014 2805

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					                                  N° 14-2.007

      Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las ocho horas treinta

minutos del veintiocho de mayo del dos mil siete, con asistencia inicial de los

Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, González, Escoto, Aguirre,

van der Laat, Varela, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Armijo.

      El Magistrado Solano se halla ausente en razón de que se le concedió

permiso con goce de salario para otras actividades del cargo.

                                ARTÍCULO I

      Se aprobaron las actas de las sesiones celebradas el 7 y 14 de mayo en

curso, números 12-07 y 13-07.

      Por no haber asistido a esas sesiones, el Presidente Magistrado Mora, se

abstuvo de votar la aprobación de las dos actas; mientras que el Magistrado

Chinchilla en lo que respecta a la primera.

                                ARTÍCULO II

      Se tomó nota del informe del señor Presidente, Magistrado Mora, sobre

las razones por las cuales los la Magistrada Calzada, el Magistrado Vargas y la

Magistrada Suplente Rosa María Abdelnour Granados, se hallan ausentes

durante la primera audiencia de la presente sesión. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO III

      En sesión celebrada el 19 de marzo del año en curso, artículo II, se

conoció de las diligencias de queja, incoadas por el señor Erick Alfaro Salinas



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contra el licenciado Álvaro Oconitrillo Rivera, Juez del Juzgado de Pensiones

Alimentarias de La Unión. (Expediente N° 06-000-726) y remitidas por el

Tribunal de la Inspección Judicial a esta Corte, a tenor de lo que establece el

párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

      En esa sesión, con base en el informe que rindió el Magistrado van der

Laat, a quien se remitieron las diligencias para su estudio, se dispuso calificar la

falta como grave e imponerle al licenciado Oconitrillo Rivera, la corrección

disciplinaria de ocho días de suspensión sin goce de salario.

      Contra lo resuelto, el licenciado Oconitrillo Rivera, en memorial recibido

el 27 de marzo último, interpuso recurso de reconsideración, y por las razones

que invoca, solicita que se revoque la sanción impuesta toda vez que resulta

injusta para un proceder apegado a derecho.

      El recurso del licenciado Oconitrillo se remitió a estudio del Magistrado

van der Laat, quien en oficio N° VAN 008-2007 de 17 de mayo en curso, rinde

el siguiente informe:

       “En relación con el tema arriba referido me permito indicar lo
       siguiente:

             I.- El licenciado Álvaro Oconitrillo Rivera plantea recurso de
       reconsideración contra el acuerdo adoptado por la Corte Plena en la
       sesión número 215-2007, celebrada el pasado 19 de marzo del 2007,
       artículo II, por el cual se dispuso una corrección disciplinaria de ocho
       días de suspensión sin goce de salario. Argumenta que no puede
       considerarse que el quejoso haya estado en prisión de manera
       injustificada, ni que él, don Álvaro, haya cometido un error grave en
       su proceder, pues la forma en que se resolvió es la normal en la
       jurisdicción de pensiones alimentarias. Señala que se trata de una
       cuestión de interpretación de la norma y sostiene que no se plantearon
       recursos de revocatoria o apelación contra las órdenes de apremio, lo


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cual hubiera permitido subsanar cualquier yerro. Señala que cuando se
resolvió el recurso de hábeas corpus recibió varias llamadas de los
encargados de otros despachos que tramitan la materia, para confirmar
si no se podía decretar el apremio por períodos nuevos. Manifiesta que
la interpretación dada al artículo 23 (sic) de la Ley de Pensiones
Alimentarias consistía en que el o la beneficiaria de la pensión podía
firmar durante el período del efectivo apremio, o sea de los períodos
nuevos que se iban generando mientras duraba la detención. Así, el
nuevo apremio no se daba por los mismos períodos que originaron la
detención inicial, sino por los correspondientes al tiempo de la
privación de libertad, que corresponden a nuevas cuotas generadas
mes a mes. Muestra extrañeza en cuanto se indicó que la sentencia de
la Sala Constitucional invocada por él correspondía a otro marco
fáctico, pues sostiene que se analizaban los mismos supuestos de
hecho e indica que invocó el fallo número 9.550 y no el 9.590. En el
caso, señala que la orden de apremio se dispuso por el aguinaldo del
2005 y por los períodos comprendidos entre el 10 de enero y el 9 de
abril del 2006 y del 10 de abril al 9 de junio del 2006. La actora en el
proceso de pensión alimentaria firmó las boletas durante el tiempo en
que el quejoso estuvo detenido y no por los períodos que dieron origen
al apremio. Sostiene que se trata de detenciones en procesos
diferentes, lo cual considera que nunca se analizó, pues estima que no
se tomó en cuenta que se trata de procesos distintos, beneficiarios y
períodos diferentes, sin que pueda considerarse que los hijos hayan
perdido el derecho al reclamo de los alimentos por la vía del apremio.
Agrega que en la vía penal se archivó la denuncia planteada en su
contra, pues se estimó que no medió abuso de autoridad. Solicita que
se revoque la sanción impuesta.

      II.- En el caso no ha quedado acreditado, como lo pretende hacer
ver el recurrente, que la forma en la que resolvió resulte ser una
práctica normal en la jurisdicción en que se desempeña, aparte de que
tal circunstancia no impediría la aplicación del régimen disciplinario,
pues como se analizó en el acuerdo impugnado, la interpretación que
se pretende dar al artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias
resulta claramente contraria al contenido de su texto expreso, en el
sentido de que durante el período del apremio se suspende la
obligación alimentaria. Tampoco el hecho de que el quejoso haya
omitido plantear recursos de revocatoria o apelación contra las
órdenes de apremio constituye una causa que impida la aplicación del
citado régimen, pues tal circunstancia está prevista para demandar
responsabilidad civil de quien juzga, pero no para el supuesto de la
corrección disciplinaria. Por otra parte, si bien en el acuerdo
impugnado, por error se citó como número de sentencia la 9.590,
cuando la invocada por el licenciado Oconitrillo era la 9.550, lo cierto
es que la hora y fecha corresponden a este último fallo, así como la


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cita de su contenido, por lo que ese simple yerro a la hora de digitar el
número de sentencia no es suficiente como para revocar lo dispuesto.
Ahora bien, insiste el recurrente en que se trataba de supuestos
idénticos, sin embargo revisado nuevamente dicho fallo (folios 125-
126), se extrae que el apremio en ese caso se extendió del 11 de
octubre del 2002 hasta el 11 de abril del 2003 y el nuevo apremio se
ordenó por las cuotas adeudadas del 2 de enero al 1° de julio del 2003
y se hizo efectivo hasta el 21 de julio siguiente. Si bien las primeras
coincidían con el tiempo del primer apremio, las adeudadas a partir
del 11 de abril y hasta julio correspondían a un período en que el
obligado gozaba de libertad y desde el 11 de abril en que había cesado
el apremio y hasta el 21 de julio siguiente en que se dispuso
nuevamente su detención pudo procurar el pago de las cuotas nuevas
adeudadas. En el caso, se tuvo por acreditado que el quejoso guardó
apremio corporal a partir del 25 de noviembre del 2005 y hasta el 25
de mayo del 2006. Los apremios corporales se ordenaron por cuotas
correspondientes del 22 de diciembre del 2005 al 2 de mayo del 2006
y aguinaldo del 2005 en un proceso (05-700243-349-PA) y, en el otro,
por las cuotas de aguinaldo del 2005 y del 10 de enero al 9 de abril,
así como del 10 de abril al 9 de junio del 2006, esto último mediante
resolución dictada el 23 de mayo, cuando el obligado aún cursaba
apremio y por consiguiente para ese momento estaba en imposibilidad
de pagar la respectiva cuota, aparte de que fue apremiado el mismo
día en que concluía su apremio. Lo contrario implicaría una
imposibilidad real para que el apremio corporal del obligado
alimentario cese y pueda disponer lo necesario para cumplir su
obligación. Por ello la Sala Constitucional acogió el recurso de hábeas
corpus planteado por el quejoso y, como se apuntó en el informe que
dio sustento al acuerdo cuya reconsideración se pide, en ese voto
8.010-2006 se citó un antecedente del 2004 que resolvía una situación
similar. En consecuencia, no puede concluirse como se pretende, en el
sentido de que los supuestos fácticos eran diferentes. Por otra parte, al
momento de rendir el informe no se desconoció, como lo indica el
licenciado Oconitrillo, que se trataba de dos procesos distintos, con
beneficiarios diferenciados, situación que fue tenida en cuenta y lo
resuelto no significa que alguno de los beneficiarios esté siendo
compulsado a renunciar al cobro de su derecho por la vía del apremio
corporal, sino únicamente que durante la detención se suspende la
obligación alimentaria. Por último, el hecho de que se haya
desestimado la denuncia en su contra por supuesto abuso de autoridad
no incide en lo que pueda decidirse en la sede disciplinaria. Se estima
que lo actuado y resuelto por el juez Oconitrillo Rivera generó graves
consecuencias en perjuicio del quejoso, en el tanto en que este se vio
privado de libertad de manera injustificada. Tales consecuencias
graves no pueden dejarse desapercibidas y se estima que la sanción
impuesta debe mantenerse, sin que de la documental aportada por el


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       recurrente se desprendan elementos válidos que permitan variar lo
       resuelto. Por consiguiente, el informante recomienda denegar el
       recurso planteado.”

      Se dispuso: Aprobar el informe del Magistrado van der Laat, y por las

razones que ahí constan, denegar el recurso del licenciado Oconitrillo Rivera, y

en consecuencia mantener lo resuelto en la sesión celebrada el 19 de marzo

pasado, artículo II en que se acordó imponerle la corrección disciplinaria de

ocho días de suspensión sin goce de salario. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO IV

      ENTRA EL MAGISTRADO VEGA

      El licenciado José Francisco Masís Mata, en su carácter de Defensor

Particular y Apoderado Especial Judicial del señor Sergio Masís Mata, en nota

de 14 de abril del 2007, refiere:

       “(…) Consta en autos, que mi defendido fue detenido en los Estados
       Unidos de América el día 29 de junio del año 2006, ahí mismo fue
       arrestado y presentado por primera vez ante la Corte, la cual ordenó
       que debía permanecer bajo arresto hasta que se celebrara la audiencia
       de extradición, misma que fue fijada en dicho país para el 12 de julio
       del 2006, en la cual se reciben como prueba todos los documentos
       entregados por la República de Costa Rica, por los que mi
       representado iba a ser extraditado.
       Durante todo ese tiempo, el Gobierno de Costa Rica, bajo el número
       de oficio OCG-060570-07, del siete de julio del 2006, enviado a la
       Secretaría General de la Corte, en el que consta que el Tribunal
       Superior de Cartago, el Juzgado Penal de Cartago, la Fiscalía Adjunta
       de Cartago, fueron informados de la detención del señor Sergio Masís
       Mata, la cual el Gobierno de los Estados Unidos les dio los plazos y
       los juzgadores todos estuvieron de acuerdo en que el señor Sergio
       Masís Mata, fuera extraditado PARA ENFRENTAR ÚNICAMENTE
       LA CAUSA NÚMERO 95-001866-0342-PE, el día 18 de setiembre
       del año 2006.




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Lo anterior se desprende de la lectura del documento que incorporo
como prueba, la traducción oficial de la extradición, realizada el 1° de
noviembre del año 2006.
Entonces, mi representado fue extraditado de los Estados Unidos de
América (por la Ley Nº 7146) la cual establece en su artículo 16,
inciso 1, que la persona extraditada en virtud del presente tratado, será
detenida, juzgada o sancionada en el territorio del estado requirente
SOLAMENTE POR A. EL DELITO POR EL CUAL LA
EXTRADICIÓN HA SIDO CONCEDIDA.
ESTANDO DICHO PROCESO 95-001866-0342-PE, y saliendo
absuelto de toda pena y responsabilidad del mismo, y en el por tanto el
señor Juez, en el que indicaba que quedaba libre de toda pena y
responsabilidad, para sorpresa de esta representación estando firme la
sentencia de extradición, según consta en la misma, dictada por el
Juez Magistrado de los Estados Unidos Mark A. Pizzo de la Corte de
Distrito de los Estados Unidos.
Y en forma dolosa, maliciosa, de mala fe el Licenciado Oscar Cruz
Conejo, Juez de Juicio, incorpora al Instituto de Criminología, el día
19 de setiembre del 2006 la sentencia número 464-98 de las 14 horas
del 25 de noviembre de 1998 (documento que adjunto), que había
quedado firme el día 19 de junio de 1999, de la causa número 97-
200381-335-PE, y sin haber sido extraditado mi representado por esta
causa, la cual los señores del Tribunal Superior, nunca la habían
inscrito (por omisión de ellos mismos y por incumplimiento de
deberes del Tribunal) y el Tratado de Extradición es muy claro que si
mi representado no fue pedido por esa pena, la misma no puede ser
ejecutada (inejecutable).
Cometiendo este funcionario con ello un fraude procesal, omisión e
incumplimiento de deberes ya que esa causa no estaba incluida en el
Tratado.
En este momento el tiene la orden de libertad por la causa 95-001866-
0342-PE, por la que fue extraditado, por lo que esta representación
solicita muy respetuosamente a la Secretaría General de la Corte, se
ordene la inmediata libertad de mi representado, ya que se estarían
contradiciendo a lo que reza el Tratado de Extradición.
Por que estaría detenido en forma ilegítima, causándole un grave
perjuicio, moral, emocional y psicológico, ya que este Tribunal de
Juicio de Cartago, no puede venir a alegar que no fueron informados,
por que de la lectura de la extradición se desprende lo supra
mencionado.
Y al no tener pena que descontar, solicito MUY
RESPETUOSAMENTE, SE SIRVAN MANDAR OFICIO AL
CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE COCORI DE
CARTAGO, DANDOLE LA LIBERTAD AL SEÑOR SERGIO

                                   6
       MASÍS MATA, CÉDULA 3-284-777, ya que es evidente LA
       VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 7 Y 1 DE LA CONSTITUCIÓN
       POLÍTICA DE COSTA RICA, Y AL PRINCIPIO DEL TRATADO
       DE EXTRADICIÓN, ARTÍCULO 16 INCISO 1.
       ROGANDOLE CON EL MAYOR RESPETO A SU HONORABLE
       AUTORIDAD, RESOLVER CONFORME REZA EL DERECHO,
       YA QUE EL DERECHO NACIÓ PARA REGULAR LAS
       ELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y NO PARA
       PERJUDICARLAS.
                            PRUEBAS DOCUMENTALES
             Enumeradas del 1 al 10, desde el número 1 están todas las
       personas que manifiestan su conformidad para que el señor Sergio
       Masís Mata sea extraditado por la única causa supra mencionada 95-
       001866-0342-PE.
             Documento No. 0164074, en donde incorporal la causa 97-
       200381-335-PE, el día 26 de setiembre del 2006, o sea siete días
       después de que llega el Tratado de Extradición.
              (Copia que adjuntamos), no habiendo ni siquiera traducido el
       tratado, (ya que el mismo fue traducido el 1° de noviembre del 2006).
              Tratado de Extradición, debidamente certificado por notario
       público, en donde supra dice el por que se debió la extradición.
              NOTIFICACIONES AL FAX 551 29-65, POR FAVOR
       SOLICITAR TONO O INFORMACIÓN A LOS TELÉFONOS 867
       59 80, 372 19 61 ó 592 12 91.”.

      Con instrucciones del señor Presidente, Magistrado Mora, se solicitó

informe al licenciado Oscar Cruz Conejo, Juez del Tribunal de Cartago, quien

mediante correo electrónico de 2 de mayo en curso, informa:

       “En atención a su oficio 3320-07, en el que me solicita información
       sobre lo actuado en el expediente 97-200381-335-PE por Estafa,
       Falsificación de Documento y Uso de Documento falso contra
       SERGIO MASIS MATA en perjuicio de HERGON S.A., ELADIO
       ALONSO RAMIREZ Y JOSE GERARDO DELGADO GOMEZ, me
       permito informarle lo siguiente:
       1.-En el expediente No 97-200381-335, el imputado Sergio Masís
       Mata fue sentenciado a once años de prisión según sentencia No.
       cuatrocientos sesenta y cuatro noventa y ocho (464-98) de las
       catorce horas del veinticinco de noviembre de mil novecientos
       noventa y ocho por haberlo declarado autor responsable de tres


                                        7
delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO en CONCURSO
IDEAL CON ESTAFA en perjuicio de HERGON SOCIEDAD
ANONIMA Y DOS DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
EN PERJUICIO DE ELADIO ALONSO RAMIREZ y otros.
Sentencia que quedó firme mediante resolución de La Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia de las nueve horas treinta minutos del
diecinueve de junio del año mil novecientos noventa y nueve por
haberse declarado sin lugar el recurso de Casación planteado contra
esa sentencia.
2.- Por resolución firme de las nueve horas del 22 de diciembre de
1999 se dispuso que el encartado Sergio Masís Mata, debía descontar
efectivamente los once años de prisión que le fueron impuestos, dado
que no existe constancia de que tuviera prisión preventiva.
3.- En esta causa el imputado no se presentó a cumplir la pena
impuesta sino que evadió la acción de la justicia huyendo hacía los
Estados Unidos de Norte América, por lo que este tribunal dictó según
resolución de las dieciséis horas quince minutos del cinco de abril del
dos mil dos ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL y envió
exhorto al departamento de Justicia de los Estados Unidos de
Norteamérica y Culto de Costa Rica para que se le diera trámite a la
solicitud de detención provisional.
4.- En este tribunal además el imputado tenía otra causa pendiente de
que se le realizara debate; a saber la causa No 95-001866-342-pe por
los DELITOS DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y OTROS
EN PERJUICIO DE JOSE DELGADO NUÑEZ Y OTROS, esta
causa por estar en trámite y espera de fecha para debate, se tramitaba
en expediente separado y lo tenía la sección segunda de este tribunal;
de tal manera que era de conocimiento de otros jueces.
5. Por la causa 95-001866, en la que el imputado se encontraba
indiciado, al conocerse de su fuga hacía los Estados Unidos, la Jueza
Miriam Sandí Murcia envió además de la solicitud de captura
Internacional, la solicitud de extradición con todos los documentos
requeridos, (a pesar de que el mismo aún no había sido detenido);
mientras que en el presente asunto se envió según resolución de las
nueve horas del veintiséis de junio del año dos mil dos SOLICITUD
DE DETENCION PROVISIONAL únicamente. Hasta que el mismo
fuera capturado se ratifica la orden de captura Internacional. El trámite
normal es el que se realizó en este expediente, es decir una vez que el
imputado es detenido en otro país, se informara al juez que tramitaba
este asunto en el cual estaba sentenciado para iniciar el trámite de
extradición, sin embargo en este expediente tal trámite se omitió, por
cuanto al detenerse el imputado y ya existir una solicitud de
extradición, el Juez en Estados Unidos de Norte América entró a
conocer directamente la misma; razones por las que en el expediente
que nos ocupa, no se volvió a recibir información en cuanto a la


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captura del sentenciado Masís Mata, siendo que hasta en fecha 7 de
junio le es enviada a La Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia un oficio por parte de la Sra. Vannesa Videche M. Directora
Jurídica del Ministerio de Relaciones exteriores un oficio mediante el
cual se le comunica que se le envía copia de oficia No 0CG-060570-
07 del 7 de julio del 2006, procedente de la Embajada de los Costa
Rica en Washington D.C. mediante la cual hace referencia a las
diligencias de extradición número 95-001866-342 pe seguidas contra
Sergio Masís Mata, y se informa oficialmente que fue detenido el 29
de junio del 2006 por autoridades estadounidenses de la Florida a fin
de ser extraditado a Costa Rica, este oficio hace referencia únicamente
a la solicitud planteada en la causa 95-001886-pe, por la cual el
imputado se encontraba indiciado, sin que se haga referencia a la
solicitud de detención provisional girada en la presente causa en la
cual se encontraba sentenciado y se había enviado también orden de
captura Internacional y solicitud de prisión preventiva, en razón de
ello el oficio fue archivado en el expediente 95-001886-, no así en el
expediente 97-200381-335-pe ( ver folios 619 al 621) ,el oficio fue
recibido este tribunal el 17 de julio del 2006 ( ver folio 618)
6.- Mediante el voto 511-06 de las trece horas del once de agosto del
año dos mil seis en la causa No 95-001866-0342, sección segunda de
este Tribunal, por considerar que de previo ya se había enviado al
Gobierno de los Estados Unidos la documentación respectiva respecto
a la solicitud de extradición en esa causa procedieron a ordenar
comunicar el renovado interés del Ministerio Público en gestionar la
extradición del aquí encartado.
7.- A su vez en el expediente No 97-200381-335-pe, en el cual el
imputado se encontraba sentenciado y pertenecía a la sección segunda
de este tribunal, el suscrito juez de esta sección a cuyo cargo estaba el
trámite de este expediente, y ante la comunicación que se había hecho
en el expediente 95-001866-0342, al tener conocimiento de que el
imputado había sido detenido procede en un término realmente corto,
tomando en consideración que la comunicación había llegado el 17 de
julio, y que había que realizar la correspondiente traducción oficial de
la sentencia y los documentos pertinentes, mediante la resolución de
las diez horas cuarenta minutos del ocho de agosto del dos mil seis a
solicitar la extradición de Masís Mata por esta causa a efecto que
descontara la sentencia firme que existe en este asunto.
8.- En fecha 8 de setiembre del 2006, es decir un mes después de
enviada la solicitud de extradición en la causa No 97-200381-335-pe,
a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que gestionara
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la certificación y
traducción del idioma español al inglés la solicitud de extradición y
documentación que la acompañaba, se recibe un oficio con fecha 8 de
setiembre del 2006, mediante el que informan de la Dirección Jurídica


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       del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que han recibido
       oficio referente a las diligencias de extradición de Sergio Masís Mata
       expediente No 95-001866-0342-pe que se ha ordenado la extradición
       a Costa Rica del imputado Masís Mata y que se debe ejecutar antes
       del 16 de setiembre del 2006.
       9.- El 19 de setiembre del dos mil seis se hizo efectiva la extradición
       de Masís Mata.
       10. Mediante resolución de las ocho horas del diecinueve de setiembre
       del año dos mil seis, el Tribunal de Cartago, (sección segunda),
       mediante el voto 597-2006 de las ocho horas treinta minutos del
       diecinueve de setiembre del año dos mil seis ordenó prisión preventiva
       por un periodo de siete meses contra Sergio Masís Mata que vencen el
       19 de abril del dos mil siete, en la causa 95-001866-0342. Asimismo
       en esa causa se señaló para debate en fechas del 9 al 18 de abril del
       dos mil siete.
       11.- En vista de que el imputado Masís Mata, había sido extraditado y
       enviado al país y por tener una sentencia firme dictada en su contra, en
       el expediente 97-200381-335- pe mediante la cual fue condenado a
       once años de prisión tal y como fue señalado en el punto uno, de
       conformidad con los artículos 153 de la Constitución Política y 459
       del Código Procesal Penal que establecen el deber del tribunal
       sentenciador de tomar las medidas necesarias para que se cumplan los
       efectos de la sentencia, se envió tener a la orden al Centro de Atención
       Institucional de San José para que el imputado quedara también a la
       orden del Instituto Nacional de Criminología para descontar la
       sentencia No. 464-988 de las 14:00 horas del 25 de noviembre de
       1998, misma que quedó firme el 19 de julio de 1999, cuya pena es de
       once años de prisión. (Ver copia en el folio 624 del tomo 11 del
       expediente 97-200381-335-PE).
       En resumen, no hay mala fe ni arbitrariedad en mis actuaciones,
       considero que actué en cumplimiento de mis deberes como Juez, se
       aplicó un criterio jurídico que esta siendo revisado en estos momentos
       por la Sala Constitucional dentro de un proceso de Habeas Corpus
       establecido por el señor Masís Mata. Espero que el informe rendido
       sea de su satisfacción y quedo a la orden para cualquier aclaración.”

      Las diligencias se remitieron a estudio de la Magistrada Pereira, quien

mediante nota de 16 del presente mes de mayo, rinde el siguiente informe:

                             “MOTIVO DE LA QUEJA
             1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Corte Suprema de
       Justicia a las 7:52 horas del 17 de abril del 2007, el recurrente
       manifiesta que su patrocinado fue extraditado de los Estados Unidos


                                         10
de América, ante la solicitud que en ese sentido hiciera el Tribunal de
Juicio de Cartago, para atender la causa penal Nº 95-1866-342-PE, en
la cual estaba pendiente la celebración del juicio oral.
     2.- Que esa fue la única y exclusiva razón de su extradición,
según lo solicitó el Juez nacional y en tales términos lo aprobó el Juez
extranjero.
      3.- Que al llegar al país, para atender el proceso penal que
justificó su extradición, se le impusieron siete meses de prisión
preventiva. Posteriormente, el 13 de abril de 2007, fue absuelto de los
cargos y el Juez emitió la orden de libertad. No obstante, el
funcionario del Centro de Atención Institucional, determinó que el
mismo tenía que descontar la pena correspondiente a la causa 97-
200381-335-PE, debido a que el Juez Cruz Conejo, de forma dolosa,
maliciosa y de mala fe, procedió a incorporar al Instituto Nacional de
Criminología, hasta el día 19 de setiembre de 2006, la sentencia
número 464-98 de las 14:00 horas del 25 de noviembre de 1998, que
había quedado en firme desde el 19 de junio de 1999 (por omisión e
incumplimiento de deberes).
      4.- En razón de lo anterior, considera que dicho procedimiento
contraviene el artículo 16, inciso 1), del Tratado de Extradición con
Estados Unidos de Norteamérica que en lo que interesa expresa: “…la
persona extraditada en virtud del presente tratado, será detenida,
juzgada o sancionada en el territorio del estado requirente solamente
por A. El delito por el cual la extradición ha sido concedida…” y en
consecuencia estima que se le ha causado un grave perjuicio moral,
emocional y psicológico a su defendido, quien está detenido en forma
ilegítima.
                CONSIDERACIONES DE FONDO
I.- Para entender lo sucedido en el presente caso, es importante
realizar un examen paralelo de las diligencias ocurridas en los dos
procesos judiciales seguidos contra el extraditado Sergio Masís Mata,
registrados bajo las sumarias número 97-200381-335-PE y 95-
001866-342-PE, ambas del Tribunal de Juicio de Cartago. Es
importante, indicar que el Msc. Oscar Enrique Cruz Conejo, se
encargó del trámite correspondiente al primero.
 1- En el expediente 97-200381-335-PE, el imputado Masís Mata
fue sentenciado a once años de prisión por resolución número 464-98
de las 14:00 horas del 25 de noviembre de 1998. Sentencia que quedó
firme por resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia de las 9:30 horas del 19 de junio de 1999, en la que declaró
sin lugar el recurso de casación planteado. Sin embargo el imputado
evadió la acción de la justicia y huyó a los Estados Unidos de
Norteamérica.



                                  11
 2- Por resolución de las 16:15 horas del 5 de abril de 2002 el
Tribunal dictó orden de captura internacional y envió exhorto al
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para
que se diera trámite a la solicitud de detención provisional. No se
remitió petición de extradición para esa causa, porque se estaba a la
espera de que el sentenciado quedara detenido.
 3- Por otro lado, el imputado tenía pendiente de trámite en ese
Tribunal el proceso número 95-001866-345-PE en el que estaba
indiciado. La Jueza Miriam Sandí Murcia envió solicitud de captura
internacional y de extradición.
 4- Cuando se detuvo al imputado, no se informó al Juzgador Cruz
Conejo encargado del trámite del proceso 97-200381-335-PE para que
formalizara la extradición, pues ya existía una solicitud pendiente en
ese sentido en el otro proceso indicado. Así, el oficio dando cuenta de
la detención se archivó únicamente en la causa iniciada en 1995.
 5- En el momento que Cruz Conejo, tuvo conocimiento de tal
detención, el 17 de julio de 2006, a la mayor brevedad, por resolución
de las 10:40 horas del 8 de agosto de 2006, solicitó la extradición de
Masís Mata, con el fin de que descuente la sentencia firme que se le
impusiera oportunamente.
6- El 8 de setiembre de 2006 se recibió oficio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, indicando que se había ordenado la extradición
del actor, a propósito de la causa 95-001866-0342-PE, y que esta
debía ejecutarse antes del 16 de setiembre de 2006.
7- El 19 de setiembre de 2006, se hizo efectiva la extradición. El
Tribunal de Cartago ordenó ese mismo día la prisión preventiva del
encartado por espacio de siete meses, que vencen el 19 de abril de
2007.
8- En la causa 95-001866-0342-PE se señaló para debate del 9 al
18 de abril de 2007. En relación con la condenatoria firme del proceso
97-200381-335-PE se giró al Centro de Atención Institucional de San
José orden para que el actor quedara a la orden del Instituto Nacional
de Criminología para descontar la sentencia #464-98 del 25 de
noviembre de 1998.
 9- Cuando se envió al actor al país no se resolvió la petición de
extradición formulada a propósito de esa última causa, por lo que ella
se replanteó como ampliación de la extradición ya concedida. A la
fecha no se ha comunicado la respuesta a esa gestión.
10- Mediante el voto #158-07 del 13 de abril de 2007, en aplicación
del instituto de reparación integral del daño se declaró extinguida la
acción penal y se absolvió al imputado Masís Mata en la causa 95-
001866-0342-PE y se ordenó su libertad. No así en el proceso 97-
200381-335-PE.


                                  12
      II.- Al analizar los actos judiciales realizados por el juzgador
Oscar Cruz Conejo –contrario a lo indicado por el quejoso, se estima
que los mismos se encuentran conforme a derecho. Efectivamente,
consta en el informe de actuaciones remitido por el acusado a la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en fecha 02 de
mayo de 2007, así como en memorial confeccionado por el Tribunal
de Juicio de Cartago a la Sala Constitucional en fecha 20 de abril de
2007, que el Licenciado Cruz Conejo, realizó las diligencias
requeridas de manera adecuada, es decir, vista la sentencia firme
donde se enjuició al endilgado Masís Mata y se sancionó a once años
de prisión, se decidió dictar orden de captura internacional el 5 de
abril de 2002, al comprobarse que el mismo había huido a los Estados
Unidos de Norteamérica. Posteriormente, una vez detenido y
extraditado por una causa distinta, se absuelve al encartado de
responsabilidad penal en dicha causa, razón por la cual quedaría
pendiente únicamente la ejecución de sentencia firme que fuera
tramitada por el Juez Oscar Cruz Conejo. Actuación que conforme
señala el voto: 2007-05902 de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, de las 12:06 del 27 de abril de 2007, al resolver
el recurso de Hábeas Corpus presentado por el mismo quejoso por los
mismos motivos, determinó que ésta cumple con los requisitos
constitucionales y legales al expresar en lo que interesa que:
“…Único: Con base en los informes que rinden los accionados, tiene
esta Sala por demostrado que el motivo por el cual se mantiene al
actor privado de libertad es para la ejecución de una sentencia firme
que lo condenó a descontar once años de prisión. La sentencia
condenatoria no se dictó en ausencia del actor y para efectos de la
extradición, el hecho de que ella se hubiera tramitado y dispuesto para
otro proceso penal, distinto de aquel en el que resultó absuelto, no
impide la ejecución de lo que con antelación se había ya estatuido en
firme. En este sentido, el artículo 16 del Tratado de Extradición con
los Estados Unidos de Norteamérica establece la regla de especialidad,
en los siguientes términos: “1) La persona extraditada en virtud del
presente Tratado será detenida, juzgada o sancionada en el territorio
del Estado Requirente solamente por: a) El delito por el cual la
extradición ha sido concedida. b) Un delito de menor gravedad basado
en los mismos hechos que figuran en la solicitud de extradición que
resulte de un cambio en la calificación legal del delito. c) Un delito
cometido después de la extradición. d) Cualquier delito respecto del
cual proceda la detención de la persona, su procesamiento o su
sanción por parte del Estado Requerido. Para los propósitos de este
párrafo, el Estado Requerido puede solicitar la presentación de los
documentos mencionados en el Artículo 9.2) La persona extraditada
en virtud del presente Tratado no podrá ser extraditada a un tercer
Estado, sin consentimiento del Estado Requerido. 3) Nada de lo
dispuesto en los párrafos 1) y 2) del presente Artículo impedirá la


                                  13
       detención, procesamiento o sanción de una persona extraditada, de
       acuerdo con las leyes del Estado Requirente, o la extradición de dicha
       persona a un tercer Estado: a) Si la persona ha abandonado el territorio
       del Estado Requirente después de su extradición y ha regresado a él
       voluntariamente, o b) Si la persona no ha abandonado el territorio del
       Estado Requirente dentro de los 30 días después de tener libertad para
       hacerlo.” No se trata, entonces, de un nuevo proceso que
       sorpresivamente se estableció en contra del amparado, y al margen de
       las condiciones de la extradición, sino de la ejecución de un fallo
       penal condenatorio pasado (sic) en autoridad de cosa juzgada. La
       privación de libertad, por ende, no resulta arbitraria y lo que procede
       es desestimar el recurso.” Por consiguiente, no puede afirmarse la
       existencia de incumplimiento de deberes y actos de mala fe, por parte
       del Licenciado Cruz Conejo, cuando se estimó que la privación de
       libertad del encartado se encuentra conforme a los parámetros de
       legalidad y constitucionalidad requeridos.
             Por lo anterior se recomienda el archivo de la presente queja.”
                                         -0-

      Por último, el licenciado José Francisco Masís Mata, en memorial de 24

de mayo en curso, manifiesta:

       “Que mi representado se encuentra detenido ilegítima
       mente en el C.A.I. de Cartago, esta representación sabe que de
       acuerdo al art. 148, 459 del C.P.P. las sentencias firmes son
       ejecutables pero en virtud de un Tratado de Extradición solicitados por
       los jueces del Tribunal de Cartago y en vista de que en dicho tratado
       solo contempla la causa número 95-001866-342-PE y al estar la
       misma ya en absolutoria debe ser puesto en libertad ya que los señores
       jueces del Tribunal deben de darle a la extradición su carácter de
       restrictiva de acuerdo al art. 16 y 9 inciso 5 la documentación idónea
       que exige el Tratado de la ley número 7146 no ha sido interpretada
       por los juzgadores conllevando con ello a la violación del art. 7 y 11
       del numeral de la Constitución Política de Costa Rica. Los jueces del
       Tribunal Superior de Cartago pretenden mantener en contención a mi
       representado por una causa diferente, la número 97-200381-335-PE
       que no venía en el Tratado de Extradición llevando con ello a que en
       este momento los señores jueces están cometiendo fraude procesal,
       dado que existe el principio de reciprocidad entre ambos países, los
       jueces supra no enviaron dicha causa dado que los delitos por ellos
       acusados son delito aquí en Costa Rica pero no en U.S.A., en otro
       orden de ideas la esposa de mi representado vive en Tampa Florida la
       cual es ciudadana americana y ha solicitado al honorable juez federal




                                         14
       MARK PIZZO que por que algunas autoridades costarricenses juegan
       con una orden federal de U.S.A. el cual está dando su criterio.
       Por lo ya expuesto esta representación solicita una contestación pronta
       y cumplida y por los hechos de derecho anteriormente mencionados.
       Adjunto documentación presentada al honorable juez federal MARK
       PIZZO.”

      Agrega la Magistrada Pereira: “La Secretaría General de la Corte recibió

escrito el 16 de abril, en donde el recurrente manifiesta que su patrocinado fue

extraditado por los Estados Unidos de América, ante la solicitud que en ese

sentido hiciera el Tribunal de juicio de Cartago, para atender la causa penal

número 95-1866-332-PE, en la cual estaba pendiente la celebración de un juicio

oral. Que esa fue la única y exclusiva razón de su extradición según lo solicitó el

juez nacional y en tales términos lo aprobó el juez extranjero. Indica que al

llegar al país para atender el proceso penal que justificó su extradición, se le

impusieron siete meses de prisión preventiva. Que posteriormente el 13 de abril

del 2007, fue absuelto de los cargos y el juez emitió la orden de libertad; aclaro

aquí que esta fue por de las salidas alternas al conflicto. Y dice que en razón de

lo anterior, considera que el haberse hecho la comunicación al Instituto Nacional

de Criminología respecto de una sentencia firme, que era anterior a todo el

proceso de extradición que se solicitó a Estados Unidos, y consecuentemente en

la disposición de dejarlo a él descontando esa condena, implicaba una detención

ilegítima. El recurrente, de igual forma había interpuesto ante la Sala

Constitucional un recurso de Hábeas Corpus a su favor, haciendo los mismos

alegatos que se hace en esta queja contra el juez, y ese recursos de Hábeas



                                         15
Corpus fue resuelto sin lugar, en consideración a que no se había incumplido

con ninguna de las disposiciones expresas de la Ley de Extradición, por cuanto a

él no se le está siguiendo proceso por una causa distinta, sino que simple y

sencillamente se está haciendo comunicación al Instituto Nacional de

Criminología sobre una sentencia firme que ya incluso había sido confirmada

por la Sala Tercera. En consecuencia el informe es en el sentido de que no se ha

cometido ningún acto irregular que amerite declarar con lugar la queja

interpuesta contra el Juez Oscar Cruz Conejo, porque el hecho de que tenga que

cumplir la condena firme, en otro proceso anterior al de la extradición, no quiere

decir que se ha incumplido con ninguna de las disposiciones de la Ley de

Extradición. En ese sentido es que está hecho el informe.”

      ENTRA LA MAGISTRADA VILLANUEVA

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “En el pronunciamiento de la

Sala Constitucional dice: “con base en los informes que rinden los accionados,

tiene esta Sala por demostrado que el motivo por el cual se mantiene al actor

privado de libertad es para la ejecución de una sentencia firme que lo condenó

a descontar once años de prisión. La sentencia condenatoria no se dictó en

ausencia del actor, y para efectos de extradición el hecho de que ella se haya

tramitado y dispuesto por otro proceso penal distinto de aquel en el que resultó

absuelto, no impide la ejecución de lo que con antelación ya se había estatuido

en firme.” Pero una de las causas para solicitar la extradición es casualmente el

que una persona haya sido condenada.”


                                       16
      Aclara la Magistrada Pereira: “El asunto en esta situación es que él se

solicita por otro proceso diferente que tiene pendiente la celebración del juicio, y

que se dicta una reparación integral del daño que declara extinguida la acción

penal y absuelve el imputado. Con posterioridad a eso lo que se hace es

comunicar al Instituto Nacional de Criminología que hay una sentencia

confirmada por la Sala Tercera, anterior incluso a que solicitara la extradición,

en que el imputado no ha hecho cumplimiento de la ejecución de la misma. Lo

que el informe del juez indica, es que él incluso había gestionado también por

ese otro proceso la extradición y como se declaró por el otro proceso que estaba

pendiente, nunca resolvieron la solicitud de él. La consideración que hace la

Sala, y que yo comparto, es que tratándose de un hecho en el cual estuvo

presente en el proceso hasta el final, incluso hasta la resolución de casación, que

fue debidamente notificada, no impide, porque mal haríamos pensando que hay

que devolverlo para poder ejecutar una sanción que está ya con autoridad de

cosa juzgada. Y ese es el mismo criterio que por el fondo resuelve la Sala

Constitucional cuando declara sin lugar el recurso de Hábeas Corpus.”

      El Presidente, Magistrado Mora, adiciona: ¿“Entonces la razón es que no

tiene sentido devolverlo a Estados Unidos para volver a pedir la extradición.?”

      Puntualiza la Magistrada Pereira: “Ni hay ningún impedimento para que

con anterioridad a eso de una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada se

pueda ejecutar estando el condenado en el país.”




                                        17
      Se dispuso: Aprobar el informe de la Magistrada Pereira, y por las

razones que ahí se citan, denegar la queja incoada por el licenciado José

Francisco Masís Mata contra el Juez Óscar Cruz Conejo, y ordenar el archivo de

las diligencias. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO V

      En la sesión celebrada el 23 de abril último, artículo VII, se tomó el

acuerdo que en lo conducente dice:

              “El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la
       Unidad Interdisciplinaria, mediante oficio Nº UI-0562-2007 de 11 de
       abril en curso, transcribe el acuerdo tomado en la sesión del Consejo
       de la Judicatura Nº CJ-04-07, celebrada el 13 de febrero del presente
       año, artículo V, cuya parte dispositiva dice:
       “(…) ESTE CONSEJO ACUERDA:
       1. Proponer a los siguientes 8 aspirantes como Juez 4 Suplentes en
       el Tribunal 1° y 2° Civil de San José:



               Nº                NOMBRE                MATERIA Y PROMEDIO


               1.                                             Juez 4 Civil
                    MARTINEZ BOLIVAR DEYANIRA
                                                                95.1518
               2.                                             Juez 4 Civil
                    MOLINA ESCOBAR PATRICIA
                                                                94.1108
               3.                                             Juez 4 Civil
                    VIQUEZ HERRERA JAVIER FCO.
                                                                91.8620
               4.                                             Juez 4 Civil
                    SABORIO VALVERDE YANINA
                                                                87.3229
               5.                                             Juez 4 Civil
                    DIAZ BOLAÑOS MAGDA
                                                                84.4737
               6.                                             Juez 4 Civil
                    MARTINEZ GUEVARA JORGE ARTURO
                                                                76.7722
               7.                                             Juez 4 Civil
                    VARGAS CRUZ ALEJANDRA
                                                                73.5592
               8.                                             Juez 4 Civil
                    ARAYA KNUDSEN FRANK
                                                                72.9900

       Cabe aclarar que se proponen a los licenciados MARTINEZ
       BOLIVAR DEYANIRA, MOLINA ESCOBAR PATRICIA, VIQUEZ


                                        18
HERRERA JAVIER FCO., VARGAS CRUZ ALEJANDRA y
ARAYA KNUDSEN FRANK en ambos Tribunales; a las licenciadas
SABORIO VALVERDE YANINA y DIAZ BOLAÑOS MAGDA
únicamente en el Tribunal Primero por cuanto ya fueron nombradas en
el Tribunal Segundo producto del concurso anterior, y al licenciado
MARTINEZ GUEVARA JORGE ARTURO en el Tribunal Segundo
por así manifestarlo.
Es importante distinguir que al momento de separar las listas para
ambos Tribunales, de las 13 propuestas para el Primero, las primeras 9
personas conformarán la lista principal y el resto la lista
complementaria; para los propuestos en el Segundo todos integrarían
la lista principal.
No se proponen a los licenciados ZAMBRANA ZAMBRANA
MANUEL A. y ALLEN FLORES EUGENIA, por cuanto se
encuentran nombrados en propiedad en la zona de Pérez Zeledón y no
conviene su traslado, pues esto podría afectar el servicio público
 2. Previamente a que se traslade las anteriores propuestas de
nombramiento a la Secretaría de la Corte, para lo de su cargo,
comuníquese este acuerdo a los oferentes. La Unidad
Interdisciplinaria al momento de comunicar este acuerdo a la
Secretaria, informará acerca de los oferentes que obtuvieron un
resultado no favorable en las evaluaciones médicas, de trabajo social y
psicología.
 3. Aprobar y dar por concluido el Concurso No. CJ-20-2006 para el
Tribunal 1° y 2° Civil de San José.”

[…]
      Con motivo de lo resuelto, los profesionales designados como
Suplentes para el Tribunal Primero Civil, son los siguientes:
      Deyanira Martínez Bolívar
      Patricia Molina Escobar
      Javier Francisco Viquez Herrera
      Alejandra Vargas Cruz
      Frank Araya Knudsen
      Yanina Saborío Valverde
      Magda Díaz Bolaños
      Manuel Antonio Zambrana Zambrana

      En lo que respecta al Tribunal Segundo Civil, los profesionales
      designados como Suplentes son los siguientes:

       Deyanira Martínez Bolívar
       Patricia Molina Escobar
       Javier Francisco Viquez Herrera
       Alejandra Vargas Cruz
       Frank Araya Knudsen


                                  19
            Manuel Antonio Zambrana Zambrana
            Jorge Arturo Martínez Guevara.
                                       -0-
            La designación lo es por el término de cuatro años a partir de la
       respectiva juramentación.

      Los licenciados Abel Jiménez Obando y Luis Fernando Fernández

Hidalgo, Jueces del Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía del Primer

Circuito Judicial de San José, en nota de 17 del presente mes de mayo,

manifiestan:

             “Por este medio, y para el estimable conocimiento de Corte
       Plena respetuosamente presentamos solicitud de aclaración del
       acuerdo de Corte Plena del 23 de abril del año en curso, artículo VII,
       con base en lo siguiente:
             1.- El artículo 53 del Reglamento de Carrera Judicial dispone:
       “Asimismo, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las
       necesidades, convocará a concursos abiertos, con el fin de integrar una
       lista de suplentes complementaria para cada despacho judicial,
       también no mayor de tres personas por titular (la negrita es
       nuestra)”. Por lo cual, en el caso del Tribunal Primero Civil de San
       José que son tres titulares, la lista de Jueces Suplentes no puede ser
       mayor de 9, y en el caso del Tribunal Segundo Civil de San José que
       son 6 titulares la nomina de Jueces Suplentes debe tener como
       máximo 18 Jueces.

             2.- En la sesión ordinaria de Corte Plena, celebrada a las ocho
       horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil cinco, en su
       artículo XI, se procedió a tomar el siguiente acuerdo: “Aprobar la
       recomendación del Consejo de la Judicatura, y por lo consiguiente, a
       tenor de lo establecido por el artículo 55 del Reglamento de Carrera
       Judicial, designar como suplentes para los Tribunales Primero y
       Segundo Civiles del Primer Circuito Judicial de San José, por el
       término de cuatro años a partir de su juramentación, a los siguientes
       profesionales:

      TRIBUNAL PRIMERO CIVIL

       Rodrigo Solano Sabatier
       Laura León Orozco
       Rosaura Chinchilla Calderón
       Jorge López González
       William Molinari Vílchez

                                         20
    Edgar Alvarado Luna
    Luis Fernando Fernández Hidalgo
    Abel Gustavo Jiménez Obando

    TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL

    Laura León Orozco
    Rosaura Chinchilla Calderón
    Jorge López González
    William Molinari Vílchez
    Edgar Alvarado Luna
    Luis Fernando Fernández Hidalgo
    Abel Gustavo Jiménez Obando
    Yanina Saborío Valverde
    Jorge Olaso Álvarez
    Oscar Cruz Conejo
    Magda Díaz Bolaños
    José Ángel Salazar Navas.

          3.- En el caso de los suscritos fuimos debidamente juramentados
    en marzo del 2006, por lo cual, nuestro nombramiento como Jueces
    Suplentes de los Tribunales Primero y Segundo Civil de San José
    vence en marzo del 2010, conforme dispone el artículo 55 del
    Reglamento de la Carrera Judicial que señala: “La permanencia de los
    suplentes en los mencionados roles será por cuatro años y solo podrán
    ser excluidos de ellos cuando:
    Renuncien expresamente
    Se hayan negado injustificadamente por más de dos veces en forma
    consecutiva a aceptar un llamamiento.
    Sean designados en un puesto que haga incompatible o
    razonablemente el ejercicio de suplencias.
    Siendo funcionarios judiciales, hayan sido removidos del cargo por
    falta o conducta indebida”.
    4.- El 23 de abril del año en curso, en sesión de Corte Plena en su
    artículo VII acordó: “Con motivo de lo resuelto, los profesionales
    designados como suplentes para el Tribunal Primero Civil, son los
    siguientes:
    Deyanira Martínez Bolívar
    Patricia Molina Escobar
    Javier Francisco Víquez Herrera
    Alejandra Vargas Cruz
    Frank Araya Knudsen
    Yanina Saborío Valverde
    Magda Díaz Bolaños
    Manuel Antonio Zambrana Zambrana



                                      21
       En lo que respecta al Tribunal Segundo Civil, los profesionales
       designados como Suplentes son los siguientes:

       Deyanira Martínez Bolívar
       Patricia Molina Escobar
       Javier Francisco Víquez Herrera
       Alejandra Vargas Cruz
       Frank Araya Knudsen
       Manuel Antonio Zambrana Zambrana
       Jorge Arturo Martínez Guevara.
                                       -0-
       La designación lo es por el término de cuatro años a partir de la
       respectiva juramentación. ”.

             5.- Conforme a lo que se ha indicado en el caso del Tribunal
       Primero Civil de San José solo se podía nombrar 1 Juez Suplente en
       adición a los que estamos nombrados como Jueces 4 Suplentes desde
       octubre del 2005 y juramentados en marzo del 2006 y en el caso del
       Tribunal Segundo Civil de San José 6 Jueces Suplentes más a la lista
       de los 12 Jueces Suplentes que fuimos nombrados desde octubre del
       2005 y cuyo nombramiento nos vence en marzo del 2010, conforme se
       ha indicado líneas atrás.
             Por lo anterior, respetuosamente solicitamos aclaración del
       acuerdo de Corte Plena del 23 de abril del año en curso, para que se
       indique que la lista de Jueces Suplentes del Tribunal Primero y
       Segundo Civil de San José queda integrada con los que fuimos
       nombrados desde el tres de octubre del 2005, en su artículo XI, y se
       determine por la honorable Corte Plena quienes son los estimables
       colegas que adicionan la lista de jueces suplentes 4 de los Tribunales
       Primero y Segundo Civil de San José, sin que se violente lo dispuesto
       en los artículos 53 y 55 del Reglamento de Carrera Judicial.”

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Los licenciados Jiménez

Obando y Fernández Hidalgo nos dicen que ellos no participaron en el nuevo

concurso porque ya habían sido nombrados con anterioridad por esta Corte

como Suplentes de esos Tribunales, y que entendieron que en el caso de lo que

se trataba era de completar la lista de suplentes. En aquella oportunidad yo lo

había entendido de esa forma, pero en el acuerdo no lo pusimos de esa manera, y

estaríamos dejando por fuera a quienes habíamos nombrado en aquella


                                        22
oportunidad. Recuerdo que en el Tribunal Primero nombramos más personas,

también tomando en consideración de que algunos de los suplentes de entonces,

por ejemplo don Jorge López, don William Molinari, habían sido nombrados

como jueces 4. Entonces a mí me parece que lo que tendríamos que hacer ahora

y así lo propongo, pero antes me gustaría oír al Magistrado Aguirre, es que lo

solicitado por don Abel y don Luis Fernando es correcto, dado que ellos fueron

nombrados como Suplentes hasta el mes de marzo del 2010.

      El Magistrado Aguirre señala: “Efectivamente así es, inclusive después de

esos nombramientos fue que se reformó el reglamento el cual tiene un transitorio

que deja a salvo la situación de esta gente, en cuanto a lo que se refiere al

período y bastaría con acudir a ese transitorio para darles la razón.”.

      Informa la Secretaria General que en la sesión celebrada el 18 de

diciembre del año pasado, artículo X, con base en la propuesta que al efecto

formuló el Consejo de la Judicatura, se dispuso limitar al 19 de ese mes, la

designación de la licenciada Rosaura Chinchilla Calderón y William Molinari

Vílchez, como Suplentes en los Tribunales Primero y Segundo Civiles de San

José; y que el licenciado Rodrigo Solano Sabatier se halla jubilado.

