061 1908 by ynzl43

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									                                       Nº 61-08

         CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las

ocho horas del diecinueve de agosto del dos mil ocho.

         Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Mora, Presidente; de las

licenciadas Miriam Anchía Paniagua, Milena Conejo Aguilar, Lupita Chaves

Cervantes y el licenciado Marvin Martínez Fernández. Asiste también el

Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                    ARTÍCULO I

         Se aprueba el acta de la sesión N° 57-08 celebrada el 5 de agosto en

curso.

     El Presidente, Magistrado Mora y la licenciada Chaves Cervantes se

abstienen de votar por no haber participado en la citada sesión.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                   ARTÍCULO II

         En sesión N° 57-08 celebrada el 5 de agosto del año en curso, artículo

XLVII, se tomó el siguiente acuerdo:

                ―El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del
          Tribunal de la Inspección Judicial, con oficio N° 2733 de 24 de julio
          último, remite el documento elaborado por ese despacho, sobre los
          lineamientos generales, para aplicar en vigilancias, según los
          términos del artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en
          concordancia con los numerales 28, 184, 187 y 188 inciso 2, y con
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       las salvedades que se establecen en los numerales 182 y 183, de ese
       cuerpo normativo.
              Se dispuso: Tomar nota de la comunicación que antecede.‖

                                      -0-

      En relación con el acuerdo anterior, indica el integrante Martínez

Fernández, que considerando que el Tribunal de la Inspección Judicial,

aplicará a futuro los lineamientos para vigilancias que presentó a

conocimiento de este Consejo, según el acuerdo adoptado en la sesión 57-08,

artículo XLVII y, que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, la Comisión de Relaciones Laborales tiene la atribución de

poder pronunciarse sobre la fijación y aplicación de las políticas laborales y

sobre el régimen disciplinario en el Poder Judicial; por lo que requiere estar

enterada de los procedimientos vigentes en esta última materia para lograr

realizar su cometido de forma eficaz; estima conveniente a que de previo se

inicie la aplicación oficial de dichos lineamientos, otorgar una audiencia a la

citada Comisión para que se pronuncie sobre ellos. Asimismo, considera que

sería importante, una vez que se obtenga el criterio de la Comisión de

Relaciones Laborales, notificar mediante circular a los empleados judiciales,

sobre la vigencia de esos lineamientos. Lo anterior, para lograr la debida

transparencia en las políticas que regirán los procedimientos disciplinarios en

el área de investigación y como parte del enfoque preventivo que también
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deben prevalecer en este régimen.

      En concreto, el integrante Martínez propone que el Consejo Superior,

revise el acuerdo adoptado en la Sesión 57-08, celebrada el 5 de agosto

pasado, artículo XLVII, para que antes que el Tribunal de la Inspección inicie

la aplicación oficial de los lineamientos para vigilancia que utilizará en la

investigación de faltas al régimen disciplinario, tal como puso en

conocimiento de este Consejo, se le dé audiencia sobre estos a la Comisión de

Relaciones Laborales y, para que se disponga que una vez que se obtenga ese

pronunciamiento y si se estimaré procedente modificarlos por alguna razón

justificada, ese órgano como responsable de su formulación, emita una

circular divulgando el alcance y objetivos de su aplicación.

     Se acordó: Tener por presentado el recurso de revisión del acuerdo de

la sesión N° 57-08 celebrada el 5 de agosto del año en curso, artículo XLVII,

el que será conocido en una sesión posterior.

                               ARTÍCULO III

      Mediante resolución Nº 526-08 de las catorce horas cincuenta y cinco

minutos del 1° de agosto en curso, la Secretaría General de la Corte, hizo de

conocimiento del licenciado José Carlos Solórzano Orias, Fiscal Auxiliar de

Sarapiquí, quien fue notificado según constancia del señor notificador a las 8

horas, 30 minutos del 5 de este mes, en la Unidad Especializada en Delitos
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contra la Vida, con la señora Arlette Enríquez, el acuerdo tomado por este

Consejo, en sesión N° 50-08 del 3 de julio último, artículo LIX, que

literalmente dice:

             ―Conoce este Consejo, en apelación, la resolución número
       111-2007 del Tribunal de la Inspección Judicial, dictada a las once
       horas y quince minutos del nueve de febrero del dos mil siete,
       dentro del procedimiento disciplinario seguido contra los servidores
       Minor Jiménez Alvarado y José Carlos Solórzano Orias, Fiscales
       Auxiliares de la Fiscalía de Sarapiquí, en la cual se les impuso la
       corrección disciplinaria de ocho días de suspensión sin goce de
       salario.

            I-. La Comisión de Relaciones Laborales, al pronunciarse en
       torno a esta causa, recomendó revocar la sanción impuesta por el
       Tribunal de la Inspección Judicial y en su lugar sancionar con una
       llamada de atención y tener la falta cometida como leve.

             II-. Inconformes con la resolución del Tribunal de la
       Inspección Judicial, los servidores Jiménez Alvarado y Solórzano
       Orias, así como su Defensora Pública, Msc. Ericka Quesada
       Madrigal, interpusieron sendos recursos de apelación. El servidor
       Jiménez Alvarado, alegó: Falta de correlación entre lo acusado y la
       sentencia y por consecuencia de ello, se produjo violación al debido
       proceso; fundamentación contradictoria, falta de fundamentación de
       la resolución, por transgresión al principio de derivación, preterición
       de prueba y fundamentación contradictoria y un vicio de fondo y
       forma en relación con la interpretación del artículo 314 del Código
       Procesal Penal. Por su parte, la Msc. Quesada Madrigal, expuso
       falta de fundamentación del acto recurrido, ya que a su criterio la
       resolución no contiene una fundamentación conforme a las
       exigencias de la ley, lo que impide conocer cuáles fueron las
       razones que tuvo el Tribunal para omitir la valoración integral de la
       prueba, con lo que a su parecer se violenta el derecho de defensa y
       el debido proceso. Aduce falta de correlación entre los hechos
       contenidos en el traslado de cargos y lo resuelto por el a quo. Indica
       que lo que hizo el Tribunal, fue emitir su criterio en cuanto a la
       forma en que debieron atender sus defendidos determinadas causas,
       sin analizar la prueba testimonial ofrecida respecto al dictado de los
       sobreseimientos provisionales, lo que no tiene relación con el
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retardo y falta de control que se les atribuyó, por supuestamente
permitir el vencimiento y no diligenciamiento de los expedientes
que estaban en esa condición, por lo que considera que se sanciona
a sus representados por hechos no contenidos en los cargos que se
les formularon. Alega además, falta de razonabilidad y
proporcionalidad en la sanción impuesta, ya que esta no valoró la
trayectoria de sus defendidos, el volumen de trabajo que tenía la
Fiscalía cuando estos la asumen ni los esfuerzos que estos tuvieron
que realizar para salir adelante con sus funciones. Tampoco cree
que la resolución haya considerado el perjuicio personal, familiar,
emocional y económico que generaría una sanción como la
impuesta, lo que se ve afectado por la falta de fundamentación del
acto. El servidor Solórzano Orias arguye violación al debido
proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad y falta de
correlación entre lo acusado en el traslado de cargos y la falta por la
que se le pretende sancionar. Asimismo, acusa falta de
fundamentación de la resolución, pues afirma que esta no valoró la
prueba que aportó para cada uno de los casos en que se le acusó.
Expresa que para cada uno de ellos explicó el motivo del dictado de
sobreseimiento y el de su finalización, por lo que la ausencia de su
valoración afecta su defensa material.

      III-. Los cargos atribuidos a los servidores Jiménez y
Solórzano, se detallaron de esta forma en el auto respectivo: ―A-
RETARDO INJUSTIFICADO (Por permitir el vencimiento y no
diligenciamiento     de    los    sobreseimientos      provisionales
supraindicados) y B) Falta de Control (Por no tener un control sobre
los vencimientos de los sobreseimientos provisionales) contra el
Lic. Minor Jiménez Alvarado (Fiscal Auxiliar de Sarapiquí) y A.-
RETARDO INJUSTIFICADO (Por permitir el vencimiento y no
diligenciamiento     de    los    sobreseimientos      provisionales
supraindicados) y B) FALTA DE CONTROL (Por no tener un
control sobre los vencimientos de los sobreseimientos
provisionales) contra el Lic. JOSE CARLOS SOLÓRZANO
ORIAS (Fiscal Auxiliar de Sarapiquí)‖

      IV-. Los hechos que tuvo como probados el Tribunal de la
Inspección Judicial, fueron: ―1-Los licenciados Mainor Jiménez
Alvarado y José Carlos Solórzano Orias fueron nombrados como
fiscales en la zona de Sarapaquí en febrero del dos mil cinco.
(Contestación de cargos de los encausados de folio 55 a 60, y 72 al
76) 2. –En las sumarias 03-000425-573-PE, 02-20011783-306-PE y
el 05-000347-573-PE, tramitadas por Mainor Jiménez Alvarado se
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dictó un sobreseimiento definitivo por el transcurso del tiempo (
folio 77,176 y 177) 3- El veinticinco de mayo del dos mil cinco en
la sumaria 04-928-573-PE que tramitaba el licenciado Mainor
Jiménez Alvarado se dictó el sobreseimiento provisional,
indicándose que faltaba por recabar un reconocimiento físico (folio
107 del legajo de pruebas). 4) En abril del dos mil seis se realizó el
reconocimiento, y sin embargo, Jiménez Alvarado no se pronuncia
al respecto (folio 134 del legajo de prueba). 5) En la sumaria 05-
0000347-573-Pe, se dictó un sobreseimiento definitivo en mayo del
dos mil seis a solicitud de la defensa (folio 136 y 137 a 139 del
legajo paralelo). 6) Los expedientes 02-000404-573-PE, 02-000542-
573-PE y el 05-00002-571-PE fueron tramitados por José Carlos
Solórzano Orias, y se les dictó un sobreseimiento provisional,
mientras éste se encontraba como fiscal de esos casos (folios 446 a
451, 483 a 492 y 545 al 580 del legajo de prueba). 7) El expediente
05-00002-571-Pe, en el cual se dictó un sobreseimiento provisional
en marzo del dos mil cinco estando a cargo del fiscal Solórzano
Orias, feneció al dictarse un sobreseimiento definitivo por el
transcurso del tiempo, sin que se estableciera la edad del inculpado.
(Folios de 545 a 580 del legajo de pruebas.)‖

      V-. De lo transcrito en el punto anterior, se desprende que los
cuestionamientos y el análisis en que se fundó la resolución
recurrida, se centró en dos expedientes en específico y, aunque
menciona a algunos otros de los que fueron descritos en el traslado
de cargos, estos no fueron explorados para establecer si hubo faltas
o errores en su trámite. Así, para el caso del servidor Jiménez
Alvarado, la resolución trató en detalle las circunstancias que
rodearon el diligenciamiento del proceso 04-928-573-PE y para
Solórzano Orias, lo que respecta al expediente 05-00002-571;
ambos procesos tramitados en la Fiscalía de Sarapiquí. Lo indicado,
se aclara de esa forma, con el propósito de dirigir el examen de los
agravios expuestos en los recursos que se conocen en esta instancia,
a esos procesos en particular; a pesar de que, existe constancia de
que uno y otro encausado, procedieron a contestar el traslado de
cargos haciendo referencia a cada uno de los expedientes que
contenía ese auto.

     VI-. Este Consejo, después de analizar los argumentos de los
recursos y confrontarlos con la prueba recibida y los razonamientos
que brindó el Tribunal de la Inspección Judicial, estima que los
recurrentes llevan parcialmente razón en sus argumentos, por lo que
se procede hacer el siguiente análisis para determinar la
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responsabilidad de los citados funcionarios en los hechos que se les
atribuyó. En cuanto al caso del servidor Jiménez Alvarado: En
relación con el estudio del expediente Nº 04-928-573-PE, el
Tribunal de la Inspección Judicial, sanciona al servidor por estimar
lo siguiente: ―Por el contrario, sí considera constitutiva de falta
disciplinaria por parte de este Tribunal, la falta de diligencia con la
cual tramitó el licenciado Mainor Jiménez Alvarado la sumaria 04-
928-573-PE, en la cual solicitó el dictado de sobreseimiento
provisional, porque no solo era conocedor de la sumaria y de lo
que se había dictado, sino que incluso en abril del dos mil seis,
realiza un reconocimiento en el cual el testigo indicó que reconoce
al sospechoso como el autor de los hechos cometidos en su contra
en un 80 por ciento, y luego de recibir esa prueba, el licenciado
Jiménez Alvarado no realiza pronunciamiento alguno, y es la
defensa la que en mayo del dos mil seis, solicita el dictado del
sobreseimiento definitivo.‖ (Subrayado no es del original). Añade la
resolución recurrida: ―Así, no se justifica que en la sumaria se
dictara un sobreseimiento definitivo por el transcurso del tiempo,
sin que hubiera un pronunciamiento de la Fiscalía señalando si la
prueba recabada le permitía dictar otro acto conclusivo de la etapa
preparatoria, o si su criterio era que no, para que la parte ofendida
tuviera al menos la oportunidad de ejercer sus derechos a través de
la correspondiente querella, lo que no fue posible porque en este
caso, la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo al juez por el
no pronunciamiento del Fiscal a cargo del caso.‖ (Subrayado
añadido). Asimismo, seguido a la conclusión transcrita en el
apartado anterior, señaló: ―Tampoco es de recibo que se espere
tener una circular para tramitar adecuadamente los casos de
Sobreseimiento provisional, cuando el artículo 314 del Código
Procesal Penal, señala: “...Si nuevos elementos de prueba permiten
la continuación del procedimiento, el tribunal, a pedido de
cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la
investigación. Si dentro del año de dictado el sobreseimiento
provisional no se solicita la reapertura, se declarará, de oficio, la
extinción de la acción penal”. Es obvio en estos casos, la serie de
acciones que debe ejecutar el fiscal a cargo del caso, y teniendo
como consecuencia que al finalizar el término de oficio se dicte un
sobreseimiento definitivo, su deber es estar atento a tales causas, y
si recibió prueba, debe señalar al Juez la prosecución de la
investigación.‖ Con base en lo expuesto, este Consejo determina
que las anteriores conclusiones del a quo, se dirigieron a cuestionar
y sancionar tanto el retraso en la tramitación de la causa
cuestionada, como parte de los hallazgos que tuvo la visita de
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supervisión que realizó la Fiscal adjunta de Heredia a la Fiscalía de
Sarapiquí, en marzo de 2006, como la falta de control sobre los
sobreseimientos provisionales, que incluye la falta de valoración de
la prueba recabada, como lo es el reconocimiento practicado en
abril de 2006. Sin embargo, analizando estos cuestionamientos este
Órgano estima que la actuación del encausado, si bien puede reflejar
que no actuó con la debida diligencia, también puede significar, tal
como él lo alega que se trató una valoración técnica, que lo llevó a
concluir que en el caso concreto la prueba no era suficiente como
para revertir la situación del proceso, y por ello dejó que el plazo
venciera sin ninguna actividad de su parte. Esta actuación está en el
límite entre lo que es valoración del asunto desde el punto de vista
jurisdiccional o de fondo, en lo cual este Consejo tiene una
limitación para cuestionar, y lo que es la falta de diligencia en la
tramitación de los procesos, que sí es materia disciplinaria, por lo
que ante esta duda, se debe dictar un fallo a favor del encausado. No
obstante, debe indicarse que los hallazgos encontrados por la
Fiscalía Adjunta de Heredia, sí preocupan a este Consejo, por las
repercusiones que pueden tener en la protección de los derechos de
las personas que acuden a la vía penal, sobre todo de las víctimas
que carecen de patrocinio letrado y que esperan una respuesta del
Órgano acusador, por lo que se hace una instancia a los servidores y
servidoras que integran la Fiscalía de Sarapiquí para que continúen
haciendo esfuerzos por dar una respuesta oportuna y de calidad a los
usuarios y usuarias de ese despacho judicial. Con fundamento en lo
expuesto procede revocar el acto final dictado por el Tribunal de la
Inspección Judicial, en lo que al servidor Jiménez Alvarado
corresponde y en su caso, ordenar el archivo del expediente; con la
observación de que por innecesario se prescinde de atender el resto
de agravios del recurso presentado por este apelante y su defensora.
En cuanto al caso de Solórzano Orias. Es preciso señalar, que si
bien la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial alude a los
expedientes 02-000404-573-PE, 02-000542-573-PE y el 05-00002-
571-PE; para referirse a los hechos atribuidos a este encausado,
únicamente, profundiza su razonamiento en cuanto al último de esos
procesos, por lo que el análisis en esta instancia, se concretará a
revisar lo acontecido con este expediente. En lo tocante a la
participación y responsabilidad del servidor Solórzano Orias,
respecto al trámite que se dio al expediente de la sumaria Nº 05-
00002-571-PE, menciona el acto impugnado, que con ocasión del
término del plazo del sobreseimiento provisional que se había
dictado dentro de ese asunto, la prueba que debía recabar el
encausado, era una constancia para establecer la edad de uno de los
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imputados en ese proceso, lo que debió haber realizado ante el
Registro Público de Nicaragua y no como lo hizo, al requerirlo
directamente a la Embajada de ese país, ya que este no era el medio
oficial para efectuarlo, ni se cumplió al final, con lo dispuesto por el
artículo 154 del Código Procesal Penal. Asimismo, se le recrimina
por haberlo gestionado por una única vez, en el transcurso de un año
y sin verificar su cumplimiento, aún cuando en la causa penal se
tenía al imputado como sospechoso de un hecho muy grave,
realizado con la participación de otro implicado, en donde medió
una privación de libertad, robo y violación, todos agravados e,
incluso, existía prueba científica de ADN, que señalaba la
intervención del acusado en los hechos. Como se deriva de lo
anotado, el reproche del a quo se cimienta en la forma en que el
encausado tramitó la prueba que se echaba de menos al emitirse el
sobreseimiento provisional y en la falta de control que existió en el
trámite de este asunto, que en sí, conlleva un retraso en el
diligenciamiento de la mencionada prueba, lo que para este Consejo
resulta conforme a lo que se le formuló en el traslado de cargos al
servidor Solórzano Orias (folios 13 a 21 del expediente principal y
568 del legajo de pruebas). Así las cosas, una vez analizados los
agravios expuestos, tanto por este último servidor cuanto por su
defensa técnica y, confrontarlos con los fundamentos del acto
recurrido y la prueba recabada, para este Órgano, no resultan
admisibles los alegatos relativos a la violación al debido proceso, al
derecho de defensa, al principio de legalidad y a la falta de
correlación entre lo acusado y la falta por la que se sanciona al
servidor Solórzano Orias. Véase que, aunque el encausado no
comparta los fundamentos de la resolución impugnada, señalando
que no se valoró la prueba que aportó para cada uno de los casos
que se le acusó, en este proceso en particular (Nº 05-00002-571-
PE), que es el que analiza, específicamente, el Tribunal de la
Inspección Judicial, se determinó, sin lugar a dudas, que después de
dictado el sobreseimiento provisional el 11 de marzo de 2005 y, que
el encausado dirigiera un oficio a la Embajada de Nicaragua el 28
de marzo siguiente, ―solicitando la remisión de una certificación de
nacimiento debidamente legalizada y consularizada‖ a nombre del
imputado Valles U., no consta ninguna otra evidencia de que se
haya dado el mínimo control y seguimiento a tal requerimiento; lo
que no sólo demuestra la negligencia que provocó un atraso en el
trámite de ese proceso sino también condujo a la necesidad de que
el mismo Fiscal solicitara el dictado del sobreseimiento definitivo a
falta de la prueba necesaria para establecer con certeza la edad del
mencionado sospechoso. Al respecto de lo indicado, señaló la
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 resolución del a quo: ―[…]‖ ―El medio utilizado para recabar la
 prueba por el fiscal, no era el idóneo, no se dio respuesta a su
 solicitud y Solórzano Orias no acudió a ningún otro medio
 probatorio, lo que produjo que el encausado de marras no se le
 juzgara en la vía penal de adultos o juvenil, quedando impune el
 hecho, por lo que se considera que hubo total negligencia por parte
 del fiscal Solórzano Orias en este caso.‖ Por lo que se reitera, que
 no se ajustan a la realidad, de lo que se ha logrado comprobar, los
 alegatos que aducen falta de fundamentación y correlación entre lo
 recriminado y los hechos que se sancionan, ni violación al debido
 proceso, al derecho de defensa o al principio de legalidad.
 Finalmente, en cuanto al agravio referido a la razonabilidad y
 proporcionalidad de la sanción impuesta al servidor Solórzano
 Orias, estima este Consejo que si bien no es posible justificar el
 retraso que se produjo en el asunto examinado y el efecto que este
 tuvo en la administración de justicia y en las partes involucradas,
 también lo es que la prueba testimonial y material apuntan a que el
 citado servidor ha venido realizando un esfuerzo para mejorar la
 situación de la Fiscalía de Sarapiquí, logrando reducir el circulante
 de esa oficina. Asimismo, valorando que no tiene anotadas otras
 sanciones disciplinarias en su expediente personal, se encuentra
 razonable y proporcional a la falta cometida y a las consideraciones
 expuestas, modificar la sanción a tres días de suspensión sin goce de
 salario.

       Con base en las anteriores consideraciones, se acordó: 1)
 Revocar el acto recurrido en cuanto al servidor Mainor Jiménez
 Alvarado, para en su lugar desestimar la causa disciplinaria y
 ordenar el archivo del expediente. 2) Confirmar la resolución
 recurrida en cuanto declara con lugar la queja seguida contra al
 servidor José Carlos Solórzano Orias, salvo en cuanto a la sanción
 que se modifica a tres días de suspensión sin goce de salario. 3) La
 Jefatura del Ministerio Público comunicará al Departamento de
 Personal la fecha en que don José Carlos cumplirá la sanción
 impuesta.

       El Departamento de Personal tomará nota de lo resuelto para
 los fines consiguientes.‖
                                 -0-

El licenciado José Carlos Solórzano Orias, en su expresado carácter, en
                                                                              11


correo electrónico enviado 8 de agosto en curso, manifestó lo siguiente:

             ―En tiempo y forma solicito revisión y reconsideración del
       acuerdo tomado en la resolución número 526-2008, de las catorce
       horas cincuenta y cinco minutos del primero de agosto del dos mil
       ocho, notificada a las ocho horas y treinta minutos del cinco de
       agosto del dos mil ocho, en la que se confirma la resolución
       recurrida en cuanto declara con lugar la queja seguida contra el
       servidor José Carlos Solórzano Orias, salvo en cuanto a la sanción
       que se modifica a tres días de suspensión sin goce de salario, lo
       anterior con base en las siguientes consideraciones:
       Respetuosamente le solicito al Honorable Tribunal la revisión y
       reconsideración de la presente queja, utilizando la sana critica
       racional, la lógica y la experiencia, aunado al elenco probatorio
       existente en autos se revoque el acuerdo tomado y se archiven las
       presentes diligencias en mi contra.

              Del elenco probatorio se desprende que el suscrito fue
       nombrado interinamente en la Fiscalía de Sarapiquí a partir del
       primero de febrero del dos mil cinco, como Fiscal Auxiliar, lugar
       donde estaba subordinado al jefe de oficina que en ese momento era
       el Licenciado Mainor Jiménez Alvarado como Fiscal Coordinador,
       quien para ese momento me asignó el escritorio que mantenía 561
       expedientes activos, en tramitación 424 y 137 con resolución
       provisional. (Prueba documental consta agregada a los autos). Con
       el circulante que existía en ese momento, mismo que era sumamente
       elevado, se me ordenó como prioridad bajar el circulante, resolver
       los casos más antiguos y que aún estaban en trámite, situación que
       al final de mi labor en la Fiscalía de Sarapiquí se reflejó en el
       cuadro estadístico, del cual existente copia en autos.

             Como es sabido y no es un secreto para nadie, el Ministerio
       Público es de dependencia jerárquica, como se establece en la Ley
       Orgánica del Ministerio Público que en su Capítulo II de la Unidad
       y dependencia jerárquica y propiamente en su artículo 14, en lo que
       interesa textualmente dice: ―Los fiscales deberán acatar las
       orientaciones generales e instrucciones que el superior
       jerárquico imparta sobre sus funciones‖, siendo que por Ley se
       debe obedecer a jerarquías y en el presente caso no es la excepción,
       Fiscal General ordena al Fiscal Adjunto quien a su vez lo hace al
       Fiscal Coordinador de la Fiscalía y éste transmite la orden al
       inferior que en éste caso es el suscrito y el que en resumen sale
       perjudicado por cumplir con ordenes que son de acatamiento
                                                                          12


 obligatorio que en caso de no cumplirlas igualmente se le iniciaría
 un proceso por desobedecer las ordenes emanadas del superior
 jerárquico. (En autos consta propiamente en la respuesta al traslado
 de cargos del Licenciado Mainor Jiménez y del suscrito, donde
 claramente se hace ver cual era la prioridad de la oficina en ese
 momento, igualmente constan las declaraciones de la quejosa y de
 los auxiliares, así como prueba documental que acredita el
 rendimiento positivo de la fiscalía, bajo el control de la señora
 Fiscal Adjunta).

      Honorable Tribunal, es por lo anterior que apelo a su lógica a
 su experiencia y usando la sana crítica racional, por todo lo
 explicado, es que ahora me pregunto ¿Qué hubiese pasado al
 suscrito si en lugar de darle prioridad a los reos presos, expedientes
 viejos y aún en trámite, se le hubiese dado prioridad a los
 expedientes que tenían resolución provisional? Seguramente la
 respuesta sería que tendría que estarme defendiendo de cargos
 diferentes en queja administrativa por no cumplir con lo
 ordenado por los superiores, en detrimento de lo establecido en
 la Ley Orgánica de cita.

      Con lo anterior no quiero decir que descuidé el trámite de los
 expedientes con resolución provisional, por cuanto del mismo
 proceso consta y se pudo demostrar que efectivamente les realicé las
 diligencias que se requerían, tanto es así que en el proceso se
 menciona otros expedientes, pero al final se logra determinar que
 efectivamente el suscrito tenía razón y se continúa la queja solo por
 un expediente.

       PETITORIA: Por los motivos expuestos, respetuosamente
 solicito se revise el proceso, se tome en consideración que el
 suscrito está sometido a las jerarquías del Poder Judicial, Fiscal
 Coordinador, Fiscal Adjunto y Fiscal General, que mi proceder fue
 apegado a las órdenes emanadas por los superiores, que de no
 acatarlas sería otro el proceso, y aunado a los elementos de prueba
 que constan en la queja, se reconsidere la decisión de suspenderme
 por tres días y en su lugar se ordene el archivo de las diligencias.-

      NOTIFICACIONES: En los lugares y medios ya indicados y
 que constan en autos.‖
                                 -0-

Se acordó: Rechazar la gestión presentada por el licenciado José Carlos
                                                                             13


Solórzano Orias, por cuanto además de ser extemporánea, el acto impugnado

carece del recurso de reconsideración, en razón de que este Consejo actuó

como órgano de segunda instancia, al conocer la apelación presentada contra

lo dictado por el Tribunal de la Inspección Judicial, de conformidad con lo que

establece el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en

consecuencia , se mantiene lo resuelto en la sesión N° 50-08 del 3 de julio

último, artículo LIX. Asimismo se deniega la revisión porque no se encuentra

entre los supuestos que para interponer este recurso establece el artículo 353

de la Ley General de la Administración Pública.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

                                ARTÍCULO IV

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6927-DP/40-2008 de 4 de agosto en curso, expone

lo siguiente:

              "Con la finalidad que se someta a consideración de los
        miembros del Consejo Superior, el proceso de RESOLUCIÓN
        CONTRACTUAL Y COBRO DE DAÑOS establecido contra la
        empresa Dismédica de Costa Rica S.A., cédula jurídica N° 3-101-
        201702-00, representada por el MBA. Víctor Calderón C., por
        incumplir con la entrega del objeto contractual de la Contratación
        Directa N° 215-2008; se describen los hechos que dan lugar a dicho
        proceso.

              1. Mediante la Contratación Directa N° 215-2008, pedido
        No.2008-080850 se contrató con la empresa Dismédica de Costa
        Rica S.A., la compra de 100 tijeras punta roma rectas de acero
        inoxidable, por un monto de quinientos cincuenta mil colones
                                                                         14


(¢550.000,00), y un plazo de entrega de 30 días hábiles luego de
recibido el pedido por la empresa, lo que ocurrió vía fax el 05 de
junio de este año.

      2. En nota recibida el 10 de junio del 2008, el representante de
la firma comercial expresó: (...)"les informamos que el día 09 de
mayo del año en curso mediante visita a la Sección de Patología
Forense en coordinación con el Sr. Alex Benavides, se realizó
demostración del producto correspondiente al ítem #2 (tijeras punta
roma). El Sr. Benavides nos informa que el producto ofertado por
nuestra parte no reúne las condiciones necesarias por el
departamento solicitante. Por tanto, de ser necesario retiraríamos
nuestra oferta...ya que nuestro proveedor en su momento nos indicó
ese producto como el requerido por ustedes.". Por correo
electrónico del 25 de junio de 2008, el doctor Luis del Valle Carazo,
Jefe de la Sección de Patología Forense, ratifica que las tijeras
mostradas no cumplen con lo requerido por esa Sección.

      3. Dada la necesidad imperiosa que tiene la Administración de
contar con los instrumentos objeto del contrato, mediante resolución
No.170-VEC-2008 del 16 de julio del 2008, notificada ese mismo
día, se inició proceso de resolución contractual, dando audiencia a la
contratista por el plazo de diez días hábiles, para que expusiera sus
alegatos y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha
audiencia no fue atendida, lo que implica una renuncia a la
posibilidad de alegar y aportar pruebas de descargo, y la
conformidad de la empresa con lo que, en virtud del
incumplimiento, resuelva esta Administración.

       4. La empresa Dismédica con su conducta, evidenció un
desinterés de cumplir con los compromisos contraídos en la
contratación bajo estudio, en clara contravención con las
obligaciones que le atribuye a todo contratista del Estado el artículo
20 de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Los
contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido
en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada,
que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento
o en la formalización del contrato". Ante esta eventualidad, los
artículos 204 y 205 del Reglamento, facultan a la Administración
para dar por terminadas unilateralmente sus relaciones
contractuales.

      5. Sobre la resolución de un contrato administrativo, la
                                                                          15


Contraloría General de la República ha destacado: “(...)La
resolución es una forma de extinción anormal del contrato, que
surge a raíz de un hecho posterior a la celebración, el cual ha sido
previsto por ley o por los contratantes, en forma expresa o tácita y
con efecto retroactivo…, la cual si bien es cierto puede aplicar por
muchas razones (por ejemplo, condición resolutoria, excesiva
onerosidad sobreviniente, etc.), lo cierto es que es más frecuente
encontrarla en los casos de incumplimiento de una de las partes. En
ese sentido, nos dice Baudrit Carrillo que: “La resolución es una
sanción que consiste en la supresión retroactiva de las obligaciones
contractuales (...) sólo se presenta en los contratos bilaterales, pues
que al dejarse de ejecutar las prestaciones convenidas, la
obligación conexa del otro contratante se falsea por carecer de
contrapartida...”…Ahora bien, no se trata de cualquier
incumplimiento el que motiva la resolución, sino de un
incumplimiento grave y de tal magnitud que impida la ejecución de
la prestación debida (...). (R-DAGJ-102-2005 de las 10:00 horas
del 28 de febrero de 2005)".

        6. Finalmente, se aclara que no se sanciona
administrativamente a esta empresa, en virtud de que la sanción a
imponer es la inhabilitación (apercibimiento impuesto por ese
Consejo en sesión No.90-07, artículo XIII del 29 de noviembre de
2007), la cual no es posible aplicar por estar pendiente de resolver,
una acción de inconstitucionalidad al artículo 215 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa, presentada ante la Sala
Constitucional (ver resolución de las 14 horas 24 minutos del 04 de
junio de 2008, expediente 08-007911-0007-CO).-

       7. Con fundamento en lo expuesto, y normativa citada, el
Departamento de Proveeduría recomienda: a) Resolver el contrato
establecido con la empresa Dismédica de Costa Rica S.A., cédula
jurídica N° 3-101-201702-00, para la compra de 100 tijeras punta
roma rectas de acero inoxidable; b) Solicitar al Departamento
Financiero Contable, anular el pedido No.2008-080850; c) Prevenir
a esta empresa para que dentro del plazo de cinco días hábiles,
deposite la suma de trescientos treinta y tres mil doscientos dieciséis
colones con 47/100 (¢333.216,47), correspondiente al costo de un
nuevo procedimiento de contratación; a título de daño económico
por el incumplimiento acaecido, en la cuenta corriente N° 20192-8
del Banco de Costa Rica denominada ―Contaduría Judicial‖,
mediante el formulario ―Depósito judicial‖, del cual deberá
presentar copia ante este Departamento.
                                                                                 16




                La contratista puede notificarse mediante el fax 2253-2951, se
           adjunta el legajo respectivo."
                                          -0-

       Manifiesta el integrante Martínez, que al igual que se dispuso en la

Sesión Nº 040-08, celebrada el 29 de mayo de 2008, artículo IX, estima que en

este caso lo que procede es devolver las diligencias al Departamento de

Proveeduría, para que se revisen las bases utilizadas para el cálculo de los

daños y perjuicios; sobre todo considerando que en lo que corresponde a este

procedimiento, al relacionarlos con el monto total de la contratación, estos

llegan a alcanzar una suma superior al 60% de ese valor, lo que juzga

desmedido y en cierta forma preocupante, en función de los costos

administrativos que están siendo vinculados con estas contrataciones menores;

que como se observa en el caso concreto, trata de la compra de unas simples

tijeras.

       Con fundamento en lo expuesto y la normativa citada, se dispuso:

Tomar nota de las manifestaciones del licenciado Martínez. 1.) Acoger la

recomendación del Departamento de Proveeduría, en consecuencia: 2.)

Resolver el contrato establecido con la empresa Dismédica de Costa Rica

S.A., cédula jurídica N° 3-101-201702-00, para la compra de 100 tijeras punta

roma rectas de acero inoxidable. 3.) El Departamento Financiero Contable

anulará el pedido N° 2008-080850. 4.) Por mayoría, prevenir a la empresa
                                                                            17


Dismédica de Costa Rica S.A., para que dentro del plazo improrrogable de 5

días hábiles, contado a partir del siguiente a la comunicación de este acuerdo,

deposite la suma de ¢333.216,47 (trescientos treinta y tres mil doscientos

dieciséis colones con cuarenta y siete céntimos), correspondiente al costo de

un nuevo procedimiento de contratación. Lo anterior, a título de daño

económico por el incumplimiento acaecido, en la cuenta corriente N° 20192-8

del Banco de Costa Rica denominada ―Contaduría Judicial‖, mediante el

formulario ―Depósito Judicial‖, del cual deberá presentar copia ante el

Departamento de Proveeduría.

      En cuanto al cobro del daño económico recomendado, el Integrante

Martínez votó porque, previamente a resolver lo que corresponda, se

devuelvan las diligencias al Departamento de Proveeduría, para que con base

en las consideraciones que expuso, se realice una nueva estimación que defina

de forma más razonable los valores imputados a los factores que se detallaron

en el cálculo que se efectuó.

     Comuníquese este acuerdo a la empresa Dismédica de Costa Rica S.A.

representada por el máster Víctor Calderón Córdoba y a la Contraloría

General de la República.

     Contra lo resuelto procede el recurso de reconsideración, que en caso de

presentarse deberá hacerse ante la Secretaría General de la Corte, dentro del
                                                                              18


tercer día después de la notificación de esta resolución.

     El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO V

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°

6047-DE-2008 de 7 de agosto en curso, remite la nota N° 6805-DP/10-2008

de 6 de este mes, suscrita por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del

Departamento de Proveeduría, que literalmente dice:

            ―En sesión N° 93-07, artículo X, celebrada el 10 de Diciembre
       de 2007, el Consejo Superior dispuso adjudicar la Licitación Pública
       N° 2007LN-000028-PROV, de la siguiente forma:

               “A: Enoc Hidalgo López, cédula de identidad N° 01-0738-
       0571:

              Concesión de soda y contratación de servicios de
       alimentación de estudiantes, bajo la modalidad de tiquetes de
       alimentación, de la Escuela Judicial en la Ciudad Judicial en San
       Joaquín de Flores de Heredia, con un precio para el Poder Judicial
       por desayuno básico de ¢650,00 y por almuerzo tipo “casado” o
       plato del día de ¢1.000,00 y para el público por desayuno básico de
       ¢735,00 (IVI) y por el plato del día de ¢1.245,00 (IVI).

            Por el local que se explotará deberá pagar al Poder Judicial
       una renta mensual de ¢55.000,00 (cincuenta y cinco mil colones
       con 00/100).

             Demás características y condiciones según cartel y oferta
       presentada.

             Este contrato será por un año, no obstante, podrá ser
       renovado por periodos iguales hasta un máximo de cuatro años.”

             De esta contratación se originó el contrato N° 01-01-08.
                                                                          19


       Posteriormente el Consejo Superior en sesión N° 41-08,
artículo LIV del 03 de junio último, acordó rescindir a partir del 14
de junio de 2008, el contrato 61-CG-06 entre el Poder Judicial y la
Sra. Dixinia Navarro Vallejos, por concepto de ―Servicios de soda,
cafetería y comedor en las instalaciones del Complejo Forense en
San Joaquín de Flores, Heredia‖, por cuanto, en principio el
establecimiento poseía una puerta de acceso al público, no obstante,
por directrices institucionales, dicho acceso tuvo que cerrarse y en
consecuencia las ventas, según lo externó la contratista, bajaron al
extremo de tener pérdidas en el negocio.

      En virtud de la rescisión del contrato, el Lic. Juan Ramón
Rodríguez Vargas, Administrador de la Ciudad Judicial, mediante
correo electrónico del 06 de junio del año en curso, indicó:

     “(…) por este medio quiero solicitar su autorización para
gestionar un addendum al contrato firmado con el señor Enoc
Hidalgo López, Administrador de la soda ubicada en la Escuela.

     Sería solicitarle al señor Hidalgo López, que en las mismas
condiciones en que se firmó el contrato de la soda ubicada en la
Escuela Judicial, nos siga suministrando la alimentación a los
funcionarios que nos vimos perjudicados con el cierre de esta soda,
pero en el mismo local donde esta soda actual.

     La idea sería que ellos cocinen los alimentos en la soda de la
Escuela Judicial y que los trasladen a los baños maría que se
ubicarían en la antigua soda, la pastelería, el café y los refrescos si
se venderían normalmente. Con esto nos evitamos el peligro de
tener cilindros de gas dentro del edificio que ha sido una situación
de riesgo que hemos vivido con la soda actual.”

     Así las cosas, se efectuó la consulta al Sr. Enoc Hidalgo
López, quien en nota del 03 de julio del 2008, en lo que interesa
manifestó:

     “… me permito manifestar mi entero interés de poder brindar
el servicio no obstante, tengo un problema y es que la inversión del
baño maría yo solicitaría que fuera por parte de la administración
de la ciudad judicial. (sic)…”

     El Lic. Rodríguez Vargas, en relación con la solicitud del Sr.
Hidalgo López, en correo electrónico del 04 de julio último,
                                                                         20


manifiesta que esa Administración no posee contenido
presupuestario para satisfacer esa necesidad, por lo que al
comunicarle al contratista la situación y solicitarle nuevamente su
aceptación libre de una adenda al contrato que posee, el Sr. Hidalgo
López en nota del 29 de julio del año en curso, manifestó
implícitamente su anuencia a aceptar la adenda solicitando un mes
de gracia para contar con todo lo necesario para iniciar con el
servicio.

       Al tenor de lo expuesto y conforme lo solicita el Lic.
Rodríguez Vargas, se considera que la mejor opción para satisfacer
el servicio, es la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa a la licitación pública N° 2007LN-
000028-PROV.

     Sobre el particular, el citado artículo establece:

     … La Administración podrá modificar unilateralmente sus
contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su
ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas:

     a)        Que la modificación, aumento o disminución del
objeto, no le cambie su naturaleza, ni tampoco le impida cumplir
con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.

    b)       Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios
similares.

      Sobre el hecho de lo que determina los incisos anteriores, se
debe señalar que lo que la Administración pretende al contratar el
servicio es la venta de alimentos a los servidores judiciales de la
Ciudad Judicial, lo que evidencia que la ampliación pretendida no
cambiará la naturaleza del objeto contratado, ya que trata del mismo
objeto y se circunscribe a la misma zona.

      c)     Que no exceda el 50% del monto del contrato original,
incluyendo reajustes o revisiones, según corresponda.

      Se tiene que en el contrato actual se cancela un canon, por la
concesión del local que se ocupa en el edificio de la Escuela
Judicial, de ¢55.000,00, mientras que el nuevo contrato se
cancelaría la suma de ¢27.500,00 por el uso de las instalaciones
ubicadas en el edificio en el que se encuentran los Laboratorios de
                                                                         21


la Ciudad Judicial, monto que el contratista indicó estar de acuerdo
a cancelar.

     d)       Que se trate de causas imprevisibles al momento de
iniciar el procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas
pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación
mínimas cuando definió el objeto.

     e)        Que sea la mejor forma de satisfacer el interés
público.

      Respecto a que se trate de causas imprevisibles al momento de
iniciar el procedimiento, es claro que la situación del cierre del
acceso al público en el anterior contrato (61-CG-06), perjudicó a la
contratista, la cual solicitó la rescisión del contrato para no seguir
sufriendo pérdidas con el negocio. Está situación se definió hasta el
03 de junio del presente año, lo que no permitió incluirlo en el
procedimiento de contratación para la soda de la Escuela Judicial,
por cuanto, a esa fecha ya el contrato 01-01-08 se encontraba en
ejecución. Así las cosas, el aumento del ese contrato 01-01-08, es la
mejor forma de satisfacer el interés público, y permitir a los
funcionarios judiciales de los edificios de los Laboratorios, seguir
con el servicio de soda, cafetería y comedor.

      f)    Que la suma de la contratación original, incluyendo
reajustes o revisiones de precio, y el incremento adicional no
superen el límite previsto para el tipo de procedimiento
tramitado…”

      Se tiene que inicialmente el contrato se suscribió por un pago
para la concesión del lugar que ocupa el contratista, la suma
mensual de ¢55.000,00, y la modificación pretendida para este
nuevo contrato, pretende concesionar el espacio en el edificio donde
se ubican los Laboratorios, en la suma de ¢27.500,00. Por otra parte,
al estar frente a un procedimiento de licitación pública, el tipo de
contratación no posee tope, y por ende, no se supera el límite
previsto para este tipo procedimiento. Además, se debe aclarar que
en el caso del contrato 01-01-08, se comprendía la erogación de
recursos presupuestarios para el pago de alimentación a los
estudiantes de la Escuela Judicial, mientras que con esta ampliación
sólo se pretende la concesión de los servicios, esto sin detrimento de
que si algún estudiante requiera los servicios de alimentación en
                                                                              22


       dichas instalaciones, se le brinden.

              Por todo lo anterior, se solicita someter este asunto a
       conocimiento del Consejo Superior, para que se autorice, con base
       en la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, la ampliación del contrato N° 01-01-
       08, concesionándose el espacio de soda, cafetería y comedor del
       edifico donde se ubican los Laboratorios de la Ciudad Judicial.

            El detalle de la ampliación del contrato es el siguiente:

            A: Enoc Hidalgo López, cédula de identidad 01-0738-0571:

             Concesión de soda, cafetería y comedor en la Ciudad Judicial
       en San Joaquín de Flores de Heredia, edificio del Departamento de
       Laboratorio de Ciencias Forenses, con un precio para el Poder
       Judicial por desayuno básico de ¢650,00 y por almuerzo tipo
       ―casado‖ o plato del día de ¢1.000,00, y para el público por
       desayuno básico de ¢735,00 (IVI) y por el plato del día de
       ¢1.245,00 (IVI).

