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                                    N° 90-02

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del veintiocho de noviembre del dos mil dos.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Presidente en

ejercicio; licenciada Magda Pereira Villalobos y los licenciados Juan Diego Rojas

Araya, Hernán Campos Vargas y Edgar Amador Madriz. Asiste también el Director

Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                  ARTÍCULO I

      Se aprobó el Acta N° 82-02 de 31 de octubre del año en curso. También se

aprobaron las separatas del Acta N° 88-02 del 21 de noviembre del año en curso,

artículos XXXV, XXXVI y LVII.

RECONSIDERACIONES Y REVISIONES

                                  ARTÍCULO II

      En sesión N° 72-02 celebrada el 26 de setiembre del año en curso, artículo

XLIII, se acogió la solicitud de la joven Nancy Paola Cascante Orozco, pensionada

judicial, para que se le trasladara el monto de pensión que recibía su hermano

Christopher, quien cumplió la mayoría de edad, por lo que se acrecentó la pensión

de Nancy y de la señora Julieta Orozco Rivera, cónyuge supérstite del causante.

      Con ocasión de lo anterior, el licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez,

Auditor Judicial, en oficio N° 868-349-AF-2002 de 21 de este mes, presenta

recurso de reconsideración, con base en los siguientes argumentos:

       “Según el acuerdo tomado en la sesión del 26 de setiembre de 2002,
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   artículo XLIII, en el cual se acordó:

   “...Acoger la solicitud de la señorita Cascante Orozco, y aprobar el
   informe No.461-DLJ-2002 de 18 de setiembre en curso, en
   consecuencia, distribuir equitativamente la pensión del joven
   Christopher Cascante Orozco, entre las dos beneficiarias,
   correspondiéndoles la suma mensual de ¢101.054,70...”

   Cabe indicar que, respecto a la solicitud, planteada por la señorita
   Nancy Paola Cascante Orozco, el 19 de marzo del presente año y
   aprobada por el Consejo Superior, nos permitimos realizar una serie
   de observaciones al respecto:

1. El Consejo Administrativo en sesión celebrada el 30 de junio de 1993,
    artículo XXIX, dispuso concederle el beneficio de la pensión a la
    señora Julieta Orozco Rivera, cónyuge supérstite y a sus hijos Nancy,
    Mónica y Christopher Cascante Orozco, de acuerdo a la Ley
    Orgánica Anterior de 1937.

2. En el mes de mayo de 1998, la señorita Mónica Cascante Orozco
    contrajo matrimonio, situación por la cual perdió el derecho al
    beneficio según la Ley Orgánica de 1937, por lo que se acrecentó la
    pensión de los otros tres beneficiarios (Julieta Orozco y los hermanos
    Nancy y Christopher) según acuerdo de la sesión del 8 de octubre de
    1998, artículo XLVI.

3. Al cumplir la mayoría de edad el joven Christopher Cascante Orozco
    en el presente año, se aprobó el incremento en la pensión de las dos
    beneficiarias que quedan: Julieta Orozco Rivera y Nancy Cascante
    Orozco, no obstante cabe indicar que al mes de marzo del presente
    año, ambas son mayores de edad, toda vez que su fecha de
    nacimiento data de 30 de enero de 1959 y 12 de noviembre de 1980,
    respectivamente.

4. El artículo 237 de la Ley Orgánica de 1937, establece lo siguiente:

   “La Corte Plena previa investigación, podrá hacer los cambios o
   ajustes necesarios y disponer, respecto de los beneficiarios inválidos
   o menores no emancipados, que sus porciones acrezcan, en todo o
   en parte con las que caducaren...” (El subrayado no es del original)

5. Respecto a la interpretación del artículo previamente citado, a través
    del oficio No.30-UJ-2002, la Licda. Ana Lía Umaña Salazar, Abogada
    Asistente de este Despacho, señala:

   “...la norma es más que clara al establecer sin lugar a dudas, que las
   cuotas caducas acrecen únicamente los beneficios de los
   derechohabientes inválidos o menores no emancipados, de esta
   forma excluye abiertamente a los beneficiarios mayores quienes pese
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a ser beneficiarios no vería su derecho aumentado en caso de que
caduque el beneficio de algún otro, por que la ley distingue
expresamente en este caso y a todas luces refleja una exclusión de
los mayores de edad de participar de esa posibilidad.

Por lo tanto, no es posible que los beneficios caducos acrezcan los
beneficios de quienes en el momento de la extinción de aquel
derecho, fueran mayores de edad. Esa situación varía en la actual
legislación porque en esta no se distingue, sino que únicamente se
confiere la facultad al Consejo Superior de aumentar, en caso de
fenecer algún beneficio, el derecho de quien lo necesite.”

        Por todo lo anteriormente expuesto, es que se concluye que
en el caso de la señora Julieta Orozco, se le acrecentó
incorrectamente el monto de la pensión en la sesión del 8 de octubre
de 1998, artículo XLVI, toda vez que era mayor de edad y el
incremento solo les correspondía a sus hijos Nancy y Christopher
Cascante Orozco, no obstante cabe indicar que en este sentido no
solicitamos reconsideración de dicho acuerdo, toda vez que ya
prescribió el plazo para dejar sin efecto el acto administrativo que le
confirió ese beneficio.

        De esta forma, y considerando la situación precitada,
solicitamos una reconsideración al acuerdo tomado en la sesión del
26 de setiembre de 2002, artículo XLIII, toda vez que evidentemente
existe una incorrecta aplicación de la Ley, pues tanto la señora Julieta
Orozco como la señorita Nancy Cascante Orozco, son mayores de
edad y no se encontró evidencia alguna en el expediente de que sean
inválidas, por lo cual no se estaría aplicando lo estipulado en el
artículo 237 de la Ley Orgánica anterior, tal como se ha venido
realizando hasta el momento.

        Asimismo, es conveniente que el Departamento de Personal
realice el estudio pertinente, a efectos de determinar los casos que se
encuentren en la misma situación y en que sea factible realizar las
modificaciones pertinentes, en razón de que la Auditoría trabaja
mediante pruebas selectivas durante un período determinado, de
conformidad con la normativa que rige nuestra profesión.

       No omito indicar, que en caso de que el Consejo Superior
discrepe de la recomendación emitida por esta Auditoría, de
conformidad con lo establecido en el artículo 36, inciso a) de la Ley
de Control Interno, esta situación se deberá elevar a conocimiento de
la Corte Plena, haciendo una exposición por escrito sobre las razones
por las cuales objeta las recomendaciones, así como proponiendo las
soluciones alternas para la situación de comentario.”
                                   -0-
                                                                                  4

      Se acordó:      Denegar la reconsideración anterior, por considerar que lo

actuado por este Consejo ha sido conforme a derecho. Discrepa este Órgano del

criterio emitido en cuanto a la interpretación que se le da a la norma 237 que se

cita en el punto 4, pues se estima desconoce su verdadero sentido y no determina

-por esa interpretación- su alcance o eficacia general. No debe limitarse a la

inteligencia de un texto en su apariencia natural, sino que debe recurrirse a su

aplicación armónica dentro del precepto, de la institución (como concepto jurídico)

que se trate, y de la ley que forma parte, para determinar la intención y voluntad

del legislador al establecerla. En el caso que nos ocupa, nótese que en el mismo

grado de prelación, el legislador establece como orden; cónyuge, hijos o padres

del causante, incluso previó que a falta de designación "…o si la última, por tener

más de cinco años de haberse efectuado, o por cualquier otro motivo racional,

evidentemente    no   representare   los   deseos    del   causante,   todo   previa

investigación, la Corte tendrá por beneficiarios al pariente o parientes dichos y

distribuirá la pensión entre ellos, si económicamente dependían del fallecido, en la

forma que estime adecuada y que se ajuste, en lo posible, a sus presuntos

deseos y a las necesidades familiares. …"        Asimismo, el Poder Ejecutivo al

reglamentar las jubilaciones y pensiones judiciales (Reglamento N° 2 de 7 de julio

de 1939) estableció en el artículo 14, párrafo segundo, que "…Si fallecieren o

perdieren su derecho al disfrute una o varias personas de igual grado

pensionadas, su parte acrecerá, total o parcialmente, a los otros pensionados o

aptos para el disfrute, según las circunstancias de los interesados y previa

declaración de la Corte. …". Ello no contradice ni otorga mayores derechos que
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los establecidos en la ley, toda vez que la frase cuestionada y que se pide aplicar

no excluye al cónyuge supérstite, porque éste, desde el fallecimiento del

causante, podría percibir el ciento por ciento del monto de pensión sino hubieran

otros beneficiarios, de ahí que es incorrecta la interpretación en cuanto a que la

proporción del cónyuge supérstite no pueda acrecentarse. La frase cuestionada

es excepción extensiva a lo que la norma regula, pues debe entenderse que la

distribución proporcional de monto de pensión entre dos o más beneficiarios,

como excepción, opera y protege primordialmente a los hijos habidos dentro de

matrimonio, respecto de quienes (casos excepcionales pero posibles) el cónyuge

supérstite no ejerce la patria potestad, o los hijos habidos fuera de matrimonio,

quienes, como causahabientes legalmente reconocidos o declarados, son

merecedores por derecho de filiación, a pensión total o parcial según el número

de beneficiarios.

      Por otra parte, la advertencia del señor Auditor sobre lo establecido en el

artículo 36, inciso a) de la Ley de Control Interno, es errada en tanto considera a

este Consejo, para el caso particular, como órgano subordinado, pues no lo es.

Es necesario señalar lo siguiente: Esa ley en su artículo 2° "Definiciones" señala

que el Jerarca es el "superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima

autoridad dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado.", y que el Titular

Subordinado es el "funcionario de la administración activa responsable de un

proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones." Para este Órgano es

claro, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial lo señala expresamente (Artículo

67), que es un órgano subordinado de la Corte, pero también cierto es que le
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corresponde ejercer la administración del Poder Judicial de conformidad con la

Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en dicha ley; que le define su

competencia, incluso, señalando que cuando resuelve aspectos de carácter

administrativo, su pronunciamiento agota la vía administrativa y sólo tendrán

recurso de reconsideración, sin perjuicio del derecho de avocamiento de la Corte

Suprema de Justicia, que, valga recordar, como instituto jurídico, la avocación no

es un recurso; está regulada en la sección IV, del capítulo III, del título III, del libro

primero de la Ley General de la Administración Pública (Artículos 93 y siguientes),

señalando claramente, en lo que interesa, que “1. El superior podrá, incluso por

razones de oportunidad, avocar la decisión de asuntos del inmediato inferior

cuando no haya recurso jerárquico contra la decisión de éste, y en tal caso la

resolución del superior agotará también la vía administrativa. …”.             Guillermo

Cabanellas de orres, en su diccionario jurídico elemental (actualizado, corregido y

aumentado por el autor, decimocuarta edición 2000) señala que “Avocar” es

“Atraer o llamar así algún juez o tribunal superior, sin provocación o apelación, la

causa que se está litigando o que debe litigarse ante otro inferior.”.            Lo que

permite la “avocación” es un cambio de la competencia en la resolución de un

asunto -determinado o no-, pues constituye (la avocación) aquella hipótesis en la

que el superior sustrae la competencia del inferior para conocer -antes de que

éste último vaya a resolver- en última y única instancia. Lo importante -requisito

sine qua non-      para que el superior pueda (facultado legalmente para ello)

disponer ese cambio de la competencia, es que el inferior no haya resuelto el
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asunto de su competencia, es decir, que el asunto esté para resolverse o en

trámite de resolución.

      Se estima que la intención del legislador en cuanto a los informes de

Auditoría dirigidos al jerarca o titular subordinado, está referido en función de la

competencia de los órganos, que para el caso de la Administración del Poder

Judicial, debe considerarse a la Corte Plena, a este Consejo, así como las demás

oficinas que la conforman. Además conforme lo establece el artículo 81 inciso 15

en relación con el numeral 235 ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en

que se indica que corresponde al Consejo Superior otorgar todo tipo de

jubilaciones y pensiones judiciales y, “...vigilar el correcto aprovechamiento de las

mismas modificar o cancelar, en su caso, las otorgadas, para lo cual se le

confieren todas las facultades necesarias, sin perjuicio de la fiscalización que

corresponda a la jurisdicción común”. Por ello, considerar a este Órgano como

"titular subordinado" en asuntos que son -por disposición del legislador- de su

competencia, podría generar erróneamente el traslado para conocimiento y

resolución de la Corte Plena, de asuntos que no le competen, motivándose con

ello un traslado de competencia improcedente. Los artículos 36 y 37 de la Ley de

Control Interno, deben aplicarse, para el caso de este Consejo desde el punto de

vista funcional (y meramente de jerarquía) respecto de todas aquellas

dependencias que por disposición legal, reglamento o acuerdo de Corte,

dependen de este Órgano.-

                                   ARTÍCULO III

      En sesión N° 82-02 celebrada el 31 de octubre del año en curso, artículo

LXXV, se concedió al Director General del Organismo de Investigación Judicial
                                                                               8

término por 15 días, para que resolviera la problemática que se había venido

presentando en la Sección Penal Juvenil del Departamento de Investigaciones

Criminales y de lo cual se le solicitó un informe.

      Sobre el particular, en oficio N° 1336-DG-2002 de 22 de noviembre del año

en curso, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General, expresa:

        “...Esta Dirección con motivo de la problemática que se ha venido
        presentando en la Sección Penal Juvenil del Departamento de
        Investigaciones Criminales, ha realizado diversas reuniones con el
        personal, a fin de identificar el origen de los problemas y buscar
        soluciones con el propósito de mejorar el clima laboral que se
        presenta actualmente en dicha oficina. En este sentido, se delegó
        en la Unidad de Atención Psicosocial de este Organismo, la
        realización de un estudio de clima laboral, con miras a detectar el
        origen de los problemas y proponer soluciones. Esta Unidad,
        luego de una análisis a través de la metodología “Mediación por
        Etapas”, logró determinar que el conflicto tiene dos dimensiones:
        a) la relación del personal con la jefatura por el tipo de liderazgo
             que ejerce, y
        b) las relaciones conflictivas entre los subalternos.

            Informa esta Unidad, que con relación al conflicto que existe
            entre los subalternos y la Jefatura, no se logró que las partes
            llegaran a un acuerdo, sin embargo, respecto a las relaciones
            entre subalternos se obtuvieron avances significativos
            tendientes a mejorar las relaciones interpersonales entre ellos.
            Para ello, los servidores se comprometieron a seguir las
            siguientes recomendaciones: poner en práctica el “principio
            básico” (sugerido por esta Unidad) para fortalecer la
            interacción entre ellos, creación de una “Comisión para el
            mejoramiento de las relaciones interpersonales”, que asuma
            las siguientes funciones:        canalizar las iniciativas y
            sugerencias a la jefatura inmediata, relacionadas con el
            mejoramiento del ambiente laboral, procurar capacitación para
            el personal de la Sección, sugerir y colaborar en la realización
            de acciones tendientes al mejoramiento del ambiente social-
            laboral, con actividades como: Celebraciones, cumpleaños,
            fechas especiales, etc.
              En éste sentido, considerando que los problemas entre los
            servidores de la Sección Penal Juvenil han mejorado, y el
            inconveniente de que el señor Hugo Mesén Villalta, Jefe de la
            Sección se encuentra incapacitado, esta Dirección solicita al
            honorable Consejo, que reconsidere el plazo concedido para
                                                                                9

            rendir el informe, y confiera una prórroga de un mes, con el
            propósito de poder efectuar un taller de “Motivación en las
            relaciones interpersonales” que se tiene previsto para la otra
            semana, en el que se espera contar con la presencia de todos
            los servidores de dicha Sección, para dialogar, analizar y
            proponer las soluciones pertinentes a fin de mejorar el
            ambiente laboral y social de dichos servidores. Vale la pena
            mencionar, que dicho taller se ha venido postergando en
            espera del estudio realizado por la Unidad de Atención
            Psicosocial”.
                                          -0-

      Con conocimiento de que el taller ya se llevó a cabo, se acordó: 1) Acoger

la reconsideración anterior y prorrogar por un mes más a partir de la comunicación

de este acuerdo, el plazo concedido a la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial para que rinda el referido informe. 2) Solicitar a los

Psicólogos de la Unidad de Apoyo Psicológico Operacional de ese Organismo,

que en el término de 24 horas rindan a este Consejo un informe sobre los

resultados obtenidos en el citado taller –principalmente- sobre la relación del

personal con la jefatura así como las relaciones entre los subalternos.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                  ARTÍCULO IV

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-02

celebrada el 11 de setiembre de 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces a los siguientes funcionarios:

25 de noviembre de 2002

Juzgado Contravencional de San Carlos

Licenciado Ricardo Rodríguez Vega

Licenciada Guiselle Chacón Araya
                                         10

Licenciado José Torres Castro.

28 de noviembre de 2002

Juzgado de Trabajo de Alajuela

Licenciado Ricardo Rodríguez Vega

Juzgado Civil de Alajuela

Licenciada Libia Duarte Montoya

Juzgado Civil de Cartago

Licenciado Adrián Hilje Castillo

Licenciada Tatiana Brenes Arias

29 de noviembre de 2002

Juzgado Civil y de Trabajo de Osa

Licenciado Adrián Hilje Castillo

Licenciada Ana Cecilia Zambrana Castro

Licenciada Libia Duarte Montoya

Licenciado Ronald Figueroa Acuña

Licenciada Roxana Hernández Araya

Licenciada Tatiana Brenes Arias

02 de diciembre de 2002

Juzgado Civil de Santa Cruz

Licenciado Adrián Hilje Castillo

Licenciada Johanna Escobar Vega

Licenciada Tatiana Brenes Arias.

SUSTITUCIONES
                                                                                11

                                  ARTÍCULO V

      En nota de 12 de noviembre del año en curso, la licenciada María Inés

Mendoza Morales, Jueza Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, solicita se

autorice los nombramientos de Adriana Sotillo Saborío por el período del 1° al 10

de noviembre y el de Angélica Delgado Madrigal del 11 al 17 de este mes, así

como el de Sotillo Saborío en sustitución de Cristian Brenes Carvajal del 11 al 26

de los corrientes y de Azálea Arancibia Hernández del 27 de noviembre en curso

al 20 de diciembre próximo. Fundamenta su petición en que todas las plazas

existentes en ese Despacho son de extrema necesidad, al punto que la ausencia

de una sola, produce el desequilibrio del plan organizacional e incide directamente

en los logros obtenidos.     Asimismo expresa que “...hasta el momento los

mencionados servidores han venido desempeñando sus funciones de forma

cotidiana, por lo que a falta de autorización en la forma solicitada, se apruebe su

nombramiento hasta esta fecha y se les reconozca lo laborado”.

      Se acordó: 1) Acoger parcialmente la anterior solicitud y autorizar –

únicamente- las sustituciones de las servidoras Sotillo Saborío del 1° al 10 de

noviembre en curso y de Delgado Madrigal del 11 al 17 de los corrientes, por los

motivos anteriormente indicados. 2) Denegar las sustituciones de los servidores

Brenes Carvajal del 11 al 26 de este mes y de la señora Arancibia Hernández del

27 de noviembre al 20 de diciembre de este año, ya que por razones de orden

presupuestario se ha establecido que no se puede sustituir en plazas

extraordinarias.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                                                                  12

                                  ARTÍCULO VI

      El licenciado Róger G. León Zárate, Juez del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Palmares, en facsímil de 21 de noviembre en curso, solicita se

apruebe la sustitución de la señora Lidieth Leitón Esquivel, del 18 al 24 de este

mes, la que fue asumida por la señora Seidy Solórzano Rojas, quien estuvo de

acuerdo en cumplir con el horario de trabajo y de aceptar la condición suspensiva

de que sea aprobada por este Consejo y ajustándose a lo que se resuelva.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la

señora Leitón Esquivel por el período y motivo anteriormente indicado. Al propio

tiempo, se le comunica al licenciado León Zárate que en el futuro, casos como el

presente, no deberá realizar ningún nombramiento condicionado a la resolución

de este Consejo Superior, toda vez que ha sido política de este Órgano, que se

debe enviar la petición previamente para analizar la conveniencia o no de ésta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO VII

      El licenciado Hernán Esquivel Salas, Jefe del Archivo y Registro Judiciales,

en nota de 20 de noviembre en curso, solicita se autorice la sustitución de la

señora Sandra Quesada Sánchez, Auxiliar Judicial 1, por vacaciones del 13 al 17

de enero del año entrante, en razón de las múltiples funciones que tiene a su

cargo la señora Quesada, a saber:

1. Expedir certificaciones para C.C.S.S., BECAS, INVU, trabajos en barcos,
   matrimonio, vivienda, residencia, préstamos en diversas entidades y cualquier
   otra que se solicite.
2. Expedir permisos para salida del país, procedentes de todos los Juzgados
   Judiciales que tramitan procesos alimentarios.
3. Ordenar el levantamiento de los impedimentos cuando así corresponde.
                                                                                  13

4. Adherir timbres a cada una de las certificaciones, firmadas y selladas.
5. Revisar el correo diariamente, con el fin de hacer las Modificaciones,
    Exclusiones e Inclusiones de impedimentos de salida del país y demás
    detalles.
6. Archivar las comunicaciones de todos los Juzgados de Pensiones
    Alimentarias.
7. Remitir los oficios a diferentes Juzgados cuando hay doble imposición por las
    mismas partes.
8. Llamar a los diferentes despachos cuando vienen mal confeccionadas las
    comunicaciones.
9. Atender consultas a nivel nacional, referentes a impedimentos de salida de
    país.
10. Mantener comunicación permanente con los Despachos Judiciales de todo el
    país con el fin de aclarar diversas situaciones que suscitan en la prestación del
    servicio público. Esta comunicación se hace vía fax y telefónica.

                                          -0-

      Asimismo, don Hernán en nota de 21 de este mes, solicita se modifiquen

las fechas en las que tomará vacaciones la señora Quesada Sánchez, siendo lo

correcto del 20 al 24 de enero próximo.

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito y autorizar la sustitución de la

señora Quesada Sánchez, del 20 al 24 de enero próximo y por el motivo

anteriormente indicado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PERMISOS

                                  ARTÍCULO VIII

      El licenciado Edgar Alvarado Luna, Juez Tercero Civil del Primer Circuito

Judicial de San José, en nota de 19 de noviembre del año en curso, manifiesta:

             “La Universidad Internacional de las Américas me ha
        propuesto la realización de un proyecto de corte académico, que
        consiste en la conducción de un corto programa de televisión de
        quince minutos semanales cuyo objetivo primordial es el análisis
        de temas relacionados con la realidad nacional.
                                                                                 14

              El programa se llevaría a cabo un día del fin de semana
        (sábado o domingo) a través del canal 44, propiedad de la citada
        Universidad, de la cual soy profesor. No es un programa
        destinado a tratar temas de derecho, ni a contestar preguntas
        relativas al tema, sino enfocado, reitero, al análisis de problemas
        nacionales (causas del subdesarrollo, problemas viales, situación
        económica del país, presupuesto, etc.).
              He buscado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el
        Estatuto de Servicio Judicial y he revisado las circulares, y no he
        encontrado, al menos en el plano legal, que tenga impedimento
        para realizar tal proyecto; sin embargo, respetuoso como soy de
        las jerarquías de la institución, he decidido consultarles a ustedes
        si podría haber algún roce con mis funciones jurisdiccionales, o
        bien, si cuento con la anuencia de ese honorable Consejo para
        conducir el programa dicho, lo cual solicito me sea indicado, a fin
        de brindarle una pronta respuesta a la mencionada Universidad”.
                                      -0-

      Por mayoría, se acordó: Denegar la solicitud anterior, por considerar este

Consejo Superior que trata de una actividad no académica y remunerada

adicionalmente donde se podrían tratar temas en los que vayan a comprometer al

Poder Judicial.

      El licenciado Campos votó por acoger la gestión anterior, siempre y cuando

dicha actividad no interfiera en las labores que realiza dentro de este Poder de la

República.

                                  ARTÍCULO IX

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio N° DP 2532-02 de 22 de este mes, con motivo de las

remodelaciones que se están realizando en el Aeropuerto Internacional Juan

Santamaría, informa que el salón diplomático fue trasladado a las nuevas

instalaciones de Alterra, lo que ha provocado que las medidas en el uso de sus

instalaciones varíen y se tenga que tramitar el permiso de la siguiente forma:
                                                                            15

a)      Si los señores Magistrados u otras autoridades del Poder
     Judicial quieren hacer el uso del Salón Diplomático para salir o
     ingresar al país, se debe enviar una solicitud a los señores del
     Salón Diplomático, con indicación de que es para que se le dé
     trámite para el uso del Salón, no es solicitando autorización.

b)      La solicitud debe ser formulada por una autoridad del Poder
     Judicial, en este caso el Director del Despacho del Presidente o la
     Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, que serían las únicas
     personas autorizadas ante los responsables de Administrar el
     Salón Diplomático para hacer esa gestión, documento que debe
     llevar el sello de la Oficina correspondiente, con copia a las
     oficinas de ALTERRA de Servicio al Cliente.


c)     Para el acceso de otras personas al Salón Diplomático,
     esposas, hijos, chóferes u otras personas relacionadas con el
     funcionario judicial, se debe solicitar el permiso a las Oficinas de
     ALTERRA servicio al cliente, con dos días de anticipación, para
     lo cual se debe adjuntar fotocopia de la cédula, con el fin de que
     se confeccione el correspondiente permiso, el cual debe ser
     retirado por cada persona en las Oficinas de ALTERRA. No se
     permite permisos o autorizaciones para que otra persona los
     pueda retirar.


d)     En virtud de las nuevas medidas que se han dado, es necesario
     que personal del Poder Judicial cuente con permisos permanentes
     de ALTERRA para el ingreso a las instalaciones, a lo cual se debe
     hacer un curso con un costo de U.S. $ 15.oo por persona, esto
     permitiría recibir a los invitados de la Corte Suprema de Justicia
     que poseen pasaporte de servicio o diplomático, y evitar de esta
     forma estar solicitando autorizaciones para funcionarios judiciales
     para ingresar a las instalaciones de ALTERRA:


     Para esos efectos me permito solicitar la correspondiente
     autorización del Consejo Superior para que personal del
     Departamento de Información y Relaciones Públicas pueda
     realizar el curso, para lo cual se recomienda que lo hagan las
     siguientes personas:

     Licda. Gabriela Carro Hernández
     Lic. Gustavo Zeledón Cantillo
     Licda Sugey Coto Elizondo
     Licda. Mónica Cordero Román
     Lic. José Luis Calderón Flores
                                                                              16



              Las personas citadas anteriormente, serán los responsables
        de recibir a los invitados de la Corte y tendrán acceso a las
        instalaciones del ALTERRA en forma permanente, así hacer uso
        del Salón Diplomático, previa solicitud que se realice de los
        autorizados para tales efectos.

             En virtud de lo anterior, le agradeceré hacer del
        conocimiento del Consejo Superior la presente solicitud con el fin
        de iniciar los trámites correspondientes y lograr solucionar los
        inconvenientes que se han venido presentando.”
                                       -0-

       Se acordó: 1) Acoger la anterior solicitud y autorizar a los funcionarios

anteriormente indicados, para que realicen la capacitación que se dio cuenta, así

como el pago de las cuotas de inscripción para cada uno de ellos, por un monto

de $15 (quince dólares) por persona. 2) Copia de este acuerdo se remitirá a la

Corte Plena para conocimiento de las señoras Magistradas y de los señores

Magistrados.

       Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

lo que cada uno corresponda.

                                  ARTÍCULO X

       En sesión celebrada el 20 de noviembre del 2001, artículo IV, se acogió la

reconsideración interpuesta por el entonces Ministro de Trabajo, licenciado

Bernardo Benavides B, y se prorrogó hasta por un año más, a partir del 19 de

noviembre de ese año, el permiso sin goce de salario concedido al licenciado

Juan Manuel Quesada Espinoza, en el entendido de que por políticas

establecidas por la Corte Plena al respecto, dicho permiso no podía ser extendido

más, por lo cual don Juan Manuel decidiría si continuaba laborando para el Poder

Judicial.
                                                                             17

      El licenciado Ovidio Pacheco, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y el

señor Jeremías Vargas Chavarría, Director Nacional de Pensiones, en oficio N°

DMT-1253-2002 de 20 de noviembre en curso, manifiestan:

       “      Aprovecho esta grata ocasión para expresar a Ustedes la
       importancia que tiene la concesión de un permiso sin goce de
       salario para el Lic. Juan Manuel Quesada Espinoza, cédula 1-
       1011-0908, funcionario en propiedad del Poder Judicial, ubicado
       en el Juzgado de Familia de la Provincia de Heredia.
           Dicho funcionario ha prestado sus servicios en el
       Departamento de Asuntos Legales de la Dirección Nacional de
       Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
       específicamente asumiendo tareas relacionadas con los trámites
       judiciales de las pensiones, especialmente la elaboración de
       informes para la atención de los Recursos de Amparo y sus
       posteriores trámites como el manejo de Voto Vencidos,
       consultorías internas en materia legal y pensionística, resolución
       de recursos a resoluciones internas de pensiones.
           Como es del conocimiento nacional, la solución de los
       problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del Sector
       Público, excepto Poder Judicial, y que administra el Ministerio de
       Trabajo es parte de las prioridades del actual Gobierno. A todos
       nos consta el gran número de Recursos de Amparo que los
       pensionados han gestionado en contra de la Dirección Nacional
       de Pensiones.
           Por lo anterior, los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y
       Seguridad Social, así como la Superintendencia General de
       Pensiones (SUPEN), con la cooperación del BID, hemos
       planteado la necesidad de establecer un Plan Emergente de
       Apoyo a la Dirección Nacional de Pensiones, y así atender los
       componentes de estructura orgánica, los procesos, de personal, el
       (SIG) y la depuración de expedientes un Sistema de
       Automatización Informático, que permita enfrentar con éxito las
       cargas de trabajo con lo cual bajar sensiblemente los Recursos de
       Amparo interpuesto por los pensionados ante nuestra
       imposibilidad de atender en tiempo sus gestiones.
           Es en esta dirección que la labor del Lic. Quesada Espinoza es
       fundamental. Sus funciones sólo pueden ser ejecutadas por
       personal calificado y con basta experiencia, y que en estos
       momentos el Ministerio no cuenta con un personas que reúnan
       tales condiciones. (sic) De ahí que requerimos la comprensión de
       este honorable Consejo, para el otorgamiento de dicho permiso.
           En tal circunstancia, el mencionado funcionario continuará con
       las complejas tareas que tenía asignadas y capacitando a otro
       profesional para que al término del año, exista alguna persona
                                                                                 18

        que pueda ocupar su lugar y de esta manera el señor Quesada
        continúe laborando para el Poder Judicial. Un permiso de un año
        sería de gran valor para el cumplimiento de nuestras
        responsabilidades de mejoramiento real y definitivo en la Dirección
        Nacional de Pensiones.”

                                        -0-

      Se acordó: Denegar la anterior solicitud, por las razones expuestas en la

sesión celebrada del 20 de noviembre del 2001, artículo IV.

      El Departamento de Personal y el Juzgado de Familia tomarán nota para lo

de sus cargos.

                                   ARTÍCULO XI

      En la sesión celebrada el 12 de noviembre en curso, artículo XVII, se

concedió permiso con goce de salario a la licenciada Ana Lorena Ugalde

Rodríguez, Jueza de Tránsito de Puntarenas, por los días 20, 21 y 22 de este

mes, en virtud de que su hijo sería intervenido quirúrgicamente en el Hospital de

Niños el 21 de los corrientes.

      La licenciada Ugalde Rodríguez, en facsímil de 21 de este mes, solicita se

deje sin efecto el permiso concedido en la mencionada sesión, por cuanto

suspendieron la cirugía de su hijo y la reprogramaron para el 6 de febrero del año

entrante, por lo que solicita se le conceda permiso con goce de salario por los días

5, 6 y 7 de febrero de ese año.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y modificar el acuerdo de la sesión

del 12 de noviembre en curso, artículo XVII, en el sentido de que el permiso con

goce de salario concedido a la licenciada Ugalde Rodríguez es por los días 5, 6 y

7 de febrero del 2003, para los fines indicados.
                                                                                 19

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XII

      La señora Ruth Cerdas Jirón, Auxiliar Coordinadora del Juzgado

Contravencional de Corredores, en facsímil de 21 de noviembre en curso, solicita

se le conceda permiso con goce de salario por los días 2, 3 y 4 de diciembre del

año en curso, a fin de asistir con su hijo a una cita médica programada para el 3

de ese mes en la Sección de Ortopedia del Hospital Nacional de Niños.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con goce de

salario a la señora Cerdas Jirón por los días solicitados, para que asista a la cita

médica que se ha mencionado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XIII

      En la sesión celebrada el 10 de setiembre del año en curso, artículo XVIII,

se concedió permiso sin goce de salario –improrrogable- por tres meses más, a

partir del 1° de octubre de este año, a la licenciada Ericka Ramírez Cubillo,

Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional de Alajuela, para que continuara

laborando como Profesional en Derecho en la División Jurídica del Ministerio de

Educación Pública.

      La licenciada Ramírez Cubillo en nota de 25 de los corrientes, comunica

que a partir del 1° de diciembre de este año se nombró en propiedad a otra

persona en el puesto que venía desempeñando en forma interina en el citado

Ministerio, por lo que a partir de esa fecha se estará reintegrando a su puesto de

Auxiliar Judicial 1 en el citado Juzgado.
                                                                                20

      Se acordó:       Tomar nota de la comunicación anterior y limitar al 30 de

noviembre en curso, el permiso sin goce de salario concedido a la licenciada

Ramírez Cubillo.

      El Departamento de Personal y el Juzgado Contravencional tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO XIV

      El licenciado Alejandro Martínez Sandoval, Auxiliar Administrativo de

Recepción de Documentos del Segundo Circuito Judicial de San José, con el visto

bueno de la Administradora de ese Circuito, en nota recibida ayer solicita permiso

para ausentarse de sus labores a partir de las 15,30 horas del 2 al 6 de diciembre

próximo, con el fin de asistir al “Seminario de Derechos Humanos y Justicia

Constitucional”, que se realizará en homenaje al Dr. Rodolfo Piza Escalante, en el

auditorio de la Universidad Latina de Costa Rica, a efectuarse a partir de las16,00

y hasta las 20,00 horas. No omite manifestar que está anuente a reponer el

tiempo en la manera en que lo dispongan sus superiores.

      Se acordó: Conceder el permiso con goce de salario conforme lo solicita el

licenciado Martínez Sandoval, en el entendido de que deberá reponer, en

coordinación con su superior, el tiempo que ocupe en dicha actividad, a fin de

mantener el trabajo al día y sin perjuicio del buen servicio público.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XV

      En oficio N° 1640-DE/AL-02 de ayer el licenciado Carlos T. Mora

Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, con el visto bueno del Director
                                                                                21

Ejecutivo, traslada nota de la señora María Gloriela Garro Fernández, Auxiliar

Supernumeraria 2, quien solicita permiso con goce de salario por la segunda

audiencia del 29 de este mes, con el fin de asistir a la graduación como licenciada

en Derecho en la Universidad Latina.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a la señora Garro

Fernández, permiso con goce de salario durante la segunda audiencia del 29 de

noviembre en curso, para que asista a la actividad de que dio cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XVI

      El licenciado Luis Barahona Cortés, Proveedor Judicial, mediante oficio N°

8548-DP/01-2002 de 27 de los corrientes, manifiesta que debido a la carencia de

contenido presupuestario por lo que resta del año, no se pueden prorrogar las dos

plazas extraordinarias con que contaba para atender las labores adicionales que

representa el Proyecto Sonda en el Departamento a su cargo, por lo que solicita

se analice la posibilidad de conceder a la señora Ericka López Alvarado, Auxiliar

Administrativo 2, permiso con goce de salario del 2 al 20 de diciembre próximo,

así como su sustitución, para que se dedique a las labores extraordinarias del

referido proyecto.

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito y conceder a la señora López

Alvarado, permiso con goce de salario, así como su sustitución del 2 al 20 de

diciembre próximo; por los motivos señalados.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XVII
                                                                               22

      La licenciada Ana Isabel Jiménez Salazar, Jefa de la Sección de

Contabilidad, con el visto bueno del Jefe del Departamento Financiero Contable,

en oficio N° 825-SC-2002 de 26 de noviembre en curso, expresa que en virtud de

los cambios que se dieron recientemente en cuanto a los programas externos del

Poder Judicial y otros cambios de codificación interna, se hace necesario realizar

ajustes sustanciales a la estructura contable que se había diseñado para

adaptarla al nuevo sistema integrado a desarrollar por la empresa SONDA, por lo

que estima necesario prorrogar del 1° al 20 de diciembre de este año, el permiso

con goce de salario de la señora María Antonieta Herrera Charraum, como

profesional 2 dentro del programa 824 “Fondo Jurisdicción de Tránsito”.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y prorrogar el permiso con goce de

sueldo otorgado a la señora Herrera Charraum, del 1° al 20 de diciembre próximo,

dentro del programa 824 “Fondo Jurisdicción de Tránsito.”

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                 ARTÍCULO XVIII

      Por resolución No. 455-2002, de las diez horas y treinta y cinco minutos del

catorce de mayo del dos mil dos, el Tribunal de la Inspección Judicial impuso al

servidor Ezequiel Angulo Díaz, la sanción disciplinaria de cinco días de

suspensión sin goce de salario, al tener por demostrado que cometió falta grave,

por malos tratos a las usuarias del servicio del Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de Carrillo, Guanacaste, cuando se presentaban al despacho a

diligenciar algún trámite de Pensiones Alimentarias.
                                                                                    23

      Contra dicha resolución interpone Recurso de Apelación el Defensor del

acusado, quien argumenta que su defendido no ha incumplido ningún deber u

obligación que la ley le impone como servidor del Poder Judicial, que acarree

sanción disciplinaria, en su criterio la prueba de los autos no es creíble, los

testigos, además de las supuestas ofendidas, son los compañeros de trabajo, los

que por razón de la jerarquía, es claro que van a declarar en apoyo de los hechos

denunciados por la señora jueza.

      Conoce este Consejo del Recurso de Apelación interpuesto y, luego del

estudio minucioso de los autos se concluye que, no le asiste razón al recurrente,

los hechos que tiene por demostrados la resolución que se recurre derivan en

forma lógica y coherente de las probanzas allegadas al expediente. En materia

disciplinaria no existe la tacha de testigos y sí la obligación del tribunal de valorar

la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, lo que en la especie se ha

cumplido. La falta que se tiene por acreditada, reviste suma gravedad, puesto

que es la afectación al servicio a que se debe todo servidor del Poder Judicial, el

usuario ha sido una constante de preocupación por la institución y, todo acto que

sea en detrimento del buen servicio al que todo funcionario se debe, deriva en la

inmediata consecuencia de una sanción disciplinaria, la cual, en el presente caso,

en respeto del Principio de no Reforma en Perjuicio, por ser el sancionado el

único que tiene posibilidad de recurrir, se mantiene la sanción impuesta, aunque

no guarda proporción con la falta acreditada.

      En razón de lo expuesto se acordó: Declarar sin lugar el recurso de

apelación, se confirma en todos los extremos la resolución recurrida.
                                                                                24

Comuníquese al Departamento de Personal y al Jefe de Despacho para lo que

corresponda. Notifíquese.

                                      ARTÍCULO XIX

      Por resolución de las diez horas del veintiocho de junio del dos mil dos, el

Tribunal de la Inspección Judicial impuso a la licenciada Luz Marina Solís Poveda,

la sanción disciplinaria de tres días de suspensión, sin goce de salario, al tener

por demostrado que el diecisiete de diciembre del año dos mil uno, se ausentó de

su despacho en horas laborales, para atender asuntos personales, sin indicar el

sitio donde podía ser localizada y su ausencia motivó la no realización de

diligencias judiciales de urgencia.

      Contra la resolución de cita, interpone Recurso de Apelación la acusada, en

el que esgrime como agravio que, la prueba de descargo le fue rechazada por el A

Quo y que, los hechos los tiene la Inspección Judicial como acreditados,

únicamente con el dicho del denunciante y el expediente que conocía como jueza

y del cual devino la misma.

      Conoce este Consejo de la Apelación interpuesta y, luego del estudio de los

autos, así como el líbelo de impugnación, se concluye que la resolución

impugnada se ajusta a derecho; es claro que lo expuesto por la señora jueza en

su defensa, en nada varía los hechos de la acusación, no existe justificación para

que, por ninguna razón personal, más que una urgencia plenamente demostrada

en la causa, una diligencia personal impida la realización de un acto del proceso.

En la causa bajo examen, el hecho fundamental de la ausencia de la jueza se

acreditó en la razón de suspensión de la audiencia, que consta en el expediente,

aunado a la queja que motivó la investigación, lo que otros testigos vengan a decir
                                                                                    25

sobre el mismo argumento de la servidora de haber comunicado a la coordinadora

y que, la urgencia de su ausencia en el despacho lo constituía la razón de compra

de juguetes para niños necesitados; utilizando el método de supresión hipotética

de esa testimonial que, argumenta de menos la recurrente, no varía en esencia la

falta acreditada como cometida por ella. Es preciso señalar que la falta cometida

atenta en forma grave contra los deberes del funcionario que administra justicia,

anteponer intereses personales o extrínsecos a su deber fundamental de resolver

el caso bajo su conocimiento, sin dilaciones ni suspensiones de procedimientos

que retarden la justicia no solo pronta, sino cumplida, no admite justificaciones

como la que alega la acusada que no le permitió por el Tribunal de la Inspección

Judicial introducir a la causa en su defensa.       Por las razones expuestas, se

concluye que la resolución que se apela no ha violado el Derecho de Defensa de

la recurrente y se acuerda: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación

interpuesto, se confirma en todos sus extremos la resolución apelada.

Comuníquese al Departamento de Personal y a la Presidencia de la Corte para lo

que corresponde. Notifíquese.

                                   ARTÍCULO XX

       En sesión celebrada el 31 de octubre del año en curso, artículo XLVIII, se

prorrogó por un mes más, a partir del 1° de noviembre del año en curso, la

suspensión con goce de salario impuesta al señor Helbert Siles Sánchez, Auxiliar

de Investigación de la Sección de Capturas del Organismo de Investigación y se

instó al Tribunal de la Inspección Judicial a fin de que agilice el trámite de la causa

disciplinaria de referencia.
                                                                                  26

         El licenciado Allan Jiménez Segura, Inspector General Judicial, en oficio N°

4941 de 27 de noviembre de este año, solicita se prorrogue por un mes más, a

partir del 1° de diciembre próximo, la suspensión con goce de salario del servidor

Siles Sánchez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y mientras se concluye la tramitación de la queja N°

1530-01 F seguida contra él.

         Se acordó: Acoger parcialmente la petición anterior y prorrogar hasta por

dos meses más, a partir del 1° de diciembre próximo, la suspensión con goce de

salario impuesta al señor Siles Sánchez.

         El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo. Acuerdo

firme.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
                                                                                                        27

                                           ARTÍCULO XXI

        En sesión celebrada el 14 de agosto del año en curso, artículo XL, se

acogió el informe N° 118-DO-2002 de la Sección de Desarrollo Organizacional del

Departamento de Planificación, en el cual se establecieron las diferentes

actividades a desarrollar en procura de hacer efectiva la separación de las

materias civil y laboral en los Juzgados I y II Civiles y de Trabajo del Primer

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a partir del 1° de octubre del presente año.

        Con ocasión de lo anterior, la licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, con oficio N° 1644-PLA-2002 de 19 de noviembre

del año en curso, remite el informe N° 183-DO-2002 de la mencionada Sección,

que en lo que interesa dice:

          “...Al respecto el Lic. Minor Anchía Vargas, Profesional 2 de esta
          Sección, desarrolló un seguimiento a las diferentes actividades
          recomendadas en el informe de cita, para lo cual conversó con los
                                                        (1)
          jueces y servidores judiciales involucrados , obteniendo los
          siguientes resultados:

    ●     El 30 de setiembre anterior cada despacho realizó el traslado
          físico de los expedientes de la materia que dejaba de conocer,
          mientras que la Unidad Administrativa Regional se dedicó a recibir
          los escritos que los usuarios presentaron (en total se recibieron 8
          escritos, de los cuales 5 correspondieron a procesos civiles).

    ●     Según los jueces consultados, no hubo problemas en lo
          concerniente a la coordinación de los señalamientos en agenda
          a partir de octubre del presente año, para ambas materias.

    ●     La Unidad Administrativa Regional facilitó la colaboración del
          Auxiliar Supernumerario para que asumiera la preparación de
          listados de expedientes fenecidos (por año, materia y tipo de


1
 Se entrevistó al Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez Coordinador del actual Juzgado Civil; a la Licda.
Giselle Gene Calderón, Jueza del actual Juzgado de Trabajo y al Lic. Rubén Dimas Portillo, Jefe de la Unidad
Administrativa Regional, todos del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
                                                                                                       28

          proceso), los cuales se mantienen en “custodia” a la espera de
                                                    (2)
          que sean recibidos por el Archivo Judicial .

    ●     Asimismo, la referida Unidad facilitó los sellos de oficina y de
          “Recibido” a cada despacho judicial. Por otra parte se efectuaron
          las gestiones con el Banco de Costa Rica para modificar la
          identificación de las cuentas corrientes, quedando pendiente lo
          atinente a los traspasos de fondos entre las cuentas, labor que se
          realizará en forma paulatina conforme así sea requerido por las
                               (3)
          oficinas involucradas .

    ●     En cuanto a la divulgación necesaria entre los usuarios de la
          zona, se constató que tanto la Secretaría General de la Corte
          como el Departamento de Información y Relaciones Públicas y los
          propios despachos involucrados, participaron en forma activa por
          medio de la prensa escrita y mediante afiches colocados dentro
          del Edificio de Tribunales.

    ●     La Unidad Administrativa Regional gestionó ante el Departamento
          de Proveeduría la confección de los rótulos externos para
          identificar a los nuevos despachos judiciales. Al respecto de la
          consulta hecha a la Sra. Carmen Molina Sánchez, Auxiliar
          Administrativa 2 de la Sección de Contratación Administrativa
          del referido Departamento, se determinó que la empresa
          contratada para su confección entregó los rótulos, por lo que
          próximamente serán remitidos a la Unidad Administrativa
          Regional.

    ●     El Profesional en Informática 1 de la Unidad Administrativa
          Regional instaló los nuevos códigos de oficina y efectuó la
          migración de los datos entre los sistemas de cómputo.

          Sin embargo, es dable indicar que en el caso particular del
          Juzgado Civil el Lic. Guilá Alvarado externó que recibieron
          aproximadamente 100 escritos sin agregar de parte del entonces
          Juzgado II Civil y Trabajo de la zona en materia Civil, con fechas
          de recibido anteriores a la semana previa al primero de octubre
          pasado.

2
  Según lo indicado por el Lic. Dimas Portillo, la cantidad de expedientes en “custodia” es de
aproximadamente 400. Al respecto el Lic. Hernán Esquivel Salas, Jefe del Registro y Archivos Judiciales, se
comprometió a coordinar lo pertinente con la Unidad Administrativa Regional del I Circuito Judicial de la
Zona Atlántica, a fin de valorar la posibilidad de recibir los expedientes fenecidos.
3
  Es del caso indicar que esta modalidad es la que se ha venido desarrollando en otros circuitos judiciales
donde se han operado especializaciones de materias.
                                                                                                         29



          Por otra parte, al actual Juzgado de Trabajo se le remitieron
          algunos expedientes con vencimiento de término para el dictado
          de la resolución de fondo, aspecto que fue externado por la Licda.
          Gené Calderón a través del oficio sin número del pasado 31 de
          octubre al Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte,
          para aquellos expedientes con numeración impar que le
          corresponderá atender en adelante ( 4 ). En este sentido, se
          contabilizaron 28 expedientes en esa condición, de los cuales 15
          son procesos ordinarios, 10 son riesgos laborales, 2 se refieren a
          ejecuciones de sentencia y el último es una excepción de
          prescripción.

          Es de resaltar que de los 28 expedientes aludidos, se comprobó
          que apenas 10 estaban listos para dictar la resolución de fondo
          entre setiembre y octubre del presente año (7 ordinarios, 2 riesgos
          y una ejecución de sentencia), mientras que los 18 restantes
          estaban listos desde antes de ese período (13 en agosto, 1 en
          julio, 2 en junio, 1 en mayo y 1 en abril).

          Resulta lamentable conocer de esas situaciones ya que este
          Departamento ha tratado de evitarlas al máximo, mediante el
          desarrollo de actividades previas en coordinación con los
          funcionarios y servidores involucrados, precisamente para
          evitar procesos arbitrarios e improvisados que afecten el normal
          funcionamiento de las oficinas judiciales, como una forma de
          complementar los esfuerzos institucionales por mejorar la calidad
          del servicio público de administración de justicia, en apego a lo
          establecido dentro del Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-
          2005.

          No obstante lo anterior, los funcionarios y servidores judiciales
          involucrados perciben que el proceso de transición hacia la
          especialización de materias fue ordenado y se desenvolvió sin
          mayores contratiempos. Al parecer existe un ambiente de
          satisfacción con la medida adoptada, pues ello traerá consigo que
          la atención al usuario se oriente según la naturaleza de los
          procesos, en procura de una administración de justicia pronta,
          cumplida y más humanizada.

          Preocupa a este Departamento lo acontecido con el agregado de
          escritos (en el caso del Juzgado Civil) y con los expedientes para
          fallo (con el Juzgado de Trabajo), ya que las actividades

4
  Mediante oficio del 11 de noviembre del presente año, el Dr. Mora Mora le solicitó a la Licda. Gené
Calderón “...darle prioridad, si otra razón no motiva a darle un trato diferente, a los asuntos presentados a
conocimiento de los tribunales antes del año 2000”.
                                                                           30

    propuestas fueron analizadas y discutidas en forma conjunta con
    los jueces de los despachos involucrados, a efecto de procurar
    que la medida avalada por las instancias superiores afectara, lo
    menos posible, la atención al usuario.

    Por tanto y con el fin de corroborar el fiel cumplimiento de
    aspectos propios del trámite de los procesos, que eventualmente
    podrían afectar el servicio público en el corto plazo, se estima
    conveniente que la Inspección Judicial realice una visita tanto al
    Juzgado Civil como al Juzgado de Trabajo para constatar lo
    siguiente:

●   Si fueron trasladados escritos para agregar con más de una
    semana de recibidos, con respecto a la fecha propuesta para
    la separación de materias (1° de octubre). Ello por cuanto el
    Departamento de Planificación recomendó que “...los escritos
    recibidos durante la última semana de setiembre serán retenidos
    para trasladarlos, junto con los expedientes, al despacho judicial
    que en adelante los atenderá”.

●   Si fueron trasladados expedientes en trámite con más de una
    semana sin efectuarles movimiento alguno, o bien si se
    trasladaron expedientes con vencimiento de término para el
    dictado de sentencias. Al respecto este Departamento recomendó
    que “las labores de agregado de escritos y trámite de los
    expedientes, deberá realizarlas cada despacho judicial hasta una
    semana antes de la fecha sugerida para separar las materias”.

    La verificación del grado de cumplimiento de esas variables se
    torna necesaria no solo por las razones anteriormente apuntadas,
    sino también porque el Departamento de Planificación ha tenido
    conocimiento de situaciones negativas para la atención al usuario,
    que se han suscitado en otros circuitos judiciales del país, con
    posterioridad a los procesos de especialización de materias, lo
    que ha afectado negativamente la imagen del Poder Judicial
    llegando a opacar el esfuerzo por mejorar la calidad del servicio al
    usuario.

    Es de esperar que lo aquí recomendado sirva de precedente para
    que en adelante, cuando se pongan en práctica procesos de
    especialización de materias como el recientemente ocurrido en el I
    Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se disponga de la valiosa
    participación de la Inspección Judicial en lo que respecta a
    detalles propios de la tramitación de los expedientes judiciales,
    producto de su experiencia en el ámbito jurisdiccional, para así
                                                                                  31

        consolidar este tipo de        decisiones    en   beneficio   de   la
        administración de justicia.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación anterior, a cuyos efectos deberá ser

acatada a la brevedad por el Tribunal de la Inspección Judicial.

                                  ARTÍCULO XXII

      En sesión celebrada el 16 de mayo del año en curso, artículo LXXX, se

modificó el acuerdo tomado en sesión del 23 de enero de este año, artículo LXVI,

punto 2), en el sentido de que el estudio ordenado al Departamento de

Planificación debe versar sobre la creación de una nueva plaza para el año 2003

para el Tribunal Agrario y no la conversión de la plaza de Juez 3 que tiene en

préstamo el citado Tribunal.

      En la verificada el 18 de julio del año en curso, artículo XLV, se conoció el

informe N° 060-PI-2002 de la Sección de Proyección Institucional del mencionado

Departamento y se acordó evaluar en el mes de octubre del año en curso a ese

Tribunal, con el “...objeto de establecer si en esa fecha se logra alcanzar un punto

de equilibrio a partir del cual pueda enfrentarse con tres funcionarios decisorios la

carga de trabajo presentada”.

      En cumplimiento a lo dispuesto anteriormente, la licenciada Marta Asch

Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con oficio N° 1648-PLA-2002 de

19 de noviembre en curso, envía el informe N° 096-CE-2002 de la Sección de

Control y Evaluación, que literalmente dice:

             “Como punto de partida de este ejercicio, se debe apuntar
        que la recomendación de evaluar dicha situación, emerge del
        análisis inserto en el informe de plazas nuevas N° 012-PLA-PI-
        2002 del 10 de marzo del año en curso, realizado en este
        Departamento, donde luego de establecer categóricamente que
                                                                        32

no es preciso crear de manera ordinaria para el 2003, una cuarta
plaza de Juez en el Tribunal en mención, incluye en el apartado
de “otras recomendaciones” lo siguiente:

“En vista de que el Consejo Superior asignó la cuarta plaza de
Juez para el Tribunal Agrario durante el presente año, dadas las
cantidades tan disímiles de asuntos pendientes de fallo por
funcionario en ese despacho, se considera prudente evaluar en el
mes de octubre próximo este Tribunal, con el objeto de establecer
si en esa fecha se logra alcanzar un punto de equilibrio a partir del
cual pueda enfrentarse con tres funcionarios decisorios la carga
de trabajo presentada.”