      Se dispuso: Aprobar la solicitud de los licenciados Jiménez Obando y

Fernández Hidalgo, y en consecuencia aclarar el acuerdo de la sesión celebrada

el 23 de abril último, artículo VII, en el sentido de que en lo que respecta al

Tribunal Primero Civil, continúan como suplentes la licenciada Laura León

Orozco y los licenciados Jorge López González, Edgar Alvarado Luna, Luis


                                         23
Fernando Fernández Hidalgo y Abel Jiménez Obando, hasta el mes de marzo del

2010, y para completar los nueve suplentes que requiere ese Tribunal la lista se

conforma, por el término de cuatro años a contar de su juramentación, con los

licenciados Deyanira Martínez Bolívar, Patricia Molina Escobar, Javier

Francisco Víquez Herrera y Alejandra Vargas Cruz. Y a tenor de lo que

establece el artículo 53 del Reglamento de Carrera Judicial, la lista

complementaria para el referido Tribunal quedaría integrada, por igual período,

con los licenciados Frank Araya Knudsen, Yanina Saborío Valverde, Magda

Díaz Bolaños y Manuel Antonio Zambrana Zambrana.

      En lo que atañe al Tribunal Segundo Civil, se aclara que continúan como

Suplentes hasta el mes de marzo del 2010, los licenciados Laura León Orozco,

Jorge López González, Edgar Alvarado Luna, Luis Fernando Fernández

Hidalgo, Abel Jiménez Obando, Yanina Saborío Valverde, Jorge Olaso Álvarez,

Óscar Cruz Conejo, Magda Díaz Bolaños y José Ángel Salazar Navas; y la lista

se adiciona con los licenciados Deyanira Martínez Bolívar, Patricia Molina

Escobar, Javier Francisco Víquez Herrera, Alejandra Vargas Cruz, Frank Araya

Knudsen, Manuel Antonio Zambrana Zambrana y Jorge Arturo Martínez

Guevara, éstos últimos por el término de cuatro años a contar de su

juramentación.

                              ARTÍCULO VI

      El Magistrado Aguirre, el Máster Francisco Arroyo Meléndez y el

licenciado Mauricio Cascante Araya, por su orden Presidente del Consejo de la

                                      24
Judicatura, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio Nº UI-0730-07 indican:

            “En atención al oficio número 10786-06 suscrito por la Secretaria de
            la Corte, se remite terna para nombrar en la plaza extraordinaria Nº
            103941 de Juez 4 destacada en el Tribunal de Puntarenas, hasta el
            08/07/2007.
            Los aspirantes son:

                                    PROMEDIO POSICIÓN EN LISTA OBSERVACIONES
NOMBRE                                         DE ELEGIBLES
1. Cedeño Monge Gustavo               84.2268       138
2. Fallas Santana Ana Emilia          83.1785       148
3. Barrantes Bosque Salvador          78.7012       175


            Suplente:

                         PROMEDIO POSICIÓN EN LISTA DE            OBSERVACIONES
NOMBRE                                 ELEGIBLES
4. Arias Alegría Ligia    74.3959               200


            Interino en el puesto: Licda. Marlene Mendoza Ruiz.
            Condición laboral: Interina
            Vigencia del nombramiento: Hasta el 31/05/2007

            Observaciones Generales
       I.         La terna se integra con tres aspirantes conforme la Ley de
            Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la
            Judicatura en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de
            julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo
            XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.
      II.        Esta terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 4 Penal.
     III.         En concordancia con el artículo VI de la sesión de Corte Plena
            Nº 30-04 celebrada el 23 de agosto del 2004, en nombramientos
            interinos en caso de que la plaza quede vacante, se procederá a
            realizar la designación mediante el respectivo concurso que establece
            la Ley de Carrera Judicial.
     IV.         El Consejo de la Judicatura, en sesión Nº CJ-18-06, celebrada el
            18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: “... 4) que en futuras
            ternas se incluya a un cuarto aspirante en calidad de suplente, en
            caso de que uno de los integrantes decline su participación...”


                                              25
       Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
       interesados.”
                                         -0-

      Se procede a realizar el nombramiento y por mayoría de nueve votos, fue

electo el licenciado Gustavo Cedeño Monge. La licenciada Fallas Santana

recibió ocho votos.

      La designación del licenciado Cedeño es a partir del 1° de junio y hasta el

8 de julio, ambas fechas del presente año. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO VII

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio N° UI-0760-2007 de 21 de mayo en curso, transcribe

el acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en la sesión celebrada el 13

de marzo de este año, artículo X, que en lo conducente dice:

       “El Consejo de la Judicatura en el artículo III de la sesión No. CJ-05-
       2007, celebrada el 20 de febrero de 2007, ante la carencia de oferentes
       al cargo de Juez 4 suplente para los Tribunales de Guanacaste, en lo
       que interesa dispuso:

       “...Según se observa en las listas anteriores, sólo un oferente que se
       encuentra elegible para un cargo de la Judicatura, y dos que no lo
       están, son de la zona de Guanacaste y al respecto la Ley Orgánica
       del Poder Judicial establece lo siguiente:

       “Artículo 36. Los funcionarios judiciales que puedan tener a su orden
       personas detenidas, deben residir a una distancia no mayor de treinta
       kilómetros del asiento del Tribunal, siempre que entre éste y el lugar
       de su residencia existan buenos medios de comunicación, de modo
       que no se afecte el deber de asistencia”

       Asimismo, la ampliación al Reglamento de Carrera Judicial,
       aprobado por Corte Plena en la sesión No. 25-04 celebrada el 12 de
       julio de 2004, señala:



                                         26
“Artículo 47. El Consejo de la Judicatura integrará mediante
concursos internos, que convocará, cuando las necesidades así lo
requieran, una lista principal de suplentes para los distintos
tribunales de justicia.
Para cada despacho se formará un rol de no más del triple de los
titulares del respectivo despacho, quienes deben reunir los siguientes
requisitos:

1. Tener la edad y el grado académico que exija la ley para el
respectivo puesto.
2. Ser funcionario judicial dentro del sistema de carrera y
encontrarse elegible para la materia o para alguna de las materias
que se conocen en el respectivo despacho y no estar nombrado como
juez supernumerario.
3. Cuando se trate de suplentes de tribunales que puedan tener a su
orden personas detenidas, tener la residencia en el respectivo
circuito judicial o a un distancia no mayor de treinta kilómetros del
asiento del despacho, siempre que existan buenos medios de
comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia.(El
subrayado no es del original)

[...]”

Al respecto y en virtud de la carencia de oferentes residentes para la
zona de Guanacaste, situación que se puede presentar en el resto de
los circuitos más alejados del país, como lo son Limón, San Carlos y
Zona Sur, entre otros considera este Consejo que sería conveniente
solicitar a Corte Plena una interpretación sobre el tema según lo
estipulado en la Ley Orgánica y el Reglamento de Carrera Judicial,
que resuelva la dificultad indicada, desde el punto de vista
institucional, pues de la lista de elegibles para este caso solamente se
podría proponer a un solo participante y quizás para los otros lugares
no se tenga tan siquiera un candidato. Esto genera la necesidad de
valorar si la norma debe aplicarse solamente para el momento en
que la persona elegible se va a desempeñar en el cargo, de modo que
no se entienda la norma como residencia fija, lo que permitiría a los
interesados trasladarse a residir al lugar a donde van a prestar el
servicio durante el tiempo de su nombramiento y de esta manera se
lograría evitar el problema de no contar con suplentes para los
distintos tribunales del país que puedan tener a su orden personas
detenidas.

Por lo tanto,

Previamente a conocer de las listas de suplentes de la Zona de
Guanacaste, SE ACUERDA:           Solicitar a Corte Plena un


                                  27
         pronunciamiento con relación a la estipulado en el artículo 36 de la
         Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 47 inciso 3 de la
         Ampliación del Reglamento de Carrera Judicial, en el sentido de si la
         norma debe aplicarse solamente para cuando la persona elegible va a
         desempeñarse en el cargo. Acuerdo Firme."

         Al respecto manifiesta el licenciado Cascante que en la sesión de
         Corte Plena, celebrada el pasado 05 de marzo se conoció el asunto, en
         el que se dispuso que el suplente que resida en forma distante y que
         fuese llamado a ejercer el cargo tiene que trasladar su residencia
         durante el tiempo que dure el nombramiento a efecto de cumplir con
         el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder
         Judicial

         Por ello, y para realizar las propuestas de nombramientos como Juez 4
         suplente, la Unidad Interdisciplinaria presenta el siguiente informe y
         lista de participantes del Concurso No. CJ-20-2006 de Juez 4 para el
         Tribunal de Guanacaste


         1.INFORME:

      El 22 de noviembre del 2004 la Unidad Interdisciplinaria publicó el
        concurso CJ-15-2004 para integrar listas de suplentes 4 y 5 a todos los
        tribunales del país. Corte Plena ordenó hacer una nueva convocatoria
        en esas categorías con el fin de ampliar las listas, así como consultar a
        los anteriormente designados para fijar si deseaban o no seguir
        desempeñando el cargo.

      Producto del concurso del 2004, Corte Plena acordó designar a los
        siguientes oferentes como suplentes para Juez 4 en dicho Tribunal, se
        exceptúan las personas que renunciaron al cargo, información que fue
        trasladada a Corte Plena según aconteciera.

                                        CONSEJO                                CORTE PLENA                      FECHA        FECHA
                         CEDULA                          CORTE PLENA                                 MATERIA
OFERENTE                              JUDICATURA                                AVISO 2001                       RIGE        VENCE
                                                                              #11-03 24-3-03, art.
QUIRÓS VARGAS RICARDO    1-603-669         *****              *****                                   PENAL    12/07/2004   11/07/2008
                                                                                     VIII
                                                                              #11-03 24-3-03, art.
CAMPOS VILLEGAS JAVIER   5-272-654         *****              *****                                   PENAL    12/07/2004   11/07/2008
                                                                                     VIII
FERNÁNDEZ BARRANTES                                                           #11-03 24-3-03, art.
                         1-879-051         *****              *****                                   PENAL    12/07/2004   11/07/2008
DIANA                                                                                VIII
                                                                              #11-03 24-3-03, art.
ABARCA SERRANO KATHY     6-261-635         *****              *****                                   PENAL    12/07/2004   11/07/2008
                                                                                     VIII
                                                                              #11-03 24-3-03, art.
CAMPOS GAMBOA LUIS       1-802-480         *****              *****                                   PENAL    12/07/2004   11/07/2008
                                                                                     VIII
                                   34-05 22-11-05, art. #2-06 16-2-06, art.
ARIAS CALDERON ALFREDO   6-215-285                                                  *****             PENAL    28/07/2006   27/07/2010
                                          VIII                XXVI
FERNANDEZ HIDALGO LUIS             34-05 22-11-05, art. #2-06 16-2-06, art.
                         1-710-175                                                  *****             CIVIL    27/03/2006   26/03/2010
FDO.                                      VIII                XXVI




                                                       28
 El Tribunal de Guanacaste cuenta con 5 jueces cuatro titulares, los cuales, en el
  desempeño de sus funciones tramitan las materias de Penal, Civil y Laboral, no
  obstante, tres de ellos fueron nombrados en materia penal y dos en civil. De
  conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera Judicial la cantidad
  máxima que se pueden recomendar para la lista principal son 8 suplentes, por
  cuanto ya fueron nombradas 7 personas provenientes del concurso del 2004.
  Asimismo, de conformidad con el artículo 53 y 54 de la Ampliación del
  Reglamento de Carrera Judicial, relacionados con la conformación de listas
  complementarias, la cantidad máxima de nombramientos que pueden realizarse en
  ésta son 15 suplentes, misma a utilizarse en los casos en que no se pudiera hacer un
  nombramiento con base en la lista principal o la plantilla de Jueces
  Supernumerarios.

 Los promedios que se consignan en la lista de oferentes para este concurso, se
  consultaron en el registro de elegibles con fecha de corte al 19 de febrero del 2007.


   […]

         CONSIDERANDO:

     Que dentro de publicación de un concurso en el año 2004 para integrar
       listas de suplentes categoría 4, se publicó concurso para el Tribunal
       Guanacaste, producto de ello, actualmente se encuentran 7 personas
       nombradas.

     El Tribunal de Guanacaste, está integrado por 5 jueces cuatro
       titulares.

     Que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera
       Judicial la cantidad máxima que se pueden recomendar para la lista
       principal son 08 suplentes, por cuanto ya fueron nombradas 7
       personas provenientes del concurso del 2004.

     Que el artículo 53 y 54 del Reglamento de Carrera Judicial, establece:

         “Artículo 53. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con
         las necesidades, convocará a concursos abiertos, con el fin de integrar
         una lista de suplentes complementaria para cada despacho judicial,
         también no mayor de tres personas por titular.

         Los concursantes deberán reunir los requisitos de los artículos 47 y
         48; este último en lo pertinente; y podrán participar todos los
         abogados que no sean funcionarios judiciales en sí; pero se le dará
         preferencia a quienes estén elegibles en ese sistema en la materia de



                                           29
     que se trate, debiendo ser ubicados en tal caso en la lista de acuerdo
     con sus notas.

     Artículo 54. Si por alguna razón no se pudiere hacer un
     nombramiento con base en la lista principal de suplentes o la plantilla
     de supernumerarios, se llamará a una persona de la lista
     complementaria...”

 Que en el Artículo II de la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-
  24-06 del 03 de octubre del 2006, artículo II, acordó:

     “Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres
     despachos judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que
     serán valorados por este Consejo al momento de conocer las
     propuestas de nombramiento de una determinada oficina.”


     Que también el artículo 50 de la Ampliación del Reglamento de
     Carrera Judicial, señala:

     Artículo 50. Para hacer la designación no será necesario confeccionar
     ternas y el órgano administrativo hará la designación, siguiendo en la
     medida de lo posible los criterios indicados en el artículo 48, en
     aquellos casos en que de acuerdo con la Ley, por el nombramiento, no
     se requiera terna por ser inferior a tres meses.

Que Corte Plena en sesión celebrada el pasado 05 de marzo acordó que el
suplente que resida en forma distante y que fuese llamado a ejercer el
cargo tiene que trasladar su residencia durante el tiempo que dure el
nombramiento a efecto de cumplir con el requisito establecido en el
artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

     ESTE CONSEJO ACUERDA:

1. Proponer a los siguientes 08 aspirantes para integrar una lista
    principal como Juez 4 Suplentes en el Tribunal de Guanacaste

Nombre                                 Promedio   Puesto y materia
1.    Saborío Jenkins Rafael           78.9807    Juez 4 Penal
                                       78.4402    Juez 1 Genérico

2.      Arias Alegría Ligia            74.3959    Juez 4 Penal
3.      Mendoza Ruiz Marlene           74.1604    Juez 4 Penal
4.      Morales Sanabria José Manuel   88.1836    Juez 3 Penal
5.      Carballo López Ana Cecilia     88.1693    Juez 3 Penal
6.      Delgado Rivera Karol V.        80.3172    Juez 3 Penal
7.      Barrantes Mora Irena           73.6439    Juez 3 Penal
8.      Alfaro Villalobos Geovanny     71.7639    Juez 3 Penal


                                        30
       2. Proponer a la siguiente candidata en una lista complementaria,
          conforme lo señalado en el artículo 53 del Reglamento de Carrera
          Judicial

     Nombre                            Promedio    Puesto y materia
     9. Saborío Valverde Yanina        87.3229     Juez 4 Civil
                                       94.6458     Juez 3 Laboral

       3. Previamente a que se traslade las anteriores propuestas de
          nombramiento a la Secretaría de la Corte, para lo de su cargo,
          comuníquese este acuerdo a los oferentes, para lo cual se les
          deberá indicar lo dispuesto por Corte Plena en la sesión
          celebrada el pasado 05 de marzo en el que se señala que el
          suplente que resida en forma distante, que es llamado a ejercer
          el cargo tiene que trasladar su residencia durante el tiempo
          que dure el nombramiento, a efecto de cumplir el requisito
          establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder
          Judicial. La Unidad Interdisciplinaria al momento de comunicar
          este acuerdo a la Secretaria, informará acerca de los oferentes que
          obtuvieron un resultado no favorable en las evaluaciones médicas,
          de trabajo social y psicología.

     4. Aprobar y dar por concluido el Concurso No. CJ-20-2006 para el
     Tribunal de Guanacaste.”

    Por otra parte, en sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-11-07, celebrada el
24 de abril último, se conoció petición de la licenciada YANINA SABORIO
VALVERDE en el siguiente sentido:

                                  “ARTICULO X

  Al respecto, la licenciada Yanina Saborío Valverde, mediante correo electrónico
enviado el 13 de abril en curso, dice los siguiente:

   Dentro del plazo de quinto día, solicito se revise la decisión que se me
   comunica.-
   Considero que si el Tribunal de Guanacaste es uno Mixto, puede evaluarse la
   inclusión de mi nombre para suplencias como Juez Civil 4. dentro de los
   primeros puestos de los suplentes nominados , y no dentro de una lista
   complementaria-
   Según se desprende de la nómina aprobada , únicamente se ha incluido a
   suplentes del área penal y penal juvenil en la lista principal .-
   No obstante me parece razonable que se incluya mi nombre, tomando en cuenta
   los promedios que se citan, en un orden más conveniente a mis intereses de



                                         31
   hacer suplencias en este Tribunal.- Interés que me ha llevado incluso a integrar
   terna de plaza vacante en primer lugar para optar a ese puesto en propiedad.-

Informa la Unidad Interdisciplinaria que al momento en que se conocieron de las
propuestas de nombramiento como Juez Suplente para el Tribunal de Guanacaste, la
licenciada Yanina Saborío Valverde esta designada como tal en los siguientes
despachos: Tribunal Primero y Segundo Civil de San José, Tribunal de Alajuela,
Tribunal de Heredia y Tribunal de Santa Cruz-Nicoya

En las propuestas de nombramiento para el Tribunal de Guanacaste, no se propuso
dentro de la lista principal de suplentes, a la licenciada Yanina Saborío Valverde, pues
de conformidad con lo que informa la Unidad Interdisciplinaria, había sido nombrada
en los despachos que se indican, y este Consejo acordó en el artículo II de la sesión
No. CJ-24-06, celebrada el 03 de octubre de 2006, limitar, por conveniencia
institucional y el buen servicio público, los nombramientos como suplentes hasta un
máximo de tres oficinas. Que esa restricción motivó que fuera incluida en una lista
complementaria y no en una principal. No obstante lo anterior, lo que a este Órgano le
compete es hacer las propuestas de nombramiento y Corte Plena o Consejo Superior,
según corresponda y de conformidad con la atribuciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, tienen la facultad de nombrar.

Sin embargo, considera este Consejo, que lo más conveniente es proponer una sola
lista, con la observación de que en este despacho, de acuerdo con el artículo 47 del
Reglamento de Carrera Judicial, lo máximo que se pueden nombrar es a ocho
suplentes dentro de una lista principal y los restantes, si así lo estima Corte Plena,
pueden quedar en una lista complementaria.

Por lo tanto,

SE ACUERDA: Modificar el artículo X de la sesión No. CJ-08-2007, celebrada el 13
de marzo de 2007, en el sentido de incluir a la licenciada Yanina Saborío Valverde,
dentro de los candidatos propuestos como suplentes para el Tribunal de Guanacaste,
consecuentemente, se proponen a los nueve aspirantes antes indicados como Juez 4
suplente para ese Tribunal, para lo cual, al momento de que se le comunique este
acuerdo a la Corte Plena, se debe hacer la observación de que el máximo que se puede
designar en una lista principal para este despacho, son ocho suplentes y quienes no
queden dentro de esa lista principal, si Corte lo tiene a bien, podrán ser nombrados en
una lista complementaria. Asimismo se debe señalar los despachos en los cuales se
encuentra designada como suplente, la licenciada Saborío Valverde.”

En consecuencia, se modifica parcialmente el acuerdo inicial, y la propuesta es la
siguiente:

                                        Promedio     Puesto y materia
                      Nombre
     1. Saborío Jenkins Rafael          78.9807      Juez 4 Penal
                                        78.4402      Juez 1 Genérico



                                          32
     2. Arias Alegría Ligia               74.3959   Juez 4 Penal
     3. Mendoza Ruiz Marlene              74.1604   Juez 4 Penal
     4. Morales Sanabria José Manuel      88.1836   Juez 3 Penal
     5. Carballo López Ana Cecilia        88.1693   Juez 3 Penal
     6. Delgado Rivera Karol V.           80.3172   Juez 3 Penal
     7. Barrantes Mora Irena              73.6439   Juez 3 Penal
     8. Alfaro Villalobos Geovanny        71.7639   Juez 3 Penal
     9. Saborío Valverde Yanina           87.3229   Juez 4 Civil
                                          94.6458   Juez 3 Laboral

        Para lo que corresponda, se informa que, de conformidad con lo
        acordado por el Consejo de la Judicatura el 03 de octubre del 2006,
        artículo II, relacionado con limitar las posibilidades de nombramiento
        como suplente, a tres despachos judiciales por participante; los
        licenciados BARRANTES MORA IRENA y SABORIO
        VALVERDE YANINA, ya alcanzaron el máximo de nombramientos.
        Lo anterior para que ese órgano lo considere al momento de realizar
        las designaciones.

        Asimismo, se informa de los oferentes que fueron propuestos y que
        obtuvieron un resultado no favorable en la evaluación de la Unidad
        Interdisciplinaria

        Ellos son:
      Arias Alegría Ligia
      Mendoza Ruiz Marlene
      Delgado Rivera Karol V.”

      Sin objeción de las señoras y señores Magistrados presentes, se dispuso:

Aprobar la propuesta del Consejo de la Judicatura, y por ende adicionar la lista

de Suplentes para el Tribunal de Guanacaste, con los licenciados Rafael Saborío

Jenkins, José Manuel             Morales Sanabria, Ana Cecilia Carballo López y

Geovanny Alfaro Villalobos. La designación de los citados profesionales lo es

por el término de cuatro años a contar de su juramentación.

      Se procede a resolver en lo que respecta a las licenciadas Irena Barrantes

Mora y Yanina Saborío Valverde, quienes ya alcanzaron el máximo de

nombramientos como suplentes en otros tribunales.




                                            33
      Al efecto expresa el Magistrado Aguirre: “El Consejo de la Judicatura

tomó la decisión de no nombrar a las personas en más de tres despachos como

suplentes, y esto es porque había personas que querían ser suplentes en diez o

doce despachos, y a la vez tener un puesto en propiedad, por ejemplo, un juez de

Desamparados que quería ser suplente de todo San José. Nosotros pensamos que

eso puede provocar un deterioro en el servicio, porque esa persona se va a

dedicar a ser suplente y no va a atender su despacho adecuadamente. También

había una idea de dar un poco más de oportunidad en la participación, pero

fundamentalmente lo primero. Este acuerdo se tomó hace ya bastante tiempo y

se ha venido poniendo en práctica en los distintos nombramientos por parte, me

parece, del Consejo Superior también.”

      Se procede a recibir la votación y por mayoría de catorce votos se acordó:

Con base en lo resuelto por el Consejo de la Judicatura, no designar a las

licenciadas Barrantes Mora y Saborío Valverde, como Juezas Suplentes del

Tribunal de Guanacaste.

      Se recibieron tres votos por designarlas.

      A continuación se procede a resolver en lo que concierne a las licenciadas

Ligia Arias Alegría y Karol Delgado Rivera, quienes obtuvieron un resultado no

favorable en la evaluación de la Unidad Interdisciplinaria, y por mayoría de diez

votos, se dispuso: Improbar su designación como Juezas Suplentes del referido

Tribunal.

                              ARTÍCULO VIII

                                         34
        El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio N° UI-0686-2007 de 7 de mayo en curso, transcribe

el acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en la sesión celebrada el 27

de febrero de este año, artículo VI, que en lo conducente dice:

          “A efecto de realizar las respectivas propuestas de nombramientos
          como Juez 4 Suplente, la Unidad Interdisciplinaria presenta el
          siguiente informe y los participantes del Concurso No. CJ-20-2006
          para integrar listas de Suplentes al cargo de Juez 4 para el Tribunal
          de Familia I. Circuito Judicial de San José:

          1. INFORME.

       El 22 de noviembre del 2004 la Unidad Interdisciplinaria publicó el
        concurso CJ-15-2004 para integrar listas de suplentes 4 y 5 a todos los
        tribunales del país. Corte Plena ordenó hacer una nueva convocatoria
        en esas categorías con el fin de ampliar las listas, así como consultar a
        los anteriormente designados para fijar si deseaban o no seguir
        desempeñando el cargo.

       Producto del concurso del 2004, Corte Plena acordó designar a los
        siguientes oferentes como suplentes para Juez 4 en dicho Tribunal, se
        exceptúan las personas que renunciaron al cargo, información que fue
        trasladada a Corte Plena según aconteciera.

                                               CONSEJO                         CORTE PLENA                FECHA
           OFERENTE               CEDULA                      CORTE PLENA                  FECHA
                                             JUDICATURA                         AVISO 2001                VENCE
                                                                                              RIGE
                                                              #30-05 03-10-05,
1. PANIAGUA MEJIA FRANZ            1-634-520 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
2. ARCE IHABADJEN VALERY           1-723-091 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
3. CHACON JIMENEZ MAURICIO         1-720-994 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
4. GRANADOS SOLERA VILMA          1-416-1226 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
5. HERRERA MONTERO BETMANN         1-568-322 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
6. HIDALGO XIRINACH ALEJANDRO      1-710-178 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
7.   JIMENEZ MATA ALBERTO          3-284-253 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
8.   LEANDRO SOLANO CARLOS EDO.    3-299-960 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
9.   MADRIGAL LIZANO RAUL          1-915-038 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
10. SOLANO RAMIREZ ALINNE          1-682-696 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X
                                                              #30-05 03-10-05,
11. VARGAS SOTO ALEXIS             1-733-460 CJ-20-05 Art. IV                     *****     21/11/2005   20/11/2009
                                                                   art. X




                                                   35
 El Tribunal de Familia de San José cuenta con 6 jueces cuatro titulares. De
  conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera Judicial la cantidad
  máxima que se pueden recomendar para la lista principal son 7 suplentes, por
  cuanto ya fueron nombradas 11 personas provenientes del concurso del 2004.
  Asimismo, de conformidad con el artículo 53 y 54 de la Ampliación del
  Reglamento de Carrera Judicial, relacionados con la conformación de listas
  complementarias, la cantidad máxima de nombramientos que pueden realizarse en
  ésta son 18 suplentes, misma a utilizarse en los casos en que no se pudiera hacer
  un nombramiento con base en la lista principal o la plantilla de Jueces
  Supernumerarios.

 Los promedios que se consignan en la lista de oferentes para este concurso, se
  consultaron en el registro de elegibles con fecha de corte al 26 de febrero del 2007.

 Se informa que las siguientes personas participaron en el presente concurso, no
  obstante, ya fueron designados producto del concurso anterior:

   1. MADRIGAL LIZANO RAUL
   2. PANIAGUA MEJIA FRANZ
   3. SOLANO RAMIREZ ALINNE”

   […]

         “CONSIDERANDO:

     Que dentro de la Publicación del 2004 para integrar listas de suplentes
       categoría 4 se publicó concurso para el Tribunal de Familia del Primer
       Circuito Judicial de San José, producto de ello, actualmente se
       encuentran 11 personas nombradas.

     Que el Tribunal de Familia, está integrado por 06 jueces titulares.

     Que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera
       Judicial la cantidad máxima que se pueden recomendar para la lista
       principal son 7 suplentes, por cuanto ya fueron nombradas 11
       personas provenientes del concurso del 2004.

     Que el artículo 53 y 54 del Reglamento de Carrera Judicial, establece:

         “Artículo 53. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con
         las necesidades, convocará a concursos abiertos, con el fin de
         integrar una lista de suplentes complementaria para cada despacho
         judicial, también no mayor de tres personas por titular.

         Los concursantes deberán reunir los requisitos de los artículos 47 y
         48; este último en lo pertinente; y podrán participar todos los

                                          36
           abogados que no sean funcionarios judiciales en sí; pero se le dará
           preferencia a quienes estén elegibles en ese sistema en la materia de
           que se trate, debiendo ser ubicados en tal caso en la lista de acuerdo
           con sus notas.

           Artículo 54. Si por alguna razón no se pudiere hacer un
           nombramiento con base en la lista principal de suplentes o la plantilla
           de supernumerarios, se llamará a una persona de la lista
           complementaria...”

      Que en el Artículo II de la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-
        24-06 del 03 de octubre del 2006, artículo II, acordó:

           “Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres
           despachos judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que
           serán valorados por este Consejo al momento de conocer las
           propuestas de nombramiento de una determinada oficina.”
           ESTE CONSEJO ACUERDA:

           1. Proponer a los siguientes 04 aspirantes como Juez 4 Suplentes en
           el Tribunal de Familia, Primer Circuito Judicial de San José:

      N°              NOMBRE              CEDULA RESIDENCIA PROMEDIO
1.          ZAMBRANA ZAMBRANA             8-044-648 Heredia,     Juez 4 Familia
            MANUEL A.                               Mercedes        91.5560
2.          BLANCO BONILLA ANA            1-487-077 Puntarenas   Juez 4 Familia
            LORENA                                                  87.8104
3.          SOTO CASTRO ROLANDO           1-695-343 Coronado     Juez 4 Familia
                                                                    83.7067
4.          SOLIS MADRIGAL MAUREN         1-864-755 San José     Juez 4 Familia
            ROXANA                                                  82.0381

     2. No se proponen a las personas que fueron designadas con ocasión del
        concurso anterior y que hicieron solicitud de participación en el
        Concurso CJ-20-2006. Tampoco se recomienda a los licenciados Luis
        Hector Amoretti Orozco y Sonia Ruíz Carballo porque a pesar de que
        el promedio de elegibilidad les permite el ser tomado en cuenta, ya
        fueron designados en más de tres despachos, y este Consejo en sesión
        No. CJ-24-2006 celebrada el 03 de octubre del 2006, artículo II,
        dispuso literalmente lo siguiente:

           “...Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres
           despachos judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que
           serán valorados por este Consejo al momento de conocer las
           propuestas de nombramiento de una determinada oficina.”




                                             37
    3. Previamente a que se traslade las anteriores propuestas de
       nombramiento a la Secretaría de la Corte, para lo de su cargo,
       comuníquese este acuerdo a              los oferentes. La Unidad
       Interdisciplinaria al momento de comunicar este acuerdo a la
       Secretaria, informará acerca de los oferentes que obtuvieron un
       resultado no favorable en las evaluaciones médicas, de trabajo social y
       psicología.

    4. Aprobar y dar por concluido el Concurso No. CJ-20-2006 para el
       Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José.”


      Se dispuso: Aprobar la propuesta del Consejo de la Judicatura, y por ende

adicionar la lista de Suplentes para el Tribunal de Familia del Primer Circuito

Judicial de San José, con los licenciados Manuel Antonio Zambrana Zambrana,

Ana Lorena Blanco Bonilla, Rolando Soto Castro y Roxana Solís Madrigal. La

designación de los citados profesionales lo es por el término de cuatro años a

contar de su juramentación.

                                ARTÍCULO IX

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio N° UI-0761-2007 de 21 de mayo en curso, transcribe

el acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en la sesión celebrada el 13

de marzo de este año, artículo IX, que en lo conducente dice:

       “A efecto de realizar las respectivas propuestas de nombramientos
       como juez suplente, la Unidad Interdisciplinaria presenta el siguiente
       informe y los participantes del Concurso No. CJ-20-2006 para integrar
       listas de suplentes al cargo de Juez 4 para el Tribunal de
       Guanacaste, sede Cañas.

    1. Informe

     El 22 de noviembre del 2004 la Unidad Interdisciplinaria publicó el
      concurso CJ-15-2004 para integrar listas de suplentes 4 y 5 a todos los
      tribunales del país. Corte Plena ordenó hacer una nueva convocatoria

                                         38
       en esas categorías con el fin de ampliar las listas, así como consultar a
       los anteriormente designados para fijar si deseaban o no seguir
       desempeñando el cargo.

     Producto del concurso del 2004, Corte Plena acordó designar al
      siguiente oferente como suplentes para Juez 4 en dicho Tribunal, se
      exceptúan las personas que renunciaron al cargo, información que fue
      trasladada a Corte Plena según aconteciera.

                                        CONSEJO                                                        FECHA
                            CEDULA                             CORTE PLENA                FECHA RIGE
   OFERENTE                             JUDICATURA                                                     VENCE
                                        CJ-34-05 22-11-05, art. #2-06   16-2-06,   art.
   ARIAS CALDERON ALFREDO   6-215-285                                                     28/07/2006   27/07/2010
                                        IX                      XXIV



 El Tribunal de Guanacaste, sede Cañas, cuenta con 1 juez cuatro titular. De
  conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera Judicial la cantidad
  máxima que se pueden recomendar para la lista principal son 2 suplentes, por
  cuanto ya fue nombrada 1 persona proveniente del concurso del 2004. Asimismo,
  de conformidad con el artículo 53 y 54 de la Ampliación del Reglamento de
  Carrera Judicial, relacionados con la conformación de listas complementarias, la
  cantidad máxima de nombramientos que pueden realizarse en ésta son 3 suplentes,
  misma a utilizarse en los casos en que no se pudiera hacer un nombramiento con
  base en la lista principal o la plantilla de Jueces Supernumerarios.

 Los promedios que se consignan en la lista de oferentes para este concurso, se
  consultaron en el registro de elegibles con fecha de corte al 19 de febrero del
  2007.”

 […]

       CONSIDERANDO:

     Que dentro de publicación de un concurso en el año 2004 para integrar
       listas de suplentes categoría 4, se publicó concurso para el Tribunal
       Guanacaste, sede Cañas y producto de ello, actualmente se encuentran
       1 persona nombrada.

     Que el Tribunal de Guanacaste, sede Cañas está integrado por 1 juez
       cuatro titular.

     Que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera
       Judicial la cantidad máxima que se pueden recomendar para la lista
       principal son 02 suplentes, por cuanto ya fue nombrado 1 persona,
       provenientes del concurso del 2004.

     Que el artículo 53 y 54 del Reglamento de Carrera Judicial, establece:


                                                 39
    “Artículo 53. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con
    las necesidades, convocará a concursos abiertos, con el fin de
    integrar una lista de suplentes complementaria para cada despacho
    judicial, también no mayor de tres personas por titular.

    Los concursantes deberán reunir los requisitos de los artículos 47 y
    48; este último en lo pertinente; y podrán participar todos los
    abogados que no sean funcionarios judiciales en sí; pero se le dará
    preferencia a quienes estén elegibles en ese sistema en la materia de
    que se trate, debiendo ser ubicados en tal caso en la lista de acuerdo
    con sus notas.

    Artículo 54. Si por alguna razón no se pudiere hacer un
    nombramiento con base en la lista principal de suplentes o la plantilla
    de supernumerarios, se llamará a una persona de la lista
    complementaria...”

 Que en el Artículo II de la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-
   24-06 del 03 de octubre del 2006, artículo II, acordó:

    “Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres
    despachos judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que
    serán valorados por este Consejo al momento de conocer las
    propuestas de nombramiento de una determinada oficina.”

                          Que también el artículo 50 de la Ampliación
        del Reglamento de Carrera Judicial, señala:

    Artículo 50. Para hacer la designación no será necesario
    confeccionar ternas y el órgano administrativo hará la designación,
    siguiendo en la medida de lo posible los criterios indicados en el
    artículo 48, en aquellos casos en que de acuerdo con la Ley, por el
    nombramiento, no se requiera terna por ser inferior a tres meses.

                          Que Corte Plena en sesión celebrada el pasado
    05 de marzo acordó que el suplente que resida en forma distante y
    que fuese llamado a ejercer el cargo tiene que trasladar su
    residencia durante el tiempo que dure el nombramiento a efecto de
    cumplir con el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley
    Orgánica del Poder Judicial

    ESTE CONSEJO ACUERDA:




                                      40
  1.     Proponer a los siguientes 02 aspirantes para integrar una lista
         principal como Juez 4 Suplentes en el Tribunal de Guanacaste,
         sede Cañas

                   Nombre              Promedio Puesto y materia
                                  81.4309
       1.Peralta Montoya Juan Carlos        Juez 4 Penal
       2.Saborío Jenkins Rafael   78.9807   Juez 4 Penal

        2.   Proponer a los siguientes candidatos en una lista complementaria,
             conforme lo señalado en el artículo 53 del Reglamento de Carrera Judicial

                    Nombre                Promedio Puesto y materia
       1. Mendoza Ruíz Marlene           74.1604   Juez 4 Penal
       2. Barrantes Mora Irena           73.6439   Juez 3 Penal
       3. Arias Badilla Luz Marina       72.1714   Juez 4 Penal Juvenil

  2.     Previamente a que se traslade las anteriores propuestas de
         nombramiento a la Secretaría de la Corte, para lo de su cargo,
         comuníquese este acuerdo a los oferentes, para lo cual se les deberá
         indicar lo dispuesto por Corte Plena en la sesión celebrada el
         pasado 05 de marzo en el que se señala que el suplente que resida
         en forma distante, que es llamado a ejercer el cargo tiene que
         trasladar su residencia durante el tiempo que dure el
         nombramiento, a efecto de cumplir el requisito establecido en el
         artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Unidad
         Interdisciplinaria al momento de comunicar este acuerdo a la
         Secretaria, informará acerca de los oferentes que obtuvieron un
         resultado no favorable en las evaluaciones médicas, de trabajo social y
         psicología.

  3.     Aprobar y dar por concluido el Concurso No. CJ-20-2006 para el
         Tribunal de Guanacaste, sede Cañas.”

         Asimismo, se informa de los oferentes que fueron propuestos y que
         obtuvieron un resultado no favorable en la evaluación de la Unidad
         Interdisciplinaria

         Ellos son:

    Mendoza Ruiz Marlene”

        Se acordó: Adicionar la lista de Suplentes para el Tribunal de

Guanacaste, Sede Cañas, con los licenciados Juan Carlos Peralta Montoya y

Rafael Saborío Jenkins, y a la licenciada Luz Marina Arias Badilla como

                                           41
Suplente complementaria. La designación lo es por el término de cuatro años a

partir de la respectiva juramentación.

      Se procede a resolver en lo que respecta a la Licenciada Mendoza Ruiz,

quien obtuvo un resultado no favorable en la evaluación de la Unidad

Interdisciplinaria, se procedió a recibir la correspondiente votación y por

mayoría de doce votos, se dispuso: No incluirla dentro de la lista de Jueces

Suplentes para el referido Tribunal.

      Se recibieron cinco votos por designarla como Jueza Suplente.

      En lo que respecta a la licenciada Irena Barrantes Mora, tampoco se le

designa como suplente en el Tribunal de referencia, en virtud de que conforme

consta en el artículo VII de la presente sesión, se halla designada como tal en

más de tres despachos.

                                  ARTÍCULO X

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio N° UI-0672-2007 de 7 de abril último, transcribe el

acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, en la sesión celebrada el 27 de

febrero de este año, artículo V, que en lo conducente dice:

“A efecto de realizar las respectivas propuestas de nombramientos como Juez 4
Suplente, la Unidad Interdisciplinaria presenta el siguiente informe y los participantes
del Concurso No. CJ-20-2006 para integrar listas de Suplentes al cargo de Juez 4 para
el Tribunal Penal I. Circuito Judicial de San José:

1. INFORME.

 El 22 de noviembre del 2004 la Unidad Interdisciplinaria publicó el concurso CJ-
  15-2004 para integrar listas de suplentes 4 y 5 a todos los tribunales del país. Corte


                                          42
     Plena ordenó hacer una nueva convocatoria en esas categorías con el fin de ampliar
     las listas, así como consultar a los anteriormente designados para fijar si deseaban o
     no seguir desempeñando el cargo.

 Producto del concurso del 2004, Corte Plena acordó designar a los siguientes
  oferentes como suplentes para Juez 4 en dicho Tribunal, se exceptúan las personas
  que renunciaron al cargo, información que fue trasladada a Corte Plena según
  aconteciera.

                                               CONSEJO              CORTE PLENA                FECHA
                                 CEDULA                 CORTE PLENA                FECHA
OFERENTE                                     JUDICATURA              AVISO 2001                VENCE
                                                                                     RIGE
1.   CAMACHO MORALES JORGE       1-548-849      *****      *****     #14-03 Art. X 12/07/2004 11/07/2008
2.   CARRILLO BARRANTES NOLDAN   5-210-743       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
3.   CEDEÑO MONGE GUSTAVO        1-629-724       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
4.   ESTRADA VENEGAS INGRID      1-678-839       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
5.   GUILLEN RODRIGUEZ ILEANA    1-705-849       *****            *****          #14-03 Art. X                           *
6.   HALL CUBERO ANA MARY        2-368-513       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
7.   MORA ARIAS ANA PATRICIA     1-723-592       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
8.   OBANDO SANTAMARIA RODRIGO   1-780-204       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
9.   RODRIGUEZ MIRANDA MARTIN    2-421-402       *****            *****          #14-03 Art. X                           *
10. SALAS CASTRO JOSE LORENZO    2-409-138       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
11. SALAZAR NAVAS JOSE ANGEL     6-163-337       *****            *****          #14-03 Art. X                           *
12. SERRANO BABY WILLIAM         8-066-852       *****            *****          #14-03 Art. X   12/07/2004 11/07/2008
13. SOLORZANO SANCHEZ RODOLFO    1-621-611        *****           *****          #14-03 Art. X                           *
                                             CJ-19-05, 28-7- #26-05 22-8-2005,
14. COLES CALDERON VIVIAN        3-272-335                                          *****        06/03/2006 05/03/2010
                                                05. Art. V        art. VI
                                             CJ-19-05, 28-7- #26-05 22-8-2005,
15. TORRES GONZALEZ MAYID        1-902-374                                          *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                05. Art. V        art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
16. ARIAS CALDERON ALFREDO       6-215-285   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
17. BOLAÑOS GONZALEZ LUIS GDO.   4-109-598   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
18. CERDAS MONTANO MARVIN        5-256-013   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
19. CRUZ CONEJO OSCAR            3-241-349   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
20. FALLAS SILES FLORIBETH       1-518-868   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
21. GULLOCK VARGAS RAFAEL        1-671-218   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
22. GUZMAN SANCHEZ DORIS         3-216-316   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
23. JIMENEZ FERNANDEZ KATTIA     4-158-862   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
24. LOPEZ MONGE TATIANA          1-782-543   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
25. MORALES VALLADARES WALTER                                #26-05 22-8-2005,
                                 1-763-082   CJ-15-05 Art. V                        *****        28/07/2006 27/07/2010
   ROLANDO                                                        art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
26. PANIAGUA MEJIA FRANZ         1-634-520   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
27. PERAZA SEGURA CARMEN         2-412-784   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
28. QUESADA CARRANZA SERGIO      1-748-131   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
                                                                  art. VI
29. RIVERA RODRIGUEZ DOUGLAS                                 #26-05 22-8-2005,
                                 1-707-909   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
   IVAN                                                           art. VI
30. RODRIGUEZ MORALES MARIA                                  #26-05 22-8-2005,
                                 1-612-629   CJ-15-05 Art. V                        *****        21/11/2005 20/11/2009
   GABRIELA                                                       art. VI
                                                             #26-05 22-8-2005,
31. SANDI ZUÑIGA SONIA           1-498-383   CJ-15-05 Art. V                        *****                                *
                                                                  art. VI




                                                  43
                                                          #26-05 22-8-2005,
32. SOTO MORICE ZOILA ROSA    2-312-890   CJ-15-05 Art. V                     *****   21/11/2005 20/11/2009
                                                               art. VI
                                                          #26-05 22-8-2005,
33. VARGAS QUIROS HUGO        1-866-349   CJ-15-05 Art. V                     *****   21/11/2005 20/11/2009
                                                               art. VI
                                                          #26-05 22-8-2005,
34. VASQUEZ RETANA RODRIGO    1-673-133   CJ-15-05 Art. V                     *****   21/11/2005 20/11/2009
                                                               art. VI
                                                          #26-05 22-8-2005,
35. VIQUEZ GOMEZ FABIO        1-675-980   CJ-15-05 Art. V                     *****   21/11/2005 20/11/2009
                                                               art. VI
* Pendiente juramentación




 El Tribunal Penal de San José cuenta con 25 jueces cuatro titulares. De
  conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera Judicial la cantidad
  máxima que se pueden recomendar para la lista principal son 40 suplentes, por
  cuanto ya fueron nombradas 35 personas provenientes del concurso del 2004.
  Asimismo, de conformidad con el artículo 53 y 54 de la Ampliación del
  Reglamento de Carrera Judicial, relacionados con la conformación de listas
  complementarias, la cantidad máxima de nombramientos que pueden realizarse en
  ésta son 75 suplentes, misma a utilizarse en los casos en que no se pudiera hacer
  un nombramiento con base en la lista principal o la plantilla de Jueces
  Supernumerarios.

 Los promedios que se consignan en la lista de oferentes para este concurso, se
  consultaron en el registro de elegibles con fecha de corte al 26 de febrero del 2007.

 Se informa que las siguientes personas participaron en el presente concurso, no
  obstante, ya fueron designados producto del concurso anterior:

     1. BOLAÑOS GONZALEZ LUIS GDO.
     2. CARRILLO BARRANTES NOLDAN
     3. FALLAS SILES FLORIBETH
     4. JIMENEZ FERNANDEZ KATHYA
     5. LOPEZ MONGE TATIANA
     6. PANIAGUA MEJIA FRANZ
     7. RODRIGUEZ MIRANDA MARTIN A.
     8. SALAS CASTRO JOSE LORENZO
     9. SERRANO BABY WILLIAM
     10. TORRES GONZALEZ RAFAEL MAYID
     11. VARGAS QUIROS HUGO
     12. VASQUEZ RETANA RODRIGO
     13. VIQUEZ GOMEZ FABIO
[…]

CONSIDERANDO:

 Que dentro de la Publicación del 2004 para integrar listas de suplentes categoría 4
  se publicó concurso para el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
  José, producto de ello, actualmente se encuentran 35 personas nombradas.


                                               44
 Que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, está integrado por
  25 jueces titulares.

 Que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Carrera Judicial la
  cantidad máxima que se pueden recomendar para la lista principal son 40
  suplentes, por cuanto ya fueron nombradas 35 personas provenientes del concurso
  del 2004.

 Que el artículo 53 y 54 del Reglamento de Carrera Judicial, establece:

   “Artículo 53. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las
   necesidades, convocará a concursos abiertos, con el fin de integrar una lista de
   suplentes complementaria para cada despacho judicial, también no mayor de tres
   personas por titular.

   Los concursantes deberán reunir los requisitos de los artículos 47 y 48; este último
   en lo pertinente; y podrán participar todos los abogados que no sean funcionarios
   judiciales en sí; pero se le dará preferencia a quienes estén elegibles en ese
   sistema en la materia de que se trate, debiendo ser ubicados en tal caso en la lista
   de acuerdo con sus notas.

   Artículo 54. Si por alguna razón no se pudiere hacer un nombramiento con base
   en la lista principal de suplentes o la plantilla de supernumerarios, se llamará a
   una persona de la lista complementaria...”

 Que en el Artículo II de la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-24-06 del 03
  de octubre del 2006, artículo II, acordó:

   “Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres despachos
   judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que serán valorados por
   este Consejo al momento de conocer las propuestas de nombramiento de una
   determinada oficina.”

ESTE CONSEJO ACUERDA:

1. Proponer a los siguientes 21 aspirantes como Juez 4 Suplentes en el Tribunal
   Penal del Primer Circuito Judicial de San José:


   Elegibles como Juez 5

   N°             NOMBRE           CEDULA        RESIDENCIA   PROMEDIO
   1.   SOJO PICADO GUILLERMO       3-220-665    Curridabat     95.3823

   2.   GONZALEZ CORDERO IVAN       3-281-951    Curridabat     84.7562




                                            45
   Elegibles como Juez 4 Penal

   N°              NOMBRE               CEDULA       RESIDENCIA             PROMEDIO
   3.    LEITON RODRIGUEZ CAROLINA      1-745-882    Alajuela                 93.6288

   4.    SEQUEIRA LEON MARTHA ROSA      1-588-128    Paso Ancho               90.3669

   5.    ACON NG ROSA MARIA             7-088-120    Coronado                 88.1215

   6.    VARGAS GONZALEZ PATRICIA       1-886-238    Cartago                  87.7066

   7.    PORTER AGUILAR HUGO            01-731-052   San José, Montes de      86.8717
                                                     Oca, San Pedro
   8.    BADILLA ROJAS ROY              2-412-434    San Isidro Heredia       85.6826

   9.    SALAS TORRES ALICIA MARIA      1-592-321    Heredia, Santo           83.8396
                                                     Domingo
   10.   CHAVES ZARATE FLORY            2-403-471    Tirrases, Curridabat     80.2544

   11.   CARRANZA CAMBRONERO IVETTE     1-852-427    Tres Rios Cartago        78.9625

   12.   AMADOR BADILLA GARY            1-806-144    Escazú                   75.5330

   13.   ARIAS ALEGRIA LIGIA            2-386-820    Alajuela                 74.3959



   Elegibles como Juez 3 Penal

   N°               NOMBRE              CEDULA RESIDENCIA                   PROMEDIO
   14.   HERRERA LOPEZ AISEN             6-258-901   Moravia                  90.3423

   15.   VILLALOBOS SOLANO NURIA         1-921-715   Heredia, Belén           90.0653

   16.   MORALES SANABRIA JOSE MANUEL   03-233-056   San José,                88.1836
                                                     Goicoechea
   17.   CARBALLO LOPEZ ANA CECILIA      1-549-467   San José                 88.1693

   18.   CORDOBA HERRERA ALVARO A.       1-777-733   San Francisco            87.5899
                                                     Heredia
   19.   SOTO FALLAS MINOR               1-652-309   Sabanilla                87.3572

   20.   CHAVES RIVERA ERICKA            1-917-654   Pavas                    85.6217

   21.   CASTRO SERRANO MILTON           1-670-835   Hatillo                  82.7755



5. No se proponen a las personas que fueron designadas con ocasión del concurso
   anterior y que hicieron solicitud de participación en el Concurso CJ-20-2006.
   Tampoco se recomiendan a los licenciados (as) Mylene Acosta Chavarría, Lorena
   Jiménez Rivera, Miguel Fernández Calvo, Alfonso Navas Aparicio, Pablo
   Alvarado Cascante, Wilberth Montenegro Reyes, Ana Isabel Solís Zamora,
   Mynor Vargas Gutiérrez porque a pesar de que el promedio de elegibilidad se los
   permite para ser tomados en cuenta, viven o tienen un puesto en propiedad a más
   de 30 kilómetros del asiento del despacho, lo cual de acuerdo con el artículo 36 de
   la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 47 inciso 3 del Reglamento de
   Carrera Judicial, los inhabilita para ser Juez 4 Suplente del Tribunal Penal del
   Primer Circuito Judicial de San José. De la misma manera no se proponen a las
   licenciadas Magaly Hernández Solano y Mercedes Muñoz Campos, porque no
   cumplen con el requisito de la edad establecido para el cargo de Juez 4, según
   artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ultimo, no se designa a la


                                                46
   licenciada Ana Emilia Fallas Santana, porque a pesar de que el promedio de
   elegibilidad se lo permite para ser tomada en cuenta, ya fue designada en más de
   tres despachos, y este Consejo en sesión No. CJ-24-2006 celebrada el 03 de
   octubre del 2006, artículo II, dispuso literalmente lo siguiente:

   “...Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres despachos
   judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que serán valorados por
   este Consejo al momento de conocer las propuestas de nombramiento de una
   determinada oficina.”