             Por el local que se explotará deberá pagar al Poder Judicial
       una renta mensual adicional de ¢27.500,00 (veintisiete mil
       quinientos colones con 00/100).

             Los servicios se podrán disfrutar después de que el contrato
       surta eficacia y esté refrendado por la autoridad correspondiente, y
       en el momento que el adjudicatario cuente con el equipo, mobiliario
       y utensilios necesarios para la prestación de interés, la cual se
       estaría corroborando a partir del 01 de septiembre de 2008,
       conforme lo manifestó el contratista.

            Demás términos y condiciones permanecen invariables.‖

                                        -0-

     En consulta efectuada vía telefónica al licenciado Jorge Rojas Vargas,

Director General del Organismo de Investigación Judicial, sobre la apertura de

la soda ubicada en el Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, para
                                                                           23


que suministre la alimentación a los servidores que laboran en la Ciudad

Judicial en San Joaquín de Flores, indica estar anuente, en el tanto que no se

permita el acceso al público.

      Se acordó: 1.) Tener por recibida la manifestación del Director General

del Organismo de Investigación Judicial. 2.) De conformidad con lo que

establece el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, al haberse ejecutado el contrato y por requerirse servicios

adicionales de igual naturaleza, autorizar la ampliación del contrato de la

Licitación Pública N° 2007LN-000028-PROV, según el siguiente detalle:

       A Enoc Hidalgo López, cédula de identidad N° 01-0738-0571:

      Concesión de soda, cafetería y comedor en la Ciudad Judicial en San

Joaquín de Flores de Heredia, edificio del Departamento de Laboratorio de

Ciencias Forenses, con un precio para el Poder Judicial por desayuno básico

de ¢650,00 y por almuerzo tipo ―casado‖ o plato del día de ¢1.000,00, y para

el público por desayuno básico de ¢735,00 (IVI) y por el plato del día de

¢1.245,00 (IVI).

      Por el local que se explotará deberá pagar al Poder Judicial una renta

mensual adicional de ¢27.500,00 (veintisiete mil quinientos colones con

00/100).

      Los servicios se podrán disfrutar después de que el contrato surta
                                                                                24


eficacia y esté refrendado por la autoridad correspondiente y en el momento

que el adjudicatario cuente con el equipo, mobiliario y utensilios necesarios

para la prestación de interés, la cual se estaría corroborando a partir del 1° de

setiembre del 2008, conforme lo manifestó el contratista.

     Demás términos y condiciones permanecen invariables.

      La Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría y la

Administración de la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores de Heredia,

tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO VI

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6966-DP/32-08 de 8 de agosto en curso, manifestó

lo siguiente:

              ―En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
        000039-PROV denominada “Contratación de servicios de
        alimentación para los privados de libertad que deben de
        permanecer en las celdas del II Circuito Judicial de San José”,
        remitimos a usted la documentación adjunta, para que sea sometida
        a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que tomen el
        acuerdo que consideren conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
        hábiles dispuesto en la cláusula 7.1.23 del cartel para resolver esta
        contratación vence el jueves 21 de agosto de 2008.

              Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
        Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 36 del
        Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
        condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
        conserva esta Proveeduría, se determinó que:
                                                                          25




          Oferta recibida en el presente concurso:

          Para este concurso se recibieron dos ofertas correspondientes
a:

          1) Anayancy Chinchilla Valverde, cédula de identidad N° 1-
             425-055.
          2) Hilda Chaves Villalobos, cédula de identidad N° 1-594-
             841.

          Análisis de las ofertas:

       Mediante el oficio 6330-DP/32-08 de 15 de julio del año en
curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas recibidas, para lo
cual se señaló:

       ―Con el ruego muy atento de que se proceda al estudio legal
de la oferta recibida, adjunto expediente administrativo de la
Licitación Abreviada Nº 2008LA-000039-PROV, denominada
―Contratación de servicios de alimentación para los privados de
libertad que deben permanecer en las celdas del II Circuito Judicial
de San José‖.

      Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían
subsanables en caso de requerirse, seguidamente se detallan los
aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

          Oferta N° 1 Anayancy Chinchilla Valverde, C.I. N° 1-725-
055:

     a)     No aporta la certificación de la C.C.S.S. en la que
            demuestre estar al día en las cuotas obrero-patronales, no
            obstante, al consultar la página web de esa institución, se
            determinó que la oferente no se encuentra inscrita como
            patrono.
     b)     No aporta la fórmula de cálculo por la cual se determina el
            precio, como expresión algebraica o su método alternativo,
            ni la estructura porcentual de los elementos que componen
            el precio, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento
                                                                            26


         a la Ley de Contratación Administrativa, ni identifica los
         índices de precios a aplicar.

        Oferta N° 2 Hilda Chaves Villalobos, C.I. N° 1-594-841:

   a)    No aporta la certificación de la C.C.S.S. en la que
         demuestre estar al día en las cuotas obrero-patronales, no
         obstante, al consultar la página web de esa institución, se
         determinó que la oferente no se encuentra inscrita como
         patrono. La oferta presentada, determina que no se
         encuentra inscrita como patrono, por cuanto se encuentra
         laborando en los Estados Unidos, y que anteriormente
         fungió como administradora de negocios similares donde el
         patrono no era ella (folio 25 aparte ―Ofertas‖).
   b)    Conforme al numeral 7.1.16 del pliego de condiciones, la
         oferente declara poseer experiencia en la prestación de
         servicios similares, presentando constancias para avalar lo
         indicado, no obstante, dichas constancias hacen referencia a
         labores de administradora que ha efectuado la Sra. Chaves a
         terceros.
   c)    Las fórmulas para el reajuste de precios no son las sugeridas
         en el pliego de condiciones (folio 17 ―Ofertas‖), sin
         embargo las propuestas no tienen claridad y no concuerdan
         con los índices de precios indicados. (folio 16 ―Ofertas‖).
   d)    Se solicita además especial pronunciamiento respecto a la
         nota presentada por el apoderado de la oferente el día 3 de
         los corrientes, visible a folios del 09 al 15 del aparte
         ―Selección‖.

       En lo relativo al ajuste de la oferta a las especificaciones
cartelarias, se solicitó el criterio respectivo a la Administración de la
Secretaría General del O.I.J.‖

        Análisis legal:

       Mediante oficio N° 1230-DE/AL-08, recibido el 21 de julio
del año en curso, la licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal
de la oferta recibida, señaló:

      ―En atención a oficio N° 6330-DP/32-08 de 15 de julio del
año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa
a. i. del Subproceso de Licitaciones de ese departamento,
                                                                          27


requiriendo el análisis legal de las ofertas recibidas en la Licitación
Abreviada N° 2008LA-000039-PROV, cuyo objeto es la
―Contratación de servicios de alimentación para los privados de
libertad que deben permanecer en las celdas del II Circuito Judicial
de San José; me permito referirle lo siguiente:

      OFERTA N° 1 Anayancy Chinchilla Valverde:

       Los dos aspectos anotados son subsanables desde el punto de
vista legal (artículo 81 incisos a) y c). En cuanto a la consulta
efectuada a la página web de la Caja, siendo que la oferente omitió
la certificación y presenta una distinta a la solicitada, es importante
que se prevenga a la oferente que la aporte, en la cual debe
demostrar si cotiza como patrona o trabajadora independiente, dada
su manifestación expresa a folio 41 del aparte de ofertas "queda
entendido que soy la patrona de todo el personal que estuviere a mi
cargo", lo cual debe dejar claro en este concurso. Este requisito es
indispensable para continuar y debe aportar la certificación que
corresponda como cotizante de la Seguridad Social a la fecha de
apertura de las ofertas.

      OFERTA N° 2 Hilda Chaves Villalobos:

       En este caso en particular, sobre las cotizaciones al Sistema
de Seguridad Social, cabe traer a colación lo explicado en criterios
de esta Asesoría Nº 996-DE/AL-08, 997-DE/AL-08 y 1037-DE/AL-
08 en los que textualmente en lo que interesa, se indicó:

       ―(…) tal y como se desprende de los criterios de la
Contraloría General de la República DCA-4186 (14653) del 12 de
diciembre de 2007, de la Caja Costarricense del Seguro Social DI-
1548-12-2007 del 7 de diciembre de 2007, voto de la Sala
Constitucional 8583-2002 y artículo 74 de la Ley Constitutiva del
ente asegurador; es requisito previo a la apertura de las ofertas que
el "oferente" se encuentre al día con las obligaciones de la
Seguridad Social, sea, como patrono o como trabajador
independiente.

       Sobre este tema, el artículo 1 del Reglamento para la
Afiliación de los Trabajadores Independientes expresa en lo que
aquí interesa: "Las coberturas del seguro social, y el ingreso al
mismo son obligatorias para todos aquellos trabajadores
independientes manuales e intelectuales que desarrollen por cuenta
                                                                          28


propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos."

       Por su parte, el artículo 2 de esa misma reglamentación
indica: "La condición de trabajador asalariado, y como tal, obligado
a cotizar sobre el total de las remuneraciones que reciba, no exime a
la persona de la obligación de cotizar como trabajador
independiente, cuando ostente ambas condiciones...".

       De las normas anteriores y de los reiterados criterios de la
Contraloría General de la República queda claro que la
Administración solicite como requisito sine qua nom que los
oferentes coticen sin excepción alguna, cotización que se debe
realizar por cada trabajo independiente que realice, inclusive en su
triple condición de patrono, asalariado y trabajador independiente,
ya que con ello se promueve la protección de los derechos
fundamentales en jerarquía, como lo son la salud y la vida humana
(…)‖.

       Ahora bien, es importante referir que de la documentación
presentada aparece que la persona física que ofrece sus servicios en
este concurso, actualmente no tiene su domicilio en Costa Rica y de
las cartas de referencia de trabajos anteriores se desprende que su
último trabajo en este país fue hasta octubre de 2005, ya que de
noviembre de 2005 a marzo de 2008 se reporta laborando para una
empresa localizada en Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta
circunstancia, la exime del requisito de cotizar de noviembre 2005 a
marzo 2008 en cualquiera de las condiciones anotadas para la
Seguridad Social de este país, toda vez que ella no califica en la
actualidad bajo ninguno de los conceptos de patrona, trabajadora
independiente o asalariada, es decir, que no ejerce en Costa Rica
una actividad generadora de ingresos que la obligue a contribuir con
el sistema nuestro, aunado a que al no residir aquí actualmente no
hace uso de éste.

        En ese sentido, excepcionalmente por la situación expuesta y
en aplicación de la normativa y criterios citados, en este caso en
particular lo que debe solicitarse a la oferente es que presente
certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que
demuestre estar al día con las cuotas que le correspondieron cuando
ejerció actividad que le generó ingresos en este país, en virtud de
que los oferentes están obligados legalmente a estar al día con las
cotizaciones a la Caja a la fecha de la apertura de las ofertas y deben
estar inscritos ya sea como patronos o como trabajadores
                                                                           29


independientes o asalariados, siempre y cuando en ese momento
ejerzan algún tipo de actividad que les genere remuneraciones, que
a su vez les otorgue derecho a utilizar el sistema de seguridad social
interno (seguro social o régimen de pensiones entre otros). Estas
circunstancias deben ser demostradas y analizadas en cada caso
concreto, ya que como se ha explicado en otras ocasiones hay
parámetros generales que rigen la materia, sin embargo, es un tema
casuístico, con situaciones diversas en cada contratación, que sino
se adaptan a los lineamientos señalados, deben ser analizados en la
oportunidad pertinente.

       No obstante lo expuesto, para corroborar lo anterior y tener
mayor seguridad jurídica, además la Administración puede solicitar
a la oferente que presente movimiento migratorio de los últimos tres
años, declaración jurada de que no ha utilizado los servicios de la
Caja durante este período y por último, que se afilie a la Caja y
solicite la certificación o documento que extienda el ente asegurador
de afiliación y facturación inmediata, en virtud que como lo indica
en su oferta, el servicio se brindará en forma personal y por ende
deberá trasladarse a residir en Costa Rica, ante lo cual
ineludiblemente quedaría obligada a cumplir con esta disposición
constitucional.

       En cuanto al punto b) señalado en el oficio de ese
Departamento, estima la suscrita que las referencias que presenta
esta oferente deben ser analizadas por el órgano técnico que
corresponda a efecto de que se valore si cumple con el mínimo de
un año exigido por el cartel, toda vez que la cláusula 7.1.16 indica
que la experiencia debe ser por el suministro de almuerzos ―servicio
similar al objeto de la contratación‖ y éstas se refieren a servicios de
restaurante, donde dependiendo de la labor de la oferente, se
podrían o no suministrar almuerzos.

       Sobre el punto c), véase que el cartel en la cláusula 14.2
establece a modo de ejemplo los índices de precios y la fórmula de
estructura del precio. Por ello, al ser sugerencias de la
Administración, no son vinculantes para el oferente y ese
Departamento debe analizar la viabilidad de las presentadas y
solicitar las aclaraciones que requiera.

       Por último con relación al escrito del apoderado de esta
oferente, en el cual establece una serie de observaciones con
relación a la oferta Nº 1, cabe señalar lo siguiente:
                                                                         30




       Con la prevención citada que la Administración cursará a la
oferente número uno para que aporte la certificación conforme lo
solicita el pliego de condiciones, se analizará el caso a efecto de
proceder como en derecho corresponda.

      En cuanto al contrato que mantiene firmado actualmente con
el Poder Judicial, será ese Departamento el que revise las
condiciones en las que se pactó éste, dado que se refiere a otro
concurso que ya está en ejecución, a efecto de que se resuelva lo
correspondiente conforme a la legislación aplicable.

      En cuanto al desglose del precio cotizado, es posible como se
indicó supra que se le prevenga para que lo presente, siempre y
cuando se mantenga el precio ofertado, con lo cual no se concede
ventaja indebida y estaría acorde con los artículos 26 y 81 del
Reglamento a la Contratación Administrativa, ya que no estaría
modificando un elemento esencial como es el precio, sino que
desglosándolo, lo que será analizado por ese Departamento en el
momento oportuno y en ese entendido, emitir criterio sobre lo
normado en el artículo 30 de este Reglamento.‖

      Análisis técnico:

      Mediante correo electrónico del 04 de julio último, el Sr.
Armando Matarrita Madrigal, adjunta oficio N° 342-SC-08 de esa
misma fecha, suscrito por el Lic. William Soto Solano, Jefe a.i. de
la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial, el
cual determina lo siguientes:

       ―Con relación a su oficio 399-secUA-08 del pasado 02 de
julio de 2008 sobre las ofertas presentadas por Anayancy Chinchilla
Valverde y Hilda Chaves Villalobos, para la Licitación Abreviada
N° 2008-LA-00039-PROV denominada ―CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PRIVADOS DE
LIBERTAD QUE DEBEN PERMANECER EN LAS CELDAS
DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ‖, y de conformidad
con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, remito adjunto cuadro comparativo de análisis de
las ofertas según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus
características más importantes para determinar si cumplen con cada
una de las características, así mismo se analiza si los precios son
razonables.
                                                                                     31




 Características    Anayancy Chinchilla       Hilda Chaves V.          Razonabilidad
                             V.
Desayuno           Café con leche o jugo y    Café con leche o         Conforme       a
                   dos bollos de pan con      jugo y dos bollos        cartel      para
                   mantequilla           o    de      pan       con    ambas ofertas
                   mermelada                  mantequilla          o
                                              mermelada
Almuerzo y cena    Tipo ―casado‖ arroz,       Tipo        ―casado‖     Conforme       a
                   frijoles, acompañado       arroz,       frijoles,   cartel      para
                   con picadillo, huevo o     acompañado con           ambas ofertas
                   torta u otro tipo de       picadillo, huevo o
                   carne, acompañado de       torta u otro tipo de
                   refresco        natural    carne,
                   mediano ( 8 onzas)         acompañado          de
                                              refresco      natural
                                              mediano        (     8
                                              onzas)
Porciones          1 porción de ensalada      1     porción       de   Conforme       a
                   diarias sin aderezo        ensalada diarias         cartel      para
                   1 taza de arroz o 1 de     sin aderezo              ambas ofertas
                   pasta ó                    1 taza de arroz o 1
                   2/3 taza de arroz y 1/3    de pasta ó
                   tasa de frijoles ó         2/3 taza de arroz y
                   1/3 taza arroz, 1/3 taza   1/3 tasa de frijoles
                   frijoles y 1/3 de pan (ó   ó
                   2 tortillas)               1/3 taza arroz, 1/3
                                              taza frijoles y 1/3
                                              de pan (ó 2
                                              tortillas)
Variedad           Menú variado a diario      Se detalla el menú       Conforme       a
                                              para los 7 días de       cartel      para
                                              la semana                ambas ofertas
Condiciones        365 días del año,          365 días del año,        Conforme       a
Específicas        inclusive sábados ,        inclusive sábados ,      cartel      para
                   domingos y feriados        domingos             y   ambas ofertas
                   Los alimentos vendrán      feriados
                   en recipiente plástico     Los        alimentos
                   con tapa y cuchara         vendrán             en
                   desechable                 recipiente plástico
                   Traslado por cuenta del    con tapa y cuchara
                   oferente                   desechable
                   Horas y tiempos de         Traslado          por
                   solicitud y entrega de     cuenta             del
                   alimentos                  oferente
                                              Horas y tiempos
                                                                              32


                                           de solicitud y
                                           entrega      de
                                           alimentos

Responsabilidad   Cumplimiento de todos Cumplimiento de Conforme               a
del Adjudicatario los           requisitos todos           los cartel      para
                  establecidos en el cartel requisitos         ambas ofertas
                                            establecidos en el
                                            cartel
Precio         de Desayuno = ¢ 400°°        Desayuno = ¢ El precio es
oferentes         Almuerzo = ¢ 900°°        885°°              razonable para la
                  Cena       = ¢ 900°°      Almuerzo = ¢ oferente
                                            1.590°°            Anayancy
                                            Cena          = ¢ Chinchilla V.
                                            1.590°°

          Según precio cotizado por Anayancy Chinchilla Valverde el
   costo estimado por mes para los 3 tiempos es de ¢1.067.300°°; por
   su parte, el precio de la oferente Hilda Chaves Villalobos para los
   3 tiempos de comida es por la suma de ¢1.988.640°° lo que arroja
   una diferencia de ¢921.340°° lo que equivale a un costo de más del
   85% en comparación con la oferente Chinchilla Valverde siendo por
   consiguiente más razonable el precio ofrecido por esta última,
   siempre y cuando también se mantengan los términos de calidad
   ofrecidos.

          Efectuado un sondeo de mercado se tiene que en el Primer
   Circuito el costo promedio para los principales tiempos de comida
   (almuerzo y cena) en promedio es de ¢ 900°° sin embargo; para el
   II Circuito Judicial se obtuvo un promedio de ¢1.700 por lo tanto
   ambas ofertas muestran precios razonables. Debiendo por
   consiguiente tomar en consideración el

          Artículo 30. —del Reglamento a la Ley de Contratación
   Administrativa según el cual Precio inaceptable. Se estimarán
   inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que
   los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo
   para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por
   parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la
   retribución establecida.

         La Administración deberá indagar con el oferente si con el
   precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato.
   Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de
                                                                         33


evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles
aquélla que contenga un precio ruinoso.

       De solventarse lo anterior el precio ofrecido por la oferente
Anayancy Chinchilla Valverde, se considera razonable y aceptable
para la presente licitación.

      Con respecto a la oferta de Hilda Chaves Villalobos está de
acuerdo y es conforme a lo solicitado en el cartel, no obstante el
precio ofrecido implicaría una erogación mayor para la
administración.

      Prevenciones:

       De acuerdo con los informe de Asesoría Legal y Técnico, se
procedió a prevenir a las oferentes Chinchilla Valverde y Chaves
Villalobos, a fin de que presentasen, entre otras cosas, certificación
de la C.C.S.S. en la que demostraran estar al día con las cuotas
obrero-patronales o bien, estar inscritas como trabajadoras
independientes, conforme al requerimiento del inciso c) del numeral
7.1.12 del pliego de condiciones.

       La oferente Chinchilla Valverde aporta certificación de esa
institución en la que se determina que no es patrono y por lo tanto,
no posee obligaciones patronales, no obstante, no acredita ningún
atestado en el que se pueda verificar si se encuentra inscrita en el
régimen de trabajadora independiente.

        Por su parte, al manifestar la Sra. Hilda Chaves residir a la
fecha en Carolina del Norte de los Estados Unidos (ver folios 25 y
31 del aparte ―Ofertas‖), se le previno a fin de que aportara
certificación de la C.C.S.S. en la que demostrara estar al día con esa
institución hasta el momento en que ejerció actividad en el país, por
lo que su apoderado Andrés Céspedes Chaves, en nota del 15 de
julio del año en curso, manifestó que ―En relación a la certificación
solicitada de la CCSS (…) dicha institución no extiende dicho tipo
de documento. (…) con nuestra propuesta se aportó la certificación
a que alude dicho texto legal. Si mi representada adeudara suma
alguna entonces no se le hubiere extendido la misma y así constaría
en el SICERE, el cual en cualquier momento puede ser consultado
por esa Institución. (…)‖; ante esta última afirmación del apoderado
de la oferente, efectivamente esta Proveeduría realizó la consulta a
la página web del SICERE, la cual establece que la Sra. Chaves
                                                                          34


Villalobos no es patrono (folio 4 ―Selección‖), sin embargo, la
prevención se extendió conforme el artículo 81, inciso a) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas,
el apoderado no logró demostrar a la Administración, que la Sra.
Hilda Chaves Villalobos estuviera al día con la C.C.S.S., ya fuere
como patrona, trabajadora independiente o asalariada, hasta el
momento en que ejerció actividad en Costa Rica.

       En virtud de lo expuesto, y al no tener la facultad de consultar
por Internet si las oferentes se encuentran inscritas en el régimen de
trabajadoras independientes, esta Proveeduría se comunicó vía
telefónica a la Plataforma de Servicios de Asegurados Voluntarios y
Trabajadores Independientes de la C.C.S.S., en la cual la Srita.
Silvia Guzman Vargas, informó que ninguna de las dos oferentes
cotiza para la C.C.S.S. como trabajadoras independientes. Se
solicitó la información por medio de correo electrónico, no obstante,
la Srita. Guzman Vargas, informó que no es posible remitirla por
ese medio.

      Análisis y valoración:

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente
a la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

      Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de dos oferentes.

       De conformidad con el criterio emitido por la Sección de
Asesoría Legal, ambas ofertas eran susceptibles de resultar
adjudicatarias, con la salvedad de que demostrasen a la
Administración estar al día con la C.C.S.S. a la apertura de las
ofertas, ya fuere como patronos, trabajadores independientes o
asalariados, situación que ninguna de las dos oferentes logró
demostrar.

       Por su parte la Sra. Anayancy Chinchilla en su oferta, declara
poseer más de un año de experiencia brindando servicios similares
(folio 35 ―Ofertas‖), por lo que debería estar cotizando a la C.C.S.S.
como trabajadora independiente según lo regula el artículo 1 del
Reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes.
Por lo expuesto anteriormente, y lo manifestado por la señora
                                                                              35


       Anayancy Chinchilla Valverde, se impone la obligación de poner
       dicha situación en conocimiento de las autoridades de la Caja
       Costarricense de Seguro Social, para lo que corresponda.

              El criterio técnico emitido por la Sección de Cárceles del
       O.I.J., establece que las ofertas cumplen con los requerimientos
       técnicos, considerando que, conforme al sondeo efectuando en la
       zona que se ubica el edificio de los Tribunales de Justicia del II
       Circuito Judicial de San José, los precios cotizados se encuentran
       en la media, pero exceden el presupuesto formulado para el próximo
       periodo 2009, no obstante, por economía procesal no se entra a
       valorar si es factible disponer de financiamiento, dado a que, como
       ya se indicó, los oferentes no lograron demostrar estar al día en el
       pago de sus obligaciones con la seguridad social.

             Recomendación

             De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que
       ambas ofertas no son susceptibles de resultar adjudicatarias, debido
       a que no lograron demostrar estar al día en sus obligaciones con la
       C.C.S.S.

              Al propio tiempo, y para los efectos que correspondan, poner
       en conocimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, la
       situación presentada con la oferta de la señora Anayancy Chinchilla
       Valverde, cédula de identidad 1-425-055.‖

                                      -0-

     Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior. 2.) Acoger la

recomendación del Departamento de Proveeduría y en consecuencia declarar

infructuoso el procedimiento de Licitación Abreviada Nº 2008LA-000039-

PROV, denominada ―Contratación de servicios de alimentación para los

privados de libertad que deben de permanecer en las celdas del Segundo

Circuito Judicial de San José‖. 3.) Hacer de conocimiento de la Caja

Costarricense de Seguro Social lo indicado respecto a la oferta de la señora
                                                                               36


Anayancy Chinchilla Valverde.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                               ARTÍCULO VII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6993-DP/03-08 de 7 de agosto en curso, expresó lo

siguiente:

            ―En referencia a la Licitación Abreviada 2008LA-000042-
       PROV, denominada “Contratación de servicios de monitoreo de
       informaciones en las diferentes radioemisoras, televisoras y
       publicaciones del país”, remitimos a usted la documentación
       adjunta, para que sea sometida a conocimiento del Consejo
       Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 8.1.22 del cartel para resolver esta
       contratación vence el miércoles 10 de septiembre del 2008.

            Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
       Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
       condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
       conserva esta Proveeduría, se determinó que:


             Ofertas recibidas en el presente concurso:

             Para este concurso se recibió una sola oferta correspondiente
       a:

             1) Media Gurú S.A., cédula jurídica N° 3-101-225254


             Estudio de las ofertas:
                                                                         37




      Mediante el oficio 6774-DP/03-2008 de 30 de julio del 2008,
se solicitó al licenciado Fabián Barrantes Rodríguez, Jefe del
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, el estudio
técnico de la única oferta recibida, en los siguientes términos:

     ―Respetuosamente le remito un ejemplar del pliego de
condiciones, así como copia de las dos ofertas presentadas para la
Licitación Abreviada 2008LA-000042-PROV, denominada
“Contratación de servicios de monitoreo de informaciones en las
diferentes radioemisoras, televisoras y publicaciones del país”.

      Lo anterior, para que se verifique el ajuste y fiel cumplimiento
de la oferta a los requerimientos establecidos en el cartel de la
contratación en referencia, así como que se refiera, mediante el
correspondiente estudio técnico, a las razones con base en las cuales
se concluye que el precio ofertado se estima aceptable, según lo
estipulado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, indicando expresamente el por qué no
resulta ruinoso o excesivo si así se considera.

      En este último sentido, no se omite recordar que con el
informe se deberán acompañar los respectivos cuadros
comparativos a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 83
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que
estipula:

     ―(...) Para facilitar ese estudio el órgano competente
confeccionará un cuadro comparativo de análisis de las ofertas
según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus
características más importantes, el cual formará parte del expediente
respectivo.‖

     La única oferta presentada corresponde a la siguiente empresa:

     1.    Media Gurú S.A.

      Además, se advierte que según certificación de contenido
presupuestario expedida por el Departamento Financiero Contable,
mediante oficio 1103-P-2007 de 4 de diciembre de 2007, la
provisión de recursos presupuestarios fue establecida por un monto
total anual de ¢4.798.038,00, con cargo a la subpartida 1.04.99.
―Otros servicios de gestión y apoyo‖, Programa 926, Fuente de
                                                                        38


Financiamiento 001, I.P. 30 a efecto de atender las obligaciones que
se deriven de la contratación de servicios de monitoreo de noticias
para el período 2008.

      Finalmente, se recuerda que mediante Contratación Directa
2008CD-000473-PROV y según su oficio DPCO-206-08 de 26 de
junio de 2008, se contrató por un período de cuatro meses contados
a partir del 1º de julio de 2008, la prestación de estos mismos
servicios a la empresa Controles Video Técnicos de Costa Rica S.A.
y ya están en ejecución, por lo que de adjudicarse este
procedimiento de licitación, los nuevos servicios iniciarían a partir
del mes de noviembre de 2008.

     Se agradece de antemano, remitir su informe conforme al
cronograma de actividades, a más tardar el próximo día martes 5 de
agosto del 2008.‖

      Producto de lo anterior, mediante mensaje de correo
electrónico de fecha 4 de agosto, el Lic. Fabián Barrantes
Rodríguez, remite oficio DPCO-236-08 fechado 01 de agosto del
2008, -2008, en el que refiere lo siguiente:

      ―En atención al oficio 6774-DP-03-2008 referente a la
licitación    abreviada     2008LA-000042-PROV          denominada
"Contratación de servicios de monitoreo de informaciones en
las diferentes radioemisoras, televisoras y publicaciones del
país" me permito indicarle que, según certificación de contenido
presupuestario expedida por el Departamento Financiero Contable,
el presupuesto aprobado para dicha contratación es por un monto
total anual de ¢4.798.038,00 con cargo en la subpartida 1.04.99.

      De acuerdo con la información suministrada por ustedes, la
única oferta presentada para ese efecto corresponde a la empresa
Media Gurú S.A., la que ofrece dicho servicio por un costo total
anual de ¢8.400.000.00. En virtud de que dicho monto representa
casi el doble del presupuesto aprobado para la contratación de
servicios de monitoreo, muy respetuosamente me permito indicarle
que no es posible recomendar a Media Gurú para dicha
adjudicación.‖

      Luego, con motivo de habérsele consultado telefónicamente al
licenciado Fabián Barrantes Rodríguez respecto al contenido
presupuestario, mediante mensaje de correo electrónico de fecha 5
                                                                       39


de agosto de 2008, la servidora del Departamento de Prensa y
Comunicación Organizacional, señorita Sandra Marcela Fernández
Chinchilla, expresa lo siguiente:

     ―(…) con instrucciones superiores me permito indicarle el
contenido presupuestario que tenemos disponible para el pago de
Servicios de Monitoreo 2008.

     Según consulta realizada a Jorge Robles de Financiero
Contable, el monto ya reservado para el pago de Monitoreo hasta
diciembre del 2008 es de ¢2.932.474,00 lo que significa que en la
subpartida 10499 hay un disponible de ¢ 590.000,00.‖

     Análisis y valoración:

      Luego de haber obtenido el informe correspondiente al estudio
técnico requerido, según se detalla en los párrafos anteriores, y
analizado las circunstancias concurrentes se determina lo siguiente:

      Al concurso se presentó sólo una oferta, que conforme al
     criterio técnico recabado, no se recomienda en vista de que el
     precio cotizado representa casi el doble del presupuesto
     aprobado.

      El reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su
     artículo 30 inciso c) estipula que: ―Precio inaceptable. Se
     estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión
     de la oferta que los contenga, los siguientes precios: (…) c)
     Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los
     casos en que la Administración no tenga medios para el
     financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su
     precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y
     calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se
     comparará con el precio original.‖

      En contenido presupuestario anual previsto para la
     contratación de estos servicios fue de ¢4.798.038,00, suma que
     en promedio implica una estimación mensual de ¢399.836,50,
     empero el precio cotizado de ¢700.000,00 mensuales excede
     en aproximadamente un setenta y cinco (75%) tal estimación,
     y de acuerdo con la información suministrada por el
     Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, se
     cuenta con un disponible de ¢590.000,00 que evidentemente
                                                                        40


     es insuficiente para considerar una posible adjudicación.

     Aunado a lo anterior, el licenciado Fabián Barrantes
     Rodríguez, manifiesta que dado que el total anual cotizado de
     ¢8.400.000.00 representa casi el doble del presupuesto
     aprobado para la contratación de servicios de monitoreo, no es
     posible recomendar a Media Gurú para dicha adjudicación.

     Así las cosas y considerando que de los antecedentes para la
contratación de los servicios de monitoreo que interesan, se tiene
que:

     1) La necesidad objeto de la contratación bajo análisis surge a
     partir del hecho de que el contrato 41-CG-95 suscrito entre el
     Poder Judicial y la empresa Controles Video Técnicos de
     Costa Rica S.A. venció el pasado 30 de junio de 2008, según
     addendum autorizado por el Consejo Superior en sesión
     celebrada el 31 de mayo de 2007, artículo LXX,

     2) La   licitación 2007LA-000121-PROV promovida para
     concretar un nuevo contrato para la contratación de los
     referidos servicios de monitoreo, y cuya apertura se realizó el
     pasado 10 de marzo de 2008, tuvo la participación de dos
     ofertas: Coes Comunicación del Siglo XXI S.A. por un precio
     mensual de $645,00 (¢321.667,95 a ese momento según tipo
     de cambio de ¢498,71 por dólar), y Media Gurú S.A. por un
     precio mensual de ¢725.000,00.         Sin embargo, resultó
     declarada desierta en sesión 28-08 celebrada el día 17 de abril
     del dos mil ocho, artículo XI. (Véase folios 4 al 17 del
     apartado de ―Cartel‖ del expediente de la licitación abreviada
     2008LA-000042-PROV adjunto)

     3) Al prevalecer la necesidad de que el Departamento de
     Prensa y Comunicación Organizacional cuente con el servicio
     de monitoreo de informaciones para la gestión que le compete,
     y en vista de que el contrato 41-CG-95 vencía y que no fue
     posible una nueva adjudicación antes de su vencimiento, se
     promovió la Contratación Directa 2008CD-000473-PROV,
     para la contratación de estos servicios por un período de cuatro
     meses (de julio a octubre 2008), mientras se tramitaba la
     licitación que ahora nos ocupa 2008LA-000042-PROV. Esta
     contratación directa, cuya apertura ocurrió el 26 de junio de
     2008, tuvo la participación de dos empresas: Media Gurú S.A.
                                                                               41


           por un precio mensual de ¢725.000,00 y Controles Video
           Técnicos de Costa Rica S.A. por un precio mensual de
           ¢350.000,00, resultando adjudicataria ésta última dado su
           menor precio. (Véase folio 5 del apartado de ―Selección‖ del
           expediente de la licitación abreviada 2008LA-000042-PROV
           adjunto)

           4) Los precios cotizados en los procedimientos mencionados
           en los dos puntos anteriores, no evidencian elementos de juicio
           para cuestionar la previsión presupuestaria promedio de
           ¢399.836,50 realizada para contratar los servicios de
           monitoreo de informaciones.

           En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, se
      concluye que por economía procesal, deviene en innecesario
      requerir el estudio legal de la única oferta presentada al concurso.

           Asimismo, se concluye que la oferta sometida al concurso por
      la empresa Media Gurú S.A. no resulta susceptible de resultar
      adjudicataria, toda vez que si bien en este concurso mejoró su precio
      al rebajarlo en ¢25.000,00 respecto al cotizado en los
      procedimientos de contratación citados en el párrafo tras anterior, el
      precio cotizado de ¢700.000,00 mensuales, resulta inaceptable al
      superar la disponibilidad presupuestaria en casi el doble de lo
      previsto sin que el Departamento de Prensa y Comunicación
      Organizacional, lograra acreditar la posibilidad de llegar a tener
      medios para el financiamiento adicional necesario, circunstancia
      que impone recomendar que se declare infructuoso este
      procedimiento de contratación.

           Recomendación:

            En vista de que la única oferta recibida no resulta susceptible
      de resultar adjudicataria por precio inaceptable, al exceder la
      disponibilidad presupuestaria, se recomienda declarar infructuosa
      esta licitación.‖

                                      -0-

     Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría,

en consecuencia, declarar infructuoso el procedimiento de Licitación
                                                                             42


Abreviada N° 2008LA-000042-PROV, denominada ―Contratación de

servicios de monitoreo de informaciones en las diferentes radioemisoras,

televisoras y publicaciones del país‖.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO VIII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 7051-DP/10-08 de 7 de agosto en curso, comunica

lo siguiente:

              ―En relación con la Licitación Abreviada N° 2008LA-
        000066-PROV denominada “Compra de pistolas de 9MM”, se
        remite a usted la documentación adjunta, con el ruego de que sea
        sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior
        para lo que consideren conveniente resolver.

              El plazo dispuesto para el vencimiento para adjudicar de
        conformidad con la cláusula 2.1.22 del cartel, quedó definido para
        el día jueves 28 de agosto del 2008.

              Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento
        Interno de Compras, 78, siguientes y concordantes del Reglamento
        a la Ley de Contratación Administrativa, se determina que:

                1.   Ofertas recibidas en el presente concurso:

             Nº 1: Electromecánica Pablo Murillo S. A., cédula jurídica Nº
        3-101-333037.

             N° 2: Koruma Lenex Seguridad S. A., cédula jurídica Nº 3-
        101-249767.


                2.   Análisis de las ofertas:
                                                                        43




            Análisis legal:

      Mediante oficio 6468-DP/28-08 de 21 de julio del año en
curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de las dos ofertas recibidas,
para lo cual se señaló:

      ―(…) Con el ruego muy atento de que se proceda al estudio
legal de las ofertas recibidas, adjunto expediente administrativo de
la Licitación Abreviada Nº 2008LA-000066-PROV, denominada
“Compra de pistolas”.

     Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían
subsanables en caso de requerirse, seguidamente se detallan los
aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

     Oferta N° 1 Electromecánica Pablo Murillo S.A., C.J. N° 3-
101-333037:

     a)   No aporta la certificación de la C.C.S.S. en la que
          demuestre estar al día en las cuotas obrero-patronales, no
          obstante, al consultar la página web de esa institución, se
          determinó que el oferente se encuentra inscrito como
          patrono y al día en el pago.

     b)   En el punto No. 3, del aparte ―OBSERVACIONES‖
          establecido en el cartel, se solicitó que el oferente debía
          contar con los permisos y autorizaciones que
          correspondan al tipo de arma que cotiza, tanto en el país
          fabricante como en los que involucre el paso por otros
          países hasta llegar a su destino. Con respecto a este punto
          el señor Pablo Murillo, Presidente de la empresa, indica
          en la oferta, que en caso de adjudicación se procederá a
          aplicar los permisos respectivos en los Estados Unidos de
          América para la exportación de los bienes solicitados,
          país de fabricación del modelo ofrecido. Por lo que
          solicitamos su criterio al respecto.

    Oferta N° 2 Koruma Lenex Seguridad S.A., C.J. N° 3-101-
249767:
                                                                            44




     a)   No aporta la certificación de la C.C.S.S. en la que
          demuestre estar al día en las cuotas obrero-patronales, no
          obstante, al consultar la página web de esa institución, se
          determinó que el oferente se encuentra inscrito como
          patrono y al día en el pago.

     b)   No aporta la segunda página del Permiso Anual de Venta
          de armas de fuego, municiones y accesorios.

     c)   En el punto No. 3, del aparte ―OBSERVACIONES‖
          establecido en el cartel, se solicitó que el oferente debía
          contar con los permisos y autorizaciones que
          correspondan al tipo de arma que cotiza, tanto en el país
          fabricante como en los que involucre el paso por otros
          países hasta llegar a su destino. Con respecto a este punto
          el señor Marco Aguilar, Presidente de la empresa, indica
          que aporta nota del Departamento de Armas y Explosivos
          indicando lo solicitado, sin embargo, no consta en la
          oferta. Por lo que solicitamos su criterio al respecto a fin
          de conocer, si es un aspecto que se deba prevenir.

     d)   El pliego de condiciones establece en su cláusula 2.3.2, la
          forma de pago para las ofertas provenientes del
          extranjero, entre las que considera la carta de crédito, sin
          embargo la oferta de Koruma Lenex Seguridad S.A.,
          aunque no es una oferta del extranjero, detalla que la
          forma de pago sea Carta de Crédito, pagadera
          directamente a la casa proveedora. Así las cosas,
          solicitamos su criterio y especial pronunciamiento al
          respecto.

      En lo relativo al ajuste de la oferta a las especificaciones
cartelarias, se solicitó el criterio respectivo a la Administración de la
Secretaría General del O.I.J.‖

     Mediante oficio N° 1314-DE/AL-08 recibido en esta
Proveeduría en fecha 01 de agosto del año en curso, la licenciada
Ana Patricia Álvarez Mondragón, Asesora Legal, de la Dirección
Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas recibidas,
señaló:

     ―(…) En atención al oficio número 6468-DP/09-08 del 21 de
                                                                         45


julio del año en curso, suscrito por la Licenciada Maureen Venegas
Méndez, Jefa Subproceso de Licitaciones, requiriendo el análisis
legal de las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000066-PROV, denominada “Compra, de pistolas"; me
permito referirle lo siguiente:

     OFERTA # 1.- Electromecánica Pablo Murillo S.A.:

      La observación señalada por ese Departamento en el inciso a)
es un aspecto subsanable, según lo establecen los artículos 80 y 81
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que
se le debe prevenir al representante de la empresa Electromecánica
Pablo Murillo S.A. que aporte la certificación de la Caja
Costarricense del Seguro Social debidamente actualizada.

      En cuanto a la observación efectuada en el inciso b), en el que
solicita    criterio en relación al punto N° 3 del aparte de
"Observaciones" del cartel, ya que se requirió que el oferente debía
contar con los permisos y autorizaciones que correspondan al tipo
de arma que cotiza, tanto del país fabricante como en los que
involucre el paso de otros países hasta llegar a su destino; cabe
referir, que analizada la licencia anual de importación de armas de
fuego, municiones, accesorios de seguridad y blindaje general,
emitida por la Dirección General de Armamento del Ministerio de
Seguridad Pública, resolución N° 626-2008-DGA-OT de las diez
horas del día veintiocho de febrero de dos mil ocho, se indicó en la
parte dispositiva, lo siguiente: "(...) Cada vez que se realice una
importación y un desalmacenaje, el titular de este permiso debe
gestionar la respectiva autorización a la Dirección General de
Armamento" (según consta en el acápite de ofertas a folios 36 y 37);
de lo que se desprende, que los permisos de importación y
desalmacenaje se otorgan en el momento que se va a realizar una
importación. Sin embargo, al resultar la valoración de estos
permisos un aspecto técnico, se recomienda hacer la respectiva
valoración por quien corresponda, a fin de que se determine la
viabilidad del procedimiento respectivo y el momento procesal en
que se deben aprobar y emitir estos permisos.

      A la vez, se hace la observación que en el acápite de ofertas en
el folio 44 de la plica del oferente, indicó que la empresa cumple
con las disposiciones de la Ley de Armas y Explosivos, Ley N°
7520, siendo lo correcto la Ley N° 7530.
                                                                          46


     OFERTA # 2.- Koruma Lenex Seguridad S.A. :

      Respecto a la observación de que esta empresa no presentó la
certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social en el que
demuestre estar al día en las cuotas obrero-patronales y de que no
aportó la segunda página del permiso anual de venta de Armas de
Fuego, municiones y accesorios; éstos resultan ser aspectos
subsanables conforme la normativa citada, por lo que se le debe
prevenir a la empresa que los aporte.

      En cuanto a la observación que se realiza en el inciso c), en el
que solicita criterio en relación al punto N° 3 del aparte de
"Observaciones" del cartel, ya que en éste se solicitó que el
oferente debía contar con los permisos y autorizaciones que
correspondan al tipo de arma que cotiza, tanto del país fabricante
como en los que involucre el paso de otros países hasta llegar a su
destino; cabe referir, que este apartado se encuentra en iguales
condiciones a lo dispuesto en el análisis de la anterior oferta; siendo
que en este caso, la licencia anual de importación de armas de
fuego, municiones, accesorios de seguridad y blindaje general, fue
aprobada por la Dirección General de Armamento del Ministerio de
Seguridad Pública, por resolución N° 499-2008-DGA-OT de las
once horas del día quince de febrero de dos mil ocho (según consta
en el acápite de ofertas a folios 6 y 7).

     No obstante, si con el estudio técnico se determina que los
permisos se otorgan antes de la importación y el desalmacenaje,
debe prevenírsele a la empresa que los aporte.

      Por último, respecto a que la empresa Koruma Lenex S.A.
detalló en su plica como forma de pago la Carta de Crédito pagadera
directamente a la casa Proveedora, pese a que ésta es una forma de
pago contemplada para ofertas extranjeras, conforme se indica en la
cláusula 2.3.2 del pliego de condiciones; cabe señalar, que la
Contraloría General de la República estableció la posibilidad para la
Administración Pública del uso de la "carta de crédito" o su
acepción correcta "crédito documentario", como forma de pago; así
como, la facultad del vendedor de ceder el pago que recibe por
medio del crédito documentario a un tercero (en ese sentido véase la
resolución de la Contraloría General de la República, N° RC-009-
2001 de las catorce horas del nueve de enero de dos mil uno).

