029 2204

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					                                       Nº 29-08

         CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del veintidós de abril del dos mil ocho.

     Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; de las

licenciadas Miriam Anchía Paniagua, Milena Conejo Aguilar, el licenciado Marvin

Martínez Fernández y la suplente licenciada Carmen Aguilar Mora, por

incapacidad de la licenciada Lupita Chaves Cervantes. Asiste también el Director

Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                    ARTÍCULO I

         Se aprueba el acta de la sesión número 25-08 celebrada el 8 de abril en

curso.

         También se aprueba la separata del acta N° 28-08 de la sesión del 17 de este

mes, artículo XLIX.

         El Presidente, Magistrado Mora se abstiene de votar en la aprobación de la

separata y la licenciada Conejo Aguilar en cuanto al acta por no haber asistido a la

mencionada sesión.

CONDOLENCIAS

                                    ARTÍCULO II
                                         2

      En razón del sentido fallecimiento de la señora Socorro Ruiz Brenes, madre

del servidor Róger Martínez Ruiz, Profesional en Informática de la Unidad

Tecnológica Informática de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de

Investigación Judicial, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y de

este Consejo a don Róger y a su estimable familia.

                                 ARTÍCULO III

      Con ocasión del sentido fallecimiento del señor Álvaro Rodríguez Garita,

padre del servidor Alejandro Rodríguez Solano, Auxiliar Judicial del Juzgado de

Tránsito de Pavas y Escazú, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena

y de este Consejo a don Alejandro y a su estimable familia.

                                 ARTÍCULO IV

      Ante el sentido fallecimiento del señor Mario Salas Pasapera, Jubilado

Judicial, se acuerda expresar a su estimable familia las condolencias de la Corte

Plena y de este Consejo.

                                  ARTÍCULO V

      Con ocasión del sentido fallecimiento del señor Carlos Luis Álvarez Vega,

Jubilado Judicial, se acuerda expresar a su estimable familia las condolencias de la

Corte Plena y de este Consejo.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
                                           3

                                  ARTÍCULO VI

      En oficio N° 3066-DP/10-08 de 11 de abril en curso, la máster Ana Eugenia

Romero Jenkins, Jefa del Departamento de Proveeduría, comunica lo siguiente:

             “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-000005-
       PROV ―Contratación de servicios radiológicos para las localidades
       de Puntarenas y Cartago‖, remitimos a usted la documentación adjunta,
       para que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
       que tomen el acuerdo que consideren conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 6.1.21 del aparte condiciones generales
       del cartel para resolver esta contratación vence el lunes 28 de abril del
       2008.

              Al tenor del artículo 78 siguientes y concordantes del Reglamento
       a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del Reglamento Interno
       de Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con
       los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se
       determinó que:

             Ofertas recibidas en el presente concurso:

             Para este concurso se recibieron las ofertas correspondientes a:

              N° 1: Servicios Médicos y Afines Puntarenenses S. A., cédula
       jurídica N° 3-101-201802.

            N° 2: Servicios Médicos de Diagnóstico por Imágenes de
       Cartago S. A., cédula jurídica N° 3-101-160555.

             Análisis de las ofertas:

               Mediante el oficio 2166-DP/10-08 de 11 de marzo del año 2008, se
       solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
       estudio del marco legal de las ofertas recibidas, para lo cual se señaló:

             “(...) Para que se proceda al estudio legal de las ofertas recibidas,
                                     4

adjunto expediente administrativo de la Licitación Abreviada Nº
2007LA-000005-PROV, denominada ―Contratación de servicios
radiológicos para las localidades de Puntarenas y Cartago‖.

       Al indicado efecto y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían subsanables
en caso de requerirse, seguidamente se detallan los aspectos más
relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto de
su revisión inicial:

       Es importante señalar, que de las propuestas recibidas la oferta N°
1 Servicios Médicos y Afines Puntarenenses, S. A., ofrece los servicios
radiológicos únicamente para la localidad de Puntarenas, mientras que la
oferta de Servicios Médicos por Imágenes de Cartago S. A., ofrece los
servicios radiológicos solo para la localidad de Cartago, éste último
oferente presentó su propuesta en forma extemporánea, ya que la
apertura fue a las 9:00 a.m. y la oferta se presentó a las 9:10 a.m., sin
embargo, por únicos oferentes se requiere su criterio a fin de que se aclare
si se puede admitir dentro del concurso.

      Oferta Nº 1 Servicios Médicos y Afines Puntarenenses S. A.,
C.J. N° 3-101-201802:

       1. En la certificación de la personería jurídica que aporta este
oferente solamente detalla el nombre de dos miembros de la Junta
Directiva.

       2. No aportó declaración jurada de que el oferente no está
afectado por las causales de prohibición establecidas en el artículo 22 bis
de la Ley de Contratación Administrativa.

       3. El pliego de condiciones estableció en su sistema de
evaluación un factor correspondiente a la experiencia del oferente en
contratos similares, en el se detalló: “…El oferente deberá contar con
experiencia positiva entendida está como los servicios recibidos a entera
satisfacción del cliente…” “… Todo oferente deberá contar con una
carta de experiencia positiva del contrato como mínimo el cual no
obtendrá puntaje, con las características antes requeridas, de (sic)
contrario queda fuera de concurso…”

      Sin embargo, este oferente aporta a folio 29 una carta de
                                    5

referencia, pero a nombre de otra razón social, dentro de esta misma
oferta a folio 49, señala: “… Aportamos carta de Referencia Positiva
emitida por la Dra. Nuria Corrales Jiménez, Médico Forense y Jefe de la
Unidad Médico Legal de Puntarenas, quién extiende Certificación para la
Sociedad Grupo Médico Santa Fe del Pacífico, S. A. cédula jurídica N°
3-101-141613, que igualmente represento y que dejará este contrato,
cuando quede en firme esta Adjudicación, aunque estamos participando
con diferente persona Jurídica, el personal médico y técnico,
administrativo e instalaciones serán las mismas.”

       Así las cosas, quedo a la espera de que se indique sí es legalmente
viable aceptar esta referencia o si por el contrario este oferente estaría
quedando fuera de concurso, no se omite manifestar, que para esta
localidad solamente se recibió una única oferta.

     Oferta Nº 2 Servicios Médicos de Diagnóstico por Imágenes de
Cartago S. A., C.J. N° 3-101-160555:

       1. En la certificación de la personería jurídica que aporta este
oferente solamente detalla el nombre de dos miembros de la Junta
Directiva.

       2. No aporta la certificación de naturaleza y propiedad de las
cuotas y acciones de la empresa.

       3. La carta de referencia que aporta no detalla si el servicio que
se presta se realiza en forma satisfactoria.

       4. Este oferente presentó un desglose de tipos de estudio
radiológico diferente al solicitado en el pliego de condiciones.

       5. Esta oferta es única para el servicio que cotiza, sin embargo,
la misma se presentó en forma extemporánea. Así las cosas, quedamos a
la espera de su criterio legal.

       Con oficios No. 2149-DP/10-08 y 2150-DP/10-08 se remitió a las
Unidades Administrativas de Puntarenas y Cartago para valoración
técnica.”

      Análisis legal:
                                     6

       Mediante oficio N° 566-DE/AL-08 recibido el 13 de marzo de año
en curso, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas recibidas,
señaló:

        “(...) En atención al oficio #2166-DP/10-08 de 11 de marzo en
curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa a.í. del
Subproceso de Adquisiciones de ese departamento, requiriendo el análisis
legal de la propuesta de GRUPO Q PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.
A., (sic) recibida en la Licitación Abreviada N° 2008LA-0005-PROV,
cuyo objeto es la ―Contratación de servicios radiológicos para las
localidades de Puntarenas y Cartago‖; me permito referirle que por
tratarse de un procedimiento en el que participa un único oferente para
cada una de las localidades citadas, deben aplicarse los reiterados criterios
de esta Asesoría, en cuanto a la posibilidad de solicitarles que aporten
cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta y si es del
caso, se ajusten a los requerimientos cartelarios.

       Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante los
principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más participantes en
cada una de las localidades definidas en el pliego de condiciones; de ahí
que es factible la adjudicación del negocio para satisfacer el interés
general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración,
siempre y cuando previamente se verifique la idoneidad técnica de ambos
oferentes, su experiencia y la razonabilidad del precio que cotizan, según
los parámetros del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

       Análisis técnico:

      Mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo del año en
curso, la M.B.A. Dinorah Álvarez Acosta, Administradora de la Unidad
Regional de Puntarenas, remite el informe técnico de la única oferta
presentada a concurso para esa zona, el cual en lo que interesa, señala:

       “Se remite respuesta del Cartel de Licitación sobre Contratación de
Servicios Radiológicos para la localidad de Puntarenas y de la respectiva
oferta entregada por la Sociedad Servicios Médicos y Afines Puntarenas
S. A. (Clínica Santa Fe) el cual es único oferente, la cual fue revisada y se
detallan los siguientes puntos de interés:
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                 1. Referente a la razonabilidad de los precios se precisó que los
          mismos son aceptables, para esto se consideró la opinión de la doctora de
          la Unidad Médico Legal de Puntarenas Dra. Nuria Corrales Jiménez la
          cual brinda su parecer en oficio enviado UMLP N° 08-86 que literalmente
          dice: “En acato a su oficio 08-08 le informo que considero que los precios
          que ofrece la Clínica Santa Fe por los estudios radiológicos son
          aceptables, ya que, en forma privada los estudios son más elevados.

                 Por otro lado, el servicio que ofrece esta Sociedad está acorde con
          las necesidades de contar con un estudio radiológico con reporte, en los
          casos pertinentes de riesgos laborales y secuelas que se tramitan en esta
          oficina.”

                 Aunado esta Administración consulto (sic) precios o otras clínicas
          lejanas a esta localidad y se verificó la razonabilidad de los precios.

                  Posteriormente, mediante oficio 0012-UARP-08, suscrito por la
          MBA. Dinorah Álvarez Acosta, Administradora de la Unidad Regional de
          Puntarenas, amplía su criterio técnico, para lo cual aportó un cuadro, en
          el cual se observa el ajuste de la oferta a las especificaciones técnicas del
          cartel.

Especificaciones técnicas               Oferta                                              Cumple   No
                                                                                                     cumple

Horario de la prestación del servicio   Según la oferta el Horario de la prestación del     Sí
7:30 a.m. a 12:00 m y de las 1:00 a     servicio será de 7:30 a.m. a 12:00 , y de la 1:00
las 4:30 p.m.                           a las 4:30 p.m.

El adjudicatario garantiza la entrega   Según revisión de la oferta garantizan la           Sí
de la radiografía y el respectivo       entrega de la radiografía y el respectivo reporte
reporte de 48 horas máximo              de 48 horas máximo

El adjudicatario deberá llevar un       En la oferta se indica que llevarán un control      Sí
control en el cual se identifique la    en el cual se identifique la hora en la que se
hora en la que se realizó el estudio    realizó el estudio radiográfico y hora en que se
radiográfico y hora en que se entregó   entregó el reporte del usuario.
el reporte del usuario.

Presentó en forma detallada en precio   La oferta indica en forma detallada el precio       Sí
unitario de cada uno de los tipos de    unitario de cada uno de los tipos de estudios
estudio radiológicos requeridos         radiológicos requeridos.

Experiencia de la oferente (la carta    Según revisión la oferta presenta la carta de       Sí
que se aporta debe venir con la misma   experiencia con la misma razón social que la
razón social que la oferta)             oferta. (sic)
                                                          8

Razonabilidad del precio                 Según oficio N° 0009-UARP-08 enviado al             Sí
                                         Departamento de Proveeduría, se indica que el
                                         precio es razonable, se tomó en cuenta el
                                         criterio técnico de la Dra. Nuria Corrales jefa
                                         de la Unidad Médico Legal de Puntarenas.

No se interrumpirá el servicio en caso   Indican que no interrumpirán el servicio en         Sí
de vacaciones o incapacidades del        caso de vacaciones o incapacidades del
personal de servicio                     personal de servicio

Los empleados que prestarán el           Según oferta aceptan que los empleados que          Sí
servicio no tendrán ninguna relación     prestaran el servicio no tendrán ninguna
laboral con el Poder Judicial            relación laboral con el Poder Judicial

En caso de resultar adjudicatarios el    Según oferta indican conocer que en caso de         Sí
contrato tendrá una vigencia de un       resultar adjudicatarios el contrato tendrá una
año y podrá prorrogarse en forma         vigencia de un año y podrá prorrogarse en
automática                               forma automática.

Una vez refrendado el contrato la        Aceptan que una vez refrendado el contrato la       Sí
prestación del servicio se dará dentro   prestación del servicio se dará dentro de los
de los cinco días hábiles siguientes a   cinco días hábiles siguientes a la orden de
la orden de inicio                       inicio.

En     caso     de     incurrir   en     Indican que en caso de incurrir en                  Sí
incumplimiento y/o conductas como        incumplimiento y/o conductas como las
las tipificadas por la Ley de            tipificadas por la Ley de        Contratación
Contratación Administrativa        se    Administrativa se expondrán a la aplicación de
expondrán a la aplicación de las         las sanciones respectivas a través de
sanciones respectivas a través de        Verificación y Ejecución Contractual.
Verificación y Ejecución Contractual

Se asignara 70 puntos a la oferta de     Indican según oferta que si aceptan que se          Sí
menor precio (el cual se definirá        asigne 70 puntos a la oferta de menor precio
como el promedio de todos los            (el cual se definirá como el promedio de los
precios unitarios)                       precios unitarios)

El oferente deberá contar con            Indican contar con experiencia positiva             Sí
experiencia positiva entendida ésta      entendida ésta, como los servicios recibidos a
como los servicios recibidos a entera    entera satisfacción del cliente e
satisfacción del cliente.

Es    obligación     ineludible   del    Según oferta aceptan que en caso de resultar        Sí
adjudicatario ceñirse estrictamente a    adjudicatarios es obligación ineludible ceñirse
las exigencias de este cartel y a los    estrictamente a las exigencias de este cartel y a
términos de su oferta.                   los términos de su oferta.


                 Nota: Se tomo en cuanta (sic) criterio técnico de la Dra. Nuria
          Corrales, jefa de la Unidad Médico Legal de Puntarenas, la cual en oficio
          UMLP N.08-86 literalmente dice: “En acato a su oficio 08-08 le informo
          que considero que los precios que ofrece la Clínica Santa Fe por estudios
          radiológicos son aceptables, ya que, en forma privada los precios son más
                                     9

elevados.

       Por otro lado, el servicio que ofrece esta Sociedad está acorde con
las necesidades de contar con un estudio radiológico con reporte, en los
casos pertinentes de riesgos labores y secuelas que se tramitan en esta
oficina”.

       Por su parte, mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo del
año 2008, la M.B.A. Pilar Obando Masís, Administradora de la Unidad
Regional de Cartago, remite el informe técnico de la oferta el cual en lo
que interesa, señala:

      “Con respcto (sic) a la oferta de Cartago Licitación abreviada
2008LA-000005-PROV, me permito adjuntar el correo emitido por la
Doctora Sonia Uribe, jefa de la Unidad Médico Legal de Cartago.

        En lo que respecta al precio, le indico que se llevó a cabo un
sondeo de mercado donde se consultó a dos clínicas de la localidad los
precios de los diferentes servicios que se pretenden contratar. Se pudo
detectar que los precios ofrecidos en la oferta superan aproximadamente
un 18% a los precios de las otras clínicas. Por lo tanto, considerando que
se trata de una única oferta y que es de interés para la Institución contar
con el servicio de rayos X, esta administración considera el precio
razonable.”

       Respecto al correo de la doctora, el mismo literalmente dice:

        “…Revise el documento que me envió y no veo ningún problema,
sólo los precios un poco alto, habría que revisar si se adaptan a la nueva
tarifa que dio el Poder Judicial, salió publicada en estos días en el Boletín
Judicial, lo habían enviando (sic) como correo para todo el personal. Ahí
se comprometen a tener el reporte en una hora, creo que es difícil que
logren cumplir con esa especificación.”

       En vista del criterio técnico que se obtuvo por parte de la Unidad
Administrativa Regional de Cartago, mediante oficio 2756-DP/10-08, de
fecha 01 de abril del año en curso, se le solicitó a la Licda. Pilar Obando
Masís, que ampliara el criterio técnico, y a la vez se le aclaró algunos
puntos sobre los cuales al emitir el primer criterio técnico, existe una
evidente confusión, para lo cual se le indicó:
                                                 10

                 “…respecto de las manifestaciones que hace la Dra. Sonia Uribe
         de la Unidad Médico Legal de Cartago, es importante señalar que las
         tarifas a las que hace mención no aplican para este tipo de procedimiento,
         ya que según se le consulto al Asesor Legal, la tarifas publicadas en el
         Boletín Judicial, son establecidas para peritajes, servicio auxiliar de
         justicia que prestan algunos profesionales inscritos ante la Dirección
         Ejecutiva, en la cual se deja de lado el lucro y viene a convertirse hasta
         cierto punto en un servicio de colaboración, es por esta razón que las
         tarifas ahí establecidas pueden estar hasta un 50% por debajo del servicio
         que se pretende contratar con este procedimiento licitatorio.

                En virtud de lo anterior, es necesario que se aclare esta situación,
         y no se consideren estas tarifas al momento de emitir el criterio técnico
         requerido…”

               Así las cosas, con oficio 170-UARC-08, de fecha 01 de abril del
         año en curso se recibe la ampliación del criterio técnico por parte de la
         Unidad Administrativa Regional del Cartago, el mismo manifiesta:

                 “… En respuesta a su oficio N° 2756-DP/10-08, en el cual se
         solicita se amplíe el criterio técnico emitido para la Licitación Abreviada
         2008LA-000005-PROV por la prestación de “Servicios Radiológicos para
         las localidades de Puntarenas y Cartago”, le adjunto un cuadro donde se
         observa el ajuste de la oferta a las especificaciones técnicas del cartel,
         requisito que se encuentra regulado en el artículo 83 del Reglamento a la
         Ley de Contratación Administrativa.

Especificaciones técnicas       Oferta           Cumple              No Cumple

Horario de la prestación        SERVICIOS   DE   SI CUMPLE
del servicio 7:30 a.m. a        DIAGNÓSTICO
12:00 m y de la 1:00 a las      POR   IMÁGENES
4:30 p.m.                       DE CARTAGO

El adjudicatario garantiza la   SERVICIOS   DE   SI CUMPLE
entrega de la radiografía y     DIAGNÓSTICO
el respectivo reporte de 48     POR   IMÁGENES
horas máximo                    CARTAGO

El adjudicatario deberá         SERVICIOS DE     NO         INDICA
llevar un control en el cual    DIAGNÓSTICO      EXPRESAMENTE
se identifique la hora en la    POR IMÁGENES     PERO SE ASUME QUE
que se realizó el estudio       CARTAGO          AL NO DECIRLO SE
radiográfico y hora en que                       DA POR ACEPTADO.
se entregó el reporte del
                                                11

usuario.

Presentó en forma detallada    SERVICIOS DE     SI CUMPLE
el precio unitario de cada     DIAGNÓSTICO
uno de los tipos de estudio    POR IMÁGENES
radiológico requerido          CARTAGO

Experiencia de la oferente     SERVICIOS   DE   SI CUMPLE
(la carta que se aporte debe   DIAGNÓSTICO
venir con la misma razón       POR   IMÁGENES
social que la oferta)          CARTAGO

Razonabilidad del precio       SERVICIO    DE   SI CUMPLE
                               DIAGNÓSTICO
                               POR   IMÁGENES
                               CARTAGO.

                   …”

                    Así las cosas, según los criterios técnicos emitidos por la
           Unidades Administrativas Regionales, se concluye que las dos ofertas
           presentadas a concurso cumplen con las especificaciones técnicas
           solicitadas en el pliego de condiciones.

                   Prevenciones:

                   De acuerdo a lo externado en los estudios técnicos y legal, se
           cursaron las prevenciones respectivas, las cuales fueron atendidas en
           tiempo y forma por las oferentes.

                   Análisis de los precios:

                   Según los criterios técnicos hasta aquí emitidos, se desprende que
           las ofertas presentadas tanto para las localidades de Puntarenas y
           Cartago, cotizan precios que se consideran razonables, en el caso de la
           localidad de Puntarenas al compararlos con los precios que brindas otros
           laboratorios y en el caso de Cartago al compararlo con los precios que
           tienen definido para este mismo servicio que se presta a particulares y en
           comparación con el estudio de mercado que realizó esa Unidad
           Administrativa respecto de los precios que ofrecen otros laboratorios de
           esa localidad.

                   Análisis y valoración:

                   Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico
           detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente a la
                                   12

exposición, análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.

        Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de dos oferentes, a saber:
Servicios Médicos y Afines Puntarenenses, S. A. y Servicios Médicos de
Diagnósticos por Imágenes Cartago, S. A.

         La oferta de Servicios Médicos y Afines Puntarenenses, es la
única propuesta presentada para la localidad de Puntarenas, esta oferta
cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
condiciones, así como, con el requisito de experiencia que también se
solicitó. En virtud de ello, una vez subsanada a cabalidad dicha
propuesta, se concluye que puede ser susceptible de adjudicación.

        La oferta de Servicios Médicos de Diagnóstico de Cartago, es la
única propuesta presentada para la localidad de Cartago, en razón de ello
y según lo detallado en el criterio legal y técnico, es que se procede a
retomar, analizar y valorar tres aspectos que se dieron en torno a esta:

         1) La oferta se presentó en forma extemporánea,
         2) La oferta presentó un desglose de precios diferentes al
solicitado en el pliego de condiciones y
         3) La oferta inicialmente no consideró la modificación que se
publicó dentro del plazo de invitación a la apertura de las ofertas.

         Si bien es cierto, la oferta se presentó en forma extemporánea, al
no concurrir más participantes para esta localidad y una vez verificada la
idoneidad técnica, la experiencia y la razonabilidad de los precios
cotizados, se concluye que no existe lesión alguna al principio de
igualdad, en razón de ello, vienen a prevalecer los principios de eficacia
y eficiencia buscando con ello la Administración, el poder satisfacer el
interés general y el cumplimiento del fin requerido.

        Además, respecto al desglose de precios ofertado el cual es
diferente al solicitado en el pliego de condiciones, se le cursó prevención
a la oferente y mediante nota de fecha 10 de abril del año en curso, se
cumplió a cabalidad con lo requerido por el cartel.

       Por otra parte, inicialmente el cartel contempló un plazo de una
hora para la prestación del servicio y entrega del reporte respectivo,
                                   13

situación que posteriormente, a solicitud de un proveedor se modificó,
ampliándose este plazo a cuarenta y ocho horas, esta modificación no fue
observada por este oferente y propuso un plazo de entrega de una hora,
no obstante, posteriormente remitió nota en la cual aclaró que al momento
de presentar la oferta no se había observado esta modificación, pero que
en razón de ello solicitaba que en su caso se ajustara a los términos del
cartel, sea, que la presentación del servicio y entrega del reporte, para
este oferente será un máximo de 48 horas, como lo solicitó la
Administración. Al respecto, esta Proveeduría no considera que exista
objeción para adaptar su propuesta la cual es coincidente con la
modificación realizada al cartel.

       Una vez subsanadas las omisiones que presentó esta oferta, se
concluye que la misma, puede ser susceptible de adjudicación.

        Comparación de ofertas

        Al estar en presencia de una única oferta susceptible de
adjudicación para cada una de las localidades que requieren el servicio y
una vez verificado el cumplimiento de las cláusulas invariables, carece
de sentido la aplicación del sistema de evaluación establecido en el pliego
de condiciones.

        Recomendación:

        Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
presupuestarios mediante las certificaciones de contenido emitidas por el
Departamento Financiero Contable N° 63-P-2008, hasta por la suma de
¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100) para Cartago y N° 75-P-
2008, hasta por la suma de ¢2.143.854,00 (dos millones ciento cuarenta y
tres mil ochocientos cincuenta y cuatro colones con 00/100) para hacerle
frente a la erogación correspondiente a los meses julio a diciembre,
período por el cual se brindará estos servicios para el año 2008, se
recomienda adjudicar la presente licitación conforme al detalle siguiente:

       A: Servicios Médicos de Diagnóstico por Imágenes de
Cartago, S. A., cédula jurídica N° 3-101-160555

         Contratación de servicios radiológicos para la localidad de
Cartago, los tipos de estudios radiológicos que comprende este servicio
son los siguientes:
                                   14


       •    Cabeza: Incluye los siguientes tipos de estudios:

       - Cráneo: ¢13.500,00
       - Cadwell: ¢15.750,00
       - Arco Zigomático: ¢ 15.750,00
       - Hirtiz: ¢5.750,00
       - Mastoides: ¢15.750,00
       - Maxilar: ¢15.750,00
       - Orbitas: ¢15.750,00
       - Perfil Nasal: ¢15.750,00
       - Towne: ¢15.750,00
       - Waters: ¢15.750,00

       •    Tórax: Incluye los siguientes tipos de estudios:

       - Clavícula: ¢11.250,00
       - Hemotórax: ¢13.500,00
       - Tórax Óseo: ¢15.750,00
       - Tórax AP/PA: ¢15.750,00

       •    Huesos Largos: Incluye los siguientes tipos de estudios:

       - Antebrazo: ¢13.500,00
       - Brazo: ¢13.500,00
       - Fémur: ¢13.500,00
       - Humero: 13.500,00
       - Tibia y Peroné: ¢13.500,00

       •    Columna Vertebral: Incluye los siguientes tipos de
estudios:

       - Pelvis / Cadera: ¢15.750,00
       - Columna Cervical: ¢17.250,00
       - Columna Dorsal: ¢17.250,00
       - Columna Lumbar: ¢17.250,00
       - Columna Lumbosacra: ¢17.250,00
       - Sacro Coxis: ¢11.250,00

       •   Proyecciones Adicionales independientemente del sitio
anatómico: Incluye los siguientes tipos de estudios:
                                   15


        - Abdomen Simple: ¢13.500,00
        - Codo: ¢13.500,00
        - Escápala: ¢13.500,00
        - Hombro: ¢13.500,00
        - Muñeca: ¢13.500,00
        - Ortejos: ¢13.500,00
        - Pie: ¢13.500,00
        - Rodilla: ¢13.500,00
        - Talón: ¢13.500,00
        - Tobillo: ¢13.500,00

        El servicio deberá ser brindado con un horario de lunes a viernes
de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

         Demás términos y condiciones, según el pliego de condiciones y
la oferta.

        A: Servicios Médicos Afines Puntarenenses S. A.,          cédula
jurídica N° 3-101-201802

        Contratación de servicios radiológicos para la localidad de
Puntarenas, los tipos de estudios radiológicos que comprende este
servicio son los siguientes:

        •   Cabeza: ¢8.500,00

        •   Tórax: ¢8.500,00

        •   Huesos Largos: ¢11.500,00

        •   Columna Vertebral: ¢12.000,00

        •  Proyecciones Adicionales independientemente del sitio
anatómico: ¢12.000,00

        El servicio deberá ser brindado con un horario de lunes a viernes
de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p.m.

         Demás términos y condiciones, según el pliego de condiciones y
la oferta.”
                                        16

                                          -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 37 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada

N° 2008LA-000005-PROV "Contratación de servicios radiológicos para las

localidades de Puntarenas y Cartago", conforme al detalle siguiente:

      1.) A Servicios Médicos de Diagnóstico por Imágenes de Cartago, S. A.,

cédula jurídica N° 3-101-160555

      Contratación de servicios radiológicos para la localidad de Cartago, los tipos

de estudios radiológicos que comprende este servicio son los siguientes:

      •     Cabeza: Incluye los siguientes tipos de estudios:

      -        Cráneo: ¢13.500,00

      -        Cadwell: ¢15.750,00

      -        Arco Zigomático: ¢15.750,00

      -        Hirtiz: ¢15.750,00

      -        Mastoides: ¢15.750,00

      -        Maxilar: ¢15.750,00
                                17

-      Orbitas: ¢15.750,00

-      Perfil Nasal: ¢15.750,00

-      Towne: ¢15.750,00

-      Waters: ¢15.750,00

•   Tórax: Incluye los siguientes tipos de estudios:

-      Clavícula: ¢11.250,00

-      Hemotórax: ¢13.500,00

-      Tórax Óseo: ¢15.750,00

-      Tórax AP/PA: ¢15.750,00

•   Huesos Largos: Incluye los siguientes tipos de estudios:

-      Antebrazo: ¢13.500,00

-      Brazo: ¢13.500,00

-      Fémur: ¢13.500,00

-      Humero: 13.500,00

-      Tibia y Peroné: ¢13.500,00

•   Columna Vertebral: Incluye los siguientes tipos de estudios:

-      Pelvis / Cadera: ¢15.750,00

-      Columna Cervical: ¢17.250,00

-      Columna Dorsal: ¢17.250,00
                                            18

      -         Columna Lumbar: ¢17.250,00

      -         Columna Lumbosacra: ¢17.250,00

      -         Sacro Coxis: ¢11.250,00

      •     Proyecciones Adicionales independientemente del sitio anatómico:

Incluye los siguientes tipos de estudios:

      -         Abdomen Simple: ¢13.500,00

      -         Codo: ¢ 13.500,00

      -         Escápala: ¢13.500,00

      -         Hombro: ¢13.500,00

      -         Muñeca: ¢13.500,00

      -         Ortejos: ¢13.500,00

      -         Pie: ¢13.500,00

      -         Rodilla: ¢13.500,00

      -         Talón: ¢13.500,00

      -         Tobillo: ¢13.500,00

      El servicio deberá ser brindado con un horario de lunes a viernes de 7:30

a.m. a 5:00 p.m.

      Demás términos y condiciones, según el pliego de condiciones y la oferta.

      2.) A Servicios Médicos Afines Puntarenenses S. A., cédula jurídica N° 3-
                                        19

101-201802

      Contratación de servicios radiológicos para la localidad de Puntarenas, los

tipos de estudios radiológicos que comprende este servicio son los siguientes:

      •       Cabeza: ¢8.500,00

      •       Tórax: ¢8.500,00

      •       Huesos Largos: ¢11.500,00

      •       Columna Vertebral: ¢12.000,00

      •       Proyecciones Adicionales independientemente del sitio anatómico:

¢12.000,00

      El servicio deberá ser brindado con un horario de lunes a viernes de 7:30

a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p.m.

      Demás términos y condiciones, según el pliego de condiciones y la oferta.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO VII

      En oficio N° 2552-DP/46-2008 de 11 de abril en curso, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de Proveeduría, comunica lo

siguiente:

               “En referencia a la Contratación Directa Nº 2008CD-000077-
          PROV, denominada ―Servicio de bombeo de combustible para los
                                   20

vehículos del II Circuito Judicial de Alajuela‖, remitimos a usted la
documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a conocimiento
del Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
conveniente.

        Cabe destacar que la fecha para el vencimiento de esta
contratación estaba previsto para el 03 de abril del año en curso, sin
embargo, en virtud de que fue necesario actualizar la certificación de
contenido presupuestario, no fue posible adjudicar dentro del plazo
estipulado; por lo tanto amparados en el artículo 136 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, se amplia el plazo para adjudicar en
10 días hábiles adicionales, por lo que la fecha prevista para adjudicar se
amplía para el 18 de abril del 2008.

        Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la ley
de Contratación Administrativa vigente; marco jurídico a través del cual
se tramitó el presente concurso, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con los
documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se determinó
que:

        OFERTAS RECIBIDAS:

        Para este procedimiento se recibió una (1) oferta, que se detallan
a continuación:

       1) Estación de Servicio Loyva Ltda. Cédula jurídica N° 3-
102-021695.

        ESTUDIO LEGAL

         Mediante oficio Nº 2467-DP/46-2008, de fecha 25 de marzo de
2008, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
el estudio del marco legal de la oferta presentada por Estación de Servicio
Loyva Ltda.

        Como resultado de lo anterior, el licenciado Carlos Toscano Mora
Rodríguez; Jefe de la Sección de Asesoría Legal, con el visto bueno del
licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio Nº 613-
DE/AL-08, de fecha 26 de marzo del 2008, manifiesta lo siguiente:
                                      21

         “En repuesta al oficio #2467-DP/46-2008 de 25 de marzo en curso,
suscrito por la master Yurly Argüello Araya, Jefa del Subproceso de
Compras Directas de ese departamento, requiriendo el análisis legal de la
propuesta ESTACIÓN DE SERVICIO LOYVA, recibida en la
Contratación Directa N° 2008CD-000077-PROV, cuyo objeto es la
―Servicio de bombeo de combustible para los vehículos del II Circuito
Judicial de Alajuela‖; me permito referirle que por tratarse de un
procedimiento en el que participa un único oferente, deben aplicarse los
reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a la posibilidad de solicitarle
que aporte cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta,
y si es del caso, se ajuste a los requerimientos cartelarios.

        Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante los
principios de eficacia y eficiencia, al no ocurrir más participantes; de ahí
que es preciso procurar la adjudicación el negocio, pues con ello se
protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines
y cometidos de la Administración, siempre y cuando previamente se
verifique la idoneidad técnicas de ese único oferente y la razonabilidad del
precio que cotiza, según los parámetros del artículo 30 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa”

        ESTUDIO TÉCNICO

         Mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo del 2008, se le
solicitó al Lic. Alexander Matarrita Casanova, Administrador de la Sub-
Unidad Administrativa del II Circuito Judicial de Alajuela, verificar si la
oferta recibida se ajusta a cada una de las especificaciones técnicas
solicitadas, además de referirse a la razonabilidad del precio cotizado y al
ajuste presupuestario.

       Como resultado de lo anterior, mediante correo electrónico de
fecha 26 de marzo del 2008, el Lic. Matarrita Casanova, Administrador
de la Sub-Unidad Administrativa del II Circuito Judicial de Alajuela,
manifestó:

         “… revisando la oferta se colige que si se ajusta a las
especificaciones solicitadas.
         El precio cotizado es razonable.”

        ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS
                                    22

         Se tiene como primer resultado en esta contratación la
participación de un único oferente; el cual de conformidad con lo
señalado en los estudios de carácter legal y técnico, resulta susceptible de
adjudicación. Así las cosas, pierde trascendencia la aplicación del sistema
de evaluación por no existir competencia.

        RECOMENDACIÓN

      Por las circunstancias que concurren en el presente procedimiento
de contratación y los argumentos antes expuestos, esta Proveeduría luego
de verificar la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios
suficientes en la subpartida 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y
Apoyo”, programa 926 y 928, IP 13 y 23, según certificación de
contenido presupuestaria N° 161-P-2008, para el período de marzo a
diciembre y 328-P-2008, para el período de agosto a diciembre, de fecha
19 de febrero y 01 de abril de 2008, por un monto de ¢322.630.00 y
412.000.00, respectivamente, recomienda a los miembros del Consejo
Superior, que la presente contratación directa se adjudique a la oferta que
se detalla:

         A Estación de Servicio Loyva Ltda., Cédula jurídica N° 3-102-
021695, el servicio de bombeo de combustible para los vehículos del II
Circuito Judicial de Alajuela, la tarifa por brindar el servicio de bombeo
de combustible por litro corresponderá a un 92.04% del margen de
comercialización establecido por la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos que en la actualidad corresponde a ¢31.859 por litro
servido a razón de un promedio mensual de 2.000 litros de gasolina súper
y 3000 litros de diesel, para un monto mensual de ¢146.625.00.

        Para efectos fiscales esta contratación se estima en la suma anual
de ¢1.759.500.00.

        La prestación de dichos servicios será por un período de 1 año
prorrogable automáticamente por periodos iguales y consecutivos hasta
por un máximo de cuatro años. La presente contratación deberá dar inicio
una vez que la Unidad de Verificación y Ejecución Contractual así lo
disponga, previa aprobación de la Unidad Interna de Legalidad. Sin
embargo dicho servicio no podrá dar inicio antes del 01 de agosto del año
en curso, ya que por restricciones presupuestarias, el Organismo de
Investigación Judicial, lo estableció de esta manera. Demás términos y
condiciones conforme al cartel y la oferta.
                                         23


               La Sub-Unidad Administrativa del II Circuito Judicial de
       Alajuela, deberá tomar las previsiones presupuestarias respectivas para
       garantizar la disposición de recursos para esta contratación en periodos
       presupuestarios futuros.”
                                            -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente trascrito, se dispuso: Adjudicar la Contratación Directa N° 2008CD-

000077-PROV "Servicio de bombeo de combustible para los vehículos del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela", conforme al detalle siguiente:

       A: Estación de Servicio Loyva Ltda., cédula jurídica N° 3-102-021695, el

servicio de bombeo de combustible para los vehículos del Segundo Circuito

Judicial de Alajuela, la tarifa por brindar el servicio de bombeo de combustible por

litro corresponderá a un 92.04% del margen de comercialización establecido por la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que en la actualidad corresponde a

¢31.859 por litro servido a razón de un promedio mensual de 2.000 litros de

gasolina súper y 3000 litros de diesel, para un monto mensual de ¢146.625.00.

       Para efectos fiscales esta contratación se estima en la suma anual de

¢1.759.500.00.
                                         24

       La prestación de dichos servicios será por un período de 1 año prorrogable

automáticamente por períodos iguales y consecutivos hasta por un máximo de

cuatro años. La presente contratación deberá dar inicio una vez que la Unidad de

Verificación y Ejecución Contractual así lo disponga, previa aprobación de la

Unidad Interna de Legalidad. Sin embargo dicho servicio no podrá dar inicio antes

del 1° de agosto del año en curso, ya que por restricciones presupuestarias, el

Organismo de Investigación Judicial, lo estableció de esta manera. Demás términos

y condiciones conforme al cartel y la oferta.

       La Subunidad Administrativa Regional del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, deberá tomar las previsiones presupuestarias respectivas para garantizar

la disposición de recursos para esta contratación en períodos presupuestarios

futuros.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO VIII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 3234-DP/03-08 de 15 de abril en curso, expone lo

siguiente:

           “En referencia a la Licitación Abreviada 2008LA-000007-PROV,
       denominada ―Compra de tóner para impresora Láser Xerox N 2125
                                    25

para el II Circuito Judicial de San José‖, remitimos a usted la
documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
conveniente.

     En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días hábiles
dispuesto en la cláusula 5.2.17 del cartel para resolver esta contratación
vence el lunes 5 de mayo del 2008.

     Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
conserva esta Proveeduría, se determinó que:

     Ofertas recibidas en el presente concurso:

     Para este concurso se recibieron cinco ofertas correspondientes a:

      1)    Móviles de Costa Rica S.A., cédula jurídica N° 3-101-
082235
      2)    Consorcio de Importación y Exportación Conisa S.A., cédula
jurídica N° 3-101-036807
      3)    Southland Technology S.A., cédula jurídica N° 3-101-283620
      4)    Bruno Internacional S.A., cédula jurídica N° 3-101-190550
      5)    J & E Suministros S.A., cédula jurídica N° 3-101-150374

     Estudio de las ofertas:

      Mediante el oficio número 2699-DP/03-2008 de fecha 31 de marzo
del 2008, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de las cinco ofertas recibidas, en los
siguientes términos:

     “Para que se proceda al estudio legal de las cinco ofertas recibidas,
adjunto expediente administrativo de la Licitación Abreviada número
2008LA-000007-PROV, denominada “Compra de tóner para
impresora láser Xerox N° 2125 para el II Circuito Judicial de San
José”.

     Al indicado efecto y con la finalidad de determinar tanto la
                                    26

admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían subsanables
e indispensables de requerir, seguidamente se detallan los aspectos más
relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto de
su revisión inicial:

     Oferta Nº 1: Móviles de Costa Rica S.A., C.J. N° 3-101-082235:

      1.     En relación con el requerimiento de las cláusulas 5.2.10,
5.2.11, 5.2.18 y 5.2.12 del pliego de condiciones, referentes al aporte de
fotocopias certificadas de las cédulas de identidad y jurídica de la persona
oferente, certificaciones de personería jurídica y de naturaleza y
propiedad del capita (sic) social, así como brindar información detallada
del oferente y en vista de que en la oferta (véase folio 90 del apartado de
“Ofertas”), se refiere (sic) que el original de personería jurídica y
propiedad de las acciones se mantiene invariable y se encuentra en el
registro de proveedores, se consultó el expediente que se lleva de este
proveedor en el Registro de Proveedores de este Departamento,
verificándose la existencia de todos los documentos e información
requeridos. No obstante, al proceder al análisis de la certificación de la
propiedad del capital social, se observa que el 68% de las acciones
pertenecen a otra sociedad, a saber, Jiménez y Tanzi .S.A., empresa que
actualmente se encuentra inhabilitada en esta Administración por
incumplimientos contractuales. Así las cosas, se solicita valorar sí es
legalmente procedente tener esta oferta como susceptible de resultar
adjudicataria en este concurso.

      2.    En relación con la cláusula 13.3 no brinda información para
eventuales reajustes de precio. No obstante, surge la duda de la
trascendencia de su aporte, al considerar que este procedimiento de
contratación está referido al suministro de tóner en un plazo máximo
admisible de quince días hábiles.

      Oferta Nº 2: Consorcio de Importación y Exportación Conisa
S.A., C.J. N° 3-101-036807-03:

     1.    En relación con la cláusula 13.3 esta oferta tampoco brinda
información para eventuales reajustes de precio.

     Oferta Nº 3: Southland Technology S.A., C.J. N° 3-101-283620:

     1.     Las copias de cédulas de identidad y jurídica aportadas con
                                    27

motivo del requerimiento de la cláusula 5.2.10 son simples fotocopias, no
vienen certificadas. En este último sentido, valga mencionar que la
documentación que consta en el expediente que de este oferente se
mantiene en el Registro de Proveedores que lleva este Departamento, data
del año 2004 y tampoco satisface el requisito de ser certificadas.

     2.    En relación con la cláusula 13.3 esta oferta tampoco brinda
información para eventuales reajustes de precio.

     Oferta Nº 4: Bruno Internacional S.A., C.J. N° 3-101-090550:

      1.     Ofrece un producto alternativo (véase folios 34 y 33 del
apartado de “Ofertas”), cuya diferencia, según se advierte, es que está
definido como de alto rendimiento (para 15.000 páginas) y se garantiza
para cumplir con la impresora Xerox DocuPrint N2125 Láser Printer, el
cual se ajusta a los requerimientos del pliego de condiciones, según así lo
advierte la Administración del II Circuito Judicial de San José, en el
informe presentado mediante oficio 110-TESO-2008 (véase folio 22 del
apartado de “Selección” del expediente).

      2.    En lo que concierne a la garantía del producto cotizado, en el
pliego de condiciones se requiere un mínimo de 24 meses y este oferente
señala plazos de garantía diferentes de 12 y 24 meses. (véase folios 30 y
34 del apartado de “Ofertas” del expediente)

     3.      La certificación aportada en relación con la cláusula 5.2.11
del pliego de condiciones (véase folio 8 del apartado de “Ofertas” del
expediente), no detalla los miembros de la Junta Directiva según así se
requiere en la citada cláusula del cartel.

      4.    En relación con las declaraciones juradas (véase folio 25 del
apartado de “Ofertas” del expediente), para la correspondiente a la
cláusula 5.2.19 b) se omite hacer referencia al artículo 22 Bis de la Ley de
Contratación Administrativa.

     5.    En relación con la cláusula 13.3 esta oferta tampoco brinda
información para eventuales reajustes de precio.

     Oferta Nº 5: J & E Suministros S.A., C.J. N° 3-101-150374:

     1.     Las copias de cédulas de identidad y jurídica aportadas con
                                    28

motivo del requerimiento de la cláusula 5.2.10 son simples fotocopias, no
vienen certificadas (véase folios 2 y 3 del apartado de “Ofertas” del
expediente).     No obstante, valga mencionar que dentro de la
documentación que consta en el expediente que de este oferente se
mantiene en el Registro de Proveedores que lleva este Departamento, la
cual data del año 2007, sí constan las respectivas fotocopias debidamente
certificadas.

      2.     En relación con las cláusulas 5.2.11 y 5.2.18 del pliego de
condiciones, referentes al aporte de certificaciones de personería jurídica
y de naturaleza y propiedad del capital social, se advierte que este
oferente aporta simples fotocopias (véase folio 1 del apartado de
“Ofertas” del expediente). No obstante, al consultar el ya citado
expediente del Registro de Proveedores que lleva este Departamento de
este oferente, se observa la existencia de sendas certificaciones originales
de fechas 16 y 27 de enero de 2007, que únicamente omiten el detalle de
los miembros de Junta Directiva, para tener por satisfecho los
requerimientos de las citadas cláusulas del cartel, en el supuesto de que
tales extremos se mantengan vigentes e invariables.

     3.    En relación con la cláusula 13.3 esta oferta tampoco brinda
información para eventuales reajustes de precio.

      Finalmente, no se omite referir que a la Administración del II
Circuito Judicial, se le solicitó ampliar el informe rendido mediante oficio
110-TESO-2008, respecto a la racionabilidad de los precios cotizados,
toda vez que si bien indica que todas las ofertas recibidas cumplen y se
ajustan a los requerimientos establecidos y que de ellas la oferente
número tres presenta el menor precio, recomienda adjudicar una menor
cantidad de suministros al ajustarse al presupuesto previsto, sin referirse a
este aspecto.”

     Estudio legal:

      Mediante oficio número 649-DE/AL-08 de fecha 2 de abril del
2008, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las cinco ofertas
recibidas, señaló:

     “En atención al oficio #2699-DP/03-2008 de 31 de marzo del año en
curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa a. i. del
                                    29

Subproceso de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el análisis
legal de las ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N° 2008LA-
00007-PROV, cuyo objeto es la “Compra de tóner para impresora
láser Xerox N2125 para el II Circuito Judicial de San José”; me
permito referirle lo siguiente:

     OFERTA #1.- MÓVILES DE COSTA RICA S. A.:

      Con respecto al comentario contenido en el punto 1., estimo que por
tratarse de materia sancionatoria, dónde los criterios deben ser
absolutamente restrictivos, y dado que eventualmente se puede violentar
el principio de libre participación, lo que interesa demostrar es el fraude
de ley, según lo dispone el artículo 216 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; es decir, constatar si la nueva sociedad se
constituyó con la finalidad de evadir los efectos del apercibimiento o la
inhabilitación. La norma no alude específicamente a que ello se pueda
determinar por el sólo hecho de la empresa sancionada sea dueña de un
porcentaje del capital accionario de esa nueva persona jurídica, sino que
habla de otras figuras como la fusión, transformación o cambio de razón
social, que no extinguen la sanción, sino que recaerá sobre la empresa que
permanezca.

     Legalmente califica a una eventual adjudicación.

   OFERTA #2.- CONSORCIO                     DE     IMPORTACIÓN           Y
EXPORTACIÓN CONISA S. A.:

     Puede ser tenida como eventual adjudicataria.

     OFERTA #3.- SOUTHLAND TECHNOLOGY S. A.:

     No se observan vicios u omisiones que la inhiban de participar al
concurso. Lo señalado por esa Proveeduría debe ser subsanado por medio
de una prevención a la oferente (artículos 80 y 81 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa).

     OFERTA #4.- BRUNO INTERNACIONAL S. A.:

      En los mismos términos que la anterior. También resulta procedente
que aclare la confusión en la plica con los plazos diferentes de garantía de
fábrica (12 y 24 meses).
                                   30


     OFERTA #5.- J & E SUMINISTROS S. A.:

     Califica a una eventual adjudicación. Lo señalado por esa
Proveeduría debe ser subsanado por medio de una prevención a la
oferente (artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).

      Por último, con respecto al requerimiento contenido en la cláusula
13.3., eventualmente dicha información puede ser útil en la etapa de
ejecución contractual; de ahí que para el suscrito en este momento
procesal su aporte no es relevante.”

     Prevenciones:

     De acuerdo con lo externado en el informe de Asesoría Legal, se
procedió a realizar las correspondientes prevenciones, mismas que fueron
atendidas en tiempo y forma por los participantes.

     Estudio técnico:

      Mediante el oficio número 110-TESO-2008 de 25 de marzo del
2008, el licenciado Guillermo Obando Araya; Administrador a.í. del II
Circuito Judicial de San José, rindió el informe del estudio técnico de las
ofertas en los siguientes términos:

     “Por medio de la presente rendimos respuesta al oficio Nº 2352-
DP/03-2008 para la Licitación Abreviada número 2008LA-000007-
PROV, denominada “Compra de tóner para impresora Láser Xerox N
2125 para el II Circuito Judicial de San José”.

     Contrastadas todas las ofertas recibidas con el cartel en mención,
queda claro que se da el ajuste y cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el mismo, por parte de todos los oferentes, por
consiguiente se analizan las ofertas y se concluye que el oferente
SOUTHLAND TECHNOLOGY S.A., además de cumplir con todos los
requerimientos establecidos presenta un menor precio en el producto y un
plazo de entrega razonable.”

      Ajustándonos al presupuesto actual para la compra de Tóner Xerox
para impresora láser N 2125 se determina la compra en 181 unidades.”
                                                                               31


            Línea                          Descripción                            Cantidad a                           Entrega
                                                                                    comprar
                                                                                                        Una sola entrega dentro
                                                                                                        de los 15 días hábiles
                                                                                                        después de recibir el
                         Toner Xerox para impresora                              181
            1                                                                                           respectivo pedido ya sea
                         láser N 2125 113R445                                    Unidades
                                                                                                        vía      fax     o       en      forma
                                                                                                        personal, lo que ocurra
                                                                                                        primero.


                      Aunado a lo anterior, el oficio antes trascrito se acompaña del
                siguiente cuadro comparativo de ofertas:
PODER JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA II CIRCUITO JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


                                                                                Fecha:                25/03/2008
                        SECCION COMPRAS
            CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS




                                                                                               CASAS COMERCIALES
                 Sub.2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes    OFERTA Nº 1         OFERTA Nº 2        OFERTA Nº 3        OFERTA Nº 4       OFERTA Nº 5
                                                             Moviles de Costa                         Southland           Bruno         J Y E Suministros
 Cantida                     Toner xerox                        Rica, S.A.        CONISA, S.A.     Technology, S.A. Internacional, S.A.        S.A.


 1 unidad       Toner Xerox para impresora laser
                             N2125                           ¢ 124.016,91        ¢ 149.742,07        ¢ 91.914,02       ¢ 148.175,00       ¢ 99.440,00

                                                                $ 248,90            $ 300,53          $ 184,47
                                     Detalle de artículos adquirir, ajustandose al contenido Presupuestario

  181    Toner xerox para impresora laser
Unidades N2125                                               ¢ 22.447.060,71     ¢ 27.103.314,67    ¢ 16.636.437,62    ¢ 26.819.675,00    ¢ 17.998.640,00


                    Total en colones                         ¢ 22.447.060,71     ¢ 27.103.314,67    ¢ 16.636.437,62    ¢ 26.819.675,00    ¢ 17.998.640,00
Observaciones: Tipo de cambio es de ¢ 498.26




Cristian Sánchez Hidalgo                                                                           Lic. Guillermo Obando Araya
Confeccionó                                                                                             Aprobó



                    Producto del análisis del informe anterior, en el que se echa de
                menos el pronunciamiento y fundamentación relativa al análisis de la
                                   32

racionabilidad de los precios cotizados, mediante mensaje de correo
electrónico de fecha 31 de marzo del 2008 se solicitó a la Administración
del II Circuito Judicial, suplir dicha información.

     Como resultado de ello, mediante adendum al oficio 110-TESO-
2008 de fecha 2 de abril del 2008, el licenciado Guillermo Obando Araya,
manifiesta lo siguiente:

      “Por medio de la presente les hago llegar el estudio técnico según
articulo 30 del reglamento de contratación administrativa, donde se
concluye que el precio ofertado se estima aceptable.

      o      Realizado un estudio en el mercado actual del valor de la
unidad de tonner Xerox para impresora láser N 2125, se determina que el
precio ofertado por parte de las diferentes empresas distribuidoras de este
producto para la Licitación Abreviada número 2008LA-000007-PROV,
se estima aceptable.

      o      En relación a lo presupuestado por parte del Poder Judicial
para realizar la compra de Tonner Xerox N 2125, indicamos que el mismo
se encuentra desactualizado con los precios actuales del mercado, ya que
este presupuesto se confecciona con mucha anterioridad al día de la
compra del producto.

     o      Ahora bien, analizando las ofertas presentadas por;

     Móviles de Costa Rica S.A.
     Consorcio de Importación y Exportación CONINSA S.A.
     Southland Technology S.A.
     Bruno Internacional S.A.
     J & E Suministros S.A.


     encontramos que el oferente SOUTHLAND TECHNOLOGY S.A.,
ofrece un precio razonable y no se deja entrever causa alguna que le
impida cumplir con todos los requerimientos establecidos en el contrato.

     Visto el análisis realizado y ajustándonos al presupuesto establecido
para la obtención del producto en mención, se determina la compra de
181 Unidades de Tonner Xerox para impresora láser N 2125, en la
Sociedad de SOUTHLAND TECNOLOGY S.A.”
                                           33


      Análisis y valoración:

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y técnico
detallados en los párrafos anteriores y analizado las circunstancias
concurrentes se determina lo siguiente:

      Desde el punto de vista tanto técnico como legal, se manifiesta que
todas las ofertas resultan admisibles. No obstante, es criterio de esta
Proveeduría que la oferta número cuatro de la empresa Bruno
Internacional S.A., no resulta admisible al concurso, toda vez que cotiza
un producto alternativo (véase folio 34 del apartado de “Ofertas”, donde
indica: NOTA OFERTA ALTERNATIVA, ESTAMOS COTIZANDO
TÓNER XEROX ORIGINAL 113R446 P/N 2125 ALTO
RENDIMIENTO PARA 15000 PÁGINAS”, aspecto que regula el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 70 al
estipular que:

“Artículo 70.—Ofertas base y alternativas. La Administración, podrá limitar en el cartel la
cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará de un mismo oferente,
independientemente de la forma en que participe.
La oferta alternativa, es una propuesta distinta a la definida en el cartel, respetando el
núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser conveniente y oportuna para
la entidad.
La oferta alternativa no será sometida al sistema de calificación. Cualquier alternativa a la
oferta base ganadora, podrá ser adjudicada, en el tanto la Administración acredite en el
expediente, las razones de su decisión, ésta no contravenga el interés público ni
institucional y existan fondos suficientes para cubrir la erogación.”