3. Previamente a que se traslade las anteriores propuestas de nombramiento a la
   Secretaría de la Corte, para lo de su cargo, comuníquese este acuerdo a los
   oferentes. La Unidad Interdisciplinaria al momento de comunicar este acuerdo a la
   Secretaria, informará acerca de los oferentes que obtuvieron un resultado no
   favorable en las evaluaciones médicas, de trabajo social y psicología.

4. Aprobar y dar por concluido el Concurso No. CJ-20-2006 para el Tribunal Penal
   del Primer Circuito Judicial de San José.”

Por otra parte, en sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-09-2007, celebrada el 10
de abril último, se conoció algunas peticiones según se detalla:

                                  “ARTICULO V

Las siguientes personas, participantes del Concurso No. CJ-20-2006 para Juez
Suplente 4 del Tribunal Penal de San José, presentan recurso de reconsideración a las
propuestas de nombramientos realizadas por este Consejo en la sesión No. CJ-06-
2007 celebrada el 27 de febrero recién pasado:

Licda. Ana Lorena Jiménez Rivera:

   La suscrita, Licda Ana Lorena Jiménez Rivera, Jueza 4 Penal de Heredia, con
   todo respeto someto a su conocimiento el presente Recurso de Reconsideración
   ante el acuerdo tomado en la sesión del Consejo de la Judicatura N° CJ-06-07,
   celebrada el 27 de febrero del presente año, que dice: en el punto 2.- textualmente
   "Tampoco se recomiendan a los licenciados (as) Mylene Acosta Chavarría,
   Lorena Jiménez Rivera, Miguel Fernández Calvo, Alfonso Navas Aparicio,
   PabloAlvarado Cascante, Wilberth Montenegro Reyes, Ana Isabel Solís Zamora,
   Mynor Vargas Gutiérrez porque a pesar de que el promedio de elegibilidad se los
   permite para ser tomados en cuenta, viven o tienen un puesto en propiedad a más
   de 30 kilómetros del asiento del despacho, lo cual de acuerdo con el artículo 36 de
   la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 47 inciso 3 del Reglamento de
   Carrera Judicial, los inhabilita para ser Juez 4 Suplente del Tribunal Penal del
   Primer Circuito Judicial de San José".



                                         47
Con este acuerdo, se me está negando la posibilidad a ser Jueza Suplente del
Tribunal de Juicio de San José en consideración a dos aspectos a los cuales me
voy a referir en forma inmediata.
     El primero :es que viva a más de 30 kilómetros del asiento del despacho, lo
cual no llevan razón porque mi domicilio siempre ha sido: San José, Moravia, del
Novacentro cuatrocientos metros norte y doscientos metros este.
     El segundo: es que trabaje a más de 30 kilómetros del asiento del despacho, en
este sentido tampoco se lleva razón, porque independientemente del lugar donde
me encuentre laborando, mi domicilio siempre ha sido y será en San José, además
actualmente me encuentro nombrada en el Tribunal de Heredia, sede Sarapiquí.
Sin embargo, el asiento del Tribunal, actualmente y por tiempo indefinido es en
Heredia, por lo que no se cumplen los presupuestos establecidos en dicho acuerdo.
     Este acuerdo se basa en los artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
que señala: " Los funcionarios judiciales que puedan tener a su orden personas
detenidas, deben residir a una distancia no mayor de treinta kilómetros del asiento
del tribunal, siempre que entre éste y el lugar de su residencia existan buenos
medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia." y en el
artículo 47 inciso 3 del Reglamento de Carrera Profesional que señala: " El
Consejo de la Judicatura integrará mediante concursos internos, que convocará,
cuando las necesidades así lo requieran, una lista principal de suplentes para los
distintos tribunales de justicia. Para cada despacho se formará un rol de no más
del triple de los titulares del respectivo despacho, quienes deben reunir los
siguientes requisitos: " 3. Cuando se trate de suplentes de tribunales que puedan
tener a su orden personas detenidas, tener la residencia en el respectivo circuito
judicial o a una distancia no mayor de treinta kilómetros del asiento del despacho,
siempre que existan buenos medios de comunicación, de modo que no se afecte el
deber de asistencia."
     Como se puede apreciar a simple vista en ninguno de los dos artículos se
establece absolutamente nada del lugar en que el funcionario tenga su puesto en
propiedad, la base fundamental es el domicilio, si cumple con todas los otros
requisitos.
     En este momento mi promedio de nota es 85.2175, y cumplo con todos los
requisitos establecidos como para ser Suplente de Juez 4 en el Tribunal de San
José. Por tales motivos, solicito reconsideren mi situación y se me admita como
tal.
     Agradezco mucho la atención que presten a este asunto, cualquier información
la puedo suministrar a los teléfonos 277-0453, 866-9011 y 240-2550 o al correo
electrónico ajimenezri@poder-judicial.go.cr o ana_lorena55@hotmail.com.

Licda. Ana Isabel Solís Zamora:

Reciban un cordial saludo de mi parte. La presente misiva tiene el fin de
interponer revocatoria ante el acuerdo tomado en la sesión del Consejo de la
Judicatura número CJ-06-07, celebrada el 27 de febrero del presente año, el cual
se me comunicara vía correo electrónico el pasado lunes 19 de marzo, con base en
el artículo 29 del Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.


                                      48
     Mi disconformidad radica en el hecho de que se me descarta como Suplente de
     Juez 4 en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, pese a que
     tengo las condiciones para formar parte de la terna en cuestión. Todo ello, a
     criterio de quienes resuelven, debido a que mi puesto en propiedad está ubicado a
     más de treinta kilómetros del asiento del despacho. Lo anterior, con fundamento
     en los artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 47 inciso 3 del
     Reglamento de Carrera Judicial.

              Sin embargo, haciendo una lectura de dichas normas, encuentro que ellas
     dicen:

     "ARTICULO 36.- Los funcionarios judiciales que puedan tener a su orden
     personas detenidas, deben residir a una distancia no mayor de treinta kilómetros
     del asiento del tribunal, siempre que entre éste y el lugar de su residencia existan
     buenos medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia."
     (Ley Orgánica del Poder Judicial)

     "Artículo 47. El Consejo de la Judicatura integrará mediante concursos internos,
     que convocará, cuando las necesidades así lo requieran, una lista principal de
     suplentes para los distintos tribunales de justicia.

     Para cada despacho se formará un rol de no más del triple de los titulares del
     respectivo despacho, quienes deben reunir los siguientes requisitos:

1.     Tener la edad y el grado académico que exija la ley para el respectivo puesto.

2.     Ser funcionario judicial dentro del sistema de carrera y encontrarse elegible
     para la materia o para alguna de las materias que se conocen en el respectivo
     despacho y no estar nombrado como juez supernumerario.

3.     Cuando se trate de suplentes de tribunales que puedan tener a su orden personas
     detenidas, tener la residencia en el respectivo circuito judicial o a un distancia no
     mayor de treinta kilómetros del asiento del despacho, siempre que existan buenos
     medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia.

4.     No ser pariente de algún miembro del tribunal o de algún superior en grado, en
     los términos señalados en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Poder
     Judicial." (Ampliación al Reglamento de Carrera Judicial, aprobado por Corte
     Plena en la sesión número 25-04 del 12 de julio de 2004, publicado en el boletín
     judicial el 16 de agosto de 2004)

      A partir de estas normas, no encuentro la objeción que plantean en el acuerdo
     impugnado, para no poder ser parte de la lista de elegibles, pues de una simple
     lectura, ninguna de las dos señala que debo tener mi puesto en propiedad dentro
     del perímetro judicial del Primer Circuito de San José, sino únicamente mi
     domicilio. Dentro de mi expediente en el Departamento de Personal, señalé
     claramente que mi domicilio está ubicado en San José, no en Puntarenas. De


                                            49
   hecho, a partir de enero de 2005 me encuentro nombrada en la Defensa Pública de
   San José y en la actualidad, tengo un puesto interino como Profesional en Derecho
   3 en la Sala Tercera, lo que puede verificarse por parte de ustedes con mucha
   facilidad.

          Bajo mi punto de vista, y con todo respeto para quienes resuelven,
   descartarme de la lista de elegibles bajo esos criterios, me coloca en una posición
   de desigualdad frente a los demás funcionarios, ya que ninguna de las normas que
   se me citan para negarme la posibilidad de formar la terna en cuestión, tienen el
   contenido que pretende el acuerdo notificado.

         En razón de lo anterior, solicito de la manera más atenta, se revoque
   parcialmente el acuerdo impugnado, de manera que se me incluya en la lista de
   suplentes para el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

          Para futuras comunicaciones o notificaciones, mantengo las mismas
   direcciones   de    correo   electrónico   asolis@poder-judicial.go.cr o
   mismensajes25@hotmail.com.

Dr. Alfonso Navas Aparicio:

   Sirva la presente, para impugnar conforme al artículo 29 del Reglamento Interno
   de la Carrera Judicial y dentro del plazo previsto, el acuerdo tomado en la sesión
   del Consejo de la Judicatura número CJ-06-07, del 27 de febrero de 2007,
   notificado a mi persona por este medio electrónico el día de hoy, en virtud del cual
   se acordó:

   “…No se proponen a las personas que fueron designadas con ocasión del
   concurso anterior y que hicieron solicitud de participación en el Concurso CJ-20-
   2006. Tampoco se recomiendan a los licenciados (as) …Alfonso Navas
   Aparicio… porque a pesar de que el promedio de elegibilidad se los permite para
   ser tomados en cuenta, viven o tienen un puesto en propiedad a más de 30
   kilómetros del asiento del despacho, lo cual de acuerdo con el artículo 36 de la
   Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 47 inciso 3 del Reglamento de Carrera
   Judicial, los inhabilita para ser Juez 4 Suplente del Tribunal Penal del Primer
   Circuito Judicial de San José”.

          En realidad, los preceptos citados por el Consejo únicamente aluden al
   lugar de residencia, no a la oficina donde el funcionario se encuentra formalmente
   nombrado.

         La Ley Orgánica del Poder Judicial señala:
   “ARTICULO 36.- Los funcionarios judiciales que puedan tener a su orden
   personas detenidas, deben residir a una distancia no mayor de treinta kilómetros
   del asiento del tribunal, siempre que entre éste y el lugar de su residencia existan



                                          50
   buenos medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia.”
   [La cursiva no pertenece al original]
         Por su lado, el Reglamento Interno de la Carrera Judicial apunta:
   “Artículo 47. El Consejo de la Judicatura integrará mediante concursos internos,
   que convocará, cuando las necesidades así lo requieran, una lista principal de
   suplentes para los distintos tribunales de justicia. Para cada despacho se formará
   un rol de no más del triple de los titulares del respectivo despacho, quienes deben
   reunir los siguientes requisitos: …
   3.- Cuando se trate de suplentes de tribunales que puedan tener a su orden
   personas detenidas, tener la residencia en el respectivo circuito judicial o a un
   distancia no mayor de treinta kilómetros del asiento del despacho, siempre que
   existan buenos medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de
   asistencia”. [La cursiva no pertenece al original]
         En los impresos que debían cumplimentarse a efectos del concurso, quedó
   constancia de que mi vivienda se ubica en San José. De hecho, la visita por parte
   del Departamento de Trabajo Social para este concurso se hizo a mi domicilio
   ubicado en Sabana Sur, del Gimnasio Nacional, 200 metros sur, 200 metros este
   y 20 metros norte (calle 38, avenidas 12 y 14), lugar en el que resido desde
   octubre de 2005. Antes de esa fecha, mi casa de habitación se encontraba, siempre
   en San José: en La Uruca, detrás del Hospital México. Son las únicas direcciones
   que pueden constar en los registros que posee el Poder Judicial.

          Al margen de lo anterior, lo que bastaría para fundamentar mi reclamo,
   bien es cierto que mi plaza en propiedad en la Defensa Pública se ubica en el
   Circuito Judicial de Pérez Zeledón. Aunque formalmente esa es mi plaza, nunca la
   he ocupado materialmente, pues mis nombramientos siempre fueron en San José,
   de forma continua desde el año 1998 (fecha en que regresé del exterior), ocupando
   cargos de Defensor Público y de Coordinador de la Unidad de Capacitación de la
   Defensa Pública, ambos en el Primer Circuito Judicial de la capital, aspecto que
   el Departamento de Personal pudo verificar antes de excluirme del concurso.
   Asimismo, actualmente me encuentro nombrado de forma estable como Letrado
   en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, asistiendo al Sr. Magistrado
   Lic. José Manuel Arroyo Gutiérrez, tras realizar permisos de forma interina e
   interrumpida como Letrado durante los últimos dos años.

          Por lo expuesto, solicito se revoque el acuerdo impugnado al no ajustarse a
   las normas que regulan la materia ni a la realidad de mi domicilio, y que se me
   incluya dentro de la lista de elegibles como Juez 4 Penal.

Lic. Miguel Fernández Calvo:

   Quien suscribe, Miguel E. Fernández Calvo, mayor, casado, abogado, portador de
   la cédula de identidad número 3-314-835, vecino de San Pablo de Heredia,
   Condominio Interamericana casa número 26, ante ustedes con el debido respeto
   me presento formal reclamo contra el el acuerdo tomado en la sesión del Consejo


                                         51
   de la Judicatura N° CJ-06-07, celebrada el 27 de febrero del presente año, en la
   que se dispuso no incluirme en el concurso 20-2006 para integrar listas de
   Suplentes al cargo de Juez 4 para el Tribunal Penal I. Circuito Judicial de San
   José. Toda vez que los fundamentos tomados en consideración para excluirme no
   se encuentran regulados en el reglamento de la carrera judicial, en dicha sesión se
   acordó excluirme de la lista porque:

    "viven o tienen un puesto en propiedad a más de 30 kilómetros del asiento del
   despacho, lo cual de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder
   Judicial y artículo 47 inciso 3 del Reglamento de Carrera Judicial, los inhabilita
   para ser Juez 4 Suplente del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San
   José".

   Cuando en realidad el artículo 47 de Carrera Judicial no indica nada con respecto
   de tener un puesto en propiedad fuera de los 30 kilómetros, por el contrario éste
   indica:
   "Cuando se trate de suplentes de tribunales que puedan tener a su orden personas
   detenidas, tener la residencia en el respectivo circuito judicial o a un distancia no
   mayor de treinta kilómetros del asiento del despacho, siempre que existan buenos
   medios de comunicación, de modo que no se afecte el deber de asistencia".
   Como se puede apreciar claramente se habla de residencia y no de puesto en
   propiedad, por lo que presento mi formal reconsideración para que pueda fungir
   dentro de la lista de elegibles como suplente de Juez 4 en el Primer Circuito
   Judical de San José.

Licda. Ana Emilia Fallas Santana:

   “...Por medio de la presente yo, Ana Emilia Fallas Santana, cédula 01 0567 0837,
   objeto el resultado del concurso CJ-20-2006, en lo que al Tribunal de Juicio Penal
   del I Circuito Judicial de San José se refiere, por las razones que de seguido
   expongo: A la fecha he recibido comunicación de que he sido designada en el
   Concurso CJ-20-2006, como suplente en un solo despacho, es decir en el Tribunal
   Superior de Trabajo del II Circuito de San José. En el momento de publicarse el
   concurso CJ-20-2006 no se advertía a los participantes que la eventual
   designación se limitaría a tres despachos, y en consecuencia tampoco se dio la
   oportunidad de que el interesado seleccionara aquellos que de acuerdo a sus
   prioridades fueran de mayor interés. Lo cual considero que en este momento
   lesiona mis intereses y cercena mis derechos, porque al participar en el mismo mi
   motivación primordial, encontrándome elegible, se circunscribía a integrar lista
   de suplentes en Tribunales de Juicio y en particular en el Primer Circuito Judicial
   de San José.
   Lo anterior en mi caso personal es de mucha relevancia porque, si tienen a bien
   revisar mis atestados en el Departamento de Personal, la mayoría de las
   suplencias cumplidas en el año anterior, por no decir las únicas, lo fueron en el
   Tribunal de Juicio de San José a instancia de la Presidencia de la Corte y



                                          52
   únicamente ante la inopia de llenar dichas vacantes con la lista suplentes
   designados para ese momento.
   Dado lo anterior, la MSc Tosi, Coordinadora de ese Tribunal en reiteradas
   ocasiones me expresó la necesidad de estar en la lista de suplentes para poder
   nombrarme, y a ello también responde que en otras ocasiones la señora
   coordinadora declinara expresamente designarme como suplente en ese Tribunal,
   obviamente apegándose a los criterios establecidos, lo cual en su momento fue
   aceptado por mi, porque respeto los principios y alcances de la Ley de Carrera
   Judicial.
   Aunado a lo anterior he de manifestar que resido en la ciudad de San José, en el
   Distrito de Mata Redonda, a una distancia que no supera los diez kilómetros de la
   sede de ese Tribunal, que me encuentro elegible para el puesto de Juez 4 en
   materia penal y que, de acuerdo a la comunicación recibida, el promedio de
   elegibilidad me permite integrar dicha lista. Siendo que en particular para el
   cargo de Juez 4 en materia penal, la experiencia específica en el puesto es tomada
   en cuenta para conformar el promedio de elegibilidad, estimo que mi exclusión
   como suplente en ese Tribunal lesiona mis derechos laborales, mis aspiraciones
   profesionales y los principios que informan la carrera judicial, específicamente en
   cuanto a la prioridad para ser designada en un puesto en atención a criterios de
   elegibilidad previamente determinados por ley, en los que la nota es un criterio
   fundamental.

   En virtud de lo anterior, solicito la reconsideración de lo resuelto y se me incluya
   en la lista de suplentes del Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de San José.

   Para ese efecto y en caso de ser necesario, no tendría ninguna objeción en
   renunciar a la designación en algún otro despacho considerando que, pese a que
   he sido nombrada como suplente en concursos anteriores, con excepción de los
   Tribunales de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela y de San José, desde
   que la utilización de las listas de suplentes se instauró, no se me ha llamado para
   cumplir suplencia alguna en aquellos despachos en los cuales figuro como tal y
   por el contrario si se ha recurrido a ellas para negarme un ascenso...”

Lic. Wilberth Montenegro Reyes.

   “… En el citado acuerdo se dispone no recomendar a quien suscribe por
   cuanto: “viven o tiene un puesto en propiedad a más de 30 kilómetros del
   asiendo del despacho, lo cual de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica
   del Poder Judicial y artículo 47 inciso 3 del Reglamento de Carrera Judicial,
   los inhabilita para ser Juez 4 Suplente del Tribunal Penal del Primer Circuito
   Judicial de San José...”, dicho pronunciamiento me afectó en forma grosera,
   pues resido en la ciudad de Cartago, a menos de treinta kilómetros de San
   José, además que también participe como suplente, en Cartago, en Heredia,
   Alajuela, y el Segundo Circuito Judicial de San José, y con dicho
   pronunciamiento se me dejaría afuera de la posibilidad de ser juez suplente, en
   otros circuitos, lo que atenta al derecho de trabajo en idénticas condiciones


                                          53
   que mis demás compañeros, por lo que solicito se reconsidere dicha posición y
   se me tome en cuenta como Juez Suplente...”

Sobre las anteriores gestiones, informa el licenciado Mauricio Cascante Araya, que los
solicitantes, en virtud de su elegibilidad podían ser considerados como suplentes para
el Tribunal Penal de San José, pero se excluyeron en virtud de su lugar de trabajo, pues
no cumplían con los 30 kilómetros de distancia en que debe residir para ser suplente de
ese Tribunal.

Asimismo señala que Corte Plena en las sesiones celebradas el pasado 05 y 19 de
marzo dispuso que el suplente que resida en forma distante, que es llamado a ejercer el
cargo tiene que trasladar su residencia durante el tiempo que dure el nombramiento, a
efecto de cumplir el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Por otro lado indica, que en el caso del licenciado Miguel Fernández Calvo está
designado como suplente de Juez 4 de un concurso anterior, en el Tribunal Penal y
Penal Juvenil del II. Circuito Judicial de San José, Tribunal de Alajuela, Tribunal de
Heredia y Tribunal de San Ramón.

Lo mismo sucede con la licenciada Ana Emilia Fallas Santana, pues esta nombrada
como Juez Suplente en el Juzgado Sexto Civil de San José, Juzgado de Trabajo de
Goicoechea, Juzgado Penal de Heredia y Tribunal de Heredia. Además está propuesta
por este Consejo como suplente en el Tribunal de Trabajo del II. Circuito Judicial de
San José.

Luego de un intercambio de opiniones y en virtud de lo acordado por Corte Plena en
las sesiones celebradas el 05 y 19 de marzo, referente a la interpretación del artículo 36
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, SE ACORDO: 1) Acoger la solicitud de
reconsideración a lo acordado por este Consejo en el Artículo V de la sesión No. CJ-
06-07 celebrada el 27 de febrero último, presentado por los licenciados Ana Lorena
Jiménez Rivera, Ana Isabel Solís Zamora, Alfonso Navas Aparicio y Wilberth
Montenegro Reyes, por lo que se proponen como suplentes de Juez 4 para el Tribunal
del I. Circuito Judicial de San José. 2) Denegar la gestión del licenciado Miguel
Fernández Calvo, pues según se informa, está nombrado en más de tres despachos
como suplente y este Consejo en sesión No. CJ-24-2006 celebrada el 03 de octubre del
2006, artículo II, dispuso literalmente lo siguiente:

       “...Limitar las posibilidades de nombramiento como suplente, a tres despachos
       judiciales por participante, salvo casos excepcionales, que serán valorados por
       este Consejo al momento de conocer las propuestas de nombramiento de una
       determinada oficina.”

3) Comunicar a la licenciada Ana Emilia Fallas Santana que no es factible acceder a
su petición, pues tanto la aceptación de renuncia como la de los nombramientos son
competencia de la Corte o Consejo Superior, según corresponda.”


                                           54
En consecuencia, se modifica parcialmente el acuerdo inicial, y la propuesta es la
siguiente:

   Elegibles como Juez 5

   N°              NOMBRE               CEDULA       RESIDENCIA             PROMEDIO
   1.    SOJO PICADO GUILLERMO          3-220-665    Curridabat               95.3823

   2.    GONZALEZ CORDERO IVAN          3-281-951    Curridabat               84.7562


   Elegibles como Juez 4 Penal

   N°              NOMBRE               CEDULA       RESIDENCIA             PROMEDIO
   3.    LEITON RODRIGUEZ CAROLINA      1-745-882    Alajuela                 93.6288

   4.    SEQUEIRA LEON MARTHA ROSA      1-588-128    Paso Ancho               90.3669

   5.    ACON NG ROSA MARIA             7-088-120    Coronado                 88.1215

   6.    VARGAS GONZALEZ PATRICIA       1-886-238    Cartago                  87.7066

   7.    PORTER AGUILAR HUGO            01-731-052   San José, Montes de      86.8717
                                                     Oca, San Pedro
   8.    BADILLA ROJAS ROY              2-412-434    San Isidro Heredia       85.6826

   9.    JIMENEZ RIVERA ANA LORENA      1-571-990    Moravia                  85,2175

   10.   SALAS TORRES ALICIA MARIA      1-592-321    Heredia, Santo           83.8396
                                                     Domingo
   11.   CHAVES ZARATE FLORY            2-403-471    Tirrases, Curridabat     80.2544

   12.   NAVAS APARICIO ALFONSO         01-714-881   San José                 81.5629

   13.   MONTENEGRO REYES WILBERTH      01-685-420   Cartago, El Guardo,      79.3490
                                                     Tejar
   14.   CARRANZA CAMBRONERO IVETTE     1-852-427    Tres Rios Cartago        78.9625

   15.   AMADOR BADILLA GARY            1-806-144    Escazú                   75.5330

   16.   ARIAS ALEGRIA LIGIA            2-386-820    Alajuela                 74.3959

   17.   SOLIS ZAMORA ANA ISABEL        1-846-851    Curridabat               72.9238



   Elegibles como Juez 3 Penal

   N°               NOMBRE              CEDULA RESIDENCIA                   PROMEDIO
   18.   HERRERA LOPEZ AISEN             6-258-901   Moravia                  90.3423

   19.   VILLALOBOS SOLANO NURIA         1-921-715   Heredia, Belén           90.0653

   20.   MORALES SANABRIA JOSE MANUEL   03-233-056   San José,                88.1836
                                                     Goicoechea
   21.   CARBALLO LOPEZ ANA CECILIA      1-549-467   San José                 88.1693

   22.   CORDOBA HERRERA ALVARO A.       1-777-733   San Francisco            87.5899
                                                     Heredia
   23.   SOTO FALLAS MINOR               1-652-309   Sabanilla                87.3572

   24.   CHAVES RIVERA ERICKA            1-917-654   Pavas                    85.6217

   25.   CASTRO SERRANO MILTON           1-670-835   Hatillo                  82.7755




                                                55
       Se informa que el oferente propuesto SOJO PICADO GUILLERMO, obtuvo
un resultado no favorable en la evaluación de la Unidad Interdisciplinaria, además es
cónyuge de la licenciada MARIA ELENA GOMEZ CORTES, Jueza 4 en propiedad
del Tribunal Penal de San José. Asimismo, obtuvo un resultado no favorable los
licenciados ARIAS ALEGRIA LIGIA y CORDOBA HERRERA ALVARO A.”

                                        -0-

      Sin objeción de las señoras y señores Magistrados presentes, se dispuso:

Adicionar la lista de Jueces Suplentes para el Tribunal Penal del Primer Circuito

Judicial de San José, con los siguientes profesionales, por el término de cuatro

años a contar de su juramentación:

      Iván González Cordero

      Carolina Leitón Rodríguez

      Marta Rosa Sequeira León

      Rosa María Acón Ng

      Patricia Vargas González

      Hugo Porter Aguilar

      Roy Badilla Rojas

      Ana Lorena Jiménez Rivera

      Alicia María Salas Torres

      Flory Chaves Zárate

      Alfonso Navas Aparicio

      Wilberth Montenegro Reyes

      Ivette Carranza Cambronero

      Gary Amador Badilla

                                         56
      Ana Isabel Solís Zamora

                                              -0-

 Se procede a resolver en lo que respecta al licenciado Sojo Picado, y

por mayoría de doce votos, se acordó no incluirlo en la lista de Jueces

Suplentes para el mencionado Tribunal.

 Se recibieron cinco votos por designarlo.

                                   -0-

  Continúa el Presidente, Magistrado Mora: “Ahora resolveríamos en

relación con la licenciada Arias Alegría y el licenciado Córdoba

Herrera."

      El Magistrado Chinchilla menciona: “Aquí hay una situación que a mí me

llama la atención y que a veces no me parece tal vez lo más conveniente, y es

que estamos hablando de la posibilidad de nombrar hasta veinticinco, podemos

tener una lista de personas que son elegibles para el puesto, ya sea más

calificadas como juez 5 para hacer suplencias en juez 4, y también elegibles

como juez 4. Ahora, por llenar los espacios se están proponiendo jueces que no

tienen la capacitación o por lo menos el reconocimiento y la elegibilidad para

ser juez 4, sino para ser juez 3. Entonces me parece que podríamos pensar en

dejarla hasta donde resultan elegibles como juez 4, que ya de por sí resultan ser

bastantes, y esperar o hacer una nueva convocatoria para completar la lista, si es

que se considera que sea necesario. Lo digo porque serían ocho que no tienen la

condición de elegibles para juez 4 en puestos de especial relevancia, ya que


                                         57
estamos hablando del Tribunal de Juicio del Primer Circuito de San José. Así es

que como idea antes de conocer en este caso la situación del señor Álvaro

Córdoba, no sé si podríamos pensar sobre ello o se considera que es pertinente

lo que yo digo o por el contrario seguir con el nombramiento en ese sentido. Lo

digo por la preocupación que a mí me da, que son puestos de mucha

importancia, muy complicados por la materia que se maneja y los casos que hay

y que ni siquiera están elegibles como juez 4. Yo sé que tal vez porque la

cantidad necesaria no participó y se incluyeron que como bien lo hace el

Consejo de la Judicatura, tal vez para nosotros como responsabilidad podría ser

inconveniente hacer esos nombramientos en personas que no tienen esa

elegibilidad que requiere el puesto.”

      El Magistrado Mora menciona: “Entiendo que el Consejo lo hace porque

el Reglamento lo permite, y porque no habían más oferentes como Juez 4, pero

si les parece hacemos pronunciamiento antes de resolver el otro tema de si

tenemos por designados o no a los jueces 3 que aquí aparecen en la lista.”

      Interviene la Magistrada Pereira: “Por las mismas consideraciones que ha

hecho el Magistrado Chinchilla, creo que si nos da un número suficiente es lo

más conveniente, es decir, esperar a que la lista pueda ser conformada con

jueces elegibles 4. Sobre todo si tenemos en cuenta que la complejidad de los

asuntos que se están tramitando en el Primer Circuito Judicial de San José, nos

requiere a nosotros de una mayor exigencia para quienes sean nombrados y no

creo que sea lo más conveniente que conformemos la lista de suplentes, aunque


                                        58
soy consciente que se permite, pero si hay posibilidad y creo que por ahí anda

pendiente algún concurso para elegibles de juez 4, podríamos, siendo un número

más o menos razonable el que vamos a nombrar, esperar y nombrar hoy a los

que tienen elegibilidad en ese tipo de juez.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Tomamos entonces el voto en

relación con si nombramos o no a los elegibles de juez 3.”

      Se procedió a recibir la votación, y por mayoría de nueve votos, se

dispuso: No completar la lista de Suplentes para el referido Tribunal, con los

profesionales elegibles como Juez 3.

      Se recibieron ocho votos por designarlos.

      SALE EL MAGISTRADO GONZÁLEZ.

      A continuación se procede a resolver en lo que respecta a la licenciada

Arias Alegría, quien obtuvo un resultado no favorable en la evaluación de la

Unidad Interdisciplinaria.

      Menciona el Magistrado Arroyo: “Independientemente del caso concreto,

sólo para ver si es posible que esta Corte pudiera darle alguna respuesta al tema.

Aquí nosotros definimos si le damos oportunidad o no a una persona para que

continúe en su carrera, con fundamento en un dictamen que no la recomienda o

que le hace alguna observación negativa, y bueno, hasta donde yo sé ahí termina

el asunto. A mí me parece que en algunos casos la Corte podría darle algún

seguimiento a estas personas que en muchos casos son gente que tiene grandes

fortalezas, aspectos muy positivos pero que en definitiva viene una


                                        59
recomendación negativa por otros aspectos de su personalidad. Yo creo que

nosotros deberíamos darle algún seguimiento y tratar de ver de qué manera estas

personas sean –no me gustaría usar el término- pero sí atendidas o tratadas, para

que superen algunas limitaciones que puedan tender; y esto lo digo porque me

parece que en muchos casos personas con una gran cantidad de virtudes y de

méritos, de repente por algún problema generalmente relacionado con problemas

de relaciones interpersonales, desacuerdos o lo que sea, terminan siendo mal

recomendadas o no recomendadas, y creo que se pueden estar cometiendo

injusticias en ese campo.”

      La Magistrada Escoto agrega: “También comparto el criterio del

Magistrado Arroyo, sin embargo estimo que debe ser opcional para la persona,

ya que si de alguna forma el funcionario o funcionaria estima que no amerita en

su caso, yo creo que está en su derecho de escoger si recibe o no capacitación,

porque en algunos casos quizás no sea una cuestión de personalidad sino de falta

de conocimiento de una relación interpersonal, de carácter, etc., y no

necesariamente una parte negativa de su ser propiamente. Es decir, sólo que sea

opcional.”

      Recibida la correspondiente votación, por mayoría de nueve votos, se

dispuso: No incluir a la licenciada Arias Alegría en la lista de Jueces Suplentes

para el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José,.

      Se recibieron siete votos por designar a la licenciada Arias Alegría en la

indicada lista de Jueces Suplentes.


                                        60
                              ARTÍCULO XI

      La licenciada Enar María Méndez Jiménez, Presidenta del Consejo de

Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en correo electrónico

de 19 de diciembre de 2006, comunicó que ese Consejo no tenía designado al

representante de los abogados litigantes y solicitó que se hiciera el

nombramiento de mérito.

      Mediante oficio Nº 11114-06 de 20 de diciembre de 2006, la Secretaria

General de la Corte solicitó a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, la

remisión de la terna correspondiente, de conformidad con el artículo 1° del

Reglamento del Consejo de Administración de Circuito.

      El máster Gustavo Solís Vega, Secretario de esa Junta Directiva, en

oficio Nº JD-05-110-07 de 7 de mayo en curso, comunica el acuerdo tomado en

sesión ordinaria Nº 10-07 celebrada el 14 de marzo del presente año, que dice:

             “SE ACUERDA
             2007-10-011: Aprobar la terna para elegir candidatos para los
       puestos de propietario y suplente ante el Consejo de Administración
       de San Carlos, compuesta por los licenciados Xinia Isabel Salas
       Morales, José Antonio Brenes Trejos y Geovanny Villalobos
       Guzmán.”

      Se procede a realizar el nombramiento del profesional que desempeñará el

cargo de propietario, y por mayoría de doce votos, resultó electa la licenciada

Xinia Isabel Salas Morales.

      El licenciado José Antonio Brenes Trejos, recibió cuatro votos.

      ENTRA EL MAGISTRADO GONZÁLEZ


                                       61
      Para el puesto de Suplente, por mayoría de dieciséis votos fue designado

el licenciado Brenes Trejos.

      Un voto recibió el licenciado Geovanny Villalobos Guzmán.

      El nombramiento de la licenciada Salas Morales y del licenciado Brenes

Trejos, por su orden, como titular y Suplente en representación de los Abogados

Litigantes ante el Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, rige a partir del 1° de junio próximo y por lo que resta del período

legal. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XII

      En sesión Nº 37-06 del 18 de diciembre último, se tomó nota de lo

resuelto por el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Pérez

Zeledón, referente a la revocatoria de nombramiento del licenciado Jorge Rojas

Arroyo como Representante de los abogados litigantes ante dicho Consejo y se

dispuso solicitar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, la remisión de la

terna, a efecto realizar la correspondiente designación.

      El máster Gustavo Solís Vega, Secretario de la Junta Directiva del

Colegio de Abogados, en oficio Nº JD-05-112-07 de 7 de mayo en curso,

comunica el acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº 11-07 celebrada el 21 de

marzo del presente año, que dice:

              “SE ACUERDA
             2007-11-005: Aprobar la terna para nombrar los candidatos
       para propietario y suplente del Consejo de Administración de Pérez
       Zeledón:


                                        62
              Lic. José Antonio Madrigal Soto
              Licda. Sandra Cubillo Díaz
              Lic. Juan José Mora Cordero.”


      Se procede a realizar el nombramiento del profesional que desempeñará el

cargo de propietario, y por mayoría de doce votos, resultó electo el licenciado

José Antonio Madrigal Soto.

      La licenciada Sandra Cubillo Díaz recibió cinco votos.

      Para el puesto de Suplente, por mayoría de quince votos fue designada la

licenciada Cubillo Díaz.

      Dos votos recibió el licenciado Juan José Mora Cordero.

       El nombramiento del licenciado Madrigal Soto y de la licenciada Cubillo

Díaz, por su orden, como titular y Suplente en representación de los Abogados

Litigantes ante el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Pérez

Zeledón, rige a partir del 1° de junio próximo y por lo que resta del período

legal. Se declara acuerdo firme.


                              ARTÍCULO XIII

      El Magistrado Aguirre, el Máster Francisco Arroyo Meléndez y el

licenciado Mauricio Cascante Araya, por su orden Presidente del Consejo de la

Judicatura, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria, en oficio Nº UI-0802-07 indican:

       “En atención al oficio número 3547-07 de fecha 25/04/2007, se remite
       terna para nombrar en propiedad en la plaza N° 103169 de Juez 4 en el


                                           63
        Tribunal de Familia, que dejó vacante la Licda. Ana María Trejos
        Zamora, por haberse acogido a la jubilación a partir del 01 de mayo
        del 2007.
        Observaciones Generales:
        I.      La terna se integra con tres aspirantes conforme la Ley de
                Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo
                de la Judicatura en sesión No. CJ-23-01, Artículo VI, celebrada
                el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en sesión No. 63-
                01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de 2001.
        II.     La terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 4 de
                Familia.
        III.    El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06, celebrada
                el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: “…4) que en
                futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en calidad de
                suplente, en caso de que uno de los integrantes decline su
                participación…”
        Los aspirantes son:

                               PROMEDIO POSICIÓN EN LISTA OBSERVACIONES
NOMBRE                                    DE ELEGIBLES
1. Paniagua Mejía Franz          95.7509         4
2. Vargas Soto Alexis            92.7488         8
3. Vilma Granados Solera         91.8868        12


        Suplente:

                              PROMEDIO POSICIÓN EN LISTA OBSERVACIONES
NOMBRE                                   DE ELEGIBLES
4. Mauricio Chacón Jiménez      91.0552             13


        Interina en el puesto: Licda. Valery Arce Ihabadjen
        Condición laboral: Propiedad. Juez 3 Juzgado de Familia del II
        Circuito Judicial de San José
        Vigencia del nombramiento: Hasta el 07/06/2007

        Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
        interesados.”
                                          -0-
       La Magistrada Varela manifiesta: “Sabemos que no es usual intervenir

cuando se está en vísperas de hacer un nombramiento de un funcionario, pero en



                                           64
el caso específico no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer algunas

reflexiones y que sean tomadas en cuenta, si lo tienen a bien, y es que en este

puesto si bien es cierto doña Vilma Granados va en tercer lugar, es una mujer

muy comprometida con la materia de familia, considero que es una mujer que

tiene la madurez suficiente, está elegible si bien es cierto en tercer lugar, pero es

un promedio no muy distante del otro y me parece que hay que darle la

oportunidad a esta persona. Ese puesto además recordemos que está siendo

dejado por otra funcionaria que se pensionó, entonces repito lo que dije en otra

oportunidad y creo que es conveniente recordar, que es el tema de género, el

tema de rescatar puestos de cierta jerarquía que tienen mujeres y ya lo hemos

dejado perder en una ocasión, creo que este momento debemos de considerarlo,

aparte de que, ya les digo, considero que doña Vilma es una mujer muy

capacitada, yo no dudo que los otros compañeros lo sean, pero son gente muy

joven que tendrán otras oportunidades, ya vendrán, y creo que este es el

momento de rescatar esta situación.”

      La Magistrada Escoto agrega: “Me uno a las palabras de la Magistrada

Varela en este sentido, he sido compañera de doña Vilma en el Segundo Circuito

Judicial, y en varias ocasiones nos tocó hablar sobre algunos temas relativos a

las materias en que ella ha estado, además de que puso como un despacho

modelo en lo que es violencia doméstica, y esto lo visitamos varios y varias

funcionarias del Segundo Circuito, era un modelo increíble, sobre todo para

hacer ameno el ambiente, en un espacio donde no había ni tanta ventana ni

                                         65
tantas posibilidades para hacerlo en los términos en que se edificó con una

forma muy económica de hacerlo y bajo sus directrices en parte. Fuera de ello

ha sido una mujer que me ha ayudado muchísimo, lo mismo que a los

compañeros y compañeras en la Comisión de Valores, llevándonos noticias,

preocupándose por la forma en que actuamos e igualmente he visto su

participación activa en la Comisión de Familia y de Violencia Doméstica, son

valiosas, desde mi ángulo de pensar, las experiencias que ella muestra en temas

que a veces un tanto conflictivos porque pueden darse varias interpretaciones, yo

creo que no es sólo por el hecho de ser mujer, sino porque en casos como los

que yo he dicho, es a ella de la que puedo opinar y vale la pena hacer ver que

son momentos que se quitan al despacho, que se viene a buscar hasta espacios

en parqueos, pagándolo y estos funcionarios y funcionarias merecen de alguna

forma un reconocimiento, porque dan más allá de lo que están obligados a hacer,

así es que debo enfocar cuando una buena persona aspira y viene en un tercer

lugar, porqué no escogerla, no sin antes valorar que los otros funcionarios por

algo vienen en primero y segundo lugar, pero no me constan estas virtudes que

sí debo decirlas respecto a doña Vilma.”

      Se procede a realizar el nombramiento y en la segunda votación, por

mayoría de once votos, fue electo el licenciado Vargas Soto. La licenciada

Granados Solera recibió cinco votos y uno el licenciado Paniagua Mejía.

      En la primera votación, los licenciados Vargas Soto y Granados Solera

recibieron seis votos cada uno y cinco don Franz Paniagua.


                                       66
      La designación del licenciado Vargas Soto, es en propiedad y rige a partir

del 8 de junio del presente año.

      El Consejo de la Judicatura procederá a remitir la terna para el cargo que

deja vacante el licenciado Vargas Soto de Juez 3, plaza Nº 60191 del Juzgado

Segundo de Familia de San José. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XIV

      A tenor de lo establecido por el inciso 17) del artículo 13 de la Ley de

Creación del Registro y Archivo Judiciales, se autorizó al Jefe de ese Registro,

para extender la certificación de antecedentes penales que eventualmente

aparezca en relación con Manrique Saborío Azofeifa, cédula 1-1082-519, para

trámites de residencia en Honduras. Se autoriza a Kattia Saborío Sandí, cédula

1-739-792, para que retire la certificación.

                                ARTÍCULO XV

       El licenciado Carlos Alberto Montero Loaiza, Auxiliar Judicial 3D del

Tribunal Penal del Circuito Judicial Fernando Baudrit Solera, en nota de 10 de

abril último, refiere:

        “Mediante la presente me dirijo muy respetuosamente a sus dignas
        personas, con el propósito de hacer del conocimiento la inquietud que
        se expondrá, así como el poder obtener la respuesta pertinente.
        Con asombro, preocupación y consternación, puede enterarme vía
        “Intranet” en torno al Acta No. 06-2007 de Corte Plena; en cuanto a la
        sesión extraordinaria celebrada el pasado 05 de marzo del año en
        curso, de las 13:30 horas. Dentro de la cual me causó admiración que
        en su Artículo XI se entró a conocer una serie de ternas —entre ellas
        algunas de forma interina- para cargo de Juez 4 en varios lugares del
        territorio nacional, ello en acopio de oficio de fecha 01/11/2006


                                         67
suscrito por el Mag. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y oficios Nº 9682-06, 9666-06 y 10548-06 de
fecha 8/11/2006 y 01/12/2006 respectivamente, suscritos por la
Secretaria General de la Corte; dentro de cuyas “Observaciones
Generales” se hizo mención incluso el hecho de:
“…I /.- Las temas se integran con tres aspirantes conforme la Ley de
Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la
Judicatura en sesión No CJ-23-0l, Artículo VI, celebrada el lo de julio
de 2001 y el Consejo Superior en sesión No.63-0l, Artículo XXX,
celebrada el 09 de agosto de 2001.
II /.-Las temas se conforman con la lista de elegibles de Juez 4 Penal
y de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Carrera Judicial, para
los puestos Nº 103670 y 103924 del Tribunal Corredores, Golfito, se
considero además la lista de elegibles de Juez 3 Penal, pues no hubo
suficientes elegibles de Juez 4 que aceptaran integrar esas ternas.
III) /- El nombramiento interino está sujeto a que regrese el titular o
que la plaza quede vacante.
IV /- En concordancia con el artículo VI de la sesión de Corte Plena
No.30-04 celebrada el 23 de agosto último, en caso de que la plaza
quede vacante, se procederá a realizar la designación mediante el
respectivo concurso que establece la Ley de Carrera Judicial.
V /- El Consejo de la Judicatura, en sesión Nº CJ 18-06, celebrada el
18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: ... 4) que en futuras
ternas se incluya a un cuarto aspirante en calidad de suplente, en
caso de que uno de los integrantes decline su participación... “(la
negrilla, subrayo y aumento de fuente no corresponden a sus
originales)
Acordándose adicionalmente:
“…Seguidamente se somete a consideración la terna para el cargo de
Juez 4 en el Tribunal de la Zona Sur, código Nº 105585, y en la
segunda votación, por mayoría de doce votos se dispuso devolver la
terna al Consejo de la Judicatura a efecto de que sirva ampliarla.
…También se procedió a resolver en lo que respecta a la terna para el
cargo de juez 4 en el en el Tribunal de la Zona Sur, código Nº 103924,
y en la segunda votación, por mayoría de catorce votos, se acordó
devolver la terna al Consejo de la Judicatura para que se sirva
ampliarla.
…El Consejo de la Judicatura procederá a remitir las ternas para los
siguientes cargos:
1.-…
2.- Para el cargo de Juez 4 en el Tribunal de Puntarenas, que deja
vacante el licenciado Jorge Steve Fernández Rodríguez.
3.-…

                                  68
4.-…
5.-…
6.-…
7.-…
8.- Para el cargo de Juez 4 en el Tribunal de Corredores, Golfito y
Osa. sede Osa, que deja temporalmente vacante hasta el 01 de
diciembre del 2007 el licenciado Gerardo Rojas Fernández.
9.-…
10.- Para el cargo de Juez 4 en el Tribunal de Corredores, Golfito y
Osa, que deja temporalmente vacante hasta el 09 de setiembre del
2007 el licenciado Rodrigo Obando Santamaría.
11.-…
Se declara acuerdo firme.”
Luego de lo cual dentro del ARTÍCULO XIII de esa misma sesión
extraordinaria, se entró en una polémica en torno a los artículos 36 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 47 del Reglamento de Carrera
Judicial; con la intervención ello de varios Magistrados (as),
acordándose:
“...Aprobar la propuesta del señor Presidente, Magistrado Mora, y
por ende evacuar la consulta del Consejo de la Judicatura, en el
sentido que para desempeñar el cargo en propiedad, necesariamente
el profesional designado debe cumplir con lo que establece el artículo
36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y para la designaciones de
jueces suplentes no es un requerimiento necesario que se cumpla con
lo que establece esa norma. Sin embargo, si el suplente es llamado
como tal a desempeñar el cargo por un periodo mayor a quince días,
debe cumplir con la obligación de trasladar su habitación, en las
condiciones exigidas, para ejercer el puesto.”
Ahora bien, mi inquietud radica en el sentido de que si el suscrito
concursó en su oportunidad para conformar una nómina de
profesionales, quiénes eventualmente pudieran ser tomados en cuenta
para realizar “sustituciones como Juez 4’, siendo designado para tal
fin en Sesión del 31 de Marzo del 2003, como “Suplente del
Tribunal de Puntarenas” por un periodo de 4 años a partir de la
aprobación del reglamento, es decir del 12/Julio del 2004, para cuyos
efectos se rindió el juramento constitucional el pasado 05 de febrero
del 2007 (se aporta copia sobre la constancia de dicho acto).
Motivo por el cual extraña la manifestación expuesta en el Punto II
supra indicado de las Observaciones Generales, o resulta ser que los
Únicos oferentes a dichas plazas “interinas” sólo pueden ser
cubiertas por quiénes hayan aprobado el examen correspondiente; y
no a los que conformamos dichas nóminas por atestados.
Situación la anterior que desearía me fuera aclarada, pues a todas
luces resulta contraproducente el hecho de haber sacado a concurso


                                  69
       para que los interesados, reuniendo todos los requisitos exigibles a
       excepción del examen de rigor, conformara una nómina de
       “Suplentes” si efectivamente no serían tomados en consideración.
       Sin otro particular agradeciendo de antemano la aclaración que sirvan
       brindarme:
       LUGAR DONDE ATENDER NOTIFICACIÓN: Al Tel-FAX 292-
       8262.”

      La anterior gestión del señor Montero Loaiza se remitió a estudio del

Consejo de la Judicatura, y en oficio UI-720-07 de 10 de los corrientes, el

licenciado   Mauricio        Cascante   Araya,   Coordinador      de    la      Unidad

Interdisciplinaria, le transcribe a don Carlos Alberto, el acuerdo tomado por el

Consejo de la Judicatura, en la sesión verificada el 24 de abril último, artículo

IX, que literalmente dice:

       “Mediante oficio No. 3346 de fecha 18 de abril en curso, la licenciada
       Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, manifiesta:
       “...Con instrucciones del señor Presidente de la Corte, Magistrado
       Mora, muy respetuosamente le remito para su estudio e informe,
       copia del memorial suscrito por el licenciado Carlos Alberto Montero
       Loaiza, mediante el cual solicita aclaración del acuerdo de Corte
       Plena, sesión Nº 6-2007 del 5 de marzo último, artículo XI, en
       relación con los nombramientos para el cargo de Juez 4...”
       Se tiene a la vista el documento que se menciona anteriormente y que
       fuera enviado por el licenciado Carlos Alberto Montero Loaiza, en
       donde en lo que interesa manifiesta:
       Motivo por el cual extraña la manifestación expuesta en el Punto II
       supra indicado de las Observaciones Generales o resulta ser que los
       únicos oferentes a dichas plazas “interinas” sólo pueden ser
       cubiertas por quienes hayan aprobado el examen correspondiente; y
       no a los que conformamos dichas nóminas por atestados.
       Situación la anterior que desearía me fuera aclarada, pues a todas
       luces resulta contraproducente el hecho de haber sacado a concurso
       para que los interesados, reuniendo todos los requisitos exigibles a
       excepción del examen de rigor, conformara una nómina de
       “Suplentes” si efectivamente no serían tomados en consideración...”




                                         70
Sobre el particular informa la Unidad Interdisciplinaria que el
licenciado Carlos Montero Loaiza esta designado como Juez Suplente
para el Tribunal de Puntarenas, producto de un aviso del año 2001.
Dicho nombramiento fue realizado por Corte Plena en sesión No.13-
03 celebrada el 31-03-2003, Artículo y, lo cual de acuerdo al
Transitorio 1 de la Ampliación del Reglamento de Carrera Judicial, en
su caso se mantiene como suplente para ese Tribunal por un período
de cuatro años a partir del 12 de Julio de 2004, fecha en la cual se
aprobó la ampliación del Reglamento de Carrera Judicial.
También debe señalarse lo establecido para esos efectos en la Ley de
Carrera Judicial
Artículo 69. —Al producirse una vacante, lo mismo que en el caso de
que el titular se encuentre con licencia o suspendido en el ejercicio de
sus funciones, mientras se hace el nombramiento que corresponda, se
llamará al respectivo suplente funcionario judicial o se designará a
alguno de los funcionarios supernumerarios, independientemente del
grado que hubiesen obtenido dentro de la carrera, siempre que
hubieran sido escogidos para ocupar puestos temporales en la
administración de justicia. A falta de los anteriores, podrán hacerse
nombramientos interinos; para ello se dará preferencia a quienes
integren la lista de elegibles para la clase de puesto de que se trate,
en su defecto, para otros grados inferiores del escalafón; solamente,
si no fuere posible hacerlo de ese modo, podrá designarse a otro
abogado.
Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:
Artículo 14. Cuando quedare vacante un puesto de administración de
justicia, con la excepción del de Magistrado, para llenar la vacante
en propiedad, la Corte o el Consejo deberán pedir al Consejo de la
Judicatura que le envíe una terna constituida entre los funcionarios
elegibles. Si abierto el concurso no se presentare ningún candidato, se
seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial.
Igual procedimiento se aplicará para hacer un nombramiento interino
por más de tres meses.
SE ACORDO: Aclarar al licenciado Carlos Alberto Montero Loaiza
que el caso específico de las plazas de la Zona Sur y aquellas que
están en condiciones similares, para realizar los respectivos
nombramientos, debe confeccionarse una terna integrada por
candidatos que se encuentran elegibles, conforme lo establece la Ley
Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial. Asimismo se
le hace saber que su nombramiento como suplente de Juez 4 para el
Tribunal de Puntarenas es única y exclusivamente para llamamientos
que no son por medio del sistema de ternas y específicamente para ese
tribunal.”



