consideración los lineamientos institucionales
y tras un análisis detallado de las necesidades, es incluido en el
presupuesto total de la Escuela.
Respecto a la necesidad de aulas y transporte, el Lic. Matamoros Sánchez
indicó que persiste, en tanto la Escuela Judicial dispone de tres aulas las
cuales no reúnen las condiciones requeridas para el desarrollo del
programa de cursos para el presente año, el cual comprende los cursos del
programa básico de formación en investigación criminalística, así como
complementarios dirigidos a investigadores, personal de la Sección de
Cárceles y Transportes, personal del Departamento de Seguridad y
oficiales de localización de las unidades de localización citación y
presentación del país. Por consiguiente, para impartir algunos cursos han
                                   109

debido solicitar un auditorio en el Instituto Nacional de Seguros, un aula
ubicada en un centro de recreo en Patarrá, así como un aula en el
ILANUD, entre otros. En consecuencia, para los traslados respectivos se
ha requerido solicitar transporte al Organismo de Investigación Judicial.
En lo que se refiere a equipo, considera el Lic. Matamoros Fonseca que la
Unidad de Capacitación y Adiestramiento requiere contar con su propio
equipo de ―video bean‖ así como una computadora portátil, por cuanto,
en la actualidad los temas se presentan mediante imágenes. Indica
además, que se han hecho esfuerzos para mejorar la dotación de recursos.
Se le asignó una computadora portátil, que se encontraba en mal estado
por lo que debió enviarla a reparar y en lo referente al ―video bean‖, si
bien la Escuela Judicial posee este equipo, no es suficiente para solventar
las solicitudes.
5- Respecto a la recomendación Nº 5 en que se expuso que los puestos a
Instructor 1, destacados en el Departamento de Seguridad, coordinen su
labor con el Encargado de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento y
brinden apoyo a esta Unidad en caso de ser necesario. El Lic. Ivankovich
Fonseca explicó que en noviembre del 2004, su persona conjuntamente
con el Dr. Chirino Sánchez, el Lic. Matamoros Mora y los instructores a
su cargo, realizaron una reunión en la que entre otros aspectos se acordó
integrar a los instructores 1, destacados en el Departamento de Seguridad
al resto del grupo de instructores que conforman la Unidad y por
consiguiente quedaran bajo la guía y orientación del encargado de esa
Unidad.
En cuanto a los Instructores 1, explicó el Lic. Matamoros Mora, que
efectivamente se encuentran adscritos a la Unidad de Capacitación y
Adiestramiento del O.I.J. y atienden los cursos dirigidos al personal del
Departamento de Seguridad así como a los oficiales de localización de
todo el país, no obstante, se les deben asignar tares acordes al puesto, un
tanto diferentes al del resto de instructores debido a su categoría.
Es pertinente indicar con relación a este punto, que en acuerdo del
Consejo Superior del 2 de abril del 2002, artículo XXXVI se dispuso
trasladar las plazas que ocupan los señores Cruz Oviedo y Mata Vargas
ubicados en el Departamento de Seguridad a la Unidad de Capacitación
Policial de la Escuela Judicial a partir del 1° de mayo del presente año,
siendo estas las de Instructor 1.
6- En la recomendación Nº 6, se establece que en el proceso de
reestructuración administrativa que realizará la empresa consultora, en
que necesariamente se analizará el funcionamiento de la Unidad de
                                    110

Capacitación y Adiestramiento, se contemplen las plazas de Instructor 1,
ubicadas en el Departamento de Seguridad. Al respecto, el Lic.
Ivankovich Fonseca explicó que el proceso de reestructuración
administrativa que enfrentará la Escuela Judicial, consecuencia del
desarrollo de la consultoría, considera todas las áreas que la conforman,
por consiguiente incluye la Unidad de Capacitación y Adiestramiento del
O.I.J. así como, sus respectivos puestos siendo el de Instructor 1 uno de
ellos, por tanto, serán contemplados.
Cabe agregar, que conforme se anotó al final del punto anterior, estas
plazas ya formaban parte de esta estructura organizativa de la Escuela
Judicial por acuerdo del Consejo Superior.
7- Subsiguientemente se recomendó a la Dirección de la Escuela Judicial,
a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y al Profesional en
Derecho 2, quien funge como superior de la Unidad de Capacitación y
Adiestramiento, valorar las necesidades de actualización de los
instructores y sugerir la capacitación pertinente.
En cuanto a la actualización de los instructores, y la capacitación que
éstos requieren el Dr. Chirino Sánchez y el Lic. Ivankovich Fonseca,
explicaron que la capacitación así como sus participantes es elegida por el
Encargado de la Unidad, quien conoce cuáles son los requerimientos y las
oportunidades de capacitación, posteriormente se remite la solicitud a la
Jefatura de la Escuela Judicial para realizar las valoraciones y los trámites
respectivos.
Al respecto, expusieron los licenciados Ivankovich Fonseca y José
Vicente Martínez Oporto, Profesional 1 de la Escuela Judicial, que en el
presupuesto para el 2006 se incluyeron recursos para capacitación del
personal de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento del O.I.J. a
saber: ¢2.260.000,00 en la subpartida 603 ―Ayuda Económica Según
Programa de Capacitación y Aprendizaje‖ así como ¢ 2.712.000,00 en la
subpartida 142 ―Transportes de o Para el Exterior‖.
Además, puntualizaron que los instructores asistieron al Congreso de
Ciencias Forenses durante noviembre del 2004 realizado en el INBIO
ubicado en Santo Domingo de Heredia.
En julio próximo, a través del Ministerio de Seguridad Pública recibirán
capacitación en el manejo de un recargador de munición.
En lo relativo a este aspecto, el Lic. Matamoros Mora es concordante con
lo expuesto por el Dr. Chirino Sánchez y el Lic. Ivankovich Fonseca,
agregando que además de los cursos citados, se brindó capacitación en
                                   111

otras áreas a saber: curso sobre protección a personas durante abril del
2005, curso sobre seguridad de edificios y protección de personas, un
seminario avanzado sobre formulación de políticas, y un curso sobre
gerencia impartido por la Asociación Nacional de Investigadores en
Criminalística durante mayo del 2005.
 8- En la recomendación Nº 8 que hace referencia a la necesidad de
reforzar la capacitación de los investigadores del Organismo de
Investigación Judicial en áreas jurídicas como derecho penal, procesal
penal, entre otras (ya algunos temas sugeridos se están brindando), y se
recomendó utilizar las siguientes opciones:
a.-Continuar utilizando la experiencia de los defensores públicos y
fiscales del Ministerio Público y jueces, que han venido prestando este
servicio.
b.- Que el Profesional en Derecho que funge como superior jerárquico de
la Unidad de Capacitación y Adiestramiento del O.I.J., así como los
instructores 2 que tienen formación en Derecho apoyen en la
capacitación.
En lo relativo a esta recomendación el Dr. Chirino Sánchez explicó que la
Unidad de Capacitación y Adiestramiento, optó por la recomendación
―a.‖.
Respecto a este punto el Lic. Matamoros Mora manifestó que
efectivamente se ha llevado a la práctica la opción ―a.‖, ya que su
persona además de tener a su cargo la Unidad imparte diferentes cursos,
por tanto, carece de tiempo para implementar la opción ―b‖, no obstante,
manifestó su anuencia en brindar apoyo en aspectos jurídicos cuando así
se requiera; en lo que respecta a los instructores 2, citados en la segunda
opción, explicó que a pesar de que en su mayoría son abogados, este
grado académico no es un requisito para el puesto, por tanto, el
desempeñarse en esta área no es propio del cargo que ocupan.
Además, expuso el Lic. Matamoros Mora, que a su criterio, es muy
provechoso que personas con experiencia en materia penal como lo son
los defensores públicos, fiscales del Ministerio Público y jueces, sean
quienes brinden capacitación a los investigadores del Organismo de
Investigación Judicial, debido a que todos ellos poseen un valor agregado
el cual es su especialización.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
                                    112

De lo hasta aquí expuesto se concluye que el grado de ejecución de las
recomendaciones ha sido muy bueno por cuanto en su mayoría fueron
atendidas.
Se coincide con lo indicado por el Jefe Desarrollo Humano y el Jefe de la
Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal, en
cuanto quedar a la espera de los resultados de la consultoría para atender
cualquier estudio de puestos de la Escuela Judicial.
En virtud de que la consultoría tratará aspectos de estructura
organizacional, necesidades de recurso humano y profesional en la
Escuela Judicial; se recomienda quedar a la espera de sus resultados para
atender cualquier asunto relacionado con estos aspectos, en particular el
nombramiento de un Filólogo en la plaza de Instructor 2, por cuanto a
pesar de que se recomendó un estudio para reasignarla a Profesional en
Filología, el Consejo Superior en acuerdo del 10 de junio del 2004, limitó
el nombramiento del Filólogo en la plaza de Instructor 2.
En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, dentro de las
observaciones emitidas mediante oficio Nº EJ-DIR-2005 del 10 de julio
del 2005, la Escuela Judicial indica:
―Se infiere claramente un error grave de razonamiento entre la anterior
premisa y su conclusión, pues no guarda ninguna relación la viabilidad o
no de efectuar la reasignación antes mencionada por estarse ejecutando
actualmente una consultoría que retomará aspectos estructurales y de
factor humano de la Escuela Judicial, frente a un aspecto cronológico de
Acuerdos del Consejo Superior, que propiciaron el estudio No. 148-DO-
2004-B, como lo fueron los acuerdos: No 42-04 de 10 de junio de 2004,
en donde se dispuso limitar el nombramiento de esta Profesional en dicha
plaza, y paralelo a ello, solicitar al Departamento de Planificación un
estudio sobre la utilidad de la en particular de Profesional en Filología, y,
el posterior acuerdo No 72-04, de 23 de setiembre de 2004, Artículo
XXXV, en donde precisamente se acogió la recomendación dada por este
Departamento en cuanto a que la Escuela Judicial cuente con un
Profesional en Filología, y sugiere entonces se reasigne una plaza de
Instructor 2 para tales efectos." (pag. 2)
En este sentido es pertinente aclarar, que la recomendación se refiere al
nombramiento del Filólogo en la plaza de Instructor 2, el cual ya fue
limitado en su oportunidad por el Consejo Superior mediante acuerdo
del 10 de junio del 2004, por las razones que en él se indican, por tanto,
no se considera conveniente una reconsideración de lo ya acordado por
este órgano, especialmente durante el período en que la Escuela Judicial
                                          113

       se encuentra inmersa en una consultoría, donde se analizarán aspectos de
       estructura organizacional, necesidades de recurso humano y profesional,
       por tanto, no se estima oportuno modificar la recomendación antes
       expuesta.
       Ahora bien, por la cantidad de trabajo que pueda acumularse en aspectos
       filológicos, se estima necesario que el Departamento de Personal,
       terminada la consultoría que se realiza en la Escuela Judicial y se
       mantenga la necesidad del concurso de una profesional más en esta área,
       proceda a la brevedad a realizar el estudio de reclasificación aquí
       comentado.
       Además, no se recomienda nombrar un Instructor para la Unidad de
       Capacitación y Adiestramiento del O.I.J. en la plaza que fue ocupada por
       el Filólogo, por cuanto, ante períodos de incapacidades corresponde
       realizar los trámites de sustitución del personal, según proceda y no así la
       asignación de recursos adicionales.
       En cuanto a las necesidades de ―video bean‖ por parte de la Unidad de
       Capacitación y Adiestramiento del O.I.J. se recomienda que al igual que
       se estableció una programación de cursos, se confeccione una
       programación que incluya las fechas en que se requerirá este equipo, de
       manera que se facilite su asignación.‖
                                          -0-

     El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-275-2005 de 21 de julio último, hace las siguientes

observaciones:

    1. ―En Sesión de este Consejo No. 72-04, de las 8:00 horas del 23 de
        setiembre de 2004, Artículo XXXV, al conocer del Informe 148-DO-
        2004-B de 10 de setiembre de 2004, acogió entre otras recomendaciones
        la siguiente:
       “ (…)2. A la Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento
       de Personal, realizar el estudio pertinente a fin de reasignar una de
       las plazas vacantes de Instructor 2, en Profesional en Filología, por
       los argumentos justificantes que se analizaron en el presente informe.
       (…)” Esta recomendación acogida, se encontró precedida, por una
       conclusión establecida por el Departamento de Planificación a partir del
                                   114

estudio realizado, y que estableció: “(…) Igualmente se concluye la
necesidad de que la Escuela Judicial cuente con un Profesional en
Filología, por lo que se recomienda a la Sección de Investigación y
Desarrollo del Departamento del Departamento de Personal, realizar
el estudio pertinente a fin de reasignar una de las plazas vacantes de
Instructor 2, en Profesional en Filología. Lo anterior basado en los
criterios de interés institucional de aprovechar los recursos donde
más se requiere(…)” (pags. 1 y 2). Establece además que: “(…)-Se
concluye que la Escuela Judicial requiere un puesto de Profesional en
Filología(…)”.- (pags. 50)
       Los argumentos justificantes dados por la Escuela Judicial en su
oportunidad, y sobre los cuales se basó en primer término el
Departamento de Planificación y posteriormente el Consejo Superior para
acoger la recomendación antes citada (ver Informe148-DO-2004-B,
páginas 25 a 31), no sólo mantienen plena vigencia en la actualidad, sino
que además se han visto agudizados. Esto es así toda vez que, como bien
se afirma en el Informe No.024-CE-2005, la Consultoría para la
elaboración de un Programa de Formación Inicial de Jueces ha dado
inicio a partir del mes de diciembre de 2004, y la participación de las
especialistas en métodos de enseñanza en la elaboración de la macro y
microprogramación (Plan Curricular de Formación Inicial) y orientación
pedagógica en la elaboración de los textos didácticos, tal y como consta
en los Términos de Referencia de la Contratación ( Hitos 4 y 7) es
particularmente activa. Si se toman en cuenta además las cargas
ordinarias de trabajo de las tres profesionales en métodos de enseñanza de
la Escuela Judicial respecto al Plan de Trabajo de 2005, se notará una
agudización en la carga de trabajo de la Profesional Ingrid Bermúdez, y
por ende, una imposibilidad cada vez mayor para asumir el recargo del
Área de Materiales Escritos.- .
Por otra parte, la producción de textos ordinaria de la Escuela Judicial se
ve incrementada por la elaboración de los materiales didácticos del
Programa de Formación Inicial de Jueces. Esto repercute sensiblemente
en la cantidad de trabajo de revisión filológica de textos de la Escuela
Judicial para el presente año y para el 2006.
Ambos factores hacen evidente la necesidad de contar con el recurso
admitido en su oportunidad por el Consejo Superior, referente a
reasignación de una de las plazas vacantes de Instructor 2 a Profesional
en Filología.
                                   115

En los recientes estudios de puestos de la Escuela Judicial realizados por
el Área de Desarrollo Humano, los colaboradores a cargo de los mismos,
han consultado cada caso particular (casos: José Vicente Martínez,
administrador de la Escuela Judicial; Ronald Cole Lestón, asistente de
servicios audiovisuales; Instructores 1 de Seguridad, señores Edgar Cruz
y Guillermo Mata) a la Escuela Judicial si los mismos serán objeto de
estudio o no por parte de la Universidad de Florida, a efecto de continuar
con el proceso que dirigen, o detenerlo para no producir perjuicios a los
gestionantes. En el caso particular de la plaza de Filología, no se ha
tenido conocimiento por parte del Departamento de Personal, acerca del
inicio del estudio y reasignación del Puesto de Instructor 2 a Profesional
en Filología. Tampoco se ha consultado a la Escuela o a la Empresa
Consultora al respecto.
La Dirección de la Escuela ha trasladado el criterio a la empresa
consultora para que se pronuncie en cada caso particular. No obstante
vale aclarar en ese sentido la posición de la consultora al respecto.
 La Universidad Internacional de la Florida ha expresado que, dentro del
contrato para el Programa de Formación Inicial de Jueces 1, pretende en
cada una de las áreas aportar un valor agregado a los diferentes procesos
con los que ya cuenta la institución y generar alguno nuevo si por la
misma dinámica que se sigue, fuera necesario.
Dentro de este término, FIU está realizando un diagnóstico (hito 1) que
comprende las áreas normativa, organizacional, de programas, financiera
y de selección de jueces. De ahí se ha seguido un proceso participativo
de todo el equipo de la Escuela para la reestructuración de la misma. Esta
reestructuración implica mayormente cambios en el estilo de trabajo (ya
no por programas sino que más bien por objetivos estratégicos) que
tendrá implicaciones mayormente en el estilo gerencial.
Es por lo anterior que FIU realiza un trabajo de valoración del personal de
tipo “comportamental” que permite analizar el comportamiento del
funcionario frente al trabajo que realiza. Los aspectos de valoración de
puestos (de orden técnico), donde el Departamento de Personal y
Desarrollo Humano está especializado, no va a ser generado como
producto de la consultoría (ya la Escuela Judicial cuenta con un manual
de puestos en donde constan aspectos técnicos de valoración de tareas y
responsabilidades detalladas de todos y cada uno de sus servidores), sino
que más bien se pretende aportar un elemento más de evaluación. El
mismo tiene que ver con cualidades de dominancia, influencia, solidez y
conciencia (DISC) que permiten definir un perfil que señala las
                                   116

características que son oportunas para el cargo. Por ejemplo, un
funcionario que tiene como función principal la revisión de los materiales
escritos, no requiere el ser una persona dominante (necesaria para dirigir
grupos de trabajo) ni de alta influencia (para negociar propuestas) sino
que más bien de alta solidez donde es indispensable la precisión, el ser
meticuloso, la concentración y que fácilmente se sujeta a las directrices
que recibe. Ninguna de estas características es mala o buena simplemente
debe de ser coincidente con el tipo de trabajo que se ejecuta.
Para el caso en que el proceso de reestructuración señale cambios
importantes en las labores a realizar por algunos funcionarios (manual de
puestos), los mismos serán específicamente señalados pero, será la
excepción.
Lo mismo ocurre con el tema de procedimientos. Están siendo
establecidos gráficamente los diferentes procesos existentes,
determinando puntos críticos, definiendo donde es necesario establecer
una política que permita estandarizar criterios de decisión, tiempos para
saber el nivel de respuesta en cada proceso pero, no se están inventando
procedimientos puesto que cada unidad dentro de la Escuela es una
unidad especializada y de un alto nivel técnico. En tal caso, la consultoría
facilita la definición de dichos procesos, la elaboración de una guía
general que permita dar seguimiento, establecer controles y evaluar.
Se aclara entonces que los productos están dirigidos a enriquecer lo que
exista, documentación de lo que tácitamente se realiza y una revisión de
los mismos a la luz de la reestructuración de la Escuela para promover el
cumplimiento de objetivos estratégicos tales como el logro de una mayor
eficiencia y efectividad.
En razón de lo antes expuesto, no se comparte la recomendación dada por
el Departamento de Planificación en esta oportunidad ( Informe 1128-
PLA-2005) en cuanto a esperar a que termine la consultoría de CAJ FIU
en la Escuela Judicial para determinar la necesidad del recurso y
continuar con el procedimiento, pues la consultoría terminará funciones
en octubre del 2006, y ello retardará innecesariamente tanto el Estudio
del Departamento de Personal, como la asignación presupuestaria a esta
plaza probablemente para el año 2008.
Es consideración del suscrito que ya el Consejo Superior acogió - a partir
del estudio del mismo Departamento de Planificación al respecto
(Informe 148-DO-2004-B)- la necesidad de que la Escuela Judicial
cuente con un Profesional en Filología; recomendó en ese sentido que la
Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal,
                                           117

       realizara el estudio pertinente a fin de reasignar una de las plazas vacantes
       de Instructor 2 en Profesional en Filología, lo cual consiste ya en definir
       las variaciones en cuanto a requisitos del puesto, salario (entre otros
       aspectos) de este Profesional. Durante ese proceso dio inicio en diciembre
       de 2004 la consultoría antes aludida (con el enfoque en cuanto a
       reestructuración y estudio de funciones del personal de la Escuela según
       lo expuesto) lo cual a consideración de este servidor no tiene por qué
       incidir en la necesidad ya detectada y el proceso de reasignación antes
       citado orientado a solventarla.
       Por tal razón se solicita que se continúe cuanto antes y sin más dilaciones
       con el estudio de reasignación de la plaza vacante de Instructor 2, en
       Profesional en Filología por parte de la Sección de Investigación y
       Desarrollo del Departamento de Personal y se termine con el
       procedimiento para que la Escuela Judicial cuente finalmente con tan
       necesitado recurso humano.‖

                                           -0-
      Se acordó: 1) Se tiene por recibido el Informe 1128-PLA-2005 del

Departamento de Planificación referente a la evaluación de las recomendaciones

emitidas en el estudio N°148-DO-2004-B, elaborado por la Sección de Desarrollo

Organizacional. 2) Por las razones que señala la Escuela Judicial en el oficio EJ-

DIR-275-2005, con relación a los aspectos que trata la consultoría respecto al

estudio del personal actual de la Escuela Judicial, que no están referidos

particularmente a revaloraciones o recalificaciones técnicas de puestos propias de

los estudios especializados del Departamento de Personal y Desarrollo Humano,

sino con valoraciones de carácter comportamental frente a la labor que realiza el

personal de la Escuela Judicial como un elemento más de evaluación, deberá

proceder el Departamento de Personal en el término de un mes contado a partir del
                                          118

recibo de la presente comunicación, a realizar el estudio de reasignación ordenado

de la plaza vacante de Instructor 2, a Profesional en Filología con el fin de que no

se demore por más tiempo la necesidad de contar con ese recurso humano.

                                 ARTÍCULO XLVI

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1194-PLA-2005 de 29 de julio último, remite el informe N° 081-PI-

2005 de la Sección de Desarrollo Organizacional, relacionado con el formulario F-

293 denominado ―Solicitud Oficial de Fotocopias‖, que dice:

       ―Mediante el informe N° 005-DO-2004 del 23 de enero de 2004, se
       analizó el formulario F-293 “Solicitud Oficial de Fotocopias”. En dicho
       informe se efectuaron algunas recomendaciones, entre las que se detalla
       la siguiente:
       ―2. Que la Auditoría Judicial se pronuncie (a la luz de lo que se establece
       en el Manual antes referido) [Manual de Normas Generales de Control
       Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y
       Órganos Sujetos a su Fiscalización] sobre la posibilidad de eliminar
       dicha numeración consecutiva preimpresa y que en su lugar cada oficina
       asigne una numeración interna, ya sea que se efectúe manualmente o
       mediante un programa informático. Este criterio sería aplicable a todos
       aquellos formularios que por su naturaleza, requieren ser numerados.
       En caso de que la Auditoría Judicial se pronuncie favorablemente para
       que se elimine la numeración preimpresa, el Departamento de
       Tecnología de la Información debe rendir un informe sobre la
       factibilidad y los requerimientos (equipo de cómputo, software, etc.) para
       el desarrollo e instalación en todas las oficinas judiciales de un
       programa que permita numerar consecutivamente el formulario
       analizado, el cual, además, podría utilizarse para otros formularios de
       características similares (informatizados o por informatizar).”
       La Auditoria Judicial, en el oficio N° 09-01-AEE-2005 del 18 de enero
       del año en curso, realiza las siguientes recomendaciones:
                                             119

        “Mantener la numeración preimpresa del formulario F-293 denominado
        “Solicitud Oficial de Fotocopias”, por todo el tiempo que se continúe
        utilizando dicho formulario en los despachos judiciales.
        Realizar un estudio, en conjunto con el Departamento de Publicaciones e
        Impresos, tendiente a determinar el costo de la impresión de la
        numeración consecutiva preimpresa en el formulario de cita, así como
        las cantidades de talonarios entregados por parte del Departamento de
        Proveeduría Judicial, con el propósito de definir si corresponde
        informatizar este formulario.
        Dependiendo de los resultados de la evaluación sugerida, solicitar al
        Consejo Superior, que le ordene al Departamento de Tecnología de
        Información que incluya a la mayor brevedad posible, el diseño del
        programa informático para la impresión del formulario F-293 con los
        elementos de control que se requieren, dentro de ellos lo indicado en la
        declaración interpretativa de la norma N° 4.17 del Manual de Normas
        Generales de Control Interno ya citado, que estipula que en caso que los
        formularios sean generados por un computador, el programa deberá de
        asignarles un número, de manera que el formulario sea identificado de
        forma específica e individual.”
        Costo de la impresión de la numeración consecutiva en el formulario
        El Departamento de Publicaciones e Impresos realizó una estimación
        respecto al costo de imprimir la numeración consecutiva en el formulario
        analizado.
        Según se informó10, se tomaron en cuenta las siguientes variables: tiempo
        que dedican los operarios en la guillotina, en la máquina impresora
        (prensa), en la máquina numeradora (minerva), así como el tiempo que se
        lleva en empacar, el papel utilizado, la tinta y la cinta de empaque.
        Bajo el supuesto de que se confeccionan 500 blocks de 100 unidades cada
        uno con original y una copia, el detalle de los costos es el siguiente:

                                                                  Costo total de la
                                       Costo por block
                                                                    producción
      Con numeración                       ¢575,73                 ¢287.864,53
      Sin numeración                       ¢344,21                   ¢172.107,11


10
   Correo electrónico del Lic. José Rubén Dimas Portillo, Jefe del Departamento de Publicaciones
e Impresos, de fecha 28 de junio de 2005.
                                             120

      Diferencia absoluta                  ¢231,52                   ¢115.757,42
      Diferencia porcentual                  67%                         67%

        Tal como se desprende de la tabla anterior, el costo del formulario con
        numeración consecutiva preimpresa es un 67% más alto que el formulario
        sin la numeración. Según se agrega en la información del citado
        Departamento, el incremento obedece a las 61 horas que se lleva el
        operario en numerar los 500 blocks en la máquina minerva.
        De acuerdo con los anteriores datos, se obtiene que la numeración
        consecutiva del formulario analizado, constituye un porcentaje
        significativo del costo total de su producción.
        Entre tanto, en el Departamento de Proveeduría se informó que
        mensualmente se despacha un promedio de 142 blocks a las diferentes
        oficinas judiciales usuarias del formulario(11). Lo anterior significa que, el
        costo adicional que se genera mensualmente por agregar la numeración
        consecutiva es de ¢32.875,84, es decir, ¢394.510,08 al año,
        aproximadamente. El costo total para ese mismo período de tiempo sería
        de ¢981.043,92.
        Factibilidad de realizar un programa informático que enumere
        automáticamente los formularios
        El Lic. Fabio Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de Desarrollo y
        Mantenimiento de Sistemas del Departamento de Tecnología de la
        Información, señala que la elaboración de un programa que permita
        numerar el formulario automáticamente mediante los equipos de
        cómputo, presenta los siguientes inconvenientes:
     A. Actualmente no hay recurso humano para designarlo en esa labor.
     B. En algunas oficinas existen limitaciones en cuanto al equipo de cómputo,
        el cual, por su baja capacidad, podría presentar problemas a la hora de
        correr un programa como el que se pretende crear.
     C. La tendencia en cuanto al equipamiento de las oficinas es suministrar
        impresoras láser, cuya impresión es significativamente más cara que en
        las de matriz de puntos.
        Por su lado, el Ing. Marco Barboza Roldán, Jefe de la Sección de Soporte
        Técnico del mencionado Departamento, informó que la impresión de una

11
  Consulta realizada a la Sra. Ericka López Alvarado, Auxiliar Administrativo 2 de la Sección de
Suministros del Departamento de Proveeduría.
                                             121

        página en una impresora láser tiene un costo aproximado de ¢60.oo. Este
        costo considera el cartucho de tinta, el papel, así como el ―Kit de
        mantenimiento‖(12), aproximadamente cada tres cambios de cartuchos. En
        una impresora de matriz de puntos, la impresión de una página tiene un
        costo aproximado de ¢2.50.
        El costo de impresión en las impresoras láser se desglosa de la siguiente
        forma: un cartucho de tinta (HP 4000-4050 alto rendimiento) tiene un
        rendimiento aproximado de 15000 páginas y un costo de ¢44.540,oo, es
        decir, ¢3,oo por página. La resma de papel (F-74) con 3000 unidades,
        tiene un costo de ¢6.650,oo, sea, ¢2,22 por hoja(13). La suma de ésta dos
        variables es de ¢5,22 por página. Lo anterior significa que, de acuerdo
        con el dato suministrado por el Ing. Barboza Roldán (¢60,oo por página),
        la tinta y el papel tienen un costo de ¢5.22 y el kit de mantenimiento de
        las impresoras tiene un costo aproximado de ¢54,78 por página.
        De conformidad con los datos anteriores, la impresión de 100 solicitudes
        de fotocopia (equivalente a un block) en una impresora láser, tendría un
        costo de ¢6.000,oo mientras que en el Departamento de Publicaciones e
        Impresos tiene un costo de ¢575,73. En este último costo se debe tomar
        en cuenta además los costos de almacenamiento y traslados a las oficinas
        usuarias, además de los posibles desperdicios por deterioro o cambios en
        el formulario.
        En relación con el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
        Judiciales, se informó que actualmente no cuenta con un módulo para
        numerar formularios; sin embargo, es factible incorporar tal función a
        dicho Sistema.
        El Lic. Michael Jiménez Ureña, Profesional en Informática 2 de la
        Unidad de Informática del II Circuito Judicial de San José, señaló que
        sería necesario realizar un análisis de los requerimientos, para establecer
        el costo de efectuar tales modificaciones al Sistema. Enfatizó dicho
        servidor que, actualmente se tienen pendientes algunos proyectos que
        mantendrán ocupado al recurso humano con que cuenta esa Unidad, por
        lo que no tiene una estimación de cuándo se podría contar con esa nueva
        función en el Sistema, en caso de que así se recomiende.
        CONCLUSIONES:

12
   Consiste en la limpieza y el cambio de algunas piezas que debe realizarse a la impresora cada
cierto tiempo.
13
   Información suministrada por la Sra. Ericka López Alvarado, Auxiliar Administrativo 2 de la
Sección de Suministros del Departamento de Proveeduría.
                                      122

1. En el oficio de la Auditoria Judicial N° 09-01-AEE-2005 mencionado al
   inicio del presente informe, se determinó la importancia de mantener los
   controles en el proceso de confección de fotocopias, debido a los egresos
   que se generan en esta actividad (en el 2003 se pagaron por servicios de
   fotocopiado ¢55.833.507,63 y en el 2004 ¢47.820.559.73).
2. De acuerdo con lo estipulado en el Manual de Normas Generales de
   Control Interno para la Contraloría General de la República y las
   entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización, para el procesamiento,
   traslado y registro de las transacciones que se realizan en la institución,
   debe contarse con formularios uniformes con numeración preimpresa
   consecutiva. En caso de que sean generados por un computador, el
   programa respectivo deberá asignarles un número que los identifique
   individual y específicamente.
3. El costo de impresión del formulario en el Departamento de
   Publicaciones e Impresos, es significativamente más alto cuando se
   realiza con numeración consecutiva que sin ella.
4. Tal como se ha señalado en otros informes realizados por esta Sección, en
   el Poder Judicial no se están adquiriendo máquinas de escribir, en tanto
   que las impresoras de matriz de puntos están siendo sustituidas
   paulatinamente por impresoras láser.
5. Existe la posibilidad de crear un programa en los equipos de cómputo que
   numere los formularios y, asimismo, es factible incorporar esta función en
   el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales.
6. Tanto en el Departamento de Tecnología de la Información como en la
   Unidad de Informática del II Circuito Judicial de San José, se indicó que
   existen proyectos pendientes de realizar, es decir, no habría recurso
   humano disponible a corto ni a mediano plazo, por lo que no se sabe
   cuándo se podría contar con el mencionado programa, en caso de que se
   recomiende.
7. A pesar de que el costo de imprimir en las impresoras láser es
   significativamente más alto que confeccionar el formulario en el
   Departamento de Publicaciones e Impresos, se estima que, dado el
   progresivo desabastecimiento de máquinas de escribir, debe iniciarse la
   búsqueda de una alternativa para que las oficinas judiciales, mediante un
   programa, puedan imprimir las solicitudes de fotocopias con la
   correspondiente numeración consecutiva (la cual debe estar constituida
   además por el código de la oficina), tal como lo dispone la normativa
   sobre Control Interno. Este programa podría requerirse en un futuro para
   otros formularios con características similares.
                                           123

       RECOMENDACIONES:
     1. El Departamento de Tecnología de la Información deberá elaborar un
        programa que permita numerar automáticamente el formulario F-293
        Solicitud Oficial de Fotocopias. Igualmente, la Unidad de Informática del
        II Circuito Judicial de San José hará lo correspondiente en el Sistema
        Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales para que se cree una
        función que numere automáticamente el formulario mencionado. Cada
        oficina judicial requerirá un consecutivo individual, el cual debe contener
        el código de oficina.
     2. Entre tanto, las oficinas judiciales deberán continuar utilizando el
        formulario preimpreso F-293 “Solicitud Oficial de Fotocopias”.
        Asimismo deberá complementarse dicho formulario con lo recomendado
        en el informe N° 005-DO-2004 en el sentido de que todas las oficinas
        judiciales tienen la obligación de establecer un control (electrónico o
        manual), a través del cual se registre el número y fecha de solicitud,
        cantidad de fotocopias, nombre del servidor que solicita las fotocopias y
        tipo de documentos. La copia del formulario debe archivarse
        consecutivamente en un archivador de cartón (AMPO)o carpeta.
     3. Se recomienda remitir el presente informe al Consejo Superior, a fin de
        que lo conozca y resuelva lo que estime pertinente.‖

                                           -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior y hacerlo de

conocimiento de la Auditoría Judicial, para que analice las recomendaciones pues

este Consejo estima que el número de consecutivo en una valoración de costo-

beneficio es un control de costo elevado que bien puede ser suplido por otras

formas de realizarlo según se señala en el citado informe. 2) Reiterar a las oficinas

en donde se requiere fotocopiar o imprimir documentos que deben poner en

práctica políticas que permitan reducir sustancialmente el número de estas, con

utilización de medios informáticos de transmisión cuando ello sea posible.
                                          124

Publíquese una circular en ese sentido y en la que se recuerde a los jefes de

despachos, que deben velar por el uso racional de la cantidad de fotocopias que se

saquen.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

                                ARTÍCULO XLVII

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1184-PLA-2005 de 28 de julio último, transcribe el informe N° 056-

PI-2005 de la Sección de Proyección Institucional, que dice:

       ―En vista de recientes consultas realizadas a esta Sección en cuanto a la
       política de disponibilidad vigente para la atención de asuntos por parte de
       los Tribunales de Juicio, a efectos de tener un lineamiento final que pueda
       ser a la vez utilizado en el informe de lineamientos generales de
       disponibilidad que se tiene proyectado realizar, me permito indicar lo
       siguiente, conforme análisis realizado por el Máster Andrés Méndez
       Bonilla.
       En sesión 28-02, de Corte Plena, celebrada el 26 de junio del 2002, se
       dispuso:
          ―9. En cuanto a la disponibilidad de los Tribunales de Juicio, se
          reiteran los alcances de la Circular 922-98, publicada en el Boletín
          Judicial N.230 del 26 de noviembre de 1998, mediante la cual se
          comunicó a los Tribunales Penales del país, que de conformidad
          con lo resuelto por el Consejo Superior en sesiones Nos. 68-98 y
          79-98, celebradas el 3 de setiembre y 8 de octubre respectivamente,
          artículos LXVIII y XXI, en su orden, deben asignar un responsable
          para que cada fin de semana y días feriados, evacuen las consultas y
          resuelvan lo que corresponda sobre la libertad de las personas por
          cuestión de humanidad y de conformidad con los artículos 36 y 38
          de la Ley Orgánica del Poder Judicial.‖
       Por otra parte, el Consejo Superior en sesión 64-02, celebrada el 29 de
       agosto del 2002, artículo XLVIII, estipuló lo siguiente:
                                  125

  ―(...) la nueva directriz al respecto, se centra en que los Tribunales
  de Juicio y sus Sedes no harán disponibilidad los fines de semana,
  días feriados o de asueto, sino que la disponibilidad de este tipo de
  despachos debe limitarse únicamente a la atención durante períodos
  largos, de manera que los Tribunales de Juicio y sus sedes estén
  disponibles, durante la Semana Santa y Fin y Principio de Año; para
  lo anterior la atención durante la Semana Santa se entenderá desde
  las 07:30 del Lunes Santo a las 16:30 del Viernes Santo. En cuanto
  al Fin y Principio de Año, la disponibilidad irá de las 16:30 horas
  del día de cierre de las oficinas del Poder Judicial a las 07:30 horas
  del primer día hábil para las oficinas del Poder Judicial, del
  siguiente año.
  Para cumplir lo estipulado, los Tribunales de Juicio sujetos a
  disponibilidad y sus respectivas sedes deberán coordinar con el fin
  de conformar el rol de atención correspondiente y comunicar con un
  mes de antelación, al Departamento de Personal la cantidad de
  Profesionales que atenderán la disponibilidad, con el fin de que se
  proceda con el reconocimiento económico respectivo.‖
Como puede observarse, existen dos lineamientos de entes superiores
diferentes en cuanto al mismo tema y con una separación de a penas dos
meses uno del otro, lo cual ha provocado dudas en el seno de algunos
Tribunales de Juicio en cuanto a la atención de disponibilidad durante los
fines de semana corrientes, estimando que existe claridad en cuanto a la
atención de disponibilidad durante períodos largos incluidos los fines de
semana cuando un viernes o lunes corresponde a un día no laboral sea por
feriado o asueto.
Tales dudas han sido transmitidas a esta Sección, ante lo cual estimamos
conveniente y conforme lo estipula el Reglamento de Compensación por
Disponibilidad en su artículo 7, que el Consejo Superior, establezca el
proceder en este caso particular.
No omitimos manifestar que a nuestro criterio debería mantenerse lo
estipulado originalmente por la Corte Plena en cuanto a que los
Tribunales de Juicio, deben asignar por rol un responsable para que esté
disponible cada fin de semana, días feriados y de asueto así como los
períodos largos y los fines de semana cuando un lunes o viernes
corresponde a un día inhábil, evacuen las consultas y resuelvan lo que
corresponda sobre la libertad de las personas por cuestión de humanidad y
de conformidad con los artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, dados los fundamentos jurídicos que dan soporte a esa decisión y
                                         126

       con el fin de evitar contratiempos en la atención oportuna de una
       situación que se pueda presentar a nivel de Tribunales y considerando que
       la materia penal es una materia muy sensible donde puede estar de por
       medio la libertad de una persona.‖

                                         -0-
      Se acordó: Comunicar a la licenciada Asch Corrales, que este Consejo ya ha

emitido varios pronunciamientos relacionados al tema de la disponibilidad de los

tribunales de juicio durante los fines de semana y períodos largos de cierre en que

se señala que no resulta indispensable la apertura de esos despachos durante lapsos

cortos como lo son los fines de semana, criterio que en su oportunidad fue

valorado por la Comisión de la Jurisdicción Penal y cuenta con resoluciones de la

Sala Constitucional en el mismo sentido.

