077 1510 by B898s5U

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									                                        N° 77-2002

         CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho horas del

quince de octubre del dos mil dos.

         Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Vicepresidente de la

Corte, quien sustituye para este acto al Presidente, Magistrado Mora; Licda. Magda

Pereira Villalobos, Licdos. Juan Diego Rojas Araya, Hernán Campos Vargas y Edgar

Amador Madriz. Asiste también el Subdirector Ejecutivo, Lic. Rafael Ángel Morales

Monge.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                       ARTÍCULO I

         Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 17 de setiembre del año en curso, N°

69-02.

         Se aprobaron las separatas de las sesiones celebradas el 14 y 27 de agosto y el

19 de setiembre del año en curso, artículos X, XXXVIII y VII, respectivamente.

CONDOLENCIAS

                                       ARTÍCULO II

         Con motivo del sensible fallecimiento del señor Carlos Darío Angulo Zeledón,

padre de la servidora Gloriela Estela Angulo Smith, Asistente Jurídico de la Oficina de

Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial, se acuerda expresar las

condolencias de la Corte y de este Consejo a doña Gloriela Estela y a su estimable

familia.

                                      ARTÍCULO III
                                           2

      Con conocimiento de que el Lic. Orlando Aguirre Gómez, Magistrado de la Sala

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha tenido un quebranto en su salud, se

acuerda expresar a don Orlando los mejores deseos de este Consejo Superior por su

pronta recuperación.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                    ARTÍCULO IV

      Este Consejo, en sesión N° 75-02 celebrada el 8 de octubre en curso, artículo

XLIX, adoptó el acuerdo que literalmente dice:

            “En sesión celebrada el 30 de mayo del año en curso, artículo
       XCI, se remitió al Lic. Dennis León Chinchilla, Fiscal Auxiliar de la
       Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a valoración por parte del
       Consejo Médico Forense para que determinara si se encontraba
       incapacitado para realizar sus labores en el Poder Judicial.
            De la valoración práctica al Lic. León Chinchilla, por parte del
       Departamento de Medicina Legal, en oficio N° J.D.M.L. 2002-398 de 6
       de mayo de este año, se comunica que “el paciente DENNIS ALFREDO
       LEÓN CHINCHILLA, cédula N° 1-626-948, se encuentra en condiciones
       de salud estables desde el punto de vista médico legal, para sus
       labores habituales en el Poder Judicial”.
            En ese mismo sentido se pronunció el Consejo Médico Forense,
       Sección B, en nota N° DML 762-2002 de 5 de agosto último, donde
       informa que el Lic. León no está imposibilitado para laborar.
            En amplio memorial de fecha 25 de setiembre del año en curso,
       don Dennis, solicita se resuelva en definitiva su situación sobre
       separarlo para mejor servicio o se dé por agotada la vía administrativa.
             Se acordó: Denegar la solicitud del Lic. Dennis León Chinchilla,
       toda vez que conforme lo establece el Reglamento para el pago de
       incapacidades por enfermedad y maternidad a empleados del Poder
       Judicial, en su artículo 7 párrafos 3 y 4 que rezan: “...Si tuviere más de
       cinco años de servicio, únicamente podrá ser jubilado por incapacidad
       si ésta fuere permanente, previa evaluación del Consejo Médico
       Forense, según lo establece el numeral 228 de la Ley Orgánica del
       Poder Judicial.” y “No es procedente la aplicación del artículo 226,
       párrafo primero, de dicha Ley Orgánica, para conceder beneficios
       jubilatorios por incapacidades que no sean permanentes”, no puede
                                           3

       concederse la jubilación a don Dennis por no estar imposibilitado para
       laborar en el Poder Judicial.”
                                          -0-

      En amplio escrito recibido el 9 de octubre en curso, el Lic. Dennis León

Chinchilla, en su condición anteriormente indicada, solicita se reconsidere lo dispuesto

en el acuerdo a que se ha hecho referencia, con sustento en los siguientes

argumentos:

             “1.- El proceso por medio del cual se ha venido solicitando mi
       separación inició el 20 de marzo de 2002 con el oficio 161-SALEM-
       2002 del Servicio de Salud para Empleados suscrito por la
       Licenciada Jacqueline Phillips Guardado, Psicóloga de ese
       servicio. En dicha nota la Psicóloga es muy clara en indicar la
       seriedad del diagnóstico. Al igual que lo reiteró en su oficio de fecha
       10 de setiembre (Ver folios 5 y 6).
             2.- En base a dicho oficio se me remitió ante Medicina Legal y fui
       atendido por las doctoras Mercedes Méndez Rivera y Leslie Solano
       Calderón, quienes emitieron el dictamen J.D.M.L. en fecha 06 de mayo
       de 2002. (Ver folio 38 del anexo).
             3.- En fecha 14 de mayo 2002 el suscrito, presentó reclamo ante
       ese Consejo pues las doctoras no pidieron mis expedientes clínicos,
       referencias médicas o entrevista con la Psicóloga del Poder Judicial, la
       Doctora de la C.C.S.S. o el Médico Internista, especialista en mis
       enfermedades. La Doctora Solano Calderón se retiró a la mitad de la
       entrevista, con quien dicho sea de paso tuve un enfrentamiento ese
       día. En dicho dictamen se indicó que me encontraba en “condiciones
       de salud estables”, situación que está muy lejos de la verdad. Por esa
       razón reclamé la falta de valoración y fundamentos para emitir ese tipo
       de conclusión, que de por sí es totalmente contradictoria con
       antecedentes, que explicaré más adelante. (Ver oficio de folio 60).
              4.- Se conoció el día 30 de mayo de 2002 en Sesión 38-02 mi
       reclamo y se me remitió ante el Consejo Médico Forense sección B.
             El 29 de julio de 2002 se me entrevistó en dicho Consejo, pero
       nuevamente, pese a mi expresa petición no se tuvo a la vista para
       emitir el criterio mis expedientes clínicos ni se entrevistó a mis médicos
       tratantes. Se indicó que no estoy imposibilitado para laborar. (Ver folio
       43).
             5.- El dictamen del Consejo Médico fue redactado en fecha 05 de
       agosto de 2002, y apenas tuve conocimiento de el, fue que remití ante
       Ustedes la reiteración de la gestión en fecha 27 de setiembre, una vez
       que recopilé los dictámenes médicos, y todos los documentos que
                                   4

adjunté en el ampo que conocieron Ustedes en la sesión 75-02, dado
que ninguno de los médicos de Medicina Legal ni del Consejo los
pidieron.
      6.- COMO SE PUEDE APRECIAR LAS GESTIONES SE
INICIARON EL 20 DE MARZO DE 2002 POR MEDIO DEL OFICIO 161-
SALEM-2002 DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPLEADOS SUSCRITO
POR LA PSICÓLOGA JACQUELINE PHILLIPS GUARDADO. Por mi
parte he tratado hasta el cansancio que se atienda mi súplica de que se
realice una valoración conforme a Derecho, lo que nunca se ha hecho.
      A este punto, debo pedirles con todo respeto, reconsideren la
aplicación del Reglamento para el pago de Incapacidades por
enfermedad y maternidad a empleados del Poder Judicial, pues el
mismo no fue sino aprobado el 10 de julio y entró a regir hasta su
publicación, que se dio en el boletín judicial número 137 del 17 de julio
de 2002 y fue dado a conocer internamente con la Circular 80-2002.
Queda demostrado que en mi caso no puede ser aplicado ese
Reglamento pues es posterior a que se iniciaron las gestiones para mi
separación para mejor servicio por enfermedad. No puede darse efecto
retroactivo a dicho reglamento en mi caso en perjuicio. Por ello suplico
a los integrantes del Consejo se reconsidere el acuerdo y se me separe
para mejor servicio al tener ya 13 meses de estar incapacitado en
forma continua. (Ver folio 95).
      7.- Es necesario, pues las circunstancias me obligan a hacerles
ver algunas inconsistencias en las valoraciones médicas que se han
dado en mi caso, y por lo que esta situación de incertidumbre no ha
hecho otra cosa que agravar mi situación de salud, pues no he tenido
un momento de paz con esto. Describo las mismas a continuación:

a. Se me valoró en Medicina Legal por presentar un diagnóstico de
   Síndrome de Burn Out o Síndrome de Fatiga Crónica y Fibromialgía,
   además de una espondiloartrosis cervical (ver folios 5, 6, 8, 9, 11 y
   12). En el dictamen suscrito por la Doctora Leslie Solano se indicó
   que estaba en condiciones de salud estable. Lo que no me explico
   es como la doctora Leslie Solano en otro caso exactamente igual y
   me atrevería a decir que más leve; SÍ indicó que el funcionario se
   encontraba incapacitado en forma absoluta y permanente.
   Lamentablemente mi experiencia con la Doctora Leslie Solano no
   fue nada agradable al punto que ella se marchó a la mitad de la
   entrevista.
b. Véase que en la Sesión del Consejo 22-02 del 04 de abril del
   presente año. Ustedes conocieron el caso del servidor Johnny Smith
   Vega, en dicho asunto se determina que la Doctora Leslie Solano
   indicó que él se encuentra incapacitado en forma absoluta y
   permanente. Eso no tendría nada de extraño sino fuera porque
   casual y coincidentemente este compañero lo que padece es el
   síndrome de Burn Out, que es un estadio anterior al Síndrome de
                                  5

   Fatiga Crónica y algunos inclusive no los diferencian y se les
   considera lo mismo. (favor ver folio 83)
c. El compañero Smith Vega fue remitido de oficio ante el Consejo
   Médico y la Sección B del mismo en fecha 01 de febrero de 2002
   indicó que: “NO se encuentra imposibilitado en forma absoluta y
   permanente”, pero el compañero les remitió una nota el 20 de
   febrero en donde indica que su padecimiento es el síndrome de
   burn out. Casualmente una de las enfermedades que me aqueja, ya
   les he demostrado que mi padecimiento es el síndrome de fatiga
   crónica, o Burn Out, pero además yo padezco también de
   fibromialgía, lo que hace insoportable los dolores, y una
   espondiloartrosis cervical, con esto lo que quiero es dejar en claro
   que mi situación es más grave que la del compañero a simple vista.
   Entonces mi pregunta es ¿Cómo la doctora Leslie Solano considera
   que el síndrome de Burn Out es incapacitante para uno y no para el
   otro?. (favor ver folio 83)
d. Se remitió de nuevo al compañero Smith a valoración de otra
   Sección del Consejo Médico y Ustedes conocieron en la Sesión 39-
   02 del 04 de junio de 2002 del dictamen. En esta ocasión los otros
   médicos del Consejo coincidieron con la Doctora Leslie Solano
   indicando que el compañero Smith Vega SÍ está incapacitado
   absoluta y permanentemente para sus labores. (favor ver folio 83).

    Los ilustro con este caso, pues entonces me surgen muchas dudas
con respecto a mi situación, y espero que a Ustedes también. Por eso
les adjunto el extracto de la Sesión 22-02 en donde se conoció lo que
acabo de describir. (favor Ver folio 83).
       Quedando claro que la gestión para mi separación se inició el 20
de marzo de 2002 y siendo las peticiones de 20 de mayo y 27 de
setiembre ampliaciones de lo mismo, considero con todo respeto que
no puede aplicarse en mi caso el nuevo Reglamento pues el mismo no
obtuvo eficacia sino hasta el 17 de julio de 2002 y lo que se estaría
haciendo es darle un efecto retroactivo en mi perjuicio.
       Adjunto a Ustedes, además varios extractos de Sesiones del
Consejo en donde se han conocido casos muy similares al mío por
incapacidades, en algunos de ellos se han separado funcionarios sin
valoraciones médicas atendiendo únicamente que tienen más de tres
meses de estar incapacitados como son los casos de:

1. Yolanda Romero Lagos en la Sesión 17-01 Artículo LXXXIX de 27
   de febrero de 2001 (ver folio 66);
2. Ronny Castro González en Sesión 17-01 Artículo LXXXIV de 27 de
   febrero de 2001 (Ver folio 68).
3. Alex Eduardo Ugalde Sandoval en Sesión 84-2001 de 17 de
   octubre de 2001 Artículo XLII. En este caso es más significativo lo
   ocurrido pues pese a que hubo valoración médica el dictamen indicó
                                   6

   que el servidor “NO SE ENCUENTRA INCAPACITADO”, pero el
   Licenciado Campos indicó que el servidor lo visitó y le mostró una
   certificación del prontuario del Departamento de Personal en el que
   se hacía constar el tiempo de incapacidad del señor Ugalde. (Ver
   folio 73).

    Véase que en mi caso se les adjuntó constancias del Departamento
de Personal en donde se determina que a la fecha tengo UN AÑO Y
UN MES DE INCAPACIDAD CONTÍNUA, ES DECIR 13 MESES. (Ver
folio 2).

4. María Eugenia Jiménez Arias, en Sesión 99-01 del 11 de diciembre
    de 2001. En este caso también hubo valoración médica en donde se
    indicó que la servidora “NO SE ENCUENTRA INCAPACITADA” y
    ella demuestra que tiene un año de estar incapacitada, y pese al
    dictamen contrario, se toma el acuerdo de separarla. (ver folio 75).
5. Flory Alfaro Retana, en Sesión 02-2002 del 16 de enero de 2002.
    Igual situación. (Ver folio 78).
6. Hubert Esquivel Marín, en Sesión 08-2002 del 06 de febrero de
    2002. Pese al dictamen de que NO SE ENCUENTRA
    INCAPACITADO se le separa para mejor servicio. (Ver folio 80).
7. Rose Mary Escalante Escalante, en Sesión del 1° de junio de 2000
    Artículo III, se conoció de una reconsideración de Doña Rose Mary
    ya que el dictamen médico indicó que NO estaba incapacitaba y se
    aceptó la reconsideración y se le separó para mejor servicio. (Ver
    folio 93).
        Reitero mi súplica ante los miembros del Consejo Superior, mi
situación de salud se agrava más con esta incertidumbre, ya bastante
me afecta el no saber que será de mi futuro inmediato, la petición para
mi separación se comenzó a conocer antes de la vigencia del
reglamento dicho y no puede aplicárseme en perjuicio retroactivamente.
En caso de no compartir el Consejo mi argumento les solicito que en
forma subsidiaria se me remita a nueva valoración pero esta vez a la
Sección A del Consejo Médico a fin de que se determine mi situación
real.
      PETITORIA: Solicito a los honorables miembros del Consejo
Superior, se RECONSIDERE el Acuerdo tomado en la Sesión 75-02
ya que el Reglamento de Incapacidades que entró en vigencia
hasta el 17 de julio no puede aplicarse retroactivamente en mi
perjuicio y se ME SEPARE PARA MEJOR SERVICIO.
Subsidiariamente de no compartirse ese argumento se me envíe a
nueva valoración ante el Consejo Médico pero a la Sección A del
mismo.”
                                  --- o0o ---
                                           7

      Previo análisis de la documentación presentada y luego de un intercambio de

criterios, se acordó: Denegar la reconsideración planteada por el Lic. León Chinchilla y

mantener lo resuelto en el acuerdo impugnado, por las razones que dieron lugar a esa

decisión. No obstante, se le comunica a don Dennis que dentro de un plazo prudencial

puede gestionar una nueva valoración médica para los efectos correspondientes.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                     ARTÍCULO V

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE DEL 2002

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES
SECCIÓN DE BIOQUÍMICA

      1.- Espinoza Esquivel Marta María, cédula N° 4-121-536, Jefe de Sección de

Bioquímica, Nómina N° 38-2002.

JUZGADO PENAL DE HATILLO

      2.- Salgado Vindas Stwart, cédula N° 1-1050-193, Auxiliar Judicial 2, Terna N°

485-2002.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE HEREDIA

      3.- Villagra Amador Irene, cédula N° 6-307-298, Auxiliar Supernumerario 1,

Terna N° 486-2002.

A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DEL 2002

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
                                           8

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES
SECCIÓN DE PERICIAS FÍSICAS

      4.- Arroyo Núñez Marjorie, cédula N° 2-515-040, Auxiliar Administrativo 2, Terna

N° 499-2002.

                                         -0-

      La servidora Arroyo Núñez, se presentará al Servicio Médico para los servidores

judiciales, a efecto de que se le practique el reconocimiento respectivo, para lo que

concertará la cita en forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3572. El

Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo resuelto para los

fines consiguientes.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                    ARTÍCULO VI

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión celebrada el 11 de

setiembre del 2000, artículo XXIX, se tiene por designados como Jueces en el Juzgado

de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, del 15 al 17 de octubre en curso:

      Licda. Ana Cecilia Zambrana Castro,

      Licda. Giselle Chacón Araya

      Licda. Libia Duarte Montoya

      Licúa. Roxana Hernández Araya

      Licúa. Tatiana Brenes Arias

      Lic. Adrián Hilje Castillo.

                                    ARTÍCULO VII

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión celebrada el 11 de
                                            9

setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados como Jueces en los

despachos y por las fechas que se dirán, a los siguientes funcionarios:

      Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas

      14 de octubre de 2002

      Lic. Adrián Hilje Castillo

      Juzgado de Familia de Desamparados

      Del 8 al 11 de octubre de 2002

      Lic. José Rafael Torres Castro.

                                     ARTÍCULO VIII

      El Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga y los Licdos. Francisco Arroyo

Meléndez y Ricardo Cordero Hernández, por su orden, Presidente Suplente del

Consejo de la Judicatura, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador de la

Unidad Interdisciplinaria, en oficio N° UI-4485-02 de 9 de octubre en curso, recibido el

día siguiente, manifestaron lo siguiente:

               “En atención al oficio No. 11712-02 del 24 de setiembre del año
        en curso, se remite la terna para llenar de forma temporal hasta el
        28-02-03, la plaza No.044701 de Juez 1 del Juzgado
        Contravencional y Menor Cuantía de Turrialba, en sustitución de la
        Licúa. Carmen Valverde Valverde, quien esta en condición de traslado
        interino hasta la fecha indicada en el Jdo. Contravencional de Alajuelita.

        El Consejo Superior en sesión del 10 de septiembre, designó en esta
        plaza a la Licúa. María Auxiliadora Cruz Cruz, pero en la sesión del 24
        de septiembre la nombró en propiedad como Juez Supernumeraria de
        la Presidencia de la Corte, a partir del 01 de noviembre de 2002.

        Los aspirantes son:

         NOMBRE                         PROMEDIO   POSICION EN     OBSERVACIONES
                                                     LISTA DE
                                                    ELEGIBLES
      1. Cordero Cordero Alfredo        75.0274        171
                                            10

       2. Obaldía Salazar Kenny         74.2087         180
       3. Salas Herrera Gerardo         74.0750         183

         Observaciones:

        I. La terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 1 Genérico y
           se integran con tres aspirantes conforme la Ley de Carrera Judicial y
           de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura en
           sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y el
           Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09
           de agosto último.

        II. El aspirante que fuese nombrado, está sujeto a que regrese el titular
            del puesto.

        III. Interino en el puesto: Lic. María Auxiliadora Cruz Cruz, del 01 al 31-
             10-02.
             Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
         interesados.”
                                           -0-

       Informa la Licda. Pereira que recibió un comunicado de la Unidad

Interdisciplinaria en el que se hace saber que el Lic. Gerardo Salas Herrera ha laborado

por aproximadamente dos años en cargos de la judicatura, especialmente en materia

civil y laboral.

       Sometido el asunto a votación y por mayoría de tres votos, se acordó: Nombrar

en forma interina al Lic. Gerardo Salas Herrera en la plaza temporalmente vacante N°

044701 de Juez 1 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba, a

partir del 1° de noviembre del 2002 y hasta el 28 de febrero del 2003. El Lic. Alfredo

Cordero Cordero recibió dos votos.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para los fines consiguientes.

PERMISOS
                                          11

                                    ARTÍCULO IX

      En sesión N° 76-02, celebrada el 10 de octubre en curso, artículo XV, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

             “El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7225-
       DE-2002 del 8 de octubre en curso, da su visto bueno a la solicitud
       presentada por la Licda. Pilar Obando Masís, Jefa de la Unidad
       Administrativa Regional de Cartago, en nota N° 1264-UARC-2002 del
       20 de setiembre último, para que a un grupo de servidores de ese
       Circuito Judicial, se le conceda permiso con goce de salario, con
       sustitución, para que participen en el curso de Manejo de Crisis por
       Amenaza con Material Explosivo, a realizarse del 14 al 18 de este mes
       de las 8:00 a las 16:00 horas. Los participantes serán:

     OFICINA JUDICIAL                          PARTICIPANTES
     Juzgado de Familia de Cartago             Grace Solís Solís
     Tribunal de Juicio de Cartago             Gustavo Cabezas Álvarez
     Juzgado     de    Violencia   Doméstica   Sonia Ruiz Carballo
     Cartago
     Juzgado     de    Violencia   Doméstica   Esteban Guzmán González
     Cartago
     Juzgado     de    Violencia   Doméstica   Arally Sánchez Araya
     Cartago
     Juzgado     de    Violencia   Doméstica   Johana Aguilar Chacón
     Cartago
     Delegación O.I.J. de Cartago           Bernardo Roman Umaña
     Juzgado II Contravencional de Cartago  Hugo         Armando     Piedra
                                            Fernández
     Juzgado II Contravencional de Cartago  Ruben Morales Brenes
     Unidad Administrativa de Cartago       Silvia Ortiz Monge
     Unidad Administrativa de Cartago       Maricruz Solano Siles
     Unidad Administrativa de Cartago       Yahaira Meléndez Benavides
     Juzgado Civil de Menor Cuantía Cartago Eugenio Calderón Navarro

                                      --- 0 ---
             Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud anterior y conceder
       permiso con goce de salario y sustitución, a un solo servidor por
       despacho para que reciba la indicada capacitación, en el entendido de
       que deberá darse prioridad a los que formen parte de la Brigada de
       Emergencias.
             El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.”
                                      - o0o -
                                             12

      Mediante correo electrónico dirigido al Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo

y enviado el 11 de octubre en curso, la Licda. Pilar Obando Masís, en su condición

anteriormente indicada, le comunicó a don Alfredo que los participantes al referido

curso consideran necesario se traslade la realización de dicha capacitación para la

semana del 21 al 25 de este mes, en el mismo horario, pues alegan que algunas

condiciones de las propuestas fueron variadas y se requiere tomar las medidas del

caso; además solicitan se aclare si el permiso otorgado es con o sin sustitución.

      Se acordó: Autorizar la realización del curso “Manejo de Crisis por Amenaza con

Material Explosivo”, para los días del 21 al 25 de octubre en curso y modificar en ese

sentido el acuerdo tomado en la sesión de referencia. Aclarar a la Licda. Obando Masís

que el permiso concedido a los participantes a dicho evento lo es con goce de salario y

la sustitución sólo para los casos estrictamente necesarios.

                                     ARTÍCULO X

      La Dra. Ana María Picado Brenes, Jueza del Tribunal de Familia, en nota de 8 de

octubre en curso, da cuenta que fue seleccionada en representación de Costa Rica,

para asistir al curso sobre “Adopción Nacional e Internacional”, organizado por la

Agencia Española de Cooperación Internacional, a realizarse en el Centro de

Formación de Cartagena de Indias, Colombia, del 21 al 25 de este mes.

      Indica la petente que dicha institución le otorgó una beca parcial que cubre todos

los gastos, excepto el tiquete aéreo. No obstante, afirma estar en posibilidades de

cubrir de su propio peculio esa erogación.

      Por lo anterior, solicita se le conceda permiso con goce de salario y sustitución.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a la Dra. Picado Brenes
                                           13

permiso con goce de salario y sustitución del 21 al 25 de octubre en curso para que

asista a la referida actividad.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XI

       En nota de 3 de octubre en curso, el señor Carlos Adolfo Calderón Bogantes,

Auxiliar Administrativo 1 de la Defensa Pública, con el visto bueno del Lic. William

Barquero Bogantes, Subjefe de ese Despacho, presenta la siguiente solicitud:

              “[…] Soy funcionario judicial desde el mes de noviembre de 1997,
        es decir, desde hace cinco años y medio, tiempo durante el cual he
        cumplido con eficiencia y mística mis funciones como auxiliar.
           Con un afán de superación, y a su vez, de servicio para la
        Institución, con gran esfuerzo he concluido estudios universitarios. En el
        mes de setiembre del presente año obtuve el grado de Licenciado en
        Derecho.       Desde que ingresé a laborar en el Poder Judicial, me he
        desempeñado en la Defensa Pública. Para laborar en este órgano se
        requiere de una mística y entrega especial; ya que en su mayoría
        atendemos a las personas pobres, vulnerables de nuestra sociedad.
        Debido a lo anterior y a la formación que he obtenido en mi trabajo
        tengo especial interés y deseo de seguir sirviendo a la Defensa Pública,
        por lo que en la actualidad realizo trámites para cumplir con los
        requisitos para ser elegible al puesto de Defensor Público.           Para
        poder ser elegido en un puesto profesional, se exige la realización de
        una práctica meritoria y dirigida de doscientas vienticuatro horas, bajo
        la supervisión de los encargados de capacitación de la Defensa
        Pública.      En la actualidad, debido a la difícil situación económica de
        nuestro país, sino hubiese sido por la comprensión y apoyo de mi
        familia me habría sido imposible seguir adelante. Mi esposa y dos hijos
        dependen económicamente de mi salario; soy vecino de Puriscal, lo
        cual me ocasiona muchos gastos de transporte y me limita mi
        disponibilidad de tiempo. Por la situación expuesta; no tengo las
        posibilidades económicas para solicitar un permiso sin goce de salario
        para cumplir con la pasantía referida. Me encuentro en una situación
        apremiante porque si no cumplo con este requisito, no tengo posibilidad
        alguna de ser elegible para el puesto de Defensor Público. Bajo tales
        supuestos, estaría truncando mis deseos de superación, y la posibilidad
        de seguir sirviendo en un puesto profesional a nuestra institución.     Es
        importante considerar que en el puesto que ocupo no tengo dentro de
                                    14

 mis funciones, la de atención al público en forma personal o por vía
 telefónica, lo cual implica que no existiría ningún recargo de trabajo en
 ninguno de mis compañeros. Me encargo revisar los informes de
 labores y de privados de libertad que presentan los y las defensoras;
 llevo las estadísticas que producen dichos informes y por último soy
 asistente del supervisor en asuntos disciplinarios.           Todas estas
 funciones las puedo realizar fuera de horario de oficina; ya que estoy
 dispuesto a compensar entrando antes de la hora oficial, y salir
 después de la hora oficial, con la finalidad de que el trabajo no se
 acumule y mantener el mismo al día. De todas formas en caso de que
 sea necesario que realice alguna gestión que se me solicite, de
 inmediato le daré la respectiva solución, ya que estaría dentro de las
 instalaciones de la Defensa Pública.
     Desde que estudio en la universidad todas las vacaciones que he
 tenido en mi trabajo las he ocupado para estudiar, hacer trabajos o
 cualquier otra actividad propia del compromiso de un estudiante.
 Tengo años de no poder disfrutar con mi familia de vacaciones; y en la
 actualidad tengo sólo tres días de vacaciones que estoy dispuesto a
 sacar para hacer la práctica profesional.
     Es en virtud de lo anterior, les solicito que se me otorgue un permiso
 con goce de salario por doscientas horas, (las restantes 24 horas las
 haré en los 3 días de vacaciones que me quedan de este período) o
 sea por un mes y una semana; a partir del momento que aprueben esta
 solicitud, a efectos de poder cumplir con los requisitos establecidos
 para ser elegible para el puesto de Defensor Público. Les suplico que
 me ayuden a hacer realidad un sueño; ya que lo que me motivó a
 estudiar derecho fue la ilusión de poder defender en forma eficiente y
 comprometida a las personas pobres y vulnerables de nuestra
 sociedad. Es esta motivación especial la que hizo que me endeudara
 para poder sacar mi carrera; pero ya no puedo comprometer las
 necesidades básicas de mi familia y las mías. Yo espero que todo mi
 esfuerzo se traduzca en la posibilidad de convertirme en un Defensor
 Público con conocimiento, entrega, mística y compromiso.
     Por último, es importante señalar que en cuanto al punto en cuestión
 existe un precedente emitido por parte de tan Honorable Cuerpo
 Colegiado, siendo que en el acuerdo del Consejo Superior del 2 de
 noviembre de 1999, ARTICULO XI, (del cual aporto copia), se
 concedió un permiso igual al solicitado por mi persona, a una
 compañera que en aquel momento necesitó del mismo, para poder
 cumplir con la práctica profesional exigida por nuestra Institución.
       En virtud de los expuesto, solicito se acoja la petición planteada.”

                                   -0-

Hace uso de la palabra la Licda. Pereira para manifestar que, según le informó
                                           15

vía telefónica la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, el

servidor Calderón Bogantes realizará su práctica meritoria de 200 horas durante la

segunda jornada laboral y que se compromete a realizar las labores del puesto que

ocupa de 4:30 a 8:30 p.m., a fin de mantener el trabajo al día.

      Se acordó: Tomar nota de las anteriores manifestaciones y comunicar a la

Jefatura de la Defensa Pública y al señor Calderón Bogantes que este Consejo no tiene

objeción que hacer para que realice la práctica meritoria en la forma de que se dio

cuenta, siempre y cuando don Adolfo se comprometa a reponer el tiempo que ocupe en

dicha labor después de la jornada laboral para los fines indicados.

                                     ARTÍCULO XII

      En oficio N° EJ-DIR-442-2002 de 14 de octubre en curso, la Licda. Alejandra

Monge Arias, Directora interina de la Escuela Judicial, manifestó:

              “En sesión N° 40 celebrada el 6 de junio del año en curso, se insta
        a la Escuela Judicial para que brinde capacitación a los auxiliares
        judiciales y se les aclare todas las disposiciones respecto de las
        recomendaciones emitidas por el Taller de Evaluación y Análisis de la
        Ruta Crítica de los Procesos de Pensiones Alimentarias.
              Debido a la urgencia y lo delicado de la materia de pensiones
        alimentarias en reunión realizada por el equipo de trabajo de auxiliares
        judiciales de la Escuela Judicial, con el señor Hernán Campos,
        miembro del Consejo Superior se acordó lo siguiente: incluir en el
        módulo de “Tramitación en los procesos de familia”, elaborado por el
        Lic. Ricardo González, un anexo para reforzar el tema de Pensiones
        Alimentarias, debido a que se está en proceso de reimprimir este texto.
              Por tal motivo es que solicitamos permiso con goce de salario con
        sustitución para el Lic. Douglas Araya, Juez de Pensiones del Segundo
        Circuito Judicial de San José del 16 al 31 de octubre del presente año,
        para la elaboración del anexo.
              Al señor Araya le corresponderá leer el libro del Lic. González
        para ubicar en qué temas habría que realizar ajustes relativos a
        pensiones alimentarias; revisar otros documentos base para redactar el
        addendum; escribir el material e introducir correcciones, de acuerdo
        con las observaciones de la Escuela Judicial y del especialista en
                                            16

        contenidos que lo revisará, para garantizar su calidad y pertinencia.”

                                           -0-

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder al Lic. Douglas Araya Gómez,

Juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San

José, permiso con goce de salario con derecho a sustitución del 16 al 31 de octubre en

curso, para los fines señalados.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XIII

       En facsímil recibido el 8 de octubre en curso, la Licda. Arlyn Arias Urpí, Psicóloga

de los Tribunales de Justicia de Heredia, con el visto bueno del Lic. Robert Camacho

Villalobos, Juez del Juzgado de Violencia Doméstica de ese lugar, solicita autorización

para ausentarse de sus labores los viernes durante todo el día, a fin de asistir al curso

sobre la Rehabilitación para Ofensores y Niños que Abusan Sexualmente, el cual será

impartido por la doctora Gioconda Batres en representación del ILANUD los viernes a

partir del 18 de octubre y hasta el 6 de diciembre del presente año, en horario de las

8,00 a las 16,00 horas.

       Según hace saber la petente, su interés por asistir a dicho evento obedece a su

deseo y necesidad de conocer acerca del manejo adecuado que se le debe dar a este

tipo de problemática y a la significativa importancia que conlleva dicho conocimiento en

el desempeño de sus labores. Asimismo indicó que ella asumirá el costo del curso y

que se compromete a cumplir a cabalidad con sus funciones con el propósito de no

perjudicar el ejercicio de éstas.
                                          17

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y conceder a la Licda. Arias Urpí permiso

con goce de salario para que durante los días y período indicado asista al curso de que

dio cuenta. El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XIV

      En sesión N° 63-02 celebrada el 27 de agosto del año en curso, artículo XXII, se

concedió permiso con goce de salario, por un mes, a la Licda. María Antonieta Herrera

Charraum, Profesional 2 del Departamento Financiero Contable, para que se dedicara

al análisis, elaboración, prueba y puesta en marcha de la nueva estructura contable que

se adaptará al nuevo sistema integrado que se desarrolla en forma conjunta con la

empresa consultora SONDA.

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7193-DE-2002 de 4

de octubre en curso, recibido el 7 de este mes, remite la nota N° 672-SC-2002 suscrita

por la Licda. Ana Isabel Jiménez Salazar y el Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefes de la

Sección de Contabilidad y del Departamento Financiero Contable, respectivamente, en

la que solicitan se extienda por este mes, el permiso con goce de salario concedido a la

Licda. Herrera Charraun, para que continúe con la elaboración del referido sistema.

      Se acordó:     Acoger la solicitud formulada por los Licdos. Jiménez Salazar y

Jiménez Sorio, en consecuencia, prorrogar el permiso con goce de salario otorgado a la

Licda. Herrera Charraun, por un mes más, para que continúe con la labor que ha

venido desarrollando.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XV

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7236-DE-2002 de 8
                                           18

de octubre en curso, remite el informe N° 222-UAP-02 de 7 de este mes, de la Unidad

de Atención Psicosocial que literalmente dice:

        “En atención al Diagnóstico de Ambiente Laboral realizado en el
        Juzgado Penal de Puntarenas, se llevará a cabo la aplicación del Taller
        para manejo del Estrés con este personal.
        La actividad está programada para el día viernes 18 de octubre en
        curso, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones de la
        Asociación de Zapotal Agroturística Ramonense, ubicada en Zapotal de
        Puntarenas.
        Para cumplir con este objetiva, respetuosamente solicitamos:
        -   El correspondiente permiso con goce salarial para el personal de
            dicho despacho.
        -   El pago de un refrigerio para ambas audiencias y un almuerzo para
            cada uno de los participantes.
        No omitimos informarles que ellos se han organizado internamente, a
        fin de no afectar la buena marcha del servicio al público y de esta
        manera, para la recepción de documentos en esa fecha ha sido
        designado el señor Jeofrey Álvarez Martínez.
        La actividad tendrá un costo de treinta y cuatro mil novecientos colones
        (¢34.900), incluyendo ambos refrigerios y el almuerzo.
        Así mismo, se requiere el permiso para la salida de San José a las
        5:00 am, para gestionarlo con la Dirección Ejecutiva.
        A continuación se indica el nombre los asistentes a este taller:


                      NOMBRE                                     PUESTO
       Licda. Jenny Rodríguez Lobo                       Juez
       Licda. Marjorie Álvarez Morales                   Juez
       Licda. María Isabel Villalobos Rodríguez          Juez
       Ricardo Alberto Bravo Castañeda                   Auxiliar Judicial 3D
       Carlos Alberto Angulo León                        Auxiliar Judicial 3D
       Harold Aguirre Mora                               Auxiliar Judicial
       Alexander Castro Alvarado                          Auxiliar Judicial
       Carlos Esquivel Reina                             Auxiliar Judicial
       Edgar Espinoza García                             Notificador
                                          19


        Roxana Segura Godoy                             Conserje
                                          -0-

      Asimismo acompañan el oficio N° 1274-P-2002 de 30 de setiembre último,

suscrito por el Jefe del Departamento Financiero Contable, en que consta que existe

contenido presupuestario para la erogación indicada.

      Se acordó: Acoger la solicitud de la Unidad de Atención Psicosocial y conceder

permiso con goce de salario, sin sustitución, a los funcionarios y servidores que

integran la lista anterior, para que el 18 de octubre en curso participen en el referido

taller. También se autoriza el pago de ¢34.900.00 para cubrir el gasto del refrigerio y

almuerzo correspondientes.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para los

fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XVI

      El Lic. Gerardo Láscarez Jiménez, Subdirector General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 1177-DG-02 de 7 de octubre en curso, somete a

consideración de este Consejo Superior el informe N° JDML-2002-1714 del

Departamento de Medicina Legal (del cual se adjunta una copia fotostática), en que

hace del conocimiento de esa Dirección General la solicitud planteada por los doctores

Luis Guillermo Quirós Madrigal y Carlos Paniagua Barrantes, médicos de la Sección

Medicina del Trabajo de ese Departamento, a fin de asistir al LXIV Congreso Médico

Nacional, IV Congreso Internacional de Medicina y I Congreso Nacional por

Telemedicina, que se llevarán a cabo del 25 al 29 de noviembre del presente año en

nuestro país, por lo que solicita se les conceda a dichos profesionales permiso con
                                            20

goce de salario, sin sustitución, pues estima que el contenido de los temas fortalecerán

el ejercicio de las labores que esos funcionarios realizan.

       Indica don Gerardo que los interesados asumirán los gastos de inscripción tal y

como lo señala la Jefa del Departamento de Medicina Legal en el referido oficio.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a los Doctores Quirós

Madrigal y Paniagua Barrantes permiso con goce de salario, sin sustitución, para que

en las fechas señaladas asistan a los citados eventos, en el entendido de que,

conforme se indicó, los interesados asumirán los gastos de inscripción.

       El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                     ARTÍCULO XVII

       En oficio N° 1178-DG-02 de 7 de octubre en curso, el Lic. Gerardo Láscarez

Jiménez, Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial, somete a

consideración de este Consejo Superior el informe N° JDML-2002-1728 del

Departamento de Medicina Legal (del cual se adjunta una copia fotostática), en que

hace del conocimiento de esa Dirección General la solicitud planteada por los doctores

Sisy María Castillo Ramírez, Jorge Mario Roldán Retana y Carlos Abarca Barrantes,

integrantes del Consejo Médico Forense de ese Departamento, a fin de asistir al curso

denominado “Avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la Piel,

ETS (enfermedades de transmisión sexual) y Alergias”, que se llevará a cabo del 23 al

25 de este mes en el Colegio de Médicos y Cirujanos, por lo que solicita se les conceda

a dichos profesionales permiso con goce de salario, sin sustitución, pues estima que el

contenido de los temas fortalecerá el ejercicio de las labores que esos funcionarios

realizan.
                                          21

      Indica don Gerardo que los interesados asumirán los gastos de inscripción tal y

como lo señala la Jefa del Departamento de Medicina Legal en el referido oficio.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a la Dra. Castillo Ramírez y a

los Doctores Roldán Retana y Abarca Barrantes permiso con goce de salario, sin

sustitución, para que en las fechas señaladas asistan al citado evento, en el entendido

de que, conforme se indicó, los interesados asumirán los gastos de inscripción.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

SUSTITUCIONES

                                   ARTÍCULO XVIII

      En facsímil recibido el 8 de octubre en curso, la Licda. Julia Madrigal Jiménez,

Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de Liberia, expone lo siguiente:

             “Como es bien conocido por parte de ese honorable Consejo al
       crear una jornada vespertina en este despacho, la plaza del auxiliar que
       tramitaba la materia de tránsito se pasó para dicha jornada y se creó
       una plaza extraordinaria con cargo a la Subpartida 824 (Juristránsito)
       para que atendiera esa materia en la jornada diurna; plaza que
       actualmente ocupa el servidor Luis Guillermo Miranda Blanco. Ahora
       bien, dicho servidor desea disfrutar sus vacaciones en el período
       comprendido entre el dieciocho de Noviembre al veinte de diciembre
       del dos mil dos, no obstante en virtud del volumen de trabajo que
       tramita este despacho, el otorgarle vacaciones a dicho servidor sin
       sustitución acarrearía trastornos dentro de lo que estaría atrasos en la
       tramitación de esa materia, así como un desmejoramiento en la
       atención al público en lo que a esa materia se refiere y que es una de
       las de mayor volumen en el despacho.
             En razón de lo anterior solicito interpongan sus buenos oficios, a
       fin de que se autorice la sustitución de dicho servidor, por el período
       mencionado supra, para que éste disfrute de sus vacaciones.“
                                          -0-

      Se acordó: Comunicar a la Licda. Madrigal Jiménez que si bien es cierto al

servidor Miranda Blanco le asiste el derecho a disfrutar vacaciones, no es posible
                                           22

autorizar su sustitución, pues no existe contenido presupuestario para realizar

sustituciones en plazas extraordinarias.

                                    ARTÍCULO XIX

       En sesión celebrada el 1° de octubre en curso, artículo XXV, a solicitud del Lic.

José María Tijerino Pacheco del Proyecto de Reforma y Modernización Normativa de

Nicaragua, se concedió permiso sin goce de salario con sustitución, entre otros, al Dr.

Fernando Cruz Castro, Juez del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito

Judicial de San José, para que del 21 al 25 de este mes labore como capacitador de

jueces en Nicaragua.

       El Dr. Cruz Castro, en facsímil de 10 de octubre en curso, presentó la siguiente

solicitud:

         “…se me concedan vacaciones en la semana del lunes veintiuno al
         viernes veinticinco de octubre.
              De ser posible, le ruego se nombre un suplente durante el período
         de vacaciones que he solicitado, porque en los últimos meses se ha
         elevado el ingreso de causas del tribunal.

                                           -0-

       Se acordó: Modificar lo dispuesto en la sesión celebrada el 1° de octubre en

curso, artículo XXV, en consecuencia, dejar sin efecto el permiso sin goce de salario

concedido a don Fernando y en su lugar se le autoriza para que disfrute vacaciones del

21 al 25 de octubre en curso, manteniendo siempre la sustitución durante el citado

período.

       El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para lo que corresponda.
                                            23

                                     ARTÍCULO XX

       En sesión N° 70-02 celebrada el 19 de setiembre último, artículo XXVII, se

autorizó la sustitución de la señora Edith Vega Sánchez, Auxiliar Administrativo 1 de la

Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial, entre otros períodos, del

16 al 20 de ese mes por motivo de incapacidad y se le reiteró al Jefe de esa Sección su

deber de gestionar la autorización para el reemplazo correspondiente cuando así se

requiera y en cada caso concreto, pues de repetirse esta situación se le aplicaría el

régimen disciplinario y debería pagar de su propio peculio el salario del servidor que

nombre.

       El señor Bolívar Jiménez Castro, Jefe de la citada Sección, en oficio N° 206-

CAPT-2002 de 8 de octubre en curso, recibido el día siguiente, presentó la siguiente

solicitud:

         “...me permito informarle que la señora EDITH VEGA SÁNCHEZ,
         Auxiliar Administrativo 1 de la Sección a mi cargo, fue incapacitada del
         07 al 09 de octubre del presente año, período que será cubierto por la
         señora SANDRA BELLAVISTA NÚÑEZ, cédula de identidad 2-340-935.
         De acuerdo al estudio practicado por el Departamento de Planificación
         N° 1035-PLA-2001, del 20-06-01, las funciones asignadas son tan
         numerosas, que existe la necesidad de distribuirlas entre las dos
         Auxiliares Administrativas, con lo cual la carga de trabajo se minimiza y
         se obtiene el mejor uso de los recursos asignados a esta Sección, en
         beneficio de las necesidades institucionales.
         Lo anterior expuesto, es con el propósito de contar con la aprobación y
         autorización de ese Consejo Superior, para que el Departamento de
         Personal tome nota y haga efectivo dicho nombramiento y de ser
         factible de las futuras sustituciones que se puedan dar, en razón de no
         perjudicar económicamente a la persona que hace la suplencia de
         marras.
         Agradeciendo la atención y la aprobación de ese Consejo ante la
         gestión planteada...”
                                           -0-
                                           24

      En ese mismo sentido, el señor Jiménez Castro en oficio N° 210-CAPT-2002 de

10 de los corrientes, comunica que la señora Edith Vega Sánchez, disfrutará de

vacaciones los días 10 y 11 de este mes y que la servidora Sandra Bellavista Núñez la

sustituirá durante esas fechas.

      Se acordó: Denegar la solicitud anterior, en razón de que esa Oficina cuenta

con dos Auxiliares Administrativas, por lo que deberá recargar las funciones que realiza

la señora Vega Sánchez en la otra Auxiliar Administrativa.