                                  71
      Se dispuso: Tomar nota de la contestación que el Consejo de la

Judicatura, le remitió al licenciado Montero Loaiza. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XVI

      El Consejo Superior, en la sesión celebrada el 15 de mayo en curso,

artículo LXX, tomó el siguiente acuerdo:

          En sesión N° 27-07 del 18 de abril del año en curso, artículo
       LXXX, se tomó el siguiente acuerdo:
       “La Corte Plena en sesión N° 7-07 del 12 de marzo recién pasado,
       artículo XVIII, tuvo por presentado el proyecto de Ley Orgánica del
       Poder Judicial, y concedió una audiencia por el plazo de quince días
       hábiles, -entre otros- a este Consejo y a la Dirección Ejecutiva, a
       efecto de que se indicaran las observaciones que se tuvieren sobre ese
       proyecto.
       En virtud de que este Consejo por imperativo legal ha estado en las
       últimas semanas dedicado al análisis y la elaboración del anteproyecto
       de Presupuesto para el 2008, no ha tenido la posibilidad de realizar un
       análisis detallado sobre el proyecto de ley y de remitir las
       observaciones que resulten procedentes.
       Por su parte el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,
       manifiesta que el tiempo que se le ha concedido no ha sido suficiente
       para concluir el análisis del proyecto de ley.
       Se acordó: Hacer una atenta instancia a la Corte Plena, para que se
       amplíe el plazo concedido a este Consejo y a la Dirección Ejecutiva,
       para analizar el citado proyecto y remitir las observaciones que se
       estimen pertinentes. Se declara firme este acuerdo.”
                                         -0-
            En razón de que aún persisten los motivos señalados en la sesión
       de referencia que han impedido tanto a este Consejo como a la
       Dirección Ejecutiva rendir el análisis detallado sobre el proyecto de
       Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Instar nuevamente a la
       Corte Plena, para que amplíe en 15 días más el plazo concedido al
       Consejo Superior y a la Dirección Ejecutiva, para analizar el citado
       proyecto y remitir las observaciones que estimen pertinentes.”.

      Se dispuso: Conceder una nueva prórroga por el término improrrogable

de quince días al Consejo Superior y a la Dirección Ejecutiva, a efecto de que


                                         72
indiquen las observaciones que tengan sobre el Proyecto de Ley Orgánica del

Poder Judicial.

      Una vez recibidas las observaciones se remitirán a la Comisión Redactora

conformada por el Presidente, Magistrado Mora y los Magistrados Aguirre

Arroyo y Rivas, a fin de que sean analizadas y formulen la correspondiente

propuesta a esta Corte. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XVII

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, mediante correo electrónico de 15 de mayo en curso, indica:

       “Le hemos dado una rápida lectura a algunos capítulos del Proyecto
       de Ley Orgánica del PJ y nos parece necesario hacer algunas
       observaciones desde la perspectiva de recursos humanos. No obstante,
       no se nos dio una audiencia formal para ello e ignoro el plazo que se
       le ha brindado a otras instancias.
       Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva trasladar esta
       gestión al señor Presidente con la solicitud de que nos otorgue una
       plazo de un mínimo de 15 días para remitir nuestras apreciaciones.”

      Se dispuso: Conceder el término improrrogable de 15 días hábiles al

Departamento de Personal, para que formule las observaciones que tenga en

relación con el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

      Una vez recibidas las observaciones se remitirán a la Comisión Redactora

conformada por el Presidente, Magistrado Mora y los Magistrados Aguirre

Arroyo y Rivas, a fin de que sean analizadas y formulen la correspondiente

propuesta a esta Corte. Se declara acuerdo firme.”

                             ARTÍCULO XVIII

                                        73
      En sesión Nº 11-07 de 23 de abril último, se dispuso solicitar al licenciado

Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, su criterio en cuanto a ser reelecto como

Suplente para la Dirección Nacional de Notariado, asimismo un informe de su

gestión durante el lapso que ha desempeñado el puesto, que vence el próximo 27

de mayo.

      El licenciado Jiménez Oreamuno, en nota de 8 de mayo en curso,

manifiesta:

       INFORME:
       Dentro del plazo del 2005 al 2007, Únicamente sustituí a la propietaria
       Licenciada Alicia Bogarín Parra durante dos ocasiones, la primera: del
       24 de octubre del 2005 al 2 de noviembre de ese año y la segunda: del
       17 al 25 de noviembre del 2005. También resolví un caso contra los
       notarios Andreina y Fabio, ambos de apellidos Vincenzi Guilá, en el
       que doña Alicia Bogarín Parra se excusó por amistad.
       REELECCIÓN: Les agradezco, tanto a la Corte Plena, así como a
       cada uno de sus miembros, la confianza que depositaron en mi
       persona por la designación inicial como Director Nacional de
       Notariado Suplente del 2003 al 2005, así como la reelección en dicho
       cargo durante el periodo 2005 al 2007. Asimismo agradezco el
       tenerme en cuenta para una nueva designación. Sin embargo, esta
       misma Corte me honró nombrándome en propiedad como Juez
       integrante del Tribunal Notarial, cargo que desempeño actualmente y
       en el que deseo continuar brindando mis mejores esfuerzos, por lo
       que, con el debido respeto, les solicito no tener en cuenta mi nombre
       para este nombramiento. Nuevamente, externo mi gratitud para con
       ustedes,

      Se dispuso: Tener por rendido el informe que se le solicitó al licenciado

Jiménez Oreamuno, a quien se le dan las gracias por sus servicios prestados

como Suplente de la Dirección Nacional de Notariado.




                                         74
      Al propio tiempo se solicita al Departamento de Personal que saque a

concurso público el cargo de Suplente para la Dirección Nacional de Notariado,

para un nuevo período de dos años. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XIX

      En la sesión celebrada el 23 de abril último, artículo VIII, se conoció de la

propuesta del Consejo de la Judicatura para la designación de nueve Jueces

Suplentes para el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de

San José.

      En esa ocasión se dispuso designar sólo a seis Suplentes para el referido

Tribunal, en razón de ser los únicos elegibles para el cargo de Juez 5; y al propio

tiempo se dispuso no designar Suplentes elegibles como Juez 4.

      Mediante nota de 15 del presente mes de mayo, el licenciado Jorge

Camacho Morales, Juez del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San

José, Sede Desamparados, manifiesta:

              “Ante ustedes, en mi condición de aspirante a Juez suplente del
       Tribunal de Casación Penal, comparezco a interponer recurso de
       reconsideración contra el acuerdo tomado por Corte Plena en Sesión
       N° 11-07 celebrada el 23 de abril del presente año que me fuera
       notificado vía correo electrónico el día jueves 10 de mayo de 2007,
       Artículo VIII, en donde se adoptó la decisión de no elegir como
       Jueces suplentes del Tribunal de Casación Penal a aquellos aspirantes
       propuestos por el Consejo de la Judicatura según acuerdo N° CJ06-
       07celebrada el veintisiete de febrero de este año, art. IV que no
       estuvieran elegibles como Juez 5.
             El acuerdo impugnado concretamente es el siguiente: "NO
       DESIGNAR COMO SUPLENTES ELEGIBLES COMO JUEZ 4
       PARA EL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL; acuerdo que
       modifica las condiciones del concurso de aspirantes a ser suplentes
       que originó la propuesta del Consejo de la Judicatura, pero que en
       todo caso, tampoco toma en consideración que entre la lista de


                                        75
       propuestos por el Consejo de la Judicatura como aspirantes al puesto
       de Juez suplente del Tribunal de Casación Penal que aparecen
       elegibles como Juez 4, habemos aspirantes elegibles como Juez 5 de
       Casación Penal, que lo estamos en este momento aunque no cuando se
       abrió el concurso de aspirantes a Juez suplente.
             La solicitud concreta de este servidor es que se modifique el
       citado acuerdo y se complete la lista de 9 suplentes del Tribunal de
       Casación Penal con aquellos aspirantes propuestos por el Consejo de
       la Judicatura para tal nombramiento, que aparecen elegibles como juez
       4 pero que en la actualidad hemos adquirido la condición de elegibles
       como Jueces 5, es decir, de Casación Penal.
             Considera este servidor, con todo respeto, que de la forma
       propuesta, se satisface el interés de los señores magistrados de no
       nombrar como suplentes del Tribunal de Casación Penal a Jueces 4, y
       el interés de los concursantes a que se nos tome en cuenta para ser
       nombrados en dicho puesto, estableciendo un criterio objetivo y no
       discriminatorio de elegibilidad, que discrecionalmente puede adoptar
       Corte Plena, aplicable a los aspirantes propuestos por el Consejo de la
       Judicatura que no eran elegibles para el puesto de Juez de Casación al
       momento de abrirse el concurso respectivo, y los que si tienen esa
       condición en la actualidad o sea, al momento de pronunciarse respecto
       del presente recurso de reconsideración.”

      Por su parte, el licenciado Lorenzo Salas Castro, Juez del Tribunal Penal

del Segundo Circuito Judicial de San José y Penal Juvenil, en correo electrónico

recibido el 15 de los corrientes, expresó:

            “En relación con el acuerdo tomado en la sesión de Corte Plena
       Nº 11-07 celebrada el 23 de abril del presente año, ARTÍCULO VIII
       me permito solicitar se reconsidere la posición externada en relación
       con el suscrito, toda vez que el Consejo de la Judicatura en la sesión
       CJ-10-07, artículo XXI celebrada el 19 de abril del presente año,
       concluyó el concurso CJ-13-2006 de Juez 5 en materia Casación Penal
       en el cual obtuve un promedio final de 85.3313 %. De modo que,
       cuando la Corte Plena emitió pronunciamiento en relación con mi
       caso, ya me encontraba elegible para el cargo de Juez 5 en materia de
       Casación Penal.
            Por lo expuesto, en vista de que no solamente participé en el
       concurso de suplentes, sino que me esforcé obteniendo la nota de
       elegibilidad referida, ruego se reconsidere mi nombre como suplente
       de Casación Penal.”




                                         76
      Se acordó: Tener por presentadas las reconsideraciones de los licenciados

Camacho Morales y Salas Castro, y previamente a resolver lo que corresponda,

hacerlas de conocimiento del Consejo de la Judicatura, a efecto de que dentro de

término de ocho días, informe y recomiende lo pertinente a esta Corte. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XX

      En la sesión celebrada el 12 de marzo del presente año, artículo VI, con

base en la terna que al efecto remitió el Consejo de la Judicatura, se designó a

las licenciadas Silvia Fernández Brenes, Lorena Montes de Oca Monge y al

licenciado José Paulino Hernández Gutiérrez, en los cargos de Juezas y Juez 4

en el Tribunal Contencioso Administrativo, a partir del 1° de abril último y hasta

el 31 de julio próximo, en sustitución de los titulares de ese Tribunal,

licenciados Joaquín Villalobos Soto, Hubert Fernández Arguello y Sonia Ferrero

Aymerich, a quienes se les concedió permiso con goce de salario.

      Mediante nota remitida vía correo electrónico el 3 de mayo en curso, el

licenciado José Paulino Hernández Gutiérrez, manifiesta:

          “En el acuerdo de Corte Plena, adoptado en sesión Nº 07-07,
       celebrada el 12 de marzo, artículo VI, se señala que nuestro
       nombramiento en la Sección IV del Tribunal Contencioso
       Administrativo, rige hasta el 31 de julio de 2007; iniciamos el 1º de
       marzo. De manera que el nombramiento sería por cinco meses.
            Tenemos entendido que las plazas fueron creadas por seis meses;
       de ser así, habría que corregir el acuerdo de nombramiento, para
       extenderlo hasta el 31 de agosto próximo, y no como consta en el
       acuerdo. Ahora, según lo manifestado el pasado lunes, por doña Marta
       Soto, de la Presidencia, el nombramiento está hasta el 7 de julio.”

      Por su parte el Magistrado González, mediante correo electrónico de 4 de

                                        77
los corrientes expresó:

          “[…] creo que efectivamente hay un error en las fechas de
          nombramiento, que presupuestariamente se aprobaron por 6 meses
          para el contencioso, por tanto debe indicarse que va desde el primero
          de marzo hasta el último de agosto del presente año.”

         Se dispuso: Modificar el acuerdo tomado en la sesión celebrada el 12 de

marzo de este año, artículo VI, en el sentido de que el nombramiento de las

licenciadas Fernández Brenes, Montes de Oca Monge y el licenciado Hernández

Gutiérrez, concluye el 31 de agosto del año en curso. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXI

         En la sesión celebrada el 7 de mayo en curso, artículo V, con base en la

terna que al efecto remitió el Consejo de la Judicatura, se nombró al licenciado

Yuri López Casal, en el cargo de Juez 4 en el Tribunal de Puntarenas, a partir

del 1° de junio próximo y hasta el 31 de diciembre del presente año, en

sustitución del licenciado Max Baltodano Chamorro, quien desempeña otro

cargo.

         En nota de 14 de este mes, el licenciado López Casal, manifiesta:

                “Les agradezco profundamente por mi nombramiento como Juez
          en el Tribunal de Juicio de Puntarenas, según sesión de Corte Plena
          N° 12-2007 celebrada el pasado lunes 7 de mayo de 2007. Me siento
          honrado y muy agradecido por la confianza y el apoyo que me han
          dado para asumir esa nueva labor, la cual realizaré don dedicación,
          trabajo arduo, optimismo y con el mayor deseo de realizar un trabajo
          de alta calidad.
                Precisamente este mes de mayo cumplo diez años de laborar
          como Juez y agradezco al Poder Judicial la confianza que me ha dado,
          durante todo este tiempo, para ejercer la función jurisdiccional.
                Adjunto a esta nota, les aporto constancia expedida por la
          Asistente Judicial del Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón,
          según la cual, al día de mayo del presente año, no tengo ningún asunto


                                           78
         pendiente para dictar sentencia, o sea, que me encuentro al día en mis
         labores.”

      Se acordó: Tomar nota de la misiva del licenciado López Casal. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXII

      El Magistrado Jinesta, en oficio Nº SC-801-22-07 de 23 de mayo en

curso, informa que durante el segundo cuatrimestre de este año, impartirá en la

Universidad Escuela Libre de Derecho, los siguientes cursos:

      1) Servicios Públicos, Programa Doctorado en Derecho Público:
         Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
      2) Derecho Administrativo I, Licenciatura:
         Martes de 5:00 a 7:00 p.m.

      Se dispuso: Tomar nota del informe del Magistrado Jinesta. Se declara

acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXIII

      Mediante oficio Nº 2023-2007 de 21 de mayo en curso, el licenciado

Javier Arguedas Ruano, Secretario de la Sala Tercera, informa que la

Magistrada Pereira asumirá la Presidencia de esa, del 21 al 25 del presente mes,

por cuanto el Magistrado Arroyo se encuentra con permiso con goce de salario.

      Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior. Se declara acuerdo

firme.

                               ARTÍCULO XXIV




                                          79
      SALE EL MAGISTRADO MORA Y ASUME LA PRESIDENCA EL

MAGISTRADO CHAVES.

      La señora Ana M. Álvarez de Yraola, coordinadora Ejecutiva de

EUROsociAL Justicia, en nota de 27 de abril último, le expresó al Presidente,

Magistrado Mora:

       “Tengo el placer de ponerme en contacto con usted desde el Proyecto
       EUROsociaL Justicia en relación al evento que se celebrará en
       Budapest los días 11 y 12 de junio de 2007, bajo el título: “Taller de
       Sensibilización con Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura de
       Europa”. La Oficina de Consejo Nacional de la Justicia de
       Hungría (Bíróság) y el Consejo General del Poder Judicial de
       España, socios del proyecto EUROsociaL Justicia e instituciones
       implicadas en su ejecución, lideran esta convocatoria dirigida a los
       Presidentes de los Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura de
       varios países de Europa y América Latina.

             El Programa EUROsociaL para la cohesión social en
       América Latina fue lanzado por la Comisión Europea tras la voluntad
       expresada por los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el
       Caribe y la Unión Europea, en la Declaración de la Cumbre celebrada
       en Guadalajara en mayo de 2004 y reiterado en la Cumbre de Viena
       de 2006. El proyecto EUROsocial Justicia es una iniciativa regional
       de cooperación técnica para la promoción de la cohesión social en
       América Latina a través de acciones que mejoren la formulación,
       aprobación y gestión de las políticas públicas judiciales.

             El Objetivo del “Taller de Sensibilización con Cortes Supremas
       y Consejos de la Judicatura de Europa” es continuar la tarea de
       sensibilización de las instituciones europeas sobre los objetivos del
       Programa y, de este modo, conseguir una mayor europeización del
       Proyecto.

            Más específicamente, esta actividad tiene por finalidad:

          Compartir con los países europeos los objetivos del proyecto y su
           metodología, apoyando la importancia de la administración de
           justicia como instrumento favorecedor de la cohesión social;
           Identificar Instituciones y países que puedan comprometerse más
           específicamente con el Proyecto;



                                        80
           Identificar buenas prácticas y experiencias en los campos de
           acción prioritarios, con la finalidad de que puedan ponerse a
           disposición de las instituciones homólogas latinoamericanas.

              Para poder profundizar en las líneas señaladas, han sido
       invitados a participar en el taller los Presidentes de Tribunales
       Supremos y de Consejos de la Judicatura de Inglaterra y Gales,
       Dinamarca, Eslovenia, Polonia, Hungría, Italia, España, Portugal,
       Francia, Holanda, México, Costa Rica, Brasil, Perú, República
       Dominicana, El Salvador y Argentina y algunos de ellos ya han
       confirmado su participación. Del mismo modo sería muy importante
       y enriquecedor poder contar con su presencia.

             Lo idiomas de trabajo serán el español y el inglés y se
       dispondrán los medios de interpretación necesarios.

              Quisiera hacerles constar especialmente que todos los gastos
       derivados de su vuelo, alojamiento y manutención durante los días de
       la actividad, serán sufragados por el Proyecto EUROsociaL.”

                                      -0-

      También el Presidente, Magistrado Mora, solicita que se le autorice a

disfrutar vacaciones del 18 al 22 de junio próximo.

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario al Presidente,

Magistrado Mora, para que del 13 al 15 de junio, atienda la invitación que se le

formula, y autorizarlo para que disfrute vacaciones del 18 al 22 de ese mes. Se

declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXV

      ENTRA EL MAGISTRADO MORA Y ASUME DE NUEVO LA

PRESIDENCIA. SALE LA MAGISTRADA ESCOTO.




                                       81
     El licenciado Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda, en oficio

N° DM-778-07 de 18 de mayo en curso, le expresó al Presidente, Magistrado

Mora:

              “En atención a diversos acuerdos del Consejo Superior y de la
        Corte Plena en que se nos plantea el giro de recursos de ejercicios
        anteriores a título de superávit y en ejecución de la reunión que
        sostuviéramos semanas atrás en la Presidencia de la Corte y la que
        realizaron niveles técnicos de decisión de este Ministerio con
        similares del Poder Judicial, me permito proponer por su medio a las
        señoras Magistradas y señores Magistrados las siguientes propuestas:

    1) El Poder Judicial ha venido reiterando a este Ministerio el
       reconocimiento de ¢7.624.983.949,44 no girados de períodos
       presupuestarios 2003, 2004, 2005 y 2006. En este monto se incluye la
       suma de ¢3.381.543.298,15 correspondientes al saldo acumulado del
       periodo en los estados presupuestarios de Solicitado y Disponible,
       sumas que el Poder Judicial no comprometió en la oportunidad
       debida. Por tanto, el saldo comprometido y no girado de esos
       periodos por este Ministerio es de ¢4.243.440.651,29.
    2) El Ministerio adicionará al monto referido en el punto anterior la suma
       de ¢444,692,831,12 que es un faltante real que posee en caja el Poder
       Judicial y que no fue girado en el año 2004. Por tanto, el monto total
       que el Ministerio se compromete a incorporar en el proyecto de
       presupuesto del Poder Judicial para el 2008 o mediante modificación
       al presupuesto para el año en curso, de manera independiente al monto
       del proyecto de presupuesto para el próximo año que finalmente
       convengamos el Poder Judicial y este Ministerio, es
       ¢4.688.133.485,41.
    3) El Ministerio de Hacienda se compromete a tramitar a la brevedad una
       modificación al presupuesto ordinario del 2007, a efecto de incorporar
       el monto de ¢2.923.000.000,00 que corresponde a los saldos
       comprometidos del 2006 y que se encuentran en la Caja Única del
       Estado a nombre del Poder Judicial.
    4) Finalmente, este Ministerio les propone la suscripción de un convenio
       en que se establezcan las condiciones bajo las cuales el Ministerio de
       Hacienda girará al Poder Judicial los saldos presupuestarios del título
       120 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para
       el ejercicio económico de cada año, que quedaren comprometidos con
       ocasión de procesos de contratación iniciados y no concluidos al 31 de
       diciembre de cada año y a su vez, el compromiso del Ministerio de la
       administración y giro oportuno de los recursos que el Poder Judicial
       tenga depositados en la Caja Única del Estado. Adjunto el proyecto
       de convenio a suscribir.”


                                         82
Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “En razón de que algunos señores

Ministros anteriores nos habían dicho que ya no teníamos derecho a esos dineros

porque no los habíamos ejecutado en los años correspondientes, nos

comisionaron al Magistrado González y a mí, para que junto con el Director

Ejecutivo, habláramos con el señor Ministro. Así lo hicimos y demostrando que

teníamos saldos comprometidos de ¢4.243.440.651,29 y un faltante real de

¢444.692.831.12, el Ministerio de Hacienda nos hace una propuesta para

reconocernos la suma de ¢4.688.133.485,41, del cual se compromete a

incorporar en el presupuesto ordinario del 2007 la suma de ¢2.923.000.000,00; y

al final nos propone suscribir un convenio para resolver este tema relacionado

con los saldos de presupuesto al título 120, que nosotros tengamos

comprometidos al 31 de diciembre de cada año, para que esos dineros no

tengamos que continuar discutiéndolos según sea el Ministro que en su

oportunidad se encuentre designado.

      Sobre este tema participó conmigo el Magistrado González y tal vez sería

conveniente que él les indicara parte de las conversaciones que tuvimos si algo

hubiese que aclarar.”

      Adiciona el Magistrado González: “Quisiera informarles que esto es un

gran logro, hay temas que pasan desapercibidos en la Corte. Estos fondos

podrían llamarse superávit técnicamente pero que prácticamente estaban

perdidos, y se están logrando rescatar, en un monto muy importante, y para unas



                                      83
funciones muy importantes. Yo quisiera dar en hora buena al señor Presidente,

por una gestión exquisitamente realizada a nivel intra-poderes y al señor

Director Ejecutivo, porque las cosas buenas también hay que decirlas, que este

tema lo manejó muy, muy bien. No sólo se están rescatando estos aspectos, sino

que en temas presupuestarios si nosotros no tenemos un documento hacia futuro

vamos a estar al vaivén del Ministro de turno, y en este sentido el convenio tiene

una relevancia sumamente importante; hay incluso un compromiso del

Ministerio de Hacienda, a rembolsar los superávit en la subpartidas más

relevantes, porque esto hay también que agregarlo, del presupuesto; hay unas

que no están y si ustedes ven son las más pequeñas, pero son las que no nos

generan gran problema . De alguna forma lo que el señor Presidente y el señor

Directos Ejecutivo rescataron son los compromisos presupuestarios que

prácticamente habían desaparecido con la nueva ley. De de tal modo que

aquellos fondos que hayamos consumido -para decirlo en términos simples- al

30 de abril los podemos recuperar si están en trámites de contratación. Yo no

quiero ampliar este tema, salvo que alguno de los señores Magistrados así lo

estimaran pertinente, pero debo insistir que esto es un gran logro de la Corte y

un gran beneficio en el rubro financiero presupuestario, y son esos temas que no

deben pasar desapercibido como una cosa de trámite, sino pues para agradecer la

buena gestión que en este tema se ha dado y del que yo he sido fiel testigo.”




                                       84
      El Presidente, Magistrado Mora, agrega: “Pero yo también reconozco que

en este tema usted tuvo una gran diligencia y era quién realmente conocía sobre

el asunto.”

      Alude el Magistrado Vega: “Yo manifestaría únicamente dos inquietudes:

la primera es que me parece muy bien que se pueda formalizar una práctica que

ha venido ocurriendo, a veces con base en una negociación directa y exitosa, y

otras veces no tan exitosa, pero que se ponga en el papel un mecanismo para que

se respeten los excedentes presupuestarios del Poder Judicial que año con año

quedan en el presupuesto. Esto me parece que es muy positivo.

      Sobre este tema de los excedentes en sí, cuando entremos al tema de

presupuesto en la sesión de la tarde, sí quisiera ver y pedir un poco de

información sobre la forma en que los manejamos porque realmente con los

excedentes del presupuesto del Poder Judicial, con los millones que nos

devuelven años después de que no se han gastado esos recursos, que ya han sido

presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa, con esos dineros

hacemos muchas cosas en el Poder Judicial, pero todas esas cosas que hacemos

no necesariamente pasan por el resorte de la aprobación de esta Corte. Entonces

me parece que sí es importante, en el tema de los excedentes definir alguna

política institucional para que esta Corte tenga una mayor injerencia, un mayor

grado de participación en el gasto de los excedentes del Poder Judicial, porque

son sumas mucho más grandes a veces de las que propiamente se presupuestan

en los presupuestos ordinarios para ciertas partidas. Entonces ese me parece que


                                      85
es un tema sobre el cual yo llamaría la atención a esta Corte, y sobre el que creo

que deberíamos de tener una mayor participación activa.

      La otra cuestión que quiero plantear es una duda, porque en las actas de

los últimos días, veo que aprobamos muchos convenios; esto en particular me

parece excelente, pero teniendo especial cuidado los compromisos económicos

que a veces adquiridos sin percatarnos debidamente -no es este el caso-.

Deberíamos de tener los refrendos por parte de la Contraloría General de la

República. Pero eso es un tema que también lo planteo nada más como una

reflexión y tal vez en un punto más adelante que viene en la agenda con un

addendum que plantea la Universidad de Costa Rica en el tema de los

consultorios, tal vez ahí es donde deberíamos de valorar esta duda concreta.

      Únicamente estas dos cosas y felicito a quienes han impulsado la

formalización de este procedimiento, para que quede por escrito, que me parece

que es muy positivo y valioso.”

      El Presidente, Magistrado Mora, añade: “Lo que señalaba el Magistrado

González en relación con los recursos que nos serán reconocidos es lo que

aparece en esa cláusula tercera, pero ellos ahí señalan un número cláusus, es la

compra en sistemas informáticos, adquisición y construcción de edificios,

equipo de transporte, equipo de cómputo en el que se haya iniciado la

contratación; pero se logró que también se pusiera “también se incluye los

compromisos adquiridos con la respectiva resolución en firme del concepto de

cancelación de cargas patronales y prestaciones legales al 31 de diciembre”


                                       86
entonces con esto se amplia más el espectro, y nosotros tenemos tiempo según lo

dice la cláusula quinta hasta el 30 de abril del ejercicio económico siguiente,

para definir todos los montos. A nosotros nos pareció que esto ante la situación

en que estamos es realmente muy bueno y recomendaríamos en ese caso que se

aprobaran la propuesta y el convenio.”

      El Magistrado González refiere: “Sólo para tal vez precisar sobre algunas

inquietudes, muy válidas, del Magistrado Vega. Sí, este convenio tiene que ir a

refrendo, así se dispone para empezar de atrás hacía delante. Segundo estos mal

llamados superávit, tendrán que pasar por el tamiz de un presupuesto

extraordinario que los incorpore y por el principio de tipicidad presupuestaria

que sujeta el gasto al destino que se le haya dado, en ese sentido sí parece

valiosa la observación pues de que haya una participación en el destino que esté

predispuesto para estos temas. Pero por lo demás que son válidas y que son

importantes, yo creo que coincidimos en el fondo en la importancia de un

documento, porque quisiera hacer una última observación, desde el 2003 se

viene manejando este tema, desde ese año el Ministerio de Hacienda no

devuelve un colón, y en esto hay que reconocer que hay mucho dinero ahí. Y no

puedo dejar de omitir que también el Magistrado Chaves desde aquellos años

también fue un gestor de este tema, él lo recuerda muy bien en algunas

reuniones ácidas que tuvimos con los personeros del Ministerio de Hacienda.”

      Señala el Magistrado Vega: “Le agradezco al Magistrado González una

mayor fundamentación sobre las apreciaciones que yo hice, hay unas que son de


                                         87
orden teórico, pero hay una que es de orden práctico. La de orden práctico es

que la Corte Plena dentro de sus potestades de gobierno, una que es fundamental

es el tema presupuestario, y yo creo que eso es lo que nos tiene una semana

consumidos precisamente discutiendo las partidas y los montos para darle

contenido económico a las mismas. Eso lo hacemos una vez al año. Lo que no

hacemos ninguna vez al año, es el seguimiento de la ejecución presupuestaria,

no sabemos cómo se ejecuta el presupuesto del Poder Judicial, eso se lo

trasladamos al Consejo Superior y éste es el que va determinando los controles.

A mí me parece, como lo he dicho en años anteriores, que la Corte debe tener un

papel mucho más activo en lo que es el tema de la ejecución presupuestaria y

por lo menos cada tres meses hacer un alto en el camino y saber cómo estamos

gastando la plata, en qué la estamos gastando, si se prevén o no se prevén

excedentes en el presupuesto, etc., eso se cierra ahora con este convenio en abril

del año siguiente, lo que me parece absolutamente válido, pero cuando llegamos

a abril del año siguiente y tenemos cinco mil o diez mil o cuatro mil millones, en

qué vamos a gastarlos? Es ahí dónde me parece que la Corte debe de tener un

papel absolutamente activo porque es prácticamente redefinir un presupuesto.

Efectivamente ahí veo que como dice muy bien el señor Presidente, hay unas

partidas que están previstas y todas son muy importantes, sobre eso no habría

ninguna duda, pero en lo que a mi sí me parece que hay duda es en la definición

puntual a la hora de gastar cada uno de esos recursos en cada uno de los rubros

que se especifican aquí, y ahí es donde yo simplemente dejaría la inquietud para


                                       88
que esta Corte, en su momento, defina cuál va a ser el grado o el nivel de

participación que va a tener en el control del gasto de los excedentes

presupuestarios.”

      El Presidente Magistrado Mora indica: “Entonces nos pronunciaríamos en

relación si aceptamos o no la propuesta de que se nos reconozcan de los años

2003, 2004, 2005 y 2006, la suma de ¢4.688.133.485,41.

      Sin objeción de las señoras y señores Magistrados presentes, se

dispuso: Aceptar la propuesta del señor Ministro de Hacienda.

      En lo que respecta al convenio también se aprueba y se autoriza al señor

Presidente para que proceda a suscribirlo en representación del Poder Judicial.

                             ARTÍCULO XXVI

      ENTRAN EL MAGISTRADO CRUZ Y LOS LICENCIADOS

FANCISCO SEGURA MONTERO, DIRECTOR GENERAL INTRINO

DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y ALFREDO

JONES LEÓN, DIRECTOR EJECUTIVO.

      El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de

Investigación, mediante oficio Nº 254-DG-07 de 15 de marzo en curso,

manifiesta lo siguiente:

              “A finales del mes de enero del año en curso, esta Dirección
       General fue informada por parte de la Jefatura de la Sección de
       Cárceles de este Organismo, sobre la apertura al público de la Soda
       que se ubica en el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de
       Flores de Heredia, donde -sin consulta previa a esta representación- se
       dispuso construir un acceso mediante un puente, con el gran
       inconveniente que desde el interior de dicha Soda cualquier persona


                                         89
puede ingresar, sin control alguno, a los dos edificios del complejo
(sectores oeste y este) donde se ubican las diferentes dependencias del
Laboratorio de Ciencias Forenses, el Departamento de Medicina Legal
y el área de Celdas.

       Ante esta situación, el 30 de enero recién pasado, le dirigí el
oficio Nº 105-DG-07 al Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo
del Poder Judicial, externándole mi preocupación sobre el particular y
haciéndole ver que la apertura al público de dicha Soda ocasionaba
altos riesgos de seguridad, no sólo con el traslado de detenidos que
diariamente ahí se realizan, sino además con la custodia de la droga y
otros problemas de funcionamiento normal de los dos Departamentos
de este Organismo que se ubican en los citados edificios.
       En esa oportunidad, le manifesté además al Lic. Jones León que
el suscrito desconocía por completo tal disposición y que no entendía
cómo una situación de esta magnitud había sido realizada sin consultar
al Jerarca de la Institución cuyos Departamentos allí funcionan.
       En fecha 31 de enero del año en curso, recibí el oficio Nº 816-
DE-2007, mediante el cual el señor Director Ejecutivo se limita a
indicarme que la apertura de la soda era una urgente necesidad para
mejorar las condiciones de atención de los usuarios que ingresan a
esas instalaciones y que en las próximas semanas se estaría instalando
un mecanismo de acceso y egreso de la soda hacia el interior de los
edificios, mediante el uso del carné de identificación.
       El día de ayer me enteré que este asunto fue llevado por el
señor Presidente de la Corte, Magistrado Luis Paulino Mora Mora, a
conocimiento de la Corte Plena y que el día de hoy sería conocido por
el Consejo Superior del Poder Judicial, analizándose para tal efecto
una solución propuesta por el señor Director Ejecutivo y que, según
entiendo, consistiría en limitar los accesos internos de la Soda
mediante el uso de algún dispositivo electrónico en las puertas que
permitan su apertura únicamente con tarjetas electrónicas que le serían
suministradas a los servidores de dicho Complejo.
       Al respecto, estimo necesario externar el criterio de esta
Dirección General en el sentido de que dicha propuesta no soluciona
la problemática que se creó en materia de seguridad, y que ha venido a
poner en riesgo al personal de este Organismo, las instalaciones del
Complejo de Ciencias Forenses, el equipo y la gran cantidad de
evidencias que allí se custodian, entre ellas droga cuyo valor asciende
a miles de millones de colones, así como los riesgos que se presentan
con el traslado de detenidos, pues siempre existiría la posibilidad de
que el público ingrese a nuestras instalaciones sin ningún control.
       Es evidente que la decisión tomada, debilitó seriamente las
medidas de seguridad que se tenían establecidas, siendo que en la
actualidad se ubican Guardas en las principales entradas al edificio
para controlar el acceso del público, pero cualquier persona puede


                                  90
       ingresar a la Soda y de ahí desplazarse a los dos edificios sin ningún
       tipo de control; y, en caso de instalarse algún tipo de dispositivo
       electrónico, bastaría con que un servidor ingrese para facilitar el
       ingreso de otras personas, o bien, puede suceder que en circunstancias
       de mayor complejidad, el ingreso se pueda dar simplemente
       quebrando un vidrio.
              Considero inconcebible que una decisión de esta naturaleza se
       haya adoptado sin tomar, en lo más mínimo, el criterio de esta
       representación, cuando existen aspectos de seguridad que debieron
       haberse valorado cuidadosamente. Asimismo, me preocupa
       sobremanera la inversión que ya se hizo y la que eventualmente se
       pueda hacer, sobre todo por el hecho de que a pesar de los gastos el
       problema de inseguridad persista.
              Así las cosas, de la manera más atenta les solicito disponer lo
       necesario para corregir esta delicada situación.”

                                              -0-

      Por su parte, el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en

oficio Nº 2360-DE-2007 de 19 de marzo de último, señala:

       Me refiero al contenido del oficio Nº 254-DG-2007 de 15 del corriente
       mes, suscrito por el Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del 0.
       1. J. mediante el cual plantea una serie de consideraciones respecto de
       la apertura al público de la Soda que funciona en el Complejo de
       Ciencias Forenses, en lo siguientes términos:
       1) Desde la construcción de los edificios de la Morgue Judicial y del
       Departamento de Laboratorios en Ciencias Forenses hace 10 años,
       ambos quedaron comunicados por un espacio suficientemente amplio
       para instalar una soda.
       2) Al inaugurarse ambas edificaciones, en el espacio de cita se
       instalaron mesas y sillas; hornos de microondas; aparatos para
       mantener los alimentos calientes; enfriadores y cafeteras industriales
       para el suministro de agua y café caliente. Todo lo anterior con el
       objeto de que los servidores que laboran en estos departamentos
       pudieran tener un lugar en donde ingerir los alimentos que traen de sus
       hogares.
       3) Con le transcurrir de los años los mismos servidores plantearon a la
       administración la necesidad de contratar los servicios de soda-
       restaurante, de forma tal que pudieran adquirirlos a bajo costo como
       sucede con la soda que funciona en el edificio de la Plaza de la
       Justicia ubicado en el Circuito Judicial Fernando Baudrit Solera. En
       ese sentido, conviene destacar que en este último edificio se encuentra
       la mayoría de las oficinas del Organismo de Investigación Judicial y
       también una bodega en donde se almacena droga decomisada.


                                         91
4) Adicionalmente, los usuarios y usuarias que visitan las
instalaciones del Complejo de Ciencias Forenses, pero principalmente
los dolientes que retiran cuerpos en la Morgue Judicial no contaban
con un sitio en donde poder tomar un café o refresco por cuanto no
existen sodas cercanas.
5) Fue así como la administración promovió la correspondiente
licitación pública para concesionar los servicios de soda-restaurante
tanto para los servidores cuanto para el público en general. Luego del
trámite respectivo el Consejo Superior adjudicó este servicio a una
particular.
6) En las actividades previas a que iniciara el servicio, recibimos la
objeción de las jefaturas de los departamentos que funcionan en esos
edificios, en el sentido de que no estaban de acuerdo de que el público
transitara por sus instalaciones. Compartiendo esta objeción, se tomó
la decisión de diseñar un acceso directo de la calle a la soda.
7) A la fecha, salvo la objeción del Lic. Jorge Rojas Vargas, las
noticias que tenemos es que los servidores judiciales están conformes
con el funcionamiento de la soda, sin objetar que se pueda ofrecer el
servicio al público.
8) Ante las objeciones de seguridad que plantea el Lic. Rojas Vargas,
esta Dirección ha promovido la toma de medidas que permitan
conjugar la seguridad de las instalaciones y las facilidades que
estimamos debe promover el Poder Judicial para que la estancia de los
usuarios en sus instalaciones sea adecuada e igualmente para los
servidores judiciales en general.
9) En este sentido, se está tramitando la compra de dispositivos y
carné especiales a entregar a los servidores que laboran en esos
departamentos, de forma tal que los accesos a esos edificios desde la
soda y hacia la soda desde los departamentos sea restringido. Cabe
señalar que este tipo de carné está proyectado extenderlo a otras
instalaciones del Poder Judicial, de manera que los accesos a oficinas,
áreas restringidas y demás sea posible sólo con el uso de este tipo de
carné. No comprendemos el criterio del Lic. Rojas Vargas en cuanto
objetar esta medida, si precisamente es la que se utiliza junto con la
huella digital y el iris en naciones desarrolladas y con altos índices o
parámetros de seguridad de acceso a instalaciones.
10) En relación con el traslado de detenidos a través de la soda,
personalmente conversé con Don Jorge y concluimos que con público
o sin él, es totalmente inconveniente por la seguridad de los servidores
judiciales, por lo que se deben tomar otras medidas que garanticen la
seguridad del traslado de los detenidos y de los servidores y usuarios
que se ubican en esas instalaciones.
11) Respecto de la cantidad de droga que se almacena, estima esta
Dirección que Don Jorge no aclara o explica, que la bodega en que se
almacena la droga cuenta con dispositivos de seguridad que hacen que
no sea nada fácil su acceso. Ahora bien si se trata de un asalto con la


                                  92
       participación de una persona o un grupo de personas, cuyo objetivo
       sea el robar droga, esta situación se podría dar a través de la soda o
       cualquiera de los otros accesos con que cuentan los edificios.
       12) Aunque innecesario por el uso del carné especial, si se estima
       conveniente, estamos en posibilidad de asignar un oficial de seguridad
       en la soda que esté atento a que el público no acceda a los
       departamentos a través de la soda.
       Finalmente, esta Dirección como se indicó, ha promovido acciones
       que permitan la mejora de las condiciones tanto para los servidores
       cuanto para el público en general, sin dejar de lado la seguridad de las
       instalaciones.”

      En la sesión verificada el 23 de abril último, artículo XXXV, luego de una

amplia deliberación, se dispuso recibir en una próxima sesión al Director

General del Organismo de Investigación Judicial, a efecto de que amplíe el tema

expuesto.

      Se concede el uso de la palabra al licenciado Segura Montero, quien

expresa: “En días anteriores don Jorge Rojas Vargas, Director General del

Organismo de Investigación Judicial, había hecho unas manifestaciones en el

sentido de la inconveniencia de la apertura de una soda que se hizo en el

Complejo de Ciencias Forenses. Para la apertura de esta soda se instaló un

puente peatonal y se vulneraron, a criterio nuestro, las medidas de seguridad que

se tienen en ese Complejo de Ciencias, toda vez que las personas pueden

ingresar por la soda y lo que separa ambos edificios son una puertas de vidrio

que fácilmente podría ingresar cualquier persona, y en la parte baja de esas

puertas de vidrio se encuentran las celdas y en la planta alta de ahí mismo se

encuentran las bodegas donde nosotros mantenemos la droga. En ese sentido

don Jorge hizo una serie de oficios para manifestar su malestar, ya que cuando



                                         93
se hizo esta soda no se tomó el criterio de la Dirección General, ni en algunas

otras reformas que se estaban haciendo a algunas construcciones. En ese sentido

la semana antepasada se reunió la Comisión de Seguridad con el Director

General del O.I.J. y llegaron a una serie de acuerdos, entre los cuales estaba que

cuando se va a hacer algún arreglo o reforma en algunas de las instalaciones que

tengan que ver con el Organismo de Investigación Judicial, se le tomaría en

consideración. Asimismo la semana pasada nos reunimos con el señor Director

Ejecutivo y con otros miembros de la Dirección Ejecutiva y revisamos algunos

de los nuevos planos que ya estaban en ejecución; no obstante el asunto de la

soda que es lo que me trae aquí hoy, aún se mantiene, se dieron unas promesas

de niveles de seguridad, las cuales a nuestro parecer son exactamente eso,

promesas, hechos futuros, que en este momento sigue siendo vulnerables la

seguridad de la edificación de Ciencias Forenses.

      El día viernes, algunos señores y señoras Magistradas estuvieron en la

soda que es de la Escuela Judicial, es una instalación bastante grande, que a

nuestro parecer podría incluso utilizarse para todos los efectos; no está tan lejano

del complejo en si, si acaso a unos doscientos metros de ahí, y cualquier persona

podría acceder si fuera del caso requerir los servicios de soda, no así dentro de

las instalaciones de Ciencias Forenses, porque como indicó el señor Director del

O.I.J., se vulnera la seguridad de ese edificio y pone en peligro no sólo la cadena

de custodia que se pueda estar llevando allí, sino la seguridad de las personas.”

      MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA El


                                        94
LICENCIADO SEGURA MONTERO, INGRESÓ LA MAGISTRADA

ESCOTO.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, realiza una

presentación sobre la ubicación de la soda así como de los distintos

departamentos que conforman el edificio del Complejo de Ciencias Forenses.

      SALE EL MAGISTRADO CRUZ

      El Magistrado Armijo manifiesta: “Esto lo conoció la Comisión de

Seguridad, escuchamos los argumentos de don Jorge en su momento también los

de don Alfredo Jones. Nos parece que ambos funcionarios, dentro del ámbito de

sus competencias están tratando de solucionar problemas que tienen que ver con

la función y tratando de prestar de la mejor manera el servicio para el cual

fueron contratados. No obstante la Comisión acordó después de escucharlos a

ambos, que se tomaran las medidas de seguridad urgentes en el lugar, entre ellas

que se pusiera un guarda para impedir que terceros pudieran ingresar a los

Laboratorios. El día siguiente hábil, después de esta reunión, yo me presenté a

las siete de la mañana a la soda y resulta que entré a todo el edificio, al

Complejo. Fui a la Sección de Drogas, fui a la Sección de Explosivos, estuve en

los laboratorios, hasta que cuando ya estaba aburrido y a punto de retirarme un

guarda me encontró. El Jefe del Departamento de Seguridad de ahí, nos decía

que no contaba con los elementos suficientes para dar seguridad en el Circuito y

menos para vigilar la no entrada de terceros. Tengo entendido que ahora ya

muchas de estas cuestiones se solucionaron, pero que lo que decía don Jorge


                                      95
Rojas tiene mucha razón, la tiene. Así como yo entré cualquier otro con otro tipo

de intenciones pudo haber pasado y llevar a cabo algún otro tipo de actividades.

En ese sector hay presos, hay drogas, hay laboratorios y la verdad es que la

seguridad deja bastante que desear. Ciertamente es loable que se le dé a terceros

el servicio de la soda, principalmente a la gente que tiene que estar esperando

mientras la Morgue entrega el cuerpo, pero parece que no es el mejor lugar para

esto.

        La comisión no se pronunció en relación a qué debía pasar entre las

competencias, tanto de don Alfredo como don Jorge, en relación a los temas de

seguridad, creímos que era prudente que Corte Plena tomara una decisión.

Desde mi punto de vista y a título personal, creo que en los casos donde haya

seguridad de por medio, como en este caso del Complejo de Ciencias Forenses,

donde hay aspectos muy sensibles, debería coordinarse con la Jefatura del O.I.J.

las medidas de seguridad cuando se pretende implementar algo que era ajeno al

Complejo de Ciencias Forenses. Esto es desde mi punto de vista.”

        El Magistrado Vega refiere: “Creo que el problema puntual efectivamente

ya está resuelto en su mayor parte. Es un tema que lo conoció, como dijo el

Magistrado Armijo, la Comisión de Seguridad; ahí oímos a don Alfredo Jones y

a don Jorge Rojas y sabemos que de forma eficiente se tomaron las medidas

correctivas del caso para que esta situación, de inminente peligro, desapareciera.

Al margen de la situación concreta, que repito, ya se encuentra resuelta al día de

hoy, sí el tema que surgió me parece que deja enseñanzas importantes y en ese


                                       96
sentido hago la reflexión. La primera enseñanza importante es que este es un

caso en el cual se pone de manifiesto que jerarcas de diferentes órganos

institucionales no tienen una comunicación debida. Yo creo que eso debe

remediarse. Por más buenas intenciones de la Dirección Ejecutiva de querer

realizar algo importante para beneficio de los empleados y usuarios, es obvio

que don Jorge Rojas tenía toda la razón del mundo de molestarse porque tal vez

no se visualizó en su momento que había una situación de peligro y que había

que prever. Entonces yo creo que esa es una primera enseñanza que se traslapa

incluso a muchos otros ámbitos, no sólo en el caso particular; a veces nuestros

jefes de diferentes departamentos o jerarquías no se hablan, no se comunican, y

eso es lo que trae como consecuencia que ocurran este tipo de situaciones.

      Otra enseñanza que por lo menos que a mí me dejó esta situación, es que

a pesar de que el tema está gravitando en esta Corte, se nos presenta este caso

como un ejemplo más de que las Comisiones de la Corte a veces están pintadas

en la pared, y en este caso en particular, yo diría que la Comisión de Seguridad y

la Comisión de Construcciones. Son temas importantes que de alguna u otra

forma aunque no nos toque a nosotros tomar las decisiones, aunque no nos

corresponda a nosotros ser ejecutores directos, sí es importante tener por lo

menos algún grado de información como responsables ante esta Corte en temas

específicos, en este caso el tema de seguridad y el tema de construcciones.

      Y una tercera cuestión que me parece también importante de analizar y

que yo plantearía a nivel de duda para don Alfredo Jones, es una pregunta muy


                                       97
puntual: ¿cuánto costó el puente y cuánto costó la construcción o remodelación

para hacer una soda ahí?, o sea, si hay números sobre cuánto costaron esas

obras. En segundo lugar si esas obras estaban o no estaban presupuestadas en el

presupuesto del 2007, y si no estaban presupuestadas en el presupuesto del 2007

¿de dónde salieron los recursos para realizar esas obras? Con ello, no quiero

decir que me parezca que no son valiosas e importantes, pero hago este

planteamiento de cara a lo que yo he estado planteando con anterioridad sobre el

tema de los excedentes presupuestarios. Si efectivamente esas platas salieron de

los excedentes o salieron de partidas específicas que están debidamente

presupuestadas en el ejercicio presupuestario correspondiente o no. Esto podría

significar encontrarnos también con un ejemplo concreto de cómo frente a

inversiones millonarias a veces, esta Corte y otros órganos de esta Corte como

sus comisiones, que supuestamente deberíamos de tener alguna injerencia sobre

ese tipo de cosas, pues en la realidad no la tenemos. Eso es lo que quisiera

manifestar con respecto a este tema.”

      ENTRA EL MAGISTRADO CRUZ.

      El Magistrado van der Laat adiciona: “Me alegra que se haya llegado a

una solución en esta materia que nos preocupó mucho, tanto a la Comisión de

Coordinación con el O.I.J. como sé que todos los compañeros. Estoy seguro que

todos los que tuvieron intervención en esta materia siempre han actuado con

mayor interés institucional y por lo tanto cualquier diferencia de enfoque no

pone en duda esa buena fe e intención de cada uno de hacer lo mejor de cada


                                        98
uno dentro de sus competencias; pero sí pone en evidencia que si se unen esos

esfuerzos y se coordinan esos esfuerzos, nos vamos a economizar muchos malos

entendidos y quizás muchos recursos. Creo que ha sido importante que quede

claro que la preocupación de la Dirección del O.I.J. en el sentido de que no es

posible que hagamos cambios estructurales o cambios de ingreso o

modificaciones en edificios o instalaciones sin tomarlos en cuenta a ellos y creo

que en este sentido casi deberíamos considerar que tiene una especie de derecho

de veto, o que esas diferencias pues ya deberían llegar aquí, porque es evidente

que tenía razón don Jorge Rojas en lo que nos había planteado. Y creo que aquí

se pone en evidencia nuevamente la importancia de respetar la especialidad, es

decir, en materia de seguridad la gente más capacitada, creo yo que tenemos,

entre mucha gente, es la Dirección del O.I.J. Finalmente creo tener una

preocupación similar a la del Magistrado Vega sobre los costos, porque

entiendo, si le entendí bien a Alfredo, que lo que motivó este cambio fue que el

concesionario al que se le dio la soda, pudiera beneficiarse el acceso de personas

ajenas a la Institución, entonces me pregunto si el costo que esto ha tenido, el

cambio total del sistema de seguridad, y no sé qué otros costos, como señalaba

el Magistrado Vega, justifica o era mejor pensar en una alternativa totalmente

independiente del edificio del Complejo.”

      El licenciado Segura Montero adiciona: “Efectivamente como lo

manifestó don Alfredo, se han estado haciendo una serie de cambios con

respecto al lugar donde se va a almacenar la droga, al lugar cómo se va a


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trasegar ahora los detenidos; sin embargo a nosotros como Dirección General,

nos sigue causando gran inquietud el asunto de las evidencias que en el mismo

Complejo de Ciencias Forenses se guardan. Por eso, unido a las palabras que

decía el Magistrado van der Laat, a nosotros nos interesa tener una mayor

presencia en esas decisiones cuando se tocan los temas del O.I.J., precisamente

para evitar tener problemas a posteriori con cadena de custodia o cualquier otra

situación que se nos puede venir a dar más que seguridad u otros temas.