     En este caso valga destacar que el desajuste se determina al observar
la advertencia del oferente de frente al hecho de que el pliego de
condiciones requiere “Tóner Xerox para impresora láser N2125
113R445‖ (el destacado no del original) y en la condición especial
número VI indica que “debe tener una capacidad mínima de impresión de
diez mil (10.000) documentos en tamaño carta, con calidad de impresión
en modo borrador.”

      Por tanto, se concluye que salvo el caso de la oferta de la empresa
Bruno Internacional S.A. antes mencionado, las restantes ofertas sí
resultan admisibles al concurso
                                                                                      34

                      En vista de lo anterior y dado que el pliego de condiciones,
                establece en la cláusula 12.1 que el ganador del concurso será quien
                cotice el menor precio, seguidamente se muestra el cuadro comparativo
                de los precios cotizados, en el que por simple inspección se advierte que
                la oferta número tres de la empresa Southland Technology S.A., es la que
                presenta el menor precio cotizado entre todos los posibles adjudicatarios.

                                                 Licitación Abreviada número 2008LA-000007-PROV
                              “Compra de tóner para impresora Láser Xerox N 2125 para el II Circuito Judicial de San José”
                                                             Cuadro de precios cotizados

        Tipo de cambio:                       ₡498,26       Referencia del Banco Central de Costa Rica para la venta del dólar, correspondiente al día 14-marzo-2008.

                                                                       1                               2                          3                             5
                          Oferente
                                                                     Móviles                         Conisa                   Southland                        J&E
                                               Cantidad a
Línea                                           comprar       Unitario      Total ¢       Unitario        Total ¢       Unitario      Total ¢       Unitario         Total ¢
                 DESCRIPCIÓN
        TONER XEROX P/ IMP. LÁSER
  1     N2125 113R445                              255        124.016,91 31.624.312,05    149.742,08    38.184.230,40   91.914,02 23.438.075,10      99.440,00 25.357.200,00

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de las ofertas.




                           Análisis de precios:

                      Según lo manifestado por el licenciado Guillermo Obando Araya;
                Administrador a.í. del II Circuito Judicial de San José, tanto mediante el
                oficio 110-TESO-2008, como el respectivo adendum a ese mismo oficio,
                de acuerdo con estudio de mercado realizado, estima que los precios
                cotizados por los participantes resultan aceptables.

                      Aunado a ello, menciona que el presupuesto para realizar la compra
                se encuentra desactualizado respecto los precios actuales del mercado, ya
                que este presupuesto se confecciona con mucha anterioridad al día de la
                compra del producto y en vista de que la disponibilidad presupuestaria
                prevista (¢16.694.642,00) no permite adquirir la cantidad total de tóner
                licitado, manifiesta que se ajusta a ella y recomienda adquirir 181 de las
                255 unidades estipuladas en el pliego de condiciones.

                      Así las cosas, es menester señalar que lo procedente para futuras
                contrataciones, es que la Administración del II Circuito Judicial de San
                José, al momento de formular la correspondiente decisión de contratar
                ante el Departamento de Proveeduría, ajuste a las condiciones actuales del
                mercado, la cantidad objeto de contratación, de suerte tal que al
                gestionarse la correspondiente autorización que permita el inicio del
                respectivo procedimiento de contratación, se refleje la estimación
                actualizada del costo del objeto contractual, conforme los requisitos
                previos regulados en los artículos 8 y 9 de la Ley de Contratación
                Administrativa y su Reglamento, respectivamente.
                                    35


     Recomendación:

      En vista de lo anteriormente expuesto, se recomienda adjudicar esta
licitación en la forma propuesta por la Administración del II Circuito
Judicial de San José, sea ésta a la oferta de menor precio cotizado
conforme las reglas del sistema de evaluación previsto en el pliego de
condiciones, ajustándose al presupuesto total disponible de
¢16.694.642,00 separado mediante Solicitudes de Pedido 280324 y
280325 emitidas con cargo a los programas 927 y 932, IP 03, fuente de
financiamiento 01, subpartida 2.01.04 “Tintas, pinturas y diluyentes”.

     Lo anterior según el detalle siguiente:

    A:     Southland Technology S.A., cédula jurídica N° 3-101-
283620:

     Línea única

     Ciento ochenta y un (181) unidades de tóner Xerox para impresora
láser N2125 113R445. Cada tóner con una capacidad mínima de
impresión de diez mil (10.000) documentos en tamaño carta, con calidad
de impresión en modo borrador.

     Precio unitario $184,47 (C.I.F. Incoterms 2000 hasta el lugar de
entrega)
     Precio total $33.389,07

     Garantía: 24 meses.

     Entrega: En la Administración del II Circuito Judicial de San José,
en una sola entrega en un plazo no mayor de quince días hábiles después
de recibir el respectivo pedido, ya sea vía fax o en forma personal, lo que
ocurra primero.

            Gran total recomendado adjudicar: $33.389,07
 (equivalentes a ¢16.599.376,15, según tipo de cambio de ¢497,15 por
 dólar, referencia para la venta del Banco Central de Costa Rica del
                       día 15 de abril del 2008)‖
                                   -0-
                                        36

      De conformidad con lo que establecen los artículos 78, siguientes y

concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del

Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial y la recomendación formulada

por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente trascrito, se

dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2008LA-000007-PROV "Compra

de tóner para impresora Láser Xerox N 2125 para el Segundo Circuito Judicial de

San José”, conforme al detalle siguiente:

     A: Southland Technology S.A., cédula jurídica N° 3-101-283620:

     Línea única

     Ciento ochenta y un (181) unidades de tóner Xerox para impresora láser

N2125 113R445. Cada tóner con una capacidad mínima de impresión de diez mil

(10.000) documentos en tamaño carta, con calidad de impresión en modo borrador.

     Precio unitario $184,47 (C.I.F. Incoterms 2000 hasta el lugar de entrega)

     Precio total $33.389,07

     Garantía: 24 meses.

     Entrega: En la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, en

una sola entrega en un plazo no mayor de quince días hábiles después de recibir el

respectivo pedido, ya sea vía fax o en forma personal, lo que ocurra primero.

     Gran total adjudicado: $33.389,07(equivalentes a ¢16.599.376,15, según tipo
                                           37

de cambio de ¢497,15 por dólar, referencia para la venta del Banco Central de

Costa Rica del día 15 de abril del 2008)

     La Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría y la Administración

del Segundo Circuito Judicial de San José, tomarán nota para lo que a cada uno

corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO IX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº 2789-

DE-2008 de 17 de abril en curso, remite nota Nº 3318-DP/32-2008, suscrita por la

máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de Proveeduría, que

literalmente dice:

            “En sesión celebrada el 13 de Septiembre del 2007, el Consejo
       Superior dispuso adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 2007LN-
       000117-01, por concepto de ―Adquisición de un Kit de grabación
       digital para las audiencias preliminares en el proceso penal del Poder
       Judicial‖, a la casa comercial Sonivisión S.A., cédula jurídica N° 3-101-
       034067 de la siguiente manera:

             “De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10,
       de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la recomendación formulada por
       el Programa Poder Judicial-BID en el oficio anteriormente transcrito (sic),
       se acordó: Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 2007LN-000117-
       01, adquisición de un Kit de grabación digital para las audiencias
       preliminares en el proceso penal del Poder Judicial, a la empresa
       Sonivisión S.A., incluida su oferta opcional con 4.400 cajas para CD slim
       plástica por un monto total de US $54.582,00.

    Ítem   Cantidad       Descripción        Origen del   Monto en $   Plazo    Garan
                                               Bien                      de      tía
                                                                       Entreg
                                               38

                                                                          a
1.1         110      Licencias de Software
                     para grabación digital,        USA
                      incluye capacitación.                 22.770,00
1.2         110           Micrófonos.               Japón    3.300,00
1.3         110         Controles de Pie.           USA     10.670,00
1.4         110           Audífonos.                USA      3.300,00
1.5         110      Grabadores externos de         USA
                          DVD /CD.                          10.230,00   15 días    6
                                                                        hábiles   meses
1.6         110         Dispositivos de             USA
                    almacenamiento masivo
                        (Llave maya).                        2.090,00
1.7        2.200     Discos compactos para          USA
                      grabar en CD-ROM.                       880,00
1.8        2.200     Discos compactos para          USA
                     grabar en DVD-ROM.                       594,00
           4.400      Cajas para CD Slim            USA
                            plástica                          748,00

            Atendiendo solicitud presentada vía correo electrónico por el Lic.
      Michael Jiménez Ureña, Jefe de la Sección de Telemática, se procedió a
      analizar la aplicación del artículo 201 del Reglamento a la Ley de
      Contratación Administrativa que posibilita adquirir suministros o
      servicios adicionales de igual naturaleza hasta en un 50% del mismo
      contratista, obteniéndose los siguientes resultados:

           201 Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la
      Administración requiere suministros o servicios adicionales de igual
      naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista siempre que se
      cumpla con los siguientes requisitos:

           a)Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del
      precedente.

           En este sentido, efectivamente el nuevo contrato que ahora interesa,
      se efectuará sobre la base del contrato anterior, producto de la licitación
      pública nacional tramitada en su oportunidad por el Programa Corte-BID.

           b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los
                                   39

cuales se ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar
las condiciones iniciales.

      Al tenor de lo expuesto en el inciso de cita, el Sr. Enrique Somogyi
P., Gerente General de Sonivisión S.A., mediante nota recibida el 11 de
abril del año en curso, libremente conviene a la ampliación en las mismas
bases del contrato precedente, al indicar:

       “Acusamos recibo de un nota y le comunicamos que nuestra
empresa se encuentra en la mejor disposición de suministrar los equipos
requeridos mediante la ampliación del 50%.

       Asi (sic) mismo confirmamos que aceptamos y mantenemos los
precios, condiciones y características de la licitación.”

     c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del
contrato anterior, contemplando los reajustes o revisiones y
modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté
compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el
objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o
cantidad de alguna línea en particular.(...)

     Para el caso en particular, a la casa comercial Sonivisión S.A. se la
adjudicó la suma de $54.582,00 y se aplicaría un adicional por
$27.291,00. Así las cosas, se concluye que los límites del cincuenta por
ciento al que se hace referencia no se supera, habida cuenta que la
contratación adicional representa 50,00% del contrato precedente.

     d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la
recepción provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del
objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir
de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a
partir de la última entrega de bienes. Se excluyen del cómputo de este
plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la principal, como
el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y
mantenimiento derivado del principal.

     La Unidad de Almacén del Departamento de Proveeduría, mediante
entrada de mercadería N° 2331-07 del 06 de noviembre del 2007, recibió
los equipos de interés. De lo anterior se colige, que no han transcurrido
más de seis meses después de la recepción del objeto contractual.
                                           40


           e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en
      ningún incumplimiento grave.

            Mediante correo electrónico del 16 de noviembre del 2007, el Sr.
      Frank Alvarado Céspedes, Encargado de Tecnologías en Comunicación
      Interactiva de la Sección de Telemática del Departamento de Tecnología
      de Información, indica que “He recibido de conformidad en las Bodegas
      de Poder Judicial de San Joaquín de Flores (…) equipo de grabación para
      audiencias previas”; por otra parte, el Lic. Rodrigo Arroyo Guzmán,
      Profesional de la Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID, en correo
      electrónico del día de hoy, informó que no existieron atrasos en la entrega
      de los equipos, lo que permite concluir, que la empresa no incurrió en
      algún incumplimiento grave, ajustándose a las disposiciones del
      Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

           Mediante solicitud de pedido 280664 del 2008 en la subpartida
      5.01.03 “Equipo de comunicación”, programas 926, IP 40, se separaron
      recursos totales por la suma de ¢15.000.000,00 monto suficiente para
      hacerle frente a este contrato adicional.

            Por todo lo anterior, se solicita interponer sus buenos oficios ante el
      Consejo Superior, con el ruego que se apruebe el contrato adicional sobre
      la Licitación Pública Nacional N° 2007LN-000117-01, con base en el
      artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
      para la compra de 55 kit de grabación digital para las audiencias
      preliminares en el proceso penal del Poder Judicial, conforme el detalle
      siguiente:

           A: Sonivisión S.A., cédula jurídica 3-101-034067:

           55 kit de grabación digital para las audiencias preliminares en el
      proceso penal del Poder Judicial, compuesto por lo siguiente:


                                                                    Origen del   Monto en
Ítem     Cantidad                   Descripción                       Bien          $
                    Licencias de Software para grabación digital,                11.385,00
1.1          55                                                       USA
                    incluye capacitación.
1.2          55     Micrófonos.                                       Japón      1.650,00
                                                   41

                                                                          Origen del   Monto en
    Ítem      Cantidad                       Descripción                    Bien          $
     1.3         55      Controles de Pie.                                  USA        5.335,00

     1.4         55      Audífonos.                                         USA        1.650,00

     1.5         55      Grabadores externos de DVD /CD.                    USA        5.115,00

                         Dispositivos de        almacenamiento   masivo     USA        1.045,00
     1.6         55
                         (Llave maya).
     1.7        1.100    Discos compactos para grabar en CD-ROM.            USA         440,00

     1.8        1.100    Discos compactos para grabar en DVD-ROM.           USA         297,00

                2.200    Cajas para CD Slim plástica                        USA         374,00

                         Total                                                         27.291,00


                 Plazo de entrega: 15 días hábiles después de entregado el pedido,
           vía fax o personalmente, lo que ocurra primero.

                Garantía: Contra defectos de fabricación por 6 meses.

                Demás características y condiciones según cartel y oferta.

                                 Total adjudicado: $27.291,00
                  (equivalentes a ¢13.558.987,53 según el tipo de cambio
            de venta de referencia del BCCR de 1U$ = ¢496,83 del 17/04/2008)
                                                  -0-

      De conformidad con el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y al requerirse servicios adicionales de igual naturaleza, se acordó:

Acoger la recomendación anterior, en consecuencia, autorizar la ampliación del

contrato de la Licitación Abreviada N° 2007LN-000117-01, en un 50% adicional,

según el siguiente detalle:

      A: Sonivisión S.A., cédula jurídica N° 3-101-034067:

      55 kit de grabación digital para las audiencias preliminares en el proceso
                                              42

penal del Poder Judicial, compuesto por lo siguiente:

                                                               Origen del   Monto en
   Ítem      Cantidad                 Descripción                Bien          $
                        Licencias de Software para grabación                11.385,00
    1.1         55                                               USA
                        digital, incluye capacitación.
    1.2         55      Micrófonos.                              Japón      1.650,00

    1.3         55      Controles de Pie.                        USA        5.335,00

    1.4         55      Audífonos.                               USA        1.650,00

    1.5         55      Grabadores externos de DVD /CD.          USA        5.115,00

                        Dispositivos   de    almacenamiento      USA        1.045,00
    1.6         55
                        masivo (Llave maya).
                        Discos compactos para grabar en CD-      USA         440,00
    1.7        1.100
                        ROM.
                        Discos compactos para grabar en          USA         297,00
    1.8        1.100
                        DVD-ROM.
               2.200    Cajas para CD Slim plástica              USA         374,00

                        Total                                               27.291,00

      Plazo de entrega: 15 días hábiles después de entregado el pedido, vía fax o

personalmente, lo que ocurra primero.

      Garantía: Contra defectos de fabricación por 6 meses.

          Demás características y condiciones según cartel y oferta.

      Total adjudicado: $27.291,00

                (equivalentes a ¢13.558.987,53 según el tipo de cambio

      de venta de referencia del BCCR de 1U$ = ¢496,83 del 17/04/2008)

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota para
                                         43

los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO X

      En sesión N° 63-07 celebrada el 28 de agosto del 2007, artículo XII, se

adjudicó la Licitación Pública Nº 2007LN-000017-PROV denominada "Compra de

automotores de varios tipos" de la siguiente manera:

            ―1. A: Vehículos Internacionales VEINSA S.A., cédula jurídica 3-
       101-025416:

            Línea N° 1: Diecinueve (19) Vehículos tipo automóvil sedán,
       marca Mitsubishi, estilo Lancer, modelo 2008, con un precio unitario de
       $13.800,00, para un total de $262.200,00.
       Vehículos a entregar como parte de pago:

    2001   438141    TOYOTA    COROLLA   GASOLINA SEDAN           4   4.400.000,00
                               XLI                PUERTAS

    2001   430151    NISSAN    SENTRA    GASOLINA SEDAN           4   4.000.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   430215    NISSAN    SENTRA    GASOLINA SEDAN           4   4.000.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   438278    TOYOTA    YARIS     GASOLINA SEDAN           4   3.200.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   435626    MAZDA     323 LX    GASOLINA SEDAN           4   3.800.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   438088    TOYOTA    COROLLA   GASOLINA SEDAN           4   4.850.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   428138    MITSUBI   LANCER    GASOLINA SEDAN           4   400.000,00
                     SHI       GLX                PUERTAS

    2001   438205    TOYOTA    YARIS     GASOLINA SEDAN           4   3.200.000,00
                                                  PUERTAS

    2001   443810    TOYOTA    YARIS     GASOLINA SEDAN           4   3.200.000,00
                                                  PUERTAS
                                     44

2001   435659   TOYOTA    YARIS       GASOLINA SEDAN            4   3.000.000,00
                                               PUERTAS

2001   439004   TOYOTA    COROLLA     GASOLINA SEDAN            4   4.900.000,00
                          XLI                  PUERTAS

2001   438739   TOYOTA    YARIS       GASOLINA SEDAN            4   3.200.000,00
                                               PUERTAS

2001   446734   MITSUBI   LANCER      GASOLINA SEDAN            4   4.000.000,00
                SHI       GLX                  PUERTAS

2001   430381   NISSAN    SENTRA      GASOLINA SEDAN            4   3.950.000,00
                                               PUERTAS

2001   438001   TOYOTA    COROLLA     GASOLINA SEDAN            4   4.400.000,00
                          XLI                  PUERTAS

2001   428119   MITSUBI   LANCER      GASOLINA SEDAN            4   4.000.000,00
                SHI       GLX                  PUERTAS

2001   439220   TOYOTA    YARIS       GASOLINA SEDAN            4   3.200.000,00
                                               PUERTAS

2001   438270   TOYOTA    COROLLA     GASOLINA SEDAN            4   4.900.000,00
                          XLI                  PUERTAS

2001   432383   MITSUBI   LANCER      GASOLINA SEDAN            4   4.000.000,00
                SHI       GLX                  PUERTAS

                                                                    70.600.000,00


       Total de vehículos a entregar ¢70.600.000,00, equivalentes a
  $135.578,90, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
  14/08/07, para un neto a girar de $126.621,10.

        Línea N° 2: Treinta (30) Vehículos tipo pick up, marca Mitsubishi,
  estilo L200, tracción 4x4 full extras, modelo 2008, con un precio unitario
  de $24.000,00, para un total de $720.000,00.

        Vehículos a entregar como parte de pago:

2003    CL 190177 MITSUBISHI L200          DIESEL      CAJA          7.200.000,00
                                                       ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU
                                     45

 2002    CL 190625 TOYOTA     HiLUX       GASOLINA CAJA       9.000.000,00
                              DLX                  ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2001    CL 438245 TOYOTA     YARIS       GASOLINA SEDAN 4    3.200.000,00
                                                   PUERTAS
                                                             GASOLINA

CAJA     9.000.000,0
ABIERT        0
AO
CAM-PU

 2003    CL 190203 MITSUBISHI L200        DIESEL   CAJA       7.200.000,00
                                                   ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2002    CL 190623 TOYOTA     HiLUX       GASOLINA CAJA       8.800.000,00
                              DLX                  ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2002    CL 190654 TOYOTA     HI-LUX      GASOLINA CAJA       9.000.000,00
                              DLX                  ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2003    CL 190343 MITSUBISHI L200 E86    DIESEL   CAJA       7.000.000,00
                                                   ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2003    CL 190371 MITSUBISHI L200        DIESEL   CAJA       7.000.000,00
                                                   ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2003    CL 190298 MITSUBISHI L200 E86    DIESEL   CAJA       7.200.000,00
                                                   ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2002    CL 190096 NISSAN     D22      DIESEL      CAJA       7.000.000,00
                              FRONTIER             ABIERTA
                                                   O CAM-
                                                   PU

 2002    CL 190078 NISSAN     D22         DIESEL   CAJA       7.000.000,00
                                     46

                               FRONTIER                ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2003    PJ 995    NISSAN       D22      DIESEL         CAJA         7.000.000,00
                               FRONTIER                ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2003    PJ 997    MITSUBISHI L200 E86      DIESEL      CAJA         7.200.000,00
                                                       ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2002    PJ 989    NISSAN       D22      DIESEL         CAJA         7.000.000,00
                               FRONTIER                ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2002   CL 190776 NISSAN        D22      DIESEL         CAJA         7.300.000,00
                               FRONTIER                ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2002   CL 181113 MAZDA         B2900       DIESEL      CAJA         8.000.000,00
                                                       ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

2000   CL 182321 TOYOTA        HILUX       GASOLINA CAJA            5.000.000,00
                               DLX                  ABIERTA
                                                    O CAM-
                                                    PU

2002   CL 181758 MAZDA         B2900       DIESEL      CAJA         7.500.000,00
                                                       ABIERTA
                                                       O CAM-
                                                       PU

                                                                  187.600.000,00


       Total de vehículos a entregar ¢187.600.000,00, equivalentes a
  $360.263,48, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
  14/08/07, para un neto a girar de $359.736,52.

       Plazo de entrega:

       Para la línea N° 1 el plazo de entrega será de 80 días naturales para
                                          47

       la entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 10 días
       naturales después de entregados los documentos de exoneración, para la
       entrega de los vehículos.
       Para la línea N° 2, el plazo de entrega será de 70 días naturales para la
       entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 5 días
       naturales después de entregados los documentos de exoneración, para la
       entrega de los vehículos.

            Garantía:

             Contra defectos de fabricación por 36 meses o 100.000 kilómetros,
       lo que ocurra primero.

            Demás características y condiciones según cartel y oferta.
       Total adjudicado a este oferente: $982.200,00
       Neto a girar $486.357,62

            2. A: Auto Ensambladora S.A., cédula jurídica 3-101-007866:

            Línea N°1 (oferta 3): Dieciocho (18) Vehículos tipo automóvil
       sedán, marca Kia, estilo Rio, modelo 2008, con un precio unitario de
       $13.110,00, para un total de $235.980,00.
       Vehículos a entregar como parte de pago:

2001     430268 NISSAN         SENTRA     GASOLINA        SEDAN 4        4.000.000,00
                                                          PUERTAS

2001     438009 TOYOTA         COROLLA GASOLINA           SEDAN 4        4.000.000,00
                                                          PUERTAS

2001     438684 TOYOTA         YARIS      GASOLINA        SEDAN 4        3.200.000,00
                                                          PUERTAS

2001     438169 TOYOTA         YARIS      GASOLINA        SEDAN 4        3.200.000,00
                                                          PUERTAS

2001     435471 MAZDA          323 LX     GASOLINA        SEDAN 4        3.800.000,00
                                                          PUERTAS

2001     428076 MITSUBISHI LANCER         GASOLINA        SEDAN 4        4.000.000,00
                           GLX                            PUERTAS

1999     167897 KIA            PREGIO RS DIESEL           PANEL          3.000.000,00
                                  48

2001   438345 TOYOTA    YARIS     GASOLINA   SEDAN 4         3.200.000,00
                                             PUERTAS

2001   436902 TOYOTA    YARIS     GASOLINA   SEDAN 4         3.200.000,00
                                             PUERTAS

2001   439482 TOYOTA    YARIS     GASOLINA   SEDAN 4         1.600.000,00
                                             PUERTAS

2001   439003 TOYOTA    COROLLA GASOLINA     SEDAN 4         4.000.000,00
                        XLI                  PUERTAS

2001   438027 TOYOTA    COROLLA GASOLINA     SEDAN 4         4.500.000,00
                        XLI                  PUERTAS

2001   428245 MITSUBISHI LANCER   GASOLINA   SEDAN 4         4.000.000,00
                         GLX                 PUERTAS

2001   430096 SENTRA    GASOLINA SEDAN 4      4.000.000,00
                                 PUERTAS
       NISSAN

2001   437982 TOYOTA    COROLLA GASOLINA     SEDAN 4         4.900.000,00
                                             PUERTAS

2001   435546 MAZDA     323 LX    GASOLINA   SEDAN 4         3.800.000,00
                                             PUERTAS

2001   435549 TOYOTA    YARIS     GASOLINA   SEDAN 4         3.200.000,00
                                             PUERTAS

2001   430401 NISSAN    SENTRA    GASOLINA   SEDAN 4         4.000.000,00
                                             PUERTAS

2001   430231 NISSAN    SENTRA    GASOLINA   SEDAN 4         4.000.000,00
                                             PUERTAS

2001   436884 MAZDA     323 LX    GASOLINA   SEDAN 4         3.500.000,00
                                             PUERTAS

2001   435923 MAZDA     323 LX    GASOLINA   SEDAN 4         3.700.000,00
                                             PUERTAS

2001   436889 MAZDA     323 LX    GASOLINA   SEDAN 4         3.800.000,00
                                             PUERTAS

2001   435493 KIA       RIO RS    GASOLINA   SEDAN 4         3.000.000,00
                                             PUERTAS

2001   435585 MAZDA     323 LX    GASOLINA   SEDAN 4         3.800.000,00
                                             PUERTAS
                                       49

2001     436899 KIA         RIO RS     GASOLINA        SEDAN 4      2.900.000,00
                                                       PUERTAS

2001     435511 KIA         RIO RS     GASOLINA        SEDAN 4      3.000.000,00
                                                       PUERTAS

                                                                    64.500.000,0
                                                                         0


            Total de vehículos a entregar ¢64.500.000,00, equivalentes a
       $123.864,57, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
       14/08/07, para un neto a girar de $126.515,43.

             Línea N°2: Veintiocho (28) Vehículos Pick Up doble tracción,
       marca Mazda, estilo BT 50, doble cabina, modelo 2008, con un precio
       unitario de $22.855,00, para un total de $639.940,00.

            Vehículos a entregar como parte de pago:
200 CL TOYOTA              HILUX DLX     GASOLINA CAJA             8.900.000,00
 2 190630                                         ABIERTA O
                                                  CAM-PU

200 CL MITSUBISHI L200                   DIESEL        CAJA        7.000.000,00
 3 190304                                              ABIERTA O
                                                       CAM-PU

200 CL TOYOTA              HILUX DLX     GASOLINA CAJA             9.000.000,00
 3 190670                                         ABIERTA O
                                                  CAM-PU

200 CL NISSAN              D22           DIESEL        CAJA        7.000.000,00
 2 190238                  FRONTIER                    ABIERTA O
                                                       CAM-PU

200 CL MITSUBISHI L200                   DIESEL        CAJA        7.200.000,00
 3 190125                                              ABIERTA O
                                                       CAM-PU

200 CL MITSUBISHI L200       DIESEL                    CAJA        7.000.000,00
 3 190093         K74TJENDPL                           ABIERTA O
                                                       CAM-PU

200 CL TOYOTA              HI-LUX DLX GASOLINA CAJA                9.000.000,00
 2 190692                                      ABIERTA O
                                      50

                                                     CAM-PU

200 CL CHEVROLET C-1500                 GASOLINA CAJA                4.500.000,00
 1 181771                                        ABIERTA O
                                                 CAM-PU

200 CL TOYOTA             HILUX DLX     GASOLINA TRANSPORTE 5.000.000,00
 3 193701                                        DE REOS

200 CL TOYOTA             HILUX DLX     GASOLINA TRANSPORTE 5.000.000,00
 3 193732                                        DE REOS

200 CL TOYOTA             HILUX DLX     GASOLINA CAJA                5.000.000,00
 0 175514                                        ABIERTA O
                                                 CAM-PU

200 CL TOYOTA             HILUX DLX     GASOLINA CAJA                4.900.000,00
 0 176620                                        ABIERTA O
                                                 CAM-PU

200 CL CHEVROLET C-1500                 GASOLINA CAJA                5.000.000,00
 1 182198                                        ABIERTA O
                                                 CAM-PU

200 CL NISSAN             D22           DIESEL       CAJA            7.000.000,00
 2 190073                 FRONTIER                   ABIERTA O
                                                     CAM-PU

200 CL CHEVROLET C-1500                 GASOLINA CAJA                5.000.000,00
 1 181769                                        ABIERTA O
                                                 CAM-PU

200 CL NISSAN             D22           DIESEL       CAJA            7.000.000,00
 2 190402                 FRONTIER                   ABIERTA O
                                                     CAM-PU


        Total del vehículo a entregar ¢3.500.000,00, equivalentes a
   $6.721,33, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
   14/08/07, para un neto a girar de $13.568,67.

        Plazo de entrega:

         Para las líneas N° 1, tanto en la oferta N° 3 como para la oferta N°
   4, el plazo de entrega será de 80 días naturales para la entrega de los
   documentos para el trámite de exoneración y 10 días naturales después de
                                      51

  entregados los documentos de exoneración, para la entrega de los
  vehículos.

        Para la línea N° 2, el plazo de entrega será de 110 días naturales
  para la entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 10
  días naturales después de entregados los documentos de exoneración, para
  la entrega de los vehículos.
        Para la línea N° 4, el plazo de entrega será de 60 días naturales para
  la entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 15 días
  naturales después de entregados los documentos de exoneración, para la
  entrega de los vehículos.

       Garantía:
       Contra defectos de fabricación por 36 meses o 75.000 kilómetros, lo
  que ocurra primero.

       Demás características y condiciones según cartel y oferta.
       Total adjudicado a este oferente: $1.146.590,00
       Neto a girar $580.941,79

       3. A: Agencia Datsun S.A., cédula jurídica 3-101-007435:

       Línea N° 3: Dieciséis (16) Vehículos tipo pick up, tracción sencilla,
  marca Nissan, estilo Frontier C.S. 4x2 diesel Turbo STD, modelo 2008,
  con un precio unitario de $20.732,00, para un total de $331.712,00.

       Vehículos a entregar como parte de pago:

200  CL CHEVROLE         C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O         4.250.000,00
 1 181624 T                                   CAM-PU

200  CL NISSAN           D22      DIESEL         CAJA ABIERTA O      7.000.000,00
 3 190079                FRONTIER                CAM-PU

200  CL NISSAN           D22      DIESEL         CAJA ABIERTA O      7.000.000,00
 2 190237                FRONTIER                CAM-PU

200  CL TOYOTA           HI-LUX      GASOLINA CAJA ABIERTA O         9.000.000,00
 2 190628                DLX                  CAM-PU

200  CL TOYOTA           HiLUX       GASOLINA CAJA ABIERTA O         9.000.000,00
 2 190635                DLX                  CAM-PU
                                     52

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        4.900.000,00
 1 181783 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        4.250.000,00
 1 181678 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        5.000.000,00
 1 181627 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        3.500.000,00
 1 181674 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        4.500.000,00
 1 181649 T                                  CAM-PU

200  CL TOYOTA          HILUX       GASOLINA TRANSPORTE DE         5.000.000,00
 3 193738               DLX                  REOS

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        5.000.000,00
 1 181752 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        5.000.000,00
 1 181695 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        5.000.000,00
 1 181626 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        3.500.000,00
 1 181635 T                                  CAM-PU

200  CL CHEVROLE        C-1500      GASOLINA CAJA ABIERTA O        5.000.000,00
 1 181784 T                                  CAM-PU

                                                                   86.900.000,0
                                                                        0
       Total del vehículo a entregar ¢86.900.000,00, equivalentes a
  $166.881,11, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
  14/08/07, para un neto a girar de $164.830,89.

       Plazo de entrega:

        Para la línea N°3 el plazo de entrega será de 65 días naturales para
  la entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 10 días
  naturales después de entregados los documentos de exoneración, para la
  entrega de los vehículos.

       Garantía:
                                      53


        Contra defectos de fabricación por 36 meses o 100.000 kilómetros,
  lo que ocurra primero.

        Demás características y condiciones según cartel y oferta.

        Total adjudicado a este oferente: $331.712,00
        Neto a girar $164.830,89

        4. A: Purdy Motor S.A., cédula jurídica 3-101-005744:

        Línea N° 5: Dos (2) Vehículos tipo rural 4x4, marca Daihatsu,
  estilo Terios, modelo 2008, con un precio unitario de $19.550,00, para un
  total de $39.100,00.

        Vehículos a entregar como parte de pago:
2003   554284   TOYOTA      RAV FOUR    GASOLINA      FAMILIAR       8.000.000,00

2003   596437   TOYOTA      RAV FOUR    GASOLINA      FAMILIAR       8.500.000,00

                                                                     16.500.000,00
       Total del vehículo a entregar ¢16.500.000,00, equivalentes a
  $31.686,29, según el tipo de cambio venta de 1US$ = ¢520,73 del
  14/08/07, para un neto a girar de $7.413,71.

        Plazo de entrega:

        Para la línea N° 3 el plazo de entrega será de 65 días naturales para
  la entrega de los documentos para el trámite de exoneración y 10 días
  naturales después de entregados los documentos de exoneración, para la
  entrega de los vehículos.

       Garantía:
  Contra defectos de fabricación por 36 meses o 75.000 kilómetros, lo que
  ocurra primero.

     Demás características y condiciones según cartel y oferta.
     Total a adjudicar a este oferente: $39.100,00
     Neto a girar $7.413,71
     GRAN        TOTAL          ADJUDICADO            PARA      ESTE
  PROCEDIMIENTO $2.499.602,00 (equivalentes al tipo de cambio de
                                           54

       1US$=¢520,73 del 14/08/07, a ¢1.301.617.479,46)

            NETO A GIRAR $1.239.544,01 (equivalentes al tipo de cambio
       de 1US$=¢520,73 del 14/08/07, a ¢645.467.752,32)

            Se declara infructuosa la línea N° 6 y disponer el inicio de un nuevo
       procedimiento de licitación abreviada, para la compra de 1 vehículo tipo
       Rural con capacidad para 5 pasajeros, conteste con el cartel adjunto.

             El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que
       corresponda. Se declara acuerdo firme.‖
                                     -0-

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 3172-DP/32-2008 de 11 de abril en curso, solicita lo

siguiente:

             “En sesión N° 63-07, artículo VI, celebrada el 28 de agosto del
       2007, ese Consejo Superior dispuso adjudicar la Licitación Pública N°
       2007LN-000017-PROV, correspondiente a la compra de automotores de
       varios tipos.

             Entre los vehículos que se pretenden entregar como parte de pago
       para responder a la adjudicación de esta licitación se encuentra la Unidad
       placa CL 190635, marca Toyota Hi Lux DLX, asignada a la Sección de
       Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, valorada según
       peritaje del Ministerio de Hacienda en ¢9.000.000.00, la cual debía ser
       entregada a la empresa Agencia Datsun S. A.

            Mediante oficio 641 0-DP/47-2007, de fecha 04 de setiembre del
       2007, suscrito por el perito del Departamento de Proveeduría Giovanni
       Calderón Mora, se comunicó que dicha unidad sufrió una colisión.

             En virtud de lo anterior, mediante oficio N° 7268-DE-2007 de fecha
       10 de setiembre del año 2007, el licenciado Alfredo Jones León, Director
       Ejecutivo, hace del conocimiento a esta Proveeduría que no se autoriza la
       reparación para ese vehículo, ya que el monto de la misma supera el 50%
       de su costo de adquisición y el de mercado.
                                            55


               Así las cosas, respetuosamente, solicitamos autorización a ese
          Consejo Superior para pagar este vehículo en efectivo, mediante la
          confección de un pedido y no mediante entrega de bienes como parte de
          pago como estaba pactado.”
                                      -0-

         Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar el pago en efectivo de la

unidad placa CL 190635 marca Toyota Hi Lux DLX, mediante la confección de un

pedido y no mediante entrega de bienes como parte de pago conforme se había

pactado dentro de las diligencias de licitación correspondiente.

         Los Departamentos de Proveeduría y Financiero Contable tomarán nota para

lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                    ARTÍCULO XI

         En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las fechas que se

dirán:

1- En el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares

El 18 abril a:

Licda. María Auxiliadora Cruz Cruz.

2- En el Juzgado Segundo Civil Mayor Cuantía de San José
                                      56

El 21 abril a:

Licda. Tatiana Brenes Arias

El 24 abril a:

Lic. Rosnny Arce Jiménez

3- En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela

El 21 abril a:

Licda. Lidia Morales Díaz

4- En el Juzgado de Familia de San Carlos

El 22 de abril a:

Licda. Lidia Morales Díaz

Licda. Frania Rojas Vindas

Licda. Tatiana Brenes Arias

Lic. Willy Fernández Muñoz

Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera

5- En el Juzgado de Familia de Heredia

El 23 abril a:

Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera

6- En el Juzgado 6° Civil Mayor Cuantía de San José

El 24 de abril a:
                                        57

Licda. Tatiana Brenes Arias.

7- En el Juzgado de Trabajo de Alajuela

El 25 de abril a:

Licda. Noelia Prendas Ugalde

Licda. Mayela Gómez Pacheco

Licda. Derling Talavera Polanco

Lic. Rosnny Arce Jiménez

Lic. Willy Fernández Muñoz

Lic. Eduardo Arias Hernández. Se declara acuerdo firme.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                  ARTÍCULO XII

      Conoce este Consejo, en apelación, la resolución N° 680-07, dictada por el

Tribunal de la Inspección Judicial a las 10:25 horas del 20 de junio del 2007,

dentro del procedimiento disciplinario seguido contra los servidores Ingrid

Mercedes Díaz Peña y Norman Soto Castillo; la primera ocupaba el puesto de

Asistente Judicial del Juzgado de Contravencional y el segundo el de Auxiliar

Judicial del Juzgado de Tránsito, ambos del Circuito Judicial de Puntarenas.

      I-) Como punto de partida, se debe indicar que la exservidora Díaz Peña, no

apeló la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial, que dispuso la
                                        58

revocatoria de su nombramiento. En el caso del servidor Soto Castillo, este mostró

inconformidad con el acto administrativo dictado por el a quo, por lo que interpuso

recurso de apelación. Alega el citado servidor, que tal como lo ha reiterado, él no

alteró ninguna constancia a nombre de la co-encausada Díaz Peña, ya que aunque

tenga conocimientos en computación, esto no quiere decir que se haya prestado

para cometer esa falta. Manifiesta estar en desacuerdo con lo que consigna el

hecho probado numerado como tres, porque dice que no es sino hasta que se le

pone en conocimiento de los machotes encontrados en su computador, a través de

este procedimiento, que se entera de la existencia de la forma de constancia de

salario, que se le atribuye haber utilizado. Indica que el hecho de haberse

encontrado ahí, no demuestra que él la haya confeccionado y utilizado, lo que pudo

haber sido obra de cualquier otra persona con acceso al computador que tenía

asignado o por medio de un disquete, ya que estos equipos y sistemas podían

compartirse por las características de utilización que tenían los mismos, donde

entre otras cosas no se utilizaban claves de acceso para los computadores. Asegura

que las razones por las cuales se le sanciona carecen de total fundamento, ya que

no se ha recabado prueba alguna que indique que ha cometido la falta que se le

atribuye. Expone que ha tramitado préstamos con Caprede y que nunca ha tenido

problemas con constancias de salarios, lo que demuestra que es una persona
                                        59

honrada; con base en lo anterior, cuestiona que si no utilizó esos artificios para

acceder a sus propios créditos, por qué lo haría para otras personas. En términos

generales los agravios del recurrente aluden a la razonabilidad y proporcionalidad

de la sanción impuesta y a la ausencia de aplicación del in dubio pro operario.

Asimismo, aporta como prueba copias del legajo de investigación de la causa penal

N° 07-202209-0431-TP, que se le siguió por los mismos hechos, entre las que

destacan la solicitud de sobreseimiento definitivo que pidió el Ministerio Público a

su favor.

       II-) La Comisión de Relaciones Laborales mediante resolución N° 41-2007

de las 8:30 horas del 28 de setiembre del 2007, recomendó confirmar el acto

emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial, que establece la revocatoria del

nombramiento de los servidores Díaz Peña y Soto Castillo.

      III-) Según se extrae de los antecedentes, al servidor Soto Castillo se le

acusó por lo siguiente: “A Soto Castillo se le atribuye, que dicha constancia de

salario falsa a nombre de Ingrid Mercedes Díaz Peña, fue confeccionada e impresa

por usted en su computador CPU, marca HP, color gris con negro, con número de

activo del Poder Judicial PJ 437848, serie 2UA5350BYC.”

      IV-) En cuanto a la especifica participación del servidor Soto Castillo en los

hechos que se investigaron, el Tribunal de la Inspección Judicial detalló en su
                                        60

resolución como un hecho probado, que: “3- El servidor Norman Soto Castillo,

con un formulario de constancia que tiene en su computador sin autorización, le

ayudó a Díaz Peña a confeccionar la constancia falsa (denuncia de Olga Violeta

Gómez Chacón, folios 6 a 14 y folio 126 del legajo de prueba).”

      V-) Después de analizar los argumentos del recurso, confrontarlos con la

prueba recibida y con los razonamientos que brindó el Tribunal de la Inspección

Judicial para sancionar al servidor Soto Castillo, para la mayoría de este Consejo,

no se encuentra motivo suficiente para mantener el acto impugnado en lo que

concierne a dicho servidor, en tanto que con la prueba obtenida, no se logró

comprobar de manera fehaciente la irregularidad por la que se le acusó; que

originalmente le imputaba la autoría en la confección de la constancia de salario

falsa que utilizó la servidora Díaz Peña para obtener un crédito de Caprede.

Tampoco se detectó base en el expediente, ni material ni testimonial, que permita

concluir con la certeza necesaria, el hecho que tuvo por probado el a quo, que

identifique al servidor Soto Castillo como culpable de utilizar el formulario de

constancia de salario que se encontró en su computador, para ayudar a Díaz Peña a

confeccionar la constancia falsa mencionada; ya que a lo sumo, la evidencia con

que se contó, permitió establecer la presencia de ese formulario en el equipo

examinando y, ni las pruebas técnicas ni los criterios periciales vertidos alrededor
                                        61

de los objetos analizados en los laboratorios forenses, como fueron la constancia

de salario original, la impresora decomisada dentro del proceso penal -asignada al

encartado- y los impresos de esta, utilizados para efectos de comparación,

soportaron al menos sugerir la participación de parte del servidor Soto Castillo en

el delito que se le acusó en sede jurisdiccional; sin dejar de considerar que los

cargos formulados, penalmente, coinciden con las conductas que se estudian en

esta instancia administrativa (folios 95 a 99, 200 a 204 y del legajo de prueba del

119 a 130). En concordancia con lo anterior, aún observando que existen indicios

materiales y testimoniales que vinculan algunas de las conductas del servidor Soto

Castillo, con la falta cometida por la co-encausada Díaz Peña, principalmente

circunscritas a las fases previas a que esta se materializara -con la alteración y

ofrecimiento de la falsa constancia de salario-; para quienes concurrimos en el voto

de mayoría, queda claro que ante la duda lo procedente en la especie es aplicar el

principio in dubio pro operario, de conformidad con lo que establece el artículo

207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo que por esa razón, se estima

oportuno declarar sin lugar esta causa y en consecuencia disponer su archivo.

      Por mayoría, se acordó: Revocar el acto impugnado en cuanto al servidor

Soto Castillo, ordenando el archivo del expediente.

      La licenciada Anchía Paniagua y Conejo Aguilar, con el debido respeto, se
                                        62

separan de la decisión de mayoría, con base en los siguientes razonamientos, en el

entendido de que el único apelante es el señor Norman Soto Castillo, por lo cual

solo en relación con él se harán los comentarios.

      I.- Existen indicios graves, precisos y concordantes que permiten llegar a la

certeza de que don Norman realizó los hechos que se le atribuyeron. No dio una

explicación convincente y lógica de la razón por la cual tenía en su computadora el

formato de constancia de salario con los datos de identificación de la co encausada

en esta denuncia, el lugar de trabajo y la fecha de ingreso, cuando dentro de sus

funciones no está la de expedir esos documentos. Situación que coincide con sus

manifestaciones de que el veinte de junio del dos mil seis la señora Díaz Peña lo

visitó, le entregó un fólder con unas constancia de salario y “me pidió el favor de

alterarlas, en el sentido de que borrara el monto de su salario y le pusiera otra

con una cantidad un poco mayor” (folio 77) y esto es precisamente lo que se

observa en la constancia de salario, la alteración de su monto, tampoco explicó a la

denunciante Olga Gómez, cuando le cuestionó por qué tenía esas constancias en su

poder, si no eran parte de sus funciones. Asimismo se toma en consideración la

falencia en su comportamiento ético, de que abusivamente tuviera acceso a la

información de doña Olga, quien en razón de su cargo maneja los dictámenes de

Medicina Legal, los cuales exigen confidencialidad absoluta, lo que sin duda
                                        63

alguna le permitió cometer los actos acusados.

      II.- Con base en lo expuesto y los argumentos de la Comisión de Relaciones

Laborales que se comparten totalmente, estimamos que lo procedente es mantener

la sanción de revocatoria de nombramiento del señor Soto, pues la falta en que

incurrió es gravísima.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO XIII

      En el expediente disciplinario seguido contra la servidora Chiara Reid

Reveorlley, Auxiliar Judicial del Juzgado de Violencia Doméstica de Turno

Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José, el Tribunal de la

Inspección Judicial por resolución N° 651-2007 de las 10:35 horas del 5 de julio

del 2007, declaró con lugar la queja y le impuso la sanción de cinco días de

suspensión sin goce de salario.

      Inconforme con dicho pronunciamiento, la servidora Reid Reveorlley en

escrito de 20 de julio del 2007, interpuso recurso de nulidad de actuaciones y

apelación en contra la resolución que se da cuenta del Tribunal de la Inspección

Judicial, asimismo en nota de 20 de setiembre de ese año, solicitó la intervención

de la Comisión de Relaciones Laborales.

      Previamente a conocer la apelación interpuesta por la encausada Chiara Reid
                                        64

Reveorlley, se acordó: 1.) Ordenar con carácter de prueba para mejor resolver:

Recibir la declaración de dos testigos de los cuatro que ofreció la señora Reid

Reveorlly, por estimar que el ofrecimiento de prueba es superabundante para lo

cual se le otorga el plazo de tres días contados a partir del recibo de la

comunicación de este acuerdo, para que informe el nombre de los deponentes que

desea sean recibidos. 2.) Para la recepción de la prueba se comisiona a la

Integrante Yolanda Mora Artavia y se señalan las 14 horas del 28 de abril en

curso. Notifíquese a las partes. Se declara este acuerdo firme.

PERMISOS

                                ARTÍCULO XIV

      El licenciado Fabricio Wong Álvarez, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de

Puntarenas, en nota de 11 de abril en curso, solicita autorización para impartir

lecciones de Derecho Procesal Penal II, en la Universidad Hispanoamericana, sede

Puntarenas, los lunes de las 18:00 a las 21:00 horas, durante el primer cuatrimestre

del año en curso.

      El Consejo Superior en sesión Nº 53-03 celebrada el 22 de julio del 2003,

artículo LXXII, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional en

resolución Nº 2001-05012 de las 10:09 horas del 12 de junio del dos mil uno,

adicionada con la Nº 2003-01903 de las 10:05 horas del 10 de marzo del dos mil
                                         65

siete (Acción de Inconstitucionalidad N° 99-2927-0007-CO), dispuso que las 10

horas autorizadas para ejercer la labor docente incluyen la revisión de los

exámenes, preparación de lecciones y diligencias relacionadas, por lo que los

funcionarios del Poder Judicial podrán impartir un curso que no exceda las 5 horas

por semana.

      Se acordó: Comunicar al licenciado Wong Álvarez, que este Consejo no

tiene objeción para que imparta lecciones en el citado centro de estudios

superiores, el día y las horas indicadas, todo en el entendido de que ese tiempo no

exceda de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5 para preparar las

lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas. La concesión del

permiso conlleva que el petente deberá dar prioridad a la atención de sus funciones

en el Poder Judicial.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, la Inspección Fiscal, la Fiscalía

Adjunta de Puntarenas y el Departamento de Personal, tomarán nota de lo resuelto

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XV

      La licenciada Enriqueta Rojas Aguilar, Defensora Pública de San José, en

nota de 11 de abril en curso, con el visto bueno de la licenciada Marta Iris Muñoz

Cascante, Jefa de la Defensa Pública, presenta la siguiente gestión:
                                          66

              “He recibido invitación del Instituto Raoul Wallenberg en conjunto
       con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), para
       participar en el programa internacional ―Programa Regional sobre
       Derechos Humanos‖, a celebrarse en Lund, Suecia, del 26 de mayo al 13
       de junio del presente año.
              El Instituto Raoul Wallenberg cubrirá todos los costos de viajes
       internacionales, seguro; al igual que viajes y hospedaje en Suecia.
              Los temas que se van a tratar son de interés para la Defensa
       Pública, para todas las personas que son usuarias de nuestra Institución,
       ya que es una capacitación de altísimo nivel en Derechos Humanos. He
       presentado un proyecto que consiste en una capacitación con perspectiva
       de género para los y las defensoras públicas del Primer Circuito Judicial,
       así como la elaboración de un protocolo para implementar la
       incorporación de la perspectiva de género en las defensas penales de
       aquellas mujeres que cometen delitos y que podrían actuar bajo una
       causal de justificación o exculpación.
              Por todo lo anterior y para que la suscrita pueda participar en tan
       importante programa y representar orgullosamente la Institución para la
       cual trabajo, respetuosamente le solicito al honorable Consejo Superior se
       me conceda permiso con goce de salario y sustitución por el período del
       26 de mayo al 13 de junio del año en curso.”
                                         -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder permiso

con goce de salario y sustitución a la licenciada Rojas Aguilar, del 26 de mayo al

13 de junio del año en curso, para que participe en el “Programa Regional sobre

Derechos Humanos”, a realizarse en Lund, Suecia. Es entendido que los gastos de

traslado, viáticos y participación serán cubiertos por el Instituto Raoul Wallenberg.

      La Defensa Pública y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que

a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.
                                          67

                                  ARTÍCULO XVI

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio N° UI-1495-08 de 16 de abril en curso, comunica el

acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-09-2008 de 1° de

este mes, artículo XI, que literalmente dice:

             “Informa la Unidad Interdisciplinaria que el pasado 16 de
       noviembre del 2007, se publicó el concurso CJ-22-2007 para integrar la
       lista de elegibles al cargo de Juez 4 en materia Contencioso
       Administrativo; con el fin de iniciar el período de exámenes de dicho
       concurso, se expone lo siguiente:

              Personas inscritas: 87
              Asignación de fecha de examen: 27 de marzo del 2008
              Personas que retiraron la fecha: 27
              Período de exámenes: del 12 al 16 de mayo 2008
              Hora: de 8:00 a.m.
              Lugar: Edificio Anexo A del II Circuito Judicial de San José

              El Tribunal Evaluador está integrado por:
              Lic. Joaquín Villalobos Soto, Coordinador del Tribunal
              Licda. Ana Isabel Vargas Vargas, Integrante
              Dr. Rafael González Ballar, Integrante
              Lic. Roberto Gutiérrez Freer, Suplente.

              Por lo anterior, se solicita respetuosamente autorización de
       permiso con goce de salario y suplencia del 12 al 16 de mayo del 2008,
       para la señora Licda. Ana Isabel Vargas Vargas y el señor Joaquín
       Villalobos Soto.

              Además, traslado del permiso con goce de salario y sustitución al
       respectivo suplente del Tribunal Examinador, Lic. Roberto Gutiérrez
       Freer, para el evento de que alguno de los Integrantes por causa de fuerza
       mayor no pueda realizar las evaluaciones los días antes indicados.

              También, si fuera del caso dejar abierta la posibilidad de ampliar
                                          68

       el plazo de realización de las pruebas, previendo las reprogramaciones de
       fechas que se puedan presentar en el concurso.

              SE ACORDÓ: 1) Solicitar al Consejo Superior se autorice
       permiso con goce de salario y sustitución del 12 al 16 de mayo del 2008,
       para el señor Joaquín Villalobos Soto y señora Ana Isabel Vargas
       Vargas, a efecto de que apliquen las pruebas del Concurso No. CJ-22-
       2007 de Juez 4 en materia contenciosa administrativa, 2) Trasladar dicho
       permiso con sustitución al respectivo suplente, licenciado Roberto
       Gutiérrez Freer, para el evento de que alguno de los Integrantes por causa
       de fuerza mayor no pueda realizar las evaluaciones en los días indicados,
       3) Dejar abierta la posibilidad de ampliar el permiso del plazo señalado,
       previendo las reprogramaciones de fechas que se puedan presentar en el
       concurso.”
                                         -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior en la forma propuesta, en

consecuencia: 1.) Conceder permiso con goce de salario y sustitución a la

licenciada Ana Isabel Vargas Vargas y al licenciado Joaquín Villalobos Soto,

Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, del 12 al 16 de mayo próximo, a

efecto de que apliquen las pruebas específicas de Juez 4 en materia Contencioso

Administrativo, dentro del concurso N° CJ-22-2007. Es entendido que el período

está sujeto a ampliación dependiendo de las reprogramaciones de fechas de

exámenes que se puedan presentar en el concurso. 2.) Trasladar el permiso con

goce de salario y sustitución al licenciado Roberto Gutiérrez Freer, suplente del

Tribunal Examinador, si eventualmente alguno de los integrantes por causa de

fuerza mayor no pueda realizar las evaluaciones en los días indicados.