     Como antecedente, se puede citar que la plaza objeto de
estudio se prestó por parte del Juzgado Agrario de San Carlos al
Tribunal Agrario a partir del 18 de junio del 2001, según acuerdo
del Consejo Superior del 24 de mayo de ese año, artículo LVII,
préstamo que continuará durante el presente año según se
dispuso en el artículo LXVI, del 23 de enero del año en curso.

     Asimismo, es del caso mencionar que tanto la posibilidad de
prescindir de una de las tres plazas de Juez 3 con que cuenta
actualmente el Juzgado Agrario ubicado en San Carlos, como la
de asignar una plaza adicional de Juez 4 en el Tribunal Agrario
fueron analizadas durante los últimos tres años con
recomendaciones negativas por parte de este Departamento,
debido a consideraciones relacionadas con cargas de trabajo de
estos despachos, según consta en los informes N°1537-PLA-2000
del 30 de octubre del 2000, N°011-PLA-PI-2001 del 22 de marzo
del 2001 y N°012-PLA-PI-2002 del 10 de marzo del año en curso,
respectivamente.

     No obstante, se procedió a verificar el comportamiento
exhibido por el Tribunal en este año, para lo cual se consideran
los parámetros mínimos de gestión por Juez en materia agraria,
propuestos por este Departamento mediante el estudio N°2189-
PLA-99 del 17 de noviembre de 1999, aprobado por la Corte
Plena en la sesión del 18 de setiembre del 2000, artículo XXII.

      Por tanto, seguidamente se muestra la carga de trabajo del
Tribunal Agrario durante el 2002, mediante la aplicación del
parámetro mencionado (19-25 asuntos mensuales por Juez, a
nivel de Tribunal).

                            Cuadro N°1
                                                                           33

                   Carga de trabajo del Tribunal Agrario
                       de enero a octubre del 2002

  Asuntos      Promedio Mensual      Cantidad de      Promedio Mensual de
  Entrados     de Casos Entrados       Jueces        Casos Entrados por Juez
    802              80.2                 3                   26.73
    802              80.2                 4                   20.05
Fuente: Datos obtenidos manualmente por el Tribunal Agrario, debido a que
aún no se ha podido obtener la información pertinente en forma automatizada,
por medio del Sistema de Gestión.

            Como se observa de esta información, de acuerdo con la
      entrada de asuntos en el Tribunal Agrario durante el período
      analizado, los tres jueces que conforman en propiedad esa
      dependencia habrían experimentado una entrada promedio de
      26.73 asuntos por mes, lo cual supera ligeramente el parámetro
      establecido (19-25). No obstante, de considerarse la cuarta plaza
      de Juez, el promedio de casos entrados por funcionario es de
      20.05 asuntos, cifra que se encuentra muy próxima al límite
      inferior del rango establecido para este Tribunal.

           Respecto al año anterior en el mismo período, se produjo un
      aumento en la cantidad de asuntos entrados, pasando de 707 a
      802, lo cual representa un aumento mensual promedio de 9.5
      expedientes.

           En relación con los asuntos entrados en el Tribunal Agrario,
      durante el período 1999- 2002, se ha venido presentando un
      incremento continuo, tal y como se muestra a continuación:


                         Año                Casos Entrados

                         1999                      784
                         2000                      825
                         2001                      839
                         2002                      802   Octubre

                Fuente: Sección de Estadística para los años 1999-2001, los
                datos del 2002, aún están pendientes de depuración.

           Ahora bien, conforme el promedio mensual de casos
      entrados durante el 2002 (80.2), se puede proyectar que el
      ingreso total al finalizar el año rondará los 962 asuntos, lo que
      representa un incremento respecto al 2001 de 123 expedientes.
                                                                                    34

                  Sobre el tema, en reunión sostenida con los jueces del
            Tribunal, éstos argumentaron que la entrada de asuntos del 2002
            refleja un incremento importante, que ha significado un aumento
            en el circulante que maneja la oficina, llegando hasta 321
            casos(5), siendo la más alta en los últimos cinco años.

                 Además, los mismos funcionarios trajeron a colación que
            durante este año las prioridades han estado dirigidas a
            contrarrestar el retraso judicial, con especial atención a los
            asuntos de mayor antigüedad. Agregaron a lo anterior, una serie
            de circunstancias que a criterio de éstos revisten de carácter
            especial el accionar de la oficina, entre los que destacan:

            a.- Multiplicidad de partes intervinientes y representaciones
            diversas, lo cual hace más complejo el trámite y su resolución.
            Existen varios expedientes de más de 15 tomos, la mayoría tiene
            un promedio de 3 tomos, e inclusive hay uno de 37 tomos,
            concretamente el Proceso Ordinario Reivindicatorio N° 00-000146-
            387-AG, con más de 50 partes, asignado a la oficina del Juez 1.

            b.- Los procesos que se tramitan en este Tribunal tienen una gran
            trascendencia social y económica para el país, que obliga incluso
            a darle participación al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario,
            entre otros, lo cual hace más complejos esos procesos.

            c.- Adicionalmente, este Tribunal realiza en algunas
            oportunidades,    estrictamente     necesarias,    reconocimientos
            judiciales del área en conflicto, lo cual implica en cada gira la
            participación de 3 jueces durante un día completo como mínimo,
            pues la competencia es en todo el territorio nacional.

            d.- El circulante de este Tribunal se compone principalmente de
            procesos ordinarios, no de cobratorios como sucede en tribunales
            civiles, lo cual implica una mayor inversión de tiempo en su
            resolución, pues no se utilizan formularios, ni siquiera en el caso
            de competencias.

                 En cuanto a los casos terminados en este Tribunal, se tiene
            que de enero a setiembre del 2001, la cantidad llegó a un total de
            699 expedientes para un promedio mensual de 77.66 y en el
            2002, en el mismo período, el total fue de 668 casos. Si embargo
            para efectos de promedio mensual no se toman en cuenta los
            asuntos terminados en enero (46) y marzo (47), por considerarse
            valores extremos, dadas las particularidades de las vacaciones
            colectivas y de semana santa respectivamente. Por esta razón, el

5
    Dato proporcionado por el Tribunal Agrario.
                                                                                                       35

                            promedio mensual para el período analizado es de 85 expedientes
                            terminados, lo cual significa un aumento mensual respecto al año
                            anterior de 7.34 casos.

                                  No obstante, sobre los casos terminados para el 2002, en el
                            siguiente cuadro se muestra su comportamiento:

                                                    Gráfico N°1
                                       Casos Terminados en el Tribunal Agrario
                                           de enero a setiembre del 2002

                            100
                             90
                             80
                             70
         Casos Terminados




                             60
                             50
                             40
                             30
                             20
                             10
                              0
                                   ene     feb     mar     abr    may      jun     jul     ago        set

    Fuente: Estadísticas del Tribunal Agrario

                            Se observa que la cantidad de asuntos terminados ha mantenido
                            un comportamiento irregular con ascensos y disminuciones,
                            fijándose en un rango que va de 46 (enero) a 96 (febrero), para un
                            promedio mensual de 85(6) asuntos, tal y como se citó líneas atrás
                            y un promedio diario de 1.06, el cual está acorde a la cifra
                            estipulada para tribunales (1.1).

                            Asimismo, se procedió a analizar, la cantidad de asuntos
                            pendientes para fallo con que cuenta cada uno de los funcionarios
                            del Tribunal Agrario, lo cual se detalla a continuación:

                                         Jueces               Tribunal Agrario*


6
 Para este promedio no se incluyen los datos de enero (46) y marzo (47), por considerarse valores extremos,
puesto que durante esos meses se disfrutó de vacación de principio de año y la Semana Santa.
                                                                             36

                         1                            90
                         2                            56
                         3                            51
                         4                            60
              * Datos suministrados con base en un inventario físico
              realizado en el Tribunal Agrario.

       La cantidad de asuntos pendientes por resolver por los jueces
       decisorios del Tribunal Agrario, presenta cantidades de
       consideración, llegando a tener uno de ellos 90 casos pendientes.
       A lo anterior, se debe agregar que a inicios de noviembre de este
       año se cuenta con 74 expedientes para ser turnados, lo cual
       incrementará las cifras anteriores.

       Sobre este punto, se indicó por parte de los jueces del Tribunal
       Agrario, que lejos de lograr disminuir las cantidades de asuntos
       para fallar, apuntadas en el estudio N°012-PLA-PI-2002,
       elaborado por este Departamento, la misma se mantiene puesto
       que la cuarta plaza de Juez se ha utilizado como un Juez decisor
       más y no como un refuerzo para la oficina más atrasada, ya que el
       ingreso constante de expedientes así lo ha exigido.

       Por tanto, como resultado del análisis de carga de trabajo
       anteriormente detallado, se recomienda seguir utilizando a
       manera de préstamo la plaza de Juez 3 del Juzgado Agrario del
       Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Asimismo, se recomienda
       tomar en cuenta la necesidad de la Plaza del Tribunal para la
       creación de plazas ordinarias del 2004.

       Finalmente, en virtud de la cantidad de asuntos pendientes para
       fallo en manos de los funcionarios del Tribunal, de acuerdo a lo
       que se acostumbra en despachos de esa jerarquía, se
       recomienda que al mantener la cuarta plaza de Juez en la oficina
       aludida, se realicen las acciones oportunas para disminuir la
       cantidad de casos pendientes de fallo.”

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y acoger las

recomendaciones en él contenidas, en consecuencia, mantener a manera de

préstamo la plaza de Juez 3 del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, en el Tribunal Agrario. Asimismo el Departamento de Planificación

tomará en cuenta la necesidad de creación de dicha plaza para el Tribunal, para
                                                                                  37

el año 2004. Al propio tiempo, se insta a los funcionarios de ese Tribunal a realizar

las acciones oportunas para disminuir la cantidad de casos pendientes de fallo.

      El Despacho de la Presidencia Y el Juzgado Agrario de San Carlos tomarán

nota para lo que a cada uno corresponda.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                 ARTÍCULO XXIII

      En sesión celebrada el 8 de agosto del año en curso, artículo XLVII, se

prorrogó el nombramiento del licenciado Carlos Contreras Reyes, como Defensor

Público de Nicoya, hasta el 18 de julio del año en curso, toda vez que el licenciado

Contreras, se encontraba nombrado del 1° al 17 de julio de este año y debió

permanecer el día 18 mencionado, por una continuación de debate.

      La licenciada Maureen Siles Mata y el licenciado Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de la Sección de Planillas y del Departamento de

Personal, en oficio N° 0485-P-2002 de 19 de noviembre del año en curso,

informan:

        “…Al respecto, le comunicamos lo siguiente:
        1. El Lic. Carlos Contreras Reyes, sustituyó como Defensor
           Público, al Lic. Rafael Delgado Víquez, del 1 al 17 de julio del
           2002, por vacaciones.
        2. Para poder prorrogar el nombramiento del Lic. Carlos
           Contreras Reyes, debe tenerse un motivo justificado, tales
           como vacaciones, incapacidad, permiso con goce o sin goce
           de sueldo, etc.
        3. Al no existir un motivo justificado, lo procedente es realizar el
           pago mediante el sistema de dietas.
        Por lo expuesto en nota 486-P-2002 del 28 de octubre del 2002,
        enviamos a la Defensa Pública de Nicoya, el procedimiento
        aprobado por la Corte Plena en sesión celebrada el 11 de mayo
        de 1992, artículo LXV, para el reconocimiento de Dietas, a fin de
        que nos informen el número de horas laboradas por el Licenciado
        Carlos Contreras Reyes, y proceder al reconocimiento de mérito”.
                                                                               38

      Se acordó: Acoger el informe anterior y reconocer al licenciado Contreras

Reyes las horas laboradas el día 18 de julio del presente año, mediante el sistema

de dietas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                             ARTÍCULO XXIV

      En sesión celebrada el 31 de julio del año en curso, artículo XXXV, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

              “Mediante oficio N° 8176-02 de 8 de julio en curso, la
        Secretaría General de la Corte, remitió al Departamento de
        Personal para estudio e informe la solicitud presentada por los
        señores Juan Luis Monge Vargas, Karla Smith Bonilla y Cristhian
        Sánchez Vargas, servidores de la Sección de Patología Forense
        del Departamento de Medicina Legal, para que se les indicara a
        cuántos días de vacaciones profilácticas tienen derecho y a partir
        de que fecha pueden hacerlas efectivas.
               En sesión celebrada el 11 de los corrientes, artículo XLIV,
        se conoció la solicitud presentada por los señores Monge Vargas,
        Smith Bonilla y Sánchez Vargas y por las razones que exponen se
        dispuso trasladarla al Departamento de Personal para estudio e
        informe al respecto.
               En atención a la solicitud de los gestionantes, los Licdos.
        Manuel Sequeira Sequeira y José Luis Bermúdez Obando, Jefe
        de la Sección de Derechos Laborales y Subjefe del Departamento
        de Personal, en oficio N° 1536-DL-2002 de 18 de julio en curso,
        rinden el siguiente informe:
              “En atención a su oficio No. 8176-02 de fecha 08 de julio del
        2002 nos permitimos informarles que los puestos desempeñados
        por los compañeros Juan Luis Monge Vargas, Karla Smith Bonilla
        y Christian Sánchez Vargas, servidores de la Sección de
        Patología Forense del Departamento de Medicina Legal, no tienen
        aún autorización para disfrutar de vacaciones profilácticas.

            Sin embargo, si el Órgano Superior dispone otorgarles el
        beneficio solicitado; las fechas en que adquirirían el derecho es:

                   Nombre                             Fecha

        Juan Luis Monge Vargas         A partir del 01 de setiembre del 2002
        Karla Smith Bonilla            A partir del 26 de diciembre del 2002
        Christían       Sánchez        A partir del 01 de enero del 2003
                                                                                 39

        Vargas

              Asimismo indicamos que quienes disfrutan de vacaciones
        profilácticas, tienen asignados 10 días como derecho.”
                                       -0-

        Se dispuso:       Devolver al Departamento de Personal las
        presentes diligencias para que se sirvan indicar si a los señores
        Monge Vargas, Smith Bonilla y Sánchez Vargas les corresponde
        disfrutar vacaciones profilácticas”.

      En virtud de lo dispuesto anteriormente, el asunto se encontraba pendiente

en la Secretaría General de la Corte, por lo que se reiteró nuevamente al

Departamento de Personal, mediante oficio N° 12375-02 de 31 de octubre último.

      Con respecto a lo solicitado, en oficio N° O.CV.523-2002 de 11 de

noviembre del año en curso, la licenciada Nora Quirós Carvajal, Jefa de la

Sección de Clasificación y Valoración de Puestos con el visto bueno del

licenciado Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

comunica: “El Consejo Superior en la sesión 69-02 celebrada el 17 de setiembre

del presente año, artículo LIX, acordó que para el otorgamiento de vacaciones

profilácticas debe mediar un estudio técnico-médico; con base en esta resolución

no procede el reconocimiento de ese beneficio para los señores Juan Luis Monge

Vargas y Karla Smith Bonilla hasta tanto no se cuente con el diagnóstico técnico-

médico sobre la situación”.

      Manifiesta el licenciado Monge Bolaños, que según los registros que sobre

el particular lleva la Secretaría, no existe pronunciamiento por parte de este

Consejo en cuanto a quien le corresponde realizar el “estudio técnico-médico”.

      Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones anteriores y

comisionar al Departamento de Personal para que realice el estudio técnico-
                                                                                 40

médico, requerido en coordinación con el Servicio Médico de Empleados y de ser

necesario, con el Departamento de Medicina Legal del Organismo de

Investigación Judicial. 2) En cuanto a la pretensión de los servidores Monge

Vargas y Smith Bonilla, se emitirá pronunciamiento cuando se cuente con el

estudio técnico-médico ordenado.

                                 ARTÍCULO XXV

      En sesión celebrada el 18 de febrero de 1997, artículo CXXI, se conoció

escrito presentado por el Fiscal del Colegio de Biólogos, Msc. Wilberg Sibaja C.,

en que se refería a la problemática que se presenta con los análisis de ADN

efectuados en los Laboratorios de Ciencias Forenses, los cuales son realizados

por Biólogos, sin embargo, la revisión del dictamen final y posterior aclaración o

defensa de los criterios en las diferentes instancias en los Tribunales de Justicia,

son firmados, así como la interpretación es efectuada por profesionales en

Microbiología.

      Asimismo se conoció nota de los doctores Óscar Rocha, Director de la

Escuela de Biología y Virginia Solís, Coordinadora de la Sección de Genética y

Biotecnología, en que se refirieron ampliamente a dicha situación.

      Sobre el particular, el Consejo resolvió –entre otros asuntos: “...2.- Algunos

de los puntos denunciados por el señor Fiscal del Colegio de Biólogos forman

parte de un estudio integral del Departamento de Laboratorio de Ciencias

Forenses que está elaborando el Departamento de Planificación. 3.- En cuanto al

refrendo de los dictámenes por parte del Jefe del Departamento, es una cuestión

legal, que según ha interpretado la Corte Plena y este Consejo, únicamente se

contrae a un dar fe del documento preparado por el profesional.          Así se ha
                                                                                    41

resuelto también en el caso de          Psiquiatría Forense, en que los dictámenes

psicológicos son refrendados por el Jefe de la Sección, que es un médico

psiquiatra. 4.- En lo que se refiere a que sean microbiólogos, biólogos o ambos

los que realicen pruebas de ADN, considera este Consejo que a quienes

corresponde aclarar el punto es a los propios Colegios y a la Asamblea

Legislativa, pues no es posible a este Consejo dirimir una cuestión científica y

legal”.

          En la verificada del 6 de junio del año en curso, artículo LXXII, se conoció

informe del Colegio de Biólogos de Costa Rica, en que solicitaban audiencia con

el fin de exponer la preocupación de esa entidad en relación “...con un error

histórico que se ha cometido en los últimos años, en diferentes instancias

públicas, por el cual se ha discriminado a los profesionales en biología genética,

en un área cuya participación en torna crítica, como son los laboratorios de

ADN...”. También se conoció parte del informe N° 1355-PLA-97 de 17 de octubre

de 1997 del Departamento de Planificación, referente a la estructura del

Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses, propiamente la Sección de

Bioquímica.

          Al respecto se dispuso, de previo a resolver lo que corresponda, trasladar la

gestión a la Sección de Clasificación y Valoración de Puestos del Departamento,

para estudio e informe

          En sesión celebrada el 30 de julio del año en curso, artículo XXXVI, se

conoció nota de la licenciada Aída Rojas Rojas, Presidenta del Colegio de

Químicos de Costa Rica, donde emitía criterio técnico del Colegio de Químicos

sobre la toma de muestras para la evaluación del cumplimiento por terceros con
                                                                              42

estándares o reglamentos, disponiéndose trasladar tanto al Departamento de

Personal, para que lo tomara en cuenta dentro del estudio solicitado en la sesión

del 6 de junio del presente año, artículo LXXII, así como del Departamento de

Laboratorio de Ciencias Forenses, para lo que corresponda.

      La licenciada Nora Quirós Carvajal, Jefa de la Sección de Clasificación y

Valoración de Puestos del Departamento de Personal, con el visto bueno del

licenciado Francisco Arroyo Meléndez, en oficio N° O.CV-523-2002 de 11 de

noviembre del año en curso, manifiesta:

       “...Con respecto a los cargos adscritos a la Sección de Bioquímica
       y que deben realizar las pruebas de ADN, mediante Comisión de
       Presupuesto fueron clasificados como Microbiólogo Clínico, de
       acuerdo con el Manual Descriptivo vigente, los requisitos para la
       “Clase” de Microbiólogo son los siguientes:
       “Licenciatura en Microbiología, con especialidad en un área que
       faculte para el desempeño del puesto...”
       Dado lo genérico de los requisitos, el superior inmediato debe dar
       las pautas para el proceso de reclutamiento y selección de
       personal de esas plazas, pues además es el más autorizado para
       indicar cuales especialidades o posgrados son los atinentes. Al
       crearse esos puestos fue tomado en cuenta tanto el criterio legal
       como la opinión del Dr. Carlos Matías González Lizano, como
       puede verse en el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en la
       sesión celebrada el 6 de junio del 2002, artículo LXXII, el cual en
       lo que interesa señala:
       “...un profesional en Biología como tal no está plenamente
       formado para realizar este tipo de pericias. La formación en
       genética humana de un Biólogo con esta licenciatura podría
       ponerlo en una mejor posición para la interpretación de los
       resultados. Pero, aunque con una excelente base teórica, carece
       de una formación sólida en análisis instrumental de laboratorio,
       necesaria para realizar los análisis analíticos bioquímicos;
       formación que sí tiene el microbiólogo como Químico Clínico que
       es. Por ello, el perfil del futuro profesional en ADN tiene que ser
       un graduado universitario en Biología, Microbiología-Química
       Clínica, u otra área de las ciencias biológicas pero con una
       formación de post grado a nivel de especialidad o maestría en
       Biología Molecular (Biología entendida aquí como ciencia y no
       como profesión) para que subsanado así las deficiencias de
       pregrado, pueda llevar a cabo la pericia con propiedad...”.
                                                                                  43



               Dado que el perfil de estos cargos ya está definido, se
        sugiere que de presentarse una vacante, convendría solicitar el
        criterio del MSc. Marvin Salas Zúñiga, Jefe del Departamento de
        Ciencias Forenses, para valorar si conviene reclasificarlo como
        Biólogo con especialidad en genética”.

      Se acordó: Acoger el informe anterior así como la recomendación en él

contenida,   la que deberá ser acatada por la jefatura del Departamento de

Ciencias Forenses y hacerla del conocimiento del Colegio de Biólogos de Costa

Rica para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XXVI

      En la sesión celebrada el 10 de octubre del año en curso, artículo XXXI, se

acordó solicitar al Departamento de Personal, que en lo sucesivo en los informes

relativos al reconocimiento de algún derecho laboral, debería indicarse

expresamente la fecha a partir de la cual rige ese beneficio.

      El licenciado José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento de

Personal, en correo electrónico de 18 de noviembre en curso, solicita se le indique

a cuál tipo de derecho se refiere el Consejo, en virtud de que cada tipo de extremo

laboral tiene sus propias particularidades, o bien, si se trata de juicios laborales,

estudios de clasificación y valoración de puestos, entre otros.

      Se acordó: Comunicar al Departamento de Personal, que en relación con

lo dispuesto en la sesión de referencia, se refiere a todo tipo de derecho laboral

que requiere de una fecha de rige según el beneficio que se trate, analizando

precisamente sus propias particularidades.

                                 ARTÍCULO XXVII

      En la sesión celebrada el 24 de octubre último, artículo XXXVII, se acogió el
                                                                               44

informe del Departamento de Personal, referente al reconocimiento del pago por

concepto de ajustes en el porcentaje de prohibición, otorgado mediante acuerdos

de este Consejo en sesiones del 30 de mayo y 18 de julio del año en curso,

artículos V y V, respectivamente, a favor de los servidores Carlos Castro

Hernández y Primitivo Martínez Navarrete, por las sumas de ¢371.959.06 y

¢277.623.86, respectivamente.

      Los licenciados Waiman Hin Herrera, Mauricio Valerio Araya y Francisco

Arroyo, por su orden, Jefa interina de la Sección de Salarios, Asistente

Administrativo y Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 1815-S-2002 de

22 de noviembre en curso, solicitan se modifiquen los montos acordados en la

citada sesión, por cuanto se detectó una inconsistencia en el cálculo elaborado,

siendo que a los servidores Castro Hernández y Martínez Navarrete les

corresponden las sumas de ¢ 368.904.86 y ¢300.078.19, respectivamente.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y modificar el acuerdo de la sesión

celebrada el 24 de octubre anterior, artículo XXXVII, en cuanto a los montos que

le corresponden a los señores Castro y Martínez, por el concepto mencionado.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

lo de sus cargos. Acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXVIII

      En sesión celebrada el 26 de setiembre del año en curso, artículo XXIX, se

reasignó a la clase Profesional 1 los puestos Nos. 20096 y 108611, ocupados por

los señores Jorge Martín Robles Zúñiga y Luis Guillermo Vásquez Ureña, ambos

servidores del Departamento Financiero Contable y les reconoció las diferencias
                                                                                  45

salariales derivadas de esa clase de enero a setiembre del 2001, a pagar con

cargo a la “Subpartida 814” Amortización de Cuentas pendientes.

      Con ocasión de lo anterior, la licenciada Waiman Hin Herrera y los

licenciados Mauricio Valerio Araya y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden,

Jefa interina de la Sección de Salarios, Asistente Administrativo y Jefe del

Departamento de Personal, con oficio N° 1814-S-2002 de 22 de noviembre del

año en curso, remiten los cálculos salariales a favor de los servidores Jorge Martín

Robles Zúñiga y Luis Guillermo Vásquez Ureña, lo anterior por reasignación a la

clase Profesional 1 por el período del 01 de enero al 30 de setiembre del 2001.

      Se acordó: Acoger los informes mencionados, en consecuencia, girar a

favor de los señores Robles Zúñiga y Vásquez Ureña, las diferentes salariales que

al efecto les corresponde, por la reasignación de sus puestos.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

Acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXIX

      El licenciado Javier Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento

y Selección, con el visto bueno del Jefe del Departamento de Personal, en oficio

N° RS-1449-2002, recibido el 20 de noviembre en curso, expresó:

                “Respetuosamente le remitimos el informe de traslado de la
        señora Luz Marina López Fernández, Auxiliar Judicial 3, de la
        Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José. Revisando la
        relación de puestos para el año 2003, se tiene una plaza nueva de
        Auxiliar Judicial 2 en el Juzgado Penal de ese mismo circuito. A
        efecto de no causar perjuicio económico a la Señora López, se
        solicita la autorización de la permuta de los números de puestos,
        para lo cual la Sección de Salarios deberá redactar el respectivo
        decreto, quedando adscrito el cargo N° 44301 de Auxiliar Judicial
        3 al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y la Plaza
                                                                             46

       nueva aún sin número de ese despacho, quedará adscrita a la
       Fiscalía de ese Circuito.
               Se consultó al Lic. Edgar Castrillo Brenes, Juez
       Coordinador del Juzgado Penal, sobre el asunto que nos ocupa
       manifestándonos que actualmente se cuenta con una serie de
       servidores que podrían desempeñar ese puesto, por otra parte
       dentro del juzgado existe un equipo de trabajo, por lo cual le
       gustaría mantenerlo, otro punto que planteó el Lic. Castillo es
       sobre la diferencia que existe entre el sistema de la Fiscalía y el
       sistema del Juzgado, el licenciado indicó además enviar un oficio
       sobre lo dispuesto sin embargo al día de hoy no se ha recibido
       ninguna comunicación.
               La señora López Fernández, ingresó en propiedad el
       01/03/1983, su calificación de servicios es de 94.38% y su registro
       disciplinario está exento de sanciones. Su petición obedece a
       razones de salud y conveniencia personal. Con anterioridad se
       puso en conocimiento de ese Consejo la situación de la servidora
       la cual quedó constando en las sesiones N° 19-01 Artículo XXVI y
       N° 44-01 Artículo LXXXIV.
               Si el Consejo estima de conveniencia trasladar a la señora
       Fernández, se ruega darle ejecución a partir del 01 de enero del
       2003, supeditado a la aprobación del presupuesto ordinario del
       Poder Judicial por parte de la Asamblea Legislativa y bajos los
       términos consignados en el primer párrafo.”
                                           -0-

      Asimismo el licenciado Sánchez Medrano, en oficio N° RS-1493-2002 de

20 de este mes, remite nota suscrita por el licenciado Castrillo Brenes, Juez

Coordinador del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en

donde comunica que por acuerdo del Colegio de Jueces, dicho trasladado fue

rechazado, argumentando que por el momento se cuenta con personal que se ha

venido desempeñando en ese puesto eficientemente y que dicho órgano estima

de que para ofrecer un mejor servicio, el despacho debe proponer a las personas

que vayan a ocupar dichas plazas.