Efectivamente la soda existía desde un principio, eso hay que dejarlo claro, pero

era una soda a lo interno de la instalación, no se había pensado en otro sentido, y

unido a lo que estaban diciendo los señores Magistrados, efectivamente al poner

todos estos dispositivos de seguridad, ahora hay que pensar en tres puertas más,

por eso es que nosotros estamos en franca negativa de tener instalaciones ahí

donde puedan participar terceros que no tienen porque estar dentro de los

edificios.”

      El Magistrado Chinchilla indica: “He escuchado atentamente lo que han

dicho los licenciados Alfredo Jones y Francisco Segura, y he escuchado la

intervención de algunos compañeros Magistrados, donde me llama la atención

algo, que no lo dijo por lo menos el Magistrado Coordinador de la Comisión de

Seguridad, que dicen que ya están resueltos los problemas, que gracias a Dios,

ya se resolvió todo y la seguridad está reestablecida; pero a mí me parece que el

problema se va a resolver cuando se cierre el acceso público a la soda, antes no,

es decir, yo no podría hablar de resolver un problema manteniendo la misma


                                       100
inseguridad de todo lo que es la custodia, en este caso droga, químicos, pruebas

y el acceso a todos los Departamentos, en este caso de Ciencias Forenses, por

cualquier persona; ya el Magistrado Armijo nos dijo que él entró sin

identificación de ningún tipo, pasó puertas o custodios de seguridad donde no se

le impidió el paso y no porque lo vieran y lo reconocieran, sino porque no había

nadie tampoco custodiando, y eso me imagino que al día de hoy debe

mantenerse. Ahora, esto es como contar la historia al revés, resulta ser que la

creación o la posibilidad de acceso público a una soda que no estaba establecida

desde el primer momento en planos, es lo que va a generar la mejor muestra de

desarrollo de seguridad en un plantel del Poder Judicial, parece mentira, ¿y por

qué no se pensó antes, de por sí, en la seguridad sin pensar en la posible soda

con su acceso público?, bueno, porque es que aquí pensamos al revés todo, y yo

creo que eso es parte de los males endémicos que tenemos en el Poder Judicial.

Ahora, resulta ser que para que tenga acceso el público a esta soda entonces sí

les vamos a dar las mayores garantías, es más, vamos a hacer hasta registro del

iris, que sabemos que eso solo se utiliza en ciertos lugares muy especializados,

altamente sofisticados y con un alto costo, ni siquiera se registra en los más

especializados laboratorios que existen en el país, o de seguridad, pero ellos si

nos lo quieren vender nos lo venden, y nosotros si queremos comprarlo yo creo

que no podemos compramos tampoco. Pero volviendo al asunto, yo creo que

todo el desarrollo que se hizo, toda la edificación, todo el buen sentido que tiene

y todo lo que se ha pensado con respecto a la custodia que debe tenerlo,


                                       101
lógicamente bajo su buen resguardo, como don Jorge Rojas lo ha dicho y se ha

preocupado por eso en el Organismo de Investigación Judicial, resulta ser que

estamos desbaratando la seguridad por abrir un acceso al público a una soda, lo

cual yo estoy total y absolutamente en desacuerdo, o sea, yo no puedo sacrificar

la seguridad por el acceso a una soda. Si queremos tener soda pues pongámosla

en frente del edificio en otro lado aparte, o como decía el Magistrado Armijo,

hacerles un acceso a la soda -que está muy bonita de por sí- que queda en la

Escuela Judicial que está como a 100 o 150 metros, pero no sacrifiquemos la

seguridad de un edificio que no está destinado para eso. Si bien es cierto, como

lo he escuchado ya don Alfredo también en algún momento lo dijo, eso se pensó

como soda, sí, pero soda de uso interno y no como soda de acceso al público.

Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es seguir implementando la seguridad y

hagamos todo lo que don Alfredo propone de seguridad, pero saquemos la soda

del acceso público, no la dejemos en esa forma.”

      La Magistrada Pereira manifiesta: “En un primer momento la Comisión

de Enlace Corte-O.I.J. que trajo la inquietud de don Jorge Rojas al seno de la

Corte, trajo en concreto una propuesta y era que esta Corte decidiera sobre la

conveniencia o no de la permanencia de esa soda con acceso al público. En

aquella sesión en la que se entabló una serie de criterios entre la Comisión de

Seguridad y la Comisión de Enlace Corte-O.I.J. quedamos en el entendido de

que no se resolvía el aspecto del cierre o no de acceso al público a esa soda,

hasta tanto la Comisión de Seguridad no nos diera una opinión después del


                                      102
análisis de estos hechos. Hoy viene el Magistrado Armijo y nos dice que

efectivamente la Comisión se reunió y que a ellos no les parece la forma en que

se llevó a cabo la decisión de convertir esa soda de acceso a los empleados del

Complejo de Ciencias Forenses, al público, y propone dos cosas, una es que dice

que sea la Corte la que decida si debe o no existir la coordinación entre las

Comisiones de Seguridad, y en este caso yo diría además que Corte-O.I.J.

también, cuando tiene que ver con algún aspecto del Organismo de

Investigación Judicial o de seguridad de la Corte como tal o cualquiera de sus

edificios y el otro es el que había quedado pendiente que es que nosotros

también Corte, debemos decidir, y creo que debemos de hacerlo hoy porque el

asunto no esta resuelto, si se cierra o no se cierra al público la soda que se

construyó sin la opinión de estas dos comisiones y que es lo que en concreto don

Jorge Rojas viene planteándonos, tanto en la Comisión de Corte-O.I.J. como

ahora ante la Comisión de Seguridad. Creo que tanto la Comisión que coordina

el Magistrado Armijo como la nuestra, hemos estado plenamente de acuerdo en

que eso tiene que cerrarse y eso es en concreto lo que hemos propuesto a la

Corte, entonces no está resuelto el problema que se planteó.

      Lo otro es que es que creo que hemos desvirtuado la razón de seguridad, a

la tenencia o no tenencia de la droga en el almacenamiento que tiene el

Complejo, cuando en realidad el asunto va mucho más allá, ahí se maneja

absolutamente todas las evidencias que tienen que ver con la administración de

justicia de este país; químicas, pruebas físicas, de todo lo que podamos


                                       103
imaginarnos. Entonces el que se establezcan sistemas de control, que ya

sabemos que no han operado en todas las instituciones de este país, y que

incluso entran a la Embajada de Rusia donde tienen los sistemas más

sofisticados de control de armas, gente armada y no se detectan, nosotros no

vamos a decir que poniendo toda la tecnología moderna vamos a evitar que esto

se de, y yo creo firmemente que el mal está en el inicio, en que no se toman,

como bien decía el Magistrado Chinchilla, las previsiones antes de tomar la

decisión, sino después de que ya la hemos tomado y se han hecho gastos que

podríamos tener hoy que echar atrás, y decir que esa soda, si es que insistimos

en que se debe tener un lugar, lo cual me parece muy humanitario, que tengan

un servicio donde la gente que va por sus deudos, o que va a esperar exámenes

tener algún lugar cerca donde ingerir algún tipo de alimento, no es el lugar

adecuado, y es que en eso es en lo que estamos yo creo que aquí nadie discute

que la razón de ser por la cual se abrió al público es una razón absolutamente

valedera, pero que ese no es el lugar apropiado y es lo que don Jorge nos viene

advirtiendo y es lo que sucede constantemente en este país, y es que oímos que

nos habla don Francisco Dall’Anese del crimen organizado, oímos que suceden

los hechos y hasta después que suceden nos cuestionamos por qué es que se

están dando, pero es que hace mucho tiempo nos están dando la alerta de lo que

puede suceder y seguimos pensando que en el Poder Judicial nada va a suceder.

Ese es el grave problema que tenemos a lo interno. A mí me para que el punto

esencial a decidir no se ha resuelto en esta Corte y que tenemos que resolverlo.”


                                       104
      Refiere el Magistrado Cruz: “Cando estaba escuchando todo el tema y los

informes que se han presentado, recordaba al fin y al cabo que la administración

es la determinación de prioridades. Para que exista una soda en ese sitio que es

tan sensible, se deben tomar una cantidad importante de decisiones y de

inversión de recursos, pero resulta que, no sé si la Presidencia me corregirá en

esto, pero por ejemplo tenemos el problema que hay testigos que llegan a juicios

y duran cinco o seis horas eventualmente esperando y ni un café ni un refresco

pueden tomarse. Pero entonces, para una soda que yo no dudo de la necesidad

que así sea, en un lugar extremadamente sensible, tenemos que tomar una gran

cantidad de previsiones que al fin y al cabo siempre es mejor la solución radical,

por ejemplo, uno ve que en los aeropuertos son tantos los requisitos para salir

del país que lo mejor sería eliminar los aeropuertos, es decir, sería mejor, pero

claro no se pueden eliminar. Entonces yo lo que pienso es que la soda, el lugar

para los refrescos para el acceso al público no es una cuestión indispensable,

claro que lo ideal sería eso, pero tenemos una cantidad importante de testigos

que están en distintos lugares del país, probablemente les recluimos casi en una

privación de libertad y yo estoy seguro que no es posible atenderlos como

merecen, recuerdo bien que en algún momento hasta un televisor existió o

todavía está en la sala de testigos y creo que se desapareció en Goicoechea, o

hubo algún problema con lo que se instaló ahí; no es que se desapareció porque

empleados judiciales se lo llevaran, sino porque personas que llegan ahí como

testigos, en algún momento se sienten muy atraídos por el aparato y se lo


                                       105
llevaron, cosa que no es tampoco nada inusual en este país. Recuerdo además

cuando se produjo el aciago secuestro de la Corte, que aquí se celebraban

debates y la Corte decidió quitar los debates de aquí, porque resultó que se

pensaba que la existencia de debates aquí podía ser peligrosa para Corte Plena.

Claro que a veces las decisiones en esto es como aquél famoso chiste de Franci

Frisi y el lecho en que había infidelidad, porque puede ser que no tenga ninguna

trascendencia haber quitado los debates de aquí, pero se quitaron, entonces no

obstante lo importante que podía ser hacer los debates con unas salas de juicios

bien acondicionadas, pues se quitaron de acá. Entonces yo dentro de estas

paradojas de los temas de seguridad, que al final de cuentas no deja de ser una

locura un poco porque se revisa y se vigila a los que no precisa porque a los que

precisa esos van a evadir y van a quitar todos los requisitos que quieran. A mí

me parece que lo más atinado es que ahí no haya un lugar de acceso público para

que las personas ingieran alimentos, yo creo que esa es la solución. No creo que

vayamos a pasar por alguna condena de la Defensoría de los Habitantes o de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no hay una soda para la

gente que llega en esas condiciones. Lo que no excluye de que probablemente

las personas que tienen acceso a ese lugar en momentos muy difíciles, lo

comprendo, puedan tener la posibilidad de que puedan acceder a una máquina

para comprar el café y el refresco, para llenar lo mínimos y lo indispensable,

pero sí me parece como un poco distorsionado que tengamos que hacer una

previsión de seguridad tan grande para poder abrir un acceso a un lugar para


                                      106
ingerir alimentos de acceso al público que es demasiada tentación en una

situación en la que más o menos hay evidencia de inseguridad.

      Yo coincido, creo entenderle a la Magistrada Pereira que la idea sería

resolver un poco por lo menos por el momento y hasta nuevo aviso, eliminar el

acceso y que haya un lugar para que los servidores tengan donde poder ingerir

sus alimentos, pero más allá de eso no se podría. Creo que la naturaleza del sitio

no permite eso; y vean el problema de seguridad que seguro alguno de ustedes

ha tenido el gusto de utilizar el pasaporte       diplomático que tenemos los

Magistrados y vean ustedes que Alterra, sin problemas de seguridad, nos tiene

sin Salón Diplomático, y esto que no hay problemas de seguridad, tampoco nos

podríamos quejar por eso. Entonces yo encuentro que lo más lógico sería, por el

momento, pensar para otra circunstancia en un sitio destinado a acceso público

para la ingestión de alimentos.”

      La Magistrada Escoto menciona: “Creo que ya varios se han adelantado

en observar que se trata por todos y todas de buscar el justo medio y eso es de

elevar, tanto desde el ángulo del licenciado Jones como del O.I.J. y de los

miembros que somos de la Comisión de Seguridad, pero a raíz de lo que se

expuso y haciendo lo que realizó el Magistrado Armijo, de ir al lugar de los

hechos, yo también aproveché el viernes que era la actividad de la Escuela

Judicial, para ir al lugar a verificar lo que sucedía, porque además creo que ahí

hay, desde un ángulo de seguridad un puente que a los lados tiene varios metros

de profundidad y no sabía ni la altura del puente. Definitivamente lleva razón el


                                       107
Magistrado Armijo, es un lugar de evidencias, creo que la forma en que está

localizado no es la más ventajosa y esto que no tengo mayores estudios en

seguridad, pero sí por una cuestión de lógica y si compañeros de la altura como

son el Director y Subdirector del Organismo de Investigación Judicial opinan

igual que otros aquí con experiencia en materia penal, que no debe estar ahí,

considero que no debe ser. Hay un problema, lo sé, de índole laboral, porque hay

un arriendo a algunas personas que habría que meditar, pero encontrándose ya lo

que ahí se denomina y de una forma muy linda “Ciudad Judicial”, la Escuela

Judicial y existiendo ya una soda, por qué tiene que ser en un lugar donde hasta

atrae para eventuales intereses entrar donde esta la droga y dicen que son

toneladas de monte lo que hay ahí, además de que yo no entiendo cómo lo

mantienen en esas toneladas. Recuerdo que cuando estaba en San Carlos lo que

era el O.I.J. hacían unas quemas que uno tenía que cerrar las ventanas porque

nos mareábamos con el olor. Entonces yo no me explico por qué tiene que estar

esa cantidad de evidencia y no se toman las medidas pertinentes de medir, pesar

y desaparecer; fuera de que no sé si ese lugar conveniente para que esté en esa

ciudad esa cantidad de droga que atrae a muchísimos necesitados de ella.

Además sí estimo y he sido testiga de algunos asuntos que hay que tener un café,

algún lugar con agua porque muchos y muchas a cierta edad ocupamos pastillas

con cierta continuidad, es injusto que nos dejen sin poder por lo menos ingerir lo

necesario, son horas que tienen que pasar los testigos separados y también tiene




                                       108
que haber una seguridad de que no se contamine ni sepa qué está pasando en el

juicio porque si no entonces van advertidos de qué es.

         Creo que es humano que haya un lugar también adecuado para tener

separados los testigos donde esperen a que se les reciba la declaración, con el

cuidado de que no vuelvan a entrar, porque extrañamente el día que yo fui de

testiga, pude ir, declarar y me volví a sentar con el resto y pude contarles qué

estaba pasando; sólo lo hice para observar la seguridad que había en mantener

aislados los testigos que aún no han declarado con los que ya lo hicieron, y eso

me llamó mucho la atención de que también es seguridad, ¿para qué?, para que

haya una justicia real y no se soplen unos a otros, pero que no tengan los medios

mínimos de un café, o un televisor, bueno amárrenlo, póngale llave para que

nadie se lo lleve, pero sí yo creo que es humano que las personas que van a

declarar, aunque sea una obligación, lo hagan con dignidad y tengan un lugar

donde no se desesperen y entonces en la segunda oportunidad, si no se les

recibe, no vayan. Nada más les dejo estas inquietudes, pero sí considero que el

Magistrado Armijo tiene razón de sacar esa soda de donde está y si hay ya una

que está para la Escuela Judicial, o hacerla en común, pero no dentro de donde

está toda esta evidencia, que definitivamente como lo han expuesto los expertos

y que les ha preocupado, como el licenciado Rojas, tiene que sacarse de donde

está.”

         La Magistrada León indica: “Me parece que antes de que esta Corte

tuviera que tomar una decisión, porque no me queda claro, por un lado se nos


                                      109
dice que el tema a nivel de comisiones ya fue atendido y resuelto, por otro lado

me parece entender que por el contrario no ha sido solucionado el asunto.

¿Entonces en qué punto estamos?, no sé, yo creo que aquí todos han abogado en

abundancia sobre el tema de la seguridad, pero yo quisiera dar un enfoque

adicional que es el tema del usuario; pensemos que las personas externas que

visitan esta zona definitivamente llegan en una situación muy difícil, o a

practicarse un examen, o a retirar un cuerpo, o a ser atendidos en función -en la

mayoría de los casos- de un asunto de orden penal. Entonces esto no descarta un

enfoque humano, una justicia humanizada que tienda a darnos un apoyo

fundamental para estas personas donde muchas veces los ratos de espera son

muy largos, no es fácil decir que crucen la acera y que al frente hay sodas o que

vayan a otra área donde eventualmente puedan conseguir el mismo servicio,

cuando en realidad estas personas llegan en situaciones muchas veces de crisis

emocional, precisamente en razón del servicio que ahí se ofrece y donde esto

significaría para ellos una carga adicional. Por eso yo más bien lo plantearía, no

sería más bien que el almacenamiento de esta droga en cantidades,

lamentablemente para el país, cada vez mayores, es lo que en sí mismo nos

genera toda esta situación de crisis y de inseguridad porque aquí nos

preocupamos por la seguridad de la droga ¿y la seguridad de nuestros

funcionarios?, ¿cuántos funcionarios están ahí funcionando expuestos a que la

droga, con soda o sin soda signifique una situación de riesgo?, ¿cuánto hemos

valorado la posibilidad de que sea la droga la que no esté en un espacio


                                       110
compartido con nuestros funcionarios? ¿y cuánto hemos realmente potenciado el

riesgo que esta droga con la soda abierta o no al público, sea en sí mismo un

peligro? De manera que yo me permitiría sugerir que viéramos las dos caras de

la misma moneda y que veamos también en función de nuestros funcionarios,

porque la verdad es que hacerse pasar por un funcionario con un carné y usar la

soda para quienes quieran burlar medidas de seguridad, cualquiera que

adoptemos va a ser insuficiente, cualquier lugar donde pongamos la soda, en el

sótano o en el último piso o a una distancia prudencial o a la par, el riesgo viene

dado por la droga, entonces no tratemos de ver sólo el efecto, sino la causa. Y a

mí me gustaría para decidir tomar en consideración, más bien la posibilidad de

que la droga sea trasladada, ignoro la cantidad, el tamaño, el espacio, la

conveniencia, de ahí que sí requeriría un apoyo de información por parte de los

compañeros de la Comisión o de las autoridades que han estado en esta toma de

decisiones, precisamente para tener mayores elementos en función de esto,

porque nos hemos centrado mucho en algo que no es específico de este caso y es

eventualmente un problema de comunicación que nos afecta a todos como

Institución; nosotros como Institución no sabemos comunicarnos, no sabemos

sentarnos a dialogar y a intercambiar, y aquí se ha hecho una defensa a favor de

la posición del O.I.J. de cara a aquellos asuntos que puedan afectar o incidir en

temas de seguridad en lo que a ellos corresponde. No, la seguridad no es sólo un

tema de O.I.J., la seguridad no es un tema sólo de custodia de la prueba, antes

que eso estamos nosotros los seres humanos, antes que eso estamos las personas


                                       111
y están nuestros funcionarios. Entonces al margen de si esto se llevó o no por el

menor camino o el mejor procedimiento, al margen de si la soda tenía que ser

ahí o no, yo creo que amerita una posición más amplia que nos permita a todos

tener certeza, porque es casi como plantearlo en términos extremos, ¿si quitamos

la soda de ahí tenemos absoluta garantía de que nadie va a poner en riesgo la

cadena de custodia y la droga y todas estas cosas?, yo sé que la respuesta es que

no, pero esto nos lleva a una segunda reflexión, en cualquier lugar que la

pongamos y en cualquier circunstancia siempre van a haber espacios de riesgo y

de alguna forma lo que hay que hacer es ir cerrando esas situaciones de riesgo,

en la medida de lo posible y en la medida de situaciones normales y previsibles,

pero frente a un hecho extraordinario, y aquí lo comentaban y lo hemos visto

muchas veces en la prensa en otras situaciones, es absolutamente impredecible.

      Concluiría diciendo que a mí me parece que esto ameritaría la

participación de las comisiones que han estado informadas sobre esto, que

pudieran, no sólo en función de las dudas que yo podría estar generando, sino de

las muchas otras que aquí han sido planteadas siempre en función del mismo

punto.”

La Magistrada Villanueva manifiesta: “En realidad creo que han dicho cosas

muy importantes, y yo respeto el criterio de seguridad en este caso, porque me

parece que sería muy peligroso que cualquier cuestión se nos viniera. Pero

quería expresar también que tenemos grandes carencias en esto de la sodas y una

gran falta de previsión desde el punto de vista interno; la Magistrada León habló


                                      112
desde el punto de vista de usuarios y usuarias y yo digo desde el punto de vista

de trabajadoras y trabajadores, de nosotras. Yo aprovecho que está aquí don

Alfredo Jones ¿cuánto tenemos de tener una jornada continua, con una hora para

almorzar? Hace cuanto sabemos que todos los trabajadores y trabajadoras

tenemos que almorzar aquí. En todo este tiempo, porque me correspondió con

algunas personas que todavía quedamos aquí, la lucha por un cambio de jornada,

que nos eliminaron las dos horas para ir a almorzar a nuestras casas. Ha

transcurrido demasiado tiempo, y estas son las horas en que los edificios, en casi

doce años no se han adecuado para tener los espacios para que nuestros

funcionarios y funcionarias puedan calentar su comida, ir a lavar sus trastos, y lo

digo, porque es muy feo, porque claro que las cosas lo tocan a uno, pero no sé si

todos podrán ir a su casa, no puedo ir a mi casa y soy la primera afectada y así lo

hice saber porque aquí no hay donde por lo menos lavar algo o enjuagar. Eso no

puede ser, creo que algo está funcionando mal. Y aunque esté hablando por

teléfono pero yo le pediría a don Alfredo Jones que hagamos algo para tener más

planificación en esto, hay que ver y hay obligaciones legales que debemos

cumplir. Tenemos doce años de tener horarios seguidos, horarios continuos, sin

espacio y sin previsión de espacios en los edificios para que nuestros

funcionarios y funcionarias puedan estar bien en eso; y recuerdo que hay una

norma del Código de Trabajo que lo dice, no sé, supongo que los afectados y las

afectadas no seremos sólo nosotras. Yo supongo que los edificios viejos tienen

esas mismas situaciones, pero hay una obligación legal y les pediría que eso


                                       113
también se respete. Y don Alfredo, se lo pido con seriedad porque esto no puede

ser, la ley tiene que cumplirse y si no la cumplimos quienes la aplicamos ¿cómo

está este país? estamos mal. Eso es lo que quería decir a propósito de sodas.”

      El Magistrado van der Laat señala: “Nos hemos centrado sobre el tema de

la seguridad por el asunto de la soda, pero creo que esto es nada más que la

consecuencia, o sea, que estimo que debe tomarse alguna decisión en el sentido

que de previo a hacer reformas en instalaciones del O.I.J.              o nuevas

construcciones en que tenga interés el OIJ, tanto la Comisión de Construcciones

como la de Seguridad o cualquier otra, deberían de obtener el visto bueno de la

Dirección del OIJ; porque si esto se hubiera hecho en este caso no hubiéramos

llegado al punto en que nos encontramos.”

      SALE EL MAGISTRADO CHAVES

      El Magistrado Armijo expresa: “Tal vez para aclararle a la Magistrada

León. En la sesión esta se discutieron varios aspectos, entre estos, el referente a

la bodega y algunos otros problemas que salieron a colación ahí. La ventaja de

la Comisión de Seguridad es que hay muchísimas personas representando a

diferentes sectores, a saber,    la Administración con don Alfredo Jones, el

Organismo de Investigación Judicial, nuestra gente de seguridad, el Consejo y

varios Magistrados; y creo que lo importante de esta última sesión de la

Comisión de Seguridad es que sirvió como una especie de foro de reflexión,

donde se pudieron intercambiar las diferentes opiniones con respecto a este tipo

de temas     y sentar a dialogar a los funcionarios que están directamente


                                       114
involucrados con temas que son muy sensibles. Algunas de estas discusiones

dieron como resultado propuestas que en este momento están tratando de

implementarse para solucionar, por lo menos, este problema en relación a lo que

son las drogas en San Joaquín y sacarlas de ahí. Se discutieron otros aspectos

que tienen que ver con el tema. Lo que quiero decir es que la Comisión ha

servido como una especie de foro, en donde muchos de esos aspectos pueden

comenzar a limarse. Desde mi punto de vista hay opciones, en relación a la otra

pregunta de la Magistrada León, y sí se han tomado algunas decisiones

tendentes a solucionar el problema administrativamente; ciertamente a muy

corto tiempo de tomarse la decisión no había ninguna real; ahora se puso ahí un

arco y otra serie de medidas que se tomaron, pero estas son medidas

provisionales, porque nosotros estábamos consientes que la decisión en última

instancia le corresponde a esta Corte y determinara determinará si esta soda

continúa abierta. Es un aspecto de ponderación institucional donde tendrán que

entrar en juego factores como los que mencionaban las Magistradas Villanueva

y León, en relación a los usuarios, pero también aspectos relativos a seguridad.

El problema con la soda en este lugar es que está en un punto que es, desde el

punto de vista de la seguridad, muy sensible porque si bien es cierto ahí el tema

no se reduce única y exclusivamente al manejo de drogas, ahí también tiene que

ver con todo lo que son las evidencias a nivel nacional, con todas las pericias en

materia penal a nivel nacional, con las pruebas que se le hacen a los reos, y

también hay personas que se les practican cierto tipo de diligencias que son,


                                       115
digámoslo desde el punto de vista de la seguridad, personas muy problemáticas;

así como llegan muchos otros que no los son.

      La seguridad no solamente tiene que ver con este problema de si hay

droga o no. Desde ese punto de vista la Corte decidirá si considera que esa soda

debe seguir abierta o no; si acuerdan que no pues entonces veremos qué otra

alternativa hay para brindarle este servicio a los usuarios, o si no debe dársele

servicio a los usuarios, que también es una decisión de política institucional que

debe adoptar la Corte; pero lo más importante que veo es que ya se logró algo y

es que es importante poner a conversar a don Alfredo Jones, con sus planes, en

relación a la seguridad con los oficiales o los jerarcas del Organismo de

Investigación Judicial, en un foro como el de la Comisión que puede servir para

este tipo de cosas. Creo que deberíamos resolverlo, hemos estado mucho tiempo

discutiendo el tema y no sé si ameritará.”

      La Magistrada Varela agrega: “Bastante ya se ha dicho aquí sobre las

razones en pro y en contra de lo que se hizo.         Creo que, como decía la

Magistrada Pereira, lo que hay que hacer es tomar una decisión que compagine

los intereses tanto institucionales de seguridad, que me parece que tienen que

ser prioridad. Segundo, para no afectar a las y los usuarios que llegan a ese

lugar, me parece que lo que debe hacer esta Corte es autorizar el sistema que hay

en muchas instituciones públicas de permitir las máquinas dispensadoras de

productos, para emergencia; y de esa forma se cubre los dos ámbitos que

interesan. Claro que visualizo el problema que se presenta en este momento para


                                       116
el sistema de contratación que le entendí a don Alfredo, y la pregunta, es ¿ese

sistema de contratación a qué nivel está? Pero en todo caso en el momento en

que se encuentren me parece que no sería un desperdicio, porque va a proteger

siempre el lugar, independientemente de que accedan o no al público a esa soda.

Entonces ese no sería un desperdicio de recursos, sino que sería una medida

preventiva importantísima que la institución, si no ha sido quizás por este

problema que se presentó, no se hubiese llevado a cabo. De manera que creo

que la solución por la que debemos de irnos es por esa, es decir, quitar el acceso

al público y autorizar, que no sé cuál es el mecanismo, cómo se implementa,

pero el sistema de máquinas en puntos estratégicos que no den ese problema de

seguridad.”

      El Magistrado Vega expresa: “Lo primero que debo de manifestar es que

me alegra mucho que esta Corte dedique el tiempo necesario a un tema sensible

como el de la seguridad institucional. Creo que a veces lo pasamos muy por alto,

lo pasamos muy desapercibido, pero en las circunstancias en que vivimos en el

mundo de hoy, es un tema que debería de mantener una constante reflexión. En

segundo lugar, de todo lo que se ha dicho lo que me preocupa es que la Corte no

tenga en este momento los elementos suficientes para tomar una decisión

radical. Yo creo que sinceramente los elementos no los tenemos totalmente, y al

decir que no los tenemos, es porque hay implicaciones de orden contractual, que

probablemente están implicadas en esto; hay un contrato ya firmado con

obligaciones para el Poder Judicial, con un concesionario de este lugar que


                                       117
funciona como soda para prestar alimentación a funcionarios, funcionarias y al

público que asiste a la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores. Entonces me

preocupa que vayamos a tomar una decisión ligera. Lo que hizo la Comisión de

Seguridad, como muy bien lo dijo el Magistrado Armijo, fue reunir a todas las

partes, escucharlas y tratar de ponerlas de acuerdo en alguna solución inmediata

y que por lo menos atacara el problema principal, y yo creo que eso se logró.

Aquí ha quedado un poco la duda de si realmente se logró o no solucionar lo

más grave del problema. Yo creo que lo más grave del problema se solucionó,

¿cómo se solucionó?, bueno, se puso un control de acceso en la puerta hacia al

soda; yo también visité el lugar el viernes pasado, estuve ahí, conversé con el

guarda, hice un paseo interno por la zona, se puso un detector de metales, hay un

guarda permanentemente en la puerta controlando el acceso de las personas. Y

después, la otra cosa importante es que se movilizó, o sea, ya a estos momentos

debe estar movilizada toda la evidencia importante a otro lugar mucho más

seguro, con lo cual ahí no quedaría más que las muestras que son necesarias para

practicar las pericias, es decir, es lo único que queda ahí. Por supuesto que

también es muy importante que haya que darle la seguridad a las muestras y en

general a todas las oficinas o dependencias técnicas o forenses que existen en el

lugar. Eso me parece que se está haciendo en forma más o menos proporcional,

la duda que queda es la de si el lugar es el más indicado o no para tener un

comedor. Pareciera que todos estamos bastante claros en que no es el lugar más

adecuado, la ubicación no es la más adecuada. Pero tampoco, creo yo, que la


                                      118
decisión deba ser muy radical, por las razones que expresé anteriormente, de

eliminar eso sin sopesar también la inversión o el costo económico que eso ha

implicado para la institución y el servicio que efectivamente se le está dando a

los usuarios y a las usuarias y a nuestro personal; creo que eso amerita

efectivamente una reflexión mucho más profunda en donde podamos hacer un

balance de ventajas y desventajas de cualquiera que sea la decisión que se vaya a

tomar y en donde hagamos preponderar más la balanza hacia el lado de las

ventajas que hacia el lado de las desventajas.

      Entonces creo que el problema principal en sí está bastante controlado,

vuelvo a insistir hay muchas otras enseñanzas del problema suscitado, que ya

han sido dichas y no vale la pena repetirlas, pero que con estas enseñanzas hacia

futuro en la institución pues vamos a tener un poco más de cuidado a la hora de

ejecutar o tomar decisiones de esta naturaleza, que es lo que por lo menos creo

que a todos nos queda suficientemente claro.”

      SALE EL MAGISTRADO SOLÍS

      El licenciado Francisco Segura manifiesta: “Nada más para contestarle a

la Magistrada León. Efectivamente yo lo tenía aquí anotado entre las cosas que

se ponen en peligro es la seguridad de las personas. Una toma de rehenes no

podemos pensar en que no pueda ocurrir una cuestión de estas y posiblemente

esos rehenes van a ser empleados judiciales. Esas son las partes vulnerables que

nosotros queremos hacer hincapié a la hora de que se dan esa serie de

situaciones. Si bien es cierto la droga es una evidencia importantísima y si se


                                       119
pierde va a ser un daño para la sociedad, no sería tanto como que pierda una

vida humana, y esas son las cuestiones que nosotros hemos sopesado en algún

momento.”

      El licenciado Jones León agrega: “Voy a tratar de abarcar una serie de

interrogantes e inquietudes que me plantearon. Quisiera empezar por la siguiente

y don Francisco Segura no me va a dejar mentir: nosotros hemos mantenido

siempre una excelente comunicación y relación, sin embargo debo confesar que

en este tema de la soda, la Dirección Ejecutiva no lo hizo; pero siempre, por

teléfono, en reuniones, etcétera; siempre estamos conversando ellos y nosotros.

       La Magistrada León preguntaba lo de la cantidad, reitero son diez

toneladas, viene concentrada. Aquí yo no quiero entrar en una polémica ni

mucho menos, porque no soy especialista en el tema de seguridad; pero con

todo respeto para don Francisco Segura, yo no me imagino un operativo o una

toma de un edificio y de rehenes para llevarse esa evidencia, si cada paquete por

ejemplo pesa veinticinco kilos. Después de cargarla en un carro, no sé a dónde

se la van a llevar. Es totalmente factible determinar para donde coge el carro y

realizar un operativo para recuperarla. Entonces desde el punto de vista

personal, yo no le veo como mucho sentido a ese tema en particular, de robar la

evidencia si al final no voy a lograr mayor cosa.

      Ahora bien, se deseo aclarar que efectivamente el cartel de licitación, es

un cartel de concesión para administrar la soda con atención al público, y aquí

aclaro, las medidas no se están tomando por la concesión, o porque la señora nos


                                       120
obligó a nosotros a concesionar el acceso al público, sino que la licitación

pública fue promovida con concesión para el público. A raíz de la reunión con la

Comisión de Seguridad de inmediato se tomó la decisión de ubicar un guarda en

la puerta con marco detector de metales. Y como se decía ahora, y muy bien me

parece que la Magistrada Varela lo refirió, lo que se está contratando para

mejorar la seguridad, no solamente nos va a servir en los accesos para salir o

entrar a la soda, sino que nos va a servir para todo el edificio. Esto es importante

tenerlo presente. Y de paso reitero, nosotros teníamos una inversión ya realizada

desde hace varios años atrás en cuanto a ese espacio físico.

      De lo que expuso el Magistrado Vega: El espacio físico de la soda tiene

diez años de estar ahí, o sea, ese espacio físico no se construyó ahora sino que se

construyó con los edificios. La construcción del puente más las puertas de

acceso de vidrio tal y cual ustedes la vieron, costó entre dos millones y medio y

tres millones, no tengo aquí el dato exacto y esto se tomó de la subpartida de

mantenimiento de edificios, porque no estamos hablando de la construcción de

un edificio ni mucho menos.

      Yo no quiero defender ni un criterio ni el otro, ni tampoco tengo ninguna

relación con la señora que administra la soda. Sí pienso como se ha dicho, en los

usuarios tanto internos cuanto externos, y precisamente se trato de combinar ese

servicio con medidas de seguridad. Es muy probable que si hiciéramos una

encuesta entre los servidores de los Departamentos de Laboratorios de Ciencias

Forenses y de Medicina Legal, en relación al servicio que se les viene prestando


                                        121
hace tres o cuatro meses atrás, la respuesta es que se sienten muy satisfechos, ya

que no es lo mismo llevar el botecito con la comida desde la casa, que llegar

precisamente a un sitio donde se pueda encontrar comida de diferente tipo,

caliente o recién hecha. En esa combinación, precisamente de darle un servicio

al usuario tanto interno cuanto externo y con las medidas de seguridad.

      Sobre lo manifestado por el Magistrado Armijo, sí, efectivamente, él el

día que ingresó lo pudo hacer, porque precisamente no están aún los controles ni

los accesos controlados, pero el día en que exista el uso del carné y la

codificación para salir o entrar a la soda, ese día el Magistrado Armijo o

cualquiera de nosotros, salvo que andemos con carné lo podremos hacer.

      Al Magistrado van der Laat, ya el Consejo Superior tomó un acuerdo,

hace unas tres o cuatro sesiones, donde a raíz precisamente del acuerdo que

tomó la Comisión de Enlace, se dispuso que todo lo que tenga que ver con

construcción de edificios y el tema de seguridad debe ser consultado a la

Comisión de Seguridad, a la Comisión de Enlace y a la Comisión de

Construcciones. Aquí yo diría que a la Corte le toca igualmente una definición

de qué es lo que puede hacer la Dirección Ejecutiva sin consultar, qué es lo que

puede hacer la Administración consultando previamente, porque sino me parece

que podríamos entrabar esto, pero reitero es un mero criterio de mi parte.

      Finalmente, Magistrada Villanueva: Las sodas en los edificios, sí, usted

tiene toda la razón, existe una disposición en el Código de Trabajo, pero creo

que tenemos que continuar haciendo los esfuerzos, y no solamente la Dirección,


                                       122
sino todas las instancias; esta misma Corte, y lo digo con todo respeto, la

Comisión de Construcciones, el Consejo Superior, etcétera; para instalar sodas

en los edificios. El tema no es solamente de la Dirección Ejecutiva. Sí lo tengo

presente desde la vez que usted me lo indicó; pero por ejemplo, en este edificio

¿dónde instalamos una soda en este edificio?, no está claro el espacio, por eso

reitero, es un tema de varias instancias, no solamente de la Dirección

Ejecutiva.”

      Menciona la Magistrada León: “Sólo en función de lo que yo planteaba,

veamos que los bancos nunca tienen sus valores guardados en sus propios

edificios, sino que tienen bodegas externas, donde lo único que hay es cemento

y seguridad, precisamente para no poner en riesgo a sus funcionarios. De ahí un

poco el enfoque que yo planteaba de que eventualmente la solución era que esa

droga estuviera en otro lugar ajeno, que es garantizar la seguridad de la prueba

que interesaba pero que no pusiera en riesgo a nuestro personal y usuarios.”

      El Presidente Magistrado Mora indica: “Entiendo que hay algunos temas

en los que estamos plenamente de acuerdo, uno es que en todo caso en donde

haya temas de Seguridad deben ser consultadas la Comisión de Enlace Corte-O-

I.J., la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, la Comisión

de Seguridad y también la Comisión de Construcciones.

      Sin objeción de las señoras y señores Magistrados presentes, se

acordó: Disponer que en los temas de seguridad deben ser consultadas la

Comisión de Enlace Corte-O-I.J., la Dirección General del Organismo de


                                       123
Investigación Judicial, la Comisión de Seguridad y también la Comisión de

Construcciones.

                                           -0-

      Continúa el señor Presidente, Magistrado Mora: “También estaríamos de

acuerdo en el tema de la necesidad del traslado de la bodega, es decir, que la

bodega con cantidad grande de droga la traslademos a un lugar con mayores

condiciones. Ahora, lo que tendríamos que votar es: la soda si, la soda no, la

soda hasta que tenga seguridad garantizada o pasarle este tema a las Comisiones.

Si a ustedes les parece tomamos un primer voto y luego nos quedaríamos con

dos en los que escogeríamos la mayoría.”

      Refiere el Magistrado Chinchilla: “Yo creo que ya las Comisiones dieron

su dictamen, por lo que esto es una decisión de Corte.”

      La Magistrada Escoto agrega: “A mí me parece que al menos en la que

estamos ya dieron dictamen, lo que me preocupa es que si soda si o soda no, la

quiten y es un lugar lejano donde los compañeros que están en esa ciudad

judicial quedarían sin ese servicio”

      El Presidente Magistrado, Mora indica: “Es que yo creo que hay una

tercera posición que aquí se ha externado que ha dicho que estarían dispuestos a

que ese servicio se le dé a los usuarios siempre y cuando haya la debida

seguridad y me parece que no vamos a volver a traer aquí para calificar si se dio

la debida seguridad o no, para eso tenemos las comisiones y para eso me parecía

que era mejor pasarlo a las comisiones, si es que esa fuera la posibilidad, ¿pero


                                       124
por qué no ponemos las cuatro posibilidades y luego escogemos en las dos que

mejor nos quedan.?”

      La Magistrada León agrega: “Es que en función de lo que decía el

Magistrado Chinchilla, a mí me parece que aquí se están tomando decisiones

que no vienen dadas en los informes de las Comisiones, por ejemplo, pasar la

bodega significa tener un nuevo escenario, y frente a eso yo creo que las

Comisiones podrían darnos aportes muy importantes sobre los temas que

resultan accesorios, entonces soda si o soda no, yo hasta me atrevería a decir que

hay un consenso en que soda si, ¿pero entonces las condiciones?, ¿y cuáles

condiciones si ese es un tema que realmente está surgiendo aquí? porque el tema

recordemos que se origina en que la soda no debe estar donde está y entonces si

lo que se va a mover es la bodega ¿qué pasaría?. Por eso es que yo creo que el

tema se reabre ahora con nuevos enfoques y nuevas decisiones.”

      Agrega la Magistrada Pereira: “Es que la opción primera y la opción

segunda a mí me parece que no está completa, porque lo que se ha discutido no

es eliminar la soda para los trabajadores, se ha discutido el acceso al público de

esa soda. O mantener el acceso al público o eliminar el acceso al público de esa

soda, pero no hemos dicho que se elimine la soda como tal.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Sería mantener la soda para los

empleados.”

      Dice la Magistrada Varela: “Don Alfredo no lo dijo, pensé que lo iba a

señalar porque le hice la consulta hace un rato. Me dice don Alfredo que sí


                                       125
existen máquinas dispensadoras de alimentos en el edificio, entonces eso ya

estaría solucionado para los usuarios.”

      El Magistrado Chinchilla adiciona: “Vuelvo a ver nuevamente la opción

de pasar a comisiones. Yo todavía no entiendo si existe un mecanismo donde las

comisiones se van a reunir todas, van a hacer un plenario las comisiones y van a

votar una cosa u otra. No sé el mecanismo que se va a seguir en ese caso, creo

que tendremos que implementarlo y hacer un reglamento para ver cuando se

reúne más de una comisión cómo se va a tomar la decisión, por eso yo creo que

esa cuarta opción, con el perdón que me merece, no debería de estar ahí, porque

Corte es la que está asumiendo el conocimiento del asunto por medio de los

informes; ya nos dijo el Magistrado Armijo, don Alfredo Jones que estuvo ahí y

estuvo también don Francisco Segura, entonces yo no sé qué les vamos a

devolver a ellos ¿la competencia que ya de por sí nosotros tenemos para resolver

el asunto?, me parece que no.”

      El Presidente, Magistrado Mora, expone: “En ese caso yo lo que visualizo

es que las comisiones podrían analizar la nueva circunstancia en que se

encuentra el tema y hacer una propuesta a la Corte.”

      Añade la Magistrada León: “Yo sí rogaría que me dejaran esa opción

porque voy a votar por ella, en el tanto no tengo los elementos suficientes para

con las nuevas condiciones tomar una decisión, por eso rogaría que se mantenga,

aunque sea mi único voto.”




                                          126
         Interviene el Magistrado Chinchilla: “Entonces, yo pediría que votemos si

la dejamos o no la dejamos también.”

         El Presidente Magistrado Mora indica: “Estaría bien, vamos a tomar el

voto.”

         Adiciona la Magistrada León: “Entonces yo me abstendría de votar, me

parece que de paso se debería de conocer.”

         El Presidente, Magistrado Mora, agrega: “Cuando votaríamos por

mantener la propuesta es mantener los cuatro temas. Lo que lo que vamos a

votar ahora es sobre si mantenemos la última opción que es pasar o no a las

comisiones para que nos traigan una propuesta.”

         SALE LA MAGISTRADA ESCOTO.

         Señala el Magistrado González: “Yo adelanto un poco lo que podría ser

mi criterio de fondo. Creo que la soda hay que sacarla de ahí, es cuestión de

prioridades, lo que pasa es que a mí preocupa muchísimo el tema del

incumplimiento contractual, o sea, ya hay un contrato y eso no deja de darme

vueltas en la cabeza; hay una responsabilidad de la Institución eventualmente en

este tema. ¿Por qué conecto esto con lo que estamos ahora discutiendo? Bueno,

porque yo no sé si se podría buscar una alternativa adicional, regresando esto a

las comisiones, ver cómo hacemos con la Dirección Ejecutiva, porque claro

podemos tomar radicalmente, afuera o se queda, pero es que las dos tienen

posibilidades muy difíciles. Que se quede la soda a mí me preocupa muchísimo,

yo no quisiera eso, pero bueno, también hay una afectación a unas personas y a


                                        127
un contrato que ya está suscrito, eso también me preocupa lo mismo que una

responsabilidad del Estado, nuestra y demás. Bueno, entonces buscar posibles

salidas, intermedias, un impás, que la soda se quede mientras tomamos una

decisión, etc.; aparte de que se ha dicho, y vean los contrasentidos, yo no había

querido intervenir en esto, ni voy a esta hora extenderme, pero a ratos me llama

la atención cómo la Corte conoce de unas cosas si y de unas cosas no, esto es

administrativo.”

      El Magistrado Chinchilla agrega: “A mí me llama la atención también

como se conocen unas cosas y como otras no y cómo se traen aquí, pero el caso

es que está aquí, y estando aquí deberíamos de resolverlo, y si la idea, no sé cuál

es la idea que tiene la Magistrada León, con respecto a las comisiones es que nos

rindan otro informe, yo no tendría problema alguno en que ampliaran los

informes y conocerlo en Corte, ya que estamos aquí. Pero esa no ha sido la

propuesta que la Magistrada León, por lo menos ha indicado, y es lo que yo le

decía al señor Presidente, que si nosotros vamos a sacar este asunto de nuestra

competencia, que de por sí la ley nos autoriza a tomar la competencia también

en asuntos administrativos cuando creamos que es importante y ya el

Magistrado González lo sabe de sobra, me parece que si está aquí lo deberíamos

de resolver. Este asunto yo creo que no es ni tan complejo, yo contrarío tal vez

la idea de la Magistrada León, donde dice que ya hay una cuestión clara que

aquí de por si se quiere la soda, no, no es que es eso, la soda se quiere que la




                                       128
utilicen los funcionarios judiciales, estamos de acuerdo con ello, pero no el

acceso público, y ahí está la cuestión tal vez divergente con esa situación.

      Ahora, me parece a mí totalmente cierto, que bueno si tienen que

rendirnos un informe que don Alfredo Jones no nos ha dicho, la cuestión de

cómo se dio la concesión, a quién se le dio la concesión para que la explotara,

bajo qué términos, en qué condiciones y todo ello, entonces que rinda un

dictamen sobre eso si eso es lo que preocupa la cuestión económica y que se nos

diga bajo qué parámetros fue que se dio, quien lo autorizó, en qué momento se

hizo, y entonces nosotros podemos tomar una mejor decisión del caso, si fuera

que se opta por la cuarta opción. Pero lo que quiero decirles es que si la idea es

devolver esto a las comisiones, entonces digamos bueno la Corte ya no quiere

más conocer de esto, devolvemos la competencia a las Comisiones y que las

Comisiones, previo a que la Corte haga un reglamento, como decidir cuando

intervienen cuantas comisiones son, estamos hablando de la de Seguridad, la de

Enlace Corte-O.I.J., la de Construcciones -que al fin y al cabo tiene que ver

Construcciones, pero Construcciones no tiene que ver nada con esta cuestión,

pero bueno, está ahí metida- y muchas otras más, entonces tendríamos que hacer

algo donde podamos tomar una decisión para saber qué cogemos de todas ellas,

o si ellas ya de por sí resuelven y Corte lo que hace es decir, muy bien le dimos

la competencia y que ellas resuelvan, que además de eso me parece totalmente

contraproducente hacer esa situación.”




                                         129
      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Cuando puse la opción le

entendí a la Magistrada León, que lo que se pretendía era pasarle a ellos para

que nos hicieran una nueva propuesta.”

      ENTRA LA MAGISTRADA ESCOTO.

      Añade el Magistrado Cruz: “Después de tanto discutir casi vamos a lo

mismo, que vuelva la comisión, entonces ese viaje no se necesitan alforjas,

¿para qué discutir esto? y si los miembros de la Comisión recomiendan que la

eliminen, pues se elimina la soda. Ahora volvemos otra vez a la comisión, yo no

sé si el licenciado Segura vino aquí para volver otra vez a discutirlo.

      El tema económico que se valore después, y si resulta que tenemos que

pagar los millones de arlequín por el tema, pues ni modo habrá que tener la soda

y a invertir gran cantidad de recursos para poder tener la soda y el acceso al

público, ojalá la podamos promover cerca del sitio donde está para que la gente

vaya cuando la soda ofrezca unos servicios extraordinarios. Es decir, discutir

todo esto durante no sé cuánto tiempo para que volvamos con una moción de

que hay que volverlo a comisión, ¿entonces para qué? Sinceramente les digo que

al final de cuentas creo que ni la comisión que propuso eso, porque yo le he

preguntado al Magistrado Armijo, que si lo que proponían era eliminarla, ahora

vamos a discutir, me parece mejor que si los miembros de la comisión eso es lo

que proponen yo creo que es muy evidente que hay que eliminarlo y ya está,

pero claro, si las mociones son como cuatro opciones entonces al final de

cuentas es como una imprecisión que va a postergar la decisión, cosa que me


                                        130
parece pues bien, puede ser que eso no sea, pero creo que lo trajeron acá por esa

razón, eso es lo que yo entiendo y volver sobre esto, y claro, si tenemos

problema con la indemnización que fuera muy grande pues entonces tendríamos

que corregir y dejar la soda ahí y podríamos haber averiguado antes que era tan

caro la indemnización que a lo mejor no podríamos resolver. Pero la verdad es

que sí me siento como que hemos tenido un tiempo muy ocioso para al final

tener las opciones de decisión.”

      La Magistrada León alude: “Empezaría por decir que lamento muchísimo,

porque nunca lo había visto, que aquí se cercene el derecho a votar de una

determinada forma, y me preocupa profundamente que se someta a votación si

una opción se mantiene o no, porque aunque sea con un voto yo tengo derecho a

votar por ello, y creo que eso es algo que tendríamos que valorarlo, repito, nunca

lo había visto en estos seis años, a pesar de que en muchas ocasiones he

considerado que una opción adicional puede o viene a dividir un voto que frente

a dos opciones, una de ellas que lo comprende, hubiera facilitado la decisión. De

manera únicamente con el propósito de que quede constando en actas mi

posición al respecto, pues quería hacer esa pequeña referencia.

      Cuando yo digo que regrese a comisión no estoy evadiendo, porque

además nunca lo hecho, la toma de una decisión, lo he dicho insistentemente,

estimo que en lo que a mí respecta me faltan elementos para decidir ¿y cómo los

sintetizo? la soda o la bodega, ¿qué se va o qué se queda?, ¿la inversión se

pierde o no se pierde?, ¿el costo de resolver un contrato se puede o no se puede?,


                                       131
¿la soda para todos o la soda sólo para lo interno?, en fin si alguien tiene en

claro estas dudas que han surgido producto de las intervenciones, y que sin duda

ameritan, en lo que a mí respecta, elementos de juicio para decidir en uno u otro

sentido, es la razón por la que desde los inicios me propuse plantear que volviera

a una mega comisión o a diferentes comisiones o a diferentes informes que

alguien centre y explique, pero repito, creo que son necesarios para tomar una

decisión responsable de cara a las consecuencias que esto tiene en diferentes

ámbitos.”