      El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal y el Tribunal
                                          69

Contencioso Administrativo, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XVII

      El licenciado Henry Piñar Alvarado, Juez del Juzgado de Menor Cuantía del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 16 de abril en curso,

manifiesta lo siguiente:

              “Como lo demuestro en correo que reenvío en este mismo acto,
       contando ya con la anuencia, aprobación o “Visto Bueno” de don Luis
       Paulino Mora Mora y de acuerdo con lo resuelto por ese Consejo Superior
       en sesión Nº 014-08 del 20 de febrero del 2008, Artículo XXXVII,
       (Circular Nº 044-08), ruego a ustedes concederme la autorización para
       impartir lecciones.

              Dicha actividad la haré bajo las mismas condiciones que le expuse
       a don Luis Paulino y detallé en correo fechado 09 de abril del 2008 que
       ahora incluyo en este reenvío.”
                                          -0-

      El correo electrónico enviado el 9 de abril en curso, que se da cuenta,

dirigido al señor Presidente, Magistrado Mora, literalmente dice:

              “Con la finalidad de cumplir con el requisito previsto en el acápite
       4 del acuerdo del Consejo Superior, artículo XXXVII, tomado en sesión
       Nº 014-08 del 20 de febrero del 2008 (Circular Nº 044-08), ruego a usted
       brindarme su “Visto Bueno” a la solicitud que próximamente presentaré
       ante dicho Consejo, con la finalidad de que se me conceda autorización
       para impartir lecciones. Lo anterior en el entendido de que lo haré bajo
       las siguientes condiciones:

              1.- Un máximo de ocho horas totales por semana; todas fuera del
       horario de la jornada laboral ordinaria del Poder Judicial, pues impartiré
       las lecciones un día por semana de las 17 a las 22 horas.
                                          70


            2.- Será exclusivamente en la Universidad Autónoma de Centro
       América (UACA) con sede en esta misma ciudad.

              3.- Siempre, en toda situación prevista o imprevista, tendrán
       prioridad mis funciones en el Poder Judicial.

               A lo anterior también debo agregar que, por un lado, este despacho
       se encuentra totalmente al día en lo que respecta al dictado de sentencias
       (fallo) y que el proveído se realiza dentro de los plazos establecidos; por
       otro lado, no se labora jornada vespertina.”
                                          -0-

      Por su parte, el señor Presidente Magistrado Mora, en correo electrónico de

11 de este mes, hace de conocimiento del licenciado Piñar Alvarado, no tener

ninguna objeción para que pueda dar las lecciones que le interesa.

      El Consejo Superior en sesión Nº 53-03 celebrada el 22 de julio de 2003,

artículo LXXII, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional en

resolución Nº 2001-05012 de las 10:09 horas del 12 de junio del dos mil uno,

adicionada con la Nº 2003-01903 de las 10:05 horas del 10 de marzo del dos mil

siete (Acción de Inconstitucionalidad N° 99-2927-0007-CO), dispuso que las 10

horas autorizadas para ejercer la labor docente incluyen la revisión de los

exámenes, preparación de lecciones y diligencias relacionadas, por lo que los

funcionarios del Poder Judicial podrán impartir un curso que no exceda las 5 horas

por semana.

      Se acordó: Comunicar al licenciado Piñar Alvarado, que este Consejo no
                                              71

tiene objeción para que imparta lecciones en el citado centro de estudios

superiores, en las horas indicadas, todo en el entendido de que ese tiempo no

exceda de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5 para preparar las

lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas.

      Se toma nota del compromiso del licenciado Piñar Alvarado de dar prioridad

a sus funciones en el Poder Judicial, en toda situación prevista o imprevista.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Juzgado de Menor Cuantía del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y el Departamento de Personal,

tomarán nota de lo resuelto para los fines consiguientes. Se declara acuerdo

firme.

                                    ARTÍCULO XVIII

      En correo electrónico de 9 de abril en curso, la servidora Melissa Benavides

Víquez, Asistente Jurídico de la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público, solicita

lo siguiente:

                “…se me conceda permiso sin goce de salario a partir del 30 de
         abril hasta el 2 de junio inclusive del presente año.

               Lo anterior obedece a un viaje al extranjero que necesito realizar en
         estas fechas toda vez que tengo una familiar con un grave estado de salud
         en Copenhague, Dinamarca y durante este tiempo quisiera visitarle.

               He sido Asistente Jurídico en esta Fiscalía por 3 años y nunca he
         solicitado un permiso de esta naturaleza sin embargo las circunstancia me
         imponen ausentarme por un período largo de tiempo.
                                                 72

               No omito manifestar que he gestionado el presente permiso ante la
         Fiscalía General sin embargo en dicho despacho me han denegado la
         solicitud alegando que no tienen personal que me sustituya, cosa que no
         es cierta toda vez que en mi lugar se quedará la Asistente Andrea Aguilar
         Monge quien ha realizado nombramientos de Asistente Jurídico en mi
         despacho.

              Solicito muy respetuosamente se me apruebe el permiso y señalo
         para notificaciones este medio con rotulación “Atención Melissa
         Benavides”, al fax 2295 3858 o al celular 8366-8918.”
                                                -0-

       Mediante oficio N° 2964-08 de 9 de abril en curso, la Secretaría General de

la Corte, solicitó al licenciado Francisco Dall´Anese Ruiz, Fiscal General de la

República, criterio respecto a lo solicitado por la licenciada Benavides Víquez.

       En atención a lo anterior, el licenciado Dall´Anese Ruiz, en su citado

carácter, en oficio N° 465-FGR-2007 de 10 de abril en curso, informa lo siguiente:

               “…con ocasión de la gestión presentada por la señorita Melissa
         Benavides Víquez al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia,
         por la denegatoria de la licencia sin goce de salario.

               Efectivamente mediante oficio 402-FGR-2008 de la Fiscalía
         General en ejercicio de la potestad legal otorgada por el artículo 25b
         inciso h) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, luego de la
         valoración de la solicitud y considerar un asunto de interés meramente
         particular1 se denegó la licencia.

               Adjunto encontrarán la solicitud de licencia formulada por la
         señorita Benavides Víquez, cuyo motivo lo fue únicamente un viaje al
         exterior.

               El acto administrativo adoptado por la Fiscalía General en el

1
 Posición similar ha adoptado el propio Consejo Superior, en los artículos XX y XXV del acta N° 079-05
del 6-10-2005.
                                           73

       ejercicio de la competencia exclusiva otorgada por la ley se sustentó en el
       principio de continuidad del servicio público contemplado en el artículo
       24 de la Ley General de la Administración Pública y pretende garantizar
       el mejor servicio público. Llama la atención, el hecho de que
       precisamente en ese acto, se mencionan algunas circunstancias ante las
       que eventualmente se pueden conceder las licencias sin goce, entre ellas
       las de “enfermedad de un familiar” y ahora ante el Consejo Superior la
       señorita Benavides, aduce que el motivo de su pretendido viaje al
       exterior, es justamente la enfermedad de un familiar, lo que nunca
       advirtió en la gestión presentada a conocimiento del Fiscal General.

             Adjunto el oficio 402-FGR-2008, en el que de manera clara se
       indican las razones por las que no se concedió la licencia sin goce y se
       constate que su fundamento no lo fue la falta de personal para sustituir tal
       y como se afirma. No es el Fiscal General el que distorsiona la verdad.”
                                            -0-

      Finalmente, la servidora Benavides Víquez, en su expresada condición, en

nota de 11 de abril en curso, expresa lo siguiente:

            “…deseo hacer una aclaración a mi solicitud hecha ante ustedes el
       día 9 de abril del presente año.

            El pasado 26 de marzo solicité un permiso sin goce de salario ante la
       Fiscalía General alegando motivos de viaje al exterior. Por ser una gestión
       que yo nunca había hecho en el pasado, pensé que el escrito de solicitud
       debía de contener únicamente una simple solicitud.

            Sin embargo en la contestación de la Fiscalía General, me indicaron
       que al no haber alguna de las causales citadas (razones institucionales,
       enfermedad de un familiar, etc), se me denegaba dicho permiso.

             Al haber sido notificada de lo anterior, hice la presente solicitud
       ante este honorable Consejo, alegando que si existía una de las razones de
       peso: la enfermedad de una persona cercana a mi.

           En 1997, fui estudiante de intercambio en Copenhague, Dinamarca
       con AFS y tuve la oportunidad de vivir en una familia que me adoptó
       como una más de sus miembros y desde ese entonces nos hemos
                                            74

         mantenido contacto.

              El año pasado el padre de esta familia Svend Aage, fue
         diagnosticado con un avanzado estado de cáncer de médula ósea y como
         se puede ver en el correo electrónico enviado por mi “mamá”, “mi papá”
         se encuentra en un estado de incertidumbre de salud.

               En febrero de este año, terminé mis estudios como abogada y en
         ocasión a mi graduación, decidí hacer un esfuerzo económico para ir a
         visitar a esta familia que tan bondadosa fue conmigo.

               Es por eso que solicité un permiso sin goce ante la Fiscalía General,
         de una manera muy básica, donde por la inexperiencia y por tratarse de
         razones personales, omití ahondar en este tema tan difícil de abordar por
         tratarse de una persona tan querida para mí.

               Ahora explico las razones y agrego un correo electrónico en inglés,
         fechado 24 de marzo, fecha anterior a todas estas gestiones
         administrativas, donde mi mamá Jane cuenta el estado deplorable de salud
         de mi papá Svend Aage, documento que apresuró y motivó mi decisión de
         ir a visitarles.

               Solicito muy respetuosa pero insistentemente me concedan el
         permiso, es importante para mí el poder ver a esta persona tan querida,
         además ya he hecho una gran inversión y he comprado los boletos para
         partir el 1° de mayo y por tratarse de temporada alta es necesario hacer
         una serie de preparativos previos.

              Se adjunta copia y traducción del correo enviado por mi mamá el día
         24 de marzo del presente año.”
                                            -0-

     Se acordó: Devolver las presentes diligencias al Fiscal General de la

República, para que con valoración de la nueva razón que expone la servidora

Benavides Víquez, resuelva lo que considere pertinente. Se declara acuerdo

firme.
                                           75

                                  ARTÍCULO XIX

      La doctora Doris María Arias Madrigal, Jueza del Tribunal Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, en correo electrónico dirigido al señor

Presidente, Magistrado Mora, de 17 de abril en curso, presenta la siguiente

solicitud:

               “…permiso para que tanto la suscrita como la Msc. Milagro Rojas
        Espinoza podamos asistir como conferencistas al Congreso de UIBA
        representando al Colegio de Abogados, con la ponencia "Una justicia con
        rostro humano" en la que se refleja la necesidad de que los Colegios de
        Abogados como coadyuvantes en el acceso a la justicia colaboren en
        alcanzar una justicia igualitaria. Le comento que ambas integramos la
        Comisión de Género del Colegio de Abogados y además trabajamos en
        esa organización con el objetivo de integrar a las mujeres en condiciones
        de paridad en el ejercicio profesional legal. Ambas presentamos al
        Congreso una ponencia para la declaratoria final y ambas hemos sido
        invitadas a participar. Estamos solicitando permiso solo para el día de la
        conferencia, es decir, el 24 de abril en la primera audiencia.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la doctora Arias

Madrigal y a la máster Rojas Espinoza, para que el 24 de este mes, asistan como

conferencistas en la actividad indicada. Lo anterior en el entendido de que tomarán

las medidas necesarias para que no se afecte sustancialmente el servicio público a

su cargo, lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes

relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún motivo se

podrán suspender audiencias ni debates previamente señalados.

      El Departamento de Personal, el Tribunal de la Inspección Judicial, el
                                          76

Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Familia,

de Niñez y Adolescencia, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara

acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XX

      En sesión Nº 25-08 celebrada el 8 de abril en curso, artículo XLIII, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

             “La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, con oficio Nº 600-PLA-2008 recibido el 1° de abril en
       curso, remite la nota Nº DE-356-2008 de 26 de marzo último, suscrita por
       el señor Dionisio Miranda Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto de
       Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que literalmente dice:

            “Dentro de las atribuciones otorgadas por ley Nº 4716 de 09 de
       febrero de 1971, al instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se
       encuentra la de: “Mantener programas permanentes de adiestramiento
       para Regidores y personal municipal y cooperar en el reclutamiento y
       selección de éste…”.

            Por tal motivo y con base en las constantes solicitudes de
       capacitación en materia del nuevo Código Procesal Contencioso
       Administrativo, se diseñaron varios módulos tendientes a realizar dicha
       capacitación a los asesores jurídicos, funcionarios y miembros de las
       municipalidades y concejos municipales de distrito en los meses de abril y
       mayo del 2008, con la finalidad de dar a conocer aunque sea de manera
       general los aspectos más relevantes del citado código.

            Del material que se ha consultado, determinamos que la Sección de
       Análisis Jurídico de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado varios
       documentos muy completos que se pueden utilizar en dicha capacitación
       a saber:

                  Guía Informativa      del   Código    Procesal   Contencioso
                   Administrativo
                  Proceso Unificado
                                          77

                   Trámite Ordinario
                   Trámite Puro Derecho
                   Medidas Cautelares
                   Trámite Fallo Directo
                   Ejecución de Sentencia
                   Trámite Preferente
                   Acumulación Oficios de Procesos Art.47
                   Acumulación de Procesos Art.44
                   Procedimiento Unificado
                   Procedimiento Ordinario
                   Procedimiento Puro Derecho
                   Procedimiento Medidas Cautelares
                   Procedimiento Fallo Directo
                   Procedimiento Ejecución de Sentencia
                   Procedimiento Trámite Preferente
                   Procedimiento Acumulación Oficiosa de Procesos Art.47
                   Procedimiento Acumulación de Procesos Art.44

             En razón de lo anterior, le solicito de la manera más atenta, se nos
       permita reproducir alguno o algunos de los documentos descritos y así se
       nos haga constar por escrito, con la finalidad de distribuirlo(s) entre los
       participantes a dichos eventos de capacitación, con el compromiso de no
       variar en lo absoluto el texto del material y que en las portadas de los
       documentos se mantendrán en forma integra los créditos correspondientes
       a la Sección de Análisis Jurídico de la Corte Suprema de Justicia, que fue
       la que elaboró dicho material.

                                          -0-

            Se acordó: Acoger la gestión del señor Miranda Rodríguez, en
       consecuencia, deberá el Departamento de Planificación brindar al petente
       los documentos que se dan cuenta, a fin de repartirlos como parte de un
       programa de capacitación en materia del nuevo Código Procesal
       Contencioso Administrativo.”

                                          -0-

      Mediante oficio Nº DE-416-2008 de 11 de abril en curso, recibido el 17 de

abril de ese mes, el señor Dionisio Miranda Rodríguez, en su expresado carácter,
                                          78

gestiona lo siguiente:

             “Recientemente el Consejo Superior de la Corte Suprema de
       Justicia, le autorizó al IFAM, el uso del material denominada Guía
       informativa del Código Procesal Contencioso Administrativo, elaborado
       por el Departamento de Planificación del Poder Judicial; dicho material
       será utilizado en cinco módulos de capacitación que impartirá este
       Instituto en coordinación con otras dependencias, al personal
       administrativo, técnico y deliberativo de los Gobiernos Locales, razón por
       la cual le expreso mi más sincero agradecimiento.

             En el proceso de planificación de la indicada capacitación, se
       observó la necesidad de que por el conocimiento que tienen los
       funcionarios del Poder Judicial, específicamente de la Sección Tercera
       del Tribunal Contencioso Administrativo, sean estos los funcionarios los
       idóneos para impartir algunos temas medulares de la aplicación en sede
       judicial del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo.

             Por lo anterior, estimamos necesario solicitarle su anuencia, para
       que la licenciada Iris Rocío Rojas Morales y el licenciado José Hubert
       Fernández Argüello, jueces de la Sección Tercera del Tribunal
       Contencioso Administrativo, nos puedan acompañar en la capacitación
       arriba indicada, en cinco sesiones de trabajo en las siguientes fechas 17 y
       24 de abril y 08, 15 y 22 de mayo del 2008.

             Lo anterior redundaría en un beneficio mutuo, tanto del Poder
       Judicial como de las municipalidades, ya que al existir un mayor
       conocimiento del tema indicado, permitiría a estas últimas no cometer
       errores desde el inicio de cualquier procedimiento administrativo, que
       eventualmente las lleven a estrados judiciales y un beneficio adicional al
       Poder Judicial, para no tener que atender situaciones que se pueden
       resolver administrativamente por parte de los gobiernos locales sin la
       consiguiente saturación del sistema judicial.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la licenciada Rojas

Morales y al licenciado Fernández Argüello, para que en las fechas indicadas,

participen en la capacitación que se da cuenta. Lo anterior en el entendido de que
                                            79

tomarán las medidas necesarias para que no se afecte sustancialmente el servicio

público a su cargo, lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos

urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún

motivo se podrán suspender audiencias previamente señaladas.

      El Departamento de Personal, el Tribunal de la Inspección Judicial y el

Tribunal Contencioso Administrativo, tomarán nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXI

      El doctor Rolando Vega Robert, Magistrado de la Sala Segunda e Integrante

del Consejo de Dirección de EUROsociAL- Justicia, en oficio N° RVR-085-2008

de 18 de abril en curso, expresa lo siguiente:

             “… en forma adjunta me permito remitirle las invitaciones que por
       mi medio cursa el Ministerio de Justicia de la República Francesa para
       participar en el intercambio de experiencias, la cual será co-organizada
       por el Ministerio de Justicia de la República Argentina, actividad a
       realizarse del 5 al 7 de mayo del 2008 en Buenos Aires.
             1.    Carmen Cerdas Cisneros
             2.    Celia Bonilla Callejas
             Por lo anterior, solicito el permiso con goce de salario para ambas
       funcionarias del 5 al 8 de mayo, ambas fechas inclusive y la diferencia de
       los viáticos que corresponda.”
                                            -0-

       La Secretaría General de la Corte, en oficio N° 3280-08 de 21 de abril en

curso, solicitó al Departamento Financiero Contable, informar si existe contenido
                                        80

presupuestario para cubrir la diferencia de viáticos que corresponda.

        El máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, en oficio N° 401-P-2008 de 22 de los corrientes, remite certificación de

contenido presupuestario, para cubrir el pago de viáticos complementarios a las

licenciadas Cerdas Cisneros y Bonilla Callejas, por un monto total estimado de

¢47.941.88 (cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y un colones con ochenta y

ocho céntimos), con cargo al Programa 926 "Dirección, Administración y otros",

IP 37 "Administración Superior Secretaría" y Subpartida 10504 "Viáticos en el

exterior".

        Se acordó: 1.) Acoger la solicitud anterior y conceder permiso con goce de

salario del 5 al 8 de mayo del año en curso, a las licenciadas Cerdas Cisneros y

Bonilla Callejas, para que participen en el intercambio de Experiencias organizado

por el Ministerio de Justicia de la República de Argentina. 2.) Autorizar el pago de

la diferencia de viáticos de las respectivas funcionarias durante las fechas

indicadas, con cargo al Programa 926 "Dirección, Administración y otros", IP 37

"Administración Superior Secretaría" y Subpartida 10504 "Viáticos en el exterior".

        Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXII
                                          81

      El Magistrado Rolando Vega Robert, en condición de Coordinador de la

Comisión de Acreditación Judicial e Integrante del Consejo de Dirección de

EUROsociAL-Justicia, en oficio N° RVR-090-2008 de 21 de abril en curso,

manifiesta lo siguiente:

           “En forma adjunta me permito remitirle las invitaciones que por mi
       medio cursa el Ministerio de Justicia de la República Francesa para
       participar en el intercambio de experiencias sobre Calidad en la Justicia,
       la cual será co-organizada por el Ministerio de Justicia de la República
       Argentina, actividad a realizarse el 8 y el 9 de mayo en Buenos Aires.


           1.      Kattia Salas Abarca
           2.      Rafael Ramírez López
           3.      Ramón Zamora Montes


           Por lo anterior, por haberlo acordado así la Comisión de Acreditación
       Judicial, solicito el permiso con goce de salario para estos funcionarios
       del 8 al 9 de mayo y la diferencia de los viáticos que corresponda.”
                                          -0-

       Asimismo, se adjunta oficio N° 391-P-2008 de 21 de abril en curso,

suscrito por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, en el que remite certificación de contenido presupuestario para hacerle

frente al pago de viáticos complementarios a fin de que la licenciada Salas Abarca

y los licenciados Ramírez López y Zamora Montes, por su orden, Técnica de la

Unidad Ejecutora del Proyecto Corte – BID, Jefe del Departamento de Tecnología

de la Información y Juez del Juzgado de Violencia Doméstica del Segundo
                                         82

Circuito Judicial de San José, participen en la actividad que se indicó, por un

monto total estimado de ¢47.939.94 (cuarenta y siete mil novecientos treinta y

nueve colones con noventa y cuatro céntimos).

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1) Conceder

permiso con goce de salario a la licenciada Salas Abarca y a los licenciados

Ramírez López y Zamora Montes, para que del 8 al 9 de mayo próximo, participen

en el intercambio de Experiencias organizada por el Ministerio de Justicia de la

República de Argentina 2) Autorizar el gasto de ¢47.939.94 (cuarenta y siete mil

novecientos treinta y nueve colones con noventa y cuatro céntimos)

correspondientes a la diferencia de viáticos.

       Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXIII

      El licenciado Luis Fernando Carvajal González, Jefe del Departamento de

Control y Atención de Recursos de Inconformidad de la Dirección General de la

Policía de Tránsito, en correo electrónico de 16 de abril en curso, dirigido al

licenciado Macario Barrantes Ramírez, Coordinador interino de la Comisión

Interinstitucional del Poder Judicial, comunicó lo siguiente:

            “Respetuosamente le solicito su gentil ayuda para que miembros de
       la Comisión puedan participar en una Jornada de Capacitación para los
                                   83

abogados de la Unidad de Control, representantes del Consejo de
Seguridad Vial y el Consejo de Transporte Público.

     Se solicita que la actividad sea avalada por la Comisión para efectos
de entrega de certificados de participación y que las horas instructor sean
reconocidas. En lo posible establecer coordinación con la Escuela Judicial
para el reconocimiento de la capacitación. La actividad tendrá una
duración de 20 horas y se realizará los días 15 y 16 de mayo del presente
año de las 7:00 a las 17:30 horas, en las instalaciones de la Escuela
Nacional de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael
Arriba de Desamparados. La actividad se trasladó de fecha de abril a
mayo, para poder coordinar con la Escuela Judicial.

     Los temas que se solicitan analizados son los siguientes:

a)   Aplicación de los Principios Generales del Derecho en la labor del
     Juzgador Contravencional de Tránsito. La Sana crítica. Normativa
     y jurisprudencia.

b)   Procedimiento de la Contravención de Tránsito de multa fija de
     conformidad con la normativa vigente. Competencia del Juzgador
     de la Unidad de Control.

c)   Las principales nulidades en la Boleta de Citación de Multa fija.
     Normativa vigente. Jurisprudencia. Casos prácticos.

d)   La prestación del servicio público de transporte sin las respectivas
     autorizaciones.
     Ley de Tránsito Por Vías Públicas Terrestres. Artículos 129 CH, 97,
     112,144 d)
     Código de Comercio artículo 323. Figura del Porteador.
     Reglamentos en la materia vigentes.
     Votos de la Sala Constitucional referentes a la materia.

e)   La prueba alcohométrica en la ley 7331. Normativa. Jurisprudencia.
     Prueba técnica. Procedimiento.

f)   Panel con participación de los Instructores de la actividad.
     Tema: Orientación General         de la función       del Juzgador
     Contravencional de Tránsito en el procedimiento de multa fija con
     respecto a la figura del numeral 129 CH de la ley 7331.”
                                         84

                                        -0-

      Manifiesta la licenciada Conejo Aguilar, Integrante de este Consejo, que el

licenciado Franz Korte Núñez, la licenciada Ana Catalina Campos Ramírez, Jueces

de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José, el licenciado Norman Rojas

Álvarez, Juez Coordinador del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de

San José y la licenciada María Marta Ramos Montes de Oca, Jueza Coordinadora

de Tránsito de Puntarenas, serán los funcionarios que brindarán la citada

capacitación.

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la manifestación de la licenciada Conejo

Aguilar. 2.) Autorizar la participación, sin sustitución de los funcionarios citados,

para que el 15 y 16 de mayo próximo de las 7:00 a las 17:30 horas, asistan a la

capacitación que se da cuenta. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les

autoriza a participar, lo cual implica que en caso de tener diligencias programadas

no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas,

asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderán su participación para

atenderlo.

      La Comisión Interinstitucional de Tránsito del Poder Judicial, la Escuela

Judicial y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que a cada uno
                                         85

corresponda.

                                ARTÍCULO XXIV

      En sesión Nº 26-08 celebrada el 10 de abril en curso, artículo XLIV, se

 solicitó al Consejo de Personal realizar a la brevedad la difusión y el concurso

 correspondiente, para que 20 funcionarios (Magistrados, Jueces, Fiscales y

 Defensores), participen en el ―XVIII Congreso Internacional de la UNIÓN

 IBEROAMERICANA DE COLEGIOS Y AGRUPACIONES DE ABOGADOS,

 UIBA”, a realizarse del 23 al 26 de abril en curso, en el Hotel Herradura, a cuyos

 efectos este Consejo concedería permiso con goce de salario, sin sustitución y una

 ayuda económica de $125 (ciento veinticinco dólares exactos), para los

 participantes. Lo anterior en el entendido de que no se afectara sustancialmente el

 servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autorizaba a participar,

 lo cual implicaría que en caso de tener diligencias programadas no podrían alterar

 en modo alguno la fecha de su realización y deberían atenderlas, asimismo de

 presentarse algún asunto urgente suspenderían su participación para conocerlo.

      En atención al acuerdo anterior, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe

 del Departamento de Personal, en correo electrónico de 22 de abril en curso,

 comunica lo siguiente:

            “El día viernes 18 llegó el oficio N° 3234-2008, donde se ordena
       hacer esta convocatoria. Pese a que prácticamente no existía plazo, ayer
                                             86

         se hizo la difusión y participaron 5 servidores. Dado que el curso inicia
         mañana, es preciso que este tema se defina y comunique hoy.

               Reiteramos la necesidad de brindar un plazo adecuado para hacer
         los trámites de convocatoria, elaboración de nómina y eventualmente la
         decisión del Consejo de Personal.”
                                            -0-

        En correo electrónico de 22 de los corrientes, la máster Waiman Hin Herrera,

  Jefa de Gestión de la Capacitación, en cumplimiento con el acuerdo de referencia

  informó al máster Arroyo Meléndez, de los servidores que se matricularon en el

  citado congreso, asimismo señala que se le comunique a la organización mediante

  la dirección electrónica actas@abogados.or.cr:

Nombre                    Puesto actual     Oficina actual                      Cédula
Goldstein Rosales                           Juzgado Contravencional Carrillo,
Bernardo                  Juez 1            Guanacaste                          0109630038
Mora Duran Jenny Maria    Abogado 2         Dirección Ejecutiva                 0107570608
Mora Madrigal Yanina      Fiscal Auxiliar   Unidad De Trámite Rápido San José   0108970269
Moraga Torres Shirley     Fiscal Auxiliar   Fiscalía Primera Adjunta            0107890673
Zúñiga Quesada Yuri       Defensora Publica Defensa Publica San José            0302720137

        Se acordó: 1.) Tomar nota de las comunicaciones anteriores. 2.) Autorizar a

  los servidores de la lista transcrita, para que participen en el ―XVIII Congreso

  Internacional   de     la   UNIÓN       IBEROAMERICANA          DE    COLEGIOS         Y

  AGRUPACIONES DE ABOGADOS, UIBA”, a realizarse del 23 al 26 de abril en

  curso, en el Hotel Herradura. Lo anterior sujeto a que la participación de las

  licenciadas Mora Madrigal y Moraga Torres, cuenten con el visto de la Fiscalía

  General de la República. 3.) Conforme se indicó en el acuerdo de referencia, es
                                         87

entendido de que no se debe afectar sustancialmente el servicio público a cargo de

los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo cual implica que en caso de

tener diligencias programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su

realización y deberán atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente

suspenderán su participación para conocerlo.

      La Fiscalía General de la República y el Departamento de Personal, tomarán

nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXV

      En sesión Nº 28-08 celebrada el 17 de abril en curso, artículo XXVI, se

concedió permiso con goce de salario del 27 de abril al 1° de mayo del 2008, al

licenciado Francisco Dall‟Anese Ruiz, Fiscal General de la República, a fin de que

participe en la “Séptima Reunión de Ministros de Justicia y de Fiscales

Procuradores Generales de las América (REMJA-VII)”, que tendrá lugar en la sede

de la OEA en Washington D.C., Estados Unidos de América. A esos efectos, se

designó a la Fiscal General Subrogante, licenciada Patricia Cordero Vargas, para

que asuma el cargo de Fiscal General en las fechas indicadas. Asimismo, se

autorizó el gasto por concepto de tiquete aéreo, hospedaje y alimentación por un

monto estimado de ¢1.044.753,50 (un millón cuarenta y cuatro mil setecientos

cincuenta y tres colones con cincuenta céntimos), con cargo al programa
                                           88

presupuestario N° 929.

      Relacionado con el acuerdo anterior, el licenciado Dall‟Anese Ruiz, en su

expresado carácter, en correo electrónico de 22 de abril en curso, expone lo

siguiente:

             “Al final de la tarde de ayer, el Fiscal Federal de los Estados Unidos
       John Beasley, agregado jurídico regional del Departamento de Justicia
       para Centroamérica en la Embajada de los Estados Unidos en El
       Salvador, comunicó que el día jueves tendrá lugar una audiencia
       confidencial en Miami, en la que se tratará un preacuerdo de inmunidad
       entre la Fiscalía Federal de Fraudes de los Estados Unidos y un imputado
       de un caso que se investiga hace mucho tiempo, tanto en ese país como en
       Costa Rica. Se trata de un caso de muchísima importancia para nuestro
       país.

             Parte del preacuerdo incluye la colaboración del imputado con el
       Ministerio Público de Costa Rica, por lo que se requiere de la presencia
       de las Fiscalas costarricenses Criss González y Karen Valverde, quienes
       estarán viajando el día de mañana y se cargarán los costos a la partida de
       gastos confidenciales del Fiscal General destinada a investigar
       corrupción.

             Sin embargo, el presente caso es uno de muchos que han ocasionado
       un desencuentro con el Departamento de Justicia, en virtud del
       cumplimiento unilateral del Ministerio Público costarricense con
       autoridades de los Estados Unidos, sin que exista reciprocidad de parte de
       este último país. Hace meses se vienen realizando conversaciones y
       visitas de funcionarios del Departamento de Justicia para solventar la
       situación, por lo que he decidido acompañar a las Fiscalas González y
       Valverde para verificar que en la negociación previa al otorgamiento de la
       inmunidad al imputado, el Departamento de Justicia cumpla con el
       Ministerio Público de Costa Rica.

            No desconfío del profesionalismo de las Fiscalas González y
       Valverde quienes son conocedoras de los detalles del proceso, pero yo he
       llevado el peso de nuestro reclamo por falta de reciprocidad en la
       tramitación de cartas rogatorias, de extradiciones, de órdenes de captura
                                          89

       internacional y de equipos conjuntos de investigación (art. 65 del C.p.p.);
       y este caso es solo una parte del complejo problema, que en su totalidad
       no dominan las citadas representantes del Ministerio Público. Por ello
       quiero estar en la diligencia para ver por el cumplimiento de parte del
       Departamento de Judicial de los Estados Unidos.

             Ahora bien, tengo permiso del Consejo Superior para viajar a
       Washington a la reunión de la REMJA, del 27 de abril al 1° de mayo
       entrantes, pero al surgir la situación apuntada, necesito trasladarme a
       Miami el día de mañana 23 de abril y a Washington el sábado 25, por lo
       que solicito del modo más respetuoso someter al Consejo esta nota para
       modificar el acuerdo y autorizar el permiso y la autorización de gastos en
       los términos indicados.”
                                          -0-

      Manifiesta la Secretaría General, licenciada Silvia Navarro Romanini, que el

22 de los corrientes, la señora Noemí Acuña Segura, Secretaria del Fiscal General

de la República, vía telefónica solicitó se designe a la licenciada Patricia Cordero

Vargas, Fiscala General Subrogante, en sustitución del licenciado Dall‟Anese

Ruiz, durante los días indicados.

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la manifestación de la licenciada Navarro

Romanini. 2.) Acoger la gestión anterior y modificar el acuerdo tomado en sesión

Nº 28-08 del 17 de abril en curso, artículo XXVI, en el sentido que el permiso con

goce de salario concedido al licenciado Dall‟Anese Ruiz, rige del 23 de abril al 1º

de mayo próximo, a fin de que asista a la audiencia que da cuenta y participar en la

reunión de la REMJA, a realizarse en Miami y Washington D.C., Estados Unidos

de América. 3.) Designar a la Fiscala General Subrogante, licenciada Patricia
                                          90

Cordero Vargas, para que asuma el cargo de Fiscal General en las fechas indicadas.

3.) Aprobar la diferencia de viáticos complementarios, para que don Francisco,

participe en la actividad mencionada.

      La Fiscalía General de la República, Auditoría Judicial y los Departamentos

de Proveeduría, Financiero Contable y Personal, tomarán nota para lo que a cada

uno corresponda. Se declara este acuerdo firme.

SUSTITUCIONES
                                ARTÍCULO XXVI

      En sesiones números 41-07 y 68-07 celebradas el 5 de junio y 13 de

setiembre del 2007, artículos XXV y LXI, respectivamente, se autorizó la

sustitución hasta por un día en los puestos números 55677, 44580, 20271 y 103679

de Auxiliar Judicial 1 y Auxiliar de Servicios Generales 1 y 2, en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Atenas.

      La licenciada Cinthia Sáenz Valerio, Jueza del Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de Atenas, en nota de 9 de abril en curso, manifiesta lo

siguiente:

            “…Mediante acuerdo XXV, de la sesión Nº 41-2007, celebrada el
       05 de junio del 2007, ese honorable Consejo, en lo que interesa dispuso:
       “autorizar la sustitución hasta por un día en el Juzgado Contravencional y
       de Menor Cuantía de Atenas, únicamente de los puestos de Auxiliar
       Judicial 1, Nºs. 55677 y 44580, que desempeñan funciones de
       “Notificador” y “Cajero” respectivamente.

             Mediante artículo LXI, de la sesión Nº 68-07, celebrada el 13 de
                                      91

 setiembre del 2007, en similar situación se dispuso: “... Acoger la gestión
 anterior y autorizar la sustitución a partir de un día de incapacidad o
 vacaciones de los servidores que se desempeñan en los cargos de Auxiliar
 de Servicios Generales 1 y 2 (puestos 20271 y 103679)...”

       Ambos acuerdos fueron tomados en relación a las gestiones que
 hiciéramos en su oportunidad, en las cuales justificamos abundantemente
 las peticiones y cuyas causas a hoy se mantienen y se han incrementado,
 las cuales en resumidas cuentas son: En cuanto al puesto Nº 55677, es la
 única encargada de alimentar el Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ),
 con perfil de actualización, lo que hace este puesto indispensable. En
 cuanto al puesto Nº 44580, es el único auxiliar judicial con recargo de
 notificador en este despacho, lo que también lo hace imprescindible. En
 cuanto a los puestos Nº 20271 y Nº 103679, son los únicos dos auxiliares
 de servicios generales (1 y 2), que hay en todo el Edificio de los
 Tribunales de Atenas, que se encargan de asistir a la Defensa Pública de
 Atenas, a la Fiscalía de Atenas, Juzgado Contravencional y de Menor
 Cuantía de Atenas, Citadores Judiciales locales, O.I.J. local, Sala de
 Juicios, áreas comunes y jardinería.

       Como estos acuerdos fueron tomados en el 2007, el Departamento
 de Personal del Poder Judicial, interpretó que los mismos eran vigentes
 únicamente por el año 2007 y mediante oficio Nº 071-AS-2008, del 24 de
 marzo del 2008, nos rechazó una proposición de nombramiento de dos de
 las plazas indicadas atrás, por tratarse de sustituciones de menos de 3 días
 y nos indican que es necesario solicitar de nuevo el permiso de sustitución
 para el año en curso.

       Así las cosas, les solicitamos autorización para sustituir las plazas de
 este despacho de Auxiliar Judicial 1, números 55677 y 44580, así como
 las plazas de Auxiliar de Servicios Generales 1, número 20271 y Auxiliar
 de Servicios Generales 2, número 103679, hasta por un día, en caso de
 vacaciones o incapacidades y que dicha autorización sea para el año 2008
 y venideros.

      De requerirse las justificaciones completas, las mismas se pueden
 encontrar en los acuerdos indicados.”

                                     -0-

Por las especiales circunstancias que se exponen y que pueden afectar
                                          92

seriamente la prestación del servicio de justicia, se acordó: Acoger la gestión

anterior y autorizar la sustitución hasta por un día en el Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía de Atenas de los puestos de Auxiliar Judicial 1 números

55677, 44580, que desempeñan funciones de "Notificador" y "Cajero",

respectivamente y de los Auxiliares de Servicios Generales 1 y 2 números 20271

y 103679, por motivo de incapacidad o vacaciones. Aclarar al Departamento de

Personal que en tanto se mantengan las circunstancias en el citado despacho, esta

regla se aplicará a futuro, salvo que este Consejo disponga lo contrario.

      El Departamento de Personal y el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Atenas, tomarán nota para lo que corresponda.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                ARTÍCULO XXVII

      En sesión N° 18-08 celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo

XLVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión N° 04-08 celebrada el 17 de enero del año en curso,
       artículo LI, entre otros asuntos, se dispuso solicitar al Departamento de
       Personal, pronunciamiento respecto a lo indicado por la señora Patricia
       Méndez López, Asistente Administrativo 2 del Departamento de
       Investigaciones Criminales, quien manifestó lo siguiente:

              “… me permito acudir nuevamente a su representada, en razón de
       que el Departamento de Planificación remitió al Consejo Superior el
       informe 128-DO-07-B, solicitado mediante acuerdo de sesión 28-07, del
       09 de agosto del 2007, artículo XLIII, según oficio 7329-07 de la
       Secretaría de la Corte.
                                   93


       En dicho estudio se indica que efectivamente mi puesto en
propiedad 43214, (Secretaria tres o Asistente Administrativo dos) es y ha
sido necesario en el Departamento de Investigaciones Criminales, por lo
cual lo indiqué en mi solicitud inicial y reitero en la presente solicito:

       Se apruebe la inclusión de la recalificación salarial de la cual fui
excluida a partir del momento que se realizaron los pagos correspondiente
a todos los puestos que se vieron beneficiados en el estudio original que
realizó el Departamento de Personal y se comunique lo correspondiente a
dicho Departamento para el pago adeudado a mi persona.

       Asimismo, solicito se realicen los cálculos necesarios, a fin de que
los rubros retroactivos que se me adeudan se incluyan respectivamente en
los cálculos correspondientes según lo estipulado legalmente (aumentos
semestrales 2007 y 2008, aguinaldo, anualidades, bono escolar, etc.).

       Adjunto me permito remitir fotocopia de oficio con fecha 18 de
abril del 2007 y con referencia de la Secretaría de la Corte 6303, misma
que anteriormente remití a su autoridad, a la vez agradezco el tiempo y
dedicación en analizar mi solicitud y brindar una oportunidad y justa
respuesta.”
                                 -0-
      En la verificada N° 14-08 del 20 de febrero último, artículo XXXIX,
se dispuso lo siguiente:

     En oficio N° 165-JP-2008 de 14 de febrero en curso, el máster
Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,
comunica el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión N° 04-
2008 celebrada el 13 del mes en curso, artículo V, que literalmente dice:

     "Se procede a conocer el Informe SAP-050-2008 elaborado por la
Sección de Análisis de Puestos, el documento señala:

    Con la finalidad de poner en conocimiento de los integrantes del
Consejo de Personal, nos permitimos informar lo siguiente:

     El Consejo Superior en la sesión N° 04-08, celebrada el 17 de enero
del 2008, artículo LI al conocer el informe N° 128-DO-2007-B elaborado
por la Sección de Desarrollo Organizacional, del Departamento de
Planificación, acordó lo siguiente:
                                   94


      1.) Tener por rendido el informe solicitado al Departamento de
Planificación y acoger las recomendaciones que contiene. 2.) En
concordancia con lo dispuesto, las plazas de Asistente Administrativo 2,
puesto N° 43161, cuya titular es la señora María Elena Rodríguez
Zamora como la plaza N° 43214, en la que se encuentra nombrada la
servidora Patricia Méndez López, se mantendrán destacadas en el
Departamento de Investigaciones Criminales. La señora Méndez López
se desempeñará como "Secretaria" de la Subjefatura del Departamento,
asumiendo las actividades que ejecutaba la señora Sonia Sánchez Retana
en lo que respecta al análisis y revisión de los expedientes para la
aplicación del régimen disciplinario. Las servidoras Rodríguez Zamora,
Méndez López, así como la señora Yorleny Vargas Morales, quien funge
como Secretaria del Subdirector del Organismo de Investigación Judicial,
deberán acatar las funciones que se describen en el anexo 2 de este
informe. Por su parte, la plaza N° 48363 de Auxiliar Administrativo 1, se
deberá devolver a la Sección de Delitos Contra la Propiedad, donde
pertenece. 3.) Mantener en la Dirección General del Organismo de
Investigación Judicial, la plaza N° 35201 de Auxiliar Administrativa 1,
cuya titular es la señora Anais Bolaños Zeledón. 4.) El Departamento de
Personal, analizará la clasificación de los puestos N° 43214 de Asistente
Administrativo 2 y N° 35201 de Auxiliar Administrativo 1, a fin de
determinar cuál es la categoría que corresponde a la estructura y labores
aprobadas. Asimismo, realizará el cambio pertinente en la Relación de
Puestos, entre las plazas que ocupan los servidores adscritos a la Oficina
de Planes y Operaciones (Adolfo Venegas Vega) y en la Dirección
General (María Leonor Arias Chinchilla), quienes ocupan los puestos
43215 y 55499, respectivamente; ambos de Auxiliar Administrativo 1; de
manera que la plaza N° 43215 quede adscrita a la Dirección General del
Organismo de Investigación Judicial y en la Oficina de Planes y
Operaciones la plaza N° 55499 5.) Las jefaturas del Departamento de
Investigaciones Criminales, velarán porque las funciones que desarrolle la
servidora Méndez López, se ajusten al puesto que ocupa, tal como lo
refiere el informe. 6.) Con base en lo resuelto solicitar al Departamento
de Personal que se pronuncie, respecto a la gestión presentada por la
señora Méndez López sobre la procedencia del pago que reclama, en el
plazo de 8 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo."

     Con respecto a lo anterior, es importante presentar algunas
consideraciones previas:
                                   95

      a) El Consejo Superior en la sesión Nº 37-07, celebrada el 22 de
mayo del 2007, artículo XXXVIII, aprobó los informes IDH-184-2006,
IDH-231-2006 Informes IDH-184-2006 y IDH-231-2006 aprobados por
el Consejo de Personal en la sesión N° 25-2006, del 16 de noviembre del
2006, artículo VII. e IDH-043-2007 Informe IDH-043-2006 aprobado por
el Consejo de Personal en la sesión N° 09-2007, del 22 de abril del 2007,
artículo III., del Departamento de Personal-Gestión Humana en los que se
analizaron en forma integral los puestos correspondientes a la serie
secretarial 1 y 2 de la institución.

      Como parte de las recomendaciones emitidas en los informes de
cita, está renombrar las clases angostas de Secretaria 2 y 3, reestructurar
la serie de secretarias a dos niveles, así como aprobar los perfiles
ocupacionales.

     b) Cabe señalar que en el informe técnico IDH-043-2007 del
Departamento de Personal-Gestión Humana se señaló lo que a
continuación se transcribe, la situación encontrada para los puestos 43214
y 43161 ocupados en propiedad por las señoras Patricia Méndez López y
María Elena Rodríguez Zamora, veamos:

      "Mediante el trabajo de campo realizado para el estudio de las
plazas de la serie secretarial, se determinó que de los puestos No. 43161 y
43214 de la Dirección General del Organismo de Investigación
Judicial y del Departamento de Investigaciones Criminales, ocupadas
por la señoras Maria Elena Rodríguez Zamora y Patricia Méndez
López, respectivamente, fueron trasladadas al Departamento de
Investigaciones Criminales y la Sección de Fraudes. Dicho movimiento se
realizó por disposición interna y con el consentimiento de las partes
involucradas, el cual causó efectos en la naturaleza del cargo ocupado por
la señora Méndez, ya que sus tareas se vieron modificadas pues pasó a
realizar funciones de orden oficinesco.

      Por tal circunstancia, en el informe refutado se recomendó mantener
la clasificación actual del puesto No. 43214 de Asistente Administrativo
2, hasta tanto se aclare la situación indicada, asimismo se instó al
Departamento de Planificación que realice un estudio organizacional a fin
de que establezca formalmente la oficina a la cual deben estar adscritos
los puestos en mención.

     Lo anterior dio origen a que el puesto indicado no se viera afectado
                                   96

con las reasignaciones sugeridas, por lo tanto la señora Méndez presenta
una nota en la que solicita al Jefe del Departamento de Investigaciones
Criminales, Carlos Morera que se le reincorpore a ese departamento para
retomar las funciones adscritas al cargo y gozar del incremento salarial
derivado de la reasignación efectuado a la serie secretarial.

     El oficio presentado por la señora Méndez, a pesar de que no se trata
de una manifestación respecto a la clasificación de su cargo, se considera
necesario incluir dicha gestión para conocimiento de este Consejo. A
continuación se extrae la justificación de la gestión presentada por la
servidora indicada:

       "…debido a que el mantenerme en la Sección de Fraudes del O.I.J.
prestando la colaboración que requieren me ocasiona un perjuicio
económico anual de ¢183,256,37 (ciento ochenta y tres mil doscientos
cincuenta y seis colores (sic) con treinta y siete centavos), a partir del
próximo año en que se aplicarán las adecuaciones salariales, es que he
solicitado reincorporarme a la Jefatura Departamental de Investigaciones
Criminales ejecutando las funciones detalladas en el Manual de Puestos
respectivo."

     En razón de lo anterior el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director
General del Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio No.
1242-D.G.-06 señala: "… que lo procedente, en primera instancia, es
quedar a la espera de que el estudio sea conocido por el Consejo Superior
y en caso de que el mismo fuere aprobado, esperar los resultados del
estudio que al efecto le correspondería realizar al Departamento de
Planificación."

      Consecuentemente, este Departamento reitera la recomendación
planteada en el punto 6.4, respecto a la necesidad de que el Departamento
de Planificación valore los traslados informales que se han realizado en
dichos despachos con el fin de que se establezca formalmente la oficina a
la cual deben estar adscritos."

      En la parte recomendativa del informe se emitió lo siguiente para los
puestos de ese organismo (43161 y 43214): "4.4. Solicitar al
Departamento de Planificación que valore la situación de las
siguientes plazas que han sido trasladadas de manera informal a una
oficina distinta a la de origen: a) 43214 del Departamento de
Investigaciones Criminales a la Sección de Fraudes. b) 43161 de la
                                             97

        Dirección General del Organismo de Investigación Judicial al
        Departamento de Investigaciones Criminales. Al respecto el Consejo
        Superior en la sesión N° 53-07, celebrada el 24 de julio del 2007, artículo
        LXXXIX acuerda:

             "Adicionar lo resuelto para que en cuanto a los puestos 43161 y
        43214, el Departamento de Planificación determine la situación de
        quienes la ocupan y en cual sección u oficina deben quedar ubicadas,
        conforme a la estructura Departamental".

             c) En virtud del acuerdo tomado por el Órgano Superior, la Sección
        de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación, en el
        informe 128-DO-2007-B, atiende lo relacionado con los siguientes
        puestos:

Número             de
                        Servidor            Clasificación         Ubicación física
puesto
                                                                  Departamento        de
                        Patricia    Méndez Asistente
43214                                                             Investigaciones
                        López              Administrativo 2
                                                                  Criminales
                                                                  Departamento        de
                        María       Elena Asistente
43161                                                             Investigaciones
                        Rodríguez Zamora Administrativo 2
                                                                  Criminales
                        Anais      Bolaños Auxiliar
35201                                                             Dirección del OIJ
                        Zeledón            Administrativo 1
                        Yorleny     Vargas Asistente
43160                                                             Dirección del OIJ
                        Morales            Administrativo 2
                        Adolfo     Venegas Auxiliar
43215                                                             Dirección del OIJ
                        Vega               Administrativo 1
                        María       Leonor Auxiliar               Oficina de Planes y
55499
                        Arias              Administrativo 1       Operaciones
        Fuente : Informe 128-DO-2007-B

             En la siguiente tabla se presenta algunas de las recomendaciones
        señaladas con respecto a los puestos indicados anteriormente:

Número de puesto              Servidor              Consideraciones
                                                    Este puesto está asignado al
43214                         Patricia Méndez López Subjefe del Departamento de
                                                    Investigaciones Criminales.
43161                         María Elena Rodríguez Funge como Secretaria del Jefe
                                             98

                            Zamora                     del        Departamento         de
                                                       Investigaciones Criminales.
                                                       Funge como Secretaria del
35201                       Anais Bolaños Zeledón
                                                       Director del OIJ
                                                       Este     puesto    funge    como
43160                       Yorleny Vargas Morales     Secretaria asignada al Subdirector
                                                       del OIJ.
                                                       Plaza     que     está    adscrita
                                                       presupuestariamente a la Oficina
                                                       de Planes y Operaciones; no
                                                       obstante está destacado en la
43215                       Adolfo Venegas Vega        Dirección General desde hace
                                                       aproximadamente 10 años y entre
                                                       sus funciones se encarga de
                                                       atender el área de archivo de esa
                                                       Dirección.
                                                       Esta plaza se encuentra asignada
                                                       presupuestariamente      a      la
                                                       Dirección General del OIJ; sin
55499                       María Leonor Arias         embargo quien la ocupa hace
                                                       aproximadamente está destacada
                                                       físicamente en la Oficina de
                                                       Planes y Operaciones.
             Fuente: Informe 128-DO-2007-B


             De lo expuesto se tiene lo siguiente:

              1) Conforme lo aprobado por el Consejo Superior en la sesión Nº
        37-07, celebrada el 22 de mayo del 2007, artículo XXXVII, el nivel
        asignado a la serie secretarial propuesta está determinado entre otros
        factores por la ubicación jerárquica en que se encuentre el despacho al
        cual pertenece el cargo en donde el nivel 1 (Secretario 1), está asociado al
        Archivo Judicial, Secciones, Unidades, Departamentos como Prensa y
        Comunicación Organizacional y Artes Graficas, Oficinas de Defensas
        Públicas, Delegaciones Regionales.

             Mientras que el segundo nivel (Secretario 2), es para las Jefaturas
        Superiores de los Departamentos tales como: Financiero Contable,
        Proveeduría,    Servicios   Generales,   Personal-Gestión      Humana,
        Planificación, Direcciones, Fiscalía General, Jefatura de la Defensa
        Publica, Consejo Superior, Auditoria, Escuela Judicial y Unidad
                                                    99

         Ejecutora Corte–BID.

               2) Conforme lo anterior y a la luz de los elementos resolutivos
         señalados por el Departamento de Planificación en su informe 128-DO-
         2007-B, se tiene que la clasificación correcta de los puestos números
         43161 y 35201 es de "Secretaria 2" toda vez que son puestos que apoyan
         de manera directa en labores secretariales al Director del OIJ y al Jefe del
         Departamento de Investigaciones Criminales. Por otra parte, al existir
         dentro de esas estructuras un nivel de 2, la clasificación correcta tanto
         para el puesto N° 43160 y 43214 es de "Secretaria 1"; toda vez que este
         nivel ha sido designado para aquellos puestos que colaboran de manera
         directa a una Subdirección o bien a una Subjefatura de Departamento.

               3) Respecto a los puestos 43215 y 55499 y derivado del análisis de
         las actividades consignadas en el estudio de cita se tiene que la
         clasificación que ostentan está acorde con la naturaleza de los mismos la
         cual está orientada a la ejecución de actividades variadas y de alguna
         dificultad en el apoyo administrativo, asimismo las actividades que
         desarrollan se encuentran enmarcadas dentro de las tareas típicas
         consignadas para la clase de Auxiliar Administrativo nivel 1 (Oficinista
         2).

              Es así que se recomienda:

              a. Reasignar los siguientes puestos:

Datos Generales    Situación actual                       Situación Propuesta
Numero
                                     Clase                Clase    Clase
de      Ocupante   Clase ancha                    Base                          Base    Diferencias
                                     angosta              ancha    angosta
Puesto
        Anais      Auxiliar
                                     Oficinista          Secretaria Secretaria
35201   Bolaños    Administrativo               ¢253.000                       ¢311.000 ¢58.000
                                     2                   2          2
        Zeledón    1
        Patricia   Asistente
                                     Secretaria          Secretaria Secretaria
43214   Méndez     Administrativo               ¢291.400                       ¢283.400 ¢-8.000
                                     3                   1          1
        López      2
        Yorleny
                                     Secretaria          Secretaria Secretaria
43160   Vargas     Secretaria 2                 ¢311.000                       ¢283.400 ¢-27.600
                                     2                   1          1
        Morales
              Fuente: Relación de puestos vigente, 2008


              En referencia a las señoras Méndez López y Vargas Morales quienes
                                                           100

              ocupan los puestos números 43214 y 43160, respectivamente, se les
              mantienen los derechos adquiridos respecto al salario actual, lo cual no
              aplica para posibles sustitutos interinos en los puestos, los cuales deberán
              ser nombrados como "Secretaria 1"; una vez que los puestos queden
              vacantes se deberán ajustar de acuerdo con la recomendación de
              reasignación hacia abajo (punto a).