                               ARTÍCULO XLVIII

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio N° 1206-PLA-2005 de julio último, remite el informe N° 027-CE-2005

de la Sección de Control y Evaluación, relacionado con el trabajo que realiza el

notificador del Juzgado de Tránsito de Desamparados, previo conocimiento de la

doctora Leyla Lozano Chang, Jueza del citado despacho, que literalmente dice:

       ―El Consejo Superior en sesión Nº 35-2003, celebrada el 20 de mayo de
       2003, artículo XXXIX, dispuso que el Notificador 1 del Juzgado de
       Tránsito de Desamparados, asumiera alrededor del 20 % de los
       expedientes pasados a notificar del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor
       Cuantía de Desamparados, a partir del 1º de junio de 2003, distribuidos en
       tractos de dos entregas semanales.
                                   127

En vista de que la necesidad de reforzar el trámite de notificación
persistía para el 2004, el Departamento de Planificación, mediante
Informe de Plazas Nuevas para el 2005 Nº 29-PLA-DO-2004, recomendó
mantener ese apoyo durante todo el año anterior. Posteriormente, a través
del Informe de Plazas Nuevas para el 2006 Nº 37-PLA-DO-2005, se
estimó necesario hacerlo extensivo también para el 2005.
No obstante lo anterior, el pasado 10 de junio ingresó al Departamento de
Planificación la nota Nº 103-2005-LK/CO, suscrita por la Dra. Leyla K.
Lozano Chang y el Lic. Ricardo Barrantes López, Jueza Coordinadora y
Juez respectivamente, del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía de
Desamparados, en la que manifiestan que el señor Marvin Quesada Díaz,
Notificador 1 del Juzgado de Tránsito de Desamparados, está causando
―serios problemas‖ con el 20% de las entregas que debe notificar. El
estudio e informe respectivo fue asignado al Lic. Rodolfo González
Fernández, Profesional 2 a.i. de esta Sección.
Del contenido de esa misiva se extraen aseveraciones como las siguientes:
“... ha venido en forma continua atrasando las devoluciones de
expedientes, de modo que las dos entregas de la semana (lunes y
viernes) las recoge el día viernes juntas y las devuelve juntas hasta
viernes siguiente con lo cual la primera entrega se devuelve diez días
después y si se puede hasta más. Anteriormente hacía mezclas de las
entregas entonces devolvía en parte una y en parte de otra con los
consiguientes desórdenes y también para brincarse el plazo de
devolución. En fecha 28 de marzo del 2005 se detectó que no había
tocado una entrega de expedientes laborales, eso antes de su supuesta
salida a vacaciones, con todo el atraso que ello representó, la asumió
quien se partió que era su sustituto (...).
Este señor supuestamente salió a vacaciones y vino otra persona en su
lugar, que por cierto éste (sic) último muy respetuoso. Antes de su
salida, se le solicitó a quien conocemos como el notificador que nos
trajera alguna copia del nombramiento proveniente de su inmediato
superior y con la arrogancia del caso nos comunicó que no había que
comunicar nada y que en todo caso así lo había indicado su “jefa”.”
Así las cosas, el 17 de junio pasado se procedió a celebrar una reunión
entre las partes involucradas ya citadas, con el fin de determinar el grado
de cumplimiento de lo acordado por el Consejo Superior, según se indicó
al inicio de este documento.
De acuerdo con la información suministrada por el Juzgado Civil y
Trabajo de Mayor Cuantía de Desamparados, se tiene que parte de las
                                  128

entregas y devoluciones correspondientes a junio, se efectuaron en los
siguientes días:


           Fecha de Entrega        Fecha de Devolución


                 06/06/2005                17/06/2005
                                                             R
                 09/06/2005                17/06/2005        et
                                                             ra
                 13/06/2005                20/06/2005        so
                 16/06/2005                23/06/2005

                 20/06/2005                23/06/2005

A criterio de los titulares de ese despacho, se produjo un retraso en la
devolución del 17 de junio pasado, que el señor Marvin Quesada Díaz no
justificó. El contenido del aviso publicado en el Boletín Judicial No.128
del 08 de julio de 1991, regula el plazo de devolución de las
notificaciones en los siguientes términos:
“Que la Corte Plena en sesión celebrada el quince de abril del año en
curso, artículo LVII, dispuso que los notificadores de las Alcaldías
Civiles de San José deben devolver los expedientes dentro del plazo de
cinco días, el cual comenzará a correr a partir el día siguiente al de la
entrega, con la resolución debidamente firmada, y en el entendido de
que la notificación deberá efectuarse dentro del tercer día, conforme lo
ordena el artículo 173 del Código Procesal Civil.”
El 23 de junio de 2005, se sostuvo una segunda reunión con los dos
jueces citados y Auxiliar Judicial 3 del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor
Cuantía de Desamparados, señor Edgar Francisco Mora Calderón, en la
que manifestaron que las devoluciones de las entregas realizadas hasta el
20 de junio ya se habían efectuado y que actualmente no existía retraso en
la devolución de la notificación por parte del señor Marvin Quesada Díaz.
Ante el retraso que se dio en la devolución en el pasado, los jueces
decidieron interponer queja ante la Inspección Judicial el 20 de junio de
2004, la cual se tramita bajo la causa 590-B-05.
Por otra parte y en relación con la necesidad de que el servidor que
sustituya a Marvin Quesada Díaz, se identifique al momento de
presentarse ante el Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía de
                                  129

Desamparados, es oportuno indicar que el Consejo Superior en sesión Nº
72-2000, celebrada el 12 de setiembre del 2000, artículo LXXXII,
dispuso ―reiterar a todos los servidores Judiciales la obligación de
portar el carnet de identificación, y para los que atienden público, su
deber además, de tenerlo a la vista.” y ―la obligación de suministrar el
nombre, puesto y despacho para el cual laboran, cuando en el ejercicio
de sus funciones, así lo soliciten los usuarios...‖, esto último fue
reiterado por esa misma instancia, en sesión N° 06-05, celebrada el 01 de
febrero del año en curso, artículo XLIV.
Otro elemento de interés relacionado con el objeto de este trabajo, es la
reducción que se ha venido registrando en la cantidad de expedientes
entregados al notificador, durante los primeros cinco meses del 2005
respecto
del año anterior en el Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía de
Desamparados, según se desprende de los datos contenidos en el siguiente
recuadro:


                                          Expedientes
                     Mes / Año            Entregados al
                                           Notificador

              Enero 2004                      513
              Febrero 2004                    953
              Marzo 2004                      911
              Abril 2004                      694
              Mayo 2004                       825
              Junio 2004                      883
              Julio 2004                      892
              Agosto 2004                     702
              Setiembre 2004                  810
              Octubre 2004                    810
              Noviembre 2004                  829
              Diciembre 2004                  521
              Enero 2005                      338
              Febrero 2005                    678
              Marzo 2005                      652
              Abril 2005                      568
              Mayo 2005                       622
                                             130

          De conformidad con lo expuesto en el presente estudio, se logran
          distinguir dos aspectos diferentes pero relacionados entre sí, el primero de
          ellos es la baja ocurrida en la cantidad de expedientes entregados al
          notificador en los primeros cinco meses de 2005, cuyas cifras no
          justifican el concurso de dos notificadores para atender el volumen actual;
          y por otro lado, el retraso aparente que ha venido ocurriendo en la
          devolución de los expedientes por parte del Notificador 1 del Juzgado de
          Tránsito de Desamparados, hecho que ya fue puesto en conocimiento de
          la Inspección Judicial.
          Por parte de esta Sección, se estima que la cantidad actual de expedientes
          entregados al notificador puede ser atendida exclusivamente por el
          Notificador 1 del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía de
          Desamparados, por lo que se recomienda cesar el apoyo que le ha venido
          brindando a ese Despacho el Notificador 1 del Juzgado de Tránsito de
          Desamparados, a partir del 1º de agosto de 2005. Ahora bien, al liberar de
          ese recargo a este último Notificador, que el Juez Coordinador del
          Juzgado Tránsito de Desamparados le asigne otras labores, para así
          completar su jornada de trabajo y contribuya a la buena prestación del
          servicio que brinda este despacho judicial.‖

                                             -0-
         Se acordó: Acoger el informe anterior y la recomendación en él contenida;

en consecuencia, cesar a partir del 1° de agosto del año en curso, el apoyo que ha

venido brindando el notificador 1 del Juzgado de Tránsito al Juzgado Civil y de

Trabajo de Mayor Cuantía de Desamparados. Asimismo comunicar al juez

coordinador del Juzgado de Tránsito de Desamparados, que al liberar de ese

recargo al notificador, deberá reasignársele otras labores para así completar su

jornada de trabajo y contribuya a la buena prestación del servicio público a su

cargo.
                                            131

      Los Juzgados de Tránsito y Civil de Trabajo de Desamparados, tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XLIX

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1199-PLA-2005 de 29 de julio pasado, manifestó:

       ―En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión del
       10 de mayo último, artículo LIX; donde se conoce la disposición de la
       Comisión de la Jurisdicción Laboral que dice: ―Recomendar al
       Departamento de Planificación se incluya como parte de las estadísticas
       de trabajo que deben rendir los jueces referente a las ejecuciones de
       sentencia...‖; le remito el informe N° 109-EST-2005 del 13 de junio
       pasado, suscrito por el Máster Franklin González Morales, Jefe de la
       Sección de Estadística.
       Con el fin de que se manifestara al respecto o que nos concediera una
       audiencia para profundizar en cuanto al tema de registro de las
       ―ejecuciones de sentencia‖, mediante oficio N° 887-PLA-2005 del 13 de
       junio del 2005, el preliminar de este documento fue puesto en
       conocimiento de la Magistrada Julia Varela Araya, Coordinadora de la
       Comisión de la Jurisdicción Laboral.
       En reiteradas oportunidades se ha consultado al Despacho de la
       Presidencia, sobre el pronunciamiento, pero a la fecha no se ha recibido la
       respuesta.‖
                                      -0-
            Por su parte el oficio 109-EST-2005, suscrito por el Lic. Franklin
       González Morales, Jefe de la Sección de Estadística del Departamento de
       Planificación, indica:
             Mediante oficio Nº 4545-05 del 26 de mayo del 2005, la Licda.
       Flory Tames Brenes, Prosecretaria General de la Corte Suprema de
       Justicia, hace de conocimiento a este Departamento el acuerdo tomado
       por el Consejo Superior en la sesión Nº 35-05 celebrada el 10 de mayo
       último, artículo LIX, donde el Lic. José Luis Calderón Flores, Director
       del Despacho de la Presidencia mediante oficio DP-745-05 del 3 de
       mayo pasado hace referencia al acuerdo de la Comisión de la Jurisdicción
                                  132

Laboral, en el que recomiendan al Consejo Superior solicitar al
Departamento de Planificación se incluyan las ejecuciones de sentencia
como una labor estadística. En este particular, hago de su conocimiento
las observaciones del Lic. Alejandro Fonseca Arguedas, Profesional 2 de
esta Sección.
La Sección de Estadística sí contempla las ejecuciones de sentencia como
una labor del despacho, en ese sentido es necesario indicar lo siguiente:
Desde el 2001 se recopila la información referente al número de
expedientes que se encuentran en etapa de ejecución, la cual es publicada
en los anuarios estadísticos en el cuadro de ―Movimiento General de la
Materia Laboral‖.
La información referente a ejecuciones de sentencia se recoge por medio
de la formula F.179 ―INFORME TRIMESTRAL DE LABORES‖, donde
debe consignarse el número de expedientes que al final de cada trimestre
se encuentran en ejecución (procedimiento que debe hacerse mediante la
depuración de casillas).
En el formulario F.146 ―INFORME MENSUAL DE LABORES POR
MATERIA EN LOS JUZGADOS DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA‖
en el bloque VI. Se recoge el movimiento mensual de labores en el que
está consignada la variable ―Sentencias Dictadas‖ la cual se desagrega en:
1.Conciliaciones
2.En incidentes
3.En etapa de ejecución
4.Otras
De esta manera se contabilizan las sentencias dictadas por los jueces y se
contempla en el punto 3 lo referente a la las dictadas en ejecución.
Adicionalmente, la Sección a mi cargo, con el fin de tener un mejor
control de la situación de los expedientes en torno a la etapa procesal
donde se encuentran, definió mediante oficio N°33-EST-05 del 22 de
febrero de 2005, el procedimiento para tratar las etapas de conocimiento y
ejecución, mismo que fue conocido por el Consejo Superior en la sesión
19-05 celebrada el 15 de marzo del 2005, artículo LVI, donde se dispuso
que el Departamento de Tecnología de la Información, Área de
Informática de Gestión, debe construir un procedimiento automatizado
para lograr la implementación del proceso recomendado. Ante esta
recomendación es de conocimiento de esta Sección que el Área de
Informática no ha podido llevar a cabo dicho procedimiento.
                                            133

       Por lo antes expuesto, se considera que actualmente se cumple con la
       recopilación estadística en lo referente a las ejecuciones de sentencia; no
       obstante, si la Comisión de la Jurisdicción Laboral lo considera puede
       ampliarse o modificarse la forma de captura de los datos. En ese sentido
       estamos a la mayor disposición de reunirnos para lo que se estime
       necesario y lograr que la estadística sea el mayor reflejo de la labor
       realizada.‖
                                      -0-

      Se dispuso: Comunicar al Departamento de Planificación, que al conocer los

reportes de información estadística para analizar el rendimiento de los jueces, se

debe tomar en cuenta también las ―ejecuciones de sentencia‖, para que éstas sean

reflejadas como parte de las labores desarrolladas.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                   ARTÍCULO L

      La doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina

Legal, en oficio N° J.D.M.L. 2005-0916 de 27 de julio último, remite las notas del

doctor Osvaldo Hernández Duarte, quien ofrece sus servicios como Médico

Especialista Consultor en Medicina Interna y como médico por el Sistema de

Honorarios para la Jurisdicción de Upala.

      No omite señalar doña Leslie que esa jefatura considera de gran importancia

la contribución que el doctor Hernández Duarte pueda brindar para la resolución

de asuntos médico legales en procura de una justicia pronta y cumplida.
                                           134

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y nombrar por el sistema de

honorarios al doctor Hernández Duarte, como médico Especialista Consultor en

Medicina Interna para la jurisdicción de Upala.

      La Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva determinará si para

este caso particular se requerirá la suscripción de un contrato, caso afirmativo

procederá a la elaboración correspondiente así como a normalizar contractualmente

la situación de aquellos otros médicos que fueron contratados para ese sistema.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                    ARTÍCULO LI

      El 3 de agosto en curso, se recibió copia del oficio N° 598-055-AEEC-2005,

que el licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, dirigido al

licenciado Osvaldo López Mora, Juez del Juzgado Contravencional y Menor

Cuantía de Abangares, que dice:

        ―De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General
       de Control Interno, le remito el estudio efectuado por la Sección de
       Estudios Económicos de esta Auditoría, referente a la evaluación del
       control interno sobre la suficiencia, confiabilidad y efectividad en el uso y
       administración en general de los recursos económicos de terceros bajo
       responsabilidad del Despacho a su cargo; cuyos resultados, conclusiones
       y recomendaciones avalo en todos sus extremos.
       No omito indicar, que según se desprende del estudio de referencia, se
       identificaron algunas debilidades de control interno, las cuales en su
       oportunidad se externaron en el Acta de Discusión de Resultados, no
       obstante, para efecto del presente informe se ampliaron algunos de ellos,
       exponiéndose las acciones básicas para reforzar los controles existentes.‖
                                           135

                                           -0-
        Asimismo se transcriben las siguientes conclusiones y recomendaciones

emitidas en el informe citado:

         “[…]

         El control interno sobre la suficiencia, confiabilidad y efectividad de la
         administración en general de los recursos económicos, bajo
         responsabilidad del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
         Abangares, no es satisfactorio, por cuanto se identificaron algunas
         deficiencias que debilitan el sistema de control interno, generados por el
         incumplimiento de algunos lineamientos establecidos en el Reglamento y
         el Manual de Procedimientos para el Manejo de las Cuentas Corrientes
         Judiciales, del plan para la centralización de las cuentas corrientes
         judiciales en las unidades administrativas y subadministraciones
         regionales y su manual de procedimientos, así como algunas de las
         circulares emitidas por la Secretaria General de la Corte y Consejo
         Superior para éstos efectos; a saber:
        Se identificó un sobregiro en la cuenta que el Despacho evaluado
         mantiene en el BCR, por ¢15.000,00.
         Algunas copias de cheques emitidos de la cuenta del BNCR no tienen el
         recibido conforme y número de cédula de quien lo retiro o se encuentran
         al carbón .
         No se lleva el control del saldo en el dorso de las boletas de depósitos
         giradas parcialmente y el documento original se adjunta al primer cheque
         emitido siendo lo correcto en el último.
         Los intereses ganados en la cuenta corriente del BNCR de diciembre
         2004 a junio último, están pendientes de trasladar a la cuenta del Banco
         de Costa Rica administrada por el Departamento Financiero Contable.
         No se incluye en el libro de control de formularios de cheques en blanco
         el nombre del servidor que lo entrega y recibe.
         No se depuran oportunamente los estados de conciliación de ambas
         cuentas.
         Se mantienen como activos depósitos que aparentemente no tienen
         contenido económico, por cuanto cubren sobregiro y otros que
         probablemente ya se giraron.
                                     136

  Es importante señalar, que de no subsanarse las debilidades antes
  mencionadas, existe un mayor riesgo de que se presenten errores e
  irregularidades en la administración, control y custodia de los recursos de
  terceros bajo responsabilidad del Juzgado de referencia, por lo cual en el
  siguiente aparte, se señalar las recomendaciones que se estiman
  pertinente implementar, a fin de reforzar dicho sistema de control interno.
  4.    RECOMENDACIONES
  De conformidad con los resultados y conclusión del presente estudio y
  con base en lo dispuesto por los artículos 54 y 96 del Reglamento de
  Cuentas Corrientes Judiciales, esta Auditoría se permite externar las
  siguientes medidas correctivas, las cuales pretenden fortalecer el control
  interno del Despacho de referencia en este campo.
  Unidad Administrativa Regional de Liberia
1. Velar porque el Juzgado evaluado realice mensualmente el traslado de los
  intereses ganados en la cuenta corriente, a la N° 217979-2 del Banco de
  Costa Rica que administra el Departamento Financiero Contable, tal
  como lo establece la circular 007a-2001 del Departamento precitado y
  reiterada el 06 de octubre del 2003, a través de la circular N° 18.
2. Informar oportunamente a la Sección de Auditoría de Estudios
  Económicos y al respectivo Despacho Judicial, la existencia de
  sobregiros en las cuentas corrientes bajo su control, tal y como lo
  establece el artículo 41 del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales.
  Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Abangares
1. Informar oportunamente a la Sección de Auditoría de Estudios
  Económicos y a la Unidad Administrativa Regional de Liberia, la
  existencia de sobregiros en las cuentas corrientes a su cargo, tal y como
  lo establece el artículo 41 del Reglamento de Cuentas Corrientes
  Judiciales.
2. Velar por que al girar parcialmente un depósito, el documento original se
  adjunte a la copia del último cheque emitido y en los anteriores se
  adiciona una fotocopia o transcripción de la misma, como lo establece el
  artículo 19 del Reglamento de marras.
3. Controlar en el dorso de las boletas originales giradas parcialmente, los
  saldos de montos girados y pendientes de girar, en cumplimiento de lo
  indicado en el artículo 19 del Reglamento de cita.
4. Corroborar que en todas las copias de los cheques el beneficiario (a) o
  autorizado a retirarlo consignen el recibido conforme y número de cédula
                                     137

  a tinta, en cumplimiento de la operación N° 18, del procedimiento N° 1.3
  del Manual de Procedimientos para el Manejo de las Cuentas Corrientes
  Judiciales, así como el párrafo segundo del punto 3.2.2 referente a la
  entrega de cheques, disponible en el Reglamento de Cuentas Corrientes
  Judiciales, en el aparte denominado “Algunas notas y apuntes sobre el
  contenido del Reglamento.”
5. Trasladar los intereses ganados en la cuenta corriente del Despacho, a la
  cuenta N° 001-0217979-2 del BCR y en lo sucesivo continuar haciéndolo
  en forma mensual, sin omitir la resolución que ordena girar, en
  cumplimiento de la circular N° 007a-2001, del 20 de abril del 2001,
  emitida por el Departamento Financiero Contable, para los despachos
  judiciales que manejan cuentas corrientes judiciales del Banco Nacional
  de Costa Rica.
6. Velar por que el libro de control de talonarios de cheques en blanco,
  disponga de toda la información necesaria, acorde con lo indicado en la
  Circular N° 16-93, del Boletín Judicial N° 141, del 26 de julio de 1993,
  numeral 5.
7. Depurar mensualmente los anexos de los estados de conciliación
  bancaria, en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 3 incisos e) y
  k), 4 inciso f), 49 y 85 del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales.
8. Corroborar si las boletas de depósitos consignadas en el anexo B del
  estado de conciliación bancaria, corresponden a procesos que se tramitan
  en el Juzgado y si ya fueron giradas, tal como lo establece el artículo 49
  del Reglamento de marras.
9. Identificar si las constancias de depósitos registradas en el anexo C del
  estado de conciliación bancaria, ya fueron giradas, en caso afirmativo y
  que la cuenta corriente se encuentra sobregirada, se deben hacer las
  gestiones pertinentes para solventarlo, así como solicitarle a la Unidad
  Administrativa Regional de Liberia la colaboración del caso como
  intermediario ante el Banco, en cumplimiento de los artículos 4.f y el 49.
10. Verificar si el cheque N° 62928809, fechado 16 de mayo del 2001, por la
  suma de ¢148,40 no ha sido cambiado por el Banco, en caso afirmativo
  anularlo e informarle a la Unidad Administrativa Regional de Liberia, en
  cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de Cuentas Corrientes
  Judiciales, el procedimiento 3.3, operación 2.4 del Manual de
  Procedimientos para el Manejo de las Cuentas Corrientes Judiciales y la
  operación N° 6 del Plan para la centralización de las cuentas corrientes
  judiciales en las unidades administrativas y subadministraciones
                                          138

       regionales, referente a la anulación y reposición de cheques con más de
       cuatro años de emitido.
     11. Realizar las gestiones pertinentes, a efecto de cubrir el sobregiro de ¢
       15.000,00 originado con la emisión del cheque N° 10000002-1 de la
       cuenta del Banco de Costa Rica, en cumplimiento del artículo 41 del
       Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales.
     12. Corroborar que siempre en las boletas de depósitos se consigne el
       nombre del Despacho Judicial y el respectivo número de cuenta, tal como
       lo estipula el artículo 4 inciso h) del Reglamento de cita.
     13. Realizar un estudio exhaustivo de las constancias que se mantienen como
       activas, a efecto de determinar si cubren algún sobregiro, se han girado
       anteriormente; es decir, si tienen contenido económico, en cumplimiento
       del artículo 18 del Reglamento de marras.‖

                                          -0-
      Se acordó: Acoger el informe anterior y las recomendaciones en él

contenidas, las cuales deberán ser cumplidas de inmediato por los despachos ahí

citados.

ASUNTOS VARIOS

                                  ARTÍCULO LII

      Con oficio PJ-BID-CS 094-05 de 29 de julio último, la licenciada Sonia

Navarro Solano, Secretaria de la Comisión de Seguimiento del Programa Poder

Judicial-BID, para su respectiva aprobación y orden de inicio, remite el cartel o

pliego de condiciones del anteproyecto de Contratación Directa N° 165-05, que

tiene por objeto ―Contratar los servicios de un (a) traductor (a) con experiencia en

traducción simultánea, incluyendo el equipo‖, para las dos charlas que impartirá la

Dra. Eva Joly en Costa Rica.
                                        139

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la contratación directa indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

a)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Continuar con el Programa de Modernización de la Administración de

Justicia, y cumplir con los objetivos del Contrato de Préstamo entre la República

de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo No. 1377 OC –CR, Ley de

la República No. 8273. El gasto a realizar, será con cargo al presupuesto del

Programa, aporte Local.

b)    Partida presupuestaria:

      Se procederá a confeccionar la correspondiente Solicitud de Pedido, con

cargo a la subpartida 199 ―Otros servicios no personales‖, a efecto de atender las

obligaciones que se deriven de este procedimiento, la que corresponde a un monto

máximo, estimado en       $1,500.00 (mil quinientos dólares exactos), monto que
                                        140

corresponde al Aporte Local, conforme la disponibilidad presupuestaria del

Programa.

c)    Estudios que motivan el inicio de los procedimientos:

      Conforme     el desarrollo y resultados de actividades previas, se estima

necesario la celebración de este seminario.

d)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en la Ley del Préstamo 1377 OC-CR (Ley No. 8273) y

conforme los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación Administrativa (Ley Nº

7494), corresponde hacerse cargo del procedimiento a la Unidad Ejecutora del

Programa.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la
      correcta ejecución del objeto de la contratación:

      Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del

Reglamento General de Contratación Administrativa, debe hacerse indicación

expresa de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración

para verificar la correcta ejecución del objeto de esta contratación. De esta forma,

se prevé que la verificación de la correcta ejecución del objeto de la contratación

estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa.

f)    Aspectos relevantes del procedimiento:
                                      141

     Tema:        Contratación de servicios de traducción simultánea, incluyendo

                  equipo.

     Objetivo:    ―Contar con servicios de un (a) traductor (a) para atender las

                  charlas que se impartirán en el mes de septiembre por la Dra.

                  Eva Joly, para el Ministerio Público‖

     Subpartida

     y aporte:     El Programa cuenta con suficientes fondos para hacer frente a

                   esta contratación, los cuales serán con cargo a la subpartida

                   correspondiente. Para esta contratación se ha estimado un

                   monto máximo de $1,500.00 (mil quinientos dólares exactos),

                   el cual sería cancelado con fondos del préstamo 1377/OC-CR,

                   Aporte Local.

     Procedimiento:    Por el presupuesto (monto) y conforme a la legislación

                   vigente, se solicita la autorización respectiva, para proceder a

                   realizar una Contratación Directa, a la cual se le asignará el

                   No. CD 165-05.

     El Programa Poder Judicial-BID tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LIII
                                       142

      La licenciada Sonia María Arias Gutiérrez, Fiscal del Colegio de Abogados,

en oficio N° FCA-06-11-05 de 8 de junio del año en curso, de conformidad con el

cuerdo N° 7.3 de la Junta Directiva constituida en Consejo de Disciplina en sesión

N° 15-2005 celebrada el 14 de abril del 2005, remite copia certificada del

expediente administrativo 075-05 que es queja interpuesta de oficio por el Juzgado

Penal I Circuito Judicial en contra del licenciado Carlos Rodríguez Rescia, para lo

que corresponda.

      Se acordó: 1) Tomar nota del oficio FCA.06-11-05 de la Fiscalía del

Colegio de Abogados. 2) Conceder audiencia de 3 días contados a partir del recibo

de la presente comunicación al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San

José, a fin de que explique las razones por las cuáles no atendió la prevención

realizada por el Colegio de Abogados de aportar piezas del expediente 99-20235-

042-PE donde figuraba como abogado defensor el licenciado Carlos Rodríguez

Rescia, para proceder a la apertura del procedimiento administrativo disciplinario

de la queja que ese mismo Despacho puso en conocimiento del citado colegio

profesional. 3) Comunicar a lo Despachos Judiciales, mediante una circular, que

cuando presenten quejas al Colegio de Abogados, deberán aportar las respectivas

piezas del proceso que se consideren importantes para la debida instrucción del

expediente administrativo disciplinario en esa sede, de lo contrario, la denuncia
                                          143

presentada será declarada inadmisible por la Junta Directiva del citado Colegio y

en abandono la queja presentada.