                                     ARTÍCULO XXI

      Las Licdas. Maricela González Araya y María A. Phillips Rojas y el Lic. Gustavo

Cedeño Monge, Jueces del Juzgado Contravencional de Desamparados, en nota de 8

de octubre en curso, manifestaron:

        “ - En aplicación del artículo LXXVIII de la sesión del 13-2002
        celebrada el 26 de febrero del 2002 se nos informó que con relación a
        las ampliaciones de incapacidad de la servidora SANDRA DUARTE
        TORRENTES, se nos indicó que no se requiere autorización del
        Consejo Superior y deben tramitarse directamente ante el
        Departamento de Personal.
        -   Conforme a lo anterior el día 26 de setiembre del 2002
            remitimos”Proposición de nombramiento “009 a los efectos de
            sustituir a la señorita SANDRA DUARTE TORRENES del 23 al 27
            de setiembre inclusive, tal y como hemos venido haciéndolo con
            anteriores incapacidades, pese a lo anterior nos señalan del
            Departamento de Personal mediante oficio N° 1476-S-2002 del 30
            de setiembre del 2002 que tal nombramiento no es una continuidad
            de incapacidad, dado que la última de ellas corrió hasta el día 20 de
            setiembre y el sábado 21 y domingo 22, no tuvo tal condición en
            razón de lo cual nos indican que para hacer valer tal sustitución
            requerimos de autorización del Consejo Superior del Poder Judicial.
        Así las cosas, respetuosamente solicitamos su venia, para la
        aprobación de la sustitución de la servidora DUARTE TORRENTES, en
        el periodo señalado toda vez que en esos días estuvo nombrado como
        Conserje Oscar Zarate Quesada y en ascenso la señorita María Nela
        Alvarado Alfaro, de manera que de persistir esta situación dichos
                                          25

       funcionarios no recibirán el pago correspondiente a esa semana ya
       laborada por ellos.”
                                       -0-

      En ese mismo sentido, los Licdos. González Araya, Phillips Rojas y Cedeño

Monge, en nota de 8 de los corrientes, comunican lo siguiente:

       “...valga la oportunidad para solicitarles su venia, a fin de que se
       autorice la sustitución de la servidora SANDRA DUARTE TORRENTES
       (Auxiliar Judicial 1) que el día de hoy remitió una nueva incapacidad a
       partir de esta fecha y hasta el 17 de octubre inclusive.
            No omito manifestar que dicha servidora los días viernes y lunes
       se encontraba de vacaciones razón por la cual la incapacidad que
       presenta no es continua con lo anterior y de acuerdo al Departamento
       de Personal, tales sustituciones deben ir autorizadas por el Consejo
       Superior.
            En sustitución de la señorita SANDRA DUARTE TORRENTES se
       propone al servidor OSCAR ZARATE QUESADA cédula 1-1036-0051.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger las solicitudes de mérito y autorizar la sustitución de la

servidora Duarte Torrentes por los períodos y motivos indicados.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO XXII

      En facsímil recibido el 14 de octubre en curso, las Licdas. Margoth Rojas Pérez,

Cynthia Dumani Stradtmann y el Lic. Wilson Chonkan Chan, Jueces del Tribunal de

Guanacaste, con sede en Santa Cruz, comunican y solicitan lo siguiente:

            “…El Licenciado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Integrante del
       Tribunal Colegiado de Guanacaste, Sección Segunda, a partir de hoy
       14 de octubre hasta el 01 de noviembre del año en curso, disfruta de
       sus vacaciones anuales. Vacaciones que le fueron aprobadas por la
       Presidencia de la Corte, sin nombrarle sustituto alguno, por cuanto
       ocupa una plaza extraordinaria. Es por esta razón que acudimos a
       Ustedes para solicitarles nos asignen un suplente del Licenciado Alfaro
                                          26

       Vargas, ya que los integrantes de la Sección de Liberia están con
       debates todos los días y no pueden integrar en Santa Cruz y Nicoya.
       Caso contrario nos veríamos en la obligación de suspender los debates
       colegiados señalados en este período, donde hay más de un caso con
       reo preso.
            No omito indicarles que los debates señalados para el día de hoy,
       si se realizarán por cuanto la Licenciada Margoth Rojas Pérez, nos
       prestó la colaboración correspondiente. Pero para los siguientes no
       puede ya que la agenda del Tribunal de Liberia no se le permite.”

                                          -0-

      Se acordó: Comunicar a los gestionantes que no es posible acceder a su

solicitud, pues no existe contenido presupuestario para realizar sustituciones en plazas

extraordinarias, razón por la cual, deberán adoptar las medidas que estimen necesarias

con el fin de que no se afecte el servicio público ni se suspendan debates ni

señalamientos previamente programados durante el período indicado. Además, se les

hacer saber que de conformidad con las disposiciones contenidas en el plan de

vacaciones aprobado para este año, este tipo de gestiones deben ser enviadas al

menos con quince días de antelación.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                   ARTÍCULO XXIII

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, con oficio N° 760-315-

AEEC-2002 de 11 de octubre en curso, para los fines consiguientes, remitió la

evaluación realizada por la Sección de Auditoría de Estudios Económicos de ese

Despacho, referente al control interno sobre la administración de los recursos

económicos a cargo del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala, cuyas

conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

       “De conformidad con la evaluación practicada en el Juzgado
                                     27

Contravencional y de Menor Cuantía de Upala, se concluye que el
control interno no es satisfactorio, en virtud que a la fecha de nuestra
visita, se incumplen algunos lineamientos establecidos en el
Reglamento de Cuentas Corrientes y el Manual de Procedimientos,
sobre la administración en general de los recursos económicos, que
están bajo su responsabilidad, según se detalla:

1. En algunas copias de los cheques de la cuenta del Banco Nacional, no
   presentan el recibido conforme por parte del beneficiario.

2. Se localizaron sin entregar cheques originales con sus copias, que
   tienen más de sesenta días de haberse emitidos.

3. Las copias de los cheques se localizaron archivadas en una forma
   desordenada y no en un estricto orden consecutivo numérico.

4. No se anota el número del expediente en las copias de los cheques.

5. No se localizó la resolución que ordena girar en el expediente 02-
   100011-322-CI en el cual figuran como partes Wilber Aguilar Aguilar y
   Ana Rita Durán M, emitiéndose el cheque N° 5163 de fecha 9 de julio
   del 2002, por un monto de ¢ 5.000.00.
6. No se localizó un archivo de control del consecutivo de la remisión de
   las Copias de Cheques remitidas a la Subunidad Administrativa
   Regional de San Carlos.

7. No se hace la anotación correspondiente con antelación a la firma, en
   la hoja de Control de Monto Girado.

8. A las boletas de depósito canceladas no se le incluye la anotación de
   que están canceladas, indicando el número de cheque y la fecha de
   cancelación.

9. No se cuenta con el libro Control de dinero recibido en efectivo.

10. En el Despacho en estudio no se tiene como práctica la firma en los
   libros de cierre mensuales por parte tanto del Juez como de la Auxiliar
   Judicial.

11. No se lleva un adecuado control sobre los anexos de los estados de
   Conciliación mensual, puesto que presentan una gran cantidad de
   anotaciones, de las cuales se verificó que pueden ser eliminadas al
   tener concordancia entre sí.

12. Se determinó que mediante cheque N° 1217170 del 17 de mayo de
   2001, se presenta un sobregiro por la suma de ¢ 18.000.oo, en la
   cuenta corriente 2956-4 del Banco de Costa Rica, dado que la boleta
                                      28

     N° 646490 por medio de la cual se giró el mismo, se encuentra anulada
     por parte del Banco.

IV      RECOMENDACIONES

        De conformidad con los resultados y conclusiones obtenidas a
        través de la evaluación de control interno llevada a cabo, y con base
        en la normativa indicada en el artículo 37 de la Ley de Control
        Interno y los artículos 54 y 96 del Reglamento de Cuentas
        Corrientes Judiciales, esta Auditoría se permite externar las
        siguientes recomendaciones al Juzgado Contravencional de Menor
        Cuantía de Upala:

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MENOR CUANTÍA DE UPALA

1.      Es necesario que en todas copias de cheques en poder del
        Despacho, quede consignada la firma del beneficiario o autorizado,
        acorde a lo indicado, en el Procedimiento 1.3, Operación N° 18 del
        Manual de Procedimientos para el manejo de las Cuentas Corrientes
        Judiciales, ampliado con la nota 3.2.2., adjunta al Reglamento de
        Cuentas Corrientes.

2.      Anular los cheques con más de sesenta días de emitidos y reactivar
        las boletas respectivas, conforme lo regula el Artículo 81 del
        Reglamento de Cuentas Corrientes.

3.      Archivar en forma ordenada y en estricto orden numérico las copias
        de los cheques, como se indica en los artículos 3 inciso e) y 4 inciso
        d), del Reglamento antes mencionado.

4.      Anotar el número del expediente en las copias de cheques, según lo
        estipula el Manual de Procedimientos al Reglamento de Cuentas
        Corrientes, procedimiento 1.1,operación N° 8.

5.      Es indispensable que todo cheque emitido por el Despacho, se
        fundamente en la resolución que ordene girar respectiva, en
        acatamiento al artículo 73 del Reglamento precitado.

6.      Llevar un archivo para las fórmulas utilizadas en la remisión de las
        copias de cheques a la Subunidad Administrativa Regional de San
        Carlos, conforme lo establecido en el Artículo 3 inciso e) del
        Reglamento de marras.

7.      Antes de firmar los cheques tanto el Juez como el Auxiliar Judicial,
        deben constatar que estén debidamente anotados los datos en la
        hoja de Control de Monto Girado, según lo dispone el artículo 3 inciso
        c), del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales vigente.
                                              29


        8.      Incluir en las boletas de depósito canceladas, la notación de
                “Cancelada”, el número de cheque que la cancela y su fecha según lo
                establece el artículo 4 inciso b), y artículo 18 del Reglamento de
                Cuentas Corrientes Judiciales.

        9.      Implementar en el Despacho, el libro Control de Dinero Recibido en
                efectivo, según lo establece el artículo 14 del Reglamento de Cuentas
                Corrientes Judiciales y Circular N° 16-93 del Boletín Judicial N° 141
                del 26-7-93, numeral N° 6.

        10.     Proceder a firmar los libros de cierre mensuales, tanto el Juez como
                el Auxiliar Judicial, como lo que indica el artículo 3 inciso e), y la
                Circular N° 11-92, del 10 de marzo de 1992, numeral 5 inciso c).

        11.     Realizar los estudios de los anexos de los estados de conciliación,
                según los procedimientos señalados en el artículo 49 del Reglamento
                mencionado y en la Circular 06-01 del Departamento Financiero
                Contable, de fecha 23 de marzo de 2001.

        12.     Efectuar las gestiones pertinentes, a efecto de cubrir el sobregiro de ¢
                18.000.oo en la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, producido
                mediante la emisión del cheque N° 1217170 del 17 de mayo de 2001,
                con fundamento en el artículo 40 y 41 del Reglamento de Cuentas
                Corrientes.”
                                              -0-

       Se acordó: Tener por recibido el informe anterior y acoger las recomendaciones

transcritas,   las que deberán ser puestas en práctica a la brevedad por parte del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala.

                                      ARTÍCULO XXIV

       En sesión N° 41-02 celebrada el 11 de junio del año en curso, artículo XLIII, se

analizó el informe elaborado por la Sección de Auditoría de Cuentas Corrientes de la

Auditoría Judicial, respecto a la evaluación sobre el cierre de cuentas corrientes a cargo

del Departamento Financiero Contable, por lo que de previo a resolver lo que

correspondiera, se dispuso devolverlo a ese despacho para que ampliara las

recomendaciones ahí transcritas, en razón de los hallazgos encontrados en éste.
                                            30

       En atención al acuerdo anterior, el Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor

Judicial, con oficio N° 758-323-AEEC-2002 de 4 de octubre en curso, remite

nuevamente el informe elaborado por la Sección de Auditoría de Estudios Económicos,

en relación con la evaluación practicada sobre el cierre de cuentas corrientes a cargo

del Departamento Financiero Contable, las Unidades y Subunidades Administrativas

Regionales, cuyos resultados, conclusiones y recomendaciones son avaladas por don

Hugo en todos sus extremos, según así lo hace saber.

       Las conclusiones y recomendaciones que se dan en el estudio de referencia, en

forma literal dicen:

         "1. Hasta la fecha de corte del presente estudio, el Departamento
            Financiero ha llevado a cabo el cierre de un total de 32 cuentas
            corrientes, que aparecen en el reporte de Banco de Costa Rica
            (REPLACL0290), con saldo cero (ver cuadro N° 1).

             De este total de cuentas corrientes cerradas, 10 de ellas
             corresponden a Juzgados de Instrucción y Penal de San José, que
             no se le hizo un cierre técnico, puesto que solo se trasladó el monto
             que aparecía en el estado bancario a la fecha del traslado.
             Quedando pendiente de llevar a cabo el estudio del caso de los
             Anexos A, B, C y D, de los Estados de Conciliación (ver cuadro N° 2).

          2. Con saldos al 30-06-2002 en el Banco de Costa Rica, se tiene un
             total de 32 cuentas corrientes pendientes de llevarse a cabo el
             estudio técnico y posterior cierre, teniendo un monto a esa fecha de
             ¢1.288.979.134.13 (ver cuadro N° 3). Asimismo, en el Banco
             Nacional de Costa Rica se tiene pendiente de cerrar 4 cuentas
             corrientes que tienen un saldo bancario, a la fecha de la última
             conciliación bancaria recibida, por ¢108.672.557.34 (ver cuadro N°
             4), lo que da hasta la fecha un gran total de ¢ 1.397.651.691.47, y
             que al final del 2002 aún quedarían pendientes de cerrar 25 cuentas
             corrientes, sin incluir las nuevas por la implementación del S.D.J., ni
             tampoco las 10 que corresponden a los Juzgados de Instrucción y
             Penal que debe hacérsele estudio técnico.

        3.   En nueve Juzgados Contravencionales de Menor Cuantía y uno de
             Familia (ver cuadro N° 5) que en la actualidad se encuentran dentro
             del Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales, no se hizo el
                                     31

      traslado oportuno del monto de las boletas activas que corresponden
      a pensiones, embargos y aspectos laborales, permaneciendo estas
      acreditadas en las cuentas corrientes por cerrarse. Por lo que no se
      ha cumplido con lo dispuesto por el Consejo Superior de Sesión 93-
      01, de fecha 20 de noviembre del 2001, artículo LI, sobre el estudio
      elaborado por esta Unidad de Control, en el Juzgado
      Contravencional y Mayor Cuantía de Desamparados, que indicaba
      la realización de los estudios necesarios, a efecto de que los
      montos de las boletas activas, que pertenecieran al Sistema
      Automatizado de Depósitos Judiciales, se trasladaran a este.

4. Hasta la fecha del corte de nuestro estudio, el Departamento
   Financiero Contable, sólo ha contado con una Asistente
   Administrativa 3, para llevar a cabo el complejo estudio técnico de los
   cierres de cuentas corrientes, de los cuales sólo a 22 se les hizo el
   estudio técnico, sin contar que por el avance en la instalación del
   Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), cada día serán más cuentas
   corrientes, a las que se le deberá hacer el estudio del caso.
     Aunado a lo anterior, cabe indicar que hasta el momento, ninguna
   Unidad o Subunidad Administrativa Regional se ha hecho cargo de
   llevar a cabo alguno de los cierres de cuentas corrientes de su
   jurisdicción.

5. No se ha obtenido por parte del Banco de Costa Rica lo solicitado
   mediante oficio N° 374-IEJ-02 del Lic. Alberto Serrano Urbina, Jefe
   de la Sección de Ingreso y Egresos del Departamento Financiero
   Contable, que se refiere a;

         Que el listado Repaclo290 fuera enviado en forma automatizada.

      Eliminar todas aquellas cuentas corrientes cerradas con saldo
      cero en dicho listado

      Agregar al Sistema Telebanc, el acceso a la información histórica
      de los créditos (anexo B) y los débitos (anexo D)

       Que el detalle de los intereses generados en cuenta corriente
      judicial, se envíe por correo electrónico

    IV.      RECOMENDACIONES

      CONSEJO SUPERIOR

      Comunicar a todos los Despachos Judiciales que tienen instalado el
      Sistema de Depósitos Judiciales, que deben trasladar los montos de
                                           32

           dinero que corresponden a las boletas traspasadas por el cierre de
           las cuentas corrientes, a cada uno de los expedientes (caso único),
           dentro del Sistema de Depósitos Judiciales (S.D.J.), en
           consideración del acuerdo de ese Consejo de Sesión Nº 93-01 del
           20-11-2001, artículo LI.

               DIRECCIÓN EJECUTIVA

           Realizar las gestiones correspondientes ante el Banco de Costa
           Rica, a efecto de coordinar con el Departamento Financiero la
           obtención de lo solicitado en el oficio N° 374-IEJ-02 del Lic. Alberto
           Serrano Urbina, Jefe de la Sección de Ingreso y Egresos citado en
           el numeral N° 5 de conclusiones de este informe.

               DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

           Llevar acabo el estudio necesario en el Departamento Financiero
           Contable, de tal manera que se permita cuantificar el número de
           personal necesario para que se realice en el menor tiempo posible el
           cierre de las 46 cuentas pendientes de hacer cierre el técnico.

            DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

        1. Llevar a cabo a la brevedad posible el estudio técnico sobre el cierre
           de las cuentas corrientes de los Juzgados de Instrucción y Penal de
           San José, en consideración el acuerdo del Consejo Superior de
           Sesión 30-99 del 20-04-1999, artículo CIV, a la vez planificar el cierre
           técnico de las restantes cuentas corrientes según se especifica en
           los cuadros N° 3 y 4, y coordinar el cierre de las cuentas corrientes
           que se irán trasladando al Sistema Automatizado de Depósitos
           Judiciales.”
                                           -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe, así como las recomendaciones que

contiene, las que deberán ser puestas en práctica a la brevedad por parte de los

despachos involucrados.

      En cuanto a la recomendación dirigida a este Consejo Superior se dispone

comunicar a los Despachos Judiciales que se dirán y que tienen instalado el Sistema

de Depósitos Judiciales, que deben trasladar los montos de dinero que correspondan a
                                           33

las boletas traspasadas por el cierre de las cuentas corrientes, a cada uno de los

expedientes (caso único), dentro del Sistema de Depósito Judiciales (S.D.J.), en

consideración del acuerdo tomado en sesión N° 93-01 del 20 de noviembre del 2001,

artículo LI.

                  Despacho Judicial                        N° Cuenta
   Juzg. Cont. Menor Cuantía de Pérez Zeledón               11775-7
   Juzg. Cont. Menor Cuantía Desamparados *)                76872.3
   Juzgado I Contravencional de Cartago                       4272-2
   Juzgado II Contravencional de Cartago                    60863-7
   Juzg. Cont. Menor Cuantía de Liberia                       5068-7
   Juzg. I Contravencional de Puntarenas                      4246-3
   Juzg. II Contravencional de Puntarenas                     5859-9
   Juzg. I Contravencional de Heredia                         4305-2
   Juzg. II Contravencional de Heredia                      27213-2
   Juzgado de Familia**)                                      S.D.J.
             *) Esperan talonarios de chequeras para hacer traspasos de
       alrededor 70 depósitos
             **) Las boletas activas se encuentran acreditadas en la cuenta N°
       122807-2 del Juzgado Civil de Menor Cuantía, referencia Oficio N° 167-
       TEST-2001 de la Unidad Administrativa del II Circuito.

                                    ARTÍCULO XXV

       Este Consejo en sesión N° 29-01 celebrada el 17 de abril del 2001, artículo XLII,

adoptó el acuerdo que en forma literal dice:

               “En sesión celebrada el 22 de agosto del año pasado, artículo
         XXXVII, previamente a resolver lo que corresponda se trasladó copia
         del informe N° 856-070-AUS-2000 de la Auditoría Judicial, sobre el
         proyecto de “Mejoramiento de la Gestión de Despachos Judiciales”,
         relativo a la Capacitación Técnica dirigida al área de informática del
         Poder Judicial, a cargo de la firma española Seintex a la Licda Sonia
         Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora del Programa Poder
         Judicial-BID y del Lic. Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento de
         Informática, para que dentro del plazo de ocho días a partir del recibo
         del presente acuerdo, emitan sus apreciaciones con respecto al
         mencionado informe.
              En sesión celebrada el 1° de febrero del año en curso, artículo L,
         se tomó nota del informe N° 007-IDM-2001 de la Sección de Desarrollo
                                  34

y Mantenimiento de Sistemas del Departamento de Informática,
referente al proyecto “Mejoramiento de la Gestión de Despachos
Judiciales”.
     Por su parte, la Licda Sonia Navarro Solano, Directora del
Programa Poder Judicial-BID en oficio PJ-BID 821-2000 de 13 de
setiembre del año pasado, rinde el informe solicitado.
      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, mediante
oficios N° 305-33-AUS-2001 de 30 de marzo último, manifiesta:
“La evaluación de referencia fue conocida en sesión Nº 66 del Consejo
Superior fechado el 22 de agosto del 2000, artículo XXXVII, en el cual
se acordó previo a lo que correspondiera, trasladar copia del
documento a conocimiento de la Licda. Sonia Navarro Solano,
Directora de la Unidad Ejecutora del Programa Poder Judicial – BID y
del Lic. Rafael Ramírez López, MBA, Jefe a.i. del Departamento de
Informática, para que dentro del plazo de ocho días a partir del recibo
del presente acuerdo, emitieran sus apreciaciones al respecto. Esta
Auditoría procedió a darle seguimiento al acuerdo antes señalado, para
lo cual realizó las indagaciones pertinentes y solicitó a la Unidad
Ejecutora del Programa PJ–BID una copia del oficio PJ-BID 821-2000
del 13 de setiembre del 2000, remitido al Consejo Superior por parte de
la Licda. Sonia Navarro Solano, Directora de la UEP, en el que externa
sus observaciones sobre la evaluación de referencia, los cuales fueron
tomados en cuenta por esta Auditoría en el aparte de Notas
Compensatorias del presente informe.
Cabe señalar que, en la reunión celebrada el 16 de marzo del año en
curso, en la que participaron el Consejo Superior, la Unidad Ejecutora
del Proyecto Corte-BID y esta Auditoría, la Licda. Sonia Navarro Solano
señaló su anuencia en solicitar a SEINTEX que se repita la
capacitación técnica dirigida al área de informática, tomando en cuenta
que el hito respectivo no ha sido cancelado, lo cual va de conformidad
con las recomendaciones del informe.
Por su parte, el Departamento de Informática mediante oficio No. 32-I-
2001 del 16 de enero del año en curso, remitido a la Licda. Silvia
Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, el Lic. Rafael
Ramírez López, Jefe del Departamento de Informática, externa sus
comentarios sobre la situación señalada en el informe de referencia, los
cuales coinciden en todos sus extremos con los resultados expuestos
por esta Auditoría. En vista de que nuestro informe de Auditoría
contiene aspectos fundamentales para fortalecer la implantación y
mantenimiento del “Proyecto Informático para el Mejoramiento de la
Gestión de los Despachos Judiciales”, particularmente en lo referente a
la necesidad de contar con una adecuada Capacitación Técnica
dirigida al área de Informática del Poder Judicial, se requiere que la
                                        35

     Administración tome decisiones oportunas para procurar la solución de
     las dificultades operativas en la ejecución de la capacitación técnica,
     dirigida a los informáticos de la Institución por parte de la Firma
     española SEINTEX.
     En virtud de lo anterior, considero importante elevar el presente
     documento a conocimiento del Consejo Superior, con los comentarios
     pertinentes sobre lo externado por las partes involucradas, a efecto de
     que sean analizados y si a bien se estima, se pongan en práctica a la
     brevedad posible las recomendaciones correspondientes.”
          Asimismo del citado informe actualizado sobre la evaluación de la
     Capacitación Técnica dirigida al área de Informática del Poder Judicial,
     se desprende las siguientes recomendaciones:
     ”IV. RECOMENDACIONES
     De conformidad con lo anteriormente expuesto, y en razón de la
     importancia de que la Administración tome oportunamente las acciones
     respectivas al proceso de capacitación técnica para el área de
     informática sobre el proyecto “Mejoramiento de la Gestión de Despachos
     Judiciales, se formulan las siguientes recomendaciones:
     A la Unidad Ejecutora del Proyecto Poder Judicial-BID
1.    Dada la necesidad imperante de mejorar la calidad de capacitación
     técnica para el área informática a cargo de la firma consultora SEINTEX,
     de previo a continuar con la ejecución formal, es conveniente contar con
     el Plan de Capacitación debidamente aprobado por la UEP. En caso de
     considerarse necesario, solicitar a la Escuela Judicial criterio sobre la
     metodología a seguir, los materiales didácticos a utilizar y el enfoque
     práctico que se le pueda brindar a la capacitación, entre otros.
2.    Verificar a la brevedad que se cumpla a cabalidad con lo acordado en el
     contrato en relación con el hito 19: Plan de capacitación para el área
     de informática, a fin de procurar satisfacer los objetivos expuestos en
     dicho documento contractual.
3.    Solicitar a la empresa SEINTEX, que realice la Capacitación Técnica
     dirigida al área de informática del Poder Judicial de acuerdo con lo que
     se apruebe en el Hito 19 denominado “Plan de Capacitación para el
     área de Informática”, previo a realizar el pago correspondiente. Lo
     anterior debido a la importancia que reviste para el personal de
     informática adquirir los conocimientos necesarios a fin de poder
     hacerse cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema de
     Gestión.
4.    En el caso de que la recomendación anterior sea aprobada, velar
     porque se cuente con los recursos necesarios para el proceso de
     capacitación, tomando en cuenta aspectos tales como:
                                         36

          Metodología para impartir el curso que incluya cronograma,
     horarios y objetivos de la capacitación, indicando el temario por sesiones,
     con el desglose de subtemas a tratar de manera que el participante
     tenga claro los temas a abarcar en cada sesión, así como el detalle del
     contenido del curso.
          Los recursos necesarios para brindar la capacitación, a efecto de
     que se encuentren oportunamente disponibles, tales como: material
     didáctico a utilizar e instalaciones físicas adecuadas.
         Métodos de evaluación, a fin de garantizar el adecuado
     aprovechamiento de la capacitación.
          Requerimientos previos a la capacitación. En caso de ser
     necesario, coordinar previamente las gestiones necesarias, con el
     Departamento de Informática, a efecto de que el personal asignado para
     recibir esta capacitación, cuente con los conocimientos solicitados por
     SEINTEX.
5.    Velar porque el proceso de capacitación a los usuarios del sistema que
     se efectuará en los Tribunales de Heredia, como parte de la implantación
     del segundo piloto, tome en cuenta las recomendaciones formuladas en
     el presente documento.
6.    Analizar a la brevedad posible, en coordinación con el Departamento de
     Informática, el personal requerido para apoyar           el proyecto de
     “Mejoramiento de la Gestión de los Despachos Judiciales”, tomando en
     cuenta el segundo piloto a implantarse en los Tribunales de Heredia, a fin
     de que se determine si la cantidad de los miembros que constituyen el
     Grupo Contraparte son suficientes y si cumplen con los requerimientos
     técnicos para hacerse cargo del sistema informático. En caso necesario,
     tomar las medidas pertinentes e integrar al personal asignado en la
     capacitación para el área informática.
7.    Definir oportunamente en conjunto con el Departamento de Informática,
     la estructura informática que brindará el soporte necesario a la aplicación
     que desarrolla la firma SEINTEX, con el propósito de que esta
     Dependencia se encuentre debidamente preparada para asumir el
     Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales, considerando aspectos
     tales como:
            Coordinar las mejoras a la aplicación y el análisis de nuevos
             requerimientos.
            Documentar los cambios efectuados al sistema.
            Control de versiones.
            Consolidar estándares de trabajo.
            Personal responsable del mantenimiento del sistema.
                                             37

                 Definición de responsabilidades del equipo asignado.
         Coordinar constantemente con el Administrador de Base       de Datos del
          sistema.
          Al Departamento de Informática
    8.     Mantener el apoyo necesario a la UEP, en relación con el personal
          requerido para apoyar el proyecto de “Mejoramiento de la Gestión de los
          Despachos Judiciales”, a fin de que la Institución pueda asumir el
          mantenimiento del sistema y continuar con la implantación en los
          Tribunales de Heredia, máxime que en dicho lugar la implantación será
          asumida por funcionarios del Poder Judicial con la asesoría de la
          consultora SEINTEX, según lo establecido en el contrato.
    9.     Procurar la continuidad del personal de su Departamento, que asistió a
          la capacitación técnica para el área de informática brindada por la Firma
          Consultora, para aprovechar el conocimiento adquirido para el proyecto.”
                                             -0-
              Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y acoger las
          recomendaciones en él incluidas, las que se hacen del conocimiento de
          la Comisión de Modernización para lo que corresponda.”
                                            -0-

         El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 750-095-

ATI-2002 de 3 de octubre en curso, manifestó:

          “Para que se haga del conocimiento de los miembros del Consejo
          Superior, me permito remitir el Informe Final sobre el Seguimiento de
          las recomendaciones de la “Evaluación de la capacitación técnica
          dirigida al área de informática del Poder Judicial a cargo de la firma
          española SEINTEX”, aprobadas por el Consejo Superior en sesión
          No.29-01 del 17 de abril del 2001, artículo XLII.

          Con el propósito de contribuir con la Administración en el seguimiento
          de la puesta en ejecución de las recomendaciones aprobadas por el
          Consejo Superior, para fortalecer el proceso de modernización,
          mediante el uso efectivo de la tecnología informática, y así dar
          cumplimiento a la norma 406 del Manual sobre normas Técnicas de
          Auditoría para la Contraloría General de la República y las Entidades y
          Órganos sujetos a su Fiscalización,         esta Auditoría elaboró el
          documento de referencia, el cual detalla el grado de cumplimiento de
          las recomendaciones producto de dicha evaluación.

          Al   respecto,   consideramos    importante    destacar   que   de    las
                                      38

   recomendaciones aprobadas por el Consejo Superior en relación con el
   informe de referencia se cumplió a cabalidad el 78% (7) de las
   recomendaciones y el 22% (2) se efectuaron parcialmente, las cuales
   se resumen a continuación:

   Recomendaciones cumplidas según lo aprobado por el Consejo
   Superior:

1. Conveniencia de contar con un plan de capacitación debidamente
    aprobado previo a iniciar la capacitación respectiva a los informáticos.

2. Importancia de cumplir con el contrato, respecto al hito 19: “Plan de
    capacitación para el área de informática”, por cuanto se repitió la
    capacitación a los informáticos de la Institución involucrados en el
    proyecto.

3. Necesidad de realizar el proceso de capacitación técnica con una
    metodología, sistemas de evaluación y en un ambiente adecuado,
    aunque faltó una evaluación formal.
4. Conveniencia de aprovechar la experiencia adquirida para realizar la
    capacitación a los usuarios finales en el circuito de Heredia.

5. Necesidad de brindar al apoyo requerido a la implantación del proyecto
    en Heredia.

6. Importancia de procurar la continuidad del personal del Departamento de
    Tecnología de Información que asistió a la capacitación técnica
    brindada por SEINTEX.

7. Conveniencia de coordinar una serie de aspectos relacionados con el
    proceso de traslado del Sistema de Gestión al Departamento de
    Tecnología de Información.

   Recomendaciones cumplidas parcialmente

1. No se ha realizado un estudio formal para determinar si la contraparte
    técnica es suficiente para el mantenimiento requerido por el nuevo
    Sistema.

2. Falta revisar y formalizar el documento “Estándares             para   la
    Administración de la configuración del software”.

   Para lo anterior, esta Auditoría incluye una serie de recomendaciones
   en el aparte correspondiente del informe de seguimiento de referencia,
   a fin de procurar su cumplimiento a cabalidad.
                                           39

        Es importante señalar que, prácticamente todas las recomendaciones
        aprobadas por el Consejo Superior, en relación con la capacitación
        técnica dirigida al área de informática del Poder Judicial a cargo de la
        firma española SEINTEX, fueron puestas en ejecución en alguna
        medida, por lo cual es pertinente destacar el esfuerzo e interés que ha
        mostrado el personal involucrado para mejorar           la situación de
        comentario.

        No omito indicar que , esta Auditoría envió el informe en borrador del
        presente seguimiento a los despachos judiciales involucrados en la
        evaluación de referencia, cuyos comentarios fueron tomados en
        cuenta en la redacción final del documento.”
                                          -0-

      A continuación se transcribe los resultados del seguimiento que se le dio al

estudio de referencia.

        “Seguimiento de las recomendaciones del informe
        “Evaluación de la capacitación técnica dirigida al área de informática
        del Poder Judicial a cargo de la firma española SEINTEX”

        1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO

        El presente estudio se realizó de conformidad con la programación
        contemplada en el Plan Anual de Trabajo de la Sección de Tecnología de
        Información, correspondiente al año 2002.

        1.2 OBJETIVO GENERAL

        Dar cumplimiento a la norma 406 del Manual sobre normas Técnicas de
        Auditoría para la Contraloría General de la República y las Entidades y
        Órganos sujetos a su Fiscalización, en la cual se considera la
        obligatoriedad de las unidades de Auditoría Interna de verificar el
        cumplimiento de las recomendaciones emitidas y aprobadas por la
        Administración.

        1.3 ANTECEDENTES

        En la Sesión N° 66 del 22 de agosto del 2000, el Consejo Superior
        conoció el informe sobre la Evaluación de la Capacitación Técnica dirigida
        al área de informática del Poder Judicial, a cargo de la firma española
        SEINTEX que esta Auditoría remitió con el fin de que subsanaran una serie
        de aspectos que fueron detectados en dicho proceso.

        En esa ocasión,      el Consejo Superior acordó previo a lo que
                                    40

correspondiera, trasladar copia del documento a conocimiento de la
Licda. Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora del
Programa Poder Judicial–BID y del Lic. Rafael Ramírez López, Jefe del
Departamento de Tecnología de Información, para que emitieran sus
apreciaciones al respecto.

Esta Auditoría procedió a darle seguimiento al acuerdo antes señalado y
obtuvo el oficio PJ-BID 821-2000 del 13 de setiembre del 2000, donde la
Licda. Sonia Navarro Solano, Directora de la UEP externa sus
observaciones sobre la evaluación de referencia.

Por su parte, el 16 de enero del 2001, mediante el oficio No. 32-I-2001, el
Lic. Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento de Tecnología de
Información, externa sus comentarios sobre el informe de referencia
remitido a la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la
Corte.

Cabe señalar que, se realizó una reunión el 16 de marzo del 2001, con la
participación del Consejo Superior, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
y la Auditoría, en la cual la Licda. Sonia Navarro Solano, Directora de la
UEP, señaló su anuencia en solicitar a SEINTEX que repita la capacitación
técnica, tomando en cuenta que el hito correspondiente no había sido
cancelado, de conformidad con las recomendaciones del informe de esta
Auditoría.

En sesión N° 29-01 celebrada el 17 de abril del 2001, artículo XLII, el
Consejo Superior aprobó la actualización del informe de comentario,
tomando en cuenta las apreciaciones de los involucrados.

1.4 ALCANCE Y NATURALEZA

El trabajo de referencia comprendió entrevistas al personal informático
involucrado y la aplicación de un cuestionario a los integrantes de la
Unidad Ejecutora del Proyecto, con fecha de corte 6 de setiembre del año
2002.

Además, se revisó la documentación disponible en los despachos visitados
relacionada con el tema de referencia.

Es oportuno destacar también que, durante el desarrollo de nuestra
intervención, se observaron las Normas Técnicas de Auditoría y de Control
Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y
Órganos Sujetos a su Fiscalización; aplicando aquellas que se estimó
necesario, según las circunstancias.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Del seguimiento a las recomendaciones aprobadas por el Consejo Superior
                                      41

relativas al estudio señalado, se determinó que el estado actual de las
mismas a la fecha corte de nuestro estudio es el siguiente:


2.1 Recomendaciones dirigidas a la Unidad Ejecutora del Proyecto
Poder Judicial-BID

Recomendación N° 1

Dada la necesidad imperante de mejorar la calidad de capacitación
técnica para el área informática a cargo de la firma consultora
SEINTEX, de previo a continuar con la            ejecución formal, es
conveniente contar con el Plan de Capacitación debidamente
aprobado por la UEP. En caso de considerarse necesario, solicitar a
la Escuela Judicial criterio sobre la metodología a seguir, los
materiales didácticos a utilizar y el enfoque práctico que se le pueda
brindar a la capacitación, entre otros.

De acuerdo a lo indagado por esta Auditoría, mediante oficio del 6 de abril
de 2001, la firma SEINTEX proporcionó un Plan de Capacitación el cual fue
conocido por la Unidad Ejecutora del Proyecto de previo al inicio de la
misma, este contenía:

 Requisitos para aprovechar mejor el curso
 Infraestructura requerida
 Temario y contenido del curso por cada día.

El curso se impartió durante 8 horas diarias durante una semana iniciando el
3 de mayo del 2001, tanto la UEP como los capacitadores de la empresa
SEINTEX, no consideraron necesario solicitar el apoyo de la Escuela
Judicial. De conformidad con lo anterior, dicha recomendación se cumplió a
cabalidad.

Recomendación N°2

Verificar a la brevedad que se cumpla a cabalidad con lo acordado en
el contrato en relación con el hito 19: Plan de capacitación para el área
de informática, a fin de procurar satisfacer los objetivos expuestos en
dicho documento contractual.

Según información obtenida mediante entrevistas y cuestionarios a los
capacitados del Equipo Informático a cargo del Sistema de Gestión, todos
coinciden en que la capacitación fue buena y se impartió según el plan
presentado por la empresa SEINTEX y aprobado por la Unidad Ejecutora del
proyecto. Asimismo, señalan que al repetirse la capacitación técnica, se
subsanaron los aspectos que fueron señalados en la “Evaluación de la
capacitación técnica dirigida al área de informática del Poder Judicial a cargo
                                     42

de la firma española SEINTEX”, por lo que se cumplió el objetivo de esta
recomendación.

Recomendación N°3

Solicitar a la empresa SEINTEX, que realice la Capacitación Técnica
dirigida al área de informática del Poder Judicial de acuerdo con lo que se
apruebe en el Hito 19 denominado “Plan de Capacitación para el área de
Informática” previo a realizar el pago correspondiente. Lo anterior debido a
la importancia que reviste para el personal de informática adquirir los
conocimientos necesarios a fin de poder hacerse cargo del mantenimiento
y soporte técnico del Sistema de Gestión.

La Unidad Ejecutora del Proyecto solicitó a la firma SEINTEX impartir
nuevamente la capacitación técnica, antes de dar por aprobado y
cancelado dicho hito. Esta capacitación fue dirigida específicamente al
personal informático que asumió el mantenimiento del proyecto, una vez
que fue entregado formalmente por la firma. La empresa accedió y dicho
proceso se impartió nuevamente a partir del 3 de mayo del 2001, por lo
cual se cumplió el propósito de esta recomendación.

Recomendación N°4

En el caso de que la recomendación anterior sea aprobada, velar
porque se cuente con los recursos necesarios para el proceso de
capacitación, tomando en cuenta aspectos tales como:

     Metodología para impartir el curso que incluya cronograma,
    horarios y objetivos de la capacitación, indicando el temario por
    sesiones, con el desglose de subtemas a tratar de manera que el
    participante tenga claro los temas a abarcar en cada sesión, así
    como el detalle del contenido del curso.
     Los recursos necesarios para brindar la capacitación, a efecto de
    que se encuentren oportunamente disponibles, tales como: material
    didáctico a utilizar e instalaciones físicas adecuadas.
     Métodos de evaluación, a fin de garantizar el adecuado
    aprovechamiento de la capacitación.
     Requerimientos previos a la capacitación. En caso de ser
    necesario, coordinar previamente las gestiones necesarias, con el
    Departamento de Informática, a efecto de que el personal asignado
    para recibir esta capacitación, cuente con los conocimientos
    solicitados por SEINTEX.

La capacitación fue impartida por Carles Castellet, personero de la firma
SEINTEX, en los laboratorios ubicados en el 5 piso del II Circuito Judicial de
San José y de acuerdo con lo indicado por los informáticos participantes de
dicha capacitación, se contó con una metodología que consistía en que el
                                       43

instructor explicaba la teoría y luego se realizaban prácticas del tema visto.

En relación con el cronogramas, horarios y objetivos de la capacitación,
indicando el temario por sesiones, con el desglose de subtemas a tratar de
manera que el participante tenga claro los temas a abarcar en cada sesión,
así como el detalle del contenido del curso, en el Plan de Capacitación se
indica la duración y se expone en forma resumida el temario por día.

En cuanto a los métodos de evaluación, se indicó que tuvieron un proyecto
final, el cual era práctico y el instructor lo revisó al final con el propósito de
determinar que funcionaba, sin embargo este no tenía una nota específica.
Esta Auditoría considera que debió aplicarse un mecanismo de evaluación
formal para determinar el grado de conocimiento adquirido por los
participantes en esta capacitación y determinar la calidad del curso.

Finalmente, en relación con los requerimientos previos, los participantes
indicaron que no se presentó ningún contratiempo, los laboratorios
estuvieron listos a tiempo, y no hubo problemas durante la ejecución de la
misma. Por lo anterior, se considera que, en general, se cumplió el objetivo
de esta recomendación.

Recomendación N° 5

Velar porque el proceso de capacitación a los usuarios del sistema
que se efectuará en los Tribunales de Heredia, como parte de la
implantación   del   segundo piloto, tome en cuenta las
recomendaciones formuladas en el presente documento.

De acuerdo a lo indicado por el Lic. Luis Jiménez Fallas, encargado de la
coordinación de la implantación en el edificio judicial de Heredia, la
capacitación en dicho circuito, contempló las experiencias vividas en el II
Circuito Judicial de Goicoechea, la cual se llevó a cabo en junio y julio del
2001 en el Auditorio del Circuito Judicial de Heredia, acondicionado con dos
laboratorios de cómputo para efectos de brindar la capacitación. En estos
laboratorios se brindaron aproximadamente 15 cursos a los usuarios del
Sistema de Gestión en Heredia.

Se indicó que la capacitación transcurrió en forma normal, no se presentaron
inconvenientes por disponibilidad de recursos, ya que los laboratorios
estuvieron listos para la fecha indicada.

El Lic. Jiménez Fallas, también manifestó que en febrero de este año, se
había realizado un segundo proceso de capacitación, ya que ingresó mucho
personal nuevo a laborar por lo que se hizo necesario un segundo proceso
de capacitación. En vista de lo anterior, dicha recomendación cumplió su
objetivo.
                                    44

Recomendación N°6

Analizar a la brevedad posible, en coordinación con el Departamento
de Informática, el personal requerido para apoyar el proyecto de
“Mejoramiento de la Gestión de los Despachos Judiciales”, tomando
en cuenta el segundo piloto a implantarse en los Tribunales de
Heredia, a fin de que se determine si la cantidad de los miembros que
constituyen el Grupo Contraparte son suficientes y si cumplen con
los requerimientos técnicos para hacerse cargo del sistema
informático. En caso necesario, tomar las medidas pertinentes e
integrar al personal asignado en la capacitación para el área
informática.

Al respecto cabe indicar que el Lic. Jiménez Fallas señaló que la
implantación del proyecto en Heredia se llevó a cabo con el apoyo del
personal informático de la contraparte técnica del proyecto y del
Departamento de Tecnología de Información y no se reportaron incidencias
negativas a causa de falta de personal.

En agosto del 2000, el Departamento de Tecnología de la Información
asignó 2 profesionales en Informática como apoyo al proyecto. Sin
embargo, según indagaciones de esta Auditoría, no existe un estudio formal
sobre el tema que determine si la contraparte es suficiente y si cumplen con
los requisitos técnicos.

Por lo anterior, se considera que esta recomendación se cumplió
parcialmente, pero en vista de que el Departamento de Tecnología de
Información ya asumió el proyecto es un aspecto que se reformula en este
mismo informe.

                           Recomendación N° 7

      Definir oportunamente en conjunto con el Departamento de
Informática, la estructura informática que brindará el soporte
necesario a la aplicación que desarrolla la firma SEINTEX, con el
propósito de que esta Dependencia se encuentre debidamente
preparada para asumir el Sistema de Gestión de los Despachos
Judiciales, considerando aspectos tales como:

        Coordinar las mejoras a la aplicación y el análisis de nuevos
    requerimientos.
        Documentar los cambios efectuados al sistema.
        Control de versiones.
        Consolidar estándares de trabajo.
        Personal responsable del mantenimiento del sistema.
        Definición de responsabilidades del equipo asignado.
        Coordinar constantemente con el Administrador de Base de
                                       45

    Datos del sistema.
    Sobre este particular, esta Auditoría determinó lo siguiente:

   Con respecto a la definición de la estructura informática requerida
                              por el Sistema:

El proyecto fue asumido en abril de este año por el Departamento de
Tecnología de Información, sin embargo el grupo de profesionales en
informática que han estado trabajando con el proyecto en mención, se
quedaron ubicados físicamente en el II Circuito Judicial de San José.

Cabe señalar que, el Consejo Superior en sesión 27-02 del 23 de abril del
2002, artículo LXIX, aprobó el “Plan de transición del proyecto de
mejoramiento de la Gestión de Despacho Judiciales de la Unidad Ejecutora
del Programa Corte-BID al Departamento de Tecnología de la Información”,
el cual incluye en el apartado No.1 “Organización actual y Recomendada del
equipo de Proyecto de Gestión de Despachos Judiciales”, la conformación
de esta estructura.

      En relación con la coordinación de las mejoras y nuevos
                            requerimientos :

La Licda. Kattia Morales Navarro, Coordinadora de la Unidad Informática del
II Circuito Judicial de San José, indicó que las mejoras al sistema y el
análisis de nuevos requerimientos ya se han iniciado, y que si bien la
capacitación técnica recibida en mayo del 2001 por parte de SEINTEX fue
muy provechosa, no se le dio continuidad debido a que el personal estaba en
otras labores tales como: apoyo a los despachos en donde se implantaba la
aplicación, depuraciones de bases de datos y labores relacionadas con el
Sistema del Data Warehouse para las estadísticas judiciales.