     Sin embargo, posteriormente por criterio de la División de
                                                                        47


Contratación Administrativa de ese Órgano Contralor, N° DCA-
0068-2006 del 22 de febrero de 2006, en el inciso g) del apartado de
las conclusiones, indicó: "Será en cada caso particular que la
administración pública (el ICE en este caso) determinará bajo su
responsabilidad, y siempre en resguardo del interés público, la
posibilidad de regular en el pliego de condiciones (y luego en el
contrato) la aceptación del uso del crédito documentario por parte
de los oferentes; de ser viable su uso...". Ahora bien, conforme a lo
expuesto, debe señalarse que esta Administración solamente
contempló como viable la "carta de crédito" como forma de pago
para ofertas provenientes del extranjero, como se desprende de las
cláusulas 2.2. y 2.3.2 inciso c) del pliego de condiciones. En ese
sentido, no procede el uso del crédito documentario para los
oferentes nacionales, al no estar contemplada como forma de pago
para este concurso, por lo que la empresa oferente debió adecuarse a
los términos de pago estipulados en la cláusula 5.1 del cartel de la
licitación.

     En razón a esas consideraciones, al no ajustarse la empresa
Koruma Lenex S.A. a los términos de pagos fijadas en el pliego de
condiciones, incumple con un        requerimiento esencial del
concurso.‖

      Es importante señalar, que a pesar de que el criterio legal
indica que se debe prevenir el aporte de la certificación de la Caja
Costarricense de Seguro Social, de estar al día en el pago de las
cuotas obrero patronales, esta prevención no resulta necesario, ya
que según se tiene demostrado en el expediente a folios 52 y 53, se
realizó la consulta y se verificó que ambas ofertas se encuentran al
día en el pago de las cuotas.

     Respecto de la observación que hace la Asesoría Legal,
respecto a consultar a la instancia técnica cuál es el momento
procesal en el cual deben aportar y emitir los permisos, se consultó
al licenciado Mauricio Fonseca Umaña,            Administrador del
Organismo de Investigación Judicial, quien informó que los
permisos se ofrecen posterior a la adjudicación, ya que si un
proveedor no es ganador no se le puede solicitar esta gestión ya que
necesita un respaldo para traer este tipo de equipos a nombre del
Poder Judicial. Así las cosas, no se debe prevenir este aspecto.

     3.     Análisis técnico:
                                                                                   48


              Antecedentes para poder obtener el criterio técnico


             Mediante oficio 6358-DP/10-08 del 16 de junio del año en
        curso, se remitió copias de las ofertas presentadas para la licitación
        de cita, a la Administración del Organismo de Investigación
        Judicial, con el fin de que realizara la valoración técnica del objeto
        contractual.

              Mediante oficio 433-SEC/UA-08, de fecha 21 de julio del año
        en curso, dicha Administración, brindó el siguiente informe
        técnico:


              ―(...) En atención a su oficio 6358-DP/10-08, referente a la
        licitación abreviada 2008LA-000066-PROV ―compra de de pistolas
        9 mm‖, al respecto adjunto el análisis del cuadro comparativo de las
        ofertas presentadas, en conjunto con el armero de la institución.

Características                                       EPM                LENEX
                                                                         Beretta
                                                      Modelo             PX4
                                                      SP2022             type F
Capacidad del Cargador: 15 tiros                      Sí cumple          Sí cumple
Cantidad de Cargadores: 3                             Sí cumple          Sí cumple
Miras: de tres puntos nocturnas (tritium, brillo
en la oscuridad)                                      Sí cumple          Sí cumple
Ancho del arma: 3,20 cm a 3,90 cm                     Sí cumple          Sí cumple
Alto del Arma: 12 cm a 14,50                          Sí cumple          Sí cumple
Peso del Arma sin Cargador : 0,50 kg a 0,90
kg                                                    Sí cumple          Sí cumple
Largo del Cañon: 9,90 cm a 11,45 cm                   Sí cumple          Sí cumple
Largo total del arma: 18cm a 19,60cm                  Sí cumple          Sí cumple
Acabado del carro :acero inoxidable, titanio o
material resistente a la corrosión                    Sí cumple          Sí cumple
Seguros: externos por medio de decoker
Ambidiestro (el arma no debe tener seguro de
cargador)                                             Sí cumple          Sí cumple
                                                                                49



Dispositivo    expulsor       del   cargador:
Ambidiestro o reversible                            Sí cumple         Sí cumple
Pistola doble acción (en el primer tiro) y
acción sencilla (en los restantes tiros) con
palanca de desarme del martillo (decoker)           Sí cumple         Sí cumple
Marco: Acero, Acero Inoxidable, o polímero          Sí cumple         Sí cumple
Mantenimiento: Por cada arma debe incluir
equipo de limpieza, cartuchera táctica para
dicha arma (no se aceptaran genéricas).             Sí cumple         Sí cumple
Manual del usuario: Uno por cada arma               Sí cumple         Sí cumple
Manual de Armero uno por todo el Lote               Sí cumple         Sí cumple
Garantía de dos años mínimo                         Sí cumple         Sí cumple
Plazo de entrega 80 días hábiles                    Sí cumple         Sí cumple
Precio total colones a un tipo de cambio del
21/07/08 de 556 y un precio del euro del día
de hoy de 880 colones por EURO                      171,311,940       162.732.637
                                                                      184.869
                                                    $ 308.115         euros

              En este sentido una vez analizadas las ofertas y las
        características ofrecidas se concluye que ambas casas comerciales
        cumplen con lo solicitado en el cartel, no obstante la empresa
        Koruma Lenex ofrece un mejor precio por lo que se recomienda se
        le adjudique.

             Referente al precio de ambas casas comerciales se considera
        que se encuentran dentro de los parámetros de mercado y no son
        ruinosos, estos parámetros se encuentran entre los 320.000 y los
        407.000 colones.

             Finalmente debido a que el contenido presupuestario es de
        160.000.000 millones, se solicita ajustar la cantidad a 491 armas.‖

            En fecha 25 de julio se recibió en este Departamento nota de la
        empresa Electromecánica Pablo Murillo, en la cual se señaló:


             ―(…) El sucrito Pablo Murillo Cordero, cedula de Identidad 1-
        876-820, Teléfono 8381-7095, Fax 2253-0580 actuando como
                                                                                50


apoderado generalísimo sin límite de suma de Electromecánica
Pablo Murillo S.A., con domicilio en San José, Curridabat, 100 sur
25 este del Restaurante Mc Donald´s, cedula Jurídica 3-101-
333037., me apersono ante esta autoridad administrativa con el fin
de manifestar la inconformidad de mi representada, con el contenido
del oficio número 433-SEC/UA-08, mediante el cual el Lic.
Mauricio Fonseca Umaña, funcionario de la Secretaria General del
OIJ, emite sus conclusiones sobre las ofertas presentadas en la
LICITACIÓN ABREVIADA 2008LA-000066-PROV para la
compra de Pistolas 9 mm.

     El citado documento concluye que tanto mi representada como
la empresa Koruma Lenex S. A., cumplen con todos los extremos
del pliego licitatorio y que al existir una diferencia de precio se
recomienda adjudicar la compra a dicha sociedad.

      Fundo mi inconformidad, primeramente, en una razón de tipo
técnico ya que mi competidora ofreció pistolas con miras
Superluminova® cuando lo requerido por el cartel son miras con
Tritium.

        Las mira Superluminova®, de conformidad con las
explicaciones ofrecidas por el titular de su patente (Nemoto & Co.
Ltd.)           en             su           sitio          de        Internet
(http://www.nemoto.co.jp/en/products/luminova/luminova.html) en conjunto con
otra literatura electrónica concordante, este tipo de dispositivos de
puntería se encuentra confeccionado con base en una mezcla de
Aluminato de estroncio, (SrAl2O4)que genera un efecto foto
luminiscente proveyendo mayor brillo que las generaciones previas
de sulfito de zinc.

     Este tipo de fotoluminiscencia opera como una batería ya que
requiere una activación mediante exposición por un determinado
tiempo a una fuente lumínica (natural o artificial) para brillar en la
oscuridad por un tiempo.

      Se entiende por fotoluminiscencia el proceso mediante el cual
(sic) un sustancia absorbe radiación electromagnética (fotones) para
luego re- irradiarla. Puede ser descrita como la excitación de
componentes mediante un alto estado energético para luego ser
retornada al medio mediante un bajo estado de energía.

      Los químicos deben ser protegidos del agua y de la humedad
                                                                          51


ya que estos agentes van degradando paulatinamente sus efectos de
emisión lumínica.

     La tecnología que en la que se fundamentan las miras de
Tritum es totalmente diferente. Ya que este material es un isótopo
del hidrógeno con una vida promedio de 12.5 años. Las emisiones
de electrones que causan pequeñas concentraciones de Tritium
causan un efecto lumínico propio que es aprovechado en miras
nocturnas, relojes y señales de emergencia.

     Este efecto lumínico ubica a este material dentro de los
denominados dispositivos auto iluminados, es decir, que tienen luz
propia y que no requieren un agente externo para ser visibles en la
oscuridad.

     El cartel fue claro al especificar el tipo de tecnología requerida
por el Poder Judicial sin que sea permisible, según las leyes que
rigen la contratación administrativa, apartarse de este elemento.

       Cualquier persona que haya pasado por un curso básico de tiro
sabe que el alineamiento de las miras es un (sic) de los elementos
fundamentales para la realización de un buen disparo, por lo que el
establecer cuáles son las miras aptas para ejecutar una labor, es de
vital importancia para obtener el máximo desempeño del arma.

      Cuando el Poder Judicial emitió el cartel emitió un
pronunciamiento indicando que las miras aptas para los funcionarios
judiciales eran las de Tritum, es decir, las auto iluminadas, dejando
por fuera las foto luminiscentes.

      La empresa Koruma Lenex S. A., aceptó esta condición pero
pretendió modificarla al ofrecerle otro tipo de miras al Poder
Judicial, es decir, se apartó de los requerimientos del cartel y por
ello no cumplió con ofrecer lo solicitado por la Administración
Licitante siendo necesario un pronunciamiento de inelegibilidad.

      Resulta indispensable que se realice un nuevo estudio técnico
en el cual se analicen los argumentos arriba expuestos con el fin de
brindar los insumos adecuados para resolver en forma adecuada.

     En conclusión: Objeto el contenido del estudio técnico
presentado por haber omitido aspectos altamente relevantes que no
debieron haber escapado al ojo analítico del funcionario judicial que
                                                                          52


realizó el análisis.

     Para verificación de todo lo anteriormente expuesto hago
entrega de las siguientes muestras:

      1- Un Juego de Miras Nocturnas de Tritium.
      2- Un carro de Pistola de la Marca Beretta Modelo Px4 Storm
         con Miras Superluminova®.‖


      En virtud de la manifestación realizada por el señor Murillo, se
remitió copia a la Administración del Organismo de Investigación
Judicial, y mediante oficio 457-SEC/UA-08 de fecha 30 de julio
del año en curso, se obtuvo la siguiente respuesta:

      ―(…) En atención al oficio 6745-DP/10-08, de fecha 29 de
julio del presente, referente a la nota suscrita por el señor Pablo
Murillo, acerca de la Licitación Abreviada No. 2008SL-000066-
Prov, (sic) de ―Compra de Pistolas‖ me permito indicarle lo
siguiente:

     Las miras Superluminova, según información obtenida de la
página www. Bereta. Como se tiene que las miras para el modelo
adjudicado se definen de la siguiente manera:

      Luminiscentes Superluminova Vistas ®, intercambiables.
La alta definición de 3 puntos de vista sistema de indicadores de los
deportes blancos tratados con Superluminova ®, un material
fotosensible que hace muy visible incluso en la oscuridad. A pocos
minutos de exposición a la luz, incluso luz artificial, son suficientes
para garantizar larga duración de luminiscencia dots.The a la parte
trasera y delantera lugares pueden ser removidos por la sustitución
con otros tipos.

       Este tipo de miras reúne la característica indicada en el cartel
de : ― Miras de tres puntos nocturnas (tritium)‖, estas miras brillan
en la oscuridad y son de tres puntos, la palabra tritium entre
paréntesis es a manera de referencia para ubicar al oferente en el
sistema de brillo en la oscuridad, incluso en el oficio de decisión
inicial número 191-Sec/ua-08 se indicó Miras de tres puntos
nocturnas (tritium, brillo en la oscuirdad).

      Debido a lo anterior lo ofrecido por la empresa adjudicada no
                                                                         53


se considera que esté apartada de lo solicitado ni de los
requerimientos del cartel, por lo que se mantiene el criterio de la
primera adjudicación.‖

     De lo antes expuesto, tanto por la empresa Electromecánica
Pablo Murillo, como por la Administración del Organismo de
Investigación Judicial y lo establecido en el pliego de condiciones,
está Proveeduría llegó a la conclusión que de era necesaria una
nueva valoración técnica, por lo que se le traslado el oficio N°
6930-DP/10-2008, el 04 del presente mes, en los siguientes
términos:

     ―En atención al oficio 457-SEC/UA-08, en la cual esa
Secretaría se refirió a una nota presentada por el señor Pablo
Murillo referente al estudio técnico de la Licitación Abreviada
2008LA-000066-PROV, correspondiente a la ―Compra de pistolas
de 9 MM‖, con base en lo anterior, procedemos a exponer los
hechos que hasta este momento se pueden evidenciar en el
expediente administrativo:

     1)     El cartel solicitó armas con miras de tres puntos
            nocturnas (tritium)
     2)     La oferta de Electromecánica Pablo Murillo propone
            armas que cumplen a cabalidad con este tipo de
            mecanismo solicitado en el pliego de condiciones.
     3)     La empresa Koruma Lenex oferta armas, que si bien es
            cierto, tienen miras de tres puntos nocturnas, las
            ofertan del tipo (superluminova).
     4)     Que mediante oficio 433-SEC/UA-08 con criterio
            técnico de fecha 21 de julio del año en curso, esa
            Secretaría al realizar el análisis de las ofertas concluye
            que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo
            solicitado en el cartel.
     5)     Que con nota de fecha 25 de julio del año en curso, el
            señor Pablo Murillo, representante de Electromecánica
            Pablo Murillo, presenta una nota en la cual expone que
            existe un incumplimiento técnico en lo que oferta
            Koruma Lenex, ya que las pistolas que cotizan
            presentan un sistema de miras diferente a lo solicitado
            en el pliego de condiciones, situación que se debe
            considerar como un incumplimiento técnico de las
            especificaciones del cartel.
     6)      Que mediante oficio 457-SEC/AU-08, se mantiene el
                                                                        54


            criterio técnico en el sentido de que el sistema
            Superluminova      cumple con las especificaciones
            solicitadas en el cartel, ya que al establecerse en el
            pliego de condiciones a (tritium) debió entenderse que
            es a manera de referencia.

      Sobre lo señalado anteriormente, considera esta Proveeduría,
que es necesario que esa Secretaría entre nuevamente a valorar este
punto, por que es evidente que el mecanismo es diferente para las
armas con miras tritium, para estas, no se requiere de la exposición
a luz, para que brillen en la oscuridad, mientras que para el tipo
superluminova, para que brillen en la oscuridad es necesario que
antes halla una exposición a la luz sea natural o artificial.

      De los dos informes emitidos por esa Secretaría se puede
concluir, que cualquiera de los dos tipos de armas van a lograr el
objetivo requerido, aunque el mecanismo para lograrlo es diferente,
no obstante, se debe tener claro que el cartel especificó (tritium),
sea, que la única oferta que está cumpliendo a cabalidad con las
condiciones del cartel es la de Electromecánica Pablo Murillo y el
venir a señalar, ahora, que la oferta de Koruma Lenex cumple, crea
una ventaja indebida a su favor, ya que si cualquier otro oferente
hubiera tenido conocimiento que se aceptaría miras del tipo
superluminova, tal vez, las hubiera podido cotizar a un menor
precio, además, esa Secretaría debe considerar que este tipo de
cambio en las especificaciones técnicas, está fuera de tiempo, no
procede y viene a repercutir en el precio cotizado por los oferentes.

      Así las cosas, quedamos a la espera de una nueva valoración o
en su defecto de que esa Secretaría solicite se declare desierto el
procedimiento, por cuanto, no sólo con las especificaciones dadas
en el cartel se podría lograr satisfacer las necesidades
institucionales.‖

     Criterio técnico

    Mediante oficio 473-SEC/UA-08, de fecha 06 de agosto del
año en curso,      el licenciado    Mauricio Fonseca Umaña,
Administrador del Organismo de Investigación Judicial, señaló:

      ―(…) En atención a su oficio 6930-DP/10-08, referente a la
licitación abreviada 2008LA-000066-PROV ―compra de de (sic)
pistolas 9 mm‖, esta Unidad Administrativa rectifica la
                                                                          55


adjudicación, valorando lo mencionado en su nota, toda vez que el
criterio de lo solicitado en las miras no puede tomarse como
referencia, sino que debe respetarse como una solicitud específica,
esto en concordancia con la sana administración y así no crear
ventajas indebidas.

      Por consiguiente la casa comercial Electromecánica Pablo
Murillo, es la nueva adjudicataria del proceso, debido a que el
contenido presupuestario es de 160.000.000 millones, se solicita
ajustar la cantidad a 468 armas.

     Referente al precio de ambas casas comerciales se considera
que se encuentran dentro de los parámetros de mercado y no son
ruinosos, estos parámetros se encuentran entre los 320.000 y los
407.000 colones.‖

      En atención a lo anterior y realizados los cálculos se determina
que la compra para el Organismo de Investigación Judicial se puede
realizar en 467 unidades, en ajuste al presupuesto existente y 1 para
la Defensa Pública.

     4. Prevenciones:

       Una vez realizado el estudio de las ofertas, tanto el de índole
técnico como legal, se concluye que para este procedimiento
licitatorio no es necesario cursar prevenciones.

     5. Análisis de precios:

      En cuanto al análisis de los precios cotizados según el criterio
técnico emitido por la Administración del Organismo de
Investigación Judicial, se puede concluir que los precios pretendidos
tanto por Electromecánica Pablo Murillo S. A. y Koruma Lenex
Seguridad, S. A., son razonables, o sea que no son excesivos ni
ruinosos.

     6. Análisis y valoración:

     De lo hasta aquí expuesto, tanto en el estudio de carácter legal
como criterio técnico, se procederá con el análisis y valoración de las
dos ofertas recibidas a concurso, a saber: Electromecánica Pablo
Murillo, S. A. y Koruma Lenex Seguridad, S. A.
                                                                          56


      Electromecánica Pablo Murillo, S. A.: esta oferta cumple a
cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de
condiciones, además de ofrecer un precio que se considera razonable.
Así las cosas, puede tenerse como posible adjudicataria.

      Koruma Lenex Seguridad, S. A.: esta oferta según el criterio
legal, presenta un condicionamiento en la forma de pago establecida,
ya que el cartel fue claro en establecer las modalidades de pago
aceptadas contemplando en el mismo como viable la ―carta de
crédito‖ como forma de pago para ofertas provenientes del extranjero,
no procediendo el uso del crédito documentario para oferentes
nacionales. Al no estar contemplada como forma de pago para este
concurso, la carta de crédito local, se concluye que no se ajusta a los
términos de pago estipulados en el cartel. Aunado a ello, este
oferente presenta un incumplimiento en las características técnicas,
específicamente en el tipo de miras que usan las pistolas, ya que el
cartel solicitó tipo tritium (que brillan en la oscuridad sin necesidad
de que se expongan a la luz) y Koruma Lenex oferta pistolas con
miras del tipo superluminova (requieren de exposición de luz, sea
natural o artificial para que alumbren en la oscuridad). Así las cosas,
se concluye que esta oferta presenta incumplimientos que tornan la
oferta inadmisible a concurso.

     7.     Evaluación de ofertas:

      En el presente concurso no se aplicó el sistema de evaluación
establecido en el cartel, en vista de que sólo una de las ofertas
recibidas a concurso cumplió a cabalidad con las condiciones y
especificaciones técnicas solicitadas. Así las cosas, la oferta que
resulta ganadora al concurso es Electromecánica Pablo Murillo, S.
A.

     Es importante señalar, que en este concurso se cuenta con un
presupuesto correspondiente al Organismo de Investigación Judicial
de ¢160.000.000,00 y correspondiente a la Defensa Pública de
¢415.872,00, razón por lo cual se deberá proceder según se previó
en el cartel, cláusula 2, aparte ―Observaciones‖, a realizar un
rebajo en las cantidades a comprar. Esta solicitud de rebajo se
encuentra debidamente documentada mediante el oficio 473-
SEC/UA-08 en el expediente de la licitación. El rebajo en las
cantidades se fundamenta en la carencia de recursos
presupuestarios, y se detalla a continuación:
                                                                            57


                                Cuadro N° 1
              Licitación Abreviada N°2008LA-000066-PROV
                       Compra de pistolas de 9 MM
Cuadro en el que se rebajan las cantidades a comprar, según solicitud de la
        Administración del Organismo de Investigación Judicial

Cantidad solicitada en el cartel Cantidad a rebajar Cantidad a comprar
             501                         33                 468
      De las cuales 467 se asignarán al Organismo de Investigación
      Judicial y 1 a la Defensa Pública.


           8.    Recomendación:

           Por las circunstancias que concurren en el presente
      procedimiento de contratación y los razonamientos acreditados, esta
      Proveeduría luego de verificar la existencia y disponibilidad de
      recursos presupuestarios, según Solicitud de Pedido N° 281188,
      con cargo en la subpartida 5.01.99 ―Maquinaria y equipo diverso‖,
      programa 928, IP= 23, por la suma de ¢160.000.000,00 y la
      Solicitud de Pedido N° 280226, con cargo en la subpartida 5.01.99
      ―Maquinaria y equipo diverso‖ programa 930, IP=32, por la suma
      de ¢418.643,00, donde se observa que existen suficientes fondos
      para amparar la adquisición del objeto de contrato con los rebajos
      indicados, recomienda adjudicar la presente licitación a:

           Electromecánica Pablo Murillo, S. A., cédula jurídica Nº 3-
           101-333037, según el siguiente detalle:

            468 Pistolas calibre 9 MM, marca SIG SAUER®, con las
      siguientes características:
            Modelo SP2022
            Fabricado en EE.UU.
            Calibre 9MM
            Capacidad del cargador 15 tiros
            Cantidad de cargadores 3 por arma
            Miras de tres puntos nocturnas de tritium SIGLITE®
            Ancho del arma 3.56 cms (1.40‖)
            Alto del arma 14.48 cms (5.70‖)
            Peso del arma sin cargador 0.771 kg
            Largo del cañon 9.91 cms (3.9‖)
            Largo total del arma 18.8 cms (7.40‖)
            Acabado del carro, material acero inoxidable con acabado
                                                                            58


       NITRO®, altamente resistente a la corrosión, color negro no
       reflectivo.
             Seguro tipo Decoker Ambidiestro (desconector de martillo),
       no tiene seguro de cargador.
             Expulsor del cargador reversible
             Pistola doble acción, acción sencilla con palanca de desarme
       del martillo, tipo Decoker
             Marco de polímero, con puños cambiables
             Las pistolas incluyen rieles para la rápida instalación de
       accesorios como focos
             Cada arma incluye un kit de limpieza completo con aceite,
       solvente, baqueta, cepillo de bronce.
             Cada arma incluye cartuchera táctica de polímero para el
       modelo del arma
             Se incluye un juego de herramientas especiales de armero por
       todo el lote
             Incluye manual de usuario uno por cada arma
             Incluye un manual del armero por el lote
             Garantía contra defectos de fabricación: 30 meses en
       condiciones normales de uso
             Plazo de entrega: 75 días hábiles para la entrega de los
       documentos de exoneración y 5 días hábiles adicionales para la
       entrega definitiva.

            Con un precio unitario de $615,00 para un precio total por
       las 468 pistolas de $287.820,00, equivalentes al tipo de cambio
       de 1US$=¢556,90 (08-08-08) para un precio unitario en colones
       de ¢342.493,50 y un precio total en colones de ¢160.286.958,00

            Gran total recomendado a adjudicar               para    este
       procedimiento licitatorio ¢160.286.958,00

           Demás características y condiciones, según el pliego de
       condiciones y la oferta.”
                                     -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras

del Poder Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de
                                                                         59


Contratación Administrativa y la recomendación formulada por el

Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se

dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2008LA-000066-PROV,

denominada ―Compra de pistolas de 9MM‖, a la empresa:

      Electromecánica Pablo Murillo, S. A., cédula jurídica Nº 3-101-333037,

      según el siguiente detalle:

      468 Pistolas calibre 9 MM, marca SIG SAUER®, con las siguientes

características:

      Modelo SP2022

      Fabricado en EE.UU.

      Calibre 9MM

      Capacidad del cargador 15 tiros

      Cantidad de cargadores 3 por arma

      Miras de tres puntos nocturnas de tritium SIGLITE®

      Ancho del arma 3.56 cms (1.40‖)

      Alto del arma 14.48 cms (5.70‖)

      Peso del arma sin cargador 0.771 kg

      Largo del cañon 9.91 cms (3.9‖)

      Largo total del arma 18.8 cms (7.40‖)

      Acabado del carro, material acero inoxidable con acabado NITRO®,
                                                                           60


altamente resistente a la corrosión, color negro no reflectivo.

        Seguro tipo Decoker Ambidiestro (desconector de martillo), no tiene

seguro de cargador.

        Expulsor del cargador reversible.

        Pistola doble acción, acción sencilla con palanca de desarme del

martillo, tipo Decoker.

        Marco de polímero, con puños cambiables.

        Las pistolas incluyen rieles para la rápida instalación de accesorios

como focos.

        Cada arma incluye un kit de limpieza completo con aceite, solvente,

baqueta, cepillo de bronce.

        Cada arma incluye cartuchera táctica de polímero para el modelo del

arma.

        Se incluye un juego de herramientas especiales de armero por todo el

lote.

        Incluye manual de usuario uno por cada arma.

        Incluye un manual del armero por el lote.

        Garantía contra defectos de fabricación: 30 meses en condiciones

normales de uso.

        Plazo de entrega: 75 días hábiles para la entrega de los documentos de
                                                                                 61


exoneración y 5 días hábiles adicionales para la entrega definitiva.

      Con un precio unitario de $615,00 para un precio total por las 468

pistolas de $287.820,00, equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢556,90

(08-08-08), para un precio unitario en colones de ¢342.493,50 y un precio

total en colones de ¢160.286.958,00.

      Gran total a adjudicar: ¢160.286.958,00.

      Demás características y condiciones, según el pliego de condiciones y la

oferta.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO IX

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio Nº 7052-DP/09-08 de 12 de agosto en curso, manifestó

lo siguiente:

                 ―En referencia a la Contratación Directa Nº 2008CD-
          000467-PROV “Alquiler de local para alojar al Tribunal Penal
          del III Circuito Judicial de San José, sede suroeste”, remitimos a
          usted la documentación adjunta, para que sea sometida a
          conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que tomen el
          acuerdo que consideren conveniente.

                En este sentido, es importante indicar que el plazo de 20 días
          hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
          generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 19 de
          agosto del 2008.

                Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
                                                                        62


Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
se determinó que:

      1. Ofertas presentadas

      1.1 Para el procedimiento de contratación se recibió:

      N° 1. LA TEJONA S.A., cédula jurídica N° 3-101-018266,
por una renta mensual de $18.810,00.

      2. Análisis legal de la oferta:

       2.1 Mediante el oficio 6650-DP/09-08 de 24 de julio del año
en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de la oferta recibida, para lo
cual se señaló:

       ―Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de
la única oferta recibida en la Contratación Directa N° 2008CD-
000467-PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar al
Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, sede
suroeste”, para lo cual adjunto el respectivo expediente
administrativo.

       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la oferta
y qué defectos u omisiones es subsanable, seguidamente se detallan
los aspectos más relevantes que se han advertido producto de la
revisión inicial de los documentos aportados en la oferta, respecto
de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la Sección a su
cargo.

          1. OFERTA N° 1 LA TEJONA S.A:

       1. No aporta constancia que indica si se encuentran al día en
   el pago de sus obligaciones con la seguridad social, se procede a
   realizar la consulta en el ―Sicere‖, instalado en la Proveeduría,
   el cual indica que no aparece inscrita como patrono

       En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
                                                                          63


Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.‖

       2.2 Mediante oficio N° 1273-DE/AL-08 recibido el 29 de
julio del 2008, la licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefa
a.í. de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al
referirse al estudio legal de la oferta recibida, señaló:

       ―En respuesta al oficio # 6650-DP/09-08 de 25 de julio en
curso, suscrito por la Licda. Mauren Venegas Méndez, Jefa a. i. del
Subproceso de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el
análisis legal de la propuesta de La Tejona S.A., recibida en la
Contratación Directa N° 2008CD-000467-PROV, cuyo objeto es
el “Alquiler de local para ubicar al Tribunal Penal del III
Circuito Judicial de San José, sede suroeste”; me permito
referirle que por tratarse de un procedimiento en el que participa un
único oferente, deben aplicarse los reiterados criterios de esta
Asesoría, en cuanto a la posibilidad de solicitarle que aporte
cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta, y si
es del caso, se ajuste a los requerimientos cartelarios. En cuanto a
que no aparece inscrita esta sociedad como patrono, debe
solicitársele que explique la razón por la cual no cotiza para la
Seguridad Social, dado que la actividad arrendaticia que realiza le
genera remuneración, como se ha explicado en los reiterados
criterios de esta Asesoría, donde se citó el artículo 1 del Reglamento
para la Afiliación de los Trabajadores Independientes, el cual es
amplio al manifestar que es obligatorio para cualquier actividad
generadora de ingresos y no se encuentra dentro de las excepciones
que establece el artículo 4 de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense del Seguro Social.

       Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el (sic) negocio,
se protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.‖

      3. Prevención
                                                                           64


     3.1 En vista del informe legal, se procedió a realizar la
prevención, para que la oferente aclarara el por qué no es patrono
ante la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual fue atendida,
mediante nota recibida el 04 de agosto en curso, por el señor
Rodolfo Carvajal Herrera, representante legal de La Tejona S.A.

     3.2 Con oficio 6952-DP/09-08 del 05 de agosto en curso, se
remitió dicha nota a la Sección de Asesoría Legal, con el fin de que
emitiera el criterio correspondiente, en el sentido de que, sí es válida
la justificación presentada por La Tejona S.A. Como respuesta a
nuestra solicitud con oficio 1356-DP/09-08 recibida el 07 de agosto
en curso, la licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefa de esa
Sección, manifestó: ―…, me permito referirle que esta Asesoría
estima que no existe inconveniente legal sobre lo justificado por el
señor Carvajal Herrera, en ese sentido, por la condición en que (sic)
oferta en este caso, no es necesario solicitarle la certificación de
cotización ante la Seguridad Social.‖

      4.     Solicitud de informes técnicos

       4.1 Mediante oficios 6455 y 6460-DP/09-08, de fecha 18 de
julio de 2008, se remitió copia de la oferta presentada para la
contratación directa, a los Departamentos de Servicios Generales y
Seguridad, respectivamente, con el fin de que se realizara la
valoración técnica del inmueble ofertado.

      4.2   Análisis técnico

       4.2.1 Mediante oficio N° 923-05-SG-08, recibido el 25 de
julio del año en curso, el Ing. Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios
Generales, remite el informe técnico número 248-10-ai-08,
realizado por el arquitecto Luis Umaña Ugalde, Profesional 2 de ese
Departamento, en conjunto con el Departamento de Seguridad. En
el mismo se indica lo siguiente:

       ―En referencia al oficio 6455-DP/09-2008, concerniente a las
oferta recibida para arrendar un local para el Tribunal Penal del
III Circuito Judicial de San José, le informo:

      OFERTA ÚNICA:

      Oferente:
                                                                         65


      La Tejona S.A.

      Ubicación:
      200 metros norte, de la Librería Internacional ubicada en el
Bulevar de Pavas.




      Área constructiva:
      No se han realizaron (sic) mediciones detalladas en el sitio,
Según detalla la oferta se ofrece un área constructiva útil de 1.254
metros cuadrados.

      Precio de arriendo:
       $ 18.810,00, mensuales para un estimado de $15.00 por
metro cuadrado. Dichos montos son equivalentes a ¢ 10.458.360,00
mensuales para un valor de ¢8.340,00 mensuales por cada metro
cuadrado de construcción.

       Condiciones del Inmueble:
       El inmueble ofertado es un edificio esquinero de 3 pisos. El
mismo se encuentra en proceso de remodelación.
       La zona, donde se ubica el local, constituye un barrio
residencial de clase alta. Se localiza al costado este de la carretera
de circunvalación y el lindero oeste del edificio colinda con una
calle de acceso a la misma.
       La el (sic) inmueble es un (sic) edificación construida hace
                                                                         66


más de 20 años, para ser utilizada como apartamentos residenciales.
Y como se indicó, se encuentra en proceso de remodelación.
Presenta por el momento muy pocas divisiones internas, dado que la
mayoría se han demolido para adecuar su distribución interna.

           El inmueble dispone de aproximadamente 418 metros
cuadrados por piso. Su esquema de distribución en planta libre con
un patio central que refuerza la iluminación y ventilación natural de
los espacios internos. (Ver anexo)

      Las condiciones del local requieren que se efectúen trabajos
extensos de remodelación y de construcción; asimismo como de
mejora sustancial en sus acabados generales.

       El espacio que brinda el inmueble podría acoger las
funciones requeridas por el Tribunal Penal del III Circuito Judicial
de San José, siempre y cuando se ejecuten obras de remodelación y
construcción bastante amplias. Los propietarios del inmueble,
consientes (sic) de dicha condición, están anuentes a realizar las
obras de acuerdo a los diseños y condiciones establecidas por el
Poder Judicial con el fin de solventar las necesidades específicas del
despacho. Ellos ofrecen que las obras podrían demorar
aproximadamente 4 meses, posteriores a la firma del contrato y a la
definición de la distribución interna.

      En forma general las obras requeridas deben incluir:

     Construcción de al menos 12 oficinas, 5 salas de juicios,
atención y espera de Publico (sic), 2 salones de despacho, servicios
sanitarios para Público (según ley 7600), servicios sanitarios para
personal, bodega, cocina-comedor, archivos y una celda.
     Sustitución del sistema electro-mecánico, sistema telefónico y
sistema de computo.
    Instalación de un Ascensor.
    Construcción de escalera de Emergencia y salida adicional.
    Construcción de parqueos y cubierta de acceso peatonal.
    Pintura General.
    Sistemas de Seguridad.
    Reparación de techos, cielos y sistema pluvial.
    Sustitución del Ventanería.
     Mejoras sustanciales de acabados de piso, repellos, enchapes,
portones, etc.
    Reparación de caseta de vigilancia.
                                                                        67


   Otras obras menores.

       El costo de arriendo del inmueble, es bastante alto y se
encuentra dentro de los rangos existentes para la mayoría de
Oficentros (sic), de reciente construcción que se encuentran en la
zona. Recordemos que dichos espacios ofrecen servicios
complementarios de seguridad, aire acondicionado, limpieza,
parqueo bajo techo, acabados de lujo y otros. Los precios de dichos
espacios corresponden a opciones de arriendo con calidades
constructivas, servicios complementarios y acabados de lujo que
sobrepasan los ofrecidos en éste inmueble.
       El costo de arriendo establecido requiere disponer de un
presupuesto anual superior a los ¢125 millones de colones para el 1
año. Se proyectaría un arriendo por ¢ 144 millones para el año 2 y
aproximadamente ¢ 165 millones para el 3 año.
       El valor de arriendo de ¢ 8.340.00 mensuales por cada metro
cuadrado de construcción constituye un valor excesivo para las
condiciones del inmueble y los servicios en el se dispondrían. Dicho
valor duplicaría el costo más alto por metro cuadrado que se paga
en la actualidad. En la planilla de pagos de arriendos constituiría,
aproximadamente un incremento del 16 % del gasto para el último
semestre del 2008, en el pago de arriendos para San José.
       La posibilidad de acondicionar el inmueble, a las necesidades
espaciales particulares que solicita el Poder Judicial, es una
condición sumamente difícil de encontrar para la zona. Ello dado
que la mayoría de inmuebles existentes son casas de habitación o
locales comerciales que no disponen del área que se requiere para
alojar las funciones, equipo, documentación y funcionarios que el
despacho dispondría. Las características particulares de
funcionamiento requieren espacios especialmente diseñados para
ello. Difícilmente se lograría encontrar un local que exista con los
espacios requeridos.       El encontrar un local que brinde todo ello
es sumamente difícil (sic) para la zona. Por ello es que el local
ofrece condiciones espaciales casi inmejorables.
       La factibilidad de arriendo será determinada por las
posibilidades de la Administración para hacer frente a los pagos.
       Mediante el oficio 25-SEG/LOC-2008, el Departamento de
Seguridad establece las siguientes condiciones de la oferta recibida:
2.
3. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

      I. OBJETIVO:
                                                                            68


           Valoración de las condiciones del local para un posible
    traslado del Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, de
    acuerdo a la petición solicitada por el Departamento de Proveeduría,
    según oficio 6460-DP/09-2008.
          II.   METODOLOGÍA:
          La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo Vega,
    Asistente de Seguridad, señor Allan León Villalobos, Técnico en
    Salud Ocupacional, ambos servidores del Departamento de
    Seguridad, y el Arquitecto Luis Umaña Ugalde, del Departamento
    de Servicios Generales.

          III. DIAGNÓSTICO
         Basándose en la aplicación de la metodología antes
    mencionada, se determinó lo siguiente:

      1. El local se ubica en Barrio Rohrmoser, Pavas, 200 oeste y 100
    norte de la casa de Óscar Arias.

ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

       1. El local se compone de tres pisos, sin divisiones internas. El
    mismo en este momento está en proceso de remodelación y se
    evidencia falta de mantenimiento.
       2. Cuenta con buena iluminación tanto natural como artificial.
       3. Según la evaluación se debe colocar:
       Alambre navaja a su alrededor.
       Verjas a las ventanas.
       Mejorar las condiciones de seguridad de la escalera tipo caracol.
       Pasamanos a ambos lados de las gradas internas.
       En el primer piso por el patio de luz, alzar la tapia y colocar
    alambre navaja.
       En el primer piso construir un servicio sanitario para personas
    con discapacidad, que cumpla con lo establecido en la ley 7600.
       Sistema de alarmas compatibles con las del Poder Judicial.

       Conclusiones Generales:

          El local ofertado espacial y constructivamente podría
    acondicionarse para alojar el Tribunal Penal del III Circuito
    Judicial de San José, siempre y cuando se realicen los trabajos
    indicados.
                                                                        69


      El local evaluado en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, reúne las condiciones para alojar el despacho en
estudio, debe tomar en cuenta los aspectos antes mencionados.
      El precio ofertado es considerado muy elevado; pero constituye
una de las pocas construcciones que existen disponibles en la zona,
con expectativas de alojar el despacho. Las posibilidades de pago
dependerán de la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial.‖

        4.2.2 En virtud de que el precio del alquiler cotizado por la
oferente, se considera elevado, con oficio 7069-DP/09/08 del 08 de
agosto en curso y al amparo de los artículos 14, 28 y 30 del
Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, se solicitó a la
oferente indicar los motivos que subyacen para que el precio
cotizado varíe tanto en relación con el indicado por el Arq. Umaña
Ugalde y si era factible obtener un descuento en el monto del
precio.

         4.2.3 Como respuesta a nuestra solicitud, mediante correo
electrónico del 11 de agosto en curso, el señor Carlos López León,
en su condición de Tesorero de La Tejona S.A., manifestó:

       ―Con relación a su nota enviada con fecha de 08 de agosto
con respecto a el proceso de contratación Directa No 2008D-
000467-PROV de "Alquiler de local para alojar al Tribunal Penal
del III Circuito Judicial de San José, sede suroeste", permítame
aclararle lo siguiente:

      El costo total de la remodelación de acuerdo a sus
especificaciones y las del arquitecto Luis Umaña Ugalde
Profesional 2 de la Unidad de Arquitectura e Ingeniería del
Departamento de Servicios Generales tienen un costo total a los
USD $300.000,00.
      No entendemos a que llama el profesional en cuestión
―excesivo‖, ya que como usted puede investigar, el costo por metro
cuadrado de cualquier edificio para la venta en las zonas AAA
como lo es ésta, tienen un costo de alrededor de los USD $ 2.000.00
el metro cuadrado en obra gris.
      Si usted une estos dos ítems, nos refleja un costo total por
metro cuadrado de USD $ 2.239.23 por metro cuadrado, en el caso
nuestro es por el edificio terminado de acuerdo a sus
especificaciones y no en obra gris que sería el precio reflejado de
los USD $ 2.000.00 por metro cuadrado. Además, de acuerdo a los
precios del mercado en los fondos inmobiliarios, el costo del
                                                                           70


alquiler debería ser el 1% del valor mensual, esto nos daría de
acuerdo a los números anteriores USD $ 22.39 por metro cuadrado
para el alquiler, el cual tiene una variación significativa si vemos el
precio del mercado para este tipo de edificios que es de USD $
25.00 por metro cuadrado de acuerdo a los mercados de Bienes
Raíces.
       En el caso de nuestra oferta para con ustedes, hemos definido
un precio de USD $ 15.00 por metro cuadrado, el cual, sabemos es,
lejos de “excesivo”, todo lo contrario el mejor que pueden ustedes
encontrar en el mercado de este sector. Claro, seguramente habrá
edificios con mejores precios en las zonas marginales de la ciudad.
       Sabedores de haber realizado un (sic) oferta razonable para el
Poder Judicial, no solamente NO estamos de acuerdo en variar esta
oferta, sino que de acuerdo al procedimiento vigente en el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, les
concedemos un plazo de diez días naturales para presentar la
propuesta de contrato de arrendamiento o en su defecto la nota de
desestimación a nuestra oferta de alquiler, para que ambos evitemos
una perdida de tiempo mayor y logremos así atender las diferentes
ofertas pendientes en nuestras oficinas.
       Como nota aclaratoria queremos dejarles en claro que el valor
del edificio, una vez terminado sería de USD $ 3.072.300.00 por lo
que podríamos pretender un alquiler mucho mayor al referido.‖

      5. Mejoras al inmueble:

         5.1 De acuerdo con el criterio técnico emitido por los
Departamentos de Servicios Generales y Seguridad, en el informe
anteriormente transcrito, se solicitó con oficio 6775-DP/09-08, de
fecha 30 de julio de 2008, al señor Carlos A. López León,
representante de La Tejona S.A., manifestar su anuencia por escrito
a realizar la mejoras solicitadas por esos Departamentos, a saber:

   1. Construcción de al menos 12 oficinas, 5 salas de juicios,
           atención y espera a público, 2 salones de despacho,
           servicios sanitarios para público (según Ley 7600), servicios
           sanitarios para personal, bodega, cocina-comedor, archivos
           y una celda.
   2. Sustitución del sistema electro-mecánico, sistema telefónico y
           de cómputo.
   3. Instalación de un ascensor.
   4. Construcción de escalera de emergencia y salida adicional.
   5. Construcción de parqueos y cubierta de acceso peatonal.
                                                                           71


   6. Pintura general.
   7. Sistemas de seguridad.
   8. Reparación de techos, cielos y sistema pluvial.
   9. Sustitución de ventanería.
   10.     Mejoras sustanciales de acabados de piso, repellos,
              enchapes, portones.
   11.        Reparación de caseta de vigilancia.
   12.        Otras obras menores: Rodapies y cornizas, puertas,
              cerrajería, candados y llavines amaestrados.
   13.        Reparación de: aceras, portones y rejas.
   14.        instalación de alambre navaja en tapias.
   15.        Instalación de: pasamanos, barandales y cintas
              antideslizantes en escaleras.
   16.        Mejorar las condiciones de seguridad de la escalera tipo
              caracol.
   17.        Instalación de lámparas de emergencia.
   18.        Instalación de verjas en las ventanas.
   19.        Reparación de fisuras de repellos.
   20.        Drenajes de piso.
   21.        Mueble de Fregadero
   22.        Enchape y accesorios de los servicios sanitarios.
   23.        Señalamiento de parqueos, y salidas de emergencia.
   24.        Sistema de alarmas compatibles con las del Poder Judicial.
   25.        Jardinería y áreas verdes.‖

       5.2 Mediante nota recibida el 04 de agosto del año en curso,
el señor Rodolfo Carvajal Herrera, apoderado generalísimo sin
límite de suma de La Tejona S.A., acepta realizar las mejoras
indicadas, en el plazo de 136 días a partir del comunicado del
refrendo del contrato, con excepción de la sustitución del sistema
electro-mecánico, telefónico y de cómputo, en virtud de que no se
encontraban incluidas en el cartel de contratación. Cabe indicar,
que en criterio el señor Carvajal Herrera lleva razón, por cuanto
estos requerimientos no se contemplaron en el pliego de
condiciones y por lo tanto, es competencia de la Administración
asumir con recursos propios el tendido telefónico y de cómputo,
como se ha hecho en los locales alquilados que lo requieren, así
como también, el reamaestramiento de los llavines, por lo tanto,
estos aspectos quedan excluidos de la lista de mejoras indicadas
anteriormente.