      El Presidente Magistrado Mora indica: “Vamos a tomar el voto en

relación con la petición de la Magistrada León para que agreguemos una cuarta

opción. La propuesta del Magistrado Chinchilla es de que no se mantenga esa

cuarta opción y la posición de la Magistrada León de que sí se mantenga.”

      Una vez recibida la correspondiente votación, se recibieron doce votos por

mantener la opción propuesta de la Magistrada León. Así votaron los

Magistrados Mora, Rivas, León, González, Escoto, Aguirre, Villanueva, van der

Laat, Ramírez, Arroyo, Armijo y Cruz.

      Los Magistrados Varela, Vega, Pereira y Chinchilla, emitieron su voto por

eliminar la referida opción.

      Interviene la Magistrada Varela: “Nada más creo que por la información

que faltaría para tomar la decisión, es que don Alfredo nos diga primero el costo

de la posible resolución del contrato, según los términos del contrato, el tiempo

del contrato y fecha de vencimiento.”


                                        132
      Responde el licenciado Jones: “Magistrada Varela, es imposible que en

estos momentos yo le diga cuál sería el daño y perjuicio si la soda se cerrara del

todo, sino que es cerrarla al acceso al público. Eso no lo hemos planteado ni lo

hemos hablado. Y quizás aclarar que la concesión se hizo mediante un cartel de

licitación, o sea fue abierto, salió publicado en la gaceta, etc. y el contrato

tratando de hacer un poco de memoria debe ser al año prorrogable por varios

años hasta un límite supongo de cinco años.”

      Continúa la Magistrada Varela: “Entonces en ese tanto pensando en la

opción que sea por un año creo que una de las alternativas que podría tener esta

Corte es decidir que vencido el contrato no se prorrogará, que de una vez quede

definido con acceso al público y que mientras tanto se tomen todas las medidas

de seguridad pertinentes.”

      El Presidente Magistrado Mora indica: “Sería una quinta opción. ya

podemos votar, uno es por mantener el acceso del público, dos es por no

mantenerlo, tres es autorizar la soda pero hasta que tenga la seguridad

correspondiente, cuatro es pasar a las comisiones para que nos hagan una nueva

propuesta y cinco es la propuesta de la Magistrada Varela.”

      Indica el Magistrado Vega: “Yo veo que la cinco de la Magistrada Varela

y la tres son subsumibles en una sola, es decir, poniéndole a la tres el tema del

tiempo que plantea la Magistrada Varela, porque si se votara por la de la

Magistrada Varela, que sería mantener siempre el tema de la seguridad, porque

aunque se mantenga tiene que ser con seguridad.”


                                       133
      Recibida la votación correspondiente, por mayoría de nueve votos, se

dispuso: Mantener abierta la soda sin el acceso al público. Así votaron los

Magistrados Rivas, Escoto, Aguirre, Villanueva, van der Laat, Pereira,

Chinchilla, Armijo y Cruz.

      Los Magistrados Vega y Ramírez, emitieron su voto por mantener la soda

con el acceso al público y con seguridad.

      Los Magistrados Mora y León, votaron por pasar el tema a las

Comisiones.

      Los Magistrados González, Varela y Arroyo, se pronunciaron por aprobar

la propuesta recomendada por la Magistrada Varela.

                             ARTÍCULO XXVII

      El Magistrado Solís, en oficio N° SZ-062007 fechado hoy, informa sobre

su labor docente en la Universidad Libre de Derecho, durante el período

comprendido entre el 14 de este mes al 25 de agosto del presente año, a saber:

      Martes, de las 17,00 a las 19,00 horas

      Curso Derecho Administrativo II.

      Jueves, de las 17,00 a las 19, 00 horas

      Curso de Derecho Procesal Administrativo.

      Se acordó: Tomar nota del informe del Magistrado Solís.

                                      -0-

      A las 12,15 horas se suspende la sesión y se reanuda a las 13,45, con la

asistencia de los Magistrados Mora, Rivas, Solís, Escoto, Aguirre, van der

                                       134
Laat, Varela, Vega, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Calzada,

Vargas,     Armijo, y los Suplentes Rosa María Abdelnour Granados y

Federico Sosto López, sustituyendo a los Magistrados Solano y Jinesta, a

quienes se concedió permiso con goce de salario para otras actividades del

cargo.

      Asisten también los siguientes funcionarios judiciales:

      Licenciada Miriam Anchía Paniagua, Integrante del Consejo

Superior.

      Licenciada Lupita Chaves Cervantes, Integrante del Consejo

Superior.

      Licenciada Milena Conejo Aguilar, Integrante del Consejo Superior

      Licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrante del Consejo

Superior.

      Licenciado Francisco Dall’Anese Ruz, Fiscal General de la República.

      Licenciada Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública.

      Licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial

      Licenciado Alfredo Jones, Director Ejecutivo.

      Doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial

      Licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela

Judicial.

      Licenciado Francisco Segura Montero, Director interino del

Organismo de Investigación Judicial.


                                     135
       Licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación.

       Licenciado Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal.

       Licenciado José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento

de Personal.

       Licenciado     Carlos     Montero        Zúñiga,    Representante       de    las

Organizaciones Gremiales.

                              ARTÍCULO XXVIII

       El diputado Alexander Mora Mora, Presidente de la Comisión de Asuntos

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en oficio # CJ-54-03-07 de 21 de marzo

del 2007, solicitó el criterio de esta Corte sobre el proyecto “Reforma parcial a

la Ley de Tránsito por las Vías Publicas Terrestres N° 7331 del 13 de abril de

1993 y sus normas conexas”, expediente # 16.496.

       La consulta se remitió a estudio del Magistrado Arroyo, quien en escrito

de 14 de mayo en curso, rinde el siguiente informe:

“(…)         Mediante el oficio CJ-54-03-07, de 21 de marzo de 2007, el Licenciado
Alexander Mora Mora, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de
la Asamblea Legislativa, solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir su criterio sobre
el proyecto de reforma parcial a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (Ley
número 7331, de 13 de abril de 1993), que se tramita bajo el expediente legislativo
número 16.496. La presente consulta se evacua de conformidad con el artículo 167 de
la Constitución Política: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se
refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea
Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de
ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la
Asamblea”.



                                          136
       En virtud de lo anterior, especial mención requiere la
Disposición Transitoria Tercera del proyecto legislativo que señala:
“Se establece el término de un año a partir de la entrada en vigencia
de esta Ley, para que el conocimiento de las impugnaciones; así
como las gestiones de devolución de vehículos, placas o licencias, sea
objeto del conocimiento de los juzgados de tránsito o demás
despachos judiciales competentes. Concluido ese año, la Unidad de
Impugnaciones de Boletas de Citación del Consejo de Seguridad Vial
asumirá la competencia de manera total” [el resaltado no pertenece al
original].
       La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, en su
redacción original de 1993 establecía en su artículo 146 que el
conocimiento de todas las infracciones previstas en ella
correspondería a las alcaldías de tránsito y, en apelación, a los
juzgados penales. La Ley número 7728, de 26 de diciembre de 1997
(Ley de Reorganización Judicial) reformó dicho precepto en el
siguiente sentido: “El conocimiento de las infracciones a esta ley
corresponde a los Juzgados de Tránsito. La Corte Suprema de
Justicia fijará la competencia territorial de estos juzgados y su
ubicación… El conocimiento de las apelaciones de las sanciones en
esta materia corresponderá al juez penal del procedimiento
preparatorio”. Con posterioridad, mediante la reforma por Ley
número 8431, de 28 de diciembre de 2004, se dispuso la actual
redacción del artículo 146: “Salvo las infracciones a que se refiere la
sección siguiente, corresponderá a los juzgados de tránsito el
conocimiento de las infracciones establecidas en esta Ley. En los
lugares donde no exista juzgado de tránsito, el conocimiento de esas
infracciones corresponderá al juzgado contravencional. Contra la
resuelto en esta materia por los juzgados de tránsito o los
contravencionales, cabrá recurso de apelación para ante el juez penal
de la jurisdicción. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia fijar
la competencia territorial de los juzgados de tránsito y su ubicación”.
Así, la excepción que por razón de la materia se establece en el ámbito
de la competencia jurisdiccional, viene definida por los artículos 148 a
154 de la vigente Ley de Tránsito, que otorga el conocimiento de las
infracciones sancionadas con multa fija y las que conlleven el retiro
de la circulación del vehículo o su inmovilización, a la sede
administrativa, traducida en la Unidad de Control, de la Dirección
General de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y
sólo ante la inconformidad de lo resuelto por dicha Unidad, se tiene
por agotada la vía administrativa y la competencia se traslada al
Juzgado de Tránsito, contra cuya resolución no cabe recurso alguno.
Este constituyó un paso decisivo hacia la desjudicialización, aunque
fuera parcial, de los conflictos en materia de tránsito vehicular.
       A propósito de esta reforma operada en el año 2004, la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea


                                  137
Legislativa, solicitó a la Corte Suprema de Justicia en su momento,
mediante oficio CJ-178-03-04, pronunciarse sobre aquel expediente
legislativo número 15.423. Por acuerdo de la Corte Plena, en sesión
número 24-04, de 24 de junio de 2004, artículo XVIII, se aprobó el
requerido informe que, en lo que ahora interesa, indicaba: “…B)
Reforma a los artículos relacionados con el procedimiento para
conocer las infracciones a la Ley de Tránsito. Como se menciona en
líneas arriba la Ley de Tránsito plantea dos tipos de procedimientos,
uno para juzgar las infracciones a la Ley de Tránsito y el
procedimiento para juzgar las colisiones… B.1) Propuesta de
reforma al procedimiento para juzgar las infracciones. Uno de los
aspectos que más ha interesado en los diferentes proyectos de Ley de
Tránsito, es la desjudicialización de las infracciones sin oposición,
trasladándose a instancias administrativas. Se busca con ello
descongestionar los Juzgados de Tránsito, y que los jueces de tránsito
se avoquen al conocimiento de los hechos donde sí hay controversia,
mejorando la respuesta del aparato judicial. B.1.1) Procedimiento
actual. Actualmente los Juzgados de Tránsito conocen de todos los
„partes‟ que los oficiales de tránsito confeccionen. Una vez levantada
la infracción por parte del oficial de tránsito, este le entregará una
copia de la boleta al infractor quien tiene el plazo de ocho días
hábiles para presentar su inconformidad ante los Juzgados de
Tránsito respectivos. Aparecen dos alternativas: a) que el infractor
presente su impugnación ante el órgano jurisdiccional. En este caso,
el Juez convoca a una audiencia oral y pública… b) Si el infractor no
se apersona la boleta se confirma una vez vencido el plazo,
dictándose el fallo „machotero‟. En ambos casos la „sentencia‟ debe
comunicarse al Consejo de Seguridad Vial… B.1.2.) Procedimiento
propuesto. Se pretende que en el caso de las infracciones, el
procedimiento se desdoble en dos sedes. La primera fase va desde el
momento en que se confecciona la boleta hasta que venza el plazo de
diez días concedido al supuesto infractor para que impugne la
sanción impuesta por el oficial de tránsito… El órgano encargado de
este trámite sería el Consejo de Seguridad Vial. La segunda fase se da
cuando el infractor presenta su inconformidad en un plazo de diez
días…, entonces el conocimiento de la boleta pasa a un Juzgado de
alzada especializado de Tránsito… Esto parece no presentar
problema alguno excepto por las siguientes razones. B.2) Problemas
que podrían presentarse en los Juzgados Penales. El primero de
ellos surge cuando la ley menciona que el conocimiento de las
apelaciones a las infracciones será de conocimiento de los Juzgados
Penales, en aquellos lugares donde no exista el Juzgado de alzada
especializado de tránsito. Y es que estadísticamente es cierto que las
multas fijas no apeladas llegan a representar el 50 % de lo que
ingresa a los Juzgados de Tránsito, lo cierto es que sí son suficientes
como para provocar en un Juzgado Penal algún desequilibrio en sus


                                 138
funciones propias. Debe considerarse que si hay apelación, el
Consejo de Seguridad Vial procederá a documentar la misma, aportar
la boleta que se le levantó al infractor y remitirlas al Juzgado de
alzada. A partir de aquí el Juez debe proceder conforme al artículo
161 y siguientes de la Ley, convocando a una audiencia oral y pública
donde citará al infractor, al oficial de tránsito y evacuará la prueba
respectiva, para luego dictar sentencia, la cual no tendrá apelación
alguna, conforme al artículo 146 y 152. Consideramos que es
importante analizar esta situación y el impacto que podría provocar
en los Juzgados Penales donde no se pueda crear el Juzgado de
alzada Especializado de Tránsito…” [El subrayado no pertenece al
original].
         A partir de lo anterior, se fue gestando el proceso de
desjudicialización del procedimiento para conocer de las infracciones
a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, lo que se logró,
parcialmente, tratándose de multas fijas y del retiro de la
circulación del vehículo o su inmovilización, pues hoy en día sólo
ante la inconformidad de lo resuelto por la Unidad de Control, decide
finalmente el Juzgado de Tránsito.
       Ahora bien, la Disposición Transitoria Tercera del proyecto de
reforma legal, bajo expediente 16.496 devuelve, por el plazo de un
año, la competencia íntegra de estos ilícitos, sancionados con multa
fija y retiro o inmovilización del vehículo, al Poder Judicial para, al
vencimiento del término, asumirla la llamada Unidad de
Impugnaciones de Boletas de Citación, del Consejo de Seguridad
Vial. Aún cuando ese traslado de competencias sea temporal, la
organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se vería
seriamente afectada, en detrimento del servicio público brindado y del
desempeño de los funcionarios judiciales, ya no sólo respecto de los
Juzgados de Tránsito, que tendrían que diligenciar la impugnación que
se formule contra las citadas sanciones impuestas por la Policía de
Tránsito, que –con la salvedad del plazo– corresponden a la sede
administrativa (actualmente, a la Unidad de Control; en el proyecto
legislativo, a la Unidad de Impugnaciones). Además afectaría de
manera negativa a los Juzgados Penales, pues éstos asumirían una
nueva carga laboral, consistente en resolver todos los recursos contra
aquella decisión, que en la ley vigente y la propuesta compete
únicamente al Juzgado de Tránsito.
       En definitiva, resulta inadecuado para el buen funcionamiento
jurisdiccional que durante un año los Juzgados de Tránsito asuman las
decisiones sobre los recursos, y que, además, las funciones que ya de
por sí ejercen los Juzgados Penales, se vean recargadas con la
resolución en alzada, dando un retroceso, aún cuando sea temporal, en
el camino hacia la desjudicialización que se fundamenta en un mejor
servicio a la ciudadanía.



                                 139
         Además, se ha analizado la propuesta de la Comisión
Interinstitucional de Tránsito, para que el Transitorio Tercero
disponga: “Durante el plazo indicado en el transitorio I [nueve
meses] la competencia para las gestiones de devolución de vehículos,
placas o licencias, permanecerá en los Juzgados que conozcan la
materia de tránsito…”. Ello, como se aprecia, no supone el
inconveniente del proyecto legislativo, aún cuando durante el plazo de
entrada en vigencia de las nuevas sanciones (multas y sistema de
puntos), los órganos jurisdiccionales continúen decidiendo sobre la
devolución de vehículos, placas y licencias a cuya orden, como ahora
sucede, siempre deben estar –al margen de la custodia material–
(artículos 137 bis, 139 y 145 de la vigente Ley de Tránsito); pues la
legislación propuesta en el expediente número 16.496, admite –en esa
adecuada línea de la desjudicialización– que, según el caso, los
objetos indicados puedan estar a la orden de una autoridad judicial o
administrativa, las que se encargarán de aquellos trámites, según
corresponda.
         Aquella imperiosa necesidad institucional externada en el
marco de la mencionada reforma del año 2004 para ceder parte de la
materia de tránsito al Poder Ejecutivo, se conserva en la actualidad,
como se advierte en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2011.
Dentro de las debilidades identificadas, en este Plan, se halla el
divorcio entre el presupuesto y las necesidades crecientes, la mora
judicial –a pesar de la existencia de un programa al respecto–, y el
débil avance sobre la necesidad de una profunda reforma de la
organización de los despachos (tamaño, composición, trámites
engorrosos, poco ágiles y claros, etc.). También, se prevén como
amenazas al Poder Judicial, la aprobación de leyes en la Asamblea
Legislativa sin el debido respaldo en términos de recursos
(económicos y otros), la tendencia creciente a la judicialización de los
problemas y conflictos sociales que aumentan considerablemente la
carga de trabajo de nuestra Institución y dificultan la reducción de la
mora judicial, y una tendencia de parte de los otros poderes del Estado
a delegar en el Poder Judicial la resolución de conflictos que no se
solucionan en sede administrativa, aumentando el trabajo y
responsabilidades jurisdiccionales.
      En virtud de lo anterior, lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Tercera del proyecto de reforma parcial a la Ley de
Tránsito por Vías Públicas Terrestres (expediente legislativo número
16.496), afecta gravemente la organización y funcionamiento de los
Juzgados de Tránsito y Juzgados Penales, de manera que no se
recomienda la aprobación de esta específica norma que, por el plazo
de un año, otorga a estos Juzgados la resolución de los recursos de
revocatoria y apelación contra las sanciones de multa fija, retiro de
circulación del vehículo o su inmovilización.”



                                  140
      El Magistrado Arroyo agrega: “Esta es una propuesta legislativa de

reforma parcial a la Ley de Tránsito. Quisiera destacar del informe que les traigo

que como reforma parcial en realidad toca algunos aspectos, y en mi criterio y

esto es lo fundamental que quiero someter a todos ustedes, en efecto es uno de

los casos en que se afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial

por las razones que diré. Se trata básicamente de que en este Proyecto de Ley el

transitorio tercero del proyecto a la letra dice: “Se establece el término de un año

a partir de la entrada en vigencia de esta Ley para que el conocimiento de las

impugnaciones así como las gestiones de devolución de vehículos, placas o

licencias, sea objeto de conocimiento de los Juzgados de Tránsito o demás

despachos judiciales competentes. Concluido ese año la Unidad de

Impugnaciones de Boletas de Citación del Consejo de Seguridad Vial asumirá la

competencia de manera total.” Como ustedes recordarán esta ha sido una ley en

los últimos años varias veces reformada, el texto original del 93 o el que he

tomado como punto de partida entiende que todas las infracciones previstas en

esa ley corresponderían a las entonces llamadas Alcaldías de Tránsito, y en

apelación, a los Juzgados Penales. Posteriormente hay una reforma del 2004,

que como ustedes recordarán, impone realmente un sistema doble para las

infracciones a la Ley de Tránsito, una que tiene que ver básicamente con las

multas fijas y con el retiro de circulación de vehículos, y otras que tienen que

ver con colisiones que se les impuso un régimen distinto. A las primeras se las

envía a un procedimiento fundamentalmente administrativo, y no es sino


                                        141
después de diez días que la Ley fijaba de no ser cuestionadas esas boletas de

infracción, que podía entrar a conocerlas el Juzgado Penal correspondiente, y las

otras seguían el ritmo tradicional de entrar a la jurisdicción directamente. Esto

ha hecho que se diera un significativo paso que aquí hemos visto en Corte en

varias oportunidades, en el sentido de administrativizar, por decirlo así, una

buena cantidad de las infracciones a la Ley de Tránsito, mientras que más o

menos el 50% de lo que normalmente es el volumen total de infracciones a esta

ley seguía conociéndose en vía jurisdiccional. Según les puedo informar, ese

entonces un avance que se valoró aquí oportunamente, el hecho de que no todas

las infracciones de esta ley fueran conocidas en sede jurisdiccional, sino que un

volumen importante se fuera a la vía administrativa. En lo fundamental les estoy

diciendo que vistos estos antecedentes y visto este transitorio tercero, bajo el

expediente 16496, en realidad se devuelve por el plazo de un año, la

competencia íntegra de todos los ilícitos, sancionados con multa fija y retiro o

inmovilización del vehículo, al Poder Judicial para, al vencimiento del término,

asumirla la Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación del Consejo de

Seguridad Vial. Aún cuando ese traslado          competencia sea temporal, la

organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se vería

seriamente afectada, en detrimento del servicio público brindado y del

desempeño de las funciones jurisdiccionales, ya no sólo respecto de los

Juzgados de Tránsito, que tendrían que diligenciar la impugnación que se

formule contra las citadas sanciones impuestas por la Policía de Tránsito, que -


                                      142
con la salvedad del plazo- corresponden a la sede administrativa (actualmente, la

Unidad de Control; en el Proyecto Legislativo a una llamada Unidad de

Impugnaciones). Además afectaría de manera negativa a los Juzgados Penales,

pues éstos asumirían una nueva carga laboral, consistente en resolver todos los

recursos contra aquélla decisión, que en la Ley vigente y la propuesta, compete

únicamente al Juzgado de Tránsito.

      Se concluye en principio que ésta es entonces una propuesta del todo

inadecuada, que si bien es transitoria, va a impactar negativamente a los

Juzgados de Tránsito y Juzgados en general que atienden esta materia.

      Finalmente la última consideración que les pongo en conocimiento, es que

en el debate y en los antecedentes de este proyecto, la Comisión

Interinstitucional de Tránsito, con respecto a este transitorio tercero, propone

una redacción que nos parece que es mucho más conveniente, y entonces diría el

transitorio tercero en lugar de la redacción que tiene: “Durante el plazo indicado

en el transitorio primero -que es de nueve meses- la competencia para las

gestiones de devolución de vehículos, placas o licencias, permanecerá en los

Juzgados que conozca la materia de tránsito”; es decir, los jueces seguirían

teniendo esta posibilidad de decidir en definitiva si se devuelve o no se devuelve

un vehículo, si se recupera o no se recupera una licencia o una placa; pero lo

demás se seguiría haciendo de conformidad como se ha conocido hasta ahora, es

decir, en instancia administrativa.




                                       143
      Esos son los aspectos principales que yo les propongo que acojamos,

porque efectivamente me parece que, repito, aunque sea por un año, recuperar

toda la competencia en esta materia, no sólo va a ser un retroceso, sino que

efectivamente va a impactar negativamente el funcionamiento de estas

instancias judiciales.”

      Se acordó: Aprobar el informe del Magistrado Arroyo y hacerlo de

conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea

Legislativa, en respuesta a la consulta formulada. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXIX

      ENTRA LA MAGISTRADA LEÓN.

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, en oficio Nº DP 492-07 de 07 de mayo en curso, expresa:

        “La Comisión de Familia, Violencia Doméstica y Pensiones
        Alimentarias en la reunión del 25 de abril último, conoció el informe
        que rinde el Msc. Diego Benavides respecto de que el Consejo
        Ejecutivo de International Society of Family Law en la sesión del 13
        de abril del 2007, analizaron los recientes desarrollos en el Derecho de
        Familia y se propusieron candidaturas para realizar la conferencia
        Mundial de Derecho de Familia para el año 2011, y entre las cuales se
        presentaron las de Singapur y Costa Rica, esta última impulsada por el
        profesor Miguel Martín Casales, quien ha visto en Costa Rica el
        desarrollo del Derecho de Familia. El evento es de gran importancia
        mundial, porque mueve alrededor de 300 personas, en donde cada uno
        cancela sus gastos, pero el país anfitrión tendría que hacerle frente a
        los gastos de organización del evento para lo cual la Corte podría
        financiar o designar un gasto y buscar financiamiento de organismos
        públicos del país, interesados en el evento, así como organizaciones
        relacionadas con el Derecho de Familia. Este tema lo comento con el
        Señor Presidente de la Corte a lo que le manifestó que había que
        hacerlo del conocimiento de la Corte y ver la viabilidad del desarrollo
        del evento. Solicita el apoyo de la Comisión de Familia para hacer



                                          144
       realidad la celebración de tan importante evento para la jurisdicción de
       Familia en nuestro país.
            Después de un amplio cambio de opiniones, se acordó:
       “Recomendar a la Corte Plena se presente la candidatura de Costa
       Rica para organizar la Conferencia Mundial del Derecho de Familia,
       en el año 2011, de suma relevancia para la jurisdicción de familia, en
       vista del proceso que se esta realizando para presentar el proyecto de
       Ley del Código Procesal de Familia, candidatura que se debe plantear
       en el Congreso de la International Society of Family Law a realizarse
       en julio del 2008 en Viena, Austria. Prever que en la formulación del
       presupuesto para el año 2011 se incluyan recursos para cubrir gastos
       operativos de la organización de tan importante evento”.

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “A mí me parece que si

aceptáramos la candidatura por ser para el 2011, desde luego que tendríamos

que nombrar una comisión organizadora y tomar en su momento las previsiones

presupuestarias de que esto indudablemente vaya a costar.”

      La Magistrada Varela señala: “Esta petición surge a raíz de una invitación

que recibió don Diego Benavides Santos, quien es miembro de esta Asociación

Internacional y el profesor que le hace la propuesta, él hizo la propuesta en la

conferencia que tenían para ver la opción que fuese Costa Rica la sede. Si

nosotros tomamos la decisión de decirle que si para que él pueda hacer la

propuesta ya formal, eso sería para que en el 2008 un representante nuestro vaya

a hacer formalmente la propuesta de candidatura para ver si es factible que se lo

den a Costa Rica, y obviamente prepararnos para que en el 2011 poder tener yo

digo que una gran oportunidad institucionalmente visto por el renombre que esto

conllevaría para Costa Rica. Y también dentro de la información que le envía

este profesor a don Diego, nos dice que esas personas que vendrían cada quien



                                         145
asumiría sus costos, entonces habrá que hacer un aporte y buscar alianzas

estratégicas con algunas instituciones como el Colegio de Abogados para

llevarlo a cabo, pero creo que es importante que Costa Rica ya que se postuló su

nombre, que lo lleguemos a concretar.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “¿Autorizamos que se nos

postule? La Comisión tendría que continuar desde ahora en esa actividad y ver

cómo lo financiamos en su oportunidad.”

      El Magistrado Vargas consulta: “No se tiene una idea de lo que

significaría para el presupuesto de la Corte en ese momento todo lo que es la

organización, porque si no estoy entendiendo mal, tendríamos que prepararnos

para atender a 300 personas, y honestamente me causa preocupación que

vayamos a tomar una decisión sin tener absolutamente ninguna base para saber

la implicación presupuestaria que esto en aquel momento pueda tener.”

      La Magistrada Varela, le expresa al Magistrado Vargas: “Yo entiendo su

preocupación, también cuando se nos planteó esa posibilidad por supuesto que

eso fue lo primero que pensamos, pero en la información que le manda este

profesor a don Diego le dice que la primera información dice que cada quien de

los que vendrían a participar asumirían sus costos, obviamente habrá que hacer

algunos gastos que institucionalmente tendríamos que hacer, pero en este

momento no tenemos todavía los elementos suficientes para decir qué es lo que

vamos a asumir nosotros y qué no. También otra cosa a tomar en cuenta, en este

momento, creo yo, es un privilegio para Costa Rica que hayan pensado en la


                                      146
posibilidad de presentarlo como candidato, no nos están asegurando, pero ojalá

que sí, podamos ser los seleccionados como sede para ese congreso.”

      El Magistrado van der Laat dice: “Creo que es muy importante que

nuestro país pueda ser la sede de un evento de esta naturaleza, en el tema que

señala el Magistrado Vargas, la experiencia mía es que hay un gasto que es el

más difícil de manejar que hay que tener cuidado, que es la traducción

simultánea; cada idioma adicional es un capital, si sólo fuera en español e inglés

probablemente sea manejable, por lo demás la experiencia mía en esto es que “a

pellizcos se mata un elefante”, es decir, con la colaboración de todo un sector,

que uno paga un tiquete, que otro una recepción, que otro regala unos gafetes,

etc, pues se logra muchísimo, pero hay que tenerle mucho cuidado al aspecto de

la traducción.”

      El Magistrado Vargas agrega: “Quisiera que quede claro que yo comparto

también el beneplácito por la posibilidad de que este país sea anfitrión de un

congreso o seminario de esa naturaleza, no es que me esté oponiendo, es que

sencillamente manejo un nivel de preocupación que coincide de alguna manera

con el del Magistrado van der Laat.”

      El Presidente Magistrado, le consulta al Magistrado Vargas: “Pero de

todas formas no habría oposición de parte suya para que lo aprobáramos de esta

forma, y si luego tenemos que hacer alguna renuncia la haríamos en el camino.”

      El Magistrado Vargas aclara: “Yo no quisiera ofrecer una oposición

porque me parece que es importante esta actividad, pero sí tengo mis reservas en


                                       147
cuanto a comprometer a ciegas una cuenta presupuestaria sin saber a cuánto

ascendería; pero bueno es un precedente interesante para futuro.”

      Menciona el Magistrado Armijo: “En mi caso, con el debido respeto señor

Presidente, yo no estaría de acuerdo hasta que tenga unos cálculos

presupuestarios que me permitan tomar una decisión como esta. Por experiencia

sé que esto implica hoteles, traslados, alimentación y una serie de gastos

adicionales, que yo no sé hasta que punto el Poder Judicial está en condiciones

de realizar.”

      Añade el Magistrado Vargas: “Es que yo no sé si cuando se dice que los

asistentes correrán con sus gastos, eso significa obviamente no solo el tiquete de

avión si no también el hospedaje en el hotel.”

      La Magistrada Varela señala: “Eso es lo que se desprende de la

información que nos manda este señor, que fue el que pensó en presentar la

candidatura, pero espera que Costa Rica le de el visto bueno para él hacer la

presentación pero formalmente tendría que ir un representante de Costa Rica en

el 2008 a hacer la presentación de la candidatura para someter a ver si se la dan

o no a Costa Rica, o sea, que para el 2008 los únicos gastos en que incurriría

Costa Rica sería en los de esa persona, que pienso que en este momento sería

don Diego Benavides por ser el miembro de esta Asociación y el que tiene el

contacto.”

      El Magistrado Arroyo indica: “Es que dadas las dudas que han surgido, a

mí me parece que independientemente de lo que votemos ahora, tanto don Diego


                                       148
como la Magistrada Varela, podrían a futuro, cuando ya se trate de definir el

punto de si Costa Rica va a hacerse de este evento o no, de traernos un estimado

un poco como para ir con algo más definido. Es cierto, a mí no me gustaría

cerrar la puerta y decir que no, pero bajo responsabilidad de don Diego en este

momento, barajar esas posibilidades y que Costa Rica se comprometa solo

cuando los costos estén claros.”

      Adiciona el Magistrado Vargas: “Hay otro factor que me preocupa, yo no

sé si don Diego, de quien tengo excelente opinión es miembro de esta

Asociación en su condición particular o si esta Asociación está reconocida por el

Poder Judicial para poder en su momento hacer erogaciones para actividades

que van a ser organizadas por ésta, esa es una duda que tengo. Y luego en

cuanto a lo que decía el Magistrado Arroyo, comparto si existiera la posibilidad

de que la Corte autorice y después se quite todo sería muy bien; pero yo me

temo, Magistrado Arroyo, que si autorizamos ahora va a ser muy difícil después

decir que no.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “En su oportunidad yo entendí

que lo que nos estaban solicitando ahora era que nos permitieran proponer a

Costa Rica como una candidatura a la organización, pero claro puede ser que

con eso luego al final no hayan otros que se comprometan a lo mismo y nos

vayan a escoger. Generalmente en esto propone una sede alternativa, cuando hay

varios oferentes, pero si no lo hubiera pues resulta que vamos a tomar una

responsabilidad. Tal vez en este caso entonces lo mejor sería sacar este tema y


                                      149
resolverlo en la sesión dentro de quince días en que puedan traernos un poco

más de elementos de juicio.”

      El Magistrado Vargas dice: “Inclusive ese día tal vez pueda asistir don

Diego para contestar algunas preguntas.”

      Se dispuso: Continuar con el análisis del tema en una próxima sesión, a la

que se invitará al Msc. Diego Benavides Santos, a efecto de que se sirva evacuar

las consultas que tengan a bien formularle las señoras y señores Magistrados.

                               ARTÍCULO XXX

      En sesión Nº 27-06 del 28 de setiembre del 2006, artículo XXIII, se

aprobó, conforme lo propuso la Comisión de la Jurisdicción Penal, el

“Reglamento del Sistema de Consulta de Imputados”.

      Mediante oficio Nº 9506-DE-06 de 20 de noviembre del 2006, el

licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, expuso:

              “(…) me permito remitir copia del oficio763-DTI-2006 del 7
       de noviembre del 2006, suscrito por el MBA Rafael Ramírez López,
       Jefe del Departamento de Tecnología de la Información, mediante el
       cual acompaña el informe 098-SSI-2006, suscrito por el Licenciado
       Fabio Muñoz Jiménez, respecto del Sistema de Consulta de
       Imputados, y el reglamento aprobado para dicho sistema por Corte
       Plena, sesión del 28 de setiembre del dos mil seis, artículo XXIII.
              Una primera precisión, a diferencia de lo expuesto por el citado
       Departamento, es clara para esta Dirección Ejecutiva que la consulta
       para la Defensa Pública, será por medio del Juez Penal o el Ministerio
       Público.
             En segundo lugar, por la forma en que se extrae, almacena,
       procesa y se suministra la información, es innecesario contar con un
       administrador, subadministrador y personal de apoyo según se plantea
       en el reglamento aprobado. Actualmente el Departamento de
       Tecnología de la Información recupera la información por medios
       informáticos de las bases de datos del Sistema de Seguimiento de la


                                        150
       Causa de Jurisdicción Penal (GJP) y del Sistema Costarricense de
       Gestión de los Despachos Judiciales, no mediando la acción de
       personas en la digitación de la información a este nuevo sistema.
              Igualmente, entiende esta Dirección Ejecutiva que las personas
       investigadas por el Organismo de Investigación Judicial son pasadas
       al Ministerio Publico, por lo que en los sistemas queda registrada la
       información, y por ende, igualmente en el Sistema de Consultas
       General de Imputados.
              En resumen, se reitera que la extracción, procesamiento y
       suministro de la información es automatizada, por lo que es
       innecesario contar con una Unidad y personal que administre y realice
       otras labores propias, no sin antes dejar por sentado que como todo
       sistema informático a cargo del Departamento de Tecnología de la
       Información, recibe mantenimiento, actualización y cuenta con
       personal que vela por su seguridad, y demás aspectos para este tipo de
       Sistema.”

                                        -0-

      Las diligencias se remitieron a estudio del Magistrado Arroyo, en su

condición de Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Penal, quien en

oficio Nº CAP006-07 de 24 de abril último, rinde el siguiente informe:

       “Con relación al oficio de fecha 23 de noviembre del 2006, N 77-
       2006, mediante el cual solicita a la Comisión informe o traslado de
       documentos, del Sistema de Consulta de Imputados y el reglamento
       aprobado para el mismo, (referencia de los oficios Nº 9506-DE-06 del
       Licenciado Jones León y N098-SSl- 2006, MBA. Rafael Ramírez
       López) me permito informarle lo siguiente:
       En términos generales, ambos memoriales coinciden en cuanto a los
       tópicos abordados, por lo que se evacuan simultáneamente.
       La primera aclaración que debe hacerse es en cuanto a que dicho
       Reglamento dispone que la información suministrada por el sistema
       debe contener la fecha de los hechos y los datos del ofendido;
       mientras que en que el acuerdo de ese mismo órgano que le dio pie (a
       saber, el artículo XXI de la sesión del 9 de febrero del 2004) sólo se
       habla del nombre del imputado y el número de expediente. Debe
       decirse que, habiendo sido emanado por la propia Corte Plena el
       susodicho Reglamento, no hay inconveniente alguno en que se amplíe
       las previsiones del acuerdo antecedente, toda vez que no siendo un
       órgano subordinado sino el mismo, puede modificar una decisión
       anterior, tomando otro acuerdo como en efecto lo hizo a través de la


                                        151
emanación de ese reglamento. De suerte que no hay por qué
“aclararle a la Comisión” que la Corte Plena rebasó su propio
acuerdo, pues tiene facultades para ello, en vista de que era el mismo
órgano que había dictado el primer acuerdo y que no se trataba de un
acto que creara derechos.
Luego, debe subrayarse que los datos que debe contener el sistema, es
todo aquel “que sirva para ubicarlos y localizarlos, así como la
derivada de los procesos penales que tienen pendientes en su contra.,
“(artículo 3 del mismo), lo cual implica que, por disposición de la
Corte Plena, el Sistema de Consulta debe tener una base de datos más
amplia que la primeramente dispuesta. De hecho, todos los que según
los medios tecnológicos disponibles, puedan ser útiles para esas
finalidades de identificación y localización.
En segundo lugar, si bien “actualmente el Departamento de
Tecnología de la Información recupera la información por medios
informáticos de las bases de datos del Sistema de Seguimiento de la
Causa de la Jurisdicción Penal (GJP) y del Sistema Costarricense de
Gestión de los Despachos Judiciales, no mediando la acción de
personas en la digitación de la información a este nuevo sistema”, no
es menos cierto que el Sistema de Consulta cuya creación se dispuso,
requiere de un personal específico (adscrito a la Dirección
Administrativa del Poder Judicial), consistente al menos en un
administrador y un subadministrador, para asegurar la correcta
observancia del trámite en las solicitudes y la discrecionalidad de la
información que contiene tal sistema, al igual que su actualización
constante mediante los amplios criterios de identificación y
localización ya aducidos, o bien su oportuna cancelación.
Tercero. Para que se levante una información en ese sistema, no basta
con que la persona haya sido investigada por el Organismo de
Investigación Judicial, sino que es necesario que el proceso penal se
haya iniciado mediante la intervención del Ministerio Público o (en
los delitos de acción privada) del Juez Penal. Por eso debe
discriminarse la información en ese sentido, debiendo excluirse el
simple reporte policial, porque se trata de un registro de las causas
penales en marcha, y no de las investigaciones o reportes policiales.
En cuarto lugar, el artículo 7 del Reglamento es claro en cuanto a que
la defensa tendrá acceso a la información, mediante una solicitud que
dirigirá al Ministerio Público o el Juez, que son los funcionarios
autorizados para hacer la consulta respectiva, sin que la defensa o el
litigante privado pueda formularla por sí mismo.
Quinto. En cuanto al alcance de los artículos 8, 9 y 10, debe decirse
que las categorías de información, no se refieren a las de usuarios del
sistema. Usuarios sólo hay dos directos y autorizados: el
administrador y el subadministrador. Los demás, deben consultar el


                                 152
       sistema a través de ellos, por lo que no es necesario clasificarlos según
       el nivel de autorización y las categorías de información a que tendrán
       acceso. Esas categorías, se refieren a la información de los imputados,
       no a las calidades de los consultantes.
       No hay inconveniente alguno en que la cancelación de las causas sea
       “importada” de otros sistemas de información, siempre y cuando se
       proceda a su cancelación por orden del Tribunal correspondiente. De
       manera que debe haber seguridad de que, una vez fenecida o
       archivada la causa penal (cualquiera que sea la resolución que así lo
       disponga), se proceda de inmediato a cancelar el archivo
       correspondiente en el Sistema de Consulta de Imputados, ideándose o
       modificándose con tal propósito los métodos informáticos que lo
       aseguren.
       Finalmente aprovechamos esta ocasión para aclarar también, por
       nuestra parte, que en el artículo 1 del “Reglamento del Sistema de
       Consulta de imputados” conviene aclarar que es en el artículo 91 del
       Código Procesal Penal y no en el 81 ibidem (como se expresó en el
       informe original) donde se encuentra el concepto de “imputado” que
       interesa para todos los efectos reglamentarios.-
       Se dejan así evacuadas las dos consultas ante esta Comisión.”

      Adiciona el Magistrado Arroyo: “Los antecedentes de esto tienen que ver

con la consulta a lo que se llamó en su momento un sistema de consultas a los

imputados y su reglamento, que fue aprobado en esta Corte hace un tiempo. Les

digo que un antecedente, porque ahora con la iniciativa del expediente

electrónico único, esto podría estar totalmente desactualizado y entonces me voy

a permitir muy brevemente decirles que tanto don Alfredo Jones como don

Rafael Ramírez le pidieron a esta Corte algunas aclaraciones con respecto a lo

que finalmente fue el reglamento de este sistema de consultas a imputados,

repito, que es un instrumento anterior al sistema electrónico único que ahora se

está tratando de implementar y cuyo reglamento todavía no existe. Las dudas

que tanto don Alfredo Jopees como don Rafael Ramírez exponían tenían que ver



                                         153
con algunos aspectos como primero, ¿por qué razón el reglamento incluye

información sobre los ofendidos, cuando el acuerdo de Corte había hablado sólo

de información respecto de imputados? se le está aclarando que el hecho de que

esta Corte haya aprobado el reglamento ha significado que podía ir más allá de

lo estrictamente acordado en un primer momento, de manera que esa

información sobre el ofendido, también podría ser importante para los fines que

tenía el sistema de consulta.

      En segundo lugar la duda que presentan estas autoridades del Poder

Judicial, era sobre el personal que iba a estar a cargo de este sistema y

efectivamente se le aclara que tiene que ser por lo menos un Director y un

Subdirector, por llamarles de alguna manera, adscritos a la Dirección Ejecutiva

del Poder Judicial, a través de los cuales se iba a centralizar toda consulta a este

expediente, por supuesto previa orden judicial.

      En tercer lugar la duda que tenían es si el Ministerio Público y el Juez

Penal, eran las autoridades encargadas de hacer las consultas, y en efecto se le

esta diciendo que sí, que la simple investigación policial por parte del organismo

de Investigación Judicial o de cualquier otra policía administrativa no daban pie

para ingresar a una persona en este sistema de imputados, sino solo las que

tuvieran investigación formal a través del Ministerio Público, y un Juez Penal de

la República.




                                        154
      Luego preguntaban si la Defensa iba a tener acceso a esa información, se

le está explicando que sí, pero de conformidad con la autorización fiscal o

judicial correspondiente.

      Y finalmente se les está diciendo que con respecto a los artículos 8, 9 y 10

del Reglamento no hay más aclaración que hacer que la información que ahí se

autorice que tiene que ver con imputados en causas penales y nunca con

respecto -porque se prestó para la confusión la redacción de esos artículos-

nunca con respecto a las autoridades que lo están solicitando o requiriendo.”

      ENTRA EL MAGISTRADO GONZÁLEZ

      El Presidente, Magistrado Mora, le indica al Magistrado Arroyo: “Tengo

una duda, es cierto ahora eventualmente este sistema vaya a resultar no tan

necesario en razón del nuevo sistema que tenemos; pero a mí me parecía que a

como ha venido funcionando es que todo lo alimentan y que consultan los

autorizados, es decir, los jueces, los fiscales, entonces no necesitaríamos de un

administrador, porque la alimentación se da por parte de todos y la consulta se

da por parte de los autorizados sabiendo que la defensa tiene que consultar por

medio de un autorizado.”

      Aclara el Magistrado Arroyo: “De acuerdo, lo que pasa es que a mí me

parece que por razones técnicas, que siempre tiene que haber alguien en el

sistema que atienda lo exclusivamente técnico, es decir, la posibilidad de que el

sistema sea accedido o consultado en aspectos técnicos y para eso se necesitaría

el enlace aquí en la Dirección Ejecutiva; por supuesto que si el tema se resuelve


                                       155
a través de claves que cada funcionario tenga, obviamente se supone que el

sistema debe funcionar sin ningún control de las consultas a partir de estos

funcionarios.”

      El Presidente, Magistrado Mora, Agrega: “Entonces podría interpretar que

lo que usted señalaba de un administración y un subadministrador no es para

realizar las consultas, sino para garantizar que el sistema funcione y que las

consultas las continúen haciendo como se vienen haciendo”

      Se dispuso: Aprobar el informe elaborado por el Magistrado Arroyo, y

hacerlo de conocimiento de los licenciados Jones León y Ramírez López.

                             ARTÍCULO XXXI

      En sesión Nº 10-07 del 09 de abril último, artículo I, se tomó el siguiente

acuerdo:

       “Se somete a aprobación las actas de las sesiones celebradas el 12 y
       19 de marzo último, números 07-2.007 y 08-2008.
       En lo que respecta al acta número 07-07, la Magistrada León
       manifiesta: "Me hubiera gustado muchísimo que estuviera el
       Magistrado Vega, y sin perjuicio que él quisiera que retomáramos el
       tema en otro momento; leyendo el acta sobre la creación del Centro de
       Conciliación del Poder Judicial, y desde luego reconociendo los
       esfuerzos que en este campo se han hecho y los objetivos específicos
       que ahí se señalan y que yo no sólo aplaudo, sino que respaldo en lo
       que esté a mi alcance, me parece por lo menos que hay algo que no me
       empata y me hubiera gustado aclararlo, y es que se habla de la
       importancia de ir descentralizando en diferentes circuitos a través de
       Centros de Conciliación, sin embargo ya se crearon dos, uno en San
       Ramón y otro en Santa Cruz, y cuando yo le pregunté al Magistrado
       Vega al final de la sesión que bajo qué parámetros se habían creado,
       porque la propuesta dice que para crear eso tendrá que ser por acuerdo
       de Corte según disponibilidad presupuestaria, el espacio físico y un
       diagnóstico de necesidades; y él me informa que en estos dos casos
       eso en realidad no se dio. Entonces al final de cuentas tenemos dos
       centros funcionando sin que existieran los estudios que requerirán los


                                        156
que a futuro se abran, además de que el acuerdo final lo que aprueba
es únicamente la creación del Centro como sede en San José, no así
estos otros dos, entonces yo no sé si resulta necesario que se reelabore
el acuerdo, aprobando ya estos dos centros o diciendo que son
provisionales mientras a posteriori, se hacen estos estudios. Entiendo
que fueron aprobados por el Consejo y no por la Corte, entonces por
qué los otros por la Corte y por qué después un reglamento y por qué
después de requisitos o más bien por qué estos sin esos requisitos?"
ENTRAN LOS MAGISTRADOS SOLÍS Y CHINCHILLA.
El Presidente, Magistrado Mora señala: "Lo que podríamos hacer es
tener por aprobado el Reglamento del Centro."
Aclara la Magistrada León: "El reglamento no lo aprobamos, lo que se
dice es que oportunamente se va a presentar un reglamento pero no lo
hemos aprobado."
El Presidente, Magistrado Mora, continúa: "Bueno entonces la
creación del Centro aquí en San José, y los otros los dejaríamos mejor
fuera, esperando a que regrese el Magistrado Vega."
Agrega la Magistrada León: "Yo me daría por satisfecha dejando
constancia de mi preocupación y de mis observaciones. Además hay
un detalle que yo no sé si fue error material, pero el objetivo general
no está especificado tampoco; sí se detallan los específicos pero hay
un punto suspensivo cuando dice "obtener …" no se llega a establecer
cuál es. Y el párrafo anterior ahí específicamente se dice "se plantea
la concreción de esta propuesta enfocada a la creación del Centro de
Conciliación del Poder Judicial, la cual será reglamentada
oportunamente, al mismo tiempo se dará inicio a un proceso de
desconcentración con la apertura de las sedes en San Ramón y en
Santa Cruz, en el 2007; en los años siguientes, según la definición que
haga la Corte", que no lo hizo en los anteriores, "de conformidad con
la disponibilidad presupuestaria, el espacio físico y el diagnóstico de
necesidades se irá disponiendo la apertura de otras sedes" entonces
pareciera que estas dos se crearon sin ajustarse a ello."
El Presidente, Magistrado Mora indica: "Entonces tendríamos por
aprobada la creación del Centro de Conciliación en San José y lo que
se refiere a los otros centros lo analizaríamos cuando venga el
Magistrado Vega."
Interviene el Magistrado Solano: "No quisiera hacer más amplia la
discusión, pero tal vez una de las preocupaciones que me parece
entenderle que yace en el fondo de lo que ha expresado la Magistrada
León, es que al hablar del Centro de Conciliación, se habla como casi
como del único centro y ya existen dos. Tal vez si lo llamaran de San
José, bueno, muy bien, este es el Centro de San José."
La Magistrada León aclara: "Yo lo que entiendo es que estamos
creando el Centro de Conciliación del Poder Judicial, con sede en San
José, de paso se plantea la necesidad de desconcentrar en otros
circuitos, sin embargo dice que para crearlos se van a seguir estos


                                  157
parámetros, y sin embargo ya se crearon dos, no por la corte y no con
estos parámetros y ya están funcionando."
El Presidente, Magistrado Mora, agrega: "Lo que si se tomó en cuenta
fue que estaban creadas las dos plazas y que había espacio en esos
lugares."
La Magistrada León añade: "Y también yo creo que es importante por
la trascendencia que esto va a tener, y creo que es algo que
potencialmente puede ayudarnos en mucho a la desconcentración de
asuntos, aún y cuando viendo la estadísticas pues básicamente se ha
dado en temas de contravenciones o por lo menos es el grueso; pero a
mí sí me parece que es importante también que se nombre a las
personas que ya estén dentro de la lista de elegibles con los cursos y
todas las cosas, en las que la institución ha invertido mucho para
capacitar a jueces conciliadores."
                                   -0-
Señala el Magistrado Solano: "En vista de que yo aparezco ingresando
en el artículo II y salgo en el artículo VII, quisiera que quedara
constando una comunicación que previamente la había hecho a la
señorita Secretaria General de la Corte, en donde le decía, "Por lo
general yo salgo antes de que termine la Corte Plena dado el volumen
de asuntos nuevos que hay que cursar y otras cosas administrativas
que penden en mi oficina. Hoy quisiera indicarle para que usted
comente con el señor Presidente que tendré que salir cerca de las 3:30
p.m., no sólo por el motivo ya indicado, sino porque debo terminar un
documento para la Cuarta Reunión que el Centro de Capacitación
Judicial de Centroamérica tiene con las Escuela Judiciales de la
Región." Quisiera dejar constando esto para que quien lea el acta más
o menos sepa por qué es que estoy entrando después de iniciada la
sesión y estoy saliendo antes de que termine."
ENTRA EL MAGISTRADO CHAVES.
El Presidente, Magistrado Mora indica: "Hacemos la aclaración
correspondiente.
En el artículo XX que se refiere al Tribunal de Casación de San
Ramón, yo aproveché para hacer una propuesta de que creáramos el
Tercer Circuito Judicial de Alajuela, con sede en San Ramón; en el
acuerdo que se puso aparece de esa forma, pero la realidad es que
teníamos que resolver los dos temas, uno la creación del Tercer
Circuito y otro aclarar que el Tribunal de Casación Penal de San
Ramón es independiente del ubicado en Goicoechea, que fue lo que se
nos había preguntado. Entonces yo propondría que la parte dispositiva
se lea de la siguiente manera: "a) San Ramón sea el Tercer Circuito
Judicial de Alajuela, b) que el Tribunal de Casación Penal de San
Ramón es independiente del ubicado en Goicoechea, con competencia
territorial para conocer los asuntos provenientes de los lugares que
esta Corte le asignó al momento de su creación."
SALE LA MAGISTRADA ESCOTO.