Por lo anterior, indica que están gestionando la ampliación del contrato con
la firma SEINTEX, con el fin de consolidar el proceso de transmisión de
conocimientos y que exista un apoyo constante a los encargados del
mantenimiento de dicho sistema, pues la tecnología con que fue
desarrollado es nueva para el Poder Judicial.

Sobre este particular, la Corte Plena, en sesión Nº 11-2002 del 11 de marzo
de 2002 conoció el oficio N° PJ-BID 162-2.002 del 27 de febrero de 2002,
mediante el cual la Licenciada Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad
Ejecutora del Programa Poder Judicial-BID (UEP), solicita la anuencia para
tener el criterio de la Contraloría General de la República, a fin de realizar la
contratación directa de servicios de consultoría de SEINTEX para la
ampliación del “Sistema Costarricense Gestión de Despachos Judiciales”;
por un monto máximo de $400,000, con presupuesto de dicho Programa.

En virtud de     lo anterior, esta Auditoría realizó un Informe Especial
                                     46

denominado “Evaluación de la propuesta para la contratación de
servicio de asistencia a SEINTEX, para ejecutar mejoras y
mantenimiento al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
Judiciales”, enviado a la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaría
General del Consejo Superior, mediante oficio Nº 564-075-ATI-2002,
fechado el 18 de julio pasado, en el cual se recomienda, entre otras cosas,
realizar un análisis de costo-beneficio de dicha propuesta y analizar la
factibilidad de disminuir el monto de la contratación.
La evaluación de referencia fue conocida               por la Comisión de
Modernización, en reunión del 14 de agosto de 2002, y acordó que la UEP
someta a consideración del Departamento de Tecnología de Información y
la Auditoría Judicial, el documento titulado “Consideraciones sobre
Costo-Efectividad” para la contratación de servicios citados, así como la
oferta correspondiente que presentó SEINTEX.

En atención a dicha solicitud, esta Auditoría remitió el análisis respectivo,
mediante oficio Nº 660-088-ATI-2002, del 28 de agosto de 2002, al Lic. José
Luis Calderón Flores, Director Despacho del Presidente; y por su parte, el
Departamento de Tecnología Información realizó el estudio correspondiente
de las Consideraciones sobre Costo- Efectividad de la contratación con
SEINTEX, los cuales fueron conocidos por la Comisión de Modernización el
29 de agosto pasado, para lo cual se está a la espera de que el
Departamento precitado elabore los términos del tipo de servicio requerido
por la empresa SEINTEX.

 Con respecto a la documentación de los cambios efectuados al
                            sistema:

En entrevista del 6 de setiembre de 2002, con la Licda. Kattia Morales
Navarro y el Lic. Michael Jiménez Ureña, informáticos destacados en el II
Circuito Judicial, explican la forma como se lleva a cabo esta tarea, lo cual
se describe a continuación:

Las necesidades de cambios o modificaciones al sistema por parte de los
usuarios las pueden efectuar de tres maneras: mediante forma verbal, por
correo electrónico o llenando un formulario de solicitud; para lo cual la
Coordinadora de la Unidad Informática de ese Circuito lleva una lista de
las mejoras solicitadas por los usuarios.

Como parte de este proceso, los encargados de brindar el mantenimiento
al sistema llevan una bitácora de las solicitudes hechas por los usuarios y
una lista de mejoras donde se registra el tipo, la descripción, los
asignados, la fecha de inicio y de término de esta solicitud.

Además, estos encargados del sistema se encuentran utilizando el
software “Visual Source Safe” para llevar el control de los cambios que se
van efectuando en el código fuente, dicha herramienta brinda un detalle
                                       47

  muy completo relativo a estos cambios.

  Los entrevistados agregan, que de momento no se han hecho
  modificaciones muy fuertes al sistema, por lo que no ha sido necesario
  actualizar toda la documentación del sistema, que una vez que cambien
  elementos sustantivos como por ejemplo la estructura de las bases de
  datos si será necesario documentar de nuevo.

 En cuanto al control de versiones y consolidación de estándares de
                                trabajo:

  En entrevista realizada el 10 de mayo del 2002 a la Licda. Kattia Morales
  Navarro, señala que la empresa SEINTEX suministró la última versión del
  código fuente a la Unidad Ejecutora del proyecto, el 15 de febrero último
  cuando terminó el período de garantía.

  En relación con el control de versiones del sistema, el 13 de agosto de 2002,
  la Licda. Kattia Morales Navarro, entrega a esta Auditoría el documento
  “Estándar para la Administración de la Configuración del Software”,
  indicando que el mismo se está aplicando en el II Circuito Judicial de San
  José y se encuentra en revisión por el Departamento de Tecnología de
  Información para su implementación. Es importante señalar que en este
  documento se definen los procedimientos para la administración y control de
  versiones de software, herramientas, técnicas y metodologías entre otros
  temas.

   En relación con el Personal responsable del mantenimiento del
   sistema y a la definición de responsabilidades del equipo asignado:

  Según el “Plan de Transición del Proyecto de mejoramiento de la Gestión
  de Despacho Judiciales de la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte- BID al
  Departamento de Tecnología de la Información”; mencionado anteriormente,
  se detallan los perfiles del personal responsable del mantenimiento del
  sistema, además, se indica la organización y las responsabilidades del
  equipo asignado al Sistema de Gestión, conteniendo en el punto No.1.2
  “Funciones asignadas”, el detalle de las principales tareas que desempeña
  dicho equipo.

 En relación con la coordinación constantemente con el Administrador
                      de Base de Datos del sistema:

  Dicho perfil de Administrador de Base de Datos se encuentra incluido como
  parte del equipo del proyecto de Gestión de los Despacho Judiciales, según
  se indica en el documento “Plan de Transición del Proyecto de mejoramiento
  de la Gestión de Despacho Judiciales de la Unidad Ejecutora del Proyecto
  Corte- BID al Departamento de Tecnología de la Información”, en el inciso #7
  del punto No.1.1 “Área de Administración del Sistema”, donde también se
                                    48

incluye el apoyo de un Administrador de Red y dos Administradores del
sistema. De esta manera se busca garantizar para el proyecto una estrecha
coordinación en dichas áreas.

De conformidad con lo señalado, esta recomendación se considera
parcialmente cumplida, por cuanto sigue vigente la formalización e
implementación del documento “Estándar para la Administración de la
Configuración del Software” donde se tratan los temas relacionados con el
control de versiones y los estándares de trabajo.

2.2. Recomendaciones dirigidas al Departamento de Tecnología de
Información

Recomendación N° 8

Mantener el apoyo necesario a la UEP, en relación con el personal
requerido para apoyar el proyecto de “Mejoramiento de la Gestión de
los Despachos Judiciales”, a fin de que la Institución pueda asumir el
mantenimiento del sistema y continuar con la implantación en los
Tribunales de Heredia, máxime que en dicho lugar la implantación
será asumida por funcionarios del Poder Judicial con la asesoría de
la consultora SEINTEX, según lo establecido en el contrato.

La implantación en Heredia inició en junio del 2001, y fue coordinada por el
Lic. Luis Jiménez Fallas, miembro del grupo contraparte del proyecto, quien
indicó que no hubo ningún problema atribuible a falta de personal. Por lo
anterior esta recomendación se cumplió satisfactoriamente.

Recomendación N° 9

Procurar la continuidad del personal de su Departamento, que asistió
a la capacitación técnica para el área de informática brindada por la
Firma Consultora, para aprovechar el conocimiento adquirido para el
proyecto.

El personal que asignó dicho Departamento como apoyo al proyecto se
mantuvo estable a lo largo del desarrollo del mismo y actualmente se
mantiene, por lo que no se han presentado a la fecha inconvenientes
relacionados con esta situación, sin embargo la capacitación técnica
recibida no se aprovechó como se debía, ya que no se le brindó
continuidad a lo aprendido debido a que el personal tenía que atender
otras labores relacionadas propiamente con la implantación en el II Circuito
Judicial de San José.

En relación con esta recomendación la Licda. Navarro Solano en oficio PJ-
BID 407-2002 del 13 de junio del 2002 señala lo siguiente:
                                       49

   “Considero además que no puede afirmarse que no se aprovechó la
   capacitación dada, sino más bien que la amplitud y complejidad del
   programa es tal, que no es posible aun que los técnicos conozcan todas
   las lógicas de los programas.”

   Por su parte, la Licda. Morales Navarro, para esta misma recomendación
   en oficio TI-PGD-158-2002 del 13 de junio del 2002 señala lo siguiente:

   “...surge la necesidad de establecer prioridades con respecto a las labores
   que los miembros del equipo ejecutaran, por lo que vio afectado la
   asimilación práctica del código fuente en aras de mantener funcionales los
   circuitos implantados y ejecutar las siguientes implantaciones.”

   El hecho de que los informáticos capacitados por SEINTEX fueran
   asignados a otras actividades relacionadas con el proyecto, les impidió
   asumir de inmediato el estudio del código fuente que les hubiera ayudado a
   consolidar los conocimientos adquiridos de modo práctico. Sin embargo,
   este personal que participó en dicha capacitación técnica se ha mantenido
   en el proyecto a través del tiempo, razón por la cual se puede dar por
   cumplida la recomendación de referencia.

   Cabe indicar, que este tema también es analizado en el documento
   “Evaluación de la propuesta para la contratación de servicio de
   asistencia a SEINTEX, para ejecutar mejoras y mantenimiento al
   Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales”,
   mencionado anteriormente.

   3. CONCLUSIONES

   De conformidad con los resultados obtenidos se determinó que de las
   recomendaciones aprobadas por el Consejo Superior en relación con el
   informe sobre la “Evaluación de la capacitación técnica dirigida al área
   de informática del Poder Judicial a cargo de la firma española
   SEINTEX” se cumplió a cabalidad el 78% (7) de las recomendaciones y el
   22% (2) se efectuaron parcialmente.

   Recomendaciones cumplidas según lo aprobado por el Consejo
   Superior:

 La conveniencia de contar con un plan de capacitación técnica debidamente
   aprobado por la UEP, se llevó a cabo, por cuanto fue entregado por la
   firma consultora SEINTEX mediante oficio fechado el 6 de abril del 2002,
   previo a iniciar la capacitación respectiva.

 Las dos recomendaciones relacionadas con la necesidad de actuar según el
   contrato, respecto al hito 19: “Plan de capacitación para el área de
   informática”, se cumplieron satisfactoriamente según los entrevistados, al
                                       50

   repetirse el proceso de capacitación técnica a los profesionales en
   informática de la Institución involucrados en el proyecto.

 En cuanto a la necesidad de brindar el proceso de capacitación técnica con
   una metodología, sistemas de evaluación y en un ambiente adecuado, se
   tomaron las sugerencias brindadas por esta Auditoría, aunque faltó
   incorporar una evaluación formal que permitiera determinar el grado de
   conocimiento adquirido por los participantes.

 En relación con la capacitación dirigida a usuarios finales en el circuito de
   Heredia, según las indagaciones de esta Auditoría, se tomaron las
   sugerencias indicadas por este informe, por lo que la capacitación
   transcurrió en forma normal.

 Con respecto al apoyo requerido del Departamento de Tecnología de
   Información a la implantación del proyecto en Heredia se cumplió, según lo
   indicado por el Lic. Luis Jiménez Fallas, Coordinador de la implantación del
   sistema en esa localidad.
 En cuanto a procurar la continuidad del personal del Departamento de
   Tecnología de Información que asistió a la capacitación técnica brindada
   por SEINTEX, el mismo se ha mantenido aunque en algún momento fue
   designado a otras actividades relacionadas con el proyecto.

 En relación con el traslado del Sistema de Gestión al Departamento de
   Tecnología de Información y la coordinación de una serie de aspectos
   relacionados con este proceso, fueron considerados en el “Plan de
   transición del proyecto de mejoramiento de la Gestión de Despacho
   Judiciales de la Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID al Departamento
   de Tecnología de la Información”, el cual fue aprobado por el Consejo
   Superior en sesión 27-02 del 23 de abril del 2002, artículo LXIX.

   Recomendaciones cumplidas parcialmente

 Sobre la cantidad de personas que laboran como contraparte del proyecto y
   su nivel de preparación para estar en ese proyecto y apoyar la
   implantación en Heredia, se determinó que no se presentaron problemas
   por falta de personal, sin embargo según las indagaciones de la Auditoría
   no se ha realizado un estudio formal para determinar si la contraparte
   técnica es suficiente para el mantenimiento requerido por el nuevo
   Sistema.

 En cuanto al control de versiones y estándares de trabajo para el Sistema
   de Gestión, los informáticos del II Circuito Judicial presentaron el
   documento “Estándares para la Administración de la configuración del
   software”, en el cual se detalla la forma de llevar a cabo estas tareas, sin
   embargo dicho documento aún no ha sido aprobado por el Departamento
   de Tecnología de Información.
                                        51

   4. RECOMENDACIONES

   De acuerdo con los resultados y conclusiones obtenidos durante el
   seguimiento al estudio sobre la Evaluación de la capacitación técnica
   brindada por la firma SEINTEX, hito 19, aprobado por el Consejo
   Superior en sesión N° 29-01 celebrada el 17 de abril del 2001, artículo
   XLII, esta Auditoría recomienda lo siguiente:

   Al Departamento de Tecnología de Información

1. Procurar en lo sucesivo, la organización óptima del personal asignado a los
   proyectos contratados externamente, de manera que durante la marcha del
   proyecto también se pueda dar continuidad al estudio del código fuente
   que la empresa va desarrollando, con el fin de que esta tarea no quede
   rezagada para el final del proyecto, cuando ya los usuarios empiezan a
   solicitar mejoras.

   Lo anterior trae como beneficio que la transición del proyecto sea más
   equilibrada y se minimicen los riesgos de realizar nuevos contratos con la
   empresa desarrolladora.

2. Analizar el documento “Estándar para la Administración de la configuración
   del Software”, presentado por los profesionales en informática del II
   Circuito Judicial de San José, a efecto de realizar las modificaciones que
   se consideren pertinentes, y gestionar ante la Administración Superior su
   formalización, con el propósito de que se convierta en la normativa de uso
   obligatorio para la administración de versiones de los Sistemas de
   Información Automatizados del Poder Judicial.

   Al Departamento de Planificación

3. Elaborar un estudio, en coordinación con el Departamento de Tecnología
   de Información, de la distribución de funciones y responsabilidades del
   personal informático que labora para el Sistema de Gestión ubicado en el II
   Circuito Judicial de San José, con el fin de determinar si dicha distribución
   optimiza el recurso humano y establecer la carencia o suficiencia de plazas
   para la adecuada atención al público, mantenimiento del sistema y nuevas
   implantaciones.

   Lo anterior, de conformidad con la recomendación propuesta en la
   “Evaluación de la propuesta para la contratación de servicio de asistencia
   a SEINTEX, para ejecutar mejoras y mantenimiento al Sistema
   Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales”, remitida a la Licda.
   Silvia Navarro Romanini, Secretaría General del Consejo Superior,
   mediante oficio Nº 564-075-ATI-2002, fechado el 18 de julio pasado.

   NOTAS COMPENSATORIAS
                                       52

   De acuerdo con las normas que rigen nuestra función, esta Auditoría
   procedió a dar audiencia a las oficinas relacionadas con el presente
   seguimiento, a fin de que realizaran las observaciones y comentarios sobre
   el contenido del borrador del informe, que estimen convenientes expresar,
   en lo correspondiente a su competencia.
   Mediante oficios 452-65-ATI-2002, 453-66-ATI-2002 y 454-67-ATI-2002,
   todos fechados el 7 de junio de 2002, se envió el borrador de nuestro
   informe de seguimiento de la “Evaluación de la capacitación técnica dirigida
   al área de informática del Poder Judicial a cargo de la firma española
   SEINTEX”, a consulta del MBA. Rafael Ramírez López, Jefe del
   Departamento de Tecnología de Información, Licda. Sonia Navarro Solano,
   Directora de la Unidad Ejecutora Proyecto Corte-BID y Licda. Kattia
   Morales Navarro, Coordinadora de la Unidad Informática del II Circuito
   Judicial de San José.

   Mediante oficio PJ-BID 470-2002, con fecha del 13 de junio de 2002
   suscrito por la Licda. Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder
   Judicial-BID, y por medio del oficio TI-PGD-158-2002, fechado el 13 de
   junio de 2002, la Licda. Kattia Morales Navarro brindaron sus
   observaciones, las cuales en su mayoría fueron considerados en los
   resultados del presente informe de seguimiento. Al respecto, esta
   Auditoría se permite externar los siguientes comentarios:

 En relación con el cumplimiento de la recomendación No.6, relativa al
  personal requerido para el proyecto de “Mejoramiento de la Gestión de los
  Despachos Judiciales” la Licda. Navarro Solano señala lo siguiente:

   “...El documento elaborado para la transición del programa al
   Departamento de Tecnología de Información es una reflexión sobre el
   recurso humano mínimo necesario para este momento; sin perjuicio que
   esto debe ser una labor permanente de acuerdo a las necesidades.”

   Si bien es cierto, este documento de Plan de transición contiene un análisis
   del personal requerido para el proyecto en mención, inclusive en él se
   recomienda mantener el equipo de proyecto de Gestión de los despachos
   judiciales tal y como se encuentra constituido en la actualidad,
   consideramos pertinente mantener nuestra recomendación de analizar en
   coordinación con el Departamento de Planificación, la distribución de
   funciones y responsabilidades de este personal que labora para el Sistema
   de Gestión.

   Lo anterior en razón de que esta distribución de funciones y
   responsabilidades de personal para trabajar en el Sistema de Gestión,
   conlleva un análisis técnico donde se involucre el Departamento de
   Planificación de la Institución, para determinar con mayor exactitud los
   requerimientos de recurso humano para este proyecto.
                                       53

 Con respecto a la recomendación No.7, relativa a la definición de la
  estructura informática que brindará el soporte necesario a la aplicación que
  desarrolla la firma SEINTEX la Licda. Navarro Solano y la Licda. Morales
  Navarro señalan lo siguiente:

   “...me permito indicar que el código fuente del Sistema de Gestión está en
   custodia y es responsabilidad del Departamento de Tecnología de
   Información desde abril del 2002, fecha en que se da la transición del
   proyecto a ese Departamento.”

   Sobre este particular, esta Auditoría considera que de previo a que el
   Departamento de Tecnología de Información asumiera la custodia y
   responsabilidad del código fuente del Sistema de Gestión, se debieron
   definir los aspectos de administración y control de dichos códigos.

   Por tanto, aún queda pendiente de formalizar el documento “Estándar para
   la Administración de la configuración del Software”, presentado por los
   profesionales en informática del II Circuito Judicial de San José, a fin de
   mantener un control formal de versiones, políticas de administración y
   estándares relativos al sistema.

   Por otra parte, mediante el oficio No. 256-I-2002, fechado el 24 de junio de
   2002, el Lic. Marco A. Barboza Roldán, Jefe a.í. del Departamento de
   Tecnología de Información, externó las siguientes observaciones:

   “...me permito comentar que en cuanto a las recomendaciones, éstas son
   compartidas en todos sus extremos y se harán todos los lineamientos
   correspondientes para que sea así.”

   Asimismo, aclara en cuanto al proceso de transición de Sistema de
   Gestión para el Departamento de Tecnología de Información, lo siguiente:

   “Vale la pena agregar que es hasta el 01 de abril de 2002, que se da el
   proceso de transición y el Departamento de Tecnología, asume un rol
   directo sobre la responsabilidad del sistema; por lo que este aspecto será
   prioritario dentro de las labores del personal destacado en estas labores.
   Previo a este día, este Departamento ha estado brindado soporte a la
   plataforma tecnológica requerida, tanto en aspectos de la red de datos,
   como servidores de dominio y de base de datos; lo cual ha demostrado un
   funcionamiento óptimo de los mismos, de ahí en parte los resultados
   obtenidos a la fecha.”

   Sobre este particular, esta Auditoría comparte lo señalado por el Ing.
   Barboza Roldán.”
                                      -0-

  Previo análisis de las diligencias, se acordó: Acoger el anterior informe, así
                                           54

como las recomendaciones que contiene, las que deberán ser cumplidas a la brevedad

por parte de los Despachos involucrados.

      El Departamento de Tecnología de Información y el Departamento de

Planificación tomarán nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XXVI

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 751-003-

CCA-2002 de 4 de octubre en curso, manifestó:

             “De conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo Superior
       en la sesión celebrada el 18 de julio del presente año, artículo XXII, se
       designó a los licenciados Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, Carlos
       Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de esa Dirección y a este
       servidor, para que participáramos el 5 de agosto del año en curso, en el
       “Programa de Difusión del Manual de Normas Generales de Control
       Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y
       Órganos Sujetos a su Fiscalización”, organizado por el Ente Contralor.

            Dicho acuerdo fue el resultado de la invitación que mediante oficio
       Nº 07332 del 3 de julio de este año, hizo la Contraloría General de la
       República. En ese oficio se menciona que:

       “...es necesario que esos tres funcionarios comprendan que
       adquieren un compromiso formal para que, una vez capacitados
       en la normativa de marras, de conformidad con los mecanismos y
       recursos institucionales, desarrollen y presenten, para la
       autorización respectiva, un programa de difusión que abarque, de
       ser posible, a todos los funcionarios de la institución, comenzando
       con lo niveles de jefatura...”

             Se debe mencionar, que el suscrito participó en la actividad
       organizada por la Contraloría General de la República, sin embargo, el
       Lic. Jones León se retiró al finalizar la primera audiencia, ya que fue
       llamado a atender un asunto urgente relativo al proyecto de
       presupuesto para el 2003 y el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, con
       autorización del Lic. Jones León no asistió, dado que debió preparar en
       forma urgente la respuesta de una audiencia final en una apelación de
       una licitación.

            En vista de lo indicado y en razón de la importancia de la
                                    55

normativa de referencia, esta Auditoría realizó algunas gestiones para
dar a conocer los alcances de esa normativa, las que se detallan a
continuación:

        Mediante oficio Nº 484-45-AEE-2002 del 20 de junio de este
    año, dirigido a la Secretaría General del Consejo Superior, se
    informó a ese Consejo con copia a las diferentes oficinas
    administrativas, la publicación del Manual en mención, además se
    destacó algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta por la
    Administración y la importancia de que se organicen actividades de
    sensibilización y capacitación entre los empleados de la institución.

       Aunado a lo anterior, mediante oficio N° 685-066-AEE-2002, de
    fecha 10 de setiembre del presente año, esta Auditoría hizo del
    conocimiento del Consejo Superior la importancia que reviste la
    nueva Ley de Control Interno, publicada en la Gaceta Nº 169 del 04
    de setiembre último, así como el Manual de Control Interno referido,
    para el ejercicio de las labores de todos los funcionarios y servidores
    del Poder Judicial en cada uno de sus ámbitos, por lo cual se
    recomendó que:

“...se divulgue el contenido de la citada normativa, a través de los
distintos medios existentes en la Institución para tales efectos, sea
por medio de una Circular que se publique en el Boletín Judicial o
bien a través de los medios electrónicos que se utilizan en las
distintas oficinas judiciales; lo anterior con el propósito de que
cada funcionario y servidor judicial tenga conocimiento sobre la
obligatoriedad de que su trabajo se realice en común acuerdo con
el marco de control interno que rige las operaciones y labores de
este Poder de la República, ya que las actividades ejecutadas en
cada uno de los despachos judiciales forman parte del engranaje
sobre el que se fundamenta y desarrolla el sistema de control
interno institucional”.

        Cabe agregar que como complemento de lo antes mencionado,
    se está organizando para el 30 de octubre del presente año una
    charla de difusión de estas normas, a cargo de funcionarios de la
    Contraloría General de la República y dirigida especialmente a los
    jerarcas de la Institución.

Es oportuno recordar, que en el artículo 10) de la Ley General y el
punto 1.4 del Manual de Normas Generales de Control Interno, se
indica que la responsabilidad por el diseño, implantación, operación,
evaluación, mejoramiento y perfeccionamiento del Control Interno, es
inherente al jerarca y a los titulares subordinados de cada organización,
                                             56

        por lo que es conveniente que el Consejo Superior designe la entidad
        responsable de continuar con el programa de difusión.

        Cabe indicar que de conformidad con consultas efectuadas por esta
        Auditoría en la Contraloría General de la República y en el Tribunal
        Supremo de Elecciones, sería conveniente contar con una comisión
        conformada por funcionarios de cada una de las áreas de esta
        Institución, con el fin de llevar a cabo las labores descritas en el párrafo
        anterior. Además, en virtud de que el Manual de Normas Generales y la
        Ley General de Control Interno incluyen el tema del Sistema Específico
        de Evaluación del Riesgo, es necesario que la comisión que se integre,
        asesorada por la Auditoría Judicial, sea la encargada de planificar,
        diseñar, implementar y difundir el sistema que se determine.”

                                         --- o0o ---

      También se recibió copia del oficio N° 752-005-CCA-2002 de 4 de este mes, que

el Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, le remitió a la Licda. María de

los Ángeles Guevara Zeledón del Centro de Relaciones de la Contraloría General de la

República, en el cual le comunicó lo siguiente:

             “En atención a su correo electrónico del 24 de setiembre de este
        año, en el que se solicita información relativa a las acciones realizadas
        por el Despacho a mi cargo, para la valoración del riesgo como una
        herramienta en la planificación del trabajo de Auditoría, me permito
        informarle lo siguiente:

        1. En la elaboración del Plan Anual de Trabajo para el año 2002, se
           aplicó una metodología en la que se considera la evaluación del
           riesgo, que en términos generales consistió en identificar los
           diversos estudios y actividades que se planeaban llevar a cabo
           durante el año en mención, de conformidad con las prioridades de
           ejecución definidas en la Matriz de Calificación del Riesgo, producto
           de la aplicación del Modelo para la Fijación del Universo Auditable.

        Para establecer el universo auditable se consideró los estudios
        anteriores realizados por esta Auditoría y otros departamentos, el
        criterio de los auditores y las recomendaciones emitidas por
        funcionarios de las diferentes dependencias del Poder Judicial, tales
        como Magistrados, Directores y Jefes de Departamento.

        Una vez definido el universo auditable, se sometió a la valoración de
        seis factores de riesgo, a saber:
                                  57


     Calidad del control interno.
     Hallazgos y fecha de auditorias anteriores.
     Importancia del servicio para el usuario externo.
     Cambio recientes o programados.
     Sensibilidad de los activos o actividades.
     Tamaño en volumen o valor de las operaciones.

       Posteriormente, se procedió a darle una calificación a cada uno
de los factores antes citados, con el propósito de obtener un puntaje
que sería ubicado en una escala que permitió seleccionar los estudios
de acuerdo a su riesgo; a saber, bajo, medio o alto.
De acuerdo con los recursos humanos y materiales de la Auditoría se
seleccionaron aquellos estudios que presentaron una calificación alta y
algunos otros con calificación media, los cuales fueron incluidos en el
Plan Anual de Trabajo.

2. Pese a los esfuerzos que hemos realizado para preparar un Plan de
   Trabajo de una manera técnica, estamos conscientes de los
   cambios que se presentan en nuestro entorno, tales como la
   promulgación de las nuevas normas de Control Interno y otra
   normativa que afecta el desarrollo de nuestras labores, por lo que
   hemos considerado importante estar constantemente estudiando
   estos cambios.

       Es por lo anterior que en el Plan de Trabajo del 2002 se incluyó
un estudio sobre la metodología de evaluación del riesgo, que como
objetivo general se estableció lo siguiente:

“Conocer las diferentes metodologías sobre evaluación del riesgo que
se utilizan en Instituciones del Estado, con el fin de determinar cuales
aspectos de ellos se pueden aplicar a la Auditoría del Poder Judicial.”

Se debe agregar, que cada una de las cinco secciones de la Auditoría
asignó a un Auditor por espacio de 4 semanas, con la intención de
conformar una Comisión que tendría a cargo la realización de este
estudio.

Con el propósito de cumplir con lo indicado por el Plan aludido, la
Sección de Estudios Especiales del Despacho a mi cargo, inició el
análisis de este tema y presentó para mi conocimiento el informe de la
revisión preliminar del estudio sobre la Metodología de Evaluación del
Riesgo, en el que se incluye información relacionada con la experiencia
que ha acumulado en este tema otras entidades públicas, la normativa
que rige este campo, posibilidades de capacitación y otros aspectos.
                                        58

     Este documento fue trasladado a la Comisión Interna de Capacitación
     de la Auditoria con la finalidad de continuar con las labores y dentro de
     las actividades que ya se encuentran organizadas, se pueden citar:

          Participación del personal de la Auditoría Interna del Poder
         Judicial en una charla organizada por la Auditoría interna y la
         Dirección Administrativa del Tribunal Supremo de Elecciones, el día
         19 de setiembre de este año.

          Para los días 11 y 14 de los corrientes se tiene programado un
         Seminario-Taller sobre Evaluación del Riesgo, con una duración de
         16 horas, impartido por las licenciadas Mayra Zúñiga Arce, Auditora
         Interna de INFOCOOP y Coordinadora del Comité de Desarrollo
         Profesional de la Asociación de Auditores Internos y Sara Porras
         Mora, Funcionaria de la Auditoría Interna del Tribunal Supremo de
         Elecciones.

3.      Es importante mencionar, que con la inclusión del tema de Sistema
     Específico de Valoración del Riesgo dentro de la Ley General y el
     Manual de Normas Generales de Control Interno, es indispensable que
     los jerarcas y la Administración del Poder Judicial realicen las acciones
     pertinentes para que se planifique el modelo a desarrollar. Es por lo
     anterior, que esta Auditoría mediante oficio Nº 751-003-CCA-2002 de
     fecha 4 de octubre del presente año, le recomienda al Consejo Superior
     la creación de una Comisión conformada por funcionarios de los
     diferentes ámbitos del Poder Judicial, que se dediquen a las labores
     que requiere la planificación, diseño, implementación y difusión del
     sistema que se determine.

     El sistema en mención, vendrá a ser una herramienta de gran utilidad
     para que la Auditoría pueda llevar a cabo su labor de una manera más
     eficiente y eficaz, de tal forma que pueda dirigir los recursos humanos y
     materiales hacia aquellas áreas que presenten mayores riesgos.

4.     Como parte de la estrategia desarrollada para obtener el apoyo y
     compromiso de la Administración en el campo que nos ocupa, además
     del oficio citado en el punto anterior, podemos agregar lo siguiente:

          Mediante oficio Nº484-45-AEE-2002 del 20 de junio de este año,
         dirigido a la Secretaría General del Consejo Superior, se informó a
         ese Órgano con copia a las diferentes oficinas administrativas, la
         publicación del Manual de Normas Generales de Control Interno,
         además se destacó algunos aspectos que deben ser tomados en
         cuenta por la Administración y la importancia de que se organicen
         actividades de sensibilización y capacitación entre los empleados de
         la institución.
                                           59


            Con oficio N° 685-066-AEE-2002, de fecha 10 de setiembre del
           presente año, esta Auditoría hizo del conocimiento del Consejo
           Superior la importancia que reviste la nueva Ley General de Control
           Interno, publicada en la Gaceta Nº 169 del 04 de setiembre último,
           así como el Manual de Control Interno referido, para el ejercicio de
           las labores de todos los funcionarios y servidores del Poder Judicial
           en cada uno de sus ámbitos, por lo cual se recomendó que:

       “...se divulgue el contenido de la citada normativa, a través de los
       distintos medios existentes en la Institución para tales efectos, sea por
       medio de una Circular que se publique en el Boletín Judicial o bien a
       través de los medios electrónicos que se utilizan en las distintas oficinas
       judiciales; lo anterior con el propósito de que cada funcionario y
       servidor judicial tenga conocimiento sobre la obligatoriedad de que su
       trabajo se realice en común acuerdo con el marco de control interno
       que rige las operaciones y labores de este Poder de la República, ya
       que las actividades ejecutadas en cada uno de los despachos judiciales
       forman parte del engranaje sobre el que se fundamenta y desarrolla el
       sistema de control interno institucional .”

                 Con el propósito de sensibilizar a los jerarcas de esta
           Institución sobre los temas de referencia, se tiene previsto para el
           30 de octubre de este año, una charla impartida por personal del
           Despacho a su cargo, relacionada con el Manual General de
           Normas y la Ley General de Control Interno.
                 Se está gestionando con el Tribunal Supremo de Elecciones,
           para que funcionarios de esa Entidad, lleven a cabo una charla
           magistral sobre el tema que nos ocupa, y que esté dirigida a los
           funcionarios de los diferentes ámbitos del Poder Judicial y así
           aprovechar estas oportunidades para sensibilizar en este campo.”

                                          -0-

      Por su parte, el Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la

República, en oficio N° CO-310 (12069) de 8 de octubre en curso, cursa invitación a

dos funcionarios del Poder Judicial (preferiblemente el Asesor Jurídico y el Director

Administrativo Financiero o similares, o en su defecto, sus representantes) para que

asistan al Primer Programa de Difusión de las “Normas generales de control interno

para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su
                                          60

fiscalización”, a realizarse el 22 de noviembre próximo de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en las

instalaciones del Centro de Capacitación de esa Contraloría General, quienes

adquirirán los siguientes compromisos:

       “1. Los dos funcionarios participantes, se convertirán en figuras claves
           en los esfuerzos por lograr la conciencia pertinente respecto de la
           necesidad y la utilidad del control en su institución; según esa
           condición, una vez capacitados en la normativa de marras,
           desarrollarán un programa de difusión que abarque, de ser posible,
           a todos los funcionarios de la institución, comenzando con los
           niveles de jefatura, de conformidad con los mecanismos y recursos
           institucionales, y lo presentarán al máximo responsable de ese
           órgano o ente para la autorización respectiva.
       2. El programa de difusión referido deberá elaborarse y presentarse al
           máximo responsable de ese órgano o ente, dentro de los siguientes
           quince días hábiles posteriores a la actividad en la que ahora se
           inscriben. Una vez autorizado el programa, deberá remitir copia del
           acuerdo de autorización a la Contraloría General de la República a
           más tardar quince días después.
       3. El funcionario que designe el responsable de ese órgano o ente,
           deberá informar a la Contraloría General, el resultado de la
           ejecución del programa de difusión una vez finalizado, (cantidad y
           porcentaje de funcionarios abarcados).”

                                          -0-

      Se anexa el respectivo programa de la actividad y la inscripción correspondiente.

      Previa deliberación, se acordó: 1) Tomar nota de las comunicaciones enviadas

por el Auditor Judicial. 2) Agradecer al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor

General de la República, su deferencia por la invitación enviada, a quien se le hace una

atenta instancia para que valore la posibilidad de otorgar un cupo más, a efecto de que

el Lic. Juan Diego Rojas Araya, integrante de este Consejo Superior pueda participar

en la referida actividad. 3) Designar a los Licdos. Carlos Toscano Mora Rodríguez y

Walter Jiménez Sorio, por su orden Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva y Jefe del

Departamento Financiero Contable, para que asistan al Primer Programa de Difusión
                                             61

de las “Normas generales de control interno para la Contraloría General de la República

y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, a realizarse el 22 de noviembre

próximo en las instalaciones del Centro de Capacitación de esa Contraloría General,

para lo cual se les concede permiso con goce de salario. Remítase a los interesados

copia del programa y de la inscripción para los fines consiguientes. 4) Conformar una

Comisión integrada por los Licenciados Juan Diego Rojas Araya (integrante del

Consejo Superior), Carlos Toscano Mora Rodríguez (Asesor Legal de la Dirección

Ejecutiva) y Hugo Esteban Ramos Gutiérrez (Auditor Judicial), la que tendrá a su cargo

el divulgar el contenido de la citada normativa a todos los funcionarios y servidores del

Poder Judicial a través de los distintos medios existentes en la institución para tales

efectos.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

ESCUELA JUDICIAL

                                      ARTÍCULO XXVII

      En sesión celebrada el 19 de setiembre del año en curso, artículo XLV, se

dispuso lo siguiente:

              “El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en
           oficio N° 194-CD/EJ-02 del 13 de setiembre en curso, transcribe el
           acuerdo tomado por el Consejo Directivo de esa Escuela, en sesión N°
           11 celebrada el 12 de este mes, artículo IX, que literalmente dice:
              “La Licda. Priscilla Solano Castillo, Abogada Asistente de la Escuela
           Judicial, en oficio EJ-UJ-415-02 del 10 de setiembre en curso dice:
           “De conformidad con la solicitud planteada por la Licda. Bernardita
           Madrigal, Jefa a.i. del Departamento de Planificación, sobre su interés
           en que la Escuela Judicial realice una capacitación sobre             la
           “Modificación del Código Penal, Ley N° 4573 y sus reformas”, en lo
           que se refiere principalmente a las modificaciones de las
           contravenciones del Libro Tercero del Código Penal. Me permito
           solicitarles respetuosamente que se autorice la realización de un
                                      62

 Seminario dirigido a jueces penales, contravencionales, de ejecución de
 la pena, fiscales, defensores públicos, planificación, O.I.J. y trabajo
 social.
 El seminario se desarrollará en el Colegio de abogados el 18 de
 octubre durante todo el día.
  Algunos de los temas que se desarrollarán serán:
    El papel del departamento de Trabajo social y psicología
    Las penas a imponer
    Los aspectos de tipicidad
    Determinación de procedimientos
    Las multas
    Análisis de jurisprudencia de la Sala Constitucional.
 Los docentes del seminario serán el Dr. Daniel González y el Dr.
 Alfredo Chirino, quienes mezclaran las técnicas de charlas magistrales
 y conversatorios.
 Las reformas tienen importantes repercusiones dentro del Poder
 Judicial y entran a regir en el mes de noviembre de este año. Es por
 ello, que aunque sabemos que en muchos despachos solamente se
 cuenta con un juez penal o contravencional, todos deben de ser
 capacitados adecuadamente y de forma conjunta establecer las líneas
 de resolución de casos.
 En este sentido les solicito que se brinde permiso con goce de salario,
 ayuda económica, y se certifique esta actividad académica.
 Es importante que se disponga quién deberá asumir la disponibilidad
 durante ese día dependiendo de la materia. Sabemos de los
 inconvenientes que esto podría causar, sin embargo el impacto de
 estas reformas dentro del proceso judicial lo amerita y se recomienda
 que sea de asistencia obligatoria.
 La lista de participantes es la siguiente:
         Nombre                              Despacho
Aikman Espinoza Freddy      Juzgado Contr. Y Menor Cuantía de Coto Brus
(...)

 SE ACUERDA: Aprobar la capacitación sobre la “Modificación del
 Código Penal, Ley N°4573 y sus reformas” en lo que se refiere
 principalmente a las modificaciones de las contravenciones del Libro
 Tercero del Código Penal a realizar en el mes de noviembre de este
 año y se autoriza la confección de certificados. Comuníquese al
 Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario y
                                           63

        ayuda económica y se disponga quién deberá asumir la disponibilidad
        durante ese día dependiendo de la materia ya que se recomienda que
        sea de asistencia obligatoria. ACUERDO FIRME.”
                                          --- 0 ---
              Se dispuso: Conceder a los integrantes de la lista anterior
        permiso con goce de salario y sin sustitución, lo cual implica que los
        servidores a los que corresponda atender disponibilidad, deben dar
        prioridad a la atención de sus funciones, y en términos generales que la
        licencia es siempre y cuando no se afecte el buen servicio público ni se
        suspendan los señalamientos programados para esa fecha. También
        se otorga ayuda económica en los casos estrictamente necesarios.
              Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán
        nota para lo de sus cargos.
              Se deja constancia de que el Presidente, Magistrado Mora, de
        conformidad con las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder
        Judicial, concedió permiso con goce de salario al Magistrado González
        para que participe en la actividad de referencia.”
                                          -0-

      La Licda. Alejandra Monge Arias, Directora interina de la Escuela Judicial, en

oficio N° EJ-DIR-431-02 de 7 de octubre en curso, presentó la siguiente solicitud:

        “En adición al acuerdo del Consejo Superior, en sesión N° 70-02
        celebrada el 19 de Setiembre anterior, en la que se autorizó la
        realización de un curso sobre la “Modificación del Código Penal, Ley
        N° 4573 y sus reformas”, en lo que se refiere a las modificaciones de
        las contravenciones del Libro Tercero del Código Penal.
        Respetuosamente les solicito incluir en la lista de participantes a los
        siguientes funcionarios interesados y que también se verán afectados
        por esta reforma.
         Nombre                        Lugar De Trabajo
        Rodrigo Zúñiga Soto            Juzgado Contravencional, Goicoechea
        Victoria E. Miranda Mora       Juzgado Contravencional de Naranjo
        Marlen Solís Porras             Juzgado      Contravencional       de
                                        Guácimo

               Es importante destacar que la movilidad de los jueces, ya sea
        por motivos de vacaciones, incapacidades, nuevos nombramientos,
        etc., es tal, que hemos estado recibiendo infinidad de llamadas y notas
        porque algunas personas que fueron incluidas en la lista original y que
        ya fue aprobada por ustedes, para esa fecha no se encontrarán
        ocupando el cargo de jueces contravencionales, penales o de ejecución
                                          64

        de la pena, esto ha originado que muchos de los jueces a los que urge
        tener capacitados se encuentren ausentes y algunos de los autorizados
        no necesariamente estarán presentes, puesto que ya no ocupan el
        cargo en el que fueron autorizados para participar. Es por esto, que les
        solicitamos autorización para que se otorgue el permiso al funcionario
        que el 18 de octubre ocupe el cargo de juez contravencional, penal o de
        ejecución de la pena y que en razón de sus funciones necesita esta
        capacitación.

        Así mismo, solicito, si así lo tienen a bien, conceder permiso con goce
        de salario para asistir al curso, así como la ayuda económica en los
        casos que se requiera a los funcionarios mencionados, de los cuales
        conocemos que estarán ocupando los cargos respectivos y a los que se
        presenten en la capacitación y cuyos nombres no conocemos por
        causas ajenas de nuestro control.”
                                          -0-

       Se acordó:    Acoger la solicitud anterior conforme ha quedado expuesta y

autorizar la participación del Lic. Zúniga Soto y de las Licdas. Miranda Mora y Solís

Porras, en el curso sobre la “Modificación del Código Penal, Ley N° 4573 y sus

reformas”, en los términos señalados en la sesión de referencia.

       El Despacho de la Presidencia, los Departamentos de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO XXVIII

       En oficio N° 212-CD/EJ-02 de 4 de octubre en curso, el Dr. Alfredo Chirino

Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el día anterior, artículo XI, que

literalmente dice:

        “La Licda. Sonia Méndez González, Profesional en Métodos de
        Enseñanza, en oficio EJ-ACAD-053-02 del 2 de setiembre de 2002
        dice:

        “La Licda. Priscilla Solano Castillo, Abogada Asistente de la Escuela,
        envió al Consejo Directivo el oficio EJ-UJ-419-02 del 9 de setiembre de
                                   65

este año, en el que presenta solicitud del Lic. Minor Mendoza Cascante,
Administrador del Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San
José, para capacitar en Servicio al Cliente y Relaciones Humanas a los
funcionarios de ese Juzgado.

El 13 de setiembre, según oficio Nº 195-CD/EJ-02, sesión Nº 11 del
Consejo Directivo, se acordó no resolver el asunto planteado hasta que
se efectuara la revisión del diseño curricular de la capacitación, por lo
que, muy respetuosamente, me permito informar las actividades
realizadas:

1.     Coordinación con la Sra. Mercedes Quesada, Consultora
facilitadora de la actividad.
2.     Realización de reuniones para la ejecución del cronograma de
tareas por realizar, con el propósito de brindar una capacitación
eficiente y acorde con las normas establecidas en la Escuela Judicial.
3.     Confección y revisión exhaustiva del diseño curricular (plan de
trabajo adjunto), tomando en cuenta que los objetivos de aprendizaje
puedan cumplirse de una manera efectiva.
4.     Supervisión, control y seguimiento de los recursos audiovisuales y
otros materiales didácticos complementarios que utilizará la facilitadora
durante el desarrollo de las estrategias de aprendizaje.
5.     Elaboración del programa de la actividad, valorando la buena
administración del tiempo.
6.     Elaboración de las guías de trabajo.
7.     Revisión de los materiales didácticos por utilizar para los
participantes.
8.     Reproducción de los materiales didácticos de los participantes.

Asimismo, detallo a continuación otros detalles didácticos importantes
de la capacitación:

I.  Se definió que no se trata de un curso, sino de un seminario taller
denominado: “Las relaciones humanas y la atención al usuario”.

II.   JUSTIFICACIÓN

Consideramos que este programa ayudará a concientizar a los
funcionarios en la importancia de su labor, partiendo de su propio
interés y conocimiento personal, los conceptos de autoestima y
proyección, podrán enfocar de una manera profesional la delicada labor
que realiza el equipo de trabajo del Juzgado de Tránsito para con su
nivel interno y el público externo.

Además, es una etapa del cambio estructural y funcional por la cual
atraviesa ese Despacho, y así lograr una mejor utilización de los
                                   66

recursos que se están empleando en el cambio y brindar un servicio
satisfactorio y acorde con las necesidades de los usuarios.

III. OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a los funcionarios del Juzgado de Tránsito del I Circuito
Judicial de San José de la importancia de las buenas relaciones
humanas para la optimización del servicio público.

IV. METODOLOGÍA

Este será un seminario taller participativo. Los discentes tendrán la
oportunidad durante la ejecución de la actividad, de aclarar toda clase
de dudas, evacuar consultas, dar sugerencias, externar inquietudes y
principalmente, se dará la oportunidad de trabajar con un enfoque
constructivista y humanístico, de tal manera que se pueda
retroalimentar de manera constante utilizando situaciones o
experiencias reales que han vivido en su despacho y así crear un
conocimiento significativo.

Para las charlas dialogadas, se utilizará como ayuda audiovisual las
transparencias. Además, el aprendizaje se complementará con
dinámicas participativas, test para el análisis de su personalidad,
videos, trabajos grupales, entre otros.

V.    DISEÑO CURRICULAR (adjunto)

El seminario taller es de participación y tendrá una duración de 8 horas,
tanto para los participantes como para la facilitadota.

VI.   LUGAR: Instalaciones de CAPREVERDE.

VII. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES

Como se mencionó en el oficio que envió la Licda. Solano, con la
finalidad de no afectar el servicio público, se distribuyó el personal del
Juzgado en tres grupos de 20 personas cada uno. Cada grupo se
capacitará un día diferente según la siguiente distribución:
                   Grupo 1: 13 de noviembre
                   Grupo 2: 14 de noviembre
                   Grupo 3: 15 de noviembre

El sábado 16 de noviembre se realizará la clausura de la actividad en
las instalaciones de ANEJUD con todos los participantes. Esta
capacitación no tendrá ningún costo para el Poder Judicial, ya que, la
                                   67

facilitadota donó sus horas profesionales.

El transporte estará a cargo del Administrador del Juzgado de Tránsito,
Lic. Mendoza.

VIII. LISTA DE PARTICIPANTES


                           GRUPO 1

  1. QUIRÓS ABARCA PABLO
  2. JIMENEZ CAMBRONERO GOCONDA
  3. ADANIZ JIMENES ARGERIE
  4. JIMÉNEZ JIRÓN FREDDY
  5. MONTERO UREÑA ALEXANDER
  6. FERNÁNDEZ SABORIO CRISTIAN
  7. HERNÁNDEZ MONTERO RAFAEL
  8. UREÑA BARRIOS RAFAEL
  9. CASTRO CAMPOS HEZEL
  10. VARGAS FALAS ROBERT
  11. CASTRO GARCÍA HENRY
  12. JIMÉNEZ MORA JOSÉ ANTONIO
  13. ORDOÑEZ MUÑOZ BRIAN
  14. HERNÁNDEZ PÉREZ ALLAN
  15. MÉNDEZ MÉNDEZ JOSÉ
  16. UGALDE ARGUEDAS ALLEN
  17. ULATE AGUILAR HENRY
  18. MONGE ROJAS MARÍA ELENA
  19. ALLEM UMAÑA NANCY
  20. RAMÍREZ CHACÓN WILLIAM
  21. BOLANDI SOJO DUGLAS


   GRUPO 2
  1. CAMPOS ZAMORA ORLANDO
  2. LEÓN BALAZAR MARVIN
  3. MUÑOZ LEZCANO ELMER
  4. GÓMEZ PACHECO VILMA
  5. SÁNCHEZ GAMBOA YADIRA
  6. FERNÁNDEZ MARIN MAGALY
  7. GARRO FERNÁNDEZ HEMANN
  8. DE LA O SOLIS HANS
  9. GUTIERREZ CHAVARRÍA JHONY
  10. MONTERO ARAYA MIGUEL
                                  68

 11. SOLORZANO MUÑOS CARLOS
 12. GITIEREZ MONTERO TARIN
 13. ALFARO ALFARO GINA
 14. VINDAS MATAMORROS JAQUELINE
 15. EDWARDS NELSON CELIA
 16. CORDERO CASTILLO ANDREA
 17. CALDERÓN FERNÁNDEZ RICARDO
 18. RUIZ RUIZ KAROL
 19. SÁNCHEZ HIDALGO ROGER
 20. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ FLORITA



                GRUPO 3

 1. MONGE ALFARO EDWIN
 2. MONGE PORTUGUEZ MAGALY
 3. PÉREZ BARRANTES VERA
 4. VALVERDE SOLÍS YENCY
 5. ALVARADO ELIZONDO ELENA
 6. MORA FLORES STEVEN
 7. MENDOZA CASCANTE MINOR
 8. GALLARDO ARBOLEDA MIREYA
 9. ROJAS ÁLVARES NORMAN
 10. CEDEÑO JIMÉNEZ SILVIA
 11. TENCIO ALFARO LIZ MAUREEEN
 12. GUILLEN RODRIGUEZ ILEANA
 13. CAMBRONERO GUTHRIE JESSICA
 14. MORALES SANABRIA JOSÉ MANUEL
 15. BONILLA RESTREPO EUGENIA
 16. CAMPOS HERNANDO CATALINA
 17. HERNÁNDEZ ARGUELLO CRISTIAN
 18. MARTÍNEZ CASTAÑEDA CRISTIAN

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos
propuestos y validar la capacitación, asistiré como observadora de la
actividad el 13 de noviembre, considerando innecesario hacerlo los
otros dos días, ya que, son una réplica del anterior.

Una vez concluida la tarea asignada por el Consejo Directivo, lo insto a
elevar de nuevo la solicitud para que puedan ejecutar la capacitación,
permiso con goce de salario para los participantes distribuidos en los
diferentes grupos y según el día que le corresponda, confección de
certificados de participación para los discentes y certificado académico
                                            69

        para la facilitadora. Todo esto, en el entendido que tendré la
        responsabilidad del control y seguimiento de la actividad.

                                            -0-

        SE ACUERDA: Aprobar el Seminario Taller sobre “Las relaciones
        humanas y la atención al usuario, a realizar los días 13, 14 y 15 de
        noviembre del 2002, se autoriza la confección de certificados de
        participación  para participantes y certificado académico para la
        facilitadora. Comisionar a la Licda. Priscilla Solano Castillo para que
        coordine al respecto. Comuníquese al Consejo Superior para la
        autorización de permiso con goce de salario para los participantes
        siempre y cuando no afecte el buen servicio público. ACUERDO
        FIRME.”
                                       --- o ---

       Se dispuso: Aprobar el anterior acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la

Escuela Judicial y conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

funcionarios y servidores que participarán en el referido seminario taller, distribuidos en

los diferentes grupos y según el día que les corresponda. Lo anterior en el entendido de

que no se afecte el servicio público ni se suspendan debates ni diligencias

programadas para las fechas indicadas.

       La Jefatura Administrativa del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de

San José, la Escuela Judicial y el Departamento de Personal tomarán nota para los

fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXIX

       En oficio N° 214-CD/EJ-02 de 4 de octubre en curso, el Dr. Alfredo Chirino

Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el día anterior, artículo XIII, que

literalmente dice:

               “La Licúa. Kathy Abarca Serrano, Fiscal de la Unidad de
                                   70

Capacitación y Supervisión del Ministerio Público en oficio 625-UCS-
MP-2002 de fecha 16 de setiembre del 2002 dice:

“Reciban un respetuoso saludo. En esta oportunidad me dirijo a
ustedes para hacer de su conocimiento que la Unidad de Capacitación
y Supervisión en pro de mejorar la calidad de la labor cotidiana a la que
se dedican nuestros funcionarios, hemos acordado impartir 3 cursos de
actualización en el transcurso del segundo semestre.

En virtud de lo anterior, se ha diseñado un curso denominado “Análisis
y Valoración de la prueba indiciaria” dirigido a noventa y seis de
nuestros funcionarios, tiene una duración de ocho horas y será
impartido por el Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal Adjunto de la
Unidad de Capacitación, las fechas programadas quedarán de la
siguiente manera: El primer curso será impartido el 06 de noviembre el
segundo el 12 de noviembre y el tercero el 28 de noviembre, los cursos
se impartirán en el aula fiscal ubicada en el edificio de la Plaza de la
Justicia. Cada curso tendrá la participación de treinta y dos fiscales.

En virtud de lo expuesto, respetuosamente se solicita al Consejo
Superior se apruebe la participación de los funcionarios judiciales en la
actividad supra citada. La solicitud se hace en el sentido que se
autorice su participación sin sustitución, con goce de salario y en el
tanto su asistencia no afecte la prestación del buen servicio público.

Como último punto hacemos de su conocimiento que para la
realización de éstos cursos los participantes tendrán el material de
apoyo con dos semanas de anticipación, lo cual les permite desarrollar
con mayor profundidad los contenidos del curso logrando con esto un
mayor aprovechamiento y dando un mejor producto en el desarrollo del
mismo.

Se adjunta diseño curricular conteniendo la información necesaria del
curso descrito, dicho sea de paso el diseño fue revisado y aprobado por
la Licúa. Ana Tristán, así como la lista de funcionarios que asistirán, la
cual queda sujeta a cambios en virtud de cualquier eventualidad que
tuviere algún funcionario de no poder asistir a las actividades por
motivos estrictamente laborales y con previa justificación.

                                   -0-

CURSO: “ANALISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA”
   FACILITADOR: LIC. JORGE CHAVARRÍA.
    COORDINADORA: LICDA. KATHY ABARCA SERRANO
             FECHA: 12 DE NOVIEMBRE, 2002
                                   71



              NOMBRE                             OFICINA

1. Rocío de la O Díaz                Trámite Rápido

2. Sandra Castro Caamaño             Trámite Rápido

3. Magaly Orue Rivera                Trámite Rápido

4. Daniel Sánchez Delgado            Trámite Rápido

5. Zulay Rojas Sánchez               Trámite Rápido

6. Martha Brenes Montenegro          Trámite Rápido

7. Gladys Cortés Arias               Trámite Rápido

8. Johnny Rodríguez Vega             Fiscalía de Narcotráfico

9. Alexandra Morales                 Delitos contra la Vida

10. Andrea Murillo                   Delitos contra la Vida

11. Silvia Carmona Rivas             Económicos

12. Maribelle Bustillo P             Sustracción de Vehículos

13. Franklin Vargas Barquero         Económicos

14. Yara Esquivel Soto               Económicos

15. Carlos Meléndez Sequeira         Económicos

16. Carlos Morales Chinchilla        Económicos

17. Raymond Porter Aguilar           Económicos

18. Greysa Barrientos Núñez          Económicos

19. Graciela Monge Quesada           Heredia

20. José Luis Cambronero Delgado     Pavas

21. Magaly Calderón Cerdas           Puriscal
                                72


22. Fabiola Luna Durán            Hatillo

23. Marco Pochet Meléndez         Desamparados

24. Cristhian Ulate Durán         Desamparados

25. Guiselle Rivera Chacón        Adjunta del III Circuito

26. Karen Alvarado García         Zona Sur

27. Rodrigo Monge Umaña           Penal Juvenil

28. Edgar Barquero Rámirez        Penal Juvenil

29. Lorna Quirós Cantillano       Estafas

30. Gabriela Solano Soto          Estafas

31. Gabriela León Mora            Estafas

32. Rosa Acon Ng                  Estafas

33. Krissia Campos Chacón         Estafas

34. Kathia Fernández              Adjunta del II Circuito SJ

35. Minor Zumbado                 Adjunta del II Circuito SJ

36. Wilberth Montenegro           Adjunta del II Circuito SJ

37. Alicia Salas                  Adjunta del II Circuito SJ


 CURSO: “ANALISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA”
FACILITADOR: LIC. JORGE CHAVARRÍA. LIC. CARLOS MORALES
       COORDINADORA: LICDA. KATHY ABARCA SERRANO
               FECHA: 06 DE NOVIEMBRE, 2002

              NOMBRE                         OFICINA

1. Bernal Rodríguez Víquez        Trámite Rápido

2. Martha Rodríguez Rodríguez     Trámite Rápido

3. Gabriela Retana Zúñiga         Trámite Rápido
                                 73


4. Edith Morera Rodríguez          Trámite Rápido

5. Seydi Peraza Solís              Trámite Rápido

6. Silene Castro Vindas            Delitos contra la Vida

7. Joffrey Salas Fuentes           Sustracción de Vehículos

8. José Pablo Casasola Murillo     Económicos

9. Juan Carlos Carrillo Mora       Económicos

10. Warner Molina Ruiz             Económicos

11. Gloria Rojas                   Pavas

12. Yamileth Ramírez               Pavas

13. Gonzalo Chacón                 Puriscal

14. Natalia Rodríguez              Hatillo

15. Fátima Porras Moya             Desamparados

16. Paula Guido                    Fiscalía General

17. Luis Rodríguez                 Delitos Varios

18. Simón Angulo                   Delitos Varios

19. Flory Chaves Zarate            Penal Juvenil

20. Ericka Chaves Jiménez          Penal Juvenil

21. Adriana Escalante Moncada      Estafas

22. Adrián Molina Elizondo         Estafas

23. Carlos Acuña Varela            Estafas

24. Minor Ortiz Díaz               Estafas

25. Liseth Cavero Araya            Estafas

26. Mauren Sancho González         Estafas
                                 74


27. Francisco Fonseca Ramos        Fiscalía General

28. Shirley Moraga                 Adjunta del II Circuito SJ

29. Edgardo Bonilla                Adjunta del II Circuito SJ

30. Anabeleira Rojas               Adjunta del II Circuito SJ

31. Ana Izabel Chaves              Adjunta del II Circuito SJ


 CURSO: “ANALISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA”
FACILITADOR: LIC. JORGE CHAVARRÍA. LIC. CARLOS MORALES
       COORDINADORA: LICDA. KATHY ABARCA SERRANO
               FECHA: 28 DE NOVIEMBRE, 2002

              NOMBRE                              OFICINA

1. Randall Moya Valverde               Trámite Rápido

2. Tatiana López Monge                 Trámite Rápido

3. Randolpf Ortiz Alvarez              Trámite Rápido

4. Vilma Steward Kely                  Trámite Rápido

5. Alejandra Arce                      Trámite Rápido

6. Roger Solís Corea                   Delitos contra la Vida

7. Marjorie Valenciano                 Delitos contra la Vida

8. Amelia Robinson Molina              Económicos

9. Xinia Torres Alvarado               Pavas

10. Desiré Sandí Murcia                Hatillo

11. Ivette Carranza Cambronero         Desamparados

12. Yineth Portuguez Herrera           Desamparados

13. Willy Escalante                    Delitos Varios

14. Silvia Hernández                   Delitos Varios
                                           75


      15. María Lourdes López Cascante           Penal Juvenil

      16. Hellen Hutner Retana                   Penal Juvenil

      17. Edgar Rodríguez Murillo                Estafas

      18. Hernán Martínez Acevedo                Estafas

      19. Marlene Hidalgo Salas                  Estafas

      20. Yanina Mora Madrigal                   Estafas

      21. Ligia Cerdas                           Adjunta del II Circuito SJ

      22. Hugo Vargas                            Adjunta del II Circuito SJ

      23. Carlos Montero                         Adjunta del II Circuito SJ

      24. Gerardo Pacheco                        Adjunta del II Circuito SJ

                                             -0-
        SE ACUERDA: Aprobar los cursos sobre “Análisis y Valoración de la
        prueba indiciaria” a realizar el 6, 12 y 28 de noviembre de 2002 de 8:00
        a 16:00 horas con una duración de 8 horas cada curso y la confección
        de certificados de participación. Se comisiona a la Licda. Priscilla
        Solano Castillo para que coordine al respecto. Comuníquese al Consejo
        Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin
        sustitución para los participantes siempre y cuando no afecte el buen
        servicio público. ACUERDO FIRME.”

                                         - o0o -

      Se dispuso: Aprobar el anterior acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la

Escuela Judicial y conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

funcionarios que participarán en los cursos sobre “Análisis y Valoración de la prueba

indiciaria”, distribuidos en los diferentes grupos y según el día que les corresponda, los

cuales se realizarán el 6, 12 y 28 de noviembre del año en curso. Lo anterior en el

entendido de que no se afecte el servicio público ni se suspendan debates ni diligencias

programadas para las fechas indicadas.
                                           76

       El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXX

       El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 215-

CD/EJ-02 de 4 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el día anterior, artículo XIV, que

literalmente dice:

        “La Licda. Kathy Abarca Serrano, Fiscal de la Unidad de Capacitación y
        Supervisión del Ministerio Público, en oficio 641-UCS-MP-2002 del 2
        de octubre del año en curso dice:

        “Reciban un respetuoso saludo. En esta oportunidad me dirijo a
        ustedes para hacer de su conocimiento que la Unidad de Capacitación
        y Supervisión en pro de mejorar la calidad de la labor cotidiana a la
        que se dedican nuestros funcionarios, y en virtud de abarcar una
        capacitación global, se ha acordado replicar 7 cursos de actualización
        en el transcurso del segundo semestre.

        En virtud de lo anterior, se ha replicará el curso denominado “Derecho a
        un proceso sin Dilaciones Indebidas” dirigido a todos los funcionarios
        de provincia, tiene una duración de ocho horas y será impartido por el
        Dr. Roberto Bustamante Ampié, Fiscal Adjunto de la Unidad de
        Capacitación, las fechas programadas quedarán de la siguiente
        manera: el 05 de noviembre, 15 de noviembre, 21 de noviembre, 29 de
        noviembre, 03 de diciembre, 17 de diciembre y 19 de diciembre, los
        cursos se impartirán en las siguientes provincias: Puntarenas, Liberia,
        Cartago, San Joaquín, Limón, Zona Sur y San Carlos. Cada curso
        tendrá la participación de veinte funcionarios.

        En virtud de lo expuesto, respetuosamente se solicita al Consejo
        Superior se apruebe la participación de los funcionarios judiciales en la
        actividad supra citada. La solicitud se hace en el sentido que se
        autorice su participación sin sustitución, con goce de salario y en el
        tanto su asistencia no afecte la prestación del buen servicio público.

        Se adjunta diseño curricular conteniendo la información necesaria del
        curso descrito, dicho sea de paso el diseño fue revisado y aprobado por
        la Licda. Ana Tristán. La lista de los participantes se estará aportando
        contra lista, ya que asistirán los funcionarios de cada región.”
                                              -0-
        SE ACUERDA: Aprobar los cursos sobre “Derecho a un proceso sin
                                            77

        Dilaciones Indebidas” a realizar el 5, 15, 21, 29 noviembre, 3, 17, 19 de
        diciembre de 2002 en Puntarenas, Liberia, Cartago, San Joaquín,
        Limón, Zona Sur y San Carlos de 8:00 a 16:00 horas con una duración
        de 8 horas cada curso y la confección de certificados de participación.
        Se comisiona a la Licda. Priscilla Solano Castillo para que coordine al
        respecto. Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de
        permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes
        siempre y cuando no afecte el buen servicio público. ACUERDO
        FIRME.”
                                        --- o0o ---

       Se dispuso: Aprobar el anterior acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la

Escuela Judicial y conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

funcionarios judiciales que participarán en los cursos sobre “Derecho a un proceso sin

Dilaciones Indebidas”, a realizarse los días 5, 15, 21 y 29 de noviembre, 3, 17 y 19 de

diciembre del 2002 en Puntarenas, Liberia, Cartago, San Joaquín, Limón, Zona Sur y

San Carlos. Lo anterior en el entendido de que no se afecte el servicio público ni se

suspendan debates ni diligencias programadas para esas fechas.

       La Escuela Judicial dará a conocer oportunamente a este Consejo Superior las

listas de participantes para los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXXI

       El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 216-

CD/EJ-02 de 4 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el día anterior, artículo XV, que

literalmente dice:

        “La Licda. María de los Angeles Valerio Segura, Fiscal de la Unidad de
        Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, en oficio 642-UCS-
        MP-2002 de 2 de octubre en curso dice:

        “Reciban un respetuoso saludo. Me dirijo a ustedes para hacer de su
        conocimiento que la Unidad de Capacitación y Supervisión en pro de
                                   78

mejorar la calidad de la labor cotidiana a la que se dedican nuestros
funcionarios, hemos acordado impartir 2 cursos en temas relacionados
con el tratamiento de las víctimas de delitos sexuales, los que se
efectuarán en el transcurso del segundo semestre.

En virtud de lo anterior, se ha diseñado el curso denominado
“Abordaje de Ofendidos víctimas de delitos sexuales y menores
involucrados en procesos penales” el que será ofrecido el día 8 de
noviembre de 2002, con una duración de 8 horas, en las instalaciones
del Instituto Tecnológico de Cartago. Tendrá una participación de 30
asistentes y será impartido por el Dr. Jorge González Pinto, Psicólogo
Clínico Forense. El segundo curso está en proceso de revisión por la
Licúa. Ana Tristán y pese a que se había programado para los días 1 y
8 de noviembre se replanteará la fecha a efecto de que sea aprobado
por el Consejo Directivo de la Escuela.

En virtud de lo expuesto, respetuosamente se solicita al Consejo
Superior se apruebe la participación de los funcionarios judiciales en la
actividad supra citada. La petición se hace en el sentido que se
autorice su participación sin sustitución, con goce de salario y en el
tanto su asistencia no afecte la prestación del buen servicio público. La
lista definitiva de los asistentes a dichos cursos se enviará al Consejo
Superior.

Como último punto hacemos de su conocimiento que para la
realización de éstos cursos los participantes tendrán el material de
apoyo con dos semanas de anticipación, lo cual les permite desarrollar
con mayor profundidad los contenidos del curso logrando con esto un
mayor aprovechamiento y dando un mejor producto en el desarrollo del
mismo.

Se adjunta diseño curricular conteniendo la información necesaria de
dicho curso, cuyos diseño fue revisado y aprobado por la Licúa. Ana
Tristán, metodóloga de esa Escuela.”
                                   -0-
SE ACUERDA: Aprobar el curso “Abordaje de Ofendidos víctimas de
delitos sexuales y menores involucrados en procesos penales” a
realizar el 8 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas con una duración de
8 horas y se autoriza la confección de certificados de participación. Se
comisiona a la Licda. Priscilla Solano Castillo para que coordine al
respecto. Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de
permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes
siempre y cuando no afecte el buen servicio público. ACUERDO
FIRME.”
                               --- o0o ---
                                          79

       Se dispuso: Aprobar el anterior acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la

Escuela Judicial y conceder permiso con goce de salario, sin sustitución, a los

asistentes al curso sobre “Abordaje de Ofendidos víctimas de delitos sexuales y

menores involucrados en procesos penales”, a realizarse el 8 de noviembre del año en

curso, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Cartago. Lo anterior en el

entendido de que no se afecte el servicio público ni se suspendan debates ni diligencias

programadas para esa fecha.

       La Escuela Judicial dará a conocer oportunamente a este Consejo Superior el

nombre de los participantes para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO XXXII

       En oficio N° 208-CD/EJ-02 de 3 de octubre en curso, la Licda. Alejandra Monge

Arias, Directora interina de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el

Consejo Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada ese día, artículo V, que

literalmente dice:

        “El señor Gerardo Jiménez Solano, Jefe de la Unidad de Capacitación
        del O.I.J., en oficio EJ-CAP-268-02 del 29 de agosto dice:

        “Participar del Curso Básico de Investigación Criminal, implica aprobar
        a satisfacción los requisitos de previo establecidos, entre ellos, gozar
        de excelente salud y condición física, misma que es certificada por un
        profesional en medicina.

        Los señores Pablo Rojas Arguedas, Alonso Romero Fallas y Norberto
        Sánchez Mattey; todos participantes del XLV Curso Básico de
        Investigación Criminal, presentan viejas lesiones que les impiden
        cumplir con la actividad de acondicionamiento físico; tal información se
        desprende de las notas remitidas por cada uno de ellos al instructor de
        la materia Bach. Víctor Hidalgo García (se adjunta originales).

        A pesar de ser el dicho de ellos, porque tenemos la certeza que fueron
        examinados y avalados por un médico (así consignado por la
                                   80

Secretaría General del O.I.J.), la Escuela Judicial debe tomar las
medidas pertinentes para salvar responsabilidades de cualquier índole.

Por lo anterior, con el debido respeto solicito pronunciamiento al
respecto de la Dirección o el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
                                  -0-
El señor Pablo Rojas Arguedas, en oficio del 22 de agosto del 2002
dice:

“Por este medio me permito saludarle y a la vez le informo que en su
lección de acondicionamiento físico, yo no puedo rendirle el 100%, ya
que me encuentro con un problema estructural en ambas piernas y esto
hace que mis ligamentos permanezcan constantemente inflamados
“Tendinitis”.
Hasta el momento he visitado a un médico que usted ya conoce y
también a un Fisioterapeuta que me ha dado una serie de indicaciones,
las cuales abarcan cierto tiempo y mi recuperación va a ser un poco
lenta; por lo tanto no le rendiré de la manera que yo quisiera.
Cualquier novedad en mi recuperación se la haré saber de inmediato…”
                                      -0-
El señor Alonso Romero Fallas, en oficio del 22 de agosto de 2002
dice:

“Mediante la presente le saludo cordialmente y a la vez hago de su
conocimiento que debido a una dolencia en mis tobillos (esgince
crónico) me es muy difícil dar el cien por ciento en la clase de
acondicionamiento físico.”
                                -0-
El señor Norberto Sánchez Mattey, en oficio del 30 de agosto de 2002
dice:

“Quien suscribe de la manera más respetuosa, me permito solicitarle
que por favor, se sirva interponer sus buenos oficios con el fin de que
justifique mi bajo rendimiento en sus lecciones de acondicionamiento
físico pertenecientes al curso básico de investigación criminal, la razón
se debe a una lesión antigua en mi tobillo izquierdo, el cual al practicar
cualquier tipo de deporte se inflama, provocando un fuerte dolor que
inclusive limita mi buen desempeño dentro de su clase.”
                                   -0-
El Lic. Martín Matamoros Mora, Profesional en Derecho de la Escuela
Judicial, en oficio EJ-CAP-316-2002 del 17 de setiembre dice:

De conformidad con su solicitud verbal, muy respetuosamente me
permito externar mi recomendación en cuanto a la situación que
plantea el señor Gerardo Jiménez Solano, Jefe de la Sección de
Capacitación del OIJ, en su oficio EJ-CAP-268-02 de fecha 29 de
                                   81

agosto de este año.
    Se refiere don Gerardo a tres casos de estudiantes del XLV Curso
Básico de Investigación Criminal, actualmente en ejecución, que
presentan lesiones que les impiden en la actualidad cumplir
satisfactoriamente las exigencias de la materia de Acondicionamiento
Físico que imparte el Instructor Policial señor Víctor Hidalgo García.
   Se trata de los estudiantes Alonso Romero Fallas, Norberto Sánchez
Mattey y Pablo Rojas Arguedas, quienes dirigieron notas al Instructor
Policial Víctor Hidalgo García, manifestando en que consiste su lesión,
como sigue:

Alonso Romero Fallas: “...debido a una dolencia en mis tobillos
(esguince crónico) me es muy difícil dar el cien por ciento en la clase de
acondicionamiento físico...”

Norberto Sánchez Mattey: “...que justifique mi bajo rendimiento en sus
lecciones ... la razón se debe a una lesión antigua en mi tobillo
izquierdo, el cual al practicar cualquier tipo de deporte se inflama,
provocando un fuerte dolor...”

Pablo Rojas Arguedas: “...me encuentro con un problema estructural
en ambas piernas y esto hace que mis ligamentos permanezcan
constantemente inflamados “Tendinitis”...”

   El contenido de esas manifestaciones, induce a creer             que
aparentemente la lesión sufrida por cada estudiante, no ocurrió como
consecuencia del ejercicio realizado durante las lecciones de
Acondicionamiento Físico, sino que podría tratarse de lesiones sufridas
con antelación al ingreso al XLV Curso Básico de Investigación
Criminal, por lo tanto conocidas plenamente por quienes las padecen.

   Sin embargo, por no ser la medicina mi profesión, me parece
conveniente que sea un médico especialista en ese tipo de lesiones
quien emita criterio y que se manifieste en cuanto a si las mismas
imposibilitan o no para el ejercicio del cargo de investigador del
Organismo de Investigación Judicial de forma temporal o permanente y
por qué.

     Al revisar la oferta de servicios que los señores Romero Fallas,
Sánchez Mattey y Rojas Arguedas presentaron en la Sección de
Reclutamiento y Selección del Departamento de Personal del Poder
Judicial encontré que los tres oferentes contestaron negativamente las
preguntas número 24 sobre antecedentes familiares o personales de
enfermedades y número 47 en cuanto a si tenían algún impedimento
físico.
                                                    82

             Por lo tanto, si se ordenara la realización del examen médico que
           sugiero y su resultado indicara que se trata de lesiones antiguas no
           reportadas por los oferentes al momento de llenar la oferta, procedería
           entrar a valorar si esa omisión puede causar nulidad de la oferta de
           conformidad con la indicación que firma en oferente en cada oferta que
           se lee: “Declaro que todos los datos consignados son ciertos, y
           enterado de que cualquier falsedad u omisión hará nula la oferta.”

              En el eventual caso de que alguna oferta sea declarada nula como
           consecuencia de la omisión de información, se produciría la nulidad del
           proceso de selección en el que participa con todos los efectos y
           consecuencias que ello implicaría, incluyendo el cese de su
           nombramiento como investigador, de su participación en el Curso
           Básico de Investigación Criminal y la aplicación de la cláusula Sétima
           del Contrato de Adiestramiento.

              Debido a que situaciones como las que nos ocupa han ocurrido en
           el pasado, me parece que el examen médico que se practica
           actualmente a los oferentes no es el adecuado o está ayuno de otras
           pruebas que permitan detectar lesiones u otras dolencias físicas antes
           de que el aspirante sea convocado para ingresar al Curso Básico de
           Investigación Criminal.

              Sobre esta problemática ya se han venido realizando distintos
           estudios, entre ellas me correspondió colaborar con la Oficina de
           Planes y Operaciones en el año 1998 cuando se trabajó en la
           elaboración del Perfil Psicológico y de Capacitación Judicial 1, por parte
           de los psicólogos Carlos Saborío Valverde y Vanessa Villalobos
           Montero.

              En esa ocasión se sugirió modificar el proceso de reclutamiento y
           selección de investigadores judiciales y en lo que nos interesa se
           propuso como Fase I lo siguiente:

           “Fase I . Oferta de Servicios y Pruebas Físicas. Se pretende que esta
           sea el primer filtro y que cumpla la función de excluir del proceso a
           sujetos que no cumplan con las características físicas adecuadas,
           según lo señalado en el perfil construido. Estas pruebas deber ser
           aplicadas por algún profesional en el campo particular que defina
           parámetros mínimos de ingreso en las distintas sub-pruebas
           requeridas. El oferente que pierda esta prueba podrá inscribirse de
           nuevo tres meses después, luego de haber logrado la condición física



1
    Aprobado en sesión No.12-99 de la Comisión de Enlace Corte-OIJ del 31 de mayo de 1999, artículo II.
                                                   83

           requerida.”2

              También en la Fase IV se sugirió:

           “Fase IV. Pruebas Médicas: en este apartado es importante señalar
           que debe constituirse un perfil médico ideal del investigador judicial.
           Esto sería de gran ayuda durante las otras fases del proceso de
           selección, ya que proporcionaría indicadores de inclusión-exclusión de
           oferentes de acuerdo a las características que incluya dicho perfil. Por
           ejemplo, debe definirse qué tipo de discapacidades, enfermedades o
           padecimientos físicos en general son aceptables o no para un
           investigador. Lo que sí debe ser un requisito fundamental durante el
           proceso es que esta valoración médica se realice antes de que el
           oferente ingrese al Curso Básico, ya que serviría de filtro antes de que
           la institución invierta cantidades significativas de dinero en una persona
           que a la postre tendrá limitaciones serias en el desempeño de sus
           funciones. El Consejo de Selección deberá establecer las
           coordinaciones necesarias con los médicos del Poder Judicial para que
           definan los exámenes de laboratorio y evaluaciones médicas que serán
           requisito para el oferente, así como los responsables de realizarlos.”3

              En ese estudio, se consideró en las características del oferente
           aspectos físicos tales como: resistencia física, agilidad y elasticidad,
           fuerza muscular, agudeza visual y agudeza auditiva.4

               También, la Comisión de Enlace Corte-OIJ acordó en la sesión 14-
           99 del 28 de junio de 1999, artículo VIII solicitar al Departamento de
           Planificación realizar un estudio para
           determinar la cantidad mensual de oferentes que desean ingresar al
           Organismo de Investigación Judicial, con el propósito de gestionar una
           plaza de Médico con especialidad en medicina física.

              Al respecto, el Departamento de Planificación respondió al
           Magistrado Dr. Jorge Rojas Sánchez, Presidente de la Comisión de
           Enlace Corte-OIJ, mediante el oficio 11184-PLA-2000 de fecha 17 de
           agosto de 2000, en el que se adjuntó el informe N°169-DO-2000
           fechado 17 de agosto de 2000.
           El Departamento de Planificación recomendó en esa ocasión lo
           siguiente:

2
  Saborío Valverde, Carlos y Villalobos Montero, Vanessa. Perfil Psicológico y de Capacitación del
Investigador Judicial. Página 43
3
  Saborío Valverde, Carlos y Villalobos Montero, Vanessa. Perfil Psicológico y de Capacitación del
Investigador Judicial. Páginas 50-51.
4
    Idem. Páginas 17-18
                                   84


       1-No crear una plaza de Médico con especialidad en medicina
física y que en su lugar, la Dirección Ejecutiva a través del
Departamento de Proveeduría busque alternativas con diferentes
empresas o personas que ofrezcan el servicio de valoración física con
características similares a la presentada en la Opción N° 3 de este
informe y establecer un convenio que garantice un costo menor en las
pruebas de esfuerzo físico. Que las pruebas de esfuerzo físico sean
aportadas como requisito, por los aspirantes a ocupar el puesto de
Auxiliares de Investigación en el Organismo de Investigación Judicial.

        2-A la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial,
cumplir con lo acordado por el Consejo Superior en el sentido de
fomentar de acuerdo con lo presupuestado, para que los investigadores
policiales puedan asistir a un gimnasio privado, en el entendido que la
Institución cubrirá el 50% del costo que represente su inscripción. A su
vez, se sugiere que se comunique por medio de una circular, a los
investigadores policiales interesados en hacer uso de este beneficio,
con el objetivo de que utilicen los recursos presupuestarios destinados
para estos fines.

       3-Se considere a los Instructores Policiales de la Unidad de
Adiestramiento de la Escuela Judicial, quienes son los encargados de
impartir el curso de adiestramiento físico cuando se realiza el Curso
Básico de Investigación Criminal, a los nuevos Auxiliares de
Investigación.

  Posteriormente, en fecha 11 de marzo de 2002, los licenciado Jorge
Rojas Vargas y Francisco Arroyo Meléndez, en su orden, Director
General del O.I.J. y Jefe del Departamento de Personal del Poder
Judicial, enviaron el oficio DG-0291-02 a la Comisión de Enlace Corte-
OIJ, en el que se refieren a posibles modificaciones al proceso de
reclutamiento y selección de los agentes de investigación , resultado de
varios encuentros en los que participaron funcionarios de la Sección de
Reclutamiento y Selección del Departamento de Personal y de la
Oficina de Planes y Operaciones del OIJ.

   A esos efectos, se propone en dicho oficio establecer seis fases en
el proceso de selección para el cargo de Investigador 1, incluyéndose
como quinta fase una Valoración Médica, Dictamen Clínico y Pruebas
de Esfuerzo Físico.

   Esta fase consiste en pruebas de agilidad, fuerza y tolerancia
muscular, tiempo de reacción visual y auditivo, factores de riesgo
coronario, porcentaje de grasa y determinación de peso ideal, esfuerzo
físico con electrocardiograma, capacidades neuromusculares,
                                    85

exámenes de laboratorio (sangre, heces, orina, colesterol, SIDA).

   El oficio DG-0291-02 mencionado en lo que interesa establece las
siguientes acciones para la implementación del nuevo proceso:

“...2- Solicitar autorización al Consejo Superior para implantar la
prueba denominada Prueba de Esfuerzo Físico a realizar a los
aspirantes al cargo de Investigador y bajo responsabilidad de la
empresa o institución que resulte beneficiada con el proceso de
contratación directa que haya de efectuar el Departamento de
Proveeduría:

3- Que el Consejo Superior autorice al Director del Organismo de
Investigación para que en el presente año 2002, los gastos para
las examinaciones que interesan, sean pagados mediante la
partida N°199 referida a Otros Servicios no personales, del
presupuesto otorgado al OIJ.

4- Que el Consejo Superior ordene al Departamento de
Planificación incorporar una reserva monetaria para el ejercicio
presupuestario del 2003 a efecto de pagar las Pruebas de Esfuerzo
Físico de conformidad con las peticiones que plantee el
Departamento de Personal a partir del año venidero...”

   Al respecto, según me informó la señora Sandra Agüero Monge,
Secretaria de la Comisión de Enlace Corte-OIJ, esa Comisión conoció
el oficio DG-0291-02 en la sesión N°4-2002 de fecha 8 de abril de este
año y dispuso trasladarla al Lic. Juan Diego Rojas Araya, miembro de
ese Consejo, para su estudio e informe, por lo que a la fecha se está a
la espera del informe que debe rendir el Lic. Rojas Araya.

RECOMENDACIONES

Para el caso concreto de los tres estudiantes que actualmente
presentan lesiones que les impiden participar a las lecciones de
Acondicionamiento Físico.

1-          Solicitar al Consejo Superior la autorización correspondiente
     para que sean remitidos a una valoración médica que determine la
     antigüedad de las lesiones y si las mismas producen incapacidad
     temporal (indicando el período de temporalidad) o permanente para
     el desempeño del cargo de investigador judicial, para lo cual el
     médico deberá tomar en consideración la naturaleza y riesgos
     asociados a este puesto.
                                     86

2-         Si se determina que la antigüedad de las lesiones calculada
por el médico es anterior a la entrega de la oferta de servicios en el
Departamento de Personal, debe cuestionarse el por qué no fueron
reportadas por los oferentes al momento de llenar la oferta, y solicitar al
órgano que corresponda, pronunciarse en cuanto a si esa omisión
produce la nulidad de la oferta de conformidad con la indicación que
firma el oferente en cada oferta la cual se lee como sigue: “Declaro
que todos los datos consignados son ciertos, y enterado de que
cualquier falsedad u omisión hará nula la oferta.

3-         Si no se diera el presupuesto anterior, pero la valoración
médica refleja que existe una incapacidad temporal para el desempeño
del cargo, sería necesario considerar la duración de esa incapacidad, a
efecto de decidir sobre la continuación o no del estudiante en el curso
actual o si es procedente suspender su nombramiento como
investigador y convocarlo para una fecha posterior una vez superada la
incapacidad que exhiba, todo ello         dándole audiencia previa y
respetando los derechos del participante.

4-         Si la incapacidad fuera permanente, el estudiante no podría
continuar en el Curso Básico de Investigación Criminal ni en el cargo
interino de investigador, por razones obvias.

   Para prevenir que en el futuro se repitan situaciones similares a las
que se dieron lugar a esta consulta, se pueden adoptar las siguientes
acciones :

1.           Solicitar al Departamento de Personal que revise el tipo de
     examen médico practicado en la actualidad a los oferentes y se
     realicen las modificaciones que sean necesarias, a efecto de
     lesiones como las que sufren en la actualidad tres aspirantes al
     puesto de investigador, puedan detectarse en esta etapa del
     proceso de reclutamiento y selección, no durante la participación en
     el Curso Básico de Investigación Criminal.

2.            Solicitar al Departamento de Personal incluir en la oferta de
     servicios para el cargo de investigador, una pregunta específica y
     concreta en donde el oferente deba contestar si se encuentra en
     condiciones físicas y de salud que le permitan realizar actividades
     físicas fuertes y extenuantes. En caso de contestar negativamente,
     solicitarle que explique el motivo.

3.          Comunicar a la Comisión de Enlace Corte-OIJ, el caso de los
     estudiantes que se han mencionado en este informe, instándole
     respetuosamente para que se pronuncie y resuelva favorablemente
                                   87

    la propuesta de modificación del proceso de reclutamiento y
    selección de investigadores que se detalla en el oficio DG-0291-02,
    remitiéndolo al Consejo Superior para que se pueda establecer
    como requisito en el proceso de reclutamiento y selección, la
    valoración médica , dictamen clínico y las pruebas de esfuerzo
    físico.
                                  -0-
El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, en oficio EJ-DIR-417-2002 del 30 de
setiembre del año remitido al señor Gerardo Jiménez Solano, Jefe de la
Sección de Capacitación del O.I.J. dice:

“El señor Alonso Romero Fallas, estudiante del XLV Curso Básico de
Investigación Criminal, entregó el día de hoy a la señora Odalia
Campos, Secretaria de la Escuela Judicial, copias fotostáticas de la
nota que él dirigió al señor Víctor Hidalgo García, Instructor Policial el
día 25 de setiembre en curso solicitándole el resultado del examen de
atletismo realizado el 23 de este mes y de la nota de respuesta que le
entregara el señor Víctor Hidalgo García, en la misma fecha, en donde
indica que dicho estudiante obtuvo en el examen de rendimiento físico
un total de 20 puntos y que ese examen tiene un valor de 20 puntos.

   Adjunto me permito remitirle copias fotostáticas de ambas notas,
para que se sirva informar a la brevedad posible, si ese resultado
obtenido por el señor Alonso Romero Fallas y que suscribe el señor
Instructor Policial Víctor Hidalgo García, deja sin efecto lo gestionado
por su persona en el oficio EJ-CAP-268-02 de fecha 29 de agosto de
este año, en lo que corresponde a este estudiante.

   No omito manifestarle, que el Consejo Directivo de la Escuela
Judicial conocerá su oficio EJ-CAP-268-02 en la sesión que se
celebrará el próximo 3 de octubre.”
                                   -0-
El señor Gerardo Jiménez Solano, Jefe de la Unidad de Capacitación
del O.I.J., en oficio EJ-CAP-336-02 del 2 de octubre en curso dice:

Me refiero en esta ocasión a su atenta petición, mediante oficio EJ-DIR-
417-2002, recibido el día de hoy.

      Mi gestión, consignada en la nota EJ-CAP-268-02 datada 29 de
agosto del año en curso; se derivó precisamente de los informes
escritos presentados al Bach. Víctor Hidalgo García, instructor de
Acondicionamiento Físico, por los participantes del XLV Curso Básico
de Investigación Criminal, señores Pablo Rojas Arguedas, Alonso
Romero Fallas y Norberto Sánchez Mattey.

     En lo que interesa, transcribo literalmente el informe del señor
                                   88

Romero Fallas “... hago de su conocimiento que debido a una dolencia
en mis tobillos (esgince crónico) sic me es muy difícil dar el cien por
ciento en la clase de acondicionamiento físico ...” el subrayado no es
del original.

     Un esguince es la torcedura de una coyuntura y además crónica,
es decir, habitual, constante y; de pronto dejó de existir. Pregunto,
¿estamos ante una invención con características de patraña o en la
presencia de un milagro?

      La intencionalidad de la nota presentada por el señor Alonso
Romero Fallas la desconozco, sin embargo, directamente generó el
oficio EJ-CAP-268-02.

     Como consecuencia inmediata se debe proseguir con mi gestión y
además averiguar si en su oferta de servicios -bajo declaración jurada-
manifestó el padecimiento incurable que da cuenta en su nota.

      Me permito adjuntar copia del oficio EJ-CAP-335-2002 de 02 de
octubre de este año, suscrita por el Bach. Víctor Hidalgo García,
instructor de Acondicionamiento Físico, comunicándome en qué
consiste la evaluación.”
                                  -0-
El señor Víctor Ml. Hidalgo García, Instructor Policial en oficio EJ-CAP-
335-2002 de fecha 2 de octubre dice:

“La presente tiene por objetivo comunicarle en que consiste la
evaluación efectuada el día 23 de setiembre de los corrientes.
      Primeramente debo indicarle que la evaluación de rendimiento
físico está compuesta por cinco pruebas; la primera de ellas evalúa el
rendimiento aeróbico y consiste en que los alumnos recorran 7 Km
de manera continua con una intensidad que sea soportada por
cada uno de ellos y a su propio ritmo. La segunda y tercer prueba
consisten en evaluar el rendimiento anaeróbico para lo cual se
implementaron pruebas de carrera a velocidad durante 40 segundos, y
la prueba Cooper, finalmente la última evaluación tiene que ver con
fuerza y resistencia, para ello se contabiliza la cantidad de abdominales
y pechadas que se ejecutan durante un minuto.
      Cabe agregar que el rendimiento que se solicita para cada prueba
se hace con base en la edad de cada alumno y no de manera conjunta.
      Respecto al porcentaje de valor de cada prueba le corresponde un
20% del total de 100%, siendo que la evaluación aeróbica recién
hecha tenia un valor de 20% de la nota final. Por lo cual debo indicar
que los alumnos únicamente han sido evaluados en cuanto a su
rendimiento aeróbico y no así en las demás áreas.”
                                           89

                                         -0-
        SE ACUERDA: 1) Trasladar el asunto al Consejo Superior para su
        conocimiento y autorización para que los señores Alonso Romero
        Fallas, Norberto Sánchez Mattey y Pablo Rojas Arguedas, estudiantes
        del XLV Curso Básico de Investigación Criminal, sean remitidos a una
        valoración médica al Departamento de Medicina Legal para determinar
        su condición y estado físico.
        En caso de presentarse casos similares en el futuro informarnos si
        siempre debemos de solicitar su autorización para pasarlos al
        Departamento de Medicina Legal o si podemos contar con ella para
        que sean remitidos por la Escuela Judicial.
        2) Comisionar al Lic. Martín Matamoros Mora, Abogado de la Escuela
        Judicial para que una vez que se cuente con la autorización del
        Consejo Superior informe al Departamento de Medicina Legal al
        respecto. ACUERDO FIRME”.
                                       - o0o -

      Se acordó: Tomar nota de lo resuelto por el Consejo Directivo de la Escuela

Judicial y conceder la autorización solicitada para que a los señores Alonso Romero

Fallas, Norberto Sánchez Mattey y Pablo Rojas Arguedas, estudiantes del XLV Curso

Básico de Investigación Criminal, se les remita a valoración por parte del Departamento

de Medicina Legal a efecto de que determine la antigüedad de las lesiones que aquejan

a dichos estudiantes y si las mismas causan incapacidad temporal (indicando el

período de temporalidad) o permanente para el desempeño del cargo de investigador

judicial, para lo cual se deberá tomar en consideración la naturaleza y riesgos

asociados a ese puesto. Asimismo, se dispuso que de presentarse casos similares en

el futuro deberán solicitar a este Consejo la autorización correspondiente para remitirlos

a valoración médica.