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO LIV

      La señora Yadira Calvo Fajardo y el señor Faustino Chamorro González, en

escrito de 28 de julio último, presentan la siguiente gestión:

             ―Nosotros, Yadira Calvo Fajardo, Catedrática Universitaria, cédula
       3-205-774 y Faustino Chamorro González, Catedrático Universitario,
       cédula 8-039-341, ambos mayores, casados, vecinos de San José, atentos
       decimos:
              Nos presentamos ante el Poder Judicial, a reclamar en sede
       administrativa, el pago de daños y perjuicios, por la actuación irregular e
       ilegal de un funcionario de ese Poder, con el fin de agotar esta vía, con
       base en los siguientes hechos:
              En el Juzgado Agrario de Corredores, se tramita desde principios
       del año 2003, el expediente número 03-1 00063-0442-CI (21 2-2-03), que
       es un proceso de desahucio de Río Baru Los Espabeles, 5. A. contra
       Ramón Marín Berrocal, Omer Marín Porras y Paulino Marín Porras.
       Dicho proceso tiene sentencia firme.
              El 14 de marzo de 2005, la señora Jueza Agraria de Corredores,
       Licenciada Marisel Zamora Arias, le ordenó al Destacado de la Fuerza
       Pública de Dominical de Osa, que procediera al desalojo de los
       demandados en ese proceso: Ramón Marín Berrocal, Omer Marín Porras,
       Paulino Marín Porras, con todas sus pertenencias, pues ellos tienen ahí
       sus viviendas.
            Las fincas en las que debía realizarse el lanzamiento de los
       demandados son:
       1) Finca del Partido de Puntarenas, matrícula 076013-A-000 situada en
       Ciudad Cortés de Osa que linda al norte con Waldemar Montoya
       Fernández, Vicki S. A. y Rodolfo González Barrantes, sur Waldemar
       Montoya Fernández y Wilbert Montoya Gómez, este Amado Sánchez
       Esquivel, oeste Waldemar Montoya Fernández y Wilbert Montoya
                                   144

Gómez, Vedoba y Compañía Limitada, Gerardo Quesada Loaiza y calle
pública, con plano catastrado 0975076-1991, la cual le pertenece a Río
Baru Los Espabeles 5. A. cédula jurídica 3-101-086294 y 2) Finca del
Partido de Puntarenas matrícula 250340-000, situada en Ciudad Cortés de
Osa que linda al Norte con Diego Porras y otro, sur Gabriel Porras y otro,
este Carmelo Monge, oeste carretera y otro, que mide ciento cuarenta y un
mil ciento cincuenta y seis metros con noventa y seis decímetros
cuadrados con número de plano no indica, propiedad de la misma
empresa.
      La señora Jueza indicada, también le ordenó al Destacado de la
Fuerza Pública de Dominical de Osa, que le previniera a los demandados
Ramón Marín Berrocal, Omer Marín Porras, Paulino Marín Porras, que
deben abstenerse de perturbar al representante de la empresa actora en el
ejercicio de su derecho de posesión y en el caso de que se introduzcan
nuevamente a la propiedad, se les podrá seguir causa penal en su contra
por el delito desobediencia a la autoridad.
      Los suscritos somos propietarios, por partes iguales, de tres
inmuebles que están contiguos y conforman uno solo, los cuales le
compramos a la señora Pilar Porras Berrocal, vecina de Dominical de
Osa. Los tres inmuebles juntos miden en total 480,03 metros cuadrados
(cuatrocientos ochenta metros, con tres decímetros cuadrados).
    La finca que conforman estos tres inmuebles colinda con el
inmueble que ocupan los demandados Ramón Marín Berrocal, Omer
Marín Porras y Paulino Marín Porras.
       Esos tres inmuebles fueron segregados de la finca del Partido de
Puntarenas Sistema de Folio Real Matrícula número 19.800-000, que
estaba inscrita en el Registro a nombre de doña Pilar Porras Berrocal,
cuando se hicieron las segregaciones.
       El primer lote se lo compramos a doña Pilar Porras Berrocal el 7
de febrero de 1 979 y se describe así: Terreno para construir, situado en el
Distrito 1 ° Cortés, del Cantón 5° Osa de la Provincia de Puntarenas,
colinda al norte con resto reservado de Pilar Porras Berrocal, al sur con
José Porras, al este con resto reservado y al oeste con calle pública, con
un frente a ella de 8,47 metros. Mide 1 93,03 metros cuadrados. El plano
catastrado es el número P-337932-79. Se inscribió en el Registro Público,
el día 21 de febrero de 1980, como finca independiente con la matrícula
33.769 - 000.
       El segundo lote se lo compramos a doña Pilar Porras Berrocal el 23
de abril de 1 994 y se describe así: Terreno para construir, situado en el
                                   145

Distrito 1 ° Cortés, del Cantón 5° Osa de la Provincia de Puntarenas,
colinda al norte con resto reservado de Pilar Porras Berrocal, al sur con
Faustino Chamorro González y Yadira Calvo Fajardo, al este con resto
reservado y al oeste con calle pública, con un frente a ella de 3,76 metros.
Mide 174 metros cuadrados. El plano catastrado es el número P-679580-
87. Se inscribió en el Registro Público, el día 1 9 de julio de 1 995, como
finca independiente, con la matrícula 89513 - 000.
       El tercer lote se lo compramos a la misma señora el 31 de marzo de
1998 y se describe así: Terreno para construir, situado en el Distrito 10
Cortés, del Cantón 5° Osa de la Provincia de Puntarenas, colinda al norte
con resto reservado de Pilar Porras Berrocal, al sur con Digno Porras, al
este con resto reservado y al oeste con Faustino Chamorro González y
Yadira Calvo Fajardo. Mide 113 metros cuadrados. El plano catastrado es
el número P-344381-96. Se inscribió en el Registro Público, el día 14 de
mayo de 1998, como finca independiente, con la matrícula 105088 - 000.
      Nosotros hemos poseído esos inmuebles, desde que los
compramos, es decir, desde hace veintiséis años la primera; desde hace
once años la segunda y desde hace siete años la tercera.
       La posesión ha sido en forma quieta, pública, pacífica, a título de
propietarios registrales, a vista y paciencia de toda la comunidad, incluso
del representante de la empresa que demandó por desahucio a los señores
Ramón Marín Berrocal, Omer Marín Porras y Paulino Marín Porras.
       A vista y paciencia de todos, construimos una casa en esa finca y
hemos disfrutado de ella desde hace veinte años, sin tener problemas con
nadie.
      En enero de 2005, nosotros levantamos de nuevo las columnas del
portón, derribadas por el huracán César y construimos un camino de
cemento de 16 metros de largo, por 3,20 metros de ancho.
       El día viernes 1° de abril de 2005, hacia el mediodía, se
apersonaron a nuestra finca, un grupo de policías, indicándonos que
tenían orden de desalojar todas las casas que se encontraban dentro de las
fincas propiedad de la empresa actora y que la nuestra estaba entre de
esos inmuebles. El señor Destacado de la Fuerza Pública, señor Alcides
Navarro Padilla, se presentó como el jefe del grupo.
      En ese momento, los suscritos nos opusimos a que los policías nos
echaran de nuestra propia casa y de nuestro propio inmueble, a la calle.
                                   146

      Nosotros les informamos a los policías, especialmente a su jefe, en
ese momento, que no teníamos ninguna relación con el juicio donde se
ordenaba el desalojo.
       Nosotros les mostramos al señor Alcides Navarro Padilla, en ese
momento, las escrituras originales debidamente inscritas en el Registro
Público, los planos originales inscritos en el Catastro Nacional y los
respectivos certificados de propiedad, emitidos por el Registro de la
Propiedad, documentos que nos acreditan como propietarios. El señor
Navarro le pidió al suscrito Faustino Chamorro González, que lo
acompañara al puesto de la Delegación Policial, para sacarle fotocopias a
dichos documentos y así se hizo.
        Nosotros les hicimos ver claramente al señor Alcides Navarro
Padilla, en ese momento, que los números de las fincas en las que se
ordena el desalojo, son absolutamente diferente al número de los
inmuebles que nos pertenecen, por partes iguales, y que conforman una
sola finca.
        El Destacado de la Fuerza Pública, señor Alcides Navarro Padilla,
después de hablar con nosotros, consultó por teléfono con la señora Jueza,
doña Marisel Zamora Arias, y le manifestó que nosotros teníamos a mano
las escrituras y los planos catastrados, debidamente inscritos en el
Registro Público y en el Catastro Nacional, así como los respectivos
certificados de propiedad, documentos todos que nos legitimaban como
propietarios de nuestro inmueble. Le indicó a la señora Jueza, que los
números de las fincas donde había que hacer el desalojo, no coincidían
con los números de los inmuebles nuestros, por lo que no procedía el
desalojo contra nosotros. Don Alcides le comunicó todo esto por escrito a
la señora Jueza. La nota aparece al folio 253 del expediente.
       No obstante, después de la consulta y de la conversación sostenida
entre don Alcides Navarro Padilla y la señora Jueza, procedieron los
policías a lanzarnos a la calle a nosotros también, con todos nuestros
haberes, porque la jueza les había ordenado, que nos lanzaran a la calle
también                              a                            nosotros.
Los policías, cuyo jefe es el señor Alcides Navarro Padilla, nos ordenaron
que sacáramos todos nuestros muebles a la calle. A esto no accedimos, y
después de una larga discusión infructuosa con ellos, procedieron a
hacerlo a la fuerza, por su cuenta. Fue así como echaron a la calle,
durante la tarde y gran parte de la noche, entre otras cosas, nuestras
camas, el juego de comedor, la refrigeradora, los muebles de sala, el
aparador, el trinchante, los muebles de cocina, la cocina misma, los
                                    147

cilindros de gas, la radio grabadora, la licuadora, las ollas, los utensilios
de cocina, herramientas de carpintería y de jardinería, nuestra ropa, en fin,
todos los bienes de los que nos hemos servido en la casa, durante todos
estos años. Los policías arrancaron el medidor de la corriente eléctrica.
También desconectaron los tubos que servían para el suministro de agua
del pozo y desconectaron la bomba de agua, sin tener los conocimientos
adecuados, por lo que la dañaron.
       A raíz de lo acontecido, nos vimos obligados a buscar, al precio
que fuera, una casa en alquiler, disponible donde albergar nuestros
muebles, así como el servicio de transporte necesario y a trabajadores
para que ayudaran con la carga y descarga. Esta Labor se realizaba ya
durante la noche y atropelladamente, previendo que pudiera llover, con lo
cual, resultaron daños en los muebles. Así mismo, esa noche tuvimos que
buscar alojamiento para nosotros.
       A nosotros se nos ha causado con estos hechos, un daño moral
grave, producido por el despojo material de que fuimos objeto, y del dolor
de ver cómo lanzaban nuestros muebles a la calle, dada nuestra condición
de adultos mayores, Catedráticos Universitarios, galardonados ambos con
premios nacionales por nuestro quehacer académico.
        Nos sentíamos y nos sentimos profundamente humillados,
avergonzados y frustrados, tanto por la vigilancia policial que sufríamos,
como por el sentimiento de desvalidez e impotencia, así como por la burla
de los vecinos y del criterio que se formarían de nosotros a partir del ese
momento, sobre todo, porque nuestra trayectoria de vida, conocida en esa
comunidad, ha sido siempre recta, intachablemente honrada, y acordada a
la ley y a la moral.
       Desde que sucedieron los hechos, hemos tenido que acudir a
consulta siquiátrica, para que ese profesional nos ayude a sobrellevar
nuestro sufrimiento. En su diagnóstico escrito, nos recomendó continuar
con la asistencia siquiátrica y nos recetó tratamiento sedativo.
      El Juzgado Agrario de Corredores, nunca nos notificó el proceso
número 03- 100063-0442-Cl (212-2-03), que es un juicio de desahucio de
Río Barú Los Espabeles, S. A. contra Ramón Marín Berrocal, Omer
Marín Porras y Paulino Marín Porras, al que ya hicimos referencia.
       Nosotros no fuimos parte demandada. No fuimos coadyuvantes.
No fuimos terceros interesados, en fin, no nos habíamos enterado de la
existencia de ese juicio, sino hasta el momento en que fuimos vilmente
vilipendiados, avergonzados y arrojados a la calle, puestos en ridículo,
                                   148

ante todos los habitantes de la comunidad de Dominical de Osa, quienes
siempre nos han tenido en muy alta estima.
       La señora jueza, doña Marisel Zamora Arias, actúo en el ejercicio
de su función pública, con evidente ilegalidad, negligencia e imprudencia,
pues a pesar de haber sido enterada, telefónicamente y por escrito, por el
Destacado de la Fuerza Pública, de las circunstancias irregulares en que
se iba a realizar nuestro desalojo, ordenó a los policías que continuaran
con la orden de desalojo y eso produjo el despojo de nuestro bien
inmueble.
       La resolución que ordenó el desalojo, fue apelada por los
demandados, para ante el Tribunal Agrario de Goicoechea, y nosotros nos
apersonamos al proceso, por primera vez, en nuestra condición de
terceros coadyuvantes afectados e interesados.
       El Tribunal Agrario de Goicoechea ordenó reconocimiento judicial
en los terrenos objeto del litigio, para las 9:00 horas del 1 5 de julio de
2005
       En razón de que se nos había lanzado a la calle en forma ilegal, el
Tribunal Agrario de Goicoechea propuso al representante legal de la
actora la posibilidad de restituirnos el inmueble a nosotros, a lo cual
accedió y nosotros aceptamos, reservándonos el derecho de cobrar los
daños y perjuicios que se nos ha ocasionado.
       Ese mismo día, quince de julio de dos mil cinco, el Tribunal nos
puso en perfecta posesión de nuestros inmuebles y empezamos a trasladar
nuestros bienes.
      A hoy, no hemos podido reparar la bomba de agua, ni hemos
podido reinstalar el medidor de la corriente eléctrica.
                            DAÑOS Y PERJUICIOS:
      Los daños y perjuicios que reclamamos en sede administrativa, por
habérsenos causado con la conducta negligente, imprudente, irregular e
ilegal de la Jueza citada, están representados por: A) Quinientos cinco mil
colones, que corresponde al alquiler de una casa que tuvimos que pagar,
para tener nuestros bienes muebles desde el momento en que sucedió el
despojo ilegal, hasta el 1 5 de julio de 2005, en que el Tribunal Agrario de
Goicioechea, nos puso en posesión de nuestras propiedades. B) Cincuenta
mil colones que corresponde al pago que hicimos a las personas que nos
prestaron sus servicios para la carga y descarga de los muebles de nuestra
casa despojada, a la casa que alquilamos y su regreso. C) Treinta mil
colones que corresponde al pago que hicimos por transporte de los bienes
                                  149

muebles, de nuestro inmueble despojado a la casa que alquilamos y su
regreso. D) Cincuenta mil colones que corresponde al pago de honorarios
del siquiatra. E) Doscientos mil colones que corresponde a diez horas que
cada uno de nosotros hemos tenido que dedicar para resolver este
problema en que nos metió la señora Jueza, a razón de diez mil colones
cada hora. E) Quinientos cincuenta mil colones que corresponde a los
gastos en la reparación de la bomba de agua y su reinstalación. G)
Seiscientos mil colones que corresponden a honorarios profesionales de
abogado que hemos tenido que pagar hasta hoy, por la recuperación del
inmueble y este reclamo administrativo. H) Siete millones quinientos mil
colones que corresponde al daño moral causado a la suscrita Yadira Calvo
Fajardo. 1) Siete millones quinientos mil colones que corresponde al daño
moral causado al suscrito Faustino Chamorro González. El total de la
indemnización reclamada en esta sede asciende a la suma de
çtl6.985.000,oo (dieciséis millones novecientos ochenta mil colones).
                    SOLICITUD DE INDEMNIZAR
      Solicitamos al Poder Judicial, que por haber incurrido la Jueza
Agraria de Corredores, señora Marisel Zamora Arias, en un acto
irracional, negligente, e ilegal, violatorio de nuestro derecho de
propiedad, se ordene el pago en sede administrativa, de estos rubros
reclamados, por ser su patrono y por tener responsabilidad
extracontractual subjetiva indirecta, en los daños y perjuicios causados.
                                PRUEBA
      Documental: Solicito se pida al Tribunal Agrario de Goicoechea,
copia certificado del expediente en que consta toda la prueba de los
hechos expuestos
        Testimonial: Si fuere necesario ordenar prueba de esta naturaleza,
solicito que se llame a declarar a los señores: Alcides Navarro Padilla;
Gilberth Valverde Retana; Miguel Sáenz Quesada y Olman Cordero
Peraza, calidades y vecindario que ignoro, pero que pueden ser
localizados por nuestro medio en el Destacamento de la Policía de Ciudad
Neílly.
             AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

       En el evento de que se rechace el pago de las indemnizaciones
indicadas, pedimos que se de por agotada la vía administrativa, para
proceder a presentar el proceso ordinario, por la vía contenciosa
administrativa.
                                          150

                                  NOTIFICACIONES
            Atendemos notificaciones con el autenticante, en el Bufete Carazo,
       Montero & Fernández, rotuladas con su nombre, en avenida 8 calles 9 y
       11 número 963.‖
                                          -0-

      Este Consejo Superior, en varias oportunidades, entre ellas en la sesiones

números 66 y 73-02 del 5 de setiembre y 1° de octubre deL 2002, artículos LXXI y

LXXXV, respectivamente, ha acogido el criterio externado por el Asesor Legal de

la Dirección Ejecutiva, que seguidamente se transcribirá:

             ―…En reiterados criterios el suscrito se ha referido a la
       responsabilidad del Poder Judicial en cuanto a la actividad jurisdiccional
       y a la del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial
       cuando actúan con base en una orden judicial (por ejemplo en un
       allanamiento), en la forma siguiente:
       ―(...) La Ley General de la Administración Pública reconoce, en los
       artículos 190 y siguientes, la responsabilidad del Estado por la emisión de
       los actos administrativos en general.           Este régimen se aplica
       principalmente sobre la actividad del Poder Ejecutivo y,
       excepcionalmente, a los Poderes Legislativo y Judicial en tanto realicen
       función administrativa. Sobre este último punto cabe además citar el
       artículo 1, párrafos 1 y 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
       Contencioso Administrativa que dice:
       1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción Contencioso
       Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política,
       encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con
       la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública
       sujetos al Derecho Administrativo(...)
       4. Para los efectos del párrafo 1 se entenderá por Administración Pública:
       a) El Poder Ejecutivo;
       b) Los Poderes Legislativo y Judicial              en   cuanto    realizan,
       excepcionalmente, función administrativa; y
       c) Las Municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás
                                   151

entidades de Derecho Público."
Asimismo, el artículo 201 de la Ley General de la Administración Pública
señala que el Estado es responsable solidario con su servidor ante terceros
por los daños que este cause en las condiciones señaladas por esta ley,
vale decir en el ejercicio de la función administrativa.
 En el caso concreto, el gestionante hace referencia a un acto realizado
por un funcionario en ejercicio de su función jurisdiccional, no en
ejercicio de la función administrativa. Es importante anotar que no existe
en nuestro ordenamiento jurídico ningún precepto legal por el cual el
Poder Judicial (Estado) sea responsable solidario por los daños y
perjuicios causados por sus servidores con ocasión del ejercicio de la
actividad jurisdiccional.
       "(...) Para que el Poder Judicial (Estado) sea responsable solidario
por los daños causados por un servidor con ocasión del ejercicio de la
actividad jurisdiccional, se requiere que exista una ley previa que
establezca dicha responsabilidad. Como se dijo, en nuestro ordenamiento
jurídico únicamente existe la responsabilidad solidaria del Estado con
ocasión del ejercicio de la función administrativa. Aceptar que el Estado
es responsable solidario por los daños reclamados -originados en la
actividad jurisdiccional- sería violar el principio de legalidad establecido
en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública".
     Por su parte, el referido artículo 199 de la Ley General de la
Administración Pública establece:
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que
haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o
con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y
oportunidades que le ofrece el cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos
manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta
ley.
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la
Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que
pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar
la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este
artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la
Administración frente al ofendido.
                                  152

      Al respecto, el Licenciado Eduardo Ortiz Ortiz en la discusión
parlamentaria de la Ley General manifestó:
        ―En Costa Rica prácticamente no ha existido un régimen de la
responsabilidad personal del servidor del servidor público, por los
encuentros o agravios que cometen en la función. Esta ha sido una
elaboración muy vieja por el miedo de que al responsabilizar
personalmente al funcionario pueda paralizarlo, por temor a las
consecuencias de su actuación.          Entonces idearon una serie de
descripciones muy sutiles entre lo que se llama de la falta personal y la
falta de servicio. Se decía que la falta personal es aquella que obedece a
la mala fe o al desapego del funcionario respecto al ordenamiento que
rige en su conducta como funcionario. En cambio, la falta de servicio es
aquella explicable aún con buenas intenciones de cumplir la ley por la
falibilidad humana. Son errores excusables. Posteriormente, la
jurisprudencia evolucionó en Francia en un sentido cada vez más práctico
en la siguiente forma, se constató que en la práctica era muy difícil
establecer ese juego de distinciones. Se tendió cada vez más a hacer al
funcionario más responsable por lo que fuera su conducta en el
desempeño de las funciones en daño para el tercero. En Francia se ha
llegado a la conclusión de que casi todas las faltas originan una
acumulación de responsabilidades. El funcionario que va a responder
ante la Administración y va a responder al particular. Nosotros hemos
querido coger de toda esa evolución lo que es sano. En principio, sano
consiste en que el funcionario sepa que no obstante que es funcionario
debe tener el mismo deber de prudencia y diligencia y respecto a los
derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que se
castigue con responsabilidad a un ciudadano común que le causa un daño
a otro, y no se castigue con igual responsabilidad a un empleado público
que imprudentemente, negligentemente, le cause un daño a un particular.
Todavía es más punible, nos parece, este último, porque se supone que
por su posición a tener no sólo una conducta más ejemplar sino más
controlada. El término tal es que el que viola gravemente sus deberes del
cargo, en realidad comete una negligencia punible. Sin embargo, hemos
optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han empleado
siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos jurídicos
nuestros. El dolo o culpa grave, que significa efectivamente una culpa
que ya está muy definida por los Tribunales. Dependiendo de cada caso,
es aquel caso en donde o intencionalmente o corriéndose un riesgo, o con
obvia conciencia de que se están violando reglas elementales se causó un
daño, en esos casos nosotros consideramos que es moral y además
conveniente para el buen andamiento de la Administración, desde el
                                     153

punto de vista y que crea cuidado y responsabilidad en un funcionario y
que este sea responsable personalmente ante el particular por el daño que
le causa. Aparte de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener, este
señor le va a responder en primer término al ofendido por el daño que le
causó. En segundo término le va a responder a la Administración si la
Administración tiene que pagarle al particular. Por eso hablamos de dolo
o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa leve, culpa profesional o
culpa habitual, esos descuidos explicable en un funcionario, esos no se
sancionan. Pero lo que es un descuido grave, un olvido de las reglas
elementales de prudencia y en el desempeño de su cargo, eso es
sancionado por la responsabilidad frente al administrado ofendido y
frente a la Administración‖ (lo subrayado no está en el original).
     Por último, la Sala Constitucional en el voto # 5891-95, sobre la
responsabilidad objetiva del Poder Judicial, expresó:
―En cuanto a la alegada inconstitucionalidad por omisión de los artículos
190, siguientes y concordantes de la Ley General de Administración
Pública, que establecen la responsabilidad objetiva de la Administración
Pública, por no consignar en forma expresa al Poder Judicial, de manera tal
que la responsabilidad objetiva del Estado establecida en estas normas se
refiera únicamente a actos y funciones administrativas, no pudiendo ser
aplicables al Poder Judicial, en el tanto desarrolla el servicio público de la
administración de justicia, la acción también resulta improcedente. La
responsabilidad del Estado derivada del ejercicio de la función
jurisdiccional debe regirse de conformidad con lo establecido en la propia
Constitución Política y en la ley, según lo dispuesto en la Carta
Fundamental en su artículo 154:
"El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la Ley, y las
resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen
otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos
legislativos."; de lo cual se derivan dos conclusiones básicas: 1.) En primer
término, constituye un principio constitucional la responsabilidad directa
del Estado en los casos de error judicial y funcionamiento anormal de la
administración de justicia, la cual deriva precisamente de lo dispuesto
concretamente en el artículo 9 constitucional, el cual dispone en lo que
interesa:
"El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y
responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial."; en relación con los artículos 11, 33, 41 y
154 constitucionales, y que resulta congruente con los principios del Estado
                                     154

Social de Derecho, precisamente con el de interdicción de arbitrariedad de
los poderes públicos, el de seguridad jurídica e igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley. Esta responsabilidad se justifica por el hecho de que
la función de juzgar es manifestación de un Poder, uno de los tres del
Estado, lo cual implica su condición de servicio público, de organización de
medios materiales y personales destinados a la satisfacción de la demanda
social de justicia. En este sentido, en un Estado de Derecho, tanto la
función administrativa como la jurisdiccional constituyen modos de
ejecución de la ley, y su única distinción consiste en los efectos; a los
tribunales de justicia les corresponde la comprobación de los hechos y del
derecho mediante fallos que poseen una fuerza especial, el valor jurídico
propio que se llama "cosa juzgada", en virtud de la cual no puede ser
modificada, discutida, retirada, retractada, sino únicamente mediante los
recursos establecidos en la ley; la decisión de la Administración no tiene
esta fuerza de verdad legal que se le reconoce a la cosa juzgada. Debe
tenerse en claro que son dos funciones distintas, ambas responden a fines
distintos; mientras que la función administrativa está destinada a proveer a
las necesidades de la colectividad, la función jurisdiccional tiene por fin
consolidar el orden público con la solución de las diferencias y la sanción a
las violaciones de la ley; pero que, por igual están sujetas al régimen de
responsabilidad del Estado, por cuanto el daño causado por el ejercicio de
cualquiera de estas funciones es imputable a un acto del Estado, y por lo
tanto, susceptible de comprometer su responsabilidad. En virtud de lo
dispuesto en los transcritos artículos 9 en relación con el 153
constitucionales, en consonancia con el principio general de que "todo
aquel que causa un agravio debe repararlo", no podría eximirse de
responsabilidad al Poder Judicial por el "error judicial" en el ejercicio de la
función jurisdiccional. Cabe señalar que esta responsabilidad objetiva del
Estado resulta complemento de la responsabilidad civil, penal y
disciplinaria a que está sujeto el juez, pues éstas no resultan suficientes para
garantizar debidamente los intereses de los justiciables, que por las
dificultades para su exigencia, convierten en una verdadera carrera de
obstáculos la posible reclamación, y en la mayoría de los casos, deja al
margen y sin protección aquellas situaciones en las que no es posible
apreciar el dolo o culpa del juzgador. La responsabilidad debe provenir de
una conducta dolosa o culposa del órgano jurisdiccional, constitutiva o no
de delito (responsabilidad por falta). 2.) Por otra parte, el modo de hacer
efectiva la responsabilidad del Estado por "las resoluciones que dicten en
los asuntos de su competencia" los jueces de la República corresponde
desarrollarla a la ley -según lo dispuesto en el transcrito artículo 154
constitucional-, y es el inciso b.) del artículo 2 de la Ley Reguladora de la
                                     155

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la norma legislativa que
expresamente señala la forma de hacer efectiva esa responsabilidad, ya que
atribuye a esa jurisdicción el conocimiento
"b.) De las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad
patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración Pública;
...";
     Nótese que en esta norma se utiliza el término Estado en sentido
amplio, comprendiendo con ello al Poder Judicial, como uno de los tres
Poderes que lo conforman, tanto por la función administrativa como por la
función jurisdiccional que realice.
     VIo.- La normativa impugnada únicamente será de aplicación al
Poder Judicial en el tanto realice función administrativa. La Ley General de
la Administración Pública delimita el ámbito de su aplicación a la
Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1:
"... estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno
con una personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado."
      En este sentido, la doctrina predominante, con acierto considera a la
Administración Pública no desde el punto de vista material, subjetivo u
objetivo, sino que la misma resulta caracterizada con base a la naturaleza
interna del acto administrativo, con prescindencia de la índole del órgano o
del agente productor; lo que hace definir una institución es la "substancia"
de los actos respectivos, por lo cual, puede haber "administración no sólo
en la actividad del Poder Ejecutivo, sino que también la hay en parte de la
actividad del Legislativo y del Judicial; criterio adoptado en nuestro
ordenamiento jurídico, por cuanto la jurisdicción contencioso
administrativa se aplica a:
"a.) El Poder Ejecutivo;
b.) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan, excepcionalmente,
 función administrativa; y
c.) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás
entidades del Derecho Público." (Artículo 4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.)
      En este sentido, la Administración puede ser definida como la
actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la
satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social (interés público)
y de los individuos que lo integran. Esta función es distinta de la legislativa,
la cual supone siempre la creación de una regla de derecho de carácter
                                       156

  general y abstracta o de control político; y de la judicial, que consiste en la
  resolución de conflictos y en la satisfacción de pretensiones, cuyo fin
  esencial es la tutela o defensa de los derechos subjetivos en aplicación de la
  ley, y el control de la legalidad de la función pública, función que es
  encomendada al Poder Judicial -conformada por la Corte Suprema de
  Justicia y demás tribunales de justicia.
        VIIo.- De todo lo anterior, se deriva que la responsabilidad del
  Estado -Poder Judicial- por el ejercicio de la función jurisdiccional no
  puede regirse por las normas impugnadas, de donde resulta improcedente la
  impugnación de inconstitucionalidad de los artículos 190 y 201 y siguientes
  de la Ley General de la Administración Pública por omitir incluir la
  responsabilidad del Poder Judicial por el ejercicio de la función
  jurisdiccional. por cuanto ella viene establecida y regulada en la propia
  Constitución Política, y para hacer efectivo su reclamo, debe acudirse a la
  vía contencioso administrativa, de conformidad con las normas
  supracitadas; por lo que no existe la alegada inconstitucionalidad por
  omisión, procediendo en consecuencia, el rechazo por el fondo de la acción
  en cuanto a este punto se refiere.‖ (lo subrayado no se encuentra en el
  original).
        Lo que desarrolla la Sala Constitucional en el voto transcrito puede
  resumirse en los siguientes puntos:
 La responsabilidad directa del Estado en los casos de error judicial y
  funcionamiento anormal de la administración de justicia se encuentra
  establecido como principio constitucional.
 En un Estado de Derecho la función administrativa y jurisdiccional son
  modos de ejecución de la ley y su única distinción consiste en los
  efectos; además, ambas responden a fines distintos. Sin embargo, por
  igual están sujetas al régimen de responsabilidad del Estado, por cuanto
  el daño causado por el ejercicio de cualquiera de estas funciones es
  imputable a un acto del Estado.
 Conforme a lo dispuesto por los artículos 9 y 153 de la Constitución
  Política, y según el principio general de que ―todo aquel que cause un
  daño o agravio debe repararlo, no es posible eximir de responsabilidad al
  Poder Judicial por un ―error judicial‖.
 El modo de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por resoluciones
  que dicten los jueces en los asuntos de su competencia‖, corresponde
  desarrollarla a la ley, según el artículo 154 constitucional.
                                           157

     El inciso b) del artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
      Contencioso Administrativa, es la norma legislativa que señala
      expresamente la forma de hacer efectiva esa responsabilidad,
      atribuyendo a esa jurisdicción el conocimiento de las cuestiones que se
      susciten sobre la constitucionalidad patrimonial del Estado y demás
      entidades de la Administración Pública.
     La norma anterior utiliza el término Estado en un sentido amplio,
      comprendiendo con ello al Poder Judicial, actuando tanto en función
      administrativa como jurisdiccional.
     Por lo tanto, los particulares o administrados que se sientan afectados
      con una resolución emanada de un Juez de la República, para hacer
      efectivo su reclamo deben acudir a la vía contencioso administrativa.
              En virtud de todo lo expuesto, artículos de ley citados, y en estricto
       apego de lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto 5891-95, es
       claro que el ordenamiento jurídico no habilita mediante una norma
       expresa (principio de legalidad) para que los reclamos provenientes de
       particulares o administrados que se sientan afectados por resoluciones
       judiciales, se resuelvan en sede administrativa.
             Así las cosas, dado que el reclamo que plantea (…) se sustenta en el
       funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe acudir a la
       vía contencioso administrativa para hacer valer sus pretensiones. Por lo
       tanto, se recomienda el agotamiento de la vía administrativa para que el
       gestionante pueda cumplir con lo que establece el artículo 31 de la Ley de
       la Jurisdicción Contencioso Administrativa, requisito previo para admitir
       la acción.‖
                                          --- o ---

      Con base en el criterio externado por el Asesor Legal de la Dirección

Ejecutiva, se acordó: 1) Rechazar el reclamo administrativo planteado por la

señora Calvo Fajardo y el señor Chamorro González, a quienes se les comunica

que para hacer valer sus pretensiones deben acudir a la vía contenciosa

administrativa y conforme lo solicitan se da por agotada la vía administrativa. 2)
                                         158

Hacer este asunto del conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial y de la

Comisión de la Jurisdicción Agraria y Civil, para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO LV

         Informa la licenciada Lupita Chaves Cervantes, sobre los datos en materia de

Tránsito de los Juzgados que a continuación se indican, durante el mes de junio de

2005.

Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Grecia junio de 2005.

La Licda. Roxana Álvarez González dictó 9 sentencias con juicio oral, sin

juicio 33, conciliaciones 4.

El circulante al iniciar el mes era de 315 y al finalizar el mes 306. Se redujo en 9

casos.

Juzgado de Tránsito de Cartago junio de 2005.

La Licda Catalina Campos Ramírez dictó con juicio oral 32 sentencias, sin juicio

128 y 23 conciliaciones.

La Licda Mireya Gallardo Arboleda: dictó con juicio oral 31 sentencias, sin juicio

155 y 36 conciliaciones. El circulante al iniciar el mes era de 2515 y al finalizar el

mes 2349. Se redujo en 166 casos.

Juzgado de Tránsito de Desamparados y Aserrí junio del 2005
                                        159

La Licda Elida Brizuela dictó con juicio 103 sentencias, sin juicio 112 y 34

conciliaciones

El circulante al iniciar el mes era de 1071 expedientes y al finalizar 961. Se redujo

en 110 casos.

Juzgado de Tránsito de Hatillo junio del 2005:

La Licda. Peggy Corrales Chaves: dictó 138 sentencias con juicio oral y 124 sin

él, 44 conciliaciones.

El circulante al iniciar el mes era de 913 y al finalizar el mes 880. El circulante

bajó en 33 asuntos.

Juzgado de Tránsito de Pavas y Escazú junio del 2005

La Licda. Leda Román Matamoros: dictó con juicio oral 60 sentencias; sin juicio

207 y 55 conciliaciones.

El circulante al iniciar el mes era de 2133 y al finalizar el mes 2028. El circulante

bajó en 105 asuntos.

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Fortuna Junio de 2005.

La Licda. Diana Vargas Badilla: con juicio oral dictó una sentencia , sin juicio

9.

El circulante al iniciar el mes era de 118 y al finalizar el mes 123. El circulante se

incrementó en 5 casos.
                                         160

      Se acordó:    Tener por rendidos los informes e instar a los Despachos que

lograron bajar el circulante para que continúen en ese sentido y al Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de la Fortuna, a realizar un esfuerzo para su

reducción.

                                 ARTÍCULO LVI

      El licenciado Ignacio Saborío Crespo, Juez del Juzgado de Mayor Cuantía

de Puntarenas, en nota de 27 de julio anterior, rinde el siguiente informe:

             ―…de seguido paso a informar, acerca de los expedientes fallados a
       partir de mayo a julio de los corrientes:

       MAYO

         04-00280-418     04-00192-418              03-00128-418
         01-00354-418     03-00534-418              04-00138-418
         04-00138-418     04-00206-418              03-001676-166
         03-002364-166    04-00114-418              04-00220-418
         03-00254-418     03-00424-418              04-00554-418
         04-00308-418     04-30018-437              02-30040-432
         4-00284-418      04-300042-432             02-300216-432
         04-30024-436

      JUNIO

         04-00264-418     04-00652-418              03-30034-445
         00-0094-418      04-00230-418              02-300164-432
         04-0068-418      02-30084-432              04-00238-418
         03-00240-418     04-00300-418              01-00532-418
         04-00164-418     04-00250-418              04-300-164
         03-00338-418     04-30008-438              03-00316-418
         04-300-146-      INCIDENTES
         432              04-432-418
                                        161

      JULIO

         05-46-643        04-00388-418              04-30006-437
         03-300040-437    04-00168-418              04-00604-418
         04-00426-418     04-300012-432             03-00580-418
         04-00268-418     04-00224-418              04-00108-418
         03-00546-418     04-300016-432             04-00466-418
         03-00498-418     04-000534-418             04-00172-418
         03-300204-432    04-00512-418              04-300026-436-
                                                    432

      Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación.