         6.     Valoración y análisis
                                                                        72


      6.1 Conforme a lo señalado en los informes tanto de la Sección
de Asesoría Legal, como de los Departamentos de Servicios
Generales y Seguridad, para el presente concurso se recibió una
única oferta, correspondiente a la sociedad LA TEJONA S.A.,
cédula jurídica 3-101-018266, por una renta mensual de $18.810,00,
la cual desde los puntos de vista legal y técnico, cumple con los
requerimientos establecidos en el cartel.

      7.    Análisis de precios

       7.1 Tal y como se indica en el informe técnico anteriormente
transcrito, partiendo de que el precio pretendido es de $18.810,00
mensuales y que el área ofertada es de aproximadamente 1.254
metros cuadrados, el costo sería de $15.00 por metro cuadrado de
construcción (equivalentes al tipo de cambio de venta de 1US$
556.91 de 07/08/08, para un total en colones de ¢8.353,65, para un
total mensual de ¢10.475.477,10), valor que de conformidad con el
criterio técnico se considera elevado, ya que los precios de mercado
que se pagan en la zona de Pavas son de aproximadamente
¢4.500,00 por metro cuadrado de construcción; sin embargo, tal y
como lo indica el arquitecto Umaña Ugalde en el informe
anteriormente transcrito: ―La posibilidad de acondicionar el
inmueble, a las necesidades espaciales particulares que solicita el
Poder Judicial, es una condición sumamente difícil de encontrar
para la zona. Ello dado que la mayoría de inmuebles existentes son
casas de habitación o locales comerciales que no disponen del área
que se requiere para alojar las funciones, equipo, documentación y
funcionarios que el despacho dispondría. Las características
particulares de funcionamiento requieren espacios especialmente
diseñados para ello. Difícilmente se lograría encontrar un local que
exista con los espacios requeridos. El encontrar un local que brinde
todo ello es sumamente difícil (sic) para la zona. Por ello es que el
local ofrece condiciones espaciales casi inmejorables. La
factibilidad de arriendo será determinada por las posibilidades de la
Administración para hacer frente a los pagos.‖. Al respecto, se
debe agregar que lleva razón el Arq. Umaña Ugalde al indicar que
el edificio ofrecido por La Tejona S.A., es uno de los pocos locales
que existen disponibles en esa zona y que pueden albergar el
despacho de interés, dadas las dimensiones del inmueble que se
requiere. En esta línea, es necesario también valorar que existe el
compromiso del propietario de realizar las mejoras al local, las
cuales se indicaron anteriormente y permitirán contar con un local
ajustado a los requerimientos de la institución. Además, tal y como
                                                                        73


se indicará más adelante existe contenido presupuestario para hacer
frente a esta erogación. Así las cosas, dada la urgencia que tiene la
institución de contar con un local que permita alojar al Tribunal
Penal del III Circuito Judicial, sede suroeste, a pesar de que su
precio se considere elevado, existen razones de oportunidad y
conveniencia que justifican tomar dicho local en arriendo.

      Cabe aclarar que, el avalúo del inmueble fue realizado por
personal especializado de la Unidad de Control de Obra de este
Poder de la República.

      8.    Contenido presupuestario:

       8.1 Con oficio 669-P-2008, de fecha 10 de marzo de 2008, el
MSc. Walter Jiménez Sorio, jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programa 927, IP 34 subpartida 1.01.01, la
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes
para cubrir por el resto del año el pago del alquiler por la suma de
¢49.136.697,00.

      9. Justificación para tramitar una Contratación Directa

       9.1 Tal y como se indicó en el oficio 5833-DP/09-08 de
decisión inicial, recibido en esa Dirección Ejecutiva el 26 de junio
en curso, los elementos que justifican la aplicación de una
Contratación Directa por excepción, están basados en los artículos
125, 126, 127 y 131 J) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Así las cosas, procede promover una contratación
directa, bajo el supuesto del artículo 131 inciso J) Arrendamiento o
compra de bienes únicos, el cual reza: ―(...) La compra o
arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza
condiciones y situación se configuren como el más apto para la
finalidad propuesta... (...) la Administración podrá pactar el
arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de
construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o
comerciales, según los términos que las partes convengan...‖

      Al respecto es importante recodar que, mediante Acta No. 8
―Reunión de trabajo de presupuesto 2008 – artículo III‖, se
recomienda la creación del Tribunal Penal del Circuito Judicial de
San José, sede en Pavas a partir del 2008, propuesta que fue
aprobada en la sesión del lunes 3 de diciembre de 2007, artículo
                                                                         74


XXI, por Corte Plena.

       Después de realizar tres licitaciones sin éxito, la licenciada
Vivian Chacón Madrigal, Jefa Administrativa del I Circuito Judicial
de San José, informó al Departamento de Servicios Generales, sobre
el local ofrecido por La Tejona S.A., el cual podía servir para ubicar
al Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, sede
suroeste, por lo que, el arquitecto Luis Umaña Ugalde, Profesional 2
del Departamento de Servicios Generales, realizó una visita a la
zona, en coordinación con la MSc. Martha Leiva Zúñiga y el Bach.
Christian Quirós Vargas, profesionales de la Administración, y llegó
a la conclusión que el mismo podría ajustarse a las necesidades
institucionales. Es importante indicar que dicho local presenta las
siguientes ventajas:

a. El inmueble posee un área constructiva de aproximadamente
   1254 m² de construcción, distribuido en tres pisos de
   aproximadamente de 418 m² cada uno, propuesto es una opción
   viable, por cuanto dispone de una excelente ubicación, ya que
   se encuentra cerca de las otras oficinas judiciales y facilita el
   acceso para el usuario.

b. El tomar en arriendo el local ofrecido por La Tejona S.A., es una
   excelente oportunidad, ya que, su estructura permite variar la
   adecuada distribución del personal con posibilidades de
   crecimiento.

c. Existe anuencia de la oferente por adecuar el inmueble a las
   necesidades del despacho a ubicar, así como, la instalación de un
   ascensor.

d. Cuenta con una seguridad óptima, dado que la edificación esta
   rodeada de portones metálicos.

e. El local está disponible para ser ocupado en cualquier momento,
   arriendo que no ha sido posible consolidar en vista de que en la
   zona de Pavas, escasean locales con las dimensiones ofrecidas.

f. Después de haber visitado varias edificaciones en la zona, sin
   haber obtenido ningún resultado y realizado tres años
   procedimientos licitatorios, se considera que la edificación es
   uno de los pocos edificios que existen disponibles en la zona de
   Pavas, además, cumple con la finalidad de trasladar al Tribunal
                                                                          75


   Penal del III Circuito Judicial de San José, sede suroeste.

       9.2 El objetivo de esta contratación es dotar a la institución
de un inmueble, con condiciones satisfactorias de seguridad,
espacio y ambiente sano, tanto para los servidores judiciales como
para el usuario. Este local dispone de flexibilidad para adecuarlo a
las exigencias del despacho judicial a ubicar, cumple a cabalidad
con los requerimientos necesarios, todo lo cual coadyuva para cubrir
la necesidad existente, cual es brindar un servicio eficiente y
oportuno al administrado. Por ello, la naturaleza, ubicación,
condiciones y situación configuran al inmueble, como el más apto
para los intereses del Poder Judicial, y lo que hace que está
contratación se ubique dentro de los supuestos establecidos en la
normativa señalada.

       Son estos antecedentes así como las características propias
del inmueble que se señalan en el informe técnico tales como: la
calidad de la construcción, flexibilidad de la distribución
arquitectónica, área de construcción, ubicación y la seguridad del
inmueble; las que satisface el interés público perseguido y cuyo
cumplimiento deriva del informe técnico brindado por el arquitecto
Luis Umaña Ugalde del Departamento de Servicios Generales, por
lo que se está en el supuesto de prescindencia de los procedimientos
ordinarios de contratación, establecidos en el artículo 131 inciso J)
del Reglamento a la Ley General Contratación Administrativa,
normativa vigente al inicio del procedimiento.

      10.   RECOMENDACIÓN

       De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, y según las circunstancias concurrentes, este
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la presente
contratación directa a la sociedad LA TEJONA S.A., cédula
jurídica 3-101-018266, representada por su apoderado generalísimo
sin límite de suma, el señor Rodolfo Carvajal Herrera, cédula de
identidad 1-487-395, correspondiente al inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, matrícula 211851, submatrícula
000, situado en el Distrito Noveno del Cantón Primero de la Provincia
de San José, por una renta mensual de $18.810,00, pagaderos por mes
vencido, para alojar al Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San
José, sede suroeste, por un plazo indefinido, (esto de conformidad con
lo externado por la Contraloría General de la República, en oficio
                                                                                  76


       01298 del 11 de febrero de 2008). La revisión del precio se
       verificará una vez que haya transcurrido el término de tres años,
       desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende
       modificar. El propietario realizará las mejoras que le competen, en un
       término no mayor a 136 días naturales contados a partir del
       comunicado del refrendo del contrato.

               Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la
       tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso
       de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa
       básica y el exceso de consumo, corresponderá a la arrendante cancelar
       dicho pago. Asimismo, debido a que por imperativo legal el Poder
       Judicial únicamente puede reconocer el pago por servicios que
       efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y b)
       del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
       Suburbanos, se reafirma que es obligación del arrendador entregar al
       Poder Judicial el inmueble con los pagos de los servicios de
       electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar la
       relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u
       otro concepto, se hará un requerimiento de pago a los propietarios
       para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar el
       monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el
       Poder Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del
       inmueble.

              De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la
       Administración del I Circuito Judicial de San José, deberá tomar las
       previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el pago de
       las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios
       presupuestarios que involucren la relación contractual.

              Por último, se deberá comunicar a la señora Elizabeth
       Campos Murillo, propietaria del local que actualmente aloja al
       Tribunal Penal de Hatillo, que pronto se le estará desocupando
       dicho inmueble, esto conforme a lo estipulado en la cláusula
       decimosegunda del contrato de arrendamiento N° 22-AR-97; para lo
       cual, se le podrá notificar al teléfono 8379 2484 / 2289 7322.‖
                                        -0-

      En virtud de que se han hecho ingentes esfuerzos para ubicar un local

que aloje el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San José, se han realizado
                                                                              77


cinco procedimientos de contratación que se han declarado infructuosos y que

la empresa hará por su cuenta las remodelaciones necesarias para acondicionar

el local a las necesidades del Poder Judicial, se dispuso: de conformidad con

lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 36

del Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial y la recomendación

formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente

transcrito, adjudicar la Contratación Directa Nº 2008CD-000467-PROV,

denominada "Alquiler de local para alojar al Tribunal Penal del III Circuito

Judicial de San José, sede Suroeste", de la siguiente manera:

      A La Tejona S.A., cédula jurídica N° 3-101-018266, representada por su

apoderado generalísimo sin límite de suma, el señor Rodolfo Carvajal Herrera,

cédula de identidad N° 01-0487-0395, correspondiente al inmueble inscrito en el

Registro Público de la Propiedad, matrícula 211851, submatrícula 000, situado

en el Distrito Noveno del Cantón Primero de la Provincia de San José, por una

renta mensual de $18.810,00, pagaderos por mes vencido, para alojar al

Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, sede suroeste, por un plazo

indefinido, (esto de conformidad con lo externado por la Contraloría General

de la República, en oficio 01298 del 11 de febrero del 2008). La revisión del

precio se verificará una vez que haya transcurrido el término de tres años,
                                                                              78


desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende modificar. El

propietario realizará las mejoras que le competen, en un término no mayor a 136

días naturales contados a partir del comunicado del refrendo del contrato.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa básica

del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista una paja

de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de consumo,

corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago. Asimismo, debido a que por

imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede reconocer el pago por

servicios que efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y

b) del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,

se reafirma que es obligación del arrendador entregar al Poder Judicial el

inmueble con los pagos de los servicios de electricidad y agua debidamente

cancelados, de previo a iniciar la relación contractual. En caso de que haya

pagos pendientes por uno u otro concepto, se hará un requerimiento de pago a

los propietarios para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar

el monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el Poder

Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, la Administración del I Circuito Judicial de

San José, deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar en su
                                                                               79


oportunidad el pago de las obligaciones que contraerá durante todos los

ejercicios presupuestarios que involucren la relación contractual.

      Por último, se deberá comunicar a la señora Elizabeth Campos Murillo,

propietaria del local que actualmente aloja al Tribunal Penal de Hatillo, que

pronto se le estará desocupando dicho inmueble, esto conforme a lo estipulado

en la cláusula decimosegunda del contrato de arrendamiento N° 22-AR-97;

para lo cual, se le podrá notificar al teléfono […].

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO X

      En sesión Nº 55-08 celebrada el 29 de julio último, artículo IX,

previamente a resolver lo que correspondiera, se solicitó al Departamento de

Proveeduría, un informe en que determinara de acuerdo a las alegaciones que

hizo la representante de la empresa AMSA de San Ltda., si el precio ofertado

no era ruinoso.

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 6971-DP/15-08 de 5 de agosto en curso, manifestó

lo siguiente:

             ―En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior el
        pasado 29 de julio, en el cual solicita a este Departamento informar
        si de acuerdo con las alegaciones que hace la representante de la
        empresa AMSA de San Ltda., el precio ofertado no es ruinoso, me
                                                                                80


       permito informarle lo siguiente:

             1. El precio que indicó en su alegato la señora Ana Lucía
       Sáenz Vargas, Gerente de la empresa AMSA de San Ltda., por la
       suma de ¢2.833.554,60 y que según manifestó sirvió como base,
       una vez realizadas las deducciones por feriados, para obtener el
       precio ofertado por la suma de ¢2.554.492,50 mensuales, es un
       nuevo elemento el cual, reitero, no fue señalado en la oferta, por lo
       que esta Proveeduría razonó que el precio ofertado, como en los
       contratos de servicio, era un precio firme y definitivo, sin ningún
       tipo de deducción.

            2. Con base en el nuevo precio indicado por la señora Sáenz
       Vargas, por la suma de ¢2.833.554,60, se procedió a realizar un
       nuevo estudio económico, incluyendo en el mismo lo
       correspondiente a los 9 días feriados de ley, con lo que se logró
       determinar que dicho precio no resulta ruinoso (ver anexo), pues se
       observa una utilidad mensual de ¢191.289,90.

             3. Del precio ofertado por la empresa adjudicataria por la suma
       de ¢2.554.492,50, se desprende que efectivamente la oferente rebajó
       lo correspondiente a los 9 días feriados, deducción que no debió ser
       aplicado de oficio por la adjudicataria, sino que los rebajos por este
       rubro debían ser aplicados por el Departamento Financiero Contable
       una vez se realizaran los pagos de los meses en los cuales hubiera
       días feriados, esto siguiendo las reglas cartelarias.

             4. No obstante, del ejercicio que ahora revela la adjudicataria
       se concluye que el precio ofertado ya contempla el rebajo de los 9
       días feriados y que el Departamento Financiero Contable no deberá
       aplicar dichos rebajos en el pago mensual que corresponda por lo
       servicios de limpieza y jardinería para el edificio de los Tribunales
       de Justicia del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, debiendo
       cancelar la suma de ¢2.554.492,50 netos mensuales, al cual solo se
       le deberá aplicar el rebajo del 2% de renta.‖
                                          -0-

      Se acordó: Autorizar la firma del Contrato N° 29-01-08, Servicios de

Limpieza y Jardinería para el edificio de Tribunales de Justicia del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, entre el Poder Judicial y la empresa
                                                                         81


AMSA de San Ltda., en la forma propuesta por la contratista.


      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda. Se declara este acuerdo firme

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

                              ARTÍCULO XI

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó: Aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

JUZGADO SEXTO CIVIL DE MENOR CUANTÍA DE SAN JOSE

1. Castro Casasola Susana

01-1013-0453

Auxiliar Judicial 1

Nombramiento en Propiedad rige a partir del: 01-09-2008

Terna No.082-2008

Puesto Nº 113618

Nombramiento en propiedad por primera vez.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE MENOR CUANTÍA DE SAN JOSE

2. Murillo Morera Allan

02-0553-0841

Auxiliar Judicial 1
                                                                         82


Nombramiento en Propiedad rige a partir del: 01-09-2008

Terna No.077-2008

Puesto Nº 044089

Nombramiento en propiedad por primera vez.

      Los servidores Castro Casasola y Murillo Morera, se presentarán al

Servicio Médico para los Servidores Judiciales, a efecto de que se les

practique el reconocimiento respectivo, para lo cual concertarán la cita en

forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3572.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                              ARTÍCULO XII

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por

designados como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por

las fechas que se dirán:

1- En el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Naranjo

El 19 de agosto a:

Licenciado Olivier Ramírez González

El 20 de agosto a:
                                                                             83


Licenciada María Auxiliadora Cruz Cruz. Se declara acuerdo firme.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                              ARTÍCULO XIII

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 2921 de 8 de agosto en curso, comunica que

ese Tribunal, al resolver la queja N° 265-2007 F, impuso al señor Max

Saborío Rojas, Investigador de la Delegación Regional del Organismo de

Investigación Judicial de San Carlos, la corrección disciplinaria de

amonestación escrita, la cual quedó firme a partir del 25 de julio último, por

identificarse como miembro del Organismo de Investigación Judicial, al

realizar una diligencia de carácter personal, con el propósito de sacar provecho

de esa condición, falta que se calificó como grave.

      Se adjunta copia de las resoluciones números 434 y 564.

      La licenciada Lupita Chaves Cervantes, integrante de este Consejo,

manifiesta su conformidad con la calificación dada a la falta cometida por el

servidor como grave, pero difiere de la sanción impuesta de amonestación

escrita, al considerar que los hechos investigados y tenidos como probados por

el Tribunal de la Inspección Judicial, ameritaban la imposición de una sanción

mayor, por el daño a la imagen institucional ocasionado al aprovecharse del

cargo que ocupa en el Organismo de Investigación Judicial, para realizar
                                                                                      84


      diligencias de carácter personal sin dar a los mismos el trámite que les

      corresponde.

             Se dispuso: 1) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada

      Chaves Cervantes. 2) Tomar nota, lo que también hará el Departamento de

      Personal, para que quede constando en el expediente personal del señor Max

      Saborío Rojas.

      PERMISOS

                                      ARTÍCULO XIV

             A continuación se somete a consideración de este Consejo, las

      solicitudes de permisos para impartir lecciones en centros de estudios

      universitarios, presentadas por los servidores judiciales que se dirán:

    NOMBRE          PUESTO   Y N°    DE CENTRO DE              MATERIAS   HORARIO Y
                    OFICINA EN OFICIO Y ESTUDIOS               A IMPARTIR CICLO
                    QUE                 SUPERIORES                        LECTIVO
                    LABORA     FECHA
                               EN   QUE                                         EN     QUE
                               DE                                               IMPARTIRÁ
                               SOLICITA                                         LECCIONES
                               EL
                               PERMISO

1   Licenciado.     Juez Agrario 6 de agosto    Universidad de Derecho          J: de las 17:00
    Carlos          del       Tercer del 2008   Costa     Rica, Agrario         a las 21:00
    González        Circuito                    sede       San                  horas.
    Mora            Judicial      de            Ramón
                    Alajuela.                                                   II Semestre del
    Cuenta con                                                                  2008
    el      visto
    bueno de la
    jefatura
                                                                                            85




2   Bachiller     Perito Judicial   6 de agosto   Universidad       Documentosco     K: de las 19:00
    Juan Carlos   1 de la Sección   del 2008      Libre de Costa    pía              a las 21:00
    Rivera        de Análisis de                  Rica                               horas
    Rodríguez.    Escritura y                                                        S: de las 10:00
                  Documentos                                                         a las 12:00
    Cuenta con    Dudosos.                                                           horas.
    el visto                                                                         III Cuatrimestre
    bueno de la
    jefatura

3   Ingeniero     Perito Judicial 459-FIS-      Universidad de Mecánica del L y J: de las
    Wagner        de la Sección 2008 de 6 Costa Rica           Sólido I (IM- 19:00 a las
    Mejías        de      Pericias de    agosto                0315)         20:50 horas
    Chacón        Físicas          del 2008
                                                                             del    11   de
    Cuenta con                                                               agosto y hasta
    el      visto                                                            el    14    de
    bueno de la                                                              diciembre del
    jefatura                                                                 2008


4   Licenciada    Jueza del         11 de agosto Universidad de     Derecho          L: de las 16:30
    Magda         Tribunal          del 2008     Costa Rica         Agrario          a las 17:30
    Díaz          Agrario                                                            horas
    Bolaños                                                                          M: de las 17:30
                                                                                     a las 18:30
    Cuenta con                                                                       horas
    el visto
    bueno de la                                                                      II Semestre del
    jefatura                                                                         2008


5   Licenciado    Juez del          11 de agosto Universidad de     DE-6001.         L: de las 11:00
    Hubert        Tribunal          del 2008     Costa Rica         Derecho          a las 12:50
    Fernández     Contencioso                                       Administrativo   horas
    Argüello      Administrativo                                    II               M: de las 07:00
                                                                                     a las 8:50 horas
    Cuenta con
    el visto                                                                         II Semestre del
    bueno de la                                                                      2008
    jefatura

6   Doctor        Juez       del 11 de agosto Universidad      de   Derecho          L: de las 18:00
    Jorge         Tribunal Penal              Costa Rica                             a las 19:50
                                                                                          86



    Alberto         de Cartago      del 2008                       Procesal Civil   horas
    López                                                                           M: de las 19:00
    González                                                                        a las 20:50
                                                                                    horas
    Cuenta con
    el      visto                                                                   II Semestre del
    bueno de la                                                                     2008
    jefatura

7   Máster          Juez             5 de agosto Universidad de Derecho             L y M: de las
    Adrián          Coordinador      del 2008    Costa Rica     Procesal Civil I    9:00 a.m. a las
    Hilje           del     Juzgado                                                 10:50 a.m.
    Castillo        Civil de Mayor
                    Cuantía      del                                                II Semestre del
                    Primer Circuito                                                 2008
                    Judicial      de
                    Alajuela



                 L= lunes, K= martes, M= miércoles, J= jueves, V= viernes, S= sábados
                                                -0-

               El Consejo Superior en sesión N° 53-03 celebrada el 22 de julio del

      2003, artículo LXXII, de conformidad con lo resuelto por la Sala

      Constitucional en el voto Nº 2001-05012, adicionado con el Nº 2003-01903

      dentro de la acción de inconstitucionalidad, dispuso que las 10 horas

      autorizadas para ejercer la labor docente incluyen la revisión de los exámenes,

      preparación de lecciones y diligencias relacionadas, por lo que los

      funcionarios del Poder Judicial podrán impartir un curso que no exceda las 5

      horas por semana.

               Se dispuso: 1.) Autorizar al máster Adrián Hilje Castillo y al licenciado

      Hubert Fernández Argüello, para que impartan lecciones en la Universidad de
                                                                             87


Costa Rica, los lunes y miércoles en el horario indicado, todo en el entendido

de que el tiempo por ellos utilizado para labores de docencia en centros de

estudios superiores no exceda de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de

lección y 5 para preparar las lecciones, corregir exámenes y otras labores

relacionadas y con la obligación de reponer el tiempo que ocupe en esas

labores. La concesión del permiso conlleva que los petentes deberán dar

prioridad a la atención de sus funciones en el Poder Judicial. Asimismo, deben

los señores Adrián y Hubert solicitar a las autoridades Universitarias que a

futuro los cursos que impartan se ajusten a un horario fuera de la jornada

laboral, con el fin de que no se afecten las labores del despacho. 2.)

Comunicar al doctor Jorge Alberto López González, al licenciado Carlos

González Mora, a la licenciada Magda Díaz Bolaños, al ingeniero Wagner

Mejías Chacón y al Bachiller Juan Carlos Rivera Rodríguez, que este Consejo

no tiene objeción para que impartan lecciones en los citados centros de

estudios superiores, los días y las horas indicadas, todo en el entendido de que

el tiempo por ellos utilizado para labores de docencia en centros de estudios

superiores no exceda de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5

para preparar las lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas. La

concesión del permiso conlleva que los petentes deberán dar prioridad a la

atención de sus funciones en el Poder Judicial.
                                                                               88


     El Tribunal de la Inspección Judicial, el Departamento de Personal y los

despachos interesados, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez y Mauricio Quirós Álvarez,

Jefes del Departamento de Personal y de Desarrollo Humano, respectivamente

y la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefa de Gestión de la Capacitación, en

oficio N° 317-CAP-2008 de 6 de agosto en curso, expone lo siguiente:

             ―En atención al oficio Nº 6255-08, del 24 de julio de 2008, en
       el que se remite, la gestión del señor Johnny Enrique Ramírez
       Pérez, Juez 3 del Juzgado Civil de Cartago, de fecha 21 de julio en
       curso, en el que solicita permiso con goce de salario para participar
       en el ―I Curso de Formación Judicial Superior-Una propuesta de
       Justicia para el Siglo XXI‖, que se llevará a cabo del 6 de octubre
       al 28 de noviembre del año en curso en España, nos permitimos
       indicar lo siguiente:

             Según nos fue informado en la Agencia Española de
       Cooperación Internacional y Desarrollo, este año el procedimiento
       para seleccionar a los participantes del Programa Aula
       Iberoamericana varió, ya que el ente organizador dispuso invitar
       como participantes en el período 2008 directamente a la comunidad
       de exalumnos. Esto significa que no hubo una invitación dirigida a
       los Poderes Judiciales, por lo que no se efectuó ningún
       procedimiento de divulgación institucional, como solía realizarse en
       otras ocasiones.

             Por lo anterior y producto de la invitación individualizada que
       recibieron las personas que ya habían participado en dicho
       programa, es que resultaron seleccionados para el presente período
       un grupo de servidores judiciales, de los cuales el Consejo Superior
       ya otorgó algunos permisos.

            En el caso específico del señor Johnny Enrique Ramírez Pérez,
                                                                                89


       quien participó y fue seleccionado para el ―I Curso de Formación
       Judicial Superior – Una Propuesta de Justicia para el siglo XXI‖,
       aporta el comunicado enviado por el Programa Iberoamericano de
       Formación Técnica Especializada (PIFTE), en el que se le indica la
       aceptación a dicha actividad.

             Por lo antes expuesto, se somete a consideración la solicitud
       planteada por el señor Ramírez Pérez, quien solicita permiso con
       goce de salario por el período del curso y en vista de que requiere
       días adicionales para el traslado y no ha concretado la reserva del
       tiquete aéreo hasta tanto no cuente con el aval institucional, una vez
       concedido el beneficio, el servidor deberá informar la fecha exacta
       de su partida y regreso.‖
                                       -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder al

licenciado Johnny Enrique Ramírez Pérez, permiso con goce de salario y

sustitución del 6 de octubre al 28 de noviembre del año en curso, para que

participe en el ―I Curso de Formación Judicial Superior-Una propuesta de

Justicia para el Siglo XXI‖, a realizarse en España. Lo anterior en el entendido

de que, para las fechas indicadas se cuenta con el sustituto correspondiente.

Don Johnny comunicará a este Consejo la fecha de su partida y regreso a la

mencionada actividad, a fin de adicionar la licencia otorgada.

      El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Civil de Cartago y el

Departamento de Personal tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XVI

     En sesión Nº 18-08 celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo
                                                                                  90


XV, se autorizó al ingeniero José Manuel Chaves Cordero, Perito de la

Sección de Pericias Físicas, para que impartiera lecciones en la Escuela de

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, durante los días y horas

citados en ese acuerdo. Al propio tiempo, se le recomendó al ingeniero Chaves

Cordero que hiciera una atenta instancia a las autoridades de la Universidad de

Costa Rica, para que los próximos cursos le sean programados fuera del

horario laboral, con el fin no afectar en forma significativa el servicio público.

     El ingeniero José Manuel Chaves Cordero, en su expresado carácter, con

el visto bueno de la licenciada Kattia Saborío Chaverri, Jefa de la Sección de

Pericias Físicas del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 450-FIS-2008 de 6 de

agosto en curso, manifiesta lo siguiente:

              ―Sirva la presente para solicitar al excelentísimo Consejo
       Superior, de la manera más respetuosa, el permiso para impartir
       lecciones del curso de Mecánica I (IM-0207), de la Escuela de
       Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, Ciudad
       Universitaria Rodrigo Facio, los días martes de las siete a las diez
       horas y los miércoles de las siete a las nueve horas, a partir del 11
       de agosto y hasta el 19 de diciembre del 2008, en el entendido que
       el tiempo utilizado para tal fin será repuesto en su totalidad, los días
       martes y viernes después de la jornada laboral ordinaria, tal y como
       se ha realizado en los dos semestres anteriores, según los acuerdos
       del Consejo Superior: Artículo XXXV de la sesión N° 65-07,
       celebrada el 4 de setiembre del 2007 y Artículo XV de la Sesión
       N° 18-08, celebrada el 6 de marzo del 2008.

            Resulta necesario destacar la imposibilidad actual que tiene la
       Escuela de Ingeniería Mecánica para cambiar el horario de la citada
       materia, debido a que esta forma parte del ciclo básico de las
                                                                              91


       carreras de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
       Industrial e Ingeniería Mecánica, existiendo un convenio entre las
       diferentes escuelas para que no se programen otros cursos en dicho
       horario, con el propósito de que los estudiantes no tengan problemas
       de choques de horario. Además, existe el inconveniente que los
       cuatro exámenes del curso son colegiados y se aplican los días
       miércoles en el horario de clase, ya que todos los grupos, sin
       excepción, reciben una de las clases el día miércoles de siete a
       nueve de la mañana. (Ajunto nota EIM-411-08, enviada por la
       Directora de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Inga. Hennia
       Cavallini).

             A la fecha, no ha sido posible para la directora de la Escuela
       de Ingeniería Mecánica, coordinar con el resto de las escuelas, un
       horario en la tarde o noche, para el día que no es miércoles, sin
       embargo, se está negociando dicha posibilidad. Además, existe la
       mayor disposición de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la
       Universidad de Costa Rica, para seguir colaborando en la medida de
       sus posibilidades, en todos los proyectos que permitan implementar
       nuevas pericias y mejorar las ya existentes.‖
                                      -0-
     El Consejo Superior en sesión Nº 53-03 celebrada el 22 de julio de 2003

artículo LXXII, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional en

resolución Nº 2001-05012 de las 10:09 horas del 12 de junio del dos mil uno,

adicionada con la Nº 2003-01903 de las 10:05 horas del 10 de marzo del dos

mil siete (Acción de Inconstitucionalidad N° 99-2927-0007-CO), dispuso que

las 10 horas autorizadas para ejercer la labor docente incluyen la revisión de

los exámenes, preparación de lecciones y diligencias relacionadas, por lo que

los funcionarios del Poder Judicial podrán impartir un curso que no exceda las

5 horas por semana.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar al ingeniero José
                                                                            92


Manuel Chaves Cordero, para que imparta lecciones en la Universidad de

Costa Rica, durante los días y horas señaladas, todo en el entendido de que el

tiempo por él utilizado para labores de docencia en centros de estudios

superiores no exceda de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5

para preparar las lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas. La

concesión del permiso conlleva que el petente deberá dar prioridad a la

atención de sus funciones en el Poder Judicial y se toma nota de la forma en

que repondrá el tiempo que ocupe en dicha labor. Asimismo, debe don José

Manuel continuar solicitando a las autoridades Universitarias que a futuro los

cursos que imparta se ajusten a un horario fuera de la jornada laboral, con el

fin de que no se afecten las labores del despacho.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el

Departamento de Ciencias Forenses, la Sección de Pericias Físicas y el

Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara

acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XVII

      La servidora Ericka Angulo Flores, Auxiliar Judicial 2, con el visto

bueno de la licenciada Carmen Ureña Ureña, Jueza Coordinadora del Juzgado

Penal Juvenil de San José, en nota de 8 de agosto en curso, presenta la

siguiente solicitud:
                                                                                  93


              ―... permiso con goce de salario para ausentarme en horas
        laborales a partir de las 13:00 hrs a efectos de poder asistir a clases
        a la Universidad Fidélitas (Santa Marta de Montes de Oca) de
        Ejercicios Jurídicos (DE-950) los días jueves a partir del 8 de
        setiembre del 2008 fecha en que inicia el TERCER
        CUATRIMESTRE ya que dicha materia solo la dan en el horario
        de las 14 hrs a las 17 hrs y es indispensable para poder cumplir mi
        plan de estudios en dicha Universidad dicho sea de paso que
        corresponde a mi último cuatrimestre.
               Asimismo le informo que ya coordiné con la Jefatura del
        despacho a efectos de reponer las horas que me voy a ausentar.
        Adjunto nota de la Universidad donde se indica lo que
        anteriormente apunté.‖
                                         -0-

      Por mayoría, se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la

servidora Ericka Angulo Flores, para que se ausente del despacho los jueves

de cada semana, a partir de las 14:00 horas durante el tercer cuatrimestre de

este año, a fin de que asista a lecciones en la Universidad Fidelitas. Es

entendido que deberá reponer el tiempo que ocupe en dicha labor, a fin de

mantener el trabajo al día y sin que se afecte sustancialmente el servicio

público a su cargo. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la

jefatura.

      Asimismo, la servidora deberá comprobar ante el Departamento de

Personal el resultado final que obtenga del mencionado curso.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la jefatura respectiva

se da, porque esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la

ausencia temporal de la citada servidora y no requiere de recurso humano
                                                                                94


adicional.

       El señor Presidente Magistrado Mora y la licenciada Miriam Anchía

Paniagua votan por denegar la solicitud anterior, en virtud de lo dispuesto por

este Consejo en sesión Nº 63-05 celebrada el 16 de agosto del 2005, artículo

XXVII, que dispuso informar a los servidores y funcionarios judiciales, que a

partir de ese año, sólo en casos excepcionales, se concederán permisos en este

sentido en aquellas materias que resulten de interés para el Poder Judicial, por

lo que deberán tomar las previsiones del caso para matricular cualquier curso

después de las 16:30 horas.

       El Tribunal de la Inspección Judicial, el Juzgado Penal Juvenil de San

José    y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XVIII

       La licenciada Waiman Hin Herrera, Jefa de Subproceso de Gestión de la

Capacitación, en oficio N° 304-CAP-08 de 6 de agosto en curso, comunica lo

siguiente:

              ―Para que por su digno medio sea puesto en conocimiento de
        los señores miembros del Consejo Superior, nos permitimos
        solicitar se autorice la participación de seis servidores judiciales
        (lista adjunta), en el Seminario “Gerencia del Desempeño: La
        Gestión que Produce Resultados”. Por la importancia que reviste
        el tema y su relación con los objetivos estratégicos institucionales,
        hemos reservado un cupo para que sea utilizado por un miembro del
        Consejo Superior.
                                                                                        95




                La capacitación fue gestionada mediante correo electrónico del
           21 de julio último y es organizada por la Asociación de Gestores en
           Recursos Humanos, con un costo ¢50.000,00 (cincuenta mil colones
           con 00/100) por persona y será impartido en el siguiente horario:

Módulo             Modalidad          Fechas          Horario          Lugar          Horas
Gerencia del
Desempeño: La
                  Participación   Miércoles 20 de    8:00 a.m. a     Hotal Casa       8 horas
Gestión que
                                   agosto, 2008       5:00 p.m.       Conde
Produce
Resultados


                 En esta actividad, de perfil gerencial, será tratado el ―Ciclo del
           Desempeño‖ (Parametrización, observación, evaluación y
           retroalimentación) y su relación con la capacidad de producir
           resultados en la empresa.

                 A continuación se detallan los contenidos temáticos y
           actividades a desarrollar:

                 El ―desempeño‖ explicado en función de la capacidad de
                  producir resultados, los comportamientos alineados y el
                  reto ambiental.
                 El ―ciclo del desempeño‖ en detalle: definir objetivos y
                  metas, observar, evaluar y retroalimentar.
                 ―Manos a la obra‖: ¿cómo operar este ciclo en nuestra
                  propia organización? Incluye empleo de instrumento de
                  apoyo.
                 ―Manos a la obra‖: Formulación de metas y objetivos
                  cruciales. Detalle de la noción de ―reto‖. Ejercicio con
                  ―ideas para la acción‖ al definir metas y objetivos.
                 ―Manos a la obra‖: trabajo con el ―heurístico de
                  McClelland‖, aplicado a la propia realidad del participante.
                 ―Manos a la obra‖: trabajo con la definición métrica de un
                  puesto paramétrico y uno semi-paramétrico. Los
                  participantes trabajan en grupos y aplican su propia
                  experiencia.
                 Tres sesgos clásicos en la observación del desempeño
                  (evento reciente, anecdótico y estereotipia) y las mejores
                  prácticas para combatirlos.
                 Evaluar colaboradores: cuatro dimensiones de orientación a
                                                                                      96


                    resultados.
                   ―Manos a la obra‖: manejo de ideas ‖ideas para la acción‖
                    en la observación del desempeño (productos, competencias
                    y estilo)
                   Combate de juegos comunicacionales que entorpecen la
                    retroalimentación entre líderes y colaboradores.
                   Mejores prácticas en la retroalimentación de dirigidos.
                   Los cuatro pilares del mejoramiento del desempeño y su
                    empleo en el diseño de ―contratos de desempeño‖.
                   ―Manos a la obra‖: trabajo en triadas con incidentes
                    críticos asociados con estos ―juegos comunicacionales‖.
                   ―Manos a la obra‖: trabajo con los aprendizajes
                    desarrollados por los participantes.

                 Es importante resaltar que se solicitó al Departamento de
           Proveeduría que la contratación se realice de forma directa, lo
           anterior con base al artículo 131 inciso e) Servicios de capacitación
           de la Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación
           Administrativa, que literalmente dice:

                 ―Los servicios de capacitación únicamente en los supuestos de
           capacitación abierta, entendida como aquella en la que se hace
           invitación al público en general y no es programada en atención a
           las necesidades puntuales de una Administración y en la cual se
           justifique su necesidad en función del cumplimiento de los fines
           institucionales.‖

                 En virtud de lo anterior, se solicita autorizar el pago de la
           actividad y la participación de los servidores judiciales (lista
           adjunta) al curso mencionado. Para los efectos correspondientes, se
           adjunta la certificación de contenido presupuestario, obtenida
           mediante el sistema de reservas en línea del Departamento
           Financiero Contable.

                             LISTA DE PARTICIPANTES

         Nombre             Cédula              Puesto                    Oficina
Arroyo Meléndez Francisco  1-612-253      Jefe Departamento 2   Departamento de Personal
*
Diaz Chavarría Roy         1-843-258          Profesional 2     Departamento de Planificación
Li Morales Dixon           1-839-369          Profesional 2     Departamento de Planificación
Quirós Álvarez Mauricio    1-718-078        Jefe de Proceso 1   Departamento de Personal
Ugalde Miranda Oscar *     4-120-412              Juez 4        Tribunal de Trabajo
POR DEFINIR               PENDIENTE         INTEGRANTE          PENDIENTE
                                                                               97


                                         CONSEJO SUPERIOR
(*) Integrantes de la Comisión Evaluación del Desempeño

                                      -0-

      Se adjunta separación de contenido presupuestario N° 10222 del

Sistema de Presupuesto Judicial del Departamento Financiero Contable, por

un monto de ¢300.000.00 (trescientos mil colones exactos) para hacerle frente

al gasto de dicha actividad, con cargo al programa de presupuesto Nº 926,

subpartida N° 10701.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la

participación de los servidores de la lista transcrita, al seminario denominado

―Gerencia del Desempeño: La Gestión que Produce Resultados‖, a realizarse

el 20 de agosto en curso, de las 8:00 a las 17:00 horas, en el Hotel Casa

Conde. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el

servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar,

lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes

relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. 2.) Designar a la

licenciada Miriam Anchía Paniagua, Integrante de este Consejo, para que

asista a la citada actividad, durante la fecha y horas indicadas. 3.) Aprobar el

gasto de ¢300.000.00 (trescientos mil colones exactos), para cubrir el costo de

la actividad indicada, con cargo al programa presupuestario N° 926,

subpartida N° 10701. 4.) En virtud de la importancia del contenido de la
                                                                                98


capacitación a recibir, deberán los indicados servidores coordinar lo

correspondiente, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás

servidores del despacho, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores que

realizan.

      El Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y los

Departamentos de Personal, Proveeduría, Financiero Contable y Planificación,

tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XIX

      El máster Luis Héctor Amoretti Orozco, Juez de Familia de

Desamparados, en nota de 5 de agosto en curso, manifiesta lo siguiente:

              ―… les remito copia digital de la carta de invitación para
        participar en el Programa especializado sobre derechos humanos
        de las mujeres, organizado por el Instituto Raoul Wallenberg de
        Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad de
        Lund y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
        Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llevará a cabo en
        Lima, Perú, del 22 de setiembre al 3 de octubre del 2008.

              El objetivo general del programa es brindar conocimientos
        sobre la protección internacional de los derechos humanos de las
        mujeres, que permitan contar con mejores herramientas para la
        promoción y defensa de los derechos humanos de la mitad de la
        población con base en la plena aplicación de los principios de
        igualdad y no discriminación. Se pretende contribuir al pleno goce y
        ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en América
        Latina, fortaleciendo conocimientos y capacidades en la materia. Se
        dará particular atención al debate actual sobre la igualdad y equidad
        de género en la región, particularizando en la situación de los
        derechos humanos de las mujeres con énfasis en áreas específicas,
        así como en los instrumentos internacionales específicos de
        protección y su aplicación en los ámbitos nacionales. Dada la
                                                                             99


       realidad multiétnica de América Latina, también se dará prioridad a
       la interrelación entre género, cultura y etnicidad.

            De las 25 personas seleccionadas, soy la única de nacionalidad
       costarricense y una de las 4 que trabajan en el Poder Judicial. Las
       demás son de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
       Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
       Uruguay y Venezuela.

             La Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
       cubre todos los gastos –boletos aéreos, hospedaje, alimentación,
       seguro y materiales de trabajo, que genera la asistencia a la
       actividad.

            Solicito, por tanto, se me otorgue permiso con goce de salario
       y sustitución, para acudir a ese evento y se autorice el uso del
       pasaporte de servicio.‖
                                      -0-

      Se acordó: 1.) Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, conceder

permiso con goce de salario y sustitución, al máster Luis Héctor Amoretti

Orozco, para que del 22 de setiembre al 3 de octubre del año en curso,

participe en el ―Programa especializado sobre derechos humanos de las

mujeres‖, a realizarse en Lima, Perú. Lo anterior en el entendido de que, para

las fechas indicadas se cuenta con el sustituto correspondiente y que los gastos

por concepto de hospedaje, alimentación, seguro y materiales de trabajo serán

cubiertos por los organizadores del evento. 2.) En virtud de la importancia de

la capacitación a recibir, don Luis Héctor deberá coordinar lo correspondiente

con la jefatura inmediata, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a

los demás compañeros, ya que podría ser de gran utilidad en las labores que
                                                                             100


realizan. 3.) La Secretaría General de la Corte, tramitará lo correspondiente al

pasaporte de servicio.