                                   ARTÍCULO XXXIII

      El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° 210-

CD/EJ-02 de 4 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo
                                           90

Directivo de esa Escuela, en sesión celebrada el día anterior, artículo IX, que

literalmente dice:

        “La Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Coordinadora del Programa de
        Auxiliares Judiciales, en oficio EJ-UJ-453-2002 del 2 de octubre dice:

            “Solicito su debida aprobación, para el Acto de Clausura de las
        actividades académicas de la Escuela Judicial del año 2002, informe de
        labores del 2002 por parte de la Dirección y la Graduación de la II y III
        promoción del Programa de Formación a Distancia para Auxiliares
        Judiciales, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre a las 14
        horas en el Auditorio Plaza de la Justicia.
            Además, que se aprueben los correspondientes permisos con goce
        de salario y pago de viáticos, en los casos estrictamente necesarios,
        para los auxiliares judiciales, tutores e invitados con el fin de que
        puedan ausentarse de sus despachos para asistir al acto de
        graduación. Posteriormente remitiré el listado respectivo, dado que en
        este momento estamos en el proceso de confección de la lista
        definitiva.
            Asimismo, recomiendo la contratación del servicio de catering
        Turimar S. A.; como se puede observar en las cotizaciones respectivas,
        fue el que cotizó más bajo y cumple con las exigencias requeridas.

            Se adjuntan copias de las cuatro cotizaciones.
                                           -0-
        SE ACUERDA: Aprobar el Acto de Clausura de las actividades
        académicas de la Escuela Judicial del año 2002, presentación de
        informe de labores del 2002 por parte de la Dirección y la Graduación
        de la II y III promoción del Programa de Formación a Distancia para
        Auxiliares Judiciales, el cual se realizará el 6 de diciembre a las 14
        horas y el gasto por la suma de 400.000,00 para los gastos indicados
        los cuales se cargaran al presupuesto de la Escuela Judicial.
        Comuníquese al Consejo Superior para la autorización del gasto,
        permiso con goce de salario sin sustitución para los auxiliares
        judiciales, tutores e invitados y pago de viáticos en los casos
        estrictamente necesarios. Se adjunta certificación de contenido
        presupuestario. ACUERDO FIRME.”

                                         - o0o -

       Se dispuso: Aprobar el anterior acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la

Escuela Judicial para la realización del Acto de Clausura de las actividades académicas
                                             91

de la Escuela Judicial del año 2002, presentación de informe de labores del 2002 por

parte de la Dirección de esa Escuela y la Graduación de la II y III promoción del

Programa de Formación a Distancia para Auxiliares Judiciales, a realizarse el 6 de

diciembre del año en curso, para lo cual se concede permiso con goce de salario sin

sustitución para los auxiliares judiciales, tutores e invitados que asistirán a esa actividad

y el pago de viáticos en los casos estrictamente necesarios. También se autoriza el

pago de ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones exactos) para los gastos indicados los

cuales se cargaran al presupuesto de la Escuela Judicial. Lo anterior en el entendido

de que oportunamente la Escuela Judicial remitirá la lista de los participantes al citado

evento.

       La Escuela Judicial y el Departamento Financiero Contable tomarán nota para

los fines consiguientes.

                                    ARTÍCULO XXXIV

       Se dispuso comunicar a todos los Jefes de Oficina, mediante circular, que están

en la obligación de autorizar al personal subalterno a su cargo a asistir a los cursos que

son convocados por la Escuela Judicial, y cuyo permiso se concedió por el Consejo

Superior, pues la participación del servidor es obligatoria conforme lo dispone el artículo

31 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial. (Ley N° 6593 de 6 de agosto de 1981,

artículo 31.)

       La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                    ARTÍCULO XXXV

       La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,
                                              92

mediante oficio N° 1204-PLA-2002 del 28 de agosto del año en curso, remite el informe

N° 072-CE-2002 elaborado por la Sección de Control y Evaluación, sobre la evaluación

semestral correspondiente a los Planes de Trabajo del Poder Judicial para el 2002,

estructurado a partir de las nueve áreas del Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-

2005.

        Se adjunta el detalle del avance logrado en el Plan de Trabajo 2002.

        Además, indica doña Marta que copia del referido informe, en lo que

corresponde, se enviará a cada centro de responsabilidad con el fin de que se le dé

seguimiento y se cumpla lo pendiente a más tardar en el próximo mes de diciembre.

        Una vez analizado el informe anterior, se acordó: Tomar nota.

                                   ARTÍCULO XXXVI

        En sesión N° 73-02 celebrada el 1° de octubre en curso, artículos XXXIII y LVII,

se autorizó la creación de una plaza extraordinaria de Auxiliar Judicial 2 para el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí y cinco para el Juzgado Civil de

Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, hasta el

último día laborable del presente año, con el fin de que colaboren en dichos despachos.

        La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en oficio

N° 1443-PLA-2002 de 9 de octubre en curso, transcribe el oficio N° 084-CE-2002 de 9

de octubre en curso, que literalmente dice:

         “En relación con los oficios nº 11965-02 y nº 11972-02, ambos del 2 de
         octubre del 2002, mediante los cuales la Secretaría General de la
         Corte, comunica sobre los acuerdos tomados por el Consejo Superior
         en sesión celebrada el 1º de octubre en curso, en el sentido de crear
         cinco plazas extraordinarias de Auxiliar Judicial 2, en el Juzgado Civil
         de Hacienda de Asuntos Sumarios y una en el Juzgado
         Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí, por lo que resta del año;
                                           93

        con base en el control que ejerce esta Sección sobre la Subpartida 080
        “Servicios Especiales”, mediante el cual se financian las plazas
        extraordinarias, le informo lo siguiente:

        Las cinco plazas de Auxiliar Judicial 2, que se crean para el Juzgado
        Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, laboran en jornada vespertina
        y se abocan al trámite según manifestó el Lic. Roy Díaz Chavarría,
        Profesional 1 de ese Juzgado; conforme los registros que al respecto
        se llevan, hasta la fecha las plazas extraordinarias creadas para
        atender estas tareas en esa jornada son retribuidas como auxiliares
        judiciales 1.

        Por su parte, en relación con el Auxiliar Judicial 2, que se crea para el
        Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Aserrí, cabe señalar que
        la categoría de puestos para este tipo de despachos, hasta la fecha ha
        sido de Auxiliar Judicial 1, lo que fue ratificado por el señor Carlos
        Ortega Rodríguez, Auxiliar Judicial 3B del Juzgado de Aserrí; quién
        señaló que salvo su puesto todo el personal de apoyo son auxiliares
        judiciales 1.
        Por lo antes expuesto, se recomienda modificar ambos acuerdos en el
        sentido que las cinco plazas extraordinarias creadas a partir del 7 de
        octubre en curso hasta el último día laborable de este año en el
        Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios sean de Auxiliar
        Judicial 1, al igual que la plaza creada en el Juzgado Contravencional y
        de Menor Cuantía de Aserrí, creada desde el 1º de octubre de 2002.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Planificación y

modificar lo dispuesto en los artículos XXXIII y LVII de la sesión celebrada el 1° de

octubre en curso, en el sentido de que las plazas extraordinarias asignadas al Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí y al Juzgado Civil de Hacienda de

Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, lo son de Auxiliar Judicial

1 y no de Auxiliar Judicial 2, como se indicó en esa oportunidad.

      Los Departamentos de Personal y Planificación tomarán nota para los fines

consiguientes.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
                                           94

                                  ARTÍCULO XXXVII

       En la sesión celebrada el 23 de abril del año en curso, artículo XXXII, se

reconoció a los Licdos. Fabián A. Gutiérrez Villalobos, Marvin Picado Soto y Edwin

Reyes Odio, Jefe de la Sección de Auditoría Operativa, Sección de Estudios

Económicos y Auditor 2 de la Sección de Estudios Especiales de la Auditoría Judicial,

los porcentajes que por prohibición establece la Ley 5867 del 15 de diciembre de 1975

y su transitorio.

       En atención al acuerdo anterior, las Licdas. Waiman Hin Herrera, Maureen Siles

Mata y el Lic. Francisco Arroyo Meléndez, las dos primeras Jefas interinas de las

Secciones de Salarios y de Planillas, respectivamente, y el último Jefe del

Departamento de Personal, en oficio N° 1292-S-2002 de 30 de agosto del año en

curso, recibido el 7 de octubre en curso, comunican lo siguiente:

        “…nos permitimos remitirle el informe correspondiente al
        reconocimiento del pago por concepto de prohibición, otorgado
        mediante acuerdos del Consejo Superior en Sesión Nº 27-02,
        celebrada el 23 de abril del 2002, artículo XXXII.

        1. Antecedentes:

        1.1 En sesión del Consejo Superior, celebrada el seis de febrero del
            año en curso, artículo LIV, se trasladó para estudio e informe al
            Departamento de Personal, la solicitud realizada por los licenciados
            Fabián Gutiérrez Villalobos, Marvin Picado Soto y Edwin Reyes Odio
            la gestión para que procediera a aplicar correctamente el porcentaje
            de prohibición que en cada caso les corresponde, conforme al
            puesto que desempeñaban en propiedad, así como las diferencias
            que en su criterio se les adeuda desde el mes de enero de 1994.

        1.2 Dicha gestión fue fundamentada en la Ley 5867 del 15 de
           diciembre de 1975, específicamente en el transitorio que indica que
           al personal no profesional se les reconocerán los mismos pluses
           establecidos por ese concepto a los que sí ostentan el título
           profesional, siempre que estén desempeñando cargos que
           requieran el grado académico, todo de conformidad con lo dispuesto
                                    95

   en la reforma que se efectuó a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
   (Capítulo III, artículo 7), que entró en vigencia a partir del 01 de
   enero de 1994, que literalmente dice:

“La Corte Suprema de Justicia, reconocerá los beneficios establecidos
en la Ley Nº 5867, del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, al
personal técnico del Departamento de Auditoría Judicial y a los
Auditores Investigadores del Organismo de Investigación Judicial”.

1.3 El Departamento de Personal, remite a la Sección de Asesoría
   Legal de la Dirección Ejecutiva, el informe solicitado por el Consejo
   Superior, ya que el Asesor Jurídico de dicho despacho, se inhibió de
   conocer el asunto por tener interés directo sobre lo que finalmente
   se decida..

1.4 La jefatura de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
   Ejecutiva, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León,
   Director Ejecutivo, remite el criterio legal Nº 433-DE/AL.2002 del 09
   de abril del año en curso, donde se estimó que los servidores
   Gutiérrez Villalobos, Picado Soto y Reyes Odio se encuentran en las
   mismas condiciones que los Auditores Judiciales a los que se les
   reconocieron los porcentajes establecidos en la Ley señalada.

1.5 El 23 de abril del 2002, el Consejo Superior en sesión Nº 27-02,
   artículo XXXII, acuerda que a partir del 01-01-1994 se les aplique
   correctamente la norma transitoria contenida en la Ley Nº 5867 del
   15 de diciembre de 1975, conocida como la Ley de Prohibición, que
   literalmente dice:

“…Los no profesionales que tengan preparación equivalente y que
ocupen puestos en propiedad enmarcados en el artículo 113 del
Código Tributario, recibirán la misma compensación que los
profesionales, de acuerdo con la escala de salarios establecida en el
artículo 1.”

El artículo 1 de la Ley Nº 5867, literalmente dice:

“… Artículo 1- Se establece la siguiente compensación económica
sobre el salario base de la Escala de Sueldos de la Ley de Salarios de
la Administración Pública, para el personal de la Administración
Tributaria que
se encuentre sujeto, en razón de sus cargos, a la prohibición contenida
en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios;
con excepción de los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo.

a) De un 65% para los profesionales a nivel de licenciatura en el área
                                   96

   específica de actividad,
b) De un 45% para los egresados;
c) De un 30% para quienes hayan aprobado el cuarto año de la
   respectiva carrera; y
d) De un 25% para los que tienen aprobado el tercer año o bien tengan
   una combinación académica equivalente; en todos los casos dentro
   de la disciplina antes citada…”

1.6 Según el acuerdo de cita a continuación se detallan los nombres
   de los servidores de la Auditoría Judicial, a los cuales corresponde
   efectuar los ajustes en el monto de prohibición desde el 01-01-94

                    NOMBRE                             CÉDULA

    Fabián Gutiérrez Villalobos                 01-0575-0738
    Marvin Picado Soto                          06-0126-0802
    Edwin Reyes Odio                            07-0095-0653

3. Procedimiento utilizado para determinar las diferencias a
   cancelar:

   El procedimiento utilizado para el cálculo de las sumas adeudadas
   es el que se detalla a continuación:

3.1 Revisión de la documentación existente, entre los que se
   encuentran los acuerdos del Consejo de Personal, Consejo Superior
   y expedientes personales, con la finalidad de fundamentar los
   alcances del estudio y revisar los datos laborales de cada petente.

3.2 Consulta de los movimientos y acciones de personal de cada uno
   de los actores en el Sistema Integrado de Personal, tales como
   nombramientos interinos, ascensos, permisos con y sin goce de
   salario, reajustes por prohibición, y anuales que permitan establecer
   los períodos correctos sobre los que corresponde el cálculo del
   monto a girar.”

3.3 Elaboración de la hoja de cálculo para cada uno de los Auditores
   Judiciales, en la que se incluyen además del porcentaje de
   prohibición, lo proporcional al salario escolar, aguinaldo, así como la
   aplicación de las deducciones de Ley correspondientes (Fondo
   Jubilaciones del Poder Judicial, Caja Costarricense de Seguro
   Social, Banco Popular y lo concerniente al Impuesto sobre la
   Renta).

4. Resultados:
                                          97


       4.1 Adjunto se remiten los respectivos cuadros de cálculo con los
          montos que deben ser cancelados a cada interesado, para lo cual
          este Departamento mantiene en custodia los documentos de trabajo
          que respaldan dicha información.”

                                         -0-

       Los informes que se adjuntan se resumen en el siguiente cuadro:

                 Nombre                   Cédula         Monto Total a pagar
        Fabián Gutiérrez Villalobos      1-575-738          ¢469.214,27
        Edwin Reyes Odio                 7-095-653          ¢214.404,48
        Marvin Picado Soto               6-126-802          ¢158.398,97
                                         -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe del Departamento de Personal y autorizar

el pago de los montos que le corresponden a los señores Gutiérrez Villalobos, Reyes

Odio y Picado Soto, por el concepto de que se dio cuenta. Remítase al Departamento

Financiero Contable los cuadros de cálculos para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión N° 72-02 celebrada el 26 de setiembre del año en curso, artículo VII,

de previo a resolver lo correspondiente, se solicitó al Departamento de Personal un

informe en el que se indicaran los motivos por los cuales ese despacho no tramitó la

proposición de nombramiento del señor Pablo Víquez Rojas, en sustitución de la

señorita Fanny Quirós Gómez, Auxiliar Judicial 2 en el Juzgado Penal de Cartago, del 2

al 16 de ese mes.

      En atención al acuerdo anterior, la Licda. Waiman Hin Herrera y el Lic. Francisco

Arroyo Meléndez, Jefa interina de la Sección de Salarios y Jefe del Departamento de

Personal, respectivamente, en oficio N° 1399-S-2002 de 7 de octubre en curso,

comunican lo siguiente:
                                           98

                “En atención al oficio Nº 11791-02, del 26 de setiembre anterior y
        recibido en nuestro Departamento el 02 de octubre, en donde se
        solicita informar acerca de los motivos por los cuales no se tramitó la
        proposición de nombramiento del señor Pablo Víques Rojas del 28 de
        agosto al 17 de setiembre del 2002, en sustitución de la señorita Fanny
        Quirós Gómez, nos permitimos indicar lo siguiente:

     En este Departamento no se registra proposición de nombramiento
      para el compañero Víques Rojas, que incluya el periodo solicitado. (del
      28 de agosto al 17 de setiembre)

     El servidor Pablo Víquez Rojas, reporta nombramiento en el mes de
      agosto del 19 al 30 de agosto en el puesto de Notificador 1 del Juzgado
      Contravencional de Paraíso, en sustitución de Rodolfo Chinchilla Moya,
      por vacaciones, dicho nombramiento fue tramitado y cancelado en la
      primera quincena de setiembre.

     Asimismo se le tramitó un nombramiento por el periodo del 02 al 16 de
        setiembre en sustitución de la señorita Fanny Quirós Gómez, por
        vacaciones, el que se canceló en la segunda quincena de setiembre.”
                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe del Departamento de Personal

y hacerlo del conocimiento de la Licda. Lidia Fallas Monge, Jueza Penal de Cartago,

para lo que a bien tenga manifestar.

                                   ARTÍCULO XXXIX

      En sesión N° 63-02, celebrada el 27 de agosto del año en curso, artículo LXXII,

con motivo de los cambios que se están realizando en la estructura organizativa del

Departamento de Personal, -entre otros- se autorizó a los despachos judiciales para

que, en los casos en que sea posible, realicen nombramientos hasta por un período de

seis meses, con el objetivo de disminuir la posibilidad de inconvenientes con el pago de

interinos y ascensos interinos.

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio

N° 718-JP-2002 de 4 de octubre en curso, comunica lo siguiente:
                                            99

        “...a partir del 1° de enero del año 2003, el Poder Judicial asumirá en
        forma total e independiente, la realización de los pagos a nuestros
        empleados.

        Este proyecto forma parte de la consultoría en Recursos Humanos que
        se ha estado desarrollando con la empresa SONDA en conjunto con
        nuestros funcionarios, y que tiene como objetivo final el fortalecimiento
        de esta área estratégica del quehacer institucional.

        En lo que respecta al nuevo sistema de pagos, nos encontramos en
        una de las últimas etapas, que se denomina “PARALELO”, y que
        consiste en incluir toda la información de pago en el sistema actual
        (SIP) y también en el nuevo sistema (SGFH) para realizar las
        comparaciones y determinar si existen diferencias, así como las causas
        de ellas.

        Dentro de esta etapa crítica, se hace imprescindible solicitar su
        colaboración en el siguiente sentido: Tanto la Presidencia de la Corte,
        como las Jefaturas de la Defensa Pública y el Ministerio Público, son
        los órganos que generan la gran mayoría de nombramientos
        profesionales, y que precisamente originan las cadenas de
        nombramientos hacia puestos de inferior categoría salarial. La filosofía
        del nuevo sistema de pago (SGFH) parte de la premisa de que para
        poder incluir un nombramiento de una cadena, debe estar registrado el
        nombramiento de origen, lo que hace altamente dependiente la
        eficiencia de los pagos, de la oportuna comunicación de los
        nombramientos.

        Por la razón expuesta, es necesario que tal y como se ha venido
        haciendo hasta la fecha, se remitan las proposiciones de nombramiento
        en el menor plazo posible, y se realicen las coordinaciones necesarias
        con los servidores responsables de dicho trámite para mantener un
        flujo de información constante. Si durante esta etapa, surge algún tipo
        de inconveniente, mucho le agradecería que la persona encargada del
        trámite se dirija al Jefe de la Sección de Salarios, o bien a éste servidor,
        para atender y resolver lo que corresponda.”

                                           -0-

      Se acordó: Acoger la propuesta del Departamento de Personal contenida en el

informe anterior y reiterar lo dispuesto por este Consejo Superior en la sesión celebrada

el 27 de agosto del año en curso, artículo LXXIII, en cuanto a que se autoriza a los
                                           100

Jefes de Despachos y Oficinas Judiciales para que, en los casos que sea posible,

realicen nombramientos hasta por seis meses, para disminuir la posibilidad de

inconvenientes con el pago de interinos y ascensos interinos, y en especial se hace una

atenta instancia a la Presidencia de la Corte y a las Jefaturas de la Defensa Pública y el

Ministerio Público, que son los órganos que generan la gran mayoría de nombramientos

profesionales y que precisamente originan las cadenas de nombramientos hacia

puestos de inferior categoría salarial, la oportuna comunicación de los nombramientos

para evitar atrasos en los pagos.

      La Secretaría General de la Corte publicará lo anterior mediante nota circular a

las Unidades y Subunidades Administrativas del país y en ese mismo sentido

colaborará el Departamento de Información y Relaciones Públicas.

                                     ARTÍCULO XL

      En sesión N° 60-02 celebrada el 14 de agosto del año en curso, artículo LIV, se

autorizó al Departamento de Personal realizar los cálculos de los montos a favor del

señor Carlos Jinesta Romero, Encargado de Transportes de Magistrados, que le

corresponden por haber laborado jornada adicional de 30 minutos, a partir del 1° de

setiembre de 1981.

      En atención al acuerdo anterior, la Licda. Waiman Hin Herrera y el Lic. Francisco

Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de Salarios y del Departamento de Personal,

respectivamente, con oficio N° 1479-S-2002 de 30 de setiembre último, remiten el

informe sobre los montos que le corresponden al señor Jinesta Romero por el período

comprendido entre el 1° de setiembre de 1981 al 13 de julio de 1992.

      Se acordó: Aprobar el informe anterior y autorizar el pago de los montos que le
                                           101

corresponden al señor Jinesta Romero. El Departamento Financiero Contable tomará

nota para los fines consiguientes, para lo cual se remitirá el informe respectivo.

                                     ARTÍCULO XLI

      El Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio

N° 721-JP-2002 de 4 de octubre en curso, presentó la siguiente solicitud:

         “Como es de su conocimiento, este Departamento tiene entre sus
        múltiples funciones, la atención de las funciones secretariales de los
        Consejos de Personal y de Judicatura. Esta labor demanda la
        elaboración de actas, comunicación y seguimiento de acuerdos, así
        como otras similares.

        Por tal motivo, le solicito formalmente el otorgamiento de dos licencias
        para el uso del software desarrollado por la firma Master Lex, que
        permite la búsqueda de documentos en forma ágil y oportuna. Cada
        vez se hace más necesaria dicha herramienta, ya que además de las
        consultas normales, es frecuente la búsqueda de acuerdos
        relacionados con determinado caso o servidor, lo que implica pérdida
        de tiempo al tener que utilizar el software de windows para revisar actas
        de dos o tres años atrás, lo que a todas luces, resulta ineficiente.

        Una de las licencias sería para utilizarla en el Consejo de la
        Judicatura, y otra para el Consejo de Personal, dada la división del
        trabajo que recae sobre cada una de éstas áreas.”
                                           -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud del Lic. Arroyo Meléndez. El Departamento de

Tecnología de Información tomará nota del presente acuerdo para los fines

consiguientes.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                     ARTÍCULO XLII

      Mediante oficio N° 11501-02 de 20 de setiembre último, la Secretaría General de

la Corte, solicitó a la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina

Legal, informe sobre la solicitud presentada por la Licda. Karen Alvarado García, Fiscal
                                        102

de Corredores, que en lo conducente dice:

       “... a fin de que se nos nombre un PROFESIONAL QUE ASUMA,
       VALORE Y CONFECCIONE LOS DICTAMENES MEDICO LEGALES
       DE LA ZONA.
             Desde el año dos mil, el Doctor Irving Alvarado renunció, era el
       médico oficial de Corredores, por lo que se optó por remitir a las
       víctimas a valoración médica hasta San Vito de Coto Brus; el Doctor
       Mario Arias Valle, Médico Oficial de Coto Brus, renunció, desde el
       primero de setiembre de este año; tampoco Golfito cuenta con este
       servicio, por lo que actualmente no contamos con un médico oficial que
       atienda los casos y aún más preocupante los casos urgentes como las
       violaciones, por ejemplo.-
             Debido a lo anterior las víctimas deben desplazarse hasta
       CARTAGO, lo que demanda un costo elevado, pues deben inclusive
       hospedarse en la meseta Central, incurrir en gastos de pasaje,
       alimentación y hospedaje, si son menores de edad, deben ser
       acompañados por un adulto, lo que duplica el costo, y la mayoría de las
       veces, se debe suministrar ayuda económica por parte de la Unidad
       Administrativa para que asistan a la valoración médica necesaria, hasta
       Cartago, toda vez que esta prueba es indispensable en los casos de
       lesiones, violaciones, etc.
           Aprovecho para hacer de su estimable conocimiento que el
       DOCTOR IRVIN ALVARADO, médico del Hospital de Ciudad Neily, y
       exmédico oficial de Corredores, está anuente a asumir nuevamente el
       nombramiento, si las autoridades correspondientes así lo disponen.
                                        -0-

      En atención a la solicitud anterior, la Dra. Solano Calderón, en su carácter

mencionado, en oficio N° J.D.M.L. 2002-1735 de 7 de octubre en curso, manifestó:

             “En la Zona Sur del país al igual que en otras zonas rurales, el
              Poder Judicial ha destacado médicos oficiales que generalmente
              no son especialistas en alguna rama de la Medicina, y que se
              desempeñan como médicos generales en Centros Asistenciales
              de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud o
              medicina privada asumiendo simultáneamente o en un horario
              diferido la atención de los casos que remiten las Autoridades
              Judiciales.
             Estos médicos pueden rendir “pericias o dictámenes médicos
              generales” a través de la institución donde se desempeñan o por
                               103

    el sistema de honorarios del Poder Judicial.
   Es necesario recordar que las valoraciones médicas de este tipo
    no son realizadas por especialistas en Medicina Legal y por lo
    tanto deberán limitarse al examen de casos sencillos como
    agresiones, accidentes de tránsito sin estado secuelar, y
    dictaminar muertes naturales únicamente.
   Los casos de delitos sexuales, valoraciones de daño corporal,
    privados de libertad, pensiones alimentarias o invalidez, materia
    laboral y muertes violentas deben ser atendidos por médicos
    forenses o sea médicos especialistas en Medicina Legal.
   Además en estos casos debe documentarse la pericia con
    exámenes de laboratorio, estudios radiológicos y con
    interconsultas de especialistas en otras ramas de la Medicina,
    que únicamente se realizan en el Complejo de Ciencias
    Forenses en San Joaquín de Flores o en las Unidades Médico
    Legales de Puntarenas, San Carlos y Cartago; y que requieren
    del traslado del paciente a estas instancias.
   Razón por la cual en el Complejo de Ciencias Forenses se
    cuenta con servicio de Clínica Médico Forense y Patología
    Forense durante 24 horas al día y 365 días al año para la
    atención de delitos sexuales, violencia doméstica, privados de
    libertad, muertes violentas y otros casos que las autoridades
    judiciales consideren prudentes.
   Debo recalcar que en el caso particular el Dr. Irving Alvarado
    Castillo, se retiró de su labor como médico general por
    honorarios para incursionar públicamente en la campaña política,
    identificando su filiación en toda la Zona Sur del país, además
    previo a su retiro debió someterse al Doctor Alvarado a un
    refrescamiento como médico general en Medicina Legal la
    semana del 24 al 28 de abril en San Joaquín de Flores.
   En varias ocasiones he comunicado al Juez Coordinador de la
    Zona Sur en Pérez Zeledón las alternativas a las que puede
    acudir para solucionar la problemática en áreas como la que le
    corresponde servir, sin dejar de expresarle que el Departamento
    de Medicina Legal pondrá al servicio en las Unidades médico
    legales que se encuentran proyectadas al médico especialista
    que se encuentre en su período de especialización de tres años
    en este Complejo siempre y cuando se disponga del personal
    administrativo y las condiciones físicas que se requiere para este
    tipo de valoraciones.”
                               -0-
                                             104

      Una vez analizado el informe anterior, se dispuso:        Devolver las presentes

diligencias a la Dra. Solano Calderón, para que de acuerdo a los convenios que se han

suscrito con la Caja Costarricense de Seguro Social, y otras instituciones

gubernamentales, busque algún otro medio alternativo para dar solución a la situación

expuesta por la Licda. Alvarado García, por cuanto se trata de un servicio que es

indispensable brindar en esa zona.

                                     ARTÍCULO XLIII

      En sesión N° 92-01 celebrada el 14 de noviembre del 2001, artículo LXV, a

solicitud de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial se hizo una

atenta instancia a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a los

Hospitales y Clínicas públicas y privadas, para que de acuerdo a lo que establece el

artículo 15 del Reglamento de Autopsias Hospitalarias y Médico Legal, Ley # 17461-S,

comuniquen a la Sección de Patología Forense, los casos en que obligatoriamente se

debe hacer la autopsia médico legal.

      El Dr. Luis del Valle Carazo, Jefe de la Sección de Patología Forense del

Organismo de Investigación Judicial, en facsímil N° JSPF-1045-2002 de 7 de octubre

en curso, remite la siguiente observación:

             “...En acato a una solicitud del Consejo Superior del Poder
        Judicial, en enero de este año la Caja Costarricense del Seguro Social,
        giró una circular a diferentes hospitales para que se cumpla lo
        estipulado en el artículo 15 del “Reglamento de autopsias Hospitalaria y
        Médico Legal”.
             Esta medida ha tenido enormes repercusiones positivas en cuanto
        al acatamiento de lo que ahí se estipula.
             El inciso N° 10 del artículo 15 de esa ley: “Cadáveres para ser
        inhumados en el extranjero”, es de carácter general y con el
        acatamiento de esta disposición, se están incluyendo casos de
                                         105

        personas fallecidas con causas de muerte natural de interés netamente
        médico.
             Estos casos, que generalmente son de ciudadanos
        Nicaragüenses, que sus causas de muerte son por ejemplo:
        Tuberculosis, cáncer y cirrosis, nos están aumentando la carga de
        autopsias médico legales.
             Como es sabido, nuestra dedicación se debe centrar en los
        casos de trascendencia judicial y estos “nuevos tipos de autopsias”
        están requiriendo de nuestro tiempo y recursos materiales y humanos.
             Nosotros hemos venido atendiendo este tipo de casos pero en
        circunstancias diferentes y es cuando el extranjero muere en sus
        domicilio sin atención médica por lo que si es tributario de autopsia
        médico legal.
              Estos casos hospitalarios son diferentes por cuanto ya tienen una
        atención médica con diagnósticos claros consignados en un expediente
        médico y existe también la posibilidad de que en el hospital se
        practique la autopsia hospitalaria, acorde al artículo 16 de ese mismo
        reglamento.
             Propongo lo siguiente: Que se nos autorice para que de acuerdo a
        lo que se estila normalmente, al consultársenos por parte del hospital
        esos casos y verificar nosotros que son de índole médico y no médico
        Legal, indicarles a los funcionarios del hospital que se recomienda que
        se practique la autopsia hospitalaria porque no tiene trascendencia
        médico legal.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud del Dr. Del Valle, en el tendido que será

responsabilidad del Médico Forense extender la autorización para que, de presentarse

el caso, el Centro Médico u Hospital que corresponda practique la autopsia.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial tomará nota para

los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO XLIV

      El Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación

Judicial, en oficio N° 1150-DG-02 de 7 de octubre en curso, manifestó:

               “Sirva la presente para saludarlo cordialmente; a la vez que
                                  106

procedo a hacer de su conocimiento la situación de pérdida de
confianza en que se ha incurrido con respecto al sistema de cómputo
del Archivo Criminal, por cuanto en algunas oportunidades se ha
detectado que al buscar determinada información de un sujeto, sea
capturas pendientes por ejemplo, la respuesta ha sido negativa, siendo
que al consultarse nuevamente la misma información minutos después,
el resultado arrojado es positivo, esto ha generado que los servidores
deban realizar varias consultas para de alguna manera tener mayor
certeza de la información que suministra el sistema, lo cual es prudente
según las circunstancias descritas; sin embargo, no aminora en forma
alguna la desconfianza con respecto a esta herramienta tecnológica; lo
anterior, aunado a que en algunas oportunidades el tiempo de
respuesta es inaceptable, ya que han existido casos en que el sistema
ha demorado hasta una hora en brindar la información requerida, o
incluso oportunidades en que definitivamente no brinda la información.

       En segundo lugar, es importante rescatar que este sistema, el
cual se desarrolla en ambiente IBM, está a cargo del Departamento de
Tecnología de la Información, única dependencia Institucional que
cuenta con los servidores capacitados para atender sus requerimientos
técnicos. En este sentido, debo indicar que el desarrollo del sistema no
ha recibido la atención adecuada, ya que no se está al tanto de nuevas
necesidades, lo que ha impedido incorporar cierta información adicional
requerida desde 1.998, lo anterior debido a limitaciones de formato
para estos efectos; además, no se han realizado modificaciones
necesarias; por ejemplo, para contemplar el Número Único de
expediente judicial, dato este último que se constituye en primordial
para los despachos judiciales.
       A su vez, este sistema se lleva en un servidor IBM, el cual
también contiene otros correspondientes a oficinas administrativas; no
obstante, se ha contratado una empresa consultora denominada
SONDA, la cual dentro de la gestión que realiza, estará incorporando
los sistemas de las dependencias administrativas en un ambiente
Windows, lo que producirá que paulatinamente el sistema del Archivo
Criminal sea el único que permanezca en ese servidor, esto ameritará
que la empresa IBM continúe realizando el mantenimiento respectivo,
en virtud de un contrato suscrito con anterioridad para esos efectos,
pero en este caso únicamente para atender los requerimientos del
sistema correspondiente al Archivo Criminal. A la vez, es necesario
destacar que se tiene proyectado en un futuro sacar de funcionamiento
ese servidor, y el Departamento de Tecnología de la Información no se
ha pronunciado respecto a qué ocurrirá en ese momento,
argumentando al exponerle los problemas antes indicados que la
atención de estas necesidades no es considerada como prioritaria.
Por tanto, respetuosamente solicito interponer sus buenos oficios con el
                                           107

        propósito de lograr solventar la problemática anteriormente detallada,
        en procura siempre de la excelencia en las funciones de este Poder de
        la República.”
                                         -0-

      Se acordó: Tener por recibida la comunicación anterior.                Solicitar al

Departamento de Tecnología de Información que en el término de 15 días a partir del

recibo del presente acuerdo, rinda un informe a la Dirección Ejecutiva al respecto.

                                    ARTÍCULO XLV

       Se recibió copia del oficio N° 196-CAPT-2002 del 30 de setiembre último,

suscrito por el señor Bolivar Jiménez Castro, Jefe de la Sección de Capturas del

Organismo de Investigación Judicial, respecto al Reporte trimestral de horas extra

laboradas durante los meses de mayo, junio y julio.

      Se acordó:     Tomar nota del informe anterior y comunicar al señor Jiménez

Castro que en los reportes de horas extra debe justificarse la labor que realizó el

servidor que ameritó trabajar en horas fuera de la jornada laboral.

                                    ARTÍCULO XLVI

      El Ing. Jorge Ruiz Ramos, Jefe de Tránsito y Planimetría del Departamento de

Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, en oficio

N° 2002-273-STP de 30 de setiembre último, remitió a la Secretaría General de ese

Organismo el informe de las horas extra laboradas por el personal de ese despacho

durante los meses de julio a setiembre de este año.

      Una vez recibido y analizado el informe, se dispuso:            Tomar nota de la

comunicación anterior.

                                   ARTÍCULO XLVII
                                          108

      El Lic. Mauricio Chacón Hernández, Jefe de la Sección de Pericias Físicas del

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación

Judicial, en oficio N° 2002-273-STP de 30 de setiembre último, remitió a la Secretaría

General de ese Organismo el informe de viáticos correspondiente a los meses de julio,

agosto y setiembre de este año.

      Una vez recibido y analizado el informe, se dispuso:          Tomar nota de la

comunicación anterior.

                                  ARTÍCULO XLVIII

      La Dra. Ileana Monge Gutiérrez, Jefa de la Sección de Psiquiatría y Psicología

Forense del Departamento de Medicina Legal, con oficio N° SPPF-8250-2002 de 1° de

octubre en curso, dirigido a la Secretaría General del Organismo de Investigación

Judicial, remitió el desglose del pago de viáticos correspondiente a los meses de julio,

agosto y setiembre del año en curso.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

ASUNTOS VARIOS

                                   ARTÍCULO XLIX

      La Licda. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para

el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en oficio N° 437-CNMAJ-02 de 3 de

octubre en curso, solicita autorización para que del presupuesto asignado a esa

Comisión para el año 2002, se realice la siguiente erogación:

 Subpartida                        Actividad                         Monto
290             Refrigerio para invitados a la presentación de     ¢80.000.00
                la “Constitución Infantil: Así como la
                entendemos
290             Refrigerio para participantes en talleres sobre    ¢30.000.00
                                          109

                Proyecto de Código Penal a realizarse en el
                C.A.I. La Reforma

                                          -0-

      Asimismo acompaña certificación extendida por el Departamento Financiero

Contable que indica que existe contenido presupuestario para hacerle frente a la

erogación comentada.

      Se dispuso: Autorizar el gasto por las erogaciones que se han citado, con cargo

a la subpartida 290 del presupuesto asignado a la CONAMAJ.

                                     ARTÍCULO L

      El Lic. Gerardo Calero Miranda, Juez del Juzgado de Tránsito del Segundo

Circuito Judicial de San José, en nota de 4 de octubre en curso, rinde informe respecto

a la labor desarrollada por él durante los meses de julio, agosto y setiembre del año en

curso, que en lo conducente dice:

       “...Se me asignó la función de Juez Tramitador, por lo que me
       correspondía:
       -   Revisión y trámite de los expedientes.
       -   Levantamiento y anotación de gravámenes (revisar y firmar)
       -   Comunicación de Multas fijas
       -   Devolución de placas ó vehículos
       -   Firma de apelaciones y declaraciones
       -   Juez Conciliador
       -   Juramentar interpretes en declaraciones de extranjeros
       -   Firmar Ejecutorias
       -   Revisar expedientes en bodega como colaboración con el Juez de
           Bodega
       -   Homologaciones y sentencias por sobreseimiento (Extinción de la
           acción penal)
       -   Resolver incidentes de nulidad y también revocatorias
                                   110

-   Inspecciones judiciales de vehículos para sustitución de garantía
-   Firmar cancelaciones de gravámenes
-   Firmar los señalamientos a juicios
-   Evacuar consultas de los usuarios en forma personal y por teléfono
-   Firmar boletas de cancelación de multas
-   Y en dos ocasiones hacer juicios orales y dos fallos de escritorios.
-   Hacerle el movimiento de cada expediente conforme corresponda
    (Trámite, espera de trámite, notificación, correo, etc.)
-   Firma de multas fijas, archivo, incompetencia e impersonales.
Desde el mes de setiembre por encargo y confianza del señor Juez
Coordinador, se me asignó además el control de la bodega, en cuanto
a coordinar con la señorita Guisella Sánchez, encargada de esa área,
depurar, inventariar y controlar las salidas de los expedientes y ordenar
el trabajo con los once auxiliares encargado del trámite, por medio de
asignación de las casillas que mayor prioridad hay que dedicarle para el
trámite. Esto último mediante reportes individuales con el número de
expediente específico y la cantidad que se entrega para observar el
comportamiento de que los mismos regresen debidamente tramitados,
sin que se queden esperando en los escritorios de los tramitadores.
Este trabajo interno, ha permitido que se incremente la planificación de
los expedientes no al azar sino necesarios en las áreas que lo
requieran, para que no prescriban y aquellos que tenían tiempo
esperando se les hiciera el trámite. Se ha visto crecer y decrecer, la
casilla de trámite urgente, por lo expedito de la resolución de los
mismos como corresponde. La casilla de resolver escrito también casi
diariamente se vacía al dársele prioridad y celeridad a los pedimentos
de las partes. Preparar expedientes para fallar y para señalar en
agenda, lo cual se coordina con uno de los jueces decisores para que
no se acumulen en la bodega sino que se le de el despacho ágil y
expedito, lo cual ha llevado a señalar a la fecha, el mes de Enero del
2003.
ESPECÍFICAMENTE:
En el mes de JULIO, se tuvieron 13 conciliaciones. 29 devoluciones de
placas, 34, entrega de vehículos, 1383 firmas de gravámenes y
levantamientos a Registro Público y 76 firmas de mandamiento al
Consejo de Seguridad Vial. Se revisan un aproximado durante el mes,
de dos mil expedientes. Entre 20 a 30 expedientes nuevos para firmar
auto inicial y anotación de gravámenes, así como asignarle trámite a
cada uno de ellos. Y las consultas normales. Se realizó un juicio oral y
público correspondiente al Lic. Gustavo Alvarado Sánchez, quien en su
primer día se retraso a su llegada y las partes se encontraban
                                  111

esperando. Ello con autorización del Juez Coordinador. Y 26
sobreseimientos. (Sin juicio, según el sistema).
En el mes de AGOSTO se tuvieron, 1 juicio oral y público al licenciado
José Alberto Zúñiga, quien por problemas de paso vehicular ante la
huelga de personas en contra de RTV. Lo anterior con conocimiento y
autorización del Juez Coordinador, 2 sentencias sin juicio, 46
conciliaciones. Se firmaron 47 sentencias de multas fijas. Se firmaron
55 devoluciones de placas, 30 entrega de vehículos 467 levantamientos
al Registro Público y 557 mandamientos al Consejo de Seguridad Vial.
Con respecto a lo relacionado con trámite de expediente, lo fue en un
total de mil quinientos treinta expedientes en el mes. Además de nuevo
trámite, en veinte o treinta expedientes diarios.
En el mes de SETIEMBRE, no se realizó juicio alguno. Se atendieron
más de 1450 expedientes para revisar y tramitar durante el mes, así
como levantamientos y devoluciones de vehículos y placas. Por último
se firmaron cancelación de gravámenes y comunicaciones de multas y
la firma de los autos inicios y anotación de gravámenes de asuntos
nuevos en un aproximado de veinte expedientes diarios, aunque hubo
dos semanas aproximadamente que no se pasaron nuevos. SE
realizaron homologaciones y sus respectivas conciliaciones, así como
los fallos de extinción de la acción penal. Sobre los números y
cantidades de expedientes de estos rubros al finalizar el mes no se
tenían datos exactos, pero que no disminuían en relación a los meses
anteriores. Por último las consultas personales a los usuarios y
abogados, así como telefónicas. En el mes de Setiembre se me
encargó el trabajo del control e inventario de la bodega, para estimar en
el momento oportuno las áreas que requieren de inmediata labor del
despacho, como lo son resolver escritos, trámite o trámite urgente,
luego del cual estaba la prioridad de las casillas de espera de trámite y
comunicación de multas. Ello en coordinación con el Administrador y
el Juez Coordinador, Lic. Franz Korte Núñez y con conocimiento de
causa de los señores miembros del Consejo de Jueces, quienes han
apoyado la iniciativa y cualquier medida atinente al mejor desarrollo y
desenvolvimiento de la oficina en beneficio del usuario, siempre con la
comprensión y el apoyo del personal de apoyo.
No dejo de manifestar el terreno fértil en esta oficina que me ha
permitido aportar el grano de arena para que las cosas camine a
buenos pasos para que los compañeros Jueces y el personal, tengan
un equipo de trabajo acogedor y entusiasta, con el mayor respeto y
consideración a las ideas propias y de todos con el mismo norte y
objetivo.
Sin más que agregar, y agradeciendo la oportunidad en trabajar para el
Poder Judicial, esperando finalizar mi último trimestre en la Plaza
Extraordinaria, si un nuevo nombramiento o continuidad en la misma
                                           112

        plaza lo cambie, es que me suscribo de ustedes con la mayor
        consideración y respeto, y estoy a sus ordenes para cualquier
        aclaración a esta nota.”
                                      -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe rendido por el Lic. Calero Miranda.