                                    ARTÍCULO LVII

      El Magistrado Alfonso Chaves Ramírez, en su condición de Presidente en

Ejercicio de la Corte, en oficio de 27 de julio último remitido al licenciado

Federico Malavassi Calvo, Diputado del Movimiento Libertario de la Asamblea

Legislativa, le expresó lo siguiente:

            ―En atención a su oficio N° ML-CP-WFC-354-05 de 18 de julio
       pasado y recibido el 20, muy atentamente hago de su estimable
       conocimiento que el señor Presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora
       Mora, giró instrucciones al Director Ejecutivo del Poder Judicial para
       que se atendiera lo consignado en el oficio N° CGR N. DFOE-GU-
       34/2004 suscrito por el Lic. José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Area,
       División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
       General de la República.
            En cumplimiento de esas instrucciones el Lic. Alfredo Jones León,
       remitió el oficio N° 1016-DE-2005 de 21 de febrero del 2005 al Lic.
       Alvarado Vargas y en lo que se refiere a la disposición a) indicó:
       “1.- Se afirma en el estudio que se denota una inadecuada utilización
       del Fondo Rotatorio como herramienta de ejecución presupuestaria,
       por cuanto una administración eficiente de los recursos presupuestarios
       debe incluir claridad en las necesidades de la Institución, a efecto de
       que las mismas se programen y ejecuten en el momento oportuno, con
                                   162

el fin de realizar un uso eficiente de tales recursos y buscar las mejores
condiciones de precio, calidad y cantidad.
Sobre el particular, se debe indicar que tales valores están siempre
presentes en los ejercicios presupuestarios del Poder Judicial y la misma
información que obra en el estudio nos permite afirmar que el período
bajo estudio no ha sido la excepción, toda vez que de un análisis de las
subpartidas consignadas en el cuadro de ―Porcentaje por subpartida y
programa, del monto total del presupuesto del año 2004, que se tramitó
mediante reserva de recursos para el reintegro del fondo rotatorio‖
incorporado en la página cinco del informe, se puede determinar que por
la naturaleza del objeto del gasto de éstas, no es procedente su ejecución
programada, sino que más bien éstas figuran para responder a la atención
de necesidades que surgen en el diario accionar del Poder Judicial y que
por su naturaleza y características especiales y particulares, requieren un
trámite rápido y pago inmediato, y precisamente para ello fue creado el
fondo rotatorio.
Para seguir con los ejemplos que se mencionan en el informe, se tiene
señalada la subpartida 112 “Información y publicidad” que
ordinariamente se utiliza en el Poder Judicial para la publicación de
avisos, notificaciones, etc., las cuales deben ser tramitadas con mucha
celeridad para que cumplan con su objetivo de informar oportunamente
y dentro de términos perentorios, por lo que nos vemos en la necesidad
de recurrir al expediente que la propia legislación presupuestaria le
facilita para esos fines, el Fondo Rotatorio. De igual manera sucede
con la subpartida 142 “Transporte de/para el exterior”, que permite
hacer erogaciones cuando los servidores judiciales deban desplazarse a
otros países en el desempeño de sus funciones y que si bien es cierto,
podrían haber algunos casos que se conocen con anticipación, lo cierto
es que en la mayoría de ellos se deben tomar decisiones, incluso en
fines de semana, para que un agente del Organismo de Investigación
Judicial o del Ministerio Público y también algún Juez, se trasladen a
otro país a recabar información en el curso de una investigación. Por
otro lado, está también la necesidad de realizar contrataciones con
mucha celeridad para reservar espacios en las líneas áreas y mantener
las tarifas que más favorezcan al Poder Judicial. Otro ejemplo que
llama la atención es el caso de la subpartida 252 “Cemento” que por su
naturaleza se convierte en un bien que debe ser adquirido en cada
ocasión que se ocupa, toda vez que su almacenamiento a nivel
institucional resulta totalmente inconveniente. En términos generales
las subpartidas ahí contempladas son precisamente aquellas que más
requieren de trámite acelerados y muchas veces pagos rápidos y a pesar
de ello, también se puede afirmar que de los setenta y dos registros que
                                  163

componen el cuadro, solamente once ( 15.27%) presentan una
ejecución del 100% vía fondo rotatorio, lo que demuestra que existe
una buena relación de uso entre los distintos medios de contratación
con que cuenta el Poder Judicial.
En este punto también es importante mencionar que aún cuando los pagos
se realicen a través del Fondo Rotatorio, los procesos de contratación
siempre cumplen con los requisitos y condiciones de los principios y
reglas de la doctrina que informan esta materia, y por supuesto, siempre
buscando las condiciones mejores y más favorables para el Poder
Judicial.‖
      Adicionalmente, el Lic. Jones León acompañó a la nota en mención
el oficio N° 482-DP/23-05 suscrito por los MBA Ana Eugenia Romero
Jenkins y Walter Jiménez Sorio, en su orden, Jefes de los Departamentos
de Proveeduría y Financiero Contable, quienes sobre lo citado en el punto
4.1 indicaron:
“En el cuadro donde se reflejan las sub partidas que se han ejecutado
en un porcentaje importante (80% o más) por medio del Fondo
Rotatorio, se destacan la 112 “Información y publicidad”, 114
“Impresión, encuadernación y otros”, 142 “Transporte de/para el
exterior”, 252 “Cemento” y 260 “Instrumentos, herramientas y otros”.
Como se puede observar, se trata de sub partidas que, por su misma
naturaleza, las compras deben canalizarse como casos urgentes e
indispensables. Por ejemplo, la publicación de un aviso (sub partida
112), en la mayoría de los casos se tramita con un lapso de dos días de
anticipación a la fecha que se requiere la publicación, por cuanto
corresponden a necesidades que surgen y son de carácter imprevisible.
Las compras de tiquetes aéreos (sub partida 142), son casos que deben
tramitarse con prontitud debido a que deben realizarse las
reservaciones necesarias de acuerdo al itinerario. Además, las
aerolíneas mantienen vigente la reserva por un número de días
limitado, después del cual el precio varía, es por esto que la
Administración ha tenido la urgencia de tramitar la compra de
tiquetes por Fondo Rotatorio. La impresión o reimpresión de
documentos (sub partida 114), la compra de herramientas (sub partida
260 son tratados como compras indispensables, debido a que, de su
adquisición, depende la ejecución de un trabajo urgente para la
consecución de los objetivos que se han fijado los diferentes despachos
judiciales.
En conclusión, se considera que las compras que tramita la
Proveeduría mediante el Fondo Rotatorio son de carácter urgente e
indispensable, y en cada caso se realiza una valoración sobre el
                                         164

       particular que así las define. Además, no se debe dejar de lado que en
       estos procedimientos de compras se observan los principios de la
       contratación administrativa, ya que todos los procesos por montos
       mayores a los ¢150.000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL COLONES
       00/100) se realiza la consulta de precios a tres o más potenciales
       proveedores con el fin de adquirir los bienes que más convengan a los
       intereses de la institución.”
             He sido informado por el Lic. Alfredo Jones León que se está
       remitiendo a conocimiento de la Corte Plena, la reforma al Reglamento
       del Fondo Rotatorio y de esa forma cumplir con la disposición b). Por su
       parte, los manuales de procedimientos (disposición c)) serán actualizados
       una vez aprobado por la Corte el reglamento y se procederá a hacerlos del
       conocimiento del personal que tramita las compras por el Fondo
       Rotatorio.
             En cuanto al cumplimiento de la disposición d) se procederá a
       realizar la respectiva capacitación, una vez que se cuente con el
       reglamento aprobado y los manuales de procedimiento confeccionados.
             Finalmente, esta misma información fue puesta en conocimiento de
       la Contraloría General de la República mediante el oficio N° 1016-DE-
       2005 y así dar cumplimiento a la disposición e).‖

                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                ARTÍCULO LVIII

      En sesión N° 03-05 celebrada el 21 de febrero del año en curso, artículo

XXXVII, se dispuso que el 14 de marzo de este año, se realizara la reunión de

sensibilización al cambio que la empresa CEMEDCO ha venido impartiendo a los

servidores judiciales de las diferentes Salas de la Corte, con motivo de la entrada

en operación del Sistema de Gestión; y en la verificada el 4 de abril de los

corrientes, artículo XIV, se tomó nota de la comunicación del Director del

Despacho del Presidente, en que informó que por requerirse una adecuada
                                          165

planificación de la actividad, se procedió a suspender la referida reunión y

reprogramarla para otra fecha, la que se haría del conocimiento de la Corte Plena.

      La licenciada Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora del

Programa Poder Judicial-BID, en oficio N° PJ-BID 611-05 de 28 de julio último,

expresó:

             ―Como parte del proceso de capacitación en sensibilización al
       cambio a cargo de la empresa CEMEDCO, contratada con recursos del
       préstamo 1377/OC-CR, se firmó un contrato con el hotel Casa Conde
       para la realización de la capacitación correspondiente a magistrados el día
       18 de julio.
            Sin embargo el evento tuvo que ser suspendido cinco días antes, por
       imposibilidad de Corte Plena de reunirse en dicha fecha, razones que no
       tienen que ver con el cumplimiento del contrato por parte del HOTEL.
            Así las cosas, la representante de esa empresa en correo del pasado
       21 de julio, solicita la cancelación del 50% del costo total del evento aún
       cuando el contrato firmado establece que:
                “En caso de la cancelación del evento con una semana
            o menos de la realización del mismo, el cliente se
            compromete a pagar el total de lo contratado”.
             De lo expuesto se desprende que la empresa está en capacidad de
       exigir el pago de la totalidad del costo del evento, sin embargo nos
       solicitan la cancelación del 50% del monto total del evento, por un monto
       de $283.36.
            En vista de lo anterior solicito muy atentamente la autorización del
       pago indicado antes.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Navarro Solano y autorizar

el pago de $283,36 (doscientos ochenta y tres dólares con treinta y seis centavos),
                                         166

por el motivo anteriormente señalado, con cargo a los recursos provenientes del

Programa Poder Judicial-BID. Se declara firme este acuerdo.

                                  ARTÍCULO LIX

      El licenciado Francisco Dall’ Anese Ruiz, Fiscal General de la República, en

correo electrónico recibido el 1° de agosto en curso, expresó:

       ―Dirijo la presente a Uds. para hacer de su conocimiento la situación que
       se presenta en el expediente N° 199-2004-1 de la Unidad de Inspección
       Fiscal, contra el Fiscal Auxiliar Carlos Delgado Monge.
       La causa de investigación disciplinaria es la interferencia del consumo de
       licor con el trabajo, para lo cual, con base en la circular de Corte Plena
       N° 140-2004, así como en la petición de la defensa pública que patrocina
       al Fiscal Delgado, se ordenó someter a este al tratamiento preventivo y de
       rehabilitación. Sin embargo, al pedir los resultados a la médica de
       empresa, doctora Ana Isabel Orozco Álvarez, informa mediante oficio N°
       36-SMIICJ-2005 de fecha 15 de julio de 2.005, que el Fiscal Delgado no
       la autorizó a revelar detalle alguno.
       La situación hace que no se pueda cumplir con el contenido de la
       Circular, por renuencia del encausado, por lo que, si el Consejo no toma
       otra determinación, se resolverá prescindiendo de dicha prueba.‖

                                         -0-

      Se acordó: Comunicar al licenciado Dall’Anese Ruiz, que este Consejo no

tiene competencia para ordenar a la doctora Orozco a brindar la prueba que

requiere en las circunstancias que se ha producido, por lo que el prescindir de ella

queda sujeto a su propio criterio y valoración.

                                  ARTÍCULO LX
                                         167

      El señor Federico Carrillo Zürcher, en su condición de Presidente del

Consejo Nacional de Financiamiento Interno, Externo y de Inversión del

Ministerio de Hacienda, en oficio Nº CONAFIN-P-108-2005 de 21 de julio último,

manifestó:

       ―...que el Consejo Nacional de Financiamiento Interno, Externo y de
       Inversión, en su Sesión Ordinaria 19-2005, Artículo Doce, celebrada el 20
       de Junio de 2005,dispuso en lo pertinente mediante numeral 1, lo
       siguiente:
       ―aprobar el texto de la Circular sobre CONAFIN y el proceso de
       aprobación de préstamos dirigida a bancos y sector público y enviar un
       comunicado a todos los ministerios de Gobierno y entidades públicas y a
       las instituciones bancarias, locales e internacionales con operaciones en
       Costa Rica, informando del contenido de la circular y que la misma puede
       ser accesada en la página web del CONAFIN.‖
            Asimismo le informamos que, para acceder a la susodicha circular
       lo     puede      hacer      en      la      siguiente     dirección:
       www.hacienda.go.cr/msib21/conafin/indice.htm o al correo electrónico:
       conafin@hacienda.go.cr o bien puede hacer la consulta a los números
       284-5160 ò 2845175, 257-0662 y Fax 255-48-74.‖
                                         -0-

      Se acordó: Trasladar la comunicación anterior a la Unidad Ejecutora del

Programa Corte-BID y al Departamento de Planificación para los fines

consiguientes.

                                 ARTÍCULO LXI

      En sesión Nº 64-00 celebrada el 16 de agosto del 2000, artículo LXX, se

acordó publicar un aviso en un diario de circulación nacional haciendo del

conocimiento de los abogados, instituciones, empresas y público en general que el
                                           168

diseño del logo de la Diosa de la Justicia está inscrito en el Registro de la

Propiedad Intelectual a nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo

Superior del Poder Judicial, por lo tanto deben abstenerse de utilizarlo sin la

autorización previa.

      El señor Rigoberto Fernández López, Asistente Judicial 2 del Juzgado

Notarial, en oficio N° 2254 de 28 de julio de este año, expresó:

             ―…me permito comunicarles que en el PROCESO
       DISCIPLINARIO NOTARIAL No. 05-000613-627-NO de DEYANIRA
       GARCÍA ARAGÓN contra los notarios públicos HARRY OSWALDO
       QUESADA MATA Y JUAN CARLOS DURÁN FRON, se dictó la
       resolución que dispuso en lo que aquí interesa:
             ―…De conformidad con lo dispuesto por los artículos 152 párrafo II,
       163, ambos del Código Notarial, en relación al 290 y 291, ambos del
       Código Procesal Civil, se previene al demandante que dentro del plazo de
       cinco días, deberá de cumplir con los siguientes requisitos, en el
       entendido de que si lo omite, se procederá a declarar la inadmisibilidad de
       la pretensión resarcitoria y se continuará únicamente la acción
       disciplinaria: Indicar los textos legales que invoca en su apoyo. En cuanto
       a los daños y perjuicios que reclama, deberá concretar separadamente el
       motivo que los origina, en que consisten y la estimación específica de
       cada uno de esos extremos. Ofrecer las pruebas que tenga en su defensa,
       con indicación del nombre y las demás generales de los testigos. Estimar
       la acción resarcitoria. Tema aparte se resuelve: De conformidad con la
       reiteración del Consejo Superior de la Sesión número 8 del 25 de enero
       del 2001, en su artículo LVIII, la cual puso en conocimiento de los
       abogados, instituciones, empresas y público en general, que deben
       abstenerse de utilizar el diseño del logo de la diosa de la Justicia, que está
       inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre del Poder
       Judicial y del Consejo Superior del Poder Judicial y que ese diseño
       identifica al Poder Judicial Costarricense, se dispone poner en
       conocimiento de dicho Consejo que el notario HARRY OSWALDO
       QUESADA MATA utilizó dicho logo para lo que corresponda. Remítase
       copia del folio UNO así como de esta resolución. Lic. Everardo Chaves
       Ortiz, Juez‖.
                                          169

                                           -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y prevenir al licenciado

Quesada Mata, para que en el futuro se abstenga de utilizar el logo de la Diosa de

la Justicia, de conformidad con lo resuelto en el acuerdo de referencia, toda vez

que la finalidad de inscribir el logo, fue porque su diseño identifica al Poder

Judicial Costarricense.

                                  ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 53-05 celebrada el 12 de julio del presente año, artículo

XXVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

       ―La Corte Plena en sesión N° 13-05 celebrada el 16 de mayo del presente
       año, artículo XVIII, dispuso instaurar en todos los juzgados y fiscalías del
       país, la figura de Asistente Judicial, cuyas categorías serán 1, 2 y 3
       conforme lo propone el informe del Departamento de Personal. La
       propuesta incluía el cargo de Auxiliar Judicial adscrito a los Juzgados
       Contravencionales de Turrubares, Alvarado y Tilarán, así como las
       Fiscalías de los Chiles, Cóbano-Jicaral y Coto Brus, en razón a lo
       anterior, el Departamento de Personal procederá a readecuar los montos
       aprobados para las clases de asistente mencionadas a la situación actual,
       en virtud de que el estudio fue elaborado desde el 18 de febrero del 2004.
       También corresponderá a ese Departamento indicar, conforme las
       posibilidades presupuestarias, las fechas en que se haría efectiva dicha
       disposición.
       Los máster José Luis Bermúdez Obando y Francisco Arroyo Meléndez,
       por su orden Subjefe y Jefe del Departamento de Personal, remiten el
       oficio N° 583-JP-2005 de 7 de julio en curso, en el que literalmente
       dicen:
       ―En atención al acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión celebrada
       el pasado 16 de mayo, artículo XVIII y de conformidad con los alcances
       dispuestos en la circular N° 7 emitida por este Departamento; nos
       permitimos adjunto remitir para conocimiento y aprobación respectiva, el
                                           170

     decreto ejecutivo (anexo N° 1) que contiene los cambios generados con la
     instauración de la figura de Asistente Judicial, en todos los despachos
     judiciales del país.
     Para esos efectos, la recolección de información incluyó los tres niveles
     de Asistente Judicial (1, 2 y 3) según el siguiente cuadro:

         NIVEL I                         NIVEL II                      NIVEL III

    Asistente Judicial               Asistente Judicial            Asistente Judicial
            1                                2                             3
Juzgados Civiles de Menor      Juzgados Civiles de Mayor      Salas de la Corte, Tribunal
Cuantía, Juzgados Civiles de   Cuantía, Juzgados Mixtos,      de Casación Penal y
Hacienda de Asuntos            Juzgados Penales, Juzgados     Tribunales Colegiados
Sumarios, Juzgados             Contenciosos Administrativos y
Contravencionales y de         Civiles de Hacienda, Juzgados
Menor Cuantía, Juzgados        de Familia, Juzgados de
Contravencionales, Juzgados    Ejecución de la Pena, Juzgados
de Pensiones Alimentarias,     de Violencia Doméstica,
Juzgados de Tránsito y         Juzgados Agrarios, Juzgado
Tribunal de Trabajo de         Notarial, Ministerio Público y
Menor Cuantía.                 Fiscalías.


     El decreto no incluye a las Salas de la Corte, por cuanto la figura de
     Asistente Judicial y su respectiva valoración ya existe en esas oficinas
     judiciales.
     La designación de la persona y el número de puesto que ocupa, se realizó
     de conformidad con las oficinas que formalmente se encuentran vigentes
     en el presupuesto del 2005.
     Es importante destacar que el presente decreto ejecutivo deberá remitirse
     a la brevedad posible ante la Dirección General de Presupuesto Nacional,
     en virtud de que su contenido corresponde a la última solicitud formal que
     puede realizarse para el presente año, de conformidad con el calendario
     dispuesto por esa oficina.
     Dentro del conglomerado de cambios por realizar se incluyen otra serie de
     modificaciones de trámite normal producto de reasignaciones de puesto
     aprobadas por el Consejo Superior y ajustes en la estructura ocupacional
     de diferentes despachos judiciales.
                                    171

Desde la perspectiva presupuestaria se realizó un análisis integrado sobre
la situación actual del presupuesto del Poder Judicial, con el fin de valorar
la fecha de rige de los cambios propuestos respecto de la figura de
Asistente Judicial. Después de un minucioso análisis se llega a la
conclusión de que los ajustes deben regir a partir del 01 de julio del 2005.
Lo anterior encuentra justificación al revisar el detalle de:
           El disponible de la coletilla 35.
           El histórico del presupuesto consumido por concepto de
            pago de salarios de enero a junio.
           Las previsiones necesarias respecto del posible incremento
            por costo de vida a partir del 01 de julio del 2005.
           El comportamiento de la coletilla de sustituciones y los
            montos proporcionales que se generan en ese sentido por
            concepto de sobresueldos y pluses salariales.
           Los escenarios realizados respecto al presupuesto necesario
            para cumplir con el pago de planilla de los meses de julio a
            diciembre del 2005.
El decreto ejecutivo tiene un costo total para el título 120 (Poder Judicial)
de ¢103.518.540.76 (ciento tres millones quinientos dieciocho mil
quinientos cuarenta colones con 76/100). En el anexo N° 2 se indica el
desglose del costo por programa presupuestario
Casos no incluidos en el Decreto Ejecutivo:
Con el propósito de que sean analizados por el órgano superior
competente, a continuación se presentan una serie de gestiones y
situaciones particulares, producto del procedimiento seguido por este
Departamento en la elaboración del decreto ejecutivo.
Estos casos obedecen a situaciones particulares planteadas por las
oficinas, y que no se ajustan a los lineamientos y disposiciones que la
Corte Plena aprobó.
MINISTERIO PÚBLICO:
Los licenciados David Brown Sharpe y Walter Alfaro Rodríguez, por su
orden Administrador del Ministerio Público y Fiscal Adjunto de la
Primera Fiscalía Adjunta de San José, mediante el oficio            N° 823-
UAMP-05 de fecha 27 de junio del 2005 (diligencias en anexo
N°3), solicitan se apruebe la recalificación de 4 plazas de Auxiliar
Judicial a Asistente Judicial, en virtud de que la organización dispuesta en
                                   172

el Ministerio Público abarca el funcionamiento de Unidades
especializadas de atención, las cuales no se encuentran debidamente
formalizadas en la estructura programática, vigente para el presente año.
JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MENOR CUANTÍA DE SAN
MATEO:
La licenciada Rosa Rodríguez Abarca, Jueza de ese despacho, mediante
oficio remitido fía fax el día 28 de junio del 2005 (diligencias en anexo
N°3), informa sobre la problemática laboral que presenta el señor Omar
Acosta Castro, Auxiliar Judicial con recargo de coordinación. En ese
sentido solicita se le indique si puede recomendar la variación del cargo
vacante de Auxiliar Judicial 1, ocupado interinamente por la señora
Rosemery Moscoso Porras.
TRIBUNAL DE JUICIO DE CARTAGO:
En conversaciones telefónicas sostenidas con la licenciada Adela Sibaja
Rodríguez, Coordinadora de lo Penal en el Tribunal de Juicio de Cartago,
manifiesta que las funciones asignadas al Asistente Judicial 3 (nivel
para un Tribunal), son compatibles con las realizadas por el Juez de
trámite, razón por la cual considera innecesario designar la figura tanto en
el Tribunal de Cartago como en la sede de Turrialba. Para esos efectos se
le solicitó la justificación por escrito, la cual fue remitida vía correo
electrónico el 01 de julio del 2005.( ver diligencias en anexo N°3).
Sobre estos casos, deberá el Consejo Superior definir lo que corresponda.
En criterio de este despacho, la solicitud que plantea el Ministerio Público
requiere de un criterio del Departamento de Planificación, ya que su
eventual implementación tiene implícito un análisis y definición de la
estructura y funcionamiento de la estructura interna de ese órgano.
Lógicamente para los despachos citados no se ha efectuado ninguna
modificación en el decreto, por lo que cualquier definición no podría ser
aplicada sino hasta que la situación se resuelva y regiría hasta el
momento en que el decreto ejecutivo sea publicado en el diario oficial, lo
que en términos ordinarios no podrá ser en el presente año, ya que
estarían fuera de los plazos para presentación de decretos.‖
                                    -0-
Se acordó: 1) Aprobar y remitir el referido proyecto de decreto al señor
Ministro de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto Nacional, con el
ruego atento que se sirvan darle a la brevedad su correspondiente trámite.
2) Aprobar para su publicación, la respectiva orden de trabajo para la
Imprenta Nacional. La Dirección Ejecutiva y el Departamento de
                                         173

       Proveeduría tomarán nota para lo de sus cargos. 3) Por no ser procedente,
       denegar la gestión del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
       San Mateo, de manera que el auxiliar judicial que le corresponde asumir
       la coordinación es al señor Acosta Castro. Asimismo se le hace saber a la
       licenciada Rodríguez Abarca, que respecto a la problemática laboral
       presentada por don Óscar, si así lo estima pertinente, deberá levantar la
       información correspondiente. 4) En cuanto a la gestión del Ministerio
       Público y del Tribunal de Juicio de Cartago, se traslada al Departamento
       de Planificación para su estudio e informe.
       El licenciado Martínez Fernández, vota para que tanto el Tribunal de
       Cartago cuanto su sede de Turrialba, indiquen quién es la persona que
       ostenta la categoría de auxiliar coordinador, para que se designe como
       asistente judicial 3, en cumplimiento estricto a lo dispuesto por la Corte
       Plena. Finalmente, propone que en el caso de que se presente alguna
       incongruencia entre lo aprobado por la Corte Plena y lo que comunicaron
       los jefes de despacho para consignar en este decreto; como en los casos
       que ha conocido y resuelto este Consejo en días recientes; los efectos que
       vaya a tener la presente reclasificación, en caso de que se tenga que
       modificar el nombre de alguno de los designados, sean a partir del
       momento de esta aprobación, ya que en caso contrario, se estaría
       configurando una injusticia para con los afectados con una indebida
       designación. Se declara firme este acuerdo.‖
                                          -0-

      En atención al citado acuerdo, los licenciados Marco Ney Duarte Gamboa y

Marcela Brenes Piedra, por su orden, Coordinador y Jueza de Trámite del Tribunal

de Cartago, en nota de 28 de julio de este año, manifiestan:

             ―…aclarar lo indicado en el Acta del Consejo por el Tribunal de
       Juicio de Cartago; acordado por el Consejo Superior mediante la sesión
       N. 53-05 celebrada en fecha del doce de julio del presente año; en lo que
       le interesa al Tribunal de Juicio de Cartago en cuanto a la nota enviada
       por correo electrónico en fecha del primero de julio del presente año,
       misma que se le adjunta. Se indica con relación a la nota enviada por el
       Tribunal; sino que el oficio iba dirigido en el sentido de que si bien es
       cierto el Tribunal indica que sería prudente que se establecieran las
       funciones específicas a realizar por dicha figura, para tener conocimiento
       si éstas son compatibles con las funciones que realizan actualmente los
                                            174

          funcionarios que están interesados en el puesto. Lo anterior con la
          finalidad de evitar que posterior a la designación, el funcionario nos
          indique que no puede con las funciones, aunado ello se pueda definir en
          cuanto a la responsabilidad de las funciones del Auxiliar III. Igualmente
          se solicita en el mismo oficio, que se nos conceda un plazo mayor para
          elegir al funcionario, una vez que se encuentren definidas las labores.
          El Tribunal se encuentra anuente a realizar e indicar el nombre del
          funcionario que va a ocupar el puesto, solamente se quería tener certeza
          en relación al punto de la designación de funciones; no si en cuanto al
          puesto como tal para ser desarrollado por uno de nuestros funcionarios en
          el Despacho.
          Ahora bien; si el Consejo lo dispone procederemos a nombrar al
          funcionario con las labores indicadas mediante circular No. 7 CIR-2005.
          No contamos en este momento con la ayuda de la Licda. Sibaja por
          encontrarse en un curso fuera del país.‖
                                                -0-

      Se dispuso: Comunicar a los licenciados Duarte Gamboa y Brenes Piedra,

que las funciones asignadas a la nueva figura de ―Asistente Judicial‖ ya fueron

definidas por la Corte Plena en sesión N° 13-05 celebrada el 16 de mayo del

presente año, artículo XVIII. Una vez que doña Adela se reintegre a sus labores,

debe el Tribunal analizar la necesidad de designar un servidor que asuma ese

puesto.

                                   ARTÍCULO LXIII

      En sesión N° 89-04 celebrada el 18 de noviembre del 2004, artículo LXXII,

entre otros, dispuso conceder el plazo de un mes al Juzgado Penal del Primer

Circuito Judicial de San José, para que resolviera lo que corresponda respecto del
                                          175

destino de los bienes relacionados con las causas en que no se ha concluido

totalmente con el trámite de disposición del bien.

                                      -0-
      Con fecha del pasado 27 de julio, el licenciado Edgar E. Castrillo Brenes,

Juez Subcoordinador de dicho Juzgado, manifestó:

             ―procedo a dar contestación al I oficio 13568-04, mismo al cual no
       se le había dado el trámite debido a un error al pensarse que se trataban de
       las mismas gestiones de la nota 10339-04, la cual habría sido
       diligenciada, empero ahora se solicita un informe de seguimiento el cual
       detallo a continuación:
            ―EXP 02-5933-42-PE, por resolución de las ocho horas cinco
       minutos del veintitrés de abril de dos mil tres, el LIC. JORGE
       VILLALOBOS ARAYA, dispuso el comiso del MARCO ALTERADO
       DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA plazas 102503,
       resolución que le fuera notificada a la defensa del imputado. Resultado: la
       parte interesada no concurrió a retirar el motor del vehículo del que se
       habría autorizado la entrega, y por resolución de las ocho horas quince
       minutos del doce de noviembre de dos mil cuatro se ordenó el comiso del
       bien.
            EXP 01-794-647-PE, por resolución de las nueve horas treinta y
       cinco minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, el LIC.
       JORGE LUIS VILLALOBOS ARAYA, puso a la orden de proveeduría el
       MOTOR NVLX1M440010, y se ordenó entregar la moto VESPA
       SUKETA PLACA 205490, SIENDO QUE DICHA RESOLUCIÓN FUE
       ADICIONADA PARA QUE SI EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO
       SE PRESENTABA EL IMPUTADO CHIEN FARNCHEN A RETIRAR
       LA MOTOCICLETA SE DISPONDRÍA DEL BIEN (VER
       RESOLUCIÓN DE LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL
       TRES DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO LA CUAL FUE
       NOTIFICADA A LA DEFENSA DEL IMPUTADO). RESULTADO: EL
       IMPUTADO NO SE APERSONÓ A RETIRAR EL BIEN EN EL
       TIEMPO PREVENIDO. POR RESOLUCIÓN DE LAS SIETE HORAS
       TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE
       DE DOS MIL CUATRO SE ORDENÓ EL COMISO DEL BIEN.
                                   176

     EXP 02-4601-42-PE: Por resolución de las once horas veinte
minutos del veintitrés de octubre de dos mil cuatro el JUZGADO PENAL
RESUELVE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUTADO JOSÉ
ROJAS MONTE, solicitando la devolución del vehículo involucrado en
la causa, haciéndole ver que ya mediante resolución de las ocho horas
quince minutos del nueve de abril de dos mil tres, se dispuso el comiso
del chasis del vehículo placa 312555, siendo que la entrega quedó
supeditada a la demostración del legítimo propietario, situación que no lo
hizo dentro del plazo de ley: RESULTADO: LA PARTE NO RETIRÓ
EL RESTO DEL VEHÍCULO SEA EL MOTOR POR NO
DEMOSTRAR SU PROPIEDAD. POR RESOLUCIÓN DE LAS
NUEVE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, SE ORDENÓ
EL COMISO DEL BIEN.
      EXP 96-161-271-PE Mediante resolución de las trece horas diez
minutos del ocho de noviembre de dos mil dos se ordenó el comiso del
chasis del vehículo placa 85180, marca datsun 120Y, el interesado
interpuso escrito de folio 207 del expediente solicitando se le considerase
como tercero de buena fe, y por resolución de las quince horas treinta y
siete minutos del once de junio de dos mil cuatro la LICDA ZOILA
ROSA SOTO MORICE, ordena la remisión de los autos para ante la
LICDA ALVARADO MEJÍAS, para resolver escrito ya que resulta una
incidencia en contra de la resolución que ordena el comiso.
RESULTADO: La parte interesada no ha gestionado más y no existe
pronunciamiento efectivo de su solicitud. MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE LAS DOCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, SE ORDENÓ LA ENTREGA
DEL BIEN AL SEÑOR RAFAEL MARÍA RODRÍGUEZ QUESADA,
QUIEN FIGURÓ COMO IMPUTADO EN LA CAUSA ENTREGA
QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.
     EXP 02-14955-42-PE: POR RESOLUCIÓN DE LAS QUINCE
HORAS CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE
DOS MIL CUATRO, este Juzgado ordenó la donación por completo de la
MOTO CHASIS Y MOTOR DEL VEHÍCULO PLACA MOT 100187,
POR HABER TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES LUEGO DE
DICTADA RESLUCIÓN DEFINITIVA, SITUACIÓN QUE FUE
COMUNICADA A PROVEEDURÍA JUDICIAL EL 29 DE JULIO DE
2002, MEDIANTE      OFICIO A FOLIO 76 DEL EXPEDIENTE
PRINCIPAL.
                                          177

           EXP 03-20696-42-PE: POR RESOLUCIÓN DE LAS DIEZ
       HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, EL
       JUZGADO ORDENA LA DEVOLUCIÓN DEL MOTOR SERIE 1L1-
       624415 DE LA MOTO M 1558 A QUIEN DEMUESTRE SER EL
       LEGÍTIMO PROPIETARIO. POR RESOLUCIÓN DE LAS DIEZ
       HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO SE
       ORDENA LA ENTREGA DEL CITADO MOTOR EN LA PERSONA
       DE ERICK DIEGO MARIN CORRALES EL CUAL AL PARECER LO
       RETIRÓ CONFORME CONSTA A FOLIO 155 DEL EXPEDIENTE.‖
                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe del licenciado Castrillo Brenes, e

instarlo para que continúe con la mayor diligencia a resolver esos asuntos.