      El Juzgado de Familia de Desamparados, el Despacho del Presidente y

el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XX

      En sesión N° 55-08 celebrada el 29 de julio último, artículo XXIX, se

trasladó la gestión de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la

Administración de Justicia al Consejo de Personal, para que procediera a la

brevedad a efectuar la difusión correspondiente, para que los jueces y juezas

de las materias Agraria, Civil y Familia, participaran en los talleres de

―Técnicas de Oratoria‖, a realizarse el 12, 13, 19 y 20 de agosto en curso de

las 8:00 a las 17:00 horas, en el Colegio de Abogados de Costa Rica, con la

indicación que este Consejo solo concedería permiso con goce de salario y

sustitución en los casos estrictamente necesarios, para los servidores que

resultaran seleccionados.

      La máster Sara Virginia Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en

oficio Nº 210-CNMAJ-08 de 6 de agosto en curso, comunica lo siguiente:

            ―… En acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder
       Judicial en la sesión N° 55-8 celebrada el 29 de julio en curso
                                                                                101


       oficio N° 6397-08, donde se dio permiso para impartir dos talleres
       de Técnicas de Oratoria, dirigidos a jueces y juezas de las materias
       Agraria, Civil y Familia, Oratoria para Jueces, como parte del PAO
       de la Conamaj y se trasladó la solicitud al Consejo de Personal para
       la selección de los participantes.

            Las fechas que se programaron para impartirse estos talleres
       fueron las siguientes:

            Taller 1: 12 y 19 de agosto
            Taller 2: 13 y 20 de agosto

             Sin embargo, el instructor que va a impartir los Talleres sufrió
       quebranto en su salud que lo obligó a realizarse una cirugía el día de
       hoy, motivo por el cual solicitamos autorización para posponer
       dichos talleres para el mes de septiembre, destacando a continuación
       las nuevas fechas:

            Taller 1: 10 y 11 de septiembre
            Taller 2: 17 y 18 de septiembre.‖

                                       -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, modificar el

acuerdo tomado en la sesión N° 55-08 del 29 de julio último, artículo XXIX,

en el sentido que los citados talleres se realizarán el 10, 11, 17 y 18 de

setiembre del año en curso.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara este acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXI

      En sesión Nº 56-08 celebrada el 31 de julio último, artículo XXIII, se

concedió permiso con goce de salario del 19 al 23 de agosto en curso, al

licenciado Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República, para
                                                                              102


que participara en el ―XII Congreso Hemisférico para la Prevención del

Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo", a

realizarse en ciudad Panamá.

      En relación con el acuerdo anterior, el licenciado Francisco Dall’Anese

Ruiz, en su expresado carácter, en oficio Nº FGR-1051-2008 de 12 de este

mes, manifiesta lo siguiente:

            ―Con ocasión del permiso con goce de salario que me fue
       concedido por este Consejo, del 19 al 23 de agosto del año en curso,
       mediante el acta No. 56-08, del 31 de julio del 2008, en el artículo
       XXIII, para la participación en el ―XII Congreso Hemisférico para
       la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del
       Financiamiento del Terrorismo‖, a celebrarse en Panamá, solicito se
       modifique el mismo y se me conceda permiso del 21 al 23 de agosto
       del 2008 para la asistencia a dicho evento.‖

                                      -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, modificar el

acuerdo tomado en la sesión N° 56-08 celebrada el 31 de julio de este año,

artículo XXIII, en el sentido de que el permiso concedido al licenciado

Francisco Dall’Anese Ruiz, será del 21 al 23 de los corrientes.

      La Fiscalía General de la República y el Departamento de Personal,

tomarán nota para lo que corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXII

     La licenciada María de los Ángeles Muñoz Ruiz, Jueza del Juzgado de

Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante
                                                                                103


correo electrónico enviado el 6 de agosto en curso, solicitó lo siguiente:

              ―...se nos conceda permiso para asistir al Congreso
       Internacional de Familia, a llevarse a cabo en México del 26 al 31
       de octubre del presente año. El motivo de solicitarlo con antelación
       es con el propósito de adecuar nuestras agendas y de este modo no
       requerir de sustitución y no afectar el servicio a los y las usuarias.
       En otras oportunidades se nos ha concedido permiso y la asistencia
       y representación han sido un éxito, por lo que agradecemos de
       antemano su gentil colaboración. Cabe destacar que no requerimos
       de ningún tipo de derogación por parte de la Corte. Pero será
       bienvenida como en otras oportunidades alguna colaboración. Por el
       momento tenemos la intención de asistir las siguientes juezas y
       jueces:

           Licda. Shirley Víquez Vargas, Jueza del Juzgado de Familia de
           Nicoya
           Licda. Shirley González Quirós, Jueza del Juzgado de Violencia
           Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela
           Licda. Nidia Sánchez Boschini, Jueza del Tribunal de Familia de
           San José
           Licda. Gloria E. Angulo Smith, Jueza del Juzgado de Pensiones
           Alimentarias de Heredia
           Licda. Adriana Chacón Catalán, Jueza del Juzgado de Trabajo
           del Segundo Circuito Judicial de San José
           Licda. Lorena María Mc. Laren, Jueza del Juzgado de Familia
           del Primer Circuito Judicial de Alajuela
           Lic. Manuel Rodríguez Arroyo, Juez del Juzgado de Familia y
           Penal Juvenil de Pérez Zeledón
           Licda. Adriana Chaves Redondo, Fiscal Auxiliar de la Primera
           Fiscalía Adjunta de San José
           Licda. Lucrecia Valverde Arguedas, Jueza del Juzgado de
           Familia, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Santa Cruz
           Licda. María de los Ángeles Muñoz Ruíz, Jueza del Juzgado de
           Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José
           Licda. Ginneth Durán Corrales, Profesional 2 de la Oficina de
           Asuntos Internos.‖
                                       -0-

     Por su parte, el licenciado Manuel Rodríguez Arroyo, Juez de Familia de

Pérez Zeledón, en correo electrónico enviado el 18 de este mes, en lo
                                                                            104


conducente indicó:

       ―…me permito adicionar el Oficio suscrito por la licenciada Maria
       de Los Ángeles Muñoz que se conocerá el día de mañana
       (No.7308), con la finalidad de aportarle Información oficial de
       dicho Congreso y reiterarles nuestra solicitud de obtener en la
       medida posible alguna ayuda económica de parte del Poder Judicial
       para sufragar los gastos de traslado, alimentación y hospedaje que
       cada uno de nosotros va a asumir, y conociendo de ayudas similares
       que el Consejo que ustedes dirigen hasta por $100 ha aprobado para
       capacitaciones similares a otros compañeros. Agradeciendo de
       antemano su colaboración se suscribe.‖
                                     -0-

       Se acordó: 1.) Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución a

las licenciadas Shirley Víquez Vargas, Shirley González Quirós, Nidia

Sánchez Boschini, Gloria Angulo Smith, Lorena Mc Laren Quirós, Lucrecia

Valverde Arguedas, María de los Ángeles Muñoz Ruiz y al licenciado Manuel

Rodríguez Arroyo, para que participen en el "XV Congreso Internacional de

Derecho de Familia", a celebrarse del 26 al 31 de octubre del presente año, en

la ciudad de México. Comunicar a los citados servidores, que de llegar a

realizarse un cambio en alguna diligencia o señalamiento durante esos días, se

haga siempre y cuando no conlleve una posible nulidad, además los

coordinadores de los despachos involucrados deberán observar de que

tampoco estén próximos a prescribir y reprogramarlos a la fecha más próxima,

en el entendido de que analizarán la situación para cada caso particular. 2.)

Denegar el permiso con goce de salario a las licenciadas Adriana Chacón

Catalán, Adriana Chaves Redondo, Ginneth Durán Corrales, sin perjuicio de
                                                                              105


que puedan gestionar vacaciones o permiso sin goce de salario, para asistir a la

citada actividad; lo anterior en razón de que el congreso esta relacionado con

la materia de familia. 3.) Comunicar al licenciado Rodríguez Arroyo, que la

ayuda económica se otorga cuando se ha presupuestado y se realiza el

correspondiente concurso, en el que se indica cuáles son las condiciones o las

facilidades que se dan.

      El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal y los

interesados tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXIII

      El señor Rodrigo Araya Durán, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado Quinto

Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de

14 de agosto en curso, manifiesta lo siguiente:

             ―… hago de conocimiento de este Consejo que mediante oficio
       Nº SINAC-DE-1357 del 6 de agosto del 2008, el Director Ejecutivo
       del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Ronald
       Vargas Brenes, me comunica oficialmente la invitación formal para
       la celebración del día de Parques Nacionales, actividades que se
       llevaran a cabo del día 18 de agosto al 22 de agosto de este año.

             En virtud de lo anterior y en vista de que la comunicación es
       oficial por parte de uno de los órganos estatales adscrito al
       Ministerio del Ambiente y Energía, solicito se me otorgue permiso
       con goce de salario para ausentarme únicamente los días jueves 21 y
       viernes 22 de agosto de los corrientes, a fin de poder asistir a las
       actividades programadas para la celebración del día de Parques
       Nacionales. Adjunto el visto bueno otorgado por parte del Juez
       Coordinador del Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San
       José, Lic. Juan Pablo Carpio Álvarez, así como original de la
       invitación antes mencionada.‖
                                                                               106


                                       -0-

   Por su parte, el licenciado Juan Pablo Carpio Álvarez, Juez Coordinador

del Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de

San José, en nota de 14 de los corrientes, expresa lo siguiente:

            ―… en virtud del permiso solicitado por el señor Rodrigo
       Araya Durán, Auxiliar Judicial 2 de éste mismo despacho, a fin de
       poder asistir a las actividades programadas para la celebración del
       día de Parques Nacionales, no tengo objeción alguna y doy mi visto
       bueno para que el Auxiliar citado pueda ausentarse con permiso con
       goce de salario los días 21 y 22 de agosto de los corrientes; por
       haber sido invitado oficialmente por parte del Director Ejecutivo del
       Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Ronald
       Vargas Brenes.‖
                                       -0-

      Se acordó: Autorizar la participación del señor Rodrigo Araya Durán, a

las actividades con motivo de la celebración del ―Día de Parques Nacionales‖

a realizarse del 21 al 22 de este mes, en el Parque Nacional Barra Honda y

Nicoya, Guanacaste. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a su cargo, lo cual implica que dará

prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones

en el Poder Judicial.

      El Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial

de San José y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXIV
                                                                                 107


      La doctora Doris María Arias Madrigal, Jueza del Tribunal Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, en nota del 14 de agosto en curso,

solicita lo siguiente:


              ―…solicito al Consejo Superior del Poder Judicial permiso
        para asistir al taller de capacitación ―Perspectiva de género,
        accesibilidad, derechos humanos y administración de justicia‖, al
        cual he sido invitada en una doble condición como participante pues
        integro los tribunales evaluadores de la carrera judicial y ponente de
        la investigación "La Carrera Judicial en Costa Rica: un diagnóstico
        con perspectiva de género" en la que, entre otras recomendaciones
        sugerí la sensibilización e integración de los tribunales
        examinadores con visión de género.‖
                                        -0-
      Se acordó: Autorizar a la doctora Doris Arias Madrigal, para que el 20

de agosto en curso, participe en el              taller ―Perspectiva de género,

accesibilidad, derechos humanos y administración de justicia‖, en el Aula

Virtual, ubicada en el tercer piso del edificio del Organismo de Investigación

Judicial en San José.

      El Departamento de Personal, Despacho de la Presidencia, el Tribunal

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y el Tribunal de la Inspección

Judicial, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

SUSTITUCIONES

                                ARTÍCULO XXV

      En la sesión celebrada el 31 de julio en curso, artículo XLV, se dejó
                                                                           108


constancia de la designación del suplente licenciado Macario Barrantes

Ramírez, por el 14 de agosto del año en curso, en sustitución de la licenciada

Milena Conejo Aguilar, Integrante de este Consejo, quien debía comparecer

ese día como testigo en la Fiscalía de Puntarenas, según se ordenó dentro del

proceso administrativo número 182-2008 (2), seguido contra el licenciado

Fernando Cubero Pérez.

      Manifiesta la Secretaria General que la licenciada Conejo Aguilar

comunicó que en horas de la tarde del 13 de agosto, se le informó que la

citación fue cancelada, razón por la cual doña Milena solicitó que se le

descontara ese día como vacaciones.

      Se acordó: Tomar nota de la manifestación anterior, en consecuencia,

modificar el acuerdo tomado en la sesión del 31 de julio en curso, artículo

XLV, en el sentido de que la sustitución del licenciado Barrantes Ramírez en

lugar de doña Milena es por vacaciones y no por permiso con goce de salario.

      El Departamento de Personal y el Tribunal de la Inspección Judicial,

tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXVI

      La   licenciada    Jennsie   Montero    López,   Jueza    del   Juzgado

Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Tercer Circuito Judicial de

Alajuela, en correo electrónico recibido el 18 de agosto en curso, solicita lo
                                                                               109


siguiente:

             ―En vista de que la Auxiliar de Servicios Generales II
       JACQUELINE GUTIERREZ GOMEZ cédula número 602740214
       se incapacitó los días 18, 19 de agosto 2008, se solicita se autorice
       el nombramiento de Mº del Pilar Gamboa Araya cédula número
       109520880. Siendo que la compañera es la encargada de agregar
       escritos, así como los diferentes documentos solicitados dentro de
       los procesos de pensión alimentaria y contravenciones que se
       tramitan en este Despacho, además de hacer la devolución de los
       expedientes y darles la debida ubicación, además de sacar copias,
       atender teléfono, enviar correo, recibir correspondencia y otros
       asuntos que realiza la compañera Gutiérrez Gómez. Después de un
       fin de semana largo hace que acudan una gran cantidad de usuarios
       como el caso de hoy acudieron a este Juzgado un aproximado de
       ciento cincuenta personas a firmar apremios, recibir denuncias (7
       denuncias), atender diferentes consultas que requieren las personas,
       y como es de conocimiento de ustedes algunos usuarios necesitan
       atención especial, caso contrario generaría atrasos en el trámite de
       los diferentes procesos que al efecto lleva este Juzgado,
       recargándose las labores en el resto del personal. En vista de lo
       anterior respetuosamente se les solicita que se autorice el
       nombramiento de MARIA DEL PILAR GAMBOA ARAYA,
       misma que se encuentra capacitada para sustituir la primera a la
       señorita Gutiérrez Gómez en el puesto de auxiliar de Servicios
       Generales II por los días 18,19 de agosto del 2008.-
             Esperando contar con la aprobación de esta solicitud…‖

                                       -0-

      Por mayoría, se acordó: Autorizar la sustitución de la servidora

Jacqueline Gutiérrez Gómez, por el 18 y 19 del mes en curso, y en su lugar

designar a la señora María del Pilar Gamboa Araya, durante el período

indicado por incapacidad.

      El Presidente Magistrado Mora y la licenciada Chaves Cervantes votan

por denegar la solicitud planteada, al considerar que el despacho puede buscar
                                                                              110


una forma de organizarse para cubrir estas ausencias de un día o de pocos

días, lo cual fomentaría la colaboración y el trabajo en equipo y no se afectaría

tanto el presupuesto en la partida de sustituciones, pudiendo reorientar los

recursos presupuestarios que se gastan en pago de sustituciones actualmente a

la creación de nuevas plazas para mejorar el servicio público de justicia.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                             ARTÍCULO XXVII

      En oficio N° 387-UPEE-AS-2008 de 22 de julio último, enviado por

correo electrónico el 7 de agosto en curso, los máster José Luis Bermúdez

Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de Administración Humana y de

Administración Salarial, respectivamente y la licenciada Lucy Vega Segura,

Profesional 2 de la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales, indicaron lo

siguiente:

              ―El señor Víctor Charpentier Ugarte, cédula N° 05-0250-
       0273, Juez 3, en solicitud de fecha 19 de febrero del 2008, gestiona
       el reconocimiento de los intereses generados por la cancelación
       tardía de los salarios correspondientes a Zonaje y Disponibilidad, y
       cuyo efectivo pago se dio el 13 de diciembre de 2007, el 28 de
       enero y el 13 de abril del 2008.

              1.- Gestión

            Lo que interesa en la gestión presentada por el señor
       Charpentier Ugarte el 19 de febrero del año en curso, dice:
                                                                         111




      ―Les pido que atiendan prioritariamente mi petición de pago
de disponibilidad que no me ha sido retribuido al menos desde la
segunda quincena de julio a la fecha.
       …Por su puesto mi petición de pago de disponibilidad
implica que continúen pagándome ese concepto, así como los
ajustes respectivos en el pago adeudado por los retrasos ocurridos.
Es obvio que esto ha afectado mis ingresos ordinarios, así como
extraordinarios de aguinaldo y salario escolar. Pido que también
calculen el pago de los intereses correspondientes al retraso.‖
      En adición a lo anterior, la solicitud presentada mediante
correo electrónico el 01 de mayo del 2008:
      ―…no me han realizado el pago de la disponibilidad y el
zonaje correspondientes al salario escolar, aguinaldo ni intereses por
los periodos en que no fueron incluidos esos pagos. Le solicito se
paguen esos rubros y cualesquiera otros a los que yo tenga
derecho...‖

      2. Fundamento Jurídico

      Previo a resolver este caso, resulta importante mencionar que
la Asesora Legal de este Departamento se pronunció sobre este
tema.

     Para tales efectos se toma como referencia el Informe Nº AL.
DP. No. 084-05 de fecha 07 de julio de 2005.

       Por su parte en relación con el caso concreto y la normativa
particular que regula el funcionamiento interno del Poder Judicial,
debe atenderse lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto de
Servicio Judicial, el cual expresamente establece que:

       ―los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos se
resolverán de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
Código de Trabajo, los principios generales del Servicio Civil, las
leyes y principios de derecho común, la equidad, la costumbre y los
usos locales‖.

      3.-   Límite de Pretensión

      De conformidad con la jurisprudencia analizada, la
                                                                                            112


          Administración se convierte en responsable por los daños y
          perjuicios ocasionados, de acuerdo con lo que se indica en el
          artículo Nº 706 del Código Civil1, el cual establece que los daños y
          perjuicios consisten en el pago de intereses sobre la suma debida, a
          partir del vencimiento del plazo, es decir, cuando la Administración
          debía pagar2, considerando la siguiente definición:

                  ―…la pretensión es "el poder que el derecho subjetivo concede
          a su titular para exigir del sujeto pasivo el acto o la omisión que forma
          su cometido, es decir, constituye la manifestación externa y tangible
          del Derecho Subjetivo, pero reducida al ámbito de la relación privada
          de los sujetos, a diferencia de la exigencia por medios externos que en
          el Estado de Derecho se reduce al proceso incoado por la acción del
          titular..."

                 (PIETRO CASTRO. "TRATADO DE DERECHO
          PROCESAL CIVIL").- La función jurisdiccional, se desarrolla en el
          campo de las pretensiones de las partes, de manera que, al juez no le
          es posible enfocar su decisión jurisdiccional hacia aspectos no
          pretendidos por las partes, pues incurriría en el vicio de falta de
          congruencia‖. Lo anterior se aplica con mayor razón en el ámbito
          administrativo, dado que a la Administración Pública en virtud del
          Bloque de Legalidad que la sujeta, sólo le está permitido lo que esté
          constitucional y legalmente autorizado, en forma expresa y, todo lo
          que así no esté regulado o autorizado, le está vedado realizarlo.

                 Según lo acordado por el Consejo Superior en sesión No. 56-
          07 del 01 de agosto de 2007, Artículo XXXII, que cita:

                 ―Por mayoría, establecer como un nuevo lineamiento el plazo
          razonable, de hasta por dos meses, para aprobar el reconocimiento de
          los intereses generados por el pago tardío de las prestaciones legales y
          otros reclamos económicos, a cuyos efectos el Departamento de
          Personal procederá a cancelar dicho monto en los casos según
          corresponda.‖

                Atendiendo los nuevos lineamientos establecidos por el
          Consejo Superior, se tiene que a partir del 01 de agosto del año en
          curso, la administración cuenta con dos meses como plazo
1
    Normativa aplicable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 del Estatuto de
    Servicio Judicial y 15 del Código de Trabajo.
2
    En el mismo sentido Sala Constitucional resolución n° 6432 de las 10:30 H del 4 de setiembre
    de 1998 y Consejo Superior, sesión n° 65-04 del 31 de agosto de 2004 (artículo XXXVIII).
                                                                                  113


       razonable para la cancelación de las sumas adeudadas, y a partir de
       esa fecha se generarían los intereses hasta la efectiva cancelación
       de los montos pendientes.

             4.-   Prescripción

              Al respecto debe atenderse lo que la jurisprudencia nacional
       ha resuelto en torno a la prescripción de intereses.

             La Sala Segunda en sentencia No.120- de las 9:30 H de 16 de
       agosto de 1989 ha expresado que:

              ―...tomado en consideración que los intereses son accesorios
       que se van generando como consecuencia de la mora de una
       obligación principal y que por lo mismo el derecho no puede
       prescribir independientemente en términos absolutos...‖

             5.-   Análisis y conclusión

             Del análisis de la gestión, se concluye que los intereses se
       generarían dos meses después de la fecha en que el pago debió
       hacerse efectivo, según lo dispuesto en S.C.S N° 56-07 del 01 de
       agosto del presente año en Artículo XXXII, y hasta la efectiva
       cancelación, razón por la cual se considera procedente la petitoria
       del señor Charpentier Ugarte. El cálculo de los intereses del
       Aguinaldo y el Salario Escolar está pendiente, ya que los mismos
       serán cancelados en Diciembre de 2008 y en Enero de 2009,
       respectivamente.

              De acuerdo con lo expuesto, se debe indicar que el monto que
       le corresponde al señor Charpentier Ugarte por concepto de
       intereses generados es de ¢276.314,36 (doscientos setenta y seis mil
       trescientos catorce colones con 36/100), calculados con la tasa de
       interés fijada por el Banco Nacional de Costa Rica correspondientes
       a los certificados de depósito a plazo a seis meses en colones.

             Se adjunta, el cálculo respectivo y la certificación de deuda
       emitida por el Departamento Financiero Contable."

Períodos en estudio
                           Rige      Efectivo       Principal      Intereses a Pagar
Rige         Vence
                         principal    pago
                                     ZONAJE
                                                                     114


5/14/2005    5/15/2005    7/15/2005    1/28/2008     5,102.00    1,435.64
5/16/2005    5/31/2005    7/31/2005    1/28/2008    38,265.00   10,517.84
6/1/2005     6/15/2005    8/15/2005    1/28/2008    38,265.00   10,283.94
6/16/2005    6/30/2005    8/31/2005    1/28/2008    38,265.00   10,034.45
7/1/2005     7/15/2005    9/16/2005    1/28/2008    39,825.00   10,196.06
7/16/2005    7/31/2005    9/30/2005    1/28/2008    39,825.00    9,984.34
8/1/2005     8/15/2005    10/15/2005   1/28/2008    39,825.00    9,757.50
8/16/2005    8/31/2005    10/31/2005   1/28/2008    39,825.00    9,515.55
9/1/2005     9/15/2005    11/16/2005   1/28/2008    39,825.00    9,273.59
9/16/2005    9/30/2005    11/30/2005   1/28/2008    39,825.00    9,061.87
10/1/2005    10/15/2005   12/15/2005   1/28/2008    39,825.00    8,817.53
10/16/2005   10/31/2005   12/31/2005   1/28/2008    39,825.00    8,555.57
11/1/2005    11/15/2005   1/16/2006    1/28/2008    39,825.00    8,293.61
11/16/2005   11/30/2005   1/31/2006    1/28/2008    39,825.00    8,048.03
12/1/2005    12/15/2005   2/15/2006    1/28/2008    39,825.00    7,802.44
12/16/2005   12/31/2005   2/28/2006    1/28/2008    39,825.00    7,589.60
1/1/2006     1/15/2006    3/15/2006    12/13/2007   41,834.99    7,353.85
1/16/2006    1/31/2006    3/31/2006    12/13/2007   41,835.00    7,078.67
2/1/2006     2/15/2006    4/16/2006    12/13/2007   41,835.00    6,803.49
2/16/2006    2/28/2006    4/30/2006    12/13/2007   41,835.00    6,562.71
3/1/2006     3/15/2006    5/15/2006    12/13/2007   41,835.00    6,331.91
3/16/2006    3/31/2006    5/31/2006    12/13/2007   41,835.00    6,094.26
4/1/2006     4/15/2006    6/15/2006    12/13/2007   41,835.00    5,876.37
4/16/2006    4/30/2006    6/30/2006    12/13/2007   41,835.00    5,656.74
5/1/2006     5/15/2006    7/15/2006    12/13/2007   41,835.00    5,430.13
5/16/2006    5/31/2006    7/31/2006    12/13/2007   41,835.00    5,188.42
6/1/2006     6/15/2006    8/15/2006    12/13/2007   41,835.00    4,961.81
6/16/2006    6/30/2006    8/31/2006    12/13/2007   41,835.00    4,720.10
7/1/2006     7/15/2006    9/16/2006    12/13/2007   43,305.00    4,635.74
7/16/2006    7/31/2006    9/30/2006    12/13/2007   43,305.00    4,416.81
8/1/2006     8/15/2006    10/15/2006   12/13/2007   43,305.00    4,197.88
8/16/2006    8/31/2006    10/31/2006   12/13/2007   43,305.00    3,966.92
9/1/2006     9/15/2006    11/15/2006   12/13/2007   43,305.00    3,752.80
                                                                    115


9/16/2006    9/30/2006    11/30/2006   12/13/2007   43,305.00   3,554.32
10/1/2006    10/15/2006   12/15/2006   12/13/2007   43,305.00   3,355.84
10/16/2006   10/31/2006   12/31/2006   12/13/2007   43,305.00   3,144.12
11/1/2006    11/15/2006   1/15/2007    12/13/2007   43,305.00   2,957.37
11/16/2006   11/30/2006   1/31/2007    12/13/2007   43,305.00   2,762.20
12/1/2006    12/15/2006   2/15/2007    12/13/2007   43,305.00   2,582.96
12/16/2006   12/31/2006   2/28/2007    12/13/2007   43,305.00   2,436.03
1/1/2006     1/15/2006    3/15/2007    12/13/2007   45,045.00   2,380.94
1/16/2006    1/31/2006    3/31/2007    12/13/2007   45,045.00   2,223.73
2/1/2006     2/15/2006    4/15/2007    12/13/2007   45,045.00   2,088.59
2/16/2006    2/28/2006    4/30/2007    12/13/2007   45,045.00   1,953.46
3/1/2006     3/15/2006    5/15/2007    12/13/2007   45,045.00   1,818.32
3/16/2006    3/31/2006    5/31/2007    12/13/2007   45,045.00   1,676.88
4/1/2006     4/15/2006    6/15/2007    12/13/2007   45,045.00   1,545.30
4/16/2006    4/30/2006    6/30/2007    12/13/2007   45,045.00   1,413.92
5/1/2006     5/15/2006    7/15/2007    12/13/2007   45,045.00   1,283.78
5/16/2006    5/31/2006    7/31/2007    12/13/2007   45,045.00   1,148.65
6/1/2006     6/15/2006    8/15/2007    12/13/2007   45,045.00   1,021.96
6/16/2006    6/30/2006    8/31/2007    12/13/2007   45,045.00    886.82
7/1/2006     7/15/2006    9/15/2007    12/13/2007   47,325.00    798.61
7/16/2006    7/31/2006    9/30/2007    12/13/2007   47,325.00    665.51
8/1/2006     8/15/2006    10/15/2007   12/13/2007   47,325.00    532.41
8/16/2006    8/31/2006    10/31/2007   12/13/2007   47,325.00    390.43
9/1/2006     9/15/2006    11/15/2007   12/13/2007   47,325.00    257.33
9/16/2006    9/30/2006    11/30/2007   12/13/2007   47,325.00    124.23
10/1/2006    10/15/2006   12/15/2007   12/13/2007   47,325.00       0.00
10/16/2006   10/31/2006   12/31/2007   12/13/2007   47,325.00       0.00
11/1/2006    11/15/2006   1/15/2008    12/13/2007   47,325.00       0.00
11/16/2006   11/30/2006   1/31/2008    12/13/2007   47,325.00       0.00
                                  DISPONIBILIDAD
8/1/2007     8/15/2007    10/15/2007   4/13/2008     6,310.00    188.07
8/16/2007    8/31/2007    10/31/2007   4/13/2008     6,310.00    169.14
9/1/2007     9/15/2007    11/15/2007   4/13/2008     6,310.00    151.39
                                                                            116


 9/16/2007   9/30/2007    11/30/2007   4/13/2008        6,310.00         133.65
 10/1/2007   10/15/2007   12/15/2007   4/13/2008        6,310.00         115.90
10/16/2007   10/31/2007   12/31/2007   4/13/2008        6,310.00           96.97
 11/1/2007   11/15/2007   1/15/2008    4/13/2008        6,310.00           79.22
11/16/2007   11/30/2007   1/31/2008    4/13/2008        6,310.00           60.29
 12/1/2007   12/15/2007   2/15/2008    4/13/2008        6,310.00           47.78
12/16/2007   12/31/2007   2/29/2008    4/13/2008        6,310.00           36.44
 1/1/2008    1/15/2008    3/15/2008    4/13/2008        6,310.00           24.29
 1/16/2008   1/31/2008    3/31/2008    4/13/2008        6,310.00           11.34
 2/1/2008    2/15/2008    4/15/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00
 2/16/2008   2/28/2008    4/30/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00
 3/1/2008    3/15/2008    5/15/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00
 3/16/2008   3/31/2008    5/31/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00
 4/1/2008    4/15/2008    6/15/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00
 4/16/2008   4/30/2008    6/30/2008    4/13/2008        6,682.00            0.00


                     Totales                        2,749,078.99      276,314.36


                                        -0-

      Por mayoría, se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar el pago

de ¢276.314,36 (doscientos setenta y seis mil trescientos catorce colones con

treinta y seis céntimos), por concepto de intereses a favor del licenciado

Víctor Charpantier Ugarte.

      El licenciado Martínez Fernández, votó por improbar el informe en los

términos que se presenta y ordenar su devolución al Departamento de

Personal, para que efectúe los cálculos a partir de la fecha que surgió la

obligación para el pago; ya que considera irrazonable fijar en dos meses el

plazo para que la Administración realice los trámites para el reconocimiento y
                                                                               117


efectiva cancelación de esas sumas; sobre todo tratándose de partidas

asociados con salarios que dejó de percibir el servidor/a cuando en derecho le

correspondía.

      Como fundamento para la decisión adoptada, indica el Integrante

Martínez, que es necesario rescatar lo indicado en el informe N° AL.DP. 047-

04 de la Asesoría Legal del propio Departamento de Personal, cuando citó

que. "…la Sala Constitucional en el Voto N° 6432 de las 10:30 del 4 de

setiembre de 1998, (acción de inconstitucionalidad seguida contra el artículo

19 de la Ley de Contratación Administrativa), estableció que "El contenido de

la norma, que se cuestiona, dispone: "Por atrasos en el pago de sus

obligaciones, la Administración reconocerá intereses cuando la mora exceda

de los noventa días naturales..." y se alega que esta disposición atenta contra el

artículo 45 de la Constitución Política, por ser irrazonable que se confisque la

renta de tres meses en el pago de las obligaciones y violación del principio de

igualdad, por darle a los acreedores un trato diferenciado -en su perjuicio- con

relación a las obligaciones tributarias en favor del Estado. Superado en el

considerando II de esta sentencia, el tema de la legitimación que han

cuestionado la Procuraduría General de la República y la Contraloría General

de la República, sin más análisis de fondo, procede declarar con lugar la

acción en cuando a este otro extremo, en los términos que lo analiza la
                                                                              118


Procuraduría General de la República en su informe, esto es, porque la norma

es irrazonable al exceder el plazo dentro de una eficiente gestión financiera,

para producir el pago; porque lesiona el principio de intangibilidad

patrimonial garantizado en el artículo 45 constitucional, puesto que supone

cercenar al propietario -injustificadamente- los frutos civiles, entregándoselos

devaluados, por lo cual equipara esta situación fáctica a lo que dispone el

artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, que recoge el principio inverso; porque la norma viola el

principio de igualdad de trato normativo, en tanto al particular se le exige

responder por cualquier atraso en sus pagos ante el Estado, sin considerar

ningún plazo de gracia; y por último, porque la norma puede tener efectos

discriminatorios, siendo diverso el trato, según el mayor o menor nivel de

atraso en el pago". (el destacado es nuestro).

      Así las cosas y de conformidad con el criterio externado por la Sala

Constitucional como fundamento para declarar la nulidad de la norma

impugnada (artículo 19 de la Ley de Contratación Administrativa), esta

asesoría, una vez que conoce la existencia de dicho voto y teniendo en cuenta

lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, -pese a

haber resuelto con anterioridad en estricta sujeción a lo establecido por la

jurisprudencia de la Sala Segunda, en los términos indicados-, considera que
                                                                            119


la Administración, debe tomar en cuenta los argumentos externados por la

Sala Constitucional en dicho voto, no por la aplicación directa de la normativa

anulada al régimen propio del Poder Judicial, sino por el contenido de las

conclusiones a las que arriba la Sala, con relación al tema de la morosidad de

los tres meses que se ha aplicado en el ámbito del Poder Judicial respecto de

los intereses debidos por éste. En consecuencia, esta Asesoría considera que el

reconocimiento de los intereses, debe darse desde el vencimiento del plazo

establecido para el cumplimiento de la prestación a que las partes se

encuentran obligadas, una vez que se incumple con dicha prestación, es decir,

desde que se debía cumplir la obligación y no se hizo o se hizo de forma

defectuosa o tardía, tal y como lo establecen los numerales 602 y 607 del

Código Civil así como el criterio sostenido por la Sala Constitucional, en su

voto Nº 6432 de las 10:30 H de 4 de setiembre de 1998. No obstante debe ser

el Consejo Superior quien decida sobre el particular, tal y como se indicará

con posterioridad."

      Por último, señala el licenciado Martínez, que la conclusión de dicho

informe, en lo que interesa señaló: "De conformidad con el análisis normativo,

doctrinal y jurisprudencial efectuado se puede sostener que los intereses

moratorios derivados de una obligación o derecho laboral, tienen un carácter

indemnizatorio de los daños y perjuicios generados en virtud del
                                                                            120


incumplimiento (total o parcial) o del cumplimiento tardío o defectuoso de la

obligación (dineraria) contraída por el patrono. En consecuencia, tal y como lo

dispone la normativa y jurisprudencia analizada, los intereses se generan, en

todos estos supuestos, a partir de que el patrono incurre en mora (vencimiento

del plazo), es decir, desde el momento en que nacieron para el servidor sus

derechos y para la Administración la obligación de cumplirlos (obligación

exigible), sin hacerlo o sin llevarlo a cabo satisfactoriamente."

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXVIII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de Administración Salarial, respectivamente, en

oficio N° 1093-UCS-AS-2008 del 27 de junio de este año, recibido el 7 de

agosto en curso, informan lo siguiente:

             “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado al señor Mario Malespín Palacios.

             1. Gestión

            Mediante nota de fecha siete de marzo del dos mil ocho, el
       señor Mario Malespín Palacios, solicita se le reconozca el tiempo
       servido en el Ministerio de Salud.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

            El señor Mario Malespín Palacios labora interinamente para
       este Poder, se desempeña como Investigador 1 en la Sección
                                                                        121


Servicio Nocturno del Organismo de Investigación Judicial.

      El servidor señala para recibir notificaciones en su oficina de
trabajo, Sección de Turno Extraordinario (SITE) del O.I.J.

     3. Disposiciones Legales

     3.1    Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

      “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.2    Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
            Servido en el Poder Judicial y en otros entes
            Públicos para efectos del pago de anualidades y la
            jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su
relación laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en
el momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.
      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

     4. Otras Consideraciones

     4.1    Estudio de reconocimiento de tiempo servido en
            otras instituciones del Estado para efectos de
            jubilación N° RTFPJ-0051-2008:
                                                                               122




            De conformidad con la documentación que consta en el
      expediente personal del servidor y la que este despacho solicitó con
      la finalidad de tener la información necesaria para realizar el
      estudio. Determinó que el señor Malespín Palacios debe reintegrar
      al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢1.100.418,37 a
      fin de que pueda reconocer para efecto de pago de anualidades y
      jubilación tres años, seis meses y un día laborados para el Ministerio
      de Salud.

           4.2    Oficio N° 00831-UCS-AS-2008 del nueve de mayo
                  del dos mil ocho:

            Mediante el oficio N° 00831-UCS-AS-2008 de fecha nueve de
      mayo del dos mil ocho, se le informa al señor Mario Malespín
      Palacios del estudio N° RTFPJ-0051-2008, el cual fue enviado al
      correo electrónico de la Jefatura de Servicio del O.I.J. Cabe indicar
      que con fecha veintitrés de mayo del presente año, el servidor
      solicita se le aplique un 5% a efecto de cancelar el monto que debe
      reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones por motivos
      económicos, indica que debe cancelar alquiler del apartamento, se le
      aplica una deducción de ASOCEJUD, que tiene planes de estudio y
      además que él es el único soporte económico en la familia.

           5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

      5.1          De conformidad con las disposiciones legales existentes
      en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
      instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
      RTFPJ-0051-2008 de reconocimiento de tiempo servido en otras
      instituciones del Estado, el cual determina que el señor Mario
      Malespín Redondo debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
      Pensiones la suma de ¢1.100.418,37 a fin de que pueda reconocer
      para efectos de pago de anualidades y jubilación tres años, seis
      meses y un día, laborados para el Ministerio de Salud.‖
                                      -0-

     El informe Nº RTFPJ-0051-2008 de 29 de abril del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el señor Mario Malespín Palacios,

Investigador 1 en la Sección Servicio Nocturno del Organismo de
                                                                            123


Investigación Judicial, asciende a la suma de ¢1.100.418,37 (un millón cien

mil cuatrocientos dieciocho colones con treinta y siete céntimos), para que se

le pueda reconocer 3 años, 6 meses y 1 día laborados para el Ministerio de

Salud, para efectos de anualidades y jubilación, correspondientes a los

períodos del 1° de setiembre del 2002 al 1° de agosto del 2005 y del 3 de julio

del 2006 al 2 de febrero del 2007.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Mario

Malespín Palacios, 3 años, 6 meses y 1 día laborados para el Ministerio de

Salud, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones

del Poder Judicial la suma de ¢1.100.418,37 (un millón cien mil cuatrocientos

dieciocho colones con treinta y siete céntimos), que se le deducirá de su

salario en el tanto de un 5% mensual hasta la cancelación total, tal y como lo

solicitó don Mario en nota de 23 de mayo de este año, presentada ante el

Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas

corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco

Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero

Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del

Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos
                                                                            124


se le enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de

Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. Se declara

acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXIX

      En sesión N° 30-08 celebrada el 23 de abril del año en curso, artículo X,

con base en las recomendaciones emitidas en los dictámenes médicos números

J.D.M.L. 2007-0346D y J.D.M.L. 2007-0347D del Departamento de Medicina

Legal, de las señoras Mildred Montero Solano y Belcida Guerrero Araya,

servidoras de la Administración del Primer Circuito Judicial de San José, se

solicitó al Departamento de Personal valorara e informara a este Consejo, la

posibilidad de reubicarlas en otro despacho judicial.

      En oficio N° RS-3055-08 de 6 de agosto en curso, los máster José Luis

Bermúdez Obando y Maritza Herrera Sánchez, Jefes de Administración

Humana y de la Sección de Reclutamiento y Selección, respectivamente,

manifiestan lo siguiente:

            “I. ANTECEDENTES:

            El Consejo Superior en la sesión N° 30-08, celebrada el
       pasado 23 de abril, artículo X, acordó lo siguiente:

             “…2. Con base en las recomendaciones emitidas por el
       Departamento de Medicina Legal, el Departamento de Personal
       valorará e informará a este Consejo, la posibilidad de reubicar a
       las servidoras Montero Solano y Guerrero Araya.”
                                                                                    125


          II. CONSIDERACIONES:


          1. La Sección de Reclutamiento y Selección procedió a
    revisar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que
    para tales efectos lleva el Departamento de Gestión Humana, la
    condición laboral de las servidoras Montero Solano y Guerrero
    Araya, determinándose lo siguiente:

          La servidora Montero Solano se encuentra nombrada
    interinamente desde el 01 de julio anterior hasta el 30 de setiembre
    próximo.

          La servidora Bélcida Guerrero estuvo nombrada en la plaza N°
    6058 correspondiente a la clase de Auxiliar de Servicios Generales
    2 perteneciente a la Administración del Primer Circuito Judicial de
    San José hasta el 30 de abril pasado. Ahora bien, por acuerdo del
    Consejo Superior en sesión N° 35-08 celebrada el 13 de mayo
    anterior, artículo IV, se nombró en propiedad en dicha plaza a la
    servidora Llany Bustamante Castro a partir del 01 de mayo anterior,
    por lo cual a la fecha del presente informe, la señora Guerrero
    Araya se encuentra sin nombramiento.

           2. Por otro lado, se procedió a revisar la Relación de Puestos
     y se verificó que de acuerdo con la categoría que han venido
     ocupando ambas servidoras, existen las siguientes plazas vacantes
     en el Primer Circuito Judicial de San José, mismas que no se
     encuentran en ninguno de los concursos que al día de hoy está
     tramitando la Sección de Reclutamiento y Selección:

          Clase                             Oficina                      N° Plaza
Aux. Serv. Generales 2         Juzgado Tercero Civil de San José           43838
Aux. Serv. Generales 2        Oficina Administrativa del I.C.J.S.J.        44102
Aux. Serv. Generales 2    Oficina Administrativa de la Defensa Pública    103816
                                Juz. de Ejecución. de Sanciones
 Aux. Serv. Generales 2                                                  103658
                                       Penales Juveniles

        3. Los puestos anteriores son ocupados interinamente por los
    siguientes servidores y servidoras:

                                                              Período de
 Plaza          Servidor (a)            N° Cédula           nombramiento
 43838    Luz Marina Calderón Acuña      01-0999-         23-06-08 al 22-10-08
                                                                            126


                                         0205
                                       01-1116-
44012     Ingrid Juáez Rodríguez         0244        16-07-08 al 31-08-08
                                       07-1104-
103816   Cristian Patterson Sinclair     0527        01-07-08 al 31-12-08
                                       01-1327-
103658      Víctor Alfonso Solís         0664        14-07-08 al 15-08-08

        Únicamente el señor Cristian Patterson Sinclair se encuentra
   elegible para esa clase de puesto.


          4. Ahora bien, en relación con la recomendación del
   Departamento de Medicina Legal, se debe tener presente la
   normativa vigente aprobada por el Consejo Superior en sesión N°
   71-06 celebrada el 21 de setiembre del 2006, artículo XXXVI que
   establece las consideraciones técnicas que deben observarse al
   momento de tramitar las solicitudes de traslado de los servidores
   judiciales, que en lo que interesa dice:

         “… a) El traslado directo se hará efectivo siempre y cuando
   se cumpla con las justificantes requeridas, no se afecte el servicio
   público del despacho que deja el solicitante, la persona a trasladar
   esté elegible, no exista un concurso abierto y en la plaza vacante a
   trasladar no esté nombrada una persona elegible en el puesto; en
   caso de que existan varias solicitudes de traslado hacia una misma
   plaza, prevalecerá la que fue presentada de primera….”

         En virtud de lo anterior, la Sección de Reclutamiento y
   Selección procedió a revisar el expediente personal de las señoras
   Montero Solano y Guerrero Araya y se determinó que ninguna de
   ellas cumple con el requisito de elegibilidad que estipula la
   normativa que regula los traslados.