      Se acordó: Acoger el anterior informe y autorizar el traslado de la señora

López Fernández, así como la permuta del puesto N° 44301 de Auxiliar Judicial 3,

que ocupa en propiedad dicha servidora en la Fiscalía Adjunta del Segundo
                                                                                47

Circuito Judicial de San José y la plaza nueva de Auxiliar Judicial 2 adscrita para

el 2003 al Juzgado Penal de ese mismo Circuito, en consecuencia, a partir del 1°

de enero del 2003 la plaza de Auxiliar Judicial 3 (44301) pasará al Juzgado Penal

y la plaza vacante a la Fiscalía Adjunta. El Departamento de Personal realizará el

respectivo decreto ejecutivo, asimismo, ese Departamento, la Fiscalía Adjunta y el

Juzgado Penal ambos del Segundo Circuito Judicial de San José, tomarán nota

para lo de sus cargos.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                 ARTÍCULO XXX

      La señora Gladys Villarreal Bogarín, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado de

Menor Cuantía de Puntarenas, en nota de 1° de octubre del año en curso, solicitó

al Departamento de Personal el trámite de su jubilación, a partir del 1° de enero

de 2003.

      Los licenciados Manuel Sequeira Sequeira, Maureen Siles Mata y Francisco

Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales,

Planillas y del Departamento de Personal, en oficio N° 653-DLJ-02 de 22 de

noviembre en curso, rinden el siguiente informe:

        “ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula la señora Gladys
        Villarreal Bogarín, cédula N° 06-079-212, a partir del 1° de enero
        de 2003.
        Al 31 de diciembre próximo, la señora Villarreal Bogarín, habrá
        laborado para este Poder 27 años, 10 meses, 22 días.
        TOTAL TIEMPO SERVIDO: 27 años, 10 meses, 22 días.
        EDAD: 55 años, 7 meses, 6 días.
        ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Auxiliar Judicial 1, Jdo.
        Menor Ctía. De Puntarenas
        ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢272.564.80
        SALARIO PROMEDIO: ¢265.451.75
        MONTO DE JUBILACIÓN: ¢246.821.00 (92.98% del salario
                                                                              48

        promedio)
        Norma Legal:
        “Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto por la Ley
        Orgánica de 1937 y sus reformas”.
        Fórmula aplicada:
        Salario promedio*tiempo=monto de jubilación.
                          30 años.”

                                       -0-

      Se acordó: Aprobar la jubilación de la señora Villarreal Bogarín, cédula N°

6-079-212, cuya asignación mensual será de ¢246.821.00 (doscientos cuarenta y

seis mil ochocientos veintiún colones sin céntimos), con las reservas de ley, a

partir del 1° de enero de 2003.

      Se le agradecen los servicios prestados al Poder Judicial y de conformidad

con los artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo, se le otorga un pergamino de

Mérito y Reconocimiento, que se le entregará oportunamente.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

ACUERDO FIRME.

                                  ARTÍCULO XXXI

      Por haberse aprobado la jubilación de la señora Gladys Villarreal Bogarín,

cédula N° 6-079-212, según consta en el artículo que antecede, y con base en los

informes elaborados por el Departamento de Personal, se dispone el pago a su

favor de ¢2.013.951.00 (dos millones trece mil novecientos cincuenta y un colones

sin céntimos) por Auxilio de Cesantía; y ¢186.402.80 (ciento ochenta y seis mil

cuatrocientos dos colones con ochenta céntimos) por vacaciones proporcionales,

correspondiente a los períodos del 1° de febrero al 31 de diciembre de 2002. Al

efecto se adjuntan constancias del Departamento Financiero Contable y de la
                                                                                49

Dirección Ejecutiva, de que la señora Villarreal Bogarín no tiene deudas, ni causas

administrativas pendientes.

      La interesada firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo. ACUERDO FIRME

VACACIONES PROPORCIONALES

                                ARTÍCULO XXXII

      En oficio N° 2339-DL-2002 de 22 de noviembre en curso, los licenciados

Manuel Sequeira Sequeira y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de la

Sección de Derechos Laborales y del Departamento de Personal, rinden el

siguiente informe:

        “De conformidad con el sistema para el pago de vacaciones
        proporcionales, aprobado por el Consejo Superior en la sesión
        celebrada el 7 de diciembre del 2001, artículo LXIX y que rige a
        partir del 1° de mayo del 2002, adjunto le remitimos informes de
        vacaciones proporcionales detallados de la siguiente forma:

        a) Informe N° 2340-DL-02 que indica el pago de vacaciones
           proporcionales de exfuncionarios que no adeudan dineros al
           Tesoro Público.
        b) Informe N° 2341-DL-02 reúne los casos de exservidores que
           adeudan dinero al Tesoro Público y que el pago de vacaciones
           proporcionales cubre el monto de la deuda.
        c) Informe N° 2342-DL-02 que contiene los casos en los cuales el
           pago de vacaciones proporcionales no cubre el monto de la
           deuda con el Tesoro Público.

                                  ---o---

      Se adjuntan constancias emitidas por la Dirección Ejecutiva y el

Departamento Financiero Contable, de que las personas indicadas en los citados

informes no tienen causas administrativas por deudas pendientes, ni deudas

pendientes.
                                                                              50

       Los informes a que se refiere la comunicación anterior están suscritos por

los   licenciados Manuel Sequeira Sequeira, Maureen Siles Mata y José Luis

Bermúdez Obando, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales y de Planillas

y Subjefe del Departamento de Personal, respectivamente, y a continuación se

transcriben:
                                                                                                                   51



San José, viernes 22 de                        INFORME PARA EL PAGO DE                                       2340-DL-2002
noviembre de 2002                              VACACIONES PROPOCIONALES

CEDUL         NOMBRE          FECHA CONDI MOTIVO DE             PERIODO TIEMPO SALARI MONTO OBSERVACIONE
  A                             DE     CION                                             O      POR             S
                              SOLICI                PAGO        COMPREN SERVIDO PROME VACACI
                               TUD                                DIDO                 DIO    ONES
  05-    Abarca Angulo        17/10/0 Interino   Ruptura de     01-04-01 al 6 meses, 160,751 83,055.00 Regresa a trabajar
 0289-   Johanna                 2             relación laboral   08-11-01 13 días     .60                el 01-12-01
 0682
  01-    Camacho Fuentes      17/10/0 Interino   Ruptura de       23-01-01 al 8 meses, 4 168,005 115,737.2 Regresa a trabajar
 0845-   Maureen                 2             relación laboral     20-03-02     días      .60       0        el 09-05-02
 0664
  01-    Castro Ballar Nelson 18/09/0 Interino   Ruptura de       20-12-99 al 11 meses 189,458 183,142.7
 0559-                           2             relación laboral     21-06-01             .00       0
 0127
  01-    Castro Ballar Nelson 18/09/0 Interino   Ruptura de       22-06-01 al 5 meses, 208,492 89,767.50 Regresa a trabajar
 0559-                           2             relación laboral     25-02-02 10 días     .20                el 01-05-02
 0127
  01-    Chaves Ledezma       01/10/0 Interino   Ruptura de       17-10-00 al 8 meses, 2 174,254 120,042.1 Regresa a trabajar
 1098-   Alonso                  2             relación laboral     26-10-01     días      .70       0        el 21-11-01
 0309
  02-    García Acuña         14/10/0 Interino   Ruptura de       08-01-01 al 7 meses, 172,544 104,005.8
 0566-   Greivin                 2             relación laboral     16-08-02 16 días     .10       0
 0122
  05-    López Sánchez        16/10/0 Interino   Ruptura de       01-07-02 al 2 meses, 3 205,659 35,419.20
 0255-   Xinia                   2             relación laboral     08-10-02     días      .90
 0192
  01-    Méndez Arias         01/10/0 Interino   Ruptura de       17-01-00 al 11 meses, 153,476 148,360.6 Regresa a trabajar
 0794-   Jeannette               2             relación laboral     31-07-01 29 días      .50       0        el 15-09-01
 0907
                                                                                                                52



 06-    Miranda Pérez        07/10/0 Interino   Ruptura de       02-07-02 al 1 mes, 7 173,039 14,900.60
0310-   Nubia                   2             relación laboral     30-08-02    días     .10
0672
 05-    Mora González        11/10/0 Interino   Ruptura de       01-05-02 al   1 mes   187,796 16,171.30
0234-   Marisol                 2             relación laboral     31-05-02              .20
0117
 01-    Murillo Fallas       05/09/0 Interino   Ruptura de       11-01-01 al 11 meses 702,659 679,237.1
0782-   Andrea                  2             relación laboral     10-12-01             .10       0
0972
 01-    Murillo Fallas       05/09/0 Interino   Ruptura de       11-12-01 al 2 meses, 804,585 53,639.00
0782-   Andrea                  2             relación laboral     14-04-02 27 días     .50
0972
 02-    Ramírez Barboza      24/10/0 Interino   Ruptura de       21-02-01 al 11 meses 188,384 169,545.9
0542-   Javier                  2             relación laboral     11-02-02             .40       0
0478
 02-    Ramírez Barboza      24/10/0 Interino   Ruptura de       12-02-02 al 5 meses, 198,417 77,162.30
0542-   Javier                  2             relación laboral     12-08-02 22 días     .20
0478
 02-    Reyes Carrillo Ana   30/08/0 Interino   Ruptura de       02-07-01 al 3 meses   812,533 209,904.5 Regresa a trabajar
0287-   Ruth                    2             relación laboral     02-11-01              .30       0        el 24-12-01
1139
 06-    Rocha Corea          01/11/0 Interino   Ruptura de       09-04-02 al 3 meses, 176,246 45,530.50
0276-   Marcela                 2             relación laboral     16-08-02 22 días     .90
0524
 01-    Rodríguez Montes     14/10/0 Interino   Ruptura de       28-01-02 al 5 meses, 193,419 75,218.70
0900-   de Oca Mauricio         2             relación laboral     29-09-02 21 días     .60
0545
 01-    Segura Mata Ronald 30/07/0 Interino   Ruptura de         01-06-00 al 10 meses, 685,160 532,902.8 Regresa a trabajar
0747-   Danilo                2             relación laboral       18-07-01 12 días      .70       0        el 23-08-01
0857
 02-    Vargas Vásquez       30/07/0 Interino    Ruptura de      25-11-98 al 11 meses 606,974 627,207.0
                                                                                                              53



0335-   Ana Ma.               2              relación laboral     03-02-01              .50       0
0627
 02-    Vargas Vásquez     30/07/0 Interino   Ruptura de        04-02-01 al 4 meses, 705,688 219,547.5 Regresa a trabajar
0335-   Ana Ma.               2             relación laboral      05-08-01 28 días     .30       0        el 24-09-01
0627
 05-    Villalobos Solís   01/10/0 Interino   Ruptura de        12-09-01 al 8 meses, 192,171 119,573.3
0246-   Nelsie                2             relación laboral      31-07-02 13 días     .30       0
0723
                                                                                                                                                         54




CEDULA        NOMBRE         FECHA CONDICIO          MOTIVO DE            PERIODO          TIEMPO     SALARIO      MONTO OBSERVACIO              ADEUDA          EXPLICACIO
                               DE       N                                                                           POR       NES                  AL
                                SOLICITUD               PAGO            COMPRENDIDO       SERVIDO    PROMED           VACACIONES                 TESORO              DEUDA
                                                                                                        IO
01-0784-   Acuña Gómez       01/10/0   Interino   Ruptura de relación   02-07-01 al 08-   6 meses, 4 181,334.9 93,689.70         Regresa a       17,958.00 Por días pagados d
  0655     Cynthia              2                       laboral             03-02            días        0                     trabajar el 01-             del 19 al 21-05-02
                                                                                                                                   04-02
05-0258-   Calvo Angulo      21/10/0   Interino   Ruptura de relación   16-09-99 al 05-    11 meses   152,962.8   137,666.50                      6,792.15 Por renuncia se co
  0151     Jorge E.             2                       laboral             09-00                         0                                                15-10-02
05-0258-   Calvo Angulo      21/10/0   Interino   Ruptura de relación   06-09-00 al 05-     11 meses 175,804.7    152,364.10                      6,792.15 Por renuncia se co
  0151     Jorge E.             2                       laboral             08-01                         0                                                15-10-02
05-0258-   Calvo Angulo      21/10/0   Interino   Ruptura de relación   06-08-01 al 05-     11 meses 200,901.9    80,360.80                       6,792.15 Por renuncia se co
  0151     Jorge E.             2                       laboral             07-02                         0                                                15-10-02
05-0258-   Calvo Angulo      21/10/0   Interino   Ruptura de relación   06-07-02 al 14-    3 meses, 9 236,034.2   61,750.50                       6,792.15 Por renuncia se co
  0151     Jorge E.             2                       laboral             10-02             días        0                                                15-10-02
01-0978-   Caravaca Apuy     23/10/0   Interino   Ruptura de relación   19-01-02 al 23-   4 meses, 25 106,510.6   36,687.00                      26,721.50 Por cese de nombr
  0486     Luciana              2                       laboral             08-02             días        0                                                del 20 al 23-09-02
                                                                                                                                                           al 30-09-02
01-0632-   Corrales Zamora   03/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-01-00 al 30-   11 meses 155,985.4      129,987.80                     97,508.90 Por cese de nombr
  0247     Carlos               2                       laboral             11-00                        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0632-   Corrales Zamora   03/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-12-00 al 30-   11 meses 174,163.3      145,136.10                     97,508.90 Por cese de nombr
  0247     Carlos               2                       laboral             10-01                        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0632-   Corrales Zamora   03/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-11-01 al 16- 10 meses, 16 205,977.4    82,391.00                      97,508.90 Por cese de nombr
  0247     Carlos               2                       laboral             09-02           días         0                                                 del 17 al 30-09-02
05-0191-   Cortés Moreno     17/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-10-01 al 14- 5 meses, 20 186,415.3     36,247.40                       5,382.90 Por permiso sin go
  0420     Fernando             2                       laboral             06-02           días         0                                                 salario del 30-10-0
06-0282-   González Moraga   01/10/0   Interino   Ruptura de relación   10-10-00 al 03- 4 meses, 9 156,776.4      54,000.70      Regresa a        5,811.25 Por permiso sin go
  0107     Patricia             2                       laboral             09-01           días         0                     trabajar el 02-             salario del 01-07-0
                                                                                                                                   10-01
01-0780-   Morales Jiménez   04/10/0   Interino   Ruptura de relación   17-05-99 al 08-    11 meses  145,170.8     4,839.00                      89,332.40 Por cese de nombr
  0686     Lucila               2                       laboral             06-00                        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0780-   Morales Jiménez   04/10/0   Interino   Ruptura de relación   09-06-00 al 08-    11 meses 165,020.4     143,017.70                     89,332.40 Por cese de nombr
  0686     Lucila               2                       laboral             05-01                        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0780-   Morales Jiménez   04/10/0   Interino   Ruptura de relación   09-05-01 al 08-    11 meses 185,650.5     74,260.20                      89,332.40 Por cese de nombr
  0686     Lucila               2                       laboral             04-02                        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0780-   Morales Jiménez   04/10/0   Interino   Ruptura de relación   09-04-02 al 16-   5 meses, 8 205,832.3    88,622.30                      89,332.40 Por cese de nombr
  0686     Lucila               2                       laboral             09-02            días        0                                                 del 17 al 30-09-02
01-0892-   Parra Rojas       03/10/0   Interino   Ruptura de relación   07-12-00 al 06-    11 meses 173,014.1     28,835.70                       2,983.80 Por permiso sin go
  0580     Rodolfo              2                       laboral             11-01                        0                                                 salario por la 2da.
                                                                                                                                                           Audiencia del 06-0
                                                                                                                                                    55


01-0892-   Parra Rojas       03/10/0   Interino   Ruptura de relación   07-11-01 al 15-   9 meses, 25 193,462.6 58,038.80                    2,983.80 Por permiso sin go
  0580     Rodolfo              2                       laboral             09-02            días         0                                           salario por la 2da.
                                                                                                                                                      Audiencia del 06-0
03-0171-   Rivera Abarca     24/07/0   Interino   Ruptura de relación   22-11-00 al 07-   5 meses, 7 192,342.7 82,814.20                    71,426.25 Por descenso del 1
  0023     Guillermo            2                       laboral             12-01            días        0                                            9-02, del 12 al 31-5
                                                                                                                                                      suma de más 1ra.
                                                                                                                                                      enero/02
03-0271-   Rodríguez Salazar 02/09/0   Interino   Ruptura de relación   04-02-99 al 03-    11 meses   555,990.0 389,193.00                  18,341.70 Por revaloración qu
  0045     Rafael               2                       laboral             01-00                         0                                           corresponde del 01
                                                                                                                                                      03-02
03-0271-   Rodríguez Salazar 02/09/0   Interino   Ruptura de relación   04-02-00 al 03-    11 meses   630,087.4 588,081.60                  18,341.70 Por revaloración qu
  0045     Rafael               2                       laboral             01-01                         0                                           corresponde del 01
                                                                                                                                                      03-02
03-0271-   Rodríguez Salazar 02/09/0   Interino   Ruptura de relación   04-02-01 al 04-   12 meses, 1 773,542.8 865,938.15 PSGS del 05-     18,341.70 Por revaloración qu
  0045     Rafael               2                       laboral             02-02             día         0                02 al 16-07-02             corresponde del 01
                                                                                                                                                      03-02
01-0944-   Sánchez Soto      24/05/0   Interino   Ruptura de relación   31-10-01 al 17-   2 meses, 23 182,456.6 31,423.10                   17,794.05 Por descenso del 2
  0060     Oscar                2                       laboral             03-02            días         0                                           20-12-01
01-0627-   Ureña Díaz José   02/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-02-01 al 31-    11 meses 301,426.4 231,093.60                     7,941.30 Por renuncia a part
  0783     Luis                 2                       laboral             12-01                         0                                           15-07-02
01-0627-   Ureña Díaz José   02/10/0   Interino   Ruptura de relación   01-02-02 al 14-   5 meses, 14 257,818.0 100,262.50                   7,941.30 Por renuncia a part
  0783     Luis                 2                       laboral             07-02            días         0                                           15-07-02


CEDULA          NOMBRE          FECHA CONDICIO           MOTIVO DE           PERIODO         TIEMPO     SALARIO     MONTO OBSERVACION ADEUDA                 EXPLICACI
                                  DE       N                                                                         POR       ES       AL
                                   SOLICITUD               PAGO            COMPRENDID SERVIDO PROMEDI                  VACACIONES     TESORO                DEUDA
                                                                                O                       O
06-0244-   Umaña Sequeira       09/10/0 Exemplead Ruptura de relación      01-09-00 al 03- 1 mes, 3 145,548.00 11,724.70 Suspens. del 4- 504,600. Suspención del 4
  0630     Geovanny                2        o           laboral                     10-00    días                        10-00 al 5-9-02    40    de junio, julio y a
                                                                                                                                                  /00
                                                                             56



       Se acordó: Con vista de los informes elaborados por el Departamento de

Personal y las constancias que interesan de la Dirección Ejecutiva y del

Departamento Financiero Contable, en relación con las solicitudes de pago de

vacaciones proporcionales, se autoriza girar los montos indicados a las personas

incluidas en las listas anteriores.

       El Departamento Financiero Contable, en los casos que corresponda y de

conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo, de las

sumas a girar a los interesados, deducirá o abonará los montos adeudados al

Tesoro Público. Se hace lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro

Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

       Los interesados se presentarán al Departamento Financiero Contable a

firmar las facturas respectivas, para los fines consiguientes. Se declara firme

este acuerdo.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                  ARTÍCULO XXXIII

       El MSc. Marvin Salas Zúñiga y la licenciada Patricia Fallas Meléndez, por

su orden, Jefes del Departamento de Ciencias Forenses y de la Sección de

Química Analítica, en oficio N° 2002-648-QUI de 18 de noviembre en curso, con

el visto bueno de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial,

manifiestan:

        “Como es de su conocimiento, la Sección de Química Analítica
        tiene a su cargo la coordinación de la destrucción de casos de
        drogas analizados, la cual se está llevando a cabo actualmente en
        Cementos Incsa en Aguacaliente de Cartago.
                                                                             57

        En este momento, la Sección de Química Analítica tiene en
        custodia 1,7877868.29 gramos de droga lista para destrucción,
        incluyendo casos de clorhidrato de cocaína, crack, marihuana
        heroína, los cuales consideramos deben ser destruidos antes de
        finalizar el año por razones de seguridad. Cabe aclarar que dada
        la cantidad de droga se requiere realizar la destrucción en un
        horno de la capacidad de Cementos Incsa.
        Según lo informado por la Dirección General del Organismo de
        Investigación Judicial, en la última reunión del Instituto
        Costarricense para las Drogas se planteó esta problemática a fin
        de determinar la viabilidad presupuestaria de costear esta
        destrucción de droga. Ante dicha consulta se contestó que por
        ahora se están analizando las alternativas que permitan otorgar
        los gastos de financiamiento de dicho Instituto para el año 2003 y
        que obviamente no es posible facilitar el dinero requerido para el
        pago de esta destrucción.
        De acuerdo a lo propuesto por el Juzgado Penal de San Joaquín
        de Flores y nuestra sección la fecha tentativa para realizar la
        citada destrucción podría ser en la segunda semana de diciembre,
        por lo que solicitamos respetuosamente se nos indique si
        podemos contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo.
        Tomando en consideración las tarifas establecidas por Cementos
        Incsa (mil dólares por tonelada de droga destruida), el costo de
        dicha destrucción es de $1.700,00 (mil setecientos dólares).
        Según lo estipulado por esta compañía el pago debe realizarse el
        mismo día al finalizar la destrucción.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar el gasto de $1700 (mil

setecientos dólares), para la destrucción de droga de casos analizados, a

realizarse en la Industria Nacional de Cemento S.A. (INCSA), con la

recomendación de que en lo sucesivo canalice directamente este tipo de

gestiones ante la Dirección Ejecutiva.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                ARTÍCULO XXXIV

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la
                                                                                 58

Inspección Judicial, en oficio N° 4887 de 21 de los corrientes, comunica que ese

Tribunal al resolver la queja N° 300-02 J, le impuso a la licenciada Ana Isabel

Fallas Aguilar, Jueza Civil y de Trabajo de Puriscal, la corrección disciplinaria de

advertencia, por haberse negado a recibir a la señora Rita Madrigal Corrales una

solicitud de medidas de protección.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla del

conocimiento del Departamento de Personal, para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXXV

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 4852 de 18 de noviembre en curso, comunica que

ese Tribunal al resolver la queja N° 254-02 F, le impuso al señor Ramón Meza

Marín, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional de Heredia, la corrección

disciplinaria de amonestación escrita, por no cumplir con su deber de registrar

en los libros respectivos y de remitir a la bodega de evidencias unos cassettes, lo

cual propició que se extraviaran.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla del

conocimiento del Departamento de Personal, para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXXVI

      La licenciada Miriam Anchía Paniagua y el señor José Francisco Ching

Vargas, por su orden, Presidenta interina y Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, remiten el informe mensual de labores de ese Despacho,

correspondiente al mes de octubre último.

      Se acordó: Tener Por rendido el anterior informe.
                                                                              59

ASUNTOS VARIOS

                               ARTÍCULO XXXVII

      En sesión celebrada el 22 de octubre del año en curso, artículo XLVII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             En sesión N° 73-02 del 1° de octubre en curso, artículo XLIV,
       se tomó el siguiente acuerdo:
             “En la sesión N° 20-02 celebrada el 21 de marzo del
       presente año, artículo XCIX, se acordó conceder audiencia, para
       lo que a bien estimaran manifestar, entre otros a los hermanos
       Johel y Maricela Noguera Chinchilla, pensionados jubilados, o a
       quien ejerza su patria potestad, sobre lo que establece el artículo
       232, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con
       respecto al beneficio de pensión que disfrutan y los resultados
       deficientes en sus estudios durante el último curso lectivo.
            En relación con lo anterior, el Lic. Hugo Esteban Ramos
       Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 704-258-AF-2002 del 17
       de setiembre último, expresa:
       “En virtud del estudio que se encuentra realizando este Despacho
       sobre la Evaluación de los Estados Financieros del Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial del año 2000, cabe
       indicar que según acuerdo del Consejo Superior, de la sesión N°
       20-02, celebrada el 21 de marzo último, artículo XCIX; referente a
       los casos de los hermanos Noguera Chinchilla Maricela y Joel
       David, ambos pensionados de dicho Fondo, se acordó
       concederles audiencia, ya que se encuentran estudiando y
       obtuvieron notas deficientes en el año lectivo, lo anterior según lo
       que establece el artículo 232, de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial, que en lo que interesa señala:
       “tendrán derecho a una pensión ... los hijos de uno u otro sexo,
       por la mayoridad, salvo que sean inválidos o que no hubieren
       terminado sus estudios para una profesión u oficio, mientras
       obtengan buenos rendimientos en ellos y no sobrepasen la edad
       de veinticinco años...”
       Por consiguiente sírvase indicar a este Despacho, la situación en
       que se encuentran actualmente los casos antes mencionados, ya
       que actualmente a dichos pensionados se les continúa otorgando
       el beneficio en mención, a pesar de no cumplir a cabalidad con la
       normativa en mención.”
                                     --- o ---
                                                                               60

            Informa la Secretaria General que para efectos de notificar el
       acuerdo en que se concede audiencia a los hermanos Noguera
       Chinchilla, se dictó la resolución N° 221-02 de las 14:30 horas del
       23 de abril de este año, la que no se les ha notificado aún porque
       la Delegación de la Guardia Rural del Barrio San José de Alajuela
       devolvió la comisión sin diligenciar por falta de señas exactas, y el
       pasado 25 de setiembre se remitió nuevamente otra comisión con
       el mismo propósito, la que aún no ha regresado.
             Se acordó: 1) Tomar nota del informe de la Secretaria
       General y hacerlo del conocimiento del señor Auditor Judicial. 2)
       Notificar la resolución que interesa a los hermanos Noguera
       Chinchilla, por medio del señor Notificador de la Secretaría
       General de la Corte.”
                                       -----

             Informa la Secretaria General, para lo que a bien se tenga
       resolver, que el señor Notificador del Despacho a su cargo notificó
       a los hermanos Johel y Maricela Noguera Chinchilla la resolución
       N° 221-02 de las 14:30 horas del 23 de abril último, a las 10:50
       horas del 3 de octubre en curso mediante cédulas que
       personalmente entregó a la señora Maricela Noguera Chinchilla,
       quien se comprometió a entregársela a su hermano Johel, y que a
       la fecha no se ha recibido ninguna comunicación de parte de ellos
       aclarando su situación en cuanto a los estudios. También, señala
       que ya se recibió la comisión que había sido enviada en su
       oportunidad al señor Delegado Distrital de San José de Alajuela,
       en la que consta que la diligencia de notificación se llevó a cabo a
       las 12:06 horas del 10 de octubre, en la casa de habitación de los
       interesados.
               En virtud de que los señores Maricela y Johel Noguera
       Chinchilla no se han apersonado para referirse ni aclarar su
       situación académica actual, de conformidad con lo dispuesto en el
       artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
       Suspender, a partir del 1° de noviembre próximo, la pensión que
       disfrutan los hermanos Maricela y Johel Noguera Chinchilla.
             El Departamento Financiero Contable y la Auditoría Judicial
       tomarán nota para lo de sus cargos. Se declara acuerdo firme.