                                 ARTÍCULO LXIV

      El licenciado José Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto

Nacional del Ministerio de Hacienda, en nota de 22 de julio último, remite la

circular No. DGPN-363-2005, que literalmente dice:

       ―En uso de las potestades conferidas por el numeral 32 de la Ley No.
       8131, Ley de la Administración Financiera de la República y
       Presupuestos Públicos, en observancia a los artículos 77 y 78 de la Ley
       No. 3667 o Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
       Administrativa y con el fin de establecer por escrito el procedimiento que
       se ha venido utilizando para hacer efectivo el pago a los particulares de
       las indemnizaciones que vía judicial se impongan con cargo a los
       presupuestos de los diferentes Ministerios de Gobierno, se emiten las
       siguientes disposiciones:

       1.- Cuando la Dirección General de Presupuesto Nacional recibe la
       comunicación expedida por la Autoridad Judicial competente que indique
       la obligación del pago de una suma líquida, lo comunicará mediante
       oficio al responsable de la Unidad Financiera del Ministerio o Poder que
       se trate, señalándole que debe verificar y acordar el pago de inmediato, si
       hubiese presupuesto, o en su defecto, de necesitar alguna modificación
                                   178

presupuestaria que tiene el plazo de tres meses para cumplir con ese pago,
según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 77 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2.- Si la Unidad Financiera cuenta con los recursos suficientes, procede a
la cancelación de la deuda con cargo a la partida ―indemnizaciones‖ que
órgano tiene asignada en su presupuesto, una vez que haya verificado que
no se ha pagado algún monto por el mismo concepto.
3.- En caso de que el responsable de la Unidad Financiera, dentro del
plazo estipulado supra, demuestre que no cuenta con el presupuesto
necesario para cumplir con lo ordenado en vía judicial realizará los
ajustes necesarios para dotar de recursos a la partida señalada y solo de
existir una imposibilidad para ello solicitará la inclusión de los recursos
en una eventual modificación presupuestaria.
4.- El responsable de la Unidad Financiera del Ministerio o Poder,
informará a la Dirección General de Presupuesto Nacional sobre el
trámite de la gestión y consecuentemente del pago efectuado, con el fin
de que esta Dirección le informe a la Autoridad Judicial en que etapa se
encuentra el cumplimiento del mandato judicial.
5.- Durante los tres meses posteriores al recibo de la comunicación de la
Autoridad Judicial, la Dirección General de Presupuesto Nacional estará
compeliendo una segunda vez a efectuar el respectivo pago o realizar los
ajustes presupuestarios necesarios para sufragar la obligación impuesta,
enviándole copia a la Autoridad Judicial de la gestión.
6.- Si durante ese período no se recibe respuesta alguna de la respectiva
Unidad Financiera en que indique en que etapa se encuentran las
gestiones de pago, esta Dirección General comunicará la paralización del
presupuesto al Ministerio incumpliente, en el entendido de que no se
cursará o aprobará ningún presupuesto ordinario y extraordinario al
respectivo Ministerio, si en ellos no se contempla la partida necesaria para
el cumplimiento de la sentencia.
7.- Se recuerda que las directrices Técnicas y metodológicas para la
formulación de los anteproyectos de presupuesto para los ejercicios
económicos tanto del 2005 como del 2006, dictadas por la Dirección
General de Presupuesto Nacional, en el apartado B ―Aspectos a
considerar en el anteproyecto de presupuesto‖, punto B-7 ―Recursos para
atender pagos por concepto de indemnizaciones‖, señalan que de acuerdo
con el clasificador por objeto del gasto vigente, las erogaciones en que
deba incurrir cada Ministerio por concepto de Indemnizaciones, deberán
                                          179

       ser presupuestadas en la respectiva subpartida (6.06.01), en los diferentes
       programas o subprogramas en que se tuviere la necesidad de atender tales
       rubros.
       Además, dichas directrices señalan que estas erogaciones deberán
       presupuestarse en todo momento, dentro de la restricción de gasto
       presupuestario y efectivo asignado a cada Ministerio, dentro de la
       restricción de gasto presupuestario y efectivo asignado a cada Ministerio,
       así como que es responsabilidad de cada Ministerio la presupuestación y
       atención oportuna de los pagos relativos a este renglón del gasto, para los
       diferentes programas o subprogramas           en que se generen tales
       obligaciones, a efectos de evitar trastornos en la gestión normal de la
       institución, sobre todo si se considera que los incumplimientos de este
       tipo de rubros, puede acarrear implicaciones tales como la paralización de
       los presupuestos ministeriales, sin perjuicio del señalamiento de la
       eventual responsabilidad administrativa.
       8.- El pago de las indemnizaciones producto de condenas judiciales a
       órganos liquidados o extintos, deberán ser asumidas por la Cartera
       Ministerial que guarde afinidad de funciones con el órgano donde se
       originó la obligación, según lo señale su ley orgánica, siempre y cuando
       no se señale en la ley que extingue, el órgano responsable de realizar el
       pago.
       9.- En ningún caso las obligaciones impuestas a otros Ministerios, serán
       canceladas con la subpartida de indemnizaciones correspondiente al
       presupuesto del Ministerio de Hacienda.
       10. Rige a partir de su comunicación.‖
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                 ARTÍCULO LXV

      La licenciada Tatiana López Monge, Jueza interina del Juzgado Penal de

Alajuela, en nota recibida el 3 de agosto en curso, manifestó:

              ―…solicita se me prorrogue mi nombramiento como Jueza de
       Juicio los días 8 al 12 de agosto del 2005, en el Tribunal de Juicio de
       Alajuela a fin de terminar el juicio Expediente N° 99-200540-305-PE de
       Homicidio Culposo contra Donato Salas Segura y otros en perjuicio de
                                          180

       Kevin Campos Jiménez, en virtud que dicho debate se ha llevado a cabo
       durante ocho audiencias del mes de julio del 2005, no obstante, de no
       existir contenido presupuestario, solicito se me habilite a fin de terminar
       dicho debate del 8 al 12 de agosto de este año, por cuanto regresaría a mi
       plaza de Fiscal Auxiliar en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de
       Goicoechea y no causar ningún perjuicio al juicio que se está realizando y
       a la vez justificar ante la fiscalía el no estar en la misma dichos días, lo
       anterior de conformidad con las circulares de la sesión del 20 de julio de
       1999 y 10 de junio del 2003.‖
                                              -0-

      Se acordó: Autorizar a la licenciada Tatiana López Monge, para que del 8 al

12 de agosto en curso, continúe con la decisión del asunto de que se da cuenta, en

el Tribunal de Juicio de Alajuela.

      La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, tomará nota

para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO LXVI

      En oficio SP-1464 de 3 de agosto de este año, el licenciado Javier Cascante,

Superintendente de Pensiones manifestó:

              ―Como parte de las prioridades de supervisión que le corresponde
       atender a esta Superintendencia durante el año en curso, se realizan
       visitas periódicas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
       Judicial.
              En la segunda visita en este año, realizada en el mes de julio de
       este año, se ha recabado información importante que está siendo valorada
       por esta Superintendencia, dentro de la cual se encuentran una serie de
       oficios elaborados por la Auditoría Judicial.
              En línea con lo anterior, se tiene especial interés en el oficio N°
       189-AUD-2005 del 31 de marzo del 2005, mediante el cual el Auditor
       Judicial somete a conocimiento del Consejo Superior el dictamen C-088-
       2005 de la Procuraduría General de la República, referente a la Ley
       Marco de Pensiones en otorgamiento de las jubilaciones y pensiones a
                                         181

       aquellos servidores que al 15 de julio del año 1992, hubieses tenido al
       menos 10 años de tiempo reconocido o laborado en el Poder Judicial.
              El Auditor Judicial, remite además el oficio N° 08-UJ-2005 de
       fecha 29 de marzo del 2005 suscrito por la Licda. Ana Lía Umaña
       Salazar, Asesora Legal de esa Auditoría, por medio del cual efectúa un
       análisis sobre el pronunciamiento supra citado y otras situaciones
       importantes.
              Mediante el oficio indicado, el Auditor Judicial solicita a ese
       Consejo revisar el acuerdo tomado en sesión del 10 de febrero de 1998
       artículo LV, e indica que avala en todos sus extremos el informe
       elaborado sobre el particular por la Licenciada Ana Lía Umaña.
       Asimismo hace ver que ―…de conformidad con lo dispuesto en la Ley
       General de Control Interno y la Ley Contra la corrupción y el
       Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se recomienda analizar la
       situación de que se ha dado cuenta, a fin de resolver lo que
       corresponda‖.
              En vista de la importancia que revisten los hechos señalados por la
       Auditoría Judicial y del análisis efectuado por su Asesora Legal, esta
       Superintendencia solicita respetuosamente, referirse a la atención dada al
       oficio de la Auditoría Judicial, así como las medidas adoptadas para
       aclarar los asuntos ahí señalados. Asimismo, se desea conocer el
       fundamento legal sobre el cual se tomó el acuerdo en la sesión del 10 de
       febrero de 1998, artículo LV, con base en el cual se están otorgando los
       beneficios.‖
                                             -0-

      Se acordó: Comunicar al señor Javier Cascante, que con relación al oficio

N° 189-AUD-2005 de 31 de marzo último a que ha hecho referencia, se encuentra

turnado a un integrante de este Consejo para su estudio y posterior informe, en

virtud de una consulta hecha por la Auditoría Judicial.

                                ARTÍCULO LXVII

      En sesión N° 60-05 celebrada el 4 de agosto en curso, artículo LVII, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:
                                  182

      ―El licenciado Víctor Castro Méndez, Presidente de la Asociación
Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), en oficio N° 0641-
05 de 3 de agosto en curso, expuso lo siguiente:
―Reciban un cordial saludo de esta Organización a la vez para informar
que en Asamblea General Extraordinaria del pasado jueves 21 del
presente año, se decidió realizar una serie de manifestaciones públicas,
con la finalidad de que se apruebe el Pliego de Peticiones enviado hace
más de un año a la Corte Plena.
Hasta la fecha no se ha logrado implementar ni un solo acuerdo de los
conocidos desde el 20 de diciembre del 2004 por Corte Plena.
Hemos solicitado a la Comisión negociar los puntos pendientes pero hasta
la fecha no se nos ha convocado con tal propósito.
Por ello después de haberlo notificado a la prensa, hoy se realizó una
manifestación pública y para mañana se convocó a paro laboral de 7:30
a.m. A 1:00 p.m., el cual no se suspenderá hasta no tener noticias de una
decisión de la Comisión de Enlace o Corte Plena para realizar la
negociación requerida.‖
                                      -0-
Este Consejo, en sesión N° 58-2004 del 28 de julio recién pasado, artículo
LXXXIV, tomó el acuerdo que literalmente dice:
     El licenciado Víctor Castro Méndez, Presidente de la Asociación
Nacional de Investigadores en Criminalística, en oficio N° 554-05 de 12
de mayo del año en curso, hace del conocimiento lo siguiente:
  ―Con fecha del 3 de diciembre del 2004, oficio N° 0769-DG-04, el
  Director del Organismo de Investigación Judicial, pone en su
  conocimiento el acuerdo de la Comisión de Enlace Corte —
  Organismo de Investigación Judicial, que dice:
  ―En acato de lo dispuesto en Acuerdo de la Comisión de Enlace
  Corte — Organismo de Investigación Judicial, según sesión N° 10-
  2004, artículo II, celebrada el cuatro de octubre del presente año,
  durante la cual se discutieron los alcances del pliego de peticiones
  planteado por la Asociación Nacional de Investigadores en
  Criminalistica- ANIC. Con el mayor respeto me permito solicitar la
  intervención de ese Honorable Consejo, a efecto de que se analice la
  viabilidad de los puntos que se exponen infla, en los que
  corresponda según su criterio, se ordene el trámite pertinente.
                                  183

          1. La ANIC solicita ―el pago justo de horas extras en horarios
  nocturnos y mixtos y reconocimiento de la jornada extraordinaria de
  acuerdo con el Código de Trabajo‖. Sobre esta temática la
  Comisión de Enlace acordó sugerir a ese Consejo Superior que
  ordene un estudio integral, en el cual se tome en cuenta criterios
  legales, pronunciamientos jurisprudenciales, políticas de otras
  instituciones públicas, así como de la Organización Internacional del
  Trabajo, con el fin de definir una política única en relación con este
  tema, para resolver justamente, las peticiones formuladas en torno al
  horario de trabajo de los servidores del Organismo.
         2. La ANIC solicita la ―adecuación de horarios de acuerdo
  con una política de Salud Ocupacional‖. Sobre lo anterior esta
  Dirección General gestionó la consulta respectiva a la Unidad de
  Salud Ocupacional del Poder Judicial, para conocer si existen
  proyectos encaminados al tema en cuestión, no obstante la respuesta
  fue negativa por cuanto para tales efectos es necesaria la
  conformación de un grupo interdisciplinario que aborde los alances
  del asunto. Por esta razón solicito al Honorable Consejo, valore la
  posibilidad de autorizar la conformación del grupo profesional
  requerido por la Unidad de Salud Ocupacional para llevar a cabo el
  estudio solicitado por la agrupación gremial‖.
  El 9 de diciembre, se remite a Corte Plena por el Consejo Superior
  para su resolución. El 20 de diciembre, en la sesión 39, artículo 31,
  Corte Plena ratificó los acuerdos realizados por la Comisión de
  Enlace, sin embargo el oficio remitido por el Director del
  Organismo de Investigación Judicial, se archivó, en vez de
  devolverlo al Consejo Superior para su conocimiento.
  Como comprenderán esta situación causa un gran perjuicio a esta
  Organización debido al tiempo transcurrido (5 meses) sin que ese
  Consejo Superior haya conocido el requerimiento realizado por
  Corte Plena.
  Los temas incluidos en el oficio mencionado, resultan de urgente
  decisión, por lo cual solicito respetuosamente su resolución en un
  tiempo prudencial.‖
                                  -0-

     Se acordó: 1) Tener por recibido el acuerdo de Corte Plena
tomado en la sesión N° 39-04 de 20 de diciembre del 2004, artículo
XXXI. 2) En cuanto a los aspectos concernientes a este Consejo se
                                    184

dispone: a.- solicitar a la Dirección del Organismo de Investigación
Judicial comunicar a este Órgano, el criterio y análisis del informe
rendido por el Departamento de Planificación en relación con el punto 6
(nombramiento de plazas ordinarias, con el dinero que se paga en horas
extras, que laboren jornadas nocturnas); b.- El Departamento de Personal
realizará el estudio integral a que se refiere el punto 11, en el cual tomará
en consideración criterios legales, pronunciamientos de la Sala
Constitucional y la Sala Segunda, políticas del Ministerio de Seguridad
Pública entre otros, con el fin de definir una política única en relación con
el tema, para resolver justamente, las peticiones formuladas en torno al
horario de trabajo de los servidores del Organismo de Investigación
Judicial; c) En cuanto a los puntos 13, 14 y 15 se trasladan al
Departamento de Personal para que emitan criterio al respecto. d) Poner
en conocimiento del licenciado Castro Méndez el acuerdo de Corte Plena
que se hace referencia, a cuyos efectos la Secretaría General de la Corte
tomará nota para lo de su cargo. Se declara acuerdo firme.‖
                                         -0-
       Informa el Director Ejecutivo que consultado el Lic. Francisco
Segura M., Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial,
le comunicó que se ha podido establecer que en situación de paro hay 4
servidores en Guápiles, 2 en Puntarenas y aproximadamente 20 en San
José, y a esos efectos se ordenó levantar las listas correspondientes.
        Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora, que recibió una nota de
don Víctor en la que le informa sobre los acuerdos de la ANIC para hacer
un paro ayer en horas de mediodía, hoy en horas de la mañana y continuar
en paro indefinido a partir de mañana; sacó copia de ella y se la entregó al
Magistrado Castro Monge, Presidente de la Comisión de Enlace Corte-
OIJ, en horas de la mañana, y le solicitó que de ser posible se pudieran
reunir en horas de la tarde, una vez terminada la sesión del Consejo, para
que lo actualizara sobre los temas planteados por ANIC, en torno a las
solicitudes que formularon, algunas de ellas, según se dice en la nota de
don Víctor, pendientes de resolver por la Corte Plena o este Consejo.
       Estima que organizar un paro laboral, no es la medida más
recomendable a tomar en el sector público, pues su único fin es ejercer
una forma de presión, sin que medien condiciones de legalidad que lo
permita, pues únicamente se ocasiona perjuicio al usuario al desmejorarse
el servicio público que brinda este Poder de la República, en lo demás, la
manifestación pública realizada ayer, se hizo fuera del horario de trabajo
y es parte de la libertad de expresión que existe en este país.
                                          185

              El licenciado Martínez considera que si bien algunos
       planteamientos de la ANIC se han contestado, su resolución definitiva en
       mucho depende de estudios que demoran un tiempo muy prolongado y en
       otros casos lo que percibe es que existe una falta de entendimiento y
       canales expeditos de comunicación sobre lo que se ha hecho al respecto y
       para concretar en la negociación la procedencia o no de las peticiones.
              Una vez discutido el asunto, por mayoría, se acordó: 1) Tomar nota
       de la comunicación del Licenciado Castro Méndez y de las
       manifestaciones del Presidente, del Lic. Martínez y del Director
       Ejecutivo. 2) Estima este Consejo que la convocatoria a paro no es legal,
       que si bien es cierto, dentro de sus facultades de jefatura la Dirección del
       Organismo de Investigación Judicial levantó la lista de las personas que
       hoy se unieron al paro, se procederá a rebajar el salario a partir de
       mañana, 5 de agosto en curso, a aquellos servidores que se mantengan en
       esa situación y a esos efectos la Dirección General levantará la lista
       correspondiente, con las demás pruebas que sirvan para acreditar la
       ausencia a labores y las hará de conocimiento del Departamento de
       Personal. 3) De persistir el paro convocado, se solicitará a la Procuraduría
       General de la República que ejerza las gestiones que en derecho proceda
       para obtener la declaratoria de ilegalidad de este.
               El licenciado Martínez, votó por tomar nota de la comunicación
       anterior y manifestar a la dirigencia de ANIC, lo que ha indicado el
       Presidente de la Corte, en esta sesión, en cuanto a que ha transmitido sus
       pretensiones a la Comisión de Enlace Corte-Organismo de Investigación
       Judicial, para efectos de determinar cuál es el nivel de cumplimiento que
       a la fecha se ha brindado al pliego de peticiones a que se refiere su misiva
       y que en ese tanto, lo aconsejable es que depongan el movimiento de
       huelga para que inicie el período de negociación que reivindican. Se
       declara acuerdo firme.””
                                              -0-

      En atención al citado acuerdo, el licenciado Víctor Castro Méndez, en su

carácter expresado, en oficio de 4 de este mes, manifestó:

              ―Reciban un cordial saludo de parte del Sindicato Asociación
       Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (A.N.I.C), a la vez
       para informarle el acuerdo realizado en la sesión extraordinaria de la
       Junta Directiva de esta Organización, en el que se estableció lo siguiente:
                                        186

       Que de acuerdo al correo remitido por el señor Presidente de la Corte
       Suprema de Justicia de hoy, en donde nos manifiesta que tanto el Consejo
       Superior; como la Comisión de Enlace Corte-O.I.J., acordaron que es
       necesario deponer el estado de huelga convocado para mañana, para
       establecer un mecanismo de negociación, se acordó luego de discutido el
       asunto lo siguiente: ―Deponer el estado de huelga según se nos solicita
       para establecer un procedimiento de negociación, de los puntos
       requeridos en el pliego de peticiones, y comunicarlos a nuestros
       delegados del todo el país y a las distintas oficinas del Organismo de
       Investigación Judicial‖
             Agradeciéndole su interés, me despido de Usted esperando la
       convocatoria para la negociación.‖
                                            -0-

      Se acordó: Tomar nota de las manifestaciones del señor Castro Méndez y

conceder a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Investigadores en

Criminalística la audiencia solicitada, la cual se llevará a cabo en fecha que

oportunamente se fijará.

                               ARTÍCULO LXVIII

      El señor Ortelio Juiz Prieto, Juez del Tribunal Supremo Popular de la

República de Cuba, en correo electrónico recibido el 9 de agosto en curso, expresó:

       ―El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con el
       Coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba Y la Facultad de
       Derecho de la Universidad de la Habana, se complacen en informarle que
       del 24 al 26 de Mayo del 2006 se celebrará en el Palacio de las
       Convenciones de La Habana, Cuba, el III Encuentro Internacional
       Justicia y Derecho.

       Al respecto, mucho nos honra extenderle muy cordialmente una cálida
       invitación para compartir las sesiones de este importante cónclave
       científico que pretende servir de marco propicio para el debate, la
                                         187

       reflexión y el intercambio de experiencias entre los distintos operadores
       de los sistemas judiciales de los países participantes.

       La cuota de inscripción en el Evento es de 160.00 CUC, pagaderos al
       acreditarse en el Palacio de Convenciones de La Habana.

       Dada la importancia de este Congreso ya tradicional por su alcance y
       contenido, mucho nos placerá poder contar en el mismo con su
       participación.

       Para mayor información, se adjunta la convocatoria oficial del Encuentro,
       que agradeceremos haga llegar a cualquier otro profesional que puedan
       estar interesado en participar.

       Será un placer darle la bienvenida en La Habana y reciba mientras tanto
       los más cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba.‖

                                              -0-

      Se acordó: Trasladar la gestión anterior al Departamento de Personal para

que se divulgue la actividad de mérito y recomiende los participantes. Este

Consejo concederá diez becas que consisten en; permiso con goce de salario y una

ayuda económica de $200 (doscientos dólares exactos) para diez servidores, 4

jueces, 3 fiscales y 3 defensores públicos.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                ARTÍCULO LXIX

      El licenciado Alfredo Jones, León, Director Ejecutivo, en oficio N° 5827-

DE-2005 de 29 de julio último, remite los informes Nos. 66-UAP-2005 y 74-UAP-

2005 suscritos por la máster Yadira Fonseca Jiménez Trabajadora Social de la
                                             188

Unidad de Atención Psicosocial, mediante el cual adjunta el diagnóstico de

ambiente laboral, realizado en el Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Limón,

que literalmente dicen:

         ―Se realiza el presente abordaje social en atención al oficio 276-SALEM-
         2005, suscrito por el doctor Javier Sandoval Leal, Jefe del servicio de
         Salud para empleados, quien a su vez remite acuerdo tomado por el
         Consejo Superior, en sesión N° 23-05, celebrada el 31 de marzo último,
         Artículo LXXIV, que literalmente dice: ―...Acoger la solicitud de la
         Contraloría de servicios y solicitar a la Unidad de Atención Psicosocial su
         intervención en este Juzgado ...‖.
          Para ello se realizaron las siguientes actividades:
       Entrevista a:
       Licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios
       Licenciada Magali Vargas Jonson, Sub-Contralora de Servicios del I
         Circuito Judicial de la Zona Atlántica
       Licenciada Lorena Mc Laren Quirós, jueza coordinadora de la oficina en
         estudio
       Nueve empleados del despacho
       Visita al Juzgado de Familia de Limón
         ANTECEDENTES
         La oficina en estudio atiende de manera integrada la materia de familia y
         la de penal juvenil. Hasta enero del 2005 la coordinación del despacho
         estuvo bajo la dirección del licenciado Allan Chávez Campos quien por
         razones de jubilación fue sustituido en el cargo por la licenciada Lorena
         Mc Laren Quirós, la cual, con anterioridad se había desempeñado en esta
         y otras dependencias judiciales.
         Este Juzgado se encuentra integrado por nueve funcionarios distribuidos
         de la siguiente manera: 2 jueces, 1 asistente judicial, 4 auxiliares
         judiciales, 1 interprete y 1 auxiliar de servicios generales.
         RESULTADOS
         Las entrevistas realizadas son indicativas de un ambiente de trabajo
         positivo, lo cual se refleja de la siguiente manera.
                                   189

Con respecto a la cohesión grupal, el personal manifiesta la existencia de
actitudes de cooperación y respeto entre todos los miembros. Asimismo,
apertura para la resolución inmediata y directa de las desavenencias,
razón por las que estas no trascienden ni afectan la esfera interpersonal.
Refieren que tienen la posibilidad de interactuar tanto formal como
informalmente lo cual fomenta la unión grupal.
Con respecto a la organización existe satisfacción por la manera en que
se planifican y distribuyen las tareas. En este sentido, perciben que existe
un sistema justo y equilibrado en la asignación de trabajo. Resaltan que
este despacho cuenta con personal capacitado, experimentado y por tanto
conocedor de las funciones que debe realizar, lo que favorece el
desempeño tanto individual como grupal y la posibilidad de brindar
aportes en beneficio de la labor diaria.
En lo que al estilo de mando se refiere, el personal fue claro en
manifestar su aprobación por las características de la licenciada Mc
Laren. Consideran que esta profesional ha experimentado un proceso de
ajuste al cargo, con una evolución satisfactoria y acorde con las
expectativas grupales. En concordancia señalan que ejerce un liderazgo
efectivo que se ha flexibilizado, existiendo comunicación y orientación al
personal en lo que respecta a las tareas a ejecutar. Además, promueve el
trabajo en equipo al homogenizar los estilos y parámetros de trabajo.
Se le reconocen sus habilidades técnicas en cuanto a su conocimiento y
capacidad con respecto a las materias que tramitan. A la vez, resaltan sus
habilidades humanas al tener facilidad para establecer adecuadas
relaciones debido a que es condescendiente, respetuosa y cortés.
Igualmente, manifiestan aprobación por el sistema de control y
supervisión que utiliza hacia la tarea y los empleados.
Con respecto a la atención al usuario, los entrevistados perciben que en
general, en este despacho se brinda un trato adecuado, ágil, aclarativo,
amable y cortés. Pese a ello, están claros en que no todos los usuarios
comparten este sentir, en tanto la Sub-Contraloría de Servicios ha
recibido algunas manifestaciones de inconformidad.
En cuanto a las condiciones físicas, coinciden en que si bien es cierto el
espacio es insuficiente para la cantidad de empleados ubicados en él,
ofrece mejores condiciones que las anteriores cuando lo compartían con
el personal de Violencia Doméstica.
Finalmente las características de estas variables y por tanto el ambiente de
trabajo prevaleciente inciden de manera positiva en la motivación que
                                   190

tienen los empleados hacia la labor que realizan, la oficina en que están
ubicados y la institución como tal.
Pese a todo lo descrito, este factor se ha visto afectado por las últimas
experiencias vividas en la coordinación, básicamente entre la licenciada
Mc Laren y la Sub-Contralora de Servicios de la zona, licenciada Magali
Vargas Jonson.
Cada una expone su punto de vista el cual aún siendo diferente, coincide
en la actitud asumida por la parte contraria, en cuanto a rigidez y
defensividad se refiere.
La licenciada Mc Laren considera, que si bien es cierto hay
manifestaciones de inconformidad por parte de algunos usuarios, son
relativamente pocas y han sido calificadas por el órgano evaluador como
injustificadas. Señala que obedecen a gestiones de algunos litigantes que
no se han adaptado a los cambios internos establecidos en ajuste a la ley.
Refiere que la dificultad no radica en las consultas, quejas o gestiones de
los usuarios, sino en que la licenciada Vargas carece de un lenguaje
técnico jurídico básico, limitación que podría afectar la imagen del
despacho y sembrar la duda de que en éste no se siguen los
procedimientos establecidos.
Manifiesta que la situación le ha afectado en su estado anímico por no
resolverse de manera directa, interviniendo terceros por solicitud del
órgano contralor, lo cual se evidenció con la visita de los miembros del
Consejo Superior. Señala que además ha contribuido negativamente la
falta de reconocimiento a los esfuerzos del despacho para brindar un
servicio eficiente. En este sentido, ejemplifica con la disminución en el
circulante, la coordinación con el equipo interdisciplinario, las audiencias
de filiación fuera del cantón central de Limón, la consulta permanente a
los abogados litigantes y la valoración de la necesidad real de solicitar
pericias, entre otros aspectos.
Por su parte, la licenciada Magali Vargas Jonson refiere que ha observado
en la licenciada Mc Laren una actitud impropia ante las consultas hechas
en este despacho debido a las gestiones planteadas por los usuarios.
Refiere que existe de su parte un desconocimiento en cuanto a la
naturaleza del procedimiento del trabajo que realiza la Sub-Contraloría.
Agrega que las dificultades han trascendido al plano personal, en tanto la
comunicación y coordinación entre ellas se ha tornado difícil.
Igualmente señala, que es común que alegue al Principio de
Independencia del cual gozan los profesionales en Derecho, así como de
                                    191

la necesidad de que en la Contraloría se tenga un conocimiento jurídico
básico.
Debe señalarse que ambas profesionales indicaron estar anuentes a
solventar las diferencias, lo cual iniciaron con una sesión de diálogo entre
ellas en la que trataron de limar asperezas.
CONCLUSIÓN
En síntesis, la evaluación realizada permite determinar que el Juzgado de
familia de Limón ha logrado conformar y consolidar a lo interno un
sistema de trabajo favorable, en el que participan todos los empleados
indistintamente de su rango o posición.
Esto ha sido posible gracias a las características laborales de los
integrantes así como la aceptación de las directrices y parámetros
definidos por la actual jefatura.
Por tanto, esta oficina se caracteriza por mantener un equilibrio social
interno, no así a lo externo, al no existir una comunicación lateral asertiva
con la Contraloría de Servicios lo cual ha provocado malestar y desgano.
Se encuentran presentes percepciones contrastantes entre los niveles
jerárquicos de estas dos instancias, cada quien percibe las cosas de
diferente manera, sintiendo con ello que su proceder es el adecuado.
Existen expectativas recíprocas insatisfechas en cuanto al conocimiento y
dominio que cada cual debería tener acerca de la materia del otro.
Es claro que el perfil de puestos no establece como condición que una
tenga que conocer de Administración y la otra de Derecho. Lo que si es
relevante es que establezcan una coordinación dentro de los términos
mínimos de respeto y tolerancia, lo que conlleva a la aceptación de las
individualidades que se dan tanto en el campo personal como profesional.
RECOMENDACIONES
Establecer un proceso asertivo de comunicación entre las licenciadas Mc
Laren y Vargas, en el que se promueva en ambas la expresión respetuosa
de opiniones y la demanda de cambios legítimos con el fin de evitar la
prolongación de las diferencias ya que con ello se puede intensificar el
conflicto y por consiguiente deteriorar las relaciones interpersonales
existentes, generar sensaciones de desconfianza y obstaculizar una labor
coordinada.
Como parte de los procedimientos de esta Unidad, realizar sesión de
devolución de resultados el 22 de julio del 2005.‖
                                    -0-
                                           192

        ―Como parte de los procedimientos de esta Unidad, el pasado 22 de julio
        se procedió a realizar sesión de devolución de resultados de Diagnóstico
        de Ambiente Laboral al personal del Juzgado de Familia y Penal Juvenil
        de Limón. En esta se hicieron algunas acotaciones que me parece
        importante que sean del conocimiento de las instancias superiores junto al
        respectivo informe.
        En este sentido, los miembros presentes en la sesión (nueve) insistieron
        en señalar que la Sub-Contralora de la zona, licenciada Magali Vargas
        Jonson, carece de conocimientos jurídicos necesarios para el ejercicio de
        su función, por lo que estiman conveniente que se le capacite en este
        sentido. Asimismo, el licenciado Walter Alvarado Arias señaló que en la
        última sesión sostenida por el Consejo de Administración de este
        Circuito, los representantes coincidieron con este sentir.
        Es criterio de la suscrita, tal y como se le hizo saber a este personal, que
        dentro del perfil establecido por los conocedores y expertos en la materia,
        los cuales se ubican en el Departamento de Personal, no se consigna que
        las personas que laboran en la Contraloría o Sub-Contraloría requieran de
        conocimientos jurídicos, ya que la labor que ellos realizan se centra en
        aspectos administrativos que no tienen que ver con el Fondo de los
        asuntos.
        A partir de lo anterior se considera conveniente:
      Que se implemente la recomendación anotada en el informe diagnóstico,
        iniciando el proceso asertivo de comunicación entre la jefatura de esta
        oficina y la licenciada Vargas Jonson, junto a su superior, licenciada Lena
        White Curling, con el fin no solo de identificar las dificultades sino de
        buscar medios alternos de mejoramiento, siempre dentro de los límites de
        tolerancia y respeto a las individuales personales y profesionales.
      Que la Sub-Contraloría de Servicios implemente una labor de divulgación
        de su función dentro de la institución dirigida a cada despacho judicial.
      Que sea el Consejo Superior, quien determine si la profesional de la Sub-
        Contraloría en particular o todos los representantes de este órgano, deben
        o no, adquirir conocimientos en Derecho.‖

                                           -0-

       Se acordó: 1) Acoger los citados informes así como las recomendaciones en

ellos contenidas. 2) Aclarar a la máster Fonseca Jiménez, que el personal
                                         193

designado en la Contraloría y Subcontralorías de Servicios, no necesariamente

tiene que tener conocimientos en Derecho, por cuanto su principal función es

orientar a los usuarios y obtener una respuesta a sus inquietudes para lo cual debe

contar con el apoyo de los servidores del Poder Judicial.

                                 ARTÍCULO LXX

      En sesión N° 19-05 celebrada el 15 de marzo del año en curso, artículo VIII,

se tomó el acuerdo que dice:

             ―En sesión N° 6-05 celebrada el 1° de febrero del presente año,
       artículo LXIX, se tuvo rendido el informe del Departamento Financiero
       Contable, referente a las sumas giradas de más a varios beneficiarios del
       Fondo de Jubilaciones y Pensiones por encontrarse laborando en otras
       Instituciones del Estado, y se dispuso, hacerlo del conocimiento de los
       interesados –entre ellos- la señora Yovannia Navarro Cubero, para que
       propusiera a este Consejo, un arreglo de pago.
            La señora Navarro Cubero, en nota de 7 de marzo en curso,
       manifestó:
       ―... formulo recurso de RECONSIDERACIÓN, de lo acordado por este
       Honorable Consejo, en la Sesión N° 06-05, celebrada el día primero de
       febrero del presente año, en su artículo LXIX, relacionada con un informe
       del Director del Departamento Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, en el
       sentido que debo reintegrar la suma de QUINIENTOS TREINTA Y
       CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES CON
       CUARENTA CÉNTIMOS.
       Lo anterior lo formulo por cuanto anteriormente me habían efectuado la
       misma gestión, de la cual me concedieron una audiencia, donde demostré
       que mis hijos están estudiando y por ello en Sesión del Consejo N° 26-04,
       celebrada el día 15 de abril del 2004, en el artículo XXXV se acordó:
       ―Tomar nota y acoger la solicitud de la señora Navarro Cubero, en
       consecuencia trasladar el porcentaje de beneficio de pensión que recibe la
       misma para que acreciente el monto que perciben sus hijos, a esos efectos
       se remiten las diligencias a los Departamentos de Personal y Financiero
       Contable, para lo que a cada uno corresponda. Acuerdo firme‖. En
                                          194

       consecuencia en dicha sesión conocieron del mismo asunto y más bien el
       acuerdo fue que ―la pensión que recibe doña Yovannia para que
       acreciente el monto que perciben sus hijos...‖, o sea, en ningún momento
       los señores miembros del Consejo acordaron que devolviera dinero
       alguno, como equivocadamente lo está realizando la Dirección Ejecutiva;
       posiblemente revisaron la lista de los jubilados y pensionados que debían
       dinero y no me habían eliminado, por lo que nuevamente enviaron el
       listado ante el Consejo, sin corroborar que existía tal decisión firme.
           Así las cosas solicito se reconsidere el acuerdo de la sesión 06-05 y
       se comunique a la Dirección Financiero Contable y la Dirección
       Ejecutiva, para que en lo sucesivo no me envíen más notas, que como
       madre sola de tres hijos estudiantes, me causa gran dolor y preocupación,
       por cuanto el dinero que recibo de la pensión me ayuda en mucho para
       sus estudios y manutención, aparte de mi salario, pero la situación
       económica hoy en día es difícil y por ello solicito se mantenga la decisión
       anterior.‖
                                          -0-
              Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al
       Departamento Financiero Contable un informe, en el término de tres días
       a partir del recibo de este acuerdo, que indique el desglose de los montos
       girados de más, así como los períodos en que se le aplicaron a doña
       Yovannia.‖

                                          -0-
      El licenciado Alfredo Jones, León, Director Ejecutivo, en oficio N° 5756-

DE-2005 de 28 de julio último, remite el informe N° 6870-TE-2005 suscrito por el

Jefe del Departamento Financiero Contable, que dice:

       ―Con el fin de rendir el informe correspondiente respecto al oficio N°
       6300-05 del 21 de julio del 2005, remitido por el Prosecretario General
       Walter Vargas, el cual fue recibido en este Departamento el día 21 de
       julio del 2005, adjunto copia del informe y cálculo de las sumas giradas
       de más a la ex pensionada Yovannia Navarro Cubero, por estar laborando
       en el Poder Judicial.
       En dicho informe se detalla claramente los periodos en los que la señora
       Navarro Cubero laboró para el Poder Judicial, mientras fue pensionada de
                                          195

       esta Institución, así como los montos de pensión que le fueron girados
       indebidamente, para un total neto pagado de más de ¢535,451.40.