         5. Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
   de Justicia en el voto N° 5356-96 dictó que no se puede sustituir a
   un interino por otro servidor en la misma condición, por lo cual en
   razón de que la señora Montero Solano se encuentra en esta
   condición, no es posible proceder con el traslado. De igual manera,
   en el caso de la señora Guerrero Araya al no laborar para el Poder
   Judicial no aplica este trámite

         III. CONCLUSIONES:
                                                                               127




          1. El Departamento de Medicina Legal recomienda que ambas
       servidoras sean reubicadas en un despacho libre de las condiciones
       laborales actuales.

           2. La señora Dora Montero Solano posee un nombramiento
       interino y en el caso de la señora Bélcida Guerrero, no se encuentra
       nombrada en ningún despacho judicial.

          3. Ambas servidoras no se encuentran elegibles para ninguna clase
       de puesto.

          4. Existe Jurisprudencia de la Sala Constitucional referente a la
       imposibilidad de trasladar servidores interinos con la finalidad de
       ocupar plazas en las que estén nombrados otros en igual condición,
       como es el caso de la señora Montero Solano.
            IV. RECOMENDACIÓN:

             Debido a la condición laboral de la señora Montero Solano,
       técnica y legalmente no es viable su traslado, por lo cual de
       conformidad con la información contenida en el dictamen emitido por
       el Departamento de Medicina Legal N° J.D.M.L. 2007-0346D, en
       cuyo caso se determina que presenta conflictos de índole laboral, se
       recomienda la intervención de la Unidad de Atención Psicosocial o
       del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

             Así las cosas, elevamos el presente asunto al Consejo Superior,
       para lo que a bien estimen disponer.‖

                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe del Departamento de Personal

y solicitar a la Unidad de Atención Psicosocial del Servicio de Salud para

Empleados que atienda el caso de la señora Dora Montero Solano, quien

actualmente labora en forma interina para el Poder Judicial, con el fin de

mejorar su situación laboral.
                                                                               128


                              ARTÍCULO XXX

      En sesión N° 40-08 celebrada el 29 de mayo del año en curso, artículos

XXXVII y XXXIX, previamente a resolver lo que correspondiera, se solicitó

al Departamento de Personal, que aclarara la razón por la cual aplicaron una

fórmula diferente de cálculo en situaciones similares -licenciado Warren

Alkiezar Alfaro, Fiscal Auxiliar de Alajuela y la servidora Silvia Quesada

Alpízar, Jueza Contravencional del Primer Circuito Judicial de San José- en la

cancelación tardía de los salarios correspondiente a fines de semana y días 31.

      En cumplimiento de lo anterior, los máster José Luis Bermúdez Obando

y Rónald Calvo Coto, Jefes de Administración Humana y Administración

Salarial, respectivamente y la licenciada Lucy Vega Segura, servidora de la

Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales, en oficio N° 396-UPEE-AS-

2008 de 4 de agosto en curso, manifestaron lo siguiente:

              ―En atención a lo acordado en sesión No. 40-08 del 29 de
       mayo del año en curso, artículos XXXVII y XXXIX, nos
       permitimos aclarar la forma en que se calcularon los intereses por el
       atraso en el pago de los fines de semana y días 31 de la señora
       Quesada Alpízar y el señor Alkiezar Alfaro, comunicados al
       Consejo Superior mediante oficios 0334-UPEE-AS-2008 y 0333-
       UPEE-AS-2008, respectivamente.

             1.- Caso de la señora Silvia Quesada Alpízar

             La solicitud de pago de fines de semana y días 31 de la
       servidora Quesada Alpízar fue presentada ante este Departamento el
       16 de agosto de 2007.
                                                                              129


         Siendo así, se procedió a aplicar lo establecido por el Consejo
  Superior en sesión Nº 56-07 del 01 de agosto de 2007, Artículo
  XXXII, de manera que al tener dos meses para la cancelación del
  principal, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, la
  fecha de la mora se fijó a partir del 15 de octubre de 2007, como se
  muestra en el siguiente cuadro:

 Períodos en estudio
                                                                 Intereses
                             Rige      Efectivo     Principal
  Rige        Vence                                             s/Principal
                         principal      pago
17/07/2004 18/07/2004 15/10/2007 14/01/2008         56,603.56       976.41

25/12/2004 26/12/2004 15/10/2007 14/01/2008         58,519.56     1,009.46

31/12/2005 31/12/2005 15/10/2007 14/01/2008         24,937.42       430.17

11/02/2006 12/02/2006 15/10/2007 27/11/2007         53,027.94       437.48
17/06/2006 18/06/2006 15/10/2007 27/11/2007         53,027.94       437.48
31/05/2007 31/05/2007 15/10/2007 27/11/2007         29,121.15       240.25

31/08/2007 31/08/2007 15/10/2007 27/11/2007         30,573.24       252.23


                   Totales                        305,810.81      3,783.48

        Es dable indicar que al ser cancelado el principal el 27 de
  noviembre de 2007, la suma correspondiente a salario escolar se
  paga correctamente en enero de 2008, de ahí que no le corresponda
  el pago de intereses por ese concepto. En cuanto al aguinaldo, el
  cálculo de intereses queda pendiente hasta que se haga efectivo en
  diciembre de 2008.
         2. Caso del señor Warren Alkiezar Alfaro
         El servidor Alkiezar Alfaro presentó la solicitud de pago de
  fines de semana, días 31 e intereses de los mismos en abril de 2007.
  De acuerdo al análisis de la misma se determina que no aplica el
  nuevo lineamiento de los dos meses, por lo que se le da trámite con
  el lineamiento anterior, tomado por el Consejo Superior en sesión
  Nº tal como se muestra en el detalle del estudio:
                                                                                130



 Períodos en estudio
                                                                   Intereses
                               Rige       Efectivo    Principal
  Rige        Vence                                               s/Principal
                         principal          pago
10/08/1996 11/08/1996 16/08/1996 02/11/2007 21,286.30               32,931.31
19/10/1996 20/10/1996 01/11/1996 02/11/2007 18,950.00               28,668.39
02/11/2002 03/11/2002 16/11/2002 02/11/2007            5,334.93      3,198.83

11/10/2003 12/10/2003 16/10/2003 02/11/2007            8,935.73      4,277.92

06/12/2003 07/12/2003 16/12/2003 02/11/2007            9,220.13      4,230.19

14/08/2004 15/08/2004 16/08/2004 13/11/2007            6,429.27      2,460.81


                     Totales                          70,156.37     75,767.45

         De esta forma, la mora se inicia el día después de que la
  administración debió hacer la cancelación de las sumas
  correspondientes, hasta su efectivo pago. Lo mismo, en el cálculo
  de los intereses para el salario escolar y el aguinaldo.

                     Intereses
                                         Intereses
         Salario         s/                        Intereses
                               Aguinaldo     s/
         Escolar      Salario                       a Pagar
                                         Aguinaldo
                      Escolar
            764.18                    1,837.54                32,931.31
            680.31 2,133.92           1,635.86     5,202.23 36,004.54

            436.93     251.32          480.99                  3,450.15

            731.84                     805.63        594.91    4,872.83
            755.13     665.34          831.27        286.71    5,182.24

            526.56     174.97          579.65        201.10    2,836.88


          3,894.94 3,225.55           6,170.94     6,284.95 85,277.95
                                                                              131


             Se aclara que en ninguno de los casos se varió la fórmula para
       el cálculo, ya que independientemente de la aplicación de los
       lineamientos establecidos, estos se realizan tomando como base el
       sistema vigente para cálculo de intereses, de acuerdo con la tasa de
       interés fijada por el Banco Nacional de Costa Rica correspondiente
       a los certificados de depósito a plazo a seis meses en colones.‖
                                      -0-

      Expresa el Integrante Martínez Fernández, que le preocupa la

interpretación y la fórmula que viene utilizando el Departamento de Personal

para el cálculo de los intereses que corresponde a casos como los que describe

en su aclaración, ya que de su respuesta se deriva un evidente perjuicio para

los servidores que reclaman el derecho a que se les reconozca el pago de

sumas que no se les giraron oportunamente, así como los respectivos intereses.

Lo anterior, se demuestra con comparar las bases utilizadas en los cuadros que

presenta el Departamento de Personal, en los que en el caso de la señora Silvia

Quesada Alpízar, los cálculos de intereses se efectúan a partir de la fecha de

pago del principal -descontando los dos meses aprobados por el Consejo

Superior, como plazo razonable para efectuar el pago-; mientras que en el

correspondiente al servidor Alkiezar Alfaro, como corresponde, se toma como

inicio para el cómputo de los intereses la fecha en que el pago se debió

realizar y no se hizo. Es decir, a la servidora Silvia Quesada Alpízar le están

dejando de calcular y pagar los intereses que reclamó y a los que tiene derecho

desde el año 2004, 2005, 2006 y 2007, cuando debió recibir el pago
                                                                             132


correspondiente a fines de semana y días 31. Concluye el licenciado Martínez,

que lo anterior constituye una interpretación a todas luces desacertada, que

excede por mucho el plazo de dos meses que se aprobó como plazo razonable

para que la Administración verificará el pago por esos conceptos; por lo que

plantea esa consideraciones a este Consejo, para lo que estime apropiado

resolver.

      Se acordó: 1.) Tomar nota de las observaciones de Integrante Martínez.

2.) Por mayoría, acoger el informe anterior y autorizar el pago de ¢3,783.48

(tres mil setecientos ochenta y tres colones con cuarenta y ocho céntimos), a

favor de la servidora Silvia Quesada Alpízar y ¢85,277.95 (ochenta y cinco

mil doscientos setenta y siete colones con noventa y cinco céntimos), a favor

del licenciado Warren Alkiezar Alfaro por concepto de pago de intereses

generados por la cancelación tardía de los salarios correspondientes a fines de

semana y días 31, lo anterior sin perjuicio de una revisión posterior. 3.)

Solicitar al Departamento de Personal que no utilice la coletilla de lo resuelto

por el Consejo en sesión N° 56-07 del 17 de agosto del 2007, artículo XXXII,

porque en casos como el descrito en este acuerdo no se aplica el período de

dos meses establecido por este Consejo para el pago de los intereses, pues

corren desde que se genere el derecho hasta su efectivo pago, en consecuencia
                                                                           133


debe ese Departamento revisar la fórmula utilizada para realizar los referidos

cálculos.

      El licenciado Martínez Fernández, votó por improbar el informe que

corresponde a la señora Quesada Alpízar, en los términos que se presenta y

ordena su devolución al Departamento de Personal, para que efectúe los

cálculos a partir de la fecha que surgió la obligación para el pago; ya que no

solo considera irrazonable fijar en dos meses el plazo para que la

Administración realice los trámites para el reconocimiento y efectiva

cancelación de esas sumas; sobre todo tratándose de partidas asociados con

salarios que dejó de percibir el servidor/a cuando en derecho le correspondía;

sino porque considera improcedente la interpretación que ha hecho dicho

Departamento en referencia a ese plazo, según lo indicó en sus

consideraciones.

      Como fundamento para la decisión adoptada, indica el Integrante

Martínez, que es necesario rescatar lo indicado en el informe N° AL.DP. 047-

04 de la Asesoría Legal del propio Departamento de Personal, cuando citó

que. "…la Sala Constitucional en el Voto No. 6432 de las 10:30 del 4 de

setiembre de 1998, (acción de inconstitucionalidad seguida contra el artículo

19 de la Ley de Contratación Administrativa), estableció que "El contenido de

la norma, que se cuestiona, dispone: "Por atrasos en el pago de sus
                                                                               134


obligaciones, la Administración reconocerá intereses cuando la mora exceda

de los noventa días naturales..." y se alega que esta disposición atenta contra el

artículo 45 de la Constitución Política, por ser irrazonable que se confisque la

renta de tres meses en el pago de las obligaciones y violación del principio de

igualdad, por darle a los acreedores un trato diferenciado -en su perjuicio- con

relación a las obligaciones tributarias en favor del Estado. Superado en el

considerando II de esta sentencia, el tema de la legitimación que han

cuestionado la Procuraduría General de la República y la Contraloría General

de la República, sin más análisis de fondo, procede declarar con lugar la

acción en cuando a este otro extremo, en los términos que lo analiza la

Procuraduría General de la República en su informe, esto es, porque la norma

es irrazonable al exceder el plazo dentro de una eficiente gestión financiera,

para producir el pago; porque lesiona el principio de intangibilidad

patrimonial garantizado en el artículo 45 constitucional, puesto que supone

cercenar al propietario -injustificadamente- los frutos civiles, entregándoselos

devaluados, por lo cual equipara esta situación fáctica a lo que dispone el

artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, que recoge el principio inverso; porque la norma viola el

principio de igualdad de trato normativo, en tanto al particular se le exige

responder por cualquier atraso en sus pagos ante el Estado, sin considerar
                                                                              135


ningún plazo de gracia; y por último, porque la norma puede tener efectos

discriminatorios, siendo diverso el trato, según el mayor o menor nivel de

atraso en el pago". (el destacado es nuestro).

      Así las cosas y de conformidad con el criterio externado por la Sala

Constitucional como fundamento para declarar la nulidad de la norma

impugnada (artículo 19 de la Ley de Contratación Administrativa), esta

asesoría, una vez que conoce la existencia de dicho voto y teniendo en cuenta

lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, -pese a

haber resuelto con anterioridad en estricta sujeción a lo establecido por la

jurisprudencia de la Sala Segunda, en los términos indicados-, considera que

la Administración, debe tomar en cuenta los argumentos externados por la

Sala Constitucional en dicho voto, no por la aplicación directa de la normativa

anulada al régimen propio del Poder Judicial, sino por el contenido de las

conclusiones a las que arriba la Sala, con relación al tema de la morosidad de

los tres meses que se ha aplicado en el ámbito del Poder Judicial respecto de

los intereses debidos por éste. En consecuencia, esta Asesoría considera que el

reconocimiento de los intereses, debe darse desde el vencimiento del plazo

establecido para el cumplimiento de la prestación a que las partes se

encuentran obligadas, una vez que se incumple con dicha prestación, es decir,

desde que se debía cumplir la obligación y no se hizo o se hizo de forma
                                                                            136


defectuosa o tardía, tal y como lo establecen los numerales 602 y 607 del

Código Civil así como el criterio sostenido por la Sala Constitucional, en su

voto No. 6432 de las 10:30 H de 4 de setiembre de 1998. No obstante debe ser

el Consejo Superior quien decida sobre el particular, tal y como se indicará

con posterioridad."

      Por último, señala el licenciado Martínez, que la conclusión de dicho

informe, en lo que interesa señaló: "De conformidad con el análisis normativo,

doctrinal y jurisprudencial efectuado se puede sostener que los intereses

moratorios derivados de una obligación o derecho laboral, tienen un carácter

indemnizatorio de los daños y perjuicios generados en virtud del

incumplimiento (total o parcial) o del cumplimiento tardío o defectuoso de la

obligación (dineraria) contraída por el patrono. En consecuencia, tal y como lo

dispone la normativa y jurisprudencia analizada, los intereses se generan, en

todos estos supuestos, a partir de que el patrono incurre en mora (vencimiento

del plazo), es decir, desde el momento en que nacieron para el servidor sus

derechos y para la Administración la obligación de cumplirlos (obligación

exigible), sin hacerlo o sin llevarlo a cabo satisfactoriamente." (Subrayado

añadido).

      Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda.
                                                                             137


                              ARTÍCULO XXXI

      La Corte Plena en sesión N° 26-08 celebrada el 11 de agosto del año en

curso, artículo I, por mayoría aprobó el ―Estudio para la definición del Estrato

Gerencial del Poder Judicial y su correcta ubicación salarial‖.

      En oficio N° 932-JP-2008 de 14 de agosto en curso, los máster

Francisco Arroyo Meléndez y José Luis Bermúdez Obando, Jefes del

Departamento de Personal y de Administración Humana, respectivamente,

comunican lo siguiente:

             ―Con el fin de ser valorado por el Consejo Superior y de ser
       aprobado sea enviado a la Dirección de Presupuesto Nacional, se
       solicita que se analicen los siguientes ajustes en el proyecto de
       presupuesto del año 2009:

       1.    Producto del acuerdo de Corte Plena de la sesión del 11 de
            agosto del 2008 artículo I, se estableció un nuevo incentivo
            Salarial a los puestos gerenciales del Poder Judicial.

       2.   Ante esta situación la Dirección de Presupuesto Nacional del
            Ministerio de Hacienda asignó a este nuevo componente la
            respectiva clasificación presupuestaria, con el siguiente
            detalle:

            Subpartida: 399

            Coletilla: 159

            Nombre: ―Sobresueldo para reconocer plus salarial a los
            puestos Gerenciales del Poder Judicial, según sesión de Corte
            Plena del 12 de agosto del 2008‖

            Descripción: Incentivo por Función Gerencial o Directiva
            (IGD)

       3.   En el Presupuesto del Poder Judicial que se encuentra en el
                                                                                                               138


                                Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2009, los montos
                                presupuestarios que dan contenido a la coletilla 159, se
                                encuentran asignados a la coletilla 180 (Estudios de
                                Clasificación y Valoración de Puestos) y sus referentes en
                                otras subpartidas.

                        4.      Según la técnica presupuestaria vigente es necesario trasladar
                                los montos correspondientes de la coletilla 180 y sus referentes
                                a la nueva coletilla 159, por programa y subpartida, con el fin
                                de cumplir con los principios presupuestarios vigentes y que
                                permiten el pago de dicho rubro.

                        5.      Según nos fue indicado en la Dirección de Presupuesto
                                Nacional del Ministerio de Hacienda, es necesario enviar a la
                                mayor brevedad los cambios que se indican con el fin de que
                                sean reflejados en el Presupuesto del año 2009 de manera
                                correcta.

                         6. A continuación se detallan los montos que se formularon para
                            el ejercicio presupuestario del año 2009 y que deben
                            trasladarse a la coletilla 159, subpartida 399 según programa.

MONTOS A TRASLADAR A LA SUBPARTIDA 399 COLETILLA 159 INCENTIVO POR FUNCIÓN GERENCIAL O DIRECTIVA
                       SEGÚN PROGRAMA, PARTIDA, SUBPARTIDA Y COLETILLA
    Y QUE SE FORMULO EN LA COLETILLA DE REASIGNACIONES Y SUS ASOCIADAS EN PRESUPUESTO 2009



 Subpartida     Coletilla         Nombre           Programa 926     Programa 927 Programa 928      Programa 929      Programa 930
          101         180    Revaloraciones         68,900,516.83   141,080,550.00 14,157,360.00     9,515,520.00      9,671,520.86
          301           44   Anuales                13,663,000.22     8,990,346.54 2,312,368.80      2,371,737.94         78,234.44
          399           97   Carrera Profesional    14,558,045.50    41,421,249.48 2,831,472.00      2,600,908.80      2,851,704.09
          302         115    Prohibición            30,307,532.81    91,702,357.50 9,202,284.00      6,185,088.00      6,124,794.00
          399           97   REFJ                    2,407,057.57             0.00   273,473.00               -                 -
                                                   129,836,152.92   283,194,503.52 28,776,957.80    20,673,254.74     18,726,253.39
                                                                               139




       7.    Cabe destacar que para el ejercicio presupuestario del año
            2008 y por medio de modificación presupuestaria en trámite,
            se están proponiendo transferir los montos que se ubican en
            la coletilla 180 y sus referentes a la subpartida 399, coletilla
            159.‖
                                       -0-

      En ejecución de lo resuelto por la Corte Plena en la sesión N° 26-08 del

11 de agosto en curso, artículo I, se dispuso: Trasladar la gestión del

Departamento de Personal a la Dirección de Presupuesto Nacional del

Ministerio de Hacienda, a efecto de que se realice el ajuste correspondiente en

el proyecto de presupuesto del 2009. Se declara este acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                             ARTÍCULO XXXII

      En sesión N° 57-08 celebrada el 6 de agosto del año en curso, artículo

LXXII, se concedió la prórroga de una semana, al Juzgado Civil y Trabajo de

Desamparados, para que rindiera al Departamento de Planificación los

informes estadísticos correspondientes al segundo trimestre del 2008.

      Con oficio N° 1524-PLA-2008 de 6 de agosto en curso, la máster Marta

Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N°

132-EST-2008 suscrito por el máster Franklin González Morales, Jefe de la

Sección de Estadística, que literalmente dice:

             ―Con base en las directrices establecidas en cuanto a presentar
       el informe de los despachos judiciales que no han remitido a esta
       fecha los informes estadísticos correspondientes al segundo
                                                                        140


trimestre del 2008, adjunto dos cuadros donde se indica la lista de
despachos morosos (11), como también el servidor o servidora con
quien se coordinó, además el detalle de la documentación faltante.

       En el caso del Tribunal Penal de Alajuela, aún están
pendientes los datos de los mensuales de enero, febrero y marzo del
presente año, de la fórmula EJ-12 y de marzo de la EJ-08. Además,
falta la fórmula EJ-07 correspondiente al Segundo trimestre de 2008
y los mensuales de Abril, Mayo y Junio de las fórmulas EJ-12 y EJ-
08; este caso en particular es preocupante, no sólo por la
importancia estadística del Tribunal, sino porque no se contaría con
sus datos por tercer trimestre consecutivo.

      Finalmente, se estima necesario se haga atenta excitativa a las
oficinas que a la fecha no han remitido los informes señalados
anteriormente, para que lo hagan a más tardar el 29 de este mes, de
lo contrario se echarán de menos esos datos para el segundo
trimestre.‖
                                -0-
                                                                                                                   141



CUADRO Nº 1

                     DESPACHOS JUDICIALES QUE NO HAN ENVIADO EL INFORME DE ESTADÍSTICAS
                                  CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DE 2008
                                           (Corte al 5 de Agosto de 2008)

                                                              Despacho Judicial
                           Proceso No Penal                                                        Proceso Penal

Especializados                                                        Tribunales Penales

Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios (1 )                     I Circuito de San José (1)
Tribunal Procesal ( 1 )                                               I Circuito de Alajuela (1)

Civil y Trabajo                                                       Juzgados Penales
Juzgado Civil y Trabajo Desamparados ( 2 )
                                                                      Upala (3)
Contravencional y Menor Cuantía                                       Bribrí (2)

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de los Chiles ( 1 )
                                                                      Fiscalía Penales

                                                                      San Ramón (3)
                                                                      Bribrí (1)
(1) No remitió fórmula y listado
(2) Solicitaron prórroga al Consejo Superior
(3) No ha remitido el listado.

i:\cua-2008\132est08.xls
                                                                                                                                                      142


CUADRO Nº 2

                                     DESPACHOS JUDICIALES QUE NO HAN ENVIADO EL INFORME DE ESTADISTICAS
                                              CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
                                                           (Corte al 1 de Agosto de 2008)

                                                                                       Solicitud del informe II trimestre del 2008
                                Despachos                      Vía telefónica o
                                                                                           Auxiliar o Administrador             Técnico de Estadística
                                                                  personal


                              Proceso Penal

Tribunales Penales

I Circuito de San José (1)                                        08/04/2008      Lucy Jiménez                               Shirley Montes Fennell
I Circuito de Alajuela (1)                                        08/05/2008      Correo electrónico                         Ana Erika Rodríguez

Juzgados Penales

Upala (3)                                                         08/04/2008      Arelys Villegas Cruz                       Maicol Orozco Navarro
Bribrí (2)                                                        08/04/2008      Eric Sevilla Pavón                         Maicol Orozco Navarro



Fiscalía Penales

San Ramón (3)                                                     08/04/2008      Dorayne Caravaca                           Maicol Orozco Navarro
Bribrí (2)                                                        08/04/2008      Hazel Jiménez                              Shirley Montes Fennell

                             Proceso No Penal
Especializados

Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios (1 )             08/01/2008          Adm. José Antonio Cordero Román            Margarita Sánchez Fallas
Tribunal Procesal ( 1 )                                       08/01/2008          Administrador Sergio Flores García         Estela González Garro

Civil y Trabajo

Juzgado Civil y Trabajo Desamparados ( 2 )                    07/25/2008          Asist. Judic. Edgar Mora Calderón          Margarita Sánchez Fallas

Contravencional y Menor Cuantía

Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de los Chiles ( 1 )   07/30/2008          Asist. Judic. 1 Clary Palacio Reyes        Sergio Valerio Madriz

(1) No remitió fórmula y listado
(2) Solicitaron prórroga al Consejo Superior
(3) No ha remitido el listado.


                                                                    -0-

                  Sobre el particular, el licenciado José Antonio Cordero Román,

   Administrador del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito

   Judicial de San José, en oficio N° 137-JCHAS-2008 de 8 de agosto en curso,

   expone lo siguiente:
                                                                                 143


            ―En atención al oficio número 1524-PLA-2008, en el que se
       emite el listado de despachos judiciales que no entregaron los
       informes estadísticos del segundo trimestre del presente año,
       respetuosamente, le comunico que los reportes estadísticos
       correspondientes al trimestre en mención del Juzgado Civil de
       Hacienda de Asuntos Sumarios, se enviaron a la Sección de
       Estadística mediante correo electrónico el día veinticinco de julio
       del 2008. En el correo se desglosó los informes que se remitieron y
       se hizo referencia al medio por el cual se enviaría el reporte
       trimestral de expedientes activos el cual se remitió el día 29 de julio
       por medio del auxiliar judicial Ramsés Matarrita mediante un
       dispositivo de almacenamiento, el cual fue recibido por la señora
       Margarita Sánchez Fallas, Técnica Administrativa 1, de la Sección
       de Estadística.
            Le adjunto copia de correo electrónico, de fecha 25 de julio del
       presente año, donde se confirma el recibido de los informes en la
       cuenta de Informes Estadísticos no penales.‖
                                        -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota del informe del Departamento de

Planificación. 2.) Ordenar a los Tribunales Penales del Primer Circuito

Judicial de San José, Primer Circuito Judicial de Alajuela, a los Juzgados

Penales de Upala y Bribrí, Fiscalías de San Ramón y Bribrí y al Juzgado

Contravencional y Menor Cuantía de los Chiles, remitir a la brevedad los

informes estadísticos que da cuenta el citado departamento. 3.) Tomar nota de

la comunicación del licenciado José Antonio Cordero Román, Administrador

del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San

José, relativo al envío del informe trimestral al mencionado departamento. 4.)

Remitir al Tribunal de la Inspección Judicial copia de este acuerdo, para que

en caso de incumplimiento de lo dispuesto, proceda a la aplicación del
                                                                                  144


régimen disciplinario que corresponda. 5.) Solicitar un informe al Tribunal

Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en el que indique a este

Consejo, los motivos por los cuales no se están entregando los respectivos

informes a tiempo al Departamento de Planificación, asimismo deberá tomar

las previsiones del caso para evitar la entrega tardía de los citados informes.

      El Departamento de Planificación tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXXIII

      Mediante oficio N° 5244-08 de 16 de junio del año en curso, la

Secretaría General de la Corte, solicitó al Departamento de Planificación, que

rindiera un informe sobre lo manifestado por la licenciada Emma González

Brenes, Jueza Penal de Buenos Aires, en oficio N° 96-2008 de 6 de junio del

año en curso, que literalmente dice:

             ―Por este medio me permito saludarles y a la vez se nos
       indique el procedimiento a seguir con respecto a las notificaciones,
       ya que hasta el momento no contamos con un Notificador.
       Tenemos conocimiento que el Juzgado Contravencional de Buenos
       Aires cuenta con un notificador, pero no sabemos si esta persona
       deberá asumir las funciones de notificador para el Juzgado Penal de
       Buenos Aires o por el contrario deberá de ser nombrada otra
       persona, haciendo mención que este despacho se encuentra en
       funciones desde el pasado 4 de febrero del 2008.‖

                                       -0-

      En atención a lo anterior, la máster Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, mediante oficio N° 1536-PLA-2008 de 8 de
                                                                                  145


agosto en curso, remite el informe N° 053-DO-2008-B elaborado por la

Sección de Desarrollo Organizacional, referente a la tramitación de

notificaciones en el Juzgado Penal de Buenos Aires, cuyas recomendaciones

literalmente dicen:

             ―Recomendaciones del Informe

              6.- Se recomienda que el personal de apoyo del Juzgado
       Penal de Buenos Aires asuma la realización de las notificaciones
       que se generen en el despacho, dado que se estima que la carga de
       trabajo lo permite cómodamente.
              Este Departamento realizará un nuevo análisis de las
       condiciones de las notificaciones de los tres despachos
       mencionados, en el nuevo estudio integral de juzgados penales, a
       realizarse en el primer trimestre del año 2009.
              En caso de que aumentara considerablemente la carga de
       trabajo, el Juzgado Penal de Buenos Aires deberá solicitar un
       estudio a efecto de valorar otras opciones de aplicación inmediata.
              Es del caso indicar que este informe fue puesto en
       conocimiento del Juzgado Penal de Buenos Aires y se recibió el
       oficio de respuesta numerado 124-JPBA-08 del pasado 3 de julio.
       En este oficio se indica que han realizado 90 notificaciones en el
       segundo trimestre y que la mayoría han sido por facsímil. De igual
       forma, en el oficio indicado solicitan aclaración en el sentido de si
       el personal del despacho debe ausentarse para realizar las
       notificaciones de forma personal, y si estos desplazamientos no
       alterarán las funciones propias del despacho.
              Al respecto, esta Sección mantiene su criterio en el sentido de
       que la cantidad de notificaciones que están realizando permiten a
       uno de los auxiliares judiciales, realizarlas sin afectar la atención de
       las otras labores del despacho y lo que procede es un equilibrio en la
       distribución de la carga de trabajo.‖
                                            -0-

      Se dispuso: Acoger parcialmente el informe del Departamento de

Planificación, en consecuencia: 1.) Las notificaciones por fax u otro medio

electrónico las realizará el personal del Juzgado Penal. 2.) El Notificador del
                                                                             146


Juzgado Contravencional de Buenos Aires colaborará con las notificaciones

del Juzgado Penal de ese lugar. 3.) Comunicar a la licenciada Emma

González Brenes que deberá realizar una distribución equitativa de las labores

del despacho a su cargo.

                            ARTÍCULO XXXIV
      En sesión N° 32-08 celebrada el 30 de abril del año en curso, artículo

IV, se solicitó al Departamento de Planificación que en coordinación con los

Integrantes del Tribunal Penal Juvenil y representantes del Tribunal de Juicio

del Segundo Circuito Judicial de San José, realizaran un estudio en el que se

analizara cuál debía ser la colaboración que brindarán los jueces que integran

el Tribunal Penal Juvenil al Tribunal de Juicio, definiendo parámetros claros

al respecto. En el entendido que esta colaboración no puede ser en asuntos

complejos, que provoquen la desintegración del Tribunal Penal Juvenil, en el

conocimiento de los asuntos de su competencia, o bien que retrasen la

tramitación de los casos que legalmente les corresponda.


      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

en oficio N° 1511-PLA-2008 de 1° de agosto en curso, manifiesta lo siguiente:

             ―Le remito el informe N° 042-CE-2008-B de hoy, suscrito
       por el Máster Elías Muñoz Jimenez, Jefe de la Sección de Control y
       Evaluación, relacionado con lo acordado en la sesión de Consejo
       Superior 32-08 del 30 de abril en curso, artículo IV, donde se
       solicita al Departamento de Planificación para que en coordinación
       con los Integrantes del Tribunal Penal Juvenil y representantes del
                                                                                147


       Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José,
       realicen a la brevedad un estudio e informe, en el que se analice cuál
       debe ser la colaboración que deben brindar los jueces que integran
       el Tribunal Penal Juvenil al Tribunal de Juicio.

              Mediante oficio 1468-PLA-2008, del 23 de julio del año en
       curso, se les envío el preliminar de este informe para que se
       manifestaran al respecto, a los licenciados Rocío Pérez Montenegro,
       Doris Salas Sánchez y José Lorenzo Salas Castro, Jueza
       Coordinadora y Jueces del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de
       San José, respectivamente, así como al Dr. Álvaro Burgos Mata,
       Juez Coordinador del Tribunal Penal Juvenil del II Circuito de San
       José y Licda. Silvia Badilla Chang y el Máster Erick Calvo Rojas,
       Jueces de ese mismo Despacho.

             Como respuesta la Licda. Pérez Montenegro remite correo
       electrónico el 25 de julio, la Licda. Guzmán Sánchez se pronuncia
       mediante la misma vía el día 24 de julio y el Dr. Burgos Mata emite
       sus comentarios mediante correo del 24 de julio del año en curso.

            Todas las observaciones fueron consideradas para la
       elaboración final del informe.‖

                                       -0-
      Del citado informe, se transcriben las conclusiones y recomendaciones

que literalmente dicen:

           ―1. El Tribunal Penal Juvenil recibe actualmente una carga de
       trabajo que no es suficiente, para justificar asignarle solamente el
       conocimiento de los asuntos propios. Bajo este entendido, se
       recomienda que continúe coadyuvando con el Tribunal Penal del
       Segundo Circuito Judicial de San José.

           2. La contribución que actualmente brinda el Tribunal Penal
       Juvenil al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José,
       se recomienda, debe mantenerse en los términos ya expuestos por el
       Dr. Álvaro Burgos Mata, los cuales fueron conocidos por el
       Consejo Superior en sesión N° 056-07, celebrada el 01 de agosto
       del 2007, artículo XLVIII, pues se estima no afectan
       significativamente la resolución célere de los asuntos penales
                                                                         148


juveniles, y los/as funcionarios/as judiciales consultados la
consideraron viable, en el tanto no se acumule circulante, y se
respete el plazo fijado por el artículo 114 de la Ley N° 7576, Ley de
Justicia Penal Juvenil.

     En concreto, los/as Jueces/zas integrantes del Tribunal Penal
Juvenil coadyuvarán en adelante con el Tribunal Penal del Segundo
Circuito Judicial de San José, en los siguientes términos:

      2.1 Los lunes y viernes de cada semana atenderán
prioritariamente asuntos penales juveniles, sin perjuicio de fijar más
o menos días a futuro, en caso de aumentar o disminuir la carga de
trabajo     en    asuntos    propios;    quedarán       habilitados/as
automáticamente para resolver materia penal (adultos) cualquiera de
estos dos días, cuando no tengan asuntos penales juveniles
pendientes que resolver, o bien, los hayan resuelto durante la
primera audiencia.

     2.2 Los martes, miércoles y jueves de cada semana, en
principio, realizarán debates unipersonales; bajo la coordinación del
Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

     2.3 Participar en el rol de distribución interno de apelaciones
penales y procedimientos abreviados, del Tribunal Penal del
Segundo Circuito Judicial de San José.

     2.4 En el eventual caso que la carga de trabajo de los
Jueces/zas integrantes del Tribunal Penal Juvenil sea baja en un
momento determinado, también participarán en la realización de
debates colegiados ―no complejos‖, es decir, en aquellos juicios
colegiados que no se extiendan más allá de dos audiencias como
máximo, siempre y cuando no causen atrasos por esa razón en la
resolución célere de los asuntos propios; bajo la coordinación del/de
la Coordinador/a del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial
de San José.

    3. Se recomienda no asignar al Auxiliar Judicial 3, adscrito al
Tribunal Penal Juvenil, a los debates penales en la medida de lo
posible, con el propósito de concentrar en esa plaza la tramitación y
atención del público de la materia penal juvenil; y además, asignarle
la actualización inmediata de los datos de los expedientes penales
juveniles en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
Judiciales, de tal forma que las estadísticas judiciales del Tribunal
                                                                                 149


         Penal Juvenil coincidan con la realidad, en especial el circulante al
         término de cada periodo. Es claro que para completar su labor debe
         de colaborar con otras diligencias del Tribunal de Juicio de ese
         Circuito.‖
                                         -0-

        Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe y acoger sus

recomendaciones. Sin perjuicio de que de resultar necesario las audiencias en

materia penal juvenil se realicen aún en los días en que se ha dispuesto que el

tribunal se desempeñe en asuntos de penal de mayores, pues en todo caso

deberá darse prioridad a resolver oportunamente los asuntos propios de su

jurisdicción, para ello se realizarán las correcciones del caso en las audiencias

señaladas, sin que por este motivo puedan trasladarse de fecha. 2.) Hacer este

acuerdo de conocimiento de las integrantes del Tribunal Penal Juvenil y de la

Jueza Coordinadora del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San

José.

ESCUELA JUDICIAL

                               ARTÍCULO XXXV

        En sesión N° 04-08 celebrada el 17 de enero del año en curso, artículo

XLIV, se autorizó la realización de la actividad denominada ―Una Hora de

música‖, los últimos viernes de cada mes, en la Ciudad Judicial de San

Joaquín de Flores, con la petición de este Consejo de que se efectuara de las

15 a las 16 horas, en el entendido de que las jefaturas correspondientes,
                                                                               150


velarían porque el servicio público no se viera sustancialmente afectado y que

los servidores que se autorizaba asistir, deberían dar prioridad a la atención de

las funciones propias de su cargo.

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° EJ-DIR-276-08 de 11 de agosto en curso, solicitó lo siguiente:

             ―Como es del conocimiento de ustedes, la Escuela Judicial
       viene desarrollando un intenso plan de extensión cultural desde el
       año anterior, el cual, dicho sea de paso, ha rendido frutos muy
       importantes en lo que a proyección del Poder Judicial se refiere.

             Las actividades que hemos realizado, enmarcadas dentro de
       un contexto cultural, específicamente musicales, han contado con la
       amplia participación del personal de la Ciudad Judicial, así como de
       la comunidad de San Joaquín de Flores.

             En cuanto a este último señalamiento, también es importante
       destacar que la sociedad civil de San Joaquín ha sido tomada en
       cuenta en nuestro proyecto de extensión, lo que nos ha permitido
       contar con la presencia de representaciones estudiantiles de escuelas
       y colegios del cantón de Flores, así como la asistencia del sacerdote
       de la comunidad, la Alcaldesa y otros grupos organizados, tales
       como adulto mayor, discapacitados, oficina de la mujer, etc.

              Por lo anterior, y gracias a que contamos con un marco de
       referencia como el señalado, el cual se consolida cada día más, es
       que deseamos solicitar, con todo respeto, que nos autoricen celebrar
       una actividad especial para el Día de la Independencia en nuestras
       instalaciones, ya que hemos planeado una serie de actividades para
       festejar en gran forma ese día, enlazados con los actores sociales
       que hemos referido.

             El día elegido para llevar a cabo la actividad es el 12 de
       septiembre, y la celebración implica los siguientes aspectos:

             10:00 a.m. Desfile de inicio de la actividad con
       representación de agrupaciones estudiantiles del cantón de
       Flores y comunidad civil.
                                                                              151




              11:00 a.m. Acto cívico (palabras de personeros de la
       institución: así como de personeros de la comunidad).

             11:30 a.m. Acto cultural a cargo de estudiantes de la
       comunidad.
             12 md. a 1.30 p.m. Exposición de proyectos científicos de
       los diferentes centros de enseñanza, exposición, en diferentes
       puestos, del trabajo que realizan los distintos departamentos
       que componen la Ciudad Judicial.

             1:30 a 2:00 p.m. Acto cultural.

             2:15 a 3:30 Teatroforo y conversatorio sobre el tema: “La
       mujer agredida”, presentado por la asociación cultural
       Sotavento.

             3:30 a 3:45 p.m. Clausura de la actividad.

              Para nosotros es realmente importante consolidar nuestro
       plan de extensión cultural dando realce a fechas de trascendencia
       nacional como la referida. Igualmente, es de suma importancia el
       que nos puedan acompañar los compañeros y las compañeras de la
       Ciudad Judicial, para tener espacios que nos den identidad y que
       posibiliten proyectar nuestra labor a la ciudadanía de forma
       armónica.

              De ahí la petición respetuosa que dirigimos a ustedes para
       autorizar dicha celebración, entendido, claro está, siempre y cuando
       no se afecte la atención de las personas usuarias.

              Es importante aclarar, asimismo, que contamos con el aval de
       la Comisión de Rescate de Valores del Poder Judicial, la cual
       incluso participaría en la organización y ejecución de esta
       actividad.‖

                                      -0-

      Se dispuso: Acoger la gestión anterior y autorizar la realización de la

actividad cultural que se menciona el 12 de setiembre próximo, en las horas
                                                                             152


indicadas, en el entendido de que las jefaturas correspondientes velarán

porque el servicio público no se vea sustancialmente afectado y que los

servidores que se autoriza que asistan, deberán dar prioridad en la atención de

las funciones propias a su cargo.

      La Escuela Judicial y el Departamento de Personal, tomarán nota para

los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                             ARTÍCULO XXXVI

      En oficio N° 802-DG-2008 de 4 de agosto en curso, el licenciado

Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo de

Investigación Judicial, manifiesta lo siguiente:

             ―En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de le
       Ley Orgánica del Orgánica del Organismo de Investigación
       Judicial, respetuosamente solicito aprobar el traslado en propiedad
       del servidor Franklin Lara Fallas, portador de la cédula de
       identidad 01-1188-0003, quien ocupa el puesto número 56866 de
       Investigador 1, en la Sección de Investigaciones de Turno
       Extraordinario, a fin de que ocupe la plaza vacante Nº 350230 de
       igual clase y categoría que pertenece a la Sección de Homicidios.

            Según lo dispuesto por ese Consejo Superior en la sesión Nº
       20-07 celebrada el 15 de marzo de 2007, artículo XLIII, se adjunta
       el correspondiente informe del Departamento de Personal,
       contenido en el oficio Nº 0457-APCC-2008, Sic 7690-2008.‖

                                      -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica

del Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en
                                                                             153


propiedad del servidor Franklin Lara Fallas, quien ocupa la plaza N° 56866 de

Investigador 1 en la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario, al

puesto vacante de igual clase y categoría N° 350230 en la Sección de

Homicidios, a partir del 1° de setiembre del año en curso.

      El Departamento de Personal, la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial y los despachos involucrados, tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXVII

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 799-DG-2008 de 4 de

agosto en curso, manifiesta lo siguiente:

             ―En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de le
       Ley Orgánica del Orgánica del Organismo de Investigación
       Judicial, respetuosamente solicito aprobar el traslado en propiedad
       del servidor Leonardo Pereira Valerín, portador de la cédula de
       identidad 03-0370-0022, quien ocupa el puesto número 5534 de
       Investigador 1, en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra
       la Vida, a fin de que ocupe la plaza vacante Nº 48415 de igual
       clase y categoría que pertenece a la Sección de Homicidios.

            Según lo dispuesto por ese Consejo Superior en la sesión Nº
       20-07 celebrada el 15 de marzo del 2007, artículo XLIII, se adjunta
       el correspondiente informe del Departamento de Personal,
       contenido en el oficio Nº 0443-APCC-2008, Sic 7692-2008.‖

                                      -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica

del Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en
                                                                             154


propiedad del servidor Leonardo Pereira Valerín, quien ocupa la plaza N°

5534 de Investigador 1 en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y Contra la

Vida, al puesto vacante N° 48415 de igual categoría y clase en la Sección de

Sección de Homicidios, a partir del 1° de setiembre del año en curso.

      El Departamento de Personal, la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial y los despachos involucrados, tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXXVIII

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 800-DG-2008 de 4 de

agosto en curso, manifestó lo siguiente:

             ―En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la
       Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial,
       respetuosamente solicito aprobar el traslado en propiedad del
       servidor Yorkssan Carvajal Aguilar, portador de la cédula de
       identidad Nº 04-0169-0972, quien ocupa el puesto número 101002
       de Investigador 1, del Departamento de Investigaciones Criminales
       y ubicada en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y contra la
       Vida, a fin de que ocupe la plaza vacante N° 350229 de igual clase
       y categoría que pertenece a la Sección de Homicidios.