                                        -0-

      Los jóvenes Maricela y Johel Noguera Chinchilla, pensionados judiciales,

en escrito de 21 de noviembre en curso, manifiestan:

       “...Conforme corresponde con respecto al beneficio de pensión
       que disfrutamos y en cuanto a la duda sobre el estado de los
                                                                                  61

           estudios que cursamos, hacemos de su conocimiento que si
           hemos mantenido estudios regulares como debiéramos y como
           prueba ofrecemos las constancias respectivas de estudios, no
           obstante esto, aclaramos que los documentos correspondientes
           fueron oportunamente entregados sin embargo, por un error
           involuntario los mismos se entregaron en el Departamento
           Financiero Contable del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la
           Corte Suprema de Justicia el 16 de octubre del 2002 y no en la
           Secretaría como correspondía.
                 En virtud del error cometido se nos suspendió el giro de la
           pensión y la misma es vital para nuestros intereses ya que sin ella,
           no solo se nos imposibilita continuar estudiando sino que esa
           suma nos hace falta hasta para nuestra subsistencia.
                 Siendo que todo ha sido producto de un error involuntario y
           habiendo cumplido con nuestra obligaciones, pedimos
           respetuosamente que se reanude el giro de la pensión en virtud
           de trascendencia que esto tiene para nosotros”.
                                           -0-

         Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior; en consecuencia,

reactivar el beneficio de pensión a favor de los hermanos Maricela y Johel

Noguera Chinchilla, en forma retroactiva a partir del 1° de noviembre del año en

curso.

         El Departamento Financiero Contable y la Auditoría Judicial tomará nota

para lo que a cada uno corresponda.

                              ARTÍCULO XXXVIII

         Mediante resolución N° 767-2002 del 20 de noviembre del año en curso, la

Secretaría General de la Corte comunicó el acuerdo de este Consejo de la sesión

N° 86-02 de 14 de noviembre del año en curso, artículo LXI, en que se concedió

al joven Luis Fernando Artavia Sánchez, pensionado judicial, un plazo de 5 días

contados a partir del siguiente al recibo de ese acuerdo, para que se refiriera al

bajo rendimiento académico obtenido durante el primer período del presente año

lectivo.
                                                                             62

      En virtud de lo anterior, el joven Artavia Sánchez, en memorial de 19 de

noviembre en curso, expresa:

       “...me apersono a ustedes con sumo respeto a plantearles la
       siguiente situación: Como ustedes son conocedores, soy un joven
       beneficiario del sistema de Pensión alimenticia, tengo 20 años
       pero gracias a que estoy estudiando todavía tengo el derecho a la
       pensión.
              Sin embargo, he de manifestarles que desde hace un año y
       tres meses, falleció mi señor padre, quien padeció una
       enfermedad repentina y que en pocos meses lo llevó a una
       muerte que ni mi madre ni hermanos ni yo esperábamos. Esta
       situación, como ustedes podrán comprender, cambió por completo
       la dinámica en mi familia, yo soy el mayor de tres hermanos, mi
       padre se fue quedando mis dos hermanos de 10 y 14 años y mi
       madre, e inmediatamente a su partida, se empezó a sentir su
       ausencia, pues siempre fue un padre en toda la extensión de la
       palabra.
              Muchas cosas tuvieron que cambiar en mi hogar, entre otras
       la necesidad de la figura paterna, rol que intenté asumir yo y que
       en poco tiempo empezó a generarme una serie de problemas
       reflejados principalmente en mis estudios, empecé a bajar mi
       rendimiento y a tener problemas de relaciones, razón por la cual
       requería de ponerme el tratamiento terapéutico, el cual inicié y
       mantengo con la Dra. Patricia Hernández Cubillo, médico
       Psiquiatra de Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño de Liberia.
              Entre otras cosas me fue sugerido por la Dra. Hernández
       procurar diferentes procesos de relación, buscando cambios de
       ambientes y un distanciamiento de mi núcleo familiar, que me
       facilitara manejar de mejor forma el duelo por la pérdida de papá.
       Circunstancialmente recibimos la visita de una tía que reside en
       Estados Unidos y quien me propone irme por una temporada con
       ella.     Ello significó que debiera suspender por una corta
       temporada mis estudios universitarios, de manera que el
       distanciamiento que se proponía me permitiera recuperarme y
       prepararme mejor para continuar mi carrera.
              De esa forma en agosto del presente año me trasladé a
       USA, en donde mi tía Sra: Cecilia Salazar Losilla me aportó toda
       la manutención necesaria en ese país, en donde estuve por 2
       meses y 3 semanas, en donde además de pernoctar con otra
       cultura, aproveche para realizar estudios de inglés, a cuyas clases
       iba de lunes a viernes.
              Ahora regreso y he de manifestarles que me siendo mucho
       mejor, con mucha energía para retomar mis estudios, con un
       deseo enorme de concluir mi carrera, pues será la única forma de
       poder ayudar a mi madre a sostener nuestro hogar, y no como yo
                                                                                63

        pensaba queriendo sustituir a mi padres, razón por la cual ya me
        encuentro matriculado en el primer cuatrimestre del 2003 en la
        universidad y muy positivo para emprender lo últimos años de
        carrera que me faltan.
               Sin embargo me entero que por realizar este viaje, que más
        de placer fue terapéutico, soy un candidato a perder el beneficio
        de la pensión alimenticia, y es por ello que acudo a ustedes a
        explicar ampliamente cual es la situación real que vivo no solo yo,
        sino los múltiples problemas emocionales y económicos que
        quedaron por la ida de mi padre, con el único fin de que sean
        considerados a la hora de un fallo judicial, considerando que
        dependiendo de cual sea, así marcará mi vida como tal, en el
        tanto de que si se falla a favor de suspender el beneficio de que
        he sido objeto, se truncará mi vida y la posibilidad de continuar
        mies estudios, y de ser posible que se mantenga, podré todo mi
        empeño por terminar mis estudios, recuperar el tiempo perdido y
        llegar a ser alguien en la vida.
               De esta forma, ruego con todo respeto considerar lo que acá
        les expongo, considerando además, que estoy adjuntando
        certificación médica entendida por la Dra. Patricia Hernández
        Cubillo del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, donde expone
        mi tratamiento recibido, constancia de matrícula de la Universidad
        Latina de Costa Rica para el primer cuatrimestre del año 2003,
        con las respectivas materias a cursar, constancia de Overfelt Adult
        Center del curso de inglés que cursé en Estados Unidos, durante
        el período del 3 de setiembre a 13 de noviembre del año en
        curso”.

      Vista la documentación que al efecto aporta el interesado, en que expone

las razones que hicieron que obtuviera un resultado desfavorable en sus notas y

suspendiera sus estudios, los que continuará a principio del próximo año, según

la documentación que adjunta, se acordó: Limitar en forma temporal el beneficio

de pensión a favor del joven Luis Fernando Artavia Sánchez, a partir del último

día del mes de diciembre del año en curso, el que se revisará concluido el primer

cuatrimestre del próximo año, para resolver en definitiva sobre ese beneficio, con

base en lo que establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

párrafo quinto.
                                                                                64

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota para

los fines consiguientes. Copia de este acuerdo se remitirá a la Auditoría Judicial

para su conocimiento.

                            ARTÍCULO XXXIX

      La licenciada Patricia Cordero García, Jueza Coordinadora del Juzgado de

Familia de Cartago, en facsímil de 21 de este mes, solicita se les autorice para

usar el libro de actas de hojas removibles, para realizar los matrimonios civiles,

toda vez que ese Juzgado, desde que inició sus funciones a mediados del año

noventa y cuatro, siguió usando el libro de actas del Juzgado Primero Civil de

Cartago y en este momento desean informatizar las actas de matrimonio para

agilizarlos y no hacer esperar mucho a los contrayentes y testigos. Agrega que de

aprobarse la gestión se comunique al Departamento de Proveeduría.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, a cuyos efectos el Juzgado de

Familia efectuará la razón de inicio y cierre del citado libro, en consecuencia, el

Departamento de Proveeduría realizará los trámites pertinentes para su

adquisición.

                                  ARTÍCULO XL

      Mediante nota de 26 de noviembre del año en curso, la licenciada Vilma

Granados Solera, Jueza Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica del

Segundo Circuito Judicial de San José, expresa:

             “De acuerdo al plan de vacaciones período 2002-2003,
        tomado en sesión No. 75-2002, celebrada el 8 de octubre de este
        año, artículo XXI, en el que se estableció que las oficinas
        Judiciales del país permanecerán cerradas del 23-12-2002 al 10-
        1-2003, y de conformidad con el acuerdo tomado en Sesión No.
        86-02, Noviembre 14, 2002, artículo XXIV; que estableció que los
                                                                              65

       Juzgados de Violencia Doméstica del I y II Circuito Judiciales y
       Periferia, atenderán la materia de violencia doméstica, teniendo
       como sede el II Circuito Judicial de San José.
             De la lectura del segundo acuerdo se desprende que no se
       ha girado potestad alguna, sobre la persona que debe convocar a
       los jueces para conformar el rol de atención a los y las usuarias,
       el lugar, hora y fecha de la reunión; además debe considerarse la
       participación de la administración en cuanto al suministro de
       logística (sobre todo papel y tonner de impresora) para esa época,
       las comunicaciones respectivas a las sedes policiales, seguridad
       interna, Ministerio Público, INAMU, etc., e incluso una vez
       aprobado el rol de los jueces que laboran esos días debe
       comunicarse al Departamento de Personal para su respectivo
       reconocimiento por vacaciones (punto 1.4, artículo XXI, sesión No.
       75-2002).
             Estimo necesario y urgente considerar estos aspectos motivo
       por el cual me permito proponer que dicha convocatoria recaiga
       en el Licdo. Juan Diego Rojas, por ser el coordinador de la
       Comisión de Violencia Doméstica y miembro propietario del
       Consejo Superior.”

      Se acordó:     Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, designar al

licenciado Rojas, para que convoque a los jueces de los Juzgado de Violencia

Doméstica del I y II Circuito Judiciales y periferia, que atenderán la materia de

violencia doméstica y que tendrán como sede el II Circuito Judicial de San José,

para que conformen el rol de atención durante las fechas indicadas.

                                 ARTÍCULO XLI

      Mediante resolución N° 2002-10324 del 29 de octubre del año en curso, la

Sala Constitucional condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios, con

ocasión del hábeas corpus interpuesto por Carloman Camacho Salmeron, contra

el Juzgado Penal de Desamparados y la Sección de Cárceles y Transportes del

Primer Circuito Judicial de San José, quien alegó haber sido sometido a un trato

cruel, inhumano y degradante durante sus traslados al mencionado Juzgado, pues

lo dejaron durante un espacio de tres a cuatro horas “encerrado” en el cajón del
                                                                               66

vehículo automotor, lo que justificó el señor Jefe de la Sección de Cárceles, en

que el Juzgado Penal de Desamparados carece de celdas para que los privados

de libertad esperen su presentación ante el Despacho.

      Se acordó:        Tomar nota de la resolución anterior y hacerla del

conocimiento de la Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación,

para su atención.

                             ARTÍCULO XLII

      El licenciado Ricardo Monge Bolaños, Profesional en Derecho 3 de la

Secretaría General de la Corte, rinde informe N° 036-2002, en que se refiere al

oficio N° 12064 (FOE-GU-849) de 7 de octubre del año en curso, del Área de

Servicios Gubernamentales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

de la Contraloría General de la República, que literalmente dice:

        I). GESTIÓN.-

               El Lic. José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Área, hace
        del conocimiento la comunicación que les remitió el Juzgado
        Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que
        "…pasados tres meses del recibo de esta comunicación, no
        cursen ni tramiten ningún presupuesto ordinario o extraordinario
        de la Administración obligada al pago, si en los mismos no se
        contempla la partida necesaria para el cumplimiento de la
        sentencia.", dictada en expediente N° 99-00256-0163-CA que es
        proceso de ejecución de sentencia de Hernán Rodríguez Navas
        contra El Estado.-

              El Lic. Alvarado Vargas señala que:

        "…En cumplimiento de lo establecido en los artículos 77 y 78 de
        la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa […],
        se comunica que a partir del 21 de setiembre del 2002 y hasta el
        21 de diciembre del 2002, se extiende el plazo para que ese
        Poder incluya en el presupuesto la suma de trescientos mil
        colones para dar contenido a la referida obligación. En caso de
        que en el presupuesto del ejercicio económico vigente se haya
                                                                      67

aprobado recursos para atender ese gasto, deberá informarse a
esta Área el monto, subpartida y el programa en que se
encuentran.
De no cumplirse con la anterior disposición, no se tramitarán los
documentos relativos a la reprogramación presupuestaria de ese
Poder que se presenten ante esta Contraloría General después de
la última fecha indicada."

II). TRÁMITE PREVIO.-

      La Secretaría General por oficio N° 11344-02 de 15 de
octubre del 2002, solicitó al Juzgado Contencioso remitir ad
effectum videndi el expediente respectivo.

III).- MOTIVO DE LA CONDENA AL PODER JUDICIAL.-

    Recibido de parte del Juzgado fotocopia certificada del
expediente N° 99-000256-163-CA, y analizado que fue, tenemos:

a.- El proceso de ejecución se planteó con base en la sentencia
N° 1404-98, dictada por la Sala Constitucional de la Corte a las
15,30 horas del 3 de marzo de 1998, en recurso de hábeas corpus
(Exp. 1089-A-98), que se declaró con lugar y se condenó al
Estado "…al pago de los daños y perjuicios causados, …". Los
hechos fueron: El Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
de San Joaquín de Flores tramitó expediente por pensión
alimentaria contra don Hernán, y el Juzgado de Familia de
Heredia revocó la resolución que le imponía pensión alimentaria a
favor de la actora y ordenó levantar el impedimento de salida
del país, sin embargo el expediente se extravió. No obstante que
don Hernán no se encontraba obligado a pagar pensión
alimentaria, pues así lo señaló la sentencia dictada por el Juzgado
de Familia de Heredia, se mantenía en su perjuicio el
impedimento de salida del país, considerando por ello la Sala
Constitucional que "…no es procedente la justificación de la
autoridad recurrida, de que no ha levantado la restricción de la
libertad de tránsito del amparado porque se extravió el
expediente, …", por lo que ordenó a la autoridad recurrida
(Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Joaquín de
Flores) levantar el impedimento de salida del país, la condenatoria
del Estado al pago de los daños y perjuicios causados, y
testimonio de piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial.-

IV.) La sentencias dictadas en el proceso de ejecución
resuelven:
                                                                    68

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.-
(Sentencia N° 0255-2001 de las 10,00 horas del 30 de abril del
2001)

"Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución de
sentencia, entendiéndose denegada en lo no dicho expresamente.
Se condena al Estado a pagar a Hernán Navas, la suma de dos
mil dólares ($2000.00) por concepto de daño moral.- Son ambas
costas de esta ejecución, a cargo del Estado."

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.
(Sentencia N° 86-2002 de las 14,20 horas del 10 de abril del
2002)

"Se modifica el fallo apelado para fijar el daño moral en
trescientos mil colones. Se confirma en lo demás.”

IV).- RESUMIENDO.-

       Lo resuelto en las sentencias indicadas, disponen el
reconocimiento y pago con cargo al presupuesto del Poder
Judicial de:


         CONCEPTO                           MONTO
1) Daño Moral                             ¢300.000,00
2) Costas de ejecución                     --------------


V).- RECOMENDACIÓN.-

       Debe el Departamento Financiero Contable depositar a
favor de la cuenta corriente del Despacho Judicial respectivo, el
monto de ¢300.000,00 (trescientos mil colones exactos) por
concepto de daño moral, con indicación expresa de que se hace
en cumplimiento de lo resuelto en el proceso de ejecución de
sentencia de Hernán Rodríguez Navas contra el Estado,
expediente N° 99-000256-163-C.A. Asimismo, en virtud de la
prevención realizada por la Contraloría General, es necesario
que el acuerdo se declare firme y que ese Departamento
proceda a la brevedad al depósito que interesa en la cuenta
del Juzgado.-
                                                                               69

              Debe la Secretaría General al momento de ejecutar el
       acuerdo respectivo, comunicar lo resuelto al Área Servicios
       Gubernamentales de la División de Fiscalización Operativa y
       Evaluativa de la Contraloría General de la República, así como
       remitir al Departamento Financiero Contable la fotocopia
       certificada del expediente, y remitir copia de lo acordado al
       Juzgado Contencioso Administrativo, para constancia del
       cumplimiento de lo resuelto y ordenado en el proceso de
       ejecución que nos ocupa.-

       ANEXO: Documento de referencia junto con diligencias
       respectivas.”

      Se acordó: 1) Acoger las recomendaciones anteriores, en consecuencia,

el Departamento Financiero Contable depositará a favor de la cuenta corriente del

Despacho Judicial respectivo, el monto de ¢300.000,00 (trescientos mil colones

exactos) por concepto de daño moral, con indicación expresa de que se hace en

cumplimiento de lo resuelto en el proceso de ejecución de sentencia de Hernán

Rodríguez Navas contra el Estado, expediente N° 99-000256-163-C.A.              2)

Asimismo se informa al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

que en lo sucesivo este tipo de asuntos, los deberá canalizar directamente a

través de la Dirección Ejecutiva, para un trámite más expedito, para lo que le

remitirá junto a la comunicación o solicitud respectiva copia certificada de las

sentencias respectivas, con indicación de que se encuentran firmes. Por otra

parte, la Dirección Ejecutiva del trámite que realice, informará a este Consejo de

cualquier situación especial que considere pertinente. 3) La Secretaría General

de la Corte procederá conforme se indica.

                                ARTÍCULO XLIII

      Informa el licenciado Ricardo Monge Bolaños, Secretario General interino

de la Corte, que en sesión de Corte Plena celebrada el 16 de setiembre del año
                                                                               70

en curso, artículo VIII, se acogió la recomendación del Magistrado van der Laat y

designó como representantes patronales para las diligencias de conciliación y

arbitraje en el Segundo Circuito Judicial de San José, a los licenciados Ricardo

González Vargas, Eugenio Pignataro Pacheco, Edgar Chacón Vega, Sergio Capó

Brenes y Luis Antonio Cardona Mesaplacencia, lo que se hizo del conocimiento

del Juzgado de Trabajo de ese Circuito.

      Sobre el particular, expresa que mediante constancia de las veinte horas y

cuarenta y siete minutos del veintitrés de octubre del año en curso, la licenciada

Elena Kikut Calvo, Jueza de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,

comunica que en conflicto colectivo número 96-000820-0214-LA promovido por

Grace Patricia Rojas Montero contra la Caja de Ahorro y Préstamos de la

Asociación Nacional de Educadores, se ordenó enviar suplicatorio donde se

solicita a los integrantes de este Consejo Superior, el nombramiento de Árbitro

Conciliador de conformidad con lo acordado por este Consejo en sesión número

47-98 del veintidós de junio del año mil novecientos noventa y ocho. Asimismo,

se solicita se prorrogue el nombramiento como Árbitro Conciliador al licenciado

Miguel Carmona Jiménez como representante patronal y a la licenciada Elena

Kikut Calvo, quien se encuentra nombrada en plaza extraordinaria y es la persona

asignada en el proceso al momento de dictar esta resolución.

      Con base en lo resuelto por la Corte Plena en la sesión de referencia, se

acordó: Denegar la prórroga de nombramiento del licenciado Carmona Jiménez

como representante patronal en las presentes diligencias y en su lugar, debe el

Juzgado de Trabajo proceder a designar, el árbitro que se requiere de los

asignados por la Corte Plena, para esos efectos. Asimismo se deniega la solicitud
                                                                              71

de prórroga de nombramiento de la licenciado Kikut Calvo, toda vez que la Corte

Plena no ha emitido pronunciamiento en cuanto al estudio de plazas

extraordinarias a crear para el próximo año.

                                    ARTÍCULO XLIV

      En la sesión celebrada el 7 de noviembre en curso, artículo XXXV, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

        “En sesión celebrada el 27 de junio del año en curso, artículo LII,
        al conocer el informe N° 057-CE-2002 de la Sección de Control y
        Evaluación del Departamento de Planificación, referente a la
        conveniencia o no de reintegrar al Tribunal del Segundo Circuito
        Judicial de Alajuela la plaza de Auxiliar Judicial 3, cedida a
        préstamo al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San
        Carlos, hasta tanto en el Tribunal no se presente una situación
        que amerite su devolución.
                                       - 0–
        El Lic. Antonio Barrantes Torres, Juez Coordinador del Tribunal
        del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en facsímil de 30 de
        octubre del año en curso, manifiesta:
        “…Ante lo dicho y dado que el trabajo día con día aumenta en
        este despacho, les pido se sirvan disponer la devolución de la
        plaza ya dicha a esta oficina, en razón de que los auxiliares que
        existen en virtud del aumento del trabajo tienen que laborar
        muchas horas fuera de la jornada laboral, lo que implica un
        desgaste físico, mental y hasta familiar, situación que sin duda
        alguna amerita la devolución que estoy pidiendo, ya que los
        auxiliares están sufriendo las consecuencias del incremento del
        circulante y creo se permitiría la redistribución del trabajo que
        deben realizar.
        El aumento del trabajo se podrá comprobar con sólo hacer las
        consultas del caso al Departamento de Planificación.”
                                       - 0–
        Se acordó: Trasladar la solicitud anterior al Departamento de
        Planificación para estudio e informe.

                                        -0-

      El licenciado Mario Muñoz Jiménez, Juez Contravencional de San Carlos,

en facsímil de 20 de noviembre en curso, manifiesta:
                                                                               72

       “Mediante acuerdo contenido en el artículo X de la Sesión N° 6-
       2001 celebrada el 18 de enero del 2001, ese Honorable Consejo
       acogió la recomendación emanada del Departamento de
       Planificación, oficio N° 075-PLA-2001 de 11 de enero del 2001, en
       el sentido de mantener en este Despacho en calidad de Auxiliar
       judicial 1 una plaza de Auxiliar Judicial del Tribunal de San Carlos,
       que según estudio de dicho Departamento, podía prescindir de un
       servidor (evaluación contenida en el oficio 1326-PLA-2000 del 07
       de noviembre del 2000, aprobada por el Consejo Superior en
       sesión del 14 de noviembre del 2000, artículo XIV).
       Lo anterior, por considerarse que en esta oficina las labores
       exceden el índice de trámite normal de los demás despachos
       judiciales, situación que a la fecha ha mejorado, pero los
       movimientos masivos se han mantenido hasta el momento.
       Enterado de que a principios del mes de agosto último el
       Departamento de Personal realizó en este circuito judicial los
       exámenes correspondientes a la plaza supra señalada, y ante la
       probabilidad de que finalmente dicha plaza sea asignada en
       forma definitiva a este Juzgado, dada la necesidad de la misma,
       atento solicito que se ordene al Departamento de Personal que no
       se confeccione la terna hasta tanto se defina tal extremo, habida
       cuenta que en las condiciones actuales no tendría razón de ser
       que un servidor Auxiliar sea nombrado por un Jefe de Oficina a
       cuyo cargo no laborará, y –de otro lado- el Jefe de este Despacho
       no tenga la posibilidad de escoger a la persona que será su
       auxiliar, dejando en clara desventaja a la señora María de los
       Ángeles Rojas Hernández, quien se ha venido desempeñando
       desde hace más de dos años en ese puesto, de manera
       responsable y diligente, y obviamente, se ha desligado del
       Tribunal de referencia.”

                                       -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud del licenciado Muñoz Jiménez y dejar sin

efecto el acuerdo tomado en la sesión celebrada el 7 de noviembre en curso,

artículo XXXV y devolver la plaza de Auxiliar Judicial 3 al Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de Alajuela, a partir del 13 de enero del 2003, en razón de las

necesidades alegadas por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela de

contar con ese recurso, lo que amerita su devolución.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                                                                73

                                 ARTÍCULO XLV

      En la sesión celebrada el 4 de julio del presente año, artículo XXXIV, se

denegó el reconocimiento de sobresueldo reconocido al sector policial del

Organismo de Investigación Judicial, a los servidores judiciales que ocupan los

puestos de Investigador de la Defensa Pública.

      En la verificada el 10 de setiembre de este año, artículo VIII, los señores

Wider Briceño Solórzano, Allan Cerdas Rojas, Elsa Rodríguez Retana y Roy

Jiménez Mata y el licenciado Ricardo Ulloa Ramírez, todos Investigadores 1 de la

Defensa Pública, presentaron recurso de reconsideración contra el acuerdo

anterior, y se acordó “…denegar dicha reconsideración y mantener lo resuelto en

la sesión del 4 de julio del año en curso, artículo XXXIV, en razón de que el

incremento en ese rubro se realizó en virtud de las negociaciones de carácter

salarial que se efectuó con los investigadores del Organismo de Investigación

Judicial, por las condiciones propias de su entorno laboral, por lo que surgió la

“bonificación por exclusividad policial”, donde su concesión es únicamente para el

personal que desempeña labores de investigación policial que se encuentran

adscritos a la Dirección General, Secretaría General, Departamento de

Investigaciones Criminales, Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Regionales

del Organismo de Investigación Judicial, siendo que así lo establece el reglamento

para el reconocimiento de esa bonificación en su artículo 15, que se señala la

exclusividad de pago a: “…aquellos servidores dentro del Organismo de

Investigación Judicial, dedicados a labores policiales de investigación criminal…”,

lo que se confirma en los artículos 1 y 4 del citado Reglamento”.
                                                                               74

      Asimismo en la celebrada el 19 de setiembre del año en curso, artículo VIII,

al conocer recurso de reconsideración interpuesto por la licenciada Marta Iris

Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, contra los acuerdos citados, se

rechazó de plano dicho recurso, en razón de que este Consejo Superior ya había

analizado y tomado en cuenta los argumentos también esgrimidos por la petente,

quien debe estarse a lo resuelto en las sesiones mencionadas.