       Asimismo, se adjunta copia del oficio N° 259-AP-2004 del 17 de febrero
       del 2004, mediante el cual el Departamento de Personal, remite los
       periodos en que laboró la señora Navarro Cubero en el Poder Judicial,
       mientras recibió una pensión de este Poder.‖

                                          -0-


      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y comunicar a la señora

Navarro Cubero, que este Consejo no está legalmente facultado para condonarle la

deuda, por lo que debe proponer en el término de ocho días contados a partir de la

comunicación de este acuerdo un arreglo de pago, con ocasión de las sumas

giradas de más.

                                 ARTÍCULO LXXI

      En sesión N° 28-05, celebrada el 14 de abril de este año, artículo LIV, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

       ―El licenciado Martínez Fernández, en virtud de que los personeros de la
       Comisión Nacional de Emergencias a esta fecha no han respondido a las
       gestiones realizadas desde hace más de un mes y medio, para coordinar la
       entrega simbólica de la donación obtenida a través de la ―Campaña por
       los Damnificados de la Zona Atlántica‖, propone que se proceda de
       inmediato a la transferencia de esos recursos a la cuenta de esa entidad N°
       91100-3 en el Banco Costa Rica, con la indicación expresa a la Comisión,
       de que deben destinarse a los afectados en Bri Bri y Talamanca, donde se
       dieron los mayores daños con motivo de las inundaciones; y solicitarles
       además que una vez distribuidos, se haga saber a este Consejo en qué
       proyecto fueron utilizados.
             Se dispuso: Acoger la moción del licenciado Martínez Fernández.
       En consecuencia: 1) Se autoriza al Departamento Financiero Contable
                                          196

       para que el dinero producto de la campaña realizada entre los servidores
       judiciales para auxiliar a los damnificados de la Zona Atlántica, lo
       deposite a nombre de la Comisión Nacional de Emergencias, en la cuenta
       bancaria N° 91100-3 de esa entidad en el Banco de Costa Rica. Los
       intereses correspondientes al último mes (abril en este caso), se remitirán
       directamente en los primeros días de mayo por parte del Departamento
       Financiero Contable, de lo cual comunicará al Consejo Superior. 2)
       Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias que dicha suma de
       dinero la destine exclusivamente a solventar problemas de los
       damnificados de Bri Bri y Talamanca, y que oportunamente rinda un
       informe a este Consejo de la forma en que fueron distribuidos esos
       recursos en esas comunidades. Se declara firme este acuerdo.‖
                                           -0-

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 5755-

DE-2005 de 28 de julio anterior, remite el informe N° 7026-TE-2005 de 26 del

mes anterior, suscrito por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento

Financiero Contable, que dice:

       ―…me permito acompañar el informe final de la cuenta denominada
       cuenta ahorros No. 200-01-095-023449-0 “Walter Jiménez Sorio
       Cta. Campaña PJ Damnificados Zona Atlántica”, cuya administración
       de recursos estuvo a cargo de este Departamento, en cumplimiento a lo
       acordado por el Consejo superior en la sesión del 18 de enero del 2005
       artículo LXI.
       Es importante señalar, que en dicho informe se refleja la totalidad de
       recursos recaudados y depositados por las diferentes Oficinas Judiciales
       de todo el país, así como lo referente a los intereses generados durante el
       tiempo que el dinero estuvo en la mencionada cuenta y los oficios
       realizados por este Despacho donde se autorizaron los traslados
       correspondientes de conformidad con los acuerdos del Consejo Superior
       sesión No. 19-05 del 14-03-05 artículo CXIV y sesión No. 28-05 del 14-
       04-05 artículo LIV.
       Para finalizar, es conveniente indicar que algunos despachos judiciales no
       aportaron los comprobantes y los listados de compañeros que
       colaboraron en tan noble causa.
                                    197

 Se adjunta fotocopias de las diligencias para lo que corresponda.

      INFORME ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
     CAMPAÑA DAMNIFICADOS ZONA ATLANTICA
    CUENTA NO. 200-01-095-023449-0 BANCO NACIONAL

Entradas

Total depositado por servidores judiciales                    ¢5.240.784,35

Más: Intereses devengados:

enero 2005                   1.659,05

 febrero 2005               28.454,80

 marzo 2005                 28.443,00

 abril    2005               23.670,45

 mayo 2005                    9.556,40                        91.783,70

Total general                                              ¢5.332.568,05

Salidas

Menos:

Aplicación oficio No.458-TI-05 (1)           -1.313.724,55

Aplicación oficio No.4503-TE-05 (2)           -4.009.287,10

Aplicación oficio No.5602-TE-05 (3)              -9.556,40
                                            ¢-5.332.568,05

Saldo según estado banco actual                           ¢0,00
                                            198

       (1) corresponde al traslado del 25% de los recursos, de conformidad con el
       acuerdo del Consejo Superior sesión No.19-05 de fecha 14/03/05 artículo
       CXIV, acreditado mediante documento bancario No. 17032005 de fecha 17-03-
       2005
       (2) corresponde al traslado de la totalidad del saldo que se encuentra en la
       cuenta al 13-05-05, que fueron acreditados a la cuenta de la Comisión Nacional
       de Emergencias, de conformidad con el Acuerdo del Consejo Superior sesión
       No. 28-05 celebrada el 14/04/05 artículo LIV, fue acreditado con documento
       bancario No. 9507567 de fecha 13-05-2005
       (3) corresponde al traslado de los recursos que tiene la citada cuenta al 24-06-
       2005, producto de los intereses devengados durante el mes de mayo 2005, que
       fueron acreditados a la cuenta de la Comisión Nacional de Emergencias, de
       conformidad con el acuerdo del Consejo Superior sesión No. 28-05 celebrada
       el 14-04-05 artículo LIV, fue acreditado con comprobante bancario No.
       95074642 de fecha 24-06-2005
       Es importante señalar que también mediante este oficio No. 5602-TE-05 se
       solicitó a la entidad bancaria cerrar dicha cuenta de ahorros.‖

                                             -0-

      Se dispuso: Tomar nota del informe anterior y hacerlo del conocimiento del

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, para que a través de la

intranet proceda a darle la publicación correspondiente.

                                  ARTÍCULO LXXII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 4866-

DE-2005 de 29 de junio del año en curso, remite la nota N° 788-ADM-2005

suscrita por la licenciada Ana Beatriz Méndez Alvarado, Administradora del

Segundo Circuito Judicial de San José, en que adjunta el informe del Juzgado

Contravencional correspondiente al mes de abril de este año, que literalmente dice:

       ―…el Sistema Costarricense de Gestión Judicial, es la herramienta
       diseñada para la realización del trabajo, en todas las oficinas judiciales
       que cuentan con este recurso. Con el tiempo, se ha hecho imprescindible
                                         199

      el que todos los usuarios que se encargan de resolver los procesos que se
      interponen en una u otra materia, lo utilicen de la manera más
      conveniente y satisfactoria para los intereses del Poder Judicial, así como
      del usuario que demanda un servicio eficiente y eficaz.
      Sin perder de vista esta premisa, procedo a remitirle un breve resumen de
      lo que en números este sistema informa, que fue la labor desplegada en el
      pasado mes de abril, por cada usuario en el Juzgado Contravencional,
      según el tipo de puesto y función en que se desenvuelven. Lo anterior,
      con el único fin de visualizar la cantidad de datos alimentados en uno y
      otro puesto en un período definido, así como proponer las
      recomendaciones que se consideren pertinentes.
      A continuación el detalle:

      TABLA Nº 1
              Movimientos registrados en el Sistema de Gestión
                 en el Juzgado Contravencional en Abril 2005

Nombre de usuario      Reubicados      Document      Notificaciones   Nuevos
                                           os
Doris Rojas Guzmán          372           325               0             0
Héctor Paniagua              30            1                0             0
Chacón
Juan Gutiérrez              269             0               1            14
Villalobos
Lizbeth Calvo Loría         314            184             0              0
Nubia Aguilar               126             33            226             0
Camacho
Nehismy Flores              305            176              3             0
Pereira
Sigifredo Leiton            761            100              2            69
Luna
Vanessa Salazar             322            167              0             0
Fallas
             TOTAL         2499            986            232            83

      Fuente: Departamento de Informática del Segundo Circuito Judicial de
      San José.

      Nomenclatura de la tabla:
      REUBICADOS:        Cantidad veces que el usuario le cambió de
                                                                                                                200

                            ubicación a diversos expedientes.
                            DOCUMENTOS: Cantidad de documentos que cada usuario
                            incorporó o asoció a los expedientes que estuvieron en su poder.
                            NOTIFICACIONES: Cantidad de notificaciones que cada usuario
                            registró en la aplicación.
                            NUEVOS: Cantidad de expedientes nuevos ingresados por usuario a
                            la aplicación.

                            GRAFICO Nº 1

                             Expedientes reubicados en el mes de Abril por el
                                personal del Juzgado Contravencional del
                                 Segundo Circuito Judicial de San José

800                                                                                                                                                    761
700
600
500
400                                                    269           314                                    305                                                                Reubicados
                            372
300                                                                                             126                                                      322
200                                     30
100
  0
      Doris Roja s Guzman



                                  Hector Paniagua



                                                    Juan Gutierrez


                                                                     Lizbeth Calvo Loría




                                                                                           Nubia Agu ilar



                                                                                                            Nehismy Flores


                                                                                                                             Sigifred o Leiton Lu na



                                                                                                                                                             Vanessa Salazar
                                                                                            Camacho
                                                      Villalobos




                                                                                                               Pereira
                                     Chacón




                                                                                                                                                                 Fallas




                             Fuente: Departamento de Informática del Segundo Circuito
                            Judicial.
                            En la tabla y gráfico Nº 1, se informa sobre la utilización de las variables
                            de expedientes reubicados, documentos generados, notificaciones
                            realizadas y juicios nuevos bajados del buzón, por parte de los usuarios
                            que utilizaron el sistema de gestión durante el mes de abril en el Juzgado
                            Contravencional.
                            La utilización de estas variables, demuestra las diferencias que se
                            establecen entre uno y otro auxiliar ; se hace la salvedad de que algunos
                            de ellos estuvieron incapacitados (as), lo que evidentemente afectó el
                            rendimiento general al finalizar el período. El período exacto de labores
                            fue de 20 días hábiles en el mes de análisis.
                                      201

   El resumen de auxiliares incapacitados y otro, es el siguiente:
 Sigifredo Leitón Luna, incapacitado del 28 al 29 de abril.
 Héctor Paniagua Chacón, incapacitado el 6, 7, 26 y 27 de abril.
 Vannesa Salazar Fallas, incapacitada del 26 al 29 de abril.
 Nubia Aguilar Camacho, incapacitada del 6 al 7 de abril.
 Juan Gutiérrez Villalobos que por estar ascendido como juez, solamente
   laboró 7 días hábiles.
   De las acotaciones primordiales que se pueden hacer con relación a la
   tabla y gráfico número 1, se enumeran las siguientes:
1- Se reubicaron en el sistema un total de 2499 expedientes. El auxiliar que
   promedió el mayor número de expedientes fue Sigifredo Leitón, toda vez
   que como es de su conocimiento, este auxiliar tiene a su cargo la
   incorporación y registro de las sentencias que se dictan en el despacho,
   además de todas aquellas funciones que tienen que ver con itineraciones
   de expedientes y recepción de demandas por ese medio.
2- Las auxiliares que se dedican a la función de tramitación y que registran
   una mayor cantidad de movimientos en el sistema de gestión, son en su
   orden: Doris Rojas con 372, Vannesa Salazar Fallas con 322, Lizbeth
   Calvo Loría con 314 y Nehismy Flores con 305.
3- En lo que respecta a los auxiliares que se encuentran ubicados en el área
   de manifestación, Nubia Aguilar reporta 126 movimientos (ella tiene
   asignado el buzón de notificaciones, que totalizó 226 notificaciones) y
   don Héctor Paniagua 30.
   Con relación a la variable de documentos generados se determinó lo
   siguiente :

   TABLA Nº 2
               Documentos utilizados en el Sistema de Gestión
                 en el Juzgado Contravencional - Abril 2005
        Nombre de usuario                 Documentos
    Doris Rojas Guzmán                          325
    Héctor Paniagua Chacón                        1
    Juan Gutiérrez Villalobos                     0
    Lizbeth Calvo Loría                         184
    Nubia Aguilar Camacho                        33
    Nehismy Flores Pereira                      176
                                                                    202

           Sigifredo Leiton Luna                     100
           Vanessa Salazar Fallas                    167
                                TOTAL                986
                       Fuente: Departamento de Informática del Segundo Circuito
          Judicial de San José.
          GRAFICO Nº 2
          Fuente: Departamento de Informática del Segundo Circuito
                    Documentos Generados en el Juzgado Contravencional
                                 en el mes de abril 2005


350
          325
300
250
200
                                          184                 176                         Documentos Generados
                                                                                    167
150
100                                                                       100
 50
                                                    33
  0                 1           0
      Rojas


              Paniagua


                         Gutierrez



                                     Lizbeth
                                               Aguilar



                                                         Nehismy


                                                                   Sigifredo


                                                                               Vanessa
                                                                               Salazar
                                     Calvo
      Doris




                                                Nubia
                                                          Flores


                                                                    Leiton
               Hector


                           Juan




          Judicial.
           De la tabla número 2, así como de su respectivo gráfico, se hacen las
          siguientes apreciaciones:
      1- Los auxiliares en general utilizaron y emitieron un total de 986 machotes
         del Sistema Costarricense de Gestión Judicial.
      2- La cuantificación de las unidades producidas por auxiliar (expedientes
         resueltos), todavía no es una variable que se pueda extraer del sistema
         fácilmente, no obstante, de parte de la Oficina Centralizada de
         Notificaciones se puede utilizar un dato útil para cuantificar este
         promedio en el pasado mes. Esa oficina informa que en abril se
         notificaron un total de 149 expedientes, que dividido entre el total de
         usuarios que se dedican a tramitar (4 en total), arroja un promedio
         mensual de expedientes entregados de 37.25 por individuo.
      3- Por la naturaleza de la materia de esta oficina, varios de los documentos
         utilizados del sistema de gestión, corresponden a machotes que no se
         notifican, dentro de ellos se tienen : denuncias, indagatorias,
         manifestaciones, etc., que según el procedimiento establecido, son
                                      203

   filtradas a través del juez tramitador, quien decide bajo la óptica legal, a
   cuál denuncia se le dará tramite, misma, que le es entregada a las
   auxiliares para su respectiva tramitación (por auxiliar se promedian de 80
   a 110 machotes de las características descritas).
4- Con vista en la tabla Nº 2, Doris Rojas (325) ocupa la mejor posición con
   relación a documentos generados en el pasado mes de abril, seguida de
   Lizbeth Calvo con 184, Nehismy Flores con 176 y Vannesa Salazar con
   167. Las últimas 3 cifras mostradas, dejan la sensación de cargas
   equilibradas, no obstante, comparativamente, el mayor promedio mantuvo
   una diferencia del 43% con respecto al segundo. Dicha situación puede
   rescatarse con el objetivo de efectuar una distribución de trabajo que le
   permita a todas las auxiliares que realizan la labor de tramitación,
   obtener a futuro, una dinámica de trabajo homogénea.
   CONCLUSIONES FINALES
   1- Una vez revisada la información que procede del Sistema
   Costarricense de Gestión Judicial, se puede determinar que la utilización
   de esta herramienta recae única y exclusivamente en el cuerpo de
   auxiliares judiciales, al respecto se transcribe el siguiente acuerdo de
   Corte Plena para su efectiva valoración:
                              …“SESION NO. 31
                            DEL 4 DE MAYO 2004
        ACUERDO DE OBLIGACIÓN DE USO DE SISTEMA DE
                        GESTIÓN
                            ARTÍCULO LXXXIX
          Señala el Magistrado Chaves, quien preside, que es muy
   preocupante el hecho, como se ha visto ya, que despachos judiciales
   remitan sus informes trimestrales y anuales con datos inexactos, pues es
   información errónea que luego es avalada por este Consejo y sirve para
   la toma de decisiones, lo cual se verifica hasta la realización de un
   inventario general que da a conocer el circulante verdadero de una
   oficina. Asimismo, constantemente se conoce de despachos en que sus
   servidores no actualizan de manera oportuna y debida el sistema
   informático, que es la herramienta de trabajo ideal a la hora de elaborar
   dichos informes, es decir que el esfuerzo hecho por el Poder Judicial
   para instalar el sistema de gestión de los tribunales se vuelve inútil, por
   la desidia de algunos de ellos de cumplir con esa importante función. Por
   lo anterior, mociona para que se ordene la publicación de una circular
   en el Boletín Judicial, en la que se reitere a todos los servidores
                                                                 204

            judiciales, sin distingo del cargo que ocupe, su obligación de incluir y
            mantener al día toda la información que debe contener el sistema de
            gestión de los tribunales, para que los datos que brinden en los informes
            mensuales, trimestrales o anuales de sus respectivos despachos sean
            fidedignos y veraces, en el entendido de que al empleado que incumpla
            esta disposición se le aplicará el régimen disciplinario, por las
            consecuencias que para el Poder Judicial tiene el que no se esté
            cumpliendo a cabalidad con la indicada labor.
            Se acordó: Acoger la propuesta del Magistrado Chaves. La Secretaría
            General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes”…
            (La negrita y el subrayado no corresponden al original)
      2- Se encontró dentro de la información analizada del mes de abril, algunas
          diferencias sustanciales entre los rendimientos ofrecidos entre unos y
          otros auxiliares de las áreas de proveído. Lo anterior motiva realizar
          nuevas valoraciones (de las mismas variables) y definir por parte del juez
          tramitador, un sistema de mayor equidad en la repartición del trabajo
          semanal, a efecto de que cada auxiliar cumpla con las mismas cuotas de
          trabajo.
                                                 RECOMENDACIONES
        Salvo mejor criterio, se propone que los jueces de esta oficina, puedan
          recibir una nueva capacitación, sobre el uso y manejo del Sistema
          Costarricense de Gestión Judicial, para que en la eventual oportunidad en
          que les eliminen las 2 plazas de auxiliar judicial que se tiene previsto por
          parte del Departamento de Planificación (una de juez también), el auxiliar
          que realiza las funciones de incorporación y registro de sentencias, se
          dedique única y exclusivamente a las funciones establecidas dentro del
          perfil del puesto de auxiliar judicial 1. Abstrayéndose totalmente de esta
          labor que es típica dentro del perfil del juez que reside en Circuitos donde
          se tiene instalada la herramienta supracitada.
        Debe velar el juez tramitador o en su defecto el « asistente judicial » por
          una equitativa distribución de las cargas de trabajo entre todos y todas las
          auxiliares del Juzgado Contravencional, por cuanto se detectaron en este
          breve análisis, algunas desigualdades en la cantidad de trabajo realizado
          entre una auxiliar (43% de más) y el resto del grupo14. En los próximos
          meses se seguirán efectuando análisis de esta misma naturaleza‖

14
   Dicha recomendación se reitera, y a la vez se acata lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión Nº 32-05 celebrada el 28 de abril
del 2005, Artículo XLIII, en la que se avaló el estudio del Departamento de Auditoria Judicial, con oficio N° 1048-89-AUO-2004 de 9 de
diciembre del 2004.
                                       205

                                        -0-
      Se acordó: 1) Acoger el informe anterior. 2) Comunicar a los licenciados

Rodrigo Zúñiga Zamora, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional, Ana

Beatriz Méndez Alvarado, Administradora, y Guillermo Obando Araya,

Administrador del citado despacho, todos del Segundo Circuito Judicial de San

José, que es criterio de este Consejo, que como resultado de los estudios que

realizan los administradores destacados en los distintos despachos del Segundo

Circuito Judicial de San José o de esa misma Administración, se produzcan

recomendaciones relacionadas exclusivamente con la forma de organización

interna de esas oficinas, es competencia exclusiva del Coordinador respectivo

junto con el Administrador y el Asistente Judicial, la decisión y responsabilidad de

adoptar las medidas para mejorar tanto el desempeño cuanto el servicio público

que se ofrece, como en el presente caso. 3) Que el Departamento de Tecnología de

la Información proceda a brindar la capacitación a los jueces sobre el uso y manejo

del Sistema Costarricense de Gestión Judicial.

                              ARTÍCULO LXXIII

      Con oficio N° 4150-DP/09-05 de 1° de agosto en curso, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, adjunta

ejemplar del cartel o pliego de condiciones para la licitación restringida, ya

dictaminado por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, la cual
                                        206

tiene por objeto la Compra de Reactivos de Laboratorio, para su respectiva

aprobación y orden de inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación restringida indicada, documento que también se

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

e)    Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Mejorar el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, en lo que se

refiere a sensibilidad, especificidad e inclusión de pruebas serológicas, mediante

pruebas de inmunoensayo o ELISA, lo cual coadyuvará en la labor que realiza la

Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses.

f)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:

      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº 10 del día viernes 14 de enero de 2005, específicamente en el ítem 20,

―Otros Productos Químicos‖, se contempló la disposición de recursos para la

presente contratación.
                                        207

      Asimismo, se procedió a confeccionar la Solicitud de Mercancía Nos.

250295 y 250643, con cargo a la subpartida 214 ―Otros Productos Químicos‖,

programas 928,     área 0, por un monto de ¢12.045.000,00 y ¢1.200.000,00,

respectivamente, a efecto de atender las obligaciones que se deriven de esta

compra.

g)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Mediante oficio No. 200 BQM 2005, de fecha 10 de mayo de 2005, la

doctora Marta Espinoza Esquivel, Jefe de la Sección de Bioquímica del

Departamento de Ciencias Forenses, solicita la compra de reactivos de laboratorio

y remite las especificaciones técnicas, lo cual necesariamente proviene de los

estudios previos realizados por ese Departamento.

h)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto

que así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la
      correcta ejecución del objeto de la contratación:
                                        208


Según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Contratación

Administrativa, en el cartel del concurso se debe hacer indicación expresa de los

recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración para verificar la

correcta ejecución del objeto de esta contratación. Por ello, en el anteproyecto de

cartel se prevé que al Área de Ejecución Contractual del Departamento de

Proveeduría, le corresponde verificar la correcta ejecución del objeto contractual,

para lo cual se hará auxiliar del departamento técnico competente, en este caso en

particular de la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses, la

cual cuenta con el personal técnico necesario para responsabilizarse de las labores

de verificación y ejecución del objeto de la contratación.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXXIV

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N°4970-DP/32-05 de 29 de julio último, expresa:

      ―En referencia a la Licitación Pública Nº 1-159-05 “Compra de
      automotores de varios tipos, incluye montacargas”, remitimos a usted la
      documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del Consejo
      Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren conveniente.
      En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días hábiles
      dispuesto en la cláusula 11.8 del cartel para resolver esta contratación
                                    209

venció el miércoles 27 de julio de 2005, no obstante todas las ofertas
presentan una vigencia de 60 días hábiles como mínimo.
Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de Contratación
Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder
Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con los documentos
aportados y los que conserva esta Proveeduría, se determinó que:
Ofertas recibidas en el presente concurso:
Para este concurso se recibieron ocho ofertas correspondientes a:
1)     Tractomotriz S. A., cédula jurídica 3-101-013912.
2)    Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori S.A., cédula jurídica 3-
101-047695.
3)     Automotores Superiores S.A., cédula jurídica 3-101-096356.
4)    Sociedad Anónima de Vehículos Automotores, cédula jurídica 3-
101-009193.
5)     Purdy Motor S.A., cédula jurídica 3-101-005744.
6)     Agencia Datsun S.A., cédula jurídica 3-101-007435.
7)     Auto Ensambladora S.A., cédula jurídica 3-101-007866.
8)     Agrosuperior S.A., cédula jurídica 3-1101-272187.
Análisis de las ofertas:
Mediante el oficio 4084-DP/32-05 de 24 de junio del año en curso, se
solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el estudio
del marco legal de las ofertas recibidas, para lo cual se señaló:
―Oferta Nº 1 Tractomotriz S. A., C.J. N° 3-101-013912:
1)     En la cláusula 8.4 efectúa un desglose del plazo de entrega, en vista
de que se requiere exoneración, no obstante, en los apartados 3.4 y 9.1
indica que la oferta es en plaza.
2)     No adjunta certificación de personería jurídica, ni certificación de la
naturaleza y propiedad de las acciones. Empero en el punto 3.2.14, se indica
que dicha documentación fue adjuntada a la licitación por registro 2-320-
05, revisada la misma, se localizaron los documentos y se adjuntó fotocopia
para la presente licitación.
Oferta Nº 2 Autocamiones de Costar Rica, Auto Cori S.A., C.J. Nº 3-101-
047695:
                                     210

1)    No adjunta fotocopia de la cédula de identidad de la persona que
firma la plica. Consultado el registro de proveedores con que cuenta este
Departamento, se determinó que dicha empresa no se encuentra registrada.
Oferta Nº 3 Automotores Superiores S.A., C.J. Nº 3-101-096356:
1)     Presenta aclaración en relación con la potencia de los vehículos
cotizados en las líneas dos y diez, indicando que debe de leerse que la
potencia con que contarán los motores de dichos vehículos es de 105 HP,
que corresponde a 78.3 Kw, y no como se indicó ―Aproximadamente 100
(cien) HP, los modelos: 2006 tendrán potencias superiores a las indicadas
en el panfleto promocional adjunto‖.
2)      A folio 367 en cuanto a la garantía por el funcionamiento indican:
―(...) durante 75.000 kilómetros o 36 (treinta y seis) meses, lo que suceda
primero a partir de su entrega en el tren motriz (caja, diferencial y motor),
así como reemplazar las piezas y componentes con defectos‖. Al tenerse
por rendida la garantía solo sobre el tren motriz, no se estarían cubriendo las
restantes partes del vehículo, por lo que se estaría en presencia de una
garantía condicionada.
Oferta Nº 4 Sociedad Anónima de Vehículos Automotores, C.J. Nº 3-101-
009193:
1)      En el punto 3.5.4 y 8.4 se indica ―Ver tabla de plazo de entrega‖, en
el inciso G del punto 11.1 establece el plazo de entrega de 90 días naturales.
2)    Sólo adjunta un timbre de ¢5.00 de la Ciudad de las Niñas, y no
aporta el timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias
Económicas de Costa Rica.
3)      No adjunta certificación de la C.C.S.S., no obstante consultado el
sistema de aportes obrero-patronal de esa entidad, esta empresa se encuentra
al día con las cuotas obrero-patronales.
Oferta Nº 5 Purdy Motor S.A., C.J. Nº 3-101-005744:
1)    Las fotocopiadas de la cédula de identidad de la persona autorizada y
de la cédula jurídica no están certificadas. Consultado el registro de
proveedores con que cuenta este Departamento, se determinó que esas
mismas fotocopias se encuentran debidamente certificadas.
Oferta Nº 6 Agencia Datsun S.A., C.J. Nº 3-101-007435:
1)    La personería jurídica no establece plazo social, domicilio ni la
conformación de la Junta Directiva de la empresa. Consultado el registro de
proveedores con que cuenta este Departamento, dicha personería tampoco
presenta la información solicitada.
                                   211

Oferta Nº 7 Auto Ensambladora S.A., C.J. Nº 3-101-007866:
1)    Las fotocopiadas de la cédula de identidad de la persona autorizada y
de la cédula jurídica no están certificadas. Consultado el registro de
proveedores con que cuenta este Departamento, se determinó que esas
mismas fotocopias se encuentran también sin certificar.
2)    La personería jurídica presentada no establece la conformación de la
Junta Directiva.
 Consultado el registro de proveedores con que cuenta este Departamento,
se determinó que dicha empresa no se encuentra registrada.
Oferta Nº 8 Agrosuperior S.A., C.J. Nº 3-101-272187:
1)    No adjunta fotocopias certificadas de la cédula de identidad de la
persona que firma la plica, ni de la cédula jurídica.
2)     No adjunta las declaraciones juradas de que está al día en el pago de
impuestos nacionales, prohibiciones del artículo 22 del Reglamento General
de Contratación Administrativa, ni que no se encuentra afecto a lo que
establece el artículo 18 de la Ley 8422.
3)    No incluye el plan de revisiones técnicas.
 Consultado el registro de proveedores con que cuenta este Departamento,
se determinó que dicha empresa no se encuentra registrada.‖
Análisis legal:
Mediante oficio N° 956-DE/AL-05 recibido el 01 de julio del año en curso,
los licenciados Carlos T. Mora Rodríguez y Alfredo Jones León, en su
orden Asesor Legal y Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva, al
referirse al estudio legal de las ofertas recibidas, señalan:
―En atención al oficio #4084-DP/32-05 de 24 de junio en curso, suscrito por
el licenciado Jorge Eduardo Ramírez Vega, Jefe a. i. del Proceso de
Adquisiciones de ese departamento, requiriendo el análisis legal de las
ofertas recibidas en la Licitación Pública N°1-159-05, cuyo objeto es la
“Compra de automotores de varios tipos, incluye un montacarga”; me
permito referirle lo siguiente:
OFERTA N°1.- TRACTOMOTRIZ S. A.:
      Califica legalmente a una eventual adjudicación. Para el suscrito no
hay duda que se requiere exoneración, pues aunque en la oferta se indica
que ―es en plaza‖, también señala que es un bien sin nacionalizar; de ahí
que también contenga el desglose requerido en la cláusula 8.4.
                                    212

OFERTA N°2.- AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S. A.:
       No se observan vicios u omisiones que la inhiban de participar al
concurso. Es preciso que aporte la copia certificada de la cédula de
identidad de la persona que firma la plica (artículo 56 del Reglamento
General de Contratación Administrativa).
OFERTA N°3.- AUTOMOTORES SUPERIORES S. A.:
      En cuanto a los aspectos señalados a esta propuesta, el suscrito
considera lo siguiente:
o      Es posible solicitar la aclaración de la potencia de los vehículos
cotizados ante una eventual adjudicación a favor de esta oferente; no
obstante, estimo que para la aplicación del parámetro de valoración del
cartel que califica ese aspecto debe considerarse lo indicado originalmente
en la plica (100 HP).
o     También hay que cursarle una prevención para que aclare los
alcances de la garantía de fábrica, pues queda la duda si los 36 meses o los
75.000 únicamente los ofrece sobre el tren motriz (caja, diferencial y motor)
y no sobre la totalidad del vehículo, lo cuál constituiría un serio desajuste
con uno de los elementos esenciales del negocio.
o      La oferta económica incluye los gastos de inscripción y placas,
aunque no son aspectos que el Poder Judicial no solicitó dentro del objeto
contractual. Así, la oferente debe aclarar cual es su costo, pues en caso de
una adjudicación puede tramitarse como un descuento al precio
originalmente ofertado.
OFERTA N°4.- SOCIEDAD                  ANÓNIMA         DE    VEHÍCULOS
AUTOMOTORES:
      Califica legalmente como eventual adjudicataria. Lo señalado en el
punto 2) puede ser subsanado mediante la vía de la prevención (artículo 56
del Reglamento General de Contratación Administrativa).
OFERTA N°5.- PURDY MOTOR S. A.:
      No se observan vicios u omisiones.
OFERTA N°6.- AGENCIA DATSUN S. A.:
      Legalmente califica al concurso. La información omitida puede ser
subsanada por medio de una prevención a la oferente, según la norma
reglamentaria supracitada.
OFERTA N°7.- AUTOENSAMBLADORA S. A.:
                                    213

       Desde el punto de vista legal puede ser considerada a una eventual
adjudicación. Conforme lo expresado líneas atrás, los aspectos señalados
por ese departamento pueden ser subsanados por la vía de la prevención.
OFERTA N°8.- AGROSUPERIOR S. A.:
       Legalmente califica al concurso. Los puntos señalado en el oficio de
referencia son subsanables por medio de una prevención a la oferente.‖
Prevenciones:
De acuerdo con lo externado en el informe de Asesoría Legal y al análisis
de esta Proveeduría, se procedió a realizar las prevenciones respectivas a las
empresas Automotores Superiores S.A., Auto Ensambladora S.A.,
Agrosuperior S.A., Purdy Motor S.A., Sociedad Anónima de Vehículos
Automotores (SAVA), el 08 de julio, en tanto que a las empresas Agencia
Datsun S.A. y Tractomotriz S.A., el 11 de julio último, otorgándoseles un
plazo de 3 días hábiles para el aporte de la información.
Los oferentes atendieron en tiempo y forma lo requerido, con excepción de
la empresa Sociedad Anónima de Vehículos Automotores, en adelante
SAVA, la cual atendió el requerimiento hasta el día 19 de los corrientes,
realizándolo de forma extemporánea; sin embargo, en virtud de que a dicha
fecha no se había efectuado la recomendación de adjudicación del
procedimiento, se estima de recibo.
Ajuste de los vehículos a los requerimientos:
Mediante análisis efectuado por esta Proveeduría, se estableció que las
ofertas cumplen con las especificaciones requeridas; a excepción de
Automotores Superiores S.A. (ver hojas de trabajo, folios 33 a 56 de
―Selección‖).
 En el caso de la empresa Automotores Superiores, en la propuesta
presentada hacen omisión a diversos aspectos solicitados en las condiciones
generales y en las especificaciones técnicas de los diferentes vehículos
cotizados, situación por la cual, mediante oficio 4372-DP/32-05 de fecha 05
de julio último (folio 67 de ―Selección‖), se solicitó que en un plazo de tres
días hábiles se pronunciaran sobre:
“Condiciones Generales
    La oferta establece una garantía de funcionamiento ―(...) durante
75.000 kilómetros o 36 (treinta y seis) meses, lo que suceda primero a partir
de su entrega en el tren motriz (caja, diferencial y motor), así como
reemplazar las piezas y componentes con defectos‖. No obstante, no indica
                                      214

nada sobre las restantes partes del vehículo, en ese sentido, se solicita
aclarar los alcances de dicha garantía.
     La oferta económica incluye los gastos de inscripción y placas, sin
embargo al no ser requeridos en el pliego de condiciones, se debe desglosar
el costo de los mismos, a fin de que en una posible adjudicación, se pueda
tramitar como un descuento al precio original ofertado.
Especificaciones técnicas
    Se debe indicar para todas las líneas cotizadas:
    El grosor de las alfombras adicionales
     De los vehículos cotizados cuales permiten la instalación de loderas o
aletas, y si las mismas se incluyen en los modelos.
    Indicar la marca y el modelo de los radios incluidos en los vehículos.
    Indicar si los vehículos poseen parasoles delanteros ajustables a ambos
lados.
    Informar si los vehículos poseen cabinas con absorción de impactos
   Indicar si las puertas poseen barras metálicas protectoras contra
impactos laterales.