                                 158
El Magistrado Chinchilla menciona: "Con respecto a ese punto
habíamos hablado en la sesión anterior o trasanterior sobre la creación
en forma específica de un Tribunal de Casación distinto al que tiene
sede en Goicoechea, que tiene competencia, según la ley, a nivel
nacional; ahora, la creación de los tribunales en todo caso no resulta
ser competencia de la Corte Suprema de Justicia, sino por ley. A mí
me parece que lo conveniente en este caso es nombrar una o dos
secciones del mismo Tribunal de Casación, que es el único que existe
que es el de Goicoechea, el cual tiene competencia en todo el país.
¿Por qué digo esto?, porque lo que me preocupa es que en algún
momento cuando se identifique que es un tribunal distinto cuando en
realidad la Corte no tiene competencia para crear tribunales, se
interponga alguna acción que podría dar al traste con la gran cantidad
de asuntos que se resuelvan en casación o en revisión. Entonces creo
que lo más sano hasta que no se haga por el medio legal
correspondiente, es identificar una sección o dos secciones o una
conformada por seis jueces, divididos a su vez en dos secciones del
Tribunal de Casación que sólo existe uno en el país y que tiene su
asiento en Goicoechea, y que ese sea parte del mismo. De lo contrario
se generaría para mí algún problema en cuanto a la competencia de
ese Tribunal y otros posibles tribunales que se puedan crear."
Refiere el Presidente, Magistrado Mora: "En el artículo XXIII de esa
sesión, el Magistrado Jinesta planteó el tema que usted está indicando
ahora, y la Corte dispuso, con el voto salvado del Magistrado Jinesta,
mantener lo resuelto en el artículo XX."
Indica el Magistrado Solís: "Tal vez suena como una candidez de mi
parte, pero siempre había entendido que la integración y definición del
Tribunal de Casación Penal de San Ramón, estaba dada dentro de la
idea de que era una extensión -si cabe el término- del Tribunal de
Casación Penal de Goicoechea; por eso me llamó la atención esa
aclaración que se le está haciendo al acta sugerida por el señor
Presidente, en el sentido de que se diga que es totalmente
independiente del Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, porque
siempre lo entendí, y vuelvo a decir de manera muy candorosa de mi
parte, que era una extensión del Tribunal de Casación, que sólo uno
hay y que tiene el asiento en el Segundo Circuito Judicial de San José,
y que por razones del servicio público y justicia, se iba a abrir una
sección de ese Tribunal en San Ramón, para atender los asuntos
correspondientes a esa zona geográfica, en base a la distribución de las
materias que esta Corte había decidido, pero al establecerse esa
distinción entre el Tribunal de Casación y este que se va a crear en
San Ramón, ciertamente que entonces surge la duda del por qué no se
requiere hacerlo mediante ley.
Nada más es para que sea la mejor decisión, que cuando estuvo
funcionando un Juzgado Penal en Garabito era una extensión del
Juzgado Penal de Puntarenas, y tiempo después fue necesario una ley


                                  159
específica para crear el Juzgado Penal de Garabito, para darle
independencia y total funcionalidad propia de esa zona en Garabito.
No me gusta hacer contradicción sobre un tema que ha sido
sumamente ya analizado, pero repito, siempre tuve la idea de que el
Tribunal de Casación de San Ramón era una extensión del Tribunal de
Casación de San José y desde esa perspectiva uno entendía que no
había una contradicción en la interpretación que veníamos dando de
ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que es
competencia de Corte Plena abrir tribunales, etc., etc., y ahora me
surge esta duda, por lo menos para quedar claro en mi limitado
entender sobre esta materia y que ahora me la confirma las
manifestaciones que hace el Magistrado Chinchilla."
Agrega el Presidente, Magistrado Mora: "Es el inciso 16 del artículo
59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que le
corresponde a la Corte refundir dos o más despachos judiciales en un
solo, dividirlos, trasladarlos de sede, fijarle la competencia territorial y
por materia, tomando en consideración el mejor servicio público. Esta
fue una propuesta que en su oportunidad hizo del exmagistrado don
Daniel González, interpretando el artículo 121, inciso 20 de la
Constitución Política, en donde se señala que es función de la
Asamblea Legislativa crear tribunales, entendiendo que a lo que se
refería el 121 era a la creación por materias, pero que una vez creadas
las materias y creados los tribunales, la Corte podría dividir un
tribunal en dos, como lo hicimos aquí con Desamparados y fijarle su
competencia territorial y su competencia material. Por eso fue que
cuando el Magistrado Arroyo y yo hicimos la propuesta para crear en
aquel momento este Tribunal de Casación, bueno, el Magistrado
Arroyo estimaba que era en San Ramón y yo en Alajuela, pues
entiendo que lo hicimos en el entendido de que se trataba de un
Tribunal totalmente independiente del de Goicoechea. Puede ser que
lo hayamos explicado mal o que se haya entendido mal lo que
explicamos en aquella oportunidad."
El Magistrado Arroyo refiere: "Sólo para agregar a lo que usted ha
dicho que en efecto la distancia marca problemas operativos muy
importantes que tienen que ver con la competencia misma, con los
asuntos que son registrados como ingresados a San Ramón y los
controles que se puedan llevar sobre eso ya, es decir, en este momento
uno de los temas operativos importantes es el control de los activos
que tenga este tribunal y la necesidad que hay de llevar por separado
todo lo que son registros y controles de los expedientes que
obviamente desde San José esto no es posible. Así es que a lo que
usted ha referido de fondo, Luis Paulino, yo agregaría que en efecto se
presentarían problemas de fondo importantes que también es necesario
tener claro en caso de seguir entendiendo que es una dependencia del
de San José."



                                    160
       Se acordó: Tener por aprobadas las citadas actas, y hacer de
       conocimiento del Magistrado Vega, para lo que a bien tenga expresar,
       las manifestaciones de la Magistrada León.
       El Magistrado Vargas y los Suplentes Camacho Vargas y Brenes
       Vargas se abstuvieron de votar por no haber asistido a esas sesiones.”

      El Magistrado Vega manifiesta: “Con respecto a ese tema quisiera que se

me aclarara cuáles son los alcances del acuerdo que tomó la Corte al respecto,

porque dice “Se acordó: Tener por aprobadas las citadas actas y hacer del

conocimiento del Magistrado Vega, para lo que a bien tenga expresar las

manifestaciones de la Magistrada León.” Yo leí con mucha atención las dudas

que planteó la Magistrada León en mi ausencia, mismas que le había contestado

un mes antes por correo. Pero si el acuerdo es ese que acabo de leer, yo quisiera

que nos aclaráramos para ver cuáles son los alcances, qué es lo que se pretende,

porque si lo que se pretende es una revisión de todo el tema, entonces yo si

tengo que hacer una exposición muy larga, y si lo que se pretende es

simplemente aclarar algo muy sencillo y que ha estado aclarado todo el tiempo,

entonces podría ser un asunto muy rápido. Lo que estoy pidiendo es que por

favor se dimensionen cuáles son los efectos de este acuerdo y qué es lo que se

quiere realmente aclarar.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Yo entendía que lo que se había

explicado en aquella oportunidad es que tendríamos un Centro de Conciliación

aquí en San José, con varias sedes en el resto de país. En su oportunidad la

Magistrada León, señalaba de que la sede de San José estaba debidamente

creada pero no las otras sedes.”


                                        161
      La Magistrada León aclara: “En realidad yo hacía dos señalamientos

puntuales, uno, de que faltaba en el texto cuál era el objetivo general porque

habían unos puntos suspensivos que impedían conocerlo; y otro de que me

preocupaba de que estuviéramos dando tratamientos distintos a la creación de

centros regionales, porque por una parte se decía que ahí serían establecidos en

el momento en que la Corte los aprobara, contando para ello con los

requerimientos básicos, presupuesto, espacio físico, etc. Luego se decía que eso

iba a ser reglamentado, sin embargo en el informe se señalaba que el Consejo

Superior había aprobado la apertura de dos centros, uno en San Ramón y otro en

Santa Cruz, de manera que entonces yo preguntaba que cuál era el origen de la

creación de esos dos centros si de acuerdo con la propuesta se iba a reglamentar

y le correspondía a esta Corte que me parecía que esos centros debieron haber

pasado por aquí o eventualmente los restantes pasar por allá, era simplemente

una cuestión de unificar el procedimiento. Y finalmente agregaba que a mí me

parecía que era importante que siempre se nombraran personas que estuvieran

en la lista de elegibles en razón de la inversión que en capacitación había hecho

esta Corte y que de alguna forma pues que verificáramos que efectivamente así

hubiera sucedido. Esos eran básicamente los tres puntos que yo señalé.”

      Expone el Magistrado Vega: “Yo creo que lo podemos hacer muy

abreviadamente. Las tres cosas han sido discutidas o analizadas en esta Corte

desde hace mucho tiempo. El correo que yo le envié a la Magistrada León, es

del 12 de marzo de este año y le expliqué que no se trata de varios centros, le


                                      162
expliqué que se trata de un sólo centro, igual a como existe una sola Contraloría

de Servicios con Subcontralorías en casi todo el país, una sola Dirección

Ejecutiva, con Subunidades Administrativas; es el mismo modelo, es un centro

para todo el país con sedes en diferentes partes. Ahora, ¿de qué depende que se

abran las sedes en un lugar o en otro lugar?, depende de muchos factores: que

existan los recursos y condiciones necesarias para garantizar su buen

funcionamiento y desarrollo. Eso también se lo puse en el correo a la Magistrada

León, recursos en infraestructura, recursos humanos y básicamente recursos o

condiciones en el circuito que hayan sido probadas, de manera tal que sean

lugares en donde podamos tener mayores garantías de éxito para el desarrollo

del Centro y sus sedes. En ese sentido, hay que recordar que en el tema de las

conciliaciones judiciales, hay alianzas estratégicas muy importantes, unas con

las casas de justicia, otras con el Ministerio de Educación Pública a través de un

programa que se llama Educación para la Paz y otra con los Consultorios

Jurídicos de las Universidades. En el caso de San Ramón, tiene una zona de

influencia muy importante, a saber, Grecia, Atenas, Naranjo, el mismo

Palmares, en donde los resultados han sido bastantes satisfactorios. Tiene

además San Ramón, la ventaja de tener una Casa de Justicia, de tener la

Universidad de Costa Rica, de tener consultorios jurídicos y de tener incluso

otras universidades privadas, con lo cual el tema se presta para trabajarlo de

manera integral.




                                       163
En el caso de Santa Cruz, es exactamente lo mismo, ahí también tenemos una

Casa de Justicia, una Universidad que está trabajando con esa Casa de Justicia,

tenemos también Consultorios Jurídicos, y en fin, tenemos una muy buena

experiencia porque en ese lugar es donde se han desarrollado las audiencias de

conciliación especial con mejores resultados. Ahora, eso en cuanto a las

justificaciones técnicas que vienen no de hace un mes, ni dos meses, ni tres

meses, son justificaciones que vienen de años, este es un programa que duró tres

años y medio en su fase piloto, todo esto está absolutamente documentado, cada

seis meses se rindieron informes al Consejo Superior, cada año se rendía un

informe o dos informes a esta Corte Plena sobre los resultados de las actividades

que se han ido realizando. Entonces yo creo que ese sería un tema importante de

aclarar, es decir, que no se trata de una multiplicidad de Centros, sino

simplemente que se trata de un solo Centro bajo el mismo modelo que tenemos

en otras instancias administrativas del Poder Judicial, en este caso no sería una

instancia propiamente administrativa, o un órgano propiamente administrativo

pero sí un órgano no descentralizado, como en algún momento se dijo, sino un

modelo desconcentrado, que es incluso lo que hemos venido apuntando desde

hace mucho tiempo en el Poder Judicial. ¿Por qué un modelo desconcentrado?,

porque no podemos seguir con seis jueces distribuyéndolos a lo largo y ancho

del país porque sale muy caro para el Poder Judicial, en viáticos y en inversión

en recursos humanos.




                                      164
      En cuanto a la otra duda de las plazas, ahora casualmente en la mañana,

conversaba con una de las integrantes del Consejo Superior, y es que en esto ha

habido un grave problema porque no hay elegibles suficientes para esas plazas.

Casualmente para la agenda del Consejo Superior de mañana hay o está prevista

la posibilidad de un nombramiento temporal en una de las plazas, en la única

que queda, y resulta que la terna está conformada por una sola persona, con lo

cual entonces probablemente al no haber terna no podrá celebrarse la

designación de absolutamente nadie; y los que han sido capacitados por el Poder

Judicial todos están al día de hoy nombrados en puestos de jueces conciliadores.

Sin embargo, esto ya está en vías de solución a muy corto plazo y para el

nombramiento en las plazas futuras habrán suficientes oferentes. Con esto yo no

sé si quedarán suficientemente aclaradas las dudas; el tema es importante porque

efectivamente, tanto en el caso de San Ramón como en el caso de Santa Cruz, al

haber disponibilidad de espacio físico, al haber disposición de los jueces y de las

juezas del lugar, al haber una muy buen relación con los despachos judiciales

para programar las actividades, pues se consideró que eran lugares muy

apropiados para abrir las dos sedes, que están decididas por esta Corte desde el

año pasado; la Corte decidió hace meses abrir esas sedes en la medida en que se

aprobaron las plazas extraordinarias para ubicarlas en esos lugares y lo último

que quedaría, para hacerlo corto, es que el Departamento de Planificación ya ha

hecho dos informes sobre el programa, lo que fue el plan piloto y el mismo

Departamento de Planificación recomienda que para el próximo año se continúe


                                       165
con el Programa y que se abran las sedes del Centro de Conciliación Judicial en

San Carlos y en Pérez Zeledón, en donde también hay disponibilidad de espacio

físico.

          Yo espero que con esto pueda aclarase un poco el panorama, y si no, pues

quedo en la mejor disposición de cualquier otra duda al respecto.”

          ENTRA EL MAGISTRADO CRUZ.

          El Magistrado Chaves dice: “No porque la aclaración del Magistrado

Vega no sea suficiente, sino más bien por el tema en sí; a mí me parece muy

preocupante que nosotros abramos Centros sin tener siquiera elegibles. Ahora el

Magistrado Vega habla que en San Carlos y para el puesto que hay, hay un

oferente, es decir, yo creo que estamos poniendo los bueyes detrás de la carreta;

es decir, lo lógico sería que nosotros hiciéramos un curso, preparáramos gente y

luego de eso abriéramos los Centros, porque si no vamos a topar el mismo

problema, van a ser Centros de Conciliación en los cuales si nombramos a

alguien no va a estar capacitado para eso, con lo cual no tendría ningún sentido.

A mí me parece que sería un tema que más bien cuidado si no tenemos que parar

la creación de esos Centros de momento, hasta tanto nosotros no tengamos

verdaderamente gente capacitada y que haya concursantes capacitados para eso,

porque de lo contrario, me parece que estaríamos haciendo las cosas -perdón por

la palabra- improvisadamente; yo sé que de muy buena voluntad, pero no

estamos caminado igual la creación de los Centros con los concursos, con la

capacitación o con la preparación. Entonces sí me preocuparía abrir Centros de


                                         166
Conciliación y que quienes traten de hacer esa labor en todas las materias,

porque en realidad es para todas las materias, no estén lo suficientemente

capacitados.”

      La Magistrada León manifiesta: “Agradezco al Magistrado Vega que me

refresque la memoria con ese correo, pero lo cierto es que cuando yo planteé

aquí las dudas, tampoco el resto de la Corte lo teníamos tan claro, porque yo lo

planteé a título de duda y no fue pues de alguna forma evacuada como para no

mantenerlo. A mí me parece que en todo caso, en lo que a mi respecta, no queda

clara alguna contradicción que exista en el texto en el sentido de que será vía

reglamento y previa verificación de las tres o cuatro condiciones que se imponen

que se procedería a abrir el nuevo el Centro, y lo que informe decía, según

recuerdo, era que los había autorizado el Consejo Superior. De manera que si

hay una mala lectura de mi parte y fue esta Corte, pues quedaría solventada la

duda que planteé en aquella oportunidad; de lo contrario pues abría que

mantenerlo.

      Luego, me parece también que es importante ir aclarando que los jueces

que están nombrados en San José se quedan en San José, porque creo haber

entendido en algún momento de que eventualmente tendrían que irse a reforzar

esas otras sedes, de manera que entonces estamos teniendo un doble gasto, los

que están nombrado permanentemente en estas sedes que se abrirían o ya se

abrieron, más el desplazamiento que es lo que el Magistrado Vega señalaba que

ha representando un costo fuerte para la institución.


                                       167
       Y el tercero y último es el tema de que una cosa es la capacitación y otra

la elegibilidad, entonces aún y cuando hayan personas que sin duda pueden

tener una profunda capacitación en el tema, mientras no estén elegibles de

acuerdo con nuestros manejos internos, no podrían ser nombradas, entonces yo

sí quisiera enfatizar en esa diferencia, a lo que desde luego agregaría lo que

señala el Magistrado Chaves como una preocupación adicional, que hoy por lo

menos en lo que a mi respecta estaría conociendo.”

      El Presidente, Magistrado Mora, indica: “Yo creo que tal vez mejor

paramos esta discusión y la ponemos en una agenda posterior, porque sino no

vamos a entrar a lo de hoy en la tarde y todavía nos falta el informe que debe

darnos el Magistrado Ramírez. ¿Les parece que procedamos de esa forma?

Convocamos a una sesión de un día de estos, de las que conocemos esta semana,

para conocer este tema.”

      El Magistrado Aguirre manifiesta: “Sobre el particular quería informar

que para jueces conciliadores se han hecho hasta el momento dos concursos, que

efectivamente las personas que quedaron elegibles fueron designadas y creo que

queda un solo elegible. Ahora, el problema ha sido en los concursos anteriores,

que se han inscrito para participar muy pocas personas. Los requisitos tienen

mucho que ver, puesto que se está exigiendo, además de los requisitos generales

que se exigen para todos los participantes en la carrera, que hayan aprobado los

respectivos cursos que se imparten para esta actividad. Quería decirles que hay

un concurso en trámite que ya se cerró y que tiene fecha señalada para hacer los


                                      168
exámenes el próximo dos de julio, para el cual se inscribieron cincuenta y

cuatro personas; de manera que existe ahí la posibilidad de que después de

transcurrido el trámite correspondiente, queden algún numero importante de

elegibles para jueces conciliadores. Por su puesto que aquí se señaló algo

importante y es que una cuestión es que queden elegibles y otra cosa es la

preocupación institucional que debe estar siempre presente de darles algún

entrenamiento o algún adiestramiento en relación con la materia en la que ellos

van a servir.”

      El Magistrado Vega menciona: “Yo no quisiera entrar a polemizar en este

momento, porque sé que el tema no va a resolverse. En su momento vamos a

tener que polemizar, probablemente y aclarar algunas cosas que no están

suficientemente claras. Como dice el Magistrado Aguirre, ya se han hecho dos

concursos y está el tercer concurso en este momento en camino y una vez que se

resuelvan estos tres concursos, pues probablemente vamos a tener diez, quince

o veinte elegibles. Eso no ha sido algo propiciado por la Comisión, eso ha sido

por el trámite que debe cumplirse ante el Consejo de la Judicatura y por

acuerdos del mismo Consejo Superior. Nosotros el año pasado advertimos

algunas cosas de estas. El Consejo Superior, sin embargo, resolvió en contra del

criterio de la Comisión del RAC y ahí están las consecuencias, incluso el primer

concurso les decía hoy a la Magistrada Varela y al Magistrado Chinchilla, se

nombraron jueces a los cuales se les pidió para una plaza de especialidad, como

es la de juez conciliador especializado, el requisito de tener ocho horas de


                                      169
especialización, o sea que una persona con haber ido a dos conferencias en el

Colegio de Abogados podía venir al Poder Judicial y decir que era especialista

en RAC; y eso nosotros lo advertimos y aún así se aprobaron esos concursos y

así se nombraron personas. Todas las personas nombradas al día de hoy, que son

siete, están nombradas habiendo cumplido todo el proceso de capacitación y de

Carrera Judicial. No fue el idóneo por algunas debilidades del proceso, pero al

menos se pudo nombrar a profesionales muy valiosos. Esas deficiencias en

requisitos, en el caso que interesa no fueron relevantes porque teníamos seis

personas que venían trabajando el tema desde hacía muchos años y los seis

quedaron nombrados, los seis jueces conciliadores que desde el año 98 venían

cumpliendo diferentes programas. Entonces ese tema yo creo que está

suficientemente cubierto y aclarado. Quedó una plaza extraordinaria en la cual

no se ha podido hacer el nombramiento porque están los concursos en trámite,

por lo menos el último, y esta plaza al ser, de acuerdo con el presupuesto de este

año y de acuerdo con el acuerdo que la Corte tomó el año pasado, para ser

ubicada en Santa Cruz de Guanacaste, algunas de las personas que estaban

elegibles no aceptaron integrar la terna, porque no querían irse a residir a Santa

Cruz.

        Con respecto al otro tema, el relacionado con la propuesta de creación del

Centro, hay que leerla bien. La propuesta fue aprobada mediante acuerdo firme

de esta Corte, y hay que leerla bien cuando dice: “al mismo tiempo se dará

inicio a un proceso de desconcentración con la apertura de las sedes de San


                                        170
Ramón y Santa Cruz en el 2007”. Estas sedes del Centro de Conciliación

Judicial previstas para este año, San Ramón y Santa Cruz, fueron acordadas por

esta Corte el año pasado, o sea, las plazas que se crearon, que son plazas

extraordinarias fueron precisamente creadas con el propósito de abrir esas sedes

del Centro en esos dos lugares del país. Entonces no es cierto que en este

momento se esté inventando absolutamente nada nuevo de que se estén

ubicando plazas en lugares diferentes y que eso no haya pasado por esta Corte.

Es más, yo hasta el momento, en los años que tengo aquí que son cuatro años y

medio, nunca he visto que esta Corte apruebe de manera expresa la apertura de

una Subcontraloría de Servicios en ninguna parte del país, se aprueban las plazas

y las plazas por supuesto que al ser de Subcontralora de Servicios en Pérez

Zeledón o en cualquier otro lado, pues obviamente presuponen la necesitad de

tener que abrir una Subcontraloría de Servicios en ese lugar. Aquí no viene

ningún proyecto que diga que se va a crear una Subcontraloría de Servicios en

ninguna parte. Entonces creo que estamos a veces confundiendo, más allá de lo

normal, las cosas y en este caso lo que se dice es en los años siguientes, no el

2007, en los años siguientes a partir del 2008, y se dice en los años siguientes,

en virtud de que había un informe del Departamento de Planificación, que ya

está rendido y avala precisamente todo esto, y dice: “según la definición que

haga la Corte, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria”, ¿por qué?,

porque depende de las plazas que lleguen a crearse, si es que se llegan a crear;

del espacio físico que ya sabemos que hay espacio físico en San Carlos y en


                                      171
Pérez Zeledón y de los diagnósticos de necesidades, en donde la Corte irá

disponiendo la apertura de otras sedes del Centro de Conciliación. Entonces, yo

creo que todas las cosas tienen una explicación; podría por supuesto que ahondar

muchísimo más y seguir dando explicaciones más de fondo, pero me parece que

este no es el momento, y repito si el tema se retoma en la Corte, pues con mucho

gusto, la Comisión del RAC, dará las explicaciones que tenga que dar, y si no

de todas maneras lo que yo entiendo es que aquí hay un acuerdo firme ya

tomado y que en nada condiciona la apertura de las sedes, que al final, si no se

llaman sedes se van a seguir llamando Unidades de RAC, que para los efectos

va a ser los mismo porque ya están trabajando ahí, es decir, ya están cumpliendo

un trabajo precisamente para abaratar costos, porque hay que abaratar costos,

porque el programa era una programa piloto y se hizo precisamente para recoger

la experiencia, para analizarla, evaluarla y determinar de qué manera el tema

podría seguir desarrollándose a nivel de Poder Judicial, si era un tema mediante

conciliaciones celebradas por jueces ambulatorios o si era más bien conveniente

y necesario apuntar a un modelo más permanente, más estable, en el cual

pudiéramos unir el proyecto de los Centros de Conciliación Judicial hasta con la

Agenda Única, para que todas las conciliaciones judiciales pudieran ser resueltas

o pudieran ser llevadas a cabo por un propio Centro en el propio Circuito

Judicial, de manera tal de que descargáramos a todos los Despachos Judiciales

de la celebración de las audiencias, para que estas pasaran a manos de jueces

especializados, que es lo que precisamente propone el Proyecto, y es lo que


                                      172
hemos venido tratando de demostrarnos a nosotros mismos desde hace casi

cuatro años, desde el momento en que la Corte en el 2003 aprobó los objetivos

estratégicos en este tema. Lo que pasa es que a veces la memoria en esta Corte

se nos hace un poco más pequeña de la cuenta y olvidamos curiosamente

muchas cosas que hemos aprobado.”

      El Magistrado Chaves agrega: “Sin ánimos de polemizar porque eso el

Magistrado Vega dijo que iba a ser después y yo me esperaría para después

hacer la polémica. Y sin problemas de memoria porque sí recuerdo bien el caso

en el Consejo Superior, y como los del Consejo no pueden hablar y yo estaba

presidiendo, entonces yo voy a aclarar nada más, aclaración que ya había hecho

en la Corte, lo que pasa es que también a otros la memoria se les achica como a

mí, y es que el concurso estaba ya hecho, ya estaba designado por el Consejo de

la Judicatura las personas que integraban las ternas; y dice la Sala

Constitucional, yo no, que cuando un concurso ya está con todo eso, ya no se

puede parar, entonces el Consejo, presidido por quien les habla dijo no se puede

parar el concurso, y la Comisión de RAC dijo paren el concurso porque no

alcanzan los candidatos para las ternas, y sí alcanzaban; eran si no recuerdo mal

cuatro plazas, eran siete personas, total que la última terna quedaba integrada

por tres, que es como se integran las ternas.        Entonces aclarando, y no

polemizando, el concurso no podía pararse y por eso el Consejo Superior no lo

paró, y por eso nombró a los que había que nombrar. Eso no significa que lo que

yo dije antes no tenga validez, sigue teniendo validez; yo me cuestionaría si a la


                                       173
hora llegada yo puedo crear una oficina, como un juzgado penal en Talamanca,

si no tengo un solo oferente que no sea capacitado para ser juez penal en

Talamanca; yo diría, bueno sí lo creo, pero comienza a hacerse efectivo hasta

que, y eso es lo que estaba diciendo yo. Entonces, valgan las dos aclaraciones y

la polémica quedará para otro día.”

      La Magistrada León agrega: “Yo atiendo al llamado que usted hace de

que ahora no sigamos con el tema, pero desde luego que yo tengo mucho más

aspectos que señalar y será en la oportunidad que corresponda cuando los pueda

hacer y documentar.”

      El señor Presidente Magistrado Mora aclara: “Señalo que hubo una

equivocación de mi parte, yo pregunté una cosa a la Magistrada León, ella

pensaba que yo le estaba hablando de otra y por eso fue que metí este asunto.”

                               ARTÍCULO XXXII

      A las 14, 55 horas se procedió a conocer como Tribunal de Corte Plena

del conflicto de Competencia interpuesto por el del Tribunal de Casación Penal

del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, dentro de la causa N° 04-902-68,

seguida contra Osvaldo Vargas López por el delito de nombramiento ilegal.

      Por tratarse de un asunto jurisdiccional, de lo resuelto se dejará constancia

en el respectivo expediente.

                            ARTÍCULO XXXIII

      SALE EL MAGISTRADO VARGAS.

      Se procede al análisis del anteproyecto de presupuesto para el año 2.008.

                                       174
      El Presidente, Magistrado Mora, manifiesta: “Para que nos pongamos de

acuerdo a ver si les parece que conozcamos del Proyecto de Presupuesto de la

siguiente forma, de varias Salas me han preguntado cómo van a hacer para sus

labores normales de votación durante esta semana. Recuerdo que el año pasado

decidimos sesionar todo el lunes y sesionar todo el miércoles, dejar el viernes

por si resultaba indispensable que nos reuniéramos todo el día, y martes y jueves

reunirnos solamente en la mañana; me parece que la vez pasada nos funcionó y

que tal vez podríamos trabajar de esa misma forma, además estar aquí dos días

completos es bastante cansado, si les parece lo disponemos de esa manera.

Entonces sesionaríamos hoy el día completo, el miércoles el día completo y el

viernes hasta donde fuera necesario si es que es necesario, martes y jueves

sesionaríamos en las mañanas.”

      El Magistrado Arroyo indica: “La preocupación nuestra tiene que ver con

los suplentes, que como usted sabe en nuestro caso es muy importante su

intervención en las votaciones, y ya el viernes es junio, entonces tendría que ser

antes del viernes que nosotros tengamos un espacio último para poder votar una

serie de asuntos en donde estamos titulares y suplentes mezclados.”

      El Presidente Magistrado Mora señala: “Y martes y jueves no le resulta

suficiente?

      El Magistrado Arroyo responde: “Si es así no habría problema”.

      El Magistrado Aguirre pregunta: “No cree que sea posible que el jueves

sea en la tarde, por cuanto ese día hay una actividad en el Instituto Nacional de


                                       175
la Mujer, con motivo de la designación de la Magistrada Villanueva y de otra

estimable dama costarricense. Doña Zarela tiene que estar presente y nosotros

como compañeros quisiéramos estar con ella en ese momento.”

      El Presidente Magistrado Mora dice: “Parece que es un acto importante,

les parece que la sesión del jueves la hagamos en la tarde? Bien.

      La Magistrada Calzada manifiesta: “Nosotros, en razón de la cantidad de

asuntos que manejamos estábamos conversando los compañeros que

necesitamos por lo menos una audiencia más, ya sea el martes todo el día o el

jueves todo el día.”

      El Presidente Magistrado Mora pregunta: “Y ustedes necesitan que hoy

tomemos la determinación, porque recuerdo que el año pasado, el viernes fue

muy rápida la sesión que hicimos, que eventualmente no necesitemos todo el

viernes.”

      La Magistrada Calzada agrega: “Es que nosotros tenemos que votar una

serie de asuntos antes de que venza el mes, entonces sí necesitaríamos que sea

antes del viernes.”

      El Presidente Magistrado Mora indica: “Entonces la propuesta sería para

que nos reuniéramos el lunes todo el día, el martes en la mañana, el miércoles

todo el día y el viernes todo el día o lo que fuera necesario. Lo disponemos de

esa forma?

      Sin objeción de las señoras y señores Magistrados presentes, se dispuso:

Celebrar sesiones para el análisis del anteproyecto de presupuesto, de la


                                       176
siguiente forma: Hoy todo el día, martes en la primera audiencia y miércoles y

viernes durante las dos audiecias.

                                          -0-

      SALE EL MAGISTRADO CHAVES

      Se concede el uso de la palabra a la licenciada Marta Asch Corrales, Jefa

del Departamento de Planificación, a efecto de que haga la presentación del

anteproyecto de presupuesto para el 2008, y al efecto manifiesta: “Una vez más

estamos aquí para presentar el anteproyecto de presupuesto debidamente

aprobado y discutido por el Consejo Superior.

      En el proceso de formulación de presupuesto para el 2008 se definieron y

comunicaron directrices e igualmente se hizo un cronograma, esto se hizo entre

octubre y noviembre del 2006 pensando en el 2008. Como verán el proceso

inicia desde muy atrás. Después se recibieron solicitudes por parte de los

encargados de los programas y de los diferentes Consejos de Administración de

Circuito. Todas estas solicitudes tanto de presupuesto como de plazas fueron

recibidas en el Departamento de Planificación donde se fueron analizando uno a

uno, y en cuanto a lo que fueron plazas, se hicieron informes integrales, por tipo

de despacho y por materia.

      En el Consejo Superior desde el 5 de febrero hasta el 8 de mayo se

hicieron 17 sesiones con una duración promedio de cuatro horas cada una, en las

que se discutieron todos los informes y todos los presupuestos. En realidad fue

un trabajo bastante arduo y que requirió de muchas horas de trabajo. Este


                                       177
anteproyecto que se está presentando hoy es el que fue aprobado por el Consejo

Superior finalmente en la sesión del 8 de mayo, y estamos ahora en el punto

quinto que corresponde a esta Corte conocerlo, discutirlo y aprobarlo con las

observaciones que estime pertinente y posteriormente será enviado al Ministerio

de Hacienda, cuya fecha límite es el 15 de junio, ya debidamente aprobado y

presentado bajo el esquema que ellos exigen que es en formato de ley, para

finalmente que sea recibido en la Asamblea Legislativa.

      Dentro de las directrices que se formularon en octubre, son 78 directrices,

vamos a tener que todos los centros de responsabilidad debían presentar un plan

estratégico en congruencia con el plan estratégico institucional 2007-2011, cada

uno era responsable de observar el plan estratégico y ver qué le correspondía

para que pudiera ponerlo ahí y si requería de recursos igualmente

presupuestarlos, estamos pensando en las actividades que se debían de cumplir

al 2008. También tenían que observar aspectos como la política de equidad de

género y también el plan institucional de equiparación de oportunidades. Hago

referencia que en el plan estratégico que se menciona de primero, hay una serie

de acciones que debían cumplirse, que tienen que ver con temas por ejemplo,

con lo de valores que están inmersas en esta parte.

      Cada centro de responsabilidad debía tomar las medidas para la

redistribución de recursos, hacer el mejor uso e igualmente solicitar las plazas

que estimaran estrictamente necesarias, esto porque cada año “llueven” las

solicitudes de plazas, e igualmente este año solicitaron bastantes plazas.


                                       178
También otra directriz dentro de esas setenta y ocho, está que en la parte de

gastos variables, más que nada gastos de operación el límite de crecimiento era

un 14%, si bien era se constituía una especie de un techo también se valoraron

algunas situaciones especiales que ameritaban tener un presupuesto un poco

mayor por razones que no se pueden postergar, y también no todos crecieron el

14% en virtud que a veces no se requiere crecer el 14%, o sea era un tope y no

un derecho, por decirlo así.

      Al preparar el anteproyecto se debían de aplicar criterios de

racionalización del gasto y valoración de riesgos conforme a la Ley de Control

Interno, e igualmente un aspecto importante es que al 16 de mayo no se habían

recibido las directrices de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Si bien

nosotros siempre las tomamos solamente como una referencia, el punto aquí es

que siempre han estado un mes antes y en esta ocasión anduvimos un poco

solos, sin embargo por ahí nos averiguamos en cuánto venía el crecimiento por

costo de vida para el próximo año, entonces así lo aplicamos como vinieron las

directrices finalmente que ingresaron el 18 y algunos aspectos que son de

referencia. Muy importante aquí como van a observar ahora que en las

directrices a las instituciones que van por Ley de Presupuesto, se autoriza un

crecimiento máximo del 6%, inclusive preliminarmente se pensaba que iba a ser

un 7% ; me parece que a don Luis Paulino le habían dado entrever que tal vez un

10%, pero nosotros vamos con un porcentaje muchísimo mayor y de aquí la




                                     179
lucha ardua que habrá que dar de ahora en adelante para lograr lo más que se

pueda.

      En el título 301 van datos genéricos: el plan estratégico para el 2008, va

un resumen de las plazas a crear, pero sólo numéricamente, algunas hojas en

Excel que muestran el presupuesto que está pidiendo cada programa para darse

una idea y un panorama general de lo que va a ser el presupuesto del

anteproyecto del próximo año, si es que se mantiene. Los demás programas pues

llevan el presupuesto que está solicitando cada uno, así como las plazas que se le

están aprobando, tanto ordinarios como extraordinarias; ahí van a ver ustedes

cada programa realmente cuánto está creciendo con las plazas incluidas.

Igualmente hay un punto ahí que es el de disposiciones y normas de ejecución

presupuestaria que es un tema que todos los años ponemos en el presupuesto.

      Igualmente en los anexos que es donde viene la mayor parte de la

información, está el sustento de todos los cuadros que vienen en la primera parte

de la presentación del anteproyecto de presupuesto, y en este tipo de archivos es

donde se puede encontrar hasta cuantas escobas se van a comprar. Un aspecto

importante es que este año trabajamos con el sistema de SIGA, que es el Sistema

Integrado de Gestión Administrativa, donde cada oficina pudo hacer su

presupuesto directamente. Igualmente vienen los presupuestos por centros de

responsabilidad, seguridad, construcciones, vehículos, y lo que estamos

gastando en informática. Viene un archivo que es el de plazas eliminadas, el de

plazas solicitadas, el de oficinas nuevas y los estudios de plazas, que son más de


                                       180
ochenta estudios. El tema de las plazas eliminadas es que a la hora de que el

Consejo Superior armó el presupuesto, era bastante alto, entonces optó por

eliminar todas las plazas que llevaban prioridad tres, creo que son como

veintiséis plazas.

       El anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial crece un 23.2%,

recuerdan que yo les dije que la directrices dice un 6%, nosotros teníamos

esperanza de un 10%, pero a la hora que se cerró el presupuesto se llegó a un

23%.

       Los gastos variables crecen en un 53%, aquí les voy a hacer la aclaración

esto es un dato genérico, si separamos los gastos de operación con los de

inversión vamos a ver que tenemos un crecimiento del 17% en lo que es

operación y un 160% en lo que es inversión, ¿por qué el de operación no es el

14%?    algunos      aspectos   importantes   son   por   ejemplo   lo   que   son

indemnizaciones, prestaciones legales, algunos temas que tienen que ver con

mantenimiento que no se podían postergar más, fue lo que hizo que ese

porcentaje se pasara un poco del 14%. En el de inversión que es el que

realmente pesa en todo esto, toda la partida 5 crece en un 160%, pero hay

algunos temas que se están incluyendo como es la construcción del edificio del

Tercer Circuito Judicial de San José son ¢5.000.000.000,00 (cinco mil millones

de colones) estamos incorporando ¢300.000.000,00 para las escaleras de

emergencia del edificio de la Corte, se están incorporando ¢100.000.000,00 para

la construcción de un edificio en Los Chiles, ¢100.000.000,00 para la


                                        181
construcción de un gimnasio en San Joaquín de Flores, ¢250.000.000,00 para la

compra de un terreno en Puriscal, etc., esto es lo que hace que se vaya la parte

de inversión tan alta.

      El gasto en remuneraciones, todo lo que es salarios y cargas sociales crece

en un 18%. El incremento por costo de vida del segundo semestre coincidió con

las directrices del Ministerio de Hacienda para el segundo semestre 2007, es un

4% porque hay que proyectar lo que resta de este año y para el próximo año se

está haciendo una reserva de un 3% para cada semestre.

      Para calcular y estimar todo lo que son los gastos en salarios esa fue una

responsabilidad del Departamento de Personal, ellos nos suministraron los datos,

nosotros también hicimos algunos tipos de corroboraciones, pero principalmente

ahí fue donde con la experiencia que tienen y los sistemas que están utilizando

pues calcularon todo lo que es la partida de salarios.

      Se partió del supuesto de que se continuó con la política de cierre

colectivo y también se retomaron promedios históricos para el cálculo de lo que

son horas extras, zonaje y sustituciones entre otras partidas.

      Las plazas solicitadas fueron 977, ahí les agregué un dato que es más 169

que el impacto del Código Procesal Contencioso Administrativo. Si no estuviera

el Código se habrían solicitado 977, entonces con las citadas 199 suman en total

1146 plazas. ¿Qué plazas se van a crear?, se están proponiendo 305 ordinarias

con prioridades 1 y 2 trescientos setenta y uno extraordinarias; aquí un dato

importante es que las 169 plazas del Código Contencioso están con carácter


                                        182
extraordinario porque hay que medir los comportamientos y las cargas de

trabajo ya en vivo.

         Les decía que se habían eliminado 23 plazas con prioridad 3 y se incluye

en la relación de puestos 17 nuevas oficinas, algunas ya están funcionando y

otras vienen nuevas completamente para el próximo año.

         En forma general vamos a tener que del presupuesto del Poder Judicial, un

82.6% es recurso humano, y un 17.4% es gasto variable. Si nosotros

descomponemos ese 17.4% van a ver que casi un 10% es gastos de operación y

un 7.5 es lo que es gastos de inversión; eso es muy importante porque en

realidad lo que es operación de la institución es apenas el 9.9%. Un aspecto

interesante a mencionar que en el 2007 la proporción del presupuesto es de un

86 y un 14%, aquí pareciera que creció la parte de la inversión pero eso es por

los proyectos grandes que hay, que les mencionaba ahora, de Hatillo, Puriscal,

San Joaquín de Flores, Los Chiles; si nosotros quitáramos esos proyectos

grandes que ahora no están en el 2007 porque en algún momento algunos de

ellos se tuvieron que eliminar tendríamos un comportamiento prácticamente

igual.




                                        183
                 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL
                    PODER JUDICIAL, SEGÚN PROGRAMA AÑO 2008


                            931 Servicio de    932 Serv.Justicia
                              Notariado            Tránsito
                                                                   942 Aporte Local
                                 0,3%                2,2%
                930 Defensa                                        Prést. Corte BIB
                   Pública                                               0,2%
                    6,5%


                929 Ministerio
                   Público                                                926 Dir.,Adm.y
                    10,6%                                                 Otr.Órg.Ap.Jur.
                                                                               22,1%


               928 Organ.
            Investig. Judicial                                      927 Servicio
                 19,2%                                             Jurisdiccional
                                                                       38,9%




      La distribución del presupuesto del Poder Judicial, obsérvese que en

jurisdiccional está alrededor de un 38.9% y la Defensa Pública un 6.5% el

Ministerio Público un 10.6% y el Organismo de Investigación Judicial anda

alrededor del 19% estos datos los resalto porque si sumamos esos tres centros de

responsabilidad, estaríamos llegando a un 36% del presupuesto, es decir un 36

contra un 38.9 en la parte jurisdiccional, porque en el jurisdiccional hemos

incluído lo que es Hatillo, lo que es Los Chiles, lo que es Puriscal, porque este

tipo de inversiones se colocan en el programa que mayoritariamente los

absorben, pero si quitáramos esos programas del jurisdiccional tendríamos un

comportamiento al revés porque entonces jurisdiccional sería de un 36.6% y los

otros trece centros de responsabilidad que les mencioné, andarían por el 37.7%,

o sea, que lo que es gasto puro, lo que es auxiliar de justicia está superando a lo



                                              184
naturalmente jurisdiccional. En lo que es la parte de dirección, administración y

otros órganos de apoyo absorbe un 22%, recordando que esto no es sólo

administración, que tiene todo lo que son los trabajadores sociales y sicólogos,

tiene otro tipo de construcciones que son para los demás centros de

presupuestación; por decirlo así, tiene todo lo que es indemnizaciones,

prestaciones legales, etc., algunas subpartidas que son de carácter genérico sí los

concentra el programa de administración.




           Distribución Porcentual del Presupuesto del Poder Judicial Año 2008

                                                                       Construcciones
                    Salario Esc.,    Cargas                                 4,9%
                    Aguinaldo y     Sociales
                    Asoc.Solid.       8.7%      Fondo de                 Área de Informática
                        9.9%                   Jubilaciones                     2,5%
                                                  7,3%
                                                                         Servicios Básicos
                                                                                1,1%
                                                                               Vehículos
                                          Gastos
                                                                                 0,7%
                                         Variables
                                          17.4%                            Área de Seguridad
                                                                                 0,6%

                                                                                Área de
            Rem.Básicas,                                                      Capacitación
             Eventuales e                                     Otros              0,4%
            Inc.Salariales                                    Gastos
                56,7%                                          7.2%




      Esta es otra forma de ver la distribución del presupuesto, vamos a tener

que ir en solo remuneraciones básicas e incentivos salariales, el presupuesto del

Poder Judicial absorbe un 56.7%, salario escolar y aguinaldo es casi un 10%, las

cargas sociales un 8.7% y el fondo de jubilaciones absorbe un 7.3% del

presupuesto del Poder Judicial, todo esto lo que suma del 82% y resto que les


                                                185
decía. Es decir, en gastos variables tenemos un 17.4, del cual un 4.9% son

construcciones, Hatillo y estos otros proyectos grandes que les he mencionado,

el área de informática absorbe un 2.5% sólo en lo que son equipo en gastos

variable, aquí no está considerando lo que es el recurso humano que está ahí en

esas áreas, servicios básicos es un 1.1% en vehículos que estamos invirtiendo

poco menos de un 1%, en el área de seguridad 1.6%, y en el área de capacitación

un 0.4%. Para los demás gastos de la Institución queda apenas un 7.2% de ese

17.4% entonces ustedes podrán observar que esta parte está bastante ajustada en

lo que es la parte de gastos de operación de la institución.

      Así como referencia, si incluyéramos el recurso humano que absorben

algunas de aquellas áreas, tendríamos que Informática, ahí sólo en equipo tiene

2.5%, pero si le ponemos el recurso humano que tenemos ahí andaríamos un

poco más del 4% del presupuesto sólo en temas de tecnología; y en el área de

seguridad aquí andaríamos en 1.4% y en el área de capacitación andaríamos

como por un 1.1% en la inversión de presupuesto; esto lo decimos con la

intención de que ustedes puedan tener un panorama de los gastos de operación,

cuáles son las principales áreas que se estarían cubriendo.




                                        186
     9 1Nta d +9 2T n
      3 o ria o 3 rá sito                               4 p o . ré o IB
                                                       9 2A.L c P st.CrteB
                                                        3 o ria o 3 rá sito
                                                       9 1Nta d +9 2T n
      3 e n ú lic
     9 0 Dfe saP b a            eu o u ao
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                                                                                  Gs Vria le
     9 9 M iste P b o
      2 in rio ú lic            1 1 5 .7 9 9
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                                                        2 in rio ú lic             2 .6 1 0 .1 1
                                                                                  ¢ 5 1 .6 6 8
     9 8 O a .Ine .J d ia
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                                                       9 8 O a .Ine .J d ia
                                                        2 e ic u ic io a
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     9 7 Srv ioJ risd c n l                                                                 .3
                                                                                            1%
                                2%
                                .8                      2 ir.,Am tr.Ó .A.J r.
                                                       9 6 D d .yO rg p u
                                                                                  .2
                                                                                  1%
      2 ir.,Am tr.Ó .A.J r.
     9 6 D d .yO rg p u                                                                .0
                                                                                       2%
                              .5
                              7%                                             .3
                                                                             4%
                                                            0%
                                                            10
        0 .0
        10 %
                              1 .0
                               2%                                                  6%
                                                                                  1 .4

                                                              0
                                                             8%
         8 .0
          0%                   9%
                              1 .8
                                                                                   3%
                                                                                  3 .2
                                                              0
                                                             6%
          0%
         6 .0
                               0%
                              4 .1
                                                              0
                                                             4%
          0%
         4 .0
                                                                                   1%
                                                                                  4 .6

                              1 .9
                               7%                             0
                                                             2%
          0%
         2 .0

                                                              0%
         .0
         0%




      En lo que es el recurso humano de la Institución el 40% lo absorbe la

parte jurisdiccional, un 19.8% el OIJ, el 12% el Ministerio Público, un 7.5% la

Defensa Pública y Notariado y Tránsito anda alrededor del 2.8%, la parte de

Dirección, Administración y órganos de apoyo es un 17.9%, esto es en colones.




                                                 187
Distribución Porcentual del Presupuesto 2008, Recurso Humano y Gasto

Variable según Programa, en miles de millones




       100%                                          1,107          510
                                                                             298
                                                     7.1%          5.3%
                                8,501      4,200                            8.1%
                                14.9%      14.9%
        90%
                    10,663
                    32.9%
        80%

        70%


        60%
                                                                                          334
        50%                                          14,527       9,089                  100%
                                                                            3,386
                                48,693               92.9%        94.7%
                                           23,988                           91.9%
                                85.1%      85.1%
        40%
                    21,769
                    67.1%
        30%


        20%                                   Gasto Variable
        10%                                   Recurso Humano
                                                                                          0
        0%
              926 Dir.,Adm.y             928 OIJ              930 Defensa           942 Ap. Loc.
              Otr.Órg.Ap.Jur.                                   Pública             Prést. Corte
                                                                                        BIB




      En cuanto a la parte de gastos variables aquí la parte de administración

tiene más gastos variables por las concentraciones que ahora les estaba

mencionando, por eso es que aquí tiene un peso mayor, y en jurisdiccional lleva

un 33% y lo que es el O.I.J. un 16% y ahí los otros porcentajes son un poco más

bajos. Esto para que puedan ver la parte de gastos variables cuál programa está

absorbiendo y qué porcentajes. Aquí pueden ver que de lo que tiene el programa

Dirección, administración y otros órganos de apoyo, un 32% es gasto variable y

un 67% se paga en recurso humano. En el jurisdiccional un 85% de lo que hay

en ese programa es recurso humano y un 15% en gasto variable y así el


                                                    188
comportamiento de cada uno de los demás programas presupuestarios andan

muy parecidos, en cuanto a la proporción de su presupuesto, recurso humano y

gasto variable. El aporte local es sólo gasto lo que pone, porque el personal de

la Unidad Ejecutora está incluida en el programa dirección, administración y

otros órganos de apoyo por lo cual aquí solo va la parte del aporte, por eso todo

es gasto variable.

      Dentro de los requerimientos incluidos les mencionaba ahora los

principales, el impacto del Código Procesal Contencioso que tiene un costo

alrededor de los ¢2.556.000.000,00 esto nosotros lo vemos desde dos puntos de

vista, el impacto directamente en la Jurisdicción Contenciosa, que son

¢1.520.000.000,00. Este proyecto implica la creación de 59 plazas en el

Tribunal, 12 plazas en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, 3 plazas en la Sala Primera y 19 en el Juzgado Civil de Hacienda y

Asuntos Sumarios, que como ustedes sabrán el Código establece que durante

tres años ese Juzgado se mantiene funcionando, entonces hay que mantener

algunas plazas y es un compromiso y una responsabilidad que se le asigna al

Departamento de Planificación estar evaluando este Juzgado para ir trasladando

recursos que ahí pudieran estar sobrando hacía otras jurisdicciones o donde haya

que ubicarlos. El impacto en la jurisdicción civil la hemos estimado solo aquí a

nivel de San José y se están creando 30 plazas en los Juzgados Civiles de

Mayor Cuantía y 48 en los de Menor Cuantía, esto por cuanto los asuntos que

ingresaban al Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios ya no va a recibir


                                      189
más asuntos, lo que aquí ingresaba pasa a la jurisdicción civil. Estimamos que la

mayoría se van a concentrar aquí en San José porque así lo tienen establecidos

inclusive la mayoría de las Instituciones que presentan este tipo de casos donde

la persona renuncia a su lugar de residencia, por lo cual es de esperar que todo

se concentre aquí en San José.

      Otro proyecto que está incluido es el de descongestionamiento en

Tribunales,   principalmente     materia     penal,   este   tiene   un   costo   de

¢1.343.000.000,00. Para nadie es un secreto que los tribunales penales están

atascados hace mucho tiempo, entonces hemos visto la necesidad de dar una

ayuda importante para que lo que se ha venido haciendo en el Ministerio Público

y los Juzgado Penales, que además están pasando muchos asuntos a nivel de

Tribunal, lo cierto es que las agendas se están haciendo a muy largo plazo. La

intención de eso es acortar agendas y poder resolver lo antes posible. Este

proyecto implica la creación de 41 plazas en diferentes tribunales penales del

país, 12 plazas en el Ministerio Público y 7 en la Defensa, además se están

creando 6 plazas de juez también para ayudar a los tribunales que se están

ubicando en la Presidencia; este tipo de plazas van a tener dos enfoques, una que

puede ser también la materia penal, algún asunto especial que salga que requiera

que se pongan algunos jueces, y la otra eventualmente si algún otro tribunal de

otra materia requiriera apoyo, desde aquí podrían eventualmente la Presidencia

subsanar ese tipo de ayudas.