                    De aprobarse la reasignación del puesto N° 35201, los costos se
              detallan a continuación:

                       Clasificación             Clasificación
                       actual                    propuesta               Diferencia            Diferencia
        Título     del Auxiliar                                          mensual               anual
        puesto         Administrativo            Secretaria 2
                       1
        Salario Base 253.000,00                  311.000,00              58.000,00             696.000,00
        Anuales (12) 77.461,20                   86.153,16               8.691,96              104.303,52
        REFJ 10%       25.300,00                 31.100,00               5.800,00              69.600,00
        TOTAL
        GENERAL
                       ¢355.761,20               ¢428.253,16             ¢72.491,96            ¢869.903,52
        DEL
        PUESTO
                     Fuente: Índice salarial vigente para el Primer Semestre del 2008.


                    De conformidad con los artículos 5 y 6 de la "Ley de Salarios del
              Poder Judicial" las modificaciones propuestas en este informe, quedarán
              sujetas a la disponibilidad presupuestaria y a la fecha en que se
              formalicen los cambios en el salario base.

                     b.      Mantener la clasificación de los siguientes puestos:

Datos Generales      Situación actual                              Situación Propuesta
Numero
                                         Clase                                           Clase
de       Ocupante    Clase ancha                      Base         Clase ancha                     Base      Diferencias
                                         angosta                                         angosta
Puesto
         María
         Elena                           Secretaria                                      Secretaria
43161                Secretaria 2                   ¢311.000 Secretaria 2                           ¢311.000 0
         Rodríguez                       2                                               2
         Zamora
         Adolfo      Auxiliar                                Auxiliar
                                         Oficinista                                      Oficinista
43215    Venegas     Administrativo                 ¢253.000 Administrativo                         ¢253.000 0
                                         2                                               2
         Vega        1                                       1
                                                         101

        María         Auxiliar                             Auxiliar
                                       Oficinista                           Oficinista
55499   Leonor        Administrativo              ¢253.000 Administrativo              ¢253.000 0
                                       2                                    2
        Arias         1                                    1
             Fuente: Relación de puestos vigente, 2008
                 c.    Efectuar los ajustes en la Relación de Puestos tal y como se
                      detalla:


                                       Título de Puesto            Despacho u Oficina
        Número de puesto
                                                            Departamento                de
        43214                          Secretaria 1
                                                            Investigaciones Criminales
                                                            Departamento                de
        43161                    Secretaria 2
                                                            Investigaciones Criminales
        35201                    Secretaria 2               Dirección del OIJ
        43160                    Secretaria 1               Dirección del OIJ
        43215                    Auxiliar Administrativo 1 Dirección del OIJ
                                 Auxiliar Administrativo 1 Oficina      de      Planes   y
        55499
                                                            Operaciones
                  d.    Aprobar las clases angostas de Secretaria 1 y Secretaria 2, tal
             y como se presentan en el anexo.

                      e. La propuesta que presenta este Departamento respecto a la
             Clasificación y Valoración de los puestos destacados en la Dirección del
             O.I.J y el Departamento de Investigaciones Criminales; se establece
             conforme a lo que dicta la materia de análisis de puestos; así como otros
             elementos que hasta el día de hoy se han plasmado en los informes
             técnicos en donde se han analizado los puestos de esa naturaleza.

                   Finalmente, es importante indicar que en este momento nuestro
             Departamento se encuentra analizando otras variables relacionadas con la
             clasificación y valoración de estos cargos en todos los niveles
             organizativos de la Institución; investigación que será presentada a las
             instancias superiores en su oportunidad.

                 Se acordó: Aprobar el informe en todos sus extremos y trasladar al
             Consejo Superior para lo de su cargo. Se declara acuerdo firme."
                                            -0-

                   Se acordó: 1.) Previamente a resolver lo que corresponda, hacer de
             conocimiento de los interesados lo resuelto por el Consejo de Personal,
             para lo que a bien tengan manifestar ante ese Consejo dentro del plazo de
                                  102

tres días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación de este
acuerdo. 2.) Recordar al Departamento de Personal la obligación de
conceder las audiencias a los servidores, de conformidad con el acuerdo
tomado en sesión N° 03-08 del 15 de enero del año en curso, artículo
XLVI.”
     [1]
         Informes IDH-184-2006 y IDH-231-2006 aprobados por el
Consejo de Personal en la sesión N° 25-2006, del 16 de noviembre del
2006, artículo VII.
     [2]
         Informe IDH-043-2006 aprobado por el Consejo de Personal en
la sesión N° 09-2007, del 22 de abril del 2007, artículo III.

                                 -0-
      En nota de 25 de febrero último, la servidora Patricia Méndez
López, Asistente Administrativa 2 del Departamento de Investigaciones
Criminales del Organismo de Investigación Judicial, comunica lo
siguiente:

      “En sesión 14-08, celebrada el 20 de febrero del año en curso,
artículo XXXIX, se conoció el informe 165-JP-08, que daba contestación
a lo dispuesto por el Consejo Superior que representan al punto 6), que
textualmente dice:

     “Con base en lo resuelto solicitar al Departamento de Personal
que se pronuncie, respecto a la gestión presentada por la señora
Méndez López sobre la procedencia del pago que reclama, en el plazo
de 8 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo.”

      No obstante, con relación a lo solicitado en el acuerdo y debido a
que mi puesto 43214 no corresponde al grupo de plazas que requieren
traslado o cambios en la relación de puestos, como se ha señalado en
varios estudios solicitados por su autoridad al Departamento de
Planificación y del Departamento de Personal, y en razón de que el
Departamento de Personal no hace referencia a lo solicitado por el
Consejo Superior referente a mi solicitud, nuevamente acudo a ustedes, a
fin de que se giren las directrices necesarias para que el Departamento de
Personal y la Sección de Salarios, gire el pago que se me adeuda.

    Adjunto certificación emitida por el Departamento de Personal,
donde hace constar la procedencia de mi puesto en propiedad, plaza
                                   103

43214.”
                                    -0-
     En nota de 3 de marzo en curso, la servidora Méndez López, en su
citado carácter, expone lo siguiente:

      “En sesión 14-08, celebrada el 20 de febrero del año en curso,
artículo XXXIX, se conoció el informe 165-JP-o8, que daba contestación
a lo dispuesto por el Consejo Superior que representan al punto 6), que
textualmente dice:

     “Con base en lo resuelto solicitar al Departamento de Personal
que se pronuncie, respecto a la gestión presentada por la señora
Méndez López sobre la procedencia del pago que reclama, en el plazo
de 8 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo.”

      No obstante, con relación a lo solicitado en el acuerdo y debido a
que mi puesto 43214 no corresponde al grupo de plazas que requieren
traslado o cambios en la relación de puestos, como se ha señalado en
varios estudios solicitados por su autoridad al Departamento de
Planificación y del Departamento de Personal, y en razón de que el
Departamento de Personal no hace referencia a lo solicitado por el
Consejo Superior referente a mi solicitud, nuevamente acudo a ustedes, a
fin de que se giren las directrices necesarias para que el Departamento
de Personal y la Sección de Salarios, pire el paro que se me adeuda.

     Anteriormente remití oficio en el que adjuntaba certificación
emitida por el Departamento de Personal, donde hace constar la
procedencia de mi puesto en propiedad, plaza 43214 desde hace 13 años.

      No obstante, de mi reiterada solicitud, es importante que se defina y
corrija como corresponde, que mi puesto en propiedad, ha pertenecido a
la Jefatura Departamental de Investigaciones Criminales como
Secretaria de Jefatura Departamental y no como secretaria de
Subjefatura, ya que como lo indica el Departamento de Personal, el que se
me nombre como secretaria de subjefatura corresponde a un descenso y
ocasiona un perjuicio económico lo cual está en contra de toda doctrina
que garantiza los derechos de los trabajadores.

      Según las recomendaciones del Departamento de Personal en su
oficio 165-JP-2008, el puesto 43214, de Secretaria 3 pasa a Secretaria 1
(descenso), y la plaza 43161 de Secretaria 3 (que pertenece actualmente a
                                          104

       la Dirección General del OIJ) se traslada al Departamento de
       Investigaciones Criminales como Secretaria de Jefatura Departamental.

             Considero humildemente señores miembros del Consejo Superior,
       que se debe mantener en ambas plazas (por derecho adquirido desde hace
       muchos años), el rango de Secretaria 3 o su propuesta en clase ancha de
       Secretaria Dos, y no descender mi puesto (43214), el cual reitero es el que
       siempre ha pertenecido al Departamento de Investigaciones Criminales,
       con el fin de para (sic) aplicar la nueva reestructuración o reorganización
       del recurso humano.”
                                            -0-
               Previamente a resolver lo que corresponda se acordó: 1) Solicitar
       al Departamento de Personal que a la brevedad rinda un informe en que
       determine la procedencia de la gestión de la servidora Méndez López, así
       como a la cancelación de los montos que según indica se le adeudan. 2)
       Deberá el Director General del Organismo de Investigación Judicial,
       referirse a lo manifestado por la citada servidora.”
                                              -0-

      En oficio N° SAP-122-2008 de 9 de abril en curso, el máster Mauricio

Quirós Álvarez y los licenciados María Gabriela Mora Zamora y Víctor Gutiérrez

Montero, por su orden, Jefe de Desarrollo Humano, Jefa interina de Análisis de

Puestos del Departamento de Personal y Profesional 2 interino de ese

departamento, informan lo siguiente:

             “El Consejo Superior en la sesión N° 18-08, celebrada el 6 de marzo
       del año en curso, artículo XLVII, al conocer el acuerdo de Consejo de
       Personal en el que acogen en todos sus extremos el informe SAP-050-
       2008 elaborado por la Sección de Análisis de Puestos, contenido en
       oficio N° 165-JP-2008 del Departamento de Personal, dispuso lo
       siguiente:

            “Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: 1) Solicitar
       al Departamento de Personal que a la brevedad rinda un informe en que
       determine la procedencia de la gestión de la servidora Méndez López, así
       como la cancelación de los montos que según indican se le adeudan. 2)
                                                105

         Deberá el Director General del Organismo de Investigación Judicial,
         referirse a lo manifestado por la citada servidora.”

               Con respecto al acuerdo se presentan las siguientes consideraciones
         que refieren a la solicitud de la señora Patricia Méndez López:

               La señora Méndez López manifiesta que:

              “… mi puesto 43214 no corresponde al grupo de plazas que
         requieren traslado o cambios en la relación de puestos, como se ha
         señalado en varios estudios solicitados por su autoridad al Departamento
         de Planificación y al Departamento de Personal…

               … que se defina y corrija como corresponde, que mí puesto en
         propiedad, ha pertenecido a la Jefatura Departamental de
         Investigaciones Criminales como Secretaria de Jefatura Departamental y
         no como secretaria de Subjefatura …

              … que se debe mantener en ambas plazas (por derecho adquirido
         desde hace muchos años) el rango de Secretaria 3…”.

              -      Se aprovecha la oportunidad para brindar respuesta a la nota
         con fecha 08 de abril del 2008, presentada por la señora Méndez López.

               Como primer punto es importante reiterar que en el Consejo
         Superior en la sesión Nº 37-07, celebrada el 22 de mayo del 2007, artículo
         XXXVIII, aprobó los informes IDH-184-2006, IDH-231-20062 e IDH-
         043-20073, del Departamento de Personal-Gestión Humana en los que se
         analizaron en forma integral los puestos correspondientes a la serie
         secretarial 1 y 2 de la institución.

               En los informes IDH-184-2006 y IDH-043-2007 se indicó lo
         siguiente respecto al puesto N° 43214 lo que se detalla:

               IDH-184-2006:

               “El puesto Nº 43214 de Asistente Administrativo 2 (Secretaria 3)
2
  Informes IDH-184-2006 y IDH-231-2006 aprobados por el Consejo de Personal en la sesión N° 25-
2006, del 16 de noviembre del 2006, artículo VII.
3
  Informe IDH-043-2006 aprobado por el Consejo de Personal en la sesión N° 09-2007, del 22 de abril del
2007, artículo III.
                                   106

ocupado en propiedad por la señora Patricia Méndez López,
presupuestariamente se encuentra destacado en el Departamento de
Investigaciones Criminales, sin embargo por situaciones propias de dicha
oficina, la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial,
tomó la determinación de trasladar ese puesto a la Sección de Fraudes,
misma que por estructura organizacional tiene asignado un puesto de
Secretaria 2 (Auxiliar Administrativo 2) por lo cual a la señora Méndez
se le asignaron funciones oficinescas, las cuales difieren de la naturaleza
propia de la clase a la cual pertenece.

     Ante tal situación, se considera necesario que el Departamento de
Planificación realice un estudio organizacional, a fin de que establezca
formalmente la oficina a la cual debe estar adscrito el puesto en mención.
     Posterior a ello, esta sección deberá proceder a realizar la valoración
del cargo y determinar la clasificación adecuada en función de las tareas
que ejecute, hasta tanto se debe mantener la clasificación actual del
puesto No. 43214”.

     IDH-043-2007

     “Mediante el trabajo de campo realizado para el estudio de las
plazas de la serie secretarial, se determinó que de los puestos No. 43161 y
43214 de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y
del Departamento de Investigaciones Criminales, ocupadas por la señoras
María Elena Rodríguez Zamora y Patricia Méndez López,
respectivamente, fueron trasladadas al Departamento de Investigaciones
Criminales y la Sección de Fraudes. Dicho movimiento se realizó por
disposición interna y con el consentimiento de las partes involucradas, el
cual causó efectos en la naturaleza del cargo ocupado por la señora
Méndez, ya que sus tareas se vieron modificadas pues pasó a realizar
funciones de orden oficinesco.

      Por tal circunstancia, en el informe refutado se recomendó mantener
la clasificación actual del puesto No. 43214 de Asistente Administrativo
2, hasta tanto se aclare la situación indicada, asimismo se instó al
Departamento de Planificación que realice un estudio organizacional a fin
de que establezca formalmente la oficina a la cual deben estar adscritos
los puestos en mención.

     Lo anterior dio origen a que el puesto indicado no se viera afectado
con las reasignaciones sugeridas, por lo tanto la señora Méndez presenta
                                  107

una nota en la que solicita al Jefe del Departamento de Investigaciones
Criminales, Carlos Morera que se le reincorpore a ese departamento para
retomar las funciones adscritas al cargo y gozar del incremento salarial
derivado de la reasignación efectuado a la serie secretarial.

     El oficio presentado por la señora Méndez, a pesar de que no se trata
de una manifestación respecto a la clasificación de su cargo, se considera
necesario incluir dicha gestión para conocimiento de este Consejo. A
continuación se extrae la justificación de la gestión presentada por la
servidora indicada:

      “…debido a que el mantenerme en la Sección de Fraudes del O.I.J.
prestando la colaboración que requieren me ocasiona un perjuicio
económico anual de ¢183,256,37 (ciento ochenta y tres mil doscientos
cincuenta y seis colores (sic) con treinta y siete centavos), a partir del
próximo año en que se aplicarán las adecuaciones salariales, es que he
solicitado reincorporarme a la Jefatura Departamental de
Investigaciones Criminales ejecutando las funciones detalladas en el
Manual de Puestos respectivo.”

      En razón de lo anterior el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director
General del Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio No.
1242-D.G.-06 señala: “… que lo procedente, en primera instancia, es
quedar a la espera de que el estudio sea conocido por el Consejo
Superior y en caso de que el mismo fuere aprobado, esperar los
resultados del estudio que al efecto le correspondería realizar al
Departamento de Planificación.”

      Consecuentemente, este Departamento reitera la recomendación
planteada en el punto 6.4, respecto a la necesidad de que el Departamento
de Planificación valore los traslados informales que se han realizado en
dichos despachos con el fin de que se establezca formalmente la oficina a
la cual deben estar adscritos.

     De lo anterior se colige:

     a) En el informe IDH-084-2006 y ratificado mediante IDH-043-
2007 del Departamento de Personal-Gestión Humana el puesto N° 43214
del Departamento de Investigaciones Criminales fue trasladado a la
Sección de Fraudes, dicho movimiento se realizó en su oportunidad por
una disposición interna con el consentimiento de las partes involucradas y
                                  108

causó efectos en la naturaleza del cargo ocupado por la señora Méndez
López, ya que sus tareas se vieron modificadas pues pasó a realizar
funciones de orden oficinesco, cabe señalar que si se hubiera emitido
recomendación alguna, la clasificación de dicho cargo pudo ser menor a
la de un Secretario 1.

      b) Producto de lo anterior, en ambos informes técnicos se
recomendó mantener la clasificación actual del puesto No. 43214 de
Asistente Administrativo 2, hasta tanto se esclareciera la situación
indicada; asimismo se instó al Departamento de Planificación a que
procediera a realizar un estudio organizacional a fin de establecer
formalmente la oficina a la cual debía estar adscrito el puesto en
mención, lo anterior dio origen a que el puesto indicado no se viera
afectado con las reasignaciones sugeridas en los informe realizados.

     c) Al respecto el Consejo Superior en la sesión N° 04-08, celebrada
el 17 de enero del 2008, artículo LI, al conocer el informe N° 128-DO-
2007-B elaborado por la Sección de Desarrollo Organizacional del
Departamento de Planificación acordó que la señora Méndez López, se
desempeñará como “Secretaria” de la Subjefatura del Departamento.

      d) En vista de lo expuesto se procedió a recomendar en el informe
SAP-050-2008 de la Sección de Análisis de Puestos del Departamento de
Personal-Gestión Humana que la clasificación correcta del puesto 43214
es de “Secretaria 1”; toda vez que este nivel ha sido designado para
aquellos puestos que colaboran de manera directa a una Subdirección o
bien a una Subjefatura de Departamento. Así mismo, se recomienda que
la señora Méndez López quien ocupa en propiedad el puesto bajo análisis
se le mantiene por imperativo legal los derechos adquiridos, producto de
la relación laboral indefinida que posee en la institución; tal y como ha
sido establecida como política institucional cuando se realiza una
reasignación hacia abajo.

      De lo indicado se considera que no procede la solicitud de la señora
Méndez a ser ubicada en el nivel 2 de la clase de “Secretaria” ya que tal
como lo aprobó Consejo Superior el puesto N° 43214 que ocupa, trabaja
de manera directa con la Subjefatura del Departamento de Investigaciones
Criminales, ante lo cual lo que corresponde a la luz de los acuerdos es la
reasignación del puesto a “Secretaria 1”, en este caso se mantienen los
derechos adquiridos respecto al salario actual de la señora Méndez López,
por lo cual a la fecha no existen salarios adeudados tal como lo señala en
                                           109

       el oficio remitido.”
                                           -0-

      Por su parte, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 343-D.G-08 de 11 de abril en

curso, comunica lo siguiente:

            “En atención al acuerdo tomado por ese Consejo en sesión N° 18-08
       celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo XLVII, en el cual se
       dispuso solicitar el criterio de esta Dirección General en torno a la gestión
       presentada por la servidora Patricia Méndez López, Asistente
       Administrativa 2 del Departamento de Investigaciones Criminales, me
       permito manifestar lo siguiente:

              1.- En el informe N° 128-DO-2007-B elaborado por la Sección de
       Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación, se
       estableció que la servidora Méndez López desempeñaría funciones como
       “Secretaria de la Subjefatura del Departamento de Investigaciones
       Criminales”, motivo por el cual la Sección de Análisis de Puestos del
       Departamento de Personal-Gestión Humana, mediante informe N° SAP-
       050-2008, recomendó que el puesto N° 43214 ocupado por dicha
       servidora fuera recalificado de Secretaria 2 (clase ancha) a Secretaria 1.
               Ello, en el entendido de que a la señora Méndez López, por
       imperativo legal, se le mantienen los derechos adquiridos respecto a su
       salario actual.

              2.- Al respecto, la señora Méndez López manifiesta su
       disconformidad y solicita que se defina la situación de su puesto,
       argumentando que el mismo “…ha pertenecido a la Jefatura
       Departamental de Investigaciones Criminales como Secretaria de
       Jefatura Departamental y no como secretaria de Subjefatura,…”,
       estimando que ello corresponde a un descenso y que le ocasiona un
       perjuicio económico, lo cual está en contra de toda doctrina que garantiza
       los derechos de los trabajadores.

              3.- El suscrito estima que si bien no se le ocasiona ningún
       perjuicio económico a la gestionante, habida cuenta que la recalificación
       del puesto se hizo en el entendido de que se mantendrían los derechos
                                          110

       adquiridos respecto a su salario actual, lo cierto del caso es que sí se
       estaría aplicando un descenso a la categoría de la plaza que ocupa dicha
       servidora en propiedad, pues se le está pasando de Secretaria 3 (clase
       angosta) a Secretaria 1, sea que se le ubique como Secretaria del Jefe o
       del Subjefe del Departamento.

               4.- La misma situación ocurre con el puesto N° 43160 que ocupa
       en propiedad la servidora Yorleny Vargas Morales, Secretaria 2 de esta
       Dirección General, que -de igual manera- si bien es cierto tampoco
       sufriría ningún perjuicio económico, si estaría sufriendo un descenso en la
       categoría de su plaza, que estaría pasando de Secretaria 2 (clase ancha) a
       Secretaria 1.

              5.- Así las cosas, esta Dirección General estima improcedente que
       la recalificación de los puestos arriba mencionados conlleve un descenso
       en la categoría de las plazas, independientemente de que no se les afecte
       su situación salarial, pues debe respetárseles el derecho adquirido que
       ostentan ambas servidoras en cuanto a la clase y categoría de la plaza de
       ocupan. Por esta razón, en criterio del suscrito, los puestos N° 43214
       (ocupado por Patricia Méndez López) y N° 43160 (ocupado por Yorleny
       Vargas Morales), deben conservar su misma categoría, sea de Secretaria
       2 (clase ancha). De todas maneras, ello no implicaría erogación adicional
       alguna para el Poder Judicial, por cuanto las condiciones salariales de
       ambas servidoras siempre se van a mantener invariables. Lo que se
       sugiere es que se les respete la categoría de la plaza que ocupan en
       propiedad y que -en criterio de esta representación- constituye un derecho
       adquirido por parte de ambas servidoras.

              6.- Una vez que las plazas queden libres, automáticamente
       procedería la recalificación de las mismas en cuanto a su categoría y base
       salarial, tal y como se ha propuesto por parte del Departamento de
       Personal-Gestión Humana.”
                                          -0-

      Manifiesta el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que

consultado al Jefe del Departamento de Personal, le informó que ese despacho está

elaborando un nuevo estudio relacionado con este tema.
                                         111

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado Jones

León. 2.) Trasladar los informes anteriores al Departamento de Personal, para que

sean considerados en el nuevo estudio que se indica.

                               ARTÍCULO XXVIII

       En sesión N° 62-07 celebrada el 23 de agosto del 2007, artículo LIV, con

vista en el informe N° IDH-072-2007 del Departamento de Personal, referente a

establecer la carrera “atinente” para las clases de puestos de Técnico

Administrativo 1 y 2, Profesional Administrativo 1 y 2, así como Coordinador de

Unidad 1, 2 y 3, clases nuevas producto del estudio IDH-118-2006, se tomó el

acuerdo, que en lo que interesa dice:

       “[…]

             En virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión
       N° 09-067, artículo XLIII, celebrada el 6 de febrero del 2007, en el que
       aprobó el informe IDH-118-2006, el cual contiene el estudio integral de
       puestos realizado en los Departamentos de Financiero Contable,
       Proveeduría y Personal-Gestión Humana, es necesario, con el fin de
       realizar las verificaciones y ajustes relacionados con el cumplimiento de
       requisitos de servidores en propiedad e interinos proceder a la
       actualización de las siguientes clases de puestos, específicamente lo
       concerniente a la carrera que debe solicitarse a quienes ocupen esos
       cargos.
             En virtud de lo expuesto, se establece como carrera específica la
       "Administración", de conformidad con el análisis efectuado a la
       naturaleza del trabajo; tareas desarrolladas, responsabilidades y otras
       condiciones. Todo lo anterior, en el contexto de que los cargos se ubican
       en despachos que sustantivamente están orientados entre otras funciones
       al plano administrativo. (Ver anexo)
                                            112

             Finalmente, es necesario indicar que la Sección de Reclutamiento y
       Selección deberá valorar aquellos casos en que los oferentes presenten
       carreras con algún énfasis, de tal forma que el mismo, deberá estar
       relacionado con las actividades del puesto de acuerdo a lo que establece
       el "Manual Descriptivo de Clases de Puestos"; así como con la ubicación
       del cargo.
              Se acordó: Aprobar el informe IDH-072-2007 y por lo tanto,
       actualizar las clases conforme se propone."
                                            -0-
             Se dispuso: Aprobar lo resuelto por el Consejo de Personal y en
       consecuencia, actualizar las clases de puestos indicadas en el apartado de
       requisitos. Lo anterior en el entendido que posteriormente dicho
       departamento informará a este Consejo las particularidades de cómo
       queda cada puesto y cuáles son sus requisitos.
             La vigencia para los concursos que se realicen, tendrá efectos a
       partir del momento en que los requisitos estén definidos.”
                                            -0-

      En oficio N° 374-JP-2008 de 1° de abril en curso, el máster Francisco

Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, comunica lo siguiente:

               “… me permito transcribirle el artículo VI de la sesión del Consejo
       de Personal N° 06-2008 celebrada el veintiocho de febrero pasado, el
       cual literalmente dice:

                 “La Sección de Análisis de Puestos en el Informe SAP-054-2008
       indica:

              Con la finalidad de que sea conocido por los señores Miembros del
       Consejo de Personal, me permito indicarle que como producto del estudio
       elaborado en los Departamentos de Personal-Gestión Humana,
       Proveeduría y Financiero Contable, están las descripciones de clases de
       puestos que se aprobaron para “Profesional Administrativo 1” y
       “Profesional Administrativo 2”; no obstante lo anterior, revisando el
       apartado de “Requisitos” para ambas clases se consignó lo siguiente:

                 Profesional Administrativo 1
                                          113


             Bachiller universitario en la carrera de Administración para
       puestos ubicados en los Departamentos de Personal-Gestión Humana,
       Proveeduría y Financiero Contable.

              Profesional Administrativo 2

             Licenciatura en la carrera de Administración para puestos
       ubicados en los Departamentos de Personal-Gestión Humana,
       Proveeduría y Financiero Contable.

              De lo expuesto se tiene que, revisado el detalle de las “tareas
       típicas” de ambas descripciones de clases de puestos, las mismas son de
       carácter general y permiten incluir otros puestos con naturaleza del
       trabajo, deberes, responsabilidades y otras características propias de estos
       cargos. En virtud de lo anterior, anexo a este oficio se adjuntan las
       descripciones de clases angostas de “Profesional Administrativo 1 y
       Profesional Administrativo 2” con los ajustes respectivos.

              Se acordó: Aprobar el informe del Departamento de Personal en
       todos sus extremos.”
                                          -0-

      Se dispuso: Acoger el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en

consecuencia, aprobar las descripciones de clases de puestos para Profesional

Administrativo 1 y 2, en el entendido que deberán encontrarse incorporados al

Colegio Profesional atinente a la carrera profesional que ostenta.

      Los Departamentos Financiero Contable, de Proveeduría y de Personal,

tomarán nota para lo que corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                 ARTÍCULO XXIX

      En sesión Nº 06-07 celebrada el 25 de enero del 2007, artículo LXXXI, con
                                          114

vista en el informe rendido por las licenciadas Lupita Chaves Cervantes, Milena

Conejo Aguilar y el licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrantes de este

Consejo, sobre la reunión efectuada con el Consejo de Administración de Liberia,

se dispuso entre otros puntos solicitar al Departamento de Planificación que

analizara la posibilidad de especializar por materias el Juzgado Contravencional de

Liberia.

      En sesión Nº 18-08 celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo LIV,

se tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

             “En reunión realizada el pasado 8 de febrero del 2008, de la
       Comisión de Usuarios de Liberia, se expuso la preocupación de la
       cantidad de casos que se tramitan en el Juzgado Contravencional y Menor
       Cuantía de Liberia, ya que existe un atraso considerable en la materia de
       pensiones alimentarias, ante esta situación se solicita al Consejo Superior
       que se realice un estudio para que se valore la posibilidad de dividir dicho
       despacho, en dos Juzgados, una vez que se este disponible el espacio
       físico para poder ubicar el otro Juzgado. Se estima que existen otros
       Juzgados con menor circulante que el Juzgado Contravencional de
       Liberia y están divididos en dos Juzgados, tal es el caso del Juzgado
       Contravencional de Nicoya.

            Basado en todo lo anterior se acuerda, solicitar al Consejo Superior
       para que se valore la posibilidad de dividir el Juzgado Contravencional de
       Liberia en dos Juzgados, uno que atienda la materia Civil, Laboral y
       Contravenciones y otro Pensiones Alimentarias y Tránsito, tal y como lo
       indicó el estudio del Departamento de Planificación Nº 011-PLA-DO-
       2007 de fecha 8 de marzo del 2007, ya que esa especialización ayudaría a
       mejorar el servicio público en ese despacho judicial, debido a la gran
       afluencia de público que visita ese Juzgado.”

                                          -0-

            Manifiesta la licenciada Milena Conejo Aguilar, que con ocasión del
                                         115

       informe de la reunión efectuada con el Consejo de Administración de
       Liberia, junto con los licenciados Chaves y Martínez, Integrantes de este
       Consejo, en sesión N° 06-07 del 25 de enero del 2007, artículo LXXXI,
       se solicitó al Departamento de Planificación analizara la posibilidad de
       especializar por materias el Juzgado Contravencional de Liberia.

            Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que
       se encuentra en proceso de licitación el arrendamiento de un local para
       ubicar al despacho una vez que se de la separación material.

            Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada
       Conejo Aguilar y el licenciado Jones León.2) Solicitar a la
       Administración Regional de Liberia, que informe a este Consejo sobre los
       avances de la separación física del Juzgado Contravencional y de Menor
       Cuantía de Liberia. 3) Hacer este acuerdo de conocimiento de la
       Comisión de Usuarios de Liberia.”

                                            -0-

      En sesión N° 27-08 celebrada el 15 de abril en curso, artículo L, se tomó el

acuerdo que en lo conducente dice:

            “La licenciada Seidy Jiménez Bermúdez, Administradora Regional
       2 de la Unidad Administrativa Regional del Primer Circuito Judicial de
       Guanacaste, informa lo siguiente:
              “En atención al acuerdo, tomado por el Consejo Superior en
         la sesión Nº 18-08 celebrada el 6 del marzo del año en curso,
         artículo LIV, me permito indicar que el Departamento de
         Planificación ya inició el estudio para realizar las separación del
         Juzgado Contravencional de Liberia, además por medio de
         consultas telefónicas realizadas efectivamente les he hecho saber
         que por razones de espacio no es posible ubicar a este en el
         edificio; sin embargo el proyecto de liberación de espacio
         consiste en alquilar un local para la defensa pública, licitación
         que venció el 12 de marzo recién pasado, una vez que se haya
         efectuado el traslado de la Defensa se puede disponer de este
         espacio para los fines indicados.”
                                            -0-
                                          116

            Se acordó: Tomar nota de lo informado por la licenciada Jiménez
       Bermúdez y hacerlo de conocimiento de la Comisión de Usuarios de
       Liberia.”
                                             -0-

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en

oficio Nº 775-PLA-2008 de 11 de abril en curso, expone lo siguiente:

             “El Consejo Superior en sesión Nº 18-08 celebrada el 6 del marzo
       del año en curso, artículo LIV, conoció el oficio N° CUL-004-08 de 18 de
       febrero último, suscrito por el Lic. Carlos Elías Angulo Rosales,
       Contralor de Servicio Regional de Guanacaste, en que expuso sobre la
       preocupación de la Comisión de Usuarios de Liberia por la cantidad de
       casos que se tramitan en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
       Liberia, ya que existe un atraso considerable en la materia de Pensiones
       Alimentarias. Ante esa situación, se solicita al Consejo Superior que se
       realice un estudio para que se valore la posibilidad de dividir dicho
       despacho, en dos juzgados, tal y como lo indicó el estudio del
       Departamento de Planificación, N° 011-PLA-DO-2007 del 8 de marzo
       del 2007.

             Sobre el particular, la Licda. Milena Conejo Aguilar, señaló, que
       con ocasión del informe de la reunión efectuada con el Consejo de
       Administración de Liberia, en sesión del 25 de enero del 2007, artículo
       LXXXI, se solicitó al Departamento de Planificación analizara la
       posibilidad de especializar por materias el Juzgado Contravencional de
       Liberia. Por su parte, el Lic. Alfredo Jones león, Director Ejecutivo,
       informó que se encuentra en proceso de licitación el arrendamiento de un
       local para ubicar al despacho una vez que se de la separación material.


            En virtud de lo anterior, se acordó:

            "… 1) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada
       Conejo Aguilar y el licenciado Jones León. 2) Solicitar a la
       Administración Regional de Liberia, que informe a este Consejo
       sobre los avances de la separación física del Juzgado Contravencional
       y de Menor Cuantía de Liberia. 3) Hacer este acuerdo de
       conocimiento de la Comisión de Usuarios de Liberia....."
                                          117


             Sobre el particular, me permito informarle que efectivamente, el
       Departamento de Planificación mediante informe 011-PLA-DO-2007, del
       8 de marzo del 2007, recomendó al Consejo Superior, en reunión de
       trabajo de presupuesto 2008, la especialización de ese Juzgado en dos
       despachos: uno que atendiera las materias de Civil, Laboral y
       Contravenciones y otro con las materias de Pensiones Alimentarias y
       Tránsito; sin embargo, esta recomendación no fue aprobada, según consta
       en la sesión del 14 de marzo del 2007, artículo XVII.


             Ahora bien, recientemente en estudio de plazas Nº 044–PLA-DO-
       2008, del 14 de marzo del 2008, nuevamente se recomienda la
       especialización de ese Juzgado, en un despacho que atienda las materias
       de Civil, Laboral y Contravenciones y otro que atienda las materias de
       Pensiones Alimentarias y Tránsito, para lo cual se sugirió la
       reclasificación de un puesto de Auxiliar de Servicios Generales 2 a
       Auxiliar Judicial 1 y de otro de Auxiliar Judicial 3 a Asistente Judicial 1
       (para el Juzgado que atendería las materias Civil, Laboral y
       Contravenciones).


              Este informe fue acogido, en la sesión del Consejo Superior, en
       reunión de trabajo de Presupuesto 2009, del 2 de abril del 2008, artículo
       III; lo que significa que está para ejecutarse en el 2009.

             No obstante, en virtud de no requerirse la adscripción de personal
       para la puesta en marcha de la especialización del Juzgado
       Contravencional y de Menor Cuantía de Liberia, se sugiere poner en
       práctica esta decisión durante el 2008, una vez se cuente con espacio
       físico.”
                                          -0-

     Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior y estar a la espera

que se cuente con el espacio físico disponible para alojar el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Liberia. 2.) Hacer este acuerdo de

conocimiento de la Comisión de Usuarios de Liberia, de la Unidad Administrativa
                                         118

Regional de ese Circuito, Contraloría de Servicios y del Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Liberia.

                                 ARTÍCULO XXX

      En sesión N° 15-08 celebrada el 26 de febrero del año en curso, artículo

LXXVI, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             En sesión N° 11-08 celebrada el 12 de febrero del año en curso,
       artículo XLVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “Con oficio N° 202-PLA-2008 de 4 de febrero curso, la máster
       Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el
       informe N° 012-EST-2008 suscrito por el máster Franklin González
       Morales, Jefe de la Sección de Estadística, relacionado con los despachos
       judiciales que a la fecha no entregaron los informes estadísticos
       correspondientes al cuarto trimestre del 2007 o bien los han presentado en
       forma incompleta y que literalmente dice:

             “Con base en las directrices establecidas en cuanto a elaborar el
       listado de los despachos judiciales que no entregaron al día de hoy los
       informes estadísticos correspondientes al cuarto trimestre de 2007, le
       adjunto la información preparada por Marlen Vargas Benavides, Manuel
       Gilberto Sotomayor Solano y Freddy Chavarría Chaves, todos
       profesionales de esta Sección.

             Se estima necesario señalar que previo a la elaboración del presente
       oficio y como política de la Sección, se llama a cada uno de los despachos
       morosos, con la finalidad de obtener la información; en este trimestre al
       igual que en otros pasados la mayoría manifestó enfrentar problemas de
       soporte informático oportuno, aspecto que preocupa pues se trata de un
       aspecto que se encuentra fuera del alcance de los despachos.

             Finalmente, se consigna al Juzgado Contravencional y de Menor
       Cuantía de Turrubares, pues el listado electrónico remitido no fue posible
       abrirlo y por ende se tuvo como no recibido a la fecha; siendo necesario
       sugerirle coordinar con el Departamento de Tecnología de Información,
       para que los asesore en torno a cual formato utilizar.”
                                                   119

                                                   -0-

CUADRO Nº 1



DESPACHOS JUDICIALES QUE NO HAN ENVIADO EL INFORME DE ESTADÍSTICAS

CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(Corte al 4 de febrero de 2008)



Despacho Judicial



                    Proceso No Penal                                     Proceso Penal

                                                    Tribunal Penal

Especializados                                      Primer Circuito Judicial de San José (1)

                                                    Primer Circuito Judicial de Alajuela (1)

Contravencional Cartago (1)                         Turrialba (1)

                                                    Corredores (1)




Civil y Trabajo

                                                    Juzgado Penal

Menor Cuantía Primer Circuito Zona Atlántica (1)    Primer Circuito Judicial de San José (1)

Menor Cuantía Cartago (3)                           Puntarenas (1)




Contravencional y Menor Cuantía

                                                    Juzgado Penal Juvenil

Contravencional y Menor Cuantía Hatillo (3)         Primer Circuito Judicial de San José (1)

Contravencional y Menor Cuantía Upala (1)
                                                          120



Otros despachos                                              Fiscalía Penal Juvenil

                                                             Fiscalía Penal Juvenil de Liberia (1)

Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica La Unión
(1)




(1) No remitió fórmula y listado

(2) Solicitaron prórroga al Consejo Superior

(3) No ha remitido el listado.

(4) No ha remitido la fórmula.

(5) El listado lo enviaron por correo electrónico pero no se pudo abrir, la enviarán por correo certificado.




CUADRO Nº 2




DESPACHOS JUDICIALES QUE NO HAN ENVIADO EL INFORME DE ESTADISTICAS

CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007

(Corte al 4 de febrero de 2008)




                                            Solicitud del informe IV trimestre del 2007
                 Despachos
                                                                                                         Técnico de
                                               Vía telefónica o personal   Auxiliar o Administrador      Estadística




             Proceso No Penal




Especializados
                                                         121



                                                                                                   Margarita Sánchez
Contravencional Cartago (1)                         30/01/2008            Hugo Piedra Fallas            Fallas




Civil y Trabajo




Menor Cuantía Primer Circuito Zona Atlántica                                                       Margarita Sánchez
(1)                                                 30/01/2008          Ana Lidia Mejía Rugama          Fallas

                                                                                                    Sergio Valerio
Menor Cuantía Cartago (3)                      24/01/2008 y 29/012008     Correo electrónico           Madriz




Contravencional y Menor Cuantía




                                                                                                    Sergio Valerio
Contravencional y Menor Cuantía Hatillo (3)    24/01/2008 y 29/012008     Correo electrónico           Madriz

                                                                                                   Margarita Sánchez
Contravencional y Menor Cuantía Upala (1)           30/01/2008             Henly Ruiz Castro            Fallas




Otros despachos




Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica                                                       Margarita Sánchez
La Unión (1)                                        30/01/2008           Laura Castillo Castillo        Fallas




                  Proceso Penal


Tribunal Penal

Primer Circuito Judicial de San José (1)              30/01/08               Lucy Jimenez           Erika Rodríguez

Primer Circuito Judicial de Alajuela (1)              30/01/08             Marvin Rodríguez         Erika Rodríguez

Turrialba (1)                                         30/01/08               Karen Zúñiga           Erika Rodríguez

Corredores (1)                                        30/01/08             Yolanda Venegas          Erika Rodríguez
                                                               122



Juzgado Penal

Primer Circuito Judicial de San José (1)                    31/01/08                     Isabel Mejía          Erika Rodríguez

Puntarenas (1)                                              31/01/08                        Ricardo             Laura Alfaro




Juzgado Penal Juvenil

Primer Circuito Judicial de San José (1)                    01/02/08                      Luis Flores          Marlen Vargas




Fiscalía Penal Juvenil

Fiscalía Penal Juvenil de Liberia (1)                       31/01/08                    Laura Zeledón          Marlen Vargas




(1) No remitió fórmula y listado


(2) Solicitaron prórroga al Consejo Superior


(3) No ha remitido el listado.


(4) No ha remitido la fórmula.


(5) El listado lo enviaron por correo electrónico pero no se pudo abrir, la enviarán por correo certificado.

                                              -0-
                  El licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, Juez Contravencional y de
            Menor Cuantía de Upala, en nota de 6 de febrero en curso, manifiesta lo
            siguiente:

                 “Con relación a la remisión del Informe Trimestral correspondiente
            al cuarto trimestre del 2007, me permito informarle que el mismo se
            terminó de confeccionar hasta el día 31/01/08, pero en virtud de que este
            despacho es uno de los pocos que a la fecha no cuenta con Internet,
            debemos remitirlo en disquete a la Unidad Administrativa de San Carlos
            para que sea enviado a la dirección electrónica del Departamento de
            Planificación, por tal razón hubo que esperar hasta el día de ayer vino
            vehículo de dicha Unidad para enviar el referido disquete por medio del
                                  123

correo interno y ya el día de hoy fue enviado al respectivo correo
electrónico por parte de la Unidad Administrativa de San Carlos.”
                                   -0-

       Se acordó: 1.) Tomar nota del informe del Departamento de
Planificación. 2.) Ordenar a los Tribunales Penales del Primer Circuito
Judicial de San José, Primer Circuito Judicial de Alajuela, Turrialba y
Corredores, al Juzgados Contravencional de Hatillo, a los Juzgados
Civiles de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona
Atlántica y Cartago, al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia
Doméstica de La Unión, a los Juzgados Penales del Primer Circuito
Judicial de San José y Puntarenas, al Juzgado Penal Juvenil del Primer
Circuito Judicial de San José, al Juzgado Contravencional de Cartago y a
la Fiscalía Penal Juvenil de Liberia, remitir a la brevedad los informes
estadísticos que da cuenta el citado departamento. 3.) Tomar nota de la
comunicación del licenciado Alvarado Sánchez, Juez Contravencional y
de Menor Cuantía de Upala, relativo al envío del informe trimestral al
mencionado departamento. 4.) Remitir al Tribunal de la Inspección
Judicial copia de este acuerdo, para que en caso de incumplimiento de lo
dispuesto, proceda a la aplicación del régimen disciplinario que
corresponda.

       El Departamento de Planificación tomará nota para lo que
corresponda.
                                   -0-
      Con oficio N° 1208-DE-2008 del 18 de febrero en curso, el
licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota N° 98-
DTI-2008 de 15 de este mes, suscrita por el licenciado Rafael Ramírez
López, Jefe del Departamento Tecnología de la Información y la
licenciada Kattia Morales Navarro, Jefa del Área de Gestión, mediante la
cual indican los motivos por los cuales se presentaron problemas con la
entrega de las estadísticas del Tribunal Penal y el Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, la cual literalmente dice:

     “En relación con el oficio 202-PLA-2008, suscrito por la Licda.
Marta Asch Corrales, Jefa Departamento de Planificación, sobre los
Despachos Judiciales que a la fecha no entregaron los informes
estadísticos correspondientes al cuarto trimestre del 2007, o bien los han
presentado en forma incompleta; me permito indicar a continuación, los
motivos por los cuales se presentan problemas con la entrega de las
estadísticas del Tribunal Penal y el Juzgado Penal de San José.
                                   124


     El Tribunal Penal de San José inició el proceso de implantación del
Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el 10 de
setiembre del año 2007 y en cuyo circulante se reportó un aproximado de
3000 casos, según el inventario realizado del 10 al 26 de setiembre del
año 2007.

      A raíz del proceso de implantación del Sistema se pudo conocer la
directriz existente en cuánto a la obligatoriedad del registro de los
movimientos de los expedientes por parte de todo el personal del
Despacho incluyendo los jueces. Esto provoca que se presenten varias
situaciones que inciden negativamente en el cálculo de las estadísticas,
tales como:

           Actualización errónea de los datos de los expedientes.

          Expedientes que no se inventariaron o bien, se actualizaron
erróneamente durante el inventario.

            La renuencia de algunos jueces y juezas de actualizar en el
Sistema los movimientos, así como de registrar las resoluciones y los
datos de la resolución, indispensables para la adecuada generación
estadística.

           Las diferencias marcadas entre el sistema anterior y el actual,
ya que ambos manejan situaciones de muy diversas formas, lo que
ocasiona que datos que se llevaban en el sistema anterior no se llevan en
el nuevo Sistema como por ejemplo el control de reos presos.

            Diferencias entre los datos generados por el Sistema
Estadístico y los formularios oficiales, como es el caso de los apartados 8,
9 y 10 de la fórmula EJ-07.

           La necesidad de implementar controles manuales que
permitan llevar la información estadística que los sistemas actuales no
brindan.

           Manejo interno de los datos de forma diferente a lo
estipulado por la Sección de Estadística, como lo es los casos entrados y
el manejo de los casos de rebeldía.
                                   125

      Asimismo se realizó un análisis detallado de la situación estadística
actual de estos despachos y se pudo precisar que varias de estas
situaciones perjudicaron directamente la generación de las estadísticas,
por cuánto a la fecha no se pueden brindar estadísticas confiables de los
mismos. Para solventar esta situación se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

     1.      Reuniones como la realizada el día 14 de febrero del año en
curso con el Juez coordinador, Tramitador y los Asistentes Judiciales
para exponerles la situación actual y tomar las medidas correctivas
necesarias, tales como la obligatoriedad de los jueces y juezas en
actualizar el Sistema, incorporando las resoluciones de forma adecuada y
registrando los datos de las mismas, así como el adecuado uso del Sistema
y la actualización oportuna dentro del mismo mes estadístico de los
asuntos ingresados y los terminados.

           Análisis de cada uno de los puestos de trabajo del Tribunal y
el Juzgado, para verificar la correcta actualización de la información en
los Sistemas Informáticos.

           Reconstrucción y actualización de los datos del tercer y
cuarto trimestre del año 2007 y de lo que llevamos del año 2008, a fin de
que el Despacho registre adecuadamente las resoluciones dictadas por los
jueces y juezas, así como los datos de los expedientes que se movieron, ya
que se detectó que muchas resoluciones no han sido incorporadas o se
incorporaron de manera errónea, además de la inadecuada manipulación
de los datos del expediente. Estas situaciones se deben corregir para
depurar la estadística.

           Correcciones al sistema de generación de estadísticas para
que contemple la mayor cantidad de variables reportadas por los
despachos en mención, en la medida que los mismos se encuentren
digitados en el Sistema.

            Mejorar el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
Judiciales para que contemple los controles que el Sistema anterior tenía y
que actualmente el Sistema de Gestión no contempla, como es el caso
del control de reos presos.

           Incorporación de controles manuales en los despachos para la
generación de la información que el Sistema no genera actualmente, hasta
                                           126

       tanto estos requerimientos sean incorporados.

                  Generación de la estadística solicitada.

             No omito indicar que estas labores deberán ser realizadas con el
       compromiso y empeño de los despachos en mención, en coordinación
       con el Departamento de Tecnología de Información que estará
       acompañando, supervisando y colaborando en la labor de depuración de
       la información ya ingresada en el Sistema, así como del uso correcto de
       los Sistemas por parte de los usuarios y a la generación de las estadísticas,
       por lo que será necesario un plazo al 31 de marzo del 2008, ejecutando
       todas las labores descritas para lograr entregar las estadísticas pendientes
       del año 2007.”
                                           -0-

            Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de
       conocimiento del Departamento de Planificación, a fin de que a futuro
       brinde colaboración a los citados despachos, a efecto de evitar que se
       presenten problemas con la entrega de los informes estadísticos.”
                                           -0-

      En oficio N° 768-PLA-2008 de 15 de abril en curso, la licenciada Bernardita

Madrigal Córdoba, Subjefa interina del Departamento de Planificación, expresa lo

siguiente:

             “Le transcribo el informe N° 40-EST-2008 de hoy, suscrito por el
       M.B.A. Franklin González Morales, Jefe de la Sección de Estadística, que
       dice lo siguiente.

             “Como es de su conocimiento, el Consejo Superior en la sesión N°
       15-08 celebrada el 26 de febrero del 2008, artículo LXXVI, acordó, entre
       otros, otorgar al Tribunal de Juicio y al Juzgado Penal del Primer Circuito
       Judicial de San José, hasta el 31 de marzo pasado para que ejecutaran
       todas las labores respectivas, para lograr entregar las estadísticas
       pendientes del 2007 (IV trimestre). Lo anterior, a solicitud del
       Departamento de Tecnología de Información, que mediante oficio N° 98-
       DTI-2008 del 15 de febrero del 2008, señaló una serie de motivos por los
       cuales se presentaron problemas para la entrega de las estadísticas.
                                          127


             Al respecto, debo informar que el Tribunal de Juicio cumplió
       parcialmente con lo dispuesto, debido a que no remitió los datos
       correspondientes a reo-preso; por su parte, el Juzgado Penal y el Juzgado
       Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José no remitieron
       información alguna; situación que le reitero nos preocupa, pues solamente
       faltan esos datos para poder cerrar los cuadros anuales y por ende el
       análisis relacionado con la gestión de los “Juzgados Penales y Penales
       Juveniles” durante el 2007. Por lo anterior, sugiero hacer de nuevo atenta
       excitativa a los responsables, para que a más tardar el próximo 30 de abril
       remitan los datos pendientes; en el entendido que de no hacerlo, por
       primera vez se echarían de menos en el Anuario de Estadísticas
       Judiciales; con el inconveniente de que los análisis que se consignen no
       reflejarían la realidad de la gestión de estos despachos, por el peso
       estadístico que tienen éstos.

            Finalmente, se estima necesario señalar que esta situación se ha
       mantenido a pesar de la colaboración y comunicación constante con esos
       despachos”.
                                          -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior. 2.) Instar al Juzgado

Penal y Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, para que en la fecha

indicada por el Departamento de Planificación, rindan los informes estadísticos del

IV trimestre del 2007, lo anterior en el entendido que los Departamentos de

Tecnología de la Información y Planificación, prestarán la colaboración

correspondiente a dichos despachos.

ESCUELA JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XXXI

       En sesión N° 26-08 celebrada el 10 de abril en curso, artículo XLVIII, se
                                         128

 autorizó entre otros, al licenciado Robert Camacho Villalobos, Juez Coordinador

 del Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Heredia, para que asistiera al curso

 “Sistema Específico de Valoración de Riesgo”, a realizarse el 9 y 23 de mayo

 próximo, en las instalaciones de la Escuela Judicial, San Joaquín de Flores, en el

 entendido que no se afecte sustancialmente el servicio público de los servidores a

 quienes se les autoriza participar, lo cual implica que deberán dar prioridad a la

 atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder

 Judicial y que por ningún motivo podrán suspender audiencias ni debates

 previamente señalados. Lo anterior en el entendido que conforme lo dispuso este

 Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo

 LXXXII, publicado en la circular N° 20-08 del año en curso, no podrían asistir a

 la actividad aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, el

 sustituto no haya asumido el puesto.

      En oficio N° EJ-DIR-155-2008 de 16 de abril en curso, el doctor Marvin

Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, solicita lo siguiente:

             “En adición al oficio EJ-DIR-137 del día 03 de abril del 2008,
       atinente a la realización del curso de “Control Interno” para el Circuito
       Judicial de Heredia, solicito respetuosamente la sustitución del
       funcionario Robert Camacho Villalobos, cédula 1-727-564, por la
       funcionaria Felicia Quesada Zúñiga, cédula 2-495-649, jueza
       coordinadora del Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Heredia.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la
                                        129

asistencia de la licenciada Quesada Zúñiga, al curso “Sistema Específico de

Valoración de Riesgo”, a realizarse el 9 y 23 de mayo próximo, en igualdad de

condiciones a las establecidas para los participantes en la sesión N° 26-08 del 10

de abril en curso, artículo XLVIII. En ese sentido se tiene por modificado el

acuerdo de referencia.

      La Escuela Judicial y el Departamento de Personal tomarán nota para lo que

a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXII

     En sesión N° 10-08 celebrada el 7 de febrero del año en curso, artículo

XXXV, se aprobó la realización de la capacitación denominada "Conversatorios

Penales 2008”, asimismo se autorizó la asistencia de los funcionarios indicados en

ese acuerdo, -entre otros- al licenciado Rafael Sanabria Rojas, Juez del Tribunal

de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, como facilitador del

conversatorio: “Aplicación de medidas cautelares civiles y la demanda civil

resarcitoria durante las etapas previas al juicio” a efectuarse el 8 de mayo próximo

en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur. Lo

anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el servicio público a

cargo de los funcionarios a quienes se les autorizó que asistieran, lo cual implicaba

que deberían dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con
                                          130

sus funciones en el Poder Judicial y que por ningún motivo se podrían suspender

audiencias ni debates previamente señalados.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-130-2008 de 15 de abril en curso, solicita lo siguiente:

             “En acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 10-08,
       celebrada el 7 de febrero en curso, “ARTÍCULO XXXV”, se aprobó la
       realización de los Conversatorios penales, actividades que se enmarcan
       dentro del diagnóstico de necesidades que en materia penal realiza la
       Escuela.