Para la línea 2 se debe de indicar:
    Si el vehículo cotizado trae la batea metálica original, así como sus
características.
    Si el motor del vehículo posee protección metálica inferior para
caminos malos en el motor.
Para la línea 10 se debe de indicar:
    Si el vehículo cotizado trae la batea metálica original, así como sus
características.
   Al ser un vehículo de diesel, informar que tipo de inyección posee el
mismo.
    Indicar si los asientos se encuentran tapizados en tela.‖
De lo informado por este oferente, mediante nota del 13 de julio en curso
(folio 94 y 95, 119 y 120 de ―Selección‖), en relación con el cumplimiento
de la cabina con absorción de impactos y las puertas con barras metálicas
protectoras contra impactos laterales, analizando los hechos concurridos en
                                     215

el procedimiento, se observa una duda razonable ente lo manifestado en la
nota de cita y lo indicado por Automotores Superiores S.A. en el recurso de
objeción presentado ante la Contraloría General de la República, mediante
escrito de fecha 13 de mayo del año en curso, en el cual indicaron que los
vehículos distribuidos por esa compañía, no disponen de esos dispositivos
de seguridad.
Así las cosas, se procedió a solicitar una aclaración al respecto, mediante
oficio 4785-DP/32-05, el que cita literalmente:
 ―En relación con la Licitación Pública N° 1-159-05 denominada ―Compra
de automotores de varios tipos, incluye montacargas‖, su representada
interpuso recurso de objeción ante la Contraloría General de la República
contra al cartel de la licitación en mención, mediante escrito de fecha 13 de
mayo del año en curso, en el cual en su apartado N°4 ―sobre la
especificación de puertas con barras metálicas contra impactos laterales
para la líneas Nos. 1, 2, 9, 10 y 14‖, propiamente a lo requerido para la línea
10 del cartel, cita textual:
―Esta disposición deja fuera de toda posibilidad de participación en el
presente concurso a los vehículos distribuidos y representados por
Automotores Superiores S.A., marca Mahindra y Chery, pues no disponen
de barras protectoras contra impactos en las puertas laterales; lo
anterior, a pesar de que en la construcción de sus carrocerías, se han
utilizado técnicas y materiales modernos que garantizan la seguridad e
integridad de sus ocupantes en caso de accidentes.‖ (La negrita no es del
original).
       Solicitando a su vez petitoria al Ente Contralor, en el sentido de que
se modifique dicha especificación en el cartel y se indique ―Puertas
preferiblemente con barras metálicas protectoras contra impactos
laterales‖, aduciendo una mayor participación de oferentes al concurso,
propiciando mayor competencia y beneficios a la Administración, al
disponer de más ofertas para seleccionar la más conveniente.
       La Contraloría General de la República, mediante resolución R—
DAGJ-291-2005 (BIS) de fecha 26 de mayo del año en curso, declara sin
lugar el recurso para la línea de cita indicando que si ―la condición no
impide la competencia y está justificada no se encuentra problema en que se
mantenga como condición obligatoria‖. Por tal situación, se mantiene en el
cartel de la licitación, dicha condición de admisibilidad.
      Luego de la apertura de las ofertas y realizado el análisis de las
misma, se determinó que su representada, entre otras cosas, para los
vehículos cotizados para las líneas 1, 2, 10 y 14 con su alternativa, no indicó
                                    216

si los mismos poseen cabinas con absorción de impactos y si las puertas
poseen barras metálicas protectoras contra impactos laterales; por la que, se
solicitó aclarar dichos puntos mediante el oficio 4372-DP/32-05, notificado
el día 11 de los corrientes vía fax; atendiendo la petición solicitada,
mediante nota del 13 en curso, se indica que los vehículos ofrecidos sí
cuentan con dichos dispositivos.
Efectuando una relación de hechos, y en ese orden de elementos, se hace
necesario para esta Proveeduría Judicial, solicitar a su representada una
certificación del fabricante, en la que se informe que efectivamente los
automotores cotizados en la licitación que nos ocupa, poseen ―cabinas con
absorción de impactos y puertas con barras metálicas protectoras contra
impactos laterales‖ detallando que tipo de sistemas tienen implementados,
para lo cual se le concede un plazo de tres días hábiles contados a partir del
recibo de la presente para que ofrezca dicha certificación, con el entendido
de que de no responder a la presente nota, se procederá conforme con lo
preceptuado en el artículo 56.1.3 del Reglamento General de Contratación
Administrativa, y sin perjuicio de solicitar, posteriormente una verificación
material de los vehículos.‖
La empresa Automotores Superiores, en escrito presentado en tiempo, el 21
del mes en curso, manifiesta que efectivamente los vehículos Mahindra no
disponen de esos mecanismo, que sin embargo el fabricante les informa que
existe en el mercado un modelo de uso militar, los cuales son los que están
cotizando, que ―dispondrán de refuerzos en las puertas laterales (barras)
debidamente diseñadas y recomendadas por el fabricante‖; en el tanto que
los vehículos Chery, modelos A-15 y A-11, presentan una opción con
―barras de refuerzo en las puertas laterales‖, los cuales son los ofrecidos
para el presente procedimiento. A la vez, solicita un plazo adicional de 8
días hábiles para presentar las certificaciones emitidas por el fabricante de
los vehículos sobre estos requerimientos.
Atendiendo dicha solicitud, el 26 de julio en curso, mediante oficio 4994-
DP/32-05, se le concede tiempo hasta el 27 de Julio de 2005 para la
presentación de las certificaciones ofrecidas, las cuales son aportadas en
tiempo, indicando para los vehículos cotizados en las líneas 2 y 10, la
empresa Mahindra & Mahindra Ltd. lo siguiente:
―Por medio de la presente hacemos constar lo siguiente en referencia a los
vehículos   Mahindra      modelos:   BOLERO         DOBLE       CABINA
INTERCOOLER 4 X4 Y BOLERO CABINA SENCILLA
TURBODIESEL INTERCOOLER 4 X 4, le informe lo siguiente:
                                     217

1.         Estos vehículos en sus versiones comerciales no disponen de
barras de refuerzo en las puertas laterales; aunque son construidos
enteramente en materiales de primera calidad, con aceros vírgenes. Sus
carrocerías son construidas bajo las más estrictas normas de seguridad y
calidad, por lo que resultan aptas para la absorción de impactos (en caso de
colisión).
2.         Estos vehículos se pueden dotar de mecanismos de protección
contra impactos en las puertas laterales (barras), debidamente diseñadas por
esta fábrica.
3.         alternativamente, podrá suplirse también con características de
versión militar (en cuanto al uso de materiales para la fabricación de las
puertas (acero de mayor espesor)) (sic), que poseen condiciones de
seguridad superiores que los vehículos de uso comercial."
De igual forma, para los vehículos Chery cotizados en las líneas 1, 14 y su
alternativa, se presenta nota remitida por la empresa Saic Chery Automobile
Co. Ltd., estableciendo lo siguiente:
―Por medio de la presente hacemos constar que los vehículos CHERY
modelos: A-15 y A-11, en sus versiones comerciales disponen de barras de
refuerzo en las puertas laterales; lo que representa una significativa mejoría
en las condiciones de seguridad de los ocupantes.‖
De lo hasta aquí expuesto, en relación con todo lo manifestado por
Automotores Superiores, se puede concluir lo siguiente:
1.-    Para la líneas 1 y 14, la carta emitida por el fabricante mediante
escrito del 21 de julio (folio 132 de ―Selección‖), se indica claramente que
los vehículos en sus versiones comerciales disponen de barras de refuerzo
en las puertas laterales; sin embargo, no refrendó lo relativo a la cabina con
capacidad para absorber impactos, aspecto de trascendental importancia en
los vehículos institucionales, según quedó evidenciado en la respuesta a
recurso de objeción planteado y resuelto por la Contraloría General de la
República, por lo tanto, esta oferta debe excluirse del concurso para las
líneas 1 y 14; no obstante, se advierte que tampoco tenían capacidad
material para resultar adjudicatarios si hubiesen resultado elegibles.
2.-    En el caso de la línea Nº 2, no detallaron ni dejaron suficientemente
claro, el revestimiento que tendrían las bateas metálicas, según lo requirió el
cartel en el punto 10 de esa línea, aunado a lo anterior, referente a la
petición del cartel en el punto 14 de esta misma, en la que se requiere motor
con protección metálica inferior para caminos malos, este oferente, en nota
de 13 de julio (folio 119 de ―Selección), expresamente indica que este
                                     218

vehículo tiene el motor protegido por el sistema de transmisión (barra, ejes,
diferencial) por lo que no requiere este tipo de protección; por lo tanto, este
incumplimiento técnico que es de trascendencia para los vehículos doble
cabina, en especial cuando se practican diligencias en materia agraria,
resulta fundamental para la óptima protección del motor y también para
augurar mayor seguridad en los pasajeros al permitir ingresar y salir de
caminos difíciles. El alegato de la oferente no es de recibo, en el tanto
todos los vehículos cotizados traen sistemas mecánicos similares y no por
ello dejan de ofrecer esta protección, por el contrario, la ofrecen en virtud
de que se ha identificado como garantía de protección al motor.
       Por lo anterior, al estarse en presencia de un incumplimiento a
condiciones sustanciales, no es posible considerar para efectos de
adjudicación, esta oferta en cuanto a la línea Nº 2. Los aspectos relativos a
barras de protección y cabina con absorción de impactos no se entran a
analizar por economía procesal.
3.-     En el caso de las líneas 9 y 10, en relación con las barras metálicas
protectoras contra impactos en las puertas laterales, indica la oferente (folio
126 de ―Selección‖), que los modelos fabricados para el mercado civil no
disponen de este mecanismo.          Agrega sin embargo, que realizada la
consulta pertinente ante la fábrica, se les informó que existe un modelo de
uso miliar, que tiene construcción diferente al modelo destinado al mercado
civil, ya que cuenta con las puertas laterales reforzadas.
Se evidencia, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, que la oferta
es incierta en cuento al objeto cotizado, por una parte, la oferta no indica
explícitamente su cumplimiento con esas características, más adelante,
frente a la prevención, indican que sí cumplen, pero enfáticamente en el
aspecto de las barras protectoras. Obsérvese que con la remisión de las
cartas del fabricante, mediante el escrito de 27 de este mes (folio 134 de
―Selección‖), aluden a que los fabricantes indican que los vehículos
ofrecidos en la licitación de interés, cuentan con dispositivos de seguridad
contra impactos en las puertas laterales (barras de protección). Así también
en la nota de 21 de julio emitida por el oferente con motivo de la
prevención cursada, se hace énfasis en el cumplimiento de las unidades
respecto de las barras protectores, mas no de la capacidad de la cabina de
absorber impactos; por lo tanto, la oferta deviene en incierta y no admisible
al concurso para estas líneas 9 y 10.
       Por otra parte, para la línea del montacargas (línea 13), los oferentes
que cotizaron, presentaron ligeros desajustes en los mismos puntos, a saber
la elevación libre y la altura para elevar cargas, sin embargo, de lo indicado
                                    219

por la Jefatura del Almacén de Proveeduría, se concluye que las diferencias
son irrelevantes.
Análisis y valoración:
Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico detallados
en los puntos anteriores, se procede seguidamente a la exposición, análisis y
valoración de las circunstancias concurrentes en el presente procedimiento
de contratación.
Se tiene como primer resultado de la promoción de este procedimiento de
contratación, la participación de ocho oferentes.
De conformidad con los criterios emanados por la Sección de Asesoría
Legal, todas las ofertas califican a una eventual adjudicación, siempre y
cuando se atiendan las prevenciones correspondientes, lo cual se indicó
líneas atrás, fue satisfecho.
En el análisis efectuado por esta Proveeduría, se tiene también como
susceptible de resultar adjudicatarias las ofertas de los oferentes entrados a
concurso, con la salvedad de descartar a la empresa Automotores Superiores
S.A. para todas las líneas en las que concursa, por ofrecer vehículos que en
conclusión se consideran no están cumpliendo con las especificaciones
técnicas.
Razonabilidad de precio
Para la presente licitación se llegó a la conclusión de que todos los precios
cotizados son razonables; por cuanto las propuestas se ubican en un más
menos 20% respecto de las estimaciones efectuadas por este Poder Judicial,
que constan en hojas de trabajo adjuntas a la cejilla de ―Cartel‖ y para las
cuales se tomaron en cuentan los precios de licitaciones anteriores, la
consulta de precios de posibles vehículos y un bajo margen de holgura que
se le aplicó a los precios en dólares, por cuanto el mercado nacional de
vehículos nuevos utiliza esa moneda y no se afecta directamente por la
inflación local. Se aprecian diferencias porcentuales mayores a las
indicadas supra, en el caso de las líneas 4 y 15, donde hay un menos 31.67%
respecto del monto presupuestado, pero ello se debe, en parte, a que el
vehículo cotizado es de origen Coreano y el presupuesto se basó en los
vehículos existentes en el Poder Judicial, a saber Japoneses y
Estadounidenses, cuyas manufacturas a nivel de vehículos tiende a ser de
mayor precio.
En el montacargas, sea la línea Nº 13, se presenta una diferencia relativa
muy alta, en el orden del 71.38; sin embargo, se debe a que inicialmente se
había previsto una unidad de características inferiores, de tal suerte que al
                                                             220

               variarse las mismas, no se modificó la hoja de trabajo; a mayor
               abundamiento, se debe indicar que se recibieron dos ofertas para esa línea y
               los precios recibidos distan entre sí apenas $2.546,00, que implican un 11%
               de diferencia; en consecuencia, estos precios se tienen también por
               razonables.
               En la línea Nº 6, referido a un vehículo tipo camión doble cabina, el
               presupuesto estimado se efectúo por $25.000,00; no obstante, el único bien
               elegible fue cotizado en €28.000,00, equivalentes a $33.354,00 (paridad de
               1€=$1,2055, al 13 junio de 2005), lo cual abre una porcentual en el orden
               del 35%, que por sí mismo no implica irrazonabilidad en el precio, pero si
               genera una insuficiente presupuestaria de $8.354,00, que inhibe adjudicar
               esta línea.
               Cuadro comparativo:
               Seguidamente se procede a evaluar los factores que determinan la
               calificación que corresponde otorgar a cada participante aplicando el
               sistema de evaluación establecido en el cartel.
               I. De los resultados por oferente
Oferta 1
           Tractomotriz
                                         Colores                                              Combustible
 Líneas       Garantía    Repuestos                    Ventas   Potencia   Precio   Entrega                     Total
                                      (sólo línea 1)                                          (sólo línea 3)
    13         10,50        1,50             -          0,26         -     64,02     12,00           -          88,28


Oferta 2
Auto Cori
                                         Colores                                              Combustible
 Líneas       Garantía    Repuestos                    Ventas   Potencia   Precio   Entrega                     Total
                                      (sólo línea 1)                                          (sólo línea 3)
    6          14,00        1,50             -          5,00       10,00   55,98     12,00           -          98,48
 Alter. 6      14,00        1,50             -          5,00        9,62   57,00     12,00           -          99,12


Oferta 3
Automotores Superiores
                                      Colores (sólo                                           Combustible
 Líneas       Garantía    Repuestos                    Ventas   Potencia   Precio   Entrega                     Total
                                        línea 1)                                              (sólo línea 3)
     1           -            -             -            -           -       -         -             -         No cumple
     2           -            -             -            -           -       -         -             -         No cumple
    10           -            -             -            -           -       -         -             -         No cumple
    14           -            -             -            -           -       -         -             -         No cumple
 Alter. 14       -            -             -            -           -       -         -             -         No cumple


Oferta 4
                                                       221

SAVA
                                   Colores (sólo                                          Combustible
 Líneas     Garantía   Repuestos                   Ventas   Potencia   Precio   Entrega                    Total
                                     línea 1)                                             (sólo línea 3)
    1          14,00     1,50          3,00         0,58      7,73     53,55     12,00           -         92,36


Oferta 5
Purdy Motor
                                   Colores (sólo                                          Combustible
 Líneas     Garantía   Repuestos                   Ventas   Potencia   Precio   Entrega                    Total
                                     línea 1)                                             (sólo línea 3)
    1          14,00     2,00          3,00         5,00      8,00     54,00     12,00           -          98,00
 Alter. 1      14,00     2,00            -          3,34     10,00     43,79     12,00           -          85,12
    4          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
    7          14,00     2,00            -          0,27      7,56     41,77     12,00           -          77,59
    8          14,00     2,00            -          2,25      6,00     57,00     12,00           -          93,25
    9          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
   10          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
   11          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
   14          14,00     2,00            -          5,00      6,24     54,42     12,00           -          93,66


Oferta 6
Agencia Datsun
                                   Colores (sólo                                          Combustible
 Líneas     Garantía   Repuestos                   Ventas   Potencia   Precio   Entrega                    Total
                                     línea 1)                                             (sólo línea 3)
    1          14,00     0,50          2,00         4,25      7,80     50,18     12,00           -         90,73
    2          14,00     0,50            -          5,00      9,71     49,95     12,00           -         91,16
    7          14,00     0,50            -          5,00      8,56     40,98     12,00           -         81,03
    8          14,00     0,50            -          5,00      9,52     39,88     12,00           -         80,90


Oferta 7
Auto Ensambladora
                                   Colores (sólo                                          Combustible
 Líneas     Garantía   Repuestos                   Ventas   Potencia   Precio   Entrega                    Total
                                     línea 1)                                             (sólo línea 3)
    1          14,00     2,00          3,00         0,59      8,20     51,60     12,00           -          91,39
    2          14,00     2,00            -          0,54      8,81     57,00     12,00           -          94,36
    5          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
Alter. 5       14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
    7          14,00     2,00            -          1,05     10,00     57,00     12,00           -          96,05
    8          14,00     2,00            -          1,28     10,00     51,83     12,00           -          91,10
   14          14,00     2,00            -          0,18      9,21     57,00     12,00           -          94,40
   15          14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00
Alter. 15      14,00     2,00            -          5,00     10,00     57,00     12,00           -         100,00


Oferta 8
Agrosuperior
                                   Colores (sólo                                          Combustible
 Líneas     Garantía   Repuestos                   Ventas   Potencia   Precio   Entrega                    Total
                                     línea 1)                                             (sólo línea 3)
                                                        222

13       14,00       0,50             -           5,00         -         67,00       12,00             -           98,50



           II. De los resultados finales

         Oferta 1    Oferta 2     Oferta 3     Oferta 4     Oferta 5       Oferta 6          Oferta 7      Oferta 8
                                 Automotores                               Agencia           Auto
Línea Tractomotriz Auto Cori                    SAVA       Purdy Motor                                Agrosuperior
                                  Superiores                               Datsun        Ensambladora
  1      No cotiza   No cotiza    No cumple     92,36        98,00           90,73            91,39        No cotiza
Altern       -           -            -            -         85,12             -                 -             -
  2      No cotiza   No cotiza    No cumple    No cotiza    No cotiza        91,16            94,36        No cotiza
  3                                                      DESIERTA
  4      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza      100,00       No cotiza         No cotiza     No cotiza
  5      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza    No cotiza      No cotiza          100,00       No cotiza
Altern       -          -             -            -            -              -             100,00*           -
  6      No cotiza    98,48       No cotiza    No cotiza    No cotiza      No cotiza         No cotiza     No cotiza
Altern       -        99,12           -            -            -              -                 -             -
  7      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza      77,59          81,03            96,05        No cotiza
  8      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza      93,25          80,90            91,10        No cotiza
  9      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza      100,00       No cotiza         No cotiza     No cotiza
 10      No cotiza   No cotiza    No cumple    No cotiza      100,00       No cotiza         No cotiza     No cotiza
 11      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza      100,00       No cotiza         No cotiza     No cotiza
 12                                                      DESIERTA
 13       88,28      No cotiza    No cotiza    No cotiza    No cotiza      No cotiza         No cotiza      98,50
 14      No cotiza   No cotiza    No cumple    No cotiza      93,66        No cotiza          94,40        No cotiza
Altern       -           -        No cumple        -               -             -              -              -
 15      No cotiza   No cotiza    No cotiza    No cotiza    No cotiza      No cotiza          100,00       No cotiza
Altern       -           -            -            -               -             -           100,00*           -
           *Nota: Las alternativas poseen el mismo puntaje que las ofertas base, en virtud
           de que el pliego de condiciones establece que las ofertas que incluyen por sí
           mismas algún juego completo de opcionales, se evaluarán igual en ambos
           extremos.
           Recomendación:
                  De acuerdo con las circunstancias concurrentes, se concluye que el
           ganador del concurso es en las líneas 1, 4, 8, 9, 10 y 11 la oferta
           presentada por Purdy Motor S.A., en las líneas 2, 5, 7, 14 y 15 la oferta
           presentada por Auto Ensambladora S.A., y en la línea 13 la oferta
           presentada por Agrosuperior S.A., por cumplir a cabalidad con las
           características del objeto contractual y obtener el puntaje más alto.
                                         223

             Las líneas 3 y 12 se declararon desiertas mediante acuerdo del
      Consejo Superior en sesión N°51-05 celebrada el 05 de julio último,
      artículo LXXVII; en tanto que la línea 6 se deviene en infructuosa, en
      vista de que el presupuesto inicial para hacerle frente asciende a la suma
      de $25.000,00, y el único oferente que cotizó la misma, sea Autocamiones
      de Costa Rica, Auto Cori S.A., ofreció en su oferta base un precio de
      €28.000,00 y en su oferta alternativa €26.800,00, equivalentes a
      $33.754,00 y a $32.307,40, según el tipo de cambio de 1€= $1,2055 del
      13/06/05.
              Por su parte, se recomienda la adjudicación de las alternativas de
      las líneas 5 y 15, las cuales a pesar de tener un precio mayor a las ofertas
      base, las características propias del vehículo permite mejores beneficios
      para la Institución. Además, como ya se mencionó en el apartado de la
      razonabilidad del precio, la alternativa está por debajo del presupuesto
      asignado en forma unitaria a estos automotores, sea este de $30.000,00
             Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
      presupuestarios, mediante solicitudes de pedido N° 250568, 250569,
      250570 y 250571 todas del 2005, por montos de ¢13.600.000,00,
      ¢61.631.669,56, ¢45.000.000,00 y ¢183.475.132,93, respectivamente,
      donde se están separando recursos por la suma de ¢303.836.802,49, más
      ¢145.200.000,00 en avalúos derivados de los vehículos a entregar como
      parte de pago, para un gran total de ¢449.036.802,49; se recomienda
      adjudicar la presente licitación conforme al detalle siguiente:
      A: Purdy Motor S.A., cédula jurídica 3-101-005744:

      Línea 1: Ocho vehículos tipo automóvil, marca Toyota, estilo Yaris
      Sedán, modelo 2006, con un precio unitario de $9.675,00, para un total de
      $77.400,00.

           Vehículo a entregar como parte de pago.

CL137383 FORD PANEL ECONOLINE E150 GASOLINA 1995 ¢3.200.000,00

           Total vehículo a entregar ¢3.200.000,00, equivalentes a
      $6.657,10, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para
      un neto a girar de $70.742,90.

      Línea 4: Un vehículo tipo rural 4x4, marca Toyota, estilo 4Runner,
      modelo 2006, con un precio total de $29.500,00.
                                         224

       Línea 8: Cuatro vehículos tipo rural 4x4 sin duplicación, marca
       Daihatsu, estilo Terios, modelo 2006, con un precio unitario de
       $12.500,00, para un total de $50.000,00.

            Vehículo a entregar como parte de pago.


       PJ877 DAIHATSU TERIOS RURAL GASOLINA 2000 ¢4.700.000,00

            Total vehículo a entregar ¢4.700.000,00, equivalentes a
       $9.777,61, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para
       un neto a girar de $40.222,39.

       Línea 9: Cinco vehículos tipo pick up, tracción sencilla, marca Toyota,
       estilo Hilux Pick Up, modelo 2006, con un precio unitario de $16.750,00,
       para un total de $83.750,00.

            Vehículos a entregar como parte de pago.
CL149888 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997 ¢4.000.000,00
CL149890 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997 ¢4.000.000,00
CL149894 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997 ¢4.000.000,00

            Total vehículos a entregar ¢12.000.000,00, equivalentes a
       $24.964,11, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69,
       para un neto a girar de $58.785,89.

       Línea 10: Tres vehículos tipo pick up, tracción 4x4, marca Toyota, estilo
       Hilux Pick Up, cabina sencilla, doble tracción, modelo 2006, con un
       precio unitario de $19.950,00, para un total de $59.850,00.

          Vehículos a entregar como parte de pago.
       CL182225 CHEVROLET PICKUP S10 DIESEL 2000 ¢5.300.000,00
       CL182309 CHEVROLET PICKUP S10 DIESEL 2000 ¢5.300.000,00
       CL182248 CHEVROLET PICKUP S10 DIESEL 2000 ¢5.000.000,00

            Total vehículos a entregar ¢15.600.000,00, equivalentes a
       $32.453,35, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69,
       para un neto a girar de $27.396,65.

       Línea 11: Cuatro vehículos tipo rural, dos puertas, marca Toyota, estilo
       Land Cruiser Hard Top Long, modelo 2006, con un precio unitario de
       $33.650,00, para un total de $134.600,00.
                                       225

          Vehículos a entregar como parte de pago.

     CL167328 CHEVROLET PANEL 3500 GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
     CL169897 CHEVROLET PANEL 3500 GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
     CL175361 CHEVROLET PANEL 3500 GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
     CL149887 FORD PANEL ECONOLINE 350 GASOLINA 1997             ¢4.000.000,00


          Total vehículos a entregar ¢18.100.000,00, equivalentes a
     $37.654,21, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69,
     para un neto a girar de $96.945,79.

     Plazo de entrega: 75 días naturales para la entrega de los documentos
     para el trámite de exoneración y 15 días naturales después de entregados
     los documentos de exoneración, para la entrega de los vehículos.

     Garantía: Contra defectos de fabricación por 36 meses o 75.000
     kilómetros, lo que ocurra primero.

          Demás características y condiciones según cartel y oferta.

          Total recomendado a adjudicar a este oferente: $435.100,00

     A: Auto Ensambladora S.A., cédula jurídica 3-101-007866:

     Línea 2: Once vehículos tipo pick up, doble cabina, marca Mazda,
     estilo B 2900, doble tracción y duplicación, modelo 2006, con un precio
     unitario de $17.425,00, para un total de $191.675,00.

         Vehículos a entregar como parte de pago.
 PJ849 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
 PJ853 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
 PJ854 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
 PJ856 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
 PJ857 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
 PJ858 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                     2000   ¢5.200.000,00
CL177013 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                   2000   ¢5.200.000,00
 PJ 851 TOYOTA HILUX DLX PICK UP DC GASOLINA                    2000   ¢5.200.000,00
                                        226

            Total vehículos a entregar ¢41.600.000,00, equivalentes a
       $86.542,26, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para
       un neto a girar de $105.132,74.

       Línea 5: Dos vehículos tipo automóvil, marca Kia, estilo Opirus, sedán
       cuatro puertas tapizado en cuero, modelo 2006, con un precio unitario de
       $20.550,00, para un total de $41.100,00.

           Vehículos a entregar como parte de pago.
  364881 CRYSLER      STRATUS SEDAN LX         GASOLINA 2000 ¢5.000.000,00
                      STRATUS SEDAN LX
  366020 CRYSLER         (PJ908 comodín)       GASOLINA 2000 ¢5.000.000,00


            Total vehículos a entregar ¢10.000.000,00, equivalentes a
       $20.803,43, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para
       un neto a girar de $20.296,57.

       Línea 7: Dos vehículos tipo microbús, marca Kia, estilo Pregio,
       capacidad para 15 pasajeros, modelo 2005, con un precio unitario de
       $15.948,00, para un total de $31.896,00.

            Vehículos a entregar como parte de pago.
   PJ855     NISSAN        URBAN MICROBUS DIESEL                2000 ¢6.000.000,00
   PJ882     NISSAN        URBAN MICROBUS DIESEL                2000 ¢6.000.000,00


            Total vehículos a entregar ¢12.000.000,00, equivalentes a
       $24.964,11, según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para
       un neto a girar de $6.931,89.

       Línea 14: Cinco vehículos tipo automóvil, marca Kia, estilo Cerato,
       sedán cuatro puertas, modelo 2006, con un precio unitario de $11.680,00,
       para un total de $58.400,00.

            Vehículo a entregar como parte de pago.

CL188718 MERCEDEZ B MB 100D2.9, PANEL DIESEL 1997                  ¢2.500.000,00
                                      227

          Total vehículo a entregar ¢2.500.000,00, equivalentes a $5.200,86,
    según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a
    girar de $53.199,14.

    Línea 15: Un vehículos tipo automóvil con caja automática, marca Kia,
    estilo Opirus, sedán cuatro puertas tapizado en cuero, modelo 2006, con
    un precio total de $20.550,00.

         Vehículo a entregar como parte de pago.

391920 CRYSLER         STRATUS SEDAN               GASOLINA 2000 ¢5.000.000,00

          Total vehículo a entregar ¢5.000.000,00, equivalentes a $10.401,71,
    según el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a
    girar de $10.148,29.

    Plazo de entrega: 80 días naturales para la entrega de los documentos
    para el trámite de exoneración y 10 días naturales después de entregados
    los documentos de exoneración, para la entrega de los vehículos.

    Garantía: Contra defectos de fabricación por 36 meses o 100.000
    kilómetros, lo que ocurra primero.

         Demás características y condiciones según cartel y oferta.

    Total recomendado a adjudicar a este oferente: $343.621,00

    A: Agrosuperior S.A., cédula jurídica 3-101-272187:


    Línea 13: Un montacargas o carretilla elevadora, marca Komatzu, estilo
    FG25T-12, modelo 2005, que incluye tanque adicional de LPG y los
    repuestos (aro con llanta) delantero y trasero, con un precio total de
    $22.859,00.
    Plazo de entrega: 8 días hábiles para la entrega del montacargas y 30
    días naturales para la entrega de la sobrehorquilla.

    Garantía: 2000 horas contra defectos de fabricación.

         Demás características y condiciones según cartel y oferta.
                                       228

             Total recomendado a adjudicar a este oferente: $22.859,00

          GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR: $801.580,00
            (equivale a ¢385.311.490,20 al tipo de cambio promedio
                      del día 29/07/05, de ¢480,69 por 1$US).

                                       - 0-
      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 56 del Reglamento General de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Pública N° 1-159-05

de la siguiente manera:

A: Purdy Motor S.A., cédula jurídica 3-101-005744:

Línea 1:        Ocho vehículos tipo automóvil, marca Toyota, estilo Yaris
Sedán, modelo 2006, con un precio unitario de $9.675,00, para un total de
$77.400,00.

      Vehículo a entregar como parte de pago.

                          PANEL ECONOLINE
    CL137383   FORD             E150           GASOLINA     1995   ¢3.200.000,00

      Total vehículo a entregar ¢3.200.000,00, equivalentes a $6.657,10, según el
tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de $70.742,90.

Línea 4:        Un vehículo tipo rural 4x4, marca Toyota, estilo 4Runner,
modelo 2006, con un precio total de $29.500,00.

Línea 8:         Cuatro vehículos tipo rural 4x4 sin duplicación, marca Daihatsu,
estilo Terios, modelo 2006, con un precio unitario de $12.500,00, para un total de
$50.000,00.
                                       229

      Vehículo a entregar como parte de pago.
      PJ877 DAIHATSU TERIOS RURAL GASOLINA             2000    ¢4.700.000,00

      Total vehículo a entregar ¢4.700.000,00, equivalentes a $9.777,61, según el
tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de $40.222,39.

Línea 9:          Cinco vehículos tipo pick up, tracción sencilla, marca Toyota,
estilo Hilux Pick Up, modelo 2006, con un precio unitario de $16.750,00, para un
total de $83.750,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.

      CL149888 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997             ¢4.000.000,00
      CL149890 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997             ¢4.000.000,00
      CL149894 FORD PANEL ECOLINE 350 GASOLINA 1997             ¢4.000.000,00

       Total vehículos a entregar ¢12.000.000,00, equivalentes a $24.964,11, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de
$58.785,89.

Línea 10:        Tres vehículos tipo pick up, tracción 4x4, marca Toyota, estilo
Hilux Pick Up, cabina sencilla, doble tracción, modelo 2006, con un precio
unitario de $19.950,00, para un total de $59.850,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.

       CL182225       CHEVROLET      PICKUP S10 DIESEL 2000      ¢5.300.000,00
       CL182309       CHEVROLET      PICKUP S10 DIESEL 2000      ¢5.300.000,00
       CL182248       CHEVROLET      PICKUP S10 DIESEL 2000      ¢5.000.000,00

       Total vehículos a entregar ¢15.600.000,00, equivalentes a $32.453,35, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de
$27.396,65.

Línea 11:         Cuatro vehículos tipo rural, dos puertas, marca Toyota, estilo
Land Cruiser Hard Top Long, modelo 2006, con un precio unitario de $33.650,00,
para un total de $134.600,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.
                                        230

 CL167328    CHEVROLET          PANEL 3500          GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
 CL169897    CHEVROLET          PANEL 3500          GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
 CL175361    CHEVROLET          PANEL 3500          GASOLINA 1999 ¢4.700.000,00
                             PANEL ECONOLINE
 CL149887       FORD                350             GASOLINA 1997 ¢4.000.000,00

       Total vehículos a entregar ¢18.100.000,00, equivalentes a $37.654,21, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de
$96.945,79.

Plazo de entrega:    75 días naturales para la entrega de los documentos para el
trámite de exoneración y 15 días naturales después de entregados los documentos
de exoneración, para la entrega de los vehículos.
Garantía:        Contra defectos de fabricación por 36 meses o 75.000 kilómetros,
lo que ocurra primero.
      Demás características y condiciones según cartel y oferta.
                 Total adjudicado a este oferente: $435.100,00

A: Auto Ensambladora S.A., cédula jurídica 3-101-007866:

Línea 2:         Once vehículos tipo pick up, doble cabina, marca Mazda, estilo B
2900, doble tracción y duplicación, modelo 2006, con un precio unitario de
$17.425,00, para un total de $191.675,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.

                         HILUX DLX PICK UP
   PJ849     TOYOTA             DC              GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
                         HILUX DLX PICK UP
   PJ853     TOYOTA             DC              GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
                         HILUX DLX PICK UP
   PJ854     TOYOTA             DC              GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
                         HILUX DLX PICK UP
   PJ856     TOYOTA             DC              GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
                         HILUX DLX PICK UP
   PJ857     TOYOTA             DC              GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
   PJ858     TOYOTA      HILUX DLX PICK UP      GASOLINA     2000   ¢5.200.000,00
                                       231

                               DC
                        HILUX DLX PICK UP
 CL177013    TOYOTA            DC              GASOLINA     2000    ¢5.200.000,00
                        HILUX DLX PICK UP
   PJ 851    TOYOTA            DC              GASOLINA     2000    ¢5.200.000,00


      Total vehículos a entregar ¢41.600.000,00, equivalentes a $86.542,26, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de
$105.132,74.