            Según lo dispuesto por ese Consejo Superior en la sesión N°
       20-07 celebrada el 15 de marzo del 2007, artículo XLIII, se adjunta
       el correspondiente informe del Departamento de Personal,
       contenido en el oficio N° 0442-APCC- 2008, Sic 7694-2008.‖


                                      -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica
                                                                                155


del Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en

propiedad del servidor Yorkssan Carvajal Aguilar, quien ocupa la plaza N°

101002 de Investigador 1, en la Sección de Delitos Sexuales, Familia y contra

la Vida, al puesto vacante N° 350229 de igual categoría y clase en la Sección

de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminales, a partir del 1°

de setiembre del año en curso.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el

Departamento de Personal y las Secciones de Homicidios y de Delitos

Sexuales, Familia y contra la Vida, tomarán nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXXIX

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 801-DG-2008 de 4 de

agosto en curso, manifestó lo siguiente:

             ―En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la
       Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial,
       respetuosamente solicito aprobar el traslado en propiedad del
       servidor Wilberth Vega Herrera, portador de la cédula de
       identidad Nº 02-0363-0128, quien ocupa el puesto número 6518 de
       Investigador 2, en la Sección de Delitos contra la Propiedad, a fin de
       que ocupe la plaza vacante N° 103739 de igual clase y categoría
       que pertenece a la Sección de Turno Extraordinario.

            Según lo dispuesto por ese Consejo Superior en la sesión N°
       20-07 celebrada el 15 de marzo del 2007, artículo XLIII, se adjunta
       el correspondiente informe del Departamento de Personal,
       contenido en el oficio N° 0458-APCC- 2008, Sic 7693-2008.‖
                                                                             156




                                      -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica

del Organismo de Investigación Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en

propiedad del servidor Wilberth Vega Herrera, quien ocupa la plaza N° 6518

de Investigador 2, en la Sección de Delitos contra la Propiedad, al puesto

vacante N° 103739 de igual categoría y clase en la Sección de Turno

Extraordinario, a partir del 1° de setiembre del año en curso.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el

Departamento de Personal y las Secciones de Delitos contra la Propiedad y de

Turno Extraordinario, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XL

     En ejecución de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del

Organismo de Investigación Judicial, se dispone: Autorizar a la Dirección

General del Organismo de Investigación Judicial para realizar las permutas o

traslados en propiedad de los servidores de esa dependencia que ocupan plazas

de igual clase, categoría y sin oposición. Lo anterior en el entendido de que se

cumpla con lo dispuesto por este Consejo en la sesión N° 20-07 celebrada el

15 de marzo del 2007, artículo XLIII.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.
                                                                               157


TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                               ARTÍCULO XLI

      En sesión N° 52-08 celebrada el 17 de julio último, artículo XIII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del
       Tribunal de la Inspección Judicial, en oficio N° 2491 de 1° de julio
       en curso, comunica que ese Tribunal, al resolver la queja N° 295-
       2007 F, impuso a la licenciada Liz Maureen Tencio Alfaro, Jueza de
       Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, la corrección
       disciplinaria de amonestación escrita, la cual quedó firme a partir
       del 4 de junio último, por ordenar que a un Oficial de Tránsito que
       llegó a declarar, se le impidiera retirarse del Juzgado, falta que se
       calificó como leve.

            Se adjunta copia de la resolución N° 385-08.

            Manifiesta la integrante Chaves Cervantes, que de la lectura
       del contenido de la resolución sancionatoria, le preocupan los
       hechos que dieron lugar a la imposición de la sanción – que
       considera respetuosamente fue leve – dado que se comprueba un
       abuso desmedido de la Juzgadora según se extrae de la resolución
       dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, al grado que estos
       hechos se ventilaron en sede penal y aunque se dictó un
       sobreseimiento definitivo contra la Jueza, fue resuelto de ese modo
       por un acuerdo conciliatorio en esa sede con el ofendido. Los
       hechos que se tienen por probados en la resolución, son la triste
       fotografía de lo que ocurre en muchos despachos judiciales cuando
       acude la persona usuaria – que ya de por sí se presenta asustada o
       con temor - y no se le presta una atención y trato digno, sino más
       bien se les menoscaba en su condición de persona y ser humano,
       actos que en definitiva distan mucho de la política y mensaje que se
       le brinda al usuario de acercamiento a una justicia con rostro
       humano.

            Se dispuso: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la
       Integrante Chaves Cervantes. 2.) Tomar nota, lo que también hará el
       Departamento de Personal, para que quede constando en el
       expediente personal de la licenciada Liz Maureen Tencio Alfaro. Se
                                                                             158


       declara este acuerdo firme.”
                                      -0-

      En oficio N° 2959 de 12 de agosto en curso, el señor José Francisco

Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, comunica lo

siguiente:

             ―Por haber interpuesto recurso de amparo la licenciada Liz
       Maureen Tencio Alfaro, Jueza de Tránsito del Primer Circuito
       Judicial de San José, ruégole dejar sin efecto el oficio Nº 2491 de
       fecha primero de julio del año dos mil ocho, mediante el cual
       comuniqué la corrección disciplinaria de Amonestación Escrita que
       se le impuso a dicha funcionaria, en la queja número 295-2007 F.‖

                                      -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y dejar sin efecto lo dispuesto en

la sesión N° 52-08 del 17 de julio último, artículo XIII.

      El Departamento de Personal tomara para lo que corresponda.

COMISIONES

                              ARTÍCULO XLII

      En oficio RVR-127-2008 de 12 de agosto en curso, la máster Marta

Asch Corrales, en condición de Integrante de la Comisión de Evaluación del

Desempeño, manifestó lo siguiente:

            ―En atención a la solicitud de la Comisión de Evaluación del
       Desempeño, en la sesión del Consejo Superior celebrada el 13 de
       mayo del 2008, artículo XXII, se dispuso otorgar permiso con goce
       de salario, inicialmente por un lapso de 3 meses, al Lic. Roger
       Enrique Lara Hernández, cédula 2-484-999, quien ocupa el puesto
       N°96461 de Profesional en Informática 2, con el propósito de que se
       dedicara al análisis, programación, desarrollo y ejecución de las
                                                                         159


labores encaminadas a la implementación del Sistema de
Evaluación del Desempeño Institucional.

      Entre los resultados de la labor realizada por el Lic. Lara
Hernández, está el análisis de prefactibilidad desde el punto de
vista informático, donde se definen las principales consideraciones
para la obtención de las variables propuestas y efectuar una
evaluación de desempeño de los jueces. Asimismo, se estudiaron
diferentes estrategias de solución del proyecto. Para esto, se recibió
apoyo de otros miembros del Área de Informática de Gestión y
además se coordinó con los dos servidores que ocupan los puestos
extraordinarios de Profesional 2 dedicados a esta labor, que se
encuentran ubicados en el Departamento de Planificación.

     Los documentos presentados a la Comisión han sido
expuestos y discutidos, y se está trabajando en un plan piloto que
permita validar el modelo en desarrollo, con las mejoras que sean
necesarias. Estas propuestas, serán revisadas a la luz de un taller
que próximamente se realizará, donde se invitará a funcionarios que
administran justicia para que validen          y/o hagan nuevos
planteamientos.

      En virtud de que el permiso del Lic. Lara Hernández vence el
próximo 13 de agosto, en la reunión de la Comisión, realizada el 6
de agosto en curso, se analizó la necesidad de extender el permiso
otorgado, no sólo para continuar con la ejecución de las labores
encomendadas, sino para iniciar el desarrollo de la propuesta
informática, la cual consiste en extraer información de las base
datos del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales a través del
DATA-WAREHAUSE e ingresar los datos faltantes y validar los
extraídos mediante una aplicación WEB.

     Para la aplicación WEB, se utilizará la plataforma existente de
los dos sistemas actuales (Sistema Costarricense de Gestión de
Despachos y DATA –WAREHAUSE). En el caso del DATA-
WAREHOUSE, se cumplirá con el requerimiento técnico que
establece la creación de un nuevo universo para el almacenamiento
de variables, Store Procedure e informes gráficos.

     Con base en lo expuesto, se solicita la ampliación del permiso
con goce de salario por un período de 6 meses, a partir del 14 de
agosto del 2008, para que el Lic. Lara Hernández, se aboque a las
labores comentadas. Asimismo, y en virtud de que el proceso por
                                                                               160


       desarrollar implica una mayor dedicación y esfuerzo, es necesario
       contar con un servidor más, por lo que adicionalmente se solicita
       otro permiso con goce de salario, por seis meses para el Lic. Gian
       Muir Young a partir del 18 de agosto de 2008, quien ocupa el
       puesto N° 111514 de Profesional en Informática 2, cédula N° 3-
       300-955.

             En los informes que se adjuntan, queda expuesta la necesidad
       de dos plazas para el proyecto por un año, e igualmente, se muestra
       el cronograma de actividades por realizar. No obstante, con el fin
       de dar un mejor seguimiento y mantener al Consejo Superior al
       tanto de los resultados de este aporte, es que por ahora los permisos
       se solicitan por el período indicado.‖

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior, en consecuencia; 1.)

De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés institucional,

prorrogar el permiso concedido al licenciado Róger Enrique Lara Hernández,

en la sesión N° 35-08 celebrada el 13 de mayo del presente año, por seis

meses más a partir del 14 de agosto en curso. 2.) Conceder permiso con goce

de salario al licenciado Gian Muir Young, a partir del 18 de los corrientes y

hasta por 6 meses, a fin de que se dediquen al desarrollo y ejecución de las

labores encaminadas a la implementación del Sistema de Evaluación del

Desempeño Institucional.


      La Comisión de Evaluación del Desempeño y los Departamentos de

Personal y Tecnología de la Información, tomarán nota para lo que a cada uno
                                                                                 161


corresponda.

ASUNTOS VARIOS

                                ARTÍCULO XLIII

    En sesión de Corte Plena N° 15-00 celebrada el 3 de abril del 2000,

artículo XII, con vista en el informe del Departamento de Planificación,

referente a la atención de roles de disponibilidad a nivel nacional, por los

funcionarios jurisdiccionales, competente a la materia penal, penal juvenil y

violencia doméstica y los fiscales y defensores públicos, se tomó el acuerdo

que en lo que interesa dice:

         ―[…]
         En cuanto al establecimiento de los roles de disponibilidad y turno,
         es importante aclarar los siguientes aspectos generales:

    a.        Con respecto a la atención de los días feriados y de asueto que
         se ubiquen entre semana, para todos los efectos de los roles
         propuestos, serán atendidos por los profesionales que estén
         disponibles en la semana que se ubiquen los feriados o asuetos.

         Igual situación para los días con este calificativo que se ubiquen en
         fines de semana, en cuyo caso deberán atenderse por los
         profesionales disponibles en ese fin de semana.

    b.       En lo que respecta a períodos largos, para todos los efectos de
       los roles propuestos, se entenderán como tales la Semana Santa y el
       período de Fin de Año.
    c.       En la elaboración de la política de disponibilidad se
       consideraron los recursos humanos asignados con carácter de
       extraordinario adscritos a los diferentes despachos judiciales y cuyo
       nombramiento exceda los seis meses, inclusive.

    d.        En caso de que se asigne una plaza de profesional en alguna
         de las oficinas contempladas en este informe (una vez que se
                                                                                    162


          encuentre en ejecución), sea ordinaria, extraordinaria o con calidad
          de supernumerario, cubriendo disponibilidad de lunes a viernes, este
          recurso deberá formar parte del rol de atención, en forma tal que se
          exima de éste, a la oficina que presta colaboración durante fines de
          semana y períodos largos. Cabe indicar que en estos casos, al
          presupuestar el recurso adicional, debe tomarse en cuenta el
          porcentaje que debe reconocérsele por concepto de atención de
          disponibilidad.

    e.          Para el caso de la atención de la materia penal, en aquellas
          localidades donde exista únicamente una plaza de Juez Penal, se
          tomó en cuenta a los Jueces Contravencionales de dichas
          localidades, para que presten colaboración durante fin de semana y
          períodos largos, considerando a la vez la existencia en la localidad
          de Fiscalía y Oficina de la Defensa Pública.
          […]
                 Se acordó: 1. Disponer que el rol de disponibilidad durante
          la Semana Santa será semejante al que se implantó en diciembre del
          año pasado. 2. Comisionar a la Sala Segunda para que estudie lo
          referente a la disponibilidad en cuanto a la remuneración que
          debería darse. 3. Comisionar al Consejo Consultivo para que
          resuelva cualquier problema que signifique la puesta en práctica del
          sistema de disponibilidad, en el entendido de que éste se aplicará en
          adelante y no sólo para Semana Santa y fin de año.‖
                                           -0-

         La licenciada Ana Catalina Cisneros Martínez, Jueza Contravencional

de Golfito, en nota de 5 de agosto en curso, expone lo siguiente:

                ―En el Juzgado Penal de Golfito, se nombró a partir de ayer
          por dos meses como apoyo a un Juez Supernumerario, mientras el
          Departamento de Planificación realiza un estudio para asignar una
          plaza, siendo que esa plaza de supernumerario se nombró por dos
          meses fija, independientemente de incapacidades y vacaciones que
          deban ser suplidas, para lo cual se utilizarán otros recursos y que ese
          Juez debe compartir labores con la Jueza titular. El Juzgado
          contravencional ha venido compartiendo como apoyo la
          disponibilidad con el Juzgado Penal, por rol, fin de semana por
          medio, mi consulta va dirigida en el sentido de que si el Juzgado
          Penal durante dos meses va a tener dos Jueces, ¿deberá el Juzgado
          Contravencional durante ese período continuar en el rol de
          disponibilidad del Juzgado Penal? Hago la consulta, porque tengo
                                                                                163


       entendido que en el instante en que en el Juzgado Penal estén
       nombrados dos jueces, el Juzgado Contravencional debería salir del
       rol, porque habrían dos jueces dentro del Juzgado Penal para
       turnarse el rol.

           Aprovecho la oportunidad para consultar lo siguiente, que
       también tiene que ver con el tema de la disponibilidad, hay un
       desacuerdo entre ambos Juzgados, por lo siguiente, se supone que el
       rol es fin de semana por medio y si hay un día feriado sea lunes o
       viernes, al Juez que le corresponde hacer la disponibilidad ese fin de
       semana lo asume, haciendo disponibilidad de fin de semana largo.
       Desde que ingresé a laborar en el Poder Judicial en el dos mil cinco
       se ha manejado de esa forma en los diferentes despachos que he
       laborado y desde hace aproximadamente dos años y medio que
       laboro aquí, hemos manejado el rol así, sin problema alguno. La
       Licda. Patricia Hidalgo, alega que no es justo porque este año a ella
       le corresponde realizar tres disponibilidades de fin de semana largo,
       por lo cual deben distribuirse esos fines de semana entre ambos
       despachos; le manifesté mi desacuerdo porque años anteriores,
       incluso el año pasado que ella ya laboraba en el Juzgado Penal de
       Golfito, me correspondió a mi realizar varios fines de semana largo
       seguido y simplemente los asumí porque es mi deber sin entrar en
       discusión con ella u otros jueces. Solicito a su estimable autoridad
       aclarar el punto, porque considero que la labor de un Juzgado
       Contravencional en la disponibilidad Penal es de apoyo.

         Dejo así plasmada mi inquietud con respecto a la disponibilidad y
       espero la respuesta de su autoridad, la cual acataré como es mi
       deber de forma inmediata.‖

                                         -0-

   Con base en lo anterior, se acordó: 1.) Excluir de la política de atención

de roles de disponibilidad y turno a los Jueces Contravencionales de Golfito,

en tanto se mantenga la plaza de Juez Supernumerario en el Juzgado Penal de

esa localidad. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la licenciada Patricia

Hidalgo Somarribas, Jueza Penal de Golfito.
                                                                               164


   El Departamento de personal tomará nota para lo de su cargo.

                              ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 53-08 celebrada el 22 de julio último, artículo XXXII, se

autorizó el traslado en propiedad de la servidora Jackelin Madriz Chaves,

Auxiliar Administrativo 1 de la Sección de Inspecciones Oculares y

Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial, a la plaza

vacante de igual categoría N° 34030 adscrita a la Administración Regional del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, a partir del 1° de agosto en curso.

      La servidora Jackelin Madriz Chaves, en su citada condición, en nota de

7 de agosto en curso, expone lo siguiente:

             ―En fecha 21 de abril del presente año solicité ante el
       Departamento de Personal el traslado de mi plaza de Auxiliar
       Administrativo 1 en propiedad, en San José, propiamente en la
       Sección de inspecciones Oculares y Recolección de Indicios a: una
       plaza de igual categoría ubicada en Grecia o sus alrededores, esta
       situación debido a que ese es mi lugar de residencia y los gastos en
       transporte son muy elevados pero principalmente porque mi salud
       se ha visto afectada debido a que el viaje tarda varias horas y tengo
       problemas a nivel de espalda y columna.
             Posteriormente en la sesión N° 53-08, celebrada el 22 de julio
       del año en curso, su honorable consejo acordó hacer efectivo mi
       traslado a la Unidad Administrativa de Alajuela, a partir del 01 de
       agosto, no obstante, a pesar de los pocos días que han transcurrido
       desde el traslado es bastante evidente que no me ha beneficiado
       debido a que tardo igual cantidad de horas viajando hacia Alajuela o
       a San José, ya que el servicio de buses a Alajuela no es eficiente y
       los asientos de estos buses afectan más mi problema de espalda
       porque son menos confortables que los asientos de los buses de San
       José. Además de esto, los gastos económicos por transporte son
       muy similares a los de San José.
             Por otra parte, las labores que desempeño en la Unidad
                                                                               165


       Administrativa de Alajuela empeoran mis dolores de espalda, ya
       que según indicaciones del médico necesito ponerme de pie cada 20
       minutos para que los dolores no sean tan fuertes y en el puesto que
       se me asignó, el nivel de trabajo prácticamente me lo impide, lo cual
       si podía realizar en mi puesto anterior en San José. Además de esto,
       el inmobiliario que se me asignó (silla y estación de trabajo) no es
       el más adecuado para mis problemas de salud, lo cual ha provocado
       que los dolores de espalda se hayan intensificado en los últimos
       días.
             Debido a que el traslado empeora mi salud, solicito
       respetuosamente ante ustedes, se deje sin efecto mi traslado a la
       Unidad Administrativa de Alajuela y se me reintegre a mi puesto
       anterior en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de
       Indicios en San José.
             Cabe mencionar que estoy dispuesta a hacerme cargo de las
       consecuencias que esto ocasione a mi persona y a mi salud, ya que a
       pesar de que en un principio pensé que ahorraría tiempo y dinero, al
       momento de experimentarlo no resulta beneficioso y mi salud se ha
       visto mucho más afectada que antes, por lo cual es más favorable
       para mi viajar a San José y de ser necesario cuento con la
       posibilidad de quedarme algunos días en San José en la casa de una
       compañera para no viajar todos los días, siendo esta una solución a
       mi problema de salud, gastos de transporte y tiempo, mientras tanto
       se presenta alguna oportunidad de trasladarme a Grecia.‖

                                        -0-

        Vía telefónica se consultó a la Sección de Inspecciones Oculares y

Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial y la señora

Jessica Rodríguez Murillo, Investigadora de esa oficina indicó que el

nombramiento del servidor en la plaza que dejó vacante la señora Madriz

Chaves, se hizo por agosto y setiembre próximo. Asimismo se corroboró con

la Sección de Salarios del Departamento de Personal al respecto a lo que

informaron sobre el trámite del salario correspondiente a agosto.

   Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, dejar sin efecto
                                                                            166


el traslado en propiedad de la señora Jackelin Madriz Chaves, aprobado en la

sesión N° 53-08 del 22 de julio último, artículo XL, el cual se hará efectivo a

partir del 1° de octubre del año en curso.

      La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del

Organismo de Investigación Judicial, a la plaza vacante de igual categoría N°

34030 adscrita a la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de

Alajuela, así como el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que a

cada uno corresponda.

                              ARTÍCULO XLV

      La Corte Plena en sesión N° 33-07 celebrada el 17 de diciembre del

2007, artículo III, nombró a los licenciados Rónald Cortés Coto, Ingrid

Estrada Venegas y Jaime Robleto Gutiérrez, como jueces de casación con

cargo al presupuesto del 2008 por el término de once meses, a partir del 7 de

enero del 2008.

      Mediante oficio N° 6608-08 de 6 de agosto en curso, la Secretaría

General de la Corte, solicitó al Departamento de Planificación, que rindiera un

informe con respecto a lo manifestado por la licenciada Ingrid Estrada

Venegas, Jueza Coordinadora del Tribunal de Casación Penal de Cartago, en

oficio N° 234-08 de 4 de este mes, que literalmente dice:

             ―Como es de su conocimiento el Tribunal de Casación Penal
       de Cartago, con competencia para resolver los asuntos prevenientes
                                                                        167


de Pérez Zeledón y de la Zona Sur, inició sus labores el 7 de enero
del año en curso, en tal sentido en la sesión de Corte Plena Nº 33-
2007, celebrada a las 13:30 horas, del 17 de diciembre de 2007,
artículo III, se dispuso –en lo conducente–, el nombramiento de los
licenciados Rónald Cortés Coto, Ingrid Estrada Venegas y Jaime
Robleto Gutiérrez, como jueces de casación con cargo al
presupuesto de 2008 por el término de once meses, o sea desde el 7
de enero y hasta el 7 de diciembre del 2008.

       Acorde con lo expuesto y tomando en consideración que las
citadas plazas extraordinarias fueron creadas con la finalidad de
poner en funcionamiento un Tribunal que hasta ese momento no
existía, despacho que de acuerdo con el presupuesto del año 2009
que ya fue aprobado por Corte Plena, entrará a funcionar en forma
ordinaria a partir de enero de 2009, es que solicitamos
respetuosamente y con la debida anticipación -a efecto de que se
puedan tomar las previsiones presupuestarias correspondiente-, se
extiendan dichos nombramientos hasta finalizar el presente año.

       Cabe destacar, que por la índole de los asuntos que tramita el
Tribunal, no es razonable ni factible que se disponga su cierre con
posterioridad al 7 de diciembre, ya que ello imposibilitaría no solo
la atención del público y de los representantes del Ministerio
Público y la defensa, sino la resolución –entre otros– de las
solicitudes de las prórrogas de prisión preventiva presentadas por la
Fiscalía, así como de los recursos de casación y procedimientos de
revisión interpuestos, con la consiguiente afectación al servicio
público. A ello se adiciona, que por la índole de las funciones que
realiza este Tribunal, estamos en la obligación de establecer los
roles de disponibilidad y de ser necesario reintegrarnos a laborar en
los períodos de cierres colectivos incluidos dentro del plan de
vacaciones del Poder Judicial.

       En todo caso, aún en la eventualidad de que decidieran optar
por retornar la competencia sobre los asuntos que tramita este
Despacho al Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, solicitó
respetuosamente se tome en consideración el problema que genera
el traslado de los expedientes activos por un espacio de tiempo tan
corto, que prácticamente solo permitiría el registrar su ingreso para
posteriormente proceder a su devolución sin haber sido resueltos en
el mes de enero o febrero, con el consiguiente atraso en la
tramitación y resolución de las causas. A ello se agregan, los
inconvenientes que correlativamente se extenderían a los Tribunales
                                                                                168


       de Juicio y a las partes, ya que los primeros deberán también por ese
       lapso emplazar a las partes ante el Tribunal de Casación Penal de
       Goicoechea, y una vez que los expedientes retornen a Cartago, se
       deberá hacer un nuevo auto con la finalidad de que los segundos
       corrijan el lugar para recibir notificaciones, dentro del perímetro
       judicial de este Tribunal, así como la inseguridad resultante sobre el
       sitio exacto en que se encuentra la causa con el objeto de acudir al
       despacho y hacer las consultas pertinentes.‖

                                       -0-

      En atención a lo anterior, la máster Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, mediante oficio N° 1541-PLA-2008 de 8 de

agosto en curso, con base en la información recopilada, remite el informe N°

045-CE-2008 elaborado por la Sección de Control y Evaluación, referente a la

posibilidad de prorrogar las plazas extraordinarias que integran el Tribunal de

Casación Penal de Cartago, que dice:

             ―(…)
              Según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para
       el Ejercicio Presupuestario 2008, el Tribunal de Casación Penal de
       Cartago, se creó de forma extraordinaria, por once meses, iniciando
       el 7 de enero, por lo que su término es el 7 de diciembre del 2008,
       según el siguiente detalle:

              3 de Juez 5
              1 Juez 1
              2 Auxiliar Judicial 3
              1 Auxiliar de Servicios Generales

              Cabe agregar que en idénticas condiciones, el Tribunal de
       Casación Penal de Guanacaste (ubicado en San Cruz), se creó por
       igual período, con la siguiente estructura:

              3 Juez 5
              1 Auxiliar Judicial 3
                                                                          169


        Las plazas de ambos tribunales, fueron incluidas de forma
 ordinaria en el Proyecto de Presupuesto 2009; no obstante, se tiene
 el inconveniente que cualquier asunto que se presente entre el 8 y el
 31 de diciembre de 2008, no existiría instancia en esas zonas para
 que lo conozca, afectando el servicio.

        Bajo este panorama, prorrogar las plazas que integran ambos
 Tribunales, por los 24 días que restan del 2008, implican un costo
 de alrededor de ¢17 millones los que incluyen salario base, pluses
 salariales y cargas sociales.

       En la Subpartida 103 ―Servicios Especiales‖, en el Programa
 Presupuestario 927 ―Servicio Jurisdiccional‖ para cubrir las plazas
 extraordinarias del 2008, inicialmente se presupuestaron
 ¢1.198.359.000. A la fecha no se han utilizado algunas plazas
 extraordinarias por lo que el master José Luis Bermúdez Obando,
 Subjefe del Departamento de Personal, manifestó que habría
 contenido económico para prolongar estas plazas, por 24 días.

       Debido a que una modificación de este tipo, requiere del visto
 bueno de la Dirección General de Presupuesto Nacional del
 Ministerio de Hacienda; debe ser ajustada a los lineamientos del
 Decreto Ejecutivo N° 30906-H publicado en el Alcance N° 94 a La
 Gaceta N° 251 de 30 de diciembre de 2002.

         En este sentido, el Departamento de Personal, debe realizar
 los ajustes respectivos y el de Financiero Contable emitir una
 certificación, haciendo constar que existe contenido presupuestario
 en la Subpartida 103 ―Servicios Especiales‖ del Programa 927
 ―Servicio Jurisdiccional‖, para dar contenido a las plazas en estudio,
 por los últimos 24 días del 2008. Asimismo, se requiere solicitar la
 Orden de Trabajo respectiva para la Imprenta Nacional, para la
 publicación del decreto respectivo.

       En resumen, para prorrogar las plazas extraordinarias que
 conocen Casación Penal en Cartago y Guanacaste, se recomienda
 que el Departamento de Personal y el Departamento Financiero
 Contable, procedan a realizar las gestiones pertinentes para la
 promulgación de un decreto, sobre el particular.‖

                                     -0-

Se dispuso: Tomar nota de la gestión presentada por la licenciada Ingrid
                                                                              170


Estrada Venegas y por recibido el informe del Departamento de Planificación.

En consecuencia, se dispone prorrogar la creación de las plazas para el

funcionamiento de los Tribunales de Casación de Cartago y Guanacaste,

ubicada en Santa Cruz, hasta el último día de diciembre del 2008.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable procederán a

realizar las gestiones pertinentes para la promulgación del decreto

correspondiente. Se declara este acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLVI

      La máster Lucrecia Borja Rodríguez, Coordinadora e Instructora del

Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, en

nota de 4 de agosto en curso, en lo conducente expone lo que de seguido se

transcribe:

             ―Actualmente me desempeño como Coordinadora y
       Tramitadora del Juzgado Civil de Menor Cuantía del II Circuito
       Judicial de San José. En razón de mis labores la señora Licda. Ligia
       González González presentó una queja ante el Tribunal de la
       Inspección Judicial por Acoso Laboral en mi contra, que fue
       declarada sin lugar mediante el voto N. 550 de las 15:05 hrs del 17-
       7-08, en la queja N. 07-538-F. En este asunto la señora González
       solicitó como medida cautelar se la separara de este Despacho y así
       le fue concedido.

            En esta queja el Departamento de Medicina Legal dictaminó
       en septiembre 2007 (J.D.M.L.2007-0453D/SPPF-2007-2511)
       respecto de mi persona;
            (…)

           Por otra parte, el asistente judicial, señor Eladio Rojas
       Guzmán, planteó en el mes de junio en el Tribunal de la Inspección
                                                                          171


Judicial, una queja contra mí por acoso laboral, esta contestación la
adjunto al presente oficio (la prueba documental comprendida en
dos ampos se encuentra en el Tribunal citado). Solicitó también se
le separara de este Juzgado y su petición se remitió a ese Honorable
Consejo.

     He de agregar que: 1. Rojas Guzmán, regresa hasta el 19 de
agosto por estar disfrutando de sus vacaciones. Anteriormente, ha
estado incapacitándose con excepción del 21 al 31 de julio, que si
laboró al encontrarme en vacaciones.

      Desafortunadamente, entre otros, tampoco elaboró los
informes a que le obliga en su calidad de asistente judicial ese
Consejo Superior, el Tribunal de la Inspección Judicial y el
Departamento de Planificación (estudios únicamente para este
Despacho 125-06 y 806-08), y respecto de los meses de mayo, junio
y julio, dejando de lado, el de los señalamientos para recepción de
prueba que lo confeccionó sin cumplir con los lineamientos
ordenados por la Institución y el de los expedientes pasados a fallo
del mes pasado, el que no se me ha hecho llegar por parte de la
Licda. Patricia Mata, asistente administrativa, para poder determinar
si se encuentra conforme a los parámetros a que nos obliga el Poder
Judicial. 2. Cabe agregar que el Licdo. Arnoldo Víquez Esquivel,
quien fungió en ese período como Coordinador y Tramitador de este
Despacho, le solicitó al asistente judicial que le informara para el
viernes pasado que expedientes tenía cada proveedor en su
escritorio para resolver y los escritos pendientes y que así se lo
hiciera saber a ellos, sin embargo, no cumplió con lo ordenado, no
les comunicó ni tampoco imprimió la información informatizada
que se actualiza diariamente sobre el proveído. 3. También Rojas
Guzmán le hizo saber al Licdo. Víquez que el señor Olman
Valverde Chacón aceptaba ser ascendido como asistente judicial
para que él pudiera disfrutar de sus vacaciones a partir del lunes
cuatro de los corrientes, faltó el asistente judicial a la verdad, pues
nunca habló sobre el tema con el señor Valverde Chacón, haciendo
por lo tanto incurrir en error al Licdo. Víquez con la proposición de
nombramiento al momento en que la firmó.

     En consecuencia de lo expuesto y con fundamento en la
CIRCULAR N° 054- 08 respecto de la: ―Aplicación del artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el período de
cuatro años, para el nombramiento del Juez Coordinador de
despacho‖.
                                                                                  172


            Me pongo a disposición del Honorable Consejo Superior para
       que de considerarlo necesario me indique:

             ―Si en aras del Servicio Público la suscrita debe dejar la
       Coordinación y la Tramitación del Juzgado Civil de Menor Cuantía
       del II Circuito Judicial de San José, a cargo del otro Juez integrante
       de este Juzgado, Msc. Ricardo Álvarez Torres, o, la persona que le
       sustituya ante la continuidad de sus ascensos dentro del Poder
       Judicial y pasar como jueza decisoria en esta misma Oficina.‖

                                          -0-

      En oficio N° 2944 de 8 de agosto en curso, el licenciado José Miguel

Bonilla Cordero, Inspector Judicial Tramitador del Tribunal de la Inspección

Judicial, manifestó lo siguiente:

             ―Para los fines que en la misma se indican, me permito
       transcribirle la resolución de las dieciséis horas y treinta minutos del
       veintitrés de julio pasado, dictada dentro del expediente número
       481-2008 F que es queja establecida por el señor Eladio Rojas
       Guzmán contra la licenciada Lucrecia Borja Rodríguez, Jueza de
       Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, que en lo
       conducente dice:

             "INSPECCION JUDICIAL.- San José, a las dieciséis horas
       y treinta minutos del veintitrés de julio del año dos mil ocho.-
       ...Sobre el escrito presentado por el señor Eladio Rojas, que corre a
       folio 51, donde interpone recurso de revocatoria contra lo resuelto
       en el auto de las catorce horas diez minutos del trece de junio
       pasado, recurso que se rechaza por encontrarse dictado al mérito de
       los autos, además de carecer la resolución recurrida de ese remedio
       legal, no obstante, examinada nuevamente la instructiva, con vista
       en los nuevos elementos de juicio incorporados, como son las
       certificaciones médicas de folios 43, 44 y 93; se impone, referente a
       la medida cautelar ahí solicitada, por las consideraciones que
       expone la denunciante, atendiendo la problemática que vive en su
       centro de trabajo y para evitar que eventualmente trascienda a
       situaciones mayores que pasen a afectar la salud de los involucrados
       y el buen servicio público, procede solicitar al Consejo Superior, en
       calidad de medida cautelar, dada su potestad de imperio y garante
       del decoro de los tribunales administradores de justicia, de
                                                                              173


       conformidad con el numeral 67 y 81 inciso 6º de la Ley Orgánica
       del Poder Judicial, tomar la medida de traslado a otro recinto
       laboral, del servidor involucrado; tal medida, podrá ser provisional
       mientras se resuelva en definitiva el conflicto sometido a
       conocimiento de este Tribunal de la Inspección Judicial o bien de
       manera concluyente según su apreciación.- NOTIFÍQUESE.-
       F)Licenciado José Miguel Bonilla Cordero, Inspector Judicial
       Tramitador.- Exp. 08-000481-031-IJ8.-".

                                         -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación del licenciado José

Miguel Bonilla Cordero. 2.) Comunicar a la licenciada Lucrecia Borja

Rodríguez que será de su decisión plantear o no su renuncia al cargo de jueza

coordinadora.

                             ARTÍCULO XLVII

      En sesión Nº 30-08 celebrada el 23 de abril último, artículo LXII, se

remitió a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense a la

licenciada Guiselle Gené Calderón, Jueza del Juzgado de Trabajo del Primer

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a fin de que se determinara su estado

actual de salud.

      Posteriormente, en sesión N° 35-08, celebrada el 13 de mayo del año en

curso, artículo XLIX, se conoció la gestión de la licenciada Gené Calderón, en

su expresado carácter, en la que solicitó se suspendiera la confección de una

terna para llenar plaza vacante en el Segundo Circuito Judicial de San José, en

materia laboral, mientras se recibía el resultado de la valoración médica y
                                                                            174


además gestionó que una vez emitida la recomendación del Consejo Médico,

se le trasladara al citado Circuito Judicial para solventar sus padecimientos,

por lo que este Consejo acogió la solicitud de doña Guiselle y mientras se

esperaba el resultado de la valoración médica solicitada en el acuerdo tomado

en la sesión del 23 de abril del año en curso, artículo LXII; se dispuso que la

Unidad Interdisciplinaria suspendiera el trámite de consulta y confección de la

terna para ocupar interinamente la plaza N° 44067 de Juez 3 para el Juzgado

de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.

      El 21 de julio del año en curso, se recibió el Dictamen Médico Legal

N° DML-2008-1808, de la valoración realizada a doña Guiselle, suscrito por

los doctores Mario Roberto Masís Figueroa, Franz Vega Zúñiga y Mayra

Rodríguez Calvo, por su orden Coordinador e integrantes del Consejo Médico

Forense, en el que concluyeron que la señora Gené Calderón, no se encuentra

imposibilitada de manera absoluta y permanente para laborar.

      En virtud de lo anterior, la Secretaría General de la Corte, mediante

oficio N° 6307-08 de 24 de ese mes, solicitó al citado Consejo, aclarar dicho

dictamen, en el sentido de que si se aprobara el traslado se solventarían los

problemas de salud de la licenciada Gené Calderón.

      En respuesta a lo anterior, los doctores Mario Roberto Masís Figueroa,

Jorge Mario Roldán Retana y Mayra Rodríguez Calvo, por su orden
                                                                               175


Coordinador e Integrantes del Consejo Médico Forense, mediante oficio N°

DML 2008-2020 de 6 de agosto en curso, informaron lo siguiente:

              ―En atención a su oficio N° 6307-08 de fecha 24-07-2008,
       recibida en esta oficina el 30-07-2008 en al cual se envía el caso de
       la señora GUISELLE GENÉ CALDERÓN, cédula N° 1-522-764, el
       Consejo Médico Forense conoció en su Sesión Extraordinaria N°
       6407bis del lunes cinco de agosto de dos mil ocho, la solicitud de
       aclaración de este caso y de lo cual se transcribe el siguiente
       informe:
              Es criterio de los integrantes del Consejo Médico Forense que
       en el caso de la señora GENÉ CALDERÓN GUISELLE, cédula N°
       1-522-764, por tratarse de problemas de tipo degenerativo de su
       aparato osteo-articular, los mismos No se solventarán con un
       traslado de despacho laboral. Evitar largos viajes en vehículos
       podría mejorar en algún grado su sintomatología.‖
                                       -0-

      La licenciada Guiselle Gené Calderón, en su expresado carácter, en nota

de 11 de agosto en curso, por las razones que expone, solicita se estudie la

aprobación de un traslado por motivos de salud.

      Se acordó: Remitir las diligencias anteriores al Consejo de la Judicatura

para que se pronuncie sobre la procedencia del traslado de la licenciada

Giselle Gené Calderón.

                             ARTÍCULO XLVIII

      En sesión N° 55-08 celebrada el 29 de julio del año en curso, artículo

XL, se comunicó a las Administraciones Regionales y al Departamento de

Seguridad, que debían proceder a aplicar a los Auxiliares de Servicios

Generales 3 (Oficiales de Seguridad), un día de descanso adicional después de
                                                                                176


cada ocho semanas laboradas. Además se solicitó a los Departamentos de

Personal, Planificación y Seguridad que analizaran la situación de los roles, a

efecto de uniformarlos.

      En oficio N° 118-AS-2008 de 8 de mayo del año en curso, dirigido al

licenciado Rónald Vargas Bolaños, Administrador Regional del Primer

Circuito Judicial de Alajuela, los máster José Luis Bermúdez Obando, Ronald

Calvo Coto y Roy Martín Castro Campos, Jefes de Administración Humana,

Administración Salarial y Técnico Administrativo 2, respectivamente,

informaron lo siguiente:

             ―En atención al oficio 0256-UARA-2008 del 07 de marzo de
       2008 y del oficio N° 0375-UARA-07 del 19-03-2007, donde se
       solicita realizar un estudio sobre el rol asignado a los Oficiales de
       Seguridad del Circuito que laboran en el Edificio de los Tribunales
       de Justicia de Alajuela, por cuanto hay discrepancia del día libre que
       se les brinda, toda vez que es reconocido cuando salen a las 6:00
       a.m., nos permitimos señalar lo siguiente:

             De conformidad con el horario que está plasmado en las
       fotocopias facilitadas por los señores Álvaro Segura Segura,
       Roberto Araya Herrera y Carlos Sancho Solórzano, se denota un rol
       de la siguiente forma:

            Primer día: 06:00 a 14:00 horas
            Segundo día: 14:00 a 22:00 horas
            Tercer día: 22:00 a 06:00 horas - Libre
            Cuarto día: 07:30 a 16:30 horas "Comodín"
            Quinto día: se inicia nuevamente el ciclo


             De acuerdo a lo manifestado por el señor Roberto Araya
       Herrera , los servidores que laboran bajo este rol, se les contabiliza
       el día libre, además de los días que salen a las 6:00 a.m., cuando el
       "Comodín" se presenta un sábado, domingo, feriado y/o asueto.
                                                                        177




      Sobre este aspecto, el Consejo Superior en sesión 28-04 del
22-04-2004, artículo XXXVII, conoció el oficio N° 454-AS-2004
del 12 de abril en curso, donde el Departamento de Personal,
concluye que “de la investigación preliminar, resulta que la
situación más preocupante se presenta con el sistema denominado
"Comodín", donde al proyectarlo por 52 semanas, tenemos que
durante varias semanas no disfrutan de descanso semanal. Pese a
lo anterior, para resolver este caso particular, es necesario que
previamente el Departamento de Seguridad y Vigilancia confirme la
información derivada de este rol, así como valorar la necesidad
institucional de mantener este horario de trabajo. En este sentido es
preciso que el Departamento de Planificación realice el estudio
correspondiente”

      Aunado a lo anterior, en oficio N° 1860-AS-2004 de 4 de
octubre de 2004, se señala que el rol Comodín no cumple con lo
establecido por el Código de Trabajo en su artículo 139, así como la
resolución de la Sala Segunda, voto 244 de las 11:20 horas del 02 de
octubre de 1992, por cuanto al compararse los roles "2 por 2" con el
"Comodín" -ver anexos Nos. 1 y 2-, se tiene que en este último, en
52 semanas (1 año), sólo disfrutan de 21 días de descanso; así las
cosas, se recomienda “hacerse los cambios necesarios para
ajustarse a lo dispuesto en la normativa constitucional, otras leyes
y el artículo 152 del Código de Trabajo.”

      El Consejo Superior acordó entre otras cosas, ―Tener por
rendido el informe anterior y acoger la recomendación en él
incluida, para lo cual el Departamento de Planificación realizará un
estudio a la brevedad para determinar la conveniencia o no de ese
tipo de roles, así como la posibilidad de eliminar la figura de
"comodín"‖.

      En línea con lo anterior, en oficio Nº 221-PLA-2004 de 23 de
febrero de 2004, suscrito por la licenciada Marta Asch Corrales,
Jefa del Departamento de Planificación, en el que remitió el informe
Nº 004-AJ-2004, preparado por la Sección de Análisis Jurídico de
ese Departamento en el que se concluye:

     "CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

    En igualdad de derechos, sí les corresponde a los Auxiliares
de Servicio Generales 3 (Oficiales de Seguridad) del Segundo
                                                                              178


       Circuito Judicial el pago retroactivo del día de descanso de cada
       ocho semanas tal y como lo solicitan desde el 15 de febrero de 1999
       a la fecha y según el rol que han tenido, dado que tienen derecho al
       pago doble de su salario en esa semana, pues no disfrutan de su día
       de descanso. Con base en lo anterior, es importante indicar que si
       bien es cierto que tienen ese derecho el mismo debe ser
       corroborado en forma individual para cada uno de los gestionantes,
       con el fin de verificar en cada caso concreto si realmente
       trabajaron en ese rol sin modificación o si por el contrario el
       derecho les surge en otra semana, en la cual laboraron en forma
       continua durante la semana en otra fecha, pero sin día de descanso.

             De lo anterior se desprende que efectivamente los gestionantes
       no están disfrutando del día de descanso absoluto a tenor con lo
       establecido en el Artículo 59 de la Constitución Política que señala
       que "Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso
       después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales
       pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley,
       pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada
       cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las
       excepciones muy calificadas que el legislador establezca" y al
       Artículo 152 del Código de Trabajo que dice: "Todo trabajador
       tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto después de
       cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que sólo será
       con goce de salario correspondiente si se tratare de personas que
       prestan sus servicios en establecimiento comerciales o cuando, en
       los demás casos, así se hubiere estipulado.‖
                                      -0-

      Mediante oficio N° 4770-08 de 30 de mayo del año en curso, la

Secretaría General de la Corte, solicitó al Departamento de Personal, un

informe sobre lo manifestados por los señores Roberto Araya Herrera, Carlos

Sancho Solórzano, José Joaquín Gamboa, Heriberto Fernández Sequeira,

Álvaro Segura Segura, Eduardo Acuña Jiménez, Alberto Alfaro Aguilar y

Gerardo Núñez Ugalde, Oficiales de Seguridad del Primer Circuito Judicial
                                                                                 179


de Alajuela, en su nota de 23 de ese mes, que literalmente dice:

             ―Mediante oficio del Departamento de Personal N° 0118-AS-
       2008 del 08 del corriente se resolvió el estudio de rol asignado a los
       Oficiales de Seguridad del I Circuito Judicial de Alajuela, por
       cuanto existía discrepancia del día libre que se nos brindaba
       supuestamente.
             En dicho oficio se determina que efectivamente no gozamos
       de ese día libre de descanso con el rol que manteníamos desde
       febrero 2007 a mayo 2008, por lo que respetuosamente les
       solicitamos los suscritos se nos realice el pago correspondiente a
       estos días adeudados.
             No omitimos manifestar que de ser posible la verificación por
       parte de los encargados del presente se valore la posibilidad de
       revisar años anteriores a estos ya que eventualmente puede ser que
       hayamos laborado bajo este rol inadecuado.‖
                                        -0-
      Sobre el particular, los máster José Luis Bermúdez Obando y Ronald

Calvo Coto, en su expresado carácter, en oficio N° 164-AS-2008 de 19 de

junio de este año, recibido el 4 de agosto en curso, manifestaron lo siguiente:

            ―En atención al oficio 4770-08 de fecha 30 de mayo anterior,
       mediante el cual solicita rendir el informe correspondiente en el
       término de un mes contado a partir del día siguiente del recibo de la
       presente comunicación, sobre lo manifestado por un grupo de
       Oficiales de Seguridad del Primer Circuito Judicial de Alajuela,
       encabezado por el señor Roberto Araya Herrera, cédula 2-381-932,
       en nota recibida el 26 de mayo en curso.