      La licenciadas Muñoz Cascante, en oficio N° SJ 973-2002 de 20 de

noviembre en curso, manifiesta:

             “Desde su creación en el año de 1998, de la Unidad de
       Investigadores adscritos a la Defensa Pública, nuestra Institución
       ha venido sufriendo el problema de contar con el recurso
       suficiente de Investigadores que cumplan la totalidad de requisitos
       exigidos por el Departamento de Personal del Poder Judicial para
       ser nombrados en propiedad. Lo anterior se ha debido que gran
       parte del personal reclutado desde los inicios, no ha logrado ganar
       las pruebas sicológicas exigidas para el puesto al Auxiliar de
       Investigación, hoy denominado con la nueva categoría de
       Investigador 1.
             No obstante lo anterior desde hace aproximadamente más
       de un año hemos logrado que nuestra Unidad se conformará con
       Investigadores en propiedad y de manera permanente, que
       cumplen con todas las exigencias para el puesto; sin embargo
       debido a los últimos acuerdos tomados por el Consejo que
       ustedes presiden, relativo al “no reconocimiento del plus salarial”,
       varios de nuestros Investigadores se trasladaron a laborar a otras
       oficinas del Organismo de Investigación Judicial; situación esta
       que volvió a generar la problemática en nuestra Dependencia, de
       poder contar con el personal calificado para integrar nuestra
       Unidad de Investigación.
             Debido a la situación anterior consultamos telefónicamente
       con el Departamento de Personal para que se nos brindara
       recurso; y este Departamento tampoco cuenta a la fecha con
       oferentes idóneos para ocupar estos puestos.
             Dadas las limitaciones del caso y conforme a la circular N°
       10-2002 de la Secretaría General de la Corte, referente al acuerdo
       del Consejo Superior en sesión 77-02 del 15 de octubre del año
       en curso, para que las proposiciones de nombramientos interinos
       sean hasta por seis meses; solicitamos autorización para que se
       nos permita nombrar interinamente por períodos de más de un
                                                                                  75

        mes en los puestos de Investigador (para no contravenir el artículo
        27 del Estatuto de Servicio Judicial), hasta tanto no contemos con
        el personal calificado, que cumpla la totalidad de requisitos y
        puedan ser nombrados en propiedad. Hacemos la observación
        que el personal de Investigadores interino que actualmente
        tenemos cumple con los requisitos exigidos, excepto la prueba
        sicológica de aptitud para el puesto, prueba que está pendiente de
        realizarse en algunos de ellos”.

                                        -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud anterior, toda vez que en los registros que

al efecto lleva la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial y el

Departamento de Personal, cuentan con oferentes que cumplen con dichos

requisitos y pueden ser nombrados en dichos puestos.

                                 ARTÍCULO XLVI

      El licenciado Luis Aguilar Herrera, Juez Coordinador del Tribunal de Juicio

del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en nota recibida el 22 de los corrientes, a

instancias de los conjueces de ese Tribunal, solicita se investiguen las

incapacidades otorgadas a los licenciados María Luisa Aragón Jiménez, Carlos

Horacio Arguedas Orozco y Miguel Calvo Venegas, todos funcionarios de ese

Despacho, las cuales se dan entre el presente mes y el de diciembre.

      Se acordó:     Trasladar la solicitud del licenciado Luis Aguilar Herrera al

Tribunal de la Inspección Judicial, para su atención.

                                 ARTÍCULO XLVII

      El licenciado Minor Mendoza Cascante, Administrador del Juzgado de

Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, en oficio N° 836-2002 de 20 de

los corrientes, adjunta los informes Trimestrales de Labores, correspondiente a los
                                                                               76

meses de julio a setiembre del año en curso, de las plazas extraordinarias de

auxiliares judiciales de este Despacho, de los siguientes servidores:

   Ricardo Calderón Fernández
   Miguel Antonio Montero Araya
   Brayan Ordóñez Muñoz
   Allen Ugalde Arguedas
   Rafael Ureña Barrios

    Se acordó: Tomar nota de los informes anteriores.

                                ARTÍCULO XLVIII

       Los licenciados Emilia Ureña Solís y Jorge Luis Bolaños Vargas, Jueces

Penales de Pérez Zeledón, en facsímil de 20 de los corrientes, comunican que a

fin de fomentar las relaciones humanas y mejorar el ambiente laboral, están

organizando un paseo para el fin de semana que abarca la noche del viernes 6 de

diciembre al domingo 8 del mismo mes, por lo que se debe salir de la jurisdicción,

y contando con la anuencia de los licenciados Manuel Rodríguez Arroyo y Rosa

Zúñiga Abarca, Jueces de Familia y Penal Juvenil de ese cantón, solicitan se

autorice a los jueces antes citados para hacer la disponibilidad de ese fin de

semana, de la cual se harán cargo una vez que arriben a ese cantón.

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior en los términos expuestos.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XLIX

       En memorial de fecha recibido el 21 de noviembre del año en curso, la

señora Teresa Salinas Orozco, vecina de San Rafael Abajo de Desamparados,

presenta reclamo administrativo, por los supuestos daños y perjuicios que se le
                                                                               77

causaron por un allanamiento que erróneamente realizó en su casa de habitación

la Fiscalía de Sustracción de Vehículos del Ministerio Público.

      Este Consejo Superior, en varias oportunidades, entre ellas en la sesión N°

66-02 del 5 de setiembre en curso, artículo LXXI, ha acogido al criterio externado

por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la Dirección

Ejecutiva, que seguidamente se transcribirá:

              “…En reiterados criterios el suscrito se ha referido a la
        responsabilidad del Poder Judicial en cuanto a la actividad
        jurisdiccional y a la del Ministerio Público y del Organismo de
        Investigación Judicial cuando actúan con base en una orden
        judicial (por ejemplo en un allanamiento), en la forma siguiente:
        “(...) La Ley General de la Administración Pública reconoce, en los
        artículos 190 y siguientes, la responsabilidad del Estado por la
        emisión de los actos administrativos en general. Este régimen se
        aplica principalmente sobre la actividad del Poder Ejecutivo y,
        excepcionalmente, a los Poderes Legislativo y Judicial en tanto
        realicen función administrativa. Sobre este último punto cabe
        además citar el artículo 1, párrafos 1 y 4 de la Ley Reguladora de
        la Jurisdicción Contencioso Administrativa que dice:
        1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción Contencioso
        Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución
        Política, encargada de conocer de las pretensiones que se
        deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones
        de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo(...)
        4. Para los efectos del párrafo 1 se entenderá por Administración
        Pública:
             a) El Poder Ejecutivo;
            b) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan,
        excepcionalmente, función administrativa; y
            c) Las Municipalidades, instituciones autónomas y todas las
        demás entidades de Derecho Público."
        Asimismo, el artículo 201 de la Ley General de la Administración
        Pública señala que el Estado es responsable solidario con su
        servidor ante terceros por los daños que este cause en las
        condiciones señaladas por esta ley, vale decir en el ejercicio de la
        función administrativa.
        En el caso concreto, el gestionante hace referencia a un acto
                                                                        78

realizado por un funcionario en ejercicio de su función
jurisdiccional, no en ejercicio de la función administrativa. Es
importante anotar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico
ningún precepto legal por el cual el Poder Judicial (Estado) sea
responsable solidario por los daños y perjuicios causados por sus
servidores con ocasión del ejercicio de la actividad jurisdiccional.
"(...) Para que el Poder Judicial (Estado) sea responsable solidario
por los daños causados por un servidor con ocasión del ejercicio
de la actividad jurisdiccional, se requiere que exista una ley previa
que establezca dicha responsabilidad. Como se dijo, en nuestro
ordenamiento jurídico únicamente existe la responsabilidad
solidaria del Estado con ocasión del ejercicio de la función
administrativa. Aceptar que el Estado es responsable solidario por
los daños reclamados -originados en la actividad jurisdiccional-
sería violar el principio de legalidad establecido en el artículo 11
de la Ley General de la Administración Pública".
     Por su parte, el referido artículo 199 de la Ley General de la
Administración Pública establece:
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor
público que haya actuado con dolo o culpa grave en el
desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque
sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el
cargo.
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere
actos manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de
conformidad con esta ley.
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la
Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos
que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare
a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el
dictamen.
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de
este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de
responsabilidades con la Administración frente al ofendido.
      Al respecto, el Licenciado Eduardo Ortiz Ortiz en la
discusión parlamentaria de la Ley General manifestó:
“En Costa Rica prácticamente no ha existido un régimen de la
responsabilidad personal del servidor del servidor público, por los
encuentros o agravios que cometen en la función. Esta ha sido
una elaboración muy vieja por el miedo de que al responsabilizar
personalmente al funcionario pueda paralizarlo, por temor a las
consecuencias de su actuación. Entonces idearon una serie de
descripciones muy sutiles entre lo que se llama de la falta
                                                                      79

personal y la falta de servicio. Se decía que la falta personal es
aquella que obedece a la mala fe o al desapego del funcionario
respecto al ordenamiento que rige en su conducta como
funcionario. En cambio, la falta de servicio es aquella explicable
aún con buenas intenciones de cumplir la ley por la falibilidad
humana.      Son    errores    excusables.     Posteriormente,   la
jurisprudencia evolucionó en Francia en un sentido cada vez más
práctico en la siguiente forma, se constató que en la práctica era
muy difícil establecer ese juego de distinciones. Se tendió cada
vez más a hacer al funcionario más responsable por lo que fuera
su conducta en el desempeño de las funciones en daño para el
tercero. En Francia se ha llegado a la conclusión de que casi
todas las faltas originan una acumulación de responsabilidades.
El funcionario que va a responder ante la Administración y va a
responder al particular. Nosotros hemos querido coger de toda
esa evolución lo que es sano. En principio, sano consiste en que
el funcionario sepa que no obstante que es funcionario debe tener
el mismo deber de prudencia y diligencia y respecto a los
derechos ajenos que el ciudadano común. No hay razón para que
se castigue con responsabilidad a un ciudadano común que le
causa un daño a otro, y no se castigue con igual responsabilidad a
un empleado público que imprudentemente, negligentemente, le
cause un daño a un particular. Todavía es más punible, nos
parece, este último, porque se supone que por su posición a tener
no sólo una conducta más ejemplar sino más controlada. El
término tal es que el que viola gravemente sus deberes del cargo,
en realidad comete una negligencia punible. Sin embargo, hemos
optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han
empleado siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos
jurídicos nuestros.     El dolo o culpa grave, que significa
efectivamente una culpa que ya está muy definida por los
Tribunales. Dependiendo de cada caso, es aquel caso en donde
o intencionalmente o corriéndose un riesgo, o con obvia
conciencia de que se están violando reglas elementales se causó
un daño, en esos casos nosotros consideramos que es moral y
además conveniente para el buen andamiento de la
Administración, desde el punto de vista y que crea cuidado y
responsabilidad en un funcionario y que este sea responsable
personalmente ante el particular por el daño que le causa. Aparte
de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener, este señor le
va a responder en primer término al ofendido por el daño que le
causó. En segundo término le va a responder a la Administración
si la Administración tiene que pagarle al particular. Por eso
hablamos de dolo o culpa grave. Lo que se podría llamar culpa
leve, culpa profesional o culpa habitual, esos descuidos explicable
en un funcionario, esos no se sancionan. Pero lo que es un
descuido grave, un olvido de las reglas elementales de prudencia
                                                                         80

 y en el desempeño de su cargo, eso es sancionado por la
 responsabilidad frente al administrado ofendido y frente a la
 Administración” (lo subrayado no está en el original).
       Por último, la Sala Constitucional en el voto #5891-95, sobre
 la responsabilidad objetiva del Poder Judicial, expresó:
 “En cuanto a la alegada inconstitucionalidad por omisión de los
 artículos 190, siguientes y concordantes de la Ley General de
 Administración Pública, que establecen la responsabilidad objetiva
 de la Administración Pública, por no consignar en forma expresa al
 Poder Judicial, de manera tal que la responsabilidad objetiva del
 Estado establecida en estas normas se refiera únicamente a actos
 y funciones administrativas, no pudiendo ser aplicables al Poder
 Judicial, en el tanto desarrolla el servicio público de la
 administración de justicia, la acción también resulta improcedente.
 La responsabilidad del Estado derivada del ejercicio de la función
 jurisdiccional debe regirse de conformidad con lo establecido en la
 propia Constitución Política y en la ley, según lo dispuesto en la
 Carta Fundamental en su artículo 154:
"El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la Ley, y
 las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le
 imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas
 por los preceptos legislativos."; de lo cual se derivan dos
 conclusiones básicas: 1.) En primer término, constituye un principio
 constitucional la responsabilidad directa del Estado en los casos de
 error judicial y funcionamiento anormal de la administración de
 justicia, la cual deriva precisamente de lo dispuesto concretamente
 en el artículo 9 constitucional, el cual dispone en lo que interesa:
"El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y
 responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes
 entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial."; en relación con los
 artículos 11, 33, 41 y 154 constitucionales, y que resulta congruente
 con los principios del Estado Social de Derecho, precisamente con
 el de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, el de
 seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
 Esta responsabilidad se justifica por el hecho de que la función de
 juzgar es manifestación de un Poder, uno de los tres del Estado, lo
 cual implica su condición de servicio público, de organización de
 medios materiales y personales destinados a la satisfacción de la
 demanda social de justicia. En este sentido, en un Estado de
 Derecho, tanto la función administrativa como la jurisdiccional
 constituyen modos de ejecución de la ley, y su única distinción
 consiste en los efectos; a los tribunales de justicia les corresponde
 la comprobación de los hechos y del derecho mediante fallos que
 poseen una fuerza especial, el valor jurídico propio que se llama
 "cosa juzgada", en virtud de la cual no puede ser modificada,
                                                                            81

discutida, retirada, retractada, sino únicamente mediante los
recursos establecidos en la ley; la decisión de la Administración no
tiene esta fuerza de verdad legal que se le reconoce a la cosa
juzgada. Debe tenerse en claro que son dos funciones distintas,
ambas responden a fines distintos; mientras que la función
administrativa está destinada a proveer a las necesidades de la
colectividad, la función jurisdiccional tiene por fin consolidar el orden
público con la solución de las diferencias y la sanción a las
violaciones de la ley; pero que, por igual están sujetas al régimen
de responsabilidad del Estado, por cuanto el daño causado por el
ejercicio de cualquiera de estas funciones es imputable a un acto
del Estado, y por lo tanto, susceptible de comprometer su
responsabilidad. En virtud de lo dispuesto en los transcritos
artículos 9 en relación con el 153 constitucionales, en consonancia
con el principio general de que "todo aquel que causa un agravio
debe repararlo", no podría eximirse de responsabilidad al Poder
Judicial por el "error judicial" en el ejercicio de la función
jurisdiccional. Cabe señalar que esta responsabilidad objetiva del
Estado resulta complemento de la responsabilidad civil, penal y
disciplinaria a que está sujeto el juez, pues éstas no resultan
suficientes para garantizar debidamente los intereses de los
justiciables, que por las dificultades para su exigencia, convierten en
una verdadera carrera de obstáculos la posible reclamación, y en la
mayoría de los casos, deja al margen y sin protección aquellas
situaciones en las que no es posible apreciar el dolo o culpa del
juzgador. La responsabilidad debe provenir de una conducta dolosa
o culposa del órgano jurisdiccional, constitutiva o no de delito
(responsabilidad por falta). 2.) Por otra parte, el modo de hacer
efectiva la responsabilidad del Estado por "las resoluciones que
dicten en los asuntos de su competencia" los jueces de la
República corresponde desarrollarla a la ley -según lo dispuesto en
el transcrito artículo 154 constitucional-, y es el inciso b.) del
artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, la norma legislativa que expresamente señala la
forma de hacer efectiva esa responsabilidad, ya que atribuye a esa
jurisdicción el conocimiento
"b.) De las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad
patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración
Pública; ...";
      Nótese que en esta norma se utiliza se utiliza el término
Estado en sentido amplio, comprendiendo con ello al Poder
Judicial, como uno de los tres Poderes que lo conforman, tanto por
la función administrativa como por la función jurisdiccional que
realice.
                                                                             82

        VIo.- La normativa impugnada únicamente será de aplicación
 al Poder Judicial en el tanto realice función administrativa. La Ley
 General de la Administración Pública delimita el ámbito de su
 aplicación a la Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en
 el artículo 1:
 "... estará constituida por el Estado y los demás entes públicos,
 cada uno con una personalidad jurídica y capacidad de derecho
 público y privado."
        En este sentido, la doctrina predominante, con acierto
 considera a la Administración Pública no desde el punto de vista
 material, subjetivo u objetivo, sino que la misma resulta
 caracterizada con base a la naturaleza interna del acto
 administrativo, con prescindencia de la índole del órgano o del
 agente productor; lo que hace definir una institución es la
 "substancia" de los actos respectivos, por lo cual, puede haber
 "administración no sólo en la actividad del Poder Ejecutivo, sino que
 también la hay en parte de la actividad del Legislativo y del Judicial;
 criterio adoptado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto la
 jurisdicción contencioso administrativa se aplica a:
"a.) El Poder Ejecutivo;
b.) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto realizan,
 excepcionalmente, función administrativa; y
 c.) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás
 entidades del Derecho Público." (Artículo 4 de la Ley Reguladora de
 la Jurisdicción Contencioso Administrativa.)
        En este sentido, la Administración puede ser definida como la
 actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a
 la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social
 (interés público) y de los individuos que lo integran. Esta función es
 distinta de la legislativa, la cual supone siempre la creación de una
 regla de derecho de carácter general y abstracta o de control
 político; y de la judicial, que consiste en la resolución de conflictos y
 en la satisfacción de pretensiones, cuyo fin esencial es la tutela o
 defensa de los derechos subjetivos en aplicación de la ley, y el
 control de la legalidad de la función pública, función que es
 encomendada al Poder Judicial -conformada por la Corte Suprema
 de Justicia y demás tribunales de justicia.
       VIIo.- De todo lo anterior, se deriva que la responsabilidad del
 Estado -Poder Judicial- por el ejercicio de la función jurisdiccional
 no puede regirse por las normas impugnadas, de donde resulta
 improcedente la impugnación de inconstitucionalidad de los
 artículos 190 y 201 y siguientes de la Ley General de la
 Administración Pública por omitir incluir la responsabilidad del
 Poder Judicial por el ejercicio de la función jurisdiccional. por cuanto
                                                                             83

    ella viene establecida y regulada en la propia Constitución Política,
    y para hacer efectivo su reclamo, debe acudirse a la vía
    contencioso administrativa, de conformidad con las normas
    supracitadas; por lo que no existe la alegada inconstitucionalidad
    por omisión, procediendo en consecuencia, el rechazo por el fondo
    de la acción en cuanto a este punto se refiere.” (lo subrayado no se
    encuentra en el original).
          Lo que desarrolla la Sala Constitucional en el voto transcrito
    puede resumirse en los siguientes puntos:
   La responsabilidad directa del Estado en los casos de error
    judicial y funcionamiento anormal de la administración de justicia
    se encuentra establecido como principio constitucional.
   En un Estado de Derecho la función administrativa y jurisdiccional
    son modos de ejecución de la ley y su única distinción consiste
    en los efectos; además, ambas responden a fines distintos. Sin
    embargo, por igual están sujetas al régimen de responsabilidad
    del Estado, por cuanto el daño causado por el ejercicio de
    cualquiera de estas funciones es imputable a un acto del Estado.
   Conforme a lo dispuesto por los artículos 9 y 153 de la
    Constitución Política, y según el principio general de que “todo
    aquel que cause un daño o agravio debe repararlo, no es posible
    eximir de responsabilidad al Poder Judicial por un “error judicial”.
   El modo de hacer efectiva la responsabilidad del Estado por
    resoluciones que dicten los jueces en los asuntos de su
    competencia”, corresponde desarrollarla a la ley, según el artículo
    154 constitucional.
   El inciso b) del artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
    Contencioso Administrativa, es la norma legislativa que señala
    expresamente la forma de hacer efectiva esa responsabilidad,
    atribuyendo a esa jurisdicción el conocimiento de las cuestiones
    que se susciten sobre la constitucionalidad patrimonial del Estado
    y demás entidades de la Administración Pública.
   La norma anterior utiliza el término Estado en un sentido amplio,
    comprendiendo con ello al Poder Judicial, actuando tanto en
    función administrativa como jurisdiccional.
   Por lo tanto, los particulares o administrados que se sientan
    afectados con una resolución emanada de un Juez de la
    República, para hacer efectivo su reclamo deben acudir a la vía
    contencioso administrativa.
    En virtud de todo lo expuesto, artículos de ley citados, y en estricto
    apego de lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto 5891-95,
    es claro que el ordenamiento jurídico no habilita mediante una
                                                                               84

        norma expresa (principio de legalidad) para que los reclamos
        provenientes de particulares o administrados que se sientan
        afectados por resoluciones judiciales, se resuelvan en sede
        administrativa.

              Así las cosas, dado que el reclamo que plantea (…) se
        sustenta en el funcionamiento anormal de la administración de
        justicia, debe acudir a la vía contencioso administrativa para hacer
        valer sus pretensiones. Por lo tanto, se recomienda el
        agotamiento de la vía administrativa para que el gestionante
        pueda cumplir con lo que establece el artículo 31 de la Ley de la
        Jurisdicción Contencioso Administrativa, requisito previo para
        admitir la acción.”
                                      --- o ---

      Con base en el anterior precedente administrativo, se acordó: Rechazar el

reclamo administrativo interpuesto por la señora Teresa Salinas Orozco, a quien

se hace saber que para hacer valer sus pretensiones, debe acudir a la jurisdicción

contencioso administrativa. Se da por agotada la vía administrativa.

                                   ARTÍCULO L

      La señora Lilliam Martínez Coto, Auxiliar Judicial 3-B del Juzgado Penal del

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en facsímil de 21 de noviembre en

curso, con el visto bueno de la Jueza Coordinadora de ese Despacho, manifiesta:

              “En fecha tres de mayo del año en curso, bajando un grupo
        de expedientes archivados del estante sentí en mi espalda un
        fuerte dolor y además aproximadamente dos meses antes me
        había caído de las gradas de este edificio y en ninguna de las dos
        ocasiones tuve ninguna molestia que me impidieran continuar con
        mi trabajo cotidiano. A los dos días aproximadamente de que
        sentí el malestar en mi espalda comencé con dolor en la misma e
        incluso no podía enderezarme completamente, por lo que recibí
        atención médica; pero el día ocho de mayo me trasladaron de
        emergencia al hospital de esta ciudad por un fuerte dolor en mi
        pierna derecha donde me tuvieron internada por espacio de siete
        días.
              Puse lo anterior en conocimiento del INS, donde recibí las
        atenciones del caso y se me diagnosticó dos hernias en la
        columna, debido al tamaño de las mismas me compresionó el
                                                                             85

       nervio ciático y se me corrió el disco.
             Fui operada el día diecinueve de agosto del año en curso y
       me dieron de alta el día dieciocho de noviembre del año en curso;
       es así como el diecinueve de ese mismo mes me incorporé a mis
       labores. La jefatura médica del INS remite a mi Jefe nota en la
       cual indica que la suscrita no debe realizar trabajos pesados y
       además que debe cumplir con las normas técnicas de salud
       ocupacional para el manejo adecuado de cargas.
             Lo anterior lo pongo en conocimiento de ustedes con el fin
       de que se me practique un estudio donde se indique hasta qué
       punto puedo o no realizar mis labores habituales, esto con el fin
       de poder proteger mi salud por la razón de que el médico me
       manifestó que las mismas con un mal movimiento o fuera se
       vuelven hacer. Quiero dejar claro, que no tengo ningún interés en
       que se me reubique, ni continuar incapacitada ni mucho menos
       buscar la pensión.
             El grupo de trabajo donde me encuentro es excelente y lo
       que busco es únicamente ver hasta donde me debo de proteger
       para evitarme un daño mayor.
             Las labores que realizo actualmente es atender una vez a
       la semana el público, tramitar expedientes que incluso algunos
       son poco pesados por lo voluminoso de su tamaño, bajar al primer
       piso a la oficina de los jueces a dejarles expedientes de las
       audiencias y buscar expedientes en archivo.
             Tengo compañeros muy comprensivos que me han estado
       ayudando para evitar estar bajando y subiendo las gradas, e
       incluso buscar expedientes en archivo pero me preocupa que se
       llegue el momento que ellos se indispongan por ello. Adjunto nota
       del INS CP-1491-2002 de fecha 7-11-2002 y de la que hice
       mención anteriormente.”
                                        -0-

      Previamente resolver lo que corresponda, se acordó: Remitir a la señora

Martínez Coto a valoración por parte del Departamento de Medicina Legal, para

que determine su estado actual de salud.

                                 ARTÍCULO LI

      El licenciado Juan Carlos Leal Vega, Administrador del Juzgado de Tránsito

del Segundo Circuito Judicial de San José, en oficio N° JTIICJSJ-106-02 de 19 de

noviembre en curso, comunica que a partir del 18 del presente mes, por decisión

del Consejo de Jueces, se designó como Coordinadora de ese despacho a la
                                                                                86

licenciada Ana Cecilia Salazar Quirós y como Juez Tramitadora a la licenciada

Susana Biolley Aymerich.

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación.

                                  ARTÍCULO LII

      El máster Martín Salazar Loaiza, Jefe de la Administración Regional de

Heredia, en oficio N° 820-UARH-02 de 21 de noviembre en curso, solicita

autorización para que se le paguen las horas extra al Auxiliar de Seguridad, Álvaro

Sandí Moya, el día 16 de noviembre de las 6:00 a las 14:00 horas y el 17 de este

mismo mes de las 14:00 a las 22:00 horas, por incapacidad del señor Rafael

Ángel Benavides Chavarría.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar el pago de horas extra al

servidor Sandí Moya, durante las fechas y horas señaladas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO LIII

      Los licenciados Damaris Vargas Vásquez, Alexandra Alvarado Paniagua,

Carlos Bolaños Céspedes, Antonio Darcia Carranza y Magda Díaz Bolaños,

Jueces del Tribunal Agrario, en nota de 26 de noviembre del año en curso,

expresan:

             “Nos complace informar que el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón,
        nos ha comunicado su intención de donar al Poder Judicial, en
        custodia del Tribunal Agrario una Colección de documentos,
        materiales y libros especializados en temas propios de esta
        materia.
             En razón de lo anterior solicitamos a ese Consejo aprobar la
        donación realizada por el Dr. Zeledón, autorizando se mantenga
        en nuestro Despacho. En vista de la necesidad de organizar el
        material, el manejo, acceso y sistema mediante el que va a operar
        la consulta, solicitamos a ese Consejo la asignación al Tribunal de
                                                                               87

       un supernumerario en forma temporal, a efecto de coadyuvar en
       esa labor operativa. Asimismo se giren instrucciones a la
       Biblioteca del Segundo Circuito Judicial de San José, para brindar
       la asesoría necesaria al Tribunal en cuanto a los aspectos
       técnicos que requiera este Proyecto y la elaboración del
       Reglamento respectivo.          Finalmente se instruya a la
       Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, para
       que destine los recursos necesarios, incluyendo estantería con
       llave, o la autorización a Servicios Generales para la confección
       de los muebles requeridos y una computadora en calidad de
       préstamo para ingresar toda la información y crear una base de
       datos compatible con el sistema utilizado por el Poder Judicial.
             En caso de autorizar esta gestión, solicitamos se permita la
       realización de un acto formal de entrega.          Oportunamente
       estaremos remitiendo el detalle del plan con los plazos de
       cumplimiento”.

      Se acordó: 1) Aceptar la donación a efectuar por el Magistrado Zeledón

al Poder Judicial de una colección de documentos y libros especializados en

Derecho Agrario, a quien se le agradece esa valiosa contribución en un campo

tan vasto como lo es el Derecho Agrario. 2) Se deniega la solicitud de ubicar

dicha colección en el Tribunal Agrario por no contar con las condiciones,

materiales, ni técnicas, para mantener dicha colección, así como de los limitados

recursos con que cuenta el Poder Judicial para llevar a cabo dicho proyecto en

una sola oficina. Con miras de aprovechar mejor los recursos institucionales, se

dispone ubicar esa colección en el área de biblioteca que se tiene acondicionada

en ese circuito, donde se cuenta con los recursos, materiales y humanos para

llevar a cabo el citado proyecto. 3) Se acoge la solicitud de realización de un

acto de entrega de dicha colección.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
                                                                               88

                                 ARTÍCULO LIV

      Mediante oficio N° 8515-DE-2002 de 20 de noviembre del año en curso, el

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, traslada la nota de 13 de los

corrientes, suscrita por el señor Eliécer Castro Mora, Chofer de la Administración

del Segundo Circuito Judicial de San José, quien, con el visto bueno de la

licenciada Ana Beatriz Méndez Alvarado, solicita se le traslade a una plaza de

Chofer de la Sección de Transportes Administrativos, dadas las condiciones de

salud que presenta.