                                       190
      Nuevas oficinas incluidas en la relación de puestos. Bueno, ahora ustedes

estaban con el tema de conciliación, aquí vienen incluidas las sedes de

conciliación del Poder Judicial, con un costo estimado de lo que requieren estas

sedes. En las sesiones de presupuesto se presentó el presupuesto de los centros

de conciliación y las plazas que se estaban creando, el informe del

Departamento de Planificación recomendó el de la Zona Sur, de San Carlos, de

San Ramón que estaba ya, y la de Santa Cruz y también con ocasión de que

vamos a estrenar un nuevo edificio y que hay espacio suficiente y que puede

atender los despachos de toda esa región, se incluyó también la sede de

Turrialba, inclusive pueden ver que el nombre del primero es Centro de

Conciliación del Poder Judicial, porque actualmente existe pero las plazas están

asignadas a la Presidencia de la Corte, entonces ya para el próximo año aparece

como oficina Centro de Conciliación del Poder Judicial y las demás sedes se

llaman Centro de Conciliación, sede del Primer Circuito de la Zona Sur, del

Segundo Circuito de Alajuela, del Tercero de Alajuela, de Turrialba y de Santa

Cruz, o sea, son sedes del primero, así fue como se estimó que era

recomendable.

      También en lo que es el Organismo de Investigación Judicial, si bien el

Organismo de Investigación Judicial daba colaboración o prestaba el servicio en

Tarrazú, Monte Verde y en Buenos Aires, en alguno de estos lugares, algunas

veces por semana iba una pareja de investigadores, entonces más se tardaba

yendo y viniendo y en realidad no se estaba dando un servicio oportuno,


                                      191
entonces lo que se ha hecho es crear las Unidades Regionales en Tarrazú,

Monteverde y en Buenos Aires. En los lugares donde la sede principal estaba

desplazando uno o dos investigadores, se trasladaron los investigadores y se le

creó una plaza de auxiliar judicial, igualmente en Tarrazú, Monteverde y Buenos

Aires; en algunos de estos casos se crearon algunas plazas de oficial de

investigación, pero lo importante aquí es que va a estar ya el servicio

permanente al menos durante horario administrativo.

      SALEN LA MAGISTRADA ESCOTO Y EL MAGISTRADO CRUZ.

ENTRA EL MAGISTRADO CHAVES.

      Otros requerimientos, otras oficinas, la oficina administrativa del Tercer

Circuito Judicial de San José está comenzando con dos plazas, un administrador

cuyo rango es el más bajo, creo que es de técnico profesional en administración

y un asistente, para iniciar con la oficina del Tercer Circuito que ya está creado.

También la oficina de Trabajo Social del Tercer Circuito Judicial de San José, la

oficina Administrativa Regional de Turrialba, que como ustedes comprenderán

este edificio es nuevo y lleva una serie de equipos y tecnología especial que

requiere la creación de esta oficina administrativa. Se está incluyendo la

Secretaría Técnica de Ética y Valores que tiene un costo de ¢41.000.000,00, esto

es uno de los temas que está incluido en el plan estratégico 2007-2011. La

Oficina de Trabajo Social del Segundo Circuito Judicial en Nicoya, se está

incluyendo un Juzgado Civil Electrónico, que si mal no recuerdo son dos jueces

y tres auxiliares, la idea de este juzgado es hacer una experiencia donde todo sea


                                       192
digital, ya han venido trabajando algunos compañeros del Departamento de

Planificación, de la Dirección Ejecutiva y de los propios juzgados de menor

cuantía, creo de dos despachos, dos jueces han estado reuniéndose para ir

preparando la plataforma para empezar con un juzgado de este tipo e ir haciendo

experiencia y poderla reaplicar donde se pueda. Se está creando el Juzgado

Penal en Buenos Aires, por una cuestión de buen servicio, y el Tribunal de

Casación Penal del Tercer Circuito de Alajuela, que ya está creado, es el de San

Ramón y aquí lo que se hace es ponerlo en la relación de puestos.

      Entre los principales proyectos de construcciones, vamos a tener

¢5.000.000.000,00 en el Tercer Circuito Judicial de San José, ¢100.000.000,00

del Edificio de Los Chiles, ¢250.000.000,00 en compra de terreno en Puriscal,

¢330.000.000,00 para la construcción de las escaleras de la Corte y las escaleras

del anexo C, que cuestan ¢30.000.000,00 que es el Edificio Alpino, también se

están comprando e instalando UPS, por un valor de ¢112.000.000,00 y

motogeneradores por ¢87.000.000,00, todo esto para implementar el sistema

costarricense de gestión de despachos judiciales. También se van a sustituir los

ascensores del edificio del OIJ, cuatro de ellos, los del anexo A que es donde

quedaba la UNED, y los del anexo B, todos estos ascensores cuestan

¢180.000.000,00 también está el acondicionamiento eléctrico para implementar

el sistema de gestión de despacho en la Zona Sur y en el Segundo Circuito

Judicial de Alajuela, eso cuesta ¢106.000.000,00; la construcción de un

Gimnasio por ¢100.000.000,00 en San Joaquín.


                                      193
      Otros requerimientos que se incluyeron fueron ¢1.084.000.000,00 en

cambio y sustitución de vehículos, la mayoría son cambios, el año pasado la

parte que absorbió la mayor proporción de los vehículos fue el Organismo de

Investigación Judicial, este año quién absorbe la mayor proporción es el

programa 926, porque hay que cambiar los que ya se tienen, y se están

comprando algunos otros, en el entendido que estos vehículos son para servicio

principalmente a la parte jurisdiccional. Ahora les había mencionado que en

inversión de informática tenemos ¢3.133.000.000,00, en seguridad tenemos

¢321.000.000,00; en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad andamos alrededor de ¢95.000.000,00 y también se están

incluyendo el permiso con goce de sueldo para diecinueve becas en la

Universidad Nacional, están constituidas en quince en el área jurisdiccional, son

cinco en civiles, cinco en penal y cinco en familia, en el Ministerio Público se

está incluyendo dos y en la Defensa Pública dos; esto es a nivel de los permisos

con goce de salario que requieren para estudiar en la Universidad Nacional.

                  Presupuesto en Colones Constantes de 1999

                                             Ppto.Título 301
     Año        Ppto.Tìtulo 301   Var.%                             Var.%
                                               Deflatado

    1999         30.485.162.675       -       30.485.162.675           -
    2000         37.689.851.000    23,6%      34.185.586.475        12,1%
    2001         47.027.300.000    24,8%      38.445.789.388        12,5%
    2002         57.610.914.000    22,5%      42.939.056.758        11,7%
    2003         67.421.578.763    17,0%      45.736.816.426         6,5%
    2004         75.960.451.000    12,7%      45.550.483.832        -0,4%
    2005         87.618.115.171    15,3%      46.057.944.270         1,1%
    2006        100.628.779.000    14,8%      48.340.126.353         5,0%
    2007        119.382.800.000    18,6%      52.612.254.192         8,8%


                                      194
     2008         147.063.365.879    23,2%       58.920.648.654           12,0%
     2008         144.506.694.423    21,0%       57.895.310.266           10,0%



        El presupuesto del Poder Judicial de acuerdo a algunos gráficos, suma

¢147,063,365,879. De acuerdo con el cuadro anterior, ¢144.506.694.423 se

refieren al resultado de      la diferencia con el impacto del Código Procesal

Contencioso Administrativo, esto se hizo un poco para reflejar que el Código es

algo completamente nuevo para el Poder Judicial, pero que en realidad hay que

solventar y quizás un argumento puede ser que es una ley completamente nueva

para la cual se quiere un presupuesto adicional.

        ENTRA EL MAGISTRADO CRUZ. SALE LA MAGISTRADA

CALZADA.

        Intentamos igual que en otros años, estimar cuál es el crecimiento con el

valor de los colones en 1999, tratamos el presupuesto a colones del 99, y el

presupuesto del Poder Judicial estaría creciendo en un 12% y si no consideramos

lo del contencioso sería un 10%, esto para ubicarnos con respecto a algunos años

atrás, porque no es correcto decir que hemos crecido en estos porcentajes por las

diferencias cambiarias y la inflación.

                                Evolución de Presupuesto

                              Respecto a Ingresos Corrientes

  Año     Monto de Ingresos   Presupuesto      % c/resp.a   Presupuesto      % c/resp.a
            Corrientes        TITULO 301        ingresos    PRO.926-930       ingresos
                                               corrient.       y 942         corrient.




                                         195
                                  37.689.851.000
  2000        609.494.600.000                      6,18%    36.569.676.000   6,00%
                                  47.027.300.000
  2001        706.467.600.000                      6,66%    45.355.925.000   6,42%
                                  57.610.914.000
  2002        788.620.250.000                      7,31%    55.100.000.000   6,99%
                                  67.421.578.763
  2003        951.946.326.345                      7,08%    65.009.199.945   6,83%
                                  75.960.451.000
  2004       1.069.799.400.000                     7,10%    73.273.829.175   6,85%
                                  87.618.115.171
  2005       1.211.003.037.000                     7,24%    84.937.080.052   7,01%
                                 100.628.779.000
  2006       1.473.752.400.000                     6,83%    97.580.295.000   6,62%
                                 119.382.800.000
  2007       1.869.244.028.566                     6,39%   116.031.050.000   6,21%
             2.200.881.675.291   147.063.365.879
  2008                                             6,68%   143.379.515.456   6,51%
             2.200.881.675.291   144.506.694.423
  2008                                             6,57%   140.822.844.000   6,40%
             2.200.881.675.291   131.333.100.000
  2008                                             5,97%   127.649.249.577   5,80%

         El Ministerio de Hacienda nos informó en un oficio que le envió a don

Luis Paulino, que el presupuesto del Poder Judicial tenía que ser alrededor de los

¢131.333.000.000,00, no dio ninguna estimación preeliminar de ingresos

entonces eso para nosotros era muy difícil de trabajar, es por esta razón que en el

Departamento se hizo una estimación de lo que iban a hacer los ingresos

corrientes del Estado, aquí si quiero llamar la atención que esto es a nivel muy

teórico, no sabemos que tan cerca va a estar este dato de la realidad. Nosotros

estimamos que los ingresos corrientes del Estado pueden andar alrededor de los

¢2.200.000.000.000,00 pero como les digo esto es solo una conjetura, aquí lo

que hay que tener claro es que estamos creciendo en un 23% y que las

directrices hablan de un 6% y que entonces ahí es donde está realmente la parte

peligrosa.      Si este dato estuviera cercano a la realidad (la proyección),

tendríamos que sin tránsito y notariado estaríamos pidiendo cerca de un 6.51%,

es decir, más que lo que nos dieron en el 2007 y muy cercano a lo que nos




                                             196
dieron en el 2006, en el 2008, este 6.40, es porque aquí no está incluido lo de

Contencioso.

       Nos están pidiendo que nos acerquemos a 131.333.000.000,00, cifra que

es bastante difícil de llegar porque sólo en la parte de remuneraciones estamos

con cerca ¢121.000.000.000, entonces eso significa que prácticamente no

quedaría mayor cosa para la parte de operación e inversión.

                            Resumen de Plazas Nuevas 2008

                                                                    PLAZAS
           PROG.                   PLAZAS ORDINARIAS
                                                                EXTRAORDINARIAS
                                  CANTIDAD      COSTO         CANTIDAD    COSTO
P.926 "Dir.,Adm.y
Otr.Órg.Ap.Jur."                    105       1.119.877.021      48        483.395.372
P.927 "Servicio Jurisdiccional"     89        1.385.497.683     265      3.669.153.283
P.928 "Organ.Investig.Judicial"     64          686.049.127      22        340.401.755
P.929 "Ministerio Público"          28          451.962.905      19        321.517.205
P.930 "Defensa Pública"             19          338.316.201      15        324.245.896
P.932 "Serv.Justicia Tránsito"       0                    0       2         45.992.923
Total                               305       3.981.702.938     371      5.184.706.434

       A nivel de creación de plazas se están proponiendo 305 plazas ordinarias

y 371 extraordinarias; aquí en estas extraordinarias están las del Código Procesal

Contencioso Administrstivo. De éstas, tanto las ordinarias como las

extraordinarias suman 676 plazas, que nos lleva a ¢9.166.409.372.

       Como referencia, les comento que para el 2007 se crearon 230 plazas

ordinarias y 130 extraordinarias. En el 2008 estamos proponiendo 305 ordinarias

y 371 extraordinarias, 169 son del Código Contencioso. Estaríamos entonces,

aumentando el presupuesto en plazas ordinarias en 75% con respecto a las que

se aprobaron el año pasado. En lo que son plazas extraordinarias estaríamos


                                             197
hablando de 241 o 72 sin el Código; un poco para que tengamos referencia de

que inclusive el año pasado fue muy difícil el presupuesto y eran mucho menos

plazas de las que van este año, aquí el problema que nosotros nos hemos

encontrado para la creación de estas plazas mucho tiene que ver, por ejemplo

con la creación de equipos interdisciplinarios, de jueces, las cargas de trabajo

que están teniendo los despachos y diferentes aspectos que nos han hecho

clasificar las plazas entre categoría 1 y categoría 2, como les dije las de

categoría 3 de forma casi automática fueron suprimidas.

                       Resumen de Plazas Nuevas 2008

         AÑO                   PLAZAS                           PLAZAS

                         ORDINARIAS                 EXTRAORDINARIAS

         2007                     230                              130

         2008                     305                       371 (169 Código

                                                  Procesal Contenc. Adm.)

      AUMENT                       75                     241 (72 sin el Código)

        O



      La distribución de las plazas nuevas y ordinarias del Poder Judicial, aquí

están sumadas las 676 plazas, entonces lo jurisdiccional estaría absorbiendo 354,

de las cuales 85 son en Civil, 91 en Contencioso, 25 en Trabajo, 8 en Familia, 35

en Penal, 6 en Constitucional y 104 en despachos mixtos. La Defensa Pública

lleva 34 plazas, el Ministerio Público 47, el OIJ 86, Tránsito lleva 2 y el


                                        198
Programa de Dirección de Administración y de otros órganos de Apoyo lleva

153 plazas. Este ejercicio siempre lo hacemos todos los años; de estas plazas 71

son de apoyo y 82 son administrativas, que ahora vamos a ver como están

compuestas esas plazas, explicarles rápidamente de que se tratan.

        Un aspecto que se me olvidaba informarles, es que en este presupuesto de

¢147.000.000.000, no está incluido lo de la Ley de Penalización de la Violencia

contra las Mujeres, ¿por qué?, porque cuando se aprobó este proyecto ya el

presupuesto prácticamente se estaba cerrando, no daba tiempo ni siquiera de

hacer el informe, entonces se dispuso que nosotros lo hiciéramos y lo

mandáramos para conocimiento de la Corte, que creo que lo tienen ustedes en

agenda; según nuestras estimaciones, el costo para poner esta ley en ejecución

es alrededor de ¢2.600.000.000 adicionales. Como verán el panorama no es así

como muy alentador.

        De las plazas del Programa 926, que ahora les mencionaba, vamos a tener

que en este Programa se están creando:

                                    PLAZAS DE APOYO ORDINARIAS

Consejo Superior                                2 ASESOR DEL CONSEJO SUPERIOR

Unidad de Control Interno                       4 PROFESIONAL 2
                                                1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Secretaria de la Corte                          1 PROSECRETARIO GENERAL 1G-8
                                                2 AUXILIAR JUDICIAL 3
                                                1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Registro Judicial                               2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Departamento de Tecnología de Información       1   SUBJEFE DE DEPARTAMENTO
                                                1   PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                1   PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                1   PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 1
                                                3   AUXILIAR DE INFORMÁTICA



                                             199
                                                            2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                            1 AUXILIAR JUDICIAL 3

Escuela Judicial                                            1 JEFE ADMINISTRATIVO 3

Secretaría Técnica de Género                                1 PROFESIONAL 2

Secretaría Técnica de Ética y Valores                       1 PROFESIONAL 2

Centro Electrónico de Doc.Jurisprudencial                   1 PROFESIONAL EN DERECHO 1

OFICINAS DE TRAB. SOCIAL:
Oficina de Trabajo Social de Desamparados                   1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)

Ofic. Trab. Social del II Circ.Jud. de San José             1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)
                                                            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)
                                                            1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Ofic. Trab. Social III Circ.Jud. San José (Ofic. nueva)     1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)
                                                            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)
                                                            1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Ofic. Trab. Social del II Circ.Jud. de la Zona Sur          1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)
                                                            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)
                                                            1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Ofic. de Trab. Social de Cartago                            1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)
                                                            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)
                                                            1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Ofic. Trab. Social del I Circ.Jud. de Guanacaste            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)


Ofic. Trab. Social del II Circ.Jud. de Guanacaste           1 PROFESIONAL 3 (Trabajador Social)
                                                            1 PROFESIONAL 3 (Psicólogo)
                                                            1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

CONTRALORÍAS DE SERVICIOS:
Contraloría de Servicios (Sede Central)                     2 AUXILIAR SERVICIOS CONTRALORÍA (línea 800)

Subcontraloría de Servicios I Circ.Jud. de Alajuela         1 PROFESIONAL 1
                                                            1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2
                                                            1 AUXILIAR SERVICIOS CONTRALORÍA

UNIDADES DE LOCALIZACIÓN:
Unidad Loc.,Cit.y Pres.II Circ.Jud. de Alajuela             1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Unidad de Loc., Cit.y Present.de Heredia                    1 OFICIAL DE LOCALIZACIÓN

Unidad de Loc., Cit.y Present.de Sta.Cruz                   1 OFICIAL DE LOCALIZACIÓN

Subunidad Admva. de San Joaquín de Flores                   1 AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

TOTAL PLAZAS DE APOYO ORDINARIAS                            53




                                                          200
                                   PLAZAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS

Inspección Judicial                               1       INSPECTOR ASISTENTE

Departamento de Tecnología de Información         2       PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                  2       PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                  4       PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                  5       PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2

Oficina Administrativa Regional de Santa Cruz     1       AUXILIAR DE INFORMÁTICA

Centro Electrónico Doc.Jurisprudencial            1       PROFESIONAL EN DERECHO 1

Secretaría Técnica de Género                      1       AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Secretaría Técnica de Ética y Valores             1       AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

TOTAL PLAZAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS             18


TOTAL PLAZAS DE APOYO                             71


                                   PLAZAS ADMINISTRATIVAS ORDINARIAS

CONTINUACIÓN UNIDADES Y SUBUNIDADES ADMVAS.:
Subunidad Admva. Reg. de Corredores       1 AUXILIAR DE INFORMÁTICA
                                          1 AUXILIAR SERV. GENER. 3 (Guarda p/ Coto Brus)
                                          2 AUXILIAR SERV. GENER. 3 (Guarda p/ Osa)

Unidad Administrativa Regional de Cartago             1 PROFESIONAL 1 (Técnico Salud Ocupacional)

Ofic. Admva. Reg.de Turrialba (Ofic. nueva)           1   PROFESIONAL 2
                                                      1   ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
                                                      1   AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 2
                                                      4   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                      6   AUXILIAR SERV. GENER. 3
                                                      1   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Subunidad Admva. de San Joaquín de Flores             4 AUXILIAR DE SEGURIDAD SUPERVISOR

Unidad Admva. Reg. de Guanacaste                      1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                      1 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2
                                                      1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

Ofic. Admva. Reg. de Santa Cruz                       1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                      1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Admva. Reg. de Puntarenas                      1 PROFESIONAL 1 (Técnico en Salud Ocupacional)
                                                      1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                      1 AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 2

Unidad Admva. Reg. I Circ.Jud. Zona Atlántica         1 AUXILIAR SERV. GENER. 3 (Guarda p/ Salas Limón)
                                                      1 AUXILIAR SERV. GENER. 3 (Guarda p/ Bribrí)

TOTAL PLAZAS ADMINISTRATIVAS ORDINARIAS           52


                                PLAZAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINARIAS



                                                201
Departamento de Planificación                     3        PROFESIONAL 2
                                                  2        PROFESIONAL 2

Departamento de Personal                          1        TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2
                                                  1        TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2
                                                  2        TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1

Departamento de Proveeduría                       1        COORDINADOR DE UNIDAD 1
                                                  1        PROFESIONAL 2
                                                  2        PROFESIONAL 1
                                                  1        TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1

Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur     1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

Subunidad Admva. Regional de Corredores           1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

Unidad Administrativa Regional de Cartago         1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

Subunidad Administrativa Regional de Nicoya       1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

Unidad Administrativa Regional de Puntarenas      1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

Subunidad Admva.Reg.II Circ.Jud.Zona
Atlántica                                         1        NOTIFICADOR 1
                                                  1        AUXILIAR JUDICIAL 2
                                                  3        AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
                                                  4        AUXIILIAR SERVICIOS GENERALES 3 (Guarda)
                                                  1        AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2
                                                  1        AUXILIAR DE SERVICIOS CALIFICADOS 3

TOTAL PLAZAS ADMINISTRATIVAS                          30
EXTRAORDIN.

TOTAL PLAZAS ADMINISTRATIVAS                          82

TOTAL PLAZAS DE APOYO + ADMINISTRATIVAS           153


      En el Departamento de Planificación van unas plazas de Profesional 2,

por las siguientes razones, tres Profesionales 2 están todos los años, son por 4

meses y se usan de febrero a mayo, que es con ocasión de la formulación de

presupuesto, que siempre hay que reforzar el Departamento para poder sacar la

tarea adelante. Y los dos siguientes Profesionales son por todo el año y son para

apoyar lo que es el tema de Definición de Indicadores para Evaluación del

Desempeño, que es un proyecto también que la Corte está ahora considerando


                                                202
cada vez con mayor fuerza, por lo que requerimos reforzamiento porque este es

un proyecto complicado, hay que conciliar mucho con la parte de los jueces y

hacer estudios muy pormenorizados de lo que implica el trabajo de un juez para

pasar a calificarlo, para eso son esas 2 plazas extraordinarias.

      De mantenerse esta cantidad de plazas el Poder Judicial estaría contando

con 8589 plazas ordinarias. En este dato no estamos contemplando ninguna

plaza extraordinaria. Para el 2007 hay 305 plazas menos, pero estas serían las

plazas que tendríamos para el próximo año distribuidas como ustedes pueden

ver en el Programa 926, 1875; en lo que es jurisdiccional 3259, el OIJ 1862; el

Ministerio Público 875; La Defensa 440; Notariado 24 y Servicio, Justicia y

Tránsito con 254 plazas.




                                        203
                DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DEL
                 PODER JUDICIAL, SEGÚN PROGRAMA AÑO 2008

                                  931 Servicio de
                                    Notariado       932
                      930 Defensa      0.3%     Serv.Justicia
                        Pública                   Tránsito
                          5.1%                      3.0%
                                                        926 Dir.,Adm .y
                 929 Ministerio
                                                        Otr.Órg.Ap.Jur.
                    Público
                                                             21.8%
                     10.2%


                   928 Organ.
                    Investig.
                     Judicial
                      21.7%
                                                     927 Servicio
                                                    Jurisdiccional
                                                        37.9%




      Esta es la distribución del personal del Poder Judicial, la mayor

proporción está aquí en jurisdiccional, le sigue la administración, recordándoles

que hay una serie de plazas aquí importantes que no son administrativas, de la

peor forma entendida, el porcentaje sería mucho menor si fueran sólo lo que son

plaza meramente administrativas y tenemos que la Defensa Pública absorbe un

5%, el Ministerio Público un 10% y el Organismo de Investigación Judicial

absorbe un 21%; como verán que sumadas estas tres Defensa Pública, Ministerio

Público y el OIJ pues dan un porcentaje muy parecido a lo que es solo el

servicio jurisdiccional, como para que tengan alguna referencia.




                                       204
      Reiterarles que la situación de presupuesto a nuestro criterio es bastante

crítica, habría que dar una batalla bastante fuerte, una lucha ante el Ministerio de

Hacienda para tratar de que al menos nos mantengan esto, lo cual la experiencia

de tantos años de estar aquí nos lleva a que siempre hay que rebajar en algo el

presupuesto; habría que en algún momento tomar decisión sobre qué es lo más

conveniente para la institución. Sería importante para otros años que el Poder

Judicial se propusiera algunos lineamientos mas claros en cuanto al crecimiento

de presupuesto, creo que ha llegado la hora de pactar un poco y decir, este año

nos vamos a dedicar al tema de inversión, porque ya casi nada hacemos con

crear más plazas que se requieren si además no hay espacio donde ponerlo. La

mayoría por ejemplo de plazas que se están creando en tribunales es para que

laboren en jornada vespertina y todas las plazas que el Departamento de

Personal saca a concurso, lleva la leyenda que puede estar sujeta a cualquier tipo

de horario, entonces son cosas importantes o si queremos construir tres edificios

en un año, pues habrá que decir, bueno, este año no crecemos en plazas para

poder avanzar en algunos proyectos especiales; o queremos definir, por ejemplo,

tres o cuatro circuitos, para ponerlos al día en el sentido de poder decir en estos

cuatro circuitos no voy a necesitar personal en cinco años para el otro año

dedicarme a otros cinco circuitos, o por materias. Pero ya esta cosa de darles

como un poquito a todos, al final nadie queda contento y siempre existe la

necesidades y las quejas. Ustedes vieron que son 676 plazas las que estamos

recomendando, son 1146 solicitudes de plazas y las plazas que no fueron


                                        205
aprobadas se dice que los informes de Planificación no sirven y si es así nos

evitaríamos tanto trabajo, pero la realidad es que al menos sirve de una especie

de colador de lo que es de mayor prioridad para la institución. Pero sí creo que

para próximas épocas hay que limitar un poco más y ponerse de acuerdo cuál ha

de ser la línea para próximos presupuestos. Les recuerdo que no está la Ley de

Penalización.”

      El Magistrado Arroyo interviene: “La verdad tengo tres inquietudes que si

se me aclararan podría ser que no sean realmente dignas de discusión. Lo

primero es que me parece, doña Marta, que la presentación que usted hace no

contiene los cambios que hay por oficina jurisdiccional, es decir, el detalle que

pudimos ver fue por ejemplo en el caso de las plazas administrativas, o mal

llamadas administrativas. A mí me gustaría poder ver por lo menos a nivel de lo

que más me preocupa, que es la Sala Tercera y Tribunales de Casación del país,

esa distribución de plazas tanto ordinarias como extraordinarias, lo digo porque

me parece también entender de la propuesta de presupuesto para el 2008 que hay

efectivamente una importante inversión para reforzar los tribunales de juicio y

en esa medida no parece evidenciarse la necesidad que habría que apoyar las

sedes de casación. No sé si me explico, de la propuesta según la veo prima facie,

me parece que hay un esfuerzo institucional por financiar quien hace los juicios

pero absolutamente ninguna previsión sobre el impacto que eso, pocos meses

después, empieza a tener en las sedes de casación. Y eso claro que tiene que ver,

no sólo con las Sala, sino también con los Tribunales de Casación, tanto de


                                      206
Goicoechea como de San Ramón. De manera que si usted pudiera aclararnos ese

panorama y también hacer conciencia en la Corte, de la situación realmente

angustiante en que está la jurisdicción penal en todos los estamentos, pero

básicamente donde más lo percibimos nosotros que es en la sede de casación.”

      La licenciada Asch Corrales contesta: “Lo que yo les hice fue una

presentación   general   del   presupuesto,   la   explicación   de   las   plazas

administrativas es porque siempre causa admiración lo que viene, por eso

siempre explicamos. Dentro de los puntos que vamos a tocar en presupuesto,

cada programa lleva su plan y su presupuesto y plazas, entonces cuando

entremos al programa 927 ahí van a estar las plazas por cada oficina que se están

creando en cada programa.

      El tema de la parte de casación, hay algunas plazas que se están creando

en forma ordinaria y otras manteniendo en forma extraordinaria, principalmente

lo que tiene que ver con el Tribunal que está en San Ramón. La metodología que

ha seguido el Poder Judicial para lo que son los análisis va enfocado desde las

solicitudes que hacen y las evaluaciones que nosotros hacemos. Entre febrero y

marzo que se hace el análisis del tema de los despachos de casación, no hay

información suficiente que nos permita determinar cuál va a ser el

comportamiento de esa materia, por lo cual lo que optamos fue por mantener lo

que en este momento está en forma ordinaria y extraordinaria. De lo que está en

San Ramón, en este momento todas las plazas son extraordinarias, inclusive creo

que se está creando una plaza más de Juez 1. La intención es creo que más o


                                      207
menos la mitad de este personal se está recomendando ordinario y la segunda

parte de este personal en forma extraordinaria, porque necesitamos hacer

evaluaciones, no hay elementos suficientes que nos digan cuál va a ser el

comportamiento de esa materia.”

      El Magistrado Arroyo adiciona: “Nada más para tomar nota entonces

doña Marta. Ustedes no están previendo plazas nuevas en el sector de casación,

a pesar del reforzamiento que hay en sede de juicio, es decir, la discusión y

algunas propuestas que nosotros podríamos tener, claro que se van a dar en el

momento de la discusión en particular de cada rubro, pero sí nada más para

tomar nota de que se sigue con el mismo personal en Casación Penal, a pesar de

sus cambios en las otras instancias, eso lo deberíamos tener ya como claro.”

      La licenciada Asch aclara: “Sí señor, así es, lo que este momento está se

está manteniendo para poder medir el personal. Nosotros, por ejemplo, en San

Ramón estimamos que necesariamente este personal que está aquí, bueno estas

son las plazas extraordinarias, a nivel de ordinarias van otras. Estas

extraordinarias fue más bien que tuvimos duda por la carga de trabajo que

apenas estábamos viendo con dos o tres meses de estar funcionando el Tribunal,

ahí estaríamos evaluando el impacto, tanto de los tribunales como de los otros

sectores que tampoco es algo que genere trabajo tan rápidamente, al menos a

principio de año. Igualmente recordarán que en la Presidencia se están creando 6

plazas de juez para reforzar diferentes tribunales en el país, entonces habría que




                                       208
estar evaluando y de acuerdo a los resultados definir dónde se estarían ubicando

eventualmente esas plazas.”

      El Magistrado Armijo manifiesta: “Sólo en términos generales,

posiblemente luego entramos un poco más en materia. Me preocupa por ejemplo

el crecimiento que tiene el Contencioso debido a la implementación del Código,

por la cantidad de jueces que se crean, ¿hay alguna previsión dónde vamos a

ubicar estos jueces?,    de alguna manera y algo que tiene que ver esto,

construcciones o ubicaciones y también vi un gimnasio así en San Joaquín por

cien millones aproximadamente, ¿algo me podría decir sobre eso?.

      El Presidente, Magistrado Mora, dice: “Talvez en relación con la

ubicación del tema de lo contencioso, le podría contestar el Magistrado

González, quien es el que está al tanto de ese tema y luego yo le podría decir

algo sobre el tema del gimnasio de San Joaquín.”

      El Magistrado González señala: “Parte del informe que la Comisión del

Contencioso quería dar a esta Corte hoy, que quedamos en el borde de

conocerlo, era precisamente las actividades que está realizado, más que

actividades los logros que se está realizando en la Comisión, los trabajos y

acciones que se están haciendo y lo que falta por realizar, en donde necesitamos

un importante apoyo de la Corte que desde y pido y que se plasma en los

acuerdos que ahí están. Respecto a la edificación sí, se ha entrado a

conversaciones preliminares, no hay espacio ni en el Primer Circuito Judicial,

lamentablemente el que hay verdaderamente es poco en el Primer Circuito, en el


                                      209
Segundo Circuito mucho menos, está totalmente saturado; pensamos en sacar

gente y eso implica un impacto muy importante a jurisdicciones muy sensibles

que no quisiéramos tampoco afectar. Por lo tanto no hay otra opción que la de

alquilar un edificio con la posibilidad de adquisición de ese edificio, y ya el

Consejo Superior tomó algún acuerdo al respecto para esas fases preliminares de

algún edificio que se tiene a la vista y en el que ha avanzado para alquilar

posiblemente adquirir y por supuesto remodelar con una inversión interesante.

De esto con mayor amplitud, si ustedes a bien lo tienen las señoras y señores

Magistrados, podría estar informando cuando el señor Presidente lo tenga a bien

en este informe, pero sí está previsto esto.

       Aprovecho para dos observaciones respecto del presupuesto del

Contencioso, uno, no se vale que incorporemos en el presupuesto del

Contencioso, aunque esta Corte es una sola, esto no es lo importante, y a mí me

parece que si esa es la decisión de la Corte de incorporar tanto jueces civiles, si

esa es, yo creo que no es la correcta, pues que se diga que es a lo civil pero no se

vale imputar, atribuir a la reforma del Contencioso una implementación de

tantas plazas en otra materia. No se vale.

      Luego creo que no es correcto tampoco señalar que las diecisiete plazas

del Sumario Civil de Hacienda, son un impacto de la jurisdicción, y no lo es

porque son plazas que ahí han estado, no las estamos creando, ¿qué hay que

sostenerlo por tres años?, sí, pero en definitiva el presupuesto del Contencioso, y

óigase bien señoras y señores, es el siguiente: es mil quinientos veinticinco


                                        210
millones; no acepto, no creo correcto que lo elevemos o lo inflemos a más de

dos mil millones que corresponden a otro tipo de jurisdicciones, ¿qué ha

pasado?, y es donde no puedo estar de acuerdo, que resulta que en la sombrilla

del contencioso muchos quieren ampararse, para bien o para mal, y luego

entonces el impacto nos lo llevamos en la jurisdicción ¿bueno que el Poder

Judicial las necesite?, bien, pero no las atribuyamos en exclusiva al Contencioso.

      Y un último es el siguiente, al ver tantas plazas en diferente áreas que me

parecen muy bien, trabajadores sociales, psicólogos, letrados para el Consejo

Superior que ya viene, especialistas en salud ocupacional, las que sean que a mí

me parecen bien, me da un profundo pesar, viera que sí señor Presidente, me da

tristeza, les voy a decir porqué estimados compañeros, porque luego hemos

tenido que regatear y eso es para dejar de una sola vez el lamento alarmante,

hemos tenido que arañar por una plaza de tramitador, de que si para el primero o

segundo semestre y que si hay una más o una menos y luego uno ve estas cosas.

¿Qué me lleva a mí a pensar?, ¿tendremos noción de verdad, pero tendremos

entronizado que vamos a implementar una nueva jurisdicción, que vamos a

introducir la oralidad que tenemos de verdad necesidad de jueces de tribunales,

de verdad que el Poder Judicial apostó por un nuevo Código y este proyecto es

del seno judicial y que ha costado –perdónenme lo coloquial- “un bigote”? ¿o es

que realmente no hay conciencia de esto’, es porque si no la hay de verdad que

nos avisen, porque los que hemos estado un poco empujando esta carreta,. pues

que me avisen, porque yo no asumo la responsabilidad si después tengo que


                                       211
regatear por una o media plaza y luego uno ve esto, pues que me avisen porque

la responsabilidad yo se la dejo a la Corte Suprema, en este acto y en este

momento, porque luego nos dejan por ejemplo para citar, con dos tramitadores

para iniciar el año en el impacto de una nueva jurisdicción de oralidad, dos

tramitadores, que por cierto no son tramitadores, luego hay que regatear la

clasificación de puesto de juez 3 a juez 4. Yo acepto las decisiones de los demás

órganos, no es que quiero caer en conflicto, pero entonces hemos sido cautos,

restrictivos, considerados y luego recibo esto. Agradezco más bien que se hayan

servido atenderme y que esto sirva, si así lo quieren ver, no como descargo ni

mucho menos como líquido hepático, pero sí como una afirmación importante

sobre una cuestión de gobierno de una jurisdicción que va a arrancar hacia el

2008 con brío y con empuje pero que si no lo permiten, quiero dejar de una vez

plasmado esto.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa al Magistrado Armijo: “El

tema del gimnasio es que cuando teníamos la Escuela Judicial aquí en San José,

la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, funcionaba

aquí y utilizábamos un gimnasio que teníamos y algunos lugares para que las

personas del Organismo de Investigación Judicial que pretendían un puesto ahí,

pudieran realizar su capacitación también en mantener su cuerpo acondicionado

para las labores que tienen que desempeñar; ahora esto lo trasladamos a San

Joaquín de Flores y resulta que esta labor la están realizando en la calle al frente

de la Escuela Judicial y en un plano que tenemos ahí no muy plano y tampoco


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con mucho césped y resulta indispensable que le demos algún lugar en donde

ellos puedan hacer esos ejercicios y demás. No nos parece conveniente sacarlo

del Complejo de Ciencias Forenses, ahí tenemos también el campo de tiro y todo

esto que más bien hemos ido recogiendo todo el tema de capacitación allá en esa

zona. Es conveniente también que ellos tengan un lugar donde cambiarse su

ropa, donde bañarse después de hacer ejercicios y demás; hay una zona que

desde el inicio se había programado para tener ahí una especie de polideportivo,

lo que ahora necesitaríamos más urgentemente para cumplir con esta necesidad,

es una zona con zacate y después una zona con cemento y unos vestidores y

ponerles un techo, porque a este momento lo hacen al sol o al agua, según esté el

clima, y nos pareció que era conveniente. Ya la Magistrada Calzada me había

llamado la atención de que talvez sería conveniente que le cambiáramos un poco

el nombre de gimnasio, no es propiamente eso lo que estamos haciendo, sino

que es un centro de capacitación que se necesita con esas condiciones para el

Organismo de Investigación Judicial principalmente.”

      Menciona el Magistrado Vega: “Me parece que el presupuesto que nos ha

sido presentado es un presupuesto alarmante en crecimiento, muy difícil de

sostener en las esferas competentes para su aprobación final. Momentos difíciles

en donde yo no visualizo una proporción clara de eficiencia en el servicio de la

justicia en este país en relación con el crecimiento presupuestario. Eso va a ser

un tema que va a salir a la luz pública, es decir, como el Poder Judicial aumenta

su presupuesto en la cantidad en que lo está aumentando en burocracia y un


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montón de cosas más, cuando ciertamente no vemos proporcionalmente

resultados impactantes en la mejora de diferentes servicios que prestamos. Eso

es un tema a reflexionar, es decir, cómo llegar a aprobar esto y a justificarlo ante

las diferentes instancias, por lo que estimo que ahí hay que hacer alguna pausa

en el camino y ver definitivamente cuáles de estos rubros podrían eventualmente

ser absolutamente necesarios y cuáles no en los crecimientos desproporcionados

que se plantean. Sé que detrás del presupuesto hay estudios técnicos importantes

que de alguna u otra forma justifican el crecimiento, yo no sé si el presupuesto

del Estado nos va a dar efectivamente para poder cubrir todas las necesidades

que nosotros reflejamos en el proyecto de presupuesto y que están ahí

contempladas.

      Un segundo aspecto que quería mencionar es el de los jueces

conciliadores en lo contencioso, eso me parece que es un tema también de

análisis y de discusión. Se están planteando seis plazas nuevas de jueces

conciliadores única y exclusivamente para lo contencioso administrativo; yo en

este sentido me planteo la duda o la inquietud de dónde salen los estudios para

justificar esas seis plazas de una sola vez, cuando en este Poder Judicial con seis

plazas de jueces conciliadores en los últimos cuatro años hemos atendido las

conciliaciones programadas para todo el país, y ahora con seis plazas de jueces

conciliadores pretendemos atender una sola jurisdicción. Esto plantea

necesariamente también otra definición que la tendrá que tomar la Corte y que

habrá que esperar a ver cuál es, y es precisamente que aquí sí veo una gran


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contradicción, en el sentido de que cada una de las jurisdicciones, empezando

por la contenciosa en este caso, vaya a tender hacia futuro a crear las propias

plazas de jueces conciliadores para resolver los conflictos en conciliaciones

dentro de las propias jurisdicciones. Si esa va a ser entonces la dirección en la

que se va a encaminar este tema, después vamos a tener que tener jueces

conciliadores sólo para familia, jueces conciliadores sólo para civil, jueces

conciliadores sólo para agrario, para penal, etcétera, etcétera; cuando más bien

estamos avanzando en una línea en donde hay un Centro de Conciliación

especializado con Jueces especializados en conciliación y con Jueces genéricos

que han aprobado los exámenes en Carrera Judicial para que atiendan todas las

materias. Creo que eso también valdría la pena analizarlo y sobre todo de dónde

sale ese número de seis plazas, es decir, cuál es la justificación para que sean

seis y no sea uno o dos o cuatro o cinco ¿cuáles son las bases que se toman en

cuenta para crear ese número de plazas?. Creo que también es importante porque

podrían ser números más bien muy alegres y no necesariamente los que en la

realidad se requieran.

      Y en este tema presupuestario que nos va a consumir la semana, quisiera

pedirle a doña Marta Asch algo que hoy en la mañana expresé y es el tema de

los excedentes presupuestarios. Obviamente no están contemplados en este

presupuesto, pero sí quisiera saber o que se nos presente durante esta semana

una información que contenga el dato de los excedentes presupuestarios de los

últimos tres, cuatro, cinco años, o por lo menos los últimos excedentes


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presupuestarios que están pendientes de gastar, pendientes de ejecutar y que se

nos diga sobre la base de los miles de millones que hay en excedentes

presupuestarios, cuál es el plan de gasto concreto para esos dineros; porque a mí

me parece que una cosa es el presupuesto ordinario que es lo que aprobamos

todos los años, otra cosa son los excedentes y también otra cosa es el control que

la Corte tiene sobre la ejecución presupuestaria, que prácticamente se reduce a la

nada, es decir, la Corte tiene muy poco control sobre la ejecución del

presupuesto, y así es muy difícil tomar en cuenta la definición de prioridades, la

definición en la ubicación del gasto sobre la marcha. Eso lo plantearía como una

solicitud porque me parece importante en lo personal y creo que podría ser

también del interés de algunos compañeros o compañeras Magistrados.”

      El Presidente, Magistrado Mora, dice: “¿Magistrado Vega, esta última

solicitud no podríamos dejarla para prepararla?, porque en realidad no la

tenemos a este momento y veníamos a discutir el presupuesto; y esto sería para

ver cuánto nos van a reconocer y cómo lo vamos a gastar y en una próxima

sesión recibiríamos esa información y la discutimos.”

      El Magistrado Vega indica: Correcto, me parece que ya la suma debe

estar más o menos determinada y se podría analizar en otro momento oportuno

porque eso no es exactamente presupuesto ordinario, pero al fin de cuentas al ser

excedentes presupuestarios y al tener que gastarse en los próximos meses, de

alguna u otra forma está vinculado con el tema presupuestario y sobre ello creo

que debemos decidir cuando sea necesario. Hasta la fecha la Corte no ha tenido


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ingerencia en la determinación de prioridades en la ejecución de los excedentes

presupuestarios y me parece que es una de las falencias importantes como lo he

repetido varias veces hoy. Estimo que debe de haber una política general para

definir en qué se van a utilizar esos recursos.”

      Agrega el Presidente, Magistrado Mora: “No digo que la Corte no se

interese por el tema, lo que digo es que a este momento no tenemos preparada

esa información. Vamos a estar discutiendo el tema de presupuesto y tratando de

ir actualizando durante la semana para que nos quede a final de cuentas cómo es

el presupuesto. Si tenemos que sacar gente para que nos haga ese otro estudio

pues no vamos a poder hacerlo. Yo le prometo tenerlo en la primera sesión de

Corte Plena después de que veamos presupuesto y traerlo acá.”

      El Magistrado Chinchilla expresa: “Una vez que doña Marta Asch nos ha

expuesto acerca de los aspectos generales del presupuesto y el contenido de

ellos, por lo menos en términos generales; claro llego a consternarme con

respecto a las cantidades de miles de millones y más que todo al incremento

porcentual que se está realizando, y eso me preocupa muchísimo, porque parece

ser que quiérase o no, como el Magistrado Armijo lo dijo hace unos momentos,

hay un foco de atención y es la implementación del Código Procesal

Contencioso Administrativo y eso es indiscutible. Me llama la atención porque

yo no participé tampoco conozco la materia, la respeto mucho, sé que es gente

muy laboriosa, muy entregada a su trabajo y que le gusta desarrollar unas nuevas

opciones como la oralidad, que la alabo que me parece excelente. Lo que me


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llama la atención es cómo nosotros, Poder Judicial, nos podemos lanzar a

implementar toda una jurisdicción casi en forma inmediata, eso debieron haberlo

previsto quienes participaron en la normativa y empezar con planes, en todo

caso pilotos, de ir implementando poco a poco para que un presupuesto como

este del Poder Judicial, tan endeble y tan criticado resultara tan inflado en sumas

tan importantes. No sé, hablo por eso, porque me pareció que en algún momento

donde doña Marta explicó, pareciera ser como que el aumento porcentual que

viene de toda esta parte del Código Procesal Contencioso Administrativo, parece

que es como el punto de equilibrio o no de un presupuesto estructurado con

respecto a crecimiento; porque si vemos las demás competencias o

jurisdicciones en realidad son cosas, es más, nosotros hasta estamos peleando

tres plazas para el Tribunal de Casación en forma ordinaria y ni así las hemos

logrado. Me parece que ahí hay un punto importante y es algo que debemos de

identificar porque en algún momento cuando nos manden a cercenar algo o nos

quiten algo me imagino por donde irá la procesión, y eso me parece grave

porque también la jurisdicción contencioso administrativa, en este caso la

implementación del código merece todo respeto y consideración, y creo que

deberíamos replantear algunos aspectos en cuanto a lo que se refiere a su

entrada, a puesta en práctica con respecto a los gastos que implementará. Podrá

ser posible empezar a media marcha y no llevarse los mil quinientos millones en

esto, como dice el Magistrado González, que al fin y al cabo esos mil quinientos

no son tan mil quinientos, sino que son dos mil quinientos, porque quiérase o no


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obliga a la otra parte que es la parte civil aunque tenga otro nombre. Creo que

eso es importante analizar porque el punto de atención porcentualmente como lo

expresó doña Marta, es con respecto a todo esto que se maneja, pero bueno,

como yo no conozco mucho de esto, lo dejo para el buen entendimiento de los

demás y que me aclaren algunos aspectos sobre ello.”

      El Magistrado Arroyo agrega: “Quisiera decir que talvez equivocamos el

camino si nosotros no somos concientes de lo que es crear una jurisdicción con

un nuevo código y los requerimientos que eso tiene, y nos equivocamos más si

empezamos a compararnos, quién puede tener más o menos. Talvez porque

vengo llegando de un país con una experiencia importante en materia de

reforma, como es Chile, ahí es clarísimo que el tema de una reforma es un tema

que se lo toman en serio y el Estado y el país y todos los poderes de la república

se toman en serio los recursos extraordinarios que eso significa, y viendo lo que

sucede en ese país y viendo la discusión que nosotros tenemos, no puedo menos

que echar atrás en lo que fue la reforma procesal penal en Costa Rica; aquí

nosotros quisimos hacer una gran reforma procesal penal, con los mismos

recursos prácticamente, con los que veníamos trabajando y claro que ahora diez

años después estamos pagando buena parte de esos errores. Yo no quisiera que

el error se repita, es decir, a mí me parece que si estamos planteando un modelo

de oralidad para una jurisdicción contencioso administrativa, hay que darle todo

el apoyo posible; no digo que vaya a estar a favor de todo lo que proponga y

defienda el Magistrado González, porque en la de menos hay dos o tres cosas


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que podría considerar excesivas o irrazonables, no sé si las habrá, pero sí me

parece que tenemos que tener muy claro que esa propuesta es una nueva

propuesta y que requiere de los financiamientos necesarios. Les repito, la

jurisdicción penal tiene diez años de lidiar con el tema presupuestario, sin tener

claramente el apoyo suficiente y los presupuestos anualmente se han convertido

en una lucha de presiones donde presiona el Ministerio Público, presiona la

Defensa, presionan las diferentes jurisdicciones; y tengo para mí que lo que es

jurisdiccional penal no tiene ningún grupo de presión porque la Comisión de

Asuntos Penales no ha levantado ese guante del suelo y por eso es que se están

dando los problemas de crecimientos en el Ministerio Público, en Defensa

Pública y no en la jurisdicción penal; por cierto, visualizado el problema vamos

a tener que ver qué hacemos con esto.

      Según entendí de lo que expuso doña Marta, la diferencia va del orden de

la aspiración que tenemos de ciento cuarenta y tres mil millones, a ciento treinta

y uno o ciento treinta y tres que es la expectativa que tiene Hacienda, ¿por qué

no dar la pelea por esa diferencia?, que no se si llega al 10% pero que tampoco

está pegada del cielo ni es nada extraordinario, aquí hemos crecido y decrecido

en porcentajes con respecto al presupuesto anterior en órdenes parecidos en los

últimos 5 ó 6 años que yo he estado aquí, de manera que tampoco me parece una

cosa inaudita, extraordinaria pegada del cielo. Creo que tenemos que ponernos

de acuerdo para dar esta pelea, y que las autoridades de Hacienda, del Ejecutivo,

de la Asamblea Legislativa entiendan que no puede haber chocolate sin cacao,


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que no podemos tener una justicia de primer mundo gastando como si fuéramos

de tercer mundo, como somos. De suerte que yo quisiera que la discusión se

planteara en los exactos términos que tiene que plantearse, porque si no

empezamos a jalar cada uno una punta de la cobija y eso no conduce para

ningún lado más que perdamos todos. De manera que yo quisiera, con

muchísimo respeto a todos compañeras y compañeros, no hablar sin el

fundamento necesario para entender cómo han evolucionado los presupuestos

del Poder Judicial en los últimos años, cuáles crecimientos o decrecimientos

hemos tenido, por qué razones y por qué un año como el 2008, emblemático,

tenemos que dar una pelea por un presupuesto más amplio porque estamos

haciendo una reforma que es extraordinaria también.

      El Magistrado González agrega: “Lo que no quisiera es que quede en el

tintero una idea totalmente equivocada, porque si algo ha habido en el

planeamiento de este presupuesto de la Comisión, doña Marta es testigo, el

Consejo es testigo, don Luis Paulino es testigo; ha sido austeridad. Yo sólo

quisiera aclarar un par de aspectos que no quisiera que se fuesen en la retina de

los compañeros, y es este, no se implementó el Código gradualmente porque se

establecieron dos años de vacatio y ya estaba encima el presupuesto del 2007, la

Corte decidió no invertir gradualmente en aquél momento sino dejar el impacto

presupuestario para el 2008, esa fue la razón, por eso no se invirtió. Pero tal vez

podamos retomar el tema mañana cuando no estemos levantando anclas y sí

frescos talvez podamos atender y entender a lo que estoy haciendo alusión. Por


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lo pronto mejor si usted lo estima pertinente, señor Presidente, lo dejamos

pendiente, para cuando podamos atender y entender el tema que por la hora no

parece pertinente, rogaría que mañana a primera hora pueda talvez hacer algunas

observaciones.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora, “El tema del servicio

jurisdiccional esta como punto 4, yo creo que ese es el momento para

analizarlo.”

      El Magistrado González añade: “Lo que me preocupaba es que no

quedara en la memoria temporal una idea totalmente equivocada, para no

calificarla de otra manera, de lo que corresponde a la jurisdicción contenciosa,

no quisiera señalar el término perversa.”

      El Presidente Magistrado Mora concluye: “Quedamos convocados para

mañana a las 8:30 de la mañana.”

                                       -0-

      A las 16,45 horas finalizó la sesión.




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