Línea 5:         Dos vehículos tipo automóvil, marca Kia, estilo Opirus, sedán
cuatro puertas tapizado en cuero, modelo 2006, con un precio unitario de
$20.550,00, para un total de $41.100,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.

 364881 CRYSLER        STRATUS SEDAN LX         GASOLINA     2000   ¢5.000.000,00
                       STRATUS SEDAN LX
 366020 CRYSLER          (PJ908 comodín)        GASOLINA     2000   ¢5.000.000,00

       Total vehículos a entregar ¢10.000.000,00, equivalentes a $20.803,43, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de
$20.296,57.

Línea 7:         Dos vehículos tipo microbús, marca Kia, estilo Pregio, capacidad
para 15 pasajeros, modelo 2005, con un precio unitario de $15.948,00, para un
total de $31.896,00.

      Vehículos a entregar como parte de pago.
                                                     ¢6.000.000,0
  PJ855     NISSAN        URBAN MICROBUS DIESEL 2000      0
                                                     ¢6.000.000,0
  PJ882     NISSAN        URBAN MICROBUS DIESEL 2000      0


       Total vehículos a entregar ¢12.000.000,00, equivalentes a $24.964,11, según
el tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de $6.931,89.
                                       232

Línea 14:        Cinco vehículos tipo automóvil, marca Kia, estilo Cerato, sedán
cuatro puertas, modelo 2006, con un precio unitario de $11.680,00, para un total de
$58.400,00.

      Vehículo a entregar como parte de pago.

CL188718 MERCEDEZ B MB 100D2.9, PANEL DIESEL 1997 ¢2.500.000,00

      Total vehículo a entregar ¢2.500.000,00, equivalentes a $5.200,86, según el
tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de $53.199,14.

Línea 15:         Un vehículos tipo automóvil con caja automática, marca Kia,
estilo Opirus, sedán cuatro puertas tapizado en cuero, modelo 2006, con un precio
total de $20.550,00.

      Vehículo a entregar como parte de pago.

 39192                                                   200 ¢5.000.000,0
   0 CRYSLER            STRATUS SEDAN            GASOLINA 0       0

      Total vehículo a entregar ¢5.000.000,00, equivalentes a $10.401,71, según el
tipo de cambio promedio de 1US$ = ¢480,69, para un neto a girar de $10.148,29.

Plazo de entrega: 80 días naturales para la entrega de los documentos para el
trámite de exoneración y 10 días naturales después de entregados los documentos
de exoneración, para la entrega de los vehículos.

Garantía:         Contra defectos de fabricación por 36 meses o 100.000
kilómetros, lo que ocurra primero.

      Demás características y condiciones según cartel y oferta.

                 Total adjudicado a este oferente: $343.621,00

A: Agrosuperior S.A., cédula jurídica 3-101-272187:

Línea 13:         Un montacargas o carretilla elevadora, marca Komatzu, estilo
FG25T-12, modelo 2005, que incluye tanque adicional de LPG y los repuestos (aro
con llanta) delantero y trasero, con un precio total de $22.859,00.
                                         233

Plazo de entrega: 8 días hábiles para la entrega del montacargas y 30 días
naturales para la entrega de la sobrehorquilla.

Garantía:        2000 horas contra defectos de fabricación.

      Demás características y condiciones según cartel y oferta.

                  Total adjudicado a este oferente: $22.859,00

      GRAN      TOTAL       ADJUDICADO:       $801.580,00     (equivale   a
¢385.311.490,20 al tipo de cambio promedio del día 29/07/05, de ¢480,69 por
1$US).
      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda.

Acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXV

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N°5210-DP/10-05 de 29 de julio último, expresa:

              ―En referencia a la Licitación Pública Nº 1-160-05 “Ampliación
       del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya”, remitimos a usted
       la documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.
              En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 12.4 del cartel para resolver esta
       contratación vence el día de hoy, sin embargo, todos los oferentes
       presentaron sus propuestas con vigencias superiores a las requeridas en el
       pliego, por lo tanto, se encuentran vigentes.
             Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras
       del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con los
       documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se determinó
       que:
                                     234

  Ofertas recibidas en el presente concurso:
  Para este concurso se recibieron cuatro ofertas correspondientes a:
  N° 1: Consorcio de empresas Arquitectura JOF, S. A. e Ingeniería
  GAIA S. A., cédulas jurídicas 3-101-141203 y 3-101-234410,
  respectivamente.
  N° 2: E. S. Consultoría y Construcción, S. A., cédula jurídica 3-101-
  090610.
  N° 3: Rodríguez Constructores Asociados S. A., cédula jurídica 3-101-
  100445.
  N° 4: Desarrollos DECO S. A., cédula jurídica 3-101-132923.
  Análisis de las ofertas:
  Mediante el oficio 4508-DP/10-05 de 05 de julio del año en curso, se
  solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
  estudio del marco legal de las cuatro ofertas recibidas, para lo cual se
  señaló:
  ―(...) Para que se proceda al estudio de legal de las cuatro ofertas
  recibidas, adjunto expediente administrativo de la Licitación Pública Nº
  1-160-05, denominada “Ampliación del Edificio de los Tribunales de
  Justicia de Nicoya”.
        Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
  admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían subsanables
  en caso de requerirse, seguidamente se detallan los aspectos más
  relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto de
  su revisión inicial:
  Oferta Nº 1 Consorcio Arquitectura JOF, S. A. e Ingeniería GAIA, S.
  A.,    con cédulas jurídicas       N° 3-101-141203 y        3-101-234410
  respectivamente:

1. El artículo 41 del Reglamento General de Contratación Administrativa,
   señala que la utilización de la modalidad de oferta en consorcio no obliga
   a la creación de una nueva persona jurídica, aunque sí se requerirá de un
   acuerdo consorcial mediante el cual se establezcan los términos que
   regularan las relaciones entre las partes y sus relaciones con la
   Administración. Además señala que una copia certificada del acuerdo del
   consorcio deberá ser presentada a la Administración, junto con la
   propuesta.
                                      235

   Al respecto es importante indicar, que el acuerdo consorcial aportado en
   esta propuesta, no viene certificado, además se presenta una
   discrepancia respecto al número de licitación ya que en el punto
   ―Segundo: del objeto‖ se lee lo siguiente: El objeto de la presente lo
   constituye la participación de ambos contratistas de construcción en la
   Licitación Por Registro N° 2-289-04, siendo lo correcto Licitación
   Pública 1-160-05, aunque también en el párrafo segundo se indica: ―el
   Poder Judicial en adelante denominado el ENTE CONTRATANTE, ha
   promovido la Licitación por (sic) Pública N° 1-160-05 Ampliación del
   edificio de los Tribunales de Nicoya, y que con el objeto de participar en
   este concurso baja la modalidad de CONSORCIO, se concurre a otorgar
   en nombre de ambos el presente acuerdo constitutivo ...‖ (ver folio 430
   de la cejilla ―Ofertas‖) .
2. Las certificación de personería jurídica presentada por Arquitectura JOF,
   no detalla el nombre de los integrantes de la Junta Directiva, el plazo
   social, ni el domicilio social. La certificación de personería jurídica
   presentada por Ingeniería GAIA, no detalla el nombre de los integrantes
   de la Junta Directiva, condiciones que se solicitaron en el pliego de
   condiciones en la cláusula 2.1.3.
3. El pliego de condiciones en su cláusula 2.1.19, solicita certificación
   extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
   Rica en la cual se demuestre que la empresa se encuentre debidamente
   registrada como empresa constructora, sin embargo, respecto a la empresa
   Ingeniería GAIA S. A., lo que se aporta es una copia.
4. El pliego de condiciones en el aparte 14.2.4 Experiencia del personal
   ofrecido, específicamente en la cláusula 14.2.4.2 detalla que: ―La
   experiencia se acreditará a partir de la fecha de incorporación en el
   Colegio Profesional respectivo, lo que deberá acreditar con el aporte de
   una constancia emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y
   Arquitectos, cuya emisión no sea mayor a 30 días naturales anteriores a la
   fecha fijada para la apertura de las ofertas‖. Al respecto es importante
   indicar que del profesional que se propone como responsable por parte de
   este consorcio lo que adjunto fue una copia de la certificación, la cual fue
   expedida en el mes de abril del año en curso (ver folio 373, del aparte
   ofertas).
5. El pliego de condiciones en su cláusula 14.2.4.6 detalla que: ―(...) el
    profesional responsable deberá tener un mínimo de 5 años de ejercicio
    profesional, por lo que debe aportar declaración jurada autenticada por
    notario público, donde demuestre esta experiencia y que indique además
                                      236

    que ha tenido actividad mínimo en los últimos 5 años, en relación con la
    fecha de apertura de las ofertas‖. Al respecto se debe detallar que la
    declaración jurada aportada por el Ing. Bruce González, profesional
    responsable que se propone no viene autenticada por notario público (ver
    folio 374, del aparte ofertas).
6. Los contratos que el oferente debe presentar para ser evaluados como
    experiencia (cláusula 14.2.3.2), y que       serán considerados como
    aceptables o calificables son aquellos que cumplan con algunos
    requisitos, entre los que se consideraron están, costo mínimo
    ¢50.000.000,00, fecha de ejecución entre enero del 98 a la fecha de
    vencimiento para recibir ofertas y deberán ser proyectos de dos o más
    niveles. Según el estudio técnico realizado por el Departamento de
    Servicios Generales se escogieron 5 proyectos de los aportados, sin
    embargo, los correspondientes a la Remodelación del Hotel Doce Luna y
    el Reacondicionamiento de Edificios Cigras A y B, en la documentación
    aportada se echa de menos la información correspondiente a si son de dos
    o más niveles.
7. Según la cláusula 2.1.20 del pliego de condiciones, cuando el oferente
   proponga subcontratar partes de las obras, se deberá acompañar un listado
   de subcontratistas en el que se indiquen ordenadamente los nombres de
   las empresas o individuos, el monto de cada subcontratación y se aportará
   certificación de los titulares del capital social y de los representantes
   legales de aquellas. Para el caso de persona física se aportará el nombre,
   el número de cédula y un detalle de su experiencia en la actividad,
   firmado por ésta. Es importante mencionar, que este consorcio al folio
   387 de la cejilla ofertas, detalla un cuadro de subcontratistas, sin
   embargo, no se aporta toda la documentación según se solicitó en el
   pliego de condiciones.
    Oferta N° 2 E. S. Consultoría y Construcción. S. A., C. J. 3-101-
    090610:

1. La certificación de personería jurídica, no detalla el nombre de los
    integrantes de la Junta Directiva.
2. El pliego de condiciones en su cláusula 2.1.19, solicita certificación
    extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
    Rica en la cual se demuestre que la empresa se encuentre debidamente
    registrada como empresa constructora, sin embargo, esta oferta, lo que
    se aporta es una copia.
                                        237

3. El pliego de condiciones en el aparte 14.2.4 Experiencia del personal
    ofrecido, específicamente en la cláusula 14.2.4.2 detalla que: “La
    experiencia se acreditará a partir de la fecha de incorporación en el
    Colegio Profesional respectivo, lo que deberá acreditar con el aporte de
    una constancia emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y
    Arquitectos, cuya emisión no sea mayor a 30 días naturales anteriores a
    la fecha fijada para la apertura de las ofertas”.         Al respecto es
    importante indicar que esta oferta lo que aporta es copia de dichas
    certificaciones, tanto del profesional responsable,          como otros
    profesionales propuestos (ver folios 302, 298 y 291, del aparte ofertas).
    Oferta N° 3 Rodríguez Constructores Asociados, S. A., C. J. 3-101-
    100445-15:
1. No aporta certificación de personería jurídica, respecto al detalle del
    nombre de los integrantes de la Junta Directiva, al domicilio social y el
    plazo social, lo que aporta es una certificación expedida por el Registro
    Nacional (folio 201).
    Oferta N° 4: Desarrollos Deco S. A., C. J. 3-101-132923:
1. La fotocopia de la cédula de identidad de la persona que suscribe la plica,
    no esta certificada.
2. La personería jurídica que se aporta no detalla el nombre de los
   integrantes de la Junta Directiva, el domicilio social ni el plazo social de
   la empresa.
3. No aportó declaración jurada de no encontrarse afectos por las
    incompatibilidades del artículo 18 de la Ley 8422 ―Ley Contra la
    Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública‖.
4. Este oferente no aportó certificación de la C.C.S.S. de estar al día en las
   cuotas obrero patronales, por lo que se procedió a consultar el sistema con
   que cuenta este Departamento, hallándose dicho oferente al día en los
   aportes.
5. Al folio 189 del aparte ofertas se indica: ―Los profesionales a cargo de la
    obra serán los siguientes Ing. Julio Chinchilla Cervantes, Ingeniero
    Residente, Ing. Javier Lara Bolaños, Director de obra, Ing. Eugenio
    Guevara, Ingeniero mecánico de la obra, e Ing. Francisco González,
    Ingeniero Eléctrico de la obra‖, sin embargo, el cartel en su cláusula
    14.2.4.6 detalla que se requiere de un profesional en arquitectura o
    ingeniería civil, en calidad de residente permanente. Este profesional será
    el ―Profesional Responsable ...‖ . Es por lo anterior, que a criterio de este
                                       238

    Departamento se debe establecer con precisión quién será el profesional
    responsable del proyecto.
6. No se aportó la declaración jurada que se requiere en el pliego de
    condiciones, específicamente en la cláusula 14.2.4.6.
7. Según estudio técnico realizado por el Departamento de Servicios
    Generales el presupuesto para la realización de la obra es de
    ¢107.320.000,00, por lo que se consideran razonables aquellos precios
    inferiores a ¢123.418.000,00. Monto que es superado por esta propuesta
    la cual es de $267.811,09, equivalentes al tipo de cambio de
    1US$=¢478.04        (06-07-05) es por un monto en colones de
    ¢128.024.413,40.
8. Según la cláusula 2.1.20 del pliego de condiciones, cuando el oferente
    proponga subcontratar partes de las obras, se deberá acompañar un listado
    de subcontratistas en el que se indiquen ordenadamente los nombres de
    las empresas o individuos, el monto de cada subcontratación y se aportará
    certificación de los titulares del capital social y de los representantes
    legales de aquellas. Para el caso de persona física se aportará el nombre,
    el número de cédula y un detalle de su experiencia en la actividad,
    firmado por ésta. Es importante mencionar, que esta propuesta al folio
    189 de la cejilla ofertas, contempla varios subcontratos, sin embargo, no
    se aporta la documentación según se solicitó en el pliego de condiciones.
    De acuerdo con la redacción que contiene la cláusula 14.2.4.6, este
    Departamento considera que quien debe aportar declaración jurada
    autenticada por notario público, donde se demuestre la experiencia en el
    ejercicio de la profesión será solamente para el profesional responsable,
    para el profesional en ingeniería electromecánica o en su defecto en
    ingeniería mecánica y eléctrica bastará con la sola presentación de la
    certificación emitida por el Colegio respectivo.‖
    Análisis legal:
         Mediante oficio N° 1044-DE/AL-04 recibido 11 de julio del año en
    curso, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
    Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas recibidas,
    señaló:
    ―(...) En atención al oficio #4508-DP/10-05 de 5 de julio en curso,
    suscrito por el licenciado Jorge Eduardo Ramírez Vega, Jefe a. i. del
    Proceso de Adquisiciones de ese departamento, requiriendo el análisis
    legal de las ofertas recibidas en la Licitación Restringida (sic) N°1-160-
    05, cuyo objeto es la “Ampliación del Edificio de los Tribunales de
                                   239

Justicia de Nicoya”; me permito referirle que las cuatro propuestas
referidas en el oficio, legalmente califican a una eventual adjudicación:
Es preciso que presenten las certificaciones y fotocopias en la forma
requerida por el pliego de condiciones (artículo 56 del Reglamento
General de Contratación Administrativa). En ese sentido, todas las
observaciones realizadas en cuanto a las cuatro ofertas, son subsanables
mediante prevención o solicitud de aclaración.―
   Mediante oficio 4737-SP/10-05, se le solicitó al Lic. Carlos Mora
Rodríguez Asesor Legal, que ampliara el criterio respecto de la oferta
presentada por Desarrollos Deco S. A. Al respecto, se recibió con fecha
19 de julio del presente año en la Secretaría del Departamento la siguiente
respuesta:
      ―(...) En respuesta al oficio #4337-DP/10-05 de 14 de julio en
curso, suscrito por el licenciado Jorge Eduardo Ramírez Vega, Jefe a. i.
del Proceso de Adquisiciones de ese departamento, por este medio
adiciono el criterio N° 1044-DE/AL-05 de 11 de julio del presente año,
referente al análisis legal de las ofertas (sic) de DESARROLLOS DECO
S. A., recibida en la Licitación Pública N° 1-160-05, cuyo objeto es la
“Ampliación del edificios (sic) de los Tribunales de Justicia de
Nicoya”.
     Estima el suscrito que si la propuesta de la citada empresa
(¢128.024.413,40) es superior al límite o tope económico que se
consideró     razonable     en    dicho     procedimiento     licitatorio
(¢123.418.000,00), lo procedente es aplicar el artículo 56.3.1 del
Reglamento General de Contratación Administrativa, en tanto dicha
norma permite rechazar una oferta cuando presente un precio inaceptable
por ser excesivo en relación con los precios normales de mercado o por
encima de una justa o razonable utilidad.‖
Prevenciones:
       De acuerdo con lo externado en los informes de Asesoría Legal y
Servicios Generales se procedió a realizar las prevenciones a las empresas
Consorcio Arquitectura JOF e Ingeniería GAIA S. A., E. S. Consultoría y
Construcción S. A. y Rodríguez Constructores S. A., las cuales fueron
satisfechas por los oferentes.
Análisis técnico:
       Mediante oficio N° 793-04-SG-2005 recibido 22 de junio del año
en curso, la M.B.A. Dinorah Álvarez Acosta, SubJefa, del Departamento
                                        240

     de Servicios Generales, al referirse al estudio técnico de las ofertas,
     señaló:
     ―(...) En atención de su oficio N° 3938-DP/15-05, por el cual se remiten
     ofertas presentadas para la Ampliación del edificio de Tribunales de
     Nicoya, se transcribe informe del Ing. Douglas Villalobos Gómez,
     Profesional II de este departamento.
     ―Se recibieron cuatro ofertas:
     1.          Consorcio Arquitectura JOF S.A. e Ingeniería GAIA S.A., por
     ¢ 122.373.000,00 y 120 días naturales.
     2.           E. S. Consultoría y Construcción S.A., por $ 249.000,00 y 120
     días naturales.
3.   Rodríguez Constructores S.A., por ¢ 120.000.000,00 y 119 días naturales
     (se incluyen dentro de la oferta ¢ 7.753.261,00 por concepto de impuesto de
     ventas).
4.   Desarrollos en Construcción S.A., por $ 267.811,09 y 119 días naturales (se
     incluyen dentro de la oferta ¢ 8.475,000,00 por concepto de impuesto de
     ventas).
     Calificación de la experiencia de la empresa:
     Para efectos de valoración, se consideran proyectos de 400 m2 o más, con
     un costo de 50.000.000,00 (cincuenta millones), de dos niveles y realizados
     a partir de enero de 1998.
     Se valoran los siguientes proyectos:
1.   Consorcio Arquitectura JOF S.A. e Ingeniería GAIA S.A.: 1.- Oficinas
     Rolando Salazar, 2.- Apartamentos Roxana Vargas, 3.- Residencia Roxana
     Vargas, 4.- Reacond. Edificios Cigras A y B, 5.- Remod. Hotel Doce
     Lunas.
     Por lo que se asignan 20 puntos.
2.   E. S. Consultoría y Construcción S.A., se consideran: 1.- Edificio Searson,
     2.- Edificio Sandoval, 3.- Centro Comercial La Garita, 4.- Clínica
     Chavarría, 5.- Banco Costa Rica. Por lo que se asignan 20 puntos.
3.   Rodríguez Constructores S.A., se consideran: 1.- Remodelación
     Tributación Alajuela, 2.- Archivo Institucional DGAC, 3.- Construcción
     Hermosa Paradaise, 4.- Banco Costa Rica Quepos, 5.- Banco Costa Rica
     Cartago.       Por lo que se asignan 20 puntos.
4.   Desarrollos en Construcción S.A., se consideran: 1.- Construcción Rampa
                                            241

       para Valoración INS, 2.- Reforzamiento Sucursal Cartago INS, 3.-
       Construcción Estación Bomberos Belén, 4.- Readecuación Estructural
       Apartamentos Puntarenas, 5.-Readecuación Estructural Estación de
       Bomberos Esparza. Por lo que se asignan 20 puntos.
       Calificación de la experiencia de los profesionales:
       Se desestiman las ofertas cuyos profesionales en el área de la arquitectura e
       ingeniería civil o electromecánica, tengan menos de 5 años. Con 5 años se
       asignan 8 puntos para el primer caso y 4 puntos para el segundo. Luego se
       asigna 1 punto por cada año adicional a 5 hasta un máximo de 14 puntos
       para el arquitecto o ingeniero civil y hasta un máximo de 6 puntos.
       Se valoran los siguientes proyectos:
       Para el arquitecto e ingeniero civil:
1.- Consorcio Arquitectura JOF S.A. e Ingeniería GAIA S.A., Ing. Bruce
    González González, incorporación 30 de octubre 1980.
             Por lo tanto se acredita un puntaje de 14 puntos.
2.- E. S. Consultoría y Construcción S.A., Ing. Edgar Allan Solís Benavides,
    incorporación 15 de mayo 1987.
       Por lo tanto se acredita un puntaje de 14 puntos.
3.-       Rodríguez Constructores S.A., Ing. Marvin Rodríguez Esquivel,
       incorporación 10 de diciembre 1985.
       Por lo tanto se acredita un puntaje de 14 puntos.
4.- Desarrollos en Construcción S.A., Ing. Javier Lara Bolaños, incorporación
    5 de julio 1988.
             Por lo tanto se acredita un puntaje de 14 puntos.
       Para el ingeniero electromecánico:
1.- Consorcio Arquitectura JOF S.A. e Ingeniería GAIA S.A., Ing. Javier
    Rodríguez Loría, incorporación 28 de noviembre 1997.
             Por lo tanto tiene un puntaje de 6 puntos.
2.- E. S. Consultoría y Construcción S.A., Ing. José Javier Solís Alfaro,
    incorporación 7 de abril 1994 e Ing. Edgar Allan Solís Benavides,
    incorporación 7 de setiembre 1976.
      Por lo tanto se acredita un puntaje de 6 puntos.
3.- Rodríguez Constructores S.A., Ing. William Solis Quirós, incorporación 21
    de marzo 1974 e Ing. Ricardo Vargas Morales incorporación 28 de
                                        242

   noviembre 1996.
  Por lo tanto se acredita un puntaje de 6 puntos.
4.- Desarrollos en Construcción S.A., Ing. Francisco González Grajales,
    incorporación 1 de diciembre 1995 e Ing. Eugenio Guevara Chaves
    incorporación 22 de junio 1983.
  Por lo tanto se acredita un puntaje de 6 puntos.
  Las ofertas señalan expresamente ajustarse al objeto de la contratación
   indicada según los planos que se les suministraron y por lo tanto
   técnicamente cumplen con el mismo.
   El presupuesto base elaborado por este Departamento es de ¢
   107.320.000,00 (ciento siete millones trescientos veinte mil colones), por lo
   que se consideran razonables aquellos precios inferiores a ¢ 123.418.000,00
   (ciento veintitrés millones cuatrocientos dieciocho mil colones).‖
   Análisis y valoración:
          Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico
   detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente a la
   exposición, análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
   presente procedimiento de contratación.
        Se tiene como primer resultado de la promoción de este
   procedimiento de contratación, la participación de cuatro oferentes.
         De conformidad con el criterio emanado por la Sección de Asesoría
   Legal, corresponde señalar que la oferta N° 4 Desarrollos DECO S. A.,
   resulta inadmisible a concurso, ya que este oferente presenta una
   propuesta económica superior al límite o tope económico que se
   consideró razonable para este procedimiento, conforme la valoración que
   efectuó el Departamento de Servicios Generales.
        En vista de lo anterior y según criterio legal y valoración técnica,
   son susceptibles de resultar adjudicatarias las ofertas N° 1 Consorcio de
   Empresas Arquitectura JOF e Ingeniería GAIA S. A., N° 2 E. S.
   Consultoría y Construcción S. A. y N° 3 Rodríguez Constructores
   Asociados S. A.
   Razonabilidad del precio
          De acuerdo con las ofertas recibidas a este concurso, el precio
   cotizado por el oferente que obtiene mayor puntaje, así como las ofertas
   de Consorcio Arquitectura JOF e Ingeniería GAIA y Rodríguez
                                       243

     Constructores y Asociados S. A., se tienen por razonables; en este
     sentido, el Departamento de Servicios Generales indicó:
             ―(...) El presupuesto base elaborado por este Departamento es de
     ¢107.320.000,00, por lo que se consideran razonables aquellos precios
     inferiores a ¢123.418.000,00.‖
     Comparación de ofertas
          El sistema de evaluación establecido para este procedimiento consta
     de dos etapas, la primera de ellas por un porcentaje total de 100% y
     consiste en un análisis financiero, cuyo propósito es asegurarle a la
     administración que el oferente cuenta con recursos suficientes para
     financiar debidamente la obra. Esta primera etapa se le aplicó a todas las
     propuestas recibidas al concurso.
          El análisis a los estados financieros aportados lo realizó el
     Departamento Financiero Contable del Poder Judicial y consistió en una
     ponderación de la razón de liquidez (40%), razón de endeudamiento
     (20%) y capital de trabajo (40%). En donde la oferta que obtuviera
     menos del 70% de este aparte específico sería desestimada del concurso,
     y quienes alcancen o superen dicho porcentaje pasarán a una segunda
     etapa.
           Es importante mencionar que el Departamento Financiero Contable
     utilizó al realizar este estudio, dos opciones, sin embargo, esta
     Proveeduría aplica a este procedimiento el cuadro con la opción ―A‖, ya
     que este es congruente con lo indicado en la cláusula 13.1.3 del pliego de
     condiciones y el cual, en lo conducente, indicó (folio 49 cejilla
     ―Selección‖):
     ―Capital de trabajo 40%‖
     Se desprende que el Capital de Trabajo del oferente debe ser mayor o
     igual (> ó =) a la oferta entre el plazo de entrega (oferta / plazo de
     entrega).

  EMPRESA            %       Consorcio          E. S.      Rodríguez     Desarrollos
                            Empresa JOF       Consultoría Constructores      en
                             S.A e Ing.      Construcción     S. A.     Construcción
                             GAIA S. A.         S. A.       (ROCA)         S. A.

RAZÓN
FINANCIERA:
                                           244

Liquidez              40,00%      40,00%           36,65%         40,00%         40,00%
Endeudamiento         20,00%      16,40%           20,00%         20,00%         16,60%
Capital de trabajo    40,00%      40,00%           40,00%         40,00%         40,00%
Total Obtenido       100,00%      96,40%           96,65%        100,00%         96,60%

             Cabe señalar, que con fecha 12 de julio del año en curso, se recibió
        en este Departamento de Proveeduría, por parte de la empresa E.S.
        Consultoría y Construcción S. A., un nuevo estado financiero, indicando
        este oferente que por un error en la entrega de documentos, el primer
        informe se presentó con algunas inconsistencia, razón por la cual una vez
        que se percataron del problema procedieron a hacer la respectiva
        corrección.
              En virtud de lo anterior, este Departamento procedió a solicitar
        criterio a la Sección de Asesoría Legal, respecto a sí es viable subsanar
        estados financieros. Mediante oficio 1097-DE/AL-05, de fecha 18 de
        julio del año en curso, el licenciado Carlos Mora Rodríguez indicó:
         ―(...) estima el suscrito que al amparo de lo dispuesto por la Contraloría
        General de la República en la resolución en la resolución de cita, en
        estricto apego a lo señalado en el artículo 56 del Reglamento General de
        Contratación Administrativa y dada la trascendencia de determinar con
        absoluta claridad en este tipo de concursos la capacidad financiera de las
        oferentes para eventualmente hacerse cargo de la correcta ejecución del
        contrato, legalmente es factible que esa Proveeduría acepte los estados
        financieros que presenta corregidos la firma E. S. Consultoría y
        Construcción S. A., pues en ellos consta la información real que requiere
        el Departamento Financiero Contable para valorar en forma más objetiva
        tal parámetro ...‖.
             Es por lo detallado anteriormente, que se remitió el nuevo estado
        financiero al Departamento Financiero Contable para que se revalorará
        dicha documentación, la cual fue analizada y remitida mediante el oficio
        6934-TE-2005, del se describe el cuadro que interesa:


    EMPRESA             %       Consorcio           E. S.      Rodríguez     Desarrollos
                               Empresa JOF        Consultoría Constructores      en
                                S.A e Ing.       Construcción     S. A.     Construcción
                                GAIA S. A.          S. A.       (ROCA)         S. A.

RAZÓN
                                          245

FINANCIERA:

Liquidez              40,00%     40,00%          40,00%          40,00%        40,00%
Endeudamiento         20,00%     16,40%          20,00%          20,00%        16,60%
Capital de trabajo    40,00%     40,00%          40,00%          40,00%        40,00%
Total Obtenido       100,00%     96,40%         100,00%         100,00%        96,60%

              De los resultados hasta aquí obtenidos, se concluye que todas las
        ofertas presentadas pasan a la segunda etapa de evaluación, sin embargo,
        no se evalúa a la empresa Desarrollos en Construcción S. A., al tenerse
        por excluida del concurso.
              Seguidamente se procede a evaluar los factores que determinan la
        calificación que corresponde otorgar a cada participante elegible
        aplicando la segunda etapa del sistema de evaluación establecido en el
        cartel:

                            Licitación Pública N° 1-160-05
          Ampliación del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya
                                Cuadro Comparativo


  Porcentaje a asignar
                         Oferta N° 1            Oferta N° 2           Oferta N° 3

                         Consorcio              E. S. Consultoría y       Rodríguez
                         Arquitectura JOF e
                                                Construcción S. A. Constructores S. A.
                         Ingeniería GAIA
      Precio 50%                                  $249.000,00 (*)
                           ¢122.373.000,00       ¢118.608.660,00       ¢120.000.000,00
                               48.46%                  50%                 49.42%

 Plazo de entrega 10%     120 días naturales     120 días naturales   119 días naturales
                                10%                    10%                   10%

  De la experiencia de
    la empresa 20%              20%                    20%                   20%
                                          246

    Experiencia del
  profesional ofrecido          20%                    20%                    20%
         20%

         Total                 98.46%                 100 %                 99.42%


             (*) El tipo de cambio utilizado 1US$=¢476,34 de fecha 16 de julio
       de 2005.
       Recomendación:
              De acuerdo con los resultados obtenidos por los participantes
       determinados como elegibles, se concluye que el ganador del concurso es
       la oferta de E. S. Consultoría y Construcción S. A., por cumplir a
       cabalidad con las características del objeto contractual y obtener el
       puntaje más alto (100%), una vez aplicado el sistema de evaluación.
             Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
       presupuestarios por la suma anual de ¢110.000.000,00 (ciento diez
       millones con 00/100), según Solicitudes de Pedido N° 250531 y 250535-
       05, más una transferencia que se tramitará por un monto de
       ¢15.000,000,00, con cargo a la subpartida 510 ―Edificios‖, programa 800,
       para un monto total de ¢125.000.000,00, se recomienda adjudicar la
       presente licitación conforme al detalle siguiente:
       A: E. S. Consultoría y Construcción, S. A., C. J. 3-101-090610.
        Ampliación del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya, todo de
       acuerdo a las especificaciones, características y requerimientos del pliego
       de condiciones.
       Costo total de la oferta $249.000,00, Incluye todos los impuestos.
       Equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢480,69 (29-07-05) para un
       monto total de ¢119.691.810,00.
       Tiempo de entrega: 120 días naturales.
       Garantía: 3 años.‖

                                          -0-
      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder
                                         247

Judicial, 56 del Reglamento General de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente transcrito, se dispuso adjudicar la Licitación Pública N° 1-160-5 a la

empresa:

E. S. Consultoría y Construcción, S. A., C. J. 3-101-090610.

Ampliación del edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya, todo de acuerdo a

las especificaciones, características y requerimientos del pliego de condiciones.

Costo total de la oferta $249.000,00, Incluye todos los impuestos.

Equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢480,69 (29-07-05) para un monto total

de ¢119.691.810,00.

Tiempo de entrega: 120 días naturales.

Garantía: 3 años

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda.

Acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXXVI

      El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de

Asesoría Legal, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, en oficio N° 1139-DE/AL-05 de 27 de julio último, en cumplimiento de

lo solicitado por la licenciada Carolina Cubero Fernández, Fiscalizadora Asociada
                                          248

de la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la División de Desarrollo

Institucional de la Contraloría General de la República, al devolver sin el

respectivo refrendo el contrato de arrendamiento para alojar el Juzgado de

Violencia Doméstica de Desamparados, acompaña el proyecto de addendum a fin

de modificar la cláusula sétima del citado documento contractual.

      Se acordó: Autorizar al Presidente, Magistrado Mora, para que suscriba el

documento de addendum de contrato mencionado. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXVII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, rinde un informe

referente al comportamiento de las inversiones del Fondo de Jubilaciones del

Poder Judicial, señala que el rendimiento de intereses ha disminuido bastante en

los últimos meses, en razón de que no se están vendiendo títulos, expresa que está

convocando a personeros de los Bancos Nacional y de Costa Rica para establecer

la posibilidad de invertir en fondos inmobiliarios con el fin de lograr nuevas

fuentes de inversión que resulten más rentables.

      El licenciado Jones León remite los siguientes cuadros estadísticos:

      DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
       SUBPROCESO DE INGRESOS

 DIAS AL VENCIMIENTO AL 05/08/05: 1495 (4.15 AÑOS)
   VENCIMIENTO: 30/09/09

    DIA      RENDIMIENTO PRECIO COMENTARIO
                                  249

05/07/2005   17,52%   103,49%
08/07/2005   17,37%   103,90%
13/07/2005   17,38%   103,88%
19/07/2005   17,22%   104,35%
20/07/2005   17,00%   105,00%
22/07/2005   17,03%   104,90%   SUBASTA
26/07/2005   16,62%   106,15%
27/07/2005   16,57%   106,30%
29/07/2005   16,47%   106,60%
01/08/2005   16,47%   106,60%
03/08/2005   16,43%   106,70%
04/08/2005   16,42%   106,75%
                                      250




FUENTE: COLOCACIONES FJP Y OFERTAS PUESTOS DE BOLSA.
                                       -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior así como por hechas las

manifestaciones del licenciado Jones León.

                                     -o0o-

      A las 11:40 horas terminó la sesión.

								
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