             “En ese acuerdo se autorizó la participación del Lic. Rafael
       Sanabria Rojas, Juez del Tribunal de Casación Penal del II Circuito
       Judicial de San José, como facilitador del conversatorio: “Aplicación de
       medidas cautelares civiles y la demanda civil resarcitoria durante las
       etapas previas al juicio‖ que se realizará el próximo 8 de mayo en los
       tribunales de Golfito.

             “Por este medio y con el objeto de poder llevar a cabo dicha
       actividad, se solicita se autorice el permiso del funcionario y su
       sustitución los días 7, 8 y 9 de mayo, dada la distancia existente entre la
       Escuela Judicial (punto de partida) y Golfito y tomando en cuenta que el
       Conversatorio finaliza a las 16:30 horas del día 8 de mayo.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, adicionar al

acuerdo tomado en la sesión N° 10-08 del 7 de febrero del año en curso, artículo

XXXV, en el sentido de conceder permiso con goce de salario y sustitución al

licenciado Sanabria Rojas del 7, 8 y 9 de mayo próximo, en razón de su

participación como facilitador del conversatorio “Aplicación de medidas cautelares

civiles y la demanda civil resarcitoria durante las etapas previas al juicio”, que se
                                        131

llevará a cabo en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de la

Zona Sur.

      El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el

Departamento de Personal y la Escuela Judicial, tomarán nota para lo que a cada

uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXIII

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio

N° 024-CD/EJ-08 de 25 de marzo pasado, recibido el 27 de ese mes, comunica el

acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 03-

08 celebrada el 20 de febrero del año en curso, artículos XII y XIII que

literalmente dicen:

             “La MSc. Kattia Campos Zúñiga, jefa a.í. de la Unidad de
       Capacitación del O.I.J., en oficio Nº EJ-CAP-011-2008 del 15 de enero
       de 2008 suscrito al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela
       Judicial, indica lo siguiente:

             Me permito adjuntarle el borrador del contrato de capacitación, el
       cual fue revisado por el MBA. Francisco Arroyo, Jefe del Departamento
       de Gestión Humanal y se le efectuaron las modificaciones recomendadas.

            Lo anterior para la correspondiente aprobación del Consejo
       Directivo de la Escuela Judicial.

                                     PRUEBA
                               N° EJ-ADIES-01-2008
                       CONTRATO DE ADIESTRAMIENTO
            ENTRE EL PODER JUDICIAL Y HANNIA ARAYA ROJAS
             Nosotros, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino
                                   132

de Alajuela, cédula 1-316-176, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo Superior, en carácter de representante del Poder Judicial de
conformidad con el artículo 60 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, denominado en lo sucesivo “La Corte”, y Hannia Araya Rojas,
cédula 3-380-917, mayor, soltera, vecina de Cartago, Tres Rios,
Concepción, de la Escuela Calle Naranjo, casa color rosado al lado
derecho, quien en lo sucesivo se        denominará “ La beneficiaria”,
convenimos en este contrato de adiestramiento que se fundamenta en las
disposiciones de la Ley de Adiestramiento de Servidores Públicos No.
1810 de 15 de octubre de 1954, reformada por Ley No. 3009 de 18 de
julio de 1962, y en el Decreto Ejecutivo No. 20324-J del 27 de febrero de
1991, publicado en la gaceta No. 68 del 10 de abril de 1991 “Reglamento
Becas y Permisos Estudios Personal Poder Judicial”, que se regirá por
las siguientes cláusulas:

      PRIMERA: “La Corte” concede a “La beneficiaria” licencia con
goce de sueldo para separarse del cargo que ocupa actualmente
Investigador 1 de la Sección de Delitos Varios, para que del 14 de mayo
al 27 de setiembre del 2007, asista al Quincuagésimo Sexto Programa
Básico de Formación en Investigación Criminal, que impartirá la Escuela
Judicial a los aspirantes al puesto de Investigador 1 del Organismo de
Investigación Judicial.

       SEGUNDA: “La beneficiaria” dedicará toda su capacidad
intelectual y física al estudio y aprobación de las materias incluidas en el
programa de estudios y se obliga una vez concluido éste, a ponerse de
inmediato a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, para
prestar servicios en la forma que lo dispone el Reglamento respectivo; en
el caso concreto, al ser licencia con goce de sueldo completo, los prestará
durante el triple de tiempo de la licencia concedida, de conformidad con
el artículo 18, inciso 2 del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios
Personal Poder Judicial”, desempeñando las funciones en el lugar y con
el horario que indique la Dirección General del Organismo.

      TERCERA: “La Corte” reconocerá a “La beneficiaria” durante el
lapso del adiestramiento, el salario base y los otros pluses con excepción
del cuarenta por ciento por riesgo, disponibilidad y variación de jornada.
“La Corte” no reconocerá a “La beneficiaria” durante el lapso de la
capacitación, ayuda económica alguna.

     CUARTA: Durante el desarrollo del curso, “La beneficiaria” deberá
                                   133

atender el llamado que se le haga para cumplir una diligencia judicial,
como presentarse a declarar en algún juicio, presentar un informe policial,
o cualquier otra eventualidad que deba subsanarse para que no se malogre
el éxito de la investigación en que antes intervino y que tenga que ver con
el resultado de un proceso penal. También, deberá participar en todas las
actividades programadas para su capacitación, incluso aquellas que por
conveniencia institucional y de necesidad práctica, se deban ejecutar fuera
del horario ordinario de clases.

      QUINTA: “La beneficiaria” se obliga a mantener una conducta
intachable en su vida pública y en su vida privada, de manera que
dignifique el cargo que aspira ocupar, tal y como lo exigen los artículos
12 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, y 49 del
Estatuto de Servicio Judicial.-

      SEXTA: Durante la ejecución del programa de capacitación, “La
beneficiaria” estará sometida a las reglas de disciplina exigidas a todo
servidor judicial y al Régimen disciplinario de la Escuela Judicial, la que
por medio de su Director conocerá y resolverá sobre cualquier falta
académica en que incurra, de conformidad con lo establecido en los
artículos 15 inciso c), 27 y 28 de la Ley de Creación de la Escuela
Judicial. Lo resuelto una vez firme por el Director, se comunicará a la
Corte Plena, al Consejo Superior, a la Inspección Judicial o al
Departamento de Personal, según corresponda, para que –si es del caso-
se resuelva la situación del alumno, como servidor judicial y de
conformidad con las obligaciones adquiridas en este Contrato.

      SÉTIMA: En caso de incumplimiento por parte de “La beneficiaria”
a cualquiera de las obligaciones aquí contraídas o la pérdida injustificada
del curso de adiestramiento a que se refiere este contrato, por la no
aprobación de una o más materias del mismo, producirá automáticamente
el cese del interinato sin responsabilidad patronal alguna, aún antes de
que concluya todo el programa de capacitación, y se aplicarán las medidas
a que se refieren los artículos 29 y 30 del Reglamento de Becas y
Permisos de Estudios para el personal del Poder Judicial No. 20324-J. Si
“La beneficiaria” ocupara algún cargo en propiedad dentro del Poder
Judicial, no será despedido –salvo que existieren motivos para ello – pero
se le cesará el nombramiento interino como investigador y se le aplicarán
las medidas que establece el Reglamento de Becas mencionado.

     OCTAVA: A los efectos de la cláusula anterior, “La beneficiaria”
                                   134

queda obligada a reintegrar a “La Corte” el costo del curso, incluidos
todos los salarios percibidos durante el tiempo que participó en el curso o
la suma proporcional que resulte; si se hubiere reintegrado al servicio una
vez concluido el adiestramiento, entre el período que laboró y el que
estaba obligada a trabajar conforme a los términos de este contrato, así
como los intereses al tipo más bajo que rija para las operaciones de
préstamos personales en el sistema bancario nacional sobre esas sumas, a
partir del momento en que se produjo el incumplimiento y hasta su
efectivo pago, calculados sobre los saldos. Si no devolviere el monto de
lo adeudado dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en
que se le comunique el monto debido, “La Corte” expedirá una
certificación que contendrá la fijación del capital adeudado y sus
intereses, que al tenor de lo estipulado en los artículos 210 y 228 de la
Ley General de la Administración Pública, 175 del Código Procesal
Contencioso - Administrativo, 438 y siguientes del Código Procesal Civil
y 702, 704 y 706 del Código Civil, constituirá título ejecutivo u orden
incondicional de pago de “La beneficiaria“ y del fiador solidario a favor
de la Corte, pagadero en el domicilio de ésta. Dicha certificación lleva
aparejada ejecución en la vía simple.

      NOVENA: Si el número de plazas disponibles fuere menor que el
de los participantes en el curso de adiestramiento, su nombramiento en
propiedad debe de hacerse por medio de terna o nómina. Si la
beneficiaria, por la circunstancia anteriormente señalada, no fuere
nombrada, no tendrá derecho a formular reclamo alguno a “La Corte”.
Sin embargo, si la beneficiaria es nombrada en propiedad dentro de los
doce meses siguientes al de la terminación del curso, queda obligada a la
prestación de servicios prevista en la cláusula segunda y en el caso de
incumplir con lo dispuesto en la cláusula segunda, a las obligaciones
económicas previstas en la cláusula octava.” Si el nombramiento en
propiedad ocurre después de los doce meses siguientes al de la
terminación del curso, “la beneficiaria” queda liberada de las
obligaciones indicadas.”

     DÉCIMA: “La beneficiaria” declara que durante los últimos tres
años no ha disfrutado de becas o facilidades de adiestramiento.

    DÉCIMAPRIMERA: “La beneficiaria” hace formal renuncia de su
domicilio para los efectos de este contrato previstos en la cláusula octava.

     DÉCIMASEGUNDA: En calidad de fiador solidario de “La
                                  135

beneficiaria”, se obliga también a Mario Enrique Leiva Leiva, cédula 1-
630-582, mayor, casado, vecino de San José, Hatillo # 6 norte, alameda
# 6, casa # 149 de color blanco, quien entendido de sus responsabilidades
firma al pie.

      En fe de lo anterior y debidamente entendidos del valor y
trascendencias legales de lo aquí convenido, firmamos en la ciudad de
San José, a las once horas del trece de junio del año dos mil siete.
                                     -0-
                           ARTÍCULO XIII

     La Licda. Kattia Campos Zúñiga, encargada de la Unidad de
Capacitación del O.I.J., en correo electrónico del 11 de diciembre de
2007, indica lo siguiente:

     Les adjunto el contrato que se aplicará en el siguiente Programa
Básico del 2008, el cual sufrió algunos cambios de acuerdo con
disposición del señor Lic. Ricardo Monge de la Secretaría General de La
Corte, quien consideró necesario actualizarlo.

     Lo anterior con el fin de someterlo a aprobación del Consejo
Directivo de la Escuela Judicial.

                       PRUEBA
                 N° EJ-ADIES-01-2008
           CONTRATO DE ADIESTRAMIENTO
   ENTRE EL PODER JUDICIAL Y HANNIA ARAYA ROJAS

      Nosotros, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino
de Alajuela, cédula 1-316-176, Presidente de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo Superior, en carácter de representante del Poder Judicial de
conformidad con el artículo 60 inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, denominado en lo sucesivo “La Corte”, y Hannia Araya Rojas,
cédula 3-380-917, mayor, soltera, vecina de Cartago, Tres Rios,
Concepción, de la Escuela Calle Naranjo, casa color rosado al lado
derecho, quien en lo sucesivo se denominará “La beneficiaria”,
convenimos en este contrato de adiestramiento que se fundamenta en las
disposiciones de la Ley de Adiestramiento de Servidores Públicos No.
1810 de 15 de octubre de 1954, reformada por Ley No. 3009 de 18 de
julio de 1962, y en el Decreto Ejecutivo No. 20324-J del 27 de febrero de
                                   136

1991, publicado en la gaceta No. 68 del 10 de abril de 1991 “Reglamento
Becas y Permisos Estudios Personal Poder Judicial”, que se regirá por
las siguientes cláusulas:

      PRIMERA: “La Corte” concede a “La beneficiaria” licencia con
goce de sueldo para separarse del cargo que ocupa actualmente
Investigador 1 de la Sección de Delitos Varios, para que del 14 de mayo
al 27 de setiembre del 2007, asista al Quincuagésimo Sexto Programa
Básico de Formación en Investigación Criminal, que impartirá la Escuela
Judicial a los aspirantes al puesto de Investigador 1 del Organismo de
Investigación Judicial.

       SEGUNDA: “La beneficiaria” dedicará toda su capacidad
intelectual y física al estudio y aprobación de las materias incluidas en el
programa de estudios y se obliga una vez concluido éste, a ponerse de
inmediato a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial, para
prestar servicios en la forma que lo dispone el Reglamento respectivo; en
el caso concreto, al ser licencia con goce de sueldo completo, los prestará
durante el triple de tiempo de la licencia concedida, de conformidad con
el artículo 18, inciso 2 del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios
Personal Poder Judicial”, desempeñando las funciones en el lugar y con
el horario que indique la Dirección General del Organismo.

     TERCERA: “La Corte” reconocerá a “La beneficiaria” durante el
lapso del adiestramiento, el sueldo correspondiente al cargo en el que se
le otorga el permiso. “La Corte” no reconocerá a “La beneficiaria”
durante el lapso de la capacitación, ayuda económica alguna.

      CUARTA: Durante el desarrollo del curso, “La beneficiaria” deberá
atender el llamado que se le haga para cumplir una diligencia judicial,
como presentarse a declarar en algún juicio, presentar un informe policial,
o cualquier otra eventualidad que deba subsanarse para que no se malogre
el éxito de la investigación en que antes intervino y que tenga que ver con
el resultado de un proceso penal. También, deberá participar en todas las
actividades programadas para su capacitación, incluso aquellas que por
conveniencia institucional y de necesidad práctica, se deban ejecutar fuera
del horario ordinario de clases.

      QUINTA: “La beneficiaria” se obliga a mantener una conducta
intachable en su vida pública y en su vida privada, de manera que
dignifique el cargo que aspira ocupar, tal y como lo exigen los artículos
                                   137

12 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, y 49 del
Estatuto de Servicio Judicial.-

      SEXTA: Durante la ejecución del programa de capacitación, “La
beneficiaria” estará sometida a las reglas de disciplina exigidas a todo
servidor judicial y al Régimen disciplinario de la Escuela Judicial, la que
por medio de su Director conocerá y resolverá sobre cualquier falta
académica en que incurra, de conformidad con lo establecido en los
artículos 15 inciso c), 27 y 28 de la Ley de Creación de la Escuela
Judicial. Lo resuelto una vez firme por el Director, se comunicará a la
Corte Plena, al Consejo Superior, a la Inspección Judicial o al
Departamento de Personal, según corresponda, para que –si es del caso-
se resuelva la situación del alumno, como servidor judicial y de
conformidad con las obligaciones adquiridas en este Contrato.

      SÉTIMA: En caso de incumplimiento por parte de “La beneficiaria”
a cualquiera de las obligaciones aquí contraídas o la pérdida injustificada
del curso de adiestramiento a que se refiere este contrato, por la no
aprobación de una o más materias del mismo, producirá automáticamente
el cese del interinato sin responsabilidad patronal alguna, aún antes de
que concluya todo el programa de capacitación, y se aplicarán las medidas
a que se refieren los artículos 29 y 30 del Reglamento de Becas y
Permisos de Estudios para el personal del Poder Judicial No. 20324-J. Si
“La beneficiaria” ocupara algún cargo en propiedad dentro del Poder
Judicial, no será despedido –salvo que existieren motivos para ello – pero
se le cesará el nombramiento interino como investigador y se le aplicarán
las medidas que establece el Reglamento de Becas mencionado.

       OCTAVA: A los efectos de la cláusula anterior, “La beneficiaria”
queda obligada a reintegrar a “La Corte” el costo del curso, incluidos
todos los salarios percibidos durante el tiempo que participó en el curso o
la suma proporcional que resulte; si se hubiere reintegrado al servicio una
vez concluido el adiestramiento, entre el período que laboró y el que
estaba obligada a trabajar conforme a los términos de este contrato, así
como los intereses al tipo más bajo que rija para las operaciones de
préstamos personales en el sistema bancario nacional sobre esas sumas, a
partir del momento en que se produjo el incumplimiento y hasta su
efectivo pago, calculados sobre los saldos. Si no devolviere el monto de
lo adeudado dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en
que se le comunique el monto debido, “La Corte” expedirá una
certificación que contendrá la fijación del capital adeudado y sus
                                   138

intereses, que al tenor de lo estipulado en los artículos 210 y 228 de la
Ley General de la Administración Pública, 175 del Código Procesal
Contencioso - Administrativo, 438 y siguientes del Código Procesal Civil
y 702, 704 y 706 del Código Civil, constituirá título ejecutivo u orden
incondicional de pago de “La beneficiaria“ y del fiador solidario a favor
de la Corte, pagadero en el domicilio de ésta. Dicha certificación lleva
aparejada ejecución en la vía simple.

      NOVENA: Si el número de plazas disponibles fuere menor que el
de los participantes en el curso de adiestramiento, serán nombrados en
propiedad los que hayan obtenido las mejores calificaciones. Si la
beneficiaria, por la circunstancia anteriormente señalada, no fuere
nombrada, no tendrá derecho a formular reclamo alguno a “La Corte”.
Sin embargo, si la beneficiaria es nombrada en propiedad dentro de los
doce meses siguientes al de la terminación del curso, queda obligada a
la prestación de servicios prevista en la cláusula segunda, y en el caso
de incumplir con lo dispuesto en la cláusula segunda, a las
obligaciones económicas previstas en la cláusula octava.‖. Si el
nombramiento en propiedad ocurre después de los doce meses
siguientes al de la terminación del curso, “la beneficiaria” queda
liberada de las obligaciones indicadas.‖

     DÉCIMA: “La beneficiaria” declara que durante los últimos tres
años no ha disfrutado de becas o facilidades de adiestramiento.

    DÉCIMAPRIMERA: “La beneficiaria” hace formal renuncia de su
domicilio para los efectos de este contrato previstos en la cláusula octava.

      DÉCIMASEGUNDA: En calidad de fiador solidario de “La
beneficiaria”, se obliga también a Mario Enrique Leiva Leiva, cédula 1-
630-582, mayor, casado, vecino de San José, Hatillo # 6 norte, alameda
# 6, casa # 149 de color blanco, quien entendido de sus responsabilidades
firma al pie.

      En fe de lo anterior y debidamente entendidos del valor y
trascendencias legales de lo aquí convenido, firmamos en la ciudad de
San José, a las once horas del trece de junio del año dos mil siete.
                                     -0-

     SE ACUERDA: Antes de aprobar los cambios solicitados para el
contrato que se aplicará en los siguientes programas básicos del O.I.J., se
                                       139

       debe trasladar dicha propuesta a la Dirección General del O.I.J. y al
       Departamento de Personal para que la revisen y planteen observaciones.
       ACUERDO FIRME.

                                        -0-

            SE ACUERDA: Que este Consejo avala el anterior contrato con
       su respectiva modificación planteada por la Dirección General del
       O.I.J. y Departamento de Personal, el cual se aplicará en el siguiente
       Programa Básico de Formación en Investigación Criminal del 2008,
       Comuníquese a la Secretaría General de la Corte, Dirección General
       del O.I.J., Unidad de Capacitación del O.I.J. y Departamento de
       Personal para lo respectivo. ACUERDO FIRME. ‖
                                       -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Remitir a la

Dirección Ejecutiva el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, para que en el término de ocho días, contados a partir del siguiente al

recibido de la comunicación de este acuerdo, remita una propuesta de redacción

del contrato de adiestramiento. Se declara acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                              ARTÍCULO XXXIV

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 322-DG-08 de 4 de abril en curso,

manifiesta lo siguiente:

             “De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley
       Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, de la manera más
       atenta les solicito aprobar la permuta en propiedad de los servidores
       Jaime Pérez Rodríguez y Javier Calderón Badilla, quienes ocupan
                                           140

       actualmente las plazas N° 102071 y N° 6521 de Investigador 2 en la
       Sección de Delitos Contra la Propiedad, respectivamente, a fin de que
       los mismos se trasladen a las plazas correspondientes de igual categoría y
       clase.


             Para estos efectos, se adjunta el correspondiente informe del
       Departamento de Personal incluido en su oficio N° 0152-2008, según lo
       dispuesto por ese Consejo en la sesión N° 20-07 celebrada el 15 de marzo
       del año en curso, artículo XLIII.
                                           -0-
      Asimismo, mediante oficio N° 344-DG-08 de 11 de este mes, el licenciado

Segura Montero, en su expresado carácter, adiciona lo siguiente:

            “… referente a la solicitud de trasladado en propiedad de los
       servidores Jaime Pérez Rodríguez y Javier Calderón Badilla de
       conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del
       Organismo de Investigación Judicial, se aclara que ambos servidores se
       encuentran actualmente laborando de forma interina en la Sección Delitos
       Contra la Propiedad, no obstante sus plazas en propiedad pertenecen a la
       Sección de Estupefacientes; ambas del Departamento de Investigaciones
       Criminales.
            A partir de lo anterior, la petición consiste en autorizar el traslado en
       propiedad de los funcionarios supracitados en propiedad desde la Sección
       de Estupefacientes hacia la Sección Delitos Contra la Propiedad…”

                                           -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del

Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en

propiedad de los servidores Pérez Rodríguez y Calderón Badilla, quienes ocupan

las plazas de Investigador 2 en la Sección de Estupefacientes del Organismo de

Investigación Judicial, a los puestos vacantes números 102071 y 6521 de igual
                                         141

categoría en la Sección de Delitos Contra la Propiedad de ese Organismo, a partir

del 1° de mayo próximo.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el

Departamento de Personal y las Secciones de Estupefacientes y Delitos Contra la

Propiedad del Organismo de Investigación Judicial, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXV

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, con oficio Nº 350-DG-08 de 15 de abril en curso, remite la

nota N° 173-DCF-2008, suscrita por el máster Marvin Salas Zúñiga, Jefe del

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, que literalmente dice:

              “… me permito saludarlo y a la vez solicitarle evaluar la
       posibilidad, para que se autorice el pago y asistencia de la Licda. María
       de la Cruz Arroyo Bravo, cédula: 2-430-178, Regente Químico del
       Departamento de Ciencias Forenses, al curso: “Legislación Ambiental
       aplicable a la Norma INTE-ISO 14001:2004” impartido por Gestoria de
       Negocios, S.A., los días 26 y 27 de mayo del 2008 de las 8:00 a.m. a las
       4:30 p.m. Dicho curso tiene un costo de $300 (trescientos dólares de los
       Estados Unidos de América) y será impartido por el Dr. Aldo Milano
       Sánchez. El medio de pago indicado por la Compañía sería: depósito
       bancario a nombre de AGIO Gestoría de Negocios, S.A., en el Banco
       Nacional de Costa Rica a la cuenta corriente en dólares 2-100-02-087-
       600546-2 ó la cuenta electrónica en colones 2-200-01-087-015927-7.

             No omito indicar que se considera que el tema del curso permitirá
       incorporar en la estructura actual implementada y la que se tiene que
       implementar a futuro en el manejo de sustancias peligrosas dentro del
       Organismo de Investigación Judicial, los aspectos necesarios para
                                        142

       garantizar su compatibilidad con otros sistemas de gestión que
       actualmente se implementan en las Organizaciones, tales como el Sistema
       de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
       Ocupacional.”
                                        -0-

      Asimismo, se acompaña separación presupuestaria N° 10099, por un monto

de ¢149.100,00 (ciento cuarenta y nueve mil cien colones exactos), para cubrir el

pago de la participación del curso que se da cuenta, de la licenciada María de la

Cruz Arroyo Bravo, con cargo al Programa 928.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la

participación de la licenciada Arroyo Bravo en el curso "Legislación Ambiental

aplicable a la Norma INTE-ISO 14001:2004", a realizarse el 26 y 27 de mayo

próximo, en el Hotel Corobicí. 2.) Aprobar el gasto de ¢149.100,00 (ciento

cuarenta y nueve mil cien colones exactos) correspondientes al pago de inscripción

en la mencionada capacitación, con cargo al Programa 928.

      Los Departamentos de Personal y Laboratorios de Ciencias Forenses

tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXVI

      En sesión N° 53-07 celebrada el 24 de julio del 2007, artículo LV, se

autorizó a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial para que

nombrara interinamente a 21 investigadores que aún no contaban con el requisito
                                        143

de capacitación y que se encontraban realizando labores administrativas, mientras

tanto se les incluían en el curso: "Programa de Formación en Investigación

Criminal”.

      Posteriormente, en sesión N° 62-07 del 23 de agosto del 2007, artículo LVII,

se aprobó que los citados investigadores realizaran labores de investigación, en el

entendido de que previamente recibían capacitación básica en el Manejo de Armas

y Defensa Personal. Asimismo, se denegó la gestión para que a futuro el personal

interino que se nombre, efectuara labores de investigación durante el período que

deben permanecer en espera de ser incluido en el "Programa de Formación en

Investigación Criminal" y en su lugar gestionar ante este Consejo la autorización

correspondiente cada vez que se requiera, con la debida antelación, cuando las

circunstancias así lo ameriten.

      Seguidamente, en la sesión N° 80-07 del 25 de octubre del 2007, artículo

XLIX, se modificó el acuerdo de la sesión N° 53-07 del 24 de junio de ese año,

artículo L, en el sentido de que se trataba de 24 servidores de ese Organismo

Judicial quienes realizarían labores de investigación en las citadas oficinas. A esos

efectos el Departamento de Personal analiza la procedencia de reconocer el pago

por disponibilidad, riesgo policial y variación de jornada a dichos investigadores,

con motivo de las funciones que asignadas en el área de investigación criminal y
                                         144

las disposiciones institucionales que regulan el reconocimiento de esos rubros.

      En sesión Nº 02-08 del 10 de enero del año en curso, artículo XLVIII, se

reiteró al Departamento de Personal lo dispuesto en la sesión anterior, en el

sentido de que mientras los mencionados servidores realicen labores como

investigadores se les deben cancelar los rubros correspondientes, para lo cual la

Dirección General del Organismo de Investigación Judicial coordinaría

directamente con el Departamento de Personal, remitiendo la información

necesaria en cuanto a las labores que cada uno de ellos realiza en las diferentes

oficinas, a efecto de aplicarles los pluses salariales de acuerdo a los puestos que

ocupan.

      Finalmente, en sesión Nº 26-08 del 10 de abril en curso, artículo LV, se

tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

            “[…]

            En oficio N° 311-DG-08 de 2 de abril en curso, el licenciado
       Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo de
       Investigación Judicial, comunica lo siguiente:

             “…acatando el acuerdo adoptado por ese Honorable Órgano,
       mediante sesión N° 62-07 celebrada el 23 de agosto de 2007, artículo
       LVII; informo que el señor Cesar Augusto Barrantes Arrieta, cédula N°
       1-934-951, Investigador 1 de la Delegación Regional de Alajuela, y quien
       tiene pendiente su participación en el Programa de Formación Básica en
       Investigación Criminal, fue considerado apto para realizar labores
       policiales fuera de la oficina con la portación del equipo respectivo, en
       tanto se estimó que cumple los requisitos administrativos establecidos, ya
       que si bien su capacitación Institucional se encuentra pendiente, el mismo
                                           145

       cuenta con adiestramiento adecuado para desempeñarse en dichas labores.
       Situación que consta en la resolución N° 04-SEC-2008 emitida a las
       catorce horas del día seis de marzo del año dos mil ocho, por parte del
       Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General de este Organismo
       (se adjunta copia).

            Lo anterior, con el propósito de solicitar a ese Honorable Órgano, la
       autorización para que el Departamento de Personal le reconozca al
       servidor Barrantes Arrieta el 40% de plus salarial correspondiente a
       riesgo, variación de jornada y disponibilidad; todo esto hasta tanto el
       mismo ingrese al Programa de Formación indicado y deba dejar de
       ejecutar labores policiales durante su adiestramiento, de lo cual la Jefatura
       de la Delegación Regional de Alajuela deberá informar a esta
       Representación, para a su vez comunicarlo al Departamento de Personal.”

                                          -0-
             Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar al Departamento
       de Personal, para que aplique al servidor Barrantes Arrieta el 40% de plus
       salarial por concepto de riesgo, variación de jornada y disponibilidad,
       hasta tanto no ingrese al Programa de Formación Básica en Investigación
       Criminal y ejecute labores policiales durante el adiestramiento, para lo
       cual la jefatura de la Delegación Regional del Organismo de
       Investigación Judicial de Alajuela realizará la comunicación
       correspondiente según se indicó.”

                                           -0-

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio Nº 337-DG-08 de 9 de abril en curso, manifiesta

lo siguiente:

             “…acatando el acuerdo adoptado por ese honorable Órgano,
       mediante sesión N° 62-07 celebrada el 23 de agosto del 2007, artículo
       LVII; procedo a interponer ante ese honorable Consejo la siguiente
       gestión:

            Mediante oficio EJ-CAP-072-2007 del 07 de los corrientes, la Msc.
       Kattia Campos Zúñiga, Jefa de la Unidad de Capacitación del O.I.J.,
                                  146

informó sobre 25 servidores de este Organismo (se adjunta listado) que
han aprobado las materias de Armas y Defensa Personal impartidas del 25
de febrero al 04 de abril del 2008, capacitación que se constituye en el
requisito mínimo para que puedan efectuar labores policiales con la
portación del arma de fuego reglamentaria.

      Por tanto, en virtud del cumplimiento del indicado requisito, así
como del faltante de personal de investigación en las diferentes
dependencias de este Organismo; respetuosamente, solicito autorizar a los
referidos servidores para efectuar labores policiales previas a su
participación en las materias restantes que componen la totalidad del
Programa de Formación Básica en Investigación Criminal, con el
consecuente pago del plus salarias de 40% correspondiente a riesgo,
peligrosidad y variación de jornada.

     Es del caso indicar que la retribución de este sobresueldo debe
suspenderse al momento que estos servidores ingresen al indicado
programa, ya que se dedicarán en forma exclusiva a labores académicas
por varios meses y por ende, el sobre sueldo no tendría asidero hasta que
aprueben la capacitación y nuevamente se reintegren a las labores
investigativas, de lo cual la Unidad de Capacitación del O.I.J. debe
comunicar oportunamente a esta Dirección General para hacerlo del
conocimiento de ese Honorable Órgano.”

  NOMBRE                         CÉDULA         OFICINA
  Acosta Granados Miguel A.      7-141-411      Delitos c/Propiedad
  Angulo Salas Marco Vinicio     1-1180-438     Sección de Fraudes
  Araya Jiménez Luis Diego       2-598-261      Delitos c/Propiedad
  Arroyo Calderón David          1-1138-274     O.I.J. Pococí-Guácimo
  Bolaños Rojas Juan Diego       1-1343-705     Sección de Fraudes
  Campos Ramírez Roldan          7-110-211      Pococí-Guácimo
  Castro Cerdas Bryan            1-1254-283     SITE
  Castro Umaña Enmanuel          1-1171-377     Delitos c/Propiedad
  Earl Brown Rodney              1-930-027      O.I.J. Limón
  Esquivel Zamora Roberto        4-194-026      O.I.J. Heredia
  García Quesada Marco           2-573-444      O.I.J. Puntarenas
  González Porras Rebeca         1-1166-125     O.I.J. Aguirre-Parrita
  Molina Fonseca Andrés          1-1247-297     Especializada de Tránsito
  Monge Mora Rodrigo             1-1185-629     Delitos c/Propiedad
  Piedra Mora Alberto            1-1384-285     O.I.J. Pococí-Guácimo
  Ponce Paniagua Juanita         2-595-102      O.I.J. San Carlos
                                        147

         Rivera Gómez Carolina         4-172-735    O.I.J. Puntarenas
         Rodríguez Acuña Verny         2-576-299    O.I.J. San Carlos
         Rodríguez Chavarría Esteban   2-592-083    SIORI
         Rodríguez Herrera Graciela    2-585-575    Sección de Fraudes
         Rojas Borbón Roberto          5-343-792    Delitos c/Propiedad
         Rojas Sandoval Óscar          5-324-344    Delitos Varios
         Torres Rodríguez Alberto      1-1140-632   SITE
         Vargas Corrales Marco         1-1255-292   Delitos c/Propiedad
         Zamora Rivera Henry           3-366-343    Delitos c/Propiedad
                                       -0-

    Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar a los

servidores de la lista transcrita para que realicen labores policiales, mientras

retoman las materias restantes para finalizar el Programa de Formación Básica en

Investigación Criminal; es entendido que para realizar esas labores deben haber

aprobado los cursos básicos que corresponda y tener el respectivo permiso de

portación de armas. 2.) El Departamento de Personal, aplicará a dichos servidores

el 40% del plus salarial por concepto de riesgo, variación de jornada y

disponibilidad. La retribución de este sobresueldo se suspenderá en el momento

que ingresen de nuevo al citado programa.

                                ARTÍCULO XXXVII

      En sesión N° 83-07 celebrada el 6 de noviembre del 2007, artículo XXIX, se

aprobó el Plan de Vacaciones Colectivas del Poder Judicial 2007-2008, que en lo

conducente dice:

            “[…]
                                        148

             10.6. En puestos vacantes, podrá nombrarse por un período de hasta
       tres meses. No podrán efectuarse sustituciones temporales, sin que la
       persona propuesta cumpla con los requisitos legales que establece el
       Manual Descriptivo de Puestos, incluyendo la incorporación al Colegio
       Profesional respectivo, cuando eso corresponda. La única excepción a
       esta disposición será en aquellos casos de ascensos interinos, donde el
       período de sustitución es menor a un mes, no prorrogable y las
       circunstancias particulares del puesto lo ameriten, para no afectar el
       servicio público. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27 del
       Estatuto de Servicio Judicial y bajo entera responsabilidad del Jefe de
       Oficina, quién deberá señalar esta situación en la Proposición de
       Nombramiento. Caso contrario, no se tramitará el movimiento de
       personal.”

                                            -0-

      El licenciado Gustavo Mata Vega, Jefe interino del Departamento de

Investigaciones Criminales, con el visto bueno del licenciado Francisco Segura

Rodríguez, Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio

Nº DICR-0264-2008 de 9 de marzo último, recibido el 15 de abril en curso, solicita

lo siguiente:

             “…nos permitimos solicitar la autorización para que la señora
       Emilia Damazzio Solano, quien ha venido fungiendo interinamente como
       Jefa de la Sección de Estupefacientes, se le pueda ejecutar un
       nombramiento por el período que se extienda la incapacidad del jefe
       titular Lic. Carlos Enrique Chacón Vásquez, en razón de que la señora
       Damazzio está próxima a optar por su grado de licenciatura en
       Criminología.

             Esta Jefatura Departamental ha realizado los nombramientos
       respectivos a la señora Emilia Damazzio Solano en sustitución del Lic.
       Carlos Enrique Chacón Vásquez, ya que el mismo se encuentra
       incapacitado primeramente por una lesión en su pierna y posteriormente
       por recomendación médica luego de una cirugía en dicho miembro, por lo
       que sus incapacidades se han extendido en varias ocasiones y en
                                    149

cumplimiento con lo establecido en nuestra normativa, en el artículo 10
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y según lo estipulado en el Plan de
Vacaciones del Poder Judicial 2007-2008, inciso 10.6, el cual cita: ―En
puestos vacantes, podrá nombrarse por un período de hasta tres
meses. No podrán efectuarse sustituciones temporales, sin que la
persona propuesta cumpla con los requisitos legales que establece el
Manual Descriptivo de Puestos, incluyendo la incorporación al
Colegio Profesional respectivo, cuando eso corresponda. La única
excepción a esta disposición será en aquellos casos de ascensos
interinos, donde el período de sustitución es menor a un mes, no
prorrogable y las circunstancias particulares del puesto lo ameriten,
para no afectar el servicio público. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 27 del Estatuto de Servicio Judicial y bajo entera
responsabilidad del Jefe de Oficina, quién deberá señalar esta
situación en la Proposición de Nombramiento. Caso contrario, no se
tramitará el movimiento de personal. El requisito de Bachillerato de
Educación Media y la incorporación al Colegio Profesional
respectivo, no podrá obviarse para ningún caso, si el Manual de
Puestos así lo establece.‖, se han realizado los nombramientos
respectivos.

      No obstante y en vista que la señora Damazzio Solano posee amplia
experiencia y capacidad en las funciones tan delicadas que se desarrollan
en la Sección de Estupefacientes, por ser ésta una de las secciones que su
labor investigativa requiere de una jefatura con capacidades especiales
por el tipo de delito que se investigan y la trascendencia a nivel nacional
en cuanto al impacto social y económico, es la razón por la cual la
Jefatura Departamental la ha venido nombrando en dicha oficina, ya que
como investigadora, Encargada de Unidad ha demostrado a lo largo de los
años su compromiso con las labores que se realizan; si embargo, como
bien se cita en la normativa no se puede extender su nombramiento por
más de tres meses en sustitución del titular si no cuenta con los requisitos,
no obstante, la señora Damazzio se encuentra en estos momento
desarrollando su trabajo final de graduación para optar al grado de
Licenciada en Criminología, para ser defendida su tesis en octubre
próximo.

     En vista de que la señora Damazzio Solano cuenta con gran
capacidad y actualmente está desarrollando su proyecto de graduación
para ser defendido en la Universidad Libre de Costa Rica y con ello
cumplir a cabalidad con los requisitos estipulados en el Manual
                                         150

       Descriptivo de Puestos del Poder Judicial, esta Jefatura Departamental
       solicita al Consejo que representan, la autorización para realizar los
       nombramientos a la señora Emilia Damazzio en las próximas
       incapacidades del señor Carlos Chacón, mismas que son por períodos
       ampliados consecutivamente por parte del médico tratante y que superan
       los tres meses que autoriza el Plan de Vacaciones, ya que las
       circunstancias particulares del puesto y de la oficina ameritan la
       permanencia de personas con las cualidades y capacidades como las que
       posee la señora Damazzio y con ello no afectar el servicio público.

            Por lo anteriormente expuesto y sabiendo que el Consejo que
       representan son concientes de la importancia de mantener en puestos
       relevantes a personas con la capacidad y experiencia necesaria para
       cumplir con los objetivos que buscan garantizar un mejor servicio a la
       sociedad costarricense, solicitamos la autorización respectiva para que el
       Departamento de Personal aplique los nombramientos de la señora
       Damazzio Solano en sustitución del titular Lic. Chacón durante los
       períodos de incapacidad en tanto que la misma cumple con el requisito de
       defensa de su proyecto de graduación universitario.”
                                         -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud anterior, en razón de que legalmente no es

procedente, al no contar la servidora Damazzio Solano con un requisito esencial

exigido para este cargo y no estar ante una situación de inopia.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y los

Departamentos de Investigaciones Criminales y de Personal, tomarán nota para lo

que corresponda.

                              ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión Nº 88-07 celebrada el 22 de noviembre del 2007, artículo XLII, se

comunicó a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial que por
                                        151

falta de contenido presupuestario no era posible crear plazas extraordinarias ni

otorgar permisos con goce de salario por lo que restaba de ese año. Además, se

trasladó copia de ese acuerdo al Departamento de Planificación para que

considerara la situación expuesta. También, se solicitó al Director General de ese

Organismo que para el 2008 presentara un plan de trabajo que permitiera a este

Consejo valorar la posibilidad de conceder los permisos que correspondan,

conforme a lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Posteriormente, en sesión Nº 17-08 del 4 de marzo del presente año, artículo

XLVII, se dispuso entre otros puntos, solicitar a la Dirección General del

Organismo de Investigación Judicial que para el año en curso, elaborara un

proyecto especial para reforzar el personal en las sedes regionales de ese

organismo, a efecto de custodiar los privados de libertad, con el fin de que este

Consejo valorara la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio Nº 342-DG-08 de 11 de abril en curso, manifiesta

lo siguiente:

            “…según los requerimientos realizados por ese honorable Consejo,
       mediante acuerdos adoptados en el punto tercero del artículo XLII, de la
       sesión N 88-07 celebrada el 22 de noviembre último; así como en el
       punto cuarto del artículo XLVII de la sesión N° 17-08 celebrada el 4 de
       marzo recién pasado, me permito presentar para su análisis el siguiente
                                    152

proyecto:

ASIGNACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CUSTODIA Y
   CONDUCCIÓN DE DETENIDOS DURANTE EL AÑO 2008

                         I.   INTRODUCCIÓN

      Mediante acuerdo adoptado por el Consejo Superior, en el punto
cuarto del artículo XLVII, correspondiente a la sesión N° 17-08 celebrada
el 04 de marzo recién pasado, el cual tiene relación directa con el acuerdo
adoptado por ese mismo Órgano Superior mediante el punto tercero del
artículo XLII, de la sesión N° 88-07 celebrada el 22 de noviembre último,
se conocieron las necesidades de mayor factor humano requerido en
varias dependencias del Organismo de Investigación Judicial en relación
con las labores de cárceles.

      Específicamente, se conoció en lo que interesa parte del informe
rendido por el Departamento de Planificación, en el cual se estableció la
necesidad de crear plazas adicionales de conductores de detenidos en
varias sedes policiales regionales para el año 2009, a la vez que se
estableció la imposibilidad presupuestaria para asignar mayor dotación de
recursos, con el propósito de solventar las carencias identificadas durante
el presente año.

      Por lo cual, mediante el referido acuerdo del Consejo Superior
adoptado en la sesión N° 17-08, se solicitó a la Dirección General del
O.I.J. presentar para el año en curso, un proyecto especial con el
propósito de reforzar el personal en las sedes regionales de este
Organismo, a efecto de custodiar los privados de libertad, lo que permita
a los niveles superiores valorar la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el
artículo N° 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Adicionalmente, es del caso indicar que ante consulta de esta
Representación, recientemente muchas de las diferentes dependencias
regionales del país han externado carencia de recursos para la custodia y
conducción de detenidos, tanto a nivel de personal como de vehículos, en
virtud de diferentes situaciones específicas imperantes en cada entorno de
sus competencia territoriales, aspectos entre los que se destaca el
establecimiento de nuevos despachos judiciales que les ha ameritado un
mayor esfuerzo en la labor de cita.
                                   153

                         II.   JUSTIFICACIÓN

      Las labores de custodia y conducción de detenidos en este
Organismo, se han visto grandemente incrementadas durante los últimos
tiempos, producto de la descomposición social que experimenta Costa
Rica, que a su vez ha catapultado los índices delincuenciales así como el
consecuente incremento en la percepción de inseguridad por parte de los
ciudadanos. Todo lo anterior ha ameritado una mayor respuesta por parte
de esta Institución así como de los despachos judiciales competentes en la
materia penal, aumentando las detenciones de delincuentes, al igual que
los requerimientos de diferentes despachos para las presentaciones de la
población carcelaria para efectuar diversas diligencias judiciales.

     Al respecto, es evidente que los requerimientos han superado la
capacidad instalada, tanto así que a manera de ejemplo, se cuenta con el
malestar reciente de diversos usuarios internos, al igual que de la
Defensoría de los Habitantes, con respecto al servicio que se brinda en las
sedes regionales de Cartago, Liberia y Siquirres, situación que se
considera un termómetro de la incidencia de esta limitante a nivel
nacional.

      La situación ha degenerado tanto, que incluso no es inusual tener
que destinar personal de investigación a labores de conducción de
detenidos, lo que no solo afecta nefastamente la eficiencia y prontitud del
esclarecimiento de los ilícitos denunciados y por ende el servicio público
de administración de justicia penal brindado a la ciudadanía, sino que de
igual forma se produce una desnaturalización de las funciones propias
formalmente asignadas a estos servidores.

      Por tanto, esta Dirección General considera imprescindible para el
mejor servicio público a la administración de justicia, otorgar los recursos
autorizados por el Consejo Superior para la conducción de detenidos
mediante reunión de trabajo de presupuesto 2009 celebrada el 20 de
febrero del 2008, artículo XXIX, según consta en la sesión N° 17-08
celebrada el 04 de marzo último, de tal manera que desde ya se suplan las
carencias documentadas formalmente, mediante el análisis respectivo que
al efecto realizó el Departamento de Planificación en su informe N° 08-
PLA-CE-2008 del 14 de febrero pasado.

      Adicionalmente, esta Dirección General ha recibido información de
diferentes dependencias regionales, en el sentido de que se han suscitado
                                  154

acontecimientos que han implicado una mayor exigencia en la custodia y
conducción de detenidos, como por ejemplo la conversión de fiscalías
regionales en fiscalías adjuntas, las celebraciones de juicios en lugares
distantes, el incremento de fiscales y jueces de las diferentes
competencias territoriales, la división de despachos, la conformación de
tribunales colegiados en lugares en que anteriormente existían solo
tribunales unipersonales, así como recientes creaciones de nuevos
despachos judiciales en sus competencias territoriales.

     Lo anterior ha motivado diferentes prácticas inadecuadas y
riesgosas, como trasladar privados de libertad en vehículos no
acondicionados para ello, utilizar personal de investigación en labores de
custodia de detenidos, así como desatender la normativa que establece
que deben existir dos servidores por cada indiciado, todo por tratar de no
entrabar el quehacer de los despachos judiciales; prácticas que no
obstante la buena intención que las motiva, no pueden ser avaladas en
forma alguna por esta Dirección General.

      Por tanto, todas las anteriores situaciones a criterio del suscrito,
deben ser debidamente evaluadas para determinar en forma integral el
recurso humano y vehículos con que deben contar las diferentes sedes
regionales de esta Institución; no obstante, considero indispensable
asignar personal adicional en forma inmediata a aquellas sedes que hayan
recibido un importante impacto en sus labores por causa del
establecimiento de nuevos despachos judiciales en su competencia
territorial.

     De esta manera, según lo anteriormente indicado, se presenta a
continuación los alcances del proyecto propuesto para atender durante el
presente año la carencia de personal de cárceles:

                           III. OBJETIVO

     1- Brindar personal especializado en labores de custodia y
conducción de detenidos, para que se desempeñen durante el año 2008 en
las dependencias regionales de Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia,
Limón y Siquirres, según necesidades ya establecidas por el
Departamento de Planificación del Poder Judicial para el año 2009.

    2- Brindar personal especializado en labores de custodia y
conducción de detenidos, para que se desempeñen durante el año 2008 en
                                    155

dependencias regionales, adicionalmente a las plazas ya consideradas por
el Departamento de Planificación para el año 2009.

                              IV. METAS

     IV. 1- Evitar la suspensión de señalamientos judiciales por falta de
personal que atienda labores de custodia de detenidos en los tribunales de
Siquirres.

      IV. 2- Evitar perjuicios a las labores investigativas, permitiendo a
los oficiales de este Organismo dedicarse exclusivamente al
esclarecimiento de los ilícitos denunciados.

     IV. 3- Evitar la desnaturalización de las funciones investigativas de
los Oficiales de este Organismo.

     IV 4- Realizar un estudio integral de las necesidades de custodia y
conducción de detenidos en la totalidad de dependencias del Organismo
de Investigación Judicial, tanto en factor humano, vehículos y equipo.

                         IV. DESARROLLO

     Se plantea el desarrollo del proyecto según el siguiente detalle:

     V.1- Personal:

      Para el año 2009 el Departamento de Planificación, mediante
informe N° 08-PLA-CE-2008 del 14 de febrero pasado, recomendó en
forma ordinaria y el Consejo Superior lo aprobó en reunión de trabajo de
presupuesto 2009 celebrada el 20 de febrero del 2008, artículo XXIX, el
siguiente personal adicional especializado en labores de conducción de
detenidos:

                                Tabla N°1

      Sedes regionales del O.I.J.               Personal adicional
 Delegación Regional de Alajuela:           2 Conductores de Detenidos
 Delegación Regional de Cartago:            2 Conductores de Detenidos
 Delegación Regional de Heredia:            4 Conductores de Detenidos
 Delegación Regional de Liberia:            2 Conductores de Detenidos
 Delegación Regional de Limón:              2 Conductores de Detenidos
                                             156

       Delegación Regional de Pococí: 4                 2 Conductores de Detenidos

         Las anteriores plazas han sido objeto de estudio de los órganos
   técnicos y han recibido la ratificación de los niveles superiores del Poder
   Judicial, por lo que se solicita sean concedidos lo más pronto posible por
   todo el año 2008.

         A la vez, como se indicó anteriormente, existen diferentes sedes de
   este Organismo en cuya competencia territorial se han establecido
   recientemente despachos judiciales, los que han implicado un mayor
   trabajo en la custodia de privados de libertad y que no han sido
   considerados para la asignación adicional de conductores de detenidos
   por los órganos técnicos, situación que el suscrito, como se indicó
   anteriormente, considera debe enmendase a la brevedad, otorgándoles
   desde ya personal adicional según la cantidad y tipo de despachos
   instaurados, según el siguiente detalle:

                                          Tabla N°2

          Sede Policial O.I.J.             Nuevos despachos Judiciales           Conductores de
                                                                                   Detenidos
                                                                                  Adicionales
Delegación Regional de Puntarenas Tribunal de Juicio Nocturno                          2
Delegación Regional de Cartago*   Tribunal de Casación                                 2
                                  Nueva Sección de Tribunal               de           2
                                  Juicio
Delegación Regional de Corredores Nueva Sección de Tribunal               de           2
                                  Juicio
Delegación Regional de Heredia*   Nueva Sección de Tribunal               de           2
                                  Juicio                                               3
                                  Tribunal de Sarapiquí
Subdelegación    Regional     San Nueva Sección Tribunal                  de           2
Ramón                             Casación
Delegación Regional de San Carlos Juzgado Penal de Upala                               3
Subdelegación Regional Santa Tribunal de Casación Penal                                2
Cruz
   *Se incluye personal adicional al recomendado por el Departamento de Planificación,
   ya que se considera que la reciente apertura de nuevos despachos lo amerita para el
   adecuado servicio público.



   4
       Para atender las necesidades de la Subdelegación Regional de Siquirres.
                                   157

     V.2- Financiamiento:

      Con la finalidad de cumplir el objetivo del presente proyecto, se
solicita al honorable Consejo Superior, conceder licencia con goce de
salario y sustitución a 34 conductores de detenidos propietarios, según el
detalle consignado en las tablas N° 1 y N° 2 del apartado anterior, de
acuerdo a las potestades otorgadas mediante el artículo N° 44 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, posibilitándose así el suministro de un
eficiente servicio de custodia de detenidos a los despachos judiciales
adscritos a la competencia territorial de esas sedes policiales del O.I.J..

     Se solicitó al Departamento Financiero Contable la certificación de
contenido presupuestario para las sustituciones correspondientes a la
Tabla N° 1, la cual se estará remitiendo oportunamente, mientras que para
el resto de sustituciones se estará procediendo según sea aprobada la
presente gestión por el honorable Consejo Superior.

     V.3- Procedimiento:

      Los servidores de las diferentes sedes regionales que reciban la
licencia con goce de salario y sustitución, continuarán prestando sus
servicios en las sedes regionales correspondientes, a la vez que los
sustitutos en sus puestos reforzarán las labores de las misma sedes; no
obstante, es del caso aclarar que en virtud de la naturaleza de las
funciones, el puesto implica constantes traslados para colaborar con otras
dependencias de este Organismo en que no exista personal de cárceles
para la custodia de diligencias judiciales.

     V.4- Recursos requeridos:

     -Equipo de Oficina
     -Esposas
     -Armas de reglamento para las labores a efectuar
     -Indumentaria institucional acorde con la función

     En general, deberá suministrárseles los implementos requeridos para
el puesto a desempeñar, situación que será debidamente coordinada por la
Secretaría General de este Organismo.

     V.5- Plazo:
                                          158

            Se solicita que el otorgamiento de las mencionadas licencias con
       goce de salario y sustitución se realice por lo que resta del año 2008.

             Adicionalmente, para el año 2009, además de los puestos ya
       aprobados ordinariamente según el detalle de la tabla N° 1, se insta a los
       niveles superiores a requerir un estudio integral al Departamento de
       Planificación que abarque todas las sedes regionales de este Organismo,
       tal como se acordó en la sesión del Consejo Superior N° 91-07 celebrada
       el 04 de diciembre del año pasado, con el propósito de determinar
       formalmente el personal requerido en cada sede para la custodia de
       privados de libertad, según el análisis de los factores detallados en la
       justificación del presente proyecto.”
                                          -0-

      Relacionado con lo anterior, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 385-DG-08 de 22

de abril en curso, comunica lo siguiente:

           “Reciban un respetuoso saludo por parte de esta Dirección General; a
       la vez, en adición al oficio N° 342-DG-08 emitido por el suscrito el 11 de
       los corrientes, me permito seguidamente indicar el nombre completo,
       número de cédula y número de puesto de los conductores de detenidos de
       las diferentes sedes regionales para los que se solicita el permiso con goce
       de salario y sustitución, según los términos del proyecto propuesto por
       esta Dirección General:

       DEPENDENCIA                    SERVIDOR                 CÉDULA         PUESTO
   Deleg. de Puntarenas     Berny Enrique Fajardo Espinoza    6-211-269      45027
   Deleg. de Puntarenas     Ronald Gerardo Aguirre Salas      6-220-784      84117
   Deleg. de Liberia        Max Alexander López López         5-256-346      44841
   Deleg. de Liberia        Olger Cortés Chevez               5-292-988      34425
   Deleg. de Limón          Carlos Medina Montero             1-820-100      45129
   Deleg. de Limón          Iván Pérez Pérez                  7-087-308      34430
   Deleg. de Heredia        José Alvarez Chacón               1-557-947      84115
   Deleg. de Heredia        Manuel Chavarría Solís            4-148-907      84114
   Deleg. de Heredia        Jesús Leal Ruiz                   5-202-3449     113599
   Deleg. de Heredia        Ricardo Piedra Fallas             1-636-866      44739
   Deleg. de Cartago        Jorge Jiménez Acuña               3-265-220      34415
   Deleg. de Cartago        José Alberto Romero Quirós        3-222-788      72848
                                       159

Deleg. de Cartago        Freddy Marrochi Arias             1-562-578     48560
Deleg. de Cartago        José Alberto Solano Arce          3-296-350     113597
Deleg. de San Carlos     Maikel Morera Esquivel            2-530-824     34544
Deleg. de San Carlos     Nelson Murillo Berrocal           2-481-668     34508
Deleg. de Corredores     Kattia Muñoz Zamora               1-786-017     56933
Deleg. de Corredores     Edwin Acosta Murillo              6-227-395     34557
Deleg. de Pococí         Javier Bolaños Rojas*             7-088-159     92613
Deleg. de Pococí         Rodrigo Cordero Araya             7-059-219     34440
Oficina de Santa Cruz    Michael Alvarado Matarrita        5-221-759     96439
Oficina de Santa Cruz    Carlos Alberto Díaz Casares       5-199-708     96440
Subdeleg. de San Ramón   Neys Fallas Quesada*              1-986-222     96430
Subdeleg. de San Ramón   Olivier Corrales Rodríguez        2-459-740     96431
Sección de Cárceles      Eduardo Piedra Chavarría          2-318-287     108577
Deleg. de Alajuela       Esteban Felipe Araya Alvarado     1-942-671     44462
Deleg. de Alajuela       Johnny Santamaría González        2-447-300     34410
    *Servidores que ocupan el puesto en forma interina.