                                      ARTÍCULO LI

      En sesión N° 50-02 celebrada el 11 de julio del año en curso, artículo LX, se

acogió el informe elaborado por la Unidad de Atención Psicosocial del Servicio Médico

para Empleados sobre el estado de salud de los servidores del Primer Circuito Judicial

de Alajuela, que a continuación se transcribe:

               “La solicitud referida contemplaría la dedicación de al menos dos
            profesionales de la Unidad de Atención Psicosocial durante un
            tiempo no menor de seis meses, superando el definido para la
            atención de otras oficinas, dado el tipo de abordaje y de empleados
            de ese circuito y su periferia (357 personas aproximadamente).
              Esto implicaría cambios en la organización interna de la Unidad
            de Atención Psicosocial en tanto las demás profesionales se verían
            recargadas de solicitudes de las oficinas del resto del país.
               En consecuencia, el tratamiento de estas oficinas se postergaría
            con el riesgo para la salud y el ambiente laboral de los empleados
            judiciales.
               El modelo actual de organización de la Unidad de Atención
            Psicosocial para la prestación de sus servicios ha mostrado ser, a la
            fecha, el más adecuado en términos de celeridad y cobertura en lo
            individual y grupal a nivel nacional en diagnóstico y tratamiento. Al
            presente se están atendiendo 14 oficinas, algunas remitidas con
            carácter de urgencia, lo que significa que en total 222 empleados
            son atendidos en esta unidad. Es importante indicar que se
            encuentran pendientes cinco oficinas, correspondiendo a un total de
            126 empleados en espera de recibir tratamiento.
               La atención psicológica con el modelo de intervención en crisis
            es brindada a 31 servidores remitidos por los médicos de empresa
            del país (hasta el 29 de mayo del 2002).
              Asimismo, con respecto al Área de Trabajo Social, en el I
            semestre del año se verán beneficiados aproximadamente 30
            participantes con el proyecto “Preparación para la jubilación” dirigida
                                            113

            a personal del I y II Circuito Judicial de San José y la periferia. En el
            II semestre un total de 350 empleados judiciales participarán en el
            proyecto “Estableciendo Relaciones Positivas” en el Edificio de
            Tribunales de Justicia en San José.
               En criterio de las suscritas una solicitud como la planteada es
            muy válida por el abordaje integral para la salud de los empleados.
            El ideal sería extender ese abordaje a todos los circuitos judiciales
            mediante la conformación de equipos integrados por diversas
            disciplinas: medicina, salud ocupacional, psicología, trabajo social,
            administración. Sin embargo, en este momento, su ejecución
            implicaría la concentración de profesionales en un área específica
            con la consiguiente desatención de otras zonas del país con
            necesidades igualmente válidas.
              Es también nuestro criterio que, por los recursos humanos
            disponibles, lo pertinente es continuar ofreciendo los servicios
            profesionales en todo el país atendiendo las prioridades que ha
            dispuesto el Consejo Superior.”

                                            -0-

      Asimismo se dispuso hacer del conocimiento del Lic. Luis Chang, Presidente del

Consejo     de   Administración   del Circuito     Judicial de   Alajuela,   las   anteriores

recomendaciones.

      El Lic. Ronald Vargas Bolaños, Secretario del Consejo de Administración del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, en oficio N° 49-CAICAJA-02 de 7 de octubre en

curso, en relación con el acuerdo anterior, transcribe el acuerdo tomado en la sesión

del 2 de octubre en curso, artículo IV, que literalmente dice:

        “Inciso 2: Insistir ante el Consejo Superior sobre el estudio solicitado
        ello por cuanto se considera una situación de atención impostergable,
        pues ni siquiera se nos da una idea de cuando se podrá realizar.”

                                            -0-

      Se acordó: Tomar nota del acuerdo anterior e instar a la Unidad de Atención

Psicosocial a realizar el estudio de referencia.
                                             114

                                       ARTÍCULO LII

      En sesión 59-02 celebrada el 13 de agosto del año en curso, artículo LIV, se

solicitó entre otros puntos, al Archivo y Registro Judicial alguna propuesta de solución

para el remesado de expedientes del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Nicoya.

      En atención al acuerdo anterior, el Lic. Álvaro Baudrit Barquero, Subjefe del

Registro y Archivos Judiciales, en oficio N° 23-AB-2002 de 4 de octubre en curso,

informa que en conversaciones, tanto personal como telefónicamente, con la Licda.

Brenda Caridad Vargas, Jueza del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Nicoya, logró el compromiso de que el personal de ese despacho realice el proceso de

remesado y digitación de los expedientes del período 1990 a 1998, labor que iniciarán

en la primera semana de octubre en curso; y que sería supervisada por servidores de

su Despacho; una vez concluida, procederán a remitir las remesas al Archivo Judicial

en San Pablo de Heredia.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y hacerlo del conocimiento de Jueza

Contravencional y de Menor Cuantía de Nicoya.

                                       ARTÍCULO LIII

      La Licda. Patsy Mora Retana, Jueza Penal de Siquirres, en nota de 7 de octubre

en curso, expone la siguiente situación:

          “...Como es de su conocimiento, ejerzo funciones de Jueza Penal en la
          localidad de Siquirres, donde solo existe una plaza de dicha condición.
          Esta situación me imposibilita asistir a las diferentes capacitaciones que
          la Corte brinda, por cuanto se requiere que alguna persona quede
          cubriendo las labores de disponibilidad, que en mi caso es de doce días
          consecutivos. Considero de suma importancia el brindar acceso a todo
          funcionario a la capacitación necesaria para prestar un mejor servicio, y
                                          115

       con mucha mayor razón a quienes por cuestiones de distancia no
       tenemos a disposición los medios tecnológicos para mantenernos tan
       actualizados como quisiéramos, verbigracia el SCIJ. Lo anterior me
       motiva a solicitar se valore la posibilidad de que únicamente en los
       casos en que el compañero del Juzgado Contravencional no pueda
       cubrir la disponibilidad, se autorice a un juez de la localidad de Guápiles
       para que asuma tal función. A manera de ejemplo, el próximo 18 de los
       corrientes la Escuela Judicial me invitó a asistir al “Curso sobre la
       modificación del Código Penal, Ley N° 4573 y sus reformas”,
       actividad de suma importancia en razón de la materia que conozco. No
       obstante, de no autorizarse a un juez de Guápiles, me veré
       imposibilitada (como ya me ha sucedido en más de una ocasión) a
       asistir, por cuanto según me informó el Lic. Hermógenes Pérez
       Corrales, él también fue convocado a dicha actividad.
       Finalmente, no omito manifestar que en la medida de mis posibilidades,
       la autorización sería para cubrir cuestiones imprevistas derivadas del rol
       de disponibilidad, tales como levantamiento de cadáver y allanamientos
       urgentes, puesto que dejaría al día las labores propias de mi despacho.
       Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que
       se sirvan brindar a la presente y quedando en la mejor disposición para
       aclarar cualquier punto...”
                                          -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud anterior y comunicar a la Licda. Mora Retana

que para la atención de la disponibilidad, deberá estarse a lo resuelto en el plan que

para este efecto se aprobó en la sesión del 12 de setiembre último, artículo XXXI, que

en lo conducente dice:

              “6.2.3.1.Al igual que en la zona de Sarapiquí, modificar el rol de
       manera que el Juzgado Penal y el Contravencional y de Menor Cuantía
       de Siquirres, conformen un rol para atender los asuntos que se
       presenten tanto en materia Penal como de Violencia Doméstica y Penal
       Juvenil en horas y días inhábiles, mediante disponibilidad y turno, de
       dicha zona. En este sentido, también se lograría un mayor descanso
       para el Juzgado Penal de la zona, y se eliminaría la participación del
       Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres en los roles
       de disponibilidad para Violencia Doméstica y Penal Juvenil de Pococí-
       Guácimo. Conforme lo anterior, al igual que en el caso de Sarapiquí,
       en vista de que la Juez Penal de Siquirres se estaría involucrando en la
       atención de asuntos de Violencia Doméstica y Penales Juveniles,
       deberá coordinar con la Juez Contravencional y de Menor Cuantía de
       Siquirres, las acciones a seguir para la atención de este tipo de
                                           116

       asuntos.”
                                           -0-

                                     ARTÍCULO LIV

      Previamente a resolver la solicitud presentada por el señor Brainer Martínez

González, para que se le cancele el período en que sustituyó a la señora Sindy Pérez

Abarca, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional de Corredores, en la plaza N°

015640, quien atiende la Materia de Tránsito, la Secretaría General de la Corte,

mediante oficio N° 11561-02 de 25 de setiembre último, solicitó un informe al Lic.

Marvin Arce Castro, Juez del referido despacho, al respecto.

      En atención a la solicitud anterior, el Lic. Arce Castro, rinde el siguiente informe:

       “...Mediante Proposición de Nombramiento, fechado veinte de marzo
       del dos mil dos, bajo oficio 99-02, el titular en esos momentos,
       Licenciado Gonzalo Coronado Villarreal, procedió a realizar la
       sustitución de la señorita Sindy Vanesa Pérez Abarca , quien fue
       incapacitada del veinte al veintisiete de marzo del dos mil dos, por el
       señor Brainy Martínez González. Lo anterior, bajo la justificación en el
       acápite de observaciones; que lo hacía siguiendo los lineamientos
       generales sobre sustituciones en Auxiliares Judiciales de las oficinas
       que cuentan con una sola plaza en materia de tránsito, sustitución que
       de acuerdo a los registros del Despacho se hizo efectiva y fue cumplida
       por el citado servidor.”

                                           -0-
      Se acordó:     Autorizar el pago y comunicar al Lic. Arce Castro que en los casos

no previstos o autorizados para realizar las sustituciones previamente debe hacerse la

solicitud al Consejo Superior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y de tramitar su

nombramiento que luego lo es rechazado, deberá pagar de su propio peculio el salario

devengado por el servidor designado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO LV
                                           117

      En sesión N° 57-02 celebrada el 6 de agosto del año en curso, artículo LVI, se

autorizó el pago de dos horas extra por semana –entre otros- a la señora Guiselle

Masís Vargas, Auxiliar Jurídico del Juzgado Contravencional de Cóbano, para que

realizara las labores de limpieza de esa oficina.

      En la efectuada el 3 de octubre en curso, artículo XXXIII, se modificó lo

dispuesto en la sesión anterior, respecto al pago de 2 horas extras por semana para

que la señora Masís Vargas realizara las labores de limpieza en el referido despacho,

por cuanto se determinó que dicha servidora ocupa el puesto de Auxiliar Judicial 1 y no

como por error se indicó en la sesión anterior, y en ese tanto no le asiste el derecho al

pago de horas extra, dado que dentro de sus funciones está el realizar las labores de

limpieza del despacho.

      La señora Masís Vargas, en facsímil de 8 de octubre en curso, manifestó:

        “Dado que se prescindieron los contratos con personas físicas para las
        labores de limpieza en los distintos despachos judiciales, mediante
        oficio N° 4425-02 del 4 de abril del 2002, ustedes en la sesión N° 16-
        02, celebrada el siete de marzo último, me autorizaron el pago de una
        hora extra semanal, en el Despacho para el cual laboro, a saber,
        Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Cóbano, Puntarenas.
        Posterior a este, mediante oficio N° 10966-02, se me comunicó que en
        la sesión N° 57-02 del seis de agosto próximo pasado, se autorizaba,
        ya no el pago de una hora extra semanal, sino el pago de dos horas
        semanales.
        Pese a estos acuerdos, recibí de parte de la Sección de Planillas del
        Departamento de Personal, el oficio N° 051-DEV-02, en la que se me
        rechaza el pago de las horas extra por limpieza de Despacho del mes
        de agosto del presenta año, aduciendo que en sesión N° 56-02 del 31
        de julio del 2002, el Consejo Superior denegó el pago de este rubro.
        Llama la atención de la suscrita, el hecho que se me niegue el pago
        que se me aprobara en la sesión N° 57-02 de fecha seis de agosto, en
        consideración un acuerdo realizado en una sesión anterior a esta, es
        decir la N° 56-02 del 31 de julio; por lo que solicito se me aclare si está
        aprobado o no dicho pago por el Honorable Consejo.
                                           118

        No omito manifestarles, que las funciones propias que el Auxiliar
        Judicial Uno de este Despacho, realice, no se limiten a la tramitación de
        los expediente, sino que tiene el recargo de notificación y el control del
        correo diario del Despacho.”
                                           -0-

      Se acordó: Comunicar a la señora Masís Vargas que este Consejo mantiene lo

resuelto en la sesión del 3 de octubre en curso, artículo XXXIII, en el cual se dispuso

denegar el pago de horas extra para que realice la limpieza del Juzgado

Contravencional de Cóbano, por cuanto dentro de sus funciones -entre otras- le

corresponde realizar dicha labor.

                                    ARTÍCULO LVI

      En sesión N° 74-02 celebrada el 3 de octubre en curso, artículo LIII, de

conformidad con los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Cuentas Corrientes

Judiciales, se conoció el informe que rindió el Lic. Carlos E. Angulo Rosales,

Administrador de la Sub Unidad Administrativa Regional de Nicoya, respecto a las

diligencias efectuadas para que el Juzgado Contravencional de Santa Cruz, reintegre el

sobregiro Bancario contra la cuenta corriente N° 631408 por la suma de ¢26.180.00.

      En oficio N° 691-SUARN-2002 de 7 de octubre en curso, el Lic. Angulo Rosales,

en su carácter mencionado anteriormente, informa que recibió el depósito Judicial

número 317741 B por la suma de ¢26.180.00 acreditado a la cuenta corriente del

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Nicoya, correspondiente al deposito que hizo la

Jueza, Licda. Zulangel Toruño Marchena, para responder al sobregiro, por lo que

solicita dejar sin efecto los trámites que correspondan realizar, ya que la obligación de

reintegro en la cuenta del referido despacho fue reintegrada en su totalidad, según

consta en la boleta de depósito efectuado en el Banco de Costa Rica, de la cual se
                                           119

adjuntó copia.

      Se acordó:     Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla del conocimiento

de la Auditoría Judicial para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO LVII

      Mediante oficio N° 11385-02 de 18 de setiembre del año en curso, la Secretaria

General de la Corte, trasladó a estudio e informe de la Comisión de la Jurisdicción

Laboral, las notas enviadas por los señores Blanca Flor Madrigal Madrigal y Melvin

Quirós Valerio, en que se refirieron al cobro de los asuntos de riesgos profesionales

fallados a favor del trabajador y que se realiza en la Agencia del Instituto Nacional de

Seguros. Asimismo se le trasladó el documento enviado por la Licda. Sonia Álvarez

González y el Lic. Eduardo Arroyo Boirivant, Jueces del Juzgado de Trabajo de

Puntarenas, en el que rindieron un informe al respecto.

      En nota de 30 de setiembre último, la Licda. Zarela Villanueva Monge,

Magistrada de la Sala Segunda de la Corte e integrante de la Comisión de la

Jurisdicción Laboral, rinde el siguiente informe:


    1- “La señora Blanca Flor Madrigal Madrigal solicita: “[…] que se les pida
       (a todos los jueces de trabajo en Costa Rica) que cuando haya un fallo
       favorable para el trabajador, sobre todo en los procesos de riesgo
       profesional, que las condenatorias con la conmutación respectiva sea
       depositado a la cuenta del Juzgado.”

    2- Para fundamentar su solicitud la señora Madrigal Madrigal expone su
       inconformidad respecto al proceso por riesgo de trabajo en el cual
       figuró como actora y donde se condenó al Instituto Nacional de
       Seguros a pagarle la suma de ¢511.646,oo colones, pero esa entidad
       únicamente le canceló ¢329.349,oo colones.

    3- Analizada la sentencia dictada en ese proceso, resulta claro que se
       condenó a la entidad demandada “[…] a cancelar a la actora por la
                                     120

   diferencia en la incapacidad temporal, la suma de setenta y nueve mil
   ochocientos treinta y ocho colones y por el porcentaje de incapacidad
   permanente, una renta anual de ochenta y seis mil trescientos sesenta
   y un colones con sesenta céntimos, en dozavos de siete mil ciento
   noventa y seis colones con ochenta céntimos, durante cinco años a
   partir del diecinueve de febrero del dos mil dos y hasta el dieciocho de
   febrero del dos mil siete, para un total por el quinquenio de
   cuatrocientos treinta y un mil ochocientos ocho colones y para un total
   por ambas incapacidades de quinientos once mil seiscientos cuarenta y
   seis colones, más los intereses legales a partir del dieciocho de febrero
   del dos mil dos y hasta el efectivo pago, calculados según la tasa que
   pague el Banco Nacional de Costa Rica para los depósitos a seis
   meses plazo.       Asimismo, debe continuar brindándole asistencia
   médica.”

4- De conformidad con los artículos 255 y 256 del Código de Trabajo es
   posible conmutar las rentas en casos calificados y a solicitud de la
   persona interesada para que se le cancele, en lugar de las rentas
   mensuales, una suma global que se pagará de forma inmediata y se
   calculara de conformidad con las tablas actuariales que el Instituto
   Nacional de Seguros utilice.

5- El párrafo segundo del artículo 256 del Código citado establece el
   procedimiento que la interesada o el interesado debe realizar cuando
   no esté conforme con la suma cancelada por el Instituto Nacional de
   Seguros, e indica que “[…] Los cálculos que no merezcan conformidad
   del interesado deberán ser remitidos al Tribunal Superior de Trabajo, a
   efecto de que éste los revise y apruebe, o los devuelva con
   observaciones, en caso de que la suma que va a ser entregada al
   trabajador, o a sus causa-habientes, sea diferente a la que les
   corresponde.”

6- Lo anterior permite concluir que la solicitud de la señora Blanca Flor
   Madrigal Madrigal es improcedente porque en la ley se encuentra
   prevista la solución para los casos de inconformidad, como el
   formulado en su nota. Debe anotarse, también que el pago total es
   adelantado y es menor al mensual; por eso es excepcional y a solicitud
   de la persona interesada. El depósito del dinero en una cuenta del
   despacho Judicial no es la solución legalmente prevista.

   A la gestión de la señora Blanca Flor Madrigal Madrigal se adjunta,
   también, una solicitud del señor Melvin Quirós Valerín cuyo contenido
   parece dirigirse en el mismo sentido que la primera; es decir, que el
   Instituto deposite la condenatoria en la cuenta del respectivo Juzgado
   de Trabajo y no que el trabajador le cobre el dinero directamente al
                                          121

        Instituto Nacional de Seguros. Respecto a esta solicitud no se adjunta
        ninguna documentación que ayude a una correcta interpretación del
        caso. En este caso, en concreto, no se especifica si el interesado tiene
        un proceso concreto que permita determinar si se trata de la misma
        situación anterior o de otra distinta. En todo caso, si la parte no está
        conforme con la cancelación que hace el Instituto Nacional de Seguros,
        y no se trata de una conmutación, puede expresarlo en el proceso
        respectivo donde se resolverá su situación.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger el informe rendido por la Magistrada Villanueva Monge y

hacerlo del conocimiento de los señores Madrigal Madrigal y Quirós Valerín para los

efectos correspondientes.

                                   ARTÍCULO LVIII

      El Lic. Olman Francisco Rivas López, Abogado y Notario, en nota de 7 de

octubre en curso, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero

del artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de haber transcurrido diez años,

solicitó la cancelación de la sanción que se le impuso por falta grave o gravísimas, en

razón de que no se le ha impuesto otro procedimiento disciplinario que ameritara una

nueva sanción.

      De conformidad con lo que establece el artículo 214, párrafo 2° de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se acordó: Trasladar la solicitud del señor Rivas López a

conocimiento de la Corte Plena para lo que a bien estime resolver al respecto, pues fue

este órgano el que le impuso la mencionada sanción.

                                    ARTÍCULO LIX

      El Lic. Ronald Vargas Bolaños, Secretario del Consejo de Administración del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, en oficio N° 45-CAICJA-02 de 4 de octubre en

curso, transcribe el acuerdo tomado en sesión celebrada el 2 de este mes, artículo II,
                                            122

respecto a la solicitud que planteó el Lic. Roy Murillo sobre el problema de

hacinamiento del Juzgado de Ejecución de la Pena de ese Circuito, que literalmente

dice:

         “Inciso 1: En virtud de que el problema de hacinamiento no es
         específico del Juzgado de Ejecución de la Pena, si no que es
         generalizado, aparte de las limitaciones presupuestarias y de espacio
         que afronta el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela, solicita
         al Consejo Superior dar una pronta y prioritaria solución al problema de
         hacinamiento de los despachos, mediante la ampliación y
         reestructuración de la planta física del actual edificio.”

                                            -0-

        Se acordó: Tener por recibido el acuerdo anterior y trasladarlo a la Comisión de

Construcciones para lo que corresponda.

                                      ARTÍCULO LX

        En nota de 30 de setiembre último, recibida el 7 de octubre en curso, el Lic. José

E. Rojas Corrales, quien ocupa una plaza extraordinaria de Juez en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Grecia, rinde el informe trimestral de fallos y

conciliaciones por él realizados y correspondientes a los meses de julio, agosto y

setiembre del presente año. Además indicó que los resultados muestran la acertada

decisión de crear dicha plaza extraordinaria y en la necesidad de crearla en forma

ordinaria.

        Se acordó:    Tener por rendido el informe anterior y mostrar la preocupación de

este Consejo por el bajo rendimiento de su labor en ese despacho, razón por la que

deberá redoblar esfuerzos para aumentar el número de resoluciones dictadas.            En

cuanto a la creación de la plaza en forma ordinaria, ésta quedará sujeta al informe que

en su oportunidad rendirá el Departamento de Planificación.
                                          123

                                    ARTÍCULO LXI

       En oficio N° GT 1457-2002 de 28 de agosto del año en curso, la MSc. Ana

Teresa León Sáenz, Gerente Técnica del Patronato Nacional de la Infancia, presentó la

siguiente solicitud:

        “El Patronato Nacional de la Infancia, institución autónoma con rango
        constitucional, con su doble encargo de Rector y Ejecutor en materia de
        Niñez y Adolescencia y en aplicación específica del numeral 112 del
        Código Procesal Civil, y el Código de Niñez y Adolescencia se requiere
        que los señores jueces y juezas de todo el país que atienden
        situaciones donde hayan involucrados intereses de personas menores
        de edad, en donde el Patronato Nacional de la Infancia debe intervenir,
        indiquen en cuantos procesos con esa obligación los Representantes
        Legales del Patronato Nacional de la Infancia intervienen y en cuales
        no, con el fin de determinar la demanda no atendida y el cumplimiento
        del mandato legal que la Institución tiene.
        De ser posible atender esta solicitud en beneficio directo de los niños,
        niñas y adolescentes que residen en Costa Rica, con estricta aplicación
        del principio del INTERES SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE
        EDAD, le agradecería que, esta información se envíe a la señora
        Ministra de los Asuntos de la Niñez y Adolescencia Licda. Rosalía Gil
        Fernández, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia,
        con el fin de ir fortaleciendo de acuerdo a recursos económicos y
        humanos, este delicado e importante encargo legal.
                                          -0-

       Por su parte la Licda. Rosalía Gil Fernández, Ministra de la Niñez y Adolescencia

y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, en facsímil N° P.E. 1664-

2002 de 5 de setiembre del año en curso, expresó:

             “El Patronato Nacional de la Infancia, institución autónoma con
        rango constitucional, con su doble encargo de Rector y Ejecutor en
        materia de Niñez y Adolescencia y de acuerdo con lo establecido en los
        numerales 55 de la Constitución Política, 5 del Código de Familia, 12
        del Código Procesal Civil y 111 del Código de la Niñez y Adolescencia,
        requiere urgentemente determinar la demanda no atendida y el grado
        de cumplimiento del mandato que a la entidad le corresponde en
        materia de representación legal, defensa y garantía, de los derechos de
        las personas menores de edad, en los diferentes procesos judiciales
                                           124

        provomidos, tanto por la misma institución como por terceras personas,
        en todos los despachos judiciales del país, que conocen de procesos
        en los que están de por medio los intereses de niños, niñas y
        adolescentes.
              Por lo anterior y atendiendo al espíritu de colaboración que debe
        privar entre el PANI y la Corte Suprema de Justicia, deseo solicitar que
        se me brinde tan importante información de forma periódica (cada 4
        meses), lo cual redundará e incidirá en los esfuerzos que la institución
        realizará, con el fin de gestionar el fortalecimiento de los recursos
        económicos y de recursos humanos necesarios para el cumplimiento
        del encargo legal que nos corresponde.”
                                          -0-

      La Licda. Ana Virginia Calzada Miranda, Magistrada de la Sala Constitucional, en

nota de 3 de octubre en curso, dirigida al Presidente, Magistrado Mora, le manifestó lo

siguiente:

             “Acorde con las gestiones realizadas por la señora Ministra de la
        Niñez y Adolescencia, hemos retomado la función asignada años atrás a
        la Comisión de coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia.

             En una primera reunión realizada por los integrantes, funcionarios
        del Poder Judicial y del P.A.N.I., estimamos necesario que el Consejo
        Superior emita algunas directrices con el fin de mejorar la labor
        encomendada, referente a los siguientes temas:

        1.- Que los Juzgados de Familia de todo el país, hagan esfuerzos por
        agilizar en forma efectiva la tramitación de las declaratorias de abandono,
        tomándose en cuenta que los períodos de institucionalización de los
        niños (as) deben acortarse al máximo, a fin de que esa población pueda
        disfrutar de su derecho a la vida familiar.

        2.- Apoyar la gestión efectuada por el Patronato Nacional de la Infancia
        en cuanto a que los Juzgados de todo el país, reporten al Área de
        Defensa y Garantía los casos en que se requiere la presencia del
        Representante Legal del P.A.N.I., a efecto de determinar la demanda
        no atendida por ellos.

        3.- Insistir ante todos y todas los operadores jurídicos en la necesidad
        permanente de un trato diferenciado en la conducción de los procesos
        en que se involucran personas menores de edad, atendiendo la
        humanización del proceso y con apego en las directrices emanadas al
        respecto para evitar la revictimización.
                                          125


       4.- Solicitar a los Juzgados de Familia de todo el país, que reporten a la
       mayor brevedad los casos de adopciones internacionales de los dos
       últimos años, a la Oficina respectiva del Patronato Nacional de la
       Infancia, a efecto de conformar el Registro de Control efectivo de estas
       diligencias.

       5.- Gestionar ante el Presidente de la República, que se haga efectiva
       la directriz existente en cuanto a la gratuidad del Derecho de Familia, a
       fin de lograr la publicación gratuita de los edictos por parte de la
       Imprenta Nacional en lo que se refiere a los procesos relacionados con
       personas menores de edad.

       6.- Solicitar a la Escuela Judicial y a la CONAMAJ; un proceso de
       capacitación para la necesaria sensibilización de los funcionarios
       judiciales respecto a los procesos en que intervengan menores, en
       concordancia con la doctrina de la Niñez y Adolescencia.

            En principio, creemos necesario trabajar sobre los temas
       señalados, para lo cual esperamos contar con su apoyo. Debo señalar
       que el grupo de trabajo está conformado por: la Licda. Eva Camacho
       Vargas (Jueza del Juzgado I de Familia de San José), Licda. Ana María
       Trejos Zamora ( Jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San
       José), Lic. Rodolfo Vicenti Salazar (Coordinador del Área de Defensa y
       Garantía del Patronato Nacional de la Infancia), Lic. Alonso Valverde
       Fonseca (Oficina Local del P.A.N.I. en Heredia) y quien suscribe.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud de la Magistrada Calzada Miranda y

remitir copia de ésta a la Escuela Judicial y a la Comisión Nacional para el

Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) para lo que a cada una

corresponda. Trasladar al Despacho de la Presidencia la solicitud de gestionar a la

Presidencia de la República para que la Imprenta Nacional en forma gratuita publique

los edictos de los procesos relacionados con menores de edad.

                                   ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 49-01, celebrada el 21 de junio del 2001, artículo LXII, ante una
                                          126

consulta que presentó la Licda. Nidia Durán Jiménez, Jueza del Juzgado Cuarto Civil

de Menor Cuantía de San José, respecto a su nombramiento en ese despacho, y su

solicitud para mantenerse en la plaza de Juez de Fondo y la oposición del Lic. Ronny

Durán Umaña para mantenerse como Juez de la Tramitación en forma permanente, se

dispuso comunicarle a doña Nidia que este Consejo estima conveniente como ha

resuelto en casos similares, que se roten el trabajo por períodos no muy prolongados,

por lo que debió de ponerse de acuerdo con el Lic. Durán Umaña a efecto de definir por

qué tiempo y cuál de los dos iniciaría la rotación de la tramitación de los asuntos que

atiende ese despacho.

      El Lic. Ronny José Durán Umaña, Juez Cuarto Civil de San José, en nota de 1°

de octubre en curso, dirigida al Lic. Hernán Campos Vargas, integrante de este Consejo

Superior, hace del conocimiento la siguiente situación:

              “…Llegué a este Juzgado procedente del Tribunal de Juicio de la
        Zona Sur, en fecha dos de enero del 2001; desde entonces me
        desempeñé como juez de fondo. Posteriormente, en el mes de abril de
        ese mismo llegó la Licenciada Nidia Durán Jiménez; quien llegó y se
        desempeñó como Juez Tramitadora.
              Tan pronto fue nombrada en propiedad la Licenciada Durán
        Jiménez me conminó a pasar a ocupar el puesto de Juez Tramitador
        arguyendo que ella era la Juez de Fondo, porque su plaza era de Juez
        de Fondo. Le indiqué que las cosas no eran así, que las plazas no
        indicaban si era de trámite o de fondo, porque las categorizaciones era
        una cuestión administrativa.
              Días después, cuando me encontraba disfrutando vacaciones la
        Licenciada Durán Jiménez envió una nota con fecha 15 de junio del
        2001 indicándole al Consejo Superior la situación; el cual en su Sesión
        49-01 del 21 de junio del 2001; el Consejo Superior resolvió:
        “Comunicar a la Licda. Durán Jiménez que este Consejo estima
        conveniente como se ha resuelto en casos similares, que se roten el
        trabajo por períodos no muy prolongados, por lo que deberá ponerse de
        acuerdo con el Lic. Durán Umaña a efecto de definir por qué tiempo y
        cuál de los dos inicia en la rotación de la tramitación”.
              Cuando regresé de las vacaciones me dieron el comunicado del
        Consejo Superior y no existió acuerdo con la Licenciada Durán
                                          127

       Jiménez, por lo que suscribí nota con fecha 26 de setiembre de ese
       mismo año, estando la nota ante el Consejo Superior, y con la
       presencia de la Licenciada María Ibel Rojas Rojas del Juzgado Quinto
       Civil de Menor Cuantía, hubo un acuerdo en el sentido de que su
       servidor continuaba hasta diciembre del dos mil uno, que la Licenciada
       Durán Jiménez se quedaría por espacio de diez meses y que luego nos
       turnaríamos seis meses y seis meses cada uno.
             Recientemente, en devolución de resultados del Departamento de
       Psicología de la Sección de Médicos para Empleados del Poder
       Judicial, estando presentes las Licenciadas Yahaira Piedra Solano;
       trabajadora social y Victoria Oviedo Soto; Psicóloga, la Licenciada
       Durán Jiménez indicó que ella no se iba a devolver a la función de Juez
       Tramitadora, pues nunca fue su intención.
             Negándose en ese momento a ponerme por escrito esto, no me
       queda otra alternativa que someter a su conocimiento tan lamentable
       situación, no sin antes solicitarle se sirva pedir al Servicio Médico para
       Empleados del Poder Judicial, el diagnóstico preliminar completo de
       este Despacho, con el fin de que ustedes tengan una idea de cómo se
       labora en este Despacho y cuáles son los factores positivos y negativos
       del mismo.”
                                           -0-

      Se acordó: Comunicar a la Licda. Durán Jiménez que de conformidad con lo

dispuesto en la sesión del 21 de junio del 2001, artículo LXII, deberá turnarse la labor

de Juez Decisorio con el Lic. Durán Umaña por períodos de seis meses cada uno.

                                   ARTÍCULO LXIII

      En nota de 7 de octubre en curso, el señor Luis Chavarría Paniagua, expresó:

             “…con respecto a mis prestaciones legales a causa que motivó el
       cese de interinidad por parte de la Licda. Vivian Chacón Madrigal, jefe
       de OFIC. Activa (sic) de Tribunales, (…). Donde apelo lo mandado por
       el Lic. Manuel Sequeira Sequeira y el Asesor Jurídico 1, Lic. Gonzalo
       Arana Oronó.
             De acuerdo con base a lo ya establecido por el Consejo Superior,
       pido lo justo, ya que he sido víctima de injusticia que no merecía, donde
       acuso de persecución laboral, tomando en cuenta que yo entré a
       laborar en dicho tribunal el lunes 29 de mayo del 2000 al 31 de marzo
       del 2001 (diez meses y tres días) y me cortaron el nombramiento del
       primero al quince de abril después tuve nombramiento hasta el 16 de
       abril y me cortaron el 4 de mayo, donde puse un recurso de amparo y
       me reinstalaron por acuerdo de nuevo a mi puesto el 27 de agosto del
                                                 128

         2001 hasta el 31 de julio del 2002, (once meses y cuatro días).
         Tomando en cuenta que legalmente tengo derechos adquiridos
         legalmente por ustedes mismos, basándome en los hechos reales
         porque sumando el tiempo desde el 29 de mayo del 2000 en que entré
         hasta el 31 de julio del 2002, total dos años y dos meses, tomando en
         cuenta del período inicial y final donde se votó a mi favor.”

                                                 -0-

       Se adjunta a la gestión anterior, fotocopia del oficio N° 1863-DL-2002 de 6 de

setiembre último, mediante el cual, el Lic. Manuel Sequeira Sequeira, Jefe de la

Sección de Derechos Laborales del Departamento de Personal, le remitió al señor

Chavarría Paniagua, copia del informe N° AL.DP. 153-02 elaborado por el Lic. Gonzalo

Arana Oronó, Asesor Jurídico de ese Departamento, en el que se deniega el reclamo

presentado por don Luis para el pago de prestaciones legales.

       El referido informe en lo que interesa literalmente dice:

         “…1. El Sistema Integrado de Personal, muestra que Chavarría Paniagua,
         laboró como Auxiliar de Servicios Generales, en forma interina del 05-07-
         1999 al 31-07-2002, en el Juzgado Penal de San José.

         2.   Los períodos laborados por el interesado anteriores al 03-08-2001
         cayeron bajo el término de prescripción y el último período libre de
         prescripción que se inicia el 27-08-2001 y vence el 31-07-2002 no alcanza
         el mínimo establecido por la jurisprudencia para los efectos deseados. No
         se continuó con los nombramientos del interesado debido a que se nombró
         en propiedad a otra persona por acuerdo del Consejo Superior5.

         3.     El criterio legal hasta hoy aplicado, ha sido pronunciado sobre la
         posibilidad de conceder el pago de las prestaciones laborales a los
         servidores de la institución que han sido cesados sin justa causa, bajo la
         perspectiva de haber laborado en forma continua un período mayor al
         año de servicio (contrato de tiempo indefinido) y que el rompimiento de la
         relación laboral sea con responsabilidad patronal, tal como lo establece
         la Jurisprudencia aplicada6

5
  Oficio 939-OAT-02 del 26-07-2002 suscrita por la Licda. Vivian Chacón Madrigal, Jefe Ofic. Adtiva de
Tribunales.
6
  Sala Segunda No. 234 de 15:20 hrs. del 26 de julio 1995.
Sala Segunda No. 313 de 9:10 hrs. del 16 de diciembre 1992. Tribunal de Trabajo, Sección 2da. No. 657 de
14 hrs. del 15 de julio 1992.
                                          129


        4.   Del análisis de la relación laboral y de la causa que motivó el cese
        de interinidad en el caso concreto, se puede concluir la improcedencia
        del pago por prestaciones legales, por incumplimiento de los
        presupuestos establecidos en la normativa vigente.
               No obstante lo anterior, si corresponde el pago de las vacaciones
        y aguinaldo proporcionales, y el salario escolar, que corresponda.”

                                          -0-

      Se acordó: Acoger el informe rendido por el Asesor Legal del Departamento de

Personal, en consecuencia, denegar la pretensión del señor Chavarría Paniagua para

que se le cancelaran las prestaciones legales, por el período en que brindó sus

servicios en el Poder Judicial.

                                   ARTÍCULO LXIV

      En sesión N° 70-02, celebrada el 19 de setiembre del año en curso, artículo XLV,

se aprobó la lista de participantes a la capacitación sobre la “Modificación del Código

Penal, Ley N° 4573 y sus reformas”, programado por la Escuela Judicial para el 18 de

ese mes, a cuyos efectos se les concedió permiso con goce de salario, sin sustitución,

y sujeto a que los servidores que atiendan disponibilidad durante este día le den

prioridad a la atención de sus funciones, y siempre y cuando no se afecte el servicio

público ni se suspendieran los señalamientos programados para esta fecha.

      En facsímil recibido el 9 de octubre en curso, la Licda. Vivian Coles Calderón,

Jueza Coordinadora del Juzgado Penal de San Carlos, manifestó:

              “…consulto si se procede a la revocatoria de tres señalamientos
        para audiencia preliminar, a celebrar el día dieciocho de octubre de los
        corrientes, toda vez que la encargada de realizar dichas audiencias es
        la suscrita, siendo que para esa fecha la Escuela Judicial convocó al
        Lic. Mayid Torres González y a quien suscribe al curso “Modificación
                                          130

        del Código Penal Ley N° 4573 y sus reformas, quedando únicamente
        en el Despacho el Lic. Hans Leandro Carranza.
              Asimismo expongo lo siguiente: Solicito se acuerde el rol a seguir
        en los casos de disponibilidad cuando por alguna circunstancia el juez
        disponible no pueda cubrirla ya sea por enfermedad, o bien necesita
        colaboración, en casos de inhibitoria, allanamientos simultáneos o
        cualquier otro, especialmente tratándose de fines de semana o fechas
        especiales, debido a que en la zona solo queda un juez penal.”

                                          -0-

      Se acordó: Comunicar a la Licda. Coles Calderón que de conformidad con lo

dispuesto en la sesión del 19 de setiembre último, artículo XLV, en cuanto a que el

permiso con goce de salario para que los funcionarios que asistieran a la capacitación

programada por la Escuela Judicial para el 18 de este mes, quedó sujeto a que -los

servidores a los que corresponda atender disponibilidad, deben dar prioridad a la

atención de sus funciones, y en términos generales que la licencia es siempre y cuando

no se afecte el buen servicio público ni se suspendan los señalamientos programados

para esa fecha-.

      La Escuela Judicial tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LXV

      Mediante oficio N° DML-914-2002 de 20 de setiembre último, el Consejo Médico

Forense, integrado por los Drs. Carlos Luis Abarca Barrantes, Miguel Ángel Arguedas

Piedra y la Dra. Sisy María Castillo Ramírez, remitieron al Departamento de Personal el

informe sobre la valoración médica que le practicaron a la señora Rosa María Artavia

Pérez, Auxiliar Administrativo 2 de la Unidad Médico Legal de San Carlos, en el que

concluyen que no está incapacitada absoluta y permanentemente para sus labores

habituales dentro del Poder Judicial.
                                           131

      En nota de 4 de octubre en curso, la señora Artavia Pérez, expuso lo siguiente:

              “1- El día once de marzo 2002, presenté ante ese Consejo
        Superior solicitud de Jubilación, adjuntando toda la documentación del
        caso, con hechos y motivación bien definidos, y que son los que
        considero impiden que yo pueda seguir laborando para la institución.
              2- Fui remitida y entrevistada en el Departamento de Medicina
        Legal, dictaminando éste que a pesar de mis padecimientos, mi salud
        me permitía continuar en mis labores. Pero a la vez recomendaban mi
        traslado a otro despacho, no relacionado con medicina legal a lo que no
        estoy dispuesta por ningún motivo.
              3- Posteriormente ante mi petición fui remitida al Consejo Médico
        Forense, entrevista realizada el pasado cinco de setiembre del año en
        curso. En esta última valoración se enfatizó más profundamente todas
        mis dolencias, recomendando luego el citado Consejo que con
        tratamiento farmacológico yo podría seguir laborando, cosa que no es
        posible ya que tengo alrededor de diez años de estarlo tomando, y al
        contrario cada día se acentúan mis dolencias y calamidades,
        empeorando más cada día mi salud.
               4- Es por todo lo anterior que vuelvo a comparecer ante ese
        honorable Tribunal a recalcar mi solicitud principal, considerando mi
        caso, son muchas las dolencias que presento, si bien es cierto el
        tratamiento que tomo puede mantenerme un poco, pero no trabajando.
        No omito manifestarles que en este momento tengo una cita para que
        me hagan una cirugía uterina, que no se me ha hecho porque en el
        Hospital San Carlos no hay campo y a pesar de mi dolencia no lo
        consideran una emergencia, lo que cada vez sube más mi ansiedad y
        baja mi autoestima para seguir laborando. Lo único que yo deseo es
        estar reposando, me duelen los pies, me molesta estar mucho rato
        sentada, a veces hasta los gestos de la gente me molestan.
              Por eso señores Jueces, es que en este momento suplico al
        Todopoderoso que toque el corazón de cada uno de ustedes, y por
        favor me quiten de trabajar, pues ni en este ni en otro despacho voy a
        estar dispuesta a seguir en la lucha.”

                                          -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud de la señora Artavia Pérez por no encontrarse

dentro de los presupuestos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para optar

por una jubilación o separación para el mejor servicio público.

                                    ARTÍCULO LXVI
                                          132

      El Magistrado Luis Fernando Solano Carrera, Presidente de la Sala

Constitucional, en oficio N° PSC-0231-2002 de 14 de octubre en curso, dirigido al

Presidente, Magistrado Mora, le manifestó lo siguiente:

       “Con motivo del Seminario sobre Justicia Constitucional y Derechos
       Humanos que celebramos entre el 2 y el 6 de diciembre próximo, he
       venido coordinando la posibilidad de que en forma paralela se lleven a
       cabo unas reuniones de trabajo con el Instituto Catalán de Cooperación
       Iberoamericana (ICCI) para la creación del Centro de Formación
       Constitucional de Centroamérica (CFCC), cuestión ésta que ya la Corte
       Plena había autorizado en principio.

       Por ese motivo, el Centro de Estudios Judiciales para Centroamérica
       (CEJCA) podría invitar en estos días a los Presidentes de Corte de
       Constitucionalidad (caso Guatemala), de Sala Constitucional (caso de
       Honduras, Nicaragua, El Salvador) y Corte Suprema de Justicia (caso
       de Panamá) a que participen en el Seminario y sesiones de trabajo
       indicados. La idea es que podamos reunirlos aquí en San José,
       pagando de su peculio los tiquetes aéreos y asumiendo el CEJCA el
       costo de transporte interno estadía y alimentación durante los días de
       las citadas actividades.

       Le ruego someter al Consejo Superior esta solicitud de autorización, a
       fin de proceder de conformidad.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud del Magistrado Solano Carrera, y autorizar el

pago de los gastos mencionados con fondos de Centro de Estudios Judiciales para

Centroamérica.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO LXVII

      El señor Reinier Yosso Jara, Asistente Judicial de la Sala Constitucional en nota

de 13 de mayo del año en curso, informó que dentro del hábeas corpus número 02-

003289-0007-CO promovido por el señor Fausto Eduardo Gutiérrez Howel a favor de la

señora Yamileth Morga Moya y otros contra el Juzgado Penal de Santa Cruz, se dictó el
                                          133

voto 2002-4265 de esa fecha, en que “declaró con lugar el recurso sin ordenar la

libertad de los amparados”.   Además -se condenó al Estado al pago de los daños y

perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a esta declaratoria, los que

se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo-.

      Se acordó: Tomar nota de la resolución anterior y trasladar copia al Tribunal de

la Inspección Judicial para que levante la información respectiva y resuelva conforme

corresponda.

                                   ARTÍCULO LXVIII

      Se tomó nota de la Resolución N° 2002-08357, dictada por la Sala Constitucional

en que declaró con lugar el Recurso de amparo interpuesto por el Lic. Alfredo Madriz

Araya y la Licda. Sonia Álvarez González, Jueces de Puntarenas, contra la Corte Plena

y este Consejo, por considerar que se les lesionó sus derechos fundamentales, pues se

les exige autorización para ejercer la docencia después de la jornada ordinaria de

trabajo, limitándoles la disposición de su tiempo libre y coartándoles la posibilidad de

transmitir sus conocimientos a través de la enseñanza. Por lo anterior, se condenó al

Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron

de base a esta declaratoria, los que deberán liquidarse en ejecución de sentencia de lo

contencioso administrativo.

                                   ARTÍCULO LXIX

      Se tomó nota de la Resolución N° 2002-07923, dictada por la Sala Constitucional

en que declaró sin lugar el Recurso de amparo interpuesto por el señor Emanuel

Abarca Jiménez a favor de Adolfo Cascatne Mora y otros contra el Presidente de la

Corte Suprema de Justicia y el Jefe del Departamento de Defensores Públicos, por la -
                                           134

interpretación que dio la Corte al artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias y

dispuso brindar la asistencia letrada, únicamente, a favor de los acreedores y las

acreedoras alimentarios, negándose en consecuencia la posibilidad de que sus

deudores disfruten de ese servicio, constituyendo una dIscriminación arbitraria contra

los agraviados violando el Derecho de la Constitución-.