       Al respecto resulta conveniente señalar que producto del estudio
       realizado y de la información solicitada al Master Ronald Vargas
       Bolaños, Jefe de la Unidad Administrativa Regional del I Circuito
       Judicial de Alajuela, se establecen los siguientes aspectos de interés.

        2. El Consejo Superior en la sesión 21-07 celebrada el 20 de marzo
           de 2007, entre otros aspectos relacionados con el día de descaso
           después de la octava semana, según el rol institucionalmente
           establecido de 2 x 2, dispuso comunicar al Jefe de Despacho
           (UARA) tomar las medidas correspondientes para conceder a los
                                                                             180


         Oficiales de Seguridad el día libre adicional después de las ocho
         semanas, esto con la finalidad de evitar futuros reclamos
         económicos.

      3. En respuesta al oficio 135-AS-2008 de fecha 27 de mayo
         anterior, enviado al Master Ronald Vargas Bolaños, Jefe de la
         Unidad Administrativa Regional del I Circuito Judicial de
         Alajuela, el servidor comunica a esta oficina que en acatamiento
         a lo acordado por el órgano Superior en la sesión 21-07, se les
         reconoce un día libre de descanso después de la octava semana
         laborada a los servidores que cumplen funciones relacionadas
         con la seguridad.

      4. Según se observa en las fotocopias de los roles de trabajo
         realizados por cada uno de los oficiales de seguridad en el
         período febrero 2007 a mayo 2008, se implementó el conceder el
         día adicional del descanso según lo ordenado por el Consejo
         Superior.

            En conclusión, dado que la Unidad Administrativa Regional
      de Alajuela ha cumplido con la directriz emanada del Honorable
      Consejo Superior, en el sentido de conceder el día de descanso
      adicional después de la octava semana laboral, según el rol de
      trabajo aprobado por la Institución con la finalidad de asegurar la
      continuidad del servicio que se presta, el reclamo económico
      formulado por los oficiales de seguridad para el período de análisis
      carece de fundamento.‖
                                     -0-

     Se acordó: Tomar nota de los informes anteriores y hacerlos de

conocimiento de los servidores Roberto Araya Herrera, Carlos Sancho

Solórzano, José Joaquín Gamboa, Heriberto Fernández Sequeira, Álvaro

Segura Segura, Eduardo Acuña Jiménez, Alberto Alfaro Aguilar y Gerardo

Núñez Ugalde.

                             ARTÍCULO XLIX
                                                                                  181


      En sesión N° 54-95 celebrada el 13 de julio de 1995, artículo CIII, con

base en las razones que ahí se expusieron, se confirmó la resolución N° 296-

95 dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, de las 9:25 horas del 13

de junio de ese año y se dispuso que la revocatoria de nombramiento del señor

Eddy Jara Jara, exservidor judicial, fuera efectiva a partir del 14 de julio de

1995 y en la celebrada el 2 de julio de 1996, artículo LXXXIII, por los

motivos que allí constan, se denegó la solicitud del señor Jara para que se le

reconociera su jubilación.

      El señor Eddy Jara Jara, en su expresado carácter, en nota de 7 de

agosto en curso, solicitó lo siguiente:

             ―Quien suscribe, EDDY JARA JARA, mayor, casado una
       vez, trabajador independiente con 57 años de edad, vecino de
       Alajuela, con cédula: 2-277-615, a ustedes respetuoso expongo:

                1. Laboré para el Poder Judicial durante veintitrés años,
        cuatro meses y once días, durante el período comprendido del 1° de
        febrero de 1972 al 13 de julio de 1995. (ver copia de certificación
        adjunta)
                2. Durante ese período coticé de manera ininterrumpida para
        el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, conforme a
        la legislación aplicable y vigente respectiva.
                3. Desde la finalización de labores en el Poder Judicial, no he
        tenido actividad laboral a cargo de patrono alguno; de modo que no
        he sido contribuyente a ningún otro régimen de pensiones o
        jubilaciones.
                4. En diversas oportunidades me presenté a la Caja
        Costarricense del Seguro Social a solicitar la inclusión voluntaria
        como trabajador independiente, a fin de obtener derecho de
        jubilación al momento de cumplir la edad requerida. En tales
        oportunidades se me indicó que no podía aportar para tal régimen,
        en virtud de que al no haber cotizado durante el período que laboré
                                                                                182


       para el Poder Judicial, no podía ser beneficiario de tal sistema, ya
       que para ingresar a ese régimen es requisito tener menos de 55 años.
              5. En virtud de esa situación, interpuse proceso judicial en el
       Juzgado de Trabajo de Alajuela bajo expediente: 05-615-639-LA,
       tendente a obtener la jubilación correspondiente a cargo del Fondo
       de Jubilaciones del Poder Judicial; el que fue resuelto
       negativamente aduciendo que no había aún cumplido la edad
       requerida para obtener tal beneficio (60 años), ni haber cumplido
       con el mínimo de los años de servicio (30 años).
              Conforme a lo expuesto, me encuentro en un verdadero
       estado de desamparo, en donde no se me acepta el ingreso al
       sistema de jubilaciones del Seguro Social por haber cotizado
       únicamente para el Poder Judicial; tampoco se me reconoce la
       Jubilación en el Poder Judicial por no tener aún la edad necesaria, ni
       el tiempo de servicio mínimo.
              En otros términos, se me niega el derecho a la jubilación en el
       Seguro Social porque no contribuí a ese régimen durante los más de
       23 años laborados y en el Poder Judicial se me niega el derecho a la
       jubilación aduciendo que no he completado el período de cotización
       mínimo de treinta años; consecuentemente también se pone en
       riesgo la expectativa de jubilación en ambos regímenes con los
       consiguientes perjuicios a mis derechos y a mis dependientes.
              Dado lo anterior, solicito a ese Consejo Superior la
       autorización para continuar cotizando de manera voluntaria al
       Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial por el tiempo
       necesario para obtener la jubilación, ya sea por edad o por período
       de cotización.
              Ruego resolver favorablemente lo solicitado, conforme
       corresponde en derecho y en justicia.
              Atiendo notificaciones en el fax: 2233-4541‖

                                       -0-

      Se dispuso: Comunicar al señor Eddy Jara Jara que legalmente no es

posible atender su solicitud, en razón que el artículo 240 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial establece que las cuotas con que hubiere contribuido a la

formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pueden

ser trasladadas a la Caja Costarricense de Seguro Social, a solicitud de ésta, a
                                                                              183


fin de que se le computen dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o

a la institución administradora del régimen en el que se vaya a otorgar la

jubilación o pensión para el mismo propósito de cómputo de cuotas, en el

momento en que se le vaya a otorgar la pensión.

                                ARTÍCULO L

      El doctor Ricardo Guerrero Portilla, Rector de la Universidad Escuela

Libre de Derecho, en oficio N° UELD/366-2008 de 13 de agosto en curso,

comunicó al señor Presidente, Magistrado Mora, lo siguiente:

            ―Tal y como lo conversamos el pasado martes 12 de agosto,
       me permito informarle que para la semana comprendida entre el 22
       y 25 de setiembre próximos, contaremos con la visita del
       reconocido maestro de maestros del Derecho Administrativo, el
       Profesor Dr. D. Jesús González Pérez, Catedrático Español en
       Derecho Administrativo y connotado jurista a nivel internacional.
             Don Jesús será distinguido, dentro del marco de la celebración
       del 30 aniversarios de la fundación de la Escuela Libre de Derecho
       y del 10 aniversario de su surgimiento como universidad, con
       nuestro máximo galardón académico, el ―Doctorado Honoris Causa
       en Derecho‖, con el que reconocemos el trabajo y la trayectoria
       académica de importantes juristas de nuestro país y del extranjero,
       fundamentalmente por su trascendencia a las nuevas generaciones.
       El acto se realizará en el Auditorio ―Pablo Casafont‖ del Colegio de
       Abogados de Costa Rica el miércoles 24 de setiembre del 2008 a
       partir de las 18:30 horas.
             Los días 24 y 25 de setiembre del 2008, a partir de las 14:00
       horas, en el mismo Auditorio del Colegio de Abogados se realizará
       el ―II ENCUENTRO IBEROCOSTARRICENSE SOBRE
       DERECHO Y PROCESO ADMINISTRATIVO. Reformas al
       Derecho Administrativo y Moderna jurisdicción contencioso-
       administrativa -Una visión de futuro y desarrollo- En honor al Prof.
       Dr. D Jesús González Pérez‖. Dentro del marco de cooperación que
       posee esa Honorable Corte Suprema de Justicia con esta
       Universidad, respetuosamente solicitamos sea divulgado este evento
       entre todos los funcionarios judiciales, especialmente los del área
                                                                                  184


       del Derecho Administrativo y se les otorgue, a partir de las 02:00
       p.m., el permiso de asistir, siempre y cuando, tal y como se lo
       manifesté, sus agendas del Despacho se los permita.
             A los funcionarios que se inscriban, dentro del cupo limitado
       de asistencia, la universidad les otorgará un descuento del 15% de la
       cuota de inscripción. Le adjunto el programa de la actividad, mismo
       que le estaré enviando en formato digital, a través de correo
       electrónico, en caso de que se autorice realizar su divulgación.
             En virtud de lo anterior y dentro de ese mismo marco de
       cooperación, solicitamos muy respetuosamente, la posibilidad de
       que esa Honorable Corte pueda ofrecer al Dr. González Pérez un
       almuerzo o una cena, como una deferencia a su visita a nuestro país
       y al aporte que ha realizado al Derecho Administrativo
       costarricense.
             Asimismo, solicitamos, si se considera oportuno y viable, nos
       autoricen el utilizar en el material divulgativo y didáctico, el logo de
       la Corte Suprema de Justicia como reconocimiento a la cooperación
       que se brindaría a esta actividad académica, el cual estará a la par
       del logo de la Sala Constitucional y del Colegio de Abogados de
       Costa Rica, quienes gentilmente nos han extendido sus brazos de
       cooperación.
             En espera de una respuesta positiva, me suscribo del Señor
       Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con las
       muestras de mi más alta y distinguida consideración y estima…‖

                                        -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior del doctor Ricardo Guerrero

Portilla. El Departamento de Personal realizará la divulgación correspondiente

entre los Jueces que tramitan materia Contencioso Administrativo, para que

participen en ―II Encuentro Iberocostarricense sobre Derecho y Proceso

Administrativo‖, a realizarse el 24 y 25 de setiembre del año en curso, en el

Auditorio del Colegio de Abogados. Lo anterior en el entendido que este

Consejo otorgará únicamente permiso con goce de salario a los servidores que

quieran asistir a esta capacitación. Se autoriza la utilización del logo de la
                                                                             185


Corte Suprema de Justicia así como los gastos correspondientes, para que se le

brinde como atención al doctor González Pérez una cena, en señal del

agradecimiento que el Poder Judicial de este país le tiene por la atención que

como docente ha prestado a varios jueces costarricenses.

      El Despacho de la Presidencia tomará nota para lo que corresponda.

                               ARTÍCULO LI

      En nota de 3 de junio del año en curso, recibida el 17 de julio último, la

licenciada Silvia Castro Morales, Jueza de Pensiones Alimentarias del Primer

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por las razones que expone, solicita se

valore si las actuaciones del señor José Luis Olivares Loaiza, quien figura

como demandado en el expediente número 07-7000450-0859-PA y su

abogado el licenciado Álvaro Carazo Zeledón, pueden ser consideradas dentro

de las faltas a que hace referencia el numeral 218 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial. Se aportan las copias respectivas.

      Conforme lo ha dispuesto la Sala Constitucional, se acordó: Conceder

audiencia al licenciado Álvaro Carazo Zeledón, por el plazo de diez días

contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, para que

se refiera a los hechos atribuidos, a fin de que ejerza su defensa y si lo

considera oportuno ofrezca las pruebas pertinentes. Notifíquesele en el lugar

señalado en el expediente número 07-700450-0859 PA del Juzgado de
                                                                               186


Pensiones Alimentarias del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Fax

22213431.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                               ARTÍCULO LII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

6016-DE-2008 de 7 de agosto en curso, remite nota Nº 535-SC-2008 suscrita

por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

             ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del
       Seguro Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial, solicita mediante oficio SACI-423-08, el traslado de
       ¢136.992.90, por concepto de cuotas aportadas al Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones Judiciales durante el período de julio 1973
       a noviembre 1974 y de febrero 1975 a febrero 1985, por el señor
       Vargas Meneses Víctor Manuel, cédula N° 1-319-0072.

            Conforme a la evaluación practicada por este Departamento,
       con base en las certificaciones emitidas por la Contabilidad
       Nacional, se determinó que el monto a trasladar es de ¢394.724.73 y
       no ¢136.992.90 señalado en el oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes personales y
       patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo
       señalado a efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado
       por la Caja Costarricense del Seguro Social.

           Por otra parte, cabe señalar que la Sala Constitucional,
       mediante Res. N° 2008007145 del 25 de abril del 2008, resolvió en
       un caso similar, reintegrar al recurrente los aportes obreros
                                                                              187


       trasladados de más a la Caja por parte del Poder Judicial.‖

                                       -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de

Seguro Social de la suma de ¢394.724,73 (trescientos noventa y cuatro mil

setecientos veinticuatro colones con setenta y tres céntimos), que corresponde

al monto con que contribuyó el señor Víctor Manuel Vargas Meneses a la

formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

6019-DE-2008 de 7 de agosto en curso, remite nota Nº 533-SC-2008 suscrita

por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

             ―El   Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del
       Seguro Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial, solicita mediante oficio SACI-423-08, el traslado de
       ¢6.036.08, por concepto de cuotas aportadas al Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones Judiciales durante el período de enero a
       mayo 1977, enero a marzo 1984 y enero a febrero 1991 por el señor
       Meléndez Agüero Luis Guillermo, cédula N° 1-0337-0911.

           Conforme a la evaluación practicada por este Departamento,
       con base en las certificaciones emitidas por la Contabilidad
                                                                               188


       Nacional, se determinó que el monto a trasladar es de ¢17.893.38 y
       no ¢6.036.08 señalado en el oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes personales y
       patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto, y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo
       señalado a efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado
       por la Caja Costarricense del Seguro Social.

             Por otra parte, cabe señalar que la Sala Constitucional,
       mediante Res. N° 2008007145 del 25 de abril del 2008, resolvió en
       un caso similar, reintegrar al recurrente los aportes obreros
       trasladados de más a la Caja por parte del Poder Judicial.‖

                                        -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de

Seguro Social de la suma de ¢17.893.38 (diecisiete mil ochocientos noventa y

tres colones con treinta y ocho céntimos), que corresponde al monto con que

contribuyó el señor Luis Guillermo Meléndez Agüero a la formación del

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LIV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

6017-DE-2008 del 7 de agosto en curso, remite nota Nº 532-SC-2008 suscrita
                                                                               189


por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

             ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
       Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del
       Seguro Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial, solicita mediante oficio SACI-423-08, el traslado de
       ¢3,602,102.54, por concepto de cuotas aportadas al Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones Judiciales durante el período de julio 1977
       a setiembre 2000 y diciembre 2000, por el señor Chacón Morales
       Wagner, cédula 1-0437-0262.

            Conforme a la evaluación practicada por este Departamento,
       con base en las certificaciones emitidas por la Contabilidad
       Nacional, se determinó que el monto a trasladar es de
       ¢10,155,548.83 y no ¢3,602,102.54 señalado en el oficio indicado.

             La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
       cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes personales y
       patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

             Por lo expuesto y en apego al procedimiento establecido,
       solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo
       señalado a efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado
       por la Caja Costarricense del Seguro Social.

             Por otra parte, cabe señalar que la Sala Constitucional,
       mediante Res. N° 2008007145 del 25 de abril del 2008, resolvió en
       un caso similar, reintegrar al recurrente los aportes obreros
       trasladados de más a la Caja por parte del Poder Judicial.‖

                                       -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de

Seguro Social de la suma de ¢10.155.548.83 (diez millones ciento cincuenta y

cinco mil quinientos cuarenta y ocho colones con ochenta y tres céntimos),
                                                                                190


que corresponde al monto con que contribuyó el licenciado Wagner Chacón

Morales a la formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

6015-DE-2008 del 7 de agosto en curso, remite nota Nº 534-SC-2008 suscrita

por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

              ―El Sr. Eugenio Soto Barrantes, Coordinador Subárea
        Administración Cuenta Individual de la Caja Costarricense del
        Seguro Social, en apego al artículo 240 de la Ley Orgánica del
        Poder Judicial, solicita mediante oficio SACI-423-08, el traslado de
        ¢216,938.98, por concepto de cuotas aportadas al Fondo de
        Jubilaciones y Pensiones Judiciales durante el periodo de setiembre
        a diciembre 2007 y enero a marzo 2008, por el señor García León
        Carlos, cédula 3-159-0162.

             Conforme a la evaluación practicada por este Departamento,
        con base en las certificaciones emitidas por la Contabilidad
        Nacional, se determinó que el monto a trasladar es de ¢607,429.14 y
        no ¢ 216,938.98 señalado en el oficio indicado.

              La razón de esta diferencia, se da porque los porcentajes de
        cotización ante la CCSS son inferiores a los aportes personales y
        patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

              Por lo expuesto y en apego al procedimiento establecido,
        solicitamos someter a conocimiento del Consejo Superior, lo
        señalado a efecto de continuar con el proceso del traslado solicitado
                                                                            191


       por la Caja Costarricense del Seguro Social.

             Por otra parte, cabe señalar que la Sala Constitucional,
       mediante Res. N° 2008007145 del 25 de abril del 2008, resolvió
       para el señor García León, el reintegro de los aportes obreros
       trasladados de más a la Caja por parte del Poder Judicial.‖

                                       -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 240 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se acordó: Autorizar el traslado a la Caja Costarricense de

Seguro Social de la suma de ¢607,429.14 (seiscientos siete mil cuatrocientos

veintinueve colones con catorce céntimos), que corresponde al monto con que

contribuyó el señor Carlos García León a la formación del Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LVI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

6013-DE-2008 del 7 de agosto en curso, remite nota Nº 593-DTI-2008 de 5 de

este mes, suscrita por el máster Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento

de Tecnología de la Información, sobre el sistema de Apoyo a la Toma de

Decisiones del Poder Judicial (SATDPJ), que literalmente dice:

            ―En atención a su oficio N° 5660-DE-2008, me permito
       remitir el informe sobre el Sistema de apoyo a la Toma de
       Decisiones del Poder Judicial (SATDPJ), elaborado en conjunto con
                                                                      192


la Sección de Estadística. Además, se incluye la propuesta para
aprovechar al máximo las tecnologías recientemente adquiridas.

     En la elaboración de dicho informe participaron:

      Alejandro Fonseca Arguedas, Profesional 2 de la Sección
       de Estadística
      Marlen Vargas Benavides, Profesional 2 de la Sección de
       Estadística
      José Bonilla Boza,      Profesional 2 del Área Informática
       de Gestión
      Franklin González Morales, Jefe Administrativo 4 de la
       Sección de Estadística
      Kattia Morales Navarro, Jefe Administrativo 4 Área
       Informática de Gestión.

      No omito indicar que este informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la Sección de Estadísticas y de todo el personal
participante.

     INTRODUCCIÓN

     Cuando se conceptualizó el Sistema de Apoyo a la Toma de
Decisiones del Poder Judicial, en el año 1998, se definió como una
herramienta que solventara las necesidades de la Sección de
Estadística aplicando conceptos básicos de una filosofía de
Datawarehouse.

      Muchos de los conceptos aplicados inicialmente, han
cambiado con la evolución de las tecnologías y las nuevas formas
de administración de datos y en el caso concreto de este sistema se
han venido modificando y ajustando a los nuevos requerimientos y
necesidades de la Institución. Cabe señalar que el sistema ha
agotado su vida útil en el módulo propio de la Sección de
Estadística, no lográndose satisfacer las nuevas peticiones de la
Administración, ya que el software desarrollado no es de fácil
mantenimiento y no permite atender estos requerimientos. Por su
parte, el desarrollo realizado para que los despachos judiciales
generen las estadísticas judiciales, se encuentra en operación y a
mostrado un acelerado crecimiento (70% de los despachos a nivel
nacional utilizan el mismo), por lo que el Sistema ha pasado de ser
un sistema de uso exclusivo de la Sección de Estadística a un
sistema de uso nacional en los despachos donde se instale el
                                                                           193


Sistema de Gestión. Estos módulos requieren de un constante
mantenimiento que permita que los informes estadísticos se ajusten
a los requerimientos que surgen diariamente para atender los
requerimientos que se solicitan por parte de la Administración
Superior.

     SITUACIÓN ACTUAL

      El Poder Judicial cuenta con un Sistema de Apoyo a la Toma
de Decisiones, desarrollado por la Empresa Soin en el año 2000, el
cual consta de dos grandes módulos, uno de uso exclusivo de la
Sección de Estadísticas, que permite la generación de los informes
específicos de esta Sección y otro que se instala en los despachos
judiciales, el cual permite generar los informes estadísticos de los
mismos, tomando como base la información registrada en el
Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales. Este
segundo módulo ha venido siendo actualizado acorde con los
requerimientos de nuevos informes y variables solicitados a los
despachos por la Sección de Estadística, de igual forma se han
diseñado y creado nuevos reportes y procedimientos de extracción
que permitan la generación de los informes totalmente nuevos
producto de cambios en la leyes, procedimientos o bien, nuevos
requerimientos. Sin embargo, en los últimos años, producto de estos
cambios, de la inclusión de la comisión de genero y la comisión de
accesibilidad, el cambio en las leyes , la incorporación de la
oralidad y la expansión del proyecto de gestión a nivel nacional,
estos requerimientos se han incrementado de forma exponencial,
teniendo una lista considerable de ajustes pendientes por realizar.

      Por su parte, a raíz de las causas indicadas anteriormente, y
los cambios propios de las formas de trabajo de la Sección de
Estadística, se hacen necesarias realizar cambios y ajustes al
Sistema para poder hacerle frente a los requerimientos de la
Administración Superior. Estos ajustes, cambios y nuevas
funcionalidades no han podido ser atendidas por el Departamento de
Tecnología de la información, debido a la prioridad de atender las
solicitudes de los módulos propios de los despachos.

      Con el objetivo de dar atención a los requerimientos propios
de Estadística, se realizaron reuniones interdisciplinarias, donde se
analizaron las facilidades del sistema, la filosofía de trabajo actual y
el diseño de las herramientas existentes, esto a la luz de la reciente
compra de las herramientas de Bussines Objects que actualizan las
                                                                        194


herramientas adquiridas en el 98, así como la capacitación recibida
en el uso de las mismas, con lo cual se hace evidente que los
diseños actuales no se adaptan a los nuevos conceptos de
datawarehouse que se implementan hoy día, que las aplicaciones
existentes no son de fácil mantenimiento y que la migración de las
aplicaciones actuales e informes desarrollados a las nuevas
tecnologías adquiridas no es transparente y requieren de un gran
esfuerzo humano. Por lo que se concluye que se debe aprovechar la
experiencia adquirida con el sistema actual, optimizar el uso de los
nuevos recursos tecnológicos y rediseñar un nuevo sistema de
Apoyo a la Toma de Dediciones del Poder Judicial.

     PROBLEMA Y LIMITACIONES

      Para las labores de implantación, modificación, actualización,
mantenimiento implementación y desarrollo el Área de Informática
de Gestión tiene destinado un profesional 2 a tiempo completo y a
partir del mes de marzo de este año refuerza con un recurso a
medio tiempo para que sirva de apoyo por lo que resta del año. Este
recurso humano resulta insuficiente, lo que dificulta la pronta
atención de los nuevos requerimientos de los usuarios del sistema,
teniéndose una amplia lista de modificaciones pendientes en los
informes que remiten los despachos judiciales y otra lista de ajustes
solicitadas por la Sección de estadística.

      En general, se cuentan con limitaciones en la estructura de las
bases de datos, el software utilizado en los reportes trimestrales es
obsoleto (Cristal 7) no dando libertad a realizar ajustes y rompiendo
la filosofía de que el usuario final tenga libertad de ajustar los
parámetros requeridos. Por otra parte, el sistema no es de fácil de
parametrizar provocando que          muchas variables deban ser
modificadas por medio de programación.

     El sistema en los módulos de la Sección de Estadística no
presenta ergonomía al usuario final, siendo muy cansado el proceso
de digitación, así mismo los tonos grises en los que están
configuradas las aplicaciones resultan muy agotadores al usuario.

      Las funcionalidades e informes instalados en los despachos
judiciales para la generación estadística, requieren de un
mantenimiento oportuno que vaya de la mano de los requerimientos
y cambios a los informes que solicita la Sección de Estadística, para
cumplir el objetivo de que todos los informes se generen con el
                                                                              195


       sistema y no se deban llevar controles manuales. Sin embargo la
       cantidad de nuevos requerimientos ha sobrepasado la capacidad de
       resolverlos en el tiempo requerido.

            PROPUESTA

             Se recomienda la integración de un equipo de trabajo
       interdisciplinario, entre la Sección de Estadística, Informática de
       Gestión y representantes de los despachos, con el fin de construir
       una nueva aplicación que cumpla con las expectativas actuales de la
       institución y se establezca una proyección en el tiempo. Este equipo
       debe ser complementario a los recursos ya asignados al proyecto, ya
       que el sistema actual debe continuar dándosele mantenimiento para
       incorporar las variables estadísticas y controles solicitados por la
       Administración Superior en los módulos que se tienen en operación
       en los despachos judiciales y así sostener la generación de los
       informes hasta que el nuevo sistema este listo y lo sustituya.

            El equipo que se consigne debe ser de al menos dos
       profesionales 2 del Área Informática de Gestión y un profesional 2
       de la Sección de estadística y debe estar dedicado en forma
       exclusiva al proyecto.

             Este nuevo sistema dejaría de ser una herramienta exclusiva
       para la generación de reportes estadísticos, ampliando sus alcances
       hacia la medición del desempeño, indicadores de gestión, control de
       calidad de los despachos, entre otros. Así mismo explotaría las
       potencialidades de las nuevas herramientas adquiridas por el Poder
       Judicial, así como los nuevos conceptos administrativos y
       tecnológicos, dotando al Poder Judicial de una herramienta eficiente
       y con tecnología de avanzada.‖
                                      -0-

      Manifiesta el Integrante Martínez, que ante la duda que le surgió al

revisar la propuesta que remite don Rafael Ramírez, le consultó, vía

telefónica, en cuanto a que si su gestión también estaba encaminada a que se

le otorgara un permiso para dos profesionales 2 del Área Informática de

Gestión y para un profesional 2 de la Sección de estadística, que se dedicaran
                                                                             196


a tiempo completo a las tareas que describió; siendo su respuesta afirmativa.

Lo anterior lo informa, para lo que el Consejo estime pertinente resolver.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del licenciado

Martínez Fernández. 2) Tomar nota del informe anterior y autorizar la

integración del equipo de trabajo interdisciplinario conformado por los

Departamentos de Tecnología de la Información, de Planificación y

representantes de los despachos, para los efectos indicados. En razón de lo

anterior estima este Consejo necesaria la presentación de un plan de trabajo

para lograr los objetivos indicados.

                              ARTÍCULO LVII

      En sesión N° 96-07 celebrada el 20 de diciembre del 2007, artículo

XLII, se acogió parcialmente el informe del Departamento de Planificación,

referente a la creación de puestos del Poder Judicial para el 2008, de forma

extraordinaria para cubrir el posible aumento en la carga de trabajo en los

despachos judiciales mencionados en ese acuerdo, con motivo de la entrada en

vigencia de la Ley de Penalización a la Violencia Contra las Mujeres; entre

otros aspectos, se recomendó que el Departamento de Trabajo Social atendiera

con las plazas otorgadas, según el tiempo referido en cada localidad, aquellos

asuntos pendientes de resolver, de los equipos psicosociales que conocen los

programas de Familia, Violencia Doméstica, Penal Juvenil y Violencia
                                                                                  197


Sexual, a cuyos efectos al finalizar el plazo rendirían un informe sobre la labor

realizada, a fin de determinar la necesidad de mantenerlas o reubicarlas en

otras oficinas.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N°

6081-DE-2008 de 8 de agosto en curso, remite la nota N° DTSP-695-2008 de

7 de este mes, suscrita por la máster Rosario González Brenes, Jefa interina

del Departamento de Trabajo Social y Psicología, que literalmente dice:

              ―En cumplimiento de lo acordado en la sesión de ese Consejo
        Superior No. 96-07 del 20 de diciembre del 2007, se informa sobre
        la labor realizada por los equipos interdisciplinarios extraordinarios,
        los cuales han cumplido seis meses de funcionamiento (iniciaron el
        04 de febrero del presente año).
              La información se brinda según las materias atendidas, esto
        por cuanto pese a que los mismos fueron creados para valorar a las
        víctimas según la Ley de Penalización de la Violencia Contra Las
        Mujeres, en el acuerdo citado se autorizó para que valoraran en
        otras materias mientras se lograra la demanda esperada de casos
        según la citada ley.
              Los cinco equipos creados, se ubicaron en: primer circuito
        judicial de Alajuela, II Circuito Judicial de Alajuela, Heredia el
        cual estuvo dos meses en Puriscal, Puntarenas y el de Cartago se ha
        estado utilizando en labores de supervisión según se autorizó en el
        mismo acuerdo del Consejo Superior.
            En los cuadros siguientes se brinda la información             del
        cumplimiento de la labor asignada a estos equipos.
                                                                                                198


                                 I Circuito   Judicial de Alajuela

                            Total de casos      Total de casos      Total personas         Citas
                              recibidos           valorados        referidas que no   reprogramadas
          Materias                                                 se presentaron o    por ausencias
                                                                   no aceptaron la
                                                                      valoración

      Ley de
      Penalización de la
      Violencia Contra            88                 58                  30                 0
      las Mujeres
      Delitos sexuales            4                   4
                                                                          0                 0
      Familia                     15                 15
                                                                          0                 0
              TOTAL              107                 77
                                                                         30                 0
II
                                   Circuito Judicial de Alajuela

      Materias        Total de casos    Total de casos     Total personas           Citas
                        recibidos         valorados         referidas que      reprogramadas
                                                                no se           por ausencias
                                                            presentaron o
                                                           no aceptaron la
                                                             valoración

       Ley de
     Penalizació           117                 45
       n de la                                                     38                 24
      Violencia
     Contra las
      Mujeres
       Delitos              1                   1
                                                                   0                  0
      sexuales
      Familia               3                   3
                                                                   0                  0
       TOTAL               121                 49
                                                                   38                 24



                                               Heredia

      Materias        Total de casos    Total de casos     Total personas           Citas
                        recibidos         valorados         referidas que      reprogramadas
                                                                no se           por ausencias
                                                            presentaron o
                                                           no aceptaron la
                                                             valoración

     Ley de
                                                                                             199


Penalizació           54                   19
                                                               13                   4
n de la
Violencia
Contra las
Mujeres
Delitos               23                   21
                                                                2                   0
sexuales
Familia               11                   7
                                                                2                   2
Penal                  2                   2                    0                   0
Juvenil
NIñez y                2                   2                    0                   0
Adolescenci
a
Violencia              3                   1                    2                   0
doméstica
  TOTAL               95                   52
                                                               19                   6
     *Incluye la labor realizada por este equipo en Puriscal entre los meses de febrero y
     marzo 2008.


                                         Puntarenas

 Materias       Total de casos      Total de casos      Total personas           Citas
                  recibidos           valorados          referidas que      reprogramadas
                                                             no se           por ausencias
                                                         presentaron o
                                                        no aceptaron la
                                                          valoración

  Ley de
Penalizació
  n de la             90                   41                  39                   10
 Violencia
Contra las
 Mujeres
  Familia             15                   10                   5                   0
 TOTAL                105                  51                  44                   10



           Como se puede observar, la prioridad de atención de estos
     equipos han sido los casos de la Ley de Penalización de la Violencia
     Contra Las Mujeres, las situaciones de otras materias se valoraron
     debido a que en un inicio la demanda de casos de esta ley era muy
     baja.
              Es importante informar que debido a que el equipo
                                                                       200


extraordinario de Cartago se destinó para supervisión, durante los
seis meses se ha monitoreado la referencia de casos de la citada ley
y hasta la fecha solamente han referido 2 casos, los cuales fueron
valorados con criterio de celeridad por el equipo interdisciplinario
ordinario de esa provincia. Este equipo ha estado realizando
coordinaciones con la Fiscalía de Cartago para determinar las
causas de la escasa referencia para valoración de víctimas según
esta ley.

      Desde esta jefatura y supervisión se ha venido controlando la
labor de estos equipos, con el fin de lograr la meta propuesta en
cuanto a la que se logre una mayor permanencia de las víctimas en
el proceso judicial. Como se observa en los cuadros anteriores, gran
cantidad de estas personas o se ausentan a las citas de valoración o
no consienten la realización del peritaje. Es criterio de las
integrantes de estos equipos que el ausentismo se debe a:

     Opinión de los equipos respecto a las personas que no se
presentan a las citas
     Dificultades económicas.
     Difícil acceso a servicios públicos de transporte por largas
     distancias.
     Retractación de los hechos         denunciados    por   posible
     reconciliación con el imputado.
     Dependencia económica y emocional con el imputado.
     Carencia de redes de apoyo para el cuido de hijos e hijas y
     para enfrentar la situación.
     Escasa participación de otras instituciones en los procesos de
     empoderamiento y apoyo.
     Temor a represalias por parte del imputado.
     Una vez realizado el análisis de estas situaciones, se emitió
lineamientos a estos equipos de generar estrategias para evitar el
ausentismo, entre las que se han venido implementando:
     Visitas a lugares distantes para realizar las valoraciones y
garantizar un mayor acceso.
     Valoraciones domiciliarias para valorar posible situación de
                                                                            201


   riesgo al darse la ausencia a la cita. En este aspecto se enfrentan
   limitaciones con el uso del vehículo.
         Reprogramación de las citas en coordinación con las Fiscalías.
       Comunicación telefónica previa a la cita para recordar sobre la
   misma y confirmar asistencia.
       Coordinación con la fiscalía para valorar con la mayor
   inmediatez.
         Además del ausentismo, se dan situaciones donde las víctimas
   no consienten la realización del peritaje, situación que imposibilita
   la ejecución del mismo, por cuanto se parte del consentimiento
   informado, esta situación se da según los equipos interdisciplinarios
   por:
        Retractación de los hechos          denunciados    por   posible
   reconciliación con el imputado.
         Dependencia económica y emocional hacia el imputado.
         Carencia de redes de apoyo familiares, comunales e
   institucionales.
         Temor a represalias por parte del imputado.
        Falta de claridad respecto a su condición de víctima y de la
   dinámica de la violencia, esto posibilita que minimicen los eventos
   de violencia enfrentados y acepten acuerdos extrajudiciales con el
   imputado.
         Por desconocimiento del proceso judicial.
        En general, se trata de mujeres con fuertes y arraigados
   patrones estereotipados de la cultura patriarcal, con débiles redes de
   apoyo y escasos recursos personales de afrontamiento y que retiran
   la denuncia en el ámbito penal, con la expectativa de que su pareja
   cambie, lo cual evidencia una necesidad de empoderamiento y
   atención especializada.
         En cuanto al equipo extraordinario creado para la oficina de
   Cartago, el cual se destinó para la supervisión se informa de la labor
   realizada, según se observa en la siguiente tabla:


Funciones realizadas     Área de Trabajo Social        Área de Psicología
                                                                            202


Giras de supervisión                 6                          7
Supervisión grupal                  18                         18
psicosocial
Supervisión Grupal por              20                          5
disciplina
Informes de supervisión             10                           4
Devolución individual oral          56                          29
Devolución individual              247                         112
escrita (correo
electrónico).
Peritajes supervisados             247                         187
Revisión de protocolos              -                           47
pruebas psicológicas
Coordinaciones telefónicas          48                         36
Coordinaciones por correo           33                         43
electrónico
Coordinaciones en persona           37                          39
Consultas telefónicas               84                         100
Consultas por correo                21                          32
electrónico
Consultas en persona                38                         29
Reuniones técnicas                  20                         20
Reuniones administrativas           18                          6
Capacitaciones recibidas             2                          2
Actividades institucionales          6                          1
Elaboración de                       9                         13
documentos
Reuniones con jefatura y            22                         22
supervisión
Reuniones de comisiones             11                          3
del departamento
Reuniones de                        12                          6
coordinación con otras
instancias
Revisión de documentos              20                         24
Entrevistas y otras                  3                         91
acciones de selección de
profesionales

           Es importante destacar que la labor que ha realizado este
      equipo ha venido a significar mayor apoyo en el área de supervisión
      esto por cuanto los recursos con que se cuenta en supervisión (1
      supervisora área de Psicología y 2 supervisoras del Área de Trabajo
      Social, una de ellas asume la supervisión como recargo por cuanto
      ocupa la Subjefatura), son insuficientes para la cantidad de
      profesionales en ambas disciplinas (51 Psicólogos/as y 81
      Trabajadores Sociales) distribuidos en las 23 oficinas ubicadas en
      todo el país. Además de la cantidad de profesionales a supervisar,
                                                                                203


       esta labor se ha incrementado debido a que las exigencias de calidad
       técnica han venido aumentando según se han venido agudizando los
       problemas que se judicializan.

             De la necesidad de esta cantidad de supervisoras se ha
       informado y solicitado más recursos al Departamento de
       Planificación desde la Jefatura de la Licda. Matilde González A,
       gestiones que han resultado infructuosas hasta la fecha.
            Respecto a las dos plazas de Psicología creadas en con el
       grupo anterior, se conformaron en un equipo interdisciplinario
       (acuerdo Sesión No. 40-08 del 29 de mayo del 2008, Artículo
       LXVI) para atender en forma prioritaria en las oficinas donde se
       considere necesario por incremento de solicitudes de valoraciones
       con prioridad de la Ley de Penalización de la Violencia Contra Las
       Mujeres y de no haber demanda, para valorar en otras materias, el
       cual ha venido apoyando desde mediados de junio a mediados de
       agosto actual al Equipo de Niñez y Adolescencia; al concluir en los
       próximos días, este equipo, será ubicado en Cartago para apoyar al
       Equipo Interdisciplinario y con el objetivo principal de que se
       motive a la Fiscalía a referir para valoración a víctimas según la Ley
       de Penalización de la Violencia contra las Mujeres; de ser posible
       apoyará a la oficina de Alajuela para bajar el circulante de peritajes
       psicosociales en materia de familia.

            Solicitud: Con todo respeto se solicita al Consejo Superior
       que los Equipos extraordinarios continúen funcionando y ubicados
       como están.‖
                                        -0-

      Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe anterior.2.) Conforme lo

solicita la máster Rosario González Brenes, se mantiene la integración de los

equipos interdisciplinarios extraordinarios.

                              ARTÍCULO LVIII

      En sesión Nº 84-06 celebrada el 7 de noviembre del 2006, artículo

XXXIX, de conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley
                                                                              204


Orgánica del Poder Judicial, se concedió una pensión a favor de la señora

Cynthia Araya Chaves, en ejercicio de la patria potestad de los menores

beneficiarios Axel Yareth, Abdiel Joab y Jocsan Manuel, todos García Araya,

con una asignación mensual de de ¢479.571,03 (cuatrocientos setenta y nueve

mil quinientos setenta y un colones con tres céntimos), equivalente a una 1/3

parte del último salario devengado del exservidor judicial fallecido Manuel

Eduardo García Enríquez, a partir del 27 de agosto del 2006 y distribuida en

partes iguales entre los citados menores.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo con oficio Nº

6103-DE-2008 de 11 de agosto en curso, remite nota Nº 9548-TE-2008

suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que literalmente dice:

             ―Para su estimable conocimiento y para lo que a bien estime
       resolver, en forma atenta se informa que el pasado 24 de julio de
       2008 se recibió en este Departamento el acuerdo tomado por el
       Consejo Superior, el 26 de junio del 2008, sesión N° 48-08, artículo
       LXIX, mediante el cual se hace del conocimiento la deuda que
       mantiene la señora Cynthia Araya Chávez con el Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la cual según informe
       N° 1012-212-AF-2007, del Departamento de Auditoría, la misma
       asciende a la suma de ¢3.284.509,30 correspondiente al periodo del
       27 de agosto de 2006 al 31 de marzo del 2008. En dicha sesión se
       dispuso:

            ―[...] 1) Tener por contestada la audiencia y por rendida la
       propuesta de pago de la señora Cinthya Araya Chávez. 2) Autorizar
       al Departamento Financiero Contable para que conforme lo propone
       doña Cinthya, se le rebaje de su jubilación la suma de ¢10.000,00
       (diez mil colones) mensuales, a partir del 1° de agosto del año en
                                                                        205


curso y ¢30.000,00 (treinta mil colones exactos) por mes, como
mínimo, a partir de enero del 2009 y hasta la cancelación total de la
deuda.‖

      Dado lo anterior, se procedió a revisar los montos en amparo a
las planillas de beneficio en favor de la señora Araya Chávez, para
la correspondiente aplicación del rebajo indicado, no obstante, a la
fecha, no se reporta como beneficiaria de este Fondo, por lo que una
vez analizado el caso, se determinó que en sesión N° 84-06 de fecha
07 de noviembre del 2006, artículo XXXIX, el Consejo Superior
acordó distribuir el beneficio correspondiente al exservidor judicial
fallecido Manuel Eduardo García Enríquez, entre los menores Axel
Yareth, Abdiel Joab y Jocsan Manuel todos García Araya, por
partes iguales.

     Es importante indicar que, la deuda al 31 de julio del 2008
asciende al monto bruto de ¢3.971.116,30, tal y como en detalle se
mostrará más adelante, por lo que, salvo mejor criterio, se realizará
el cobro sobre la suma neta de ¢3.617.385,24 el cual se compone de
la suma girada de más desde el 27 de agosto del 2006 al 31 de julio
del 2008 (¢3.415.202,90) y aguinaldo proporcional 2006 y 2007
(¢202.182.34) cancelado a los menores García Araya.(Véase
cuadro), restando lo correspondiente al Fondo de Jubilaciones por
no haberse otorgado, así lo correspondiente a la CCSS, sumas que el
Subproceso Contable gestionará oportunamente.
                                                                      206




     Cabe agregar que, este Despacho coordinó con el
Departamento de Gestión Humana, con la finalidad de ajustar el
monto de la pensión en la planilla de beneficio de los menores
García Araya en ¢171.664,25, a partir del mes de agosto de 2008 así
como a aplicar la deducción de ¢10.000.00 por partes iguales
aprobada por la señora Araya Chaves.
                                                                             207




            Por otra parte, es menester indicar que, para el mes de agosto
       se procederá, salvo disposición en contrario, a amortizar la deuda
       sobre el monto de ¢ 3.617.385,24 en partes iguales a la asignación
       correspondiente a los menores pensionados Axel Yareth, Abdiel
       Joab y Jocsan Manuel todos García Araya.‖

                                      -0-

     Se acordó: Acoger el informe rendido por el Departamento Financiero

Contable.

     A las 10:45 horas terminó la sesión.

								
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