      Asimismo se informa por parte de la Dirección, que en sesión celebrada el

pasado 29 de agosto, artículo LXXXIII, se remitió a valoración médica al señor

Castro Mora, por permanecer incapacitado por más de 90 días y que trasladando

a don Eliécer a otro puesto de chofer, es probable que sus dolencias no se vean

disminuidas en virtud de que ambos cargos demandan el mismo esfuerzo.

      Se acordó: Reservar la solicitud del señor Castro Mora, para cuando se

conozca del resultado de la valoración médica ordenada.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO LV

      En sesión celebrada el 1° de octubre del año en curso, artículo XLIII, al

conocer informe N° 729-278-AF-2002 de al Auditor Judicial, referente al manejo

de la cuenta “Proveeduría Judicial-Importaciones”, se acogieron las siguientes

recomendaciones dirigidas al Departamento Financiero Contable:

     1. Efectuar, en coordinación con el Departamento de Proveeduría,
        el estudio respectivo para determinar el origen de la diferencia
        entre lo depositado en la Cuenta Proveeduría Judicial
        Importaciones y el saldo que muestra a la fecha esa cuenta, de
                                                                               89

        manera que una vez identificada su naturaleza, se proceda a
        depositar la diferencia en la cuenta presupuestaria
        correspondiente.
     2. Llevar, en lo sucesivo, las anotaciones del saldo en el libro de
        control de la cuenta Proveeduría Judicial Importaciones, en tinta;
        así como los cierres mensuales, con el fin de fortalecer el control
        interno, disminuyendo la posibilidad de que puedan ser
        fácilmente alterados.
     3. Solicitar oportunamente al Banco, en caso de que no sean
        remitidos, los estados de cuenta, con el fin de preparar a más
        tardar quince días después de finalizado el mes, la conciliación
        bancaria, tal como lo requiere la norma 203.07 del Manual sobre
        Normas Técnicas de Control Interno para la Contraloría General
        de la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su
        Fiscalización, y fortalecer de esta manera el control interno.
     4. Incorporar en las conciliaciones bancarias que se preparen, la
        fecha de realización y la de revisión, con el propósito de verificar
        el cumplimiento de la norma de control interno antes mencionada.
     5. Mejorar, en la medida de lo posible, el tiempo que se tarda en
        efectuar el depósito de los recursos de la Cuenta de Presupuesto
        a la cuenta Proveeduría Judicial Importaciones, una vez que el
        Departamento de Proveeduría entrega debidamente refrendada
        por la Contraloría General de la República, la Orden de Compra y
        la Factura de Gobierno, con el fin de disminuir al mínimo posible
        las pérdidas por concepto de diferencial cambiario, ya que entre
        más se tarde en efectuar el depósito de los colones a la cuenta
        en dólares, más se pierde por la mini devaluación de la moneda
        que a diario aplica el Banco Central.
     6. Mejorar, en la medida de lo posible, el tiempo que se tarda en la
        emisión de los cheques de pago a proveedores, con el fin de
        reducir y mejorar el proceso de pago de las compras.
     7. Reducir, en la medida de lo posible, el tiempo de emisión de los
        cheques de las liquidaciones de los pedidos al exterior, con el
        propósito de mejorar la administración de esos recursos...”


      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio N°

8506-DE-2002 de 20 de noviembre del año en curso, remite el oficio N° 1949-T-

2002 de 6 de noviembre en curso, suscrito por el licenciado Walter Jiménez Sorio,

Jefe del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:
                                                                       90

       “En atención al oficio 7941-DE-2002 del 01 de Noviembre
del 2002, me permito informarle que la cuenta Proveeduría
Judicial- Importaciones en dólares, durante el último año ha
mantenido un saldo promedio de $ 191.497.63 tal como se
muestra en el anexo, sin embargo se puede observar como en los
últimos meses, el saldo ha disminuido hasta reflejar al 31 de
octubre del año en curso, un monto de $22.542.24.

       A partir de setiembre del presente año, a solicitud de este
Departamento, el Banco Nacional reconoce una tasa de interés
diferenciada sobre los saldos, de acuerdo a los siguientes rangos:

                         Monto                  Tasa
           Hasta $200.000.00                   0.50%
           De $200.001.00 hasta $500.000.00    0.75%
           De $500.001.00 en Adelante          1.00%


       Esta opción a la vista permite tener disponibilidad inmediata
de los recursos, sin embargo el Banco de Costa Rica ofrece las
Cuentas Platino en dólares, para cuya apertura se requiere un
monto mínimo inicial de $100.000.00. Una vez que se tiene la
Cuenta Platino, otorgan una tasa de interés del 3% sobre saldos
superiores a los $10.000.00. Esta opción es bastante atractiva
pues el interés es superior al que paga el Banco Nacional y se
pueden realizar traslados de fondos por medio de SINPE a dicho
Banco. No obstante, de acuerdo al saldo que se mantiene
actualmente, no es posible solicitar la apertura respectiva.
       La otra posibilidad es invertir los recursos en Certificados
de Depósito a Plazo en dólares, que actualmente ofrecen las
siguientes tasas de interés.

           Plazo      Banco de Costa Rica     Banco Nacional

       30 a 59 días          3.35%                3.00%
       60 a 89 días          3.35%                3.10%
       90 días               3.35%                3.25%
       120 días              3.50%                3.25%
       1 año                 4.50%                4.00%

       En este caso es necesario tomar en cuenta el riesgo que se
puede presentar ante una eventual aplicación de lo dispuesto en
la Ley 8299 de Reestructuración de la Deuda Pública. Asimismo
no permitiría tener disponibilidad inmediata de los recursos, para
dar contenido económico al pago de los compromisos del exterior
para lo cual se emiten en promedio cinco cheques al mes.
                                                                                  91



               Es importante mencionar que, según consulta realizada a
        funcionarios del área de Importaciones, de la Proveeduría Judicial,
        consideran que los recursos deben mantenerse a la vista, pues no
        es posible realizar una certera programación de los gastos, ya que
        cada compra al exterior es un caso particular y se requiere
        disponibilidad de los recursos, por cuanto al solicitar la emisión de
        una carta de crédito, los recursos deben estar disponibles en la
        cuenta corriente, debido a que el Banco realiza el débito por el
        100%. Además cuando se realizan compras a empresas como
        Cumbres Representaciones, Kalúa Corp. y Biología Molecular, la
        entrega es muy rápida, por lo que el pago también debe agilizarse.
        Es necesario indicar, según los mismos servidores, que los
        recursos se mantienen en el Banco Nacional, pues esta entidad le
        ofrece al Poder Judicial, una serie de ventajas en el momento de
        realizar los trámites operativos y las diferentes transacciones
        financieras a nivel internacional y local

               Por lo anteriormente expuesto, salvo mejor criterio, se
        podría realizar la apertura de la cuenta platino en el momento que
        el saldo de la cuenta lo permita y de acuerdo a la rapidez con que
        la Proveeduría Judicial requiera los recursos. En este momento es
        conveniente que se mantengan en la cuenta corriente en el Banco
        Nacional.”

       Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTÍCULO LVI

       El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio No. 8505-

DE-2002 de 20 de noviembre del año en curso, remite la nota No. 721-SALEM-

2002 de 12 de noviembre del año en curso, suscrito por el doctor Javier Sandoval

Leal, Jefe del Servicio de Salud para Empleados, en que adjunta el Informe Final

de   Ambiente    Laboral   del   Juzgado    Contravencional    de   Liberia,    cuyas

recomendaciones literalmente dicen:

        “RECOMENDACIONES

        A nivel de la Unidad de Atención Psicosocial
     1. Desarrollar con el personal un taller sobre “Trabajo en Equipo” con
        el objetivo de ofrecerles estrategias que coadyuven en el
                                                                           92

   mejoramiento del despacho en aspectos como comunicación,
   organización, cooperación y compromiso, entre otros.
2. Desarrollar con el personal, un taller sobre el manejo del estrés,
   con el fin de brindarles estrategias sanas de enfrentamiento.

   PROPUESTA DE TRATAMIENTO

1. Tema: Trabajo en equipo
   Objetivos: * Clarificar los componentes básicos que les facilite la
   integración de la oficina y les permita realizar el trabajo en un
   ambiente más cordial y eficiente.
   Número de sesiones: una.
   Tiempo: dos audiencias.
   Participantes: Todo el personal de apoyo
   Fecha: 19 de octubre

2. Tema: Manejo del Estrés
    Objetivos: * Identificar los estresores a nivel personal y las áreas
    de      alto y mediano riesgo en su salud que requieran ser
    atendidos.
       * Promover estrategias de enfrentamiento para el adecuado
    manejo del estrés.
    Número de sesiones: una.
    Tiempo: dos audiencias.
    Participantes: todo el personal de apoyo y un juez
    Fecha: 02 de noviembre

   ALCANCES
           El personal de apoyo del Juzgado consideró que las
   actividades realizadas por esta Unidad constituyeron un estímulo
   institucional al responder a algunas de sus necesidades.

          Durante     el  proceso     mostraron     compromiso    y
   responsabilidad, a la vez que plantearon algunos asuntos que
   requerían ser tratados con los tres jueces del despacho, quienes
   por diferentes motivos estuvieron ausentes en las sesiones de
   trabajo (con excepción de uno de ellos que asistió a parte de la
   segunda actividad).

         A partir de ello, las encargadas de este estudio efectuamos
   una reunión con los jueces el día 01 de noviembre con el
   propósito de exponerles algunos aspectos que según el grupo,
   podrían generar confusión a la hora de resolver. Asimismo, se les
   planteó la necesidad que tiene el personal de recibir
   reconocimiento, ya que esto los motivaría y podría redundar en su
   desempeño laboral. Acordaron que se reunirán con los servidores
   del despacho para clarificar lo anteriormente expuesto.
                                                                             93



              En conclusión, si bien el abordaje psicosocial efectuado
       contribuye en alguna medida a que el personal logre sobrellevar
       algunas situaciones, consideramos fundamental que se analicen
       y atiendan de acuerdo a las posibilidades institucionales, las
       siguientes recomendaciones con el fin de solucionar de forma
       permanente los múltiples problemas que enfrenta este Juzgado:

       A nivel administrativo:

    1. Que las instancias correspondientes del Poder Judicial estudien la
       posibilidad de reubicar a este despacho en instalaciones más
       adecuadas que favorezcan tanto al empleado como al usuario.
    2. Es urgente dotar a este despacho con dos manifestadores pues
       esto mejorará la atención al público y la labor de proveído.
    3. Considerar con carácter de urgencia el llevar a cabo un proceso
       de especialización en este Juzgado.
    4. Analizar la posibilidad de crear una Oficina Centralizada de
       Notificaciones (OCN), con el fin de agilizar el trámite de las
       mismas.
    5. Mantener la jornada vespertina ya que en alguna medida favorece
       la tramitación que realiza este despacho.
    6. Dotar de un fichero electrónico al despacho para mejorar la
       atención al usuario. Esta gestión se efectuó ante la Dirección
       Ejecutiva mediante oficio 207-UAP-2002 del 23 de setiembre.
    7. Que el Departamento de Servicios Generales reconsidere la
       instalación de una mampara que divida el mostrador de atención
       al público del área de proveído.

       A nivel de los jueces del despacho:
    1. Efectuar reuniones al menos una vez al mes con el personal
       donde aborden cuestiones laborales y de motivación.

       A nivel del personal auxiliar:
    1. Buscar estrategias que les permitan establecer y mantener el
       orden de los expedientes.
    2. Mejorar y mantener las relaciones interpersonales de manera que
       logren un verdadero trabajo en equipo caracterizado por el respeto
       y la colaboración.
    3. Establecer canales de comunicación más asertivos con los jueces.”

    Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutiva, que el fichero

electrónico se está adquiriendo por parte del Departamento de Proveeduría.
                                                                              94

      Se acordó: 1)     Tener por rendido el informe anterior y por hechas las

manifestaciones del licenciado Jones León. 2) Denegar las recomendaciones 1 y

7 (a nivel administrativo) del presente informe, por cuanto no se cuenta con los

recursos de orden presupuestario para poder reubicar dicho Despacho en otro

local. Por otro lado, la instalación de una mampara vendría a reducir aún más el

espacio con que cuenta esa oficina.       3)   Comisionar al Departamento de

Planificación para que analice la viabilidad de que en la jornada vespertina

instaurada en ese Juzgado, se pueda atender por exclusividad la materia de

tránsito y en la jornada diurna las materias de pensiones alimentarias y

contravenciones. 4) La Unidad de Atención Psicosocial, los señores jueces y

auxiliares judiciales del mencionado Juzgado, tomarán nota para lo de sus cargos.

                                ARTÍCULO LVII

      El licenciado Luis Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría,

en oficio N° 8365-DP/25-02 de 22 de noviembre en curso, somete a conocimiento

de este Consejo la nota suscrita por los señores Geovanni Sánchez Monge y Eric

Núñez, por su orden, Gerente Comercial y Gerente de Producto de la empresa

Siemens S.A., mediante la cual indican que su representada no participó en la

Contratación Directa N° 560-2002 que promovió ese Departamento para la

adquisición de dos teléfonos para línea digitales ISDN, debido a que la casa

matriz en Alemania ya no produce dichos teléfonos, sin embargo, se realizaron

gestiones para obtener las dos unidades que la institución requería, obteniendo

resultados positivos, por lo que ahora se ofrecen obsequiar dichos teléfonos al
                                                                                 95

Poder Judicial, equipo que estima el Jefe de la Sección de Telemática, son de

gran utilidad para la institución.

       De conformidad con lo que establece el artículo 104.3 del Reglamento

General de Contratación Administrativa, se acordó: Rechazar el ofrecimiento de

obsequio que realiza la empresa Siemens S.A., a quien se le agradece dicho

gesto, sin embargo, por ser de gran utilidad para el Poder Judicial el contar con

dichos equipos, según la recomendación técnica, se solicita a dicha empresa

cotizar el valor de los dos teléfonos, para proceder a su adquisición.

                                     ARTÍCULO LVIII

       El licenciado Luis A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de

Proveeduría, con oficio N° 8304-DP/02-02 recibido el 22 de este mes, adjunta

ejemplar del proyecto del pliego de condiciones del anteproyecto de licitación por

registro relativa a la “Contratación de Servicios de Mantenimiento Correctivo para

Microcomputadoras e Impresoras”, el cual fue enviado a la Sección de Asesoría

Legal de la Dirección Ejecutiva, lo que se pronunció por oficio N° 1596-DE/AL-02

de 18 de este mes.

       Vista la comunicación anterior y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9 y 10 y 11 del Reglamento General de

la licitación por registro, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos de

contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación por registro, documento que también se aprueba.

Finalidad pública:
                                                                              96

      Minimizar los tiempos caídos de los equipos de cómputo propiedad del
      Poder Judicial, que se encuentran ubicados en distintos Despachos,
      aplicando para ello el mantenimiento correctivo.
Antecedentes Previos:

      Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el
      10 de agosto de 2000, artículo LXII, se adjudicó parcialmente la licitación
      pública Nº 63-2000, a las empresas Servicios Electrónicos Profesionales
      S.A., y Consorcio de Exportación e Importación S.A.

      Más adelante, el Consejo Superior en sesión celebrada el 13 de febrero de
      2001, artículo LXXXVII, con ocasión de un proceso de readjudicación,
      declaró desiertas las líneas 1 y 2 de la referida licitación, conservándose
      únicamente la adjudicación a favor de Servicios Electrónicos Profesionales
      S.A.

      En sesión del 14 de este mes, el Consejo Superior, resolvió el contrato con
      la empresa Servicios Electrónicos Profesionales S.A.; así las cosas,
      procede celebrar la correspondiente licitación con todas las líneas que
      inicialmente se fijaron en el concurso público 63-2000.

Disponibilidad presupuestaria:
      A través de la Reserva de Crédito Especial Nº 101511, con cargo al
      programa 800, sub partida 172, Centro de Responsabilidad 19, se están
      separando ¢3.000.000,00, para atender la contratación de interés en
      cuanto al remanente del período presupuestario del año 2002.
Inclusión del renglón en el Programa de Adquisiciones:
      En el Programa de Adquisiciones publicado en el diario oficial “La Gaceta”,
      Nº 241, el día 14 de diciembre de 2001, bajo el ítem número 09, se prevé el
      concepto de “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de
      Oficina”, donde se enmarca este proyecto.
Unidad administrativa a cargo del procedimiento y capacidad operativa:
      Conforme lo establecido en los artículos 105 y 106 de la ley de
      Contratación Administrativa, 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de Compras
      del Poder Judicial, corresponde al Departamento de Proveeduría tramitar el
      procedimiento, a través de la Sección de Contratación Administrativa,
      efectuar los actos de comunicación que correspondan y a su vez custodiar
      el expediente de rigor. Esta última Sección cuenta con operadores en la
      materia de contratación administrativa para llevar a cabo el procedimiento,
      que incluye el proporcionar o coordinar la obtención de la información que
      resulte necesaria.
Recursos humanos y materiales para verificar la correcta ejecución del
contrato:
                                                                                   97



      El personal de la Unidad de Control del Departamento de Proveeduría y la
      Sección Apoyo a la Gestión Informática del Departamento de Tecnología
      de Información, dispondrán de los recursos necesarios para verificar la
      correcta ejecución del objeto contractual así como las demás obligaciones
      inherentes a la misma. La última Sección verificará también el ajuste
      sustancial del servicio a contratar contra las especificaciones técnicas
      definidas previamente por la Administración...”

        El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo.

   ACUERDO FIRME.

                                  ARTÍCULO LIX

        Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que en

sesión celebrada el pasado 29 de octubre, artículo LXI, se autorizó la realización

de varios trabajos en la oficina del Magistrado Jinesta, entre ellos, la colocación de

papel tapiz en las paredes del servicio sanitario, sin embargo, se está gestionando

por parte del Departamento de Servicios Generales, autorización para sustituir el

papel tapiz por enchape en azulejo, con un costo aproximado de ¢171.000.00

(ciento sesenta y un mil colones exactos), por lo que somete lo anterior a

conocimiento de este Consejo, en acatamiento a la norma de ejecución

presupuestaria del Poder Judicial N° 11.

        Se acordó:     Denegar la solicitud anterior, en razón de las limitaciones

presupuestarias que atraviesa este Poder de la República.

                                   ARTÍCULO LX

      En sesión celebrada el 13 de agosto del año en curso, artículo XXI, se

concedió permiso con goce de salario para que un servidor del Departamento de

Tecnología de Información, asistiera al seminario que impartiría la empresa IDNET

S.A., en el Ministerio de Seguridad Pública, los días 21 y 22 de ese mes, en que
                                                                               98

se realizaría una demostración de los diferentes sistemas informáticos que ofrece

esa entidad.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 8454-DE-

2002 de 19 de noviembre en curso, informa que lamentablemente no fue posible

asistir en las fechas indicadas al seminario ofrecido por la empresa IDNET S.A.,

pero sí se hizo efectivo en el seminario realizado el 31 de octubre último, por lo

que adjunta informe N° 438-I-2002 de 14 de noviembre en curso, emitido por el

Departamento de Tecnología de Información, que literalmente dice:

             “En concordancia con oficio 7762-DE-2002 de la Dirección a
       su cargo en el que solicita un informe sobre la participación en el
       seminario organizado por la empresa IDNET S.A.; transcribo lo
       indicado por la Licda. Kattia Morales Navarro, asistente al
       seminario, en nota TI-PGD-423-2002 que en lo que interesa dice:

     En la presentación se mostraron los sistemas desarrollados por la
       empresa Mexicana BTS (Bufete de Tecnología y Soluciones
       Avanzadas, S.C.). La misma presenta soluciones interesantes
       para el Registro Civil, Registro Público, Manejo de imágenes con
       datos estructurados y Justicia (incluye Centros Penitenciarios,
       Sistema Policial, Sistema de Control de Procesos Judiciales).

     De las soluciones vistas, a mi parecer cuentan con herramientas
       convenientes para el Organismo de Investigación Judicial, incluso
       ya se está implantado un sistema de ficha policial en el Ministerio
       de Seguridad Pública, mismo que mediante algún tipo de convenio
       sería conveniente para el O.I.J contar con el acceso al mismo e
       incluso que este Organismo lo pudiera utilizar para llevar las fichas
       de criminales; este incluye datos estructurados e imágenes de las
       fotos y huellas dactilares, además se proveen mecanismos para
       búsquedas por patrones biométricos, entre otras funcionalidades.

     Una solución interesante es la del control         Electrónico de
       Documentos, la cual digitaliza los documentos y los incorpora en
       la base de datos junto con datos estructurados, pareciera mostrar
       una posible solución para la Oficina de Recepción y Distribución
       de Documentos.

     En cuanto a la solución para justicia, propiamente en lo que
                                                                       99

respecta al Sistema de Control de Procesos Judiciales, me
parece que se presenta una solución atractiva pero no integral
desde nuestra óptica de Gestión – Recepción de Documentos-
Oficina de notificaciones, ni vertical bajo el concepto de
itineración entre despachos y manejo de legajos.
En la solución se manejan varios conceptos incorporados en el
Sistema de Gestión de Despachos Judiciales con que contamos
actualmente, y expone algún nuevo concepto interesante de
evaluar, como por ejemplo la asignación a cada expediente del
grado de confidencialidad.
Considero que a la fecha el Sistema de Gestión presenta mucho
más funcionalidades propias del Poder Judicial de Costa Rica,
que las ofrecidas por la empresa BTS, como por ejemplo la
tramitación masiva, facilidades de cambios de ubicación,
especificidades para la materia de tránsito, itineración, apoyo a la
decisión, capacidad de incorporar documentos no realizados en el
procesador de textos de la aplicación, entre otras. Sin embargo, si
se presentan algunas ideas interesantes como el manejo de
imágenes y voz en la base de datos, asociados directamente al
expediente o a las partes (Fotos, declaraciones, evidencias,
videos, etc.), la incorporación de alarmas de vencimiento de
plazos o rezago de expedientes, procesos automáticos para los
abandonados o las prescripciones, procesador de palabras
completamente integrado al sistema, asociación de causas de un
mismo actor, evidencia, objeto etc.; y el control de la
confidencialidad de los expedientes

La solución se encuentra desarrollada en Powerd Builder y utiliza
como Motor de Base de Datos con Oracle, Sybase, SQL, Server
e Informix. Como parte de la solución que ellos plantean es la
adaptación a la medida de los sistemas, la implantación de los
mismos, la entrega de todos los códigos fuentes, a excepción de
los componentes de terceros y la capacitación en el código fuente.

Algo interesante es que esta misma solución es la que aplica para
el Ministerio Público y para la Defensa, punto muy importante ya
que refuerza mi tesis de que en el segundo préstamo con el BID
no deberíamos pensar en contratar de cero los sistemas de la
Defensa Pública y el Ministerio Público ya que al final de cuentas
estos también son sistemas de Gestión, lo pertinente es analizar
detalladamente que es lo que no se adapta del Sistema Actual y
corregirlo o adaptarlo.”

      De lo expuesto en el informe rendido por la Licda. Morales
Navarro, un elemento importante a considerar, es que la
                                                                              100

        plataforma tecnológica que la empresa emplea no corresponde
        con los estándares utilizados en el Poder Judicial.
                                        ----

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y hacerlo del conocimiento de

la Unidad Ejecutora Corte-BID.

                                    ARTÍCULO LXI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio No. 8556-

DE-2002 de 21 de noviembre del año en curso, remite la nota N° 2006-SG/AI-

2002 de 18 de este mes, suscrito por el ingeniero Tobías Mena Aguilar, Jefe del

Departamento de Servicios Generales, en que solicita autorización para que

personal de ese Departamento realice un convivio en las instalaciones de ANIC

para el día 6 de diciembre próximo, a partir de las 14:00 horas. Asimismo indica

que en esa oficina estará una persona a cargo de reportar en caso necesario

alguna emergencia que deban atender.

      Sobre el particular, el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

manifiesta que en la presente actividad, se dará una charla de motivación, por

parte de un especialista en la materia.

      Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones anteriores y autorizar al

Departamento de Servicios Generales, a realizar dicho convivio, siempre y cuando

no se afecte el servicio público.

                                    ARTÍCULO LXII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 8557-DE-

2002 de 21 de este mes, remite la nota N° 1175-FJP-02 de 8 de noviembre en

curso del Departamento Financiero Contable, en que remite informe sobre el
                                                                                         101

arqueo de títulos valores del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial y otras dependencias administrativas, que literalmente dice:

                “Para su estimable conocimiento nos permitimos indicar, que
           el señor Miguel Ovares Chavarría, y el Lic. David Jiménez Carpio,
           en coordinación con personeros del Puesto de Bolsa, realizaron el
           arqueo de títulos valores del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
           del Poder Judicial y otras dependencias administrativas, en el
           Banco de Costa Rica, a finales del mes de setiembre; así como
           también en el Puesto de Bolsa de INS Bancrédito Valores Puesto
           de Bolsa S.A. y la Central de Valores, en octubre del presente
           año.

                 Al respecto, después de realizar la evaluación
           correspondiente, en la que se verificó físicamente cada uno de los
           títulos valores y su descripción, tal como beneficiario, emisor,
           fecha de emisión y vencimiento, entre otras cosas, se obtuvo en
           términos generales resultados satisfactorios, puesto que se
           localizaron cada uno de los títulos valores existentes, y las
           anotaciones en cuenta electrónica, conforme a la información
           según nuestros registros contables.

                 Aunado a lo referido, en la Central de Valores del Puesto de
           Bolsa de INS Bancrédito Valores se revisaron los macrotítulos
           correspondientes, constatando a través de la “Constancia de
           Certificado de Custodia no Negociable”, la participación
           proporcional del supracitado Fondo en el monto total de cada
           título valor, del cual se verificó su existencia física. Bajo esta
           modalidad de colocación bursátil, existe del portafolio total de
           inversiones, un total de ¢5.641.928.290.70. 7

                En este sentido, a continuación se describe la distribución de
           recursos monetarios en colones y dólares, según la dependencia
           administrativa, y por tipo de instrumento financiero:

                 Descripción                            Colones                Dólares

Fondo de Jubilaciones y Pensiones:

Títulos Cero Cupón:

Bonos de Estabilización Monetaria               ¢    1.105.086.314.38
Títulos de Propiedad Deuda Interna                  29.079.498.783.39

7
    Se conforma de ¢925.408.071.28, en Bonos de estabilización Monetaria y ¢4.716.520.219.42
                                                                                 102

               Descripción                       Colones              Dólares


Convenios de Vivienda- Banco de C.R.               26.129.771.33
Título de intereses Ajustable Tasa             31.487.726.285.40
Básica
Certificados de depósito a plazo
(C.D.P.) del Banco de Costa Rica                                   $
                                                                   358.900.00
Certificados de depósito a plazo (C.D.P)
Banco Nacional de Costa Rica                                                5.
                                                                   750.00
Títulos de Propiedad         - Tasa Fija
dólares                                                            34.394.003.76

Totales                                    ¢   61.698.441.154.50 $
                                                                 34.758.653.76

Cuenta Corte Suprema de Justicia,
artículo 237
Cuenta 190090-1:

 Títulos Cero Cupón:
    - Bonos       de     Estabilización ¢        490.360.424.61
        Monetaria                                386.324.554.26
    - Títulos de Propiedad Deuda
        Interna
Certificados de depósito a plazo
(C.D.P.) del Banco de Costa Rica                                   $
                                                                   31.600.68

Cuenta 213665-1:
Títulos de Propiedad Deuda Interna                14.508.825.75
Totales                                    ¢     891.193.804.60 $
                                                                31.600.68

               Sobre el particular, es preciso indicar que a un tipo de
          cambio de ¢372.00 cada dólar, el total en moneda extranjera que
          mantiene dicho Fondo alcanza un valor de ¢12.860.701.891.20;
          por lo que el monto total de la cartera de inversiones ronda los
          ¢75.000 millones de colones.