           Debo indicar que se incluyó un servidor adscrito a la Sección de
    Cárceles para otorgarle permiso con goce de salario y sustitución, en
    virtud de que la Delegación de San Carlos carecía de un puesto de
    Conductor de Detenidos para lograr completar el personal adicional que
    reforzará esa sede durante el presente año.

          Adicionalmente, en el caso de la Delegación Regional de Heredia,
    se constató que contrario a lo que esta Dirección General consideró en el
    oficio N°342-DG-08, el Departamento de Planificación sí contempló en
    su estudio técnico para la asignación de este tipo de puestos en la sede
    regional de Heredia, los nuevos despachos penales creados recientemente
    en esa competencia territorial así como en Sarapiquí, por lo que en
    procura de salvaguardar los recursos del Poder Judicial, estimo que de las
    nueve plazas solicitadas para el año en curso, deben asignarse únicamente
    con permiso con goce de salario y sustitución las 4 contempladas en la
    tabla N° 1 del oficio N° 342-DG-08, correspondientes a los puestos que el
    Departamento de Planificación otorgó en calidad de ordinarias para el año
    2.009.

        En el caso de la Delegación Regional de Cartago ocurre la misma
    situación que en Heredia, con la única diferencia de que se ha estimado
    por la Jefatura de esa sede regional, que las dos plazas ordinarias que
    concedió el Departamento de Planificación para el 2.009, son
    insuficientes para atender los requerimientos de los despachos
    jurisdiccionales, funcionarios que incluso ya se han quejado de la falta de
                                          160

       servicio ante esta Representación, por lo que en este caso solicito asignar
       permiso con goce de salario y sustitución a las plazas de Conductor de
       Detenidos que constan en la Tabla N° 1 del oficio N° 342-DG-08
       (correspondientes a las que ya fueron aprobadas ordinarias para el 2.009),
       y sólo a dos de los incluidos en la tabla N° 2 de ese mismo escrito, para
       un total de 4 durante el año en curso, planteando al Departamento de
       Planificación el estudio de dos plazas ordinarias adicionales de este tipo
       para el año 2.009.

             Es del caso aclarar que la información suministrada en el presente
       oficio, con respecto a los servidores a quienes se debe otorgar el permiso
       con goce de salario y sustitución, contempla los comentarios anteriores
       para las sedes regionales de Heredia y Cartago.”
                                      -0-

     Se acordó: 1.) Tener por rendido los informes anteriores. 2.) De conformidad

con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse

de un proyecto especial, conceder permiso con goce de salario y sustitución a los

servidores de la lista transcrita, a partir del 1º de mayo y por lo que resta del año en

curso, a fin de que realicen la labor que se da cuenta.

     La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, los

Departamento de Personal y Planificación y los despachos interesados, tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                ARTÍCULO XXXIX

      El licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio Nº 343-

AUD-2008 de 15 de abril en curso, manifiesta lo siguiente:
                                   161

       “…le remito el oficio Nº DAGJ-0392-2008 (02817) de fecha 2 de
 abril del 2008, emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de
 la Contraloría General de la República, en el cual comunica la aprobación
 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
 Interna del Poder Judicial.

       Es importante mencionar, que en el citado oficio, el ente Contralor
 solicita la publicación del Reglamento en el diario oficial La Gaceta.
 Además, que una vez publicado, tanto la Administración Activa como
 esta Auditoría, deberán proceder a divulgarlo en el ámbito institucional.

       Por otra parte, la Administración Activa deberá coordinar lo
 pertinente con el Despacho a mi cargo, en un plazo razonable, a efecto de
 que se implementen los ajustes respectivos en los Manuales Descriptivos
 de Puestos del Poder Judicial, concernientes a los puestos de Auditor y
 Subauditor.”
                                   -0-

El oficio Nº DAGJ-0392-2008, que se da cuenta, literalmente dice:

      “Asunto: Aprobación del Reglamento de Organización                 y
 Funcionamiento de la Auditoria Interna del Poder Judicial.

      Con la solicitud de que se haga de conocimiento del Poder Judicial,
 se da respuesta a su solicitud recibida en este órgano contralor el 12 de
 febrero del año en curso, mediante la cual remite nuevamente para
 aprobación de esta Contraloría General el Reglamento de Organización y
 Funcionamiento de la Auditoria Interna del Poder Judicial.

       En ese sentido, aporta con su solicitud, certificación señalando que
 el citado reglamento cumple razonablemente con las Directrices
 Generales relativas al “Reglamento de Organización y Funcionamiento de
 las Auditorías Internas del Sector Público D-2-2006-CO-D-FOE-DAGJ.”
 Asimismo, se presenta certificación haciendo constar que es copia fiel del
 reglamento aprobado por la Corte Plena en la sesión N° 33-07 celebrada
 el día 17 de diciembre del 2007.

      Criterio del Despacho.

      I. Sobre la normativa aplicable para la aprobación de
                                   162

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
Interna.

     Particularmente, el artículo 23 de la Ley Nº 8292, Ley General de
Control Interno, dispone lo siguiente:

      ―Artículo 23. — Organización. La auditoría interna se organizará y
funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con
las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría
General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio.

      Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización
y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho
reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la
República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito
institucional (El resaltado no pertenece al texto original).

      En atención a lo expuesto, este órgano contralor mediante la
resolución R-CO-93-2006 de las trece horas del 17 de noviembre del
2006, emitió las “Directrices Generales Relativas al Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector
Público”. Así las cosas, la actuación que en adelante desplieguen las
auditorías internas en su organización y funcionamiento deberán ajustarse
a estos lineamientos.

      En dichas directrices expresamente se reitera, en su punto 2.6, que
los reglamentos deberán ser aprobados por la Contraloría General de la
República, aprobación otorgada con base en certificación presentada por
el auditor interno, indicando la aprobación del documento por parte del
jerarca y el cumplimiento de las mencionadas directrices y demás
normativa aplicable, junto con copia certificada del reglamento aprobado.

      En ese entendido, la Contraloría General se fundamenta en la
información contenida en la certificación aportada, haciendo constar el
cumplimiento con las disposiciones contenidas en los mencionados
lineamientos. En ese orden de ideas, partiendo del supuesto que el
proyecto de reglamento presentado cumple a cabalidad con la normativa y
criterios que le rigen, no procede pronunciarse con respecto al contenido
del mismo. Lo anterior, se hace sin demérito de futuros actos, llevados a
cabo por este órgano contralor en el ejercicio de las potestades de
fiscalización que le corresponden.
                                   163


      En consecuencia, el presente análisis se realiza con base en las
certificaciones aportadas, por lo que este estudio se subordina a aspectos
propiamente de conformidad entre el reglamento propuesto y su
cumplimiento con la citada directriz, dejando de lado cualquier aspecto de
fondo propio de competencias o naturaleza jurídica de la institución
solicitante, toda vez que se parte del supuesto de que el reglamento
remitido cumple a cabalidad con la normativa y criterios que le rigen.

     II. Sobre el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Auditoría Interna propuesto.

      Al respecto, luego del análisis efectuado por parte de esta División
de Asesoría y Gestión Jurídica con respecto a las certificaciones
presentadas, en las que se hace constar que el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Poder Judicial
cumple a cabalidad con lo dispuesto en la resolución R-CO-93-2006 de
las trece horas del 17 de noviembre del 2006, publicada en la Gaceta Nº
236 del 08 de diciembre de 2006, se le otorga al reglamento de mérito la
aprobación respectiva por parte de esta Contraloría General de la
República.

      De manera tal que le corresponde a esa auditoría interna proceder a
realizar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en el entendido de
que una vez publicado dicho reglamento, tanto la Administración como la
Auditoría Interna deberán proceder con la divulgación correspondiente en
el ámbito institucional.

      Finalmente, se le requiere a esa administración, para que en un plazo
razonable a partir de la vigencia de este reglamento, coordine con la
Auditoría Interna para que se proceda a gestionar la implementación de
los ajustes correspondientes a los respectivos manuales institucionales de
cargos y clases o de denominación similar, para el establecimiento de la
descripción de las funciones y requisitos de los cargos de auditor y
subauditor internos, en caso de que no se hubiere procedido con esto. No
está de más advertir que estos manuales de cargos no deberán regular
nada en contrario a lo indicado en este reglamento. De esa forma y sin
otro particular, dejamos aprobada su gestión.”

                                      -0-
                                        164

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior. 2.) Conforme lo

indica la Contraloría General de la República, autorizar a la Auditoría Judicial para

que proceda a realizar la publicación del “Reglamento de Organización y

Funcionamiento de la Auditoría Interna del Poder Judicial”, en el Diario Oficial La

Gaceta”. 3.) Trasladar copia de este acuerdo al Departamento de Personal para que

se ajusten las clases que indican. 4.) La Secretaría General de la Corte posterior a

la publicación del citado reglamento, emitirá una circular a efecto de hacerlo de

conocimiento de los despachos judiciales.

ASUNTOS VARIOS

                                 ARTÍCULO XL

        Con oficio N° 2185-08 de 10 de marzo del año en curso, la Secretaría

General de la Corte, remitió al Tribunal de la Inspección Judicial, copia del escrito

suscrito por el señor Manuel de Jesús Castro Zúñiga, en el que manifestó que en el

Juzgado Notarial y la Dirección Nacional de Notariado, se le estaban violando sus

derechos.

      En nota de 26 de marzo último, el señor Castro Zúñiga, indica lo siguiente:

            “Le acuso recibo de oficio 2185-08. Para su información y pruebas,
       no sólo en Juzgado Notarial y Dirección Nacional de Notariado, me
       siguen violando mis derechos, el Tribunal impostor que funciona en la
       Sala Constitucional, me sigue violando derechos, archivando y
       desestimando expedientes faltándole el respeto al Consejo Superior del
       Poder Judicial y violando el artículo 3 del Reglamento de Creación de la
       Contraloría de Servicios del Poder Judicial.”
                                       165

                                          -0-

      Por su parte, la Secretaría General de la Corte, con oficio N° 2782-08 de 3

de abril en curso, remitió al Tribunal de la Inspección Judicial, copia de la nota

anteriormente transcrita para que se agregue a los antecedentes.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla del

conocimiento del señor Manuel de Jesús Castro Zúñiga. Se declara acuerdo

firme.

                                ARTÍCULO XLI

      El máster Juan Bautista Solís Alvarado, Juez Tramitador del Tribunal de

Familia de San José, en nota de 10 de abril en curso, comunica que en sesión del

Colegio de Jueces, realizada el 28 de febrero de este año, se designó como Jueza

Coordinadora a la doctora Ana María Picado Brenes, en sustitución del licenciado

Óscar Corrales Brenes, quien se acogió a la jubilación desde el 1° de enero del

2008. Asimismo don Juan Bautista comunica que se designaron como

Coordinadores Suplentes a los jueces Alexis Vargas Soto y Diego Benavides

Santos.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior e informar al máster

Solís Alvarado, que la designación de la licenciada Picado Brenes como Jueza

Coordinadora de ese despacho debe ser por un período de 4 años, de conformidad
                                          166

con lo que establece el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se

declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XLII

      En nota de 7 de abril en curso, la licenciada Rita María Calvo Sánchez,

solicitó se ordene el giro respectivo para responder al pago a su favor según

ejecutoria de sentencia que adjuntó.

      Al respecto la licenciada Maricruz Chacón Cubillo, Asistente Jurídica

interina con el visto bueno del licenciado Ricardo Monge Bolaños, Profesional en

Derecho 3 de la Secretaría General de la Corte, presenta el siguiente informe de 15

de abril en curso, que dice:

              ―I).- ASUNTO.-
              La Licda. Calvo Sánchez indica:

              “La suscrita, Leda. Rita María Calvo Sánchez, mayor, abogada,
       vecina de Heredia y con cédula 1698934, solicito se ordene el giro
       respectivo para responder al pago a mi favor según la ejecutoria de
       sentencia que adjunto a la presente”.

             II).- JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO
       JUDICIAL DE SAN JOSÉ, expediente N° 02-000788-0166-LA
       (Ejecución de Sentencia N° 4650-2007 de las 9 horas 23 minutos del 19
       de noviembre de 2007).

              “Conforme la expuesto, artículos 27, 35, 41, 63, 72 y 74 de la
       Constitución Política, así en concordancia con los artículos 1, 4, 392, 394,
       400, 402, 420 y 443 todos del Código de Trabajo, se declara la existencia
       de intereses legales conforme la tasa pasiva que al efecto tiene el Banco
       Nacional de Costa Rica por el período comprendido del 21 de setiembre
       del 2006 y hasta el 04 de abril del 2007, un total de ¢40.592,88
                                         167

      (CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS COLONES con
      OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS), los cuales adeuda El Estado a favor
      de la Actora, sin condenatoria en costas”.

            III.- RESUMEN.-

             Lo resuelto en sentencia N° 4650-2007 de las 9 horas, 23 minutos
      del 19 de noviembre de 2007, dispone el reconocimiento y pago de
      intereses legales conforme la tasa pasiva que al efecto tiene el Banco
      Nacional de Costa Rica por el período comprendido del 21 de setiembre
      del 2006 y hasta el 04 de abril del 2007, un total de ¢40.592,88
      (CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS COLONES con
      OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

            IV).- RECOMENDACIÓN.-

            1. La solicitud de la Licda. Rita María Calvo Sánchez, es
      procedente toda vez que está conforme a lo señalado en la Ejecución de
      Sentencia, por lo que se recomienda al Consejo Superior ordenar al
      Departamento Financiero Contable el pago del monto señalado, que
      deberá depositarse a favor del despacho jurisdiccional respectivo, para
      constancia del cumplimiento de lo resuelto en sentencia y para que
      proceda al giro correspondiente.

            2. Debe la Secretaría al momento de ejecutar el acuerdo respectivo:

             a) Remitir al Departamento Financiero Contable la certificación de
      la sentencia aportada por la interesada; b) Remitir copia de lo acordado al
      Juzgado de Trabajo Segundo Circuito Judicial de San José, para
      constancia de lo resuelto, en relación con lo ordenado en sentencia.-”

                                         -0-

     Se acordó: 1.) Acoger el informe anterior, en consecuencia, se ordena al

Departamento Financiero Contable que, en cumplimiento de lo resuelto en

diligencias de ejecución de sentencia, expediente N° 02-000788-0166-LA,

deposite en la cuenta corriente del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito
                                       168

Judicial de San José a favor de la licenciada Rita María Calvo Sánchez el monto de

¢40.592,88 (cuarenta mil quinientos noventa y dos colones con ochenta y ocho

céntimos) por los conceptos indicados. 2.) La Secretaría General de la Corte, al

momento de ejecutar el acuerdo remitirá al citado departamento la certificación de

la sentencia aportada por la interesada. Asimismo copia de lo acordado al Juzgado

indicado para constancia de lo resuelto, en relación con lo ordenado en sentencia y

objeto de reclamo en esta sede por la licenciada Calvo Sánchez. 3.) Notifíquese a

la interesada mediante resolución. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XLIII

      La Corte Plena en sesión N° 04-07 celebrada el 5 de febrero del 2007,

artículo XIII, dispuso reservar la solicitud del Concejo Municipal de La Cruz para

que se instale una Morgue Judicial en la provincia de Guanacaste, para cuando se

conozca el informe sobre las negociaciones con la Caja Costarricense de Seguro

Social tendentes a la firma de un convenio, para que en sus hospitales donde exista

departamento de patología, los médicos forenses del Poder Judicial, puedan hacer

las autopsias.

      Este Consejo en sesión N° 15-08 del 26 de febrero del año en curso, artículo

LIX, ante solicitud similares de otras poblaciones, dispuso comunicar al Concejo

Municipal de Coto Brus que en razón de problemas presupuestarios el Poder
                                         169

Judicial no está en capacidad para establecer una Medicatura Forense en la Región

Sur, dado lo oneroso que resulta el funcionamiento de ésta en un lugar como el que

se solicita y la carencia de recursos humanos y materiales para que funcione

debidamente, según estudios ya realizados. Asimismo reservó su gestión para

cuando la Corte Plena resuelva al respecto.

      En sesión N° 18-08 del 6 de marzo en curso, artículo XLII, -entre otros

asuntos-, se hizo una instancia al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de

Seguro Social, para que se pronuncie sobre la posibilidad de la firma del convenio

que en su oportunidad le mencionó la Corte Plena, sobre el tema de la realización

de autopsias.

      El licenciado Olivier Pérez González, Diputado del Partido Acción

Ciudadana, en oficio Nº P.A.C./OP/032/08 de 2 de abril en curso, recibido el 7 de

este mes, manifiesta lo siguiente:

             “He recibido copia de oficio SG 115-2008 que le hiciera llegar el
       Concejo de la Municipalidad de Corredores, el día 17 de marzo del año en
       curso, mediante el cual solicitan la instalación de una Medicatura Forense
       en la Región Brunca.

             Apoyo totalmente dicha solicitud, pues para nadie es un secreto la
       dificultad que implica para las personas afectadas, tener que trasladar á
       sus deudos hasta la provincia de Heredia para lo que procede y luego
       devolverlos a la zona para sus funerales. Normalmente son personas de
       muy bajos recursos, lo cual les hace doblemente pesada su carga.

            Le agradezco informarme si este proyecto tiene viabilidad.
                                         170

            Sin otro particular y en espera de sus noticias dentro del plazo
       establecido en el artículo 27 de la Constitución…”

                                           -0-

      Asimismo, el señor Roberto Sánchez Mata, Secretario del Concejo

Municipal de Osa, en nota de 9 de este mes, expone lo siguiente:

            “El Concejo Municipal de Osa, acuerda dar un total respaldo a la
       comisión para la creación de la Medicatura Forense en la Región Brunca.
       En vista de las grandes dificultades que enfrentan los pobladores de esta
       región al tener que trasladar los cuerpos hasta la única Medicatura
       Forense, existe en San Joaquín de Flores, Heredia.

             Existe la iniciativa de los Gobiernos Locales de respaldar en
       infraestructura existiendo inclusive fondos disponibles en JUDES UR
       para respaldar la propuesta.

            Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo
       definitivamente aprobado…”
                                         -0-

      Por su parte, las señoras Daisy Anchía Angulo, Feliciano Álvarez Guevara,

Ana Luisa Catón Baltodano y los señores Jorge Jiménez Sánchez, Róger López

Barquero y Rafael Navarro Umaña, por su orden, funcionarios de las

Municipalidades de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Pérez Zeledón y Coto

Brus, en nota de 4 de abril en curso, recibida el 8 de los corrientes, expresan lo

siguiente:

            “…Del asunto supra, los regidores, regidoras y alcaldes nombrados
       por cada Concejo Municipal y organizaciones de la sociedad civil de la
       Región Brunca; hemos iniciado con la integración de una comisión
       regional, el proceso para gestionar la creación de una Medicatura Forense
       en nuestra jurisdicción.
                                  171


     Dicha iniciativa, nace ante las grandes dificultades que sufren
nuestros pobladores por diferentes situaciones a las que se enfrentan por
pérdida de un ser querido, entre las cuales mencionaremos algunas:

      1. Nuestra población padece grandes dificultades, al tener que
trasladar los cuerpos a la única Medicatura Forense, ubicada en San
Joaquín de Flores de Heredia. En algunos casos, tardando hasta 72 horas
para el traslado de estos cuerpos.

      2. Por ser el único Dpto. que brinda este servicio, muchas veces, la
saturación de cadáveres hace aún más engorroso el procedimiento, para la
práctica de necropsia. Como consecuencia la familia recibe un ataúd
sellado, con órdenes estrictas de no abrirse y por ende tener que
conformarse con creer que ahí esta el familiar.

     3. Nuestra población es una de las que posee mayores índices de
pobreza a nivel nacional, un factor más a tomar en cuenta, ya que los
gastos en que se incurren son sumamente elevados.

     Aunado a lo anterior, creemos importante señalar que esta región
cuenta con 300000 habitantes con una extensión territorial de 29528 km2,
lo que representa aproximadamente el 50% del territorio nacional. Con
una tasa de mortalidad de 3.6 por cada 1000 habitantes y con un índice de
desarrollo social muy bajo. Con una ubicación geográfica muy particular,
caracterizada por su difícil acceso y largas distancias.

     Por tanto, respetuosamente apelamos a su despacho para plantear,
formalmente se analice esta propuesta en relación a la creación de dicha
Medicatura Forense en nuestra región, como en justicia corresponde todo
lo que conlleva la pérdida de un ser querido.

      Que se tome en cuenta que nuestra iniciativa recoge el sentimiento
de toda una población que de alguna manera siente lesionado sus
derechos de igualdad y oportunidad, ante un servicio centralizado y
deficiente.

     Se adjuntan los acuerdos municipales para la representación de cada
concejo y el respaldo a la iniciativa expuesta.”
                                  -0-
                                         172

      Se acordó: Tomar nota de las comunicaciones anteriores y de conformidad

con lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 04-07 de 5 de febrero del 2007,

artículo XIII y este Consejo en sesión N° 18-08 del 26 de febrero del año en curso,

artículo LIX, se dispone reservar las gestiones para cuando se resuelva en

definitiva sobre las negociaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social,

tendentes a la firma de un convenio, para que en sus hospitales donde exista

departamento de patología, los médicos forenses del Poder Judicial, puedan hacer

las autopsias. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 96-07, celebrada el 20 de diciembre del 2007, artículo LVI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “La licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios, en
       oficio N° C574-07 recibido el 14 de diciembre en curso, manifestó lo
       siguiente:

              "He tenido conocimiento de la creación de plazas ordinarias para la
       Contraloría de Servicios, contempladas en el presupuesto del Poder
       Judicial, a partir de 2008, lo cual me complace y agradezco. Como
       respuesta a nuestra solicitud, tres plazas aprobadas fueron adscritas
       presupuestarias a la Contraloría Regional de Servicios de Alajuela y
       corresponden a un Profesional 1 (No. 350051), un Auxiliar
       Administrativo 2 (No. 350052) y un Auxiliar de Servicios de Contraloría
       (No. 350053).

             Con el fin de propiciar el uso eficiente de los recursos, ampliar el
       acceso al servicio que se brinda a las personas usuarias y en congruencia
       con lo que se expresó al justificar la solicitud de tales plazas, según
       consta en el Informe de plazas nuevas para el 2008 No. 071-PLAZAS-
                                  173

2007, elaborado por el Departamento de Planificación, deseo solicitar que
se autorice que las plazas de Profesional 1 y Auxiliar Administrativo 2
recién creadas sean destacadas permanentemente en el edificio de los
Tribunales de San Carlos, con el objetivo de proceder a la apertura de la
Contraloría Regional de Servicios del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela, oficina que aparece contemplada dentro de la propuesta de
creación de la Contraloría de Servicios, aprobada por la Corte Plena en el
año 2000.

       Con la ubicación de las dos plazas en San Carlos se completaría la
estructura organizacional de la Contraloría de Servicios aprobada por la
Corte, la cual se observa en la página 17 de la propuesta de creación
citada. Con ello se ampliaría la cobertura del servicio, se podría brindar
un mayor apoyo a los despachos adscritos al Segundo Circuito Judicial de
Alajuela, Guatuso, Los Chiles, La Fortuna, entre otros, efectuar un
seguimiento personalizado a las demandas de las personas usuarias y
mejorar el servicio en esa circunscripción territorial.

       Lo anterior también permitiría a esta jefatura acceder al
planteamiento que el Contralor Regional de Alajuela, señor Alberto
Serrano, expuesto mediante el oficio CSA-046-07 del 3 de julio de 2007,
en el sentido de su deseo de que se le exima de la responsabilidad de
atender las gestiones del Segundo Circuito Judicial de Alajuela,
precisamente por cuanto considera que ello debe ser función de la
Contraloría de Servicios del Segundo Circuito Judicial de Alajuela y,
mientras no fuera creada que esa labor debe ser asumida por la oficina
central.

       En cuanto a la carga laboral de la Contraloría del Primer Circuito
de Alajuela, se observa que no resulta necesario aumentar el personal de
esa oficina pues, además de que no se cuenta con espacio físico, el
informe de de Plazas Nuevas para el 2008 No. 071-PLAZAS-2007
señaló:

        „De la información anterior, se desprende que en términos
generales, la Subcontraloría de Servicios del 1 Circuito Judicial de
Alajuela presenta un decrecimiento de un 22.8% en el número de
gestiones atendidas directamente de ese Circuito, entre el 2003 y 2006
(...)."

      Asimismo, la creación de la nueva oficina regional resulta
                                    174

congruente con lo que se consignó en el estudio del Departamento de
Planificación N° 071-PLAZAS-2007, que dice:

        "Por otra parte, en entrevista realizada al Máster Saúl Arce
Brenes, señaló que de contar con la cantidad de recurso humano
solicitada para la Subcontraloría de Servicios del Primer Circuito
Judicial de Alajuela; se valoraría la posibilidad (por conveniencia
institucional) de destacar una fracción de ese factor humano en el
edificio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos); como se
ha procedido en el caso de la Subcontraloría de Guanacaste y del Primer
Circuito Judicial de la Zona Atlántica; donde se ha fraccionado el
recurso humano, destacándolo en el edificio de Liberia y Santa Cruz y en
el Primero y Segundo circuitos judiciales de la Zona Atlántica,
respectivamente."

       En relación con la plaza de Auxiliar de Servicios número 92921,
que mediante el oficio C620-02 de 12 de diciembre de 2002 solicité a ese
Consejo destacar en la Contraloría Regional de Alajuela, con el fin de
hacer posible la apertura de esa oficina, estimo que con la creación de la
plaza 350052 para esa Contraloría Regional de Alajuela se hace ahora
innecesaria la permanencia de la plaza 92921 ahí.

       No obstante, solicito que se apruebe la solicitud que ha efectuado
la señora Jacqueline Hernández Aguirre, quien se encuentra nombrada en
propiedad en esa plaza de Auxiliar y por los motivos expuestos en su
comunicación (la cual se adjunta), desea ser trasladada a la nueva plaza
de igual categoría que a partir de 2008 se ha creado específicamente para
la oficina regional de Alajuela (número 350052). De tal manera, ella
quedará nombrada en una plaza de la misma oficina en la que ha venido
laborando y con un puesto de idéntica categoría.

       En virtud de que se ha asignado una oficina para la Contraloría de
Servicios en el edificio de los tribunales en Turrialba, la cual he tenido la
oportunidad de conocer, y de que no se cuenta con ninguna plaza
disponible para la atención de esa oficina en el nuevo edificio, solicito
que la plaza de Auxiliar de Servicios de Contraloría 92921, sea destacada
en Turrialba, con el fin de que una vez que se efectúe el traslado de la
señora Hernández, se pueda proceder a efectuar el nombramiento de una
persona dispuesta a laborar en la nueva oficina de la Contraloría de
Servicios en Turrialba, en forma permanente.
                                          175

              No estimo que procede que tal plaza se destacada en la Contraloría
       de Heredia, de la cual originalmente se reubicó, en razón de que el
       recurso destacado en esa oficina regional ha resultado suficiente para el
       cumplimiento de las funciones. También existe el inconveniente de que
       actualmente no se cuenta en las oficinas que están en funcionamiento con
       el espacio suficiente ni justificación alguna para incrementar el número
       del personal, mientras que para el funcionamiento de la oficina de
       Turrialba no se cuenta con ningún recurso asignado.

              Concluyo expresando que lo que se solicita permitirá no solo
       completar el número de oficinas regionales inicialmente previstas, de las
       cuales únicamente falta la creación de la Oficina Regional del Segundo
       Circuito Judicial de Alajuela, sino también ampliar la cobertura del
       servicio a las personas usuarias (en San Carlos y Turrialba) y fortalecer la
       calidad de la atención personalizada que estaremos en capacidad de
       brindar (atención de un mayor número de personas usuarias y visitas
       frecuentes a los despachos judiciales, entre otros).

             Agradezco de antemano su consideración a esta solicitud y me
       pongo a su disposición para, si ello se requiere, ampliar y aclarar lo
       expuesto."

                                              -0-

               Se acordó: Acoger en todos sus extremos la gestión presentada
       por la licenciada White Curling.”
                                          -0-

      El licenciado Saúl Arce Brenes, Subcontralor General de Servicios, con nota

de 11 de abril en curso, manifiesta lo siguiente:

             “Con instrucciones de la Licda. Lena White Curling y con fin de
       que sea conocimiento de los señores y las señoras integrantes del Consejo
       Superior me permito exponer lo siguiente:

              El Consejo Superior en sesión Nº 96-07 celebrada el 20 de
       diciembre de 2007, artículo LVI, dispuso aprobar la propuesta de esta
       oficina de conformar la Contraloría de Servicios del Segundo Circuito
       Judicial de Alajuela, con dos de las tres plazas aprobadas para el 2008 y
                                          176

       adscritas a la Contraloría Regional de Servicios de Alajuela. En la gestión
       suscrita por doña Lena según el párrafo 5 del oficio C574-07 del 13 de
       diciembre del mismo año, también se solicitó que se aprobara la solicitud
       de la señora Jacqueline Hernández quien se encuentra nombrada en
       propiedad en la plaza de Auxiliar de Servicios de la Contraloría de
       Servicios de Alajuela y quien solicitó ser trasladada a una de las nuevas
       plazas que a partir de este año se crearon para la oficina regional de
       Alajuela, indicándose la plaza 350052, siendo lo correcto haber indicado
       la plaza número 350053 (Auxiliar de Servicios de Contraloría) que es de
       la misma categoría en la que ella ha venido nombrada en la Contraloría
       Regional de Servicios de Alajuela.

             Por lo expuesto, solicito respetuosamente se corrija el error
       material en que incurrió esta oficina, en el entendido que en lo demás la
       propuesta queda incólume.”
                                          -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior en la forma propuesta, en

consecuencia, modificar el acuerdo tomado en la sesión N° 96-07 del 20 de

diciembre del 2007, artículo LVI, en el sentido de que la plaza a la que se traslada

la servidora es la N° 350053 y no como por error se indicó.

      Los Departamentos de Personal y Planificación tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XLV

      En sesión N° 23-07 celebrada el 28 de marzo del 2007, artículo LXVI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “La licenciada Nancy Araya Sandoval, Fiscal Adjunta de Cartago,
       en correo electrónico recibido el 22 de marzo en curso, expone lo
       siguiente:
                                   177

       "Como es del conocimiento de ustedes, la Corte Plena en el
artículo VIII de la sesión N° 3-1998 del 2 de febrero de 1998, dispuso el
pago de un sobresueldo por concepto de disponibilidad a todos los
funcionarios que atendemos la materia penal. Esta disposición generó no
solo un mayor compromiso laboral, - el cual consistió en la atención de
causas fuera del horario normal de oficina – sino que también significó un
beneficio económico que estábamos disfrutando al amparo de dicho
acuerdo. Sin embargo, este Consejo modificó tal acuerdo, y dispuso que
no se nos siguiera pagando el rubro de la disponibilidad que debíamos
seguir respetando, salvo las horas efectivas de trabajo; con ello se dio un
acto abusivo del ius variandi, y se nos causó un importante perjuicio
económico. Se impuso en pocas palabras, a partir del día 18 de julio de
2002, la obligación de no disponer de nuestro tiempo libre, en virtud de
una disponibilidad que no nos sería pagada, salvo la excepción descrita.
       Sin embargo, la Sala Constitucional en el voto 3102-07, dictada
dentro de la sumaria 06-003463-0007-CO, recién ha declarado con lugar
un Recurso de Amparo interpuesto por compañeros de la jurisdicción de
San Ramón de Alajuela, sobre este mismo reclamo, disponiendo lo
siguiente:
       Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alfonso Chaves
Ramírez, en su condición de Presidente en ejercicio del Consejo
Superior, y a Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de
Personal, ambos del Poder Judicial, o a quienes ocupen sus cargos,
disponer lo necesario para que se reconozca a los amparados, de
inmediato, su sobresueldo de disponibilidad del 18 de julio de 2002 a
la fecha, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Plena en el artículo
VIII de la sesión No.003-1998 del 2 de febrero de 1998, y se les
continúe pagando de esa forma, hasta que se anule, en su caso, el
derecho otorgado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y
perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de
sentencia de lo contencioso administrativo. Se les advierte que de
conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Notifíquese a los recurridos la presente
resolución EN FORMA PERSONAL. Comuníquese.-.
      Es decir, finalmente la Sala Constitucional ha dado la razón sobre
                                  178

tal reclamo, y ha dispuesto que se paguen los rubros de la disponibilidad
que fueron acordados en su momento por Corte Plena, desde el día 18 de
julio de 2002 y hasta la fecha; lo anterior a favor de los allí amparados.
       Siendo que la Constitución Política en el artículo 57 garantiza el
derecho a una misma remuneración por igual trabajo y en las mismas
circunstancias, solicito respetuosamente que se me reconozca el mismo
derecho y en las mismas condiciones en que lo ha resuelto la Sala
Constitucional en el voto ya citado, máxime que jamás he dejado de
cumplir con mis obligaciones durante el período de disponibilidad que me
ha correspondido atender durante todo estos años.
      Notificaciones:
      Las atenderé mediante el sistema de Intranet."
                                      -0-
       Por su parte, en notas de 20, 21 y 22 de este mes, los licenciados
Fernando Chacón Rojas, Felipe Montealegre Castro y Zulay Segura
Amador, Defensores Públicos de Desamparados, las licenciadas Yamileth
Delgado Valverde y Ligia Durán Solano, Defensoras Públicas de Pérez
Zeledón, los licenciados German Brenes Montero, Ana Vanesa Núñez
Acuña, Roberto Madrigal Zamora, Mónica Fonseca Jiménez, Diana
Villalta Bonilla, Rodolfo Valverde Monge, Edward Vega Céspedes, Luis
Rodolfo Chaves Cordero, Álvaro Jesús Valverde Rojas y Alejandra
Picado Ortega, Defensores Públicos de Cartago, los licenciados Gabriela
Saborío Montero, José Barletta Valladares, Laura Cerdas Salazar, Ana
Emilia Fallas Santana, Ana Lucía Blandino Herrera, Dionisio Ramos
Morales, María Nidia Rodríguez González, Vanesa Víquez Gómez, José
Mario Córdoba Vargas, Mario Oconitrillo Gamboa, Crisian Wong Vega,
Gabriela Thuel Aguilar, Carlos Mora Solera, Victoria Saborío Chaves,
Óscar Mario Rojas Herrera, Daniel Vargas, Patricia Vega Jinkins,
Gabriela Aguilar, Héctor Sánchez Ureña, Odilie Robels, Niriana Muñoz
Matamoros, Annia Enríquez Chavarría, Yadira Godínez Segura, Marjorie
Seas Gutiérrez, Marvin Vega Arias, Floribeth Rodríguez Picado, María
Teresa Baldizón Navascues, Natalia Rodríguez Solís, Angelita Valerio
Sánchez, Eddie Díaz Solórzano, Eduardo Incer Sevilla, Eunice Villalta
Calvo, Fernando Arguedas Rojas, Roxana Burgos Corrales, Ligia Arias
Alegría, Luis Rodríguez Cruz, Luis Enrique Quesada Brenes, Hazel
Chavarría Marín, Miguel García Martínez, Juanita Sánchez Guillén,
Natalia Gamboa Sánchez, Andrea Víquez Carrillo, Andrés Chacón
Bonilla y Luis Antonio Chang Pizarro, funcionarios del Primer Circuito
                                  179

Judicial de Alajuela, los licenciados Flor Zambrana Orozco, Ana Isabel
Chaves López, Rocío de la O Díaz, Luis Soto Barrantes, Deby Garay
Boza, Carolina Campos Camacho, Kenneth Alvarado Aguirre, Ross Mary
Solís Carmona, Graciela Monge Quesada, Pilar Espinach Rueda, Emilia
Navas Aparicio, Fiscales de la Fiscalía Adjunta de Heredia, los
licenciados Arlena Abarca Villalobos, Jofrey Salas Fuentes, Seidy
González Delliens, Ronny Jiménez Chaves, Julián Martínez Madriz,
Róger Mata Brenes, Tatiana García Araya, Jenny Almendariz Solís,
Fiscales de la Fiscalía Adjunta de Cartago, licenciados Celso Gamboa
Sánchez, Esteban Vega Calvo y la licenciada Seidy Peraza Solís, Fiscales
de San José, los licenciados Francini Gómez Baltodano, Jessica
Hernández Elizondo y Jorge Araya Jiménez, Fiscales de la Fiscalía
Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y tributarios, los licenciados
Primo Chacón Barquero, Marco González Salas, Roberto Carmona
Segnini, Shirley Yanina Luna Duran, Shirley Jaubert Solís, Andrea
González Céspedes, Fabio Víquez Gómez, Oralia Molina Zúñiga,
Guillermo Hidalgo Segura, Guillermo Ampie Bonilla, Rafael Segura
Bonilla, Hanzel Araya Morales, Jenny Alvarado Oviedo, Alfredo Arias
Calderón, Tomas Poblador Ramírez, Elizabeth Fallas Camacho, Enelson
Garita Vindas, Andres Vargas Araya, Jackeline Martínez Segura,
Alejandro Vargas Chavarría, Bey Hui Li Villalobos, Fabián Leandro
Marin, Jennifer Palma García, Gladis Chi Chang, Elisa Blanco Morice,
Ana Virginia Fallas Barbosa y Mauricio Pereira Quirós, solicitan se les
reconozca de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional que se da
cuenta, el rubro concerniente a la disponibilidad dejado de percibir desde
el 18 de julio del 2002 y se les cancele conforme a lo dispuesto en la
sesión de Corte Plena N° 3-1998 del 2 de febrero de 1998, artículo VIII.
       Se acordó: 1) Disponer que el Reglamento de Compensación por
disponibilidad en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión
N° 9-02 celebrada el 25 de febrero del 2002, artículo XXXI, será de
aplicación a todos aquellos servidores nombrados a partir de su
promulgación y que ingresen al régimen de disponibilidad. 2) Reconocer
que de conformidad con el fallo N° 3102-07 de la Sala Constitucional,
expediente N° 06-003463-07-CO, se deben hacer extensivos los alcances
de dicho pronunciamiento a aquellos petentes a los que se les venía
aplicando el acuerdo de Corte Plena de la sesión celebrada el 2 de febrero
de 1998, artículo VIII, por lo que deberá el Departamento de Personal
variar el sistema de pago de la disponibilidad para ellos a partir del
próximo 1° de mayo. 3) Deberá también el Departamento de Personal al
calcular las sumas a cancelar desde la fecha que ordena la Sala y con base
en el sistema anterior de disponibilidad, tomar en consideración el pago
                                           180

        ya realizado por el mismo concepto que incluye el porcentaje y las horas
        extraordinarias efectivamente pagadas. 4) El Departamento de Personal
        consultará a los servidores que se encuentran bajo el sistema de
        disponibilidad y que no han gestionado el cambio con base en el
        pronunciamiento de la Sala Constitucional, para lo que a bien estimen
        manifestar, en cuanto a la posibilidad de mantenerse en el sistema actual.
        5) Igualmente, el Departamento de Personal concederá audiencia a los
        servidores incluidos en el sistema de disponibilidad, que ingresaron al
        sistema con anterioridad a la promulgación del reglamento citado, sobre
        la opción que tiene la administración de aplicárselos a partir de una fecha
        a definir.”
                                           -0-

      En sesión N° 19-08 del 11 de marzo del año en curso, artículo LIII, en

relación con el tema del pago de disponibilidad y horas extra por el tiempo

efectivamente laborado, con motivo de lo que ha venido resolviendo la Sala

Constitucional de la Corte en recursos de amparo interpuestos por funcionarios

judiciales, así como de las diferentes gestiones que en ese sentido se han

formulado y están pendientes de resolución de este Consejo, se dispuso, que en

virtud de que a la fecha, no existe claridad de este órgano en cuanto a la forma de

cumplir lo dispuesto por dicha Sala respecto al pago de los rubros mencionados, su

conocimiento y resolución se reserva para cuando la Sala Constitucional de la

Corte se pronuncie sobre la adición y aclaración que el Presidente de la Corte, con

base en las razones anteriores se servirá solicitar a la Sala Constitucional.

      El licenciado Miguel Carvajal Sandí, Fiscal de la Fiscalía de Tarrazú, con

nota de 15 de abril en curso, solicita lo siguiente:
                                    181

       “… PRIMERO: Solicito que se me pague las sumas
correspondientes a la disponibilidad, que el suscrito no recibió a partir del
año 2002, en que inicié a laborar con el Ministerio Público como Fiscal
Auxiliar y hasta el día de hoy.
      Fundo mi reclamo sobre este extremo en la resolución de este
Consejo tomada en la sesión 23-07 celebrada por este Consejo el 28 de
marzo del presente año (sic) en el artículo LXVI acordó:

       1) Disponer que el Reglamento de Compensación por
Disponibilidad en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en
sesión 9-02 celebrada el 25 de febrero del 2002, artículo XXXI, será
de aplicación a todos aquellos servidores nombrados a partir de su
promulgación y que ingresen al Régimen de Disponibilidad. 2)
Reconocer que de conformidad con el fallo N° 3102-07 de La Sala
Constitucional, expediente N° 06-003463-07-CO, se deben hacer
extensivos los alcances de dicho pronunciamiento a aquellos petentes
a los que se les venía aplicando el acuerdo de Corte Plena de la Sesión
celebrada el 2 de febrero de 1998, artículo VIII, por lo que deberá el
Departamento de Personal variar el sistema de pago de la
disponibilidad para ellos a partir del próximo 1 de mayo. 3) Deberá
también el Departamento de Personal al calcular las sumas a
cancelar desde la fecha que ordena la Sala y con base en el sistema
anterior de disponibilidad, tomar en consideración el pago ya
realizado por el mismo concepto que incluye el porcentaje y las horas
extraordinarias efectivamente pagadas. 4) El Departamento de
Personal consultará a los servidores que se encuentran bajo el
sistema de disponibilidad y que no han gestionado el cambio con base
en el pronunciamiento de la Sala Constitucional, para lo que a bien
estimen manifestar, en cuanto a la posibilidad de mantenerse en el
sistema actual. 5) Igualmente, el Departamento de Personal
concederá audiencia a los servidores incluidos en el sistema de
disponibilidad, que ingresaron al sistema con anterioridad a la
promulgación del reglamento citado, sobre la opción que tiene la
administración de aplicárselos a partir de una fecha a definir.

       SEGUNDO: Actualmente me sigo desempeñando como
funcionario del Ministerio Público y de acuerdo a los últimos votos de la
Sala Constitucional 2062-08 y 2063-08, es deber del Departamento de
Personal pagarnos tanto la disponibilidad que no recibimos como las
horas extras que desde el año pasado no se nos paga aduciendo que nunca
escogí ningún régimen de pago. Quedando claro ahora que se me deben
                                   182

de cancelar los dos rubros, solicito se ordene el pago inmediato de las
horas extras que he laborado y que me tienen congeladas y del rubro de
disponibilidad con base al Régimen del año 1998 y que no se me hago
rebajo alguno sobre las horas extras que me fueron pagadas en su
oportunidad pues ya ha quedado establecido que son dos rubros
completamente distintos.

       TERCERO: Ruego nuevamente que a la hora de hacerse el
cálculo de las disponibilidades dejadas de pagar, no me sean rebajados los
montos pagados por concepto de horas extras ya liquidadas, de
conformidad a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución
16630-07. Ya que de la misma forma como allí se dispuso, mantengo que
la disponibilidad es diferente al tiempo real de trabajo, por las mismas
razones que allí se dispone.

      En consecuencia solicito a ustedes:

       Que se me paguen las sumas de dinero dejadas de percibir por el
suscrito en el período comprendido entre a partir del año del 2002 y hasta
la fecha que se normalizó el pago correcto de la disponibilidad.

       Que se me calcule el pago de las disponibilidades no pagadas en
las mismas condiciones a las dispuestas en el voto constitucional 16630-
07, es decir, sin que se me rebaje el pago efectivo de las horas extras
laboradas.

       Solicito que el pago se haga en las condiciones que ha establecido
la Sala Constitucional.

      Además solicito que se tome en cuenta que durante estos he
laborado en distintas Fiscalías donde el plus de disponibilidad era mayor,
a saber Corredores, Grecia, Heredia, Sarapiquí, San José, Limón y
Tarrazú.

DERECHO:

       Me fundamento no solo en las resoluciones de la Sala
Constitucional ya indicadas, sino también en los derechos
constitucionales estipulados en los artículos 57 y 58, los cuales me
aseguran un salario igual en iguales condiciones de eficiencia, así como el
pago de las horas de trabajo realizadas más allá de la jornada ordinaria, es
                                             183

       decir el pago de las horas extras.”
                                             -0-

      Se dispuso: Por mayoría, tener por recibida la solicitud del licenciado

Carvajal Sandí y reservar su conocimiento hasta que la Sala Constitucional no se

pronuncie respecto de la adición y aclaración que el Presidente de la Corte

presentó en cuanto a la forma de cumplir con lo dispuesto por dicha Sala,

concerniente al pago de los rubros de disponibilidad y horas extra por el tiempo

efectivamente laborado.

       El licenciado Martínez Fernández votó por disponer el pago que

corresponda al petente, por lo que el Departamento de Personal debe proceder a su

cálculo y ejecución, considerando que la Sala Constitucional ha señalado, en sus

últimos pronunciamientos, que el pago de horas extra debe hacerse con

independencia del sistema de disponibilidad que se aplique. Para esos efectos

considera necesario reforzar a dicho Departamento, para acelerar el proceso de

procesamiento de datos, ya que el paso del tiempo involucrará una mayor

erogación para el erario público; así como que aún cuando se esté a la espera de la

aclaración que pudiera hacer el Tribunal Constitucional -de lo que concluye una

baja posibilidad que cambie de criterio- nada impide que se vaya ejecutando ese

proceso; contemplando el importante número de casos que habrá que resolver

según ese mismo Departamento indica. Se declara acuerdo firme.
                                         184

                                 ARTÍCULO XLVI

      El señor Fabián David Quirós Álvarez, Presidente de la Asociación

Costarricense de Profesionales en Presupuesto Público, en oficio Nº ACODEP-C-

001-08 de 7 de abril en curso, indica lo siguiente:

             “…en nombre de la Asociación Costarricense de Profesionales en
       Presupuesto Público (ACODEP), en ocasión de hacer extensiva la
       invitación al XXXV Seminario Internacional de Presupuesto Público.
             La actividad es organizada por la Asociación Internacional de
       Presupuesto Público (ASIP), la Secretaría de Presupuesto Federal, la
       Asociación Brasilera de Presupuesto Público y el Gobierno de la
       República Federativa de Brasil, se desarrollará entre los días 5 y 9 de
       mayo del 2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

            Los temas elegidos para debatir este año son: Plan y Presupuesto -
       Alineamiento y Convergencia Estratégica, Política, Técnica y
       Operacional y Eficiencia, Eficacia y Oportunidad del Gasto Público. El
       futuro de los Presupuestos Públicos.

             Asimismo, se realizarán cuatro paneles en los que se tratarán los
       siguientes temas específicos: 1. Objetivos del Milenio y el Gasto Público,
       2. Sistemas de Evaluación de los Presupuestos Públicos, Condiciones y
       Resultados, 3. El Gasto Social, Concepto, Alcances, Metodologías,
       Experiencias y Propuestas y 4.Rigidez del Financiamiento del
       Presupuesto Público, Causas y Consecuencias.

            No omito resaltar la trascendencia de este evento que sin lugar a
       dudas, provocará discusiones y aprendizajes para fortalecer las
       capacidades y competencias del recurso humano asignado a las tareas
       presupuestales y de planificación estratégica de nuestro sector público.”

                                         -0-

      Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior y trasladarla al Consejo

de Personal, para que proceda a la brevedad a efectuar la difusión y el concurso
                                          185

correspondiente, en el entendido de que este Consejo concederá únicamente

permiso con goce de salario, sin sustitución. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XLVII

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho de la

Presidencia, con oficio DP 803-08 de 15 de abril en curso, manifiesta lo siguiente:

              “El próximo martes 29 de abril, de las 9 de la mañana y hasta las
       11 a.m., en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, la
       Escuela Judicial, Colegio de Periodistas, el Sistema Nacional de
       Educación Superior ( SINAES), el Instituto de Prensa y Libertad de
       Expresión (IPLEX) y la Corte Suprema de Justicia han organizado una
       videoconferencia desde los Estados Unidos, con la participación del
       Profesor Rick Rockwell, de la Universidad Northwestern, sobre el tema
       ―Impacto de la formación profesional en la calidad de la
       información‖, actividad que forma parte del programa de trabajo que se
       ha elaborado para el presente año.

             Esta conferencia tendrá como moderador principal al Periodista y
       Consultor Internacional Eduardo Ulibarri Bilbao.

              En virtud de lo anterior, se solicita la autorización del Consejo
       Superior para que se autorice la participación de los servidores judiciales
       siempre y cuando no se afecte el servicio público, así como se autorice
       hacer el enlace internacional correspondiente con el fin de llevar a cabo
       la actividad citada, con la participación del señor Frank Alvarado y
       servidores de la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial.”
                                          -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar la

participación de los servidores interesados a asistir a la videoconferencia

denominada “Impacto de la formación profesional en la calidad de la información”,

a realizarse el 29 de abril en curso, de las 9:00 a las 11:00 a.m, en el entendido de
                                         186

que las jefaturas velarán por que no se afecte sustancialmente el servicio público,

lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes en

relación con sus funciones en el Poder Judicial.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XLVIII

      En sesión N° 15-08 celebrada el 26 de febrero del año en curso, artículo

LXII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión N° 49-07 celebrada el 3 de julio del 2007, artículo
       LXXI, se dispuso ejecutar un proyecto especial con el fin de
       descongestionar el Juzgado Civil, Trabajo y de Familia de Nicoya, en
       razón del atraso existente y de conformidad con el artículo 44 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial, se concedió permiso con goce de salario a un
       auxiliar de ese despacho para que se dedicara a sacar los asuntos
       atrasados en materia civil, asimismo se trasladó la gestión citada al
       Programa contra el Retraso Judicial de la Presidencia de la Corte y a la
       Dirección Ejecutiva, a fin de que valoraran la situación y analizaran la
       posibilidad de ayudar en forma extraordinaria al citado Juzgado.

             El licenciado Heriberto Díaz Montero, Juez del Juzgado Civil y
       Trabajo de Mayor Cuantía de Nicoya, en correo electrónico de 19 de
       febrero en curso, expone lo siguiente:

            “Por estar pronto a concluir el período por el cual se prorrogó la
       plaza extraordinaria concedida a este Juzgado a fin de descongestionarlo,
       según sesión de su estimable Consejo, No. 49 - 07, celebrada el 3 de julio
       de 2007, artículo LXXI, solicítoles en forma vehemente sea prorrogada
       por otros tres meses o más, a fin de no dar al traste con la tramitación
       sobre todo de asuntos civiles, materia en la cual ya se vislumbra un
       importante avance en términos del descongestionamiento propuesto.

            No sobra decir que el vencimiento ocurrirá el próximo 21 de febrero
                                         187

       del año en curso.”

                                         -0-

                Se acordó: 1.) Acoger la solicitud anterior y de conformidad con
       el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por
       tratarse de un proyecto de interés especial para el Poder Judicial, con el
       fin de descongestionar al Juzgado, prorrogar por tres meses más el
       permiso con goce de salario y sustitución a un auxiliar judicial del
       Juzgado Civil, Trabajo y de Familia de Nicoya, para que continué con el
       proyecto especial de descongestionamiento instaurado en este despacho
       en materia civil. 2.) Solicitar al licenciado Díaz Montero rendir un
       informe sobre la labor realizada por el auxiliar asignado en la labor
       indicada.

            El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.‖
                                         -0-

      El licenciado Heriberto Díaz Montero, Juez Civil y de Trabajo de Nicoya, en

correo electrónico de 15 de abril en curso, manifiesta lo siguiente:

             “De conformidad con el acuerdo tomado por su digno Consejo en la
       sesión No. 15-08 del 26 de febrero del 2008, artículo LXII, rindo el
       informe solicitado sobre la labor efectuada hasta la fecha por el auxiliar
       judicial nombrado como uno con permiso con goce de sueldo.

            Esta función la han venido desempeñando dos diferentes auxiliares
       en dos distintos momentos. En primer lugar, el señor Róger Zúñiga
       Gómez ocupó la plaza del 28 de agoto al 21 de diciembre, ambos meses
       del 2007. Luego, del 14 de enero del 2008, hasta la fecha la ha venido
       ocupando el señor Jhonattan Guevara Cortés.