COMISIONES

                                    ARTÍCULO LXX

      El Lic. Saúl Arce Brenes, Secretario de la Comisión de Notificaciones, con oficio

N° 74-CNO-02 de 7 de octubre en curso, transcribe el cuerdo tomado en la sesión N°

10-2002, celebrada el 17 de setiembre último, artículo I, que literalmente dice:

        “El Dr. Jorge Rojas indica que en conversaciones sostenidas con el Lic.
        Eduardo Alfaro Ramos, Abogado Litigante, mostró su preocupación
        sobre la notificación por fax, específicamente en aquellos casos cuando
        la sentencia que se está notificando por ese medio es extensa y tiene a
        cargo otros asuntos en los cuales también se ha señalado el fax como
        medio de notificación, por lo que es posible que la notificación no pueda
        efectuarse, por encontrarse ocupado, aunque se hayan realizado los
        intentos que estipula el reglamento.

        La Licda. Catalina Fernández Badilla, Jefa de la Oficina Centralizada de
        Notificaciones del Segundo Circuito Judicial de San José, señala que
        cuando se trata de la notificación por fax existen situaciones ajenas que
        ocasionan que el documento que se transmite no quede debidamente
        notificado. Sin embargo en el comprobante queda impreso un código
        que permite establecer las razones por las cuales no se dio la
        transmisión.

        Por esta razón, solicitó criterio técnico a la empresa donde se adquirió
        el fax, que a través de uno de sus técnicos suministró una copia del
        catálogo para uso de la Oficina Centralizada de ese circuito, lo cual ha
        sido de gran ayuda para determinar cómo debe procederse en esos
        casos.
        Se discute el tema ampliamente y SE ACUERDA:
          1.2. Recomendar al Consejo Superior la elaboración de un
          estudio técnico o evaluación de los aparatos de fax que se utilizan
                                            135

           para notificaciones, con el fin de emitir normas prácticas que
           faciliten los procedimientos para la notificación por este medio…”

                                            -0-

      Se acordó: Tener por recibido el acuerdo anterior y trasladarlo a la Dirección

Ejecutiva para que realice el estudio de referencia.

                                     ARTÍCULO LXXI

      El Lic. Saúl Arce Brenes, Secretario de la Comisión de Notificaciones, en oficio

N° 76-CNO-02 de 7 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado en sesión

celebrada el 17 de setiembre último, artículo III, que literalmente dice:

        “Nota suscrita por la Licda. María Agnes Monestel, Jueza de Menor
        Cuantía de Desamparados mediante el cual solicita aclarar la Circular
        N°76-2002 emitida por la Secretaría de la Corte y publicada en el
        Boletín Judicial N°130 del 8 de julio del presente año, en la que se
        aclara lo dispuesto en sesiones del Consejo Superior N°30-97 y N° 46-
        97, celebradas el 22 de abril y el 17 de junio de 1997, artículos XCV y
        LXXXVI, respectivamente.

        Discutido el tema que antecede SE ACUERDA: Se comisiona al
        Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga para que trate el asunto con
        los Juzgados Civiles de Mayor y Menor Cuantía de esa ciudad e
        informe lo pertinente.

        En este sentido, el Magistrado Rivas Lóaciga mediante comunicación
        electrónica del 25 de setiembre del año en curso, señala que de
        conformidad con la investigación realizada sobre el tema, lo
        conveniente es aclarar la circular antes citada y hacerla del
        conocimiento del Consejo Superior para que se proceda a su
        publicación.

        Por lo anterior, el texto deberá indicar lo siguiente:
            Recomendar al Consejo Superior, aclarar lo dispuesto en
            sesiones N° 30-97 y N° 46-97, celebradas el 22 de abril y el 17
            de junio de 1997, artículos XCV y LXXXVI, respectivamente,
            publicados mediante circular N° 61-97, en el sentido de que
            esos artículos son aplicables únicamente para los seis
            Juzgados de Menor Cuantía de San José, en caso de
            requerirse comisionar a un despacho ubicado en la periferia,
                                          136

            los cuales según lo dispuesto por el artículo N° 22 de la Ley N°
            7728 de Reorganización Judicial, también pertenecen al Primer
            Circuito Judicial de San José, la diligencia deberá realizarse
            por medio del Juzgado de igual materia y cuantía que
            corresponda y no exclusivamente al Juzgado Civil de Menor
            Cuantía del lugar.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger el acuerdo adoptado por la Comisión de Notificaciones. La

Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines consiguientes.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                   ARTÍCULO LXXII

      El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, en oficio

N° 7203-DP/15-02 de 8 de octubre en curso, remite el reajuste de precios solicitado por

el señor Fernando Madrigal Valerio, Apoderado Generalísimo de la empresa

Multinegocios Internacionales América S.A., por el servicio de limpieza en el Juzgado

Contravencional de Valverde Vega, cuya recomendación literalmente dice:

             “1) Aprobar como nuevo monto mensual el cálculo por este
        Departamento (¢50.755.71), ya que el monto solicitado por la empresa
        MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMÉRICA S.A. (MUTIASA), el
        servicio de limpieza para el Juzgado Contravencional de Valverde Vega
        es superior ¢50.813.60, ya que los índices de mano de obra, insumos y
        gastos administrativos no son los correctos.
             Este nuevo monto rige a partir del 01 de julio del 2002, fecha en
        que la empresa Mutiasa vio afectado el equilibrio económico del
        contrato.
             Los cálculos efectuados por esta Proveeduría están en estricto
        apego a las condiciones presentes en el Contrato N° 104-CG-01.”

                                                -0-

      Se acordó: 1) Con base en la solicitud del señor Madrigal Valerio, reajustar el

precio por el servicio de limpieza para el Juzgado Contravencional de Valverde Vega, a

la suma de ¢50.755.71, a partir del 1° de julio del año en curso.
                                          137

        2) Los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría tomarán nota para

lo que a cada uno de ellos corresponda.

                                   ARTÍCULO LXXIII

        El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, en oficio

N° 7204-DP/15-02 de 8 de octubre en curso, remite el reajuste de precios solicitado por

el señor Fernando Madrigal Valerio, Apoderado Generalísimo de la empresa

Multinegocios Internacionales América S.A., por el servicio de limpieza en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Ana, cuya recomendación literalmente

dice:

              “1) Aprobar como nuevo monto mensual el solicitado por la
         Empresa Multinegocios Inrternacionales América, S.A., por la suma de
         ¢70.477.39 por el servicio de limpieza para el Juzgado Contravencional
         y de Menor Cuantía de Santa Ana (...)
              Este nuevo monto rige a partir del 01 de setiembre del 2002, fecha
         en que la empresa Mutiasa vio afectado el equilibrio económico del
         contrato, cancelándose para estos efectos el retroactivo
         correspondiente a dicho reajuste.
              Los cálculos efectuados por esta Proveeduría están en estricto
         apego a las condiciones presentes en el Contrato N° 77-CG-01.”

                                              -0-

        Se acordó: 1) Con base en la solicitud del señor Madrigal Valerio, reajustar el

precio por el servicio de limpieza para el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía

de Santa Ana, a la suma de ¢70.477.39, a partir del 1° de setiembre del año en curso.

        2) Los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría tomarán nota para

lo que a cada uno de ellos corresponda.

                                   ARTÍCULO LXXIV

        El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, en oficio
                                           138

N° 7202-DP/15-02 de 8 de octubre en curso, remite el reajuste de precios solicitado por

el señor Fernando Madrigal Valerio, Apoderado Generalísimo de la empresa

Multinegocios Internacionales América S.A., por el servicio de limpieza y jardinería en el

Segundo Circuito Judicial de San José, cuya recomendación literalmente dice:

             “1) Aprobar como nuevo monto mensual el cálculo por este
        Departamento de ¢4.757.302.82, ya que el monto solicitado por la
        empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMÉRICA S.A.
        (MUTIASA) de ¢4.764.840.36 es superior, ya que los índices de gastos
        administrativos, insumos y de mano de obra no son los correctos,
        además de que toman como base un precio mensual incorrecto,
        debiendo utilizar el monto últimamente ajustado, el cual fue aprobado
        en su momento por el Consejo Superior (¢4.589.966.79).

              Este nuevo monto rige a partir del 01 de julio del año en curso,
        fecha a partir de la cual la empresa Mutiasa solicita se apruebe el
        reajuste a este Departamento al ver afectado el equilibrio económico
        del contrato.
              Asimismo, es importante indicar que el contrato en mención
        finiquitó el 27 de agosto último, por lo que se le debe cancelar
        únicamente los meses de julio y 27 días de agosto.
              Es importante destacar que los cálculos efectuados por esta
        Proveeduría están en estricto apego a las condiciones presentes en el
        contrato N° 46-CG-97.”
                                             -0-

      Se acordó: 1) Con base en la solicitud del señor Madrigal Valerio, reajustar el

precio por el servicio de limpieza y jardinería en el Segundo Circuito Judicial de San

José, a la suma de ¢4.757.302.82, a partir del 1° de julio del año en curso.

      2) Los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría tomarán nota para

lo que a cada uno de ellos corresponda.

                                   ARTÍCULO LXXV

      El Licenciado Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de

Proveeduría, con oficio N° 7146-DP/05/02 de 7 de octubre en curso, remite las
                                          139

diligencias relacionadas con la Licitación Restringida N° 03-0211-02 para la “Compra de

20 impresoras Láser”, que literalmente dice:

            “En relación con la Licitación Restringida Nº03-0211-02,
       denominada “Compra de 20 Impresoras Láser”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a
       conocimiento de los miembros del Consejo Superior para lo que
       consideren conveniente resolver.

               Cabe aclarar que la fecha para el vencimiento de esta licitación,
       estaba prevista para el día 4 de octubre del año en curso, no obstante
       debido a que hubo que hacer prevenciones adicionales para comprobar
       las ventas realizadas a la empresa Telerad, S.A., no fue posible rendir
       informe dentro de este término, por lo cual paralelamente se ha solicitado
       a las empresas participantes la prórroga de sus ofertas y garantía de
       participación según corresponde a cada caso.

              Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno
       de Compras, 106 de la Ley de la Contratación Administrativa 56 y 57 del
       Reglamento General de Contratación Administrativa, se determina lo
       siguiente:

       PARTICIPANTES:

        Para este concurso, se recibieron las ofertas siguientes:

       Nº1. I.S. Productos de Oficina Centroamérica, S.A.., cédula jurídica Nº
       3-101-059552-20.

       Nº 2. Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica N° 3-101-111502-18.

       N°3. Telerad S.A., cédula jurídica N°3-101-049635.

       ANALISIS LEGAL DE LAS OFERTAS:

       En virtud de lo anterior y en cumplimiento del debido proceso, mediante
       oficio 6135-DP/05-02, de fecha 30 de agosto del 2002, se realizó la
       consulta respectiva al Asesor Legal, en los siguientes términos:

       “A efecto de que se proceda con el estudio legal de las ofertas
       recibidas en la Licitación Restringida Nº 03-0211-02, denominada
       “Compra de 20 Impresoras Láser”, adjunto el correspondiente
       expediente administrativo.
                                      140

          Asimismo, sin perjuicio del estudio que se realice por parte de ese
    Despacho, en donde se determine tanto la admisibilidad de las ofertas
    y cuales defectos u omisiones son subsanables, producto de la
    revisión inicial de los documentos aportados en las ofertas, esta
    Proveeduría ha advertido lo siguiente:

    Oferta N°1. I.S. Productos de Oficina (SIC), S.A.

1. El pliego de condiciones en el ítem 2.1.15 solicita que el oferente indique
    el tiempo máximo a que se obligará para suplir repuestos y suministros
    tanto en plaza como en importación, no obstante este oferente indica
    que el tiempo es inmediato, lo que no pareciera ser razonable.
2. En folio 298, punto 2.1.16 inciso e) el pliego de condiciones señala que
    se deberán efectuar visitas, durante el período de garantía; al menos
    una vez cada 6 meses, para brindar mantenimiento preventivo a cada
    equipo, esto sin costo alguno para el Poder Judicial; sin embargo esta
    empresa, pareciera presentar un condicionamiento a la administración,
    ya que señala específicamente que esta visita será: “(Sin costo en San
    José)” y las máquinas se distribuirán en la Jurisdicción de Tránsito de
    todo el país, lo que hace suponer que para otras zonas dicho
    mantenimiento será cobrado por aparte.

    Oferta N°2. Componentes El Orbe S.A.

1. En el ítem 2.1.16 del pliego de condiciones se requiere que el tiempo de
   garantía de los bienes no puede ser inferior a 2 años, este oferente no
   indica específicamente de cuanto es el tiempo que ofrece como
   garantía, no obstante indica: “Entendido y Aceptado”, por lo que esta
   Proveeduría entiende que el período de garantía que ofreció es de 2
   años.

    Oferta N°3. Telerad S.A.

1. Esta empresa presenta una inconsistencia en su oferta por lo siguiente:
      A folio 87, hace referencia al ítem N°3. “Requisitos procedimentales
    para el trámite de compras al exterior que deberán observar los
    adjudicatarios y sus representantes”, como si se tratara de un
    representante de Casa Extranjeras, no obstante en este mismo folio en
    el punto 2.2 indica que presenta una oferta nacional, a la vez en folios
    87 y 79 indica que se trata de mercancías disponibles en plaza. En
    este orden de cosas, en el punto 3.2.2 del folio 87 indica que la
    modalidad de pago será la remesa directa y a folio 79, en el punto 9.2.
    dice que será la usual de la institución.”
                                      141

          Así las cosas, mediante oficio Nº 1185-DE/AL-01 de 03 de
     setiembre del año en curso, el licenciado Carlos Toscano Mora
     Rodríguez, Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, con el V°B° del
     Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, se refiere a las ofertas
     presentadas, en los términos que a continuación se indica:

      “ En atención al oficio #6135-DP/05-02 de 30 de agosto pasado,
     suscrito por la licenciada Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefe de la
     Sección de Contratación Administrativa de ese departamento,
     requiriendo de análisis legal de las tres ofertas recibidas en la
     Licitación Restringida N°3-0211-02, denominada “Compra de veinte
     impresoras”; me permito referirle lo siguiente:
     OFERTA #1.- PRODUCTOS DE OFICINA, S.A.:
1.           Como primer punto es preciso referir que la duda de ese
     departamento en cuanto el plazo para suplir repuestos, puede ser
     aclarada mediante la vía de la prevención (artículo 56.1.1.1 del
     Reglamento General de Contratación Administrativa).
2.           Por otra parte, la cláusula 2.1.16, literal e, del pliego de
     condiciones es muy clara y categórica al exigir que durante el período
     de garantía, la contratista al menos una vez cada seis meses le brinde
     mantenimiento preventivo a cada equipo sin costo adicional para el
     Poder Judicial. Cualquier desajuste o condicionamiento de ese
     requerimiento cartelario (por ejemplo realizar sin costa esas visitas
     solamente en San José), constituye un vicio grave y trascendente que
     compromete la admisión de la propuesta al concurso.
     OFERTA #2. COMPONENTES EL ORBE S.A.:
           No se encuentran vicios u omisiones graves que la inhiban de
     participar al concurso. Debe entenderse, como bien lo indica en su
     nota, que el período que se acepta y ofrece en la plica, es el mínimo
     establecido en la cláusula 2.1.16 el cartel (2 años).
     OFERTA #3. TELERAD, S.A.:
          Legalmente puede ser tenida como adjudicataria. No obstante,
     estima el suscrito que la confusión en la forma de pago debe ser
     aclarada previamente por la oferente.”

     ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS OFERTAS:

     Mediante correo electrónico de fecha 3 de setiembre en curso el Ing.
     Marco Barboza Roldán solicita que se le prevenga a la empresa
     Telerad S.A. que indique si el equipo ofrecido cuenta con botón de
     cancelación de trabajos; en virtud de lo cual se realizaron las
     prevenciones respectivas tanto a nivel legal como técnico. Una vez
                                   142

que se obtuvo la respuesta se remitió al Departamento de Informática
mediante oficio 6491-DP/05-02 el día 12 de setiembre del año en curso,
a fin de que se rindiera el informe técnico.

No obstante, al revisar e iniciar la verificación de las ventas realizadas
por parte de la empresa Telerad, S.A. algunas de ellas no lograron
comprobarse por lo que se realizó una nueva prevención a dicha
empresa para que aportara copia de las facturas membretadas y
demás documentación idónea que demostrara las ventas realizadas en
el período que se requería para la evaluación. Así las cosas, el día 23
de setiembre del año en curso, se recibe respuesta de esta última
prevención, la cual es remitida ese mismo día al Departamento de
Informática junto con el expediente original, a fin de que valorara si
dicha oferta cumplía o no con los requerimientos cartelarios.

Realizado el análisis anterior, el Departamento de Informática remite el
siguiente informe:

        “En relación con el oficio 6786-DP/05-2002, en el cual se solicita
criterio para el proceso licitatorio 3-0211-02 para la adquisición de 20
impresoras tecnología láser, me permito informar que valoradas las tres
ofertas recibidas por parte de las empresas IS, Componentes El Orbe y
Telerad, se concluye que con base en el esquema de evaluación
establecido por el cartel licitatorio, la propuesta de la empresa
Componentes El Orbe obtiene el mayor puntaje, por lo que es
susceptible de adjudicación. En cuanto a las otras ofertas, tanto la
empresa IS como TELERAD no continua en proceso desde la etapa 1,
por cuanto no alcanza el 80.

      Se adjuntan los cuadros resultados.”

                       Licitación Restringida 3–211-02

                        Cuadro de detalle de ofertas
              Capacidad de



              Capacidad de




                                                                          Crecimiento a
               cancelación
               de trabajos




                                                                                           Tarjeta red
                                     mínima 25


                                                 solo negro
                                     Velocidad


                                                 Impresión




                                                                                                         Impresión
                ahorro de


                ahorro de
                Modo de



                desde el




                                                                                                          mensual
                                                                                                          150,000
                 energía
                 Marca /




                                                                                                          mínima
                 Modelo




                                                                   16MB
                  panel




                                                                                             RJ45
                  toner




                                                                              64B




IS        Kyocer SI     SI    SI    36           SI           64          256             SI             180.00
          a FS-                                                                                            0
          9100D
            N

IS Alt1   Kyocer SI     SI    SI    25           SI           64          256             SI             100.00
          a FS-                                                                                            0
                                                                   143

           3800N


Compon HP                     SI            SI               SI        25         SI    16       256              SI         150.00
entes El 4100                                                                                                                  0
Orbe


TELERA LEXMA SI                             SI               SI        30         SI    64       384              SI         150.00
D        RK                                                                                                                    0
       T620n



                                           Licitación Restringida 3-211-02
                                                 Aspectos a evaluar
                                            técnicos 20%




                                                                                             cancelado de
                           oferente 20%




                                                                                             trabajos 10%
                                                                            Velocidad de




                                                                                                                                               de operación
                                                                                                            entrega 40%
                                             Cantidad de
           Experiencia




                                                                                                                                  Precio 65%

                                                                                                                                                suministros
                            servicio del




                                                                             impresión
                                                                              instalada




                                                                                                Botón de




                                                                                                                                                 Costo de
                             Taller de




                                                                              Memoria




                                                                                                              Plazo de
              60%




                                                                                25%


                                                                                25%




                                                                                                                                                   35%
IS         1             PRO/AUT            9              Sergio Torres     64        36      SI           14            2.400                0,0080
                                                            Norman
                                                             Agüero
                                                              Jorge
                                                            Sequeira
                                                           Rafael Coto
                                                              Miguel
                                                              Vargas
 IS Alt1   1             PRO/AUT            9              Sergio Torres     64        25      SI           14            1.132                0,0088
                                                            Norman
                                                             Agüero
                                                              Jorge
                                                            Sequeira
                                                           Rafael Coto
                                                              Miguel
                                                              Vargas
Compon     10            PRO/AUT            62                 Luis          16        25      SI           15            1.350                0,0109
                                                             Barquero
entes El
 Orbe
                                                           Donald Ruiz
                                                            Alejandro
                                                             Hidalgo
                                                            Roy Leon
                                                             Randall
                                                             Montero
TELERA     5             PRO/AUT            8                 Irving         64        30     NO            15            1.790                0,0110
                                                            Rodriguez
   D
                                                             Marco
                                                            Venegas
                                                           Warren Avila
                                                             Ricardo
                                                             Blanco
                                                                                                               144

                                                                                              Gerardo
                                                                                              Salazar



                                            Licitación Restringida 3-211-02
                                            Cuadro resultado de evaluación




                                                                                                                                                                                                                               Costo de suministros
                                                                      Cantidad de técnicos
                                             Taller de servicio del




                                                                                                                                                    Botón de cancelado




                                                                                                                                                                                                                                                            TOTAL PUNTAJE
                                                                                                               Memoria instalada




                                                                                                                                                                                                                                de operación 35%
                                                                                              TOTAL ETAPA 1




                                                                                                                                                                                                 TOTAL ETAPA 2
                                                                                                                                                                         Plazo de entrega
                          Experiencia 60%




                                                                                                                                                     de trabajos 10%
                                                                                                                                    impresión 25%
                                                 oferente 20%




                                                                                                                                     Velocidad de




                                                                                                                                                                                                                  Precio 65%
                                                                             20%




                                                                                                                    25%




                                                                                                                                                                               40%
        IS            6                     20                        20                     46
        IS Alt1       6                     20                        20                     46
        Component
        es El Orbe   60                     20                        20                     100               6                   25,0             10                   40                 81                   65 35,000                            100
        TELERAD      30                     20                        20                     70


        EVALUACIÓN:

             De conformidad con lo previsto en el aparte N° 9.3 del pliego de
        condiciones de esta licitación y considerando la información aclarada
        vía prevención por el oferente Telerad S.A., seguidamente se aplica el
        sistema de evaluación a las empresas Componentes El Orbe S.A. y
        Telerad S.A., esto por cuanto según el dictamen legal la empresa I.S.
        Productos de Oficina Centroamérica, S.A.             cuenta con un
        condicionamiento para la administración que constituye un vicio grave y
        trascendente que compromete la admisión de la propuesta a concurso,
        con lo cual se tiene:

                                                                                                              I FASE


        Del oferente (100%)

                                                                                                                                                               Telerad S.A.
Componentes El Orbe

          a.- Experiencia (60%)                                                                                                            a.- Experiencia (60%)
      Equipos vendidos = 10 puntos                                                                                                      Equipos vendidos = 5 puntos
                  60%                                                                                                                              30%

    b.- Taller de servicio Propio (20%)                                                                                            b.- Taller de servicio Propio (20%)
                     20                                                                                                                             20
     c.- Cantidad de Técnicos (20%)                                                                                                 c.- Cantidad de Técnicos (20%)
                     20                                                                                                                             20
                                     145

        TOTAL FASE I                               TOTAL FASE I
           100%                                        70%

   Según indica el ítem 9.2 del pliego de condiciones, “aquellas ofertas
   que obtengan una calificación igual o mayor a un ochenta por ciento
   (80%) en la primera fase, conservarán su condición de elegibles y
   pasarán a ser evaluadas en la segunda fase”; en este orden de cosas,
   en el anterior cuadro se evidencia que la empresa Telerad, S.A. no
   alcanza el porcentaje mínimo establecido para pasar a la Fase II y la
   única oferta que puede continuar en la siguiente etapa del sistema de
   evaluación, es la presentada por la empresa Componentes El Orbe
   S.A., por esta razón, la aplicación de las siguientes fases establecidas
   en dicho sistema, pierde sentido, ya que al no haber competencia y
   siendo que la empresa Componentes El Orbe, S.A. cumple con los
   requerimientos técnicos en el equipo que oferta, se concluye que es la
   única oferta susceptible de adjudicación.

   CONCLUSIÓN:
         De conformidad tanto con la aplicación del sistema de evaluación,
   como de los estudios técnicos y legales, es posible obtener las
   siguientes conclusiones:

A. La Oferta N°1 de la empresa I.S. Productos de Oficina Centroamérica,
   S.A., contiene un vicio grave y trascendente que la descalifica por
   establecer un condicionamiento a la Administración en cuanto a la
   cláusula 2.1.16 del pliego de condiciones.
B. Al aplicar el sistema evaluación se obtiene como resultado que la oferta
   N°3 de la empresa Telerad, S.A., cumple con los requerimientos
   cartelarios, pero no supera la primera fase en el sistema de evaluación,
   con lo que se tiene que la empresa Componentes El Orbe S.A. es la
   única susceptible de adjudicación y cumple con los requerimientos
   cartelarios.

   RECOMENDACION:
   Verificado el contenido presupuestario, según Solicitud de Mercancías
   N°200802, mediante la que se realizó la reserva de fondos para esta
   compra, por un monto de ¢33.341.074, 56 los cuales resultan suficientes
   para atender la presente contratación.
   De conformidad con las conclusiones anteriores es procedente
   recomendar que se adjudique el presente proceso licitatorio a la
   empresa:
   COMPONENTES EL ORBE S.A., cédula jurídica Nº 3-101-111502-18.
        Línea 1   Compra de 20 (veinte) impresoras marca Hewlett
   Packard Modelo 4100, tecnología láser, [destinadas al uso de los
                                                 146

          despachos de       la   jurisdicción    de   tránsito]   con   las   siguientes
          características:

      Capacidad para modo de ahorro de energía
      Capacidad para modo de ahorro de toner.
      Capacidad de cancelación de trabajos desde panel de impresora
      Velocidad mínima de veinticinco páginas por minuto (25 ppm)
      Impresión a un solo color, negro
      Con un mínimo de capacidad instalada de recepción en memoria 16 MB
      Capacidad de crecimiento de la memoria a un mínimo de 64 megabytes
       (MB).
      Con dispositivo de conexión a red, conector RJ 45 de 10/100 megabits
       por segundo.
      Con botón de cancelado en la impresora, con el fin de cancelar trabajos.
      Garantizada para imprimir mensualmente un mínimo de 150.000 páginas

          Precio   unitario $1.350,°°      Precio Total $27.000,°° (veintisiete mil
          dólares netos), que al tipo de cambio promedio del día 07 de octubre de
          2002 de ¢369,51 por $USA, equivale a ¢9.976.770,°°.
          Plazo de Entrega: 15 días naturales: 12 días para la entrega de
          documentos y 3 días para la nacionalización y entrega.
          Garantía: 2 años.

          Demás términos y condiciones de conformidad con el cartel y la oferta.
          Total recomendado adjudicar en esta licitación $27.000,°°”
                                        -0-
         De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial, 56 y 57 del Reglamento de Contratación Administrativa, y la recomendación

formulada por el Departamento de Proveeduría contenida en oficio N° 7148-DP/05-02 de

7 de este mes, se acordó: Adjudicar la Licitación Restringida N° 03-0211-02 para la

“Compra de 20 impresoras láser”, a:

COMPONENTES EL ORBE S.A., cédula jurídica Nº 3-101-111502-18.

     Línea 1 Compra de 20 (veinte) impresoras marca Hewlett Packard Modelo
                                            147

4100, tecnología láser, [destinadas al uso de los despachos de la jurisdicción

de tránsito] con las siguientes características:

      Capacidad para modo de ahorro de energía
      Capacidad para modo de ahorro de toner.
      Capacidad de cancelación de trabajos desde panel de impresora
      Velocidad mínima de veinticinco páginas por minuto (25 ppm)
      Impresión a un solo color, negro
      Con un mínimo de capacidad instalada de recepción en memoria 16 MB
      Capacidad de crecimiento de la memoria a un mínimo de 64 megabytes
       (MB).
      Con dispositivo de conexión a red, conector RJ 45 de 10/100 megabits
       por segundo.
      Con botón de cancelado en la impresora, con el fin de cancelar trabajos.
      Garantizada para imprimir mensualmente un mínimo de 150.000 páginas

          Precio   unitario $1.350,°°    Precio Total $27.000,°° (veintisiete mil
          dólares netos), que al tipo de cambio promedio del día 07 de octubre de
          2002 de ¢369,51 por $USA, equivale a ¢9.976.770,°°.
          Plazo de Entrega: 15 días naturales: 12 días para la entrega de
          documentos y 3 días para la nacionalización y entrega.
          Garantía: 2 años.

          Demás términos y condiciones de conformidad con el cartel y la oferta.
         Total adjudicado en esta licitación $27.000,°°

         El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo. Acuerdo

firme.

                                     ARTÍCULO LXXVI

         En oficio N° 7261-DP/03-02 de 10 de octubre en curso, el Lic. Luis A. Barahona

Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, envía la documentación referente a la

Licitación Restringida N° 3-217-02 denominada “Sustitución del techo en el edificio de

los Tribunales de Justicia de Limón”, que literalmente dice:

          “En referencia a la Licitación Restringida Nº 3-217-02 denominada
          “Sustitución del techo en el edificio de los Tribunales de Justicia
                                   148

de Limón”, remitimos a usted la documentación adjunta, con el ruego
de que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de
que tomen el acuerdo que consideren conveniente.
     En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
hábiles dispuesto en la cláusula 6.4 del cartel para resolver esta
contratación vence el lunes 11 de noviembre del año 2002.
     Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de
Contratación Administrativa vigente; marco jurídico a través del cual se
tramitó el presente concurso, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con
los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se
determinó que:

ANÁLISIS DE OFERTAS:
   Para este concurso se recibió una (1) sola oferta correspondiente
a:
1)   Olman Sandino González, C.I. Nº 1-652-181.

ESTUDIO E INFORME DE LA SECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL:
       Mediante oficio Nº 7060-DP/03-02 de 2 de octubre del 2002, se
solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
estudio del marco legal de la única oferta recibida, señalándose lo
siguiente:
“ (...) con la finalidad de determinar tanto su admisibilidad y qué
defectos u omisiones serían subsanables en caso de requerirse, se
manifiesta que producto de su revisión inicial, este Despacho ha
advertido lo siguiente:

   No se acompaña cronograma de actividades referido al plazo de
    ejecución señalado. (véase cláusula 7.2.2 del cartel)

   El desglose del precio cotizado no suma el cien por ciento señalado.
    (véase folios Nº 4 del apartado de “Ofertas” y Nº 1 del apartado
    “Cuadro económico”)

   No se tiene claro si la oferta incluye o no impuestos, dadas las
    manifestaciones indicadas en los puntos “Tercero” y “Sétimo” visibles
    a folios 8 y 7 del apartado de “Ofertas”.

   En lo relativo al ajuste a los requerimientos técnicos establecidos, se
solicitó el informe correspondiente al Departamento de Servicios
Generales, para que desde el campo de su competencia, se refiera
sobre este particular.”

      En el informe del estudio legal realizado por el licenciado Carlos T.
                                   149

Mora Rodríguez; Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, según oficio
Nº 1365-DE/AL-02 de fecha 3 de octubre del 2002, se manifiesta lo
siguiente:
   “ (...) me permito referirle que la propuesta de OLMAN SANDINO
GONZALEZ, legalmente califica a una eventual adjudicación.
  De conformidad con el artículo 56 del Reglamento General de
Contratación Administrativa, debe prevenirse a la oferente para que
aporte la información que requiera el Departamento de Proveeduría
sobre los defectos encontrados en el cronograma de actividades,
desglose del precio cotizado y sobre la inclusión o no de los
impuestos.”

ESTUDIO E INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES:
      Mediante oficio Nº 6988-DP/03-02 de fecha 1º de octubre del 2002,
se solicitó al Departamento de Servicios Generales, el estudio del ajuste
y fiel cumplimiento de la única oferta recibida a los requerimientos
establecidos.
      En el informe rendido por el ingeniero Tobías Mena Aguilar; Jefe
del Departamento de Servicios Generales, según oficio Nº 1753-SG/AI-
02 de fecha 8 de octubre del 2002, se manifiesta lo siguiente:

“En atención al oficio 6988-DP/03-02, referente a la valoración de la
única oferta recibida para la “Sustitución del techo del Edificio de los
Tribunales de Justicia de Limón”, según Licitación Restringida N°3-217-
02, le transcribo el informe realizado por el arquitecto Daniel Saborío
Alpízar, el cual es avalado por esta Jefatura.

“Según oferta esta obedece a lo solicitado en planos constructivos y
especificaciones técnicas, sin embargo hay un punto de la oferta que es
confuso y parece querer estar limitando la supervisión de los trabajos por
parte de la Institución: en la página 5 de la oferta presentada por el Sr.
Olman Sandino González exactamente en la parte de “Coordinación de
los trabajos” se lee la siguiente línea: “Se realizará una inspección por
cada etapa de avance y de acuerdo a autorización, a razón de que el
trabajo quede terminado a entera satisfacción del Poder Judicial”.

   En esta línea no se entiende claramente a qué se refiere la
“inspección por cada etapa”, ya que la Institución es la única que tiene la
potestad expresa de inspeccionar los trabajos en el momento en que
más le convenga a sus intereses. Luego no se entiende a que
“autorización” se refiere este apartado ni a quién, ya que solo la
Institución tiene el derecho de autorizar cualquier visita de inspección y
de verificar la ejecución del proyecto de acuerdo al cartel de contratación.
                                           150

             Tampoco se está incluyendo el cronograma de actividades solicitado
          en el apartado 7.2.2 del cartel, dentro de la oferta, que para la parte
          técnica es muy importante para poder llevar adelante un buen
          procedimiento de fiscalización.

             Otro aspecto sumamente importante es el monto ofertado por la
          empresa ya que está muy por debajo del presupuesto base elaborado
          por este Departamento, más de cuatro millones de colones de diferencia.
          Siempre hemos asumido un rango de por lo menos un 15% sobre o por
          debajo de nuestro presupuesto para aceptar alguna oferta, por lo que se
          considera RUINOSA y debe rechazarse.

             Aparte del análisis legal que le corresponde a otras instancias
          judiciales, no es posible aceptar esta oferta desde el punto de vista
          técnico por las razones antes indicadas.”

          RECOMENDACIÓN:
               Dadas las circunstancias concurrentes, y especialmente el hecho
          de que se considere desde el punto de vista técnico que la única oferta
          presentada resulta inaceptable por las razones detalladas en el informe
          antes trascrito, se recomienda declarar desierta la presente licitación
          por no disponerse de ofertas elegibles.”
                                            -0-

         Se acordó:    Acoger la recomendación anterior, en consecuencia, declarar

desierta la Licitación Restringida Nº 3-217-02 denominada “Sustitución del techo en el

edificio de los Tribunales de Justicia de Limón”.

         El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo. Acuerdo

firme.

                                    ARTÍCULO LXXVII

         El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con nota N° 7209-DE-2002 de 7

de octubre en curso, remite el oficio N° 7104-DP/09-20002, suscrito por el Lic. Luis

Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, que literalmente dice:

          “...con el ruego atento de que sea sometido a la aprobación del
          Consejo Superior, muy respetuosamente me permito informarle que en
          sesión celebrada el día 14 de agosto de 2002, artículo LXVI, el Consejo
          Superior adjudicó en favor de Formularios Estándar Costa Rica S.A., la
                                   151

 compra de 2000 cajas de papel de cómputo 3 partes, cada una con 950
 fórmulas continuas en papel de calidad superior, tamaño 24 x 27.9 cm,
 con un valor por caja de ¢6.830,00, para un monto total adjudicado de
 ¢13.660.000,00; ello, con motivo de la licitación restringida Nº 3-203-
 02 denominada “Compra de 2000 cajas de papel de cómputo de 3
 partes”, que se tramitó para solventar las necesidades de este
 suministro

  En el presente ejercicio presupuestario, se requieren suministros
 adicionales, requeridos por la Sección de Suministros de esta
 Proveeduría, para abastecer a los diferentes despachos judiciales del
 país y así coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones.

  Se hace menester aprovechar el procedimiento de referencia y
 adquirir, por ampliación, una fracción del 50% del contrato anterior, la
 cual para este caso correspondería a la cantidad de un ochocientas
 ochenta y dos cajas de 950 fórmulas, de papel de cómputo tres partes
 adicionales, sobre la base de lo recibido.

  Al respecto, el artículo 14.5 del Reglamento General de Contratación
 Administrativa establece que:

 “14.5 Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o
 servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo
 contratista siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

14.5.1      Que el contratista libremente convenga en ello;

 14.5.2     Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases
 del precedente;

 14.5.3      Que el monto del nuevo contrato sume no más del 50% del
 contrato anterior;

 14.5.4      Que no hayan transcurrido más de seis meses después de
 la recepción provisional del objeto del primer contrato; y

 14.5.5     Que se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento
 en los demás aspectos pertinentes.”

  Consultados los registros que lleva este Departamento de
 Proveeduría, se verificó que la citada casa comercial ha venido
 cumpliendo a satisfacción con su compromiso contractual.

 Al respecto debe acotar esta Proveeduría, que:
                                         152



        Actualmente, existe contenido presupuestario separado mediante
       Solicitud de Mercancías No. 200208, registro contable 824, IP=99,
       subpartida 232, por un monto de ¢6.030.000,00, a efecto de hacer
       frente a la negociación.
        Consultada la firma Formularios Estándar Costa Rica S.A. sobre su
       disposición para suministrar el adicional del papel suplido bajo las
       mismas condiciones de la negociación anterior, en escrito de fecha 19
       de setiembre en curso, manifiesta su anuencia.

         Por tanto, con fundamento en la norma antes transcrita, visto que el
       contrato de interés se tiene por ejecutado, que el contrato primario más
       la suma correspondiente a 882 cajas que ahora interesa adquirir no
       supera la cuantía del procedimiento de licitación restringida celebrada,
       que no han transcurrido más de seis meses después del recibo del
       objeto inicial y que el adjudicatario conforme nota de 19 del pasado, se
       comprometió a mantener las mismas condiciones y precios, se solicita,
       someter las presentes diligencias a conocimiento de los miembros del
       Consejo Superior, con el ruego de que se apruebe contratar con
       Formularios Estándar Costa Rica S.A., la adquisición adicional de 882
       (ochocientos ochenta y dos) cajas que contengan cada una 950
       fórmulas continuas en papel de calidad superior, para impresora de
       matriz de puntos, en original y dos copias, tamaño 24 x 27.9 cm,
       original y dos copias en papel bond 60 g/m con papel carbón
       intercalado, para mantener en stock, con un precio unitario de
       ¢6.830,00, el cual representa un monto total de ¢ 6.024.070,00. El
       plazo de entrega será para el 15 de noviembre de 2002, el lugar de
       entrega será en las Bodegas de Montelimar.

            Debido a la cuantía del negocio y de los recientes criterios de la
       Contraloría General de la República no resulta necesario la
       formalización de esta nueva adjudicación mediante documento
       contractual.”
                                        -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar al

Departamento de Proveeduría para la contratación de los formularios de que se dio

cuenta. Acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LXXVIII

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7204-DE-02 de 7 de
                                          153

octubre en curso, remite el siguiente informe:

        “...con base en lo que dispone el artículo 9º del Reglamento para el
        Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del
        Seguro de Salud, esa Institución devolvió, sin efectuar el reintegro del
        subsidio correspondiente, la incapacidad que se cita a continuación, por
        cuanto fueron agotados los 547 días de incapacidad:

         NOMBRE                             CEDULA           PERIODO
BRENES NAVARRO ROXANA                    3-203-688            31-07-01 al 14-08-01

              Lo anterior según información suministrada por el Departamento
        Financiero Contable en oficio Nº667-SC-2002, de fecha 20 de
        setiembre de 2002, suscrito por la Licda. Ana I. Jiménez Salazar, Jefe
        de la Sección de Contabilidad de ese Departamento.

             No omito manifestar que en sesión celebrada por ese Consejo el
        11 de julio de 2002, artículo XXXIX, se dispuso separar de su cargo a la
        señora Brenes Navarro, por incapacidad absoluta y permanente para
        laborar en el Poder Judicial, a partir del 12 de julio.

           Por lo antes expuesto, se trasladan las presentes diligencias a fin de
        que, si lo tienen a bien, el Consejo Superior disponga que el Poder
        Judicial asuma el 100% de la incapacidad a la que se ha hecho
        referencia.”
                                         -0-

        Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y, de conformidad con el

artículo 42 de la Ley Orgánica, que el Poder Judicial asuma el 100% de los salarios del

mencionado servidor durante los períodos de referencia. Los Departamentos de

Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO LXXIX

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 7205-DE-02 de 7 de

octubre en curso, remite el siguiente informe:

             “...con base en lo que dispone el artículo 9º del Reglamento para
        el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del
        Seguro de Salud, esa Institución devolvió, sin efectuar el reintegro del
        subsidio correspondiente, las incapacidades que se citan a
        continuación, por cuanto fueron agotados los 547 días de incapacidad
                                           154

        para el primer caso y los 84 días de ayuda económica para el segundo
        caso:

                 NOMBRE                      CEDULA              PERIODO
        BRENES NAVARRO ROXANA                3-203-688        30-12-01 al 11-01-02
        ULLOA NÚÑEZ EDDIE                    1-652-983        10-11-01 al 09-12-01
                                                              10-12-01 al 08-01-02
                                                              10-01-02 al 08-02-02


              Lo anterior según información suministrada por el Departamento
        Financiero Contable en oficio Nº634-SC-2002, de fecha 17 de
        setiembre de 2002, suscrito por la Licda. Ana I. Jiménez Salazar, Jefe
        de la Sección de Contabilidad de ese Departamento.

             No omito manifestar que en sesión celebrada por ese Consejo el
        11 de julio de 2002, artículo XXXIX, se dispuso separar de su cargo a la
        señora Brenes Navarro, por incapacidad absoluta y permanente para
        laborar en el Poder Judicial, a partir del 12 de julio pasado y en sesión
        del 23 de abril de 2002, artículo XXXIII se dispuso separar para mejor
        servicio al señor Ulloa Núñez , con derecho a jubilación, a partir del 23
        de abril del año en curso .

           Por lo antes expuesto, se trasladan las presentes diligencias a fin de
        que, si lo tienen a bien, el Consejo Superior disponga que el Poder
        Judicial asuma el 100% de la incapacidad a la que se ha hecho
        referencia.”
                                            -0-

        Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y, de conformidad con el

artículo 42 de la Ley Orgánica, que el Poder Judicial asuma el 100% de los salarios del

mencionado servidor durante los períodos de referencia. Los Departamentos de

Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO LXXX

      El Lic. Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento de Tecnología de

Información, con el visto bueno del Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio

N° 374-I-2002 de 5 de octubre en curso, remite la lista de necesidades respecto a

capacitación para el personal de ese despacho, durante el presente año.
                                            155

              “...Según un estudio de mercado realizado por la Sección de
       Apoyo a la Gestión Informática de este Departamento, tomando en
       consideración aspectos referentes a nivel y precio de las cotizaciones
       recibidas, la empresa Executrain es la que mejor se adapta a los
       requerimientos del Poder Judicial, en cuanto a los siguientes cursos:


       Tópico           # participantes                   Curso                   Costo
                                                                                   en $
Visual Basic Avanzado
                                 8           Master Visual Basic                    3000
                                 8           Enterpresice Visual Basic              3000

Visual Studio . Net
                                 3           Introduction to Visual Basic .Net      1200
                                             Developing Microsoft Dot Net           4000
                                10           Applications for Windows

C++                                                                                 1200
                                             Mastering fundamental using            1200
                                 3           Microsoft Visual C++
                                             Mastering develoment using
                                 3           Microsoft Visual C++
Adm de BD para
desarrollador SQL
Server
                                             Administering a MS SQL Server           800
                                 2           2000 Database
                                             Programming a MS SQL Server             800
                                 2           Database
                                                                                 $15.200

              Es importante indicar que la empresa Soluciones Integrales, es
       la única en el ámbito nacional que imparte los siguientes cursos:

                                                         Curso                   Costo
       Tópico             # participantes
                                                                                 En $
Base Datos Sybase
p/adm
                                              System Database                      700
                                 1            Administration
                                              Performance and Tunning              750
                                 1            Configuring ASE

Base Datos Sybase p/
desarrolladores
                                              Perfomance and Tunning              4200
                                 6            Query Optimazer
                                                                                 $5.650
                                          156



        Para los efectos respectivos, anexo la certificación de contenido
        presupuestario extendida por el Departamento Financiero Contable.”

                                          -0-

      Se acordó: Autorizar la capacitación de que se dio cuenta, dirigida al personal

del Departamento de Tecnología de Información. Asimismo se hace del conocimiento

de la Jefatura de dicho despacho que en adelante toda capacitación debe ser

gestionada a través de la Comisión de Capacitación del Área Administrativa.

                                   ARTÍCULO LXXXI

      Mediante oficio N° 11179-02 de 12 de setiembre último, la Secretaría General de

la Corte, trasladó a la Dirección Ejecutiva, la nota suscrita por los Jueces del Tribunal

del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en que solicitan se les dote de aire

acondicionado, ya que los que tienen sólo uno funciona.