               No obstante, la Cuenta Artículo 237 tiene un monto cercano
          a los ¢900 millones, recursos que conforme transcurra su
          vencimiento se trasladan a la Sección de Ingresos y Egresos
          Judiciales, puesto que no son activos financieros del referido
                                                                              103

        Fondo.

              Por otra parte, cabe indicar, que existen algunos títulos
        valores y sus cupones correspondientes, a favor del Fondo de
        Jubilaciones y Pensiones, los cuales en su oportunidad no se les
        consignó la leyenda de “Exento del impuesto de renta”, situación
        que se hizo del conocimiento al Banco de Costa Rica mediante
        Oficio número 1349-02, del 8 de los corrientes (copia adjunta).

        Lo anterior, a fin de que al momento de su cancelación, no se les
        aplique la deducción del citado tributo, siendo que este Fondo por
        Ley se encuentra exento de este tipo de retenciones.”

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                 ARTÍCULO LXIII

      En sesión celebrada el 31 de julio del año en curso, artículo XXVII, se

aprobó el pago de vacaciones proporcionales a nombre del servidor Carlos

Agüero Bolaños, por la suma de ¢10.104.60, correspondiente al período del 1° de

junio de 1999 al 30 de abril del 2000.

      El licenciado Wálter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, en oficio N° 1210-GP-2002 de 18 de noviembre en curso, con el visto

bueno del Director Ejecutivo, comunica “…que en dicho informe se contempla, un

monto de ¢10.104.60 como neto a pagar, siendo lo correcto la suma de

¢8.557.20; situación por la cual, se envió una nota al Departamento de Personal, y

el día 15 de noviembre del presente año, se recibe un correo electrónico en donde

la señora Silvia Cascante Rueda, de la Sección de Derechos Laborales del

Departamento de Personal, indica la modificación respectiva del monto neto a

pagar. Con la finalidad de agilizar el proceso y no causar ningún perjuicio al

mismo, este Departamento procedió al trámite de la planilla N° 488CO2, con la

suma reportada por la señora Cascante Rueda mediante correo electrónico…”
                                                                               104

      Se acordó: Acoger el anterior informe y modificar el acuerdo de la sesión

celebrada el 1° de junio anterior, artículo XXVII, en la forma indicada.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para

lo de sus cargos.

                                  ARTÍCULO LXIV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 8558-DE-

2002 de 21 de noviembre en curso, somete a consideración de este Consejo el

oficio N° 1247-UARP-2002 de 19 de los corrientes, mediante el cual el licenciado

Wilberth Kidd Alvarado, Jefe interino de la Unidad Administrativa Regional de

Puntarenas, solicita autorización para que el obrero de mantenimiento asignado a

esa Unidad labore del 6 al 10 de enero del 2003, con el fin de que realice labores

de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico del Edificio de Tribunales y

Casa de Huéspedes de San Mateo.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar al obrero especializado

asignado a la Unidad Administrativa Regional de Puntarenas, para que labore en

las fechas mencionadas, por lo que posteriormente disfrutará sus vacaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                  ARTÍCULO LXV

      Este Consejo, en sesión del 2 de julio de este año, Artículo V, con vista de

las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el Departamento de

Personal, acordó aprobar en propiedad el nombramiento de la Licenciada en

Sociología Nora María Quirós Carvajal en el cargo de “Jefe Administrativo 4”, a
                                                                                105

cargo de la Jefatura de la Sección de Clasificación y Valoración de Puestos del

Departamento dicho. Todo, en ejecución del Concurso N°004-2002, promovido

por el Poder Judicial.

      Mediante oficio N° F-207-2002, la Fiscalía del Colegio de Profesionales en

Ciencias Económicas solicitó al Departamento de Personal información sobre el

nombramiento de la Licenciada Nora Quirós Carvajal, lo cual fue debidamente

atendido mediante el oficio N° JP-453 del 17 de julio del año en curso, suscrito por

el Licenciado José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento.          En esa

respuesta, el Licenciado Bermúdez hace alusión a los votos N°s 3409-92 y 0908-

93 de la Sala Constitucional de esta Corte, a cuyo tenor la actividad de Recursos

Humanos es interdisciplinaria e incluye, entre las ciencias que concurren a su

correcto desempeño, la Sociología, así como al Voto N° 0211-97 de ese Tribunal,

en que se reprocha a la Fiscalía en cuestión actuaciones excesivas y reñidas con

la Constitución, así como perturbadora de legítimos derechos. También se puso

de manifiesto que el ingreso de la Licenciada Quirós Carvajal al Poder Judicial en

puestos profesionales dentro del área de los Recursos        Humanos se produjo

antes de la promulgación de la Ley N° 7105 de 31 de octubre de 1988, en que se

funda la Fiscalía, y cuyo artículo 17 fue declarado inconstitucional.   Por último,

que la propia Sala Constitucional estableció que las personas que estuvieren

sirviendo esos cargos sin pertenecer al Colegio referido conservarían el derecho

de no sólo seguir ocupándolos sino también el de ascender a otros puestos,

siempre que reunieran los requisitos de idoneidad necesarios. De manera que,

por las razones expuestas y otras de índole constitucional y legal, consideró que

el nombramiento estuvo bien hecho y tiene respaldo en el Ordenamiento que le es
                                                                                 106

aplicable.

       Por su parte, la Fiscalía de comentario, en oficio N° F-387-2002 del 3 de

octubre último, manifiesta que “ha cuestionado el nombramiento de la Licda

Quirós Carvajal, por considerar que no se cumplen los requisitos profesionales ni

de incorporación al Colegio respectivo, en este caso el nuestro”. Agrega que fue

recibido un oficio del 8 de agosto anterior suscrito por el Licenciado Francisco

Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, “en el cual a manera de

justificar (sic) el nombramiento se refiere a ciertos contenidos jurídicos que no

coinciden con el criterio de esta Fiscalía”, que entra a analizar de seguido.

Comienza por insertar lo que califica de “comentario” sobre la circunstancia de

que, según su decir, es usual encontrar profesionales sirviendo cargos que por la

naturaleza de las funciones asignadas no guardan ninguna relación con la

formación académica de la personal que lo está desempeñando.              Que tales

servidores, “al no estar facultados para ello, evidencian un ilícito por violación al

ejercicio profesional” (sic).

       En oficio 742-JP-2002 del 15 de octubre del 2002, remite la discusión al

Consejo Superior, reiterando lo expresado en el oficio del 08-08-2002 en que

resaltó que de conformidad con el artículo 67 de la L.O.P.J. es el Consejo

Superior del Poder Judicial quien como órgano subordinado de la Corte Plena,

ejerce la administración de este Poder, y que en uso de sus atribuciones conferida

por la Ley citada, artículo 8), inciso 7), aprobó la designación de marras, por lo

que cualquier gestión adicional deberá realizarse ante dicho órgano como superior

jerárquico. Conforme a lo expuesto. La posición que ha sostenido el Colegio de

Profesionales en Ciencias Económicas se ha fundado sobre la base de una norma
                                                                                107

declarada inconstitucional. El Consejo Superior, con la potestad que le confiere la

ley, aprobó el nombramiento de la licenciada Nora Quirós Carvajal, la que adquirió

los derechos que el acto administrativo le confiere. Por las razones expuestas se

declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto.

                                 ARTÍCULO LXVI

      Por resolución de las diez horas del veintinueve de octubre del dos mil dos,

la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, dictó resolución en la causa que se sigue

contra el Auxiliar Ejecutor Guido Rodríguez Rodríguez, por queja interpuesta por

el Señor Juan Carlos Chaves Venegas, quien cuestiona la designación de

Depositario Judicial que efectuara el citado servidor; alega el quejoso,

irregularidades cometidas por el acusado, las cuales fueron ampliamente

analizadas por la Dirección Ejecutiva, en la resolución que se impugna, en la que

ordenó el archivo de las diligencias, por no haber cometido el auxiliar ejecutor,

falta alguna en el desempeño de su función.

      Contra la citada resolución, interpone el quejoso, Recurso de Apelación, del

que Conoce este Consejo y, luego del estudio de los autos, así como del libelo de

impugnación, concluye que, no le asiste razón al recurrente; en el procedimiento

de designación de Depositario Judicial, realizado por el señor Rodríguez, tal como

lo resuelve el A Quo, no se cometió falta alguna por el funcionario denunciado, el

que actuó dentro de sus facultades legales, en consecuencia la resolución que se

recurre, tal como se resolvió en el Recurso de Revocatoria, obedece a             la

derivación lógica de los elementos de prueba allegados a los autos y se encuentra

ajustada a derecho. En razón de lo expuesto, se acuerda: declarar sin lugar el
                                                                               108

recurso interpuesto y confirmar en todos los extremos la resolución recurrida.

Notifíquese.

                                ARTÍCULO LXVII

      En sesión celebrada el 26 de noviembre del año en curso, artículo XVI, se

concedió permiso sin goce de salario al licenciado Ronald Cortés Coto, Juez del

Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José, del 26 al 29 de noviembre en

curso, para que participara en el proceso de capacitación de los Magistrados,

Jueces y Secretarios de cara a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal

en Nicaragua.

      El licenciado Ronald Cortés Coto, Juez del Tribunal del Primer Circuito

Judicial de San José, con el visto bueno de la licenciada Elizabeth Tossi Vega,

Coordinadora del mencionado Tribunal, en nota de 26 de noviembre del año en

curso, comunica que “...en virtud de que se me informó del permiso hasta eso de

las once de la mañana, debo indicar que el día de hoy 26 de noviembre he

laborado normalmente en el Tribunal, incluso había dictado ya resoluciones en la

mañana y continué dictando otras en horas de la tarde.        Es hasta el día de

mañana que tomaré el permiso sin goce de sueldo concedido, de allí que solicito

se modifique el acuerdo citado en el sentido de que el permiso rige del 27 al 29 de

noviembre en curso con el fin de que no se me rebaje el día 26”.

      Se acordó:     Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, modificar el

acuerdo tomado en la sesión celebrada el 26 de noviembre en curso, artículo XVI,

en los términos expuestos.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.
                                                                                109

                                ARTÍCULO LXVIII

      Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que en sesión

de Corte Plena celebrada el 5 de agosto del año en curso, artículo XI, se dispuso

autorizar al Circuito Judicial de Heredia para que aplicara el Reglamento de

Notificaciones y Comunicaciones por Medios Electrónicos, por contar ese Circuito

con las condiciones idóneas para el funcionamiento de ese sistema.

      Agrega que en sesión celebrada el 1° de octubre último, artículo LXX, se

conoció nota de la licenciada Leda Méndez Vargas, Fiscal Adjunta de Heredia, en

que daba a conocer de una serie de inconvenientes que se le presentaba a esa

Fiscalía con las notificaciones por medios electrónicos, por lo que solicitaba que

las notificaciones fueran realizadas en el despacho y no por medio electrónicos.

      Sobre el particular, se dispuso, entre otros asuntos: “...2) Solicitar al Lic.

Luis Jiménez Fallas que esté atento a solventar cualquier problema de recepción

de notificaciones por correo electrónico suscitado en la Fiscalía de Heredia. 3)

Agradecer a la Licda. Méndez Vargas la colaboración que preste, en procura de

lograr la aplicación en la Fiscalía de Heredia del Reglamento de Notificaciones y

Comunicaciones por Medios Electrónicos, según lo dispuesto por la Corte Plena

en sesión del 5 de agosto recién pasado, artículo XI”.

      Manifiesta que con fecha 27 de noviembre del año en curso, recibió correo

electrónico de la licenciada Kattia Morales Navarro, Encargada del Equipo

contraparte del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, en que le informó

de la reunión sostenida con todos los despachos del Circuito Judicial de Heredia,

quienes se encuentran anuentes a iniciar nuevamente la utilización de dicho
                                                                                110

sistema, sin embargo, no se contó con la presencia de la Fiscalía, por lo que

procedió a conversar por la licenciada Leda Méndez Vargas, comunicándole

“...que ellos enviaron otro oficio y están a la espera de la respuesta y que ella le

avisa...”.

       Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del señor Director

Ejecutivo. 2) Reiterar a la licenciada Leda Méndez Vargas, el acuerdo tomado en

la sesión celebrada el 1° de octubre último, artículo LXX, el que debe ser acatado

a la brevedad.

                                 ARTÍCULO LXIX

         La licenciada Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Cobro

Administrativo con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, mediante oficio N° 8567-DE/CA-02 (Expediente Administrativo 111-R-02

(C) del 21 de noviembre del año en curso, remite informe del reclamo económico

interpuesto por los señores Peter André García y Ney Gerardo Porras Piedra,

Presidente y Secretario de “Servicios de Seguridad Moore & Stahl Sociedad

Anónima”, con motivo del decomiso del arma marca Smith & Wesson, calibre

nueve milímetros, modelo 39-2, número A-657.976, en causa penal No. 00-2347-

171-FC, en lo que interesa literalmente dice:

                    “...1.- Que por decomiso del arma de fuego marca
         Smith & Wesson, serie A-657.976, modelo 39-2, con cargador S&M
         y ocho proyectiles marca SPEER Luger 9 mm., en fecha 10 de junio
         del año dos mil, se inició causa penal número 00-002347-171-FC
         en el Juzgado Contravencional del II Circuito Judicial de San José
         contra Douglas David Contreras Duarte en perjuicio de Filiberto
         Palacios González.

                   2.- Que mediante escrito del 11 de julio del 2002 los
         Señores Peter André García, cédula de identidad No. 1-563-188 y
                                                                             111

     Ney Gerardo Porras Piedra, cédula de identidad No. 1-593-500, en
     calidad de Presidente y Secretario respectivamente, actuando en
     forma conjunta con facultades de apoderados generalísimos sin
     límite de suma de “SERVICIOS DE SEGURIDAD MOORE &
     STAHL SOCIEDAD ANÓNIMA”, cédula jurídica No. 3-101-166483,
     solicitan ante la Administración del II Circuito Judicial de San José
     la devolución del arma descrita que fuera decomisada en la causa
     penal antes dicha, aportando factura proforma de la Armería J.R.
     André, S.A. de fecha 11 de junio del presente año con un costo de
     trescientos setenta y tres mil colones exactos (¢373.000,00). Estas
     diligencias y demás pertinentes fueron remitidas a esta Dirección
     mediante oficio 1106-UARIICSJ-2002 del 5 de julio del 2002 para
     dar trámite al presente reclamo (folios 1 al 10).

                  3.- Que consta en autos oficio No. 043-BSE-2002 (26-
     06-02), suscrito por el Encargado de la Bodega de Suministros y
     Evidencias, Sr. José A. Rojas Gómez en el cual informa que la
     evidencia reclamada se registró en el libro de entrada No.4, folio
     No. 100 en fecha 08/06/00 y fue ubicada en el sobre No. 489. No
     obstante, ha sido imposible su localización, y consultado que fuera
     el inventario realizado en octubre del año 2000, el sobre
     mencionado no aparece en el conteo, por lo que para esa fecha ya
     no se encontraba en la bodega. También fueron consultadas las
     salidas por entrega al interesado o envíos al depósito de Hatillo a
     partir de esa fecha, sin resultado positivo (folios 2 al 4).

                  4.- Que mediante oficio No. 5243-DE/CA-2002 del 26
     de julio del 2002 y reiterado con No. 6882-DE/CA-2002 del 02 de
     octubre del mismo año, se solicitó al Juzgado Penal del II Circuito
     Judicial de San José, el expediente penal correspondiente a este
     reclamo con el popósito de ampliar la información existente, el cual
     es remitido en fecha 9 de agosto del 2002. Del mismo, se
     reproducen y certifican los siguientes documentos, visibles en folios
     18 al 44 del expediente administrativo:
-   Copia del informe de la Fuerza Pública a la Autoridad Judicial No.
     66039 sobre el imputado, lugar de los hechos y evidencia material
     decomisada.
-   Solicitud de devolución del arma al Juzgado Penal respectivo por
     parte del Gerente General de la Empresa Moore & Stahl, fechada
     23 de junio del 2000.
-   Acta de decomiso de las 13:50 hrs. del 10 de junio del 2000 donde
     consta descripción del arma ahora reclamada.
-   Copia de oficio de la empresa reclamante a la Fiscalía Adjunta del
     Segundo Circuito Judicial de San José de fecha 12 de junio del
     2000 autorizando al Sr. Rodolfo Mora Fernández para el retiro del
     arma, se adjunta copia de su cédula de identidad.
                                                                            112

- Copia de la cédula de identidad del Sr. Ney Gerado Porras Piedra,
   Gerente General de la Empresa reclamante.
- Copia de la matrícula del arma de interés vigente y otorgada en fecha
   26 de setiembre de 1995.
- Copia de la cédula de persona jurídica No. 3-101-166483
   correspondiente a la Empresa Servicios de Seguridad Moore &
   Stahl S.A. y certificación de su inscripción en el Registro Mercantil.
- Copia de la resolución del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de
   San José de las siete horas treinta y cinco minutos del veintiséis de
   noviembre del dos mil, en la cual se desestima la denuncia
   tramitada por portación del arma de interés y autoriza devolución de
   la misma, así como de consulta realizada a la Subdelegación de la
   Guardia Civil de Tibás sobre el destino del arma para verificar su
   ingreso al Poder Judicial.
- Copia de la resolución del Juzgado antes citado de las once horas
   con cincuenta minutos del catorce de mayo del año dos mil dos que
   resuelve sobre la imposibilidad de la autoridad judicial de hacer la
   entrega efectiva del arma reclamada en virtud de haber sido
   extraviada, situación denunciada por el Juez Edgar Castrillo ante el
   Ministerio Público, denuncia de la cual también se adjunta copia
   (folios 18 al 44).

         5.- Que mediante oficio No. 5242-DE/CA-01 del 26 de julio del
   2002 se solicita al Departamento de Proveeduría un mínimo de tres
   cotizaciones sobre un arma de iguales características a la
   reclamada, y por oficio No. 6303-DP/17-02 del 06 de setiembre del
   presente año se remite oferta de la casa comercial Armería Rex
   S.A. por un costo de doscientos diez mil colones exactos
   (¢210.000,00). Se aclara así mismo, que sólo se remite una oferta
   en virtud de que indican los proveedores que el modelo solicitado
   se encuentra descontinuado (folios 11, 13 y 14).

         En conclusión, al demostrarse en autos que al señor Douglas
   David Contreras Duarte, cédula de identidad No. 1-909-140, le fue
   decomisada el arma de fuego propiedad de la empresa “Servicios
   de Seguridad Moore & Stahl S.A.”, marca marca Smith & Wesson,
   calibre nueve milímetros, modelo 39-2, número A-657.976, en
   causa penal No. 00-2347-171-FC, reclamada en tiempo y derecho y
   que fue extraviada en la Bodega de Objetos Decomisados del II
   Circuito Judicial, se estima, salvo mejor criterio, que el reclamo
   interpuesto por los Señores Peter André García, cédula de
   identidad No. 1-563-188 y Ney Gerardo Porras Píedra, cédula de
   identidad No. 1-593-500, en calidad de Presidente y Secretario
   respectivamente de la empresa citada, es procente, toda vez que
   dicho bien ingresó bajo la custodia de la Administración. Por tanto,
   debe reconocérsele su valor económico de conformidad con la
   cotización presentada por el Departamento de Proveeduría del
                                                                                  113

        Poder Judicial, factura proforma de Armería Rex por un costo de
        DOSCIENTOS DIEZ MIL COLONES EXACTOS (¢210.000,00) que
        deberán reintegrársele. Se aclara que la factura proforma aportada
        por los reclamantes, según anotación que incluye, cotiza un modelo
        distinto al extraviado en virtud de no fabricarse ya este último, y así
        se hace constar por el proveedor Armería J.R.André, S.A.”

      Se acordó: Acoger el informe anterior, en consecuencia, autorizar el pago

de ¢210.000,00 (doscientos diez mil colones exactos), a favor de la empresa

“Servicio de Seguridad Moore & Stahl Sociedad Anónima”, por el arma que al

efecto fue extraviada.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

ACUERDO FIRME.

                                  ARTÍCULO LXX

      Se tomó nota de los informes trimestrales del pago de horas extra y viáticos

presentados por los licenciados Ricardo Bolaños Bolaños y Carlos Thomas

Rodríguez, por su orden, Jefes de las Delegaciones Regionales del Organismo de

Investigación Judicial de Corredores y Pococí, correspondientes a los meses de

agosto, setiembre y octubre del año en curso.

                                  ARTÍCULO LXXI

      Informa el licenciado Rojas, que con oficio N° 8452-DE-2002 de 19 de

noviembre del año en curso, el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

remitió el informe N° 1723-UARIICSJ-2002 de 15 de noviembre del año en curso,

mediante el cual la licenciada Ana Beatriz Méndez Alvarado, Administradora del

Segundo Circuito Judicial de San José, adjuntó informe de labores del Juzgado

Civil de Mayor Cuantía de ese Circuito, durante los meses de julio, agosto y

setiembre del año en curso.
                                                                                 114

      Considera que en términos generales el informe está bien; se realiza en

una forma muy detallada la labor desarrollada durante esos meses por el personal

subalterno, la cual es muy satisfactorio, sin embargo, se echa de menos en el

informe, el detalle gráfico de la labor realizada durante ese período por los jueces.

Que de la información suministrada se denota un bajo rendimiento mostrado por

dichos profesionales en el mes de setiembre, por lo que recomienda se les solicite

un informe, sobre ese particular.

      Asimismo, se realizan las siguientes recomendaciones:

        “...Recomendaciones

       1. Según muestran los datos y con base en la cuota establecida
       el despacho podría asumir la cantidad de escrito y expedientes
       que ingresan diarios para proveer pero tendría que asumir alguna
       resolución alternativa sobre los 477 expedientes pendientes de
       proveer lo cuales podrían ser:
            Asignarle cinco expedientes más a la cuota establecida
              para cada proveedor subiendo la cuota de 12 a 17
              expedientes diarios durante un mes.
            Solicitar se nos asigne un proveedor supernumerario por el
              lapso de dos meses, el cual se dedicara a proveer los 447
              expedientes que a la fecha se encuentran atrasados.
      2. Se considera importante fiscalización diaria del agregado de
         escritos, notificaciones e ingresos de expedientes nuevos labor
         que se debe de llevar al día como sé ha llevado hasta la fecha.
      3. Mantener la cantidad de expedientes que se terminan por mes,
         lo anterior con la finalidad de disminuir el circulante del
         despacho.
      4. Es necesario el concienciar a los proveedores que no cumplen
         la cuota dela importancia de que la misma sea cumplida.
      5. Se hace necesario de la asignación de una quinta persona
         responsable de circulante de una forma fija por cuanto como se
         demuestra con cuatro personas proveyendo no es posible
         responder a la cantidad de escritos y expedientes que ingresan
         a proveer basados en la cuota que existen actualmente.
      6. Es importante fortalecer el trabajo en equipo en el área de
         manifestación, para dar siempre una respuesta oportuna a la
         cantidad diaria de usuarios que llegan al despacho.
                                                                                115

      7. Es importante establecer los controles necesarios, para
         determinar la duración de las pruebas que realizan los jueces
         con el fin de poder emitir criterios de producción”.

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Solicitar a los

señores Jueces del Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial

de San José, un informe sobre el bajo rendimiento mostrado durante el mes de

setiembre.   3)   Acoger las recomendaciones anteriores las que deberán ser

acatadas a la brevedad por el citado Juzgado, con excepción de la recomendación

N° 1 párrafo segundo, por no contarse con recursos para esos efectos.

                                 ARTÍCULO LXXII

      En virtud de haberse acogido al beneficio de jubilación la licenciada Magda

Pereira Villalobos, Integrante de este Consejo Superior, a partir del 1° de

diciembre del año en curso, se llama al Suplente licenciado Alejandro López Mc

Adams, a quien se le nombra del 2 al 22 de diciembre del año en curso, en el

citado puesto.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO LXXIII

      Expresa la licenciada Pereira, que en razón de haberse acogido al beneficio

de jubilación a partir del 1° de diciembre próximo y siendo esta su última sesión de

trabajo, agradece a todos el tiempo compartido y quiere que quede constando en

actas que entrega su oficina al día, tal y como le fue entregada cuando asumió el

puesto. Se siente muy satisfecha con la labor desarrollada durante estos 30 años

de servicios al Poder Judicial, donde nunca recibió ninguna sanción disciplinaria.
                                                                              116

      Agrega el Magistrado Chaves, que le agradece por toda la labor realizada

para el Poder Judicial, pero desde el punto de vista personal es más valioso, por

la simpatía, el cariño y las virtudes, por lo que le desea éxitos en las nuevas

actividades y que no hay que pedirlo, su colaboración, porque el Poder Judicial no

podrá olvidar que sigue siendo parte de ello, aunque esté afuera.

      El licenciado Campos, le da las gracias por la excepcional compañera que

ha tenido en el Poder Judicial. Ahora le corresponde ir a disfrutar con sus seres

queridos esta nueva etapa que inicia en su vida, sabedor de que con la

humanidad que la ha caracterizado, le va a ir muy bien.

      El licenciado Jones León se une a las manifestaciones del licenciado

Campos y del Magistrado Chaves, señalando que, sin lugar a dudas, ha sido una

gran labor la realizada por doña Magda para el Poder Judicial.

      Manifiesta el licenciado Rojas, que doña Magda siempre realizó una labor

satisfactoria en el Poder Judicial, y debe sentirse satisfecha que se va con el

deber cumplido. Siempre ha sido para él como una hermana, ya que tiene mucho

tiempo de conocerla; que es muy doloroso como funcionario esta despedida, pero

son cosas que en la vida deben realizarse. Se cree que la vida está solo acá,

pero no es cierto, uno cumple etapas en la vida y a todos nos llega. Le desea

éxitos en sus nuevas metas y que tenga por seguro que va a tener a los amigos

que tuvo durante toda su vida judicial, siempre dispuestos a recibirla y a

colaborarle, que Dios la proteja.

      Expresa el licenciado Amador que a doña Magda siempre la ha conocido,

es una persona extraordinaria, le tiene mucho cariño, es una mujer irremplazable.

Le desea mucho éxitos.
                                                                            117

      Agrega el licenciado Monge Bolaños, que de parte de los compañeros de la

Secretaría General, el agradecimiento por los consejos, enseñanzas y apoyo

dado, el aprendizaje y lo bueno es saber que Dios nos bendijo tener que trabajar

con una persona como doña Magda. Que Dios la bendiga y que su vida sea como

Él espera que sea.

                                     -o0o-

      A las 10:50 horas terminó la sesión.

								
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