             El señor Róger Zúñiga tramitó un total aproximado de 107
       expedientes. Además de su función como tramitador y dada la necesidad
       de implementar algunos cambios en el Despacho a fin de
       descongestionarlo, el señor Róger Zúñiga asumió funciones de asistente
       judicial, lo que lo inhibió de dar una mayor producción, sin embargo,
       como se contaba con dos auxiliares meritorias, se designó a una de ellas,
       a Estafany Arce Villalobos, para trámite de asuntos civiles, a fin de no
                                             188

         debilitar el recurso otorgado. Es así como de ella se registra un
         aproximado de 70 expedientes tramitados.

               En lo que respecta al señor Guevara Cortés, se registra de él un
         aproximado de 303 expedientes tramitados. Es importante decir también
         que ellos no solo deben tramitar, sino también coadyuvar en las otras
         funciones ordinarias de toda oficina judicial como son atención al público
         en el mostrador, atención de consultas telefónicas, asistir al juez cuando
         se trata de diligencias fuera de la oficina, etc., pues esto también es parte
         del servicio y muy propio de los despachos judiciales.

               Por último, hacer del conocimiento de sus respetables personas que
         esta información se ha generado del Sistema de Gestión de Despachos el
         cual registra la totalidad de movimientos que produce cada expediente,
         teniéndose que sólo en lo que se refiere al señor Jhonattan Guevara
         Cortés se contabiliza un total de más de doce mil movimientos, mientras
         que del señor Róger Zúñiga, un total aproximado de nueve mil
         movimientos. Con esto se quiere indicar que un solo expediente puede
         demandar tres o más movimientos que incluye confección de oficios,
         mandamientos, oficios de embargo, notificar la resolución, darle
         ubicación, etc. De ahí que la labor no se subsume solamente a
         confeccionar resoluciones, lo cual también debe tomarse en cuenta.”
                                             -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior. Se declara acuerdo

firme.

                                    ARTÍCULO XLIX

      En sesión N° 11-08 celebrada el 12 de febrero del año en curso, artículo

XLIX se tomó el acuerdo que literalmente dice:

               “La licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Jefa interina del
         Departamento de Planificación, con oficio N° 037-PLA-2008 de 16 de
         enero último, remite el informe N° 003-EST-2008 elaborado por la
         Sección de Estadística, relacionado con el número de personas detenidas
         al término del tercer trimestre del 2007, quienes al finalizar el período,
         contaban con prisión preventiva y estaban a la orden de diferentes
                                  189

autoridades judiciales.

      La licenciada Chaves Cervantes, Integrante de este Consejo, a quien
correspondió el estudio de las presentes diligencias, presenta un resumen
de los siguientes aspectos de interés que considera importante destacar:

      Para el tercer el trimestre del 2007, la situación que se venía
presentando con los despachos que remitían incorrectamente la
información en la casilla “Tiempo transcurrido en prisión preventiva”, se
corrigió. Los Tribunales de Hatillo, I Circuito Judicial de la Zona Sur y
Turrialba que regularmente envían esta información correctamente no lo
hicieron.

      El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, señaló
que no remitió el informe mensual de Reo Preso, fórmula F-324-i, por
inconvenientes que se presentaron con la puesta en marcha del sistema de
gestión, por esa razón fue imposible obtener la información requerida y
estos datos son importantes por el peso estadístico que representa.

     El número de detenidos sin sentencia durante el tercer trimestre del
2007, reporta 1355 personas en esa condición, 138 menos con respecto al
segundo trimestre del 2007; sin embargo, se debe tener presente como se
señaló, que para el presente informe hay una ausencia de los datos del
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

     Los tribunales penales experimentaron un descenso de 79 privados
de libertad en comparación con el trimestre anterior, principalmente
debido a la ausencia de los datos del tribunal aludido, constituyéndose de
esta forma en la segunda variable más baja reportada de los cinco
períodos objeto de análisis (295).

      Los juzgados penales reportaron 1060 personas detenidas, 59 menos
que el trimestre anterior. Los juzgados penales que presentan el mayor
incremento de personas detenidas sin sentencia entre el segundo y el
tercer trimestre del 2007 fueron: I Circuito Judicial de San José, La
Unión, Osa, Desamparados, Puriscal, Hatillo y Cañas.

     El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José es el que
presentó el mayor incremento de personas detenidas en este período (22);
seguido por los mostrados por los juzgados penales de La Unión y Osa
con 10 cada uno.
                                   190


     El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José es el que
cuenta con más personas detenidas a su orden (199), seguido por el del
Primer Circuito Judicial de Alajuela con 91.

      Los juzgados penales que reportaron diez o menos personas
detenidas a su orden: Grecia (10), Turrialba (10), Corredores - Golfito
(10), Siquirres (10), Aguirre - Parrita (9), Garabito (8) y Nicoya (5). Los
tribunales penales que tienen a su orden no más de cuatro personas: Sede
Aguirre - Parrita (4), Turrialba (2), Santa Cruz - Nicoya, Sede Nicoya (2),
Guanacaste, Sede Cañas (1), Corredores - Golfito - Osa, Sede Osa (1) y
Corredores - Golfito - Osa, Sede Corredores (1).

      La cantidad de detenidos para este período que tienen como máximo
tres meses en prisión preventiva fue de 675 lo que representa un 49,8%
del total de detenidos, siendo la segunda cifra más alta de los trimestres
analizados.

     Para este período el número absoluto de personas que han pasado
detenidas hasta tres meses presentó un descenso en relación con el
trimestre anterior de 69.

     De las personas que tienen más de nueve meses de estar en prisión
en espera de sentencia se puede decir que 182 de las personas detenidas,
el 54% corresponde a Tribunales Penales y el 46% a los juzgados penales.

      El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ocupa
la primera casilla con 32 personas detenidas con más de nueve meses, la
segunda casilla la ocupa el de Heredia (29), seguido por Desamparados -
Hatillo con 9; teniendo entre ellos un 70% del total de personas
encarceladas con tiempo de espera para una sentencia de más de nueve
meses. Los despachos que reportaron únicamente un detenido:
Desamparados-Hatillo, sede Hatillo, Cartago, Segundo Circuito Judicial
de Alajuela, Corredores-Golfito-Osa, sede Corredores y Segundo Circuito
Judicial Zona Atlántica.

     El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José cuenta
con 22 personas a su orden con más de nueve meses de estar
encarceladas, le sigue el del Segundo Circuito Judicial de San José con 21
y el de Puntarenas con 13. Se da un descenso en el Juzgado Penal de
Heredia ya que reportó tres personas detenidas a su orden con tiempo de
                                    191

espera para una sentencia de más de nueve meses, 26 menos.

     Al término del tercer trimestre se encontraban un total de 1355
personas detenidas sin sentencia, donde 1266 (93%) son hombres y 89
(7%) mujeres; de las cuales, 51 están encarceladas por infringir la Ley de
Psicotrópicos, sea un 57% de las acusadas lo están por esa situación.

      El delito por robo al igual que el grupo conformado por otros
delitos, son los principales motivos por los cuales se encuentran más
personas detenidas (468 y 326) respectivamente, aportando entre ambos
el 59% del total de individuos encarcelados.

      Los detenidos sin sentencia según su país de origen al término del
tercer trimestre del 2007 son 1355 personas, 1162 (85,7%) son de
nacionalidad Costarricense y 80 personas (5,9%) de nacionalidad
Nicaragüense.

      Al término del tercer trimestre del 2007 los tribunales reportan 210
personas sentenciadas y que aún no han sido puestas a la orden del
Instituto Nacional de Criminología, por lo que ha venido disminuyendo la
cantidad de personas en esta situación.

      Los motivos por los cuales las 210 personas que remiten los
tribunales penales del país aún no han sido puestas a la orden del Instituto
Nacional de Criminología, de estos se encuentran a la espera para el
término de Casación 89, seguido por las que están con Recurso de
Casación con 46, entre ambos representan el 64% .

      El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica
presenta 10 personas más con respecto al trimestre anterior, lo que
representa un 9% del total de personas sentenciadas y el Tribunal de
Heredia un descenso (8 personas menos) con respecto a lo reportado por
este despacho al 30 de junio del 2007.

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la
licenciada Chaves Cervantes y por rendido el informe N° 003-EST-2008
del Departamento de Planificación, referente al “Número de personas
detenidas al término del Tercer Trimestre del 2007, quienes al finalizar el
período, contaban con prisión preventiva y estaban a la orden de
diferentes autoridades judiciales.” 2.) Solicitar a los Tribunales del Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur y Turrialba indiquen las razones por las
                                   192

cuáles no remitieron la información. 3.) Tomar nota de los motivos
expuestos por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José
en relación a la no remisión de la información. 4.) Instar a los Tribunales
Penales y Juzgados Penales del país, a cumplir con la remisión de los
informes, con el fin de que los datos estadísticos sean confiables y útiles
para la toma de decisiones. 5.) Hacer lo anterior del conocimiento de los
Consejos de Administración de Circuito y de la Comisión de la
Jurisdicción Penal, para que recomiende a este Consejo la forma en que
se podría dar seguimiento a este tema, con el fin de procurar la
disminución de la taza de presos sin condena, y que los asuntos que se
encuentran en estas condiciones concluyan en el menor plazo posible. 6.)
Solicitar a los Tribunales Penales del Segundo Circuito Judicial de San
José, Heredia, Desamparados – Hatillo, Desamparados-Hatillo, Sede
Hatillo, Cartago, Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Corredores-
Golfito-Osa, Sede Corredores y Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica
así como a los Juzgados Penales del Primer y segundo Circuito Judicial
de San José, Puntarenas, Heredia, rendir un informe sobre el por qué aún
no se han terminado las diligencias correspondientes respecto de las
personas que tienen más de nueve meses de estar en prisión en espera de
la sentencia. 7.) Comunicar a los jueces que al estar cumplidos los
requisitos para poner a la orden del Instituto Nacional de Criminología a
los privados de libertad, no existe ninguna justificación para tardar en
proceder de conformidad por lo que la omisión dará lugar a la aplicación
del régimen disciplinario, en consecuencia se reitera la Circular N° 50-
2001 del 24 de mayo del 2001 de la Secretaría General de la Corte,
publicada en el Boletín Judicial N° 113 del 13 de junio de 2001, que
literalmente dice:

                       “CIRCULAR No. 50-2001

 ASUNTO: Obligación de poner a los privados de libertad a la orden del
               Instituto Nacional de Criminología.

              A LOS TRIBUNALES PENALES DEL PAIS
                    SE LES HACE SABER QUE:

        Que el Consejo Superior en sesión N° 27-01, celebrada el 3 de
abril del 2001, artículo LXIX, acordó reiterar la circular N° 77-99,
publicada en el Boletín Judicial N° 10 del 14 de enero del 2001, que
literalmente dice.
                                         193

             "(…) El Consejo Superior en sesión N° 73-99 celebrada el 14 de
       setiembre de 1999, artículo XLV, acordó recordarles la obligación de
       poner a los privados de libertad a la orden del Instituto Nacional de
       Criminología, tan pronto sea posible."
                                         -0-
             La Secretaría General de la Corte, tomará nota para los fines
       consiguientes.”
                                         -0-

      En facsímil de 9 de abril en curso, el licenciado Edgar Castrillo Brenes, Juez

Coordinador del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José,

manifiesta lo siguiente:

              “Procedo a rendir informe requerido en acta de sesión celebrada el
       doce de febrero del año en curso, N° 11-08 en donde se solicita al
       JUZGADO PENAL DEL PRIMERO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN
       JOSE, establecer los razonamientos sobre el por qué aún no se han
       terminado las diligencias correspondientes respecto de las personas que
       tienen más de nueve meses de estar en prisión en espera de la sentencia.
       Realizado el recuento de lo anterior y al pedir a su vez informes a los
       compañeros jueces del JUZGADO PENAL DEL PRIMERO CIRCUITO,
       se observan varios motivos que explican lo resaltado por la oficina de
       planificación del PODER JUDICIAL y que da génesis a dicha
       requisitoria: Primer motivo: Se determina que a la fecha muchos de los
       expedientes donde existe un privado de libertad cuyo término excede los
       nueve meses, es por cuanto se trata de casos que se encuentran en
       investigación y la prisión preventiva ha sido prorrogada ya sea por el
       JUZGADO PENAL ya sea por el TRIBUNAL DE CASACIÓN
       RADICADO EN EL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE,
       esto claro está, dependiendo si se ha excedido el año máximo que
       determina el CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Segundo motivo: De
       acuerdo al contexto en que se realiza el informe de planificación se nota
       que este se ubica temporalmente con las estadísticas del tercer trimestre
       del año dos mil siete.- A la fecha la gran cantidad de casos que se acusa
       permanecen con prisión preventiva fueron remitidos para ante el
       TRIBUNAL PENAL, de este circuito, con auto de apertura a juicio.-
       Amén de ello en el JUZGADO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO
       JUDICIAL DE SAN JOSÉ, fue implementado el sistema de gestión,
                                          194

       mismo que no se ha desarrollado del todo en el rubro de la parte
       estadística y hoy por hoy se intenta rendir el informe del cuarto trimestre
       del dos mil siete, por lo que cualquier dato sobre los reos presos se
       encuentra desactualizado, esto como tercer motivo, siendo necesario
       concluir con los trabajos que realizan los encargados de implantación y
       Juzgado Penal en conjunto para rendir datos fiables, en el particular y en
       general pues aún no se han completado los datos del cuarto trimestre del
       2007 como bien los saben sus distinguidas autoridades .”
                                             -0-

      Por su parte, la licenciada Gabriela Rodríguez Morales, Jueza Coordinadora

del Tribunal de Heredia, en nota de 4 de abril en curso, recibida el 10 de este mes,

informa lo siguiente:

            “En atención a su oficio N° 1799-08 del 3 de marzo del 2008, en
       que se solicita rendir un informe sobre las razones por las cuales no se
       han terminado las diligencias correspondientes respecto de las personas
       que tienen más de nueve meses de estar en prisión en espera de la
       sentencia, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

       Tal y como lo expone el Departamento de Planificación en su informe, al
       30 de setiembre del 2007 habían 29 personas detenidas en espera de
       sentencia (corresponden a 9 expedientes), con mas de 9 meses de prisión.
       No obstante, según se observa en el cuadro que se adjunta y en el propio
       Informe Mensual de Reos Presos y Otros, sólo una de las causas
       (expediente del Padre Mainor Calvo y otros) tenía 2 años y 1 mes en el
       Tribunal y con el juicio en trámite. Las restantes causas ingresaron del
       mes de mayo del 2007 en adelante y son asuntos de Tráfico Internacional
       de Drogas, Posesión de Drogas para el Tráfico, Homicidio Calificado,
       Robos Agravados, Secuestro Extorsivo (Tramitación compleja), con
       varios imputados, testigos y prueba.

             Cabe destacar, que ese Consejo conoce la saturación que padece
       este Tribunal debido al alto circulante de expedientes y aunque se tienen
       en cuenta todas las disposiciones y normas que rigen el trámite de los
       asuntos de reo preso, se torna imposible cumplir de manera efectiva con
       dichas disposiciones por la escasez de salas de juicio, jueces y personal
       auxiliar. Como solución a señalar los asuntos en esta condición, el
                                            195

         Tribunal, utilizando el control que se lleva sobre las prescripciones, con
         grandes esfuerzos suspende juicios, reprograman otros y se cambian
         señalamientos para dar campo a los presos y señalar los juicios en un
         plazo razonable. Sin embargo, siempre se mantiene una cantidad alta de
         asuntos en esta condición.”
                                            -0-

      Se acordó: Tener por rendidos los informes del licenciado Castrillo Brenes

y la licenciada Rodríguez Morales y hacerlos de conocimiento del Departamento

de Planificación y de la Comisión de la Jurisdicción Penal. Se declara acuerdo

firme.

                                     ARTÍCULO L

      En sesión N° 23-08 celebrada el 1° de abril en curso, artículo LXV, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

                “Manifiesta la licenciada Lupita Chaves Cervantes, Integrante de
         este Consejo, que será sometida a una intervención quirúrgica y que
         posterior a ésta su médico tratante le manifestó que requerirá
         aproximadamente una incapacidad de un mes para su recuperación.
               Se acordó: 1.) Tomar nota de la manifestación de la licenciada
         Chaves Cervantes. 2.) Designar a la suplente licenciada Carmen Aguilar
         Mora para que integre este Consejo del 8 al 18 de abril en curso, primera
         audiencia del 22 y a partir del 23 de este mes se designará a la licenciada
         Yolanda Mora Artavia y hasta que doña Lupita se reintegre a su puesto.
                El Departamento de Personal tomará nota para los fines
         consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                                            -0-

      Manifiesta la Secretaria General, que de incapacidad extendida por la Caja

Costarricense de Seguro Social a nombre de la licenciada Chaves Cervantes,
                                          196

Integrante de este Consejo, es del 8 de abril al 7 de mayo del año en curso.

      Se acordó: 1) Tomar nota de las manifestaciones de la Secretaria General. 2)

Designar a la suplente licenciada Yolanda Mora Artavia, para que integre este

Consejo, del 23 de abril al 7 de mayo del año en curso.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO LI

      En sesión N° 67-03 celebrada el 9 de setiembre del 2003, artículo LXVIII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             "La señora Yorleny Sánchez Ramírez, a título personal y en
          representación de las menores Kimberly y Sharon, ambas Rodríguez
          Sánchez, y la Licda. Mariela Fernández Rodríguez, en su condición
          de abogada representante de la acción civil y de la querella
          interpuesta en el proceso que se dirá, solicita se le dé trámite a la
          solicitud de pago presentada en escrito recibido el 4 de agosto
          último.
            La petición anterior fue trasladada a estudio e informe del Lic.
          Ricardo Monge Bolaños, Profesional en Derecho 3 de la Secretaría
          General de la Corte, quien el 3 de setiembre en curso (Informe
          N°019-2003) lo rinde en los siguientes términos:
            "I). ASUNTO.
             La señora Sánchez Ramírez y la Licda Fernández Rodríguez, con
          base en certificación de la sentencia firme N° 153-2003 dictada por
          el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sede
          Desamparados, en lo que interesa gestionan se dé trámite a la
          siguiente solicitud de pago:
            "…1. Monto por concepto de Indemnización por daño por
          muerte y daño moral, así como pago de honorarios profesionales y
          de costas personales y procesales que fueron establecidos por la
                                197

sentencia firme N° 153-2003 […], en donde aparece el funcionario
del Organismo de Investigación Judicial Jorge Luis Salazar
Montero como condenado por el delito de HOMICIDIO, y el
ESTADO como condenado solidario al pago de los montos de
resarcimiento establecidos, que a continuación se desglosan:
   2. Daño por muerte: 19 109 815 colones (diecinueve millones
ciento nueve mil ochocientos quince colones).
  3. Daño Moral: 5 000 000 (cinco millones de colones)
   4. Costas Personales: 1 656 588 (un millón seiscientos cincuenta
y seis mil quinientos ochenta y ocho colones)
  5. Costas Procesales: 164000 (ciento sesenta y cuatro mil
colones).
   Los anteriores montos son una suma líquida y exigible que
devenga intereses legales a partir de la firmeza de la sentencia, por
lo que haremos una indicación del monto de intereses devengados
una vez que se tenga el Acuerdo del Consejo Superior que ordene el
pago de estas sumas.
   En caso de que el pago de esta suma se realice en un plazo
razonable, estamos dispuestas a renunciar al cobro de intereses
legales devengados, en aras de agilizar el trámite que estamos
iniciando. …"
  II). La sentencia dictada en causa N° 98-202879-PE resuelve:
   TRIBUNAL PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE
SAN JOSÉ, SEDE DESAMPARADOS.- (Sentencia N° 153-2003
de las 14,00 horas del 3 de julio del 2003).
   "…determinándose un error de prohibición indirecto en cuanto a
la existencia de la causal de justificación de Legítima Defensa,
excluyéndose el elemento de culpabilidad SE ABSUELVE DE
TODA PENA al encartado JORGE LUIS SALAZAR MONTERO
del delito de HOMICIDIO SIMPLE que se le vino atribuyendo en
perjuicio    de    GEOVANNY          RODRÍGUEZ        GUZMÁN.
Prevaleciendo la responsabilidad civil SE DECLARA
PARCIALMENTE CON LUGAR la acción civil resarcitoria
incoada por YORLENY SÁNCHEZ RAMÍREZ en su carácter
personal y en representación de las menores Sharon y Kemberly
ambas Rodríguez Sánchez contra los demandados civiles JORGE
LUIS SALAZAR MONTERO Y EL ESTADO, a quienes se les
                                198

condena a pagar solidariamente a favor de la actora civil la suma de
DIECINUEVE           MILLONES        CIENTO       NUEVE         MIL
OCHOCIENTOS QUINCE COLONES por concepto de Daño por
muerte, y la suma de CINCO MILLONES DE COLONES por daño
moral ocasionado, todo para un total de VEINTICUATRO
MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE
COLONES EXACTOS, más lo intereses legales que correspondan
desde el momento de la firmeza de esta sentencia hasta su pago
efectivo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas en cuanto
al proceso penal, quedando a cargo del Estado los gastos del mismo.
En cuanto a las costas de la acción civil se condena a las partes
demandadas civiles en forma solidaria al pago de ambas, quedando
calculadas las costas personales en la suma de UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO COLONES y las costas procesales en
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL COLONES, erogadas por
costo del peritaje. …"
   Como lo señalan las gestionantes, la anterior sentencia se
encuentra firme conforme la certificación expedida por el Lic.
Orlando Rojas Sáenz, Juez de Juicio del Tribunal Penal de Juicio
del Primer Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados, a las
11,05 horas del 31 de julio del 2003, con indicación expresa de que
"…todas las treinta y ocho copias que anteceden y llevan mi media
firma y el sello de este Despacho son fieles y auténticas a sus
originales, las cuales pertenecen a la Sentencia Absolutoria ya firme
de este Despacho N° 153-2003 de las catorce horas del día tres de
Julio del año dos mil tres …".
  III).- RESUMIENDO.
  Lo resuelto en la sentencia indicada dispone el reconocimiento y
pago de los montos y por los extremos que se dirán, en virtud de
declararse parcialmente con lugar la acción civil resarcitoria.


             CONCEPTO                            MONTO


   1) Daño por muerte                         ¢19.109.815,00
   2) Daño Moral                              ¢5.000.000,00
   3) Intereses legales que                -------------------------
                                   199

   correspondan desde el momento
   de la firmeza de la sentencia hasta
   su pago efectivo.
   4) Costas de la acción civil          Personales: ¢1.656.588,00
                                         Procesales (Costo de
                                         Peritaje): ¢164.000,00

  IV).- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Salvo mejor criterio, es procedente acoger administrativamente la
pretensión de las gestionantes, toda vez que:
   a) La condenatoria a los demandados civiles (Jorge Luis Salazar
Montero y el Estado) es pagar solidariamente a favor de la actora
civil los montos y por los conceptos indicados;
  b) Trata de suma líquida y exigible;
   c) Que la condenatoria implica el reconocimiento de intereses
legales que correspondan desde el monto de la firmeza de la
sentencia hasta su pago efectivo, por lo que, efectuando el
reconocimiento en esta vía, el quantum de los intereses será menor,
sin perjuicio de lo manifestado por las gestionantes en cuanto a la
renuncia a su cobro, si el pago se realiza en un plazo razonable;
   d) Que la Administración (Poder Judicial), en los términos del
artículo 203 de la Ley General de la Administración Pública
"….deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar
los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su
servidor,…", caso en el cual deberá comisionarse a la Sección de
Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para los fines
consiguientes.
   Debe –además- la Secretaría General al momento de ejecutar el
acuerdo respectivo, i) notificar a las gestionantes al medio señalado;
ii) remitir al Departamento Financiero Contable las fotocopias
certificadas de la sentencia indicada; iii) remitir copia de lo
acordado al Tribunal Penal para constancia del cumplimiento de lo
resuelto.
  V).- OBSERVACIÓN FINAL.
   Es conveniente aclarar a las gestionantes que conforme lo
resuelto en sentencia, la única condenatoria de que fue objeto el
señor Salazar Montero fue civilmente; no fue condenado por el
                                         200

         delito de homicidio, como erróneamente lo señalan en el punto 1. de
         su escrito, por el contrario, se le absolvió de toda pena."
                                         -o0o-
             Se acordó: 1) Acoger el informe rendido por el Lic. Monge
       Bolaños. 2) Acoger la pretensión de las gestionantes y autorizar al
       Departamento Financiero Contable, para que gire a favor de la señora
       Sánchez Ramírez las sumas de ¢19.109.815,00 (diecinueve millones
       ciento nueve mil ochocientos quince colones exactos), ¢5.000.000,00
       (cinco millones de colones exactos) y ¢164.000,00 (ciento sesenta y
       cuatro mil colones exactos), por concepto de daño por muerte, daño moral
       y costas procesales (peritaje), respectivamente, y de la Licda. Fernández
       Rodríguez el monto de ¢1.656.588,00 (un millón seiscientos cincuenta y
       seis mil quinientos ochenta y ocho colones exactos) por costas personales.
       3) Comisionar a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección
       Ejecutiva, para que recobre la parte que solidariamente el señor Jorge
       Luis Salazar Montero está obligado por sentencia a resarcir por los daños
       causados. 4) La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su
       cargo. Se declara firme este acuerdo."
                                           -0-

      En sesión N° 44-06 del 20 de junio del 2006, artículo XXXVII, se tomó el

siguiente acuerdo:

            "El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del
         Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 533-DG-06 de 8
         de junio en curso, comunica lo siguiente:
           "Reciban un respetuoso saludo por parte de esta Dirección
         General; a la vez, procedo a interponer ante su estimable
         consideración, el caso que de continuo detallo:
            El señor Jorge Luis Salazar Montero, oficial de este Organismo,
         está siendo objeto de cobro administrativo por parte del Poder
         Judicial, según consta en el expediente N°184-R-03 (A) tramitado
         en la Dirección Ejecutiva, producto de sentencia firme del Tribunal
         Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados,
         en la cual se acogió parcialmente la acción civil resarcitoria por
         ¢25.930.403,00.
            El caso tiene su origen en una actuación laboral que realizó el
                                 201

servidor Salazar Montero el día 14 de noviembre de 1.998, quien en
persecución del señor Geovanny Rodríguez Guzmán, persona que
contaba con orden de captura, disparó contra su humanidad
hiriéndolo de muerte.
   Al respecto, el Órgano Jurisdiccional absolvió penalmente al
servidor Salazar Montero, argumentando la existencia de un error
de prohibición indirecto en la acción desplegada por el servidor, ya
que supuso erróneamente la concurrencia de circunstancias que
justificaban el hecho realizado, enervándose así el conocimiento de
la ilicitud de su actuación.
   No obstante, según se mencionó con anterioridad, fue sancionado
civilmente con la suma de ¢25.930.403,00, monto que ya ha sido
cubierto en su totalidad por el Poder Judicial a favor de las víctimas
beneficiadas,    en     virtud    de    responsabilidad      solidaria.
Requiriéndosele al servidor resarcirle al Estado el cincuenta por
ciento del monto (¢12.965.201,50).
   Sobre este tema, esta Dirección General ha tenido conocimiento,
según oficios adjuntos Oficio N°2903-DE/CA-2006, suscrito por el
Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo del Poder Judicial;
Oficio N°2070-TE-2006, suscrito por el MBA Walter Jiménez
Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable; Oficio N°2610-
DP/18-2006, por la MBA Ana Eugenia Romero Jenkins,
Proveedora Judicial., que para la fecha de ocurrencia de los hechos
que generaron la condenatoria civil en perjuicio del servidor Salazar
Montero, la Administración del Poder Judicial dejó al descubierto la
cobertura Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil
RGG379, por un período comprendido del 01 de enero de 1.996 al
18 de julio del 2.000, lo cual ha sido en franco desfavorecimiento
del servidor.
   Por tanto, considera el suscrito, que al haberse incurrido en esta
omisión, se está perjudicando pecuniariamente al servidor Salazar
Montero, quien pudo haber tenido el auxilio de la cobertura del
seguro de responsabilidad civil para resarcir lo correspondiente a la
Administración del Poder Judicial; estimando procedente en el caso
de marras, que sea la Administración la que asuma las
consecuencias legales y patrimoniales del caso, ya que lo contrario
implicaría obtener beneficio de la omisión incurrida, en perjuicio de
un trabajador que actuó con motivo del ejercicio de su cargo."
                                  -0-
                                          202

             Se acordó: 1) Denegar la solicitud del licenciado Rojas Vargas,
       toda vez que el servidor Rodríguez Guzmán fue condenado en lo personal
       en la acción civil resarcitoria y debe cumplir con la obligación que le fue
       impuesta, a cuyos efectos se comisiona a la Dirección Ejecutiva para que
       le de las facilidades del caso mediante un arreglo de pago de modo que no
       afecte en exceso el salario de don Jorge Luis. 2) Remitir las diligencias al
       Tribunal de la Inspección Judicial, para determinar la responsabilidad
       disciplinaria de quien corresponda, por haber dejado al descubierto la
       cobertura institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil.
             El licenciado Martínez amplía su voto en el sentido de que se
       constituya un órgano director del procedimiento, para que investigue si
       existe responsabilidad civil de algún servidor por los hechos descritos, en
       razón de que por esa omisión se perjudicaron, tanto el Poder Judicial
       cuanto el servidor Rodríguez Guzmán."
                                          -0-

      Asimismo, la Corte Plena en sesión N° 29-07 celebrada el 29 de octubre del

2007, artículo XV, dispuso lo siguiente:

             "El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo
       de Investigación Judicial, en oficio Nº 1052-DG-07 de 21 de setiembre
       del presente año, indica:
             "La Comisión de Enlace Corte Suprema de Justicia - Organismo de
       Investigación Judicial en sesión Nº 05-2007 celebrada el día 18 de junio
       del año en curso, recibió a representantes de la Asociación Nacional de
       Investigadores en Criminalística con el fin de analizar varios temas
       relativos al Organismo.
             Entre los aspectos analizados se abordó lo referente a la póliza de
       responsabilidad civil que se ha venido procurando sea emitida por el
       Instituto Nacional de Seguros para cubrir a los Investigadores de este
       Organismo; y, dentro de este marco, se conversó nuevamente sobre la
       situación acaecida con el servidor Jorge Luis Salazar Montero, quien fue
       requerido por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial a pagar la suma de
       más de doce millones de colones, producto de la sentencia firme dictada
       por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sede
       Desamparados, en la cual se acogió parcialmente una acción civil
       resarcitoria por ¢ 25.930.403,00 y se condenó al citado servidor a pagar
       dicho monto de manera solidaria con el Estado.
                                   203

Dado lo anterior, en la citada sesión de la Comisión de Enlace Corte-OIJ,
artículo III, se dispuso:
"Hacer una atenta instancia a Corte Plena, para que realice una
consulta formal a la Procuraduría General de la República, con el fin
de tener claramente definido el concepto de "responsabilidad
solidaria Estado-Funcionario público".
Esta gestión se fundamenta en los siguientes antecedentes y argumentos:
     1.- Por una actuación propia del ejercicio de sus funciones como
Investigador del Organismo de Investigación Judicial, el servidor Salazar
Montero fue condenado civilmente por el Tribunal Penal del Primer
Circuito Judicial de San José, a pagar de manera solidaria con el Estado la
suma de ¢ 25.930.403,00.
     2.- En razón de lo anterior, el Consejo Superior del Poder Judicial
en sesión Nº 67-03 celebrada el 9 de setiembre del 2003, artículo LXVIII,
acordó cancelar la totalidad de dicho monto; y, a su vez, comisionar a la
Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, para que
recobrara la parte que solidariamente el señor Salazar Montero estaba
obligado a resarcir por sentencia.
     3.- La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial inicia el respectivo
proceso de cobro administrativo, siendo que (ante la omisión de pago por
parte del servidor Salazar Montero) mediante resolución Nº 2763-04 de
fecha 6 de diciembre del 2004, dispone remitir los autos a la Procuraduría
General de la República para que se proceda con la correspondiente
ejecución de sentencia, a fin de que la Administración recupere el
cincuenta por ciento de la suma erogada, por su participación solidaria.
      4.- En fecha 8 de junio del 2006, esta Dirección General, mediante
oficio Nº 533-DG-06, informa al Consejo Superior del Poder Judicial
tener conocimiento que para la fecha de ocurrencia de los hechos que
generaron la condenatoria civil en perjuicio del servidor Salazar Montero,
la Administración del Poder Judicial dejó al descubierto la cobertura
Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil RGG379, por el
período comprendido del 01 de enero del 1996 al 18 de julio del 2000, lo
cual devino en franco desfavorecimiento del servidor. En razón de ello,
consideró esta representación, que al haberse incurrido en esta omisión se
estaba perjudicando pecuniariamente al servidor Salazar Montero, quien
pudo haber tenido el auxilio de la cobertura del seguro de responsabilidad
civil para resarcir lo correspondiente al Poder Judicial, motivo por el cual
el suscrito estimaba procedente que la Administración asumiera las
                                    204

consecuencias legales y patrimoniales del caso, ya que lo contrario
implicaría obtener beneficio de la omisión incurrida, en perjuicio de un
trabajador que actuó en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
      5.- Ante esta gestión, el Consejo Superior del Poder Judicial en
sesión Nº 44-06 celebrada el 20 de junio del 2006, artículo XXXVII,
dispuso denegar la gestión de esta Dirección General, señalando que el
Salazar Montero fue condenado en lo personal en la acción civil
resarcitoria y que, en ese tanto, debía cumplir con la obligación que le fue
impuesta, a cuyos efectos se comisionó a la Dirección Ejecutiva para que
le diera las facilidades del caso mediante un arreglo de pago, de modo que
no afectara en exceso el salario del mismo. A su vez, acordó remitir las
diligencias al Tribunal de la Inspección Judicial, a fin de que se
determinara la responsabilidad disciplinaria de quien correspondiera, por
haber dejado al descubierto la cobertura institucional de la Póliza de
Responsabilidad Civil.
      6.- Dentro de este contexto, es que se analiza el punto por parte de la
Comisión de Enlace Corte - OIJ, donde surgen una serie de interrogantes
con respecto al tema de la "responsabilidad solidaria Estado-
Funcionario Público", sobre todo en lo concerniente a la distribución
interna de responsabilidades, según lo que al efecto establece el artículo
203 de la Ley General de la Administración Pública.
      En este sentido, es claro que la Administración está en la obligación
de recobrar de manera plenaria lo pagado por ella para reparar los daños a
terceros por dolo o culpa grave de su servidor, conforme a su
participación en la producción de aquél daño; sin embargo, no existe
claridad en cuanto a los porcentajes que deben asumir las partes obligadas
al resarcimiento, sea el Estado y el Funcionario Público. Consideramos
que si bien la condenatoria tiene carácter solidario, ello no
necesariamente implica que el monto deba ser cubierto por partes iguales,
es decir, cincuenta por ciento cada uno.
      Para estos efectos, estimamos que se deben valorar una serie de
factores, tales como: capacidad económica de las partes, consideración
subjetiva -dolo o culpa- de la forma en que actuó el servidor,
responsabilidad de la Administración con respecto a la producción del
daño, circunstancias del hecho, circunstancias personales del servidor
(situación económica, estado civil, número de hijos, entre otros), todo ello
con miras a establecer de manera equitativa el porcentaje de la
indemnización que debe cubrir cada una de las partes. De tal manera que
si bien el Estado y el Funcionario Público deben asumir solidariamente el
                                         205

       pago a que fueron obligados por el órgano jurisdiccional, no
       necesariamente implica que la distribución interna de la responsabilidad
       deba ser por igual.
       Con fundamento en lo anterior, le solicito se sirva someter este asunto a
       conocimiento de Corte Plena, con la finalidad de que, si a bien lo tiene
       ese órgano, se realice consulta formal a la Procuraduría General de la
       República en los términos indicados por la Comisión de Enlace Corte
       Suprema de Justicia- Organismo de Investigación Judicial.
             Se dispuso: Aprobar la recomendación de la Comisión de Enlace
       Corte-OIJ y en consecuencia hacer la consulta formal a la Procuraduría
       General de la República sobre la forma en que debe distribuirse la
       responsabilidad del Estado cuando éste y el servidor público deben
       asumir solidariamente el pago a que fueron obligados por el órgano
       jurisdiccional, en los términos en que lo analiza la citada comisión. Se
       declara acuerdo firme."
                                         -0-
      Luego la Corte Plena en sesión N° 04-08 del 4 de febrero del 2008, artículo

XV, tuvo por recibido el informe de la licenciada Andrea Calderón Gazzman,

Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República y previamente a

resolver lo que corresponda, lo hizo de conocimiento de la Comisión de Enlace

Corte-O.I.J., a efecto de que dentro de 15 días manifestaran lo que a bien tuvieran.

      Este Consejo en sesión N° 16-08 del 28 de febrero del año en curso, artículo

XLVIII, tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

            “(…)
             Mediante oficio N° 218-08 de 21 de febrero en curso, el licenciado
       Víctor Castro Méndez, en carácter de Secretario General del Sindicato
       Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, expresa lo
       siguiente:
            "1.- Por una actuación propia del ejercicio de sus funciones como
       Investigador del Organismo de Investigación Judicial, el servidor Jorge
                                   206

Luis Salazar Montero fue condenado civilmente por el Tribunal Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, a pagar de manera solidaria con el
Estado la suma de ¢25.930.403,00.
     2.- En razón de lo anterior, el Consejo Superior del Poder Judicial,
en sesión Nº 67-03 celebrada el 9 de setiembre del 2003, artículo LXVIII,
acordó cancelar la totalidad de dicho monto; y a su vez, comisionar a la
Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, para que
recobrara la parte que solidariamente el señor Salazar Montero estaba
obligado a resarcir por sentencia.
     3.- La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial inicia el respectivo
proceso de cobro administrativo, siendo que (ante la omisión de pago por
parte del servidor Salazar Montero) mediante resolución N° 2763-04 de
fecha 6 de diciembre del 2004, dispone remitir los autos a la Procuraduría
General de la República para que se proceda con la correspondiente
ejecución de sentencia, a fin de que la Administración recupere el
cincuenta por ciento de la suma erogada, por su participación solidaria.
     4.- Esta Organización ha realizado diversas gestiones ante los
miembros del Consejo Superior, con la finalidad de que se le siguiera el
procedimiento indicado en el artículo 308 de la Ley Administrativa
Pública.
      En fecha 8 de junio del 2006, la Dirección General, mediante oficio
Nº 533-DG-06, informa al Consejo Superior del Poder Judicial tener
conocimiento que para la fecha de ocurrencia de los hechos que
generaron la condenatoria civil en perjuicio del servidor Salazar Montero,
la Administración del Poder Judicial dejó al descubierto la cobertura
Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil RGG379, por el
período comprendido del 1° de enero de 1996 al 18 de julio del 2000, lo
cual devino en franco desfavorecimiento del servidor. En razón de ello,
considera esta representación, que al haberse incurrido en esta omisión se
estaba perjudicando pecuniariamente al servidor Salazar Montero, quien
pudo haber tenido el auxilio de la cobertura del seguro de responsabilidad
civil para resarcir lo correspondiente al Poder Judicial, motivo por el cual
se estimaba procedente que la Administración asumiera las consecuencias
legales y patrimoniales del caso, ya que lo contrario implicaría obtener
beneficio de la omisión incurrida, en perjuicio de un trabajador que actuó
en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
     5.- Ante esta gestión, el Consejo Superior del Poder Judicial en
sesión Nº 44-06 celebrada el 20 de junio del 2006, artículo XXXVII,
dispuso denegar la gestión de la Dirección General, señalando que el
                                   207

Salazar Montero fue condenado en lo personal en la acción civil
resarcitoria y que, en ese tanto, debía cumplir con la obligación que le fue
impuesta, a cuyos efectos se comisionó a la Dirección Ejecutiva para que
le diera las facilidades del caso mediante un arreglo de pago, de modo que
no afectara en exceso el salario del mismo. A su vez, acordó remitir las
diligencias al Tribunal de la Inspección Judicial, a fin de que se
determinara la responsabilidad disciplinaria de quien correspondiera, por
haber dejado al descubierto la cobertura institucional de la Póliza de
Responsabilidad Civil.
       6.- Dentro de este contexto, se procedió a analizar el asunto por
parte de la Comisión de Enlace Corte - OIJ, donde surgieron una serie de
interrogantes con respecto al tema de la "responsabilidad solidaria
Estado-Funcionario Público", sobre todo en lo concerniente a la
distribución interna de responsabilidades, según lo que al efecto establece
el artículo 203 de la Ley General de la Administración Pública.
Por este motivo, por parte de la citada Comisión de Enlace, se le solicitó
a Corte Plena proceder a realizar consulta formal ante la Procuraduría
General de la República para que emitiera criterio sobre el particular.
      7.- Con fundamento en lo anterior, Corte Plena en sesión N° 29-07
celebrada el 29 de octubre del 2007, dispuso "… Aprobar la
recomendación de la Comisión de Enlace Corte-OIJ y en consecuencia
hacer la consulta formal a la procuraduría General de la República sobre
la forma en que debe distribuirse la responsabilidad del Estado cuando
éste y el servidor público deben asumir solidariamente el pago a que
fueron obligados por el órgano jurisdiccional, en los términos en que lo
analiza la citada comisión:"
      8.- Que en virtud de dicho acuerdo, la señora Gabriela Arguedas
Vargas, Asistente de la Procuraduría General de la República, mediante
oficio Nº APG-080-2007 de fecha 7 de noviembre del año en curso(sic),
procedió a conceder un plazo de ocho días hábiles para que el Poder
Judicial remitiera el correspondiente criterio legal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República.
      9.- Mediante oficio Nº 1290-D.G.-07 de fecha 15 de noviembre del
2007, el área de Asesoría Jurídica de la Dirección General, luego de
analizar el tema ampliamente, concluyó en lo que interesa:
     "1.- La Administración Pública debe responder por todos los daños
que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal,
                                   208

salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.
     2.- El servidor público es "responsable personalmente" cuando haya
actuado con "dolo" o "culpa grave" en el desempeño de sus deberes o con
ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y
oportunidades que le ofrece el cargo.
      3.- Siempre que el administrado sufra en su esfera patrimonial o
extrapatrimonial una lesión antijurídica a consecuencia de una acción u
omisión de la Administración Pública (a través de sus funcionarios o
servidores), surge la obligación resarcitoria por parte del Estado. De ello
deriva la "responsabilidad objetiva" de la Administración Pública y la
"responsabilidad subjetiva" del funcionario o servidor público cuando
éste ha actuado con dolo o culpa grave.
      4.- El funcionario público está obligado frente al particular por el
daño que haya causado su proceder doloso y con culpa grave; sin
embargo, en estos casos, la ley establece un sistema de responsabilidad
solidaria del Estado con el agente público.
      5.- La Administración Pública queda facultada para recobrar las
cantidades pagadas como reparación para los administrados afectados por
la actuación contraria a derecho de sus servidores o funcionarios públicos.
     6.- Para la distribución interna de responsabilidades, resulta
indispensable que la Administración Pública realice el procedimiento
administrativo ordinario regulado en los numerales 308 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública.
       7.- No se encuentra ningún argumento jurídico para afirmar que la
distribución interna de responsabilidades deba ser por partes iguales entre
la Administración Pública y todos los servidores públicos que hubieren
cometido la falta personal. Por el contrario, se estima que la carga
indemnizatoria debe ser distribuida de manera proporcional entre las
partes obligadas (Estado-Funcionario Público), de acuerdo con el grado
de participación de cada una de ellas en la producción del daño.
8.- Para determinar la parte proporcional que debe asumir cada una de las
partes obligadas a resarcir el daño resulta indispensable recurrir a los
principios de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y lógica, que
constituyen principios generales del Derecho y que deben ser observados
por la Administración Pública en la emisión de sus actos. Asimismo,
existen otra serie de aspectos de carácter objetivo y subjetivo que
necesariamente deben ser tomados en cuenta para una adecuada
distribución de responsabilidades, conforme se señala en el punto III de
                                  209

este Informe." (Lo subrayado y destacado en negrilla es propio.)
      9.- En fecha 18 de enero del 2008, mediante informe N° C-014-
2008, la Procuraduría General de la República, procedió a emitir las
siguientes conclusiones:
      1. El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública
establece la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos ante
terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de
sus deberes o con ocasión del mismo, esto sin perjuicio de la solidaridad
de responsabilidades con la Administración frente al tercero ofendido.
      2. Atendiendo el contenido del artículo 201 de la Ley General de la
Administración Pública, en el evento de que se imponga al funcionario
público el pago de una indemnización por daños causados a un tercero
por dolo o culpa grave, la Administración deberá responder también en
forma solidaria, para lo cual deberá tomarse en cuenta su participación en
la producción del daño, en caso de que la hubiera.
      3. De conformidad con los artículos 203 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, la Administración debe ejercer una
acción de recuperación, de conformidad con la cual, debe, en la vía
ejecutiva, recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los
daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor –monto
que debe ser proporcional al grado de responsabilidad en la producción
del daño-.
       4. Según el artículo 210 de la Ley General de la Administración
Pública la acción de recuperación será ejecutiva y el título será la
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente
respectivo. Ahora bien, previo a la emisión de la certificación que
menciona el numeral de cita, la Administración se encuentra obligada a
realizar el debido procedimiento administrativo ordinario –contemplado
en los artículos 308 y siguiente de la Ley General de la Administración
Pública-, así como las debidas intimaciones de ley –artículo 150-, siendo
lo ahí discutido lo que va a permitir a la Administración la determinación
de la responsabilidad del servidor público y el monto que en proporción a
ésta le adeuda a la Administración.
       5. Los elementos subjetivos como el dolo o la culpa grave
demandan discutir y analizar a fondo la conducta en que incurrió el
funcionario, todas y cada una de las circunstancias que mediaron en los
hechos que originaron el daño, los antecedentes del caso, la posible
intervención de otros funcionarios o terceros, etc.
                                   210

      6. No cabe aquí una fórmula automática que se limite a repetir el
50% de lo pagado por el Estado, sino que ese porcentaje podrá variar en
cada caso, según todos los elementos de prueba que se hayan valorado en
el procedimiento administrativo.
      7.- La valoración del caso de acuerdo a las reglas de la sana crítica
que permitirá atender a elementos como el grado y tipo de participación
que tuvo el funcionario en los hechos que generaron la condenatoria, la
naturaleza, alcance y volumen de las funciones asignadas, el nivel de
responsabilidad, su rango, jerarquía, trayectoria, antecedentes,
experiencia, los medios que le proporcionó el cargo, las facilidades,
protección y garantías que le brindó –o debió brindarle- la propia
Administración y todos los demás elementos de juicio que se encuentren
presente en el caso concreto. A su vez, todo ese cúmulo de cuestiones
circunstanciales habrá de sopesarse cuidadosa y objetivamente a la luz de
principios como el de razonabilidad, proporcionalidad, lógica, justicia,
conveniencia, así como a los parámetros que brinden la ciencia y la
técnica, todo ello en la inteligencia del artículo 167 de la LGAP y al
desarrollo que de tales principios ha venido haciendo la jurisprudencia
constitucional." (Lo subrayado y destacado en negrilla es propio..."
      8.- Esta Organización ha seguido el proceso judicial que
actualmente el servidor Salazar Montero se encuentra sometido a un
proceso judicial donde se está decretando el embargo de su salario y sus
demás bienes, razón por la cual, a la luz de todo lo expuesto y teniendo a
la vista el criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la
República en cuanto a la distribución interna de responsabilidades, esta
representación estima de gran importancia que todos los antecedentes de
este caso sean conocidos por los miembros del Consejo Superior para que
se resuelva lo siguiente:
      a) Se valore nuevamente lo planteado por la Dirección General ante
el Consejo Superior en fecha 8 de junio del 2006, mediante oficio Nº
533-DG-06, en torno a la responsabilidad que debe asumir la
Administración del Poder Judicial por haber dejado al descubierto la
cobertura Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil RGG379,
durante el período comprendido del 1° de enero de 1996 al 18 de julio del
2000, lo cual devino en franco desfavorecimiento del servidor Salazar
Montero, quien pudo haber contado con el auxilio de esta póliza para el
resarcimiento de los daños a que fue condenado de manera solidaria con
el Poder Judicial. Ello conforme se indica en el punto número cuarto de
esta nota.
                                          211

             b) Que en caso de no considerarse procedente lo anterior, se
       disponga lo necesario para que la Dirección Ejecutiva proceda a la
       reapertura del procedimiento administrativo ordinario tramitado al efecto
       y en coordinación con la Procuraduría General de la República, valore la
       posibilidad de suspender la ejecutoria que se realiza en vía judicial contra
       el servidor Salazar Montero, con el objetivo de que se analice de nuevo lo
       concerniente a la distribución interna de responsabilidades, de acuerdo
       con el criterio vertido por el citado órgano asesor.
            Por último deseamos señalar el perjuicio sufrido por el servidor
       Jorge Salazar; personal y familiar, al tener embargado su salario durante
       más de un año y estar a punto de la ejecución del embargo de su casa y
       vehículo personal."
                                          -0-
            Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General,
       que la Corte Plena en sesión N° 04-08 del 4 de febrero en curso, artículo
       XV, tuvo por rendido el informe enviado por la Procuraduría General de
       la República, el que se hizo de conocimiento de la Comisión de Enlace
       Corte-OIJ, para lo que a bien estime manifestar, el que se encuentra
       pendiente de conocer por parte de ese Órgano Superior.
            Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada
       Navarro Romanini. 2.) Reservar el conocimiento de este asunto para
       cuando la Corte Plena se pronuncie sobre el particular.

             El licenciado Martínez votó también por remitir los antecedentes
       transcritos al señor Procurador que representa al Poder Judicial en
       estrados judiciales, para que en virtud de los nuevos elementos que se han
       presentado, posterior a su intervención en esa instancia y por las
       consecuencias que podrían tener una resolución judicial bajo estas
       circunstancias, valore en sus actuaciones el dictamen emitido por la
       Procuraduría General de la República."
                                          -0-

      En razón de encontrarse pendiente de solucionar por la Corte el tema tratado

en los acuerdos anteriores, este Consejo en sesión N° 19-08 celebrada el 11 de

marzo del año en curso, artículo LXXII, dispuso solicitar a la Procuraduría General
                                         212

de la República no tomar nuevas acciones hasta que la Corte Plena no resolviera lo

correspondiente.

      Por último la Corte Plena en sesión N° 11-08 del 7 de abril en curso, artículo

XXIII, tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del
       Organismo de Investigación Judicial, en oficio Nº 89-D.G.-08 de 4 de
       febrero en curso, manifiesta:

             “Con el aval de la Comisión de Enlace entre la Corte Suprema de
       Justicia y el Organismo de Investigación Judicial, de la manera más
       respetuosa le solicito se sirva elevar a conocimiento de Corte Plena la
       situación que de seguido paso a exponerle:

            1.- Por una actuación propia del ejercicio de sus funciones como
       Investigador del Organismo de Investigación Judicial, el servidor Jorge
       Luis Salazar Montero fue condenado civilmente por el Tribunal Penal del
       Primer Circuito Judicial de San José, a pagar de manera solidaria con el
       Estado la suma de ¢25.930.403,oo.

            2.- En razón de lo anterior, el Consejo Superior del Poder Judicial
       en sesión Nº 67-03 celebrada el 9 de setiembre del 2003, artículo LXVIII,
       acordó cancelar la totalidad de dicho monto; y, a su vez, comisionar a la
       Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, para que
       recobrara la parte que solidariamente el señor Salazar Montero estaba
       obligado a resarcir por sentencia.

             3.- La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial inicia el respectivo
       proceso de cobro administrativo, siendo que (ante la omisión de pago por
       parte del servidor Salazar Montero) mediante resolución N° 2763-04 de
       fecha 6 de diciembre del 2004, dispone remitir los autos a la Procuraduría
       General de la República para que se proceda con la correspondiente
       ejecución de sentencia, a fin de que la Administración recupere el
       cincuenta por ciento de la suma erogada, por su participación solidaria.

             4.- En fecha 8 de junio del 2006, esta Dirección General, mediante
       oficio Nº 533-DG-06, informa al Consejo Superior del Poder Judicial
                                   213

tener conocimiento que para la fecha de ocurrencia de los hechos que
generaron la condenatoria civil en perjuicio del servidor Salazar Montero,
la Administración del Poder Judicial dejó al descubierto la cobertura
Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil RGG379, por el
período comprendido del 01 de enero del 1996 al 18 de julio del 2000, lo
cual devino en franco desfavorecimiento del servidor. En razón de ello,
consideró esta representación, que al haberse incurrido en esta omisión se
estaba perjudicando pecuniariamente al servidor Salazar Montero, quien
pudo haber tenido el auxilio de la cobertura del seguro de responsabilidad
civil para resarcir lo correspondiente al Poder Judicial, motivo por el cual
el suscrito estimaba procedente que la Administración asumiera las
consecuencias legales y patrimoniales del caso, ya que lo contrario
implicaría obtener beneficio de la omisión incurrida, en perjuicio de un
trabajador que actuó en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

      5.- Ante esta gestión, el Consejo Superior del Poder Judicial en
sesión Nº 44-06 celebrada el 20 de junio del 2006, artículo XXXVII,
dispuso denegar la gestión de esta Dirección General, señalando que el
Salazar Montero fue condenado en lo personal en la acción civil
resarcitoria y que, en ese tanto, debía cumplir con la obligación que le fue
impuesta, a cuyos efectos se comisionó a la Dirección Ejecutiva para que
le diera las facilidades del caso mediante un arreglo de pago, de modo que
no afectara en exceso el salario del mismo. A su vez, acordó remitir las
diligencias al Tribunal de la Inspección Judicial, a fin de que se
determinara la responsabilidad disciplinaria de quien correspondiera, por
haber dejado al descubierto la cobertura institucional de la Póliza de
Responsabilidad Civil.