      En atención a la solicitud anterior, el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

con oficio N° 7224-DE-2002 de 8 de octubre en curso, traslada el informe N° 842-

UARL-2002-10-14 remitido por el Lic. José Rubén Dimas Portilla, Jefe de la Unidad

Administrativa Regional de Limón, que literalmente dice:

        “Efectivamente los dos aires acondicionados de una de las salas de
        juicio no funcionan, así como los aires de las oficinas de 5 Jueces del
        Tribunal. En todo este tiempo atrás los aires se han venido reparando,
        pero los gastos que se ha incurrido han sido altos, dado que los
        aparatos son viejos (más de 7 años), aunado a las condiciones
        climáticas de la zona, los mismos dejan de funcionar al poco tiempo.
        Esta Administración con base al diagnóstico del Técnico en
        reparaciones de aires, va tomando en cada caso la decisión de no
        seguir reparando los aires, a fin de evitar gastos innecesarios.
        Por otra parte le informo que todos los demás aparatos de aires
        acondicionados de los despachos de Limón Centro, están en iguales
        condiciones de deterioro.”
                                           157

                                           -0-

      Asimismo se acompaña el oficio N° 1712-SG/AI-02 suscrito por el Ing. Tobías

Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios Generales y que a continuación se

transcribe:

              “De acuerdo a la inspección realizada en el sitio en compañía del
        Técnico Carlos Guerrero de mantenimiento se determinó que todos los
        equipos están totalmente deteriorados, algunos ya sin ningún
        funcionamiento, por lo que la recomendación es la sustitución de todos
        los equipos.

             Se recomienda también la colocación de aires acondicionados tipo
        Mini Split ya que el mantenimiento es mínimo y la durabilidad de los
        equipos es mayor ya que las parrillas evaporadoras no tienen ningún
        contacto con el aire salino al estar en la parte interna de las oficinas.
        Luego el condensador es una unidad que está diseñada para soportar
        condiciones tropicalizadas y a la interperie.

              A continuación le remito un listado de los equipos requeridos:

        SALA DE JUICIOS No. 1 y SALA DE JUICIOS No. 2:

             Con un área de 60.00 m2 cada sala, se recomienda la colocación
        un equipo Mini Split para cada una con las siguientes características:

              2 sistemas de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
        instalación) con una capacidad de 60.000 BTU/h, para operar a 208/230
        voltios, 1 fase, 60 ciclos. Compresor con un consumo a plena carga de
        19.5 amperios. El evaporador será suspendido en cielo, tres velocidades
        caudal de aire bajo/medio/alto 1020/1120/1280 CFM, barrido automático
        de aire vertical, tres direcciones de flujo, control remoto infrarrojo
        inalámbrico, timer 24 horas, filtros lavables de fácil acceso.

            COSTO ESTIMADO AMBOS EQUIPOS: ...........................¢1.900.000,00
        (un millón novecientos mil colones con 00/100)

        OFICINA DE JUEZ No. 1:

             Con un área de 18.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
        Mini Split con las siguientes características:

              1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
                                          158

instalación) con una capacidad de 10.000 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos.
Compresor hermético rotativo, consumo a plena carga 4.1 amperios,
eficiencia EER 11.5, caudal de aire en evaporador 578 CFM. Instalación
en pared alta, tres velocidades, barrido automático de aire vertical, tres
direcciones de flujo, control remoto infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas,
función deshumidificadora 1.2 l/h, filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: ............................................................. ¢450.000,00
(cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100)

OFICINA DE JUEZ No. 2:

     Con un área de 26.50 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

       1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 14.100 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos. Compresor hermético rotativo, consumo a
plena carga 6.2 amperios, eficiencia EER 10.7, caudal de aire en
evaporador 694 CFM. Instalación en pared alta, tres velocidades, barrido
automático de aire vertical, tres direcciones de flujo, control remoto
infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas, función deshumidificadora 1.8 l/h,
filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: .............................................................. ¢520.000,00
(quinientos veinte mil colones con 00/100)

OFICINA DE JUEZ No. 3:

     Con un área de 20.50 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

       1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 10.000 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos. Compresor hermético rotativo, consumo a
plena carga 4.1 amperios, eficiencia EER 11.5, caudal de aire en
evaporador 578 CFM. Instalación en pared alta, tres velocidades, barrido
automático de aire vertical, tres direcciones de flujo, control remoto
infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas, función deshumidificadora 1.2 l/h,
filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: .............................................................. ¢450.000,00
(cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100)
                                          159

OFICINA DE JUEZ No. 4:

     Con un área de 25.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

       1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 14.100 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos. Compresor hermético rotativo, consumo a
plena carga 6.2 amperios, eficiencia EER 10.7, caudal de aire en
evaporador 694 CFM. Instalación en pared alta, tres velocidades, barrido
automático de aire vertical, tres direcciones de flujo, control remoto
infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas, función deshumidificadora 1.8 l/h,
filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: .............................................................. ¢520.000,00
(quinientos veinte mil colones con 00/100)

OFICINA DE JUEZ No. 5:

     Con un área de 29.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

      1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 14.100 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos.
Compresor hermético rotativo, consumo a plena carga 6.2 amperios,
eficiencia EER 10.7, caudal de aire en evaporador 694 CFM. Instalación
en pared alta, tres velocidades, barrido automático de aire vertical, tres
direcciones de flujo, control remoto infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas,
función deshumidificadora 1.8 l/h, filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: .............................................................. ¢520.000,00
(quinientos veinte mil colones con 00/100)

OFICINA DE JUEZ No. 6:

     Con un área de 20.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

      1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 10.000 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos.
Compresor hermético rotativo, consumo a plena carga 4.1 amperios,
eficiencia EER 11.5, caudal de aire en evaporador 578 CFM. Instalación
en pared alta, tres velocidades, barrido automático de aire vertical, tres
                                          160

direcciones de flujo, control remoto infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas,
función deshumidificadora 1.2 l/h, filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: ............................................................. ¢450.000,00
(cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100)

OFICINA DE JUEZ AGRARIO (Juzgado Agrario):

     Con un área de 20.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

      1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 10.000 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos.
Compresor hermético rotativo, consumo a plena carga 4.1 amperios,
eficiencia EER 11.5, caudal de aire en evaporador 578 CFM. Instalación
en pared alta, tres velocidades, barrido automático de aire vertical, tres
direcciones de flujo, control remoto infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas,
función deshumidificadora 1.2 l/h, filtros lavables de fácil acceso.

    COSTO ESTIMADO: .............................................................. ¢450.000,00
(cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100)

     Además se incluye también un aire acondicionado para la oficina
del Segundo Juez de Tránsito que es el área nueva a remodelar
próximamente:

     Con un área de 27.00 m2 se recomienda la colocación un equipo
Mini Split con las siguientes características:

      1 Sistema de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT (suministro e
instalación) con una capacidad de 14.100 BTU/h para operar a 208/230
voltios, una fase, 60 ciclos.
Compresor hermético rotativo, consumo a plena carga 6.2 amperios,
eficiencia EER 10.7, caudal de aire en evaporador 694 CFM. Instalación
en pared alta, tres velocidades, barrido automático de aire vertical, tres
direcciones de flujo, control remoto infrarrojo inalámbrico, timer 24 horas,
función deshumidificadora 1.8 l/h, filtros lavables de fácil acceso.

     COSTO ESTIMADO: ............................................................. ¢520.000,00
(quinientos veinte mil colones con 00/100)

     SUB-TOTAL AIRES ACONDICIONADOS: ........................¢5.780.000,00

      Se requiere la instalación eléctrica para cada equipo. En el sitio se
                                                  161

        constató que la mayoría de equipos estaban mal instalados, es decir,
        utilizando cable TSJ, sin tubería.

              Las nuevas instalaciones requerirán de que se instale un Breaker
        por cada aire acondicionado del amperaje que recomiende la casa
        fabricante, instalado debidamente en la caja de circuitos existente para
        este uso. La instalación será en 220 Voltios con línea polarizada y
        debidamente aterrizados a tierra. El cableado será conducido en tubería
        de PVC del diámetro requerido y el calibre de los cables será el
        recomendado por la casa fabricante y cumpliendo todo con el reglamento
        eléctrico nacional vigente.      Cada línea llegará hasta la unidad
        evaporadora o a la condensadora de acuerdo a la recomendación de la
        casa fabricante y se instalará un switch del amperaje recomendado por la
        casa fabricante para desconectar el equipo en caso de mantenimiento.

              En todo caso se deberán respetar todos los requerimientos
        eléctricos que exija la casa fabricante con la excepción de que no se
        permitirá el uso de cable TSJ para llevar la energía eléctrica a los
        equipos. Solo se permitirá tubería PVC debidamente engasada a la losa.

             COSTO POR CADA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ................¢60.000,00

        SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS: ........ ¢600.000,00

        GRAN TOTAL: ................................................ ¢6.380.000,00
        (seis millones trescientos ochenta mil colones con 00/100)”

                                                  -0-
      Informa el Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Subdirector Ejecutivo, que existe

contenido presupuestario para hacer frente a dicha erogación.

      Con vista en el informe del Lic. Morales Monge, se acordó: Acoger el informe

del Departamento de Servicios Generales, en consecuencia, autorizar la sustitución de

los aires acondicionados para el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

      La Dirección Ejecutiva y los Departamentos Financiero Contable, de Proveeduría

y la Unidad Administrativa Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

tomarán nota para los fines consiguientes. Acuerdo firme.”
                                              162

                                   ARTÍCULO LXXXII

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7232-DE-2002 de 8

de octubre en curso, remite el informe N° 1349-DE/AL-02 de 1° de este mes, suscrito

por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la

Dirección Ejecutiva, que literalmente dice:

                “En atención al oficio de 11 de setiembre último, suscrito por la
        señora Olga Lidia Montero Jurado, en el que solicita se le devuelva el
        monto correspondiente a cuotas obreras que se le dedujo del subsidio
        pagado por la Caja Costarricense del Seguro Social, como cotización
        para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, durante los períodos en
        que se encontraba disfrutando de licencia por maternidad; debo
        referirle lo siguiente:

             El numeral 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone en lo
        que interesa:

        “Artículo 42. Cuando un servidor judicial sea incapacitado por
        enfermedad la Dirección Ejecutiva tramitará la licencia con goce de
        sueldo. (...) El servidor recibirá lo necesario hasta completar su
        salario a partir del monto que reciba de la Caja Costarricense del
        Seguro Social (...). (la negrita no es del original).”

              En el mismo orden de ideas el artículo 44 de dicho cuerpo legal
        refiere en lo que interesa:

        “Artículo 44. (...) Toda servidora judicial en estado de gravidez tendrá
        derecho a licencia con goce de salario completo por cuatro meses,
        distribuidos un mes antes y tres meses después del parto. Durante este
        período se le pagará a la servidora en la forma dispuesta en el
        artículo 42 de esta Ley, y la Corte le garantizará todos los derechos
        acordados en el artículo 97 del Código de Trabajo. (la negrita es
        nuestra).”

              De dicha normativa, es posible decir que a la servidora que se le
        otorgue licencia por maternidad disfruta de un permiso con goce de
        salario, de manera que su sueldo no se ve afectado en ningún caso,
        por cuanto percibe el cien por ciento del mismo.

              La misma Ley Orgánica en el numeral 240, dispone en lo que
        interesa:
                                   163


      “ARTICULO 240.- Los funcionarios y empleados propietarios o
interinos que hubieran cesado o que cesen en el ejercicio de sus
cargos no tendrán derecho a que se les devuelva el monto de las
cuotas con que hubieran contribuido a la formación del Fondo de
Jubilaciones                        y                        Pensiones.
    Sin embargo, si no hubieran obtenido los beneficios de jubilación o
pensión, sí tendrán derecho a que el monto de las cuotas con que
hubieran contribuido a la formación del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones Judiciales se traslade a la Caja Costarricense de Seguro
Social, a fin de que estas cuotas se les computen dentro del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte, o a la institución administradora del
régimen en el que se vaya a otorgar la jubilación o pensión para el
mismo propósito de cómputo de cuotas. La solicitud de traslado la hará
la entidad pública, respectiva cuando vaya a otorgar la jubilación o
pensión y si el monto de las cuotas fuere mayor la Corte girará el total
de las cuotas, aunque fuere mayor de las necesarias para el
otorgamiento de la jubilación o pensión. Al solicitar la Caja o la
respectiva entidad pública el traslado de cuotas, queda obligada a
admitir al servidor en su correspondiente régimen de jubilaciones y
pensiones.
      Los funcionarios y empleados que hubieran retirado sus cuotas e
ingresen de nuevo al Poder Judicial, tendrán derecho a que se les
compute el tiempo anteriormente servido, si ellos o la entidad pública
respectiva reintegran al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de
las cuotas que hubieran recibido. El Consejo podrá dar facilidades para
el reintegro de esas sumas.
      Los funcionarios y empleados judiciales sujetos a las
disposiciones de esta Ley, sobre seguro social obligatorio no estarán
exentos por ese motivo de pagar las cuotas señaladas para el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones. Esas cuotas lo mismo que las del Estado
ingresarán, sin deducción alguna, en el referido Fondo.”

      Así las cosas, de la normativa citada es posible decir que todo
servidor judicial que sea incapacitado, o tratándose de una servidora a
la que se le otorgue licencia por maternidad, recibe el cien por ciento de
su salario, de manera que no sufre ningún tipo de perjuicio económico.
En este mismo sentido, debe indicarse que el Poder Judicial paga la
totalidad del sueldo al servidor y la Caja Costarricense del Seguro
Social le reintegra el porcentaje que le corresponde asumir en los casos
de incapacidades (subsidio); siendo que tratándose de licencias por
maternidad reintegra el cincuenta por ciento del salario percibido por el
funcionario y en los demás casos el sesenta por ciento. Además, tal y
como se desprende del citado numeral 240 de la Ley Orgánica, al
Fondo se le aplica principio el protector el cual imposibilita hacer
                                             164

        reintegros específicos directamente a sus contribuyentes, pues lo
        primordial es velar por los intereses generales de sus beneficiarios y no
        por el interés particular; de ahí que no sea procendente la devolución
        que pretende la señora Montero Jurado.”

                                             -0-

      Se acordó:     Acoger el informe rendido por el Asesor Legal de la Dirección

Ejecutiva y denegar la solicitud pretendida por la señora Montero Jurado para que se le

devuelva el monto correspondiente a las cuotas obreras que se le dedujo del subsidio

pagado por la Caja Costarricense del Seguro Social, como cotización para el Fondo de

Jubilaciones y Pensiones, durante los períodos en que se encontraba disfrutando de

licencia por maternidad.

                                  ARTÍCULO LXXXIII

      Mediante resolución de la Dirección Ejecutiva N° 1868-02 de las 8:00 horas del

22 de julio del año en curso, se tuvo como responsable civil al señor Walter Vásquez

Salazar, Encargado de la Unidad Canina, por los daños ocasionados al vehículo oficial

PJ-73, obligándolo a pagar como tal, la suma de ¢58.000.00.

      Sobre la resolución citada anteriormente el señor Vásquez Salazar, presentó

recurso de revocatoria y con apelación alegando la prescripción del procedimiento.

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 7156-DE/CA-02 de 7

de octubre en curso, adjunto remitió el expediente número 289-V-00 de la Sección de

Cobro Administrativo de esa Oficina, en donde emitió la resolución número 2474-02

con respecto al recurso de revocatoria y apelación presentada por el servidor Vásquez

Salazar.

       Dicha resolución literalmente dice:
                                   165

“... Visto el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio
formulado por el señor WALTER VASQUEZ SALAZAR, quien es
portador de cédula de identidad dos, doscientos noventa y cuatro,
quinientos diecisiete, contra la resolución número 1868-02 de esta
Dirección Ejecutiva de las ocho horas del veintidós de julio último
pasado.
                            CONSIDERANDO:
        I.   Que mediante la resolución supraindicada, número 1868-
02, de las ocho horas del veintidós de julio último, se declaró a
WALTER VASQUEZ SALAZAR, responsable civil por los daños
ocasionados al vehículo oficial conocido internamente como PJ-73,
obligándosele a pagar como tal, la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL
COLONES EXACTOS (C58.000,oo), por concepto de costo de
“deducible interno” por la reparación, que debió realizarse a la unidad
en mención y que debió cubrir oportunamente la administración.. En
esa misma resolución se concede al señor Vásquez Salazar, el plazo
improrrogable de diez días hábiles a partir del día siguiente de la
notificación de la misma, para realizar el pago de la suma antes dicha
en la cuenta número 20192-8 del Banco de Costa Rica, o de lo
contrario, apersonarse a la Dirección Ejecutiva a realizar un arreglo de
pago, advirtiéndole de su derecho de interponer los recursos
procedentes dentro de tercero día, a partir de la notificación.
        II.  Que el señor Walter Vásquez Salazar, interpuso recurso
de revocatoria con apelación subsidiria contra la citada resolución, la
que fue recibida en esta Dirección el día diecisiete de setiembre, de lo
que se sigue que viendo en los autos que el encartado fue notificado el
día doce del mismo mes, a la fecha de presentación del recurso, se
encontraba en tiempo para tales fines.
        III. Que en el escrito de interposición del recurso, en lo medular
alega cuatro aspectos; a saber: 1) Que los hechos que originan esta
causa, fueron conocidos, analizados y juzgados por la Dirección
General del Organismo de Investigación Judicial, violándose en
consecuencia el principio de legalidad y el artículo 42 de la Constitución
de la República; 2) Que la resolución es incongruente con la prueba
existente en autos, en violación a la sana crítica; 3) Errónea aplicación
de la ley, esto por cuanto la resolución cita el artículo 238 de la Ley de
Tránsito, dentro del sustento normativo de dicho acto, a pesar de que el
accionado no ha sido condenado por ninguna autoridad jurisdiccional,
y;    4) Alega la prescripción, amparado a lo dispuesto por el artículo
603 del Código de Trabajo, que establece en un mes, el plazo del
patrono para ejercer su derecho y acción para sancionar. (Sobre
alegatos ver folios 43, 44 y 45).
        IV. En atención a los agravios reseñados, se hace análisis de
los anteriores, con los siguientes resultados: 1) Efectivamente el
numeral 42 de nuestra Carta Magna, establece que “Nadie podrá ser
                                  166

juzgado más de una vez por el mismo hecho punible”, recogiendo de
esta manera el principio doctrinario del “Non bis in idem” y que en
nuestra legislación como se indicó tiene un evidente valor
constitucional, elevado a ese nivel como una de las garantías
fundamentales y cuya atención obliga y merece el mayor de los
respetos, no obstante en el caso concreto, su alegato resulta
insostenible, toda vez que es evidente que no estamos frente a una
transgresión de dicho principio. El hecho de que se abran dos distintos
procedimientos contra el encausado por el mismo hecho, no alcanza a
considerarlo de dicha manera, toda vez que ello responde a las claras e
imperativas obligaciones de la administración, frente al erario público
como custodio de los intereses patrimoniales por una parte
(Responsabilidad Civil) y luego como patrono, en el derecho y
obligación de disciplinar los actos que a su juicio transgredan los
principios inherentes a la relación laboral en su vinculum iuris (materia
disciplinaria), es evidente que tales vías, deben ser consideradas en la
inteligencia de que las mismas no son excluyentes, ya que puede darse
una responsabilidad sin la presencia de la otra, incluso sin perder de
vista que tampoco se excluye de las posibilidades según el caso, una
supuesta responsabilidad penal (En este sentido, pueden verse los
votos 5907-94 y 1265-95 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de justicia), por lo que en consecuencia, queda clara la potestad y
obligación de la administración de establecer la verdad real de los
hechos, con franca independencia de las resultas en otras vías.-       2)
Se alega incongruencia del fallo con la prueba existente en autos, en
violación de la sana crítica; sobre este particular es fundamental
aclarar, ¿qué es la sana crítica racional? Para aceptarla con la doctrina
imperante, como aquella que se nutre de la lógica, la experiencia y la
psicología, como reglas del correcto entendimiento humano y son
precisamente tales elementos los que dan claridad para afirmar y
sostener la corrección del análisis probatorio realizado como
fundamento del acto recurrido, nótese que se aprecio adecuadamente
no solo lo declarado por el encausado Vásquez Salazar, sino además
la versión de su testigo Gerardo Campos Chaverri y es precisamente
de lo afirmado por ambos que se concluye la responsabilidad imputada,
ya que evidencian la culpa recaída sobre el conductor, ya que coinciden
en que efectivamente en el lugar del impacto, un declive dificultaba la
adecuada visibilidad, lo cual sería quizá atendible, pero no si se admite
tal como lo admite expresamente el encartado, que la maniobra de
retroceso la realizó por un espacio aproximado a los cincuenta metros,
porque ello hace a entender que debió haber divisado con anterioridad
cualquier objeto o vehículo que allí se encontrara y no lo hizo, a pesar
del amplio espectro visual que se genera a la distancia anotada, cuya
inobservancia, solo se puede comprender a partir de un maniobrar
imprudente o descuidado, tal como fue apreciado, por otra parte,
nótese que la no verificación de una inspección ocular que ahora se
                                    167

sugiere, tiene dos razones fundamentales, en primer término no fue
ofrecida por la parte interesada, a pesar de que se le previno,
mediante la resolución que le convoco a la comparecencia oral y
privada que se verificó, su derecho a proponer la prueba que estimare
pertinente, sin que lo hiciera en el momento procesal oportuno y
segundo, en razón de que a pesar de que tal posibilidad le resulta
viable al órgano director del procedimiento, conforme a sus factultades
de ordenación y dirección, la misma se considero inconducente e
innecesaria, porque acá nadie ha puesto en duda que en el sitio del
golpe, la visibilidad sea escaza, sino que el punto sustancial pasa por
considerar que antes de llegar a ese eventual “punto muerto” de
visibilidad, las reglas dinámicas de la física, reflejan que debió existir la
suficiente posibilidad de observar el vehículo estacionado y así evitar el
golpe, que era totalmente previsible y evitable en tales circunstancias.
3) Alega el recurrente una érronea aplicación del artículo 238, como
sustento para el fallo en que se declara su responsabilidad, al señalar
que el juzgador se arroga facultades jurisdiccionales, consideración
fuera de lugar, en razón de que el fundamento normativo dado al acto
emitido es muy claro y consecuente con lo actuado, nótese que se trata
de la legislación atinente a los supuestos de responsabilidad y el
procedimiento requerido para tal determinación, tal como lo establecen
los numerales 190, 210 y 308 de la Ley General de la Administración
Pública citados como fundamento, mientras que la mención al 238 de la
Ley de Tránsito y que provoca este alegato, responde a un ejercicio de
“interpretación extensiva” de la norma, tal como lo prevé la doctrina y la
práctica común, en aras de establecer la homologación del caso de los
condenados jurisdiccionalmente, con los declarados responsables
civiles en vía administrativa, en cuanto a que no se les obliga al pago
del costo total de una reparación, sino que tal como lo considera ese
artículo en mención, el responsable “…debe pagar el monto
correspondiente al deducible que eventualmente, tendría que girarse al
Instituto Nacional de Seguros…”, en razón de que con vista del
expediente fácilmente se observa que el monto de la responsabilidad
acreditada, por aplicación de dicha norma, se circunscribe al monto del
“deducible interno” y no al costo final de la reparación, que resultaría
aún más gravoso para el obligado, por lo que se hace la extensión del
efecto de la norma, favoreciendo al encausado en dicho sentido.            4)
Sostiene el apelante que de conformidad con lo señalado por el artículo
603 del Código de Trabajo, la aplicación de la “sanción” se encuentra
prescrita, al haber transcurrido más del mes establecido para tales
efectos, con total olvido que en la relación de servicio público, por
especialidad y por el específico régimen laboral que entraña, aplican las
normas especiales previstas por la Ley General de la Administración
Pública y las propias de las relaciones estatutarias, baste por ello con
concluir la inaplicación de la norma laboral relacionada, en razón de
que la norma aplicable al caso concreto, es el artículo 198 de la Ley
                                          168

        General de la Administración Pública citada anteriormente y que
        establece en cuatro años el plazo de prescripción para estos efectos,
        aclarando que en esta instancia se acreditan o desacreditan
        responsabilidades, no se imponen sanciones como se refirió.
               V. En razón de lo expuesto, queda evidenciado que la
        determinación de responsabilidad realizada, no responde a un análisis
        subjetivo ni antojadizo, sino a la constatación normativa de las
        consecuencias propias del incumplimiento de los deberes inherentes al
        cargo, establecidos reglamentariamente y cuya existencia no es dable
        ignorar o alegar desconocimiento.
               VI. De lo anterior se colige la inexistencia de vicios u omisiones
        que causen nulidad y el sustento de la resolución impugnada, en
        consecuencia la improcedencia de su revocatoria, por lo demás, siendo
        presentado en tiempo y forma corresponde admitir el recurso de
        APELACION interpuesto para ante el CONSEJO SUPERIOR, por lo
        que deberán remitirse los autos en alzada ante ese órgano superior
        para el trámite correspondiente.

                                POR       TANTO
                    De conformidad con lo expuesto, se rechaza la existencia
        de vicios de nulidad en esta tramitación y se DENIEGA LA
        REVOCATORIA SOLICITADA y en su lugar se ADMITE EL
        RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por el servidor WALTER
        Vásquez SALAZAR, para ante el Consejo Superior del Poder Judicial,
        por lo que se remiten los autos en alzada ante ese órgano superior,
        para el trámite correspondiente. NOTIFIQUESE.-. Exp. No.289-V-
        00.jvd.- LIC. ALFREDO JONES LEON. DIRECTOR EJECUTIVO”

                                          -0-

      De conformidad con lo anterior, se acordó: Rechazar el recurso de apelación

interpuesto por el señor Walter Vásquez Salazar y confirmar la resolución de la

Dirección Ejecutiva N° 2474-2002 de las 15:00 horas del 23 de setiembre último, la que

se considera ajustada a derecho.

                                   ARTÍCULO LXXXIV

      La Licda. Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Cobro Administrativo de

con el visto bueno del Director Ejecutivo, en oficio N° 7214-DE/CA-02 de 7 de octubre

en curso, rindió el siguiente informe:
                                   169

      “En fecha 11 de octubre del 2001, fue recibido en esta Dirección el
reclamo económico interpuesto por el señor JUAN CARLOS ZÚÑIGA
VILLALOBOS, cédula de identidad No. 1-748-654, en su calidad de
propietario del vehículo particular placa 348354, en el cual solicita el
reintegro de los gastos generados en la reparación de su vehículo
producto de la colisión de fecha 29 de agosto del 2000 con el vehículo
oficial placa TMP-35-099949, conducido por el servidor OSVALDO
MADRIGAL MORA. En virtud de lo anterior emito las siguientes
consideraciones:

            1.- Por sentencia firme del Juzgado de Tránsito del Primer
Circuito Judicial de las catorce horas treinta minutos del doce de julio del
año dos mil uno, se declaró autor y único responsable de la colisión entre
los vehículos placas TMP-35-099949 y 348354, y de infringir la Ley de
Tránsito a OSVALDO GERARDO MADRIGAL MORA, servidor de la
Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial,
quien conducía el vehículo oficial TMP-35-099949, obligándosele
además al pago de los DAÑOS Y PERJUICIOS que hubiere ocasionado
con su actuar (ver folios 6 al 14).

              2.- El 11 de octubre del 2001 el Sr. Juan Carlos Zúñiga
Villalobos, en su condición de propietario del vehículo particular,
interpone formal reclamo económico ante esta Dirección, a efecto de que
le sea reintegrada la suma de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN COLONES CON SIETE CÉNTIMOS
(¢728.281.07) correspondiente a los siguientes rubros: repuestos, mano
de obra, alquiler de auto, honorarios de contrato de alquiler de auto,
honorarios de juicio de tránsito y honorarios por cobro administrativo,
gastos incurridos en la reparación del vehículo placa 348354. Adjunta a
su reclamo los siguientes documentos: copia certificada de la sentencia
judicial de tránsito correspondiente a la citada colisión, originales de las
facturas por compra de repuestos y mano de obra, fotografías de los
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, título de propiedad del
bien, original de contrato de arriendo de un vehículo, factura timbrada de
honorarios de abogado por redacción del contrato de alquiler de auto y
constancia extendida por el Lic. Guillermo J. Herrera relativa al monto de
honorarios que cobrará al finalizar la gestión de reclamo económico (ver
folios 1 al 31).

            3.- En virtud de que el Poder Judicial mantiene con el
Instituto Nacional de Seguros póliza de aseguramiento sobre los
vehículos oficiales, mediante oficio No. 7762-DE/CA-01 del 05 de
diciembre del 2001, se remite al Departamento de Indemnización de
Automóviles copia certificada de la documentación presentada en esta
oficina por el reclamante, con el propósito de que en aplicación de la
                                           170

       cobertura “C” de la póliza, referida a responsabilidad civil extracontractual
       por daños a la propiedad de terceros, se realizara el pago
       correspondiente con cargo a la póliza del Poder Judicial (ver folios 32 al
       35).

                   4.- Mediante nota fechada 02 de setiembre del año en curso,
       el Ing. Juan Carlos Zúñiga Villalobos, comunica a esta Dirección que la
       suma reconocida a su favor por el ente asegurador es de
       CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS
       COLONES EXACTOS (¢496.206,00), y solicita ante esta Dirección la
       diferencia económica no reconocida por el Instituto Nacional de Seguros
       que asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
       SETENTA Y CINCO COLONES CON SIETE CÉNTIMOS (¢232.075.07),
       suma que incluye por concepto de deducible el monto de CIENTO
       VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN COLONES (¢ 124.051,00).
       Adjunta a su nota copia certificada de la liquidación del INS donde
       constan las sumas referidas y autoriza a su vez al Lic. Guillermo Herrera
       Martínez, cédula de identidad No. 1-413-869, para el retiro del cheque
       respectivo.
                    5.- En conclusión, al demostrarse en autos que al vehículo
       placa 348354 conducido por el Sr. Juan Carlos Zúñiga Villalobos, cédula
       de identidad No. 1-748-654 se le ocasionó un daño con motivo de la
       actuación de un servidor judicial, con base en la sentencia citada supra y
       de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley General de
       Administración Pública, lo recomendable es ACOGER el reclamo del Sr.
       Zúñiga Villalobos únicamente en lo que respecta al deducible no pagado
       por la entidad aseguradora. No así en cuanto a la diferencia económica
       restante, para lo cual deberá acudir a la vía judicial de ejecución de
       sentencia. De esta forma, debe reconocerse al reclamante la suma de
       CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN COLONES
       (¢124.051,00) correspondientes al concepto antes citado, sin perjuicio del
       derecho que le asiste de ejecutar en la vía judicial la sentencia de tránsito
       para procurar el reconocimiento de un monto adicional por los gastos
       generados en la reparación de su vehículo.”
                                           -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Acoger parcialmente el

reclamo formulado por el señor Juan Carlos Zúñiga Villalobos, en consecuencia,

autorizar el pago a su favor de ¢124.051.00 (ciento veinticuatro mil cincuenta y un

colones exactos), por concepto de deducible. 3) Denegar el pago de los honorarios de

abogado y otros gastos en virtud de que estos deben reclamarse en la vía jurisdiccional
                                          171

mediante ejecución de sentencia.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota para

los fines consiguientes.

                                   ARTÍCULO LXXXV

      La Licda. Rebeca García Pandolfi, Jefa de la Sección de Cobro Administrativo de

con el visto bueno del Director Ejecutivo, en oficio N° 7104-DE/CA-02 de 1° de octubre

en curso, rindió el siguiente informe:

        “En fecha 1° de julio del año en curso fue recibido en esta Dirección el
        reclamo económico planteado por el Sr. Carlos Humberto Toledo, único
        apellido en razón de su nacionalidad norteamericana, cédula de
        residencia No.175-194402-013776, en virtud de la pérdida de una
        cámara de video de su propiedad marca Sony, modelo Handycam Vision
        CCd-TRV46, video Hi8 CCD-TRV36/TRV46, video8XR CCD-TRV16 8,
        serie No. 351734, en el Juzgado Contravencional de Desamparados. Al
        respecto cabe observar lo siguiente:

                  1.- Que por causa judicial No. 00-500358-533-FC tramitada
        en el Juzgado Contravencional de Desamparados por el delito de
        amenazas y actos obsenos contra Marvin Gerardo Toledo Solórzano, fue
        decomisada, entre otros objetos una cámara de video marca Sony,
        modelo Handycam Vision CCd-TRV46, video Hi8 CCD-TRV36/TRV46,
        video8XR CCD-TRV16 8, serie No. 351734, propiedad del Sr. Carlos
        Humberto Toledo.

                     2.- Que mediante escrito recibido en esta Dirección el 1° de
        julio del año en curso el Sr. TOLEDO solicita se le reconozca el valor
        actual del bien mencionado, en virtud de que el mismo no le pudo ser
        devuelto por haberse extraviado en el despacho judicial citado. Aclara
        que dicha cámara fue un regalo de una de sus hijas residente en los
        Estados Unidos de Norteamérica, lugar donde fue adquirida la cámara, y
        en razón de lo cual él no cuenta con factura original de compra;
        asimismo, que el objeto tiene para él un valor sentimental y que calcula
        un costo aproximado de cuatrocientos dólares norteamericanos
        ($400,00). Solicita entonces se le reconozca el valor de la misma
        según el monto estimado, tomando en cuenta que a la fecha del
        decomiso la cámara estaba nueva y prácticamente sin uso, pues recién
        la había recibido. Ofrece además como testigo de que es el único
        propietario de la cámara a su hijo Marvin Gerardo Toledo Solórzano,
                                   172

cédula de identidad No. 1-578-233 y adjunta a su reclamo los
siguientes documentos: Copia del acta de decomiso o secuestro de
fecha 18 de agosto del dos mil, que incluye entre otros bienes la
cámara de interés; copia de la denuncia interpuesta en el Ministerio
Público de Desamparados por la Juezas Contravencionales de
Desamparados Marisela González Araya y María Antonieta Phillips
Rojas por el extravió de la cámara en la que manifiestan: “(…)
Revisado el expediente en mención no se localizó acta de entrega, o
sea que el bien decomisado y que constaba como evidencia no fue
entregado a persona alguna y tampoco aparece reportado como
enviado al Depósito de Objetos.” Aporta además, copia de su cédula
de residencia y copia de la cédula de identidad de su hijo Marvin Toledo
Solórzano -folios 1 al 6-

             3.- En virtud de que en el reclamo interpuesto no era preciso
el modelo de cámara extraviado y existe en el mercado variedad en
cámaras de video marca Sony, se solicitó verbalmente al reclamante
detallar algunas características de la cámara para poder determinar su
valor actual. Ante esta solicitud, el Sr. Carlos Humberto Toledo, presenta
ante esta oficina original y copia del manual de instrucciones de la
cámara extraviada que contiene las especificaciones del modelo de
interés. Se incorpora copia de su portada en folio 8 del presente
expediente administrativo.

             4.- Con el propósito de ampliar la información base del
presente reclamo, mediante oficio No. 5560-DE/CA-02 del 09 de agosto
del presente año, se solicitó al Juzgado Contravencional de
Desamparados “ad effectum videndi” el expediente contravencional
respectivo, el cual fue remitido mediante nota del día 16 del mismo mes y
año. Del mismo han sido certificados e incorporados los folios 14 al 23
del expediente administrativo y que consisten en manifestaciones del
reclamante y su hijo donde expresamente solicitan la devolución de la
cámara, copia de la convocatoria a conciliación y juicio oral y público,
acta de entrega de los bienes decomisados (que no incluye el bien
reclamado) y resolución absolutoria de las dieciséis horas quince minutos
del primero de julio del dos mil dos–folios 14 al 23-.

            5.- En lo que atañe al costo de reposición del bien, esta
Dirección solicita al Departamento de Proveeduría, mediante oficio No.
5738-DE/CA-02 del 19 de agosto del 2002, tres cotizaciones de una
cámara marca Sony Handycam Vision, modelo Hi8-CCD-TRV46, video
8-XR-CCD-TRV16-8. En atención a lo solicitado, por oficio No. 6306-
DP/17-02 del 06 de setiembre del 2002 se remite la cotización de la casa
comercial Lumen S.A., única que cotizó, por un costo de trescientos
sesenta mil colones exactos (¢360.000,00). Se aclara además que los
                                           173

        proveedores consultados fueron: Lumen S.A., Asevet S.A. y Soni Visión
        S.A. No obstante, sobre este punto cabe considerar que el Sr. Toledo
        solicita a esta Administración un reconocimiento económico de
        cuatrocientos dólares norteamericanos ($400,00) por considerarlo un
        valor aproximado, y tomando en cuenta que la cámara no fue adquirida
        en el país, que se cuenta con una única cotización y que el
        reconocimiento eventual deberá hacerse al tipo de cambio del colón con
        respecto al dólar, la suscrita recomienda reconocer el valor del bien
        extraviado conforme solicita el reclamante –folios 11 al 13- .

                    6.- Por último, con el propósito de conocer el estado de la
        denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el extravío de la citada
        cámara en perjuicio del Juzgado Contravencional de Desamparados, se
        consultó vía telefónica a la Unidad de Delitos contra la Propiedad, donde
        se informa que fue objeto de un archivo fiscal desde el 19 de agosto del
        año en curso –folio 24-.
                     En conclusión, al demostrarse en autos que al señor
        CARLOS HUMBERTO TOLEDO, cédula de residente No. 175-194402-
        013776, se le ha causado un perjuicio con el decomiso de una cámara
        de video de su propiedad marca Sony, modelo Handycam Vision CCd-
        TRV46, video Hi8 CCD-TRV36/TRV46, video8XR CCD-TRV16 8, serie
        No. 351734 en causa contravencional No. 00-500358-533-FC tramitada
        al Sr. Marvin Gerardo Toledo Solórzano por amenazas y actos obsenos,
        la cual reclamó en tiempo y derecho, se estima, salvo mejor criterio, que
        el reclamo interpuesto por Carlos Humberto Toledo es procedente, toda
        vez que dicho bien ingresó bajo la custodia de la Administración. Por
        tanto, debe reconocerse al reclamante el valor económico pretendido que
        asciende     a    la   suma     de    CUATROCIENTOS          DÓLARES
        NORTEAMERICANOS EXACTOS ($400,00), pagaderos al tipo de
        cambio vigente al momento de que el Poder Judicial haga efectivo el
        pago.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar el pago por la suma de $400

(cuatrocientos dólares) a favor del señor Carlos Humberto Toledo, como indemnización

por la pérdida de la cámara de video de su propiedad. Asimismo la Dirección Ejecutiva

realizará las diligencias pertinentes para levantar la información correspondiente para

determinar la responsabilidad pecuniaria de los servidores por el extravío de la referida

cámara, para procurar con ello la recuperación plena de lo erogado por ese concepto.
                                            174

      Trasladar copia de este acuerdo al Tribunal de la Inspección Judicial para que

levante la información correspondiente, a efecto de determinar si cabe responsabilidad

disciplinaria a algún servidor por el extravío de ese bien.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO LXXXVI

      Mediante resolución de la Dirección Ejecutiva No. 1814-02 de las 7:35 horas del

16 de julio del año en curso, se tuvo como responsable civil al señor Carlos Herrera

Solís, servidor de la Sección de Homicidios, declarándolo deudor de la suma de

¢58.000.00 por concepto de deducible que tuvo que cubrir el Poder Judicial, no

reconocido por el ente asegurador en cuanto a la reparación del vehículo placa 270727,

conocida internamente como la unidad 235, de daños ocasionados en fecha 9 de

diciembre de 1997.

      Sobre dicha resolución el servidor Herrera Solís presentó recurso de revocatoria

y apelación, alegando la prescripción del procedimiento y se archive el expediente,

eximiéndole del pago que por concepto de deducible erogó la administración.

      La Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, mediante

resolución N° 2424-02 de las 7:35 horas del 18 de setiembre del 2002, rechaza el

recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación para ante este Consejo, pues

considera que al declarar el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San

José, al servidor Herrera Solís, autor responsable del accidente de tránsito investigado,

la Administración debe proceder a la ejecución de la citada sentencia, toda vez que

conforme lo establece en el artículo 238 de la Ley de Tránsito que señala en cuanto a

la “Responsabilidad por condenatoria: El conductor que sea declarado responsable por
                                          175

los Tribunales de Justicia, con motivo de un accidente en que hubiera participado con el

vehículo oficial, debe pagar el monto correspondiente al deducible, que, eventualmente,

tendría que girarse al Instituto Nacional de Seguros o las indemnizaciones que deba

hacer la institución a la que pertenece a favor de terceros afectados, cuando el costo

del daños es inferior al monto del deducible (...). Además de encontrarse dentro del

plazo legal para hacer valer vía civil la ejecución de la sentencia dictada en la vía de

tránsito, que lo declaró responsable, conforme lo regula el Código Civil en su artículo

868 “Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años”.

      Conoce    este Consejo de la Apelación interpuesta y, tal como lo resolvió la

Dirección Ejecutiva, al analizar el Recurso de Revocatoria, estima que               la

Administración, aún se encuentra dentro del plazo que la ley le confiere para hacer

valer los derechos para la recuperación de la suma que es en deberle al Poder

Judicial, por concepto de la cancelación del deducible, conforme a lo que establece el

numeral 210 de la Ley General de Administración Pública, en relación con el numeral

868, 871 y 873 del Código Civil. Por las razones expuestas se acordó: Declarar sin

lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Herrera Solís, se confirma en

todos sus extremos la resolución impugnada.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                 ARTÍCULO LXXXVII

      Se dispuso: Solicitar al Departamento de Planificación realizar un estudio a fin

de determinar la necesidad de mantener dos jueces en el Juzgado Cuarto Civil de

Menor Cuantía de San José.

                                 ARTÍCULO LXXXVIII
                                          176

      El Lic. Rojas, expone el facsímil de 8 de octubre en curso, que le remitió la

señora Tatiana Serrano R. Vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Derecho

Internacional, que literalmente dice:

             “Nuestra organización invita en forma anual a los estudiantes de
        Derecho de todos los países del continente americano y otros países
        del mundo interesados en el estudio de los mecanismos de protección
        de los Derechos Humanos, específicamente el Sistema Interamericano,
        a participar en la quinta edición de la Competencia Interamericana de
        Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”.
              La competencia consiste en la simulación de un caos llevado por
        la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte
        Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta violación a los
        derechos humanos de uno o varios particulares por un Estado ficticio
        que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
        Los equipos participantes deben analizar el caso y preparar alegatos
        escritos y verbales que serán evaluados por paneles de jueces
        expertos en materia de derechos humanos. La Competencia se
        desarrollará en dos fases: una escrita y otra oral, en las cuales los
        equipos defenderán en rondas nacionales e internacionales, ante
        jueces especialistas en Derecho Internacional y Derecho Internacional
        de los Derechos Humanos, tanto la posición de la Comisión como del
        Estado demandado.
              Esta actividad organizada a nivel internacional por ACODI, tiene
        como objeto la promoción y difusión internacional de Sistema
        Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de la labor
        de los órganos del Sistema, en especial de la Honorable Corte
        Interamericana de Derechos Humanos, de las Universidades y Centros
        de Estudios. Sus temas generales serán la regulación sustantiva y
        procesal en materia de derechos humanos y las reglas de
        procedimiento ante la Comisión y la Corte. Otros temas del Derecho
        Internacional son también abordados debido a su especial relación con
        la materia.
              La competencia ha logrado consolidarse como una de las
        actividades de más alto nivel académico y científico de todo el
        continente, aumentando cada año el nivel de participación por parte de
        las representaciones de los países.
              La actividad cuenta con el apoyo y auspicio de la Secretaría de al
        Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto
        Interamericano de Derechos Humanos y de múltiples especialistas en
        Derecho Internacional, muestra de este apoyo han sido las ediciones
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       anteriores de la Competencia, cuyas rondas finales se celebraron en la
       sede de la Corte Interamericana, que han contado con la distinguida
       presencia del Señor Secretario de la Corte Interamericana, Dr. Manuel
       Ventura Robles, y otros funcionarios del alto Tribunal, así como de
       juristas y especialistas de gran renombre en los paneles evaluadores,
       tales como el Dr. Rodolfo Piza Escalanate, ex Presidente de la Corte
       Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional de la
       Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Asimismo, el Gobierno de la
       República de Costa Rica ha declarado esta actividad de interés público,
       logrando con ello el apoyo de varias instituciones del países de la Corte
       y de la Competencia y más facilidades para los participantes.
            Al cierre de la inscripción, se presentaron un total de 10 equipos
       de los siguientes países: Argentina, Panamá, República Dominicana,
       México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Venezuela, Colombia y
       Guatemala, habiéndose efectuado rondas internas en los primeros 4
       países.
             Los participantes desarrollarán una agenda paralela a la
       Competencia que incluye visitas y recepciones en el Instituto
       Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de
       Derechos Humanos, Asamblea Legislativa y la Defensoría de los
       Habitantes.
             A estos efectos consideramos de fundamental importancia la
       posibilidad de concertarles una visita al Poder Judicial, en virtud de que
       esta instancia se reconoce como una de las principales organizaciones
       de importancia en lo concerniente al respeto de los derechos
       fundamentales .
            Para efectuar las visitas se ha contratado un servicio de bus que
       estaría trasladando a los participantes a la Sede de la Defensoría
       donde esperamos puedan ser atendidos por uno de sus funcionarios.
       Los estudiantes estarán en el Hotel Radisson en Rondas Internas de
       Competencia, por lo cual una hora óptima para efectuar la visita sería el
       día 22 de octubre en horas de la tarde, cerca de las 4:00 de la tarde.
            En virtud de lo anterior, agradezco su disponibilidad y fina
       atención para con la solicitud expuesta.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud de la señora Serrano R. El Departamento de

Información y Relaciones Públicas tomará nota para los fines consiguientes.

                                         -0-

      A las 11:25 horas terminó la sesión.
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