       6.- Dentro de este contexto, se procedió a analizar el asunto por
parte de la Comisión de Enlace Corte - OIJ, donde surgieron una serie de
interrogantes con respecto al tema de la "responsabilidad solidaria
Estado-Funcionario Público", sobre todo en lo concerniente a la
distribución interna de responsabilidades, según lo que al efecto establece
el artículo 203 de la Ley General de la Administración Pública.

      Por este motivo, por parte de la citada Comisión de Enlace, se le
solicitó a Corte Plena proceder a realizar consulta formal ante la
Procuraduría General de la República para que emitiera criterio sobre el
particular.

     7.- Con fundamento en lo anterior, Corte Plena en sesión Nº 29-07
                                   214

celebrada el 29 de octubre del 2007, dispuso “…Aprobar la
recomendación de la Comisión de Enlace Corte-OIJ y en consecuencia
hacer la consulta formal a la procuraduría General de la República
sobre la forma en que debe distribuirse la responsabilidad del Estado
cuando éste y el servidor público deben asumir solidariamente el pago a
que fueron obligados por el órgano jurisdiccional, en los términos en que
lo analiza la citada comisión:”

      8.- Que en virtud de dicho acuerdo, la señora Gabriela Arguedas
Vargas, Asistente de la Procuraduría General de la República, mediante
oficio Nº APG-080-2007 de fecha 7 de noviembre del año en curso,
procedió a conceder un plazo de ocho días hábiles para que el Poder
Judicial remitiera el correspondiente criterio legal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República.

      9.- Mediante oficio Nº 1290-D.G.-07 de fecha 15 de noviembre del
2007, el área de Asesoría Jurídica de esta Dirección General, luego de
analizar el tema ampliamente, concluyó en lo que interesa:

       ―1.- La Administración Pública debe responder por todos los daños
que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal,
salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.

      2.- El servidor público es “responsable personalmente” cuando
haya actuado con “dolo” o “culpa grave” en el desempeño de sus deberes
o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y
oportunidades que le ofrece el cargo.

       3.- Siempre que el administrado sufra en su esfera patrimonial o
extrapatrimonial una lesión antijurídica a consecuencia de una acción u
omisión de la Administración Pública (a través de sus funcionarios o
servidores), surge la obligación resarcitoria por parte del Estado. De ello
deriva la “responsabilidad objetiva” de la Administración Pública y la
“responsabilidad subjetiva” del funcionario o servidor público cuando
éste ha actuado con dolo o culpa grave.

       4.- El funcionario público está obligado frente al particular por el
daño que haya causado su proceder doloso y con culpa grave; sin
embargo, en estos casos, la ley establece un sistema de responsabilidad
solidaria del Estado con el agente público.
                                   215


       5.- La Administración Pública queda facultada para recobrar las
cantidades pagadas como reparación para los administrados afectados por
la actuación contraria a derecho de sus servidores o funcionarios públicos.

       6.- Para la distribución interna de responsabilidades, resulta
indispensable que la Administración Pública realice el procedimiento
administrativo ordinario regulado en los numerales 308 y siguientes de la
Ley General de la Administración Pública.

    7.- No se encuentra ningún argumento jurídico para afirmar que
la distribución interna de responsabilidades deba ser por partes
iguales entre la Administración Pública y todos los servidores
públicos que hubieren cometido la falta personal. Por el contrario, se
estima que la carga indemnizatoria debe ser distribuida de manera
proporcional entre las partes obligadas (Estado-Funcionario Público),
de acuerdo con el grado de participación de cada una de ellas en la
producción del daño.

       8.- Para determinar la parte proporcional que debe asumir cada
una de las partes obligadas a resarcir el daño resulta indispensable
recurrir a los principios de racionalidad, razonabilidad,
proporcionalidad y lógica, que constituyen principios generales del
Derecho y que deben ser observados por la Administración Pública
en la emisión de sus actos. Asimismo, existen otra serie de aspectos de
carácter objetivo y subjetivo que necesariamente deben ser tomados
en cuenta para una adecuada distribución de responsabilidades,
conforme se señala en el punto III de este Informe.‖ (Lo subrayado y
destacado en negrilla es propio.)

      10.- En fecha 18 de enero del 2008, mediante informe Nº C-014-
2008, la Procuraduría General de la República, procedió a emitir las
siguientes conclusiones:

      1. El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública
establece la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos ante
terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de
sus deberes o con ocasión del mismo, esto sin perjuicio de la solidaridad
de responsabilidades con la Administración frente al tercero ofendido.

     2. Atendiendo el contenido del artículo 201 de la Ley General de la
                                  216

Administración Pública, en el evento de que se imponga al funcionario
público el pago de una indemnización por daños causados a un tercero
por dolo o culpa grave, la Administración deberá responder también en
forma solidaria, para lo cual deberá tomarse en cuenta su participación en
la producción del daño, en caso de que la hubiera.

     3. De conformidad con los artículos 203 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, la Administración debe ejercer una
acción de recuperación, de conformidad con la cual, debe, en la vía
ejecutiva, recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los
daños causado a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor –monto
que debe ser proporcional al grado de responsabilidad en la producción
del daño-.

      4. Según el artículo 210 de la Ley General de la Administración
Pública la acción de recuperación será ejecutiva y el título será la
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente
respectivo. Ahora bien, previo a la emisión de la certificación que
menciona el numeral de cita, la Administración se encuentra obligada a
realizar el debido procedimiento administrativo ordinario –contemplado
en los artículos 308 y siguiente de la Ley General de la Administración
Pública-, así como las debidas intimaciones de ley –artículo 150-, siendo
lo ahí discutido lo que va a permitir a la Administración la determinación
de la responsabilidad del servidor público y el monto que en proporción a
ésta le adeuda a la Administración.

      5. Los elementos subjetivos como el dolo o la culpa grave demandan
discutir y analizar a fondo la conducta en que incurrió el funcionario,
todas y cada una de las circunstancias que mediaron en los hechos que
originaron el daño, los antecedentes del caso, la posible intervención de
otros funcionarios o terceros, etc.

     6. No cabe aquí una fórmula automática que se limite a repetir
el 50% de lo pagado por el Estado, sino que ese porcentaje podrá
variar en cada caso, según todos los elementos de prueba que se
hayan valorado en el procedimiento administrativo.

      7.- La valoración del caso de acuerdo a las reglas de la sana
crítica que permitirá atender a elementos como el grado y tipo de
participación que tuvo el funcionario en los hechos que generaron la
condenatoria, la naturaleza, alcance y volumen de las funciones
                                   217

asignadas, el nivel de responsabilidad, su rango, jerarquía,
trayectoria, antecedentes, experiencia, los medios que le proporcionó
el cargo, las facilidades, protección y garantías que le brindó –o debió
brindarle- la propia Administración, y todos los demás elementos de
juicio que se encuentren presente en el caso concreto. A su vez, todo
ese cúmulo de cuestiones circunstanciales habrá de sopesarse
cuidadosa y objetivamente a la luz de principios como el de
razonabilidad, proporcionalidad, lógica, justicia, conveniencia, así
como a los parámetros que brinden la ciencia y la técnica, todo ello en
la inteligencia del artículo 167 de la LGAP y al desarrollo que de tales
principios ha venido haciendo la jurisprudencia constitucional.‖ (Lo
subrayado y destacado en negrilla es propio...”

      11.- Según se le ha informado a esta Dirección General, actualmente
el servidor Salazar Montero se encuentra sometido a un proceso judicial
donde se está decretando el embargo de su salario y sus demás bienes,
razón por la cual, a la luz de todo lo expuesto y teniendo a la vista el
criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la República en
cuanto a la distribución interna de responsabilidades, esta representación
estima de gran importancia que todos los antecedentes de este caso sean
elevados a conocimiento de Corte Plena, a fin de que:

      a) Se valore nuevamente lo planteado por esta Dirección General
ante el Consejo Superior en fecha 8 de junio del 2006, mediante oficio
Nº 533-DG-06, en torno a la responsabilidad que debe asumir la
Administración del Poder Judicial por haber dejado al descubierto la
cobertura Institucional de la Póliza de Responsabilidad Civil RGG379,
durante el período comprendido del 01 de enero del 1996 al 18 de julio
del 2000, lo cual devino en franco desfavorecimiento del servidor Salazar
montero, quien pudo haber contado con el auxilio de esta póliza para el
resarcimiento de los daños a que fue condenado de manera solidaria con
el Poder Judicial. Ello conforme se indica en el punto número cuarto de
esta nota.

      b) Que en caso de no considerarse procedente lo anterior, se
disponga lo necesario para que la Dirección Ejecutiva proceda a la
reapertura del procedimiento administrativo ordinario tramitado al efecto
y, en coordinación con la Procuraduría General de la República, valore la
posibilidad de suspender la ejecutoria que se realiza en vía judicial contra
el servidor Salazar Montero, con el objetivo de que se analice de nuevo lo
concerniente a la distribución interna de responsabilidades, de acuerdo
                                    218

con el criterio vertido por el citado órgano asesor.”

                                    -0-

       Por su parte, el licenciado Víctor Castro Méndez, Secretario
General de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística,
en nota de 6 de febrero en curso, expresa:

      “Reciban el cordial saludo de esta representación, a la vez para
solicitarle que se ponga en conocimiento de Corte Plena el siguiente
planteamiento:

     Como ha sido de su conocimiento y de los miembros del Consejo
Superior ha venido realizando gestiones en torno al cobro administrativo y
posterior envió a la Procuraduría General de la República del caso del
compañero Jorge Luis Salazar Montero.

Dentro de las consideraciones que hemos realizado han sido precisamente
las señaladas en el oficio No. 89-DG-08 del 4 del mes en curso, por parte
de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, en cuanto a la
falta de pago de la póliza de Responsabilidad Civil de parte de la
Administración, y la falta de un proceso Ordinario señalado por la
Administración Pública para establecer la responsabilidad subjetiva en los
hechos por parte Jorge Luis Salazar Montero.

      Compartimos la gestión de la Dirección para que se solicite a la
Procuraduría suspender el procedimiento de embargo sobre la casa, el
vehículo personal y el salario (embargado hace año y medio) del
compañero Jorge Luis Salazar Montero.

       Además deseamos enfatizar, que ha sido una verdadera injusticia y
ha sido desproporcionada la situación que se ha vertido sobre la familia y la
vida de Jorge Luis Salazar, por lo cual requerimos que antes de que se
ejecute el remate de sus bienes se atienda por parte de Corte Plena, las
recomendaciones las solicitudes realizadas tanto por la Comisión de Enlace
de Corte-O-I-J-, Director General del Organismo de Investigación Judicial
y esta Organización.

     Por último es necesario señalar que esta Organización se mantiene en
sesión permanente con la finalidad de determinar las medidas que se
tomaran en caso de que estas gestiones no resuelvan la ejecución del
                                   219

embargo de bienes del compañero Jorge Luis Salazar Montero.”
                                 -0-

       Informa la Secretaria General que el Tribunal de la Inspección
Judicial, mediante resolución Nº 669-2006 dictada a las 11,20 horas del
18 de agosto del 2-006, dispuso desestimar las diligencias de queja que se
ordenó levantar con motivo de lo resuelto por el Consejo Superior en la
sesión verificada el 20 de junio de ese año, artículo XXXVII.

       La Magistrada Pereira manifiesta: “Este estudio atañe a la
contestación de la gestión que había hecho esta Corte ante la Procuraduría
General de la República, y que el señor Director General del Organismo
de Investigación Judicial solicitó, debido al cobro que se la había hecho a
don Jorge Luis Salazar Montero, dado que él fue absuelto en un juicio
penal pero condenado en la parte civil solidariamente con el Estado. El
Consejo Superior tomó la determinación de pagar la totalidad de la
condenatoria civil, pero a su vez que se iniciara los procedimientos de
cobros por parte de la Dirección Ejecutiva, para a su vez recobrar el
dinero que le correspondía proporcionalmente al servidor Salazar
Montero.

       Yo había gestionado ante el Consejo Superior que se paralizara el
trámite de ese cobro y no tengo la información si realmente el Consejo lo
dispuso o no, por lo que rogaría que se me informara al respecto.”

       La Secretaria General, licenciada Silvia Navarro Romanini, aclara:
“El Consejo Superior le solicitó a la Procuraduría General de la República
que no tomara ninguna otra acción hasta tanto la Corte se pronunciara
sobre este punto.”

        Continúa la Magistrada Pereira: “El informe que elaboró la
Procuraduría General de la República, lo que viene a indicarnos es que en
el pago de la responsabilidad solidaria que correspondía en este caso
debió de hacerse una serie de procedimientos que se omitieron en la
tramitación, de orden administrativo, para determinar en qué porcentaje y
si le correspondía el pago efectivamente al servidor. Este segundo aspecto
quiero retomarlo, porque debemos de recordar aquí que la póliza del
seguro que cubría las responsabilidades por alguno de este tipo de
accidente en el ejercicio de su cargo, estaba vencida, y a mí me parece
que es un aspecto que se omitió de un correcto análisis en el Consejo
Superior, y que dado que si el Consejo ya ordenó a la Procuraduría que se
                                    220

parara todo el procedimiento que se había seguido, pienso que la Corte lo
que debe es solicitar en este momento al Consejo Superior que se realicen
todos los procedimientos, conforme a todas las recomendaciones que se
nos dan en el informe, y que se pida expresamente al juzgado
correspondiente la paralización de todas las gestiones de cobro, por
cuanto se obviaron todos los procedimientos que la Procuraduría nos está
indicando que se hace.

        En realidad yo creo que había que entrar desde el análisis de si la
institución había dejado vencer la póliza de riesgo y si correspondía o no
trasladar ese cobro al servidor judicial. Eso se omitió y me parece que es
un acto de procedimiento que debe de retomarse y deben de retrotraerse
los procedimientos a todo aquello que se omitió realizar en su
oportunidad y eso es una gestión que corresponde al jerarca de la
administración que es el Consejo Superior y es el que inició inicialmente
este cobro y ordenó que así lo hiciera la Dirección Ejecutiva.”

       El Presidente, Magistrado Mora, le consulta a la Magistrada
Pereira: “Con esto estaríamos dando una aplicación a la recomendación
que hace la Procuraduría General de la República, y diciéndole al Consejo
Superior que en este y que en todos los casos aplique ese procedimiento, y
que en éste entonces se retrotraiga a la situación anterior y que paralice el
expediente y que haga primero esos cálculos.”

       SALE LA MAGISTRADA VILLANUEVA.

       Adiciona el Magistrado Solís: “Nada más un dato. El caso es que
lo que la Procuraduría llega a determinar, si bien no se refiere al caso
concreto del funcionario Jorge Luis Salazar Montero. Para hacer un
repaso de lo que sucedió, el Estado salió condenado a pagar en la acción
civil dentro del proceso penal la suma de cerca de 22 millones de colones;
el funcionario salió absuelto aplicando el principio de legítima defensa
putativa, o sea, no hubo comisión de ningún delito; sin embargo sí declaró
con lugar la acción civil resarcitoria y ninguna de las partes presentó
recurso de casación, y eso hace que la sentencia penal haya quedado firme
y que se haya procedido por parte de las autoridades administrativas del
Poder Judicial a hacer los cobros correspondientes, porque una vez que
quedó firme lo que hizo el Poder Judicial fue que depositó a favor de la
persona familiar del occiso la suma de 22 millones de colones, e
inmediatamente abre un procedimiento de cobro contra el funcionario
judicial para que pague la mitad, pero sin hacer ninguna valoración de lo
                                   221

que ahora la Procuraduría señala para la administración activa, que en
estos casos en donde hay responsabilidad solidaria Estado-funcionario
público no se puede aplicar la fácil y sencilla fórmula matemática del
50% y 50%, sino que hay que hacer ese procedimiento que indica doña
Magda, para determinar el grado de participación que ha tenido el
funcionario para así establecer qué es lo que le corresponde al Estado y
que le corresponde al funcionario público como tal. Y además para el
caso concreto, desde hace un año y medio este funcionario ya tiene
embargado el salario y las últimas gestiones que ha estado haciendo la
Procuraduría, que es la que hace referencia el acuerdo del Consejo que se
paralice, es la del embargo de la casa y del embargo del vehículo de su
propiedad. Desde esa perspectiva entonces mientras se realiza el
procedimiento administrativo, que no se hizo, o si se hizo se hizo mal,
porque el Consejo Superior partió de una hipótesis jurídica totalmente
desacertada y que es ahora con el dictamen de la Procuraduría en que se
aclara con mucha exactitud qué se debe hacer en esos casos, cuando se
debe determinar la existencia de una eventual obligación de pago del
funcionario. Y yo diría que para el caso concreto también el Consejo
debería haberle solicitado a la Procuraduría, ya no levantar acciones hacia
el futuro, sino también levantar la decisión del embargo del salario,
porque según nos había informado por escrito el Director del O.I.J., el
funcionario estaba pasando por una situación familiar muy angustiante
por tener el salario embargado en ese porcentaje que la legislación laboral
permite el embargo como tal. Entonces yo considero que el dictamen debe
de ser aplicado no solamente para este caso concreto como tiene que
serlo, sino que también debe ser una política institucional del buen
gobierno de administración, establecer las reglas que la Procuraduría de
una manera muy clara y muy didáctica lo dicen para efectos de determinar
los mecanismos y los procedimientos que se deben de realizar cuando se
dan esas circunstancia de una solidaridad de responsabilidad entre el
Estado y el funcionario público.”

       El Presidente, Magistrado Mora, señala: “Magistrado Solís: Sería
para que se aplique en todos los casos?”

       El Magistrado Solís agrega: “Sí señor, para que se aplique además
del caso concreto que ameritó todo esto, se tenga como política general.
En el caso concreto hay un embargo del salario y que entonces depende
de como quede confirmado lo que pidió el Consejo Superior, que también
se levante el embargo del salario porque eso es lo que más se ha quejado,
según la manifestación del Director del O.I.J., a ese funcionario.”
                                         222


             Se dispuso: Aprobar la propuesta de la Magistrada Pereira y en
       consecuencia remitir las diligencias al Consejo Superior, a efecto de que
       en el caso concreto y como una política general, se cumpla con el
       procedimiento que señala en su informe la Procuraduría General de la
       República. A tal efecto ese Consejo deberá retrotraer los procedimientos a
       todo lo que se omitió realizar en su oportunidad. Se declara acuerdo
       firme.”
                                         -0-

      Se acordó: Tener por recibido y ejecutar lo dispuesto por la Corte Plena en

el acuerdo transcrito. En consecuencia: 1.) Dejar sin efecto los acuerdos de este

Consejo, tomados en las sesiones números 67-03 y 44-06 celebradas el 9 de

setiembre del 2003, artículo LXVIII, punto 3) y el 20 de junio del 2006, artículo

XXXVII, respectivamente. 2.) Remitir las diligencias a la Dirección Ejecutiva para

que realice un nuevo procedimiento administrativo que cumpla con lo indicado por

la Procuraduría General de la República. 3.) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que

gestione a la Procuraduría General de la República el retiro de las diligencias de

cobro en trámite en el Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios en contra

del servidor Jorge Luis Salazar Montero.

                                  ARTÍCULO LII

      En sesión de Corte Plena N° 03-04 celebrada el 2 de febrero del 2004,

artículo XXI se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            “Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: "Se repartió a las
       señoras y señores Magistrados el proyecto de Ley de Notificaciones, al
       cual ya se le incorporaron las correcciones correspondientes de
                                    223

conformidad a las discusiones de la última sesión de Corte. Ya estaba
aprobado y simplemente para concertar que ahí constan todas las
observaciones que se hicieron en aquella oportunidad.

      Se dispuso: Remitir el proyecto de Ley de Notificaciones al
Ministerio de Justicia, a efecto de que sea muy servido en darle el trámite
legislativo correspondiente.
El texto del proyecto es el siguiente:
                    "LEY DE NOTIFICACIONES
       La reforma tiene como objetivo principal derogar los reglamentos
que regulan las notificaciones por fax, casillero, notario y correo
electrónico. Todas las disposiciones de estos reglamentos se trasladan a la
ley, lo que evita confusas interpretaciones.
      La ley se divide en tres capítulos: disposiciones generales,
notificaciones personales y notificaciones en el medio señalado.
                                    .....
                    "LEY DE NOTIFICACIONES
                                  N°. 7637
                        CAPITULO PRIMERO
                   DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
....
Artículo 2. Deber de notificar.
.....
Artículo 3. Fijación de domicilio electrónico permanente.
.....
Artículo 4. Entrega de la cédula.
....,.
Artículo 5. Requisitos de la cédula.
....
Artículo 6. Otras formas de notificar.
     En casos calificados, a criterio del Juez, puede disponerse de otras
formas de notificar a las partes, a efecto de evitar indefensión. Queda
                                           224

       facultado el juez para realizar todo tipo de notificación, o bien delegar ese
       acto en un servidor del Juzgado. Es válida la notificación recibida por la
       parte, su abogado director o apoderado en el despacho judicial o la oficina
       centralizada de notificaciones.
             Procederá también utilizar otra forma para notificar, cuando el
       Consejo Superior del Poder Judicial autorice plazas de notificador en los
       despachos que conozcan de materia de alto contenido social, como
       familia y pensiones alimentarias. Estos notificadores dependerán
       administrativamente de la Oficina Centralizada de Notificaciones.
       Artículo 7. Identificación de la persona que recibe la notificación.
       ...
             Se derogan las siguientes disposiciones:
             Los artículos 173, 174, 179, 180, 181 del Código Procesal Civil; así
       como el 185; y su interpretación auténtica, realizada por la Ley N°. 8125
       del 16 de agosto del 2001, el 126 inciso 5 de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial y del 6 bis de esa ley se deroga el párrafo que dice: ", siempre que
       remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo
       caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en
       el momento de recibida la primera comunicación.".
             Esta Ley entra en vigencia un mes después de su publicación.”
                                           -0-

      Sobre el particular, en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras

Comunicaciones Judiciales, artículo 6 “Notificación por medio o lugar señalado”,

indica lo siguiente:

             “(…)

             Artículo 6.-Notificación por medio o lugar señalado.

             Las resoluciones no comprendidas en el artículo 2 se notificarán en
       el lugar señalado, en estrados o apartado, por fax o cualquier otra forma
       que permita la seguridad del acto de comunicación. Los documentos
       emitidos por cualquiera de estos medios tendrán la validez y eficacia de
       un documento original siempre y cuando queden garantizados su
       autenticidad, integridad y el debido cumplimiento de las leyes procesales
                                          225

       pertinentes. La parte señalará también lugar para recibir notificaciones y
       el despacho lo utilizará según su criterio. Se autoriza a la Corte Suprema
       de Justicia para reglamentar la notificación en estrados y por cualquiera
       de estos medios y los que surjan en el futuro.

             Con la finalidad prevista en el párrafo anterior, las partes indicarán
       en su primer escrito, el medio y lugar para recibir notificaciones. No
       obstante, el juez, en su primera resolución, prevendrá al demandado sobre
       el cumplimiento de esta obligación. En ambos casos, la omisión producirá
       las consecuencias de la notificación automática.

              El señalamiento valdrá para la segunda instancia y casación, cuando
       los tribunales respectivos tuvieren su asiento en el mismo lugar.

             En cuanto a las notificaciones contempladas en este artículo,
       inclusive las efectuadas por edicto, salvo las practicadas por apartado, las
       copias de los escritos y documentos quedarán a disposición de las partes
       en el respectivo tribunal.

             El Estado, sus instituciones, incluso los bancos, estatales y privados
       y las demás instituciones financieras designarán una sola oficina o lugar
       para atender notificaciones en los procesos de los que sean parte,
       tramitados en el mismo perímetro judicial.”
       (…)
                                          -0-

      Asimismo, el artículo 6° bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refiere lo

siguiente:

             “Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los
      archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda
      aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos,
      magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías,
      destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o
      resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los
      procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y
      seguridad.

             Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos
                                          226

       soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el párrafo
       anterior.

            Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de
       este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de
       protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad,
       aunque no se impriman en papel ni sean firmados.

             Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para
       comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y
       cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos
       medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre
       que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en
       cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como
       realizada en el momento de recibida la primera comunicación.

            La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios
       para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados
       medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como para
       determinar el acceso del público a la información contenida en las bases
       de datos, conforme a la ley.”
                                          -0-

      En escrito de 14 de abril en curso, el licenciado Miguel Ángel Vásquez

López, Abogado y Notario, expone lo siguiente:

             “El artículo 6 bis de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
       (LOPJ) permite que los usuarios de los servicios del Poder Judicial, sean
       o no abogados, podamos enviar vía facsímil los documentos que
       necesitemos hacer llegar a cualquier destino judicial, teniendo la
       obligación de presentar el original en los tres días hábiles inmediatos
       siguientes. La Ley de notificaciones exige que los usuarios del servicio de
       notificación judicial vía facsímil o vía fax debamos tener un aparato
       receptor de fax exclusivo para esos menesteres conectado 24 horas al día,
       quedando vedado el uso de ese aparato para usarlo como teléfono, o sea,
       vedado lo que se ha denominado telefax y tampoco para enviar
       documentos. Pues bien, señores del Consejo, podría pensarse que cada
       despacho judicial o cada unidad administrativa tendrían igual obligación
       de tener un aparato de fax mínimo, exclusivo, para la recepción de los
                                   227

documentos que los usuarios desean hacerle llegar. Eso implica que cada
juzgado o despacho judicial debería mantener un aparato de fax sólo para
la recepción de documentos -para cumplir lo dispuesto por el artículo 6-
bis ibídem.- y no utilizarlo ni para hacer llamadas telefónicas -de voz-ni
para recibirlas ni para enviar documentos por ese aparato a los usuarios.
Creo que por analogía o sentido común debería extenderse a los juzgados
y despachos judiciales la obligación que la Ley de Notificaciones dispuso
para los usuarios: tener un aparato receptor de fax, exclusivo para esos
fines, conectado las 24 horas del día, los 365 días del año (artículos 6 y
13-ibídem). ¿Qué se lograría con eso? Darle amplia cobertura a la
disposición del artículo 6-bis antes citado y no una cobertura restringida
al horario del despacho judicial (por lo general de lunes a viernes hábiles
de 7:30 am. a 12 m.d. y de 1 p.m. a 4:30 p.m.). En la práctica, señores del
Concejo, la gran mayoría de despachos judiciales mantienen un aparato
receptor de fax encendido las 24 horas del día en modo automático, sin
necesidad de que un ser humano oprima el botón de recepción cuando el
interlocutor se lo pide. De esa forma, los usuarios, que tenemos horarios
amplios, podríamos enviar un documento al despacho judicial un
domingo o un feriado o en la noche o en la madrugada, según las
circunstancias nos lo exijan. Como venía diciendo, la gran mayoría de los
despachos judiciales y de las unidades administrativas mantienen
conectado el fax 24 horas al día en modo automático, 365 días al año.
Pero mi carta se centrará en comentar qué sucede con una pequeña
minoría de despachos judiciales que tienen el aparato en modo de
teléfono, ni tan siquiera de telefax, de manera que sólo cuando hay
empleados en el juzgado el usuario logrará enviar su documento a ese
juzgado, ya que necesitará que el empleado, al contestar la llamada,
oprima el botón de recepción de documentos. Y cuando no hay nadie en
el juzgado, el artículo 6-bis de la LOPJ queda ayuno de efectividad y el
usuario ve frustrada su necesidad y deberá esperar a que abran el
despacho para pedir tono y enviar su documento al fax del juzgado. Es
ese el caso del JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DE PURISCAL (de
mayor cuantía). Ese Despacho tiene 3 números telefónicos asignados para
comunicarse con el exterior y los usuarios con el juzgado. Esos números
son: 2416-7179; 2416- 6405 y 2416-8342. Pero para enviar un documento
a ese juzgado es necesario marcar cualquiera de los 3 números y esperar
que un empleado conteste y dé tono de fax. El horario del juzgado es de
7:30 a.m. a 12 md, y de 1 pm. a 4:30 pm. de lunes a viernes hábiles. En
mi caso particular, tengo un horario de trabajo como abogado y como
ciudadano, de lunes a sábado y los días feriados. Los días sábados y los
feriados también los ocupo, cuando es necesario, para enviar documentos
                                   228

a los juzgados. Con la mayoría de despachos hay comunicación vía fax y
tengo éxito. Con el Juzgado indicado de Puriscal debo esperar al siguiente
día hábil para enviar el documento vía fax después de las 7 y 30 de la
mañana en que darán tono. El fax responde a la tendencia de utilizar los
avances tecnológicos al servicio de la administración de justicia pero
también a favor de sus usuarios. El fax es un medio novedoso que tiene
como propósito aligerar y facilitar la comunicación de las resoluciones
pero también la comunicación de los escritos de impugnación o de avance
al despacho judicial. Por su fácil manejo, el fax permite su
funcionamiento fuera de los días y horas hábiles, circunstancia que no
puede perjudicar a las partes con una reducción del plazo para ejercer su
derecho a recurrir ni tampoco dejarlo en modo manual que exija la
presencia de un ser humano que oprima el botón de recepción. Creo que
es posible que el JUZGADO DE PURISCAL se pliegue a la costumbre de
la gran mayoría de despachos judiciales costarricenses y disponga uno de
los 3 números telefónicos que le asignó el Poder Judicial a la recepción
exclusiva de documentos vía fax, provenientes del exterior al juzgado y
que ese aparato que se escoja esté conectado en modo automático 24
horas al día, 365 días al año, que no dependa de la buena voluntad de
ningún empleado que conteste y quiera oprimir el botón de recepción. Así
se respetará la disposición del artículo 6-bis de la LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL y todos los usuarios tendríamos las 24 horas de cada
día para enviar nuestros documentos cuando nuestras circunstancias nos
lo exijan, sin tener la restricción de horario del juzgado.

                             PETITORIA:

      En consecuencia, señores del Consejo, solicito que se sirvan instruir
al Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal (de mayor cuantía) que asigne
lo pronto que le sea posible un número telefónico de los tres con que fue
dotado sólo para la recepción automática vía fax, las 24 horas del día, los
365 días del año, de los documentos que quieran enviar por ese medio al
juzgado los usuarios del Poder Judicial, lo que está permitido por el
artículo 6-bis de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

                            NOTIFICACIONES:

     Las atenderé sólo al Fax 2248-0838.‖

                                   -0-
                                        229

      Se acordó: 1.) Comunicar al licenciado Vásquez López que lo dispuesto en

el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial no conlleva ninguna

variación con las disposiciones sobre el recibo de documentos por medios

electrónicos. 2.) Hacer de conocimiento de los despachos judiciales que tienen

línea de telefax que en horas inhábiles, los fines de semana, días feriados y de

asueto, deben dejar el servicio de fax en forma automática y con suficiente papel,

con el fin de recibir documentos de interés para la tramitación de los procesos

judiciales. Lo anterior se comunicará mediante la siguiente circular:

                             ―CIRCULAR N° ….-08

                 ASUNTO: Obligación de mantener habilitado el fax en horas
                        inhábiles, los fines de semana, días feriados y de
                        asueto.

                A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS
                       SE LES HACE SABER QUE:

      El Consejo Superior en sesión N° 29-08 celebrada el 22 de abril del año en

curso, artículo LII, dispuso hacer de conocimiento de los despachos judiciales que

tienen línea de telefax, que en horas inhábiles, los fines de semana, días feriados y

de asueto, deben dejar el servicio de fax en forma automática y con suficiente

papel, con el fin de recibir documentos de interés para la tramitación de los

procesos judiciales.

      San José, …… de abril de 2008.-‖
                                        230

                                 ARTÍCULO LIII

      Mediante circular N° 85-06 de 9 de junio del 2006, publicada en el Boletín

Judicial N°122 del 26 de junio de ese año la Secretaría General de la Corte, hizo de

conocimiento de los jefes de los despachos judiciales y administrativos, que

podrán conceder la autorización correspondiente, en los casos que un particular o

servidor judicial tenga interés en realizar algún trabajo comunal, graduación o

pasantía, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por el

Consejo Superior para cada caso en concreto. Lo anterior, en el entendido que la

jefatura del despacho supervisará la actividad a realizar, haciéndole saber que el

uso que haga el estudiante de la información que llegue a su conocimiento,

quedará bajo la exclusiva responsabilidad de éste, así como que tiene el deber de

ajustarse a las normas que rigen la prestación del servicio en el Poder Judicial.

      El señor Benito Martín Jiménez Carranza, Asistente Judicial 1 del Juzgado

de Tránsito del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 16 de abril en

curso, gestiona lo siguiente:

            “…Como requisito para el Bachillerato en la carrera de Derecho, la
       Universidad pide 150 horas de TCU (Trabajo Comunal Universitario) a
       desempeñar en funciones de Consultorio Jurídico. Para proceder a
       derecho ruego por favor su indicación si tengo impedimento para ello o
       puedo proceder a realizar dicha práctica.”
                                        -0-

     Se acordó: Comunicar al señor Jiménez Carranza, que este Consejo no tiene
                                         231

objeción para que realice el Trabajo Comunal Universitario en un Consultorio

Jurídico, siempre y cuando sea en vacaciones, con permiso sin goce de salario o

fuera de horas laborales y en el entendido de que no exista alguna incompatibilidad

con el trabajo que vaya a desarrollar en esa oficina y la labor que realiza en el

Poder Judicial.

                                  ARTÍCULO LIV

      En sesión N° 19-08 celebrada el 11 de marzo del año en curso, artículo

LXIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “La Corte Plena, en sesión Nº 02-08 celebrada el 21 de enero del
       año en curso, artículo XIII, dispuso la creación de un Juzgado
       Especializado en Cobro en el Primer Circuito Judicial de San José, a
       partir del 20 de mayo del año en curso, que sería conformado con tres
       jueces y seis auxiliares judiciales. Asimismo, se acordó mantener en los
       actuales juzgados civiles el conocimiento de los asuntos entrados con la
       legislación actual, para determinar su evolución ante los cambios en la
       cuantía y la exclusión del conocimiento de los cobros para proceder a la
       reorganización de éstos. Al propio tiempo, acordó diferir la entrada en
       funcionamiento del Juzgado Electrónico.

            En sesión N° 18-08 celebrada el 6 de marzo en curso, artículo LX,
       este Consejo acogió la solicitud a efecto de hacer una atenta instancia al
       Consejo de la Judicatura para que las plazas vacantes de juez de los
       Juzgados Civiles de Mayor Cuantía de San José, se confeccionen para ser
       ocupadas interinamente y no en propiedad.

            El doctor Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Magistrado de la Sala
       Primera, en correo electrónico de 11 de los corrientes, dirigido a la
       Secretaria General, expone la necesidad que el concurso que está en
       proceso para llenar las plazas para el Juzgado Electrónico, que irían al
       Juzgado de Cobro, se anuncien de esa manera, por lo que se necesita una
       decisión de este Consejo para revertir ese proceso y reordenarlo.
                                         232

             En razón de lo manifestado por el Magistrado Rivas, se acordó:
       Comunicar al Consejo de la Judicatura que las plazas vacantes de juez
       que iban a ser utilizadas por el Juzgado Electrónico, sean ocupadas
       interinamente en el Juzgado de Cobro.”
                                         -0-

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, hace del conocimiento

de este Consejo, el correo electrónico de 18 de abril en curso, que le hiciera llegar

el licenciado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Magistrado de la Sala Primera, que

literalmente dice:

            “… me permito adjuntarle la lista de los funcionarios que
       conformarían el Juzgado Especializado de Cobro Judicial.

            Las tres plazas de jueces serán ocupadas por los siguientes
       profesionales:

         1. Ricardo Barrantes López            céd. 1-656-955

         2. Karol Solano Ramírez               céd. 1-951-425

         3. Jessica Jiménez Ramírez            céd. 4-171-033


            Las seis plazas de auxiliares serán ocupadas por las siguientes
       personas:

    1.- José Ángel Montero Ramírez Céd. 1-1000-932         Asistente Judicial

    2.- Luis Daniel Zúñiga Abraham Céd. 1-1181-429         Auxiliar Judicial

    3.- Angie Mora Soto               Céd. 1-1276-162      Auxiliar Judicial

    4.- Víctor Montoya Quesada        Céd. 1-1088-617      Auxiliar Judicial

    5.- Nathalie Palma Miranda        Céd. 1-1251-187      Auxiliar Judicial
                                         233

    6.- José Pablo Murillo Quirós     Céd. 1-1281-638      Auxiliar Judicial”

                                     -0-

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y por tratarse de un proyecto especial, se dispuso: Conceder permiso con

goce de salario y sustitución, a partir del 1° de mayo próximo y hasta el último día

laboral de diciembre del año en curso, a los servidores de las listas transcritas, que

conformarán el Juzgado Especializado de Cobro Judicial.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO LV

      En sesión Nº 13-06 del 28 de febrero del 2006, artículo XVIII, se confirmó

la resolución Nº 671-05 de las 9:55 horas del 2 de setiembre del 2005, dictada por

el Tribunal de la Inspección Judicial, dentro del proceso disciplinario contra el

licenciado Carlos Salazar Chinchilla, Juez de Juicio de Heredia, modificando la

sanción, en tres meses de suspensión sin goce de salario. Además, se dispuso

trasladar a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para que

determinara la responsabilidad civil correspondiente en relación con el costo del

debate anulado.

      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, que a las
                                      234

8:35 horas del 21 de abril en curso, se recibió cédula de notificación de la

resolución dictada por la Sala Constitucional, Nº 2007-05924, referente al recurso

de amparo interpuesto por el licenciado Carlos Salazar Chinchilla, contra el

Consejo Superior, en que se declaró con lugar el recurso, en consecuencia, “… Se

anula el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial adoptado en la sesión

N° 13-06 del 28 de febrero del 2006. Se ordena al Presidente del Consejo Superior

y a sus miembros conocer y resolver el recurso interpuesto por el amparado con

arreglo al principio de proporcionalidad y razonabilidad…”.

      Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaria

General. 2.) Tomar nota de la comunicación anterior y resolver lo que corresponde

en una próxima sesión.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                               ARTÍCULO LVI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº 2647-

DE-2008 de 15 de abril en curso, remite el informe Nº 245-DTI-2008/144/FC-

2008/426-JP-2008 de 9 de este mes, suscrito por los máster José Luis Bermúdez

Obando y Rafael Ramírez López, Jefes de Administración Humana y del

Departamento de Tecnología de la Información, que literalmente dice:

             “…nos permitimos trasladar el informe de labores del “Proyecto
       de Sistematización del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
                                         235

       Judicial”, correspondiente al mes de marzo del 2008, el cual remite la
       licenciada Karla Urtecho Madrigal, líder técnico del equipo de trabajo; en
       el cual se informa entre otras las actividades a saber:

                  Contraparte técnica en la contratación del “Desarrollo de un
       Sistema de Jubilaciones y Pensiones para el Poder Judicial.
                  Exposición de lógica del Negocio de los módulos que
       contemplan la primera etapa de la contratación.
                  Tareas de Migración de Datos
                  Definición de Casos de Prueba Modulares.
             Actividades Técnicas”
                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe de labores del "Proyecto de

sistematización del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial"

correspondiente a marzo último. Se declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LVII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº 2651-

DE-2008 de 15 de abril en curso, remite la nota Nº 318-P-2008 de 8 de los

corrientes, suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento

Financiero Contable, referente al informe de Ejecución Presupuestaria del año

2007, de los programas 926-07, 927-07, 928-07, 929-07, 930-07, 931-07, 932-07,

942-07 y 943-07, del título 301 “Poder Judicial”.

      Se acordó: Tener por rendido el informe y remitir copia a la Asamblea

Legislativa, para su conocimiento. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LVIII
                                          236

      A solicitud del licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrante de este

Consejo y con el fin de regular los horarios de la capacitación y con ello evitar

que las personas que vienen de lugares alejados de la capital, tengan que ocupar

mucho de su tiempo laboral para el desplazamiento y su consecuente afectación

del servicio público por su ausencia en el despacho, se acordó: Reiterar a la

Escuela Judicial, que deben adecuar los horarios y días de los cursos presenciales,

de manera que cuando estos deben realizarse durante alguno o algunos días de la

semana, se impartan los viernes o lunes cuando sean de un único día, o se

programen para terminar los viernes en los demás casos.

                                  ARTÍCULO LIX

      En sesión N° 64-99 celebrada el 12 de agosto de 1999, artículo LIX, se tomó

el acuerdo que en lo conducente dice:

             “En la sesión celebrada el 26 de enero último, artículo CIV, se
       dispuso rescindir los contratos con personas físicas para las labores de
       limpieza en los distintos Despachos Judiciales del país. Asimismo, se
       solicitó al Departamento de Planificación realizara un estudio tendiente a
       determinar el personal que se requerirá para atender dichos servicios con
       recursos propios.
             En la efectuada el 25 de febrero del año en curso, artículo XXXV,
       se conoció el informe N° 69-DO-99 de la Sección de Desarrollo
       Organizacional del Departamento de Planificación, sobre el estudio para
       la contratación de una persona externa para atender las tareas de aseo o en
       su lugar asignar una plaza de Conserje en forma extraordinaria, en la
       Oficina Regional del Organismo de Investigación de Grecia y se dispuso
       acoger las siguientes recomendaciones:
            "…el Departamento de Planificación recomienda la contratación
                                    237

privada del servicio, ya que atendiendo el local actual o considerando el
traslado futuro, los costos económicos para la Institución son menores y
se evita la subutilización de recursos.
     Una vez elegida la empresa de servicios de limpieza, se deberán
acatar las siguientes condiciones:
      Contratar el servicio los días lunes, miércoles y viernes 2 horas
diarias (4 horas diarias en el nuevo local) para efectuar las tareas de aseo
(barrer, limpiar, sacudir el mobiliario y equipo, pasar el cepillo eléctrico,
recolección de basura y hacer una limpieza integral del servicio sanitario
), tanto en la parte interna como externa del local.
    Además, cada quince días deberá proceder a encerar la oficina y pasar
el cepillo eléctrico, lo cual se estima consumirá cerca de 4 horas
adicionales.
    En total, la empresa contratada brindará el servicio alrededor de 32
horas al mes (56 horas en el nuevo local).
    Es importante indicar que, en virtud del acuerdo del Consejo
Superior, celebrada el 26 de enero del presente año, artículo CIV, este
Departamento realizará próximamente el estudio solicitado, con el cual se
determinará la mejor opción para atender los servicios de aseo y limpieza
en todos los despachos y oficinas judiciales del país, excepto la oficina
aquí abordada.
    Dentro de ese análisis integral, deberán considerarse las Oficinas
Regionales del O.I.J. de Osa y Garabito, las cuales presentan una
situación similar a la descrita para Grecia."
                                    -0-
     En sesión efectuada el 11 de junio del año en curso, artículo
CXXIX, se aprobó el reconocimiento para el pago de horas extra, a
servidores de los despachos judiciales que requieren del servicio de
limpieza.
      Con base en el acuerdo anterior el Dr. Luis Eduardo Vargas
Jiménez, Director Ejecutivo, en oficio N° 4155-DE-99 de 17 de junio,
recibido el 6 de agosto del año en curso, rinde el siguiente informe:
      "…Cabe agregar que en algunos casos no se obtuvo una respuesta
positiva a este acuerdo, por lo tanto esta Dirección recomienda -como
medida alternativa- se autorice la contratación con una persona jurídica
por medio de Órdenes de Compra prorrogables mensualmente, hasta que
se conozca el estudio de planificación tendiente a determinar el personal
                                                238

        que se requerirá para atender dichos servicios con recursos propios, o
        bien que se recomiende la contratación del servicio.
              Posteriormente cuando haya un criterio ya definido por el
        Departamento de Planificación y aprobado por ese Consejo, el
        Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo e iniciará
        los trámites respectivos en los casos que proceda la contratación, lo
        anterior con base en los proyectos de contrato que ya los administradores
        han remitido a esta Dirección.
              En los casos referentes a las Oficinas regionales del OIJ, es
        importante acotar que en sesión celebrada por ese Honorable Consejo el
        25 de febrero último, artículo XXXV se aprobó la recomendación vertida
        por el Departamento de Planificación, en cuanto a la contratación de los
        servicios de limpieza en forma privada en la Oficina Regional del OIJ de
        Grecia y dentro del estudio integral que realiza ese departamento
        considerar las Oficinas Regionales de Osa, Garabito las cuales presenten
        una situación similar a la descrita para Grecia.
             Para la ejecución de esta propuesta se requirió de la colaboración de
        las Unidades Administrativas Regionales, a continuación se presente un
        cuadro que resume los resultados obtenidos.

        […]

                   SERVIDOR JUDICIAL
   OFICINA                                                     OBSERVACIONES
                      AUTORIZADO

Subunidad         No hay una respuesta          En virtud de lo anterior, se recomienda la
Administrativa    positiva donde se refieren    contratación de una persona jurídica en caso de
Regional       de inconvenientes para la        Corredores debido a que no existe una plaza de
Corredores        limpieza tal es el caso del   Conserje 1, la cual tendrá a cargo la labor de
                  Edificio de Tribunales de     limpieza de las áreas comunes, Salas de Debate,
                  Corredores       y     Jdo.   Defensa Pública, Subadministración, Trabajo
                  Contravencional de Coto       Social, Unidad de Localización.
                  Brus.
                                                En el Juzgado Contravencional de Coto Brus, a
                                                pesar de contar con una plaza de Conserje 2, según
                                                lo explicó el señor juez es materialmente imposible
                                                asumir el servicio de limpieza, por lo que la Licda.
                                                Paulina Atencio, Subadminsitradora Regional de
                                                Corredores recomienda también la contratación de
                                                servicios por las razones antes expuestas.
                                           239

             De lo expuesto anteriormente mucho agradeceré girar las
       instrucciones pertinentes al Departamento de Personal para hacer efectivo
       el pago a las personas autorizadas. Asimismo se acoja las
       recomendaciones vertidas en este informe.
                                           -0-
             Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y autorizar el pago
       de las horas extra al personal autorizado para realizar la labor de limpieza
       en los citados despachos.
            El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                           -0-

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, hace de conocimiento

de este Consejo, el correo electrónico de 16 de abril en curso, que le hizo llegar el

licenciado José Zúñiga Carvajal, Administrador Regional de la Sub Unidad

Administrativa Regional de Corredores, que literalmente dice:

            “Cuando me hice cargo de la Administración de Corredores, la
       limpieza de las áreas comunes, Administración, Defensa Pública, Unidad
       de Localización y Trabajo Social era brindado por una persona física, a la
       cual se le pagaba por fondo rotatorio, debido a la inexistencia de fondos
       para realizar el proceso de contratación se le instó a que hiciera los
       trámites para contar con una personería jurídica para poder continuar
       brindando el servicio, como efectivamente lo hizo.
           En la actualidad esa persona presenta problemas de salud y le es
       imposible continuar brindando el servicio.
            En vista de que para el presente año si existen recursos, a partir de
       marzo se inició el proceso encaminado a contratar los servicios de
       limpieza tanto en Corredores, como en Coto Brus, sin embargo ese
       proceso lleva su tiempo, por lo que solicito su autorización para utilizar la
       plaza extraordinaria (3 meses) de Auxiliar de Servicios Calificados 3
       (Chofer) que existe en el presupuesto de este año, para resolver por ese
       lapso el problema de la limpieza en las áreas antes descritas, ya que
       ninguna de las oficinas mencionadas cuenta con plazas de Conserje.”
                                           -0-
                                            240

               De: Alfredo Jones León
               Buen día. Y quién maneja el carro? Jones
               De: José Zúñiga Carvajal
               El carro está asignado a Osa y se compra este año y en el caso de
          que se entregue este año (a Golfito le entregaron hasta este año los del
          año pasado) lo conduciría el Guarda de Osa que habíamos autorizado a
          principio de año.
               De: Alfredo Jones León
               Otra pregunta, por cuánto tiempo se creo la plaza. Jones
               De: José Zúñiga Carvajal
               Por tres meses.”
                                            -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar al licenciado Zúñiga

Carvajal para utilizar los recursos de la plaza extraordinaria de Auxiliar de

Servicios Calificados 3 (Chofer), por tres meses a partir del 1° de mayo próximo,

para que la persona que se designe en este puesto realice las labores de limpieza de

los Tribunales de Corredores. Lo anterior en tanto se reciba el vehículo que se

indica.

      Los Departamentos de Personal y de Planificación tomarán nota para lo que

corresponda.

                                     ARTÍCULO LX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº 2650-

DE-2008 de 15 de abril en curso, remite la nota Nº 836-DTI-2008 de 9 de los

corrientes, suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento
                                          241

Financiero Contable, que literalmente dice:

               “…me permito indicar que los funcionarios David Jiménez Carpio,
       Jefe de Subproceso y Jorge Mario González Delgado, Técnico
       Administrativo, ambos del Subproceso de Ingresos, en coordinación con
       personeros de custodias del Banco de Costa Rica, realizaron el arqueo de
       títulos valores físicos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
       Judicial, tanto en el ente mencionado, como en la Central de Valores
       (CEVAL), correspondiente al último trimestre del año anterior. Además
       se efectúo una comparación electrónica de las anotaciones en cuenta
       (macrotítulos).

              Al respecto, después de realizar el arqueo correspondiente, se
       obtuvo en términos generales resultados satisfactorios, puesto que se
       localizaron cada uno de los títulos valores en la custodia pertinente.

              No obstante lo anterior, es importante acotar que tal y como se ha
       venido mencionando en informes anteriores, la implementación del nuevo
       Sistema BNV Clearing, por parte de la Bolsa Nacional de Valores, obligó
       a reestructurar la metodología de control que se ha venido llevando en los
       inventarios de inversiones. Sin embargo, para la ejecución del referido
       arqueo, se contó con los reportes necesarios para realizar de manera
       adecuada las verificaciones correspondientes, siendo que las
       inconsistencias determinadas se comunicaron al Área de Inversiones de
       este Subproceso, mediante correo electrónico, de fecha 9 de abril del
       presente año, a fin de que se realicen las correcciones pertinentes.

              Por otro lado, es de mencionar que surgieron algunas diferencias,
       respecto al contenido de la información de los títulos valores indicados en
       el inventario de inversiones, las cuales fueron comunicadas de igual
       manera al Área de Inversiones, mediante el correo referido, para que sean
       corregidas o registradas según corresponda. Al respecto, cabe citar que
       algunas de las inconsistencias detectadas se deben a la situación
       anteriormente indicada, pues es hasta la ejecución de la conciliación que
       se corrigen dichos datos. Por tanto, este Subproceso verifica dicha
       información y si surge diferencia, se ajusta en forma inmediata.”
                                          -0-

      Se dispuso: Tener por recibido el informe anterior y hacerlo de
                                         242

conocimiento de la Auditoría Judicial.

                                 ARTÍCULO LXI

      Mediante circular N° 104-2003 de 9 de octubre del año 2003, se comunicó el

acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 64-03 celebrada el 28 de

agosto del citado año, artículo II, en que se dispuso hacer del conocimiento de los

despachos y servidores judiciales del país, el orden en que se conocería de las

gestiones o asuntos que se sometan a su consideración, a saber:

       ―1.- La documentación que se reciba desde el lunes en la mañana y hasta
       la primera audiencia del miércoles de la semana, se conocerá en la sesión
       del martes siguiente.
       2.- La documentación que se reciba a partir de la segunda audiencia del
       miércoles y hasta la segunda audiencia del viernes de la semana, se
       conocerá en la sesión del jueves siguiente.
       Lo anterior con excepción de los casos que sean verdaderamente urgentes
       y de naturaleza imprevisible.”

                                         -0-

      Manifiesta la Secretaria General que en la autoevaluación institucional del

año 2007, se dispuso hacer una atenta instancia a este Consejo, con el fin de que se

modifiquen los días límites para el recibido de documentos a conocer en las

sesiones de este órgano, para lograr documentar debidamente y disponer de todas

las diligencias y antecedentes relacionados con los asuntos que se someten a su

conocimiento. A esos efectos propone que la documentación que se reciba desde la

segunda audiencia de los jueves y hasta la segunda audiencia del lunes, se conozca
                                        243

en las sesiones de los martes; y la que se reciba a partir del martes y hasta la

primera audiencia de los jueves, se resuelva lo pertinente los jueves.

      Asimismo indica que con esta medida las agendas para las sesiones de los

martes y jueves, se remitirán un día antes de las fechas establecidas anteriormente,

es decir al finalizar las jornadas laborales de los días jueves y lunes,

respectivamente; con lo cual se contará con un mayor espacio de tiempo para que

los Integrantes del Consejo Superior puedan estudiar los asuntos que se incluyen

en ellas.

      Se acordó: Tener por hechas las anteriores manifestaciones y acoger la

propuesta de la Secretaria General, en consecuencia se deja sin efecto la circular

Nº 104-2003 y en su lugar se publicará en el Boletín Judicial la siguiente:

                              ―CIRCULAR N° -2008

                          ASUNTO: Días límite para el recibido de documentos a
                          conocer en las sesiones del Consejo Superior.

       A LOS DESPACHOS Y SERVIDORES JUDICIALES DEL PAÍS

                          SE LES HACE SABER QUE:

      El Consejo Superior en sesión N°29-2008, celebrada el 22 de abril del 2008,

artículo LXI, acordó dejar sin efecto la circular Nº 104-2003 y dispuso comunicar

que el orden en que se conocerá de las gestiones o asuntos que se sometan a su

consideración, es el siguiente:
                                           244

      1.- La documentación que se reciba desde la segunda audiencia del jueves y

hasta del lunes de la semana, se conocerá en la sesión del martes siguiente.

      2.- La documentación que se reciba a partir del martes y hasta la primera

audiencia del jueves de la semana, se conocerá en la sesión del jueves siguiente.

      Lo anterior con excepción de los casos que sean verdaderamente urgentes y

de naturaleza imprevisible. -

      San José, .... de ..... del 2008.”

      La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que corresponda. Se

declara firme este acuerdo.

                                           -o0o-

      A las 10:40 horas terminó la sesión.

				
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posted:11/17/2011
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